WT/DS457/AB/R/Add.1  
20 de julio de 2015  
(15-3717)  Página: 1/35  
 Original: inglés  
 
  PERÚ - DERECHO ADICIONAL SO BRE LAS IMPORTACIONES DE 
DETERMINADOS PRODUC TOS AGROPECUARIOS 
AB-2015-3 
Informe del Órgano de Apelación 
Addendum  
La presente adición contiene los anexos A a C del informe del Órgano de Apelación distribuido con 
la signatura WT/DS457/AB/R. 
 Los anuncios de apelación y los resúmenes de las comunicaciones escritas que figuran en la presente adición se adjuntan tal y como se recibieron de los participantes y terceros participantes. 
El Órgano de Apelación no ha revisado ni editado su contenido, salvo para renumerar a partir de 1 
los párrafos y las notas que no comenzaban por 1 en el original, y para introducir cambios de formato en los textos a fin de adaptarlos a las normas de estilo de la OMC. Los resúmenes no 
sustituyen a las comunicaciones de los participantes y terceros participantes en el examen de la 
apelación por el Órgano de Apelación.  
 WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- 2 - 
 
  LISTA DE ANEXOS 
 
 
 
ANEXO A 
ANUNCIOS DE APELACIÓN 
Índice Página 
Anexo A-1 Anuncio de apelación presentado por el Perú A-2 
Anexo A-2 Anuncio de otra apelación presentado por Guatemala A-5 
ANEXO B 
ARGUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES 
Índice Página 
Anexo B-1 Resumen de la comunicación del apelante presentada por el Perú  B-2 
Anexo B-2 Resumen de la comunicación presen tada por Guatemala en calidad de 
otro apelante B-8 
Anexo B-3 Resumen de la comunicación de l apelado presentada por el Perú B-11 
Anexo B-4 Resumen de la comunicación del apelado presentada por Guatemala B-12 
ANEXO C 
ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS PARTICIPANTES 
Índice Página 
Anexo C-1 Resumen de la comunicación presentada por el Brasil en calidad de tercero 
participante C-2 
Anexo C-2 Resumen de la comunicación presentada por Colombia en calidad de tercero 
participante C-3 
Anexo C-3 Resumen de la comunicación presen tada por la Unión Europea en calidad de 
tercero participante C-4 
Anexo C-4 Resumen de la comunicación presentada por los Estados Unidos en calidad de 
tercero participante C-6 
 
 
  WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- A-1 - 
   
 
ANEXO A 
ANUNCIOS DE APELACIÓN 
Índice Página 
Anexo A-1 Anuncio de apelación presentado por el Perú A-2 
Anexo A-2 Anuncio de otra apelación presentado por Guatemala A-5 
 
 WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- A-2 - 
  ANEXO A-1 
ANUNCIO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL PERÚ* 
1. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 y el artículo 17 del Entendimiento relativo a 
las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") y con la 
Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación ("Procedimientos de 
t r a b a j o " ) ,  e l  P e r ú  n o t i f i c a  p o r  l a  p r e s e n t e  s u  d e c i s i ó n  d e  a p e l a r  r e s p e c t o  d e  d e t e r m i n a d a s  cuestiones de derecho e interpretación jurídica que figuran en el informe del Grupo Especial 
encargado del asunto Perú - Derecho adicional sobre las importaciones de determinados productos 
agropecuarios  (WT/DS457) (el "informe del Grupo Especial"). 
 2. El Perú apela, y solicita al Órgano de Apel ación que revoque, modifique o declare superfluas 
y sin efectos jurídicos, las constataciones, conclusiones y recomendaciones del Grupo Especial con 
respecto a los siguientes errores de derecho e interpretaciones jurídicas que contiene el informe del Grupo Especial
1: 
 
I. El Grupo Especial incurrió en error de derecho al no constatar que Guatemala actuó 
de manera incompatible con las obligaciones de actuar de buena fe que le imponen los 
párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD 
 3. El Perú solicita que el Órgano de Apelación examine las constataciones y conclusiones del Grupo Especial de que "no [había] evidencia de que Guatemala h[ubiese] entablado el presente 
procedimiento de una manera contraria a la buena fe" en el sentido de los párrafos 7 y 10 del 
artículo 3 del ESD, y su conclusión concomitante de que "en consecuencia, no hay razones para que el Grupo Especial se abstenga de evaluar las alegaciones presentadas por Guatemala".
2 
 
4. Los errores de derecho e interpretación jurídica del Grupo Especial incluyen su suposición de que la condición jurídica del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y Guatemala ("TLC") 
era determinante para su resolución sobre la buena fe. La condición del TLC no guarda relación 
con la cuestión de si Guatemala obró de manera contraria a las obligaciones que le imponen los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD de actuar de buena fe. Por tanto, la interpretación que hizo el Grupo Especial de las prescripciones establecidas en los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD 
está viciada en lo fundamental. 
 5. En consecuencia, el Perú solicita al Órgano de Apelación que declare superfluas y sin efectos 
jurídicos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.75, 7.84, 7.88, 7.91 a 
7.93, 7.96 y 7.526 a 7.528, y que revoque  la conclusión del Grupo Especial que figura en los 
párrafos 8.1 a), 8.1 f) y 8.8. El Perú también solicita respetuosamente al Órgano de Apelación que 
complete el análisis y constate que Guatemala ha actuado de manera incompatible con las 
obligaciones que le corresponden en virtud de los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD.  II. El Grupo Especial incurrió en error de derecho al constatar que el Perú actuó de 
manera incompatible con el párrafo 2 del ar tículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 
 6. El Perú solicita que se examinen las constataciones y conclusiones del Grupo Especial de que 
los derechos resultantes del Sistema de franja  de precios ("SFP") constituyen gravámenes 
variables a la importación o comparten suficientes características con los gravámenes variables a la importación como para ser considerados una medida aplicada en la frontera similar a un 
gravamen variable a la importación, en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura
3, y 
                                               
* Este documento, de fecha 25 de marzo de 2015, se distribuyó a los Miembros con la signatura 
WT/DS457/7. 
1 De conformidad con el párrafo 2) d) iii) de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para el 
examen en apelación, el presente anuncio de apelación incluye una lista indicativa de los párrafos del informe 
del Grupo Especial que contienen los supuestos errores, si n perjuicio de la facultad del Perú para referirse a 
otros párrafos del informe del Grupo Especi al en el contexto de su apelación. 
2 Véase el informe del Grupo Especial, párrafos 7.66-7.96 y 8.1 a). 
3 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1 b). WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- A-3 - 
  de que al mantener esas medidas, el Perú actúa de manera incompatible con las obligaciones que 
le corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.4 
 7. Los errores de derecho e interpretación jurídica del Grupo Especial incluyen los siguientes: 
 
 el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del 
Acuerdo sobre la Agricultura al no tener en cuenta el TLC como una norma pertinente de 
derecho internacional en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena")
5; 
 el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del 
Acuerdo sobre la Agricultura al no tener en cuenta los artículos 20 y 45 del Proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de la 
Comisión de Derecho Internacional (CDI) ("Artículos de la CDI") como normas pertinentes de derecho internacional en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 de la 
Convención de Viena; 
 el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del 
Acuerdo sobre la Agricultura al no tener en cuenta el TLC como un "acuerdo ulterior 
entre las partes" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena; 
y 
 el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la medida era un gravamen variable 
a la importación o una medida similar y por tanto una infracción del párrafo 2 del 
artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.
6 Además, el Grupo Especial no hizo una 
evaluación objetiva del asunto que se le había sometido, como exige el artículo 11 del ESD. 
8. En consecuencia, el Perú solicita al Órgano de Apelación que declare superfluas y sin efectos 
jurídicos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.316, 7.321, 7.324, 7.325, 7.328, 7.334 a 7.340, 7.345 a 7.347, 7.349, 7.350 a 7.352, 7.371 a 7.374 y 7.526 a 
7.528, y que revoque las conclusiones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.1 b) y 
8.1 d), 8.1 f) y 8.8.  III. El Grupo Especial incurrió en error de derecho al constatar que el Perú actuó de 
manera incompatible con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 
 9. El Perú solicita que se examinen las constataciones y conclusiones del Grupo Especial de que 
los derechos adicionales resultantes del SFP constituyen "demás derechos o cargas … aplicados a 
la importación o con motivo de esta", en el sentido de la segunda oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT, y de que al aplicar medidas, el Perú actuó de manera incompatible con las 
obligaciones que le corresponden en virtud de la segunda oración del párrafo 1 b) del artículo II 
del GATT de 1994.
7 
 10. Los errores de derecho e interpretación jurídica del Grupo Especial incluyen los siguientes: 
 
 el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación de la segunda oración del 
párrafo 1 b) del artículo II del GATT al no tener en cuenta el TLC como una norma 
pertinente de derecho internacional en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 de la 
Convención de Viena
8; 
 el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación de la segunda oración del 
párrafo 1 b) del artículo II del GATT al no tener en cuenta los artículos 20 y 45 de los 
Artículos de la CDI como normas pertinentes de derecho internacional en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena; 
                                               
4 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1 d). 
5 Véase el informe del Grupo Especial, párrafos 7.525-7.528 y 8.1 f). 
6 Véase el informe del Grupo Especial, párrafos 7.371, 7.372 y 8.1 b)-d). 
7 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1 e). 
8 Informe del Grupo Especial, párrafos 7.525-7.528 y 8.1 e) y f). WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- A-4 - 
   el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación de la segunda oración del 
párrafo 1 b) del artículo II del GATT al no tener en cuenta el TLC como un "acuerdo ulterior entre las partes" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena; y 
 el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los derechos adicionales constituían 
demás derechos o cargas y por tanto una infracción de la segunda oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT. Además, el Grupo Especial no hizo una evaluación 
objetiva del asunto que se la había sometido, como exige el artículo 11 del ESD. 
11. En consecuencia, el Perú solicita al Órgano de Apelación que declare las constataciones del 
Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.423, 7.425, 7.426, 7.430 a 7.432, 7.526 a 7.528, 8.1 e), 8.1 f) y 8.8 superfluas y sin efectos jurídicos. 
 
12. Las razones de la apelación del Perú se exponen con más detalle en su comunicación al Órgano de Apelación. 
 WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- A-5 - 
  ANEXO A-2 
ANUNCIO DE OTRA APELACIÓN PRESENTADO POR GUATEMALA* 
De conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 y el artículo 17 del Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") y el párrafo 1 de la 
Regla 23 de los Procedimientos de trabajo para el  examen en apelación, Guatemala notifica por la 
presente su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación con respecto a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Perú - 
Derecho adicional sobre las importaciones de determinados productos agropecuarios 
(WT/DS457/R), distribuido el 27 de noviembre de 2014 (el "informe del Grupo Especial"). De conformidad con el párrafo 3 de la Regla 23 de lo s Procedimientos de trabajo para el examen en 
apelación, Guatemala presenta simultáneamente este anuncio de otra apelación y su comunicación 
en calidad de otro apelante ante la Secretaría del Órgano de Apelación. 
 Guatemala apela respecto de la constatación del Grupo Especial que figura en los párrafos 7.370, 
7.371 y 8.1 c) de su informe de que los derechos resultantes del Sistema de Franja de Precios del 
Perú ("la medida en litigio") no están comprendidos en la categoría de "los precios mínimos de importación … y las medidas similares aplicadas en la frontera" prohibidas en virtud del párrafo 2 
del artículo 4 y la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura.
1 
 Guatemala solicita que el Órgano de Apelación examine los siguientes errores de derecho en que ha incurrido el Grupo Especial en su informe: 
 
I. El Grupo Especial incurrió en error al aplicar un criterio jurídico excesivamente 
restringido para definir las medidas que cons tituyen un precio mínimo de importación en 
el sentido del párrafo 2 del artículo 4 y la  nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura 
 1. El Grupo Especial incurrió en error de derecho al concluir que la medida en litigio no era un 
precio mínimo de importación porque no se aplicaba por referencia al verdadero valor de 
transacción de cada envío de las importaciones. Al formular esa constatación, el Grupo Especial aplicó una definición jurídica excesivamente restringida de los "precios mínimos de importación" en el sentido del párrafo 2 del artículo 4 y la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
 
2. No hay en las definiciones empleadas por los grupos especiales y el Órgano de Apelación en las diferencias Chile - Sistema de bandas de precios  nada que implique que el concepto de precio 
mínimo de importación incluye únicamente las me didas que se aplican con respecto al verdadero 
valor de transacción de cada envío.  
3. El precio de referencia del Sistema de Franja de Precios ("SFP") del Perú está concebido para 
funcionar como un sustitutivo o aproximación del valor habitual de transacción de cualquier envío concreto. En este sentido, el precio de referencia y la forma de calcularlo aseguran que el precio piso funcione como un verdadero precio mínimo de importación, incluso aunque el SFP no opera 
directamente por referencia a los verdaderos valores de transacción de cada envío. 
 4. El Grupo Especial rechazó indebidamente el argumento de Guatemala de que la medida en 
litigio constituye un precio mínimo de importación incluso aunque no iguala en cada caso los 
precios de entrada al precio piso. El carácter jurí dico esencial de la medida no cambia aunque no 
logre su objetivo en todos los casos. 
 
