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IP/N/1/COL/E/3  
 
16 January 2014  
(14-0214)  Page: 1/52  
Council for Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights  Original: Spanish/espagnol/español  
  
 
MAIN DEDICATED INTELLECTUAL PROPERTY LAWS AND REGULATIONS 
NOTIFIED UNDER ARTICLE 63.2 OF THE AGREEMENT 
  
C
OLOMBIA  
This document reproduces the text1, as notified by Colombia on 20 November 2013 under 
Article 63.2 of the Agreement2, of Decision No. C-011 of 2013 declaring Law No. 1520 of 2012 
unenforceable on procedural grounds.3 
 
Conseil des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
 
 
PRINCIPALES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS CONSACRÉES À 
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NOTIFIÉES AU TITRE 
DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD 
 
COLOMBIE  
Le présent document contient le texte1, notifié par la Colombie le 20 novembre 2013 au titre de 
l'article 63:2 de l'Accord2, de l'Arrêt C-011 de 2013 invalidant, pour vices de forme, la Loi n° 1520 
de 2012.3 
 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
 
 
PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS A LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD 
DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO 
 
C
OLOMBIA  
En el presente documento se reproduce el texto1, notificado por Colombia el 20 de noviembre de 
2013 en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo2, de la Sentencia C-011 de 2013 que 
declaró inexequible, por vicios de trámite, la Ley N° 1520 de 2012.3 
 
                                               
1 In Spanish only./En espagnol seulement./En español solamente. 
2 See document IP/N/1/COL/5/Add.2./Voir le document IP/N/1/COL/5/Add.2./Véase el documento 
IP/N/1/COL/5/Add.2).  
3 Implementing commitments assumed under the Trade Promotion Agreement between Colombia and 
the United States and its Amending Protocol, in the context of trade policy and economic integration./Prévoyant la mise en œuvre des engageme nts souscrits au titre de l'Accord de promotion des 
échanges commerciaux conclu entre la République de Colo mbie et les États-Unis d'Am érique et son "protocole 
modificatif dans le cadre de la poli tique de commerce extérieur et d'inté gration économique"./Por medio de la 
cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del "Acuerdo de Promoción Comercial", suscrito entre 
la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su "Protocolo Modificatorio, en el marco de la política de comercio exterior e integración económica". IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Sentencia C-011/13 
 
 
IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR VIRTUD DEL ACUERDO DE 
PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA Y SU PROTOCOLO MODIFICATORIO- Inexequibilidad 
 IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR VIRTUD DEL ACUERDO DE 
PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA Y SU PROTOCOLO MODIFICATORIO- Normas relativas a 
derechos de autor y derechos conexos 
 
COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES- Competencia para aprobación en 
primer debate 
 
COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES- Asignación de competencias 
 COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES- Justificación  
 
Existen importantes razones que justifican la existencia de diferentes comisiones al interior del Congreso de la República, a las cuales les serán distribuidos los proyectos de ley y de acto 
legislativo, según la materia que regulen: (i) Permite un trámite más eficiente de las iniciativas 
legislativas, por cuanto los proyectos se asignarán al grupo de congresistas, en cada una de las cámaras legislativas, que cuente con mayores conocimientos sobre el tema regulado, lo cual 
facilita el cumplimiento de las funciones del Congre so dentro de un régimen jurídico, democrático y 
participativo. (ii) Facilita la distribución racional de las actividades del órgano legislativo, por cuanto permite un reparto adecuado y sin sobrecarga para ninguna de dichas comisiones. (iii) La asignación de manera organizada y sistemática po r temas a las diferentes comisiones, redunda en 
una mayor garantía de publicidad de las actuacione s y deliberaciones en el trámite y aprobación de 
los proyectos de ley. (iv) Permite la realización de debates más especializados que favorecen el proceso legislativo, pues los congresistas que hagan parte de cada una de las comisiones 
laborarán sobre materias de su interés, que guarden relación con su área de formación o de 
experiencia laboral. (v) Facilita el ejercicio del co ntrol político directo por parte de la población. 
 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR PRESUNTA FALTA DE COMPETENCIA DE 
LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONGRESO -Jurisprudencia 
constitucional/ CONTROL DE CONSTITUCION ALIDAD DE NORMA LEGAL- Rigor en 
comisión competente para primer debate/ PROYECTO DE LEY -Distribución temática 
aproximada para primer debate/ PROYECTO DE LEY- Grado de flexibilidad en distribución 
temática/ CONGRESO DE LA REPUBLICA- Trabajo legislativo  
 
Si bien esta Corporación ha reconocido que la distribución del trabajo legislativo y la asignación de 
materias a las diferentes comisiones de las cámaras del Congreso de la República responde a importantes fines como el de eficiencia y especialidad en la labor legislativa, ha sido igualmente 
enfática al precisar que, en consideración al cúmulo de trabajo del Congreso "sería impracticable y 
tal vez imposible hacer una distribución temática precisa y rígida de las materias legislativas entre las siete (7) comisiones constitucionales permanentes, en cuanto siempre existirán asuntos de ley que de una u otra manera tendrán relación de  conexidad material con temas diversos pero 
convergentes, los cuales, sin embargo, podrían exigir su regulación en un solo texto legislativo". 
De esta manera, en consideración a la apreciación que se ha hecho de la gran dificultad que presenta la exigencia de rigidez en la distribución de los proyectos de ley, por cuanto los mismos 
pueden regular diversas materias que eventual mente corresponderían a diferentes comisiones 
constitucionales permanentes, la Corte Constitucion al ha establecido que su examen debe partir de 
la premisa según la cual, "en muchas ocasiones la distribución de los proyectos de ley para su 
aprobación en primer debate es aproximada, debi do a las condiciones especiales del contenido de 
cada proyecto". Así pues, al juez constitucional corresponde tener en cuenta que "si bien la Ley 3ª de 1992 hace una distribución temática entre las comisiones permanentes, la amplitud y variedad de los principios constitucionales que deben ser desarrollados por ley y la dinámica y especificidad IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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de cada materia exigen cierta flexibilidad al momento de distribuir los proyectos de ley para su 
estudio, trámite y aprobación en primer debate". Como corolario de lo anterior, surge entonces, que el examen de constitucionalidad de leyes que cobijen materias adscritas a diferentes 
comisiones permanentes de las cámaras legislativas y que, a primera vista, aparezcan como de 
competencia de varias de ellas de acuerdo a la distribución temática que establece la Ley 3ª de 1992, debe ser flexible por las siguientes razones: "1. No se pone en riesgo ningún precepto 
constitucional cuando se decide que un proyecto de ley que ofrece duda razonable acerca de su 
materia dominante y, por lo tanto, de la comisión competente para aprobarlo en primer debate, sea tramitado en una u otra comisión permanente, máxime si se tiene en cuenta que lo relativo a la distribución del trabajo legislativo fue deferido po r la Constitución Política a la ley. 2. La manera 
como el legislador reguló la solución de los casos en que exista duda sobre la materia 
predominante en un proyecto de ley, fue asignándole poder de decisión al Presidente de la respectiva Cámara para que, según su criterio, remita el proyecto a la comisión que considere 
competente. Esta figura se encuentra en el Parágrafo 2º - artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 […].  3. 
El artículo 159 de la Constitución Política señala  que el proyecto que sea negado en primer debate 
puede ser considerado en plenaria de la respectiva Cámara, con lo cual se demuestra que en todo 
caso ese criterio rígido o excluyente de la especialid ad cede ante la decisión de la plenaria. Es más, 
de acuerdo con el artículo 166 de la Ley 5ª de 1992 -Ley Orgánica del Congreso- si la plenaria de la respectiva Cámara acoge la apelación, el proyecto pasará a una comisión constitucional diferente para que surta el trámite en primer debate. […]. Si, de acuerdo con lo anterior, es 
procedente la aprobación de proyectos de ley en primer debate en una comisión permanente con 
competencia diferente al tema de discusión, será de mayor aceptación el reparto en una u otra comisión cuando se trata de proyectos que ofrecen duda razonable acerca de su materia 
dominante.  4. Todos los miembros del Congreso tienen la oportunidad de hacer seguimiento al 
trámite en primer debate de los diferentes proyectos de ley y pueden plantear modificaciones, adiciones o supresiones a la comisión respectiva, así no hagan parte integrante de ella (L. 5ª de 
1992, art. 160 nl. 1), lo cual compagina con el grado de flexibilidad relativa que la Constitución 
asigna al trámite en primer debate de los proyectos de ley. […] De acuerdo con lo expuesto, no existen fundamentos constitucionales para exigir una rigurosidad estricta en la distribución del 
trabajo legislativo. Por el contrario, la Constitución y las Leyes 3ª y 5ª de 1992 consagran 
preceptos que permiten una flexibilidad razonable en  la designación de la comisión que apruebe en 
primer debate los proyectos de ley".  
CONGRESO DE LA REPUBLICA- Exigencia constitucional de cumplimiento de la distribución 
del trabajo  
 
Hay una exigencia constitucional de cumplimiento de la distribución del trabajo en el seno del 
Congreso de la República, de acuerdo con las competencias temáticas asignadas por ley a cada una de las comisiones, pues ésta tiene, "desde una perspectiva estrictamente constitucional, 'profundas connotaciones democráticas y de eficiencia en el cumplimiento de la función 
legislativa'", lo cual hace que en el examen de constitucionalidad del procedimiento de formación 
de una ley "no sea indiferente establecer si la comisión en particular en la que se inició el [trámite] en cada cámara, era la que, dada la materia del proyecto, debía ocuparse del asunto". En este 
sentido, la Corte ha determinado que la violación a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 3ª de 
1992 que asigna las competencias temáticas a las comisiones congresuales "acarrea un vicio de relevancia constitucional, que daría lugar a la declaración de inexequibilidad de la disposición legal 
irregularmente tramitada." Tal argumentación se observa plasmada de la siguiente manera: "Si es 
el propio constituyente quien dispone que cada comisión permanente se ocupe de ciertas materias según determinación de la ley, la inobservancia de esta especialidad temática a la hora de repartir 
los proyectos, generaría un vicio que afectaría la constitucionalidad del trámite legislativo 
correspondiente, y llevaría a la declaración de inexequibilidad formal de la ley así expedida, pues 
resulta claro que no fue respetada la voluntad constitucional". En igual sentido apunta lo indicado por esta Corporación en sentencia C-353 de 1995, como pasa a exponerse textualmente: "En 
consecuencia, las leyes que hayan sido tramitadas en primer debate por una comisión 
constitucional permanente carente de competencia para ocuparse de las materias de que trata la respectiva ley, son inconstitucionales por vulnerar las disposiciones del artículo 151 de la Carta. En 
efecto, dicha norma supedita el ejercicio de la actividad legislativa a las disposiciones de una ley 
orgánica, la cual, en materia de competencias de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República, es para efectos del control de constitucionalidad y con la advertencia realizada en la sentencia antes citada, la Ley 3ª de 1992." IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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COMPETENCIAS TEMATICAS DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO- Desconocimiento 
en el proceso de formación de la ley constituye un vicio de relevancia 
constitucional/ PRESIDENTE DE CAMARA LEGISLATIVA- Margen de apreciación en el 
reparto de los proyectos de ley cuando la materia no esté claramente adscrita a una comisión 
 
Esta Corporación ha reconocido, de una parte, que el desconocimiento de las competencias temáticas de las comisiones congresuales -asignadas por la Ley 3ª de 1992- en el proceso de formación de la ley constituye un vicio de relevancia constitucional que impondría al órgano de 
control constitucional el deber de retirar del ordenamiento jurídico el texto normativo que surtió un 
trámite irregular. No obstante, también ha tenido en cuenta que, en virtud del parágrafo 2° del artículo 2° de la ley en comento, que asigna las competencias a estas comisiones según la materia 
sobre la cual verse el proyecto de ley o de acto legislativo a debatir y aprobar en primer debate, el 
presidente de la respectiva cámara cuenta con un margen de apreciación en el reparto de los mismos "cuando la materia de la cual trate el proyecto de ley, no esté claramente adscrita a una 
Comisión", pues en tales circunstancias, lo faculta para enviarlo a "aquella que, según su criterio, 
sea competente para conocer de materias afines".   CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY EN COMISIONES CONSTITUCIONALES 
PERMANENTES- Alcance respecto de la asignación frente a conflictos de competencia 
 La Corte señaló que la propia ley aporta herramientas importantes para resolver los conflictos que 
puedan llegar a surgir en aquellos casos en que la temática de un proyecto no ley no aparezca 
adscrita a una determinada comisión permanente, o cuando en el proyecto de ley se regulen asuntos cuya discusión competa a diversas comisiones. En efecto, la sentencia indica que tanto la 
Ley 3ª de 1992, como el reglamento del Congreso contenido en la Ley 5ª del mismo año dan la 
clave para resolver estos conflictos. En el primer o de los supuestos, que se configura cuando el 
proyecto de ley regule asuntos cuya discusión competa a diversas comisiones, la Corporación señaló que el artículo 146 de la Ley 5ª dispone que cuando un proyecto de ley verse sobre varias 
materias, será repartido a la comisión de la materia predominante, la cual podrá solicitar a las 
demás comisiones competentes un concepto sobre el mismo. Respecto de la segunda hipótesis fáctica, referida a la falta de adscripción de un determinado tema a una comisión particular, la 
Corte señaló que los parágrafos 1° y 2° del artículo  2° de la Ley 3ª establecen que para resolver 
los conflictos de competencia entre las distintas comisiones, primará el principio de especialidad, de manera que cuando la materia sobre la cual trate el proyecto de ley no esté claramente 
adscrita a una comisión, "el Presidente de la respec tiva Cámara, lo enviará a aquella que, según su 
criterio, sea competente para conocer materias afines".   
 JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE  PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SOBRE 
COMPETENCIA DE LA COMISION DEL CONGRESO EN TRAMITE Y APROBACION EN PRIMER DEBATE- Debe ser un control flexible y, por ende, sólo es admisible la intervención 
del juez constitucional cuando quiera  que dicho reparto resulte irrazonable 
  PROYECTO DE LEY- Falta de competencia para tramitar en primer debate/ PROYECTO DE 
LEY EN COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES- Inconstitucionalidad por 
carencia de competencia en primer debate/ PROYECTO DE LEY EN COMISIONES 
CONSTITUCIONALES PERMANENTES- Vicio insubsanable 
 
 
  Referencia: expediente D- 9107 
 
 Demanda de inconstitucionalidad contra la 
Ley 1520 de 2012 "por medio de la cual se 
implementan compromisos adquiridos por virtud 
del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su Protocolo Modificatorio, IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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en el marco de la política de comercio exterior e 
integración económica" . 
 
 Demandante: Jorge Enrique Robledo Castillo 
  Magistrado Sustanciador:  
 ALEXEI JULIO ESTRADA 
  Bogotá, D.C.,  veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013) 
 
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente 
 
 
SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES  En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el 
ciudadano Jorge Enrique Robledo Castillo, interpuso acción pública de inconstitucionalidad contra 
la totalidad de la Ley 1520 de 2012 y formuló cargos adicionales contra los artículos que se subrayan en la transcripción. 
 
A continuación se transcribe la ley demandada y se subrayan los apartes sobre los cuales recaen cuestionamientos particulares: 
 
"LEY 1520 DE 2012 
(abril 13) 
 
Diario oficial No. 48.400 de 13 de abril de 2012 
 
por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del "Acuerdo de 
Promoción Comercial", suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y 
su "Protocolo Modificatorio, en el Marco de la Política de Comercio Exterior e Integración 
Económica". 
 
El Congreso de Colombia 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Objeto . Implementar compromisos adquiridos por la República de Colombia en 
virtud del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas 
y sus entendimientos, suscrito en Washington el 22 de noviembre de 2006 y el Protocolo 
Modificatorio al Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América, firmado en Washington, Distrito de Columbia, el 28 de junio de 2007, y la carta adjunta de la misma fecha, 
aprobados por el Congreso de la República de Colombia mediante Ley 1143 del 4 de julio de 2007 
y Ley 1166 del 21 de noviembre de 2007, respectivamente.  
Artículo 2°. El artículo 8° de la Ley 23 de 1982 quedará así: 
 
Artículo 61.  Para los efectos de la presente ley se entiende por: 
 
Autor . Persona física que realiza la creación intelectual. 
 
Artista intérprete o ejecutante . Es el actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que 
represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma obras 
literarias o artísticas o expresiones de folclore.  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Comunicación al público de una interpretación o ejecución o de un fonograma . Para los 
efectos de los artículos 166 y 173 de la presente ley, es la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las 
representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los efectos de los derechos reconocidos 
a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, la comunicación al público incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma 
resulten audibles al público. 
 
Copia o ejemplar.  Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de 
reproducción. 
 
Derechohabiente . Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten 
derechos reconocidos en la presente ley. 
 
Distribución al público.  Puesta a disposición del público del original o copias de la obra 
mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 
 
Divulgación.  Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento. 
 
Emisión.  Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el 
público. 
 
Fijación.  Incorporación de signos, sonidos o imágenes, o de la representación de estos, a 
partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo. 
 
Fonograma.  Toda fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución o de otros 
sonidos, o de una representación de sonidos que no  sea en forma de una fijación incluida en una 
obra cinematográfica o audiovisual.  
Grabación efímera.  Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una 
emisión de radiodifusión, realizada por un períod o transitorio por un organismo de radiodifusión, 
utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.  
Información sobre la gestión de derechos . Información que identifica la obra, interpretación 
o ejecución o fonograma; al autor de la obra, al ar tista intérprete o ejecutante de la interpretación 
o ejecución, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, 
interpretación o ejecución o fonograma; o información sobre los términos y condiciones de 
utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; o cualquier número o código que represente dicha información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de la obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la 
comunicación o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución o 
fonograma.  
Lucro.  Ganancia o provecho que se saca de algo. 
 
Medida tecnológica efectiva.  Cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso 
normal de su operación, controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma 
protegidos, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor.  
Obra.  Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, 
susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.  
Obra anónima.  Aquella en que no se menciona el nombre del autor; por voluntad del mismo, 
o por ser ignorado.  
Obra audiovisual.  Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con 
o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, 
independientemente de las características del soporte material que la contiene. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Obra colectiva.  La que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la 
orientación de una persona natural o jurídica que la  coordine, divulgue y publique bajo su nombre. 
 
Obra derivada.  Aquella que resulte de la adaptación, traducción u otra transformación de 
una originaria, siempre que constituya una creación autónoma. 
 
Obra en colaboración.  La que sea producida, conjuntamente, por dos o más personas 
naturales cuyos aportes no puedan ser separados.  
Obra individual.  La que sea producida por una sola persona natural. 
 
Obra inédita.  Aquella que no haya sido dada a conocer al público. 
 
Obra originaria.  Aquella que es primitivamente creada. 
 
Obra póstuma.  Aquella que haya sido dada a la publicidad solo después de la muerte de su 
autor. 
 Obra seudónima.  Aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica. 
 
Organismo de radiodifusión.  Empresa de radio o televisión que transmite programas al 
público. 
 
Productor.  Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 
responsabilidad en la producción de la obra, por ej emplo, de la obra audiovisual o del programa de 
ordenador. 
 
Productor de fonogramas.  Es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la 
responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución u otros 
sonidos o las representaciones de sonidos. 
 
Publicación.  Producción de ejemplares puestos al al cance del público con el consentimiento 
del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita 
satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.  
Publicación de una interpretación o ejecución o de un fonograma . Es la oferta al público de 
copias de la interpretación o ejecución o del fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad razonable.  
Radiodifusión.  Transmisión al público por medios inalámbricos o por satélite de los sonidos o 
sonidos e imágenes, o representaciones de los mismos; incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas, donde el medio de decodificaci ón es suministrado al público por el organismo 
de radiodifusión o con su consentimiento; "radiodifusión" no incluye las transmisiones por las 
redes de computación o cualquier transmisión en donde tanto el lugar como el momento de recepción pueden ser seleccionados individualmente por miembros del público. 
 
Retransmisión.  Remisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada 
por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. 
 
Titularidad.  Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente ley". 
 
Artículo 3°. La Ley 23 de 1982 tendrá un artículo nuevo 10A el cual quedará así: 
 
"Artículo 10A.  En los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos al derecho 
de autor y los derechos conexos se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que la persona 
natural o jurídica cuyo nombre es indicado de la manera usual, es el titular de los derechos de la obra, interpretación o ejecución o fonograma. También se presume que, en ausencia de prueba en IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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contrario, el derecho de autor o derecho conexo su bsiste en relación con la obra, interpretación o 
ejecución o fonogramas".  
Artículo 4°. El artículo 11 de la Ley 23 de 1982 quedará así: 
 
"Artículo 11 . De acuerdo con los artículos 61 y 71 de la Constitución Política de Colombia, 
será protegida la propiedad literaria y artística como propiedad transferible, por el tiempo de la 
vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la ley.  
Esta ley protege las obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones de 
organismos de radiodifusión de los colombianos y extranjeros domiciliados en Colombia o 
publicadas por primera vez en el país.  
Los extranjeros no domiciliados en Colombia gozarán de la protección de esta ley de 
conformidad con los tratados internacionales a los cuales Colombia está adherida o cuando las leyes nacionales del otro país impliquen reciprocidad efectiva en la protección de los derechos 
consagrados a los autores, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 
radiodifusión colombianos en dichos países.  
Parágrafo.  Cuando la protección de un fonograma o una interpretación o ejecución fijada 
en un fonograma se otorgue en virtud del criterio de primera publicación o fijación, se considerará 
que dicha interpretación, ejecución o fonograma es publicada por primera vez en Colombia, cuando la publicación se realice dentro de los 30 días siguientes a la publicación inicial en otro 
país". 
 
Artículo 5°. El artículo 12 de la Ley 23 de 1982 quedará así: 
 
"Artículo 12 . El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias 
y artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir:  
a) La reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, 
mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica; 
 
b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos 
alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de 
ellos elija; 
 
c) La distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o a través de 
cualquier forma de transferencia de propiedad; 
 
d) La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier 
medio, incluyendo la transmisión por medios electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Decisión Andina 351 de 1993; 
 
e) El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras. La 
traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra". 
 
Artículo 6°. El artículo 27 de la Ley 23 de 1982, quedará así: 
 
"Artículo 27 . En todos los casos en que una obra literaria o artística tenga por titular una 
persona jurídica, el plazo de protección será de 70 años contados a partir del final del año 
calendario de la primera publicación autorizada de la obra. 
 
S i  d e n t r o  d e  l o s  5 0  a ñ o s  s i g u i e n t e s  a  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  o b r a  n o  h a  e x i s t i d o  p u b l i c a c i ó n  
autorizada, el plazo de protección será de 70 años a partir del final del año calendario de la 
creación de la obra". 
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Artículo 7°. El artículo 165 de la Ley 23 de 1982 quedará así: 
 
"Artículo 165 . La protección ofrecida por las normas de este capítulo no afectará en modo 
alguno la protección del derecho del autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas 
consagradas por la presente ley. En consecuencia ninguna de las disposiciones contenidas en él podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. 
 
A fin de no establecer ninguna jerarquía entre el derecho de autor, por una parte, y los 
derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un 
fonograma como del artista intérprete o ejecutante o productor titular de los derechos del 
fonograma, el requerimiento de la autorización de l autor no deja de existir debido a que también 
se requiera la autorización del artista intérpre te o ejecutante o del productor de fonogramas. 
 
