IP/N/1/PAN/I/1/Add.2  
 
10 July 2014  
(14-3958)  Page: 1/101  
Council for Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights  Original: Spanish/espagnol/español  
 
MAIN DEDICATED INTELLECTUAL PROPERTY LAWS AND REGULATIONS 
NOTIFIED UNDER ARTICLE 63.2 OF THE AGREEMENT 
PANAMA  
Addendum 
This document reproduces the text1 of Law No. 61 of 5 October 2012, amending Law No. 35 
of 19962 on Industrial Property, as notified by Panama on 1 July 2014 under Article 63.2 
of the Agreement (see document IP/N/1/PAN/2).  
 
Conseil des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
PRINCIPALES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS CONSACRÉES À 
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NOTIFIÉES AU TITRE 
DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD 
PANAMA  
Addendum 
Le présent document contient le texte1 de la Loi n° 61 du 5 octobre 2012 modifiant la Loi n° 35 de 
19962, où sont édictées les dispositions concernant la propriété industrielle, notifié par le Panama 
le 1er juillet  2014 au titre de l'article 63:2 de l'Accord (voir le document IP/N/1/PAN/2). 
 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS A LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD 
DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO 
P
ANAMÁ  
Addendum 
En el presente documento se reproduce el texto1 de la Ley No. 61 del 5 de octubre de 2012, que 
reforma la Ley No. 35 de 19963, "Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial", 
notificado por Panamá el 1° de julio de 2014 en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo (véase el documento IP/N/1/PAN/2).  
                                               
1 In Spanish only./En espagnol seulement./En español solamente. 
2 See document IP/N/1/PAN/I/1./Voir le document IP/N/1/PAN/I/1./Véase el documento 
IP/N/1/PAN/I/1. 
3 See document IP/N/1/PAN/I/1./Voir le document IP/N/1/PAN/I/1./Véase el documento 
IP/N/1/PAN/I/1. IP/N/1/PAN/I/1/Add.2 
 
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__________  ASAMBLEA NACIONALREPÚBLICA DE PANAMÁ 
LEGISPAN
LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
QUE REFORMA LA LEY 35 DE 1996, POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.Número:
Año:Tipo de Norma:
Referencia:LEY
61
2012
Titulo:
Dictada por: ASAMBLEA NACIONALFecha(dd-mm-aaaa): 05-10-2012
Gaceta Oficial: 27136 Publicada el: 05-10-2012
DER. CIVIL, DER. INDUSTRIAL Y DE MINAS, DER. COMERCIAL, DER. ADMINISTRATIVO
Propiedad industrial, Marcas y patentes, Código de Comercio, Tasa y
tarifas, Régimen fiscal, Sanciones, Código Administrativo
Rollo: Posición:597 1849Páginas: 49 Tamaño en Mb: 2.630Rama del Derecho:
Palabras Claves:
TEL.:212-8496 - EMAIL:LEGISPAN@ASAMBLEA.GOB.PA
WWW.ASAMBLEA.GOB.PA
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 LEY 61 
De 5 de octubre de   2012 
 
 
Que reforma la Ley 35 de 1996, Por la  cual se dictan disposiciones  
sobre la Propiedad Industrial 
 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL  
DECRETA: 
 
Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 1. La presente Ley tiene por  objeto proteger las inve nciones, los modelos de 
utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos indu striales y comerciales, las 
marcas de producto y servici o, las marcas colectivas y de  garantía, las indicaciones 
geográficas,  las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres 
comerciales y las expresiones  y señales de propaganda. 
 Artículo 2. Se adiciona el Capítulo II, contentivo de los artículos 2-A y 2-B, al Título I de la Ley 
35 de 1996, así: 
Capítulo II 
Registro de Poderes 
 
Artículo 2-A.  Se crea en la DIGERPI el Registro de Poderes para actuar en  asuntos de 
competencia de la Propiedad Industrial.  
 
Artículo 2-B.  Una vez inscrito el poder en el Registro de Poderes, bastará para cualquier 
actuación ante la DIGERPI señalar los datos de inscripción del poder. No se considerará la utilización del Registro de Poderes como condición previa para realizar trámites ante la DIGERPI. 
 Artículo 3. Se adiciona el Capítulo III, contentivo de los artículos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al 
Título I de la Ley 35 de 1996, así: 
Capítulo III 
Utilización de Medios Electrónicos o Telemáticos 
 
Artículo 2-C. Los trámites administrativos ante la DIGERPI podrán llevarse a cabo mediante la utilización de medios electróni cos o telemáticos disponibles o por conocer. 
 Todo lo relacionado con la utilización de medios electrónicos o telemáticos se 
regirá por la legi slación vigente.  
 Para tales efectos, la DIGE RPI determinará las condicion es generales, requisitos y 
características técnicas necesarias. 
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 Artículo 2-D.  La presentación y recepción de solicit udes, peticiones o la  concesión de los 
derechos  estarán sujetas a los proced imientos y horarios que se establezcan 
reglamentariamente. 
 Artículo 2-E. Los expedientes podrán consultarse y permanecerán en los archivos de la DIGERPI durante la vigencia de los derechos de Propiedad Industrial. 
 En el caso de expedientes en soporte de  papel cancelados o negados o caducados o 
solicitudes abandonadas, los mismos se cons ervarán en la DIGERPI por un periodo de 
cinco años, contado a partir del día siguiente de la fecha en que quedó ejecutoriada la 
resolución que ordenó la cancelación o negó el registro o se consideró abandonada la solicitud o la fecha en que se consideró no presentada la solicitud o que caducó el 
derecho.  Vencido el plazo anterior, serán enviados a la Dir ección Nacional de Archivo 
Nacional del Registro Público.  A fin de facilitar la custodia, consulta y expe dición de reproducciones 
autenticadas y certificaciones, la DIGERP I establecerá un fondo documental electrónico 
mediante el cual se almacenarán los doc umentos que reposan en los expedientes y 
archivos de papel bajo su custodia.    Los documentos almacenados de esta manera, sus reproducciones debidamente autenticadas y certificacione s tendrán el mismo valor ju rídico que los documentos 
originales,  serán admisibles como medio de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los documentos en el Libro Segundo, Procedimiento Civil, del Código Judicial.  
 
Artículo 2-F. Para los efectos de notificaciones  y/o avisos, y de los recursos 
administrativos, cuando el usuario haya utili zado los medios electrónicos o telemáticos a 
que se refiere este Capítulo, los mismos deberán hacerse conf orme a lo establecido en los 
artículos 162 y 163 de esta Ley.   
 Artículo 2-G. La DIGERPI hará uso  de firmas di gitalizadas o cualquier otro medio 
análogo en su ámbito interno y en su relación con los usuarios exte rnos. El ministro de 
Comercio e Industrias, mediante resolución administrativa,  autorizará  al director y a los 
jefes de departamentos el uso de la firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio 
análogo. 
 La firma manuscrita digitalizada o cual quier otro medio análogo que se utilice 
tendrá el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. 
  
Artículo 4. El artículo 11 de la  Ley 35 de 1996 queda así: 
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 Artículo 11.  Se entiende por invención toda idea apli cable en la práctica para la solución 
de un problema técnico determinado. Una invención puede ser un producto y/o un 
procedimiento. La invención de un producto co mprende, entre otros, cualquier sustancia, 
composición o material, y cualquier artí culo, aparato, máquina, equipo, mecanismo, 
dispositivo u otro objeto o resultado tangibl e, así como cualquiera de sus partes. Una 
invención de un procedimiento comprende, entre otros, cualquier método, sistema o 
secuencia de etapas conducentes a la fabri cación o a la obtención de un producto o de un 
resultado. 
 
Artículo 5.  El artículo 14 de la  Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 14. No se considerarán invenciones pate ntables para los efectos de esta Ley, 
entre otros: 
1. Los principios teóric os o científicos;  
2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía 
en la naturaleza, aun cuando an teriormente fuese desconocido;  
3. Los planes y métodos para el  ejercicio de actividades intelectuales, juegos o  
principios económicos o de negocios;  
4. Los programas de ordenadores per se;  
5. Las formas de presentación de información;  
6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;  
7. Los métodos de tratamiento quirúrgico, te rapéutico o de dia gnóstico, aplicables al 
cuerpo humano, y los relativos a animales.  Esta disposición no se aplicará a los productos, especialmente a las sustancias o  composiciones, ni a las invenciones 
de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos;  
8. La yuxtaposición de invenciones conocidas  o mezcla de productos conocidos, la 
variación en su forma, dimensiones o ma teriales, salvo que realmente se pueda 
comprobar que cumple los requisitos de novedad,  actividad inventiva y 
aplicación industrial. 
 
Artículo 6.  Se adiciona el artículo 14 -A al Capítulo II del Título II de la Ley 35 de 1996, así: 
Artículo 14-A. No son patentables las invenciones cuya explotación comercial debe 
impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la 
moral y las buenas costumbres, la salud o la vi da de las personas o de  los animales, o para 
preservar los vegetales o el me dio ambiente, siempre  que esa exclusión no se haga solo 
por existir una disposición legal o admi nistrativa que prohíba o que regule dicha 
explotación. 
 
Artículo 7.  El artículo 15 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
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 Artículo 15. Se exceptúan de patentabilidad las si guientes invenciones que se refieren a 
materia viva:  
1. Las plantas, los animales y los procedimie ntos esencialmente biológicos para la 
producción  de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o 
microbiológicos; 
2. Las especies vegetales y las especies y razas animales;  
3. El material biológico tal como se  encuentra en la  naturaleza;  
4. La materia viva que compone el cuerpo humano;  
5.   Las variedades vegetales. 
 
Artículo 8. El artículo 17 de la  Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 17. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial, cuando su 
objeto puede ser producido o utilizado en cu alquier tipo de industria o actividad, de 
manera específica, sustancial y creíble. Para  estos efectos, la expresión  industria se 
entiende en su más amplio sentido  e incluy e, entre otros, la artesanía, agricultura, 
minería, pesca y los servicios. 
 
Artículo 9. El artículo 19 de la  Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 19.  El derecho que confiere una patente no producirá efect o alguno contra:  
1. Un tercero que, en el ámbito privado, real ice actos relacionados con la invención 
patentada a escala no comercial, con fi nes experimentales, de investigación 
científica o de enseñanza y c on una finalidad no comercial; 
2. Cualquier persona que comercialice, a dquiera o use el producto patentado u 
obtenido por el proceso patentado, lu ego de que el producto hubiera sido 
introducido lícitamente en el comercio  en cualquier país; 
3. Un tercero que  use la materia protegida  por la patente solo c on el fin de generar 
la información necesaria para  apoyar la solicitud de ap robación para comercializar 
un producto farmacéutico o químico agrícola en Panamá. 
Cualquier  producto producido  en virtud del párrafo anterior podrá ser fabricado, 
utilizado, vendido, ofrecido para venta o im portado en territorio nacional para la 
generación de información, solo con el fi n de cumplir con los requerimientos de 
aprobación para comercializar el produc to una vez que venza el periodo de 
vigencia de la patente. Así mismo, el  producto podrá ser exportado solo para 
propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en 
Panamá. 
 
 
 
Artículo 10. El artículo 20 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
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 Artículo 20.  La patente tendrá una vigenc ia de veinte años, conta dos a partir de la fecha 
de presentación de la solici tud, sujeta al pago de los de rechos que señale la ley. 
La DIGERPI extenderá el plazo de prot ección a patentes no farmacéuticas a que 
se refiere este artículo por retrasos en el otorgamiento de la pate nte atribuibles a ella. 
 
Artículo 11. Se adicionan al Capítulo II del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 20-A, 20-B, 20-C y 20-D, así: 
Artículo 20-A. A solicitud del titular de la patente y dentro  de los seis meses de otorgada una patente, la DIGERPI  otor gará  el término de protecci ón suplementaria, siempre que 
hubiera existido demora administrativa  irrazona ble en el otorgamiento de la patente.  
Cuando el plazo en el otorgamiento hubies e sido superior a cinco años, contado 
desde la fecha de presentación de  la solicitud, o superi or a tres años, cont ado a partir de la 
fecha que corresponda a la solicitud de exam en de fondo, cualquiera de ellos que sea 
posterior, constituirá una demora administrativa irrazonable. 
En estos casos se otorgará la protecci ón suplementaria por el periodo acreditado 
como demora administrativa irrazonable, a ra zón de un día por cada dí a de retraso por los 
primeros cinco años. La demora administrativa irrazonable de los años subsiguientes será 
compensada a razón de un día por cada dos días de retraso. 
El monto total de la protección suplemen taria así otorgada no superará los siete 
años y seis meses. 
 
Artículo 20-B. No constituyen demoras administrativas irrazonables las acciones u omisiones del solicitante.  Artículo 20-C. La solicitud de protección suplemen taria será presentada ante la 
DIGERPI, que resolverá sobre la existencia de  demoras administrativas irrazonables.  La 
resolución que así lo declare te ndrá como efecto la ampliación del plazo de protección, el 
mantenimiento de los derechos derivados de la patente y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie para el Estado.  Artículo 20-D. El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa por cada año o fracción de año de protección 
adicional.  El pago solo se  podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al 
vencimiento del plazo original de vigencia de  la patente, sin el cual no se tendrá la 
protección establecida en este Capítulo. 
 
