WT/AB/27  
 
16 de ma yo de 2017  
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ÓRGANO DE APELACIÓN  
 
 
INFORME ANUAL CORRES PONDIENTE A 2016  
 
 
 
 
 
MARZO DE 2017  WT/AB/27  
 
- 2 - 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Órgano de Apelación acogerá con agrado las observaciones y preguntas  
sobre este informe anual en la siguiente dirección:  
 
Secret aría del Órgano de Apelación  
Organización Mundial del Comercio  
rue de Lausanne 154  
1211 Ginebra, Suiza  
Correo electrónico: appellatebody.registry@wto.org  
<https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/appellate_body_s.htm > WT/AB/27  
 
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  ÍNDICE  
PRÓLOGO  ................................ ................................ ................................ .........................  5 
1   INTRODUCCIÓN  ................................ ................................ ................................ ..........  7 
2   COMPOSICIÓN DEL ÓRGA NO DE APELACIÓ N ................................ ............................  11 
3   APELACIONES  ................................ ................................ ................................ ...........  15 
4   INFORMES DEL ÓRGANO DE APELACIÓN  ................................ ................................ ... 17 
4.1   Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Medidas antidumping 
definitivas sobre de terminados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de 
China - Recurso de China al párrafo 5 del artículo 21 del ESD , WT/DS397/AB/RW  .....................  18 
4.2   Informe del Órgano de Apelación, Argentina - Medidas relativas al comerci o de 
mercancías y servicios , WT/DS453/AB/R  ................................ ................................ .............  36 
4.3   Informe del Órgano de Apelación, Colombia - Medidas relativas a la importación de 
textiles, prendas de vestir y calzado , WT/DS461/AB/R  ................................ ..........................  47 
4.4   Informe del Órgano de Apelación, India - Determinadas medidas relativas a las 
células solares y los módulos solares , WT/DS456/AB/R  ................................ .........................  57 
4.5   Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas antidumping y 
compensatorias  sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico procedentes de 
Corea , WT/DS464/AB/R  ................................ ................................ ................................ .... 69 
4.6   Informe del Órgano de Apelación, Unión Europea - Medidas antidumping sobre el 
biodiésel procedente de la Argentina , WT/DS473/AB /R ................................ ..........................  90 
5   PARTICIPANTES Y TERC EROS PARTICIPANTES E N APELACIONES  ...........................  102  
6   CUESTIONES DE PROCED IMIENTO PLANTEADAS E N LAS APELACIONES  ..................  103  
7   ARBITRAJE DE CONFORM IDAD CON  EL PÁRRAFO 3 C) DEL ARTÍCULO 21 
DEL ESD ................................ ................................ ................................ .......................  106  
8   OTRAS ACTIVIDADES  ................................ ................................ ..............................  109  
 
ANEXOS  
Anexo 1  Resúmenes de las comunicaciones escritas en los procedimientos de 
apelación  ................................ ................................ ................................ ..... 112 
Anexo 2  Límites a la extensión de las comunicaciones escritas  ................................ .........  113 
Anexo 3  Comunicaciones de los Miembros del Órgano de Apelación y los antiguos 
Miembros del Órgano de Apelación sobre la oposición a la renovación 
del mandato d e un Miembro del Órgano de Apelación  ................................ .........  115 
Anexo 4  Discursos de despedida de dos miembros del Órgano de Apelación  ......................  119 
Anexo 5  Discurso pronunciado por Thomas Graham el 22 de noviembre de 2016  ...............  128 
Anexo 6  Miembros del Órgano de Apelación 2016  - Datos biográficos  ...............................  135 
Anexo 7  Antiguos Miembros y Presidentes del Órgano de Apelación  ................................ .. 140 
Anexo 8  Apelaciones presentada s: 1995 -2016 ................................ ..............................  142 
Anexo 9  Porcentaje de informes de grupos especiales objeto de apelación, por año de 
adopción : 1996-2016 ................................ ................................ ....................  144 
Anexo 10  Acuerdos de la OMC abordados en los informes del Órgano de Ape lación 
distribuidos: 1996 -2016 ................................ ................................ ................  145 
Anexo 11  Participantes y terceros participantes en apelaciones: 1996 -2016 ........................  147 WT/AB/27  
 
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  Abreviaturas de la OMC utilizadas en este informe anual  
Abreviatura  Descripción  
Acuerdo Antidumping  Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994  
Acuerdo SMC  Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  
Acuerdo sobre la OMC  Acuerdo de Marrakech por el que se  establece la Organización Mundial del 
Comercio  
Acuerdo sobre las MIC  Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el 
Comercio  
AGCS  Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios  
CE Comunidades Europeas  
EBB Consejo Europeo de Bi odiésel  
ELSA Asociación Europea de Estudiantes de Derecho  
ESD Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 
solución de diferencias  
GATT de 1994  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994  
LGCUD  lavadoras de gran capacidad para uso doméstico  
método de comparación P -P método de comparación entre promedios ponderados  
método de comparación P -T método de comparación entre promedios ponderados y transacciones  
método de comparación T -T método de comparación tr ansacción por transacción  
MPD método de fijación de precios diferenciales  
NCP número de control de producto  
Normas de Conducta  Normas de Conducta para la aplicación del Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la solución  de diferencias, 
adoptadas por el OSD el 3 de diciembre de 1996, WT/DSB/RC/1  
OMC Organización Mundial del Comercio  
OSD Órgano de Solución de Diferencias  
precio f.o.b.  precio franco a bordo  
Procedimientos de trabajo  Procedimientos de trabajo para el exa men en apelación, WT/AB/WP/6, 
16 de agosto de 2010  
RDSD  Registro Digital de Solución de Diferencias de la OMC  
Reglamento de base  Reglamento (CE) Nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativo a la defensa contra las importaciones que sean  objeto de dumping 
por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (versión 
codificada), Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, Nº 343 (22 de 
diciembre de 2009), páginas 51 -73, y Corrección de errores de dicho 
Reglamento, serie L, Nº 7 (12 de  enero de 2010), páginas 22 y 23 (Prueba 
documental ARG -1 presentada al Grupo Especial)  
Reglamento definitivo  Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1194/2013 del Consejo, de 19 de 
noviembre de  2013, por el que se establece un derecho antidumping 
definitivo y se  percibe definitivamente el derecho provisional establecido 
sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia, 
Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, Nº  315 (26 de noviembre 
de 2013), páginas  2-26 (Prueba documental ARG -22 pres entada al Grupo 
Especial)  
Reglamento provisional  Reglamento (UE) Nº 490/2013 de la Comisión, de 27 de mayo de 2013, por 
el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las 
importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia, Diario  Oficial 
de la Unión Europea, serie L, Nº 141 (28 de mayo de 2013), páginas 6 -25 
(Prueba documental ARG -30 presentada al Grupo Especial)  
RSTA  Ley sobre Restricción de la Tributación Especial de Corea  
UE Unión Europea  
USDOC  Departamento de Comercio de lo s Estados Unidos  
 WT/AB/27  
 
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  PRÓLOGO  
El 2016 fue un año arduo para el Órgano de Apelación, por varias razones. Quisiera centrarme 
sobre todo en el notable aumento de la carga de trabajo y las consecuencias que ello supone para 
el cumplimiento de nuestra labor en lo s plazos previstos.  
El Órgano de Apelación entendió en procedimientos de apelación a lo largo de los 12 meses del 
año. En 2016, distribuyó 6 informes: CE - Elementos de fijación (párrafo 5 del artículo 21 - China ); 
Argentina - Servicios financieros ; Colomb ia - Textiles ; India - Células solares ; UE - Biodiésel ; y 
Estados Unidos - Lavadoras . En esos informes se abordaron, entre otras cuestiones, el Acuerdo 
sobre la OMC, el Acuerdo Antidumping, el Acuerdo sob re las MIC, el AGCS, el GATT de 1994 y 
el ESD. Las d iferencias se referían a una serie de temas de actualidad, como el cambio climático, 
las energías renovables, la evasión fiscal, el lavado de activos y el comercio leal.  
A fines de 2016 se presentaron otras cuatro apelaciones, en las siguientes diferencias : el 
voluminoso asunto CE y determinados Estados miembros - Grandes aeronaves civiles (párrafo 5 
del artículo 21) ; Rusia - Porcinos ; Estados Unidos - Métodos antidumping (China) ; y 
Estados  Unidos - Incentivos fiscales.  Además, los servicios de la Secretarí a de la OMC que prestan 
apoyo a los grupos especiales estiman que en el curso de 2017 se podría dar traslado de más de 
doce informes de grupos especiales a las partes, entre ellos, los relativos a las diferencias 
Estados  Unidos - Grandes aeronaves civiles (Boeing) (párrafo 5 del artículo 21) ; 
Brasil  - Tributación ; y Australia - Empaquetado genérico del tabaco , de gran envergadura.  
La magnitud, complejidad y cantidad de apelaciones a que nos referimos tendrán ocupada a una 
parte importante de los recursos hu manos de la Secretaría del Órgano de Apelación durante 
períodos inusitadamente largos. El promedio de la tasa de apelación es del 68%. Así pues, los 
pronósticos de un importante aumento de la carga de trabajo del Órgano de Apelación se han 
cumplido y es pr evisible que en un futuro próximo esa situación no varíe.  
Las limitaciones del Órgano de Apelación en materia de recursos se han visto agravadas por los 
cambios en su composición. El 25 de enero de 2016, el OSD estableció un Comité de Selección 
para que ll evara a cabo un proceso de selección con miras al nombramiento de un nuevo Miembro 
del Órgano de Apelación que reemplazara a nuestra colega Yuejiao Zhang, cuyo segundo mandato 
expiraba el 31 de mayo de 2016. En la misma reunión, el Presidente del OSD anunc ió su intención 
de iniciar consultas sobre la posible renovación del mandato de nuestro colega Seung Wha Chang, 
cuyo primer mandato de cuatro años terminaba el 31 de mayo de 2016. El Sr. Chang reunía las 
condiciones para ser nombrado por el OSD para un seg undo período de cuatro años y había 
manifestado su disposición a desempeñar un segundo mandato. El 11 de mayo de 2016, se 
comunicó al Presidente del OSD que una delegación no apoyaba la renovación del mandato del 
Sr. Chang. Poco después, esa delegación hiz o públicas las razones que l a llevaban a oponerse a la 
renovación del mandato del Sr. Chang. Posteriormente, en una carta firmada por el Presidente del 
Órgano de Apelación, todos los Miembros del Órgano de Apelación a excepción del Sr. Chang 
expresaron su preocupación acerca de las razones de la oposición a la renovación de su mandato 
aducidas en la declaración pública. Como consecuencia de la expiración del mandato de la 
Sra. Zhang y de la no renovación del mandato del Sr. Chang, el Órgano de Apelación est uvo 
integrado solo por cinco Miembros del 1º de junio de 2016 hasta casi finales de 2016, cuando 
concluyó el proceso de nombramiento de los nuevos Miembros.  
En su reunión de 23 de noviembre de 2016, el OSD convino en nombrar a la Sra. Hong Zhao y al 
Sr. Hy un Chong Kim como nuevos Miembros del Órgano de Apelación por un período de cuatro 
años. Sus respectivos mandatos comenzaron el 1º de diciembre de 2016.  
A lo largo de 2016, el Órgano de Apelación siguió esforzándose por mejorar la eficiencia y lograr 
que s us informes sean más concisos y legibles para las delegaciones de la OMC y otros 
interesados. Hemos seguido aplicando la práctica, adoptada en 2015, de incorporar a los informes 
del Órgano de Apelación como anexos los resúmenes de los argumentos presentado s por los 
participantes y los terceros participantes, en lugar de resumir los argumentos de los participantes 
en el cuerpo de los informes. También hemos incorporado descripciones más exhaustivas de 
nuestras "constataciones y conclusiones", de forma que qu ienes consulten primero esa sección 
puedan enterarse con mayor rapidez del razonamiento fundamental y las conclusiones finales. 
Además, hemos tratado de que nuestros informes sean más concisos. Estos cambios tienen por 
objeto facilitar el acceso al aspecto  público de nuestra labor y utilizar de forma eficiente los 
limitados recursos de que disponemos.  WT/AB/27  
 
- 6 - 
 
  No obstante, es preciso reconocer que el ingente volumen de apelaciones que nos espera en 2017 
representará una carga para nuestros recursos y que las demoras  serán inevitables. Ante el 
número de asuntos sometidos y los límites que tenemos, el Órgano de Apelación hará lo que esté 
en su mano, con el personal y los recursos de que dispone, de una manera sostenible. Al lograr el 
equilibrio entre calidad, rapidez, sostenibilidad y capacidad, daremos prioridad a la calidad, dentro 
de los límites de nuestra capacidad. Ello significa que, casi con seguridad, habrá demoras y listas 
de espera. Trabajaremos con los Miembros y con los participantes en los asuntos para abor dar 
esos problemas de la mejor manera posible. Aprovecho la oportunidad para reiterar lo que pedí a 
los Miembros de la OMC en el discurso que pronuncié en noviembre de 2016, que se adjunta como 
anexo a este informe anual: trabajemos unidos para mantener, f ortalecer y preservar la confianza 
y la credibilidad que se han ido generando a lo largo de los años en este sistema de solución de 
diferencias, cuya eficacia no tiene parangón, pero que es frágil y no es algo que pueda darse por 
sentado. En especial, espe ramos encontrar una mejor manera de que los Miembros de la OMC y el 
Órgano de Apelación analicen problemas estructurales arraigados en el sistema de solución de 
diferencias y, en particular, en el Órgano de Apelación.  
En ese sentido, me complace informar d e que se han realizado algunos avances. Tal como había 
hecho mi predecesor en 2015, he celebrado una serie de consultas informales con los Miembros de 
la OMC, en particular los que utilizan activamente el sistema de solución de diferencias, sobre la 
posibi lidad de introducir nuevas mejoras en las prácticas y los procedimientos internos. En esas 
consultas se abordaron, entre otras cosas, preocupaciones relativas a la independencia e 
imparcialidad del Órgano de Apelación y preocupaciones de orden práctico ace rca de los recursos 
necesarios para hacer frente a las crecientes necesidades del sistema de solución de diferencias en 
general y del Órgano de Apelación en particular. Las consultas han sido constructivas, por lo que 
estoy convencido de que deberíamos dia logar de forma más general y asidua, y no limitarnos a 
reunirnos en torno del estrado en la sala de audiencias.  
Por último, lamentablemente el 2016 también será recordado como el año en que perdimos a uno 
de los grandes defensores del sistema multilateral de comercio y del Órgano de Apelación. El 4 de 
marzo de 2016 falleció el Embajador Julio Lacarte -Muró, a los 97 años. Pocas personas han 
ejercido una influencia tan profunda y sostenida en el sistema multilateral de comercio como el 
Embajador Lacarte. En 1 946 participó en la primera sesión de la Comisión Preparatoria encargada 
de redactar una Carta para la Organización Internacional de Comercio (OIC) cuya creación se 
había propuesto, y en 1947 participó en la Conferencia de La Habana. Posteriormente, el 
Embajador Lacarte contribuyó al inicio de la Ronda Uruguay, que culminó con la creación de 
la OMC, en 1995. Fue Presidente del Grupo de Negociación sobre la Solución de Diferencias de la 
Ronda Uruguay y el texto del Entendimiento sobre Solución de Diferencias  se negoció y se acordó 
bajo su liderazgo. Arquitecto clave del sistema de solución de diferencias de la OMC, el Embajador 
Lacarte fue designado como uno de los siete Miembros iniciales del Órgano de Apelación y luego 
elegido primer Presidente de este órga no. La labor del Embajador Lacarte al frente del Órgano de 
Apelación en sus años de desarrollo inicial contribuyó decisivamente  a moldear esta institución. 
Me complace anunciar que, para honrar el legado del Embajador Lacarte, el Órgano de Apelación 
ha pue sto en marcha la iniciativa de instaurar la "Conferencia anual Julio Lacarte", en la que se 
abordarán cuestiones de importancia para el sistema multilateral de comercio. La conferencia 
inaugural tendrá lugar en 2017.  
Thomas R. Graham  
Presidente, Órgano de Apelación  WT/AB/27  
 
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  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO  
ÓRGANO DE APELACIÓN  
INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE A 2016  
1  INTRODUCCIÓN  
En el presente informe anual se resumen las actividades realizadas por el Órgano de Apelación y 
su Secretaría en el año 2016.  
La solución de diferencias en la Organización Mundial del Comercio (OMC) está regulada por el 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias 
(ESD), que figura en el Anexo 2 del Acuerdo de Marrakech por el que se establ ece la Organización 
Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC). E n el párrafo 2 del artículo 3 del ESD se identifican 
el objetivo y la función  del sistema de solución de diferencias de la siguiente manera:  "el sistema 
de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y 
previsibilidad al sistema multilateral de comercio". En esa disposición se establece también que el 
sistema de solución de diferencias "sirve para preservar los derechos y obligaciones de los 
Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de 
dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho 
internacional público". La administración del sistema de solución de diferencias está a cargo d el 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD), integrado por todos los Miembros de la OMC.  
Todo Miembro de la OMC puede recurrir a las normas y procedimientos previstos en el ESD cuando 
"considere que cualesquiera ventajas resultantes para él directa o indire ctamente de los acuerdos 
abarcados se hallan menoscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro".1 
Los procedimientos del ESD son aplicables a las diferencias surgidas en el marco de cualquiera de 
los acuerdos abarcados que se enumeran en el Apéndice 1 de l ESD, que incluyen el Acuerdo sobre 
la OMC y todos los Acuerdos multilaterales anexos a él, relativos al comercio de mercancías2, el 
comercio de servicios3 y la protección de los derechos de propiedad intelectual4, así como el 
propio  ESD. Con arreglo al p árrafo 2 del artículo 1 del ESD, las normas y procedimientos 
especiales o adicionales enumerados en el Apéndice 2 del ESD prevalecen sobre los previstos en 
el ESD en la medida en que exista una incompatibilidad. La aplicación del ESD a las diferencias que 
se planteen en el marco de los acuerdos comerciales plurilaterales anexos al Acuerdo sobre 
la OMC5 depende de que las partes en cada uno de esos acuerdos adopten una decisión en la que 
se establezcan las condiciones de la aplicación del ESD al acuerdo de q ue se trate.6 
El procedimiento previsto en el ESD se lleva a cabo en etapas. En la primera etapa, los Miembros 
están obligados a celebrar consultas con miras a llegar a una solución mutuamente convenida de 
la cuestión en litigio.7 Si en esas consultas no s e alcanza una solución de mutuo acuerdo, la 
diferencia puede pasar a la etapa de carácter resolutivo, en la que el Miembro reclamante solicita 
al OSD el establecimiento de un grupo especial para que examine el asunto.8 Los integrantes de 
los grupos especia les son elegidos por acuerdo entre las partes, sobre la base de las candidaturas 
propuestas por la Secretaría.9 Sin embargo, si las partes no logran llegar a un acuerdo, cualquiera 
de ellas podrá solicitar al Director General de la OMC que establezca la co mposición del grupo 
especial.10 Los grupos especiales estarán formados por personas muy competentes, funcionarios 
gubernamentales o no, que tengan competencia técnica en derecho mercantil internacional o 
política comercial internacional.11 En el desempeño de  su función resolutoria, el grupo especial 
debe "hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una 
                                               
1 Párrafo 3 del artículo 3 del ESD.  
2 Anexo 1A al Acuerdo sobre la OMC.  
3 Anexo 1B al Acuerdo sobre la OMC.  
4 Anexo 1C al Acuerdo sobre la OMC.  
5 Anexo 4 al Acuerdo sobre la OMC.  
6 Apéndi ce 1 al ESD.  
7 Artículo 4 del ESD.  
8 Artículo 6 del ESD.  
9 Párrafo 6 del artículo 8 del ESD.  
10 Párrafo 7 del artículo 8 del ESD.  
11 Párrafo 1 del artículo 8 del ESD.  WT/AB/27  
 
- 8 - 
 
  evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la 
conformidad con estos y formular otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las 
recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados".12 
El procedimiento del grupo especial incluye la presentación de comunicaciones escritas por las 
partes principales y t ambién por los terceros que hayan notificado al OSD su interés en la 
diferencia. Normalmente los grupos especiales celebran dos reuniones con las partes, una de las 
cuales incluye también una sesión con los terceros. Los grupos especiales exponen sus 
const ataciones fácticas y jurídicas en un informe provisional sobre el que las partes pueden 
formular observaciones. El informe definitivo se comunica en primer lugar a las partes y se 
distribuye después a todos los Miembros de la OMC en los tres idiomas oficia les de la Organización 
(español, francés e inglés), momento en el que también se publica en el sitio Web de la OMC.  
El artículo 17 del ESD establece un Órgano Permanente de Apelación. El Órgano de Apelación está 
integrado por siete Miembros, nombrados cada  uno por un mandato de cuatro años, que puede 
renovarse una vez. Las fechas de expiración de los mandatos se escalonan para asegurar que no 
todos los Miembros inicien y concluyan sus respectivos mandatos al mismo tiempo. Los Miembros 
del Órgano de Apelació n deben ser personas de prestigio reconocido, con competencia técnica 
acreditada en derecho, en comercio internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en 
general, y no deben estar vinculados a ningún gobierno. Además, los integrantes del Órgano de 
Apelación serán representativos en términos generales de la composición de la OMC. Los Miembros 
del Órgano de Apelación eligen un presidente para un mandato de un año, prorrogable por un 
período adicional de un año. El Presidente tiene a su cargo la dir ección general de los asuntos del 
Órgano de Apelación. Una sección integrada por tres Miembros del Órgano de Apelación entiende 
en cada apelación. El proceso de selección de las secciones está destinado a garantizar los 
principios de selección aleatoria, i mprevisibilidad de la selección y oportunidad de actuar de todos 
los Miembros con independencia de su origen nacional. Con objeto de garantizar la uniformidad y 
coherencia en la adopción de decisiones, antes de finalizar los informes del Órgano de Apelació n 
las secciones intercambian opiniones con los otros cuatro Miembros de dicho Órgano. El Órgano de 
Apelación recibe asistencia jurídica y administrativa de su Secretaría. La conducta de los Miembros 
y de los funcionarios del Órgano de Apelación se rige por  las Normas de Conducta para la 
aplicación del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución 
de diferencias13 (Normas de Conducta). Dichas Normas subrayan que los Miembros del Órgano de 
Apelación serán independientes e  imparciales y evitarán todo conflicto de intereses directo o 
indirecto, además de mantener la confidencialidad de los procedimientos en apelación.14 
Cualquiera de las partes en una diferencia, con excepción de los Miembros de la OMC que hayan 
intervenido e n calidad de terceros en la etapa del grupo especial, puede apelar ante el Órgano de 
Apelación el informe de un grupo especial. Estos terceros, no obstante, pueden participar en el 
procedimiento de apelación y presentar comunicaciones escritas y formular d eclaraciones orales. 
La apelación tiene únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del 
grupo especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por este. El examen en apelación se 
lleva a cabo con arreglo a los procedimientos establecidos en el ESD y los Procedimientos de 
trabajo para el examen en apelación15 (Procedimientos de trabajo), elaborados por el Órgano de 
Apelación en consulta con el Presidente del OSD y con el Director General de la OMC y 
comunicados a los Miembros de  la OMC. El procedimiento de apelación conlleva la presentación de 
comunicaciones escritas por los participantes y los terceros participantes, así como la celebración 
de una audiencia. El informe del Órgano de Apelación debe distribuirse en un plazo de 90 días 
contados a partir de la fecha en que se haya iniciado la apelación, y se  publica en el sitio Web de 
la OMC inmediatamente después de su distribución a los Miembros. En su informe, el Órgano de 
Apelación puede confirmar, modificar o revocar las constat aciones y conclusiones jurídicas del 
grupo especial.  
Los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación deben ser adoptados por los 
Miembros de la OMC obrando colectivamente por conducto del OSD. De conformidad con la regla 
                                               
12 Artículo 11 del ESD.  
13 Las Normas de Conducta, adoptadas por el OSD el 3 de diciembre de  1996 (WT/DSB/RC/1), han sido 
incorporadas a los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación (WT/AB/WP/6) como anexo II. 
(Véanse los documentos WT/DSB/RC/2, WT/AB/WP/W/2).  
14 Los antiguos Miembros del Órgano de Apelación , así como los antiguos funcionarios y pasantes de su 
Secretaría están sujetos a las Directrices aplicables después de la separación del servicio , que facilitan el 
cumplimiento de las obligaciones de conducta pertinentes tras un período de servicio (WT/AB/22).  
15 Procedimientos de tra bajo para el examen en apelación, WT/AB/WP/6, 16 de agosto de  2010.  WT/AB/27  
 
- 9 - 
 
  del consenso en con trario, un informe se considera adoptado a menos que el OSD decida por 
consenso no adoptarlo.16 Una vez adoptados, el informe del Órgano de Apelación y el informe del 
grupo especial (modificado por el Órgano de Apelación) son vinculantes para las partes.  
El párrafo 3 del artículo 21 del ESD dispone que, una vez que el OSD ha adoptado un informe de 
un grupo especial o del Órgano de Apelación que incluya una constatación de incompatibilidad de 
una medida del Miembro demandado con las obligaciones que le corres ponden en el marco de 
la OMC, el Miembro demandado debe, en principio, cumplir inmediatamente. Sin embargo, cuando 
el cumplimiento inmediato "no sea factible", el Miembro demandado dispondrá de un "plazo 
prudencial" para aplicar las recomendaciones y resol uciones del OSD. El "plazo prudencial" puede 
ser determinado por el OSD, establecido por las partes de común acuerdo o fijado mediante 
arbitraje vinculante en virtud del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD. En dicho arbitraje, una 
directriz para el árbitr o es que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del 
grupo especial o del Órgano de Apelación no deberá exceder de 15 meses contados a partir de la 
fecha de adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. Ese plazo podrá, no 
obstante, ser más corto o más largo según las circunstancias del caso. Los árbitros han indicado 
que el plazo prudencial será el plazo más breve posible en el marco del ordenamiento jurídico del 
Miembro que ha de proceder a la aplicación.  
En caso  de desacuerdo entre las partes "en cuanto a la existencia de medidas destinadas a 
cumplir  ... o a la compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo abarcado", la cuestión puede 
someterse al grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto, en virtud del 
procedimiento sobre el cumplimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21 del ESD. En el marco 
de ese procedimiento, el grupo especial emite un informe que puede ser objeto de apelación ante 
el Órgano de Apelación. Una vez adoptados por el OS D, los informes emitidos por el grupo especial 
y el Órgano de Apelación en el marco del procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 sobre el 
cumplimiento son vinculantes para las partes.  
Si el Miembro demandado no pone la medida declarada incompatible con las normas de la OMC en 
conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud de los acuerdos abarcados dentro 
del plazo prudencial, el Miembro reclamante puede solicitar la celebración de negociaciones con el 
Miembro demandado con miras a llegar a un acuerdo sobre la compensación como alternativa 
temporal y voluntaria al pleno cumplimiento. La compensación está supeditada a la aceptación del 
Miembro reclamante y debe ser compatible con los Acuerdos de la OMC. Si no se conviene en una 
compensación satisfactoria, el Miembro reclamante puede solicitar la autorización del OSD, de 
conformidad con el artículo 22 del ESD, para suspender la aplicación al Miembro demandado de 
concesiones u otras obligaciones resultantes de los Acuerdos de la OMC. El nivel d e la suspensión 
de concesiones u otras obligaciones autorizado por el OSD será equivalente al nivel de anulación o 
menoscabo resultante del incumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
El Miembro demandado puede solicitar un arbitraje de c onformidad con el párrafo 6 del artículo 22 
del ESD si impugna el nivel de la suspensión propuesta o considera que no se han seguido los 
principios y procedimientos relativos a la suspensión de concesiones u otras obligaciones. 
En principio, la suspensión de concesiones u otras obligaciones debe referirse al mismo sector 
comercial o acuerdo que la medida declarada incompatible. Sin embargo, si ello resulta 
impracticable o es ineficaz para el Miembro reclamante y las circunstancias son suficientemente 
graves , el Miembro reclamante puede solicitar autorización para suspender concesiones con 
respecto a otros sectores o acuerdos. El arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 estará a 
cargo del grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto, si estuvieran disponibles 
sus miembros. La compensación y la suspensión de concesiones u otras obligaciones son medidas 
temporales; ninguna de ellas se ha de preferir a la aplicación plena de una recomendación de 
poner una medida en conformidad con los acu erdos abarcados.17 
Las partes en una diferencia pueden solicitar, en cualquier etapa del procedimiento, los buenos 
oficios, la conciliación o la mediación como métodos alternativos de solución de diferencias.18 
Además, de conformidad con el artículo 25 del E SD, los Miembros de la OMC pueden recurrir al 
arbitraje como alternativa a los procedimientos habituales previstos en el ESD.19 El recurso al 
                                               
16 Párrafo 4 del artículo 16 y párrafo 14 del artículo 17 del ESD.  
17 Párrafo 1 del artículo 22 del ESD.  
18 Artículo 5 del ESD.  
19 Solo se ha recurrido una vez al artículo 25 del ESD, y no fue  en sustitución de los procedimientos del 
grupo especial o del Órgano de Apelación, sino que el objetivo de ese arbitraje fue fijar una cuantía de WT/AB/27  
 
- 10 - 
 
  arbitraje, con inclusión del procedimiento por el que se regirá, está sujeto al acuerdo mutuo de las 
partes.20 
                                                                                                                                               
compensación hasta el pleno cumplimiento por parte del Miembro demandado. (Véase el laudo arbitral, 
Estados U nidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor (artículo 25) ). 
20 Los artículos 21 y 22 del ESD son aplicables mutatis mutandis  a las decisiones de los árbitros.  WT/AB/27  
 
- 11 - 
 
  2  COMP OSICIÓN  DEL ÓRGANO DE APELAC IÓN 
El Órgano de Apelación es un órgano permanente integrado por siete Miembros nombrados por 
el OSD para un mandato de cuatro años que puede renovarse solo una vez por otro período de 
cuatro años.  
El segundo mandato de la Sra. Yuejiao Zhang terminó el 31 de mayo de  2016.21 En esa misma 
fecha terminó el primer mandato de cuatro años del Sr. Seung Wha Chang, quien expresó su 
interés y deseo de ser nombrado para un segundo mandato de cuatro años. En una reunión 
celebrada el 25 de en ero de  2016, el OSD convino en lo siguiente: i) iniciar un proceso de 
selección para proveer un puesto en el Órgano de Apelación con objeto de reemplazar a la 
Sra. Zhang; ii) establecer un Comité de Selección, de conformidad con el procedimiento 
establecid o en el documento WT/DSB/1 y con los procesos de selección anteriores, integrado por 
el Director General y los Presidentes en 2016 del Consejo General, el Consejo del Comercio de 
Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo de los ADPIC y e l OSD, que estaría 
presidido por el Presidente del OSD; iii) fijar el 15 de marzo de  2016 como fecha límite para la 
presentación de candidaturas por los Miembros; iv) solicitar al Comité de Selección que llevara a 
cabo su labor en abril/mayo de  2016 con mi ras a formular una recomendación al OSD no más 
tarde del 12 de mayo de  2016, para que el OSD pudiera adoptar una decisión sobre el 
nombramiento de un nuevo Miembro del Órgano de Apelación en su reunión ordinaria prevista 
para el 23 de mayo de  2016; y v) so licitar al Presidente del OSD que celebrara consultas sobre la 
posible renovación del mandato del Sr. Chang.22 
En la re unión del OSD de 23 de marzo de 2016, el Presidente del OSD informó de las novedades 
relativas al proceso de selección del nuevo Miembro d el Órgano de Apelación. El Presidente 
del OSD comunicó a los Miembros de la OMC que en el plazo acordado , que había expirado 
el 15 de marzo de 2016, habían presentado siete candidaturas los siguientes Miembros: el Japón, 
Nepal, China, Australia, Malasia y Turquía. China había presentado dos candidaturas. El Presidente 
del OSD también observó que el Presidente en 2016 del Consejo del Comercio de Mercancías, 
Sr. Hamish McCormick (Australia), se había inhibido del proceso habida cuenta de que Australia 
había p resentado una candidatura para su examen en el proceso de selección de  2016.23 En la 
reunión del OSD de 23 de mayo de  2016, el Presidente del OSD afirmó que el Comité de Selección 
había entrevistado largamente a los siete candidatos los días 7 y 8 de abril de 2016, a fin de 
identificar a las personas que tuvieran las cualificaciones y competencia técnica que se exigían en 
el ESD a los Miembros del Órgano de Apelación. Como parte del proceso de selección, el Comité se 
había reunido de manera individual con 50  delegaciones para escuchar sus puntos de vista sobre 
los candidatos. El Comité también había recibido opiniones por escrito de 23 delegaciones. Durante 
todo el proceso, el Comité había basado sus trabajos en las directrices, normas y procedimientos 
establ ecidos en el ESD, así como en los documentos WT/DSB/1 y WT/DSB/70, que rigen la 
selección y el nombramiento de los Miembros del Órgano de Apelación. El Comité de Selección 
lamentaba que, pese a haberse esforzado al máximo, en aquel momento no podía recomen dar a 
un candidato que gozara del consenso de todos los Miembros y, por lo tanto, solicitaba más tiempo 
para celebrar nuevas consultas sobre este asunto.24 
En la reunión del OSD de 23 de mayo de  2016, el Presidente del OSD también recordó que, en la 
decisió n del OSD de 25 de enero de  2016, que figura en el documento WT/DSB/70, se había 
solicitado al Presidente del OSD que celebrara consultas sobre la posible renovación del mandato 
del Sr. Seung Wha Chang por un segundo período de cuatro años. Desde entonces,  tanto él como 
su predecesor habían mantenido consultas informales sobre este asunto con las delegaciones 
interesadas. Como resultado de esas consultas, el Presidente del OSD había organizado una 
reunión informal el 10 de mayo de  2016 con el fin de que las  delegaciones planteasen preguntas al 
Sr. Chang.  
El Presidente  del OSD comunicó que e n la reunión de 10 de mayo de  2016 había  participa do un 
total de 26 delegaciones. Al comienzo de la reunión, el Presidente del OSD leyó las normas básicas 
del proceso, bas adas en el proceso llevado a cabo en 2015 por el anterior Presidente del OSD. 
                                               
21 La Sra. Zhang pronunció un discurso de despedida el 26 de octubre de  2016.  Véase el an exo 4 del 
presente informe.  
22 Véase el documento WT/DSB/M/373.  
23 Véase el documento WT/DSB/M/376.  
24 Véase el documento WT/DSB/M/379.  WT/AB/27  
 
- 12 - 
 
  A este respecto, el Presidente subrayó que la reunión no estaba destinada a reproducir o repetir 
las prolongadas entrevistas realizadas por las delegaciones en relación con los n ombramientos 
iniciales. También informó a las delegaciones de que solo podrían formular preguntas al Sr. Chang 
los Embajadores o sus adjuntos, y de que cada delegación estaba autorizada a formular 
únicamente dos preguntas. Además, las delegaciones no podía n hacer preguntas referidas a: 
i) cualesquiera cuestiones jurídicas planteadas en diferencias que estuvieran en ese momento en 
la fase de consultas, ante grupos especiales o ante el Órgano de Apelación; ii) cualesquiera 
cuestiones jurídicas sobre las que s e hubiera pronunciado el Órgano de Apelación durante el 
mandato del Miembro del Órgano de Apelación que solicitaba que se renovara su nombramiento; o 
iii) cualesquiera cuestiones jurídicas que el Órgano de Apelaci ón no hubiera examinado aún. 
El Presidente también recordó que los Miembros del Órgano de Apelación están sujetos a las 
Normas de Conducta para la aplicación del ESD anexas a los Procedimientos de trabajo para el 
examen en apelación, y que, de conformidad con las Normas II.1 y III.2, serán independ ientes e 
imparciales, evitarán todo conflicto de intereses directo o indirecto y respetarán la 
confidencialidad. En este sentido, el Presidente subrayó que el Sr. Chang podía en cualquier 
momento negarse a responder a cualquiera de las preguntas formuladas  durante la reunión.  
El Presidente  del OSD explicó que, d espués de estas observaciones introductorias en la reunión  
informal del 10 de mayo , dos delegaciones habían  hecho declaraciones relativas a la naturaleza de 
la reunión y habían  expresa do su opinión s obre la cuestión de la renovación del nombramiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 17 del ESD. A continuación, varias 
delegaciones formularon preguntas a las que el Sr. Chang respondió, y seguidamente se dio por 
concluida la r eunión. Al día siguiente, el 11 de mayo de  2016, una delegación informó al 
Presidente del OSD de que no podría apoyar la renovación del mandato del Sr. Chang. La posición 
y las razones de esa delegación también  se hicieron públicas. El Presidente  recordó q ue, las 
delegaciones también  habían  recibi do por fax una comunicación del Preside nte del Órgano de 
Apelación, de  19 de mayo de  2016, que incluía una carta que los Miembros del Órgano de 
Apelación habían remitido al Presidente del OSD con su opinión sobre e sos acontecimientos 
recientes.25 Esa carta se reproduce en el anexo 3 del presente informe. El Presidente concluyó 
señalando que, de no variar la situación, el mandato del Sr. Chang como Miembro del Órgano de 
Apelación terminaría el 31 de mayo de 2016.  
Dado que no hubo acuerdo entre los Miembros sobre la cuestión de la renovación, el mandato del 
Sr. Chang como Miembro del Órgano de Apelación expiró el 31 de mayo de  2016.26 Ese mismo día, 
los antiguos Miembros del Órgano de Apelación con vida enviaron una cart a al Presidente del OSD 
en la que expresaban su opinión sobre la no renova ción del mandato del Sr. Chang.27 
En la reunión del OSD de 21 de julio de  2016, el Presidente del OSD informó de que había 
mantenido consultas con los Miembros de la OMC sobre las cue stiones relativas al Órgano de 
Apelación. Sobre la base de las consultas, tenía la impresión de que los Miembros estaban 
dispuestos a proceder del siguiente modo. En primer lugar, a partir de septiembre de  2016 el 
Presidente del OSD convocaría sesiones esp ecíficas para que los Miembros mantuvieran debates 
centrados en cualquier cuestión que se hubiera planteado en relación con la renovación de 
mandatos del Órgano de Apelación, con inclusión de si los Miembros de la OMC deseaban modificar 
las normas que rige n la renovación de los mandatos. El Presidente del OSD aclaró que el objetivo 
de esas sesiones sería abordar únicamente las cuestiones relacionadas con la renovación de 
mandatos, prestando especial atención a garantizar la independencia y la imparcialidad del Órgano 
de Apelación, y no abordar ninguna otra cuestión, en particular las planteadas en las 
negociaciones sobre el ESD. El Presidente del OSD alentó a todos los Miembros a que participaran 
plena y activamente en esas sesiones específicas, teniendo pre sente la urgencia de llegar a un 
acuerdo sobre esta cuestión lo antes posible, a fin de hacer recomendaciones al OSD.  
En segundo lugar, el OSD adoptó una decisión: i) iniciar un proceso de selección para proveer la 
vacante dejada por la no renovación del m andato de un Miembro del Órgano de Apelación; 
ii) invitar a los Miembros a presentar candidatos para proveer esa vacante y fijar el 14 de 
septiembre de  2016 como fecha límite para la presentación de candidaturas por los Miembros; 
iii) acordar que, si algun o de los candidatos presentados para el proceso de  2016 iniciado por 
                                               
25 Véase el documento WT/DSB/M/379.  
26 El Sr. Chang pronunció un discurso de d espedida el 26 de septiembre de 2016.  Véase el anexo 4 del 
presente informe.  
27 Dicha carta se reproduce en el anexo 3 del presente informe.  WT/AB/27  
 
- 13 - 
 
  el OSD en su reunión de 25 de enero de  2016 deseaba participar en este proceso de selección, el 
Miembro que había presentado al candidato informaría al Comité de Selección de la intención  del 
candidato de participar a más tardar en la fecha límite establecida en el apartado ii), y que ese 
candidato no tendría que ser entrevistado por el Comité de Selección por segunda vez; iv) acordar 
que el Comité de Selección de  2016 también llevaría a c abo este nuevo proceso de selección; 
y v) solicitar al Comité de Selección que llevara a cabo su labor, que incluiría entrevistar a 
cualquier nuevo candidato y escuchar las opiniones de las delegaciones sobre todos ellos durante 
el mes de octubre, con mira s a hacer recomendaciones al OSD lo antes posible para que este 
pudiera adoptar una decisión sobre el nombramiento de un nuevo Miembro del Órgano de 
Apelación a más tardar en su reunión ordinaria de noviembre de  2016.28 
En la reunión del OSD de 23 de octubr e de 2016, el Presidente del OSD informó a los Miembros de 
la OMC de que al cumplirse el plazo del 14 de septiembre de  2016 se habían propuesto siete 
candidatos. De conformidad con la decisión del OSD de 21 de julio de  2016, Australia, China, el 
Japón y Ne pal habían vuelto a presentar a sus candidatos para la nueva vacante, y el Taipei Chino 
y Corea habían presentado dos nuevos candidatos. Las entrevistas realizadas por el Comité de 
Selección a los dos nuevos candidatos que habían presentado el Taipei Chino  y Corea tuvieron 
lugar el 17 de octubre de  2016.29 
En la reunión del OSD de 23 de noviembre de  2016, el Presidente del OSD informó de que, el 3 de 
noviembre de  2016, el Comité de Selección había formulado una recomendación sobre la vacante 
dejada por la pa rtida de la Sra. Zhang. Con respecto al segundo proceso de selección, el 
Presidente del OSD indicó que el Comité de Selección se había reunido de manera individual 
con 57 delegaciones para conocer su opinión sobre los siete candidatos. El Comité también ha bía 
recibido opiniones por escrito de 30 delegaciones. Durante todo el proceso, también en este caso, 
el Comité había basado sus trabajos en las directrices, normas y procedimientos establecidos en 
el ESD, así como en el documento WT/DSB/1, que rige la sel ección y el nombramiento de los 
Miembros del Órgano de Apelación. El 3 de noviembre de  2016, el Comité de Selección había 
hecho una recomendación sobre la vacante dejada por la no renovación del mandato del 
Sr. Chang.30 En la reunión del OSD de 23 de noviem bre de  2016, el OSD convino en nombrar a la 
Sra. Zhao Hong y al Sr. Hyun Chong Kim como nuevos Miembros del Órgano de Apelación por un 
período de cuatro años, que en ambos casos comenzaría el 1º de diciembre de  2016.31 
En el cuadro 1 se indican la composici ón del Órgano de Apelación en 2016 y los respectivos 
mandatos de sus Miembros.  
                                               
28 Véase el documento WT/DSB/M/383.  
29 WT/DSB/M/387.  
30 WT/DSB/M/389.  
31 WT/DSB/M/389.  WT/AB/27  
 
- 14 - 
 
  Cuadro 1: Composición del Órgano de Apelación en 2016  
Nombre  Nacionalidad  Mandato  
Ujal Singh Bhatia  India 2011-2015 
2015-2019 
Seung Wha Chang*  Corea  2012-2016 
Thomas R.  Graha m Estados Unidos  2011-2015 
2015-2019 
Ricardo Ramírez  Hernández  México  2009-2013 
2013-2017 
Hyun Chong Kim**  Corea  2016-2020 
Shree Baboo Chekitan Servansing  Mauricio  2014-2018 
Peter Van den Bossche  Bélgica  2009-2013 
2013-2017 
Yuejiao Zhang*  China  2008-2012 
2012-2016 
Hong Zhao**  China  2016-2020 
* El mandato de Seung Wha Chang y Yuejiao Zhang como Miembros del Órgano de Apelación finalizó 
el 31 de mayo de 2016.  
** El mandato de Hyun Chong Kim y Hong Zhao como Miembros del Órgano de Apelación comenzó  
el 1º de diciembre de 2016.  
De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 5 de los Procedimientos de trabajo, los Miembros del 
Órgano de Apelación eligieron al Sr. Thomas R.  Graham para desempeñar el cargo de Presidente 
del 1° de enero al 31 de diciembre de  2016.32 En noviembre de  2016, el Sr. Ujal Singh Bhatia fue 
elegido para desempeñar el cargo de Presidente del 1° de enero al 31 de diciembre de  2017.33 
En el anexo 6 se incluye información biográfica sobre los Miembros del Órgano de Apelación. 
El anexo 7 contie ne una lista de los antiguos Miembros y Presidentes del Órgano de Apelación.  
El Órgano de Apelación recibe asistencia jurídica y administrativa de su Secretaría, de conformidad 
con el párrafo 7 del artículo 17 del ESD. Al 31 de diciembre de  2016, la Secret aría estaba 
integrada por un Director, quince juristas, un ayudante administrativo y cinco funcionarios de 
apoyo. El Sr. Werner Zdouc es Director de la Secretaría del Órgano de Apelación desde  2006.  
                                               
32 Véase el documento WT/DSB/69.  
33 WT/DSB/72.  WT/AB/27  
 
- 15 - 
 
  3  APELACIONES  
De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo, y con arreglo al 
párrafo 4 del artículo 16 del ESD, la apelación la inicia una parte en la diferencia mediante una 
notificación por escrito al OSD y la presentación de un anuncio de apelación ante la Secretaría del 
Órgano de Apelación. El párrafo 1 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo prevé la 
posibilidad de que cualquier parte en la diferencia distinta del apelante inicial se sume a la 
apelación, o apele sobre la base de otros supuestos errores, presentando u n anuncio de otra 
apelación en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de la presentación del anuncio de 
apelación.  
En 2016 se apelaron ocho informes de grupos especiales sobre ocho asuntos. Una de las 
diferencias se refería a un procedimiento  sobre el cumplimiento, y las restantes se referían a 
procedimientos iniciales. En cinco de las ocho diferencias se presentó "otra apelación" de 
conformidad con el párrafo 1 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo. En el cuadro 2 
figura información  adicional sobre las apelaciones presentadas en 2016. En el anexo 8 puede 
consultarse información adicional sobre el número de apelaciones presentadas cada año 
desde  1996.  
El promedio general de informes de grupos especiales que han sido objeto de apelació n, 
desde  1996 hasta 2016, es del 68 %. En el anexo 9 se indica el porcentaje de informes de grupos 
especiales que han sido objeto de apelación cada año.  
Cuadro 2: Informes de grupos especiales apelados en 2016  
Informes de grupos 
especiales apelados  Fecha de  la 
apelación  Apelantea Signatura  Otro 
apelanteb Signatura  
Colombia - Medidas 
relativas a la importación 
de textiles, prendas de 
vestir y calzado  22 de enero 
de 2016 Colombia  WT/DS461/6  Ninguna otra 
apelación  --- 
Estados Unidos - Medidas 
antidumping y 
compensatorias sobre 
lavadoras de gran 
capacidad para uso 
doméstico procedentes de 
Corea  19 de abril 
de 2016 Estados 
Unidos  WT/DS464/7  Corea  WT/DS464/8  
India - Determinadas 
medidas relativas a las 
células solares y los 
módulos solares  20 de abril 
de 2016 India WT/DS456/9  Ninguna otra 
apelación  --- 
Unión Europea - Medidas 
antidumping sobre el 
biodiésel procedente de la 
Argentina  20 de mayo 
de 2016 Unión 
Europea  WT/DS473/10  Argentina  WT/DS473/11  
Federación de Rusia - 
Medidas relativas a la 
importación de por cinos 
vivos, carne de porcino y 
otros productos de 
porcino procedentes de la 
Unión Europea  23 de septiembre 
de 2016 Federación de 
Rusia  WT/DS475/8  Unión 
Europea  WT/DS475/9  
Comunidades Europeas y 
determinados Estados 
miembros - Medidas que 
afectan al comer cio de 
grandes aeronaves civiles 
- Recurso de los Estados 
Unidos al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD  13 de octubre 
de 2016 Unión 
Europea  WT/DS316/29  Estados 
Unidos  WT/DS316/30  WT/AB/27  
 
- 16 - 
 
  Informes de grupos 
especiales apelados  Fecha de  la 
apelación  Apelantea Signatura  Otro 
apelanteb Signatura  
Estados Unidos - 
Determinados métodos y 
su aplicación a 
procedimientos 
antidum ping que atañen a 
China  18 de noviembre 
de 2016 China  WT/DS471/8  Ninguna otra 
apelación  --- 
Estados Unidos - 
Incentivos fiscales 
condicionales para 
grandes aeronaves civiles  16 de diciembre 
de 2016 Estados 
Unidos  WT/DS487/6  Unión 
Europea  WT/DS487/7  
a De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo.  
b De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo.  WT/AB/27  
 
- 17 - 
 
  4  INFORMES DEL ÓRGANO DE APELACIÓN  
En 2016 se distribuyeron seis informes del Órgano de Apelació n sobre seis asuntos cuyos detalles 
se resumen en el cuadro 3. Hasta el final de  2016 el Órgano de Apelación ha distribuido  en 
total 144 informes.  
Cuadro 3: Informes del Órgano de Apelación distribuidos en 2016  
Asunto  Signatura  Fecha de distribución  Fecha de adopción  
por el OSD  
Comunidades Europeas - Medidas 
antidumping definitivas sobre 
determinados elementos de 
fijación de hierro o acero 
procedentes de China - Recurso 
de China al párrafo 5 del 
artículo  21 del ESD  WT/DS397/AB/RW  18 de enero de  2016 12 de febrero de  2016 
Argentina - Medidas relativas al 
comercio de mercancías y 
servicios  WT/DS453/AB/R  14 de abril de  2016 9 de mayo de  2016 
Colombia - Medidas relativas a la 
importación de textiles, prendas 
de vestir y calzado  WT/DS461/AB/R  7 de junio de  2016 22 de junio de  2016 
Estados Unidos - Medidas 
antidumping y compensatorias 
sobre lavadoras de gran 
capacidad para uso doméstico 
procedentes de Corea  WT/DS464/AB/R  7 de septiembre de  
2016 26 de septiembre de  
2016 
India - Determinadas medidas 
relativas a las células solares y los 
módulos solares  WT/DS456/AB/R  16 de septiembre de  
2016 14 de octubre de  2016 
Unión Europea - Medidas 
antidumping sobre el biodiésel 
procedente de la Argentina  WT/DS473/AB/R  6 de octubre de  2016 26 de octubre de  2016 
En el cuadro  4 se indican los Acuerdos de la OMC abordados en los informes del Órgano de 
Apelación distribuidos en 2016.  
Cuadro 4: Acuerdos de la OMC abordados en los informes del Órgano de Apelación 
distribuidos en 2016  
Asunto  Signatura  Acuerdos de la OMC abordados  
Comunidades Europeas - Medidas 
antidumping definitivas sobre 
determinados elementos de fijación 
de hierro o acero procedentes de 
China - Recurso de China al 
párrafo  5 del artículo 21 del ESD  WT/DS397/AB/RW  Acuerdo Antidumping  
ESD 
GATT de  1994 
Argentina - Medidas relativas al 
comercio de mercancías y servicios  WT/DS453/AB/R  ESD 
GATT de  1994 
AGCS  
Colombia - Medidas relativas a la 
importación de textiles, prendas de 
vestir y calzado  WT/DS461/AB/R  ESD 
GATT de  1994 
 
Estados Unidos - Medidas 
antidumping y comp ensatorias 
sobre lavadoras de gran capacidad 
para uso doméstico procedentes de 
Corea  WT/DS464/AB/R  Acuerdo Antidumping  
ESD 
GATT de  1994 
Acuerdo SMC  WT/AB/27  
 
- 18 - 
 
  Asunto  Signatura  Acuerdos de la OMC abordados  
India - Determinadas medidas 
relativas a las células solares y los 
módulos solares  WT/DS456/AB/R  ESD 
GATT d e 1994 
Acuerdo sobre las MIC  
Unión Europea - Medidas 
antidumping sobre el biodiésel 
procedente de la Argentina  WT/DS473/AB/R  Acuerdo Antidumping  
ESD 
GATT de  1994 
Acuerdo sobre la OMC  
Las constataciones y conclusiones formuladas en los informes del Órgano  de Apelación distribuidos 
en 2016 se resumen a continuación.  
4.1  Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Medidas antidumping 
definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de 
China - Recurso de China al párr afo 5 del artículo 21 del ESD , WT/DS397/AB/RW  
Esta diferencia se refería a determinadas medidas adoptadas por la Unión Europea para cumplir las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en el asunto CE - Elementos de fijación (China) 
relacionadas con la impos ición por la Unión Europea de derechos antidumping sobre los elementos 
de fijación procedentes de China. La diferencia inicial surgió a raíz de una reclamación presentada 
por China contra la Unión Europea con respecto al Reglamento (CE) Nº 91/2009 del Cons ejo 
(el Reglamento definitivo), por el que se imponían derechos antidumping definitivos sobre los 
elementos de fijación procedentes de China, y a aspectos de la investigación antidumping 
correspondiente que habían dado lugar a su imposición. En el procedim iento inicial, el Grupo 
Especial y el Órgano de Apelación constataron que el Reglamento definitivo era incompatible con 
varias disposiciones del Acuerdo Antidumping (el párrafo 4 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 3 
y el párrafo 1 del artículo 4, as í como los párrafos 2 y 4 del artículo 6).  
Tras la adopción por el OSD de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en el 
procedimiento inicial, la Unión Europea adoptó determinadas medidas para aplicar las 
recomendaciones y resoluciones de l OSD, entre ellas la realización de una investigación de 
reconsideración. Tanto en la investigación inicial como en la de reconsideración, la Comisión 
consideró que los productores chinos objeto de investigación no actuaban según los principios de 
una eco nomía de mercado y recurrió al denominado "método del país análogo" para determinar los 
valores normales correspondientes a los productos de los productores chinos. La Comisión 
determinó los valores normales utilizados para calcular los márgenes de dumping  sobre la base de 
datos facilitados por el productor del país análogo, Pooja Forge, y no por los productores chinos 
objeto de investigación, porque no revestían la condición de productores de una economía que no 
es de mercado. Ante el Grupo Especial establ ecido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, 
China alegó que determinados aspectos de la investigación de reconsideración que daban lugar a 
la continuación de la aplicación de derechos definitivos a los elementos de fijación procedentes de 
China eran incompatibles con los párrafos 4 y 4.2 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 3, el 
párrafo 1 del artículo 4, y los párrafos 1.2, 2, 4, 5 y 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y 
el párrafo 1 del artículo VI del  GATT de  1994.  
El Grupo Especia l del párrafo 5 del artículo 21 constató que la Unión Europea había actuado de 
manera incompatible con el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping al tratar como 
confidencial la información sobre la lista y las características de los productos de P ooja Forge. 
En consecuencia, el Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 constató que no era necesario que 
formular a una constatación en el marco de esa disposición, dado que ya había constatado una 
infracción del párrafo 5 del artículo 6. El Grupo Esp ecial del párrafo 5 del artículo 21 también 
constató que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 4 del 
artículo  6 del Acuerdo Antidumping al no dar a su debido tiempo a los productores chinos la 
oportunidad de examinar la infor mación sobre la lista y las características de los productos de 
Pooja Forge, que no era confidencial en el sentido del párrafo 5 del artículo 6. Además, el Grupo 
Especial del párrafo 5 del artículo 21 constató que la Unión Europea, al haber negado a los 
productores chinos acceso a información pertinente en el sentido del párrafo 4 del artículo 6, había 
actuado de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo  6 del Acuerdo Antidumping. 
Con respecto a la alegación formulada por China al amparo del párrafo  1.2 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 constató que Pooja Forge no 
era una parte interesada en la investigación de reconsideración, y que China no había establecido WT/AB/27  
 
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  que la Unión Europea hubiera actuado  de manera incompatible con las obligaciones previstas en el 
párrafo 1.2 del artículo 6 al no asegurarse de que la información proporcionada por Pooja Forge 
relativa a la lista y las características de sus productos se pusiera inmediatamente a disposición d e 
los productores chinos. Además, el Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 constató que la 
Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping al no proporcionar a los productores chinos la info rmación con respecto a las 
características de los productos de Pooja Forge que se habían utilizado en la determinación de los 
valores normales. Con respecto al resto de las alegaciones formuladas por China al amparo del 
párrafo 4 del artículo 2, el Grupo E special del párrafo 5 del artículo 21 constató que China no había 
demostrado las supuestas incompatibilidades. El Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 
también concluyó que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 4.2 
del artículo 2 del Acuerdo Antidumping  al no tomar en consideración, en sus determinaciones de 
los márgenes de dumping, los modelos exportados por los productores chinos que no se 
correspondían con ninguno de los modelos vendidos por Pooja Forge. Por último, el Grupo Especial 
del párrafo 5 del artículo 21 constató que la Unión Europea había actuado de manera incompatibl e 
con el párrafo 1 del artículo  4 al definir la rama de producción nacional en la investigación de 
reconsideración, y con el párrafo 1 del artí culo 3, debido a que la determinación de la existencia de 
daño formulada por la Comisión se había basado en los datos obtenidos de una rama de 
producción nacional definida incorrectamente.  
4.1.1   Cuestiones relativas al mandato  
En apelación, la Unión Europea aleg ó que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar 
que las alegaciones formuladas por China al amparo de los párrafos 5, 5.1, 4, 2 y 1.2 del 
artículo  6, el párrafo 4 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping estaban comprendidas en su mandato con arreglo al párrafo 5 del artículo 21 
del ESD.  
La Unión Europea adujo que las alegaciones formuladas por China al amparo de los párrafos 5 
y 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping no estaban comp rendidas en el mandato del Grupo 
Especial porque eran las mismas alegaciones que se habían planteado y decidido en el 
procedimiento inicial. El Órgano de Apelación recordó su resolución en CE - Ropa de cama 
(párrafo  5 del artículo 21 - India)  de que no deb ería permitirse que un reclamante plantee en un 
procedimiento sobre el cumplimiento alegaciones que ya se plantearon y desestimaron en el 
procedimiento inicial con respecto a un componente de la medida de aplicación que es el mismo 
que en la medida inicial . Sin embargo, el Órgano de Apelación recordó también que, en diferencias 
posteriores, había aclarado que la misma alegación respecto de un elemento de la medida que no 
ha sido modificado puede volver a ser objeto de litigio en el proced imiento en el marco  del 
párrafo  5 del artículo 21 cuando en el procedimiento inicial la cuestión no se resolvió, por ejemplo, 
debido a que el Órgano de Apelación no pudo completar el análisis.  
El Órgano de Apelación consideró que el objeto de las alegaciones formuladas por C hina al amparo 
de los párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping en el procedimiento inicial y en el 
procedimiento sobre el cumplimiento no era el mismo. Las alegaciones formuladas por China al 
amparo de los párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 en el procedimiento inicial se referían al trato 
confidencial de la información sobre los "tipos de productos" proporcionada en la respuesta de 
Pooja Forge al cuestionario, que la Comisión había utilizado para realizar los cálculos de dumping. 
Las alegaciones  formuladas por China al amparo de los párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 en el 
procedimiento sobre el cumplimiento se referían al trato confidencial de la lista y las características 
de los productos de Pooja Forge, que los productores chinos habían pedido e xaminar después de 
que, en la investigación de reconsideración, la Comisión les hubiera proporcionado información 
sobre los "tipos de productos" y determinadas características utilizados en la comparación de los 
precios, a fin de cumplir las recomendacione s y resoluciones formuladas por el OSD en el 
procedimiento inicial en el marco de los párrafos 4 y 2 del artículo 6.  
Además, el Órgano de Apelación consideró que el trato confidencial otorgado por la Comisión a la 
lista y las características de los product os de Pooja Forge formaba parte integrante de la medida 
adoptada para cumplir las recomendaciones y resoluciones formuladas por el OSD en el 
procedimiento inicial. Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo 
Especial de que las alegaciones formuladas por China al amparo de los párrafos 5 y 5.1 del 
artículo  6 estaban comprendidas en el mandato del Grupo Especial.  WT/AB/27  
 