Así mismo, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una 
obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor titular de 
los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del artista intérprete o ejecutante 
o productor de fonogramas no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del autor".  
Artículo 8°. El artículo 166 de la Ley 23 de 1982 quedará así: 
 
"Artículo 166 . Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, tienen respecto 
de sus interpretaciones o ejecuciones el derecho exclusivo de autorizar o prohibir: 
 
a) La radiodifusión y la comunicación al públ ico de sus interpretaciones o ejecuciones no 
fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o 
interpretación radiodifundida;  
b) La fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas; 
 
c) La reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier manera o 
forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento 
temporal en forma electrónica; 
 
d) La distribución pública del original y copias de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas 
en fonograma, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad; 
 
e) El alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fonogramas, incluso después de su distribución realizada por el artista 
intérprete o ejecutante o con su autorización; 
 
f) La puesta a disposición al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 
fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y 
en el momento que cada uno de ellos elija".  
Artículo 9°. El artículo 172 de la Ley 23 de 1982, quedará así: 
 
"Artículo 172 . El productor de fonogramas tiene el derecho exclusivo de autorizar o 
prohibir: 
 
a) La reproducción del fonograma por cualqu ier manera o forma, temporal o permanente, 
mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica; 
 
b) La distribución pública del original y copi as de sus fonogramas, mediante la venta o a 
través de cualquier forma de transferencia de propiedad; 
 
c) El alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso 
después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización;  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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d) La puesta a disposición al público de sus fonogramas, de tal forma que los miembros del 
público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija".  
Artículo 10. El artículo 2° de la Ley 44 de 1993 que modifica el artículo 29 de la Ley 23 de 
1982, quedará así:  
"Artículo 2°.  Los derechos consagrados a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión tendrán la siguiente duración:  
Cuando el titular sea persona natural, la protección se dispensará durante su vida y ochenta 
años más a partir de su muerte. 
 
Cuando el titular sea persona jurídica, el plazo de protección será de 70 años contados a 
partir: 
 
Del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación, 
ejecución o del fonograma. A falta de tal publicación autorizada dentro de los 50 años contados a 
partir de la realización de la interpretación, ejecución, o del fonograma, el plazo será de 70 años a partir del final del año calendario en que se realizó la interpretación o ejecución o el fonograma.  
Del final del año calendario en que se haya realizado la primera emisión de su 
radiodifusión".  
Artículo 11. Supresión de la Licencia de Reproducción . Suprímase la licencia de reproducción 
ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de que tratan los artículos 58 a 71 de la Ley 23 de 1982. 
 
Artículo 12. Las limitaciones y excepciones que se establezcan en materia de derecho de 
autor y derechos conexos, se circunscribirán a aquellos casos especiales que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del 
titular o titulares de los derechos. 
 
Artículo 13. No obstante la posibilidad que tiene el Estado de establecer limitaciones y 
excepciones a los derechos exclusivos previstos en la legislación nacional sobre derecho de autor y 
derechos conexos, no se permite la retransmisión a través de Internet de señales de televisión, 
sean terrestres, por cable o por satélite sin la autorización del titular o titulares del derecho del 
contenido de la señal y, si es del caso, de la señal. 
 
Artículo 14. Independientemente de que concurra una infracción al derecho de autor o a los 
derechos conexos, incurrirá en responsabilidad civil y deberá indemnizar los perjuicios que 
ocasione quien realice cualquiera de las siguientes conductas: 
 
a) Sin autorización eluda las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el 
acceso o los usos no autorizados de las obras, interpretaciones artísticas o ejecuciones, 
fonogramas o emisiones radiodifundidas;  
b) Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera 
comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva:  
Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha 
medida; o  
Tengan un limitado propósito o un uso comercial significativo, diferente al de eludir dicha 
medida; o  
Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la 
elusión de dicha medida;  
c) Suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos; IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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d) Distribuya o importe para su distribución, información sobre gestión de derechos 
sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización; 
 
e) Distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del 
público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la 
información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
 
Parágrafo. Salvo orden judicial, ninguna auto ridad administrativa podrá requerir que el 
diseño o la selección de las partes y componente s para un producto de consumo electrónico, de 
telecomunicaciones o de computación, responda a una medida tecnológica en particular, a 
condición de que dicho producto no viole de alguna otra forma las disposiciones estipuladas en este artículo. 
 
Artículo 15. Las siguientes son excepciones a la responsabilidad consagrada en los literales a 
y b del artículo anterior y será aplicada en consonancia con los parágrafos de este artículo. 
 
a) Actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia de un programa de 
computación obtenida legalmente, realizadas de buena fe con respecto a los elementos 
particulares de dicho programa de computación que no han estado a la disposición inmediata de la 
persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de 
un programa de computación creado independientemente con otros programas;  
b) Actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador apropiadamente 
calificado que haya obtenido legalmente una copia,  interpretación o ejecución no fijada o muestra 
de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe 
por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único 
propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;  
c) La inclusión de un componente o parte con el único fin de prevenir el acceso de menores 
al contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo sea diferente de los mencionados en el literal b) del artículo 14 de la presente ley; 
 
d) Actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el titular de una computadora, 
sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad 
de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo; 
 
e) El acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones educativas, sin fines de lucro, 
a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con 
el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones; 
 
f) Actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de 
realizar de manera no divulgada la recolección o difusión de datos de identificación personal que 
reflejen las actividades en línea de una persona natural, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra; 
 
g) Usos no infractores de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en una clase 
particular de obras determinadas por la ley y teniendo en cuenta la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no infractores. El Gobierno 
Nacional hará una revisión periódica de dicho impacto, en intervalos de no más de cuatro años, 
para determinar la necesidad y conveniencia de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley en que se consagren los usos no infractores que han de ser objeto de la excepción prevista 
en este literal; 
 
h) La actividad legalmente autorizada de investigación, protección, seguridad de la 
información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para 
los efectos de este literal, el término ¿seguridad de la información? significa actividades llevadas a cabo para identificar y abordar la vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de computo gubernamentales. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Parágrafo 1°. Todas las excepciones a las conductas establecidas en el presente artículo 
aplican para las medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación, 
ejecución o fonograma. 
 
Parágrafo 2°. A las actividades relacionadas en  el artículo 252bis literal b), cuando se 
refieran a medidas tecnológicas que controlen el acceso a una obra, interpretación, ejecución o 
fonograma, solo se aplicarán las excepciones establecidas en los literales a), b), c), d) del presente artículo.  
Parágrafo 3°. A las actividades relacionadas en  el artículo 252bis literal b), cuando se 
refieran a medidas tecnológicas que controlen usos no autorizados de una obra, interpretación, ejecución o fonograma, solo se aplicará la excepción establecida en el literal a) del presente 
artículo. 
 Artículo 16. El artículo 2° de la Ley 1032 de 2006 que reformó el artículo 271 de la Ley 599 de 
2000, quedará así: 
 
"Artículo 2°.  Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos . Incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la 
ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes:  
Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, 
artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, im porte, exporte, venda, ofrezca, adquiera para 
la venta o distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones. 
 
Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, 
videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico. 
 
Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de 
ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. 
 
Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales. 
 
Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, 
ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las 
protegidas en este título.  
Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquie r medio sonoro o audiovisual, divulgue las 
emisiones de los organismos de radiodifusión.  
Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por 
suscripción".  
Artículo 17. El artículo 3° de la Ley 1032 de 2006 que modificó el artículo 272 de la Ley 599 
de 2000, quedará así:  
"Artículo 3°.  Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos 
conexos, y otras defraudaciones.  Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica privada, actuando sin 
autorización de los titulares de derecho de autor y derechos conexos y salvo las excepciones 
previstas en la ley:  
1. Eluda las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso o los usos no 
autorizados de las obras, interpretaciones artísticas o ejecuciones, fonogramas o emisiones radiodifundidas.  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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2. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera 
comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva: 
 
Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha 
medida; o tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir 
dicha medida; o sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o 
facilitar la elusión de dicha medida.  
3. Suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos. 
 
4. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo 
que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
 
5. Distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del 
público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la 
información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
 
6. Fabrique, ensamble, modifique, importe, expo rte, venda, arriende o distribuya por otro 
medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para saber que la 
función principal del dispositivo o sistema es asistir en la descodificación de una señal codificada 
de satélite portadora de programas codificados sin la  autorización del distribu idor legítimo de dicha 
señal. 
 
7. Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa 
que se originó como señal por satélite codificada a sabiendas de que ha sido descodificada sin la 
autorización del distribuidor legítimo de la señal. 
 
8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, 
recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, 
alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos 
efectos.  
Parágrafo. Los numerales 1 a 5 de este artículo  no serán aplicables cuando se trate de una 
biblioteca sin ánimo de lucro, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión no comercial. 
 
Artículo 18. Las disposiciones de los artículos anteriores se aplicarán a todas las obras, 
interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones de organismos de radiodifusión que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley no hayan pasado al dominio público. 
 
Artículo 19. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, las 
autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales y las autoridades judiciales 
competentes para resolver los procesos de infracción en materia de propiedad intelectual, estarán 
facultadas para ordenarle al infractor que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en la infracción, así como de los medios o instrumentos de 
producción o canales de distribución utilizados para ello. 
 
Artículo 20. En los procesos sobre infracciones al derecho de autor, los derechos conexos y 
las marcas, el juez estará facultado para ordenar que los materiales e implementos que hayan sido 
utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean 
destruidas, a cargo de la parte vencida y sin compensación alguna, o en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna, se disp onga su retiro de los canales comerciales. 
 
En el caso de mercancías consideradas piratas o falsificadas, en la sentencia el juez deberá 
ordenar su destrucción, a cargo de quien resulte condenado en el proceso, a menos que el titular 
de derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. En casos apropiados las 
mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y la mercancía ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso los jueces IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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podrán permitir la exportación de las mercancías falsificadas o pirateadas o permitir que tales 
mercancías se sometan a otros procedimientos aduaneros, salvo en circunstancias excepcionales. En relación con las mercancías de marca falsificadas, la simple remoción de la marca que fuera 
adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales 
comerciales.  
Artículo 21. El parágrafo del artículo 4° de la Ley 680 de 2001 que modificó el artículo 33 de 
la Ley 182 de 1995, quedará así:  
Parágrafo.  En sábados, domingos y festivos el porcentaje de producción nacional será 
mínimo del 30% en los siguientes horarios: 
 
"De las 19:00 horas a las 22:30 horas (triple A). 
 
"De las 22:30 horas a las 24:00 horas. 
 
"De las 10:00 horas a las 19:00 horas. 
 
Artículo 22. Vigencia . La presente ley rige a partir de su publicación, deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias". 
 
II. DEMANDA  
1.- A juicio del actor, el cuerpo normativo demandado es contrario a los artículos 20 (libertad de 
expresión y derecho fundamental a la información), 142 (obligación de tramitar los proyectos de ley en las comisiones competentes), 153 (trámite de las leyes estatutarias) y 157 (requisitos que 
deben cumplir los proyectos para convertirse en ley) de la Constitución Política. 
 2.- En primer lugar el ciudadano demandante expone lo relacionado con la vulneración de los artículos 142 y 157 constitucionales. Al respecto, sostiene que la Ley 1520 de 2012, la cual, de 
manera evidente y sin lugar a dudas regula los derechos de autor, fue tramitada por las 
comisiones segundas del Senado y de la Cámara de Representantes, a pesar de que el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992 señala que los proyectos sobre propiedad intelectual –de la cual hacen parte 
los derechos de autor- deben surtir primer debate en las comisiones primeras de Senado y 
Cámara. Por ello, concluye que se incurrió en un vicio en el procedimiento de formación de la ley, en tanto fue tramitada por comisiones constitucionales permanentes del Congreso que eran 
incompetentes en la materia. 
 3.- En segundo lugar señala que, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los derechos de autor tienen el ca rácter de derechos fundamentales. Deduce, por lo 
tanto, que la ley demandada, al haber sido tramitada mediante el procedimiento establecido para 
las leyes ordinarias, desconoció el procedimiento previsto en el artículo 153 constitucional para los proyectos de ley estatutaria. 
 
A su juicio, la ley demandada fue expedida en co ntra de lo preceptuado por la Constitución en 
relación con la reserva de ley estatutaria no sólo porque ésta regula los derechos de autor, sino 
que lo anterior se ve reforzado, comoquiera que estos afectan de manera directa otros derechos 
fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, "pues las normas que 
los protegen limitan los derechos de los ciudadanos a difundir una determinada información y a acceder a la misma" . 
 
En este punto, cita algunos ejemplos puntuales como los artículos 6° y 13, los cuales, a su juicio, restringen el derecho fundamental de acceder a la información y divulgarla. Y los artículos 16, 17 y 
18 de la ley objeto de cuestionamiento, que modifican los delitos contra los derechos de autor y, 
en consecuencia, guardan una relación directa con el derecho fundamental a la libertad.  
4.- Por otra parte, el demandante plantea un cargo por el desconocimiento de los derechos 
fundamentales de acceso a la información y a la libertad de expresión contra los artículos 6° y 13 de la Ley 1520 de 2012.  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Respecto del primero de estos, argumenta que amplía de manera desproporcionada el tiempo de 
protección de los derechos de autor bajo titularida d de las personas jurídicas, pues éste pasa de 
50 a 70 años, aumentando en 20 años el plazo en el que los ciudadanos no podrán acceder a una 
obra o difundirla libremente. 
 Por otra parte, el artículo 13, que prohíbe la retransmisión de señales de televisión por internet 
resulta, asimismo, excesivo, en opinión del demandante. Indica que los canales de televisión antes 
de la presente restricción de retransmisión de sus programas por internet ya obtenían cuantiosas utilidades de sus inversiones, lo cual hacía innecesario adoptar esta medida. Agrega que de acuerdo con lo anterior, se evidencia que "[l]as medidas de la Ley 1520, acordes con las 
disposiciones del TLC, no están hechas para proteger los derechos de los autores. Su objeto es 
proteger el monopolio, la inversión y las ganancias presentes y futuras de las personas jurídicas titulares de un derecho de autor".  Y concluye: "[b]uscan proteger, más allá de las necesidades de 
los autores, el poder del monopolio privado, lo qu e en la práctica viola los derechos fundamentales 
de los colombianos al acceso a la información".  
 
Señala el ciudadano Robledo Castillo que en un país tan desigual como Colombia, adoptar medidas 
legales que en la práctica aumentan el precio de los bienes que permiten el acceso a más información y conocimientos impide un cambio en la desigualdad e inequidad que lo caracterizan y, de hecho, refuerza estas condiciones. Así, considera que "[a]umentar los estándares de 
protección de propiedad intelectual de personas jurídicas foráneas, además de una medida en 
contravía del progreso nacional, evita que la información llegue a más capas sociales y, en consecuencia, hará crecer a quienes se ven ex cluidos de los avances de la humanidad".  
 
Finalmente, el ciudadano accionante sostiene que la ley cuya constitucionalidad cuestiona va más allá de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en virtud del TLC suscrito con los 
Estados Unidos y que dicho tratado, a su vez, exce de las normas internacionales, en la medida en 
que amplía los derechos de propiedad intelectual contemplados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionad os con el Comercio –ADPIC- de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Sobre este punto, afirma, por último, que esta ley es aún más 
restrictiva que la misma ley estadounidense en la materia y cita el siguiente aparte del concepto 
del programa Información Justa y Propiedad Intelectual respecto del artículo 13 demandado:   
"El artículo 13 del proyecto de ley impide la 'retransmisión a través de internet de señales de 
televisión, sean terrestres, por cable o por satélite'  sin el permiso del propietario del copy 
right de la señal o de su contenido 'no obstante de'  las limitaciones y excepciones a los 
derechos exclusivos en la legislación de Colombia. En la ley de EE.UU., por el contrario, 
ningún derecho exclusivo es categóricamente inmune a las limitaciones y excepciones generales, incluyendo el 'uso justo' , que prevé la ley. Así, por ejemplo, una retransmisión 
por internet de las partes de una emisión terrestre para el uso educativo puede considerarse 
como un uso no fraudulento. En Colombia, en el marco del proyecto de ley, esto sí se 
considera como tal. Estudiantes colombianos y profesores por lo tanto serían menos libres para participar en el uso efectivo de la educación de la Internet que sus contrapartes de 
EE.UU. Por supuesto, el TLC no exige este resultado anómalo, y la constitución de los EE.UU. 
seguramente impediría la promulgación de una ley similar en EE.UU". 
 
III. INTERVENCIONES 
 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
1.- El Ministerio, actuando por intermedio de apod erado judicial, allegó a la Secretaría General de 
esta Corporación escrito de intervención el 30 de julio de 2012. Mediante éste, solicita la declaratoria de exequibilidad de la ley acusada. 
 
El apoderado judicial del Ministerio empieza por se ñalar que la ley bajo revisión fue adoptada con 
el fin de implementar los compromisos adquiridos  por Colombia en virtud del Tratado de Libre 
Comercio suscrito con los Estados Unidos, lo cual hacía necesario ajustar la legislación actual en 
materia de propiedad intelectual.  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Respecto del primero de los cargos por vicios de forma, esgrimidos por el ciudadano demandante, 
relativo a la falta de competencia de las comisiones segundas de Senado y Cámara para debatir la ley cuestionada, indica el escrito que, si bien varios de los temas desarrollados en ésta se refieren 
a la propiedad intelectual, en particular a los derechos de autor y conexos, el objeto de su 
expedición se encuentra enmarcado en asuntos relacionados con la política internacional, los tratados públicos y el comercio exterior, de suerte que al abordar diversidad de materias, podría 
haber sido presentada ante diferentes comisiones. Adicional a ello, según el interviniente, de 
conformidad con el segundo parágrafo del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, cuando el asunto no se encuentre claramente adscrito a una comisión cons titucional permanente, el presidente de la 
respectiva cámara podrá enviar el proyecto a la que considere competente para conocer de 
materias afines. Concluye, entonces, que el presidente de la cámara a la que correspondió, 
haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales repartió el proyecto de ley de acuerdo a su criterio, en consideración a las competencias de las comisiones segundas para conocer de las 
materias señaladas, atinentes a  la política internacional, los tratados públicos y el comercio 
exterior, sin que dicha decisión pueda tacharse de  abiertamente irrazonable y, en consecuencia, 
pueda tomarse por un vicio de inconstitucionalidad de la Ley 1520 de 2012. 
 
A continuación el escrito de intervención del Ministerio se centra en el segundo cargo por vicios de forma planteado por el demandante, consistente en que, a pesar de que la ley demandada regula una materia con reserva de ley estatutaria –los derechos de autor-, se le imprimió el trámite de 
ley ordinaria. La entidad considera en relación con este punto que la reserva de ley estatutaria en 
materia de derechos fundamentales es excepcional, "por cuanto la regla general, es su regulación 
dentro de la órbita del legislador ordinario y no del estatutario" . 
 
Además, el apoderado judicial señala que el a ccionante incurre en un error al afirmar que los 
derechos de autor son fundamentales con base en una sentencia de la Corte Constitucional que 
atribuye dicho carácter a los derechos morales de autor, no así a los patrimoniales. Por otra parte, 
afirma que la ley objeto de impugnación no tiene por objeto directo la regulación del núcleo esencial de los derechos de autor, sino que su pr opósito es la implementación del tratado de libre 
comercio celebrado con los Estados Unidos, todo lo cual lo lleva a concluir que el cargo no debe 
prosperar, por cuanto la materia de la ley no tenía reserva de ley estatutaria. 
 La intervención del Ministerio de las Telecomuni caciones plantea, respecto del cargo de fondo 
sobre la inconstitucionalidad de los artículos 6° y 13 de la Ley 1520 de 2012 por desconocimiento 
de la libertad de expresión y el acceso a la información, que el mismo es infundado, comoquiera que (i) estos artículos no introducen regulaciones novedosas en relación con la legislación anterior, 
(ii) el legislador cuenta con un amplio margen de configuración en materia de propiedad 
intelectual, cuyos únicos límites son: - que la normatividad esté enderezada a la protección de la propiedad intelectual y – que no establezca condiciones irrazonables o desproporcionadas para acceder a dicha protección. 
 
Finaliza su intervención con la mención de que en los antecedentes de la ley quedó claro que en el TLC suscrito con los Estados Unidos, "el país se comprometió a elevar el término de protección del 
derecho de autor a 70 años en los casos en que el titular del derecho es una persona jurídica"  y 
que mediante la prohibición de retransmisión por internet de señales de televisión, se buscó proteger el derecho exclusivo a favor de los titulares de ese contenido en su circulación a través de 
la red. Considera, pues, que en virtud del acuerdo firmado era necesario actualizar la legislación 
en materia de propiedad intelectual para garantizar  su protección en los nuevos escenarios, tanto 
para los titulares de los derechos como para sus usuarios, lo cual implica necesariamente unos límites razonables a la libertad de expresión y al acceso a la información que no son derechos 
absolutos. 
 Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes 
 
2.- Los ciudadanos César Augusto Rodríguez Garavito, Camila Soto Mouraille, Luisa Ferreira Peralta, María Angélica Prada Uribe, Laura Romero Villamizar, Lina María Uribe Briceño, Carlos 
Andrés Baquero Díaz y Luis Alejandro Moya Riveros, en calidad de profesores y estudiantes del 
programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, solicitaron a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la totalidad de la Ley 1520 de 2012 por vicios de forma, y como petición subsidiaria, en caso de no considerarse procedente la pretensión anterior, IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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la de la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 13, 15, 16, 17, 19 y 21 por vicios de 
fondo.  
Los mencionados intervinientes allegaron escrito a la Secretaría General el 30 de julio de 2012. 
Empiezan por señalar los mandatos constitucionales que consideran vulnerados con la expedición de la ley demandada. A su juicio, ésta desconoce los derechos a la igualdad (C.P., art. 13), la 
intimidad (C.P., art. 15), la libertad de expresión y el acceso a la información (C.P., art. 20), el 
debido proceso (C.P., art. 29), así como la educación en general y este derecho de los menores de edad (C.P., arts. 67 y 44). Igualmente, estiman que la ley objeto de examen es contraria a los artículos 142 y 157, que establecen la competencia material de las comisiones permanentes, 152 y 
153 sobre el trámite de las leyes estatutarias, y, por último, el artículo 158 constitucional que 
consagra el principio de unidad de materia.  
En primer lugar indican que tratándose de la regula ción de los derechos de autor, que modifica la 
Ley 23 de 1982, la Ley 1520 de 2012 ha debido expedirse siguiendo el trámite propio de las leyes estatutarias, por cuanto la Corte Constitucional ha señalado que la dimensión moral del derecho de 
autor tiene rango fundamental. 
 En seguida, los ciudadanos afirman que la le y cuestionada ha debido ser discutida en las 
comisiones primeras de Senado y Cámara, pues son éstas las competentes para conocer de los 
proyectos de ley que pretenden ser leyes estatutarias o que traten sobre derechos, garantías y 
deberes, como es el caso de los derechos que tienen que ver con la propiedad intelectual. Sobre este punto recuerdan que, según la jurisprudencia de esta Corporación, la distribución de los 
proyectos de ley dependerá de la materia dominante en cada caso y que, a pesar de la variedad 
de temas que recoja un proyecto, éste deberá ser tramitado en la Comisión que se ocupe de su 
tema central. 
 