 
Artículo 12.  El artículo 22 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
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 Artículo 22. La explotación de la invención patent ada consiste en la utilización del 
proceso patentado, en la fabri cación y distribución, o en la fabricación y comercialización 
del producto patentado, o en la simple co mercialización, efectuadas en el comercio 
nacional por el titular de la patente. La importación del producto patentado y su posterior 
distribución en la República de Panamá constituirá una explotación de la invención para efectos de esta Ley. 
 Artículo 13.   El artículo 29 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 29. Para obtener una patente debe pres entarse, a través de abogado, una 
solicitud de patente en un formulario que pa ra tal efecto suministrará  la DIGERPI, 
acompañada de una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos  
correspondientes, un resumen, un poder, la designación de un domicilio en la República de Panamá para los solicitantes con domicili o en el extranjero, para efectos de las 
notificaciones administrativas o judiciales, as í como del comprobante de haber pagado la 
tasa y el derecho de pr esentación establecidos.  
La solicitud debe indicar el nombre y la dirección del solicitante, el nombre del 
inventor, el nombre y la dirección del mandatario y el nombre de la invención.  
El solicitante de una patent e de invención puede ser pers ona natural o jurídica. Si 
el solicitante no es el inve ntor, la solicitud deberá acom pañarse del convenio de cesión 
respectivo, o de cualquier otro  documento que justifique debidamente el derecho del 
solicitante a obtener la patente.  
La solicitud se podrá presentar a través de  gestión oficiosa, para lo cual se 
consignará una fianza mediante un certificado de garantía por la suma que se establezca 
reglamentariamente, acompañado del formulario  que al efecto proporcione la DIGERPI.  
La fianza consignada será devuelta al presenta rse los documentos para lo cual se concede 
el término de dos meses, prorrogable de manera automática por dos mes adicionales a petición del solicitante antes del vencimiento del término inicial.   En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro N acional, y la solicitud se te ndrá como no presentada y se 
ordenará el archi vo del expediente. 
Para el caso de solicitudes que incluyan  poderes inscritos en la DIGERPI según se 
establece en esta Ley, no se requerirá que se presente el poder, solo se hará referencia del mismo  en la solicitud.  
Artículo 14.  El artículo 30 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 30. La descripción consiste en divulgar la  invención de manera suficientemente 
clara y completa, a efecto de poder evaluarl a y que una persona versada en la materia 
técnica correspondiente pueda ejecutarla sin experimentación indebida, a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. 
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 Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente 
divulgada, cuando dicha descripción le indique  razonablemente a una persona versada en 
la materia técnica corr espondiente, que el solic itante estuvo en posesión de la invención a 
la fecha de presentación de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesión implica 
que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento. 
La descripción indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente 
información:  
1. El sector tecnología al qu e se refiere o al cual se aplica la invención; 
2. La tecnología anterior conocida por el soli citante que pueda cons iderarse útil para 
la comprensión y el examen de la invención, así como las referencias a los documentos y publicaciones anteriores  relativas a dich a tecnología;  
3. La descripción de la invención, en térm inos que permitan comprender el problema 
técnico y la solución aporta da por la invención, así como exponer las ventajas de 
esta con respecto a la tecnología anterior;  
4. La descripción de los dibujos, de haberlos;  
5. La descripción, de la mejor manera conoc ida por el solicitante, para ejecutar o 
llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias de los dibujos;  
6. La manera en que la invención puede ser  producida o utilizada  en alguna 
actividad, salvo cuando ello resulte eviden te de la descripci ón o de la naturaleza 
de la invención. 
 
Artículo 15.  El artículo 35 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 35. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por  
la DIGERPI, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido al menos: 1. La identificación del solicitante y su domicilio.  Y para los solicitantes con 
domicilio en el extranjero, la design ación de un domicilio en la República de 
Panamá para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales que guarden relación con la patente; 
2. Un documento que, a primera vista, ofr ezca una descripción de la invención; 
3. Un documento que, a primera vista, cont enga una o más reivindicaciones, y  
4.    El comprobante del pago de la tasa y del derecho de presen tación establecidos.  
De omitirse alguno de los requisitos indicados en este artículo, o presentada la 
documentación en un idioma distinto al oficial, la DIGERPI notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente de la fecha de la no tificación, prorrogable por dos meses de manera automática previo el 
pago de la tasa correspondiente. Satisfech a la omisión, se tendrá como fecha de 
presentación de la solicitud la fecha de rece pción de  la misma; en caso contrario, la 
solicitud se considerará como no presentada y se archivará. 
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 El solicitante previo el pago de la tasa ap licable podrá, sin el requerimiento de la 
DIGERPI y por una sola vez durante el tr ámite, presentar enmiendas, correcciones y 
observaciones a su solicitud, sin que ello constituya una ampliación a la protección 
solicitada. 
 Artículo 16.  El artículo 36 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 36. Cuando  se solicite una patente ya pr esentada en otro u otros países u 
organismo internacional, se reconocerá como fecha de prioridad la del país u organismo 
en que se presentó primero. Para ese fin, debe rá haberse presentado la  solicitud respectiva 
en la República de Panamá, dentro de los plazos que determinan los convenios o tratados internacionales  ratif icados por Panamá.  
Los solicitantes de patentes ya solicitada s en el extranjero conforme al párrafo 
anterior podrán presentar el re sultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina 
extranjera cuando proceda. 
 Artículo 17.  El artículo 45 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 45.  Una vez recibida la solicitud, la DI GERPI realizará un examen de forma de 
la documentación conforme a lo dispuesto en los artículos de esta  Ley,  y podrá requerir 
que se precise o aclare lo que considere neces ario, o que se subsanen sus omisiones.  
Igualmente, examinará si el objeto de la so licitud de patente reúne el requisito que la 
invención  sea susceptible de aplicación industrial.   Los exámenes de novedad y 
actividad inventiva se re alizarán con el examen de fondo prev isto en el artículo 52 de esta 
Ley. 
De no cumplir el solicitante con el requ erimiento que le haga la DIGERPI de 
subsanar las deficiencias de la solicitud en  un plazo de seis meses, prorrogable por seis  
meses  adicionales a petición del solicitante previo el pago de la tasa correspondiente,  se 
considerará abandonada la solicitud y se or denará su archivo.  Los documentos que se 
presenten por ningún motivo contendrán reivindicaciones adicionale s con mayor alcance 
que lo que se sustenta en la  solicitud original, ya que en  este caso será necesaria una 
nueva solicitud. 
 Artículo 18. El artículo 51 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 51. Una vez publicada la solicitud en el  BORPI, cualquier persona podrá 
formular  observaciones razonadas y documen tadas, que se consid eren útiles para 
determinar si procede o no la solicitud de pate nte a la DIGERPI, a partir del día siguiente 
de la fecha de publicación de la solicitud de patente en el BORPI  hasta dos meses 
después de la publicación del inform e sobre el estado de la técnica. 
Vencido el término anterior y en el ev ento de que exista n observaciones, la 
DIGERPI informará al solicitante median te aviso la presentación de dichas 
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 observaciones, quien a su vez tendrá un plazo de dos meses para que modifique o no su 
solicitud. 
Estas observaciones no constituyen un pr ocedimiento contencioso, y la persona 
que las haga no pasará por ello  a ser parte en el procedimie nto de concesión de patente. 
 
Artículo 19.  El artículo 52 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 52.  Una vez publicada la solic itud de patente y el inform e sobre el estado de la 
técnica y tomando en consideración el conten ido de este último y de las observaciones 
formuladas por terceros a que se refiere el ar tículo anterior, el solicitante deberá solicitar 
el  examen de fondo a la DIGERPI. Se le pe rmite al solicitante realizar esta petición 
desde el momento de la solicitud de registro de  la patente y hasta dos meses después de la 
notificación de las observaciones de terceros a que se refiere el artículo 51.  La DIGERPI  
hará el examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos 
establecidos en los artículos 10, 14, 15, 30 y 39 de esta Ley.  
Para realizar los exámenes de fondo, la  DIGERPI podrá solicitar el apoyo técnico 
de organismos e instituciones nacionales y extranjeras especializadas, así como aceptar o requerir del solicitante, si fuese el caso, el resultado del examen de fondo o su 
equivalente realizado por oficin as extranjeras de patentes. 
La DIGERPI para evaluar la patentabilidad de la solicitud podrá aceptar los 
informes de búsqueda internacional real izados a la solicitud de patente.  
En el evento de que la DIGERPI formule observaciones al informe sobre el estado 
de la técnica o cualquiera otra observación, el solicitante tendrá un plazo de seis meses, contado a partir del dí a siguiente a la fecha  de notifi cación que haga la DIGERPI, para 
hacer las aclaraciones necesarias o modi ficaciones a las reivindicaciones.   
El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser prorrogable de manera 
automática por seis meses adic ionales si se solicita a la DIGERPI antes del vencimiento 
del término de los seis meses que inicialmente  se conceden, previo el pago de una tasa. 
Cuando la DIGERPI compruebe que se  han cumplido los requisitos de 
patentabilidad, efectuado el pago de los derechos y tasas corr espondientes y demás 
condiciones previstos por esta Ley y su Re glamento, procederá a conceder la patente 
solicitada, de lo contrario, se procederá al rech azo de la solicitud de patente y se ordenará 
el archivo del expediente. Cuando el incumplim iento se refiera al pa go de los derechos y 
tasas, la DIGERPI procederá a declarar abandonada la solic itud de patente y ordenará su 
archivo. 
Artículo 20.  Se modifica la denominación del Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996, 
así: 
Capítulo V 
Tramitación de las Solicitude s Internacionales de Patentes 
de Invenciones o de Modelos de Utilidad 
 
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 Artículo 21. Se adicionan al Capítulo V del Título II  de la Ley 35 de 1996 los artículos 52-A, 
52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G, así: 
Artículo 52-A. Una solicitud internacional corresponde  a una solicitud de patente de 
invención o de modelo de utilidad presenta da conforme al Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado 
el 28 de septiembre de 1979. 
 
Artículo 52-B.  La DIGERPI será la Oficina receptora en la República de Panamá para la 
presentación de solicitudes in ternacionales, conforme al Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (PCT), respecto a solic itudes de nacionales o de residentes en  
Panamá.   
Las solicitudes internaciona les deberán presentarse en Panamá en idioma español 
y pagar las tasas señaladas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.  
Asimismo, la DIGERPI actuará en calidad de Oficina designada y/o elegida 
cuando Panamá se haya designado o elegi do como Estado, con el objeto de obtener un 
registro de una patente de i nvención o de un modelo de util idad, en fase nacional, del 
Tratado de Cooperación en  Materia de Patentes. 
 Artículo 52-C. La solicitud de patente de invenci ón o de modelo de utilidad deberá 
presentarse en Panamá, en fase nacional, c onforme al Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes, antes del vencimie nto del plazo de treinta meses contado desde la fecha de 
prioridad.  Si la solicitud internacional no reiv indica ninguna prioridad, se podrá 
presentar ante la DIGERPI hasta antes de l vencimiento del plazo de treinta meses 
contado desde la fecha de presentación internacional. 
 
Artículo 52-D.  Para iniciar la tramitación de una solic itud internacional, en fase nacional, 
sin perjuicio de los demás requisitos que exija esta Ley, el solicitante deberá: 
a)  Presentar una traducción al idioma español de la solicitud internacional, en caso 
de que esta no se hubiera presentado en es te idioma, y de todas las modificaciones 
ocurridas durante la fase internacional, junto al formulario habilitado para tal 
efecto, y  
b)  Pagar la tasa establecida en esta Ley para la presentación de la solicitud y las 
demás tasas que fije la DIGERPI, de acu erdo con lo establecido por el Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes. 
 
Artículo 52-E.  La solicitud de patente de invenci ón o de modelos de utilidad que se 
presenten en Panamá, en fase nacional, conf orme al Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes, se regirán en cuanto a sus aspe ctos sustantivos, por las disposiciones de la 
presente Ley y su reglamento. 
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Artículo 52-F.  El plazo de concesión para las pate ntes de invención y para los modelos 
de utilidad presentados en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación 
en Materia de Patentes, se c ontará desde la fecha de la pr esentación de la solicitud 
internacional co rrespondiente. 
 Artículo 52-G.  La DIGERPI tramitará las solicitudes internacionales  según  las 
disposiciones del Tratado de Cooperación  en Materia de Pa tentes, su Reglamento y las 
Instrucciones Administrativas de ese Reglamen to, y las disposiciones de esta Ley.  En 
caso de conflicto, prevalecerán las disposicio nes  del Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes, su Reglamento y las Instrucc iones Administrativas de ese Reglamento. 
 
Artículo 22. Se modifica la numeración del Capítulo V de l Título II de la Ley 35 de 1996, así: 
Capítulo VI 
Licencias y Transferencias de Derechos 
 Artículo 23.  El artículo 55 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 55.  Los derechos dimanantes de una solicit ud de patente o modelo de utilidad o 
modelo y dibujo industrial, o de  su registro, o concesión de  patente, podrán cederse o 
transferirse, total o parcialmente, en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la cesión o transf erencia de derechos pueda producir efectos 
frente a terceros deberá in scribirse en la DIGERPI. 
Para los efectos de la presente Ley, la s patentes, los modelos de utilidad o 
modelos y dibujos industriales tendrán la consideración de bienes muebles, y los 
derechos conferidos por las mismas podrán da rse en garantía, usufructo o ser gravados 
bajo cualquier forma que establezca la legislación común,  así como  ser objeto de  secuestro, embargos u otras medidas judicial es que resulten del procedimiento  de 
ejecución. Dichos actos jurídicos solo podrán op onerse frente a terceros  una vez inscritos. 
La DIGERPI deberá reali zar la anotación corresp ondiente de estos actos. 
 
