TN/DS/26
30 de enero de 2015
(15-0676)  Página: 1/135
Órgano de Solución de Diferencias en 
Sesión Extraordinaria   
 
ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
INFORME DEL PRESIDENTE, EMBAJADOR RONALD SABORÍO SOTO 
1  INTRODUCCIÓN 
1.1.  El objetivo del presente informe es proporcionar un panorama general de la labor realizada 
desde la publicación de mi último informe escrito detallado1 y presentar mi evaluación de la 
situación y el camino a seguir para concluir las negociaciones. 
1.2.  En general, tengo la impresión de que la labor realizada recientemente, extremadamente 
constructiva, proporciona un fundamento sólido para concluir las negociaciones con éxito. Las 
mejoras y aclaraciones del ESD pueden hacer una contribución muy significativa al fortalecimiento 
de la totalidad del sistema multilateral de comercio. Ya existen los elementos necesarios. Ahora es el momento de consolidar la labor y cosechar los frutos de todos los esfuerzos realizados desde el 
principio de estas negociaciones, logrando la conclusión exitosa y rápida que han encomendado los 
Ministros. 
1.3.  Este es el momento oportuno para que nuestra labor dé fruto. Como señaló recientemente el 
Director General al Órgano de Solución de Diferencias, la actividad en este ámbito se ha 
intensificado, lo que confirma la importancia que los Miembros atribuyen a la solución de sus diferencias a través del ESD, y su confianza en estos procedimientos como componente fundamental del funcionamiento del sistema multilateral de comercio. Como observó el Director 
General, dos tercios de los Miembros han participado en procedimientos de solución de diferencias 
de una u otra manera.
2 Por consiguiente, cualquier mejora en estos procedimientos hará una 
contribución importante al funcionamiento del sistema multilateral de comercio en su conjunto. 
1.4.  Como también señaló el Director General, este nivel de actividad ha llevado recientemente a 
que el sistema sufra determinadas presiones. No todas reflejan una necesidad de mejora o aclaración del ESD. Sin embargo, en la medida en  que la labor de la Sesión Extraordinaria ha 
revelado esferas en que se han observado o podrían surgir ineficacias en el diseño de los 
procedimientos, una solución exitosa de esas cuestiones puede contribuir a una mayor previsibilidad y eficacia de los procesos, en part icular eliminando de los litigios determinadas 
cuestiones generadas por limitaciones o por falta de  claridad en los propios procedimientos. Esto a 
su vez fomentará y facilitará la pronta solución de diferencias de conformidad con los objetivos 
fundamentales del ESD. 
2  PANORAMA GENERAL 
2.1.  En 2012 completamos un debate detallado basado en textos cuestión por cuestión de las 
12 cuestiones objeto de estudio en las negociaciones. Este proceso intensivo ya había dado lugar a progresos significativos. En algunas esferas, la labor técnica ya se había completado en esencia en 
esa etapa, incluida la estabilización del proyecto de texto jurídico.
3 En otras esferas, este ejercicio 
                                               
1 Véase el documento TN/DS/25. 
2 Véase la declaración del Director General sobre la s actividades de solución  de diferencias, 26 de 
septiembre de 2014, documento WT/DSB/M/350. 
3 Véase el documento TN/DS/25. TN/DS/26 
 
- 2 - 
 
  global había permitido una comprensión detallada de las propuestas y las posturas respectivas de 
los participantes, pero no se logró la convergencia.4 
2.2.  Desde junio de 2013, la labor de la Sesión Extraordinaria se ha basado en un "proceso 
horizontal" en que los participantes interesados tuvi eron la oportunidad de explorar juntos posibles 
soluciones en todas las esferas objeto de debate, en paralelo.5 Al principio de este proceso, 
proporcioné una evaluación de la situación en todos los ámbitos, e identifiqué esferas específicas para seguir trabajando.
6 Invité a los participantes a que se centraran en soluciones, buscando 
flexibilidades que permitieran salvar las diferencias restantes. Les insté a aceptar maneras 
alternativas de lograr sus objetivos, a tener en cuenta las opiniones y preocupaciones expresadas por los demás, y a ponerse en contacto con los patrocinadores en las esferas en las que tuvieran preocupaciones. 
2.3.  En esta fase, la labor se ha basado principalmente en los esfuerzos impulsados por los 
participantes, con objeto de fomentar la convergencia alrededor de enfoques que tengan la base de apoyo más amplia posible. Esto ha incluido la celebración de consultas informales entre los 
participantes interesados, así como reuniones periódicas en las que se presentaron y debatieron 
elementos conceptuales de una solución, que ab arcaban las 12 cuestiones objeto de examen.
7 En 
las esferas en que existían propuestas divergentes, los participantes se centraron en buscar la 
convergencia en un enfoque único. En otras esferas, los participantes manifestaron su disposición 
a dar muestra de flexibilidad en cuanto a los medios para atender sus necesidades y trataron de explorar posibles vías para soluciones que pudieran atraer una mayor convergencia.
8 
2.4.  A lo largo de este proceso, he considerado muy alentador el espíritu constructivo que ha 
caracterizado esos trabajos, así como la disposición de los participantes a dar muestra de 
flexibilidad para lograr la convergencia. Los participantes también han subrayado el espíritu constructivo con que se ha llevado a cabo la labor y la importante contribución hecha por algunos 
participantes para hacer avanzar el proceso. Los participantes también han considerado que 
centrarse en elementos conceptuales y principios de carácter general, en lugar de en un texto específico, había sido útil en esta etapa de las negociaciones. 
2.5.  No todas las cuestiones se encuentran aún en el mismo nivel de progreso, y la cantidad de 
trabajo que queda por hacer para lograr la convergencia todavía varía significativamente de una cuestión a otra. Los distintos elementos de las posibles soluciones identificadas en esta fase no reflejan en este momento una convergencia plena. Tampoco todos los participantes perciben estos 
elementos, conjuntamente, como reflejo de un equilibrio de intereses adecuado o aceptable. No 
obstante, la labor realizada en el contexto de este "proceso horizontal" ha permitido que la negociación avance hacia una exploración de resultados realistas y posibles en las 12 esferas 
objeto de debate. Se trata de un paso muy importante que puede allanar el camino a un posible 
acuerdo sobre resultados que reflejen los intereses de todos los participantes. Esta es la labor que 
ahora hay que completar. 
2.6.  La solución de varias de las cuestiones que han sido objeto de debate en las negociaciones 
podría mejorar significativamente la realización eficaz de los procedimientos de solución de diferencias en el marco del ESD, en beneficio de todos los Miembros por igual. A este respecto, es importante tener presente que todos los Miembros tienen un interés común en mejoras sistémicas 
del ESD que aumenten la eficacia de los procedimientos de solución de diferencias en tanto que 
instrumento fundamental de la previsibilidad y la seguridad del sistema multilateral de comercio. Esto es cierto para todos los Miembros por igual, con independencia de que, hasta la fecha, hayan 
sido o no usuarios frecuentes de los procedimientos previstos en el ESD. 
                                               
4 Véanse los resúmenes del Presidente, reproducidos infra en el anexo 2. En cuanto a los resúmenes de 
los trabajos realizados entre mayo de 2010 y abril de 2011, véase el documento TN/DS/25, apéndice B. 
5 Véase el documento TN /C/M/32, párrafo 1.22. 
6 Véase el resumen del Presidente de las cuestiones planteadas, reproducido infra en el anexo 1. 
7 Véase el informe del Presidente al CNC de 7 de abril de 2014, documento TN/C/M/34, párrafo 2.28; 
véase también el informe del Presiden te al CNC de 25 de junio de 2014, documento JOB/TNC/ 39, anexo VIII, y 
el informe del Presidente al CNC de 16 de octubre de 2014, documento TN/C/M/35, párrafo 2.23. 
8 Véase el resumen del Presidente de la reunión informal  de participación abierta celebrada el 21 de 
noviembre de 2013, documento JOB/DS/17; y el informe del Presidente al CNC de 25 de junio de 2014, documento JOB/TNC/39. TN/DS/26 
 
- 3 - 
 
  2.7.  Varios Miembros también han subrayado que se enfrentan a limitaciones particulares a la 
hora de acceder a los procedimientos de solución de diferencias y defender eficazmente sus intereses mediante el recurso a esos procedim ientos. Aunque la forma de responder a estas 
preocupaciones sigue siendo objeto de debate, en general se reconoce que un resultado exitoso 
debe tener en cuenta este aspecto. A este respecto, la labor realizada en el contexto del "proceso 
horizontal" ha sido especialmente constructiva. Esta labor se ha basado en el supuesto de que debe haber flexibilidad por parte de todos los participantes para tener en cuenta sus respectivas 
sensibilidades y necesidades. Esta es la dirección en que debe proseguir la labor, en todas las 
esferas de esta negociación. 
3  EL CAMINO A SEGUIR 3.1.  Estoy convencido de que el proceso horizontal llevado a cabo desde junio de 2013 y los 
elementos presentados en este contexto, combinados con la labor técnica completada 
anteriormente y el proyecto de texto estabilizado, tienen la posibilidad de facilitar en gran medida la elaboración de mejoras y aclaraciones significativas y factibles en el ESD. Se entiende que los 
elementos presentados recientemente constituyen, en este momento, vías para la consideración 
de los participantes, basadas en las propuestas presentadas por los participantes en fases anteriores de los trabajos, y se entienden sin perjuicio de las posiciones oficiales de ningún 
participante. Los participantes deben seguir basándose en esta labor para confirmar las posibles 
flexibilidades y soluciones generales. 
3.2.  Como se ha descrito supra , en algunas esferas se ha logrado una convergencia en principio, 
lo que se refleja en el proyecto de texto jurídico.
9 En otras esferas, los elementos que podrían 
formar la base de los resultados finales tendrán que ser confirmados, sobre la base de la labor 
realizada hasta la fecha, y traducidos y expresados en el texto jurídico a fin de lograr resultados finales. A este respecto, ya tenemos una cantidad significativa de trabajos anteriores en los que 
basarnos, que incluyen, en muchas esferas, proyectos de textos jurídicos muy avanzados. 
3.3.  En la realización de esta labor futura, los participantes deberán seguir guiándose por el 
objetivo de lograr acuerdos sobre soluciones factibles, realistas y realizables que reflejen los 
intereses de todos los participantes. El reciente ejercicio horizontal ha permitido que se pongan a 
prueba las flexibilidades en todas las esferas objeto de examen, y no esfera por esfera, lo que ha facilitado la visualización de compensaciones horizontales y posibles equilibrios generales de los resultados. En este momento tengo la impresión de que la participación en las cuestiones 
pendientes debería seguir avanzando en la misma línea, teniendo en mente lo que debería ser el 
aspecto general de las posibles mejoras. También podría resultar beneficioso prever este aspecto general desde la perspectiva de las sucesivas etapas del proceso de solución de diferencias, 
debatidas recientemente por los participantes. Esto podría permitir que los Miembros exploraran la 
forma de responder a las distintas preocupaciones en conjunto, mediante una combinación de mejoras en las distintas etapas del proceso, y consolidar los logros de los trabajos anteriores en el 
marco de un resultado final. 
3.4.  Los participantes también podrían seguir guiándose por las consideraciones generales 
descritas en los párrafos 10 y 11 de mi informe de 18 de julio de 2008, en particular limitando los cambios a lo necesario para lograr el objetivo previsto, asegurando la coherencia de la redacción 
en todo el Entendimiento y teniendo presente la coherencia procesal del sistema en su conjunto. 
 
_______________ 
 
                                               
9 Véase el anexo 1 infra. TN/DS/26 
 
- 4 - 
 
  LISTA DE ANEXOS 
ANEXO 1 
Índice Página 
Resumen de las cuestiones planteadas en las consultas, semana 
del 10 de junio de 2013 5 
ANEXO 2 
REUNIONES INFORMALES (MAYO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2012): 
RESÚMENES DE LA LABOR REALIZADOS POR EL PRESIDENTE  
 
Índice Página 
1. Semanas del 3 al 13 de mayo de 2011 12 
2. Semana del 20 de junio de 2011 21 
3. Semana del 25 de julio de 2011 28 
4. Semana del 26 de septiembre de 2011 36 
5. Semana del 14 de noviembre de 2011 47 
6. Semana del 30 de enero de 2012 56 
7. Semana del 5 de marzo de 2012 66 
8. Semana del 7 de mayo de 2012 77 
9. Semana del 4 de junio de 2012 91 
10. Semana del 16 de julio de 2012 105 
11. Semana del 1º de octubre de 2012 112 
12. Semana del 12 de noviembre de 2012 120 
  TN/DS/26 
 
- 5 - 
 
  ANEXO 1 
RESUMEN DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS CONSULTAS, 
SEMANA DEL 10 DE JUNIO DE 20131 
El Presidente presenta este resumen bajo su responsabilidad y sin perjuicio de las opiniones de los 
participantes. 
Durante la semana del 10 de junio de 2013 se han celebrado reuniones sobre todas las cuestiones, 
excepto sobre la secuencia2, respecto de la que se han terminado los trabajos técnicos, y sobre las 
soluciones mutuamente convenidas3 y la información estrictamente confidencial (IEC)4, respecto 
de las que quedan pocas cuestiones por abordar. 
Reenvío 
Existe convergencia sobre algunas características esenciales que debería tener un 
mecanismo de reenvío y que se reflejan en las dos propuestas, a saber: 
• se podrá recurrir al reenvío cuando el Órgano de Apelación considere que no puede 
completar el análisis por falta de suficientes hechos no controvertidos en el expediente o 
de constataciones fácticas del grupo especial; 
• la iniciativa del reenvío la adoptaría una de las partes en la diferencia; y 
• se pediría al grupo especial inicial que examinara las cuestiones fácticas no resueltas. 
Por consiguiente, los nuevos trabajos deberían centrarse en las principales cuestiones 
conceptuales restantes, a saber: 
• qué parte puede iniciar el reenvío (y cómo se formulan las recomendaciones); 
• si el grupo especial de reenvío completa únicamente el análisis fáctico o también el 
jurídico (y la función de las pruebas nuevas en el procedimiento de reenvío); y 
• qué sucede con las resoluciones finalizadas mientras el procedimiento de reenvío está 
en curso. 
Dos amplios factores parecen afectar a las posiciones generales sobre estas cuestiones: 
i) las consecuencias en los plazos (es decir, el tiempo que se necesita para concluir el procedimiento de reenvío y/o el tiempo que se gana gracias al reenvío en comparación con la 
reiniciación del procedimiento); y ii) las incertidumbres relativas al funcionamiento de algunos de 
los nuevos procedimientos o procesos propuestos. 
Estos dos factores parecen estar relacionados en la medida en que las propuestas de 
procedimiento innovadoras están motivadas por el deseo de evitar demoras indebidas en el 
procedimiento. Por lo tanto, parte de la dificultad consiste en determinar un equilibrio adecuado 
entre un plazo aceptable y la garantía de que el procedimiento no genere incertidumbres procedimentales o complicaciones excesivas. Por consiguiente, los nuevos trabajos podrían 
ocuparse principalmente de estudiar posibles soluci ones para las cuestiones no resueltas, teniendo 
en cuenta estos amplios parámetros. 
Se señaló que podría ser útil la celebración de un taller para estudiar el funcionamiento 
práctico y las repercusiones de las diferentes opciones, como por ejemplo un informe único y una 
                                               
1 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/15. Se han añadido notas de pie de página para 
facilitar la consulta. 
2 Véase el proyecto de texto jurídico , documento JOB/DS/14, páginas 11-13. 
3 Véase el proyecto de texto jurídico, documento JOB/DS/14, página 2, y el documento JOB/DS/3, 
párrafo 46 (reproducido infra en el anexo 2, párrafo 166); véas e también el documento JOB/DS/4, 
párrafos 77-79, y el documento JOB/DS/2, páginas 7 y 8. 
4 Véase el proyecto de texto jurídico, documento JOB/DS/14, páginas 9, 10 y 16-18. TN/DS/26 
 
- 6 - 
 
  adopción única, dos informes y "doble adopción " u otras variantes que combinan elementos de 
ambas propuestas. También se sugirió estudiar el funcionamiento de varias opciones aplicándolas a los tipos de situaciones en que el Órgano de Apelación no ha podido completar el análisis en asuntos examinados hasta la fecha. 
Cuestiones posteriores a la retorsión 
Existe convergencia a nivel conceptual sobre una amplia secuencia de pasos para abordar 
las situaciones posteriores a la retorsión, a saber: 
1. el Miembro afectado debe formular y demostrar su alegación de cumplimiento. Es 
decir, debe presentar algún tipo de medida que explique lo que ha hecho para lograr el cumplimiento (sin perjuicio de la forma exacta o de la condición jurídica de este anuncio); 
2. una vez que el Miembro afectado haya dado este paso inicial, el siguiente consiste en 
que el reclamante impugne la afirmación de cumplimiento del demandado si no está de acuerdo con ella (sin perjuicio de cómo se haga esto exactamente); 
3. si no hay desacuerdo en que se ha logrado el cumplimiento, se pondrá fin a la 
autorización de retorsión; 
4. si hay desacuerdo, deberá iniciarse un procedimiento sobre el cumplimiento para 
determinar si se ha logrado el cumplimiento; 
5. cuando haya un procedimiento sobre el cumplimiento la autorización de retorsión 
existente sigue estando en vigor hasta que el procedimiento termine; y 
6. cuando ha habido un procedimiento sobre el cumplimiento, si en él se determina que 
se ha logrado el cumplimiento, se pondrá fin a la autorización. Si se determina que no se ha logrado el cumplimiento, el nivel de retorsión autorizado podrá revisarse para reflejar el 
nivel actual de anulación o menoscabo. 
Se trata de elementos básicos sólidos. Los trab ajos ulteriores podrían centrarse por tanto en 
aclarar las etapas exactas de procedimiento para lograr esta secuencia. Los patrocinadores han 
identificado tres cuestiones fundamentales no resueltas a este respecto: 
• el contenido y la condición jurídica de la notificación/declaración inicial que debe hacer el 
demandado para afirmar el cumplimiento; 
• el proceso para la iniciación del procedimiento sobre el cumplimiento (es decir, si lo 
inicia el reclamante o se activa por la declaración de cumplimiento del demandado); y 
• la asignación de la carga de la prueba en este procedimiento. 
Los procedimientos en las etapas "previas a la retorsión" ofrecen un contexto importante 
para el procedimiento en la etapa "posterior a la retorsión". Dos aspectos en particular pueden 
influir en la forma de seguir adelante: el procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 sobre el 
cumplimiento, teniendo en cuenta el texto sobre la "secuencia", y el procedimiento previsto en el artículo 22 para obtener la autorización de retorsión. Por lo tanto se podría estudiar el paralelismo 
con estos procedimientos. 
Derechos de los terceros 
Con respecto a los derechos de los terceros en las consultas, los objetivos compartidos son 
evidentes: la aceptación automática de las solicitudes de asociación a las consultas si el 
demandado no presenta oportunamente una notificación de rechazo, y la transparencia sobre 
todas las respuestas a dichas solicitudes, ya sean negativas o positivas. Salvo que haya motivos 
de preocupación acerca de si el último texto logra estos objetivos, no parece que haya que trabajar más sobre esta cuestión.
5 
                                               
5 Véase el documento JOB/DS/ 14, página 3; véase también infra, anexo 2, párrafo 785. TN/DS/26 
 
- 7 - 
 
  En cuanto a los derechos de los terceros en el procedimiento de los grupos especiales, se 
pueden distinguir dos aspectos, a saber: i) cuándo se debe manifestar el interés; y ii) cuáles son 
los derechos de los terceros en el procedimiento. 
En lo que concierne a la primera cuestión, hay apoyo a que se codifique la práctica actual 
que consiste en manifestar el interés dentro de los 10 días siguientes a la fecha de establecimiento 
del grupo especial, pero también hay interés en aclarar las condiciones de admisibilidad de las manifestaciones de interés realizadas más tarde. Se podría considerar la posibilidad de combinar la 
claridad a este respecto con cierta flexibilidad. 
Esta cuestión también se debería examinar teniendo en cuenta las posibles mejoras de los 
derechos ordinarios que deben concederse a los terceros en esta etapa del procedimiento. Hay apoyo a que se amplíen los derechos que se conceden a los terceros en el procedimiento de los 
grupos especiales. No obstante, se ha mostrado preocupación en cuanto a permitir que los 
terceros hagan una declaración adicional en el co ntexto de la segunda reunión sustantiva. También 
en este caso se podría considerar la posibilidad de combinar claridad y cierta flexibilidad. 
Sigue siendo un motivo de preocupación que permitir que los terceros manifiesten su interés 
por primera vez en la etapa de apelación pueda traducirse en un aumento de la carga de trabajo 
para el Órgano de Apelación y las partes. Se podrían estudiar más a fondo propuestas para 
abordar el equilibrio entre los derechos de las partes, una mayor posibilidad de participación de los 
terceros y la carga de trabajo del Órgano de Apelación. 
También sería útil examinar los equilibrios generales que hay que lograr, teniendo en cuenta 
el equilibrio posiblemente distinto de los intereses de las partes y los terceros en distintas etapas 
del procedimiento. Esta cuestión también se podría analizar provechosamente en función del 
equilibrio entre la posibilidad de que las opiniones de los Miembros interesados sean oídas por los órganos resolutorios de la OMC, incluso en la etapa de apelación, y una posible reglamentación de 
las condiciones en que se puede autorizar a otros,  incluidos los que no sean Miembros, a expresar 
opiniones en las mismas etapas del procedimiento. Se ha indicado a este respecto que las propuestas sobre la "transparencia" también beneficiarían a los propios Miembros (véase más 
abajo la sección titulada "Transparencia y escritos amicus curiae "). 
En lo que respecta a las consultas en el procedimiento sobre el cumplimiento, la intención 
compartida es evidente, a saber: i) las consultas deberían ser posibles pero no obligatorias en el 
procedimiento sobre el cumplimiento; ii) si se solicita la celebración de consultas, se llevarán a 
cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo  4 del ESD; y iii) esto significa que, cuando se 
soliciten consultas, debería ser posible la participación de los terceros en las mismas condiciones que en el procedimiento inicial. No está claro si los participantes están dispuestos a reabrir el texto 
estabilizado que se ha conseguido sobre esta cuestión en el contexto de la "secuencia" para 
reflejar mejor estos objetivos. 
En cuanto a la participación de los terceros en el procedimiento de arbitraje del párrafo 6 del 
artículo 22, se han expresado opiniones dispares sobre la medida en que ese procedimiento suele 
estar relacionado con cuestiones fácticas que interesan principalmente a las partes o también con 
determinaciones jurídicas de posible interés para los demás Miembros. También en este caso se podría estudiar un enfoque que ofrezca claridad y cierta flexibilidad. 
Transparencia y escritos amicus curiae  
En lo que concierne a la transparencia, los trabajos ulteriores deberían abordar las 
preocupaciones de los participantes que no están convencidos de que la apertura sistemática de 
los procedimientos sea adecuada. 
También en este ámbito se podrían prever soluciones en el contexto de un equilibrio general 
de intereses, incluso entre los derechos de participación de los Miembros y el acceso para los que 
no lo son. Se ha señalado que hay un solapamiento parcial entre las propuestas relativas a la 
transparencia y un mejor acceso para los Miembros, en el sentido de que las audiencias abiertas o la publicidad de las comunicaciones brindan la po sibilidad de que también otros Miembros distintos 
de las partes y los terceros tengan más acceso al procedimiento. Al mismo tiempo, en la medida 
en que se considera importante que los Miembros  tengan mayores oportunidades de acceso que TN/DS/26 
 
- 8 - 
 
  los que no son Miembros, un mayor nivel de acceso de todos a las reuniones tendrá que 
complementarse con mayores derechos de participación para los Miembros interesados. 
En lo que se refiere a las audiencias abiertas, en el futuro se podrían estudiar soluciones que 
tengan en cuenta cierta flexibilidad en lugar de la apertura sistemática de todas las reuniones. 
Con respecto al acceso a las comunicaciones, se podrían estudiar más detenidamente una 
serie de modalidades que no estén limitadas al acceso inmediato y completo a todos los 
documentos o a la confidencialidad completa de  todas las comunicaciones. También resulta útil 
tener en cuenta que el artículo 18 permite actualmente a los Miembros solicitar una versión no 
confidencial de las comunicaciones de una parte, aunque no se especifica ningún plazo. Los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación también incluyen resúmenes de los 
argumentos presentados por las partes y los terceros. Por lo tanto, lo que está en juego es 
fundamentalmente el momento y la forma en que la información pasa a estar disponible, más que 
el principio de hacer pública la información que en caso contrario seguiría siendo confidencial de forma permanente. 
No todos los Miembros se han sentido igualmente cómodos con la forma en que los órganos 
resolutorios han tratado los escritos amicus curiae  no solicitados y para algunos sigue siendo un 
motivo de grave preocupación la aceptación de estos escritos. Al mismo tiempo, es posible que 
haya más elementos comunes en las suposiciones básicas de los participantes de lo que 
generalmente se piensa: 
• ningún participante ha indicado que cualquier entidad que no sea un Miembro que sea 
parte o tercero en el procedimiento deba tener derecho a presentar una comunicación, a 
participar en el procedimiento o a que sus opiniones sean oídas por los órganos 
resolutorios en los procedimientos previstos en el ESD; en términos más generales parece entenderse que solamente los Miembros de la OMC pueden estar legitimados en 
los procedimientos de solución de diferencias en la OMC; 
• todos los participantes también parecen suponer que, en la medida en que cualquier 
otra entidad sea efectivamente oída, como los expertos consultados en virtud del 
artículo 13 del ESD, la decisión correspondiente debe adoptarla el órgano resolutorio en 
consulta con las partes; 
• todos los participantes comparten el interés en que las solicitudes presentadas por 
entidades que no sean partes o terceros en la diferencia para exponer sus opiniones a 
un órgano resolutorio de la OMC no den lugar a una interrupción indebida en el 
desarrollo del procedimiento ni a cargas innecesarias para las partes en la diferencia. 
Estos elementos pueden proporcionar sólidos f undamentos para estudiar las posibilidades de 
reducir las diferencias y ofrecer mayor previsibilidad sobre esta cuestión, una idea que inspira 
ambas propuestas. 
Plazos 
Hasta la fecha los debates sobre los plazos han consistido fundamentalmente en un examen 
de cada propuesta individual en función de sus características. Estos debates han demostrado que 
en general se aceptan los dos objetivos fundamentales en que se basan las propuestas sobre los plazos, a saber, simplificar el procedimiento en la medida de lo posible y al mismo tiempo asegurar 
que todos los Miembros dispongan de tiempo su ficiente, incluidos los países en desarrollo 
Miembros que tienen importantes limitaciones de recursos. 
Al mismo tiempo, es posible que no siempre sea fácil lograr estos dos objetivos dentro de 
una sola etapa del procedimiento. Por consiguiente, el camino a seguir en lo que se refiere a estas 
cuestiones podría incluir un examen más amplio de los equilibrios generales en las distintas etapas del procedimiento para obtener una combinación óptima de simplificación del proceso en la medida 
de lo posible y garantías de que todos los Miembros  dispongan de tiempo suficiente para defender 
sus intereses en el procedimiento cuando sea necesario. TN/DS/26 
 
- 9 - 
 
  Cumplimiento efectivo 
Las propuestas sobre el cumplimiento efectivo comparten el mismo objetivo de mejorar las 
medidas correctivas para fomentar el pronto cu mplimiento. Se ha acordado provisionalmente un 
texto sobre la notificación de las medidas adoptadas en virtud de una autorización de retorsión.6 
Aparte de eso, la cuestión general que hay que abordar es cómo se pueden mejorar las medidas 
correctivas previstas en el ESD para que todos los Miembros tengan acceso a la medida correctiva más eficaz posible cuando sea necesario. 
Se ha señalado, y no se cuestiona, que los niveles generales de cumplimiento han sido 
elevados. También se reconoce que en la práctica a menudo no es necesario recurrir a la retorsión. 
Al mismo tiempo, algunos Miembros han mostrado la preocupación de que el cumplimiento no siempre se ha conseguido fácilmente y que algunos pueden enfrentarse a dificultades especiales a 
este respecto, en parte porque las medidas correctivas disponibles no son suficientemente 
eficaces. En el caso de algunos Miembros que no utilizan frecuentemente el sistema los problemas 
relativos al cumplimiento pueden representar una proporción importante de su experiencia. 
Las propuestas reflejan distintas formas de responder a esta preocupación. Para avanzar 
puede ser necesaria flexibilidad sobre los tipos de soluciones que pueden contribuir a favorecer el cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta las sensibilidades de los participantes. A este respecto 
se ha dado a entender que las consecuencias sistémicas de los distintos enfoques no son las 
mismas. También se ha apuntado que las soluciones que puedan beneficiar a todos los Miembros generalmente serán más fáciles de aceptar. 
Una cuestión de carácter general que hay que examinar es la eficacia relativa de las 
distintas medidas correctivas para fomentar el pronto cumplimiento. En este sentido se ha 
propuesto que se preste atención al fomento de las oportunidades de compensación, por ser un medio posiblemente más eficaz que la retorsión para lograr satisfacción para los sectores 
afectados. Esta cuestión se podría estudiar más a fondo, teniendo en cuenta las ventajas de la 
flexibilidad para que las partes decidan libremente cuál es la mejor forma de utilizar esa compensación. En cuanto a las medidas administrativas, una cuestión importante que hay que 
examinar parece ser si dichas medidas ofrecerían verdaderos incentivos para cumplir o por el 
contrario se correría el riesgo de desvincular al  Miembro afectado, en detrimento del objetivo 
inicial. 
Intereses de los países en desarrollo 
Los patrocinadores de las propuestas sobre los intereses de los países en desarrollo han 
identificado los derechos de los terceros, los plazos y el cumplimiento efectivo como esferas que les interesan. Por lo tanto, el logro de progresos satisfactorios en estas esferas podría contribuir a 
responder a una serie de preocupaciones que han expresado dichos patrocinadores. Este aspecto 
también se debería tener en cuenta en los trabajos futuros sobre estas cuestiones. 
Hay aspectos específicos de estas cuestiones que también pueden contribuir a que se tenga 
un acceso suficiente a los procedimientos de solución de diferencias, que también se ha 
identificado como una esfera de interés. Por ejemplo, la posibilidad de participar como tercero en diversos procedimientos puede mejorar el acceso y también contribuir a la creación de capacidad. De modo similar, asegurar que los demandados dispongan de tiempo suficiente para preparar sus 
argumentos ante los órganos resolutorios también puede contribuir al debido proceso y por tanto 
al acceso efectivo al procedimiento. Las mejoras de las medidas correctivas también pueden reforzar el acceso efectivo si con ellas aumentan las oportunidades de lograr una solución del 
asunto para los reclamantes. 
En cuanto a las propuestas a favor de un apoyo más directo en forma de un Fondo para la 
Solución de Diferencias y de costas procesales, la presentación del texto jurídico ha aclarado 
algunos aspectos importantes del funcionamiento previsto de ambos mecanismos. Al mismo 
tiempo, sigue habiendo importantes interrogantes y preocupaciones, inclusive sobre las consecuencias presupuestarias y el funcionamiento de los mecanismos. Asimismo se ha señalado que no todos los países en desarrollo Miembros, y ni siquiera todos los países desarrollados 
                                               
6 Véase el proyecto de texto jurídico, documento JO B/DS/14, páginas 4 y 5, y el documento JOB/DS/4, 
párrafo 34 (reproducido infra, anexo 2, párrafo 203). TN/DS/26 
 
- 10 - 
 
  Miembros, se encuentran en la misma situación en lo que respecta a la competencia técnica o los 
recursos relativos para intervenir en diferencias en la OMC. Otro motivo de preocupación ha sido la relación entre estos mecanismos propuestos y las funciones del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC, cuya contribución para ofrecer asesoramiento jurídico independiente de 
calidad a los Miembros beneficiarios es ampliamente reconocida. 
Algunos participantes propusieron que se prestara atención a aumentar la creación de 
capacidad y la asistencia técnica relacionada con el comercio, o a examinar posibles formas de 
aumentar el atractivo del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC para los Miembros que 
tienen capacidad limitada como un medio de hacer frente a las limitaciones de capacidad identificadas. También se ha señalado que centrarse de manera general en soluciones que no estén vinculadas directamente a la litigación de asuntos concretos ayudaría a avanzar. Se podrían 
estudiar más detenidamente estas propuestas. 
Flexibilidad y control de los Miembros 
Las propuestas sobre la flexibilidad y el control de los Miembros comparten el objetivo de 
aumentar las opciones que están al alcance de los Miembros, y en especial de las partes, para 
lograr que se resuelvan satisfactoriamente sus diferencias. También en este caso las propuestas reflejan distintas formas de lograr este objetivo y el camino a seguir puede requerir flexibilidad 
sobre los tipos de soluciones, teniendo en cuenta las sensibilidades de los participantes. Se ha 
señalado a este respecto que las posiciones sobre los distintos aspectos de las propuestas pueden depender de la combinación de soluciones que se adopte. 
Se ha acordado provisionalmente un texto sobre dos elementos de la propuesta, la 
suspensión del procedimiento de los grupos especiales
7 previo acuerdo de las partes y la 
competencia técnica de los integrantes de los grupos especiales.8 
Sigue habiendo intensas preocupaciones en lo que respecta a la supresión parcial y la 
adopción parcial de los informes. La supresión parcial suscitaba una preocupación especial porque 
partes del razonamiento y las conclusiones de los órganos resolutorios serían eliminadas de los 
informes definitivos y los Miembros no las conocerían. La adopción parcial, que supone que los 
Miembros actúen por consenso, planteaba comparativamente menos preocupaciones sistémicas. 
En los trabajos ulteriores los patrocinadores podrían seguir estudiando con los participantes 
interesados cómo se podrían conseguir los objetivos de estas propuestas, respetando al mismo tiempo las sensibilidades expresadas. 
En cuanto a otros aspectos (la suspensión del procedimiento de apelación, el reexamen 
intermedio en apelación y las directrices para los órganos resolutorios) se podrían realizar trabajos técnicos útiles. 
En lo que respecta a la suspensión del proced imiento de apelación, entre las preocupaciones 
planteadas cabe citar la inexistencia de un plazo comparable al previsto respecto del 
procedimiento de los grupos especiales en el marco del párrafo 12 del artículo 12, para evitar 
situaciones prolongadas de incertidumbre sobre la situación del informe pendiente del grupo 
especial y en la planificación de la labor del Órgano de Apelación. Los nuevos trabajos podrían centrarse en tratar de responder a estas preocupaciones y en la situación de los informes no adoptados de los grupos especiales en caso de suspensión del procedimiento de apelación, 
cuestión que no se plantea de manera similar en la etapa del grupo especial. 
Por lo que se refiere al reexamen intermedio en la etapa de apelación, sigue habiendo 
preocupaciones, inclusive en lo que concierne a la  posible repercusión en la autoridad del Órgano 
de Apelación, el riesgo de desistimiento de una apelación a la luz del informe provisional de 
apelación y los plazos. También era un motivo de preocupación la posibilidad de que se produjeran filtraciones. También en este caso los nuevos trabajos podrían centrarse en intentar dar garantías 
más claras de que se puede responder a estas preocupaciones. La rectificación de los errores 
                                               
7 Véase el proyecto de texto jurídico, documento JOB/DS/14, página 6, y el documento JOB/DS/1, 
páginas 4 y 5 (reproducido infra, anexo 2, párrafo 19). 
8 Véase el proyecto de texto jurídico, documento JOB/DS/14, página 4, y el documento JOB/DS/7, 
párrafos 22 y 23 (reproducido infra, anexo 2, párrafos 334 y 335). TN/DS/26 
 
- 11 - 
 
  fácticos se identificó como una esfera en que el reexamen intermedio podría mejorar en lugar de 
reducir la calidad y la autoridad de los informes. 
Con respecto a las directrices para los órganos resolutorios de la OMC que se han propuesto, 
se han identificado vías para los trabajos futuros que podrían orientar el camino a seguir. En 
particular, se ha propuesto una revisión del texto del proyecto de directrices sobre la base de un 
"enfoque más basado en principios", formulando la  orientación de una manera general en lugar de 
hacerlo únicamente basándose en ejemplos. Este podría ser el primer objetivo de los trabajos 
ulteriores sobre esta cuestión. Los siguientes elementos podrían ayudar a este respecto: la 
identificación de las partes de las directrices en torno a las cuales hay mayor convergencia en cuanto al fondo, con inclusión de esferas en las que serían confirmadas las resoluciones establecidas del Órgano de Apelación. En los casos en que la orientación propuesta pudiera 
modificar en vez de confirmar la práctica actual de solución de diferencias también se podría hacer 
una aclaración al respecto. En algunas esferas ya se han hecho propuestas específicas sobre cómo se podría reestructurar o revisar el texto, propuestas que se podrían estudiar más a fondo. 
Composición de los grupos especiales 
Existe un acuerdo provisional sobre el texto para aclarar la competencia técnica que deben 
tener los integrantes de los grupos especiales de conformidad con el párrafo 2 del artículo 8.9 La 
cuestión pendiente es si se puede aumentar la eficacia del proceso de selección de los grupos 
especiales previsto en el artículo 8 mediante un mecanismo que permita lograr la composición del 
grupo especial tomando como base una lista única de candidatos, ya sea mediante el acuerdo de 
las partes o la designación del Director General. 
En general parece aceptarse bien la idea de que la Secretaría presente una lista única. Los 
nuevos trabajos podrían centrarse principalmente en responder a la preocupación fundamental que se ha expresado en el sentido de que una clasificación lineal de posibles integrantes de grupos 
especiales a partir de esta lista única puede no reflejar plenamente el necesario equilibrio de 
competencia técnica dentro del grupo especial, de modo que se pueden reducir las oportunidades de lograr una composición óptima sobre esta base. El objetivo podría consistir en aumentar al 
máximo las oportunidades de que la composición propuesta resultante de la clasificación sea 
equilibrada, de tal manera que se reduzca la necesidad de recurrir a flexibilidades adicionales (como una lista revisada o que el Director General decida la composición). 
En cuanto a la determinación de la composición por el Director General, los nuevos trabajos 
se podrían centrar en confirmar un texto adecuado con el fin de dar al Director General cierta 
flexibilidad para apartarse de la lista cuando sea necesario, para responder a las preocupaciones de que recurrir exclusivamente a la lista inicial podría limitar excesivamente la capacidad del 
Director General de conseguir un resultado mejor que el obtenido por las partes basándose en esa 
lista. También se podrían considerar otras mejoras de redacción para reflejar otras sugerencias u observaciones que se han hecho sobre el proyecto de texto. También habrá que aclarar en su 
debido momento aspectos operativos, como el plazo del proceso. 
_______________ 
 
                                               
9 Véase el proyecto de texto jurídico, documento JOB/DS/14, página 4, y el documento JOB/DS/7, 
párrafos 22 y 23 (reproducido infra, anexo 2, párrafos 334 y 335). TN/DS/26 
 
- 12 - 
 
  ANEXO 2 
REUNIONES INFORMALES (MAYO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2012): 
RESÚMENES DEL PRESIDENTE SOBRE LA LABOR 
 
 El texto que figura a continuación refleja los resúmenes de la labor realizada en las 
negociaciones sobre el ESD entre mayo de 2011 y diciembre de 2012, que el Presidente presentó en las reuniones informales del OSD en Sesión Extraordinaria al concluir cada semana de 
negociaciones. El Presidente presenta estos resúmenes bajo su responsabilidad y sin perjuicio de 
las opiniones de cualquier participante. 
1. SEMANAS DEL 3 AL 13 DE MAYO DE 2011
1 
Información estrictamente confidencial (IEC) 
1. Esta semana, en primer lugar, las delegaciones volvieron a examinar el procedimiento 
propuesto en relación con la información estrictamente confidencial (IEC). El proyecto de texto sobre IEC incluido en el texto de julio de 2008
2 está basado en gran medida en una propuesta 
canadiense anterior, pero no se circunscribe a ella. Como la IEC guarda relación con las cuestiones 
relacionadas con la transparencia y con determinados aspectos de la participación de terceros, en el texto de julio se ponen de relieve esos nexos. 
2. He observado en anteriores ocasiones que el concepto de la IEC y los objetivos de su 
protección están relativamente maduros y son ampliamente aceptados; sin embargo, sigue habiendo una serie de cuestiones técnicas, entre las que figuran las siguientes: 
• los detalles del funcionamiento del procedimiento propuesto; 
• la relación y la compatibilidad de las disposiciones en materia de IEC con otras disposiciones 
pertinentes -vigentes o propuestas- del ESD, particularmente en lo que se refiere a la transparencia y los derechos de los terceros; y 
• la forma jurídica de la regulación de la IEC. 
3. La semana pasada el proponente manifestó su deseo de revisar su propuesta a la luz de la 
experiencia adquirida desde que se formuló inicialmente. Observó que, hasta la fecha, las partes 
han solicitado en la etapa del grupo especial la adopción de un procedimiento para la protección de 
la IEC con carácter ad hoc . Sin embargo, ese procedimiento pasa a formar parte del procedimiento 
de trabajo correspondiente a la diferencia de que se trate, y no se hace público. Además, el nivel de protección puede variar en cada caso. 
4. Teniendo en cuenta la realidad actual, el proponente expone una serie de objetivos que 
considera importantes. A saber: 
• garantizar que el ESD prevea la adopción de un procedimiento adicional en materia de IEC 
cuando una parte lo solicite; 
• dar flexibilidad a las partes para definir procedimientos que se adecuen a las necesidades 
específicas de casos específicos, reconociendo al  mismo tiempo que los grupos especiales y el 
Órgano de Apelación también intervendrán en la adopción del procedimiento; y 
• garantizar que el procedimiento adoptado esté a disposición de todos los Miembros de la OMC. 
5. El proponente señaló también que, a su juicio, estos objetivos tendrían determinadas 
consecuencias, en particular las siguientes: 
                                               
1 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/1. 
2 Véase el documento TN/DS/25, apéndice A, artículo 18, páginas A-14 y A-15, y apéndice 5, 
páginas A-25 a A-28. TN/DS/26 
 
- 13 - 
 
  • el nivel de protección proporcionado en la etapa del grupo especial debe proporcionarse 
también en la etapa de apelación; y 
• la información que se declare confidencial ha de poder ser objeto de "impugnación". 
6. A este último respecto, el proponente manifestó que actualmente el Órgano de Apelación 
puede determinar por sí mismo, con independencia de la opinión de las partes, si la información 
debe o no ser designada como confidencial. 
7. El proponente consideró varias formas en que podrían cumplirse esos objetivos. Se sugirió 
que el OSD podría adoptar algún tipo de documento en el que se expliquen los procedimientos que 
se han empleado en ocasiones anteriores. Se sugirió también la posibilidad de incorporar al ESD un apéndice con disposiciones facultativas o ilustrativas. Se indicó que de ese modo se aportaría un cierto grado de certidumbre y que los Miembros podrían informar a la rama de producción o a 
los colectivos interesados pertinentes de los tipos de procedimientos que podrían aplicarse. 
Además, los proponentes indicaron que también podría darse una definición de la IEC, a fin de que todos los Miembros manejaran un mismo concepto. 
8. Los participantes en el debate en pequeños gr upos apoyaron los objetivos expuestos por el 
proponente, manifestando una clara preferencia por dar flexibilidad en cuanto al tipo de procedimiento que podría adoptarse. Además, lo s participantes indicaron que deseaban que el 
procedimiento en materia de confidencialidad que se adopte en una diferencia en la etapa del 
grupo especial se mantenga en la etapa de apelac ión. También se hicieron preguntas en relación 
con la participación de los terceros en la determinación del procedimiento relativo a la IEC. 
9. En la reunión del G-40 se reafirmó el apoyo al objetivo de proteger la IEC y de mantener el 
procedimiento lo más sencillo posible. Además, el proponente aclaró varios aspectos. En el caso de 
que las partes no puedan convenir en el procedimiento que debe seguirse en relación con la IEC, el proponente contemplaba establecer un procedimiento adicional que permita a una parte solicitar la 
protección de la IEC, el cual sería adoptado se guidamente por el grupo especial o el Órgano de 
Apelación. Ello supondría un apartamiento de la práctica actual, en la que la decisión corresponde a los órganos resolutorios. El contenido del procedimiento se adoptaría en consulta con las partes. 
En la mayoría de los casos el procedimiento sería sencillo. Si había discrepancia en cuanto a un 
determinado procedimiento, las partes y el órgano  resolutorio podrían debatir la cuestión. Además, 
habría una definición adoptada de la IEC, con arreglo a la cual las partes tendrían la facultad de designar la información como estrictamente confidencial. 
10. Con respecto a la estructura prevista del procedimiento, el proponente indicó que sería 
necesario introducir modificaciones en el artículo 18 del ESD a fin de aclarar que el procedimiento se adoptará cuando así se solicite, y que será adoptado en consulta con las partes y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso específico. También se aclararía que, cuando un grupo 
especial adopte el procedimiento, la misma protección debe proporcionarse en todas las etapas del proceso (incluida una posible apelación). Probablemente, en un apéndice se establecería una 
definición de la IEC, aunque no se incluirían modelos de procedimiento. Por último, el proponente 
contemplaba la posibilidad de que, mediante una decisión del OSD, se dieran instrucciones a la Secretaría para que pusiera los procedimientos de trabajo a disposición del público en un sitio Web. 
11. El proponente indicó que esperaba seguir tr abajando a fin de obtener un texto revisado 
entre la presente reunión y la próxima. 
Composición de los grupos especiales 
12. El proponente presentó una versión actualizada de su texto
3 que incorporaba algunas 
sugerencias de redacción formuladas en anteriores debates sobre este tema en 2009, con objeto de mejorar el procedimiento para la selección de los integrantes de grupos especiales, 
particularmente en lo que respecta a la transpar encia y la previsibilidad. La propuesta prevé que 
se den instrucciones a la Secretaría para que presente un mayor número de nombres, en una lista única basada en criterios de selección determinados por las partes. Las partes deben clasificar por 
                                               
3 Véase también el documento TN/DS/25, apéndice A, páginas A-29 y A-30. TN/DS/26 
 
- 14 - 
 
  orden de preferencia los nombres propuestos en esa lista, y pueden ejercer un derecho de veto 
limitado. Los tres nombres que tengan la puntuación combinada más alta, entre los que no hayan sido vetados por ninguna de las partes, serían pr opuestos para integrar el grupo especial. Las 
partes podrían, a continuación, aprobar o rechazar la composición resultante. Si no puede 
acordarse una composición por este procedimiento, persistiría la posibilidad de solicitar al Director 
General, como en el procedimiento vigente, que establezca la composición del grupo especial. El Director General tendría que establecer la composición del grupo especial a partir de la misma 
lista, es decir, la de los nombres propuestos por la Secretaría y clasificados por orden de 
preferencia por las partes. 
13. En un debate inicial de la propuesta se ap oyó su fundamento, aunque se preguntó, en 
particular, por el funcionamiento del proceso de clasificación y por la propuesta resultante para la 
composición del panel. En este contexto, las delegaciones examinaron tanto la cuestión del veto 
como la de la clasificación de los nombres por las partes, así como lo que la Secretaría debía hacer con esas clasificaciones para llegar a una propuesta de composición. Con respecto al derecho de 
veto, se aclaró que, a priori , la lista solo debería incluir nombres que sean en principio idóneos, de 
modo que habría solo un número limitado de nombres que no fueran aceptables para alguna de las partes. De ese modo probablemente se reducirían las ocasiones de ejercer el veto. 
14. Varios participantes manifestaron interés por comprender cómo funcionaría en la práctica la 
clasificación. Este punto se aclaró con una situación práctica, en la que varias delegaciones simularon un proceso de clasificación efectuado por dos partes. Se clasificó a candidatos hipotéticos por orden de preferencia y se interpusieron vetos. A continuación, la clasificación se 
tradujo en puntuaciones asignadas a cada candidato. A los candidatos que fueron objeto de veto 
no se les asignaron puntos. Luego se calculó el número de puntos obtenido por cada candidato, a fin de determinar los tres candidatos con un mayor número combinado de puntos. Esos candidatos 
fueron propuestos para integrar el grupo especi al. Se aclaró también que había aún flexibilidad 
para determinar cuál de los integrantes, entre los tres elegidos, presidiría el grupo especial. Al elegir al presidente podrían tenerse en cuenta, po r ejemplo, la antigüedad y la experiencia. Se 
aclaró que una vez ejercido el derecho de veto inicial, no había ninguna otra oportunidad para 
interponer un veto. Sin embargo, el proponente sugería que, en el caso de que una persona clasificada con un orden de preferencia muy bajo por una de las partes resultara propuesta para la terna de integrantes con mejor puntuación combinada, la parte que no estuviera conforme con esa 
candidatura pudiera oponerse a la composición propuesta. 
15. Se hicieron varias preguntas sobre el cálculo matemático de la composición del grupo 
especial a partir de las mejores clasificaciones combinadas de las partes. Se manifestó 
preocupación en particular por el hecho de que en  ese proceso no se tienen en cuenta aspectos 
relacionados con el equilibrio de los conocimientos especializados y los perfiles dentro del grupo  
(por ejemplo, la necesidad de contar al menos con un economista, un jurista especializado en 
derecho de la OMC y, tal vez, un integrante del grupo especial que proceda del mundo académico, 
así como el equilibrio de nacionalidades y el grado de antigüedad). Por ese motivo, se cuestionó que una fórmula matemática sea el mejor método  para determinar una combinación óptima de 
personas que refleje al mismo tiempo los criterios de selección y la clasificación. Se indicó que, si 
el mecanismo era demasiado rígido e iba a necesitar posteriores ajustes en la mayor parte de los 
casos, tal vez hubiera mejores form as de reflejar todas las preferencias de las partes; por ejemplo, 
permitiendo que la Secretaría proponga, con arreglo a diversos criterios, una combinación óptima 
de las personas que no hayan sido objeto de veto. 
16. También se pidió que se aclarase si los nombres que figuren en la lista inicial de la 
Secretaría tendrían que satisfacer "al menos un criterio" establecido por cada parte, con objeto de 
que haya más probabilidades de que sean aceptables para ambas. Además, una delegación 
manifestó su preocupación por el hecho de que el procedimiento propuesto parece ser obligatorio a falta de otro. 
17. En una reunión del G-40 algunas delegaciones reexaminaron el preámbulo y los párrafos 
iniciales de la propuesta. El proponente recordó, al comenzar el examen, que su propuesta tiene la 
forma de una decisión del OSD, y no de una modificación del ESD. Explicó que trata de establecer un conjunto independiente de normas o procedimientos que obligue a los Miembros, pero 
manteniendo la flexibilidad de poder retirarlo si resulta insatisfactorio para estos. Explicó que la 
decisión que propone trata de desarrollar los principios establecidos en el artículo 8 del ESD. TN/DS/26 
 
- 15 - 
 
  Asimismo, las delegaciones reconocieron que los Miembros tienen la posibilidad de solicitar que se 
revisen los procedimientos establecidos en la decisión a la luz de la experiencia adquirida. 
18. El proponente señaló que la inclusión de un preámbulo era coherente con el formato de las 
decisiones adoptadas por el OSD, pero no rech azó la posibilidad de eliminar cualquier texto 
introductorio si otros participantes lo consideraban innecesario. Las delegaciones no se opusieron 
enérgicamente a mantener el preámbulo, pero sugirieron la posibilidad de incluir en él texto adicional tomado de los dos primeros párrafos. Las delegaciones también debatieron si sería más 
apropiado denominar al texto de la decisión "nor mas" o "procedimientos". Se manifestó interés por 
emplear la expresión "procedimientos". El proponente también aclaró que los procedimientos establecidos en la propuesta podrían aplicarse, si fuera necesario, para elegir a los integrantes de un grupo especial establecido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21. Aparte del examen 
del texto de las disposiciones iniciales, algunas delegaciones manifestaron tener reservas en 
relación con la capacidad de recurrir a procedimientos alternativos, dado que esa opción requiere de un acuerdo entre las partes. 
Flexibilidad y control de los Miembros 
19. Las delegaciones reanudaron el examen de la flexibilidad y el control de los Miembros en el 
punto en que quedó en abril.
4 En lo que concierne a la suspensión de las actuaciones de un grupo 
especial5, en la reunión del G-40 celebrada el mes pasado se habían formulado preguntas en 
relación con el proyecto de texto que se había examinado en los debates en pequeños grupos. Esa semana, el grupo del G-40 alcanzó un acuerdo respec to del siguiente texto para la suspensión de 
las actuaciones de un grupo especial de conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD: 
"A instancia de la parte reclamante, el grup o especial podrá suspender sus trabajos, y, 
si lo hace, los reanudará a instancia de la parte reclamante. El grupo especial suspenderá sus trabajos cuando las partes en la diferencia así lo acuerden, y los 
reanudará a instancia de cualquiera de las partes en la diferencia. En el caso de que 
se suspendan los trabajos, los plazos establecidos en los párrafos 8 y 9 del presente artículo, el artículo 20 y el párrafo 4 del artículo 21 se prorrogarán por un período de 
la misma duración que aquel en que hayan estado suspendidos los trabajos. Si los 
trabajos del grupo especial hubieran estado suspendidos durante más de 12 meses consecutivos, quedará sin efecto la decisión de establecer el grupo especial." 
20. La intención de los cambios más recientes reflejados en este texto es garantizar que se dé 
un trato paralelo a la duración de la suspensión y a las condiciones para la reanudación en el caso 
de suspensión a instancia del reclamante (primera  frase) que en el de suspensión a instancia 
conjunta de las partes (segunda frase, introducida en el texto propuesto). 
21. En el G-40 las delegaciones también continuaron el examen de la propuesta relativa a la 
suspensión del procedimiento del Órgano de Apelación.
6 Se examinaron tanto el objetivo como las 
modalidades propuestas para dicha suspensión. Algunas delegaciones indicaron que aún estaban 
considerando si era conveniente una suspensión de procedimiento en la etapa de apelación. A este 
respecto, algunos participantes pusieron de relieve que la situación en la etapa de apelación era distinta de la que se da en la etapa del grupo es pecial, puesto que en el informe del grupo especial 
ya existían resoluciones que en el procedimiento del Órgano de Apelación podían confirmarse o no. 
Se manifestó preocupación por la posibilidad de que se utilizaran tácticas de dilación. 
22. Varios participantes, aunque comprendían -y, en algunos casos, compartían- el fundamento 
de la propuesta, manifestaron preocupación por el hecho de que no contempla una duración 
definida de la suspensión, a diferencia de lo dispuesto en el caso del grupo especial en el 
párrafo 12 del artículo 12. A este respecto, se preguntó por las consecuencias de una situación de incertidumbre prolongada, en la que el informe de l grupo especial permanecería sin adoptar y el 
asunto sin resolver. También se manifestó preocupación por la mayor dificultad que esa 
incertidumbre podía entrañar para el Órgano de Apelación en la planificación de sus trabajos. 
                                               
4 Véase el documento TN/DS/25, párrafo 7 del ar tículo 12, páginas A-9 y A-10; párrafo 12 del 
artículo 12, página A-10; párrafo 4 del artículo 16, pá gina A-11; párrafo 5 b) del artículo 17, página A-12; 
párrafo 5 c) del artículo 17, página A-12; párrafo 13 del artículo 17, páginas A-13, A-28 y A-31 a A-36. 
5 Véase el documento TN/DS/25, párrafo  12 del artículo 12, página A-10. 
6 Véase el documento TN/DS/25, párrafo 5 c) del artículo 17, página A-12. TN/DS/26 
 
- 16 - 
 
  23. Los proponentes explicaron que el objeto de la propuesta era que las partes tuvieran ocasión 
de negociar una solución de la diferencia. Observaron que las partes, incluido el reclamante, podrían determinar las condiciones de la suspensión y seguirían teniendo la facultad de reanudar el procedimiento en cualquier momento si consideraban que la suspensión ya no podía facilitar un 
acuerdo para resolver la diferencia. A su juicio, no sería necesario prever una duración específica 
de la suspensión, forzando a las partes a reanudar el procedimiento, mientras estas consideraran útil mantener sus conversaciones. 
24. En los debates en pequeños grupos tratamos también la propuesta de un reexamen 
intermedio en la etapa de apelación.7 Como recordarán, en nuestra reunión del mes pasado, y en 
ocasiones anteriores, los proponentes indicaron qu e ese reexamen intermedio podría contribuir a 
evitar errores de hecho o de derecho en el Ór gano de Apelación, y ayudar además a ofrecer 
aclaraciones respecto de las constataciones de este. Los proponentes también expresaron la 
opinión de que un reexamen intermedio sería una forma mucho más conveniente de subsanar posibles errores o problemas en los informes del Órgano de Apelación que la publicación de 
corrigendos. 
25. En general, las delegaciones siguieron declarándose partidarias de disponer de informes del 
Órgano de Apelación de gran calidad. Algunas indicaron que el reexamen intermedio funciona bien 
en la etapa del grupo especial y podría resultar útil en la etapa de apelación. 
26. Sin embargo, algunas delegaciones manifestaron preocupación por el hecho de que la 
inclusión de un reexamen intermedio en la etapa de apelación pudiera menoscabar la integridad de las apelaciones y del proceso de solución de diferencias. Se sugirió que el posible beneficio de 
corregir pequeños errores sería contrarrestado por determinados costos, como la ampliación de los 
plazos y la posibilidad de que hubiera filtraciones de información confidencial o se produjera otro tipo de abusos. Se preguntó por el número de corrigendos que de hecho ha sido necesario 
distribuir en el caso de las apelaciones. 
27. Algunas delegaciones opinaron que los apelantes podrían de hecho prever el resultado de 
una apelación en la etapa intermedia de reexamen y, en caso de no estar satisfechas con las 
conclusiones previstas, optar por desistir de su apelación. A su juicio, ello trastocaría el equilibrio 
que, al exigir que los Miembros sopesen los costos y los beneficios de apelar, se ha alcanzado en el sistema. A este respecto, los proponentes manifest aron que el Órgano de Apelación podría impedir 
esa posibilidad mediante una modificación de su procedimiento de trabajo, con lo que se eliminaría 
la necesidad de limitar la posibilidad de desistimiento en el propio texto del ESD. 
28. Algunas delegaciones indicaron que los informes de apelación se centran principalmente en 
cuestiones de derecho. Se manifestó el temor de que las partes simplemente presentaran 
argumentos adicionales con la intención de influir en el resultado. Algunas delegaciones también 
opinaron que podría ponerse en cuestión la legitimi dad de los informes del Órgano de Apelación. El 
hecho de que no se obtengan resultados al presentar una apelación podría perjudicar al Órgano de 
Apelación al menoscabar su autoridad y mermar su capacidad de cumplir el mandato que le 
impone el ESD. Las delegaciones señalaron que podría someterse al Órgano de Apelación a presiones improcedentes. 
29. Los proponentes observaron, sin embargo, que los grupos especiales también examinan 
cuestiones de derecho y que las partes tratan este tipo de cuestiones en la etapa intermedia de 
reexamen. También se indicó que, si se permitiera  ese examen de argumentos jurídicos, el Órgano 
de Apelación seguiría estando facultado para no cambiar de opinión. Se sugirió además que 
reflejar el proceso intermedio en el informe final del Órgano de Apelación ayudaría a preservar la 
integridad. Sin embargo, también se señaló que en la etapa del grupo especial las partes conservan la capacidad de apelar y que de ese modo se incentiva en esa etapa una defensa menos 
intensa de los argumentos sobre las constataciones de derecho. 
30. Un proponente sugirió la posibilidad de incorporar a la propuesta texto adicional para definir 
cuál sería el alcance permitido del reexamen intermedio en la etapa de apelación, con objeto de evitar que las partes replanteen sus alegaciones.  Los proponentes, sin embargo, cuestionaron la 
eficacia de un texto más prescriptivo, indicando qu e las partes podrían emplear tiempo en discutir 
si se están o no volviendo a plantear alegaciones, lo que haría aún más difícil el cumplimiento de 
                                               
7 Véase el documento TN/DS/25, párrafo 5 b) del artículo 17, página A-12. TN/DS/26 
 
- 17 - 
 
  los plazos. Se observó también que en tal caso no habría paralelismo en el texto del ESD entre el 
reexamen intermedio en la etapa del grupo especial y en la etapa de apelación. 
31. Las delegaciones también consideraron el efecto de esta propuesta en los países en 
desarrollo. Algunas indicaron que se añadía un paso más y que ello entrañaba más costos para los 
países en desarrollo. Los proponentes señalaron que en realidad una mayor claridad en las 
constataciones podría beneficiar a todos los Miembros, incluidos los países en desarrollo, al ayudar a evitar que surjan problemas en etapas posteriores del proceso. 
32. A continuación, las delegaciones examinaron la supresión y adopción parciales de los 
informes.8 Al parecer los participantes consideran, como han venido haciéndolo, que la adopción 
parcial suscita menos preocupaciones sistémicas que la supresión parcial y preservaría la 
integridad de los informes de los grupos especiales al exigir el acuerdo de todos los Miembros. En 
cambio, las delegaciones observaron que la supresión parcial sería el resultado de un acuerdo 
alcanzado exclusivamente entre las partes antes de la adopción. 
33. Algunas delegaciones manifestaron preocupación por el hecho de que, cuando exista una 
relación asimétrica entre las partes, puede ejercerse presión sobre una de ellas para suprimir una 
constatación, incluso en contra de su deseo. También preocupaba a algunas delegaciones que un motivo extrajurídico pudiera ser el fundamento de la supresión, o que las partes pudieran recurrir 
al trueque o mercadeo de constataciones desfav orables. Se señaló que, además de dar una 
solución positiva a una diferencia, los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación contribuyen de forma importante a aumentar la previsibilidad y la seguridad al aclarar las normas de la OMC para todos los Miembros. Se manifestó que permitir la supresión parcial confundiría las 
funciones de las partes y de los órganos resolutorios. 
34. Las delegaciones también preguntaron si estas propuestas eran alternativas o constituían un 
bloque unitario. Los proponentes indicaron que la s propuestas tienen por objeto complementarse 
recíprocamente. Por ejemplo, señalaron que en una etapa intermedia de reexamen las partes 
pueden convenir en suprimir determinados aspectos de un informe y otros no, pero que posteriormente pueden alcanzar un acuerdo para una adopción parcial. Esta última medida podría 
ser resultado de conversaciones con terceros que no son parte en la diferencia. 
35. Asimismo, se plantearon también varias cuestiones técnicas; por ejemplo, cómo se reflejaría 
en la decisión o en el informe el acuerdo entre las partes para llevar a cabo una supresión o adopción parciales, y qué se haría para evitar las posibles interrupciones de la continuidad del 
informe en el caso de haber supresiones. También se preguntó si estos aspectos de la propuesta, 
en particular la supresión parcial, estarían liga dos a otros, por ejemplo, al reexamen intermedio 
del procedimiento del Órgano de Apelación. A juicio de los proponentes, la supresión parcial 
tendría que estar ligada a una etapa intermedia de reexamen para funcionar con eficacia. 
36. Las delegaciones no tuvieron tiempo suficiente para examinar los restantes aspectos de la 
flexibilidad y el control de los Miembros, a saber, la propuesta de orientación adicional para los 
órganos resolutorios. Volveremos a examinar esta cuestión el mes próximo. 
Transparencia y escritos amicus curiae  
37. Por último, esta semana los participantes iniciaron un debate sobre la transparencia y los 
escritos amicus curiae . La transparencia y los escritos amicus curiae  se han examinado 
extensamente en ocasiones anteriores. Como ya se ha puesto de relieve, son cuestiones distintas, 
ya que la transparencia consiste en proporcionar  un determinado grado de acceso a la información 
sobre las actuaciones, mientras que la cuestión de los escritos amicus curiae  guarda relación con 
la posibilidad de que terceros que no son parte en la diferencia, incluso aquellos que no sean 
Miembros de la OMC, tengan una participación activa en las actuaciones. 
38. Como recordarán, en debates anteriores se había logrado la convergencia en relación con el 
"acceso oportuno a los informes de los grupos especiales". Los participantes convinieron en que los 
informes definitivos de los grupos especiales pudi eran ponerse a disposición de los Miembros en su 
                                               
8 Véase el documento TN/DS/25, párrafo 7 del artícu lo 12, página A-9; párrafo 4 del artículo 16, 
página A-11; párrafo 13 del artículo 17, páginas A-13 y A-28. TN/DS/26 
 
- 18 - 
 
  idioma original en el momento de su distribución a las partes, y se distribuyeran después en los 
tres idiomas de trabajo de la OMC. Los plazos previstos en el ESD para la adopción o la apelación solo comenzarían a contar desde la distribución del informe en los tres idiomas. En vista de ese acuerdo, las delegaciones no reabrieron esta parte del debate. Así pues, examinaron las restantes 
cuestiones, comenzando por la publicidad de las comunicaciones. 
Publicidad de las comunicaciones 
39. Actualmente, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 18 del ESD, las comunicaciones a 
los grupos especiales y el Órgano de Apelación se consideran confidenciales. Por otro lado, el 
artículo 18 no impide a los Miembros difundir al público las declaraciones de sus respectivas posiciones. De hecho, varios Miembros ponen a disposición del público sus comunicaciones, ya sea inmediatamente después de su presentación, o posteriormente en el curso del procedimiento. 
40. La propuesta consiste en modificar el párrafo 2 del artículo 18 para prever en el ESD la 
publicidad de las comunicaciones a los grupos especiales, el Órgano de Apelación y los árbitros.
9 
La propuesta también introduce cambios en los procedimientos de trabajo de los grupos especiales 
previstos en el apéndice 3.10 Por último, se propone un registro, que mantendría la Secretaría, en 
el que las comunicaciones se pondrían a disposición del público. Todo ello se refleja en un proyecto 
de decisión del OSD.11 El título de ese proyecto de decisión está enunciado erróneamente en ese 
documento. Aparece erróneamente como "protección de la información estrictamente 
confidencial". 
41. De los debates anteriores habían surgido algunas aclaraciones útiles. En particular, las 
delegaciones aclararon que debería garantizarse la protección de la información estrictamente 
confidencial, incluso si las comunicaciones habían de hacerse públicas por principio. Se aclaró 
también que el Miembro que presentara la comunicación no estaría obligado a adoptar ninguna medida para asegurar la publicidad de su com unicación. Esa publicidad podría asegurarse, en 
cambio, mediante el mecanismo de un registro central mantenido por la Secretaría. Se señaló que 
estas aclaraciones podían aportar un cierto grad o de tranquilidad en cuanto a las condiciones 
conforme a las cuales podrían hacerse públicas las comunicaciones, así como a la escasa carga que 
ello entrañaría para los Miembros afectados. 
42. Algunos Miembros señalaron también que el ESD ya prevé, en el párrafo 2 del artículo 18, la 
presentación, previa petición de un Miembro, de una versión no confidencial de la información 
contenida en las comunicaciones al grupo especial o al Órgano de Apelación. Ello implica que el 
principio de acceso a la versión no confidencial de  las comunicaciones ya está presente en el ESD, 
aunque sin detalles específicos sobre el momento y la forma en que se pueden solicitar y obtener esas versiones. Se ha señalado también que, entre los Miembros que actualmente ya hacen 
públicas sus respectivas comunicaciones, la práctica varía en cuanto al momento y las 
modalidades exactos de ese acceso. 
43. En reuniones de la semana pasada, los participantes volvieron a examinar varias cuestiones 
relacionadas con estas propuestas, incluido el momento en que las comunicaciones podrían 
ponerse a disposición del público. Los participantes manifestaron distintos grados de conformidad con el principio mismo de esta propuesta. 
44. Se indicó que el objeto de la propuesta eran los documentos dirigidos al grupo especial, 
incluidas las versiones escritas de las declaraciones orales, pero no los documentos de carácter 
administrativo, la información confidencial ni ningún documento de la etapa intermedia de reexamen. Se consideró también el momento de la difusión pública de las comunicaciones. Las 
delegaciones que actualmente difunden públicam ente sus comunicaciones indicaron que, o lo 
hacen inmediatamente, o al concluir la diferencia. Un participante indicó que las difunde tan pronto como haya concluido la parte pertinente de la diferencia, aunque solo previa petición. 
45. Varias delegaciones apoyaron la propuesta y señalaron varios beneficios que se derivan de 
esta práctica. Algunas delegaciones observaron que actualmente hay un equilibrio entre confidencialidad de la información y exposición al público, pero también señalaron la necesidad de 
                                               
9 Véase el documento TN/DS/25, párrafo  2 del artículo 18, página A-14. 
10 Véase el documento TN/DS/25,  apéndice 3, página A-23. 
11 Véase el documento TN /DS/25, página A-28. TN/DS/26 
 