Concluyen, en relación con este tema que, si bien  la Corte ha determinado que la inobservancia de 
las competencias definidas en el artículo 2° de la Ley 3ª. de 1992 no implica necesariamente la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, en este caso sí es esa la conclusión que debe extraerse, 
pues la materia central de la Ley 1520 de 2012 es la estructura y regulación de la propiedad 
intelectual en Colombia, por lo que ha debido ser tramitada ante las comisiones primeras "sin que 
pueda presentarse excusa o justificación suficiente en favor de una decisión contraria" . 
 
Finalmente, hacen referencia a los vicios de fo ndo que advierten en la ley objeto de examen 
constitucional. Inician dicho análisis con la aplicación de un test estricto de proporcionalidad sobre 
el cual concluyen que "el fin expuesto en la ley (implementar compromisos adquiridos en el marco 
del TLC con Estados Unidos) es legítimo, importante e incluso imperioso. Sin embargo, la adopción de una ley restrictiva como medio para cumplir este fin, no es adecuado ni necesario, en otras palabras, puede ser reemplazado por un medio alternativo menos lesivo del derecho fundamental 
a la libertad de expresión".  Específicamente, en relación con el artículo 13 de la Ley, mediante el 
cual se prohíbe la retransmisión de señales terrestres por internet, indican que es excesivo en comparación con la regulación estadounidense, denominada "Digital Millennium Copyright Act" , 
según la cual ningún derecho exclusivo es inmune a limitaciones y excepciones, como el "uso 
justo"  (fair use), que tiene que ver con el uso racion al y limitado de un material protegido que no 
requiere permiso del titular de los derechos de au tor. En Colombia, en cambio, se penaliza dicha 
retransmisión sin distinción alguna respecto de fines académicos, informativos, de investigación o 
de crítica, lo cual resulta excesivamente restrictivo para el derecho a la libertad de expresión.   En relación con la violación que alegan del derecho a la educación, los ciudadanos intervinientes 
señalan que la misma tiene lugar como consecuencia del desconocimiento del principio de 
progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales por el artículo 15.e y el parágrafo del ar tículo 17 de la ley bajo examen, en la medida en 
que suponen un régimen de excepciones más estrecho que aquel contemplado en la Ley 23 de 
1982, en relación con la educación. Mencionan que el artículo 32 de esta última ley permitía la utilización de "obras literarias o artísticas o parte de ellas, a título de ilustración en obras 
destinadas a la enseñanza […] o comunicar con propósitos de enseñanza la obra radiodifundida 
para fines escolares, educativos, universitarios y de formación profesional sin fines de lucro, con la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las obras así utilizadas" ; mientras que el 
artículo 15.e de la ley demandada restringe "el acceso por parte de bibliotecas, archivos o IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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instituciones educativas, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la 
cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones".  
De igual modo, remarcan que el parágrafo del artículo 17 señala, respecto de las violaciones a la 
protección a los derechos de autor, que se exceptúa el uso por parte de "bibliotecas sin ánimo de 
lucro, archivos, instituciones educativas u organi smos públicos de radiodifusión no comercial",  lo 
cual en ambos casos, como se evidencia, esta blece unas excepciones mucho más limitadas si se 
comparan con la normatividad anterior a la ley cuya constitucionalidad se revisa, pues las mismas 
ya no atienden el propósito general de enseñanza, sino un único propósito específico atinente a las adquisiciones por parte de determinadas instituciones educativas oficiales.  
En igual sentido, los intervinientes estiman que la prohibición de retrasmisión por internet de 
señales terrestres, establecida en el artículo 13 de la Ley 1520 de 2012 es excesiva frente al derecho a la educación, específicamente en sus componentes de aceptabilidad y adaptabilidad. 
Para ellos, las exigencias que hace este artículo suponen que la enseñanza se vea privada de 
información y material didáctico que puede proporcionar la señal de televisión. Así, concluyen que la ley privilegia de manera desproporcionada la protección de la propiedad intelectual, en 
contradicción con la naturaleza y las limitaciones que la jurisprudencia constitucional y los 
instrumentos internacionales han establecido respecto del mismo.  Por otra parte, el grupo de intervinientes señala que la ley demandada es inconstitucional, por 
cuanto genera una omisión legislativa relativa vulneratoria de los derechos a la igualdad, al acceso 
a la información y a la educación de las personas con discapacidad, reconocidos en la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 30.3). A su 
juicio, tal omisión consiste en que el artículo 15 de la ley revisada no estableció dentro de las 
excepciones de responsabilidad a las personas discapacitadas y, para ellos, en tanto "se trata de 
sujetos de especial protección constitucional, la  excepción debía ser contenida en el listado de 
causales de responsabilidad por las dificultades en términos de costos –morales y económicos- que 
genera para este grupo poblacional no tener la posibilidad de ser eximidos de responsabilidad",  sin 
ninguna justificación de dicha exclusión, lo cual genera para este segmento poblacional una desigualdad negativa frente a quienes no pertenecen  al mismo y sí fueron incluidos en el artículo 
15 mencionado. Concluyen señalando que lo anterior implica una discriminación formal indirecta, 
en términos del Comité DESC, pues ocasiona "una privación de los derechos a la información de la 
población con discapacidad. […] En ese sentido, en la práctica se le estaría negado  (sic) a la 
población con discapacidad el acceso a los materiales protegidos por los altos costos que esto 
implica".   
Los intervinientes sostienen, además, que el artículo 19 de la ley sub examine  también resulta 
contrario a los derechos al debido proceso y a la intimidad. Exponen que dicha disposición desconoce una de las principales garantías del debido proceso, cual es la del juez imparcial, por cuanto "estas autoridades  [judiciales y administrativas] se encontrarían actuando en un proceso 
con incidencias penales, que sólo debería llevarse a cabo ante un juez imparcial, lo cual solo se 
garantiza con la separación funcional y orgánica entre el ente acusador y el juez. No obstante, el art. 19 otorga la facultad de ordenar la entrega de información a una autoridad administrativa, a la 
que por ley se asignaron funciones jurisdiccionales" . Y concluyen, más adelante: "De esta manera, 
la ley se refiere a una entidad que se convertirá en juzgador del sindicado infractor, pero que al mismo tiempo, tiene plena capacidad para ordenar la entrega de información" . Adicional a lo 
anterior, en opinión de los ciudadanos, derivado de esta falta de garantía de imparcialidad, junto 
con la falta de control de la conexidad necesaria entre la información que se ordene proporcionar y la conducta que se investiga –cualquier información sobre cualquier persona-, el artículo 19 genera un espacio en el que habría potenciales vulneraciones al derecho a la intimidad. 
 
Al final de la intervención mencionan, asimismo que el artículo 21 de la ley examinada viola el principio de unidad de materia (C.P., art. 158), dado que su objetivo de implementar las 
obligaciones de servicios transfronterizos no guarda relación "teleológica, causal, sistemática ni 
temática con el núcleo temático de la Ley 1520 de 2012" , cual es la implementación de las 
obligaciones de propiedad intelectual contraídas en el Acuerdo de Promoción Comercial con los 
Estados Unidos. Y, para terminar, manifiestan que, a su parecer, los artículos 16 y 17 de la ley 
impugnada desconocen el principio de proporcionalidad  de la pena (C.P., art. 20), al encontrar que 
la respuesta punitiva respecto de las conductas at entatorias de los derechos de autor -además de 
la sanción civil  de indemnización de perjuicios al titular de los derechos-, de pena de prisión de IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios 
mínimos, es excesiva frente a la conducta de  transgresión de los derechos de propiedad 
intelectual. Una sanción civil, opinan, es suficientemente disuasiva y proporcionada frente al daño 
causado con las conductas tipificadas contra los derechos de autor, por lo cual éste puede ser 
reparado por medio de una indemnización de perjuicios al titular.  
Ministerio de Justicia y del Derecho 
 3.- Este Ministerio, actuando por intermedio de apoderada judicial, presentó escrito de intervención en la Secretaría General de la Corporación, el día 6 de agosto de 2012, con el fin de 
presentar las razones que, para dicho órgano, justifican la constitucionalidad de las normas 
acusadas.  
En p rime r lu g ar e l me moria l d e  inte rve nc ión s e ñal a q ue , c ontrario al c arg o d e  la de mand a, las  
comisiones segundas en efecto son las competentes para tramitar una ley de la naturaleza de la que ahora es objeto de examen por la Corte Constitucional, comoquiera que su objeto es 
implementar el TLC con los Estados Unidos, tratado público de política internacional. De esta 
suerte, según la posición del Ministerio, no se incurrió en un vicio en el procedimiento de formación de la ley, pues la misma fue tramitada por las comisiones constitucionales permanentes competentes para ello, aun cuando los derechos de autor tengan el carácter de derechos 
fundamentales. Y añade que tampoco se desconoció el procedimiento previsto en el artículo 153 
para dar trámite a los proyectos de ley estatutaria, sin presentar razones que justifiquen su afirmación. 
 
En segundo lugar, el escrito del Ministerio indica que en lo que tiene que ver con los cargos dirigidos contra los artículos 6º y 13 de la Ley 1520 de 2012 por el presunto desconocimiento de la 
libertad de expresión y de información, el actor no sustentó el concepto de violación, por lo cual 
frente a estos no se cumplen los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia para que puedan ser tenidos como verdaderos cargos que susciten una mínima duda de inconstitucionalidad, lo cual necesariamente debe conducir a esta Corporación a declararse 
inhibida para proferir una decisión de fondo. 
 Unidad Administrativa Especial Dirección  Nacional de Derecho de Autor –DNDA- 
 
4.- El director general de la DNDA presentó memo rial de intervención, recibido en la Secretaría 
General el 9 de agosto del año en curso, por medio del cual solicita a esta Corporación declarar 
exequible la Ley 1520 de 2012. Después de hacer un recuento sobre los derechos de autor en la 
legislación colombiana y en los tratados internacionales incorporados a la misma, se refiere al artículo 6° de la ley demandada, mediante el cu al se aumenta el término de protección de los 
derechos de autor a las personas jurídicas. Pa ra la entidad, el demandante yerra en su 
argumentación al confundir el régimen de derechos  de autor y conexos con la protección de las 
invenciones y los descubrimientos, pues éste señala que las invenciones son un producto social y que el aumento a 70 años de protección de los derechos de autor de las personas jurídicas 
restringe desproporcionadamente el acceso y utilización de los mismos por la humanidad, sin que 
la ley acusada tenga ninguna relación con la protección de los descubrimientos científicos. Y concluye que "es absolutamente legítima la protección otorgada por el sistema jurídico del derecho 
de autor a las personas jurídicas que hacer  (sic) parte del sector de las industrias creativas […]", 
por lo que no puede catalogarse como inconstitucional cuando la propia Carta garantiza la libertad de empresa y la libre iniciativa privada. Adicional a lo anterior, pone de presente que, en virtud del principio de reciprocidad, las producciones literarias y artísticas colombianas podrán gozar del 
reconocimiento del mismo plazo de protección que los Estados Unidos reconoce a las producciones 
literarias y artísticas de las cuales son titulares sus propios nacionales.  
El análisis en torno al artículo 13 de la ley objeto de revisión, parte de señalar que éste hace 
referencia a uno de los derechos conexos de que son titulares los organismos de radiodifusión, como personas encargadas de divulgar y dar a conocer una determinada obra. En este caso lo que 
se tutela es, entonces, "la interpretación artística, la fijación de sonidos, y la emisión de señales a 
través de las cuales se transmiten al público obras, acontecimientos o simplemente información" . 
Continúa con la exposición de los antecedentes en el derecho internacional y comunitario de regulaciones similares en las que se ha prohibido la retransmisión de señales de televisión, en IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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dependencia de la autorización de los organism os de radiodifusión. Finalmente, concluye el 
representante legal de la entidad interviniente que "la prohibición consagrada en el artículo 13 de 
la Ley 1520 de 2012 no genera una carga o prohibición novedosa, mucho menos injustificada; 
simplemente ratifica lo consagrado de tiempo atrás en nuestra legislación, reiterando que para que 
un tercero diferente al titular de los derechos pued a realizar este tipo de actos, debe tener la 
autorización clara y expresa, siempre que no se este (sic) amparado por las excepciones 
consagradas en el artículo 22 de la Decisión Andina 351 de 1993, y los artículos 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 178 (relacionado con los derechos conexos) de la Ley 23 de 1982" . 
 
Después del extenso análisis, el escrito de la DNDA arriba a la conclusión, según la cual la 
regulación de los derechos de autor no puede ser considerada como una afectación de la libertad de expresión de la ciudadanía "[s]iendo el derecho de autor, producto de la libertad de creación 
literaria y artística y esta a su vez parte de la libertad de expresión, no es posible la existencia de 
una sociedad con libertad de expresión pero sin derecho de autor".  Además, manifiesta la entidad 
que el derecho a la libertad de expresión, lejos de ser absoluto, se encuentra limitado por el 
efectivo ejercicio de los otros derechos, entre los que se encuentran los derechos de autor y 
conexos.  Por último, el memorial se ocupa de los cargos por los presuntos vicios formales en el 
procedimiento de formación de la Ley 1520 de 2012. Respecto del primero de ellos, atinente a la 
falta de competencia de las comisiones segundas de Senado y Cámara para dar primer debate a esta ley, señala que, si bien es cierto su eje temático central es el de los derechos de autor, la 
propiedad intelectual y la responsabilidad en el uso de tecnologías de comunicación, se trata de un 
compendio normativo que pretende dar aplicación interna a un tratado bilateral, por lo cual las comisiones segundas tienen competencia en atención a que éstas se ocupan de tramitar las leyes 
vinculadas con el comercio internacional, dentro del cual encaja la ley acusada. Por lo anterior, no 
encuentra caprichosa ni irrazonable la opción de dar trámite al proyecto de ley mediante estas comisiones y no las primeras, pues, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la asignación de comisiones debe hacerse con criterios de flexibilidad, como consecuencia de lo cual, 
la duda debe resolverse en favor de la legitimidad del proceso legislativo. 
 En relación con el cargo por desconocimiento de la reserva de ley estatutaria en el trámite de la 
ley impugnada, la entidad alega la ineptitud sustantiva de la demanda, por cuanto el actor no 
señala, a excepción de los artículos 6° y 13, cuáles de las disposiciones de la ley que debieron ser aprobadas por medio de ese trámite ni por qué razones. Y añade que si en gracia de discusión se 
aceptara el argumento de que varias de las disposiciones de la ley sub examine  tenían reserva de 
ley estatutaria, por cuanto modifican el alcance de derechos fundamentales, es importante tomar 
en consideración la jurisprudencia constitucional  que establece que el hecho de que las normas 
jurídicas afecten el alcance de los derechos fund amentales, no implica necesariamente que deban 
ser tramitadas por una ley de esa categoría. 
 Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe –CERLALC- 
 
5.- El director de CERLALC –organismo de caráct er intergubernamental del ámbito Iberoamericano 
bajo el auspicio de la UNESCO- presentó escrito de intervención el 9 de agosto del año en curso, 
aclarando que rinde concepto en atención a la solicitud hecha por los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo. La intervención se centra en los aspectos de fondo 
de la demanda y en ésta defiende la constitucion alidad de la norma demandada por las siguientes 
razones: 
 
Para empezar, señala el escrito que la libertad de expresión, si bien juega un papel fundamental 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano, no puede ser considerada como de carácter 
absoluto, pues el mismo ordenamiento permite imponer restricciones, siempre y cuando éstas se 
encuentren acordes al principio de legalidad y estén encaminadas a la consecución de un fin constitucionalmente legítimo. 
 
Tales restricciones deben ser necesarias para: (i) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y/o;  (ii) buscar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y moral públicas.  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Por otro lado, indica el interviniente que es el mismo ordenamiento el que consagra una especial protección del derecho de autor como una forma sui generis  de propiedad, en su doble carácter, 
tanto patrimonial como moral y que el mismo también encuentra unos límites materiales 
configurados en algunos supuestos de hecho de carácter excepcional, previamente señalados por 
el legislador a fin de proteger valores como la educación, la información y la cultura. 
 
Los anteriores planteamientos sirven al interviniente para defender la constitucionalidad del artículo 6º demandado, pues considera que el plazo de protección en él establecido cumple con los dos criterios señalados por la jurisprudencia como requisitos para que el legislador pueda adoptar 
medidas en relación con un área de la propiedad intelectual como lo es el derecho de autor. En 
primer lugar, manifiesta que es una medida que se orienta a la protección de la propiedad intelectual del autor y, en segundo lugar, no establece condiciones irrazonables para acceder a la 
protección, sino por el contrario, aumenta el nivel, en tiempo de la misma. 
 Adicional a lo anterior, se lee en el escrito que el aumento del plazo de protección no fue un mero 
capricho del legislador colombiano, sino que antes bien, obedeció a fundadas razones que 
justificaron su decisión, tales como:  
(i) Se adoptó en cumplimiento de un compromiso internacional adquirido con los Estados 
Unidos al suscribir el Tratado de Libre Comercio. 
 
(ii)  La medida tiene como resultado nivelar, hasta cierto punto, una situación desigual en 
lo que se refiere a plazo de protección. Lo ante rior, ya que en Colombia existía una dicotomía 
entre el plazo de protección otorgado a las person as naturales y el que se brindaba a las personas 
jurídicas.  
 
(iii) El aumento del plazo de protección se ajusta a los estándares internacionales.  
 
(iv) El aumento del plazo no incluye un factor donde cualitativa o cuantitativamente se 
rompa con el equilibrio entre el derecho de autor y el acceso a la información.   
 De otra parte, en relación con la constitucionalidad del artículo 13 de la ley impugnada, señala la 
intervención los siguientes puntos relevantes: 
 
(i)  La norma tiene como objeto la protección de dos bienes jurídicos  -las señales de 
televisión y su contenido- que de tiempo atrá s ya eran protegidos por el derecho de autor 
colombiano y por el derecho de la Comunidad Andina.   
(ii)  La regulación mantiene vigente las limitaciones y excepciones del artículo 178 de la 
Ley 23 de 1982, lo que significa que cualquier persona puede hacer uso de las señales de 
televisión para su uso privado, con el propósito de informar sucesos de actualidad, con fines de enseñanza, o para hacer citaciones de breves fragmentos, siempre que estén conformes con las 
buenas costumbres y justificadas.  
 
(iii) El artículo 13 demandado no rompe con el equilibrio buscado por el derecho de autor 
y los derechos conexos, entre la protección al titular del derecho y el acceso a la información, pues 
no niega la posibilidad de establecer limitaciones y excepciones a una prestación protegida como son las señales de televisión y las obras contenidas en ésta.   
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 6.- El ministro del ramo allegó a la Secretaría de la Corte memorial de intervención, mediante el 
cual expone argumentos tendentes a desestimar la demanda. El primero de ellos, relativo al cargo 
por la supuesta falta de competencia de las comisiones segundas de ambas cámaras para tramitar en primer debate el proyecto de ley que dio lugar a la ley bajo revisión, el cual, en su opinión, en 
tanto regula materias disímiles como derecho de autor, marcas (propiedad industrial, materia 
adscrita a la comisión cuarta), la distribución de espacios televisivos (propio del comercio transfronterizo de servicios) y, además, es la ley mediante la cual se implementan los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo comercial suscrito con los Estados Unidos podía IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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haber sido tramitada en varias comisiones, siendo justamente la segunda competente para 
conocer proyectos de ley sobre tratados públicos, comercio exterior, integración económica y zonas de libre comercio. Agrega que, dada esta ca racterística que se presenta en buena parte de 
los proyectos de ley, la Corte Constitucional ha señalado que los artículos 142 de la Constitución 
Política y 2º de la Ley 3ª de 1992 deben interpretarse con criterios de flexibilidad, de manera que se permita al presidente de la cámara respectiva repartir las iniciativas legislativas de acuerdo con 
su propio criterio, siempre y cuando el mismo sea razonable. 
 De otra parte, la intervención sostiene, en torno al cargo sobre reserva de ley estatutaria que, de 
conformidad con la propia jurisprudencia constitucional, sólo en casos en que se (i) desarrollen 
elementos estructurales de derechos fundamentales, (ii) definan límites o restricciones que afecten 
el núcleo esencial de un derecho fundamental, (iii) regulen íntegramente alguno de estos derechos (iv) aluda a la estructura general y a los principios reguladores de los derechos fundamentales, o, 
(v) refieran a leyes que traten sobre principios vinculados con este tipo de derechos, se puede 
considerar que un proyecto de ley debe surtir el  trámite más exigente correspondiente a las leyes 
estatutarias. De lo anterior colige entonces que, comoquiera las normas acusadas regulan 
aspectos relacionados con los derechos de autor, infracción marcaria, o el contenido de la 
televisión nacional los fines de semana y festivos, se hace evidente que no se enmarcan en ninguno de los eventos que la Corte Constitucional ha clasificado con reserva de ley estatutaria, y lo expresa como sigue: "[l]as normas acusadas efectivamente establecen restricciones y delimitan 
el alcance de ciertos derechos vinculados con el derecho de autor, pero ninguna de ellas pretende 
elaborar una regulación integral en la materia ni definir los contornos del núcleo esencial del derecho, máxime cuando, según se explicará, solo  los derechos morales derivados del ejercicio de 
los derechos de autor se consideran derechos fundamentales" . 
 En relación con los cargos de forma dirigidos contra los artículos 6º y 13 de la Constitución Política, 
el Ministerio considera que se presenta el fenómeno de cosa juzgada absoluta , pues la Corte 
Constitucional declaró exequibles previamente contenidos normativos de la Ley 1143 de 2007, aprobatoria del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos, que guardan plena coincidencia en cuanto a su alcance con los ahora impugnados, mediante sentencia C-750 de 
2008. 
 Finaliza el escrito con la consideración, según la cual, la demanda en lo que al cargo de fondo 
contra el artículo 13 se refiere, contiene elementos de conveniencia política, mas no de carácter 
jurídico que susciten dudas sobre la constitucionalidad de la ley, por lo cual no reúne las condiciones que la Corte exige en cuanto a pertinen cia, certeza y suficiencia para dar impulso a un 
pronunciamiento de fondo sobre su conformidad o inconformidad respecto de la Carta 
Fundamental. En lo que toca con el artículo 6º impugnado, concluye que "[s]i bien es apenas obvio 
que la protección a que hace referencia restringe la posibilidad de expresión de una persona, de todas formas esta restricción no puede catalogarse como irrazonable pues, […] ningún derecho, 
incluido el de libertad de expresión, es absoluto" .  
 Centro de Estudios en Libertad de Expresió n y Acceso a la Información –CELE- de la 
Facultad de Derecho de la Univ ersidad de Palermo (Argentina) 
 7.- El CELE, el cual actúa por intermedio de Eduardo Bertoni, director, y Carlos Eduardo Cortés, 
investigador, presentó escrito de intervención dentro del proceso de la referencia, recibido en la 
Secretaría de la Corte Constitucional el 6 de agosto del año en curso. Quienes suscriben el memorial, exponen una serie de conceptos con los cuales pretenden hacer aportes para el análisis de constitucionalidad de la normatividad demandada, como los de eficiencia e innovación, 
proporcionalidad, usos permitidos o justos y efecto inhibitorio.   
 En relación con el análisis concreto de la Ley 1520 de 2012, los intervinientes señalan que el 
artículo 16, que modifica una norma penal y establece que incurrirá en pena de prisión, quien 
adelante unas conductas determinadas, implica que "cualquier uso no comercial –como el de un 
amigo que copia un disco de música de otro amigo- parece estar tipificado como delito […]. Se 
trata, al parecer, de una respuesta estatal radical, que pone la sanción penal como primera 
solución y que abre la posibilidad de castigar conductas legítimas,  lo cual aparece como una 
regulación desproporcionada.  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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En relación con las causales de los usos justos o permitidos, señalan quienes intervienen, que 
éstas son más amplias que las contenidas en la legislación colombiana. Así, por ejemplo, mencionan que la Ley 23 de 1982 (modificada por la Ley 1520 de 2012) se refiere, entre otros, a 
la cita, la reproducción con fines de enseñanza o noticiosos, las representaciones o ejecuciones en 
instituciones de enseñanza y la excepción a favor de bibliotecas y archivos, regulación ya restrictiva en relación con el llamado fair use  anglosajón. No obstante, consideran que los artículos 
14 y 17 de la Ley 1520 de 2012 no podrían ser más restrictivos y estar más lejos de tener en 
cuenta los usos justos que puede tener una obra protegida, pues estos prohíben la elusión de medidas tecnológicas de manera general, el primero en el plano civil y el segundo en el plano penal. Y señalan que en el caso del artículo 17 que impone sanciones penales, si bien condiciona el 
tipo penal a que se obtenga una "ventaja comercial o ganancia económica privada",  tal situación 
no protege a quienes alteran la gestión de los derechos digitales (DRM) para hacer un uso permitido de un contenido, más allá de que eso les reporte una ganancia económica que no afecta 
al titular del derecho. Por ello, concluyen que "[l]a relevancia de un régimen razonable de usos 
permitidos o causales de uso justo busca atender la  realidad de conductas habituales en línea que 
no van en detrimento de los titulares de derechos de autor";  y añaden que "aunque este tipo de 
protección exista, puede terminar siendo irrisoria en la práctica si el proceso de protección es 
desproporcionado, o si una norma adicional prohíbe las acciones necesarias para llevar a cabo ese uso justo, como la elusión de ciertas medidas de protección digital" . 
 
