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S U P L E M E N T O
Año III - Nº 555
Quito, Jueves 13 de
Octubre del 2011SUMARIO:
Págs.
ASAMBLEA NACIONAL LEY:
- Ley Orgánica deRegulación yControl delPoder
de Mercado ………………………………………. 1
CORTE CONSTITUCIONAL PARA
EL PERÍODO DE TRANSICIÓN
SENTENCIA:
011-11-SEP-CC Declárase la vulneración de los derechos
constitucionales a la propiedad, al debido proceso y a
la seguridad jurídica; acéptase la acción
extraordinaria de protección; y, déjase sin efecto y sin
eficacia jurídica alguna, tanto el auto del 8 de enero
del 2008, emitido por el doctor Ramiro Arévalo Malo,
Juez Octavo de lo Civil de Loja, encargado del
Juzgado Segundo, como todo lo actuado a partir del
acta de embargo realizada con fecha 24 de mayo del
2006, dentro del juicio ejecutivo signado con el Nº
0485-2004 ……………………………………. 31
ORDENANZA MUNICIPAL:
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Chordeleg: Para la aplicación del proce
dimiento administrativo de ejecución o coactiva
de créditos tributarios y no tributarios que se
adeudan y de la baja de títulos y especies
valoradas incobrables .………………………….. 36
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Oficio No. T.364-SNJ-11-1287
Quito, 10 de octubre de 2011
Señor Ingeniero Hugo del Pozo Berrazueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL En su
despacho
Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
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De mi consideración:
Luego de la respectiva aprobación por parte del Pleno de la
Asamblea Nacional y de conformidad con lo que disponen
los artículo 137 de la Constitución de la República, y 63 de
la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito a usted la
"LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL
DEL PODER DE MERCADO" debidamente sancionada,
en original y en copia certificada, para su correspondiente
publicación en el Registro Oficial.
Luego de la respectiva publicación, le agradeceré que se
sirva remitir el ejemplar original a la Asamblea Nacional
para los fines pertinentes.
Atentamente,
f.) Dr. Alexis Mera Giler, Secretario Nacional Jurídico.
ASAMBLEA NACIONAL
Oficio Nº PAN-FC-011-1258
Quito, 29 de septiembre de 2011
Señor Economista
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR
En su despacho
Señor Presidente:
La Asamblea Nacional, de conformidad con las
atribuciones que le confiere la Constitución de la República
del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
discutió y aprobó el proyecto de LEY ORGÁNICA DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE
MERCADO, urgente en materia económica.
En tal virtud y para los fines previstos en los artículos 137
de la Constitución de la República del Ecuador y 63 de la
Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito el auténtico
y copia certificada del texto del proyecto de Ley, así como
también la certificación del señor Secretario General de la
Asamblea Nacional, sobre las fechas de los respectivos
debates.
Atentamente,
f.) Fernando Codero Cueva, Presidente.
Es fiel copia de su original en una foja útil.- LO
CERTIFICO.- Quito, a 11 de octubre del 2011.
f.) Abg. Oscar Pico Solórzano, Subsecretario Nacional de la
Administración Pública.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.- Secretaría General
Jurídica.- Recibido: Nombre: Bertha Saavedra.- Fecha: 29 -
09 - 2011.- Hora: 19:32.ASAMBLEA NACIONAL
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Secretario General de la Asamblea
Nacional, certifico que el proyecto de LEY ORGÁNICA
DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE
MERCADO, urgente en materia económica, fue
discutido y aprobado en las siguientes fechas:
PRIMER DEBATE: 13 - Septiembre - 2011
SEGUNDO DEBATE: 27 y 29 - Septiembre - 2011
Quito, 29 de septiembre de 2011
f.) Dr. Andrés Segovia S., Secretario General.
Es fiel copia de su original en una foja útil.- LO
CERTIFICO.- Quito, a 11 de octubre del 2011.
f.) Abg. Oscar Pico Solórzano, Subsecretario Nacional de la
Administración Pública.
ASAMBLEA NACIONAL EL
PLENO
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 52 de la Constitución de la República
garantiza a las personas el derecho a disponer de bienes y
servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad;
Que, el artículo 66 de la Constitución de la República,
numerales 15, 25 y 26, garantiza el derecho a desarrollar
actividades económicas conforme los principios de
solidaridad, responsabilidad social y ambiental; el derecho a
acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad,
con eficiencia, eficacia y buen trato; el derecho a la
propiedad en todas sus formas, con función y
responsabilidad social y ambiental;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 85 numerales
1 y 2 de la Carta Suprema, la formulación, ejecución,
evaluación y control de las políticas públicas y servicios
debe orientarse a la realización y garantía del buen vivir y
de los derechos reconocidos constitucionalmente en el
marco del principio de solidaridad, consagrándose la
prevalencia del interés general sobre el interés particular;
Que, el artículo 278 de la Constitución de la República,
numeral 2, establece que para la consecución del Buen
Vivir, a las personas y colectividades, y sus diversas formas
organizativas, les corresponde producir, intercambiar y
consumir bienes y servicios con responsabilidad y
ambiental;Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 3
Que, el artículo 283 de la Constitución de la República
establece que el sistema económico es social y solidario;
reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo
garantizar la producción y reproducción de las condiciones
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;
Que, el artículo 284 de la Constitución de la República
establece los objetivos de la política económica, entre los
que se encuentran: el asegurar una adecuada distribución del
ingreso y de la riqueza nacional; incentivar la producción
nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la
acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la
inserción estratégica en la economía mundial y las
actividades productivas complementarias en la integración
regional; y, mantener la estabilidad económica, entendida
como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles
en el tiempo;
Que, el artículo 304 numeral 6 de la Carta Fundamental
establece que la política comercial tendrá como objetivo
evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas,
particularmente en el sector privado, y otras que afecten el
funcionamiento de los mercados;
Que, el artículo 334, numeral 1, de la Constitución de la
República dictamina que corresponde al Estado promover el
acceso equitativo a los factores de producción, evitando la
concentración o acaparamiento de factores y recursos
productivos, la redistribución y supresión de privilegios o
desigualdades en el acceso a ellos;
Que, el artículo 335 de la Constitución de la República,
impone al Estado las obligaciones de regular, controlar e
intervenir, cuando sea necesario, en los intercambios y
transacciones económicas, definir una política de precios
orientada a proteger la producción nacional y establecer los
mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de
monopolio u oligopolio privado o de abuso de posición de
dominio en el mercado, así como otras prácticas de
competencia desleal;
Que, el artículo 336 de la Carta Fundamental impone al
Estado el deber de impulsar y velar por un comercio justo
como medio de acceso a bienes y servicios de calidad,
promoviendo la reducción de las distorsiones de la
intermediación y promoción de su sustentabilidad,
asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en
los mercados, mediante el fomento de la competencia en
igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá
mediante Ley;
Que, en el Registro Oficial Suplemento 306 de 22 de
Octubre de 2010, se promulgó el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, el mismo que prevé que
es uno de los lineamientos para el desarrollo el aportar a la
construcción de un sistema económico social, solidario y
sostenible, que reconozca las distintas formas de producción
y de trabajo, y promueva la transformación de la estructura
económica primario-exportadora, las formas de
acumulación de riqueza y la distribución equitativa de los
beneficios del desarrollo;Que, el Ministro de Finanzas de conformidad con el artículo
74 numeral 15 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, mediante oficio No. MINFIN-DM-2011-
1246 de 5 de agosto de 2011, emite dictamen favorable del
proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del
Poder de Mercado;
Que, el artículo 132 de la Constitución de la República
establece que la Asamblea Nacional aprobará como leyes
las normas generales de interés común, y que se requerirá
de ley en los siguientes casos: 1. Regular el ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales. 2. Tipificar
infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 3.
Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las
atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos
autónomos descentralizados. 4. Atribuir deberes,
responsabilidades y competencias a los gobiernos
autónomos descentralizados. 5. Modificar la división
político-administrativa del país, excepto en lo relativo a las
parroquias. 6. Otorgar a los organismos públicos de control
y regulación la facultad de expedir normas de carácter
general en las materias propias de su competencia, sin que
puedan alterar o innovar las disposiciones legales; y,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
expide la siguiente:
LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL
DEL PODER DE MERCADO
CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es evitar,
prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de
operadores económicos con poder de mercado; la
prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y
otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las
operaciones de concentración económica; y la prevención,
prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la
eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar
general y de los consumidores y usuarios, para el
establecimiento de un sistema económico social, solidario y
sostenible.
Artículo 2.- Ámbito.- Están sometidos a las disposiciones
de la presente Ley todos los operadores económicos, sean
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual
o potencialmente realicen actividades económicas en todo o
en parte del territorio nacional, así como los gremios que las
agrupen, y las que realicen actividades económicas fuera del
país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos
produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el
mercado nacional.
Las conductas o actuaciones en que incurriere un operador
económico serán imputables a él y al operador que lo
controla, cuando el comportamiento del primero ha sido
determinado por el segundo.
La presente ley incluye la regulación de las distorsiones de
mercado originadas en restricciones geográficas yDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.4 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
logísticas, así como también aquellas que resultan de las
asimetrías productivas entre los operadores económicos.
Artículo 3.- Primacía de la realidad.- Para la aplicación
de esta Ley la autoridad administrativa determinará la
naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a su
realidad y efecto económico. La forma de los actos jurídicos
utilizados por los operadores económicos no enerva el
análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera
naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos.
La costumbre o la costumbre mercantil no podrán ser
invocadas o aplicadas para exonerar o eximir las conductas
contrarias a esta Ley o la responsabilidad del operador
económico.
Artículo 4.- Lineamientos para la regulación y principios
para la aplicación.- En concordancia con la Constitución
de la República y el ordenamiento jurídico vigente, los
siguientes lineamientos se aplicarán para la regulación y
formulación de política pública en la materia de esta Ley:
1. El reconocimiento del ser humano como sujeto y fin
del sistema económico.
2. La defensa del interés general de la sociedad, que
prevalece sobre el interés particular.
3. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de
la economía ecuatoriana y de las diferentes formas de
organización económica, incluyendo las
organizaciones populares y solidarias.
4. El fomento de la desconcentración económica, a
efecto de evitar prácticas monopólicas y oligopólicas
privadas contrarias al interés general, buscando la
eficiencia en los mercados.
5. El derecho a desarrollar actividades económicas y la
libre concurrencia de los operadores económicos al
mercado.
6. El establecimiento de un marco normativo que permita
el ejercicio del derecho a desarrollar actividades
económicas, en un sistema de libre concurrencia.
7. El impulso y fortalecimiento del comercio justo para
reducir las distorsiones de la intermediación.
8. El desarrollo de mecanismos que garanticen que las
personas, pueblos y nacionalidades alcancen la
autosuficiencia de alimentos sanos a través de la
redistribución de los recursos como la tierra y el agua.
9. La distribución equitativa de los beneficios de
desarrollo, incentivar la producción, la productividad,
la competitividad, desarrollar el conocimiento
científico y tecnológico; y,
10. La necesidad de contar con mercados transparentes y
eficientes.
Para la aplicación de la presente Ley se observarán los
principios de no discriminación, transparencia,
proporcionalidad y debido proceso.CAPÍTULO II RÉGIMEN DE
REGULACIÓN Y CONTROL
Sección 1
Mercado relevante y volumen de negocios
Artículo 5.- Mercado relevante.- A efecto de aplicar esta
Ley la Superintendencia de Control del Poder de Mercado
determinará para cada caso el mercado relevante. Para ello,
considerará, al menos, el mercado del producto o servicio,
el mercado geográfico y las características relevantes de los
grupos específicos de vendedores y compradores que
participan en dicho mercado.
El mercado del producto o servicio comprende, al menos, el
bien o servicio materia de la conducta investigada y sus
sustitutos. Para el análisis de sustitución, la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado
evaluará, entre otros factores, las preferencias de los clientes
o consumidores; las características, usos y precios de los
posibles sustitutos; los costos de la sustitución; así como las
posibilidades tecnológicas y el tiempo requerido para la
sustitución.
El mercado geográfico comprende el conjunto de zonas
geográficas donde están ubicadas las fuentes alternativas de
aprovisionamiento del producto relevante. Para determinar
las alternativas de aprovisionamiento, la Superintendencia
de Control del Poder de Mercado evaluará, entre otros
factores, los costos de transporte, las modalidades de venta
y las barreras al comercio existentes.
La determinación del mercado relevante considerará las
características particulares de los vendedores y compradores
que participan en dicho mercado. Los competidores de un
mercado relevante deberán ser equiparables, para lo cual se
considerará las características de la superficie de venta, el
conjunto de bienes que se oferta, el tipo de intermediación y
la diferenciación con otros canales de distribución o venta
del mismo producto.
Artículo 6.- Volumen de negocios.- A efectos de la
presente Ley, se entiende por volumen de negocios total de
uno o varios operadores económicos, la cuantía resultante
de la venta de productos y de la prestación de servicios
realizados por los mismos, durante el último ejercicio que
corresponda a sus actividades ordinarias, previa deducción
del impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos
al consumidor final directamente relacionados con el
negocio.
Sección 2
Del poder de mercado
Artículo 7.- Poder de mercado.- Es la capacidad de los
operadores económicos para influir significativamente en el
mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera
individual o colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan
posición de dominio los operadores económicos que, por
cualquier medio, sean capaces de actuar de modo
independiente con prescindencia de sus competidores,Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 5
compradores, clientes, proveedores, consumidores,
usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el
mercado.
La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no
atentan contra la competencia, la eficiencia económica o el
bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el
poder de mercado, de manera que impida, restrinja, falsee o
distorsione la competencia, atente contra la eficiencia
económica o el bienestar general o los derechos de los
consumidores o usuarios, constituirá una conducta sujeta a
control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones
establecidas en esta Ley.
Artículo 8.- Determinación del Poder de Mercado.- Para
determinar si un operador económico tiene poder de
mercado en un mercado relevante, debe considerarse, entre
otros, uno o varios de los siguientes criterios:
a. Su participación en ese mercado, de forma directa o a
través de personas naturales o jurídicas vinculadas, y
su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de
restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el
mercado relevante, sin que los demás agentes
económicos puedan, en la actualidad o en el futuro,
contrarrestar ese poder.
b. La existencia de barreras a la entrada y salida, de tipo
legal, contractual, económico o estratégico; y, los
elementos que, previsiblemente, puedan alterar tanto
esas barreras como la oferta de otros competidores.
c. La existencia de competidores, clientes o
proveedores y su respectiva capacidad de ejercer
poder de mercado.
d. Las posibilidades de acceso del operador económico y
sus competidores a las fuentes de insumos,
información, redes de distribución, crédito o
tecnología.
e. Su comportamiento reciente.
f. La disputabilidad del mercado.
g. Las características de la oferta y la demanda de los
bienes o servicios; y,
h. El grado en que el bien o el servicio de que se trate sea
sustituible, por otro de origen nacional o extranjero,
considerando las posibilidades tecnológicas y el grado
en que los consumidores cuenten con sustitutos y el
tiempo requerido para efectuar tal sustitución.
Artículo 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye
infracción a la presente Ley y está prohibido el abuso de
poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de
poder de mercado cuando uno o varios operadores
económicos, sobre la base de su poder de mercado, por
cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen
la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia
económica o al bienestar general.En particular, las conductas que constituyen abuso de poder
de mercado son:
1.- Las conductas de uno o varios operadores económicos
que les permitan afectar, efectiva o potencialmente, la
participación de otros competidores y la capacidad de
entrada o expansión de estos últimos en un mercado
relevante, a través de cualquier medio ajeno a su propia
competitividad o eficiencia.
2.- Las conductas de uno o varios operadores económicos
con poder de mercado, que les permitan aumentar sus
márgenes de ganancia mediante la extracción injustificada
del excedente del consumidor.
