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14 de mayo de 2013  
(13-2523)  Página: 1/7  
  Original: español  
 
  ARGENTINA – MEDIDAS RELATIVAS AL COMERCIO DE 
MERCANCÍAS Y SERVICIOS 
SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL 
PRESENTADA POR PANAMÁ 
 La siguiente comunicación, de fecha 13 de mayo de 2013, dirigida por la delegación de 
Panamá al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 6 del ESD. 
_______________ 
 El 12 de diciembre de 2012, Panamá solicitó la celebración de consultas con Argentina de 
conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que 
se rige la solución de diferencias  ("ESD"), el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994  ("GATT de 1994") y el artículo XXII del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios  ("AGCS") con respecto a determinadas medidas impuestas por Argentina 
que afectan al comercio de bienes y de servicios entre Argentina y determinados países listados 
por el Decreto 1344/98, modificado por el Decr eto 1037/00, entre los que se encuentra Panamá 
(los "países listados").1 
 Las consultas se celebraron en Ginebra el 5 de febrero de 2013. Sin embargo, no resolvieron 
la diferencia. Por ello, de conformidad con los artículos 4.7 y 6 del ESD, el artículo XXIII:2 del GATT de 1994 y el artículo XXII del AGCS, Panamá solicita al OSD que establezca un grupo 
especial para que examine los asuntos que se describen a continuación. 
1. Trato tributario menos favorable en el  cobro del impuesto a las ganancias sobre 
determinadas transacciones que in volucran a los países listados 
 En el marco del impuesto a las ganancias, Argentina otorga a determinadas transacciones 
realizadas entre residentes en Argentina y sujetos radicados en los países listados un trato 
tributario menos favorable que aquél otorgado a transacciones similares realizadas entre 
residentes en Argentina y sujetos radicados en otros países. Como se evidencia del artículo 93 de la Ley 20.628 ("Ley de Impuesto a las Ganancias"), respecto a créditos, préstamos o colocación de 
fondos, cuando el acreedor de la prestación es una entidad bancaria o financiera radicada en el 
extranjero
2, Argentina presume que la ganancia neta del acreedor es del 43 por ciento de los 
pagos correspondientes por intereses o retribuciones. En cambio, cuando el acreedor es una entidad bancaria o financiera radicada en alguno de los países listados, Argentina presume sin 
prueba en contrario que la ganancia neta del acreedor es del 100 por ciento de los pagos por 
concepto de intereses o retribuciones. 
 Al aplicar la tasa del 35 por ciento sobre la ganancia neta así establecida, Argentina grava a 
las transacciones realizadas con sujetos radicados en los países listados ( i.e., 35 por ciento sobre 
el monto de cada pago) a un nivel superior que a las transacciones realizadas con sujetos 
radicados en otros países ( i.e., 15.05 por ciento sobre el monto de cada pago). En caso que la 
                                               
1 Los países listados comprenden a Miembros y a países o territorios que no son Miembros de la OMC. 
En esta solicitud, la referencia a "países listados" debe ser interpretada con respecto a aquellos países listados 
que son Miembros de la OMC. 
2 Sujeta a la supervisión de su respectivo banco central u organismo equivalente de conformidad con 
la misma disposición de la Ley de Impuesto a las Ganancias. WT/DS453/4 
 
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  carga del impuesto se pretenda trasladar al residente en Argentina, la tasa efectiva se incrementa, 
ascendiendo inicialmente a 53.85 y 17.72 por ciento sobre el monto de cada pago, respectivamente. El tributo se aplica bajo la modalidad de una retención al momento en el que el 
residente en Argentina procede a efectuar el pago del servicio. 
 Panamá entiende que Argentina mantiene esta medida en virtud de: 
(i) la Ley de Impuesto a las Ganancias, y en particular los artículos 15, 91, 92, y 93; 
(ii) el Decreto 1344/98, y en particular el séptimo artículo sin número incorporado a 
continuación del artículo 21; 
(iii) el Decreto 1037/00; y 
(iv) la Resolución No. 739 de la Administraci ón Federal de Ingresos Públicos ("AFIP"). 
 A criterio de Panamá, la discriminación tributaria altera las condiciones de competencia entre 
servicios similares y proveedores de servicios si milares extranjeros, concediendo un trato menos 
favorable a los servicios y a los proveedores de servicios de los países listados, de manera incompatible con el artículo II:1 del AGCS. 