Finalmente, sobre el efecto inhibitorio, los intervinientes señalan que el efecto que genera un 
sistema desproporcionado de protección de derechos de autor y restringido en materia de usos permitidos, es "estrechar el entorno digital e inhibir la libertad de expresión de los ciudadanos. Y 
mientras la piratería en línea puede resultar parcialmente afectada, el principal costo lo asumen 
los usuarios, que de simples consumidores de contenidos en el pasado, pasaron a jugar un rol activo en la producción de conocimiento" . 
 
Para terminar su intervención, los señores Bertoni y Cortés hacen unos apuntes sobre disposiciones puntuales de la ley bajo cuestionamiento. Así, indican que el artículo 5º otorga al titular del derecho de autor una potestad bastante amplia frente al uso de su material, como la 
prohibición de cualquier tipo de reproducción o comunicación en público. Por su parte, en relación 
con el artículo 13 que prohíbe la retransmisión po r internet de señales de televisión, estiman que 
una tal aproximación al tema de la regulación de los derechos de autor en lo que tiene que ver con 
los usos en internet "parece desconocer dinámicas propias de la actividad en línea que […] no 
parecen afectar los intereses de los titulares. Y si a esta potestad se suma una definición demasiado estrecha de los usos permitidos –como expresamente lo estipula el propio artículo 13-, 
nos enfrentamos a una serie de condiciones susceptibles de retraer la libre expresión en internet".  
 Sociedad Colombiana de Gestión ACTORES  
8.- La sociedad de gestión intervino dentro del presente proceso mediante escrito allegado a esta 
Corporación el 8 de agosto de 2012. Su representante legal se refirió concretamente al cargo dirigido contra el artículo 13 de la ley demandada y solicitó su declaratoria de exequibilidad. 
Después de consignar unas consideraciones sobre el concepto y la jurisprudencia sobre propiedad 
intelectual, la sociedad que interviene concluyó que dicha disposición legal no es contraria al artículo 20 superior, pues el régimen de excepciones y limitaciones existentes, en su parecer, 
garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. Así 
menciona varios artículos de la Ley 23 de 1982 que contemplan la posibilidad de hacer uso de obras, interpretaciones, fonogramas y señales, sin la autorización de sus titulares, con la finalidad de promover el acceso a la información, la educación y la cultura. 
 
Asociación para la protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y 
Videogramas Musicales – APDIF- 
 
9.- APDIF intervino por intermedio de su representante legal en el presente proceso, con el fin de solicitar la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1520 de 2012. El memorial, allegado a la 
Secretaría General el 9 de agosto del año en curso expone la posición de la asociación, la cual 
puede resumirse en los siguientes puntos.  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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(i) En tanto se trata de una ley sobre derechos de autor que, teleológicamente buscaba 
dar cumplimiento a compromisos internacionales derivados del TLC con Estados Unidos, la decisión de darle trámite en las comisiones segundas permanentes es razonable, en tanto a éstas les 
corresponde debatir y aprobar los proyectos de ley que tengan que ver con asuntos 
internacionales, por lo que la misma debe ser respetada por el juez constitucional, en virtud del principio democrático. 
 
(ii) La ley acusada brinda una protección real y efectiva a los titulares de derechos de 
autor y, con ello, busca disuadir a la ciudadanía de causar un detrimento no sólo al patrimonio cultural, sino también al desarrollo económico del país. Por ello, la adopción de sanciones penales 
más severas por violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, o la 
responsabilidad civil por la elusión de las medidas tecnológicas de protección y violación a la información sobre la gestión de derechos, constituyen mecanismos idóneos que permiten a los 
titulares de derechos de esta naturaleza, hacerlos efectivos frente a violaciones. 
 
(iii) La acusación sobre la violación de la libertad de expresión no satisface los requisitos 
mínimos para su estudio de fondo. No obstante, las normas demandadas no restringen el ejercicio 
de esta libertad sino que simplemente establecen pr ohibiciones al ejercicio ilegítimo de la misma.  
 DIRECTV COLOMBIA LTDA. 
 
10.- La representante legal de la compañía operadora del servicio de suscripción en la modalidad satelital, presentó escrito de intervención el 9 de agosto del año en curso, solicitando a esta 
Corporación la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1520 de 2012 y presentó los siguientes 
argumentos, a fin de defender su posición.  
En primer lugar, señala que las disposiciones de la ley acusada no son nuevas en el ordenamiento 
jurídico colombiano, pues éstas tuvieron como fin dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Libre Comercio, suscrito con los Estados Unidos en noviembre de 2006 y aprobado por el Congreso de la República en julio de 2007 a través de la Ley 1143. 
 
En tal sentido, este cuerpo normativo no representa una modificación a las normas preexistentes sobre temas específicos relacionados con derechos de autor, sino que implica la aprobación de 
compromisos adquiridos por Colombia ante la firma de un tratado, y por eso su competencia 
recaía sobre las comisiones segundas de Senado y Cámara.   
De igual manera, la interviniente indica que las disposiciones acusadas no carecieron de suficiente 
sustento y debate público en su proceso de crea ción, ya que dentro del trámite de dicho TLC se 
dieron, entre otras, una serie de audiencias televisadas, sesiones dedicadas a temas de propiedad intelectual y comercio de servicios, debates de control político y foros o audiencias públicas citadas 
por el Congreso de la República, con el fin de garantizar la participación de los interesados. 
 En segundo lugar, en relación con el contenido del artículo 13 de la Ley 1520, según el cual se 
prohíbe la retransmisión a través de internet de señales de televisión sin la autorización del titular 
del contenido de la señal, encuentra la interviniente que la misma es una réplica de la norma prevista en el artículo 39 de la Decisión Andina 351 de 1993, aplicable en Colombia desde ese año.  
 
Señaló, además, que con tal disposición se busca proteger los derechos de autor, al no permitir la retrasmisión de contenidos protegidos o codificados mediante llaves o mecanismos de protección, pues por su naturaleza, sólo pueden ser de acceso condicionado al tener un  alto costo para su 
producción. Concluyó, de esta manera, que con la disposición demandada en ningún momento se 
restringe el acceso a la información, sino que por el contrario, se le permite a un organismo que difunde contenidos protegidos, la salvaguardia de dichas emisiones que desde su origen no son 
consideradas como de libre acceso. 
 Finalmente, indica que, en aras de garantizar el  derecho a la información no se puede desconocer 
otros derechos fundamentales como los de autor,  así como tampoco se puede pretender divulgar 
contenidos sin autorización de manera gratuita a través de internet alegando libertad de expresión, pues ello implicaría desconocer que existen entidades que han adquirido el derecho de IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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transmitir señales pagando valores que terminan reflejándose en los derechos patrimoniales de los 
autores y creadores de obras o canales de televisión.  
Fundación Karisma y Fundación pa ra la Libertad de Prensa 
 11.- Los ciudadanos Carolina Botero, directora del grupo Derecho, Internet y Sociedad de la 
Fundación Karisma, miembro del colectivo de Internautas RedPaTodos, Andrés Morales Arciniegas 
y Emmanuel Vargas Penagos, director y asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa, allegaron escrito de intervención, mediante el cual solicitan se declare la inexequibilidad de los artículos 6º y 13 de la Ley 1520 de 2012 por las siguientes razones: 
 
En primer lugar, en relación con el artículo 6°, señalan que la norma demandada impone estándares de protección desproporcionados en menoscabo de los derechos fundamentales de 
acceso a la información y libertad de expresión de la ciudadanía en general. 
 Lo anterior, por cuanto tal artículo constituye un exceso a la libertad de configuración del 
legislador al aumentar de cincuenta (50) a setenta (70) años el ámbito de protección de la 
titularidad de una obra de las personas jurídicas, pues dicho incremento supone restricciones a derechos fundamentales como el libre acceso a la información y a la libertad de expresión, sin que exista una justificación constitucional válida para ello.  
 
Indican además que, la norma acusada no busca proteger el derecho de autor en estricto sentido, en la medida en que no constituye una extensión para favorecer a los autores o creadores de las 
obras, sino que contiene una limitación dirigida a favorecer la explotación de los derechos 
patrimoniales por parte de ciertas compañías que detentan la titularidad de la obra.  
Así mismo, señalan que la restricción impuesta a la libertad de expresión no cumple con las 
exigencias requeridas por la Corte Constitucional, ya que ésta debe (a) perseguir una necesidad social imperiosa; (b) ser razonable u oportuna para lograr dicha necesidad social; (c) entre todas las medidas disponibles para lograr el objetivo propuesto, ser la más benigna para la libertad de 
expresión y; (d) estar justificada por la importancia del fin perseguido con la medida. 
 En segundo lugar, en relación con lo dispuesto en  el artículo 13 de la Ley 1520 de 2012, afirman 
que el mismo viola los derechos a la educación, al acceso a la cultura y la ciencia, a la información 
e incluso a la libertad de expresión, porque desconoce la aplicación de las excepciones y limitaciones como elemento de equilibrio de los derechos fundamentales. 
 
A su juicio, esto es así principalmente porque la retransmisión de una emisión terrestre para el uso educativo se podrá considerar como un uso fraudulento, a pesar de que la propia legislación, tanto la Ley 23 de 1982 como la Decisión 351 de 1993, consagran excepciones y limitaciones para usos 
académicos que deberían ser de aplicación respecto  de cualquier obra protegida. Igual sucede con 
la oblación que tienen los Estados de favorecer el acceso de todos a los resultados de la investigación científica, que cada vez más pasan por los medios audiovisuales. 
 
De igual manera, cuestionan los intervinientes el hecho de que se haya limitado la posibilidad del Estado de crear nuevas excepciones a fin de garantizar derechos diferentes a los de autor, pues 
son éstas las que  permiten que exista un equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales. 
 Finalmente, señalan que la restricción a la libertad de expresión sólo se puede dar  por medio de sanciones ulteriores, las cuales deben cumplir con los siguientes requisitos (i) legalidad de la 
medida; (ii) que ésta persiga un fin legítimo; y (iii) que cumpla un juicio de necesidad y 
proporcionalidad. Por ello, cuestionan medidas como las impuestas, que pueden implicar censura previa.  
 
Intervenciones de ciudadanos  
12.- Los ciudadanos Miguel Ángel Espinosa Gonz ález, Diego Alejandro Hernández Rivera y Jaime 
Andrés Nieto Criado, intervinieron en el presente proceso mediante escrito allegado a la Secretaría de esta Corporación el 2 de agosto de 2012. Solicitaron la declaratoria de inexequibilidad de la ley demandada. Y expusieron los siguientes argumentos para fundamentar su petición. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Los ciudadanos que intervienen manifiestan, en primer lugar, que tal y como lo afirma el demandante, las comisiones competentes para haber dado trámite al proyecto de ley que más 
adelante se convertiría en la Ley 1520 de 2012, eran las primeras porque, si bien es cierto, la ley 
tiene lugar en el marco de los compromisos adquiridos en virtud del TLC con los Estados Unidos, la materia central de la misma son los derechos de autor. 
 
En cuanto a los cargos por los presuntos vicios de fondo, los intervinientes consideran que la ley acusada, en sus artículos 6º y 13, es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como su intérprete autorizada en 
materia de libertad de expresión y de información, así como al artículo 20 de nuestra Carta 
Política. A su juicio, las restricciones contenidas en estas disposiciones de la ley resultan desproporcionadas y, en consecuencia, vulneratorias del derecho a la libertad de expresión "ya 
que no simplemente garantizan los derechos de au tor, sino que crean un monopolio respecto a la 
información y la expresión, algo que la misma Corte Interamericana rechaza al proclamar que  
'tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas (derechos 
de autor), se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación' 
(paréntesis fuera de texto )". 
 Finalmente, señalan los ciudadanos que dichas restricciones terminan por afectar, asimismo, el 
derecho a la educación y aumentan la desigualdad tan marcada que existe en el país, pues 
imponen que el acceso a cierta información dependa de la capacidad económica, privatizando con ello el derecho a la información. 
 
13.- La ciudadana Karen Paola Cruz Triana presentó memorial de intervención el 6 de agosto del presente año, con el fin de solicitar a esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad de la 
ley demandada. Planteó, en el mismo sentido de  la demanda, que las comisiones segundas de 
Senado y Cámara carecían de competencia para adelantar el trámite de la Ley 1520 de 2012, por cuanto la materia de la que se ocupa dicha ley es la propiedad intelectual que, según la Ley 3ª de 1992, corresponde a las comisiones primeras. Por ende, colige que, de conformidad con la 
jurisprudencia constitucional al respecto, el desconocimiento de dicho mandato "acarrea un vicio 
de relevancia constitucional"  que impone a la Corte el deber de retirar del ordenamiento jurídico la 
regulación normativa tramitada de manera irregular. 
 
14.- El ciudadano Camilo Araque Blanco, quien actúa en calidad de asesor jurídico del senador Armando Benedetti Villaneda, intervino en el presente proceso, mediante escrito presentado en la 
Secretaría General el 6 de agosto del año en curso. El interviniente señala que apoya los 
argumentos de inconstitucionalidad defendidos po r el actor, centrándose en razones de fondo que 
le llevan a concluir que, en efecto, los artículos 6º y 13 de la ley en cuestión son atentatorios del derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política. De igual manera 
pone de presente que la ley en su integridad lesiona de manera grave el mencionado derecho 
fundamental, por cuanto las medidas penales que contempla para sancionar a los transgresores de los derechos de autor, resultan desproporcionadas e irrazonables frente al fin pretendido en el 
marco de un tratado de libre comercio, como el suscrito con los Estados Unidos, Estado éste que 
además, no ha dado cumplimiento al principio de reciprocidad, en la medida en que su legislación no es tan restrictiva como la que ahora se revisa. 
 
Más adelante, el interviniente se refiere a los que considera vicios insubsanables en el trámite de formación de la ley, los cuales consistieron, a su juicio, en: "(i) [la utilización]  de la figura de las 
sesiones conjuntas entre las diferentes comisiones segundas constitucionales permanentes sin que 
hubiere lugar para ello, (ii) hubo omisión de la lectura integral del proyecto con cada uno de sus 
artículos que lo componen, (iii) ausencia de debate real por todos y cada uno de los miembros de las cámaras, (iv) votación en bloque, (v) la votación no fue nominal, sino conocida coloquialmente 
como a ' pupitrazo ', y (vi) ausencia de cláusula residual de reserva de ley".  
 En relación con el último de los vicios advertidos por el ciudadano Araque Blanco, relativo a la 
reserva de ley estatutaria de la ley demandada, expone que siendo evidente que ésta afecta de 
manera directa el núcleo esencial del derecho a la información y a la libertad de expresión, es evidente que la misma ha debido surtir el trámite de ley estatutaria y no el de ley ordinaria que en 
efecto se le imprimió.  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Finaliza su escrito manifestando que comparte plenamente el cargo planteado por el senador Robledo Castillo en cuanto a la falta de competencia de las comisiones segundas permanentes, 
pues no se encuentra dentro de éstas el tema atinente a los derechos de autor como un subtema 
de la propiedad intelectual, el cual está atribuido privativamente a las comisiones primeras constitucionales, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 3ª de 1992. 
 
15.- El ciudadano Juan Carlos Lancheros Gámez, mediante escrito allegado a la Corte Constitucional el 9 de agosto de 2012, solicitó la declaratoria de exequibilidad de la ley objeto de examen.  
 
Para justificar su petición sostiene, en primer lugar, que las comisiones segundas de ambas cámaras sí eran competentes para dar trámite al proyecto de ley que se convertiría en la Ley 1520 
de 2012, en la medida en que ésta no sólo regula los derechos de autor, sino que también es una 
normatividad que apunta a cumplir los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con ocasión de la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados 
Unidos. Así pues, considera que la decisión de haberle dado trámite en estas comisiones 
constitucionales permanentes no fue irrazonable ni caprichosa y que, en todo caso, esta Corporación ha sostenido que cuando quiera haya dudas sobre la competencia de una determinada comisión respecto de cierta materia, debe aplicarse un test flexible que sólo arrojará como 
resultado la declaratoria de inconstitucionalidad del texto normativo acusado, en caso de que la 
decisión de remisión a la comisión sea abiertamente irrazonable, o evidentemente contraria al artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, lo cual no ocurrió en el presente caso. 
 
De igual manera, el interviniente encuentra que el trámite que se le dio al proyecto de ley, como 
ley ordinaria, se ajusta a la Constitución, comoquiera que la ley bajo revisión se ocupa 
mayoritariamente de los derechos patrimoniales de autor, como reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación, no a los derechos morales que son los únicos que en esta materia han sido clasificados como derechos fundamentales por la Corte Constitucional, por lo que, colige, la ley no estaba sujeta a reserva de ley estatutaria. 
 
En cuanto a los cargos de fondo que pesan sobre los artículos 6° y 13 de la Ley 1520 de 2012, el ciudadano señaló que no se observa la contradicción entre dichas disposiciones y los derechos a la 
libertad de expresión e información, pues estos últimos "NO presentan ningún tipo de conflicto con 
el Derecho de autor en la medida que la ley delimita el campo de protección de este derecho y, por lo tanto, excluye de su ámbito de garantía a otros derechos" . Y finaliza señalando que "[d]esde 
esta perspectiva, el test de proporcionalidad carece de sentido pues no hay necesidad de ponderar 
ni de establecer jerarquías axiológicas móviles (Guastini) de ninguna especie" . No obstante, 
después de hacer unas consideraciones en torno a derecho de acceso a la información, determina que se debe aplicar un test leve de proporcionalidad, por cuanto se trata de la protección de los 
derechos patrimoniales de autor y, de esa manera, el legislador cuenta con un amplio margen de 
discrecionalidad para regular los compromisos derivados del intercambio comercial con los Estados Unidos. Más adelante, con todo, el ciudadano Lancheros Gámez señala que respecto de estos 
cargos de fondo, hay una ineptitud sustantiva de la  demanda, pues el actor no cumple con la carga 
argumentativa necesaria para suscitar dudas respecto de la constitucionalidad de las disposiciones. A él correspondía, según el interviniente, el deber de "demostrar con claridad la existencia de una 
prohibición constitucional relacionada con la consecución del fin o del medio empleado y que para 
el presente caso son inexistentes. De hecho, tampoco el accionante demostró que las medidas incorporadas en los artículos 6 y 13 de la Ley 1520 de 2012 son manifiestamente inadecuadas 
para la obtención del fin de la norma que es, fundamentalmente, la protección de los derechos 
patrimoniales de los autores" . Y concluye al respecto que "[e]sto significaría automáticamente que 
la acción fuera declarada improcedente por ineptitud de la demanda. No obstante, en tanto la constitucionalidad de la norma se presume, se solicita a la Corte declarar su exequibilidad".  
 
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN  
1.- De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, el Procurador General de la 
Nación rindió el concepto de constitucionalidad número 5429 en el proceso de la referencia. La 
Vista Fiscal solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la ley demandada.  IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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2.- Según el concepto del Ministerio Público no es irrazonable que los presidentes de las 
respectivas cámaras hayan decidido que la competencia para dar trámite al proyecto de ley que se convertiría en la Ley 1520 de 2012, le correspondía a las comisiones segundas constitucionales 
permanentes, pues ésta versa sobre un asunto relacionado con la política internacional, con los 
tratados públicos, comercio exterior e integración económica. De esta suerte, a pesar de que la ley gire en torno al tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor, "no es posible afirmar 
que la estimación hecha por los presidentes de las cámaras sea visible o abiertamente 
irrazonable" . 
 3.- En relación con el cargo por la presunta reserva de ley estatutaria, el Procurador General 
señala que, en tanto la materia regulada por la ley cuya constitucionalidad se examina es el 
derecho de autor en su dimensión patrimonial, ésta no puede enmarcarse dentro de los derechos fundamentales. Agrega que la ley bajo revisión tampoco toca el núcleo esencial de ningún derecho 
fundamental, ni regula ninguno de estos, por lo cual el trámite de ley ordinaria que se imprimió a 
la presente es ajustado al ordenamiento superior.  
4.- Finalmente, en punto de los cargos por violación de los derechos a la libertad de expresión y de 
acceso a la información, el Ministerio Público manifiesta que, "[s]i bien es cierto las personas 
pueden tener interés en acceder a las obras literarias o artísticas, cuya explotación corresponde a una persona jurídica, no se puede asumir que por este mero hecho tengan el derecho fundamental 
a obtener este acceso de manera gratuita. Si bien las obras literarias o artísticas son valiosas para 
la vida, y es muy difícil ignorarlas o prescindir de ellas, no contienen elementos cruciales para la vida cívica, como es el caso de la información científica, económica, política o noticiosa. Además, 
toda obra literaria o artística tiene un creador y un titular de los derechos para explotarla, a quien 
corresponde definir si para acceder a ella es o no menester pagar una suma de dinero, o si se dispone un acceso gratuito con publicidad. Algo semejante puede decirse de la transmisión de una 
señal de televisión por internet, sin autorización de los titulares del derecho contenido en la señal 
o de la señal, si es del caso" . 
 V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 
 
Competencia  
1.- La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del 
artículo 241 numeral 4° de la Carta Política.   
El asunto bajo revisión 
 2.- El demandante plantea que la Ley 1520 de 2012 es inconstitucional, en su integridad, y advierte dos vicios en su procedimiento de formación, consistentes en que: (i) tuvo primer debate 
en las comisiones segundas constitucionales permanentes de Senado y Cámara de 
Representantes, cuando, de conformidad con el artí culo 2° de la Ley 3ª de 1992, al tratarse de 
una ley que regula los derechos de autor –subgrupo incluido dentro de la propiedad intelectual-, 
las comisiones competentes eran las primeras, lo cu al va en contra de los artículos 142 y 157 de la 
Constitución Política (obligación de tramitar los proyectos de ley en las comisiones competentes); y (ii) surtió el trámite de ley ordinaria, a pesar de que la materia regulada tiene reserva de ley 
estatutaria, no sólo por cuanto la jurisprudencia constitucional ha establecido que los derechos de 
autor tienen el rango de derechos fundamentales, sino también porque afecta de manera directa otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, desconociendo el mandato contenido en el artículo 153 superior. 
 