- 19 - 
 
  que el sistema evolucione. Se dio importancia a dar a conocer al público la forma en que se llegó 
al resultado en la diferencia. Se manifestó la opinión de que las comunicaciones podrían ayudar a mantener la credibilidad y a mostrar al público que el sistema es eficaz. Además, algunas delegaciones explicaron que, al dar acceso a la información, el acceso a las comunicaciones facilita 
el trabajo con la rama de producción y los colectivos interesados pertinentes y reduce la necesidad 
de responder a las consultas de los medios de comunicación y del público. También se indicó que el acceso a las comunicaciones podría resultar útil para los Miembros que tienen interés en una 
determinada diferencia pero carecen de recursos pa ra participar en ella en calidad de terceros. 
46. Los proponentes sostienen que una gran parte de la información de las comunicaciones ya 
se pone a disposición del público al presentar los resúmenes, así como por la propia naturaleza de la parte descriptiva y de las secciones dedicadas a las constataciones de los informes de los grupos 
especiales y del Órgano de Apelación. 
47. Otras delegaciones seguían contemplando con reserva la propuesta, aunque reconocían los 
méritos de la transparencia en el marco de la solución de diferencias. En cuanto al texto concreto 
de la propuesta, algunas delegaciones cuestionaron la falta de flexibilidad o la exigencia de que se 
pongan a disposición del público todas las comunicaciones. Se observó que no siempre está claro qué información es confidencial y que, en algunos casos, hay información que, aunque desde un 
punto de vista técnico no es confidencial, debe protegerse. A este respecto, una delegación citó 
ejemplos de otros tribunales internacionales (sobre el derecho del mar) en los que las comunicaciones se hacen públicas por regla general, aunque una parte puede solicitar al órgano resolutorio que haga una excepción. 
48. Otras delegaciones reiteraron que el proceso de solución de diferencias tiene lugar entre dos 
Miembros y es de carácter gubernamental. Además  de los problemas que planteaban las distintas 
posibilidades relacionadas con el momento en el que ha de difundirse la información, o de los 
problemas de recursos relacionados con la traduc ción de los documentos destinados a difundirse, 
algunas delegaciones hicieron notar la diferencia de perspectiva que existe entre lo que es transparencia y lo que es información pública. Se señaló que en el caso de algunos Miembros no se 
ha aplicado transparencia y que no era el mo mento adecuado para cambiar de enfoque. En 
particular, se observó que la transparencia tendría el efecto de inmovilizar a los gobiernos en determinadas posiciones, y que los gobiernos no se encuentran cómodos cuando eso sucede. Además, a causa de los sistemas nacionales, la transparencia no siempre es posible desde el punto 
de vista administrativo. 
49. En vista de estas observaciones, los proponentes preguntaron si sería posible, o más 
conveniente o aceptable, que la propia OMC pusiera los documentos en cuestión a disposición del 
público, de modo que pasaran a formar parte de los documentos que difunde la OMC. 
50. Al parecer, y a diferencia de lo que sucedía en el pasado, las delegaciones aceptaban que las 
delegaciones que optaban por hacer públicas sus comunicaciones tenían derecho a hacerlo, y 
consideraban positiva esta práctica. En anteriores ocasiones, algunas delegaciones parecían 
considerar que los Miembros no tienen ese derecho. Se planteó la pregunta de cuál sería, en buena lógica, el primer paso: ¿la sociedad quiere acceder a la información porque está interesada en ella, o el interés de la sociedad surge como consecuencia de conocer lo que está en litigio? Tal 
vez si hubiera más transparencia se suscitaría más interés. Se alentó a las delegaciones a seguir 
trabajando en esta cuestión. 
Audiencias abiertas 
51. Las propuestas para la celebración de audiencias abiertas de los grupos especiales y del 
Órgano de Apelación figuran el párrafo 3 del artículo 18.12 Esta cuestión se refleja también en una 
propuesta de modificación de los procedimientos de trabajo de los grupos especiales que figura en 
el apéndice 3, mediante la supresión del párrafo 2.13 El proyecto de texto prevé la apertura al 
público de las reuniones y audiencias celebradas, respectivamente, por los grupos especiales, los árbitros y el Órgano de Apelación con las partes y los expertos. 
                                               
12 Véase el documento TN/DS/25, párrafo  3 del artículo 18, página A-15. 
13 Véase el documento TN/DS/25,  apéndice 3, página A-23. TN/DS/26 
 
- 20 - 
 
  52. También en relación con esta cuestión se habían hecho algunas aclaraciones útiles en los 
debates anteriores. Se confirmó que debería garantizarse la protección de la información estrictamente confidencial. También se indicó que las modalidades prácticas para la apertura no supondrían necesariamente la presencia física de los observadores en la sala. De hecho, en la 
mayoría de los casos las audiencias abiertas no han entrañado hasta la fecha la presencia física de 
observadores en la sala, sino un dispositivo de vídeo en una sala distinta. 
53. De la reseña general de esta cuestión en el texto del Presidente
14 y de los debates 
mantenidos hasta la fecha se desprende que en relación con esta cuestión puede haber una gama 
de modalidades que deben estudiarse con más detalle, las cuales no están necesariamente limitadas a una apertura completa y sistemática o a reuniones estrictamente cerradas. La práctica reciente conforme a las normas vigentes, en lo que se ha tenido en cuenta el consentimiento de 
las partes al tomar la decisión de abrir las audiencias en casos específicos con arreglo a diversos 
formatos, también puede ser de  interés a este respecto. 
54. Esta semana los proponentes citaron sus respectivas experiencias conforme a la práctica 
reciente como prueba del valor y la importancia de las audiencias abiertas, tanto en la etapa del 
grupo especial como en la de apelación, y también en los procedimientos de arbitraje. Como se ha expuesto supra , los proponentes indicaron que las audiencias abiertas contribuyen a mantener la 
credibilidad ante el público, refuerzan la confia nza en el sistema y facilitan el trabajo con los 
colectivos interesados, los medios de comunicación y el público. También manifestaron que, a su juicio, las audiencias públicas eran posibles y útiles incluso en casos muy complejos o delicados. 
55. Una delegación opinó que las audiencias abiertas fomentan de hecho una implicación y 
participación más profundas en el proceso del grupo especial, tanto en lo que respecta a los 
integrantes del grupo especial como a las partes. Otras delegaciones reafirmaron su opinión de que la solución de diferencias es un proceso intergubernamental y que el ESD no autoriza las 
audiencias abiertas, particularmente en la etapa de apelación. También se observó que las 
audiencias públicas no han suscitado gran atención. 
56. Varias delegaciones manifestaron su preferenci a por mantener la flexibilidad que prevé el 
sistema para que los Miembros decidan en cada caso si celebrar audiencias abiertas. A este 
respecto, se sugirió que los gobiernos deberían conservar la facultad de determinar en cada caso si había interés en que la audiencia fuera abiert a, sin prejuzgar ese interés en ningún caso. 
Escritos amicus curiae  
57. Por último, los participantes examinaron el trato dado a los llamados escritos amicus curiae , 
es decir, a las comunicaciones que se presentan a los órganos resolutorios sin haber sido solicitadas. En el texto de julio de 2008 se reflejan dos propuestas a este respecto.
15 En ambas se 
propone no admitir expresamente la presentación de escritos no solicitados en las etapas del 
grupo especial y del Órgano de Apelación. Estas propuestas figuran en el artículo 13 y en el párrafo 4 e) del artículo 17, respectivamente. 
58. Los proponentes de la transparencia habían sugerido, sobre la base de una propuesta 
anterior, que se reglamentara la presentación de escritos amicus curiae . Se había alentado a los 
proponentes de esa reglamentación a que presentaran un texto específico si deseaban que se acordara un procedimiento a tal efecto. En las consultas de esta semana se propuso que esta 
cuestión se examinara sobre la base del procedim iento adoptado por el Órgano de Apelación en 
CE - Amianto . Otros participantes observaron que ese texto ya no estaba siendo examinado por el 
grupo y pidieron que se aclarara si el proponen te tenía intención de presentarlo en forma de 
propuesta. Se invitó al proponente a que presentara dicho texto al grupo si deseaba que se 
examinase en el marco de nuestra labor en curso. 
59. Varios participantes reiteraron su apoyo a una reglamentación de los escritos amicus curiae  
en la línea del procedimiento citado supra , mientras que otros reiteraron que apoyaban las 
propuestas que proscribían la presentación de ese tipo de escritos, por ser incompatibles con el carácter intergubernamental de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC. Quedó 
                                               
14 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-43 a A-45. 
15 Véase el documento TN/DS/25, artículo 13, página A-10, párrafo 4 e) del artículo 17, páginas A-11 
y A-12. TN/DS/26 
 
- 21 - 
 
  claro que esta cuestión sigue siendo contemplada de forma diferente por los distintos 
participantes, ya que algunos la consideran un aspe cto de la transparencia, mientras que otros ven 
una diferencia de naturaleza entre la transparencia en forma de acceso "pasivo" al procedimiento (mediante audiencias abiertas o acceso a las comunicaciones) y la participación "activa" de 
terceros que no son Miembros de la OMC en el procedimiento. 
60. Se indicó que una reglamentación de los escritos amicus curiae  daría previsibilidad a su 
examen por los órganos resolutorios y limitaría sus posibles efectos desfavorables, al restringir su 
admisibilidad, extensión y momento de presentación . Se señaló, en respuesta a lo anterior, que la 
propuesta de proscribir el examen por los órganos resolutorios de ese tipo de escritos también proporcionaba previsibilidad y normas claras en re lación con el trato que se les debía dar. También 
se indicó que podría proporcionarse más claridad si el texto propuesto a este respecto se incluyera 
en el artículo 12 en lugar de en el artículo 13, y sin la parte inicial de la frase que lo vincula al 
derecho del grupo especial a recabar información. Al parecer, el proponente acogió favorablemente esta sugerencia. 
61. Algunos países señalaron que veían la necesidad de encontrar un equilibrio entre el deseo de 
apertura y el carácter intergubernamental del proc eso, pero que, por el momento, no sabían con 
certeza en qué punto se hallaba exactamente ese equilibrio. Se hizo notar en este contexto la 
pertinencia de las opiniones de las partes y la posible pertinencia de los escritos. 
62. Se alentó a los distintos grupos a que siguieran trabajando juntos para superar sus 
respectivas diferencias y aprovecharan la oportunidad para aportar más claridad a esta cuestión. 
Balance 
63. Además de examinar los temas reseñados, las delegaciones hicieron balance de los 
progresos de nuestra labor en las esferas del cumplimiento efectivo, las cuestiones posteriores a la retorsión y la participación de terceros. 
64. Los proponentes de las distintas propuestas agrupadas bajo la rúbrica del cumplimiento 
efectivo presentaron nuevos documentos para su consideración por las delegaciones en próximos debates; entre dichos documentos figuraban preguntas respecto de las que se solicitaban 
respuestas y contribuciones. 
65. Los proponentes de las propuestas recientes sobre la participación de terceros indicaron que 
se habían reunido con varias delegaciones y habían introducido ajustes en su propuesta. También indicaron que presentarían su propuesta revisada como documento informal y que tenían intención 
de celebrar nuevas reuniones con las delegaciones. 
66. Por último, los proponentes de las dos propuestas distintas sobre las cuestiones posteriores 
a la retorsión indicaron que habían celebrado consultas internas, que también habían trabajado 
conjuntamente, y que estaban tratando de resolver  algunas de las preocupaciones expresadas por 
las delegaciones. Manifestaron su intención de poner al día a las delegaciones después de abordar esas cuestiones. 
2. SEMANA DEL 20 DE JUNIO DE 2011
16 
67. Esta semana continuaron los debates sobre la flexibilidad y el control de los Miembros, la 
composición de los grupos especiales, la información estrictamente confidencial (IEC), la transparencia y las comunicaciones amicus curiae  y las soluciones mutuamente convenidas. 
Flexibilidad y control de los Miembros 
68. Esta semana seguimos celebrando consultas sobre las propuestas conjuntas relativas a la 
flexibilidad y el control de los Miembros. En general estas propuestas tratan de la suspensión de 
los procedimientos de los grupos especiales y de ap elación, el reexamen intermedio en la etapa de 
apelación, la supresión y adopción parciales de los informes, la competencia técnica de los integrantes de los grupos especiales y, por último, de los parámetros de orientación en materia de 
                                               
16 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/2. TN/DS/26 
 
- 22 - 
 
  interpretación. En la reunión del G-40 de esta semana seguimos debatiendo la suspensión del 
procedimiento de apelación e iniciamos el debate sobre el reexamen intermedio en la etapa de apelación. En consultas celebradas en grupos pequeños también seguimos debatiendo sobre la adopción y supresión parciales. 
Suspensión del procedimiento de apelación 
69. En lo que concierne a la suspensión del procedimiento de apelación, los participantes 
siguieron examinando tanto el objetivo como la s modalidades propuestas en que se basa esta 
propuesta. Los proponentes reiteraron que el objetivo fundamental de la propuesta era dar a las 
partes una oportunidad de negociar una solución de la diferencia. 
70. Varios participantes recordaron sus principales preocupaciones por la falta de todo límite a la 
duración de la suspensión, el hecho de que una suspensión en la etapa de apelación dejaría la 
situación de un informe no adoptado de un grupo especial en el limbo, y por las posibles 
repercusiones negativas en la capacidad del Órgano de Apelación para planificar su labor aunque se den suspensiones de duración indefinida. Una delegación estimó que las partes disponían de 
tiempo suficiente para solucionar el asunto durante y después de las consultas y en el proceso del 
grupo especial y que no tendría sentido dar otra oportunidad en la etapa de apelación. Debido a las diferencias de los procedimientos, se consideró que permitir la suspensión en la etapa de 
apelación menoscabaría la eficacia y credibilidad del sistema. 
71. Se expresaron diversas opiniones sobre la duración de la suspensión que debería 
autorizarse. Un participante abogó por una duración proporcionada a la duración total del procedimiento de apelación. Otras delegaciones consideraron que no tendría sentido imponer una 
duración concreta a una suspensión porque en algunos casos podría no estar claro cuánto tendría 
que durar la suspensión para llegar a una solu ción. Además, el Órgano de Apelación podría 
necesitar flexibilidad para volver a incorporar las apelaciones suspendidas a su carga de trabajo en 
caso de que se reanudaran. Los proponentes manifestaron confianza en que el Órgano de 
Apelación podría hacer frente a su carga de trabajo aunque haya procedimientos suspendidos, indicando que recientemente ha demostrado flexibilidad al ocuparse de cargas de trabajo 
variables. 
72. La propuesta se examinó en el contexto de la posibilidad de desistimiento en el 
procedimiento de apelación. En particular, se consideró que sin imponer un límite estricto a la duración de la suspensión se podría disuadir a las partes de lograr una solución mutuamente 
convenida, porque se eliminaría la presión de llegar a un acuerdo dentro de las limitaciones de una 
apelación. Los proponentes insistieron en que se re ferían principalmente a la posibilidad de lograr 
una solución y recordaron que para solucionar las diferencias son preferibles las soluciones 
mutuamente convenidas. Consideran que la posib ilidad de suspender el procedimiento da otra 
oportunidad para negociar, con la posibilidad de desistir finalmente en caso de que se tenga éxito. 
73. Se planteó la cuestión de por qué se declararía  nulo y sin efecto jurídico el informe de un 
grupo especial en caso de que se acordara una suspensión y se llegara a una solución. Se 
preguntó si finalmente no se podría adoptar el informe, con independencia de una solución, y si ese informe podría tener pertinencia para la jurisprudencia de la OMC. 
74. Los proponentes indicaron que este enfoque es necesario para que haya paralelismo en las 
etapas de apelación y de los grupos especiales. Es decir, si se llegara a una solución durante las 
actuaciones del grupo especial no habría un informe. Los proponentes consideran que este enunciado sería necesario porque, en el caso de un a suspensión en la etapa de apelación, ya se 
habría distribuido el informe del grupo especial. Señalaron además que la situación concreta de los 
informes no adoptados de grupos especiales incumbía fundamentalmente a las partes en la diferencia y no a los Miembros en general. 
75. Tomé nota de los debates y propuse que las delegaciones siguieran trabajando para abordar 
las cuestiones planteadas esta semana. TN/DS/26 
 
- 23 - 
 
  Reexamen intermedio en la etapa de apelación 
76. A continuación examinamos la cuestión del reex amen intermedio en la etapa de apelación. 
Esta propuesta figura en los apartados a) y b) del párrafo 5 del artículo 17 del texto del Presidente de 2008, en la página 12 del documento. Como en reuniones anteriores, los proponentes 
sugirieron que el reexamen intermedio en la etapa de apelación sería beneficioso en varios 
sentidos, por ejemplo para ayudar a corregir errores tipográficos, pero también para resolver errores de hecho o de derecho, o para permitir a las partes revisar constataciones formuladas por 
el Órgano de Apelación que no se hubieran presen tado previamente, como en los casos en que el 
Órgano de Apelación completa el análisis después de revocar constataciones del grupo especial. Los proponentes sostienen que el reexamen interm edio es una forma más conveniente de resolver 
estos tipos de errores que la publicación de corrigendos. 
77. Las delegaciones del G-40 plantearon varias preocupaciones en relación con esta propuesta. 
En términos generales consideraron que la inclusión del reexamen intermedio en la etapa de apelación podía menoscabar la integridad de las apelaciones y permitir que se presionara 
indebidamente al Órgano de Apelación. Las delegaciones manifestaron la preocupación de que el 
reexamen intermedio diera a las partes la oportunidad de conocer por adelantado el resultado, lo que podría permitir a una parte desistir de su ap elación para evitar un resultado desfavorable. Se 
consideró que se podría poner en tela de juicio la legitimidad de los informes de apelación en caso 
de que se desistiera de una apelación y no llegara a conocerse su resultado. 
78. Las delegaciones también plantearon la duda de si el deseo de disponer de un reexamen 
intermedio era simplemente que las partes tuvieran  otra oportunidad de presentar sus alegaciones 
mediante nuevos argumentos. También mencionaron el problema de que aumente la posibilidad 
de que se filtren los informes del Órgano de Apelación antes de que se publiquen. Por último, las delegaciones se mostraron en desacuerdo en lo que concierne a los efectos sobre los ahorros de 
tiempo y algunas consideraron que los adicionales costos financieros y de otro tipo que se 
derivarían del reexamen intermedio como una etapa adicional del proceso impondrían una carga mayor a los países en desarrollo. 
79. Para responder a algunas de estas preocupaciones, las delegaciones señalaron que se podía 
imponer un límite temporal o un límite al alcance del reexamen. A juicio de varias delegaciones, estos inconvenientes superan con creces los posibles beneficios. Otras consideran que la práctica actual de publicar corrigendos es suficiente. 
80. Los proponentes señalaron que los grupos especiales examinan tanto cuestiones de hecho 
como de derecho y las partes las analizan en la etapa intermedia de reexamen, y que en este contexto el reexamen intermedio generalmente ha  sido útil. Los proponentes consideraron que el 
Órgano de Apelación podía modificar sus procedimientos de trabajo, evitando la posibilidad de 
desistimiento de una apelación en la etapa intermedia, para evitar preocupaciones a este respecto. Aunque tomaron nota de la cuestión de los ahorros de tiempo, los proponentes insistieron en la 
importancia de adoptar las medidas necesarias para disponer de informes de alta calidad. 
81. Propuse que volviésemos a examinar este tema la próxima vez ya que las delegaciones no 
pudieron terminar el debate. 
Supresión y adopción parciales de los informes 
82. Como he mencionado, esta semana continuamos debatiendo en consultas en pequeños 
grupos la cuestión de la supresión y adopción parciales de los informes. La supresión parcial de los informes de los grupos especiales se aborda en el párrafo 7 del artículo 12 del texto de julio, en las 
páginas 9 y 10 del documento. La supresión parcial de los informes del Órgano de Apelación se 
trata en el párrafo 13 del artículo 17, en la página 13 del documento. Además, en la página 28 se reproduce un proyecto de decisión del OSD para resolver los aspectos prácticos de la notificación 
al OSD de las solicitudes de adopción parcial. Los proponentes han indicado en ocasiones 
anteriores que la intención es que las propuestas sean complementarias. 
83. Las delegaciones expresaron una vez más mayor apoyo a la adopción parcial que a la 
supresión parcial, debido a que la primera exigiría acuerdo y estaría comprendida en el ámbito de 
competencia de todos los Miembros. TN/DS/26 
 
- 24 - 
 
  84. Las delegaciones preguntaron cuál sería, con arreglo a estas propuestas, la situación de las 
constataciones no adoptadas y qué efectos tendrían en su caso en la aplicación o en un posible procedimiento del párrafo 5 del artículo 21. Los proponentes afirmaron que las constataciones no adoptadas tendrían una función muy similar a la que se produce cuando el Órgano de Apelación 
revoca una constatación de un grupo especial y después no puede completar el análisis. 
85. Las delegaciones también preguntaron qué es lo que se considera en la propuesta que 
puede ser objeto de supresión o adopción parciales. En particular, preguntaron si sería posible que 
las partes acordaran suprimir determinadas razones que forman parte de una constatación general 
aunque manteniendo al mismo tiempo dicha constatación. En caso negativo, de manera subsidiaria, preguntaron si solamente sería posible que las partes acordaran suprimir la totalidad de una constatación, incluidas las razones en que se basa. Los proponentes indicaron que a su 
juicio las dos hipótesis serían posibles según la redacción actual de la propuesta. 
86. En respuesta, las delegaciones dijeron que les preocupaba que en algunas situaciones 
probablemente no sería posible individualizar una razón independiente para suprimirla sin poner 
en tela de juicio la constatación conexa. Se consideró que autorizar a las partes a suprimir 
determinadas razones que forman parte de la constatación general, aunque manteniendo esa 
constatación, equivaldría a injerirse en las facultades de los órganos resolutorios y difuminaría la 
línea entre las partes y esos órganos, ya se trate de un grupo especial o del Órgano de Apelación. 
Las delegaciones indicaron además que una decisión de adopción o supresión parciales podría estar motivada políticamente y no basarse en criterios jurídicos. 
87. Teniendo en cuenta estas preocupaciones, varias delegaciones indicaron que aceptarían una 
propuesta que permitiera la adopción o supresión parciales si se exigía a las partes o los Miembros 
que acordaran la supresión total de la constatación, incluidos todos los aspectos de las razones en que se base. Sin embargo, las delegaciones pare cían oponerse a que se pudieran suprimir o 
adoptar parcialmente determinadas razones aunque permitiendo que se mantuviera la 
constatación general. A este respecto, se adujo que el párrafo 7 del artículo 12 del ESD se refiere a las "razones" y "constataciones" como un todo, no como elementos separados y distintos. 
88. Las delegaciones también siguieron mostrando la preocupación de que, cuando exista una 
relación asimétrica entre las partes, se podría presionar indebidamente a una de ellas para que suprimiera una constatación. También era un motivo de preocupación que en el marco de esta propuesta las partes pudieran recurrir al trueque o a la negociación de constataciones 
desfavorables. 
89. Por último, las delegaciones preguntaron si hay tiempo suficiente en los procedimientos de 
trabajo actuales para que las partes y los Miembros consideren adecuadamente las consecuencias 
que pueden derivarse en caso de que se proponga la supresión o adopción parcial de un aspecto 
de un informe definitivo. Los proponentes sostuvieron que esto no debía ser un motivo de preocupación. Puesto que se necesitaría consenso en caso de adopción o supresión parcial, a su 
juicio hay suficientes salvaguardias incorporadas que protegerían de cualquier resultado no 
deseado. 
90. Tomé nota del debate en general, incluidos los aspectos conceptuales y técnicos, y alenté a 
las delegaciones a que prosiguieran su labor para conseguir un resultado positivo. 
Composición de los grupos especiales 
91. Esta semana las delegaciones siguieron examinando en el G-40 la versión actualizada del 
texto de la Unión Europea sobre la composición de los grupos especiales. La propuesta se presenta 
como una decisión del OSD. 
92. Con arreglo a la propuesta, se pide a la Secretaría de la OMC que presente una única lista de 
nombres de candidatos a integrantes de grupos especiales basada en los criterios de selección 
indicados por las partes. Seguidamente se pide a las partes que clasifiquen a los candidatos por 
orden de preferencia. Las partes también pueden  ejercer un derecho de veto limitado. Para la 
composición del grupo especial se propondría a los tres candidatos que hubieran obtenido las mayores puntuaciones combinadas de entre los que no hayan sido vetados por ninguna de las 
partes. Las partes pueden estar o no de acuerdo con la composición consiguiente. Si no pueden TN/DS/26 
 
- 25 - 
 
  ponerse de acuerdo sobre la composición, a continuación, como ocurre en el procedimiento actual, 
podrán pedir al Director General que establezca la composición del grupo especial. El Director General determinaría la composición del grupo especial basándose en la misma lista facilitada por la Secretaría. 
93. Las delegaciones se mostraron interesadas en examinar la propuesta a nivel conceptual 
antes de estudiar el texto. Muchas delegaciones mo straron su apoyo a la idea de que la Secretaría 
presente los nombres de todos los posibles candidatos al principio del proceso. No obstante, 
preguntaron si no resultaría difícil que la Secretaría presentara desde el principio hasta 20 nombres. Se indicó que sería importante que la Secretaría mantuviera el equilibrio en la 
selección inicial. Además, teniendo en cuenta que las partes pueden recusar a los candidatos por 
"razones imperiosas", algunas delegaciones pregunt aron si sería adecuado establecer un límite 
estricto al número de recusaciones. 
94. La Unión Europea indicó que su propuesta no se centra en la función de la Secretaría en la 
identificación y selección de los candidatos, sino más bien en la forma en que se presentan los nombres a las partes. No obstante, estimó que la Secretaría podría identificar los nombres 
apropiados. La Unión Europea aclaró sin embargo que conforme a la propuesta las partes no 
podrían presentar sus propios nombres, criterio que a su juicio está de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del ESD. Consideró que su propuesta de permitir un número limitado de recusaciones 
era compatible con la expresión razones imperiosas y le daba sentido. 
95. En términos generales, a las delegaciones les preocupaba que la utilización de la 
clasificación y selección de los miembros de los grupos especiales según una clasificación lineal de 
las mayores preferencias combinadas no podría tener en cuenta los criterios pertinentes, como la 
competencia técnica, la experiencia, la nacionalidad y otros elementos. Una delegación dudó de que este proceso mejorara el que existe actualmente. A su juicio, un proceso iterativo es más 
adecuado para saber lo que las partes desean y ver qué ajustes pueden ser necesarios. Varias 
delegaciones preguntaron si este enfoque podría ser factible sin la intervención humana. En este sentido, se indicó que la Secretaría podía consultar a las partes sobre los criterios, después de una 
clasificación inicial, y a continuación presentar una propuesta provisional. También se señaló que 
la Secretaría podía elaborar listas distintas, basadas en criterios diferentes, y seguidamente las partes podrían clasificar a los candidatos de cada lista. Únicamente después de esto se podría hacer una selección. 
96. Las delegaciones también mostraron su preocupación por la función que en la propuesta se 
asignaba al Director General en lo que concierne a la composición de los grupos especiales. Si se 
suponía que la selección mediante clasificación era la solución óptima, se preguntó si una selección 
realizada por el Director General no sería necesariamente menos óptima puesto que se desviaría de la selección basada en los candidatos que hubieran obtenido la máxima puntuación. La 
preocupación era que el Director General tuviera que decidir de alguna manera que fuera parcial a 
favor de una parte determinada. 
97. La Unión Europea insistió en que sería improbable que el Director General actuara contra los 
intereses de las partes, porque no tendría que limitarse a los resultados de la clasificación, salvo que no podría tener en cuenta a los candidatos que hubieran sido vetados inicialmente. Hizo hincapié en que en general la propuesta brinda flexibilidad. Recordó en primer lugar que, con 
arreglo al párrafo 3 de su propuesta, las partes pueden acordar el proceso de selección que 
deseen, en lugar del sistema de clasificación propuesto. Además, la opción de pedir al Director General que establezca la composición ofrece otra vía más. 
98. Propuse que volviésemos a ocuparnos de este tema la próxima vez ya que las delegaciones 
no pudieron concluir el debate. 
Información estrictamente confidencial (IEC) 99. En cuanto a la información estrictamente confidencial (IEC), recordarán que el Canadá había 
anunciado su intención de revisar el texto de su  propuesta teniendo en cuenta la experiencia 
reciente y las observaciones que había recibido de otros participantes. El Canadá informó esta semana de que había seguido manteniendo debates constructivos con otros participantes, en 
particular con los que recurren frecuentemente a la IEC, y que esperaba presentar un texto 
revisado para nuestras reuniones del próximo mes. TN/DS/26 
 
- 26 - 
 
  Transparencia y amicus curiae  
100.  En el G-40 reanudamos el debate sobre la transparencia y los escritos amicus curiae . Como 
recordarán, en nuestra última serie de reuniones mantuvimos amplios debates sobre la mayoría de 
los aspectos de la transparencia. Sin embargo, no habíamos acabado de examinar los escritos 
amicus curiae  y por esa razón nos centramos en esta cuestión. 
101.  Recordarán que se nos han presentado dos propuestas para aclarar que los grupos 
especiales y el Órgano de Apelación no estarían autorizados a recibir escritos amicus curiae  no 
solicitados y que también se había sugerido la adopción de un procedimiento para regular la 
presentación de esos escritos. Posiblemente también recordarán que había invitado a los 
proponentes de esa reglamentación a que presenta ran un proyecto de texto jurídico específico a 
tal efecto. Los Estados Unidos presentaron ayer al grupo un documento no oficial en el que se trata esta cuestión. 
102.  En el documento no oficial se propone una decisión del OSD, que contiene un procedimiento 
para que lo utilicen los órganos resolutorios de la OMC para tramitar la presentación de los escritos 
amicus curiae . Los Estados Unidos explicaron que este procedimiento se inspiraba en el que 
adoptó el Órgano de Apelación en CE - Amianto  y en debates mantenidos anteriormente en estas 
negociaciones. El procedimiento prevé un proceso en dos etapas, en virtud del cual cualquier 
persona que no sea una parte o un tercero que esté interesada en presentar una comunicación a 
un órgano resolutorio de la OMC tendría que solicitar permiso para presentarla, es decir, solicitar la autorización del órgano resolutorio para presentar un escrito, explicando su interés y lo que pretende aportar al procedimiento. El órgano resolutorio, después de dar a las partes la 
oportunidad de formular observaciones, decidiría si acepta o deniega la solicitud en todo o en 
parte. Por consiguiente decidiría si desea recibir una comunicación y qué puede tratarse en ella. Si 
se concede el permiso, es decir, si se autoriza la comunicación, habría que presentarla en un plazo 
determinado y no podría superar un número máximo de páginas. El procedimiento sería aplicable 
en todas las actuaciones, con sujeción a las modificaciones que pueda hacer el órgano resolutorio en un caso determinado tras consultar a las partes. 
103.  El debate se centró fundamentalmente en la cuestión de si era conveniente regular de esa 
manera las comunicaciones no solicitadas presentadas a los órganos resolutorios. Varios 
participantes expresaron su apoyo a ese procedimiento como medio de mejorar la gestión de los 
escritos no solicitados, al dar mayor disciplina y previsibilidad a su presentación y tratamiento. Sin embargo, algunos participantes consideraron que la presentación por los no Miembros de escritos no solicitados no forma parte realmente de los procedimientos de solución de diferencias de 
la OMC y expresaron preocupaciones sistémicas ante esta idea. 
104.  A juicio de estos participantes, las diferencias en la OMC se plantean entre sus Miembros y 
todos los intereses deberían encauzarse a través de los gobiernos afectados. En este contexto, 
consideran que la presentación de escritos amicus curiae  no forma parte de los procedimientos de 
solución de diferencias ni debería serlo. Desde ese punto de vista, se podría considerar que la 
elaboración de un procedimiento específico para tramitar esos escritos es una invitación o 
autorización dadas indebidamente para que se presenten esos escritos no solicitados. Se observó a este respecto que el hecho de que esos escritos existan en la realidad no es una justificación suficiente para aceptarlos. 
105.  Otros participantes observaron que la realidad actual es que se presentan esos escritos pero 
también que, conforme a resoluciones adoptadas por el Órgano de Apelación hasta la fecha en 
virtud de las disposiciones vigentes del ESD, los órganos resolutorios pueden aceptarlos. Sin 
embargo, no hay ninguna limitación ni reglamentación sobre la forma ni el momento en que se pueden presentar, y tampoco claridad sobre cómo puede tramitarlos el órgano resolutorio en un 
caso determinado. 
106.  Desde ese punto de vista, se observó que la adopción de un procedimiento para regular el 
modo en que se pueden presentar esos escritos introduciría nuevas limitaciones a su presentación, 
al imponer límites temporales y en cuanto al número de páginas, y un proceso en dos etapas mediante el cual el órgano resolutorio tendría la oportunidad de controlar qué escritos se le presentan y sobre qué temas. Se sugirió que esto ayudaría a las partes y al órgano resolutorio, y 
no a los que deseen presentar escritos, al dar mayor previsibilidad al proceso, permitiendo al 
órgano resolutorio decidir si desea recibir o no un escrito y asegurando el respeto del derecho de TN/DS/26 
 
- 27 - 
 
  las partes a un procedimiento con las debidas garantías procesales. Un participante observó que 
desde la perspectiva de un país en desarrollo con recursos limitados, esa reglamentación tendría tres ventajas: limitar las cuestiones que pueden plantearse en esos escritos, limitar la extensión de las comunicaciones, y controlar el calendario del proceso. 
107.  Se hicieron comparaciones con procedimientos nacionales, en los que se distingue entre 
quienes tienen "legitimación" para comparecer ante el tribunal y los demás participantes. También 
se hizo referencia a otras jurisdicciones internacionales, en las que se han establecido 
procedimientos para tramitar esas comunicaciones. 
108.  En vista de este debate, observé que los participantes abordaron esta cuestión desde puntos 
de vista muy diferentes y traté de averiguar si había alguna forma de acercar las dos posiciones. Algunos participantes sugirieron que el procedimiento propuesto está destinado a acercar las dos posiciones, al garantizar que solamente se presenten escritos amicus curiae  previa autorización del 
órgano resolutorio. En ese sentido, las comunicaciones que se presenten de acuerdo con la 
autorización concedida con arreglo al procedimiento propuesto serían "solicitadas", y no se aceptarían escritos "no solicitados". 
109.  Invité a los participantes a que consideraran la posibilidad de incluir un texto adicional en el 
procedimiento propuesto para aclarar que: 
1) solamente las partes y los terceros tienen "derecho" a presentar comunicaciones a los 
órganos resolutorios (en otras palabras, las demás personas no están legitimadas 
a priori  en las actuaciones y tendrán que seguir el procedimiento y recibir la autorización 
del órgano resolutorio para tener derecho a presentar un documento); y 
2) los órganos resolutorios no aceptarían las comunicaciones de esas otras personas, salvo 
las presentadas de acuerdo con el procedimiento (en otras palabras, no se podrá 
presentar ningún escrito "no solicitado", es decir, no autorizado, y solamente se pueden presentar los escritos que hayan sido autorizados por el órgano resolutorio por medio 
del procedimiento). 
Soluciones mutuamente convenidas 
110.  En las deliberaciones en pequeños grupos so bre las soluciones mutuamente convenidas se 
llegó a una convergencia sobre el texto siguiente para el párrafo 6 del artículo 3 del ESD: 
"Cuando las partes en una diferencia lleguen a una solución mutuamente convenida 
con respecto a un asunto planteado en el marco de las disposiciones en materia de solución de diferencias de los acuerdos abarcados, cada parte notificará la solución 
al OSD y a los Consejos y Comités correspondientes. Cada parte presentará la 
notificación por escrito dentro de los 14 días siguientes a que se haya llegado a la solución y expondrá los términos detallado s de la solución. Cualquier Miembro podrá 
plantear en el OSD y en los Consejos y Comités correspondientes cualquier cuestión 
relacionada con la solución." 
111.  Este texto pretende mejorar la obligación de notificación que ya figura en esta disposición al 
aclarar lo que debe notificarse y el plazo de la notificación. 
112.  En el debate que propició la convergencia sobre este texto se aclaró que la expresión "cada 
parte" está destinada a garantizar que cada parte tenga la obligación de notificar la solución mutuamente convenida, pero que eso no impide que las partes que hayan llegado a esa solución cumplan este requisito efectuando la notificaci ón conjuntamente. De hecho, se sugirió que esa 
podría ser la solución preferible en la práctica, pero el texto tampoco excluiría notificaciones por 
separado. También se debatió sobre el plazo de la notificación, inclusive sobre la cuestión de qué momento podría considerarse exactamente que es la fecha en que se ha "llegado" a la solución, 
habida cuenta de que pueden darse diversas situaciones. Se observó a este respecto que serían 
las propias partes las que estarían en mejores condiciones para determinar cuándo han llegado a una solución mutuamente convenida para su dife rencia. Se consideró que el plazo de 14 días 
permite a las partes preparar la notificación después de haber llegado a la solución, aunque sin 
demorar indebidamente la comunicación de la información a los Miembros una vez alcanzada la solución. TN/DS/26 
 
- 28 - 
 
  113.  Posteriormente, en el G-40 varias delegaciones expresaron vacilaciones sobre la referencia a 
"cada parte", preguntando si la redacción actual transmite con claridad la posibilidad de notificar conjuntamente una solución mutuamente convenida. Aunque se expresó la opinión de que el texto 
admitía la posibilidad de notificar la solución  mutuamente convenida tanto individual como 
conjuntamente, las delegaciones intentaron dar más claridad. En principio estuvieron de acuerdo 
con la idea de añadir una nota de pie de pági na para especificar que es preferible notificar 
conjuntamente esas soluciones. Sin embargo, finalm ente intentaron plasmar esta preferencia en el 
texto principal agregando como penúltima frase del texto aprobado por el pequeño grupo la 
siguiente: "Es preferible la notificación presentada  conjuntamente por las partes en la diferencia." 
Al menos una delegación se mostró interesada en mantener el texto vigente del párrafo 6 del artículo 3 del ESD. 
114.  Algunas delegaciones preguntaron además por qué el texto propuesto no se refería 
expresamente a las disposiciones en materia de "consultas" además de hacerlo a las disposiciones sobre "solución de diferencias", como ocurre en otras partes del ESD. Se indicó que la versión 
actual del ESD es incoherente, refiriéndose en ocasiones a las "disposiciones en materia de 
consultas y solución de diferencias" y otras veces solamente a las "disposiciones sobre solución de diferencias". Las delegaciones acordaron volver a examinar esta cuestión ulteriormente con el fin 
de armonizar las referencias que se hacen en todo el ESD. 
115.  Por último, una delegación señaló que en el texto propuesto no debería hacerse referencia a 
"un asunto", sino a " el asunto" como se utiliza este término en otros contextos. También en este 
caso las delegaciones convinieron en examinar nuevamente esta cuestión la próxima vez. 
116.  Alenté a las delegaciones a que celebraran nuevas consultas antes de nuestra próxima 
reunión para resolver nuestras diferencias. 
Balance 
117.  Además de los debates sobre los temas ya indicados, hicimos balance de los progresos 
realizados en nuestra labor en las esferas del cumplimiento efectivo, las cuestiones posteriores a la retorsión y la participación de terceros. 
118.  Los autores de las diversas propuestas relativas al cumplimiento efectivo  presentaron 
documentación que refleja los debates que se han mantenido recientemente sobre la utilidad de las medidas de retorsión para lograr el cumplimiento y reequilibrar las concesiones. Los proponentes invitaron a otras delegaciones a participar en el debate. Además se presentó un texto 
en el que se actualiza la propuesta sobre la notificación de las medidas de retorsión. Los 
proponentes indicaron que estarían dispuestos a examinar estas cuestiones en las próximas reuniones del G-40. 
119.  Los autores de las últimas propuestas sobre la participación de terceros  indicaron que se 
habían reunido con varias delegaciones y que están revisando su documento no oficial para presentarlo en breve como un documento Job. 
120.  Por último, los autores de las dos propuestas distintas sobre las cuestiones posteriores a 
la retorsión  indicaron que habían proseguido los debates y consideran que las conversaciones 
están madurando. 
3. SEMANA DEL 25 DE JULIO DE 2011
17 
Información estrictamente confidencial (IEC) 
121.  Esta semana, el Canadá presentó una versión revisada de su propuesta sobre la protección 
de la información estrictamente confidencial (IEC)18, resultante de la labor reciente con un grupo 
de delegaciones interesadas. El Canadá explicó que la propuesta revisada tenía por objeto reflejar 
tres objetivos: 
                                               
17 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/3. 
18 Véase el documento TN/DS/25, apéndice A, artículo 18, páginas A-14 y A-15, y apéndice 5, 
páginas A-25 a A-28. TN/DS/26 
 
- 29 - 
 
  - garantizar que los grupos especiales y el Órgano de Apelación adopten un 
procedimiento para proteger la IEC, si así se solicitara; 
- garantizar que sea posible adaptar el procedimiento a las necesidades de la diferencia 
en cuestión; y 
- brindar al titular de la información la tranquilidad de que la información que 
constituya IEC, tal como se define en la propuesta, será protegida durante todo el procedimiento. 
122.  Para alcanzar estos objetivos, la propuesta prevé modificaciones del texto del artículo 18 
del ESD, así como un apéndice y una propuesta de decisión del OSD. Se añadiría un nuevo párrafo 
al artículo 18 por el que se aclararía que, si una parte así lo solicitara, un grupo especial estaría obligado a adoptar un procedimiento para proteger la IEC, tras consultarlo con las partes. El nivel 
de protección ofrecido por este procedimiento se mantendría a lo largo de las diversas etapas de la 
diferencia (incluida la de apelación) durante el resto del procedimiento. Inicialmente, la obligación de identificar la información como IEC correspondería a la parte que solicita protección. Se 
establece un procedimiento de impugnación que permita que el órgano resolutorio verifique esta 
designación en caso de desacuerdo sobre la designación como IEC. La propuesta dispone que el procedimiento se aplicaría a las actuaciones de los grupos especiales, así como a los arbitrajes de 
conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 y el artículo 25. 
123.  Los participantes expresaron su respaldo a los objetivos perseguidos por la propuesta y 
acogieron con satisfacción el texto revisado, que consideraron como un paso adelante y una buena base para celebrar nuevos debates. 
124.  El Canadá aclaró que el procedimiento se aplicaría a todos los procedimientos de grupos 
especiales, incluidos los grupos especiales sobre el cumplimiento. Se planteó la cuestión de si también deberían estar abarcados los procedimientos arbitrales para determinar el plazo de 
aplicación (en el marco del párrafo 3 c) del artículo 21) y los procedimientos de apelación. 
También se sugirió que en ambos casos era impr obable que fuera necesario presentar IEC. Se 
aclaró asimismo que en la propuesta no se anticipaban criterios sobre el momento en que podía 
presentarse la información designada como IEC. Sin embargo, la información ya presentada al 
grupo especial no podía designarse como IEC en una etapa posterior del procedimiento. La información debía designarse como IEC en el momento de su presentación inicial. 
125.  Se solicitó también que se aclarara la forma en que el procedimiento pretendía tratar la 
información recabada en el contexto de un procedimiento en el marco del Anexo V del 
Acuerdo SMC, teniendo en cuenta que la nota 67 de ese Acuerdo ya aborda la confidencialidad de esa información. El Canadá aclaró que el propósito no era abordar la forma de tratar esa 
información durante el procedimiento de acopio de información previsto en el Anexo V, sino más 
bien la forma en que los órganos resolutorios deben tratar esta información posteriormente. 
126.  También se aclaró que la celebración de consultas con las partes prevista en el contexto de 
la adopción del procedimiento se refiere al detalle de los procedimientos, y no al principio de su 
adopción. Es decir, el grupo especial no tendría la facultad de no adoptar el procedimiento si así se 
lo solicitara una de las partes de la diferencia, pero tendría la facultad discrecional de determinar, en consulta con las partes, el tipo de procedimiento que ofrecería un nivel de protección adecuado, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
127.  Se aclaró que no se impediría que los terceros solicitaran que un grupo especial adopte 
procedimientos para proteger la IEC, pero el grupo especial tendría la facultad discrecional de 
hacerlo o no, teniendo en cuenta los intereses en cuestión. También se observó que la carga de la 
prueba que recae sobre los terceros era distinta de la que tienen las partes en la diferencia, y que en los casos en que la IEC fuera pertinente sería probable que las propias partes soliciten la 
adopción de procedimientos para proteger la IEC, a los que también podrían recurrir los terceros si 
fuera necesario. En términos generales, el Canadá indicó que examinaría la coherencia global de las referencias a terceros en todo el texto. TN/DS/26 
 
- 30 - 
 
  128.  Con respecto a la duración de la protección, se preguntó cuándo debería considerarse que 
una diferencia ha finalizado, y si era apropiado limitar la protección a la duración de la diferencia, dado que la necesidad de proteger la confidencial idad de la información puede persistir después de 
finalizada la diferencia. 
129.  Se examinó la relación existente entre la presen tación de "un resumen no confidencial de la 
información" contenida en las comunicaciones escritas en el marco del párrafo 2 del artículo 18 del ESD y el trato que debe darse a la IEC. Se observó que había una diferencia entre un resumen 
de la información contenida en una comunicación (conforme a lo previsto en el párrafo 2 del 
artículo 18) y una versión expurgada de un documento que contenga IEC. En el primer caso, el propósito era resumir determinada información, mientras que en el segundo, el objetivo era suprimir del documento toda referencia a la información confidencial. Se reconocía la diferencia 
entre ambas situaciones, pero también se cuestionaba si era necesario hacer tal distinción en el 
contexto del párrafo 2 del artículo 18, debido a que, por definición, cualquier "resumen no 
confidencial" facilitado conforme a esta disposición no contendría ningún tipo de información 
confidencial, ya fuera IEC o de otro tipo. 
130.  En este contexto, se señaló que en la práctica la presentación de resúmenes no 
confidenciales con arreglo al párrafo 2 del artículo  18 es útil para permitir que la parte que haya 
presentado información confidencial formule, de una manera que le resulte aceptable, un resumen 
que pueda hacerse público, lo que evita el riesgo de un manejo inadecuado de tal información. Se reconoció la existencia de posibles vínculos entre esta parte del texto propuesto y aspectos de las propuestas sobre transparencia. También se reconoció que la propuesta no pretendía anticipar un 
criterio sobre tales aspectos. 
131.  Se plantearon varias preguntas más, que no tuvimos tiempo de abordar y que volveremos a 
examinar en nuestras próximas reuniones. Dichas preguntas guardan relación con el 
funcionamiento del procedimiento de impugnación, la forma en que se garantizaría la continuidad 
del nivel de protección durante todo el procedimiento, la necesidad de distinguir entre el titular de la información y la parte que solicita que se la proteja (que pueden no coincidir siempre), la 
coherencia de la redacción y la distribución de un texto sobre protección de la IEC entre el 
artículo 18 y el Apéndice. 
Composición de los grupos especiales
19 
132.  Continuamos el examen párrafo por párrafo en el marco del G-40 donde lo habíamos dejado 
en mayo, teniendo en cuenta las cuestiones de carácter más conceptual abordadas en junio. 
133.  Nos centramos en el texto entre corchetes de los párrafos 3 y 4 de la propuesta revisada 
distribuida informalmente por la Unión Europea en mayo. En relación con el párrafo 3, se debatió 
sobre el uso de los términos "capacidad" o "derecho". En el párrafo 4, algunos participantes 
sugirieron que se suprimieran el texto entre corchetes relativo a la actualización de los curriculum vitae  de los candidatos a integrar grupos especiales y el texto entre corchetes relativo a 
la forma en que la Secretaría identifica o llega a conocer a los candidatos antes de proponerlos a 
las partes. La Unión Europea manifestó su flexibilidad con respecto a los términos exactos que se utilicen en estos párrafos. 
134.  El debate sobre el proyecto de texto de los párrafos 3 y 4 también planteó algunas 
cuestiones de carácter conceptual. La Unión Europea confirmó que uno de los objetivos de su 
propuesta era reducir los vetos de las partes, y limitar la formulación de objeciones a situaciones 
en que las razones para hacerlo sean verdaderamente imperiosas. 
135.  Algunas delegaciones preconizaron la posibilidad de que las partes propusieran nombres. La 
Unión Europea respondió explicando que la propuesta no tiene el propósito de modificar el 
párrafo 6 del artículo 8 del ESD, con arreglo al cual la Secretaría debe proponer los nombres. Al 
mismo tiempo, la Unión Europea consideró que en su lista de candidatos propuestos para ser 
integrantes de grupos especiales, conforme a lo previsto en el marco de la propuesta, la Secretaría probablemente podría tener plenamente en cuenta  cualquier preferencia por personas específicas 
que expresaran las partes. 
                                               
19 Véase el documento TN/DS/25, apéndice A, páginas A-29 y A-30. TN/DS/26 
 
- 31 - 
 
  136.  En cuanto a los criterios de selección, se plantearon preguntas sobre la manera en que la 
Secretaría actuaría en caso de que hubiera criterios contrapuestos. Además, una delegación 
expresó la preocupación de que el texto entre paréntesis del párrafo 4 de la propuesta ("(tales como competencia o experiencia)") pudiera abrir las puertas a que las partes expresaran 
criterios indebidos de selección, ajenos a la diferencia de que se trate. La Unión Europea respondió 
que la propuesta utiliza el término "desear" para referirse a las partes que expresen criterios de selección. Por lo tanto, si bien la Secretaría debería hacer lo posible para tener en cuenta todos los 
criterios de selección, no estaría obligada a actuar conforme a criterios que resulten inviables. 
También analizamos si cada una de las personas incluidas en la lista de integrantes del grupo especial propuesta por la Secretaría debía cumplir todos los criterios de selección indicados por las partes, o si los distintos candidatos podían cumplir solo algunos de esos criterios cuando las 
personas incluidas en la lista propuesta por la Secretaría cumplieran, en conjunto, todos los 
criterios. 
137.  La Unión Europea también explicó que las partes podían acordar no aplicar el procedimiento 
propuesto, total o parcialmente, en la medida que ello no fuera incompatible con las disposiciones 
pertinentes del ESD. Además, la Secretaría no tendría que indicar en su lista qué criterios de selección cumple cada candidato propuesto para integrar el grupo especial. La Secretaría tampoco 
necesitaría verificar la disponibilidad de los candidatos al elaborar su lista de nombres, solo lo 
haría en una etapa posterior. La Unión Europea explicó también que no creía que fuera necesario 
que la propuesta abordara la cuestión de si las partes seguirían compartiendo sus criterios de selección entre ellas. 
138.  Por último, para responder a las preguntas, la Secretaría explicó que, hasta junio de 2011, 
la composición de 94 grupos especiales, de un total de 157, ha sido determinada, total o parcialmente, por el Director General. La Secretaría también explicó que era difícil decir cuán fácil 
o difícil sería para ella facilitar de 12 a 20 nombres en un caso determinado, dado que dependería 
de cuán larga e inusual fuera la lista de características exigidas. Asimismo, en caso de que hubiera muchas partes (y terceros), se dispondría de un número menor de posibles candidatos para 
integrar para un grupo especial. 
139.  Alenté a las delegaciones a trabajar conjuntamente con el mismo espíritu constructivo hasta 
nuestra próxima semana de reuniones. 
Flexibilidad y control de los Miembros
20 
Reexamen intermedio en la etapa de apelación 
140.  En el marco del G-40 volvimos a examinar la propuesta de introducir un reexamen 
intermedio en la etapa de apelación. Teniendo en  cuenta las opiniones expresadas el mes pasado, 
invité a los participantes a centrarse en confrontar los posibles beneficios y los posibles costos del 
procedimiento propuesto, a fin de que podamos tener una base clara para ponderar los diversos aspectos entre sí. 
141.  Por lo tanto, en primer lugar procuré confirmar cuáles podrían ser los posibles beneficios de 
un procedimiento de reexamen intermedio en la etapa de apelación. Sobre la base de los debates anteriores, identifiqué lo siguiente: i) brindar la oportunidad de rectificar errores de hecho en que se hubiera incurrido en el informe, ii) brindar la oportunidad de formular observaciones sobre 
determinaciones jurídicas que serían problemáticas y la posibilidad de obtener su rectificación, y 
iii) en consecuencia, mejorar la calidad del informe definitivo y, por ende, el resultado de la diferencia y su valor para aclarar determinadas cuestiones jurídicas. Además, los proponentes 
identificaron posibles beneficios por lo que respecta a aclarar el fundamento de constataciones 
desfavorables y, por lo tanto, fomentar una mejor comprensión de los requisitos de aplicación y garantizar la transparencia suficiente en el info rme en cuanto al procedimiento de apelación (por 
ejemplo, con respecto al calendario para finalizar el procedimiento de apelación). 
                                               
20 Véase el documento TN/DS/25, párrafo 7 del ar tículo 12, páginas A-9 y A-10; párrafo 12 del 
artículo 12, página A-10; párrafo 4 del artículo 16, pá gina A-11; párrafo 5 b) del artículo 17, página A-12; 
párrafo 5 c) del artículo 17, página A-12; y párrafo 13 del artículo 17, páginas A-13, A-28, A-29 y A-31 a A-37. TN/DS/26 
 
- 32 - 
 
  142.  Hubo algún debate sobre las diferencias y similitudes entre los procedimientos de los grupos 
especiales y del Órgano de Apelación que podrían afectar a la utilidad relativa del reexamen intermedio en ambas etapas. Se observó que, en  la medida que se pretendía que la cuestión 
central fuera la corrección de errores de hecho, es te aspecto era menos pertinente en la etapa de 
apelación, teniendo en cuenta el alcance limitado del examen de los aspectos fácticos en dicha 
etapa. También se señaló que, en la práctica, el reexamen intermedio en la etapa del grupo 
especial solía limitarse a las cuestiones de hecho. A este respecto, se observó que en la etapa de 
apelación también podían plantearse cuestiones relativas a las determinaciones fácticas, incluso en 
situaciones en que el Órgano de Apelación completara el análisis de cuestiones no examinadas por el grupo especial. En tales situaciones, podían formularse tanto determinaciones fácticas como determinaciones jurídicas. Se señaló también que la oportunidad de corregir errores era 
posiblemente más importante en la etapa de apelación, dado que no había una oportunidad 
posterior para examinar las determinaciones jurídicas o fácticas antes de la adopción de los informes. 
143.  En lo que atañe a los posibles costos, algunos participantes reiteraron sus preocupaciones 
con respecto a la integridad de los informes y la independencia del Órgano de Apelación. Las preocupaciones a este respecto guardaban relación  con la presión que ejercen sobre el Órgano de 
Apelación las partes que cuestionan la validez de su razonamiento, así como con los riesgos de 
filtración de las versiones provisionales de los informes. Se manifestó, en respuesta a estas preocupaciones, que podrían hacerse observaciones similares en relación con las actuaciones de los grupos especiales, pero sin embargo su integridad e independencia no se ponían en tela de 
juicio. 
144.  También se plantearon preguntas sobre las repercusiones de la propuesta por lo que 
respecta a los plazos. Se aclaró que la propuesta preveía aumentar en 30 días la duración del 
procedimiento de apelación para llevar a cabo un reexamen intermedio. Se observó que, en 
función de la duración total del procedimiento, esto parecía muy significativo, y que los posibles beneficios también debían ponderarse frente a este costo. 
145.  Al examinar la forma en que podrían abordarse los posibles efectos negativos del 
procedimiento, se sugirió que establecer una mayo r interacción entre las partes y el Órgano de 
Apelación en etapas anteriores del procedimiento, por ejemplo a través de una segunda reunión sustantiva con las partes, puede disipar algunas de las preocupaciones relacionadas con la 
novedad de ciertas determinaciones formuladas en la etapa de apelación y, a la vez, evitar los 
inconvenientes que, según se ha advertido, plantea un reexamen intermedio. 
146.  Algunos participantes sugirieron que un reexam en que se limite a las cuestiones fácticas 
puede lograr un mayor nivel de aceptación. También se observó que la práctica actual de publicar 
correcciones para rectificar los errores de hecho genera incertidumbre sobre la condición jurídica de dichas correcciones cuando se publican después de la adopción de un informe. Por lo tanto, no 
constituyen una solución óptima. Sin embargo, se  señaló también que es posible que un reexamen 
limitado a cuestiones fácticas no justifique el tiempo adicional necesario. 
Orientación para los órganos resolutorios 
147.  En el marco del pequeño grupo empezamos a debatir sobre la propuesta de brindar 
orientación a los órganos resolutorios de la OMC. Como se indicó anteriormente, el objetivo de 
esta propuesta es aclarar, a través de decisiones del OSD, la manera en que los órganos resolutorios de la OMC deberían abordar tres cuestiones, a saber, la aplicación del derecho 
internacional público, el concepto de medidas objeto de examen y los enfoques interpretativos. 
148.  Los Estados Unidos informaron de que habían celebrado consultas útiles con otros Miembros 
sobre esta cuestión, lo que había confirmado que las cuestiones siguen vigentes y que sería 
provechoso que los Miembros examinaran cómo proceder para que el sistema avance a este 
respecto. Indicaron también que tenían una posición flexible con respecto al  formato y el contenido 
concreto de la orientación propuesta. 
149.  Teniendo en cuenta las preguntas planteadas en debates anteriores, solicité en primer lugar 
las opiniones generales de los participantes sobre la orientación para los órganos resolutorios. 
Algunos observaron que tenían dudas de carácter general sobre si era apropiado que el órgano TN/DS/26 
 
- 33 - 
 
  legislativo brindara orientación a los órganos resolu torios y se preguntaron sobre la posibilidad de 
que esto altere el tema central del examen encargado al órgano resolutorio sin que se resuelvan verdaderamente las cuestiones. También se plante aron preguntas sobre los aspectos de fondo de 
cierta orientación efectiva propuesta. Sin embargo, los participantes señalaron que seguían 
estando dispuestos a examinar estas cuestiones, incluso para entender mejor las preocupaciones 
que la propuesta aborda. 
150.  Una delegación observó que podía ser útil que los Miembros brindaran orientación sobre 
algunas de estas cuestiones, pero que podía facilitarse el debate si esa orientación se formulara 
sobre la base de principios y de una forma más concisa, identificando los principios fundamentales que se pretenden transmitir mediante la orientación. Sin perjuicio de su opinión en relación con la orientación específica recogida en las diversas esferas de la propuesta, otros participantes 
estuvieron de acuerdo en que esto podía constituir una manera útil de abordar el debate. 
151.  Teniendo en cuenta estas consideraciones, pasamos a examinar el proyecto de parámetros 
sobre las "medidas objeto de examen". 
"Medidas objeto de examen" 
152.  Examinamos los párrafos incluidos en el epígrafe "Orden de análisis". Se observó que esta 
sección en realidad abarcaba diversas cuestiones  que no necesariamente estaban relacionadas con 
el "orden del análisis", incluidas las opiniones consultivas (u obiter dicta ), la finalización del análisis 
y medidas que ya han expirado. Los Estados Unidos estuvieron de acuerdo en que los epígrafes de esta sección podían aclararse. 
153.  Con respecto a los párrafos iniciales de esta sección, los Estados Unidos explicaron que su 
propósito era aclarar, por referencia a la función de los órganos resolutorios definidos en el ESD, 
que no sería apropiado que ofrecieran opiniones consultivas más allá de las determinaciones 
necesarias para resolver la diferencia. Tales opiniones no servían para resolver la diferencia ni 
ayudaban al sistema en su conjunto. A este respecto, el objetivo de asegurar que los órganos 
resolutorios actuaran con una debida moderación ju dicial servía para proteger la distinción entre 
las funciones resolutoria y legislativa de la Organización. 
154.  Se sugirió que, con miras a extraer los principios en cuestión, puede ser útil aclarar esta 
cuestión por referencia principalmente a las disposiciones pertinentes del ESD que definen la función de los órganos resolutorios, y no a través  de textos o ejemplos explicativos detallados. 
Hubo algún debate sobre las disposiciones del ESD que pueden considerarse pertinentes, incluidos, 
además del párrafo 4 del artículo 3, el párrafo 2 del artículo 3 y los artículos 11 y 7. También hubo 
algún debate sobre la función exacta de los órganos resolutorios a la luz de la definición de su mandato, y de su función de ayudar al OSD a cumplir sus funciones. 
155.  Se sugirió también que la referencia a las "opiniones consultivas" puede ser engañosa en la 
medida en que lo que parecía estar en cuestión era más bien la cuestión de las declaraciones obiter dicta  de los grupos especiales y el Órgano de Apelación, es decir, las declaraciones que no 
formaban parte de la ratio decidendi  correspondiente a la decisión. Algunos participantes 
observaron que no consideraban que la existencia de algunas declaraciones obiter dicta  fuera 
necesariamente perjudicial, ya que podían distinguirse de la ratio decidendi , y no tendrían el 
mismo valor jurídico. Sin embargo también se observó que en la práctica, a pesar de no ser 
jurídicamente vinculantes ni tener autoridad como precedentes, los litigantes se refieren a tales 
declaraciones como expresiones de la situación jurídica. 
156.  Se examinaron diferentes tipos de situaciones con miras a aclarar el carácter y el alcance de 
la preocupación que se aborda. El proponente id entificó situaciones en que se formularía una 
resolución con respecto a una alegación no presentada al grupo especial, o se formularían opiniones con respecto a una medida hipotética no  sometida al grupo especial. Se reconoció la 
existencia de una diferencia entre las declaraciones legítimas del órgano resolutorio realizadas 
como parte de su razonamiento, incluso como parte del proceso interpretativo, y las declaraciones relativas a cuestiones que no se han sometido a consideración del órgano resolutorio. TN/DS/26 
 
- 34 - 
 
  157.  A este respecto, otros participantes estuvieron de acuerdo en que las resoluciones sobre 
alegaciones o medidas no presentadas al órgano resolutorio no estarían comprendidas en el mandato de un grupo especial, pero se preguntó si las declaraciones relativas a situaciones hipotéticas serían siempre inapropiadas si sirvieran para aclarar el razonamiento del órgano 
resolutorio con respecto a una cuestión que se le ha sometido debidamente. También se sugirió 
hacer una distinción entre una situación en la que un grupo especial se pronunciara sobre una alegación que no se ha sometido a su consideración y una situación en la que optara por continuar 
su análisis de una alegación que se le ha sometido debidamente tras determinar inicialmente que o 
se ha cumplido una de las condiciones para demostrar la alegación. Se sugirió que en esta última hipótesis, puede ser apropiado que el órgano resolutorio prosiga el análisis en aras de encontrar una solución adecuada para el asunto sometido a su consideración. Sin embargo, se señaló 
también que era importante que el órgano jurisdiccional actuara con un cierto grado de 
moderación al determinar las constataciones que se han de realizar, a fin de no ir más allá de lo necesario y demorar indebidamente la resolución de la diferencia. 
158.  Examinamos además la parte de la propuesta relativa a las medidas que ya han expirado y 
la fecha de existencia de una medida. Los Estados Unidos explicaron que el propósito de esta parte 
de la orientación era aclarar la fecha a partir de la cual los órganos resolutorios debían evaluar la 
existencia de la medida en litigio. Era posible referirse a diversas fechas (como la fecha de la 
solicitud de celebración de consultas, la fecha de la solicitud de establecimiento de un grupo especial o la fecha de las resoluciones del grupo espe cial). En aras de la claridad, y para evitar la 
creación de un blanco móvil, se propone utilizar la fecha de la solicitud de celebración de consultas 
como base para la evaluación. El proponente aclaró también que estarían abarcadas las 
situaciones en que la medida o el comportamiento objeto de litigio existieran a la fecha de la solicitud de celebración de consultas y siguieran existiendo después de esa fecha. 
159.  Se preguntó cómo pretendía la propuesta tratar las situaciones en que una medida aún 
puede surtir efectos, aunque ya no dé lugar a una acción por parte del Miembro, por ejemplo en el caso de las subvenciones. Los Estados Unidos reconocieron la posible complejidad de algunas 
situaciones por lo que se refiere a determinar exactamente la fecha de expiración de determinadas 
medidas, pero sugirieron que esta propuesta no procuraba resolver tales cuestiones sino más bien aclarar a partir de qué momento debía evaluarse la existencia de la medida. Se señaló que la redacción no aclaraba que este fuera el objetivo principal del texto, dado que parecía abordar el 
momento en que debía considerarse que una medida ha expirado. 
160.  También se preguntó si la propuesta de orientación se aplicaría a los grupos especiales 
sobre el cumplimiento, y cómo lo haría, teniendo en cuenta que una solicitud de celebración de 
consultas puede no ser necesaria y que la existencia o no de una medid podía ser el objeto mismo 
del desacuerdo. 
Transparencia y escritos amicus curiae
21 
161.  Proseguimos nuestro debate sobre los escritos amicus curiae , centrándonos en los detalles 
del procedimiento propuesto conforme al documento no oficial distribuido por los Estados Unidos en junio.
22 La propuesta establece que el órgano resolutorio fijaría un plazo para presentar una 
solicitud de presentación de un escrito amicus curiae , tomando en consideración, entre otros 
elementos la necesidad de no perturbar el desarrollo de las actuaciones. Este plazo se publicaría 
en el sitio Web de la OMC, y los solicitantes interesados en presentar un escrito amicus curiae  
tendrían que proporcionar información sobre sí mismos, incluidas sus fuentes de financiación y la 
naturaleza de la contribución que, a su juicio, realizarán al asunto. Posteriormente el órgano 
resolutorio decidiría si acepta o rechaza cualquiera de esas solicitudes, después de haber dado a las partes la oportunidad de formular observaciones. 
162.  Se solicitó una aclaración sobre la función que tendría la información aportada por el 
solicitante en la decisión del órgano resolutorio de aceptar o no la presentación de un escrito. Los Estados Unidos aclararon que el procedimiento abordaba la gestión de los escritos amicus curiae , y 
no el fundamento sobre la base del cual los órganos resolutorios decidirían, en un caso 
                                               
21 Véase el documento TN/DS/25, artículo 13, página A-10 y párrafo 4 e) del artículo 17, páginas A-11 
y A-12. 
22 Véase el documento JOB/DS/2, página 6. TN/DS/26 
 
- 35 - 
 
  determinado, aceptar o rechazar un escrito. Cabría esperar que el órgano resolutorio basara su 
determinación en su impresión sobre la utilidad del escrito propuesto. 
163.  Se solicitaron además aclaraciones en relación  con la manera en que podría evaluarse la 
pertinencia de la contribución que el escrito podía realizar al proceso, teniendo en cuenta el hecho 
de que los argumentos de las partes no se habrían intercambiado íntegramente y serían 
confidenciales. En respuesta a esta pregunta se indicó que el órgano resolutorio tendría acceso a las comunicaciones ya intercambiadas y podría evaluar la pertinencia sobre esa base. 
164.  Se sugirió realizar una distinción entre la propue sta de publicar en el sitio Web el plazo para 
la presentación de solicitudes, y la idea de regular los escritos amicus curiae per se . En particular, 
se sugirió que la publicación del plazo parecía cons tituir una invitación abierta a presentar escritos, 
ofreciendo así un respaldo activo a esta práctica, en lugar de solamente regularla. A este respecto, 
varios participantes reiteraron su preocupación por la idea de "regular" tales escritos en forma 
sistémica. Se sugirió que se considerara la posibilidad de elaborar un procedimiento que pudiera adoptarse caso por caso si se alcanzara un acuerdo con las partes, en lugar de un procedimiento 
de aplicación general. 
165.  Alenté a las delegaciones interesadas a seguir trabajando conjuntamente para buscar 
formas de zanjar sus diferencias. 
Soluciones mutuamente convenidas
23 
166.  Se recordará que el mes pasado empezó a haber convergencia sobre el texto del párrafo 6 
del artículo 3 del ESD, con miras a mejorar la redacción de la obligación de notificar las soluciones mutuamente convenidas. Esta semana nos centramos en resolver la última cuestión de fondo que 
quedó pendiente en el debate del mes pasado. Se trataba de si las partes podían presentar las 
notificaciones por separado así como conjuntamente , y si debía expresarse una preferencia por la 
notificación conjunta. Se llegó a una convergencia sobre el siguiente texto: 
"Las partes presentarán conjuntamente, o, si una parte así lo prefiere, por separado, 
la notificación por escrito dentro de los 14 días siguientes a que se haya llegado a la 
solución y expondrán los términos detallados de la solución. Cualquier Miembro podrá 
plantear en el OSD y en los Consejos y Comités correspondientes cualquier cuestión 
relacionada con la solución." 
167.  Esta redacción correspondería a la segunda frase del párrafo 6 del artículo 3, y el resto del 
texto se mantendría tal como se examinó en juni o. Sin embargo, una delegación indicó que le 
preocupaba una parte del texto respecto de la cual se había alcanzado una convergencia 
anteriormente, a saber, la referencia a notificar los términos "detallados" de la solución. Esa delegación expresó su preocupación por el nivel de  detalle que se exige notificar. Los proponentes 
observaron que este texto no prescribe ningún nivel de detalle en particular y permitía que los 
Miembros en cuestión determinaran el nivel de detalle que sería suficiente para cumplir los requisitos de la disposición. A este respecto, recordé que la convergencia sobre esta formulación 
había surgido tras un extenso debate, y que es ta formulación reflejaba los esfuerzos de los 
proponentes y otros participantes de legar a un entendimiento común y encontrar el equilibrio justo entre la necesidad de una notificación efectiva y la capacidad de los Miembros de que se trate para determinar el contenido exacto de la no tificación. Invité a la delegación que planteó esta 
preocupación a segur examinando este asunto, teniendo en cuenta también la convergencia 
lograda sobre el resto del texto relativo a esta cuestión. 
168.  Con respecto a las dos cuestiones restantes planteadas en junio respecto de la primera 
frase, es decir, la referencia a las "consultas" además de las disposiciones sobre "solución de 
diferencias" y la referencia propuesta a " el asunto", y no a " un asunto", se acordó que estas se 
examinarían en el contexto de la armonización general, y no como una cuestión de fondo en este 
debate. Una delegación observó que esto último  puede también tener repercusiones de fondo. 
                                               
23 Véase el documento TN/DS/25, artículo 3, página A-6. TN/DS/26 
 
- 36 - 
 
  4. SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 201124 
169.  Esta semana retomamos el examen del reenvío. También continuamos los debates sobre la 
flexibilidad y el control de los Miembros, la información estrictamente confidencial, las soluciones mutuamente convenidas y algunos aspectos del cumplimiento efectivo. 
Reenvío 
170.  El reenvío se trata en los apartados a) a d) del párrafo 12 del artículo 17 y en el 
artículo 17 bis del proyecto de texto jurídico.
25 Esta semana volvimos a ocuparnos de esta cuestión 
por primera vez desde finales de 2009. 
171.  Al empezar las consultas esta semana señalé que de nuestros debates anteriores parecía 
deducirse que había mucho interés en introducir un mecanismo de reenvío. Al mismo tiempo, de esos debates parecía desprenderse claramente que se consideraba que era una propuesta 
técnicamente compleja y que se necesitaría una redacción minuciosa para lograr que el 
mecanismo funcione fácilmente y no obstaculice indebidamente el avance del proceso de solución de diferencias sobre otras cuestiones. La impresión que tengo a juzgar por los debates anteriores 
es que algunas delegaciones siguen supeditando el apoyo a la introducción del reenvío a que se 
encuentre el mecanismo adecuado y la expresión correcta de este mecanismo para garantizar que se logren los beneficios previstos y se resuelvan satisfactoriamente las repercusiones 
desfavorables. 
172.  También recordé en que nuestros últimos trabajos nos habíamos centrado en varias 
cuestiones que los proponentes habían identificado  como esferas clave en las que había que seguir 
trabajando en el futuro. Estas cuestiones se agruparon en torno a dos categorías: 
- Se consideró que un primer grupo de cuestiones eran esencialmente "técnicas", en el 
sentido de que había amplia convergencia sobr e el contenido pero todavía hacían falta más 
debates sobre la formulación adecuada. En esta categoría se identificaron tres cuestiones: 
a. la definición de cuestiones objeto de reenvío, o alcance de la remisión: había 
convergencia sobre la intención a este respecto, que consiste en que el reenvío debe 
estar disponible en situaciones en que el Órgano de Apelación no haya podido 
"completar el análisis" de una alegación porque no dispone de los elementos de hecho 
suficientes para hacerlo; 
b. la cuestión de las pruebas nuevas, es decir, qué pruebas podría considerar el grupo 
especial de reenvío en el procedimiento de reenvío. En este contexto había acuerdo en 
que la intención no era reabrir todo el proceso probatorio, sino simplemente completar 
un análisis que no se había llevado a cabo anteriormente. En ese contexto serían pruebas nuevas todas las solicitadas por el grupo especial de reenvío para llevar a cabo 
ese análisis; 
c. por último, también se identificó la cuestión de la logística como una cuestión 
principalmente técnica. 
- En una segunda categoría se habían identificado dos cuestiones "conceptuales" que había 
que seguir examinando para lograr convergencia sobre el contenido: 
a. la primera era la cuestión de quién inicia el reenvío. Los debates celebrados 
anteriormente indicaban que había acuerdo sobre la idea general de que debería ser 
posible que la parte que tiene un interés legítimo en que se resuelva la cuestión objeto 
de reenvío pueda solicitarlo, pero la incertidumbre giraba en torno a la cuestión de cómo debería funcionar esto en la hipótesis de que la cuestión no resuelta fuera una defensa 
planteada por el demandado. En ese caso seguía sin estar claro cuáles eran las 
consecuencias en lo que se refiere a quién tendría un interés en el reenvío, dependiendo de la forma en que el Órgano de Apelación formule sus conclusiones y recomendaciones; 
                                               