 
Artículo 24.  El artículo 56 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 56.   La explotación de un a patente o registro podr á concederse mediante 
convenios, licencias voluntaria s o no voluntarias.  La licencia será inscrita en la 
DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros. 
 
Artículo 25.   Se adicionan al Capítulo VI del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 58-A, 
58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J, así: 
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 Artículo 58-A. La concesión de una solicitud de licencia no voluntaria procederá, en 
función de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este artículo, en los 
siguientes casos: 
1. Cuando el titular de la patente haya incu rrido en conductas o prácticas declaradas 
contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de los tribunales competentes, luego de recibir la solicitud de un tercero. 
2. Cuando por razones de uso público no come rcial, o de emergencia nacional u 
otras de extrema urgencia, incluye ndo salud pública y seguridad nacional, 
declaradas por la autoridad competente, se  justifique el otorgamiento de dichas 
licencias. Corresponderá al ministro de Comercio e Industrias establecer los 
términos de la licencia no voluntaria bajo es ta causal, y notificar al titular de la 
patente en cuanto sea razonablemente posible. 
3. Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente 
posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, de acuerdo con una decisión fi nal o debidamente ejecutoriada proferida por los 
tribunales competentes luego de recibir la solicitud de un tercero.  La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas: a. La invención reivindicada  en la patente posteri or debe comprender un 
avance técnico de significación econó mica considerable respecto a la 
invención reivindicada en  la primera patente. 
b. La licencia no voluntaria pa ra explotar la patente anterior solo podrá 
transferirse con la patente posterior. 
c. El titular de la patente anterior te ndrá derecho a obtener una licencia no 
voluntaria en condiciones razonables  para explotar la invención 
reivindicada en la patente posterior. 
 Artículo 58-B. El titular de un derecho de patente afectado por la decisión de los tribunales de otorgar una lic encia involuntaria, con base en los numerales 1 o 3 del 
artículo anterior, tendrá derec ho a recurrir la validez legal de  esta decisión frente a una 
instancia judicial s uperior.  Nada impedirá que la Re pública de Panamá tome medidas 
para proteger la salud pública con base en el numeral 2.  Sin embargo, un titular afectado 
por el otorgamiento de estas licencias tendrá derecho a solicitar la revisión judicial de dicha autorización o solicitar la revisión inde pendiente, por una autoridad superior.  
 
Artículo 58-C. Un tercero que solicite una licencia no voluntaria bajo el numeral 3 del 
artículo 58-A deberá proporcionar doc umentación que demuestre que solicitó 
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 previamente al titular de la patente una lic encia contractual, y que no pudo obtenerla en 
condiciones comerciales razonables dent ro de un plazo de tiempo razonable.  
 
Artículo 58-D. Una solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria realizada 
por un tercero constituirá una demanda ante los tribunales competentes para conocer los 
procesos de Propiedad Industrial y se sujetará  al procedimiento esta blecido en esta Ley. 
 Artículo 58-E. Cualquier decisión judicial o deci sión proferida por el ministro de 
Comercio e Industrias para ot orgar una solicitud de lice ncia no voluntaria deberá 
contemplar una remuneración adecuada para el  titular de la patente, basada en la 
circunstancia específica de cada caso y tomando en cuenta el valor económico de la autorización.  Cualquier decisión relativa a la  remuneración que se otorgue con base en 
este párrafo podrá ser recurrida frente  a una instancia judicial superior. 
 Artículo 58-F.  Una licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o 
parcialmente, sujeta a la adecuada protección de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a el la hubieran desaparecido y no es probable que 
vuelvan a surgir.  El tribunal que conoció en primera instan cia la demanda de concesión 
de licencia obligatoria será el competente para conocer esta demanda cuya pretensión sea revocar o modificar la li cencia obligatoria.    
De igual manera, el tribunal que conoció  en primera instancia la demanda de 
concesión de licencia obligatoria, a solicitud de  una parte interesada, podrá modificar una 
licencia no voluntaria  cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.  
 Artículo 58-G. No podrá cederse el uso de la licencia no voluntaria salvo con aquella 
parte de la empresa o de su activo intangible que disf rute de ellos. 
 Artículo 58-H. Los derechos que se generen del otorgamiento de una licencia no voluntaria, serán de ca rácter no exclusivo. 
 Artículo 58-I. El uso de la licencia no voluntaria se autorizará principalmente para 
abastecer el mercado interno de la República de Panamá y  el alcance y duración de esos 
usos se limitarán a los fines para  los cuales hayan sido autorizados. 
 
Artículo 58-J. El alcance  y duración del uso de la licencia no voluntaria se limitará a los 
fines para los que hayan sido autorizados y solo podrá hacerse de ella un uso público no 
comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia 
tras la sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiento judici al y/o administrativo. 
 
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 Artículo 26. Se modifica la numeración del Capítulo VI del Título II de la Ley 35 de 1996, así: 
Capítulo VII 
Nulidad y Caducidad 
 
Artículo 27.  El artículo 63 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 63.  Por solicitud de cualquier persona intere sada, y previa audiencia del titular, 
los tribunales de justicia competentes para  conocer procesos de propiedad industrial 
declararán la nulidad de una pa tente de invención o de un regi stro de modelo de utilidad, 
en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni  su  cesionario. 
2. Cuando la concesión o registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre 
patentabilidad y sus requisitos, de ac uerdo con lo dispuesto en esta Ley. 
La acción de nulidad de una patente o mode lo de utilidad  prescribirá en el 
término de ocho años, contado desde la fecha de la resolución que concede el derecho. 
 Artículo 28.  El artículo 66 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 66. Se entiende por modelo industrial t oda forma tridimensional que sirva de 
tipo o patrón para la fabricación de un producto  industrial, que le dé apariencia especial 
en cuanto no implique efectos técnicos. 
Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que 
se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un 
aspecto peculiar y propio. 
 Artículo 29.  El artículo 70 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 70. Un modelo o dibujo industrial go zará de protección si es nuevo y 
susceptible de aplicación industrial.  
Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial que sea de creación 
independiente y difiera en grado significativo de dibujo s o modelos industriales  
conocidos o de combinaciones  de características conocidas de dibujos o modelos 
industriales. 
Artículo 30.  El artículo 72 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 72.  No se protegerán los modelos o dibujos industriales que: 
1. No se ajusten a la  definici ón establecida en esta Ley; 
2. Cuya utilización fuese contraria al orden público o a la moral; 
3. Constituyan un uso no autorizado de una obr a protegida por la legislación  de 
derecho de autor; 
4. Constituyan emblemas de Estados, signos oficiales de contro l y emblemas de 
organizaciones intergubernamentales de acuerdo con lo contemplado en el 
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 artículo 6 ter del Convenio de París para  la Protección de la Propiedad Industrial 
ratificado por Panamá; 
5. Contravenga disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 31.  El artículo 73 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 73. Un modelo o dibujo industrial que cu mpla las condiciones establecidas en 
los artículos anteriores gozará de protección por  un plazo de tres años, contado a partir de 
la fecha de su primera divulgación en Panamá, efectuada por la persona a quien corresponda el derecho a la protección.  
La protección de un modelo o dibujo industr ial, en virtud de este artículo, es 
independiente de la que pudier a obtenerse mediante el re gistro del mismo modelo o 
dibujo conforme al presente Título. 
 Artículo 32. El artículo 75 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 75. La solicitud de registro de un modelo   o dibujo industria l se presentará a 
través de abogado en  un formulario que para tal efecto su ministrará  la DIGERPI.  En ella 
se identificará al solicitante y al creador del modelo o dibujo, y se indicará el tipo o 
género de productos a los cuales se aplicará, y la clase o clases a las que pertenecen dichos productos, de acuerdo con la clas ificación internacional  que se adopte.  
No se admitirá la solicitud si, al moment o de presentarse, no contiene, al menos, 
los siguientes elementos:  1. La identificación del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con 
domicilio en el extranjero, la design ación de un domicilio en la República de 
Panamá para efectos de las notificac iones administrativas y judiciales;  
2. Una representación gráfica del modelo o dibujo industrial, y  
3. El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecido. 
 
 
  
Artículo 33.  Se adiciona el artículo 75-A al Capítulo  II del Título III de la Ley 35 de 1996, así: 
Artículo 75-A.  Los modelos  o dibujos industriales se registran en relación y según el 
Sistema de Clasificación Internacional  pa ra los Dibujos y Modelos Industriales 
establecido en virtud del A rreglo de Locarno de fecha 8 de octubre de 1968. 
 
Artículo 34. El artículo 76 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 76. La DIGERPI examinará si la so licitud cumple con los requisitos 
establecidos en esta Ley y, de ser así, or denará la publicación de  la solicitud en el 
BORPI. 
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Artículo 35. El artículo 77 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 77. Durante el término de dos meses, contado a partir del dí a siguiente de la 
publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier pe rsona podrá presentar 
demanda de oposición a la solicitud de regist ro del dibujo o modelo industrial.  De no 
mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada y se 
emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema 
automatizado.  
La DIGERPI publicará en el BORPI la s listas de los dibujos y modelos 
industriales otorgados, con inclusión de la información que corresponda. 
La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la 
resolución que ordena el registro del di bujo o modelo industrial y del certificado 
correspondiente, previo el pago de la tasa aplicable. 
 Artículo 36. El artículo 81 de la Ley 35 de 1996 queda así 
Artículo 81.  A petición de cualquiera persona intere sada, el juez competente declarará la 
nulidad del registro si se de muestra que se realizó en c ontravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley.  
La acción para demandar la nulidad prescribirá a los  cinco años de la fecha de la 
resolución que concedió el registro, salvo que  este se hubiese obtenido de mala fe, caso 
en el cual podrá promoverse en cualquier momento durante la vi gencia del registro. 
 Artículo 37. El artículo 90 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos: 1. Las palabras o combinación de palabras, in cluidas las que sirven para identificar 
personas; 
2. Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos; 
3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos 
distintivos; 
4. Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del 
producto o su presentación y hologramas; 
5. Colores en sus distintas combinaciones; 
6. Los sonidos; 
7. Los olores o sabores; 
8. Cualquier combinación de los elemen tos que, con carácter enunciativo, se 
mencionan en los numerales anteriores; 
9. Podrán registrarse como marcas las indicaciones geográficas  que consistan en 
algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de un país o de una región o localidad de 
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 ese territorio, cuando determin ada calidad, reputación u otra  característica del 
producto  o servicio sea imputable fundame ntalmente  a su origen geográfico, sin 
perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geogr áficas contenidas 
en esta Ley. 
 
Artículo 38.  El artículo 91 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
 Artículo 91. No pueden registrarse como marcas  ni como elementos de estas:  
1. Las reproducciones o imitaci ones de los escudos de armas, banderas y otros 
emblemas, siglas, denominaciones o ab reviaciones de  denominaciones de 
cualquier Estado o de cualquier organi zación nacional o inte rnacional, sin la 
debida autorización; 
2. Las que consistan, en conjunto, en indicaci ones descriptivas  de la naturaleza, 
características, uso o aplicación, especie,  calidad, cantidad, destino, valor, del 
lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la 
prestación del servicio de que se trate, así como las  expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio.  Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que ha yan llegado a ser distintivas o singulares 
por el uso, y  las marcas colectivas o de certificación en lo que se refiere al lugar de fabricación o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente 
se establezcan; 
3. Las figuras o formas tridimensionales o marcas denominativas que puedan 
engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios qu e pretendan amparar;  
4. Las que puedan inducir a erro r o confusión en el público consumidor, respecto de 
la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Panamá una 
indicación geográfica o indi cación de procedencia o denominaciones de origen; 
5. Las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;  
6. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas distintas de la que solicita 
el registro, sin su consentimiento o, si  han fallecido, de los herederos. Se 
exceptúan los casos de retratos o nombres de personajes históricos; 
7. Los diseños de monedas, billetes, sellos de  garantía o de control que utilice el 
Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general;   
8. Las que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas y otros elementos, 
que hagan suponer la obtención de reconoc imientos con respecto a los productos 
o servicios correspondientes, sal vo que tales galardones hayan sido 
verdaderamente otorgados al solicitante de l registro, o a la persona que le hubiese 
cedido el derecho, y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;   
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 9. Las que sean idénticas, semeja ntes o parecidas,  en el aspecto ortográfico, gráfico, 
fonético, visual o conceptual, a otra ma rca usada, conocida, registrada o en 
trámite de registro por otra persona, para distinguir  productos o servicios iguales, 
de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, 
siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea  susceptible de provocar 
en la mente del público errores, confus iones, equivocaciones o engaños, respecto 
a esos productos o servicios, o a su pr ocedencia. Salvo se soliciten con la 
autorización expresa del titular de la mar ca registrada. Los bienes o servicios no 
se considerarán como similares entre sí , únicamente sobre la base de que en 
cualquier registro o publicac ión se clasifiquen en la misma clase del Sistema de 
Clasificación de Niza.  Los bienes o serv icios no se considerarán disímiles entres 
sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se 
clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza. 
En el caso de bienes o servicios conexos , la persona que se sienta afectada 
podrá oponerse al registro, con base en  lo indicado en este numeral;  
10. Las que sean iguales o seme jantes a una marca famosa o renombrada en Panamá, 
registrada o no, para ser aplicadas a cual quier producto o servicio; o las notorias 
en Panamá, para ser aplicadas a producto s o servicios determinados de acuerdo 
con el grupo de consumidores al que van dirigidos, así co mo las que puedan 
causar dilución de una marca famosa o notoria; 
11. Las denominaciones geográficas propias o comunes, y los mapas, así como los 
nombres y adjetivos, entre estos, los gent ilicios, cuando indiquen la procedencia 
de los productos o servicios y puedan origin ar confusión o error en cuanto a esta; 
sin embargo, serán susceptibles de registrarse como marca los nombres geográficos nacionales o extr anjeros, siempre que  su empleo no induzca a error en 
cuanto al verdadero lugar de  origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a 
los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptúan de la aplicación de este numeral las solicitudes de ma rcas colectivas y de certificación; 
12. Las que consistan básicamente en la tra ducción al idioma español de otra ya 
usada, conocida, registrada o en trámite de registro, para distinguir productos o 
servicios iguales o similares; 
13. Las que constituyan la reproducción, total o parcial, la imitación, la traducción o 
la transcripción, que puedan inducir al público a error, confusión o engaño, de un 
nombre comercial conocido, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a 
la fecha de la solicitud de  registro de la marca;  
14. Las formas tridimensionales carentes de originalidad que las distinga fácilmente, 
así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;  
IP/N/1/PAN/I/1/Add.2 
           - 71 - 
G.O. 27,136 
 
