RESTRICTED  
  
GPA/ACC/GBR/2  
5 de junio de 2018 
(18-3434) Página:  1/35 
Comité  de Contratación  Pública  Original:  inglés  
 
  
ADHESIÓN  DEL REINO  UNIDO  AL ACUERDO  SOBRE  
CONTRATACIÓN  PÚBLICA  POR DERECHO  PROPIO  
RESPUESTAS  A LA LISTA  RECAPITULATIVA  DE PREGUNTAS  PARA  LA 
PRESENTACIÓN  DE INFORMACIÓN  RELATIVA  A LA ADHESIÓN  AL 
ACUERDO  REVISADO  SOBRE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  
La siguiente  comunicación  del Reino  Unido , de fecha  1º de junio de 2018, se distribuye  a petición  
de la delegación  de la Unión  Europea . 
 
_______________  
 
 
1  MARCO  LEGAL  
1.1.  ¿Existe  una única  ley general  sobre  contratación ? En ese caso,  sírvanse  
especificar  cuál.  
El régimen  jurídico  que regula  la contratación  pública  en el Reino  Unido  se establece  en seis textos  
legislativos  secundario s (conocidos  en el Reino  Unido  como  Reglamentos) . Estos Reglamentos  se 
elaboraron  de conformidad  con el párrafo  2 del artículo  2 de la Ley de las Comunidades  Europeas  
de 1972 e incorporan  al derecho  del Reino  Unido  las siguientes  Directivas  sobre  contratación  
pública  de la Unión  Europea  (UE): la Directiva  2014/24/UE  sobre  contratación  pública,  la 
Directiva  2014/25/UE  relativa  a la contratación  de servicios  públicos,  la Directiva  2014/23/UE  
relativa  a la adjudicación  de contratos  de concesión  y las Directivas  89/665/CE  y 92/13/CE  sobre 
los procedimientos  de recurso . 
En un referéndum  celebrado  en junio de 2016, los ciudadanos  del Reino  Unido  votaron  a favor de 
la salida  de la UE. El Reino  Unido  notificó  a la UE, de conformidad  con el artículo  50 del Tratado  de 
la Unión  Europea,  su intención  de abandonar  la UE. Este proceso  dio inicio a las negociaciones  
formales  del Reino  Unido  e hizo efectiva  la salida  del Reino  Unido  con arreglo  al derecho  de la UE. 
Las condiciones precisa s de la salida  del Reino  Unido  de la UE se están  negociando  en la 
actualidad ; los términos  del período  de aplica ción se acordaron  en el Consejo  Europeo  de marzo  
de 2018.  El enfoque  general  del Reino  Unido  es garantiza r que tras su salida  de la UE se apliquen  
los mismos  reglamentos  y leyes que se venían aplicando,  a fin de brindar  continuidad  y seguridad . 
La reglamentación  que rige la contratación  pública  en el Reino  Unido  seguirá  vigente  y no 
cambiará  sustancialmente  tras la salida  del Reino  Unido  de la UE. 
En Inglaterra,  Gales  e Irlanda  del Norte,  la legislación  por la que se rige la contratación  pública  
está integrada  por el Reglamento  de Contratación  Pública  de 2015, modificado1 (PCR de 2015 ); el 
Reglamento  de Contratación  de Servicios  Públicos  de 2016, modificado2 (UCR de 2016 ); y el 
Reglamento  relativo  a los Contratos  de Concesión  de 2016 (CCR de 2016 ). Estos tres 
Reglamento s no se aplican  en Escocia , excepción  hecha  de ciertas  disposiciones  del PCR de 2015 
que modifican  las leyes internas  que regulan  la contratación  en los ámbitos  de la defensa  y la 
                                                
1 Modificado  por el Reglamento  de 2015 de la Ley de Esclavitud  Moderna  de 2015 (modificaciones  
consiguientes);  el Reglamento  de Contratación  Pública  de 2016 (modificaciones,  derogaciones  y revocaciones);  
el Reglamento  relativo  a la Identificación  Electrónica  y los Servicios  de Confianza  para las Transacciones  
Electrónicas  de 2016;  el Reglamento  de 2017 de la Ley de Mercados  y Servicios  Financieros  de 2000 
(Mercados  de Instrumentos  Financieros);  y el Reglamento  de 2018 de la Ley de Recaudación  y Gestión  de 
Impuestos  (Gales)  de 2016 (disposiciones  consiguientes  y complementarias).  
2 Modificado  por el Reglamento  relativo  a la Identificación  Electrónica  y los Servicios  de Confianza  para 
las Transacciones  Electrónicas  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
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  seguridad . En Escocia,  la normativa  pertinente  está compuesta  por el Reglamento  de Contratación  
Pública  (Escocia)  de 2015, modificado3 (PCSR  de 2015 ); el Reglamento  de Contratación  de 
Servicios  Públicos  (Escocia)  de 2016, modificado4 (UCSR  de 2016 ); y el Reglamento  de 
Adjudicación  de Contratos  de Concesión  (Escocia)  de 2016, modificado5 (CCSR  de 2016 ). En el 
anexo  A figuran  los enlaces  a los seis Reglamentos . 
1.2.  ¿Qué  otras  leyes,  reglamentos,  decretos,  resoluciones  administrativas,  decisiones,  
directrices  de política  u otros  instrumentos  rigen  la contratación  pública ? Sírvanse  
presentar  un resumen  de las esferas  a que se refiere  cada  uno de estos  instrumentos . 
Sírvanse  también  explicar  las diferencias  principales  (en caso de que las haya)  entre  su 
aplicación  al nivel  central  y subcentral  del Gobierno  y de otros  tipos  de entidades  
contratantes . 
Otras leyes - general es 
Otras leyes que rigen la contratación  pública  en el Reino  Unido  son las siguientes:  
1. la Ley de Servicios  Públicos  (Valor  Social)  de 2015, que obliga  a las autoridades  
contratantes , antes  de proceder  a la contratación  de servicios  públicos  sujetos al PCR 
de 2015, a examinar  cómo  podría  esa contratación  mejorar  el bienestar  económico,  
social  y ambiental  en la zona de que se trate, y cómo  se podría llevar  a cabo el proceso  
de contratación  con miras  a asegurar  esa mejora ; 
2. la Ley de Reforma  de la Contratación  Pública  (Escocia)  de 2014 y el Reglamento  de 
Contratación  Pública  (Escocia)  de 2016, que imponen  a las autoridades  contratantes  dos 
deberes  más respecto  a los contrat os sujeto s al PCSR  de 2015.  El deber  de contratación  
sostenible  obliga  a las autoridades  contratantes,  antes  de proceder  a la contrata ción, a 
examinar  cómo  podría  esa contratación  mejorar  el bienestar  económico,  social  y 
ambiental  de la zona; facilitar  la participación  de las pymes , los organismos  del tercer  
sector  y las empresas  beneficiarias  de ayudas ; y promover  la innovación . Este deber  
también  les obliga  a llevar  a cabo la contratación  con miras  a asegurar  la mejora  
identificada  del bienestar  económico  social  y ambiental  de la zona. El deber  de beneficio  
comunitario  obliga  a las autoridad es contratante s, antes  de proceder  a una contratación  
por un valor igual o superior  a 4 millones  de libras  esterlinas,  a examinar  la posibilidad  
de imponer  requisitos  en materia  de beneficios  comunitarios , a detallar  (en caso de que 
lo haga)  esos requisitos  en la convocatoria  de licitación  y en el anuncio  de adjudicación , 
o a exponer  los motivos  por los que no lo hace en la convocatoria  de licitación ; 
3. la Ley de Igualdad  de 2010, que obliga  a las autoridades  públicas  a cumplir  con el deber  
de igualdad  de trato del sector  público  en el ejercicio  de sus funciones  (lo que incluye  la 
contratación  pública) . El deber  de igualdad  de trato obliga  al sector  público  a tener  
debidamente  en cuenta  la necesidad  de eliminar  la discriminación,  el acoso,  la 
victimización  o cualquier  otra conducta  que esté prohibida  por la Ley o en el marco  de la 
misma ; a promover  la igualdad  de oportunidades  entre  las personas  que comparten  una 
determinada  característica  protegida  y las personas  que no la comparten ; y a fomentar  
una buena  relaci ón entre  las personas  que comparten  una determinada  característica  
protegida  y las personas  que no la comparten . El párrafo  2 del artículo  155 de la Ley 
otorga  al Secretario  de Estado  la facultad  de imponer  ciertos  deberes  en relación  con la 
Ley, en especial  respecto  a las autoridades  abarcadas  por la Directiva  2014/24  y en 
relación  con las funciones  reguladas  por esa Directiva . Esta facultad  se ha manifestado  
en el Reglamento  de Modificación  de la Ley de Igualdad  de 2010 (Deberes  Específicos)  
(Escocia) , de 2012, que obliga  a las autoridad es enumeradas  consideradas  contratantes  
en el marco  del PCSR  de 2015 a tener  en cuenta  si determinado s criterios  y condiciones  
de adjudicación  relacionados  con la ejecución  del contrato  deben incluir  consideraciones  
                                                
3 Modificado  por el Reglamento  de Contratación  Pública  (Escocia)  (modificación)  de 2016;  el Reglamento  
relativo  a la Identificación  Electrónica  y los Servicios  de Confianza  para las Transacciones  Electrónicas  de 2016;  
y el Reglamento  del Tribunal  de Primera  Instancia  para Escocia  (Transferencia  de Funciones  de la Comisión  de 
Vivienda  de Alquiler  Privado)  de 2016.  
4 Modificado  por el Reglamento  relativo  a la Identificación  Electrónica  y los Servicios  de Confianza  para 
las Transacciones  Electrónicas de 2016.  
5 Modificado  por el Reglamento  de Adjudicación  de Contratos  de Concesión  (Escocia)  (modificación)  
de 2016 y el Reglamento  relativo  a la Identificación  Electrónica  y los Servicios  de Confianza  para las 
Transacciones  Electrónicas de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
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  pertinentes  a efectos  de facilitar  el cumplimiento  del deber  de igualdad  de trato por las 
autoridades  contratantes ; 
4. la Ley de Pequeñas  Empresas , Empresas  y Empleo  de 2015, que en su artículo  39 
autoriza  al Ministro  de la Oficina  del Gabinete  a aplicar  reglamentos  que impongan  
obligaciones  a aquel las autoridades  contratante s cuyas  competencias  en materia  de 
contratación  no se hayan  transferido  en su totalidad o en su mayor  parte  a las 
administraciones  de Escocia , Gales o Irlanda  del Norte . No se han elaborado  reglamentos  
de este tipo. El artículo  40 de la Ley también  obliga  a las citadas  autoridades  
contratantes  a cooper ar con cualquier  investigación  sobre  sus prácticas  de contratación  
que se lleve a cabo en nombre  del Ministro  de la Oficina  del Gabinete ; y 
5. la Directiva  relativa  a la eficiencia  energética  (una Directiva  de la UE), que en su 
artículo  6 obliga  a los departamentos  del Gobierno  central  a adquirir  productos,  servicios  
y edificios  de elevada  eficiencia  energética . Se trata de una obligación  limitada  que no es 
necesario  cumplir  cuando  no result e rentable  o no permit a una competencia  efectiva . La 
Directiva  también  obliga  a alentar  a otros organismos  públicos,  como  los gobiernos  
locales  y regionales,  a seguir  el ejemplo  del Gobierno  central.  
Otras leyes - aplicables  a las autoridades  locale s 
Además,  hay otras tres leyes que regulan  la contratación  pública  de las autoridades  locales  en el 
Reino  Unido:  
1. la Ley de Gobierno s Locales de 1972, que en su artículo  135 obliga  a las autoridades  
locales  a dictar sus propias  instrucciones  permanentes  (es decir,  normas  internas)  en 
materia  de contratación  para el suministro  de bienes  o materiales  o para la ejecución  de 
obras , y les faculta  a hacerlo  en relación  con todos  los contratos ; 
2. la Ley de Gobierno s Locales de 1988, que en el párrafo  1 de su artículo  22 establece  que 
las autoridades  locales  y otros organismos  públicos  de naturaleza  local y especializad a 
que mantienen  una lista aprobada  de personas  autorizadas  a ejecutar  contratos  públicos  
de suministros , servicios  u obras  (o interesadas  en ellos) no pueden  exigir  el pago de 
una suma  como  condición  para figurar  (o continuar  figurando)  en la lista o para que se 
considere  su posible  inclusión  en ella; y 
3. el Reglamento  de los Gobierno s Locales (Prescripciones  en materia  de Transparencia ) 
(Inglaterra)  de 2015, que requiere  que determinada  información,  incluida  la relativa  a 
los contratos  públicos,  se publique  de una manera  específica  y en las ocasiones  
especificadas . 
Otras  leyes - sectoriales  
En el Reino  Unido  existen  varias  otras leyes que se aplican  a la contratación  pública  en sectores  
específicos,  a saber,  la defensa , la seguridad  nacional  y los servicios  de salud. Ninguno  de estos 
sectores  figura  en la oferta  relativa  al ACP del Reino  Unido,  por lo que no se describen  aquí. 
Solo hay una ley sectorial  específica  abarcada  por la oferta  relativa  al ACP del Reino  Unido . El 
artículo  89 de la Ley de Transporte  de 1985 exige  que se celebre  una licitación  cuando  una 
autoridad  responsable  del gasto  en servicios  públicos  de transporte  de pasajeros  otorgue  a otra 
parte  una subvención  para que preste  esos servicios . La autoridad  debe sacar  a concurso  los 
servicios  de la manera  que estime  apropiada  para informar  a los posibles  interesados  y a cualquier  
persona  que notifique  por escrito  su interés , y debe determinar  en su caso las ofertas  que deben  
seleccionarse  teniendo  en cuenta  especialmente  una combinación  de factores  relativos  a los 
costos , la eficiencia , la eficacia  y la reducción  o limitación  de la congestión  del tráfico,  el ruido o la 
contaminación  atmosférica . 
Directrices  de política  
El Gobierno  británico  ofrece  directrices  de ámbito  nacional  (incluida s directrices  legales)  sobre  las 
mejores  prácticas  de contratación  públic a en Inglaterra,  Gales  e Irlanda  del Norte  en forma  de 
Notas  sobre  políticas  de contrataci ón, que pueden  consultarse  en el siguiente  enlace : 
https://www.gov.uk/ . El Gobierno  escocés  también  ofrece  directrices  de ámbito  nacional  en forma  GPA/ACC/GBR/2  
 
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  de Notas sobre  política  de contratación  en Escocia,  disponibles  en el siguiente  enlace : 
http://www.gov.scot . Las Notas  sobre  políticas  de contratación  y las Notas  sobre  política  de 
contratación  en Escocia  no son jurídicam ente vinculantes  (a menos que se trate de directrices  
legales) , y establecen  a qué organismos  del sector  público  se aplican  en cada caso. 
El Gobierno  de Escocia  también  ha publicado  directrices  legales  de conformidad  con la Ley de 
Reforma  de la Contratación  Pública  (Escocia)  de 2014.  Estas directrices,  que las autoridades  
contratantes  deben  de tener  en cuenta,  pueden  consultarse  en el siguiente  enlace:  
http://www.gov.scot . 
Resoluciones  administrativas  
Las alegaciones  de infracción  de las leyes del Reino  Unido  en materia  de contratación  pública  se 
presentan  ante el Tribunal  Superior  de Inglaterra,  Gales  e Irlanda  del Norte )6, o ante los tribunales  
de primera  instancia  (Sheriff  Court)  o el Tribunal  Superior  (Court  of Session)  de Escocia .7 Las 
resoluciones  de estos tribunales  son jurídicamente  vinculantes . 
1.3.  ¿En qué medida  las disposiciones  del Acuerdo  son de aplicación  directa  o han de ser 
incorporadas  a la legislación  pertinente ? En caso de aplicación  directa  del Acuerdo  con 
preferencia  a disposiciones  de la ley nacional  en conflicto  con él, sírvanse  indicar  el 
fundamento  legal  pertinente . 
Las disposiciones  del ACP no son de aplica ción directa  en el Reino  Unido , sino que se incorpora ron 
a la legislación  británica  desde  su entrada  en vigor, el 1º de enero  de 1996.  Los seis Reglamentos  
principales  descritos  en la sección  1.1 supra  establecen  expresamente  que la obligaci ón que tienen  
las autoridades  y entidades  contratantes  de cumplir  los reglamentos  son deberes  para con los 
operadores económicos  de las Partes  en el ACP en aquel las operaciones  de contratación  a las que 
sea de aplicación  el Acuerdo .8 Esto significa  que, en los supuestos  en que es de aplicación  el ACP, 
los operadores económicos  de las Partes  en el Acuerdo  tienen  derechos  exigibles  de conformidad  
con la legislación  del Reino  Unido.  
Cuando  se convierta  en Parte independiente  del ACP, el Reino  Unido  deberá  modificar  sus 
Reglamentos  a fin de poder  aplicar  el Acuerdo  como  Parte independiente . En la cláusula  1a del 
proyecto  de Ley de Comercio,  que se puede  consultar  en el sitio web del Parlamento  del Reino  
Unido,  se autoriza  a los Ministro s de la Corona  y a las administraci ones descentralizadas  a dictar  
reglamentos  con el objetivo  de aplicar  el ACP. El proyecto  de Ley también  autoriza  al Reino  Unido  
a actualizar  su legislación  en función  de las Partes  que se adhieran  al ACP o de las Partes  que 
denuncien  el Acuerdo . 
2  ÁMBITO  DE APLICACIÓN  
2.1.  Sírvanse  resumir  cómo  se organiza  el Gobierno  en cada  nivel  en su país. 
Gobierno  central  
El Primer  Ministro  dirige  el Gobierno  con el apoyo  del Gabinete  y los Ministros . Los representantes  
parlamentarios  del Gobierno , elegidos  mediante  elecci ones general es, adoptan  colectivamente  
decisiones  en la Cámara  de los Comunes  a través  de un sistema  de votación . Las elecciones  
generales  más recientes  se celebraron  el 8 de junio de 2017. 
La Ley Parlamentaria  de Plazos  Fijos de 2011 establece  que las elecciones  generales  deben 
celebrarse  cada cinco años. Al finalizar ese plazo,  es necesario  elegir  una nueva  Cámara  de 
los Comunes . 
                                                