                                               
* Este documento, de fecha 30 de marzo de 2015, se distribuyó a los Miembros con la signatura 
WT/DS457/8. 
1 Los errores de derecho del Grupo Especial figuran, entre otros, en los párrafos 7.360, 7.361, 7.366-
7.371 y 8.1 c) de su informe. De conformidad con el párrafo 2) c) ii) C) de la Regla 23, la lista precedente es una lista indicativa de los párrafos del informe del Grupo Especial que contienen los supuestos errores. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- A-6 - 
  II. El Grupo Especial incurrió en error al co nstatar que la medida en litigio no es un 
precio mínimo de importación pese a la existencia de un umbral mínimo implícito 
 5. La constatación del Grupo Especial de que la medida en litigio no constituye un precio 
mínimo de importación no tiene en cuenta que el diseño, la estructura y el funcionamiento de la 
medida dan lugar a un umbral de precio mínimo implícito. Este umbral consiste en la suma del precio de transacción más bajo de la quincena anterior y el derecho resultante del SFP. 
 
6. Aunque es posible que, en determinados casos, el valor final de entrada de un producto importado no alcance el precio piso, siempre alcanzará o superará el umbral implícito alternativo. Es sumamente improbable que un envío llegue al Perú a un precio inferior al precio más bajo 
observado en el mercado internacional de refe rencia designado por la legislación del Perú. 
 7. El Grupo Especial también equiparó incorrectamente los efectos del umbral implícito con los 
que producen los derechos de aduana propiamente dichos en forma de un arancel específico. El 
umbral implícito contenido en la medida en litigio concede un tipo específico de protección que no conceden los derechos específicos propiamente dichos. Como reconoció el Grupo Especial, el SFP 
tiene el objetivo declarado de ser "un mecanismo de estabilización y de protección, que permite 
neutralizar las fluctuaciones de los precios internacionales y limitar los efectos negativos de la caída de tales precios".
2 A diferencia del umbral implícito de la medida del Perú, el umbral a que 
da lugar un derecho específico no responde a los cambios en los precios mundiales de un 
determinado producto. Además, mientras que el umbral implícito está inherentemente vinculado a 
la transacción más baja de la quincena anterior, cualquier derecho específico propiamente dicho carecería de esa característica. 
 
III. El Grupo Especial incurrió en error al co nfundir el criterio jurídico relativo a los 
precios mínimos de importación con el criterio  jurídico relativo a las medidas "similares" 
a los precios mínimos de importación 
 8. El Grupo Especial llevó a cabo un análisis, incorrecto desde el punto de vista jurídico, de la cuestión de si la medida era "similar" a un precio mínimo de importación en el sentido de la nota 1 
del Acuerdo sobre la Agricultura. Los motivos del Grupo Especial para constatar que la medida en 
litigio no es similar  a un precio mínimo de importación son fundamentalmente los mismos que para 
constatar que la medida no es un precio mínimo de importación. Así pues, el Grupo Especial 
confundió dos conceptos jurídicos conexos pero distintos: un precio mínimo de importación y una 
medida similar a un precio mínimo de importación.  
9. Con arreglo a la interpretación jurídica del Grupo Especial, una medida solo podría ser 
"similar" a un precio mínimo de importación si, en efecto, es un precio mínimo de importación. 
 10. Al utilizar una definición de "similar" que era la misma que la utilizada para los precios 
mínimos de importación, el Grupo Especial no dio efecto al concepto de medidas "similares" en el 
contexto de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.  
IV. El Grupo Especial incurrió en error al constatar que la medida del Perú no es 
similar a un precio mínimo de importación porque no impide que las importaciones 
entren en el Perú a un precio po r debajo de un umbral determinado 
 
11. El Grupo Especial incurrió en error al constatar que la medida en litigio no es similar a un precio mínimo de importación porque no impide que las importaciones entren en el mercado peruano a precios por debajo de un umbral determinado. 
 
12. Contrariamente a la conclusión del Grupo Especial, el diseño, la estructura y el funcionamiento de la medida en litigio muestran la existencia de un umbral explícito, que es el 
propio precio piso. El precio piso actúa como un verdadero umbral porque funciona sobre la base 
de un precio de referencia, que se calcula de forma que reproduce el valor de las transacciones reales. 
 
13. La medida en litigio contiene también un umbral implícito, que consiste en la suma de la transacción más baja de la quincena anterior y los derechos adicionales resultantes del SFP. 
                                               
2 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.317 a). WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- A-7 - 
  Aunque en un número limitado de casos la aplicación de derechos adicionales no eleve el precio al 
nivel del precio piso, esos envíos no entrarán en el mercado peruano por debajo del umbral implícito alternativo. 
*** 
 
Por los motivos expuestos más arriba, el Grupo Especial incurrió en error de derecho al constatar que la medida en litigio no es un precio mínimo de importación ni una medida similar a un precio 
mínimo de importación en el sentido del párrafo 2 del artículo 4 y la nota 1 del Acuerdo sobre la 
Agricultura. Por consiguiente, Guatemala solicita al Órgano de Apelación que revoque la constatación del Grupo Especial que figura en los párrafos 7.370, 7.371 y 8.1 c) de su informe.  
Además, Guatemala solicita que el Órgano de Apelación complete el análisis jurídico y constate 
que la medida en litigio es incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura porque es bien un precio mínimo de importación o bien una medida similar a un precio 
mínimo de importación. Las constataciones fácticas que figuran en el informe del Grupo Especial, 
así como los hechos no controvertidos que constan en el expediente, constituyen una base suficiente para concluir que la medida en litigio es un precio mínimo de importación o una medida 
similar a un precio mínimo de importación. 
  WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-1 - 
   
ANEXO B 
ARGUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES 
Índice Página 
Anexo B-1 Resumen de la comunicación de l apelante presentada por el Perú B-2 
Anexo B-2 Resumen de la comunicación presen tada por Guatemala en calidad de 
otro apelante B-8 
Anexo B-3 Resumen de la comunicación de l apelado presentada por el Perú B-11 
Anexo B-4 Resumen de la comunicación del apelado presentada por Guatemala B-12 
 
 
 WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-2 - 
  ANEXO B-1 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN DEL APELANTE PRESENTADA POR EL PERÚ 
I. INTRODUCCIÓN 
1. En esta apelación se determinará si el Perú está autorizado a mantener su Sistema de 
Franja de Precios ("SFP") con respecto a determinados productos designados en su comercio 
bilateral con Guatemala. Es sorprendente que esta cuestión se haya sometido al sistema de solución de diferencias de la OMC, porque el Perú y Guatemala ya la habían abordado en su 
Tratado de Libre Comercio ("TLC") de 2011. En el TLC se afirma expresamente que el "Perú podrá 
mantener su Sistema de Franja de Precios" con respecto a determinados productos designados procedentes de Guatemala. También se afirma que, en caso de cualquier incompatibilidad entre el TLC y las normas de la OMC, pr evalecerá lo dispuesto en el TLC. 
 
2. Después de haber aceptado expresamente en el TLC el derecho del Perú a mantener el SFP, Guatemala ha tratado de neutralizar esta disposición mediante el recurso al sistema de solución de 
diferencias de la OMC. Ese enfoque debería preocupar profundamente al Órgano de Apelación y, 
de hecho, a todos los Miembros de la OMC.  
3. El Perú ha firmado el TLC pero, habida cu enta de la impugnación planteada por Guatemala 
a n t e  l a  O M C ,  n o  l o  h a  r a t i f i c a d o .  A u n q u e  e l  P e r ú  q u i e r e  q u e  e l  T L C  e n t r e  e n  v i g o r ,  n o  e s t á  dispuesto a conceder a Guatemala las ventajas de ese Tratado debido a que ese país ha tratado de 
utilizar el sistema de solución de diferencias de la OMC para reformular o eliminar una disposición 
fundamental del acuerdo bilateral. El Perú no puede aceptar el intento de Guatemala de lograr por 
medio de la OMC lo que no logró durante el proceso de negociación del TLC.  
4. Lamentablemente, el Grupo Especial que entendió en esta diferencia premió a Guatemala 
por su enfoque doble. Resolvió que Guatemala no obró de manera incompatible con las obligaciones de buena fe previstas en los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD. También resolvió 
que, al mantener el SFP, el Perú incumplió las obligaciones que le corresponden en virtud del 
párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y la segunda oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. El Órgano de Apelación debería revocar esas constataciones y declararlas superfluas y sin efectos jurídicos. También debería completar el análisis y constatar 
que Guatemala actuó de manera incompatible con las obligaciones de buena fe previstas en 
el ESD.  
1. ANTECEDENTES DE HECHO 
5. La medida en litigio son los derechos adicionales resultantes del SFP. El Grupo Especial 
constató debidamente que Guatemala impugnaba los derechos adicionales, y no el mecanismo de 
cálculo (el SFP) en sí mismo. 
 6. Los derechos adicionales han formado parte de la política arancelaria del Perú desde 1991, con modificaciones del mecanismo subyacente de cálculo introducidas a lo largo de los años, que 
no han cambiado el carácter de los derechos. Formaban parte de la política arancelaria del Perú 
cuando consignó en listas sus compromisos arancelarios al final de la Ronda Uruguay. La modificación posterior más importante tuvo lugar en 2001, cuando el Decreto Supremo 
Nº 115-2001-EF ajustó el método de cálculo, estableciendo por primera vez una franja superior 
que permitía la rebaja de los derechos que, al sumarse a la franja inferior existente, dio como resultado un "sistema de franja de precios". 
 
7. Los derechos adicionales resultantes del SFP se han aplicado a determinadas importaciones de productos agropecuarios procedentes de Guatemala (y de otros países) durante muchos años. Como se trataba de una cuestión importante para el Perú y para Guatemala, ambos países 
acordaron incluirla en la negociación de su TLC. 
 8. En el TLC resultante, el Perú y Guatemala acordaron eliminar los aranceles aduaneros sobre 
las mercancías originarias de la otra parte, "de conformidad con el Anexo 2.3". A su vez, el 
Anexo 2.3 establece expresamente que el "Perú podr á mantener su Sistema de Franja de Precios" WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-3 - 
  con respecto a determinados productos designados. Esos productos se indican con un asterisco en 
la Lista arancelaria del Perú anexa al TLC, y son los mismos que el Perú enumeró señalando que tenían un trato diferenciado por lo que se refería al arancel consolidado cuando se estableció la OMC. El Perú y Guatemala confirmaron los "derechos y obligaciones existentes entre ell[os] 
conforme al Acuerdo sobre la OMC", que incluirían las disposiciones de la OMC invocadas por 
Guatemala en esta diferencia. Las partes acordaron una excepción específica a esos derechos y obligaciones en el marco de la OMC al convenir que, en caso de cualquier incompatibilidad entre 
el TLC y los Acuerdos de la OMC, el TLC "prevalecerá en la medida de la incompatibilidad". Por 
consiguiente, la disposición en virtud de la cual las partes acordaron que el "Perú podrá mantener su Sistema de Franja de Precios" formaba parte del equilibrio de derechos y obligaciones negociado y convenido entre los dos países. 
 
9. Tras haberse llegado a un acuerdo definitivo y haberse concluido las negociaciones, el TLC fue a) firmado por ambas partes el 6 de diciembre de 2011; b) aprobado por el Congreso de 
Guatemala; y c) ratificado formalmente por el Pr esidente de Guatemala. Guatemala notificó al 
Perú en 2014 que había cumplido los requisitos legales necesarios para la entrada en vigor del TLC. En paralelo, Guatemala ya había iniciado para entonces en la OMC un procedimiento en el 
que solicitaba una resolución por la que se exigiera al Perú que "desmantelara" el SFP. 
 2. EL GRUPO ESPECIAL INCURRIÓ EN ERROR DE DERECHO AL NO CONSTATAR QUE GUATEMALA ACTUÓ DE MANERA INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE BUENA FE 
PREVISTAS EN LOS PÁRRAFOS 7 Y 10 DEL ARTÍCULO 3 DEL ESD 
10. Ante el Grupo Especial el Perú adujo que, al recurrir al sistema de solución de diferencias de 
la OMC para impugnar los derechos específicos del Perú, Guatemala incumplió la obligación de 
entablar de buena fe los procedimientos de solución de diferencias en la OMC. El Grupo Especial 
incurrió en error de derecho al constatar que Gu atemala no había infringido los párrafos 7 y 10 del 
artículo 3 del ESD, y al no desestimar sobre esa base las alegaciones formuladas por Guatemala. 
 