24 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/4. 
25 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-12 a A-14. TN/DS/26 
 
- 37 - 
 
  b. la segunda cuestión "conceptual" sin resolver era qué debería suceder a las conclusiones 
finalizadas y que no se ven directamente afectadas por el reenvío. A ese respecto había interés en que esas resoluciones fuesen adoptadas y aplicadas sin demora, pero también existía la preocupación de si, a efectos de la aplicación, siempre era posible separar con 
claridad las conclusiones finalizadas y las que no lo están. 
173.  Los participantes estuvieron de acuerdo en esta descripción inicial de las cuestiones objeto 
de examen. Los proponentes indicaron que la introd ucción del reenvío en el ESD representaría una 
mejora fundamental para hacer el sistema más eq uitativo y mejorar su eficiencia. Consideraron 
que el texto de julio de 2008, que en gran medida  reproduce el texto que ellos habían presentado, 
seguía ofreciendo una base muy buena para el debate, y manifestaron la esperanza de que pudieran abordarse las cuestiones pendientes. Algunos participantes identificaron otras cuestiones 
para que fueran examinadas, como las posibles co nsecuencias del reenvío en el funcionamiento de 
los artículos 19, 21 y 22 del ESD y la forma en que el reenvío funcionaría en el contexto de una apelación basada en el artículo 11 del ESD. 
174.  A continuación examinamos las dos cuestiones "conceptuales". 
175.  Con respecto a quién debería iniciar el reenvío, señalé que, sobre la base de los debates 
anteriores, queda entendido que en caso de que se pr oduzca el reenvío lo iniciarían las partes y no 
el propio Órgano de Apelación. La cuestión que había que resolver después era cuál de las partes 
debe tener la iniciativa. Era evidente que cuando la cuestión que sigue estando incompleta es una alegación el reclamante tendría interés en iniciar el reenvío. Era más difícil identificar qué parte debería poder iniciar el reenvío cuando la cuestión pendiente era una defensa . Por esa razón en el 
texto se recogen dos opciones, es decir, el reclamante inicia siempre el reenvío o lo hace la parte 
que presentó la alegación o defensa de que se trate. 
176.  La impresión que saqué de los debates anteriores es que las distintas opiniones sobre esta 
cuestión reflejaban en parte las distintas hipótesis que se establecían sobre lo que haría el Órgano 
de Apelación en caso de que constatara una infracción inicial (por ejemplo, una infracción del artículo XI del GATT de 1994), pero no pudiera completar el análisis de una defensa que podría 
justificar la infracción inicial (por ejemplo, una defensa al amparo del artículo XX). Se pueden 
identificar distintas hipótesis: 
- posibilidad 1: si se supone que el Órgano de Apelación formulará una constatación de 
incompatibilidad con el artículo XI pero no recomendará que las medidas se pongan en 
conformidad con el Acuerdo porque todavía está pendiente el análisis de la defensa (y por lo 
tanto sigue sin estar clara la compatibilidad o incompatibilidad general con el Acuerdo), en tal caso el reclamante tendría interés en llevar adelante el reenvío si la compleción del 
análisis del artículo XX es la única forma de obtener una recomendación sobre la alegación; 
- posibilidad 2: si se supone que el Órgano de Apelación hará una recomendación de poner las 
medidas en conformidad con el GATT de 1994 sobre la base de la constatación de infracción 
del artículo XI, pese a que la defensa no se ha examinado, en tal caso el demandado tendría 
interés en el reenvío si esa es la única manera de lograr que se examine plenamente su 
defensa y posiblemente de que se revoque la recomendación; 
- posibilidad 3: si no está claro qué hará el Órgano de Apelación, en ese caso cualquiera de 
las partes podría tener interés en el reenvío, según cuál sea la situación que se produzca. 
177.  En las consultas celebradas esta semana los proponentes reiteraron que eran partidarios de 
que cualquiera de las partes pudiera iniciar el reenvío, para que pudieran abordarse situaciones 
relacionadas con defensas no resueltas al permitir que el demandado inicie el reenvío. Se mostró 
apoyo a esta tesis sobre la base de que, si se introdujera el reenvío, la parte que presentara la alegación o defensa debería tener la posibilidad de iniciarlo porque tiene un interés legítimo en 
hacerlo y también está en la mejor posición para decidir si se gastan los recursos. Esto preservaría 
la asignación de las cargas respectivas a las partes en aras de la eficiencia y la equidad. 
178.  Algunos participantes reiteraron su opinión de que, como punto de partida, el iniciador 
debería ser el reclamante. TN/DS/26 
 
- 38 - 
 
  179.  Al mismo tiempo, se reconoció que esto puede depender de la premisa en que se base el 
debate acerca de cómo se plantearía el Órgano de Apelación la relación entre alegaciones y defensas. A este respecto hubo algún debate en cuanto a la posibilidad de que se planteen las hipótesis primera o segunda identificadas por el Presidente. Algunas delegaciones consideraron 
que era más probable la segunda hipótesis, es decir, que el Órgano de Apelación haría una 
recomendación para que el Miembro afectado pusi era sus medidas en conformidad, habida cuenta 
de la existencia de una constatación de infracci ón, mientras que otras expresaron dudas acerca de 
si en una situación así el órgano resolutorio consideraría que había base suficiente para tal 
recomendación, dada la relación entre las distintas disposiciones del Acuerdo en cuestión (el GATT de 1994). 
180.  Además de estas hipótesis específicas, varios participantes explicaron que su preocupación 
fundamental era que no fuera posible que una pa rte (concretamente el demandado) abusara del 
sistema solicitando el reenvío simplemente para demorar el procedimiento en una situación en que el propio reclamante no consideró procedente iniciar el reenvío. Se indicó además que no parecía 
haber ninguna razón convincente para negar al demand ado la posibilidad de iniciar el reenvío, pero 
que tal vez sea necesario considerar si se puede limitar el acceso para impedir demoras indebidas. 
181.  En respuesta a lo anterior se sugirió que, si la preocupación se refería al posible recurso 
abusivo al reenvío, tal vez fuera más útil centrarse en identificar y abordar las situaciones 
específicas en que eso podría suceder. Un participante indicó que podía haber formas de reducir la posibilidad de uso indebido, por ejemplo definiendo  las situaciones en que se consideraría que un 
demandado tiene un interés legítimo en iniciar el reenvío, como se sugiere en una propuesta 
anterior. También se propuso que, para atender esas preocupaciones, debería prestarse atención a 
asegurarse de que se identifiquen minuciosamente  las situaciones en que el Órgano de Apelación 
identifica una necesidad de reenvío y no a la cuestión de qué parte debería iniciarlo. A este 
respecto se observó que la posibilidad de invocar el reenvío, y por lo tanto la posibilidad de que 
una parte abuse de él, era en realidad muy limitada puesto que para que una parte pudiera recurrir al reenvío siempre haría falta que el Órgano de Apelación hubiera identificado previamente 
una situación en la que no hubiera podido completar el análisis. 
182.  También se preguntó si la definición del acce so del demandado al reenvío con referencia a 
las "defensas" que haya invocado implicaba que un argumento esgrimido en defensa tenía que estar expresamente identificado como defensa afirma tiva para poder servir de base a una solicitud 
de reenvío del demandado, y si esto era algo que el Órgano de Apelación tendría que examinar 
expresamente. 
183.  Durante el debate se observó que la necesidad del reenvío podía surgir en diversas 
situaciones, por ejemplo cuando el grupo especial ha aplicado el principio de economía procesal 
con respecto a algunas alegaciones, pero tambié n en situaciones en que las interpretaciones 
jurídicas del Órgano de Apelación introducen aspectos que no se han examinado ni abordado ante 
el grupo especial. Se mencionaron los asuntos Canadá - Productos lácteos  y Estados Unidos - 
Acero laminado en caliente  como ejemplos de casos en que el Órgano de Apelación no había 
podido completar el análisis. 
184.  En conclusión, observé que varios participantes parecían apoyar la posibilidad de que las dos 
partes tengan derecho a iniciar el reenvío en circunstancias específicas. También señalé que todos 
los participantes parecían estar decididos a evitar abusos en el ejercicio del derecho al reenvío. Teniendo en cuenta estos antecedentes, alenté a los participantes a que siguieran debatiendo esta 
cuestión para encontrar un texto que responda a las preocupaciones expresadas. 
185.  A continuación pasamos a examinar la segunda cuestión conceptual, la adopción de las 
conclusiones finalizadas (es decir, las que no necesitan reenvío). El texto del Presidente prevé que 
se adopte el informe del Órgano de Apelación. Los debates celebrados anteriormente habían 
indicado que había respaldo a la adopción y aplicación sin demora de las conclusiones y recomendaciones finalizadas, pero que en la prác tica esto podría ser complicado cuando de hecho 
hay conexiones entre las distintas conclusiones y cuando en la práctica puede ser difícil la 
aplicación parcial porque las conclusiones se refieren a la misma medida. TN/DS/26 
 
- 39 - 
 
  186.  En los debates de esta semana los proponentes indicaron que, como se recoge en el texto 
del Presidente, no tenían intención de retrasar la adopción del informe del Órgano de Apelación. Este enfoque contribuiría directamente a desalentar los tipos de tácticas dilatorias analizadas previamente. 
187.  Varios participantes indicaron que les seguían preocupando las repercusiones de la adopción 
inmediata del informe y las consecuencias conexas. Entre esas preocupaciones figuran cuestiones de procedimiento sobre la relación entre la diferencia y las resoluciones iniciales y las cuestiones 
objeto de reenvío y las posibles complejidades de un procedimiento de adopción doble, por 
ejemplo si habría dos plazos prudenciales distinto s, dos procedimientos de arbitraje distintos sobre 
el cumplimiento o la retorsión y si era posible el reenvío múltiple y qué consecuencias tendría. Las preocupaciones expresadas se referían también a las consecuencias para el Miembro afectado en 
lo que se refiere a la aplicación, incluida la posibilidad de tener que recurrir dos veces a los 
órganos legislativos para solicitar la aprobación de sucesivas medidas de aplicación para la misma diferencia y, en términos más generales, el riesgo de aumentar las ineficiencias y cargas debido al 
procedimiento de "adopción doble". 
188.  También se preguntó cuáles serían las consecuencias del procedimiento de "adopción doble" 
en caso de que el Órgano de Apelación hiciera una recomendación en relación con una infracción 
respecto de la cual todavía esté pendiente una defensa (segunda hipótesis identificada 
anteriormente) y si el Miembro afectado estaría obligado a aplicar esa recomendación a pesar de la existencia paralela de un procedimiento de reenvío que finalmente puede invalidarla. 
189.  Algunos participantes consideraron que las preocupaciones planteadas eran especulativas e 
indicaron que los beneficios generales superarían las posibles incertidumbres y complicaciones. En 
respuesta se observó que la experiencia adquirida hasta la fecha indicaba que en una diferencia existían vínculos entre distintas cuestiones y que aunque sea posible resolver satisfactoriamente 
las preocupaciones relativas a la "adopción doble", no deberían subestimarse esas preocupaciones 
y habría que abordar las consecuencias sistémicas de procedimiento. 
190.  Se observó que en el texto propuesto trata de abordarse esta cuestión en el párrafo 12 c) 
del artículo 17 al referirse a que el Órgano de Apelación formule las "constataciones [...] 
apropiadas" y "logr[e] una solución pronta y eficaz" de la diferencia. Por lo tanto, el Órgano de Apelación no podría hacer una recomendación para la aplicación cuando la cuestión que requiere el reenvío sea decisiva para solucionar la diferencia. La pregunta que se plantea a continuación es si 
esto deberían determinarlo el Órgano de Apelación o los Miembros. 
191.  En conclusión, los proponentes reconocieron las preocupaciones planteadas, incluidos los 
vínculos con algunas de las cuestiones examinadas anteriormente. Se sintieron alentados por la 
voluntad de los participantes de trabajar para resolverlas, en vista de las ventajas importantes que 
la introducción del reenvío aportaría a la solución de las diferencias. 
192.  Tomé nota de las opiniones expresadas, inclusive de que los proponentes siguen apoyando 
la adopción doble como un elemento importante para evitar abusos o demoras, aunque 
reconociendo que se han identificado varios as pectos que hay que seguir examinando. También 
tomé nota de la disposición manifestada a seguir  debatiendo y examinando posibles soluciones. 
Insté a los participantes a que siguieran trabajando en ello e informaran al respecto en la siguiente 
serie de reuniones, así como de cualquier otra labor que se realice sobre el reenvío en el período 
intermedio. 
193.  En el G-40 informé sobre este debate e invité a las delegaciones interesadas a que se 
pusieran en contacto con los proponentes si estaban interesadas en contribuir a esta labor. 
Volveremos a ocuparnos del reenvío en nuestras próximas reuniones y confío en que para entonces las delegaciones puedan informar de progresos sobre estas dos cuestiones. 
Cumplimiento efectivo 
194.  Me reuní con un grupo de delegaciones para examinar los progresos de las diversas 
propuestas relativas al cumplimiento efectivo. Entre las propuestas comprendidas en este epígrafe figuran las siguientes: TN/DS/26 
 
- 40 - 
 
  - la propuesta sobre la retorsión por un grupo de Miembros en nombre de un país en 
desarrollo reclamante cuya reclamación haya prosperado26; 
- la propuesta sobre la facilitación de la retorsión cruzada para los países en desarrollo27; 
- las propuestas sobre el cálculo del nivel de anulación o menoscabo para los países en 
desarrollo reclamantes28; 
- una propuesta destinada a introducir un período de referencia para calcular el nivel de 
anulación o menoscabo29; 
- la propuesta de notificación de medidas adoptadas en virtud de una autorización para 
suspender concesiones u otras obligaciones30; 
- la negociación de la compensación, con inclusión de la relación entre la compensación y la 
retorsión31; y 
- una propuesta sobre diferencias que han estado sometidas a la vigilancia del OSD durante 
más de cinco años después de la fecha de expiración del último plazo prudencial concedido.
32 
195.  Señalé que en enero habíamos examinado la retorsión de grupo, la retorsión cruzada y el 
cálculo del nivel de anulación o menoscabo para los países en desarrollo reclamantes. Aunque se mostró cierta comprensión por las razones en que se basan estas propuestas, y se hicieron 
algunas sugerencias útiles, las delegaciones no pudieron ponerse de acuerdo sobre los elementos 
exactos de una solución.
33 
196.  En marzo y abril de este año los proponentes de estas cuestiones indicaron que tenían 
previsto seguir trabajando juntos para desarrollar puntos de vista comunes que se pudieran 
plasmar en una propuesta de texto conjunta, con la posibilidad de distribuir documentos sobre 
modalidades en el futuro.34 
197.  En abril, Corea presentó una propuesta sobre casos en que un Miembro podría lograr el 
cumplimiento pleno antes de la autorización de la suspensión de concesiones o de la suspensión 
efectiva de las mismas. Con arreglo a la propuesta de Corea para modificar el párrafo 7 del artículo 22, la anulación o el menoscabo se contabilizarían a efectos del nivel de retorsión a partir 
del final del plazo prudencial. Si se lograra el cumplimiento y la parte reclamante lo aceptara antes 
de la suspensión de concesiones, estas no se suspenderían. La propuesta trata de mantener la 
importancia del plazo prudencial para la aplicación como un plazo para que los Miembros tengan la oportunidad de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD.
35 
198.  En mayo los proponentes se mostraron interesados en celebrar un debate conceptual para 
entender la posición de determinados Miembros sobre las cuestiones relativas al cumplimiento. En este contexto los proponentes presentaron un cuestionario e indicaron que tenían intención de 
debatir las cuestiones con otras delegaciones.
36 Además, México presentó una nueva propuesta de 
texto sobre la notificación de medidas adoptadas en virtud de una autorización para suspender 
                                               
26 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-18 y A-19 (a partados b) y c) del pá rrafo 6 del artículo 22). 
27 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-17 y A-18 (párrafo 3 bis del artículo 22). 
28 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-18 y B-13 (párrafo 69). 
29 Véase el documento TN/DS/25, páginas B-13 y B-14 (párrafos 70 y 73) y B-20 (párrafo 102). 
30 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-22, B-14 (párrafo 74), B-20 (párrafo 102), B-26 
(párrafos 138 y 139) y página 9 del presente documento. 
31 Véase el documento TN/DS/25, página A-17 (párrafos 1 a 2 bis del artículo 22). 
32 Esta propuesta se presentó como documento no oficial. 
33 Véase el documento TN/DS/25, páginas B-12 y B-13 (párrafos 65-69). 
34 Véase el documento TN/DS/25, páginas B-19 y B-20 (párrafo 101) y B-25 (párrafo 132). 
35 Véase el documento TN/DS/25, página B-25 (párrafos 133-136). 
36 Véanse los documentos JOB/DS/1, página 12 y JOB/DS/2, página 9. TN/DS/26 
 
- 41 - 
 
  concesiones u otras obligaciones.37 En esta versión México trataba de aclarar el concepto de la 
designación del tipo de medidas que estarían sujetas a un requisito de notificación. 
199.  En junio los proponentes indicaron que habían celebrado varios debates con las delegaciones 
para determinar si la retorsión había sido útil para el sistema. Indicaron que no encontraron 
muchos casos en que la retorsión estuviera ayudando parcialmente al cumplimiento o 
reequilibrando concesiones. También en ese momento México presentó una propuesta de texto revisado sobre la notificación de medidas, que se había examinado en mayo, para que se siguiera 
debatiendo. 
200.  Teniendo en cuenta esos debates anteriores, esta semana pregunté en qué situación se 
encuentran los trabajos que los proponentes realizan conjuntamente y cómo les gustaría continuar los debates. 
201.  Los proponentes indicaron que han estado trabajando juntos, celebrando consultas con otras 
delegaciones y tratando de entender preocupacion es específicas planteadas en relación con las 
propuestas. Las delegaciones también indicaron que tienen previsto ampliar los debates a más 
delegaciones entre el G-40. 
202.  A continuación pasamos a debatir la propuesta de México sobre la notificación al OSD de 
medidas adoptadas en virtud de una autorización para suspender concesiones u otras obligaciones. 
Los participantes mostraron apoyo al último texto presentado en mayo, proponiendo únicamente 
modificaciones limitadas al mismo. Además, la s delegaciones tomaron nota de que puede ser 
necesario hacer pequeñas modificaciones según los cambios que se introduzcan en otras partes en el texto del ESD. Una delegación indicó que tendría que evaluar si la propuesta es compatible con 
su sistema jurídico interno, pero que respondería durante las próximas semanas. 
203.  Más avanzada la semana retomamos este texto en el G-40. En esa reunión hubo 
convergencia sobre el texto siguiente, que deberá añadirse al final del párrafo 7 del artículo 22 
el ESD: 
"El Miembro autorizado notificará al OSD toda medida adoptada en virtud de la 
autorización concedida por el OSD y toda modificación o terminación de la medida. El 
Miembro presentará la notificación por escrit o, incluida toda la información pertinente, 
a más tardar 28 días después de la fecha en que la medida, su modificación o terminación surta efecto." 
204.  En el grupo pequeño también invité a las delega ciones a que examinaran el cuestionario que 
los proponentes distribuyeron a las delegaciones en mayo. El cuestionario trataba de determinar 
las posiciones de los participantes en lo que respecta a elementos clave relativos a la eficacia de la suspensión de concesiones, la compensación y la s soluciones mutuamente convenidas para inducir 
al cumplimiento. 
205.  Varios participantes indicaron que las cuestiones relativas al cumplimiento eran importantes 
para ellos. No obstante, aunque mostraron comprensión por las preocupaciones de los países en 
desarrollo, seguían manifestando reservas respecto a las propuestas actuales, incluso a nivel 
conceptual. 
206.  Aunque el cumplimiento no siempre ha sido efectivo, se señaló que los Miembros pueden 
estar dispuestos a cumplir por otras razones, sobre todo por la creencia en el imperio de la ley. En 
casos en que no se logra el cumplimiento puede deberse a razones externas y no a un 
determinado fallo del sistema actual. 
207.  Varias delegaciones opinaron que se podría mantener un debate más provechoso si se 
examinaran las propuestas de manera más horizontal y no se limitaran a beneficiar 
exclusivamente a los países en desarrollo. Se señaló que países desarrollados Miembros que tienen pequeñas economías consideran que se enfrentan a asimetrías similares y es posible que también 
quieran beneficiarse de conceptos incorporados en estas propuestas. Las delegaciones estimaron 
que si las propuestas fueran generalizadas en lugar de presentarse como de trato especial y 
                                               
37 Véase el documento JOB/DS/2, página 9. TN/DS/26 
 
- 42 - 
 
  diferenciado, ofrecerían no obstante grandes ventajas a los países en desarrollo Miembros y 
probablemente serían estos los que más las utilizaran. Algunas delegaciones consideraron que el sistema actual funciona satisfactoriamente. 
208.  Tomé nota de la divergencia de opiniones y exhorté a las delegaciones a que buscaran la 
mejor forma de seguir adelante. En particular planteé la pregunta de si el trato especial y 
diferenciado tiene que ser un requisito previo para toda solución relacionada con el cumplimiento. También alenté a las delegaciones a que celebraran debates técnicos para que puedan encontrar la 
base de un acuerdo. 
Flexibilidad y control de los Miembros 209.  Celebré consultas sobre estas cuestiones tanto en grupos pequeños como en el G-40 para 
proseguir los debates anteriores. 
Supresión y adopción parciales de los informes de los grupos especiales 
210.  En el G-40 las delegaciones prestaron atención a las propuestas sobre la supresión y 
adopción parciales de los informes de los grupos especiales, que se habían debatido previamente 
en un grupo pequeño. La supresión parcial de los informes de los grupos especiales se aborda en 
el párrafo 7 del artículo 12 del texto de julio de 2008 y la supresión parcial de los informes del Órgano de Apelación se trata en el párrafo 13 del artículo 17. La adopción parcial se aborda en el 
párrafo 4 del artículo 16 y el párrafo 14 del artículo 17. Un proyecto de decisión del OSD resolvería 
los aspectos prácticos de las solicitudes de adopción parcial.
38 
211.  En debates mantenidos anteriormente en pequeños grupos, como informé en mi resumen 
anterior39, las delegaciones parecían sentirse más cómodas con la idea de la adopción parcial de 
los informes que con su supresión parcial, debido a que la adopción parcial no afectaría al 
contenido de los propios informes y la llevarían a cabo todos los Miembros. 
212.  En el G-40 los participantes se hicieron eco de una preocupación similar en lo que respecta a 
la supresión parcial, en particular por el hecho de que solamente las partes podrían decidir la 
supresión de aspectos de un informe de un grupo especial o del Órgano de Apelación. Los proponentes indicaron que esto sería necesario ya que el informe del grupo especial todavía no se 
habría distribuido cuando se produjera la supresión parcial. A su vez los participantes preguntaron 
por qué tiene que producirse la supresión parcial en una etapa intermedia y no después de la distribución. Las delegaciones opinaron que la su presión sin una aprobación más amplia en el OSD 
amenazaría la integridad, la seguridad y la previsibilidad del sistema. 
213.  Los participantes también pidieron aclaraciones sobre el valor jurídico que debe atribuirse a 
constataciones que no sean adoptadas y a las que se hayan suprimido después de un acuerdo de las partes en una diferencia y si el valor jurídico atribuible en cada caso sería distinto. A juicio de 
varias delegaciones, no está claro si la parte suprimida o no adoptada de un informe podría ofrecer 
orientación para casos futuros. 
214.  En general, los participantes identificaron varias preocupaciones que planteaban las 
propuestas que describieron como sistémicas. Algunos participantes temían que la supresión 
parcial o la falta de adopción afectasen a la coherencia de los informes. A algunos les preocupaban las consecuencias sistémicas que la supresión parcial o la falta de adopción de partes de los informes podrían tener en las facultades discrecionales de los grupos especiales o del Órgano de 
Apelación. 
215.  Las delegaciones también consideraron que permitir la adopción o la supresión parciales 
podría desplazar el poder de negociación a favor de los participantes más fuertes. También se 
indicó que la participación de los terceros podría  verse afectada indebidamente al poder descartar 
las partes del informe que contengan sus contribuciones. Los proponentes señalaron que ya hay mecanismos en el sistema actual, como la posibilidad de solucionar una diferencia antes de que se 
adopte el informe, o la de llegar a una solución  mutuamente convenida, que crean efectivamente 
                                               
38 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-9, A-11, A-13 y A-28. 
39 Véase el documento JOB/DS/2, página 3. TN/DS/26 
 
- 43 - 
 
  las mismas situaciones que se producirían en el caso de la supresión o adopción parciales. Se 
preguntó asimismo si los Miembros más pequeños pueden realmente obtener más influencia al disponer de la posibilidad de la supresión o adopción parciales. 
216.  En respuesta a las preocupaciones planteadas sobre las facultades discrecionales y la 
función de los grupos especiales y del órgano de Apelación, los proponentes preguntaron si el 
objetivo del sistema de solución de diferencias es resolver la diferencia para los Miembros afectados de que se trate o dar orientación para otros Miembros en otras diferencias. Los 
proponentes indicaron que los Miembros en general pueden beneficiarse, a nivel sistémico, de la 
oportunidad de limitar los aspectos de un inform e presentado para adopción. Sin embargo, otras 
delegaciones consideraron que la facultad de limitar la adopción, especialmente mediante la supresión parcial acordada por las partes, podría tener el efecto contrario, suprimiendo 
constataciones que los Miembros en general considerarían beneficiosas o valiosas para el sistema. 
En esencia, estos participantes no se mostraron cómodos con la idea de que las partes decidan qué es necesario para solucionar una diferencia e importante para el sistema. Se indicó que las 
dos partes, aunque tengan opiniones diferentes  sobre una interpretación determinada de una 
disposición, pueden no obstante estar en desacuerdo con la conclusión a que haya llegado un grupo especial o el Órgano de Apelación y tratar de suprimir ese resultado. Las delegaciones 
opinaban que esto creaba un gran riesgo para el sistema. 
217.  Los participantes examinaron aspectos de la s distintas hipótesis que pueden dar lugar a 
incoherencia, en particular casos en los que un grupo especial pueda exponer una o más constataciones que después son modificadas o revocadas en apelación y, posteriormente, las 
partes convienen en la supresión parcial de las constataciones del Órgano de Apelación, o el OSD 
decide no adoptar algunas de las constataciones del Órgano de Apelación. Los participantes opinaron que se pondrían en tela de juicio la previsibilidad de los resultados y la credibilidad del 
sistema, especialmente en lo que respecta a las cuestiones de aplicación. 
218.  Por último, las delegaciones se mostraron preocupadas por la forma en que funcionarían 
estas propuestas teniendo en cuenta los plazos para la adopción de los informes de los grupos 
especiales y el Órgano de Apelación. A ese respecto, los proponentes indicaron que la propuesta 
no debería suponer cargas adicionales para las delegaciones. También se señaló que propuestas concurrentes que permitirían distribuir el informe antes de su traducción podrían de hecho dar más 
tiempo a los Miembros para que consideren las consecuencias en situaciones en que interese una 
adopción parcial. 
219.  Tomé nota del debate, haciendo hincapié en que los proponentes y otros participantes 
parecen estar divididos en distinguir el valor de las constataciones para las partes en una 
diferencia concreta o para el sistema en su conjunto. Pedí a las delegaciones que siguieran 
trabajando para encontrar un posible término medio. 
Parámetros sobre las medidas objeto de examen: la distinción entre medidas imperativas y 
discrecionales 
220.  En debates celebrados en grupos pequeños examinamos también el proyecto de parámetros 
propuestos sobre orientación a los órganos resolutorios, en especial la distinción entre medidas imperativas y discrecionales.
40 
221.  El proponente inició el debate recordando el origen de la distinción. Con arreglo a esta 
distinción, si una medida no es imperativa no sería adecuado suponer que un Miembro actuará de forma incompatible con las normas de la OMC y, por lo tanto, no sería adecuado constatar que la 
propia medida es incompatible con esas normas. En consecuencia, el proponente sostiene que un 
Miembro solamente podría impugnar esa medida después de que se hubiera aplicado de alguna manera. Considera que sería útil reflejar esta distinción que se ha interpretado en la práctica 
conforme al texto vigente del ESD. 
222.  Los participantes cuestionaron tanto la forma como el contenido de la propuesta. En cuanto 
al texto propuesto, los delegados señalaron que no se daba una definición exacta de las medidas "imperativas" o "discrecionales". Una delegación indicó también que aunque la primera frase 
                                               
40 Véase el documento TN /DS/25, página A-37. TN/DS/26 
 
- 44 - 
 
  parece incorporar una expresión de buena fe, se podría considerar que la segunda incluye una 
presunción irrefutable contra determinadas alegaciones que se refieren a medidas discrecionales. Se consideró que este texto es demasiado contundente. 
223.  Las delegaciones preguntaron también cuál sería el resultado de la propuesta en una 
resolución de un grupo especial o del Órgano de Apelación que determinase que la aplicación de 
una medida es incompatible con las normas de la OMC. Las delegaciones señalaron que los Miembros a menudo impugnan la medida "en sí mi sma" para que la parte reclamante no tenga 
que impugnar todas y cada una de las aplicaciones de la medida. Por el contrario, impugnarán la 
medida propiamente dicha, con la consecuencia de que una constatación podría invalidar la medida. Las delegaciones preguntaron también sobre la pertinencia de la propuesta para medidas que, aunque a primera vista son discrecionales, darían no obstante lugar a una infracción de un 
Acuerdo de la OMC en caso de que se aplicaran alguna vez. 
224.  Los participantes también tomaron nota de los posibles efectos perturbadores en el comercio 
y los operadores económicos de medidas discrecionales que permiten actuaciones incompatibles 
con las normas de la OMC. Se consideró que toda incertidumbre en la posibilidad de aplicar la 
medida podría traducirse en anulación o menoscabo de ventajas. 
225.  El proponente intentó distinguir la determinación de si una medida es imperativa o 
discrecional de la cuestión de si la medida se impugna "en sí misma" o "en su aplicación". Se 
señaló también que no siempre sería posible eliminar la discrecionalidad de todas las medidas y que los grupos especiales no tienen que hacer análisis excesivamente hipotéticos al evaluar los posibles resultados. A su juicio, tampoco sería apropiado suprimir las medidas discrecionales, 
aunque puedan dar lugar a una incompatibilidad cuando se apliquen, porque no sería razonable 
mantener normas diferentes para los Miembros de la OMC y para los que no lo son. Por último, el proponente indicó que la propuesta no tiene por ob jeto regular la aplicación cuando una medida se 
aplica reiteradamente de manera incompatible con las normas de la OMC. 
226.  Mediante el examen general de varios ejem plos, algunas delegaciones estimaron que la 
dificultad de entender la distinción entre medidas imperativas y discrecionales, y por tanto la 
dificultad de entender cómo se aplicaría la propuesta, ponía en tela de juicio el valor de la propia 
propuesta. Las delegaciones preguntaron también si la propuesta no refleja novedades más recientes de la jurisprudencia de la OMC. 
Parámetros sobre enfoques interpretativos en  la solución de diferencias de la OMC 
227.  A continuación examinamos los parámetros propuestos sobre enfoques interpretativos en la 
solución de diferencias de la OMC. Este aspecto de la propuesta abarca cuatro secciones tituladas: i) los órganos resolutorios de la OMC están sujetos a restricciones que les impiden aumentar o 
reducir lo dispuesto en los acuerdos abarcados; ii) los acuerdos abarcados reflejan objetivos y 
posiciones de negociación diferentes; iii) los acuerdos abarcados incorporan una ambigüedad constructiva; y iv) subsanación de lagunas.
41 
228.  Los proponentes explicaron que el párrafo 2 del artículo 3 del ESD sirve de punto de partida. 
La propuesta trata de no aumentar las obligac iones del ESD. Su finalidad es reconocer las 
situaciones de ambigüedad, ya sea constructiva o involuntaria, que figuran en el acuerdo abarcado y dar orientación para tratar de resolverla. 
229.  En ocasiones anteriores las delegaciones habían preguntado si la propuesta parece dar por 
supuesto que para resolver la ambigüedad no se puede aplicar ninguna otra norma interpretativa que no sean los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados  
(denominada en adelante la Convención de Viena ) y si estas disposiciones representan el universo 
completo de normas interpretativas. Se consideró que la interpretación es un proceso "iterativo" y orgánico. 
230.  El proponente indicó que está firmemente aceptado que un texto puede ser ambiguo y que 
en ocasiones esto es voluntario. Debido a la prescripción del ESD de que no se aumenten ni reduzcan obligaciones, sugirió que es necesario respetar esta ambigüedad, es decir, no excluir la 
                                               
41 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-33 a A-35. TN/DS/26 
 
- 45 - 
 
  posibilidad de que pueda surgir una interpretación concreta de una determinada disposición. Se 
consideró que esto era adecuado para no crear obligaciones o defensas que puedan reducir los derechos y obligaciones de los Miembros. 
231.  Algunos participantes consideraron que en principio podrían aceptar determinados aspectos 
de esta propuesta si se modificaba su forma para seguir un enfoque más basado en principios, 
para evitar que un nuevo texto se convierta en sí mismo en objeto de interpretación. 
232.  Otros participantes preguntaron si, en casos de ambigüedad, la propuesta obligaría al 
órgano resolutorio a no formular constataciones, reduciendo con ello de alguna manera 
obligaciones previstas. Algunos consideraron que el párrafo 2 del artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 19 del ESD ya brindan la orientación necesaria para resolver los problemas de interpretación y que cualquier adición al ESD podría modificar los derecho y obligaciones. Además, 
se preguntó si esta propuesta tenía debidamente en cuenta la intención de los negociadores de 
incorporar ambigüedad constructiva al acuerdo, y si no sería también pertinente analizar esa intención al interpretar el sentido de una disposición. Algunos participantes opinaron que las 
normas de interpretación de la Convención de Viena  reflejaban esta necesidad al exigir que se 
analice el objeto y fin del acuerdo cuando se examina el sentido de una disposición concreta. Al hacer caso omiso de la intención que explica una ambigüedad, las delegaciones consideraron que 
se podrían reducir efectivamente los derechos de un Miembro. 
233.  El proponente sostuvo que no es necesario evaluar la intención  para incluir esa ambigüedad, 
sino únicamente la existencia de dicha ambigüed ad. En su opinión el texto puede seguir siendo 
ambiguo incluso después de aplicar las normas de interpretación de la Convención de Viena . El 
proponente sostiene que su propuesta aspira a orientar a los órganos resolutorios sobre la forma 
de actuar en los casos en que hay ambigüedad. En esencia, esto equivaldría a no determinar la existencia de una infracción, o a no confirmar la aplicabilidad de una determinada defensa, si el 
único fundamento para hacerlo estuviera determinado por esa ambigüedad. Señaló que se podría 
confirmar una infracción o defensa por otros motivos. 
234.  Las delegaciones preguntaron si sería conveniente examinar casos específicos en que dos 
partes o todos los Miembros estén de acuerdo en que hay ambigüedad en el texto y pensar sobre 
el modo en que esta propuesta se podría aplicar a esa situación. 
235.  Tomé nota de las observaciones y el debate y propuse que las delegaciones siguieran 
trabajando entre ellas y que retomásemos este debate en nuestra próxima reunión. 
Información estrictamente confidencial (IEC) 
236.  En julio se expresó amplio respaldo al enfoque general recogido en el nuevo texto 
presentado por el Canadá, que habíamos empezado a examinar.
42 Habíamos terminado la reunión 
dejando algunas preguntas sin respuesta y sin haber estudiado plenamente los detalles del 
mecanismo propuesto, de modo que esta semana nos centramos en ello. 
237.  Examinamos en primer lugar el funcionamien to del "procedimiento de impugnación" que 
figura en el apéndice V, que según explicó el proponente es una parte importante del esfuerzo 
destinado a lograr un equilibrio entre tener la oportunidad de solicitar la protección de información confidencial y mantener la utilización del mecanismo al nivel mínimo necesario. Por lo tanto, no sería suficiente que una parte se limitara a designar la información como IEC. Es necesario que 
una parte tenga la posibilidad de verificar que la información reúne determinados requisitos 
identificados en la definición para que pueda ser protegida como IEC. El texto propuesto tenía por 
objeto asegurar que se cree una presunción refutable de que la información requiere protección, a 
reserva de la posibilidad de que se impugne satisfactoriamente. 
238.  Se debatió algo la definición de IEC propuesta, con inclusión de preguntas sobre la relación 
entre los primeros elementos del punto i) y el segundo elemento del punto ii) de la definición, 
inclusive si los esfuerzos destinados a mantener la confidencialidad de la información tenían que 
haber logrado que la información no fuera "generalmente conocida". Se aclaró a este respecto que el fundamento de la protección debería ser que el titular legítimo de la información ha hecho 
                                               
42 Véase el documento JOB/DS/3, páginas 1 y 2. TN/DS/26 
 
- 46 - 
 
  esfuerzos para proteger su confidencialidad, incluso en caso de que circunstancias ajenas a su 
voluntad hayan podido impedir que se mantenga pl enamente la confidencialidad. El proponente se 
mostró dispuesto a examinar este texto para aclararlo y también las referencias a la "entidad" o "persona" que tiene la información, para garantizar la coherencia. En cuanto a la definición, 
también se preguntó qué significaba el concepto de "intereses fundamentales" del titular de la 
información. El proponente respondió que los intereses en cuestión deben tener cierta importancia para el titular de la información y que estaba dispuesto a recibir sugerencias de redacción sobre la 
mejor forma de expresarlo. 
239.  También se sugirió que se suprimiera la referencia que se hace en el párrafo 5 a los 
"esfuerzos realizados para proteger" el secreto de la información, para no dar la impresión de que se trata de otro requisito además de los enunciados en la definición. Se preguntó además si la 
referencia que se hace en el apéndice V a la "buena fe" y la "debida moderación" implicaba que 
esto sería algo que el grupo especial tendría que tener en cuenta además de la definición de IEC para decidir si concedía la protección. El proponente aclaró que la intención era señalar que no 
debería invocarse la protección de manera frívola, y no dar un peso jurídico específico a estos 
conceptos. 
240.  Se debatió detenidamente la cuestión de si la determinación formulada por un grupo 
especial en el marco del procedimiento de impugnación podría ser objeto de apelación. A este 
respecto, había cierta incertidumbre sobre lo que sucedería en caso de que el Órgano de Apelación 
se pronunciara en contra del grupo especial. Se sugirió que en los casos en que el grupo especial hubiera aceptado  la designación como IEC, el texto propuesto del párrafo 5 del artículo 18 daba a 
entender que la información debía seguirse protegiendo a lo largo de las actuaciones de 
conformidad con la determinación del grupo especial, y la resolución del Órgano de Apelación serviría fundamentalmente para aclarar la interpretación de las normas en casos futuros. No 
obstante, en ese caso la determinación del Órgano de Apelación puede parecer una opinión 
consultiva, lo que llevó a los participantes a preguntar si sería entonces preferible excluir de la apelación las determinaciones formuladas en el marco del procedimiento de impugnación. Se 
observó que esto podría exigir modificaciones de otras disposiciones del ESD en las que se expone 
el ámbito de las apelaciones. 
241.  En el supuesto de que el grupo especial hubiera denegado  la protección solicitada, la parte 
afectada tendría la opción de mantener la información pero perdiendo su protección, o retirar la 
información del procedimiento. Se preguntó si eso podría menoscabar los intereses de esa parte y 
afectar indebidamente a su capacidad de exponer sus argumentos y cuáles serían las consecuencias en una situación así si el Órgano de Apelación determinara más tarde que se debía 
haber protegido la información como IEC. Se preguntó si en esa situación se podría invocar una 
infracción del artículo 11 del ESD y también si una parte podría intentar usar indebidamente el procedimiento para no tener que facilitar información que no le sea favorable. 
242.  En lo que concierne a la duración de la protección, el proponente reconoció que la 
formulación propuesta, que consiste en otorgar la protección hasta que termine la diferencia, 
puede dar lugar a preocupaciones, tanto en lo que respecta a cómo se define como en cuanto a su suficiencia. El proponente sugirió que la protección se otorgara en cambio "hasta que la parte que 
la solicite la retire". Se mostró apoyo a esta sugerencia. 
243.  Se aclaró asimismo que las modalidades prácticas y el alcance de la protección que debe 
otorgarse lo decidiría el grupo especial caso por caso y en consulta con las partes. Entre estos 
aspectos figuran cómo se controlaría el acceso a la información, si una parte puede volver a 
presentar o modificar sus comunicaciones al grupo especial si se le ha negado acceso a la protección de la IEC en el marco del procedimiento de impugnación, o el plazo para invocar el 
procedimiento de impugnación ante el grupo especial. 
244.  También se hicieron preguntas sobre el acceso de los terceros al procedimiento de 
impugnación y si era apropiado incluir en el texto del ESD referencias a elementos de otros acuerdos (el procedimiento del Anexo V del Acuerdo SMC). 
245.  Por último, observé que todavía parecía haber bastante apoyo a la propuesta, pese a la 
necesidad de revisar algunos aspectos del proyecto de texto. Tomé nota de que el proponente estaba dispuesto a revisar el texto de su propuesta teniendo en cuenta las observaciones TN/DS/26 
 
- 47 - 
 
  escuchadas y a reflexionar más detenidamente sobre algunas de las cuestiones planteadas en el 
debate. Propuse que volviésemos a ocuparnos de este punto nuevamente en nuestras próximas reuniones. 
Soluciones mutuamente convenidas 
246.  Como se explicaba en mi último resumen, en julio se había llegado a una convergencia 
preliminar sobre un texto para mejorar la notificación de las soluciones mutuamente convenidas de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3, pero  una delegación expresó reservas sobre parte del 
texto. Les propuse que reflexionasen sobre su posición teniendo en cuenta la convergencia 
preliminar lograda sobre un texto.
43 Por esa razón esta semana retomamos esta cuestión. 
247.  La delegación en cuestión indicó que todavía te nía reservas sobre el nivel de detalle exigido 
en la notificación en el texto propuesto y temí a que pudiera estorbar a las partes para lograr 
soluciones mutuamente convenidas en algunos casos. Se acordó que se necesitarían nuevas 
consultas entre las delegaciones interesadas para revisar este texto. 
248.  Además, otra delegación indicó que le preocupaba que la obligación se formulara como una 
obligación conjunta y no individual de cada parte. Con respecto a esta cuestión, hubo convergencia 
sobre el objetivo (es decir, que la obligación de notificación corresponde a cada parte y se puede cumplir mediante una notificación conjunta o individual). La única cuestión pendiente era cómo 
reflejarlo mejor en el texto. Por lo tanto es posible que también haya que mejorar más este 
proyecto de texto. 
Balance 249.  Además, los defensores de los intereses de los países en desarrollo, incluido el trato especial 
y diferenciado, indicaron que estaban trabajando para revisar sus propuestas, que se presentarán 
en noviembre. Por lo tanto volveremos a ocuparnos de esa cuestión en ese momento. Expresé apoyo a estas delegaciones en sus esfuerzos para trabajar conjuntamente y también les alenté a 
que celebraran consultas con otras delegaciones, entre ellas las que habían expresado 
previamente preocupaciones por algunos aspectos de sus propuestas. 
5. SEMANA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011
44 
250.  Esta semana continuamos los debates sobre el reenvío, la flexibilidad y el control de los 
Miembros, la información estrictamente confidencial y la composición de los grupos especiales. También evaluamos algunos aspectos del cumplimiento efectivo. 
Cumplimiento efectivo e intereses de los países en desarrollo 
251.  El lunes celebré breves consultas a modo de balance para obtener información actualizada 
sobre la labor en curso entre las delegaciones en relación con el cumplimiento efectivo y los intereses de los países en desarrollo, con inclusión del trato especial y diferenciado. 
252.  Con respecto al cumplimiento efectivo, un grupo de delegaciones informó a los participantes 
de que iban a organizar un simposio en el que invitarían a juristas a que formularan observaciones y expusieran sus opiniones sobre varias cuestiones  que eran principalmente reflejo de propuestas 
objeto de examen en las negociaciones. Explicar on que sería un ejercicio independiente, aunque 
complementario, de las negociaciones. Esa sesión tuvo lugar el jueves por la tarde. 
253.  Asimismo, se confirmó que el texto reflejado en el anterior resumen sobre la notificación de 
las medidas de retorsión
45 era ya aceptable también para la delegación que había indicado 
anteriormente la necesidad de confirmar esa aceptación, lo que corrobora la convergencia lograda 
sobre la redacción de dicho texto. 
                                               
43 Véase el documento JOB/DS/3, párrafo 47. 
44 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/5. 
45 Véase el documento JOB/DS/4, párrafos 77 y 78. TN/DS/26 
 
- 48 - 
 
  254.  En lo referente a los intereses de los países en desarrollo, los proponentes informaron a los 
participantes de que se habían reunido con un gran número de delegaciones y seguían trabajando en la revisión de su texto. Esperaban resolver los problemas y las cuestiones de redacción, a fin de presentar un texto revisado. 
Flexibilidad y control de los Miembros 
255.  Esta semana prosiguieron los debates sobre la flexibilidad y el control de los Miembros, 
tanto en el grupo pequeño como en el G-40. En  el contexto del grupo pequeño, retomamos el 
debate sobre la orientación para los órganos resolutorios, en particular el tema de la subsanación 
de lagunas, última cuestión que se aborda dentro del tema de los enfoques interpretativos en la solución de diferencias en la OMC.
46 
256.  Los proponentes reiteraron su opinión de que la función del mecanismo de solución de 
diferencias no es subsanar las lagunas que se pueda determinar existen en los acuerdos abarcados 
como medio para equilibrar los derechos y obligaciones de los Miembros. 
257.  Los participantes pidieron aclaraciones sobre el formato de la propuesta -como decisión 
del OSD- y la ventaja de incluir un número reducido de ejemplos de lo que podría constituir 
subsanación de lagunas. En general, las delegaciones preguntaron cómo funcionarían los documentos de orientación y qué efectos era probable que tuvieran en los órganos resolutorios, ya 
fueran los grupos especiales o el Órgano de Apelación. En ese contexto, se preguntó si no sería 
tanto o más efectivo que los Miembros expresaran su desacuerdo con un informe de un grupo especial o del Órgano de Apelación ante el OSD. Como ejemplo, los participantes se refirieron a la anterior decisión del Órgano de Apelación de tener en cuenta los escritos amicus curiae  no 
solicitados y la subsiguiente reacción de los Miembros. Estimaban que ese enfoque era efectivo 
para abordar esa cuestión particular. Se indicó también que permitía a los Miembros hacer observaciones sobre un problema específico en ve z de ofrecer orientaciones abstractas. Además, 
se observó que en esos casos los Miembros podrían convenir en no adoptar un determinado 
informe. 
258.  Se planteó la cuestión de si un documento de orientación permitiría a los órganos 
resolutorios distinguir, por ejemplo, entre lo que se podría entender objetivamente como una 
laguna de un acuerdo y las ocasiones en las que las partes tienen opiniones diferentes sobre un aspecto de un acuerdo, pero no existe realmente una "laguna". Las delegaciones expresaron la opinión de que, más que dar orientaciones, las normas usuales respondían adecuadamente al 
objetivo de abordar lo que está abarcado por los Acuerdos de la OMC y el modo de aplicarlos. En 
ese sentido, se preguntó si resultaría útil que se facilitaran más ejemplos para comprender en qué podría este problema diferir de lo que se aborda recurriendo a las normas usuales de 
interpretación. Una delegación preguntó en cuántas ocasiones los órganos resolutorios han 
subsanado lagunas para que merezca la pena dar orientaciones. 
259.  Se sugirió que tal vez fuera conveniente reafirmar los principios ya identificados en el 
párrafo 2 del artículo 3 del ESD y la importancia atribuida en el marco del mecanismo de solución 
de diferencias a la resolución de las diferencias entre los Miembros, sin necesidad de incluir un texto adicional que podría haber sido útil durante los debates iniciales sobre la propuesta. Algunos participantes sugirieron también que anteriores declaraciones del Órgano de Apelación al respecto 
podrían proporcionar indicaciones sobre cómo formular la propuesta. No obstante, otros 
participantes preguntaron si el objetivo concreto de esa propuesta no se abordaba ya adecuadamente en el párrafo 2 del artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 19 del ESD. 
260.  Los proponentes confirmaron que los ejemplos facilitados no constituyen una lista 
exhaustiva, y estuvieron de acuerdo en estudiar las sugerencias hechas para formular la propuesta de una manera más basada en los principios. Se observó que la propuesta se ampliaba para tratar 
de reflejar las opiniones expuestas en los debates celebrados con otras delegaciones. En general, 
los proponentes consideraban que existe la opinión general de que no es apropiado que los grupos especiales o el Órgano de Apelación procedan a subsanar lagunas. Se refirieron al empleo de esa expresión por las propias delegaciones, así como a las declaraciones de otras sobre la existencia 
del fenómeno, incluso en los esfuerzos del Órgano de Apelación por "completar el análisis" y su 
decisión de abrir audiencias al público. Los proponentes sostuvieron que ni el párrafo 2 del 
                                               
46 Véase el resumen del debate anterior en el documento JOB/DS/4, párrafos 58-66. TN/DS/26 
 
- 49 - 
 
  artículo 3 ni el párrafo 2 del artículo 19 del ESD abordaban plenamente por derecho propio el 
problema observado de la subsanación de lagunas. Opinaron también que criticar a un grupo especial determinado o al Órgano de Apelación tras la distribución del informe no ofrecía las mismas ventajas que proporcionar orientación de antemano para su consideración por los órganos 
resolutorios. 
261.  Tomé nota de los debates y sugerí que las delegaciones volvieran sobre la cuestión en la 
siguiente reunión, centrándose en todos los elementos de la propuesta y en los vínculos entre 
ellos. Tomé asimismo nota de la posible eficacia de que los Miembros formularan ante el OSD 
observaciones sobre la decisión del Órgano de Apelación de aceptar escritos amicus curiae  no 
solicitados. Aun reconociendo los términos del párrafo 2 del artículo 3 del ESD, pedí también a las delegaciones que consideraran si esa disposición de hecho ha impedido al Órgano de Apelación 
subsanar lagunas existentes en el texto en ocasiones anteriores. 
262.  En una reunión del G-40 celebrada esta semana, las delegaciones examinaron también los 
parámetros sobre la orientación para los órganos resolutorios. Esta semana iniciamos el debate de 
los parámetros sobre las medidas objeto de examen, en particular el aspecto relativo al "orden de 
análisis".
47 En la parte temática del informe de julio, yo había señalado que la sección titulada 
"Orden de análisis" parecía tratar de "opiniones consultivas". En reuniones recientes en grupos 
pequeños, las delegaciones examinaron de nuevo las opiniones consultivas u obiter dicta , la 
finalización del análisis y medidas que ya han ex pirado en relación con el tema del "orden de 
análisis". 
263.  Los proponentes explicaron que no sería apropiado que los órganos resolutorios ofrecieran 
opiniones consultivas u obiter dicta  que fueran más allá de las determinaciones necesarias para 
resolver la diferencia y del mandato de un grupo especial. Antes bien, los órganos resolutorios debían actuar con la debida moderación para prot eger la distinción entre las funciones resolutoria 
y legislativa. Los proponentes indicaron que ha habido varios casos en los que se ha constatado 
que los grupos especiales sobrepasaron su mandato y, por tanto, sería conveniente una mayor claridad. 
264.  Los participantes sugirieron que sería útil que la propuesta se refiriera principalmente a las 
disposiciones pertinentes del ESD que definen la función de los órganos resolutorios -los párrafos 4 y 2 del artículo 3 y los artículos 11 y 7- en vez de contener textos y ejemplos explicativos detallados. Se preguntó si se necesitaba realmente orientación más allá de esas disposiciones para 
establecer una norma general, y cuál sería la condición jurídica de esa orientación en forma de 
decisión del OSD. 
265.  Los participantes expresaron dudas sobre si sería siempre inapropiado incluir declaraciones 
obiter dicta  o pronunciarse sobre declaraciones relativas a situaciones hipotéticas, si su inclusión 
podía servir para aclarar el razonamiento del órgano resolutorio con respecto a una cuestión que se le hubiera sometido debidamente. Se sugirió además que podría ser apropiado que el órgano 
resolutorio incluyera ese análisis en aras de encontrar una solución adecuada del asunto sometido 
a su consideración. 
266.  Los participantes preguntaron también hasta qué punto había en este sentido un problema 
grave. Se indicó que, en los casos en los que un grupo especial sobrepasara su mandato, existía la 
apelación como opción. Si era el Órgano de Apelación quien sobrepasaba su mandato, las 
delegaciones señalaron que podía haber también modos de abordar el problema, por ejemplo mediante la formulación de declaraciones en contra de aspectos de los informes en una reunión 
del OSD. Si fueran muchos los Miembros que hici eran observaciones, se podría adoptar esa forma 
de orientación en diferencias futuras. 
267.  Los proponentes indicaron que reconsiderarían el formato de la propuesta. No obstante, 
estimaban que el principio encarnado en ella si gue siendo importante para evitar que un grupo 
especial o el Órgano de Apelación formulen cons tataciones que puedan perjudicar a uno o varios 
Miembros que no sean parte en la diferencia, ya que estos Miembros no podrían exponer sus opiniones sobre la cuestión pero podrían resultar afectados por esas constataciones. Además, los 
proponentes consideraban útil que fueran los Miembros en su conjunto quienes dieran 
                                               
47 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-34 a A-37. TN/DS/26 
 
- 50 - 
 
  orientaciones de antemano, no que lo hicieran un solo Miembro o un número reducido de 
Miembros en forma de declaración en el OSD al concluir una diferencia. 
268.  En los debates de esta semana se abordó también la cuestión de las medidas que ya han 
expirado. Los proponentes se refirieron a los ca sos en que una medida expira en algún momento 
posterior a la celebración de las consultas, y adujeron que sería conveniente permitir la 
formulación de constataciones sobre dicha medida, de manera que esta no pudiera simplemente eludir el examen, con la posibilidad de aparecer más adelante. 
269.  En conclusión, pedí a los proponentes que busca ran modos de revisar su propuesta teniendo 
presentes las observaciones hechas para lograr convergencia. 
Reenvío 270.  A raíz de los debates sobre el reenvío celebrados en septiembre, Nueva Zelandia presentó 
un documento no oficial en el que se reflejaba el ulterior examen por los proponentes de las 
cuestiones y preocupaciones planteadas. 
271.  Concretamente, los proponentes manifestaron interés en examinar, sobre la base de 
ejemplos prácticos, los incentivos para el reen vío y el modo en que podrían repercutir en la 
utilización de un mecanismo de reenvío y en la adopción o aplicación de las constataciones y recomendaciones. 
272.  Con respecto a la viabilidad o conveniencia de la aplicación dividida, los proponentes 
reiteraron su opinión de que el reenvío no debe  retrasar la adopción de constataciones sobre 
cuestiones resueltas ni ser indebidamente utilizado como medio para lograr un retraso general. Reconocieron también que esto plantea varias cuestiones prácticas en relación con el proceso de 
adopción de informes y su aplicación. Los proponentes expresaron interés en seguir celebrando 
consultas con los Miembros interesados y en preparar algún análisis de los tipos de situaciones en que se podría solicitar el reenvío y en que cabría la posibilidad de formular recomendaciones 
divididas. Tenían también intención de preparar una reseña de cómo encajaría en los plazos 
establecidos un procedimiento de reenvío tal como está actualmente redactado. 
273.  Los proponentes reconocieron también que para algunos Miembros la cuestión de la 
posibilidad o conveniencia de la aplicación dividida depende en gran medida de las vinculaciones 
entre las distintas constataciones y recomendaciones, y que es necesario seguir trabajando para comprender en qué situaciones podría tener lugar y cómo podría configurar el Órgano de Apelación sus constataciones para tenerlo en cuenta. 
274.  Los proponentes indicaron que también se han expresado preocupaciones con respecto a la 
posibilidad de múltiples reenvíos. Preguntaron hasta qué punto era realista la perspectiva de un ciclo interminable de reenvío, y si los Miembros consideran conveniente expresar de manera más 
explícita en el texto que, una vez que se ha reenviado una cuestión y el Órgano de Apelación no ha 
podido hacer constataciones sobre ella por segunda vez por falta de información fáctica, simplemente no las haga. 
275.  Con respecto a la cuestión de quién puede solicitar el reenvío, los proponentes indicaron que 
en el debate anterior se había reconocido en general (con algunas reservas) que tal vez sea conveniente permitir que lo haga cualquiera de las dos partes cuando pueda tener un interés legítimo, y que son posibles las "tres hipótesis" planteadas por el Presidente. Su impresión es que 
si se puede lograr un grado suficiente de satisfacción con respecto a los plazos y la aplicación, será 
más fácil resolver esta cuestión. En cuanto a la sugerencia de tratar de delimitar el uso del reenvío por parte del Órgano de Apelación para evitar la po sibilidad de que se utilice como excusa para no 
llegar a una decisión, los proponentes consideraban que podría ser útil centrarse en la manera en 
que el Órgano de Apelación demuestra la falta de información fáctica (párrafo 12 b)) en vez de en la cuestión de quién inicia el reenvío. 
276.  Los proponentes aclararon también que, aunque seguían considerando que su actual 
propuesta de texto constituía una sólida base para solventar las preocupaciones expresadas, estaban dispuestos a proseguir los debates, como se indicaba en el documento no oficial, y a dar muestras de flexibilidad a la luz de esos debates. TN/DS/26 
 
- 51 - 
 
  277.  Los participantes acogieron con satisfacción el esfuerzo de los proponentes para presentar el 
documento no oficial y su reconocimiento de las preocupaciones expresadas en relación con el 
funcionamiento del reenvío en el marco de su propuesta. Se expresó también apoyo a que la propuesta sirviera de base para ulteriores de bates sobre el examen de hipótesis prácticas. 
278.  Se sugirió asimismo que se examinara más a fondo la cuestión de si podrían ser necesarias 
modificaciones adicionales de otras disposiciones del ESD para reflejar plenamente el procedimiento de "aplicación dividida" o de "adopción doble". 
279.  Con respecto al procedimiento de aplicación dividida, algunos participantes reiteraron su 
preocupación de que tal vez no sea realista esperar que los organismos encargados de la aplicación en el Miembro de que se trate estén en condiciones de "dar alcance" al procedimiento de aplicación resultante del informe inicial. En respuesta, los proponentes indicaron que, en la 
mayoría de los casos, el tiempo requerido para completar el procedimiento de reenvío no 
excedería de la duración del plazo prudencial inicial para la aplicación, por lo que sería posible respetar este último. Los proponentes reiteraron también que la finalidad del procedimiento de 
aplicación doble era evitar abusos, y consideraron que los beneficios de una pronta aplicación 
serían mayores que los riesgos. En la medida en que surgiera una carga, esta debía ser asumida por el Miembro que hubiera de proceder a la aplicación. En respuesta, se señaló que en la medida 
en que la preocupación atendida por la aplicación dividida fuera el riesgo de abuso, esto podría 
abordarse de otras maneras. Se preguntó además si, como se espera que el proceso de reenvío sea bastante rápido en la mayoría de los casos, valía la pena crear la incertidumbre asociada con la aplicación dividida. 
280.  Corea recordó su interés de larga data en estas cuestiones y presentó como contribución un 
texto en el que se sugerían modificaciones del procedimiento de reenvío propuesto. 
281.  Corea indicó que debían poder iniciar el reenví o las dos partes, ya que ambas tienen interés 
en lograr una solución positiva de la diferencia, pero observó que parecía haber cierta 
convergencia sobre la necesidad de establecer limitaciones para evitar abusos. Por consiguiente, propuso que el reclamante solo tuviera derecho a solicitar el reenvío de una cuestión si se podía 
ampliar el alcance de las recomendaciones del Órgano de Apelación como resultado del reenvío, y 
que la parte demandada solo tuviera ese dere cho si se podía reducir el alcance de las 
recomendaciones como resultado del reenvío. 
282.  Con respecto a la adopción de las resoluciones y recomendaciones, Corea estimaba que la 
adopción de un solo informe del Órgano de Apelación al concluir el procedimiento de reenvío 
impediría una ampliación innecesaria del marco temporal general de una diferencia. Con arreglo a este enfoque, el procedimiento de reenvío habría finalizado antes de la distribución de un informe 
por el Órgano de Apelación, y la función del grupo especial en el procedimiento de reenvío se 
limitaría a hacer las constataciones fácticas necesarias para completar el análisis. La existencia de un solo informe permitiría que las etapas subsiguientes de aplicación y recursos discurrieran con 
facilidad sin las implicaciones de la adopción múltiple. 
283.  Varios participantes observaron que el procedimiento de adopción única presentaba 
ventajas, y se sugirió que podría constituir una solución a las cuestiones relacionadas con el procedimiento de adopción y aplicación divididas. Se pidieron aclaraciones sobre el motivo por el 
que el grupo especial se limitaría a hacer las constataciones de hecho necesarias y no también las 
constataciones de derecho conexas, puesto que el grupo especial no solo decide sobre los hechos, sino que también aborda cuestiones de derecho. Se preguntó si esto no convertiría en la práctica 
al Órgano de Apelación en un grupo especial. El proponente respondió que, como el Órgano de 
Apelación habría identificado la cuestión durante su análisis, debía ser él quien completara ese análisis. Al mismo tiempo, el proponente se manifestó dispuesto a examinar más a fondo esta 
cuestión a la luz de ejemplos prácticos. 
284.  El proponente aclaró también que se proponía que el plazo del procedimiento de reenvío lo 
determinara caso por caso el Órgano de Apelación. Se mostró de acuerdo en reflexionar sobre la cuestión de si el grupo especial tendría acceso al informe del Órgano de Apelación para que lo 
ayudara a realizar el análisis de los hechos. TN/DS/26 
 
- 52 - 
 
  285.  Se formularon también preguntas sobre la idea de que se "ampliara" o "redujera" el alcance 
de las recomendaciones como base para determinar quién puede iniciar el reenvío, con inclusión de la manera en que se evaluaría y si lo determinarían las partes interesadas o el Órgano de Apelación. En respuesta, el proponente explicó que la finalidad de esa distinción era impedir 
abusos. Seguía dispuesto a debatirlo, pero sugirió que esta cuestión podrían determinarla en 
primer lugar las partes, y que las diferencias que pudieran surgir podría abordadas el Órgano de 
Apelación. 
286.  En conclusión, se indicó que un enfoque sistemático basado en situaciones prácticas, como 
el sugerido en el documento no oficial de Nueva Zelandia, sería útil para organizar los debates futuros y examinar las ventajas de ambos enfoques . La impresión que saqué del debate es que los 
participantes estimaban también que era un enfoque sólido. Por consiguiente, propuse que el 
grupo pequeño prosiguiera su labor sobre esta cuesti ón en el nuevo año, sobre la base del examen 
de situaciones prácticas y de cómo funcionaría cada enfoque en la práctica. 
Composición de los grupos especiales 
287.  Esta semana también continuamos nuestro examen de la composición de los grupos 
especiales tras los tres debates ya celebrados este año. En las primeras reuniones, habíamos examinado la propuesta a nivel conceptual general. Posteriormente, iniciamos un examen del texto 
propuesto, párrafo por párrafo. En nuestra última reunión, nos centramos en el texto entre 
corchetes de los párrafos 3 y 4 de la propuesta revisada distribuida informalmente por el proponente. Este manifestó su flexibilidad con respecto a los términos exactos que se utilicen en estos párrafos.
48 
288.  Esta semana pasamos al párrafo 5 del proyecto de texto. Con arreglo a la propuesta, al 
comienzo del proceso de composición se facilitaría una lista completa de candidatos. En el párrafo 5 se prevé la posibilidad de veto limitado y la clasificación por las partes de los restantes 
posibles integrantes de grupos especiales. El proponente recordó el objetivo de este aspecto de la 
propuesta: reducir el tiempo que lleva concluir la composición de los grupos especiales y el número de casos en que se pide que el Director General establezca esa composición. Se estimaba 
que en aproximadamente el 60% de las diferencias se pide finalmente al Director General que 
establezca la composición del grupo especial. 
289.  El proponente considera que el principal motivo de que la composición de los grupos 
especiales lleve tanto tiempo y de que en muchos casos se pida al Director General que establezca 
esa composición es que las partes disponen de una relación limitada de candidatos en listas 
separadas o etapas distintas del proceso de composición. Se les pide que durante esas etapas manifiesten sus preferencias, o veten a candidatos incluidos en esas listas, hasta que se llegue a 
un acuerdo. Los proponentes afirman que a menudo se emplean tácticas para contrarrestar las 
preferencias de la parte contraria, sin saber exactamente qué candidatos se propondrán más adelante. 
290.  El proponente indicó que el párrafo 5 consta de dos secciones; la primera trata de la 
asignación de los vetos sobre la base del número total de candidatos que se presentan. Hizo hincapié en que, más allá de un número limitado de vetos, con arreglo a las Normas de Conducta las partes solo pueden oponerse a un candidato por motivos de conflicto de intereses en el caso de 
un candidato concreto. Tal oposición tendría que justificarse con pruebas. Los proponentes 
subrayaron el objetivo de controlar la capacidad de las partes para recusar a candidatos. 
291.  Las delegaciones preguntaron por qué en la pr opuesta se prevé que la Secretaría examine 
las objeciones formuladas con arreglo a las Normas de Conducta, y adopte fi nalmente decisiones al 
respecto, en el momento de la composición, y si no sería más adecuado que esto se hiciera bajo la autoridad del OSD. Además, las delegaciones preg untaron por qué solo se abordaría la cuestión 
del conflicto de intereses y no otras cuestiones que se plantean en las Normas de Conducta, como 
la relativa a la independencia de los candidatos. Se preguntó también si en esa etapa se permitiría o no a las partes aceptar a integrantes de grupos especiales que tuvieran la nacionalidad de terceros o, por el contrario, oponerse a esos candidatos. Se planteó la cuestión de si esto afectaba 
a las actuales prescripciones del artículo 8 del ESD. 
                                               
48 Véase el documento JOB/DS/3, párrafos 12-19. TN/DS/26 
 
- 53 - 
 
  292.  El proponente explicó que, al abordar las cuestiones de conflictos de intereses en esa etapa, 
no se pretendía adoptar una resolución formal ni asumir la autoridad del OSD, sino tratar de evitar la posibilidad de que las partes formularan objeciones en etapas posteriores de las actuaciones del grupo especial a in de evitar futuros problemas entre las partes. El proponente explicó que sería 
posible determinar desde el principio si existía un conflicto de intereses, pero que las cuestiones 
relativas a la independencia de un integrante de un grupo especial no podrían necesariamente abordarse hasta que se hubieran iniciado las actuaciones. Explicó asimismo que las objeciones a 
candidatos de nacionalidad de terceros se considerarían objeciones de otra naturaleza en el 
sentido del párrafo 5 de la propuesta. En general, el proponente dio muestras de flexibilidad al tratar de estas dos cuestiones, incluida la posi bilidad de modificar el párrafo 4 para abordar 
ex ante  la cuestión de la nacionalidad de terceros. Se explicó que la propuesta no tenía por objeto 
limitar o alterar los derechos establecidos en el artículo 8 del ESD. 
293.  Sin embargo, varios participantes mantuvieron una actitud crítica con respecto a lo que 
describieron como incapacidad de los mecanismos de clasificación y veto para tener debidamente 
en cuenta los intereses de las partes en la designación de integrantes de grupos especiales que 
cumplan diversos criterios o la selección de candidatos que posean diferentes tipos de conocimientos especializados. Concretamente, se expresó la preocupación de que el proceso de 
clasificación pudiera dar lugar a la selección de candidatos que no responden a los criterios 
deseados y de que no hubiera vetos suficientes para  impedir ese resultado. Se preguntó si no sería 
más sencillo y directo limitar la propuesta a pedir a la Secretaría que facilitara una lista completa de candidatos desde el principio y proceder después de acuerdo con la práctica actual sin utilizar 
un mecanismo de clasificación. 
294.  El proponente expresó dudas sobre si las partes podrían lograr un resultado si se les 
facilitaba simplemente una lista completa desde el principio, sin que existiera un mecanismo de 
clasificación ni vetos. Se recordó que en el marco de la práctica actual las partes recusan a 
numerosos candidatos por lo que alegan ser "r azones imperiosas". El proponente recordó 
asimismo que, además del uso directo del veto, las partes también podían manifestar sus 
preferencias optando por dar una puntuación alta o baja a uno o varios candidatos concretos. Por 
otra parte, de conformidad con el párrafo 9 de la propuesta, en el caso de que las partes no quedaran satisfechas con el resultado podrían pe dir que el Director General estableciera la 
composición del grupo especial. El proponente explicó que, cuando se hiciera esto, era probable 
que el Director General tuviera en cuenta los intereses de las partes al seleccionar candidatos de la 
misma lista inicial, siempre que fuera posible. Por consiguiente, se indicó que el párrafo 9 ofrece a las partes una oportunidad adicional de flexibilidad. 
295.  Las delegaciones preguntaron también qué elementos se tomarían en consideración al 
decidir el número total de candidatos que habrían de  figurar en la lista. El proponente indicó que 
las partes podrían comunicar a la Secretaría su preferencia por un número total de candidatos, 
además de los criterios que desearan se aplicaran  para seleccionar a los candidatos. No obstante, 
se señaló que la capacidad de la Secretaría para presentar candidatos podría verse limitada, en función de la complejidad de los criterios de selección solicitados por las partes. El proponente indicó que, en la práctica, lo más probable era qu e la Secretaría no pudiera presentar una lista de 
más de 20 candidatos; en consecuencia, se co nsideraba apropiado un número máximo de tres 
vetos. 
296.  En general, los participantes preguntaron si la propuesta pondría a las partes en mejores 
condiciones que si continuaban con la práctica actual, habida cuenta especialmente del número de 
objeciones que presentan actualmente las partes. Una delegación indicó que la finalidad de la composición de un grupo especial es determinar personas que sean aceptadas por ambas partes. 
La imposición de más limitaciones a la capacidad de las partes para expresar sus opiniones y 
preferencias parecería ir en contra de ese objeti vo. Se expresó preferencia por que se permitiera a 
las partes dar simultáneamente su opinión sobre determinados candidatos. El proponente preguntó si el hecho de que se pida que se seleccionen candidatos sin conocer desde un principio 
la lista completa de sus nombres no limita efectivamente la selección. 
297.  Por último, una delegación pidió a los proponentes que consideraran la posibilidad de que las 
partes presentaran candidatos para su inclusión en la lista definitiva de nombres propuestos. 
298.  Tras escuchar las opiniones de las delegaciones, observé que no parece haber desacuerdo 
en que en el marco de la práctica actual las partes se oponen frecuentemente a candidatos. No TN/DS/26 
 