3.- Las conductas de uno o varios operadores económicos
con poder de mercado, en condiciones en que debido a la
concentración de los medios de producción o
comercialización, dichas conductas afecten o puedan
afectar, limitar o impedir la participación de sus
competidores o perjudicar a los productores directos, los
consumidores y/o usuarios.
4.- La fijación de precios predatorios o explotativos.
5.- La alteración injustificada de los niveles de producción,
del mercado o del desarrollo técnico o tecnológico que
afecten negativamente a los operadores económicos o a los
consumidores.
6.- La discriminación injustificada de precios, condiciones o
modalidades de fijación de precios.
7.- La aplicación, en las relaciones comerciales o de
servicio, de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos
competidores en situación de desventaja frente a otros.
8.- La venta condicionada y la venta atada, injustificadas.
9.- La negativa injustificada a satisfacer las demandas de
compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o
prestación de bienes o servicios.
10.- La incitación, persuasión o coacción a terceros a no
aceptar, limitar o impedir la compra, venta, movilización o
entrega de bienes o la prestación de servicios a otros.
11.- La fijación, imposición, limitación o establecimiento
injustificado de condiciones para la compra, venta y
distribución exclusiva de bienes o servicios.
12.- El establecimiento de subsidios cruzados,
injustificados, particularmente agravado cuando estos
subsidios sean de carácter regresivo.
13.- La subordinación de actos, acuerdos o contratos a la
aceptación de obligaciones, prestaciones suplementarias o
condicionadas que, por su naturaleza o arreglo al uso
comercial, no guarden relación con el objeto de los mismos.
14.- La negativa injustificada del acceso para otro operador
económico a redes u otra infraestructura a cambio de una
remuneración razonable; siempre y cuando dichas redes o
infraestructura constituyan una facilidad esencial.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.6 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
15.- La implementación de prácticas exclusorias o prácticas
explotativas.
16.- Los descuentos condicionados, tales como aquellos
conferidos a través de la venta de tarjetas de afiliación,
fidelización u otro tipo de condicionamientos, que
impliquen cualquier pago para acceder a los mencionados
descuentos.
17.- El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según
las disposiciones contenidas en instrumentos
internacionales, convenios y tratados celebrados y
ratificados por el Ecuador y en la ley que rige la materia.
18.- La implementación injustificada de acciones legales
que tenga por resultado la restricción del acceso o de la
permanencia en el mercado de competidores actuales o
potenciales.
19.- Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución
o venta exclusiva, cláusulas de no competencia o similares,
que resulten injustificados.
20.- La fijación injustificada de precios de reventa.
21.- Sujetar la compra o venta a la condición de no usar,
adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos,
procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
22.- Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso
o permanencia de competidores actuales o potenciales en el
mercado por razones diferentes a la eficiencia económica.
23.- La imposición de condiciones injustificadas a
proveedores o compradores, como el establecimiento de
plazos excesivos e injustificados de pago, devolución de
productos, especialmente cuando fueren perecibles, o la
exigencia de contribuciones o prestaciones suplementarias
de cualquier tipo que no estén relacionados con la
prestación principal o relacionadas con la efectiva
prestación de un servicio al proveedor.
La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará
también en los casos en los que el poder de mercado de uno
o varios operadores económicos haya sido establecido por
disposición legal.
No será admitida como defensa o eximente de
responsabilidad de conductas contrarias a esta Ley la
valoración del acto jurídico que pueda contenerlas.
Artículo. 10.- Abuso de Poder de Mercado en Situación
de Dependencia Económica.- Se prohíbe la explotación,
por uno o varios operadores económicos, de la situación de
dependencia económica en la que puedan encontrarse sus
clientes o proveedores, que no dispongan de alternativa
equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación
se presumirá cuando un proveedor, además de los
descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma
regular otras ventajas adicionales que no se conceden a
compradores similares.
El abuso consistirá, en particular, en:1.- La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación
comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito
y preciso con una antelación mínima de 30 días, salvo que
se deba a incumplimientos graves, por parte del proveedor o
comprador, de las condiciones pactadas o en caso de fuerza
mayor.
2.- Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura
de las relaciones comerciales o cualquier otro tipo de
amenaza, precios, condiciones de pago, modalidades de
venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de
cooperación comercial no recogidas en las condiciones
generales de venta que se tengan pactadas.
3.- La utilización del poder de mercado para generar o
mantener la posición de dependencia económica, de uno o
varios operadores, tendiente a obtener ventajas adicionales
que no se conceden o concederían a compradores o
proveedores similares.
4.- La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u
otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos.
Las entidades públicas encargadas de la regulación de la
producción en cada uno de los sectores productivos
vigilarán la estricta observancia de esta prohibición,
especialmente en los intercambios de los pequeños y
medianos productores agroalimentarios y de la economía
popular y solidaria con las redes de intermediación del
sector privado, y, en caso de identificar incumplimientos,
tomarán las medidas correspondientes en el ámbito de su
competencia, además de informar obligatoriamente a la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado para la
investigación y sanción respectivas.
Sección 3
Acuerdos y prácticas restrictivas
Artículo 11.- Acuerdos y prácticas prohibidas.- Están
prohibidos y serán sancionados de conformidad con las
normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o
recomendación colectiva, o práctica concertada o
conscientemente paralela, y en general todos los actos o
conductas realizados por dos o más operadores económicos,
de cualquier forma manifestados, relacionados con la
producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto
o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o
distorsionar la competencia, o afecten negativamente a la
eficiencia económica o el bienestar general.
En particular, las siguientes conductas, constituyen
acuerdos y prácticas prohibidas:
1. Fijar de manera concertada o manipular precios, tasas
de interés, tarifas, descuentos, u otras condiciones
comerciales o de transacción, o intercambiar
información con el mismo objeto o efecto.
2. Repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer
obligaciones o controlar concertadamente la
producción, distribución o comercialización de bienes
o servicios.
3. El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas
geográficas.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
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4. Repartir o restringir las fuentes de abastecimiento.
5. Restringir el desarrollo tecnológico o las inversiones.
6. Los actos u omisiones, acuerdos o prácticas
concertadas y en general todas las conductas de
proveedores u oferentes, cualquiera sea la forma que
adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir,
falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la
presentación de ofertas y posturas o buscando
asegurar el resultado en beneficio propio o de otro
proveedor u oferente, en una licitación, concursos,
remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros
establecidos en las normas que regulen la contratación
pública, o en procesos de contratación privados
abiertos al público.
7. Discriminar injustificadamente precios, condiciones o
modalidades de negociación de bienes o servicios.
8. La aplicación concertada, en las relaciones
comerciales o de servicio, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloquen de
manera injustificada a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros.
9. Concertar con el propósito de disuadir a un operador
económico de una determinada conducta, aplicarle
represalias u obligarlo a actuar en un sentido
determinado.
10. La concertación de la calidad de los productos cuando
no corresponda a normas técnicas nacionales o
internacionales.
11. Concertar la subordinación de la celebración de
contratos a la aceptación de prestaciones adicionales
que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no
guarden relación con el objeto de tales contratos.
12. La venta condicionada y la venta atada, injustificadas.
13. Denegarse de modo concertado e injustificado a
satisfacer las demandas de compra o adquisición o las
ofertas de venta y prestación de productos o servicios,
o a negociar con actuales o potenciales proveedores,
distribuidores, intermediarios, adquirentes o usuarios.
14. Denegar de modo injustificado la admisión de
operadores económicos a una asociación, gremio o
ente similar.
15. El boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o el
ejercicio de la competencia por otras empresas.
16. Suspender concertadamente y de manera vertical la
provisión de un servicio monopólico en el mercado a
un proveedor de bienes o servicios público o privado.
17. La fijación concertada e injustificada de precios de
reventa.
18. Levantar barreras de entrada y/o salida en un mercado
relevante.19. Establecer, imponer o sugerir contratos de
distribución o venta exclusiva, cláusulas de no
competencia o similares, que resulten injustificados.
20. Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso
o permanencia de competidores actuales o potenciales
en el mercado por razones diferentes a la eficiencia
económica.
21. Los acuerdos entre proveedores y compradores, al
margen de lo que establece la ley, que se puedan dar
en las compras públicas que direccionen y concentren
la contratación con el afán de favorecer
injustificadamente a uno o varios operadores
económicos.
Son nulos de pleno derecho los acuerdos, prácticas,
decisiones y recomendaciones que, estando prohibidos en
virtud de lo dispuesto en este artículo, no estén amparados
por las exenciones previstas en la presente Ley.
Artículo 12.- Exenciones a la prohibición.- Están exentos
de la prohibición contenida en el artículo anterior los
acuerdos que contribuyan a mejorar la producción o la
comercialización y distribución de bienes y servicios o a
promover el progreso técnico o económico, sin que sea
necesaria autorización previa, siempre y cuando se cumplan
todas las siguientes condiciones:
a. Permitan a los consumidores o usuarios participar de
forma equitativa de sus ventajas;
b. No impongan restricciones que no sean indispensables
para la consecución de aquellos objetivos; y,
c. No otorguen a los operadores económicos la posibilidad
de eliminar la competencia respecto de una parte
sustancial de los productos o servicios contemplados.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado
examinará permanentemente los actos y las conductas de
operadores económicos que se acojan a la exención
establecida en este artículo, y evaluará que cumplan con las
condiciones que justifican su implementación. Si, de oficio
o previa denuncia, la Superintendencia comprobare que uno
o varios actos o conductas implementadas con arreglo a la
exención establecida en virtud de este artículo no cumple
con cualquiera de las condiciones establecidas en el inciso
anterior, o se aplican de manera abusiva o son contrarios al
objeto de esta Ley, mediante resolución, dispondrá la
cesación correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de
medidas preventivas, correctivas y sanciones de
conformidad con la presente Ley.
Articulo 13.- Regla de mínimis.- Las prohibiciones
establecidas en el artículo 11 no se aplicarán a aquellas
conductas de operadores económicos que por su pequeña
escala de operación y /o por su escasa significación, no sean
capaces de afectar de manera significativa a la competencia.
La Junta de Regulación determinará los criterios para la
aplicación de la regla de mínimis.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.8 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
Sección 4 De la
concentración económica
Artículo 14.- Operaciones de concentración económica.-
A los efectos de esta ley se entiende por concentración
económica al cambio o toma de control de una o varias
empresas u operadores económicos, a través de la
realización de actos tales como:
a)La fusión entre empresas u operadores económicos.
b)La transferencia de la totalidad de los efectos de un
comerciante.
c)La adquisición, directa o indirectamente, de la
propiedad o cualquier derecho sobre acciones o
participaciones de capital o títulos de deuda que den
cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones
o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de
influencia en las decisiones de la persona que los emita,
cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control
de, o la influencia sustancial sobre la misma.
d)La vinculación mediante administración común.
e)Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma
fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los
activos de un operador económico o le otorgue el
control o influencia determinante en la adopción de
decisiones de administración ordinaria o extraordinaria
de un operador económico.
Artículo 15.- Control y regulación de concentración
económica.- Las operaciones de concentración económica
que estén obligadas a cumplir con el procedimiento de
notificación previsto en esta sección serán examinadas,
reguladas, controladas y, de ser el caso, intervenidas o
sancionadas por la Superintendencia de Control del Poder
de Mercado.
En caso de que una operación de concentración económica
cree, modifique o refuerce el poder de mercado, la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá
denegar la operación de concentración o determinar
medidas o condiciones para que la operación se lleve a
cabo. Habiéndose concretado sin previa notificación, o
mientras no se haya expedido la correspondiente
autorización, la Superintendencia podrá ordenar las medidas
de desconcentración, o medidas correctivas o el cese del
control por un operador económico sobre otro u otros,
cuando el caso lo amerite, sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere lugar de conformidad con los artículos 78 y 79
de esta Ley.
Artículo 16.- Notificación de concentración.- Están
obligados a cumplir con el procedimiento de notificación
previa establecido en esta Ley, los operadores económicos
involucrados en operaciones de concentración, horizontales
o verticales, que se realicen en cualquier ámbito de la
actividad económica, siempre que se cumpla una de las
siguientes condiciones:
a) Que el volumen de negocios total en el Ecuador del
conjunto de los partícipes supere, en el ejerciciocontable anterior a la operación, el monto que en
Remuneraciones Básicas Unificadas vigentes haya
establecido la Junta de Regulación.
b) En el caso de concentraciones que involucren operadores
económicos que se dediquen a la misma actividad
económica, y que como consecuencia de la
concentración se adquiera o se incremente una cuota
igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante
del producto o servicio en el ámbito nacional o en un
mercado geográfico definido dentro del mismo.
En los casos en los cuales las operaciones de concentración
no cumplan cualquiera de las condiciones anteriores, no se
requerirá autorización por parte de la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado. Sin embargo, la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá
solicitar de oficio o a petición de parte que los operadores
económicos involucrados en una operación de
concentración la notifiquen, en los términos de esta sección.
Las operaciones de concentración que requieran de
autorización previa según los incisos precedentes, deberán
ser notificadas para su examen previo, en el plazo de 8 días
contados a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo,
bajo cualquiera de las modalidades descritas en el artículo
14 de esta Ley, ante la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado. La notificación deberá constar por
escrito, acompañada del proyecto del acto jurídico de que se
trate, que incluya los nombres o denominaciones sociales de
los operadores económicos o empresas involucradas, sus
estados financieros del último ejercicio, su participación en
el mercado y los demás datos que permitan conocer la
transacción pretendida. Esta notificación debe ser realizada
por el absorbente, el que adquiere el control de la compañía
o los que pretendan llevar a cabo la concentración. Los
actos sólo producirán efectos entre las partes o en relación a
terceros una vez cumplidas las previsiones de los artículos
21 o 23 de la presente Ley, según corresponda.
Art.- 17.- Cálculo del Volumen de Negocios.- Para el
cálculo del volumen de negocios total del operador
económico afectado, se sumarán los volúmenes de negocios
de las empresas u operadores económicos siguientes:
a)La empresa u operador económico en cuestión.
b)Las empresas u operadores económicos en los que la
empresa o el operador económico en cuestión disponga,
directa o indirectamente:
1.De más de la mitad del capital suscrito y pagado.
2.Del poder de ejercer más de la mitad de los
derechos de voto.
3.Del poder de designar más de la mitad de los
miembros de los órganos de administración,
vigilancia o representación legal de la empresa u
operador económico; o,
4.Del derecho a dirigir las actividades de la empresa
u operador económico.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 9
c)Aquellas empresas u operadores económicos que
dispongan de los derechos o facultades enumerados en
el literal b) con respecto a una empresa u operador
económico involucrado.
d)Aquellas empresas u operadores económicos en los que
una empresa u operador económico de los
contemplados en el literal c) disponga de los derechos o
facultades enumerados en el literal b).
e)Las empresas u operadores económicos en cuestión en
los que varias empresas u operadores económicos de los
contemplados en los literales de la a) a la d) dispongan
conjuntamente de los derechos o facultades enumerados
en el literal b).
Artículo 18.- Sanción.- La falta de notificación y la
ejecución no autorizada de las operaciones previstas en el
artículo anterior, serán sancionadas de conformidad con los
artículos 78 y 79 de esta Ley.
Artículo 19.- Operaciones Exentas.- Se encuentran
exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo
16 las siguientes operaciones:
a) Las adquisiciones de acciones sin derecho a voto, o de
bonos, obligaciones o cualquier título convertible en
acciones sin derecho a voto.
b) Adquisiciones de empresas o de operadores
económicos liquidados o aquellos que no hayan
registrado actividad en el país en los últimos tres años.
Artículo 20.- De la información y su coordinación.- La
Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá
establecer los sistemas de información que considere
necesarios para el efectivo cumplimiento de sus fines. Las
demás entidades públicas tendrán el deber de colaborar, en
el marco de la Constitución y la ley, con la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado,
especialmente en cuanto a transferencia de información
relevante que posean, sistematicen o generen sobre los
operadores económicos, así como de facilitar la integración
de sus sistemas de información con aquellos que la
Superintendencia establezca. De la misma manera, la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado deberá
intercambiar información que sea relevante para las demás
entidades públicas, siempre que no sea reservada conforme
a lo establecido en esta Ley.