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ASAMBLEA  NACIONAL,   REPÚBLICA  DE PANAMÁ  
 15. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, 
que se expresan de manera dinámi ca, aun cuando sean visibles;   
16. Las obras, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas  y los personajes 
ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor o derechohabiente  
o editor cuando, conforme a ley de la materi a, él mantenga vigentes sus derechos, 
así como los personajes humanos de carac terización, si no se  cuenta con su 
conformidad;  
17. Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados, 
constituidos o acompañados de elem entos tales como signos, diseños o 
denominaciones, que les den un carácter distintivo;  
18. Las palabras, letras, caracteres o signos que  utilicen las colectividades indígenas, 
religiosas o asociaciones sin fines de lucr o, para distinguir la forma de procesar 
productos, productos ya terminados o serv icios, así como los que constituyen la 
expresión de su culto o costumbre, idiosi ncrasia o práctica religiosa, salvo que la 
solicitud sea formulada para su benefi cio por una de las colectividades o 
asociaciones contempladas en este numeral;  
19. Las que tengan, como base del diseño, referencias a monumentos y sitios 
históricos nacionales, reconocidos como  tales por ley, salvo que cuente con 
autorización para su uso no exclusivo de la entidad gubernamental correspondiente;  
20. Las denominaciones técnicas o científicas, el  nombre de las variedades vegetales, 
las denominaciones comunes internaciona les recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica cuando se apliquen a productos o servicios relaci onados con el objeto de las mismas. 
 
   
Artículo 39. El artículo 93 de la Ley 35 de 1996  queda así:  
Artículo 93.   En cada solicitud solo podrá pedirse el registro de una marca, y esta 
comprenderá productos o servicios incluido s en una o varias clases, debidamente 
especificados. 
Efectuado el registro, no podr án incluirse nuev os productos o serv icios para su 
 protección, pero sí podrán limitarse los producto s o servicios cuantas veces se solicite.  
En el caso de nuevos productos o servicios, de berá  presentarse un a nueva solicitud de 
registro. 
 Artículo 40. Se adiciona el artículo 93-A al Capítulo  I del Título V de la Ley 35 de 1996, así: 
IP/N/1/PAN/I/1/Add.2 
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G.O. 27,136 
 
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 Artículo 93-A. El solicitante o titular de una mar ca que comprenda varias clases podrá 
separar la solicitud o re gistro en dos o más solicitudes o registros. 
La separación de la solicitud de la  marca podrá efectuarse durante el 
procedimiento de registro o de oposición al registro de la marca, y solo será aceptada si 
con dicha separación los defectos que cont engan la solicitud o la causal de oposición 
queden circunscritos a la solic itud inicial de la cual  surgen las demás solicitudes. La 
solicitud separada será independ iente, pero conservará la fecha de presentación de la 
solicitud inicial y el beneficio del de recho de prioridad, si lo hubiere. 
Corresponderá a los tribunales competentes autorizar la separaci ón en los casos de 
oposición al registro de la marca. 
Por su parte, el titular del registro podrá pedir en cualquier momento que se separe 
el registro de la marca a fin de separar en  dos o más registros los productos o servicios 
contenidos en el registro inicial. Cada registro separado será  independiente, pero 
conservará la fecha de  concesión y de vencimiento del regist ro original.  Sus 
renovaciones se harán separadamente. 
La separación quedará sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dará 
lugar al pago de las tasas correspondientes. 
 Artículo 41.  El artículo 94 de la Ley 35 de 1996  queda así: 
Artículo 94. Las marcas se registran en relación y según el sistema vigente de 
Clasificación Internac ional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas 
(Clasificación de Niza), aproba do en la Conferencia Diplomática de Niza  del 15 de junio 
de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y en  Ginebra en 1977. Cualquier duda respecto 
de la clase a que corresponde un producto o servicio será resue lta por la DIGERPI. 
 
Artículo 42. El artículo 99 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 99.  El titular del registro de una marca ti ene el derecho de im pedir que terceros 
realicen, sin su autorización, cual quiera de los actos  siguientes:  
1. Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas,  membretes, envases,  envolturas y otros 
medios similares de identificació n, empaquetado o acondicionamiento, que 
ostenten la marca o un signo distintivo id éntico, cuando  fuera evidente que tales 
medios están destinados a us arse con relación a los productos o servicios para los 
cuales está registrada la marca, o pro ductos o servicios conexos, así como vender 
u ofrecer en venta esos medios; 
2. Aplicar, adherir o, de cualqui er otra manera, fijar la marca o un signo distintivo 
idéntico o que se le asemeje, al punto de  inducir al público a error sobre productos 
para los cuales está registrada la marca,  sobre los envases, envolturas, empaques o 
acondicionamiento de tales productos; s obre productos que han sido elaborados, 
modificados o tratados mediante servicios para los  cuales está registrada la 
IP/N/1/PAN/I/1/Add.2 
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G.O. 27,136 
 
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ASAMBLEA  NACIONAL,   REPÚBLICA  DE PANAMÁ  
 marca, o sobre artículos que se emplean  para proporcionar tales servicios al 
público;  
3. Usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar 
los mismos productos o servicios para los cu ales está registrada la marca, o para 
productos relacionados con estos;  
4. Utilizar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para 
identificar productos o servicios distintos  de aquellos para los cuales  está 
registrada la marca, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o 
servicios pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con la marca 
registrada, se presumirá la probabilida d de confusión si el signo es idéntico, 
incluyendo si fuese el caso una indicación ge ográfica, para mercancías o servicios 
idénticos;  
5. Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a una marca famosa 
o notoria o una marca registrada y en condiciones que puedan ocasionar un 
perjuicio al  propietario de  la marca, en particular cuando tal uso pudiera diluir o 
destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de la marca;  
6. Usar, con respecto a una determinada mar ca, términos de comparación con otra 
marca cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destru ir la fuerza distintiva o el valor comercial de una 
marca, causando con ello  un perjuicio a su propietario;  
7. Adoptar o usar la marca como nombre  de dominio, dirección de correo 
electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que 
son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales 
esté registrada la marca, o productos o servicios conexos. 
  
Artículo 43. El artículo 101 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 101. Se entiende  por uso  de una marca la  colocación en el mercado nacional de 
los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, 
fabricados, elaborados o confeccionados en la  República de Panamá o en el extranjero. 
Se entiende por uso de una marca de servicio la prestación de los servicios amparados por 
dicha marca en el comercio nacional. 
También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos 
destinados a la exportación a partir del terri torio nacional o en relación con servicios 
brindados en el extranjero desde el territorio nacional. 
El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona auto rizada para ello 
será considerado como efectua do por el titular del registro, para todos los efectos 
relativos al uso de la marca. 
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G.O. 27,136 
 
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 Una marca registrada deberá usarse en el  comercio del territorio nacional tal como 
aparece en el registro; sin embargo, el uso de  la marca en una forma que difiera de como 
aparece registrada solo respecto de detalles  o elementos que no son esenciales y que no 
alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni 
disminuirá la protección que él confiere. 
 
Artículo 44. El artículo 102 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 102. Para obtener el registro de una mar ca, se elevará  por medio de abogado 
una solicitud en un formulario que para tal efec to suministrará  la DIGERPI,  que incluirá 
lo siguiente: 1. Nombre, domicilio  y nacionalidad del solicitante. Adicionalmente, cuando se 
trate de una persona jurídica, lugar de constitución y datos de inscripción si 
corresponde; 
2. Nombre y domicilio del apoderado legal y,  cuando corresponda, la  referencia de 
inscripción en el Regi stro de Poderes;   
3. La designación de un domicilio en la República de Panamá para los solicitantes 
con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o judiciales que guarden relación con la marca; 
4. Denominación y/o diseño de la marca, tal como será usada en el mercado; 
5. Los productos o servicios para los cuales se  desea registrar la marca, conforme al 
Arreglo de Niza, con indicación de l número de la o las clases; 
6. La reivindicación de un derecho de pr ioridad cuando proceda conforme a 
convenios internacionales ratifica dos por la República de Panamá. 
 
  
Artículo 45.  El artículo 103 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 103.  La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los 
siguientes documentos:  1. Poder a abogado cuando corresponda; 
2. En el caso de gestión oficiosa, el certif icado de garantía a que se refiere el 
presente artículo; 
3. Una reproducción de la marca en dos ejem plares cuando ella tuviera una grafía, 
forma o color especial, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, una de las cuales deberá adherirse y/o digitali zarse en el formulario de 
solicitud; 
4. Una traducción de la marca o de cierta s partes de la marca cuando proceda; 
5. Una transliteración de la marca o de ciertas partes de ella cuando proceda; 
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 6. Cuando se hubiese reivindicado un derecho de prioridad, los documentos 
sustentatorios indicado s en el Reglamento, conforme a los convenios 
internacionales ratific ados por Panamá;  
7. Declaración   de uso o inte nción de uso de la marca; 
8. Declaración reivindicando el color o colores como características distintivas de la 
marca y/o la forma tridimensional cuando corresponda; 
9. Comprobante de pago de la s tasas y derechos corr espondiente a publicación, 
registro e inscripción. 
Para presentar la solicitud a través de ge stión oficiosa, se consignará una fianza a 
través de un certificado de garantía  por la suma que se establezca 
reglamentariamente, acompañado del form ulario que al efecto proporcione la 
DIGERPI.  La fianza consignada será de vuelta al presentarse los documentos para 
lo cual se concede el término de dos me ses, prorrogable de manera automática por 
un mes adicional  a petición del solicitant e antes del vencimiento del término de 
los dos meses que inicialmente se con ceden.   En caso contrario, la fianza 
ingresará al Tesoro Nacional, y la solic itud se tendrá como no presentada y se 
ordenará el archi vo del expediente. 
Para el caso de solicitude s que incluyan poderes inscri tos en la DIGERPI según se 
establece en esta Ley, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artícul o, solo se hará referencia del mismo  en la solicitud. 
No se requerirá certificación por notari o, autenticación, legalización de la 
documentación a que se refiere este artículo. 
 Artículo 46. El artículo 104 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 104.  Al recibir una solicitud de registro  de marca, la DIGERPI  expedirá un 
recibo acreditativo de su depósito en el que constará el día y la hora de presentación, número de solicitud, la identi ficación de la marca y la re lación de los documentos que 
acompañan la solicitud. 
La DIGERPI procederá a examinar la solici tud con el fin de verificar si cumple 
con los requisitos establecidos  en los artículos 102 y 103. 
La DIGERPI podrá exigir al solicitante que aporte prue bas durante el examen de 
la solicitud, cuando la DIGERPI pueda duda r razonablemente de la veracidad de 
cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud o en la  documentación que le 
acompaña. En el evento de que exista falsedad en el documento, la DIGERPI a través de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio  de Comercio e Industrias, lo remitirá al 
Ministerio Público para efect o de que se promueva la ac ción penal a que haya lugar. 
Si la solicitud no cumpliera con los requisitos de los artículos mencionados, se 
notificará al interesado, a fin de que subsane el  error o la omisión dentro de un plazo de 
tres  meses, contado a partir de la notificaci ón del aviso de que trata el artículo 162 de la 
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 presente Ley, con apercibimiento de que, vencido dicho término sin haberse subsanado el 
error o la omisión, la solicitud se considerar á abandonada, y se orde nará el archivo del 
expediente.   
El solicitante podrá pedir la suspensión del trámite de registro, por una sola vez y 
la DIGERPI resolverá sobre la viabilidad de  la petición, previo el pago de la tasa 
correspondiente. 
En el evento de una solicitud que por cual quier causa no haya c oncluido su trámite 
en un plazo de diez años c ontado desde la fecha de su depósito, deberá abonar a la 
DIGERPI una tasa de mantenimiento de  la solicitud fijada por esta Ley. 
 
