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7 de abril de 2016  
(16-1922)  Página: 1/11  
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  Original: inglés  
 
  LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1 
RESPUESTAS DE SEYCHELLES 
Procedimientos y recursos ci viles y administrativos 
 a) Procedimientos y recursos judiciales civiles 
1. Sírvanse indicar los tribunales que tien en competencia en casos de infracción de 
los derechos de prop iedad intelectual. 
1.1 En casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual, la competencia recae en el 
Tribunal Supremo de Seychelles. En caso de recurs o, es competente el Tribunal de Apelación. 
El artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial  dispone que el Tribunal Supremo será competente 
en las diferencias relativas a la aplicación de dicha Ley y de sus Reglamentos, así como en las cuestiones remitidas al Tribunal con arreglo a esta Ley. 
1.2 La legislación es imprecisa en lo que respecta al derecho de autor. No obstante, parece que 
tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Magistrados son competentes. 
De conformidad con el párrafo 3 del artículo 108, el Tribunal podrá ordenar la adopción de 
medidas acumulativas, según estime oportuno. 
2. ¿Qué personas están legitimadas pa ra hacer valer derechos de propiedad 
intelectual? ¿Cómo pueden estar representa das esas personas? ¿Hay disposiciones que 
prescriban la comparecencia personal obli gatoria del titular del derecho ante el 
Tribunal? 
2.1 ¿Qué personas están legitimadas para hace r valer derechos de propiedad intelectual? 
Están legitimados para hacer valer los derechos de propiedad intelectual el titular del derecho de 
propiedad industrial o la persona por este autorizada. 
2.2 ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? El párrafo 2 del artículo 108 de la Ley de Prop iedad Industrial dispone que las personas que 
pueden hacer valer derechos de propiedad intelectual son el titular del derecho o la persona por 
este autorizada. Según dicho párrafo: 
"El titular del derecho de propiedad industrial  o la persona por este autorizada podrán 
solicitar la adopción de una, varias o todas las medidas enunciadas en el párrafo 1)." 
                                               
1 Documento IP/C/5 
"https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@SymbolMat
ch="IP/C/5"+OR+"IP/C/5/*"&Language=Spanish&Con text=ScriptedSearches&languageUIChanged=true ". IP/N/6/SYC/1 
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  2.3 ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del 
derecho ante el Tribunal? 
No existen prescripciones de carácter obligatorio respecto de la comparecencia del titular del 
derecho ante el Tribunal. 
El inciso b) del artículo 107 del capítulo 1, "Disposiciones generales", establece que los 
procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. 
El inciso c) del artículo 107 establece que se autorizará a las Partes en un procedimiento legal a 
estar representadas por un abogado independiente. 
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte cont raria, que aporte pruebas que estén bajo su 
control? 
A petición de la parte contraria, las autoridades judiciales pueden ordenar a la autoridad bancaria, 
financiera o comercial que aporte las pruebas que estén bajo su control. 
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 110, el Tribunal puede ordenar que, 
cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten 
para sustentar sus alegaciones, y haya identificado  alguna prueba pertinente para sustanciar sus 
alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, esta aporte dicha prueba, con 
sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información 
confidencial. 
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 110, cuando se haya cometido una infracción a escala 
comercial, el Tribunal puede ordenar, a petición de una parte o si lo considera oportuno, que se 
presenten los documentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo el control de la parte contraria, con sujeción a las disposiciones relativas a la protección de la información 
confidencial. 
4. ¿Qué medios se prevén para identifica r y proteger la información confidencial 
aportada como prueba? 
Según el párrafo 3 del artículo 109, al ordenar la presentación de pruebas en contrario, el Tribunal 
tendrá en cuenta los intereses legítimos del presunto infractor al no divulgar sus secretos industriales y comerciales. 
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 110, el Tribunal puede ordenar que, cuando una parte 
haya presentado las pruebas de que razonablemen te disponga y que basten para sustentar sus 
alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, esta aporte dicha prueba, con sujeción, cuando 
proceda, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial. 