6 Véase  la norma  91 del PCR de 2015,  la norma  106 del UCR de 2016 y la norma  52 del CCR de 2016.  
7 Véase  la norma  88 del PCSR  de 2015,  la norma  101 del UCSR  de 2016 y la norma  52 del CCSR  
de 2016.  
8 Véase  la norma  90 1) del PCR de 2015,  la norma  105 1) del UCR de 2016,  la norma  51 1) del CCR 
de 2016,  la norma  87 2) del PCSR  de 2015,  la norma  100 1) del UCSR  de 2016 y la norma  51 2) del CCSR  
de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
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  Sin embargo,  hay dos actos  que pueden  desencadenar  la celebración  de elecciones  en un plazo  
distinto : 
• la aprobación  por mayoría  simple  de una moción  de censura  contra el Gobierno  de 
Su Majestad , sin que en el transcurso  de 14 días la Cámara  emita  un voto de confianza  
en cualquier  otro nuevo  gobierno  que se haya formado ; y 
• la aprobación  de una moción  para la celebración  de elecciones  generales  por dos tercios  
del total de escaños  de la Cámara  de los Comunes , incluidos  los vacantes  (es decir,  
actualmente  434 de los 650 escaños ). 
Las elecciones  generales  brindan  a los ciudadanos  del Reino  Unido  la oportunidad  de elegir  a su 
representante  en el Parlamento,  que es la persona  que representará  su zona (circunscripción)  en 
la Cámara  de los Comunes  durante  un máximo  de cinco años. Las próxima s elecci ones se 
celebrará n en 2022. 
El Gabinete  está compuesto  por los miembros  más importantes  del Gobierno . A lo largo de la 
legislatura,  los miembros  del Gabinete  (Secretarios  de Estado  de todos  los departamentos  y otros 
Ministros)  se reúnen  todas  las semanas  para debatir  los asuntos  más importantes  para el 
Gobierno . 
El Primer  Ministro  elige a los Ministros  de entre  los miembros  de la Cámara  de los Comunes  y la 
Cámara  de los Lores , que es la segunda  cámara  del Parlamento  británico.  
El Reino  Unido  está dividido  en 650 circunscripciones  electorales , cada una de las cuales  está 
representada  por un parlamentario  en la Cámara  de los Comunes . 
Las circunscripciones  se distribuyen  de la forma  siguiente : 
• 533 circunscripciones  en Inglaterra ; 
• 59 en Escocia ; 
• 40 en Gales ; y 
• 18 en Irlanda  del Norte . 
En el Reino  Unido  existen  diferentes  tipos de entidades  del Gobierno  central . Las principales  
entidades  son las siguientes : 
Departamentos  ministeriales : departamentos  del Gobierno  a cuyo frente  está un Ministro . 
Departamentos  no ministeriales : departamentos  del Gobierno  por derecho  propio,  pero que no 
tienen  un Ministro  propio . Responden  ante el Parlamento  a través  de sus Ministros  responsable s. 
Organismos  públicos  no pertenecientes  a ningún  departamento : organismos  que tienen  una 
función  en los procesos  del gobierno  nacional,  pero que no son departamentos  gubernamentales  ni 
forman  parte  de ellos, por lo que operan  de manera  más o menos  independiente  de los Ministros . 
Los organismos  públicos  no pertenecientes  a ningún  departamento  tienen  diferentes  funciones,  
desde  prestar  asesoramiento  a los Ministros  a desempeñar  funciones  de naturaleza  ejecutiva  o 
reglamentaria , y trabajan  dentro  del marco  estratégico  establecido  por los Ministro s. 
Organismos  ejecutivos : unidades  claramente  definidas  de un departamento  del Gobierno  central . 
Aunque  desde  el punto  de vista administrativ o son entidades  diferenciadas  del departamento,  
carecen  de personalidad  jurídica  propia  y jurídicamente  forman  parte  del departamento . Su labor 
se centra  fundamentalmente  en producir  resultados  específicos  dentro  de un marco  de rendición  
de cuentas  a los Ministros . 
Empresas  públicas /fondos  de operaciones  comerciales : las empresas  públicas  son entidades  de 
mercado  (es decir,  entidades  en que más del 50% de los costos  de producción  están  relacionados  
con la venta  de mercancías  y servicios  a precios  de mercado ) que están  controladas  por el 
Gobierno  pero que disponen  de una independencia  considerable  en su funcionamiento  diario,  por 
lo que están  separadas  de sus respectivos  departamentos  principales . Los fondos  de operaciones  
comerciales  se utilizan  para aquell as actividades  de un departamento  que generan  ingresos  
derivados  del suministro  de bienes  y servicios . La mayoría  de los fondos  comerciales  se consideran  
empresas  públic as. GPA/ACC/GBR/2  
 
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  Transferencia  de competencias  
El Parlamento  del Reino  Unido  ha transferido  determinadas  competencias  polític as y 
administrativ as a las asambleas  legislativ as autónomas  de Escocia,  Gales  e Irlanda  del Norte . En 
septiembre  de 1997 se celebraron  sendos  referendos  en Escocia  y Gales  en los que la mayoría  de 
los votantes  apoyaron  la creación  de un Parlamento  escocés  y de una Asamblea  Nacional  para 
Gales . En Irlanda  del Norte,  la transferencia  de competencias  fue un aspecto  esencial  del Acuerdo  
de Belfast  (Acuerdo  de Viernes  Santo) , que la mayoría  de los votantes  respald ó en un referéndum  
celebrado  en mayo  de 1998.  El Parlamento  británico  aprobó  tres leyes de transferencia  de 
competencias : la Ley de Escocia  de 1998;  la Ley de Irlanda  del Norte  de 1998;  y la Ley del 
Gobierno  de Gales  de 1998 (posteriormente  sustituida  por la Ley del Gobierno  de Gales  de 2006). 
Estas Leyes establecieron  tres asambleas  legislativas  autónomas  a las que se cedieron  algun as de 
las competencias  que anteriormente  correspondían  al Parlamento  británico . Desde la promulgación  
de estas Leyes se han transferido  otras competencias ; la transferencia  más reciente  se 
instrumentó  a través  de la Ley de Escocia  de 2016 y la Ley de Gales  de 2017. 
El Parlamento  del Reino  Unido  sigue  siendo  soberano  y conserva  la facultad  de modificar  las leyes 
de transferencia  y de legislar  sobre  las materias  objeto  de las competencias  transferidas . El 
Gobierno  ha dejado  en claro que, en principio,  no legislará  sobre  esas materias  sin autorización  de 
las asambleas  legislativas  autónomas . 
Una de las principales  diferencias  entre  el Parlamento  y las asambleas  legislativas  autónomas  es el 
procedimiento  de elección  de sus miembros . Los miembros  del Parlamento  son elegidos  mediante  
un sistema  mayoritario  uninominal , mientras  que en las elecciones  para las asambleas  legislativas  
autónomas  se mantiene  un elemento  de representación  proporcional . Los miembros  del 
Parlamento  de Escocia  y de la Asamblea  Nacional  de Gales  son elegidos  para representar  una 
circunscripción  electoral  mediante  un sistema  mayoritario  uninominal , o una región  mediante  el 
sistema  del miembro  adicional  basado  en el modelo  d'Hondt  de representación  proporcional . Los 
miembros  tienen  idénticas  funciones  en estas dos asambleas  legislativas  autónomas , sea cual sea 
el procedimiento  de elección  utilizado . En cuanto  a la Asamblea  de Irlanda  del Norte , todos  sus 
miembros  son elegidos  mediante  el sistema  de representación  proporcional  de un solo voto 
transferible . 
Al igual que el Gobierno  del Reino  Unido , que se forma  a partir  de miembros  de las dos Cámaras  
del Parlamento,  las asambleas  legislativas  autónomas  eligen  a los ministros  de entre  sus miembros  
para formar  el poder  ejecutivo  (conocido  como  administraci ón descentralizada ), en la actualidad  
constituido  de la siguiente  manera : 
• el Gobierno  escocés  es un gobierno  minoritario  formado  por el Partido  Nacional  Escocés ; 
• el Gobierno  de Gales  es un gobierno  minoritario  formado  por el Partido  Laborista ; y 
• el Ejecutivo  de Irlanda  del Norte  está formado  por un ejecutivo  con competencias  
compartidas,  tal como  se establece  en la Ley de Irlanda  del Norte  de 1998.  Desde enero  
de 2017 no ha habido  un ejecutivo  con competencias  compartidas,  y las conversaciones  
para restablecer lo siguen  en curso . 
Los funcionarios  de las administraciones  descentralizadas  no sirven  a los mismos  Ministros  que el 
Gobierno  de Su Majestad ; es decir,  no trabajan  para el Primer  Ministro  o los Secretarios  de Estado  
que integran  el Gabinete,  sino para sus propios  Ministros , que tienen  sus propias  prioridades  y 
mandatos  políticos.  
Dentro  del Gobierno  del Reino  Unido,  Escocia,  Gales  e Irlanda  del Norte  están  representados  en el 
Gabinete  por sus respectivos  Secretario s de Estado  territorial es, que se ocupan  de asegurar  el 
buen funcionamiento  de los acuerdos  de transferencia  de competencias  y actúa n como  ejes de la 
relación  entre  la administración  descentralizada  y el Gobierno.  
Las responsabilidades  de los Secretarios  de Estado  territoriales  son las siguientes : 
• ocuparse de la legislación  que afecta  al territori o; 
• representar  los intereses  del territorio  en el Gabinete  y en los comités  del Gabinete ; GPA/ACC/GBR/2  
 
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  • responder  a los intereses  manifestados  por el Parlamento  en relación  con asuntos  de 
ámbito  territorial ; 
• transferir la subvención  global  a la administración  descentralizada ; 
• facilitar  la colaboración  entre  el Gobierno  de Su Majestad  y la administración  
descentralizada ; y 
• promover  los intereses  del territor io. 
Cada administración  territorial  descentralizada  cuenta  con su propio  departamento,  que hace de 
enlace  entre  el Gobierno  del Reino  Unido  y el territorio  en cuestión . 
El Memorando  de Entendimiento  entre  el Gobierno  del Reino  Unido  y las administraciones  
descentralizadas  de Escocia,  Gales  e Irlanda  del Norte  se firmó por primera  vez en 2001 y se 
actualizó  por última  vez en octubre  de 2013.  En el Memorando  se establece n los principios  en que 
se basan  las relaciones  entre  estas administraciones  y se hace hincapié  en los principios  de buena  
comunicación,  consulta  y cooperación.  
Los concordatos  suscritos  entre  el Gobierno  y las administraciones  descentralizadas  reconocen  el 
interés  de estas últimas en los asuntos  que atañen  a las relaciones  internacionales  y a las 
relaciones  con la UE, que siguen  siendo  responsabilidad  del Gobierno  del Reino  Unido,  y establecen  
los mecanismos  de trabajo  para abordarlos . Los Departamentos  del Reino  Unido  y las 
administraciones  descentralizadas  han suscrito  otros muchos  concordatos . 
Gobiernos  locales  
El nivel subcentral  del Gobierno  del Reino  Unido  está integrado  por los gobiernos  locales . En el 
Reino  Unido  existen  353 autoridades  locales  en Inglaterra,  22 en Gales,  32 en Escocia  y 11 en 
Irlanda  del Norte.  
En Inglaterra  existen  cuatro  estructuras  de administración  local. En primer  lugar,  los 
condados/distritos  no metropolitanos , que funcionan  mediante  un sistema  de dos niveles : los 
consejos  de condado  se ocupan  de la gestión  de residuos,  la enseñanza , las bibliotecas,  los 
servicios  sociales,  el transporte,  la planificación  estratégica,  la protección  de los consumidor es y 
los servicios  de policía  y extinción  de incendios,  y los consejos  de distrito  se encargan  de la 
vivienda,  la recogida de desechos,  la recaudación  de los impuestos  municipales,  la planificación  
local,  la expedición  de licencias,  y los cementerios  y crematorios . En segundo  lugar,  las 
autoridades  unitarias , que funcionan  mediante  un sistema  de nivel único  y se encargan  de todos  
los servicios  públicos  locales. En tercer  lugar,  existen  varias zonas  en el Reino  Unido  que se 
consideran  condados  metropolitanos ; la administración  de estos condados  corre a cargo  de los 
consejos  de distrito  metropolitanos,  que tienen  las mismas  responsabilidades  que los consejos  de 
distrito . Por último , Londres  está dividid o en 33 autoridades  locales , de las cuales  32 son 
municipios  de Londres  (regidos  por sus respectivos  consejo s municipales  de Londres ) y la 33a es la 
Ciudad  de Londres . Los consejos  municipales  de Londres  son los encargados  de prestar  la mayoría  
de los servicios  públicos  locales. 
Tanto  en Gales  como  en Escocia  existe  un sistema  de administración  local de nivel único  que 
presta  todos  los servicios  públicos  locales . 
En Irlanda  del Norte  hay consejos  municipales,  urbanos  y de distrito  elegidos  que prestan  servicios  
tales como  la eliminación  de desechos,  la limpieza  de las calles  y la organización  de actividades  
recreativas ; sin embargo,  la mayoría  de los servicios  son responsabilidad  de otras organizaciones . 
2.2.  Sírvanse  presentar  una lista de todas  las entidades  del Gobierno  central  
(ministerios,  departamentos,  organismos,  etc.)  que contraten  bienes,  servicios  y 
servicios  de construcción . 
Como  se ha explicado  en la sección  2.1 supra , en el Reino  Unido  existen  diferentes  tipos de 
entidades  del Gobierno  central . La legislación  británica  en materia  de contratación  pública  se aplica  
a las entidades  del Gobierno  central,  pero las normas  concretas  dependen  de la naturaleza  del 
organismo . GPA/ACC/GBR/2  
 
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  En el Reino  Unido,  el PCR de 2015 y el PCSR  de 2015 se aplican  a las "autoridades  contratantes" , 
término  que abarca  a las autoridades  estatales,  regionales  y locales,  a los organismos  de derecho  
público  y a las asociaciones  formadas  por una o más de esas autoridades  o uno o más de esos 
organismos . Esta definición  incluye  a las autoridades  del Gobierno  central,  pero no a Su Majestad  
en su capacidad  privada . Son "autoridades  del Gobierno  central"  la Corona  y todos  los organismos  
que figuran  en la lista 1 del PCR de 2015 (desempeñen  o no sus funciones  en nombre  de la 
Corona)  y, en Escocia,  todos  los organismos  enumerados  en la lista 1 del PCSR  de 2015.  Cuando  
una autoridad  enumerada  en una de las dos listas es sustituida  por otra autoridad  contratante,  
este órgano  sucesor  se considera  incluido  en la lista. 
Hay determinados  tipos de entidades  del Gobierno  central  que son "autoridades  contratantes  del 
Gobierno  central" , por formar  parte  de la Corona  y/o por estar enumeradas  en la legislación  o 
haber  sucedido  a un organismo  comprendido  en una lista. Entre este tipo de entidades  figuran,  por 
ejemplo,  los departamentos  ministeriales,  los departamentos  no ministeriales,  los organismos  
ejecutiv os y los fondos  de operaciones  comerciales . Otros tipos de entidades  del Gobierno  central  
no son "autoridades  contratantes  del Gobierno  central",  pero siguen  teniendo  la consideración  de 
"autoridades  contratantes" . Es el caso, por ejemplo,  de la mayoría  de los organismos  públicos  no 
pertenecientes  a ningún  departamento , ya que estos  organismos  no forman  parte  de la Corona  
debido  a su independencia  del Gobierno . Existen  pocas  diferencias  entre  las norma s que se aplican  
a las "autoridades  contratantes  del Gobierno  central"  y las que se aplican  a todas  las demás  
"autoridades  contratantes",  como  se explica  en la sección  2.5 infra. 
2.3.  ¿Qué  entidades  a nivel  subcentral  del Gobierno  (Estados,  provincias,  
municipios,  etc.)  contratan  bienes  y servicios?  
En el Reino  Unido  existe  una amplia  variedad  de entidades  que contratan  bienes  y servicios  a nivel 
subcentral  del Gobierno . Entre ellas cabe mencionar  las siguientes  categorías : 
Categor ías: 
1. autoridades  unitaria s; 
2. consejos  de condado ; 
3. consejos  de distrito ; 
4. consejos  de distrito  metropolitanos;  
5. municipios  de Londres ; 
6. Ciudad  de Londres ; 
7. escuelas  subvencionadas  (community  schools , foundation  schools , trusts  schools , 
voluntary  aided  schools , voluntary  controlled  schools ); 
8. universidades  y colegios  universitario s financiados  principalmente  por otras autoridades  
contratante s; 
9. consejos  de investigación ; 
10. servicios  de lucha  contra  incendios  y de salvamento ; 
11. fundaciones  del Servicio  Nacional  de Salud  (NHS)  y otros organismos  del NHS; 
12. autoridades  de policía ; 
13. cuerpo s nacionales  de policía  especiales  (es decir, la Policía  de Transporte  Británica , la 
Policía  Nuclear  Civil del Ministerio  de Defen sa y el Servicio  Aéreo  de la Policía  Nacional);  
14. autoridades  encargadas  de los desechos ; 
15. autoridades  encargadas  de la gestión  de parques ; 
16. sociedades  de desarrollo  de ciudades  nuevas ; GPA/ACC/GBR/2  
 