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  La Unión Europea adujo que las alegaciones formuladas por China al amparo de los párrafos 4 y 2 
del artículo 6 del Acuerdo Antidumping en el sentido de que la Comisión no había dado a su debido 
tiempo a los productores chinos la oportunidad de examinar la información relativa a la lista y las 
características de los productos de Pooja Forge y de defender sus intereses n o estaban 
comprendidas en el mandato del Grupo Especial porque eran alegaciones que China podría haber 
planteado en el procedimiento inicial, pero no lo había hecho. Además, la Unión Europea sostuvo 
que las alegaciones planteadas por China en este procedim iento del párrafo 5 del artículo 21 se 
referían a un aspecto no modificado de la medida inicial que era separable de la medida destinada 
a cumplir.  
El Órgano de Apelación recordó que en Estados Unidos - Algodón americano ( upland ) (párrafo 5 
del artículo 21  - Brasil)  había constatado que normalmente no se admitiría que un Miembro 
reclamante formulase, en el procedimiento del párrafo 5 del artículo 21, alegaciones que no 
hubiera planteado en el procedimiento inicial pudiendo hacerlo. El Órgano de Apelación ta mbién 
hizo referencia a su constatación en Estados Unidos - Reducción a cero (CE) (párrafo 5 del 
artículo  21 - CE) de que no era así en el caso de las nuevas alegaciones contra una medida 
destinada a cumplir, es decir, en principio, una medida nueva y dife rente, incluso cuando esa 
medida incorpora elementos de la medida inicial que no han sido modificados, pero que no se 
pueden separar de otros aspectos de la medida destinada a cumplir . 
El Órgano de Apelación observó que los incumplimientos de las obligacio nes de procedimiento 
establecidas en los párrafos 4 y 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping podrían producirse 
muchas veces durante una investigación, en función del elemento de información que una parte 
interesada solicitara examinar o del alegato que esa parte deseara hacer con objeto de defender 
sus intereses. El Órgano de Apelación consideró que el aspecto de la medida que China impugnaba 
en este procedimiento sobre el cumplimiento había cambiado con respecto al procedimiento inicial, 
dado que China estaba impugnando un episodio diferente de no divulgación por la Comisión, que 
concernía a aspectos diferentes de la información sobre los productos de Pooja Forge. Según el 
Órgano de Apelación, la pregunta fundamental al abordar esta cuestión en apelación  era si en la 
investigación inicial los productores chinos tenían conocimiento de la existencia de la información 
relativa a la lista y las características de los productos de Pooja Forge y de su pertinencia. Solo si 
podía demostrarse que los productores c hinos tenían conocimiento de la existencia de esa 
información y de su pertinencia  podría concluirse que China podía haber alegado en el 
procedimiento inicial que la no divulgación de esa información por la Comisión constituía una 
infracción de los párrafos  4 y 2 del artículo 6.  
El Órgano de Apelación recordó que las solicitudes de los productores chinos de examinar 
información relativa a la información en cuestión habían sido suscitadas por las divulgaciones por 
la Comisión de los tipos de productos utiliza dos en el cálculo del dumping y que de los 
intercambios entre la Comisión y los productores chinos en la investigación de reconsideración se 
desprendía que los productores chinos no habían tenido conocimiento de la existencia de la 
información en cuestión hasta la investigación de reconsideración, después de que la Comisión 
hiciera divulgaciones parciales. Por consiguiente, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el 
Grupo Especial en que las alegaciones que China había formulado no eran alegaciones que  podría 
haber formulado en el procedimiento inicial.  
Por último, el Órgano de Apelación consideró que la no divulgación por la Comisión de la 
información en cuestión podía caracterizarse como una omisión en las divulgaciones hechas por la 
Comisión para cum plir las recomendaciones y resoluciones del OSD en el marco de los párrafos 4 
y 2 del artículo 6 y el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. A juicio del Órgano de 
Apelación, constituía una parte integrante de la medida destinada a cumplir las r ecomendaciones y 
resoluciones del OSD en el procedimiento inicial, de la que no era separable.  
Así pues, el Órgano de Apelación concluyó que las alegaciones que China había formulado en este 
procedimiento sobre el cumplimiento al amparo de los párrafos 4 y  2 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping no eran alegaciones que China podría haber formulado en el procedimiento inicial y, 
por lo tanto, confirmó la constatación del Grupo Especial de que las alegaciones de China al 
amparo de los párrafos 4 y 2 del artí culo 6 estaban comprendidas en el mandato del Grupo 
Especial.  
La Unión Europea planteó los mismos argumentos mutatis mutandis con respecto  a la alegación 
formulada por China al amparo del párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. El Órgano WT/AB/27  
 
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  de Ape lación rechazó la alegación de la Unión Europea de que el Grupo Especial había incurrido en 
error al constatar que las alegaciones formuladas por China al amparo del párrafo 1.2 del 
artículo  6 estaban comprendidas en su mandato. La Unión Europea también so stuvo que, al 
constatar que la alegación de China al amparo del párrafo 1.2 del artículo 6 estaba comprendida 
en su mandato, el Grupo Especial había actuado de manera incompatible con el artículo 11 
del ESD, porque había concluido que Pooja Forge había pro porcionado determinada información 
sobre el revestimiento de los elementos de fijación, por primera vez, en la investigación de 
reconsideración, en lugar de confirmar simplemente información que ya había presentado en la 
investigación inicial. El Órgano de  Apelación rechazó esta alegación al amparo del artículo 11 
del ESD porque consideró que la cuestión de si la información se había proporcionado o no por 
primera vez en la investigación de reconsideración carecía de importancia para la constatación del 
Grupo Especial de que las alegaciones formuladas por China al amparo del párrafo 1.2 del 
artículo  6 del Acuerdo Antidumping estaban comprendidas en su mandato. Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación concluyó que la alegación que China había formulado en est e procedimiento 
sobre el cumplimiento al amparo del párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping no era una 
alegación que China podría haber formulado en el procedimiento inicial y, por lo tanto, confirmó la 
constatación del Grupo Especial de que la alegación de China al amparo del párrafo 1.2 del 
artículo  6 estaba comprendida en el mandato del Grupo Especial.  
La Unión Europea adujo que las alegaciones formuladas por China al amparo del párrafo 4 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping respecto de ajus tes relativos a diferencias en las características 
físicas no estaban comprendidas en el mandato del Grupo Especial porque eran alegaciones que 
China podría haber planteado en el procedimiento inicial, pero no lo había hecho. Además, la Unión 
Europea sostu vo que las alegaciones formuladas por China en este procedimiento del párrafo 5 del 
artículo 21 se referían a un aspecto no modificado de la medida inicial que era separable de la 
medida destinada a cumplir.  
El Órgano de Apelación observó que los intercamb ios entre los productores chinos y la Comisión en 
la investigación de reconsideración demostraban que los productores chinos no habían tenido 
conocimiento de la información en que se fundaba la alegación formulada por China al amparo del 
párrafo 4 del artí culo 2 del Acuerdo Antidumping hasta la investigación de reconsideración. Ello se 
debía a que la Comisión nunca había divulgado plenamente toda la información sobre las 
características de los productos de Pooja Forge que habían sido pertinentes para la det erminación 
del dumping. En consecuencia, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en 
que el hecho de que en el expediente de la investigación inicial no hubiera ningún examen sobre la 
repercusión de características físicas no incluida s en los números de control de producto (NCP) 
originales en la comparabilidad de los precios demostraba que esta cuestión solo había surgido en 
la investigación de reconsideración y, por lo tanto, no se podía haber planteado en el 
procedimiento inicial.  
Además, el Órgano de Apelación consideró que la alegación formulada por China en este 
procedimiento sobre el cumplimiento al amparo del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping no podía haberse planteado en el procedimiento inicial, y que en ella se impugnaban 
aspectos que estaban intrínsecamente relacionados con la medida destinada al cumplimiento y 
formaban parte de dicha medida, a saber, las divulgaciones efectuadas por la Comisión en la 
investigación de reconsideración para cumplir las recomendaci ones y resoluciones adoptadas en el 
marco del párrafo 4 del artículo 2 por el OSD en el procedimiento inicial.  
En consecuencia, el Órgano de Apelación consideró que la alegación que China había formulado en 
este procedimiento sobre el cumplimiento al ampar o del párrafo 4 del artículo 2 respecto de los 
ajustes en relación con diferencias en características físicas no reflejadas en los NCP originales no 
era una alegación que China podía haber planteado en el procedimiento inicial. Por lo tanto, el 
Órgano de A pelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la alegación formulada 
por China al amparo del párrafo 4 del artículo 2 respecto de ajustes relativos a diferencias en las 
características físicas no reflejadas en los NCP originales estaba compre ndida en su mandato.  
La Unión Europea adujo también que las alegaciones formuladas por China al amparo del párrafo 1 
del artículo 4 y del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping no estaban comprendidas en 
el mandato del Grupo Especial porque eran alegaciones que China podría haber planteado en el 
procedimiento inicial, pero no lo había hecho. Además, la Unión Europea sostuvo que las 
alegaciones formuladas por China en este procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 se referían a 
un aspecto no modi ficado de la medida inicial que era separable de la medida destinada a cumplir.  WT/AB/27  
 
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  El Órgano de Apelación observó que las alegaciones formuladas por China al amparo del párrafo 1 
del artículo 4 y del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping se refería n a un desacuerdo 
entre las partes en torno al sentido y alcance de las recomendaciones y resoluciones del OSD en el 
procedimiento inicial. La Unión Europea consideraba que todo lo que tenía que hacer para cumplir 
era redefinir la rama de producción nacion al, sobre la base del aviso de iniciación inicial, e incluir a 
todos los productores que se habían presentado dentro del plazo establecido en ese aviso. 
En cambio, China consideraba que la Comisión tenía que publicar un nuevo aviso de iniciación. 
El Órgano  de Apelación señaló que era evidente que ese desacuerdo en cuanto al alcance de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en el procedimiento inicial no se podía haber abordado 
en el procedimiento inicial y que ese era exactamente el tipo de desacuerdo q ue le correspondía 
resolver a un grupo especial sobre el cumplimiento establecido de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD. Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo 
Especial de que las alegaciones formulada s por China al amparo del párrafo 1 del artículo 4 y el 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping con respecto a la definición de la rama de 
producción nacional estaban comprendidas en su mandato.  
Por último, el Órgano de Apelación formuló algunas o bservaciones en relación con las alegaciones 
relativas al mandato del Grupo Especial en el marco del párrafo 5 del artículo 21 del ESD 
planteadas por la Unión Europea. A ese respecto, el Órgano de Apelación recordó que, ante el 
Grupo Especial, la Unión Eur opea había planteado objeciones acerca del mandato del Grupo 
Especial en el marco del párrafo 5 del artículo 21 con respecto a 7 de las 10 alegaciones 
presentadas por China. En apelación, la Unión Europea impugnó seis de las siete constataciones 
formuladas  por el Grupo Especial en relación con el mandato.  
El Órgano de Apelación observó que la decisión de formular una alegación relativa al mandato de 
un grupo especial debe adoptarse de manera juiciosa, en particular habida cuenta de las graves 
consecuencias que se derivan de una constatación de que una cuestión está más allá del alcance 
de la jurisdicción de un grupo especial en el marco del párrafo 5 del artículo 21; es decir, que el 
reclamante únicamente podría obtener una resolución sobre el asunto inician do desde el principio 
un procedimiento de solución de diferencias. El Órgano de Apelación subrayó que los reclamantes 
deben reflexionar sobre si es útil plantear ese tipo de alegaciones, así como si, en apelación, es 
útil alegar que un grupo especial incur rió en error al constatar que tenía jurisdicción cuando el 
propio grupo especial ha rechazado la misma impugnación de su jurisdicción sobre una base 
razonada. Por último, el Órgano de Apelación  recordó que, incluso aunque las partes en una 
diferencia guard en silencio sobre cuestiones que se refieren al ámbito adecuado del procedimiento, 
los grupos especiales y el Órgano de Apelación no pueden ignorar esas cuestiones, sino que han 
de atender tales cuestiones para cerciorarse de que tienen la facultad para pr oceder.  
4.1.2   Párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping  
La Unión Europea planteó una serie de alegaciones acerca de las constataciones formuladas por el 
Grupo Especial en el marco del párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. En particular,  la 
Unión Europea planteó alegaciones de error relativas al trato dado por el Grupo Especial a la 
solicitud de trato confidencial de la información presentada por Pooja Forge con respecto a la lista 
y las características de sus productos en su análisis de la alegación formulada por China al amparo 
del párrafo 5 del artículo 6. Por su parte, China planteó una apelación condicional al amparo del 
párrafo 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping  relativa al hecho de que supuestamente la 
Comisión no se había a segurado de que Pooja Forge presentara un resumen no confidencial de la 
información en cuestión. A este respecto, China solicitó que el Órgano de Apelación constatara que 
la Unión Europea había actuado de manera incompatible con dicha disposición, en caso de que 
constatara que no había actuado de manera incompatible con el párrafo 5 del artículo 6.  
4.1.2.1   La cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error en el trato dado a la 
solicitud de trato confidencial de la información relativa a la lista de productos y las 
características de los productos  del productor del pa ís análogo presentada por 
Pooja  Forge  
En primer lugar, el Órgano de Apelación se ocupó de la alegación de la Unión Europea de que el 
Grupo Especial había incurrido en error en el trato que había dado  a la solicitud por Pooja Forge de 
trato confidencial de la información relativa a la lista y las características de sus productos. 
El Órgano de Apelación observó que la solicitud de trato confidencial presentada por Pooja Forge 
constaba en un mensaje de c orreo electrónico dirigido a la Comisión en el que Pooja Forge WT/AB/27  
 
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  afirmaba que la lista de los productos vendidos por esta no podía proporcionarse porque, si se 
divulgaba, esa información daría una ventaja a sus competidores. El Órgano de Apelación se ocupó 
a continuación del argumento de la Unión Europea de que el Grupo Especial había actuado de 
manera incompatible con el párrafo 5 ii) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping al hacer caso 
omiso de la solicitud de Pooja Forge en su consideración de la alegació n formulada por China al 
amparo del párrafo 5 del artículo 6 de dicho Acuerdo. El Órgano de Apelación constató que el 
Grupo Especial se había ocupado claramente del contenido de la solicitud de Pooja Forge al 
constatar que el mensaje de correo electrónico no pasaba de ser una mera aseveración que, a 
juicio del Grupo Especial, no bastaba para respaldar la conclusión de que Pooja Forge había 
acreditado una justificación suficiente para el trato confidencial de la información en cuestión. Por 
lo tanto, el Órga no de Apelación rechazó el argumento de la Unión Europea de que el Grupo 
Especial había hecho caso omiso de la solicitud de trato confidencial presentada por Pooja Forge en 
su análisis de la alegación de China en el marco del párrafo 5 del artículo 6 del A cuerdo 
Antidumping y, en consecuencia, había actuado de manera incompatible con el párrafo 5 ii) del 
artículo 17 de dicho Acuerdo.  
El Órgano de Apelación examinó a continuación el argumento de la Unión Europea de que el Grupo 
Especial no había realizado un a evaluación objetiva de los hechos , como exige el artículo 11 
del ESD, al constatar que, como el mensaje de correo electrónico de Pooja Forge a la Comisión en 
el que solicitaba el trato confidencial de la información en cuestión se había incluido en el 
expediente confidencial de la investigación, se había privado a los productores chinos de la 
oportunidad de responder a la solicitud de Pooja Forge. El Órgano de Apelación examinó las 
pruebas obrantes en el expediente en que se basaba la Unión Europea para r espaldar su 
argumento, y constató que esas pruebas no ponían en cuestión la objetividad de la constatación 
formulada por el Grupo Especial. En particular, el Órgano de Apelación subrayó que un grupo 
especial no actúa de manera incompatible con el artículo 11 del ESD simplemente porque no se 
refiere a determinado elemento de prueba o no atribuye a esa prueba el mismo peso que la parte 
que se apoya en ella.  
En cuanto al trato dado por el Grupo Especial a la solicitud de trato confidencial de la información 
en cuestión presentada por Pooja Forge, el Órgano de Apelación examinó la otra alegación de la 
Unión Europea de que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que el mensaje de 
correo electrónico de Pooja Forge a la Comisión no contenía más que una mera aseveración de 
Pooja Forge, que no parecía respaldar el argumento de que Pooja Forge había acreditado una 
justificación suficiente del trato confidencial de su información. A este respecto, la Unión Europea 
sostuvo que el Grupo Especial estaba obl igado a examinar si, teniendo en cuenta la naturaleza de 
la información en cuestión y la justificación suficiente concreta alegada por Pooja Forge, la 
afirmación que figuraba en el mensaje de correo electrónico bastaba para demostrar que la 
Comisión había evaluado objetivamente la "justificación suficiente" a los efectos del párrafo 5 del 
artículo 6 del Acuerdo Antidumping. El Órgano de Apelación consideró que, a la luz de las 
circunstancias específicas de este asunto, en que la fundamentación de la justifi cación suficiente 
concreta alegada por Pooja Forge estaba ausente en la solicitud de trato confidencial presentada 
por Pooja Forge y en los informes publicados de la Comisión y los documentos justificativos 
conexos, no correspondía al Grupo Especial examin ar, ab initio , la solicitud de Pooja Forge de trato 
confidencial, teniendo en cuenta la naturaleza de la información en cuestión y la justificación 
suficiente concreta que Pooja Forge alegaba. El Órgano de Apelación recordó que un grupo 
especial no cumple la norma de examen aplicable en el marco del párrafo 5 del artículo 6 si, a falta 
de una evaluación objetiva por la autoridad investigadora de la justificación suficiente alegada, 
lleva a cabo un examen de novo  de las pruebas obrantes en el expediente de l a investigación y 
determina por sí mismo, o sobre la base de las preocupaciones subjetivas de la parte que presenta 
la información, si la petición de trato confidencial está suficientemente justificada y que 
objetivamente existe una justificación suficient e para dicho trato. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación concluyó que, en las circunstancias de este asunto, el Grupo Especial no había incurrido 
en error al constatar que el mensaje de correo electrónico de Pooja Forge a la Comisión no 
contenía "más q ue una mera aseveración".  
4.1.2.2   La cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la Comisión 
"en ningún momento" hizo una evaluación objetiva de la "justificación suficiente" 
alegada por Pooja Forge  
Seguidamente, el Órgano de Apelación exam inó la alegación de la Unión Europea de que el Grupo 
Especial había actuado de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al constatar que la WT/AB/27  
 
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  Comisión en ningún momento había hecho una evaluación objetiva de si la información en cuestión 
era por su nat uraleza confidencial o si se había acreditado una "justificación suficiente" para darle 
trato confidencial, como exige el párrafo 5 del artículo 6. La Unión Europea recurrió a una carta del 
responsable del asunto que había realizado la visita de verificaci ón a las instalaciones de 
Pooja  Forge en el curso de la investigación inicial. En ella, el responsable del asunto afirmaba que, 
en el momento de la visita de verificación realizada por la Comisión, Pooja Forge había solicitado 
que se diera un trato confide ncial a los detalles de su empresa, y que Pooja Forge estaba muy 
preocupada por el trato de su información en la investigación debido a la intensa competencia con 
los productores chinos en el mercado posventa de la India. La Unión Europea se basó también e n 
un intercambio de mensajes de correo electrónico entre Pooja Forge y la Comisión en el que 
Pooja  Forge confirmaba que no quería divulgar los detalles de su empresa a las partes interesadas, 
como había mencionado durante la visita de verificación que habí a tenido lugar en 2008.  
El Órgano de Apelación observó que la carta del responsable del asunto en que se basaba la 
Unión  Europea no formaba parte del expediente de la investigación, sino que se trataba de un 
documento que se había preparado específicamente  para este procedimiento de solución de 
diferencias de la OMC. El Órgano de Apelación consideró que la carta del responsable del asunto 
era una racionalización ex post  y que el Grupo Especial no podría haberse basado debidamente en 
ella al examinar la aleg ación de China en el marco del párrafo 5 del artículo 6. Además, el Órgano 
de Apelación señaló que, en cualquier caso, esa carta y el intercambio de mensajes de correo 
electrónico entre Pooja Forge y la Comisión en que se basaba la Unión Europea únicamente  
confirmaban que Pooja Forge había solicitado un trato confidencial para su información sobre la 
base de que su divulgación podría dar una ventaja a sus competidores. Sin embargo, esas pruebas 
no indicaban si la Comisión se había ocupado, ni cómo lo había hecho, de la justificación suficiente 
concreta alegada por Pooja Forge al dar trato confidencial a la información en cuestión. Teniendo 
en cuenta lo anterior, el Órgano de Apelación concluyó que las pruebas en que se basaba la Unión 
Europea no ponían en cu estión la objetividad de la constatación del Grupo Especial según la cual la 
Comisión en ningún momento había hecho una evaluación objetiva de si Pooja Forge había 
acreditado una justificación suficiente para el trato confidencial de la información en cues tión. 
Así pues, el Órgano de Apelación concluyó que, al llegar a esa constatación, el Grupo Especial no 
había incumplido su deber de realizar una evaluación objetiva de los hechos, como exige el 
artículo  11 del ESD.  
4.1.2.3   La cuestión de si el Grupo Especial incu rrió en error al constatar que había una 
incoherencia en los argumentos planteados por la Unión Europea  
El Órgano de Apelación examinó a continuación la alegación de la Unión Europea de que la 
constatación del Grupo Especial en el marco del párrafo 5 del a rtículo 6 era errónea por cuanto se 
basaba en la afirmación del Grupo Especial de que había una incoherencia en los argumentos 
planteados por la Unión Europea. El Órgano de Apelación constató que la conclusión del Grupo 
Especial de que la Unión Europea hab ía actuado de manera incompatible con el párrafo 5 del 
artículo 6 se desprendía de su constatación de que la Comisión no había evaluado objetivamente si 
Pooja Forge había acreditado una justificación suficiente para el trato confidencial de la 
información en cuestión, como exige el párrafo 5 del artículo 6. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación consideró que la afirmación del Grupo Especial de que había una incoherencia lógica en 
los argumentos de la Unión Europea era un obiter dictum , que no ofrecía un fundamento para 
revocar la conclusión definitiva del Grupo Especial de que la Unión Europea había actuado de 
manera incompatible con el párrafo 5 del artículo 6.  
4.1.2.4   La cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al no realizar su propio 
análisis de la naturaleza de la información en cuestión  
El Órgano de Apelación procedió a abordar la alegación de la Unión Europea de que el Grupo 
Especial había incurrido en error al concluir que la Unión Europea había actuado de manera 
incompatible con el párrafo 5 del  artículo 6 porque había constatado, sin un análisis adecuado, que 
la información en cuestión no era confidencial. Al comenzar su análisis, el Órgano de Apelación 
discrepó de la Unión Europea por cuanto sugería que el Grupo Especial había constatado que la  
información en cuestión no era, de hecho, confidencial por su naturaleza. A este respecto, el 
Órgano de Apelación destacó que el Grupo Especial había señalado expresamente que no estaba 
formulando tal constatación porque la norma de examen aplicable no le  habría permitido realizar 
un examen de novo . En cambio, el Grupo Especial había constatado que la Unión Europea había 
actuado de manera incompatible con el párrafo 5 del artículo 6 basándose en que la Comisión no WT/AB/27  
 
- 25 - 
 
  había hecho una evaluación objetiva de la cuestión de si Pooja Forge había acreditado una 
justificación suficiente para el trato confidencial de la información en cuestión.  
En cuanto al argumento de la Unión Europea de que ello era una base insuficiente para la 
constatación del Grupo Especial de q ue la Unión Europea había actuado de manera incompatible 
con el párrafo 5 del artículo 6, el Órgano de Apelación consideró que ese argumento no estaba en 
conformidad con la orientación impartida por el Órgano de Apelación en el marco del párrafo 5 del 
artículo 6 concerniente al papel desempeñado por la parte que solicita trato confidencial para la 
información que presenta a una autoridad; al papel de la autoridad que examina esa solicitud; y al 
papel de un grupo especial de la OMC cuando se presenta una ale gación de que la autoridad ha 
actuado de manera incompatible con el párrafo 5 del artículo 6 al conceder trato confidencial a la 
información sin que la parte que presenta dicha información acredite una "justificación suficiente". 
A ese respecto, el Órgano de Apelación recordó que corresponde a la parte que solicita trato 
confidencial para la información que considera confidencial por su naturaleza, o que facilita con 
carácter confidencial, aportar las razones que justifiquen ese trato. El papel de la autori dad 
consiste en evaluar tales razones y determinar, objetivamente, si la parte que presenta la 
información ha acreditado una justificación suficiente para el trato confidencial de su información. 
En caso de que se presente una alegación de infracción del p árrafo 5 del artículo 6, un grupo 
especial encargado de examinar si una autoridad ha evaluado objetivamente la justificación 
suficiente alegada por la parte que le presenta la información debe examinar esa cuestión sobre la 
base del informe publicado por l a autoridad investigadora y de los documentos justificantes 
conexos, teniendo en cuenta la naturaleza de la información de que se trate y las razones 
aportadas por la parte que presenta la información para solicitar el trato confidencial.  
Observa ndo que el  Grupo Especial había constatado que la Comisión en ningún momento había 
hecho la evaluación objetiva que se esperaba de ella conforme al párrafo 5 del artículo 6, el 
Órgano de Apelación consideró que, tras haber formulado esa constatación, no correspondía  al 
Grupo Especial realizar un examen de novo  de si la información en cuestión era por su naturaleza 
confidencial o si Pooja Forge había acreditado una justificación suficiente. Por lo tanto, el Órgano 
de Apelación constató que el Grupo Especial no había i ncurrido en error al no llevar a cabo su 
propio análisis de la naturaleza de la información en cuestión a los fines de su evaluación de la 
alegación presentada por China al amparo del párrafo 5 del artículo 6.  
Teniendo en cuenta las consideraciones anterio res, el Órgano de Apelación confirmó la 
constatación del Grupo Especial de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible 
con el párrafo 5 del artículo 6 en la investigación de reconsideración en cuestión. El Órgano de 
Apelación también observó que la apelación condicional planteada por China al amparo del 
párrafo  5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping se habría activado únicamente en el caso de 
que se revocara la constatación del Grupo Especial de infracción de l párrafo 5 del artículo 6. 
Al haberse confirmado la constatación del Grupo Especial en el marco del párrafo 5 del artículo 6, 
no se cumplía la condición para abordar la alegación planteada por China al amparo del párrafo 5.1 
del artículo 6 y, en consecuencia, el Órgano de Apelación no formuló constataciones en el marco 
de dicho párrafo.  
4.1.3   Párrafos 4 y 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping  
En apelación, la Unión Europea alegó que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar 
que la información en cuestión: i) era pertinente pa ra la presentación de los argumentos de los 
productores chinos; ii) no era confidencial en el sentido del párrafo 5 del artículo 6; y iii) había 
sido utilizada por la Comisión en su cálculo de los márgenes de dumping. La Unión Europea adujo 
que el Grupo Es pecial no debería haberse apoyado, a efectos de su a nálisis en el marco del 
párrafo  4 del artículo 6, en su constatación de que la Comisión había dado trato confidencial a esa 
información de una manera que no estaba en conformidad con las prescripciones de l párrafo 5 del 
artículo 6. La Unión Europea sostuvo que, en lugar de ello, el Grupo Especial estaba obligado a 
analizar cuidadosamente y por separado la información en cuestión para determinar si era 
confidencial por su naturaleza en el sentido del párraf o 5 del artículo 6.  
Al abordar el argumento de la Unión Europea, el Órgano de Apelación puntualizó que la cuestión 
guardaba relación con el sentido de la referencia en el párrafo 4 del artículo 6 a la información 
"que no sea confidencial conforme a los tér minos del párrafo 5". Recorda ndo su constatación 
anterior de que el párrafo 5 del artículo 6 prescribe la demostración de una "justificación 
suficiente" por la parte que solicita el trato confidencial de su información, como condición previa WT/AB/27  
 
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  para que una a utoridad investigadora pueda conceder dicho trato, el Órgano de Apelación observó 
que, por lo tanto, que la información fuera tratada como información confidencial era la 
consecuencia jurídica que emanaba del establecimiento de una justificación suficiente , 
determinado con arreglo a una evaluación objetiva por la autoridad que examinaba la solicitud de 
trato confidencial presentada por una parte. A la luz de esta interpretación del párrafo 5 del 
artículo 6, el Órgano de Apelación consideró que debía entende rse correctamente que la referencia 
en el párrafo 4 del artículo 6 a la información que no fuera confidencial conforme a los términos 
del párrafo 5 excluía del alcance del párrafo 4 del artículo 6 la información a la que se hubiera 
dado trato confidencial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 6. El Órgano de Apelación 
afirmó que, en cambio, si se había dado trato confidencial a una información en virtud del 
párrafo  5 del artículo 6 de una manera que no estuviese en conformidad con las prescripciones de 
esa disposición, no existía fundamento jurídico para dar trato confidencial y esa información sería 
considerada, a efectos del párrafo 4 del artículo 6, información que no era confidencial conforme a 
los términos del párrafo 5. Por lo tanto, el Órgano d e Apelación rechazó el argumento de la Unión 
Europea de que, a efectos de realizar un análisis en el marco del párrafo 4 del artículo 6, un grupo 
especial debe examinar cuidadosamente y por separado la información en cuestión, para 
determinar si es confide ncial en el sentido del párrafo 5 del artículo 6. Así pues, el Órgano de 
Apelación concluyó que el Grupo Especial no había incurrido en error al tratar la información en 
cuestión, a efectos de su análisis en el marco del párrafo 4 del artículo 6, como info rmación que no 
requería trato confidencial.  
El Órgano de Apelación pasó a continuación a examinar la alegación de la Unión Europea de que el 
Grupo Especial había incurrido en error al constatar que la información en cuestión era 
"pertinente", en el sentido  del párrafo 4 del artículo 6, para la presentación de los argumentos de 
los productores chinos. La Unión Europea adu jo que, al llegar a esa constatación, el Grupo Especial 
había incurrido en error por basarse en el hecho de que los productores chinos habí an solicitado a 
la Comisión la información en cuestión. Recordando la constatación que había formulado en el 
procedimiento inicial, el Órgano de Apelación subrayó que la cuestión de si la información es 
"pertinente" para la presentación de los argumentos d e una parte interesada, en el sentido del 
párrafo 4 del artículo 6, debe determinarse desde la perspectiva de esa parte interesada, y no 
desde la perspectiva de la autoridad investigadora. En consecuencia, el Órgano de Apelación 
consideró que el Grupo Espe cial no había incurrido en error al constatar que la información en 
cuestión era "pertinente" para la presentación de los argumentos de los productores chinos 
basándose en que estos habían solicitado repetidamente dicha información a la Comisión.  
El Órgano  de Apelación pasó a continuación a examinar la alegación de la Unión Europea de que el 
Grupo Especial había incurrido en error al constatar que la información en cuestión había sido 
"utilizada" por la Comisión, en el sentido del párrafo 4 del artículo 6. El Órgano de Apelación 
recordó la constatación que había formulado en el procedimiento inicial de que el hecho de que la 
información haya sido "utilizada" por la autoridad depende de si la información tiene relación con 
un paso necesario de la investigació n antidumping, y no de que la autoridad se haya basado 
efectivamente en esa información en su determinación. Por lo tanto, con arreglo al párrafo 4 del 
artículo 6, la información es "utilizada" por una autoridad cuando esa información guarda relación 
con las cuestiones que la autoridad investigadora está obligada a examinar en virtud del Acuerdo 
Antidumping, o que de hecho examina al hacer uso de sus facultades discrecionales en el curso de 
una investigación antidumping. En lo que respecta a los hechos de e ste asunto, el Órgano de 
Apelación constató que, aunque era posible que en sus determinaciones la Comisión no se hubiera 
basado específicamente en todos los datos específicos facilitados por Pooja Forge en relación con 
sus productos y las características d e estos, había extraído de los datos de Pooja Forge toda la 
información posible para agrupar los productos en cuestión con arreglo a los NCP revisados, y 
calculado márgenes de dumping para los productores chinos sobre esa base. Por lo tanto,  el 
Órgano de A pelación  concluyó que toda la información concerniente a los productos vendidos por 
Pooja Forge y sus características había sido "utilizada" por la Comisión, en el sentido del párrafo 4 
del artículo 6, porque tenía relación con un paso necesario de la inve stigación, a saber, el cálculo 
de los márgenes de dumping.  
Seguidamente, el Órgano de Apelación se ocupó de la alegación de la Unión Europea de que el 
Grupo Especial había incurrido en error al constatar que el suministro de información a los 
productores c hinos en el momento en que se emitieron las divulgaciones referidas a empresas 
específicas había llegado demasiado tarde para cumplir la obligación establecida en el párrafo 4 del 
artículo 6. El Órgano de Apelación recordó que el Grupo Especial había const atado que la 
información relativa a los productos de Pooja Forge no se había divulgado a los productores chinos WT/AB/27  
 
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  por motivos de confidencialidad. Por consiguiente, como la Comisión no había dado a los 
productores chinos la oportunidad de examinar toda la in formación que era pertinente para la 
presentación de sus argumentos, en el sentido del párrafo 4 del artículo 6, el Órgano de Apelación 
constató que la cuestión de si se había dado la oportunidad a su debido tiempo era una cuestión 
superflua cuyo examen no  se planteaba. Sin embargo, el Órgano de Apelación aclaró que la 
cuestión de si, en el sentido del párrafo 4 del artículo 6, se ha dado a su debido tiempo a las 
partes interesadas la oportunidad de examinar información que esté comprendida en el alcance de  
esa disposición debe determinarse caso por caso, teniendo en cuenta la información específica en 
cuestión, el paso de la investigación con el que esa información tiene relación, la factibilidad de la 
divulgación en determinados momentos de la investigació n en contraste con otros momentos, y la 
etapa de la investigación en la que las partes interesadas han formulado la solicitud de examinar la 
información en cuestión.  
A la luz de esas consideraciones, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grup o 
Especial de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 4 del 
artículo 6 del Acuerdo Antidumping porque la Comisión no había facilitado a los productores chinos 
información relativa a la lista y las características de los pro ductos de Pooja Forge, que no era 
confidencial en el sentido del párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, que era pertinente 
para la presentación de los argumentos de los productores chinos y que había sido utilizada por la 
Comisión.  
El Órgano de Apelación examinó a continuación la alegación de la Unión Europea de que el Grupo 
Especial había incurrido en error al constatar que la Unión Europea había actuado de manera 
incompatible con el párrafo 2 del artículo 6, mutatis mutandis , a las aducidas por  la Unión Europea 
en el contexto de su alegación al amparo del párrafo 4 del artículo 6. Recordó su constatación de 
que el Grupo Especial no había incurrido en error al concluir que la Unión Europea había actuado 
de manera incompatible con el párrafo 4 del  artículo 6 en la investig ación de reconsideración. 
En consecuencia, el Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial no había incurrido en 
error al constatar que, al no divulgar la información en cuestión a los productores chinos de 
conformidad con el párrafo 4 del artículo 6, la Unión Europea había denegado a esos productores 
una plena oportunidad de defender sus intereses, contraviniendo el párrafo 2 del artículo 6.  
4.1.4   Párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping  
Con respecto a la alegación de C hina de que el Grupo Especial había incurrido en error al rechazar 
su alegación de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 1.2 del 
artículo 6 del Acuerdo Antidumping, en primer lugar el Órgano de Apelación abordó la afirmac ión 
de China de que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que Pooja Forge no era una 
"parte interesada" en la investigación de reconsideración en el sentido del párrafo 11 del artículo 6 
del Acuerdo Antidumping y que, por consiguiente, la  obligación establecida en el párrafo 1.2 del 
artículo 6 no era aplicable a la información presentada por Pooja Forge.  
En cuanto a la interpretación de la expresión "partes interesadas" realizada por el Grupo Especial, 
el Órgano de Apelación señaló la cons tatación del Grupo Especial de que la cláusula residual de 
dicha disposición dejaba claro que, por lo que respecta a las entidades no enumeradas en la 
primera parte del párrafo 11 del artículo 6, hacía falta una decisión de la autoridad investigadora 
para incluir a esas entidades como "partes interesadas" en una investigación antidumping. 
A continuación, el Órgano de Apelación observó que el Grupo Especial había consta tado que 
Pooja  Forge no era una "parte interesada" en la investigación de reconsideración,  basándose en 
que en el expediente de la investigación no obraban pruebas de que la Comisión hubiera adoptado 
la decisión formal de incluir a Pooja Forge como parte interesada. Sin embargo, al examinar el 
expediente de la investigación, el Órgano de Apelac ión constató lo siguiente: i) Pooja Forge había 
intervenido en la investigación a petición de la Comisión; ii) la Comisión había seleccionado a 
Pooja Forge como el productor del país análogo a los efectos de la investigación y utilizado sus 
datos para dete rminar los valores normales y calcular los márgenes de dumping para los 
productores chinos; y iii) la Comisión había tratado a Pooja Forge como una autoridad 
investigadora está obligada a tratar a una "parte interesada" en una investigación antidumping, 
por ejemplo, al solicitar a Pooja Forge que presentara un resumen no confidencial de la 
información presentada con carácter confidencial y al verificar la información p resentada por 
Pooja  Forge. Así pues, el Órgano de Apelación consideró que, aunque no exist ían pruebas en el 
expediente de una declaración formal en la que la Comisión considerase que Pooja Forge fuera 
"parte interesada" en la investigación en cuestión, el expediente de la investigación demostraba WT/AB/27  
 
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  que, con sus acciones en este caso concreto, la Comisión había tratado a Pooja Forge como una 
"parte interesada" en la investigación de reconsideración y, en consecuencia, había permitido la 
inclusión de Pooja Forge como una "parte interesada" en el sentido de la cláusula residual del 
párrafo 11 del art ículo 6. Por consiguiente, el Órgano de Apelación revocó la constatación del 
Grupo Especial de que Pooja Forge no era una "parte interesada" en la investigación de 
reconsideración y que, por lo tanto, la obligación establecida en el párrafo 1.2 del artícul o 6 del 
Acuerdo Antidumping no era aplicable a las pruebas presentadas por Pooja Forge.  
Tras haber revocado esta constatación del Grupo Especial, el Órgano de Apelación recordó que, a 
reserva de lo prescrito en cuanto a la protección de la información de c arácter confidencial, el 
párrafo 1.2 del artículo 6 exige que las pruebas presentadas por escrito por una parte interesada 
se pongan inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas. Teniendo presente que 
había confirmado la conclusión del Grup o Especial de que la Unión Europea había actuado de 
manera incompatible con el párrafo 5 del artículo 6 porque la Comisión había dado trato 
confidencial a la información en cuestión, el Órgano de Apelación constató que la información 
relativa a la lista y las características de los productos de Pooja Forge no estaba, por tanto, 
excluida del ámbito de aplicación de la obligación establecida en el párrafo 1.2 del artículo 6. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de  que China 
no había establecido que la Unión Europea hubiera actua do de man era incompatible con el 
párrafo  1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping en la investigación de reconsideración en 
cuestión, y constató, en lugar de ello, que la Unión Europea hab ía actuado de manera incompatible 
con esa disposición porque la Comisión no había puesto a disposición de los productores chinos 
información relativa a la lista y las características de los productos de Pooja Forge.  
4.1.5   Párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Ant idumping  
La Unión Europea apeló respecto de la interpretación y aplicación realizadas por el Grupo Especial 
de la última frase del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Por su parte, China alegó 
que el Grupo Especial había incurrido en error en  su interpretación y aplicación del párrafo 4 del 
artículo 2 en lo que respecta a la prescripción de comparación equitativa.  
4.1.5.1   El requisito de procedimiento del párrafo 4 del artículo 2  
La Unión Europea impugnó la interpretación y aplicación realizadas por e l Grupo Especial de la 
última frase del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, que dispone que "[l]as 
autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una 
comparación equitativa y no les impondrán una carg a probatoria que no sea razonable". Sostuvo 
que el Grupo Especial había incurrido en error al indicar que esta obligación difiere según el 
método utilizado para establecer los valores normales, y al constatar que exige la divulgación de 
datos brutos. Ademá s, la Unión Europea alegó que el Grupo Especial había incurrido en error al 
constatar que la Comisión había privado a los productores chinos de la oportunidad de adoptar 
decisiones fundamentadas sobre si solicitaban ajustes con arreglo al párrafo 4 del art ículo 2. 
Por último, la Unión Europea alegó que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que 
el carácter confidencial de la información no debería haber impedido a la Comisión divulgar un 
resumen de la información sobre el producto presentad a por Pooja Forge.  
El Órgano de Apelación recordó que el párrafo 4 del artículo 2 exige que la autoridad investigadora 
garantice una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y, para ello, 
que tenga debidamente en cuenta, o re alice ajustes, por las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios. Como recordó también el Órgano de Apelación, mientras que la 
obligación de garantizar una comparación equitativa incumbe a las autoridades investigadoras, 
recae sobre los exportadores la carga de justificar, de la manera más constructiva posible, sus 
peticiones de ajuste, reflejando los factores que haya que tener debidamente en cuenta en el 
sentido del párrafo 4 del artículo 2. La última frase del párrafo 4 del artículo 2 añade además un 
requisito de procedimiento a la obligación general de garantizar una comparación equitativa, que 
reviste la forma de un diálogo entre la autoridad investigadora y las partes interesadas. En el 
procedimiento inicial, el Órgano de Apelación h abía considerado que, como punto de partida del 
diálogo entre la autoridad investigadora y las partes interesadas para garantizar una comparación 
equitativa, la autoridad debe informar a las partes, como mínimo, de los grupos de productos con 
respecto a lo s cuales establecerá las comparaciones de precios. Al abordar la cuestión de las 
investigaciones en que el valor normal se establece sobre la base de las ventas internas en un país 
análogo, el Órgano de Apelación había considerado además que, salvo que se les informe de los WT/AB/27  
 
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  productos específicos con respecto a los cuales se determina el valor normal, los productores 
extranjeros investigados no estarán en condiciones de solicitar los ajustes que estimen necesarios.  
El Órgano de Apelación se ocupó seguidament e de cada una de las alegaciones de error 
formuladas por la Unión Europea. En primer lugar, constató que el hecho de que el valor normal se 
determinase sobre la base de un método que utilizara datos de un productor del país análogo no 
afectaba a la obligac ión jurídica que se impone a la autoridad investigadora en virtud de la última 
frase del párrafo 4 del artículo 2. Con arreglo a lo prescrito en el párrafo 4 del artículo 2, en todas 
las investigaciones antidumping las autoridades han de indicar a las part es afectadas qué 
información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no han de imponerles una 
carga probatoria que no sea razonable. No obstante, como el Órgano de Apelación también 
constató, según cuáles sean las circunstancias fácticas d e que se trate, esta disposición puede 
exigir a la autoridad investigadora que proporcione determinada información a las partes que 
solicitan ajustes, en especial cuando el exportador investigado no dispone de información sobre el 
valor normal establecido por la autoridad investigadora toda vez que se basa en las ventas 
internas de un productor del país análogo y no en las propias ventas internas del exportador. El 
Órgano de Apelación concluyó que el Grupo Especial había subrayado correctamente que sus 
constataciones se habían hecho en el contexto de una situación fáctica muy concreta y que el 
Grupo Especial no había constatado que fuera aplicable una obligación jurídica diferente en virtud 
de la última frase del párrafo 4 del artículo 2 cuando el valor norm al se determinara sobre la base 
de los datos de productores de un país análogo.  
En segundo lugar, al examinar la relación entre el artículo 6 y el párrafo 4 del artículo 2, el Órgano 
de Apelación constató que, teniendo en cuenta el limitado ámbito de aplic ación de la obligación 
procedimental establecida en el párrafo 4 del artículo 2, que se circunscribe a garantizar que las 
partes interesadas estén en condiciones de solicitar ajustes, dicha disposición no hacía redundante 
ninguna de las obligaciones de div ulgación establecidas en el artículo 6, como parecía indicar la 
Unión Europea. Además, el Órgano de Apelación desestimó la alegación de la Unión Europea de 
que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que la última frase del párrafo 4 del 
artículo 2 exigía la divulgación de datos brutos. El Órgano de Apelación constató que la decisión de 
que un determinado elemento de información se debe compartir o no con las partes interesadas de 
conformidad con dicha disposición debe adoptarse teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas de cada investigación, no de forma abstracta. Así es como había actuado el Grupo 
Especial al constatar que, en la investigación de reconsideración, la información sobre las 
características de los productos de Pooja For ge tenía que compartirse con los productores chinos 
para que estuvieran en condiciones de solicitar realmente los ajustes.  
En tercer lugar, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había aplicado 
correctamente la última frase del párrafo 4 del  artículo 2 a las circunstancias fácticas de que se 
trataba. El Órgano de Apelación observó que la Comisión había indicado a los productores chinos 
los grupos de productos que habían servido de base para comparar las transacciones mediante la 
divulgación d e los NCP revisados. Sin embargo, la Comisión no había divulgado toda la información 
sobre las características de los productos de Pooja Forge que se habían utilizado a efectos de la 
comparación de precios. Como también sostuvo el Órgano de Apelación, la C omisión no había 
indicado los productos específicos de Pooja Forge que había utilizado para determinar los valores 
normales, lo que habría permitido a los productores chinos solicitar los ajustes que estimaran 
necesarios. Por tanto, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con la constatación del Grupo 
Especial de que, al no haber proporcionado a los productores chinos la información concerniente a 
las características de los productos de Pooja Forge que se habían utilizado al determinar el valor 
normal y qu e después se habían comparado con los precios de exportación, la Comisión había 
privado a los productores chinos de la oportunidad de adoptar decisiones fundamentadas sobre si 
solicitaban ajustes con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2. E l Órgano de Apelación 
añadió que, tras haber constatado que las divulgaciones en cuestión no contenían información 
suficiente para cumplir los requisitos de la última frase del párrafo 4 del artículo 2, el Grupo 
Especial no estaba obligado a examinar la cu estión de si esas divulgaciones se habían hecho a su 
debido tiempo a efectos de dicha disposición. Sin embargo, el Órgano de Apelación  consideró  que, 
en la mayoría de los casos, una divulgación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 del 
artículo 6  del Acuerdo Antidumping , como la que se examinaba, no cumpliría los requisitos del 
párrafo 4 del artículo 2. La cuestión de si la información compartida al final de un diálogo en curso 
con arreglo al párrafo 4 del artículo 2 es lo suficientemente oportuna  para garantizar una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación debe examinarse según las 
circunstancias de cada caso, analizando si las partes interesadas tuvieron una oportunidad WT/AB/27  
 
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  significativa para solicitar ajustes a la luz de la información compartida por la autoridad 
investigadora hacia el final de ese diálogo. Por lo tanto, el Órgano de Apelación concluyó que no se 
podía excluir que, en algunos casos, una divulgación realizada de conformidad con el párrafo 9 del 
artículo 6  del Acuerdo Antidumping pudiera cumplir los requisitos del párrafo 4 del artículo 2.  
Por último, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había incurrido en error al 
rechazar el argumento de la Unión Europea de que la información en cuesti ón estaba protegida de 
la divulgación a tenor del párrafo 5 del artículo 6 y, por lo tanto, no podía ser divulgada con 
arreglo al párrafo 4 del artículo 2. El Órgano de Apelación añadió que, aunque la información 
hubiera requerido un trato confidencial con  arreglo al párrafo 5 del artículo 6, la Comisión, de 
conformidad con el párrafo 4 del artículo 2, habría tenido que hacer todo lo posible para divulgar la 
información que era necesaria para que los productores chinos solicitaran ajustes. Aunque esa 
inform ación se podría haber divulgado con la autorización de Pooja Forge a tenor del párrafo 5 del 
artículo 6 o mediante un resumen no confidencial preparado por Pooja Forge de conformidad con 
el párrafo 5.1 del artículo 6, también se podría haber divulgado por otros medios a los efectos del 
párrafo 4 del artículo 2, por ejemplo mediante un resumen no confidencial preparado por la 
autoridad investigadora.  
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el Órgano de Apelación constató que la Unión 
Europea no había est ablecido que el Grupo Especial hubiera incurri do en error en su interpretación 
o aplicación de la última frase del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y confirmó la 
constatación de incompatibilidad formulada por el Grupo Especial en el marco d el párrafo 4 del 
artículo 2.  
4.1.5.2   La prescripción de comparación equitativa establecida en el párrafo 4 del 
artículo 2  
China alegó que el Grupo Especial había incurrido en error en la interpretación y aplicación del 
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidump ing al constatar que la Unión Europea no había 
actuado de manera incompatible con la prescripción de comparación equitativa establecida en esa 
disposición al rechazar las solicitudes de ajuste de los productores chinos sobre la base de 
diferencias: i) de t ributación; ii) en determinados costos; y iii) en las características físicas.  
China no cuestionó el método utilizado por la Comisión, que consistió en basar los valores 
normales en los precios internos del productor de un país análogo, ni cuestionó la uti lización de la 
India como el país análogo ni de Pooja Forge como el productor del país análogo. No obstante, 
China alegó que no había fundamento jurídico alguno en el Acuerdo Antidumping, ni en su 
Protocolo de Adhesión, para constatar que el párrafo 4 del artículo 2 impone una obligación de 
comparación equitativa diferente y menos estricta en las investigaciones que afectan a productores 
de economías que no son de mercado. El Órgano de Apelación constató que la prescripción de 
comparación equitativa del pár rafo 4 del artículo 2 se aplica en todas las investigaciones 
antidumping, con independencia del método que se utilice para establecer el valor normal. 
Sin embargo, constató también que el párrafo 4 del artículo 2 debe interpretarse en el contexto de 
la seg unda Nota al párrafo 1 del artículo VI del GATT de  1994 y del apartado a) de la sección 15 
del Protocolo de Adhesión de China, que proporcionan el fundamento jurídico para recurrir al 
método del país análogo con el fin de determinar el valor normal en dete rminadas investigaciones. 
De ello se deduce que no se puede exigir a la autoridad investigadora que realice ajustes para 
tener en cuenta las diferencias de costos entre los productores de una economía que no es de 
mercado objeto de investigación y el produ ctor del país análogo si el ajuste solicitado llevaría a la 
autoridad investigadora a volver a atenerse a los costos que se constató que estaban 
distorsionados. En consecuencia, la autoridad investigadora debe adoptar medidas a fin de que 
quede claro cuál es el ajuste reclamado, y determinar si, en cuanto al fondo, el ajuste está 
justificado dado que refleja una diferencia que influye en la comparabilidad de los precios o si 
llevaría a volver a atenerse a costos o precios que se ha constatado que están dist orsionados en el 
país exportador.  
4.1.5.2.1   Diferencias de tributación  
Antes de examinar las alegaciones de error formuladas por China, el Órgano de Apelación recordó 
que las solicitudes de ajuste presentadas por los productores chinos se basaban en que los precios 
internos de Pooja Forge incluían derechos de importación y otros impuestos indirectos sobre las WT/AB/27  
 
- 31 - 
 
  materias primas que no estaban incluidos en los precios de exportación chinos. La Comisión había 
rechazado las solicitudes de los productores chinos basándose e n que: i) los productores chinos no 
habían demostrado que se beneficiarían de una no recaudación o un reembolso de los derechos de 
importación pagados por las materias primas; y ii) se había constatado que los precios de las 
materias primas estaban distors ionados en China y por lo tanto no podían servir de base para 
realizar un ajuste. Por su parte, el Grupo Especial había desestimado la alegación de China 
basándose en que dicho ajuste menoscabaría el derecho de la Comisión a recurrir al método del 
país aná logo y en que los productores chinos no habían fundamentado sus solicitudes de ajuste. 
En apelación, China alegó que estas dos constataciones del Grupo Especial eran erróneas.  
El Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial en que el hecho de que se  utilizara el 
método del país análogo no eximía a la Comisión de la obligación de realizar la comparación 
equitativa exigida en el párrafo 4 del artículo 2. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con el enfoque 
del Grupo Especial, que consistió en constatar, en  términos generales y sin más, que la realización 
de ajustes para tener en cuenta las diferencias de tributación habría debilitado el derecho de la 
Comisión a recurrir al método del país análogo. Como también constató el Órgano de Apelación, el 
Grupo Espec ial no había examinado la cuestión de si la Comisión había establecido que las 
diferencias de tributación sobre las materias primas estaban relacionadas con la cuestión del 
precio de las materias primas nacionales que se había constatado que estaba distors ionado, o si se 
justificaba un ajuste porque la comparabilidad de los precios estaba afectada a tenor del párrafo 4 
del artículo 2. Además, el Órgano de Apelación consideró que la determinación de la Comisión no 
reflejaba que esta hubiera evaluado si el aj uste solicitado estaba justificado o si habría tenido el 
efecto de reintroducir costos o precios distorsionados en la parte de la comparación concerniente 
al valor normal. Por consiguiente, la Comisión no había adoptado medidas a fin de que quedara 
claro c uál era el ajuste reclamado, y determinar seguidamente el grado en que tal ajuste se 
justificaba como exige el párrafo 4 del artículo 2. Así pues, el Órgano de Apelación constató lo 
siguiente: i) el Grupo Especial había incurrido en error al concluir que l a Comisión no estaba 
obligada a examinar la posibilidad de realizar un ajuste debido a diferencias de tributación 
solamente porque en la investigación de reconsideración se había utilizado el método del país 
análogo; y ii) la Comisión no había evaluado deb idamente si el ajuste solicitado sobre la base de 
las diferencias de tributación estaba justificado, ni si habría tenido el efecto de reintroducir costos 
o precios distorsionados en la parte de la comparación concerniente al valor normal.  
En segundo lugar,  China sostuvo que el Grupo Especial había incurrido en error en la aplicación del 
párrafo 4 del artículo 2 al constatar que los hechos que constaban en el expediente no indicaban 
que los productores chinos hubieran demostrado a la Comisión que la diferenc ia de tributación 
influyera en la comparabilidad de los precios en el sentido del párrafo 4 del artículo 2. China afirmó 
que los productores chinos habían demostrado tal cosa, dado qu e los precios internos de 
Pooja  Forge incluían una cantidad por derechos de importación y otros impuestos indirectos sobre 
la materia prima utilizada para producir los elementos de fijación (es decir, el alambrón), que no 
habría sido incluida en sus precios de exportación, mientras que los precios de exportación chinos 
no había n incluido derechos de importación ni impuestos indirectos ya que los productores chinos 
obtenían el alambrón en el mercado interno.  
En cuanto a la cuestión de si los productores chinos habían presentado una solicitud de ajuste 
fundamentada, el Órgano de A pelación recordó que recae en los productores investigados la carga 
de fundamentar sus solicitudes de la manera más constructiva posible. Asimismo, el Órgano de 
Apelación observó que la determinación de la Comisión de que los productores chinos no habían 
motivado sus solicitudes de ajuste parecía haberse basado en la premisa errónea de que este 
ajuste no se podía hacer porque determinados precios estaban distorsionados en China y, en 
consecuencia, no era posible motivar de ninguna otra forma las correspondi entes solicitudes. 
Sobre esta base, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había incurrido en error 
en la aplicación del párrafo 4 del artículo 2 y revocó la constatación intermedia del Grupo Especial 
de que los productores chinos no habían presentado una solicitud fundamentada de un ajuste para 
tener en cuenta la supuesta diferencia de tributación.  
A la luz de lo anterior, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que la 
Unión Europea no había actuado de manera inco mpatible con la prescripción de comparación 
equitativa establecida en el párrafo 4 del artículo 2 al rechazar las solicitudes de los productores 
chinos de que se realizara un ajuste sobre la base de las diferencias de tributación. En lugar de 
ello, el Órga no de Apelación constató que, como la determinación de la Comisión no reflejaba una 
evaluación adecuada de las solicitudes de los productores chinos de que se realizara un ajuste WT/AB/27  
 
- 32 - 
 
  para tener en cuenta las diferencias de tributación, la Unión Europea había a ctuado de manera 
incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping.  
4.1.5.2.2   Diferencias en determinados costos  
Como cuestión preliminar, el Órgano de Apelación recordó que las diferencias en cuestión 
guardaban relación con lo siguiente: el acces o a las materias primas; la utilización de electricidad 
autoproducida; la eficiencia en el consumo de materias primas; la eficiencia en el consumo de 
electricidad; y la productividad por empleado. Recordó además que la Comisión había rechazado 
estas solici tudes de ajustes basándose en que: i) no se habían aportado pruebas de que esas 
diferencias de costos se traducirían en diferencias en los precios; y ii) cuando se utiliza un país 
análogo, los precios y los costos en la economía que no es de mercado que no  son resultado de las 
fuerzas del mercado no se deben tener en cuenta.  
El Órgano de Apelación también recordó que el Grupo Especial había constatado que los 
productores chinos no habían demostrado que las supuestas diferencias de costos influyeran en la 
comparabilidad de los precios; y que la autoridad investigadora no estaba obligada a realizar 
ajustes para reflejar esas diferencias de costos en una investigación en la que se utiliza el método 
del país análogo. China alegó que las dos constataciones eran e rróneas. Además, China sostuvo 
que el Grupo Especial había actuado de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al 
centrarse exclusivamente en las diferencias con respecto a la eficiencia en el consumo de 
electricidad cuando abordó la alegación de Chi na de que la Comisión debería haber realizado 
ajustes para tener en cuenta todas esas diferencias y, además, al considerar elementos de prueba 
aisladamente unos de otros.  
El Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con el enfoque del Grupo Especial, que ha bía 
consistido en constatar, en términos generales y sin más, que en una investigación relativa a una 
economía que no es de mercado, cuando se utiliza el método del país análogo, reclamar ajustes 
para tener en cuenta las supuestas diferencias de costos deb ilitaría el recurso de la autoridad 
investigadora a ese método y que esta no está obligada a realizar ajustes para reflejar diferencias 
de costos en una investigación en la que se utiliza el método del país análogo. El Órgano de 
Apelación también constató que el Grupo Especial no había examinado si la Comisión había 
establecido que las diferencias de costos estaban relacionadas con precios cuya distorsión se había 
constatado o si los ajustes estaban justificados porque la comparabilidad de los precios estab a 
afectada en el sentido del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Además, el Órgano de 
Apelación consideró que la determinación de la Comisión no reflejaba que esta hubiera evaluado si 
los ajustes solicitados estaban justificados o si habrían tenido el efecto de reintroducir costos o 
precios distorsionados en la parte de la comparación concerniente al valor normal. Por 
consiguiente, la Comisión no había adoptado medidas a fin de que quedara claro cuál era el ajuste 
reclamado, y determinar segui damente el grado en que tal ajuste se justificaba, como exige el 
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping.  
El Órgano de Apelación añadió que no estaba de acuerdo con la distinción entre las diferencias de 
costos en cuestión y las diferencias relati vas al control de calidad, para las cuales la Comisión 
había hecho un ajuste en la investigación inicial. La Unión Europea alegó que esas diferencias no 
se podían comparar porque las diferencias relativas al control de calidad guardaban relación con 
una fa se adicional del proceso de producción de Pooja Forge, mientras que en los factores de 
costos en cuestión incurrían tanto Pooja Forge como los productores chinos. De conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, se ha n de tener debid amente en cuenta las 
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios. Así pues, el Órgano de Apelación 
concluyó que se deben hacer ajustes para tener en cuenta las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios, con independencia  de que la diferencia se refiera a una fase 
adicional del proceso de producción o a una fase que se ha constatado que la lleva a cabo tanto el 
productor del país análogo como el productor de una economía que no es de mercado. Por último, 
señaló que, con in dependencia de si existía una práctica pasada establecida de realizar ajustes 
para tener en cuenta las diferencias de costos, como alegaba China, en ocasiones anteriores la 
Comisión había realizado ajustes para tener en cuenta determinadas diferencias de c ostos en el 
contexto de investigaciones que afectaban a economías que no son de mercado.  
Sobre la base de lo anterior, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había incurrido 
en error al concluir que la Comisión no estaba obligada a examinar los factores de costos en que 
se habían basado los productores chinos solamente porque en la investigación de reconsideración WT/AB/27  
 
- 33 - 
 
  se había utilizado el método del país análogo. El Órgano de Apelación constató además que la 
Comisión no había evaluado debidament e si los ajustes solicitados basados en las diferencias en 
cuestión estaban justificados, o si habrían tenido el efecto de reintroducir costos o precios 
distorsionados en la parte de la comparación concerniente al valor normal.  
En segundo lugar, China aleg ó que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que los 
productores chinos no habían presentado solicitudes fundamentadas de ajustes. En particular, 
China adujo que, utilizando todas las pruebas que tenían razonablemente a su alcance, los 
productores chinos habían demostrado que las diferencias en los costos de producción influían en 
la comparabilidad de los precios. El Órgano de Apelación recordó que, de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 2, los productores chinos tenían que fundamenta r sus solicitudes de ajustes 
de la manera más constructiva posible. Observó que en la determinación formulada por la 
Comisión en la investigación de reconsideración parecía asociarse la falta de pruebas de que las 
diferencias en los costos influían en la c omparabilidad de los precios con el hecho de que 
determinados costos estaban distorsionados en China. Además, según sostenía la propia Unión 
Europea, los productores chinos no podían haber fundamentado sus solicitudes de ajustes porque 
esos ajustes no podí an realizarse dado que determinados precios estaban distorsionados en China. 
En consecuencia, el Órgano de Apelación revocó la constatación intermedia del Grupo Especial de 
que los productores chinos no habían demostrado que las supuestas diferencias de lo s costos 
influyeran en la comparabilidad de los precios y, por lo tanto, no habían presentado solicitudes 
fundamentadas de ajustes.  
A la luz de lo anterior, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que la 
Unión Europea no había a ctuado de manera incompatible con la prescripción de comparación 
equitativa establecida en el párrafo 4 del artículo 2 al rechazar las solicitudes de los productores 
chinos de que se realizaran ajustes sobre la base de las supuestas diferencias de costos e n 
cuestión. En lugar de ello, el Órgano de Apelación constató que, como la determinación de la 
Comisión no reflejaba una evaluación adecuada de si las solicitudes de los productores chinos de 
que se realizaran ajustes para tener en cuenta esas diferencias estaban justificadas, la Unión 
Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping. Tras haber confirmado la constatación del Grupo Especial de que la Unión Europea 
había actuado de manera incompatible con l a última frase del párrafo 4 del artículo 2, el Órgano 
de Apelación no abordó la alegación condicional de China relativa a las solicitudes de que se 
efectuaran ajustes debido a las diferencias en las características físicas.  
4.1.6   Párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping  
La Unión Europea alegó que el Grupo Especial había incurrido en error en su interpretación de la 
expresión "todas las transacciones de exportación comparables" que figura en el párrafo 4.2 del 
artículo 2  del Acuerdo Antidumping . Además,  solicitó que se revocara la constatación del Grupo 
Especial de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 4.2 del 
artículo 2 porque la Comisión había excluido de sus determinaciones de dumping los modelos 
exportados por los p roductores chinos que no se correspondían con ninguno de los modelos 
vendidos por Pooja Forge. Según la Unión Europea, el empleo del término "comparables" que 
figura en el párrafo 4.2 del artículo 2 demuestra la intención de los redactores del Acuerdo de 
indicar que se deben tomar en consideración al calcular los márgenes de dumping solo las 
transacciones de exportación comparables. La Unión Europea también se basó en el párrafo 10 del 
artículo 6 del Acuerdo Antidumping como prueba de que no es obligatorio que la autoridad 
investigadora tome en consideración todas las transacciones en la determinación de los márgenes 
de dumping.  
El Órgano de Apelación observó que la Comisión había utilizado el método de comparación entre 
promedios ponderados (P -P) para compa rar los valores normales con los precios de exportación al 
calcular los márgenes de dumping de los productores chinos. A continuación, recordó las 
constataciones que había formulado en el asunto CE - Ropa de cama  en el sentido de que el 
párrafo 4.2 del art ículo 2 aclara la forma en que las autoridades investigadoras deben proceder a 
establecer la existencia de dumping. En lo que respecta al sentido de la expresión "todas las 
transacciones de exportación comparables" que figura en el párrafo 4.2 del artículo  2, el Órgano 
de Apelación constató que, una vez que una autoridad investigadora ha definido el producto en 
litigio y el producto similar en el mercado interno, no puede adoptar, en una etapa posterior del 
procedimiento, la posición de que algunos modelos comprendidos en el producto similar son tan 
distintos entre sí que no son "comparables" en el sentido del párrafo 4.2 del artículo 2. Según el WT/AB/27  
 