11. El Perú no considera que desde el punto de vista procedimental le esté vedado a Guatemala presentar ante la OMC una alegación contra el SFP. Opina más bien que el Grupo Especial debería haber constatado que los actos de Guatemala -utilizar el sistema de solución de diferencias de 
la OMC para anular una disposición del TLC- fueron contrarios a las obligaciones de buena fe 
previstas en los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD.  
12. Según constató el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Ley de compensación 
(Enmienda Byrd) , los grupos especiales de la OMC están facultados a determinar que los Miembros 
de la Organización han planteado una alegación de manera contraria a los principios de buena fe. 
Sin embargo, en la diferencia que nos ocupa, el Grupo Especial se negó a resolver que Guatemala 
había actuado de forma contraria a los principios de buena fe. Examinó varios factores y después formuló sus conclusiones como sigue: "En virtud de estas consideraciones, el Grupo Especial no encuentra evidencia de que Guatemala haya entablado el presente procedimiento de una manera 
contraria a las obligaciones de buena fe contenidas en los artículos 3.7 y 3.10 del ESD". Aunque el 
Grupo Especial basó supuestamente su conclusión en que "no enc[ontraba] evidencia", sus resoluciones sobre esta cuestión se fundamenta ron en su propia falta de aplicación de los 
principios jurídicos correctos. Así pues, las constataciones del Grupo Especial sobre la cuestión de 
la buena fe están viciadas por errores de derecho.  
13. El Grupo Especial incurrió en error de derecho al dar por supuesto que la situación jurídica 
del TLC era determinante para su resolución sobre la buena fe. Consideró que la situación jurídica del TLC -más que los actos de Guatemala al plantear esta diferencia- era determinante para la cuestión de si Guatemala había actuado de manera compatible con las obligaciones que le 
correspondían en virtud de los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD. El Grupo Especial explicó que 
"[l]a mera firma de un tratado, antes de que es te entre en vigor, solo impone obligaciones 
limitadas a las partes", y que no podía "atribuir al TLC un valor jurídico que en los actuales 
momentos no tiene". Pero es esencial hacer hincapié en que la tarea que el Grupo Especial tenía 
ante sí consistía en determinar si el recurso de Guatemala al sistema de solución de diferencias de 
la OMC para anular una disposición del TLC era compatible con los párrafos 7 y 10 del artículo 3 
del ESD. El hecho de que el TLC no esté en vigor no impide constatar que se ha infringido el 
principio de buena fe cuando una parte renuncia a un derecho, consiente una conducta o actúa para anular el objeto y fin de un tratado que aún no ha entrado en vigor.  WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-4 - 
  14. El Grupo Especial no interpretó ni aplicó correctamente los párrafos 7 y 10 del artículo 3 
del ESD porque limitó su análisis a la situación en que Guatemala "renunció expresamente a presentar una reclamación respecto del SFP o … reconoció la compatibilidad de esta medida con los acuerdos de la OMC". Pero, en la diferencia CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - 
Ecuador II) / CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - Estados Unidos) , el Órgano de Apelación 
dejó claro que los Miembros de la OMC pueden renunciar a un derecho expresamente o tácitamente pero en forma que se deduzca así necesariamente. Asimismo, los Miembros pueden 
renunciar a derechos sustantivos, además de renunciar a derechos de procedimiento, y pueden 
hacerlo de manera unilateral.  15. El Proyecto de artículos sobre la responsabi lidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) ("artículos de la CDI") apoya también la 
afirmación de que el Grupo Especial incurrió en error de derecho al resolver que los Miembros de la OMC únicamente pueden renunciar a los derechos que les corresponden en el marco de la 
Organización "expresamente" o mediante tratados que hayan sido ratificados y estén en vigor. En 
los artículos 20 y 45 de la CDI se codifican los principios jurídicos generales que son directamente pertinentes en este contexto. 
 
16. Guatemala renunció expresamente a su derecho porque accedió de manera expresa a que el 
Perú pueda mantener el SFP . Subsidiariamente, el Grupo Especial debería haber concluido, sobre 
la base de los hechos no controvertidos que se le habían sometido, que Guatemala renunció a sus 
derechos tácitamente pero en forma que se deducía así necesariamente . 
 17. Tanto si se considera que la renuncia de Guatemala fue explícita como si se considera que 
fue implícita, la condición del TLC no guarda relación con la cuestión de si Guatemala obró de 
manera contraria a las obligaciones de buena fe que le imponen los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD. Si el Grupo Especial se hubiera centrado en la conducta de Guatemala, y no en si el TLC 
estaba en vigor, solo podría haber llegado a la conclusión de que Guatemala había actuado de 
manera incompatible con los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD.  18. A La conducta de una parte que infringe el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados ("Convención de Viena") puede también demostrar la falta de buena fe. El 
acto de un Estado en virtud del cual  se frustren el objeto y el fin de  un tratado, en particular de los 
tratados expresamente autorizados por el artícu lo XXIV del GATT y el artículo V del AGCS, puede 
por supuesto constituir una prueba de ausencia de buena fe con arreglo a los párrafos 7 y 10 del 
artículo 3 del ESD, y es un error de derecho desestimar la posibilidad de examinar tales actos.  
3. EL GRUPO ESPECIAL INCURRIÓ EN E RROR DE DERECHO AL CONSTATAR QUE EL 
PERÚ ACTUÓ DE MANERA INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA 
19. La constatación del Grupo Especial de que el Perú infringió el párrafo 2 del artículo 4 del 
Acuerdo sobre la Agricultura está basada en un e rror de derecho. El Grupo Especial interpretó 
indebidamente la disposición aislándola de otras normas pertinentes, y aplicó erróneamente las aclaraciones del Órgano de Apelación acerca del párrafo 2 del artículo 4. 
 
20. El párrafo 2 del artículo 3 del ESD exige a los grupos especiales que interpreten las disposiciones vigentes de los Acuerdos de la OMC "de conformidad con las normas usuales de 
interpretación del derecho internacional público". Entre esas normas usuales de interpretación del 
derecho internacional público está el párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena, que obliga al intérprete de un tratado a tener en cuenta las normas pertinentes de derecho internacional aplicables en las relaciones entre las partes. El Grupo Especial incurrió en error en su 
interpretación del párrafo 2 del artículo 4 ya que no tuvo en cuenta el TLC como norma pertinente 
de derecho internacional aplicable en las relaciones entre el Perú y Guatemala en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena. 
 
21. El Grupo Especial se negó a tener en cuenta el TLC porque no está en vigor. Sin embargo, 
los tratados que no están en vigor, o que no han sido ratificados por las partes en una diferencia, 
pueden utilizarse y se han utilizado como "normas pertinentes de derecho internacional" a los 
efectos del párrafo 3 c) del artículo 31 de la Co nvención de Viena. El TLC es una "norma de 
derecho internacional" que es "pertinente" y "aplicable" entre el Perú y Guatemala, que son las "partes" pertinentes. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-5 - 
   
22. Si el Grupo Especial hubiera interpretado debidamente el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura teniendo en cuenta lo prescrito en el párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena, no habría constatado que el Perú había incumplido las obligaciones que le 
corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
 23. Los artículos 20 y 45 de los Artículos de la CDI también son "normas pertinentes de derecho 
internacional aplicables en las relaciones entre las partes" en el sentido del párrafo 3 c) del 
artículo 31. Guatemala, al ratificar el TLC, ha dado un consentimiento válido para que el Perú mantenga el SFP en el sentido del artículo 20 de la CDI, y ha renunciado de forma válida a toda alegación que pudiera formular contra esta medida  en el sentido del artículo 45 de la CDI. El 
Grupo Especial incurrió en error de derecho, dado que no tuvo en cuenta los artículos 20 y 45 de 
la CDI como normas pertinentes de derecho internacional aplicables en las relaciones entre las partes al interpretar el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
 
24. El Grupo Especial tampoco tuvo en cuenta el TLC como "acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones", según prescribe el 
párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena. De haberlo hecho, habría constatado que el 
Perú no infringió el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura al mantener el SFP. En el asunto Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor , el Órgano de Apelación constató que un 
"acuerdo ulterior" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena puede 
adoptar diversas formas. A juicio del Perú, esas fo rmas no se limitan a una decisión adoptada por 
todos los Miembros de la OMC, que es una forma de acuerdo ulterior pero no la única que puede aplicarse de modo válido en el marco del párrafo 3 a) del artículo 31. El párrafo 2 del artículo 3 
del ESD exigía al Grupo Especial que tuviera en cu enta el TLC, que constituye un "acuerdo ulterior 
entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones". El hecho de que no lo hiciera constituye un error de derecho. 
 
25. El Grupo Especial también incurrió en error al aplicar erróneamente las aclaraciones del Órgano de Apelación acerca de las obligaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Las constataciones del Grupo Especial relativas al párrafo 2 del artículo 4 son 
erróneas y su análisis incompleto. Un análisis detallado realizado aplicando los criterios jurídicos 
adecuados demuestra que los derechos adicionales no infringen las obligaciones que corresponden al Perú en virtud del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
 
26. En primer lugar, el SFP no comparte con los gravámenes variables a la importación la característica de tener un umbral o precio mínimo. Se constató que en el sistema peruano no 
existía un precio de umbral -característica común tanto a los precios mínimos de importación como 
a los gravámenes variables a la importación-, a diferencia de lo que sucedía en el asunto Chile - 
Sistema de bandas de precios , y el Grupo Especial confirmó que el precio piso utilizado en el SFP 
no funciona como un umbral que impida la entrada de importaciones cuyo precio sea inferior a 
dicho umbral. Seguidamente, el Grupo Especial constató que los derechos específicos resultantes 
del SFP no son distintos de los derechos de aduana propiamente dichos a ese respecto. Aunque ninguna característica tenga un valor determinante, una constatación específica de que la medida 
del Perú no contiene precios de umbral o precios mínimos significa que existe una diferencia 
importante entre la medida del Perú y un gravamen variable a la importación. Las importaciones sujetas a los derechos adicionales resultantes del SFP pueden entrar en el Perú con independencia 
del precio; ni el SFP ni los derechos resultantes de él prohíben que las importaciones entren en el 
Perú.  27. El Grupo Especial también incurrió en error cuando evaluó la variabilidad inherente, al tratar 
esta característica como si fuera suficiente para considerar que la medida está prohibida por el 
párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Si bien el Grupo Especial formuló correctamente el criterio, lo aplicó incorrectamente. En definitiva, se basó excesivamente en la 
utilización de un "plan o fórmula" en el método de cálculo, aunque reconoció la posibilidad de que 
la propia fórmula no dé lugar a variabilidad alguna en el nivel de los derechos. El resultado de este 
enfoque fue que el Grupo Especial llegó a una co nclusión incorrecta, que no resiste un examen 
detallado. 
 28. Como cuestión inicial, en el análisis de la variabilidad realizado por el Grupo Especial se confunde la medida en litigio con el método empleado para calcular el precio de referencia y el 
posible derecho. La distinción es clara, y enormemente pertinente para el análisis de la medida WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-6 - 
  realizado por el Grupo Especial, en particular para el análisis de la importante característica de la 
variabilidad inherente. La medida en litigio en esta  diferencia -los derechos adicionales resultantes 
del SFP- no pueden variar con regularidad y no son inherentemente variables. La única regularidad es el hecho de que el mecanismo de cálculo -el SFP- funciona de modo continuo, pero no siempre 
da lugar a derechos adicionales. No hay variabilidad inherente en los derechos adicionales. 
 29. El Grupo Especial incurrió en error en su análisis jurídico relativo a la previsibilidad y 
transparencia de la medida en litigio. El Grupo Especial incurrió en tres errores de derecho al 
evaluar el nivel de transparencia y previsibilidad de la medida. En primer lugar, el Grupo Especial confundió la oportunidad de efectuar cálculos para prever los derechos adicionales con falta de transparencia y previsibilidad. En segundo lugar, aplicó el criterio erróneo propuesto por 
Guatemala según el cual la variabilidad de una medida podría impedir que fuera transparente y 
previsible incluso después de que el Grupo Especial confirmara que el análisis de la variabilidad es independiente del análisis de transparencia y la previsibilidad. En tercer lugar, el Grupo Especial 
llegó a la conclusión errónea de que la medida carecía de transparencia y previsibilidad porque se 
basa en un factor exógeno -los precios internacionales-, aun cuando el Órgano de Apelación ha sostenido que los derechos de aduana propiamente dichos pueden calcularse sobre la base de 
factores exógenos. 
 30. El Grupo Especial también incurrió en error en su análisis jurídico del supuesto impedimento en la transmisión de los precios internacionales al mercado interno. El hecho de que se basara 
únicamente en un análisis teórico fue un error de de recho. Si el Grupo Especial hubiera adoptado 
un enfoque empírico, habría quedado demostrado que los derechos específicos resultantes del SFP funcionan como derechos de aduana propiamente dichos con respecto a la transmisión de los 
precios internacionales al mercado interno. El SFP no distorsiona ni impide la transmisión de los 
precios internacionales al mercado interno de forma distinta a otros derechos de aduana propiamente dichos. 
 