- 9 - 
  17. propietarios  registrados  de viviendas  sociales ; 
18. asociaciones  inmobiliarias  registradas ; 
19. proveedores  privados  registrados  de viviendas  sociales ; 
20. determinados  organismos  de derecho  público  definidos  en el PCR de 2015 y en el PCSR  
de 2015 (por ejemplo,  el Consejo  de Diseño ). 
En la oferta  relativa  al ACP algunas  entidades  se presentan  como  entidades  subcentrales , a pesar  
de que se trata de entidades  del Gobierno  central  (como  se ha explica do en la sección  2.2 supra ). 
Esto se debe a que son entidades  del Gobierno  central  pero no responden  a la definición  de 
"autoridades  contratantes  del Gobierno  central" , de modo  que en la legislación  sobre  contratación  
del Reino  Unido  y a los efectos  del ACP se consideran  entidades  subcentrales . Este es un rasgo  
propio  de la oferta  actual  del Reino  Unido  en el marco  del ACP. 
2.4.  ¿Qué  empresas  controladas  por el Gobierno,  o de su propiedad,  están  sometidas  a 
las reglas  sobre  contratación  pública ? ¿Qué otras  entidades  o categorías  de entidades  
(entidades  del Anexo  3) controladas  por el Gobierno,  o de su propiedad,  contratan ? 
Sírvanse  especificarlas . 
En la lista de compromisos  del Reino  Unido  se indica n qué tipos de organismos  están  incluidos  en 
la oferta  del Reino  Unido  para el ACP. 
2.5.  ¿Aplican  las entidades  contratantes  indicadas  en las respuestas  a las preguntas  5, 6 
y 7 en su proceso  de contratación  la ley general  (en caso de que exista)  u otra 
legislación  establecida  a nivel  central  o federal,  o son autónomas  del Gobierno  central  o 
federal  en sus normas  y prácticas  de contratación ? En caso de que no estén  sujetas  a la 
ley general  sobre  contratación,  sírvanse  presentar  una lista de esas entidades  
contratantes  e indicar  a qué leyes,  reglamentos,  etc., están  sujetas . ¿Cómo  se asegurará  
su Gobierno  de que las entidades  contratantes  de esa naturaleza  a nivel  inferior  al nivel  
central  o federal  de gobierno  aplican  el Acuerdo?  
El PCR de 2015 y el PCSR  de 2015 se aplican  a la contratación  pública  de obras, servicios  y 
suministro s de las autoridades  contratantes  del Gobierno  central  y de otras autoridades  
contratantes . Están sujetas  a esta normativa  todas  las entidades  que figuran  en los Anexos  I y II 
de los proyecto s de lista del Reino  Unido . Existen  tres diferencias  en la forma  en que esta 
normativa  se aplica  a las autoridades  contratantes  del Gobierno  central  y a otras autoridades  
contratantes : 
1. Los umbrales  por encima  de los cuales  la contratación  está completamente  regulada  son 
superiores  para las entidades  que no son autoridades  del Gobierno  central . 
2. En determinados  procedimientos,  las entidades  que no son autoridades  del Gobierno  
central  pueden  utilizar  para convocar  el concurso  un anuncio  de información  previa  
(en lugar de un anuncio  de contrat ación ). 
3. En determinados  procedimientos,  las entidades  que no son autoridades  del Gobierno  
central  pueden  establecer  un plazo de recepción  de ofertas  mediante  un acuerdo  con 
todos los licitadores  seleccionados , siempre  que todos  ellos dispongan  del mismo tiempo  
para preparar  y presentar  sus ofertas . 
El UCR de 2016 y el UCSR  de 2016 se aplican  a las empresas  de servicios  públicos  que operan  en 
los sectores  del agua,  la energía,  el transporte  y los servicios  postales  (conocidas  como  "entidades  
contratantes") . Están sujetas  a esta normativa  todas  las entidades  que figuran  en el Anexo  III del 
proyecto  de listas del Reino  Unido . 
El CCR de 2016 y el CCSR  de 2016 se aplican  a los contratos  de concesión  de obras  o servicios  de 
las autoridades  contratantes  y las entidades  contratantes  sujetas  al PCR de 2015, el PCSR  
de 2015, el UCR de 2016 y el UCSR  de 2016.  Están sujetas  a esta normativa  todas  las entidades  
que figuran  en los Anexos  I, II y III del proyecto  de listas del Reino  Unido.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 10 - 
  2.6.  ¿Existe  alguna  excepción  general  con respecto  al ámbito  de aplicación  de las 
normas  nacionales  de contratación,  por ejemplo  por razones  de seguridad  o defensa  
nacional ? Sírvanse  dar una respuesta  detallada . 
Las excepciones  generales  con respecto  al ámbito  de aplicación  de las normas  británicas  de 
contratación  pública  afectan  a los siguientes  tipos de contratos : 
1. Contratos  públicos  de obras,  servicios  y suministros  y contratos  de concesión  para el 
suministro  o explotación  de redes  de comunicaciones  públicas  o la prestación  de 
servicios  de comunicaciones  electrónicas .9 
2. Contratos  públicos  de obras,  servicios  y suministros  y contratos  de concesión  en los que 
la autoridad  o empresa  de servicio  público  contratante  esté obligada  a adjudicar  el 
contrato  de conformidad  con las normas  de la organización  o institución  internacional  
que los financia  en su totalidad .10 
3. Determinados  contratos  públicos  de servicios  y contratos  de concesión  relacionados  con: 
i) la adquisición  o alquiler  de terrenos,  edificios  existentes  u otros bienes  inmuebles,  
o que afectan  a los intereses  o derechos  conexos ; 
ii) la adquisición,  desarrollo  o producción  o coproducción  de programas  destinado s a 
servicios  de comunicación  audiovisual  o radiofónica  (adjudicados  por proveedores  
de servicios  de medios  audiovisuales  o radiofónicos)  o la oferta  de tiempo  de 
emisión  o programas  (adjudicados  a proveedores  de servicios  de medios  
audiovisuales  o radiofónicos) ; 
iii) servicios  de arbitraje  o conciliación ; 
iv) la representación  jurídica  de un client e en procedimientos  de arbitraje  o 
conciliación  o en procedimiento s judicial es ante un tribunal  o una autoridad  
pública,  o el asesoramiento  jurídico  recibido  para preparar  esos procedimientos  o 
cuando  es muy probable  que el asunto  será objeto  de los mismos ; 
v) servicios  de certificación  y autenti ficación  de documentos  prestados  por notarios ; 
vi) servicios  jurídicos  prestados  por tutores  o fideicomisarios  designados , u otros 
servicios  jurídicos  cuyos  prestatarios  sean personas  nombradas  por un tribunal  o 
con arreglo  a la ley para llevar  a cabo diversas  funciones  bajo la supervisión  de un 
tribunal ; 
vii) otros servicios  jurídicos  relacionados  con el ejercicio  de la autoridad  pública ; 
viii) servicios  financieros  relacionados  con la emisión,  venta , compra  o transferencia  de 
valores  u otros instrumentos  financieros , servicios  de los bancos  centrales  u 
operacione s llevadas  a cabo por el Fondo  Europeo  de Estabilidad  Financiera  y el 
Mecanismo  Europeo  de Estabilidad;  
ix) préstamo s; 
x) contratos  de trabajo ; 
xi) servicios  de defensa  civil, de protección  civil y de prevención  de daños  prestados  
por organizaciones  o asociaciones  sin fines de lucro; 
xii) servicios  de transporte  público  de pasajeros  por ferrocarril  o metro;  
                                                
9 Véase  la norma  8 del PCR de 2015,  la norma  10 11) del CCR de 2016,  la norma  9 del PCSR  de 2015 y 
la norma  13 del CCSR  de 2016.  
10 Véase  la norma  9 del PCR de 2015,  las normas  10 5) y 10 6) del CCR de 2016,  la norma  20 del UCR 
de 2016,  la norma  10 del PCSR  de 2015,  la norma  10 del CCSR  de 2016 y la norma  19 del UCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 11 - 
  xiii) servicios  prestados  en relación  con campañas  políticas  contratados  por un partido  
político  en el contexto  de una campaña  electoral .11 
4. Contratos  públicos  de servicios  adjudicados  por una autoridad  contratante  o empresa  de 
servicio  público  a otra autoridad  contratante  o empresa  de servicio  público,  y contratos  
de concesión  adjudicados  por una autoridad  contratante  o empresa  de servicio  público  a 
otra autoridad  contratante  o empresa  de servicio  público  sobre  la base de un derecho  
exclusivo .12 
5. Contratos  públicos  de obras,  servicios  y suministros  y contratos  de concesió n entre  
entidades  del sector  público  que satisfacen  determinados  criterios  de control  y 
actividad .13 
6. Contratos  públicos  de servicio s para actividades  de investigación  y desarrollo , salvo 
cuando los beneficios  corresponda n exclusivamente  a la autoridad  o empresa  de servicio  
público  contratante  para su uso en la realización de sus actividades y el servicio  
proporcionado  sea completamente  remunerado  por la autoridad  contratante .14 
7. Contratos  de defensa  y seguridad  de naturaleza  sensible  adjudicados  por las autoridades  
y entidades  contratantes .15 
8. Contratos  de concesión  de servicios  de transporte  aéreo  basados  en la concesión  de una 
licencia  de explotación  o contratos  de concesión  de servicios  públicos  de transporte  de 
pasajeros .16 
9. Contratos  de concesión  para la provisión  o explotación  de redes  fijas que presten  un 
servicio  de producción,  transporte  o distribución  de agua potable  para la población ; 
contratos  de concesión  para el suministro  de agua potable  a esas redes ; contratos  de 
concesión  para proyectos  de ingeniería  hidráulica,  irrigación  o drenaje  de tierra s, 
siempre  que el volumen  de agua que se vaya a utilizar  para el suministro  de agua 
potable  represente  más del 20% del volumen  total de agua generada  por esos proyectos  
o instalaciones  de riego o drenaje ; y contratos  de concesión  para la eliminación  o 
tratamiento  de aguas  residuales .17 
10. Contratos  públicos  de obras,  servicios  y suministros  y contratos  de concesión  
adjudicados  por una empresa  de servicio s público s o un grupo  de empresas  de servicio s 
público s a una empresa  vinculada,  o por una empresa  vinculada  a una empresa  de 
servicios  públicos  o un grupo  de empresas  de servicios  públicos .18 
11. Contratos  públicos  de obras,  servicios  y suministros  adjudicados  a empresas  de servicios  
públicos  que tengan  por finalidad  la reventa  o alquiler  a terceros,  siempre  que la 
empresa  contratante  no disfrute  de derechos  especiales  o exclusivos  de venta  o alquiler  
del objeto  de esos contratos  y haya otras entidades  que puedan  venderlo  o alquilarlo  
libremente  en las mismas  condiciones  que la empresa  contratante .19 
                                                
11 Véase  la norma  10 del PCR de 2015,  la norma  10 11) del CCR de 2016,  la norma  21 del UCR de 2016,  
la norma  11 del PCSR  de 2015,  la norma  12 del CCSR  de 2016 y la norma  20 del UCSR  de 2016.  
12 Véase  la norma  11 del PCR de 2015,  la norma  10 1) del CCR de 2016,  la norma  22 del UCR de 2016,  
la norma  12 del PCSR  de 2015,  la norma  9 del CCSR  de 2016 y la norma  21 del UCSR  de 2016.  
13 Véase  la norma  12 del PCR de 2015,  la norma  17 del CCR de 2016,  la norma  28 del UCR de 2016,  la 
norma  13 del PCSR  de 2015,  la norma  19 del CCSR  de 2016 y la norma  27 del UCSR  de 2016.  
14 Véase  la norma  14 del PCR de 2015,  la norma  32 del UCR de 2016,  la norma  15 del PCSR  de 2015 y 
la norma  31 del UCSR  de 2016.  
15 Véase  la norma  15 del PCR de 2015,  las normas  10 9) y 20 10) del CCR de 2016,  la norma  24 
del UCR de 2016,  la norma  16 del PCSR  de 2015,  la norma  11 del CCSR  de 2016 y la norma  23 del UCSR  
de 2016.  
16 Véase  la norma  10 4) del CCR de 2016.  
17 Véase  la norma  12 del CCR de 2016 y la norma  14 del CCSR  de 2016.  
18 Véanse  las normas  13 y 14 del CCR de 2016,  las normas  29 y 30 del UCR de 2016,  las normas  15 
y 16 del CCSR  de 2016 y las normas  28 y 29 del UCSR  de 2016.  
19 Véase  la norma  18 del UCR de 2016 y la norma  17 del UCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 12 - 
  12. Contratos  públicos  de obras,  servicios  o suministros  adjudicados  a empresas  de servicios  
públicos  que tengan  fines distintos  a la realización  de actividades  específicas , o para que 
esas actividades  se lleven  a cabo en un tercer  país (es decir,  un país distinto  del 
Reino  Unido ).20 
13. Contratos  públicos  que tengan  por fin la adquisición  de agua, adjudicados  por empresas  
de servicios  públicos  que llevan  a cabo actividades  específicas  relacionadas  con el agua 
potable  o por empresas  de servicios  públicos  del sector  de la energía  que llevan  a cabo 
actividades  específicas  para el suministro  de energía  o de combustibles  destinados  a la 
producción  de energía .21 
2.7.  Sírvanse  presentar  las estadísticas  disponibles  sobre  contratación  realizada  por las 
entidades  gubernamentales  de su país en los últimos  dos años,  incluyendo,  en la medida  
de lo posible,  un desglose  por entidades  contratantes  y por categorías  de bienes  y 
servicios . 
Los Public  Expenditure  Statistical  Analyses  (PESA)  [Análisis  Estadísticos  del Gasto  Público]  son 
estadísticas  nacionales  que publica  anualmente  el Tesoro  del Reino  Unido . Los PESA contienen  
información  sobre  gasto  público  basada  en los dos marcos  definidos  por el Tesoro  que se describen  
en el cuadro  infra. 
Presupuestación  Gasto  en servicios  
Este marco  proporciona  información  sobre  los 
presupuestos  de los departamentos  del Gobierno  central,  
que es la cifra que utiliza  el Gobierno  para planificar  y 
controlar  el gasto . Abarca  el gasto  propio  de los distintos  
departamentos , así como  las partidas  destinadas  a los 
gobiernos  locales  y las empresas  públicas.  Este marco  se usa en los PESA para efectuar  análisis  
estadístico s. Se basa en las definiciones  de la 
Contabilidad  Nacional  y abarca  el gasto  de todo el 
sector  público . Por lo tanto,  su alcance  es más 
ampli o que el del marco  presupuestario  y también  es 
más estable  en el tiempo . 
 
La contratación  se divide  en dos categorías : contratación  de bienes  y servicios  corrientes  y 
contratación  de bienes  de capital.  
La contratación  bruta  de bienes  y servicios  corrientes  muestra  el gasto  en bienes  y servicios,  
incluid os los gasto s de alojamiento  y administración  de edificios , la contratación  externa  de 
servicios  relacionados  con las TIC, los gastos  de mantenimiento  y apoyo,  los gastos  de viaje y la 
remuneración  de los servicios  de consultoría  y auditoría . También  incluye  la compra  de servicios  
médicos  generalistas . 
La contratación  bruta  de bienes de capital  comprende  la compra  de activos  fijos 
(como  terrenos,  edificios  o maquinaria)  y se calcula  en términos  brutos,  es decir,  sin tener  en 
cuenta  su depreciación . Incluye  la remuneración  de los funcionarios  públicos  dedicados  a la 
formación  interna  de capital . Esta remuneración  se contabiliza  como gasto  de capital  en lugar de 
como  gasto  en sueldos  y salarios . 
Para información  más detallada,  véase  la publicación  completa : 
https://www.gov.uk/government/collections/public -expenditure -statistical -analyses -pesa. 
En los cuadros  1 y 2 se muestra  la contratación  de bienes  y servicios  corrientes  y la contratación  
de bienes  de capital,  sobre  la base del marco  presupuestari o y desglo sada por departamentos  del 
Gobierno  central.  
En los cuadros  3 y 4 se muestra  la contratación  de bienes  y servicios  corrientes  y la contratación  
de bienes  de capital  de todo el sector  público  (incluidos  los gobiernos  locales),  sobre  la base del 
marco  de gasto  y desglosada  por funciones . 
                                                
20 Véase  la norma  19 del UCR de 2016 y la norma  18 del UCSR  de 2016.  
21 Véase  la norma  23 del UCR de 2016 y la norma  22 del UCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 13 - 
  Cuadro  1: Contratación  bruta  de bienes  y servicios  corrientes  en los 
presupuestos , 2015 -2016 a 2016 -2017 
 Millones  de £ 
2015-2016 2016-2017 
Resultado  de la ejecución  
presupuestaria  Resultado  de la ejecución  
presupuestaria  
Contratación  bruta  de bienes  y servicios  corrientes  
en los presupuestos    
Defen sa 11.223  11.029  
Cuenta  Única de los Servicios  de Inteligencia  1.084  1.107  
Ministerio  del Interior  2.445  2.491  
Oficina  de Asuntos  Exteriores  y del Commonwealth  542 592 
Desarrollo  internacional  1.193  1.170  
Servicio  Nacional  de Salud  (NHS) 60.359  65.952  
Empleo  y pensiones  2.261  2.060  
Enseñanza  4.306  4.830  
Estrategia  comercial,  energética  e industrial  2.255  2.030  
Transport e 3.604  3.798  
Salida  de la Unión  Europea  4 11 
Cultur a, Medios de Comunicación  y Deporte  3.091  3.183  
Departamento  de Comunidades  y Gobiernos  Locales  
(Comunidades)  310 312 
Departamento  de Comunidades  y Gobiernos  Locales  
(Gobiernos  Locales)  - - 
Escocia  7.502  7.462  
Gales 3.566  3.854  
Irlanda  del Norte  4.275  4.112  
Justic ia 4.465  4.847  
Departamento  de Funcionarios  de Justicia  313 294 
Medio  ambiente,  alimentación  y asuntos  rurales  1.032  851 
Real Oficina  del Tesoro  575 201 
Real Oficina  Fiscal  y de Aduanas  1.245  1.365  
Oficina  del Gabinete  317 284 
Comercio  internacional  211 203 
Órganos  pequeños  e independientes  713 661 
Total de la contratación  bruta  de bienes  y servicios  
corrientes  en los presupuestos  116.892  122.698  
Fuente : Cuadro  2.2, PESA 2017. 
 https://www.gov.uk/government/statistics/public -expenditure -statistical -analyses -2017. 
Cuadro  2: Contratación  bruta  de bienes  de capital  en los presupuestos , 2015 -2016 
a 2016 -2017 
 Millones  de £ 
2015-2016 2016-2017 
Resultado  de la ejecución  
presupuestaria  Resultado  de la ejecución  
presupuestaria  
Contratación  bruta  de bienes  de capital  en los 
presupuestos    
Defen sa 9.015  8.813  
Cuenta  Única de los Servicios  de Inteligencia  581 631 
Ministerio  del Interior  271 360 
Oficina  de Asuntos  Exteriores  y del Commonwealth  134 104 
Desarrollo  internacional  77 63 
Servicio  Nacional  de Salud  (NHS) 5.089  4.727  
Empleo  y pensiones  102 181 
Enseñanza  2.163  2.601  
Actividades  Comerciales,  Innovación  y 
Especialización  3.171  3.157  
Transport e 9.232  9.511  
Salida  de la Unión  Europea  - - 
Cultura,  Medios  de Comunicación  y Deporte  383 487 
Departamento  de Comunidades  y Gobiernos  Locales  
(Comunidades)  139 230 GPA/ACC/GBR/2  
 