Artículo 21.- Decisión de la Autoridad.- En todos los
casos sometidos al procedimiento de notificación previa
establecido en este capítulo, excepto los de carácter
informativo establecidos en el segundo inciso del artículo
16 de la presente Ley, la Superintendencia, por resolución
motivada, deberá decidir dentro del término de sesenta (60)
días calendario de presentada la solicitud y documentación
respectiva:
a)Autorizar la operación;
b)Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones
que la misma Superintendencia establezca; o,c) Denegar la autorización.
El término establecido en este artículo podrá ser prorrogado
por una sola vez, hasta por sesenta (60) días término
adicionales, si las circunstancias del examen lo requieren.
Artículo 22.- Criterios de decisión.- A efectos de emitir la
decisión correspondiente según el artículo anterior, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.- El estado de situación de la competencia en el mercado
relevante;
2.- El grado de poder de mercado del operador económico
en cuestión y el de sus principales competidores;
3.- La necesidad de desarrollar y/o mantener la libre
concurrencia de los operadores económicos, en el mercado,
considerada su estructura así como los actuales o
potenciales competidores;
4.- La circunstancia de si a partir de la concentración, se
generare o fortaleciere el poder de mercado o se produjere
una sensible disminución, distorsión u obstaculización,
claramente previsible o comprobada, de la libre
concurrencia de los operadores económicos y/o la
competencia;
5.- La contribución que la concentración pudiere aportar a:
a)La mejora de los sistemas de producción o
comercialización;
b)El fomento del avance tecnológico o económico del
país;
c)La competitividad de la industria nacional en el
mercado internacional siempre y cuando no tenga una
afectación significativa al bienestar económico de los
consumidores nacionales;
d)El bienestar de los consumidores nacionales;
e)Si tal aporte resultare suficiente para compensar
determinados y específicos efectos restrictivos sobre la
competencia; y,
f)La diversificación del capital social y la participación de
los trabajadores.
Artículo 23.- Autorización por silencio administrativo.-
Transcurrido el término previsto en el artículo 21 sin que se
haya emitido la resolución correspondiente, la operación se
tendrá por autorizada tácitamente.
La autorización por silencio administrativo producirá en
todos los casos los mismos efectos legales que la
autorización expresa, sin que se requiera petición adicional
alguna por el o los operadores económicos involucrados,
quienes podrán continuar con la operación de concentración
notificada.
Artículo 24.- Impugnación.- Las concentraciones que
hayan sido notificadas y autorizadas podrán ser impugnadas
posteriormente en sede administrativa en base aDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.10 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
información y documentación verificada por la
Superintendencia, por ella misma o quien tenga interés en
ello, solamente cuando dicha resolución se hubiera obtenido
en base a información falsa o incompleta proporcionada por
el solicitante, sin perjuicio de las acciones civiles y penales
correspondientes.
Sección 5
De las prácticas desleales
Artículo 25.- Definición.- Se considera desleal a todo
hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres
honestos en el desarrollo de actividades económicas,
incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la
actividad publicitaria. La expresión actividades económicas
se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de
comercio, profesionales, de servicio y otras.
Para la definición de usos honestos se estará a los criterios
del comercio nacional; no obstante, cuando se trate de actos
o prácticas realizados en el contexto de operaciones
internacionales, o que tengan puntos de conexión con más
de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos
honestos prevalezcan en el comercio internacional.
La determinación de la existencia de una práctica desleal no
requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su
realización sino que se asume como cuasidelito de
conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario
acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en
perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden
público económico, bastando constatar que la generación de
dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta
Ley.
Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley
no obstan el derecho de los particulares de demandar la
indemnización de daños y perjuicios que corresponda de
conformidad con las normas del derecho común, así como
la imposición de sanciones de índole penal, en caso de
constituir delitos.
Se aplicará las sanciones previstas en esta ley, siempre que
la práctica no esté tipificada como infracción administrativa
con una sanción mayor en otra norma legal, sin perjuicio de
otras medidas que se puedan tomar para prevenir o impedir
que las prácticas afecten a la competencia.
La protesta social legítima, en el ámbito exclusivo de esta
Ley, no será, en ningún caso considerada como boicot.
Artículo 26.- Prohibición.- Quedan prohibidos y serán
sancionados en los términos de la presente Ley, los hechos,
actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que
adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se
manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o
distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia
económica, o el bienestar general o los derechos de los
consumidores o usuarios.
Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la
propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin
que exista afectación al interés general o al bienestar de losconsumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad
nacional competente en la materia.
Artículo 27.- Prácticas Desleales.- Entre otras, se
consideran prácticas desleales, las siguientes:
1.- Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta
que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear
confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o
el establecimiento ajenos.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de
signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas,
envases, recipientes u otros medios de identificación que en
el mercado se asocien a un tercero.
2.- Actos de engaño.- Se considera desleal toda conducta
que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir
a error al público, inclusive por omisión, sobre la
naturaleza, modo de fabricación o distribución,
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad,
precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en
general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones
que corresponden a los productos, servicios,
establecimientos o transacciones que el operador económico
que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado;
o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho
operador, incluido todo aquello que representa su actividad
empresarial.
Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de
afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen
veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y
exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponde a
quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. En
particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a
características comprobables de un producto o servicio
anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que
sustenten la veracidad de dicho mensaje.
3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán
prácticas desleales:
a)La imitación que infrinja o lesione un derecho de
propiedad intelectual reconocido por la ley.
b)La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales
de un tercero cuando resulte idónea para generar
confusión por parte de los consumidores respecto a la
procedencia empresarial de la prestación o comporte un
aprovechamiento indebido de la reputación o el
esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas
podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el
texto, el eslogan, la presentación visual, la música o
efectos sonoros de un anuncio de un tercero.
c)La imitación sistemática de las prestaciones o
iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha
estrategia se halle directamente encaminada a impedir u
obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo
que, según sus características, pueda reputarse como
una respuesta natural a aquél.
4.- Actos de denigración.- Se considera desleal la
realización, utilización o difusión de aseveraciones,Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 11
indicaciones o manifestaciones sobre la actividad, el
producto, las prestaciones, el establecimiento o las
relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que
puedan menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que
sean exactas, verdaderas y pertinentes. Constituyen actos de
denigración, entre otros:
a)Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones
o manifestaciones incorrectas o falsas u omitir las
verdaderas, con el objeto o que tengan por efecto, real o
potencial, menoscabar el crédito en el mercado del
afectado.
b)Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones
o manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las
creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o
cualesquiera otras circunstancias estrictamente
personales del afectado.
c)Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones
o manifestaciones que, debido al tono de desprecio o
ridículo, sean susceptibles de menoscabar el crédito del
afectado en el mercado. Las conductas descritas en los
literales b) y c) del presente artículo se presumen
impertinentes, sin admitir prueba en contrario.
5.- Actos de comparación.- Se considera desleal la
comparación de la actividad, las prestaciones, los productos
o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero,
inclusive en publicidad comparativa, cuando dicha
comparación se refiera a extremos que no sean análogos,
relevantes ni comprobables.
6.- Explotación de la reputación ajena.- Se considera desleal
el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno,
de las ventajas de la reputación industrial, comercial o
profesional adquirida por otro en el mercado.
7.- Violación de secretos empresariales.- Se considerará
como secreto empresarial cualquier información no
divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente
posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse
a un tercero, en la medida que:
a)La información sea secreta en el entendido de que como
conjunto o en la configuración y composición precisas
de sus elementos no sea conocida en general ni
fácilmente accesible a las personas integrantes de los
círculos que normalmente manejan el tipo de
información de que se trate;
b)La información tenga un valor comercial, efectivo o
potencial, por ser secreta; y,
c)En las circunstancias dadas, la persona que legalmente
la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables
para mantenerla secreta.
Se considera desleal, en particular:
a) La divulgación o explotación, sin autorización de su
titular, de secretos a los que se haya tenido acceso
legítimamente, pero con deber de reserva, o
ilegítimamente, como resultado de alguna de lasconductas previstas en el literal siguiente o en el
numeral 8 de este artículo.
b) La adquisición de información no divulgada, cuando
resultara, en particular, de:
1)el espionaje industrial o comercial;
2)el incumplimiento de una obligación contractual o
legal;
3)el abuso de confianza;
4)la inducción a cometer cualquiera de los actos
mencionados en los numerales 1), 2) y 3); y,
5)la adquisición por un tercero que supiera o debía
saber que la adquisición implicaba uno de los actos
mencionados en los numerales 1), 2), 3) y 4).
A efectos de conocer y resolver sobre la violación de
secretos empresariales, se estará a las siguientes reglas:
a)Quien guarde una información no divulgada podrá
transmitirla o autorizar su uso a un tercero. El usuario
autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por
ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le
transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.
b)Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo,
cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de
negocios, tenga acceso a una información no divulgada,
deberá abstenerse de usarla y de divulgarla, sin causa
justificada, calificada por la autoridad competente, y sin
consentimiento del titular, aún cuando su relación
laboral, desempeño de su profesión o relación de
negocios haya cesado.
c)Si como condición para aprobar la comercialización de
productos farmacéuticos o de productos químico-
agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas
productoras de químicos, se exige la presentación de
datos de pruebas u otra información no divulgada cuya
elaboración suponga un esfuerzo considerable, las
autoridades protegerán esos datos u otra información
contra su uso comercial desleal. Además, protegerán
esos datos u otra información contra su divulgación,
excepto cuando sea necesario para proteger al público o
que se adopten medidas para garantizar la protección de
los datos contra su uso comercial desleal.
d)La actividad relativa a la aprobación de
comercialización de productos de cualquier naturaleza
por una autoridad pública competente en ejecución de
su mandato legal no implica un uso comercial desleal ni
una divulgación de los datos u otra información que se
le hubiesen presentado para ese efecto.
e)La información no divulgada podrá ser objeto de
depósito ante un notario público en un sobre sellado y
lacrado, quien notificará a la autoridad nacional
competente en Propiedad Intelectual sobre su recepción.
Dicho depósito no constituirá prueba contra el titular de
la información no divulgada si ésta le fueDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
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sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el
depósito o dicha información le fue proporcionada por
el titular bajo cualquier relación contractual.
La persecución del infractor, incurso en las violaciones de
secretos empresariales señalados en los literales anteriores,
se efectuará independientemente de la realización por éste
de actividades comerciales o de su participación en el
tráfico económico.
8.- Inducción a la infracción contractual.- Se considera
desleal la interferencia por un tercero en la relación
contractual que un competidor mantiene con sus
trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y
que tenga como propósito inducir a éstos a infringir las
obligaciones que han contraído. Al tenor de lo dispuesto en
este párrafo, no será necesario que la infracción se refiera a
la integridad de las obligaciones contraídas mediante el
contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto
esencial del mismo. Del mismo modo, para que se verifique
la deslealtad, no será necesario que el tercero que interfiera
se subrogue en la relación contractual que mantenía su
competidor con quien infrinja sus obligaciones
contractuales.
La inducción a la terminación regular de un contrato o el
aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una
infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando,
siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación
de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada
de circunstancias tales como el engaño, la intención de
eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.
9.- Violación de normas.- Se considera desleal el prevalecer
en el mercado mediante una ventaja significativa adquirida
como resultado del abuso de procesos judiciales o
administrativos o del incumplimiento de una norma
jurídica, como sería una infracción de normas ambientales,
publicitarias, tributarias, laborales, de seguridad social o de
consumidores u otras; sin perjuicio de las disposiciones y
sanciones que fuesen aplicables conforme a la norma
infringida.
La concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales
correspondientes configura una práctica desleal cuando la
ventaja competitiva obtenida es significativa.
10.- Prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia
indebida contra los consumidores.- Se consideran prácticas
desleales, entre otras:
a)El aprovechamiento de la debilidad o del
desconocimiento del consumidor.
b)El acoso por prácticas dirigidas al desgaste del
consumidor.
c)Dificultar la terminación del contrato por parte del
usuario final al obligarle a seguir largos y/o
complicados procedimientos.
d)Amenazar con acciones legales cuando no exista base
para las mismas.e) La suscripción de contratos de adhesión que perjudiquen
los derechos de los usuarios y consumidores, conforme
manda la ley.
CAPÍTULO III
ACCION DEL ESTADO Y AYUDAS PÚBLICAS
Sección 1
Acción del Estado
Artículo. 28.- Aplicación de restricciones.- Será admisible
el establecimiento de restricciones a la competencia
mediante resolución motivada de la Junta de Regulación,
por razones de interés público, en cualquier sector de la
economía nacional, en los siguientes casos:
1.Para el desarrollo de un monopolio estatal en favor del
interés público;
2.Para el desarrollo de sectores estratégicos de
conformidad con la Constitución de la República;
3.Para la prestación de servicios públicos de conformidad
con la Constitución de la República;
4.Para el desarrollo tecnológico e industrial de la
economía nacional; y,
5.Para la implementación de iniciativas de acción
afirmativa a favor de la economía popular y solidaria.
Procederá el establecimiento de restricciones a la
competencia cuando se generen beneficios específicos,
concretos y significativos para la satisfacción del interés
general, en el ámbito o industria en la que se establezcan, se
incremente la eficiencia y se generen beneficios a favor de
los consumidores o usuarios, que justifiquen la aplicación
de las mismas.
Artículo 29.- Ayudas Públicas.- Se podrán otorgar ayudas
por el Estado o mediante la utilización de recursos públicos,
por el tiempo que fuere necesario, por razones de interés
social o público, o en beneficio de los consumidores.
Procederá el otorgamiento de ayudas públicas en los
siguientes casos:
a)Las ayudas de carácter social concedidas a un sector de
consumidores, siempre que se otorguen sin
discriminaciones basadas en quien provea los bienes y
servicios que se puedan adquirir con dichas ayudas;
b)Las ayudas destinadas a la garantía de derechos para
personas o grupos de atención prioritaria, o que de
acuerdo con la Constitución requieran de medidas de
acción afirmativa.
c)Las ayudas destinadas a reparar los perjuicios
ocasionados por fenómenos naturales o por otros
acontecimientos de carácter excepcional;
d)Las ayudas concedidas con el objeto de favorecer la
economía de determinadas regiones de la República, enDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 13
la medida en que sean necesarias para compensar las
desventajas económicas que las aquejen.
e)Las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo
económico de regiones y grupos sociales en los que el
nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista
una grave situación de desempleo o subempleo;
f)Las ayudas para fomentar la realización de un proyecto
estratégico de interés nacional o destinadas a poner
remedio a una grave perturbación en la economía
nacional;
g)Las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de
determinadas actividades o de determinadas regiones,
siempre que no alteren las condiciones de los
intercambios en forma contraria a lo previsto en esta
Ley o al interés común;
h) Las ayudas orientadas a impulsar la producción y
transformación de alimentos, destinadas a garantizar la
soberanía alimentaria y que se otorguen a pequeñas y
medianas unidades de producción comunitaria y de la
economía popular y solidaria;
i) Las ayudas destinadas a promover la cultura y la
conservación del patrimonio, cuando no alteren las
condiciones de los intercambios y el régimen de la
competencia en contra del interés común; y,
j) Las demás categorías de ayudas que se establezcan
mediante ley.
Artículo 30.- Notificación de Ayudas Públicas.- Para
efectos de control y evaluación, las ayudas públicas
otorgadas en virtud del artículo precedente serán notificadas
a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a
más tardar después de quince días de haber sido otorgadas o
establecidas.