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 110, cuando se haya cometido una infracción a escala 
comercial, el Tribunal puede ordenar, a petición de una parte o si lo considera oportuno, que se 
presenten los documentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo el control de la 
parte contraria, con sujeción a las disposiciones relativas a la protección de la información confidencial. 
5. Sírvanse describir las medidas cuya  adopción puede ser ordenada por las 
autoridades judiciales y los criterios, le gislativos o jurisprudenciales, sobre su 
utilización: 
- mandamientos judiciales; 
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la 
reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados; IP/N/6/SYC/1 
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  - destrucción o apartamiento por cual quier otro medio de los circuitos 
comerciales de las mercancías infracto ras y de los materiales e instrumentos 
utilizados para su producción; 
- otras medidas. 
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 108, las medidas contra la vulneración de 
los derechos de propiedad industrial disponibles en virtud de la presente Ley comprenden: 
a) medidas provisionales; 
b) recursos civiles; y 
c) recursos penales. 
El párrafo 2 del artículo 108 establece además que el titular del derecho de propiedad industrial o 
la persona por este autorizada podrán solicitar la adopción de una, varias o todas las medidas 
enunciadas en el párrafo 1. 
De conformidad con el párrafo 3 del artículo 108, el Tribunal podrá ordenar la adopción de 
medidas acumulativas, según considere oportuno. 
5.1 Daños y perjuicios: Con arreglo al párrafo 1 del artículo 112, el Tribunal puede ordenar al 
infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora a que pague un resarcimiento adecuado para compensar el daño que el 
titular del derecho haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad 
industrial. 
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 112, al determinar el monto de la indemnización que 
se concederá al titular del derecho, el Tribunal puede considerar: 
a) el valor de los bienes o servicios objeto de la infracción, cuantificado sobre la base del 
precio minorista indicado o de cualquier otra medición legítima de su valor que presente el titular del derecho; 
b) el lucro cesante sufrido por el titular del derecho; 
c) los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor; d) las regalías o las tasas que habrían debido abonarse si el infractor hubiera solicitado 
autorización para utilizar el derecho de propiedad industrial en cuestión; y 
e) si procede, todo daño moral causado al titular del derecho. 
De conformidad con el párrafo 3 del artículo 112, el Tribunal puede ordenar al infractor que pague 
los gastos del titular del derecho, que pueden in cluir los honorarios de los abogados que sean 
procedentes. 
El párrafo 4 del artículo 112 dispone que el Tribunal puede ordenar, cuando así proceda, que se 
conceda reparación por concepto de beneficios cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo 
motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. 
5.2 Destrucción: De acuerdo con el párrafo 3 del artículo 113, el Tribunal puede ordenar, cuando 
lo estime oportuno a tenor de las circunstancias y con miras a crear un medio eficaz de 
disuasión de nuevas infracciones, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de que haya 
proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas y los intereses de terceros, que las mercancías que son mercancías infractoras sean destruidas, o apartadas de los circuitos comerciales, sin indemnización alguna, de forma que se evite causar daños al 
titular del derecho. IP/N/6/SYC/1 
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  5.3 Otros recursos: Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 113, el Tribunal puede 
ordenar, a petición del demandante, que los bienes, los materiales y los instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al 
mínimo los riesgos de nuevas infracciones. 
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 113, al considerar tales solicitudes, se tendrá en 
cuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas 
ordenadas y los intereses de terceros. 
El párrafo 4 del artículo 113 dispone que, con respecto a los bienes falsificados, la simple retirada 
de la marca o de la indicación geográfica apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales. 
6. ¿En qué circunstancias están,  en su caso, las autoridades judiciales facultadas para 
ordenar al infractor que informe al titular de l derecho sobre la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto 
de los cuales se haya determinado que se trat a de bienes o servicios infractores, y sobre 
sus circuitos de distribución? 
Las autoridades judiciales están facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del 
derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de 
los bienes o servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, el Tribunal puede ordenar al infractor que 
informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la 
producción y distribución de los bienes o la prestación de servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución, salvo que resulte despro porcionado con la gravedad de la infracción. 
7. Sírvanse describir las di sposiciones relativas a la indemnización a los demandados 
a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funciona rios públicos en tal caso y qué "medidas 
correctivas" les son aplicables? 