- 14 - 
   Millones  de £ 
2015-2016 2016-2017 
Resultado  de la ejecución  
presupuestaria  Resultado  de la ejecución  
presupuestaria  
Contratación  bruta  de bienes  de capital  en los 
presupuestos    
Departamento  de Comunidades  y Gobiernos  Locales  
(Gobiernos  Locales)  - - 
Escocia  1.113  1.213  
Gales 467 588 
Irlanda  del Norte  786 1.052  
Justic ia 297 374 
Departamento  de Funcionarios  de Justicia  3 14 
Medio  ambiente,  alimentación  y asuntos  rurales  191 240 
Real Oficina  del Tesoro  3 4 
Real Oficina  Fiscal  y de Aduanas  229 328 
Oficina  del Gabinete  27 50 
Comercio  internacional  2 6 
Órganos  pequeños  e independientes  92 118 
Total de la contratación  bruta  de bienes  de capital  en 
los presupuestos  33.566  34.850  
Fuente : Cuadro  2.3, PESA 2017. 
 https://www.gov.uk/government/statistics/public -expenditure -statistical -analyses -2017. 
Cuadro  3: Gasto corriente  bruto  del sector  público  en servicios,  por 
funciones , 2015 -2016 a 2016 -2017 
 Millones  de £ 
2015-2016 2016-2017 
Resultado  de 
la ejecución  
presupuestaria  Resultado  de 
la ejecución  
presupuestaria  
Gasto  corriente  bruto  del sector  público  en servicios    
1. Servicios  públicos  generales  12.082  12.369  
 de los cuales : servicios  públicos  y comunes  10.323  10.488  
 de los cuales : servicios  internacionales  1.759  1.881  
2. Defensa 16.450  15.986  
3. Orden público  y seguridad  12.820  12.770  
4. Asuntos  económicos  12.149  12.000  
 de los cuales : desarrollo  empresarial  y económico  2.431  2.148  
 de los cuales : ciencia  y tecnología  207 35 
 de los cuales : políticas  de empleo  1.269  1.265  
 de los cuales : agricultur a, ganadería,  pesca  y silvicultura  815 773 
 de los cuales : transport e1) 7.426  7.780  
5. Protección  del medio  ambiente  7.706  7.661  
6. Vivienda  y servicios  comunitarios  2.651  2.726  
7. Salud 80.511  86.024  
8. Esparcimiento,  cultura  y religión  6.734  6.496  
9. Enseñanza  24.054   25.190  
10. Protección  social 32.765   32.311  
Total del gasto  corriente  bruto  del sector  público  en servicios  207.923  213.532  
1) Tras la aplicación  de la clasificación  ESA2010,  Network  Rail ha pasado  a formar  parte del Gobierno  
central . En consecuencia,  el gasto  total administrado  (TME)  comprende  el gasto  de Network  Rail en 
todos  los años que se muestran . Sin embargo,  el gasto  real de Network  Rail solo figura  en el 
presupuesto  del Depart amento de Transport e desde 2015-2016. El análisis  funcional  incluye  el gasto  
de Network  Rail desde 2015-2016 y, por lo tanto,  solo está comprendido  en el "gasto corriente  
bruto"  correspondiente  a ese ejercicio . 
Fuente : Cuadro  5.5, PESA 2017. 
 https://www.gov.uk/government/statistics/public -expenditure -statistical -analyses -2017. GPA/ACC/GBR/2  
 
- 15 - 
  Cuadro  4: Gasto de capital  bruto  del sector  público  en servicios,  por 
funciones , 2015 -2016  a 2016 -2017  
 Millones  de £ 
2015-2016 2016-2017 
Resultado  de 
la ejecución  
presupuestaria  Resultado  de 
la ejecución  
presupuestaria  
Gasto  de capital  bruto  del sector  público  en servicios    
1. Servicios  públicos  generales   2.393  3.789  
 de los cuales : servicios  públicos  y comunes   1.819  3.168  
 de los cuales : servicios  interna cionale s 574 621 
2. Defensa 9.661  9.443  
3. Orden público  y seguridad   1.561  1.755  
4. Asuntos  económicos  19.310  20.802  
 de los cuales : desarrollo  empresarial  y económico  606 1.094  
 de los cuales : ciencia  y tecnología  672 589 
 de los cuales : políticas  de empleo  25 62 
 de los cuales : agricultura,  ganadería,  pesca  y silvicultura   358 397 
 de los cuales : transport e1) 17.648  18.660  
5. Protección  del medio  ambiente  2.905  3.114  
6. Vivienda  y servicios  comunitarios   6.926  7.662  
7. Salud 6.174  5.930  
8. Esparcimiento,  cultura  y religión  1.712  1.932  
9. Enseñanza  6.384  8.159  
10. Protección  social 321 396 
Total del gasto  de capital  bruto  del sector  público  en servicios  57.346  62.981  
1) Tras la aplicación  de la clasificación  ESA2010,  Network  Rail ha pasado  a formar  parte del Gobierno  
central . En consecuencia,  el gasto  total administrado  (TME)  comprende  el gasto  de Network  Rail en 
todos  los años que se muestran . Sin embargo,  el gasto  real de Network  Rail solo figura  en el 
presupuesto  del Departamento  de Transporte  desde 2015-2016. El análisis  funcional  incluye  el gasto  
de Network  Rail desde 2015-2016 y, por lo tanto,  solo está comprendido  en el "gasto de capital " 
correspondiente  a ese ejercicio . 
Fuente : Cuadro  5.6, PESA 2017. 
 https://www.gov.uk/government/statistics/public -expenditure -statistical -analyses -2017. 
3  NO DISCRIMINACIÓN  
3.1.  Sírvanse  indicar  las disposiciones  específicas  de su legislación  en las que se 
reflejen  los compromisos  en materia  de no discriminación  de los párrafos  1 y 2 del 
artículo  IV del Acuerdo.  
Las autoridades  y entidades  contratantes  deben  conceder,  en relación  con las contrataciones  
abarcadas,  a las obras,  los servicios,  los suministros  y los operadores  económicos  de los Estados  
Partes  en el ACP un trato no menos  favorable  que el concedido  a las obras,  los servicios,  los 
suministros  y los operadores  económicos  de la UE.22 
Por otro lado, en virtud  de los principios  generales  aplicados  a la contratación  pública  en el Reino  
Unido,  las autoridades  y entidades  contratantes  deben  tratar  en pie de igualdad  y sin 
discriminación  a los operadores  económicos  y actuar  de manera  transparente  y proporcionada.23 
3.2.  Sírvanse  facilitar  detalles  sobre  cualquier  disposición  de la legislación  nacional  que 
conceda  a los bienes,  servicios  y proveedores  nacionales  un trato  más favorable  que el 
concedido  a los bienes,  servicios  y proveedores  extranjeros;  o que conceda  a los bienes,  
servicios  o proveedores  de un determinado  país un trato  más favorable  que a los de 
otro país.  
No hay ninguna  disposición  de ese tipo en la legislación  británica  aplicable  a las contrataciones  que 
abarca  la oferta  del Reino  Unido  para el ACP. 
                                                
22 Véase  la norma  25 del PCR de 2015,  la norma  43 del UCR de 2016,  la norma  26 del PCSR  de 2015 y 
la norma  41 del UCSR  de 2016.  
23 Véase  la norma  18 1) del PCR de 2015,  la norma  8 1) del CCR de 2016,  la norma  36 1) del UCR 
de 2016,  la norma  19 1) del PCSR  de 2015,  la norma  28 1) del CCSR  de 2016 y la norma  34 1) del UCSR  
de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 16 - 
  3.3.  Sírvanse  facilitar  detalles  de cualquier  disposición  de la legislación  nacional  que 
conceda  a un proveedor  establecido  en el país un trato  menos  favorable  que a otro 
proveedor  establecido  en él por razón  de su condición  de filial de una empresa  
extranjera  o por ser propiedad  de ella; o que discrimine  a los proveedores  establecidos  
en el país en función  del país de producción  del bien o servicio  que ha de suministrarse  o 
prestarse.  
La legislación  del Reino  Unido  no distingue  entre  proveedores  nacionales  y extranjeros.  No 
discrimina  a los proveedores  en función  del país en que estén  establecidos  ni por ser filiales  de una 
empresa  extranjera  o pertenecer  a una empresa  extranjera;  tampoco  discrimina  en función  del 
país de producción  de los bienes  o servicios  que han de suministrarse o prestarse.  
3.4.  Sírvanse  especificar  en qué medida  se concede,  en su caso,  un trato  más favorable  
a algún  sector  de la economía,  alguna  región  o alguna  categoría  específica  de 
proveedores  o bienes/servicios.  
La legislación  del Reino  Unido exige  que las especificaciones  técnicas  se enuncien en los pliegos  de 
condiciones.24 También  exige que garanticen  el acceso  en condiciones  de igualdad  de los 
operadores  económicos  al procedimiento  de contratación  y que no creen obstáculos  injustificados  a 
la apertura  de la contratación  pública  a la competencia.25 
La legislación  del Reino  Unido  establece  que las especificaciones  técnicas  no deben  mencionar una 
fabricación  o una procedencia  determinada,  o un procedimiento  concreto  que sea característico  de 
los productos  o servicios  de un operador  económico  específico , ni hacer referencia a  una marca,  a 
una patente  o a un tipo, a un origen  o a una producción  determinados  con la finalidad  de favorecer  
o descartar  ciertas  empresas  o ciertos  productos.26 A este respecto,  se hace una relativa  salvedad,  
únicamente  en el caso de que se den circunstancias  excepcionales  que impidan  establecer  una 
descripción  suficientemente  precisa  e inteligible  del objeto  del contrato.  En tal caso, la referencia  
debe ir acompañada  por las palabras  "o equivalente".27 
3.5.  Sírvanse  especificar  las disposiciones,  por ejemplo  prescripciones  en materia  de 
contenido  nacional,  cesión  de tecnología  mediante  licencia,  inversiones,  comercio  de 
compensación  u otras  similares,  en la calificación  o selección  de los proveedores,  bienes  
o servicios,  o en la evaluación  de las ofertas  y la adjudicación  de contratos,  que, en su 
caso,  requieran  o permitan  el uso de compensaciones  o medidas  de efectos  similares.  
No hay en la legislación  del Reino  Unido  ninguna  disposición  de este tipo aplicable  a las 
contrataciones  abarcadas  por la oferta  del Reino Unido para el ACP. 
4  MEDIDAS  PARA  EVITAR  CONFLICTOS  DE INTERESES  E IMPEDIR  PRÁCTICAS  
CORRUPTAS  
4.1.  En los apartados  b) y c) del párrafo  4 del artículo  IV del Acuerdo  se dispone  que las 
entidades  contratantes  realizarán  las contrataciones  abarcadas  de una manera  
transparente  e imparcial  que "evite  conflictos  de intereses"  e "impida  prácticas  
corruptas".  Sírvanse  indicar  las medidas  adoptadas  en el marco  de su sistema  de 
contratación  para asegurar  el cumplimiento  de esas disposiciones,  ya sea en el marco  de 
su legislación  sobre  contratación  o de otra legislación  pertinente.  
El Reino  Unido  tiene una larga historia  de leyes de lucha  contra  la corrupción.  La Ley de 
Prevención del Soborno de 2010 sustituyó  a la Ley de Prevención de Prácticas  Corruptas  en los 
Organismos  Públicos  de 1889,  las Leyes  de Prevención  de la Corrupción  de 1906 y 1916 y el delito  
común de soborno.  La Ley de Prevención d el Soborno  de 2010 tipifica  dos delitos  generales  de 
soborno:  el activo  (la concesión o promesa de una ventaja)  y el pasivo  (la petición u obtención de 
un soborno),  con la intención  de inducir  o retribuir  el desempeño  indebido de una función.  
                                                
24 Véase  la norma  42 1) del PCR de 2015,  la norma  60 1) del UCR de 2016,  la norma  43 1) del PCSR  
de 2015 y la norma  58 1) del UCSR  de 2016.  
25 Véase  la norma  42 10) del PCR de 2015,  la norma  60 9) del UCR de 2016,  la norma  43 9) del PCSR  
de 2015 y la norma  58 9) del UCSR  de 2016.  
26 Véase  la norma  42 12) del PCR de 2015,  la norma  60 11) del UCR de 2016,  la norma  43 11) del PCSR  
de 2015 y la norma  58 11) del UCSR  de 2016.  
27 Véase  la norma  42 13) del PCR de 2015,  la norma  60 12) del UCR de 2016,  la norma  43 12) del PCSR  
de 2015 y la norma  58 12) del UCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 17 - 
  En Inglaterra  y Gales,  la Oficina de Delitos  Monetarios  (Serious Fraud Office) es el principal  
organismo  encargado  de investigar  y procesar los casos  de corrupción  de empresas  en el 
extranjero.  La Fiscalía del Estado (Crown Prosecution Service) abre diligencias  judiciales  en casos  
de soborno  investigados  por la policía,  ya sea en el país o en el extranjero ; actuaciones que, en 
Escocia,  lleva a cabo la institución comparable (Crown Office and Procurator Fiscal Service) . 
En lo que respecta  al sector público , el Código  de la Función Pública  establece  que los funcionarios  
públicos  no deben  "aceptar  obsequios o atenciones sociales ni recibir  otras ventajas  de cualquier  
persona  que puedan  razonablemente  considerarse que pone en peligro su criterio  o integridad  
personal ". El fundamento  jurídico  del Código  de la Función Pública  figura  en la parte  1 de la Ley de 
Reforma  Constitucional  y Gobernanza de 2010.  Asimismo,  el Código  Ministerial  establece  que 
ningún  ministro  debe aceptar  obsequios , atenciones sociales o servicios  de una persona  que le 
impongan (o parezcan imponerle ) una obligación . 
Los principios  generales  aplicados  a la contratación  pública  mitigan  significativamente  el riesgo  de 
prácticas  corruptas  en las contrataciones.  La legislación  británica sobre  contratación  exige  que las 
autoridades  y entidades  contratantes  traten  a los operadores  económicos  en pie de igualdad  y sin 
discriminación  y que actúen  de manera  transparente  y proporcionada.28 
Además , el PCR de 2015,  el UCR de 2016,  el PCSR  de 2015 y el UCSR  de 2016 exigen  a las 
autoridades  y entidades  contratantes  que tomen  medidas  apropiadas  para prevenir,  identificar  y 
remediar , de manera  efectiva,  los conflictos  de intereses  que surjan en el transcurso  de los 
procedimientos  de contratación  con vistas  a evitar  la distorsión  de la competencia  y a garantizar  
que se trate en pie de igualdad  a todos  los operadores  económicos.29 El CCR de 2016 y el CCSR  
de 2016 exigen  a las autoridades  y entidades  contratantes  que tomen  medidas  apropiadas  para 
combatir  el fraude,  el favoritismo  y la corrupción  y prevenir,  identificar  y remediar , de manera  
efectiva,  los conflictos  de intereses  que surjan  en el transcurso  de los procedimientos  de 
adjudicación  de contratos  de concesión  con vistas  a evitar  la distorsión  de la competencia  y a 
garantizar  la transparencia  del procedimiento  de adjudicación  y la igualdad  de trato a todos  los 
candidatos  y licitadores.30 En la práctica,  si se da un conflicto  de intereses  en el marco  de un 
proceso  de contratación,  la persona  de que se trate de la autoridad  contratante  o la empresa de 
servicios públicos deja su función de contratación  y es remplazada  por otra que no tenga  un 
conflicto  de interés . 
5  ELEMENTOS  ESPECÍFICOS  DEL PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACIÓN  
5.1.  Sírvanse  hacer  una descripción  general  de sus procedimientos  y métodos  de 
contratación  existentes,  indicando  los métodos  de contratación  que se utilizan  
principalmente  y haciendo  una breve  descripción  de cada  uno de ellos.  Sírvanse  también  
indicar,  con respecto  a cada  uno de los niveles  de gobierno,  en qué medida  se utiliza  la 
calificación  de los proveedores  y las licitaciones  públicas,  selectivas  y restringidas . 
Contratos  públicos  y contratos  de servicios  públicos  relativos  a obras,  servicios  y suministros  
Los procedimientos  de adjudicación  de contratos  se establecen en el PCR de 2015,  el UCR 
de 2016,  el PCSR  de 2015 y el UCSR  de 2016. Son los siguientes : 
• procedimiento  abierto;  
• procedimiento  restringido;  
• procedimiento  de diálogo  competitivo;  
• procedimiento  competitivo  con negociación/procedimient o negociado;  
• procedimiento  negociado  sin publicación  previa;  
• procedimiento  de asociación  para la innovación;  y 
• procedimiento  flexible .31 
                                                
