G/SPS/W/284
2 de abril de 2015
(15-1846)  Página: 1/4
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  Original: inglés
 
  DETECCIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS NO INSCRITOS EN EL 
REGISTRO DEL PAÍS IMPORTADOR: NECESIDAD DE MEDIDAS 
QUE GARANTICEN UN COMERCIO SIN TRABAS 
COMUNICACIÓN DE LA INDIA 
La siguiente comunicación, recibida el 26 de marzo de 2015, se distribuye a petición de la 
delegación de la India. 
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  1  ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
1.1.  El principal objetivo del presente documento es contextualizar un problema recurrente para 
los exportadores de los países en desarrollo: la aplicación de límites de determinación (LD) en los países importadores. La India ha observado que a menudo se recurre al límite de determinación en 
el caso de sustancias para las que hay normas internacionales establecidas por el Codex. 
1.2.  Es importante recordar aquí las disciplinas básicas del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) en lo referente a la evaluación del riesgo y los 
procedimientos cuando hay normas internacionales aplicables. 
1.1  Disciplinas del Acuerdo MSF 
1.3.  De conformidad con el artículo 2, los Miembros tienen derecho a adoptar medidas sanitarias y 
fitosanitarias para lograr el nivel de protección de la salud que ellos mismos establezcan. Ese nivel, 
al que nos referimos como "nivel adecuado de protección" o "nivel de riesgo aceptable", es uno de 
los criterios fundamentales del Acuerdo MSF. El derecho a adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para lograr un nivel adecuado de protección conlleva obligaciones básicas. En 
general, los países pueden adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias siempre que: 
• solo se apliquen en la medida en que sean ne cesarias para proteger la vida o la salud; 
 
• estén basadas en principios científicos y no se mantengan sin testimonios científicos 
suficientes; y 
 
• no discriminen de manera injustificable entre el origen nacional y extranjero o entre 
fuentes externas de suministro. 
1.4.  Para demostrar que sus medidas están basadas en principios científicos, los Miembros tienen 
dos opciones: 
• pueden basar sus medidas en normas internacionales (artículo 3); o 
 
• pueden basar sus medidas en una evaluaci ón científica del riesgo (artículo 5). 
1.5.  Los factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación del riesgo se establecen 
claramente en el artículo 5. Las medidas encamina das a garantizar la inocuidad de los alimentos, 
proteger la salud de los animales o preservar los vegetales deben basarse, en la medida de lo posible, en el análisis y la evaluación de datos científicos objetivos y exactos. En el párrafo 2 del G/SPS/W/284 
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  artículo 5 se indica explícitamente que, al evalua r los riesgos, es preciso tomar en cuenta aspectos 
como la prevalencia de enfermedades o plagas co ncretas, las condiciones ecológicas y ambientales 
pertinentes y los regímenes de cuarentena y otras medidas. 
1.6.  De conformidad con el párrafo 7 del artículo 5, cuando los testimonios científicos pertinentes 
sean insuficientes, un Miembro podrá adoptar provisionalmente  medidas sanitarias o fitosanitarias 
sobre la base de la información pertinente de que disponga, incluida la información que pueden 
ofrecer las organizaciones internacionales competentes o que se puede obtener de las medidas 
sanitarias o fitosanitarias que apliquen otros Miembros. En esas circunstancias, en el párrafo 7 del 
artículo 5 se establece claramente que los Miembros deben obtener la información adicional necesaria para hacer una evaluación más objetiva del riesgo y revisar en consecuencia la medida sanitaria o fitosanitaria en un plazo razonable. 
2  ESTABLECIMIENTO DEL LÍMITE DE DETE RMINACIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN EL 
COMERCIO 
2.1.  Es sabido que la prevalencia de plagas y enfermedades en los ecosistemas de los 
interlocutores comerciales varía de forma significativa, debido a las diferencias de condiciones 
agroclimáticas. En función de sus necesidades y requisitos particulares, los productores de alimentos de origen animal o vegetal utilizan plaguicidas y productos químicos y farmacéuticos 
para luchar contra las plagas y las enfermedades que afectan a sus productos en el cultivo, en los 
almacenes o en las operaciones de transformación. Si las condiciones ecológicas del país importador no prevén el uso de esas sustancias, la  legislación de ese país no incluirá disposiciones 
de registro o reglamentación para ellas. Pueden darse casos de detección de residuos de un 
plaguicida determinado en un producto importado, en la mayoría de los casos en concentraciones 
que no son peligrosas ni suponen una amenaza para la vida, la salud o la higiene de los consumidores de los países importadores. Ahora bien, es frecuente que estos países establezcan el 
límite máximo de residuos (LMR) de esas sustancias en su límite de determinación, y no sobre la 
base de una evaluación científica del riesgo que tenga en cuenta los factores relevantes que se 
especifican en el Acuerdo MSF, entre los que se incluyen, como se ha explicado supra , la 
prevalencia de enfermedades o plagas concretas y las condiciones ecológicas y ambientales 
pertinentes. 