2. Trato tributario impuesto sobre los in gresos de fondos de los países listados 
 Argentina aplica determinado trato tributario sobre los ingresos de fondos que provienen de 
los países listados, el cual afecta a transacciones de comercio internacional desde, y hacia, estos 
países. Cuando el ingreso de fondos proviene de cualquier país, Argentina no prevé consecuencia 
tributaria alguna. Sin embargo, según el artículo sin número agregado a continuación del artículo 18 de la Ley 11683 ("Ley de Procedimiento Tributario"), cuando el ingreso de fondos proviene de alguno de los países listados, se debe calificar a este ingreso como un incremento 
patrimonial "no justificado" y sometérsele al pago del impuesto a las ganancias, del impuesto al 
valor agregado y de los impuestos internos aplicables. Argentina grava estos fondos incrementando el monto ingresado en un 10 por ciento y aplicando sobre esta base imponible las 
tasas correspondientes a cada uno de estos tributos. 
Si bien la recaudación se basa en la declaración voluntaria del receptor de los fondos, la 
normatividad prevé una serie de consecuencias adversas ante la falta de presentación de una 
declaración adecuada o, ante el intento de justificar los ingresos, la falta de convencimiento por 
parte de la administración tributaria de que los ingresos son no injustificados. Las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico incluyen aj ustes tributarios por tributos adeudados, multas 
por defraudación, cobro de intereses resarcitorios, y de ser el caso, cobro de intereses punitorios y 
sanciones penales de entre dos a 9 años de penitenciaria dependiendo de los montos del tributo 
evadido. 
 Panamá entiende que Argentina aplica esta medida a través de: 
(i) la Ley de Procedimiento Tributario, y en particular el artículo 18 y el artículo sin número 
agregado a continuación del artículo 18, así como, en lo que a las consecuencias se refiere, 
los artículos 37, 38, sin número agregado al artículo 38, 39, sin número agregado al artículo 39, 46 y 52; 
(ii) la Ley de Impuesto a las Ganancias, y en particular el artículo 15;  
(iii) el Decreto 1344/98, y en particular el séptimo artículo sin número incorporado a 
continuación del artículo 21, así como el artículo 27;  
(iv) el Decreto 1037/00; y, 
(v) la Ley 24.769 ("Ley Penal Tributaria") respecto al posible delito de evasión tributaria. WT/DS453/4 
 
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   A criterio de Panamá, la medida en cuestión es incompatible con: 
(i) el artículo II:1 del AGCS, toda vez que impone desincentivos para contratar servicios que 
impliquen una transferencia de fondos desde los países listados ( e.g., servicios de 
préstamo, transferencia de dinero, seguros), modificando así las condiciones de competencia entre servicios similares y proveedores similares de otros países. La medida 
otorga a los servicios y a los proveedores de servicios de los países listados un trato menos 
favorable que aquél concedido a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de los otros países. 
(ii) el artículo XVI del AGCS, la segunda frase de la nota al pie 8 del AGCS y la Lista de 
Compromisos de Argentina, en tanto que sobre los compromisos específicos para el suministro de servicios, vía presencia comercial, del sector financiero ( e.g., aceptación de 
depósitos; préstamos de todo tipo; pagos y transferencias monetarias; intercambio 
comercial de instrumentos del mercado monetario, valores transferibles y otros 
instrumentos y activos financieros negociables; corretaje de cambios; y administración de activos) y no financiero ( e.g., servicios jurídicos, contables, informáticos, de construcción 
para la edificación, publicidad, servicios de correos, servicios comerciales al por mayor y al 
por menor, servicios de franquicia, hoteles y restaurantes, y agencias de viajes), la medida en cuestión provee un trato menos favorable que el previsto en la Lista de Compromisos 
de Argentina e impone una restricción a la transferencia de capitales desde la casa matriz, 
cuando ésta se localiza en un país listado, hacia el establecimiento con presencia comercial en Argentina; 
(iii) el artículo XVII del AGCS toda vez que, con respecto a los compromisos específicos 
asumidos por Argentina, sin limitaciones en trato nacional, la medida en cuestión 
desincentiva la contratación de servicios que puedan implicar algún tipo de transferencia de fondos desde los países listados ( e.g., servicios de reaseguro o retrocesión), alterando 
así las condiciones de competencia entre servicios y proveedores de servicios de los países 
listados, y servicios similares y proveedores de servicios similares nacionales. A su vez, en cuanto a las alternativas de financiación de la presencia comercial, la medida en cuestión 
coloca a los proveedores de servicios de los países listados con presencia comercial en 
Argentina en una situación menos ventajosa que aquélla en la que se encuentran los proveedores de servicios similares nacionales; 
(iv) el artículo I:1 del GATT de 1994 ya que respecto a los pagos recibidos desde países no 
listados con motivo de las exportaciones hacia esos destinos, Argentina no somete a estas 
exportaciones (y a sus pagos) a los alcances de la medida. Esta ventaja, favor, privilegio o inmunidad no se concede a las exportaciones de productos similares hacia los países 
listados (que impliquen la realización de pagos desde los países listados). 