28 Véase  la norma  18 1) del PCR de 2015,  la norma  8 1) del CCR de 2016,  la norma  36 1) del UCR 
de 2016,  la norma  19 1) del PCSR  de 2015,  la norma  28 1) del CCSR  de 2016 y la norma  34 1) del UCSR  
de 2016.  
29 Véase  la norma  24 del PCR de 2015,  la norma  42 del UCR de 2016,  la norma  25 del PCSR  de 2015 y 
la norma  40 del UCSR  de 2016.  
30 Véase  la norma  35 del CCR de 2016.  
31 Véanse  las normas  26 a 30 del PCR de 2015,  las normas  44 a 48 del PCR de 2016,  las normas  27 
a 31 del PCRSR de 2015 y las normas 42 a 46 del  UCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 18 - 
  Las autoridades  y entidades  contratantes  pueden  usar el procedimiento  abierto  y el procedimiento  
restringido,  según  sus preferencias  y sin necesidad  de cumplir  ningún  requisito.  El procedimiento  
abierto  se lleva a cabo en una sola fase y cualquier  operador  económico  interesado  puede  
presentar  una oferta  en respuesta  a una convocatoria  de licitación  en la que se establezcan  las 
necesidades de la autoridad  o entidad  contratante.  La autoridad  o entidad  contratante  puede  
incluir  en el anuncio  requisitos de calificación . El procedimiento  restringido  es un proceso  en dos 
etapas  y cualquier  operador  económico  puede  responder  a una convocatoria  de licitación  
presentando  una solicitud  de participación.  En la primera  etapa,  la convocatoria  de licitación  debe 
establecer  las necesidades , los criterios  de selección,  el número  mínimo  de candidatos  que se 
prevé  invitar  a participar  en el proceso  de licitación  y, de ser necesario,  el número  máximo  de 
candidatos.  La autoridad  o entidad  contratante  lleva a cabo una calificación previa de los 
operadores  económicos  y selecciona  únicamente  a los candidatos  calificados con arreglo  a los 
criterios  de selección.  En la segunda  etapa,  se invita  a los candidatos  calificados  a presentar  
ofertas,  que se evalúan conforme a los criterios  de adjudicación fijados  en el pliego  de condiciones.  
El procedimiento  de diálogo  competitivo  y el procedimiento  negociado  se pueden utilizar en el caso 
de los contratos  de servicios  públicos  sin restricción.  Ambos procedimiento s se pueden utilizar 
también para contratos  de obras,  servicios  o suministros  cuando  no sea posible  atender  las 
necesidades  de la autoridad  contratante  sin adaptación,  cuando  incluya n el diseño  o soluciones  
innovadoras,  o cuando  no pueda  adjudicarse  el contrato  sin una negociación  previa.  
El procedimiento  de diálogo  competitivo  consta de tres etapas.  La primera  es idéntica  a la primera  
etapa  del procedimiento  restringido.  La autoridad  o entidad  contratante  debe establecer,  en una 
convocatoria  de licitación,  sus necesidades , los criterios  de selección,  el número  mínimo  de 
candidatos  que se prevé  invitar  a participar  y, de ser necesario,  el número  máximo  de candidatos.  
La segunda  etapa  es la fase de diálogo  que se lleva a cabo con todos  los candidatos  seleccionados.  
El objetivo  del diálogo  es que la autoridad  o entidad  contratante  identifique  y defina  los medios  
más adecuados  para satisfacer sus necesidades.  En el marco de este diálogo  se puede hablar de 
todos  los aspectos  de la contratación  con los candidatos.  El diálogo  puede  desarrollarse  en etapas  
sucesivas  a fin de reducir  el número  de soluciones  que han de examinarse  durante  la fase de 
diálogo,  aplicando  los criterios  de adjudicación.  En la tercera  etapa,  la autoridad  o entidad  
contratante  declara  concluido  el diálogo  e invita  a los candidatos  restantes  a presentar  ofertas  
finales.  Esta etapa  es idéntica  a la segunda  etapa  del procedimiento  restringido.  
El procedimiento  competitivo  con negociación/procedimiento  negociado  también  consta  de tres 
etapas.  La primera  es idéntica  a la primera  etapa  del procedimiento  restringido.  La autoridad  o 
entidad  contratante  debe establecer,  en una convocatoria  de licitación,  sus necesidades , los 
criterios  de selección,  el número  mínimo  de candidatos  que prevé  invitar  a participar  y, de ser 
necesario,  el número  máximo  de candidatos.  En la segunda  etapa,  los candidatos  calificados  son 
invitados  a presentar  ofertas  iniciales,  que sientan  las bases  de las negociaciones  posteriores.  La 
autoridad  o entidad  contratante  puede  negociar  las ofertas  iniciales  para mejorar  su contenido , 
negociación  que puede tener lugar en etapas  sucesivas  a fin de reducir  el número  de soluciones  
que han de examinarse,  y puede también invitar a presentar ulteriores ofertas , que también  
pueden  negociarse.  Los requisitos  mínimos  y los criterios  de adjudicación  no pueden  estar sujetos  
a negociación  y todos  los licitadores  deben  ser tratados  en pie de igualdad.  En la tercera  etapa,  la 
autoridad  o entidad  contratante  notifica  la conclusión  de la negociación  a los licitadores  restantes  e 
invita  a los licitadores  a que presenten  ofertas  nuevas  o revisadas.  Esta etapa  es idéntica  a la 
segunda  etapa  del procedimiento  restringido.  
El procedimiento  negociado  sin publicación  previa  se puede  utilizar en circunstancias  limitadas : 
cuando , en respuesta  a un procedimiento  abierto  o un procedimiento  restringido , no se haya 
presentado  ninguna  oferta  o ninguna  oferta  adecuada,  o no se haya presentado  ninguna  solicitud  
de participación  o ninguna  solicitud  de participación  adecuada;  cuando  las obras,  los suministros  o 
los servicios  solo puedan  ser suministrados  por un operador  económico  determinad o, toda vez que 
el objeto  de la contratación  es crear o adquirir  una obra de arte o representación  artística  única,  
en razón  de la ausencia  de competencia  por razones  técnicas  o con vistas  a proteger  derechos  
exclusivos,  incluidos  los derechos  de propiedad  intelectual;  o cuando,  en la medida  en que resulte  
estrictamente  necesario,  por razones  de extrema  urgencia  debidas  a acontecimientos  que la 
autoridad  o entidad  contratante  no pueda  prever,  no sea posible  cumplir  el plazo del procedimiento  
abierto,  el procedimiento  restringido  o el procedimiento  competitivo  con negociación.  En el caso de 
los contratos  públicos  de suministro,  también  puede  utilizarse  el procedimiento:  cuando  los 
productos  de que se trate sean fabricados  exclusivamente  con fines de investigación,  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 19 - 
  experimentación,  estudio  o desarrollo;  en el caso de entregas  adicionales efectuadas  por el 
proveedor  inicial  que constituyan  bien una reposición  parcial  de suministros  o instalaciones,  bien 
una ampliación  de los suministros  o de instalacion es existentes,  cuando  un cambio  de proveedor  
obligue  a la autoridad  o entidad  contratante  a adquirir  suministros  con características  técnicas  
diferentes,  dando  lugar a incompatibilidades  o a dificultades  técnicas  de uso y de mantenimiento  
desproporcionadas;  cuando  se trate de suministros  cotizados  y comprados  en una bolsa de 
materias  primas;  o en el caso de la compra  de suministros  o servicios  en condiciones  
especialmente  ventajosas,  ya sea a un proveedor  que cese definitivamente  en sus actividades  
comerciales  o al liquidador  de un proceso  de insolvencia,  un concordato  judicial  o un procedimiento  
de la misma  naturaleza  entablado  en virtud  de la legislación  o reglamentación  nacional . El 
procedimiento  negociado  sin previa  publicación  puede  utilizarse para obras  o servicios  nuevos que 
consistan  en la repetición  de obras  o servicios  similares  encargados  al operador  económico  titular  
de un contrato  inicial  adjudicado  por la misma  autoridad  o entidad  contratante,  siempre  y cuando  
dichas  obras  o servicios  se ajusten  a un proyecto  de base,  que haya sido objeto  de un contrato  
inicial,  y que en dicho  proyecto  se mencione  el número  de posibles  obras  o servicios  adicionales  y 
las condiciones  en que serían  adjudicadas.  
El procedimiento  de asociación  para la innovación  ofrece  una alternativa  a los demás  
procedimientos  y puede  ser utilizado  cuando  el producto o servicio necesario sea novedoso  e 
innovador  y permite  a las autoridades  contratantes  y a los proveedores  trabajar  juntos  por medio  
de un acuerdo  de asociación  destinado  a desarrollar  nuevos  productos,  obras  o servicios,  que 
todavía  no se encuentren  en el mercado.  El procedimiento  de asociación  para la innovación  puede  
desarrollarse  en etapas  sucesivas,  la primera  de las cuales  es idéntica  a la primera  etapa  del 
procedimiento  restringido.  La autoridad  o entidad  contratante  debe establecer,  en una 
convocatoria  de licitación,  el producto,  el servicio  o las obras  de tipo innovador  que necesita  e 
indicar  qué elementos  del requisito  definen  los requisitos  mínimos,  así como  los criterios  de 
selección  aplicables.  La segunda  etapa  es similar  a la segunda  etapa  del procedimiento  competitivo  
con negociación/procedimiento  negociado,  en la que la autoridad  o entidad  contratante  puede  
negociar  con los licitadores  la oferta  inicial  y todas  las ofertas  posteriores  con vistas  a mejorar  su 
contenido.  La asociación  para la innovación  puede  establecerse  con uno o varios  asociados  y debe 
estructurarse  en fases sucesivas  de acuerdo  con la secuencia  de etapas  del proceso  de 
investigación  e innovación.  La asociación  para la innovación  debe establecer  objetivos  intermedios  
para los socios  y, sobre  la base de dichos  objetivos,  la autoridad  o entidad  contratante  puede,  al 
término  de cada fase, dar por terminada  la asociación  para la innovación  o, en el caso de una 
asociación  con varios  asociados,  reducir  el número  de asociados  rescindiendo determinados  
contratos.  
El procedimiento  flexible se aplica  cuando  una autoridad  o entidad  contratante  prevé  adjudicar  un 
contrato  público  de servicios  sociales  y otros servicios  específicos  por un valor que rebase  el 
umbral  de las 615.278  libras  esterlinas.  El servicio en cuestión debe ser anunciado  en una 
convocatoria  de licitación.  La autoridad  o entidad  contratante  puede  determinar  el procedimiento  
aplicable , pero este debe ser suficiente  para garantizar  como  mínimo  el cumplimiento  de los 
principios  de transparencia  e igualdad  de trato de los operadores  económicos.  El procedimiento  
debe llevarse a cabo y el contrato  resultante  debe adjudicarse de acuerdo  con la información  
incluida  en el anuncio sobre  las condiciones  de participación,  los plazos  para contactar a la 
autoridad  o entidad  contratante  y el procedimiento  de adjudicación  aplicable.  Puede  haber  
excepciones  cuando  la falta de confirmación  no suponga,  dadas  las circunstancias  particulares  del 
caso, una violación  de los principios  de transparencia  e igualdad  de trato de los operadores  
económicos , la autoridad  o entidad  contratante  haya considerado  debidamente  el asunto  y 
documentado  esta conclusión  y las razones  que la sustentan  y haya informado  a los candidatos  
sobre  los aspectos  respecto  de los cuales  se propone  proceder  de manera  no conforme  a la 
información  ofrecida  en el anuncio.  
Al margen  de estos  procedi mientos,  hay otros métodos  específicos  para adjudicar  contratos,  que 
consisten  en: 
1. Los concursos  de proyectos  sirven  para que la autoridad  o entidad  contratante  adquiera,  
principalmente  en los campos  de la planificación  urbana,  la ordenación  territorial,  la 
arquitectura  y la ingeniería  o el procesamiento  de datos,  un plan o proyecto  seleccionado  
por un jurado  al término  de un proceso  competitivo,  con o sin concesión  de premios.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 20 - 
  2. Las subastas  electrónicas  se llevan  a cabo tras una evaluación  inicial  de las ofertas  y en 
el transcurso  de la subasta  los licitadores  tienen  la posibilidad  de revisar  a la baja los 
precios  presentados  y quedan  clasificados  por medios  electrónicos.  
3. Los acuerdos  marco  son acuerdos  escritos  entre  una o varias  autoridades/entidades  
contratantes  y uno o varios  operadores  económicos,  con objeto  de establecer  las 
condiciones  esenciales  que regirán  los contratos  públicos  que se adjudiquen  a lo largo de 
un período  determinado.  
4. Los sistemas  de calificación  son un método  especial  para la adjudicación  de contratos  de 
servicios  públicos.  
Contratos  de concesión  
El CCR de 2016 da libertad  a las entidades  contratantes  para organizar  el procedimiento  de 
contratación,  siempre  que cumplan  los requisitos  establecidos  en los reglamentos.32 El CCSR  
de 2016 establece  ciertas  garantías  de procedimiento,  pero no exige ningún  procedimiento  en 
particular.33 Los requisitos  del CCR de 2016 y las garantías  de procedimiento  del CCSR  de 2016 
son muy similares  e incluyen  lo siguiente:  
1. El contrato  de concesión  debe adjudicarse  con arreglo  a los criterios  de adjudicación  
establecidos  por la entidad  contratante  en el anuncio  de concesión  y velando  por que: la 
oferta  cumpla  los requisitos  mínimos;  el licitador  cumpla  las condiciones  de 
participación;  y el licitador  no haya sido excluido  de la participación  en el procedimiento  
de adjudicación.  
2. La entidad  contratante  podrá  limitar  el número  de licitadores  hasta  alcanzar  un número  
apropiado,  a condición  de que proceda  de manera  transparente  y de acuerdo  con 
criterios  objetivos.  El número  de candidatos  o licitadores  que participen  debe garantizar  
una auténtica  competencia.  
3. La entidad  contratante  debe comunicar  a todos  los participantes:  la descripción  de la 
organización  del procedimiento  prevista  y un plazo indicativo ; así como  toda 
modificación  de ese procedimiento  o plazo. La entidad  contratante  debe informar a todos  
los operadores  económicos  de cualquier  modificación  relacionada  con los elementos  
mencionados  en el anuncio  de concesión.  
4. La entidad  contratante  debe garantizar  que queden  registradas  debidamente  las etapas  
del procedimiento,  valiéndose  de los medios  que considere  oportunos.  
5. La entidad  contratante  puede  llevar  a cabo negociaciones  con candidatos  y licitadores,  
pero el objeto  del contrato  de concesión,  los criterios  de adjudicación  y los requisitos  
mínimos  no deben  cambiar  en el transcurso  de una negociación.  
5.2.  Sírvanse  indicar  qué disposición  de la legislación  de su país exige  la no 
discriminación  en lo que respecta  a la calificación  y selección  de los proveedores  en el 
sentido  del artículo  IX del Acuerdo.  Indiquen,  por favor,  cualquier  excepción  a este 
requisito.  ¿Qué  disposiciones  aseguran  el acceso  en condiciones  no discriminatorias  de 
nuevos  proveedores  a las listas  de calificación  existentes?  
Las autoridades  y entidades  contratantes  deben  tratar  a los operadores  económicos  en pie de 
igualdad  y sin discriminación,  y proceder  de manera  transparente  y proporcionada.34 Estas  
obligaciones  se aplica n a lo largo de todas  las etapas  de la contratación,  incluida  la etapa  de 
calificación  y selección.  
                                                
32 Véase  la norma  30 del CCR de 2016.  
33 Véase  la norma  39 del CCSR  de 2016.  
34 Véase la norma  18 del PCR de 2015,  la norma  36 del UCR de 2016,  la norma  19 del PCRSR  de 2015 y 
la norma  34 del UCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 21 - 
  En todos  los procedimientos  de contratación  están  permitidas  la calificación  y la selección,  pero no 
puede  excluirse  a operadores  económicos  más que por motivos  específicos,  enumerados  en las 
leyes británicas,  o en razón  del incumplimiento  de determinados  criterios  de selección  establecidos  
por la autoridad  o entidad  contratante,  que deben  estar vinculados  y ser proporcionales  al objeto  
del contrato.35 
Las leyes del Reino  Unido  incluyen  una lista de criterios  de exclusión  obligatorios  para delitos  de 
derecho  penal  y otros delitos  particularmente  graves  y criterios  de exclusión  discrecional.  Entre  los 
criterios  de exclusión  discrecional  figuran  la infracción  de leyes sociales,  ambientales  y laborales,  la 
quiebra  o la insolvencia,  la falta grave  de ética profesional,  la distorsión  de la competencia,  los 
conflictos  de intereses  que no se puedan  resolver  de manera  efectiva,  las deficiencias  significativas  
o persistentes  en la ejecución  de un contrato  público  anterior  o casos  de grave  falseamiento  o 
retención  de información.  La exclusión  por motivos  obligatorios  se prolonga  cinco años si guarda  
relación  con una condena  por un delito  grave  específico;  hasta  que el operador  económico  cumpla  
sus obligaciones,  incluido  el pago de las multas  o los intereses  devengados,  si se trata del impago  
de impuestos;  o tres años si se trata de una infracción  del Reglamento de 2010 (listas negra s) de 
la Ley de Relaciones  Laborales  de 1999 (este último  es motivo  de exclusión  obligatoria  únicamente  
en Escocia).  El período  máximo  de exclusión  por motivos  discrecionales  es de tres años.  En ambos  
casos,  los operadores  económicos  pueden  aportar  pruebas  de las medidas  que hayan  adoptado  
para demostrar  su fiabilidad , y si se considera que las pruebas son suficientes, no se los podrá 
excluir . 
En virtud  de las leyes del Reino  Unido,  los criterios  de selección  pueden  referirse  a la idoneidad  
para el ejercicio  de una actividad  profesional,  la capacidad  económica  y financiera  y/o las 
competencias  técnicas  y profesionales.  No deben  establecerse  más requisitos  de participación  que 
aquellos  que resulten  apropiados  para garantizar  que un operador  económico  cuenta  con la 
capacidad  jurídica y financiera,  así como  las competencias  técnicas  y profesionales  para ejecutar  el 
contrato  que se vaya a adjudicar . Todos  los requisitos  deben  estar vinculados  y ser proporcionales  
al objeto  del contrato.  Los requisitos  de participación  deben  ser enumerados,  junto con los medios  
de prueba  apropiados,  en la convocatoria  de la licitación  o la invitación  a participar.  
5.3.  En las situaciones  en las que pueden  utilizarse  procedimientos  de calificación  y una 
licitación  selectiva,  ¿en qué medida  permiten  las entidades  contratantes  a los 
proveedores  adquirir  la condición  de proveedores  calificados  durante  el proceso  de 
contratación?  ¿En qué medida  mantienen  las entidades  contratantes  listas  de uso 
múltiple  de proveedores?  
En todos  los procedimientos  de contratación  están  permitidas  la calificación  y la selección.  
Las autoridades  y entidades  contratantes  pueden  recurrir al procedimiento  abierto  y al 
procedimiento  restringido  sin ninguna  restricción.  
Las entidades  contratantes  pueden  utilizar  sin restricci ones el procedimiento  de diálogo  
competitivo  y el procedimiento  negociado  para los contratos  de servicios  públicos.  Las autoridades  
contratantes  pueden  utilizar  el procedimiento  de diálogo  competitivo  y el procedimiento  
competitivo  con negociación  para los contratos  públicos  solo si se dan determinadas  condiciones,  
expuestas  en la sección  5.1 supra . 
El procedimiento  negociado  sin publicación  previa  puede  ser utilizado  si concurren  las 
circunstancias  específicas  descritas  en la sección  5.1 supra . 
El procedimiento  de asociación  para la innovación  se puede  usar cuando  el bien o servicio 
necesario es novedoso  e innovador.  
El procedimiento  flexible se aplica  cuando  una autoridad  o entidad  contratante  pretende adjudicar  
un contrato  público  de servicios  sociales y otros servicios  específicos  por un valor que supere  el 
umbral  de las 615.278  libras  esterlinas.  
                                                