Adicional a lo anterior, el senador Robledo Castillo considera que los artículos 6° y 13 de esta ley vulneran los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información (C.P., art. 20). La 
primera de estas disposiciones, al ampliar de manera desproporcionada el tiempo de protección de 
los derechos de autor bajo titularidad de las personas jurídicas, pues éste pasa de 50 a 70 años, aumentando en 20 años el plazo en el que los ciudadanos tendrán restringido el acceso a una obra 
y a su libre difusión. Y el artículo 13, que prohíbe la retransmisión por internet de señales de 
televisión, en la medida en que establece una medida innecesaria en favor del "monopolio privado"  
que, además profundiza las condiciones de desigualdad e inequidad existentes en el país al dificultar el acceso a la información de más capas de la sociedad. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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3.- Quienes intervienen, defienden en su mayoría la constitucionalidad de la ley objeto de cuestionamiento. Los escritos de los Ministerios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, de Justicia y del Derecho, y de Comercio, Industria y Turismo, al igual que la 
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacion al de Derechos de Autor –DNDA-, el Centro 
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe –CERLALC-, la Sociedad 
Colombiana de Gestión ACTORES, la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales 
sobre Fonogramas y Videogramas Musicales –APD IF-, DIRECTV COLOMBIA LTDA. y el ciudadano 
Juan Carlos Lancheros Gámez, apuntan, en el mismo sentido que el concepto de la Procuraduría General de la Nación, a presentar argumentos a favor de la exequibilidad de la Ley 1520 de 2012. 
La argumentación varía en cada uno de los memori ales, pero las principales razones que esgrimen 
los intervinientes, pueden resumirse en los siguientes puntos:  
(i) Si bien la materia que regula la ley demandada es la relativa a la propiedad 
intelectual, en particular a los derechos de autor y conexos, el objeto de su expedición se enmarca en el desarrollo de los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Tratado de Libre 
Comercio suscrito con los Estados Unidos, lo cual guarda íntima relación con la política 
internacional, los tratados públicos y el comercio exterior. Por manera que, al tocar diversidad de 
temas que podrían estar adscritos a diferentes comisiones constitucionales permanentes, el presidente de la respectiva cámara –de conformidad con el segundo parágrafo del artículo 2° de la 
Ley 3ª de 1992- tenía la potestad de enviar el proyecto de ley a aquella comisión que, según su 
criterio, fuera competente para conocerlo.  
(ii) En virtud del principio democrático, únicamente cuando dicha decisión apareciera 
irrazonable o arbitraria, el juez constitucional podría válidamente declarar su inconstitucionalidad.  
(iii) La ley bajo examen no estaba sujeta a reserva de ley estatutaria, comoquiera que 
sólo los derechos morales de autor han sido catalogados por la Corte Constitucional como derechos fundamentales, a más de que este cuerpo normativo no tiene por objeto directo la regulación del núcleo esencial de dichos derechos, sino la implementación del TLC celebrado con 
los Estados Unidos. 
 
(iv) Los artículos 6° y 13 no atentan contra los derechos a la libertad de expresión y al 
acceso a la información, en tanto no establecen restricciones irrazonables ni injustificadas, sino 
que reiteran contenidos normativos ya establecidos en la legislación anterior y cuyo único propósito es otorgar una protección real a los titu lares de derechos de autor para que no sufran 
detrimento patrimonial por la utilización de sus obras, interpretaciones, fonogramas y señales. 
Adicionalmente, la Ley 23 de 1982 contiene un régimen de excepciones y limitaciones que garantizan el ejercicio de los derechos del artículo 20 constitucional.  
4.- Es importante destacar que los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Comercio, Industria y 
Turismo, la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales –APDIF-, DIRECTV COLOMBIA  LTDA. y el ciudadano Juan Carlos Lancheros 
Gámez señalaron en sus intervenciones que los cargos por la presunta vulneración del artículo 20 
de la Constitución Política esgrimidos por el ciudadano demandante, no cumplen los requisitos mínimos para que la Corte se pronuncie de fondo respecto de ellos, por lo cual solicitaron su 
inhibición en lo que tiene que ver con las acusaciones formuladas contra los artículos 6° y 13, por 
ineptitud sustantiva de la demanda.  5.- Por su parte, el grupo de profesores y estudi antes del programa de Justicia Global y Derechos 
Humanos de la Universidad de los Andes, el asesor jurídico del senador Armando Benedetti 
Villaneda, el Centro de Estudios y Acceso a la Información -CELE- de la facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (Argentina), los ciudad anos que actúan en representación del grupo 
Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Karisma (miembro del colectivo de Internautas 
RedPaTodos) y de la Fundación para la Libertad de Prensa, así como las intervenciones de la ciudadana Karen Paola Cruz Triana y de los ciudadanos Miguel Ángel Espinosa González, Diego 
Alejandro Hernández Rivera y Jaime Andrés Nieto Criado, señalan, con el demandante, que la ley 
bajo la revisión de esta Corporación es inconstitucional, y exponen diversos argumentos para fundamentar su posición. A continuación, esta Sala expone los que considera más relevantes y que se refieren a los cargos estructurados por el ciudadano accionante, pues aclara que no hará IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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mención de las acusaciones hechas contra otras disposiciones de este cuerpo normativo, ni 
aquellas elaboradas por el presunto desconocimiento de mandatos constitucionales diversos a los que fundamentan la demanda, en tanto la Corte Constitucional debe sujetarse a los cargos que 
ésta plantea: 
 
(i) La materia que regula la Ley 1520 de 2012, que es la relativa a los derechos de autor, 
tiene reserva de ley estatutaria por dos razones: a) en primer lugar, por cuanto la jurisprudencia 
de esta Corporación ha establecido que los derechos morales de autor tienen el rango de derechos fundamentales; y, b) en segundo lugar, en consideración a que varias de sus disposiciones conllevan una afectación directa de otros derechos  fundamentales como la libertad de expresión y 
el acceso a la información, consagrados en el artículo 20 constitucional. A partir de lo anterior, 
concluyen que la ley cuestionada tuvo un vicio en su proceso de formación, al ser contraria a los artículos 152 y 153 del Texto Superior sobre las materias que deben ser objeto de regulación 
mediante ley estatutaria y su trámite. 
 
(ii) Si bien es cierto, cuandoquiera que un proyecto de ley abarque diversas materias o su 
contenido no esté claramente adscrito a una comisión constitucional permanente, el presidente de 
la respectiva cámara tiene la potestad de repartirlo a aquella que según su criterio sea competente para conocer de materias afines (Ley 3ª de 1992, art. 2°, par. 2°), no lo es menos que en el presente caso el tema de la ley es el de los derechos de autor y conexos, que se enmarcan dentro 
de la propiedad intelectual y este último está expresamente adscrito a las comisiones primeras 
constitucionales permanentes. Por lo anterior no es válido, para justificar que su trámite se haya surtido en las comisiones segundas, alegar que la ley cuestionada ha sido aprobada con el 
propósito de implementar los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del TLC suscrito con 
los Estados Unidos, pues lo que determina la competencia de las comisiones es la materia a regular, no el marco dentro del cual dicha re gulación pretende implementarse. Este trámite 
indebido implica así, un vicio insubsanable de inconstitucionalidad por el desconocimiento del 
artículo 142 superior.  
(iii) La prohibición de retransmisión por internet de señales de televisión, prescrita por el 
artículo 13 de la ley cuya constitucionalidad se impugna, resulta desproporcionadamente 
restrictiva frente a los derechos de acceso a la información y libertad de expresión, ya que ni siquiera admite un régimen de usos permitidos o causales de uso justo (fair use)  amplio (son muy 
pocos los usos permitidos en la Ley 23 de 1982) como sí existe en la legislación de los Estados 
Unidos. Tal prohibición aparece aún más irrazonable y desproporcionada al advertirse que la consecuencia que se deriva de su transgresión es la pena privativa de la libertad, lo cual evidencia 
una respuesta estatal radical que opera en este caso como primera solución y no como ultima ratio  
(principio que rige el derecho penal) y que abre, además, la posibilidad de castigar conductas legítimas.  
Planteamiento de los problemas jurídicos y esquema de análisis  
 6.- En primer lugar es importante aclarar que esta Corporación restringirá el análisis de 
constitucionalidad del texto normativo de la Ley 1520 de 2012 a los cargos formulados por el 
ciudadano accionante, sin ocuparse del estudio de los otros reparos de inconstitucionalidad planteados por los diferentes intervinientes. Lo anterior, comoquiera que dentro del control 
abstracto de constitucionalidad de las leyes que compete ejercer a esta Corte, el de las demandas 
de inconstitucionalidad configura un control no oficioso, en el que la delimitación del examen está dado por los cargos estructurados por el demandante y son estos los que determinan la materia sobre la cual debe pronunciarse.
1 
 
                                               
1 En sentencia C-294 de 2012, la Sala Plena de esta Corporación se abstuvo de pronunciarse sobre un 
nuevo cargo planteado por un interviniente, y señaló que:  "se trata de un argumento que no fue considerado en 
modo alguno por las motivaciones y consideraciones de la acción de inconstitucionalidad objeto del presente proceso de inconstitucionalidad, y en la  medida que se trata de un cargo conc reto y específico, muy distinto a los 
contenidos en la demanda, es un asunto al que no pu eden responder el Gobierno, los intervinientes ni el 
Ministerio Público, pues se trata de un cargo, autónomo y distinto a los de la demanda de la referencia, y en tal medida no hace parte del pr oblema jurídico sometido a consideración de  la Corte Constitucional ni del debate 
procesal público que se surtió".  Asimismo, en sentencia C-237A de 2004, la Corte consideró que era incompetente 
para pronunciarse sobre un nuevo cargo presentado por el  Procurador General de la Nación y que no guardaba 
conexidad directa con los esgrimidos por el actor. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Aclarado el punto anterior, la controversia jurídica planteada en el presente asunto hace necesario 
dar respuesta a los siguientes problemas constitucionales, en lo que tiene que ver con los cargos por los presuntos vicios en el procedimiento de formación de la ley:  
 
(i) ¿Se configura un vicio de inconstitucionalidad –por la vulneración del artículo 142 
superior- al haberse dado trámite a la ley cuestionada en las comisiones segundas constitucionales 
permanentes de la Cámara de Representantes y del Senado, a pesar de que la materia por ésta 
regulada son los derechos de autor y conexos, los cuales hacen parte del tema más amplio de la propiedad intelectual, expresamente adscrito a las comisiones primeras por el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992? 
 
(ii) ¿Las materias reguladas por la Ley 1520 de 2012 tenían reserva de ley estatutaria, en 
tanto se trata de una regulación integral de los derechos de autor, de manera que al ser tramitada 
ésta como ley ordinaria, su procedimiento de formación está afectado por un vicio insubsanable 
por desconocimiento de los artículos 152 y 153 de la Carta Política?  
(iii) ¿Dicho cuerpo normativo tenía reserva de ley estatutaria por su eventual incidencia en 
el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información?  Si bien algunos de los intervinientes señalaron la supuesta ineptitud sustantiva de la demanda 
respecto de los cargos por vicios de fondo contra los artículos 6° y 13 de la ley acusada, la Sala 
Plena de esta Corporación encuentra que dichos cargos, contrario a lo apuntado, sí cumplen con los requisitos mínimos del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. Lo anterior, por cuanto la 
argumentación desplegada por el ciudadano accionante efectivamente contiene el señalamiento  
claro, cierto, específico, pertinente y suficiente de las razones por las cuales  las normas 
constitucionales invocadas se estiman violadas y, en esa medida, es susceptible de generar una 
verdadera controversia constitucional .
2  No obstante, se aclara que únicamente en caso de 
descartar los cargos por vicios de forma, la Corte deberá entrar a resolver un último problema jurídico:  
(iv) ¿Las disposiciones acusadas de manera particular (art. 6° que amplía a 70 años el 
plazo de protección de los derechos de autor sobr e una obra literaria o artística, cuya titularidad 
radique en cabeza de una persona jurídica; y art. 13, mediante el cual se prohíbe la retransmisión 
a través de internet de señales de televisión), representan una restricción desproporcionada de los 
derechos de acceso a la información y libertad de expresión, reconocidos por el artículo 20 constitucional? 
 
7.- A fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, la Corte Constitucional seguirá el siguiente esquema, mediante el cual procurará abordar los temas relevantes que en esta oportunidad se plantean: (i) hará un análisis de la ley impugnada, que permita contar con los elementos de juicio 
suficientes en relación con las materias que regula, así como su alcance; (ii) presentará unas 
consideraciones en relación con la naturaleza y las principales características de los derechos de autor y sus derechos conexos; (iii) estudiará la jurisprudencia constitucional en torno al tema del 
cumplimiento del mandato constitucional que impone darle trámite a los proyectos de ley en las 
comisiones constitucionales competentes, según la materia, (iv) al igual que la jurisprudencia relativa a la intensidad del juicio que debe adelantar la Corte Constitucional para evaluar cuándo 
se configura una falta de competencia por parte de las comisiones, que implique la 
inconstitucionalidad del cuerpo normativo; en el caso de que la Sala Plena desestime el cargo por falta de competencia de las comisiones, (v) repasará la jurisprudencia atinente a la reserva de ley estatutaria y evaluará la configuración del vicio alegado; todo lo cual permitirá a la Sala (vi) 
determinar si la ley demandada está afectada por  uno de estos vicios en su procedimiento de 
formación, que implique su inexequibilidad.  
Si después de realizar el anterior análisis, la Co rte descarta los cargos por vicios formales, (vii) le 
corresponderá, finalmente, determinar si los artículos 6° y 13 de la ley cuestionada son contrarios a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al acceso a la información, por las 
razones expresadas en la demanda. 
 
                                               
2 Ver, entre otras, las sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Contenidos normativos y alcance de la Ley 1520 de 2012 
 8.- El cuerpo normativo cuya constitucionalidad analiza la Corte fue debatido y aprobado por el 
Congreso de la República con el propósito de implementar compromisos adquiridos por la 
República de Colombia en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos, compuesto por los siguientes documentos: i) Texto del Acuerdo, sus cartas adjuntas y 
entendimientos, suscritos el 22 de noviembre de 2006 y aprobados por el Congreso de la 
República mediante Ley 1143 de 2007
3;  y ii) Protocolo Modificatorio, suscrito el 28 de junio de 
2007 y aprobado por el Congreso de la República por la Ley 1166 de 20074  (art. 1°). 
 
9.- Tal y como lo ponen de presente el ciudadano demandante y varios de los intervinientes, la 
materia que esta ley regula es la relativa a los derechos de autor y sus derechos conexos, lo que se ve reforzado al constatarse que múltiples disposiciones modifican algunos artículos de la Ley 23 
de 1982 "sobre derechos de autor" . Así, por ejemplo, el artículo 2° de la Ley 1520 de 2012 
modifica el artículo 8° de la ley referida
5  y contiene un nuevo listado de definiciones de términos 
propios de la materia regulada: autor, artista, in térprete o ejecutante, derechohabiente, productor, 
organismo de radiodifusión, en lo que tiene que ver con los sujetos titulares de derechos de autor 
y derechos conexos. De igual manera, determina los contornos de lo que debe entenderse por cada objeto de protección, como copia o ejemplar, fonograma, grabación efímera, obra
6,  
publicación, radiodifusión y retransmisión. Señala, asimismo, en qué consisten las actuaciones 
relevantes jurídicamente que pueden desplegarse respecto de los objetos protegidos, dentro de las 
que se encuentran: la comunicación al público de una interpretación o ejecución o de un fonograma, su distribución al público, divulgación, emisión, fijación, publicación, radiodifusión o 
retransmisión. Y, finalmente, define conceptos tan importantes en la regulación de los derechos de 
autor, como lucro o medida tecnológica efectiva.  
                                               
3 El Acuerdo y su ley aprobatoria fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en sentencia 
C-750 de 2008. 
4 Este Protocolo y la Ley 1166 de 2007 fueron objeto de revisión y declarados constitucionales por esta 
Corporación mediante sentencia C-751 de 2008. 
5 El artículo 8° de la Ley 23 de 1982 prescribía textualmente: " Para los efectos de la presente Ley se 
entiende por: A. Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras, los: libros, obras musicales, pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabado en made ra, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas 
por medio de corte, grabado, damasquinado, etc., de metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, 
relieves, escultura, fotograf ías artísticas, pantomimas, u otras obras co reográficas; B. Obra individual: la que 
sea producida por una sola persona na tural; C. Obra en colaboración: la  que sea producida, conjuntamente, 
por dos o más personas naturales cuyos aportes no pued an ser separados; D. Obra colectiva: la que sea 
producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre; E. Obra anónima: aquella en que no se menciona el nombre del 
autor, por voluntad del mismo, o por ser ignorado; F. Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo 
un seudónimo que no lo identifica; G. Obra inédita: aquell a en que no haya sido dada a conocer al público; H. 
Obra póstuma: aquella que no haya sido  dada a la publicidad solo después de la muerte de su autor; I. Obra 
originaria: aquella que es primitivamente creada; J. Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, traducción, u otra transformación de una originaria, siempre que constituya una creación autónoma; K. Artista 
intérprete o ejecutante: el autor, lo cutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier otra que 
interprete o ejecute una obra literaria o artística; L. Pr oductor de fonograma: la persona natural o jurídica que 
fija por primera vez los sonidos de una ejecución, u otro sonido; M. Fo nograma: la fijación, en soporte 
material, de los sonidos de una ejecución o de otros so nidos; N. Organismo de radi odifusión: la empresa de 
radio o televisión que trasmite progra mas al público; Ñ. Emisión o transmisión: la difusión por medio de ondas 
radioeléctronicas, de sonido o de sonidos sincronizados con imágenes. O. Retransmisión: la emisión simultánea de la transmisión de un organismo de radiodifusión por otro; P. Publicación: la comunicación al público, por cualquier forma o sistema; Q. Editor: la persona natural o jurídica, responsable económica y legalmente de la 
edición de una obra que, por su cuenta o por contrato  celebrado con el autor o autores de dicha obra, se 
compromete a reproducirla por la imprenta o por cual quier otro medio de reproducción y a propagarla; R. 
Productor cinematográfico: la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra cinemato gráfica; S. Obra cinematográfica: cinta de video y 
videograma; la fijación en soporte material, de soni dos sincronizados con imágen es, o de imágenes o de 
imágenes sin sonido; T. Fijación: la incorporación de imágenes y/o sonidos sobre una base material 
suficientemente permanente o estable para permit ir su percepción, reproducción o comunicación. " 
6 Distingue varios tipos de obra: anónima, audiovisua l, colectiva, derivada, en colaboración, individual, 
inédita, originaria, póstuma, seudónima. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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A este cuerpo normativo fueron incorporadas las definiciones de información sobre gestión de 
derechos y medidas tecnológicas efectivas. La primera de estas definiciones hace referencia a la información que utiliza el autor, el intérprete y el productor de fonograma para identificar su obra, 
interpretación o fonograma tanto en el ámbito anal ógico como en el digital, por lo que se incluye 
también la información sobre las condiciones de su utilización o los números y códigos que la representan. En lo que toca con la definición de medidas tecnológicas efectivas, la ley dispone que 
se trata de aquellos mecanismos tecnológicos usados por los titulares del derecho de autor y los 
derechos conexos, que permiten controlar los usos que hagan los terceros de las obras en el entorno digital.  
Los artículos siguientes de la ley cuestionada también modifican disposiciones de la Ley 23 de 
1982 o la adicionan. En efecto, el artículo 3° ad iciona el artículo 10A, en el que introduce dos 
presunciones que deberán tenerse en cuenta en los procedimientos civiles, administrativos y 
penales, según las cuales: i) la persona natural o jurídica cuyo nombre sea indicado, se tendrá por 
titular de los derechos de la obra, interpretación  o ejecución, o fonograma, y ii) el derecho de 
autor o derecho conexo subsiste en relación con la obra, en ausencia de prueba en contrario. 
 
El artículo 4° (modificatorio del artículo 11 de la Ley 23 de 1982
7), por su parte, consagra 
expresamente la protección de "la propiedad literaria y artística como propiedad transferible, por el 
tiempo de la vida del autor y ochenta años más"  e incluye dentro de los objetos protegidos "las 
obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones de organismos de radiodifusión de 
los colombianos y extranjeros domiciliados en Colombia o publicadas por primera vez en el país" . 
Por último, indica que los extranjeros no domiciliados  en el país gozarán de la protección de esta 
ley de conformidad con los tratados internacionales a los que haya adherido o cuando las leyes 
nacionales del otro país impliquen reciprocidad efectiva en la protección de estos derechos, con lo que se busca otorgar a los extranjeros el mismo trato que la ley reconoce a los colombianos y que 
los titulares de la propiedad intelectual cuenten con protección en varios países.  
 De igual manera, el artículo 5° introduce una modificación al artículo 12 de la anterior legislación sobre esta materia y amplía los derechos exclusivos del autor o sus derechohabientes, mediante 
un listado que adiciona otras actuaciones que requieren de su autorización. En efecto, en el 
artículo que se modifica se otorgaba al autor el derecho exclusivo sobre una obra protegida de realizar o autorizar los siguientes actos: a) reproducir la obra; b) efectuar una traducción, 
adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de la obra; y c) comunicarla al público 
mediante representación, ejecución, radiodifusió n o por cualquier otro medio. La modificación 
introducida por la Ley 1520 de 2012, por su parte, faculta al autor o sus derechohabientes a 
autorizar o prohibir, además: a) la reproducción de la obra por cualquier medio, de forma 
permanente o temporal, incluyendo su almacenamiento temporal en forma electrónica; b) la comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la puesta a disposición al público, de forma que éste pueda tener acceso a la misma en cualquier momento y 
desde cualquier lugar; c) la distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la 
venta o cualquier otra forma de transferencia de propiedad; d) la importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio, incluyendo la transmisión por medios 
electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Decisión Andina 351 de 1993; e) el alquiler 
comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras; y f) la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 
 
Las modificaciones más significativas en esta disposición respecto de la legislación anterior se presentan en materia de derecho de reproducción y del derecho de comunicación al público. En el primero de los casos se reconoce expresamente como derecho de reproducción el almacenamiento 
temporal en forma electrónica. En cuanto al derecho de comunicación al público, se aclara que 
                                               
7 El texto que se modifica mediante el artículo 4° de la Ley 1520 de 2012, disponía lo siguiente: 
"Artículo 11. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución Nacional "será protegida la propiedad literaria y 
artística como propiedad tran sferible, por el tiempo de la vida del autor y ochent a años más, mediante las 
formalidades que prescriba la Ley. //  Ofrécese la misma garantía a los pr opietarios de obras publicadas en 
países de lengua española, siempre que la nación respec tiva consigne en su legislación el principio de la 
reciprocidad, sin que haya necesidad de  celebrar al efecto convenios intern acionales. // Esta Ley protege a las 
obras y producciones de los ciudadanos colombianos, de los extranjeros domiciliados en el país, y las obras de 
extranjeros publicadas por primera vez en el país. Los extranjeros con domicilio en  el exterior gozarán de 
protección de esta Ley en la medida que las convenciones  internacionales, a las cuales Colombia está adherida 
o cuando sus leyes nacionales aseguren reciprocidad efectiva a los colombianos. " IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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también constituye uno de estos actos la puesta a disposición al público de una obra protegida, de 
tal forma que cualquier persona pueda tener acceso a ésta desde el lugar y en el momento que elija. 
 