3. Discriminación en la valoración de transacciones con sujetos de los países 
listados 
En el marco del impuesto a las ganancias, cuando se reportan transacciones realizadas 
entre un residente en Argentina y otro sujeto (domiciliado o no en Argentina), Argentina considera que las transacciones se deberían ajustar a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes a menos que exista vinculación entre las partes de modo tal que 
genere duda sobre el valor real de las transacciones. Sin embargo, cuando se trata de 
transacciones entre residentes en Argentina y sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en los países listados, como lo evidencian los artículos 8 y 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el 
artículo 21 del Decreto 1344/98, Argentina no considera que estas transacciones se ajusten en 
ningún caso a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes, y exige que las mismas se valoren de conformidad con los métodos de determinación de precios de 
transferencia entre partes vinculadas.  
El cumplimiento de esta exigencia por parte del contribuyente o responsable tributario en 
Argentina representa cargas monetarias y administrativas significativas. Por ejemplo, la determinación del valor de la operación sobre la base de precios alternativos derivados de los 
métodos de determinación de precios de transfer encia requiere la presentación de información 
detallada con respecto al importe de cada transacción, así como la estimación de valores alternativos que se derivan de la aplicación de  varios métodos de valoración previstos en el WT/DS453/4 
 
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  artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y desarrollados en diversos artículos del 
Decreto 1344/98. Muy probablemente, esto requiere la contratación de un especialista en el tema. Además, junto a la declaración jurada complementaria anual a presentar, el artículo 6b) de la Resolución General de la AFIP 1122 exige la presentación de un informe en el que se consignen, 
como mínimo, los datos que se detallan en el Anexo II de dicha resolución, los cuales son 
numerosos. Este informe debe ser firmado por un co ntador público independiente cuya firma debe 
estar autenticada por el consejo profesional, o el colegio o entidad en la que se encuentre 
registrado.
3 
Cabe mencionar que la omisión al deber de presentar las declaraciones juradas y los 
requisitos exigidos, la inadecuada presentación o sustentación de los mismos, o la discrepancia de opinión con la administración tributaria sobre los valores expuestos, son pasibles según el 
ordenamiento jurídico argentino de sanción administrativa y, eventualmente, penal. 