2.2.  Esa práctica de adoptar el límite de determinación como LMR para plaguicidas no inscritos en 
el registro o no utilizados en el país importador es cada vez más frecuente entre los Miembros, y 
provoca importantes perturbaciones en el comercio internacional. Los siguientes ejemplos 
muestran con más claridad esa práctica: 
a. En 2009 se detectó en la Unión Europea la presencia de cloruro de clormecuat en uvas 
de la India. El cloruro de clormecuat es un regulador del crecimiento de las plantas, 
utilizado para limitar el crecimiento vegetativo y mejorar así la formación del fruto. En la India, el LMR de cloruro de clormecuat en uva es 1 mg/kg. LMR en otros países: 
a) 1 mg/kg en el Japón (igual que en la India); b) 0,75 mg/kg en Australia, y 
c) 0,1 mg/kg en Nueva Zelandia. En la Unión Europea, sin embargo, el LMR se ha establecido en 0,05 mg/kg, correspondiente al límite de determinación. La detección de residuos en concentraciones superiores a 0,05 mg/kg en el mercado de la UE originó 
problemas de conformidad con la reglamentación (límite de determinación). 
El Gobierno de la India planteó la cuestión ante las autoridades de la UE, quienes a su 
vez solicitaron el dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). La 
AESA concluyó que el consumo de uva de mesa con una concentración media de 
1,06 mg/kg de cloruro de clormecuat no representaba un riesgo para los consumidores. Sobre la base de ese dictamen, el Reino Unido, Irlanda y Noruega permitieron la entrada 
de uva de la India en sus mercados. 
Esa decisión, sin embargo, no ha compensado los perjuicios sufridos hasta entonces por 
los exportadores de la India, víctimas de una publicidad negativa dentro y fuera de la UE, consecuencia de la retención de los productos importados de la India en las 
fronteras de la Unión Europea. G/SPS/W/284 
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  A este respecto, la India desea recalcar que, cuando se carezca de información sobre 
una sustancia concreta, o sobre su uso en determinados ecosistemas y con fines específicos, corresponde al país importador solicitar información a los Miembros de la OMC que hayan establecido normas para esa sustancia. Se trata de un principio 
fundamental recogido en el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo MSF, que permite a los 
Miembros apartarse de las exigencias de la evaluación científica y adoptar provisionalmente medidas sanitarias o fitosanitarias sobre la base de la información 
pertinente de que se disponga. 
b. En abril de 2010 un laboratorio privado de la UE detectó la presencia del fungicida 
isoprotiolano en arroz basmati de la India. El isoprotiolano no está inscrito en el registro de la UE, y su LMR, establecido en el límite de determinación, es de 0,01 mg/kg. La 
publicidad negativa que generaron los informes de análisis de ese laboratorio causó 
importantes pérdidas a los exportadores de la India. Los importadores o los distribuidores exigieron que muchos de ellos retiraran sus productos del país importador. 
Posteriormente, el Organismo de Salud Pública del Reino Unido publicó una opinión en el 
sentido de que los niveles de residuos de isoprotiolano detectados no suponían una amenaza para la salud o la seguridad de los consumidores. Un productor de isoprotiolano 
del Japón envió información detallada a las autoridades de la UE; la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (AESA) realizó un estudio sobre esta base y recomendó, en 2012, una tolerancia para la importación de 5 mg/kg. 
En este caso también una evaluación científica  del riesgo dio lugar a la revisión del LMR 
y se estableció un nivel muy diferente del límite de determinación, pero la imposición del 
LD ya había ocasionado importantes perjuicios comerciales durante dos años. 
c. En otro caso, la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de los Estados 
Unidos (FDA) emitió, en agosto de 2011, una alerta de importación por la presencia de 
triciclazol en arroz basmati de la India. El triciclazol es un fungicida inscrito en el registro de la India, pero no en el de los Estados Unidos, para su utilización en el arroz. Puesto 
que los niveles de residuos de triciclazol detectados no suponían amenaza alguna para la 
salud y la seguridad de los consumidores, los exportadores de la India solicitaron la "aplicación discrecional" de la reglamentación de la FDA. La FDA declinó la petición y siguió rechazando los envíos en los que se detectaban niveles de residuos superiores a 
0,01 mg/kg (límite de determinación). 