7.1 Disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto 
indebidamente una obligación. 
En aquellos casos en los que se haya impuesto indebidamente a un demandado una obligación o 
una restricción, habría que indemnizarlo adecuadamente por el daño sufrido a causa de tal abuso. 
Con arreglo al párrafo 1 del artículo 115, el Tribunal puede ordenar a un demandante, a cuya 
instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia, que 
indemnice adecuadamente a un demandado al que se haya impuesto indebidamente una 
obligación o una restricción por el daño sufrido a causa de tal abuso. 
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 115, el Tribunal puede ordenar al demandante que 
pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean 
procedentes. 
7.2 ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué 
"medidas correctivas" les son aplicables? 
Las autoridades públicas están exentas de las responsabilidades que darían lugar a medidas 
correctivas adecuadas en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe. 
De acuerdo con el párrafo 3 del artículo 115, tanto las autoridades como los funcionarios públicos 
estarán exentos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctivas adecuadas en el 
caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. IP/N/6/SYC/1 
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  8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. 
8.1 Duración de los procedimientos 
Los procedimientos civiles deben iniciarse dentro de los cinco años a partir de la fecha en la que el 
titular del derecho conoció o tuvo motivos para conocer los hechos infractores, salvo en el caso del 
uso infractor de signos distintivos con fines relacionados con las creencias religiosas o de competencia desleal, en cuyo caso no habrá plazo para iniciar el procedimiento. 
8.2 Costo de los procedimientos 
b) Procedimientos y remedios administrativos 
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con 
los procedimientos administrativos referentes  al fondo de un caso y con los remedios 
que puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos. 
Desde un punto de vista administrativo, basándose en la orden del Tribunal, y en función del tipo 
de orden, las partes interesadas pertinentes (ministerios, organismos, autoridades, 
departamentos, etc. ...) deberán actuar conforme a lo dispuesto en ella. 
Toda decisión de un tribunal en un procedimiento por infracción podrá recurrirse ante el Tribunal 
de Apelación. El recurso deberá presentarse en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la decisión. 
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 116, toda decisión de un tribunal en un procedimiento 
por infracción es recurrible ante el Tribunal de Apelación. 
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 116, el recurso deberá presentarse en un plazo de 
60 días a partir de la fecha de la decisión. 
Medidas provisionales 
a) Medidas judiciales 
10. Sírvanse describir los tipos de medida s provisionales cuya adopción puede ser 
ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa 
facultad. 
El artículo 111 dispone que el Tribunal estará facultado para ordenar la adopción de medidas 
provisionales rápidas y eficaces destinadas a: 
a) evitar que se produzca la infracción de un derecho, en particular evitar que las 
mercancías importadas ingresen en los circuitos comerciales después de haber 
completado las formalidades de aduana; y 
b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 
2) El Tribunal estará facultado para ordenar medidas provisionales, cuando ello sea 
conveniente, sin dar a la otra parte la oportunidad de ser oída, en particular cuando haya 
probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando 
haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. 
3) Antes de adoptar una decisión con arreglo al párrafo 2), el Tribunal podrá exigir al 
demandante que presente las pruebas de que razona blemente disponga, con el fin de establecer a 
su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto  inminentemente de infracción, y ordenar al 
demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al 
demandado y evitar abusos. IP/N/6/SYC/1 
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  4) Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber dado a la otra parte la 
oportunidad de haber sido oída, el demandado podrá solicitar al Tribunal la revisión del caso en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción de la decisión. 
5) En el procedimiento de revisión, el Tribunal ofrecerá a las partes interesadas la oportunidad 
de ser oídas y, en un plazo razonable, confirmará, modificará o revocará la decisión. 
6) La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al 
demandante que presente cualquier otra informac ión necesaria para la identificación de las 
mercancías de que se trate. 
7) Si el demandante no inicia un procedimiento ante el Tribunal conducente a una decisión 
sobre el fondo del asunto dentro de los 20 días hábiles o los 31 días naturales, si este plazo fuera mayor, posteriores a la recepción de la decisión que impone las medidas provisionales o dentro de 
un plazo razonable establecido por el Tribunal en su decisión, el Tribunal revocará las medidas 
provisionales a petición del demandado. 