Artículo 31.- Evaluación de las Ayudas Públicas.- La
Superintendencia de Control del Poder de Mercado
examinará permanentemente las ayudas públicas conferidas
en virtud de las disposiciones de este capítulo, y evaluará
que cumplan con los fines que motivaron su
implementación. Salvo en los casos en que no se trate de
actividades o sectores económicos reservados
exclusivamente al Estado, la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado propondrá las medidas apropiadas
para el desarrollo progresivo del régimen de competencia en
las actividades o los sectores beneficiarios.
Si la Superintendencia comprobare que una ayuda otorgada
por el Estado o mediante recursos públicos no cumple con
el fin para el cual se otorgó, o se aplica de manera abusiva o
es contraria al objeto de esta Ley, mediante informe
motivado, instará y promoverá su supresión o modificación
dentro del plazo que determine.
Artículo 32.- Autorización excepcional reservada al
Ejecutivo. - Corresponde a la Función Ejecutiva, de modo
excepcional y temporal, mediante Decreto Ejecutivo, la
definición de políticas de precios necesarias para beneficio
del consumo popular, así como para la protección de la
producción nacional y la sostenibilidad de la misma.En el sector agroalimentario se podrá establecer
mecanismos para la determinación de precios referenciales.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado
examinará permanentemente los efectos de las políticas de
precios autorizada bajo este artículo. De determinar que se
ha aplicado de manera abusiva o que el efecto es pernicioso
en términos agregados, procederá inmediatamente de
conformidad con el inciso segundo del artículo 31 de esta
Ley.
Artículo 33.- De los órganos, instituciones y empresas
públicas.- Los organismos, instituciones públicas, órganos
de control, empresas públicas, de economía mixta, entidades
públicas, gobiernos autónomos descentralizados, dentro de
su potestad normativa, respecto de su contratación y de las
prestaciones de servicios públicos realizadas en mercados
relevantes de libre concurrencia, respetarán y aplicarán los
principios, derechos y obligaciones consagrados en la
presente Ley.
Artículo 34. Regla de mínimis.- Las condiciones y
procedimiento establecidos en los artículos 29 y 31
precedentes no se aplicarán a las ayudas públicas inferiores
al monto que establezca la Junta de Regulación.
CAPÍTULO IV
RECTORÍA, POLITICA PÚBLICA Y APLICACION
Sección 1
Artículo 35.- Facultades de la Función Ejecutiva.-
Corresponde a la Función Ejecutiva la rectoría,
planificación, formulación de políticas públicas y
regulación en el ámbito de esta Ley.
La regulación estará a cargo de la Junta de Regulación,
cuyas atribuciones estarán establecidas en el Reglamento
General de esta Ley, exclusivamente en el marco de los
deberes, facultades y atribuciones establecidos para la
Función Ejecutiva en la Constitución. La Junta de
Regulación tendrá facultad para expedir normas con el
carácter de generalmente obligatorias en las materias
propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar
las disposiciones legales.
El Superintendente de Control del Poder de Mercado o su
delegado participará en las sesiones de la Junta de
Regulación en calidad de invitado con voz informativa pero
sin voto.
La Junta de Regulación estará integrada por las máximas
autoridades de las carteras de estado, o sus delegados, a
cargo de la Producción, la Política Económica, los Sectores
Estratégicos y el Desarrollo Social.
Sección 2
Control, vigilancia y sanción
Artículo 36.- Autoridad de Aplicación.- Créase la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, misma
que pertenece a la Función de Transparencia y ControlDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.14 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
Social, como un organismo técnico de control, con
capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada,
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, presupuestaria y organizativa; la que contará
con amplias atribuciones para hacer cumplir a los
operadores económicos de los sectores público, privado y
de la economía popular y solidaria todo lo dispuesto en la
presente Ley. Su domicilio será la ciudad de Quito, sin
perjuicio de las oficinas que pueda establecer el
Superintendente en otros lugares del país.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado en su
estructura contará con las instancias, intendencias, unidades,
divisiones técnicas, y órganos asesores que se establezcan
en la normativa que para el efecto emita el Superintendente
de Control del Poder de Mercado. Se crearán al menos dos
órganos especializados, uno de investigación, y otro de
sustanciación y resolutivo de primera instancia.
Artículo 37.- Facultad de la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado.- Corresponde a la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado asegurar
la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la
competencia; la prevención, investigación, conocimiento,
corrección, sanción y eliminación del abuso de poder de
mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas, de las
conductas desleales contrarias al régimen previsto en esta
Ley; y el control, la autorización, y de ser el caso la sanción
de la concentración económica.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado
tendrá facultad para expedir normas con el carácter de
generalmente obligatorias en las materias propias de su
competencia, sin que puedan alterar o innovar las
disposiciones legales y las regulaciones expedidas por la
Junta de Regulación.
Artículo 38.- Atribuciones.- La Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, a través de sus órganos,
ejercerá las siguientes atribuciones:
1. Realizar los estudios e investigaciones de mercado que
considere pertinentes. Para ello podrá requerir a los
particulares y autoridades públicas la documentación y
colaboración que considere necesarias.
2. Sustanciar los procedimientos en sede administrativa
para la imposición de medidas y sanciones por
incumplimiento de esta Ley.
3. Determinar el volumen de negocios según lo
estipulado en la presente Ley.
4. Celebrar audiencias con los presuntos responsables,
denunciantes, perjudicados, testigos y peritos,
recibirles declaración y ordenar careos, para lo cual
podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
5. Examinar y realizar los peritajes que estime necesarios
sobre libros, documentos y demás elementos
necesarios para la investigación, controlar existencias,
comprobar orígenes y costos de materias primas u
otros bienes, de conformidad con esta ley.6. Realizar inspecciones, formular preguntas y requerir
cualquier información que estime pertinente a la
investigación.
7. Colocar precintos en aquellos lugares que estime
pertinente con el objeto de precautelar la conservación
de evidencia.
8. Aplicar las sanciones establecidas en la presente Ley.
9. Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en
materia de competencia respecto de leyes,
reglamentos, circulares y actos administrativos, sin
que tales opiniones tengan efecto vinculante.
10. Emitir los informes requeridos y conocer de las
notificaciones previas de conformidad con esta Ley.
11. Emitir recomendaciones de carácter general o sectorial
respecto a las modalidades de la competencia en los
mercados.
12. Actuar en coordinación con las dependencias
competentes en la negociación de tratados, acuerdos o
convenios internacionales en materia de regulación o
políticas de competencia y libre concurrencia.
13. Requerir a las instituciones públicas que considere
necesario, la implementación de acciones adecuadas
para garantizar la plena y efectiva aplicación de la
presente Ley.
14. Promover y formular acciones ante la Justicia; e
informar y solicitar la intervención del Fiscal General
del Estado, cuando el caso lo amerite.
15. Acceder a los lugares objeto de inspección con el
consentimiento de los ocupantes o mediante orden
judicial cuando se trate del domicilio de una persona
natural, la que será solicitada ante el juez competente,
quien deberá resolver en el plazo de 24 horas.
16. Suscribir convenios con gobiernos autónomos
descentralizados para la habilitación de oficinas
receptoras de denuncias.
17. Suscribir convenios con asociaciones de usuarios y
consumidores para la promoción de la participación de
la comunidad en el fomento de la competencia y la
transparencia de los mercados.
18. Examinar e investigar las concentraciones económicas
para confirmar su cumplimiento con la presente Ley;
y, cuando sean prohibidas, dictar las medidas que
legalmente correspondan.
19. Autorizar, denegar o condicionar las solicitudes de
concentración económica de conformidad a esta Ley y
su reglamento.
20. Atender las consultas y resolver los reclamos que se
formulen respecto de operadores económicos cuya
actuación pudiere atentar contra esta Ley.
21. Promover medidas de control tendientes a la
eliminación de barreras a la libre concurrencia alDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 15
mercado, de acuerdo con los lineamientos fijados por
la ley.
22. Disponer la suspensión de las prácticas y conductas
prohibidas por esta Ley.
23. Establecer y mantener un registro actualizado de los
operadores económicos y su participación en los
mercados.
24. Proponer la remoción de barreras, normativas o de
hecho, de entrada a mercados, que excluyan o limiten
la participación de operadores económicos.
25. Presentar propuestas técnicamente justificadas a los
órganos competentes, para la regulación y el
establecimiento de actos normativos aplicables a los
distintos sectores económicos.
26. Apoyar y asesorar a las autoridades de la
administración pública en todos los niveles de
gobierno, para que en el cumplimiento de sus
atribuciones, promuevan y defiendan la competencia
de los operadores económicos en los diferentes
mercados.
27. Proponer y dar seguimiento, a la simplificación de
trámites administrativos con la finalidad de promover
la libre concurrencia de los operadores económicos en
igual de condiciones a los diferentes mercados.
28. Promover el estudio y la investigación en materia de
competencia y su divulgación.
29. Coordinar las acciones que fueren necesarias y
suscribir convenios de cooperación con entidades
públicas y privadas, a fin de promover la libre
concurrencia de los operadores económicos a los
diferentes mercados.
30. Elaborar y promulgar su reglamento interno; y,
31. Las demás contempladas en la ley.
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Superintendencia
actuará de oficio o a petición de parte y podrá requerir la
documentación e información que estime pertinente en
cualquier etapa procesal.
Artículo 39.- Información Requerida.- Además de la
información requerida en el artículo 16 de esta ley, el
Superintendente de Control del Poder de Mercado podrá
establecer, con carácter general, la información y
antecedentes que las personas deberán proveer a la
Superintendencia y los plazos en que dicha información y
antecedentes deben ser provistos.
El Superintendente de Control del Poder de Mercado
establecerá la forma y contenido adicional de la notificación
de los proyectos de concentración económica y operaciones
de control de empresas u operadores económicos de modo
que se garantice el carácter confidencial de la información
presentada.Artículo 40.- Informe sobre medidas correctivas.- En
ejercicio de su facultad, la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado podrá dirigir informe motivado a la
autoridad nacional o internacional respectiva, sugiriendo y
recomendando la adopción de medidas correctivas, en
relación con los actos u omisiones administrativas que
afecten la libre concurrencia de los operadores económicos
a los mercados nacionales o internacionales.
Artículo 41.- Resoluciones.- Las resoluciones que emita la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado a través
de sus órganos serán motivadas y de cumplimiento
obligatorio para las entidades públicas y los operadores
económicos.
Sección 3
Del Superintendente de Control del Poder de Mercado
Artículo 42.- Del Superintendente.- El Superintendente es
la máxima autoridad administrativa, resolutiva y
sancionadora, y le corresponde la representación legal,
judicial y extrajudicial de la Superintendencia.
Artículo 43.- Designación.- El Superintendente será
nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, de una terna enviada por el Presidente de la
República para tal efecto, en la forma y con los requisitos
previstos en la Constitución de la República y la ley.
El Superintendente desempeñará sus funciones por cinco
años y podrá ser reelegido por una sola vez.
Para ser designado Superintendente de Control del Poder de
Mercado, se requiere ser ecuatoriano, estar en ejercicio de
los derechos de participación, tener título académico de
cuarto nivel en materias afines a la competencia económica,
y experiencia profesional de 10 años.
En caso de renuncia, ausencia definitiva o cualquier otro
impedimento que le inhabilite para continuar desempeñando
el cargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social procederá inmediatamente a la designación de su
reemplazo, de conformidad con lo que establecen la
Constitución y la ley, quien también durará cinco años en
sus funciones. En caso de falta o ausencia temporal, será
reemplazado por la autoridad de jerarquía inmediatamente
inferior según lo establecido en el reglamento orgánico
funcional de la Superintendencia.
Artículo 44.- Atribuciones del Superintendente.- Son
atribuciones y deberes del Superintendente, además de los
determinados en esta Ley:
1. Conocer y resolver de forma de motivada en última
instancia sobre las infracciones establecidas en la ley y
aplicar las sanciones pertinentes.
2. Conocer y resolver de forma motivada los recursos
que se interpusieren respecto de actos o resoluciones
conforme lo previsto por esta Ley y su Reglamento.
3. Dirigir las acciones de control descritas en la Ley,
Reglamento General, y su normativa de carácterDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.16 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
técnico, así como ejecutar las medidas derivadas del
ejercicio de sus potestades públicas.
4. Absolver consultas sobre la obligación de notificar
operaciones de concentración económica, sobre
sectores regulados y ayudas públicas.
5. Solicitar o practicar de oficio, según sea el caso, las
pruebas y diligencias necesarias para el
esclarecimiento de las denuncias y de los procesos
bajo su conocimiento.
6. Elaborar y aprobar la normativa técnica general e
instrucciones particulares en el ámbito de esta Ley.
7. Conservar y coordinar los registros que prevea esta
Ley.
8. Nombrar al personal necesario, de acuerdo con la ley,
para el desempeño de las funciones de la
Superintendencia.
9. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un
informe, en el que dará cuenta de sus labores y del
cumplimiento del objeto de esta Ley.
10. Determinar y reformar la estructura orgánica y
funcional de la Superintendencia de conformidad con
esta Ley.
11. Dirigir y supervisar la gestión administrativa, de
recursos humanos, presupuestaria y financiera de
Superintendencia.
12. Elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto anual de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, de
acuerdo con la ley.
13. Efectuar contrataciones de personal para la realización
de trabajos específicos o extraordinarios que no
puedan ser realizados por su planta permanente, de
conformidad con las normas del Sistema Nacional de
Contratación Pública y de la Ley Orgánica de Servicio
Público
14. Rendir cuentas de su gestión y de la Superintendencia
conforme la Constitución y la ley.
15. Conocer y absolver consultas sobre la aplicación de
esta Ley, para casos particulares, las cuales tendrán
carácter vinculante para el consultante.
16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y
normas internas para su correcto funcionamiento.
17. Delegar el ejercicio de sus atribuciones a los
funcionarios de la Superintendencia, conforme lo
establezca el respectivo Reglamento.
18. Ejercer y delegar la acción coactiva de acuerdo con el
Código de Procedimiento Civil y la normativa vigente.
19. Ejercer las demás atribuciones establecidas para los
Superintendentes en la ley que regule la Función de
Transparencia y Control Social.20. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley
y demás normativa vigente, así como los compromisos
internacionales del país en esta materia; y,
21. Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes
que le señalen las leyes.
Artículo 45.- Causas para el cese de funciones del
Superintendente.- El Superintendente cesará de su cargo
por una de las siguientes causales:
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada.
2. Incompatibilidad superveniente.
3. Incapacidad mental o física, debidamente comprobada
por la Asamblea Nacional, que impidiere el ejercicio
del cargo durante más de ciento ochenta días
calendario.
4. Por censura y destitución previo enjuiciamiento
político conforme la Constitución de la República.
5. Por muerte.
6. Por renuncia voluntaria.
Sección 4
De los servidores públicos de la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado
Artículo 46.- Dedicación y diligencia.- Las y los
servidores públicos y funcionarios de la Superintendencia
de Control del Poder de Mercado deberán dedicarse en
forma exclusiva y a tiempo completo a las labores
inherentes a su función, salvo los casos de docencia en
entidades de educación superior. Ejercerán sus funciones
con diligencia y estarán sujetos a responsabilidad
profesional. El referido personal está prohibido de ejercer
libremente su profesión o especialidad técnica u otra
actividad, con o sin relación de dependencia, así como
ocupar cargos directivos, ejecutivos o administrativos en
entidades u organizaciones con o sin fines de lucro.
No podrán ser nombrados servidores o funcionarios de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado quienes
no cumplieren con los requisitos establecidos para el
respectivo cargo, de conformidad con la ley que regule el
servicio público, o quienes tengan intereses en las áreas que
vayan a ser controladas.
Los servidores y funcionarios de la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado estarán sujetos a
evaluaciones periódicas y serán calificados
permanentemente.
Quienes hayan sido servidores o funcionarios de la
Superintendencia no podrán ejercer actividades
profesionales en áreas afines a la materia regulada bajo esta
ley durante el lapso de un año contado a partir de la fecha
en que dichos servidores o funcionarios hubieren cesado en
sus funciones; se exceptúa de esta disposición al personal
administrativo que por la naturaleza de sus funciones noDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 17
hubiere tenido acceso a la información ni a los expedientes
correspondientes a los procesos administrativos sometidos a
conocimiento de la Superintendencia.