 Panamá entiende que Argentina mantiene esta medida de conformidad con: 
(i) la Ley de Impuesto a las Ganancias, y en particular los artículos 8 y 15; 
(ii) el Decreto 1344/98, y en particular el artículo 21 y los artículos sin número que le siguen 
al artículo 21 (y previos al artículo 22);  
(iii)  la Resolución General de la AFIP 1122; (iv)  el Decreto 1037/00; 
(v) la Ley de Procedimiento Tributario, en lo que a las consecuencias adversas se refiere, y en 
particular los artículos 37, 38, sin número a continuación del 38, 39, sin número a continuación del 39, 46 y 52; y, 
(vi) la Ley Penal Tributaria, respecto al posible delito de evasión tributaria, 
A criterio de Panamá, esta situación es incompatible con: 
(i) el artículo I:1 del GATT de 1994, toda vez que Argentina otorga a las importaciones de 
productos de cualquier país no listado la posibilidad de que sean valoradas como 
transacciones ajustadas a las prácticas o a los precios normales de mercado, sin 
someterlas a la determinación de precios de transferencias, mientras que la misma ventaja, inmunidad, favor o privilegio no se extiende de manera inmediata e incondicional 
a las importaciones de productos similares de los países listados. De manera análoga, 
Argentina otorga a las exportaciones de productos hacia cualquier país no listado la posibilidad de que sean valoradas como transacciones ajustadas a las prácticas o a los precios normales de mercado, sin someterlas a los alcances de la medida en cuestión, 
mientras que la misma ventaja, inmunidad, favor o privilegio no se extiende de manera 
inmediata e incondicional a las exportaciones de productos similares hacia los países listados;  
(ii) el artículo III:4 del GATT de 1994 por cuanto la medida en cuestión establece 
reglamentaciones y requisitos que colocan a los productos importados de los países listados en una situación menos favorable que aquélla en la que se encuentran los 
productos similares nacionales a los que no se les exigen los requisitos en cuestión; 
(iii)  el artículo XI:1 del GATT de 1994 dado que la medida en cuestión establece condiciones 
limitantes a la importación de productos de los países listados. A la vez, la medida en cuestión impone condiciones limitantes a las exportaciones hacia los países listados; 
(iv)  el artículo II:2 del AGCS dado que la medida en cuestión genera desincentivos que 
otorgan a los servicios y a los proveedores de servicios domiciliados, constituidos o 
                                               
3 Panamá observa que estas normas y procedimientos  también serían aplicables en el cálculo del 
impuesto al valor agregado, por lo qu e los reclamos planteados bajo este apartado se hacen extensibles al 
cobro del impuesto al valor agregado. WT/DS453/4 
 
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  ubicados en los países listados un trato menos favorable que el concedido a los servicios 
similares y a los proveedores similares de otros países; 
(v) el artículo XVII del AGCS toda vez que, con respecto a los compromisos específicos 
asumidos por Argentina sin limitaciones en trato nacional sobre servicios financieros 
(e.g., servicios de reaseguro y retrocesión, servicios de asesoramiento y transferencia de 
información financiera) y no financieros ( e.g., servicios jurídicos, servicios de contabilidad, 
servicios comerciales al por mayor), la medida en cuestión genera un desincentivo para 
adquirir servicios o contratar a proveedores domiciliados, constituidos o ubicados en los 
países listados colocándolos así en una situación menos favorable que aquélla en la que se encuentran los servicios nacionales similares y proveedores nacionales similares; 
4. Criterios discriminatorios para  la aplicación de deducciones 
Para efectos del impuesto a las ganancias, Ar gentina establece criterios diferenciados con 
respecto a la oportunidad en la que los contribuyentes o responsables tributarios pueden deducir erogaciones derivadas de transacciones realizadas con sujetos del exterior. En términos generales, 
estas deducciones se deberían regir por la regla de lo "devengado" al momento en que se origina 
la obligación subyacente. Sin embargo, de conformidad con el artículo 18, último párrafo, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, si la contraparte es un sujeto ubicado, constituido, radicado o 
domiciliado en algún país listado, no se podrá hacer la deducción de conformidad con la regla del 
devengado, sino conforme al momento en que se  realiza el pago efectivo de la obligación. 
La misma limitación no existe con respecto a deducciones sobre transacciones realizadas con otros sujetos del exterior. 
Panamá entiende que esta medida surge de:  
(i) la Ley de Impuesto a las Ganancias, y en particular el artículo 18; (ii) el Decreto 1344/98; y, 
(iii) el Decreto 1037/00. 
A criterio de Panamá, la medida en cuestión es incompatible con: 
(i) el artículo II:1 del AGCS ya que al limitar la oportunidad en que se pueden deducir los 
pagos por servicios prestados por proveedores de los países listados, la medida en 
cuestión otorga a éstos y a sus servicios un trato menos favorable que aquél concedido a servicios similares y a proveedores de servicios similares de otros países; 
(ii) el artículo XVII del AGCS ya que, con respecto a los compromisos específicos de Argentina, 
sin limitación en trato nacional (e.g., servicios jurídicos, de contabilidad, de asesoramiento 
financiero), la limitación con respecto a la oportunidad en que se pueden deducir los pagos 
por servicios prestados por proveedores de lo s países listados otorga a estos proveedores 
y a sus servicios un trato menos favorable que aquél concedido a los servicios similares 
nacionales y a los proveedores de servicios similares nacionales. 
