G/ADP/Q1/EU/10  
G/SCM/Q1/EU/10  
 
9 de octubre de 2018  
(18-6222) Página: 1/4 
Comité de Prácticas Antidumping  
Comité de Subvenciones y  
Medidas Compensatorias  Original: inglés  
 
  
NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD  CON EL  
PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 18  Y EL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 32  
DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES  
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS1 DE MÉXICO EN RELACIÓN CON  
LA NOTIFICACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA2 
La siguiente comunicación, de fecha 8 de octubre de 2018, se distribuye a petición de la delegación 
de la Unión Europea.  
 
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Pregunta 1  
Dentro de los elementos cuyo impacto debe  tomarse en cuenta al evaluar la existencia de 
distorsiones significativas, la Unión Europea señala, entre otros, que el mercado esté 
abastecido en una proporción significativa por empresas que son propiedad de las 
autoridades del país exportador o que ope ran bajo su control o supervisión política o bajo 
su dirección, así como la presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir 
en los precios o los costes.  
Al respecto, agradeceríamos si la Unión Europea pudiera aclarar lo siguiente:  
a) ¿Existe algún criterio para determinar cuándo puede considerarse que una o varias 
empresas operan bajo control o supervisión política o dirección de las autoridades 
del país exportador?  
b) ¿Existe algún criterio para determinar cuándo puede considerarse que u n mercado 
es abastecido en forma significativa por esas empresas?  
Respuesta  
La legislación modificada tiene por objeto garantizar que los cálculos del dumping estén basados en 
un valor normal fiable que refleje las condiciones normales de mercado. Los prec ios o costes 
empleados para calcular el valor normal no deben estar distorsionados por la intervención del Estado 
en la economía. Uno de los elementos, de una lista no exhaustiva, que se tendrá en cuenta en la 
evaluación es la medida en que el mercado está  siendo abastecido en una proporción significativa 
por empresas que son propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control 
o supervisión política o bajo su dirección. Este es solo uno de los elementos que se pueden tener en 
cuent a al evaluar el alcance de las distorsiones significativas en la economía. Habida cuenta de que 
las circunstancias particulares de cada caso pueden variar, tanto por el grado como por la naturaleza 
de las distorsiones, no es apropiado ni útil calcular un u mbral relativo al impacto de cualquiera de 
los elementos descritos en el apartado 6 bis b) del artículo 2 de manera individual.  
                                                
1 G/ADP/Q1/EU/5 -G/SCM/Q1/EU/5.  
2 G/ADP/N/1/EU/3/Suppl.2 -G/SCM/N/1/EU/2/Suppl.2.  G/ADP/Q1/EU/10 • G/SCM/Q1/EU/10  
 
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  Solo se considerará que los precios y costes internos son inapropiados para establecer el valor 
normal cuando todos los elementos , en su conjunto, alcancen una magnitud lo bastante grande.  
Pregunta 2  
El apartado 6 bis b) establece la lista de elementos para determinar cuándo puede 
considerarse que una distorsión es significativa. Al respecto, ¿podría la Unión Europea 
aclarar si es obligatorio el análisis de todos y cada uno de los elementos de la lista para 
llegar a di cha determinación?  
Respuesta  
La lista de los elementos que se podrían considerar para determinar si existen distorsiones 
significativas en una economía, que figura en el apartado 6 bis b) del artículo 2, es una lista no 
exhaustiva. Por lo tanto, se pueden t ener en cuenta otros elementos. Las circunstancias específicas 
de cada caso determinarán qué elementos se utilizarán para evaluar si existe una distorsión 
significativa. La legislación prevé que "se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el posible impacto d e 
uno o varios de los elementos siguientes:" (sin comillas en el original). Los elementos pertinentes 
variarán según el contexto de cada caso.  
Pregunta 3  
Al respecto del informe referido en el apartado 6 bis c), México entiende que las partes 
interesadas tienen derecho a presentar comentarios al mismo durante la investigación. 
No obstante, ¿podría la Unión Europea aclarar si también se otorga ese derecho durante 
el proceso de elaboración de dicho informe?  
Respuesta  
La aplicación de las nuevas reglas no depende de la existencia de los informes, sino del hecho de 
que los precios o costes internos no se pueden utilizar para calcular el valor normal debido a 
distorsiones que les afectan. Por consiguiente, los info rmes son una posible fuente de información 
que se puede tomar en consideración al investigar la existencia de distorsiones en el país de que se 
trate. También se tendrán en cuenta, si son pertinentes, otras pruebas de la existencia de 
distorsiones y de su impacto que salgan a la luz al iniciar un caso o en  la investigación posterior.  
Los informes son documentos de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, lo que significa 
que son de carácter técnico. A la hora de redactar dichos informes, el legislad or no previó la 
posibilidad de celebrar consultas con las partes interesadas externas, entre otros motivos porque, 
en realidad, no hay necesidad de celebrar consultas con las partes interesadas. El informe no tiene 
ningún valor jurídico autónomo por separa do; las determinaciones sobre las distorsiones que afectan 
a los precios y los costes solo se formularán en el contexto de una investigación antidumping 
específica cuando se hayan invocado.  
En los informes se describen las condiciones objetivas que prevale cen en un país determinado. Con 
el fin de garantizar la imparcialidad de los informes, estos se basan en fuentes primarias de 
información como leyes, planes, documentos de política, etc. del país objeto de examen. Después, 
esta información se completa con datos y estudios de instituciones internacionales de prestigio como 
la OC DE, el Banco Mundial, etc.  
El informe se incluirá en el expediente del caso que corresponda, y pasará a formar parte de las 
pruebas pertinentes para la investigación. Como sucede con cualquier prueba en la que se basan las 
constataciones de una investigación antidumping, las partes interesadas pueden, en el ejercicio de 
sus derechos, consultar la información, formular observaciones y presentar réplicas, así como 
cualquier otro material  o información que pueda ser relevante. La decisión se basará en la totalidad 
de las pruebas.  G/ADP/Q1/EU/10 • G/SCM/Q1/EU/10  
 