Artículo 47. El artículo 107 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 107. Durante el término de dos meses, cont ado a partir del día siguiente de la 
publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier pe rsona podrá presentar 
demanda de oposición al registro de la marca solicitada. De no mediar demanda de 
oposición, se ordenará el re gistro mediante resolución motivada, y se emitirá el 
certificado correspondiente, que custodiará la  DIGERPI en su sistema automatizado.  
La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de las marcas otorgadas, con 
inclusión de la información que corresponda. 
La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la 
resolución que ordena el registro de la mar ca y del certificado correspondiente, previo el 
pago de la tasa correspondiente. 
 Artículo 48. El artículo 108 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 108. El certificado de registro  indicará lo siguiente: 
1. Nombre o razón social, domicilio y demás generales del propietario de la marca;  
2. Número y fecha de la resolución por la cual se ordena  el registro;  
3. Fecha y vencimiento del registro;  
4. Datos de inscripción del re gistro en el sistema auto matizado de la DIGERPI;  
5. Nombre o reproducción de la marca;  
6. Número de la clase o clases y especifi cación de los product os o servicios que 
ampara la marca, según sea el caso, y  
7. Fecha de expedición del certificado de registro. 
 
Artículo 49. El artículo 110 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 110. La renovación del registro de una mar ca debe solicitarse dentro del término 
comprendido entre el año inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes a la 
fecha de vencimiento del registro respecti vo. Vencido este término sin que se hubiese 
solicitado la renovación, el registro  caducará de pleno derecho.  
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  Cuando existan embargos, secuestros y demás medidas judiciales, garantías y 
opción de compra inscritas s obre una marca, el administra dor judicial, albacea o  el 
beneficiado por la medida judici al o de la garantía o del gr avamen de que se trate podrá 
solicitar la renovación y pagar las tasas y derechos correspondientes a la renovación del 
registro de la marca.   La fecha que se considerará para la renovación será la fecha de vencimiento 
natural del registro. 
La solicitud de renovación del registro  durante el plazo de los seis meses 
posteriores a su vencimiento está sujeta al pago del recargo establecido en la presente 
Ley, el cual también se aplicará en los casos en que hubieren existido embargos, 
secuestros u otras medidas judiciales y gara ntías sobre la marca a que se refieren los 
párrafos anteriores.  Durante di cho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena. En la 
solicitud de renovación, no se podrán  introducir cambios en la ma rca ni aumentar la lista 
de productos o servicios para los cuales se registró; sin embargo, el titular podrá limitar 
dicha lista. Para introducir cambios o agrega r productos o servicios, deberá presentarse 
una nueva solicitud. 
 Artículo 50. El artículo 112 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 112. Encontrada la solicitud conforme, se  ordenará la renovación  mediante 
resolución motivada y se harán los asientos qu e correspondan en el sistema de registro 
automatizado de la DIGERPI. 
La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de las marcas renovadas, con 
inclusión de la información  que  corresponda. 
La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la 
resolución que ordena la renovación de la  marca, previo el pago de las tasas 
correspondientes. 
 Artículo 51.  El artículo 123 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 123. La solicitud de que trata el artí culo anterior se acompañará de los 
siguientes documentos: 1. Poder a abogado o el certificado de garant ía a que hace referencia el artículo 103; 
2. Uno de los siguientes documentos, a elección del solicitante: 
a. Una copia autenticada del contrato de licencia de uso. 
b. Un extracto del contrato de licencia de uso en el que se i ndiquen las partes 
y los derechos objeto de la li cencia, certificado por notario. 
c. Una declaración de licencia firmada por el titular y el licenciatario 
autenticada ante notario. 
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 Para el caso de solicitudes que incluyan  poderes inscritos en la DIGERPI, no se 
requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo 
se hará referencia del mismo  en la solicitud.  
Artículo 52.  El artículo 125 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 125. Toda licencia de uso podr á ser registrada en la DI GERPI, previo el pago  
de los derechos  fiscales  y tasas correspondientes. 
No podrá registrarse licencia de uso en la DIGERPI, cuando  la marca esté en 
trámite de registro. 
La inscripción de la licenc ia de uso en la DIGERPI solo tiene carácter declarativo, 
para mayor seguridad jurídica de los titulares y no es constitutiva de derechos. 
La omisión del registro de la licencia de uso no perjudica el goce ni el ejercicio de 
los derechos consagrados en el contrato de licencia de uso. 
 Artículo 53. El artículo 127 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 127. La cancelación o modificación de la inscripción de una licencia de uso procederá en los siguientes casos: 1. Cuando lo soliciten, conjuntamente, el titu lar de la marca y el licenciatario; 
2. Cuando una de las partes así lo solicite, de acuerdo con los términos del contrato 
de licencia; 
3. Por nulidad, caducidad o cancelación, total o parcial, del registro  de la marca, o 
por limitación en la cobertura de los respectivos productos o servicios, y 
4. Por orden judicial. 
 
Artículo 54. El artículo 129 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 129. Para los efectos de la presente Ley, las marcas tendrán la consideración de 
bienes, y los derechos dimanantes de un registro podrán cederse o transferirse a una o varias personas, darse en garantía, opcione s de compra, secuestros, embargos u otras 
medidas judiciales que resulten del proced imiento de ejecución, de acuerdo con lo que 
establezca la legislación común, para todos o parte de los productos o servicios para los 
cuales estén registradas o solicitadas.  Dic hos actos jurídicos solo podrán oponerse frente 
a terceros una vez inscritos en la  DIGERPI. 
 Artículo 55.  La denominación del Capítulo VI del Título V de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Capítulo VI 
Indicaciones Geográficas, Indicaciones de Procedencia 
y Denominaciones de Origen 
 
Artículo 56. El artículo 131 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
IP/N/1/PAN/I/1/Add.2 
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G.O. 27,136 
 
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 Artículo 131. La presente Ley reconoce y proteg e las indicaciones geográficas, las 
indicaciones de procedencia y las denominaci ones de origen de conformidad con las 
siguientes disposiciones:  
1. Se considera indicación geográfica a quella que identifica un producto como 
originario del territorio de un país, o de  una región o localidad  de ese territorio, 
cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico.  
Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, será susceptible 
de constituir una indicación geográfica. 
2. Se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para 
indicar que un producto o servicio proviene de  un país o de un grupo de países, de 
una región o de un lugar determinado. 
3. Se considera denominación de origen la denominación geográfica de un país, de 
una región o de una localidad , que sirve para designar un producto originario de 
ellos y cuya calidad o cuyas características se deben ex clusiva o esencialmente al 
medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos; 
también se considerará como denominaci ón de origen la constituida por la 
denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una 
procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputación u 
otra característica es atribuible esen cialmente a su origen geográfico. 
 
 
  
Artículo 57. El artículo 132 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 132. El registro y reconocimiento de una  indicación geográfica, indicación de 
procedencia o denominación de origen se realiz ará en la DIGERPI, la cual mantendrá un 
registro especial de las mismas. 
Cualquier persona natural o jurídica podr á solicitar este reconocimiento siempre 
que represente a un grupo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su 
forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, 
transformación o elaboración se encuentren de ntro de la zona de delimitación establecida 
por la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen solicitada y cumplan los demás requisitos de la presente Ley. 
Las autoridades públicas competentes tambié n podrán solicitar el registro de una 
indicación geográfica, indi cación de procedencia o denominación de origen. 
  Artículo 58. El artículo 133 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
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G.O. 27,136 
 
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 Artículo 133. No podrá registrase como  indicación geográfica, indicación de procedencia 
y denominación de origen: 
1. La que no sea acorde con la definición de indicación geográfica, indicación de 
procedencia y denominación de origen establecida en la presente Ley; 
2. La que sea contraria a la moral o al orden público; 
3. La que pueda inducir al públ ico a un error sobre la pr ocedencia geográfica, la 
naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades; 
4. La que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose 
común o genérica una denominación cuando sea considerada como  tal, tanto por 
los conocedores de este tipo de produc to como por el público en general; 
5. La que sea confusamente similar o idéntic a a una marca preexistente, o en trámite 
de registro solicitada de buena fe. 
 Podrá registrarse una indicación geogr áfica, indicación de procedencia o 
denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre 
genérico o expresión empleados. 
 Artículo 59. El artículo 134 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 134. Las indicaciones geográficas, i ndicaciones de procedencia y 
denominaciones de origen extranjeras podrán  registrarse en Panamá, conforme a la 
presente Ley.  
No podrán protegerse, o perd erán la protección si la tuvieran, cuando dejen de 
estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen. 
En particular, no estarán  sujetas a la protección establecida en esta Ley las 
indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen  
extranjeras que identifiquen vinos y bebida s espirituosas en relación con bienes y 
servicios, que hayan sido utilizados de forma continua por nacionales  o residentes en el 
territorio nacional para identifi car, en Panamá,  esos mismos  bienes o servicios u otros 
afines, durante los últimos  diez  años mínimos antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o 
bien que su utilización haya sido de buena fe, antes del año de 1994. 
 
Artículo 60. El artículo 136 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 136. Para obtener la protección de una i ndicación geográfica, indicación de 
procedencia y denominación de origen, se el evará una solicitud a la DIGERPI, por medio 
de abogado, que exprese lo siguiente: 
1. El nombre, lugar de constitución y datos de inscripción de la persona jurídica del 
solicitante cuando proceda y del representante legal; 
2. La indicación geográfica o indicación de  procedencia o denominación de origen; 
IP/N/1/PAN/I/1/Add.2 
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G.O. 27,136 
 
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ASAMBLEA  NACIONAL,   REPÚBLICA  DE PANAMÁ  
 3. El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del 
producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los 
caracteres geográficos y la divisi ón política-administrativa del país; 
4. El producto o productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, 
así como una reseña de las características o cualidades esenciales del mismo; 
5. Estudio técnico, que aporte antecedentes, en  el sentido de que las características o 
cualidades que se le atribuyen al pr oducto son imputables fundamentalmente o 
exclusivamente a su origen geográfico; 
6. Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación 
geográfica, de procedenci a o denominación de origen. 
7. Comprobante de pago de los dere chos de tasas y sobretasas.  
Tratándose de solicitudes de indica ción geográfica, de procedencia o 
denominación de origen  extranjera, se debe rá además acreditar me diante certificación, 
constancia o documento análogo la protecci ón de la misma en su país de origen. 
 Artículo 61. El artículo 137 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 137. Recibida la solicitud, la DIGERPI  r ealizará un examen  a la misma  a fin 
de determinar que cumple con lo dispuesto en los artículos  1 33, 134 y 136 de esta Ley. 
Cuando se compruebe que  la solicit ud no cumple  con alguno de dichos 
requisitos, se notificará al solicitante  el rechazo mediante resolución debidamente 
motivada, o  que subsane el e rror o la omisión dentro de un plazo de tres meses, contado 
a partir  del aviso de que trat a el artículo 162 de la presen te Ley, con apercibimiento de 
que, vencido dicho término sin haberse  subsanado el error o la omisión, la solicitud se 
considerará abandonada, en cuyo caso se ordenará el archi vo del expediente. 
 
Artículo 62. Se adicionan al Capítulo VI del Título V de la Ley 35 de 1996 los  artículos  137-A, 
137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137-I, 137-J y 137-K, así: 
Artículo 137-A.  Verificado el examen de forma prev isto en el artículo anterior, la 
DIGERPI procederá a determinar si la solici tud incurre en alguna de las prohibiciones de 
fondo establecidas en la presente Ley. Como  parte del examen de fondo, la DIGERPI 
podrá requerir y analizar los dictámenes técn icos que sean pertinentes al fondo de la 
solicitud. Estos dictámenes será n solicitados a centros oficia les, de educación superior, 
científico, tecnológicos o profes ionales o, en su defecto, a e xpertos independientes en la 
materia, seleccionados por la DIGERPI, a los que remitirá copia completa del expediente. 
El costo correspondiente a la ob tención de los dictámenes técn icos  correrá por cuenta del 
solicitante. 
En el evento de que la DIGERPI cons idere que la solicitud adolece de una 
deficiencia de fondo, lo notificará al solicita nte en la forma indicada en el artículo 
anterior y le concederá un pl azo de tres meses para que presente sus argumentos técnicos 
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 sobre las observaciones contenidas en la not ificación. Concluida esta etapa, la DIGERPI 
ordenará la publicación de la solicitud en el BORPI, o  rechazará la solicitud mediante 
resolución motivada y ordenará su archivo.  
 Artículo 137-B. Encontrada conforme la solicitud de indicación geográ fica, indicación 
de procedencia o denominación de origen, se ordenará su publicación en el BORPI, la cual contendrá: 1. El nombre y el domicilio del solicitante; 
2. El número de la solicitud; 
3. La indicación geográfica o indicación de procedencia o la deno minación de origen 
cuyo registro se solicita; 
4. Los productos que identifica; 
5. Una reseña de las cualidades, las caract erísticas y/o la repu tación del producto 
amparado. 
 