Artículo 47.- Deber de secreto y reserva.- Quienes
tomaren parte en la realización de investigaciones o en la
tramitación de procedimientos o expedientes previstos en
esta Ley o conocieren tales expedientes por razón de su
cargo, labor o profesión, están obligados a guardar
confidencialidad, reserva y secreto sobre los hechos de que
hubieren tenido conocimiento a través de ellos, en
aplicación de las normas de este capítulo.
La obligación de confidencialidad y secreto se extiende a
toda persona que en razón del ejercicio de su profesión,
especialidad u oficio, aun cuando no formare parte de la
Superintendencia, llegare a conocer de información
contenida en los expedientes, investigaciones y denuncias
fundadas en las disposiciones de la presente Ley y en las
leyes y reglamentos de la materia.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, que
pudieren corresponder a los infractores del deber de sigilo,
confidencialidad o secreto, la violación de este deber se
considerará como causal de destitución. Sólo podrán
informar sobre aquellos hechos o circunstancias a los
Jueces, Tribunales y Órganos competentes de la Función
Judicial y sólo por disposición expresa de juez o de los
jueces que conocieren un caso específico, Función que
mantendrá la confidencialidad de la información.
CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS
Sección 1
Facultades de Investigación
Artículo 48.- Normas generales.- La Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, antes de iniciar el expediente
o en cualquier momento del procedimiento, podrá requerir a
cualquier operador económico o institución u órgano del
sector público o privado, los informes, información o
documentos que estimare necesarios a efectos de realizar
sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes
tengan relación con los casos de que se trate.
A esos efectos la Superintendencia podrá examinar,
recuperar, buscar, utilizar y verificar tales documentos e
información, obtener copias o realizar extractos de ellos.
Esos informes o documentos deberán ser suministrados
dentro del plazo que la Superintendencia determine.
No será obligación de la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado atenerse, contra su convicción, al
contenido de esos informes o información. Ningún
procedimiento administrativo podrá suspenderse por falta de
ellos.
No se requiere aviso previo al denunciado o a la persona
para requerir la información o documentación, previa a la
apertura del expediente.La carga de la prueba corresponderá a la Superintendencia
de Control del Poder de Mercado, sin perjuicio de las
pruebas aportadas por el denunciante y el denunciado. Sin
embargo, en el caso de los acuerdos y prácticas prohibidas
de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley, si un
operador económico o persona negare, dificultare o
impidiere el acceso a información; dañare ocultare u
omitiere información o entregase información falsa,
fraudulenta, engañosa, falaz, fingida, artificiosa, irreal o
dolosa requerida o relacionada al operador económico o
persona en una investigación de la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, se invertirá la carga de la
prueba a dicho operador económico o persona, sin perjuicio
de las demás sanciones establecidas en la ley.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene
la potestad de acceder, revisar, archivar, procesar y utilizar
cualquier dato, que de modo exclusivo corresponda a la
información y documentos pertinentes al proceso
administrativo, respetando el derecho constitucional a la
protección de esta información, para las investigaciones,
casos o resoluciones dentro de su competencia, de
conformidad con la Constitución y la ley.
La forma de los actos jurídicos utilizados por los
contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúa
sobre los verdaderos propósitos de la conducta que
subyacen al acto jurídico que la expresa.
Artículo 49.- Facultad de investigación de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- La
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a través
de sus órganos internos, tendrá las siguientes facultades
investigativas, las mismas que se ejercerán en el marco de la
Constitución, la ley y el respeto a los derechos y garantías
de los ciudadanos:
1.Exigir que se le presenten, para su examen, todos los
valores, libros, comprobantes de contabilidad,
correspondencia, registros magnéticos o informáticos,
incluyendo sus medios de lectura, y cualquier otro
documento relacionado con la conducta investigada o
con las actividades inspeccionadas, sin que se pueda
aducir reserva de ninguna naturaleza.
2.Notificar, examinar y receptar declaración o testimonio,
a través de los funcionarios que se designen para el
efecto, a las personas materia de investigación o a sus
representantes, empleados, funcionarios, asesores,
dependientes y a terceros, utilizando los medios
técnicos que consideren necesarios para generar un
registro completo y fidedigno de sus declaraciones,
pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas,
grabaciones en video u otras similares. Para ello, la
declaración se efectuará con la presencia de un abogado
particular o un defensor público provisto por el Estado.
3.Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en
los establecimientos, locales o inmuebles de las
personas naturales o jurídicas y examinar los libros,
registros, y cualquier otro documento relacionado con la
conducta investigada, correspondencia comercial y
bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos
productivos y podrá receptar las declaraciones
voluntarias de las personas que en ellos se encuentren.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.18 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
Cuando el lugar donde se realice la inspección sea el
domicilio de una persona natural, se requerirá
autorización judicial, en los términos previstos en esta
ley.
En el acto de la inspección podrá tomarse y recuperarse
copia de los archivos físicos, virtuales o magnéticos, así
como de cualquier documento o información que se
estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones
que se estimen necesarias. De ser necesario el
descerrajamiento en el caso de locales o
establecimientos que estuvieran cerrados, se deberá
contar con autorización judicial en los términos de esta
Ley.
Cualquier otra información no relevante o ajena a la
investigación, será mantenida hasta su devolución, con
estricta reserva por parte de la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado y sus funcionarios, siendo por tanto
responsables del sigilo en que debe mantenerse en
observancia del derecho a la intimidad de las personas.
Artículo 50.- Obligación de colaborar con los órganos de
la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.-
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, así como
las autoridades, funcionarios y agentes de la Administración
Pública están obligados, sin necesidad de requerimiento
judicial alguno, a suministrar los datos, la documentación,
la información verdadera, veraz y oportuna, y toda su
colaboración, que requiera la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado y sus servidores públicos, siempre
que esto no violente los derechos ciudadanos.
Las autoridades y servidores públicos a los que se refiere el
inciso precedente están obligados a prestar su colaboración
y ayuda, so pena de las sanciones previstas en la ley que
regule el servicio público por el incumplimiento de sus
deberes esenciales y la presente Ley. Tratándose de los
particulares que no suministraren la información requerida,
serán sancionados con las multas y sanciones previstas en
esta Ley.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene
la potestad de solicitar y practicar de oficio todas las
pruebas y diligencias administrativas necesarias para el
esclarecimiento de los actos, denuncias y de los
procedimientos que conociere e investigare.
Artículo 51.- Autorización judicial.- La Superintendencia
de Control del Poder de Mercado deberá solicitar al juez la
autorización e intervención para que él, o los funcionarios
de la Superintendencia, efectúen allanamientos, retenciones,
así como para obtener y mantener copias de la
correspondencia física y virtual, incluyendo cuentas
bancarias y otra información de carácter confidencial,
reservado o secreto.
La autorización señalada en este artículo deberá ser
conferida por cualquier autoridad judicial de la jurisdicción
en la cual se vayan a realizar las acciones indicadas en el
inciso anterior, aun cuando no sea del domicilio del
investigado o denunciado, dentro del término de 24 horas
previsto en esta Ley.Artículo 52.- Supervisión de las restricciones a la
competencia.- La Superintendencia de Control del Poder de
Mercado examinará permanentemente las restricciones a la
competencia conferidas en virtud de las disposiciones de
esta Ley, y evaluará que cumplan con los fines que
motivaron su implementación. Salvo en los casos en que no
se trate de actividades o sectores económicos reservados
exclusivamente al Estado, la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado propondrá las medidas apropiadas
para el desarrollo progresivo del régimen de competencia en
las actividades o los sectores beneficiarios.
Si la Superintendencia comprobare que una restricción a la
competencia otorgada por el Estado no cumple con el fin
para el cual se otorgó, o se aplica de manera abusiva o es
contraria al objeto de esta Ley, mediante informe motivado,
instará y promoverá su supresión o modificación dentro del
plazo que determine.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado
podrá suspender o dejar sin efecto las restricciones al
régimen de competencia previstas en el artículo 28, de
conformidad con lo previsto en esta Ley, previo el trámite
del respectivo expediente en el que se tomará en cuenta a
las partes involucradas.
Sin embargo, en ningún caso pondrá en riesgo o afectará las
condiciones productivas que garantizan la soberanía
alimentaria basada en las pequeñas y medianas unidades
productivas y de la economía popular y solidaria, ni
tampoco la soberanía energética.
Además de suspender o dejar sin efecto las referidas
exenciones o restricciones, la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado aplicará las medidas correctivas y, de
ser el caso, las sanciones previstas por esta Ley.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado
podrá solicitar la revisión de los casos de ayudas públicas y
de políticas de precios, en los términos de los artículos 29 y
32 de esta Ley.
Sección 2
Del Procedimiento de Investigación y Sanción
Artículo 53.- Inicio.- El procedimiento se iniciará de oficio,
a solicitud de otro órgano de la Administración Pública, por
denuncia formulada por el agraviado, o por cualquier
persona natural o jurídica, pública o privada que demuestre
un interés legítimo.
Artículo 54.- Contenido de la denuncia.- La denuncia
deberá contener:
a)El nombre y domicilio del denunciante;
b)Identificación de los presuntos responsables;
c)Una descripción detallada de la conducta denunciada,
indicando el período aproximado de su duración o
inminencia;
d)La relación de los involucrados con la conducta
denunciada;Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 19
e)Los datos de identificación de los involucrados
conocidos por el denunciante, incluyendo entre otros
sus domicilios, números de teléfono y direcciones de
correo electrónico, si las tuvieran y, de ser el caso, los
datos de identificación de sus representantes legales; la
falta de uno o más requisitos del presente literal no
invalida la denuncia;
f)Las características de los bienes o servicios objeto de la
conducta denunciada, así como de los bienes o servicios
afectados; y,
g)Los elementos de prueba que razonablemente tenga a su
alcance el denunciante.
Artículo 55.- Calificación de la denuncia.- Una vez
recibida la denuncia, el órgano de sustanciación verificará
que la misma reúna los requisitos establecidos en el artículo
anterior. Si la denuncia no cumpliere los requisitos de ley,
se otorgará al denunciante el término de tres días para que la
aclare o complete. Si no lo hiciere dentro del término
señalado, sin más trámite se ordenará su archivo.
Si la denuncia cumple los requisitos establecidos en el
artículo anterior, o si es aclarada o completada por el
denunciante, en el término de tres días (3 días) el órgano de
sustanciación correrá traslado al presunto o presuntos
responsables con la denuncia para que presenten
explicaciones en el término de quince (15) días.
Presentada la denuncia y con anterioridad a la resolución de
inicio del procedimiento, el órgano de sustanciación podrá
realizar actuaciones previas con el fin de reunir información
o identificar indicios razonables de la existencia de
infracciones a esta Ley.
Artículo 56. -Inicio de investigación.- Vencido el término
señalado en el artículo anterior, el órgano de sustanciación
deberá pronunciarse sobre el inicio de la investigación en el
término de diez días. Si estimare que existen presunciones
de la existencia de alguna de las infracciones previstas en
esta ley, mediante resolución motivada ordenará el inicio de
la investigación, señalando el plazo de duración de la
misma, plazo que podrá ser ampliado si fuere necesario.
El procedimiento de investigación se regirá por las
disposiciones constantes en la sección primera del presente
capítulo.
El proceso previo a la investigación, así como la fase
investigativa serán de carácter reservado, excepto para las
partes directamente involucradas.
Artículo 57.- Archivo de la denuncia.- Si el órgano de
sustanciación considera satisfactorias las explicaciones del
denunciado, o si concluida la investigación no existiere
mérito para la prosecución de la instrucción del
procedimiento, mediante resolución motivada ordenará el
archivo de la denuncia.
Artículo 58.- Término de excepciones.- Concluida la
investigación, de haber mérito para proseguir el
procedimiento, el órgano de sustanciación ordenará se
notifique con la denuncia y formulación de cargos al
denunciado, a fin de que la conteste y deduzca excepcionesen el término de quince días. Si el denunciado no contestare
la denuncia en el término previsto en este artículo, el
procedimiento continuará en rebeldía. Durante el
procedimiento el denunciado tendrá derecho a acceder y
solicitar copias de todas las actuaciones del expediente.
Artículo 59.- Término de prueba.- El órgano de
sustanciación ordenará la apertura del término probatorio de
sesenta (60) días, prorrogables por hasta un término de
treinta (30) días adicionales, a criterio de la autoridad. Una
vez concluido el término de prueba, las partes podrán
presentar alegatos en el término de diez (10) días.
Artículo 60.- El órgano de sustanciación de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, si lo
estimare conveniente para la marcha de las investigaciones,
ordenará la convocatoria a audiencia pública en la que se
señalará el día y hora de la misma.
Los interesados, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.
Artículo 61.- Una vez efectuada la audiencia o concluido el
término de prueba, el órgano de resolución de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado dictará
resolución debidamente motivada en un plazo máximo de
noventa (90) días.
Artículo 62.- Medidas preventivas.- El órgano de
sustanciación de la Superintendencia de Control del Poder
de Mercado, antes o en cualquier estado del procedimiento
de investigación, podrá, a sugerencia del órgano de
investigación o pedido de quien hubiere presentado una
denuncia, adoptar medidas preventivas, tales como la orden
de cese de la conducta, la imposición de condiciones, la
suspensión de los efectos de actos jurídicos relacionados a
la conducta prohibida, la adopción de comportamientos
positivos, y aquellas que considere pertinentes con la
finalidad de preservar las condiciones de competencia
afectadas y evitar el daño que pudieran causar las conductas
a las que el procedimiento se refiere, o asegurar la eficacia
de la resolución definitiva. Las medidas preventivas no
podrán consistir en la privación de la libertad, la prohibición
de salida del país o el arraigo. Las medidas preventivas
deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y
necesidades del daño que se pretenda evitar.
En igual sentido, podrá disponer, a sugerencia del órgano de
investigación o a pedido de parte, la suspensión,
modificación o revocación de las medidas dispuestas en
virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron
ser conocidas al momento de emitir la resolución.
Cuando la medida preventiva se adopte antes del inicio del
procedimiento de investigación, dicha medida caducará si
no se inicia el referido procedimiento en un plazo de 15 días
contados a partir de la fecha de su notificación.
En caso de desacato, podrá ordenar la clausura de los
establecimientos en los que se lleve a cabo la actividad
objeto de la investigación hasta por noventa días.
Artículo 63. - Hasta antes de la emisión de la resolución por
parte del órgano de resolución de la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, el presunto o presuntosDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.20 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
responsables podrán ofrecer un compromiso referido al cese
inmediato o gradual de los hechos investigados o a la
modificación de aspectos relacionados con ellos, de
conformidad con esta Ley.
Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del
compromiso del presente Artículo, se ordenará el archivo
del procedimiento.
Artículo 64.- Denuncias maliciosas o temerarias.- De
haberse ordenado el archivo de la denuncia y existiere
mérito para ello, el denunciado tendrá el derecho de
demandar en la vía judicial el resarcimiento de los daños y
perjuicios que le hubieren sido ocasionados.
Sección 3
De los Recursos en Sede Administrativa y Jurisdiccional
Artículo 65.- Legitimidad, ejecutividad y ejecutoría.- Los
actos administrativos emanados de las autoridades de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, sus
órganos y funcionarios, se presumen legítimos y están
llamados a cumplirse desde su notificación.
Los actos administrativos son impugnables según dispone el
artículo 173 de la Constitución de la República y están
revestidos del carácter de estabilidad administrativa.
Si alguna norma atribuye competencia a la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, sus
órganos y funcionarios, sin especificar el órgano que debe
ejercerla, se entenderá que la facultad de tramitar y resolver
las peticiones o impugnaciones corresponde a los órganos
inferiores competentes, según el reglamento orgánico
funcional o por procesos y las correspondientes atribuciones
de competencia por razón de la materia y del territorio y, de
existir varios de estos, al superior jerárquico común.