5. Medidas que afectan el comercio de  servicios de reaseguros y retrocesión 
A pesar de haber consolidado el sector de servicios de reaseguros y retrocesión en la 
modalidad de comercio transfronterizo, sin limitación al acceso a los mercados, por Resolución 35615/2011 de la Superintendencia de Seguros de la Nación ("SSN"), Argentina no permite que los proveedores extranjeros puedan prestar estos servicios bajo dicha modalidad. 
Lo que sí permite Argentina es que los proveedor es extranjeros puedan brindar estos servicios a 
través de una subsidiaria o sucursal debidamente establecida en territorio argentino. Sin embargo, Argentina excluye de esta posibilidad a los proveedores de servicios de reaseguro de los países 
listados. 
Adicionalmente, y a pesar de la limitación general, Argentina establece que en 
determinados casos, debido a la magnitud y las características de los riesgos prevalentes, se 
permite la prestación del servicio de reaseguro por parte de proveedores extranjeros sin contar WT/DS453/4 
 
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  con presencia comercial en Argentina, sujeto a previa aprobación e inscripción de la reaseguradora 
extranjera por la SSN. Sin embargo, esta posibili dad también está negada para los proveedores de 
servicios de reaseguro constituidos o domiciliados en los países listados. 
Como ejemplo de estas medidas, mediante Resolución 36173/2011, la SSN canceló la 
inscripción y licencia de un proveedor de servicios de Panamá basándose en el mero hecho de que 
este proveedor "posee su sede central en [la] República de Panamá". 
 Panamá entiende que Argentina mantiene es tas medidas a través la Resolución 35615/2011 
de la SSN. 
 A criterio de Panamá, las medidas en cuestión son incompatibles con: 
(i) el artículo II:1 del AGCS, ya que tanto la exclusión de la posibilidad de establecer 
subsidiarias o sucursales en Argentina como la exclusión de la posibilidad de brindar excepcionalmente servicios de reaseguro o retrocesión sin tener presencia comercial en Argentina, confieren a los proveedores de servicios de los países listados un trato menos 
favorable que aquél concedido a los proveedores similares de servicios de reaseguro o 
retrocesión de otros países; y 
(ii) el artículo XVI:1 del AGCS, en el contexto del artículo XVI:2(a), y la Lista de Compromisos 
de Argentina, ya que la imposibilidad de qu e proveedores extranjeros brinden servicios de 
reaseguro, vía comercio transfronterizo, les concede un trato menos favorable que aquél establecido por Argentina en su Lista de Compromisos; 
(iii) el artículo XVI:1, en el contexto del artículo XVI:2(e), y la Lista de Compromisos de 
Argentina por cuanto la exigencia de que lo proveedores extranjeros tengan que establecer 
sucursales en Argentina para poder prestar el servicio en cuestión, vía comercio transfronterizo, es una limitante al acceso a los mercados que no está prevista en la Lista 
de Compromisos de Argentina; 
(iv) el artículo XVI:1, en el contexto del artículo XVI:2(a), y la Lista de Compromisos de 
Argentina por cuanto la prohibición de que los proveedores de servicio de reaseguro de los 
países listados establezcan subsidiarias o sucursales en Argentina concede a estos 
proveedores un trato menos favorable que aquél concedido por Argentina en su Lista de Compromisos con respecto al acceso a los mercados en el modo 3. 
6. Requisitos discriminatorios para el registro de sociedades, sucursales y 
accionistas de determinados proveed ores de servicios extranjeros 
Argentina impone una serie de requisitos de registro a las sociedades extranjeras que 
desean establecer una sucursal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, cuando la 
sociedad extranjera es de un país listado, en virtud del artículo 192 de la Resolución 
General 7/2005 de la Inspección General de Justicia ("IGJ"), los requisitos se vuelven aún mayores. Entre estos requisitos se exige la acreditación de que la sociedad desarrolla de manera 
efectiva actividad empresarial económicamente signif icativa en el lugar de constitución, registro o 
incorporación y/o en terceros países, para lo cual se requiere el cumplimiento de determinadas formalidades. Además, esta misma norma establec e expresamente que la autoridad en cuestión 
deberá apreciar con criterio restrictivo el cumplimiento de los requisitos de registro cuando se trate 
de sociedades de los países listados. Por contraste, a las sociedades extranjeras de otros países no se les exige el cumplimiento de estos requisitos adicionales. 