31. El Grupo Especial afirmó que los derechos adicionales se asemejaban más a los gravámenes variables a la importación, que están prohibidos, que a los derechos de aduana propiamente dichos, que están permitidos. El análisis que efec tivamente realizó no satisface las prescripciones 
del artículo 11 del ESD. Aunque dijo que estaba realizando un análisis comparativo, el Grupo 
Especial no comparó los gravámenes variables a la importación y los derechos de aduana propiamente dichos con respecto a ninguna de sus características. Se limitó a señalar las 
diferencias, y con frecuencia dio por supuesto que los derechos de aduana propiamente dichos 
permanecerían necesariamente inalterados. Por consiguiente, no hubo una comparación real en el análisis supuestamente "comparativo" en que se basó el Grupo Especial. 
 
4. EL GRUPO ESPECIAL INCURRIÓ EN E RROR DE DERECHO AL CONSTATAR QUE EL 
PERÚ ACTUÓ DE MANERA INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 B) DEL ARTÍCULO II DEL GATT DE 1994 
32. La constatación del Grupo Especial de que el Perú infringió la segunda oración del 
párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 está basada en un error de derecho. Tal como hizo en su interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, el Grupo Especial 
interpretó de manera indebida el artículo II del GATT de 1994 aisladamente de otras normas 
pertinentes.  
33. Los argumentos expuestos supra  por el Perú en el contexto del párrafo 2 del artículo 4 del 
Acuerdo sobre la Agricultura se aplican, mutatis mutandis , a los argumentos esgrimidos en el 
marco del párrafo 1 b) del artículo II del GATT. Es decir, que una interpretación adecuada del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 habría exigido al Grupo Especial tener en cuenta: 
1) el TLC suscrito entre el Perú y Guatemala como norma pertinente de derecho internacional en el 
sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena; 2) los artículos 20 y 45 de los Artículos de la CDI como normas pertinentes de derecho internacional en el sentido del 
párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena; y 3) el TLC como "acuerdo ulterior entre las 
partes" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena. Si el Grupo Especial hubiera interpretado adecuadamente el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 
teniendo en cuenta esos instrumentos, tendría que haber constatado que el Perú no infringió la 
segunda oración de esa disposición al mantener el SFP.  WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-7 - 
  34. El análisis en el marco del artículo II tampoco cumple las obligaciones que el artículo 11 
del ESD impone al Grupo Especial. Aunque el Grup o Especial situó en el contexto adecuado la 
importante cuestión del artículo II en este asunto,  decidió después no llevar a cabo una evaluación 
de los hechos pertinentes. En cambio, constató la existencia de una infracción del párrafo 1 b) del 
artículo II del GATT de 1994, pero no en virtud de su análisis de las prescripciones de dicha 
disposición ni del diseño, estructura y arquitectu ra de la medida del Perú, sino debido a su 
conclusión de que los derechos resultantes del SFP son "al menos … similar[es]" al tipo de medidas 
denominadas "gravámenes variables a la importación" en el Acuerdo sobre la Agricultura. Tras 
haber formulado esa constatación, el Grupo Especial señaló expresamente que "no considera[ba] necesario pronunciarse" sobre los aspectos del SFP que podrían haber puesto de manifiesto que en realidad era más adecuado considerar que el SFP es un derecho de aduana propiamente dicho en 
el sentido tanto del artículo II del GATT de 1994 como del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo 
sobre la Agricultura.  
35. El Grupo Especial no cumplió las obligaciones que le impone el artículo 11 del ESD. Los 
hechos son necesarios para entender la medida , y un entendimiento adecuado de la medida es 
necesario para determinar si es un "derecho de aduana propiamente dicho" en el sentido del 
artículo II del GATT de 1994. El Perú sostiene que ello es especialmente cierto en un caso como el 
que nos ocupa, en que el Miembro ha consignado en listas los derechos de conformidad con las 
normas establecidas para la negociación y ha diferenciado específicamente en sus listas los productos agropecuarios que estarían sujetos a un techo arancelario diferente y más elevado. 
 
36. El Grupo Especial incurrió en error de derecho, y el Órgano de Apelación debe declarar superflua y sin efectos jurídicos la conclusión de l Grupo Especial de que el Perú infringió la 
segunda oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. En caso de que el Órgano de 
Apelación decida completar el análisis, dispone de los hechos y argumentos necesarios en el expediente del procedimiento del Grupo Especial, que el Grupo Especial resumió acertadamente 
antes de decidir no valorar los hechos. 
 WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-8 - 
  ANEXO B-2 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR 
GUATEMALA EN CALIDAD DE OTRO APELANTE 
1. Guatemala solicita que el Órgano de Apelación examine las constataciones del Grupo 
Especial de que la medida en litigio no es un "precio[ ] mínimo[ ] de importación ... [ni] [una] 
medida[ ] similar[ ] aplicada[ ] en la frontera" en el sentido del párrafo 2 del artículo 4 y la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
 
A. LA MEDIDA EN LITIGIO 
2. La medida en litigio en esta diferencia consiste en el Sistema de Franja de Precios (SFP) del 
Perú y el "derecho variable adicional" que se impone en virtud de dicho sistema. El informe del 
Grupo Especial contiene una descripción detallada del diseño, estructura y funcionamiento 
del SFP
1, sus objetivos2 y los productos a los que se aplica3. Asimismo, en el párrafo 7.317 del 
informe del Grupo Especial figura un resumen de esa descripción. 
 
B. LA CUESTIÓN SOMETIDA AL GRUPO ESPECIAL 
3. Guatemala alegó que la medida en litigio es un precio mínimo de importación o una medida 
similar aplicada en la frontera que es incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre 
la Agricultura. El Perú adujo que la medida no era incompatible con el párrafo 2 del artículo 4, carecía de "precio indicativo" y, en consecuencia, no tenía por objeto igualar el precio de toda importación al precio piso. 
 
C. EL ANÁLISIS REALIZADO POR EL GRUPO ESPECIAL 
4. El Grupo Especial constató que la medida en litigio no constituye un precio mínimo de 
importación, al declarar que "no existe evidenci a alguna de que los derechos resultantes de la 
aplicación del SFP directamente aseguren que los productos importados sujetos al SFP no entrarán en el mercado peruano a un precio inferior a un determinado umbral".
4 El Grupo Especial afirmó 
que la medida en litigio funcionaba del mismo modo que un arancel específico a las 
importaciones.5 El Grupo Especial también constató que la medida del Perú no es una medida 
"similar" a un precio mínimo de importación porque: a) el SFP no funciona en relación con el verdadero valor de transacción; b) el Perú había demostrado que, durante los 13 años de vigencia 
del SFP, algunas importaciones habían ingresado a un precio inferior al precio piso; y c), la medida 
no imponía un umbral implícito o de facto , ya que un derecho de aduana propiamente dicho en 
forma de arancel específico habría tenido el mismo efecto que la medida en litigio. 
 
D. EL GRUPO ESPECIAL INCURRIÓ EN ERROR AL CONCLUIR QUE LA MEDIDA EN 
LITIGIO NO ESTÁ ABARCADA POR EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 4 NI COMO 
PRECIO MÍNIMO DE IMPORTACIÓN NI COMO MEDIDA SIMILAR A UN PRECIO 
MÍNIMO DE IMPORTACIÓN 
El Grupo Especial cometió los siguientes errores jurídicos: 5. En primer lugar, el Grupo Especial adoptó un criterio jurídico excesivamente restringido, que 
exigía que, para constituir un precio mínimo de importación, una medida imponga derechos 
basados en el valor de transacción, e impida, en todos y cada uno de los casos, que los productos entren por debajo de un determinado umbral. 
 
                                               
1 Informe del Grupo Especial, párrafos 7.126-7.167. 
2 Informe del Grupo Especial, párrafos 7.118 y 7.119. 
3 Informe del Grupo Especial, párrafos 7.118 y 7.119. 
4 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.360. 
5 Ibid. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-9 - 
  6. En la diferencia Chile - Sistema de bandas de precios  inicial, el Órgano de Apelación indicó 
que "los sistemas de precios mínimos de importac ión generalmente funcionan en relación con el 
verdadero valor de transacción de las importaciones" (sin cursivas en el original), dando a entender que, en ocasiones, los precios mínimos de importación pueden no funcionar en relación 
con el verdadero valor de transacción.
6 
 7. De manera similar, la correcta caracterización jurídica de una medida no resulta afectada 
por el hecho de que esta pueda no producir los efectos a los que está destinada con respecto del 
100% de las importaciones.
7 
 8. Además, el precio de referencia del SFP del Perú está concebido para funcionar como un 
sustitutivo o aproximación del valor habitual de transacción de cualquier expedición concreta, en 
cualquier quincena.  
9. En segundo lugar, en su constatación de que la medida del Perú no es un precio mínimo de 
importación, el Grupo Especial se apoyó también en  la tesis jurídicamente incorrecta de que, si se 
aceptara la alegación de Guatemala, cualquier derecho de aduana propiamente dicho en forma de 
arancel específico constituiría un precio mínimo de importación. 
 10. Incluso si la medida del Perú no iguala en cada caso los precios de entrada al precio piso, no por ello deja de igualar los precios de entrada a otro umbral implícito (o de facto )
8, que consiste en 
la suma del precio de transacción más bajo y el derecho resultante del SFP. 
 11. En tercer lugar, en su constatación de que la medida en litigio no era ni siquiera similar a un 
precio mínimo de importación, el Grupo Especial aplicó exactamente el mismo criterio jurídico que había empleado para determinar si la medida era un precio mínimo de importación. De este modo 
no se da ningún significado al término "similar[ ]" del párrafo 2 del artículo 4 y la nota 1. 
 
12. En cuarto lugar, el Grupo Especial constató incorrectamente que la medida del Perú no es 
similar a un precio mínimo de importación porque no impide que las importaciones entren en el Perú a un precio por debajo de un umbral determin ado y el SFP no funciona de manera distinta a 
los derechos de aduana propiamente dichos. Incluso si se aceptara que el precio piso no constituye 
un umbral mínimo, las pruebas no controvertidas dejan claro que la medida impone un umbral implícito  de facto . Además, ese umbral funciona de manera muy distinta a un arancel específico, 
ya que está basado en la suma del valor de tran sacción más bajo de la quincena anterior elegido 
administrativamente y un derecho variable adicional calculado a partir de datos que incluyen el valor de transacción más bajo. Un derecho de aduana propiamente dicho específico simplemente 
no funciona de esta manera. 
 E. SOLICITUD DE COMPLECIÓN DEL ANÁLISIS JURÍDICO 
13. En el presente caso se cumplen las condiciones enunciadas por el Órgano de Apelación para 
completar el análisis. Haciendo uso del criterio jurídico correcto para determinar si una medida es 
un precio mínimo de importación, el Órgano de Apelación debería constatar que esta medida es un precio mínimo de importación, con independencia del hecho de que se aplique a un precio de 
referencia que es una aproximación y de que una s pocas transacciones puedan entrar por debajo 
del umbral del precio piso. Además, el hecho de que la medida garantiza que no entren mercancías a un precio inferior al valor de umbral implícito o de facto  no es controvertido. 
 