Artículo 137-C.  Durante un término de dos meses, cont ado a partir del dí a siguiente  a la 
publicación de la solicitud a que  se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá 
presentar demanda de oposición al registro de la indicación geográfica, indicación de 
procedencia o denominación de origen solicitada . El procedimiento de oposición se regirá 
por las normas establecidas en esta Ley para los procedimientos  de oposición a las 
solicitudes de marcas. Artículo  137-D.  La resolución que conceda el regi stro de una indicación geográfica o 
indicación  de procedencia o de nominación de origen señalará: 
1. La indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen aprobada. 
2. La zona geográfica delimitada de pr oducción, extracció n, transformación o 
elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación. 
3. Los productos a los cuales  se aplicará la  indicación geográfica o de procedencia o 
denominación de origen y las cualidades o características esenciales que estos deben tener. 
4. Las cualidades o características esencial es de los productos a los cuales se les 
aplicará la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra 
circunstancia, no sea posible precisar tales características. 
La resolución que apruebe el registro debe rá incluir la aprobaci ón y el registro del 
reglamento de uso y control de la indicaci ón geográfica,   indica ción de procedencia o 
denominación de origen aprobada.  
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 Artículo 137-E. Los registros de indicaciones geográfi cas o  indicaciones de procedencia 
o denominaciones de origen tendrán vigencia por tiempo indefinido, sujetos a las 
condiciones que le dieron lugar. Los regi stros podrán ser modificados en cualquier 
momento, cuando cambie alguno de los puntos refe ridos en el artículo 136 de esta Ley. 
La modificación del registro devengará la  tasa que corresponda y sujetará su 
procedimiento a lo que dispongan esta Ley y su Reglamento.  Artículo 137-F. En el caso de indicaci ones geográficas o indicac iones de procedencia o 
denominaciones de origen homónimas legítimas, la DIGERPI podrá conceder el registro 
condicionado a que el etique tado o la presentación de  los productos  permitan 
diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores reciban un trato equitativo y principalmente las necesidades de eliminar los reales o 
potenciales riesgos de confusión al consumidor . No aplica este beneficio a las solicitudes 
de indicaciones geográficas, de procedenci a o denominaciones de origen extranjeras que 
sean reconocidas a través de tratados internacionales ratificados por Panamá.   Artículo 137-G. Las indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o 
denominaciones de origen no podrán ser obj eto de apropiación o gravamen alguno que 
limite o impida su uso.  
Artículo  137-H.  Todos los productores, fabricante s o artesanos que desempeñan su 
actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran 
entre los que solicitaron el reconocimiento  inicialmente, tendrán derecho a usar la 
indicación geográfica o indicaci ón de procedencia o denominación de origen en relación 
con los productos señalados en  el registro, siempre que cumplan con las disposiciones 
que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del 
producto la expresión “Indicación Geográfica” o “Indicación de Procedencia” o “Denominación de  Origen” o las iniciales “I.G .” o “I.P.” o “D.O.” respectivamente.    
 Artículo 137-I. La cancelación del registro de una indicación geográfica o indicaciones 
de procedencia o denominación de origen se da rá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Renuncia expresa de su titular; 
2. Sentencia ejecutoriada de autoridad competen te que declare la nulidad  y ordene la 
cancelación del registro, por haberse conced ido en violación a la presente Ley; 
3. Sentencia ejecutoriada de autoridad comp etente que declare que la indicación 
geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen extranjera 
registrada ya no está protegida o haya caído en desuso en su país de origen, y ordene la cancelación del registro. 
 
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 Artículo 137-J.  Cualquier persona que considere que le asiste el der echo podrá solicitar 
la cancelación o nulidad, o ambas, del regist ro de una indicación geográfica, indicación 
de procedencia o denominación de origen, conf orme el procedimiento establecido para 
las demandas de oposición de marcas. 
 Artículo 137-K. una indicación geográfi ca o indicación de procedencia o denominación 
de origen no podrá usarse en el comercio  en relación con un producto o un servicio 
cuando tal indicación o denominación de origen  fuese falsa o engañosa con respecto al 
origen del producto o servicio, o cuando su  uso pudiera inducir al  público a confusión 
con respecto al origen, procedencia, característ icas o cualidades del producto o servicio.  
A estos efectos, también constituyen uso de una  indicación o denominación de origen el 
que se hiciera en la publicidad y en cual quier  documentación comercial relativa a la 
venta, exposición u oferta de productos o servicios. 
Tratándose de indicaciones geográficas o  indicaci ones de procedencia o 
denominaciones de origen registradas que iden tifiquen vinos y bebidas espirituosas, no se 
podrán emplear las indicaciones o denominaciones  de origen  sin tener derecho a usarlas, 
aun cuando se acompañen de términos como “cl ase”,  “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras 
análogas, e incluso cuando se indiqu e el verdadero origen del producto. 
 
Artículo 63. El artículo 141 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 141. El titular de una marca puede renunc iar al registro.  La renuncia será 
notificada mediante declaración escrita a la DIGE RPI, que la inscribirá en el registro y 
ordenará el archi vo del expediente. 
Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERPI, solo se 
registrará la renuncia al registro, previa presentación de una declar ación en la que el 
licenciatario accede a que se ha ga esa renuncia, a menos que este último haya renunciado 
expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia. 
 Tampoco podrá admitirse la renuncia al registro de una marca sobre la que existan secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, garantías y cualesquiera otros gravámenes inscritos en la DIGERPI, sin que conste el consentimiento  del albacea, el 
administrador judicial o del be neficiado con esa garantía, me dida judicial o  gravamen. 
 Artículo 64. El artículo 145 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 145. El  nombre comercial de una em presa o establecimiento industrial, 
comercial o de servicio  y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad 
de registro en la DIGERPI.  La protección abarcará la zona geográfica de la clientela 
efectiva de la empresa o establecimientos al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República  si existe di fusión masiva y constante a nivel nacional del 
mismo. 
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Artículo 65. El artículo 146 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 146. Quien esté usando un nombre comerc ial podrá solicitar a la DIGERPI la 
publicación del mismo en el BORPI. Dicha publ icación producirá el efecto de establecer 
la presunción de la buena fe en la adopci ón y uso del nombre comercial a nivel nacional. 
También podrá solicitar la publicación en  el BORPI cualquier persona que desee 
proteger un nombre comercial antes de usarl o. Esta condición se hará constar en el 
correspondiente registro que e xpida la DIGERPI. El peticio nario tendrá el plazo de un 
año, desde la fecha de depósito de la solicit ud, para presentar una declaración de uso, de 
lo contrario el registro caducará de pleno derecho. 
 Artículo 66.  El artículo 147 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 147. No se publicarán los nombres comerc iales que carezcan de elementos  que 
hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros en su género, ni 
aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones  c ontenidas en el artículo 91 
de esta Ley. 
 
 
Artículo 67. El artículo 149 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 149. La solicitud de que trata el artí culo anterior se acompañará de los 
siguientes documentos:  
1. Poder a abogado o el certificado de garant ía a que hace referencia el artículo 103; 
2. Dos etiquetas del nombre comercial o de la asociación o su representación por 
medio de dibujo o gráfica en papel o digitalizada; 
3. Declaración jurada sobre el uso del nombre comerc ial o de la asociación; 
4. Comprobante de haber pagado los derechos  fiscales y tasas correspondientes.  
Para el caso de solicitudes que incluyan  poderes inscritos en la DIGERPI, no se 
requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo  en la solicitud. 
 
Artículo 68.  El artículo 150 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 150. Recibida la solicitud y satisfechos lo s requisitos legales, se efectuará el 
examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre co mercial idéntico o 
semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una  marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare   productos o servicios iguales o similares 
relacionados con el giro preponde rante de la empresa o establec imiento  de que se trate o 
que incumple algún otro requisito señalado en  esta Ley. De no encontrarse reparos a la 
solicitud de registro, se public ará la misma en el BORPI. 
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 Dentro de un plazo de dos meses conta do a partir del día siguiente de la 
publicación en el BORPI, cualquier persona  podrá oponerse al rec onocimiento que se 
indica en el artículo  146 de esta Ley, ante los tribuna les competentes para conocer los 
procesos judiciales de Propiedad Industrial. Será aplicable el procedimiento judicial que 
se establece en esta Ley. 
De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución 
motivada y se emitirá el certificado correspondi ente, que custodiará la DIGERPI en su 
sistema automatizado. 
La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de los nombres comerciales 
otorgados, con inclusión de la información que corresponda. 
La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la 
resolución que ordena el registro del nombre  comercial y del certificado correspondiente, 
previo el pago de la tasa aplicable. 
 
Artículo 69.  El artículo 151 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 151. El registro de un nombre comercial tiene una duración de diez años a partir de la fecha de presentación de la solici tud, y se puede renovar indefinidamente por 
periodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se 
cumpla con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 70.  El artículo 154 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 154. El registro de un nombre comercial termina por la cance lación del registro 
respectivo, de oficio o a petición de part e interesada. La cancelación ocurre por: 
1. Renuncia expresa del titular;  
2. Cancelación o cambio de nombre en el  Aviso de Operación contemplados en la 
Ley 5 de 2007;  
3. Vencimiento del término, sin que se hubiere solicitado la renovación en su 
oportunidad y en la forma previs ta en la presente Ley;  
4. Cesación de los negocios en el establecimiento;  
5. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente, que declare la  nulidad y ordene 
la cancelación del registro. 
 
Artículo 71. El artículo 162 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 162. Las notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones se harán mediante edictos fijados en lugar visible de  la DIGERPI y en la página web de la 
DIGERPI, por el término de cinco días há biles, a cuyo vencimiento se entenderá 
verificada la notificación. Se exceptúan de  este procedimient o las notificaciones 
personales que expresamente se establecen en esta Ley.  
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 Los edictos llevarán una numeración continua  y se confeccionarán en un original 
y una copia.  Los originales formarán un cuaderno que se conservará en la DIGERPI y la 
copia se agregará al expediente.  El edicto or iginal deberá expresar claramente la fecha y 
hora en que este se fijó y desfijó. 
A través de los sistemas automatizados de  la DIGERPI, esta podrá reemplazar este 
procedimiento de notificaciones de las deci siones, avisos y resoluciones que emita. 
 
Artículo 72. El artículo 163 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 163. Las resoluciones que emita la DIGERPI admitirán recurso de reconsideración o de apelación.  
Verificada la notificación de una resolu ción, el apoderado del solicitante tendrá un 
término de diez días hábiles pa ra interponer y sustentar el re curso de reconsideración ante 
la DIGERPI.  
En el caso del recurso de apelación, el apoderado del solicita nte tendrá un término 
de diez días hábiles para interponer y sustenta r el recurso, ante la DIGERPI, que enviará 
el expediente, sin más trámites, al ministro de Comercio e Industrias para que lo resuelva. 
Resuelto el recurso de apelación, se en tenderá agotada la vía gubernativa  y el 
solicitante podrá recurrir a la vía judicial  e interponer el recurso judicial que corresponda 
contra la resolución emitida por el ministro de Comercio e Industrias. 
 
Artículo 73. El artículo 164 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 164.  Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo 
o dibujo industrial, marca, nombre comerc ial, expresión o señal de propaganda, 
indicación geográfica, indicac ión de procedencia y denominación de origen, son 
responsables el fabricante, el  introductor, el expendedor y todas las personas que, de una 
u otra forma, hayan participado hasta su come rcialización. Por consiguiente, incurrirán en 
uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:   
1. Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invención o 
un registro de modelo de uti lidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia 
respectiva;  
2. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos amparados por una 
patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que 
fueron fabricados o elaborados sin cons entimiento del titular de la patente o 
registro, o sin la licencia respectiva; 
3. Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o 
sin la licencia respectiva;  
4. Los que ofrezcan en venta, o pongan en ci rculación, productos que sean resultado 
de la utilización de proces os patentados, a sabiendas de  que fueron utilizados sin 
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 el consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de 
explotación; 
5. Los que fabriquen, importen, vendan, ofrezcan en venta o pongan en circulación 
productos que reproduzcan o incorpor en modelos o dibujos industriales 
protegidos o cuya apariencia  ofrezca una impresión gene ral igual a la del modelo 
o dibujo industrial protegido, sin el consentimiento de su  titular  o si n la licencia 
respectiva;  
6. Los que falsifiquen o adulteren, de  alguna  manera, una marca o expresión o señal 
de propaganda;  
7. Los que en sus propios productos o artículos de comercio, o en servicios, rótulos o 
avisos comerciales, utilicen una mar ca, un nombre o denominación comercial, 
idéntico o sustancialmente parecido al  que pertenezca a otra persona para 
productos o servicios re lacionados con esta;  
8. Los que, de cualquier modo, hagan uso  de  marcas, nombres comerciales, en que 
de modo patente se manifieste la intenci ón de imitar, por cual quier concepto, una 
marca, nombre comercial, regist rado a favor de otra persona;  
9. Los que vendan, ofrezcan en venta, o c onsientan vender o poner en circulación, 
artículos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, 
y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rótulos, papelería y demás distintivos que lle ven marcas, nombres comerciales, 
falsificados o fraudulentamente aplicados; 
10. Los que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca 
famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o 
servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca notoria  
para identificar y comercializar producto s o servicios determinados de acuerdo 
con el grupo de consumidor es al que va dirigido; 
11. Los que marquen o hagan marcar artículo s con designaciones o rótulos falsos, 
respecto de su naturaleza, calidad, cantid ad, número, peso o medida, o del país de 
procedencia o fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, M.R. o R., cua ndo la marca no estuviere registrada;  
12. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas 
indicaciones, a las que se re fiere el numeral anterior; 
13. Los que, de algún modo, usen una marca amparando con ella términos de 
comparación de otra marca, cuyos productos o servicios  sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, causando c on ello perjuicio a su propietario;  
14. Los que  designen un pr oducto del mismo tipo de los protegidos por una 
indicación geográfica o indi cación de procedencia o denominación de origen 
registrada sin tener derecho a hacerlo. Incluyendo el uso de una indicación o 
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 denominación de origen  que se hiciera en la publicidad y en cualquier  
documentación comercial relativ a a la venta, exposición u oferta de productos o 
servicios; 
15. Los que, con fines comerciales, hagan us o de envases o embalajes que lleven una 
indicación geográfica o indi cación de procedencia o denominación de origen 
registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embala je marcado se destine a envasar productos diferentes 
y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o de procedencia o 
denominación de origen;  
16. Los que empleen indicaciones geográficas o de procedencia o denominaciones de 
origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas   sin tener derecho 
a usarlas, aun cuando se acompañe de términos como “clase”,  “tipo”, “estilo”, “imitación” u otros análogas, e incluso cu ando se indique el verdadero origen del 
producto; 
17. Los que utilicen sin la autorización del titu lar  de la  marca registrada o nombre 
comercial, como un nombre de dominio, di rección de correo electrónico, nombre 
o designación en medios electrónicos u ot ros similares empleados en los medios 
de comunicación electrónica, cuando fuere ev idente que son destinados a usarse 
con relación a los productos o servicios para  los cuales esté registrada la marca o 
el nombre comercial, o para productos o servicios conexos. 
 