- 34 - 
 
  Órgano de Apelación, el Acuerdo Antidumping se refiere al dumping de un producto, y los 
márgenes de dumping a los  que se refiere el párrafo 4.2 del artículo 2 son los márgenes de 
dumping para el producto en su conjunto, lo que supone que todos los modelos comprendidos en 
el ámbito de un producto similar han de ser necesariamente "comparables" en el sentido del 
párraf o 4.2 del artículo 2.  
El Órgano de Apelación determinó que el enfoque adoptado por la Comisión de determinar primero 
que los elementos de fijación producidos por Pooja Forge y los elementos de fijación exportados 
por los productores chinos eran productos s imilares, pero luego proceder a excluir del cálculo 
determinados modelos vendidos por los productores chinos basándose en que esos modelos no se 
correspondían con ninguno de los vendidos por Pooja Forge, no era compatible con la prescripción 
establecida en  el párrafo 4.2 del artículo 2 de que los márgenes de dumping se establezcan 
comparando el valor normal con el precio de "todas las transacciones de exportación 
comparables". El Órgano de Apelación también observó que, de conformidad con el párrafo 4 del 
artículo 2, la Comisión podría haber realizado ajustes para tener en cuenta las diferencias que 
influían en la comparabilidad de los precios, en lugar de excluir simplemente los modelos vendidos 
por los productores chinos que consideraba que no se correspon dían con los de Pooja Forge. 
Además, indicó que la Comisión podría haber determinado los valores normales basándose en 
métodos alternativos, como los mencionados en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping, es decir, un precio comparable del pro ducto similar cuando este se exporte a un 
tercer país apropiado, o un valor normal reconstruido.  
Por lo que respecta al argumento de la Unión Europea de que el párrafo 10 del artículo 6 
demuestra que la autoridad investigadora no está obligada a tomar en c onsideración todas las 
transacciones al determinar los márgenes de dumping, el Órgano de Apelación observó que la 
Unión Europea no había señalado que la Comisión hubiera realizado el muestreo previsto en dicha 
disposición. En lugar de ello, la Unión Europe a se había basado en el párrafo 10 del artículo 6 
como prueba del hecho de que no existe la obligación de incluir todas las transacciones de 
exportación en las comparaciones entre promedios ponderados. Sin embargo, el Órgano de 
Apelación consideró que no p odía interpretarse que el párrafo 10 del artículo 6 informara el 
método de cálculo del margen de dumping en el marco del párrafo 4.2 del artículo 2. Observó que 
el párrafo 10 del artículo 6 y el párrafo 4.2 del artículo 2 tienen finalidades diferentes y no  vio 
nada en el párrafo 10 del artículo 6 que permitiera apartarse de la ob ligación prevista en el 
párrafo  4.2 del artículo 2 de comparar "todas las transacciones de exportación comparables".  
Por último, con respecto al argumento de la Unión Europea de que  los cálculos de los márgenes de 
dumping eran compatibles con el párrafo 4.2 del artículo 2 porque los modelos incluidos en los 
cálculos del dumping representaban una proporción importante, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, de las exportaciones tot ales realizadas por los productores chinos, el Órgano de 
Apelación reiteró que, para cumplir la prescripción de comparación equitativa del párrafo 4 del 
artículo 2, que proporciona contexto para el método de comparación entre promedios ponderados 
previsto en el párrafo 4.2 de dicho artículo, la autoridad investigadora debe comparar las 
transacciones de exportación del producto considerado en su conjunto. Por muy sustancial que 
pueda haber sido la proporción de modelos considerados, la Comisión no había toma do en 
consideración todas las transacciones de exportación de todos los modelos del producto similar 
(es decir, los elementos de fijación) exportados por los productores chinos.  
Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Es pecial de que la 
Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 porque la 
Comisión había excluido, en sus determinaciones de la existencia de dumping, los modelos 
exportados por los productores chinos que no se corresp ondían con ninguno de los modelos 
vendidos por Pooja Forge.  
4.1.7   Párrafo 1 del artículo 4 y párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping  
La Unión Europea apeló respecto de la constatación del Grupo Especial de que, como la Comisión 
había definido la rama de  producción nacional sobre la base de los productores nacionales que se 
habían presentado en respuesta al aviso de iniciación inicial, en el que se declaraba que solo se 
consideraría que cooperaban aquellos productores dispuestos a ser incluidos en la mues tra relativa 
al daño, la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 4 del 
Acuerdo Antidumping. La Unión Europea adujo que la inclusión, en la investigación de WT/AB/27  
 
- 35 - 
 
  reconsideración, de los productores nacionales que habían s ido excluidos en la investigación inicial 
ponía a la Unión Europea en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD.  
El Órgano de Apelación recordó su constatación en el procedimiento inicial de que, en el párrafo 1 
del artículo 4, la rama de producción nacional se define como : i) el conjunto de los productores 
nacionales de los productos similares; o ii) aquellos de entre ellos cuya producción conjunta 
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos. Ob servó 
que, en el caso de que una autoridad investigadora adopte el segundo método para definir la rama 
de producción nacional, el párrafo 1 del artículo 4 no estipula una proporción específica para 
evaluar si un porcentaje determinado constituye una propor ción importante. Sin embargo, el 
Órgano de Apelación indicó que la ausencia de una proporción específica no significa que cualquier 
porcentaje, por bajo que sea, podría considerarse como una proporción importante. Más bien, 
debería entenderse que esta expr esión alude a una proporción relativamente elevada de la 
producción nacional total.  
Recordando nuevamente sus constataciones en el procedimiento inicial, el Órgano de Apelación 
indicó que las prescripciones relativas a la definición de la rama de producció n nacional, a tenor 
del párrafo 1 del artículo 4, deben leerse en conjunción con las obligaciones establecidas en el 
párrafo 1 del artículo 3 de l mismo Acuerdo en el sentido de que la determinación de la existencia 
de daño ha de basarse en pruebas positiva s y comprender un examen objetivo de, entre otras 
cosas, la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los productores nacionales. El 
Órgano de Apelación determinó que, para asegurar la precisión de una determinación de la 
existencia de daño,  al definir la rama de producción nacional una autoridad investigadora no debe 
actuar de manera que dé lugar a un riesgo importante de distorsión, por ejemplo excluyendo a 
toda una categoría de productores del producto similar. De  ahí que, cuando una rama de 
producción nacional se defina como una proporción importante de la producción nacional total, 
cuanto mayor sea la proporción en que se haya basado la autoridad investigadora, menos probable 
será que ocurra una distorsión en la determinación de la existe ncia de daño.  
Según el Órgano de Apelación, cuando la rama de producción nacional se define como los 
productores nacionales cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total, es muy probable que una proporción mu y elevada que refleje 
sustancialmente la producción nacional total cumpla tanto el aspecto cuantitativo como el aspecto 
cualitativo de las prescripciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo 1 del 
artículo 3. Sin embargo, si la proporci ón de la producción conjunta de los productores nacionales 
incluida en la definición de la rama de producción nacional no es lo suficientemente elevada como 
para que se pueda considerar que refleja sustancialmente la totalidad de la producción nacional, 
entonces los elementos cualitativos pasan a ser cruciales para establecer si la definición de la rama 
de producción nacional es compatible con el párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 3. 
Si bien en el caso especial de una rama de producción fr agmentada con numerosos productores 
las restricciones prácticas de la capacidad de una autoridad para obtener información pueden 
significar que lo que constituye una proporción importante sea menor de lo que es generalmente 
admisible, en tales casos, la au toridad investigadora tiene la misma obligación de asegurar que el 
procedimiento para definir la rama de producción nacional no genere un riesgo importante de 
distorsión. La autoridad investigadora tendría que hacer un esfuerzo mayor para asegurar que los 
productores nacionales seleccionados son representativos de la producción nacional total 
cerciorándose de que el proceso de definición de la rama de producción nacional y, en último 
término, la determinación de la existencia de daño, no genere un riesgo im portante de distorsión.  
Respecto de su resolución en el procedimiento inicial, el Órgano de Apelación recordó que había 
constatado que la proporción en la que se había basado la Comisión en la determinación inicial 
para definir la rama de producción nacion al, que representaba el 27 % de la producción nacional 
total, se situaba en el extremo inferior del espectro y difícilmente era un reflejo sustancial del 
total. La fragmentación de la rama de producción de elementos de fijación podría haber permitido 
una pr oporción menor debido a la imposibilidad de obtener más información. Sin embargo, el 
Órgano de Apelación había constatado en el procedimiento inicial que el proceso utilizado por la 
Comisión para definir la rama de producción nacional, que limitaba la defi nición a los productores 
nacionales que estaban dispuestos a formar parte de la muestra relativa al daño, había introducido 
un riesgo importante de distorsión de la determinación de la existencia de daño y era, por tanto, 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 3. El Órgano de Apelación 
también había considerado que el nivel mínimo del 25 % de la producción nacional total, al que se WT/AB/27  
 
- 36 - 
 
  hacía referencia en el párrafo 4 del artículo 5, no era pertinente para la definición de la ra ma de 
producción de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4.  
El Órgano de Apelación observó que, en la investigación de reconsideración, la Comisión había 
incluido en la definición de la rama de producción nacional a los productores nacionales 
inicialm ente excluidos que se había considerado que no cooperaban por no estar dispuestos a ser 
incluidos en la muestra relativa al daño. Como resultado, la proporción utilizada por la Comisión 
había aumentado del 27 % al 36 % de la producción nacional total. Sin em bargo, el Órgano de 
Apelación determinó que la proporción utilizada por la Comisión en la determinación de 
reconsideración seguía siendo baja, incluso en el contexto de la rama de producción fragmentada 
de elementos de fijación. También observó que, en la investigación de reconsideración, la 
Comisión no había publicado un nuevo aviso de iniciación, sino que, en lugar de ello, se había 
basado en el aviso de iniciación de la investigación inicial, en el que se indicaba que solo se 
consideraría que cooperaban los productores que aceptaran formar parte de la muestra relativa al 
daño. Así pues, la Comisión había supeditado la idoneidad de los productores para ser incluidos en 
la rama de producción nacional a su disposición a ser incluidos en la muestra relativa a l daño y, 
por tanto, había seguido introduciendo un riesgo importante de distorsión en el procedimiento de 
definición de la rama de producción nacional.  
Con respecto a la afirmación de la Unión Europea de que había sido la exclusión de determinados 
product ores nacionales lo que en el procedimiento inicial el Órgano de Apelación había considerado 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 4, el Órgano de Apelación determinó que su resolución 
en el procedimiento inicial dejaba claro que el riesgo importante d e distorsión no se derivaba de la 
exclusión per se , sino de supeditar la inclusión de los productores nacionales en la definición de la 
rama de producción nacional a su disposición a ser incluidos en la muestra relativa al daño. 
El Órgano de Apelación seña ló que el aviso de iniciación, en el que se indicaba que solo se 
consideraría que cooperaban los productores que estuvieran dispuestos a ser incluidos en la 
muestra relativa al daño, había creado en efecto una distorsión en el sentido de que los 
productore s nacionales tal vez no se hubieran presentado a menos que consideraran que estaban 
perjudicados por el supuesto dumping del producto considerado. Por lo tanto, ese aviso de 
iniciación había establecido un proceso de autoselección que podía haber sesgado l a composición 
de la rama de producción nacional en favor de los productores perjudicados. El Órgano de 
Apelación también constató que definir la rama de producción nacional de ese modo no se podía 
justificar por la dificultad de obtener información de un n úmero mayor de productores.  
Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la 
Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 4 porque la 
Comisión había definido la rama de produ cción nacional sobre la base de los productores 
nacionales que se habían presentado en respuesta al aviso de iniciación inicial, en el que se 
indicaba que solamente se consideraría que cooperaban los productores que estuvieran dispuestos 
a ser incluidos en  la muestra relativa al daño. Además, el Órgano de Apelación constató que una 
definición de la rama de producción nacional basada en una autoselección que introduce un riesgo 
importante de distorsión en el análisis del daño de la autoridad investigadora ha ría necesariamente 
la determinación de la existencia de daño resultante incompatible con la obligación de hacer un 
análisis objetivo del daño sobre la base de pruebas positivas como se establece en el párrafo 1 del 
artículo 3. Por consiguiente, el Órgano d e Apelación confirmó también la constatación del Grupo 
Especial de que la determinación de la existencia de daño formulada por la Comisión era 
incompatible con dicha disposición.  
4.2  Informe del Órgano de Apelación, Argentina - Medidas relativas al comercio de  
mercancías y servicios , WT/DS453/AB/R  
Esta diferencia se refería a ocho medidas de corte financiero, tributario, cambiario y registral 
impuestas por la Argentina a los servicios y proveedores de servicios de países que la Argentina 
clasifica como "países no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal" (países no 
cooperadores). Estas medidas prevén un trato diferenciado en virtud de si un país está clasificado 
como cooperador o no cooperador a los fines de la transparencia  fiscal. Para obtener la co ndición 
de cooperador, el país debe suscribir con la Argentina un acuerdo de intercambio de información 
en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional o iniciar con la 
Argentina las negociaciones necesarias a los fines de  suscribir dicho acuerdo y/o convenio. Durante 
muchos años, Panamá estuvo clasificado como país no cooperador. Tras el establecimiento del 
Grupo Especial, Panamá fue incluido en la lista de países cooperadores, aun cuando no tenía en WT/AB/27  
 
- 37 - 
 
  vigor un convenio de d oble imposición ni un acuerdo de intercambio de información con la 
Argentina, ni estaba negociando un convenio o acuerdo de ese tipo con la Argentina. En la fecha 
en que se dio traslado del informe del Grupo Especial a las partes, Panamá seguía estando inc luido 
en la lista de países cooperadores.  
Ante el Grupo Especial, Panamá alegó que las ocho medidas en litigio eran incompatibles con 
varias disposiciones del AGCS y del GATT de  1994. En particular, Panamá impugnó las medidas 
siguientes impuestas por la Ar gentina: i) Medida 1: Retención por intereses o retribuciones 
pagados; ii) Medida 2: Presunción de incremento patrimonial no justificado; iii) Medida 3: 
Valoración de transacciones basada en precios de transferencia; iv) Medida 4: Regla de imputación 
de ga stos; v) Medida 5: Requisitos relativos a los servicios de reaseguro; vi) Medida 6: Requisitos 
relativos al acceso al mercado argentino de capitales; vii) Medida 7: Requisitos para el registro de 
sucursales; y viii) Medida 8: Requisito de autorización camb iaria. 
Tras constatar que el AGCS era aplicable a las ocho medidas, el Grupo Especial concluyó que: 
i) las ocho medidas eran incompatibles con el párrafo 1 del artículo II del AGCS porque no 
otorgaban inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de 
países no cooperadores un trato no menos favorable que el que concedían a los servicios similares 
y a los proveedores de servicios similares de países cooperadores; ii) las Medidas 2, 3 y 4 no eran 
incompatibles con el artículo XVII del AGCS porque otorgaban a los servicios y a los proveedores 
de servicios de países no cooperadores un trato no menos favorable que el que dispensaban a los 
servicios similares y proveedores de servicios similares argentinos, en los servicios y modos  de 
suministro relevantes en los que la Argentina había contraído compromisos específicos; iii) las 
Medidas 1, 2, 3, 4, 7, y 8 no estaban justificadas en virtud de la excepción del apartado c) del 
artículo X IV del AGCS porque su aplicación constituía una d iscriminación arbitraria e injustificable 
en el sentido de  la cláusula introductoria  del artículo XIV del AGCS; y iv) las Medidas 5 y 6 no 
estaban  amparadas por el párrafo 2 a) del Anexo sobre Servicios Financieros porque no habían 
sido adoptadas por motiv os cautelares en el sentido de dicha disposición.  
En lo que respecta a la Medida 5, el Grupo Especial rechazó las alegaciones formuladas por 
Panamá al amparo de los párrafos 2 a) y 1 del artículo XVI del AGCS, y constató, respectivamente, 
que la medida no estaba abarcada por el párrafo 2 a) del artículo XVI y que Panamá no había 
acreditado un caso prima facie  de incompatibilidad al respecto.  
En lo que se refiere a las Medidas 2, 3 y 4, como el Grupo Especial había constatado que no eran 
incompatibles con el  artículo XVII del AGCS, el Grupo Especial se abstuvo de pronunciarse sobre si 
dichas medidas estaban amparadas bajo la excepción prevista en el apartado d) del artículo XIV 
del AGCS.  
Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por Panamá al amparo de l GATT de  1994 en 
relación con las Medidas 2 y 3, el Grupo Especial rechazó las alegaciones de Panamá al amparo del 
párrafo 1 del artículo I porque Panamá no había acreditado que la Medida 2 constituyese un 
reglamento o formalidad relativa a las exportacio nes ni una carga que gravase las transferencias 
internacionales de fondos efectuadas en concepto de pago de exportaciones, en el sentido del 
párrafo 1 del artículo I del GATT de  1994 ni que la Medida 3 constituyese una cuestión a que se 
refiere el párrafo 4 del artículo III ni un reglamento o  formalidad relativa a las exportaciones o 
importaciones, en el sentido del párrafo 1 del artículo I del GATT de  1994.  
Además, en relación con la Medida 3, el Grupo Especial rechazó las alegaciones de Panamá al 
amparo d el párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994 porque 
Panamá no había acreditado que la medida fuese una cuestión a que se refiere el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de  1994, y la medida no está abarcada por e l párrafo 1 del artículo XI 
del GATT de  1994 al ser de naturaleza impositiva o tributaria.  
Por último, al haber rechazado las alegaciones formuladas por Panamá al amparo del párrafo 1 del 
artículo I, el párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo XI del GAT T de 1994, el Grupo 
Especial se abstuvo de pronunciarse sobre si la s Medidas 2 y 3 estaban justificadas en virtud del 
apartado d) del artículo XX del GATT de  1994.  WT/AB/27  
 
- 38 - 
 
  4.2.1   Párrafo 1 del artículo II y artículo XVII del AGCS - "Similitud"  
La Argentina apeló las cons tataciones formuladas por el Grupo Especial de que los servicios y 
proveedores de servicios en cuestión eran "similares" tanto a tenor del párrafo 1 del artículo II 
como del artículo XVII del AGCS. Respecto de la constatación de "similitud" formulada por e l Grupo 
Especial en el marco del párrafo 1 del artículo II del AGCS, la Argentina alegó que el Grupo 
Especial había incurrido en error en su interpretación del párrafo 1 del artículo II al constatar que 
los servicios y proveedores de servicios podían consi derarse "similares" cuando una medida otorga 
un trato diferenciado exclusivamente sobre la base del origen. Respecto de la constatación de 
"similitud" formulada por el Grupo Especial en el marco del artículo XVII del AGCS, la Argentina 
alegó que el Grupo E special había incurrido en error al recurrir a las constataciones de "similitud" 
que había formul ado en el marco del párrafo 1 del artículo II para constatar que los servicios y 
provee dores de servicios en cuestión era n "similares" por razón del origen a l os efectos del 
artículo  XVII del AGCS.  
El Órgano de Apelación señaló que el concepto de "similitud" debe interpretarse teniendo en 
cuenta su contexto y el objeto y fin del acuerdo en que figure. El Órgano de Apelación recordó que 
la palabra "similar" se re fiere a algo que comparte una serie de características o cualidades 
idénticas o parecidas, y que entraña algún tipo de comparación. Además, el Órgano de Apelación 
consideró que tanto el párrafo 1 del artículo II como el párrafo 1 del artículo XVII se refie ren a la 
relación de competencia de los servicios y proveedores de servicios. Esto se debe a que, si los 
servicios objeto de comparación no están en relación competitiva, las condiciones de competencia 
no pueden verse afectadas.  
El Órgano de Apelación reco rdó que, en el contexto del comercio de mercancías, el Órgano de 
Apelación había declarado que existe un espectro de grados de competencia o posibilidad de 
sustitución entre productos ofrecidos en el mercado y que la evaluación de una relación de 
competenc ia de este tipo exige un análisis basado en el mercado. El Órgano de Apelación 
consideró que lo mismo ocurre respecto de los "servicios similares y proveedores de servicios 
similares" en el marco del AGCS, y declaró, además, que la similitud de los servici os y proveedores 
de servicios solo puede determinarse caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas del caso concreto.  
Además, el Órgano de Apelación constató que la referencia a "servicios y proveedores de servicios" 
indicaba que las co nsideraciones relativas tanto al servicio como al proveedor de servicios eran 
pertinentes para determinar la "similitud" en el marco del párrafo 1 del artículo II y del párrafo 1 
del artículo XVII del AGCS. El Órgano de Apelación entendía la expresión "ser vicios similares y 
proveedores de servicios similares" como un elemento integrado a los efectos del análisis de la 
similitud en el marco del párrafo 1 del artículo II y del párrafo 1 del artículo XVII, respectivamente. 
El Órgano de Apelación  señaló que las  características particulares de la relación de competencia, 
en las circunstancias de cada caso específico, determinarán la importancia relativa que se debe 
otorgar en el análisis de la "similitud" a las consideraciones relativas al servicio y al proveedor  de 
servicios, respectivamente.  
El Órgano de Apelación aclaró asimismo que, en la medida en que los criterios para evaluar la 
"similitud" empleados tradicionalmente como instrumentos analíticos en el contexto del comercio 
de mercancías son pertinentes para  evaluar la relación de competencia de los servicios y 
proveedores de servicios, estos criterios también pueden utilizarse para evaluar la "similitud" en el 
contexto del comercio de servicios, siempre que se adapten adecuadamente para tener en cuenta 
las características específicas del comercio de servicios. A este respecto, el Órgano de Apelación 
señaló, en particular, que el párrafo 1 del artículo II y el párrafo 1 del artículo XVII del AGCS se 
refieren a la similitud de "servicios y proveedores de servic ios" y declaró que, en consecuencia, 
estos criterios pueden aplicarse tanto respecto del servicio como del proveedor de servicios en un 
análisis holístico. Al igual que en el contexto del comercio de mercancías, el Órgano de Apelación 
consideró que los cri terios para analizar la "similitud" de los servicios y proveedores de servicios 
son instrumentos analíticos para facilitar la tarea de examinar las pruebas pertinentes y que no 
están impuestos por un tratado ni constituyen una lista cerrada de criterios qu e determinarán la 
caracterización jurídica de los servicios y proveedores de servicios como "similares". El Órgano de 
Apelación recordó también que existen distintos modos de suministro en el comercio de servicios 
en el marco del AGCS y que el análisis de la "similitud" de servicios y proveedores de servicios 
puede exigir otras consideraciones sobre si este análisis se ve afectado por los modos de 
suministro. El Órgano de Apelación también destacó que adaptar los criterios para analizar la WT/AB/27  
 
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  "similitud" al co ntexto concreto del párrafo 1 del artículo II y del párrafo 1 del artículo XVII 
del AGCS  no debía cambiar la finalidad fundamental de la comparación que debe realizarse para 
determinar la "similitud" en el contexto del comercio de servicios, a saber, evalu ar si, y en qué 
medida, los servicios y proveedores de servicios en cuestión se encuentran en una relación de 
competencia.  
A continuación, el Órgano de Apelación pasó a la cuestión de si, para establecer la "similitud", el 
reclamante debe recurrir siempre a los criterios pertinentes, o si puede establecer la "similitud" 
demostrando que la medida en litigio hace una distinción entre servicios y proveedores de 
servicios basada exclusivamente en el origen (enfoque de la presunción). El Órgano de Apelación 
señaló que en el contexto del comercio de mercancías, varios grupos especiales han constatado 
que, cuando una medida hace una distinción entre productos basada exclusivamente en el origen 
del producto, puede presumirse la similitud de esos productos.  
El Órgano  de Apelación consideró que, dado que la determinación de la "similitud" en el marco del 
párrafo 1 del artículo II y el párrafo 1 del artículo XVII entraña considerar tanto el servicio como el 
proveedor de servicios, el análisis de si una distinción está o  no basada exclusivamente en el 
origen puede ser una tarea más compleja, en particular, a causa de la influencia que la 
reglamentación nacional puede tener en la conformación de, por ejemplo, las características de los 
servicios y proveedores de servicios,  así como de las preferencias de los consumidores. El Órgano 
de Apelación declaró que, aunque en principio esto no hace que el enfoque de la presunción sea 
inaplicable en el contexto del comercio de servicios, el alcance del enfoque de la presunción es 
más limitado que en el comercio de mercancías. Que esas complejidades repercutan en la 
determinación de si una distinción está basada exclusivamente en el origen, y la medida en que lo 
hagan, en un caso determinado dependerá de la naturaleza, configuración y funcionamiento de la 
medida en litigio, así como de las alegaciones concretas planteadas.  
Por lo que respecta a la carga de la prueba al establecer la "similitud" apoyándose en el enfoque 
de la presunción, el Órgano de Apelación señaló que, en consonancia con la norma general de que 
la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma una determinada reclamación, corresponde al 
reclamante acreditar prima facie  que una medida hace una distinción entre servicios y proveedores 
de servicios basada exclusivamente  en el origen. Si un grupo especial constata que el reclamante 
no ha acreditado prima facie  que una medida prevé un trato diferenciado exclusivamente sobre la 
base del origen, debe realizar un análisis de la "similitud" sobre la base de los criterios perti nentes 
adaptados al comercio de servicios.  
En cambio, si el reclamante logra acreditar prima facie que una medida hace una distinción entre 
servicios y proveedores de servicios basada exclusivamente en el origen, y esa acreditación no es 
refutada por el de mandado, puede presumirse que los servicios y proveedores de servicios en 
cuestión son "similares".  
4.2.1.1   Alegación de la Argentina al amparo del párrafo 1 del artículo II  
A continuación, el Órgano de Apelación pasó a la solicitud de la Argentina de que revocase  la 
constatación del Grupo Especial de que los servicios y proveedores de servicios ubicados en países 
no cooperadores eran "similares" a los servicios y proveedores de servicios ubicados en países 
cooperadores y que, en consecuencia, revocase la conclusió n del Grupo Especial de que las 
Medidas 1 a 8 eran incompatibles con el párrafo 1 del artículo II del AGCS. Al Órgano de Apelación 
no le convencía la tesis de la Argentina de que en el comercio de servicios no puede aplicarse el 
enfoque de la presunción. E l Órgano de Apelación constató que, aunque el análisis de si una 
distinción está o no basada exclusivamente en el origen es más complejo en el contexto del 
comercio de servicios, no por ello el enfoque de la presunción es inaplicable en el comercio de 
servicios. 
A continuación, el Órgano de Apelación abordó la afirmación de la Argentina de que el Grupo 
Especial había incurrido en error en su aplicación del párrafo 1 del artículo II del AGCS al constatar 
que los servicios y proveedores de servicios en cuesti ón eran "similares" sin haber constatado que 
las medidas en litigio preveían un trato diferenciado exclusivamente sobre la base del origen. 
Tras examinar el análisis del Grupo Especial, el Órgano de Apelación constató que el Grupo 
Especial no había constat ado que la distinción entre países cooperadores y no cooperadores en las 
medidas en litigio estuviese basada exclusivamente en el origen. El Órgano de Apelación consideró WT/AB/27  
 
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  que, al no existir una constatación de que las medidas previesen una distinción basad a 
exclusivamente en el origen, el Grupo Especial estaba obligado a realizar un análisis de la 
"similitud" en el que se consideraran diversos criterios pertinentes para una evaluación de la 
relación de competencia de los servicios y proveedores de servicios  de países cooperadores y no 
cooperadores, como se ha expuesto supra . Por consiguiente, el Órgano de Apelación concluyó que, 
al no existir una constatación de que las medidas en litigio previesen una distinción basada 
exclusivamente en el origen, y dado qu e no había realizado un análisis de la "similitud" sobre la 
base de los argumentos y pruebas presentados por las partes con respecto a los criterios de 
"similitud", el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que había "similitud" por razón 
del origen. Como la conclusión del Grupo Especial de que las Medidas 1 a 8 eran incompatibles con 
el párrafo 1 del artículo II del  AGCS estaba basada en la constatación de similitud formulada por el 
Grupo Especial, el Órgano de Apelación revocó la conclusión del Grupo  Especial respecto del 
párrafo 1  del artículo II del AGCS.  
Además, el Órgano de Apelación declaró que, suponiendo, a efectos de argumentación, que, como 
Panamá  indicaba , Panamá efectivamente hubiese acreditado prima facie  que la distinción entre 
países cooperadores y no cooperadores en las medidas en litigio estaba basada exclusivamente en 
el origen, el Grupo Especial habría estado obligado a evaluar si la Argentina había logrado refutar 
esa acreditación prima facie  basada en el enfoque de la presu nción. El Órgano de Apelación 
observó que la Argentina había presentado al Grupo Especial argumentos y pruebas a ese 
respecto.  
El Órgano de Apelación consideró innecesario abordar por separado las alegaciones de la Argentina 
de que el Grupo Especial había incurrido en error en la asignación de la carga de la prueba y de 
que había incurrido en error al acreditar prima facie  la "similitud" en el marco del párrafo 1 del 
artículo II del AGCS en favor de Panamá.  
4.2.1.2   Alegación de la Argentina al amparo del artículo X VII 
Con respecto al párrafo 1 del artículo XVII del AGCS, la Argentina solicitó al Órgano de Apelación 
que constatase que el Grupo Especial había incurrido en error al tomar como base sus 
constataciones de "similitud" en el marco del párrafo 1 del artículo  II del AGCS para su análisis de 
la "similitud" en el marco del párrafo 1 del artículo XVII, y que corroborase, sobre la base de un 
razonamiento modificado, la conclusión del Grupo Especial de que las Medidas 2, 3 y 4 no eran 
incompatibles con el párrafo 1  del artículo XVII del AGCS.  
El Órgano de Apelación constató que la conclusión alcanzada por el Grupo Especial en el marco del 
párrafo 1 del artículo XV II -que los servicios y proveedores de servicios argentinos son similares a 
los servicios y proveedores de servicios de los países no cooperadores - se había basado en la 
constatación anterior del Grupo Especial de "similitud " en el marco del párrafo 1 del artículo II. El 
Órgano de Apelación recordó que había constatado que el Grupo Especial había incurrido e n error 
en su constatación de "similitud" en el marco del párrafo 1 del artículo II, y concluyó que con ello 
se suprimía también la base de la constatación del Grupo Especial de que los servicios y 
proveedores de servicios argentinos eran similares a los s ervicios y proveedores de servicios de 
países no cooperadores a efectos del artículo XVII. Por consiguiente, el Órgano de Apelación 
revocó la constatación del Grupo Especial de que los servicios y proveedores de servicios 
argentinos son similares a los ser vicios y proveedores de servicios de países no cooperadores a los 
efectos de su análisis en el marco del artículo XVII del AGCS. Como la conclusión del Grupo 
Especial de que las Medidas 2, 3 y 4 no eran incompatibles con el artículo XVII del AGCS estaba 
basada en esa constatación, el Órgano de Apelación revocó también dicha conclusión del Grupo 
Especial.  
4.2.2   Párrafo 1 del artículo II y artículo XVII del AGCS - "Trato no menos favorable"  
Panamá alegó que el Grupo Especial había incurri do en error en su interpret ación de la expresión 
"trato no menos favorable" en el marco del párrafo 1 del artículo II y el artículo XVII del AGCS 
cuando constató que, al evaluar si las medidas en esta diferencia eran incompatibles con esas 
disposiciones, se debían tener en cuenta as pectos regulatorios relativos a los servicios y los 
proveedores de servicios que pudieran afectar a las condiciones de competencia, es decir, la 
posibilidad por parte de la Argentina de acceder a la información fiscal de proveedores extranjeros. 
Panamá ale gó además que el Grupo Especial había incurrido en error en su aplicación de la WT/AB/27  
 
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  expresión "trato no menos favorable" en el marco del artículo XVII del AGCS. Panamá solicitó al 
Órgano de Apelación que confirmase la constatación del Grupo Especial de que las  medidas en 
litigio son incompatibles con el párrafo 1 del artículo II del AGCS sobre la base de las 
constataciones preliminares formuladas por el Grupo Especial en el marco de esa disposición. 
Panamá solicitó además al Órgano de Apelación que revocase la constatación del Grupo Especial 
de que las Medidas 2, 3 y 4 no eran incompatibles con el artículo XVII del AGCS y constatase, en 
cambio, que esas medidas eran incompatibles con dicha disposición. La Argentina sostuvo que la 
apelación de Panamá, así como la  apelación presentada por la Argentina en calidad de otro 
apelante, debían resolverse sobre la base de la "similitud".  A juicio de la Argentina, una diferencia 
regulatoria que afecta a las relaciones de competencia entre servicios y proveedores de servicio s 
debe examinarse debidamente en primera instancia, como parte de la evaluación de si puede 
considerarse que los servicios y proveedores de servicios son "similares".  
El Órgano de Apelación observó que, con arreglo al párrafo 3 del artículo XVII del AGCS, una 
medida otorga un trato menos favorable si modifica las condiciones de competencia en favor de los 
servicios o proveedores de servicios de  un Miembro en comparación con los servicios similares o 
los proveedores de servicios similares de otro Miembro. El  Órgano de Apelación también examinó 
la nota 10 al párrafo 1 del artículo XVII, que, a su juicio, confirmaba que el criterio del "trato no 
menos favorable" debe basarse en el efecto en las condiciones de competencia que resulte de la 
medida impugnada. Asim ismo, el Órgano de Apelación consideró que, en el fondo, el concepto de 
"trato no menos favorable" contenido tanto en el párrafo 1 del artículo II como en el artículo XVII 
del AGCS se centra en la modificación de las condiciones de competencia por una medi da. 
El Órgano de Apelación observó que, en diferencias anteriores, el hecho de que una medida 
modificara las condiciones de competencia en detrimento de los servicios o los proveedores de 
servicios de cualquier otro Miembro había bastado, por sí mismo, par a constatar un trato menos 
favorable en el marco del párrafo 1 del artículo II y el artículo XVII del AGCS.  
A juicio del Órgano de Apelación, el Grupo Especial había declarado correctamente que el concepto 
de "trato no menos favorable" plasmado en el párra fo 1 del artículo II del AGCS gira también en 
torno a las condiciones de competencia. No obstante, el Grupo Especial consideró relevantes dos 
aspectos concretos del texto del párrafo 1 del artículo II para su interpretación de la expresión 
"trato no menos favorable", a saber, la amplitud del alcance de la obligación establecida por el 
párrafo 1 del artículo II y la referencia a "los servicios y … los proveedores de servicios". A juicio 
del Órgano de Apelación, aunque el párrafo 4 del artículo III del GATT d e 1994 también tenía un 
amplio campo de aplicación, la amplitud del alcance no se había percibido como una razón para 
exigir un análisis sobre los aspectos regulatorios relativos a los productos a efectos de la 
determinación del "trato no menos favorable".  Asimismo, el Órgano de Apelación no consideró que 
la mera referencia a "los proveedores de servicios" en el AGCS fuera a alterar el criterio jurídico 
del "trato no menos favorable" en el marco del AGCS, a saber, si la medida modifica las 
condiciones de co mpetencia en detrimento de los servicios o proveedores de servicios similares de 
cualquier otro Miembro.  
El Órgano de Apelación consideró que su interpretación del criterio jurídico del "trato no menos 
favorable", sobre la base del texto del párrafo 1 del artículo II y el artículo XVII del AGCS, también 
encontraba apoyo en la estructura del AGCS. De acuerdo con esta estructura, los Miembros 
pueden utilizar determinadas flexibilidades cuando contraen sus compromisos en el marco 
del AGCS, como los previstos e n el artículo XX. A juicio del Órgano de Apelación, mediante estas 
flexibilidades y excepciones, el AGCS trata de establecer un equilibrio entre las obligaciones 
contraídas por un Miembro en el marco del Acuerdo y su derecho a perseguir los objetivos de la s 
políticas nacionales a que se hace referencia en el preámbulo del AGCS. Teniendo en cuenta este 
equilibrio, el Órgano de Apelación consideró que, cuando una medida es incompatible con las 
disposiciones sobre no discriminación, sería más apropiado abordar  los aspectos o preocupaciones 
regulatorios que podrían justificar tal medida en el contexto de las excepciones pertinentes.  
El Órgano de Apelación recordó la preocupación expresada por el Grupo Especial en el sentido de 
que equiparar los objetivos de polí tica nacional a los supuestos previstos en las escasas 
excepciones generales significaría que toda reglamentación adoptada con el fin de realizar los 
objetivos de política nacional constituiría necesariamente una violación del principio básico de no 
discri minación, y necesitaría una justificación bajo los artículos XIV y XIV bis. El Órgano de 
Apelación coincidió con el Grupo Especial en que los objetivos de política nacional a que se hace 
referencia en el preámbulo del AGCS abarcan una gama más amplia de su puestos que los 
reflejados en las excepciones. No obstante, el Órgano de Apelación observó también que, en la WT/AB/27  
 
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  medida en que cumplan las obligaciones y los compromisos que han asumido en el marco 
del AGCS, los Miembros son libres de perseguir los objetivos de política nacional que estimen 
convenientes sin que haga falta invocar excepciones. Por consiguiente, el Órgano de Apelación 
constató que una interpretación de la expresión "trato no menos favorable" que esté basada en el 
efecto perjudicial de una medida  en las condiciones de competencia no impide que un Miembro 
persiga una amplia gama de objetivos de política nacional que trasciendan los señalados en las 
excepciones. Sobre esa base, el Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con la opinión del 
Grupo Esp ecial de que el derecho a reglamentar de los Miembros de acuerdo con sus objetivos de 
política nacional confirma la pertinencia de los aspectos regulatorios relativos a los proveedores de 
servicios en la interpretación del "trato no menos favorable".  
El Ór gano de Apelación recordó que, tanto en el marco del párrafo 1 del artículo II como del 
artículo XVII del AGCS, el Grupo Especial había llegado a las conclusiones "preliminares" de que 
todas las medidas pertinentes modificaban las condiciones de competenci a en detrimento de los 
proveedores de servicios similares de países no cooperadores y de que, en consecuencia, no 
otorgaban un "trato no menos favorable" a esos proveedores de servicios. No obstante, el Grupo 
Especial llevó a cabo otra etapa de análisis re lativa a los aspectos regulatorios en esta diferencia, 
esto es, la posibilidad por parte de la Argentina de acceder a la información fiscal de proveedores 
de servicios extranjeros que suministren servicios en la Argentina. El Órgano de Apelación 
constató q ue la consideración del Grupo Especial de los aspectos regulatorios pertinentes en su 
análisis en el marco del párrafo 1 del artículo II no se refería realmente a la cuestión de si las 
medidas en litigio modificaban las condiciones de competencia en detrim ento de los servicios y 
proveedores de servicios de países no cooperadores. Más bien, las declaraciones realizadas por el 
Grupo Especial indicaban que había considerado realmente si el efecto perjudicial sobre los 
servicios y proveedores de servicios simil ares derivaba exclusivamente de una distinción 
reglamentaria legítima. Tras examinar el análisis del Grupo Especial de los aspectos regulatorios 
pertinentes en el marco del artículo XVII, el Órgano de Apelación concluyó que el Grupo Especial 
había adoptado  una interpretación jurídica errónea del "trato no menos favorable" en el marco del 
artículo XVII del AGCS.  
Asimismo, el Órgano de Apelación tomó nota de la constat ación del Grupo Especial de que, dado el 
objetivo de las Medidas 2, 3 y 4, que era neutraliz ar una ventaja competitiva indebida de la que 
gozaban las jurisdicciones no cooperadoras debido a la falta de intercambio de información fiscal 
con la Argentina, estas medidas no modificaban las condiciones de competencia en favor de los 
proveedores de ser vicios nacionales y, por lo tanto, no eran incompatibles con el artículo XVII. 
A juicio del Órgano de Apelación, asegurar la igualdad de condiciones de competencia, lo cual es 
exigido por el criterio jurídico del "trato no menos favorable", no es lo mismo que garantizar que 
un grupo de servicios o productos no tenga ninguna ventaja competitiva sobre otro grupo. 
No obstante, para llegar a esta constatación, el Grupo Especial había equiparado erróneamente 
estos dos conceptos. Tras constatar que el Grupo Espec ial había adoptado una interpretación 
jurídica errónea del "trato no menos favorable" en el marco del artículo XVII, el Órgano de 
Apelación no consideró necesario examinar las alegaciones de error adicionales de Panamá de que 
el Grupo Especial había incurr ido e n error al aplicar esa interpretación a los hechos de esta 
diferencia.  
En conclusión, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había incurrido en error al 
constatar que una evaluación del "trato no menos favorable" en el m arco del párrafo  1 del 
artículo  II y el artículo XVII del AGCS en esta diferencia debía tener en cuenta aspectos 
regulatorios relativos a los servicios y los proveedores de servicios que puedan afectar a las 
condiciones de competencia, en particular, la posibilidad por pa rte de la Argentina de acceder a la 
información fiscal de proveedores extranjeros. El Órgano de Apelación consideró que si se hubiera 
demostrado la "similitud" entre los servicios y proveedores de servicios de países cooperadores y 
no cooperadores en esta diferencia, las constataciones preliminares en el marco del párrafo 1 del 
artículo II y el artículo XVII habrían sido, por sí solas, suficientes para llevar a la conclusión de que 
las medidas pertinentes son incompatibles con esas disposiciones. No obstant e, recordando su 
revocación de las constataciones del Grupo Especial sobre la "similitud", el Órgano de Apelación 
constató que las constataciones del Grupo Especial sobre el "trato no menos favorable" carecían 
del debido fundamento y no se sostenían. Por l o tanto, revocó la conclusión del Grupo Especial de 
que las ocho medidas en litigio eran incompatibles con el párrafo 1 del artículo II del AGCS, así 
como su conclusión de que las Medidas 2, 3 y 4 no eran incompatibles con el artículo XVII 
del AGCS.  WT/AB/27  
 
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  4.2.3   Aparta do c) del artículo XIV del AGCS  
Ninguno de los participantes apeló el análisis que hizo el Grupo Especial de la conformidad de las 
medidas argentinas con la cláusula introductoria del artículo XIV del AGCS, ni la constatación 
definitiva del Grupo Especial de que la Argentina no había demostrado su defensa. Sin embargo, 
Panamá alegó que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que las Medidas 1, 2, 3, 
4, 7 y 8 estaban justificadas provisionalmente al amparo del apartado c) del artículo XIV. 
En particular, Panamá adujo que el Grupo Especial no había aplicado debidamente a las medidas 
que tenía ante sí el criterio jurídico pertinente para una defensa al amparo del apartado c) del 
artículo XIV.  
Panamá alegó, en primer lugar, que el Grupo Especial había incurrido en error al no centrar su 
análisis en el marco del apartado c) del artículo XIV en los aspectos de las medidas que habían 
dado lugar a las constataciones de incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo II del AGCS.  
El Órgano de Apelación recordó que en el asunto CE - Productos derivados de las focas había 
aclarado que los aspectos de una medida que deben justificarse al amparo de los apartados del 
artículo XX son aquellos que dan lugar a la constatación de incompatibilidad en el marco del GATT 
de 1994. El Órgano de Apelación explicó que los aspectos de la medida pertinentes son 
normalmente los que especifican el trato que dicha medida otorga a las mercancías o servicios 
importados en circunstancias específicas, y que son estos aspectos de l a medida, que prevén las 
diferencias de trato, los que constituyen el punto de partida del análisis en el marco del GATT 
de 1994 o el AGCS y en última instancia llevan a constataciones de incompatibilidad con dichos 
Acuerdos. Al analizar la justificación p rovisional al amparo de una excepción general, el centro del 
análisis debería ser los aspectos pertinentes de la medida en sí misma, y no, por ejemplo, la forma 
en que la medida afecta a las condiciones de competencia en el mercado pertinente.  
El Órgano de  Apelación observó además que el mero hecho de que un grupo especial no repita en 
su análisis en el marco del artículo XIV la totalidad del examen de la medida que realizó en su 
análisis de la incompatibilidad, o incluya algo más que los aspectos concretos  que examinó al 
llegar a su constatación de incompatibilidad, no significa, por sí solo, que el grupo especial haya 
incurrido en error y basado su evaluación de la justificación de l a medida al amparo del 
artículo  XIV en aspectos de la medida diferentes.  
En cuanto a esta diferencia, el Órgano de Apelación constató que, para cada medida, el Grupo 
Especial se había centrado en los mismos aspectos en su análisis en el marco del apartado c) del 
artículo XIV que en su análisis en el marco del párrafo 1 del artíc ulo II. Por lo tanto, el Órgano de 
Apelación concluyó que, aunque la identificación por el Grupo Especial de los aspectos de las 
Medidas 1, 2, 3, 4, 7, y 8 que eran pertinentes para su evaluación en el marco del apartado c) del 
artículo XIV del AGCS en oca siones había sido bastante breve o imprecisa, el Grupo Especial no 
había dejado de centrarse en los mismos aspectos de las Medidas 1, 2, 3, 4, 7 y 8 en sus análisis 
en el marco del párrafo 1 del artículo II y del apartado c) del artículo XIV.  
Panamá plante ó otras dos alegaciones con respecto a las constataciones del Grupo Especial de que 
las Medidas 1, 2, 3, 4, 7 y 8 estaban provisionalmente justificadas al amparo del apartado c) del 
artículo XIV del AGCS, a saber: i) que el Grupo Especial había incurri do en error al constatar que 
las Medidas 1, 2, 3, 4 y 8 est aban diseñadas "para lograr la observancia" de leyes y reglamentos 
argentinos pertinentes, y ii) que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que las 
Medidas 1, 2, 3, 4, 7 y 8 eran "nece sarias" para lograr la observancia de tales leyes y 
reglamentos.  
El Órgano de Apelación recordó la explicación que había dado en el asunto Corea - Diversas 
medidas que afectan a la carne vacuna, según la cual para que un demandado justifique 
provisionalmen te una medida al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT de  1994, deben 
demostrarse dos elementos. Primero, la medida debe estar diseñada para lograr la observancia de 
leyes y reglamentos que no sean en sí incompatibles con alguna disposición del G ATT de  1994. 
Segundo, la medida debe ser necesaria para lograr esa observancia. El Órgano de Apelación 
explicó que, con respecto al primer elemento, la frase "para lograr la observancia" exige un 
examen inicial de la relación entre la medida incompatible y  las leyes y reglamentos pertinentes. 
Se puede afirmar que una medida "logra la observancia" de las leyes y reglamentos compatibles 
con el AGCS cuando su diseño pone de manifiesto que logra la observancia de normas, WT/AB/27  
 
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  obligaciones o requisitos específicos de  esas leyes y reglamentos, y cuanto mayor sea la precisión 
con que un demandado pueda identificar esas normas o requisitos específicos, más probable será 
que pueda aclarar cómo y por qué la medida incompatible logra la observancia de esas leyes y 
reglament os. Cuando la evaluación del diseño de la medida, con inclusión de su contenido y su 
funcionamiento previsto, pone de manifiesto que la medida no puede lograr la observancia de 
normas o requisitos específicos establecidos en la ley o reglamento pertinente es posible que no 
sea preciso analizar también si esta medida es necesaria para lograr esa observancia. Al mismo 
tiempo, los grupos especiales no deben estructurar el análisis del primer elemento de tal manera 
que dé lugar a que el análisis se trunque prem aturamente y de ese modo se imposibilite el 
examen de aspectos cruciales de la defensa del demandado relativa al análisis de la "necesidad". 
Este segundo elemento entraña un análisis holístico, más en profundidad, de la relación entre la 
medida incompatibl e y las leyes y reglamentos pertinentes, y, en particular, de si, a la luz de todos 
los factores pertinentes en el análisis de la "necesidad", esta relación es suficientemente cercana, 
de tal manera que se puede considerar que la medida es necesaria para l ograr la observancia de 
esas leyes y reglamentos. El Órgano de Apelación consideró que los análisis de los dos elementos 
de la defensa del apartado c) del artículo XIV pueden coincidir parcialmente, y que el modo en que 
un grupo especial organice el examen  de estos elementos al analizar una defensa en una 
determinada diferencia se verá influido por las medidas y las leyes y reglamentos en litigio, así 
como por la forma en que las partes presenten sus argumentos respectivos.  
Con respecto al primer elemento d el análisis del apartado c) del artículo XIV, Panamá adujo que el 
Grupo Especial había centrado indebidamente su análisis en si las Medidas 1, 2, 3 y 4 lograban la 
observancia de los objetivos de las leyes y reglamentos pertinentes, y no en si esas medidas  
lograban la observancia de disposiciones específicas de tales leyes y reglamentos. El Órgano de 
Apelación señaló que, aunque el Grupo Especial había observado que las Medidas 1, 2, 3 y 4 
estaban diseñadas para lograr la observancia del objetivo general de  la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, a continuación había explicado que el diseño de las Medidas 1,  2, 3, y 4 estaba, 
asimismo, orientado a lograr la observancia de ciertas disposiciones clave de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias. El Órgano de Apelación o bservó que, en su análisis, el Grupo Especial había 
examinado los artículos 1 y 5 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y había evaluado la cuestión 
de si las Medidas 1, 2, 3 y 4 estaban diseñadas para lograr la observancia de dichas disposiciones. 
Por ta nto, el Órgano de Apelación consideró que, en contra de lo que argumentaba Panamá, el 
Grupo Especial había examinado si las medidas lograban la observancia de la obligación específica 
establecida en los artículos 1 y 5 de la Ley de Impuesto a las Ganancias , es decir, establecer 
debidamente la base imponible a los efectos del impuesto a las ganancias.  
Panamá también sostuvo que la demostración de que una medida concreta logra la observancia de 
leyes y reglamentos exige la identificación de un riesgo subyacen te de inobservancia de las leyes y 
reglamentos que la medida se propone abordar. Por consiguiente, en opinión de Panamá, aunque 
el Grupo Especial había constat ado que las Medidas 1, 2, 3 y 4 estaban destinadas a desincentivar 
las transacciones simuladas en tre partes vinculadas, el Grupo Especial no había evalu ado si estas 
transacciones entre partes vinculadas eran incompatibles con -o representaban un riesgo de 
inobservancia  de- las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos argentinos. El Órgano 
de Apelación entendió que el argumento de Panamá se basaba en la suposición de que el Grupo 
Especial había constatado que la preocupación de la Argentina en relación con esas medidas se 
limitaba a las transacciones simuladas entre partes vinculadas. No obs tante, a juicio del Órgano de 
Apelación, esa suposición no estaba respaldada por el expediente del Grupo Especial, ya que el 
Grupo Especial había identific ado más ampliamente las prácticas que eran objeto de la 
preocupación de la Argentina como "las transa cciones que encubren prácticas fiscales nocivas" . 
Además, el Órgano de Apelación entendió que el argumento de Panamá se refería al hecho de que 
las Medidas 1, 2, 3 y 4 se aplicaban tanto a transacciones que tenían fines fraudulentos (es decir, 
transaccione s simuladas entre partes vinculadas para evadir impuestos), como a transacciones 
que tenían fines legítimos (es decir, las transacciones entre partes no vinculadas o las 
transacciones entre partes vinculadas en condiciones de plena competencia), y que, por  lo tanto, 
esas medidas iban más allá de lo necesario para lograr la observancia de las leyes y reglamentos 
pertinentes. No obstante, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el razonamiento del 
Grupo Especial de que estas medidas tienen que estar dise ñadas para abarcar todas las 
transacciones porque se aplican ex ante  y su finalidad es detectar las transacciones fraudulentas.  
Con respecto al argumento de Panamá de que el Grupo Especial no había tenido debidamente en 
cuenta el amplio alcance de la Medid a 2, el Órgano de Apelación consideró que Panamá no había 
explicado por qué el hecho de que la Medida 2 pudiese tener un alcance más amplio impediría, por WT/AB/27  
 
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  sí mismo, una constatación de que la Medida 2 estaba diseñada para lograr la observancia de los 
artículos 1 y 5 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.  
Con respecto al segundo elemento del apartado c) del artículo XIV, Panamá impugnó los siguientes 
aspectos del análisis de la "necesidad" realizado por el Grupo Especial: i) la evaluación efectuada 
por el Gr upo Especial de la contribución de las Medidas 1, 2, 3, 4,  7 y 8 al fin perseguido; ii) la 
evaluación por el Grupo Especial del grado de restricción del comercio de estas medidas; y iii) el 
proceso de sopesar y confrontar los factores de necesidad pertinen tes que había llevado a cabo el 
Grupo Especial. El Órgano de Apelación observó que, aunque no hay una única forma correcta de 
estructurar un análisis polifacético de múltiples medidas, le planteaba algunas preocupaciones la 
forma en que el Grupo Especial h abía estructurado su análisis de la "necesidad" con respecto a las 
seis medidas pertinentes. El Grupo Especial examinó en primer lugar la importancia de los 
objetivos perseguidos. A continuación examinó la contribución realizada por las seis medidas al fin  
perseguido. Seguidamente analizó el grado de restricción del comercio de las seis medidas. 
El Grupo Especial examinó a continuación la cuestión de si Panamá había identificado medidas 
alternativas que estuvieran razonablemente disponibles. Por último, el Grupo Especial llevó a cabo 
un solo proceso de sopesar y confrontar estos factores para las seis medidas de manera conjunta. 
Para el Órgano de Apelación, las partes iniciales del razonamiento del Grupo Especial estaban de 
algún modo desagregadas y comparti mentadas en el sentido de que, para cada medida 
determinada, el examen realizado por el Grupo Especial de los factores de "necesidad" pertinentes 
figuraba en partes de su razonamiento separadas. Esta separación de las diferentes partes del 
análisis del Gru po Especial, junto con su proceso conjunto de sopesar y confrontar los factores 
hacía, a su vez, en cierto modo difícil averiguar si, respecto de cada medida, el Grupo Especial 
había llevado a cabo el análisis holístico de todos los elementos pertinentes e xigido y había 
sopes ado y confront ado debidamente los elementos pertinentes y los había comparado  con las 
medidas alternativas propuestas.  
Pasando a las alegaciones de error específicas formuladas por Panamá, el Órgano de Apelación 
observó en primer lugar que muchos de sus argumentos en apelación parecían impugnar la 
evaluación realizada por el Grupo Especial de los hechos y pruebas obrantes en el expediente y no 
estaban comprendidas en el alcance del examen en apelación al no existir ninguna alegación de 
Panamá de que el Grupo Especial hubiera incumpli do los deberes q ue le impone el artículo 11 
del ESD de hacer una evaluación objetiva de los hechos.  
Panamá adujo también que el Grupo Especial había basado indebidamente la evaluación de la 
contribución de las  Medidas 1, 2, 3, 4 y 7 en si estas medidas contribuyen a lograr los objetivos de 
las leyes y reglamentos pertinentes, y no en si contribuyen a lograr la observancia de 
disposiciones específicas de tales leyes y reglamentos. El Órgano de Apelación observó que, en 
Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , había explicado que un factor que se 
debe tener en cuenta en el marco del análisis de la "necesidad" es el grado en que la medida 
contribuye a la realización del fin perseguido, el logro de la  observancia de la ley o reglamento en 
cuestión. El Órgano de Apelación concluyó que, de manera similar a lo que sucede en el análisis 
del diseño de una medida, la evaluación por un grupo especial de la contribución de tal medida a 
lograr la observancia de  la ley o reglamento en cuestión debe centrarse en normas, obligaciones o 
requisitos específicos establecidos en dicha ley o reglamento. Al mismo tiempo, el objetivo de las 
"leyes y los reglamentos" en cuestión, o el interés o valor común protegido por ell os, no carece de 
pertinencia para el análisis de la contribución de una medida ya que, en muchos casos , las 
obligaciones específicas y las distintas disposiciones de una ley o reglamento reflejarán el objetivo 
u objetivos del instrumento en que figuran y e starán estrechamente vinculadas a ellos.  
Pasando a la aplicación por el Grupo Especial del apartado c) del artículo XIV del AGCS a las 
Medidas 1, 2, 3 y 4, el Órgano de Apelación constató que, al examinar la contribución de las 
medidas a salvaguardar la ba se imponible de los contribuyentes argentinos, el Grupo Especial 
había examin ado la contribución de estas medidas a lograr la observancia de la obligación de 
establecer debidamente la base imponible sujeta al impuesto a las ganancias, conforme a lo 
dispues to en los artículos 1 y 5 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. De modo similar, respecto 
de la Medida 7, el Órgano de Apelación entendió que el Grupo Especial se había centrado en los 
requisitos del artículo 118.3 de la Ley de Sociedades Comerciales y en  el artículo 188 de la 
Resolución sobre las Sociedades Constituidas en el Extranjero cuando mencionó la necesidad de 
verificar que las sucursales de sociedades extranjeras tengan un fin comercial legítimo, con 
actividades reales, y que no hayan sido creada s únicamente con el objeto de simular operaciones 
con contribuyentes argentinos. Así pues, a pesar de sus reservas en cuanto al enfoque analítico WT/AB/27  
 