En esta misma línea, el artículo 8° de la normatividad bajo revisión amplía las acciones que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derech o exclusivo de autorizar o prohibir respecto de 
sus interpretaciones o ejecuciones, en éstas incluye:
8  a) la radiodifusión y la comunicación al 
público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas (excepto cuando ésta constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida); b) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas; c) la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones mediante 
cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica; d) la 
distribución pública del original y copias de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonograma, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad; e) el 
alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante, o con su autorización; f) la puesta a disposición al público de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso 
a estos en cualquier momento y lugar.  De esta manera, los cambios más relevantes en relación con la normatividad anterior, se 
presentan en materia de derecho de reproducción y de puesta a disposición del público en el 
mismo sentido anotado respecto del artículo 5°.  
Además de esta ampliación del listado de accion es que requieren autorización o prohibición por 
parte del autor y de los artistas intérpretes o ejecutantes, el artículo 9° amplía las acciones que requieren autorización o prohibición del productor del fonograma
9, de manera que en la actualidad 
éste último tiene el derecho exclusivo para autorizar o prohibir: a) su reproducción; b) la 
distribución al público del original y copias del fonograma, mediante la venta o por cualquier forma 
de transferencia de propiedad; c) el alquiler comerc ial al público del original y de los ejemplares de 
sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su 
autorización; d) la puesta a disposición del público de estos, de forma que se tenga acceso en 
cualquier momento y lugar.   
El artículo 6°, el cual fue demandado de manera particular por el senador Robledo Castillo, como 
ya ha sido esbozado en apartes anteriores de la presente providencia, modifica el artículo 27 de la Ley 23 de 1982
10  y amplía el plazo de protección para las personas jurídicas titulares de los 
derechos sobre una obra literaria o artística a setenta (70) años, contados a partir del final del año 
calendario de la primera publicación autorizada de la obra, o a partir del final del año calendario de la creación de la obra, en caso de que dentro de los 50 años siguientes a ésta no haya existido publicación autorizada. 
 
                                               
8 En la Ley 23 de 1982 el artículo que regulaba esta materia y que objeto de modificación es el 166 que 
reconoce el derecho exclusivo en cabeza de los artistas, intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, " de 
autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comu nicación al público, la transmisión, o cualquier otra 
forma de utilización de sus interpreta ciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de 
los artistas intérpretes o ejecutantes , realizar ninguno de los actos siguientes: A. La radiodifusión y la comunicación al público de la interpretación o ejecución de dichos artistas, salvo cuan do ella se haga a partir 
de una fijación previamente autorizada o cuando se tr ate de una transmisión autorizada por el organismo de 
radiodifusión que transmite la primera interpretación o ejecución; B. La fijación de la interpretación o ejecución 
no fijada anteriormente sobre un soporte material; C. La  reproducción de una fijación de la interpretación o 
ejecución de dichos artistas en los siguientes casos: 1) Cuando la interpretación o la ejecución se hayan fijado 
inicialmente sin autorización; 2) Cuando la reproducción se hace con fines distintos de aquellos para los que 
fueron autorizados por los artistas, y, 3) Cuando la interpretación o la ejecución se haya fijado inicialmente de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley pero la  reproducción se haga con fines distintos de los 
indicados ". 
9 Este artículo es modificatorio del 172 de la Ley 23 de 1982 que preceptuaba: " El productor de un 
fonograma tiene el derecho de autorizar o de prohibir la reproduc ción directa o indirecta del mismo. // 
Entiéndese por el ejemplar ilícito el que, imitando o no las características externas del ejemplar legítimo, tiene 
incorporado el fonograma del productor,  o parte de él, sin su autorización ". 
10 Este artículo prescribe lo siguiente: " En todos los casos en que una obra  literaria, científica o artística 
tenga por titular una persona jurídica o una entidad of icial o cualquier institución de derecho público, se 
considerará que el plazo de protección será de  30 años contados a partir de su publicación ". IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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De igual manera ocurre con el artículo 10 de la ley bajo revisión, modificatorio del artículo 2° de la 
Ley 44 de 1993 y que a su vez modificó el artículo 29 de la Ley 23 de 1982, en tanto define los tiempos de protección de los derechos consagrados en favor de artistas intérpretes o ejecutantes, 
los productores de fonogramas y los organismos de  radiodifusión. Con la presente modificación, 
para las personas naturales el tiempo de protección es la vida y ochenta (80) años más a partir de la muerte
11;  mientras que para las personas jurídicas el tiempo de protección fue ampliado a 
setenta (70) años a partir del final del año de la primera publicación autorizada de la 
interpretación, ejecución o del fonograma y, al mismo lapso contado a partir de la realización de la interpretación, ejecución, o del fonograma, a falta de publicación autorizada dentro de los cincuenta (50) años siguientes a ésta.
12  
 
El artículo 7°, modificatorio del artículo 165 del anterior cuerpo normativo13, por su parte, 
mantiene la regla interpretativa que aquel contenía, al señalar que las normas que otorgan 
protección a los artistas intérpretes, ejecutan tes y productores, en  ningún caso podrán ser 
interpretadas en menoscabo de la protección del derecho del autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas; y adiciona otra regla, según la cual, no existe jerarquía entre el derecho de 
autor, por una parte, y los derechos de los arti stas, intérpretes o ejecutantes y productores de 
fonogramas por otra, lo que se traduce en que cuandoquiera sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma, como del artista intérprete, ejecutante o productor, titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no 
deja de existir debido a que también sea necesaria la de aquellos, lo que también ocurre en el caso 
contrario.   
Para finalizar esta parte de la Ley 1520 de 2012, descriptiva de los derechos de autor y los 
derechos conexos, los tiempos y los objetos de protección, el artículo 11 prescribe la supresión de la licencia de reproducción que antes establecía la Ley 23 de 1982 en sus artículos 58 a 71.  
 
En adelante, la ley se ocupa de las limitaciones y excepciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, las infracciones contras estos y las sanciones a que éstas dan lugar.  
El artículo 12 aclara así, que dichas limitaciones y excepciones se circunscribirán a (i) los casos 
especiales (ii) en que no se atente contra la normal explotación de las obras o (iii) no se cause perjuicio injustificado a los titulares.
14  
 
El artículo 13, demandado de manera particular por el ciudadano accionante, estipula que sin perjuicio del régimen de excepciones que pueda establecer el Estado a los derechos exclusivos de 
autor y conexos, no está permitida la retransmisión de señales de televisión a través de internet, 
ya sean éstas terrestres, por cable o por satélite, sin la autorización del titular del derecho del contenido de la señal y, si es el del caso, de la señal, de suerte que establece un derecho exclusivo en favor de los titulares de ese contenido de televisión en su circulación a través de internet. 
 
A partir del artículo 14, el cuerpo normativo impugnado establece las conductas que acarrearán responsabilidad civil y sus excepciones, así como aquellas consideradas delitos y las penas que 
serán impuestas por su comisión. 
 De esta manera, el artículo 14 contiene un listado de las conductas por las cuales se incurrirá en 
responsabilidad civil, por infracción a los dere chos de autor y sus derechos conexos. Dichas 
infracciones son: a) eludir las medidas tecnológicas impuestas para controlar el acceso o los usos no autorizados de las obras, interpretaciones artísticas o ejecuciones, fonogramas o emisiones 
                                               
11 Esta protección tiene un tiempo igual en la legislación anterior. Este mismo lapso estaba consagrado 
en el artículo 2° de la Ley 44 de 1993, modificatorio del artículo 29 de la Ley 23 de 1982. 
12 El artículo 29 de la Ley 23 de 1982 extendía la protección para las personas jurídicas a un tiempo de 
treinta (30) años a partir de la fecha en que tuvo lugar la interpretación o ejecución o la primera fijación del fonograma, o la emisión de la radiodifusión. Por su parte, el artículo 2° de la Ley 44 de 1993, modificatorio del anterior, ampliaba dicho tiem po a cincuenta (50) años. 
13 Este artículo únicamente establecía una regla interpretativa, según la cual "[l] a protección ofrecida 
por las normas de este capítulo no af ectará en modo alguno la protección  del derecho del autor sobre las obras 
literarias, científicas y artísticas consagradas por la pres ente Ley. En consecuencia ninguna de las disposiciones 
contenidas en el podrá interpretarse en menoscabo de esa protección ". 
14 En la ponencia para primer debate, se explic a que estas tres condiciones son agrupadas en un 
principio reconocido intern acionalmente, denominado " la regla de los tres pasos ". IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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radiodifundidas; b) fabricar, importar, distribuir, ofrecer al público, proporcionar o comercializar 
dispositivos, productos o componentes, u ofrecer al  público o proporcionar servicios que, respecto 
de cualquier medida tecnológica efectiva: sean promocionados, publicitados o comercializados con 
el propósito de eludir dicha medida; o tengan un limitado propósito o un uso comercial 
significativo, diferente al de eludir dicha medida; o sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de dicha medida; c) suprimir o alterar 
cualquier información sobre la gestión de derechos; d) distribuir o importar para su distribución, 
información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización; e) distribuir, importar para su distribución, transmitir, comunicar o poner a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, a 
sabiendas de que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin 
autorización.  
En seguida, la ley establece el régimen de excepciones a dicha responsabilidad por la comisión de 
las infracciones de los literales a) y b) del artículo anterior, entre las que se encuentran: a) actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia de un programa de 
computación obtenida legalmente, realizadas de buena fe y con el único propósito de lograr la 
interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas; b) actividades de buena fe realiz adas por un investigador que haya obtenido 
legalmente una copia, interpretación o ejecución no fijada o muestra de una obra, interpretación o 
ejecución o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener la autorización para 
realizar dichas actividades y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y descodificar la información; c) la inclusión de un componente o 
parte con el único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una 
tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo sea diferente a los mencionados en el literal b) del artículo 14; d) actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el titular de una 
computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o 
corregir la seguridad de los mismos; e) el acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones educativas, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendría acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones; f) 
actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de 
manera no divulgada la recolección o difusión de datos de identificación personal que reflejen las actividades en línea de una persona natural, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad 
de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra; g) usos no infractores de una obra, 
interpretación o ejecución o fonograma, en una clase particular de obras determinadas por la ley y teniendo en cuenta la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en 
aquellos usos no infractores; h) la actividad legalmente autorizada de investigación, protección, 
seguridad de la información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno.  
Los artículos 16 y 17, a su vez, modifican disposiciones del Código Penal (Ley 599 de 2000, 
modificada por la Ley 1032 de 2006
15). El primero de estos asigna una pena de prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa a quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización 
previa y expresa del titular de los derechos correspondientes: (i) por cualquier medio o 
procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, 
                                               
15 El artículo 2° de la Ley 1032 de 2006 disponía lo siguiente: " Violación a los derechos patrimoniales de 
autor y derechos conexos. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos  correspondientes: 1. Por 
cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra  de carácter literario, científico, artístico o 
cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógi co o programa de ordenado r, o, quien transporte, 
almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a 
cualquier título dichas reproducciones. // 2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o 
artístico. // 3. Alquile o, de cualquier otro modo , comercialice fonogramas, videogramas, programas de 
ordenador o soportes lógicos u obras cinematográfic as. // 4. Fije, reproduzca o comercialice las 
representaciones públicas de obras teatrales o musicales.  // 5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio 
o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y 
representación de una obra de las protegidas en este tí tulo. // 6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier 
medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión. // 7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción ". IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, 
conserve, distribuya, importe, exporte, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones ; (ii) represente, ejecute o exhiba públicamente 
obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra 
obra de carácter literario o artístico; (iii) alquile o comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas; (iv) fije, reproduzca o 
comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales; (v) disponga, realice o 
utilice la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una de las obras protegidas; (vi) retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión; y (vii) 
recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción. 
 E n  e s t e  c a s o  s e  a ñ a d i ó  e l  v e r b o  "exportación"  como conducta violatoria de los derechos 
patrimoniales de autor y, por ende, sancionable. 
 Por su parte, el artículo 17 modifica el artículo 3° de la Ley 1032 de 2006 (modificatorio del 
artículo 272 de la Ley 599 de 2000) y establece la pena privativa de la libertad de cuatro (4) a 
ocho (8) años y multa para quien, con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica privada, y actuando sin autorización de los titulares de derecho de autor y derechos conexos y salvo las excepciones previstas en la ley adelante las actuaciones señaladas en el artículo 14 que 
acarrean responsabilidad civil, además de: (i) fabricar, ensamblar, modificar, importar, exportar, 
vender, arrendar o distribuir por otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible a sabiendas de que su función principal es la de asistir en la descodificación de una señal codificada 
de satélite portadora de programas codificados, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha 
señal; (ii) recepcionar o, posteriormente, distribuir una señal de satélite portadora de un programa con el conocimiento de que ha sido descodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la 
señal; (iii) presentar declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, 
recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando los datos necesarios para estos efectos. El parágrafo de este artículo, no obstante, aclara que los numerales 1 a 5 del artículo no serán aplicables a las bibliotecas sin ánimo 
de lucro, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión no comercial, 
estableciendo una excepción penal especial para dichas instituciones.  
Asimismo, el artículo 18 señala expresamente que los artículos anteriores se aplicarán a las obras, 
interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones de organismos de radiodifusión que, al momento de la entrada en vigencia de la ley, no hubieren pasado al dominio público. 
 
Los artículos 19 y 20 otorgan facultades a las autoridades administrativas y judiciales competentes para resolver los procesos de infracción en materia de propiedad intelectual. La primera de estas disposiciones las faculta para ordenar al infractor que proporcione la información que posea 
respecto de cualquier persona involucrada en la in fracción, así como de los medios de producción o 
canales de distribución utilizados para ello. De igual manera, el artículo 20 dispone que el juez estará facultado para ordenar que los materiales e implementos que hayan sido utilizados en la 
fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean destruidos, o se 
disponga su retiro de los canales comerciales. También contempla la disposición que, en casos apropiados, las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para 
uso fuera de los canales de comercio. Y que, en ningún caso, los jueces podrán permitir la 
exportación de las mercancías falsificadas o pirateadas o permitir que las mismas se sometan a otros procedimientos aduaneros, salvo en circunstancias excepcionales.  
Finalmente, el artículo 21 introduce una modificación al parágrafo del artículo 4° de la Ley 680 de 
2001 que modificó el artículo 33 de la Ley 182 de 1995
16 y estableció un porcentaje mínimo de 
                                               
16 "Cada operador de televisión abierta y concesionario de espacios en los canale s de cubrimiento nacional, 
deberá cumplir trimestralmente los si guientes porcentajes mínimos de prog ramación de producción nacional: 
a) Canales nacionales De las 19:00 horas a las 22:30 horas (triple A), el 70%  de la programación será producción nacional. 
De las 22:30 horas a las 24:00 horas, el 50% de la programación será de producción nacional. 
De las 00:00 horas a las 10:00 horas, el 100% de la programación será libre. De las 10:00 horas a las 19:00 horas el 50% se rá programación de producción nacional. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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30% de producción nacional en determinados hora rios de sábados, domingos y festivos, mientras 
que en la legislación anterior éste era del 50%.   
10.- Se observa después del anterior recuento que, en efecto, la ley demandada regula diversos 
aspectos en materia de propiedad intelectual y derechos de autor y conexos. La ponencia para primer debate en sesión conjunta
17, consigna que "con objeto de la implementación del Acuerdo, 
se hace oportuno actualizar esta normatividad [Decisión Andina 351 de 1993 y Ley 23 de 1982] 
para garantizar la efectiva protección a los autores, intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en el entorno digital" , aclarando que hace referencia a "los derechos 
sustantivos otorgados por la ley al autor, intérprete, producto de fonograma y organismo de 
radiodifusión"  y señala expresamente que "no se reglamenta la responsabilidad de intermediarios 
como los ISP (Internet Service Provider), por cuanto para este último tema el Acuerdo establece un plazo de 1 año a partir de su entrada en vigencia".  
 
Una vez analizado el contenido de la Ley 1520 de 2012, corresponde a la Sala Plena de esta Corporación determinar si la misma ha debido surtir el trámite de ley estatutaria por la materia 
que regula. Con el fin de resolver el primero de los cargos planteados por el ciudadano Robledo 
Castillo, previamente, deberá hacer unas consideraciones en torno a la naturaleza de los derechos de autor según la jurisprudencia constitucional y determinar si los contenidos examinados efectivamente tenían esa reserva. 
 
Naturaleza y principales características de los derechos de autor y sus derechos conexos 
 
11.- Es importante contextualizar el tema de los derechos de autor desde una perspectiva 
doctrinal para comprender mejor su origen y posterior desarrollo. Estudiosos de esta área del Derecho han señalado que su origen tiene lugar en la Francia de finales del siglo XVIII y durante el 
siglo XIX, pudiendo ser representados en la frase de Le Chapelier en el informe para las 
deliberaciones del Decreto de enero de 1791: "Las más sagrada, la más legítima, la más 
inatacable, y si se me permite decirlo, la más personal de las propiedades es la obra, fruto del espíritu de un escritor" . Bajo esta inspiración se estableció un derecho de autor, dándose prioridad 
al derecho personal, y dejando en un segundo plano la creación como un bien comercial. Bien por 
el contrario, la idea del copyright  anglosajón surgió a partir de una visión utilitarista por su 
importancia comercial, menos que por los derechos personales que estos envuelven.
18  
 
A partir de estas dos concepciones, la protección que deriva de los derechos sobre las obras literarias, artísticas y científicas se brinda en dos sentidos: el patrimonial y el moral. Así, los 
derechos patrimoniales consisten en las prerrogativas de tipo económico, que buscan la 
explotación económica de la obra, mientras que los morales procuran brindar una protección al 
                                                                                                                                               
PARÁGRAFO.  En sábados, domingos y festivos  el porcentaje de producción nacional será mínimo del 50% en 
horario triple A; b) Canales regionales y estaciones locales. En los canales regionales y estaciones locales, la emisió n de programación de producción nacional deberá ser el 
50% de la programación total. Para efecto de esta ley se establecerán las siguientes definiciones: a) Producción Nacional. Se entiende por producciones  de origen nacional aquellas de cualquier género 
realizadas en todas sus etapas por personal artístico y técnico colombiano, con la participación de actores 
nacionales en roles protagónicos y de reparto. La participación de actores ex tranjeros no alterará el carácter de 
nacional siempre y cuando, ésta no exceda el 10% del total de los roles protagónicos; b) La participación de artistas extranjeros se permitirá siempre y cuando la normatividad de su país de origen 
permita la contratación de artistas colombianos; c) Coproducción. Se entenderá por coproducción, aquell a en donde la participació n nacional en las áreas 
artística y técnica no sea inferior  a la de cualquier otro país. 
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones por parte de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), que según la gravedad y reincidencia pueden consistir en la suspensión del servicio por un período de tres (3) a seis (6) meses a la declaratoria de caducidad de la concesión respectiva 
sin perjuicio de las acciones judiciales a que haya lugar y del incumplimiento de la norma y principios del debido proceso ". 
17 Presentada por el Senador Carlos Ramiro Chavarro  Cuéllar y el Representante a la Cámara Augusto 
Posada Sánchez. 
18 "Elementos básicos para la reflexión de la propiedad intelectual en el contexto digital ". En: Los blogs 
jurídicos y la WEB 2.0 para la difusi ón y la enseñanza del Derecho, Ed. Go nzalo A. Ramírez Cleves. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2010, pp. 637 a 661. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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autor "en su relación personalísima con la obra; el poder que le otorga la ley al autor mediante 
estos derechos no corresponde a un interés económico, son de carácter extrapatrimonial, y buscan que el vínculo directo de la creación de la obra, como una exteriorización de su individualidad, sea 
respetado ante todo" .
19  
 Los derechos morales de autor son entonces aquellos que la ley otorga al creador, por lo cual su 
titularidad únicamente recae sobre las personas naturales como reconocimiento de la aptitud 
creadora del ser humano. De esta condición se derivan ciertas notas que los caracterizan, como la inalienabilidad, la irrenunciabilidad, la inexpropiabilidad y la inembargabilidad. Asimismo, es importante señalar que dentro de estos, se encuen tran: (i) el reconocimiento de autoría, mediante 
el cual el autor o creador de una obra tiene derecho a exigir que se le reconozca como autor y a 
oponerse a aquellos actos que infrinjan tal reconocimiento; (ii) el respeto a la integridad de la obra, que dota al autor de la facultad de oponerse  a los actos que realice un tercero sobre su obra 
y que impliquen su mutilación, transformación o daño en perjuicio de la honra del autor; (iii) la 
conservación inédita de la obra, en virtud del cual, un autor o creador cuenta con la potestad de decidir el momento en que su obra va a ser publicada o si, por el contrario, quiere mantenerla 
inédita, sin que puedan oponerse aún razones de interés público; es a partir del momento de la 
publicación de una obra que el autor adquiere dere chos patrimoniales; (iv) la modificación de la 
obra y (v) su retiro de circulación, los cuales implican que así haya transferido los derechos patrimoniales sobre su obra, el autor conserva la facultad de realizar modificaciones a la obra en 
cualquier momento o exigir el retiro de circulación de la misma.  
 El segundo género de estos derechos, esto es, los derechos patrimoniales de autor son aquellas 
facultades exclusivas de explotación reservadas para el autor y que le permiten autorizar o 
prohibir a terceros que realicen determinados actos de explotación de su obra. Entre estos actos se encuentran, la reproducción, la transformación, la distribución, la comunicación pública, la 
traducción o la adaptación.
20  
 12.- Otro aspecto destacable es el que tiene que ver con la temporalidad de la protección, en la medida en que la misma es limitada en el tiempo, a diferencia de la propiedad de los bienes 
materiales. Se ha argumentado mayoritariamente que dicha temporalidad se debe a la búsqueda 
de un equilibrio entre los intereses particulares del titular y el interés general del acceso a la información, al igual que como una manifestación del principio de función social de la propiedad. 
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado pues, que "la razón de ser de la limitación no es 
otra que la función social de la propiedad, consagrada en los artículos 58 y 2° inciso segundo de la Carta" . A lo cual ha agregado que, "[e]n efecto, la doctrina coincide en afirmar que una creación 
del espíritu que beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra simultáneamente los 
derechos del creador como los derechos de la comunidad. Tanto a nivel tecnológico como artístico, un nuevo aporte nunca es un fenómeno individual . De allí que el derecho de propiedad sobre 
dichos aportes no sea intemporal sino que, por un fenónemo convencional de transacción entre el 
mínimo que exige el goce exclusivo y el máximo de difusión que la comunidad exige, se fija 
discrecionalmente por el legislador un término razonable al cabo del cual el derecho individual de propiedad se extingue. La temporalidad del dere cho intelectual busca finalmente resolver la 
tensión que existe entre el interés privado y el interés público" .
21  
 13.- De igual manera, puede decirse que con el fin de lograr cierto equilibrio entre intereses 
contrapuestos: el interés general de la comunidad y el interés particular del titular de la obra 
protegida, la legislación colombiana, en consonancia con las legislaciones mundiales en la materia, ha establecido un régimen de excepciones que corr esponden a aquellas situaciones en las que no 
es necesario solicitar autorización del titular del derecho, ni realizar una remuneración por la 
utilización de la obra. Todas las excepciones deben cumplir con los requisitos de la llamada regla 
de los tres pasos: (i) que se trate de un caso especial y específico, (ii) que con su aplicación no se atente contra la normal explotación de la obra, y (iii) que con ésta no se cause un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho de autor.
22  
 