14. Aun cuando el Órgano de Apelación adoptara una interpretación restrictiva de la expresión "precio mínimo de importación", de manera que las características del SFP señaladas supra  no 
satisficieran ese criterio, Guatemala cree que el sistema debe considerarse, como mínimo, una 
medida similar a un precio mínimo de importación. 
 15. El SFP y los derechos variables adicionales guardan, como mínimo, una marcada 
"semejanza" o "parecido" con un sistema de precios mínimos de importación. Esa "semejanza" o 
"parecido" existe tanto en lo que concierne a lo s componentes individuales del régimen como en 
                                               
6 Informe del Órgano de Apelación , Chile - Sistema de bandas de precios , párrafo 7.295 (donde se cita 
el informe del Grupo Especial, Chile - Sistema de bandas de precios , párrafo 7.36 e)). 
7 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE) , párrafo 221. 
8 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.209. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-10 - 
  relación con el conjunto del sistema. El precio de referencia, el piso de la franja de precios y el 
umbral implícito guardan una marcada "semejanza" o "parecido" con un valor de transacción, un umbral mínimo y un precio mínimo de importación. El objetivo declarado del SFP es "neutralizar" y "estabilizar" las fluctuaciones de los precios internacionales.
9 
 
F. CONCLUSIÓN 
16. Guatemala solicita respetuosamente al Órgano de Apelación que revoque las constataciones 
formuladas por el Grupo Especial en los párrafos 7.370, 7.371 y 8.1 c) de su informe y complete el 
análisis jurídico relativo a la alegación de Guatemala de que la medida del Perú es un precio 
mínimo de importación o una medida similar a un precio mínimo de importación en el sentido del 
párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
                                               
9 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.317, donde se cita el texto preambular del Decreto Supremo 
Nº 115-2001-EF. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-11 - 
  ANEXO B-3 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN DEL APELADO 
PRESENTADA POR EL PERÚ 
1. El Grupo Especial determinó correctamente que los derechos adicionales no constituían un 
precio mínimo de importación, no eran similares a un precio mínimo de importación y eran 
similares a un derecho de aduana propiamente dicho. El Órgano de Apelación debería rechazar la invitación de Guatemala a que se ponderen otra vez las pruebas y rechazar las constataciones 
solicitadas por Guatemala. 
 2. Al interpretar las obligaciones del Perú con arreglo al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo 
sobre la Agricultura deben tenerse presentes el Tr atado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre el 
Perú y Guatemala y las obligaciones de buena fe de Guatemala en el marco del ESD, así como el 
entendimiento alcanzado por las partes de que el Perú podrá mantener el Sistema de Franja de 
Precios (SFP) peruano. Aun cuando aborde el fond o de la apelación de Guatemala, el Órgano de 
Apelación debe confirmar las conclusiones del Gr upo Especial de que la medida en litigio no 
constituye un precio mínimo de importación y no es similar a un precio mínimo de importación.  
3. El Grupo Especial constató correctamente que los derechos adicionales no tienen un umbral 
explícito. Empleó el criterio jurídico correcto para determinar que la medida no constituía un precio mínimo de importación, y evaluó adecuadamente las pruebas que demostraban que el "diseño, [la] estructura y [los] efectos similares" de la medida no creaban un precio umbral. El Grupo 
Especial no apunta en ningún caso a un criterio inflexible que exija que las importaciones entren 
por encima del supuesto umbral en "todos y cada uno de los casos" ni a un criterio jurídico que impida que cualquier sistema que utilice un precio de referencia "basado en el promedio de los 
precios mundiales" sea considerado un precio mínimo de importación. 
 4. Las pruebas presentadas mostraron que añadir derechos adicionales al precio de transacción 
establecido libremente daba por resultado precios en el muelle de descarga después de pagados 
los derechos que estaban tanto por encima como por debajo del precio piso del SFP. Guatemala interpreta erróneamente los datos y el análisis del Grupo Especial acerca de las importaciones realizadas por debajo del precio piso. El Perú facilitó datos globales y datos relativos a cada 
quincena que muestran que hasta el 100% de las transacciones de un producto entraron por 
debajo del precio piso en determinadas quincenas.  
5. El precio de referencia no es tampoco una aproximación a los precios de transacción, algo 
que resultaría imposible porque, entre otras cosas, el SFP utiliza precios internacionales (no precios de transacción) para cuatro "productos marcadores", no para los 47 productos a los que se 
aplica la medida. Además, la actualización quincenal del precio de referencia no da por resultado 
ninguna pauta de "autocorrección". Los datos muestran que las importaciones entran normalmente en el mercado peruano a precios más bajos que la banda inferior del SFP.  
6. El Grupo Especial también constató correctamente que los derechos adicionales no tienen un 
umbral implícito. La "transacción más baja registrada en el mercado internacional de referencia durante la quincena anterior" es un factor que carece de pertinencia para el SFP y cualesquiera 
derechos resultantes y no impide a los operadores realizar transacciones a cualquier precio. 
 7. El Grupo Especial aplicó el criterio jurídico correcto para determinar que la medida no es 
similar a un precio mínimo de importación. El análisis del Grupo Especial mostró que la medida 
peruana no tiene características similares a las de un precio mínimo de importación y, de hecho, no funciona de modo diferente a un derecho de aduana propiamente dicho. El Órgano de Apelación debería rechazar la solicitud de Guatemala de que se revoque la constatación del Grupo Especial 
de que la medida peruana no es un precio mínimo de importación y no es similar a un precio 
mínimo de importación. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-12 - 
  ANEXO B-4 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN DEL APELADO 
PRESENTADA POR GUATEMALA 
I. INTRODUCCIÓN 
1. Guatemala solicita al Órgano de Apelación que desestime en su totalidad la apelación del 
Perú.  
II. ANTECEDENTES DE LA PRESENTE DIFERENCIA 
A. La medida en litigio 2. El Grupo Especial definió correctamente la medida en litigio como "los derechos resultantes 
del SFP".
1 Esta definición es coherente con el contenido de la solicitud de establecimiento de un 
grupo especial presentada por Guatemala.2 En este contexto, los argumentos del Perú de que el 
Grupo Especial debería haber examinado solamente los derechos variables propiamente dichos sin 
analizar el mecanismo en que se basan (es decir, el SFP) carecen de fundamento. 
 
B. El Tratado de Libre Comercio (TLC) 
3. No es posible interpretar el párrafo 9 del Anexo 2.3 del TLC como una renuncia -explícita o 
implícita- al derecho a plantear una reclamación al amparo del ESD con respecto al SFP o los 
derechos resultantes de él. El artículo 1.3.1 del TLC indica con claridad que Guatemala se reservó plenamente los derechos que le confieren los Acuerdos de la OMC. El artículo 2.3.1 del TLC, leído conjuntamente con el párrafo 9 del Anexo 2.3 del TLC, en modo alguno constituye una exención o 
una reducción de la obligación  del Perú de cumplir los Acuerdos de la OMC, sino que confiere al 
Perú el derecho a mantener el SFP respecto de un número limitado de productos
3, pero 
únicamente en tanto en cuanto lo haga de manera compatible con las obligaciones que le 
corresponden de conformidad con los Acuerdos de la OMC. 
 4. La frase "podrá mantener su Sistema de Franja de Precios" del párrafo 9 del Anexo 2.3 no 
puede interpretarse en el sentido de que prejuzga la compatibilidad o incompatibilidad del SFP con 
el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura o el artículo II del GATT de 1994. No hay nada que indique que las Partes se proponían interpretar los Acuerdos de la OMC a través del TLC, y mucho menos modificar las obligaciones que han contraído en el marco de la OMC. 
 
III. LOS NUEVOS ARGUMENTOS DEL PERÚ AL  AMPARO DE LOS PÁRRAFOS 3 A) Y 3 C) 
DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA NO ESTÁN DEBIDAMENTE 
COMPRENDIDOS EN EL ÁMBITO DE LA PRESENTE APELACIÓN 
5. Guatemala plantea una objeción de procedimiento a los argumentos del Perú relativos al TLC 
y a los artículos 20 y 45 de los Artículos de la CDI en el contexto de los párrafos 3 a) y 3 c) del 
artículo 31 de la Convención de Viena.
4 Esos argumentos son totalmente nuevos, nunca fueron 
planteados ante el Grupo Especial y no están debidamente comprendidos en el ámbito de la presente apelación.  
6. El Órgano de Apelación ya ha constatado que los nuevos argumentos se deben excluir del 
ámbito de una apelación cuando su examen obligue a analizar nuevos hechos.
5 Además, el Órgano 
                                               
1 Informe del Grupo Especial, párrafo 2.2. 
2 Solicitud de establecimiento de un grupo es pecial presentada por Guatemala, documento 
WT/DS457/2, 14 de junio de 2013. 
3 Conviene señalar que el párrafo 9 del Anexo 2.3 del TLC limita  la aplicación del SFP a los 47 productos 
indicados en la Lista del Perú establecida en el TLC. 
4 Comunicación del apelante presentada por el Perú, párrafos 109 a 204, 205 a 216, 217 a 234, 302, 
303, 304 y 305. 
5 Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves , párrafo 211; informe del Órgano de Apelación, 
CE - Subvenciones a la exportación de azúcar , párrafo 340. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-13 - 
  de Apelación también ha excluido nuevos argumentos cuando no había constataciones fácticas o 
interpretaciones jurídicas pertinentes del grupo especial, en particular cuando la imposibilidad del grupo especial de abordar las cuestiones que ahora se plantean se "deb[ía] a que el Miembro demandado no expuso adecuadamente su argumentación sobre esa cuestión ante el Grupo 
Especial".
6 Además, el Órgano de Apelación ha declarado sistemáticamente que se infringiría el 
derecho de una parte al debido proceso si se plan tearan y decidieran cuestiones en apelación sin 
que las haya examinado primero un grupo especial. 
 
7. Los nuevos argumentos del Perú deben ser excluidos porque:  
 el Órgano de Apelación podría tener que examinar y considerar nuevos hechos; 
 los argumentos del Perú no se refieren a cuestiones de derecho tratadas en el informe 
del Grupo Especial ni a sus interpretaciones jurídicas. Como en Estados Unidos - EVE , el 
Grupo Especial no examinó las cuestiones que plantea ahora el Perú porque este país no 
planteó esas cuestiones en el procedimiento del Grupo Especial. La falta de 
constataciones pertinentes del Grupo Especial se "debe a que el [Perú] no expuso adecuadamente su argumentación sobre esa cuestión ante el Grupo Especial"
7; y 
 el examen de esos nuevos argumentos violaría el derecho de Guatemala al debido 
proceso. El Perú dispuso de amplias oportunidades para plantear estos argumentos ante el Grupo Especial, pero decidió plantear argumentos totalmente distintos. La capacidad de Guatemala para debidamente responder y exponer argumentos en relación con este 
asunto ante el Órgano de Apelación, en los breves plazos aplicables en el procedimiento 
de apelación, no debería verse afectada por el hecho de que el Perú haya decidido abandonar sus argumentos anteriores y estudiar otros nuevos. Además, el Perú se basa 
en nuevos documentos que tienen una extensión aproximada de 2.000 páginas, ninguno 
de los cuales ha presentado junto con su comunicación del apelante. 
IV. EL ÓRGANO DE APELACIÓN DEBERÍ A CONFIRMAR LAS CONSTATACIONES DEL 
GRUPO ESPECIAL EN EL MARCO DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 
SOBRE LA AGRICULTURA Y DEBERÍA RECHAZAR LOS NUEVOS ARGUMENTOS DEL PERÚ AL AMPARO DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA 
A. El Órgano de Apelación debería confirma r las constataciones del Grupo Especial de 
que la medida en litigio es un gravamen va riable a la importación en el sentido del 
párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 
8. El Perú plantea numerosas objeciones a la constatación del Grupo Especial de que los 
derechos del SFP son un gravamen variable a la importación o una medida similar a dicho 
gravamen. Todos estos argumentos deberían ser desestimados.  
a) El Órgano de Apelación debería rechazar el argumento del Perú de que el derecho del SFP 
"no comparte con los gravámenes variables a la importación la característica de tener un 
umbral o un precio mínimo de importación" 
9. El Perú aduce que el Grupo Especial no podía constatar que el derecho variable adicional era un gravamen variable a la importación porque no conlleva un umbral o precio mínimo de 
importación. Según el Perú, el Grupo Especial "inexplicablemente" no aplicó su análisis de la sección relativa al precio mínimo de importación a su razonamiento con respecto a un gravamen 
variable a la importación.
8 
 10. El argumento del Perú es incorrecto porque los gravámenes variables a la importación y los 
precios mínimos de importación son dos conceptos distintos. Por tanto, para que exista un 
gravamen variable a la importación no es necesario un elemento de precio mínimo. La variabilidad inherente tiene que ver con cambios automáticos periódicos en el nivel del derecho sin que se prescriba un determinado nivel máximo o mínimo para ese derecho. La definición de gravamen 
variable a la importación que hizo el Órgano de Apelación en Chile - Sistema de bandas de precios 
                                               
6 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - EVE , párrafo 103. 
7 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - EVE , párrafo 103. 
8 Comunicación del apelante presentada por el Perú, párrafo 243. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-14 - 
  (párrafo 5 del artículo 21 - Argentina)  ni siquiera se refiere a un umbral, y mucho menos a uno 
que satisfaga simultáneamente la definición de un umbral mínimo para un precio de importación mínimo.  
b) El Órgano de Apelación debería rechazar las alegaciones del Perú de que el Grupo Especial 
consideró indebidamente que la variabilidad inherente de la medida era suficiente para 
formular una constatación en el marco del párrafo 2 del artículo 4 
11. El Perú se equivoca al sostener que en el análisis del Grupo Especial se confunde la medida 
en litigio con el método utilizado para calcular el precio de referencia y el posible derecho.9 El 
Grupo Especial no pudo haber establecido esta distinción porque es imposible separar los derechos del SFP de la forma en que se calculan. Además , Guatemala impugnó expresamente los derechos 
del SFP que se calculan mediante el régimen SFP en su solicitud de establecimiento de un grupo 
especial y en sus comunicaciones. El Órgano de Apelación también ha sostenido que la forma de un derecho no es decisiva para su caracterización jurídica y que es necesario tener en cuenta 
cómo se ha calculado. 
 12. Guatemala también rechaza los argumentos del Perú de que el derecho del SFP no es 
variable porque desde 2001 el SFP no ha dado siempre lugar a un derecho. Sin embargo, la 
inexistencia de derechos durante un determinado período no es pertinente para los períodos en que efectivamente fue impuesto el derecho del SFP. En esos períodos el derecho varió debido a su 
variabilidad inherente. 
 