- 54 - 
 
  obstante, indiqué que a menudo la Secretaría tiene que presentar listas de candidatos basadas en 
amplios criterios, lo que puede plantear dificultades para presentar una lista completa de candidatos desde el principio. También tomé nota del desacuerdo con lo que se describió como la naturaleza "mecánica" o "mecanicista" de la propuesta. Pedí al proponente que examinara 
detenidamente las observaciones formuladas para seguir adelante. 
Información estrictamente confidencial 299.  En julio, el Canadá presentó un proyecto de texto revisado en el que se proponía un enfoque 
simplificado basado en la modificación de determinadas disposiciones del ESD y la introducción de 
un nuevo apéndice en el que figurara información más detallada, con inclusión de una definición de la información estrictamente confidencial (IEC).
49 Esta semana, el Canadá presentó un nuevo texto 
revisado encaminado a abordar algunas de las cuestiones y preocupaciones planteadas en 
nuestros debates recientes. 
300.  Al presentar el texto revisado, el Canadá explicó que las modificaciones se dividían en tres 
categorías: 
- Con respecto a los terceros, se aclaró que, aunque se esperaba que la necesidad de que 
terceros presentaran IEC fuera poco frecuente, estos podrían solicitar la designación de información como IEC, pero no podrían tener acceso al mecanismo de impugnación. Con ello 
se pretendía reflejar un equilibrio apropiado en tre los derechos de los terceros y los de las 
partes en la diferencia. 
- Con respecto a la duración de la protección, se había modificado el texto para reflejar una 
sugerencia hecha en la última reunión, de manera que se mantuviera la protección hasta 
que la parte que hubiera presentado la información retirara su designación como IEC. 
- Se había depurado la definición de la IEC para evitar incongruencias y para hacer referencia 
a "particulares" o "entidades" en vez de personas físicas o jurídicas. La definición seguía 
reflejando criterios acumulativos de protección, con inclusión de una referencia a los 
esfuerzos realizados para mantener el carácter secreto de la información, a fin de evitar situaciones en las que no se hayan realizado esos esfuerzos comprendidos en el ámbito de la 
definición simplemente por no ser esta de dominio público. También se mantuvo el concepto 
de "intereses fundamentales" para lograr un nivel más elevado que si se empleaba simplemente la expresión "cualesquiera intereses", aunque se dejaría abierta la interpretación de este concepto. El proponente explicó también que estaba satisfecho de que 
la definición permaneciera en el apéndice en vez de en los procedimientos de trabajo. 
301.  El Canadá explicó asimismo que no se habían modificado determinados aspectos, en 
particular el trato de las apelaciones. Indicó que no habría necesidad de una impugnación 
administrativa separada con respecto a la designación de información como IEC, más allá de las 
posibilidades normales de apelación. A ese respecto, recordó que esta cuestión solo se plantearía cuando se hubiera solicitado al grupo especial que se pronunciara sobre la designación en el marco 
del procedimiento de impugnación. Rara vez ocurriría, y si la cuestión se planteaba, rara vez 
merecería ser objeto de apelación, a no ser que tuviera un efecto fundamental en la capacidad de la parte para defenderse. La probabilidad de que se presentaran apelaciones en el marco del artículo 11 del ESD dependería de la importancia de la información en cuestión para las 
determinaciones del grupo especial. Asimismo, si se presentaban pruebas en la etapa de 
apelación, en el párrafo 4 del artículo 18 se preveía su protección como IEC. 
302.  Por último, el Canadá confirmó que, con arreglo a la propuesta, los elementos 
fundamentales figurarían en el artículo 18 y el apéndice, y los pormenores sobre la manera en que 
se otorgaría la protección en un determinado caso se mantendrían en los procedimientos de trabajo que habrían de adoptar los órganos resolutorios, como había ocurrido hasta la fecha en el 
caso de los grupos especiales. Como se refleja en los procedimientos de trabajo adoptados por los 
grupos especiales hasta el momento, se podrían incluir pormenores sobre: 
                                               
49 Véase el documento JOB/DS/3, pá rrafo 1. Véase asimismo el deba te reproducido en el documento 
JOB/DS/4, a partir del párrafo 67. TN/DS/26 
 
- 55 - 
 
  - quién puede acceder a la información; 
- el etiquetado de las comunicaciones para dejar claro que la información es objeto de 
protección; 
- las medidas de almacenamiento y acceso; 
- los plazos para las impugnaciones y para volver a presentar información; 
- los plazos para el examen de la información; - las medidas de protección durante las audiencias. 
303.  En primer lugar examinamos las modificaciones propuestas en relación con el párrafo 4 del 
artículo 18, con inclusión del trato del acceso de terceros a los procedimientos. A este respecto, varias delegaciones acogieron con satisfacción la referencia adicional a los terceros en esta parte del texto y el equilibrio que se pretendía lograr en el texto en ese sentido. Se aclaró que no se 
impediría a terceros solicitar la adopción de procedimientos para proteger la IEC, pero que los 
terceros no se beneficiarían del derecho previsto para las partes a ese respecto en la primera frase del párrafo 4 del artículo 18 propuesto. 
304.  Hubo algún debate sobre si la referencia al proceso de acopio de información previsto en el 
Anexo V del Acuerdo SMC era apropiada, habida cuenta de que ese proceso debía tener lugar antes de que comenzaran los trabajos del grupo especial y del hecho de que en ninguna otra parte 
del ESD se hacía referencia a una disposición es pecífica de otro acuerdo abarcado. Se preguntó 
también cómo se pretendía relacionar la protección otorgada en virtud del procedimiento relativo a la IEC propuesto con la prevista en el Anexo V, y si se pretendía dejar esta última sin efecto. A ese respecto, se observó que el proceso de acopio de información precedería a los trabajos del 
grupo especial, pero también que la informació n compilada de conformidad con el Anexo V del 
Acuerdo SMC podría requerir protección adicional durante las actuaciones del grupo especial mediante el procedimiento relativo a la ICC. Parecía necesario seguir reflexionando sobre estas 
cuestiones. 
305.  Se observó que no estaba claro lo que implicaba la referencia que se hacía en la última frase 
del párrafo 4 del artículo 18 propuesto a la aplicación del procedimiento, " mutatis mutandis ", al 
procedimiento de apelación. Varios participantes indicaron que si implicaba que se apoyaba la idea 
de que se pudieran presentar nuevas pruebas al Órgano de Apelación, no sería apropiada. Había habido debates sobre la cuestión en el Órgano de Apelación en casos anteriores. No obstante, un participante advirtió de que puede haber casos en los que se podría presentar información al 
Órgano de Apelación sin fines probatorios. 
306.  El proponente indicó que la finalidad de esa referencia era asegurar que se dispusiera de 
protección en todas las etapas del procedimiento, y expresó su disposición a considerar nuevas 
redacciones que lo aclararan, por ejemplo trasladando la referencia a la primera frase del párrafo. 
Un participante sugirió que, si esa era la intención, tal vez sería mejor añadir una frase general que indicara que el procedimiento se aplicará a las actuaciones de los grupos especiales, el Órgano 
de Apelación y los árbitros a que se hace referencia en el párrafo 6 del artículo 22 y el artículo 25. 
Se sugirió asimismo que si la intención era indicar que no era necesario solicitar de nuevo protección en la etapa de apelación una vez se hubiera otorgado en la etapa del grupo especial, lo que se había reconocido como un importante objetivo de la propuesta, tal vez sería más sencillo 
decir claramente que, cuando se haya presentado y protegido información en la etapa del grupo 
especial, no es necesario volver a aducir ante el Órgano de Apelación que ha de protegerse. 
307.  En relación con el párrafo 5 del artículo 18, se hicieron preguntas sobre la nueva redacción 
propuesta con respecto a la duración de la protección, y el proceso que se preveía para la 
"retirada" de la designación una vez finalizadas las actuaciones. En respuesta, se señaló que en los casos en los que el titular haga después pública la información, esta pasaría de hecho a ser de 
dominio público y sería posible remitirse a ella sobre esa base. Se propuso también un enfoque 
alternativo con arreglo al cual se indicaría que la información solo se podría utilizar a efectos de las actuaciones, lo que limitaría el uso permitido de la información de una manera que evitaría todo debate sobre el establecimiento de un plazo para la designación. El proponente acogió con agrado TN/DS/26 
 
- 56 - 
 
  la sugerencia, aunque señaló que ese enfoque modificaba un tanto la orientación principal del 
texto y lo alejaba de su intención inicial, que era abordar la duración de la protección. A ese respecto, se observó que el texto de ese párrafo parecía referirse a dos cuestiones distintas: la duración de la protección y su continuidad a lo largo de las diversas etapas del procedimiento de 
solución de diferencias. 
308.  Se observó asimismo que el texto del párrafo 5 del artículo 18 no reflejaba el hecho de que 
la designación de la información como IEC puede impugnarse con éxito, en cuyo caso ya no se 
otorgaría protección. 
309.  El proponente se manifestó dispuesto a examinar más a fondo las observaciones recibidas 
sobre la redacción de los párrafos 4 y 5 del artículo 18 y a tratar de proponer un texto revisado para abordarlos en nuestras siguientes reuniones. 
310.  Se pidieron también aclaraciones sobre la relación entre el texto contenido en el artículo 18, 
el apéndice y los procedimientos de trabajo ad hoc . A ese respecto, se aclaró que el texto del 
apéndice, incluida la definición de IEC, sería de aplicación general, en tanto que en los 
procedimientos de trabajo se detallarían, caso por caso, las modalidades y el nivel exactos de la 
protección que habría de otorgarse. Se sugirió qu e podría resultar provechoso establecer en el 
texto del apéndice la prescripción de que los diversos participantes en los procedimientos 
protegieran la confidencialidad de la información, ya que el párrafo 2 del artículo 18 solo abordaba 
la obligación de proteger la información confidencial por parte de los Miembros; en cambio, no se establecía ninguna obligación general de proteger la información. 
Balance 
311.  Por último, los Amigos de los terceros presentaron un documento no oficial
50, con el ruego 
de que se distribuyera informalmente pa ra su examen en una futura reunión. 
6. SEMANA DEL 30 DE ENERO DE 201251 
312.  Esta semana he celebrado consultas sobre el control de los Miembros y la flexibilidad, la 
información estrictamente confidencial (IEC), la composición de los grupos especiales y los derechos de los terceros. También hicimos balance de la labor en curso sobre el reenvío, los 
intereses de los países en desarrollo, con inclusión del trato especial y diferenciado, y sobre el 
cumplimiento efectivo. 
Flexibilidad y control de los Miembros 313.  En lo que respecta a la flexibilidad y el control de los Miembros, concluimos los debates en el 
grupo pequeño y los proseguimos en el grupo más amplio. 
314.  En el contexto del grupo pequeño recordé en primer lugar lo que consideraba que eran los 
resultados principales de nuestros debates anteriores sobre los proyectos de parámetros relativos 
a los "Enfoques interpretativos que deben utilizarse en la solución de diferencias" y sobre un 
posible camino a seguir. 
315.  En primer lugar, los debates habían confirmado el interés de los participantes en un enfoque 
que estuviera más "basado en principios" en lo que respecta a estas cuestiones y entiendo que los 
Estados Unidos indicaron que estaban dispuestos a avanzar en esa dirección. Por lo tanto, propuse que esta debería ser la siguiente etapa de nuestra labor sobre esta cuestión y, en términos más generales, sobre todos los parámetros relativos a la "orientación". 
316.  En segundo lugar, en lo que se refiere concretamente a la "subsanación de lagunas", parecía 
que el debate había aclarado algunos aspectos importantes. En primer término, a mi juicio, hubo un reconocimiento general de la importante función que desempeña el párrafo 2 del artículo 3 
del ESD para abordar el riesgo que los Estados Unidos tratan de prevenir. Se mencionó también la 
pertinencia del párrafo 2 del artículo 19 del ESD. En este sentido se planteó la pregunta de qué 
                                               
50 Véase el documento JOB/DS/6. 
51 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/7. TN/DS/26 
 
- 57 - 
 
  más de lo que ya figura en estas disposiciones pretendía abordar la propuesta. Del debate no 
pareció deducirse con total claridad si el concepto de "subsanación de lagunas" tenía algún contenido adicional  a la exigencia de no ir más allá de los derechos y obligaciones que figuraban 
en los acuerdos vigentes, o si el párrafo 2 del artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 19 del ESD ya 
daban a entender que no debería haber "subsanación  de lagunas". Se aclaró no obstante que el 
proponente no pretendía modificar las normas de in terpretación aplicables, incluida la función del 
contexto, el objeto y el fin en el proceso de interpretación previsto en la Convención de Viena. 
317.  Indiqué que estas consideraciones podrían servir para aclarar la forma de abordar la 
cuestión. En particular, observé que en la medida en que el objetivo de la propuesta era reafirmar  
la importancia que los Miembros atribuían a determinados principios fundamentales que ya figuraban en el ESD, y no introducir conceptos nuevos, podría ser ventajoso estudiar las 
sugerencias que se habían hecho en el debate para expresar la orientación haciendo referencia a 
las disposiciones vigentes pertinentes del ESD (con inclusión tal vez de alguna referencia a una cita pertinente de un informe anterior del Órgano de Apelación). 
318.  Entiendo que algunas delegaciones todavía no ven con claridad en qué medida se necesita 
dar orientación adicional sobre esta cuestión a los órganos resolutorios. Sin embargo, si nos centramos en el mensaje principal, podríamos tener una idea mucho más clara de lo que sería 
posible. Por lo tanto alenté al proponente y a otras delegaciones interesadas a que siguieran 
reflexionando sobre la forma de avanzar y empezaran a trabajar en un texto revisado en esa dirección. 
Proyectos de parámetros sobre la aplicación del derecho internacional público 
319.  A continuación mantuvimos un debate constructivo sobre los proyectos de parámetros 
relativos a la aplicación del derecho internacional público en la solución de diferencias. 
320.  Los Estados Unidos recordaron que el objetivo de esta parte de la propuesta era aclarar la 
relación entre la solución de diferencias de la OMC y el derecho internacional público, que no se 
expone con claridad con el ESD, y orientar a los órganos resolutorios sobre lo que sería y no sería una función adecuada del derecho internacional público en los procedimientos de solución de 
diferencias de la OMC. 
321.  Varios participantes observaron que muchas de las declaraciones que figuran en este texto 
no eran polémicas en sí mismas. Al mismo tiempo, se sugirió que se podrían expresar con más precisión y claridad. En este sentido, se subrayaron nuevamente las ventajas de un enfoque que 
estuviera más basado en los principios y varios participantes se mostraron dispuestos a colaborar 
con el proponente para mejorar el texto sobre esa base. 
322.  Algunos participantes hicieron hincapié en que, para que fuera útil, toda orientación que se 
diera a los órganos resolutorios debería ofrecer clar idad sobre el enfoque previsto. Se indicó a este 
respecto que, tal y como estaba redactado actualmente, el texto no tenía el nivel de claridad necesario. Se propuso también que sería útil que el texto se presentara de modo que quedara 
claro que la orientación no cuestionaba la asignación de funciones entre el OSD y los órganos 
resolutorios. 
323.  Se preguntó cuál se pretendía exactamente que fuera el valor añadido de la orientación 
propuesta y cómo ayudaría en la práctica a los órganos resolutorios si contenía sobre todo 
declaraciones no controvertidas en lugar de aclaraciones de aspectos que no estaban claros. 
También se pidió que se aclarase si el objetivo de la orientación propuesta consistía esencialmente en confirmar o modificar las determinaciones que habían formulado los órganos resolutorios hasta 
el momento. 
324.  Un participante indicó que la finalidad de la orientación propuesta no debería ser decir a los 
órganos resolutorios, incluido el Órgano de  Apelación, que se habían equivocado en 
determinaciones anteriores. En respuesta, se aclaró que la finalidad no era poner en tela de juicio 
determinaciones anteriores, respecto a las cuales cualquier orientación futura no tendría efecto alguno, sino ayudar a los órganos resolutorios en determinaciones futuras aclarándoles cuál era la intención común de los Miembros sobre determinadas cuestiones que no se trataban 
expresamente en el ESD. Esto podría evitar litigi os innecesarios sobre esas cuestiones. Se indicó TN/DS/26 
 
- 58 - 
 
  que la pregunta pertinente era si los Miembros tenían un punto de vista común sobre la manera en 
que debían tratarse las cuestiones y no cómo se habían tratado en el pasado. 
325.  En lo que respecta a los pormenores del texto propuesto, se preguntó qué finalidad tenía la 
afirmación inicial de que el derecho de la OMC es en sí mismo derecho internacional público. El 
proponente explicó que la finalidad de esta afir mación era dejar claro desde el principio que el 
derecho de la OMC forma parte del derecho internacional público y no está fuera de su ámbito. Se preguntó además qué se pretendía dar a entender con esta referencia y si se suponía que el 
carácter del derecho internacional público era distinto según el tipo de instrumento de que se 
tratara. En respuesta se observó que en el Estatuto  de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se 
identificaban cuatro fuentes del derecho internacional público: los tratados, el derecho consuetudinario, los principios generales de derecho y la doctrina jurídica. Aunque se puede 
discutir la naturaleza exacta de algunas de las fuentes que no sean los tratados como derecho más 
o menos "indicativo", se sugirió que en el caso de l derecho de la OMC era evidente que pertenecía 
a la primera categoría, es decir, al derecho de los tratados. 
326.  Un participante observó que, tal y como está redactado actualmente el texto, parecía haber 
una contradicción entre esta afirmación inicial y la orientación posterior, que parecía dar por supuesto que los Miembros no veían con buenos ojos que se recurriera al derecho internacional 
público. También se expresó la preocupación de que las referencias a declaraciones que se 
remontan a 1966 tal vez no fueran adecuadas como prueba del contenido actual del derecho consuetudinario, habida cuenta del carácter evolut ivo de ese derecho. Se sugirió también que toda 
orientación con respecto a los principios de interpretación de los tratados previstos en los 
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de 
Viena") no debería ser de tal naturaleza que pu diera dar lugar a debate. En este sentido se 
recomendó prudencia en lo que respecta a pro nunciamientos que pudieran dar lugar a que se 
cuestionen interpretaciones comunes de los principios pertinentes más allá del contexto de la OMC. 
327.  Un participante observó que no estaba claro que los órganos resolutorios hubieran aplicado 
una norma coherente al analizar en qué medida los Miembros pueden apoyarse en (y los órganos 
resolutorios pueden aceptar) argumentos basados en el derecho internacional público en los 
procedimientos de solución de diferencias de la OMC. El mismo participante sugirió que se podía mejorar la estructura del texto para indicar con claridad que las normas de derecho internacional público podían ser pertinentes en la medida en qu e ayudaran a interpretar lo s Acuerdos de la OMC, 
como "norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes" a 
que se hace referencia en el párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena. Indicó que los elementos de ese enfoque ya figuraban en el texto, pero no estaban formulados con claridad. 
328.  Se sugirió que el texto podía comenzar con la afirmación no controvertida de que la solución 
de diferencias de la OMC sirve para resolver los asuntos relativos a los derechos y obligaciones previstos en los Acuerdos de la OMC. La pr egunta fundamental era por tanto, tal como se 
expresaba en el texto actual de la propuesta, cuál podía ser la función del derecho internacional 
público para interpretar esos derechos y obligacion es. En este sentido es pertinente la referencia 
que se hace en el ESD a las normas usuales de in terpretación y, mediante esa referencia, también 
son pertinentes los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena. A su vez, el párrafo 3 c) del 
artículo 31 de la Convención de Viena se refiere a "[otras] norma[s] de derecho internacional 
aplicable[s] [...] entre las partes" que se tienen en cuenta. 
329.  Seguidamente se indicó que otra pregunta que se planteaba era cuáles podían ser esas 
"normas pertinentes". Se señaló que no era objeto de polémica que esa normas podrían incluir el 
derecho consuetudinario o los principios generales del derecho. No obstante, otra pregunta que se planteaba era en qué podían consistir. Por ejempl o, se podría aceptar que era adecuado recurrir a 
los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) en la medida en que reflejaran el 
derecho consuetudinario. Se indicó a este respecto que en ocasiones el Órgano de Apelación no explicaba el fundamento para apoyarse en esos elementos. Se podría aclarar por tanto que, en 
caso de que se recurriera a esos elementos, se debía estudiar en qué consisten y la razón para 
recurrir a ellos. Otra pregunta que se hizo era si las "normas pertinentes" que se deben tener en 
cuenta podrían incluir normas distintas del derech o consuetudinario o los principios generales del 
derecho. Esta sería también una pregunta a la que habría que responder. 
330.  Los Estados Unidos acogieron con agrado el reconocimiento de los participantes de que 
muchas de las declaraciones que figuraban en la orientación propuesta no eran polémicas en sí TN/DS/26 
 
- 59 - 
 
  mismas, así como las sugerencias realizadas. Dijeron que estaban dispuestos a trabajar con otras 
delegaciones para mejorar la exposición de los conceptos teniendo en cuenta las observaciones que habían escuchado y también los debates que se celebrarían en el grupo más amplio (el G-40). 
Competencia técnica de los miembros de los grupos especiales 
331.  También hubo un debate sobre el último aspecto de la propuesta relativa al control de los 
Miembros y la flexibilidad, que se refiere a la competencia técnica de los miembros de los grupos especiales. 
332.  En la primavera de 2009 habíamos examinado esta cuestión junto con la relativa a la 
composición de los grupos especiales. En esos debates se había observado que esta propuesta trataba de garantizar que los miembros de los grupos especiales tuvieran el tipo de competencia técnica adecuado para el caso de que se tratara y que, en la práctica, este aspecto ya formaba 
parte de la composición de los grupos especiales. 
333.  Teniendo esto presente, la impresión que tuve en ese momento era que el objetivo básico 
de la propuesta no planteaba ningún problema conceptual. La pregunta pendiente era en esencia 
cómo reflejarlo de la mejor forma posible en el párrafo 2 del artículo 8 del ESD. 
334.  En esos debates anteriores los Estados Unidos habían propuesto el texto revisado siguiente: 
"Los miembros de los grupos especiales deberán ser elegidos de manera que queden 
aseguradas su independencia, [y que el grupo especial en su conjunto tenga] la 
competencia técnica para examinar el asunto objeto de la diferencia y la participación de personas con formación suficientemente variada y experiencia pertinente en campos muy diversos." 
335.  El debate de esta semana confirmó que este texto revisado había ayudado a aclarar que los 
requisitos de competencia técnica, formación su ficientemente variada y experiencia en campos 
muy diversos se referían a la composición del grupo especial en su conjunto y no a cada uno de 
sus miembros. En vista de ello, se propuso que se mantuviera el texto que figura entre corchetes 
(y que se eliminaran los corchetes). 
336.  Se mencionó la relación que existe entre esta propuesta y la propuesta independiente sobre 
la composición de los grupos especiales, que también se examinó esta semana.
52 Se sugirió que 
aunque las propuestas estaban relacionadas, no parecían tener exactamente el mismo objetivo: 
esta propuesta trataba de describir la competencia que cabe esperar del grupo especial, en tanto que la otra propuesta examinada trataba de establecer un mecanismo para lograr la composición 
pretendida. Por lo tanto cada propuesta se podía examinar en función de sus propias 
características y al mismo tiempo se debía garantizar la coherencia entre las dos. 
337.  Se preguntó si las partes tendrían flexibilidad para apartarse, por mutuo acuerdo, de los 
requisitos enunciados en esta disposición (como sugería el empleo del término "deberán") y cómo 
influiría eso en cualquier procedimiento de selección de un grupo especial por parte del Director General. Se respondió que la situación probablemente se mantendría en lo esencial igual que 
ahora, es decir, cabía esperar que al establecer la composición del grupo especial el Director 
General procuraría tener en cuenta las preferencias que hubieran expresado las partes. 
"Medidas objeto de examen" 
338.  En el G-40 proseguimos el debate del proyecto de parámetros relativos a las "medidas 
objeto de examen" en la solución de diferencias de la OMC y en este contexto examinamos la 
sección titulada "Definición de medida".53 
339.  El proponente explicó que, en lugar de intentar definir el término "medida", consideraba que 
era más útil presentar una lista ilustrativa negativa de lo que no era una medida.54 Esa lista 
                                               
52 Véase el párrafo 362 infra. 
53 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-36 y A-37. 
54 Véase el documento TN /DS/25, página A-37. TN/DS/26 
 
- 60 - 
 
  constaba de tres elementos pero, habida cuenta de  la flexibilidad de la orientación, se podrían 
añadir otros teniendo en cuenta la evolución de la solución de diferencias de la OMC. Una forma de plantear esta lista era considerar que normalmente la medida debía ser suprimida si se constataba que era incompatible con las normas de la OMC. Los proponentes explicaron que en la práctica era 
difícil o imposible suprimir los tres puntos que figu raban en la lista y, por tanto, esos puntos eran 
buenos ejemplos de lo que no podrían constituir me didas a efectos de la solución de diferencias de 
la OMC. 
340.  Numerosas delegaciones pusieron en duda que fuera necesaria esa orientación o su utilidad. 
Una delegación indicó que hasta el momento en ninguna diferencia se había determinado que los p untos que figuraban en la lista constituyeran medidas. Algunas delegaciones preguntaron si era posible definir con antelación lo que no era una medida sin crear lagunas para los Miembros o 
impedir que los órganos resolutorios de la OMC realizaran el correspondiente análisis 
individualizado. Además, algunas delegaciones cuestionaron la necesidad de que hubiera una lista ilustrativa en lugar de indicar simplemente que todo lo que no producía efectos jurídicos no era 
una medida. 
341.  En respuesta, el proponente explicó que su objetivo era ofrecer una orientación no 
exhaustiva sobre cuestiones que todavía no se habían resuelto en la solución de diferencias de 
la OMC. Aunque no había habido constataciones in dicando que los tres puntos que figuraban en la 
lista propuesta no constituían medidas, varios Miembros habían planteado estas cuestiones en diferencias anteriores sustanciadas en la OMC.  El proponente añadió que indudablemente la 
definición no servía para que impedir que los órganos resolutorios de la OMC siguieran evaluando 
con criterio individual la cuestión de las medidas. El mantenimiento de la evaluación 
individualizada y las salvedades a la lista negativa contribuirían a evitar lagunas o cualquier uso indebido de la orientación. 
342.  En cuanto a la necesidad de una lista ilustrat iva, el proponente explicó que una definición 
demasiado general de lo que no era una medida probablemente haría que se pidieran ejemplos. Añadió que no había escuchado a ninguna delegación sostener que los puntos específicos de la 
lista debían ser considerados medidas propiamente dichas. 
343.  En respuesta, una delegación señaló que sería importante no impedir ni complicar el derecho 
de los Miembros a impugnar una serie de elementos distintos como si fuera una medida, aunque ninguno de esos elementos pudiera ser considerado en sí mismo una medida. Otra delegación 
preguntó cómo se podría impugnar, en el marco de la propuesta, por ejemplo una declaración de 
un funcionario de alto nivel o miembro del Parlamen to en la que se diera orientación política para 
prohibir la importación de un producto determinado. 
344.  El proponente respondió que la propuesta no pretendía impedir que los Miembros 
impugnaran una serie de elementos como una medida. En cuanto al ejemplo de una declaración de un funcionario de alto nivel o un miembro del Parlamento, podría servir principalmente como 
prueba de la existencia de una política de importación discriminatoria, que se manifestaría en 
medidas concretas incompatibles con la OMC adoptadas por las autoridades aduaneras del Miembro. Lo que impugnaría el reclamante sería esta política o estas medidas, no la declaración. 
345.  En respuesta a las preocupaciones expresadas por varias delegaciones, el proponente 
reconoció que al evaluar qué era una medida los órganos resolutorios de la OMC debían tener en 
cuenta la cultura jurídica de cada Miembro. La determinación de lo que constituía una medida era 
principalmente una cuestión que había que reso lver conforme a las normas de la OMC. No 
obstante, la propuesta no pretendía impedir que los órganos resolutorios de la OMC llevaran a 
cabo esta evaluación teniendo también en cuenta  el derecho interno del Miembro pertinente. Se 
trataba de una cuestión de hecho que exigía una evaluación de hecho. El proponente aclaró 
también que nada impedía que los puntos que figuraban en la lista se utilizaran como prueba en la 
solución de diferencias de la OMC. De hecho, en la nota de pie de página jj) se reconocía que los puntos se podrían utilizar también como base para la interpretación. Incluso se podría identificar esos puntos en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial. 
346.  Una delegación preguntó si la orientación propuesta cambiaría la forma en que las partes y 
los órganos resolutorios de la OMC evaluarían qué puede constituir una medida, inclusive si el reclamante tendría que evaluar los efectos de una supuesta medida antes de redactar la solicitud TN/DS/26 
 
- 61 - 
 
  de establecimiento de un grupo especial y si los órganos resolutorios tendrían que resolver esta 
cuestión con carácter preliminar. El proponente respondió que eso era lo que ocurría actualmente 
en muchos casos. 
347.  Además, en respuesta a las preguntas formuladas sobre el párrafo 2 del artículo 6 del ESD y 
las medidas que habían expirado, el proponente dijo  que estas cuestiones eran algo distintas de la 
orientación sobre lo que era una medida que podí a ser objeto de examen en la solución de 
diferencias de la OMC. 
348.  Al final del debate pregunté al proponente si podía considerar la posibilidad de incluir la 
palabra "jurídico" en la definición del segundo punto de la lista negativa propuesta ("declaraciones sin efecto jurídico, por ejemplo ...") como había propuesto un participante. El proponente indicó 
que estaba dispuesto a estudiar esta idea. Sin embargo, una delegación consideró que el término 
"jurídico" podría hacer que la definición del segundo punto fuera excesivamente restrictiva. 
349.  En conclusión, observé que a pesar de las aclaraciones útiles, seguía habiendo diferencias 
importantes entre las delegaciones en lo que respecta a la orientación propuesta sobre las 
medidas. Por lo tanto, volveremos a ocuparnos de estas cuestiones en nuestras próximas 
reuniones, cuando abordaremos también el último elemento de esta orientación propuesta, la cuestión de las "medidas imperativas y discrecionales". 
Información estrictamente confidencial (IEC) 
350.  Esta semana seguimos examinando el documento revisado del Canadá, centrándonos sobre 
todo en esta ocasión en la propuesta de definición de "IEC" que figura en el apéndice V. 
351.  El Canadá explicó que en la revisión que había hecho de esta parte del texto había 
mantenido los tres elementos acumulativos y que se apoyan mutuamente en el párrafo 1 del 
apéndice V (que la información no sea de do minio público, que se hayan hecho esfuerzos 
razonables para mantenerla secreta y que su divulgación causaría o amenazaría causar un 
perjuicio grave a un interés fundamental del titular de la información). El Canadá explicó que la 
información para la que se solicita la protección tendría que cumplir determinados requisitos. 
352.  Se preguntó cómo se podían demostrar los "esfuerzos razonables" o el "perjuicio grave a un 
interés fundamental". En respuesta se sugirió que era difícil decir con antelación cómo se 
interpretaría cada una de esas expresiones. Por ej emplo, lo que constituían "esfuerzos razonables" 
para mantener la información secreta podía depender de las circunstancias, como por ejemplo el tipo de información de que se tratase y las posibles consecuencias de que se hiciera pública. La 
intención era establecer un nivel que sería más que mínimo, aunque dando cabida a una amplia 
diversidad de posibles situaciones. Al mismo tiempo, el nivel no debería ser tan alto que disuadiera de recurrir al procedimiento, puesto que precisamente su propósito era dar garantías de que había 
disponible protección adecuada para la información sensible que en caso contrario sus titulares no 
estarían dispuestos a que se utilizara en el procedimiento. 
353.  Se reconoció que la situación de la información "filtrada", cuando la información ya no se 
podía mantener secreta a pesar de haber hecho esfuerzos razonables para ello, era delicada. En 
caso de que esa información ya fuera efectivamente de dominio público y el perjuicio relacionado con su divulgación ya se hubiera producido, probab lemente ya no sería apta para recibir protección 
con arreglo a la definición. 
354.  Se aclaró también que el término "IEC" pretendía abarcar la información comercial 
confidencial ("ICC") y otros tipos de información estrictamente confidencial y que los términos "particular o entidad" tenían por objeto inclui r a cualquier entidad (pública o empresarial) o 
particular (persona física) que pudiera ser titular de información que mereciera ser protegida. Se 
observó que en el párrafo 1 del artículo 13 figura ban términos comparables ("persona, institución, 
o autoridad") en un contexto similar, lo que plan teó la pregunta de si no deberían utilizarse 
también los mismos términos en este contexto y en qué forma se diferenciaba de este texto actual 
el alcance del término "entidad" en la propuesta. En respuesta se observó que la intención era abarcar la mayor diversidad posible de titulares de IEC, incluidas las entidades no gubernamentales. TN/DS/26 
 
- 62 - 
 
  355.  También se preguntó en qué medida las partes podrían llegar a un acuerdo para designar 
información como IEC de modo que se beneficiara de la protección incluso en el caso de que no reuniera los requisitos de la definición. Se sugirió que aunque con arreglo a la propuesta no sería posible que las partes decidieran sobre otra defi nición menos exigente de lo que constituía o 
no IEC, sería posible que una parte designara como IEC información que no reuniera los requisitos 
de la definición y que esta designación no fuera impugnada por la otra parte. En una situación así no se formularía ninguna determinación acerca de si la información satisfizo o no los criterios 
necesarios para recibir protección y, al no haber una impugnación, el grupo especial no estaría 
facultado para denegar la protección. Se discutió en este contexto si esto creaba el riesgo de que las partes abusaran de esta posibilidad poniéndose por ejemplo de acuerdo en designar todas sus comunicaciones como IEC e imposibilitando con ello que el grupo especial motivara 
satisfactoriamente sus resoluciones. En respuesta, se  indicó que en la práctica lo más probable es 
que hubiera solamente un incentivo muy limitado para que las partes en la diferencia se pusieran de acuerdo sobre una estrategia así. La posibilidad de impugnación, junto con las exigencias de 
buena fe y debida moderación (en el párrafo 2 del apéndice 5) deberían brindar contrapesos y 
salvaguardias suficientes para que no surgiera esta situación. 
356.  Se observó asimismo que otras disposiciones del ESD ofrecían una base para distinguir entre 
la información, que podía ser apta para ser protegida como IEC, y los argumentos de las partes, 
que no podían serlo. En concreto se observó que el grupo especial estaba obligado a exponer en su informe las razones de sus constataciones, lo que no era posible sin hacer referencia a los argumentos de las partes. 
357.  Se preguntó qué finalidad tenían exactamente las exigencias de actuar de buena fe y con 
debida moderación al solicitar protección IEC y si la designación se podría impugnar basándose en que no se hizo de buena fe o que la parte que la designó no actuó con la debida moderación, 
aunque la información cumpliera los requisitos para ser considerada IEC. En caso negativo, y si la 
impugnación con éxito solamente pudiera apoyarse en una determinación de si la información reunía los requisitos para ser considerada IEC con arreglo a la definición, se preguntó si eran 
necesarios estos otros elementos, teniendo en cuenta también el hecho de que la expectativa de 
buena era aplicable en general cuando se recurre a la solución de diferencias. 
358.  Se pidió que se aclararan los distintos niveles de confidencialidad que existirían en este 
procedimiento con arreglo a esta propuesta. Se aclaró que efectivamente había tres niveles 
posibles de confidencialidad de la información: en primer lugar, la información que estaría a 
disposición del público, que se abordaba en las propuestas sobre la transparencia; en segundo 
lugar, la información que era confidencial, que incluía según las normas vigentes las 
comunicaciones de las partes; y en tercer lugar la IEC, que sería objeto de protección adicional. Se 
observó también que en general no sería necesario intentar definir en abstracto los límites exactos entre información "confidencial" y "estrictamente confidencial" puesto que la cuestión de 
determinar si un elemento de información concreto constituía IEC solamente se plantearía en caso 
de que una parte la designara como tal. 
359.  Por último, el Canadá informó al grupo de que esperaba trabajar para seguir mejorando el 
texto que se había examinado en noviembre, incluidos los párrafos 4 y 5 del artículo 18. Otros 
Miembros se comprometieron a contribuir a esta labor. 
Composición de los grupos especiales 360.  En el G-40 seguimos debatiendo la composición de los grupos especiales, a partir del 
párrafo 6 del texto. 
361.  El proponente explicó que el párrafo 6 recogía ahora la idea de que la Secretaría debía 
comprobar la disponibilidad de los candidatos no al  principio del proceso de composición, sino en 
una etapa posterior. Algunas delegaciones sugirieron que aunque lo ideal sería que la Secretaría 
comprobara la disponibilidad de todos los integrantes desde el principio, con 12-20 candidatos eso podría ser sencillamente demasiado gravoso. Una delegación consideró que solamente se debería comprobar la disponibilidad después de que se hubiera seleccionado a tres personas, para evitar 
cualquier situación embarazosa. El proponente y otra delegación consideraron que se trataba de 
una cuestión de eficiencia y ahorro de tiempo, es decir, si la disponibilidad de los candidatos se comprobaba en una etapa demasiado tardía del proceso tal vez habría que repetir algunos pasos. TN/DS/26 
 
- 63 - 
 
  362.  Varias delegaciones preguntaron cómo funcionaría en la práctica el acuerdo de las partes 
respecto a los tres nombres resultantes del proceso de clasificación (que figura en el párrafo 6). El proponente explicó que la cuestión de la clasificación era distinta de la cuestión de la presidencia. En el momento de expresar sus criterios de sele cción conforme al párrafo 4 de la propuesta las 
partes también deberían expresar sus preferen cias sobre la competencia que debía tener el 
presidente. Una vez que la Secretaría hubiera presentado el resultado de la clasificación, debería obtener el acuerdo de las partes sobre el conjunto de los tres nombres y también sobre cuál de los 
integrantes presidiría el grupo especial. En todo caso, según el proponente, en el caso de que las 
partes no llegaran a un acuerdo podrían solicitar al Director General que estableciera la composición del grupo especial de conformidad con el párrafo 9, o solicitar una nueva lista de candidatos con arreglo al párrafo 7. 
363.  Una delegación pidió aclaraciones sobre lo que sucedería en caso de que dos candidatos 
tuvieran la misma preferencia combinada y el mismo grado de divergencia en la clasificación. Según el proponente, esta situación solamente sería un problema si afectara por ejemplo a dos 
candidatos que tuvieran la tercera mayor preferencia combinada. En ese caso se aplicaba la 
segunda oración de la nota de pie de página "u": la Secretaría debía seleccionar por sorteo a uno de estos candidatos. No obstante, si los dos candidatos en cuestión tenían la máxima preferencia 
combinada no habría que hacer el sorteo. Los dos candidatos formarían parte de los tres nombres 
presentados por la Secretaría a las partes. 
364.  Se preguntó también si el párrafo 7 del artículo 8 del ESD impediría que el Director General 
estableciera la composición del grupo especial en los casos en que las partes no estuvieran de 
acuerdo únicamente en cuál de los tres candidatos presentados por la Secretaría debería actuar 
como presidente del grupo especial. Según el proponente, esta situación ya se podía plantear actualmente: si las partes estaban de acuerdo en los tres nombres propuestos por la Secretaría 
pero no en quién debía presidir el grupo especial, no se establecía su composición y cualquiera de 
las partes podía solicitar al Director General que lo hiciera. 
365.  Una delegación preguntó si habría que pagar un precio por el carácter automático del 
proceso de composición del grupo especial previsto en la propuesta. Por ejemplo, en el caso de 
que las partes estuvieran de acuerdo sobre las tres personas resultantes del proceso de clasificación, pero no sobre el grupo resultante  como grupo especial, ¿cómo se podría pasar del 
párrafo 6 a los párrafos 7 o 9? ¿Había riesgo de que se bloqueara la composición y por tanto la 
solución de la diferencia? Según el proponente, no existía tal riesgo ya que cualquiera de las 
partes podía pedir al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 9. 
366.  Una delegación preguntó por qué en el párrafo 6 no se explicaba cómo la Secretaría se ponía 
en contacto con las partes para obtener su acuerdo sobre el resultado del proceso de clasificación. Según el proponente, no era necesario hacerlo: el párrafo 6 indicaba con claridad que la Secretaría 
tenía que llevar a cabo el proceso de selección y seguidamente "verificar" que las partes estaban 
de acuerdo con el resultado de ese proceso. Incluso el ESD vigente no regulaba todos los aspectos de la intervención de la Secretaría en la composición de los grupos especiales. Aparte de los elementos básicos, era conveniente disponer de cierta flexibilidad. 
367.  Varias delegaciones mostraron dudas sobre la necesidad de hacer una clasificación. Según 
una delegación, si la Secretaría proponía 12-20 candidatos desde el principio, las partes sencillamente podrían ponerse de acuerdo sobre tres de esos candidatos. En respuesta, el 
proponente explicó que eso sería lo ideal, pero qu e cuando eso no sucedía, el h echo de disponer 
de un proceso automático sería un valor añadido, aunque las partes mantendrían la libertad de no estar de acuerdo con el resultado de ese proceso. Según el proponente, indudablemente habría 
mejoras importantes en comparación con el proceso actual de composición de los grupos 
especiales, en el que vetos tácticos "quemaban" a buenos candidatos y donde las partes nunca podían estar seguras de que tenía ante sí a los mejores candidatos posibles. La propuesta permitiría que las partes conocieran todos los nombres desde el principio y esto mejoraría la 
transparencia. 
368.  Otra delegación manifestó dudas sobre la necesidad de la clasificación si de todos modos las 
partes podían pedir que la composición la estableciera el Director General, quien no tenía que 
basarse necesariamente en la clasificación. Sin embargo, según el proponente, sería conveniente TN/DS/26 
 
- 64 - 
 
  realizar la clasificación aunque las partes conocieran los nombres desde el principio y acabaran 
solicitando la composición del grupo especial al Director General. 
369.  Una delegación estuvo de acuerdo en que el hecho de que las partes manifiesten sus 
preferencias en lugar de presentar vetos era una mejora evidente prevista en la propuesta. Sin 
embargo, otra delegación consideró que al limitar el número de vetos la propuesta impediría que las partes vetaran a candidatos incluso por razones verdaderamente imperiosas. Según el 
proponente, la propuesta no impedía que las pa rtes dieran una puntuación muy baja a esos 
candidatos y también podrían reiterar sus razones contra el o los candidatos en cualquier proceso de composición que llevara a cabo el Director General. 
370.  A una delegación le preocupaba que el párrafo 9 de la propuesta limitara la función del 
Director General sin modificar formalmente el párrafo 7 del artículo 8 del ESD. La misma delegación preguntó qué sentido tendría la participación de los presidentes de los Consejos y 
Comités correspondientes si la lista de candidatos se limitaba a 20 nombres. Asimismo, ¿podría el 
Director General establecer la composición de un grupo especial integrado por candidatos que hubieran obtenido una puntuación baja y recibirían bien las partes esa decisión? 
371.  En respuesta, el proponente explicó que el Director General tendría que considerar el 
resultado global del proceso de clasificación y consultar a las partes. Indudablemente no se 
considerarían vetados los tres primeros candidatos del proceso de clasificación. El Director General 
establecería la composición del grupo especial eligiendo a los candidatos que considerara "más idóneos" de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del ESD. 
372.  Al final de la reunión el proponente explicó los cambios introducidos en la versión revisada 
de los párrafos 7 a 9 de la propuesta. 
373.  Según el proponente, el párrafo 7 introducía flexibilidad, pero seguía estando entre 
corchetes, ya que preferiría no incluirlo en el texto definitivo. La primera frase insertada en el 
párrafo 7 reflejaba la posibilidad de disponer de una nueva lista si la primera no contenía un 
número suficiente de candidatos disponibles. La segunda incorporación al párrafo 7 aclaraba que la 
Secretaría no estaba facultada para decidir si preparaba o no una nueva lista de candidatos: eso dependía exclusivamente del acuerdo de las partes. 
374.  En cuanto al párrafo 8, el proponente explic ó que la primera inserción ponía de manifiesto 
que este era el momento del proceso en que la Secretaría todavía podría tener válidamente en 
cuenta solicitudes de que hubiera candidatos procedentes de países en desarrollo. Los demás 
cambios introducidos en el párrafo 8 servían para simplificar su texto. 
375.  Por último, el proponente explicó que la versión revisada del párrafo 9 incluía dos frases 
entre corchetes en la cuarta línea para dar más flexibilidad al Director General. La tercera frase 
entre corchetes en el mismo párrafo indicaba que tal vez hubiera que verificar la disponibilidad de los candidatos en esta etapa. 
376.  No pudimos examinar todos los párrafos restantes y por consiguiente seguiremos 
debatiendo esta propuesta en nuestras próximas reuniones. 
Derechos de los terceros 377.  En un grupo pequeño y en el G-40 empezamos a debatir el documento revisado sobre los 
derechos de los terceros que había presentado un grupo de participantes (distribuido con la signatura JOB/DS/6). 
378.  En estos debates surgió convergencia en torno al enfoque propuesto en el primer punto del 
documento, es decir, los derechos de los tercer os en las consultas. Según este enfoque, los 
Miembros que hayan manifestado que tienen un interés comercial sustancial en consultas iniciadas 
de conformidad con el artículo XXII del GATT de 1994 serían asociados automáticamente a ellas a 
menos que el Miembro al que se haya dirigido la  petición notifique al Miembro peticionario y 
al OSD en un plazo de siete días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud que 
considera que la reivindicación no está bien fund ada. Además, mediante una nueva nota de pie de 
página el texto propuesto dejaría claro que los Miembros a los que se dirijan esas solicitudes deberán examinar con comprensión las representaciones que formulen los Miembros peticionarios TN/DS/26 
 
- 65 - 
 
  acerca de los motivos de su petición. Se consideró que esta solución establecía un equilibrio 
adecuado entre los intereses de las partes en la diferencia y los Miembros interesados, sin prejuzgar los tipos de consideraciones que podrían constituir el fundamento de un "interés comercial sustancial" para ser asociado a las consultas. 
379.  Se hicieron varias propuestas de redacción pa ra mejorar la forma en que se expresaría el 
texto. En la reunión en el grupo pequeño se examinaron las siguientes posibles mejoras: 
11. b) Ese Miembro será asociado a las consultas, a menos que el Miembro al 
que se haya dirigido la petición de celebración de consultas considere que la 
reivindicación del interés sustancial no está bien fundada
5 y [así lo] notifique 
por escrito al Miembro peticionario y al OSD en un plazo de siete días 
contados a partir de la fecha de recepció n de la solicitud de asociación a las 
consultas [su opinión acerca de si la  reivindicación del interés comercial 
sustancial no está bien fundada]. 
5 Al considerar si la reivindicación del interés sustancial [no] está bien fundada, El 
Miembro al que se dirija la solicit ud de celebración de consultas se 
compromete a examinar con comprensión las representaciones que pueda formular cualquier Miembro peticionario acerca de sus motivos para desear 
ser asociado a las consultas.  
380.  En el G-40 se examinaron otras posibles mejoras de redacción. Concretamente, se debatió si 
se podría situar en otro lugar la nota de pie de página, por ejemplo entre los apartados a) y b), 
para reflejar con más precisión la sucesión de acontecimientos desde la solicitud de asociación a las consultas hasta su consideración por Miembro demandado y la notificación de la decisión. 
381.  También se debatió si sería útil una notificación no solamente en los casos en que se 
denegara la solicitud (en cuyo caso siempre sería necesaria la notificación), sino también cuando no se hubiera denegado. Se observó que en esa situación, al ser la aceptación automática, no 
habría necesidad de adoptar una decisión positiva en forma de notificación. Al mismo tiempo, la 
transparencia sobre las aceptaciones y denegaciones podría ser beneficiosa. Un participante subrayó que aunque para el Miembro peticionario era esencial ser informado con prontitud del 
resultado de su petición para poder preparar su participación en las consultas, no era necesaria la 
misma urgencia para informar al OSD. 
382.  Los proponentes se comprometieron a seguir mejorando el proyecto de texto, teniendo en 
cuenta las observaciones y las sugerencias de redacción que se habían hecho, con el fin de 
presentar un texto revisado sobre la base de este nuevo consenso antes de nuestras próximas reuniones. 
Intereses de los países en desarrollo y cumplimiento efectivo 383.  Los proponentes de los intereses de los países en desarrollo y del cumplimiento efectivo 
informaron al grupo de que habían seguido trabajando con varias delegaciones y reflexionando sobre posibles formas de fomentar el cumplimiento efectivo. Recordaron en este sentido el 
simposio que habían organizado al final del año pasado sobre propuestas para mejorar el 
cumplimiento efectivo y subrayaron la importancia que atribuían a este objetivo en las negociaciones. Indicaron que también acogerían con agrado cualquier sugerencia de otras delegaciones sobre la forma de elaborar instrument os eficaces para ese fin. Seguirían trabajando 
sobre estas cuestiones para poder presentar a tiempo un texto revisado para las próximas 
reuniones. También alenté a otras delegaciones interesadas a que se pusieran en contacto con los proponentes para exponerles las preocupaciones o sugerencias que pudieran tener. 
Reenvío 384.  Los proponentes del reenvío pidieron más tiempo para preparar documentación 
complementaria sobre la puntualidad y los ejemplos prácticos para orientar el debate en el futuro. Por lo tanto, volveremos a ocuparnos del reenvío en nuestras próximas reuniones. También 
exhorté a las delegaciones interesadas en esta cuestión a que se pusieran en contacto con los 
proponentes para ayudar a que tuviéramos un debate más provechoso en nuestras próximas reuniones. TN/DS/26 
 
- 66 - 
 
  7. SEMANA DEL 5 DE MARZO DE 201255 
385.  Esta semana he celebrado consultas sobre el control de los Miembros y la flexibilidad, la 
composición de los grupos especiales, los derechos de los terceros y la información estrictamente confidencial (IEC). 
Flexibilidad y control de los Miembros 
386.  En lo que respecta a la flexibilidad y el control de los Miembros, proseguimos los debates en 
el contexto del G-40. 
Medidas objeto de examen 
387.  Recordé en primer lugar lo que consideraba que eran los resultados principales de nuestros 
debates anteriores sobre "la definición de medida". Los debates habían contribuido a aclarar varios 
aspectos, pero subsistían importantes diferencias. Se habían formulado preguntas tanto sobre el 
enfoque de "lista negativa" como sobre la lista real, por ejemplo si era excesivamente restrictivo y 
podría impedir pretensiones legítimas. Invité a los proponentes a que revisaran esa parte de la 
propuesta teniendo en cuenta esas observaciones y partiendo de un enfoque más "basado en 
principios". 
388.  A continuación pasamos a la cuestión de las "medidas imperativas y discrecionales". Los 
Estados Unidos explicaron que esa distinción se estableció por primera vez en el GATT de 1947 en 
relación con medidas promulgadas y aún no vigentes. Grupos especiales del GATT habían 
constatado que, cuando una medida imponía una actuación incompatible, podía ser impugnada en sí misma antes de su entrada en vigor porque imponía ya esa actuación incompatible. Los Estados Unidos señalaron que la distinción se había mencionado en procedimientos de solución de 
diferencias de la OMC sin una indicación clara de que se mantendría. Consideraban que, si a los 
Miembros les resultaba útil esa distinción, convendría aclararla para orientar a los órganos resolutorios. 
389.  Los Estados Unidos explicaron que la distinción entre imperativo y discrecional implica que 
una medida que otorga facultades discrecionales para actuar de manera compatible o incompatible con las obligaciones contraídas en el marco de la  OMC no podía ser impugnada en sí misma. Si una 
medida permite tanto actuaciones incompatibles con las normas de la OMC como un 
comportamiento compatible con dichas normas, no sería apropiado que en el marco del sistema de solución de diferencias se diera por sentado que los Miembros actuarían de manera incompatible con sus obligaciones, sino que habría que esperar y ver si las facultades discrecionales se ejercen 
de manera incompatible con las normas de la OMC. 
390.  Recordé que en los debates mantenidos recientemente en pequeños grupos se había 
señalado que los Miembros a menudo impugnan la medida "en sí misma" para que la parte 
reclamante no tengan que impugnar todas y ca da una de las aplicaciones de la medida. En 
respuesta, los Estados Unidos establecieron una distinción entre la determinación de si una medida es imperativa o discrecional y la cuestión de si la medida se impugna "en sí misma" o "en su 
aplicación". 
391.  En los debates celebrados esta semana en el marco del G-40, un participante cuestionó la 
procedencia de utilizar expresiones que denotaran una "norma estricta" (como "no están autorizados") habida cuenta de que se pretende qu e el documento tenga solo carácter orientativo. 
En respuesta, el proponente aclaró que el texto estaba encaminado a dar a los órganos 
resolutorios una orientación clara en forma de decisión del OSD y no de modificación del ESD o de interpretación autorizada. Los términos utilizados no lo harían vinculante. 
392.  A la luz de la explicación dada por el proponente sobre los orígenes de la distinción, se 
preguntó si la intención era abarcar tanto cuestiones de temporalidad como cuestiones de discrecionalidad. Los Estados Unidos sostuviero n que se podía considerar que las cuestiones 
temporales y las discrecionales eran dos caras de la misma moneda y que el texto tenía por objeto 
abarcar ambos aspectos. 
                                               
55 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/8. TN/DS/26 
 
- 67 - 
 
  393.  Se pidieron aclaraciones sobre la actual jurisprudencia con respecto a la cuestión de las 
medidas imperativas y discrecionales, así como sobre el motivo de esa orientación. Un participante explicó que el Órgano de Apelación había considerado que esa distinción era un instrumento analítico útil, aunque no la había respaldado. Preguntó si eso quería decir que el Órgano de 
Apelación había considerado que la distinción daría lugar a resultados no deseables si se 
respaldaba de manera general. Se observó que en el asunto Estados Unidos - Acero resistente a la 
corrosión  la distinción solo se había mencionado como instrumento analítico y que el Órgano de 
Apelación había advertido que no se debía utilizar de manera que permitiera a los Miembros eludir 
un examen en un procedimiento de solución de diferencias. 
394.  A varios participantes les preocupaba que los Miembros pudieran abusar de esa distinción 
para evitar impugnaciones de medidas "en sí mismas" ideando medidas que otorgaran a las 
autoridades cierta discrecionalidad en cuanto a cumplimiento o incumplimiento, aunque de hecho 
las autoridades nunca cumplieran. Se expresó la preocupación de que el texto pudiera constituir un incentivo para que los Miembros establecieran reglamentaciones que otorgaran a un órgano 
ejecutivo facultades sin ofrecer suficiente orientación sobre cómo ejercerlas. Si esas facultades se 
utilizaran de manera que diera lugar a una incompatibilidad con las normas de la OMC, el reclamante no estaría en condiciones de impugnar la legislación y tendría siempre que proceder 
contra la aplicación concreta. Aun cuando se pudiera demostrar que la legislación se aplica 
sistemáticamente de manera incompatible con las normas de la OMC, esa legislación no podría ser objeto de impugnación. En opinión de algunos participantes, podría resultar difícil conciliar el respaldo de esa distinción con el principio de pronta y eficaz solución de las diferencias. 
395.  El proponente estuvo de acuerdo en que no debía haber riesgo de abuso pero no 
consideraba que existiera esa posibilidad en este caso. Observó que, en la situación actual, había 
muchas medidas que podían aplicarse de numeros as formas y no podían impugnarse en sí 
mismas. Por ejemplo, las medidas que otorgan la facultad de establecer aranceles de diversas 
maneras permiten aplicaciones incompatibles porque se pueden aplicar aranceles superiores a los niveles consolidados. Sin embargo, esas medidas no podrían impugnarse en sí mismas. Los 
Estados Unidos señalaron además que el hecho de que el Órgano de Apelación haya examinado en 
determinados casos si existen facultades discrecionales indica que esta cuestión sigue siendo pertinente. Añadieron que el texto propuesto se encamina a la pronta solución de las diferencias, en la medida en que los reclamantes no tienen qu e esperar a que la medida se aplique para poder 
impugnarla en sí misma. 
396.  Un participante sugirió que la orientación sería útil si permitiera a los órganos resolutorios 
constatar que, si una medida que, por los términos en que está formulada, otorga facultades 
discrecionales para actuar de manera incompatible se aplica de cierto modo, será incompatible. Sin 
embargo, a juicio de los Estados Unidos, ello requeriría hacer conjeturas sobre la manera en que podría aplicarse la medida y equivaldría a una opinión consultiva. 
397.  Un participante observó que podría ser pr oblemático crear una norma que establezca 
expresamente que los órganos resolutorios de la OMC no están autorizados a suponer que los Miembros optarán por incumplir sus obligaciones. En su opinión, los órganos resolutorios nunca suponen comportamientos incompatibles. Sin embargo, si existe un incumplimiento continuo y 
persistente basado en una legislación que otorga discrecionalidad en cuanto a cumplir o incumplir, 
habría un historial de incumplimiento. En tales circunstancias, sería razonable suponer que, aun cuando la medida no impone formalmente una actuación incompatible, daría lugar necesariamente 
a incompatibilidades. A su juicio, en los casos en que hay una pauta de aplicación incompatible, la 
medida debe poder impugnarse en sí misma, aun cuando sea discrecional desde el punto de vista formal. Se observó también que, en caso de reiteradas aplicaciones incompatibles de una medida, 
la aplicación de la presunción de buena fe puede resultar más compleja. 
398.  En respuesta, los Estados Unidos señalaron que el ejemplo presentado sugería la existencia 
de una medida o disposición adicional que indicaba a las autoridades cómo debían actuar. En su opinión, esa situación plantearía cuestiones probatorias, pero no era el tipo de situación que el 
texto pretendía abordar. A juicio de los Estados Unidos, el hecho de que una medida se aplicara 
varias veces de manera incompatible no hace que la medida sea incompatible en sí misma. Los casos de reiterada aplicación incompatible de una medida no se podrían resolver mediante una 
constatación de que la medida que otorga amplias facultades es incompatible en sí misma como 
resultado de su aplicación. TN/DS/26 
 
- 68 - 
 
  399.  El proponente observó que hasta la fecha ningún participante había manifestado no estar de 
acuerdo en que una medida que impone actuaciones incompatibles puede ser impugnada en sí misma. Añadió que tampoco se había expresado desacuerdo con respecto a la afirmación de que si una medida otorga discrecionalidad, los órganos resolutorios no pueden suponer que el Miembro 
actuará de manera incompatible. En opinión del proponente, el desacuerdo se refiere a la manera 
de expresar esas ideas. 
400.  Un participante señaló que no había en la propuesta una definición clara de los conceptos 
"imperativo" y "discrecional". Aunque, al parecer, la intención era hacer referencia a la obligación o 
la facultad discrecional de "actuar de manera que infrinja los acuerdos abarcados", la inexistencia de esa definición creaba incertidumbre. Le parecería más adecuado que el texto se refiriera a una medida que dé lugar necesariamente a una incompatibilidad. Además, la determinación de lo que 
es "imperativo" o "discrecional" puede entrañar en la práctica una evaluación de la condición de la 
medida específica en el marco de la legislación nacional pertinente. Los Estados Unidos estuvieron de acuerdo en que la cuestión de si una medida concreta es imperativa o discrecional puede 
entrañar el examen de su condición en el marco de la legislación nacional y observaron que el 
texto real no incluía los términos "discrecional" o "imperativo", por lo que no consideraban necesario definirlos. 
401.  Se preguntó además si una medida no considerada jurídicamente vinculante en el marco de 
la legislación nacional podría, no obstante, considerarse imperativa con arreglo a la normativa de la OMC, habida cuenta del rol del derecho interno en el sistema de solución de diferencias de la Organización. Para comprender mejor la distinción entre las medidas en sí mismas y las medidas 
en su aplicación, un participante pidió a los Estados Unidos que explicaran cómo funcionaría esa 
distinción en el contexto de los sistemas basados en el derecho romano (que comprenden leyes, decretos ministeriales y decisiones administrativas). 
402.  Se señaló que la distinción tenía consecuencias por lo que respecta al tipo de medidas 
correctivas disponibles. Si se constata que una medida específica es incompatible en su aplicación y esa constatación exige que el Miembro de que se trate suprima la incompatibilidad, se corregiría 
la situación. Sin embargo, si esa medida correctiva se circunscribiera a una aplicación concreta, no 
se lograría una solución satisfactoria de la diferencia. También se observó que, cuando se constata que una medida es incompatible en conjunción con otras, las recomendaciones y resoluciones del OSD no prescriben la modificación de todas las medidas. El Miembro podía lícitamente optar 
por proceder a la aplicación modificando solo algunas de las medidas. En opinión del proponente, 
era pertinente examinar la cuestión de la aplicación, pero se trataba de un tema diferente. Aclaró que la propuesta no se refería a resoluciones sobre un grupo de medidas sino a la situación en que 
se constata la incompatibilidad de una medida que otorga facultades discrecionales. La 
consecuencia por lo que se refiere a la aplicación es que la medida no tiene que ser modificada, ya que el problema radica en su aplicación. Por ejemplo, una reglamentación que autorizara a 
funcionarios públicos a actuar de manera compatible o incompatible sería "discrecional" y no 
tendría que modificarse. 
403.  Se observó que el proponente parecía vincular el concepto de discrecionalidad con la 
cuestión del cumplimiento de la normativa de la OMC. No obstante, se indicó que también había 
discrecionalidad cuando un Miembro tenía la opción de aplicar o no una medida. 
404.  Al concluir el debate, tomé nota de las preocupaciones expresadas y de las respuestas de los 
Estados Unidos. Sugerí que sería útil proseguir los debates entre las delegaciones que han 
expresado preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que se abuse del sistema. 
405.  También examinamos los párrafos finales de la sección titulada "Orden de análisis". Los 
Estados Unidos explicaron que la cuestión que se  aborda en ellos es el marco temporal de las 
medidas examinadas por los grupos especiales. Señalaron que en la práctica diversas situaciones 
habían suscitado interrogantes. Por ejemplo, ¿podrían analizar los órganos resolutorios una medida que existía en la fecha de la celebración de consultas pero que se había modificado antes de la distribución del informe? ¿Qué sucedía en el caso de una medida que ya no existe en el 
momento en que se presenta la solicitud de celebración de consultas, o en el de una medida 
propuesta pero aún no adoptada en el momento en que se presenta dicha solicitud? TN/DS/26 
 
- 69 - 
 
  406.  El proponente señaló que, a su juicio, sería útil proporcionar orientación debido a la falta de 
coherencia en la práctica de los grupos especiales y el Órgano de Apelación. Indicó que una de las preocupaciones se refería a la situación en que una medida está en vigor en la fecha de presentación de la solicitud de celebración de consultas, pero se deroga en el momento en que se 
solicita el establecimiento de un grupo especial y se vuelve a poner en vigor posteriormente. El 
interrogante que plantea esa situación es si eso impediría formular constataciones. En opinión del proponente, el reclamante debería poder proceder y lograr que se formulen constataciones para 
evitar la existencia de blancos móviles. Los Estados Unidos también recordaron que el objetivo del 
sistema de solución de diferencias es resolver diferencias reales, por lo que si una medida ha expirado antes de las consultas, el grupo especial no debería examinarla. Por esas razones, los Estados Unidos proponen que se adopte un enfoque sencillo y que se elija una fecha única para 
determinar qué medidas pueden ser objeto de examen. Con arreglo a ese enfoque, se pueden 
examinar las medidas existentes en el momento en que se presente la solicitud de celebración de 
consultas. Otras cuestiones tendrían que abordarse como cuestiones relativas al cumplimiento. 
407.  Algunos participantes coincidieron en la conveniencia de examinar esta cuestión, porque se 
trata de un asunto jurisdiccional que actualmente no se aborda con claridad en el ESD. Se sugirió 
que se podría abordar por medio de una modificaci ón del ESD, y no mediante orientaciones a los 
órganos resolutorios. El proponente estuvo de acuerdo en que se trataba de una cuestión 
jurisdiccional y en que era conveniente recurrir al párrafo 2 del artículo 4 del ESD como fuente de inspiración. El texto de esa disposición estaba redactado en presente, lo que implicaba que la medida debe producir efectos en el momento de pr esentación de la solicitud (las medidas que ya 
no existen o que todavía no existen no producen efectos). 
408.  Se manifestó preocupación respecto de que el texto propuesto no deja claro si sería posible 
impugnar una medida que aún no está en vigor en el momento en que se presente la solicitud de 
celebración de consultas pero que se espere entre en vigor pronto. También se solicitaron 
aclaraciones sobre la situación con relación a las medidas que podían repetirse. Los Estados Unidos explicaron que esas medidas no estarían necesariamente comprendidas en el ámbito de 
jurisdicción de los grupos especiales y que la propuesta no tiene por objeto abarcar medidas 
históricas. En cuanto a las medidas que aún no están en vigor pero que existen en el momento en que se solicita la celebración de consultas, los Estados Unidos aclararon que debían quedar abarcadas. Sin embargo, no debían quedar abarcadas las medidas que aún no existen (medidas en 
proyecto), dado que no se tiene la seguridad de  que llegarán a existir. A juicio de los Estados 
Unidos, el documento definitorio debería ser la solicitud de celebración de consultas y la pregunta básica a la que ha de responderse es si la medida figuraba en dicha solicitud. 
409.  Se expresó preocupación respecto de la idea de que no se pudiera ampliar el ámbito de 
jurisdicción del grupo especial en el intervalo entre la solicitud de celebración de consultas y la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Un participante observó que, en su opinión, el 
documento que definía la jurisdicción del grupo especial era la solicitud de su establecimiento, y no 
la solicitud de celebración de consultas. Si bien coincidía en que debía haber coherencia entre los dos documentos, manifestó que le planteaba dificultades el hecho de que la propuesta excluyera medidas relacionadas con la solicitud de celebración de consultas por no existir en el momento de 
la presentación de dicha solicitud. 
410.  Los Estados Unidos reconocieron que podía haber medidas que no estuvieran comprendidas 
expresamente en la solicitud de celebración de co nsultas y que, sin embargo, pudieran incluirse en 
el ámbito de las actuaciones del grupo especial. Grupos especiales y el Órgano de Apelación 
habían reconocido que una de las finalidades de las consultas es que las partes comprendan mejor las medidas en litigio y, por tanto, habían acepta do examinar medidas existentes relacionadas con 
las indicadas expresamente en la solicitud de celebración de consultas. Sin embargo, los Estados 
Unidos no consideraban que ello permitiera añadir medidas diferentes y no relacionadas con las medidas comprendidas en la solicitud de celebración de consultas. 
411.  Di las gracias a los participantes por el provechoso intercambio de opiniones y tomé nota de 
los elementos de convergencia, así como de las preocupaciones expresadas. Alenté a los 
proponentes y a otras delegaciones a que siguieran celebrando consultas para tratar de llegar a opiniones comunes. TN/DS/26 
 