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  que había adoptado  el Grupo Especial respecto a su análisis de la contribución, el Órgano de 
Apelación conside ró que el Grupo Especial había realizado un análisis adecuado de la contribución 
realizada por las Medidas 1, 2, 3, 4 y 7 a lograr la observancia de normas, obligaciones o 
requisitos específicos  establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes . 
El Órgan o de Apelación también llamó la atención sobre el hecho de que el Grupo Especial hubiera 
constat ado, respecto a cada medida, que contribuye al objetivo perseguido. El Órgano de 
Apelación señaló que en un análisis de la "necesidad", el deber de un grupo esp ecial consiste en 
evaluar, de manera cualitativa o cuantitativa, el grado de contribución de la medida al objetivo 
perseguido, y no simplemente en determinar si la medida hace o no alguna contribución. 
El Órgano de Apelación señaló que, de manera similar, el grupo especial debe tratar de evaluar el 
grado de restricción del comercio de una medida y no simplemente determinar si la medida 
entraña o no alguna restricción del comercio. El Órgano de Apelación subrayó que, sin hacer esos 
análisis, el grupo especia l no podría llevar a cabo un proceso de sopesar y confrontar todos los 
factores pertinentes.  
Además, Panamá adujo que el Grupo Especial había incurrido en error al considerar que la 
inexistencia de una prohibición suponía automáticamente que las Medidas 1,  2 y 3 no ten ían un 
efecto de restricción del comercio, y no había explic ado el motivo de esta consideración. 
No obstante, a juicio del Órgano de Apelación, el Grupo Especial, en su análisis de las Medidas 1, 2 
y 3, no había aceptado simplemente que la ine xistencia de una prohibición suponía 
automáticamente que una medida no ten ía un efecto de restricción del comercio. Antes bien, el 
Grupo Especial había adoptado una posición más matizada, había examinado la estructura, el 
funcionamiento y los efectos de ca da medida, y había llegado a conclusiones separadas respecto 
del grado de restricción del comercio de las medidas.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Órgano de Apelación constató que Panamá no había demostrado 
que el Grupo Especial hubiera incurri do en err or en la aplicación del apartado c) del artículo XIV 
del AGCS a las Medidas 1, 2, 3, 4, 7 y 8 al no centrar su análisis en los aspectos pertinentes de las 
medidas que dieron lugar a las constataciones de incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo II 
del AGCS, o que el Grupo Especial hubiera incurri do en error al constatar que estas medidas 
estaban diseñadas  y eran "necesarias" para lograr la observancia de las leyes y reglamentos 
argentinos pertinentes.  
4.2.4   Párrafo 2 a) del Anexo sobre Servicios Financieros  
Panamá solicitó al Órgano de Apelación que revocase la constatación del Grupo Especial de que el 
párrafo 2 a) del Anexo sobre Servicios Financieros del AGCS ampara todo tipo de medidas que 
afecten al suministro de servicios financieros en el sentido del p árrafo 1  a) del Anexo. Panamá 
alegó que el Grupo Especial no había dado sentido al término "reglamentación nacional" del título 
de la excepción cautelar. A juicio de Panamá, la referencia a "reglamentación nacional" en el título 
delimitaba el ámbito de apl icación de la disposición y definía el tipo de medidas que pueden ser 
amparadas por la disposición. En respuesta, la Argentina sostuvo que no existe limitación alguna 
al tipo de medidas abarcadas por la excepción salvo el motivo cautelar que lleva a su ado pción.  
El Órgano de Apelación recordó que, tras haber constatado que la Medida 5 (requisitos relativos a 
los servicios de reaseguro) y la Medida 6 (requisitos relativos al acceso al mercado argentino de 
capitales) eran incompatibles con el párrafo 1 del ar tículo II del AGCS, el Grupo Especial había 
pasado a examinar la defensa invocada por la Argentina al amparo del párrafo 2 a) del Anexo 
sobre Servicios Financieros y finalmente había llegado a la conclusión de que las Medidas 5 y 6 no 
estaban justificadas por esta disposición porque no habían sido adoptadas por motivos cautelares. 
El Órgano de Apelación recordó también que, como había señalado el Grupo Especial, el 
párrafo  2 a) contiene tres requisitos que se deben cumplir para que una medida esté justifica da en 
virtud de esta disposición. En primer lugar está la cuestión previa de qué tipo de medidas pueden 
estar comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 2 a). En segundo lugar, una medida 
tiene que haberse adoptado por motivos cautelares. Por últi mo, la medida no se utilizará como 
medio de eludir los compromisos u obligaciones contraídos por el Miembro en el marco del 
Acuerdo. E l Órgano de Apelación observó que la apelación de Panamá se limitaba al análisis  de la 
cuestión previa realizado  por el Gr upo Especial.  WT/AB/27  
 
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  El Órgano de Apelación observó que el párrafo 2 a) del Anexo sobre Servicios Financieros no 
identifica un tipo concreto de medidas comprendidas en su ámbito de aplicación. Además, la 
utilización de la frase "las medidas que afecten al suminis tro de servicios f inancieros" en el 
párrafo  1 a) del Anexo, que establece el ámbito de aplicación del Anexo, avala la opinión de que el 
párrafo 2 a) no impone restricciones específicas al tipo de medidas comprendidas en su ámbito de 
aplicación. El Órgano d e Apelación señaló además que, en virtud de la cláusula introductoria "[n]o 
obstante las demás disposiciones del Acuerdo" de la primera frase del párrafo 2 a), el párrafo 2 a) 
se podría invocar para justificar incompatibilidades con todas las obligaciones contraídas por un 
Miembro en el marco del AGCS. Para el Órgano de Apelación, esto indicaba que, por ejemplo, las 
medidas que imponían restricciones de acceso a los mercados por motivos cautelares, de los tipos 
enumerados en el párrafo 2 del artículo XVI, p odrían estar comprendidas en el ámbito de 
aplicación del párrafo 2 a). El Órgano de Apelación recordó el argumento de Panamá de que las 
medidas justificables por motivos cautelares deben adoptar la forma de reglamentaciones 
nacionales en contraposición, po r ejemplo, a obstáculos al acceso a los mercados. A juicio del 
Órgano de Apelación, no obstante, al excluir las restricciones de acceso a los mercados del ámbito 
de aplicación del párrafo 2 a), la interpretación de Panamá significa ba realmente que no se p odía 
invocar el párrafo 2 a) para justificar incompatibilidades con el artículo XVI, en contra de lo 
dispuesto en la cláusula introductoria del párrafo 2 a).  
El Órgano de Apelación consideró que el sentido y la función que se deben atribuir al título del 
párrafo 2 a) deberían ser coherentes con una interpretación adecuada del propio párrafo 2 a). 
A este respecto, el Órgano de Apelación examinó el contexto que ofrece el artículo VI del AGCS, 
que también se titula "Reglamentación nacional". El Órgano de Apelac ión observó que las 
disposiciones del artículo VI se refieren a una diversidad de medidas, y el amplio alcance de las 
medidas que pueden ser abarcadas por el artículo VI indica que su título, "Reglamentación 
nacional", no debe tener la función de restringi r el tipo de medidas comprendidas en esa 
disposición. De modo similar, el Órgano de Apelación constató que el título del párrafo 2 a) no 
tiene esa función. El  Órgano de Apelación pasó a examinar el contexto que ofrece el apartado a) 
del artículo XXVIII del  AGCS, que define el término "medida" como "cualquier medida adoptada 
por un Miembro, ya sea en forma de ley, reglamento, regla, procedimiento, decisión o disposición 
administrativa, o en cualquier otra forma". El Órgano de Apelación consideró que el texto  del 
párrafo 2 a) del Anexo sobre Servicios Financieros, leído a la luz del alcance y definición de la 
palabra "medida" tanto en el párrafo 1 a) del Anexo como en el apar tado a) del artículo XXVIII 
del AGCS, no indica restricción alguna en cuanto al tipo o  la forma de una medida comprendida en 
el párrafo 2 a) del Anexo. Por último, observando las referencias a los objetivos de política 
nacional de los considerandos tercero y cuarto del preámbulo del AGCS, el Órgano de Apelación 
consideró que una interpretac ión que limitara los tipos de medidas que podrían estar abarcadas 
por el párrafo 2 a) no estaría en consonancia con el equilibrio de derechos y obligaciones que se 
reconoce expresamente en el preámbulo.  
Sobre la base de estas consideraciones, el Órgano de Apelación discrepó del argumento de 
Panamá de que el título del párrafo 2 a) delimita el ámbito de aplicación de esta disposición o 
define el tipo de medidas que pueden estar amparadas por la excepción cautelar. En conclusión, el 
Órgano de Apelación consta tó que el Grupo Especial no había incurrido en error al constatar que el 
párrafo 2 a) del Anexo sobre Servicios Financieros ampara todo tipo de medidas que afecten al 
suministro de servicios financieros en el sentido del párrafo 1  a) del Anexo.  
4.3  Informe del  Órgano de Apelación, Colombia - Medidas relativas a la importación de 
textiles, prendas de vestir y calzado , WT/DS461/AB/R  
Esta diferencia se refería a la impugnación por Panamá de los aranceles impuestos por Colombia a 
la importación de determinados text iles, prendas de vestir y calzado. La medida de Colombia, 
denominad a "arancel compuesto" , se compone de un gravamen ad valorem  expresado en términos 
porcentuales respecto del valor en aduana de la mercancía, así como de un gravamen específico 
expresado en unidades monetarias por unidad de medida. Mientras que el componente ad valorem  
del arancel compuesto es del 10% para todos los productos independientemente de su valor, el 
componente específico varía en función del producto y del precio franco a bordo (f. o.b.) declarado 
con respecto a dos umbrales. El arancel compuesto no se aplica con respecto a determinadas 
importaciones de mercancías.  
Ante el Grupo Especial, Panamá alegó que el arancel compuesto impuesto por Colombia es 
incompatible con los párrafos 1 a ) y 1 b) del artículo II del GATT de  1994 y con la Lista de WT/AB/27  
 
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  Concesiones de Colombia. Además, en respuesta a las defensas invocadas por Colombia, Panamá 
solicitó al Grupo Especial que rechazara el argumento de que el arancel compuesto se encuentra 
justifica do por las excepciones generales previstas en los aparta dos a) y d) del artículo XX 
del GATT de  1994.  
El Grupo Especial constató que la medida en litigio está estructurada y diseñada para ser aplicada 
a todas las importaciones de los productos afectados, s in distinguir entre comercio "lícito" e 
"ilícito", y que no hay en el sistema jurídico de Colombia ninguna disposición que prohíba la 
importación de mercancías cuyos precios declarados sean inferiores a los umbrales previstos en la 
medida. Habida cuenta de  esas constataciones, el Grupo Especial no consideró necesario 
pronunciarse sobre la alegación de Colombia de que las obligaciones previstas en los párrafos 1 a) 
y 1 b) del artículo II del GATT de  1994 no son aplicables al comercio ilícito. El Grupo Especi al 
constató que el arancel compuesto constituye un derecho de aduana propiamente dicho que 
excede los niveles consolidados en la Lista de Concesiones de Colombia y es, por lo tanto, 
incompatible con la primera frase del párrafo 1 b) del artículo II del GAT T de 1994, y concede un 
trato menos favorable que el previsto en la Lista de Concesiones de Colombia, de manera 
incompatible con el párrafo 1 a) del artículo II del GATT de  1994, en determinados casos. Con 
respecto al recurso de Colombia a las excepciones generales previstas en el artículo XX del GATT 
de 1994, el Grupo Especial constató que Colombia no había acreditado que el arancel compuesto 
fuera una medida necesaria para proteger la moral pública en el sentido del apartado a) del 
artículo XX, o fuera ne cesari o para lograr la observancia del artículo 323 del Código Penal de 
Colombia, en el sentido del apartado d) del artículo XX. El Grupo Especial constató también que, 
incluso suponiendo que Colombia hubiera logrado demostrar que su medida se encuentra 
provisionalmente justificada al amparo del apartado a) o el apartado d) del artículo XX, el arancel 
compuesto no se aplica de forma tal que cumpla con los requisitos de la cláusula introductoria del 
artículo XX.  
4.3.1   El artículo 11 del ESD  
En apelación, Colombia sostuvo que, al afirmar que resultaba innecesario para el Grupo Especial 
emitir una constatación acerca de si las obligaciones del párrafo 1 del artículo II del GATT de  1994 
pueden extenderse o no al comercio ilícito, el Grupo Especial no había hecho una e valuación 
objetiva del asunto que se le había sometido, como exige el artículo 11 del ESD, que incluyera una 
evaluación objetiva de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes. Según Colombia, la 
única forma concebible en que el Grupo Especial p odría haber eludido la cuestión de interpretación 
sería que hubiera constatado que ninguna de las importaciones sujetas a la medida conllevó 
comercio ilícito. Colombia señaló que, sin embargo, el Grupo Especial no había formul ado tal 
constatación.  
El Órgan o de Apelación recordó en primer lugar que el artículo 11 del ESD impone a los grupos 
especiales una obligación general de hacer una "evaluación objetiva del asunto", obligación que 
abarca todos los aspectos, tanto fácticos como jurídicos, del examen del a sunto por un grupo 
especial. Con respecto a "la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes", un grupo 
especial debe llevar a cabo una evaluación objetiva de si las obligaciones previstas en los acuerdos 
abarcados, respecto de los cuales se alega u na incompatibilidad, son pertinentes y aplicables al 
asunto en cuestión. El Órgano de Apelación también señaló que cabría esperar que, en su 
evaluación de los hechos, un grupo especial diera explicaciones razonadas y adecuadas y un 
razonamiento coherente. Del mismo modo, también cabría esperar que un grupo especial diese 
explicaciones razonadas y adecuadas y un razonamiento coherente al evaluar la aplicabilidad de 
los acuerdos abarcados.  
El Órgano de Apelación recordó que el Grupo Especial había consider ado que solo estaría obligado 
a abordar la cuestión de interpretación en el marco de los pá rrafos 1 a) y 1 b) del artículo II 
del GATT de  1994 si hubiera constatado que el comercio afectado por la medida era comercio 
ilícito. Además, el Órgano de Apelación se ñaló que, aunque los grupos especiales tienen libertad 
para estructurar el orden de su análisis como estimen conveniente, un grupo especial no debe 
estructurar su análisis de una manera que le impida actuar con arreglo al deber de hacer una 
evaluación obje tiva del asunto que le impone el artículo 11 del ESD, que incluya una evaluación 
objetiva de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes.  
El Órgano de Apelación discrepó de la conclusión del Grupo Especial de que no era necesario que el 
Grupo Es pecial interpretara los párrafos 1 a) y 1 b) del artículo II del GATT de  1994 porque el WT/AB/27  
 
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  arancel compuesto no está estructurado ni diseñado para aplicarse únicamente a operaciones que 
hayan sido calificadas como comercio ilícito. Por el contrario, el Órgano  de Apelación consideró que 
la afirmación del Grupo Especial de que la medida no se aplica "únicamente" a operaciones de 
comercio ilícito implica que la medida se aplica, o podría aplicarse, a ciertas transacciones 
calificadas por Colombia como comercio il ícito. El hecho de que no haya una norma jurídica que 
establezca que cada transacción realizada a un precio igual o inferior a los umbrales se considera 
una transacción ilegal o ilícita no excluye la posibilidad de que algunas de esas transacciones 
incluya n no obstante lo que Colombia considera comercio ilícito. A juicio del Órgano de Apelación, 
la constatación del Grupo Especial de que el arancel compuesto no diferencia entre comercio lícito 
e ilícito indica también que la medida abarca o podría abarcar lo  que Colombia considera comercio 
ilícito.  
Por tanto, el Órgano de Apelación no consideró que el Grupo Especial p udiera abstenerse 
debidamente de resolver la cuestión de interpretación que tenía ante sí sencillamente porque la 
medida impugnada no abarcaba " únicamente" el tipo de transacciones que, según sostenía 
Colombia, no estaban comprendidas en el alcance de la disposición aplicable. En cambio, dado que 
la afirmación del Grupo Especial supone que la medida en litigio se aplica, o podría aplicarse, a 
ciertas transacciones consideradas por Colombia como comercio ilícito, en opinión del Órgano de 
Apelación, el Grupo Especial estaba obligado a ocuparse de la cuestión de interpretación que tenía 
ante sí. El Órgano de Apelación concluyó que el Grupo Especial no  había present ado un 
razonamiento coherente y que el fundamento en que se había basado para abstenerse de 
interpretar los párrafos 1 a) y 1 b) del artículo II del GATT de  1994 era erróneo.  
Sobre esa base, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especi al había actuado  de manera 
incompatible con el artículo 11 del ESD al constatar que era innecesario que el Grupo Especial 
interpretara el ámbito de aplicación de los párrafos 1 a) y 1 b) del artículo II del GATT de  1994. En 
consecuencia, El Órgano de Apela ción revocó la constatación del Grupo Especial de que era 
innecesario que el Grupo Especial emitiera una constatación acerca de si los párrafos 1 a) y 1 b) 
del artículo II del GATT de  1994 son o no aplicables al comercio ilícito.  
4.3.2   La cuestión de si Colombia  actuó de manera incompatible con lo s párrafos 1 a) 
y 1 b) del artículo II del GATT de  1994  
Colombia solicitó al Órgano de Apelación que completase el análisis jurídico y constatase que los 
párrafos 1 a) y 1 b) del artículo II no son aplicables al comercio  ilícito y que, puesto que las 
importaciones a precios iguales o inferiores a los umbrales se importan a precios artificialmente 
bajos que no reflejan las condiciones de mercado, el arancel compu esto no infringe los 
párrafos  1 a) y 1 b) del artículo II del  GATT de  1994. Colombia adujo que la palabra "comercio" del 
párrafo 1 a) del artículo II y la palabra "importados" del párrafo 1 b) del artículo II no abarcan lo 
que ese país considera comercio ilícito. Colombia sostuvo que otras disposiciones de los acuer dos 
abarcados, en particular los párrafos 2 a) y 2 b) del artículo VII del GATT de  1994 y el párrafo 1 
del artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana ofrecen apoyo contextual para su 
interpretación del párrafo 1 del artículo II del GATT de  1994.  
Tras examinar el sentido corriente de la palabra "comercio" en el párrafo 1 a) del artículo II y de la 
palabra "importación" en el párrafo 1 b) del artículo II, el Órgano de Apelación no vio que el 
alcance de estas palabras esté limitado con respecto a la nat uraleza o el tipo de importaciones, ni 
a la razón o función de la transacción, de manera que excluya lo que Colombia considera comercio 
ilícito. El Órgano de Apelación observó además que el párrafo 2 del artículo II del GATT de  1994, 
que establece una list a cerrada de casos en que se pueden superar los tipos arancelarios 
consolidados, respalda también una interpretación del párrafo 1 del artículo II que no excluye lo 
que Colombia considera comercio ilícito. Respecto del párrafo 2 del artículo VII del GATT d e 1994 y 
el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, el Órgano de Apelación observó que estas disposiciones no 
se centran en lo mismo que el párrafo 1 del artículo II del GATT de  1994, por cuanto los primeros 
establecen las condiciones en que las autoridades ad uaneras pueden ajustar o rechazar el valor 
declarado de las mercancías y basarse en cambio en métodos alternativos para determinar el valor 
en aduana de esas mercancías. En consecuencia, cuando se rechaza el valor declarado de una 
transacción por ser indeb idamente bajo, el resultado con arreglo al Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana sería que el valor a efectos aduaneros se ajustaría o se determinaría de manera 
alternativa. Para el Órgano de Apelación, la existencia de esos métodos alternativos para 
determin ar el valor en aduana con arreglo a dichas disposiciones confirma que la transacción 
subyacente sigue estando sujeta a los tipos arancelarios consolidados en virtud del párrafo 1 del WT/AB/27  
 
- 50 - 
 
  artículo II del GATT de  1994 y la parte pertinente de la Lista del Miembr o. El Órgano de Apelación 
concluyó que ello reforzaba su interpretación de que el ámbito de ap licación de los párrafos 1 a) 
y 1 b) del artículo II del GATT de  1994 no excluye lo que Colombia considera comercio ilícito.  
El Órgano de Apelación recordó además  que el GATT de  1994 establece un equilibrio entre las 
obligaciones de los Miembros, como la obligación de no superar las consolidaciones arancelarias 
consignadas en las Listas, por un lado, y su derecho a adoptar medidas que traten de alcanzar 
objetivos d e política legítimos, por otro. Para lograr tal equilibrio, figuran en el artículo XX del 
GATT de  1994 varias excepciones que responden a importantes objetivos de la sociedad distintos 
de la liberalización del comercio, a las que se puede recurrir para int entar justificar una medida por 
lo demás incompatible con el GATT. Por lo tanto, el Órgano de Apelación observó que el GATT 
de 1994 preserva el derecho de los Miembros a perseguir objetivos de política legítimos, incluso 
abordando preocupaciones relativas,  en este caso, al lavado de activos, mediante las excepciones 
generales previstas en su artículo XX.  
El Órgano de Apelación señaló además que la interpretación de Colombia permitiría a los Miembros 
excluir del ámbito de aplicación de los párrafos 1 a) y 1 b) del artículo II del GATT de  1994 
actividades comerciales cuya ilicitud hubieran determinado unilateralmente. Tal interpretación 
significaría que, con respecto a las concesiones consignadas en la Lista de un Miembro, el alcance 
de la obligación de ese Mi embro podría variar en función de lo que se defina como ilícito o se 
declare que es ilícito en su legislación interna. A juicio del Órgano de Apelación, tal enfoque 
respecto de la interpretación de los párrafos 1 a) y 1 b) del artículo II crearía incertidu mbre en 
cuanto al alcance de la cobertura de las concesiones arancelarias contraídas por los Miembros.  
El Órgano de Apelación abordó a continuación el argumento de Colombia de que los párrafos 1 a) 
y 1 b) del artículo II no imponen a los Miembros la obliga ción de asegurarse de que no se superan 
sus tipos consolidados cuando se importan mercancías a precios artificialmente bajos. Sobre la 
base de su  interpretación de los párrafos 1 a) y 1 b) del artículo II del GATT de  1994, el Órgano de 
Apelación no encontr ó apoyo para el argumento de Colombia de que no es necesario que un techo 
legislativo se aplique a las importaciones efectuadas a precios iguales o inferiores a los umbrales 
incorporados en la medida en litigio. A juicio del Órgano de Apelación, los párraf os 1 a) y 1 b) del 
artículo II no excluyen de su ámbito de aplicación las transacciones que Colombia considera ilícitas 
porque se efectúan a precios artificialmente bajos o inferiores a los precios de mercado con el fin 
de lavar activos. Por consiguiente, el Órgano de Apelación no consideró que una medida que no 
asegura que tales transacciones no excedan de los tipos arancelarios consolidados por Colombia 
pueda actuar como techo legislativo. El Órgano de Apelación observó también que Colombia no 
impugnó la constatación del Grupo Especial de que las importaciones de productos clasificados en 
la partida 6305.32 del Arancel de Aduanas que entran a precios por encima de USD 10/kg pero por 
debajo de USD 12/kg exceden del tipo consolidado en la Lista de Concesione s de Colombia. 
El Órgano de Apelación recordó además que, en Argentina  - Textiles y prendas de vestir , el Órgano 
de Apelación explicó que es posible, en determinadas circunstancias, que un Miembro establezca 
mediante disposición legislativa un techo o tope  al nivel del derecho aplicado que asegure que, 
incluso si la clase de derechos aplicada difiere de la fijada en la Lista de ese Miembro, los 
equivalentes ad valorem  de los derechos efectivamente aplicados no excedan de los derechos 
ad valorem  fijados en l a Lista del Miembro. El Órgano de Apelación consideró que los umbrales de 
precios establecidos en la medida de Colombia no aseguran que los derechos impuestos a 
determinadas importaciones no superen los tipos arancelarios consolidados por Colombia, 
contrar iamente al concepto de techo legislativo articulado por el Órgano de Apelación.  
El Órgano de Apelación constató que, en los casos identificados en el informe  del Grupo Especial , 
el arancel compuesto excede de los tipos arancelarios consolidados en la Lista  de Concesiones de 
Colombia y, por lo tanto, es incompatible con los párrafos 1 a) y 1 b) del artículo II del GATT 
de 1994. En consecuencia, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones pertinentes del 
Grupo Especial.  WT/AB/27  
 
- 51 - 
 
  4.3.3   Apartado a) del artículo XX del GATT de  1994  
4.3.3.1   La cuestión de si Colombia demostr ó que el arancel compuesto es una medida 
"destinada" a proteger la moral pública  
Colombia adujo que el Grupo Especial había incurrido en error en el marco del apartado a) del 
artículo XX del GATT de  1994 al ex igirle que demostrara la eficacia de la medida impugnada como 
parte de la demostración de que la medida está destinada a proteger la moral pública. Según 
Colombia, la eficacia de la medida impugnada guarda relación con la contribución de la medida al 
objetivo perseguido, que es una cuestión pertinente al análisis de la necesidad, y no al análisis de 
si la medida está destinada a proteger la moral pública. Colombia también sostuvo que, aunque 
hubiera sido adecuado que el Grupo Especial examinara la contribuc ión de la medida al evaluar su 
diseño, había incurrido en error al imponerle un criterio excesivamente estricto de la expresión 
"proteger" la moral pública que es incompatible con el apartado a) del artículo XX.  
El Órgano de Apelación comenzó indicando que , para establecer si una medida está justificada al 
amparo del apartado a) del artículo XX, el análisis se desarrolla en dos etapas. Primero, la medida 
tiene que estar destinada a proteger la moral pública. Segundo, la medida tiene que ser necesaria 
para p roteger esa moral pública. Con respecto al análisis del diseño de la medida, la frase "para 
proteger la moral pública" exige un examen preliminar inicial del contenido, la estructura y el 
funcionamiento previsto de la medida a fin de determinar si existe u na relación entre una medida 
por lo demás incompatible con el GATT y la protección de la moral pública. Si este examen inicial 
del diseño de la medida, con inclusión de su contenido, estructura y funcionamiento previsto, pone 
de manifiesto que la medida no  puede proteger la moral pública, no sería preciso seguir 
examinando si esta medida es necesaria para proteger la moral pública. Esto se debe a que no 
puede haber justificación al amparo del apartado a) del artículo XX para una medida que no esté 
destinada  a proteger la moral pública.  
El Órgano de Apelación indicó que no consideraba que el examen del diseño de la medida fuese 
una etapa excesivamente exigente del análisis del apartado a) del artículo XX. Por el contrario, la 
evaluación de la necesidad de una  medida entraña un análisis integral y más a fondo de la relación 
entre la medida y la protección de la moral pública. El Órgano de Apelación observó también que 
las etapas del análisis  del diseño y la necesidad en el marco del apartado a) del artículo XX son 
aspectos conceptualmente distintos, pero relacionados, de la indagación general que debe hacerse 
de la cuestión de si un demandado ha establecido que la medida en litigio es necesaria para 
proteger la moral pública. Dado que la evaluación de estas dos etapas no es totalmente inconexa, 
en realidad puede haber cierta coincidencia en el sentido de que determinadas pruebas y 
consideraciones pueden ser pertinentes para ambos aspectos de la defensa prevista en el 
apartado  a) del artículo XX. Por tanto, en el contexto de la etapa del análisis relativa al diseño, al 
grupo especial no le está vedado tener en cuenta pruebas y consideraciones que también pueden 
ser pertinentes para el examen de la contribución de la medida en el contexto del análisis de la 
necesida d. 
El Órgano de Apelación destacó que los grupos especiales no deben estructurar el análisis de la 
etapa del diseño de tal manera que dé lugar a que el análisis se trunque prematuramente y de ese 
modo se imposibilite el examen de aspectos cruciales de la d efensa del demandado relativa al 
análisis de la necesidad. En particular, una vez que el análisis del diseño de una medida pone de 
manifiesto que la medida no es incapaz de proteger la moral pública, de modo que existe una 
relación entre la medida y la pro tección de la moral pública, el grupo especial no puede abstenerse 
de abordar la etapa del análisis relativa a la necesidad. A la cuestión de si un determinado grado 
de contribución es suficiente para que una medida sea considerada necesaria no se puede 
responder de forma aislada de una evaluación del grado de restricción del comercio de la medida y 
de la importancia relativa del interés o valor en cuestión. Por ejemplo, una medida que haga una 
contribución limitada a proteger la moral pública puede estar j ustificada al amparo del apartado a) 
del artículo XX en casos en que la medida tenga solamente un grado de restricción del comercio 
muy bajo, teniendo en cuenta la importancia del interés o valor en cuestión. De modo similar, es 
posible que una medida que haga una contribución importante no esté justificada al amparo del 
apartado a) del artículo XX si restringe mucho el comercio. Por lo tanto, si un grupo especial 
constata que existe cierto grado de contribución, pero deja de analizar los demás factores 
(el grado de restricción del comercio y la importancia relativa del interés o valor en cuestión), no 
se pueden sopesar y confrontar los factores, y por tanto se impide realizar un examen adecuado 
de la defensa del demandado de que la medida es necesaria.  WT/AB/27  
 
- 52 - 
 
  Pasando a la impugnación por Colombia de la constatación del Grupo Especial de que Colombia no 
había demostrado que la medida estuviese destinada a proteger la moral pública, el Órgano de 
Apelación no estuvo de acuerdo con la opinión de Colombia de que el Grup o Especial había 
incurrido en error en su análisis del diseño de la medida por la simple razón de que examinó 
pruebas y aspectos relacionados con un análisis de la contribución de la medida. No obstante, el 
Órgano de Apelación destacó que la esencia de la alegación de error de Colombia es que el Grupo 
Especial aplicó un criterio jurídico excesivamente estricto al evaluar si el arancel compuesto es una 
medida destinada a proteger la moral pública. Teniendo esto en cuenta, el Órgano de Apelación 
pasó a examin ar las constataciones pertinentes formuladas por el Grupo Especial.  
El Grupo Especial observó que el texto de la medida no contiene texto alguno de motivaciones que 
indique que el objetivo del arancel compuesto es combatir el lavado de activos. A continuac ión, el 
Grupo Especial llegó a las siguientes conclusiones respecto de una serie concatenada de hechos 
que, a su juicio, eran el fundamento del argumento de Colombia: i) Colombia no había demostrado 
que los umbrales puedan resultar determinantes para estab lecer que la importación de mercancías 
a precios por debajo de los mismos necesariamente esté ocurriendo a precios artificialmente bajos, 
que no reflejen precios reales o condiciones de mercado; ii) no existía indicación alguna de que los 
productos importa dos a precios inferiores a los umbrales estén necesariamente siendo 
subvalorados; y iii) incluso suponiendo que los productos importados a precios inferiores a los 
umbrales establecidos en la medida estén siendo subvalorados, no existía evidencia de que es to 
signifique necesariamente que tal subvaloración tenga por objeto el lavado de activos. Sobre la 
base de estas conclusiones y algunas consideraciones adicionales, el Grupo Especial llegó a la 
conclusión de que no estaba demostrada la conexión entre el ar ancel compuesto y el supuesto 
objetivo de combatir el lavado de activos. En consecuencia, el Grupo Especial concluyó que 
Colombia no había acreditado que el arancel compuesto está destinado a combatir el lavado de 
activos.  
El Órgano de Apelación observó un a contradicción entre algunas de las constataciones intermedias 
del Grupo Especial y las conclusiones a que llegó sobre el diseño de la medida. El Órgano de 
Apelación consideró que, aunque el Grupo Especial concluyó que Colombia no había establecido la 
existencia de una relación entre el arancel compuesto y el objetivo de combatir el lavado de 
activos, esta conclusión quedaba desmentida por constataciones que indica ban que el arancel 
compuesto no e ra incapaz de combatir el lavado de activos. Por lo tanto, e l Órgano de Apelación 
consideró que existía  una relación entre esa medida y la protección de la moral pública, de forma 
que se ajustaba a la etapa del análisis del diseño en el marco del apartado a) del artículo XX.  
En cuanto a la cuestión de si los precio s por debajo de los umbrales establecidos en la medida son 
artificialmente bajos,  el Grupo Especial constató que no se puede descartar que la importación de 
mercancías a precios inferiores a los umbrales pudiera en la práctica reflejar precios artificialme nte 
bajos, que no reflejen condiciones de mercado. El Órgano de Apelación consideró que, al formular 
esta constatación, el Grupo Especial había reconoci do que al menos algunas transacciones cuyo 
precio es igual o inferior a los umbrales podían reflejar eso s precios. El Órgano de Apelación 
también señaló la consta tación del Grupo Especial de que la información disponible sugiere que 
efectivamente la subvaloración de importaciones es una de las metodologías usadas para el lavado 
de activos que ha sido detecta da por las autoridades colombianas. Según el Órgano de Apelación, 
esta constatación indica el reconocimiento por el Grupo Especial de que en Colombia uno de los 
métodos usados para lavar activos es la subvaloración de las importaciones.  
Además, el Órgano d e Apelación observó que, al evaluar la contribución de la medida en el marco 
del análisis de la necesidad, el Grupo Especial había examin ado el argumento de Colombia de que 
el arancel compuesto reduce los incentivos para utilizar importaciones de textiles,  prendas de 
vestir y calzado para lavar activos. El Órgano de Apelación indicó que, aunque el Grupo Especial no 
había formul ado una constatación definitiva de qu e el arancel compuesto desalentaba  las prácticas 
de subvaloración llevadas a cabo con fines de lavado de activos, sí había formul ado varias 
constataciones que respalda ban la posición de Colombia de que el arancel compuesto podría 
reducir el incentivo de utilizar importaciones subvaloradas para lavar activos.  
Considerando conjuntamente las constataci ones anteriores del Grupo Especial, el Órgano de 
Apelación opinó que el propio Grupo Especial había reconoci do que el arancel compuesto no e ra 
incapaz de combatir el lavado de activos, de modo que exist ía una relación entre la medida y la 
protección de la moral pública. Por lo tanto, el Órgano de Apelación indicó que el Grupo Especial WT/AB/27  
 
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  no se encontraba en una situación en la que la medida en litigio no puede proteger la moral 
pública.  
Por las razones anteriores, el Órgano de Apelación concluyó que el Grupo E special no debería 
haber puesto fin a su análisis en esta etapa del examen de la defensa invocada por Colombia al 
amparo del apartado a) del artículo XX. Por el contrario, le correspondía pasar al análisis de la 
necesidad de la medida. Por lo tanto, el Órg ano de Apelación constató que el Grupo Especial había 
incurrido en error al concluir que Colombia no había demostrado que la medid a estuviera  
destinada a combatir el lavado de activos en vista de que había reconoci do que el arancel 
compuesto no e ra incapaz  de combatir el lavado de activos, de modo que exist ía una relación 
entre la medida y la protección de la moral pública.  
Por lo tanto, el Órgano de Apelación revocó las constataciones del Grupo Especial de que Colombia 
no había acreditado que el arancel co mpuesto est uviera  destinado a combatir el lavado de activos, 
y de que Colombia no había demostrado que el arancel compuesto fuera una medida destinada a 
proteger la moral pública. Como las constataciones definitivas del Grupo Especial respecto del 
apartado  a) del artículo XX se basaron exclusivamente en estas constataciones erróneas, el 
Órgano de Apelación revocó también las constataciones del Grupo Especial de que Colombia no 
había acreditado que el arancel compuesto fuera una medida necesaria para protege r la moral 
pública en el sentido del apartado a) del artículo XX del GATT de  1994.  
A continuación, el Órgano de Apelación pasó a examinar la solicitud de Colombia de que el Órgano 
de Apelación completase el análisis jurídico y constatase que la medida en l itigio es necesaria para 
proteger la moral pública y, por tanto, está justificada al amparo del apartado a) del artículo XX 
del GATT de  1994. El Órgano de Apelación empezó por señalar que, en una constatación que no 
había sido impugnada en apelación, el Gr upo Especial había conclu ido que el combate contra el 
lavado de activos es una de las políticas destinadas a proteger la moral pública en Colombia. Por lo 
tanto, el Órgano de Apelación pasó a examinar si las constataciones del Grupo Especial basta ban 
para demos trar que el arancel compuesto era  una medida destinada a combatir el lavado de 
activos y, por tanto, a proteger la moral pública en el sentido del apartado a) del artículo XX 
del GATT de  1994.  
El examen realizado anteriormente por el Órgano de Apelaci ón de la alegación de error formulada 
por Colombia había puesto de manifiesto que, cuando se leen conjuntamente varias constataciones 
del Grupo Especial, se desprende claramente de su análisis que el arancel compuesto no es 
incapaz de combatir el lavado de  activos, de modo que existe una relación entre esa medida y la 
protección de la moral pública. Por lo tanto, sobre la base de las constataciones del Grupo 
Especial, el Órgano de Apelación constató que la medida en litigio está destinada a proteger la 
moral pública en Colombia en el sentido del apartado a) del artículo XX del GATT de  1994.  
4.3.3.2   La cuestión de si Colombia demostr ó que el arancel compuesto es "necesario" 
para proteger la moral pública  
El Órgano de Apelación pasó a examinar la cuestión de si el ara ncel compuesto es una medida 
"necesaria" para proteger la moral pública de conformidad con el apartado a) del artículo XX 
del GATT de  1994. En primer lugar, con respecto a la importancia de los intereses y valores  
perseguidos por la medida impugnada, el Ór gano de Apelación observó que el Grupo Especial 
había constatado que, en Colombia, el objetivo de combatir el lavado de activos obedece a 
intereses sociales que pueden caracterizarse como vitales y de la máxima importancia.  
Con respecto a la contribución  de la medida a combatir el lavado de activos, el Órgano de 
Apelación consideró que las mismas constataciones del Grupo Especial que le habían llevado a 
concluir que el arancel compuesto no es incapaz de combatir el lavado de activos, de modo que 
existe una relación entre esa medida y la protección de la moral pública, indican también que 
puede haber al menos alguna contribución del arancel compuesto al objetivo de combatir el lavado 
de activos. No obstante, el Órgano de Apelación señaló que, aunque las const ataciones del Grupo 
Especial indicaron que puede haber al menos alguna contribución, eran indeterminadas en cuanto 
al grado de esa contribución. Además, el Órgano de Apelación consideró que algunas otras 
constataciones del Grupo Especial ponen de relieve l a falta de suficiente claridad que rodea la 
cantidad o proporción de las operaciones de importación que afectan a los productos en cuestión 
que realmente se usan para el lavado de activos. El Órgano de Apelación entendió que, al formular WT/AB/27  
 
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  esas constatacione s, el Grupo Especia l hacía hincapié en que Colombia no había establecido con 
suficiente claridad la cantidad o proporción de las operaciones de importación de los productos 
pertinentes que efectivamente están siendo subvaloradas con el propósito de lavar a ctivos. 
El Órgano de Apelación señaló también que el Grupo Especial no tenía muy claro cuán eficaz es el 
desincentivo del arancel compuesto como medio de combatir el lavado de activos. En opinión del 
Órgano de Apelación, estas consideraciones acerca de la incertidumbre que rodea la cantidad o 
proporción de las mercancías importadas a precios inferiores a los umbrales que realmente se 
utiliza con el propósito de lavar activos, así como el alcance en que el arancel compuesto actúa 
como un desincentivo para el  lavado de activos, indicaban la tesis del Grupo Especial de que 
Colombia no había demostrado con suficiente claridad el grado de contribución realizado por el 
arancel compuesto al objetivo de combatir el lavado de activos.  
En cuanto al grado de restricció n del comercio  de la medida en litigio, el Órgano de Apelación 
observó que el Grupo Especial había constatado que el arancel compuesto es menos restrictivo del 
comercio internacional que una prohibición a las importaciones, o que una medida que tuviera los  
efectos de una prohibición. El Órgano de Apelación añadió que, pese a haber reconoc ido que la 
medida es menos restrictiva que una prohibición de las importaciones, el Grupo Especial también 
había plante ado la posibilidad de que el arancel compuesto pud iera restringir mucho el comercio y 
en algunas circunstancias lo restrin giera tanto como una prohibición. Por lo tanto, a juicio del 
Órgano de Apelación, las constataciones del Grupo Especial revela ban la incertidumbre en cuanto 
al grado en que se puede consi derar que el arancel compuesto restringe menos el comercio que 
una prohibición de importación y por tanto avalaban la tesis de que Colombia no había establecido 
con suficiente claridad el grado de restricción del comercio de la medida.  
Por último, el Órgan o de Apelación tomó nota de que las partes también presentaron ante el Grupo 
Especial argumentos acerca de si existen alternativas menos restrictivas del comercio que estén 
razonablemente al alcance. En vista de que no había suficiente claridad sobre el gr ado de 
contribución de la medida al objetivo de combatir el lavado de activos, y el grado de restricción del 
comercio de la medida, el Órgano de Apelación no veía ninguna base para continuar con una 
comparación de la medida en litigio con cualesquiera posi bles medidas alternativas que estuviesen 
razonable mente al alcance y lograsen un nivel de protección equivalente.  
En opinión del Órgano de Apelación, las constataciones del Grupo Especial apoyaban, por lo tanto, 
la conclusión de que Colombia no había demos trado que la conclusión resultante de una operación 
de sopesar y confrontar los factores pertinentes fuera que la medida en litigio era necesaria para 
proteger la moral pública. Por lo tanto, sobre la base de las constataciones del Grupo Especial, el 
Órgan o de Apelación constató que Colombia no había demostrado que el arancel compuesto fuera 
una medida necesaria para proteger la moral pública en el sentido del apartado a) del artículo XX 
del GATT de  1994.  
4.3.4   Apartado d) del artículo XX del GATT de  1994  
4.3.4.1   La cues tión de si Colombia demostr ó que el arancel compuesto es una medida 
"destinada " a lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean 
incompatibles con el GATT  
Colombia apeló también la constatación del Grupo Especial de que Colombia no hab ía demostrado 
que el arancel compuesto era una medida destinada a lograr la observancia de las leyes y de los 
reglamentos que no fueran incompatibles con el GATT de  1994 en el sentido del apartado d) del 
artículo XX del GATT de  1994. Colombia adujo que las  conclusiones del Grupo Especial con 
respecto a si la medida está destinada a lograr la observancia del artículo 323 del Código Penal de 
Colombia, y si la medida es necesaria para lograr esa observancia, se habían basado 
exclusivamente en su análisis anter ior en el marco del apartado a) del artículo XX. Por lo tanto, 
Colombia adujo que el análisis del Grupo Es pecial en el marco del apartado d) del artículo XX 
adolec ía necesariamente de los mismos defectos que su análisis en el marco del apartado a) del 
artículo XX.  
El Órgano de Apelación observó que el examen del Grupo Especial de si la medida estaba 
destinada a lograr la observancia del artículo 323 del Código Penal de Colombia se basó 
principalmente en razonamientos y constataciones que había formulado en el contexto de  su 
análisis en el marco del apartado a) del artículo XX. El Órgano de Apelación explicó que, en el WT/AB/27  
 
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  marco tanto del apartado a) como del apartado d) del artículo XX, las etapas del criterio jurídico 
relativas al diseño y la necesidad son aspe ctos conceptualmente distintos, pero relacionados, de la 
indagación general que debe hacerse de la cuestión de si un demandado ha establecido que la 
medida en litigio es necesaria para proteger la moral pública, y que esa evaluación no es 
totalmente incone xa en el sentido de que determinadas pruebas y consideraciones pueden ser 
pertinentes para ambos aspectos de la defensa. El examen de una defensa al amparo de los  
apartados a) y d) del artículo  XX exige un examen preliminar inicial del diseño de la medida en 
litigio, con inclusión de su contenido, estructura y funcionamiento previsto. Si la evaluación del 
diseño de la medida, con inclusión de su contenido, estructura y funcionamiento previsto, pone de 
manifiesto que la medida no puede, en el caso del aparta do a) del artículo XX, proteger la moral 
pública o , en el caso del apartado d) del artículo XX, lograr la observancia de disposiciones 
pertinentes de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con el GATT, no existe 
una relación que cumpla lo s requisitos de la etapa del diseño.  
En opinión del Órg ano de Apelación, siempre que su  razonamiento tenga en cuenta las diferencias 
en los criterios jurídicos previstos en el apartado a) y el apartado d) del artículo XX, el Grupo 
Especial no actu ó indebid amente simplemente porque se bas ó, en el contexto de la aplicación del 
criterio jurídico del apartado d) del artículo XX, en el razonamiento que había formulado al evaluar 
la defensa invocada por Colombia al amparo del apartado a) del artículo XX. El Órgan o de 
Apelación observó además que la propia Colombia había presentado los mismos argumentos y 
pruebas en lo que respecta al apartado a) y el apartado d) del artículo XX. En ambos casos , 
Colombia mantuvo que el arancel compuesto trata de combatir el lavado de activos para lograr la 
observancia del artículo 323 de su Código Penal porque, por su diseño, el arancel compuesto 
reduce los incentivos que llevan a los grupos criminales a utilizar las importaciones de prendas de 
vestir y calzado  con fines de lavado d e activos , mediante precios artificialmente bajos. En estas 
circunstancias, el Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial no había actuado 
indebidamente al basarse en consideraciones y razonamientos similares para llegar a sus 
conclusiones en el m arco del apartado a) y el apartado d) del artículo XX.  
El Órgano de Apelación consideró, no obstante, que las preocupaciones que  había señalado en el 
contexto  de la evaluación que hizo el Grupo Especial de la cuestión de si el arancel compuesto está 
destin ado a proteger la moral pública de conformidad con el apartado a) del artículo XX también 
eran pertinentes en el contexto de la evaluación en el marco del apartado d) del artículo XX. 
En particular, el Órgano de Apelación observó que, al decir que no se pu ede descartar que 
mercancías a precios inferiores a los umbrales reflejen precios artificialmente bajos, el Grupo 
Especial reconoció que al menos algunas transacciones cuyo precio es igual o inferior a los 
umbrales podían reflejar esos precios. El Órgano d e Apelación también señaló el reconocimiento 
por el Grupo Especial de que, en Colombia, uno de los métodos usados para lavar activos es la 
subvaloración de importaciones. Además, el Órgano de Apelación consideró que otras 
constataciones del Grupo Especial muestran una relación entre el arancel compuesto y las 
actividades de lavado de activos que Colombia trata de desalentar mediante la aplicación de la 
medida impugnada. A juicio del Órgano de Apelación, estas constataciones demuestran que el 
Grupo Especial reconoció, en lo que respecta a su análisis en el marco tanto del apartado a) como 
del apartado d) del artículo XX, que al menos algunas mercancías cuyo precio es igual o inferior a 
los umbrales se podían importar en Colombia a precios artificialmente bajo s con el fin de lavar 
activos y estarían por tanto sujetas al desincentivo creado por los derechos específicos superiores 
que se aplican a esas mercancías. Por lo tanto, el Órgano de Apelación consideró que el propio 
Grupo Especial había reconoci do que el arancel compuesto no e ra incapaz de lograr la observancia 
del artículo 323 del Código Penal de Colombia, de modo que exist ía una relación entre esa medida 
y el logro de esa observancia.  
El Órgano de Apelación declaró que, aunque el Grupo Especial concluyó que Colombia no había 
establecido la existencia de una relación entre el arancel compuesto y el artículo 323 de su Código 
Penal, las constataciones del Grupo Especial que había examinado contradecían esta conclusión. 
El análisis del propio Grupo Especial i ndicaba que el arancel compuesto no e ra incapaz de lograr la 
observancia del artículo 323 del Código Penal de Co lombia, de modo que existía  una relación entre 
esa medida y el logro de esa observancia. En consecuencia, el Grupo Especial no debería haber 
puesto fin a su análisis en esta etapa del examen de la defensa invocada por Colombia al amparo 
del apartado d) del artículo XX.  
Por estas razones, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había incurrido en error 
al concluir que Colombia no habí a demostrado que la medida est uviera  destinada a lograr la WT/AB/27  
 
- 56 - 
 
  observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con el GATT en vista de 
que había reconocido que el arancel compuesto no era incapaz de log rar la observancia del 
artículo  323 del Código Penal de Colombia, de modo que exist ía una relación entre esa medida y el 
logro de tal observancia. Por lo tanto, el Grupo Especial no había evalu ado la necesidad de la 
medida sopesando y confrontando los factores pertinentes.  
Por consiguiente , el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que 
Colombia no había acreditado que el arancel compuesto est uviera  destinado a lograr la 
observancia del artículo 323 del Código Penal de Colombia. Como las constataciones del Grupo 
Especial en el marco del apartado d) del artículo XX se basaron en esta constatación errónea, el 
Órgano de Apelación revocó también las constataciones del Grupo Especial de que Colombia no 
había acreditado que el arancel compuesto fuera una medida necesaria p ara lograr la observancia 
de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con el GATT de  1994, en el sentido 
del apartado d) del artículo XX del GATT de  1994.  
A continuación, el Órgano de Apelación valoró si podía completar el análisis jurídico  y constatar 
que la medida en litigio cumple los requisitos establecidos en el apartado d) del artículo XX 
del GATT de  1994. El Órgano de Apelación declaró que, cuando se leen conjuntamente varias 
constataciones del Grupo Especial, se desprende claramente de su análisis que el arancel 
compuesto no es incapaz de lograr la observancia del artículo 323 del Código Penal de Colombia, 
de modo que existe una relación entre esa medida y el logro de esa observancia. Por lo tanto, 
sobre la base de las constataciones del Grupo Especial, el Órgano de Apelación constató que la 
medida en litigio está destinada a lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no 
sean incompatibles con el GATT de  1994, concretamente el artículo 323 del Código Penal de 
Colombia,  en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de  1994.  
4.3.4.2   La cuestión de si Colombia demos tró que el arancel compuesto es una medida 
"necesaria " para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean 
incompatibles con el GATT  
El Órgano de Apelación a continuación pasó a examinar la cuestión de si el arancel compuesto es 
una medida necesaria para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean 
incompatibles con el GATT, en el sentido del apartado d) del artículo X X del GATT de  1994.  
Con respecto a la importancia de los intereses o valores  en cuestión,  el Grupo Especial consideró 
que, por razones similares a las mencionadas en su análisis en el marco del apartado a) del 
artículo XX, lograr la observancia del artícul o 323 del Código Penal de Colombia obedece a 
intereses sociales que pueden caracterizarse como vitales y de la máxima importancia.  
En relación con la contribución  de la medida al objetivo que persigue, el Órgano de Apelación 
consideró que las mismas consta taciones del Grupo Especial que apoyaban la conclusión de que el 
arancel compuesto no es incapaz de lograr la observancia del artículo 323 del Código Penal de 
Colombia indican también que puede haber al menos alguna contribución del arancel compuesto a 
lograr esa observancia. No obstante, aunque las constataciones del Grupo Especial indicaban que 
puede haber al menos alguna contribución, también eran indeterminadas en cuanto al grado de 
esa contribución. Las constataciones del Grupo Especial ponen de reliev e la falta de suficiente 
claridad que rodea la cantidad o proporción de las operaciones de importación que afectan a los 
productos en cuestión que realmente se usan para lavar activos, e indican que el Grupo Especial 
no tenía muy claro cuán eficaz es el de sincentivo del arancel compuesto como medio de combatir 
el lavado de activos. Según el Órgano de Apelación, estas cons ideraciones indican la tesis del 
Grupo Especial de que Colombia no había demostrado con suficiente claridad el grado de 
contribución reali zado por el arancel compuesto al objetivo de combatir el lavado de activos.  
A continuación, el Órgano de Apelación examinó el grado de restricción del comercio  de la medida 
en litigio. Observando la constatación del Grupo Especial de que el arancel compues to es menos 
restrictivo que una prohibición a las importaciones, el Órgano de Apelación consideró que esta 
constatación refleja incertidumbre en cuanto al grado de restricción del comercio de la medida en 
litigio porque no indica cuánto menos restrictiva e s la medida en comparación con una prohibición 
de importación. El Órgano de Apelación observó también que el Grupo Especial, pese a reconocer 
que la medida en litigio es menos restrictiva que una prohibición de las importaciones, había 
planteado previament e la posibilidad de que el arancel compuesto pudiera  restringir mucho el WT/AB/27  
 
- 57 - 
 
  comercio y en algunas circunstancias lo restrin giera tanto como una prohibición. Estas 
constataciones del Grupo Especial, en opinión del Órgano de Apelación, avalan la tesis de que 
Colombia no había establecido con suficiente claridad el grado de restricción del comercio de la 
medida.  
Tras haber examinado las constataciones pertinentes del Grupo Especial, el Órgano de Apelación 
entendió que la operación de sopesar y confrontar los fact ores de necesidad que llevó a cabo el 
Grupo Especial puso de manifiesto que Colombia no había demostrado que la medida fuera 
necesaria para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles 
con el GATT.  
Según el Órgano de Ap elación, las constataciones del Grupo Especial apoyaban, por lo tanto, la 
conclusión de que Colombia no había demostrado que la conclusión resultante de una operación de 
sopesar y confrontar los factores pertinentes fuera que la medida en litigio era neces aria para 
lograr la observancia del artículo 323 del Código Penal de Colombia. Sobre la base de las 
constataciones del Grupo Especial, el Órgano de Apelación constató que Colombia no había 
demostrado que el arancel compuesto fuera una medida necesaria para  lograr la observancia de 
las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del GATT de  1994 
en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de  1994.  
4.3.5   La cuestión de si Colombia demostró que su medida satisface las prescr ipciones 
de la cláusula introductoria del artículo XX del GATT de  1994  
Colombia apeló también las constataciones del Grupo Especial concernientes a la cláusula 
introductoria del artículo XX del GATT de  1994. Tras recordar sus constataciones de que Colombia  
no había demostrado que el arancel compuesto est uviera  justificado provisionalmente al amparo 
de los apartados a) o d) del artículo XX del GATT de  1994, el Órgano de Apelación no consideró 
necesario examinar las alegaciones formuladas por Colombia en apel ación concernientes a la 
cláusula introductoria del artículo XX del GATT de  1994. El Órgano de Apelación no se pronunció 
sobre el razonamiento ni las constataciones del Grupo Especial a este respecto.  
4.4  Informe del Órgano de Apelación, India - Determinadas m edidas relativas a las 
células solares y los módulos solares , WT/DS456/AB/R  
Esta diferencia se refería a la impugnación por los Estados Unidos de determinadas prescripciones 
de contenido nacional impuestas por la India a los promotores de energía solar que  venden 
electricidad a los organismos gubernamentales en el marco de su programa Jawaharlal Nehru 
National Solar Mission. Las prescripciones de contenido nacional en litigio exigían que 
determinados tipos de células solares y módulos solares utilizados por  los promotores de energía 
solar estuvieran hechos en la India.  
Ante el Grupo Especial, los Estados Unidos alegaron que las medidas en litigio eran incompatibles 
con el párrafo 4 del artículo III del GATT de  1994 porque otorgaban un trato menos favorable a  los 
productos importados (células solares y módulos solares) que a los productos similares de origen 
nacional. Los Estados Unidos alegaron también que las medidas en litigio eran incompatibles con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC porq ue son medidas en materia de inversiones 
relacionadas con el comercio que hacen de la compra de productos nacionales una prescripción 
cuyo cumplimiento es necesario para obtener una ventaja, por lo que están comprendidas en lo 
dispuesto en el párrafo 1 a) de la Lista ilustrativa que figura en el Anexo del Acuerdo sobre las MIC 
(Lista ilustrativa).  
El Grupo Especial constató que las prescripciones de contenido nacional de la India eran 
incompatibles con las obligaciones de no discriminación de la OMC previst as en el párrafo  4 del 
artículo III del GATT de  1994 o el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC. El Grupo 
Especial también constató que las medidas no estaban abarcadas por la dispensa para 
contratación pública prevista en el párrafo 8 a) del artículo III del GATT de  1994, porque el 
producto comprado (electricidad) no estaba en una relación de competencia con el producto 
discriminado (células solares y módulos solares) . 
Además, el Grupo Especial constató que la India no había demostrado que sus  medidas estaban 
justificadas al amparo del apartado j) del artículo XX del GATT de  1994, aplicable a medidas WT/AB/27  
 
- 58 - 
 
  esenciales para la adquisición o reparto de "productos de los que haya una penuria general o 
local", y/o el apartado d) del artículo XX, que estab lece una excepción general para las medidas 
que sean necesarias para "lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos" de un Miembro 
de la OMC que no sean en sí mismos incompatibles con el GATT.  
4.4.1   Párrafo 8 a) del artículo III del GATT de  1994  
La Ind ia apeló la conclusión del Grupo Especial de que las prescripciones de contenido nacional en 
litigio no estaban abarcadas por la dispensa prevista en el párrafo 8 a) del artículo III del GATT 
de 1994. La India sostuvo que el Grupo Especial había actuado de  manera incompatible con los 
deberes que le corresponden en virtud del artículo  11 del ESD, dado que había aplicado 
mecánicamente el criterio de la relación de competencia del Órgano de Apelación elaborado en 
Canadá  - Energía renovable /Canadá  - Programa de  tarifas reguladas , y se había negado a analizar 
los hechos, pruebas y argumentos jurídicos presentados por la India en e ste caso. En particular, la 
India mantuvo que el Grupo Especial: i) hizo caso omiso de un fundamento básico del argumento 
de la India d e que las células solares y módulos solares son indistinguibles de la generación de 
energía solar; ii) incurrió en error en su evaluación fáctica y jurídica de que no es necesario 
considerar si las células solares y módulos solares cumplen los requisitos p ara ser insumos para la 
generación de energía solar; iii) incurrió en error al desestimar sus argumentos de que basarse 
únicamente en el criterio de la relación de competencia restringiría indebidamente el ámbito del 
párrafo 8 a) del artículo III, y que no  se debe interpretar que el párrafo 8 a) del artículo  III prevé 
la adquisición directa de los productos comprados en todos los casos; y iv) incurrió en error al 
razonar que no p odía ir más allá de los criterios aplicados por el Órgano de Apelación en Canad á - 
Energía renovable /Canadá  - Programa de tarifas  reguladas  porque la India no le había pedido que 
se apartase de ese razonamiento  
El Órgano de Apelación recordó en primer lugar que el artículo 11 del ESD impone a los grupos 
especiales una obligación gene ral de hacer una evaluación objetiva del asunto, obligación que 
abarca todos los aspectos, tanto fácticos como jurídicos, del examen del asunto por un grupo 
especial. En consecuencia, los grupos especiales están obligados a hacer una evaluación objetiva 
de los hechos, la aplicabilidad de los acuerdos abarcados y la conformidad de la medida en litigio 
con esos acuerdos abarcados. En lo que se refiere a la aplicabilidad de los acuerdos abarcados 
pertinentes y la conformidad con estos, un grupo especial debe l levar a cabo una evaluación 
objetiva de si las obligaciones previstas en los acuerdos abarcados, respecto de las cuales se alega 
una incompatibilidad, son pertinentes y aplicables al asunto en cuestión, y de si las medidas en 
litigio están en conformidad c on las obligaciones específicas establecidas en virtud de esos 
acuerdos o son incompatibles con ellas.  
El Órgano de Apelación recordó que el Grupo Especial no había estimado necesario resolver si el 
Órgano de Apelación dejó un margen para una alternativa a  la norma de la relación de 
competencia, ni decidir, en abstracto, cuál es el sentido de la expresión insumos y procesos de 
producción tal como la utilizó el Órgano de Apelación en Canadá - Energía renovable /Canadá  - 
Programa de tarifas reguladas , habida c uenta de su conclusión de que las prescripciones de 
contenido nacional en litigio en esta diferencia no  podían distinguirse en algún aspecto pertinente 
de las examinadas por el Órgano de Apelación en esas diferencias anteriores. A ese respecto, el 
Órgano d e Apelación recordó que, de conformidad con el artículo 11 del ESD, el Grupo Especial 
debía examinar todos los argumentos fácticos y jurídicos de las partes que fueran pertinentes para 
resolver si las prescripciones de contenido nacional est aban abarcadas por la dispensa prevista en 
el párrafo 8 a) del artículo III  del GATT de 1994 . 
El Órgano de Apelación observó que una cuestión principal objeto de controversia entre las partes 
en el procedimiento del Grupo Especial tenía relación con la pertinencia del ra zonamiento y las 
constataciones del Órgano de Apelación en  Canadá - Energía renovable/Canadá - Programa de 
tarifas reguladas  en relación con el ámbito del párrafo 8 a) del artículo III del GATT de  1994 en lo 
relativo a los "productos comprados". En esas di ferencias, el Órgano de Apelación había 
constatado que la cobertura del párrafo 8 a) del artículo III se extiende a los productos comprados 
que son "similares" a los productos discriminados de conformidad con los párrafos 2 y  4 del 
artículo III, o, de conf ormidad con la Nota al párrafo 2 del artículo III, a los productos que sean 
directamente competidores o que pued an sustituirse directamente con esos productos, y se había 
referido a ellos como "productos que se encuentran en una relación de competencia". E l Órgano de 
Apelación se había mostrado de acuerdo en que una estrecha relación entre el producto comprado 
y el producto discriminado podía ser pertinente para un elemento separado del párrafo 8 a) del WT/AB/27  
 