13. Por último, contrariamente a los argumentos  del Perú, la variabilidad de los derechos 
del SFP no se puede comparar con la variabilidad normal de los derechos de aduana propiamente 
dichos. Haciendo referencia a un ejemplo que puso Guatemala ante el Grupo Especial, el SFP se ha 
actualizado más de 400 veces desde 2001, mientras que el derecho de aduana propiamente dicho aplicable a la carne deshuesada bovina solamente se modificó siete veces durante los últimos 
23 años. Esto demuestra que el SFP, y sus derechos de importación variables, funcionan de modo 
muy distinto a los derechos de aduana propiamente dichos.  c) El Grupo Especial no incurrió en error al analizar la falta de previsibilidad y transparencia de 
la medida en litigio 
14. El Perú aduce incorrectamente que los derechos del SFP son tan previsibles y transparentes como los derechos de aduana propiamente dichos. Esta afirmación es incorrecta porque los 
derechos de aduana propiamente dichos siguen siendo los mismos hasta que se modifican, 
mientras que está garantizado que los derechos del SFP cambien cada 15 días. En contra de lo que argumenta el Perú, los operadores económicos no están en mejor situación porque conozcan los 
elementos abstractos sobre cuya base se calcula el derecho variable adicional. Por el contrario, el 
sistema les garantiza incertidumbre debido a un derecho imprevisible, que cambia constantemente. El Perú no puede alegar que publica con antelación todos los datos reales que se utilizarán para calcular el derecho, lo que sería imposible porque los datos no existen en la 
actualidad y por tanto son imprevisibles. Además, el Perú ni siquiera publica todos los datos 
históricos en que se basaron los derechos anteriores. Para poder acceder a determinados datos los operadores económicos tienen que estar suscritos a sitios Web de internet que son de pago. 
 
15. Guatemala también demostró ante el Grupo Especial que es imposible vaticinar o estimar el nivel de los futuros derechos, ya sea a corto o largo plazo. El Grupo Especial concluyó por tanto 
correctamente que, aunque los operadores puedan intentar estimar los derechos futuros, eso no 
les ofrece un nivel de transparencia y previsibilidad comparable al que ofrecen los derechos de aduana propiamente dichos.  
16. Los derechos también son imprevisibles y no transparentes porque el Perú publica el precio 
de referencia por término medio el octavo día de cada quincena. Además, las expediciones procedentes de puertos extranjeros pueden partir  del puerto de salida sin saber cuál será el 
derecho aplicable a su llegada, lo que aumenta la falta de previsibilidad y transparencia. 
 17. Por último, contrariamente a sus argumentos, la constatación del Grupo Especial no impide 
al Perú tener en cuenta las fluctuaciones de los precios internacionales al fijar el nivel de los 
                                               
9 Comunicación del apelante pres entada por el Perú, párrafo 248. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-15 - 
  derechos mediante actos separados e independientes de sus autoridades. Más bien, el Perú no 
puede tener en cuenta los precios internacionales integrándolos en una fórmula automática que genera un derecho de importación que cambia periódicamente.  
d) El Grupo Especial no incurrió en error al constatar que el SFP y los derechos del SFP impiden 
la transmisión de los precios internacionales al mercado interno 
18. El Grupo Especial constató correctamente que, a corto plazo, el derecho variable adicional aísla totalmente al mercado interno del Perú de las fluctuaciones de los precios internacionales. 
Eso se debe a que el derecho variable adicional cubre la diferencia entre los precios internacionales y el precio piso de la franja de precios. A medio y largo plazo el sistema como mínimo distorsiona gravemente la transmisión de los precios internacionales. El Grupo Especial se basó correctamente 
en estos elementos y no hizo, como aduce el Perú, un análisis simplemente "teórico". 
 19. El Perú propuso un criterio novedoso al Grupo Especial, que nunca había sido exigido antes 
por los grupos especiales ni por el Órgano de Apelación, conforme al cual un derecho no es un 
gravamen variable a la importación a tenor del párrafo 2 del artículo 4 a menos que un estudio econométrico demuestre la inexistencia de toda correlación entre los precios internacionales y los 
internos. El Grupo Especial rechazó correctamente este criterio novedoso porque es posible que 
factores distintos de un gravamen a la importación repercutan en la transmisión de los precios internacionales. Por ejemplo, el Perú exime la mayoría de sus importaciones de azúcar del SFP. Guatemala también señaló otros muchos problemas y errores metodológicos en el análisis del 
Perú. 
 20. Además, como Guatemala ha indicado previamente, el criterio del Perú carece de base en el 
texto del tratado y en la jurisprudencia. También introduciría en el párrafo 2 del artículo 4 un 
criterio de "efectos económicos", criterio que han rechazado sistemáticamente grupos especiales del GATT y de la OMC y el Órgano de Apelación. 
 
21. En realidad, la apelación del Perú se dirige a la forma en que el Grupo Especial sopesó las pruebas. Sin embargo, el hecho de que el Perú no esté de acuerdo con el Grupo Especial no significa que este incurriera en error. 
 
22. El Perú se equivoca al sostener que los dere chos de aduana propiamente dichos distorsionan 
los precios internacionales de la misma manera que los derechos del SFP. Por el contrario, como 
demuestra el gráfico de Guatemala, los derechos de aduana propiamente dichos simplemente 
siguen las fluctuaciones de los precios internacionales y no impiden ni distorsionan su transmisión al mercado interno. 
 
23. El Perú también se equivoca al comparar su SFP con el sistema de bandas de precios analizado en la diferencia Chile - Sistema de bandas de precios . En lo que se refiere a los aspectos 
mencionados por el Perú, su SFP es muy similar al SBP chileno o incluso causa más distorsión. 
 
B. El Órgano de Apelación debería rechazar  los argumentos del Perú fundados en el 
artículo 31 de la Convención de Viena 
24. En caso de que el Órgano de Apelación decida abordar el fondo de los nuevos argumentos 
del Perú, Guatemala sostiene que esos argumentos deberían ser rechazados por las siguientes razones. 
 
25. En primer lugar, que el Grupo Especial no incurr ió en error al no realizar el análisis jurídico 
que propuso el Perú porque no estaba obligado a hacerlo. El Órgano de Apelación ha sostenido sistemáticamente que los grupos especiales no están obligados a examinar todos los argumentos 
planteados por las partes en la diferencia.
10 En contra de los argumentos que esgrime el Perú al 
amparo del párrafo 2 del artículo 3 del ESD, la  adhesión estricta del Grupo Especial a la 
Convención de Viena puede discernirse de todo su informe.11 En la medida en que el Perú aduce 
                                               
10 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas antidumping sobre las tuberías para 
perforación petrolera (México) , párrafo 134. Informe del Órgano de Apelación, República Dominicana - 
Importación y venta de cigarrillos , párrafo 12. 
11 Véase, por ejemplo, el informe del Grupo Especial, párrafos 7.283, 7.286, 7.289, 7.293, 7.305, 
7.328, 7.329, 7.409 y 7.497. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-16 - 
  que el Grupo Especial incurrió en error al no haber esgrimido por el Perú argumentos que el Perú 
mismo no esgrimió, Guatemala solicita al Órgano de Apelación que rechace los argumentos del Perú.  
26. En segundo lugar, Guatemala aduce que el argumento del Perú está esencialmente viciado 
porque no pide al Órgano de Apelación que interprete  de determinada manera disposiciones de 
la OMC -a saber, el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, el párrafo 1 b) del 
artículo II del GATT de 1994 y los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD-, sino más bien que las 
modifique  o enmiende , las aplique  de una determinada forma o aplique las disposiciones del TLC o 
los artículos de la CDI . El Órgano de Apelación ha trazado sistemáticamente una clara línea 
divisoria entre la "interpretación" y la "aplicación" de la ley.
12 Con sus argumentos el Perú 
pretende que el Órgano de Apelación haga algo que supera con creces la labor de interpretación 
prevista en el párrafo 2 del artículo 3 y por tanto está fuera de la competencia del Órgano de Apelación. 
 
27. En tercer lugar, desde el punto de vista sustantivo el Perú interpreta erróneamente el artículo 31 de la Convención de Viena con respecto al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la 
Agricultura. En concreto: 
 
 el Órgano de Apelación debería rechazar el argumento del Perú de que el párrafo 3 c) del 
artículo 31 exige que se tenga en cuenta el TLC como una "norma de derecho 
internacional aplicable en las relaciones entre las partes". El TLC no es "aplicable" y no 
es una "norma de derecho internacional" porq ue todavía no está en vigor. Tampoco es 
"pertinente" al párrafo 2 del artículo 4 porque no pretende interpretar esta disposición. 
Además, en el párrafo 3 c) del artículo 31 el término "partes" se refiere a las partes en el 
tratado que se interpreta, no a las partes en la diferencia. En todo caso, el argumento del Perú obligaría al Órgano de Apelación a resolver una diferencia entre Guatemala y el 
Perú sobre un tratado que no es de la OMC; 
 en segundo lugar, el Perú afirma incorrectamente que, en virtud del párrafo 3 c) del 
artículo 31 de la Convención de Viena, el párrafo 2 del artículo 4 se debería interpretar a la luz de los artículos 20 y 45 de los Artículos de la CDI sobre la responsabilidad del 
Estado. El Perú no demuestra por qué estas di sposiciones de los Artículos de la CDI son 
"normas de derecho internacional". Además, los artículos 20 y 45 de los Artículos de la CDI no son "pertinentes" al párrafo 2 del artículo 4 ya que las dos series de 
disposiciones no tratan del mismo tema; y 
 por último, el Órgano de Apelación debería rechazar el argumento del Perú de que el TLC 
es un acuerdo ulterior, en el sentido del párrafo  3 a) del artículo 31 de la Convención de 
Viena, y debería informar la interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre 
la Agricultura. Como se ha indicado, el TLC no está en vigor y por tanto no es un "acuerdo" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo 31. El término "partes" se refiere a todas las partes de la OMC. Además, el TLC no "concierne a la interpretación" del 
párrafo 2 del artículo 4 ni a su "aplicación". 
V. LAS CONSTATACIONES DEL GRUPO ESPECIAL EN EL MARCO DEL PÁRRAFO 1 B) DEL 
ARTÍCULO II SON CORRECTAS Y EL ÓRGANO DE APELACIÓN DEBERÍA RECHAZAR 
LA APELACIÓN DEL PERÚ RESPECTO DE ESTAS CONSTATACIONES 
28. Los argumentos que presenta el Perú en ap elación se pueden dividir en dos partes. En 
primer lugar el Perú incorpora sus argumentos anteriores relativos a los párrafos 3 a) y 3 c) del 
artículo 31 de la Convención de Viena. En segundo lugar, el Perú sostiene que el Grupo Especial 
actuó de manera incompatible con las obligaciones que le impone el artículo 11 del ESD al no haber hecho una evaluación objetiva del asunto que se le había sometido.  
29. En cuanto a la primera parte de la argumentación del Perú, Guatemala se remite a su 
anterior réplica de los argumentos del Perú relativos al TLC y a los artículos 20 y 45 de los 
                                               
12 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Derechos antidumping y compensatorios (China) , 
párrafo 316. Véase también el informe del Grupo Especial, Argentina - Derechos antidumping sobre los pollos , 
párrafo 4.71. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-17 - 
  Artículos de la CDI en el contexto de los párrafos 3 c) y 3 a) del artículo 31 de la Convención de 
Viena.  30. Con respecto al artículo 11 del ESD, el Órgano de Apelación debería desestimar los 
argumentos del Perú de que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con su obligación por 
las siguientes razones:  
 La principal preocupación del Perú parece ser que el Grupo Especial utilizó un criterio 
jurídico incorrecto al formular una constatación en el marco del párrafo 1 b) del artículo II que dependía esencialmente de la constatación que había formulado respecto del párrafo 2 del artículo 4. Sin embargo, el enfoque del Grupo Especial es correcto ya 
que refleja el principio de que las medidas comprendidas en el ámbito de aplicación de la 
nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura no son, por definición, derechos de aduana propiamente dichos. 
 El Perú sostiene que la decisión del Grupo Especial de no examinar aspectos fácticos 
adicionales de la medida equivale a un incumplimiento de los deberes que le impone el artículo 11 del ESD. Sin embargo, el hecho de que el Perú discrepe de la conclusión del 
Grupo Especial sobre la necesidad de examinar hechos adicionales no significa que el 
Grupo Especial "privó al Perú de una evaluación objetiva".
13 
31. En caso de que el Órgano de Apelación revoque la constatación del Grupo Especial y proceda 
a completar el análisis jurídico, Guatemala le pide que tenga en cuenta determinadas afirmaciones 
fácticas que Guatemala hizo ante el Grupo Especial y que el Perú no impugnó, incluida la 
naturaleza de la medida del Perú de conformidad con la legislación peruana.14 
 