- 70 - 
 
  Composición de los grupos especiales 
412.  En lo concerniente a la composición de los grupos especiales, concluimos los debates en el 
marco del G-40, centrándonos principalmente en los párrafos 7 a 9 del texto revisado de la Unión Europea. 
413.  Un participante preguntó qué ocurriría si, debido al elevado grado de especificidad de los 
criterios fijados por las partes, la Secretaría no pudiera encontrar 12 personas aptas para integrar el grupo especial de conformidad con lo previsto en el párrafo 4. La Unión Europea recordó que, 
como se había señalado en debates anteriores, el establecimiento de criterios muy específicos 
pondría a la Secretaría en una difícil posición. Por ello, el párrafo 4 del texto prevé flexibilidad para la Secretaría. En el párrafo 7, destinado a abordar la situación de estancamiento que podría surgir cuando los criterios fueran demasiado específicos, se prevé flexibilidad adicional. 
414.  Con respecto al párrafo 7, en el que se establec e la posibilidad de que la Secretaría presente 
una segunda lista, la Unión Europea aclaró que las partes tendrían que ampliar los criterios para 
que se pudiera proponer esa segunda lista. 
415.  Se preguntó cuándo habría que presentar esa segunda lista y cómo se vería afectado el 
plazo de 20 días previsto para recurrir al Director General a fin de que estableciera la composición del grupo especial. La Unión Europea explicó que no consideraba que la propuesta modificara ese 
plazo. Por consiguiente, aunque pudieran o no haberse realizado todos los trámites de 
procedimiento previstos en la propuesta, incluida la presentación de una segunda lista con arreglo al párrafo 7, no se debía poner en duda el derecho de las partes a solicitar en ese momento que el Director General establezca la composición del grupo especial. 
416.  La Unión Europea también aclaró que la situación relativa a un "número insuficiente de 
integrantes de grupos especiales disponibles" se refería al caso en que, una vez comprobada la disponibilidad, quedaran menos de tres o de cinco personas de la lista inicial. En ese caso, la 
Secretaría tendría que proponer una segunda lista. La Unión Europea explicó que la segunda lista 
sustituiría a la primera, y las partes podrían ejercer su derecho de veto también sobre esa lista. 
417.  Seguidamente examinamos el párrafo 8, que tiene por objeto aclarar en qué momento del 
proceso de selección de los integrantes del grupo especial se tendría en cuenta una solicitud para 
la participación en dicho grupo de un integrante que sea nacional de un país en desarrollo. 
418.  Se preguntó qué implicaba la expresión "en el momento de indicar los criterios de 
conformidad con el párrafo 4" y qué ocurriría si la solicitud de participación en el grupo especial de 
un integrante procedente de un país en desarrollo Miembro se formulara en una etapa posterior. El 
proponente explicó que con esa expresión se pretendía hacer operativo el párrafo 10 del artículo 8 del ESD aclarando el momento apropiado para presentar las solicitudes con arreglo a esta 
disposición. En debates anteriores se había indicado que el momento apropiado para formular la 
solicitud sería cuando las partes comunicaran sus preferencias, lo que permitiría a la Secretaría examinar el universo de posibles integrantes del grupo especial teniendo en cuenta esas 
preferencias. En su opinión, no era necesario un plazo adicional específico para que el país en 
desarrollo Miembro considerara su condición además de considerar sus preferencias. La Unión Europea también señaló que, en la situación actual, la solicitud se hace en el momento de comunicar las preferencias. 
419.  Se solicitaron aclaraciones sobre el funcionamiento de la nota al párrafo 8, en particular con 
respecto a su primera frase, en la que se dispone lo siguiente: "[e]ntre las candidaturas que hayan tenido una preferencia combinada igual, tendrá(n) prioridad la(s) persona(s) que haya(n) tenido el 
menor grado de divergencia entre las puntuaciones de  las partes". En respuesta, se explicó que la 
intención es que la Secretaría examine cómo se obtuvieron los puntos y elija al candidato que genere más consenso. 
420.  También se preguntó cómo funcionaría esa parte de la propuesta en combinación con la 
prescripción separada de tratar de satisfacer por lo menos uno de los criterios indicados por las partes y cómo se garantizaría que se propusiera un número razonable de ciudadanos de países en desarrollo. La Unión Europea respondió que eso esta ría en manos de las partes cuando formularan 
sus criterios. A su juicio, la propuesta no cambia la situación actual, en la medida en que las partes TN/DS/26 
 
- 71 - 
 
  no saben el número de candidatos para integrar el grupo especial procedentes de países en 
desarrollo considerados por la Secretaría. 
421.  Se expresó preocupación por el hecho de que el  funcionamiento de la nota pueda aumentar 
el riesgo de que la composición global resultante de las puntuaciones no sea una combinación de 
integrantes que represente las cualidades que buscan las partes, si solo se tiene en cuenta la 
puntuación de cada candidato. A ese respecto, la propuesta puede dar lugar a que se recurra más a menudo al establecimiento de la composición del grupo especial por el Director General. 
422.  En respuesta, la Unión Europea explicó que la prescripción relativa a la participación en el 
grupo especial de un integrante procedente de un país en desarrollo estaría vinculada con el equilibrio global de los criterios definidos por las partes. El sistema no prevé dos puntuaciones 
separadas. Sin embargo, implica ejercicios de recuento distintos para asegurar un equilibrio global 
entre las preferencias y la prescripción de que en el  grupo especial participe, cuando se solicite, un 
integrante que sea nacional de un país en desarrollo. Si las partes ejercen de manera responsable su derecho a puntuar, lograrían que deberían asegurarse de que el criterio relativo a la 
participación en el grupo especial de un integrante procedente de un país en desarrollo Miembro se 
sitúe en un nivel adecuado en la puntuación y re fleje el equilibrio global de las preferencias 
expresadas. 
423.  Se preguntó además cómo determinaría la Secr etaría "el número necesario de personas" de 
conformidad con esa nota. La Unión Europea confirmó  que, con arreglo al texto actual del ESD, se 
podía esperar que ese número fuera uno. No obstante, no había nada en la propuesta que impidiera que el número fuera mayor si las preferen cias de las partes implicaban que debía haber 
más de un integrante procedente de un país en desarrollo. 
424.  Por último, se señaló una discrepancia entre el texto de la última frase del párrafo 8, que se 
refiere a un "ciudadano de un país en desarrollo", y el texto del párrafo 10 del artículo 8 del ESD, 
que se refiere a un "integrante que sea nacional de un país en desarrollo Miembro". La Unión 
Europea aclaró que no se tenía la intención de introducir el concepto de ciudadanía como elemento definitorio de dicha disposición. 
425.  Posteriormente pasamos a examinar el párrafo 9,  en el que se aclara cómo funcionaría el 
establecimiento de la composición del grupo especial por el Director General en el marco de esta propuesta. La Unión Europea explicó el texto entre corchetes de este párrafo. Señaló que las primeras frases entre corchetes ("[de ser posible] [en la mayor medida posible]") tenía por objeto 
introducir flexibilidad en la decisión del Director General de elegir personas no incluidas en la lista 
inicial de la Secretaría. El segundo texto entre corchetes ("[en la medida en que estén disponibles,]") aclaraba que el Director General también debía tener en cuenta el examen de la 
disponibilidad de los candidatos con las puntuaciones más altas, realizado en la etapa anterior. 
426.  La Unión Europea explicó que la flexibilidad prevista para que el Director General elija a los 
integrantes del grupo especial al margen de la lista inicial de la Secretaría con arreglo a las dos 
alternativas que figuran entre corchetes se ha bía introducido como consecuencia de debates 
mantenidos con otras delegaciones. Indicó que uno de los objetivos de la propuesta era precisamente limitar la discrecionalidad del Director General para nombrar a personas que las partes no tuvieran oportunidad de considerar. Por consiguiente, la Unión Europea prefería el 
segundo texto entre corchetes ("[en la mayor medida posible]"), para alentar firmemente al 
Director General a limitarse al universo de candidatos a integrar el grupo especial identificados por la Secretaría. Aclaró que la elección entre las dos alternativas da una indicación de lo difícil que 
tendría que ser la situación para que el Director General pueda apartarse de la lista. 
427.  Se pidieron aclaraciones sobre los tipos de circunstancias que podrían justificar ese 
apartamiento de la lista de la Secretaría. Se preguntó qué criterios permitirían apartarse de la lista 
al Director General, y si este tendría que explicar por qué no le había sido posible limitarse a ella. 
La Unión Europea explicó que no preveía un sistem a de impugnación o examen de la decisión del 
Director General al respecto, ni una prescripción de que el Director General justificara la decisión de apartarse de la lista. Antes bien, la finalidad de la propuesta, y en particular del texto entre 
corchetes, era dar ciertas indicaciones al Director General, pero este seguiría nombrando 
libremente a los integrantes que considerara más idóneos para la diferencia con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 8, que continuaba siendo el texto jurídico aplicable a este TN/DS/26 
 
- 72 - 
 
  respecto. Se sugirió que en ese caso tal vez que la expresión "cuando proceda" sería una 
formulación más precisa. 
428.  Se preguntó en qué difería la propuesta, que en definitiva faculta al Director General a 
nombrar integrantes de grupos especiales no incluidos en la lista, de la práctica actual, y si 
reduciría los efectos de la lista presentada inicialmente. La Unión Europea explicó que la propuesta 
tenía por objeto lograr un equilibrio adecuado. En ese sentido, era conveniente poner en conocimiento de las partes que, cuando recurren al establecimiento de la composición del grupo 
especial por el Director General, es posible que sus preferencias no sean satisfechas; no obstante, 
también era importante limitar en la mayor medida posible la facultad del Director General para apartarse de la lista. 
429.  Se preguntó asimismo de qué manera cabía esperar que el Director General tuvieran en 
cuenta las preferencias de las partes en relación con los nombres contenidos en la lista de la 
Secretaría, incluidas las objeciones por ellas form uladas con respecto a la composición resultante 
del proceso de clasificación. La Unión Europea consideraba que, tal como están actualmente las 
cosas, existe ya la posibilidad de que se produzcan diversas situaciones, y toda la gama de 
situaciones que surgen ahora también se plantear án en el marco de la propuesta. Para poder 
ejercer su responsabilidad utilizando la mejor información disponible, el Director General debía 
disponer de todas las puntuaciones e incluso consultar con las partes. 
430.  Con respecto al último texto entre corchetes del párrafo 9 ("[en la medida en que estén 
disponibles,]"), la Unión Europea explicó que ese texto tenía por objeto aclarar que el Director General no tendría que considerar personas que la Secretaría supiera que no estaban disponibles. 
Sin embargo, eso no significaba necesariamente que hubiera que comprobar todos los nombres 
antes de que el Director General hiciera su elección. Más bien, el Director General formularía su determinación teniendo en cuenta la comprobación de la disponibilidad realizada anteriormente por 
la Secretaría y la suya propia. 
431.  Se preguntó qué función significativa podrían desempeñar los Presidentes del OSD y de 
otros órganos pertinentes a los que tuviera que consultar el Director General, si para hacer su 
elección este tenía que limitarse a la lista presentada inicialmente por la Secretaría. La Unión 
Europea indicó que la propuesta no modificaba la pr áctica actual en la medida en que el Director 
General seguiría recibiendo información del personal de la Secretaría y continuaría teniendo la facultad de tomar en consideración las opiniones expresadas por los distintos Presidentes durante 
las consultas que celebre con ellos. La prescripción fundamental seguía siendo, de conformidad 
con el artículo 8 del ESD, que el Director General eligiera a los integrantes más idóneos para la diferencia de que se tratara. A ese respecto, la posibilidad de nombrar integrantes no incluidos en 
la lista inicial de la Secretaría también concedía flexibilidad al Director General. 
432.  Se hizo referencia a la anterior propuesta de establecimiento de una nómina de personas 
que pudieran ser integrantes de grupos especiales y al amplio apoyo expresado al respecto en un 
simposio reciente. La Unión Europea señaló que, en debates anteriores, esa propuesta no había 
recibido el mismo nivel de apoyo entre los participantes en las negociaciones. 
Derechos de los terceros 433.  Esta semana seguimos examinando el proyecto de texto jurídico relativo a los derechos de 
los terceros en las consultas, sobre la base de la convergencia lograda en torno al enfoque 
propuesto en el primer punto del documento. Los debates mantenidos en el grupo pequeño dieron lugar a nuevas mejoras de redacción. Se examinó el siguiente texto: 
"11. a) Cuando un Miembro que no participe en consultas que tengan lugar de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII del AGCS o las disposiciones correspondientes de los demás acuerdos 
abarcados
4 considere que tiene un interés comercial sustancial en las mismas, dicho 
Miembro podrá notificar a los Miembros participantes en las consultas y al OSD por escrito, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la distribución de la solicitud de celebración de consultas de conformidad con el mencionado párrafo, su deseo de que 
se le asocie a las mismas. TN/DS/26 
 
- 73 - 
 
  b) El Miembro al que se dirija la solicitud de celebración de consultas se 
compromete a examinar con comprensión las representaciones que pueda formular el Miembro peticionario acerca de sus motivos para desear ser asociado a las consultas. El Miembro peticionario será asociado a las consultas, a menos que el Miembro al que 
se haya dirigido la petición de celebración de consultas notifique, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado c), que considera que la reivindicación del interés comercial sustancial no está bien fundada. 
c) El Miembro al que se dirija la solicitud de celebración de consultas notificará por 
escrito al Miembro peticionario y al OSD en un plazo de siete días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de asociación a las consultas si [acepta la solicitud o considera que la reivindicación del interés comercial sustancial no está bien 
fundada] [considera que la reivindicación del interés comercial sustancial está o no 
bien fundada]." 
434.  En el marco del G-40, los proponentes informaron de que habían llegado a un acuerdo que 
atendía las preocupaciones subsistentes expresadas por algunas delegaciones. La primera frase del 
apartado b) del párrafo 11 del artículo 4 era ya aceptable. En cuanto a las dos opciones que ofrecía el texto entre corchetes del apartado c), los proponentes aclararon que, conceptualmente, 
la intención de la propuesta no era modificar la práctica actual, que permite que en las 
notificaciones se exprese la aceptación de las solicitudes de terceros de una manera sencilla sin explicar si el interés está o no bien fundad o. Teniendo esto en cuenta, los proponentes 
consideraban que el primer texto que figura entre corchetes recoge esa idea y es coherente con la 
redacción de los apartados a) y b). Los proponentes sometieron ese texto a consideración del 
grupo, indicando al mismo tiempo que estaban dispuestos a recibir sugerencias. 
435.  Una delegación preguntó si el primer texto que figura entre corchetes no socavaría la 
automaticidad incorporada en el apartado b). Señaló  la relación y la posible contradicción entre los 
dos apartados: con arreglo al apartado b), la falta de notificación entrañaría la aceptación de las solicitudes de terceros, en tanto que el texto del apartado c) exigía ("notificará") que el 
demandado notificara tanto la aceptación como el rechazo de las solicitudes, lo que, en su opinión, 
no dejaba la opción de no responder ni, por tanto, de que funcionara la automaticidad. Con la primera opción entre corchetes no quedaba claro cuál era la disposición aplicable, si el apartado b) o el c). 
436.  Posteriormente se debatió sobre la relación que existiría entre las condiciones sustantivas 
establecidas en el apartado b) y las prescripciones en materia de notificación del apartado c). Los proponentes sugirieron que sería útil mantener separados el concepto de automaticidad de la 
aceptación y la prescripción en materia de notificación. Existía la obligación de presentar una 
notificación en un plazo de siete días cuando se consideraba que la reivindicación no estaba bien 
fundada. Si no se presenta ninguna notificación, fu nciona la automaticidad y, por tanto, se aceptan 
las solicitudes de terceros. Se podría incluir por separado la obligación de comunicar al OSD qué 
Miembros habían sido aceptados. 
437.  Los proponentes coincidieron en que, desde el punto de vista intelectual, era necesario 
elegir entre la automaticidad y la notificación tanto de la aceptación como del rechazo. Sugirieron 
l a  i n t r o d u c c i ó n  e n  e l  a p a r t a d o  c )  d e  u n a  f r a s e  e n  l a  q u e  s e  r e c o n o c i e r a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  n o  
responder. Otra posibilidad que señalaron consiste en  que la notificación de la aceptación solo se 
presente al OSD con fines de transparencia. Se hi cieron sugerencias de redacción para reforzar la 
idea de automaticidad, por ejemplo por lo que respecta a aclarar la cuestión de la notificación 
al OSD. Los proponentes se mostraron de acuerdo con la idea de presentar una notificación por separado al OSD. 
438.  Observé que no parecía que las opiniones divergieran desde el punto de vista conceptual y 
que las delegaciones coincidían en que la falta de  una notificación oportuna del rechazo entrañaba 
la participación automática del Miembro peticionario. Sugerí que los proponentes y las demás delegaciones interesadas siguieran celebrando consultas sobre la redacción exacta para reflejar la 
intención común de los participantes y presentar un nuevo texto en la siguiente reunión. 
439.  El debate pasó a centrarse después en el segundo aspecto de la propuesta, referente a las 
actuaciones de los grupos especiales. TN/DS/26 
 
- 74 - 
 
  440.  Los proponentes recordaron que la propuesta relativa al artículo 10 contiene tres elementos: 
el primero, que figura en el párrafo 2 a) del artículo 10, tiene por objeto establecer un plazo para notificar el interés en participar en calidad de tercero y regular la cuestión de la notificación tardía de dicho interés; el segundo elemento, contenido en el párrafo 2 b) iii) del artículo 10, establece la 
posibilidad de participar en cada reunión sustanti va; y, por último, el tercer elemento dispone que 
el grupo especial podrá conceder a los terceros derechos adicionales únicamente si así lo convienen las partes. Los proponentes también explicaron que ello constituía un apartamiento de 
su propuesta inicial y que se tenía en cuenta la preocupación expresada de no sobrecargar la labor 
de las partes al tiempo de facilitar la participación de los terceros. 
441.  Con respecto al plazo para expresar el interés en participar en calidad de tercero, se 
manifestó apoyo respecto de la codificación de la práctica con arreglo a la cual dicho interés se 
expresa dentro de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de establecimiento del grupo 
especial. Sin embargo, se plantearon preocupaciones en relación con el trato propuesto para las notificaciones presentadas con posterioridad a ese plazo de 10 días. Varios participantes 
consideraban conveniente que se permitiera cierta  flexibilidad a ese respecto. Al mismo tiempo, se 
formularon preguntas sobre la posible repercusión en la organización por el grupo especial de su labor y en la posible carga adicional para las partes, así como en la composición del grupo 
especial, de que la notificación se recibiera de un Miembro del que fuera nacional alguno de los 
integrantes del grupo especial. Se preguntó asimismo sobre qué base decidiría el grupo especial si aceptaba esas solicitudes "tardías". 
442.  Los proponentes aclararon que el plazo de 10 días constituía una cristalización de la práctica 
actual y que podía servir de incentivo para que se presentara la solicitud dentro de dicho plazo. 
Aclararon asimismo que no consideraban que permitir la notificación tardía del interés de participar en calidad de tercero modificaría los Procedimientos de Trabajo de los grupos especiales y que el 
Miembro peticionario sufragaría el costo de la solicitud tardía. Al dejar la cuestión de la aceptación 
de la notificación tardía del interés de participar en calidad de tercero a discreción del grupo especial se pretendía tener en cuenta el hecho de que las partes pueden ser propensas a 
desacuerdos, lo que no debía obstaculizar la acep tación de solicitudes razonables. Los proponentes 
sugirieron que el grupo especial, tras consultar con las partes en la diferencia las cuestiones que les preocuparan -como la nacionalidad de los integrantes del grupo especial o la perturbación de los procedimientos-, tuviera en cuenta esas consideraciones al adoptar una decisión sobre la 
solicitud. 
443.  Con respecto a la situación en que la solicitud tardía fuera presentada por un Miembro del 
que fuera nacional algún integrante del grupo es pecial, se preguntó si esa situación pondría en 
duda su composición por considerarse posiblemente incompatible con las prescripciones del 
artículo 8, y si confiar en ese caso la decisión al grupo especial crearía para el integrante en cuestión un conflicto de intereses. En respuesta, se sugirió que esa disposición podría más bien dar 
respuesta a la pregunta, en el sentido de que no sería compatible con el artículo 8 aceptar como 
tercero a un Miembro del que fuera nacional algún integrante del grupo especial, salvo que las partes lo acordaran. 
444.  Se preguntó asimismo quién adoptaría la decisión si se recibiera una notificación tardía del 
interés de participar en calidad de tercero antes de que se estableciera la composición del grupo 
especial. Un participante tampoco estaba seguro de que el grupo especial tuviera jurisdicción para decidir sobre esa cuestión. 
445.  Hubo algún debate sobre la práctica actual con respecto a las notificaciones hechas más 
de 10 días después del establecimiento del grupo especial. Se observó que en algunos casos se habían presentado notificaciones después de concluido ese plazo y los grupos especiales las habían 
aceptado. Se observó asimismo que la práctica de los "10 días" heredada del GATT no era 
actualmente una "norma" clara. Una delegación cuestionó la existencia de una práctica clara con respecto a las notificaciones tardías del interés de participar en calidad de tercero. Otra delegación se refirió a tres asuntos en que los grupos especiales habían aceptado esas notificaciones, como 
confirmación de la práctica. 
446.  Un participante cuestionó la necesidad, desde una perspectiva de política, de codificar esa 
situación en lugar de dejarla a discreción de los grupos especiales si esos casos constituían una 
excepción. Cuestionó asimismo la necesidad, desde un punto de vista práctico, de una prórroga. 
E n  s u  o p i n i ó n ,  e l  p l a z o  d e  1 0  d í a s  d e  q u e  d i s p o n e n  l o s  M i e m b r o s  p a r a  c o n s i d e r a r  s i  d e s e a b a n  TN/DS/26 
 
- 75 - 
 
  sumarse a la diferencia como terceros en la etapa del grupo especial es suficiente, ya que 
comienza en el momento de la presentación de la solicitud escrita y comprende el período anterior a la primera y segunda reuniones del OSD. Se indicó también que disponer la aceptación de las notificaciones tardías del interés de participar en calidad de tercero podría reducir la efectividad del 
plazo de 10 días. Se preguntó qué se consideraría  un plazo prudencial para expresar dicho interés 
una vez expirado el plazo de 10 días. 
447.  Tomé nota de las cuestiones planteadas y de la disposición de los proponentes a tratar de 
lograr un texto aceptable para todos. Tomé asimismo nota de la sugerencia de dejar esta cuestión 
como algo de lo que solo pudieran eximir las partes y que no se dejara a discreción del grupo especial. 
448.  Después, el debate se centró en el segundo aspecto del texto sobre el artículo 10, es decir, 
la cuestión de los derechos que se han de otorgar a los terceros. A este respecto, indiqué que los 
proponentes habían dejado claro en su propuest a que su sugerencia de limitar las facultades 
discrecionales del grupo especial para conceder derechos adicionales a los propuestos en el 
párrafo 2 b) estaba condicionada a la aceptación de esos derechos estándar. Por consiguiente, 
para facilitar un debate constructivo, invité a los participantes a centrarse específicamente en la cuestión de si el enfoque propuesto podría constituir un equilibrio equitativo de derechos y 
obligaciones. 
449.  Los proponentes indicaron que en la propuesta solo se añadía un derecho: el de participar 
en la segunda reunión sustantiva, lo que incluiría el derecho a formular una declaración oral y el derecho a responder a las preguntas que surgieran en  esa reunión y como consecuencia de ella. La 
concesión de derechos adicionales a los identificados estaría sujeta al acuerdo de las partes, lo que 
aportaría claridad y previsibilidad en cuanto al ámbito de los derechos de los terceros y también aportaría coherencia a ese respecto. La propuesta estaba encaminada a lograr un equilibrio en el 
trato de los terceros en diferentes casos. 
450.  Un participante manifestó su apoyo a la ampliación de los derechos de tercero a ese nivel y 
a la codificación de los derechos que se han otorgado en la práctica. Varios otros participantes 
también expresaron su apoyo a que se ampliaran esos derechos y a que se asegurara al mismo 
tiempo que ese acceso no perjudicara a las partes. Sin embargo, a juicio de algunos participantes, se reflejaba un mejor equilibrio en una propuesta anterior con arreglo a la cual se permitía a los terceros participar activamente en la primera reunión sustantiva pero solo estar presentes en la 
segunda reunión, con flexibilidad para que el grupo especial otorgara derechos adicionales caso 
por caso. Otras delegaciones también expresaron preocupaciones acerca de la carga que representarían para las partes los derechos ampliados propuestos, en particular en relación con la 
segunda reunión sustantiva. Se observó asimismo que la propuesta separada sobre la 
transparencia abordaría las cuestiones de la asistencia a las reuniones sustantivas y el acceso a las comunicaciones escritas. 
451.  Los proponentes explicaron la necesidad de reservar en la segunda reunión sustantiva una 
sesión destinada a los terceros para hacer declaraciones orales y responder a preguntas. 
Establecieron una distinción entre el derecho a estar presente y el derecho a participar activamente, y aclararon que, cuando las reuniones se abrieran al público, los terceros no tendrían 
que estar presentes en la sala. 
452.  Se preguntó también si no era adecuado realizar esa codificación en el texto del artículo 10 
del ESD, y no en el Apéndice 3. A este respecto, se hizo hincapié en que la regulación de los 
derechos de los terceros en el propio artículo 10 podría crear un desequilibrio con relación a los 
derechos de las partes, que se detallaban en el Apéndice. 
453.  Alenté a los participantes a examinar las vinculaciones existentes entre esta propuesta y la 
propuesta sobre la transparencia (audiencias públicas y acceso a las comunicaciones) habida 
cuenta de que, a mi juicio, ambas propuestas no se excluyen mutuamente. Tomé nota de la necesidad de que hubiera un equilibrio en el texto, como cuestión de simetría en la redacción, entre la formulación de los derechos de las partes y los derechos de los terceros. Animé a los 
participantes a que trataran de salvar las diferencias existentes en cuanto a la forma y al fondo 
con respecto a estas cuestiones. TN/DS/26 
 
- 76 - 
 
  Información estrictamente confidencial (IEC) 
454.  Esta semana también concluimos en el marco del G-40 el examen del apéndice 5 del texto 
revisado sobre la IEC presentado por el Canadá. 
455.  Se siguió debatiendo la función de las prescrip ciones de actuar de "buena fe" y proceder con 
la "máxima moderación" al recurrir al procedimiento. Se reiteró que en el párrafo 10 del artículo 3 
del ESD estaba ya incorporada una prescripción general de actuar de buena fe, por lo que no era 
necesario repetirla en un párrafo específico del texto. Se sugirió que quizá sería más apropiado incluir en algún texto introductorio una referencia general al párrafo 10 del artículo 3 que abarcara 
todas las etapas del procedimiento. 
456.  Se volvió a preguntar qué finalidad tenía hacer también referencia a la "máxima 
moderación" y qué situaciones se pretendía que abar cara esa expresión, habida cuenta de que la 
existencia de una definición y de un mecanismo de impugnación parecería indicar las situaciones 
en que era legítimo recurrir al procedimiento relativo a la IEC. También se preguntó si esa referencia implicaba que la definición debía ser objeto de una interpretación estricta. ¿Se pretendía 
que, aun cuando la información estuviera comprendida en el alcance de la definición, la parte de 
que se tratara tuviera que considerar la posibilidad de no solicitar una protección adecuada para esa información? A este respecto, se indicó que, según la condición jurídica de la información, 
quizá no sería posible decidir no solicitar su protección. 
457.  El proponente aclaró que el concepto de "moderación" tenía por objeto, al igual que la 
referencia a la buena fe, impedir abusos. Señalaría a los Miembros la necesidad de considerar 
seriamente si debían recurrir a procedimientos adicionales, teniendo en cuenta la carga que suponían para las actuaciones, y el objetivo general de transparencia de las actuaciones. Había que hacer una distinción -adujo el proponente- entre, por un lado, la naturaleza de la información 
y su valor para el titular y, por otro, la evaluación por el Miembro de la contribución de esa 
información a los procedimientos y su decisión de presentarla como IEC. 
458.  Se identificaron posibles situaciones de abus o, por ejemplo cuando solo una parte limitada 
de la información contenida en un documento fuera estrictamente confidencial, en cuyo caso podría bastar con identificar como confidencial esa información en vez de todo el documento. Sin 
embargo, se observó que, incluso en esa situació n, tales cuestiones podrían abordarse recurriendo 
al mecanismo de impugnación y a la aplicación de la definición. En respuesta, el proponente señaló que el objetivo era evitar tener que llegar a esa etapa, alentando a los Miembros a reflexionar desde el principio si debían solicitar protección en el marco del procedimiento relativo a la IEC. 
459.  Un participante indicó que al parecer lo que se discutía era la idea de que el recurso al 
procedimiento debía ser algo de carácter "excepcional". Otro participante señaló que el equilibrio 
adecuado sería el que permitiera a las parte exponer el caso en su totalidad, con lo que el grupo 
especial podría tener a su disposición la información pertinente para sus determinaciones y al mismo tiempo se impedirían abusos. Aunque, en definitiva, la cuestión podría decidirse sobre la 
base de la definición establecida en el mecanism o de impugnación, convenía instar a los Miembros 
a que no recurrieran al procedimiento a la ligera. Se hicieron sugerencias de redacción específicas, entre ellas, la de que se incluyera una frase general en el sentido de que "cada parte procederá con la máxima moderación en el ejercicio de lo s derechos que le corresponden de conformidad con 
lo previsto en el presente Apéndice", o un texto equivalente. El Canadá manifestó su disposición a 
examinar formulaciones alternativas. 
460.  También se examinó el funcionamiento del mecanismo de impugnación propuesto. En 
particular, se preguntó cómo funcionaría la presunción de trato de la información como IEC y si se pretendía que en el marco del mecanismo la carga de la prueba recayera en la parte que 
impugnara la designación. El Canadá confirmó que esa era su intención. Se señaló que, habida 
cuenta del carácter acumulativo de los tres elementos de la definición, bastaría con que la parte que presentara la impugnación demostrara que no se cumplía cualquiera de las condiciones. A la 
inversa, imponer la carga de demostrar que se cumplen las tres condiciones al Miembro que 
hiciera la designación, podría resultar excesivamente gravoso. La asignación propuesta de la carga de la prueba también era coherente -indicó el Canadá- con la presunción de buena fe. 
461.  En cambio, con arreglo al párrafo 4, la presunción se invertiría, en el sentido de que 
correspondería a la parte que alegara la necesidad de protección demostrar que la información en TN/DS/26 
 
- 77 - 
 
  cuestión merecía protección como IEC. A este respecto, se reconoció que el nivel de protección 
otorgada al amparo del párrafo 4 era menor que el de la concedida al amparo del párrafo 3, ya que, por hipótesis, la información se habría facilitado inicialmente sin protección. 
462.  Se sugirieron mejoras de redacción específicas del párrafo 3, incluida la sustitución del 
término "criterios" por el término "definición" y de la expresión "el grupo especial estima" por la expresión "el grupo especial decide". El Canadá se mostró de acuerdo con las modificaciones 
propuestas y estuvo asimismo de acuerdo en revisar de manera similar, mutatis mutandis , los 
términos del párrafo 4. 
463.  También se sugirió que se podrían aclarar los términos utilizados para describir qué se debía 
hacer con la información y el material que la contuviera en el caso de que la parte optara por retirarla tras resolverse favorablemente una impugnación. Concretamente, no estaba claro en qué se diferenciaba el "contenido" de la información de la información propiamente dicha, ni cómo se 
podría devolver la "información" aparte de restit uyendo el documento físico o el soporte que la 
contuviera. Se preguntó asimismo si sería siempre apropiado solicitar que no se utilizara la información, cuando su retiro pudiera ser resultado de una determinación en el sentido de que era 
de dominio público o de que el titular de la información fuera la otra parte y no hubiera solicitado 
protección para ella. 
464.  En respuesta, el Canadá indicó que se podría revisar esa parte del texto para establecer una 
distinción entre: 1) la devolución de lo que se pu diera devolver físicamente; 2) la destrucción de lo 
que no se pudiera devolver; y 3) la no divulgación de la información de la que solo se tuviera conocimiento como consecuencia de su presentación en las actuaciones. 
465.  El Canadá también acordó revisar el texto con miras a dejar claro que si la parte que hacía 
la designación no se oponía a la impugnación, no sería necesario realizar todo el procedimiento ni 
obtener una determinación del grupo especial. 
466.  En respuesta a una pregunta, el Canadá aclaró además que, si un tercero solicitara la 
adopción de un procedimiento, en cuyo caso el grupo especial tendría facultades discrecionales 
para hacerlo o no, esa decisión no se basaría en una evaluación de si la información en cuestión cumplía los términos de la definición que figuraba  en el apéndice 5. Antes bien, el procedimiento 
previsto en dicho apéndice no se podría iniciar hasta que se hubiera adoptado un procedimiento de 
conformidad con el párrafo 4 del artículo 18 (a solicitud de una parte o un tercero). A este respecto, el Canadá explicó que también estaba examinando los términos de los párrafos 4 y 5 del artículo 18, a fin de establecer una distinción más clara entre el derecho a solicitar la adopción de 
un procedimiento relativo a la ICC (que se abordaría en el párrafo 4 del artículo 18) y los derechos 
y obligaciones dimanantes de ese procedimiento una vez adoptado (que se abordarían en el párrafo 5 del artículo 18). 
467.  En respuesta a una pregunta sobre la medida en que el procedimiento propuesto diferiría de 
los procedimientos de trabajo anteriormente adoptados en relación con la ICC, y habida cuenta 
también de la propuesta conexa de decisión del OSD, se facilitó a los participantes información 
sobre los procedimientos de trabajo relativos a la ICC adoptados por anteriores grupos especiales. 
468.  Para concluir, el Canadá expresó su disposición a revisar el texto de su propuesta a la luz de 
las observaciones formuladas, con miras a presentar un nuevo texto revisado. 
8. SEMANA DEL 7 DE MAYO DE 2012
56 
469.  Esta semana he celebrado consultas sobre los derechos de los terceros, el control de los 
Miembros y la flexibilidad, el reenvío, la información estrictamente confidencial (IEC) y los 
intereses de los países en desarrollo. 
Derechos de los terceros 
470.  En lo relativo a los derechos de los terceros, continuamos debatiendo el texto revisado 
presentado por los Amigos de los terceros57, tanto en el grupo pequeño como en el G-40. 
                                               
56 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/9. 
57 Distribuido como documento JOB/DS/6. TN/DS/26 
 
- 78 - 
 
  Derechos de los terceros en los procedimientos de apelación 
471.  En el G-40 debatimos en primer lugar los derechos de los terceros en los procedimientos de 
apelación. Los proponentes recordaron que no proponían texto nuevo sobre este tema, sino que respaldaban la propuesta que figura en el texto del Presidente de julio de 2008. 
472.  Varias delegaciones se declararon partidarias de permitir cierta flexibilidad para sumarse a 
las actuaciones en la etapa de apelación y dijeron estar dispuestas a considerar disposiciones de tipo logístico y práctico para abordar las preocupaciones de otras delegaciones sobre las cargas 
que ello pudiera entrañar. 
473.  Algunas delegaciones reiteraron su preocupación en cuanto a que esta propuesta entrañase 
cargas adicionales tanto para el Órgano de Apelación como para las partes. A su juicio, las audiencias se verían especialmente afectadas: cuantos más terceros haya menos tiempo queda 
para que las partes expongan sus argumentos, y menos contribuye el proceso a que las partes 
resuelvan la diferencia. 
474.  A esta preocupación se respondió que dar a lo s Miembros la posibilidad de convertirse en 
terceros participantes en la etapa de apelación no equivalía a crear una nueva clase de partes 
intervinientes, ya que tendrían los mismos derechos que ya tienen los actuales terceros participantes. Asimismo, se preguntó si realmente la propuesta aumentaría el número total de 
terceros, dado que, de conformidad con las reglas en vigor, la necesidad de reservarse los 
derechos de tercero en la etapa del grupo especial también generaba una carga adicional para los Miembros que deseasen reservarse intereses sistémicos. En respuesta a esta observación, se indicó que los Miembros de la OMC que optaran por aplazar su participación hasta la etapa de 
apelación tendrían que presumir que todos los informes de grupos especiales serían objeto de 
apelación, algo que no sucede. 
475.  Se sugirió que, en cualquier caso, el Órgano de Apelación tendría la posibilidad de abordar 
las cuestiones relacionadas con el número de participantes gestionando la participación con el fin 
de garantizar un procedimiento equilibrado, del mismo modo que hace actualmente. Un participante dudó de que el Órgano de Apelación realmente fuese a actuar de ese modo. Un 
proponente observó que las disposiciones de procedimiento se debían incluir en los Procedimientos 
de trabajo del Órgano de Apelación, en vez de en el ESD. Se sugirió incluir en el texto una aclaración general en el sentido de que la participación de los terceros no debía tener un efecto desfavorable en la capacidad de las partes de exponer sus argumentos, dejando al Órgano de 
Apelación que se ocupara de los detalles de cómo lograrlo mediante sus Procedimientos de 
trabajo. 
476.  Asimismo, se señaló que, de acuerdo con la práctica actual, las partes normalmente conocen 
la opinión de los terceros participantes, dado que ya la han manifestado en la etapa del grupo 
especial. Se dio a entender que la nueva participación en la etapa de apelación implicaría que los terceros pudieran plantear cuestiones jurídicas, comunicaciones y argumentos nuevos que las 
partes tendrían que abordar, lo que, según se adujo, socavaría la capacidad de las partes de 
defender sus intereses y centrarse en la solución de su diferencia. Se preguntó si era posible responder a esta preocupación imponiendo límites a las cuestiones que podrían plantear los terceros participantes nuevos o aplicando un umbral adicional para la participación. 
477.  El proponente observó que son los apelantes y otros apelantes quienes definen las 
cuestiones examinadas en la apelación y que los terceros, independientemente de su número, no tienen esa prerrogativa. Ni siquiera teniendo en cuenta el principio de iura novit curia  veían la 
posibilidad de que los terceros participantes nuevos planteasen cuestiones nuevas en apelación. 
Todo lo que pueden hacer los terceros, adujeron, es añadir argumentos nuevos, apoyar los ya planteados o aportar más perspectivas sobre cuestiones ya examinadas. En lo relativo a la 
sugerencia de aplicar un umbral adicional para la participación, se observó que, actualmente no 
hay en la práctica límites a la participación en la etapa del grupo especial. Además, sería muy difícil establecer un criterio para decidir a qué Miembros se deberían otorgar derechos de tercero. 
478.  También se debatió qué podía mover a un Miembro a convertirse en tercero participante en 
la etapa de apelación. Se manifestó preocupación por la posibilidad de que se expresase tal interés 
en función del resultado del procedimiento del grupo especial en lugar de en función de las TN/DS/26 
 
- 79 - 
 
  cuestiones abordadas, lo que polarizaría los debates. En respuesta a esta preocupación se indicó 
que en la actualidad la situación no era diferente, ya que esa polarización también podía darse en la etapa del grupo especial. Asimismo, se señaló que posiblemente en realidad se tratase de una asignación más eficiente de los recursos, ya que en la actualidad los Miembros se ven obligados a 
sumarse a las actuaciones en la etapa del grupo especial sin saber necesariamente si la cuestión 
que les interesa será pertinente. Al igual que en debates anteriores, se señaló que es posible que no todas las cuestiones aparezcan claramente desde el principio de las actuaciones del grupo 
especial. 
479.  Una delegación subrayó la importancia de que todos los Miembros de la OMC tuviesen la 
oportunidad de participar en las actuaciones, en es pecial en esa etapa, debido al papel del Órgano 
de Apelación en la aportación de interpretaciones jurídicas de los acuerdos abarcados. A esto 
siguió un debate sobre la diferencia entre las interpretaciones autorizadas de los Acuerdos de 
la OMC adoptadas por el Consejo General y la Conferencia Ministerial en ejercicio de la facultad exclusiva que les otorga el artículo IX del Acuerdo sobre la OMC y las interpretaciones jurídicas 
formuladas por los grupos especiales y el Órgano de Apelación, que únicamente son vinculantes 
para las partes en la diferencia. Se indicó la importancia de esta propuesta, en especial para los países en desarrollo con limitaciones de recursos que no podían participar en la etapa del grupo 
especial. 
480.  Se indicó que la obligación de reflejar los argumentos de los terceros sería más engorrosa si 
hubiese más terceros, a lo que se respondió señalando que esta carga no se debía sobrestimar: reflejaba la práctica actual y consistía simplemente en incluir los argumentos en el informe. 
481.  Tomé nota de las opiniones manifestadas. Ob servé que varias delegaciones apoyaban que 
se ampliasen los derechos de los terceros en esta etapa, al tiempo que comprendían la importancia de no recargar el proceso. Asimismo, observé que las delegaciones estaban dispuestas a estudiar 
formas de dar respuesta a esas preocupaciones. 
482.  También examinamos el propio texto, entre otras cosas la manera en que debería 
expresarse el interés en sumarse al procedimiento, el plazo para manifestar tal interés y la 
descripción de los derechos de los terceros participantes. 
483.  En lo que se refiere a la manera en que se debe ría expresar el interés, se puso de manifiesto 
una discrepancia entre el texto del párrafo 4 del artículo 17 de la propuesta, que hace referencia al 
"interés en ello", y el párrafo 2 del artículo 10 del ESD, donde se hace referencia a un interés 
sustancial en "el asunto". Esto no dejaba claro cuán amplio podía ser el alcance de la expresión de 
interés. Se planteó si para participar en las actuaciones del Órgano de Apelación debería haber un umbral más bajo que para hacerlo en las actuaciones de un grupo especial. Un proponente señaló 
que no estaba sugiriendo que se aplicase un umbral más bajo, si bien los umbrales podrían ser 
diferentes, en la medida en que el interés en participar podía tener un carácter más sistémico. 
484.  Se sugirió sustituir el texto sobre la notificación de interés recogido en el apartado b) por el 
texto inicial del G-6, que era un reflejo del artículo 10.
58 Sin embargo, también se señaló que, 
habida cuenta del limitado alcance de las apelaciones definido en el párrafo 6 del artículo 17 del ESD, el interés en cuestión solo se podría referir a asuntos incluidos en ese alcance. En este sentido, una referencia a "el asunto" podía ser demasiado amplia. Se propuso modificar el texto 
del apartado b) para hacer referencia al "interés en la apelación". 
485.  Se cuestionó el plazo de cinco días previsto en el párrafo 4 b) del artículo 17 para expresar 
el interés a la luz de los Procedimientos de trabajo del Órgano de Apelación revisados. Los 
Miembros tendrían que sumarse como terceros antes de recibir el anuncio de otra apelación. Al 
mismo tiempo, un plazo más amplio podría complicar más la entrega de documentos. 
486.  En un primer momento se sugirió un plazo alternativo calculado a partir de la fecha de 
distribución del informe, pero se observó que debería ser posible sumarse a una apelación después  
                                               
58 "Solamente las partes en la dife rencia, con exclusión de terceros, po drán recurrir en apelación contra 
el informe de un grupo especial. Los terceros que hayan no tificado al OSD un interés sustancial en el asunto de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 10, tendrán la oportunidad de ser oídos y de  podrán presentar 
comunicaciones por escrito al Órgano de Apelación, qu e podrá darles la oportunidad de ser oídos." (Véase 
también el documento TN/DS/25, página A-11, propuesta de párra fo 4 c) del artículo 17.) TN/DS/26 
 
- 80 - 
 
  de que se presentase, no antes. En vez de ello se sugirió un plazo relativo que hiciese referencia al 
plazo de la notificación de otra apelación, por ej emplo "dentro de los tres días siguientes al plazo 
del anuncio de otra apelación". 
487.  Los proponentes manifestaron su disposición a estudiar un texto basado en una fórmula del 
tipo "dentro de los ... días", pero seguían preocupados por la entrega de documentos. Un 
participante observó que, de conformidad con los Procedimientos de trabajo del Órgano de 
Apelación vigentes, el plazo para presentar la comunicación escrita de un tercero participante es 
de 21 días contados a partir de la fecha de presentación del anuncio de apelación. Se indicó que 
era conveniente dejar al Órgano de Apelación que determinase el modo de entregar los documentos a los nuevos terceros participantes. 
488.  En cuanto a los derechos de los terceros participantes, se señaló que aparentemente se 
daba a los terceros participantes un margen amplio en  el apartado c), en el que se hace referencia 
al "derecho a ser oído". Sin embargo, también se indicó que ese texto era en realidad más restringido que el texto que habla de "participar" en el apartado b). Una delegación observó que 
debía aclararse qué acceso deberían tener los terceros participantes a documentos que no fuesen 
el anuncio de apelación. Asimismo, se propuso fusionar los apartados b) y c). 
489.  A modo de conclusión del debate, animé a los dos grupos de proponentes a que buscasen un 
terreno común de entendimiento en relación con los asuntos examinados, en consulta también con 
otras delegaciones interesadas. 
Derechos de los terceros en los procedimientos sobre el cumplimiento 
490.  Los proponentes explicaron que no deseaban modificar el sentido de esta disposición y que 
su intención era únicamente proponer un texto más claro. Entendían que ni el texto del ESD en 
vigor ni tampoco la propuesta de secuencia establecen obligación alguna de solicitar la celebración de consultas antes de solicitar el establecimiento de un grupo especial del párrafo 5 del 
artículo 21, si bien es posible. A su juicio, era necesario aclarar que, cuando se solicita la 
celebración de consultas, es posible manifestar el interés como tercero siempre que se trate de consultas abiertas. 
491.  Recordé que, en el contexto de nuestros debate s sobre la secuencia, se propusieron cambios 
en el párrafo 5 del artículo 21, entre otras cosas en  lo relativo a las consultas. Concretamente, se 
propuso aclarar en el párrafo 5 c) i) del artícu lo 21 que "Los procedimientos previstos en el 
presente párrafo no exigen que la parte reclamante solicite la celebración de consultas de 
conformidad con el artículo 4 antes de solicitar el establecimiento de un grupo especial." Los 
proponentes aclararon que trataban de evitar cual quier ambigüedad que pudiese derivarse de esta 
formulación, ya que, adujeron, cabe interpretar que este texto excluye o permite las consultas. 
492.  Invité a los participantes a formular observaciones sobre dos aspectos: i) en primer lugar, si 
hay acuerdo en torno a la idea de que, si se solicita la celebración de consultas en el contexto de procedimientos sobre el cumplimiento en el marco del párrafo 5 del artículo 21, se puede expresar 
el interés como tercero en esas consultas en las mismas condiciones que en el procedimiento 
inicial; y  ii) en caso afirmativo, si la reformulación propuesta del párrafo 5 c) i) del artículo 21 
plasma esta intención de manera adecuada. 
493.  Varios participantes pidieron que se aclarase en qué se basaba la percepción de los 
proponentes de que el texto convenido anteriorme nte no era claro. Los proponentes explicaron 
que conceptualmente consideraban que todas las delegaciones estaban de acuerdo en que las consultas son optativas, y por tanto seguían siendo posibles. Explicaron que aunque no 
interpretaban que el texto actual excluya las consultas, algunas delegaciones podrían interpretarlo 
de esa manera. Señalaron que la formulación negativa podría tener alguna significación jurídica y pretendían aportar más claridad. 
494.  Pedí a los participantes que confirmasen sus puntos de vista al respecto. Los participantes 
confirmaron que entendían que el sentido que se pretendía que tuviese el párrafo 5 c) i) del artículo 21 era permitir, no exigir, que se celebrasen consultas antes de que se solicite el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21. Asimismo, 
los participantes confirmaron su entendimiento de que, si se solicitaba la celebración de consultas TN/DS/26 
 
- 81 - 
 
  en el contexto de un procedimiento del párrafo 5 del artículo 21, el interés como tercero podía 
expresarse del mismo modo que en el procedimiento inicial.59 
495.  Se observó que el texto propuesto no tenía ning una vinculación específica con la cuestión de 
los terceros, y que el texto inicial formaba parte del texto sobre la secuencia convenido 
anteriormente. Los proponentes dijeron que la intención no era reabrir algo ya convenido, sino que 
invitaban a los participantes a explicar por qué el texto revisado propuesto no era aceptable y a que indicasen qué aspectos de dicho texto les preocupaban. 
496.  Un participante señaló que preferiría que hubiese una referencia expresa al artículo 4 en el 
texto. Un proponente respondió que tal referencia era innecesaria al haber una referencia genérica 
a los "procedimientos previstos en el presente En tendimiento" en el párrafo introductorio. Otro 
participante indicó que la reformulación propuesta era quizá más sencilla y por tanto preferible. 
Derechos de los terceros en los procedimientos del párrafo 6 del artículo 22 
497.  A continuación examinamos el texto relativo a los párrafos 6 y 7 del artículo 22. Los 
proponentes explicaron que actualmente el ESD no aborda la participación de los terceros en los 
procedimientos del párrafo 6 del artículo 22, aspecto que se deja a la discreción del árbitro. A su 
juicio, permitir la participación de los terceros y aclarar la situación en el ESD aportaba un valor añadido. 
498.  Señalé que el texto se basaba en propuestas separadas sobre el párrafo 6 del artículo 22 y 
el párrafo 7 del artículo 22. La propuesta examinada se refiere únicamente a: i) la frase final del párrafo 6 a), en relación con la cual se propuso que el interés expreso de un tercero en un arbitraje del párrafo 6 del artículo 22 se pudi ese expresar en condiciones comparables a las 
aplicables a actuaciones de un grupo especial inicial; y ii) la referencia al párrafo 4 del artículo 17 
hecha en el párrafo 7 del artículo 22, en donde se propone la posibilidad de apelar contra la decisión del árbitro. La cuestión de si debe haber una apelación respecto de ese procedimiento era 
una cuestión separada aún sin resolver. Por consiguiente, esta parte de la propuesta era 
pertinente únicamente en la medida en que se acepte que haya apelación, y los proponentes de los derechos de los terceros confirmaron que no adoptaban ninguna posición en torno a si debía 
ser así. 
499.  Un proponente explicó que en los arbitrajes del párrafo 6 del artículo 22 se tratan dos 
cuestiones: las alegaciones sobre el nivel de la anulación o menoscabo y las alegaciones de que no se han seguido los principios y procedimientos del párrafo 3 del artículo 22 del ESD. Por 
consiguiente, se refieren a cuestiones fácticas y jurídicas. De conformidad con la práctica actual, la 
participación y su alcance se dejan a la discreción del árbitro. El valor de la propuesta estribaba en que abordaba esta incertidumbre. La idea consis tía en expresar que el artículo 10 del ESD se 
aplica mutatis mutandis ; por consiguiente, cualquier derecho otorgado de conformidad con el 
artículo 10 también se reflejaría en los procedimientos del párrafo 6 del artículo 22. Cualquier Miembro que desease convertirse en tercero sabría desde el principio del proceso qué derechos se 
le concederían. 
500.  Una delegación expresó su apoyo a esta propuesta, señalando que a menudo los árbitros se 
enfrentan a hechos limitados y a cuestiones jurídicas de importancia y podrían beneficiarse de la información facilitada por los terceros. Asimismo, se mostró de acuerdo en que la referencia al 
artículo 10 mutatis mutandis  era una manera eficaz de abordar esta cuestión y preguntó si todos 
los Miembros tendrían que expresar su interés otra vez para convertirse en terceros en esta etapa. 
Un proponente replicó que, dado que los arbitrajes a menudo tienen lugar varios años después de 
la iniciación de los procedimientos iniciales, pedir a todos los Miembros que confirmasen su interés 
aportaría una mayor seguridad jurídica. 
                                               
59 Véase el documento TN/DS/25, página B-4, párrafo 19: "Por lo que se refiere a la función de las 
consultas en el procedimiento sobre el cumplimiento , hubo apoyo general en el marco del pequeño grupo 
ampliado respecto de que era posible, aunque no obliga torio, celebrar consultas antes del establecimiento de 
un grupo especial sobre el cumplimiento, y el entendimiento de que el párrafo 5 c) i) del artículo 21 refleja esto 
de manera adecuada. Además, hubo apoyo general respecto  de que, debido a que en el párrafo 5 c) i) del 
artículo 21 se hace referencia al artícu lo 4, la participación de terceros era posible si se solicitaba la celebración 
de esas consultas." TN/DS/26 
 
- 82 - 
 
  501.  Otra delegación veía con buenos ojos las propuestas destinadas a ampliar los derechos de 
los terceros, pero consideraba preciso encontrar un equilibrio entre la ampliación de los derechos y la eficiencia del sistema de solución de diferencias. Señaló que la propuesta parecía ir demasiado lejos, y que preservar las facultades discrecionales del árbitro de conceder derechos de tercero 
según las circunstancias de cada caso contribuía a lograr ese equilibrio. 
502.  Sin embargo, algunas delegaciones observaron que en la etapa de retorsión, en la que ya 
hay una constatación de incompatibilidad y un re clamante con derecho a suspender obligaciones 
respecto de otro Miembro, la situación tiene cierto grado de urgencia y es de carácter 
esencialmente bilateral, e implica cálculos, datos comerciales y análisis econométricos que son específicos de las relaciones entre las partes, más que cuestiones jurídicas sistémicas. Un proponente observó que, de conformidad con las normas vigentes, el árbitro carece de orientación 
sobre cuestiones como la manera de formular determinaciones sobre el nivel de la anulación o 
menoscabo, cuál debe ser el punto de partida de los cálculos o el método que se debe seguir. El enfoque seguido en un caso puede repetirse en otros casos y ser seguido como ejemplo. Por tanto, 
otros Miembros pueden tener interés en contribuir presentando sus opiniones sobre el enfoque que 
se debe seguir. Otro proponente adujo que las alegaciones relativas a los principios y procedimientos del párrafo 3 del artículo 22 del ESD, entre ellas las cuestiones relativas a la 
retorsión cruzada, revisten un interés en gran medida sistémico, sobre todo en el sistema actual, 
en el que no se apela contra las resoluciones arbitrales. 
503.  Un participante observó que si se planteaban cuestiones jurídicas de interés sistémico, se 
debían abordar por otra vía, no a través de la participación de terceros en procedimientos del 
párrafo 6 del artículo 22. Una delegación se mostró de acuerdo en que en los arbitrajes se pueden 
plantear cuestiones jurídicas de importancia sistémica, como el concepto de ventajas, el alcance de la infracción, el alcance y la medida del cumplimiento y el incumplimiento, el concepto de 
anulación o menoscabo, el significado de equivalencia o la manera de garantizar la equivalencia. 
Sin embargo, señaló que al mismo tiempo la inte rvención de otros participantes entrañaba costos, 
especialmente en esta etapa, en la que había un gran interés en acelerar el proceso. Recordó que 
hasta la fecha la práctica consistía en permitir la participación de terceros en circunstancias muy 
limitadas, como ilustraban los procedimientos en CE - Hormonas .
60 La concesión de derechos de 
tercero en ese caso había equivalido más bien a una consolidación de procedimientos sobre asuntos casi idénticos, en los que el resultado de un arbitraje podía afectar al resultado del otro. A 
su juicio, la participación de los terceros debía seguir permitiéndose únicamente en esas 
circunstancias muy limitadas. Uno de los proponentes manifestó su reticencia a limitar los derechos solo a los Miembros que participen en diferencias similares; a su juicio, las ventajas de la 
propuesta eran mayores que los riesgos y las demoras se podrían gestionar a través de los 
procedimientos de trabajo. 
504.  Continuamos este debate en el G-40. En ese contexto, los proponentes explicaron que el 
objetivo de su propuesta es permitir a los Miembros participar en calidad de tercero respecto de 
cuestiones sistémicas en las que tengan interés, incluida la aplicación de procedimientos del párrafo 3 del artículo 22 del ESD. Se señaló qu e los árbitros de arbitrajes del párrafo 6 del 
artículo 22 anteriores han ejercido sus facultades discrecionales para permitir la participación de 
terceros. Los proponentes deseaban ampliar esta posibilidad para permitir la participación de 
terceros como un derecho de los Miembros, con una especificación de los derechos que se debían otorgar. 
505.  Determinadas delegaciones expresaron su apoyo a esta propuesta como vía para ampliar el 
acceso al sistema. Los partidarios indicaron que los terceros podían hacer contribuciones útiles que ayudaran a los árbitros en su labor, por ejemplo en lo que se refería a establecer un método para 
determinar el nivel de la suspensión o a determ inar la hipótesis adecuada para la evaluación. 
Señalaron que las actuaciones de los grupos especiales y del Órgano de Apelación también entrañan un debate fáctico, por ejemplo en las diferencias que se refieren a medidas sanitarias y fitosanitarias o a obstáculos técnicos al comercio, pero ello no ha sido motivo para limitar la 
participación de los terceros. Además, señalaron que la decisión de permitir que haya terceros en 
las actuaciones de los grupos especiales no depende de cuántos Miembros puedan verse afectados por una medida dada. 
                                               
60 Véanse los documentos WT/DS26/ARB y WT/DS48/ARB. TN/DS/26 
 
- 83 - 
 
  506.  Otras delegaciones, sin embargo, expresaron su preocupación por el hecho de que la 
propuesta inclina la balanza en exceso al permitir la participación de terceros en cuestiones fácticas específicas que no sean de aplicación fuera de los parámetros de una diferencia concreta. Esas delegaciones describieron los arbitrajes del párrafo 6 del artículo 22 como una esfera que 
atañe fundamentalmente a relaciones bilaterales y en las que no se determina la incompatibilidad 
de la aplicación de ninguno de los acuerdos abarcados. Habida cuenta de ello, algunas delegaciones indicaron su preferencia por mantener la  práctica actual de dejar al árbitro facultades 
discrecionales para conceder el acceso, en lugar de otorgar un derecho automático. A las 
delegaciones también les preocupaba que, en esta etapa de una diferencia dada, permitir la participación de terceros pudiese retrasar la determinación del resultado. 
507.  En respuesta a una pregunta, se explicó que, de conformidad con las normas y la práctica 
actuales, se habían recibido peticiones de terceros en cinco de los casos en que se habían emitido 
decisiones arbitrales en el marco del párrafo 6 del artículo 22 hasta la fecha.
61 El árbitro había 
concedido derechos de terceros en dos de esos casos, ambos relacionados con las diferencias 
CE - Hormonas , en los que cada reclamante pasó a ser tercero en el procedimiento del otro. 
508.  Una delegación indicó que quizá podía lograr se el equilibrio adecuado permitiendo la 
participación de terceros no durante el propio arbitraje sino durante una etapa de apelación, en el 
caso de que los Miembros acordaran permitir que la  determinación de los árbitros fuese objeto de 
apelación. Se consideraba que esto podía permitir a los terceros hacer contribuciones sobre cualquier cuestión respecto de la que se hubiese determinado que tenía valor sistémico, sin con ello sobrecargar en exceso el propio ejercicio del arbitraje. Al hacerse esta observación se 
reconoció que la cuestión de la apelación de los arbitrajes del párrafo 6 del artículo 22 formaba 
parte de un debate separado. Las delegaciones preguntaron además qué efecto tendría la participación de los terceros en una etapa de apelación si la nacionalidad de un tercero fuese la 
misma que la del árbitro. Se planteó que en este contexto no se aplicaría el artículo 8 del ESD, ya 
que no se consideraba que los árbitros fuesen "integrantes de grupos especiales". Algunas delegaciones consideraban que no se plantearían pr oblemas de conflicto o sesgo, ya que el árbitro 
estaría obligado a atenerse a las constataciones formuladas en apelación, independientemente de 
lo que adujese cualquier tercero. Otros sugirieron que el código de conducta y el riguroso proceso 
de selección deberían ofrecer protección frente  a esos problemas. Además, se señaló que la 
nacionalidad de los Miembros del Órgano de Apelación nunca ha sido un problema al examinar 
diferencias en apelación, y, análogamente, tampoco debería plantear problema alguno en el caso 
de los árbitros. 
509.  Tomé nota de los debates e invité a los proponentes a proseguir sus esfuerzos con las 
demás delegaciones y a informar sobre los progresos alcanzados. 
Flexibilidad y control de los Miembros 510.  En el G-40 seguimos debatiendo el proyecto de parámetros de orientación para los órganos 
resolutorios, centrándonos en el enfoque interpretativo que se ha de utilizar en la solución de 
diferencias de la OMC.62 
511.  En primer lugar recordé que el debate en el grupo pequeño había confirmado un interés en 
un enfoque basado en principios. Animé a los pa rticipantes en el G-40 a que examinasen esta 
cuestión teniendo en cuenta ese objetivo. Asimismo, recordé que en los debates del grupo 
pequeño se había hecho una serie de aclaraciones que se describen en resúmenes anteriores.63 
512.  Los Estados Unidos recordaron que el objetivo de esta parte de la propuesta era abordar el 
modo en que los órganos resolutorios deben abordar el hecho, observado a menudo, de que al 
alcanzar un acuerdo sobre un texto, los negociadores pueden dejar algunos aspectos sin resolver. En esas situaciones, era adecuado reconocer la existencia de ambigüedad, pero no correspondía a 
los órganos resolutorios resolverla, ni debían tratar de subsanar las lagunas de un texto 
                                               
61 Véanse CE - Banano III (Ecuador) (párrafo 6 del artículo 22 - CE) , WT/DS27/ARB; CE - Hormonas 
(Canadá) (párrafo 6 del artículo 22 - CE) , WT/DS48/ARB; CE - Hormonas (Estados Unidos) (párrafo 6 del 
artículo 22 - CE) , WT/DS26/ARB; Brasil - Aeronaves (párrafo 6 del artículo 22 - Brasil) , WT/DS46/ARB; y 
Estados Unidos - Juegos de azar (párrafo 6 del artículo 22 - Estados Unidos) , WT/DS285/ARB. 
62 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-33 a A-35. 
63 Véanse los documentos JOB/DS/4, pá rrafos 58-66 y JOB/DS/7, párrafos 2-6. TN/DS/26 
 
- 84 - 
 
  convenido. Se pretendía que los cuatro apartados de esta propuesta se complementaran e 
informaran unos a otros. 
513.  Algunos participantes empezaron indicando que, a su juicio, los órganos resolutorios son 
capaces de resolver las cuestiones que se les someten, por lo que no estaban convencidos de que 
fuera necesaria orientación a este respecto. Además, se indicó que la propia orientación no debía 
generar más confusión. 
514.  Varias delegaciones observaron que la aplicación de las reglas de interpretación pertinentes, 
incluidos los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
(la Convención de Viena), proporcionaría los medios para que los órganos resolutorios resolviesen cualquier ambigüedad que plantease la interpretación de las disposiciones de los acuerdos abarcados. 
515.  Hubo cierto debate sobre los tipos de situació n en los que pueden surgir ambigüedades. Se 
observó que la propia noción de ambigüedad no dejaba de ser ambigua. Se reconoció que las ambigüedades pueden ser deliberadas ("constructi vas") o no intencionadas. También se sugirió 
una distinción entre las ambigüedades que afectaban a la formulación y las que afectaban a los 
conceptos. Se planteó si las ambigüedades de origen diferente debían recibir el mismo trato. 
516.  El proponente aclaró que su intención era aportar orientación únicamente en lo relativo a 
situaciones en las que seguía habiendo ambigüedad después de aplicar las reglas de interpretación 
de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. Específicamente, se refería a una situación en la que el órgano resolutorio hubiese completado un análisis de los términos del tratado de conformidad con el artículo 31 y hubiese determinado que este análisis dejaba el sentido 
"ambiguo", como prevé el artículo 32, y en la que el recurso a los medios de interpretación 
complementarios del artículo 32 tampoco hubiese permitido resolver la ambigüedad. En una situación de este tipo, seguiría siendo posible más de una interpretación, y la intención era dar 
orientación a los órganos resolutorios sobre cómo resolver la incertidumbre que siguiese habiendo. 
El proponente explicó que la solución que proponía  era aclarar que, en tales situaciones, el texto 
ambiguo no debía servir para validar una constatación relativa a la alegación o defensa de que se 
tratara si ello exigía excluir uno de los sentidos posibles del texto en cuestión. El proponente aclaró 
que esto no implicaba una indagación sobre el motivo que causaba la ambigüedad. 
517.  Un participante señaló que la aplicación del proceso interpretativo previsto en los 
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena no es tan lineal, y que la referencia a la ambigüedad 
recogida en el artículo 32 no aborda la cuestión  de si el órgano resolutorio está obligado a 
pronunciarse. 
518.  También se pidió que se aclarase exactamente qué implicaría la propuesta para la resolución 
que el órgano resolutorio debía dictar sobre la cuestión que se le hubiese sometido. Se aclaró que 
la intención no era que se diese una situación de non liquet , sino más bien que el texto en cuestión 
no pudiese servir de base para que prosperase una alegación o una defensa. En otras palabras, la 
parte a la que le correspondiese la carga de establecer la alegación o defensa no satisfaría dicha 
carga, al menos no sobre la base del texto ambiguo invocado, si el sentido de ese texto siguiese siendo ambiguo. De este modo se respetarían las intenciones de los negociadores al impedir al órgano resolutorio que dedujese derechos y obligaciones de un texto que se prestase a más de 
una interpretación. 
519.  Se preguntó si esto implicaba que la solución siempre sería favorable al demandado, si se 
favorece sistemáticamente la interpretación seg ún la cual no hay infracción. En respuesta, se 
observó que la orientación también se aplicaría a las situaciones en las que la ambigüedad afecta a 
una defensa. También se manifestó la preocupación de que la introducción de esa orientación pudiese incentivar un comportamiento estratégico, consistente en aducir sistemáticamente la 
existencia de ambigüedad para evitar una constatación de infracción. 
520.  También se preguntó sobre qué base cabía preferir una posible interpretación a otra, y si la 
exclusión de una de las interpretaciones posibles no podría en sí misma entrañar la reducción de los derechos y obligaciones de los Miembros. Asimismo, se señaló que en la medida en que lo que 
estuviera en litigio fuera la interpretación de un texto específico, debería darse sentido a ese texto. 
Se preguntó cómo garantizaría este enfoque el respeto del effet utile  de los términos del tratado. TN/DS/26 
 
- 85 - 
 
  521.  En lo que se refiere a la subsanación de lagunas, se dijo que era una noción diferente de la 
ambigüedad, si bien un participante observó que la resolución inadecuada de una ambigüedad 
puede hacer que se colme una laguna. El proponen te convino en que se trataba de una noción 
distinta, pero consideró que debía aplicarse el mism o principio, es decir, que el órgano resolutorio 
no debía tratar de resolver la laguna colmándola, sino que correspondía a los Miembros hacerlo. El 
proponente manifestó su interés en oír opiniones sobre si la formulación propuesta en el proyecto de texto, incluida la afirmación de que la función de los órganos resolutorios es resolver diferencias 
sobre obligaciones contraídas, no sustituir a los negociadores ni reescribir, reducir o complementar 
el texto acordado, plasmaba con exactitud esta intención. 
522.  Para concluir, tomé nota del hecho de que el debate había aclarado el alcance que se 
pretendía dar a la orientación. Al mismo tiem po, seguía sin estar claro en qué medida los 
participantes deseaban aportar orientación a los órganos resolutorios sobre este tema y, en tal 
caso, cuál debía ser esa orientación. Animé al proponente y a las delegaciones interesadas a que siguiesen examinando este aspecto, incluido el texto concreto indicado por el proponente. 
Información estrictamente confidencial (IEC) 
523.  Esta semana debatimos un nuevo texto revisado presentado por el Canadá. El Canadá 
señaló en primer lugar que actualmente el ESD prevé que las comunicaciones a los órganos 
resolutorios son confidenciales; asimismo, prevé la posibilidad de hacer pública parte de esa 
información. El Canadá propuso que en definitiva hubiera tres niveles de confidencialidad, a saber: i) el del carácter confidencial que se ha dado tradicionalmente a la información presentada a los grupos especiales; ii) el de propuestas de tran sparencia que entrañarían que se hiciera pública 
cierta información; y iii) el atribuido a determinada información de un valor lo suficientemente 
importante como para darle un carácter más confidencial del previsto en la prescripción habitual de confidencialidad. 
524.  El Canadá recordó que su propuesta inicial era bastante ambiciosa, y que posteriormente se 
elaboró un enfoque más "liviano" que se apartaba de un procedimiento obligatorio detallado. En el último año, las valiosas aportaciones recibidas de otros participantes han permitido seguir 
evolucionando hasta llegar a la versión actual, que combina la sencillez y una garantía de 
protección en caso necesario, incluida una serie de frenos y contrapesos para evitar los abusos. 
525.  El Canadá explicó que en la versión revisada del texto seguía habiendo cuatro componentes, 
a saber: 
- el texto del ESD, con los derechos y obligaciones fundamentales; 
- un apéndice, menos detallado que en las versiones anteriores de la propuesta, cuyo objetivo 
era orientar a los órganos resolutorios y en el que se establecían requisitos de procedimiento 
mínimos; 
- cambios de importancia menor en los procedimientos de trabajo de los grupos especiales 
que figuran en el Apéndice 3; 
- un proyecto de decisión del OSD relativo a un corpus de ejemplos de procedimientos de 
trabajo adoptados por grupos especiales anteriores en relación con la información comercial confidencial (ICC); dicha decisión facilitaría el intercambio de experiencias e información y el desarrollo de prácticas óptimas. 
526.  A continuación, el Canadá explicó que en el artículo 18 se había modificado el orden de los 
párrafos 4 y 5, de modo que en el párrafo 4 figura el derecho a que se establezcan procedimientos, mientras que el párrafo 5 se ocupa de las prescripciones relativas a los 
procedimientos una vez adoptados. En lo que se refiere a la duración de la protección, en el 
párrafo 5 se proponen dos opciones que reflejan sugerencias formuladas en debates anteriores. 
527.  Los participantes agradecieron el esfuerzo hecho por el Canadá al revisar el texto teniendo 
en cuenta los debates y observaciones anteriores. TN/DS/26 
 