                                               
19 Ibíd., p. 649. 
20 Sobre las diferencias entre los derechos morales y patrimoniales de autor, véase la sentencia C-523 
de 2009, en la que esta Corporación declaró constitucional el artículo 247 de la Ley 23 de 1982. 
21 Sentencia C-334 de 1993. 
22 Ibíd., p. 649. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Según la doctrina, dentro de las razones que justifican la existencia de un régimen de excepciones, 
se encuentran las siguientes: (i) la función social que debe cumplir la propiedad; (ii) la protección e incentivación de la educación; (iii) la difusión de la cultura; (iv) lograr la eficacia de la ley; (v) la 
conservación del patrimonio cultural; (vi) lograr una mayor participación ciudadana en la vida 
democrática; (vii) la búsqueda de que los derechos de autor no sean un obstáculo para las nuevas creaciones; (viii) no obstaculizar actividades ni investigaciones judiciales; y (ix) garantizar la 
libertad de expresión.
23  
 14.- En Colombia, la protección de estos derechos deriva directamente del mandato constitucional consagrado en el artículo 61, que estipula la protección por parte del Estado de la propiedad 
intelectual, en los términos en que lo establezca la ley. Esto es así, por cuanto la propiedad 
intelectual comprende la regulación de todas aquellas relaciones que surgen con ocasión de los derechos de autor y sus derechos conexos, los derechos sobre la propiedad industrial y los 
derechos sobre descubrimientos científicos, invenciones y mejoras útiles.
24  
 Asimismo, es importante anotar que dentro de los derechos de autor, en un sentido amplio, se 
suele incluir los derechos conexos, considerados como aquellos que protegen a los artistas, 
intérpretes y ejecutantes, así como a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión.
25  En sentido estricto, no obstante, los derechos de autor son aquellos que otorgan 
protección a las personas naturales creadoras de obras científicas, literarias y artísticas26 y que 
recaen sobre los objetos en que éstas se materializan. De esta suerte, el objeto que se protege a 
través del derecho de autor es la obra considerada como "… la expresión personal de la 
inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene 
originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida" .27   
 15.- Esta Corte se ha ocupado en varias ocasiones del tema de la propiedad intelectual y más 
concretamente de la naturaleza de estos derechos.
28  Desde temprana jurisprudencia, ha señalado 
que los derechos morales de autor tienen la categoría de derechos fundamentales comoquiera que todas las formas de manifestación del espíritu son inherentes al ser humano, mientras que los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor, si bien merecen la protección del 
Estado, no ostentan tal categoría. La sentencia C-155 de 1998
29 lo estableció en los siguientes 
términos:  
 "Los derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la 
facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de 
manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la 
naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de su 
espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo que piensa y que 
crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad como manifestación de su propia 
naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de autor, deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de hombre.  
                                               
23 Ibíd., p. 649. 
24 Ver sentencia C-228 de 1995,  en la cual la Corte se pronunció sobre la constituci onalidad de los 
artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993 " por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la 
Ley 29 de 1994 ". 
25 Así lo han señalado las sentencias C-040 de 1994 y C-1139 de 2000. 
26 Artículo 2° de la Ley 23 de 1982. 
27 Lipszyc Delia, "Der echos de autor y Derechos Conexos", Edic iones Unesco Cerlalc, 1993. Citado en 
sentencia C-040 de 1994. 
28 Sobre el tema de la propiedad in telectual y los derechos de autor, pueden consultarse, entre otras, 
las sentencias C-509 de 2004, C-1118 de 2005, C-750 de 2008,  C-523 de 2009, C-871 de 2010, entre muchas otras. 
29 En aquella oportunidad, la Corte debió estudiar la constitucionalidad de la Ley 397 de 1997 " Por la 
cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artí culos concordantes de la Constitución Política y se 
dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulo a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y 
se trasladan algunas dependencias ". Esta Corporación decidió declarar exeq uible la ley en cuanto a la forma de 
su expedición, pero declaró inexequible la expresión " irrenunciable " contenida en el artículo 34. A partir de esta 
sentencia, la Corte ha sostenido que los derechos morales de autor son derechos fundamentales, mientras que 
su dimensión patrimonial no ostenta tal rango. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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 Por su parte, los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor, aunque no se 
consideran fundamentales, merecen también la protección del Estado. Así lo establece la 
Constitución Política en el artículo 61 superior, que señala que '(el) Estado protegerá la 
propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley'" .
30   
 
16.- Hecha esta contextualización del tema sobre el cual versa la Ley 1520 de 2012, corresponde a 
la Sala adentrarse en el análisis de los vicios formales alegados en la demanda. En primer lugar, examinará si se configuró el presunto vicio de falta de competencia de las comisiones segundas constitucionales permanentes del Congreso de la República, para lo cual estudiará el aspecto 
relativo a dicha asignación de competencias y la ju risprudencia en torno al grado de intensidad del 
examen de constitucionalidad de las mismas.  
Competencia de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la 
República para aprobación en primer  debate de los proyectos de ley 
 
17.- La Constitución Política establece en su ar tículo 157 los requisitos que deben cumplirse para 
que un proyecto de ley se convierta en ley de la República. Dichas exigencias formales consisten en: (i) haber sido publicado oficialmente por el Congreso, previo trámite en la comisión respectiva; (ii) haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada 
cámara, o en sesión conjunta de las comisiones de ambas cámaras, en los casos que así lo 
determine el reglamento del Congreso; (iii) haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate; y (iv) haber obtenido la sanción del Gobierno. 
 
A su turno, el artículo 142 superior señala que cada una de las cámaras del órgano legislativo elegirá para cada período las comisiones permanen tes que darán primer debate a los proyectos de 
ley o de acto legislativo. Delega, asimismo, al legislador, la función de regular el número de 
comisiones permanentes, su número de miembros y las materias de las que cada una de éstas deberá ocuparse.  
Es así como la materia fue reglada mediante la Ley 3ª de 1992 "Por la cual se expiden normas 
sobre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones" . El artículo 2° de 
dicha normatividad (modificado por el artículo 1° de la Ley 754 de 2002), establece el número de 
comisiones que tendrá cada cámara legislativa y determina el número de miembros de cada una 
de éstas y las materias que le competen y que deben ser tenidas en cuenta al momento de efectuar el reparto de los proyectos de ley para aprobación en primer debate. 
 
18.- En consideración a que el cargo del ciudadano Robledo Castillo consiste en la presunta falta de competencia de las comisiones segundas para dar trámite en primer debate a la ley que demanda, por cuanto el tema atinente a la propiedad intelectual fue adscrito por la ley a las 
primeras, la Corte deberá revisar cuáles son los asuntos asignados a estas comisiones para poder 
analizar si le asiste o no la razón al accionante en este punto.  
19.- De conformidad con el artículo 2° de la mencionada Ley 3ª de 1992, son de competencia de 
las comisiones primeras: i) las reformas constitucionales; ii) las leyes estatutarias; iii) la organización territorial; iv) los reglamentos de los organismos de control; v) las normas generales 
sobre contratación administrativa; vi) notariado y registro; vii) estructura y organización de la 
administración nacional central; viii) los derechos, garantías y deberes; ix) la rama legislativa; x) las estrategias y políticas de paz; xi) la propiedad intelectual ; xii) la variación de la residencia 
de los altos poderes nacionales; y xiii) los asuntos étnicos. (Resaltado añadido). 
 
Por su parte, a las comisiones segundas les corresponde conocer de los proyectos de ley que versen sobre: i) política internacional; ii) defensa nacional y fuerza pública; iii) tratados públicos, 
iv) carrera diplomática y consular; v) comercio exterior e integración económica; vi) política 
portuaria; vii) relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; viii) fronteras; ix) nacionalidad; x) extranjeros; xi) 
                                               
30 El carácter de derechos fundamentales de los dere chos patrimoniales de autor ha sido reiterado en 
varias ocasiones por la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en las sentencias C-053 de 
2001 y C-1118 de 2005, entre otras. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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migración; xii) honores y monumentos públicos; xiii) servicio militar; xiv) zonas francas y de libre 
comercio; y xv) contratación internacional.  
20.- Es claro pues, de acuerdo con el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, que los proyectos de ley 
que versen sobre propiedad intelectual deberán ser repartidos para aprobación en primer debate a las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes, mientras que aquellos 
cuya materia principal sea relativa a política internacional, tratados públicos, comercio exterior e 
integración económica, serán de conocimiento de las comisiones segundas.  21.- La Corte ha considerado que tal asignación de competencias, según la materia a regular, 
obedece a importantes razones que buscan racionalizar y facilitar el trabajo legislativo, a fin de 
que este órgano funcione de manera eficiente y sus actividades se sujeten a los principios rectores de publicidad y participación democrática. En sentencia C-540 de 2001
31, esta Corporación se 
pronunció ampliamente al respecto y señaló lo siguiente:  
  "Para la Corte la distribución del trabajo durante el trámite de un proyecto de ley en el 
Congreso de la República obedece a varios criterios confluyentes, relacionados con la 
especialización del trabajo legislativo y con la distribución racional de las actividades a cargo del Congreso, los cuales están adicionados con la regla de la publicidad de las actuaciones y deliberaciones en el trámite y aprobación de los proyectos de ley. Estos elementos tienen 
como común denominador el procurar la consecución de los fines esenciales del Estado, 
entre los cuales se destaca el de "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación" (C.P., 
art. 2º), además de facilitar y organizar el cumplimiento eficiente de las funciones del 
Congreso, dentro  de un régimen jurídico, democrático y participativo (C.P., Preámbulo y arts. 1º, 114, 150 y ss).   
 
 La especialización del trabajo legislativo se ju stifica en cuanto ofrece la oportunidad para 
que los proyectos de ley inicien su trámite de fondo en un grupo de congresistas preestablecido, quienes pueden ser seleccion ados para las comisiones permanentes de 
acuerdo con su área de formación, de experiencia laboral o de interés, con lo cual se 
establece un vínculo importante entre el perfil de los congresistas y la competencia de la comisión permanente a la que pertenezcan. Esta circunstancia promueve la empatía del 
congresista con determinadas materias de su in terés; ofrece espacios para que aporte sus 
iniciativas al proceso legislativo; permite la realización de debates más especializados en beneficio del proceso legislativo y, además, facilita el ejercicio del control político directo por 
parte de la población.  
  La distribución racional del trabajo legislativo permite equilibrar la asignación de actividades 
entre Senadores y Representantes a la Cámara; agilizar el desarrollo de las funciones del 
Congreso; organizar la actividad legislativa, y facilitar la asignación de responsabilidades 
políticas a los congresistas durante el proceso legislativo, en aras de la eficiencia y modernización de la función legislativa.  
 
 En relación con la regla de la publicidad en el proceso legislativo y el ejercicio del control 
democrático, la Ley 5ª de 1992 señala la oportunidad y la finalidad para la participación 
ciudadana en el estudio de los proyectos de ley. Establece la figura de la presentación de 
observaciones sobre cualquier proyecto de ley o de acto legislativo 'cuyo examen y estudio 
esté adelantando alguna de las Comisiones Constitucionales Permanentes', la publicación en la Gaceta del Congreso de las opiniones expuestas por 'toda persona natural o jurídica' y la 
obligatoriedad de consignar en el respectivo proyecto 'la totalidad de las propuestas o 
modificaciones planteadas que considere importantes' (L. 5ª de 1992, arts. 230 a 232)". 
 
Como se ve, existen importantes razones que justifican la existencia de diferentes comisiones al 
interior del Congreso de la República, a las cuales les serán distribuidos los proyectos de ley y de acto legislativo, según la materia que regulen:  
                                               
31 En aquella oportunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre la  constitucionalidad de la Ley 617 
de 2000 y la declaró exequible por el cargo de vicios de trámite en su formación al haber sido aprobada en 
primer debate en la comisión primera y no en la comisión cuarta de las cámaras legislativas del Congreso de la República. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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i) Permite un trámite más eficiente de las iniciativas legislativas, por cuanto los 
proyectos se asignarán al grupo de congresistas, en cada una de las cámaras legislativas, que 
cuente con mayores conocimientos sobre el tema regulado, lo cual facilita el cumplimiento de las 
funciones del Congreso dentro de un régime n jurídico, democrático y participativo. 
 
ii) Facilita la distribución racional de las actividades del órgano legislativo, por cuanto 
permite un reparto adecuado y sin sobrecarga para ninguna de dichas comisiones.  
iii)  La asignación de manera organizada y sistemática por temas a las diferentes 
comisiones, redunda en una mayor garantía de publicidad de las actuaciones y deliberaciones en el 
trámite y aprobación de los proyectos de ley.  
iv) Permite la realización de debates más especializados que favorecen el proceso 
legislativo, pues los congresistas que hagan parte de cada una de las comisiones laborarán sobre materias de su interés, que guarden relación con su área de formación o de experiencia laboral. 
 
v) Facilita el ejercicio del control político directo por parte de la población. 
 La jurisprudencia en torno al grado de rigor en el control de constitucionalidad por la 
presunta falta de competencia de las comisiones permanentes del Congreso  
 22.- Si bien esta Corporación ha reconocido que la distribución del trabajo legislativo y la 
asignación de materias a las diferentes comisiones de las cámaras del Congreso de la República 
responde a importantes fines como el de eficiencia y especialidad en la labor legislativa, ha sido igualmente enfática al precisar que, en consideración al cúmulo de trabajo del Congreso "sería 
impracticable y tal vez imposible hacer una distribución temática precisa y rígida de las materias 
legislativas entre las siete (7) comisiones cons titucionales permanentes, en cuanto siempre 
existirán asuntos de ley que de una u otra manera tendrán relación de conexidad material con temas diversos pero convergentes, los cuales, sin embargo, podrían exigir su regulación en un solo 
texto legislativo" .
32  
 De esta manera, en consideración a la apreciación que se ha hecho de la gran dificultad que 
presenta la exigencia de rigidez en la distribución de los proyectos de ley, por cuanto los mismos 
pueden regular diversas materias que eventualmente corresponderían a diferentes comisiones constitucionales permanentes, la Corte Constitucional ha establecido que su examen debe partir de 
la premisa según la cual, "en muchas ocasiones la distribución de los proyectos de ley para su 
aprobación en primer debate es aproximada, debi do a las condiciones especiales del contenido de 
cada proyecto" .
33  Así pues, al juez constitucional  corresponde tener en cuenta que "si bien la Ley 
3ª de 1992 hace una distribución temática entre las comisiones permanentes, la amplitud y 
variedad de los principios constitucionales que deben ser desarrollados por ley y la dinámica y 
especificidad de cada materia exigen cierta flexibilidad al momento de distribuir los proyectos de ley para su estudio, trámite y aprobación en primer debate" .
34  
 
23.- Como corolario de lo anterior, surge entonces, que el examen de constitucionalidad de leyes que cobijen materias adscritas a diferentes comisiones permanentes de las cámaras legislativas y 
que, a primera vista, aparezcan como de competencia de varias de ellas de acuerdo a la 
distribución temática que establece la Ley 3ª de 1992, debe ser flexible por las siguientes razones:   "1. No se pone en riesgo ningún precepto constitucional cuando se decide que un proyecto 
de ley que ofrece duda razonable acerca de su materia dominante y, por lo tanto, de la 
comisión competente para aprobarlo en primer debate, sea tramitado en una u otra comisión permanente, máxime si se tiene en cuenta que lo relativo a la distribución del 
trabajo legislativo fue deferido por la Constitución Política a la ley.
35    
                                               
32 Sentencia C-540 de 2001. 
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
35 E l  a r t í c u l o  1 4 2  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  s e ñ a l a  q u e "La ley determinará el número de comisiones 
permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una deberá ocuparse" [Nota a pie de página N° 5 en la sentencia C-540 de 2001 de la cual se hace la transcripción textual]. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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 2. La manera como el legislador reguló la so lución de los casos en que exista duda sobre la 
materia predominante en un proyecto de le y, fue asignándole poder de decisión al 
Presidente de la respectiva Cámara para que, según su criterio , remita el proyecto a la 
comisión que considere competente. Esta figura se  encuentra en el Parágrafo 2º - artículo 2º 
de la Ley 3ª de 1992 […].  
 
 3. El artículo 159 de la Constitución Política señala que el proyecto que sea negado en 
primer debate puede ser considerado en plenaria de la respectiva Cámara, con lo cual se demuestra que en todo caso ese criterio rígido o excluyente de la especialidad cede ante la 
decisión de la plenaria. Es más, de acuerdo con el artículo 166 de la Ley 5ª de 1992 -Ley 
Orgánica del Congreso- si la plenaria de la respectiva Cámara acoge la apelación, el proyecto pasará a una comisión constitucional diferente para que surta el trámite en primer 
debate.  
  […] 
 
 Si, de acuerdo con lo anterior, es procedente la aprobación de proyectos de ley en primer 
debate en una comisión permanente con competencia diferente al tema de discusión, será de mayor aceptación el reparto en una u otra comisión cuando se trata de proyectos que 
ofrecen duda razonable acerca de su materia dominante.   
  4. Todos los miembros del Congreso tienen la oportunidad de hacer seguimiento al trámite 
en primer debate de los diferentes proyectos de ley y pueden plantear modificaciones, 
adiciones o supresiones a la comisión respectiva, así no hagan parte integrante de ella (L. 5ª de 1992, art. 160 nl. 1), lo cual compagina con el grado de flexibilidad relativa que la 
Constitución asigna al trámite en primer debate de los proyectos de ley.  
  […]  
 De acuerdo con lo expuesto, no existen fundamentos constitucionales para exigir una 
rigurosidad estricta en la distribución del trabajo legislativo. Por el contrario, la Constitución y las Leyes 3ª y 5ª de 1992 consagran preceptos que permiten una flexibilidad razonable en 
la designación de la comisión que apruebe en primer debate los proyectos de ley".
36   
 24.- Con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Corte, mediante sentencia C-540 de 
2001, declaró exequible la Ley 617 de 2000 por el cargo relativo a la falta de competencia de la 
Comisión Primera de Senado y Cámara para da rle trámite y aprobación en primer debate. 
Consideró al respecto la Sala Plena que una revisión integral del cuerpo normativo bajo examen permitía apreciar que la finalidad de la norma no era la de reformar la Ley Orgánica del 
Presupuesto, sino que su objeto principal era el de  afectar el tema de la organización territorial, 
por lo cual era razonable su reparto a las comisiones primeras para su trámite en primer debate.
37  
                                               
36 Sentencia C-540 de 2001. 
37 El criterio de flexibilidad en el control de constitucionalidad por presuntos vicios derivados de la falta 
de competencia de las comisiones permanentes del Cong reso había sido previament e sentado en sentencias 
como la C-648 de 1997, en la que la Corte había señalado que: "[e] n aquellos casos en que las materias de 
que trata un determinado proyecto de ley no se encuen tren claramente asignadas a una específica comisión 
constitucional permanente y, por ello, el Presidente de la respectiva corporación asigne su trámite a la comisión que considere pertinente, el respeto por el prin cipio democrático exige que el  juicio efectuado por el 
mencionado funcionario deba ser respetado por el ju ez constitucional, a meno s que esa asignación de 
competencia sea manifiestamente irrazonable por contraveni r abiertamente las disposiciones del artículo 2° de 
la Ley 3 ª de 1992. Sólo en ese evento el juez de la Carta podría sustituir la decisión del presidente del Senado 
de la República o de la Cámara de Re presentantes, decretando la inexequibi lidad por vicios de forma de la ley 
de que se trate ". En dicho fallo, la Corte decidió declarar exequible el capítulo II de la Ley 318 de 1996 por no 
presentar vicios de forma. De igual manera, la Corte encontró ajustado a la Carta el Proyecto de Ley No. 
001/99 Senado - 82/98 Cámara " Por la cual se concede una autorizaci ón a los contribuyentes del impuesto 
predial unificado en el Distrito Capital " objetado por el Presidente de la  República, en consideración a lo 
siguiente: " La Corte observa entonces que el proyecto de le y objetado, se refiere a asuntos que son de la 
incumbencia tanto de las comisiones primeras como de las terceras constitucionales permanentes de las 
cámaras legislativas. En tal virtud, a fin de decidir cu ál de ellas es competente, no pudiéndose acudir al 
principio de especialidad pues, como se ha visto, desde este punto de vista  ambas comisiones tienen vocación para abocar inicialmente el estudio y debate del proyec to objetado, resulta menester estarse a lo dispuesto por IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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De igual manera, en jurisprudencia más reciente , esta Corporación ha mantenido la anterior 
postura frente a la intensidad o el rigor del análisis que debe llevar a cabo la Corte Constitucional 
en torno al tema de la competencia de las comisiones constitucionales permanentes. Así, por 
ejemplo, en las sentencias C-475 de 2006
38 y C-306 de 200939,  esta Corporación reiteró que para 
efectos de determinar la razonabilidad de un determinado reparto de un proyecto de ley, se debe 
establecer cuál es la materia dominante y que la in constitucionalidad de dicho proyecto o de la ley, 
sólo surgirá como consecuencia de una decisión de asignación por parte del presidente de la respectiva cámara que aparezca como irrazonable.    
25.- Es importante recordar, no obstante lo anterior, que hay una exigencia constitucional de 
cumplimiento de la distribución del trabajo en el seno del Congreso de la República, de acuerdo con las competencias temáticas asignadas por ley a cada una de las comisiones, pues ésta tiene, 
"desde una perspectiva estrictamente constitucional , 'profundas connotaciones democráticas y de 
eficiencia en el cumplimiento de la función legislativa'"
40,  lo cual hace que en el examen de 
constitucionalidad del procedimiento de formación de una ley "no sea indiferente establecer si la 
comisión en particular en la que se inició el  [trámite] en cada cámara, era la que, dada la materia 
del proyecto, debía ocuparse del asunto" .41  En este sentido, la Corte ha determinado que la 
violación a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992 que asigna las competencias temáticas a las comisiones congresuales "acarrea un vicio de relevancia constitucional, que daría 
lugar a la declaración de inexequibilidad de la disposición legal irregularmente tramitada."  Tal 
argumentación se observa plasmada de la siguiente manera:  
"Si es el propio constituyente quien dispone que cada comisión permanente se ocupe de 
ciertas materias según determinación de la ley, la inobservancia de esta especialidad temática a la hora de repartir los proyectos, generaría un vicio que afectaría la 
constitucionalidad del trámite legislativo correspondiente, y llevaría a la declaración de 
inexequibilidad formal de la ley así expedida, pues resulta claro que no fue respetada la voluntad constitucional".
42  
 