8) En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u 
omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad industrial, el Tribunal ordenará al 
demandante, previa petición del demandado, que pague a este una indemnización adecuada por 
cualquier daño causado por esas medidas. 
11. ¿En qué circunstancias puede ordena rse la adopción de esas medidas inaudita 
altera parte ? 
Cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los 
derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. 
De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 111, el Tribunal estará facultado para ordenar medidas 
provisionales, cuando ello sea conveniente, sin da r a la otra parte la oportunidad de ser oída, en 
particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. 
12. Sírvanse describir el procedimiento princi pal para iniciar el proceso de adopción de 
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y 
especialmente los plazos pertin entes y las medidas de salvaguardia para proteger los 
intereses legítimos del demandado. 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 111, antes de adoptar una decisión 
con arreglo al párrafo 2), el Tribunal podrá exigir  al demandante que presente las pruebas de que 
razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción y con un grado suficiente de 
certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser 
objeto inminentemente de infracción, y ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía 
equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. 
En virtud del párrafo 6 del artículo 111, la autoridad encargada de la ejecución de las medidas 
provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquier otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate. 
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. 
El párrafo 4 del artículo 111 dispone que, cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin 
haber dado a la otra parte la oportunidad de haber sido oída, el demandado podrá solicitar al 
Tribunal la revisión del caso en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción de la 
decisión. 
De conformidad con el párrafo 5 del artículo 111, en el procedimiento de revisión, el Tribunal 
ofrecerá a las partes interesadas la oportunidad de  ser oídas y, en un plazo razonable, confirmará, 
modificará o revocará la decisión. IP/N/6/SYC/1 
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  De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 111, si el demandante no inicia un 
procedimiento ante el Tribunal conducente a una decisión sobre el fondo del asunto dentro de los 20 días hábiles o los 31 días naturales, si este plazo fuera mayor, posteriores a la recepción de la decisión que impone las medidas provisionales o dentro de un plazo razonable establecido por el 
Tribunal en su decisión, el Tribunal revocará las medidas provisionales a petición del demandado. 
b) Medidas administrativas 
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en  las preguntas anteriores en relación con 
las medidas provisionales administrativas. 
De conformidad con el párrafo 8 del artículo 111, en los casos en que las medidas provisionales 
sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de 
propiedad industrial, el Tribunal ordenará al demandante, previa petición del demandado, que 
pague a este una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas. 
Prescripciones especiales relacion adas con las medidas en frontera 
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercan cías puede solicitarse la suspensión por 
las autoridades aduaneras de su despacho para  libre circulación, y especialmente si cabe 
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen 
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las 
mercancías de marca de fábrica o de comercio  falsificadas o las mercancías pirata que 
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de 
página al artículo 51). Sírvanse indicar, j untamente con los criter ios pertinentes, las 
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, 
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis) . ¿Es aplicable 
el procedimiento a las importaciones de merc ancías colocadas en el mercado de otro 
país por el titular del derecho o con su consen timiento y a las mercancías destinadas a la 
exportación? 
El párrafo 1 del artículo 77 del Reglamento de Administración de Aduanas, de 2014 (instrumento 
reglamentario Nº 42, de 2014) dispone que, de conformidad con los procedimientos y con arreglo 
a las condiciones estipuladas en este capítulo, el titular del derecho puede presentar a la Aduana una solicitud para que se suspenda el despacho de aduana de mercancías importadas que se sospeche que son mercancías infractoras. 
El párrafo 1 del artículo 78 dispone además que la Aduana suspenderá el despacho de aduana si 
tiene la convicción de que las mercancías abarcadas por la solicitud presentada de conformidad 
con el párrafo 3 del artículo 77 son mercancías infractoras. 
El capítulo 13 del Reglamento de Administración de Aduanas, de 2014, relativo a las medidas en 
frontera para la protección de los derechos de propiedad intelectual, no ofrece información sobre 
las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro de una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ). El Reglamento anteriormente 
mencionado tampoco facilita información sobre esos procedimientos en lo que respecta a las 
importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento o a las mercancías destinadas a la exportación. 