VI. EL GRUPO ESPECIAL NO INCURRIÓ EN ERROR DE DERECHO AL NO HABER 
CONSTATADO QUE GUATEMALA ACTUÓ DE MANERA INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE BUENA FE QUE LE IMPONEN LOS PÁRRAFOS 7 Y 10 DEL 
ARTÍCULO 3 DEL ESD 
A. El Órgano de Apelación debería rechazar las "alegaciones" del Perú fundadas en el 
artículo 3 del ESD 
32. El Perú solicita al Órgano de Apelación que "complete el análisis y constate que Guatemala 
ha actuado de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud de los 
párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD".
15 Sin embargo, el Perú admite explícitamente que ya no 
sostiene que desde el punto de vista procedimental Guatemala no pueda plantear la presente 
diferencia. Por lo tanto, las "alegaciones" del Perú no tienen relación procedimental alguna con la 
presente diferencia, lo que significa que el Perú plantea sus propias "alegaciones" nuevas y 
totalmente distintas. El Órgano de Apelación carece de jurisdicción para examinar ab initio  
alegaciones planteadas por un Miembro demandado  en un procedimiento de solución de 
diferencias que trata de conseguir una constatación de que el Miembro reclamante  ha actuado de 
modo incompatible con disposiciones de los acuerdos abarcados.  
B. El Órgano de Apelación debería rechazar  los argumentos del Perú con respecto al 
párrafo 7 del artículo 3 del ESD 
33. El Perú sostiene que "aunque el Miembro que invoca el procedimiento de solución de 
diferencias de la OMC disfruta de la presunción de buena fe, esta presunción se puede refutar".
16 
Sin embargo, el Órgano de Apelación aclaró que la primera oración del párrafo 7 del artículo 3 "no obliga ni autoriza a un grupo especial a estudiar la decisión de ese Miembro ni a poner en tela de 
juicio el resultado de su reflexión".
17 La primera oración del párrafo 7 del artículo 3 simplemente 
exige a los Miembros que reflexionen cuidadosamente sobre la iniciación de procedimientos de solución de diferencias. 
                                               
13 Comunicación del apelante presentada por el Perú, párrafo 323. 
14 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.380. 
15 Comunicación del apelante presentada por el Perú, párrafo 107. 
16 Comunicación del apelante pres entada por el Perú, párrafo 50. 
17 Informe del Órgano de Apelación, México - Jarabe de maíz (párrafo 5 del artículo 21 - 
Estados Unidos) , párrafo 74. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-18 - 
  34. El Perú aduce también que el TLC es efectivamente una solución positiva a la diferencia en el 
sentido del párrafo 7 del artículo 3.18 Sin embargo, el TLC no hace referencia alguna a esta 
diferencia; se suscribió antes de que surgiera la diferencia entre las partes; contempla la posibilidad de recurrir a la solución de diferencias en la OMC; y aun cuando se considerara que es 
una solución mutuamente aceptable, exigiría el consentimiento válido de las dos partes en la 
diferencia y el Perú todavía no ha dado su consentimiento.  
C. El Órgano de Apelación debería rechazar  los argumentos del Perú con respecto al 
párrafo 10 del artículo 3 del ESD 
35. Los argumentos que esgrime el Perú al amparo del párrafo 10 del artículo 3 carecen de 
fundamento. En primer lugar, en contra de lo qu e alega el Perú, el Grupo Especial no excluyó que 
se pueda hacer una renuncia implícitamente. Por el contrario, se remitió reiteradamente a las 
constataciones del Órgano de Apelación en CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - 
Ecuador II)/CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - EE.UU.)  y reconoció la validez de dichas 
constataciones. El Grupo Especial también actuó correctamente al concluir que las disposiciones en 
cuestión del TLC no contienen una renuncia de Guatemala a nada, ya sea de forma "clara" o de otro modo. En tercer lugar, el Grupo Especial se basó correctamente en el hecho de que el TLC 
todavía no había entrado en vigor. Una supuesta renuncia en un acuerdo bilateral no puede surtir 
efecto a menos que ese acuerdo esté en vigor. El Perú intenta obtener vent ajas del TLC pese a que 
niega a Guatemala ventajas en virtud del mismo TLC al negarse a ratificarlo.  
36. En cuarto lugar, el Grupo Especial constató  correctamente que, para llegar al resultado que 
deseaba el Perú, tendría que resolver una diferencia con arreglo a un acuerdo que no es un acuerdo abarcado de la OMC, lo que estaría excluido de su competencia. El Órgano de Apelación 
también se ha negado en ocasiones anteriores a asumir la función de un órgano de solución de 
diferencias de un TLC.  
37. En quinto lugar, un TLC no es un instrumento admisible para una renuncia a tenor del 
párrafo 10 del artículo 3. Los Miembros de la OMC solamente pueden renunciar a su derecho a plantear una diferencia en un contexto multilateral. Además, permitir que los Miembros de la OMC renuncien en los TLC a los derechos que les corresponden en el marco de la OMC sería un 
precedente potencialmente peligroso, ya que crearía el riesgo de que en las negociaciones de TLC 
se presione para que se renuncie a derechos reconocidos en la OMC.  
38. En cuanto al recurso del Perú a los artículo s de la CDI, no está claro qué añaden a los 
argumentos del Perú. Esos artículos simplemente confirmarían la interpretación anterior del Órgano de Apelación del párrafo 10 del artículo 3. En realidad, la apelación del Perú no es sino un 
desacuerdo con el Grupo Especial acerca de si los hechos del presente asunto demuestran que 
Guatemala renunció claramente a su derecho a plantear una diferencia en la OMC.  39. En todo caso, los argumentos del Perú concernientes a los artículos de la CDI no están 
debidamente comprendidos en el ámbito de la presente apelación y no hay ninguna constatación 
del Grupo Especial en el sentido de que los artículos 20 y 45 de la CDI son derecho internacional consuetudinario o principios generales del derecho, de tal modo que puedan ser considerados una 
"norma de derecho internacional" a tenor del párrafo 3 c) del artículo 31. El Órgano de Apelación 
no está en condiciones de completar el análisis de esta cuestión.  
40. Por último, el Perú interpreta que la constatación del Grupo Especial sobre el artículo 18 de 
la Convención de Viena excluye la posibilidad de que "la conducta de una parte que infringe [esa 
disposición] puede también demostrar la falta de buena fe".
19 Sin embargo, el Grupo Especial 
constató correctamente que, para una evaluación en el marco del párrafo 10 del artículo 3, carece 
de importancia que la conducta pertinente sea o no también calificada jurídicamente como una 
infracción del artículo 18. Lo que importa en el marco del párrafo 10 del artículo 3 es si la conducta en cuestión satisface el criterio jurídico de una renuncia "clara" del derecho a plantear una 
diferencia en la OMC. 
 
                                               
18 Comunicación del apelante pres entada por el Perú, párrafo 51. 
19 Comunicación del apelante pres entada por el Perú, párrafo 97. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- B-19 - 
  VII. EL ÓRGANO DE APELACIÓN DEBERÍA RECHAZAR LA APELACIÓN DEL PERÚ AL 
AMPARO DEL ARTÍCULO 11 DEL ESD 
41. En la alegación que el Perú formula al ampa ro del artículo 11 del ESD en relación con el 
análisis del párrafo 2 del artículo 4 realizado por el Grupo Especial, comete el error habitual en las 
alegaciones fundadas en el artículo 11 de simplemente tratar de volver a plantear los hechos y 
solicitar al Órgano de Apelación que sustituya la evaluación de los hechos realizada por el Grupo Especial por una evaluación que satisfaga más al Perú. 
 
42. El Perú aduce que el Grupo Especial no identificó el nivel de transparencia y previsibilidad de un derecho de aduana propiamente dicho al determinar que la medida en litigio carecía de transparencia y previsibilidad.
20 No obstante, el Perú pasa por alto las declaraciones del Grupo 
Especial que contienen precisamente el tipo de análisis comparativo que parece estar solicitando.21 
Este error también se observa en el argumento del Perú de que el Grupo Especial no examinó adecuadamente cómo la medida en litigio distorsionaba la transmisión de los precios 
internacionales al mercado interno de forma distinta que un derecho de aduana propiamente 
dicho.
22 
 
43. Con respecto a las alegaciones del Perú relativas al artículo 11 que formula al amparo del 
párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994, sus argumentos parecen basarse íntegramente en el criterio jurídico que utilizó el Grupo Especial. En tanto en cuanto el Grupo Especial analizó la medida en litigio y constató que estaba comprendida en el ámbito de aplicación del párrafo 2 del 
artículo 4 y la nota 1, el Grupo Especial no estaba jurídicamente obligado a realizar el análisis 
adicional solicitado por el Perú. Cualquier error en  el enfoque del Grupo Especial sería un error de 
derecho, no un incumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 11 del ESD. 
 
VIII. CONCLUSIONES Y SOLICITUD DE CONSTATACIONES 
44. Por las razones expuestas supra , Guatemala solicita respetuosamente al Órgano de 
Apelación que: 
 
 excluya del ámbito de la presente apelación todos los nuevos argumentos del Perú 
relativos al TLC y a los artículos 20 y 45 de los Artículos de la CDI en el contexto de los 
párrafos 3 a) y 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena; 
 se abstenga de formular una constatación de que Guatemala actuó de manera 
incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud de los párrafos 7 y 10 
del artículo 3 del ESD; 
 confirme las constataciones del Grupo Especial de que la medida en litigio es un 
gravamen variable a la importación, en contravención de lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura; 
 confirme las constataciones del Grupo Especial de que la medida en litigio no es un 
derecho de aduana propiamente dicho, en contravención de lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994; y 
 confirme las constataciones del Grupo Especial de que no había evidencia de que 
Guatemala planteara este procedimiento de manera contraria a la buena fe a tenor de los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD. 
 
                                               
20 Comunicación del apelante presentada por el Perú, párrafo 294, segundo punto. 
21 Informe del Grupo Especial, párrafos 7.335 y 7.337. 
22 Comunicación del apelante presentada por el Perú, párrafo 294, tercer punto.  WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- C-1 - 
  ANEXO C 
ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS PARTICIPANTES 
Índice Página 
Anexo C-1 Resumen de la comunicación presentada por el Brasil en calidad de tercero 
participante C-2 
Anexo C-2 Resumen de la comunicación presentada por Colombia en calidad de tercero 
participante C-3 
Anexo C-3 Resumen de la comunicación presen tada por la Unión Europea en calidad de 
tercero participante C-4 
Anexo C-4 Resumen de la comunicación presentada por los Estados Unidos en calidad de 
tercero participante C-6 WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- C-2 - 
  ANEXO C-1 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR EL BRASIL 
EN CALIDAD DE TERCERO PARTICIPANTE 
1. El Brasil considera que algunas de las afirmaciones hechas por el Grupo Especial revisten 
gran interés sistémico, en particular las relativas al criterio jurídico aplicado en relación con la 
existencia de un precio mínimo de importación.  
2. El Brasil entiende que el enfoque adoptado por el Grupo Especial sobre este tema es 
cuestionable. Ni el texto del Acuerdo sobre la Agricultura ni la orientación previa proporcionada por el Órgano de Apelación indican que únicamente las medidas que alcanzan una eficacia absoluta en su objetivo de establecer un piso para el precio a que un producto puede entrar en el mercado 
nacional puedan ser debidamente caracterizadas como precios mínimos de importación (o medidas 
similares a los precios mínimos de importación).  
3. El Brasil considera que, para evaluar adecuadamente si una medida es un precio mínimo de 
importación, no se requiere que la medida actúe directamente  para establecer los precios más 
bajos a que un determinado producto puede entrar en el mercado nacional de un Miembro. 
Además, el Brasil no estima que una medida deba asegurar  que las importaciones no entrarán en 
el mercado nacional por debajo de ese precio más bajo para que se pueda considerar adecuadamente que es un precio mínimo de importación. El Brasil entiende que las medidas que no utilizan como referencia el verdadero valor de transacción también pueden ser consideradas 
similares a los precios mínimos de importación. 
 WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- C-3 - 
  ANEXO C-2 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR COLOMBIA 
EN CALIDAD DE TERCERO PARTICIPANTE 
1. Colombia presentará sus opiniones sobre: a) la alegación presentada por el Perú acerca de 
la interpretación por el Grupo Especial del principio de la buena fe; y b) la interpretación por el 
Grupo Especial del SFP como un gravamen variable a la importación, de manera específica en el análisis que hizo de los elementos de previsibilidad y transparencia del SFP. 
 