Artículo 74. El artículo 165 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 165. El  juez aplicará, al que incurra en lo s actos que se describen en el artículo 
anterior, una o varias de las si guientes  sanciones en atención a la gravedad de la acción 
incurrida: 1. Multa de diez mil balboas (B/ .10,000.00) a doscientos mil balboas 
(B/.200,000.00). Esta multa se aplicará tanto a los infractores de las normas de 
este Capítulo, como a sus cómplices o encubridores.  
Cuando se trate de empresa que opere en la Zona Libre de Colón o zona 
franca existente en Panamá, la multa aplicable será equivalente al 25% del movimiento comercial mensual de la em presa; sin embargo, la multa,  en ningún 
momento, será inferior a setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00);  
2. Suspensión del derecho a ejercer el comerc io o explotar industrias, por un periodo 
de tres meses;  
3. Suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, otorgado por la 
administración de la Zona Libre de Col ón o zona franca existente en Panamá. En 
el caso de suspensión, esta se aplicará  por un periodo mínimo de tres meses. 
En caso de reincidencia, las sanciones cont empladas en los  numerales 2 y  3 del 
presente artículo se aplicarán por un pe riodo de un año, y la sanción contemplada 
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 en el numeral 1 podrá ser hasta cuatro v eces la multa máxima allí establecida, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la ley que regule la explotación del comercio y la 
industria. Cuando se trate de productos falsos, el tribunal civil compet ente ordenará la 
destrucción de las mercaderías que ha ya determinado son falsificadas, sin 
compensación alguna, a menos que el titu lar del derecho consienta en que se 
disponga de ellas de otra forma, fuera de  los canales comerciales. Las mercancías 
de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de 
los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca removida. La simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales.  El tribunal será competente para ordenar la destrucción de la maquinaria utilizada 
en la vulneración del derecho marcari o, pero deberá considerar entre otros 
factores, la gravedad  de la infracción, así como el in terés de terceras personas, 
titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado. 
 
Artículo 75. El artículo 166 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 166. En todo caso de infracción a los derechos de propiedad intelectual, se procederá a la disposición, donación o destru cción de los artículos y de la maquinaria 
utilizada en la vulneración del derecho de pr opiedad intelectual, apenas se encuentre 
acreditada la existencia del hecho delictivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
1. Cuando se proceda a la disposición de  lo aprehendido provisionalmente, el 
funcionario de instrucción o el  juez de la causa hará un i nventario detallado de lo 
que se dispone, y quien lo recibe deberá comprometerse por escrito a cuidar, con la diligencia de un buen padre de familia, lo que se le entrega, y a devolverlo inmediatamente al funcionario de instrucc ión o al juez de la causa, cuando así lo 
requiera. 
2. Los bienes y medios utilizados en la co misión del delito serán donados para fines 
benéficos, libres de todo gravamen, por  la institución que corresponda, previa 
autorización del titular del derecho y de la remoción o eliminación de los símbolos distintivos, así como la identificación del autor y título de la obra, cuando ello proceda. 
Cuando no sea posible la remoción de los símbolos distintivos, así como la 
identificación del autor y título de la obra, y el titular del derecho protegido no conceda su autorización expresa para que sean donados, estos artículos serán destruidos por la autoridad competente , sin derecho a compensación alguna, con 
asistencia de un representante del titular del derecho protegido.  Esto se resolverá 
en el momento de la calificación del mérito legal del sumario. 
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 3.  Ejecutoriado el auto encausatorio o de aper tura del juicio, el juez de la causa, por 
solicitud del funcionario de instrucción d ecretará, sin más trámite, la destrucción 
de lo aprehendido provisionalmente, y procurará dejar intacta una muestra 
significativa.  Lo anterior será dispue sto en resolución motivada de inmediato 
cumplimiento, la cual será susceptible de recurso de apelación, en caso de que se 
niegue.  Este recurso se con cederá en el efecto diferido.  
Cuando se dicte un auto de sobreseimiento, el juez de la causa deberá 
ordenar la disposición, donación o destrucción de lo aprehendido provisionalmente, así como del material debidamente acreditado como ilícito.  
4. En los casos de productos perecederos o de suma peligrosidad para la salud y la 
integridad personal, el funci onario de instrucción solicita rá al juez de la causa que 
se adopte cualquiera de las medidas antes enunciadas. 
Una vez se ordene la don ación o destrucción de lo aprehendido provisionalmente, 
se efectuará la diligencia, la cu al deberá constar en el acta. 
 Artículo 76. El artículo 170 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 170.  Para el cálculo de la indemni zación de daños y perjuicios, se podrán 
utilizar, a elección del demandante, uno o va rios de los siguientes criterios:  
1. Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no 
haber ocurrido la infracción;  
2. Los beneficios obtenidos por el infract or como resultado de los actos de 
infracción;  
3. El precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se 
hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial 
del objeto del derecho infringido y las li cencias contractuales ya concedidas; 
4. El valor, en el mercado lícito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin 
autorización; 
5. Otra medida de valor legítima que presente el titular del derecho. 
 Artículo 77.  El artículo 171 de la Le y 35 de 1996 queda así:   
Artículo 171. Quien inicie o intente una acci ón por infracción de un derecho de 
propiedad industrial protegido por  la pres ente Ley podrá pedir al  juez que ordene 
medidas cautelares inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el 
resarcimiento de los daños y perjuicios. La s medidas cautelares se tramitarán, inoída 
parte, en expediente separa do, y el juez las practicará de inmediato y sin más trámite, 
pudiendo, una vez efectuada la diligencia, or denar que la parte qu e pidió la medida 
consigne una caución, cuyo monto no excederá el cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del avalúo realizado a los  objetos  materia de la infracción y a los medios 
destinados a realizarla. Dicha caución deberá  ser consignada, mediante  certificado de 
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 garantía o cualquier otro tipo de caución esta blecida en el Código Judicial, dentro del 
término de tres días hábiles, contado a par tir de la fecha en que se llevó a cabo la 
diligencia.  
Si únicamente se solicita la medida c ontemplada en el numeral 5 del siguiente 
artículo, el juez fijará el monto de la cauci ón que considere suficiente, una vez se haya 
ejecutado la medida. 
 
Artículo 78. El artículo 172 de la Le y 35 de 1996 queda así:   
Artículo 172. El juez podrá ordenar las medidas caute lares apropiadas, para asegurar la 
ejecución de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse, 
entre otras, las siguiente s medidas cautelares:  
1. Cesación inmediata de lo s actos de infracción;  
2. Retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los materiales o 
implementos destinados a realizar la infracción, así como de los documentos 
relativos a la infracción; 
3. Suspensión de la importación o de la export ación de los objetos o medios, a que se 
refiere el numeral precedente;  
4. Constitución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía, para el pago 
de la eventual indemnización de daños y perjuicios;  
5. Suspensión de la clave o permiso de operación, otorgado por las autoridades 
administrativas de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para la exportación existente en Panamá. Dicha  suspensión será levantada mediante constitución de fianza bancaria, monetaria, de seguros o títulos de la deuda pública del Estado. El monto de la fianza será proporcional al estimado del daño 
causado; 
6. Retención o depósito, por las autoridades a duaneras competentes, de la mercancía 
u objetos materia de la infracción, que se  encuentren en trámite aduanero o en 
tránsito en cualquier part e del territorio nacional.  
Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de los diez  días siguientes a 
la imposición de una medida cautelar, es ta quedará sin efecto de pleno derecho y 
el actor quedará sujeto a la indemni zación de daños y pe rjuicios que hubiese 
causado. 
 
Artículo 79. El artículo 176 de la Le y 35 de 1996 queda así:   
Artículo 176. La Autoridad Nacional de Aduanas,  actuando de oficio  o por órdenes de 
autoridad competente, o cuando por cualquier medio tenga noticia de mercancía que se 
encuentre en trámite en aduana o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional o en 
zonas francas, que pueda estar infringiendo di sposiciones de esta Ley o que involucren 
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 conductas tipificadas como delitos contra de rechos de Propiedad Intelectual, podrá 
inspeccionar y retener dicha mercancía.  
Las autoridades de la Zona Libre de Co lón y demás zonas francas que administre 
el Estado tendrán las mismas facultades desc ritas en el párrafo anterior con respecto a 
mercancía en tránsito o comercializada o almacenada dentro de su territorio. 
 
Artículo 80.  Se adiciona el artículo 178-A al Tí tulo VII de la Ley 35 de 1996, así: 
Artículo 178-A.  En el evento de que las autoridades a que se refiere el artículo 176 fijen 
un cargo por solicitud o almacenaje, el car go no deberá ser fijado por un monto que 
disuada irrazonablemente el uso de  este recurso o tales medidas. 
 
Artículo 81.  El artículo 181 de la Le y 35 de 1996 queda así:   
 Artículo 181. El procedimiento establecido en el presente Título se aplicará a las 
siguientes materias: 
1. Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones a las solicitudes de 
registro de modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial,  indicación 
geográfica, indicación de procedencia,  denominación de origen,  expresión o 
señal  de propaganda; 
2. Los procesos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; 
3. Los procesos  por uso indebido de lo s derechos de propiedad industrial; 
4. Los procesos relativos a las materias contempladas en la presente Ley no 
indicados en los numerales anteriores.  
 Artículo 82. El artículo 184 de la Le y 35 de 1996 queda así:   
Artículo 184. Será admisible la reconvención, en cualquier caso en que el demandado 
tenga una pretensión basada en un derecho de Propiedad Industrial. 
 Artículo 83. Se adiciona el artículo 184-A al T ítulo VIII de la Ley 35 de 1996, así: 
Artículo 184-A.  El juez de conocimiento, siempre que se le presente  un poder otorgado 
en el extranjero con las formalidades exig idas en el lugar donde se otorgue y que se 
encuentre debidamente autenticado y lega lizado por el funcionario diplomático o 
consular de Panamá o apostillado según lo prev é el convenio por el que se suprime la  
exigencia de legalización para los documen tos públicos extranjeros (Convenio de La 
Haya),  o el mismo se refiera a un poder inscrito en el Registro  de Poderes de la 
DIGERPI, será admitido, con independencia de su fecha de expedición en cualquier proceso judicial civil o penal. No se requerirá prueba de exis tencia adicional al poder. La 
validez del poder admitirá prueba en contrario,  que se tramitará por medio de incidente, y 
el tribunal,  en el evento de que exista falsedad en el documento, lo remitirá al Ministerio Público para efecto de que promueva la acción penal a que haya lugar. 
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Artículo 84.  El artículo 186 de la Le y 35 de 1996 queda así:   
Artículo 186. Contestada la demanda, el juez fija rá la fecha y hora en que las partes 
deberán comparecer a la audiencia, en la cual presentarán y aducirán las pruebas y contrapruebas que estimen convenientes,  para la defensa de sus derechos. 
 Artículo 85.  Se adiciona el artículo 190-A al Tí tulo VIII de la Ley 35 de 1996, así: 
Artículo 190-A.  El juez de oficio o a petición de pa rte podrá ordenar al presunto infractor 
que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona 
involucrada en cualquier aspect o de la infracción y respecto  de los medios de producción 
o canales de distribución pa ra los productos o servicios infractores, incluida la 
identificación de terceras pe rsonas involucradas en su pr oducción y distribución, y sus 
canales de distribución. Esta información debe rá ser puesta a disposición del titular del 
derecho, respetando los principios const itucionales aplicables.  No obstante, la 
información que el juez considere como datos íntimos o sensibles y que no sean relevantes para esclarecer los asuntos objet o del litigio no podrán ser divulgados. En el 
evento de la renuencia del supuesto infract or de acatar la orden del juez, este podrá 
sancionar al supuesto infract or por desacato, de confor midad con las disposiciones 
establecidas en el Código Judicial. 
En los casos  que den lugar a la sanción por desacato, corresponde al secretario del 
juzgado levantar  el expediente en que se establecen los hechos justificativos  de la sanción. 
 Artículo 86.  El artículo 192  de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 192. Los únicos incidentes admisibles en es te tipo de procesos serán los que se 
promuevan por vía de excepciones de demanda  extemporánea, cosa juzgada, caducidad 
de la pretensión y validez del poder. Estos incidentes se tr amitarán como de previo y 
especial pronunciamiento. Cualquier otro incide nte, excepción o tercería será resuelta al 
momento que se dict e la sentencia. 
  Artículo 87. Se adiciona el artículo 194-A al T ítulo VIII  de la Ley 35 de 1996, así: 
Artículo 194-A.  La resolución judicial que pone fin a la segunda instancia para los 
procesos contemplados en esta Ley admitirá el recurso de casación. Se aplicará lo dispuesto en el Código Judicial. 
 