35 Véanse  las normas  57 y 58 del PCR de 2015,  la norma  76 del UCR de 2016,  las normas  58 y 29 
del PCSR  de 2015 y la norma  78 del UCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 22 - 
  Los sistemas  de calificación  están  permitidos  para los contratos  de servicios  públicos  en virtud  
del UCR de 2016 y del UCSR  de 2016,  que permiten a las entidades  contratantes  anunciar  el 
sistema  y seleccionar  a los participantes  entre  los participantes  registrados  en el sistema,  pero 
permitiendo que los operadores  económicos  soliciten  la calificación  en cualquier  momento.36 
Fuera  del contexto  de los sistemas  de calificación,  en el Reino  Unido las listas de usos múltiples  no 
se utilizan . 
5.4.  A la luz del párrafo  6 del artículo  X del Acuerdo,  sírvanse  señalar  si hay alguna  
medida  en su sistema  de contratación  pública  que permita  a las entidades  contratantes  
elaborar,  adoptar  o aplicar  especificaciones  técnicas  para promover  la conservación  de 
recursos  nacionales  o proteger  el medio  ambiente.  
En el caso de los contratos  públicos  o los contratos  de servicios  públicos,  las características  
definidas  por las especificaciones  técnicas  pueden  incluir  niveles  de actuación  medioambiental  y 
climática.37 Las especificaciones  técnica s se pueden formular en función  de las propiedades  de uso 
y empleo  y de los requisitos  funcionales,  siempre  y cuando  los parámetros  sean suficientemente  
precisos  para permitir  a los licitadores  determinar  el objeto  del contrato  y a las autoridades  o 
entidades  contratantes  adjudicar  el contrato.  De otro modo,  también  se pueden  formular  las 
especificaciones  técnicas  por referencia  a las norma s nacionales  que incorporan  las normas  
europeas,  las evaluaciones  técnicas  europeas,  las especificaciones  técnicas  comunes,  las normas  
internacionales,  otros sistemas  de referencias  técnicas  elaborados  por los organismos  europeos  de 
normalización  o, en su defecto,  a las normas  nacionales,  a los documentos  de idoneidad  técnica  
nacionales  o a las especificaciones  técnicas  nacionales  en materia  de proyecto,  cálculo  y 
realización  de obras  y de puesta  en funcionamiento  de suministros.  Toda referencia  a normas  
nacionales  debe ir seguida  de las palabras  "o equivalente".  Salvo  que lo justifique  el objeto  del 
contrato,  y únicamente  de manera  excepcional,  las especificaciones  técnicas  no deben  mencionar  
una fabricación  o una procedencia  determinada,  o un procedimiento  concreto,  que sea 
característico  de los productos  o servicios  provistos  por un operador  económico  determinado,  o a 
una marca,  a una patente  o a un tipo, a un origen  o a una producción  determinados  con la 
finalidad  de favorecer  o descartar  ciertas empresas  o ciertos  productos.  
Si una autoridad  o entidad  contratante  tiene intención  de adquirir  obras,  suministros  o servicios  
con características  medioambientales  específicas,  puede  exigir  una etiqueta  específica  como  medio  
de prueba  de que se reúnen  las características  exigidas,  siempre  y cuando  se cumplan  todas  las 
condiciones  siguientes38: 
1. Los requisitos  de etiqueta do deben  referirse  únicamente  a criterios  vinculados  al objeto  
del contrato  y ser adecuados  para definir  las características  de las obras,  los suministros  
o los servicios  que constituyan  el objeto  del contrato.  
2. Los requisitos  de etiqueta do deben  basarse  en criterios  objetivamente  verificables  y no 
discriminatorios.  
3. Las etiquetas  deben  establecerse  en un procedimiento  abierto  y transparente  en el que 
puedan  participar  todas  las partes  interesadas pertinentes , como  organismos  públicos,  
consumidores,  interlocutores  sociales,  fabricantes,  distribuidores  y organizaciones  no 
gubernamentales.  
4. Las etiquetas  deben  ser accesibles  a todas  las partes  interesadas.  
5. Los requisitos  de etiqueta do deben  ser fijados  por un tercero  sobre  el que el operador  
económico  no pueda  ejercer  una influencia  decisiva.  
Si a un operador  económico,  por razones  que no se le puedan  imputar,  le resulta  manifiestamente  
imposible  obtener  la etiqueta  específica  exigida  o una etiqueta  equivalente  dentro  de los plazos  
fijados,  la autoridad  o entidad  contratante  debe aceptar  otros medios  de prueba  adecuados,  como  
                                                
36 Véase la norma  77 del UCR de 2016 y la norma  75 del UCSR  de 2016.  
37 Véase  la norma  42 del PCR de 2015,  la norma  60 del UCR de 2016,  la norma  43 del PCSR  de 2015 y 
la norma  58 del UCSR  de 2016.  
38 Véase  la norma  43 del PCR de 2015,  la norma  61 del UCR de 2016,  la norma  44 del PCSR  de 2015 y 
la norma  59 del UCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 23 - 
  por ejemplo  un expediente  técnico  del fabricante,  a condición  de que el operador  económico  
interesado  demuestre  que las obras,  los suministros  o los servicios  que ha de realizar  cumplen  los 
requisitos  de la etiqueta  específica  o los requisitos  específicos  indicados  por la autoridad  o entidad  
contratante.  
En el caso de los contratos de concesión, los requisitos técnicos y funcionales deben establecer las 
características exigidas de las obras o servicios que son objeto del contrato de concesión y pueden 
incluir niveles de actuación medioambienta l y climática.39 A menos de que se justifique por el 
objeto del contrato de concesión, y únicamente de manera excepcional, los requisitos técnicos y 
funcionales no deben referirse a productos de una fabricación o una procedencia determinada, o a 
un procedim iento concreto que sea característico de los productos o servicios provistos por 
determinado operador económico, o a una marca, a una patente, a un tipo, a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas  o ciertos 
productos. Las autoridades y entidades contratantes no deben rechazar una oferta alegando que 
las obras y los servicios no cumplen los requisitos técnico s y funcionales si el licitador demuestra 
en su oferta que se ajusta a ellos de manera equiv alente.  
5.5.  ¿Cuáles  son las condiciones  y circunstancias  en las que su legislación  prevé  la 
posibilidad  de recursos  a la licitación  restringida  con arreglo  al artículo  XIII del 
Acuerdo?  ¿Qué  medidas  existen  para asegurar  que este método  no se utilice  con miras  a 
evitar  que la competencia  sea la máxima  posible;  o de modo  que constituya  un medio  de 
discriminación  entre  bienes/servicios/proveedores  extranjeros,  o en favor  de 
bienes/servicios/proveedores  nacionales?  
Las leyes británicas  permiten utilizar el método de la licitación  restringida  previsto en el 
artículo  XIII del ACP únicamente  en determinadas  circunstancias.  Se permite  un procedimiento  
negociado  sin publicación  previa  en las circunstancias  expuestas  en la sección  5.1 supra . Se aplica  
un procedimiento  flexible cuando  una autoridad  o entidad  contratante  prevé  adjudicar  un contrato  
público  de servicios  sociales  y otros servicios  específicos  por un valor que supere  el umbral  de 
las 615.278  libras  esterlinas.  En la sección  5.1 supra  se explican  las normas  que restringen  el uso 
de estos  procedimientos  y garantizan  que no sean utilizados de manera que constituyan un medio  
de discriminación.  
5.6.  El artículo  XII del Acuerdo  prevé  la celebración  de negociaciones  bajo ciertas  
condiciones.  ¿Se permite  a las entidades  contratantes  celebrar  negociaciones?  De ser 
así, ¿a qué categorías  y en qué condiciones?  
Las negociaciones  están  permitidas  en el marco  del procedimiento  de diálogo  competitivo,  el 
procedimiento  competitivo  con negociación/procedimiento  negociado  y el procedimiento  negociado  
sin publicación  previa.  
En el marco  del procedimiento  competitivo  con negociación  establecido  en virtud  del PCR de 2015 
y del PCSR  de 2015,  están  permitidas  las negociaciones  sobre  la oferta  inicial  y todas  las ofertas  
posteriores,  aunque  no sobre  la oferta  final, con vistas  a mejorar  su contenido.  No se pueden  
negociar  los requisitos  mínimos  ni los criterios  de adjudicación.  Durante  las negociaciones,  las 
autoridades  y entidades  contratantes  deben  garantizar  que todos  los licitadores  reciban  un trato 
equitativo.40 Con el procedimiento  negociado  previsto en el UCR de 2016 y el UCSR  de 2016,  
cualquier operador  económico  puede  solicitar  su participación  y solo pueden  participar  aquellos  
que sean invitados  a hacerlo  tras la evaluación  de la información  que hayan  presentado.41 
Con el procedimiento  de diálogo  competitivo  establecido  en el PCR de 2015,  el UCR de 2016, 
el PCSR  de 2016 y el UCSR  de 2016,  las autoridades  y entidades  contratantes  pueden  examinar 
todos  los aspectos  de la contratación  durante  el diálogo,  deben  garantizar  la calidad  del trato 
dispensado  a todos  los participantes  y no deben  divulgar  información  de manera  discriminatoria.42 
El procedimiento  negociado  sin publicación  previa  solo se puede  utilizar en determinadas  
circunstancias,  que se explican  en la sección  5.1 supra . 
                                                
39 Véase  la norma  36 del CCR de 2016 y la norma  38 del CCSR  de 2016.  
40 Véase  la norma  29 del PCR de 2015 y la norma  30 del PCRSR  de 2015.  
41 Véase  la norma  47 del UCR de 2016 y la norma  48 del UCSR  de 2015.  
42 Véase  la norma  30 del PCR de 2015,  la norma  48 del UCR de 2016,  la norma  31 del PCSR  de 2015 y 
la norma  46 del UCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 24 - 
  5.7.  El artículo  XI del Acuerdo  estipula  los plazos  mínimos  de licitación  y entrega.  
¿Cuáles  son las normas  y prácticas  relativas  a los plazos  de su legislación?  ¿Se recogen  
en esa legislación  los diversos  plazos  mínimos,  establecidos  en el Acuerdo?  Si la 
respuesta  es negativa,  sírvanse  dar información  sobre  cualquier  plazo  distinto  
establecido  en su legislación  nacional.  
En cada uno de los procedimientos  se imponen plazos  mínimos  para la recepción  de las solicitudes  
de participación  y las ofertas.  Los plazos  se establecen en las disposiciones  relativas  a cada uno de 
los procedimientos  (véase  supra ). 
5.8.  Sírvanse  describir  brevemente  los procedimientos  de presentación,  recepción  y 
apertura  de ofertas  y de adjudicación  de contratos,  en particular  los procedimientos  y 
condiciones  que garantizan  la regularidad  de la apertura  y su compatibilidad  con las 
disposiciones  sobre  no discriminación  del Acuerdo.  ¿Cómo  mantienen  las entidades  
contratantes  la información  de los procedimientos  relacionados  con la recepción,  
apertura  y evaluación  de las ofertas?  
Las autoridades  y entidades  contratantes  deben  dar a los operadores  económicos  un trato 
igualitario y no discriminatorio , y actuar de forma  transparente  y proporcionada.43 Estas  
obligaciones  se aplican  en todas  las etapas  de la contratación,  incluidos  los procedimientos  de 
presentación,  recepción  y apertura  de ofertas  y de adjudicación  de contratos.  
En el caso del procedimiento  abierto,  las autoridades  y entidades  contratantes  deben  incluir  en la 
convocatoria  de licitación  el plazo durante  el cual el licitador  está obligado  a mantener  su oferta;  la 
fecha,  la hora y el lugar de la apertura  de las ofertas;  y las personas  autorizadas  a asistir  a dicha  
apertura.  
Las autoridades  y entidades  contratantes  disponen  de sus propias  normas  internas  para la 
recepción  y apertura  de ofertas,  que por lo general  incluyen  los siguientes  requisitos:  
1. En la oferta  no debe figurar  el nombre  o la identidad  del operador  económico.  
2. Las ofertas  deben  registrarse al momento  de su recepción  y debe anotarse la fecha  y 
hora correspondientes.  
3. Las ofertas  no deben  abrirse  antes  de que finalice el plazo para la recepción  de ofertas.  
4. Las ofertas  deben  abrirse  simultáneamente  y distribuirse  a los evaluadores  al mismo  
tiempo.  
5.9.  Sírvanse  identificar  las disposiciones  de su legislación  que estipulan  los parámetros  
para el establecimiento  de especificaciones  técnicas  por las entidades  contratante s 
como  parte  de los criterios  de evaluación.  
En la sección  5.4 supra  se describen  las disposiciones  de la legislación  británica  en las que se 
establecen  los parámetros  para el establecimiento  de especificaciones  técnicas.  
5.10.   Sírvanse  identificar  las medidas  establecidas  por su legislación  nacional  para 
asegurarse  de que las adjudicaciones  se realicen  de conformidad  con los criterios  de 
evaluación  y los requisitos  esenciales  especificados  en el pliego  de condiciones.  
De acuerdo  con las leyes del Reino  Unido,  la convocatoria  de licitación  debe establecer  la 
naturaleza  y la cantidad  de las obras,  los servicios  o los suministros  requeridos  y los criterios  por 
los que se regirá  la adjudicación  del contrato,  incluidos  aquellos  que vayan  a utilizarse  para 
determinar  la oferta  económicamente  más ventajosa , y su ponderación  relativa,  a menos  que eso 
quede  establecido  en las especificaciones  o, en el caso del procedimiento  de diálogo  competitivo,  
en el documento  descriptivo.44 De este modo  se garantiza  que el operador  económico  disponga  de 
                                                
43 Véase  la norma  18 del PCR de 2015,  la norma  36 del UCR de 2016,  la norma  19 del PCRSR  de 2015 y 
la norma  34 del UCSR  de 2016.  
44 Véase  la norma  49 del PCR de 2015,  la norma  69 del UCR de 2016,  la norma  31 del CCR de 2016,  la 
norma  50 del PCSR  de 2015,  la norma  67 del UCSR  de 2016 y la norma  33 del CCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 25 - 
  información  completa  sobre  el procedimiento  de adjudicación.  Los criterios  de adjudicación  del 
contrato  no pueden  modificarse  durante  el procedimiento  de contratación.  
En virtud  del PCR de 2015,  el UCR de 2016,  el PCSR  de 2015 y el UCSR  de 2016,  las autoridades  y 
entidades  contratantes  deben  adjudicar  los contratos  a quienes  presenten  las ofertas  
económicamente  más ventajosas  desde  el punto  de vista de la autoridad  contratante  o la empresa 
de servicio  público.  El PCSR  de 2015 precisa  que dicha  evaluación  no puede  basarse  únicamente  
en el precio  o el costo,  y el UCSR  de 2016 especifica  que no puede  basarse  únicamente  en el 
precio  o el costo  cuando  la empresa de servicio  público  sea una autoridad  contratante  o empresa  
pública.  En otros casos,  hay que determinar  la oferta  económicamente  más ventajosa  sobre  la 
base del precio  o costo , utilizando  un planteamiento  que atienda  a la relación  costo -eficacia.  Este 
puede  incluir  la mejor  relación  calidad -precio,  que se evaluará  en función  de criterios,  como  los 
aspectos  cualitativos,  medioambientales  y/o sociales  vinculados  al objeto  del contrato.  Las 
autoridades  contratantes  deben  especificar  la ponderación  relativa  de los criterios  utilizados para 
determinar  la oferta  económicamente  más ventajosa,  a menos  que la evaluación  se base 
únicamente  en el precio.45 
El CCR de 2016 y el CCSR  de 2016 requieren  que la adjudicación  de los contratos  de concesión  se 
rija por criterios  objetivos  y que se evalúen  las ofertas  con vistas  a identificar  una ventaja  
económica  general  para la autoridad  o entidad  contratante.  Los criterios  de adjudicación  deben  
guardar  relación  con el objeto  del contrato  y pueden  incluir  criterios  medioambientales  o sociales  o 
criterios  relacionados  con la innovación.  Las autori dades  y entidades  contratantes  deben  enumerar  
los criterios  de adjudicación  en orden  de importancia  decreciente.46 
6  INFORMACIÓN  
6.1.  El artículo  VI del Acuerdo  prevé  la publicación  de todas  las leyes,  reglamentos,  
decisiones  judiciales  y resoluciones  administrativas  de aplicación  general  y los 
procedimientos  relativos  a los contratos  públicos.  Sírvanse  facilitar  el nombre  de las 
publicaciones  pertinentes  e indicar  los medios  de comunicación  utilizados  para este fin. 
Sírvanse  también  facilitar,  si es posible,  la dirección  de la página  de Internet  en la que 
pueda  ser consultada  la legislación  a la que hacen  referencia  las preguntas  1 y 2. 
Las leyes sobre  contratación  pública  están  publicadas  en https://www.legislation.gov.uk . En el sitio 
web gov.uk  se ofrece  orientación  sobre  las mejores  prácticas  en materia  de contratación  del sector  
público  en Inglaterra,  Gales  e Irlanda  del Norte.47 El Gobierno  de Escocia  hace lo propio  en su 
sitio web.48 
Las decisiones  judiciales  de los tribunales  de Inglaterra,  Gales  e Irlanda  del Norte  se publican  
en https://www.judiciary.gov.uk . Las decisiones  judiciales  de los tribunales  escoceses  se publican  
en https://www.scotcourts.gov.uk . 
6.2.  El párrafo  1 del artículo  VII del Acuerdo  prevé  la publicación,  para cada  
contratación  abarcada  que realice  una entidad  contratante,  de un anuncio  de la 
contratación  prevista.  Sírvanse  facilitar  el nombre  de las publicaciones  pertinentes  e 
indicar  el medio  de comunicación  utilizado  para este fin. Sírvanse  también  facilitar,  si es 
posible,  la dirección  de la página  de Internet  en la que se hagan  públicos  dichos  
anuncios.  
Las autoridades  y entidades  contratantes  deben  publicar  anuncios  de las contrataciones  previstas,  
excepto  en algunos pocos casos , por ejemplo  cuando  se utiliza el procedimiento  negociado  sin 
publicación  previa.49 
                                                