 Panamá entiende que Argentina mantiene esta medida a través: 
(i) la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19 .550, y en particular el artículo 118; y, 
(ii) la Resolución General 7/2005 de la Inspección General de Justicia, y en particular el 
artículo 192. 
 A criterio de Panamá, las exigencias adicionales para la inscripción en el registro de 
sociedades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alteran las condiciones de competencia entre 
proveedores de servicios similares extranjeros y otorgan en un trato menos favorable para los proveedores de servicios similares de los países listados, de manera contraria al artículo II:1 del AGCS. WT/DS453/4 
 
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  7. Medidas que afectan a la repatriación de inversiones 
De conformidad con la Comunicación "A" 4662 del Banco Central de la República Argentina 
("Banco Central"), Argentina ha eximido del requisito de conformidad previa para la compra de divisas en su mercado único y libre de cambios a la repatriación de inversiones directas del sector 
no financiero e inversiones de portafolio de no residentes en Argentina. Sin embargo, mediante 
Comunicación "A" 4940 del Banco Central, Argentina exige este requisito cuando el beneficiario de la repatriación es un sujeto constituido o domiciliado en alguno de los países listados. 
Panamá entiende que Argentina mantiene esta medida mediante la Comunicación 
"A" 4940, tal y como ha sido modificada por la Comunicación "A" 4692 del Banco Central. 
A criterio de Panamá, la medida en cuestión es incompatible con el artículo II:1 del AGCS, 
toda vez que otorga a los proveedores de servicios extranjeros de los países listados que busquen 
repatriar las inversiones hechas en Argentina un trato menos favorable que aquél concedido a 
proveedores similares de servicios de otros países. 
8. Medidas que afectan el comerc io de instrumentos financieros 
De conformidad con la Resolución General 368 de la Comisión Nacional de Valores, 
Argentina no permite que determinados agentes financieros y bursátiles den curso a operaciones sobre valores negociables, contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza y otros 
instrumentos o productos financieros, si es que estas operaciones son efectuadas u ordenadas por 
sujetos constituidos, domiciliados o residentes en los países listados. Por contraste, no se prevé la misma limitación si las operaciones son efectuadas u ordenadas por sujetos constituidos, domiciliados o residentes en otros países. 
Panamá entiende que Argentina mantiene esta medida en virtud del texto ordenado de las 
n o r m a s  d e  l a  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  V a l o r e s ,  t a l  y  c o m o  h a  s i d o  a p r o b a d o  p o r  l a  R e s o l u c i ó n  General 368, y actualizado por las Resoluciones Generales 602 y 604. 
A criterio de Panamá, la medida en cuestión es incompatible con el artículo II:1 del AGCS 
toda vez que otorga a los proveedores de servicios de los países listados que buscan acceso al mercado argentino de capitales a fin de prestar efectivamente sus servicios un trato menos 
favorable que aquel concedido a los demás proveedores de servicios similares de otros países. 
***** 
  Panamá ha identificado las normas o actos que, a su criterio, dan sustento a las diversas 
medidas en cuestión. Sin embargo, esta enumeración se hace sin perjuicio de todas aquellas 
normas, decisiones administrativas o judiciales, actos, prácticas, guías o lineamientos emitidos por Argentina que puedan ser pertinentes para la evaluación de esta diferencia. Por ello, esta solicitud 
de grupo especial abarca en su ámbito a todas las acciones anteriormente citadas así como a 
posibles modificaciones, ampliaciones o complementaciones de ser el caso. 
 Dadas las incompatibilidades antes expuestas, en virtud del artículo 3.8 del ESD, Panamá 
considera que las medidas en litigio anulan o menoscaban las ventajas resultantes para Panamá al 
amparo de las diversas disposiciones citadas en esta solicitud. 
 Panamá solicita que, de conformidad con el ar tículo 6 del ESD, el OSD establezca un grupo 
especial para que examine este asunto. Panamá solicita además que el grupo especial tenga el 
mandato uniforme previsto en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD. 
 Panamá solicita que esta solicitud de establecimiento de un grupo especial sea incluida en la 
agenda de la reunión del OSD prevista para el 24 de mayo de 2013. 
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