2. Una forma de infringir el principio de la buena fe, entendido como pacta sunt servanda , es 
adoptar medidas o incurrir en omisiones que frustran el objeto y fin de un tratado. En el caso de 
que se trata, según parece Guatemala aceptó la aplicación del SFP al suscribir el TLC con el Perú. 
Sin embargo, al presentar una reclamación ante el OSD de la OMC para tratar de conseguir la 
eliminación del SFP, Guatemala frustró finalmente el objeto y fin del tratado bilateral, lo que podría interpretarse como contrario al principio de la buena fe en relación con la aplicación de la máxima 
"pacta sunt servanda ". 
 3. Según la doctrina del OSD, el principio de "preclusión" ( estoppel ) se puede aplicar a los 
asuntos sustanciados en la OMC. La cuestión parece consistir en si hay preclusión cuando una 
parte ha notificado una medida, o como consecuencia de sus declaraciones, teniendo en cuenta que la otra parte se basó legítimamente en la notificación de esa medida y ahora sufre las consecuencias negativas derivadas de un cambio en la posición de la primera parte.
1 Al parecer el 
Perú se basó en la manifestación explícita de Guatemala sobre la compatibilidad del SFP con los 
acuerdos abarcados cuando estos dos Miembros de  l a  O M C  c o n c e r t a r o n  e l  T L C .  P o r  t a n t o ,  l a  
actuación de una parte no se puede recompensar cuando representa un cambio de posición que en 
sí mismo supone un sacrificio del principio de la buena fe. 
 4. Colombia opina que el Órgano de Apelación también debería tener presentes los párrafos 7 
y 10 del artículo 3 del ESD para pronunciarse sobre este asunto de acuerdo con el principio de la 
buena fe, teniendo en cuenta a tal efecto todos los hechos pertinentes para cumplir la obligación que le impone el artículo 11 del ESD. Si bien el TLC suscrito entre el Perú y Guatemala todavía no ha entrado en vigor, no deja de ser un hech o pertinente que se debe tener en cuenta. 
 
5. En cuanto a la cuestión de la consideración del SFP como un gravamen variable a la importación, el Órgano de Apelación ha definido dicho gravamen como un derecho que se aplica 
con motivo de la importación, que es susceptible de variar automática y continuamente sobre la 
base de un plan o fórmula que no requiere ninguna medida administrativa o legislativa concreta o independiente y que no es transparente ni previsible en lo que respecta al nivel de los derechos 
resultantes.
2 A juicio de Colombia, los elementos de transparencia y previsibilidad difieren del 
concepto de variabilidad inherente. Colombia indica que el Órgano de Apelación debería reconocer que el criterio establecido para los gravámenes variables a la importación no incluye una medida 
que sea lo suficientemente transparente y previsible, de modo que aunque varíe, en última 
instancia no es un gravamen variable a la importación. 
                                               
1 Informe del Grupo Especial, CE - Amianto , párrafo 8.60. 
2 Informe del Órgano de Apelación, Chile - Sistema de bandas de precios (párrafo 5 del artículo 21 - 
Argentina) , párrafos 155-158. WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- C-4 - 
  ANEXO C-3 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR LA UNIÓN EUROPEA 
EN CALIDAD DE TERCERO PARTICIPANTE 
1. De conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del ESD, los Miembros tienen un margen de 
discrecionalidad amplio (aunque no ilimitado) para decidir si presentan una reclamación contra 
otro Miembro. El párrafo 10 del artículo 3 del ESD exige a los Miembros de la OMC que entablen de buena fe los procedimientos de solución de diferencias en la OMC, y todos los Miembros de la 
Organización se benefician de la presunción de buena fe. 
 2. La Unión Europea no considera que, a la vista de las pruebas presentadas por el Perú, Guatemala haya renunciado claramente a su derecho de entablar un procedimiento de solución de 
diferencias en la OMC contra el SFP. El Grupo Especial observó acertadamente que el TLC en 
cuestión no estaba todavía en vigor y, en consecuencia, se debía considerar que sus disposiciones tenían efectos jurídicos limitados en la diferencia de que se trataba. Las disposiciones del TLC 
parecen ser contradictorias. Además, las partes no hicieron un pronto anuncio de conformidad con 
el Mecanismo de Transparencia para los ACR.  
3. No se debe interpretar que el artículo 18 de la Convención de Viena requiere la aplicación 
provisional de la totalidad de un acuerdo internacional antes de que entre formalmente en vigor. En principio, el reconocimiento del derecho a utilizar el SFP con respecto a los productos de Guatemala no forma parte del objeto y fin del TLC. 
 
4. Respecto de los artículos 20 y 45 de los Artícu los de la CDI, es importante distinguir entre 
las normas que establecen si un Estado ha dado un "consentimiento válido" y las normas que 
determinan si ese consentimiento tiene efectos jurídicos. 
 5. Se puede recurrir a las normas del derecho internacional público para interpretar 
debidamente una disposición pertinente de los acuerdos abarcados que haya sido invocada por 
una de las partes en una difere ncia sustanciada en la OMC. 
 6. El párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena engloba los acuerdos ulteriores (es 
decir, los posteriores a 1994) entre las partes en el  acuerdo abarcado (es decir, en principio, todos 
los Miembros) acerca de la interpretación o de la aplicación de un acuerdo abarcado (en contraposición a su enmienda o modificación). Así pues, parece que un acuerdo bilateral entre dos 
Miembros de la OMC que enmiende o modifique cualquiera de sus compromisos en el marco de 
la OMC no estará comprendido en el ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena. 
 
7. La Unión Europea conviene en que se debe interpretar el párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena en el sentido de que recoge el principio de "integración sistémica". Por lo 
tanto, en principio, cabe considerar un acuerdo bilateral entre las partes en una diferencia como 
parte del entorno normativo que abarca las obligaciones internacionales de cada Miembro de 
la OMC que se deben tener en cuenta para dar coherencia y pertinencia al interpretar el alcance de los derechos y obligaciones contenidos en los acuerdos abarcados. Este enfoque solo es posible por 
medio de acuerdos que sean "aplicables", lo que significa que estén en vigor. 
 8. La Unión Europea considera que una de las características fundamentales de los gravámenes 
variables a la importación y los precios mínimos de importación es que impiden por lo general la 
competencia de precios de todas las importaciones. En consecuencia, pueden distinguirse de los derechos de aduana propiamente dichos consolidados que, en función del nivel de consolidación, permiten, al menos potencialmente, la competencia de precios de todas las importaciones. 
 
9. Sin embargo, la Unión Europea no está de acuerdo en que tanto los gravámenes variables a la importación como los precios mínimos de importación compartan también la característica 
común de que ambos impiden la importación de mercancías por debajo de un precio umbral. 
Esencialmente, un precio mínimo de importación es una medida que asegura que determinados WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- C-5 - 
  productos importados no entrarán en un mercado nacional a un precio inferior a un determinado 
umbral.  10. Con respecto a las "medidas similares aplicadas en la frontera", es posible que la medida en 
litigio comparta alguna de las características de distintas medidas enunciadas en la nota 1 del 
Acuerdo sobre la Agricultura. En todo caso, esas medidas han de ser "suficientemente similares" (y no únicamente similares) a las enumeradas en la nota 1. 
 
11. Los "derechos de aduana propiamente dichos" y las demás medidas enumeradas en la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura comparten varias características, entre ellas su variabilidad. Por ejemplo, un "derecho de aduana propiamente dicho" puede estar vinculado a un 
tipo de cambio si está expresado en una moneda extranjera, o puede estar sujeto a modificaciones 
en función de la estacionalidad del producto. A este respecto, el arancel de aduanas del Miembro puede arrojar luz sobre la cuestión de si una determinada medida forma parte de los "derechos de 
aduana propiamente dichos" del Miembro en cuestión. Sin embargo, las principales diferencias 
entre las dos categorías residen en su transparenci a, su previsibilidad y sus efectos comerciales en 
las importaciones. 
 WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- C-6 - 
  ANEXO C-4 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS 
EN CALIDAD DE TERCERO PARTICIPANTE 
I. PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA 
1. La característica que define un gravamen variable a la importación es la variabilidad 
inherente de acuerdo con una fórmula o plan. Esta fórmula puede incorporar un precio umbral como indica el Perú, pero no es necesario que lo haga siempre. En este caso, el SFP impone 
derechos adicionales basándose en la diferencia que hay entre una banda inferior y el precio de 
referencia aplicable. Se trata de un mecanismo inherentemente variable basado en una fórmula o plan y el Grupo Especial no incurrió en error al constatar que la medida puede estar comprendida en la definición de un "derecho  variable a la importación". 
 
2. El Perú señala incorrectamente que al ofrecer cierto grado de transparencia y previsibilidad y al impedir únicamente en cierta medida la transmisión de los precios internacionales al mercado 
interno, un gravamen variable a la importación se puede de algún modo transformar en un 
derecho de aduana propiamente dicho. La falta de transparencia o previsibilidad o el hecho de que se impida la transmisión de los precios internacionales pueden ser pruebas adicionales de que una 
medida es un gravamen variable a la importación. Sin embargo lo contrario no es cierto. El hecho 
de que una medida ofrezca cierto grado de transparencia o previsibilidad a los comerciantes no excluye la posibilidad de constatar que la medida es un gravamen variable a la importación. Por último, contrariamente a lo que afirma el Perú, tampoco es necesario hacer una comparación 
detallada de las características de una medida y las de los derechos de aduana propiamente 
dichos.  
3. Con respecto a la constatación del Grupo Espe cial de que el SFP no era "similar" a un "precio 
mínimo de importación", los Estados Unidos señalan que, para ser "similar", una medida ha de tener "suficiente ' resemblance or likeness to ' (semejanza o parecido), o ser ' of the same nature or 
kind' (del mismo carácter o tipo), con al menos una de las categorías específicas de medidas 
enumeradas en la nota 1". El Grupo Especial tamb ién pareció exigir un examen de si la medida 
impugnada es "similar" a un derecho de aduana propiamente dicho. Esta prescripción no tiene fundamento en el texto de la nota 1 ni en la orientación que dio el Órgano de Apelación en las 
diferencias Chile - Sistema de bandas de precios . 
 II. EL TLC SUSCRITO ENTRE EL PERÚ Y GUATEMALA 
4. El artículo XXIV del GATT de 1994 establece una excepción respecto de disciplinas concretas 
de la OMC para determinadas medidas relacionadas con un TLC. Con arreglo a estas excepciones, un Miembro puede invocar un TLC como fundamento de una defensa frente a una alegación de que 
una medida es incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de 1994. 
El Perú aduce que su TLC con Guatemala fue "negociado de conformidad con el artículo XXIV", pero no intenta invocar este artículo en su defensa. Por consiguiente, el Grupo Especial no estaba obligado a examinar si el TLC suscrito entre el Perú y Guatemala podía justificar una dispensa de 
las obligaciones del Perú en el marco de la OMC. Y naturalmente no se podría recurrir al artículo 
XXIV como una excepción con respecto a un TLC que no está en vigor.  
5. El Perú parece pedir al Órgano de Apelación que interprete y aplique las disposiciones 
del TLC. Sin embargo, eso es incompatible con el texto del ESD, que solamente se aplica a diferencias planteadas en el marco de los acuerdos abarcados . A pesar de que el Perú afirma que 
presenta el TLC como un instrumento de "interpretación", intenta utilizarlo para apartarse de las 
obligaciones que ha contraído en la OMC. Aunque el  Perú pidiera que el TLC se utilice con fines de 
interpretación, un TLC no puede servir como una "norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes" de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 31 de la 
Convención de Viena, ni como un "acuerdo ulterior entre las partes" de conformidad con el 
párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena, para interpretar disposiciones de los Acuerdos de la OMC. Un TLC, si estuviera en vigor, sería un acuerdo únicamente entre las partes 
en el TLC, y no entre los Miembros de la OMC . WT/DS457/AB/R/Add.1 
 
- C-7 - 
  6. También se debe rechazar el argumento del Perú de que Guatemala hizo valer sus 
alegaciones en contra de las obligaciones que le imponen los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD porque el TLC hizo efectiva una "renuncia" a dere chos sustantivos de Guatemala. El Acuerdo sobre 
la OMC establece un mecanismo para obtener una renuncia, pero dicho mecanismo no se invocó 
en este caso. 
 7. Los párrafos 7 y 10 del artículo 3 tampoco permitirían al Grupo Especial abstenerse de 
pronunciarse sobre las alegaciones de Guatemala. En lo que concierne al párrafo 7 del artículo 3, 
no hay fundamento alguno para que un grupo especial se pronuncie sobre la cuestión de si un Miembro ha reflexionado o no "[a]ntes de presentar una reclamación". El Grupo Especial tampoco incurrió en error al no constatar que la presunció n de buena fe de Guatemala había sido refutada. 
Los argumentos del Perú a este respecto están en contradicción con el texto del párrafo 7 del 
artículo 3, como fue interpretado en México - Jarabe de maíz (párrafo 5 del artículo 21 - 
Estados Unidos) . De igual modo, la primera oración del párrafo 10 del artículo 3 del ESD se 
expresa como un "entendimiento" de todos los Miembros y no en el sentido de que impone 
obligaciones vinculantes o exigibles a un Miembro determinado.  
8. El Perú parece haber ampliado los argumentos que esgrimió ante el Grupo Especial 
invocando los artículos 20 y 45 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional. Sin embargo, el recurso del Perú a estos artículos se basa en que sus demás argumentos ya hayan sido aceptados y por tanto estos artículos no ayudan a 
respaldar la interpretación del Perú. En la medida  en que sean pertinentes, no abordan el sentido 
de las expresiones "buena fe" ni medidas adopta das "p[ara] resolver [una diferencia]" en los 
acuerdos abarcados. 
 
__________