16. Sírvanse describir los principales el ementos del procedimiento relativo a la 
suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, 
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los 
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas 
prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han 
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía  equivalente), 56 (indemnización al 
importador y al propietario de las merc ancías) y 57 (derecho de inspección e 
información)? 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 78 del Reglamento de Administración 
de Aduanas, de 2014, la suspensión del despacho de aduana de las mercancías tendrá una validez 
de 90 días a menos que el titular del derecho: IP/N/6/SYC/1 
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  a) haya solicitado que el plazo sea inferior; o 
b) haya solicitado la adopción de medidas en el caso de envíos específicos. 
El párrafo 3 del artículo 78 dispone que la Aduana denegará la suspensión del despacho de aduana 
de las mercancías a menos que el titular del derecho proporcione a la Aduana una fianza en la 
manera y cuantía razonablemente requerida por esta a modo de indemnización contra toda 
obligación derivada de la suspensión y para cubrir asimismo los posibles gastos que pueda comportar la ejecución de dicha suspensión. 
Asimismo, de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 78, la Aduana comunicará inmediatamente la 
suspensión a todas las oficinas aduaneras y facilitará todos los detalles a fin de que estas puedan actuar de conformidad con los términos de la suspensión. 
5) La Aduana informará a las siguientes personas, inmediatamente y por escrito, de la 
suspensión del despacho de aduana de las mercancías, así como de los motivos de la misma: 
a) el importador, el exportador, el consignatario o el consignador si la Aduana conoce su 
identidad; y 
b) el demandante. 
6) El titular del derecho deberá notificar a la Aduana si su derecho de propiedad intelectual ha 
dejado de tener validez o si ha dejado de ser el titular del derecho por el motivo que fuere, en 
cuyo caso la solicitud o la suspensión quedarán sin efecto. 
En lo que respecta a las cuestiones relativas a las solicitudes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 79, toda decisión de rechazo de una solicitud adoptada por la Aduana será recurrible, con arreglo al artículo 32 de la Ley. 
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. ¿C uál es el período de valide z de las decisiones de las 
autoridades competentes para las que se susp ende el despacho de las mercancías para 
libre circulación? 
No existen disposiciones concretas que detallen la duración y el costo de los procedimientos. Estos 
factores se determinan caso por caso. 
En vista de que, hasta la fecha, no ha habido casos de infracción de las medidas fronterizas, 
carecemos de datos sobre la duración de dichos procedimientos. 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 78 del Reglamento de Administración 
de Aduanas, "la suspensión del despacho de ad uana de las mercancías tendrá una validez de 
90 días a menos que el titular del derecho: 
a) haya solicitado que el plazo sea inferior; o 
b) haya solicitado la adopción de medidas en el caso de envíos específicos". 
18. ¿Están obligadas las autoridades competen tes a actuar por propia iniciativa y, en 
tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposi ciones especiales aplicables a la actuación 
de oficio? 
Sí. Las autoridades competentes pueden actuar por propia iniciativa en aquellos casos en los que 
tengan la presunción de que se trata de mercancías infractoras; o si existen motivos razonables para sospecharlo. 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 80, la Aduana puede, por propia 
iniciativa, suspender el despacho de aduana de las mercancías: 
a) respecto de las cuales tenga la presunción de que se trata de mercancías 
infractoras; o 
b) si existen motivos razonables para sospechar que se trata de mercancías infractoras. IP/N/6/SYC/1 
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  19. Sírvanse describir las medidas cuya  adopción puede ser ordenada por las 
autoridades competentes y los crit erios que regulen su aplicación. 