El Superintendente podrá revocar en cualquier momento sus
actos o los actos emitidos por órganos inferiores, de
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al
ordenamiento jurídico.
Artículo 66.- Recurso de Reposición.- Los actos
administrativos de los diferentes niveles administrativos de
la Superintendencia de Control de Poder de Mercado
podrán ser recurridos en sede administrativa mediante el
recurso ordinario y horizontal de reposición.
El término para la interposición del recurso será de 20 días
contados a partir del día siguiente al de su notificación.
Transcurrido el término de 20 días sin haberse interpuesto el
recurso de reposición ni el de apelación, la resolución
causará estado y se agotará la vía administrativa, quedando
solo la vía judicial.
El recurso se concederá solo en el efecto devolutivo. El
plazo máximo para tramitar, dictar y notificar la resolución
será de 60 días calendario.Artículo 67.- Recurso de Apelación o Jerárquico.- Los
actos administrativos emitidos en virtud de la aplicación de
esta Ley podrán ser elevados al Superintendente de Control
de Poder de Mercado mediante recurso de apelación, que se
presentará ante éste. También serán susceptibles de recurso
de apelación actos administrativos en los que se niegue el
recurso ordinario y horizontal de reposición.
El término para la interposición del recurso será de 20 días
contados a partir del día siguiente al de la notificación del
acto administrativo recurrido. Transcurrido dicho término
sin haberse interpuesto el recurso, el acto administrativo
será firme para todos sus efectos.
El recurso se concederá solo en el efecto devolutivo. El
plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de
60 días calendario.
Contra el acto o resolución que conceda o niegue el recurso
de apelación no cabrá ningún otro recurso en vía
administrativa.
Artículo 68.- Recurso extraordinario de revisión.- El
Superintendente, los consumidores o los agentes de
mercado que tengan un interés legítimo, podrá interponer
recurso extraordinario de revisión, con el objeto de que el
Superintendente pueda revisar los errores materiales, de
hecho o de derecho existentes en los actos administrativos,
aparición de pruebas o elementos posteriores o vicios
existentes en los actos administrativos o resoluciones de la
Superintendencia de Control de Poder de Mercado. El plazo
para interponer este recurso es de 3 años desde que el acto o
resolución recurrida haya quedado en firme.
El recurso extraordinario de revisión se interpone sólo
contra actos firmes.
El Superintendente podrá revocar en cualquier momento sus
actos o los actos emitidos por órganos inferiores, de
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al
ordenamiento jurídico.
Artículo 69.- Acción contenciosa.- De conformidad con el
artículo 173 de la Constitución y con el carácter impugnable
de los actos administrativos, los actos administrativos de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado son
susceptibles de impugnación, siempre que no se encuentren
firmes, mediante acción o recurso contencioso de plena
jurisdicción o subjetivo.
Para deducir la acción contenciosa no será necesario agotar
la vía administrativa.
El término para interponer este recurso ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa es de noventa días contados a
partir de la notificación del acto recurrido. El recurso
contencioso de plena jurisdicción sólo tendrá efecto
devolutivo.
Este recurso contencioso no es suspensivo respecto de las
medidas preventivas y medidas correctivas en ningún caso,Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 21
salvo la suspensión de la multa económica siempre que el
perjudicado o sancionado rinda caución por el cincuenta por
ciento de valor fijado por la autoridad de competencia,
mediante póliza de seguro o garantía bancaria emitida a
favor del Tribunal correspondiente.
El recurso contencioso de nulidad u objetivo se podrá
proponer dentro del plazo de tres años desde la vigencia del
acto recurrido. Este recurso sólo tendrá efecto devolutivo y
no suspensivo.
La acción de protección sobre los actos emitidos por la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado no
procede en los casos establecidos en el artículo 42 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.
La reclamación o recurso presentado no suspende la
investigación iniciada por la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado.
Sección 4
De la Prescripción y la Responsabilidad Civil y Penal
Artículo 70.- Prescripción de las facultades
administrativas y de las sanciones.- La facultad de iniciar
el proceso administrativo de oficio o a petición de parte al
que se refiere esta Ley, prescribe en el plazo de cuatro años,
computados desde el día en que se hubiere tenido
conocimiento de la infracción o, en el caso de infracciones
continuadas, desde el que día en que hayan cesado.
Las sanciones impuestas por el cometimiento de
infracciones prescribirán a los ocho años.
La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la
Administración con conocimiento formal del interesado
tendiente al cumplimiento de la Ley y por los actos
realizados por los interesados con el objeto de asegurar,
cumplir o ejecutar las resoluciones correspondientes.
Artículo 71.- Responsabilidad civil.- Las personas
naturales o jurídicas que hubieren sufrido perjuicio por la
comisión de actos o conductas prohibidas por esta Ley,
podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y
perjuicios conforme las normas del derecho común. La
acción de indemnización de daños y perjuicios será
tramitada en vía verbal sumaria, ante el juez de lo civil y de
conformidad con las reglas generales y prescribirá en cinco
años contados desde la ejecutoria de la resolución que
impuso la respectiva sanción.
Artículo 72.- Responsabilidad penal.- Cuando la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado
encontrare indicios de responsabilidad penal, notificará y
enviará una copia del expediente a la Fiscalía General del
Estado, para que se inicien las investigaciones y acciones
correspondientes, sin perjuicio de las sanciones
administrativas que puedan imponerse en virtud de esta
Ley.CAPÍTULO VI
De las Medidas Correctivas y de las Sanciones
Sección 1
Medidas Correctivas
Artículo 73.- Objeto.- Además de la sanción que se
imponga por infracción a la presente Ley, la
Superintendencia podrá dictar medidas correctivas
conducentes a restablecer el proceso competitivo, prevenir,
impedir, suspender, corregir o revertir una conducta
contraria a la presente Ley, y evitar que dicha conducta se
produzca nuevamente.
Las medidas correctivas podrán consistir, entre otras, en:
a) El cese de la práctica anticompetitiva, inclusive bajo
determinadas condiciones o plazos;
b) La realización de actividades o la celebración de
contratos, tendientes a restablecer el proceso
competitivo, inclusive bajo determinadas condiciones
o plazos; o,
c) La inoponibilidad de las cláusulas o disposiciones
anticompetitivas de actos jurídicos.
Artículo 74.- Desarrollo e implementación.- La
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en el
marco de esta Ley, implementará para cada caso las
medidas correctivas, previo informe técnico del órgano de
investigación, que permitan suspender, corregir, revertir o
eliminar las conductas contrarias a la presente Ley.
La implementación de medidas correctivas no obstará la
aplicación de las sanciones contempladas en esta Ley.
Artículo 75.- Procedimiento.- La Superintendencia de
Control del Poder de Mercado notificará al o a los
operadores económicos que hubieren incurrido, o pudieren
incurrir, en conductas contrarias a la presente Ley, y
señalará cuáles son dichas conductas e impondrá las
medidas correctivas que juzgue pertinentes.
El o los operadores económicos tendrán un término de
setenta y dos (72) horas para presentar el descargo del que
se creyeren asistidos, o acoger las medidas correctivas. Si el
descargo fuere infundado o insuficiente, la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado
ordenará la aplicación de las medidas correctivas, sin
perjuicio de la continuación de los procedimientos que
determina la presente Ley.
Artículo 76.- Del incumplimiento.- Si el o los operadores
económicos a quienes se ha impuesto las medidas
correctivas no las han cumplido o lo han hecho de manera
tardía, parcial o defectuosa, la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado podrá:
a)Ordenar medidas correctivas adicionales,
b)Aplicar las sanciones previstas en la sección siguiente;
y,Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.22 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
c) En el caso del abuso de poder de mercado y acuerdos
colusorios, designar un interventor temporal del
operador u operadores económicos involucrados, con la
finalidad de supervigilar el cumplimiento de las
medidas correctivas. El Reglamento General a esta Ley
establecerá los deberes y facultades de dicho
interventor.
Sección 2
Sanciones
Artículo 77.- Sujetos infractores.- Serán sujetos
infractores las personas naturales o jurídicas que incurran en
las prohibiciones o ejecuten las acciones u omisiones
tipificadas como infracciones en esta Ley.
A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de
un operador económico es también imputable a los
operadores o personas que la controlan, excepto cuando su
comportamiento económico no venga determinado por
alguna de ellas.
Cuando se imponga una multa a una asociación, unión o
agrupación de empresas u operadores económicos y ésta no
sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las
contribuciones de sus miembros hasta cubrir el importe de
la multa.
En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la
asociación dentro del término fijado por la Superintendencia
de Control del Poder de Mercado, se podrá exigir el pago de
la multa a cualquiera de los operadores económicos cuyos
representantes sean miembros de los órganos de gobierno
de la asociación de que se trate.
Una vez que la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado haya requerido el pago con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo anterior, podrá exigir el pago del saldo a
cualquier miembro de la asociación que operase en el
mercado en que se hubiese producido la infracción cuando
ello sea necesario para garantizar el pago íntegro de la
multa.
No obstante, no se exigirá el pago contemplado en los
párrafos segundo y tercero a las empresas u operadores
económicos que demuestren que no han aplicado la decisión
o recomendación de la asociación constitutiva de infracción
y que o bien ignoraban su existencia o se distanciaron
activamente de ella antes de que se iniciase la investigación
del caso.
Artículo 78.- Infracciones.- Las infracciones establecidas
en la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy
graves.
1. Son infracciones leves:
a. Haber presentado a la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado la notificación de la
concentración económica fuera de los plazos
previstos en el artículo 16.b. No haber notificado una concentración requerida de
oficio por la Superintendencia de Control del Poder
de Mercado según lo previsto en el artículo 16.
c. No haber cumplido con las medidas correctivas
dispuestas en virtud de los artículos 73 y siguientes
de esta Ley.
d. Incumplir o contravenir lo establecido en una
resolución de la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado.
e. Incurrirán en infracción leve las autoridades
administrativas o cualquier otro funcionario que
hubiere admitido o concedido recursos
administrativos, que se formulen con el ánimo de o
que tengan como resultado el impedir, restringir,
falsear, o distorsionar la competencia, o retrasar o
impedir la aplicación de las normas previstas en
esta Ley.
f. No haberse sometido a una inspección ordenada de
acuerdo con lo establecido en esta Ley.
g. Incurrirá en infracción leve quien presentare una
denuncia falsa, utilizando datos o documentos
falsos, con el propósito de causar daño a la
competencia, sin perjuicio de las demás acciones
civiles y penales que correspondan.
h. La obstrucción por cualquier medio de la labor de
inspección de la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado.
2. Son infracciones graves:
a. El desarrollo de conductas colusorias en los
términos previstos en el artículo 11 de esta Ley,
cuando las mismas consistan en carteles u otros
acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas,
prácticas concertadas o conscientemente paralelas
entre empresas u operadores económicos que no
sean competidores entre sí, reales o potenciales.
b. El abuso de poder de mercado tipificado en el
artículo 9 que no tenga la consideración de muy
grave.
c. El falseamiento del régimen de competencia
mediante prácticas actos desleales en los términos
establecidos en el artículo 27 de esta Ley.
d. La ejecución de una operación de concentración
sujeta a control, antes de haber sido notificada a la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado;
o antes de que haya sido autorizada de conformidad
con lo previsto en esta Ley.
e. La utilización infundada, deliberada y reincidente
de incidentes legales o judiciales, o recursos
administrativos, que impidan, restrinjan, falseen, o
distorsionen la competencia, o retrasen o impidan la
aplicación de las normas previstas en esta Ley.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 23
f. No haber cumplido con las medidas correctivas
dispuestas en virtud de esta Ley, tratándose de
abuso de poder de mercado o acuerdos y prácticas
restrictivas.
g. No haber cumplido con los compromisos
adquiridos de conformidad con esta Ley.
h. Suministrar a la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado información engañosa o falsa.
3. Son infracciones muy graves:
a. El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en
el artículo 11 de esta Ley que consistan en cárteles
u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones
colectivas, prácticas concertadas o conscientemente
paralelas entre empresas u operadores económicos
competidores entre sí, reales o potenciales.
b. El abuso de poder de mercado tipificado en el
artículo 9 de esta Ley cuando el mismo sea
cometido por una o más empresas u operadores
económicos que produzca efectos altamente
nocivos para el mercado y los consumidores o que
tengan una cuota de mercado próxima al monopolio
o disfrute de derechos especiales o exclusivos.
c. La ejecución de actos o contratos efectuados por el
operador económico resultante de una operación de
concentración sujeta a control, antes de haber sido
notificada a la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado; o antes de que haya sido
autorizada de conformidad con lo previsto en esta
ley.
d. Incumplir o contravenir lo establecido en una
resolución de la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado, tanto en materia de abuso de
poder de mercado, conductas anticompetitivas y de
control de concentraciones.
Las infracciones graves y muy graves se juzgarán
independientemente de que puedan constituir conductas
tipificadas y sancionadas en la Ley Penal y ser objeto de la
correspondiente acción por parte de la Función Judicial.
Artículo 79.- Sanciones.- La Superintendencia de Control
del Poder de Mercado impondrá a las empresas u
operadores económicos, asociaciones, uniones o
agrupaciones de aquellos que, deliberadamente o por
negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley, las
siguientes sanciones:
a. Las infracciones leves con multa de hasta el 8% del
volumen de negocios total de la empresa u operador
económico infractor en el ejercicio inmediatamente
anterior al de la imposición de la multa.
b. Las infracciones graves con multa de hasta el 10% del
volumen de negocios total de la empresa u operador
económico infractor en el ejercicio inmediatamente
anterior al de la imposición de la multa.c. Las infracciones muy graves con multa de hasta el 12%
del volumen de negocios total de la empresa u operador
económico infractor en el ejercicio inmediatamente
anterior al de imposición de la multa.
El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o
agrupaciones de empresas u operador económico se
determinará tomando en consideración el volumen de
negocios de sus miembros.
Además de la sanción prevista en el apartado anterior,
cuando el infractor sea una persona jurídica y haya
incurrido en infracciones muy graves, se podrá imponer una
multa de hasta 500 Remuneraciones Básicas Unificadas a
cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los órganos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decisión, según el grado de intervención o
participación de dichos representantes o directivos en la
determinación o ejecución de la práctica o conducta
infractora.
Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que,
formando parte de los órganos colegiados de
administración, no hubieran asistido a las reuniones o
hubieran votado en contra o salvado su voto.
En caso de que no sea posible delimitar el volumen de
negocios a que se refieren los literales a), b) y c) del primer
inciso del presente artículo, las infracciones tipificadas en la
presente Ley serán sancionadas en los términos siguientes:
1.Las infracciones leves con multa entre 50 a 2.000
Remuneraciones Básicas Unificadas.
2.Las infracciones graves con multa entre 2.001 a 40.000
Remuneraciones Básicas Unificadas.
3.Las infracciones muy graves con multa de más de
40.000 Remuneraciones Básicas Unificadas.
La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por
lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la
sanción precedente. La Superintendencia de Control del
Poder de Mercado podrá imponer las multas de manera
sucesiva e ilimitadamente en caso de reincidencia. En ese
caso los umbrales del 8%, 10% y 12% del volumen de
negocios total del infractor, relativos a todas sus actividades
económicas correspondientes al ejercicio inmediatamente
anterior al de imposición de la multa, establecidos en los
literales a, b y c precedentes, no serán aplicables.
De igual manera, si la Superintendencia determinare que los
beneficios obtenidos como resultado de una conducta
contraria a las disposiciones de la presente Ley son
superiores a los umbrales del 8%, 10% y 12% del volumen
de negocios total del infractor, o a los montos previstos en
los números 1, 2 y 3 de este artículo, sancionará al infractor
con un monto idéntico al de dichos beneficios, sin perjuicio
de su facultad para sancionar la reincidencia establecida en
el inciso precedente.