- 86 - 
 
  528.  En lo que se refiere al párrafo 4 del artículo 18, se debatió si era preferible que tuviese una 
o dos frases para expresar las situaciones en que se debería otorgar protección. Se explicó que se 
pretendía abarcar dos aspectos: en primer lugar, el derecho a solicitar que se proteja la información desde la etapa del grupo especial inicial y a que se garantice la continuidad de esta 
protección durante las etapas posteriores de las actuaciones; y en segundo lugar, la posibilidad de 
solicitar protección por primera vez en una etapa po sterior, en caso necesario. El proponente se 
manifestó dispuesto a estudiar posibilidades de expresar estos dos aspectos en una sola frase, si 
bien no estaba claro hasta qué punto era fácil expresar simultáneamente los conceptos del 
derecho de protección y la continuidad de la protección. 
529.  Se preguntó si siempre sería necesario adoptar procedimientos para la protección de la ICC 
en las etapas posteriores de las actuaciones, por ejemplo si la información protegida en el nivel del 
grupo especial no era pertinente para la cuestión objeto de apelación. Se indicó que una fórmula 
del tipo "cuando así lo solicite una parte, el [órgano resolutorio] [Órgano de Apelación] adoptará procedimientos ..." podría resolver  este problema. También se señaló que, si se pretendía que los 
procedimientos que figuraban en el apéndice se aplicasen a otros órganos resolutorios que no 
fuesen el grupo especial, la referencia al grupo especial en el procedimiento de impugnación debería ser adaptada. 
530.  También se debatió la medida en que la protección podía ser necesaria por primera vez con 
posterioridad a las actuaciones del grupo especial. Se sugirió la posibilidad de abarcar los arbitrajes del párrafo 3 del artículo 21, pese a que era poco probable que se presentase IEC en esa etapa. Seguía habiendo interrogantes sobre la medida en que sería legítimo presentar información 
nueva, y por tanto solicitar que fuera protegida, en la etapa de apelación. El proponente explicó 
que su intención era permitir que se solicite la protección en cada etapa en los casos en que ello sea admisible, sin tratar de modificar las normas vigentes en cuanto a lo que era permisible o no a 
este respecto. En particular, no había intención alguna de modificar el párrafo 6 del artículo 17. Se 
preguntó en qué medida podía la propuesta, pese a todo, equivaler indirectamente a una modificación de esa disposición, en la medida en que implicaría la posibilidad de que se 
presentasen pruebas nuevas en la etapa de apelación. El proponente expresó su disposición a 
seguir examinando la manera en que se podría  abordar esta cuestión, por ejemplo mediante un 
texto del tipo "ninguna de las disposiciones del presente procedimiento impedirá la presentación de nueva información en una etapa posterior si por lo demás está permitida". 
531.  Se observó que si bien el comentario presentado con el texto daba a entender que los 
terceros podían solicitar que se protegiese la ICC, protección que correspondía otorgar al grupo 
especial en ejercicio de sus facultades discrecionales, esta intención no se reflejaba de manera 
expresa en el texto del párrafo 4 del artículo 18. Po r otra parte, en el párrafo 5 del artículo 18 se 
hacía referencia a los procedimientos adoptados de  conformidad con el párrafo 4 del artículo 18 a 
solicitud de los terceros, pese a que los terceros no tenían derecho a lograr la adopción de 
procedimientos en el marco del párrafo 4 del artículo 18. 
532.  Un participante se preguntó si la referencia al "mismo nivel de protección" concedido a lo 
largo de las actuaciones debía aparecer en el párrafo 5 del artículo 18 en lugar de en el párrafo 4 del artículo 18, ya que se refería al nivel de protección. El Canadá señaló que este aspecto se 
refiere tanto a la concesión de protección como al nivel de protección. 
533.  Se preguntó si era necesario especificar en el párrafo 4 del artículo 18 que la incorporación 
de los principios del apéndice 5 podía ser "directa o por referencia". Asimismo, se preguntó a qué 
se referirían las consultas con las partes mencionadas en el párrafo 4 del artículo 18, si de todos 
modos se debían incorporar a los procedimientos todos los puntos incluidos en el apéndice 5. El proponente aclaró que el apéndice 5 abordaba únicamente la definición y el mecanismo de 
impugnación, y probablemente los procedimientos que debía adoptar el grupo especial también 
incluirían otros muchos aspectos. Aunque tendrían que incorporarse los elementos incluidos en el apéndice 5, podían celebrarse consultas sobre otros aspectos. 
534.  Algunos participantes pidieron que se aclarara en qué medida tendrían las partes libertad 
para apartarse de cualquiera de los términos del apéndice 5, que incluía la definición y los 
procedimientos de impugnación, para ajustarlos a sus necesidades particulares en un caso dado. Veían con buenos ojos que se concediese cierto grado de flexibilidad a este respecto si las partes 
estaban de acuerdo en ello. En este contexto se pidió que se aclarase el sentido de la expresión 
disposiciones "mínimas", y si implicaba una distinción en cuanto a la condición de los diferentes TN/DS/26 
 
- 87 - 
 
  elementos del apéndice. El proponente aclaró que la intención no era permitir ningún apartamiento 
de los términos del apéndice, y que esta expresión se refería a la totalidad de las disposiciones del apéndice. Si bien ello no excluiría un umbral de protección más elevado, no sería posible adoptar una definición menos rigurosa o eliminar el procedimiento de impugnación que figura en el 
apéndice. A juicio del proponente, dar demasiada flexibilidad a este respecto frustraría el objetivo 
de los procedimientos. 
535.  Un participante solicitó que se aclarase el papel del concepto "circunstancias excepcionales" 
en el apéndice 5, y en qué etapa de los procedimie ntos se aplicaría. El proponente señaló que este 
concepto no se aplicaría en la etapa de adopción de los procedimientos, sino en la etapa de 
presentación de información. No sería preciso justificar las circunstancias excepcionales, ya que se presumiría la buena fe. 
536.  Algunos participantes también seguían preocupados por varios elementos de la definición, 
incluido el requisito relativo al "perjuicio grave a intereses fundamentales". Se preguntó de qué manera cabría esperar que los grupos especiales evaluasen este criterio y si era deseable exigirles 
que realizasen un análisis de ese tipo. A juicio del Canadá, el uso de los conceptos de perjuicio 
grave e interés fundamental estaba bastante extendido en los contextos judiciales, y podía dejarse a los órganos resolutorios que le dieran un sentido más específico. También se reiteró la 
preocupación con respecto al requisito de que se hiciesen "esfuerzos razonables" por mantener 
secreta la información y sus consecuencias con respecto al tratamiento de la información filtrada. En cuanto a la noción de información poseída "legítimamente", el proponente aclaró que con ello se pretendía aludir a un requisito de propiedad, si bien subrayó que el propietario legítimo a 
menudo sería una entidad privada distinta del Miembro que solicitase protección de la información 
en las actuaciones. Consideraba que la definición, inspirada en prácticas nacionales, reflejaba elementos bastante habituales y era aplicable en diversas situaciones. 
537.  Se preguntó si era adecuado que la definición de IEC estuviera en el apéndice o si debía 
incluirse más bien en el texto principal. El propon ente no estaba convencido de que incluirla en la 
disposición propiamente dicha aportase valor añadido. 
538.  También se preguntó si eran apropiadas las referencias a conceptos tomados de la 
legislación de propiedad intelectual, como "dominio público" e "información no divulgada". Por ejemplo, la noción de "dominio público" podía en realidad tener un alcance bastante limitado. Se señaló que un examen de la definición de algunos de esos términos en el marco del Acuerdo sobre 
los ADPIC podía ser de utilidad para aclarar su significado. El proponente manifestó su disposición 
a examinar este aspecto para garantizar que los términos utilizados reflejasen adecuadamente la 
cobertura pretendida. 
539.  Se pidió que se aclarara cómo abordaban los procedimientos la información protegida en 
virtud del Anexo V del Acuerdo SMC. Se preguntó en particular de qué modo los procedimientos 
previstos en el ESD, que debía adoptar el grupo especial, podían ser vinculantes para un facilitador 
establecido en el marco del Acuerdo SMC. Se aclaró que la intención era garantizar que la 
información ya puesta a disposición de conformidad con el Anexo V tuviese derecho a la protección que otorgan los procedimientos en materia de IEC en las actuaciones de los grupos especiales, y también que el procedimiento inicial del Anexo V quedase abarcado, al menos desde el momento 
en que se iniciasen las actuaciones del grupo especial. 
540.  En cuanto a la relación entre la protección de la IEC y el carácter confidencial de la 
información presentada en el marco de los procedim ientos del Anexo V, el proponente sugirió que, 
al igual que a la información presentada a los órganos resolutorios se le concede protección 
como IEC además del carácter confidencial básico  que le atribuye el ESD, nada impedía que la 
información protegida como confidencial en el marco de los procedimientos del Acuerdo SMC 
también pudiese ser considerada IEC una vez iniciadas las actuaciones del grupo especial. El 
proponente estaba abierto a debatir la protección de la información como IEC en el marco de los procedimientos de facilitación con carácter retroactivo, pero como mínimo pretendía que estuviese protegida a partir del establecimiento del grupo especial. Asimismo, reconoció que había un 
problema temporal en la formulación de esta parte del texto, aspecto que estaba dispuesto a 
examinar. TN/DS/26 
 
- 88 - 
 
  541.  Tomé nota de la respuesta positiva de los participantes, así como de las cuestiones 
planteadas. Parece compartirse la opinión de que la protección de la IEC es importante, y animé al Canadá a que intentase incorporar en la mayor medida posible las observaciones expuestas. Señalé que deseaba volver a examinar esta cuestión lo antes posible sobre la base de los 
progresos que se hicieran a corto plazo. 
Reenvío 542.  Esta semana seguimos debatiendo la cuestión del reenvío.
64 Al debatir esta cuestión en 
septiembre, inicialmente nos centramos en dos cuestiones conceptuales amplias: 1) quién debía 
iniciar el reenvío, y 2) si era deseable un procedimiento de "aplicación doble", o si la totalidad de las constataciones y recomendaciones -incluidas las afectadas por el procedimiento de reenvío- debían ser adoptadas y aplicadas a la vez.
65 
543.  En noviembre, el G-6 presentó un documento no oficial en el que exponía reflexiones 
adicionales sobre esas dos cuestiones conceptuales básicas. Ese mismo mes Corea propuso un enfoque alternativo reflejado en un proyecto de texto jurídico.
66 Hasta ahora no habíamos tenido 
ocasión de examinar ese texto en detalle. 
544.  Esta semana, el G-6 en primer lugar identificó algunas esferas de convergencia entre las 
propuestas, como el hecho de que correspondería al Órgano de Apelación identificar las situaciones 
que darían lugar a un reenvío y correspondería a una parte incoar el procedimiento de reenvío. 
Asimismo, identificó varios temas de debate, entre ellos, los siguientes: 1) cómo deberíamos expresar quién puede realizar el reenvío; 2) cómo se debe formular una solicitud de reenvío al grupo especial inicial/reconstituido; 3) cómo se deben abordar las preocupaciones que suscitan los 
retrasos; 4) cómo se deben abordar las cuestiones relacionadas con la aplicación dividida y si hace 
falta un texto sobre la manera de abordar las aplicaciones divididas; 5) cómo se deben abordar las solicitudes de reenvíos múltiples; y 6) qué sucede en caso de que las partes decidan no proceder 
al reenvío. 
545.  A continuación mantuvimos un debate previo sobre quién debería activar o iniciar el reenvío 
y sobre el papel que pueden desempeñar el reclamante o el demandado en un mecanismo de 
reenvío. Las dos propuestas sometidas a debate contemplan la posibilidad de que tanto el 
reclamante como el demandado deseen iniciar un procedimiento de reenvío en determinadas circunstancias. Ambas propuestas prevén también que el Órgano de Apelación tendría que indicar las situaciones en las que no pudiera "completar el análisis", lo cual daría lugar a una situación en 
la que una parte podría solicitar el reenvío de una alegación o defensa concreta. Las delegaciones 
se mostraron de acuerdo en que la decisión última en cuanto a si se procede o no al reenvío debía corresponder a las partes. 
546.  Las delegaciones debatieron si se debía permitir que cualquiera de las partes en una 
diferencia solicitase un reenvío. En este contexto, las delegaciones consideraron varias situaciones hipotéticas para aclarar cómo se expresarían las constataciones y recomendaciones del Órgano de 
Apelación, incluso en el caso de que el Órgano de Apelación confirmase una constatación de 
incompatibilidad en relación con una alegación dada, pero no pudiese completar el análisis de una defensa planteada por el demandado en relación  con esa incompatibilidad. Se preguntó qué 
constataciones formularía el Órgano de Apelación en esa situación y qué recomendaciones se 
derivarían de ellas.
67 
547.  Se señaló que el procedimiento no debía dar lu gar a una situación en la que pudiesen surgir 
obligaciones de aplicación en relación con una infracción inicial mientras siguiese habiendo 
incertidumbre en cuanto al resultado de la defensa. Se preguntó si podría darse el caso de que un 
demandado tuviese interés en iniciar un procedimiento de reenvío en una situación de ese tipo, si no se hubiese formulado ninguna recomendación con respecto a la constatación inicial. También se 
pidieron aclaraciones sobre cómo se aplicaría, en el contexto de la segunda propuesta, la noción 
                                               
64 Véase el documento TN/DS/25, páginas A-13 y A-14. 
65 Véase el documento JOB/DS/4, párrafos 6-24. 
66 Véase el documento JOB/DS/5, párrafos 20-36. 
67 Esta cuestión se debatió en relación con tres situaciones hipotéticas en debates mantenidos el año 
pasado. Véase el documento JOB/DS/4, párrafo 7. TN/DS/26 
 
- 89 - 
 
  de "ampliación" o reducción del alcance de las constataciones, entre otros casos en esas 
situaciones. 
548.  Los participantes también examinaron la cuestión de la aplicación de las constataciones y 
recomendaciones en las situaciones de reenvío. Sigue habiendo opiniones diferentes en cuanto a 
si, cuando no se complete el análisis y se quiera sustanciar un procedimiento de reenvío, debe 
haber una "adopción única" de los correspondientes informes del grupo especial y del Órgano de Apelación o si debe haber un sistema de "adopción doble". 
549.  De acuerdo con lo previsto, en un procedimiento de adopción única la totalidad de las 
constataciones formuladas por el Órgano de Apelación en una diferencia se reflejarían en un único informe y se adoptarían a la vez, tras la conclusión del procedimiento de reenvío. En el caso de la adopción doble, sería posible adoptar el informe inicial del Órgano de Apelación con las 
constataciones completadas que hubiera (junto al correspondiente informe del grupo especial) y 
seguir adelante con la aplicación respecto de esas constataciones mientras se abordan en reenvío los aspectos no resueltos de la diferencia. Posteriormente habría una segunda adopción del 
informe o informes relativos a esas alegaciones o defensas abordadas en el procedimiento de 
reenvío. 
550.  Las delegaciones debatieron cómo podían afectar esas propuestas al procedimiento de 
aplicación, teniendo en cuenta las limitaciones políticas internas de los Miembros. Se expresó la 
preocupación de que, a raíz de un procedimiento de adopción doble o dividido, también se "duplicase" cada etapa posterior de los procedimientos, incluidos el plazo prudencial para la aplicación y los posibles procedimientos sobre el cumplimiento. 
551.  También se pidieron aclaraciones sobre lo que sucedería, de acuerdo con ambas propuestas, 
en caso de que no se solicitase el reenvío, y sobre cómo se expresarían las constataciones y recomendaciones del Órgano de Apelación en ambos casos. 
552.  Tras este debate, alenté a ambos proponen tes a que trabajasen conjuntamente para 
identificar nuevas esferas de convergencia en sus propuestas. Asimismo, animé a las demás delegaciones a que trabajasen con los proponentes,  los cuales confirmaron su interés en seguir 
debatiendo sus propuestas antes de nuestros próximos debates. 
Intereses de los países en desarrollo 553.  Un grupo de proponentes presentó esta semana en relación con intereses de los países en 
desarrollo
68, como documento no oficial, una nota conceptual en la que se exponían cuestiones de 
interés común. 
554.  Observaron que, independientemente de cuál sea el resultado de esta negociación, tendrá 
que incluir cuestiones de interés para los países en desarrollo, las cuales deberán estar en el 
centro de la solución, de modo que los países en desarrollo y los PMA puedan tener acceso al 
sistema. Hasta la fecha, señalaron, no han sido muchos los países en desarrollo que han podido participar en los procedimientos de solución de diferencias. El ESD contiene disposiciones de trato 
especial y diferenciado, pero por lo general no son eficaces. El grupo deseaba hacer más efectivas 
esas disposiciones para permitir una mayor participación de los países en desarrollo en la solución de diferencias. 
555.  El grupo explicó que el documento conceptual representa un esfuerzo por unificar 
propuestas anteriores e incorporar nuevos elementos de análisis para enriquecer el debate. En él 
se identifican varias esferas de interés, a saber: 
- adecuación de los plazos para abordar las necesidades específicas de las distintas diferencias 
y adaptación de los plazos a fin de tener en cuenta las dificultades a que se enfrentan los 
países en desarrollo; 
                                               
68 El documento no oficial en cuestión lo presen taron conjuntamente el Grupo Africano, Cuba, el 
Ecuador, la India y el Pakistán. TN/DS/26 
 
- 90 - 
 
  - inducción al cumplimiento. Los proponentes están tratando de nivelar el terreno de juego de 
diversas maneras, entre otras teniendo en cuenta el efecto de la medida en la economía del país en desarrollo reclamante, mediante el apoyo de otros Miembros o con sanciones administrativas; 
- reducción de la costas procesales; 
- regulación del acceso a la participación de quienes no sean parte y quienes no sean 
Miembros para, entre otras cosas: 
• aclarar qué uso podría darse al artículo 13 del ESD (escritos de amicus curiae ); y 
• ampliar los derechos de los terceros en las etapas del grupo especial y de apelación. 
556.  Los participantes acogieron positivamente el esfuerzo conjunto que habían hecho los 
proponentes al presentar este documento. Se señaló que se trataba de una muestra de entrega y 
dedicación a las negociaciones y del deseo de los proponentes de lograr que otros participantes 
intervengan en el debate. 
557.  Varios participantes se mostraron de acuerdo con los proponentes en que muchos países en 
desarrollo tenían dificultades para participar de manera efectiva en los procedimientos de solución 
de diferencias, y coincidían en que los intereses de los países en desarrollo debían ser parte integrante del resultado de las negociaciones, fuese cual fuese. Se señaló que, en este sentido, era 
fundamental nivelar el terreno de juego. 
558.  Se reconoció que el documento era una buena base para los debates, y los participantes 
manifestaron su disposición a participar constructivamente en ellos, incluso a nivel conceptual, basándose en el documento. También se observó que varias de estas cuestiones ya se habían 
debatido con anterioridad, incluso sobre la base de un texto específico, lo cual facilitaría el debate. 
559.  Al mismo tiempo, se señaló que los problemas se escondían en la letra pequeña, lo que 
hacía necesario también examinar los detalles del texto para hacer una valoración plena de las 
propuestas. Los proponentes aclararon que su intención era precisamente generar un debate que 
llevara a la elaboración de un proyecto de texto jurídico teniendo en cuenta las opiniones y preocupaciones de los demás Miembros. Con ello se propiciaría al máximo la elaboración de un 
texto que abordase las preocupaciones tanto de los proponentes como de los demás participantes 
y, de este modo, fuera aceptable para todos. Los proponentes ilustraron con ejemplos cómo habían trabajado para lograr soluciones específicas que pudiesen dar un sentido práctico a varias disposiciones y conceptos identificados en la nota conceptual. 
560.  Algunos participantes señalaron que el objetivo general debía ser conseguir que el sistema 
de solución de diferencias sea fácil de utilizar y accesible a todos los Miembros, de modo que las cuestiones no se presenten necesariamente aten diendo solo a distinciones entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo. Se señaló que en la práctica los diversos Miembros, 
incluso los distintos países en desarrollo, podían hallarse en circunstancias muy diferentes. 
561.  Varios participantes formularon observaciones preliminares sobre algunas de las cuestiones 
específicas identificadas en el documento, bien para manifestar su respaldo a los objetivos o para 
plantear preguntas. 
562.  Agradecí a los proponentes el importante esfuerzo que habían hecho al presentar el 
documento, que a mi juicio representaba mucho trabajo y era una contribución importante a la 
tarea que realizamos con el fin de concluir de manera satisfactoria las negociaciones. Señalé que 
muchas de las cuestiones recogidas en el document o ya se habían debatido durante cierto tiempo, 
si bien no siempre con el nivel de detalle que habría sido deseable. En algunas esferas las 
posiciones no habían quedado del todo claras, y sería importante que ahora todos los participantes 
participasen constructivamente en un debate abierto con miras a conseguir un texto jurídico. Señalé que el documento representaba una muy buena oportunidad de encontrar un terreno 
común sobre estas cuestiones. TN/DS/26 
 
- 91 - 
 
  9. SEMANA DEL 4 DE JUNIO DE 201269 
563.  Esta semana he celebrado consultas sobre el reenvío, el control de los Miembros y la 
flexibilidad, los intereses de los países en desarrollo y la información estrictamente confidencial (IEC). También hicimos un breve balance de la labor en curso en relación con los derechos de los 
terceros y el reenvío. 
Reenvío 564.  En lo que concierne al reenvío, continuamos el debate de las propuestas del G-6 y de Corea 
en el grupo pequeño. 
565.  A juzgar por los debates precedentes, mi impr esión era que era necesario seguir trabajando 
en relación con la cuestión previa de quién debía activar el reenvío y la cuestión del procedimiento de adopción única o dividida y sus consecuencias en la aplicación de las constataciones. Esta 
semana he sugerido que nos centremos en aclarar una serie de cuestiones más técnicas, en las 
que, sin perjuicio de las opiniones sobre esas otras dos cuestiones conceptuales, podrían lograrse algunos progresos, a saber: 
a. cómo debe formularse una solicitud de reenvío; 
b. si el mandato del grupo especial debe incluir también la posibilidad de hacer 
constataciones jurídicas o debe quedar limitado únicamente a la formulación de 
constataciones fácticas; y si el grupo especial de reenvío podría considerar pruebas 
fácticas nuevas; 
c. qué sucede en caso de que de no se solicite un reenvío; y 
d. la cuestión de los reenvíos múltiples. 
Cómo debe formularse una solicitud de reenvío 
566.  El G-6 opinaba que la propuesta que figura en el texto del Presidente70, basada en la 
propuesta del propio G-6, era sólida, ya que se había redactado en respuesta a las solicitudes de 
flexibilidad de los Miembros. En la propuesta, la formulación de la solicitud de reenvío se trataba 
en el artículo 17 bis, donde se especificaba que la parte remitente, sin perjuicio de quién pudiera 
ser, debía solicitar el reenvío por escrito al grupo especial inicial y notificarlo al OSD y los terceros. 
567.  Corea observó que su propuesta no difería sustancialmente de la del G-6: el Órgano de 
Apelación aclararía qué cuestiones era necesario r eenviar y formularía conclusiones provisionales. 
A continuación, cada una de las partes podría solicitar que esas cuestiones se remitieran al grupo especial inicial a efectos de reenvío. Si una parte decidía ejercer la opción de reenviar, debía 
notificarlo por escrito al OSD y a las demás partes. Corea también aclaró que el mandato del grupo 
especial de reenvío está delimitado por las conclusiones provisionales del Órgano de Apelación y la solicitud de reenvío formulada por la parte solicitante, por lo que el grupo especial de reenvío debe 
ceñirse a analizar las cuestiones que el Órgano de Apelación ha determinado que es necesario 
reenviar y que le han sido remitidas por una de las partes. 
568.  Se pidió que se aclararan las situaciones en las que se reenvía más de una cuestión y si, en 
tal situación, se contemplaban dos procedimientos de reenvío distintos o un único procedimiento 
en el que se notificaran varios reenvíos al mismo tiempo. En respuesta, Corea declaró que si el reclamante solicita que se reenvíe una cuestión y la parte demandada pide también el reenvío de otra cuestión, solo tendría lugar un procedimiento de reenvío, en el que se examinarían ambas 
cuestiones. El G-6 estuvo de acuerdo con la interpretación de Corea de que ambas solicitudes se 
agruparían en un único procedimiento de grupo espe cial, aunque podría ser necesario añadir texto 
para indicar el momento en que deben presentarse las solicitudes. 
                                               
69 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/10. 
70 Véase el documento TN/DS/25, artículo 17 bis, párrafo 2, página A-13. TN/DS/26 
 
- 92 - 
 
  569.  Se preguntó si el mandato del grupo especial de reenvío comprendería el examen de una 
defensa no considerada por el grupo especial inicial por no haber constatado este inicialmente una 
infracción. En tal situación, si el Órgano de Apelación revocara la constatación del grupo especial y 
fuera necesario un reenvío para completar el análisis de la alegación inicial, ¿tendría el grupo 
especial de reenvío también el mandato de exam inar la defensa correspondiente? En respuesta, 
ambos proponentes opinaron que si el demandado no había planteado la defensa ante el grupo especial inicial, no correspondería al grupo especial de reenvío examinarla. Sin embargo, si la 
defensa se había planteado, creían que el grupo especial de reenvío debía ser autorizado a 
analizarla. También se indicó que correspondería al Órgano de Apelación determinar qué es lo que debe reenviarse e incluir la defensa entre las constataciones necesarias para completar el análisis. A la luz de esta aclaración, se preguntó también si los proponentes tenían intención de cambiar la 
práctica vigente, dado que, con arreglo a la situación actual, el Órgano de Apelación solo analizaría 
una defensa si se hubiera constatado una infracción. Los proponentes aclararon que la propuesta no altera la práctica vigente, conforme a la cual las defensas presentadas por una parte 
demandada se analizan en el procedimiento del grupo especial inicial incluso cuando no son parte 
de la solicitud de establecimiento de un grupo especial. 
570.  Se consideró otra situación, en la que el grupo especial inicial aplica el principio de economía 
procesal con respecto a la parte introductoria del artículo XX del GATT de 1994 porque constata 
que no se satisfacen las prescripciones de los apartados pertinentes del artículo. En esa situación, ¿tendría derecho el demandado a reenviar esa cuestión al grupo especial? Los proponentes confirmaron que, a su juicio, podría reenviarse esa cuestión para permitir que se completara el 
análisis. 
571.  S e  s e ñ a l ó  o t r a  s i t u a c i ó n ,  e n  l a  q u e  e l  Ó r g a n o  d e  A p e l a c i ó n  r e v o c a  l a  c o n s t a t a c i ó n  d e  u n  
grupo especial de que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial no se satisficieron las 
prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD en materia de especificidad. Se preguntó si el 
grupo especial de reenvío sería competente para examinar la totalidad de las alegaciones sobre las que no se hubiera pronunciado el grupo especial inicial. Se preguntó también cómo debería el 
Órgano de Apelación describir el alcance del reenvío en una situación en la que el grupo especial 
se hubiera abstenido de ejercer su jurisdicción  respecto de determinadas alegaciones. Los 
proponentes explicaron que la propuesta se basaba  en la capacidad del Órgano de Apelación de 
determinar las constataciones que son necesarias para completar el análisis y de facultar a una 
parte para solicitar el reenvío respecto de cuestiones específicas. También indicaron que era 
posible que el procedimiento de reenvío no abarcara las situaciones en que el grupo especial se ha abstenido de ejercer su jurisdicción, ya que no era una "varita mágica" para solucionar todos los 
problemas, sino que tenía por objeto principalmente resolver carencias fácticas. Un participante 
observó que había creído que la propuesta del G-6 era más ambiciosa e indicó que un procedimiento de reenvío que tuviera un alcance muy limitado no cumpliría el objetivo de facilitar 
una pronta solución de la diferencia. Sugirió que las consecuencias del reenvío en el calendario se 
evaluaran a la luz de la perspectiva global de la solución de la diferencia: un reenvío más amplio reportaría un ahorro de tiempo en la medida en que las partes podrían evitar la necesidad de iniciar una nueva diferencia respecto de cuestiones que en otro caso quedarían incluidas en el 
alcance del reenvío.
71 
572.  Una delegación expresó su preocupación por la definición del alcance del reenvío, señalando 
que en los procedimientos de reenvío hay una restricción implícita de lo que una parte puede 
identificar para su reenvío, basada en lo que el Órgano de Apelación ha identificado. A este 
respecto, la propuesta establece una limitación respecto de lo que un grupo especial de reenvío tiene derecho a examinar (en el párrafo 3 del artículo 17 bis), pero no se expresa ninguna 
limitación similar respecto de lo que una parte puede plantear al grupo especial de reenvío. En 
opinión de esa delegación, habida cuenta del creciente número de impugnaciones basadas en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD que tienen lugar en los procedimientos de los grupos especiales 
iniciales, era importante prever impugnaciones similares respecto de las solicitudes de reenvío. 
Corea aclaró que, de hecho, sí veía una restricción de esa naturaleza incorporada en los párrafos 2 
y 3 del artículo 17 bis, y que la combinación de esas disposiciones es un intento de poner límites a 
las cuestiones que las partes pueden someter a reenvío. El G-6 estuvo de acuerdo con Corea en 
que ambas disposiciones trazan círculos concéntr icos: el párrafo 3 establece el alcance máximo 
teórico del mandato del grupo especial y el párrafo 2 restringe aún más ese alcance; en 
                                               
71 Véanse también las deliberaciones reflejadas en los párrafos 17 a 19 infra respecto de las 
constataciones fácticas frente a las constataciones jurídicas. TN/DS/26 
 
- 93 - 
 
  consecuencia, el grupo especial solo puede examinar  lo que ha indicado el Órgano de Apelación y 
lo que las partes han decidido reenviar. 
573.  Se indicó también que el uso del término "cue stiones" en el texto del G-6 crea cierta 
incertidumbre en cuanto al alcance del reenvío previsto en los procedimientos de los grupos 
especiales de reenvío: en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD se emplean los términos "medidas" y 
"fundamentos de derecho", el artículo 7 utiliza el término "asunto", y la propuesta parece introducir un término nuevo: "cuestiones". El G-6 confirmó que la intención era distinguir ese 
concepto de los de "medidas", "fundamentos de de recho" o "asunto", y que, en este aspecto, la 
propuesta se atenía a lo que el Órgano de Apelación determinara que eran las "cuestiones" que era necesario aclarar para hacer posible que se completara el análisis. 
574.  Se preguntó cuál sería la forma de la remisión y si esta tendría lugar por medio de una carta 
dirigida al Presidente del grupo especial y notificada al OSD. El G-6 observó que, sin perjuicio de 
posteriores mejoras de la redacción, en principio le bastaría que se pida a las partes que envíen una carta al Presidente del grupo especial, con copia al OSD, y que la carta se distribuyera al 
conjunto de los Miembros. 
575.  Se observó que había una diferencia entre las dos propuestas en cuanto al momento de la 
remisión: mientras que en la propuesta del G-6 se  prevé que la parte efectuará la remisión antes 
de la adopción del informe del Órgano de Apelación, en el artículo 17 bis de la propuesta de Corea 
se establece que la remisión tiene lugar "dentro de l plazo que el Órgano de Apelación especifique". 
Corea aclaró que esa formulación servía para establecer un plazo transcurrido el cual, si ninguna de las partes solicita la remisión, el Órgano de Apelación emitiría su informe conforme a su 
calendario previsto. Aclaró también que el Órgano de Apelación indicaría las cuestiones que sería 
necesario someter a reenvío en unas conclusiones provisionales, que no se darían a conocer en un informe ni se distribuirían a los Miembros. Esas recomendaciones provisionales se trasladarían 
únicamente a las partes, y en ellas se identificarían y describirían las cuestiones que necesitaran 
un desarrollo fáctico. 
576.  Corea también confirmó que esas recomendaciones provisionales no se redactarían en forma 
de informe provisional. Por lo tanto, no se espera de las partes que respondan a ellas después de 
haberlas leído. Corea explicó además que el plazo pa ra solicitar el reenvío se tendría en cuenta al 
determinar el período para la realización de los trabajos del Órgano de Apelación. 
Constataciones fácticas y constataciones jurídicas 
577.  A continuación los participantes consideraron si el grupo especial de reenvío debía tener 
derecho a examinar tanto los hechos como la legislación, o si su mandato debería limitarse a la 
formulación de constataciones fácticas, dejando al Órgano de Apelación la tarea de completar el 
análisis. 
578.  Una delegación se preguntó si tendría sentido, a efectos de resolver la diferencia, que el 
reenvío concerniera exclusivamente a los hechos, e indicó que sería deseable un procedimiento de 
reenvío que pudiera llegar al fondo de la diferencia. En respuesta, Corea declaró que la limitación a 
las cuestiones fácticas se basa en la práctica vigente del Órgano de Apelación, que ya completa el análisis, y que la propuesta tenía por objeto facilitar esa práctica de manera más sistemática. Estuvo de acuerdo en que cabía concebir el reenví o de ambos tipos de cuestiones, pero en tal caso 
se trataría de un nuevo procedimiento. No era seguro que un procedimiento de tal complejidad 
pudiera completarse en 60 días, que es el plazo contemplado en esta propuesta. Si el procedimiento de reenvío abarcaba cuestiones de derecho, podría abrir la puerta también a 
múltiples reenvíos y apelaciones. Corea consideraba que era necesario encontrar un equilibrio 
entre los beneficios de un enfoque holístico y la resolución eficiente de la diferencia. 
579.  Algunas delegaciones comprendían el deseo de agilizar el procedimiento, pero consideraban 
que contar con dos etapas de análisis reportaba ventajas. Se indicó que, si un grupo especial 
puede examinar tanto los hechos como la legislación, puede formarse una idea más exacta de cuáles son las constataciones fácticas necesarias, con lo que se evitarían situaciones en las que el grupo especial podría aportar al Órgano de Apelación hechos que no son los que este necesita para 
completar el análisis jurídico. También se indicó que el sistema actualmente vigente, en el que 
grupo especial examina los hechos y la legislación y el Órgano de Apelación examina las TN/DS/26 
 
- 94 - 
 
  determinaciones jurídicas que ha hecho el grupo especial, tiene su justificación. Se indicó que la 
introducción del reenvío no debía alterar ese reparto de funciones, que era importante para aumentar la confianza de los Miembros en el sistema, y que limitar la función del grupo especial a la constatación de hechos menoscabaría el derecho de las partes a obtener dos opiniones y un 
examen completo de las cuestiones en litigio. 
580.  Se preguntó cuánto tiempo se ahorraría de hecho con la imposición de esa limitación al 
mandato del grupo especial de reenvío. Corea indicó que la duración de los procedimientos de 
cumplimiento podía servir como indicador para una estimación del tiempo necesario. También 
señaló que reenviar únicamente hechos era la otra cara de la moneda de la adopción única del informe. Añadió que era consciente de los beneficios de un procedimiento de reenvío pleno, pero subrayó que este requeriría más de 60 días. 
581.  Los proponentes aclararon el tipo de pruebas que podía examinar un grupo especial de 
reenvío. El G-6 declaró que veía una semejanza en tre su propuesta y la de Corea, ya que ninguna 
de ellas se pronunciaba respecto de la cuestión de las pruebas nuevas. Explicó que el motivo de 
ese silencio era que esa cuestión tendrá que resolverse caso por caso. Corea tampoco deseaba 
impedir que se pudieran examinar pruebas nuevas si eran necesarias y pertinentes a las cuestiones reenviadas. Ambos proponentes querían otorgar un cierto grado de discrecionalidad al 
grupo especial para examinar pruebas nuevas si ello era necesario para ayudar a completar el 
análisis. 
582.  Una delegación recordó que el origen del problema que se abordaba con el procedimiento de 
reenvío es la falta de constataciones fácticas y que, por lo tanto, era importante poder examinar 
pruebas nuevas si estas eran necesarias para completar el análisis. También observó que, si el 
reclamante retenía el control respecto de las cuestiones que serían objeto de reenvío, estaría en condiciones de juzgar si el reenvío debía centrarse en la formulación de constataciones 
estrictamente fácticas, cuando ya hubiera pruebas en el expediente, o si, por el contrario, el renvío 
requiere una constatación sobre cuestiones más am plias. Puso de relieve que es importante no 
introducir demasiadas restricciones en un instrumento que debe ser un medio de resolver 
problemas. 
¿Qué sucede si no se solicita un reenvío? 
583.  El G-6 indicó que la cuestión de qué sucede si no se solicita un reenvío solo surge en los 
casos de adopción única, porque el reloj se pone entonces en marcha. Explicó que, con arreglo a la 
propuesta del G-6, los calendarios, los plazos y el automatismo del procedimiento se mantienen. 
Corea explicó que, conforme a su propuesta, si  no se solicita un reenvío, la elaboración y 
distribución del informe del Órgano de Apelación tendrían lugar según lo previsto. A este respectó, 
señaló los elementos comunes de ambas propuestas. 
584.  Un participante preguntó qué consecuencias tendría para un posterior procedimiento sobre 
el cumplimiento la decisión de no solicitar un reenvío. La situación que se consideraba era la de 
una medida de aplicación que responde a una constatación de incompatibilidad, cuando el 
demandante aduce en el procedimiento sobre el cumplimiento que esa medida es incompatible con otro aspecto que podría haber sido objeto de reenvío en el procedimiento inicial pero no lo fue. En opinión del G-6, esta cuestión guardaba relación con la jurisdicción de los grupos especiales sobre 
el cumplimiento, que no era modificada por la propuesta relativa al reenvío: si un grupo especial 
sobre el cumplimiento tiene derecho a examinar es e aspecto de la medida de conformidad con las 
normas actuales, seguiría teniéndolo con arreglo a la propuesta, y si no lo tiene, la propuesta no 
ampliaría el alcance de la jurisdicción del grupo especial sobre el cumplimiento. Una delegación 
consideraba que había orientaciones útiles sobre esta cuestión en un asunto relativo a determinaciones antidumping en el que el Grupo Especial y el Órgano de Apelación resolvieron a 
favor del reclamante respecto una cuestión, pero  n o  r e s p e c t o  d e  l a  s e g u n d a .  S i  l a  m e d i d a  
destinada a cumplir modificaba el primer aspecto y no el segundo, el demandado podía plantear esa cuestión respecto de la parte no modificada de la medida, siempre que esta fuera una medida 
destinada a cumplir. En respuesta, se planteó la cuestión de si la existencia de un procedimiento 
de reenvío no introducía, por sí misma, una modificación, por lo que sería inapropiado dar por 
supuesto que las soluciones actuales seguirían aplicándose sin modificaciones si se introdujera el reenvío. TN/DS/26 
 
- 95 - 
 
  585.  Tomé nota de las útiles contribuciones realizadas y propuse que se reanudara el debate 
sobre el reenvío en nuestra próxima reunión. Globalmente, tuve la impresión de que el debate revelaba que las dos propuestas convergen en varios aspectos prácticos, como la forma o el momento de la solicitud de reenvío. El debate también reflejó una interpretación común en cuanto 
al reparto de funciones entre el Órgano de Apelación y las partes en el proceso de remisión y 
respecto del alcance del mandato del grupo especial de reenvío. Con arreglo a ambos enfoques, el mandato del grupo especial de reenvío es el resultado de la identificación por el Órgano de 
Apelación de las cuestiones que es necesario aclarar para completar el análisis y de la elección por 
las partes de aquellas de las cuestiones así identificadas que finalmente serán objeto de reenvío. 
586.  Sin perjuicio de las respectivas posiciones de los proponentes en cuanto a cuál de las partes 
debe activar el reenvío, parece que ambas propuestas coinciden también en la posibilidad de 
someter a reenvío tanto los incumplimientos como las defensas, así como en la posibilidad de que 
el grupo especial de reenvío analice defensas no examinadas, siempre que estas se hayan planteado en el procedimiento del grupo especial inicial. Ambos proponentes están de acuerdo 
también en su evaluación de que el propósito de un procedimiento de reenvío es en primer 
término resolver cuestiones de deficiencia de la base fáctica y en que el grupo especial de reenvío podría examinar pruebas nuevas cuando sean pertinentes. 
587.  Era menos clara, sin embargo, la medida en que los proponentes tenían la intención de que 
las situaciones en que el grupo especial se había abstenido de ejercer su jurisdicción quedaran abarcadas por el procedimiento de reenvío (por ejemplo, en el caso de alegaciones que el grupo especial no haya examinado en absoluto por haber hecho una constatación inicial en el marco del 
párrafo 2 del artículo 6 del ESD). 
588.  El debate indicó también que varios participantes eran partidarios de un procedimiento de 
reenvío amplio, que abarcara asimismo las cuestiones de derecho. Se consideró que ello 
contribuiría mejor a la pronta solución de la diferencia y a preservar el derecho de las partes a un 
doble examen de las cuestiones jurídicas. A unque seguía preocupándola el hecho de que un 
procedimiento de esa naturaleza no podría tener lugar en un plazo de 60 días, Corea reconoció 
que cabía contemplar ambos tipos de reenvío, el fáctico y el jurídico. 
Flexibilidad y control de los Miembros 589.  Esta semana también hemos completado en el G-40 un debate de las propuestas sobre 
flexibilidad y control de los Miembros. 
590.  Se trató en primer lugar el proyecto de parámetros sobre la aplicación del derecho 
internacional público en la solución de diferencias en la OMC.72 Los Estados Unidos indicaron que 
después de las reuniones del grupo pequeño habían seguido hablando con las delegaciones y 
confirmaron su disposición a seguir tratando este tema con las delegaciones interesadas, habida 
cuenta del interés manifestado anteriormente por un enfoque más basado en los principios. Los Estados Unidos explicaron que la idea básica de este proyecto de parámetros es abordar la 
relación de la solución de diferencias en la OMC con el derecho internacional público, cuestión que 
ha surgido en numerosos asuntos pero no ha recibido aún una respuesta clara. 
591.  Los Estados Unidos recordaron que la solución de diferencias en la OMC tiene por objeto 
aplicar los acuerdos abarcados de la OMC y no el resto del derecho internacional. Por consiguiente, 
los órganos resolutorios de la OMC no están llamados a aplicar  o hacer cumplir las demás normas 
del derecho internacional público. Los Estados Unidos aclararon que, cuando los propios acuerdos abarcados de la OMC remitían a disposiciones de otros acuerdos o las incorporaban (como en el 
caso del Acuerdo sobre los ADPIC), esas disposiciones pasarían a ser pertinentes en virtud de esa 
incorporación. 
592.  Esta cuestión, explicaron los Estados Unidos, era distinta de la posible función del derecho 
internacional público en la interpretación  de los acuerdos abarcados de la OMC. A este respecto, el 
párrafo 2 del artículo 3 del ESD prevé una función para el derecho internacional público al hacer referencia a las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Se ha entendido que la Convención de Viena sobre el De recho de los Tratados (la Convención de Viena), 
                                               
72 Véase el documento TN /DS/25, página A-31. TN/DS/26 
 
- 96 - 
 
  en particular sus artículos 31 a 33, recoge esas normas. El artículo 31, según explicaron los 
Estados Unidos, menciona las "forma[s] pertinente[s] de derecho internacional aplicable[s] en las relaciones entre las partes"
73 como aspecto que debe tenerse en cuenta al interpretar los términos 
de un tratado. Ello planteaba la cuestión de qué es lo que ese concepto abarca. 
593.  Los Estados Unidos observaron que en ocasiones se ha hecho referencia también a otras 
fuentes del derecho internacional, sin que quedara claro qué función podrían tener. Por ejemplo, las observaciones de la CDI remiten a determinadas máximas y otros principios que no están 
codificados en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena. Los Estados Unidos explicaron que 
también han suscitado debate las referencias de los órganos resolutorios a los procedimientos de otros tribunales. En ese caso no se trata, a juicio de los Estados Unidos, de una "aplicación" del derecho internacional público, sino de una inferencia lógica que hace el órgano resolutorio a partir 
de la experiencia de otros órganos resolutorios pa ra elaborar su propio enfoque de las cuestiones 
procesales. El propósito global de las orientaciones era que los Miembros aportaran una mayor claridad en cuanto a la manera en que esperaban que los órganos resolutorios abordaran estas 
cuestiones, en lugar de dejar que estos conjetur en la medida en que el derecho internacional 
público puede ser pertinente para su labor. 
594.  En el debate que siguió, ciertas delegaciones pidieron que se aclarara más el problema que 
abordaba la propuesta. Algunas delegaciones cuestionaron la necesidad de ofrecer orientaciones 
mediante una decisión del OSD, ya que ello podía dar lugar a una cristalización indebida de las cuestiones. En concreto, el contenido del derecho consuetudinario es, por su propia la naturaleza, evolutivo. También se expresó preocupación por el  hecho de que un intento de codificar ideas por 
lo general no controvertidas puede introducir ambigüedades o rigideces no deseadas. Se sugirió 
que un desarrollo gradual, mediante asuntos sucesivos podía ser más apropiado para elaborar soluciones adecuadas y que resolver algunas de estas delicadas cuestiones mediante orientaciones 
generales podía ser excesivamente ambicioso. También se sugirió que se actuara con cautela al 
tratar de limitar el uso del derecho internacional público por los órganos resolutorios. Los Estados Unidos explicaron que una finalidad de la orientación mediante una decisión del OSD era dar 
flexibilidad para evoluciones futuras. En respuesta, se cuestionó que una decisión de esa 
naturaleza, que podía no ser fácil de modificar, fuera re almente flexible. 
595.  Hubo también un debate detallado sobre el concepto de "toda forma pertinente de derecho 
internacional aplicable en las relaciones entre las partes" del párrafo 3 c) del artículo 31 de la 
Convención de Viena. En este contexto, los Estados Unidos explicaron que su propuesta era aclarar 
que, a efectos de la interpretación del Acuerdo sobre la OMC, la expresión "aplicable a las relaciones entre las partes" se refiere a todos los Miembros de la OMC (es decir, a las partes en el 
Acuerdo sobre la OMC) y no solo a las partes en la diferencia. Por lo tanto, no se consideraría que 
otras formas de derecho internacional aplicables únicamente entre un número limitado de Miembros de la OMC fueran "aplicables a las relaciones entre las partes" en el sentido del 
párrafo 3 c) del artículo 31. De este modo se aseguraría que la interpretación de las disposiciones 
de los acuerdos abarcados de la OMC no difiriera según cuáles sean las partes que intervienen en la diferencia y que las obligaciones en el marco de la OMC de los Miembros que no hayan convenido en obligarse mediante determinadas otras normas de derecho internacional no 
resultaran afectadas por esas normas. 
596.  Se citaron como ejemplo de un tipo de "forma de derecho internacional" las normas 
derivadas de un ACR que pueden ser aplicables entre las partes en una diferencia pero no 
satisfacen los requisitos para ser tenidas en cuenta en la interpretación de los acuerdos abarcados 
de la OMC de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 31. Se señaló que esta cuestión era distinta de la cuestión de si podría invocarse el artículo XXIV del GATT de 1994 para justificar la 
compatibilidad con las normas de la OMC de medidas tomadas en el marco de un ACR. 
597.  También se aclaró que las normas de interpretación recogidas en los artículos 31 a 33 de la 
Convención de Viena no se aplican a la solución de diferencias de la OMC por ser el texto de un tratado que satisface las prescripciones del párrafo 3 c) del artículo 31, sino porque se ha 
reconocido que, según han sido elaboradas en los primeros asuntos y posteriormente, constituyen 
"normas usuales de interpretación del derecho internacional público" en el sentido del párrafo 2 del artículo 3 del ESD. 
                                               
73 Véase el párrafo 3 c) del artículo 31 de la Conv ención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. TN/DS/26 
 
- 97 - 
 
  598.  Los Estados Unidos también pidieron a los demás participantes su opinión sobre la cuestión 
de si, a su juicio, había tenido lugar alguna evolución después de la Convención de Viena que indicara la necesidad de actualizar la referencia, y la cuestión de si otras disposiciones distintas de los artículos 31 a 33 de dicha Convención (como el artículo 28 sobre la irretroactividad de los 
tratados) también recogían normas usuales de interpretación. Un participante indicó en respuesta 
que al parecer el artículo 28 establece un principio de derecho internacional de carácter sustantivo, más que interpretativo. 
599.  Se preguntó si la referencia de la propuesta a una observación de la CDI en la que se 
explicaba que determinadas máximas y principios generales no estaban incluidos en la codificación de los artículos 31 a 33 podría resultar confusa. Se  observó que, en el pasaje citado, la CDI da a 
entender que el órgano resolutorio goza de un amplio grado de discrecionalidad al emplear esas 
máximas y principios, lo que parece estar en contradicción con la intención de los Estados Unidos 
de definir usos limitados del derecho internaciona l por los órganos resolutorios de la OMC. Los 
Estados Unidos consideraban que el pasaje cita do sugiere un doble mensaje: primero, que esas 
máximas no son parte de las normas usuales, por lo que no se exige su aplicación, y, segundo, 
que sigue siendo posible aplicarlas fundándose en  el sentido común. Los Estados Unidos estaban 
dispuestos a examinar esta parte del texto teniendo esto en cuenta, pero consideraban que la 
cuestión fundamental seguía siendo qué orientac iones deseaban dar los Miembros con respecto a 
estas cuestiones. 
600.  Al cerrar este debate, señalé que se tratab a de cuestiones importantes y alenté a los 
participantes a continuar las deliberaciones para aclarar sus intenciones a este respecto. 
601.  A continuación se pasó a debatir la propuesta sobre la competencia técnica de los miembros 
de los grupos especiales en el marco del párrafo 2 del artículo 8, sobre la base del texto 
previamente examinado en el grupo pequeño.74 
602.  Varios participantes confirmaron que el objetivo de esta propuesta no les planteaba ninguna 
dificultad. También se observó que ese objetivo era plenamente complementario de la propuesta 
separada relativa a la "composición de los grupos especiales". 
603.  Se pidió que se aclarara cómo se pretendía que operase el requisito de "competencia técnica 
específica para examinar el asunto objeto de la  diferencia" junto con los conceptos aparentemente 
más generales de experiencia en campos muy dive rsos y formación variada. En respuesta, se 
aclaró que la intención era asegurarse de que el conjunto de los miembros del grupo especial, 
aunque no necesariamente cada uno de ellos, tuviera competencia técnica específica pertinente 
para el asunto examinado. En lo que se refiere a lo que podría ser esa competencia técnica, ello dependería de las preferencias expresadas por las partes en cada caso. 
604.  Una delegación estuvo de acuerdo en que los miembros de los grupos especiales deben ser 
muy competentes, pero expresó dudas en relación con el valor añadido de este texto. Consideraba que un amplio conocimiento de las cuestiones de  la OMC podía ser útil, especialmente en los 
asuntos relacionados con más de un acuerdo abarca do. En respuesta, se observó que el texto no 
pretendía modificar las prescripciones establecidas en  el párrafo 1 del artículo 8, que se refieren a 
las aptitudes que se espera que tengan los miembros de los grupos especiales en general. También se observó que el texto de la propuesta de párrafo 2 del artículo 8 estaba redactado en 
forma de exhortación (" should " (deberían)), lo que permitía un margen de flexibilidad en su 
aplicación. 
605.  Tomé nota del hecho de que varias delegaciones consideran oportuna esta propuesta, así 
como de las dudas de una delegación respecto de los beneficios que aportaría. Alenté al 
proponente a que se reuniera con esa delegación para seguir tratando esta cuestión. 
606.  Para concluir, observé que habíamos finalizado nuestro debate de estas propuestas, aunque 
queda mucho trabajo por hacer. Alenté a los proponentes y a las demás delegaciones interesadas 
a que continuaran trabajando conjuntamente en relación con estas cuestiones. 
                                               
74 Véase el documento JOB/DS/7, párrafo 22. TN/DS/26 
 
- 98 - 
 
  Intereses de los países en desarrollo 
607.  En lo que respecta a los intereses de los países en desarrollo, reanudamos el examen del 
documento conceptual no oficial presentado en mayo por Cuba, el Ecuador, el Grupo Africano, la India y el Pakistán. 
608.  Los proponentes confirmaron que seguían trabajando para elaborar un proyecto de texto 
jurídico que reflejara las ideas expuestas en ese documento. Explicaron que el documento no oficial, que combinaba varias propuestas anteri ores y reunía temas complejos, tenía por objeto 
poner en conocimiento de los Miembros las cuesti ones en las que se estaba trabajando, y recabar 
sus opiniones al respecto. 
609.  Alenté a los participantes a que dieran a conocer a los proponentes en la mayor medida 
posible su grado de aceptación de las diversas soluciones posibles presentadas en el documento no 
oficial, así como los parámetros que facilitarían o dificultarían su apoyo a las propuestas concretas, 
y los alenté a entablar un diálogo franco y constructivo. 
610.  S Algunos participantes acogieron favorablemente la sugerencia de los proponentes de que, 
en la medida de lo posible, el proyecto de texto jurídico se presentara cuestión por cuestión, si ello 
permitía que el debate se centrara en el texto tan pronto como fuera posible. Se señaló a este respecto que en esta etapa las observaciones solo podían ser preliminares, aunque también se 
observó que el actual texto del Presidente ofrecía ya cierta base para un debate basado en el 
texto. Los proponentes se comprometieron a ag ilizar el proceso de redacción con objeto de 
presentar un proyecto de texto jurídico en las próximas reuniones. 
611.  Esta semana consideramos los tres primeros temas abordados en el documento no oficial: 
i) adecuación de los plazos para abordar las necesidades específicas de los países en desarrollo; 
ii) ajuste de los recursos disponibles para inducir a un cumplimiento efectivo; y iii) reducción de las costas procesales en los procedimientos de solución de diferencias. 
Plazos 
612.  En el documento no oficial se proponen ajustes en diversas etapas del procedimiento para 
tener en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo; por ejemplo, un período de 
consultas más largo, tiempo suficiente para la preparación de las comunicaciones a los grupos 
especiales y un plazo prudencial más largo para la aplicación. 
613.  Algunas delegaciones señalaron que la experiencia reciente mostraba que el número de 
países en desarrollo que intervenía activamente en las diferencias y estaba bien integrado en el 
sistema era cada vez mayor, lo que indicaba que los Miembros habían podido trabajar con arreglo 
a los plazos previstos en el ESD. 
614.  Un participante señaló que un supuesto en el que parecía estar basada la propuesta era la 
existencia de limitaciones financieras y de recursos humanos. Sin embargo, alargar el proceso 
significaría hacerlo más costoso. Los proponentes respondieron que no se partía del supuesto de que alargar los plazos reduciría los costos. Sin embargo, las limitaciones de recursos humanos 
implicaban que un país en desarrollo tendría que pe dir más tiempo para preparar su intervención, 
o comparecer ante el órgano resolutorio insuficientemente preparado. 
615.  El proponente de la propuesta separada relativa al ahorro de tiempo señaló que, por lo 
general, la aceleración de los procesos parecía servir al fin de lograr una pronta solución de las 
diferencias. Ese proponente preguntó si la propuesta de ampliar los plazos se aplicaría a todos los 
países en desarrollo, o si se contemplaba ceñirla a subcategorías específicas, como los PMA o las economías pequeñas y vulnerables, o con arreglo a otros criterios que reflejaran problemas de 
acceso concretos. 
616.  Otros participantes preguntaron también si los plazos ampliados se aplicarían a todos los 
países en desarrollo, ya fueran reclamantes o demandados en un asunto y con independencia del 
estado de desarrollo de la otra parte. Algunas delegaciones manifestaron su preocupación por la 
posibilidad de que la ampliación de los plazos pa ra los países en desarrollo se aplicara únicamente 
en las diferencias entre países en desarrollo Miembros y países desarrollados Miembros. En su TN/DS/26 
 
- 99 - 
 
  opinión, ello suscitaría problemas en relación con las debidas garantías procesales y también 
pondría en tela de juicio el fundamento de la solicitud basada en las necesidades de desarrollo de los beneficiarios. Por esa razón, un participante instó a los proponentes a no limitar su propuesta a las situaciones en que la otra parte es un Miembr o desarrollado. Una delegación señaló que, en su 
calidad de país en desarrollo, el 90% las diferencias en las que había intervenido afectaban a otro 
país en desarrollo y pidió a los proponentes que acla raran el párrafo 4 del documento no oficial, en 
el que se declaraba que los ajustes se harán "a  petición del país en desarrollo demandado". 
617.  En respuesta, los proponentes señalaron que esas preguntas y preocupaciones ya se habían 
planteado en el marco de debates anteriores sobre la naturaleza de las disposiciones en materia de trato especial y diferenciado. Teniendo presente que, idealmente, sería preferible que la propuesta beneficiara a todos los países en desarrollo, se consideraría por separado la cobertura 
de cada propuesta. En principio, dado que la intención de la propuesta es abordar las asimetrías 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo, los proponentes consideraban que, si la diferencia afectaba a dos países en desarrollo, se aplicarían los plazos normales y no habría 
ninguna ampliación. Sin embargo, también declararon que, en lo que concernía a la primera 
comunicación escrita del demandado, este merecía más tiempo, cualquiera que fuese el estado de desarrollo del reclamante. Los proponentes se co mprometieron a examinar el alcance de cada 
propuesta. En cuanto a las vinculaciones con la propuesta sobre el ahorro de tiempo, los 
proponentes se ofrecieron a reunirse con su proponente en la etapa de redacción. 
618.  Una delegación expresó su preocupación por el hecho de que se tratara de introducir nuevas 
categorías de Miembros. Puso de relieve las muchas dificultades que afrontan los países en 
desarrollo para cumplir los plazos del ESD (por ejemplo, movilizar recursos, redactar documentos 
en inglés, organización logística), sea cual sea su tamaño. Declaró que era necesario abordar esos problemas, en lugar de reclasificar a los Miembros sobre la base de criterios como el tamaño, el 
territorio, la población o el crecimiento, lo que sería muy delicado. 
619.  Con respecto al plazo para las consultas, los proponentes señalaron que los procedimientos 
previstos en el ESD se basaban en la presunción de la buena fe de los Miembros. A la luz de esa 
presunción, los proponentes opinaban que dar a los Miembros más tiempo antes de establecer un 
grupo especial contribuiría a resolver las diferencias antes de dicho establecimiento, evitando que la diferencia pasara a una etapa ulterior. 
620.  Varias delegaciones plantearon preguntas y pr eocupaciones con respecto a la prolongación 
de las consultas. Se planteó en primer lugar la cuestión de cuál era exactamente el plazo que se 
ampliaría y si la propuesta de ampliación del tiempo dedicado a las consultas se refería a los plazos de 60 y 30 días existentes, o a las propuestas de calendario reflejadas en el texto del 
Presidente. Otras delegaciones manifestaron su pr eocupación por la posibilidad de que ello diera 
lugar a una prolongación del conjunto del proceso e impidiera una pronta solución de la diferencia. Otras delegaciones cuestionaron la necesidad de introducir explícitamente ese ajuste, ya que, en la 
práctica, las consultas se prorrogan más allá del plazo de 60 días cuando hay un verdadero interés 
en resolver la diferencia. Esas delegaciones señalaron que el ESD ya prevé la posibilidad de prolongar el plazo para las consultas mediante acuerdo entre las partes. 
621.  Un participante subrayó que cualquier cambio que se introdujera debía ser viable e indicó 
que no estaba convencido de que ese fuera el caso en lo relativo a esta parte de la propuesta. 
622.  Los proponentes explicaron que el objetivo de esta propuesta era hacer el mejor uso del 
tiempo asignado en el proceso y ofrecer a los países en desarrollo que realmente desearan evitar 
una diferencia una oportunidad de hacerlo. Los proponentes pusieron de relieve los diversos 
problemas de coordinación que afrontan los países en desarrollo, como contratar abogados u organizar la logística de la asistencia a las consultas, los cuales, en su opinión, justifican la 
prolongación del período de celebración de consultas. En lo que respecta al plazo exacto de las 
consultas que la propuesta pretendía ampliar, los proponentes declararon que se encontraban aún en la fase de redacción a este respecto, pero que un plazo de 30 días para celebrar consultas era sin duda demasiado corto, aunque lo ideal sería ampliar también el conjunto de los plazos. 
623.  En relación con el plazo para la presentación de la primera comunicación escrita del 
demandado, los proponentes explicaron que por lo general se admite que actualmente los reclamantes están en posición de ventaja en lo que respecta a los plazos. A juicio de los TN/DS/26 
 
- 100 - 
 
  proponentes, es posible que el demandado, especialmente si es un país en desarrollo, no pueda 
presentar adecuadamente sus opiniones en el brev e plazo asignado para la primera comunicación 
escrita. 
624.  Se preguntó nuevamente cuál era exactamente el plazo que los proponentes deseaban 
ampliar y si la ampliación propuesta estaba basada en el texto del Presidente. Se observó que en 
el texto del Presidente ya figuraba una disposición en la que se encomendaba al grupo especial que otorgara esas prórrogas
75, y que podría contemplarse un mecanismo viable para que los 
grupos especiales se pronunciaran respecto de tales prórrogas. 
625.  Una delegación declaró que, desde el punto de vista de las debidas garantías procesales, la 
preocupaba la existencia de dos plazos distinto s, uno para los países desarrollados Miembros y 
otro, ampliado, para los países en desarrollo Mi embros. Los proponentes respondieron que en el 
Apéndice 3 del ESD ya se contemplan dos plazos diferentes para las primeras comunicaciones 
escritas del reclamante y del demandado. 
626.  Por último, en lo que respecta a la duración del plazo prudencial, un participante señaló que 
la norma actual era determinar el plazo más breve posible y preguntó cuál sería la relación entre la 
propuesta y la vigente directriz para los árbitros. Los proponentes señalaron que la directriz es de 15 meses con arreglo a la situación actual, y que considerarían la manera de formular el proyecto 
de texto y si en este debía establecerse 15 meses como plazo mínimo. Otra delegación señaló que 
en el texto del Presidente ya hay palabras
76 que encomendarían a los grupos especiales que 
tuvieran en cuenta la condición de país en desarrollo del Miembro que aplica las recomendaciones y resoluciones, lo que garantizaría la viabilidad de la propuesta. También señaló que, con arreglo a 
la práctica vigente, los árbitros tienden a reconocer que los países en desarrollo pueden afrontar 
dificultades especiales al aplicar las resoluciones. 
Inducir al cumplimiento efectivo 
627.  La propuesta trata de nivelar la situación de los países en desarrollo y los países 
desarrollados Miembros en caso de ausencia de cumplimiento efectivo por un país desarrollado, de las siguientes maneras: 
• los cálculos del nivel de anulación o menoscabo de ventajas incluirían la repercusión de la 
medida en la economía del país en desarrollo Miembro afectado; 
• un país en desarrollo Miembro que pretenda adoptar medidas de retorsión puede imponer 
medidas de retorsión cruzada sin recurrir a los procedimientos previstos en el párrafo 3 del 
artículo 22 del ESD; 
• si no se logra el cumplimiento, se permitiría la exigencia colectiva del cumplimiento por los 
demás Miembros, 
• si sigue sin tener lugar el cumplimiento, se aplicarían sanciones administrativas al Miembro 
en cuestión. 
628.  Los proponentes indicaron que, como han señalado grupos especiales anteriores, la 
obligación de poner las medidas en conformidad es un elemento fundamental del sistema y un 
elemento básico del ESD. Todos los participantes deben respetar en todo momento todas sus obligaciones. En opinión de los proponentes, prolongar el incumplimiento puede infligir enormes daños a los países en desarrollo y desintegrar segmentos importantes de sus economías. La 
propuesta crea, por lo tanto, instrumentos para inducir eficazmente al cumplimiento. 
629.  Algunos participantes preguntaron si las propuestas no se aplicarían cuando la otra parte 
sea un país en desarrollo y, en tal caso, por qué. Se observó que inducir al cumplimiento era un 
elemento muy importante para la eficacia global del sistema de solución de diferencias. Ello era 
tan fundamental en el caso de los países en desarrollo Miembros como en el de los países desarrollados Miembros, y en las diferencias entre países desarrollados en ocasiones tampoco 
                                               
75 Véase el documento TN/DS/25, página A-10, párrafo  10 del artículo 12 (texto sombreado en gris). 
76 Véase el documento TN/DS/ 25, página A-16, nota h. TN/DS/26 
 
- 101 - 
 
  tenía lugar el cumplimiento. Algunas delegaciones observaron que el estado de desarrollo de los 
países no es la única razón de que en ocasiones no se logre el cumplimiento y que los problemas están más relacionados con desequilibrios de las fuerzas económicas o dificultades de aplicación internas. Los proponentes consideraban que, pese a que el historial de cumplimiento era, por lo 
general, bueno, seguía habiendo asuntos pendie ntes que mostraban que el sistema es ineficaz 
para algunos Miembros. Era necesario resolver eso a fin de que el sistema sea eficaz para todos los Miembros. 
630.  Una delegación estuvo de acuerdo con la declaración contenida en el documento no oficial 
de que "la pronta aplicación de las resoluciones y recomendaciones del OSD es esencial para asegurar el correcto funcionamiento y la credibilidad del sistema de solución de diferencias". Sin embargo, no podía conciliar ese principio con la propuesta de ampliar el período de aplicación. 
631.  Se pidió que se aclarara la segunda frase del párrafo 6 de la propuesta ("(...) sobre la base 
del nivel de anulación o menoscabo de las ventajas, incluida la repercusión de la medida en la economía de ese país en desarrollo"), y se señaló que, con arreglo a las normas actuales, la 
suspensión de concesiones está basada en la anulación o menoscabo causados por la medida 
incompatible. Se preguntó si la propuesta trataba de que se impusieran suspensiones que excedieran de la repercusión de la medida incompatible, y se pidió que se aclarara la forma en que 
la propuesta guardaba relación con la idea de "equivalencia". Los proponentes observaron que el 
párrafo 8 del artículo 21 del ESD ya exigía al OSD que tuviera en cuenta la repercusión de las medidas en la economía del país en desarrollo Miembro de que se trate y que la propuesta trataba de dar sentido a esa disposición. 
632.  Una delegación observó que la propuesta sobre la retorsión cruzada sería el aspecto que 
más fácilmente podría llevarse a la práctica, desde el punto de vista de su viabilidad, puesto que el sistema vigente ya reconocía la retorsión cruzada. 
633.  Varias delegaciones formularon preguntas acerca de los mecanismos concretos mediante los 
que se pondría en práctica la retorsión colectiva. Una delegación mencionó el concepto de subasta de derechos de retorsión. Una delegación declaró que la retorsión colectiva no satisfaría el criterio 
de viabilidad y que no podía contemplar un sistema viable en el que un participante aplicara 
medidas de retorsión en nombre de otro Miembro.  Una delegación manifestó su preocupación en 
relación con el uso del término " enforcement " (hacer cumplir). 
634.  Los proponentes respondieron que podía contemplarse un sencillo mecanismo de retorsión 
colectiva en virtud del cual un Miembro podría pedir a un interlocutor que impusiera medidas de 
retorsión en las situaciones en que él no pudier a hacerlo. Los proponentes invitaron a las demás 
delegaciones a presentar cualquier idea que tuvieran en relación con la forma de establecer un 
mecanismo eficaz de retorsión colectiva. 
635.  Varias delegaciones se interesaron por el concepto de "sanciones administrativas". En 
respuesta, los proponentes hicieron referencia a las medidas administrativas ya previstas en el 
Acuerdo sobre la OMC para el caso de que los Miembros no aporten sin demora su contribución al 
presupuesto de la OMC. 
636.  Una delegación observó que, con la imposición de sanciones administrativas, la situación 
dejaría de ser una situación en la que intervienen dos partes para afectar al conjunto de la 
Organización. Preguntó quién decidiría si hay ausencia de cumplimiento y quién tomaría la decisión 
de imponer sanciones administrativas. La delegación observó que, si fuera el OSD, con arreglo a las normas vigentes debería hacerlo por consenso. Preguntó si ese aspecto de la propuesta 
también implicaría la necesidad de modificar el Acuerdo de Marrakech y puso en cuestión que tal 
modificación formara parte del actual mandato de examen del ESD. 
637.  También se observó que en el documento no oficial se ponían de relieve las dificultades que 
tienen los países en desarrollo Miembros para ejercer sus derechos de retorsión y que, sin 
embargo, la propuesta aspiraba a aumentar esos derechos. Se indicó que, si los países en desarrollo ya afrontan especiales dificultades al aplicar los derechos de retorsión, no era probable que conferirles derechos mayores indujera al cumplimiento, si seguía existiendo el problema de 
ejercer esos derechos. TN/DS/26 
 
- 102 - 
 
  638.  Una delegación sugirió que se estudiara la co mpensación como medio alternativo de inducir 
al cumplimiento, reforzando el párrafo 1 del artículo 22 del ESD. Se observó que el principal problema en el sistema actual era que la compensación era voluntaria y que los Miembros a los que corresponde la aplicación no ofrecen compensación. Por el contrario, confían en que la otra 
parte no hará valer sus derechos. Los proponentes tomaron nota de esta sugerencia y dijeron que 
examinarían la posibilidad de fortalecer la compensación. También invitaron a las delegaciones a proponer cualquier otra idea que pudi era inducir al pronto cumplimiento. 
Reducción de las costas procesales 
639.  Los proponentes pretenden establecer normas en relación con la distribución de las costas 
procesales, en particular en el caso de los pequeños países en desarrollo y los países menos adelantados. Concretamente, contemplan i) la creación de un fondo especial para sufragar las 
costas procesales de los países en desarrollo y ii) el establecimiento de normas específicas para la 
distribución de las costas procesales entre las partes en la diferencia. Las costas procesales recaerían sobre la parte que presente una reclamación infundada o imponga una medida 
incompatible con la OMC, según lo hayan determinado un grupo especial y/o el Órgano de 
Apelación. 
640.  Los proponentes explicaron que el documento no oficial combinaba dos propuestas 
anteriores y que la idea era que la OMC albergara un fondo para financiar los honorarios de los 
abogados en las diferencias entre países en desarrollo y países desarrollados Miembros, con cargo al cual se sufragarían los costos del país en desarrollo. Para ello se tomarían como base los honorarios del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC (ACWL).
77 Los proponentes 
explicaron que, aunque la contribución del ACWL al acceso de los países en desarrollo al sistema 
de solución de diferencias es muy importante, sigue siendo insuficiente para dar acceso a todos esos países. Explicaron también que en reuniones bilaterales se les habían hecho varias preguntas, 
como quién pagaría el fondo, de dónde procedería el presupuesto, cuál sería el calendario de las 
contribuciones o cuántas veces podrían los países tener acceso al fondo. Los proponentes tenían intención de presentar una matriz exhaustiva sobre esos aspectos. Con respecto a la distribución 
de las costas procesales entre las partes, los proponentes indicaron que un Miembro había 
expresado su preocupación por el hecho de que esas costas tuvieran un carácter punitivo, y señalaron que en numerosas jurisdicciones nacionales existe la distribución de las costas, que es un aspecto administrativo de las diferencias. 
641.  Algunas delegaciones preguntaron qué debía entenderse por "costas procesales" y si 
comprenderían todas las fases del procedimiento. Los proponentes confirmaron que, en principio, 
no estaría excluida de ese concepto ninguna de las etapas de la solución de las diferencias. 
642.  Varios participantes pidieron que se aclarara el concepto de "alegaciones infundadas". Se 
expresó la preocupación de que una sola alegació n infundada pudiera determinar quién pagaría las 
costas de todo el procedimiento. Los proponentes aclararon que el término empleado era 
"reclamación infundada", precisamente para evit ar debates sobre el número de alegaciones que 
tendrían que prosperar y que esa determinación correspondería al órgano resolutorio. Algunas 
delegaciones pusieron de relieve las dificultades que entrañaba una definición y señalaron que, en 
la mayoría de los asuntos, es difícil determinar quién ha ganado o perdido el caso. 
643.  Algunas delegaciones establecieron un paralelismo con el concepto de "reclamaciones 
inmotivadas" en los asuntos de inversión, y citaron como ejemplo el capítulo 11 del TLCAN, relativo a la solución de controversias, señalando que, aunque en él se regulan las costas 
procesales, no en todos los casos se distribuyen. Los proponentes tomaron nota de estas 
observaciones y declararon que estudiarían otros mecanismos de solución de diferencias como orientación para redactar su propuesta. 
644.  Algunas delegaciones expresaron su preocupación por el uso y el abuso de las costas 
procesales, que podrían tener un efecto disuasorio en diferencias legítimas o crear un incentivo para presentar diferencias que en otra situación no se habrían planteado. Aunque consideraban que el costo financiero de la utilización del sistema de solución de diferencias era una preocupación 
legítima, enfocaban con cautela la manera en que debía abordarse. A este respecto manifestaron 
que preferían el fondo a las costas procesales. 
                                               