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  artículo III , a saber, para evaluar si se puede decir que una medida rige la adquisición de 
productos comprados. No obstante, el Órgano de Apelación había explicado que esto no era 
determinante para la cuestión de si se aplicaba el párrafo 8 a) del artículo III, ya que los productos 
comprados no estaban en un a "relación de competencia" con los productos discriminados. Por lo 
tanto, el Órgano de Apelación discrepó de la India en que la interpretación del Órgano de 
Apelación en Canadá  - Energía renovable/Canadá - Programa de tarifas reguladas  diera a entender 
que el ámbito del párrafo 8 a) del artículo III se pudiera extender, en algunos casos, a los 
"insumos" y "procesos de producción", independientemente de si el producto objeto de 
discriminación estaba en una relación de competencia con el producto comprado. E l Órgano de 
Apelación recordó  asimismo en esta apelación que la cuestión de si el ámbito de aplicación del 
párrafo 8 a) del artículo III también puede abarcar la discriminación relativa a los insumos y 
procesos de producción utilizados respecto de producto s comprados mediante adquisición era un 
tema que el Órgano de Apelación, en Canadá - Energía renovable/Canadá  - Programa de tarifas 
reguladas, había dicho expresamente que no decidiría. El Órgano de Apelación añadió que esta 
cuestión se plantea únicamente después de que se haya constatado que el producto objeto de 
discriminación es similar al producto comprado, es directamente competidor con él o se puede 
sustituir directamente por él -en otras palabras, que está en una relación de competencia con 
dicho pro ducto -. En relación con la última cuestión -es decir, si los productos están en una relación 
de competencia - el Órgano de Apelación explicó que, aunque el examen de los insumos y procesos 
de producción puede informar la cuestión de si el producto comprado está en una relación de 
competencia con el producto discriminado, no sustituye a la norma de la relación de competencia. 
El Órgano de Apelación concluyó que, de conformidad con el párrafo 8 a) del artículo III del GATT 
de 1994, el producto extranjero discr iminado debe necesariamente estar en una relación de 
competencia con el producto comprado mediante adquisición.  
El Órgano de Apelación observó que la apelación formulada por la India al amparo del párrafo 8 a) 
del artículo III del GATT de  1994 dependía en gran medida de la interpretación que hace de esa 
disposición y, en particular, de lo que la India considera ba como el ámbito limitado de la norma de 
la relación de competencia que elaboró el Órgano de Apelación en Canadá - Energía 
renovable/Canadá  - Progra ma de tarifas reguladas . El Órgano de Apelación observó además que la 
India no había aducido ante el Grupo Especial que existiese una relación de competencia entre la 
electricidad y las células solares y módulos solares o que el Gobierno de la India adquir iera la 
titularidad o tomase posesión de las células solares y módulos solares. Sin embargo, a fin de 
resolver por completo las cuestiones planteadas por la India en apelación, el Órgano de Apelación 
procedió a examinar los argumentos de la India en la med ida en que guardaban relación con el 
enfoque adoptado por el Grupo Especial en su evaluación de las alegaciones formuladas por la 
India.  
Respecto del argumento de la India de que el Grupo Especial no tuvo en cuenta las características 
fundamentales de las células solares y módulos solares e hizo caso omiso del argumento de la 
India de que las células solares y módulos solares son indistinguibles de la generación de energía 
solar, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había abordado, y rechaz ado, 
debidamente los argumentos de la India de que las células solares y módulos solares no podían 
tratarse como algo distinto de la energía solar y que, al comprar la electricidad generada a partir 
de esas células y módulos, la India efectivamente estaba comprando las células y módulos. 
Además, respecto de la alegación de la India de que el Grupo Especial había desestim ado 
sumariamente su argumento de que las células solares y módulos solares son insumos esenciales 
para el sistema de generación en contrast e con todos los demás componentes de una central de 
generación fotovoltaica que pueden clasificarse como equipos auxiliares, el Órgano de Apelación 
constató que el Grupo Especial había examinado suficientemente este argumento de la India.  
Respecto del argu mento de la India de que la palabra "adquisición" no se debía interpretar de 
modo que exi giera una adquisición directa del producto comprado en todos los casos, el Órgano de 
Apelación observó que el hecho de que "adquisición" pudiese referirse al procedimi ento de 
obtención de los productos y no a la propia adquisición no significaba que, para estar abarcada por 
el párrafo 8 a) del artículo III, la adquisición gubernamental se pudiese efectuar mediante un 
acuerdo contractual distinto de una compra, como pare cía indicar la India. Además, el Órgano de 
Apelación consideró que la India había reiterado, en esencia, su argumento , rechazado por el 
Órgano de Apelación, de que el párrafo 8 a) del artículo III debía abarcar situaciones en las que la 
discriminación afec taba a insumos o procesos de producción, independientemente de si el producto 
discriminado estaba en relación de competencia con el producto comprado. El Órgano de Apelación 
también estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en que los argumentos de la India en relación WT/AB/27  
 
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  con las opciones de política que les quedaban a los Miembros de la OMC en caso de una 
interpretación excesivamente restrictiva del párrafo  8 a) del artículo III no afectaban a la debida 
determinación del ámbito de esa disposición . 
Por último, e l Órgano de Apelación recordó que, ante el Grupo Especial, la India había tratado de 
establecer una distinción respecto de los asuntos Canadá - Energía renovable/Canadá - Programa 
de tarifas reguladas  basándose en los hechos de esos casos, sin pretender qu e el Grupo Especial 
reevaluase el fondo de la interpretación y aplicación del párrafo 8 a) del artículo III del Órgano de 
Apelación, así como el razonamiento pertinente. Sobre la base de su examen, el Órgano de 
Apelación constató que el Grupo Especial habí a actuado adecuadamente al guiarse por la 
interpretación y aplicación que hizo el Órgano de Apelación del párrafo 8 a) del artículo  III en 
Canadá - Energía renovable/Canadá - Programa de tarifas reguladas , al constatar que los 
argumentos de la India eran i nsuficientes para distinguir los hechos en litigio en este asunto de los 
hechos que se sometieron al Órgano de Apelación en esas diferencias.  
Por todas estas razones, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había dejado 
de hacer una evalua ción objetiva del asunto que se le había sometido de conformidad con el 
artículo 11 del ESD al constatar que la dispensa para la contratación pública prevista en el 
párrafo  8 a) del artículo III del GATT de 1994 no ampara la discriminación derivada de las 
prescripciones de contenido nacional. En consecuencia, el Órgano de Apelación confirmó la 
constatación del Grupo Especial de que la discriminación relacionada con las células solares y 
módulos solares derivada de las prescripciones de contenido nacional no  está abarcada por la 
dispensa prevista en el párrafo 8 a) del artículo III del GATT de  1994 y que, por consiguiente, las 
prescripciones de contenido nacional son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre las MIC y con el párrafo 4 de l artículo III del GATT de  1994.  
Respecto de los restantes elementos en el marco del párrafo 8 a) del artículo III del GATT 
de 1994, el Órgano de Apelación observó que la solicitud de compleción del análisis jurídico 
formulada por la India estaba supeditad a a la condición de que el Órgano de Apelación revocase la 
constatación del Grupo Especial de que las prescripciones de contenido nacional no estaban 
abarcadas por la dispensa prevista en el párrafo  8 a) del artículo III del GATT de  1994. Tras haber 
confir mado esta constatación del Grupo Especial, el Órgano de Apelación consideró que no tenía 
que examinar las alegaciones adicionales y argumentos conexos de la India relativos a la 
interpretación y aplicación por el Grupo Especial de los restantes elementos e n el marco del 
párrafo 8 a) del artículo III.  
4.4.2   Apartado j) del artículo XX del GATT de  1994  
La India adujo que el Grupo Especial había incurrido en error en su interpretación de la expresión 
"productos de los que haya una penuria general o local" porque no había interpretado el término 
"penuria" del apartado j) del artículo  XX del GATT de  1994 en el contexto de los términos 
específicos empleados en esa disposición. Por lo tanto, la India solicit ó al Órgano de Apelación que 
constatase que la falta de capacida d de fabricación de células solares y módulos solares de la India 
equivale a una situación de penuria local y general, y que las prescripciones de contenido nacional 
eran medidas relativas a la adquisición de esos productos. La India alegó además que el Gr upo 
Especial había actuado de manera incompatible con el artículo  11 del ESD al rechazar sus 
argumentos relativos a la pertinencia de la capacidad de fabricación suficiente a la hora de 
interpretar y aplicar los elementos del apartado j) del artículo XX.  
El Órgano de Apelación recordó  que la evaluación de una defensa en el marco del artículo  XX 
del GATT de  1994 supone un análisis doble, en el que una medida tiene que estar primero 
provisionalmente justificada al amparo de uno de los apartados del artículo X X y después se tiene 
que demostrar que es compatible con las prescripciones de la parte introductoria del artículo  XX. 
En relación con la primera parte del análisis, el Órgano de Apelación recordó que debían 
demostrarse dos elementos: en primer lugar, que la medida atiende los intereses particulares 
especificados en ese apartado; y en segundo lugar, que existe un vínculo suficiente entre la 
medida y el interés protegido, el cual se especifica por medio del uso de expresiones como 
"necesarias para", en el ap artado d) del artículo XX, y "esenciales para", en el caso del apartado j) 
del artículo XX.  WT/AB/27  
 
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  Este era el primer asunto en el que se solicitaba al Órgano de Apelación que interpret ara las 
prescripciones del apartado j) del artículo XX. El Órgano de Apelación  empezó repasando su 
jurisprudencia relativa a otros apartados del artículo XX, y en particular, su jurisprudencia reciente 
relativa al apartado d) del artículo XX en los asuntos Colombia - Textiles  y Argentina - Servicios 
financieros. El Órgano de Apelaci ón consideró que el marco analítico aplicado a los elementos de 
"diseño" y "necesidad" en el análisis contemplado en el marco del apartado d) del artículo XX 
también era pertinente, mutatis mutandis , para un análisis en el mar co del apartado j) del 
artícul o XX. El Órgano de Apelación declaró que el examen de una  defensa al amparo del 
apartado  j) del artículo XX parecía por tanto incluir un examen preliminar inicial del diseño de la 
medida en litigio, con inclusión de su contenido, estructura y funcionamient o previsto. Añadió que 
la parte demandada debía demostrar la relación entre la medida y "la adquisición o reparto de 
productos de los que haya una penuria general o local". Si la evaluación del diseño de la medida, 
con inclusión de su contenido, estructura  y funcionamiento previsto, pone de manifiesto que la 
medida no puede abordar la "adquisición o reparto de productos de los que haya una penuria 
general o local", no existe una relación que cumpla los requisitos de la etapa del diseño, y no haría 
falta seg uir analizando si la medida es esencial. El Órgano de Apelación explicó que esto se debe a 
que no puede haber justificación al amparo del apartado  j) del artículo XX para una medida que no 
esté destinada a atender la "adquisición o reparto de productos de los que haya una penuria 
general o local".  
El Órgano de Apelación recordó además que los elementos de "diseño" y "necesidad" eran 
aspectos conceptualmente distintos, pero relacionados, de la indagación general que debe hacerse 
en el marco del apartado d) d el artículo XX. Por consiguiente, la manera en que un grupo especial 
organice su examen de esos elementos puede resultar influida no solo por las medidas en litigio o 
las leyes o reglamentos identificados por el demandado, sino también por la manera en que  las 
partes presenten sus respectivos argumentos y pruebas. El Órgano de Apelación constató que 
estas consideraciones eran igualmente pertinentes para un análisis en el marco del apartado j) del 
artículo XX al evaluar si una medida era "esencial para la ad quisición o reparto de productos de los 
que haya una penuria general o local ". 
Respecto de la interpretación del término "esencial" en el apartado j) del artículo XX, el Órgano de 
Apelación recordó que, en un continuo que va desde "indispensable" hasta "qu e contribuye[] a", 
una medida "necesaria" está situada significativamente más cerca del polo de lo "indispensable" 
que del polo opuesto de lo que simplemente "contribuye a ". Señalando que la palabra " essential " 
(esencial) se define como " [a]bsolutely indis pensable or necessary " (absolutamente indispensable 
o necesario), el Órgano de Apelación observó que el sentido claro del término da a entender, por 
consiguiente, que esa palabra está situada al menos tan cerca del extremo del continuo 
correspondiente a "i ndispensable" como la palabra "necesario". Dicho esto, el Órgano de Apelación 
recordó que el análisis de la "necesidad" en el marco del apartado d) del artículo XX entraña un 
proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de factores, y consideró que  el mismo 
proceso de sopesar y confrontar era pertinente al evaluar si una medida era "esencial" en el 
sentido del apartado j) del artículo XX. En particular, el Órgano de Apelación consideró pertinente 
evaluar el grado en que la medida que se pretende jus tificar contribuye a  "la adquisición o reparto 
de productos de los que haya una penuria general o local", la importancia relativa de los intereses 
sociales o valores que la medida está destinada a proteger, y el grado de restricción del comercio 
de la medi da impugnada. En la mayoría de los casos, a continuación deberá realizarse una 
comparación entre la medida impugnada y medidas alternativas que estén razonablemente al 
alcance.  
El Órgano de Apelación declaró asimismo que, por lo tanto, debía establecerse q ue había "una 
penuria general o local" "de productos", y que las medidas impugnadas eran "esenciales para la 
adquisición o reparto de" esos productos. El Órgano de Apelación observó que las medidas 
abarcadas por la excepción general prevista en el apartado  j) del artículo XX están sujetas a la 
prescripción de que "deberán ser compatibles con el principio según el cual todos los Miembros 
tienen derecho a una parte equitativa del abastecimiento internacional de estos productos", y que 
los Miembros podrán adop tar medidas incompatibles con el GATT en el marco de esa disposición, 
con sujeción a la prescripción de que esas medidas "serán suprimidas tan pronto como 
desaparezcan las circunstancias que las hayan motivado". A la luz de ese texto, el Órgano de 
Apelació n consideró que una interpretación correcta del apartado j) del artículo XX exige un 
examen cuidadoso de la manera en que los diferentes términos empleados en esa disposición se 
informan recíprocamente, que, por lo tanto, debe ser de carácter holístico.  WT/AB/27  
 
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  Respecto del significado de la expresión "productos de los que haya una penuria general o local", 
el Órgano de Apelación observó que la expresión "productos de los que hay a una  penuria" hace 
referencia en general a productos " available only in limited quanti ty, scarce " (disponibles 
únicamente en cantidad limitada, escasos), y por lo tanto, a productos de los que hay " shortage " 
(escasez), es decir, " [d]eficiency in quantity " (deficiencia de cantidad); o " an amount lacking " (una 
cantidad que falta). El Órgano d e Apelación observó asimismo que " supply " ("abastecimiento") se 
define como " amount of any commodity actually produced and available for purchase " (cantidad 
de un producto efectivamente producida y disponible para su compra), y que es el correlativo de la 
palabra " demand " (demanda). Una evaluación de si hay una deficiencia o una cantidad que falta 
en la cantidad de un producto que está disponible parece entrañar, por lo tanto, una comparación 
entre el abastecimiento y la demanda, de manera que puede decirse  que hay "penuria " de 
productos cuando la cantidad de un producto que está disponible no satisface la demanda de ese 
producto.  
En lo que respecta a la extensión de la zona geográfica o el mercado en que la cantidad de 
abastecimiento "disponible" de un prod ucto debería compararse con la demanda, el Órgano de 
Apelación observó que el apartado j) del artículo XX se refiere a productos de los que haya una 
penuria "general o local". El Órgano de Apelación señaló que las definiciones de los términos 
"local" y "ge neral" dan a entender que los términos "general o local" hacen referencia a una gama 
de situaciones de escasez de un producto que puede abarcar situaciones de escasez que tienen 
lugar a escala local, dentro de una región o un territorio de un país, o que c ontinúan más allá de 
las fronteras de un país concreto. Sin embargo, en el contexto del apartado j) del artículo XX, el 
Órgano de Apelación entendió que la expresión "productos de los que haya una penuria general o 
local" se centra en los productos respect o de los que existe una situación de penuria dentro del 
territorio del Miembro que invoca dicha disposición. Una situación de penuria general podría 
extenderse más allá de las fronteras de ese territorio, siempre que tenga lugar también dentro de 
él. El Ór gano de Apelación también entendió que los términos "general" y "local", unidos por la 
disyunción "o", dan a entender que no hay obligación de que el Miembro demuestre que la 
situación de escasez se extiende a todas las partes de su territorio, sino que, s egún las 
circunstancias, puede ser suficiente demostrar que la existencia de esa situación de escasez tiene 
lugar a escala local o se limita a determinadas partes de su territorio.  
Con respecto a la cuestión de si el apartado j) del artículo XX se refiere al origen de los productos 
que puedan estar disponibles en una zona geográfica o mercado concretos, el Órgano de Apelación 
observó que la expresión "productos de los que haya una penuria general o local" está precedida 
inmediatamente por la expresión "adqu isición o reparto de". Por lo tanto, el apartado j) del 
artículo  XX contempla medidas que tratan de corregir situaciones de "penuria" previendo la 
"adquisición o reparto de" determinados productos. El Órgano de Apelación observó que, con 
arreglo a sus térm inos, el apartado j) del artículo XX no limita el alcance de las posibles fuentes de 
abastecimiento a los productos manufacturados nacionales de un país concreto que puedan estar 
disponibles para su compra en un mercado determinado ni tampoco excluye la po sibilidad de que 
productos procedentes de fuentes que estén fuera de una zona geográfica o mercado concreto s 
también puedan estar disponibles para satisfacer la demanda . Por lo tanto, al determinar si hay 
una penuria general o local de productos es pertine nte considerar la cantidad de productos 
producidos en la zona geográfica o el mercado concretos en que existe la supuesta escasez. Sin 
embargo, no ha y ninguna razón para no prestar la debida atención a la cantidad del producto que 
se produce en otras parte s de un país concreto, así como en otros países, siempre que esas 
cantidades estén disponibles para su compra en la zona geográfica o el mercado pertinentes. 
Además, el Órgano de Apelación observó que, aunque un aumento de la capacidad de fabricación 
o pro ducción en una zona geográfica concreta pueda dar lugar a un aumento de la cantidad total 
de un producto disponible para su compra en esa zona, de ese aumento no se sigue que los 
fabricantes nacionales vendan necesariamente su producción a compradores naci onales, en lugar 
de exportar su producción vendiendo a compradores extranjeros. El Órgano de Apelación concluyó, 
por lo tanto, que una evaluación de si existe una situación de "penuria general o local" "de 
productos" no debía centrarse exclusivamente en la  disponibilidad de abastecimiento procedente 
de fuentes nacionales, en contraposición a fuentes extranjeras o internacionales.  
El Órgano de Apelación observó asimismo que el apartado j) del artículo  XX contempla situaciones 
de "penuria" que pueden continua r en el tiempo pero de las que, no obstante, se espera que no 
duren indefinidamente, y el apartado j) del artículo  XX exige un examen cuidadoso de la relación 
entre el abastecimiento y la demanda, basado en una consideración holística de las tendencias del  
abastecimiento y la demanda en su evolución a lo largo del tiempo.  WT/AB/27  
 
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  En resumen, el Órgano de Apelación constató que el apartado j) del artículo XX del GATT de  1994 
refleja un equilibrio de diversas consideraciones que se deben tener en cuenta al evaluar si  hay 
"una penuria general o local" de productos. En particular, un grupo especial debería evaluar el 
grado en que un determinado producto está disponible para su compra en una zona geográfica o 
mercado específicos, y si es suficiente para satisfacer la dem anda en la zona o mercado 
pertinente. En ese análisis se pueden tener en cuenta no solo el nivel de la producción nacional de 
un producto específico y la naturaleza de los productos de los que se alega que hay "una penuria 
general o local", sino también fa ctores como el mercado de productos y geográfico pertinente, las 
posibles fluctuaciones de los precios en el mercado pertinente, el poder adquisitivo de los 
consumidores extranjeros y nacionales y el papel que desempeñan los productores extranjeros y 
nacio nales en un mercado específico, incluida la medida en que los productores nacionales venden 
su producción en el extranjero. Debe prestarse la debida atención a la cantidad total de las 
importaciones que pueden estar disponibles para satisfacer la demanda e n una zona geográfica o 
mercado concretos. Así pues, puede ser pertinente considerar la medida en que el abastecimiento 
internacional de un producto es estable y accesible, incluso examinando factores como la distancia 
entre una zona geográfica o mercado e specíficos y los lugares de producción, así como la fiabilidad 
de las cadenas de abastecimiento locales o transnacionales. Que esos factores sean pertinentes, y 
cuáles lo son, dependerá necesariamente de las particularidades de cada caso. Del mismo modo 
que puede haber factores que influyan en la disponibilidad de las importaciones en un caso 
concreto, también es posible que, pese a existir capacidad de fabricación, los productos nacionales 
no estén disponibles en todas las partes de un país concreto, o no estén disponibles en cantidades 
suficientes para satisfacer la demanda. En todos los casos, corresponde a la parte demandada la 
carga de demostrar que la cantidad de abastecimiento disponible en el mercado geográfico 
pertinente, tanto de fuentes nacionales  como internacionales, es insuficiente para satisfacer la 
demanda.  
El Órgano de Apelación añadió que su interpretación del apartado j) del artículo XX estaba en 
consonancia con el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC, que se refiere a la "utilización óptima de 
los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible y procurando 
proteger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de manera 
compatible con [las] respectivas necesidades e intereses [de los Miemb ros] según los diferentes 
niveles de desarrollo económico", y que las diferencias en el nivel de desarrollo económico de los 
Miembros podían, en función de las circunstancias, repercutir en la disponibilidad del 
abastecimiento de un producto en un determin ado mercado.  
En cuanto a las alegaciones formuladas por la India en apelación, el Órgano de Apelación no 
estuvo de acuerdo en que la falta de capacidad de fabricación nacional suficiente constituyese 
necesariamente una escasez de un producto en un mercado concreto, como parecía dar a 
entender la India. El Órgano de Apelación entendió que los argumentos de la India relativos a los 
supuestos riesgos inherentes al hecho de seguir dependiendo de las importaciones de células 
solares y módulos solares guardan rel ación con la cuestión de la disponibilidad del abastecimiento, 
y estuvo de acuerdo en que, en principio, tales consideraciones podrían ser pertinentes al evaluar 
si existe una situación de "penuria". No obstante, aunque la consideración de los posibles rie sgos 
de perturbación del abastecimiento de un producto dado puede informar el examen de la cuestión 
de si existe una situación de "penuria", el Órgano de Apelación señaló la constatación del Grupo 
Especial de que la India no había identificado ninguna pert urbación efectiva de las importaciones 
de células solares y módulos solares hasta la fecha, y que los promotores de energía solar de la 
India no habían sufrido una perturbación efectiva del abastecimiento de células solares y módulos 
solares extranjeros as equibles.  
El Órgano de Apelación tampoco estuvo de acuerdo con la India en la medida en que el país 
suponía, en primer lugar, que todas las importaciones, en sí mismas y por sí mismas, entrañan 
riesgos relacionados con el abastecimiento, y que, en ese sent ido, no están disponibles para 
satisfacer la demanda; y, en segundo lugar, que esos riesgos son intolerables cuando no se haya 
alcanzado un nivel suficiente de capacidad de fabricación nacional de células solares y módulos 
solares, y que, mientras la capac idad de fabricación nacional se sitúe por debajo de ese nivel, 
existe una situación de "penuria". A juicio de l Órgano de Apelación, al evaluar si hay productos 
disponibles en una zona o mercado concreto, deben tomarse en consideración todos los factores 
pertinentes, de manera que el análisis de la cuestión de si un demandado ha identificado una 
situación de "penuria" se lleve a cabo caso por caso respecto de todas y cada una de las fuentes 
de abastecimiento de que se trate, tanto de abastecimiento extranjer o como nacional.  WT/AB/27  
 
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  El Órgano de Apelación señaló asimismo el argumento de la India de que las prescripciones de 
contenido nacional debían verse a la luz de los objetivos de política siguientes: i) la seguridad 
energética y el desarrollo sostenible; y ii) el crecimiento ecológicamente sostenible, afrontando al 
mismo tiempo los desafíos del cambio climático. El Órgano de Apelación explicó que, aunque 
consideraciones de política como las que cita la India pueden informar la naturaleza y el alcance 
del abastecimi ento y la demanda, no exoneran a la parte demandada que invoca la excepción del 
apartado j) del artículo XX de la carga de demostrar que los productos en cuestión están en 
situación de "penuria general o local".  
La India sostuvo además que, según la interp retación que hacía el Grupo Especial del apartado j) 
del artículo XX, las medidas adoptadas para corregir una situación de penuria solo podían revestir 
la forma de restricciones a la exportación y que, por lo tanto, la interpretación que hizo el Grupo 
Especial del apartado j) del artículo XX no podía ser correcta. El Órgano de Apelación observó que, 
aunque en el texto del apartado j) del artículo XX no hay referencias expresas a restricciones a la 
importación o la exportación, a diferencia de lo que sucede en el párrafo 2 a) del artículo XI y del 
apartado  i) del artículo XX del GATT de  1994, que se refieren a restricciones a la exportación, una 
interpretación correcta de la expresión "productos de los que haya una penuria general o local" no 
podía basarse si mplemente en diferencias o similitudes textuales en tre el apartado j) del 
artículo  XX y otras disposiciones del GATT de  1994. El Órgano de Apelación tampoco estuvo de 
acuerdo con la India en que de la interpretación que h izo el Grupo Especial de la expresi ón 
"productos de los que haya una penuria general o local" se sigue que las restricciones a la 
exportación sean el único tipo de medida que puede utilizarse para corregir una situación de 
"penuria", o que el apartado j) del artículo XX no puede abarcar med idas que revistan la forma de 
restricciones a la importación. Sobre esa base, el Órgano de Apelación discrepó de la India en que 
la "penuria" puede determinarse sin atender a la cuestión de si el abastecimiento, procedente de 
todas las fuentes, es suficien te para satisfacer la demanda en el mercado pertinente.  
A continuación, el Órgano de Apelación pasó a examinar la alegación de la India de que el Grupo 
Especial había actuado de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al abordar los 
argumentos y pru ebas presentados por la India en relación con el concepto de capacidad de 
fabricación nacional suficiente. El Órgano de Apelación señaló que la alegación de la India al 
amparo del artículo 11 del ESD dependía de su lectura del apartado j) del artículo  XX, y en 
particular del argumento de la India de que la existencia de una situación de "penuria" en el 
sentido del apartado j) del artículo XX se debe determinar por referencia a si hay suficiente 
fabricación nacional de un determinado producto. El Órgano de A pelación observó que el hecho de 
que la India no estuviese de acuerdo con la interpretación y aplicación que hizo el Grupo Especial 
del apartado j) del artículo  XX no significaba que este hubiera cometi do un error que constituya 
una infracción del artículo  11 del ESD. El Órgano de Apelación también consideró que la India 
estaba replanteando, en forma de una alegación al amparo del artículo 11, los argumentos que 
había aducido ante el Grupo Especial. Por consiguiente, el Órgano de Apelación rechazó la 
alegac ión de la India de que el Grupo Especial había actuado de manera incompatible con los 
deberes que le impone el artículo  11 del ESD.  
Sobre la base de su análisis, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial 
de que las células solares y los módulos solares no son "productos de los que haya una penuria 
general o local" en la India en el sentido del apartado j) del artículo XX, y la constatación definitiva 
del Grupo Especial de que las prescripciones de contenido nacional no están justifi cadas al amparo 
del apartado j) del artículo XX del GATT de  1994.  
4.4.3   Apartado d) del artículo XX del GATT de  1994  
La India alegó que el Grupo Especial había incurrido en error en su interpretación y aplicación del 
apartado d) del artículo XX del GATT de  1994 al constatar que los instrumentos internacionales 
identificados por la India no tienen un efecto directo en la India y por lo tanto no son "leyes o 
reglamentos" en el sentido del apartado d) del artículo XX. La India adujo además que el Grupo 
Especial habí a incurrido en error al constatar que tres instrumentos nacionales identificados por la 
India, a saber, la Política Nacional de Electricidad, el Plan Nacional de Electricidad  y el Plan de 
Acción Nacional de Cambio Climático no constituyen "leyes o reglamen tos"; y al centrar por 
consiguiente su análisis en el artículo 3 de la Ley de Electricidad de  2003, de manera aislada de 
esos otros tres instrumentos.  WT/AB/27  
 
- 65 - 
 
  Al interpretar el significado de "leyes y reglamentos" en el apartado d) del artículo XX, el Órgano 
de Ap elación recordó su declaración en el asunto México  - Impuestos sobre los refrescos  de que la 
expresión abarca normas que forman parte del ordenamiento jurídico nacional de un Miembro de 
la OMC, incluidas las normas derivadas de los acuerdos internacionales  que se hayan incorporado 
en el ordenamiento jurídico nacional de un Miembro de la OMC o que tengan un efecto directo de 
conformidad con el ordenamiento jurídico de ese Miembro de la OMC. El Órgano de Apelación 
concluyó que la expresión "leyes y reglamento s" se refiere a normas de conducta y principios que 
regulan el comportamiento o práctica que forman parte del ordenamiento jurídico nacional de un 
Miembro. Además, señaló su observación en el asunto México  - Impuestos sobre los refrescos  de 
que la expresió n "leyes y reglamentos" abarca las normas adoptadas por el poder legislativo o 
ejecutivo de un Miembro de la OMC. Por lo tanto, para determinar si una supuesta norma está 
comprendida en el ámbito de la expresión "leyes y reglamentos" a los efectos del apar tado d) del 
artículo XX, puede ser pertinente evaluar si la norma en cuestión ha sido adoptada o reconocida 
por una autoridad que sea competente para hacerlo en virtud del ordenamiento jurídico nacional 
del Miembro de que se trate.  
En cuanto al contexto in mediato de la expresión "leyes y reglamentos", el Órgano de Apelación 
observó que el texto del apartado d) del artículo XX se refiere a "leyes y reglamentos" respecto de 
los cuales pueda lograrse la observancia. El Órgano de Apelación explicó que se puede decir que 
una medida está destinada a "lograr la observancia" de "leyes y reglamentos" cuando trata de 
lograr la observancia de normas específicas, aunque no se pueda garantizar con absoluta certeza 
que la medida logre ese resultado. El Órgano de Apelación  no consideró que el alcance de la 
expresión "leyes y reglamentos" esté limitado a instrumentos que sean legalmente aplicables 
(inclusive, por ejemplo, ante un tribunal), o que vayan acompañados de multas y sanciones que 
habrá que aplicar en casos de inobs ervancia. El Órgano de Apelación explicó que, en cambio, al 
evaluar si una norma está comprendida en el ámbito de la expresión "leyes y reglamentos" en el 
marco del apartado d) del artículo XX, los grupos especiales deben considerar la medida en que el 
instrumento que contenga la supuesta norma es de carácter normativo, y que es, por lo tanto, 
pertinente que los grupos especiales examinen si una norma es legalmente aplicable, o si 
establece multas o sanciones que deberán aplicarse en caso de inobservancia.  
El Órgano de Apelación recordó su observación en Argentina - Servicios financieros  de que cuanto 
mayor sea la precisión con que un demandado pueda identificar normas, obligaciones o requisitos 
específicos contenidos en las "leyes y reglamentos" pertinentes , más probable será que pueda 
aclarar cómo y por qué la medida incompatible logra la observancia de esas "leyes y reglamentos". 
El Órgano de Apelación añadió que el grupo especial debía considerar también el grado de 
especificidad o precisión con que el in strumento pertinente establece una norma de conducta o 
línea de actuación concreta dentro del ordenamiento jurídico nacional de un Miembro, en lugar de 
establecer simplemente un fundamento jurídico para medidas que pueden ser compatibles con 
determinados o bjetivos. El Órgano de Apelación observó que, aunque en algunos casos el 
demandado podrá identificar una disposición específica de un solo instrumento nacional que 
contiene una norma, obligación o requisito determinados cuya observancia trata de lograr, 
también es posible imaginar situaciones en que un demandado trate de identificar una norma, 
obligación o requisito determinados mediante referencia a, o a partir de, varios elementos o partes 
de uno o más instrumentos de su ordenamiento jurídico nacional. El  Órgano de Apelación  no vio 
nada en el texto del apartado d) del artículo XX que excluyese del ámbito de la expresión "leyes y 
reglamentos" normas, obligaciones o requisitos que no figuren en un solo instrumento o una 
disposición del mismo. Para el Órgano de Apelación, en la medida en que el demandado trate de 
basarse en una norma que se deriva de varios instrumentos o partes de los mismos, seguirá 
recayendo en él la carga de demostrar que los instrumentos o las partes que identifica realmente 
establecen la  supuesta norma. Además, el Órgano de Apelación observó que, aunque la forma y el 
título dados a un instrumento pueden aclarar su naturaleza y contenido jurídicos, la determinación 
de si una supuesta norma está comprendida en el ámbito de la expresión "ley es y reglamentos" a 
los efectos del apartado d) del artículo XX no puede hacerse simplemente mediante referencia al 
nombre dado a un instrumento en la legislación interna de un Miembro y debería centrarse, en 
cambio, en los elementos y características espe cíficos de los instrumentos en litigio, incluidas las 
supuestas normas que puedan contener.  
Por lo tanto, el Órgano de Apelación constató que, al determinar si una parte demandada ha 
identificado una norma que está comprendida en el ámbito de la expresión "leyes y reglamentos" 
del apartado d) del artículo XX del GATT de  1994, un grupo especial debe evaluar y tener 
debidamente en cuenta todas las características del instrumento o instrumentos pertinentes y WT/AB/27  
 
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  debe evitar centrarse exclusiva o indebidamente en u na sola característica. Concretamente, el 
Órgano de Apelación indicó que podía ser pertinente que el grupo especial considerase, entre otros 
elementos: i) el grado de normatividad del instrumento y la medida en que este funciona para 
establecer una norma d e conducta o línea de actuación que debe ser observada dentro del 
ordenamiento jurídico nacional de un Miembro; ii) el grado de especificidad de la norma 
pertinente; iii) si la norma es legalmente aplicable, inclusive, por ejemplo, ante un tribunal; iv) si  
la norma ha sido adoptada o reconocida por una autoridad competente que posea las facultades 
necesarias con arreglo al ordenamiento jurídico nacional de un Miembro; v) la forma y el título 
dados a cualquier instrumento o instrumentos que contengan la norm a en el ordenamiento jurídico 
nacional de un Miembro; y vi) las multas o sanciones que puedan acompañar a la norma 
pertinente. El Órgano de Apelación señaló que esta evaluación siempre se debe hacer caso por 
caso, teniendo en cuenta las características y l os elementos específicos de los instrumentos en 
cuestión, la norma cuya existencia se alega y el ordenamiento jurídico nacional del Miembro de 
que se trate.  
Pasando a la evaluación de los instrumentos nacionales identificados por la India  realizada por el 
Grupo Especial , el Órgano de Apelación empezó por abordar el argumento de la India de que el 
Grupo Especial había incurrido en error en su interpretación de que la expresión "leyes y 
reglamentos" del apartado d) del artículo XX se refiere a normas de condu cta aplicables 
legalmente en el ordenamiento jurídico nacional de un Miembro. El Órgano de Apelación recordó 
que la determinación de si un instrumento reúne los requisitos para ser considerado una "ley o 
reglamento" en el sentido del apartado d) del artícu lo XX incluye una evaluación de si la parte 
demandada ha identificado normas, obligaciones o requisitos específicos que funcionan con un 
grado suficiente de normatividad en su ordenamiento jurídico nacional para establecer una norma 
de conducta o línea de actuación. Según el Órgano de Apelación, aunque el carácter jurídicamente 
exigible de un instrumento con arreglo al ordenamiento jurídico nacional de un Miembro puede ser 
un factor importante, incluso decisivo, para demostrar que ese instrumento actúa con un elevado 
grado de normatividad en el ordenamiento jurídico nacional de ese Miembro, puede haber otras 
formas de demostrar que el instrumento actúa con un grado suficiente de normatividad. Por lo 
tanto, el Órgano de Apelación discrepó del Grupo Especial e n la medida en que puede haber dado 
a entender que el ámbito de la expresión "leyes y reglamentos" en el apartado d) del artículo XX 
está limitado a las normas de conducta aplicables legalmente en el ordenamiento jurídico nacional 
de un Miembro.  
A continua ción, el Órgano de Apelación examinó el argumento de la India de que el Grupo Especial 
había incurrido en error en su interpretación de la frase "para lograr la observancia", en la medida 
en que había indicado que la frase limita el ámbito de aplicación de l apartado d) del artículo XX a 
las medidas que impiden acciones que serían ilegales según las leyes o los reglamentos en litigio. 
Observando la declaración del Grupo Especial de que no veía ningún vínculo o nexo entre las 
prescripciones de contenido nacio nal y el artículo  3 de la Ley de Electricidad, el Órgano de 
Apelación no consideró que el Grupo Especial hubiese constatado que la expresión "para lograr la 
observancia" del apartado d) del artículo XX restringiese el ámbito de aplicación de esa disposició n 
únicamente a medidas que impiden acciones que serían ilegales según las "leyes o reglamentos" 
en litigio.  
Por último, el Órgano de Apelación abordó el argumento de la India de que el Grupo Especial había 
incurrido en error en su aplicación del apartado d ) del artículo XX al examinar de manera aislada el 
artículo 3 de la Ley de Electricidad de  2003 de la India, pese a que esta había sostenido que los 
instrumentos nacionales que había identificado, cuando se consideran conjuntamente, obligan a 
conseguir un crecimiento ecológicamente sostenible y que las prescripciones de contenido nacional 
son necesarias para lograr la observancia de esta norma. El Órgano de Apelación recordó que el 
Grupo Especial había analizado cada uno de los instrumentos nacionales que l a India había 
identificado para determinar si reunían los requisitos para ser considerados "leyes o reglamentos" 
en el sentido del apartado d) del artículo XX. A juicio del Órgano de Apelación, teniendo en cuenta 
la manera en que la India presentó sus argu mentos alegando la existencia de la obligación de 
garantizar un crecimiento ecológicamente sostenible derivada de varios instrumentos, el Grupo 
Especial también podría haber empezado evaluando si los extractos y disposiciones de los 
instrumentos nacionales  que la India había identificado, cuando se consideran conjuntamente, 
establecen la norma alegada por la India, y si esto podía considerarse una "ley o reglamento" a 
tenor del apartado d) del artículo XX.  WT/AB/27  
 
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  Al analizar los extractos y disposiciones de la Pol ítica Nacional de Electricidad, del Plan Nacional de 
Electricidad y del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático identificados por la India, el Órgano 
de Apelación observó que había diferencias, por una parte, en el contenido sustantivo de los 
extractos  y disposiciones de estos tres instrumentos y, por otra, el contenido de la norma que la 
India alegaba que contenían. Coincidiendo con el Grupo Especial en que los extractos y 
disposiciones estaban constituidos por textos exhortativos, aspiraciones, declar aciones, y en 
ocasiones meras descripciones, el Órgano de Apelación consideró que los textos pertinentes de 
estos instrumentos, ya fuesen considerados de manera aislada o leídos conjuntamente, no 
establecían con un grado suficiente de normatividad y especi ficidad una norma para garantizar un 
crecimiento ecológicamente sostenible como alegaba la India. Pasando al artículo 3 de la Ley de 
Electricidad de  2003, el Órgano de Apelación indicó que el contenido de la obligación establecida 
en esa disposición, a sab er, elaborar, publicar y reexaminar periódicamente la Política Nacional de 
Electricidad y el Plan Nacional de Electricidad, era distinto de la norma que la India trataba de 
deducir, es decir, garantizar un crecimiento ecológicamente sostenible. Además, el Órgano de 
Apelación observó que el artículo 3 establece el fundamento jurídico y la competencia para la 
elaboración de la Política Nacional de Electricidad y el Plan Nacional de Electricidad. Por lo tanto, el 
Órgano de Apelación constató que el contenido d el artículo 3 era distinto de la norma cuya 
existencia alegaba la India, y observó que el artículo 3 no se refería al grado de normatividad de 
los otros instrumentos nacionales identificados por la India. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación no vio de qué modo el artículo 3 de la Ley de Electricidad de  2003 tendría el efecto de 
aumentar el grado de normatividad de estos instrumentos nacionales por lo demás "no 
vinculantes". Por estas razones, el Órgano de Apelación discrepó de la India en que los extrac tos y 
disposiciones de los instrumentos nacionales que había identificado, cuando se leían 
conjuntamente, establecían la norma de garantizar un crecimiento ecológicamente sostenible 
abordando al mismo tiempo los desafíos de la India en materia de seguridad  energética y lograr la 
observancia de sus obligaciones relacionadas con el cambio climático, como alegaba la India.  
El Órgano de Apelación examinó seguidamente la evaluación que hizo el Grupo Especial de los 
instrumentos internacionales identificados por la India. La India identificó cuatro instrumentos 
internacionales: a) el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC; b) la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; c) la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo ; y d) la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas po r la que se aprobó 
el Documento de Río+20: "El futuro que queremos", aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2012. Recordando que los términos "leyes y reglamentos" se refieren a  
normas que forman parte del ordenamiento jurídico nacional de un Miembro de la OMC, el Órgano 
de Apelación observó que, en México - Impuestos sobre los refrescos identificó dos formas en que 
las normas derivadas de acuerdos internacionales pueden pasar a formar parte del ordenamiento 
jurídico nacional de un Miembro. Los Miembros pueden incorporar esas normas, incluso mediante 
actos nacionales legislativos o ejecutivos destinados a aplicar un acuerdo internacional; y 
determinadas normas internacionales pued en tener un efecto directo en los ordenamientos 
jurídicos nacionales de un Miembro sin una medida nacional específica para aplicar esas normas. El 
Órgano de Apelación explicó que, con sujeción al ordenamiento jurídico nacional de un Miembro, 
es posible que  haya otras formas en que los instrumentos o normas internacionales puedan formar 
parte de ese ordenamiento jurídico nacional, y una evaluación de si un determinado instrumento o 
norma internacional forma parte del ordenamiento jurídico nacional de un Miem bro debe hacerse 
según las circunstancias de cada caso, a la luz de la naturaleza del instrumento o norma y el 
objeto de la legislación en cuestión, y teniendo en cuenta el funcionamiento del ordenamiento 
jurídico nacional del Miembro en cuestión. El Órgan o de Apelación destacó que, aunque se pueda 
decir que un determinado instrumento internacional forma parte del ordenamiento jurídico 
nacional de un Miembro, esto no demuestra, en sí y por sí mismo, la existencia de una norma, 
obligación o requisito dentro del ordenamiento jurídico nacional del Miembro que esté comprendido 
en el ámbito de una "ley o reglamento" en el sentido del apartado d) del artículo XX. Esto se debe 
a que la evaluación de si un instrumento funciona con un grado de normatividad y especifi cidad 
suficiente en el ordenamiento jurídico nacional de un Miembro para establecer una norma de 
conducta o línea de actuación y de ese modo reunir los requisitos para ser considerado una "ley o 
reglamento" debe llevarse a cabo según las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta todos 
los demás factores pertinentes relativos al instrumento y el ordenamiento jurídico nacional del 
Miembro.  
El Órgano de Apelación abordó a continuación el argumento de la India de que los instrumentos 
internacionales que h abía identificado tienen un efecto directo en el ordenamiento jurídico de la 
India porque el poder legislativo indio no está obligado a poner en vigor legislación con miras a WT/AB/27  
 
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  incorporar el derecho internacional al ordenamiento nacional antes de que el pode r ejecutivo 
pueda adoptar medidas para aplicar o ejecutar instrumentos internacionales. El Órgano de 
Apelación tomó nota de la afirmación de la India de que el hecho mismo de que el poder ejecutivo 
pueda adoptar medidas para ejecutar los instrumentos o nor mas internacionales en cuestión (por 
ejemplo promulgando las prescripciones de contenido nacional), siempre y cuando no estén en 
contradicción con la legislación nacional, demuestra que estos instrumentos internacionales ya 
pueden formar parte de su ordena miento jurídico nacional y por lo tanto el poder ejecutivo puede 
adoptar medidas al respecto. No obstante, el Órgano de Apelación no consideró que la cuestión de 
qué poder del Gobierno central tiene competencia para aplicar, ejecutar o dar efecto de otro m odo 
a un instrumento internacional dentro del ordenamiento jurídico nacional fuese, en sí y por sí 
misma, decisiva para determinar si ese instrumento está comprendido en el ámbito de las "leyes y 
reglamentos " conforme al apartado d) del artículo XX. Más bi en, según explicó el Órgano de 
Apelación, la cuestión de si una norma establecida en un instrumento internacional forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional de un Miembro y está comprendida en el ámbito de las "leyes o 
reglamentos" de conformidad con e l apartado d) del artículo XX debe determinarse teniendo en 
cuenta todos los factores pertinentes de un caso determinado, entre los que figuran las 
características del instrumento de que se trate y los elementos del ordenamiento jurídico nacional 
del Miemb ro afectado.  
El Órgano de Apelación examinó a continuación el argumento de la India de que el "efecto directo" 
de los instrumentos internacionales identificados en su ordenamiento jurídico nacional queda 
demostrado por el hecho de que el Tribunal Supremo d e la India ha reconocido que los principios 
de desarrollo sostenible previstos en el derecho ambiental internacional forman parte de la 
gobernanza ambiental y de desarrollo en la India. El Órgano de Apelación opinó que las decisiones 
y observaciones del Tr ibunal Supremo de la India identificadas por la India podían servir para 
destacar la importancia de los instrumentos y normas internacionales a efectos de interpretar 
disposiciones de su legislación nacional, y para orientar en el ejercicio de la facultad de adoptar 
decisiones del poder ejecutivo del Gobierno central. No obstante, estas decisiones y observaciones 
del Tribunal Supremo no eran suficiente s para demostrar que los instrumentos internacionales 
identificados por la India fuesen normas que formasen  parte de su ordenamiento jurídico nacional 
y estuviesen comprendidos en el ámbito de la expresión "leyes y reglamentos" a tenor del 
apartado d) del artículo XX. En la medida en que la India se basaba en este material para reforzar 
su argumento de que el p oder ejecutivo, al promulgar las prescripciones de contenido nacional, 
simplemente estaba ejecutando los instrumentos internacionales identificados, el Órgano de 
Apelación recordó que el simple hecho de que el poder ejecutivo adopte medidas en cumplimiento  
de los instrumentos internacionales en cuestión no basta, en sí y por sí mismo, para demostrar 
que esos instrumentos internacionales están comprendidos en el ámbito de la expresión "leyes y 
reglamentos" a tenor del apartado d) del artículo XX. Por lo tant o, el Órgano de Apelación confirmó 
la constatación del Grupo Especial de que la India no había demostrado que los instrumentos 
internacionales que había identificado estuviesen comprendidos en el ámbito de la expresión "leyes 
y reglamentos" del apartado d)  del artículo XX del GATT de 1994 en esta diferencia.  
Por estas razones, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la 
India no había demostrado que las prescripciones de contenido nacional fueran medidas para 
lograr la obser vancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las 
disposiciones del GATT de  1994, y la constatación definitiva del Grupo Especial de que las 
prescripciones de contenido nacional no est aban justificadas al ampa ro del apartado d) del  
artículo  XX del GATT de  1994.  
4.4.4   El "carácter esencial" y la "necesidad" en el marco de los apartados j) y d) del 
artículo XX y la parte introductoria del artículo XX del GATT de  1994  
El Órgano de Apelación recordó que había confirmado la constatación del Gr upo Especial de que las 
células solares y los módulos solares no son "productos de los que haya una penuria general o 
local" en la India en el sentido del apartado j) del artículo XX, así como la constatación del Grupo 
Especial de que la India no había dem ostrado que las prescripciones de contenido nacional fuesen 
medidas "para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles 
con las disposiciones del [GATT de  1994]", así como la conclusión del Grupo Especial de que las 
prescripciones de contenido nacional no estaban justificadas al amparo de los apartados j) o d) del 
artículo XX del GATT de  1994. Habida cuenta de estas constataciones, el Órgano de Apelación no 
consideró necesario seguir examinando las alegaciones formuladas por la India en apelación 
relativas al examen y análisis limitados realizados por el Grupo Especial de la cuestión de si las WT/AB/27  
 
- 69 - 
 
  prescripciones de contenido nacional eran "esenciales" para la adquisición de células solares y 
módulos solares a los efectos del a partado j) del artículo XX, o de si eran "necesarias" en el 
sentido del apartado d) del artículo XX. El Órgano de Apelación tampoco consideró necesario 
examinar los argumentos de la India en lo que respecta a las prescripciones de la parte 
introductoria de l artículo XX del GATT de  1994.  
4.4.5   Opinión separada de un Miembro del Órgano de Apelación  
Un Miembro del Órgano de Apelación expresó una opinión separada en la que formuló 
observaciones sobre su perspectiva de la función resolutoria del Órgano de Apelación, a sí como 
sus limitaciones, tanto en el contexto de esta apelación como de otras apelaciones.  
El Miembro del Órgano de Apelación en cuestión observó que el ESD indica en términos generales 
que la función del Órgano de Apelación es "entender[] en los recursos  de apelación interpuestos 
contra las decisiones de los grupos especiales". Refiriéndose al párrafo 12 del artículo 17 del ESD, 
añadió que corresponde al Órgano de Apelación examinar cualquier aspecto del análisis realizado 
por un grupo especial, con inclu sión del razonamiento jurídico de un grupo especial, siempre que 
haya sido debidamente planteado en apelación.  
El Miembro del Órgano de Apelación en cuestión recordó que, al decidir de qué manera examinar 
cada una de las cuestiones planteadas por las parte s, el Órgano de Apelación se guía por varios 
principios rectores. En primer lugar, el Órgano de Apelación, que forma parte del mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC, contribuye a los objetivos de una pronta solución de una 
diferencia o una solució n positiva a las diferencias, enunciados en el ESD. En segundo lugar, existe 
la necesidad de proteger el derecho de las partes a las debidas garantías procesales en casos en 
que, por ejemplo, una cuestión determinada  no se ha examinado suficientemente ante  el grupo 
especial . Esto impone una limitación importante a la capacidad del Órgano de Apelación para 
pronunciarse sobre cuestiones concretas planteadas en apelación. Por todo ello, el Miembro del 
Órgano de Apelación en cuestión añadió que la decisión del Órgano de Apelación sobre de qué 
manera examinar cada una de las cuestiones planteadas en apelación debe entenderse como una 
extensión de su deber de ejercer debidamente su función resolutoria. Teniendo en cuenta el texto 
expreso contenido en el párrafo 12  del artículo 17 del ESD, es decir "examinará", el Órgano de 
Apelación no está obligado a dar razones de por qué se pronuncia sobre una cuestión determinada 
planteada debidamente por las partes en apelación. Sin embargo, cuando el Órgano de Apelación 
considera, por ejemplo, que no son necesarias constataciones adicionales sobre cuestiones objeto 
de apelación para facilitar la pronta solución y la resolución efectiva de la diferencia, lo explicará 
en su informe.  
Pasando al párrafo 2 del artículo 3 del ESD, e l Miembro del Órgano de Apelación recordó que no 
hay nada en esa disposición que aliente al Órgano de Apelación a legislar mediante la aclaración 
de las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre la OMC, fuera del contexto de la solución de una 
determinada d iferencia. Al mismo tiempo, los Miembros de la OMC tienen un interés sistémico en 
recibir un informe del Órgano de Apelación que aclare debidamente las disposiciones vigentes de 
los acuerdos abarcados. Ese informe del Órgano de Apelación no solo es requeri do en virtud 
del ESD, sino que también es importante en la medida en que permite que el OSD formule 
recomendaciones y resoluciones suficientemente precisas parar asegurar la eficaz solución de las 
diferencias en beneficio de todos los Miembros.  
4.5  Informe del  Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas antidumping y 
compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico procedentes de 
Corea , WT/DS464/AB/R  
Esta diferencia se refería a los derechos antidumping y los derechos compensatorios definit ivos 
aplicados por los Estados Unidos como consecuencia de investigaciones antidumping y en materia 
de derechos compensatorios concernientes a las importaciones de lavadoras de gran capacidad 
para uso doméstico procedentes de Corea realizadas por el Depart amento de Comercio de los 
Estados Unidos (USDOC).  
Corea impugnó ciertos aspectos del enfoque adoptado por el USDOC con respecto al método de 
comparación entre promedios ponderados y transacciones (P -T) previsto en la segunda frase del 
párrafo 4.2 del artíc ulo 2 del Acuerdo Antidumping. Concretamente, Corea impugnó el denominado WT/AB/27  
 
- 70 - 
 
  "método del caso Clavos II" utilizado en la investigación antidumping realizada por el USDOC en 
relación con las importaciones de LGCUD procedentes de Corea (investigación antidumpin g 
Lavadoras ). El método del caso Clavos II consistía en un criterio de dos etapas. En primer lugar, el 
criterio de la desviación estándar tenía por objeto establecer, tras la alegación de la existencia de 
dumping selectivo, si existían precios de exportaci ón diferentes según los distintos compradores, 
regiones o períodos. En segundo lugar, el criterio de la diferencia tenía por objeto establecer si las 
diferencias de precios observadas eran significativas. A continuación, el USDOC evaluaba la 
diferencia ent re el promedio ponderado del margen de dumping calculado utilizando el método de 
comparación entre promedios ponderados (P -P) (sin reducción a cero) y el calculado utilizando el 
método de comparación entre promedios ponderados y transacciones (P -T) (con re ducción a cero). 
En caso de que hubiera una diferencia significativa, el método de comparación P -T (con reducción 
a cero) se aplicaba a todas las transacciones de exportación.  
Además, Corea impugnó el denominado "método de fijación de precios diferenciales " (MPD) que 
sustituyó al método del caso  Clavos II a partir de marzo de 2013 i) "en sí mismo"; ii) "en su 
aplicación" en el primer examen administrativo de la orden antidumping por la que se imponían 
derechos antidumping a las LGCUD procedentes de Corea; y  iii) la  aplicación actual y futura 
del MPD en relación con dicha investigación. En el marco del MPD, la "prueba d de Cohen" evalúa 
en primer lugar la medida en que los precios de un comprador, región o período en particular 
difieren significativamente de otros precios. En segundo lugar, la "prueba de la ratio" evalúa la 
magnitud de las diferencias de precios significativas para todas las ventas medidas con arreglo a la 
prueba d de Cohen. En tercer lugar, la prueba de la "diferencia significativa" examina s i las 
diferencias de dichos precios pueden ser tomadas debidamente en cuenta mediante la utilización 
del método de comparación P -P. Si se satisfacen las dos primeras pruebas , la utilización  del 
método P -P no permite tomar debidamente en cuenta las diferenc ias y el resultado de la prueba de 
la ratio está por encima del 66%, se aplica el método de comparación P-T (con reducción a cero) a 
todas las transacciones de exportación. Cuando el resultado de la p rueba de la ratio está entre 
el 33% y el 66%, se aplica el método de comparación P -T (con reducción a cero) a las ventas que 
satisfacen la prueba d de Cohen y el método de comparación P -P a las restantes ventas. Cuando el 
resultado de la prueba de la ratio está por debajo del 33%, el USDOC no aplica el método d e 
comparación P -T. 
Corea también impugnó la utilización por el USDOC de la reducción a cero en el marco del método 
de comparación P -T, tanto "en sí misma" como "en su aplicación" en la investigación antidumping 
Lavadoras. Se planteó esta impugnación en rel ación con la aplicación por parte del USDOC del 
método de comparación P -T con reducción a cero a todas las transacciones en la investigación 
antidumping Lavadoras  y a la utilización por parte del USDOC de la reducción a cero en lo que 
respecta a las ventas  a las que aplica el método de comparación P -T en el marco del MPD.  
Con respecto a las medidas compensatorias de los Estados Unidos, Corea impugnó al amparo del 
Acuerdo SMC las determinaciones del USDOC de que dos programas de bonificaciones fiscales eran 
específicos. Además, Corea planteó alegaciones al amparo del Acuerdo SMC y el GATT de 1994 por 
las que impugnaba la manera en que el USDOC calculó la tasa de subvención ad valorem  
correspondiente a Samsung Electronics Co., Ltd. (Samsung) en el marco de eso s programas.  
Con respecto a la investigación antidumping Lavadoras , el Grupo Especial constató que los Estados 
Unidos habían actua do de manera incompatible con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping al: i) aplicar el método  de comparación P -T a transacciones distintas de 
las que constituían las pautas de transacciones que el USDOC había determinado existían; y  
ii) centrarse simplemente en la diferencia entre el margen de dumping calculado utilizando el 
método de comparación entre promedios ponderados (P -P) y el margen de dumping calculado 
utilizando el método de comparación P -T y al no tener en cuenta si las circunstancias fácticas que 
rodeaban a las diferencias de precios pertinentes indicaban la existencia de algo distinto del 
dumping selectivo. Además, el Grupo Especial constató que Corea no había estableci do que los 
Estados Unidos hubieran actua do de manera incompatible con la segunda frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2 al determinar la existencia de una pauta de precios de exportación significativamente 
diferentes según los compradores, regiones o períodos basándose en criterios meramente 
cuantitativos, sin hacer una evaluación cualitativa de las razones de las diferencias de precios 
pertinentes y al no explicar por qué l as diferencias de precios pertinentes no podían ser tomadas 
debidamente en cuenta mediante el método de comparación transacción por transacción (T -T). WT/AB/27  
 
- 71 - 
 
  Con respecto al MPD, el Grupo Especial constató que el MPD era incompatible con la segunda frase 
del párr afo 4.2 del artículo 2 porque: i) aplicaba el método de comparación P -T a transacciones no 
comprendidas en la pauta cuando el valor agregado de las ventas a compradores, a regiones y en 
períodos que satisfacen la "prueba d de Cohen " representaba un 66% o m ás del valor de las 
ventas totales; ii) al aplicar la "prueba de la "diferencia significativa", el MPD se centraba en la 
diferencia entre el margen de dumping calculado con arreglo al método de comparación P -P y el 
calculado con arreglo al método de compar ación P -T o el método de comparación mixto; y iii) al 
agregar variaciones de precios aleatorias y no relacionadas, el MPD no establecía debidamente una 
pauta de precios de exportación significativamente diferentes según los distintos compradores, 
regiones o períodos. El Grupo Especial también constató que Co rea no había establecido que 
el MPD fuera incompatible con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 por razones diversas.  
Con respecto a la reducción a cero, el Grupo Especial constató que el uso por los Estados Unidos 
de la reducción a cero al aplicar el método de comparación P -T era incompatible "en sí mismo" con 
los párrafos 4.2 y 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y "en su aplicación" en la investigación 
antidumping Lavadoras . Además, el Grupo Especial constató que el uso de la reducción a cero por 
los Estados Unidos al aplicar el método de comparación P -T en los exámenes administrativos era 
incompatible "en sí mismo" con el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 
del artículo VI del GATT de  1994.  
Por último, con respecto a los derechos compensatorios, el Grupo Especial constató que las 
determinaciones inicial y por reenvío formuladas por el USDOC de que el programa de 
bonificaciones fiscales del artículo 10(1)(3) de  la RSTA era específico de facto  porque Samsung 
recibió, en el marco de ese programa, subvenciones en cantidades desproporcionadamente 
elevadas eran incompatibles con el párrafo 1 c) del artículo 2 del Acuerdo SMC. Además, el Grupo 
Especial constató que la s determinaciones inicial y por reenvío formuladas por el USDOC de que el 
programa de bonificaciones fiscales del artículo 10(1)(3) de la RSTA era específico de facto  porque 
Samsung recibió, en el marco de ese programa, subvenciones en cantidades 
despropor cionadamente elevadas eran incompatibles con el párrafo 1 c) del artículo 2 del 
Acuerdo  SMC. Además, el Grupo Especial constató que Corea no había estableci do que: i) la 
determinación de especificidad regional formulada por el USDOC con respecto al program a de 
bonificaciones fiscales en virtud del artículo 26 de la RSTA fuera incompatible con el párrafo 2 del 
artículo 2 del Acuerdo SMC; ii) el hecho de que el USDOC no vinculara las subvenciones solicitadas 
por Samsung en virtud de los programas de bonificac iones fiscales del artículo 10(1)(3) y el 
artículo 26 de la RSTA para los productos electrodomésticos digita les de Samsung (incluidas 
las LGCUD) fuera incompatible con el párrafo 4 del artículo 19 del Acuerdo SMC y el párrafo 3 del 
artículo VI del GATT de  1994; y iii) el USDOC actuara de manera incompatible con el párrafo 4 del 
artículo 19 del Acuerdo SMC y el párrafo 3 del artículo VI del GATT de  1994 al limitar el 
denominador al valor de las ventas de productos producidos por Samsung en Corea cuando asign ó 
el beneficio conferido a Samsung en virtud del programa de bonif icaciones fiscales del 
artículo  10(1)(3) de la RSTA.  
4.5.1   Alegaciones al amparo del Acuerdo Antidumping y alegaciones conexas al amparo 
del GATT de  1994  
4.5.1.1   La pauta "pertinente" a los efectos de la segunda frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping  
En apelación, los Estados Unidos alegaron que el Grupo Especial incurrió en error en su 
interpretación de la pauta pertinente en el marco de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo  2 
del Acuerdo Antidumping porque concluyó que la pauta pertinente comprendía solo transacciones 
de exportación de precios bajos respecto de cada objeto de orientación selectiva específico 
(un comprador, una región o un período) mientras que otras transacci ones de exportación de 
precios altos respecto de otros compradores, regiones o períodos eran transacciones no 
comprendidas en la pauta. En particular, los Estados Unidos sostuvieron que una pauta incluía los 
precios de exportación más bajos y más altos que  eran significativamente diferentes unos de otros 
y que la pauta pertinente era una pauta que iría más allá de múltiples compradores, regiones o 
períodos. Los Estados Unidos también adujeron que no era necesario centrarse en las ventas de 
exportación a pre cios más bajos que otras ventas de exportación y que la identificación de una 
pauta no requería una evaluación de la relación entre los precios de exportación y el valor normal.  WT/AB/27  
 