Quien no suministrare a la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado la información requerida por ésta o
hubiere suministrado información incompleta o incorrecta,
será sancionado con una multa de hasta 500
Remuneraciones Básicas Unificadas.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.24 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado
podrá ordenar desinvertir, dividir o escindir en los casos en
los que determine que es el único camino para restablecer la
competencia.
Artículo 80.- Criterios para la determinación del
importe de las sanciones.- El importe de las sanciones se
fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
a. La dimensión y características del mercado afectado
por la infracción.
b. La cuota de mercado del operador u operadores
económicos responsables.
c. El alcance de la infracción.
d. La duración de la infracción.
e. El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos
intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros
operadores económicos.
f. Los beneficios obtenidos como consecuencia de la
infracción.
g. Las circunstancias agravantes y atenuantes que
concurran en relación con cada una de las empresas u
operadores económicos responsables.
Artículo 81.- Circunstancias Agravantes.- Para fijar el
importe de las sanciones se tendrán en cuenta además, entre
otras, las siguientes circunstancias agravantes:
a. La comisión reiterada de infracciones tipificadas en la
presente Ley.
b. La posición de responsable o instigador de la
infracción.
c. La adopción de medidas para imponer o garantizar el
cumplimiento de las conductas ilícitas.
d. La falta de colaboración u obstrucción de la labor
inspectora, sin perjuicio de la posible consideración
como infracción independiente, según lo previsto en el
artículo 78 numeral 1, literal g.
Artículo 82.- Circunstancias Atenuantes.- Para fijar el
importe de la sanción se tendrán en cuenta además, entre
otras, las siguientes circunstancias atenuantes:
a. La realización de actuaciones que pongan fin a la
infracción.
b. La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas.
c. La realización de actuaciones tendientes a reparar el
daño causado.
d. La colaboración activa y efectiva con la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado
llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de
reducción del importe de la multa regulados en los
artículos 83 y 84 de esta Ley.Artículo 83.- Exención del pago de la multa. - Sin
perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado eximirá
a una persona natural o jurídica del pago de la multa que
hubiera podido imponerle cuando:
a. Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a
juicio de la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado, le permitan ordenar el desarrollo de una
inspección en los términos establecidos en los artículos
48 y 49 en relación con una infracción del artículo 11,
siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos
no se disponga de elementos suficientes para ordenar la
misma; o,
b. Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a
juicio de la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado, le permitan comprobar una infracción del
artículo 11, siempre y cuando, en el momento de
aportarse los elementos, la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado no disponga de elementos de
prueba suficiente para establecer la existencia de la
infracción y no se haya concedido una exención a una
empresa u operador económico o persona física en
virtud de lo establecido en la letra a.
Para que la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado conceda la exención prevista en el apartado
anterior, la empresa u operador económico o, en su caso, la
persona natural que haya presentado la correspondiente
solicitud, deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.Cooperar plena, continua y diligentemente con la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, a
lo largo de todo el procedimiento administrativo de
investigación.
2.Poner fin a su participación en la presunta infracción en
el momento en que facilite los elementos de prueba a
que hace referencia este artículo, excepto en aquellos
supuestos en los que la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado estime necesario que dicha
participación continúe con el fin de preservar la eficacia
de una inspección.
3.No haber destruido elementos de prueba relacionados
con la solicitud de exención ni haber revelado, directa o
indirectamente, a terceros distintos de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, su
intención de presentar esta solicitud o su contenido.
4.No haber adoptado medidas para obligar a otras
empresas u operadores económicos a participar en la
infracción.
La exención del pago de la multa concedida a una empresa
u operador económico beneficiará igualmente a sus
representantes legales, o a las personas integrantes de los
órganos directivos y que hayan intervenido en el acuerdo o
decisión, siempre y cuando hayan colaborado con la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
Artículo 84.- Reducción del importe de la multa.- La
Superintendencia de Control del Poder de Mercado podráDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 25
reducir el importe de la multa correspondiente en relación
con aquellas empresas u operadores económicos o personas
naturales que, sin reunir los requisitos establecidos en el
inciso primero del artículo anterior:
a. Faciliten elementos de prueba de la presunta infracción
que aporten un valor añadido significativo con respecto
a aquéllos de los que ya disponga la Superintendencia
de Control del Poder de Mercado; y,
b. Cumplan los requisitos establecidos en los números 1,
2, 3 y 4 del artículo anterior.
El nivel de reducción del importe de la multa se calculará
atendiendo a las siguientes reglas:
1.La primera empresa u operador económico o persona
natural que cumpla lo establecido en el apartado
anterior, podrá beneficiarse de una reducción de entre el
30 y el 50%.
2.La segunda empresa u operador económico o persona
natural podrá beneficiarse de una reducción de entre el
20 y el 30%.
3.Las sucesivas empresas u operadores económicos o
personas naturales podrán beneficiarse de una reducción
de hasta el 20% del importe de la multa.
La aportación por parte de una empresa u operador
económico o persona natural de elementos de prueba que
permitan establecer hechos adicionales con repercusión
directa en el importe de la multa será tenida en cuenta por la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado al
determinar el importe de la multa correspondiente a dicha
empresa u operador económico o persona natural.
La reducción del importe de la multa correspondiente a una
empresa u operador económico será aplicable, en el mismo
porcentaje, a la multa que pudiera imponerse a sus
representantes o a las personas que integran los órganos
directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión,
siempre que hayan colaborado con la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado.
Artículo 85.- Multas coercitivas.- La Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, independientemente de las
multas sancionadoras y sin perjuicio de la adopción de otras
medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento,
podrá imponer, previo requerimiento del cumplimiento a las
empresas u operadores económicos, asociaciones, uniones o
agrupaciones de éstas, y agentes económicos en general,
multas coercitivas de hasta 200 (doscientos)
Remuneraciones Básicas Unificadas al día con el fin de
obligarlas:
a. A cesar en una conducta prohibida o que hubiere sido
sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley.
b. Al cumplimiento de los compromisos o condiciones
adoptados en las resoluciones de la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, según lo previsto en la
presente Ley.c. Al cumplimiento de lo ordenado en una resolución,
requerimiento o acuerdo de la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado.
d. Al cumplimiento del deber de colaboración establecido
en el artículo 50.
e. Al cumplimiento de las medidas preventivas y/o
correctivas.
Artículo 86.- Recaudación y destino de las multas.- Las
multas que se impusieren por las infracciones contempladas
en esta Ley, serán recaudadas por la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado y se depositarán en la Cuenta
Única del Tesoro Nacional.
La Superintendencia de Control y Regulación del Mercado
podrá suscribir acuerdos de pago con los agentes
económicos infractores, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento de esta Ley.
Artículo 87.- Publicidad de las sanciones.- Serán de
conocimiento público y publicadas, en medios de amplia
difusión, en la forma y condiciones que se prevea
reglamentariamente, las sanciones en firme impuestas en
aplicación de esta Ley, su cuantía, el nombre de los sujetos
infractores y la infracción cometida.
Artículo 88.- Acción coactiva.- La Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, a través del Superintendente,
ejercerá acción coactiva según la ley y podrá delegarla para
cobrar las multas y hacer efectivas las sanciones
establecidas en esta Ley.
CAPÍTULO VII
DE LOS COMPROMISOS DE CESE
Artículo 89.- Compromisos.- Hasta antes de la resolución
de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, el
o los operadores económicos investigados, relacionados o
denunciados podrán presentar una propuesta de compromiso
por medio del cual se comprometen en cesar la conducta
objeto de la investigación y a subsanar, de ser el caso, los
daños, perjuicios o efectos que hayan producido, que
produzcan o que puedan producir en el mercado relevante y
en los consumidores sus prácticas anticompetitivas.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene
la facultad de suspender los términos y plazos del trámite
hasta por ciento veinte días término para llegar a un
compromiso, suspendiéndose los demás plazos previstos.
La propuesta de compromiso será aprobada, modificada o
rechazada hasta en el término de cuarenta y cinco días, que
decurren desde la fecha de presentación de la propuesta.
Artículo 90.- Evaluación de la solicitud de compromiso.-
Para evaluar la solicitud de compromiso de cese, y en
ejercicio de una facultad discrecional, la Superintendencia
de Control del Poder de Mercado tomará en consideración
el cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones:Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.26 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
1.Que la totalidad o una parte de los operadores
económicos investigados efectúe un reconocimiento de
todos o algunos hechos de la denuncia o de los cargos
imputados. Dicho reconocimiento debe resultar
verosímil a la luz de los medios de prueba que obren en
el expediente principal o que hayan sido aportados por
las partes en el marco del procedimiento de aprobación
del compromiso de cese;
2.Que los operadores económicos investigados ofrezcan
medidas correctivas que permitan verificar el cese de la
práctica anticompetitiva denunciada y que garanticen
que no serán reincidentes. Adicionalmente, podrán
ofrecerse medidas complementarias que evidencien el
propósito de enmienda de los infractores.
Artículo 91.- Resolución sobre compromisos.- La
Superintendencia de Control del Poder de Mercado se
pronunciará mediante resolución motivada, aceptando,
modificando o desestimando la propuesta de compromiso,
considerando para ello si la misma cumple debidamente con
los alcances previstos en el artículo anterior. En caso de
aceptarse el compromiso se tendrá por concluida la
investigación o denuncia.
De no aceptarse el compromiso, se continuará con la
investigación o denuncia. El hecho de que la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado conozca
o resuelva sobre un compromiso no constituye luego causal
de recusación.
La resolución de la Superintendencia de Control del Poder
de Mercado sobre el compromiso contendrá:
1.La identificación del compromiso;
2.Las partes intervinientes;
3.Los plazos de cumplimiento;
4.Las demás condiciones acordadas.
Adicionalmente, esta resolución establecerá el compromiso
de las partes involucradas de suministrar la información
relativa al cumplimiento del compromiso y de la resolución
con el fin de verificar su cabal cumplimiento en el plazo
fijado por la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado.
Artículo 92.- Incumplimiento del Compromiso.- En caso
de incumplimiento del compromiso acordado, la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado iniciará
el proceso de ejecución y aplicación de las sanciones
previstas en esta Ley y, de ser el caso, adoptará las medidas
correctivas a que hubiere lugar.
Artículo 93.- De la modificación de condiciones de un
compromiso.- En caso de que las condiciones en el
mercado relevante se modifiquen sustancialmente, el
operador económico que asumió un compromiso conforme
a este capítulo podrá solicitar a la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado la revisión del compromiso
acordado.DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Jerarquía.- La presente Ley tiene el carácter de
orgánica y prevalecerá sobre las normas de inferior
jerarquía. De conformidad con la Constitución de la
República, se aplicará sistemáticamente con las demás
normas del ordenamiento jurídico, en el orden jerárquico
previsto en su artículo 425.
Sin perjuicio de la facultad exclusiva del control
constitucional, que le corresponde a la Corte Constitucional,
en caso de contradicción entre normas inferiores y
superiores, prevalecerán las normas superiores. Le
corresponde a la autoridad administrativa o judicial la
aplicación directa e inmediata de la norma superior, siempre
que se trate de conflictos entre normas inferiores a la
Constitución .
En lo no previsto en esta Ley se estará a lo dispuesto en el
Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento
Penal, Código de Comercio, Código Civil, Código Penal,
Ley Orgánica de Servicio Público y las demás leyes y
regulaciones aplicables.
Segunda.- Financiamiento y Patrimonio.- El patrimonio
de la Superintendencia se integra por:
a)Las asignaciones que constarán en el Presupuesto
General del Estado;
b)Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a
cualquier título;
c)Los legados o donaciones que perciba de personas
naturales o jurídicas; y,
d)Otros ingresos de autogestión.
Tercera.- Publicaciones.- Todas las resoluciones en firme
de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se
publicarán en el Registro Oficial, en su página electrónica y
en la Gaceta Oficial de la Superintendencia.
Las resoluciones de la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado entrarán en vigencia desde su
notificación a las partes.
Los actos normativos de la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado entrarán en vigencia desde su
publicación en el Registro Oficial. En situaciones
excepcionales y en casos de urgencia justificada, se podrá
disponer que surtan efecto desde la fecha de su expedición.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado
podrá, cuando el interés público lo justificare, ordenar la
publicación de un extracto de esas resoluciones en uno de
los diarios de mayor circulación a nivel nacional, cuyo
costo será asumido por el infractor.
Cuarta.- Regulación Sectorial.- En el ámbito de su
competencia, las entidades públicas a cargo de la regulación
observarán y aplicarán los preceptos y principios
establecidos en la presente Ley y coadyuvarán en el
fomento, promoción y preservación de las condiciones de
competencia en los mercados correspondientes.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 27
Quinta.- Adecuación.- Los operadores económicos
adecuarán su comportamiento, operaciones, contratos y en
general todas sus actividades económicas al régimen
previsto en esta Ley de manera inmediata.
Sexta.- Derechos de los consumidores.- Sin perjuicio de
los derechos del consumidor previstos en la Ley de la
materia, los consumidores y usuarios podrán ejercer los
derechos establecidos en la ley que regula la participación
ciudadana y en la presente ley para garantizar la protección
efectiva de los mismos.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS Y
DEROGATORIAS
Primera.- Deróguese todas las disposiciones contrarias a
esta Ley que se encuentren vigentes, así como toda
atribución de autoridad nacional en materia de competencia
entregada a otros organismos y entes públicos para juzgar y
sancionar los asuntos regulados bajo esta Ley.
Segunda.- En el inciso segundo del artículo 439 de la Ley
de Compañías Codificada, a continuación de la palabra:
“financieros”, agréguese: “, las decisiones o resoluciones de
la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en los
casos de su competencia de conformidad con la Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado”.
Tercera.- Al final del artículo 440 de la Ley de Compañías
Codificada, luego de la palabra: “competencia” agréguese:
“Esta limitación no se aplicará a las labores que deba
cumplir el Superintendente de Control del Poder de
Mercado y el personal a su cargo, en cumplimiento de la
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de
Mercado.”
Cuarta.- Sustitúyase el artículo 155 de la Ley de Propiedad
Intelectual por el siguiente: “A petición de parte, la
Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar
licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que
hayan sido declaradas mediante resolución de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, como
contrarias a la libre competencia, en particular cuando
constituyan un abuso de poder de mercado por parte del
titular de la patente.”
Quinta.- Deróguese el literal g) del artículo 35 de la Ley
Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro
Oficial 996, 10-VIII-1992, sus reformas y toda atribución de
autoridades de regulación y control de telecomunicaciones
en materia de competencia.
Sexta.- Sustitúyase el literal m) del artículo 88 del
Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones reformada por el siguiente: “m) Dictar
recomendaciones para las políticas y normas de
promoción, protección y regulación de la libre competencia
entre prestadores de servicios de telecomunicaciones;”
Séptima.- Deróguese la Resolución No. 415-15-
CONATEL- 2005, Resolución en materia de Competencia
en Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial
142, de 10 de noviembre de 2005.Octava.- Sustitúyase en el artículo 31 del Reglamento para
la Prestación de Servicios de Valor Agregado
“Superintendencia de Telecomunicaciones” por
“Superintendencia de Control del Poder de Mercado”.
Novena.- Deróguese el Reglamento para el trámite de
denuncias previo al juzgamiento administrativo de los actos
contrarios a la libre competencia en servicios de
telecomunicaciones, Resolución ST-2001-0643, publicado
en el Registro Oficial 468, de 5 de diciembre de 2001.
Décima.- Deróguese el artículo 38 de la Ley de Régimen
del Sector Eléctrico, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial 43, 10-X-1996.
Décimo Primera.- Deróguese el literal a) del artículo 39 de
la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y
mensajes de datos, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial 557, 17-IV-2002.
Décimo Segunda.- Deróguense los artículos 183 al 193 y
284 al 287 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación
2006-13, publicada en el suplemento del Registro Oficial
426 de 28 de diciembre de 2006.