En igual sentido apunta lo indicado por esta Corporación en sentencia C-353 de 1995, como pasa a 
exponerse textualmente:  
 "En consecuencia, las leyes que hayan sido tramitadas en primer debate por una comisión 
constitucional permanente carente de competencia para ocuparse de las materias de que trata la respectiva ley, son inconstitucionales por vulnerar las disposiciones del artículo 151 
de la Carta. En efecto, dicha norma supedita el ejercicio de la actividad legislativa a las 
                                                                                                                                               
el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, según el cual " cuando la materia de la cual trate el 
proyecto de ley, no esté claramente adscrita a una Comisión, el Presidente de la respectiva Cámara, lo enviará 
a aquella que, según su criterio, sea competente para conocer materias afines ". De esta manera, estima la 
Corte, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, que la asignación hecha por el pr esidente de la respectiva 
cámara legislativa, tiene la virtud de definir la competencia de la comisión que inicia el trámite, y a esta decisión ha de estarse, sa lvo que sea irrazonable. Por lo tanto, las comisiones primeras constitucionales de 
ambas cámaras, en virtud del reparto que les fue hech o del proyecto bajo examen, reparto verificado de 
conformidad con el parágrafo del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, eran competentes para dar primer debate al 
referido proyecto ". 
38 En esa oportunidad, la Corte declaró la constitucion alidad del trámite que se dio al proyecto de ley en 
estudio, pues consideró que la ley demandada tenía como finalidad fundamental "regular el derecho de acceso 
al crédito de vivienda así como ampliar las funciones de protección social de las Cajas de Compensación" . En 
este sentido, expuso que las comisiones séptimas de la Cámara y del Senado eran competentes para conocer 
de seguridad social, vivi enda y familia y que " no existe ningún argumento para sostener que la asignación de 
competencias financieras a las Cajas de Compensación de fina como contenido dominante de la ley la materia 
financiera y que este contenido pueda primar sobre los temas sociales a los cuales, de manera explícita, se 
refiere tanto el texto de la ley como su respectiva exposición de motivos".  
39 En sentencia C-306 de 2009, por su parte, la Corte manifestó de nuevo que el control de 
constitucional debía ser flexible con el fin de respetar  la decisión del presidente de la cámara legislativa 
correspondiente. Conforme a ello, este Tribunal determ inó que, dado que el proy ecto de ley en estudio 
contenía varios temas, dentro de los cuales se en contraban algunos referentes al transporte, resultaba 
razonable su asignación a las comisiones  sextas constitucion ales permanentes. 
40 Sentencia C-975 de 2002, en la que cita la sentencia C-540 de 2001. 
41 Sentencia C-792 de 2000, citada en C-975 de 2002. 
42 Sentencia C-792 de 2000. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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disposiciones de una ley orgánica, la cual, en materia de competencias de las comisiones 
constitucionales permanentes del Congreso de la  República, es para efectos del control de 
constitucionalidad y con la advertencia realizada en la sentencia antes citada, la Ley 3ª de 
1992." 
 26.- Lo anterior pone en evidencia que esta Corporación ha reconocido, de una parte, que el 
desconocimiento de las competencias temáticas de las comisiones congresuales -asignadas por la 
Ley 3ª de 1992- en el proceso de formación de la ley constituye un vicio de relevancia constitucional que impondría al órgano de control constitucional el deber de retirar del ordenamiento jurídico el texto normativo que surtió un trámite irregular.  
 
No obstante, también ha tenido en cuenta que, en virtud del parágrafo 2° del artículo 2° de la ley en comento, que asigna las competencias a estas comisiones según la materia sobre la cual verse 
el proyecto de ley o de acto legislativo a debatir y aprobar en primer debate, el presidente de la 
respectiva cámara cuenta con un margen de apreciación en el reparto de los mismos "cuando la 
materia de la cual trate el proyecto de ley,  no esté claramente adscrita a una Comisión" , 
pues en tales circunstancias, lo faculta para enviarlo a "aquella que, según su criterio, sea 
competente para conocer de materias afines".  (Subraya la Corte). 
 Asimismo, y derivado de la facultad mencionada con que cuenta el presidente a quien corresponda 
hacer el reparto del proyecto de ley de que se trate, la Corte ha establecido que el juicio de 
constitucionalidad del procedimiento legislativo po r parte del órgano constitucional surtido en lo 
que tiene que ver con la competencia de la comisión que le haya dado trámite y aprobación en 
primer debate, debe ser un control flexible y, por ende, sólo es admisible la intervención del juez 
constitucional cuandoquiera que dicho reparto resulte irrazonable.  
27.- Para el asunto bajo examen en esta oportuni dad resulta de gran relevancia el precedente 
sentado en la sentencia C-975 de 2002, en el que la Corte declaró inconstitucional la Ley 719 de 2001 "por la cual se modifican las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras disposiciones" . 
En aquella oportunidad la Sala Plena debió resolver un cargo por vicios de forma en el proceso de 
formación de la ley consistente justamente en la falta de competencia de las comisiones sextas 
constitucionales permanentes de las cámaras legislativas. El demandante del cuerpo normativo sostenía que en el trámite legislativo se había desconocido el mandato constitucional consagrado 
en el artículo 142, comoquiera que su materi a dominante –los derechos de autor- era de 
competencia de las comisiones primeras, pues éstas tienen señalada la atribución de conocer los proyectos relativos a la propiedad intelectual, la cual comprende estos derechos. 
 
La Corte señaló que la propia ley aporta herramientas importantes para resolver los conflictos que puedan llegar a surgir en aquellos casos en que la temática de un proyecto no ley no aparezca adscrita a una determinada comisión permanente, o cuando en el proyecto de ley se regulen 
asuntos cuya discusión competa a diversas comisiones. En efecto, la sentencia indica que tanto la 
Ley 3ª de 1992, como el reglamento del Congreso contenido en la Ley 5ª del mismo año dan la clave para resolver estos conflictos. En el primer o de los supuestos, que se configura cuando el 
proyecto de ley regule asuntos cuya discusión competa a diversas comisiones, la Corporación 
señaló que el artículo 146 de la Ley 5ª dispone que cuando un proyecto de ley verse sobre varias materias, será repartido a la comisión de la materia predominante, la cual podrá solicitar a las 
demás comisiones competentes un concepto sobre el mismo. Respecto de la segunda hipótesis 
fáctica, referida a la falta de adscripción de un determinado tema a una comisión particular, la Corte señaló que los parágrafos 1° y 2° del artículo 2° de la Ley 3ª establecen que para resolver los conflictos de competencia entre las distintas comisiones, primará el principio de especialidad, 
de manera que cuando la materia sobre la cual trate el proyecto de ley no esté claramente 
adscrita a una comisión, "el Presidente de la respectiva Cámara, lo enviará a aquella que, según su 
criterio, sea competente para conocer materias afines" . Lo anterior llevó a la Corte a concluir sobre 
este punto que: 
 
"[E]n aquellos casos donde las materias reguladas en un proyecto de ley no aparezcan 
claramente asignadas a una determinada y específica comisión o puedan ser estudiadas por 
varias de ellas, y el Presidente de la respecti va célula congresional haya dispuesto su envío a 
la comisión que considere pertinente en atención a su afinidad temática, en acatamiento al respeto por el principio democrático, el control de constitucionalidad que se adelante en esa IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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causa debe ser flexible, de forma tal que sólo se pueda considerar la declaratoria de 
inconstitucionalidad del precepto, cuando la asignación de competencia resulte irrazonable y claramente contraria a los contenidos normativos del artículo 2° de la ley 3ª de 1992. Sólo 
en este último caso -lo dijo la Corte-, "el juez de la Carta podría sustituir la decisión del 
presidente del Senado de la República o de la Cámara de Representantes, decretando la inexequibilidad por vicios de forma de la ley que se trate". 
 
La duda razonable sobre cuál es la comisión co mpetente para dar trámite en primer debate a 
determinado proyecto de ley, permite pues, que el presidente de la respectiva cámara lo asigne 
según su criterio, el cual, en todo caso, debe estar orientado por el tema y la finalidad que 
persigue la ley, "sin que resulte relevante que entre las varias materias tratadas una tenga un 
mayor número de artículos […] sin perjuicio  de que, en todos los demás casos, la inobservancia 
deliberada e inadvertida de las competencias definidas en el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, 
conduzca necesariamente a la declarator ia de inexequibilidad del texto acusado" . 
 Finalmente, la Sala Plena de esta Corporación, después de haber realizado el análisis del trámite 
legislativo del proyecto de ley que se convertiría más adelante en la Ley 719 de 2001 y al advertir, 
por su epígrafe, que ésta era modificatoria de las Leyes 23 de 1982, "Sobre derechos de Autor"  y 
44 de 1993 "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944" , 
concluyó que, efectivamente, las comisiones sextas a las cuales les fue repartido dicho proyecto, 
carecían de competencia para darle trámite, pues "por expreso mandato del artículo 2° de la Ley 
3ª de 1992, a la Comisión Primera de Senado y Cámara le corresponde conocer, entre otras materias, la relacionada con la " propiedad intelectual ", mientras que a la Comisión Sexta de las 
mencionadas células legislativas le compete estudiar proyectos de ley relacionados con: 
"comunicaciones; tarifas; calamidades públicas; funciones públicas y prestación de los servicios públicos; medios de comunicación; investigación científica y tecnológica; espectros 
electromagnéticos; órbita geoestacionaria; sistemas digitales de comunicación e informática; 
espacio aéreo; obras públicas y transporte; turismo y desarrollo turístico; educación y cultura".  
 Así pues, en consideración a que "la materia dominante de la Ley 719 es lo referente a la 
modificación del régimen de los derechos de autor, buscando convalidar el reconocimiento de tales 
derechos, en asocio con los mecanismos de recaudo y distribución de los recursos que se puedan apropiar por dicho concepto"  y que estos derechos se enmarcan en el área más amplia de 
propiedad intelectual, la Corte concluyó que las comisiones competentes eran, tal y como lo 
señalaba el demandante, las primeras y no las sextas, en virtud de lo cual procedió a declarar la inexequibilidad de la ley por vicios de forma en el procedimiento de formación. 
 
Análisis del cargo por falta de competencia de  las comisiones segundas para aprobar en 
primer debate la Ley 1520 de 2012  
28.- Con fundamento en todo lo expuesto en re lación con el tema de la competencia de las 
comisiones constitucionales permanentes del Sena do y el tipo de examen que esta Corporación 
debe realizar, procederá a continuación a determinar si el cargo en relación con este punto debe 
prosperar o si, por el contrario, no le asiste la razón al ciudadano demandante. 
 29.- Para empezar, es importante indicar que la demanda cumple el requisito exigido por el 
artículo 242, numeral 3°, de la Constitución Política
43, ya que al tratarse de cargos por vicios de 
forma, la misma debía ser interpuesta en el término de un año a partir de la publicación de la ley. En efecto, la acción pública de inconstituciona lidad fue presentada en la Secretaría de esta 
Corporación el día 4 de mayo de 2012 y la publicación de la ley objeto de acusación es de 13 de 
abril de 2012, en el Diario Oficial N° 48.400.
44  
 30.- En segundo lugar, la Corte considera necesari o hacer un recuento del procedimiento que se le 
imprimió al proyecto de ley que se convertiría en la Ley 1520 de 2012.  
 
                                               
43 Este artículo dispone: " Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a 
que se refiere este título, serán regulados por la ley conf orme a las siguientes disposiciones: // 3. Las acciones 
por vicios de forma caducan en el término de un añ o, contado desde la publicación del respectivo acto ". 
44 Folios 410 y siguientes del cuaderno principal del expediente. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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En la Gaceta del Congreso N° 75 del 20 de marzo de 2012, consta que ese día fue radicado por el 
Gobierno Nacional, a través del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados Guida; el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras y el Ministro de Tecnología de la Información 
y las Telecomunicaciones, Diego Molano Vega, y ante la Secretaría General del Senado de la 
República el Proyecto de ley número 201.  
El mismo día, el Secretario General del Senado de la República procedió a remitir al despacho del 
Presidente del Senado el expediente de la iniciativa legislativa con el objeto de que se repartiera, teniendo en cuenta que "la materia de que trata el mencionado proyecto de ley, es competencia de 
la Comisión Segunda Constitucional Permanente" .
45   
 
De esta manera, aparece claro dentro del expediente legislativo que se inició su trámite en las comisiones segundas, más específicamente, en la  Comisión Segunda Constitucional Permanente 
del Senado de la República y que, posteriormente, se continuó el procedimiento ante la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes.  
31.- Ahora bien, vale la pena volver sobre el punto ya aclarado en las consideraciones relativas al 
alcance y contenido de la ley bajo examen. Como se vio de manera detallada, la materia predominante que la misma regula es la de los derechos de autor y sus derechos conexos, mediante la modificación de la Ley 23 de 1982 "sobre derechos de autor"  en diversos aspectos, y 
del Código Penal en lo atinente a los delitos contra los derechos de autor y sus derechos 
conexos.
46  
 
32.- No obstante lo anterior, las intervenciones de  los Ministerios que presentaron esta iniciativa 
legislativa ante el Congreso de la República, así como todas aquellas que defienden la constitucionalidad del cuerpo normativo, argumentaron que las comisiones segundas permanentes 
en las dos células legislativas eran efectivame nte competentes para dar aprobación en primer 
debate a la ley cuestionada, en tanto ésta debía ser expedida en el marco de la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América, su Protocolo modificatorio y sus Cartas adjuntas. 
 
33.- Al respecto es importante hacer varias precisiones. En primer lugar, si bien la Corte no pone en discusión que dicha ley fue expedida con el fin de implementar los compromisos adquiridos por 
el Estado, con ocasión de la suscripción de dicho acuerdo
47;  en todo caso, reitera que la materia 
regulada no es otra que la relativa a los derechos de autor y conexos, los cuales, como ya ha sido establecido en apartes precedentes de esta sentencia, hacen parte, junto con el de propiedad 
industrial, del tema más amplio de la propiedad intelectual, adscrito a las comisiones primeras 
permanentes constitucionales.  Así pues, es importante poner de presente que son dos aspectos claramente diferenciables (i) el 
atinente al marco dentro del cual se adopta una regulación normativa, o en virtud del cual se 
procede a regular o a modificar una normatividad sobre determinada materia; y (ii) aquel relativo a la materia regulada propiamente dicha, es decir, el tema predominante en determinado cuerpo 
normativo. 
 En este punto vale la pena hacer especial énfasis en que lo que ha sido sometido al control de 
constitucionalidad de esta Corporación es la regulación interna de lo que tiene que ver con los 
derechos patrimoniales de autor, en virtud de los compromisos que ha adquirido el Estado colombiano al suscribir el Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América, sin que la ley bajo examen guarde relación alguna con temas atinentes a relaciones comerciales entre 
los dos Estados, ni ataña de ninguna manera al ámbito internacional. 
 
                                               
45 Gaceta del Congreso No. 75, martes 20 de marzo de 2012, pág. 11. (Folios 174 y siguientes del 
cuaderno de pruebas remitido po r el Senado de la República). 
46 No desconoce la Sala que, tal y como lo ponen de presente algunos de los intervinientes, el 
artículo 21, por ejemplo, regula una ma teria diferente, cual es la de los porcentajes mínimos de televisación de 
producciones nacionales, lo cual no implica que la materia dominante a lo largo de la ley, no sea la de los 
derechos de autor. 
47 Así consta en el título de la ley y en su artí culo 1° que consagra el objetivo de la misma. IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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Lo anterior se ve reforzado si se observa que las competencias temáticas obedecen a un criterio de 
especialidad, en la medida en que la comisión especializada en determinada materia va a ser más eficiente debido a su mayor cualificación por experticia para regularla. En el caso concreto que 
ahora ocupa a la Corte, se observa que las comisi ones primeras fueron expresamente designadas 
por la Ley 3ª de 1992 para dar primer debate a los proyectos de ley o de acto legislativo que versen sobre " propiedad intelectual ". Las comisiones segundas, por su parte, se ocuparán de 
tramitar aquellas que guarden relación con "política internacional; defensa nacional y fuerza 
pública; tratados públicos; carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica; política portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras; nacionalidad; 
extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas francas y de libre 
comercio; contratación internacional" . Esto implica que las áreas de especialización de estas 
últimas no tienen relación alguna con los derechos de autor, ni la propiedad intelectual y que, en 
esa medida, a pesar de haberse surtido en su seno los trámites de las leyes aprobatorias del 
Acuerdo Comercial con los Estados Unidos, su Protocolo modificatorio y su Carta adjunta, en virtud de los cuales se implementan algunos compromisos relativos a la propiedad intelectual, las 
comisiones competentes, por expresa disposición legal, eran las primeras y no dejan de serlo por 
el solo hecho de que las leyes aprobatorias de dichos instrumentos internacionales se hayan tramitado en primer debate por las comisiones segundas que eran las competentes para el efecto.  
34.- Se habrá de dar aplicación, de esta manera, al precedente sentado en sentencia C-975 de 
2002, ampliamente analizada en la presente providencia, y en la cual esta Corte declaró la inexequibilidad de la Ley 719 de 2001 por haber sido tramitada en primer debate en las 
comisiones sextas de Cámara y Senado que carecían de competencia para ello, en tanto la materia 
regulada era precisamente la de derechos de  autor, adscrita a las comisiones primeras 
constitucionales permanentes del Congreso de la República, lo cual, a juicio de la Sala configuró un 
vicio insubsanable en el procedimiento de formación de la ley. 
 35.- Las anteriores consideraciones bastan para declarar inexequible por vicios de forma en su procedimiento de formación la Ley 1520 de 2012 demandada en la presente oportunidad ante esta 
Corporación. 
 36.- Comoquiera que del estudio de este cargo por vicios de forma se advierte la 
inconstitucionalidad de la totalidad de la ley acusada, por razones de economía procesal y respeto 
al principio de la cosa juzgada constitucional, la Corte se abstendrá de referirse a las demás acusaciones que han sido planteadas en la demanda. 
 
VI. DECISIÓN  En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  
 
RESUELVE: 
 
Declarar INEXEQUIBLE  la Ley 1520 de 2012 "por medio de la cual se implementan compromisos 
adquiridos por virtud del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia 
y los Estados Unidos de América y su Protocolo Modificatorio, en el marco de la política de 
comercio exterior e integración económica" . 
 Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insé rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional 
y archívese el expediente. 
  
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
Presidente 
 
 
MARIA VICTORIA CALLE CORREA 
Magistrado 
 IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
- 50 - 
 
  
 
MAURICIO GONZALEZ CUERVO 
Magistrado 
Con salvamento de voto 
  
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ 
Magistrado 
Con salvamento de voto 
 
 
ALEXEI JULIO ESTRADA 
Magistrado 
 
 
JORGE IVAN PALACIO PALACIO 
Magistrado 
Ausente con permiso 
  
NILSON PINILLA PINILLA 
Magistrado 
 
 
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
Magistrado 
Ausente con excusa 
  
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
Magistrado 
  
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ 
Secretaria General IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
- 51 - 
 
  
 
  
 
 
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
MAURICIO GONZALEZ CUERVO 
A LA SENTENCIA C-011/13 
  Referencia: Expediente D-9107 
 
 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1520 de 2012, "por medio de 
la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del "Acuerdo de 
Promoción Comercial" suscrito entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América y su "Protocolo modifica torio, en el marco de la política de 
comercio exterior e integración económica".  
 
 Actores: Jorge Enrique Robledo Castillo.   Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA.  
 
  
Salvo mi voto frente a la Sentencia de constitucionalidad C-011 de 2013, aprobada por la Sala 
Plena en sesión del veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013), por las razones que a continuación expongo: 
 
1. Frente a la decisión de declarar inexequible la Ley 1520 de 2012, por no haberse tramitado en las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes de ambas Cámaras, considero que tanto por su objeto como por su propósito y contenido, el proyecto de ley correspondiente podía haberse 
tramitado en éstas o en las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, como en efecto 
se hizo.   
2. Si bien es cierto que la ley se refiere a la propiedad intelectual y, en esta medida, podría 
corresponder a la competencia de las Comisiones Primeras, también lo es que su objeto, propósito y contenido están relacionados con asuntos propios de la política internacional, de los tratados 
públicos, del comercio exterior y de la integración económica, materias que corresponden a la 
competencia de las Comisiones Segundas.  3. La Ley 3 de 1992, modificada por la Ley 754 de 2002, define las competencias de cada una de 
las Comisiones Constitucionales Permanentes de ambas Cámaras, razón por la cual fue necesario 
tenerla como parámetro de juzgamiento en el presente asunto. En su artículo 2, parágrafo 2, esta ley prevé que: "Cuando la materia de la cual trate el proyecto de ley, no esté claramente adscrita 
a una Comisión, el Presidente de la respectiva Cá mara, lo enviará a aquella que, según su criterio, 
sea competente para conocer de materias afines".  
4. Al interpretar el anterior parágrafo, entre otras, en la Sentencia C-306 de 2009, como motivo 
del estudio de unas objeciones presidenciales, la Co rte puso de presente el carácter flexible del 
control de constitucionalidad sobre esta materia, en razón del principio democrático, al punto que sólo hay lugar a declarar la inexequibilidad cuando "no exista una duda razonable acerca de la 
Comisión que deba conocer sobre el proyecto o un principio de razón para que el Presidente de 
una Cámara Legislativa le haya adjudicado un proyecto a una Comisión determinada".    
5. En su argumentación, la sentencia dice seguir el precedente sentado en la Sentencia C-975 de 
2002, en la cual la Corte declaró inexequible la Ley 719 de 2001. Esta sentencia, además de ser anterior a la Sentencia C-306 de 2009, no contiene un precedente relevante para el caso, pues en 
esa oportunidad la Corte estudió una norma que regulaba la gestión económica de los derechos de 
autor y de sus derechos conexos, y que no tenía ni el propósito de implementar un tratado internacional, ni una clara relación con la política internacional, el comercio exterior y la integración económica, como ocurre en este caso. Por el contrario, en la Sentencia C-975 de 2002 IP/N/1/COL/C/7 • IP/N/1/COL/E/3 
 
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se verificó que asignar el proyecto de ley a las Comisiones Sextas constituía un vicio en el proceso 
de formación de la ley, porque no se estaba frente a una duda razonable sobre la Comisión competente, ni existía un principio de razón para dicha asignación, ya que por su objeto, propósito 
y contenido el proyecto se inscribía con claridad dentro de la competencia de las Comisiones 
Primeras.  
Respetuosamente,  
   
 
 
MAURICIO GONZALEZ CUERVO 
Magistrado 
 
 
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