De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 81, si la Aduana determina que se trata de mercancías 
infractoras, puede ordenar, a petición del titular del derecho, el decomiso o la destrucción de esas 
mercancías, si el titular del derecho ha aportado pruebas suficientes, a satisfacción de la Aduana, 
de que se trata de mercancías infractoras, y: 
a) el importador, exportador, consignador, consignatario, propietario de las mercancías o 
declarante, que haya recibido de la Aduana una notificación de suspensión, ha sido 
informado de la posibilidad de confiscar y destruir o apartar las mercancías, y no se opone a la medida en un plazo de 60 días después de la entrega de la notificación; o 
b) si, tras intentos razonables de la Aduana, no se encuentra al importador, exportador, 
consignador, consignatario, propietario de las mercancías o declarante, la Aduana 
puede, sin una orden judicial y sin que lo solicite el titular del derecho, confiscar y destruir o apartar las mercancías. 
2) Al preparar una orden con arreglo al párrafo 1), la Aduana deberá tener en consideración lo 
siguiente: 
a) el apartamiento deberá hacerse fuera de los circuitos comerciales normales, de 
manera tal que se minimicen los riesgos de infracciones posteriores, y sin menoscabo 
de los derechos del titular del derecho; 
b) la manera en que el titular del derecho proponga destruir o apartar las mercancías; y c) los efectos del método de destrucción sobre el medio ambiente. 
3) Con el consentimiento del titular del derecho, la Aduana puede conservar muestras de las 
mercancías infractoras con fines de capacitación o educación de los funcionarios de aduanas. 
Procedimientos penales 
20. Sírvanse indicar los tribunales que tien en competencia en casos de infracción 
penal de los derechos de propiedad intelectual. 
El Tribunal Supremo tiene competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad 
intelectual; en casos de apelación, la competencia recae en el Tribunal de Apelación. 
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué 
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones 
penales? 
La aplicación de procedimientos y sanciones penales está prevista para aquellos casos en los que 
una persona comete un delito: 
1. sin el consentimiento del titular del derecho de una patente o de un modelo de 
utilidad, con dolo y a escala comercial, de acuerdo con la definición que figura en el 
párrafo 1, incisos a), b), c) y d) del artículo 118, salvo si concurren las circunstancias justificantes previstas en esta Ley; o 
2. sin la autorización del titular del derecho de un dibujo industrial registrado, con dolo y 
a escala comercial, de acuerdo con la definición que figura en el párrafo 2, incisos a), b) y d) del artículo 118, salvo si concurren las circunstancias justificantes previstas en esta Ley; o 
3. sin la autorización del titular del derecho de una marca registrada, con dolo y a escala 
comercial, de acuerdo con la definición que figura en el párrafo 3, incisos a), b) y c) y en el párrafo 4, incisos a) y b) del artículo 118. IP/N/6/SYC/1 
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  De conformidad con el párrafo 1 del artículo 119, toda persona que, intencionadamente, cometa 
un delito con arreglo al artículo 118, será condenada, en caso de que sea declarada culpable, a una pena de prisión que no superará los cinco años, una sanción pecuniaria que no superará las 500.000 rupias de Seychelles o a una pena de prisión y una sanción pecuniaria. 
El párrafo 2 del artículo 119 dispone además que, salvo en aquellos casos en los que otra ley 
disponga una pena superior, toda persona que, por negligencia, viole un derecho protegido por esta Ley será condenada, en caso de que sea declarado culpable, a una pena de prisión que no 
superará los tres años, una sanción pecuniaria que no superará las 500.000 SR o a una pena de 
prisión y una sanción pecuniaria. 
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de 
procedimientos penales? ¿Están obligadas a in iciarlos por propia iniciativa y a raíz de 
reclamaciones? 
La policía y las autoridades o los funcionarios autorizados están facultados para investigar una 
denuncia o, por propia iniciativa, investigar posibles infracciones. No obstante, la facultad de 
iniciar o incoar procedimientos penales corresponde a la Fiscalía General, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 4, inciso a) del artículo 76 de la Constitución de Seychelles, que dispone que: 
"4. El Fiscal General será el principal asesor jurídico del Gobierno y, de conformidad con el 
inciso 11), estará facultado para, siempre que lo estime conveniente: 
a) incoar o entablar una acción penal contra una persona y ante cualquier tribunal 
de justicia por cualquier delito presuntamente cometido por esa persona;" 
Además, el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal dispone que: 
"60. 1) El Fiscal General está facultado para enjuiciar todos los delitos e infracciones 
respecto de los cuales son competentes los tribunales de Seychelles. 