Artículo 88.  El artículo 195  de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 195. Al inicio del proceso, el juez está  en la obligación de proporcionar, a la 
parte interesada, una nota dirigida a la DIGERP I, en la cual le comunique la presentación 
de la demanda, y otra comunicando el resulta do, una vez que el fallo quede debidamente 
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 ejecutoriado. En ambos casos, las referidas no tas serán suministradas a  la parte en el 
menor tiempo posible, con clara indicación del ti po de proceso de que se trate, así como 
de la marca, nombre comercial, patente de invención, modelo de utilidad, modelo o 
dibujo industrial,  expresión o señal de propa ganda, indicación geográfica, indicación de 
procedencia o denominación de origen objeto del proceso. 
En el evento de que la  DIGERPI no re ciba la comunicación a que se refiere el 
párrafo anterior en los  quince días háb iles siguientes al vencimiento del plazo de 
oposición,  procederá a emitir la resolu ción y el registro que corresponda.  
 
Artículo 89. El artículo 196 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 196. Sin  perjuicio de lo que establece el  Código Judicial, en relación con la 
falsificación de marcas, las autoridades judiciales están, salvo en circunstancias excepcionales, facultadas para ordenar, al conc luir los procedimientos judiciales civiles 
relacionados con la falsificación de marcas, que  a la parte ganadora le sean pagadas por la 
parte perdedora las costas pr ocesales y los honorarios de ab ogados que sean razonables. 
De igual manera, las autoridades judiciales , al menos en circunstancias excepcionales, 
están facultadas para ordenar,  al concluir los procedimient os civiles judiciales sobre 
infracción de patentes, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las costas procesales y los honorarios de  los abogados que sean razonables.  
 
Artículo 90. El artículo 197 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 197. Los procesos relativos a las materias de  que trata el presente Título serán 
de competencia de los juzgados y tribunales creados, de conformidad con la Ley 29 de 
1996, modificada por  Ley 45 de 2007.  
Sin perjuicio de lo anterior , las partes podrán acordar resolver la controversia 
surgida o que puede surgir en relación c on los derechos protegidos por esta Ley, 
utilizando cualquier método de resolución a lterna de conflictos.  Cuando elijan la 
conciliación, la mediación o el arbitraje, lo harán conforme a lo dispuesto por la 
legislación vigente. 
 
Artículo 91. El artículo 200 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 200. La DIGERPI percibirá tasas en concepto de servicios, en los siguientes casos:  Por solicitud  de una marca por clase o nombre comercial    B/.10.00   Por solicitud  de indicación geográfic a, indicación de procedencia o 
denominación de origen                 B/.100.00 Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial         B/.10.00 Por solicitud de patente o modelo industrial PCT.     B/.50.00 
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 Por solicitud de antecedentes de marcas        B/.5.00 
Por solicitud de certificación          B/.5.00 Por desglose de cada documento         B/.5.00 Por solicitud de cambio de domicilio del titular de la patente  o registro          B/.10.00 Por solicitud de cambio de nombre del titular de una marca  o nombre comercial         B/.10.00 Por venta del BORPI         B/.15.00 Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre Comercial          B/.10.00 Por solicitud de cesión o traspa so de una marca o nombre 
Comercial          B/.10.00 Por solicitud de copia autenticada de un documento      B/.5.00 Por solicitud de antecedentes naci onales de modelo de utilidad, 
o modelo o dibujo industrial        B/.30.00 Por solicitud de antecedentes nacionales de patentes    B/.40.00 Por solicitud de informe sobre el estado de la  técnica             B/.200.00    
Por cada solicitud que constituya una prórroga     B/.20.00 Por la publicación de solicitud o corrección de marca    B/.10.00 
Por cada publicación de solicitud, corrección o de cualquier 
otro género sobre patente, m odelo de utilidad o modelo 
o dibujo industrial         B/.10.00 
Por cada solicitud de protección suplementaria de una patente   B/.30.00 Por cada solicitud de suspensión de trámite      B/.20.00 Por cada solicitud de tasa de mantenimiento      B/.10.00 Por cada solicitud de expedición de resolución y registros autenticados  B/.25.00  
Artículo 92. Se adiciona el artículo 202-A al Capítulo  I del Título IX de la Ley 35 de 1996, así: 
Artículo 202-A.  Se establece que los incentivos a que se  refiere el artículo anterior no 
son aplicables a funcionarios contratados para  la ejecución de proyectos de inversión en 
la DIGERPI. 
 
Artículo 93. El artículo 204 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 204. El registro de una marca causará el  pago de un derecho, que se deberá 
cancelar en la fecha de depósito de la solicitud de registro y de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
Solicitudes: 
1. Una marca en una clase, pagará un derecho de cien balboas (B/.100.00). 
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 2. Una marca en clases múltiples, pagará un derecho de cien balboas (B/.100.00) por 
la primera clase y  cien balboas (B/.100.00) por cada clase adicional. 
Estos derechos también serán aplicables para mantener vigentes las solicitudes 
que tengan diez años desde su depósito en la DIGERPI y no se han otorgado. 
 
Artículo 94.  El artículo 205 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 205. La renovación del registro de cu alquier marca, nombre comercial, 
expresión o señal de propaganda causará el mi smo derecho que señala el artículo anterior. 
El recargo a que se refiere  el artículo 110 de esta Ley será de diez balboas (B/.10.00) por cada mes o fracción de mes, hasta su presentación. 
 Artículo 95. Se adiciona el artículo 206-A al Capítulo II del Título II del Título IX de la Ley 35 
de 1996,  así: 
Artículo 206- A. El registro de una indicación geogr áfica, indicación de procedencia y 
denominación de origen causará un de recho de cien balboas (B/.100.00). 
 Artículo 96. El artículo 207 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 207. La concesión de una patente de i nvención causará los derechos que se 
indican a continuación: 1. Cien balboas (B/.100.00), por los prim eros cinco años de protección;  
2. Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco años;  
3. Doscientos balboas (B/.200.00), por  los siguientes cinco años; 
4. Trescientos balboas (B/.300.00), por  los siguientes cinco años; 
5. Trescientos balboas (B/.300.00) por a ño o fracción de año por protección 
suplementaria.  
El primer pago se hará al presentarse la  solicitud, y los sigui entes  pagos cada 
quinquenio, contado este a partir de la fecha del depósito de la solicitud.  El pago podrá 
realizarse en cualquier momento, antes del vencimiento del quinquenio respectivo.  
Transcurridos seis meses, desde la fecha en  que debió efectuarse el pago de 
alguno de los derechos a que se  refiere este artículo, sin haberse hecho efectivo dicho 
pago, se entenderá que el titular ha aba ndonado la patente y esta  caducará de pleno 
derecho. El pago efectuado en el periodo de los seis meses a que se refiere este párrafo 
tendrá un recargo de diez balboas (B/.10.00) por mes o fracción de mes, hasta su presentación. 
 
Artículo 97.  Se adiciona el artículo 210-A a la Ley 35 de 1996, así: 
Artículo 210-A. El pago electrónico de tasas, derechos y timbres de presentación de solicitudes electróni cas de derechos de propiedad indus trial, así como cualquiera otra 
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 actuación administrativa que utilice para su presentación medios electrónicos o 
telemáticos, estará sujeto a los procedimientos que se establezcan reglamentariamente.  
 
Artículo 98. El artículo 219 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
Artículo 219. Se crea una comisión interinstituci onal para velar por la armonización, 
coordinación y seguimiento de  las políticas en materia de propiedad intelectual; 
igualmente, establecerá políticas o lineam ientos sobre protección y observancia, 
suficientemente adecuados para disuadir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. 
La comisión estará integrada por: 
1. Un miembro designado por la Dirección Ge neral del Registro de la Propiedad 
Industrial del Ministerio de  Comercio e Industrias. 
2. Un miembro designado por la Direcci ón General de Derecho de Autor del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 
3. Un miembro designado por la Administra ción de la Zona Libre de Colón. 
4. Un miembro designado por la Au toridad Nacional de Aduanas. 
5. Un miembro designado por el  Ministerio Público. 
6. Un miembro designado por la institución del Estado a cargo de las relaciones de la 
República de Panamá con la Orga nización Mundial del Comercio. 
7. Un miembro designado por la Dir ección de Investigación Judicial. 
 El modo operativo de esta comisión se rá reglamentado por el Ministerio de 
Comercio e Industrias. 
 
Artículo 99.   Se adiciona el artículo 219- A  a la Ley 35 de 1996, así: 
Artículo 219-A.  Todas las actuaciones, comunicaciones e intercambio de documentación 
en la DIGERPI y los usuarios de sus servicio s, a partir de los tr escientos sesenta días 
calendario contados de la fech a de promulgación de la pres ente Ley, se llevarán a cabo 
únicamente mediante la utilización de medios electrónicos o telemáticos.  El Ministerio de Comercio e Industrias reglamentará todo lo relacionado con la 
aplicación de este artículo. 
 
Artículo 100.  Se adiciona  el artículo 25-A  a la Ley 1 de  2001, así:  
Artículo 25-A. Una vez recibidas las solicitudes de  Registro Sanitario, la Dirección 
Nacional de Farmacia y Drogas hará pública la solicitud, a través de la  página web del 
Ministerio de Salud y/o en un Boletín Oficial de Solicitudes de Registros Sanitarios de la 
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que  incluirá la inform ación que corresponda, 
para que terceros puedan pr esentar oposición a la conces ión del Registro Sanitario, 
basados en la utilización de datos de prueba  no autorizados por su titular en el trámite 
sanitario.  
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 Corresponderá a los tribunales competentes conocer los procesos de oposición a 
que se refiere este artículo y aplicará el proc edimiento judicial esta blecido en la Ley 35 
de 1996. 
Presentada la demanda de oposición, el tr ibunal emitirá un oficio a solicitud de la 
parte demandante, para que se suspenda el tr ámite de concesión del Registro Sanitario en 
la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. 
 
Artículo 101. El artículo 268 del Código Penal queda así: 
Artículo 268. Quien falsifique, altere o imite un a marca, un nombre comercial o una 
expresión o señal de propaganda será sancio nado con prisión de cuatro a seis años. 
La misma sanción se aplicará a quien co mercialice o haga circular o importe o 
exporte un producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país, u ofrezca o preste 
servicios con marca falsificada, alterada o imitada. 
 Artículo 102. El artículo 270 del Código Penal queda así: 
Artículo 270. Quien fabrique, comercialice o haga circular o importe o exporte  un producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país u ofrezca o preste servicios que 
lleven indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen que 
infrinjan derechos de propiedad industrial será sancionado con pris ión de dos a cuatro 
años. 
 
Artículo 103.  La presente Ley modifica los artíc ulos  1, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 35, 
36, 45, 51 y 52, la denominación del Capítulo V del Título II, la numeración del Capítulo V del Título II, los artículos  55 y  56, la numeración del Capítulo VI del Título II, los artículos 63, 66, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 81, 90, 91, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 123, 125, 127 y 129, la denominación del Capítulo VI de l Título V, los artículos 131, 132, 133, 134, 136, 
137, 141, 145, 146, 147, 149, 150,  151, 154, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 176,  181, 
184, 186, 192, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 207 y 219 de la Ley 35 de 10  de mayo de 1996 y los 
artículos 268 y 270 del Text o Único del Código Penal. 
Adiciona el Capítulo II, contentivo de los artícul os 2-A y 2-B, al Título I, el Capítulo III, 
contentivo de los artículos 2-C, 2- D, 2-E, 2-F y 2-G, al Título I,  los artículos 14-A, 20-A, 20-B, 
20-C y 20-D al Capítulo II del Título II, los ar tículos 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G 
al Capítulo V del Título II, los artículos 58-A, 58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J  al Capítulo VI del Título II, el artículo 75-A al Capítulo II del Título III y el artículo 93-A 
al Capítulo I del Título V, los  artículos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-
H, 137-I, 137-J y 137-K al Capítulo  VI  del Título V, el artícu lo 178-A al Título VII, los 
artículos 184-A, 190-A y 194-A al T ítulo VIII, el artículo 202-A al Capítulo I del Título IX, los 
artículos 206-A y 210-A al Capítulo II del Título IX  y el artículo 219-A al Título IX de la Ley 35 
de 10 de mayo de 1996, así como  el artículo 25-A  a la Ley 1 de 10 de enero de 2001. 
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 Deroga los  artículos  64, 71 y 135 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, los artículos 4 y 
5 de la Ley 45 de 8 de agosto de 1975 y todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Artículo 104. Esta Ley comenzará a regir el 1 de oct ubre de 2012, salvo los artículos siguientes, 
que entrarán en vigencia en  los plazos que se indican: 
Transcurrido un año de la pres ente Ley, entrará en vigencia el numeral 10 del artículo 38 
de la presente Ley; el artículo 52, el párrafo segundo del artículo 10 y los artículos 20-A al 20-D 
adicionados por el artículo  11 de la presente Ley. 
Transcurrido un periodo no mayor de dos años de  la entrada en vigencia de la presente 
Ley, entrarán en vigencia los numerales 7 y 9 del ar tículo 37 y el numeral 5 del artículo 58  de la 
presente la Ley. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Proyecto 511 de 2012 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil doce. 
  
El Presidente, 
  
 Sergio R. Gálvez Evers 
 
El Secretario General,     Wigberto E. Quintero G. 
 
   
ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESID ENCIA DE LA REPÚBLICA, PANAMÁ, 
REPÚBLICA DE PANAMA, 5 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
              RICARDO MARTINELLI BERROCAL 
Presidente de la República 
  RICARDO QUIJANO J. Ministro de Comercio e Industrias  
 
IP/N/1/PAN/I/1/Add.2 
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