77 Véanse las tarifas vigentes en http://www.acwl .ch/e/disput es/Fees.html . TN/DS/26 
 
- 103 - 
 
  645.  Una delegación planteó la cuestión de si conferir a los grupos especiales y al Órgano de 
Apelación la facultad de distribuir las costas procesales alteraría la naturaleza del sistema de solución de diferencias. Señaló que la distribución de las costas es una cuestión muy diferente de la compatibilidad con las normas de la OMC. Además, observó que los informes solo adquieren 
carácter vinculante cuando han sido adoptados por el OSD, por lo que se preguntaba si la 
distribución de las costas antes de que el OSD refrendara la existencia de una incompatibilidad no daría lugar a un problema. Los proponentes sostuvieron que, con arreglo a las normas actuales, 
los árbitros ya formulan una determinación de los costos en el marco del procedimiento previsto 
en párrafo 6 del artículo 22 del ESD, y que la propuesta solo introduciría otros aspectos. 
646.  Una delegación formuló una pregunta acerca de la relación entre el fondo y las costas 
procesales. Los proponentes aclararon que dichas costas solo se distribuirían en caso de que el 
fondo se agotara. También explicaron que el fondo no solo era el primer paso sino también la 
opción preferida, ya que se lo consideraba más neutral y no había sido criticado por las delegaciones por ser punitivo. 
647.  Otras delegaciones plantearon preguntas prácticas de procedimiento, como cuándo tendrían 
lugar los pagos, y pusieron en duda que el fondo ll egara jamás a agotarse si la disposición prevé el 
reembolso de las costas en caso de reclamación infundada. Una delegación expresó su 
preocupación por el hecho de que se tomaran como referencia los honorarios del ACWL, dado que 
eran demasiado elevados, y sugirió que el acceso al ACWL se veía dificultado cuando surgían conflictos de intereses. 
648.  Los proponentes se comprometieron a tratar de nuevo en la próxima reunión las cuestiones 
planteadas. 
Información estrictamente confidencial (IEC) 649.  Continuamos y finalizamos un debate de la propuesta acerca de la IEC, sobre la base del 
texto revisado de mayo del Canadá. 
650.  Con respecto a la propuesta de decisión del OSD, el Canadá explicó que el objetivo era 
permitir que los Miembros, incluidos los que pu dieran no haber sido partes en diferencias 
anteriores en las que se hubiera aplicado un procedimiento relativo a la IEC, tuvieran acceso a los 
distintos procedimientos adoptados hasta la fecha. De esta forma podrían hacer uso de esa experiencia con el fin de elaborar procedimientos específicos en futuros asuntos. Seguiría correspondiendo a cada grupo especial decidir el procedimiento de trabajo que debía adoptarse a 
efectos de un determinado caso. En respuesta a una pregunta, el Canadá observó que esta era 
una cuestión de transparencia de los mecanismos institucionales en beneficio de los Miembros, distinta de las cuestiones de transparencia planteadas en propuestas diferentes. 
651.  Varias delegaciones manifestaron su apoyo a la decisión propuesta y pidieron que se 
aclarara su funcionamiento. El Canadá explicó que el documento a que se hacía referencia en la decisión contendría los procedimientos relativos a IEC adoptados por anteriores grupos especiales 
y adjuntados a sus informes que estuvieran disponib les en el momento de la decisión del OSD. En 
lo que respecta a los procedimientos posteriores, la decisión contendría una instrucción prospectiva para que la Secretaría pusiera a disp osición de los Miembros los procedimientos de 
trabajo relativos a la IEC adoptados por los órga nos resolutorios, una vez que hubieran finalizado 
las respectivas actuaciones. En la propuesta se hacía referencia a la disponibilidad de esos 
procedimientos en el sitio Web de la OMC como la manera más cómoda de tener acceso a esa información, pero no se prejuzgaba la forma co ncreta en que esto debía llevarse a cabo. Por 
ejemplo, podían distribuirse los documentos en los que figuraran esos procedimientos y después 
podía darse acceso a ellos a través de una página específica del sitio Web. 
652.  Se pidió que se aclarara si se tenía intención de abarcar también el procedimiento previsto 
en el Anexo V del Acuerdo SMC. El proponente indicó que la respuesta a esa pregunta podía 
desprenderse de la solución dada a la cuestión de la relación entre la IEC y el procedimiento del Anexo V en el resto del texto. 
653.  A continuación el debate se centró en otros aspectos del texto que no se habían tratado 
plenamente en deliberaciones anteriores. Se examinaron en particular las dos opciones que figuran TN/DS/26 
 
- 104 - 
 
  entre corchetes en el párrafo 5 del artículo 18, en las que se expresa el alcance y la duración de la 
protección que se otorgará a la IEC. El Canadá recordó que la segunda opción se había introducido teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas en debates anteriores, con el fin de abordar preocupaciones derivadas de la formulación inicial. En la primera opción se preveía un 
mecanismo para la retirada de la designación, y el enfoque estaba basado en la duración de la 
protección. Se había observado que ello daba lugar a algunos problemas prácticos en relación con la manera y el momento en que esa retirada tendría lugar. Con arreglo al enfoque alternativo 
(segundo texto entre corchetes), no se abordaba directamente la duración de la protección y no 
era necesario ningún mecanismo para regularla. Según este enfoque, la protección seguía existiendo después de acabado el procedimiento y la información solo podría utilizarse para los fines de la diferencia. Desde este punto de vista, podría ser un enfoque preferible. Este enfoque 
también evitaba que surgieran debates respecto de si una designación de IEC confirmada por un 
grupo especial sería vinculante para las partes e impediría una posterior retirada unilateral de la 
designación. 
654.  Se debatió brevemente el trato que se daría a la información retirada del procedimiento 
como resultado del éxito de una impugnación. En concreto, se preguntó qué diferencia había entre el trato dado a esa información retirada y el dado a la información protegida como IEC si, en 
ambos casos, se impedía a las partes utilizarla. En respuesta, se explicó que los dos tipos de 
información recibían un trato fundamentalmente diferente en el procedimiento: la información retirada dejaría de formar parte del expediente y, por lo tanto, no podría utilizarse en el procedimiento, mientras que la IEC seguiría estando plenamente incluida en este. Con respecto a 
las restricciones del uso de la información retirada fuera del marco del procedimiento, se preguntó 
si el texto impedía que esa información se utiliza ra incluso en situaciones en las que el grupo 
especial hubiera determinado que no merecía protección por ser de dominio público y si las 
restricciones del uso de esa información eran de hecho más estrictas que las impuestas por el 
párrafo 5 del artículo 18 respecto de la información protegida como IEC. Se aclaró que la intención era que la información retirada no pudiera ser utilizada en la medida en que hubiera sido obtenida 
en virtud del procedimiento, pero ello no impediría su uso con otro fundamento si había sido 
conocida de otra forma. 
655.  En este contexto, también se puso de relieve que era muy importante que quienes 
aportaban información sensible tuvieran una garantía clara de que, si se le denegaba la condición 
de IEC en el procedimiento, cualquier informac ión que se presentara podría retirarse con la 
seguridad de que no sería divulgada. También se sugirió que, en cualquier caso, la información que se había facilitado en el procedimiento, tanto si finalmente se determinaba que era IEC como 
en caso contrario, normalmente constituiría información confidencial en el sentido del párrafo 2 del 
artículo 18. Por lo tanto, su divulgación también estaba prohibida por ese motivo. 
656.  A continuación se debatieron las situaciones en que una información que debía haberse 
mantenido en secreto ha llegado sin embargo a ser de conocimiento público debido a actos de 
divulgación indebida y la forma en que debía tratarse esa situación. A este respecto, un participante observó que podría no ser pertinente la manera en que la información llegaba a ser de dominio público, si ese era el resultado. 
657.  En respuesta a una petición, el Canadá confirmó que, con arreglo a la propuesta, sería 
posible que las partes acordaran permitir que se pr oteja información que no satisface la definición 
y que la designación solo se reexaminaría si fuera impugnada. A juicio del Canadá, era improbable 
que eso sucediera, y el mecanismo de impugnación establecería controles y contrapesos a este 
respecto. Ello era parte del equilibrio global de intereses reflejado en el procedimiento; el grupo especial estaba obligado a adoptar el procedimiento si así se le solicitaba, pero conservaba el 
control sobre el contenido del procedimiento que de bía adoptarse, salvo respecto de los elementos 
previstos en el Apéndice V. Por su parte, las partes controlaban la designación de la información como IEC si no había impugnación. 
658.  Se expresó la preocupación de que, en una situación en que se alegara que información 
presentada por otra parte era IEC sería difícil recuperar dicha información si ya se había difundido 
ampliamente. Se sugirió que ese efecto perjudicial podía minimizarse si se dejaba claro que, en tal situación, la información debía tratarse como IEC hasta que el grupo especial finalizara su 
evaluación de la designación. El Canadá consideraba que ese riesgo existía y era difícil de evitar, 
pero que el grupo especial tal vez podía adoptar el tipo de medida preventiva sugerido sin necesidad de que ello se expresara en el texto. TN/DS/26 
 
- 105 - 
 
  659.  También se reiteró la preocupación que suscitaba el concepto de "circunstancias 
excepcionales" del párrafo 2 del Apéndice V. El Canadá confirmó que no tenía intención de introducir un criterio para que lo aplicara el grupo especial, sino de alentar a que el procedimiento se utilizara en escasas ocasiones. Se sugirió que ello podría expresarse de forma diferente, por 
ejemplo diciendo que se recurra al procedimiento "solo cuando sea necesario". 
660.  En respuesta a una pregunta, el Canadá explicó también que no veía ninguna contradicción 
entre la protección de la IEC y el carácter confidencial de la información a que se hace referencia 
en el párrafo 2 del artículo 18. La propuesta introduciría un nivel adicional de protección para 
alguna información, pero se mantendría el carácter confidencial de toda la información protegida en virtud del párrafo 2 del artículo 18. 
661.  Al concluir este debate, observé que sería importante seguir trabajando en el plano técnico 
para lograr un proyecto de texto limpio, al menos en los aspectos en que hay un acuerdo básico 
sobre los conceptos. Sugerí que, en esta etapa, sobre la base de los debates celebrados hasta la 
fecha, ese acuerdo comprendía al menos los siguientes aspectos: 
• que los órganos resolutorios de la OMC estarían obligados a adoptar el procedimiento 
relativo a la IEC si una parte lo solicitaba; 
• que un tercero también podía solicitar la adopción de un procedimiento relativo a la IEC, 
pero que ello no constituye un derecho; 
• que fuera cual fuera el nivel de protección proporcionado en una etapa del procedimiento, 
ese nivel debía mantenerse en las siguientes etapas si así se solicitaba; y 
• que debía existir un procedimiento en virtud  del cual el órgano resolutorio pudiera 
determinar si la información para la que se solicita la protección merece esa protección. 
Balance 662.  En el G-40, los proponentes de los derechos de los terceros informaron de que continuaban 
los debates entre ellos y que seguían disponibles para celebrar nuevos debates si fuera necesario. 
663.  Los proponentes del reenvío también indicaron que habían celebrado reuniones 
constructivas entre ellos y estaban colaborando para presentar tal vez un documento único en el 
que se reflejaran las esferas de convergencia y de divergencia, con el fin de facilitar nuevos 
debates. 
664.  Alenté a los proponentes de cuestiones respecto de las que la labor aún no se ha finalizado a 
hacer todo lo posible para estar preparados para  la siguiente serie de reuniones, con objeto de 
completar esta fase de la labor. 
10. SEMANA DEL 16 DE JULIO DE 2012
78 
665.  Esta semana he celebrado consultas sobre los plazos, con inclusión de los aspectos 
relacionados con los países en desarrollo. También hicimos un breve balance de la labor en curso 
en relación con otros asuntos. 
Intereses de los países en desarrollo/plazos 
666.  Esta semana, los proponentes de los "intereses de los países en desarrollo"79 presentaron un 
proyecto de texto jurídico respecto de la primera cuestión que se trató en el documento conceptual 
presentado en mayo80, en concreto, los plazos. 
667.  Durante los debates del mes pasado, se observó que hay una vinculación entre esta 
propuesta y las propuestas separadas de Australia relativas al ahorro de tiempo. Por ese motivo, 
                                               
78 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/11. 
79 Copatrocinan el texto Cuba, el  Ecuador, el Grupo Africano, la India, Malasia y el Pakistán. 
80 Véanse los documentos JOB/DS/9, párrafo 84 y JOB/DS/10, párrafo 44. TN/DS/26 
 
- 106 - 
 
  examinamos a la vez ambos conjuntos de propue stas e intentamos identificar elementos de 
posible convergencia y divergencia entre ellos y debatir sobre los aspectos interrelacionados de ambas propuestas. 
668.  Dado que ambos conjuntos de propuestas no abarcan exactamente las mismas etapas del 
procedimiento, avanzamos siguiendo el orden cron ológico del procedimiento previsto en el ESD. 
También invité a las delegaciones a que plantearan y examinaran las vinculaciones posibles con otras propuestas que pudieren repercutir en los plazos. 
669.  Como antecedentes para el debate se puso a disposición de los participantes la información 
sobre la experiencia recogida hasta ahora en cuanto a los plazos establecidos en el ESD.
81 
Consultas 
670.  El texto jurídico presentado por los proponentes de los intereses de los países en desarrollo 
se refiere a distintos aspectos de las consultas, en el marco del párrafo 10 del artículo 4 y el 
párrafo 10 del artículo 12. Al presentar el texto,  los proponentes explicaron que los debates sobre 
el documento conceptual realizados anteriormente fueron muy productivos, habida cuenta de que 
les dieron ideas para el texto actual, y añadieron que habían celebrado consultas útiles con 
Australia para estudiar los aspectos comunes y las diferencias entre sus respectivas propuestas. 
671.  Examinamos en primer lugar la propuesta de  modificación del párrafo 10 del artículo 4 
del ESD, presentada por los coproponentes, por lo que respecta a los intereses de los países en 
desarrollo en el marco de las consultas. Los coproponentes explicaron que muchos de ellos 
estimaban que esa disposición, en su redacción actual, no es suficientemente específica. La 
propuesta, por tanto, pretende aclarar el contenido de las obligaciones y a quién corresponde la 
carga de cumplirlas. Proponen añadir al texto dos ejemplos concretos de obligaciones que aclaren 
el alcance de la obligación general: a) en diferencias planteadas entre países en desarrollo y países desarrollados, el país en desarrollo Miembro debería poder elegir el lugar de celebración de las 
consultas; y b) a fin de abordar las limitaciones de capacidad de los países en desarrollo, los 
países desarrollados deberían presentar por escrito todas sus preguntas con 15 días de antelación para permitir una preparación adecuada de las consultas. 
672.  Los participantes agradecieron a los proponentes la presentación de un proyecto de texto 
específico. Varias delegaciones manifestaron que comprendían las preocupaciones que subyacen a la propuesta. Varios participantes pidieron que se aclarara el alcance de las obligaciones en relación con el carácter de país en desarrollo de las partes. Los proponentes aclararon que la 
disposición era específica a las consultas que se celebraran entre países en desarrollo y países 
desarrollados y no se aplicaría a las que se celebraran entre países en desarrollo. También aclararon que el ámbito del apartado a) se limitaba a las consultas celebradas entre países 
desarrollados y países en desarrollo, independientemente de si el país en desarrollo actúa como 
reclamante o como demandado, mientras que el apartado b) se limitaría a consultas que se refieran a una medida adoptada por  un país en desarrollo Miembro. 
673.  En cuanto al proyecto de la parte introductoria del párrafo 10 del artículo 4, varias 
delegaciones expresaron su preocupación acerca del uso del auxiliar " shall", que refleja una 
obligación firme, combinado con la expresión " inter alia " (entre otras cosas), que sugiere una 
obligación de carácter flexible. También preguntaron si era apropiado usar " shall" en una 
obligación de máximo empeño formulada con la expresión " giving special attention " (prestando 
especial atención). También se preguntó qué derechos, además de los identificados específicamente, abarcaría la expresión "entre otras cosas". 
674.  Una delegación observó que la parte introductoria parecía establecer una prescripción 
general de prestar especial atención, lo que parece ser una obligación de comportamiento, que no exige resultados específicos. En cambio, los apartados a) y b) exigen acciones o consecuencias 
específicas. En general, en opinión de esa delegación, la expresión "especial atención" no parecía 
                                               
81 Cuadros relativos a lo siguiente: los plazos transc urridos entre la presentaci ón de la solicitud de 
celebración de consultas y el establecimiento de un grupo especial; los plazos transcurridos entre el 
establecimiento del grup o especial y la determ inación del plazo prudencial; la du ración del plazo prudencial; los 
plazos de las actuaciones de los grupos especiales so bre el cumplimiento; y los plazos para el recurso al 
arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22. TN/DS/26 
 
- 107 - 
 
  estar definida por el contexto que proporcionan los apartados a) y b) y estos parecen ir más allá 
de prestar atención especial. Propuso que el texto de la prescripción genérica de prestar especial atención y las obligaciones específicas se separasen. Otro participante propuso usar la expresión "dichas obligaciones incluirán, sin que la enumeració n sea exhaustiva ...", en lugar de "entre otras 
cosas". 
675.  Los proponentes tomaron nota de las preocupaciones de las delegaciones respecto del uso 
del término prescriptivo " shall" conjuntamente con la expresión " inter alia " (entre otras cosas). 
Explicaron que su propuesta tenía por objeto abordar la falta de especificidad del párrafo 10 del 
artículo 4 y dar sentido a las obligaciones que incorpora. El uso de la expresión "entre otras cosas" tiene la finalidad de asegurar que las cuestion es que se identifiquen específicamente como 
importantes para los países en desarrollo queden comprendidas en el ámbito de esa disposición. 
Los proponentes aclararon que la idea no era ampliar de modo indebido el ámbito de la 
disposición. Estaban dispuestos a revisar, a la luz de lo anterior, el texto propuesto. 
676.  Una delegación destacó la importancia de poder medir y evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones en los casos en que se utiliza " shall" y no " should ". Advirtió que no debía utilizarse un 
lenguaje prescriptivo que podría crear distinci ones difíciles de resolver. Los coproponentes 
recordaron que el trato diferenciado para los países en desarrollo está reconocido en los acuerdos 
abarcados vigentes de la OMC y en las declaraciones ministeriales, incluido el ESD, y que esos 
derechos, que se conceden sobre la base de la existencia de asimetrías entre los Miembros, no se deberían poner en entredicho. Los proponentes también advirtieron que no debía utilizarse como base del trato especial y diferenciado un texto repleto de verbos " should " que carecieran de 
eficacia. 
677.  Otros participantes señalaron que el debate debía centrarse en cómo hacer operativas 
determinadas disposiciones, de modo de avanzar de forma constructiva y encontrar posibles vías 
para superar cuestiones polarizadas. Observé que los debates sobre el trato especial y diferenciado 
nunca han sido fáciles, porque existen problemas de  definición. Sin embargo, la meta era mejorar 
las disposiciones pertinentes a fin de fortalecerlas y hacerlas más precisas en los casos en que 
fuera posible. Señalé que el debate debería intentar centrarse en el fondo de cada propuesta, y no 
en cuestiones de principio. 
678.  Un participante reconoció la importancia del trato especial y diferenciado y lo apoyó pero 
observó que, sobre la base del debate, parecía que las propuestas probablemente enfrentarían 
más resistencia si al otorgar a una parte un derecho simultáneamente quitaban derechos a la otra 
parte. Opinó que la clave estaba en ampliar los derechos de los países en desarrollo sin menoscabar la posición de otros Miembros. También era necesario encontrar formas pragmáticas 
para hacer operativo el trato especial y diferenciado sin socavar prácticas firmemente establecidas 
y eficaces. Otra delegación subrayó la importancia de centrarse en los desafíos específicos que enfrentan los países en desarrollo al recurrir al procedimiento de solución de diferencias. 
679.  En cuanto al apartado a) y la elección del lugar para celebrar las consultas, varias 
delegaciones solicitaron a los proponentes que aclarasen el sentido de la expresión "lugar" y si se 
refiere a la ciudad concreta donde se celebra la reunión o a la sala y las condiciones específicas en que se celebra, en cuyo caso podría tener efecto s radicales. Los proponentes aclararon que en ese 
contexto el lugar se refiere a la ciudad o al sitio y propusieron aclararlo de ser necesario. 
680.  Los proponentes también recordaron que el ámbi to del apartado a) estaba limitado a las 
consultas celebradas entre países desarrollados y países en desarrollo. Sin embargo, la elección 
del lugar correspondería al país en desarrollo Miembro, independientemente de que actuara como 
reclamante o como demandado. 
681.  Una delegación observó que el ESD actualmente no contiene disposiciones sobre la 
determinación del lugar y que introducir una disposición al respecto podría ser útil para reducir 
posibles tensiones entre las partes que intervienen en las consultas. Varias delegaciones reconocieron las limitaciones financieras concretas de los países en desarrollo, pero también expresaron que, independientemente de los recurs os financieros, con frecuencia es difícil que 
todos los miembros de las delegaciones estén presentes en un mismo lugar. Por ese motivo, 
opinan que sería más conveniente elegir el lugar caso por caso, a fin de proporcionar discrecionalidad y flexibilidad a las partes. Sugirieron que se podría incluir un texto por el que se TN/DS/26 
 
- 108 - 
 
  exigiera que, en la determinación del lugar, los países desarrollados tuvieran en cuenta los 
problemas concretos del país en desarrollo Miembro. 
682.  Varios participantes estimaron que la elección del lugar era un problema especialmente para 
los países en desarrollo que carecen de los recursos financieros para enviar a sus delegaciones a 
Ginebra. También observaron que la determinación del lugar es frecuentemente una causa de 
tensiones entre las partes. Expresaron su afinidad con cualquier propuesta que intente superar los desafíos que el procedimiento de solución de diferencias impone a los países en desarrollo. Veían 
con buenos ojos una disposición que hiciera que la elección del lugar dependiera del país en 
desarrollo Miembro. Una delegación sugirió que la propuesta podría incluir aportes financieros para que los representantes de países en desarrollo pudieran trasladarse al lugar de celebración de las consultas acordado por las partes. 
683.  Algunas delegaciones expresaron reservas por las repercusiones que esa disposición podría 
tener en la participación de terceros. Observaron que si el lugar elegido era la capital del país en 
desarrollo Miembro, era probable que la mayoría de  los Miembros que habían expresado su interés 
en ser asociados a las consultas no pudieran participar efectivamente debido a sus propias 
limitaciones financieras. Se indicó que con frecuencia se elige Ginebra como opción de última instancia para facilitar la participación de terceros en las consultas. Otra delegación expresó su 
desacuerdo e indicó que, por lo que ha observad o como país en desarrollo y como tercero, la 
participación de mayor importancia de los terceros tenía lugar en etapas posteriores del procedimiento. Indicó también que había otras posibilidades para que los terceros pudieran participar cuando el lugar elegido no fuera Gi nebra, por ejemplo permitiendo la presencia de 
representantes diplomáticos locales del tercero en cuestión. En respuesta, sin embargo, se 
cuestionó si eso permitiría una participación eficiente de los terceros. 
684.  Los proponentes observaron que la participación de los terceros era una preocupación 
válida. Sin embargo, su propuesta solo pretendía abordar los problemas de los países en desarrollo 
que participaran en consultas en calidad de partes  y no pretendía abordar las cuestiones relativas 
a la participación de los terceros. Los obstáculos actuales a la participación de terceros con arreglo 
a las actuales disposiciones del ESD persistirían, pero su propuesta no los exacerbaba. 
685.  El apartado b) de la propuesta establece que, en las consultas que se refieran a una medida 
adoptada por un país en desarrollo Miembro, todas las preguntas se presentarán por escrito por lo 
menos 15 días antes de la fecha de celebración de las consultas. 
686.  Varias delegaciones veían con buenos ojos la presentación anticipada de las preguntas, lo 
que permitiría que se celebraran consultas útile s, y redundaría en interés de ambas partes. 
Sugirieron, por lo tanto, que la disposición abarcara a todos los países desarrollados y en 
desarrollo Miembros. Una delegación cuestionó la ne cesidad de codificar y limitar el ámbito de lo 
que, en los hechos, había constituido una práctica habitual en todas las consultas en las que había participado. Otra delegación no estimó necesario incluir una regla como la mencionada porque, 
como habían indicado otros participantes, las preguntas formuladas por anticipado redundaban en 
interés de ambas partes. 
687.  Los proponentes expresaron su satisfacción por el hecho de que los participantes parecían 
estar de acuerdo en que enviar anticipadamente las preguntas por escrito era importante y 
beneficioso para el proceso de consultas. Precisamente por ese motivo consideraban que sería útil 
codificar esa práctica en el texto. Explicaron que, dado que el propósito de las consultas es evitar la etapa de resolución y facilitar la solución del asunto, la notificación previa de preguntas daría 
tiempo a los países en desarrollo demandados para consultar a los ministerios y partes interesadas 
pertinentes y, de ese modo, promovería una solución positiva de la diferencia. Sin embargo, la intención no era limitar la flexibilidad de que disponían los Miembros. Acordaron considerar, a la 
luz del debate, las ventajas de ampliar el ámbito de esta disposición y agradecieron el texto 
propuesto por las delegaciones interesadas. 
688.  Si bien coincidieron en que la presentación anticipada y por escrito de las preguntas 
aumentaría la eficiencia de las consultas, algunos participantes expresaron su preocupación de que 
el ámbito de las consultas se viese limitado a esas preguntas. Sugirieron que se introdujese un 
texto que aclarase que el ámbito de las consultas no se vería limitado a las preguntas escritas enviadas por anticipado y que el reclamante podría plantear preguntas adicionales y TN/DS/26 
 
- 109 - 
 
  complementarias que no se hubieran formulado por escrito. Los proponentes confirmaron que no 
era su intención impedir preguntas complementarias o adicionales. 
689.  En cuanto al plazo de 15 días, se sugirió que era un plazo bastante breve, en la medida en 
que una parte dispone de 10 días contados a partir de la recepción de la solicitud de celebración de 
consultas para responderla y de 30 días para celebrar las consultas, lo cual supone que las 
preguntas anticipadas se enviarían solo 5 días después de recibir la respuesta a la solicitud de celebración de consultas. Los proponentes explicar on que ese plazo se había elegido teniendo en 
cuenta otra propuesta de modificación que figura en  su propuesta, a saber, la ampliación del plazo 
de 30 días para entablar consultas. Otra delegaci ón sugirió que podría ser más claro fijar el plazo 
de recepción de las preguntas escritas con referencia a la fecha de la solicitud de celebración de consultas, en lugar de fijarlo con referencia a la fecha de la celebración de las consultas. 
690.  Pasamos después a la cuestión de la duración de las consultas, que se aborda de modo 
distinto en las dos propuestas. El proyecto de texto presentado por los coproponentes modificaría 
el párrafo 10 del artículo 12 del ESD para ampliar en 15 días el plazo dentro del cual las partes 
deben entablar consultas en los asuntos relacionados con una medida adoptada por un país en 
desarrollo Miembro. La propuesta también ampliaría  el plazo de las consultas, incluso con respecto 
a los asuntos relativos a productos perecederos, sin especificar en cuántos días se debería ampliar. 
En cambio, la propuesta de Australia prevé reducir  a 30 días el plazo para entablar consultas, con 
la posibilidad de ampliarlo a 60 días para los países en desarrollo Miembros. 
691.  Recordé que con arreglo al párrafo 7 del artículo  4 del ESD, la parte reclamante actualmente 
no puede solicitar el establecimiento de un grupo especial antes de que transcurran 60 días desde 
la fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas, a menos que la parte demandada 
no cumpla los plazos que el ESD establece para re sponder a la solicitud o entablar consultas. La 
etapa de consultas también puede concluirse antes si las partes consideran conjuntamente que las 
consultas no han permitido resolver la diferencia. También señalé que hasta la fecha, en la 
práctica, la duración media de las consultas ha sido de 162 días (contados desde la fecha de la solicitud de celebración de consultas hasta la fecha de la primera solicitud de establecimiento de 
un grupo especial).
82 
692.  Australia recordó que su propuesta inicial se basaba en un examen de todo el proceso de 
solución de diferencias a efectos de detectar dónde se podía ahorrar tiempo. Aclaró que la propuesta no modificaría la posibilidad de celebrar consultas durante un plazo más largo que el 
previsto, pero que el objetivo era permitir un pr ocedimiento acelerado en caso de que las partes 
desearan dar celeridad al proceso y pasar a la etapa del grupo especial. Teniendo en cuenta debates anteriores, también consideraba útil establecer la posibilidad de que el plazo para las 
consultas en que participara un país en desarrollo Miembro tuviera 30 días adicionales. 
693.  Los coproponentes explicaron que su prop uesta contenía dos elementos. Deseaban 
conservar el plazo de 60 días antes de que se pueda solicitar el establecimiento de un grupo 
especial, especialmente teniendo en cuenta las estadísticas que indican que la mayoría de los 
asuntos no supera la etapa de consultas, lo que, en su opinión, demuestra la utilidad de celebrar consultas. Expresaron su conformidad con la pr opuesta de Australia en la medida en que sus 
disposiciones sobre trato especial y diferenciado mantuvieran, respecto de los países en desarrollo 
demandados, el plazo actual de 60 días para que se pueda solicitar el establecimiento de un grupo 
especial. Algunos de los proponentes deseaban ampliar este plazo más allá de los 60 días y solicitaron la opinión de otras delegaciones al respecto. 
694.  Los coproponentes explicaron que su principal pr eocupación se refería al plazo para entablar 
consultas y observaron que el plazo actual de 30  días (o el plazo mutuamente convenido) era 
demasiado corto. Por tanto, proponían ampliar ese plazo en al menos 15 días más cuando la 
medida respecto de la cual se celebraran consultas haya sido adoptada por un país en desarrollo 
Miembro, independientemente de si el reclamante es un país en desarrollo o desarrollado Miembro. A su juicio, 45 días sería un tiempo suficiente  para que los países en desarrollo Miembros 
abordaran las cuestiones de coordinación interna antes de entablar las consultas. 
                                               
82 Al 6 de julio de 2012. TN/DS/26 
 
- 110 - 
 
  695.  Un participante preguntó cómo habían determinado los proponentes que una ampliación 
de 15 días del plazo sería apropiada. Los proponentes aclararon que se optó por ese plazo tras realizar consultas con otros países en desarrollo que participan activamente en la solución de diferencias y teniendo en cuenta la experiencia que han acumulado hasta la fecha, que parece 
indicar que un plazo adicional de dos semanas ayudaría a preparar mejor las consultas. 
696.  Varias delegaciones expresaron su apoyo a la ampliación a 45 días del plazo para entablar 
consultas para los países en desarrollo, reconociendo los posibles problemas para cumplir un plazo 
más breve. Un participante explicó que, si bien en general era partidario de disposiciones neutras, 
reconocía en este caso concreto que los países en desarrollo Miembros enfrentaban problemas específicos, y vería favorablemente dicha ampliación como una disposición de trato especial y diferenciado. También se señaló que con ello las consultas tendrían más sentido y, de ese modo, 
se promoverían las soluciones mutuamente co nvenidas, que son el resultado preferido. 
697.  Un participante sugirió que esa ampliación no estuviera supeditada a una solicitud del país 
en desarrollo Miembro sino que fuera automática. Otro observó que el uso de la expresión "por lo 
menos" parecía indicar que el plazo que se podía solicitar no estuviera sujeto a límites, y se 
preguntó con qué margen de discrecionalidad contaba la otra parte para rechazar esas solicitudes. 
Para abordar esta preocupación, se propuso que se suprimiera la expresión "por lo menos". 
También se preguntó si se podrían formular varias solicitudes de ampliación y si se tendrían que 
aceptar. Los proponentes explicaron que su intención no era permitir que los países en desarrollo ampliasen más de lo razonable el plazo de celebración de las consultas. Si un país en desarrollo solicitara 15 días adicionales, se concederían. Más tiempo adicional solo se concedería si se 
conviniera en ello. Los proponentes se mostraron dispuestos a ajustar el texto para reflejar ese 
objetivo. 
698.  Los proponentes también aclararon que la propuesta debía leerse en el contexto del 
párrafo 3 del artículo 4 del ESD, que establece que se deben entablar consultas dentro de un plazo 
de 30 días a menos que se convenga de mutuo acuerdo lo contrario. La propuesta pretende modificar solo el plazo de 30 días, no la facultad  discrecional que tienen las partes para acordar 
otro plazo. En ese contexto, se sugirió que esta parte de la propuesta podía trasladarse al 
párrafo 3 del artículo 4, que, por lo demás, se refiere a la duración de las consultas. Eso también aclararía que, si las partes desearen celebrar cons ultas en menos de 45 días, nada lo impediría. Se 
sugirió el siguiente texto: "... entablará consultas dentro de un plazo de no más de 30 días cuando 
las consultas se refieran a una medida adoptada por un país desarrollado Miembro, o de un plazo 
de no más de 45 días cuando las consultas se refieran a una medida adoptada por un país en desarrollo Miembro, o de otro plazo mutuamente convenido". 
699.  Sin embargo, algunos participantes no se mostraron partidarios de ampliar el plazo de 
60 días para poder solicitar el establecimiento de un grupo especial o el plazo para la celebración 
de consultas en casos de urgencia. Se indicó que ampliar esos plazos afectaría desfavorablemente 
a los derechos del reclamante y no promovería una solución mutuamente convenidas entre las 
partes. 
700.  Algunos participantes señalaron a la atención de los presentes la existencia de una posible 
tensión entre la ampliación del plazo para entablar  consultas y el plazo durante el cual las partes 
no pueden solicitar el establecimiento de un grupo especial. Algunas delegaciones pusieron en 
duda la utilidad de mantener un plazo adicional de 15 días dentro del cual no se puede solicitar el establecimiento de un grupo especial cuando es evidente para las partes que las consultas no 
permitirán llegar a una solución mutuamente conv enida. Se sugirió que el plazo para entablar 
consultas también podía usarse para fijar el plazo para solicitar el establecimiento de un grupo especial, especialmente si se amplía a 45 días para los países en desarrollo. Australia observó a 
este respecto que su propuesta original no se ha bía diseñado teniendo en cuenta la propuesta de 
los coproponentes de ampliar a 45 días el plazo para entablar consultas. Sin embargo, tomando en consideración esa ampliación, se podría examinar la posibilidad de permitir que se presente la solicitud de establecimiento de un grupo especial en cuanto haya transcurrido el plazo de 
celebración de las consultas, es decir, una vez transcurridos 30 días en el caso de los países 
desarrollados Miembros, y una vez transcurridos 45 dí as en el caso de los países en desarrollo 
Miembros. Australia aclaró además que su propuesta no implicaba modificar el párrafo 3 del 
artículo 4. TN/DS/26 
 
- 111 - 
 
  701.  Los coproponentes expresaron preocupación po r la afirmación de que con arreglo a la 
propuesta inicial de Australia habrían tenido derecho a que transcurriera el plazo total de 60 días antes de que se pudiera solicitar el establecimiento de un grupo especial, pero que si el plazo para entablar consultas se ampliaba en 15 días tendrían que renunciar a ese derecho. Estimaban que el 
plazo que transcurre entre el momento en que se entablan las consultas y el momento en que se 
solicita el establecimiento de un grupo especial, es útil para reflexionar sobre lo que ha ocurrido durante las consultas y para sondear las oportunidades de solucionar la diferencia. Otros 
participantes consideraron también que dicho plazo permite realizar un seguimiento de las 
consultas o prepararse para la etapa del grupo especial, o da al Miembro cuyas medidas fueron objeto de consultas la oportunidad de suprimirlas o modificarlas. Un participante indicó que el plazo para entablar consultas y el plazo durante el cual no se puede solicitar el establecimiento de 
un grupo especial eran dos aspectos diferentes: el primero tenía por objeto permitir que se llegue 
a una solución amistosa, mientras que el segundo constituía la iniciación de la etapa de resolución por un tercero, que se escapa al control de las partes. 
702.  Australia destacó que, con arreglo a su propuesta, no sería obligatorio solicitar el 
establecimiento de un grupo especial inmediatamente después de que hubiera transcurrido el plazo para las consultas. Por el contrario, su propuesta tenía por objeto otorgar a las partes que 
desearan solicitar inmediatamente el establecimiento de un grupo especial, flexibilidad para que 
pudieran hacerlo, pero no impedía que las consul tas siguieran su curso hasta el final del plazo. 
703.  En conclusión, observé que al parecer era necesario que los coproponentes y Australia 
siguieran manteniendo conversaciones a fin de alcanzar el difícil objetivo de salvar las diferencias 
entre los aspectos que vinculan a ambas propuestas. 
704.  Por último, pasamos a examinar brevemente el establecimiento de los grupos especiales. 
Australia explicó que actualmente los Miembros pueden bloquear el establecimiento en la primera 
reunión del OSD en la que se solicite el establecimiento de un grupo especial, y que esa posibilidad 
no existe con respecto a la segunda solicitud, tras la cual el establecimiento es automático. Opinó que eso desacelera todo el procedimiento y que, si se aplicase la regla del consenso negativo 
desde la primera reunión del OSD, se podrían ahorrar entre dos y cuatro semanas. Observó que 
debates anteriores habían puesto de manifiesto que algunos países en desarrollo deseaban mantener la situación actual, que les permitía bloquear el establecimiento en la primera reunión.
 
705.  Una delegación expresó su apoyo al ahorro de tiempo en esta etapa. Sin embargo, expresó 
preocupación respecto de que se introdujera el tr ato especial y diferenciado en esta etapa en la 
medida en que si se planteara la cuestión de si un Miembro tiene el derecho a bloquear el establecimiento, el OSD se vería obligado a resolverla. Esta era una responsabilidad para la cual 
el OSD no estaba debidamente preparado. 
706.  Agradecí a los proponentes y a las delegaciones el útil debate y propuse reanudar la 
actividad después de la pausa estival. 
Balance 
707.  Al finalizar la semana también hicimos un balance de la labor en curso.  
Reenvío 
708.  Pedí a los proponentes de las dos propuestas relativas al reenvío que nos pusieran al 
corriente de los últimos avances realizados. Los proponentes informaron al G-40 de que se 
reunieron esta semana con el objetivo de elabor ar un texto único y refundido. Indicaron que, al 
hacerlo, habían identificado varias esferas de convergencia y habían incorporado corchetes en las 
esferas en que persisten las divergencias. Señalaron asimismo que tuvieron en cuenta las 
observaciones recibidas de otras delegaciones durante los últimos meses. Los proponentes informaron al grupo de que seguirán trabajando durante el verano y que esperaban presentar un 
texto refundido, con algunos corchetes, en nuestra s reuniones de otoño. Les alenté a que tuvieran 
listo el texto para nuestra próxima reunión de septiembre.
 TN/DS/26 
 
- 112 - 
 
  Intereses de los países en desarrollo 
709.  También hicimos un balance del trabajo reciente sobre los intereses de los países en 
desarrollo, con exclusión de los plazos. Los proponentes indicaron que están manteniendo consultas con una amplia gama de delegaciones de países en desarrollo mientras avanzan en la 
preparación de un proyecto de texto relativo a los demás aspectos de su propuesta. Comunicaron 
su intención de presentar un texto nuevo a finales de octubre. Tomé nota de sus esfuerzos y les alenté a que prosiguieran su trabajo y presentaran lo antes posible un texto jurídico para facilitar 
un debate fructífero. Indiqué además que me propongo continuar en septiembre el debate relativo 
a los plazos, y mantener conversaciones sobre los aspectos de la propuesta relativa a los intereses de los terceros, en relación con otras propuestas relativas a los terceros que se han examinado recientemente. 
Cuestiones posteriores a la retorsión 
710.  Un proponente de una propuesta sobre las cuestiones posteriores a la retorsión informó a 
las delegaciones de que recientemente había mantenido varias reuniones constructivas con otros 
proponentes, con el posible objetivo de elaborar un texto común que sirva de base para nuevos 
debates en reuniones futuras, de modo similar a como se ha hecho en la labor en curso sobre el reenvío. Animé a los proponentes a que trabajaran con el objetivo de lograr un texto que pueda 
servir de base para futuros debates. 
Próximas reuniones 711.  Al terminar la semana, propuse que nos reuniésemos la semana del 17 de septiembre para 
continuar nuestros debates sobre el reenvío y sobre los intereses de los países en desarrollo y los 
plazos. Mencioné también que sería útil tratar de completar la labor en algunas esferas en las que 
se ha expresado un amplio acuerdo pero respecto de  las cuales no se ha finalizado un texto. En 
concreto, propuse que intentáramos concluir el trabajo sobre las soluciones mutuamente 
convenidas y la participación de los terceros en las consultas. Solicité a los proponentes que 
trabajaran con miras a tener para las próximas reuniones textos definitivos respecto de estas dos cuestiones. Propuse además que examináramos cualquier avance respecto de las propuestas sobre 
las cuestiones posteriores a la retorsión. 
11. SEMANA DEL 1º DE OCTUBRE DE 2012
83 
712.  Esta semana he celebrado consultas sobre los derechos de los terceros, los intereses de los 
países en desarrollo y los plazos. También hicimos balance de la labor en curso en relación con el 
reenvío y las cuestiones posteriores a la retorsión. 
Derechos de los terceros 713.  Reanudamos el debate sobre los derechos de los terceros en las consultas para intentar 
finalizar el texto revisado sobre la base de lo que se había acordado previamente.
84 
714.  Recordé el texto propuesto para el apartado a), que prevé que el Miembro que desee 
participar en las consultas deberá poner de manifiesto por escrito su interés comercial sustancial a 
los Miembros que participan en las consultas y al OSD en un plazo de 10 días contados a partir de 
la fecha de la distribución de la solicitud de celebración de consultas. 
715.  También recordé la convergencia alcanzada en torno a los conceptos recogidos en el 
apartado b), es decir, una aclaración en cuanto a la consideración que ha de darse a las 
representaciones realizadas por el Miembro que desea ser asociado a las consultas y la idea de que 
la solicitud de asociación a las consultas se consideraría aceptada a menos que la parte demandada notifique en un plazo de siete días que no la acepta. En la última versión del texto, 
recogida en el documento JOB/DS/8, este plazo de siete días se incluyó en el apartado c) y se 
hace referencia a él en el apartado b). 
                                               
83 Distribuido anteriormente con las signaturas JOB/DS/12 y JOB/DS/12/Corr.1. 
84 Véase el documento JOB/DS/8, párrafos 48-53. TN/DS/26 
 
- 113 - 
 
  716.  Seguidamente pasamos a examinar la cuestión de redacción pendiente. Recordé que el 
apartado c) propuesto aborda la notificación que ha de hacer el Miembro demandado en respuesta a una solicitud de asociación a las consultas y que la última versión del texto prevé la notificación tanto de la aceptación como del rechazo. Record é que este texto se incluyó para responder al 
interés que habían expresado algunas delegaciones en asegurar que se ofrezca transparencia 
sobre el resultado de todas las solicitudes, inclus ive de las que hayan sido aceptadas. Señalé que, 
conforme a la práctica actual, el demandado está obligado a notificar la aceptación, pero no el 
rechazo, de las solicitudes de asociación a las consultas y que la Secretaría distribuye a 
continuación un documento en el que se enumeran los Miembros cuyas solicitudes de asociación han sido aceptadas.
85 Teniendo en cuenta esta práctica, pregunté si las delegaciones estarían 
dispuestas a estudiar mecanismos distintos de las notificaciones del Miembro demandado para 
lograr mayor transparencia, por ejemplo mediante la distribución de un documento del OSD en el 
que se enumeren tanto los Miembros que han sido asociados a las consultas como los que no. 
717.  Los proponentes informaron de que habían es tado trabajando en distintas ideas para 
resolver la tensión que surge entre, por una parte, el automatismo que se deriva de la falta de una 
respuesta en un plazo de siete días y, por otra, la mayor transparencia que se obtiene de facilitar la información sobre la aceptación y el rechaz o. Los proponentes explicaron que la primera 
solución que contemplaban era suprimir las palabras "a menos" del texto del apartado b) que 
figura en el documento JOB/DS/8, para permitir la notificación tanto de la aceptación como del rechazo, e incluir un apartado que regule las consecuencias de la falta de notificación. La segunda opción que consideraban los proponentes era mantener el texto de la última versión de la 
disposición, suprimiendo el primer texto del apartado c) que figura entre corchetes y manteniendo 
el segundo. Además, contemplaban la posibilidad de introducir un apartado d) como una disposición de transparencia, previendo una lista de los Miembros que hayan sido aceptados y 
rechazados. 
718.  Los proponentes explicaron que, a su juicio, las dos soluciones lograrían el mismo objetivo. 
Pidieron a los participantes que indicaran su preferencia acerca de si deben notificarse la 
aceptación y el rechazo o solamente el rechazo. También pidieron las opiniones de las 
delegaciones sobre la introducción de una disposición en relación con la falta de notificación. Por último, los proponentes preguntaron a los participantes cómo pensaban resolver la cuestión de la transparencia, bien imponiendo una obligación de noti ficación al Miembro al que se haya dirigido la 
solicitud de asociación o previendo otro mecanismo, por ejemplo un documento del OSD. 
719.  Algunas delegaciones se mostraron partidarias de que se notifiquen tanto la aceptación 
como el rechazo al Miembro peticionario. Sin embargo, otra delegación consideró que esto 
socavaría el principio de automatismo incorporado en la propuesta, que prevé únicamente la 
notificación del rechazo. 
720.  Se examinó un posible enfoque conforme al cual la segunda frase del apartado b) incluiría el 
plazo de siete días para notificar el rechazo de las solicitudes de asociación y el apartado c) 
dispondría la distribución de un documento oficial en que figure una lista de los Miembros asociados a las consultas, sobre la base de las solicitudes notificadas de conformidad con el apartado a) y las respuestas negativas recibidas con arreglo al apartado b). Algunos participantes 
dijeron que en general les parecía aceptable ese enfoque e hicieron sugerencias de redacción para 
simplificar el texto. Seguidamente el debate se centró en aclarar qué se debe notificar y distribuir al Miembro peticionario y al OSD con arreglo a los distintos apartados. 
721.  Con respecto a las solicitudes de asociación a las consultas (apartado a)), se indicó que era 
adecuado seguir notificándolas al OSD y distribuyéndolas individualmente, como se hace 
actualmente. 
722.  En cuanto a las respuestas a las solicitudes (apartado b)), se debatió si se deberían 
distribuir individualmente o si se ofrecería suficiente transparencia publicando un documento único 
con una lista de los Miembros cuyas solicitudes hayan sido aceptadas, pero sin distribuir las respuestas individuales, como ocurre actualment e. Los participantes examinaron la diferencia 
entre los dos tipos de comunicaciones a las que se referirían los apartados a) y b) y a quién se 
deberían distribuir. Una delegación señaló que el apartado a) se refiere a las cartas de notificación del interés en ser asociado que, conforme a la práctica actual, se distribuyen a los Miembros, en 
                                               
85 Véase el acta de la reunión del OSD de 27 de julio de 2000, WT/DSB/M/86, párrafos 94-97. TN/DS/26 
 
- 114 - 
 
  tanto que las respuestas a esas cartas, sea aceptando o rechazando la solicitud (a que se hace 
referencia en el apartado b)), no se distribuyen actualmente. A juicio de esta delegación habría una duplicación si se distribuyeran las distintas cartas de rechazo y aceptación además de una lista de los Miembros asociados a las consultas. 
723.  En ese contexto, se examinó el texto adecuado para diferenciar la notificación de las 
solicitudes de asociación previstas en el apartado a) y la notificación de las respuestas prevista en el apartado b). Se sugirió que si estas dos situaciones tenían que ser tratadas de distinta manera 
en lo que se refiere a la distribución de documentos, el texto debería reflejarlo. Señalé a la 
atención de las delegaciones el texto actual del ESD en el que se utiliza el verbo "notificar" para las cartas de manifestación del interés en ser asociado a las consultas y el verbo "informar" para las cartas de respuesta. Un participante propuso que las respuestas a que hace referencia el 
apartado b) sean notificadas al Miembro peticionar io y al Presidente del OSD y no a todo el OSD. 
Esto supondría que las cartas de respuesta no se distribuyan al OSD. Una delegación consideró que el verbo "informar" no sería adecuado para el Miembro peticionario y estimó que era más 
adecuada la expresión "notificar" al Miembro peticionario. No obstante, estuvo de acuerdo en que 
referirse al Presidente del OSD en el caso de las cartas de respuesta y utilizar el verbo informar al Presidente del OSD establecería una distinción entre los dos tipos de cartas y evitaría la 
duplicación de información. 
724.  Varias delegaciones se mostraron partidarias de que se distribuyera una lista en lugar de las 
distintas cartas de respuesta. Sin embargo, un participante preguntó por qué se daba por supuesto que debería evitarse la distribución de las cartas de respuesta a los Miembros y si otros 
participantes consideraban que hacer pública esta información sería difícil, bien para el Miembro 
rechazado o para el Miembro que rechaza la so licitud. Algunos participantes consideraban que 
serían suficientes las notificaciones de las solicitudes y respuestas previstas en los apartados a) 
y b). 
725.  Algunas delegaciones, aunque respaldaban el enfoque de una lista, subrayaron las ventajas 
de notificar tanto el rechazo como la aceptación al Miembro peticionario como una cuestión de 
buena práctica. Un participante consideró que se ría adecuado mantener la práctica actual de 
notificar al Miembro peticionario si ha sido aceptado o rechazado, pero estimó también que no sería necesario abrumar a los Miembros con comunicaciones individuales a este respecto, especialmente si se distribuye un documento resumido donde se recopile la información. Se señaló 
que en la propuesta no se prevé la obligación de que los Miembros indiquen los motivos del 
rechazo, de modo que la distribución de las cartas de respuesta no facilitaría más información que la lista. La distribución de una sola lista en lugar de las cartas de respuesta y de una lista definitiva 
también contribuiría a reducir los costos y la burocracia. Otra delegación puso en duda esta 
afirmación, indicando que en el caso de las aceptaciones tardías habría que distribuir una segunda lista. Se respondió que esos corrigendos serían una excepción. 
726.  En caso de que se contemplara la utilización de un documento en que se enumeren los 
Miembros que han sido asociados a las consultas, se sugirió que el plazo para distribuir ese documento debería basarse en el plazo del apartado a) y no en la fecha de las solicitudes específicas de asociación, para asegurar que no se vea afectado por las distintas fechas en que 
pudieran presentarse diversas solicitudes. También se indicó que la distribución debería hacerse 
antes de que se celebren las consultas. Otras delegaciones cuestionaron la necesidad de establecer un plazo impuesto por el ESD sobre este aspecto concreto, señalando asimismo que en general 
el ESD no impone obligaciones a la Secretaría. Se sugirió que en el texto se podría simplemente 
exigir que el documento se distribuya "con prontitud". También se pidió que se aclarara sobre qué base se elaboraría la lista en el caso de que solamente se notificaran los rechazos. 
727.  Una delegación pidió que se aclarara la razón para cambiar la práctica actual. Los 
proponentes recordaron que el objetivo inicial de su propuesta era facilitar la participación de los terceros en las distintas etapas del procedimiento. A este respecto, se alcanzó convergencia sobre la formulación "examinar con comprensión", que permitiría a los Miembros examinar las distintas 
preocupaciones de los Miembros peticionarios en la etapa de consultas. Durante el debate algunas 
delegaciones habían expresado preocupaciones en  lo que concierne a la transparencia. En ese 
contexto había surgido la idea de una lista y el debate sobre lo que hay que notificar. TN/DS/26 
 
- 115 - 
 
  728.  Los proponentes y otras delegaciones interesadas siguieron trabajando sobre esta cuestión 
después de la reunión y les alenté a que continuaran esta labor durante el tiempo que queda hasta nuestras próximas reuniones. 
Intereses de los países en desarrollo/plazos 
729.  Esta semana también seguimos debatiendo los plazos, tomando como base las propuestas 
recogidas en el texto del Presidente de julio de 2008 y el proyecto de texto jurídico que presentaron en julio los proponentes de los intereses de los países en desarrollo. 
Establecimiento de los grupos especiales 
730.  Examinamos la propuesta de permitir que el establecimiento de los grupos especiales tenga 
lugar en la primera reunión en que se solicite, aunque permitiendo la posibilidad de que el establecimiento se haga en una segunda reunión previa petición de un país en desarrollo Miembro. 
731.  El proponente explicó que su objetivo, como en otras propuestas relativas a los ahorros de 
tiempo, era lograr una utilización más eficiente de l tiempo siempre que fuera posible. En concreto, 
no parecía haber ninguna finalidad especial para celebrar dos reuniones para el establecimiento de 
los grupos especiales. 
732.  Varios participantes respaldaron el objetivo de ahorrar tiempo en esta etapa del 
procedimiento al permitir el establecimiento de los grupos especiales en la primera reunión en que 
la solicitud se incluye en el orden del día del OSD. Un participante observó que aunque 
inicialmente se había introducido el procedimiento de dos reuniones como parte del acuerdo para lograr el establecimiento automático de los grupos especiales, la práctica desarrollada con arreglo a esta disposición había demostrado que se producían demoras innecesarias. 
733.  Algunos participantes no se opusieron a la propuesta, siempre que los países en desarrollo 
Miembros siguieran teniendo derecho a dos reunion es. Explicaron que el tiempo que media entre 
las dos reuniones es importante para prepararse para la siguiente etapa del grupo especial, 
especialmente en el caso de los países en desarro llo Miembros que tienen limitaciones de recursos. 
En este contexto se preguntó si esos preparativos no podrían empezar antes del establecimiento del grupo especial, en la etapa de consultas. Se respondió que, por ejemplo, las formalidades 
necesarias para contratar a abogados externos pueden llevar tiempo y la decisión solamente se 
puede adoptar cuando ya se ha puesto en marcha el procedimiento de un grupo especial. Se debatió asimismo si se podría responder a esta preocupación asegurando que se conceda tiempo suficiente a esos países en desarrollo Miembros para preparar sus comunicaciones una vez 
establecido el grupo especial. Se indicó además que el tiempo entre las dos reuniones podría servir 
para solucionar la diferencia. En respuesta se  observó que posteriormente seguiría habiendo 
oportunidades para solucionar la diferencia. 
734.  Algunos participantes manifestaron la preocupación de que el trato especial y diferenciado 
en esta etapa del procedimiento no debería dar lugar a que se planteasen cuestiones jurisdiccionales ante el OSD que pudieran descarr ilar todo el procedimiento. Eso podría suceder si 
el OSD tuviera que determinar la condición del Miembro demandado para decidir si el 
establecimiento debe tener lugar en la primera reunión o se puede aplazar. En respuesta a esa preocupación se observó que la necesidad de que los órganos resolutorios se pronuncien sobre la condición de desarrollo de una parte puede plantearse en el marco de varias disposiciones vigentes 
de los acuerdos abarcados, siempre que se prevé el trato especial y diferenciado. También se 
sugirió como respuesta que las cuestiones relativas a resoluciones sustantivas de los órganos resolutorios de conformidad con los acuerdos abarcados tienen una naturaleza distinta de las 
cuestiones jurisdiccionales, que pueden afectar a la validez del establecimiento de un grupo 
especial y por ende de todas las etapas posteriores del procedimiento. Sería preferible impedir que se crearan esas situaciones. 
735.  Se observó que la propuesta, como está redactada actualmente, prevé que se "examine con 
comprensión" la solicitud de aplazamiento presentada por un país en desarrollo Miembro, y no el aplazamiento automático. Esta situación no plantearía las mismas preocupaciones jurisdiccionales que un derecho automático, si se dejara al arbitrio del Miembro reclamante aceptar o rechazar la TN/DS/26 
 
- 116 - 
 
  solicitud de aplazamiento. Algunas delegaciones consideraron sin embargo que eso no bastaría 
para garantizar que se mantenga el derecho a una segunda reunión. 
Comunicaciones a los grupos especiales 
736.  El debate se centró en primer lugar en la propuesta de que se den al reclamante 14 días, en 
lugar de las tres a seis semanas actuales, para la presentación de su primera comunicación escrita 
con arreglo al calendario indicativo del Apéndice 3 del ESD. Se recordó que la razón de ser de esta 
propuesta era rectificar lo que se consideraba un desequilibrio en el texto vigente del ESD, es 
decir, el hecho de que al reclamante, que es quien controla plenamente la iniciación del 
procedimiento, se le da más tiempo que al demandado para preparar su primera comunicación escrita. El proponente recordó que su propuesta inicial preveía solamente un plazo de 5 días, que se había considerado demasiado corto y por lo tanto se amplió a 14 días. Recordó asimismo que la 
propuesta también introduciría como punto de partida del calendario la reunión de organización. 
737.  Un participante señaló que había observado desde hacía tiempo que los plazos del 
Apéndice 3 para la presentación de las primeras comunicaciones tienen poco sentido a la luz de la 
experiencia y deberían invertirse para reflejar la realidad. En cuanto al punto de partida del 
calendario, sugirió que la fecha de recepción del calendario definitivo tal vez fuera un punto de referencia mejor, habida cuenta del tiempo que puede transcurrir entre la reunión de organización 
y la finalización del calendario. 
738.  Con respecto a la propuesta de modificar el párrafo 10 del artículo 12 para dar un plazo 
mínimo de cuatro a seis semanas para la presentación de la primera comunicación de los países en 
desarrollo Miembros demandados, se pidió que se aclarara si se pretendía que este plazo fuera una 
prescripción mínima estricta, a diferencia de los plazos del Apéndice 3, que son indicativos. Los 
proponentes confirmaron que la intención era esa, para garantizar que los países en desarrollo demandados tengan tiempo suficiente para presentar sus comunicaciones. Un participante mostró 
su preocupación por la rigidez de este enfoque, indicando que en algunos casos los procedimientos 
se habían acelerado de una manera que sería imposible conforme a esta propuesta. 
739.  Los proponentes pidieron aclaraciones sobre la práctica seguida hasta la fecha y sobre la 
eficacia del párrafo 10 del artículo 12 vigente, que no contiene plazos mínimos. En respuesta se 
observó que los grupos especiales normalmente tratarían de adaptarse hasta donde fuera posible a las peticiones de las partes en lo que respecta a las fechas de presentación, con independencia de que se invocara o no expresamente el párrafo  10 del artículo 12. No obstante sería difícil 
extraer conclusiones generales sobre la eficacia de la disposición vigente tomando como base esta 
práctica. 
Plazo prudencial para la aplicación 
740.  A continuación pasamos a examinar el plazo prudencial para la aplicación. En el caso de los 
árbitros que determinan el plazo prudencial de conformidad con el texto vigente del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, la directriz es un plazo de 15 meses a partir de la fecha de adopción del 
informe, pero ese plazo puede ser más corto o más largo "según las circunstancias del caso". 
Además, mediante sucesivos laudos arbitrales dictados en virtud de esta disposición se ha establecido que el plazo prudencial para la aplica ción debe ser el plazo más breve posible en el 
marco del ordenamiento jurídico del Miembro al que incumbe la aplicación. De conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 21, algunos árbitros que ha actuado en virtud del párrafo 3 c) del artículo 21 
han tenido en cuenta la situación del país en de sarrollo Miembro para determinar el plazo en que 
puede aplicar las recomendaciones y resoluciones.
86 En la práctica la duración media del plazo 
prudencial ha sido hasta ahora de 11 meses y 16 días cuando se ha determinado mediante el 
arbitraje previsto en el párrafo 3 c) del artículo 21, y de 9 meses y 5 días cuando lo han acordado las partes de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 21. 
741.  El texto del Presidente de julio de 2008 incluye una nota "h" al párrafo 3 c) del artículo 21 
que obliga al árbitro a tener en cuenta los problemas e intereses particulares de los países en desarrollo Miembros. El texto jurídico presentado en julio incluye términos similares, aunque no 
idénticos, como un último apartado del párrafo 3 del artículo 21 del ESD. 
                                               
86 Véase el laudo del Árbitro, Indonesia - Automóviles , WT/DS54/15, párrafo 24. TN/DS/26 
 
- 117 - 
 
  742.  Los proponentes explicaron que estaban tratando de no ser demasiado preceptivos. 
Subrayaron que, a diferencia del texto del Presidente, su propuesta no se limitaba a los plazos prudenciales determinados mediante arbitraje y abarcaría también los determinados de conformidad con los apartados a) y b) del párrafo  3 del artículo 21. Se sugirió que el término 
"establecer" tal vez fuera más exacto que el término "determinar" si se pretendía que también 
quedaran incluidos los plazos prudenciales acorda dos. Los proponentes se mostraron de acuerdo y 
confirmaron también que no estaba previsto suprimir las notas actuales del texto del ESD. 
743.  Varios participantes estuvieron de acuerdo en que, en el contexto de la determinación del 
plazo prudencial, era adecuado tener en cuenta factores que pudieran afectar al proceso de 
aplicación en el marco del ordenamiento jurídico interno del Miembro al que incumbe la aplicación, incluidos aspectos prácticos que pudieran repercut ir en lo que pueda ser un plazo "prudencial" en 
esas circunstancias. A ese respecto se reconoció que los países en desarrollo Miembros pueden 
enfrentarse a importantes limitaciones en el proceso de aplicación y se expresó apoyo al objetivo fundamental de la propuesta. Al mismo tiempo, se señaló que esas circunstancias deberían 
tenerse en cuenta en toda determinación del plazo prudencial, no solamente en las relativas a los 
países en desarrollo. 
744.  Se solicitaron varias aclaraciones sobre qué amplitud se había previsto para el ámbito de 
aplicación de la disposición. En particular, se preguntó qué se pretendía exactamente que 
abarcaran los términos "intereses" y "problemas" de los países en desarrollo Miembros y en qué se diferenciaban. Se preguntó si por ejemplo esos términos podrían abarcar consideraciones relativas a los intereses de una rama de producción nacional afectada por las resoluciones, o 
consideraciones que no estén directamente relacionadas con las medidas en litigio y el proceso de 
aplicación, como la situación económica general del Miembro al que incumbe la aplicación. Se indicó que, a falta de un ámbito de aplicación cl aramente definido, la disposición no dejaba claro 
qué amplitud podía tener. Se sugirió que algunas consideraciones, como las sensibilidades políticas 
en el Miembro al que incumbe la aplicación, tal vez no sean pertinentes para la determinación. 
745.  Los proponentes observaron que estos términos ya figuraban en el ESD. Se señaló que el 
párrafo 1 del artículo 21 se refiere específicamente a "las cuestiones que afecten a los intereses de 
los países en desarrollo Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de solución de 
diferencias ", limitando por tanto el alcance de la disposición. También se preguntó por qué se 
había omitido en el texto de la propuesta el término "particulares", que figuraba en el texto 
anterior. Los proponentes se mostraron dispuestos a considerar ese texto para aclarar el alcance 
de su propuesta. Explicaron que su objetivo prin cipal era asegurar que no pudiera aducirse, en el 
contexto de la determinación del plazo prudencial, que las consideraciones relativas a las 
limitaciones a que se enfrenta un país en desarrollo Miembro no deberían tenerse en cuenta al 
determinar el "plazo más breve" para la aplicació n en el ordenamiento jurídico interno del Miembro 
afectado. 
746.  En este contexto, los proponentes insistieron en que no estaban tratando de modificar el 
punto de referencia actual para el establecimiento del plazo prudencial, sino prevenir contra interpretaciones que impedirían que se prestara la debida atención a esas consideraciones. Señalaron que en ocasiones anteriores los árbitros ya habían tenido en cuenta esas 
consideraciones, por ejemplo en los asuntos Indonesia - Automóviles o Argentina - Pieles y cueros . 
Otros participantes pidieron que se aclarara qué ventajas tendría la propuesta, teniendo en cuenta la existencia de esas resoluciones en el marco de las normas vigentes, y si se pretendía que se 
hiciera más con arreglo a esta disposición de lo que se hace actualmente. Los proponentes 
confirmaron que la intención era reflejar en el te xto del ESD la práctica actual y no modificarla. 
747.  Se pidió que se aclarase también el empleo de la expresión "de los países en desarrollo 
Miembros" y si se pretendía que esta expresió n se refiriera al Miembro al que incumbe la 
aplicación, a las dos partes, o a todos los Miembros. Un participante indicó que el texto se podía aclarar refiriéndose a los "problemas e intereses de los países en desarrollo Miembros a los que incumbe la aplicación". Se observó en respuesta que puede haber casos en que se tengan en 
cuenta los intereses del Miembro reclamante, por ejemplo para determinar que las medidas 
administrativas destinadas a la aplicación deben adoptarse rápidamente y no con lentitud. Otro participante preguntó cómo podían repercutir las circunstancias del Miembro reclamante en lo que 
constituye "el plazo más breve posible" en el or denamiento jurídico interno del Miembro al que 
incumbe la aplicación. TN/DS/26 
 
- 118 - 
 
  748.  Se preguntó si la propuesta entrañaba que ya no sería aplicable el objetivo de lograr el 
cumplimiento inmediato. Un participante observó que aunque el cumplimiento inmediato es el resultado preferido, el ESD reconoce que cuando eso no sea viable se concederá un "plazo prudencial". Señaló que la referencia desarrollada en el marco del párrafo 3 c) del artículo 21, 
basada en el "plazo más breve posible" en el marco del ordenamiento jurídico del Miembro 
afectado, lograba el equilibrio adecuado entre el  objetivo del pronto cumplimiento y lo que es 
posible en la realidad, y esto era lo que los árbitros habían tratado de conseguir. En ese contexto 
era adecuado tener en cuenta las circunstancias pertinentes en el país en desarrollo Miembro al 
que incumbe la aplicación. Los proponentes se mostraron de acuerdo con esta caracterización y confirmaron que el objetivo de su propuesta era lograr que se tuvieran en cuenta esas 
circunstancias. 
749.  En conclusión, tomé nota de los elementos de convergencia sobre algunas de las mejoras de 
redacción propuestas y señalé que parecía necesario seguir debatiendo sobre la naturaleza de los problemas e intereses que hay que tener en cuenta y sobre el ámbito de aplicación del texto 
propuesto. 
Plazo antes de la adopción de los informes de los grupos especiales 
750.  También examinamos posibles ahorros de tiempo  en el plazo anterior a la adopción del 
informe del grupo especial. Los informes de los grupos especiales no se adoptan actualmente 
antes de 20 días ni después de 60 días contados a partir de la fecha de distribución. En la práctica desarrollada hasta ahora han transcurrido por término medio 47 días antes de la adopción o notificación de una apelación. Este aspecto de la propuesta prevé la posibilidad de que se solicite 
inmediatamente la adopción después de la distribución, pero manteniendo el plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha en que el informe se incluye en el orden del día del OSD para su examen. 
751.  Varios participantes mostraron su apoyo a esta propuesta, señalando que estos ahorros de 
tiempo no deberían tener ningún efecto negativo importante en las partes. En concreto, los participantes reconocieron que esta propuesta actuaría conjuntamente con la de distribuir los 
informes de los grupos especiales a los Miembros en el idioma original, antes de su traducción a 
todos los idiomas oficiales de la OMC, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos para la adopción. Esto supondría que todos los Miembros recibirían el informe definitivo al mismo tiempo que las partes y por lo tanto tendrían más tiempo para examinarlo antes de su distribución oficial 
en los tres idiomas. Algunos participantes mostraron su preocupación en los casos en que el 
idioma original de un informe fuera el español o el francés. Se observó que en esos casos las 
propias partes en la diferencia, que son las más afectadas por la adopción o apelación, lo habrían 
pedido y por lo tanto no serían perjudicadas. 
Balance Reenvío 
752.  Invité a los proponentes de las distintas propuestas sobre el reenvío a que presentaran 
información actualizada sobre la situación de su labor reciente. Indicaron que todavía no estaban preparados para compartir los avances destinados a lograr un texto común, pero que últimamente habían trabajado juntos para conseguir mayor convergencia sobre esferas pendientes en las que 
las propuestas adoptan enfoques diferentes. Tamb ién reconocieron la necesidad de obtener apoyo 
entre el grupo más grande. Seguirían negociando entre ellos y con otros Miembros durante las siguientes semanas, antes de nuestras próximas reuniones, para poder presentar un solo 
documento. 
753.  Agradecí a los proponentes sus esfuerzos y les alenté a que trabajaran intensamente para 
avanzar de modo que pudieran presentar sus prog resos al grupo más grande en nuestra próxima 
reunión. Les animé a que tuvieran en cuenta las opiniones de otras delegaciones con vistas a 
terminar y pasar a la siguiente etapa de nuestro proceso. TN/DS/26 
 