2) El derecho y la potestad para emprender acciones legales son atribución exclusiva del 
Fiscal General, y cualquier funcionario que sea designado fiscal con arreglo al artículo 63 estará bajo el control del Fiscal General y deberá acatar toda indicación 
que este le dé o pueda darle." 
El artículo 120 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que: 
1) Un funcionario de policía puede arrestar, sin necesidad de orden judicial, a 
quienquiera que, en la calle o en un lugar público: 
a) venda, exponga u ofrezca con fines de venta o alquiler; o 
b) posea o existan motivos razonables para sospechar que posee, con fines de 
venta o alquiler, cualquier producto que infrinja los derechos de propiedad 
industrial protegidos en Seychelles. 
2) Un funcionario autorizado puede, en cual quier momento, y sin necesidad de una orden 
judicial: 
a) detener, registrar y requisar, por la fuerza o de otro modo, cualquier medio de 
transporte en cuyo interior sospeche que hay un producto infractor; y 
b) confiscar, retirar o retener dicho producto infractor y cualquier objeto que, en 
su opinión, constituya o contenga, o sea susceptible de contener, una prueba de 
la comisión de una infracción con arreglo a esta Ley. 
3) En el ejercicio de las facultades que le confiere el párrafo 2), un oficial autorizado 
puede ordenar a la persona a cargo de un vehículo que: 
a) lo detenga y no siga avanzando hasta que se lo autoricen; o 
b) lleve el vehículo a una comisaría de policía. IP/N/6/SYC/1 
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  23. ¿Hay particulares que estén legitimad os para entablar procedimientos penales y, 
de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo? 
Aunque un particular puede iniciar un procedimiento penal, necesita, sin embargo, el permiso del 
Presidente, de conformidad con el párrafo 1 del ar tículo 66 del Código de Procedimiento Penal, que 
dispone que: 
"El juez o cualquier magistrado que investig ue o juzgue un caso puede permitir a un 
particular entablar acciones judiciales; sin embargo, solamente el fiscal u otro funcionario 
autorizado de manera general o especial por el  Presidente en su nombre tendrá derecho a 
hacerlo sin autorización. Con esta autorización todo directivo o empleado puede incoar acciones judiciales por una infracción cometida en perjuicio de su superior o empleador." 
De acuerdo con el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, una persona puede iniciar un 
procedimiento presentando una denuncia ante un funcionario judicial (en Seychelles, tienen la 
consideración de funcionario judicial los jueces, los secretarios superiores, los magistrados superiores, los magistrados, los jueces de paz y los secretarios judiciales). 
24. Sírvanse indicar, si es necesario po r categorías de derechos de propiedad 
intelectual y tipos de infracción, las sancio nes y otras medidas correctivas que pueden 
imponerse: 
- prisión; 
- sanciones pecuniarias; - confiscación, decomiso y destrucción de  las mercancías infractoras y de los 
materiales y accesorios utilizados para su producción; 
- otras medidas. 
En casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio, o para los casos de piratería 
lesiva del derecho de autor a escala comercial, las sanciones y las medidas correctivas aplicables 
incluyen la prisión, las sanciones pecuniarias o la confiscación de mercancías. 
Todo tipo de infracción relativa a una "marca de certificación" o una "marca colectiva"; a un 
producto sujeto a una invención patentada y protegido por un certificado de modelo de utilidad; a 
"mercancías falsificadas; a "mercancías que infrinjan los derechos de propiedad industrial"; a 
"diseños industriales"; a "circuitos integrados"; a "invenciones"; o a "esquemas de trazado" puede 
castigarse con una pena de prisión, con sanciones pecuniarias o con la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su 
producción. 
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del 
procedimiento y facilitar los datos de que disp ongan, en su caso, so bre la duración real 
del procedimiento y su costo. 
No existe ninguna ley que regule la duración de los procedimientos, aspecto que queda a 
discreción del Tribunal y que se determinará caso por caso, en función de la gravedad del asunto. 
En una causa penal, el costo es sufragado por el Estado, ya que este entabla el procedimiento 
contra el acusado. 
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