- 72 - 
 
  El Órgano de Apelación consideró en primer lugar que, en el contexto de la seg unda frase del 
párrafo  4.2 del artículo 2, cabía definir una pauta como una forma o secuencia habitual e inteligible 
discernible en determinados actos o situaciones. Esto significa que debe haber regularidad en la 
secuencia de precios de exportación signif icativamente diferentes y que esa secuencia debe ser 
susceptible de ser entendida. Por lo tanto el Órgano de Apelación excluyó la posibilidad de que una 
pauta reflejase simplemente una variación aleatoria de los precios.  
El Órgano de Apelación consideró qu e, si bien una autoridad investigadora analizaría los precios de 
todas las ventas de exportación realizadas por el exportador o productor pertinente para identificar 
una pauta, el factor diferenciador que permitiese a esa autoridad discernir qué precios de  
exportación forma ban parte de la pauta sería el hecho de que los precios comprendidos en la 
pauta fueran significativamente diferentes de los precios que no est uvieran comprendidos en la 
pauta. Tal como señaló el Órgano de Apelación, su interpretación i) se ajusta al sentido corriente 
de la palabra pauta; y ii) da sentido y efecto a la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2, cuya 
función es permitir a las autoridades investigadoras identificar y abordar el dumping selectivo.  
Sobre esta base, el Órgan o de Apelación mostró su acuerdo con el Grupo Especial en que, en el 
marco de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2, un subconjunto de transacciones de 
exportación era apartado para ser objeto de consideración específica y que, una vez que se 
hubiera determinado que eran diferentes de otros precios, esos precios constituían la pauta 
pertinente. Aunque el Órgano de Apelación reconoció que se podía identificar una pauta en 
diversas circunstancias fácticas, consideró que, a la luz de la función de la  segunda frase del 
párrafo 4.2 del artículo 2 de abordar el dumping selectivo y habida cuenta de que el Acuerdo 
Antidumping se ocupaba del dumping causante de daño, la pauta pertinente a los efectos de la 
segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 compre ndía precios que eran significativamente más 
bajos que otros precios de exportación.  
El Órgano de Apelación pasó seguidamente a la cuestión de si se podía constatar que existía una 
pauta entre compradores, regiones o períodos, como aduc ían los Estados Unid os. El Órgano de 
Apelación recordó que, de conformidad con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2, una 
pauta se refería a precios de exportación significativamente diferentes en relación con subgrupos 
especificados, es decir, según los distintos c ompradores, regiones o períodos. El Órgano de 
Apelación mostró su acuerdo con el Grupo Especial en que la palabra "según" se refería a algo en 
relación con el resto del grupo al que pertenece y que, en sí misma, servía para especificar las 
dimensiones en r elación con las cuales se podía discernir qué precios de exportación eran 
significativamente diferentes. Según el Órgano de Apelación, esto indicaba que cada categoría 
debía considerarse por sí misma. En sí misma, una pauta de precios significativamente di ferentes 
según los distintos compradores tiene que encontrarse en la variación de los precios dentro de los 
compradores, entre uno o más compradores en particular y los demás compradores (y lo mismo se 
aplica a regiones y períodos, respectivamente).  
De con formidad con la declaración formulada por el Órgano de Apelación en CE - Ropa de cama , 
de que existen tres tipos de dumping selectivo, en concreto el dumping orientado selectivamente a 
determinados compradores, regiones o períodos, el Órgano de Apelación c oncluyó que no cabía 
interpretar que las palabras "o" y "según", tal como se utilizan en la frase "según los distintos 
compradores, regiones o períodos", significa ban que las tres categorías p odían ser consideradas 
acumulativamente para constatar una única  pauta. Por consiguiente, para constatar una pauta, los 
precios de exportación para uno o más compradores en particular deben ser significativamente 
diferentes de los precios para los demás compradores, o los precios de exportación en una o más 
regiones en  particular deben ser significativamente diferentes de los precios en las demás 
regiones, o los precios de exportación durante uno o más períodos en particular deben ser 
significativamente diferentes de los precios durante los demás períodos. El Órgano de Apelación 
aclaró que su interpretación no excluía la posibilidad de que el mismo exportador o productor 
pudiera practicar más de uno de los tres tipos de dumping selectivo en paralelo y de que una 
pauta de precios significativamente diferentes en una categ oría determinada se superpusiera a una 
pauta de precios significativamente diferentes en otra categoría (por ejemplo, las mismas 
transacciones podrían seleccionar determinados compradores así como determinadas regiones).  
Sobre la base de lo anterior, el Ór gano de Apelación consideró que, a los efectos de la segunda 
frase del párrafo 4.2 del artículo 2, una pauta comprende todos los precios de exportación 
respecto de uno o más compradores concretos que son significativamente diferentes de los precios 
de expo rtación respecto de los demás compradores porque son significativamente más bajos que WT/AB/27  
 
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  esos otros precios, o todos los precios de exportación en una o más regiones concretas que son 
significativamente diferentes de los precios de exportación en las demás re giones porque son 
significativamente más bajos que esos otros precios, o todos los precios de exportación durante 
uno o más períodos concretos que son significativamente diferentes de los precios de exportación 
durante los demás períodos porque son signifi cativamente más bajos que esos otros precios. Así 
pues, el Órgano de Apelación confirmó las conclusiones del Grupo Especial relativas a la pauta 
pertinente.  
4.5.1.2   La cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que "el MPD es 
incompatible 'en sí mismo' con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 porque, al 
agregar variaciones de precios aleatorias y no relacionadas, no establece debidamente 
'una pauta de precios de exportación significativamente diferentes según los distintos 
compradore s, regiones o períodos'"  
A continuación, el Órgano de Apelación pasó a ocuparse de la alegación de los Estados Unidos de 
que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que el MPD era incompatible "en sí 
mismo" con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 porque, al agregar variaciones de 
precios aleatorias y no relacionadas, no establecía debidamente una pauta de precios de 
exportación significativamente diferentes según los distintos compradores, regiones o períodos.  
El Órgano de Apelac ión recordó que el MPD agregaba precios que se había constatado que diferían 
según los diferentes compradores, según las diferentes regiones y según los diferentes períodos, 
así como también agregaba precios que eran más altos y más bajos que otros precios  de 
exportación dentro de una categoría dada, a efectos de identificar una única pauta. El Órgano de 
Apelación también recordó sus conclusiones anteriores relativas a la pauta, a saber, que no se 
puede constatar la existencia de una única pauta para compra dores, regiones y períodos, y que no 
se puede identificar tal pauta tomando en consideración precios que son más altos que otros 
precios. Sobre esta base, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de 
que el MPD era incompatible "en  sí mismo" con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 
porque, al agregar variaciones de precios aleatorias y no relacionadas, no establecía debidamente 
una pauta de precios de exportación significativamente diferentes según los distintos comprador es, 
regiones o períodos.  
4.5.1.3   La cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el método 
de comparación P -T solo se debe aplicar a "transacciones comprendidas en la pauta"  
Los Estados Unidos apelaron las constataciones del Grupo Especial r elativas al ámbito de aplicación 
del método de comparación P -T. Los Estados Unidos impugnaron la constatación del Grupo 
Especial de que el método de comparación P -T solo se debía aplicar a las transacciones que 
constituían la pauta. Más bien, los Estados U nidos considera ban que, una vez cumplidas las 
condiciones para su utilización, este método se podía aplicar a todas las transacciones. 
En particular, recordando que la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping se refería a "trans acciones de exportación individuales", los Estados Unidos 
sostuvieron que la palabra "individual" simplemente indicaba que los precios de transacciones de 
exportación singulares y separadas se podían comparar con un valor normal establecido sobre la 
base d e un promedio ponderado.  
El Órgano de Apelación recordó que la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 se refería a 
"[u]n valor normal establecido sobre la base del promedio ponderado [que] podr [ía] compararse 
con los precios de transacciones de expor tación individuales". El Órgano de Apelación consideró 
que la expresión "transacciones de exportación individuales" toma su sentido del contexto 
inmediato en el que figura. Observó que la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 exigía que 
la autoridad  investigadora presentara una explicación de por qué esas diferencias no podían ser 
tomadas debidamente en cuenta mediante una comparación P -P o T -T, según la cual la expresión 
"esas diferencias" alude a los precios de exportación significativamente difere ntes y que por 
consiguiente forman parte de la pauta. Sobre esta base, el Órgano de Apelación consideró que la 
utilización del método de comparación  P-T era admisible solo en la medida en que fuera necesaria 
para poner remedio a la incapacidad de los métod os de comparación aplicables normalmente para 
tomar debidamente en cuenta la pauta identificada. Además, la primera frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2 se refiere a todas las transacciones de exportación, mientras que en la segunda frase del 
párrafo 4.2 d el artículo 2 el énfasis recae en una pauta. Por último, el Órgano de Apelación señaló 
que la estructura del párrafo  4.2 del artículo 2, que distingue los métodos de comparación P -P WT/AB/27  
 
- 74 - 
 
  y T-T normalmente aplicables del método excepcional de comparación P -T, indicaba asimismo que 
el método de comparación P -T solo se debía aplicar a las transacciones en las que estuviera 
justificado su uso, a saber, las transacciones comprendidas en la pauta.  
El Órgano de Apelación observó que dicha interpretación i) daba sentido  y efecto a la segunda 
frase del párrafo 4.2 del artículo 2, cuya función era permitir a las autoridades investigadoras 
identificar y abordar el dumping selectivo; ii) estaba en consonancia con el objeto y fin del Acuerdo 
Antidumping, que permitía a los Mi embros adoptar medidas antidumping para contrarrestar el 
dumping causante de daño, e imponía disciplinas sobre la utilización de tales medidas 
antidumping; y iii) estaba en armonía con las observaciones que formuló el Órgano de Apelación 
en Estados Unidos - Reducción a cero (Japón) . En ese caso, el Órgano de Apelación interpretó que 
la expresión "transacciones de exportación individuales" se refiere a las transacciones 
comprendidas en la pauta de precios pertinente. Por consiguiente, consideró que ese unive rso de 
transacciones de exportación sería necesariamente más limitado que el universo de transacciones 
de exportación a las que se aplicarían los métodos de comparación simétrica de la primera frase 
del párrafo 4.2 del artículo 2.  
Sobre la base de lo anter ior, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial 
de que el método de comparación P -T solo debía aplicarse a las transacciones que constituían la 
pauta de precios de exportación significativamente diferentes según los distintos compra dores, 
regiones o períodos. Asimismo, confirmó las constataciones consiguientes del Grupo Especial de 
que i) los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con la segunda frase del párrafo 4.2 
del artículo 2 al aplicar el método de comparación P -T a tr ansacciones distintas de las que 
constituían las pautas de transacciones que el USDOC había determinado existían en la 
investigación antidumping Lavadoras ; y ii) el MPD era incompatib le "en sí mismo" con el 
párrafo  4.2 del artículo 2 porque aplicaba el mét odo de comparación P -T a transacciones no 
comprendidas en la pauta cuando el valor agregado de las ventas a compradores, a regiones y en 
períodos que satisfacían la prueba d de Cohen representaba un 66% o más del valor de las ventas 
totales.  
4.5.1.4   La medida en q ue se deben evaluar las diferencias de precios cuantitativamente, 
cualitativamente y a la luz de las "razones" de esas diferencias de precios  
Corea alegó que el Grupo Especial había  incurri do en error al constatar que podía establecerse una 
pauta de precio s de exportación significativamente diferentes basándose únicamente en 
diferencias cuantitativas , independientemente del contexto fáctico de los precios y las diferencias. 
Corea también adujo que el Grupo Especial había  caracteriz ado erróneamente su alegac ión como si 
consistiese únicamente en que la autoridad debía señalar las razones por las que diferían los 
precios, en lugar de evaluar cualitativamente y de manera más general las diferencias de precios 
en cuestión.  
El Órgano de Apelación abordó primero la  cuestión de si el Grupo Especial había caracterizado  
erróneamente la alegación de Corea. El Órgano de Apelación consideró que la alegación de Corea, 
tal como figura en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, no se limitaba a alegar  
que la au toridad investigadora debía  tener en cuenta las razones de las diferencias de precios para 
constatar una pauta. El Órgano de Apelación entendió que el Grupo Especial había concluido que 
tanto el método del caso Clavos II como el MPD entrañaban un análisis meramente cuantitativo, 
que el Grupo Especial no consideró que fuese incompatible con la segunda frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Por eso, el Órgano de Apelación entendió que el Grupo 
Especial no había limitado su análisis a la  cuestión de si la autoridad investigadora debía tener en 
cuenta las razones de las diferencias de precios, sino que había abordado de manera más general 
la cuestión de si era necesario realizar un análisis cualitativo. Por consiguiente, el Órgano de 
Apela ción constató que el Grupo Especial había examin ado suficientemente las alegaciones y 
argumentos de Corea con respecto a la necesidad de un análisis cualitativo, y no solo la cuestión 
de si el USDOC habría tenido que tomar en consideración las razones de l as diferencias de precios.  
A continuación, el Órgano de Apelación examinó si el Grupo Especial había incurrido en error al 
constatar que se podía establecer la existencia de una pauta de precios de exportación 
significativamente diferentes sobre la base de  criterios meramente cuantitativos. El Órgano de 
Apelación opinó que la palabra "significativo" se puede definir como "importante, notable o que 
tiene consecuencias" y que es de carácter cuantitativo y cualitativo. Por consiguiente, evaluar la 
magnitud de las diferencias de los precios de exportación para establecer si esos precios de WT/AB/27  
 
- 75 - 
 
  exportación son significativamente diferentes a los efectos de la segunda frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2 entraña evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas. El Ó rgano de Apelación 
consideró que, como parte de la evaluación cualitativa, las circunstancias que concernían, entre 
otras cosas, a la naturaleza del producto o los mercados podían ser pertinentes para la evaluación 
de si las diferencias eran significativas  en las circunstancias de un caso determinado. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación discrepó del Grupo Especial en la medida en que este 
había consider ado que las autoridades investigadoras podían constatar debidamente que 
determinados precios diferían  significativamente en el sentido de la segunda frase del párrafo 4.2 
del artículo 2 si esos precios eran notablemente superiores en términos meramente numéricos.  
Sin embargo, el Órgano de Apelación opinó que las palabras "significativamente" y "pauta" que  
figuran en la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 no implican un examen de la causa de (o 
las razones de) las diferencias en los precios. Como recordó el Órgano de Apelación, la segunda 
frase del párrafo 4.2 del artículo 2 obliga a la autoridad i nvestigadora a constatar una pauta de 
precios de exportación significativamente diferentes según los distintos compradores, regiones o 
períodos. El texto de esta disposición no impone una prescripción adicional que obligue a 
determinar si las diferencias s ignificativas cuya existencia se ha constatado no tienen conexión con 
el dumping selectivo, ni implica un examen de la motivación, o intención detrás de, las diferencias 
en los precios.  
Sobre la base de lo expuesto supra , el Órgano de Apelación constató qu e la prescripción de 
identificar precios significativamente diferentes significaba que la autoridad investigadora estaba 
obligada a evaluar cuantitativamente y cualitativamente las diferencias de precios en cuestión. 
Esta evaluación puede exigir que la aut oridad investigadora tome en consideración algunos 
factores de mercado objetivos, como las circunstancias relativas a la naturaleza del producto 
objeto de examen, la rama de producción en cuestión, la estructura del mercado o la intensidad de 
la competenci a en los mercados en cuestión, en función del caso de que se trate. Sin embargo, el 
Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial en que la autoridad investigadora no estaba 
obligada a considerar la causa (o las razones) de las diferencias de precios  para establecer la 
existencia de una pauta en el sentido de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2.  
En consecuencia, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial relativa a la 
investigación antidumping Lavadoras  en la medida e n que el Grupo Especial había constat ado que 
podía establecerse la existencia de una pauta de precios de exportación significativamente 
diferentes según los compradores, regiones o períodos basándose en criterios meramente 
cuantitativos. El Órgano de Apela ción también revocó la constatación del Grupo Especial respecto 
del MPD en la medida en que el Grupo Especial había constat ado que se podía establecer la 
existencia de una pauta de precios de exportación significativamente diferentes según los 
compradores,  regiones o períodos basándose en criterios meramente cuantitativos.  
4.5.1.5   La cuestión de si es necesario presentar una explicación con respecto a ambos 
métodos de comparación P -P y T -T 
El Órgano de Apelación pasó entonces a examinar las alegaciones de Corea rel ativas a la 
prescripción de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, según la 
cual la autoridad investigadora debía presentar una explicación de por qué esas diferencias de 
precios no podían ser tomadas debidamente en cuenta  mediante una comparación P -P o T -T. 
Corea alegó que se debía presentar una explicación con respecto a ambos métodos de 
comparación, P -P o T-T, que se utilizan normalmente cuando se considera la aplicación del método 
excepcional de comparación P -T en el ma rco de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2.  
Al examinar en primer lugar el texto de la prescripción de explicación de la segunda frase del 
párrafo 4.2 del artículo 2, el Órgano de Apelación observó que, en función del contexto en que se 
utilice , la conjunción "o" puede ser exclusiva o incluyente. También observó que, si la segunda 
frase del párrafo 4.2 del artículo 2 incluyera la conjunción "y" en lugar de la conjunción "o", ello 
indicaría que la autoridad estaría obligada a utilizar los métodos  de comparación P -P y T -T en 
combinación. Por consiguiente, no era viable emplear la conjunción "y" en lugar de la conjunción 
"o" para indicar que deberían abordarse ambos métodos en la explicación de la autoridad 
investigadora. Pasando al artículo indefin ido "una" y la palabra "comparación" en singular, que 
figuran en esa disposición, el Órgano de Apelación discrepó del Grupo Especial en que indicaban 
que una explicación con respecto a uno solo de los dos métodos de comparación normalmente 
aplicables cumpl ía lo dispuesto en la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2.  WT/AB/27  
 
- 76 - 
 
  En segundo lugar, el Órgano de Apelación consideró que interpretar que la segunda frase del 
párrafo 4.2 del artículo 2 exigía que se presentara una explicación con respecto a ambos métodos  
de comparación P -P y T -T daba el debido reconocimiento al texto de esa disposición y a la 
distinción entre los métodos normalmente aplicables, que figuran en la primera frase del 
párrafo  4.2 del artículo 2, y el método excepcional de comparación P -T, que figura en la segunda 
frase. El Órgano de Apelación especificó que, aunque era probable que los métodos de 
comparación P -P y T -T arrojasen resultados sustancialmente equivalentes, no debía excluirse la 
posibilidad de que, en un caso específico, arrojaran re sultados distintos y pudieran tener 
consecuencias distintas para el posible uso del método de comparación P -T. 
Por último, el Órgano de Apelación discrepó del razonamiento del Grupo Especial de que las 
facultades iniciales de la autoridad investigadora par a escoger entre los métodos de 
comparación  P-P y T -T previstos en la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 se verían 
menoscabadas por la exigencia de presentar una explicación con respecto a esos dos métodos. El 
Órgano de Apelación reconoció que una  autoridad investigadora podía escoger entre los métodos 
de comparación P -P y T-T previstos en la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2. Sin embargo, 
el Órgano de Apelación consideró que esa elección no guardaba relación con la obligación de 
explica r por qué esos dos métodos no eran apropiados para descubrir el dumping selectivo, de 
modo que la autoridad investigadora considerase la aplicación del método de comparación P -T. 
Por estas razones, el Órgano de Apelación consideró que una autoridad investi gadora tenía que 
explicar por qué ambos métodos de comparación -P-P y T -T- no podían tomar debidamente en 
cuenta las diferencias en los precios de exportación que formaban la pauta. El Órgano de Apelación 
añadió que, en los casos en que los métodos de comp aración P -P y T -T arrojasen resultados 
sustancialmente equivalentes y en que se hubiera presentado una explicación con respecto a uno 
de estos dos métodos, era posible que la explicación que se hubiera de incluir con respecto al otro 
no tuviera que ser tan  detallada.  
Por consiguiente, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que Corea 
no había estableci do que los Estados Unidos hubiera n actua do de manera incompatible con la 
segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 en la invest igación antidumping Lavadoras  al no 
explicar por qué las diferencias de precios pertinentes no podían ser tomadas debidamente en 
cuenta mediante el método de comparación T -T. El Órgano de Apelación también revocó la 
constatación del Grupo Especial de que C orea no había estableci do que el MPD fuera incompatible 
con la segunda frase del párrafo  4.2 del artículo 2 cuando, tras haber concluido que el método de 
comparación P -P no podía tomar debidamente en cuenta la pauta de precios significativamente 
diferentes  observada, no examinaba también si las diferencias de precios pertinentes podrían ser 
tomadas debidamente en cuenta mediante el método de comparación T -T. 
4.5.1.6   Descarte sistémico  
4.5.1.6.1   La otra apelación de Corea en el marco de la segunda frase del párrafo 4.2 del 
artículo  2 del Acuerdo Antidumping  
El Órgano de Apelación comenzó recordando que el USDOC aplica un método de comparación 
mixto como parte del MPD. En los casos en que el valor de las transacciones que satisfacen la 
prueba d de Cohen está entre el 33% y el 6 6% del valor del total de las transacciones de 
exportación, se aplica el método de comparación P -T con reducción a cero a esas transacciones. 
Para las restantes transacciones, es decir, las que no satisfacen la prueba d de Cohen, se usa el 
método de compar ación P -P. El Órgano de Apelación señaló que, en el primer examen 
administrativo de la orden antidumping Lavadoras , la cuestión del "descarte sistémico" se planteó 
cuando, al agregar los resultados de comparación, el USDOC no permitió que el resultado de 
comparación global negativo derivado del método de comparación P -P compensara las pruebas de 
dumping resultantes de la aplicación del método de comparación P -T. 
El Grupo Especial desestimó la alegación de Corea según la cual el uso por el USDOC del descarte  
sistémico con arreglo al MPD era "en sí mismo" incompatible con la segunda frase del párrafo 4.2 
del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. En apelación, Corea afirmó que el enfoque adoptado por el 
Grupo Especial creaba, en esencia, dos márgenes de dumping, uno para el subconjunto al que se 
aplicaba el método de comparación P -T y otro para el subconjunto con respecto al cual se 
empleaba el método de comparación P -P. Corea adujo que, si bien el Grupo Especial había  WT/AB/27  
 
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  constat ado correctamente que la reducción a c ero no podía aplicarse a ninguno de esos dos 
subconjuntos, había  permiti do el equivalente funcional de la reducción a cero al permitir que se 
combinaran ambos subconjuntos rechazando al mismo tiempo compensaciones por el subconjunto 
basado en los métodos d e comparación normales al determinar el dumping y el margen de 
dumping globales. Corea alegó que el razonamiento del Grupo Especial no tenía base en el texto ni 
en el contexto del párrafo 4.2 del artículo 2.  
El Órgano de Apelación recordó que el párrafo 4. 2 del artículo 2 contenía dos frases que 
establecían los métodos que las autoridades investigadoras podían utilizar para establecer los 
márgenes de dumping. Recordó su jurisprudencia anterior de que los conceptos de "dumping" y 
"márgenes de dumping" eran l os mismos en todo el Acuerdo Antidumping y que la definición de 
"dumping" que figuraba en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 1 
del artículo V I del GATT de  1994 eran cruciales para la interpretación de otras disposiciones de l 
Acuerdo Antidumping. El Órgano de Apelación también recordó que el Acuerdo Antidumping 
disponía que las determinaciones de la existencia de dumping se formulasen con respecto a cada 
exportador o productor extranjero examinado porque el dumping era el res ultado del 
comportamiento en materia de precios de los distintos exportadores o productores extranjeros.  
Con respecto al método de comparación P -P, el Órgano de Apelación recordó las constataciones 
que formuló en CE - Ropa de cama  de que la palabra "todas"  en la expresión "todas las 
transacciones de exportación comparables", que figura en la primera frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2, dejaba claro que los Miembros podían comparar solo aquellas transacciones de 
exportación que fuesen comparables, pero debí an comparar todas las transacciones que lo fueran. 
Además, recordó las constataciones que formuló en Estados Unidos - Madera blanda V , de que, si 
bien una autoridad investigadora podía calcular promedios múltiples para establecer los márgenes 
de dumping co rrespondientes a un producto objeto de investigación, los resultados de las 
comparaciones múltiples a nivel de subgrupo no eran márgenes de dumping en el sentido del 
párrafo 4.2 del artículo 2. Por lo tanto, una autoridad investigadora solo puede establece r 
márgenes de dumping para el producto objeto de investigación sobre la base de la agregación de 
todos los valores intermedios. Con respecto al método de comparación T -T, el Órgano de Apelación 
señaló que el hecho de que la expresión "todas las transaccion es de exportación comparables" no 
figure en la última parte de la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 no da a entender que 
una autoridad investigadora tenga libertad para descartar determinadas transacciones de 
exportación del universo de transacc iones de exportación aplicable al establecer márgenes de 
dumping. También recordó sus constataciones en Estados Unidos - Reducción a cero (Japón)  de 
que la expresión "todas las transacciones de exportación comparables" no resulta pertinente para 
el método de comparación T -T porque con arreglo al método de comparación T -T se tienen en 
cuenta individualmente todas las transacciones de exportación y se comparan con las 
transacciones más adecuadas del mercado interno.  
Por consiguiente, a juicio del Órgano de Ap elación, a una autoridad investigadora no le está 
permitido, al establecer el dumping y los márgenes de dumping con arreglo a los métodos de 
comparación P -P o T -T normalmente aplicables, descartar ninguna transacción que componga el 
universo de transaccion es de exportación que debe examinarse de conformidad con dichos 
métodos. Dicho de otro modo, se deben tener en cuenta todas las transacciones de exportación 
del producto similar realizadas por un determinado exportador o productor extranjero.  
A continuació n, el Órgano de Apelación pasó a examinar el método de comparación P -T establecido 
en la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2. Señaló que ese método representaba una 
comparación asimétrica entre un valor normal establecido sobre la base del promedi o ponderado y 
los precios de las transacciones de exportación individuales. Tras recordar sus anteriores 
constataciones de que esas transacciones de exportación individuales se referían a las 
transacciones comprendidas en la pauta, el Órgano de Apelación p asó a examinar la cuestión de 
cómo se debían establecer el dumping y los márgenes de dumping en virtud de la segunda frase 
del párrafo 4.2 del artículo 2.  
El Órgano de Apelación recordó la declaración del Grupo Especial, referente al informe del Órgano 
de Apelación relativo a Estados Unidos - Reducción a cero (Japón) , de que parecía haber cierta 
tensión entre la manera en que el Órgano de Apelación entendía el ámbito de aplicación limitado 
del método de comparación P -T y su referencia a la disciplina fundam ental en virtud de la cual el 
"dumping" y los "márgenes de dumping" correspondían a un exportador o productor extranjero y 
al producto en su conjunto, teniendo en cuenta todas las transacciones de exportación del WT/AB/27  
 
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  exportador o productor extranjero de que se  tratara. El Órgano de Apelación observó que las 
constataciones relativas a  Estados Unidos - Reducción a cero (Japón)  a las que se refirió el Grupo 
Especial concernían a la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 y debían leerse en el contexto 
de las constataci ones del Órgano de Apelación relativa s a la reducción a cero por modelos.  
El Órgano de Apelación también señaló que el establecimiento del dumping y los márgenes de 
dumping, para el producto objeto de investigación en su conjunto y teniendo en cu enta todas las 
transacciones de exportación de un exportador o productor extranjero dado, había de llevarse a 
cabo con respecto al universo de transacciones de exportación aplicable correspondiente a cada 
uno de los métodos de comparación establecidos en e l párrafo 4.2 del artículo 2. Tras recordar sus 
constataciones en Estados Unidos - Reducción a cero (Japón)  y Estados Unidos - Madera blanda V 
(párrafo 5 del artículo 21 - Canadá) , el Órgano de Apelación constató que, en el método de 
comparación P -T previs to en la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2, el universo de 
transacciones de exportación aplicable era más limitado que en la primera frase. Por consiguiente, 
el Órgano de Apelación concluyó que no solo la aplicación del método de comparación P -T se 
limitaba a las transacciones comprendidas en la pauta, sino que también la segunda frase disponía 
que se establecieran el dumping y los márgenes de dumping sobre la base del universo de 
transacciones de exportación limitado al que se aplicaba el método  de comparación P -T, es decir, 
las transacciones comprendidas en la pauta.  
El Órgano de Apelación también opinaba que la función de la segunda frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2 respaldaba una lectura de esa disposición en el sentido de que preveía el es tablecimiento 
de márgenes de dumping sobre la base de las transacciones comprendidas en la pauta. Recordó 
que la función de la segunda frase era permitir que una autoridad investigadora identificara y 
abordara el dumping selectivo. Según el Órgano de Apela ción, son únicamente determinadas 
transacciones de exportación , aquellas que constituyen la pauta en virtud de la segunda frase al 
ser significativamente diferentes de las restantes transacciones de exportación de un exportador o 
productor extranjero, las que tienen por objeto, o están orientadas selectivamente respecto de un 
comprador, región o período. A la luz de esta función, la segunda frase permite que una autoridad 
investigadora establezca los márgenes de dumping mediante la aplicación del método de 
comparación P -T exclusivamente a las transacciones comprendidas en la pauta. El Órgano de 
Apelación observó que la segunda frase no decía nada sobre incluir transacciones que no formasen 
parte de la pauta (es decir, las transacciones no comprendidas en la pauta) en el proceso de 
comparación exigido para establecer los márgenes de dumping. Según el Órgano de Apelación, si 
una autoridad investigadora debiera realizar comparaciones con respecto a las transacciones no 
comprendidas en la pauta aplicando uno de l os dos métodos de comparación normalmente 
aplicables, y después agregar el resultado de esta comparación al resultado del método de 
comparación P -T aplicado a las transacciones comprendidas en la pauta, el dumping selectivo 
identificado teniendo en cuenta las transacciones comprendidas en la pauta quedaría encubierto de 
nuevo. Esto ocurre cuando los resultados de comparación obtenidos a partir de las transacciones 
no comprendidas en la pauta arrojan un resultado de comparación global negativo.  
Además, el Ór gano de Apelación no encontró ningún fundamento en la segunda frase del 
párrafo  4.2 del artículo 2 para concluir, como afirmaba Corea, que la función de la segunda frase 
fuera permitir que una autoridad investigadora efectuase un examen más detenido y gran ular de 
los precios de exportación individuales. El Órgano de Apelación consideró que la interpretación 
propuesta por Corea no era diferente a lo que ya estaba previsto en el marco del método de 
comparación T -T. Por consiguiente, el Órgano de Apelación con stató que el Grupo Especial no 
había incurrido en error al decir que la función de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 
era abordar o descubrir el dumping selectivo.  
Seguidamente, el Órgano de Apelación consideró la cuestión de cómo calcular el margen de 
dumping como porcentaje de las exportaciones de un exportador o productor extranjero 
determinado. Según el Órgano de Apelación, si bien el numerador debería comprender únicamente 
las transacciones comprendidas en la pauta con exclusión de las tra nsacciones no comprendidas 
en la pauta, el denominador debe reflejar el universo de todas las transacciones de exportación de 
un determinado exportador o productor extranjero y, por lo tanto, debería comprender el valor de 
todas las ventas de un determinad o exportador o productor extranjero del producto similar. 
Recordó que el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping disponía que se determinara el 
margen de dumping que correspondiese a cada exportador o productor interesado del producto 
sujeto a in vestigación de que se tuviera conocimiento. El Órgano de Apelación declaró que, con el 
fin de abordar el dumping selectivo, el margen de dumping previsto en el marco de la segunda WT/AB/27  
 
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  frase del párrafo  4.2 del artículo 2 se debía determinar para cada exportado r o productor y no 
únicamente para las ventas objeto de orientación selectiva de ese exportador o productor. 
El Órgano de Apelación constató que, por un lado, la existencia de una "pauta" en el sentido de la 
segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 y, en consecuencia, la orientación selectiva por los 
exportadores o productores extranjeros, justificaba que se determinase la existencia de dumping 
basándose en el método de comparación P -T aplicado a las transacciones comprendidas en la 
pauta, excluyendo al  mismo tiempo del examen las transacciones no comprendidas en la pauta. 
Por otro lado, esta cuantía del dumping basada en las ventas objeto de dumping debía dividirse 
entre todas las ventas de exportación de un exportador o productor extranjero dado para 
determinar el margen de dumping y el correspondiente derecho antidumping con respecto a ese 
exportador o productor extranjero.  
A continuación el Órgano de Apelación pasó a la impugnación por Corea del descarte sistémico de 
las transacciones no comprendidas en la pauta por el USDOC al establecer márgenes de dumping 
con arreglo al MPD. El Órgano de Apelación señaló que ese argumento partía de la premisa de que 
la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 permitía combinar el método de comparación P -T 
con el  método de comparación P -P o T -T. El Órgano de Apelación recordó sus constataciones 
anteriores en esta diferencia de que la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 permitía 
establecer márgenes de dumping basándose en el método de comparación P -T aplic ado a las 
transacciones comprendidas en la pauta, excluyendo al mismo tiempo del examen las 
transacciones no comprendidas en la pauta. También observó que, si bien la segunda frase del 
párrafo 4.2 del artículo 2 mencionaba los métodos de comparación P -P y T-T, esta referencia 
figuraba en el contexto de la prescripción de explica r por qué ninguno de estos métodos de 
comparación simétrica era capaz de tomar en cuenta los "precios de exportación 
significativamente diferentes". Sin embargo, la segunda frase no preveía la aplicación de los 
métodos de comparación P -P y T -T nuevamente. En consecuencia, el Órgano de Apelación 
concluyó que no había nada en el texto de la segunda frase, leída en el contexto del párrafo 4.2 
del artículo 2 en su totalidad, que respaldar a la interpretación de que el párrafo 4.2 del artículo 2 
permitía la aplicación de los métodos de comparación P -P y T-T a un universo de transacciones de 
exportación reducido, independientemente de si eran transacciones comprendidas o no en la 
pauta.  
Ademá s, el Órgano de Apelación razonó que efectuar una comparación separada con arreglo a uno 
de los dos métodos de comparación simétricos (es decir, P -P y T -T) con respecto a las 
transacciones no comprendidas en la pauta menoscabaría la función de la segunda f rase del 
párrafo 4.2 del artículo 2 de abordar el dumping selectivo. Según el Órgano de Apelación, los 
márgenes de dumping se establecen con arreglo a la segunda frase sobre la base de las 
transacciones comprendidas en la pauta orientadas selectivamente re specto de compradores, 
regiones o períodos. A juicio del Órgano de Apelación, agregar los resultados del método de 
comparación simétrico aplicado a las transacciones no comprendidas en la pauta puede encubrir el 
dumping selectivo (si el resultado de compar ación global es negativo) o exagerar el margen de 
dumping (si el resultado de comparación global es positivo) en una forma no prevista en la 
segunda frase y eso comprometería su función de abordar efectivamente el dumping selectivo.  
El Órgano de Apelación concluyó que la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 no permitía 
combinar los métodos de comparación normales, P -P o T -T, con el método de comparación 
excepcional P -T. El Órgano de Apelación explicó que esta disposición no establecía que se 
efectua ran comparaciones separadas con respecto a las transacciones comprendidas en la "pauta" 
con arreglo al método de comparación P -T y con respecto a aquellas no comprendidas en la pauta 
con arreglo al método de comparación P -P o T -T. La segunda frase tampoco contemplaba excluir 
del examen el resultado de este último si arrojaba un resultado de comparación global negativo, ni 
agregarlo al resultado de la comparación P -T si arrojaba un resultado de comparación global 
positivo. Por consiguiente, el Órgano de Apel ación constató que esta disposición no preveía el 
descarte sistémico descrito por el Grupo Especial.  
El Grupo Especial constató que la exclusión del descarte sistémico de los resultados de 
comparación negativos obtenidos de la aplicación del método de comp aración P -P a las 
"transacciones no comprendidas en la pauta" daría lugar a una equivalencia matemática con los 
resultados de aplicar el método de comparación P -P a todas las transacciones de exportación. 
En apelación, Corea afirmó que el Grupo Especial había constatado la equivalencia matemática a 
pesar del hecho de que la equivalencia matemática había sido examinada y rechazada por el 
Órgano de Apelación en numerosas ocasiones anteriores. El Órgano de Apelación constató que WT/AB/27  
 
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  comparar el promedio ponderado del valor normal solo con las transacciones comprendidas en la 
pauta no produciría normalmente resultados que fuesen matemática o sustancialmente 
equivalentes a los obtenidos mediante la aplicación del método de comparación P -P a todas las 
transacciones de  exportación. Tras observar que la equivalencia matemática o la equivalencia 
sustancial solo se produciría si se consideraba que la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 
preveía la combinación de los métodos de comparación, el Órgano de Apelación se ñaló que ya 
había rechazado la interpretación de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 con arreglo a la 
cual estaría permitido combinar los métodos de comparación.  
A la luz de lo anterior, el Órgano de Apelación declaró superflua la constatación del Grupo Especial 
de que Corea no había estableci do que el uso por los Estados Unidos del descarte sistémico con 
arreglo al MPD fuera "en sí mismo" incompatible con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping. En lugar de ello,  el Órgano de Apelación concluyó que, cuando las 
prescripciones de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 se cumplían, una autoridad 
investigadora podía establecer los márgenes de dumping comparando un promedio ponderado del 
valor normal con los p recios de exportación de las transacciones comprendidas en la pauta, 
excluyendo al mismo tiempo las transacciones no comprendidas en la pauta del numerador, y 
dividiendo la cuantía resultante entre todas las ventas de exportación de un exportador o 
product or extranjero determinado.  
4.5.1.6.2   La otra apelación de Corea en el marco del párrafo 4 del artículo  2 del Acuerdo 
Antidumping  
Corea adujo que la constatación del Grupo Especial de que el descarte sistémico no era 
incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del A cuerdo Antidumping reiteraba los mismos errores 
jurídicos que Corea había identificado con respecto a la interpretación por el Grupo Especial de la 
segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de que el dumping podía 
existir en un s ubconjunto de ventas de exportación. Corea solicitó al Órgano de Apelación que 
revocara la s constataci ones formulada s por el Grupo Especial en el m arco del párrafo 4 del 
artículo  2 y que completara el análisis jurídico para constatar que el descarte sistém ico era 
incompatible con la prescripción de realizar una "comparación equitativa" establecida en el 
párrafo  4 del artículo 2.  
El Órgano de Apelación comenzó recordando que la cláusula introductoria del párrafo 4.2 del 
artículo 2 disponía expresamente que e se párrafo solo era aplicable a reserva de las disposiciones 
del párrafo 4 del artículo 2 que regían la comparación equitativa. El Órgano de Apelación consideró 
que la aplicación de los tres métodos de comparación (es decir, P -P, T-T y P -T) estipulados en el 
párrafo 4.2 del artículo 2 se establecía expresamente a reserva de la prescripción de realizar una 
"comparación equitativa" prevista en el párrafo 4 del artículo 2. El Órgano de Apelación explicó que 
la obligación de realizar una comparación equitativa entre el valor normal y los precios de 
exportación se planteaba con respecto al universo de transacciones de exportación aplicable al que 
se aplicaba cada uno de los tres métodos de comparación establecidos en el párrafo 4.2 del 
artículo  2 y también que lo s párrafos 4 y 4.2 del artículo 2 no solo se informaban recíprocamente, 
sino que se debían leer conjuntamente de forma armoniosa. El Órgano de Apelación declaró que el 
carácter excepcional del método de comparación P -T, congruente con la función de la segu nda 
frase del párrafo 4.2 del artículo 2 de abordar el dumping selectivo examinando un universo de 
transacciones de exportación limitado, confirmaba que la prescripción de realizar una 
"comparación equitativa" prevista en el párrafo 4 del artículo 2 solo s e aplicaba con respecto a las 
transacciones comprendidas en la pauta. Por consiguiente, el Órgano de Apelación concluyó que la 
exclusión de las transacciones no comprendidas en la pauta del establecimiento del dumping y los 
márgenes de dumping en el marco de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 se conciliaba 
con los conceptos de imparcialidad, equilibrio y ausencia de sesgo reflejados en la prescripción de 
"comparación equitativa" del párrafo 4 del artículo 2.  
El Órgano de Apelación señaló que, s i bien el Grupo Especial había considerado que una autoridad 
investigadora podía establecer la existencia de márgenes de dumping centrándose en las 
transacciones comprendidas en la pauta y excluyendo las transacciones no comprendidas en la 
pauta, la premis a en que se había basado era que la aplicación combinada de métodos de 
comparación no estaba excluida en el marco de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2. 
Tras recordar que ya había rechazado una interpretación de la segunda frase según la cual estaba 
permitido combinar los métodos de comparación, el Órgano de Apelación declaró superflua la 
constatación del Grupo Especial de que Corea no había estableci do que el uso por los Estados WT/AB/27  
 
- 81 - 
 
  Unidos del descarte sistémico con arreglo al MPD fuera "en sí mis mo" incompatible con el párrafo 4 
del artículo 2 del Acuerdo Antidumping.  
4.5.1.7   La reducción a cero en el marco del método de comparación P -T 
4.5.1.7.1   La apelación de los Estados Unidos en el marco del párrafo 4.2 del artículo  2 
del Acuerdo Antidumping  
Los Estados Unidos  alegaron que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que la 
utilización de la reducción a cero en relación con la aplicación del método de comparación P -T era 
incompatible con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Ant idumping cuando 
se habían cumplido las condiciones para recurrir a este método. Los Estados Unidos adujeron  que 
un examen del texto y el contexto del párrafo 4.2 del artículo 2 conducía a la conclusión de que la 
reducción a cero era admisible, y de hecho n ecesaria, cuando se aplicaba el método de 
comparación  P-T. 
El Órgano de Apelación recordó que, al establecer el dumping y los márgenes de dumping con 
arreglo a los métodos de comparación P -P y T -T previstos en la primera frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2, la autoridad investigadora estaba obligada a tener en cuenta todas las transacciones 
que componían el universo de transacciones de exportación aplicable. Estas constataciones 
anteriores de que la reducción a cero no está permitida en el marco de ninguno  de los dos 
métodos de comparación simétricos establecidos en la primera frase emanan de la jurisprudencia 
del Órgano de Apelación de que los conceptos de "dumping" y "márgenes de dumping" son los 
mismos en todo el Acuerdo Antidumping. Por consiguiente, lo s márgenes de dumping se 
establecen respecto del producto investigado en su conjunto y para cada exportador o productor 
extranjero mediante la inclusión en la comparación de todas las transacciones de exportación del 
producto similar realizadas por el resp ectivo exportador o productor extranjero.  
A continuación, el Órgano de Apelación pasó a examinar la cuestión de si la reducción a cero 
estaba permitida en el marco del método de comparación P -T establecido en la segunda frase del 
párrafo 4.2 del artículo 2 . Explicó su constatación anterior de que la expresión "transacciones de 
exportación individuales" que figura en la segunda frase hace referencia a la pauta de los precios 
de exportación identificados por la autoridad investigadora que son significativamen te diferentes 
de los demás precios de exportación. El Órgano de Apelación señaló que esa conclusión estaba 
respaldada por el texto y el contexto del párrafo 4.2 del artículo 2, teniendo en cuenta la función 
de la segunda frase de permitir que la autoridad investigadora identificara y abordara el dumping 
selectivo. El Órgano de Apelación también explicó que la referencia a la expresión "transacciones 
de exportación individuales" en la segunda frase destacaba el carácter asimétrico del método de 
comparación P -T, con arreglo al cual se comparaba un valor normal establecido sobre la base del 
promedio ponderado con los precios de transacciones de exportación individuales. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación no constató ninguna base en la segunda frase para 
interpretar que la expresión "transacciones de exportación individuales" permitía que se 
excluyeran del establecimiento de los márgenes de dumping las transacciones individuales 
comprendidas en la pauta que tuvieran un precio superior al valor normal de con formidad con el 
método de comparación asimétrico P -T. 
El Órgano de Apelación también razonó que la reducción a cero dentro de la pauta equivaldría 
necesariamente a una definición de la pauta limitada a las transacciones de exportación de uno o 
varios compr adores, regiones o períodos concretos que estuvieran por debajo del valor normal, ya 
que solo se tendrían en cuenta esas ventas al establecer los márgenes de dumping con el uso de 
la reducción a cero. Como constató el Órgano de Apelación, la pauta se compo nía de todos los 
precios de exportación respecto de uno o más compradores, regiones o períodos concretos. 
Por consiguiente, consideró que permitir la reducción a cero dentro de la pauta desvincularía el 
concepto de pauta debidamente identificado en la segu nda frase (a saber, compuesta de todas las 
ventas de exportación correspondientes a uno o varios compradores, regiones o períodos 
concretos) de la pauta a la que se aplica el método de comparación P -T al establecer los márgenes 
de dumping con el fin de abo rdar el dumping selectivo. El Órgano de Apelación no encontró ningún 
fundamento jurídico en la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 para que se tuvieran en 
cuenta solo las ventas correspondientes a uno o varios compradores, regiones o períodos que 
fueran inferiores al valor normal al establecer los márgenes de dumping.  WT/AB/27  
 
- 82 - 
 
  El Órgano de Apelación también recordó que la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 preveía 
una excepción respecto de los métodos de comparación simétricos normalmente aplicabl es 
previstos en la primera frase con el fin de permitir que las autoridades investigadoras identificaran 
y abordaran el dumping selectivo. El Órgano de Apelación consideró que, al establecer una 
comparación entre el valor normal y todas las transacciones i ncluidas en la "pauta" identificada, la 
autoridad investigadora podía abordar el dumping selectivo que se identificara y que 
correspondiera a esa pauta concreta. El Órgano de Apelación explicó que no quedaría nada más 
por descubrir una vez que la comparaci ón se hubiera establecido entre el valor normal y los 
precios de exportación de las transacciones comprendidas en la pauta (con exclusión de las 
transacciones no comprendidas en la pauta). Aunque la reducción a cero dentro de una pauta que 
incluya las vent as por encima del valor normal aumenta el margen de dumping, no descubre el 
dumping selectivo que corresponde a la pauta debidamente identificada de ventas a precios 
significativamente inferiores, con lo que esa pauta incluye ventas por debajo y por encima  del 
valor normal. El Órgano de Apelación explicó que esta interpretación daba sentido y efecto a la 
segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 porque permitía la identificación de la pauta 
pertinente, en el sentido de esa disposición, y permitía que la autoridad investigadora abordase el 
dumping selectivo aplicando el método de comparación P -T al universo limitado de las 
transacciones de exportación individuales que formaban la pauta debidamente identificada.  
El Órgano de Apelación pasó a continuación  a examinar el recurso de los Estados Unidos a la 
declaración del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Madera b landa V (párrafo 5 del 
artículo  21 - Canadá) de que cabía aducir que la utilización de la reducción a cero en el marco de 
los dos métodos expuest os en la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 permitiría a las 
autoridades investigadoras establecer pautas de precios constitutivas de dumping selectivo, 
reduciendo así al tercer método a la inutilidad. Los Estados Unidos afirmaron que esa observa ción 
del Órgano de Apelación implicaba que era posible utilizar la reducción a cero para establecer 
pautas de precios constitutivas de dumping selectivo. El Órgano de Apelación recordó que la 
diferencia en cuestión (que trataba el método de comparación T -T en el marco de la primera frase 
del párrafo 4.2 del artículo 2) abordaba la segunda frase porque el Grupo Especial había utilizado 
esa disposición como apoyo contextual. El Órgano de Apelación explicó que había considerado que 
la utilización de la reducci ón a cero en el marco de los métodos de comparación previstos en la 
primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 para descubrir el dumping selectivo habría privado de 
su effet utile  a la segunda frase, cuya función era abordar el dumping selectivo. Sin emb argo, en 
esa diferencia, el Órgano de Apelación no se había pronunci ado con respecto a cómo debía 
abordarse el dumping selectivo de conformidad con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2. 
En cualquier caso, en Estados Unidos - Madera blanda V (pár rafo 5 del artículo 21 - Canadá) , el 
Órgano de Apelación no había dado a entender que dar efecto a la segunda frase del párrafo 4.2 
del artículo 2 exigiera establecer los márgenes de dumping aplic ando el método de 
comparación  P-T con reducción a cero al un iverso de transacciones de exportación aplicable, es 
decir, a las transacciones comprendidas en la pauta.  
A continuación, el Órgano de Apelación abordó el argumento de los Estados Unidos de que, 
suponiendo que tanto en el marco del método de comparación P -P como en el del método de 
comparación P -T, los márgenes de dumping se basaran en los mismos datos sobre valor normal y 
ventas de exportación, si se prohibiera la reducción a cero en el marco de ambos métodos de 
comparación, estos arrojarían resultados mat emáticamente equivalentes. El Órgano de Apelación 
explicó que, en el marco de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2, comparar el valor 
normal solo con las transacciones comprendidas en la pauta (identificadas de conformidad con 
esta disposición) no produciría normalmente resultados que fuesen matemática o sustancialmente 
equivalentes a los obtenidos mediante la aplicación del método de comparación P -P a todas las 
transacciones de exportación. El Órgano de Apelación pasó después  a examinar la afirm ación de 
los Estados Unidos de que el enfoque del Grupo Especial de aplicar el método de comparación P -T 
a un subconjunto de transacciones sin reducción a cero era en esencia equivalente a la aplicación 
del método de comparación P -P al mismo subconjunto de  transacciones sin reducción a cero. 
El Órgano de Apelación explicó que, de conformidad con la función de la segunda frase de abordar 
el dumping selectivo, una vez que se hubiera identificado la pauta pertinente, el hecho de que la 
aplicación del método de  comparación P -T a esa pauta identificada condujera a resultados 
equivalentes a los de la aplicación del método de comparación  P-P a la misma pauta no socavaba 
el effet utile  de la segunda frase. Tampoco conducía a resultados equivalentes entre la aplicaci ón 
de los métodos de comparación simétricos normalmente utilizados de conformidad con la primera 
frase al universo de todas las transacciones de exportación y la aplicación del método de 
comparación P -T al universo limitado de las transacciones comprendida s en la pauta.  WT/AB/27  
 
- 83 - 
 
  Por último, el Órgano de Apelación abordó el argumento de los Estados Unidos de que la historia 
de la negociación del Acuerdo Antidumping confirmaba que la reducción a cero era admisible 
cuando se aplicaba el método de comparación P -T, asimé trico y excepcional, establecido en la 
segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2. El Órgano de Apelación recordó sus constataciones 
anteriores de que, de conformidad con la segunda frase, una autoridad investigadora podía utilizar 
el método de comparaci ón P-T para abordar el dumping selectivo estableciendo márgenes de 
dumping sobre la base de la pauta debidamente identificada d e los precios de exportación que 
fueran significativamente diferentes y que hicieran objeto de orientación selectiva a compradore s, 
regiones o períodos. Al hacerlo, a la autoridad investigadora no le estaba permitido utilizar la 
reducción a cero en el marco del método P -T. El Órgano de Apelación declaró que había llegado a 
esta conclusión sobre la base del texto y el contexto del pá rrafo 4.2 del artículo 2 interpretado a la 
luz del objeto y fin del Acuerdo Antidumping. Por consiguiente, el Órgano de Apelación consideró 
que no era necesario recurrir a la historia de la negociación del Acuerdo Antidumping para 
confirmar el sentido de l a segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2. Sin embargo, tras examinar 
los argumentos de los Estados Unidos relativos a la historia de la negociación del Acuerdo 
Antidumping, el Órgano de Apelación concluyó que esos documentos no respaldaban una 
interp retación de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 que permitiera la reducción a cero.  
A la luz de las consideraciones antes expuestas, el Órgano de Apelación constató que el método de 
comparación excepcional P -T previsto en la segunda frase del p árrafo 4.2 del artículo 2 exigía una 
comparación entre un promedio ponderado del valor normal y todo el universo de transacciones de 
exportación comprendidas en la pauta debidamente identificada con arreglo a esa disposición, y 
con independencia de si el p recio de exportación de transacciones comprendidas en la pauta 
individuales era superior o inferior al valor normal. Según el Órgano de Apelación, reducir a cero 
los resultados de comparación intermedios negativos dentro de la pauta no era necesario para 
abordar el dumping selectivo ni era compatible con el establecimiento del dumping y de los 
márgenes de dumping en cuanto se refiere al universo de transacciones de exportación 
identificado conforme a la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2. Por lo t anto, el Órgano de 
Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial de que el uso por los Estados Unidos de 
la reducción a cero al aplicar el método de comparación P -T era incompatible "en sí mismo" con el 
párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Ant idumping y de que el USDOC había actuado  de manera 
incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 al utilizar la reducción a cero al aplicar el método de 
comparación P -T en la investigación antidumping Lavadoras . 
4.5.1.7.2   La apelación de los Estados Unidos en el ma rco del párrafo 4 del artículo  2 del 
Acuerdo Antidumping  
Los Estados Unidos afirmaron que las constataciones de incompatibilidad con respecto al uso de la 
reducción a cero en la aplicación del método de comparación P -T formuladas por el Grupo Especial 
en el marco del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping se apoyaban en sus anteriores 
constataciones de incompatibilidad en el marco de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo  2 
del Acuerdo Antidumping. Por consiguiente, los Estados Unidos sostu vieron que, dado que las 
constataciones del Grupo Especial en el marco del párrafo 4.2 del artículo 2 eran erróneas, las 
constataciones del Grupo Especial en el marco del párrafo 4 del artículo 2 eran igualmente 
erróneas y debían ser revocadas.  
El Órgano d e Apelación recordó sus constataciones anteriores de que la segunda frase del 
párrafo  4.2 del artículo 2 permitía a la autoridad investigadora establecer el dumping y los 
márgenes de dumping aplicando el método de comparación P -T a las transacciones compre ndidas 
en la pauta sin recurrir a la reducción a cero. El Órgano de Apelación recordó que había confirmado 
las constataciones del Grupo Especial a este respecto. Consideró que fijar en cero los resultados de 
comparación intermedios negativos tenía como efe cto no solo exagerar la magnitud del dumping, 
sino que también hacía que una determinación positiva de existencia de dumping fuera más 
probable en los casos en que los precios de exportación por encima del valor normal fueran 
superiores a los que estaban p or debajo del valor normal. El Órgano de Apelación también explicó 
que al fijar en cero las transacciones de exportación individuales que arrojaban un resultado de 
comparación negativo, la autoridad investigadora no comparaba todas las transacciones de 
exportación comparables que constituían el universo de transacciones de exportación aplicable 
como se exigía en la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2, y por tanto no realizaba una 
comparación equitativa en el sentido del párrafo 4 del artículo 2.  WT/AB/27  
 
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  Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial de que el 
uso por los Estados Unidos de la reducción a cero al aplicar el método de comparación P -T era 
incompatible "en sí mismo" con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y de que 
el USDOC había actuado  de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 al utilizar la 
reducción a cero al aplicar el método de comparación P -T en la investigación antidumping 
Lavadoras . 
4.5.1.7.3   La apelación de los Estados Unidos en  el marco del párrafo 3 del artículo 9 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994  
Los Estados Unidos a dujeron que las constataciones del Grupo Especial en el marco del párrafo 3 
del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el párra fo 2 del artículo VI del GATT de 1994 estaban 
basadas en constataciones erróneas anteriores formuladas por el Grupo Especial en el marco del 
párrafo 4.2 del artículo 2  del Acuerdo Antidumping  y por consiguiente debían  ser revocadas . 
Los Estados Unidos afir maron que un margen de dumping establecido sobre la base del método de 
comparación P -T, cuando se habían cumplido las condiciones para su utilización, era un margen de 
dumping debidamente determinado de conformidad con el artículo  2 del Acuerdo Antidumping  y, 
en consecuencia, ningún derecho antidumping percibido con arreglo a  este infringiría ni el 
párrafo  3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping ni el párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994.  
El Órgano de Apelación explicó que el párrafo 3 del artículo 9  hacía referencia al margen de 
dumping establecido de conformidad con el artículo 2, que representaba el límite de los derechos 
antidumping percibidos de conformidad con el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y 
el párrafo 2 del artículo VI del  GATT de  1994. En  consecuencia, si los márgenes de dumping se 
establecen de manera incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 mediante la utilización de la 
reducción a cero en el marco del método de comparación P -T, los derechos antidumping 
correspondi entes que se perciban también serán incompatibles con el párrafo 3 del artículo 9 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994, dado que excederán del 
margen de dumping que debería haberse establecido con arreglo al artículo 2. S egún el Órgano de 
Apelación, dado que la reducción a cero no está permitida en el marco del método de comparación 
P-T con arreglo a la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 en las investigaciones antidumping 
iniciales, tampoco puede estar permitida respecto de los exámenes administrativos.  
A la luz de lo anterior, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que 
el uso de la reducción a cero por los Estados Unidos al aplicar el método de comparación P -T en los 
exámenes admini strativos era incompatible "en sí mismo" con el párrafo 3 del artículo 9 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994.  
4.5.1.7.4   Opinión separada de un Miembro del Órgano de Apelación en relación con la 
reducción a cero en el marco del mét odo de comparación P -T 
Un miembro de la Sección se mostró en desacuerdo con la resolución de la mayoría del Órgano de 
Apelación de que la reducción a cero no estaba permitida en el marco del método de comparación 
P-T establecido en la segunda frase del pár rafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y 
expresó una opinión separada.  
El Miembro del Órgano de Apelación comenzó recordando que el texto de la segunda frase del 
párrafo 4.2 del artículo 2 no tenía ningún elemento limitador, y no especificaba cómo  debía la 
autoridad investigadora hacer la comparación entre el promedio ponderado del valor normal y los 
precios de transacciones de exportación individuales, una vez que hubiera constatado la pauta 
necesaria y presentado la explicación necesaria. Tras ob servar q ue la segunda frase del 
párrafo  4.2 del artículo 2 era una excepción y tenía la función de descubrir el dumping selectivo y 
de abordarlo, opinó que la pregunta a la que se debía dar respuesta era cuáles eran los límites, de 
haberlos, que el Acuerdo  Antidumping establecía respecto de lo que una autoridad investigadora 
podía hacer para descubrir y abordar el dumping selectivo.  
Según este Miembro del Órgano de Apelación, la interpretación de la mayoría solo permitiría a las 
autoridades investigadoras a bordar el dumping selectivo parcialmente, y posiblemente de manera 
ineficaz, dado que dentro de la pauta, los precios que estén por encima del valor normal 
contrarrestarán -o encubrirán de nuevo -, parcial o totalmente, el dumping selectivo que resulte de 
los precios que estén por debajo del valor normal. A su juicio, ese enfoque incompleto no era WT/AB/27  
 
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  exigido por el texto de la segunda frase, leído en el contexto de la totalidad del párrafo 4.2 del 
artículo 2 y a la luz del objeto y fin del Acuerdo Antidumping. Además, restringía indebidamente el 
margen de control normativo que debía otorgarse a las autoridades investigadoras para abordar el 
dumping selectivo. Habiendo constatado que, al aplicar la segunda frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2, las autoridades inv estigadoras debían centrarse solo en las transacciones comprendidas 
en la pauta, opinó que las autoridades investigadoras podían reducir a cero las transacciones 
comprendidas en la pauta cuyos precios estuvieran por encima del valor normal y calcular el 
dumping solamente sobre la base de las transacciones comprendidas en la pauta cuyos precios 
estuvieran por debajo del valor normal. Según este Miembro del Órgano de Apelación, este 
enfoque abordaría plenamente el dumping selectivo, al dividir la cuantía tota l de ese dumping -en 
lugar de una cuantía disminuida por los precios que no son objeto de dumping - por el valor total 
de las ventas del exportador.  
Este Miembro del Órgano de Apelación opinó que la jurisprudencia anterior del Órgano de 
Apelación apoyaba la  reducción a cero dentro de la pauta en el marco de la segunda frase del 
párrafo 4.2 del artículo 2. Recordó que, en Estados Unidos - Madera blanda V (párrafo 5 del 
artículo 21 - Canadá),  el Órgano de Apelación, al constatar que una prohibición del uso de la 
reducción a cero en el marco del método de comparación T -T no privaría de sentido a la segunda 
frase del párrafo 4.2 del artículo 2, declaró que "por el contrario, ... la utilización de la reducción a 
cero en el marco de los dos métodos expuestos en la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 
permitiría a las autoridades investigadoras establecer paut as de precios constitutivas de 'dumping 
selectivo', reduciendo así al tercer método a la inutilidad ". Según él, las constataciones anteriores 
del Órgano  de Apelación relativas al carácter excepcional del  método de comparación P -T leídas  a 
la luz de la declaración mencionada anteriormente en el asunto Estados Unidos - Madera blanda V 
(párrafo 5 del artículo 21 - Canadá)  implicaban que la reducción a cero e ra admisible en el marco 
del método de comparación P -T para identificar y abordar el dumping selectivo.  
Además, este  Miembro del Órgano de Apelación también recordó que en la diferencia antes 
mencionada, el Órgano de Apelación, en el contexto del método de  comparación T -T, había 
declarado que la referencia a los precios de exportación, en plural, sin más matizaciones, indicaba 
que todos los resultados de las comparaciones entre transacciones específicas debían incluirse en 
la agregación a efectos de calcula r los márgenes de dumping. Por otra parte, razonó que el hecho 
de que en la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2, a diferencia de la primera frase, se 
utilizara la expresión "precios de transacciones de exportación individuales" (en la que la palab ra 
"individuales" es el calificativo) indicaba que para calcular el dumping no era necesario agregar 
todas las comparaciones por transacciones específicas resultantes de los precios de exportación 
que formaban parte de la pauta.  
Por consiguiente, opinó que  permitir que la autoridad investigadora utilizara la reducción a cero 
dentro de la pauta en el marco de la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 no solo era una 
interpretación admisible en el sentido de la segunda frase  del párrafo 6 ii) del artícu lo 17, sino que 
era una interpretación más defendible en el sentido de la primera frase del párrafo 6  ii) del 
artículo  17 del Acuerdo Antidumping.  
A la luz de lo anterior, este Miembro del Órgano de Apelación mostró su desacuerdo con la 
constatación de la mayoría de que la reducción a cero dentro de la "pauta" en el marco del método 
de comparación P -T previsto en la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping no era admisible. En  consecuencia, también mostró su desacuerdo con las 
constataciones de la mayoría sobre la reducción a cero en el marco del párrafo 4 del artículo 2 y el 
párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping, y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994.  
4.5.2   Alegaciones al amparo del Acuerdo SMC y al egaciones conexa s al amparo 
del GATT de  1994  
4.5.2.1   Confirmación por el Grupo Especial de la determinación del  USDOC de que el 
programa de bonificaciones fiscales del artículo 26 de la RSTA era específico desde el 
punto de vista regional  
Corea alegó que el Grupo Especial había incurrido en error en su interpretación y aplicación del 
párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo SMC al aceptar la determinación del  USDOC de que el 
programa de bonificaciones fiscales del artículo 26 de la RSTA era específico desde el punto de WT/AB/27  
 