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  Pregunta 4  
El apartado 6 bis e) señala que si la Comisión considera que hay elementos de prueba 
suficientes sobre la existencia de distorsiones significativas pued e iniciar una 
investigación sobre dicha base. ¿Podría la Unión Europea aclarar si lo anterior implica que 
pueden iniciarse investigaciones antidumping con base únicamente en la existencia de 
distorsiones significativas?  
Respuesta  
 
El Reglamento antidumping  de base de la UE prevé varias condiciones que se deben cumplir antes 
de iniciar una investigación antidumping, en consonancia con el Acuerdo sobre la OMC. De 
conformidad con dicha legislación, las investigaciones se iniciarán cuando la Unión Europea consi dere 
que hay elementos de prueba suficientes que respalden las alegaciones de dumping causante de 
daño. Estas condiciones no se ven afectadas por las modificaciones que están siendo objeto de 
examen en la actualidad. El hecho de que se disponga o no de un informe es irrelevante a la hora 
de evaluar si se debe iniciar una investigación. Los informes previstos en la nueva legislación son 
únicamente una recopilación de información fáctica que se puede considerar pertinente en una 
investigación determinada para  evaluar si existen distorsiones significativas y, en ese caso, para 
decidir qué método de cálculo del dumping se puede emplear. Por consiguiente, la documentación 
que figura en los informes de la Comisión previstos en el apartado 6 bis c) del artículo 2 de l 
Reglamento no da pie a iniciar una investigación antidumping. El considerando 4 se refiere 
simplemente a la posibilidad de elaborar informes sobre países o sectores en relación con los cuales 
se pueda iniciar una investigación antidumping. La elección de l país sobre el que se elaborará un 
informe dependerá de su importancia relativa respecto de la actividad antidumping de la UE.  
 
Pregunta 5  
¿Puede la Unión Europea descartar datos de países representativos si la Comisión 
determina que dichos países no cump len con los convenios fundamentales de la OIT y los 
convenios multilaterales en materia medioambiental?  
Pregunta 6  
¿Bajo el Reglamento 2016/1036 modificado, las condiciones laborales y 
medioambientales pueden constituir per se  una distorsión significativa?  
Respuesta a las preguntas 5 y 6  
En el marco de la legislación modificada, la cuestión del cumplimiento de las normas sociales y 
medioambientales fundamentales es importante cuando haya más de un país representativo 
adecuado del que la Comisión podría obte ner valores de referencia no distorsionados para calcular 
el valor normal. En tal caso, la Comisión dará preferencia a un país que aplique normas sociales y 
medioambientales adecuadas. El objetivo es que los cálculos del dumping se basen, preferiblemente, 
en datos de un país que cumpla las normas fundamentales en materia de trabajo y de medio 
ambiente, siempre que sea posible.  
En este sentido, a la hora de evaluar si los países tienen un nivel adecuado de normas sociales y 
medioambientales, se prestará ate nción a la ratificación y el cumplimiento de los principales 
convenios de la ONU y la OIT sobre los derechos laborales, como por ejemplo:  
 
- el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948;  
- el Convenio sobre el de recho de sindicación y de negociación colectiva, 1949;  
- el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930; y,  
- el Convenio sobre la edad mínima, 1973;  
 
y convenios relativos al medio ambiente, como por ejemplo:  
 G/ADP/Q1/EU/10 • G/SCM/Q1/EU/10  
 
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  - el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (1987);  
- el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación (1989);  
- el Convención Marco de las Naciones  Unidas sobre el Cambio Climático (1992); y,  
- el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (1998).  
 
 
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