- 119 - 
 
  Cuestiones posteriores a la retorsión 
754.  Asimismo invité a los proponentes de las dos propuestas sobre las cuestiones posteriores a 
la retorsión a que presentaran información actualizada sobre su labor reciente. 
755.  Recordé que las propuestas de los dos grupos intentan introducir procedimientos detallados 
para ocuparse de la situación en que el Miembro afectado considera que ha cumplido las 
resoluciones y recomendaciones, después de que se haya autorizado la retorsión. Los debates celebrados anteriormente habían puesto de manifiesto varios puntos de convergencia entre las dos 
propuestas, pero también importantes diferencias que no se habían reducido. En particular, las 
propuestas diferían en su enfoque respecto a la iniciación del procedimiento sobre el cumplimiento 
en una situación posterior a la retorsión. 
756.  Con arreglo al enfoque de la Unión Europea y el Japón, el Miembro afectado notificaría 
al OSD que ha adoptado una medida que a su juicio cumple las recomendaciones y resoluciones 
del OSD. Sobre la base de esta notificación, el reclamante puede optar por iniciar un procedimiento sobre el cumplimiento si no está de acuerdo en que este se haya logrado. Por otra 
parte, con arreglo a la propuesta del G-6, el Miembro demandado debe solicitar el establecimiento 
de un grupo especial sobre el cumplimiento si considera que ha cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD. En síntesis, según el enfoque de la Unión Europea y el Japón el reclamante 
también iniciaría el procedimiento sobre el cumplimiento en una situación posterior a la retorsión, 
mientras que el enfoque del G-6 impone al Miembro demandado la obligación de justificar que ha rectificado la situación de incumplimiento antes de que se pueda retirar la autorización de retorsión. 
757.  Los proponentes informaron al grupo sobre algunas de las diferencias pendientes entre sus 
dos propuestas, con la esperanza de que las opiniones de otros participantes pudieran dar cierta orientación para los debates en curso. Ante todo , los proponentes observaron que sus propuestas 
difieren en cuanto a sobre qué parte debe recaer la carga de la prueba en lo que respecta a la 
iniciación del procedimiento sobre el cumplimiento en una situación posterior a la retorsión. Ambos proponentes relacionaron la cuestión de qué parte debe soportar la carga de la prueba con la 
cuestión de qué parte debe iniciar el procedimiento en los casos en que haya desacuerdo acerca de 
si se ha logrado el cumplimiento. 
758.  Los participantes debatieron la naturaleza del procedimiento sobre el cumplimiento en el 
contexto posterior a la retorsión. Algunas delegaciones preguntaron si las circunstancias serían 
diferentes en el contexto posterior a la retorsión en comparación con las que existen después de la 
conclusión de un plazo prudencial para la aplicación en las etapas iniciales. En respuesta se señaló que la diferencia radicaba en que en la etapa posterior a la retorsión se había concedido una 
autorización para suspender obligaciones. Los de legados debatieron si las posiciones jurídicas 
serían distintas en ese contexto, puesto que la cues tión jurídica que se debe resolver, es decir, si 
se había logrado el cumplimiento, era la misma en ambas situaciones. Teniendo esto en cuenta, se 
preguntó si tendría sentido formular procedimientos sobre el cumplimiento aplicables en el 
contexto posterior a la retorsión -incluso para la iniciación del procedimiento y la asignación de la carga de la prueba- que funcionarían de una manera esencialmente diferente del procedimiento aplicable en otros contextos. 
759.  Las delegaciones destacaron también la pertinencia en este contexto del enfoque 
previamente adoptado respecto de la secuencia, que prevería la iniciación del procedimiento sobre el cumplimiento por la parte reclamante. Se señaló asimismo que la orientación que dio el Órgano 
de Apelación en Estados Unidos/Canadá - Mantenimiento de la suspensión  con arreglo a las 
normas vigentes tendría una pertinencia limitada en ese contexto. Algunos participantes consideraron asimismo que estas resoluciones del Órgano de Apelación en realidad no ofrecían 
orientación clara sobre cómo deben funcionar los procedimientos sobre el cumplimiento en el 
contexto posterior a la retorsión, incluso con arreglo a las normas vigentes. 
760.  Los participantes examinaron a continuación cómo funcionarían las propuestas en lo que 
concierne a la definición del mandato de los grupos especiales en los procedimientos sobre el 
cumplimiento posteriores a la retorsión. Se debatió en particular cómo se combinarían, conforme a 
la propuesta del G-6, las dos solicitudes -la del reclamante y la del demandado- para definir el mandato del grupo especial y cómo se asignaría la carga de la prueba. El G-6 explicó que la parte TN/DS/26 
 
- 120 - 
 
  demandada identificaría las medidas adoptadas para eliminar la incompatibilidad específica que 
había servido de base a las constataciones anteriores de infracción, y recaería sobre ella la carga de demostrar en el procedimiento el cumplimiento de esas disposiciones, en tanto que sobre la parte reclamante recaería la carga de demost rar cualquier nueva incompatibilidad que pudiera 
haber identificado en su propia solicitud. 
761.  Se mostró preocupación por la posible comp lejidad de distinguir entre las fuentes de 
infracciones iniciales y nuevas alegaciones a efectos de distribuir la carga de la prueba entre las 
partes en el procedimiento. Un participante ta mbién expresó la preocupación de que un enfoque 
que hiciera recaer en el Miembro demandado la carga de demostrar el cumplimiento pondría en tela de juicio la presunción de buena fe, algo que resultaba problemático. 
762.  También se debatió la posible función jurisdiccional de una notificación detallada del 
Miembro afectado como medio de garantizar qu e dicho Miembro soporte la carga inicial de 
presentar información suficiente para permitir ev aluar la compatibilidad de las medidas adoptadas 
para lograr el cumplimiento y como posible fundamento de un procedimiento ulterior sobre el 
cumplimiento. 
763.  Una delegación preguntó si el requisito de celebrar consultas formaba parte de las 
propuestas y si esto podría ayudar a las partes para determinar qué sigue siendo motivo de 
desacuerdo antes de llegar a la etapa del grupo especial. Se mostró interés en estudiar más a 
fondo esta posibilidad. 
764.  Después del debate alenté a las delegaciones a que continuaran sus negociaciones durante 
las próximas semanas para lograr mayor convergencia antes de nuestra próxima reunión. 
12. SEMANA DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012
87 
765.  Esta semana terminamos un examen de las cuestiones objeto de debate. Concretamente, 
hicimos inventario de la reciente labor sobre las cuestiones posteriores a la retorsión, el reenvío y 
los derechos de los terceros. Examinamos también un proyecto de texto jurídico presentado por un 
grupo de proponentes de los intereses de los países en desarrollo. 
Cuestiones posteriores a la retorsión 
766.  Como recordarán, las cuestiones posteriores a la retorsión se examinaron en octubre sobre 
la base de la explicación dada por los proponentes de sus recientes esfuerzos para eliminar las distancias entre sus posiciones. En ese contexto, la UE y el Japón, por una parte, y el G-6, por la otra, explicaron dónde seguían residiendo sus principales dificultades. 
767.  Esta semana, los proponentes confirmaron que habían continuado reuniéndose para buscar 
un terreno común. Comunicaron también que, aunque seguía habiendo diferencias importantes entre sus posiciones, se habían comprometido a continuar trabajando juntos para reducir esas 
diferencias. 
768.  Tomé nota de que seguía habiendo interés en abordar esta cuestión y de que los 
proponentes estaban deseosos de llegar a posiciones comunes. Los alenté a proseguir sus 
esfuerzos. 
Reenvío 769.  Los proponentes del reenvío, es decir, el G-7, por una parte, y Corea, por la otra, 
presentaron esta semana una versión refundida única de sus textos. Los participantes acogieron 
con satisfacción el esfuerzo de los proponentes. 
770.  Los proponentes explicaron que este texto no era una propuesta conjunta sino que reflejaba 
más bien su esfuerzo conjunto para avanzar todo lo posible hacia posiciones comunes. El texto 
reflejaba una cierta convergencia. Se habían introducido algunos cambios de redacción, en 
particular en el texto relativo a la manera en que se definiría a la parte con derecho a solicitar el 
                                               
87 Distribuido anteriormente con la signatura JOB/DS/13. TN/DS/26 
 
- 121 - 
 
  reenvío de conformidad con el enfoque de Corea. En relación con los demás elementos de las 
propuestas, seguía habiendo diferencias importantes, que se identificaban en el documento. 
771.  Concretamente, se identificaron cinco puntos fundamentales en los que existía divergencia: 
a) la naturaleza del documento en el que el Órgano de Apelación determina la necesidad 
de reenvío; 
b) las limitaciones impuestas sobre quién puede iniciar el procedimiento de reenvío; c) la cuestión de si el Órgano de Apelación distribuye dos informes completos, que serán 
objeto de adopción separada y doble, o un informe, que será objeto de una adopción 
única; 
d) la competencia del grupo especial y el formato y el alcance de los resultados de su 
examen; 
e) la cuestión de si los resultados del examen del reenvío por el grupo especial pueden 
ser objeto de apelación. 
772.  Teniendo en cuenta lo que antecede, invité a los demás participantes a aclarar todo lo 
posible cuáles eran sus preferencias con respecto a estos diversos puntos. 
773.  En relación con la naturaleza del documento en  el que el Órgano de Apelación determinaría 
las cuestiones que debían ser objeto de reenvío, se pidieron aclaraciones sobre la manera en que 
funcionaría la propuesta coreana de "constataciones provisionales". Se preguntó si se reflejarían 
todas las constataciones del Órgano de Apelación sobre cuestiones que no exigieran el reenvío y, en caso afirmativo, si estas serían también "provisionales" y quedarían sujetas a mayor examen. Se expresó la preocupación de que esto pudiera llevar a reabrir cuestiones completadas. Sin 
embargo, si no se reflejaban todas las constataciones, ello podía hacer que a las partes les 
resultara difícil estimar si era oportuno solicitar o no el reenvío. Se preguntó cuál sería la condición jurídica de las constataciones provisionales, en espera de la adopción. 
774.  El proponente explicó que las constataciones provisionales abarcarían aspectos que no 
debían ser objeto de reenvío, así como cuestiones que sí debían ser objeto de reenvío, y se asemejarían en cierta medida a un informe provisional. No obstante, las observaciones de las 
partes quedarían limitadas a la cuestión del reenvío. El proponente aclaró también que la 
utilización del término "provisionales" tenía el objeto de transmitir el hecho de que el informe en su conjunto no sería definitivo en esa etapa. 
775.  Se preguntó en qué tipo de plazo pensaba Corea para completar el procedimiento de reenvío 
de conformidad con su propuesta. Corea respondió que el plazo sería determinado caso por caso 
por el Órgano de Apelación. Podía preverse que sería necesario un cierto tiempo adicional pero ese inconveniente quedaría compensado por las ventajas que reportaría la existencia de un 
procedimiento de reenvío. 
776.  Se sugirió que la cuestión era hallar una solución equilibrada, que conciliara las 
preocupaciones relativas al plazo y al procedimient o. Se señaló que la distribución previa de las 
constataciones provisionales sería útil porque permitiría una adopción y un procedimiento de 
aplicación únicos. Sin embargo, se expresó también la preocupación de que no estaba totalmente claro cómo actuaría el informe "provisional". En este sentido, la alternativa de que el Órgano de Apelación distribuyera un informe completo, como lo hacía ahora, era más sencilla. 
777.  Se pidió también que se aclarara el sentido de la expresión "constataciones apropiadas" 
contenida en el texto del G-7 y lo que implicaba esa expresión más allá de los términos del artículo 19 del ESD. En respuesta, se explicó que ese texto tenía el objeto de transmitir la idea de 
que el Órgano de Apelación debía formular constataciones completas sobre aquellas cuestiones 
cuyo análisis se había concluido. Un participante recordó que ese texto se había introducido en un principio, junto con un texto adicional, para abordar las incertidumbres relativas a la naturaleza de 
las constataciones y recomendaciones que debían hacerse de conformidad con el artículo 19 
del ESD en caso de que quedara pendiente una defensa. No obstante, se señaló que el texto TN/DS/26 
 
- 122 - 
 
  propuesto no dejaba en realidad claro cómo se preveía que el Órgano de Apelación abordara esa 
cuestión. Si era ese el objetivo, podía tratarse con mayor claridad. A ese respecto, sería posible explorar maneras de proporcionar una orientación más clara al Órgano de Apelación, a fin de garantizar que solo formulara constataciones y recomendaciones en relación con las cuestiones 
que no serían afectadas por un procedimiento de reenvío. 
778.  Con respecto a quién puede iniciar el reenvío, se tomó nota de los distintos enfoques 
reflejados en las dos propuestas: o bien en el propio texto se definiría qué parte podía iniciar el 
reenvío o lo determinaría el Órgano de Apelación. 
779.  Se preguntó si los proponentes habían tenido en cuenta las preocupaciones anteriormente 
expresadas acerca de los riesgos de demoras no deseadas si el reenvío podía ser iniciado por el demandado, incluso con respecto a alegaciones que el propio reclamante quizá no habría tenido 
interés en llevar adelante. Se sugirió que podía haber maneras de abordar las situaciones en las 
que se tratara de defensas, por ejemplo, velando por que el Órgano de Apelación no formulara constataciones si no era posible completar el análisis en relación con una defensa. Esto eliminaría 
también la necesidad de examinar la cuestión de la  definición de qué parte podía iniciar el reenvío. 
Además, en la medida en que la necesidad de evitar demoras innecesarias si el demandado iniciara el reenvío hiciera que fuera preciso un procedimiento de "adopción doble", las 
complicaciones resultantes parecían ser un precio muy elevado, que quizá pudiera evitarse. 
780.  Con respecto a la adopción doble o única, se recordó que varios participantes habían 
expresado preocupaciones acerca de los posibles retrasos de las actuaciones. Se sugirió también 
que, en la práctica, aunque podía haber circunstancias en las que fuera posible la separación, no 
estaba claro que fuera factible en general la aplicación inmediata de las resoluciones completadas, 
porque las alegaciones solían estar imbricadas. En este sentido, el Miembro interesado podría invocar legítimamente la necesidad de esperar el resultado del procedimiento de reenvío en las 
actuaciones arbitrales para determinar el plazo prudencial en relación con las resoluciones iniciales 
completadas. Varios participantes reafirmaron la preocupación que les causaba la posibilidad de que un procedimiento de adopción doble diera lugar a una serie de problemas procesales en fases 
posteriores de la diferencia. 
781.  Teniendo en cuenta las diversas complicaciones y cuestiones no resueltas a que daban lugar 
las propuestas, un participante dijo que no estaba convencido de que, en total, con el procedimiento se obtendría un beneficio neto. Un proponente observó en respuesta que, en 
numerosos asuntos hasta la fecha, el Órgano de Apelación no había podido completar el análisis de 
algunas cuestiones. Esos casos de solución "incompleta" de diferencias demostraban que la introducción del reenvío sería beneficiosa. 
782.  Con respecto al alcance de la remisión y la posi bilidad de apelación, se sugirió que el alcance 
de la apelación debía seguir siendo el actual y que no debía hacerse ningún intento de definir de 
nuevo los tipos de constataciones que pueden ser ob jeto de apelación. A es te respecto, se observó 
que incluso constataciones fácticas podían dar lugar a cuestiones objeto de apelación. En 
particular, algunas cuestiones podían tener aspectos fácticos y jurídicos, y esas cuestiones mixtas debían seguir sujetas al procedimiento de apelación. Se sugirió también que podía ser muy difícil distinguir entre las cuestiones fácticas y jurídicas, como proponía Corea. 
783.  Corea observó que su intención era limitar el alcance del reenvío de manera que no se 
planteara la cuestión de la apelación y que el alcance del reenvío propuesto se basaba en la práctica actual del Órgano de Apelación de "completar el análisis", que se confirmaría en las 
propuestas. Un participante señaló que esa seguía siendo una práctica excepcional del Órgano de 
Apelación y que se sentiría reacio a colocar al Órgano de Apelación en la situación difícil de tener que completar el análisis más sistemáticamente. 
784.  Un participante recordó su preocupación de que el procedimiento de reenvío no debía 
proporcionar una oportunidad de introducir nuevos elementos de hecho en las actuaciones. Los proponentes recordaron su observación anterior de que ambas propuestas guardaban silencio deliberadamente sobre esta cuestión, a fin de permitir la flexibilidad que fuera necesaria según el 
tipo de situación de que se tratara. No obstante, con ello no se proponían permitir la reapertura 
completa de las cuestiones. TN/DS/26 
 
- 123 - 
 
  Derechos de los terceros 
785.  Recordarán que el mes pasado volvimos a ocuparnos del proyecto de texto jurídico sobre los 
derechos de los terceros en las consultas, con la esperanza de finalizar ese texto. Esta semana, los proponentes de los derechos de los terceros compartieron un texto refundido relativo a todos los 
aspectos de esos derechos. En ese texto, trataron de aproximar, en la mayor medida posible, el 
texto del Presidente y el texto más reciente propuesto por los amigos de los terceros, a fin de reducir hasta cierto punto la confusión a que pued e dar lugar la coexistencia de esos dos textos. 
También intentaron reducir las diferencias entre ellos en la medida de lo posible. Las diferencias 
que siguen existiendo se identifican asimismo en el texto refundido. 
786.  Con respecto a los derechos de los terceros en el procedimiento de los grupos especiales 
(párrafo 2 del artículo 10), el debate se centró sobre todo en la cuestión de si debía permitirse que 
los grupos especiales tuvieran facultades discrecionales para aceptar la participación de los 
Miembros que expresaran su interés más de 10  días después del establecimiento del grupo 
especial. 
787.  Algunos participantes consideraron que podía ser útil codificar esa flexibilidad, que existía 
actualmente en la práctica. Otros expresaron la preocupación de que el texto propuesto con respecto a las notificaciones efectuadas después del período inicial de 10 días pudiera crear un 
incentivo para la notificación tardía. Se observó que esas notificaciones tardías no debían dar lugar 
a complicaciones del procedimiento. Se señaló también que el texto no proporcionaba a los grupos especiales una guía sobre los parámetros que podían orientar su decisión de aceptar o no las notificaciones tardías de terceros. Concretamente, se preguntó qué trato recibirían las 
notificaciones tardías en relación con la prescripción del párrafo 3 del artículo 8 del ESD de que no 
se seleccione a un nacional de un tercero como integrante del grupo especial salvo que las partes estén de acuerdo con ello. Esta cuestión se planteaba tanto si la notificación tardía se efectuaba 
antes de la composición del grupo especial como si se efectuaba después de dicha composición. 
788.  Los proponentes aclararon que intentaban mantener un equilibrio entre esa posibilidad y un 
incentivo para que se expresara el interés dentro del plazo de 10 días. Pusieron de relieve que, si 
se codificaba la disposición misma relativa al plazo de 10 días, sería necesario prever también 
expresamente la flexibilidad en cuanto a las notificaciones tardías a fin de mantener la flexibilidad que existía en la práctica actual. Se sugirió que, si  habían de permitirse las notificaciones tardías, 
debía elaborarse algún tipo de texto en el que se explicaran los elementos en los que podría basar 
su decisión el grupo especial, incluso con respecto a las cuestiones relativas a la composición del 
grupo a que se hace referencia en  el párrafo 3 del artículo 8. 
789.  Los proponentes señalaron también que en el texto que proponían ya no se hacía referencia 
al "interés sustancial", que había resultado carente de sentido en la práctica. 
790.  Con respecto a los derechos de los terceros en el procedimiento de los grupos especiales, los 
proponentes señalaron que estaban de acuerdo sobre la mayor parte de las cuestiones, incluida la 
presencia de los terceros en las dos reuniones sustantivas, pero que abrigaban opiniones distintas 
acerca de la cuestión de si los terceros debían poder hacer uso de la palabra en el contexto de ambas reuniones o únicamente en el contexto de la primera. 
791.  Algunos participantes reafirmaron sus reservas en cuanto a la participación activa de los 
terceros en ambas reuniones sustantivas. Se sugirió que esa participación debía evaluarse a la luz 
de la cuestión de si desorganizaría el procedimiento de los grupos especiales y crearía dificultades para la presentación eficaz por las partes de sus posiciones. No obstante, otro participante señaló 
que podía resultar contradictorio que se dé a los terceros pleno acceso a la información durante el 
procedimiento pero no la oportunidad de hacer uso de la palabra en las fases posteriores. 
792.  Con respecto a los derechos adicionales en el procedimiento de los grupos especiales 
(párrafo 2 c) del artículo 10 propuesto), se propuso que se concedieran únicamente si las partes 
estaban de acuerdo, partiendo de la premisa de que el nivel de los derechos concedidos automáticamente se ampliaría, lo cual reduciría la necesidad de permitir que se otorgaran derechos adicionales. Algunos participantes señalaron que esta parte del texto estaba 
estrechamente vinculada con el nivel de los derechos básicos, que se definirían en el párrafo 
anterior. Por lo tanto, debía examinarse junto con ese párrafo. TN/DS/26 
 
- 124 - 
 
  793.  Con respecto a la propuesta de que se permitiera que el interés de los terceros se expresara 
por primera vez ante el Órgano de Apelación (apartado 4) del artículo 17), algunos participantes 
reafirmaron su preocupación con respecto a las posibles cargas indebidas que esto haría recaer 
sobre el procedimiento y sobre las partes, en una fase de dicho procedimiento en que el tiempo 
era limitado. Se expresó también la preocupación  de que, en la medida en que la propuesta 
eliminaría algunos de los incentivos a la participación en la fase de los grupos especiales, podía afectar desfavorablemente a la calidad de los informes de dichos grupos, permitiendo al mismo 
tiempo que se plantearan nuevas cuestiones por primera vez ante el Órgano de Apelación. En 
general, un participante no estaba convencido de que la mayor comodidad para algunos Miembros fuera más importante que las cargas adicionales que recaerían sobre las partes. 
794.  Los proponentes recordaron que los terceros participantes solo podrían plantear en la 
apelación nuevos argumentos y no nuevas cuestiones. También consideraban que, en la medida 
en que la propuesta podría dar lugar al aumento de los niveles de participación en la fase de apelación, el Órgano de Apelación, que ya estaba acostumbrado a adaptar su procedimiento a 
limitaciones de ese tipo, podía hacer frente a las cargas procesales que ello implicaría. 
795.  Un participante preguntó si podría hallarse una solución intermedia, que permitiera que los 
costos para las partes no superaran los beneficios. Los proponentes consideraban que la propuesta 
reflejaba ese equilibrio, proporcionando una oportunidad limitada en el tiempo y permitiendo que 
el Órgano de Apelación organizara el procedimiento de manera que no se crearan cargas indebidas. 
796.  Se observó que cinco días podían constituir un período insuficiente para que los Miembros 
determinaran si tenían interés en participar. En  los Procedimientos de Trabajo del Órgano de 
Apelación vigentes se preveía la presentación de los anuncios de otra apelación en un plazo de cinco días. Por lo tanto, podían ser necesarios unos pocos días más para permitir la expresión 
plenamente informada de los intereses de los te rceros. Los proponentes estuvieron de acuerdo. 
797.  Con respecto al párrafo 5 c) del artículo 21 propuesto, los participantes convinieron en que, 
si se solicitaba la celebración de consultas en el contexto de los procedimientos sobre el 
cumplimiento, debía ser posible expresar el interés de los terceros. Lo único que era objeto de 
debate era la manera en que esto debía formularse. Los amigos de los terceros consideran que las palabras contenidas en el texto sobre la secuencia acordado anteriormente no son claras a este respecto y proponen otro posible texto. Se tomó nota de que no había aquí un desacuerdo sobre 
los conceptos y de que esta cuestión de redacción podía reservarse por el momento. 
798.  Los amigos de los terceros proponen que se permita la participación de los terceros en el 
procedimiento del párrafo 6 del artículo 22. Se examinó si ese procedimiento implicaba cuestiones 
que eran principalmente de carácter bilateral y, por lo tanto, no justificaban que hubiera 
contribuciones de otros Miembros o si estaban también en litigio cuestiones jurídicas o de otro tipo de interés sistémico más amplio. Seguía habiendo distintas opiniones a este respecto. Algunos 
participantes consideran que ese procedimiento se refiere principalmente a cuestiones fácticas 
relacionadas con el cálculo de la repercusión de las medidas en la parte reclamante. Otros estiman que la aplicación de los principios contenidos en los párrafos 4 y 3 del artículo 22 por el árbitro tiene necesariamente aspectos jurídicos (incluida la interpretación del significado de la anulación o 
menoscabo) e implica otras cuestiones de interés general, como la elección entre las metodologías 
disponibles para el cálculo de la anulación o menoscabo. 
799.  Un participante sugirió que era conveniente mantener la coherencia del trato otorgado a los 
diversos procedimientos arbitrales previstos en el  ESD y observó que, en el procedimiento arbitral 
a que hacía referencia el artículo 25, estaba limitado el acceso de los terceros. Un proponente cuestionó la analogía con el procedimiento del artículo 25, que, en su opinión, era de naturaleza 
distinta. 
800.  Otro participante sugirió que podría considerarse una solución intermedia entre la práctica 
actual, que indicaba la existencia de facultades  discrecionales limitadas que podían ejercer los 
árbitros, y el pleno acceso de los terceros. Esto podría conseguirse proporcionando al árbitro 
orientación sobre la base para aceptar la participación. TN/DS/26 
 
- 125 - 
 
  801.  Por último, se señaló que en el procedimiento arbitral sobre la retorsión podían plantearse 
cuestiones relativas a información comercial confidencial (ICC) y que podía preverse que esas cuestiones recibirían un trato similar al que recibirían en otras fases del procedimiento. 
802.  Examinamos también brevemente la posible participación de terceros en la fase de apelación 
del procedimiento sobre la retorsión (párrafo 7 del artículo 22), si esta se aceptara. Los 
participantes que abrigaban reservas acerca de la participación de terceros ante los árbitros de 
conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 tampoco eran favorables a esa participación en una 
fase de apelación de ese procedimiento. 
803.  Por último, examinamos las modificaciones consiguientes del Apéndice 3 del ESD que se 
introducirían como consecuencia de la ampliación de los derechos de los terceros en la fase de los grupos especiales de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10. El texto del párrafo 6 se había 
ajustado para reflejar un acuerdo a que habían llegado el G-7 y los amigos de los terceros. 
804.  Algunos participantes que habían expresado reservas en relación con la necesidad de una 
segunda declaración oral de los terceros ante el grupo especial cuestionaron el texto propuesto a 
ese respecto en el párrafo 7 del Apéndice 3. 
805.  Varios participantes dudaban también de que fuera necesario mencionar en el párrafo 8 la 
posibilidad de que el grupo especial formulara preguntas a los terceros, ya que estaba claro que 
esto ya era posible. A ese respecto, se tomó también nota de que el grupo especial podría dar a 
las partes una oportunidad de formular observaciones sobre las eventuales respuestas de los terceros a las preguntas en el contexto de la segunda reunión. 
806.  Se recordaron también las propuestas relativas a la transparencia, en particular las 
audiencias abiertas. Se señaló que la adopción de esas propuestas podía hacer innecesarios 
algunos aspectos del texto propuesto. 
Intereses de los países en desarrollo 
807.  Esta semana examinamos también el proyecto de texto jurídico presentado por los 
proponentes de los intereses de los países en desarrollo sobre el cumplimiento eficaz y el acceso al sistema de los países en desarrollo Miembros. Otros miembros acogieron con agrado la 
distribución de este texto, como un importante paso adelante para facilitar el debate. 
Facilitación de la retorsión cruzada para los países en desarrollo 
808.  Los proponentes sugieren la adopción del siguiente texto como párrafo 3 bis del artículo 22 
del ESD a fin de facilitar la retorsión cruzada por los países en desarrollo Miembros. 
"No obstante las disposiciones contenidas en el párrafo 3, si la parte reclamante es un 
país en desarrollo, ese Miembro tendrá derecho a pedir la autorización de suspender concesiones u otras obligaciones en cualquier sector o sectores en el marco de 
cualquier acuerdo o acuerdos abarcados." 
809.  Como explicaron los proponentes, este texto refleja las observaciones formuladas por otros 
participantes en anteriores debates. En particular, el texto anterior "en una diferencia entre un 
país en desarrollo Miembro y un país desarrollado Miembro" ha sido eliminado ahora. Los países en 
desarrollo reclamantes dispondrían de la posibilidad de recurrir a una retorsión cruzada facilitada con independencia de la condición del demandado. 
810.  A juicio de los proponentes, el procedimiento para efectuar una retorsión cruzada previsto 
en el párrafo 3 del artículo 22 del ESD es excesivamente difícil de manejar, y los países en 
desarrollo no debían tener que demostrar que la retorsión en un sector o en el marco de un acuerdo abarcado es impracticable o ineficaz. El tiempo adicional que requeriría este proceso de 
justificación podía tener graves consecuencias para la economía del país en desarrollo reclamante 
de que se tratara. Por lo tanto, la propuesta se refería a las repercusiones en el tiempo de este procedimiento ante el árbitro. TN/DS/26 
 
- 126 - 
 
  811.  Algunos participantes acogieron con satisfacción la eliminación de la referencia a la condición 
del Miembro demandado ("doble trato especial y diferenciado"), como un paso en la dirección adecuada. Algunos participantes apoyaron la propuesta. 
812.  Algunos participantes cuestionaron que el texto propuesto añadiera algún valor al párrafo 3 
del artículo 22 del ESD, que ya permite la retors ión cruzada por cualquier tipo de reclamante. 
Aunque comprendía las limitaciones que afectaban a los países en desarrollo, un participante preguntó qué dificultades concretas motivaban la propuesta. Se sugirió que, si un país en 
desarrollo reclamante tenía un pequeño volumen de comercio, podía demostrar con facilidad que 
la retorsión en el mismo sector era impracticabl e o ineficaz. Otro participante declaró que era 
razonable apoyar a los países en desarrollo pero que ese apoyo debía ser equitativo y neutral. 
813.  Los proponentes también deseaban garantizar la neutralidad y el carácter equitativo en el 
marco del ESD. Explicaron que la propuesta no introduciría un nuevo derecho: el párrafo 3 del 
artículo 22 del ESD ya preveía la retorsión cruzada. El valor añadido del párrafo 3 bis del 
artículo 22 sería que facilitaría el acceso de los países en desarrollo al párrafo 3 de dicho artículo. 
Algunos grandes países en desarrollo no tendrían problemas para aplicar medidas de retorsión al 
amparo del párrafo 3 del artículo 22. No obstante, la mayoría de los países en desarrollo carecían de un perfil comercial lo bastante diverso para adoptar medidas de retorsión eficaces en el mismo 
sector. Para muchos Miembros, lograr el cumplimiento era el aspecto más frustrante de la solución 
de diferencias en el marco de la OMC. Todos conocían bien los problemas concretos con que se habían enfrentado en el pasado determinados países en desarrollo. Esas experiencias demostraban que la cuestión era legítima. 
814.  Algunos participantes reafirmaron su apoyo de la secuencia actualmente reflejada en el 
párrafo 3 del artículo 22 del ESD consistente en comenzar por el mismo sector y a continuación pasar a otros sectores y después a otros acuerdos. Adujeron que la retorsión en el mismo sector 
facilitaba la estimación de la equivalencia. Los proponentes estuvieron de acuerdo en que la 
secuencia codificada en el párrafo 3 del artículo 22 del ESD tenía sentido. No obstante, el texto de esa disposición no era practicable para los países en desarrollo porque el procedimiento de 
justificación era demasiado gravoso. Los proponente s explicaron que su propuesta solo se refería a 
determinadas cuestiones relativas a las pruebas: mantendría la necesidad de que el reclamante proporcionara una explicación de por qué era impracticable o ineficaz la retorsión en el mismo sector o en el marco del mismo acuerdo pero eliminaría el consiguiente intercambio de 
argumentos sobre esas pruebas. La propuesta no mo dificaba la manera en que el árbitro calcula la 
equivalencia. 
815.  Se preguntó cómo abordaría la propuesta la asimetría entre un gran país en desarrollo 
reclamante y un pequeño país desarrollado demandado. Los proponentes respondieron que la 
retorsión servía para inducir al cumplimiento y que ese cumplimiento era obligatorio para todos los Miembros de la OMC. Aunque el cumplimiento era una cuestión que no dependía de la condición 
del demandado, la propuesta aludía al trato especial y diferenciado porque, en la práctica, los 
países en desarrollo Miembros siempre habían realizado el cumplimiento. 
816.  Los proponentes explicaron que los grandes países en desarrollo Miembros no quedarían 
excluidos de la propuesta pero que no la necesitarían para llevar a cabo una retorsión eficaz y no 
eran el principal objetivo de dicha propuesta. Algunos participantes sugirieron que, si la intención 
era abordar las dificultades concretas con que se enfrentaban determinados países en desarrollo, la aplicación del párrafo 3 bis del artículo 22 debía limitarse a ese grupo de Miembros. Si los 
grandes países en desarrollo también podían invocar el párrafo 3 bis del artículo 22, los medios no 
se ajustarían a la meta, por lo demás encomiable, de facilitar la retorsión cruzada por parte de los países en desarrollo que se enfrentan con li mitaciones especiales. Por ejemplo, podía 
proporcionarse a los árbitros cierta orientación sobre los elementos que debían tenerse en cuenta 
al estimar el carácter impracticable e ineficaz de conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 del ESD. 
817.  Los proponentes explicaron que habían reflexiona do sobre la posibilidad de proporcionar esa 
orientación a los árbitros pero habían llegado a la conclusión de que sería difícil hacerlo. Por 
ejemplo, la retorsión cruzada podía verse facilitada si las materias primas o los productos intermedios representaban una determinada proporción del perfil comercial de un Miembro en 
desarrollo. No obstante, no existía una definición sencilla de esos conceptos. Basarse en el tamaño 
relativo de las economías de las partes también presentaba dificultades. Los proponentes estaban TN/DS/26 
 
- 127 - 
 
  dispuestos a examinar cualquier idea sobre un indicador fiable. Un participante señaló que toda 
reclasificación de un Miembro sería políticamente delicada. 
818.  Por último, se sugirió que el texto dijera "país en desarrollo Miembro" en lugar de "país en 
desarrollo". 
Cálculo del nivel de la anulación o menoscabo 
819.  Los proponentes sugieren que se modifique el párrafo 4 del artículo 22 del ESD para tener 
en cuenta la repercusión económica de la medida incompatible en el país en desarrollo reclamante. 
El texto de la disposición sería el siguiente: 
"El nivel de la suspensión de concesiones u otras obligaciones autorizado por el OSD 
será equivalente al nivel de la anulación o menoscabo. Si el asunto ha sido promovido por un país en desarrollo Miembro, en el nivel de la anulación y menoscabo se incluirá 
también una estimación de la repercusión de la medida incompatible en la economía 
de ese Miembro." 
820.  Los proponentes explicaron que los países en  desarrollo eran ahora sumamente vulnerables 
ya que, de 1995 a 2011, habían experimentado un aumento de la concentración de sus 
exportaciones. Las exportaciones constituían una parte importante y cada vez mayor del PIB de los países en desarrollo y estaban aumentando en relación con el consumo interno. Las restricciones 
del comercio elevaban el precio de las importaciones y reducían la demanda. Como consecuencia, 
la producción, el ingreso, el empleo y, en último término, el consumo también disminuían. Con el tiempo, esto podía dar lugar a una espiral negativa en otras partes de la economía. 
821.  Los proponentes agregaron que el trato especial y diferenciado era un principio que 
inspiraba hacía mucho tiempo la solución de diferencias en el marco de la OMC. De conformidad 
con el procedimiento de 1966 a que se hacía referencia en el párrafo 12 del artículo 3 del ESD, en las diferencias iniciadas contra demandados desarrollados, los grupos especiales debían tener en 
cuenta las consecuencias de las medidas en litigio para el país en desarrollo reclamante.
88 
Análogamente, el Entendimiento relativo a la solución de diferencias de 1979 preveía la adopción de disposiciones adecuadas sobre la base de las repercusiones de la medida en el país en 
desarrollo reclamante.
89 De conformidad con el párrafo 8 del artículo 21 del ESD, el OSD estaba 
obligado a tener en cuenta la repercusión de las medidas en litigio en la economía del país en desarrollo reclamante. La propuesta agregaría una segunda frase al párrafo 4 del artículo 22 a fin de dar eficacia al párrafo 8 del artículo 21 del ESD. 
822.  Varios participantes apoyaron la propuesta, aduciendo que el párrafo 8 del artículo 21 
del ESD había de hacerse eficaz en la práctica. Un participante consideró que, en el asunto CE - Banano III , el Árbitro había reconocido que la repercusión de una medida incompatible podría 
ser mayor en el caso de los países en desarrollo.
90 Ciertos participantes comprendían el 
fundamento de la propuesta y apoyaban la intención que la inspiraba, pero seguían siendo escépticos en cuanto a la manera en que podía aplicarse en su forma actual. 
823.  Algunos participantes acogieron con satisfacción la eliminación de la referencia al 
"doble trato especial y diferenciado" en esta propuesta. En cambio, un participante lamentó que, contrariamente a la propuesta inicial, la versión revisada no tuviera en cuenta los intereses de los países en desarrollo tanto como reclamantes como como demandados. 
824.  Algunos participantes preguntaron si, de conformidad con la propuesta, el concepto de 
anulación o menoscabo sería distinto según la condición del reclamante. Se sugirió que este concepto debía mantenerse unificado, aunque debían tenerse en cuenta las preocupaciones de los 
países en desarrollo de acuerdo con un enfoque caso por caso. Se pidió también que se aclarara la 
                                               
88 Véase la Decisión de 5 de abril de 1966 sobre el Procedimiento previsto en el artículo XXIII, párrafo 6 
(IBDD 14S/20, reproducida en WTO Dispute Settlement Procedures, A collection of the Relevant Legal Texts , 
tercera edición, 2012). 
89 Véase el Entendimiento relativo a las notificaciones, las consultas, la solución de diferencias y la 
vigilancia adoptado el 28 de noviembre de 1979, párrafo 23 (L/4907, IBDD 26S/229). 
90 Véase CE - Banano III , Recurso de las Comunidades Europeas al arbitraje previsto en el párrafo 6 del 
artículo 22 del ESD, Decisión de los Árbitros, WT/DS27/ARB/ECU. TN/DS/26 
 
- 128 - 
 
  relación entre el texto actual y el propuesto. Mientras que en el párrafo 4 del artículo 22 vigente el 
nivel de retorsión era igual al nivel de la anulación o menoscabo, la segunda frase propuesta parecía prever una consideración adicional obligatoria. Algunos participantes expresaron la preocupación de que esto diera lugar a dos patrones de anulación o menoscabo: uno aplicable a 
todos los Miembros y otro, con una ventaja, para un subconjunto de los Miembros. Se expresó 
también la preocupación de que la interpretación a contrario  del texto propuesto modificara el 
concepto de anulación o menoscabo para los demás Miembros. 
825.  Los proponentes respondieron que su propuesta no  tenía el objeto de modificar el concepto 
de anulación o menoscabo ni crearía dos niveles de anulación o menoscabo. Simplemente sugería que, además de los efectos en el comercio, se incluyera en el cálculo de la anulación o menoscabo una estimación de la repercusión económica en el caso de los países en desarrollo Miembros. Los 
proponentes insistieron en que era importante que se comprendiera el motivo de su propuesta. 
Una medida incompatible contra las importaciones de un país en desarrollo reclamante implicaba una anulación o menoscabo que iba más allá de las simples pérdidas comerciales. La medida 
repercutía en toda la economía del país en desarrollo. La segunda frase del párrafo 4 del 
artículo 22 propuesta representaba un valor añadido al texto vigente para esos Miembros. 
826.  Ciertos participantes se interrogaron sobre cómo se calcularía la repercusión económica y 
preguntaron si el reclamante tendría que cuantificar y justificar esa repercusión antes de que el 
Árbitro la determinara. Un Miembro consideró que la repercusión económica podía ser problemática como un elemento de la anulación o menoscabo per se  y también desde el punto de 
vista de la interpretación en la práctica. Los límites y los métodos de ese cálculo no estarían 
claros, por lo que la propuesta debía especificar lo que había de evaluar el Árbitro a ese respecto. 
827.  Los proponentes explicaron que no sugerían una modificación general del ESD. No 
cuestionaban la práctica de los árbitros del párrafo  6 del artículo 22. El ESD no establecía fórmulas 
ni métodos para el cálculo de la anulación o menoscabo o del nivel de retorsión. La práctica 
consagrada era que cada parte tenía que respaldar sus afirmaciones fácticas. La práctica actual reflejaba también un enfoque prudente que evitab a las alegaciones que no podían cuantificarse 
verdaderamente. Los proponentes se limitaban a su gerir que se incluyera en el cálculo de la 
anulación o menoscabo, como trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, un factor determinado que ya estaba presente en el ESD. En último término, era el árbitro quien debía 
establecer la equivalencia. 
828.  Un Miembro consideró que el término "repercusión" era excesivamente amplio y que no 
estaba claro cómo debía evaluarse esa repercusión. El texto propuesto hacía el concepto de anulación o menoscabo incluso menos claro de lo que ya era. Se sugirió también que, en algunos 
casos, la repercusión económica podía ser inexistente o, por lo menos, podía no agregarse a los 
efectos en el comercio. Se puso en duda que fuera correcto dar por supuesto que el factor adicional de la repercusión económica sería una cifra positiva en todos los casos. Los proponentes 
respondieron preguntando si un Miembro impugnaría una medida que tuviera una repercusión 
económica positiva. 
829.  Se cuestionó que fuera necesaria la palabra "también" si la intención no era incluir un 
elemento adicional en la anulación o menoscabo. Los proponentes consideraban que la palabra era 
necesaria porque los árbitros habían limitado la anulación o menoscabo a los efectos en el 
comercio mientras que, en el caso de los países en desarrollo, la repercusión de las medidas incompatibles no se limitaba a las pérdidas comerciales. No obstante, un participante preguntó si 
la práctica aplicada hasta la fecha implicaba que el concepto de anulación o menoscabo quedaba 
limitado a los efectos en el comercio. Se sugiri ó que podían contemplarse diversos medios de 
calcular la anulación o menoscabo según las circunstancias del caso. Quizá debía definirse la 
expresión "anulación o menoscabo" -y no exclusivamente para los países en desarrollo-. 
830.  Un participante sugirió que el texto podía redactarse de nuevo para centrarlo en el 
subconjunto de países en desarrollo reclamantes que se enfrentaban con el problema que se estaba tratando. Se sugirió además que, si la modificación propuesta servía para hacer más eficaz 
el párrafo 8 del artículo 21, debía reforzarse el vínculo entre ambas disposiciones. Esto podía 
lograrse haciendo referencia al párrafo 8 del artí culo 21 en el párrafo 4 del artículo 22 o adaptando 
el texto del párrafo 4 del artículo 22 al párrafo 8 del artículo 21. Por ejemplo, el texto de la 
segunda frase del párrafo 4 del artículo 22 propuesta podría ser el siguiente: "Si el caso ha sido TN/DS/26 
 
- 129 - 
 
  promovido por un país en desarrollo Miembro, al determinar  el nivel de la anulación o menoscabo, 
se tendrá en cuenta  la repercusión de la medida incompatible en la economía de ese Miembro." 
831.  Se preguntó qué período se tomaría en consideración para el cálculo de la anulación o 
menoscabo. En respuesta, los proponentes explicaron que la manera en que se calcularía la 
anulación o menoscabo no variaría de conformidad con la propuesta. Seguiría siendo prospectiva a 
partir del final del plazo prudencial para el cumplimiento. Por consiguiente, la repercusión económica también se estimaría a partir del final del plazo prudencial. 
832.  Un participante sugirió que el texto hiciera referencia a "la repercusión estimada"·en lugar 
de a "una estimación de la repercusión"·de la medida incompatible. 
Retorsión en nombre de otro Miembro 
833.  Los proponentes sugieren que se introduzca un nuevo texto en el párrafo 6 del artículo 22 
del ESD como apartado b), que seguiría al texto actual de esa disposición, convertido en 
apartado a). El texto del apartado b) propuesto es el siguiente: 
"Cuando un país en desarrollo Miembro haya sido autorizado a suspender concesiones 
u otras obligaciones de conformidad con el párrafo 6 a) del artículo 22 y considere que 
es impracticable o ineficaz hacer uso de esa autorización, el OSD, previa solicitud de 
ese Miembro, autorizará a otro u otros Miembros a suspender concesiones u otras 
obligaciones en nombre del Miembro solicitante a menos que el OSD decida por 
consenso rechazar la solicitud. La autorización establecida en este apartado será igual a la autorización inicial concedida de conformidad con el párrafo 6 a) del artículo 22." 
834.  Los proponentes explicaron que la propuesta ya no se denominaba "retorsión colectiva" 
porque no se permitiría que todos los miembros aplicaran medidas de retorsión en nombre del país 
en desarrollo reclamante. El reclamante se pondría en contacto con algunos otros Miembros y les explicaría que se enfrentaba con dificultades para hacer uso de la retorsión autorizada. 
Si Miembros determinados estaban dispuestos a hacerlo en su lugar, el OSD autorizaría entonces 
la transferencia de la autorización inicial. 
835.  Se preguntó si la transferencia debía ser decidida por el OSD o por el Miembro inicialmente 
autorizado a adoptar medidas de retorsión. Un participante puso en duda que fuera necesaria la 
expresión "a menos que el OSD decida por consenso rechazar la solicitud". Se preguntó también si la expresión "en nombre del Miembro solicitante " era exacta, puesto que era el OSD el que 
autorizaba formalmente la retorsión. Se pidió asimismo que se aclarara si el derecho se transferiría 
plenamente a otro Miembro o si su titularidad seguiría correspondiendo formalmente al Miembro 
reclamante. Los proponentes explicaron que el de recho en sí mismo seguiría correspondiendo al 
Miembro reclamante. 
836.  Se preguntó si el término "igual" significaría que no variarían ni el nivel ni los sectores de 
retorsión autorizados. Los proponentes respondieron que en el párrafo 6 del artículo 22 se especificaba claramente qué retorsión sería autorizada. Los otros Miembros no podían apartarse de 
los sectores y los niveles autorizados inicialmente. 
837.  Se preguntó además cómo se aplicaría el párrafo  6 b) del artículo 22 propuesto junto con el 
párrafo 3 bis del artículo 22 propuesto. Si la autorización para aplicar medidas de retorsión se 
transfería a un Miembro desarrollado de conformidad con el párrafo 6 b) del artículo 22 
¿se beneficiaría ese Miembro de cualquier flexib ilidad para efectuar una retorsión cruzada que 
hubiera obtenido el reclamante al amparo del párrafo 3 bis del artículo 22? Los proponentes 
confirmaron que la flexibilidad prevista en el párrafo 3 bis del artículo 22 se aplicaría asimismo a un 
Miembro desarrollado que adoptara medidas de retorsión en nombre de un país en desarrollo en 
virtud del párrafo 6 b) del artículo 22. Confirmaba esto la segunda frase del párrafo 6 b) del artículo 22 propuesto. 
838.  Se preguntó también si podía transferirse a más de un Miembro una cuantía determinada de 
la retorsión autorizada y, en caso afirmativo, si la cuantía inicial se dividiría entre esos Miembros y de qué manera. Otro participante preguntó si en  la autorización del OSD se especificaría qué TN/DS/26 
 
- 130 - 
 
  Miembros podían adoptar medidas de retorsión en nombre del país en desarrollo y por qué 
cuantía. 
839.  Se preguntó además si el Miembro que ejerciera el derecho tendría algún margen de 
maniobra. Por ejemplo, si, después de un año, un Miembro dejaba de adoptar medidas de 
retorsión ¿podía ese Miembro o el reclamante inicial transferir el derecho a adoptar medidas de 
retorsión a otro Miembro? Los proponentes resp ondieron que cualquier margen de maniobra 
debilitaría la previsibilidad de la solución de diferencias en el marco de la OMC. En el párrafo 1 del 
artículo 22 del ESD se disponía que la retorsión será temporal. 
840.  Un participante apoyó la propuesta y consideró que podría ser necesaria en determinadas 
situaciones. Otro participante acogió con satisf acción el hecho de que esta propuesta, que se 
asemejaba a una anterior, fuera de nuevo objeto de debate. 
841.  Una serie de participantes cuestionaron las repercusiones sistémicas y prácticas de la 
propuesta. Varios participantes indicaron que comprendían la motivación que la inspiraba y reconocían las dificultades con que podían enfrentarse determinados Miembros para aplicar 
medidas de retorsión eficaces contra economías de mayor tamaño. También reconocían la 
importancia del pronto cumplimiento. Al mismo ti empo, no estaban convencidos de que los medios 
propuestos para resolver ese problema fueran adecuados. Ciertos participantes eran favorables a 
la búsqueda positiva de medios de resolver las cuestiones de cumplimiento pero consideraban que 
también se debía velar por que las propuestas fueran practicables y no crearan más problemas que los que intentaban resolver. A la luz de la naturaleza bilateral de los recursos vigentes de conformidad con el ESD, la retorsión multilateral "en nombre" de otros sería difícil de realizar. 
842.  Un participante dijo que podía aceptar el concepto de la transferencia de derechos en este 
contexto, señalando que el concepto de la subrogació n de derechos ya existía en el contexto de los 
tratados bilaterales de inversión. Otro participante, aunque compartía las preocupaciones de los 
proponentes acerca de las dificultades con que se enfrentaban las pequeñas economías para 
inducir al cumplimiento, expresó una inquietud sistémica fundamental ante el concepto de una transferencia de derechos previstos en un tratado en un contexto de relaciones entre Estados. 
843.  Se debatió si el artículo 14 del Acuerdo Antidumping daba ya lugar a una situación 
comparable dentro del sistema de la OMC, en la que un Miembro actuaba a favor de otro. Un participante consideró que esto era cierto, mien tras que otro estimó que la situación no era 
comparable porque, de conformidad con esa disposición, la investigación y las medidas conexas 
correspondían al propio Miembro importador. 
844.  Un participante consideró que la idea de la transferencia de los derechos de retorsión a un 
Miembro que no había invocado el procedimiento de solución de diferencias estaba 
fundamentalmente reñida con los principios recogidos en el ESD. En particular, del párrafo 7 del 
artículo 3 se desprendía claramente que las medidas de retorsión se autorizaban como último recurso de que disponía un Miembro que había invocado el procedimiento, después de una serie de 
medidas procesales. Los proponentes observaron en respuesta que el Miembro reclamante habría 
adoptado todas las medidas de procedimiento pertinentes, que no se eludirían. Solo después de adoptar esas medidas buscaría asociados la parte reclamante. 
845.  Se observó también que la propuesta implicaría la transferencia del derecho a un Miembro 
que no tendría un interés directo en la cuestión de que se tratara. Se preguntó cuáles podrían ser 
los incentivos para que el Miembro que ejerciera lo s derechos de retorsión lo hiciera y se sugirió 
que la posibilidad podía dar lugar a situaciones de abuso. En respuesta, los proponentes 
observaron que el punto de partida de la prop uesta era una situación en la que un país en 
desarrollo Miembro era incapaz de ejercer sus derechos. El Miembro incumplidor debía cumplir su obligación, y el objetivo era inducir a ese Miembro al cumplimiento. Un participante señaló que la 
existencia de asimetrías entre los Miembros no debía crear una ventaja para los Miembros 
desarrollados en detrimento de las pequeñas economías. 
846.  Un participante consideró que la propuesta era impracticable porque se refería únicamente 
al párrafo 6 del artículo 22 del ESD y no al párrafo 7 de ese artículo. En los casos en que el 
demandado inicial cuestionaba la retorsión solicitada, el OSD autorizaba dicha retorsión sobre la 
base del párrafo 7 del artículo 22 del ESD, después de un arbitraje. Hasta la fecha, la mayor parte TN/DS/26 
 
- 131 - 
 
  de las solicitudes de autorización para adoptar medidas de retorsión al amparo del párrafo 6 del 
artículo 22 habían sido impugnadas por el demandado. Por consiguiente, la propuesta no abarcaría la situación más habitual. 
847.  Un participante señaló que, de conformidad co n esta propuesta, al igual que de acuerdo con 
algunas otras examinadas anteriormente, el OSD tendría que estimar el estado de desarrollo de un 
Miembro, lo cual era problemático. Se formularon también preguntas acerca de la posibilidad de aplicar la propuesta en la práctica. Se observó que el Miembro interesado no parecía tener la 
oportunidad de formular una objeción con respecto a la estimación del reclamante de que es 
impracticable o ineficaz que adopte medidas de retorsión y que no parecía haber ningún mecanismo que garantizara que las medidas se aplicarían en forma compatible con la autorización. Se preguntó quién sería responsable de la aplicación de las medidas de retorsión en caso de que 
varios Miembros actuaran de conformidad con la autorización y cómo se tramitarían las diferencias 
relativas a esa autorización en una situación hipotética posterior a la retorsión. Un participante señaló que la experiencia parecía demostrar que el cálculo y la aplicación del nivel de suspensión 
no eran sencillos. Seguían formulándose en la actualidad muchas preguntas a ese respecto. Los 
proponentes observaron que la cuestión de garantizar que se respetara la equivalencia en la aplicación de las medidas ya se planteaba en la práctica actual, como lo demostraban los asuntos 
CE - Banano III  y Estados Unidos - Juegos de azar .
91 La propuesta no modificaba ese hecho. 
848.  Un participante consideró que podían cuestionarse algunas de las premisas en que se 
basaba la propuesta, es decir, que las grandes economías cumplían menos que otros países y que la retorsión era el principal motivo del cumplimiento. Si así fuera, los Miembros esperarían para 
cumplir hasta el último momento antes de la retors ión, lo cual, de hecho, no ocurría. El sistema 
funcionaba en general muy bien, y había que cuidar de introducir mejoras sin empeorar las cosas. Se sugirió también que la amenaza de retorsión no  era el motivo fundamental de que los Miembros 
cumplieran o no cumplieran las resoluciones. En lugar de ello, las cumplían porque habían 
contraído un compromiso con respecto al sistema. La falta de cumplimiento podía deberse a varias razones. Los recursos eran un instrumento que proporcionaba el sistema para mantener el 
equilibrio de las relaciones comerciales en caso de incumplimiento. No obstante, la parte 
reclamante podía no obtener gran cosa si otros Miembros adoptaban medidas de retorsión en su nombre pero la situación sigue siendo la misma en último término ya que la retorsión no es el mejor mecanismo para inducir al cumplimiento. Los proponentes observaron que la retorsión era 
el recurso actualmente disponible de conformidad con el ESD. Estaban dispuestos a oír cualquier 
sugerencia sobre otros medios de inducir al cumplimiento. 
849.  Se preguntó si los proponentes habían considerado la posibilidad de reforzar la 
compensación, el otro recurso disponible en el marco del ESD. Los proponentes explicaron que 
habían examinado esa posibilidad pero que la compensación también planteaba problemas como medio de inducir al cumplimiento. 
850.  Para terminar, tomé nota de los esfuerzos re alizados por los proponentes al presentar un 
proyecto de texto jurídico y alenté a las delegaciones a proseguir el debate. Parecía que se reconocían ampliamente las dificultades con que se enfrentaban los pequeños países en desarrollo Miembros para adoptar medidas de retorsión eficaces pero la solución propuesta seguía 
planteando una serie de cuestiones que habían de resolverse a fin de avanzar. 
Medidas administrativas 
851.  Un párrafo 8 bis del artículo 22 propuesto se centra en las medidas administrativas que 
autorizaría el OSD cuando continúe el incumplimiento después del final del plazo prudencial. 
852.  Los proponentes explicaron que el objetivo de esta propuesta era también lograr el 
cumplimiento eficaz en situaciones de incumplimiento prolongado. Se hizo referencia al artículo 3 
del ESD, en el que se define la solución de di ferencias como un elemento clave de la seguridad y 
previsibilidad del sistema multilateral de comercio, y al párrafo 1 del artículo 21, en el que se reconoce que el pronto cumplimiento es esencial para la solución de las diferencias. Los 
                                               
91 Véanse CE - Banano III , Recurso de las Comunidades Europeas al  arbitraje previsto en el párrafo 6 
del artículo 22 del ESD, Decisión de los Árbitros, WT/DS27/ARB/ECU, y Estados Unidos - Juegos de azar , 
Recurso de los Estados Unidos al arbitraje previsto en el  párrafo 6 del artículo 22 del ESD, Decisión del Árbitro, 
WT/DS285/ARB. TN/DS/26 
 
- 132 - 
 
  proponentes observaron que, en la práctica, tran scurría un largo período antes de que se hallaran 
maneras de remediar la situación. Por último, en el párrafo 7 del artículo 21 se disponía que, en los asuntos planteados por países en desarrollo Miembros, el OSD consideraría qué disposiciones podía adoptar que fueran adecuadas a las circunstancias. 
853.  Con arreglo a esta propuesta, se aplicarían medidas temporales comparables a las que se 
imponen en el Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos en caso de impago de las contribuciones a la OMC, recientemente modificadas y adoptadas por el Consejo 
General. Esta sería otra alternativa a la que podrían recurrir los países en desarrollo incapaces de 
suspender obligaciones. Las medidas propuestas incluyen la exclusión de la presidencia de los órganos de la OMC, la denegación del acceso a la documentación y el sitio Web de la OMC, la presentación de informes por la Secretaría sobre la aplicación de las medidas y una notificación 
anual al Ministro. 
854.  Algunos participantes señalaron que el párrafo 8 bis del artículo 22 propuesto se aplicaría a 
todos los Miembros. Un participante acogió esto con satisfacción ya que las disposiciones neutrales 
parecían más practicables. 
855.  Ciertos participantes apoyaron el objetivo de inducir al cumplimiento. Algunos creían que las 
repercusiones sistémicas de la propuesta requerían mayor reflexión. Varios participantes 
consideraron que la propuesta era problemática a la luz de sus consecuencias sistémicas y 
prácticas. Se sugirió que la propuesta era punitiva y, por lo tanto, distinta de las demás propuestas sobre cuestiones relativas a los países en desarrollo. Se señaló también que el alcance de las medidas, que abarcaba el acceso a las presidencias y los documentos de la OMC en general, 
iba más allá de las actividades de solución de diferencias. Se observó asimismo que la manera 
habitual de lograr el cumplimiento era mediante consultas y negociaciones con la otra parte, mientras que las medidas propuestas desconectarían de la OMC a los Miembros y les impedirían 
participar en la solución de diferencias y otras actividades de la Organización. También podían 
afectar a los intereses de los Miembros que de searan compartir documentos con Miembros que 
resultaran no haber cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
856.  En respuesta, los proponentes explicaron que la propuesta servía para mejorar la vigilancia 
de la aplicación por el OSD e inducir al cumplimiento eficaz, incluso haciendo participar al Director General y la Secretaría de la OMC. El objetivo no era imponer sanciones punitivas como multas, y los proponentes tampoco tenían el propósito de apartar de la OMC a los Miembros. Los 
proponentes hicieron referencia al procedimiento recientemente adoptado en el caso de los 
Miembros cuyas contribuciones estaban retrasadas. Ese procedimiento abarcaba a todos los Miembros, incluso a los países en desarrollo que se enfrentaban con graves limitaciones 
económicas. El acceso a los documentos era importante pero, sin embargo, el Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos había adoptado su procedimiento. Además, los órganos legislativos de los Miembros se habían comprometido a cumplir las disposiciones de 
la OMC cuando habían aprobado la adhe sión de sus países a la Organización. 
857.  Diversos participantes señalaron que el texto parecía indicar que las medidas podrían 
adoptarse tan pronto expirara el plazo prudencial  para el cumplimiento. No obstante, podían ser 
necesarios procedimientos para determinar si el cumplimiento se había logrado. Por consiguiente, 
o bien las medidas administrativas propuestas se impondrían únicamente si el Miembro interesado 
reconocía el incumplimiento o esta propuesta implicaría un conflicto con el procedimiento sobre el cumplimiento previsto en la propuesta relativa a la secuencia. Los proponentes explicaron que 
habían tenido en cuenta la relación de esta propuesta con la relativa a la secuencia y que no 
sugerían que se aplicaran sanciones administrativas antes de que hubiera una determinación multilateral del incumplimiento. Los proponentes es taban dispuestos a examinar esta cuestión con 
los Miembros interesados. 
858.  Se observó que la lista de las medidas propuestas era algo distinta del conjunto de las 
medidas disponibles en el contexto de los miem bros con contribuciones atrasadas. Se preguntó 
también si las medidas serían graduales y, por ejemplo, solo bloquearían en un principio el acceso 
a determinados tipos de documentos. Los proponentes respondieron que las diversas medidas 
administrativas no serían obligatorias; el reclamante podría elegir las que deseara que se aplicaran. Los proponentes estaban dispuestos a examinar este aspecto de su propuesta con los 
participantes interesados. TN/DS/26 
 
- 133 - 
 
  859.  Un participante expresó preocupaciones ante la propuesta de que se bloqueara la 
presidencia de los órganos de la OMC: esto tendría que aplicarse por lo menos anualmente, ya que las personas que desempeñaban esa función no podían ser sustituidas mientras ocuparan el cargo por nacionales de Miembros que lograran el cumplimiento. Los proponentes señalaron que la 
propuesta solo se refería a las designaciones y no afectaba a los presidentes en ejercicio. 
860.  Se sugirió que, en la medida en que existí a alguna vinculación, había una diferencia 
cualitativa entre el incumplimiento en la solución de diferencias y la falta de pago de las 
contribuciones. Esta última dependía totalmente del poder ejecutivo de los Miembros mientras que 
en el cumplimiento intervenían a menudo otros poderes. 
861.  Los proponentes tomaron nota de que en varias intervenciones se habían expresado 
preocupaciones ante el texto propuesto. Tendrían en cuenta esas preocupaciones con una 
mentalidad abierta al examinar el texto. 
Fondo para la solución de di ferencias/Costas procesales 
862.  El documento no oficial contiene un texto para el establecimiento de un "Fondo del OSD" en 
el marco del artículo 28 del ESD, a fin de facilitar la participación eficaz de los países en desarrollo 
en la solución de diferencias de la OMC. Este Fondo estaría a disposición de los países en desarrollo reclamantes y demandados, con independencia del estado de desarrollo de la otra parte 
en la diferencia. Su funcionami ento detallado se trataría en un "anexo X" del ESD propuesto. 
863.  Si un país en desarrollo Miembro no podía tene r acceso al Fondo del OSD "debido a una falta 
de presupuesto", de conformidad con la propuesta el grupo especial y el Órgano de Apelación adjudicarían ciertas costas procesales a ese Miembro. Esta posibilidad solo existiría en el caso de 
las diferencias entre países en desarrollo y desarrollados -siempre que o bien "las medidas del país 
desarrollado Miembro se hubieran considerado incompatibles con los acuerdos abarcados" o "las alegaciones de un país desarrollado Miembro no prosperaran en una diferencia contra un país en 
desarrollo Miembro". 
Fondo para la Solución de Diferencias 
864.  Los proponentes adujeron que la solución de diferencias en el marco de la OMC se había 
hecho excesivamente costosa para los países en desarrollo. Algunos de los costos tenían que 
compartirse. En el anexo X propuesto se tratab a de resolver las cuestiones planteadas en 
anteriores debates en relación con lo que ocurriría cuando el Fondo del OSD se agotara. El Fondo sería parte del presupuesto ordinario de la OMC pero también podía recibir contribuciones 
voluntarias. Su presupuesto inicial ascendería a 4 millones de francos suizos, la mitad de los 
cuales constituirían un fondo de funcionamiento para la solución de diferencias similar al fondo de funcionamiento del Órgano de Apelación, reservado para cubrir un aumento repentino de las 
diferencias. Después del primer año, el presupue sto del Fondo ascendería a 2 millones de francos 
suizos p.a., que representarían alrededor del 1% del presupuesto ordinario anual de la OMC. El 
Fondo reembolsaría los costos de la solución de diferencias correspondientes a un país en 
desarrollo por un máximo de dos diferencias al año únicamente en lo relativo a los honorarios por 
asistencia letrada y las costas y hasta un límite determinado para cada etapa de la solución de diferencias. El funcionamiento del Fondo se ría supervisado por el Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos y examinado anualmente por el Consejo General. 
865.  Un participante expresó su deseo de trabajar en estrecho contacto con los proponentes 
sobre esta cuestión. Otro consideró que la propuesta establecía el debido equilibrio. Algunos participantes formularon preguntas sobre aspectos concretos de la aplicación de la propuesta. 
866.  Varias delegaciones expresaron preocupaciones ante la propuesta, por razones técnicas o 
porque, según ellos la percibían, podía tener efectos negativos en el Centro de Asesoría Legal en asuntos de la OMC. En particular, varios participantes pusieron de relieve que el Centro había sido 
útil para proporcionar asistencia en la solución de diferencias y la evitación de estas y no debía ser 
debilitado. En lugar de que se creara un sistema paralelo, la reflexión debía partir del mecanismo existente del Centro y basarse en él. El Centro de Asesoría podía fortalecerse, por ejemplo, estabilizando su financiación. Diversos participantes consideraron que el Centro era un foro más 
apropiado desde el punto de vista institucional. Contrariamente a la OMC, podía distinguir entre los TN/DS/26 
 
- 134 - 
 
  países en desarrollo que necesitaban asistencia para la solución de diferencias y los países en 
desarrollo con una considerable capacidad de intervenir en diferencias. Un participante consideraba que el Fondo del OSD no implicaría ningún costo para los beneficiarios, por lo que esos Miembros no tendrían ningún incentivo para recurrir al Centro de Asesoría. Según otro 
participante, si se aceptaba la propuesta, los gobiernos donantes comenzarían a elegir entre el 
F o n d o  d e l  O S D  y  e l  C e n t r o  d e  A s e s o r í a .  E n  ú l t i m o  t é r m i n o ,  l a  c u e s t i ó n  s e r í a  s i  e r a  r a z o n a b l e  contribuir también al Centro. 
867.  Los proponentes explicaron que su propuesta no tenía el propósito de debilitar al Centro de 
Asesoría Legal en Asuntos de la OMC sino de reforzarlo. Si es que había algún efecto, este sería que la labor del Centro de Asesoría aumentaría co n el tiempo -por ejemplo, porque se utilizaría 
con más frecuencia debido a la existencia del Fondo del OSD-. Además, incluso la participación del 
Centro cuesta dinero: 276.000 francos suizos son una cantidad considerable. 
868.  Según los proponentes, la solución de los problemas financieros con que se enfrentaban los 
países en desarrollo en relación con el acceso a la solución de diferencias de la OMC debía hallarse 
e n  l a  O M C ,  e n  e l  m a r c o  d e l  E S D .  E l  C e n t r o  d e  A s e s o r í a  q u e d a b a  f u e r a  d e  l a  O M C .  N o  e r a  
multilateral puesto que no participaban en él to dos los Miembros de la Organización. Existían ya 
varios fondos fiduciarios en la OMC y en otros foros judiciales internacionales, como el Fondo 
Fiduciario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Los Miembros de la OMC ya contribuían al 
presupuesto de la OMC. 
869.  Se preguntó cómo habían llegado los proponentes a los límites máximos de los reembolsos 
contenidos en el párrafo 5 del anexo X. Los pr oponentes respondieron que los habían calculado 
obteniendo el promedio de las tarifas cobradas por el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de 
la OMC a todas las categorías de países beneficiarios. Los proponentes agregaron que podían proporcionar cifras separadas para los países menos adelantados y los países en desarrollo a la luz 
del debate. 
870.  Un participante señaló que en el Centro de Asesoría, los PMA solo pagaban 34.000 francos 
suizos por diferencia, lo cual era considerablemente inferior a los 276.000 francos suizos a que 
habían hecho referencia los proponentes. De hech o, alrededor del 90% del presupuesto del Centro 
de Asesoría procedía de su Fondo Fiduciario, financiado por los miembros contribuyentes y no por los beneficiarios. Esta delegación se preguntó si el fundamento básico de la propuesta era una preocupación relativa a las tarifas cobradas por el Centro de Asesoría. Los proponentes aclararon 
que no abrigaban esa preocupación. En lugar de ello, deseaban introducir una solución que 
formara parte del sistema multilateral. 
871.  Un participante preguntó si, en una diferencia en la que participaran varias partes que 
fueran países en desarrollo, todas ellas se be neficiarían del Fondo del OSD. Los proponentes 
confirmaron que así sería efectivamente. 
872.  Un participante preguntó si el Fondo del OSD cubriría costos distintos de los relacionados 
con la solución de diferencias. Los proponentes respondieron que reflexionarían sobre la cuestión. 
873.  Un participante preguntó si el Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos solo supervisaría el funcionamiento del Fondo en general o comprobaría también las facturas presentadas para su reembolso. Otro participante se preguntó si la Secretaría tendría 
facultades discrecionales para denegar el reembolso de una factura frívola o exagerada de 
conformidad con el párrafo 7 del anexo X propuesto y si habría algún recurso contra las solicitudes de reembolso de otro Miembro. 
874.  Los proponentes respondieron que su propuesta introduciría frenos y contrapesos. En cada 
etapa habría un límite máximo de la cuantía reembolsable, y los reembolsos solo tendrían lugar previa presentación de facturas por trabajos ya realizados. Si la factura era inferior al límite 
máximo, solo se reembolsaría la cantidad que en ella constara. La Secretaría de la OMC tenía 
experiencia en materia de desembolsos. En todo caso, los proponentes reflexionarían sobre la idea de una impugnación de las solicitudes de reembolso de los Miembros. TN/DS/26 
 
- 135 - 
 
  Costas procesales 
875.  Los proponentes explicaron que el párrafo b) (costas procesales) del artículo 28 propuesto 
se comenzaría a aplicar automáticamente cuando no estuviera disponible el Fondo del OSD previsto en el párrafo a). 
876.  Algunos participantes sugirieron que la propuesta debía permitir el reembolso de las costas 
procesales también en las diferencias entre países en desarrollo. Los proponentes señalaron que los países en desarrollo se habían opuesto firmemente a esa idea y que la propuesta intentaba 
limitar los casos en que podrían reembolsarse las costas procesales. 
877.  Un participante preguntó si los criterios que activarían el reembolso de las costas procesales 
estaban vinculados con alegaciones que no prosperaran o con una constatación de incompatibilidad y qué ocurriría si solo prosperaran determinadas alegaciones. Varios participantes 
señalaron que, con frecuencia, era difícil determinar qué parte había perdido o ganado una 
diferencia. Los proponentes explicaron que las costas procesales se adjudicarían probablemente a prorrata sobre la base de las alegaciones de un país en desarrollo parte que prosperaran. 
878.  Se preguntó si también se reembolsarían de conformidad con la propuesta los costos de 
funcionarios gubernamentales. Se sugirió que se incluyeran asimismo los gastos dependientes de 
las costas procesales, por ejemplo, el costo de la interpretación durante las consultas. Los 
proponentes explicaron que deseaban que su propuesta fuera sencilla. Por ello, solo se 
reembolsarían los honorarios por asistencia letrada y las costas, no otros gastos como los costos de expertos y funcionarios gubernamentales. Lo s proponentes reconocieron que los países en 
desarrollo tendrían gastos adicionales en la solución de diferencias. Reconocieron también que la 
mitad de las diferencias que se planteaban en el marco de la OMC se resolvían en la fase de 
consultas. Sin embargo, de acuerdo con sus debates internos, habían decidido que no se reembolsarían los gastos en que se incurriera durante las consultas. No obstante, el Fondo 
del OSD abarcaría la fase de consultas. 
879.  Un participante señaló que nunca era sencillo determinar las costas procesales. Preguntó si 
la adjudicación de las costas procesales era la manera más eficaz de utilizar el dinero de los 
contribuyentes, dado que el procedimiento que conducía a esa adjudicación era muy complejo 
porque era difícil cuantificar las costas. Los proponentes respondieron que la adjudicación de las costas procesales podía ser compleja pero no era imposible. Un estudio había indicado que por lo menos en 56 jurisdicciones se adjudicaban las costas procesales. 
__________