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  vista regional.  La apelación de Corea se centró en la interpretación y la aplicación por el Grupo 
Especial de determinadas expresiones del párrafo 2 del artículo 2, a saber: i)  "determinadas 
empresas"; ii) "designada"; y iii)  "región geográfica".  
En primer lugar, Corea a dujo que la expresión "determinadas empresas" solo se refiere a 
entidades con personalidad jurídica, como empresas, mientras que las instalaciones de producción, 
que no t ienen personalidad jurídica, no están comprendidas en el alcance de la expresión. 
El Órgano de Apelación señaló que la definición de la palabra "empresa" no indica que dicho 
término abarque únicamente las entidades que tienen personalidad jurídica. Al contrario, el texto 
del párrafo 2 del artículo 2 no excluye que una subunidad o parte cons tituyente de una compañía 
-incluidas, no exclusivamente, sus sucursales o las instalaciones en que realiza sus operaciones de 
fabricación - pueda estar comprendida en el ámbito de aplicación de la expresión "determinadas 
empresas" pese a no tener necesariam ente una personalidad jurídica distinta. El Órgano de 
Apelación también tomó nota del contexto inmediato que ofrecía la palabra "situadas" y declaró 
que no toda actividad realizada por una compañía en un lugar dado bastaría para que esa 
compañía estuviera situada en ese lugar. Sin embargo, una empresa puede estar situada en una 
determinada región si establece efectivamente su presencia comercial en esa región, por ejemplo 
creando una subunidad, como una sucursal o una instalación para realizar operaciones d e 
fabricación. Cuando una medida limita el derecho a acceder a una subvención basándose en la 
ubicación geográfica de cualquiera de esas subunidades o partes constitutivas de una empresa, 
esa medida se considerará específica desde el punto de vista regiona l. 
En segundo lugar, Corea mantuvo que la "designación" de una región se debe hacer de forma 
positiva, no por implicación o indicación. En su opinión, no se podía decir que el programa de 
bonificaciones fiscales del artículo 26 de la RSTA designase positiv amente una región geográfica, 
ya que simplemente consider aba que las inversiones efectuadas en la zona superpoblada de Seúl 
no reunían los requisitos necesarios para recibir subvenciones que en caso contrario estarían 
disponibles. Basándose en la definició n pertinente del verbo "designar", el Órgano de Apelación 
consideró que la identificación de una región a los efectos del párrafo 2 del artículo 2 podía ser 
explícita o implícita, siempre que la región pertinente fuera claramente discernible del texto, el 
diseño, la estructura y el funcionamiento de la medida de subvención de que se trate. Para el 
Órgano de Apelación, carecía de pertinencia que la cobertura del programa de bonificaciones 
fiscales del artículo 26 de la RSTA estuviera formulada en términos ne gativos, es decir, que 
excluyera las inversiones realizadas en la zona superpoblada de Seúl del derecho a obtener 
subvenciones que de otro modo estarían disponibles. En esencia, el programa produjo el efecto de 
desalentar determinadas inversiones en una pa rte del territorio coreano y, al mismo tiempo, de 
alentar esas inversiones en otra parte del territorio coreano.  
En tercer lugar, Corea sostuvo que, puesto que la zona superpoblada de Seúl representaba 
solamente el 2% del territorio nacional, la zona abarc ada por el programa de bonificaciones 
fiscales del artículo 26 de la RSTA, es decir, el resto del país, era demasiado grande, demasiado 
ilimitada e insuficientemente demarcada para ser considerada una "región geográfica designada". 
Corea también hizo hin capié en que el programa se basaba  en criterios de admisibilidad neutrales 
y objetivos, de manera compatible con lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo 2 del 
Acuerdo  SMC, y constituía un instrumento de política eficaz para abordar la superpoblación y e l 
crecimiento urbano descontrolado. El Órgano de Apelación rechazó los argumentos de Corea. 
Observó que la expresión "región geográfica" que figuraba en el texto del párrafo 2 del artículo 2 
no estaba condicionada en forma alguna; por lo tanto, cualquier e xtensión de tierra identificada 
dentro de la jurisdicción de una autoridad otorgante, independientemente de su superficie, podía 
constituir una región geográfica. Como los límites de la zona incluida en el ámbito de aplicación del 
programa de bonificacione s fiscales del artículo 26 de la RSTA estaban claramente delimitados en 
la reglamentación pertinente, el Órgano de Apelación no vio motivo alguno para que esa extensión 
de tierra identificada no pudiera ser considerada una región geográfica designada. El Ó rgano de 
Apelación también explicó que una subvención que establezca criterios de admisibilidad neutrales 
y objetivos con respecto a una determinada región, de conformidad c on el párrafo 1 b) del 
artículo  2, puede no obstante ser regionalmente específica e n el marco del párrafo 2 del artículo 2. 
Por último, el Órgano de Apelación observó que los Miembros eran libres, en principio, de 
perseguir objetivos legítimos, como abordar la superpoblación y el crecimiento urbano 
descontrolado, mediante medidas distint as de los programas de subvenciones, tales como 
reglamentaciones de zonificación o prohibiciones de construir en determinadas zonas. 
Sin embargo, cuando optaban por hacerlo mediante la concesión de subvenciones regionalmente 
específicas, se aplicaban las d isciplinas del Acuerdo SMC.  WT/AB/27  
 
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  En resumen, el Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial en que el programa de 
bonificaciones fiscales del artículo 26 de la RSTA designaba efectivamente la región donde debían 
hacerse las inversiones admisibles pertin entes para poder obtener la subvención en cuestión, con 
lo cual "se limit[a ba] a determinadas empresas situadas en una región geográfica designada" de la 
jurisdicción de Corea. Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo 
Especial de que la determinación de especificidad regional formulada por el USDOC con respecto al 
programa de bonificaciones fiscales en virtud del artículo 26 de la RSTA no era incompatible con el 
párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo  SMC. 
Corea también alegó  que, al articular sus constataciones sobre la especificidad regional, el Grupo 
Especial no había examin ado adecuadamente la determinación formulada por el USDOC y, por 
consiguiente, no había hecho una evaluación objetiva del asunto que se le había sometid o y había 
actuado de manera incompatible con las obligaciones que le imponía el artículo 11 del ESD. El 
Órgano de Apelación observó que las alegaciones de Corea en el marco del párrafo 2 del artículo 2 
no se referían a cómo evaluó el  USDOC las pruebas de q ue disponía, ni exigían que el Grupo 
Especial analizara minuciosamente los detalles de la determinación del  USDOC ni los hechos que 
constaban en el expediente de la investigación. Más bien, la esencia de la argumentación de Corea 
se refería a la interpreta ción de los párrafos 1 b)  y 2 del artículo 2 del Acuerdo SMC. Como el 
Grupo Especial había examinado todos estos argumentos interpretativos, el Órgano de Apelación 
constató que el Grupo Especial no había actuado de manera incompatible con sus deberes a ten or 
del artículo 11 del ESD al articular sus constataciones sobre la especificidad regional.  
4.5.2.2   Confirmación por el Grupo Especial de la determinación del  USDOC de que las 
bonificaciones fiscales recibidas por Samsung en virtud de los artículos 10(1)(3) y 26 d e 
la RSTA no estaban vinculadas a ningún producto concreto  
Corea alegó que, al confirmar la determinación del USDOC de que las bonificaciones fiscales 
recibidas por Samsung en virtud de los artículos 10(1)(3) y 26 de la RSTA no estaban vinculadas a 
product os concretos, el Grupo Especial había incurrido en error en su interpretación y aplicación 
del párrafo 4 del artículo 19 del Acuerdo SMC y el párrafo 3 del artículo VI del GATT de  1994. 
En primer lugar, Corea adujo que, al centrar la atención en el uso pre tendido por Samsung de los 
beneficios de las bonificaciones fiscales, tanto el USDOC como el Grupo Especial habían aplica do 
un criterio de vinculación incorrecto. En segundo lugar, Corea sostuvo que el Grupo Especial había 
incurrido en error al confirmar l a desestimación por el USDOC de determinadas pruebas 
presentadas por Samsung que habrían permitido al USDOC separar los gastos admisibles y las 
bonificaciones fiscales conexas resultantes para la división comercial de electrodomésticos digitales 
de Samsung . 
El Órgano de Apelación señaló que tanto la determinación del USDOC como el razonamiento del 
Grupo Especial implicaban un análisis en dos etapas. En primer lugar, ambos habían aplica do un 
criterio conforme al cual una subvención está vinculada a un produc to solamente si la autoridad 
otorgante conoce el uso que se pretende hacer de esa subvención, y deja constancia de ello antes 
de la concesión de la subvención o en el momento de concederla. En segundo lugar, teniendo 
presente ese criterio, ni el USDOC ni e l Grupo Especial habían considera do necesario tener en 
cuenta algunas pruebas presentadas por Samsung, que supuestamente mostraban la cuantía de 
los gastos admisibles realizados por la división comercial de electrodomésticos digitales, así como 
las bonific aciones fiscales que generaron esos gastos de conformid ad con los artículos 10(1)(3) 
y 26 de la RSTA. Por consiguiente, el Órgano de Apelación consideró útil examinar cada una de 
estas dos etapas analíticas por turno . 
Con respecto al criterio aplicado por el USDOC y respaldado por el Grupo Especial, el Órgano de 
Apelación declaró que una subvención estaba vinculada a un producto determinado si la concesión 
de esa subvención estaba conectada o supeditada a la producción o venta del producto en 
cuestión. La e valuación de si existe esta conexión o relación condicional dependerá 
inevitablemente de las circunstancias específicas de cada caso. Al hacer esa evaluación, la 
autoridad investigadora debe examinar el diseño, la estructura y el funcionamiento de la medid a 
por la que se concede la subvención en cuestión y tener en cuenta todos los hechos pertinentes 
que rodean la concesión de esa subvención. En este contexto, el Órgano de Apelación consideró 
que el criterio aplicado por el USDOC y respaldado por el Grupo E special implicaba que una 
subvención no podía estar vinculada a un producto si: i) la contribución financiera se confería al 
receptor después de que se hubieran producido las actividades admisibles; y ii) el receptor no WT/AB/27  
 
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  estaba obligado a gastar los benefic ios de la subvención en el mismo tipo de actividades que 
dieron derecho a obtener la subvención.  
El Órgano de Apelación consideró que el hecho de que el receptor obtuviera los beneficios de una 
subvención antes, al mismo tiempo, o después de llevar a cabo las actividades admisibles no era, 
en sí y por sí mismo, decisivo para determinar si esa subvención estaba vinculada a un producto 
determinado. En todas esas situaciones, la concesión de una subvención puede estar conectada o 
supeditada a la producción o v enta de un determinado producto. De hecho, incluso cuando esa 
subvención funciona de una manera por medio de la cual el receptor obtendrá los beneficios 
después de que se haya producido la actividad admisible, la expectativa de obtener esos beneficios 
puede inducir al receptor a participar en la producción o venta del producto que origina el derecho 
a obtenerlos. El Órgano de Apelación observó que los beneficios que se derivaban de determinados 
tipos de contribución financiera, como las donaciones o los pré stamos, se abonaban normalmente 
antes de que el receptor llevase a cabo una determinada actividad; en cambio, los beneficios de 
otros tipos de contribuciones financieras, como el efectivo ahorrado como resultado de 
bonificaciones fiscales y otras formas de  ingresos condonados, se obtenían normalmente después 
de que el receptor hubiera empezado a tener derecho a recibirlos o hubiera llevado a cabo la 
actividad admisible. Excluir la existencia de una vinculación a productos específicos siempre que el 
receptor  obtenga los beneficios de una subvención después de haber llevado a cabo las actividades 
admisibles podría dar lugar a una distinción injustificada entre esos diferentes tipos de 
contribuciones financieras.  
De manera similar, el Órgano de Apelación no est aba convencido por el enfoque del USDOC y del 
Grupo Especial sobre el uso que el receptor pretendía dar a los beneficios de la subvención. Según 
el Órgano de Apelación, el hecho de que una contribución  financiera , una vez percibida por el 
receptor, pueda d edicarse a actividades distintas de aquellas para las que se concedió no es en sí 
y por sí mismo suficiente para excluir la existencia de una vinculación a productos específicos. 
Salvo que en un programa de subvenciones se determine expresamente la forma e n que el 
receptor tiene que gastar los beneficios de la subvención, el receptor siempre tendrá libertad, en 
principio, para financiar actividades referidas a productos específicos con recursos distintos de los 
proporcionados por la autoridad otorgante. Por  consiguiente, según el criterio del USDOC y del 
Grupo Especial, difícilmente se podría considerar nunca que una subvención esté vinculada a un 
producto concreto, porque el receptor podría eludir esa vinculación gastando los beneficios en 
actividades difer entes. Para el Órgano de Apelación, una indagación adecuada de la existencia de 
una vinculación a productos específicos exige un análisis minucioso del diseño, la estructura y el 
funcionamiento de la subvención en cuestión. Sobre la base de esta evaluación , puede constatarse 
que una subvención que no restrinja la utilización por el receptor de los beneficios de una 
contribución financiera está, no obstante, vinculada a un determinado producto si, por ejemplo, 
induce al receptor a participar en actividades c onectadas a ese producto.  
A continuación, el Órgano de Apelación pasó a la confirmación por el Grupo Especial de la 
desestimación realizada por el  USDOC de determinadas pruebas presentadas por Samsung. 
El Órgano de Apelación recordó que el USDOC debía eval uar todas las pruebas pertinentes para su 
indagación de la existencia de una vinculación a productos específicos, y proporcionar una 
explicación razonada y adecuada para su determinación. El Órgano de Apelación consideró que, 
para desempeñar dichas funcion es, el USDOC debería haber examinado la s prueba s presentada s 
por Samsung, lo que supuestamente le habría permitido separar los gastos admisibles y las 
bonificaciones fiscales conexas resultantes para la división comercial de electrodomésticos 
digitales. El  hecho de que dichas pruebas se hubieran creado ad hoc  para la investigación en 
materia de derechos compensatorios Lavadoras  y no fueran exigidas expresamente en virtud de la 
legislación coreana en cuestión, a saber, los artículos 10(1)(3) y 26 de la RSTA,  no era suficiente 
para eximir al  USDOC de su deber de examinarlas. Por consiguiente, el Órgano de Apelación 
constató que, al desestimar demasiado pronto la pertinencia de esa s prueba s, el USDOC no había 
evalu ado todas las pruebas pertinentes, y que, al ac eptar la desestimación por el USDOC de esa s 
prueba s, el Grupo Especial había conclu ido erróneamente que las explicaciones que dio el USDOC 
eran razonadas y adecuadas.  
En resumen, el Órgano de Apelación concluyó que el Grupo Especial: i) había respald ado 
indebidamente el criterio de la vinculación erróneo aplicado por el USDOC en la investigación en 
materia de derechos compensatorios Lavadoras ; y ii) había aceptado  indebidamente la 
desestimación por el USDOC de determinadas pruebas presentadas por Samsung qu e podían ser 
pertinentes para indagar sobre  la existencia de una vinculación a productos específicos. P or WT/AB/27  
 
- 89 - 
 
  consiguiente, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que la 
determinación del  USDOC de que las bonificaciones fiscales re cibidas por Sam sung en virtud de los 
artículos  10(1)(3) y 26 de la RSTA no estaban vinculadas a ningún producto concreto no era 
incompatible con el párrafo 4 del artículo 19 del Acuerdo SMC y e l párrafo 3 del artículo VI 
del GATT de  1994, y constató, en lu gar de ello, que la determinación del USDOC era incompatible 
con esas disposiciones.  
4.5.2.3   Confirmación por el Grupo Especial de la asignación por el USDOC de las 
bonificaciones fiscales recibidas por Samsung en virtud del artículo 10(1)(3) de la RSTA 
únicamente  a la producción nacional de Samsung  
Corea alegó en apelación que, al confirmar la asignación por el USDOC de las bonificaciones 
fiscales recibidas por Samsung en virtud del artículo 10(1)(3) de la RSTA únicamente a la 
producción nacional de Samsung, el Gr upo Especial había incurrido en error en su interpretación y 
aplicación del párrafo 4 del artículo 19 del Acuerdo SMC y el párrafo 3 del artículo VI del GATT 
de 1994. En particular, Corea sostuvo que el Grupo Especial había confirmado  indebidamente la 
asignación presunta por el USDOC de las subvenciones a la producción nacional, y recalcó que, en 
el curso de la investigación en materia de derechos compensatorios Lavadoras, Samsung había 
present ado argumentos y pruebas que refutaron eficazmente esa presunció n. 
El Órgano de Apelación señaló que los productos subvencionados pertinentes para calcular la 
subvención por unidad son aquellos fabricados, producidos o exportados por el receptor. Sin 
embargo, según el Órgano de Apelación, nada en el Acuerdo SMC indica que esos productos deban 
limitarse a los producidos por el receptor dentro de la jurisdicción del Miembro que concede la 
subvención. Por el contrario, una subvención se puede conceder a la producción efectuada por el 
receptor fuera de la jurisdicción del M iembro que la concede. Por ejemplo, si el receptor es una 
empresa multinacional con instalaciones ubicadas en múltiples países, los productos 
subvencionados pueden incluir, según las circunstancias del caso, la producción de esa empresa en 
esos múltiples p aíses. Con el fin de identificar correctamente los productos subvencionados, las 
autoridades investigadoras deberían examinar las pruebas y los argumentos presentados por las 
partes interesadas, así como los hechos específicos que rodearon la concesión de la subvención en 
cuestión.  
En este contexto, el Órgano de Apelación no estaba convencido por la declaración del Grupo 
Especial de que cualquier efecto positivo que pudieran tener las actividades de investigación y 
desarrollo de Samsung realizadas en Corea en la producción de Samsung en el exterior no 
constituía un beneficio en el sentido del párrafo 1 b) del artículo 1 del Acuerdo SMC. Para el 
Órgano de Apelación, la identificación del receptor del "beneficio" es distinta de, y no debe 
prejuzgar, el cálculo  de la cuantía de la subvención que se ha concedido a los productos 
producidos por el receptor, con el fin de determinar debidamente la cuantía del derecho 
compensatorio que se debe imponer a esos productos de conformida d con el párrafo 4 del 
artículo  19 del Acuerdo SMC y el párrafo 3 del artículo VI del GATT de  1994. Por consiguiente, el 
hecho de que Samsung sea la receptora del beneficio que se deriva de la concesión de las 
subvenciones en virtud del artículo 10(1)(3) de la  RSTA no excluye, en y por sí mi smo, la 
constatación de que esas subvenciones también se pueden asignar a la producción de las filiales 
de Samsung en el exterior. Por consiguiente, el Órgano de Apelación consideró que el Grupo 
Especial había confundi do indebidamente el concepto de "recep tor de la subvención" en el sentido 
del artículo 1 del Acuerdo SMC con el de "producto subvencionado" a los efectos de calcular la 
subvención por unidad de conformidad con el párrafo 4 del artículo 19 del Acuerdo SMC y el 
párrafo 3 del artículo VI del GATT  de 1994.  
De modo similar, el Órgano de Apelación no estaba convencido por la confirmación por el Grupo 
Especial de la asignación presunta por el USDOC de las subvenciones a la producción nacional de 
Samsung. Aunque en principio esa presunción era refutabl e, la única forma de hacerlo era que 
Samsung demostrara que el Gobierno de Corea indicó explícitamente, en los documentos de 
solicitud y/o de aprobación, que la subvención se concedía para más que la producción nacional. 
El Órgano de Apelación consideró qu e la intención declarada de la autoridad que otorgaba la 
subvención, demostrada por los términos de la medida por la que se concedía  la subvención, no 
podía ser el único factor pertinente para la asignación de esa subvención a los productos 
fabricados por el receptor en el contexto de calcular la subvención por unidad. E n su lugar, 
el USDOC debería haber evaluado los argumentos y las pruebas de Samsung que, supuestamente, 
le habrían permitido asignar las bonificaciones fiscales que Samsung recibió en virtud  del WT/AB/27  
 
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  artículo  10(1)(3) de la RSTA a su producción en todo el mundo. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación concluyó que, al centrarse únicamente en los términos de la medida, el USDOC no había 
evalu ado todas las pruebas pertinentes, y que, al aceptar la determinación del USDOC, el Grupo 
Especial había conclu ido erróneamente que las explicaciones que dio el USDOC eran razonadas y 
adecuadas.  
En resumen, el Órgano de Apelación concluyó que el Grupo Especial: i) había mezcl ado 
erróneamente el concepto de "rec eptor del beneficio" con el concepto de "producto 
subvencionado"; y ii) había condonado  indebidamente el hecho de que el USDOC no hubiera 
evaluado todos los argumentos y pruebas presentados por las partes interesadas y otros hechos 
pertinentes que rodearon  la concesión de las bonificaciones fiscales en virtud del artículo 10(1)(3) 
de la RSTA. Por  consiguiente, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de 
que la asignación por el USDOC de las bonificaciones fiscales recibidas por Samsu ng en virtud del 
artículo 10(1)(3) de la RSTA exclusivamente a la producción nacional de Samsung no era 
incompatible con el párrafo 4 del artículo 19 del Acuerdo SMC y e l párrafo 3 del artículo VI 
del GATT de  1994, y constató, en lugar de ello, que la dete rminación del USDOC era incompatible 
con esas disposiciones.  
4.6  Informe del Órgano de Apelación, Unión Europea - Medidas antidumping sobre el 
biodiésel procedente de la Argentina , WT/DS473/AB/R  
Esta diferencia se refería a una impugnación de la Argentina cont ra dos conjuntos de medidas 
adoptadas por la Unión Europea: i) la medida antidumping sobre  las importaciones de biodiésel 
originario de la Argentina; y ii) el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento 
(CE) Nº 1225/2009 del Consejo, de 30  de noviembre de  2009, relativo a la defensa contra las 
importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad 
Europea (Reglamento de base).  
La medida antidumping impuesta por la Unión Europea sobre las importaciones de bi odiésel 
originario de la Argentina fue adoptada tras la conclusión de una investigación antidumping sobre 
las importaciones de biodiésel originario de la Argentina e Indonesia. La Comisión Europea inició la 
investigación a raíz de una denuncia del Consejo Europeo de Biodiésel (EBB). L as autoridades de 
la UE constataron que, como el mercado de biodiésel en la Argentina estaba muy regulado por el 
Estado, las ventas de biodiésel en el mercado interno no se hacían en el curso de operaciones 
comerciales normales . Por este motivo, las autoridades de la UE reconstruyeron el valor normal del 
biodiésel originario de la Argentina tomando como base los costos de producción del biodiésel más 
una cantidad razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrati vos. 
Las autoridades de la UE también constataron que la soja es la principal materia prima que se 
compra y se utiliza para producir biodiésel en la Argentina. No se discutía que el costo de las 
materias primas era el mayor componente del costo en la produ cción de biodiésel.  
Al reconstruir el valor normal en el Reglamento provisional, las autoridades de la UE señalaron la 
alegación formulada por el EBB de que, con arreglo al sistema de tasas diferenciales a la 
exportación de la Argentina, la Argentina impon ía tasas diferenciales a las exportaciones de soja, 
aceite de soja y biodiésel, y , concretamente, que  las tasas impuestas a las exportaciones de las 
materias primas eran superiores a las impuestas a las exportaciones del producto acabado. El EBB 
alegó que el sistema de tasas diferenciales a la exportación reducía el precio interno de la soja y el 
aceite de soja y, por lo tanto, distorsionaba los costos de producción de los productores de 
biodiésel en la Argentina. Sin embargo, las autoridades de la UE consi deraron que, debido a falta 
de información en ese momento, la cuestión de si los registros de los productores argentinos de 
biodiésel reflejaban razonablemente los costos asociados a la producción de biodiésel se 
examinaría de nuevo en la fase definitiva. Por tanto, pese a la alegación del EBB, las autoridades 
de la UE utilizaron los costos reales de la soja indicados en los registros de los productores 
argentinos al calcular el valor normal reconstruido del biodiésel.  
En el Reglamento definitivo, las autor idades de la UE constataron que el sistema de tasas 
diferenciales a la exportación en la Argentina reducía el precio interno de la soja y el aceite de soja 
a un nivel artificialmente bajo que afectaba a los costos de los productores argentinos de biodiésel . 
Las autoridades de la UE determinaron que los precios internos de la soja y el aceite de soja eran 
en lo esencial equivalentes a los precios internacionales menos los gastos de exportación y la 
cuantía del impuesto a la exportación. Por consiguiente, las  autoridades de la UE concluyeron que 
los costes de la principal materia prima no se reflejaban de forma razonable en los registros de los WT/AB/27  
 
- 91 - 
 
  productores argentinos investigados. En consecuencia, las autoridades de la UE decidieron revisar 
la reconstrucción d el valor normal del Reglamento provisional y no tener en cuenta los costes 
reales de la soja comunicados por los productores argentinos en sus registros. En lugar de ello, 
esos costos reales fueron reemplazados por un precio sustitutivo de la soja en la Argentina , a 
saber, la media de los precios de referencia de la soja publicados por el Ministerio de Agricultura 
argentino para la exportación f .o.b. Argentina, menos los costos de fobbing, durante el período de 
investigación.  
Además, en el Reglamento defini tivo se confirmaron las constataciones provisionales de dumping, 
daño y relación causal, aunque se modificaron algunos de sus aspectos. En particular, las cifras 
correspondientes a dos de los indicadores macroeconómicos examinados por las autoridades de 
la UE -la capacidad de producción y la tasa de utilización de la capacidad de la rama de producción 
de la UE - fueron modificadas a la luz de los datos revisados presentados por el EBB con 
posterioridad al Reglamento provisional. El EBB alegó que los datos an teriormente presentados con 
respecto a la capacidad de producción total de la UE incluían la capacidad no utilizada y en 
consecuencia debían reducirse. Las autoridades de la UE aceptaron los datos revisados sobre la 
capacidad de producción presentados por el EBB, lo que hizo que en el Reglamento definitivo se 
ajustaran a la baja las cifras de la capacidad de producción y se ajustaran al alza las tasas de la 
utilización de la capacidad.  
El Reglamento de base es el instrumento jurídico básico de la UE en mate ria de defensa contra las 
importaciones objeto de dumping por parte de países que no son Estados miembros de la Unión 
Europea. Contiene texto que es idéntico o similar al utilizado en el Acuerdo Antidumping, así como 
otras disposiciones y detalles que care cen de equivalente directo en el Acuerdo Antidumping. El 
apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base contiene cuatro párrafos. El párrafo segundo del 
apartado 5 del artículo 2 dispone que, "[s]i los costes asociados con la producción y venta del 
produ cto investigado no se reflejan razonablemente en los registros de la parte afectada, se 
ajustarán o se establecerán sobre la base de los costes de otros productores o exportadores en el 
mismo país o, cuando tal información no esté disponible o no pueda uti lizarse, sobre cualquier otra 
base razonable, incluida la información de otros mercados representativos".  
Ante el Grupo Especial, la Argentina alegó que la medida antidumping sobre el biodiésel era 
incompatible con varias disposiciones del Acuerdo Antidump ing y del GATT de 1994. 
Concretamente, la Argentina alegó que la Unión Europea había actuado de manera incompatible 
con: i)  el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no calcular el costo de producción 
del producto investigado sobre la base  de los registros que llevaban los productores argentinos, y 
al incluir costos no asociados a la producción y venta de biodiésel en el cálculo del costo de 
producción; ii) el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el  párrafo 1 b) ii) del 
artícu lo VI del GATT de  1994 al no reconstruir el valor normal de las exportaciones de biodiésel 
sobre la base del costo de producción en el país de origen; iii)  el párrafo 2 y el párrafo 2.2 iii) del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no basar el margen de b eneficio como componente del valor 
normal reconstruido en un método razonable en el sentido del párrafo 2.2 iii) del artículo 2; iv)  el 
párrafo  4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no tener debidamente en cuenta las diferencias 
que influían en la co mparabilidad de los precios y en consecuencia impedir que se realizara una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación; v ) el párrafo 3 del 
artículo  9 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del  GATT de  1994 al es tablecer 
derechos antidumping en exceso de los márgenes de dumping que deberían haberse establecido 
de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping; vi)  los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping con respecto a la determinación de l a existencia de daño efectuada por las 
autoridades de la UE; y vii)  los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping con respecto 
al análisis de la no atribución realizado por las autoridades de la UE y su constatación de que el 
daño sufrido por l a rama de producción nacional de la UE no era resultado de factores distintos de 
las importaciones objeto de dumping.  
Además, la Argentina alegó que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento 
de base era incompatible "en sí mismo" con:  i) el párrafo 2.1.1 del artículo 2 y, como 
consecuencia, el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y e l párrafo 1 b) ii) del 
artículo  VI del GATT de  1994 al disponer que las autoridades rechazarán o ajustarán los datos 
sobre costos incluidos en los registros de los productores o exportadores investigados cuando esos 
costos reflejen precios que sean "anormal o artificialmente bajos" como consecuencia de una 
supuesta distorsión del mercado; ii) el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el 
párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994 al disponer que los costos se ajustarán o se WT/AB/27  
 
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  establecerán en determinados casos sobre cualquier otra base razonable, incluida la información 
de otros mercados representativos; y, como consecuencia, iii) el párrafo 4 del artículo XVI del 
Acuerdo sobre la OMC y el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping.  
Con respecto a las alegaciones contra la medida antidumping sobre el biodiésel, el Grupo Especial 
constató que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 2.1.1 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no calcular el costo de producción del producto investigado 
sobre la base de los registros llevados por los productores. El Grupo Especial también constató que 
la Unión Euro pea había actuado de manera incompatibl e con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de  1994 al utilizar, en la reconstrucción 
del valor normal, un "costo" que no era el costo vigente en la Argenti na. Además, el Grupo 
Especial constató que la Argentina no había establecido que la Unión Europea había actuado de 
manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no realizar una 
comparación equitativa entre el valor normal y  el precio de exportación. Además, el Grupo Especial 
constató que la Unión Europea h ubiera actuado de manera incompatibl e con el párrafo 3 del 
artículo  9 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994 al establecer 
derechos antidum ping en exceso del margen de dumping que debería haberse establecido de 
conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Por último, el Grupo Especial constató que 
la Argentina no había establecido que el análisis de la no atribución realizado por la  Unión Europea 
fuese incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.  
Con respecto a las alegaciones relativas al párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del 
Reglamento de base, el Grupo Especial constató que la Argentina n o había establecido que el 
párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base fuera incompatible "en sí 
mismo" con el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. El Grupo Especial también 
constató que la Argentina no había estab lecido que el párrafo segundo del apartado 5 del 
artículo  2 del Reglamento de base fuera incompatible "en sí mismo" con el párrafo 2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping y con el párrafo  1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994. Por último, el 
Grupo Esp ecial constató que el párrafo segu ndo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de 
base no era incompatible con el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC y el párrafo 4 
del artículo 18 del Acuerdo Antidumping.  
4.6.1   Alegaciones relativas a la med ida antidumping sobre las importaciones de 
biodiésel procedente de la Argentina  
4.6.1.1   Determinación de la existencia de dumping  
4.6.1.1.1   Párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping  
La Unión Europea apeló la constatación del Grupo Especial de que la Unión Europea  había actuado 
de manera incompatible con el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no calcular 
el costo de producción del producto investigado sobre la base de los registros llevados por los 
productores. El Órgano de Apelación interpretó en primer lugar la segunda condición prevista en la 
primera frase del párrafo 2.1.1 del artículo 2, antes de examinar distintas alegaciones de error 
planteadas por la Unión Europea relativas a la interpretación y aplicación de dicha disposición por 
el Grup o Especial.  
4.6.1.1.1.1   La segunda condición de la primera frase del párrafo 2.1.1 del artículo 2  
El Órgano de Apelación señaló que las autoridades de la UE se había n apoya do explícitamente en 
la segunda condición, a saber, que los registros "reflejen razonablemente l os costos asociados a la 
producción y venta del producto considerado", para descartar los registros que llevaban los 
productores argentinos objeto de investigación en la medida en que se referían al costo de la soja. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelació n declaró que, a efectos de resolver esta diferencia, era el 
sentido de esa condición lo que debía determinarse, y no si había otras circunstancias en las que 
no se aplicaría la obligación establecida en la primera frase del párrafo  2.1.1 del artículo 2.  
El Órgano de Apelación consideró que la expresión "costos asociados a la producción y venta del 
producto considerado", leída junto con la referencia a los "registros que lleve el exportador o 
productor objeto de investigación", deja claro que la segunda con dición se refiere a los costos en 
que haya incurrido el exportador o productor investigado que tengan una relación con la WT/AB/27  
 
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  producción y venta del producto considerado. Además, el Órgano de Apelación señaló que eran los 
registros de los exportadores o produc tores individuales objeto de investigación los que estaban 
sujetos a la condición de reflejar razonablemente los costos. Pasando al contexto pertinente, el 
Órgano de Apelación comparó las dos condiciones de la primera frase  del párrafo 2.1.1 del 
artículo  2 y señaló que la primera condición se refería a las prácticas generales de contabilidad y 
presentación de informes del exportador o productor, mientras que la segunda condición se refería 
al reflejo razonable de los costos asociados a la producción y venta  del producto considerado en un 
procedimiento antidumping específico.  
El Órgano de Apelación consideró que la forma en que entendía la segunda condición de la primera 
frase del párrafo 2.1.1 del artículo 2 se veía confirmada por la segunda y tercera frases  del 
párrafo  2.1.1 del artículo 2 y la nota 6 del Acuerdo Antidumping, que establecían las normas para 
la imputación y ajuste de los costos. A juicio del Órgano de Apelación, las imputaciones y los 
ajustes de los costos que se contemplan en esas disposicio nes permiten que la autoridad 
investigadora obtenga un cálculo más exacto de los costos asociados al producto considerado 
correspondientes al productor o exportador específico asegurándose o cerciorándose de que existe 
una relación auténtica entre los cost os reflejados en los registros del exportador o productor y los 
costos asociados a la producción y venta del producto considerado específico. Para el Órgano de 
Apelación, este contexto respalda el punto de vista de que la segunda condición de la primera 
frase del párrafo  2.1.1 del artículo 2 se refiere a si los registros del exportador o productor se 
corresponden de manera adecuada y suficiente con los costos que tienen una relación auténtica 
con la producción y venta del producto considerado específico, o reproducen esos costos de 
manera adecuada y suficiente. El Órgano de Apelación constató que el párrafo 2 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping también proporcionaba apoyo contextual a su interpretación. En particular, 
el párrafo 2 del artículo 2 se refier e al establecimiento de un valor normal mediante un dato 
sustitutivo adecuado del precio del producto similar en el curso de operaciones comerciales 
normales en el mercado interno del país exportador. Para el Órgano de Apelación, esto respalda la 
opinión d e que la condición en cuestión se refiere a los costos que tienen una relación auténtica 
con la producción y venta del producto considerado, puesto que esos son los costos que 
constituirían la base del precio del producto similar si este se vendiera en el curso de operaciones 
comerciales normales en el mercado interior.  
El Órgano de Apelación consideró que el objeto y fin del Acuerdo Antidumping era reconocer el 
derecho de los Miembros a adoptar medidas antidumping para contrarrestar el dumping causante 
de daño, imponiendo, a la vez, condiciones sustantivas y normas de procedimiento detalladas a las 
investigaciones antidumping y a la imposición de medidas antidumping. El Órgano de Apelación 
concluyó que su interpretación de la segunda condición de la primera  frase del párrafo  2.1.1 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping era coherente con ese objeto y fin.  
En resumen, el Órgano de Apelación entendió que la segunda condición de la primera frase del 
párrafo  2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping se refería  a si los registros que llevase el 
exportador o productor se correspondían de manera adecuada y suficiente con los costos en que 
hubiese incurrido el exportador o productor investigado que tenían una relación auténtica con la 
producción y venta del product o considerado específico, o reproducían esos costos de manera 
adecuada y suficiente.  
4.6.1.1.1.2   La cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación y 
aplicación del párrafo 2.1.1 del artículo 2  
La Unión Europea alegó que el Grupo Especial había  incurrido en error al constatar que la segunda 
condición de la primera frase del párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping hacía 
referencia a los costos reales en que hubiera incurrido el exportador o productor investigado. 
El Órgano de Apelaci ón consideró que, aunque el párrafo  2.1.1 del artículo 2 no hacía referencia 
explícita a los costos "reales", el Grupo Especial había declar ado que la condición de que se trataba 
guardaba relación con la cuestión de si los costos que figuraban en los regis tros de un productor o 
exportador se correspondían de manera exacta y fiable -dentro de límites aceptables - con todos 
los costos reales en que había incurrido el productor o exportador específico para el producto 
considerado. Leyendo el uso que había hecho el Grupo Especial de la palabra "reales" a la luz del 
razonamiento más amplio de las constataciones del Grupo Especial, el Órgano de Apelación 
entendió que el Grupo Especial había estimado que la segunda condición concernía a los costos en 
que hubiera inc urrido el exportador o productor investigado que estuvieran auténticamente 
relacionados con la producción y venta del producto considerado en una investigación antidumping WT/AB/27  
 
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  concreta. Por consiguiente, el Órgano de Apelación no consideró que el uso que había  hecho el 
Grupo Especial de la palabra "reales" fuera erróneo.  
La Unión Europea también alegó que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que la 
segunda condición de la primera frase del párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping no 
incluía un criterio general de razonabilidad. El Órgano de Apelación no vio en el párrafo 2.1.1 del 
artículo 2 ningún respaldo textual para este argumento. El Órgano de Apelación observó que en el 
párrafo 2.1.1 del artículo 2, el adverbio "razonablement e" modifica al verbo "reflejen", en una 
expresión en la que el sujeto de la frase es "los registros". En la medida en que los costos 
estuvieran auténticamente relacionados con la producción y venta del producto considerado en 
una investigación antidumping concreta, el Órgano de Apelación no consideró que existiera un 
criterio de razonabilidad adicional o abstracto que rigiese el sentido de la palabra "costos" en la 
segunda condición de la primera frase del párrafo 2.1.1 del artículo 2.  
El Órgano de Apelació n también abordó los múltiples casos distintos en los que la Unión Europea 
alegó que el Grupo Especial había incurrido en error al interpret ar la primera frase del 
párrafo  2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. El Órgano de Apelación mostró su 
desac uerdo con la Unión Europea y no consideró que el Grupo Especial hubiese incurrido en error 
en esos casos.  
A continuación, el Órgano de Apelación pasó a examinar la alegación de la Unión Europea de que 
el Grupo Especial había incurrido en error en su aplica ción de la disposición en cuestión a la 
medida antidumping sobre el biodiésel. Teniendo en cuenta que la Unión Europea no presentó 
ningún argumento que fuera distinto y diferente de sus argumentos relativos a los supuestos 
errores cometidos por el Grupo Es pecial al interpretar dicha disposición, el Órgano de Apelación se 
mostró de acuerdo con la constatación del Grupo Especial de que la Unión Europea había actuado 
de manera incompatible con el párrafo 2.1.1 del artículo 2 al no calcular el costo de producci ón del 
producto investigado sobre la base de los registros que llevaban los productores argentinos.  
Por lo tanto, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había incurrido en error en 
su interpretación o aplicación de la segunda condición de  la primera frase del párrafo 2.1.1 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping. En consecuencia, el Órgano de Apelación confirmó la 
constatación del Grupo Especial de que la Unión Europea había actuado  de manera incompatible 
con el párrafo 2.1.1 del artículo 2  al no calcular el costo de producción del producto investigado 
sobre la base de los registros llevados por los productores.  
4.6.1.1.2   Párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping  y párrafo 1 b) ii) del 
artículo  VI del GATT de  1994  
4.6.1.1.2.1   La cuestión de si el Grupo Esp ecial incurrió en error en su interpretación del 
párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el párra fo 1 b) ii) del artículo VI 
del GATT de  1994  
La Argentina alegó que el Grupo Especial había incurrido en error e n su interpretación del 
párrafo  2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT 
de 1994 al declarar que estas disposiciones no limitaban las fuentes de información que se podían 
utilizar al establecer los costos de producción. Para la Argentina, ya que  la expresión "costo de 
producción" se refiere a los gastos soportados en la producción del producto considerado en el país 
de origen, la información y las pruebas utilizadas para calcular dichos costos son necesariamente 
las correspondientes al país de or igen. 
El Órgano de Apelación consideró que cabía interpretar que la expresión "costo de producción ... 
en el país de origen" que figura en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y en el 
párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de  1994 hacía r eferencia al precio pagado o por pagar para 
producir algo dentro del país de origen. Estas disposiciones no contienen matizaciones adicionales 
que limiten las fuentes de información o pruebas únicamente a las fuentes existentes dentro del 
país de origen. N o obstante, la referencia a "en el país de origen" indica que, sea cual sea la 
información o pruebas que se utilicen para determinar el "costo de producción", deben permitir 
que se obtenga un costo de producción en el país de origen y ser apropiadas para e llo. Esto, a su 
vez, indica que tal vez sea necesario adaptar la información o las pruebas de fuera del país para 
garantizar que sean adecuadas para determinar un costo de producción en el país de origen.  WT/AB/27  
 
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  Pasando al contexto pertinente, el Órgano de Apelac ión consideró q ue la primera frase del 
párrafo  2.1.1 del artículo 2 no impedía utilizar en determinadas circunstancias información o 
pruebas procedentes de otras fuentes. En algunas circunstancias, es posible que la información 
consignada en los registros del exportador o productor investigado tenga que analizarse o 
verificarse utilizando documentos, información o pruebas de otras fuentes, incluidas fuentes de 
fuera del país de origen. Estas consideraciones respaldan el punto de vista de que en la 
determina ción del "costo de producción en el país de origen" que figu ra en el párrafo 2 del 
artículo  2 pueden tenerse en cuenta pruebas procedentes de fuera del país de origen. El Órgano de 
Apelación observó además  que el alcance de la obligación de calcular los co stos sobre la base de 
los registros establecida en la primera frase del párrafo 2.1.1 del artículo 2 era más reducido que 
el de la obligación de determinar el costo de producción en el país de origen establecida en el 
párrafo 2 del artículo 2. En circunsta ncias en las que la obligación establecida en la primera frase 
del párrafo 2.1.1 del artículo 2 no es aplicable, o cuando no se dispone de información pertinente 
del exportador o productor objeto de investigación, no se prohíbe a la autoridad investigadora  
basarse en información distinta de la contenida en los registros llevados por el exportador o 
productor, incluidas pruebas de dentro del país y de fuera del país. Ahora bien, esto no significa 
que una autoridad investigadora pueda sencillamente sustituir el costo de producción en el país de 
origen por los costos de fuera del país de origen. Sea cual sea la información que use, la autoridad 
investigadora tiene que asegurarse de que esa información se utiliza para llegar al costo de 
producción en el país de origen. El cumplimiento de esta obligación puede exigir que la autoridad 
investigadora adapte la información que recopile.  
En su apelación, la Unión Europea alegó que el Grupo Especial había incurrido en error en su 
interpretación del párrafo 2 del artícul o 2 del Acuerdo Antidumping. El Órgano de Apelación 
entendió que la alegación de error formulada por la Unión Europea al amparo del párrafo 2 del 
artículo 2 dependía de su alegación de error al amparo del párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumpin g. Como el Órgano de Apelación había constatado que el Grupo Especial no había 
incurrido en error en su interpretación del párrafo  2.1.1 del artículo 2, rechazó la alegación de la 
Unión Europea.  
Basándose en lo anterior, el Órgano de Apelación consideró qu e el Grupo Especial no había 
incurrido en error en su interpretación del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el 
párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de  1994.  
4.6.1.1.2.2   La cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error en su aplicación del 
párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping a la medida antidumping en litigio  
La Unión Europea alegó que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que la Unión 
Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 de l Acuerdo 
Antidumping al no utilizar el costo de producción en la Argentina cuando reconstruyó el valor 
normal del biodiésel. La Unión Europea adujo que el Grupo Especial no había reconocido que: i)  un 
precio derivado de un precio en la frontera podía cara cterizarse como precio internacional y como 
precio interno; y ii)  la sustracción de los costos de fobbing del precio de referencia publicado hacía 
que el precio sustitutivo de la soja utilizado por las autoridades de la UE fuera un sustituto 
razonable del precio de la soja en la Argentina que habría existido  de no ser por la distorsión 
causada por el sistema de tasas diferenciales a la exportación argentin o. 
El Órgano de Apelación consideró que los precios internos podían reflejar los precios mundiales y, 
en tales circunstancias, un precio en la frontera podría ser caracterizado simultáneamente como 
un precio internacional y como un precio interno. Sin embargo,  el Órgano de Apelación no 
consideró que el Grupo Especial no hubiese tenido en cuenta esas conside raciones. Por el 
contrario, el análisis del Grupo Especial se centró en la forma en que las autoridades de la UE 
entendieron el precio sustitutivo de la soja. Aparte de señalar la deducción de los costos de 
fobbing, la Unión Europea no había afirmado que l as autoridades de la UE hubieran adapta do, o 
siquiera hubieran considera do adaptar, la información utilizada en su cálculo para asegurarse de 
que representaba el costo de producción en la  Argentina. Por el contrario, las autoridades de la UE 
seleccionaron específicamente el precio sustitutivo de la soja para eliminar la distorsión percibida 
en el costo de la soja en la Argentina. Como declaró el Grupo Especial, las autoridades de la UE 
seleccionaron y utilizaron esta información en particular precisamente p orque no representaba el 
costo de la soja en la Argentina. En consecuencia, el Órgano de Apelación mostró su acuerdo con 
el Grupo Especial en que el precio sustitutivo de la soja utilizado por las autoridades de la UE no 
representaba el costo de la soja en  la Argentina para los productores o exportadores de biodiésel. WT/AB/27  
 
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  Por consiguiente, el Órgano de Apelación no consideró que la Unión Europea hubiera establecido 
que el Grupo Especial hubiera incurrido en error en su aplicación del párrafo 2 del artículo 2 de l 
Acuerdo Antidumping al constatar que la Unión Europea había actuado de manera incompatible 
con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el párrafo  1 b) ii) del artículo VI del GATT 
de 1994 al no utilizar el costo de producción en la Argentin a cuando reconstruyó el valor normal 
del biodiésel. En consecuencia, el Órgano de Apelación confirmó esas constataciones del Grupo 
Especial.  
4.6.1.1.3   Párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping  
La Argentina apeló respecto de la constatación del Grupo Especial de que la Argentina no había 
estableci do que la Unión Europea hubiera actuado de manera incompatible con el párrafo 4 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no tener debidamente en cuenta las diferencias que influían 
en la comparabilidad de los precios en el sentido de esta disposición. La Argentina alegó que el 
Grupo Especial había incurrido en error en su interpretación del párrafo 4 del artículo 2 porque el 
Grupo Especial había articul ado una tesis general que no estaba resp aldada por el texto del 
párrafo 4 del artículo 2 ni por constataciones pertinentes del Órgano de Apelación en diferencias 
anteriores. La Argentina sostuvo que el Grupo Especial también había incurrido en error en su 
aplicación del párrafo 4 del artículo 2.  
El Órgano de Apelación obs ervó que el Grupo Especial había interpret ado que las constataciones 
del Órgano de Apelación en CE - Elementos de fijación (China) (párrafo 5 del artículo 21 - China)  
eran coherentes con la tesis general de que las diferencias resultantes del método aplica do para 
establecer el valor normal no pueden, en principio, ser impugnadas al amparo del párrafo 4 del 
artículo 2 como "diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios ". El Órgano de 
Apelación declaró que no coincidía con el punto de vista del  Grupo Especial de que el informe del 
Órgano de Apelación en esa diferencia cont uviera tal tesis general. Más bien, el razonamiento 
seguido en dicho informe se ajustaba a las circunstancias de esa diferencia, en la que el párrafo 4 
del artículo 2 del Acuer do Antidumping tenía que interpretarse en el contexto de la segunda Nota 
al párrafo 1 del artículo VI del GATT de  1994 y del apartado a) de la sección 15 del Protocolo de 
Adhesión de China. El Órgano de Apelación insistió en que ninguna de estas disposicio nes era 
pertinente a los efectos de esta diferencia. Además, el Órgano de Apelación declaró que tendría 
serias reservas acerca de lo que el Grupo Especial había denomin ado "tesis general", teniendo en 
cuenta que el propio texto del párrafo 4 del artículo 2  establecía claramente que se tendrían 
debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares.  
Tras recordar que había confirmado las constataciones del Grupo Especial de que las autoridades 
de la UE había n actua do de manera incompatible  con los párrafos 2.1.1 y 2 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping al reconstruir el valor normal, y a pesar de sus reservas acerca de 
determinados aspectos del análisis realizado por el Grupo Especial en el marco del párrafo 4 del 
artículo 2 del Acuerdo A ntidumping, el Órgano de Apelación no consideró útil, en las circunstancias 
particulares de esta diferencia, examinar además si las autoridades de la UE tampoco habían 
realiza do una comparación equitativa al comparar el valor normal reconstruido con el pre cio de 
exportación. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que era innecesario pronunciarse 
sobre la alegación de la Argentina en cuestión.  
4.6.1.2   Establecimiento de derechos antidumping - párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo 
Antidumping  
La Unión Europ ea apeló la constatación del Grupo Especial según la cual la Unión Europea había 
actuado de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el 
párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994 al establecer derechos antidumping en ex ceso de los 
márgenes de dumping que deberían haberse establecido de conformidad con el artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo VI del GATT de  1994, respectivamente. La Unión 
Europea a dujo que el Grupo Especial había incurrido en erro r en su interpretación y aplicación del 
párrafo 3 del artículo 9: i) al considerar que esta disposición exigía una comparación entre la 
cuantía de los derechos y los márgenes de dumping que deberían haberse calculado de manera 
compatible con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping, y que una infracción del artículo 2 
conllevaba automáticamente una infracción del párrafo 3 del artículo 9; y ii) al basarse en los 
márgenes de dumping calculados en el Reglamento provisional al aplicar el párrafo 3 del artículo 9 
a los hechos de esta diferencia.  WT/AB/27  
 
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  El Órgano de Apelación coincidió con el punto de vista del Grupo Especial según el cual el margen 
de dumping al que se hacía referencia en el párrafo 3 del artículo 9 guardaba relación con un 
margen establecido de conformid ad con el artículo 2. Tras observar que el párrafo 3 del artículo 9 
proporcionaba el punto de referencia respecto del cual debía examinarse la compatibilidad de la 
cuantía del derecho antidumping con las normas de la OMC, el Órgano de Apelación consideró q ue 
la función del párrafo 3 del artículo 9 se invalidaría si el margen de dumping mismo fuese 
incompatible con el Acuerdo Antidumping. El Órgano de Apelación encontró respaldo para la 
interpretación arriba mencionada en el contexto que ofrecían el párrafo 2 del artículo 9 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994, así como en los informes 
anteriores pertinentes del Órgano de Apelación. Además, desde el punto de vista del Órgano de 
Apelación, el Grupo Especial constató debidamen te que una incompatibilidad con el artículo 2 no 
significaba necesariamente que el derecho antidumping efectivamente aplicado excediese del 
margen de dumping correcto, por ejemplo, debido a la aplicación de la norma del derecho inferior. 
Por consiguiente, para que una alegación al amparo del párrafo 3 del artículo 9 prospere, un 
reclamante debe demostrar que los derechos antidumping se establecen a un tipo superior al 
margen de dumping que se habría establecido si la autoridad hubiese actuado de manera 
comp atible con el artículo 2. El Órgano de Apelación señaló que esa demostración dependería de 
las circunstancias específicas de cada diferencia.  
El Órgano de Apelación consideró que el hecho de que el Grupo Especial se hubiera basado en los 
márgenes de dumpin g calculados en el Reglamento provisional al adoptar sus conclusiones fue 
adecuado a la luz de las circunstancias específicas de este asunto, incluido el hecho de que: i) el 
cambio de la base para reconstruir el valor normal que las autoridades de la UE in trodujeron entre 
los Reglamentos provisional y definitivo dio lugar a una constatación de incompatibilidad con los 
párrafos 2.1.1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping; ii) este cambio aumentó 
significativamente el margen de dumping y los tipos de los  derechos, en comparación con la etapa 
provisional; y iii) no se había abord ado la compatibilidad del margen de dumping calculado en el 
Reglamento provisional con el artículo 2. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el 
Grupo Especial no había incurrido en error al constatar que la Argentina había establecido la 
presunción prima facie  de que la Unión Europea había actuado  de manera incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping, que no había sido refutada por la Unión  Europea. 
El Órgano de Apelación también mostró su acuerdo con el Grupo Especial en que las 
consideraciones anteriores se aplicaban mutatis mutandis  a la alegación de la Argentina al amparo 
del párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994.  
Por estas razones, el  Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la 
Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo 
Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de  1994.  
4.6.1.3   La no atribución en la de terminación de la relación causal - párrafos 1 y  5 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping  
La Argentina apeló contra la constatación formulada por el Grupo Especial de que la Argentina no 
había estableci do que el trato dado por las autoridades de la UE al e xceso de capacidad como "otro 
factor" causante de daño a la rama de producción nacional de la UE fuese incompatible con los 
párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.  
Tras observar que el Grupo Especial había declarado que los datos revisados n o tuvieron una 
influencia significativa en la conclusión alcanzada por las autoridades de la UE en el Reglamento 
definitivo relativa al exceso de capacidad como "otro factor" causante de daño, la Argentina alegó 
que el Grupo Especial había incurrido en err or en su interpretación de los párrafos 1 y 5 del 
artículo 3 al considerar pertinente examinar la función de los datos revisados en la conclusión 
alcanzada por las autoridades de la UE relativa al exceso de capacidad. Sin embargo, a juicio del 
Órgano de Ap elación, de la totalidad del análisis del Grupo Especial se desprendía claramente que 
este había constat ado que el análisis de la no atribución efectuado por las autoridades de la UE no 
estaba basado en los datos revisados ni resultaba afectado por ellos. Por consiguiente, 
contrariamente al argumento de la Argentina, el Órgano de Apelación no consideró que el Grupo 
Especial hubiera articulado un criterio según el cual fuese pertinente analizar si los datos revisados 
influyeron significativamente en el análi sis de la no atribución realizado por las autoridades de 
la UE. Por lo tanto, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había incurrido en 
error al interpretar los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.  WT/AB/27  
 
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  El Órgano de Apelación  pasó a examinar la alegación de la Argentina de que el Grupo Especial 
había incurrido en error en su aplicación de los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping. En primer lugar, el Órgano de Apelación consideró que la Argentina no había 
estab lecido que el Grupo Especial hubiera incurrido en error al constatar que el análisis de la no 
atribución realizado por las autoridades de la UE respecto del exceso de capacidad en el 
Reglamento definitivo no se había basado en los datos revisados ni había result ado afectado por 
ellos. En segundo lugar, el Órgano de Apelación consideró que la declaración del Grupo Especial de 
que el "exceso de capacidad" y la "utilización de la capacidad" guardaban una relación lógica era 
coherente con la manera en que dicho s conceptos se utilizaron en la investigación. A juicio del 
Órgano de Apelación, mientras que el "exceso de capacidad" describe, en términos absolutos, la 
capacidad de producción que la rama de producción nacional de la UE no había utilizado, la 
"utilizaci ón de la capacidad" describe, en términos relativos, la capacidad de producción que la 
rama de producción nacional de la UE había utilizado. Por consiguiente, el Órgano de Apelación 
consideró que el Grupo Especial no había incurrido en error al constatar q ue las autoridades de la 
UE no estaban obligadas a dar prioridad a la evolución del exceso de capacidad de la rama de 
producción nacional en términos absolutos, en contraposición a su evolución en términos relativos. 
Por último, el Órgano de Apelación cons ideró que, contrariamente al argumento de la Argentina, la 
evaluación de las autoridades de la UE de que la utilización de la capacidad seguía siendo reducida 
era compatible con las pruebas que tenían ante sí. Por estas razones, el Órgano de Apelación 
confirmó la constatación del Grupo Especial de que la Argentina no había estableci do que el 
análisis de la no atribución realizado por la Unión Europea fuese in compatible con los párrafos 1 
y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.  
4.6.2   Alegaciones relativas al p árrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del 
Reglamento de base  
Antes de abordar las alegaciones de error formuladas por la Argentina, el Órgano de Apelación 
señaló que, cuando la legislación interna de un Miembro es objeto de impugnación "en sí misma" , 
el grupo especial debe establecer el sentido de esa legislación para determinar si ese Miembro ha 
cumplido sus obligaciones en el marco de la OMC. A este respecto, los grupos especiales tienen 
que realizar una evaluación independiente del sentido de la l egislación interna en litigio y no deben 
limitarse a aceptar el sentido que le atribuye una parte en la diferencia. Al realizar su evaluación, 
el grupo especial ha de llevar a cabo una evaluación holística de todos los elementos pertinentes 
que tenga ante sí. El Órgano de Apelación subrayó que la evaluación del derecho interno realizada 
por un grupo especial para determinar su compatibilidad con obligaciones contraídas en la OMC 
está sujeta al examen en apelación en virtud del párrafo 6 del artículo 17 del ESD. Del mismo 
modo que es necesario que el grupo especial trate de comprender con detalle la legislación interna 
en cuestión, también lo es que el Órgano de Apelación revise el examen realizado por el grupo 
especial de esa legislación.  
4.6.2.1   Párrafo 2.1.1 del a rtículo 2 del Acuerdo Antidumping  
La Argentina alegó que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que el párrafo 
segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base no obligaba a la Unión Europea a 
determinar que los registros de un  productor no cumplían la segunda condición de la primera frase 
del párrafo  2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping cuando esos registros reflejaban precios 
que se consideraba que eran artificial o anormalmente bajos como consecuencia de una distorsió n. 
La Argentina alegó además que el Grupo Especial había actuado de manera incompatible con el 
artículo 11 del ESD al no llevar a cabo una evaluación holística de todos los distintos elementos 
que había present ado la Argentina además del texto de la medida  a fin de establecer el sentido del 
párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base.  
Según la Argentina, el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping no permite que una 
autoridad investigadora rechace o ajuste los costos sim plemente porque se considere que esos 
costos son artificial o anormalmente bajos debido a una distorsión. Por consiguiente, la Argentina 
adujo que al disponer que las autoridades de la UE rechazarían o ajustarían los registros de la 
parte objeto de investi gación cuando esos registros reflejasen costos que fueran anormal o 
artificialmente bajos como consecuencia de una supuesta distorsión del mercado, el párrafo 
segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base era incompatible con el 
párrafo  2.1.1 del artículo  2 del Acuerdo Antidumping.  WT/AB/27  
 