45 Véanse  las normas  67 y 68 del PCR de 2015,  las normas  82 y 83 del UCR de 2016,  las normas  67 
y 68 del PCSR  de 2015 y las normas  80 y 81 del UCSR  de 2016.  
46 Véase  la norma  41 del CCR de 2016 y la norma  44 del CCSR  de 2016.  
47 Véase  la parte B del Anexo.  
48 Véase  la parte C del Anexo.  
49 Véanse  las normas  48 y 49 del PCR de 2015,  las normas  67 a 69 del UCR de 2016,  la norma  31 
del CCR de 2016,  las normas  49 y 50 del PCSR  de 2015,  la norma  89 del UCSR  de 2016 y la norma  33 
del CCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 26 - 
  Actualmente,  los anuncios  deben enviarse a la Oficina  de Publicaciones  de la UE para su 
publicación  en el Diario  Oficial  de la Unión  Europea  (http://www.ted.europa.eu ).50 Estas  
disposiciones  podrán  ser enmendadas  una vez que el Reino  Unido  abandone  la UE, o al final de 
cualquier  período  de aplicación/transición,  dependiendo  del resultado  de las negociaciones  con 
la UE. En cualquier  caso, el Reino  Unido  prevé  seguir  exigiendo,  tras su salida  de la UE, la 
publicación  de los anuncios  en una plataforma  adecuada.  
6.3.  Sírvanse  especificar  qué tipo de información  exige  su legislación  que se incluya  en 
los anuncios  de la contratación  prevista  o en los pliegos  de condiciones,  e indicar  las 
disposiciones  pertinentes  de su legislación.  
Los anuncios  de las contrataciones  previstas  y los pliegos  de condiciones  deben  incluir  un amplio  
abanico  de informaciones  sobre  la autoridad  o entidad  contratante,  el producto o servicio necesario 
y el procedimiento  de contratación.51 
Por lo general, en los anuncios  de las contrataciones  previstas  debe figurar : 
1. El nombre  y los datos  de contacto  de la autoridad  o entidad  contratante.  
2. Una dirección  de correo  electrónico  o de Internet  desde  la cual se ofrezca  un acceso  
irrestricto,  pleno,  directo  y gratuito  a los pliegos  de condiciones.  
3. El tipo de autoridad  o entidad  contratante  y sus principales  actividades.  
4. Cuando  proceda,  una indicación  de que la autoridad  o entidad  contratante  es un órgano  
contratante  central  o de que se contempla  alguna  otra forma  de contratación  conjunta.  
5. Códigos  que describa n los servicios  requeridos.  
6. Códigos  que describa n el lugar donde se prestarán los servicios , se realizarán las obras  o 
se entregarán los suministros.  
7. La naturaleza  y alcance  de las obras;  la naturaleza  y la cantidad  o el valor de los 
suministros;  la naturaleza  y el alcance  de los servicios.  
8. Orden  de magnitud  total estimado  del contrato  o los contratos.  
9. Admisión  o prohibición  de variantes . 
10. Calendario  para la entrega  de los suministros  o las obras  o para la prestación  de los 
servicios  y, en la medida  de lo posible,  duración  del contrato.  
11. Condiciones  de participación.  
12. Tipo de procedimiento  de adjudicación . 
13. Una indicación  de si se aplica  un acuerdo  marco,  se aplica  un sistema  dinámico  de 
adquisición  o se utiliza  una subasta  electrónica.  
14. Cuando  el contrato  vaya a subdividirse  en lotes,  indicación  de la posibilidad  de presentar  
ofertas  para uno de los lotes,  para varios,  o para todos  ellos y una indicación  de si el 
número  de lotes que podrá  adjudicarse  a cada licitador  estará  limitado.  
15. Cuando  el contrato  no esté subdividido  en lotes,  indicación  de las razones  para ello. 
                                                
50 Véase  la norma  51 del PCR de 2015,  la norma  71 del UCR de 2016,  la norma  33 del CCR de 2016,  la 
norma  52 del PCSR  de 2015,  la norma  69 del UCSR  de 2016 y la norma  35 del CCSR  de 2016.  
51 Véase  la norma  49 del PCR de 2015,  la norma  67 del UCR de 2016,  la norma  31 del CCR de 2016,  la 
norma  50 del PCSR  de 2015,  la norma  67 del UCSR  de 2016 y la norma  33 del CCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 27 - 
  16. En el caso de un procedimiento  restringido,  un procedimiento  competitivo con 
negociación/procedimiento  negociado,  un procedimiento  de diálogo  competitivo  o una 
asociación  para la innovación,  cuando  se haga uso de la facultad  de reducir  el número  de 
candidatos  a los que se invitará  a presentar  ofertas,  a negociar  o a participar  en el 
diálogo:  el número  mínimo  y, en su caso, el número  máximo  propuesto  de candidatos  y 
los criterios  objetivos  que se utilizarán  para elegir  a los candidatos  en cuestión.  
17. En el caso de un procedimiento  competitivo con negociación/procedimiento  negociado,  
un diálogo  competitivo  o una asociación  para la innovación,  una indicación,  si procede,  
que aclare  si se prevé  recurrir  a un procedimiento  por etapas  con el fin de reducir  
progresivamente  el número  de ofertas  que haya que negociar  o de soluciones  que deban  
examinarse.  
18. Si procede,  condiciones  particulares  a las que está sometida  la ejecución  del contrato . 
19. Criterios  que se utilizarán  para adjudicar  el contrato  o los contratos.  
20. Plazo para la recepción  de ofertas  (procedimientos  abiertos)  o solicitudes  de 
participación  (procedimientos  restringidos,  procedimientos  competitivos  con negociación,  
procedimientos  negociados,  sistemas  dinámicos  de adquisición,  diálog os competitivos  y 
asociaciones  para la innovación).  
21. Dirección  a la que deberán  transmitirse  las ofertas  o solicitudes  de participación.  
22. Cuando  se trate de procedimientos  abiertos:  
i) plazo  durante  el cual el licitador  estará  obligado  a mantener  su oferta;  
ii) fecha,  hora y lugar de la apertura  de las ofertas;  y 
iii) personas  autorizadas  a asistir  a dicha  apertura.  
23. Idioma o idiomas en los que deberán  redactarse  las ofertas  o las solicitudes  de 
participación.  
24. Si procede,  indicación  de si: 
i) se aceptará  la presentación  electrónica  de ofertas  o de solicitudes  de participación;  
ii) se utilizarán  pedidos  electrónicos;  
iii) se aceptará  facturación  electrónica;  y 
iv) se utilizará  el pago electrónico.  
25. Nombre  y dirección  del órgano  competente  en los procedimientos  de recurso  y, en su 
caso, de mediación.  
26. Fecha  de envío  del anuncio.  
27. Indicación  de si el ACP es aplicable  al contrato.  
28. Si procede,  otras informaciones.  
Además,  los pliegos  de condiciones  deben  incluir:  
1. Una estimación  del valor de la contratación.  
2. Las especificaciones  técnicas.  
3. Los requisitos  mínimos  para las variantes.  
4. Los criterios  o normas  objetivos  y no discriminatorios  que se vayan  a aplicar  para 
determinar  qué lotes serán  adjudicados,  en caso de que la aplicación  de los criterios  de 
adjudicación  pueda  dar lugar a que a un solo licitador  se le adjudique  un número  de 
lotes superior  al máximo  indicado.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 28 - 
  5. Los criterios  de la adjudicación  y su ponderación  relativa.  
6. Las condiciones  particulares  a las que está sometida  la ejecución  del contrato . 
7. En el caso de los procedimientos  de diálogo  competitivo:  
i) el objeto  de la contratación;  
ii) qué elementos  de la descripción  definen  los requisitos  mínimos  que deberán  
cumplir  todos  los licitadores;  y 
iii) los criterios  de adjudicación  del contrato.  
8. En el caso de las asociaciones  para la innovación:  
i) la necesidad  de un producto,  un servicio  u obra innovador  que no es posible  
satisfacer  mediante  la adquisición  de productos,  servicios  u obras que ya se 
encuen tren en el mercado;  
ii) qué elementos  de esta descripción  definen  los requisitos  mínimos  que deben  
cumplir  todos  los licitadores;  y 
iii) las disposiciones  aplicables  a los derechos  de propiedad  intelectual.  
6.4.  El párrafo  7 del artículo  IX del Acuerdo  prevé  la publicación  de listas  de uso 
múltiple  de proveedores  por las entidades  contratantes  que mantengan  ese tipo de 
listas.  Sírvanse  facilitar  el nombre  de la publicación  o publicaciones  pertinentes  e indicar  
los medios  utilizados  para este fin. Sírvanse  también  facilitar,  si es posible,  la dirección  
de la página  de Internet  en que se publican  dichas  listas.  
Los sistemas  de calificación  para los contratos  de servicios  públicos  se pueden anunciar enviando 
una convocatoria  de licitación a la Oficina  de Publicaciones  de la UE para su publicación  en el Diario  
Oficial  de la Unión  Europea  (http://www.ted.europa.eu ).52 Estas  disposiciones  podrán  ser 
enmendadas  una vez que el Reino  Unido  abandone  la UE, o al final de cualquier  período  de 
aplicación/transición,  dependiendo  del resultado  de las negociaciones  con la UE. En cualquier  caso, 
el Reino  Unido  prevé  seguir  exigiendo,  tras su salida  de la UE, la publicación  de los anuncios  en 
una plataforma  adecuada.  
6.5.  El párrafo 2 del artículo XVI del Acuerdo prevé la publicación por las entidades 
contratantes de los detalles de los anuncios de adjudicación de contratos. Sírvanse 
facilitar el nombre de la publicación o publicaciones pertinentes e indicar qué medios se 
utilizan para este fin. Sírvanse también facilitar, si es posible, la dirección de la página 
de Internet en que se publican dichos anuncios.  
Las autoridades  y entidades  contratantes  deben  publicar  un anuncio  de adjudicación  de contrato  
en un plazo de 30 días a partir  de la fecha  de adjudicación  del contrato.53 
Los anuncios  de adjudicación  de contrato  deben  enviarse a la Oficina  de Publicaciones  de la UE 
para su publicación  en el Diario  Oficial  de la Unión  Europea  (http://www.ted.europa.eu ).54 Estas  
disposiciones  podrán  ser modificadas  una vez que el Reino  Unido  abandone  la UE, o al final de 
cualquier  período  de aplicación/transición,  dependiendo  del resultado  de las negociaciones  con 
la UE. En cualquier  caso, el Reino Unido  prevé  seguir  exigiendo,  tras su salida  de la UE, la 
publicación  de los anuncios  en una plataforma  adecuada.  
                                                
52 Véanse  las normas  51 y 106 del PCR de 2015,  la norma  71 del UCR de 2016,  la norma  33 del CCR 
de 2016,  la norma  52 del PCSR  de 2015,  la norma  69 del UCSR  de 2016 y la norma  35 del CCSR  de 2016.  
53 Véase  la norma  50 del PCR de 2015,  la norma  69 del UCR de 2016,  la norma  32 del CCR de 2016,  la 
norma  51 del PCSR  de 2015,  la norma  68 del UCSR  de 2016 y la norma  34 del CCSR  de 2016.  
54 Véase  la norma  51 del PCR de 2015,  la norma  71 del UCR de 2016,  la norma  33 del CCR de 2016,  la 
norma  52 del PCSR  de 2015,  la norma  69 del UCSR  de 2016 y la norma  35 del CCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 29 - 
  6.6.  Sírvanse  especificar  los tipos  de información  que deben  figurar  en los anuncios  de 
adjudicación  de contratos  en su país e identificar  las disposiciones  pertinentes  de su 
legislación.  
Los anuncios  de las contrataciones  previstas  deben  incluir  un amplio  abanico  de informaciones  
sobre  la autoridad  o entidad  contratante,  el producto o servicio requerido y el procedimiento  de 
contratación,  incluida  la adjudicación.55 
Por lo general,  en los anuncios  de adjudicación  de contratos  debe figurar : 
1. El nombre  y los datos  de contacto  de la autoridad  o entidad  contratante.  
2. Cuando  proceda,  una indicación  de que la autoridad  o entidad  contratante  es un órgano  
contratante  central  o de que se contempla  alguna  otra forma  de contratación  conjunta.  
3. Códigos  que describa n los servicios  requeridos.  
4. Códigos  que describa n el lugar donde se prestarán los servicios , se realizarán las obras  o 
se entregarán los suministros.  
5. La naturaleza  y alcance  de las obras;  la naturaleza  y la cantidad  o el valor de los 
suministros;  la naturaleza  y el alcance  de los servicios.  
6. El tipo de procedimiento  de adjudicación  y, en el caso del procedimiento  negociado  sin 
publicación  previa,  la justificación  del uso del procedimiento.  
7. Una indicación  de si se aplica  un acuerdo  marco,  se aplica  un sistema  dinámico  de 
adquisición  o se utiliza  una subasta  electrónica.  
8. Los criterio s utilizados para adjudicar  el contrato  o los contratos.  
9. La fecha  de la conclusión  del contrato  o los contratos  o del acuerdo  marco  o los acuerdos  
marco  tras la decisión  de adjudicarlo(s)  o ponerle(s)  fin. 
10. El número  de ofertas  recibidas  por cada adjudicación.  
11. En relación  con cada adjudicación,  el nombre,  la dirección,  el número  de teléfono,  el 
número  de fax, la dirección  de correo  electrónico  y la dirección  de Internet  del licitador  o 
los licitadores  adjudicatarios . 
12. El valor de la oferta  ganadora,  o de las ofertas  más alta y más baja tomadas  en cuenta  
para la adjudicación  del contrato.  
13. Si procede,  valor y parte del contrato  que puedan  ser objeto  de subcontratación  a 
terceros.  
14. Nombre  y dirección  del órgano  responsable  de los procedimientos  de recurso  y, si 
procede,  de mediación.  
15. Fecha  de envío  del anuncio.  
16. Cualquier  otra información  pertinente.  
6.7.  Sírvanse  especificar  las disposiciones  pertinentes  de su legislación  y/o sus 
procedimientos  administrativos  que hacen  posible,  conforme  a lo previsto  por el 
párrafo  1 del artículo  XVI del Acuerdo,  facilitar  a los licitadores  cuya  oferta  no haya  sido 
elegida  información  acerca  de las razones  por las que no fue elegida  una oferta.  
En virtud  del PCR de 2015 y del PCSR  de 2015, las autoridades  contratantes  deben  expedir  una 
notificación  destinada  a todos  los operadores  económicos  que hayan  participado  en el proceso  de 
contratación  para comunicarles  la decisión  de adjudicar  un contrato.  Las excepciones  a este 
                                                
55 Véase  la norma  50 del PCR de 2015,  la norma  69 del UCR de 2016,  la norma  32 del CCR de 2016,  la 
norma  51 del PCSR  de 2015,  la norma  68 del UCSR  de 2016 y la norma  34 del CCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 30 - 
  requisito  son: cuando está permitida  la adjudicación  del contrato  sin publicación  previa  de una 
convocatoria  de licitación;  cuando el único  licitador  es el adjudicatario  del contrato  y no hay 
candidatos;  o cuando la autoridad  contratante  adjudica  un contrato  con arreglo  a un acuerdo  
marco  o a un sistema  dinámico  de adquisición.  La notificación  debe incluir  información  detallada,  
incluidos  los motivos  de la decisión  y las características  y ventajas  relativas  de la oferta  elegida,  
así como  el puntaje  obtenido  por el operador  económico  al que va destinada  y por el licitador 
adjudicatario .56 Puede  omitirse  información  en la notificación  si su difusión:  puede  constituir  un 
obstáculo  para hacer  cumplir  las leyes o ser contraria  al interés  público;  lesionar  los intereses  
comerciales  legítimos  de determinado  operador  económico,  ya sea público  o privado;  o ir en 
detrimento  de la competencia  leal entre  operadores  económicos.  
El UCR de 2016 y el UCSR  de 2016 exigen  a las entidades  contratantes  que informen  a todos  los 
operadores  económicos  que hayan  participado en el proceso  de contratación  sobre  cualquier  
decisión  relativa  a la adjudicación  de un contrato,  incluidos  los motivos  de dicha  decisión.  Las 
entidades  contratantes  deben  presentar  información  sobre  los motivos  del rechazo  de su solicitud  
de participación  o licitación  a todo operador  económico  no elegido que se lo solicite.57 Puede  
omitirse  información  en la notificación  en las mismas  circunstancias  contempladas  en el caso 
del PCR de 2015 y del PCSR  de 2015.  
El CCR de 2016 y el CCSR  de 2016 exigen  a las autoridades  y entidades  contratantes  que expidan  
una notificación  dirigida  a todos  los operadores  económicos  que hayan  participado  en el proceso  de 
contratación  sobre  cualquier  decisión  relativa  a la adjudicación  de un contrato,  incluidos  los 
motivos  de dicha  decisión.  Las entidades  contratantes  deben  informar  a todo operador  económico  
no elegido que se lo solicite  acerca  de las características  y ventajas  relativas  de la oferta  elegida.58 
Puede  omitirse  información  en la notificación  bajo las mismas  circun stancias  contempladas  en el 
caso del PCR de 2015 y del PCSR  de 2015.  
6.8.  Sírvanse  especificar  los procedimientos  que tendrá  establecidos  su Gobierno  para 
asegurar  que, conforme  a lo previsto  en el párrafo  1 del artículo  XVII  del Acuerdo,  se 
facilite  prontamente,  a petición  de otra Parte,  la información  necesaria  para determinar  
si una contratación  se realizó  justa  e imparcialmente  y de conformidad  con el Acuerdo,  
con inclusión  de información  sobre  las características  y ventajas  relativas  de la oferta  
seleccionada.  
En la sección  6.7 supra  se describen  los procedimientos  establecidos  para garantizar  la pronta  
presentación  de la información  necesaria  para determinar  si una contratación  se realizó  justa e 
imparcialmente  y de conformidad  con el ACP. 
El sistema  jurídico  del Reino  Unido  también  dispone  de mecanismos  eficaces  para facilitar  la 
divulgación  de información  en el marco  de los procedimientos  civiles.  Los procedimientos  por 
infracción  de las leyes de contratación  se presentan  por vía civil. 
1. Todas  las partes  en los procedimientos  civiles  celebrados  en Inglaterra  y Gales  deben  
divulgar  información,  con muy contadas  excepciones.  Cada parte  tiene derecho  a 
examinar  los documentos  dados  a conocer  o a procurarse  copias  de estos , también en 
este cas o con pocas  excepciones.  Las partes  deben  llevar  a cabo una búsqueda  
razonable  de documentos,  teniendo  en cuenta  todas  las circunstancias  del caso, el valor 
en disputa  y el objetivo  primordial  de tratar  los casos  de manera  justa. La obligación  es 
buscar  y divulgar  documentos  que obren  o hayan  obrado  en poder  de una parte.  En los 
procedimientos  de derecho  público  celebrados  en Inglaterra  y Gales,  la autoridad  pública  
cuyas  medidas se hayan impugnado también  tiene la obligación  de divulgar  todos  los 
materiales  pertinentes  de manera  íntegra  y justa y el reclamante  tiene su propio  deber  
de franqueza  en relación  con la divulgación  de todos  los hechos  pertinentes.  
2. En Irlanda  del Norte,  la presentación  de los documentos  es automática  al término  de la 
sustanciación,  con el deber  permanente  de presentar  los documentos  a medida  que 
vayan  saliendo  a la luz. Es obligatorio  presentar  todos  los documentos  que puedan  
razonablemente  conducir  a una línea de investigación  susceptible  ya sea de favorecer  los 
argumentos  de una parte  o de perjudicar  los de su adversario.  
                                                