En junio de 2014, basándose en la información facilitada por los productores de 
triciclazol, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) estableció el LMR de esa 
sustancia en 3 mg/kg. Sin embargo, esa decisión no ha compensado la importante 
perturbación del comercio durante tres años, entre 2011 y 2014. 
d. En otro ejemplo reciente, el Japón estableció en 2012 por defecto un LMR de etoxiquina 
en camarón de 0,001 ppm. La adopción de este LMR establecido por defecto causó a la 
India pérdidas comerciales irreparables en 2012-2013, de alrededor de 37,2 millones de dólares EE.UU. Posteriormente el Japón revisó ese límite a 0,2 ppm, después de que la India planteara la cuestión ante el Comité MSF y en contactos bilaterales. Sin embargo, 
los efectos negativos en el comercio durante esos dos años son irreparables. 
e. En julio de 2014 las autoridades de la UE notificaron su intención de establecer por 
defecto un límite de 0,01 ppm para el plaguicida propargite en el té. El plaguicida 
propargite se utiliza en varios países, y los límites de residuos en té son superiores a los 
que propone la UE. Los Estados Unidos de América, México y Viet Nam, por ejemplo, han fijado un límite de 10 ppm para su uso en té. Otros países, entre ellos el Brasil; 
Camerún; Chile; Colombia; Cuba; Dinamarca; el Ecuador; Egipto; Hong Kong, China; el 
Japón; Malasia; Nueva Zelandia; países del Golfo; la República de Corea; Tailandia y Sri Lanka han establecido el límite de residuos en 5 ppm. 
f. Otro ejemplo: los LMR de 12 plaguicidas pres entes en distintos productos alimenticios y 
piensos, que el Organismo de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelandia 
(FSANZ) estableció en el límite de determinación (0,01 ppm). En 2012 Australia presentó notificaciones MSF en relación con esos valores. En el caso de algunas G/SPS/W/284 
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  sustancias, el límite de determinación adoptado por Australia es inferior al límite 
establecido por el Codex, por ejemplo para residuos de clorantriniliprol en despojos comestibles (el Codex establece un límite de 2 mg/kg). 
g. Recientemente el Taipei Chino notificó al Comité MSF los LMR de varios plaguicidas 
utilizados en especias, fijados en valores inferiores a los establecidos en la Unión 
Europea para sustancias similares. En algunos casos son también inferiores a los valores establecidos en las normas del Codex. Esos límites serán probablemente un obstáculo en 
el importante comercio de exportación de especias de la India al Taipei Chino. A modo 
de ejemplo, el límite establecido en el Codex para el plaguicida bifentrina en chile seco es de 5 mg/kg, mientras que el límite propuesto por el Taipei Chino es de 0,5 ppm. 
3  SOLUCIONES A LA CUESTIÓN DEL LÍMITE DE DETERMINACIÓN 
3.1.  Teniendo en cuenta lo anterior, la India considera que el Comité MSF debe estudiar los 
problemas sistémicos que ocasiona la adopción de límites de determinación, en el comercio de importaciones. Es preciso estudiar la conveniencia de publicar directrices antes de que los países 
importadores decidan aplicar por defecto un límite de determinación, a fin de minimizar las 
consecuencias negativas sobre el comercio. 
3.2.  La India propone los siguientes procedimientos para examen: 
a. Cuando un país importador detecte la presencia de residuos de una sustancia no inscrita 
en el registro de su territorio, realizará una evaluación basada en: 
i. la información relevante que proporcione el país exportador sobre la utilización de la 
sustancia en cuestión; 
ii. las prácticas que sigan otros países en relación con la sustancia; 
iii. las normas internacionales pertinentes, si las hay. 
Estas medidas se desprenden de los principios enunciados en el párrafo 7 del artículo 5 
del Acuerdo MSF. En la medida en que sea factible, los países importadores se basarán 
en esa evaluación para establecer niveles por defecto, y no adoptarán los límites de determinación, que suelen ser extremadamente bajos. 
b. No se fijará ningún límite de determinación como LMR sin realizar una evaluación real 
del riesgo.  Mientras se lleva a cabo esa evaluación del riesgo, no se suspenderán ni se 
obstaculizarán las importaciones. 
c. En caso de que la suspensión del comercio o la retención de los productos sea inevitable, 
en espera de la evaluación del riesgo, no se  dará publicidad negativa a esas medidas; 
por ejemplo, no se declarará que se ha adoptado una medida de retención debido al incumplimiento de determinadas normas. 
d. Se recurrirá al límite de determinación únicamente en las circunstancias más 
excepcionales, cuando el país exportador no pueda proporcionar, en un plazo especificado, la información necesaria para realizar una evaluación adecuada del riesgo. 
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