Décimo Tercera.- Refórmase los siguientes artículos de la
Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el suplemento
del Registro Oficial 426 de 28 de diciembre de 2006:
1.Artículo 280: Inclúyase al final del primer inciso la frase
“(…) Caso contrario se estará a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y
se aplicarán las sanciones previstas en la misma”.
2.Artículo 339: Sustitúyese el artículo 339 por el siguiente:
“Art. 339.- Concluido el proceso investigativo, el IEPI
dictará resolución motivada. Si se determinare que existió
violación de los derechos de propiedad intelectual, se
sancionará al infractor con la clausura del establecimiento
de 3 a 7 días y o con una multa de entre quinientos (500)
dólares de los Estados Unidos de América y cien mil
(100.000) dólares de los Estados Unidos de América y,
podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas
cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se
hubieren expedido con carácter provisional.
La autoridad nacional en materia de propiedad intelectual
aplicará las sanciones establecidas en esta Ley cuando
conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal.
Si existiere la presunción de haberse cometido un delito, se
enviará copia del proceso administrativo a la Fiscalía.”
Décimo Cuarta.- Elimínese en el literal c) del artículo 346
de la Ley de Propiedad Intelectual la frase “ (…) y la libre
competencia ”.
Décimo Quinta.- Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 1614
de 14 de marzo de 2009, publicado en el Registro Oficial
No. 558 de 27 de marzo de 2009.
Décimo Sexta.- Deróguense el literal a) del numeral 2 del
artículo 13 del Reglamento Orgánico de Gestión
Organizacional por procesos de la Agencia Nacional Postal,
Resolución No. AGNP-003-2008 publicada en el Registro
Oficial 479 de 2 de diciembre de 2008.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.28 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
Décimo Séptima.- Sustitúyase el artículo 160 de la Ley
Orgánica de Salud por el siguiente: “En ningún caso los
gastos de promoción y publicidad se podrán considerar
como parte de la estructura de costos para el análisis de
fijación de precios”.
Décimo Octava.- Deróguese el artículo 4 de la Ley de
Producción, Importación, Comercialización y Expendio de
Medicamentos Genéricos de Uso Humano.
Décimo Novena.- Deróguese el artículo 54 de la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor publicada en el
Registro Oficial Suplemento No. 16 de 10 de julio de 2000.
Vigésima.- Al final del artículo 41 de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas, publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 48 de 16 de octubre de 2009, agréguese el
siguiente inciso: “Las disposiciones de este artículo se
aplicarán en observancia del objeto de la Ley Orgánica de
Regulación y Control del Poder de Mercado”.
Vigésimo Primera.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No.
0188, publicado en Registro Oficial 569, de 14 de abril de
2009, reformatorio del Reglamento de Control y
Funcionamiento de los Establecimientos Farmacéuticos,
aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 00813, emitido
por el Ministerio de Salud el 18 de diciembre de 2008,
publicado en el Registro Oficial 513 de 23 de enero de
2009.
Vigésimo Segunda.- Reformas a la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero:
1. El quinto inciso del artículo 1 dirá:
“La sociedad controladora y las instituciones financieras
integrantes de un grupo financiero serán controladas por
la Superintendencia de Bancos. Formarán parte de un
grupo financiero únicamente las instituciones
financieras privadas, incluyendo las subsidiarias o
afiliadas del exterior, las de servicios financieros, de
servicios auxiliares del sistema financiero que regula
esta Ley”
2. Deróguense las letras e) y f) del artículo 44.
3. Sustitúyase el artículo 57 por el siguiente:
“Art. 57 .- Para efectos de esta Ley, se entenderá por
grupo financiero al integrado por:
a) Una sociedad controladora que posea un banco o
una sociedad financiera privada o corporación de
inversión y desarrollo, sociedades de servicios
financieros o auxiliares previstas en esta Ley, así
como las subsidiarias del país o del exterior de
cualesquiera de las mencionadas; y,
b) Un banco o sociedad financiera o corporación de
inversión y desarrollo que posea sociedades de
servicios financieros o auxiliares previstas en esta
Ley, así como las subsidiarias del país o del
exterior de cualesquiera de éstas.Salvo lo previsto en el inciso cuarto del artículo 17 y en
el artículo 145 de esta Ley, un grupo financiero,
cualquiera que sea su conformación, no podrá estar
integrado por más de un banco, ni por un banco y una
sociedad financiera o corporación de inversión y
desarrollo, ni por más de una sociedad financiera o
corporación de inversión y desarrollo al mismo tiempo,
ni poseer más de una sociedad de servicios financieros o
auxiliares dedicada a la misma actividad.
Se entenderá conformado un grupo financiero desde el
momento en el que la sociedad controladora, el banco o
la sociedad financiera o corporación de inversión y
desarrollo posean una o más de las instituciones
señaladas en las letras que anteceden.”
4. Sustitúyase el artículo 62 por el siguiente:
“Art. 62 .- Todas y cada una de las instituciones
integrantes del grupo, estarán sujetas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia de Bancos
Adicionalmente, la Superintendencia de Compañías
para su labor de control podrá solicitar en cualquier
momento información sobre grupos financieros, sin que
se le oponga el sigilo bancario. Para este fin las
Superintendencias mantendrán vigentes convenios de
cooperación mutua.
Todas las instituciones integrantes del grupo, en forma
individual y consolidada, estarán sujetas a todas las
normas de solvencia y prudencia financiera y de control
previstas en esta Ley.”
5. A continuación del artículo 141 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, insértese un
artículo innumerado del tenor siguiente:
“Art. …- No podrán ser titulares, ni directa ni
indirectamente, de acciones o participaciones de
empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a
la actividad financiera los accionistas de una
institución del sistema financiero privado, que posean
el 6% o más del paquete accionario con derecho a
voto, aun cuando individualmente considerados no
posean el 6% o más del paquete accionario con
derecho a voto y a criterio del organismo de control
mantengan nexos económicos, societarios de negocios
y/o familiares y en conjunto superen dicho porcentaje,
o que conformen una unidad de interés económico, de
conformidad con la ley. Tampoco podrán serlo los
miembros principales y suplentes de los directorios ni
sus administradores.
Se entenderá que son titulares indirectos cuando
ejerzan su derecho de propiedad sobre el 6% o más de
los títulos representativos del capital suscrito de
empresas, compañías, o sociedades mercantiles ajenas
a la actividad financiera a través de fideicomisos o a
través de este mismo mecanismo por medio de sus
cónyuges o convivientes en unión de hecho.
Sin perjuicio de lo señalado, la Junta Bancaria podrá en
determinados casos, establecer otros tipos de propiedad
indirecta que pudieren derivarse deDocumento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011 -- 29
investigaciones realizadas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros, la Superintendencia de Compañías
o la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Los propietarios de participaciones, acciones u otros
que incumplan con la prohibición establecida en este
artículo serán sancionados con la suspensión de sus
derechos como socios o accionistas de la respectiva
institución financiera y los directivos y
administradores con la remoción de sus cargos; y la
Superintendencia de Bancos dispondrá la incautación
de sus acciones o participaciones de la respectiva
institución financiera y su venta en pública subasta.
Los valores que se obtengan en la venta en pública
subasta serán entregados a cada uno de los accionistas
de las instituciones del sistema financiero privado, sus
cónyuges o convivientes en unión de hecho, incursos
en la prohibición.”.
6.Sustituir el segundo inciso del artículo 195 por el
siguiente:
“Podrán también invertir en el capital de empresas a
las que se refieren las letras p) y q) del artículo 51 de
esta Ley. En estos casos les serán aplicables todas las
normas relacionadas al funcionamiento de los grupos
financieros.”
Vigésimo Tercera.- A continuación del artículo 74 c de la
Ley de Radiodifusión y Televisión, insértese un artículo
innumerado del tenor siguiente:
“Art. …- No podrán ser titulares, ni directa ni
indirectamente, de acciones o participaciones de empresas,
compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad
comunicacional los accionistas de una empresa privada de
comunicación de carácter nacional, que posean el 6% o más
del paquete accionario con derecho a voto, aun cuando
individualmente considerados no posean el 6% o más del
paquete accionario con derecho a voto y a criterio del
organismo de control mantengan nexos económicos,
societarios de negocios y/o familiares y en conjunto superen
dicho porcentaje, o que conformen una unidad de interés
económico, de conformidad con la ley. Tampoco podrán
serlo los miembros principales y suplentes de los directorios
ni sus administradores.
Se entenderá que son titulares indirectos cuando ejerzan su
derecho de propiedad sobre el 6% o más de los títulos
representativos del capital suscrito de empresas, compañías,
o sociedades mercantiles ajenas a la actividad
comunicacional a través de fideicomisos o a través de este
mismo mecanismo por medio de sus cónyuges o
convivientes en unión de hecho.
Sin perjuicio de lo señalado, el Consejo Nacional de
Radiodifusión y Televisión, podrá en determinados casos,
establecer otros tipos de propiedad indirecta que pudieren
derivarse de investigaciones realizadas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia
de Compañías o la Superintendencia de
Telecomunicaciones.Los propietarios de participaciones, acciones u otros que
incumplan con la prohibición establecida en este artículo
serán sancionados con la suspensión de sus derechos como
socios o accionistas de la respectiva empresa de
comunicación y los directivos y administradores con la
remoción de sus cargos; y la Superintendencia de
Telecomunicaciones dispondrá la incautación de sus
acciones o participaciones de la respectiva empresa de
comunicación y su venta en pública subasta.
Los valores que se obtengan en la venta en pública subasta
serán entregados a cada uno de los accionistas de las
empresas de comunicación, sus cónyuges o convivientes en
unión de hecho, incursos en la prohibición.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las personas naturales o jurídicas que a la
fecha de entrada en vigencia de la prohibición establecida
en el número 5 de la Disposición Reformatoria y
Derogatoria Vigésimo Segunda de esta Ley, posean directa
o indirectamente acciones o participaciones del capital
suscrito de empresas, compañías o sociedades mercantiles
ajenas a la actividad financiera, deberán enajenarlas hasta el
13 de julio del 2012.
Las instituciones el sistema financiero tendrán el mismo
plazo para enajenar sus acciones o participaciones en
empresas reguladas por la Ley del Mercado de Valores y la
Ley General de Seguros.
La enajenación obligatoria prevista en esta disposición no
podrá realizarse a favor de personas jurídicas vinculadas ni
a favor de parientes hasta dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.
El incumplimiento por parte de los directivos y
administradores de una institución financiera privada a esta
disposición será sancionado por parte de la
Superintendencia de Bancos, de conformidad con la ley.
La obligación de desinvertir en compañías o sociedades
mercantiles ajenas al sector financiero incluye a las
reguladas por la Ley de Mercado de Valores y la Ley
General de Seguros.
SEGUNDA.- Las personas naturales o jurídicas que a la
fecha de entrada en vigencia de la prohibición establecida
en la Disposición Reformatoria y Derogatoria Vigésimo
Tercera de esta Ley, posean directa o indirectamente
acciones o participaciones del capital suscrito de empresas,
compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad
comunicacional, deberán enajenarlas hasta el 13 de julio del
2012.
Las instituciones del sector de comunicaciones tendrán el
mismo plazo para enajenar sus acciones o participaciones
en empresas ajenas a la actividad comunicacional.
La enajenación obligatoria prevista en esta disposición no
podrá realizarse a favor de personas jurídicas vinculadas ni
a favor de parientes hasta dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.30 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 555 -- Jueves 13 de Octubre del 2011
El incumplimiento por parte de los directivos y
administradores de una empresa privada de comunicación
de carácter nacional, a esta disposición será sancionado por
parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de
conformidad con la ley.
TERCERA.- Los procesos que se hubieren iniciado por las
autoridades de la Subsecretaría de Competencia del
Ministerio de Industrias y Productividad, por el Consejo
Nacional de Telecomunicaciones, la Superintendencia de
Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual o cualquier otra autoridad pública, antes o a
partir de la vigencia de esta Ley, seguirán tramitándose de
conformidad con las siguientes reglas:
a.Ley Sustantiva . Dichos procesos se tramitarán de
conformidad con las normas sustantivas vigentes al
tiempo del cometimiento de las presuntas infracciones
sujetas a investigación.
b.Ley Adjetiva . Las normas procesales administrativas
para las nuevas diligencias serán las previstas en esta
ley y su reglamento. Los procedimientos, recursos e
impugnaciones en curso se tramitarán bajo las normas
procedimentales vigentes al inicio de dicho recurso o
impugnación hasta la conclusión del mismo.
c.Autoridad . Todos los procedimientos y sus
correspondientes expedientes iniciados por autoridades
tales como la Subsecretaría de Competencia del
Ministerio de Industrias y Productividad, por el Consejo
Nacional de Telecomunicaciones, la Superintendencia
de Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual y cualquier otra autoridad pública
continuarán siendo conocidos por las referidas
autoridades. Una vez que el Superintendente de
Control de Poder de Mercado haya asumido legalmente
posesión de su cargo, determinará el plazo para que
todos los procedimientos en curso y sus respectivos
expedientes sean remitidos a la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, la que continuará con su
tramitación bajo los criterios sustantivos y adjetivos de
aplicación de la ley en el tiempo antes indicado.
Cuando se designe al Superintendente de Regulación y
Control de Mercado, el señor Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración remitirá la
correspondiente nota diplomática al señor Secretario
General de la Comunidad Andina sobre su designación
como representante de la Autoridad Ecuatoriana de
Competencia para que conforme el Comité Andino.
CUARTA.- Los servidores que vienen prestando sus
servicios, con nombramiento o contrato en la Subsecretaría
de Competencia del Ministerio de Industria y
Competitividad podrán pasar a formar parte de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, previa
evaluación y selección por parte de la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, de acuerdo a los
requerimientos de esta institución.En el caso de existir cargos innecesarios, el Superintendente
de Control del Poder de Mercado podrá aplicar un proceso
de supresión de puestos para lo cual observará las normas
contenidas en la ley.
El presupuesto, los bienes muebles e inmuebles,
equipamiento, mobiliario, y demás activos de propiedad de
la Subsecretaría de Competencia del Ministerio de
Industrias y Productividad pasan a formar parte del
patrimonio institucional de la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado. Los derechos y obligaciones,
constantes en convenios, contratos u otros instrumentos
jurídicos, nacionales o internacionales, suscritos por el
Ministerio de Industrias y Competitividad referidos a la
Subsecretaría de Competencia serán asumidos por la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
Se excluyen de la presente disposición, los servidores,
presupuestos, bienes e inmuebles, equipamiento, mobiliario
y demás activos, así como derechos y obligaciones,
constantes en convenios, contratos u otros instrumentos
jurídicos, nacionales o internacionales, destinados por el
Ministerio de Industrias y Productividad a la Subsecretaría
de Competencia para la materia de defensa del consumidor.
QUINTA .- El Presidente de la República dictará el
Reglamento de la presente Ley en el plazo de máximo de
ciento ochenta días.
SEXTA.- El Presidente de la República reformará el
Reglamento para la fijación y revisión de precios de
medicamentos de uso humano en el término máximo de 60
días, contados a partir de la vigencia de la presente Ley,
término dentro del cual el Consejo Nacional de Fijación y
Revisión de Precios, mediante resolución, deberá definir los
mecanismos para la fijación de precios.
DISPOSICIÓN FINAL .- La presente Ley entrará en
vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, a los veintinueve días del mes de septiembre de
dos mil once.
f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente.
f.) Dr. Andrés Segovia S., Secretario General.
Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, a diez de octubre de dos mil once.
SANCIÓNASE Y PROMÚLGUESE.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la
República.
Es fiel copia de su original en setenta y un fojas útiles.- LO
CERTIFICO.- Quito, a 11 de octubre de 2011.
f.) Abg. Oscar Pico Solórzano, Subsecretario Nacional de la
Administración Pública.