56 Véase  la norma  86 del PCR de 2015 y la norma  85 del PCSR  de 2015.  
57 Véase  la norma  75 del UCR de 2016 y la norma  73 del UCSR  de 2016.  
58 Véase  la norma  40 del CCR de 2016 y la norma  43 del CCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 31 - 
  3. En Escocia,  no existe  un deber  general  de divulgación,  a menos  que se encuentre  un 
documento  contrario  a las alegaciones  invocadas.  En tal caso, el letrado  debe darlo a 
conocer  al tribunal.  Por otro lado, las partes  que deseen  recuperar  determinados 
documentos  de la otra parte o de un tercero  en contra  de su voluntad  deben  solicitar  
una orden  del tribunal  que sancione  su solicitud  de restitución.  El tribunal  la autorizará  si 
la parte  en cuestión  demuestra  que los documentos  son pertinentes  en el contexto  de la 
reclamación  y favorecen  sus alegaciones.  
7  PROCEDIMIENTOS  INTERNOS  DE REVISIÓN  
7.1.  Sírvanse  facilitar  información  sobre  los procedimientos  internos  de revisión  
existentes.  
Se puede recurrir a un procedimiento  interno  de revisión  solicitándolo al Tribunal  Superior  de 
Inglaterra,  Gales  e Irlanda  del Norte59, o a los tribunales de primera instancia ( Sheriff  Court ) o al 
Tribunal Superior ( Court  of Session ) de Escocia.60 
Para que los operadores  económicos  puedan  evaluar  la posibilidad  de presentar  una reclamación  
antes  de la firma del contrato,  se establece  una moratoria  de 10 días a partir  de la fecha  en que la 
autoridad  contratante  o la empresa de servicio  público  notifica  por vía electrónica  a los licitadores  
su intención  de adjudicar  el contrato  al licitador  adjudicatario (12 días en el caso de que la 
notificación  no haya sido enviada  por vía electrónica).  Durante  la moratoria,  las autoridades  y 
entidades  contratantes  no deben concluir el contrato.61 
Las reclamaciones  deben  ser presentadas  en un plazo  de 30 días contados  a partir  de la fecha  en 
que el operador  económico  conoció  o debió  haber  conocido  que se daban  las condiciones  para 
entablar  el procedimiento , si bien el tribunal  puede  ampliar  este plazo hasta  tres meses  cuando  
considere  que hay buenas  razones  para ello.62 En el caso de las infracciones  muy graves,  cuando  
quepa  aplicar  el remedio de nulidad o "remedy of ineffectiveness"  (véase  infra), las reclamaciones  
deben  presentarse  en un plazo de 30 días y, en cualquier  caso, en los primeros  seis meses  
posteriores  a la fecha  del contrato.63 
Antes  de la conclusión  de un contrato  con el licitador  adjudicatario , entre  los posibles  remedios 
figura  la orden  de anulación  de una decisión  y la orden  que exige  a la autoridad  contratante  o a la 
empresa de servicio  público  que modifique  un documento,  que en ambos  casos  pueden  sumarse  a 
una demanda  de indemnización  por daños  y perjuicios  o constituir  una alternativa  a tal demanda.64 
Una vez concluido  el contrato,  ya no es posible  recurrir al remedio de anulación  de la decisión , 
pero en el caso de determinadas  infracciones  muy graves,  puede  adoptarse  por orden  del 
tribunal.65 En caso de que puedan  reclamarse  daños  y perjuicios,  estos  se determinan  en función  
de los beneficios  perdidos  por el reclamante  como  consecuencia  de la infracción  y/o los costos  de 
la oferta  presentada  en vano.  La cuantía  de las compensaciones  por daños  y perjuicios  depende  en 
parte  de si se considera  que, de no haber  mediado  infracción,  el contrato  habría  sido adjudicado  al 
demandante,  o que este se vio simplemente  privado  de la posibilidad  de presentar  una oferta  en el 
marco  de un procedimiento  de licitación  justo y transparente.  
Si se inician  procedimientos  y la autoridad  contratante  o la empresa de servicio s público s es 
consciente  de ello, el proceso  de licitación  queda  automáticamente  suspendido  y no puede  
concluirse  el contrato.  La suspensión  sigue  vigente  hasta  que el tribunal  dicte una orden  
                                                
59 Véase  la norma  91 del PCR de 2015,  la norma  106 del UCR de 2016 y la norma  52 del CCR de 2016.  
60 Véase  la norma  88 del PCSR  de 2015,  la norma  101 del UCSR  de 2016 y la norma  52 del CCSR  
de 2016.  
61 Véase  la norma  87 del PCR de 2015,  la norma  102 del UCR de 2016,  la norma  48 del CCR de 2016,  la 
norma  86 del PCSR  de 2015,  la norma  99 del UCSR  de 2016 y la norma  50 del CCSR  de 2016.  
62 Véase  la norma  92 del PCR de 2015,  la norma  107 del UCR de 2016,  la norma  53 del CCR de 2016,  la 
norma  88 del PCSR  de 2015,  la norma  101 del UCSR  de 2016 y la norma  52 del CCSR  de 2016.  
63 Véase  la norma  93 del PCR de 2015,  la norma  108 del UCR de 2016,  la norma  54 del CCR de 2016,  la 
norma  88 del PCSR  de 2015,  la norma  101 del UCSR  de 2016 y la norma  52 del CCSR  de 2016.  
64 Véanse  las normas  97 y 98 del PCR de 2015,  las normas  112 y 113 del UCR de 2016,  las normas  58 
y 59 del CCR de 2016,  la norma  90 del PCSR  de 2016,  la norma  103 del UCSR  de 2016 y la norma  54 del CCSR  
de 2016.  
65 Véase  la norma  101 del PCR de 2015,  la norma  116 del UCR de 2016,  la norma  62 del CCR de 2016,  
la norma  92 del PCSR  de 2015,  la norma  104 del UCSR  de 2016 y la norma  55 del CCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 32 - 
  provisional  que le ponga  fin o hasta  que se determinen,  suspendan  o se desestimen  de algún  otro 
modo  los procedimientos.66 
7.2.  ¿Existen  disposiciones  específicas  que permitan  el acceso  de los proveedores  
extranjeros  al procedimiento  interno  de revisión?  
La legislación  interna  establece  expresamente  que las obligaciones  de las autoridades  y entidades  
contratantes  son deberes para con los operadores  económicos  de las Partes  en el ACP en aquellas 
operaciones de contratación a las que sea de aplicación el Acuerdo .67 Así pues,  en las 
contrataciones  reguladas  por el ACP, los procedimientos  internos  de revisión  están  a disposición  de 
los operadores  económicos  de las Partes  en el ACP. 
7.3.  Si esa información  no responde  plenamente  a los siguientes  puntos,  sírvanse  
facilitar  la información  adicional  necesaria  a tal efecto:  
a. El plazo  para presentar  la reclamación  previsto  en el Acuerdo  "en ningún  caso 
será inferior  a 10 días"  desde  el momento  en que se conocieran  o debieran  
haberse  razonablemente  conocido  los hechos  que den lugar  a la reclamación.  
¿Cuáles  son los plazos  establecidos  en la legislación  nacional?  
Como  se ha explicado  en la sección  7.1 supra , una reclamación  debe ser presentada  en 
un plazo  de 30 días contados  a partir  de la fecha  en la que el operador  económico  toma 
conocimiento  o debería  haber  tomado  conocimiento  de que se daban  las condiciones  
para entablar  el procedimiento , si bien el tribunal  puede  ampliar  este plazo hasta  tres 
meses  cuando  considere  que hay buenas  razones  para ello.68 En el caso de las 
infraccione s muy graves,  cuando  quepa  aplicar  el remedio de nulidad o "remedy of 
ineffectiveness"  (véase  infra), las reclamaciones  deben  presentarse  en un plazo de 
30 días y, en cualquier  caso, en los primeros  seis meses  posteriores  a la fecha  del 
contrato.69 
b. ¿Cuál  es el órgano  responsable  del procedimiento  interno  de revisión?  ¿Es un 
"tribunal"  o un "órgano  de examen  imparcial  e independiente"?  En este último  
caso:  
i. ¿Cómo  se selecciona  a sus miembros?  
ii. ¿Están  sus decisiones  sujetas  a revisión  judicial?  
iii. De no ser así, ¿cómo  se tienen  en cuenta  las prescripciones  del párrafo  6 del 
artículo  XVIII  del Acuerdo ? 
Como  se ha explicado  en la sección  7.1 supra , se puede recurrir a los procedimientos  
internos  de revisión  solicitándolos al Tribunal  Superior  de Inglaterra,  Gales  e Irlanda  
del Norte70 o a los tribunales de primera instancia ( Sheriff  Court ) o al Tribunal 
Superior ( Court  of Session ) de Escocia.71 
                                                
66 Véase  la norma  95 del PCR de 2015,  la norma  110 del UCR de 2016,  la norma  56 del CCR de 2016,  la 
norma  89 del PCSR  de 2015,  la norma  102 del UCSR  de 2016 y la norma  53 del CCSR  de 2016.  
67 Véase  la norma  90 1) del PCR de 2015,  la norma  105 1) del UCR de 2016,  la norma  51 1) del CCR 
de 2016,  la norma  87 2) del PCSR  de 2015,  la norma  100 1) del UCSR  de 2016 y la norma  51 2) del CCSR  
de 2016.  
68 Véase  la norma  92 del PCR de 2015,  la norma  107 del UCR de 2016,  la norma  53 del CCR de 2016,  la 
norma  88 del PCSR  de 2015,  la norma  101 del UCSR  de 2016 y la norma  52 del CCSR  de 2016.  
69 Véase  la norma  93 del PCR de 2015,  la norma  108 del UCR de 2016,  la norma  54 del CCR de 2016,  la 
norma  88 del PCSR  de 2015,  la norma  101 del UCSR  de 2016 y la norma  52 del CCSR  de 2016.  
70 Véase  la norma  91 del PCR de 2015,  la norma  106 del UCR de 2016 y la norma  52 del CCR de 2016.  
71 Véase  la norma  88 del PCSR  de 2015,  la norma  101 del UCSR  de 2016 y la norma  52 del CCSR  
de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 33 - 
  c. ¿Cuál  es la legislación  aplicable  con referencia  a la cual el órgano  de revisión  
examinará  las reclamaciones?  
Las contrataciones  reguladas  por el PCR de 2015,  el UCR de 2016 y el CCR de 2016 se 
rigen por el derecho  inglés.  Las contrataciones  reguladas  por el PCSR  de 2015,  el UCSR  
de 2016 y el CCSR  de 2016 se rigen por el derecho  escocés.  
d. ¿Qué  medidas  provisionales  rápidas  están  previstas  para corregir  las 
infracciones  del Acuerdo  y preservar  las oportunidades  comerciales?  
i. ¿Está  incluida  entre  esas medidas  la posibilidad  de suspender  el proceso  de 
contratación?  ¿En qué condiciones?  
Como  se ha explicado  en la sección  7.1 supra , cuando  se inician  procedimientos  y la 
autoridad  o entidad  contratante  es consciente  de ello, el proceso  de licitación  queda  
automáticamente  suspendido  y no puede  concluirse  el contrato.  La suspensión  sigue 
vigente  hasta  que el tribunal  dicte una orden  provisional  que le ponga  fin o hasta  que 
se determinen,  suspendan  o se desestimen  de algún  otro modo  los procedimientos.72 
Para decidir  si levanta  la suspensión,  los tribunales  intentan  determinar:  si hay algún  
asunto  grave  que juzgar;  qué ventajas  y desventajas  reportaría  a cada parte  el 
hecho  de dictar  la orden;  y si hay algún  factor  especial.  
e. ¿Cómo  corrige  el procedimiento  interno  de revisión  las infracciones  del Acuerdo  
y/o de sus medidas  de aplicación  del Acuerdo?  ¿Qué  tipos  de compensación  por 
los daños  o perjuicios  sufridos  puede  establecer  el órgano  de revisión?  
Como  se ha explicado  en la sección  7.1 supra , antes  de la conclusión  de un contrato  con 
el licitador  adjudicatario , entre los posibles  remedios figura  la orden  de anulación  de una 
decisión  y la orden  que exige  a la autoridad  o entidad contratante  que modifique  un 
documento,  que en ambos  casos  pueden  sumarse  a una demanda  de indemnización  por 
daños  y perjuicios  o constituir  una alternativa  a tal demanda.73 Una vez concluido  el 
contrato,  ya no es posible  recurrir al remedio de anulación  de la decisión,  aunque  en el 
caso de ciertas  infracciones  muy graves,  puede  ser adoptada  por orden  del tribunal.74 En 
caso de que puedan  reclamarse  daños  y perjuicios,  estos  se determinan  en funció n de 
los beneficios  perdidos  por el reclamante  como  consecuencia  de la infracción  y/o de los 
costos  de la oferta  presentada  en vano.  La cuantía  de las compensaciones  por daños  y 
perjuicios  depende  en parte  de si se considera  que, de no haber  mediado  infracción,  el 
contrato  habría  sido adjudicado  al demandante,  o que este se vio simplemente  privado  
de la posibilidad  de presentar  una oferta  en el marco  de un procedimiento  de licitación  
justo y transparente.  
f. Sírvanse  facilitar  la información  disponible  sobre  los plazos  de las distintas  
etapas  del proceso  interno  de revisión,  incluida  la obtención  de medidas  
provisionales  y de una decisión  definitiva.  
Los plazos  para la presentación  de reclamaciones  se especifican  en la sección  7.1.a 
supra . 
g. ¿Cuáles  son habitualmente  los costo s de un procedimiento  interno  de revisión?  
¿Está  prevista  la posibilidad  de que tales  procedimientos  sean  gratuitos?  
Las tasas y los gravámenes judiciales son publicado s por el Ministerio  de Justicia  y se 
pueden  consultar en línea:   
http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264 . 
                                                
72 Véase  la norma  95 del PCR de 2015,  la norma  110 del UCR de 2016,  la norma  56 del CCR de 2016,  la 
norma  89 del PCSR  de 2015,  la norma  102 del UCSR  de 2016 y la norma  53 del CCSR  de 2016.  
73 Véanse  las normas  97 y 98 del PCR de 2015,  las normas  112 y 113 del UCR de 2016,  las normas  58 
y 59 del CCR de 2016,  la norma  90 del PCSR  de 2016,  la norma  103 del UCSR  de 2016 y la norma  54 del CCSR  
de 2016.  
74 Véase  la norma  101 del PCR de 2015,  la norma  116 del UCR de 2016,  la norma  62 del CCR de 2016,  
la norma  92 del PCSR  de 2015,  la norma  104 del UCSR  de 2016 y la norma  55 del CCSR  de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 34 - 
  El principal  costo  asociado  a una impugnación  jurídica  es probablemente  el de la 
representación  y el asesoramiento  jurídico s. Aunque  no es obligatorio,  la representación  
jurídica  redunda  por lo general  en interés  del reclamante.  
8  OTROS  ASUNTOS  
8.1.  ¿En qué medida  se utiliza  la tecnología  de la información  en el proceso  de 
contratación  pública?  ¿Se publican  los anuncios  de la contratación  prevista  y/o los 
anuncios  de adjudicación  de contratos  en formato  electrónico?  Sírvanse  facilitar  la 
dirección  de dichas  publicaciones  electrónicas.  
El PCR de 2015 y el PCSR  de 2015 imponen  a todas  las autoridades  y entidades  contratantes,  a 
partir  del 18 de octubre  de 2018,  el uso obligatorio  de medios  electrónicos  de comunicación  e 
intercambio  de información  en todos  los procedimientos  de contratación.  Estos  requisitos  han sido 
obligatorios  para los organismos contratantes centrales desde  el 18 de abril de 2017.  Hay ciertos  
requisitos  específicos  para las comunicaciones  electrónicas,  como que las herramientas  y los 
dispositivos  utilizados  para la comunicación  electrónica  sean no discriminatorios, estén  disponibles  
de forma general  y sean interoperables con los productos  de uso general , y no deben restringir el 
acceso al procedimiento de contratación .75 
Además  de los medios  electrónicos  de comunicación,  se exige la disponibilidad electrónica gratuita 
y sin restricciones de los pliegos  de condiciones,  los sistemas  dinámicos  de adquisición  deben  
funcionar como  un proceso  completamente  electrónico,  las subastas  electrónicas  están  permitidas  
y pueden  usarse  catálogos  electrónicos.  
En cuanto  a los contratos  de concesión,  la comunicación  electrónica  es obligatoria  en Escocia,  con 
determinadas  excepciones.76 En el resto del Reino  Unido,  la comunicación  electrónica  está 
permitida  (pero  no es obligatoria).77 
8.2.  ¿Existe  en su país un servicio  de información  que responda  a las preguntas  de los 
proveedores,  de otros  Gobiernos  y del público  en general  sobre  las leyes,  reglamentos  y 
procedimientos  y prácticas  relativos  a la contratación  pública  a nivel  central  y/o 
subcentral?  Sírvanse  facilitar  la dirección.  
Las actividades  del Servicio  de Comercio  de la Corona  se extienden  al ámbito  de las políticas,  el 
asesoramiento  y la compra  directa;  también  brinda  servicios  comerciales  al sector  público  y ahorra  
dinero  al contribuyente.  
El Servicio  de Comercio  de la Corona  es un organismo  ejecutivo,  patrocinado por la Oficina  del 
Consejo  de Ministros . Cuenta  con sendos  servicios  de asistencia  para proveedores  y para clientes:  
Servicio  de asistencia  para proveedores  
Correo  electrónico:  supplier@crowncommercial.gov.uk  
Enlace  del formulario  de contacto:  Formulario  de contacto  
Teléfono:  0345 010 3503 
De lunes  a viernes , de 9 a 17 h 
Servicio  de asistencia  para clientes  
Correo  electrónico:  info@ crowncommercial.gov.uk  
Enlace  del formulario  de contacto:  Formulario  de contacto  
Teléfono:  0345 410 2222 
De lunes  a viernes , de 9 a 17 h 
                                                
75 Véase  la norma  22 del PCR de 2015,  la norma  40 del UCR de 2016,  la norma  23 del PCSR  de 2015 y 
la norma  38 del UCSR  de 2016.  
76 Véase  la norma  29 del CCR de 2016.  
77 Véase  la norma  32 del CCR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2  
 
- 35 - 
  Anexo  A 
Textos  de la legislación  nacional  - Enlaces  a documentos  
Reglamento  de Contratación  Pública  de 2015 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/pdfs/uksi_20150102_en.pdf . 
Reglamento  de Contratación de Servicios  Públicos  de 2016 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/274/pdfs/uksi_20160274_en.pdf . 
Reglamento  relativo a los Contratos  de Concesión  de 2016 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/273/pdfs/uksi_20160273_en.pdf . 
Reglamento  de Contratación Pública (Escocia)  de 2015 
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2015/446/pdfs/ssi_20150446_en.pdf . 
Reglamento  de Contratación de Servicios  Públicos  (Escocia)  de 2016 
http://www.legislation.g ov.uk/ssi/2016/49/pdfs/ssi_20160049_en.pdf . 
Reglamento  de Adjudicación de Contratos  de Concesión  (Escocia)  de 2016 
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2016/65/pdfs/ssi_2016006 5_en.pdf . 
__________