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  El Órgano de Apelación examinó la evaluación que hizo el Grupo Especial de todos los elementos 
presentados por la Argentina, a saber: i) el texto pertinente del Reglamento de base; ii) los 
antecedentes legislativos  que dieron lugar a la introducción de la medida en litigio en el 
Reglamento de base, incluidos los artículos académicos; la supuesta práctica uniforme de las 
autoridades de la UE; y iii) determinadas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea. 
Tras realizar dicho examen, el Órgano de Apelación constató que la Argentina no había establecido 
que el Grupo Especial hubiera incurrido en error en su evaluación d el párrafo segundo del 
apartado  5 del artículo  2 del Reglamento de base. Como el Grupo Especi al, el Órgano de Apelación 
no encontró respaldo en el texto del Reglamento de base, ni en los demás elementos en que se 
apoya ba la Argentina, para la opinión de que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 se 
refiere a la determinación de que los r egistros de la parte objeto de investigación no reflejan 
razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto considerado cuando 
esos registros reflejan precios que se considera que son artificial o anormalmente bajos como 
consecuencia de una distorsión. En lugar de ello, el Órgano de Apelación compartió la opinión del 
Grupo Especial de que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 no actúa hasta después de 
que se haya efectuado una determinación con arreglo al párrafo primero de que los registros no 
reflejan razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto considerado.  
Con respecto a la alegación de la Argentina al amparo del artículo 11 del ESD, el Órgano de 
Apelación consideró que el Grupo Especial había realizado un examen adecuado y había llevado a 
cabo una evaluación holística de los diversos elementos que se le presentaron. Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación rechazó la alegación de la Argentina de que el Grupo Especial había actuado 
de manera inc ompatible con el artículo 11 del ESD.  
Por estas razones, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la 
Argentina no había establecido que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del 
Reglamento de base fuera incompati ble "en sí mismo" con el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping.  
4.6.2.2   Párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y párrafo 1 b) ii) del artículo VI 
del GATT de  1994  
La Argentina solicitó al Órgano de Apelación que revocase la constatación de l Grupo Especial de 
que la Argentina no había establecido que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del 
Reglamento de base fuese incompatible "en sí mismo" con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artícul o VI del GATT de  1994. La Argentina presentó tres 
motivos en apoyo de su apelación. En primer lugar, la Argentina adujo que el Grupo Especial había 
incurrido en error al establecer el sentido del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del 
Reglamento  de base al constatar que, ni siquiera cuando se utiliza "información de otros mercados 
representativos", el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 exige a las autoridades de la UE 
que establezcan los costos de producción para reflejar costos existe ntes en otros países. 
En segundo lugar, la Argentina sostuvo que, al establecer el sentido del párrafo segundo del 
apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base, el Grupo Especial había actuado de manera 
incompatible con el artículo 11 del ESD al no lle var a cabo una evaluación holística de todos los 
distintos elementos presentados por la Argentina. En tercer lugar, la Argentina alegó que el Grupo 
Especial había incurrido en error al constatar que, para que la Argentina prevaleciese en su 
alegación, tení a que demostrar que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 no podía 
aplicarse de manera compatible con las normas de la OMC.  
En primer lugar, el Órgano de Apelación observó que no había fundamento alguno, ni en la 
práctica del GATT y la OMC en ge neral, ni en las disposiciones del Acuerdo Antidumping, para 
constatar que únicamente determinados tipos de medidas podían ser impugnadas "en sí mismas". 
Permitir que las medidas sean objeto de procedimientos de solución de diferencias, tengan o no 
carácte r imperativo, es compatible con la naturaleza amplia del derecho de los Miembros, 
consagrado en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, a recurrir al sistema de solución de diferencias 
para preservar sus derechos y obligaciones en el marco de los acuerdos aba rcados. Además, el 
Órgano de Apelación declaró que es posible constatar que las medidas que tienen aspectos 
discrecionales vulneran "en sí mismas" determinadas obligaciones en el marco de la OMC. El 
Órgano de Apelación constató que una medida podía ser dec larada incompatible "en sí misma" si 
restringía en grado importante las facultades discrecionales de las autoridades nacionales para 
actuar de manera compatible con las normas de la OMC. El Órgano de Apelación insistió en que lo 
que se requería exactamente  para establecer que una medida era incompatible "en sí misma" WT/AB/27  
 
- 100 - 
 
  variaría en función de las circunstancias concretas de cada caso, incluida la naturaleza de la 
medida y las obligaciones en el marco de la OMC en cuestión.  
Al igual que para la alegación de err or al amparo del párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping, el Órgano de Apelación examinó la evaluación que había hecho el Grupo Especial de 
todos los elementos presentados por la Argentina. Esos elementos estaban constituidos por el 
texto pert inente del Reglamento de base, los antecedentes legislativos que dieron lugar a la 
introducción de la medida en cuestión en el Reglamento de base, la supuesta práctica uniforme de 
las autoridades de la UE, y determinadas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea.  
En cuanto al primer motivo de apelación de la Argentina, el Órgano de Apelación entendió que el 
párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base permitía una amplia gama 
de posibles actuaciones de las autoridades de la  UE. El Órgano de Apelación consideró que ninguno 
de los elementos en los que se apoyaba la Argentina demostraba que el párrafo segundo del 
apartado 5 del artículo 2 excluyera la posibilidad de que las autoridades de la UE pudiesen utilizar 
la información de otros mercados representativos pero adaptarla para garantizar que reflejase el 
costo de producción en el país de origen. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que la 
Argentina no había establecido que el Grupo Especial hubiera incurrido en error al rechazar la 
aseveración de la Argentina de que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del 
Reglamento de base significaba que, cuando no podían utilizarse los costos de otros productores o 
exportadores nacionales en el mismo país, las auto ridades de la UE estaban obligadas a utilizar 
información de otros mercados representativos que no reflejase los costos de producción en el país 
de origen.  
Con respecto a la alegación de la Argentina al amparo del artículo 11 del ESD, el Órgano de 
Apelació n consideró que, al establecer el sentido del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 
del Reglamento de base, el Grupo Especial había realizado un examen adecuado y había llevado a 
cabo una evaluación holística de los diversos elementos que se le pre sentaron. Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación rechazó la alegación de la Argentina de que el Grupo Especial había actuado 
de manera incompatible con el artículo 11 del ESD.  
Con respecto al tercer motivo de apelación de la Argentina, el Órgano de Apela ción mostró su 
acuerdo con el Grupo Especial en que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del 
Reglamento de base se podía aplicar de una manera incompatible con las normas de la OMC. 
Sin embargo, en la medida en que el Grupo Especial pudiera hab er expresado un criterio jurídico 
respecto de la impugnación de una medida "en sí misma" cuando declaró que la Argentina no 
había demostrado que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 no podía aplicarse de 
manera compatible con las normas de la O MC, el Órgano de Apelación consideró que se trataba de 
una lectura errónea de una declaración formulada por el Órgano de Apelación en Estados Unidos - 
Acero al carbono (India) . El Órgano de Apelación aclaró que la constatación formulada en esa 
diferencia g uardaba relación con la naturaleza de la obligación en el marco de la OMC en cuestión, 
y la carga de la prueba respecto de la aseveración de la India acerca del sentido del derecho 
interno en cuestión en esa diferencia.  
Dicho esto, el Órgano de Apelación c onsideró que el mero hecho de que la aplicación del párrafo 
segundo del apartado 5 del artículo 2 pudiera, en algunas circunstancias, dar lugar a una 
incompatibilidad con las normas de la OMC no era suficiente para satisfacer la carga de la prueba 
que corr espondía a la Argentina de acreditar prima facie  que el párrafo segundo del apartado 5 del 
artículo 2 del Reglamento de base era incompatible "en sí mismo" con el párrafo 2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GA TT de  1994. Para el Órgano de 
Apelación, no hay nada en el párrafo segundo del apartado  5 del artículo 2 del Reglamento de 
base que excluya la posibilidad de que, cuando las autoridades de la UE se apoyen en "información 
de otros mercados representativos",  adapten esa información para reflejar los costos de 
producción en el país de origen, de una manera compatible con el párrafo 2 del artículo  2 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de  1994. Por lo tanto, el Órgano 
de Apelac ión constató que la Argentina no había satisfecho la carga que le correspondía de probar 
que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base restringía, de manera 
importante, la facultad discrecional de las autoridades de la UE de c alcular los costos de 
producción de una manera compatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el 
párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de  1994.  WT/AB/27  
 
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  Por estas razones, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la 
Argentina no había establecido que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del 
Reglamento de base fuese incompatible "en sí mismo" con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de  1994.  
4.6.2.3   Párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC y párrafo 4 del artículo 18 
del Acuerdo Antidumping  
La Argentina alegó que, como el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de 
base era incompatible "en sí mismo" con los párraf os 2.1.1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de  1994, se deducía necesariamente que 
el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base también era incompatible 
con el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC y el párrafo 4 del artículo 18 del 
Acuerdo Antidumping.  
La Argentina no presentó ningún argumento en respaldo de sus alegaciones consiguientes al 
amparo del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC y el párr afo 4 del artículo 18 del 
Acuerdo Antidumping que fuera distinto de los argumentos que había formul ado en respaldo de 
sus alegaciones al amparo de los párrafos  2.1.1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el 
párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994. Tras confirmar las constataciones del Grupo 
Especial en el marco de dichas disposiciones, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del 
Grupo Especial de que la Argentina no había establecido que el párrafo segundo del apartado 5 del 
artícul o 2 del Reglamento de base fuera incompatible con el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo 
sobre la OMC y el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping.  WT/AB/27  
 
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  5  PARTICIPANTES Y TERC EROS PARTICIPANTES E N APELACIONES  
En total, 29 Miembros de la OMC particip aron al menos una vez como apelantes, otros apelantes, 
apelados o terceros participantes en apelaciones con respecto a las cuales se distribuyó un informe 
del Órgano de Apelación en 2016.  Ocho Miembros participaron al menos una vez como 
participantes princ ipales y 27 Miembros participaron al menos una vez como terceros 
participantes.  
A finales de 2016, 74 de los 164 Miembros de la OMC habían participado en apelaciones en que se 
distribuyeron informes del Órgano de Apelación entre 1996 y 2016. En el anexo 11  puede 
consultarse información adicional sobre la participación de los Miembros de la OMC en apelaciones.  WT/AB/27  
 
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  6  CUESTIONES DE PROCED IMIENTO PLANTEADAS E N LAS APELACIONES  
En esta sección se destacan las cuestiones de procedimiento que se abordaron en los informe s del 
Órgano de Apelación distribuidos en 2016.  
6.1  Trato de la información confidencial  
En el asunto Estados Unidos - Lavadoras , Corea y los Estados Unidos solicitaron conjuntamente a 
la Sección del Órgano de Apelación que entendía en la apelación que adoptar a, de conformidad con 
el párrafo 1 de la Regla 16 de los Procedimientos de trabajo, un procedimiento adicional para la 
protección de la información comercial confidencial (ICC) basado en  el procedimiento relativo a 
la ICC adoptado por el Grupo Especial. La  Unión Europea , tercero en la diferencia, sostuvo que el 
Procedimiento relativo a la ICC en la etapa de apelación no debía basarse en el Procedimiento 
relativo a la ICC del Grupo Especial, que, a juicio de la Unión Europea, había sido sustituido en 
ciertos  aspectos por resoluciones recientes del Órgano de Apelación.  
La Sección adoptó una resolución de procedimiento por la que se concedía protección adicional a la 
información que había sido designada como ICC en las comunicaciones presentadas al Órgano de 
Apelación y en las que obraban en el expediente del Grupo Especial. La Sección recordó que en el 
asunto CE y determinados Estados miembros - Grandes aeronaves civiles , el Órgano de Apelación 
había considerado que el ESD y las Normas de Conducta se ocupaban y a de la confidencialidad y 
cualquier protección adicional debía estar justificada. Además, la Sección señaló que, si bien la 
carga de justificar que tales medidas eran necesarias en un caso concreto para proteger 
debidamente determinada información recaía sobre los participantes que solicitaban medidas 
individualizadas, era tarea del órgano jurisdiccional de la OMC, y no de las partes, determinar si la 
protección adicional, en forma de un procedimiento relativo a la ICC, era necesaria. La Sección 
record ó además que, en China - Tubos de altas prestaciones (Japón) /China - Tubos de altas 
prestaciones (UE) , el Órgano de Apelación había declarado que, al determinar el alcance y el 
contenido de tales procedimientos, el grupo especial debía considerar el efecto que  estos 
procedimientos podían tener en el ejercicio por el grupo especial de su deber de pronunciarse 
establecido en el ESD y los demás acuerdos abarcados, en el derecho de las partes al debido 
proceso , en los derechos de los terceros  y en los derechos e in tereses sistémicos de los demás 
Miembros de la OMC. La Sección coincidía con los Estados Unidos y Corea en que la información 
para la cual se solicitaba protección adicional guardaba relación con datos comerciales sensibles de 
las empresas en cuestión. Por  consiguiente, la Sección concedió protección adicional a la ICC y 
especificó los términos de dicha protección.  
6.2  Prórroga del plazo para que un Miembro del Órgano de Apelación complete una 
apelación  
En Colombia - Textiles  y UE - Biodiésel , el Órgano de Apel ación informó a los participantes y los 
terceros participantes de que, de conformidad con la Regla 15 de los Procedimientos de trabajo 
para el examen en apelación, el Órgano de Apelación había notificado al Presidente del OSD su 
decisión de autorizar a un Miembro del Órgano de Apelación, la Sra. Yuejiao Zhang, a terminar la 
sustanciación de esas apelaciones aunque su segundo mandato expiraba antes de la finalización 
del procedimiento de apelación. Del mismo modo, en India - Células solares , el Órgano de 
Apelación autorizó a un Miembro del Órgano de Apelación, el Sr. Seung Wha Chang, a terminar la 
sustanciación de esa apelación aunque su mandato expiraba antes de la finalización del 
procedimiento de apelación.  
6.3  Plazos para la presentación de comunicaciones esc ritas 
En el asunto India - Células solares , los Estados Unidos solicitaron a la Sección del Órgano de 
Apelación que entendía en esa apelación que se prorrogara un día el plazo para presentar su 
comunicación del apelado. Los Estados Unidos señalaron que su comunicación del apelado en otro 
procedimiento de apelación en curso, a saber, Estados Unidos - Lavadoras  (DS464), también debía 
presentarse el mismo día que su comunicación del apelado en India - Células solares . La Sección 
emitió una resolución de proced imiento por la que se prorrogaba un día el plazo para que los 
Estados Unidos presentaran su comunicación del apelado. Además, a fin de ofrecer a los terceros 
participantes tiempo suficiente para incorporar las reacciones a la comunicación del apelado en su s 
comunicaciones en calidad de terceros participantes, la Sección decidió, de conformidad con el WT/AB/27  
 
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  párrafo 2 de la Regla 16 de los Procedimientos de trabajo, prorrogar también un día el plazo para 
la presentación de las comunicaciones y notificaciones de los  terceros participantes.  
En el asunto Argentina - Servicios financieros , el día fijado en el plan de trabajo de la apelación 
para la presentación de las comunicaciones y los resúmenes en calidad de tercero participante, 
justo antes de la hora límite de las  17 h, Australia envió al Órgano de Apelación y a los 
participantes y terceros participantes una comunicación electrónica en la que indicaba que había 
omitido incluir el resumen de su comunicación escrita en calidad de tercero participante, y que 
procurarí a por todos los medios enviar el resumen la mañana siguiente. El día siguiente, Australia 
presentó un resumen de su comunicación en calidad de tercero participante. Ese mismo día, la 
Sección del Órgano de Apelación que entendía en esa apelación envió una c arta a Australia en la 
que la informaba de que el resumen no había sido presentado en conformidad con el plan de 
trabajo oficial y la invitaba a presentar una solicitud escrita en la que explicara la razón por la que 
el resumen debía no obstante ser acepta do. 
Australia presentó una solicitud de que el resumen de su comunicación en calidad de tercero 
participante fuera aceptado en caso de que la Sección considerara que ello no entrañaba falta de 
equidad para con ninguno de los participantes en esta apelación , y teniendo en cuenta la poca 
extensión y el alcance limitado de su comunicación escrita, y que se había puesto remedio a la 
falta de resumen a la mayor brevedad posible. El Órgano de Apelación señaló que el cumplimiento 
por parte de todos los participant es de los plazos establecidos para la presentación de las 
comunicaciones era un elemento importante de las debidas garantías procesales y guardaba 
relación con la equidad y el orden de las actuaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de la 
Regla 16  de los Procedimientos de trabajo. El Órgano de Apelación estimó que esas 
consideraciones también eran válidas con respecto a los resúmenes de las comunicaciones 
escritas. En las circunstancias concretas del caso, el Órgano de Apelación aceptó el resumen d e la 
comunicación escrita de Australia en calidad de tercero participante.  
6.4  Solicitudes relativas a la celebración de la audiencia  
En el asunto  Estados Unidos - Lavadoras , la Sección del Órgano de Apelación que entendía en la 
apelación pidió a los Estados U nidos y Corea que limitaran sus declaraciones iniciales en la 
audiencia a 30 minutos cada uno y a los terceros participantes que las limitaran a un máximo de 
cinco minutos cada uno. China solicitó a la Sección que asignara otros cinco minutos a su 
declarac ión inicial, habida cuenta de su interés directo e inmediato en las cuestiones planteadas en 
esa apelación. China explicó que varias cuestiones de interpretación planteadas en esa apelación 
eran directamente pertinentes para el procedimiento de Grupo Espec ial paralelo en el asunto 
Estados Unidos - Métodos antidumping (China)  (DS471). La Sección informó a China de que, a la 
luz de las muchas cuestiones planteadas en esa apelación y para poder completar la audiencia en 
un plazo razonable, la Sección no consid eraba adecuado aumentar el tiempo asignado a las 
declaraciones iniciales.  
En el asunto UE - Biodiésel , la Unión Europea solicitó un período de 50 minutos para pronunciar su 
declaración oral en la audiencia. La Unión Europea manifestó que había un volumen i nusual de 
comunicaciones de terceros participantes en esa apelación, y que en ellas se hacía referencia a 
varios puntos que no habían sido planteados por la Argentina, y afirmó que necesitaba tener plena 
oportunidad de abordar esos puntos adicionales por  iniciativa propia y de manera apropiadamente 
estructurada. La Unión Europea también solicitó que se adoptaran procedimientos adicionales en 
relación con lo siguiente: i) la observación de la audiencia por el público; y ii) el visionado de una 
grabación de l a audiencia por los terceros participantes. La Sección del Órgano de Apelación que 
entendía en la apelación informó a los participantes y terceros participantes de que a cada uno de 
ellos se le concederían, respectivamente, 35  minutos y 7  minutos para sus declaraciones orales en 
la audiencia. La Sección también emitió una resolución de procedimiento en la que denegaba la 
solicitud de la Unión Europea de que se adoptaran procedimientos adicionales: i) para permitir la 
observación de la audiencia por el públi co; y ii) para permitir que los terceros participantes 
visionaran una grabación de vídeo de la audiencia.  WT/AB/27  
 
- 105 - 
 
  6.5  Motivos que justifican la prórroga del plazo para la distribución de los informes del 
Órgano de Apelación  
El plazo de 90 días establecido en el párraf o 5 del artículo 17 del ESD para la distribución de los 
informes se sobrepasó en todos los procedimientos de apelación en que se distribu yeron informes 
del Órgano de Apelación en 2016. En cada procedimiento de apelación, el Órgano de Apelación 
comunicó al Presidente del OSD las razones de la imposibilidad de distribuir un informe del Órgano 
de Apelación dentro del plazo de 90 días . 
Estas razones incluían la considerable carga de trabajo del Órgano de Apelación, las dificultades de 
programación que se deriva ban de la superposición de las secciones que entendían en las 
apelaciones que simultáneamente estaban pendientes ante el Órgano de Apelación, la extensión 
de las comunicaciones presentadas, el número y la complejidad de las cuestiones planteadas, la 
falta de personal en la Secretaría del Órgano de Apelación y la carga de trabajo que las 
apelaciones concurrentes imponían a los servicios de traducción de la Secretaría de la OMC. En  los 
asuntos Argentina - Servicios financieros  y Colombia - Textiles , había lim itaciones adicionales 
debidas a la necesidad de funcionarios con conocimientos de español, cuyo número en la 
Secretaría del Órgano de Apelación era limitado, y la necesidad de traducir los documentos del 
español al inglés para los Miembros y los funcionari os del Órgano de Apelación que no entendían 
este idioma.  
6.6  Corrección de errores materiales  
En el asunto Estados Unidos - Lavadoras , Corea solicitó autorización, en virtud del párrafo 5 de la 
Regla 18 de los Procedimientos de trabajo, para corregir determina dos errores materiales en su 
anuncio de otra apelación, su comunicación en calidad de otro apelante y su comunicación de 
apelado. La Sección del Órgano de Apelación que entendía en la apelación dio a los Estados 
Unidos, los terceros participantes y los ter ceros la oportunidad de formular observaciones por 
escrito sobre la solicitud. Al no haberse recibido objeciones a la solicitud de Corea, la Sección 
autorizó a Corea a corregir los errores materiales en su anuncio de otra apelación, su 
comunicación en cali dad de otro apelante y su comunicación de apelado.  WT/AB/27  
 
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  7  ARBITRAJE DE CONFORM IDAD CON EL PÁRRAFO 3 C) DEL ARTÍCULO 21  DEL ESD  
En el ESD no se especifica quién actuará como árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD a los efectos de deter minar el plazo prudencial de que dispone un Miembro de 
la OMC para aplicar las recomendaciones y resoluciones adoptadas por el OSD en casos de 
solución de diferencias. Las partes en el arbitraje eligen al árbitro por consenso y, si no pueden 
ponerse de acu erdo, lo designa el Director General de la OMC. En todos los procedimientos de 
arbitraje menos uno, todas las personas que han actuado como árbitros de conformidad con el 
párrafo 3 c) del artículo 21 han sido Miembros actuales o antiguos Miembros del Órgan o de 
Apelación.34 En los arbitrajes previstos en el párrafo 3 c) del artículo 21, los Miembros del Órgano 
de Apelación actúan a título individual.  
7.1  Colombia - Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y 
calzado , WT/DS461/13  
El 22 de j unio de 2016, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó los informes del Grupo 
Especial y del Órgano de Apelación en el asunto Colombia - Medidas relativas a la importación de 
textiles, prendas de vestir y calzado . Esta diferencia se refería a la i mposición por Colombia de un 
arancel compuesto sobre la importación de determinados textiles, prendas de vestir y calzado.  
El Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que, con respecto a las 
importaciones de productos clasificados  en los capítulos 61, 62, 63 y 64 (a excepción de la 
partida  64.06, pero con inclusión de la línea arancelaria 6406.10.00.00) del Arancel de Aduanas de 
Colombia, en los casos identificados en el informe del Grupo Especial, el arancel compuesto 
excedía de l os tipos arancelarios consolidados en la Lista de Concesiones de Colombia, y era por lo 
tanto incompatible con los párrafos 1 a) y 1 b) del artículo II del GATT de  1994. Con respecto al 
apartado a) del artículo XX del GATT de  1994, el Órgano de Apelación c onstató que la medida en 
litigio estaba destinada a proteger la moral pública en Colombia en el sentido del apartado a) del 
artículo XX. Sin embargo, el Órgano de Apelación constató que Colombia no había acreditado que 
el arancel compuesto fuera una medida  "necesaria para proteger la moral pública " en el sentido 
del apartado a) del artículo XX. Con respecto al apartado d) del artículo XX del GATT de  1994, el 
Órgano de Apelación constató que la medida en litigio estaba destinada a lograr la observancia de 
las leyes y de los reglamentos que no fueran incompatibles con el GATT de 1994, concretamente el 
artículo 323 del Código Penal de Colombia, en el sentido del apartado d) del artículo XX. 
Sin embargo, el Órgano de Apelación constató que Colombia no había demo strado que el arancel 
compuesto fuera una medida "necesaria [] para lograr la observancia de las leyes y de los 
reglamentos que no [fueran ] incompatibles " con el GATT de  1994 en el sentido del apartado d) del 
artículo XX. Por consiguiente, el Órgano de Apel ación recomendó que Colombia pusiera la medida 
-que en su informe y en el informe del Grupo Especial modificado por el informe del Órgano de 
Apelación había sido declarada incompatible con el GATT de  1994- en conformidad con las 
obligaciones que le corresp ondían en virtud de ese Acuerdo.  
En la reunión del OSD celebrada el 22 de junio de  2016, Colombia informó al OSD de su propósito 
de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en esa diferencia, y declaró que necesitaría 
un plazo prudencial para hac erlo. Las consultas celebradas entre las partes no dieron lugar a un 
acuerdo sobre el plazo prudencial para la aplicación. En consecuencia, Panamá solicitó que dicho 
plazo se determinase mediante arbitraje vinculante de conformidad c on el párrafo 3 c) del 
artículo  21 del ESD. Colombia y Panamá no pudieron ponerse de acuerdo para designar un árbitro. 
El Director General designó árbitro al Sr. Giorgio Sacerdoti el 30 de agosto de  2016. 
El Sr. Sacerdoti aceptó su nombramiento el 5 de septiembre de  2016.  
Colomb ia solicitó un plazo prudencial de cumplimiento de 12 meses, teniendo en cuenta: i) los 
trámites de procedimiento establecidos en el marco de reglamentación nacional de Colombia; ii) el 
hecho de que el arancel compuesto se hubiera concebido como una medida  que buscaba combatir 
el lavado de activos comprendida en el ámbito de aplicación de los  apartados a) y d) del 
artículo  XX del GATT de  1994; iii) la complejidad que entrañaba diseñar la medida de aplicación a 
la luz de los informes del Grupo Especial y del  Órgano de Apelación; y iv) la condición de país en 
desarrollo de Colombia. Colombia indicó que preveía publicar dos "decretos que se apoy[aran] 
                                               
34 El Sr. Simon Farbenbloom actuó co mo árbitro en el asunto Estados Unidos - Medidas antidumping 
sobre determinados camarones procedentes de Viet Nam . El Sr. Farbenbloom había sido anteriormente 
Presidente del Grupo Especial en la diferencia subyacente.  WT/AB/27  
 
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  mutuamente" -es decir, un decreto arancelario y un decreto aduanero - como parte del proceso de 
aplicación.  
Panamá respondió que el plazo prudencial para implementar las recomendaciones y resoluciones 
del OSD en esa diferencia debía ser de 66 días. Panamá adujo que la obligación de aplicación que 
correspondía a Colombia se limitaba a asegurarse de que sus aranceles sobre los productos en 
cuestión no excedían de los niveles consolidados que figuraban en su Lista de Concesiones y que 
ninguna acción que no guardara relación con la eliminación de la incompati bilidad con los 
párrafos  1 a) y 1 b) del artículo II o fuera má s allá de dicha eliminación podía ser incluida en el 
plazo prudencial.  
Como cuestión preliminar, el Árbitro examinó las constataciones del Grupo Especial y del Órgano 
de Apelación en la diferencia subyacente para determinar si los dos decretos que proponía  
Colombia estaban comprendidos en el ámbito de medidas que serían capaces de lograr el pronto 
cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD. El Árbitro señaló que el Órgano de 
Apelación había reconocido que existía una relación entre el arance l compuesto y el objetivo de 
combatir el lavado de activos en Colombia. El Árbitro consideraba que, al determinar el plazo 
prudencial, era pertinente tener en cuenta que las recomendaciones y resoluciones del OSD daban 
a entender que Colombia podía decidir  adoptar medidas que persiguieran el objetivo legítimo de 
combatir el lavado de activos, siempre que por su forma, naturaleza y contenido fueran aptas para 
poner a Colombia en conformidad con sus obligaciones en el marco del GATT de  1994. Por lo 
tanto, el Árbitro consideró que el tiempo que se necesitaba para promulgar esos decretos se debía 
incluir en el cálculo del plazo prudencial para la aplicación.  
En cuanto al argumento de Colombia de que, en la primera etapa de la aplicación, necesitaba seis 
meses pa ra analizar los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación y para evaluar 
cómo aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD, el Árbitro estuvo de acuerdo en que la 
determinación del plazo prudencial debía incluir tiempo para llevar a cabo el proceso preparatorio. 
Sin embargo, a juicio del Árbitro, algunas de las medidas preparatorias previstas por Colombia se 
podían llevar a cabo en paralelo y en plazos más breves. Por consiguiente, el Árbitro consideró que 
la primera etapa descrita por Col ombia se podía concluir en menos de cuatro meses . 
Colombia identificó siete trámites que realizaría en la segunda etapa  de aplicación : i) la emisión de 
una recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
(Comité Triple A) ; ii) la preparación del proyecto de decreto arancelario y del proyecto de decreto 
aduanero y sus resoluciones conexas; iii) la realización de consultas públicas; iv) la rendición de 
un concepto por el Superintendente de Industria y Comercio sobre las posi bles repercusiones de 
los decretos propuestos en las condiciones de competencia; v) el examen y la firma de los 
decretos por el Ministro de Comercio y el Ministro de Hacienda; vi) el examen de los decretos por 
la Secretaría de la Presidencia de la Repúblic a y la firma del Presidente; y vii) la publicación y la 
entrada en vigor de los decretos.  
Al examinar  esos trámites, e l Árbitro señaló que algunos de los trámites que integraban la 
segunda etapa eran obligatorios desde el punto de vista administrativo. Tam bién señaló que el 
decreto arancelario y el decreto aduanero debían ser elaborados, respectivamente, por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). Además, el Árbitro observó que la promulgac ión de los decretos en cuestión necesitaba la 
firma del Presidente de Colombia, la publicación ulterior en el Diario Oficial y la entrada en vigor.  
En cuanto a las consultas públicas, el Árbitro se refirió a varios ejemplos facilitados por Panamá en 
los qu e se mostraba que, en varios casos, las autoridades colombianas habían llevado a cabo 
consultas públicas antes de publicar un decreto relacionado con la imposición de aranceles. A juicio 
del Árbitro, esos ejemplos demostraban que las autoridades colombiana s competentes habían 
llevado a cabo consultas públicas en el proceso de promulgación de decretos. El Árbitro añadió que 
la realización de consultas públicas durante el proceso de elaboración de las normas se asociaba 
normalmente a prácticas de buen gobiern o en las comunidades políticas contemporáneas y, en ese 
caso, se debía tener en cuenta al determinar el plazo prudencial para la aplicación. En lo relativo a 
la obtención de un concepto del Superintendente de Industria y Comercio, el Árbitro discrepó de la  
posición de Panamá de que ese trámite era innecesario en ese caso. El Árbitro añadió que, aunque 
no se oponía a esos dos trámites, tenía algunas reservas acerca del plazo propuesto por Colombia.  WT/AB/27  
 
- 108 - 
 
  Asimismo, el Árbitro observó que algunos de los instrumentos  jurídicos que servían de base para 
varios trámites de la segunda etapa no parecían imponer ningún plazo mínimo obligatorio, y, los 
que lo hacían, imponían plazos más breves que el tiempo que solicitaba Colombia. Por lo tanto, el 
Árbitro consideró que el p roceso jurídico de Colombia para promulgar el decreto arancelario y el 
decreto aduanero se caracterizaba por un grado considerable de flexibilidad. Así pues, el Árbitro 
consideró que aparentemente existía cierta flexibilidad en el proceso administrativo no rmal que 
cabía esperar que Colombia utilizara de buena fe para asegurar el pronto cumplimiento de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  
Además, el Árbitro observó que algunos de los trámites esbozados por Colombia se podían llevar a 
cabo en paralelo y que parecía haber cierta coincidencia en la composición de algunas de las 
autoridades colombianas que intervenían en los diversos trámites del proceso de adopción de 
decisiones. Por consiguiente, en vista de la considerable labor preparatoria durante la primera 
etapa y el proceso de adopción de decisiones relacionado con la recomendación del Comité 
Triple  A, el Árbitro consideró que los plazos para algunos de esos últimos trámites que había 
esbozado Colombia se podían reducir sin poner en peligro la capac idad de las autoridades 
competentes para llevar a cabo las tareas pertinentes.  
Además, Colombia estimó que para la preparación del decreto aduanero y de sus resoluciones 
anexas harían falta dos meses, y que para la preparación del proyecto de decreto aranc elario haría 
falta un mes. Aunque el Árbitro reconoció los esfuerzos de Colombia para preparar al mismo 
tiempo el decreto aduanero y sus resoluciones conexas, también esperaba que Colombia 
aprovechase todas las posibles sinergias y flexibilidades existente s en el proceso de adopción de 
decisiones para ponerse prontamente en conformidad con sus obligaciones en el marco de la OMC. 
Por consiguiente, el Árbitro concluyó que se podía esperar que Colombia preparase el decreto 
arancelario, por una parte, y el decr eto aduanero y sus resoluciones conexas, por otra, en paralelo 
y en un plazo más breve que el que había propuesto.  
En cuanto a la parte final de la segunda etapa, el Árbitro admitió que los proyectos de decretos 
sujetos a la firma del Presidente debían cum plir determinadas formalidades jurídicas antes de ser 
firmados por el Presidente de Colombia. Habida cuenta de la necesidad de garantizar que el 
proceso de preparación de los decretos cumpliera las formalidades jurídicas exigidas, el Árbitro 
afirmó que el plazo de dos semanas para el examen de los decretos por la Secretaría de la 
Presidencia de la República y para la firma del Presidente no parecía ser excesivo. Al mismo 
tiempo, el Árbitro señaló que Colombia solicitaba un mes para la publicación de los dec retos en el 
Diario Oficial y para su entrada en vigor. A juicio del Árbitro, ese plazo no estaba plenamente 
justificado a la luz de las prescripciones establecidas en la legislación colombiana para la 
publicación y entrada en vigor de los decretos.  
Después  de examinar todos los argumentos y pruebas relativos a los diversos trámites previstos 
en la segunda etapa, el Árbitro concluyó que, aunque esos trámites que había esbozado Colombia 
estaban justificados para promulgar el decreto arancelario y el decreto a duanero, Colombia sería 
capaz de concluir todos esos trámites en un plazo menor que el solicitado. Por lo tanto, el Árbitro 
consideró que la segunda etapa descrita por Colombia se podía concluir en menos de 
cuatro  meses.  
Por último, tanto Colombia como Pan amá sostenían que el párrafo 2 del artículo 21 del ESD 
obligaba a tener en cuenta su respectiva condición de países en desarrollo como una circunstancia 
del caso al determinar el plazo prudencial para la aplicación en ese asunto. El Árbitro señaló que, 
en los casos en que tanto el Miembro al que incumbe la aplicación como el Miembro reclamante 
son países en desarrollo, la prescripción establecida en el párrafo 2 del artículo 21 tiene poca 
importancia, salvo que una de las partes pueda demostrar que está afe ctada más gravemente que 
la otra por dificultades relacionadas con su condición de país en desarrollo con respecto a medidas 
que hayan sido objeto de solución de diferencias. El Árbitro afirmó que, aunque reconocía que los 
medios de aplicación elegidos por  Colombia podían incluir medidas para combatir el lavado de 
activos, no consideraba que, aparte de ese reconocimiento, la condición de países en desarrollo de 
ambas partes hubiera modificado su conclusión en cuanto al plazo prudencial para la aplicación.  
A la luz de las consideraciones arriba expuestas, el Árbitro determinó que el plazo prudencial para 
que Colombia aplicara las recomendaciones y resoluciones del OSD en esa diferencia era de 
siete meses contados a partir del 22 de junio de  2016, plazo que ex piraría el 22 de enero de  2017.  WT/AB/27  
 
- 109 - 
 
  8  OTRAS ACTIVIDADES  
8.1  Conferencias con motivo del vigésimo aniversario de la OMC  
El Órgano de Apelación continuó en 2016 su serie de conferencias para conmemorar el vigésimo 
aniversario de la OMC y su mecanismo de solución de d iferencias. Las conferencias fueron 
organizadas por instituciones académicas y se han centrado en cuestiones de actualidad relativas a 
la solución de diferencias y en la contribución del Órgano de Apelación a la solución de diferencias 
y otros aspectos de las normas de la OMC. Entre los participantes han figurado Miembros actuales 
y antiguos del Órgano de Apelación, altos representantes gube rnamentales, funcionarios de 
la OMC, miembros de la comunidad académica, periodistas, estudiantes y representantes de la 
sociedad civil. Las cuatro primeras conferencias de la serie se celebraron en 2015: i) el 15 de 
mayo de  2015 en Italia; ii) del 2 al 6 de julio de  2015 en China; iii) el 28 de agosto de  2015 en 
Corea; y iv) del 2 al 4 de diciembre de  2015 en México.  
La quinta conferencia se celebró en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos de América) 
los días 28 y 29 de abril de  2016. Fue organizada por la Universidad de Harvard. 
El Sr. Thomas  R. Graham, Miembro del Órgano de Apelación, formó parte del comité directiv o. 
En la conferencia se trató un amplio abanico de temas relativos a la solución de diferencias en 
la OMC, entre ellos, el futuro de las medidas comerciales correctivas, la repercusión de los 
acuerdos de libre comercio, el comercio digital, los servicios y  las limitaciones de recursos a nivel 
institucional.  
La sexta y última conferencia se celebrará en Delhi (India), en febrero de  2017. Será organizada 
por la Universidad Nacional de Derecho de Delhi. El Sr. Ujal Singh Bhatia, Miembro del Órgano de 
Apelación , forma parte del comité directivo.  
8.2  Programa de pasantías de la OMC  
La Secretaría del Órgano de Apelación participa en el programa de pasantías de la OMC, que 
permite a los estudiantes universitarios de posgrado adquirir experiencia práctica y un 
conocimie nto más profundo del sistema multilateral de comercio mundial en general y de los 
procedimientos de solución de diferencias de la OMC en particular. Los pasantes de la Secretaría 
del Órgano de Apelación adquieren experiencia directa de los aspectos procesa les y sustantivos de 
la solución de diferencias en la OMC y, en particular, del procedimiento de apelación. El programa 
de pasantías está abierto a los nacionales de los Miembros de la OMC y de los países y territorios 
aduaneros que llevan a cabo negociaci ones de adhesión. Las pasantías tienen generalmente una 
duración de tres meses. En 2016 la Secretaría del Órgano de Apelación acogió a pasantes 
procedentes de China, Finlandia, Francia, Grecia, los Países Bajos, Sri Lanka y Ucrania. Desde  
1998, en total 13 7 estudiantes de posgrado, de más de 50 nacionalidades, han concluido pasantías 
en la Secretaría del Órgano de Apelación. Puede obtenerse más información sobre el programa de 
pasantías de la OMC, incluidos los requisitos de admisión y las instrucciones par a solicitarlas, en la 
siguiente dirección:  
<https://www.wto.org/spanish/thewto_s/vacan_s/intern_s.htm>  
8.3  El Registro Digital de Solución de Diferencias de la OMC  
El Registro Digital de Solución de Diferencias (RDSD) de la OMC es una completa aplicación que s e 
está desarrollando para administrar el conjunto del trabajo realizado en el proceso de solución de 
diferencias, así como para mantener información en formato digital sobre las diferencias. 
La aplicación comprende: i) un registro electrónico seguro para a rchivar y presentar en línea 
documentos de solución de diferencias; ii) un servicio central de almacenamiento electrónico para 
todos los expedientes de solución de diferencias; y iii) un servicio de búsqueda de información y 
estadísticas sobre solución de diferencias.  
El RDSD permitirá presentar las comunicaciones de manera electrónica en las diferencias y crear 
un catálogo electrónico de todos los documentos presentados en un determinado asunto. 
El sistema contará con: i) un servicio para presentar electró nicamente de manera segura 
comunicaciones y otros documentos relacionados con las diferencias; ii) un canal para dar traslado 
a las partes de las comunicaciones y pruebas documentales de manera segura sin utilizar papel; WT/AB/27  
 
- 110 - 
 
  y iii) un calendario global de los plazos, para ayudar a los Miembros y a la Secretaría a administrar 
el flujo de trabajo.  
En cuanto servicio de almacenamiento, el RDSD permitirá acceder a información sobre las 
diferencias de la OMC y, en particular, servirá de repertorio en línea de todos los expedientes de 
los grupos especiales y el Órgano de Apelación. En cuanto servicio de búsqueda, el RDSD permitirá 
a los Miembros y al público buscar los expedientes digitales de datos accesibles al público de las 
diferencias sustanciadas en el pasado. L os usuarios tendrán acceso a más información y 
estadísticas que antes. Al ampliarse la información disponible, los Miembros de la OMC y la 
Secretaría, así como el público interesado, podrán generar estadísticas más completas e 
informativas sobre la activid ad de solución de diferencias en la OMC.  
En 2016, el Órgano de Apelación participó en el desarrollo final y la prueba de la aplicación 
del RDSD, así como en la redacción de una Guía exhaustiva del usuario, que se facilitará a los 
Miembros. En julio de  2015 comenzó una fase piloto del RDSD . Durante esa fase,  las partes y los 
integrantes de grupos especiales podrán utiliza r voluntariamente el RDSD paralelamente al 
sistema existente de presentación de documentos en papel. En  2016 la herramienta de 
presentación  electrónica de documentos del RDSD se había probado en la etapa del grupo especial 
de algunas diferencias , y también se había probado en el procedimiento de apelación del asunto 
India ‒ Células solares . Antes de la implantación plena del RDSD es posible q ue las pruebas 
del RDSD en la fase piloto se prolonguen uno o dos años más ya está en marcha.  
8.4  Asistencia técnica, concursos de simulación judicial y otras actividades de 
divulgación  
En 2016, los funcionarios de la Secretaría del Órgano de Apelación partici paron en el Plan Bienal 
de Asistencia Técnica y Formación de la OMC para 2016 -2017.35 En particular, participaron en 
actividades relativas a la formación de funcionarios públicos sobre procedimientos y prácticas de 
solución de diferencias en el marco de cur sos especializados, seminarios nacionales, cursos 
regionales de política comercial y cursos avanzados de política comercial. Los funcionarios de la 
Secretaría del Órgano de Apelación también impartieron formación a estudiantes universitarios 
visitantes  procedentes de distintas partes del mundo.  
Asimismo, en 2016 los funcionarios de la Secretaría del Órgano de Apelación, junto con otros 
colegas de la Secretaría de la OMC, participaron en diversos concursos de simulación judicial en 
calidad de integrantes de grupos especiales. La OMC tiene la determinación de promover el 
desarrollo del derecho mercantil internacional y los estudios relacionados con la Organización, por 
ejemplo mediante la organización de procedimientos ficticios de grupos especiales de la OMC en 
foros comúnmente conocidos como concursos de simulación judicial de la OMC. En estos 
concursos, cada uno de los equipos de estudiantes en liza representa tanto al reclamante como al 
demandado en el caso ficticio y prepara comunicaciones por escrito y or ales. Las alegaciones 
orales se exponen ante grupos especiales integrados por expertos en el derecho de la OMC, que 
eligen al equipo vencedor. Cabe destacar que, desde  2003, la OMC ha respaldado el concurso 
anual de simulación judicial sobre el derecho de la OMC, organizado por la Asociación Europea de 
Estudiantes de Derecho (ELSA). En el concurso de simulación judicial de la ELSA participan equipos 
de universidades de África, Asia -Pacífico, Europa, América Latina y América del Norte.  
La OMC tiene la firme determinación de apoyar, en términos generales, los concursos de 
simulación judicial sobre cuestiones de comercio internacional; en cuanto a la ELSA, cabe destacar 
especialmente que ofrece un concurso de simulación judicial de alcance mundial. Por todo ell o, 
este concurso brinda a los equipos la oportunidad de interactuar y competir a escala mundial con 
los mejores equipos de las demás regiones, oportunidad que no se presentaría en un concurso a 
nivel regional. Además, varios funcionarios de la OMC particip an como jueces o en otras funciones, 
brindando con ello a los estudiantes la oportunidad de interactuar con quienes trabajan 
directamente en cuestiones de la OMC. Por otra parte, el concur so de simulación judicial de 
la ELSA ha creado una vía de interacció n entre los funcionarios  públicos de los Miembros de 
la OMC, los profesores de las universidades locales y los participantes de los equipos en 
competición, lo cual ha intensificado el intercambio de información a nivel nacional y el diálogo 
sobre el derech o mercantil internacional y otras cuestiones relacionadas con la OMC.  
                                               
35 WT/COMTD/W/211.  WT/AB/27  
 
- 111 - 
 
  En 2016, el personal de la Secretaría de la OMC y la Secretaría del Órgano de Apelación apoyó el 
concurso mundial de simulación judicial de la ELSA prestando asesoramiento técnico en la materia, 
para lo cual se envió a funcionarios de la OMC para que participaran en calidad de integrantes de 
grupos especiales en diversas rondas regionales, y se organizó la ronda oral final en Ginebra 
(Suiza).  
 
 WT/AB/27  
 
- 112 - 
 
  ANEXO  1 
RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES  ESCRITAS EN  
LOS PROCEDIMIENTOS D E APELACIÓN  
En los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación1 (Procedimientos de trabajo) se 
establecen las comunicaciones escritas que los Miembros de la OMC que participan en apelaciones 
deben presentar en los pro cedimientos de apelación, así como los plazos y las modalidades para la 
presentación de esos documentos. Durante muchos años, el Órgano de Apelación ha solicitado a 
los participantes en los procedimientos de apelación que presenten resúmenes de sus 
comunic aciones escritas a más tardar en la misma fecha límite establecida para las propias 
comunicaciones escritas. Esos resúmenes tenían por objeto ayudar al Órgano de Apelación a 
resumir los argumentos de los participantes en su informe en cada procedimiento. E l 11 de marzo 
de 2015, el Órgano de Apelación distribuyó a todos los Miembros de la OMC2 una comunicación 
titulada "Resúmenes de las comunicaciones escritas en los procedimientos de apelación", en la 
cual informaba a los Miembros de la OMC de su propuesta de nuevas directrices en relación con 
dichos resúmenes.  
En particular, el Órgano de Apelación introdujo dos nuevos aspectos en la práctica de pedir a los 
participantes en las apelaciones que presenten resúmenes de sus comunicaciones escritas. En 
primer lug ar, solicitó, no solo a los participantes, sino también a cada uno de los terceros 
participantes que optara por presentar una comunicación escrita en una apelación, que presentara 
al mismo tiempo un resumen de esa comunicación escrita. En segundo lugar, en  vez de utilizar los 
resúmenes como ayuda para redactar su propia descripción de los argumentos de los 
participantes, el Órgano de Apelación empezó a incorporar como anexos a cada uno de sus 
informes los resúmenes presentados por los participantes y los te rceros participantes en los 
respectivos procedimientos de apelación.  
El objetivo de estas directrices es permitir que los Miembros de la OMC resuman, en sus propios 
términos, sus posiciones y los argumentos que las respaldan y, al mismo tiempo, promover un  
cierto grado de armonización en la estructura y extensión de esos resúmenes. Se esperaba que el 
nuevo enfoque permitiría al Órgano de Apelación hacer un uso óptimo de sus limitados recursos, y 
reasignar a otras esferas de la labor de apelación recursos qu e antes se dedicaban a resumir los 
argumentos de los participantes y terceros participantes.  
En 2015, el Órgano de Apelación aplicó por primera vez el nuevo enfoque con carácter 
experimental en las apelaciones correspondientes a los asuntos Perú - Producto s agropecuarios  
(WT/DS457) y China - Tubos de altas prestaciones (Japón)  / China - Tubos de altas prestaciones 
(UE) (WT/DS454 / WT/DS460). En 2016, los participantes y terceros participantes presentaron 
resúmenes de sus comunicaciones escritas en todas las  diferencias sometidas al Órgano de 
Apelación. Los informes del Órgano de Apelación distribuidos en 2016 que reflejan el nuevo 
enfoque son los siguientes: CE - Elementos de fijación (párrafo 5 del artículo 21 - China) ; 
Argentina - Servicios financieros ; Colombia - Textiles ; India - Células solares ; UE - Biodiésel ; y 
Estados Unidos - Lavadoras.  
El Órgano de Apelación está considerando la utilidad de incorporar algunos de los aspectos de 
estas directrices, o todos ellos, en los Procedimientos de trabajo ahora  que tanto el Órgano de 
Apelación como los Miembros han tenido cierta experiencia en relación con las directrices que se 
han introducido con carácter experimental. El Órgano de Apelación observa que, en cualquier caso, 
será necesario introducir modificacio nes en los Procedimientos de trabajo en un futuro próximo, 
cuando se inaugure el Registro Digital de Solución de Diferencias. El Órgano de Apelación 
entablará consultas sobre estos asuntos según sea necesario o procedente.3 
                                               
1 Documento WT/AB/WP /6, de 16 de agosto de 2010.  
2 Docume nto WT/AB/23, de 11 de marzo de 2015.  
3 Con respecto a las modificaciones de los Procedimientos de trabajo, en el párrafo 9 del artículo 17 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la  solución de diferencias se dispone 
que el Órgano de Apelación establecerá sus procedimientos de trabajo en consulta con el Presidente del 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y con el Director General, y en el párrafo 2 de la Regla 32 de los 
Procedimie ntos de trabajo se especifica que ese mismo procedimiento es aplicable en caso de modificación de 
los procedimientos de trabajo. Además, el OSD ha adoptado procedimientos para la celebración de consultas 
entre el Presidente del OSD y los Miembros de la OMC  en relación con las modificaciones de los Procedimientos 
de trabajo. Esta Decisión figura en el documento WT/DSB/31.  WT/AB/27  
 
- 113 - 
 
  ANEXO 2  
LÍMITES A LA EXTENSIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESCRITAS  
El Órgano de Apelación observó que la extensión de las comunicaciones escritas de los apelantes y 
de los apelados medida en número de palabras había registrado un aumento significativo entre 
enero de  2009 y octubre de  2015. D urante el período considerado, el promedio de palabras por 
comunicación fue de 26.965 en los cinco primeros asuntos y de 34.982 en los cinco últimos, lo que 
representa un aumento de la extensión de las comunicaciones de los apelantes y de los apelados 
de casi un 30 %. En consecuencia, el 23 de octubre de  2015, el Órgano de Apelación distribuyó a 
todos los Miembros de la OMC una comunicación en la que se trataba la posibilidad de establecer 
límites a la extensión de las comunicaciones1, con miras a gestionar la creciente carga de trabajo.  
El Órgano de Apelación estableció algunas preguntas y consideraciones para iniciar una reflexión y 
un debate entre los Miembros de la OMC y con ellos. En particula r, propuso a los Miembros de 
la OMC que estudiaran: i) qué efe ctos tendría el establecimiento de límites a la extensión de las 
comunicaciones escritas en los procedimientos de apelación de la OMC; ii) si deberían aplicarse los 
mismos límites a la extensión de todas las comunicaciones escritas en todas las apelaciones  y, en 
caso contrario, qué criterios objetivos se deberían utilizar para determinar los límites aplicables; y 
iii) si deberían las normas que establezcan límites a la extensión de las comunicaciones escritas 
prever la posibilidad de solicitar, en circunsta ncias excepcionales, una ampliación de dichos límites.  
El Órgano de Apelación recibió observaciones de Australia2, Colombia3, la Unión Europea4, 
el Japón5, México6, Noruega7 y los Estados Unidos.8 
En principio, Australia y Noruega respaldaron los límites u niformes de páginas para las 
comunicaciones escritas en todas las apelaciones. Australia señaló que cualesquiera directrices que 
el Órgano de Apelación desease adoptar a este respecto podían incluir, por ejemplo, unos límites 
de páginas o palabras orientat ivos para las apelaciones sencillas, las complejas y las muy 
complejas. A juicio de Australia, por norma general los límites aplicables a las comunicaciones 
escritas de los apelantes y los apelados debían ser similares, si bien podía ser necesario permitir  a 
los demandados presentar comunicaciones más extensas en las diferencias con pluralidad de 
partes reclamantes. Tanto Australia como Noruega consideraban que cualquier aumento de esos 
límites solo debía concederse en circunstancias excepcionales que se es tudiarían caso por caso.  
Colombia, los Estados Unidos, el Japón, México y la Unión Europea no apoyaron la introducción de 
límites a la extensión de las comunicaciones escritas. Colombia, el Japón, México y la Unión 
Europea consideraban que la limitación de  páginas entrañaba una infracción de los derechos de los 
Miembros de la OMC al debido proceso. Según el Japón, dicha limitación de páginas también sería 
contraria al párrafo 4 del artículo 16 y el artículo 17 del ESD, donde se estipula que solamente las 
partes en la diferencia pueden establecer y delimitar el alcance de una apelación y, por ende, 
determinar qué cuestión o cuestiones debe examinar el Órgano de Apelación.  
Además, los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea señalaron que, por diversos moti vos, 
sería impracticable establecer límites de páginas. La Unión Europea afirmó que la extensión de las 
comunicaciones escritas viene determinada en gran medida por factores que escapan del control 
de los participantes, como la calidad del informe del grup o especial que sirve de base, el número 
de alegaciones planteadas y la complejidad fáctica de la diferencia. El Japón adujo que la adopción 
de un límite de páginas uniforme aplicable a todas las apelaciones podía provocar que las partes 
enviaran comunicaci ones adicionales en fases ulteriores de un procedimiento con el fin de abordar 
cuestiones que no hubieran tratado plenamente en sus comunicaciones escritas "iniciales", de 
                                               
1 Documento JOB/AB/2, de 23 de octubre de  2015.  
2 Comunicación de Australia, de 22 de enero de  2016.  
3 Comunicación de Colombia, de 13 de noviembre de  2015.  
4 Comunicación de la Unión Europea, de 14 de diciembre de  2015.  
5 Comunicación del Japón, de 31 de marzo de  2016.  
6 Comunicación de México, de 31 de marzo de  2016.  
7 Comunicación de Noruega, de 31 de marzo de  2016.  
8 Comunicación de los Estados Unidos, de 31 de marzo de  2016.  WT/AB/27  
 
- 114 - 
 
  modo que no se aliviaría la carga de trabajo del Órgano de Apelación. Los Estados Un idos 
añadieron que, con el establecimiento de límites de páginas, podían aumentar los obstáculos para 
el Órgano de Apelación y los participantes, y se corría el riesgo de que los recursos se desviaran 
de los fundamentos de las alegaciones planteadas en una  apelación determinada. Los Estados 
Unidos recalcaron que los límites de páginas podían provocar que el Órgano de Apelación recibiera 
comunicaciones menos completas e informativas, lo que se traduciría en un aumento de su carga 
de trabajo. También podía oc urrir que, como resultado de la limitación, un participante se viese 
obligado a reducir el número de cuestiones apeladas o de argumentos presentados, sin importar el 
fundamento de esas cuestiones o argumentos. Los Estados Unidos recordaron que la extensión  
media de las comunicaciones escritas variaba de un caso a otro y que, de hecho, la extensión de 
las comunicaciones de los apelados había disminuido en las apelaciones recientes, por lo que 
afirmaron que no sería apropiado ni eficaz aplicar el mismo límite  de páginas a todas las 
apelaciones. Además, factores como la complejidad de las cuestiones planteadas en la apelación o 
el número de cuestiones planteadas no se podían tener en cuenta antes de la presentación de la 
apelación.  
Colombia propuso como alterna tivas a los límites de páginas: i) la optimización de los procesos 
relativos a la gestión de documentos (incluida la traducción); ii) el establecimiento de un grupo de 
trabajo en el Órgano de Apelación compuesto por un número adecuado de personas que parti cipen 
en todos los aspectos de las diferencias; y iii) la incorporación de funcionarios con conocimientos 
jurídicos y económicos especializados en todas las esferas. La Unión Europea propuso que el 
Órgano de Apelación elaborase unas directrices para instar  a los participantes a ser concisos en 
sus comunicaciones escritas o proporcionase orientación sobre cómo estructurar las 
comunicaciones con el fin de evitar la repetición superflua de información sobre las constataciones 
de un grupo especial, la jurisprud encia y los argumentos presentados al grupo especial. México 
propuso que el Órgano de Apelación podía estudiar el establecimiento, de manera experimental, 
de un mecanismo o unas directrices no vinculantes sobre la extensión máxima de las 
comunicaciones esc ritas. 
Teniendo en cuenta las reacciones de los Miembros de la OMC, el Órgano de Apelación decidió no 
promover la introducción de límites a la extensión de las comunicaciones escritas.  
 WT/AB/27  
 
- 115 - 
 
  ANEXO  3 
COMUNICACIONES DE LO S MIEMBROS DEL ÓRGAN O DE APELACIÓN Y LOS  ANTIGUOS MIEMBROS 
DEL ÓRGANO DE APELAC IÓN SOBRE LA OPOSICI ÓN A LA RENOVACIÓN D EL MANDATO  
DE UN MIEMBRO DEL ÓR GANO DE APELACIÓN  
COMUNICACIÓN DE LOS ACTUALES MIEMBROS DEL ÓRGANO DE APELACIÓN AL ÓRGANO 
DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS, DE 18 DE MAYO DE 2016  
Estimad o Sr. Embajador Carim:  
Hemos seguido la reciente declaración de oposición a la renovación del mandato del Sr. Seung 
Wha Chang y las razones de esa oposición, que se comunicaron a los representantes de la prensa. 
Nos preocupa la exactitud  de algunas de esas  razones y, en particular, la amenaza que puedan 
suponer a la confianza que los Miembros de la OMC han depositado en la independencia e 
imparcialidad de los Miembros del Órgano de Apelación, de las que depende el sistema de solución 
de diferencias.  
Con res pecto a la exactitud , ningún asunto es fruto de la decisión de un solo Miembro del Órgano 
de Apelación, ni las interpretaciones o resultados pueden atribuirse a un único Miembro. Las 
apelaciones se examinan y deciden por tres Miembros que son elegidos al a zar para constituir la 
sección en cada caso particular. Durante el examen que la sección hace del caso existe siempre un 
intercambio de opiniones formal e intensivo, que se celebra en persona en Ginebra, entre los tres 
Miembros de la sección y los Miembros  del Órgano de Apelación que no forman parte de la misma. 
Nuestros informes son informes del Órgano de Apelación.  
El párrafo 2 del artículo 3, el artículo 17 y el párrafo 2 del artículo 19 del Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias establecen que nues tro mandato consiste en conocer de las apelaciones y 
aclarar las disposiciones vigentes de los acuerdos abarcados sin aumentar o reducir los derechos y 
obligaciones establecidos en esos acuerdos. Cuando decidimos sobre cuestiones complejas que 
surgen en un a serie de circunstancias, con frecuencia acerca de asuntos sobre los que no existen 
precedentes, nos esforzamos por cumplir ese mandato. La cuestión de si siempre lo hemos logrado 
es algo que deben debatir los Miembros de la OMC. Valoramos positivamente e l derecho de los 
Miembros de la OMC a formular observaciones sobre nuestros informes, tal y como prevé el 
párrafo 14 del artículo 17 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, y estamos abiertos a 
otras observaciones fundamentadas y constructivas.  
Respecto a la amenaza para la confianza que los Miembros de la OMC depositan en la 
independencia e imparcialidad de los Miembros del Órgano de Apelación, nos preocupa que se 
vincule la renovación del mandato de un Miembro del Órgano de Apelación a interpreta ciones 
realizadas en casos concretos, y más aún que se haga públicamente. El sistema de solución de 
diferencias depende de que los Miembros de la OMC confíen en la independencia e imparcialidad 
de los Miembros del Órgano de Apelación, y vincular la renovac ión del mandato de un Miembro a 
casos específicos podría dañar esa confianza.  
Por último, queremos expresar el mayor de los respetos por el Sr. Seung Wha Chang, como 
persona y como colega íntegro, independiente e imparcial. Ha trabajado con gran empeño jun to a 
nosotros para mantener la calidad de nuestros informes y promover una mejora constructiva de 
nuestro funcionamiento.  
Somos conscientes de que no existe un derecho a la renovación del mandato, y entendemos que 
no tenemos ningún papel que desempeñar en las decisiones relativas a la renovación. 
No obstante, por las razones que hemos expuesto, nos sentimos obligados a dar a conocer nuestra 
opinión . WT/AB/27  
 
- 116 - 
 
  Atentamente , 
 Thomas R. GRAHAM  
Presidente   
del Órgano de Apelación  
  
Ujal Singh BHATIA  
Miembro  
del Órgano de Apelación  
 Ricardo RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
Miembro  
del Órgano de Apelación  
 
Shree Baboo Chekitan SERVANSING  
Miembro  
del Órgano de Apelación  Peter VAN DEN BOSSCHE  
Miembro  
del Órgano de Apelación  
 Yuejiao ZHANG  
Miembro  
del Órgano de Apelación   
 WT/AB/27  
 
- 117 - 
 
  COMUNICA CIÓN DE LOS ANTERIORES MIEMBROS DEL ÓRGANO DE APELACIÓN AL 
ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS, DE 31 DE MAYO DE 2016  
Estimado Sr. Presidente:  
Escribimos con la esperanza de poder ayudar a los Miembros de la Organización Mundial del 
Comercio. Puesto que somo s los 13 antiguos Miembros con vid a del Órgano de Apelación de 
la OMC, hemos seguido de cerca y con cierta preocupación las recientes deliberaciones de los 
Miembros de la OMC sobre la candidatura pendiente para la renovación del mandato de uno de 
nuestros sucesores en el Órgano de Apelación. Somos conscientes de que esta es una decisión 
política reservada exclusivamente a los Miembros de la OMC en su función de Órgano de Solución 
de Diferencias de la Organización . Asimismo, reconocemos que, puesto que el En tendimiento sobre 
Solución de Diferencias de la OMC prevé la posibilidad de renovar el mandato de un Miembro del 
Órgano de Apelación por un segundo período de cuatro años, contempla también la posibilidad de 
que dicha renovación no tenga lugar.  
A pesar de ello, consideramos urgente expresar nuestra opinión consensuada de que esta decisión 
política de los Miembros de la OMC nunca debe adoptarse de forma que pueda politizar la solución 
de diferencias de la OMC y poner en peligro la independencia e imparcialid ad de los distintos 
Miembros del Órgano de Apelación que exigen las Normas de conducta de la OMC. 
La independencia e imparcialidad continuas del Órgano de Apelación de la OMC son esenciales 
para mantener el imperio de la ley en el comercio internacional. A demás, constituyen en nuestra 
opinión un requisito previo para proporcionar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de 
comercio basado en normas, en beneficio de todos los Miembros de la OMC.  
Queremos subrayar que las preocupaciones que nos susc ita el actual proceso de renovación son de 
carácter completamente institucional. Un Miembro de la OMC ha centrado su crítica en un Miembro 
concreto del Órgano de Apelación, haciendo referencia a resoluciones adoptadas en determinadas 
apelaciones por una se cción de la que dicho Miembro formaba parte. Las críticas dirigidas en el 
actual proceso hacia ese Miembro del Órgano de Apelación podrían haberse dirigido perfectamente 
a cualquiera de los otros seis Miembros del Órgano de Apelación. Como han explicado es os otros 
seis Miembros del Órgano de Apelación en una carta reciente a los Miembros de la OMC, las 
resoluciones y recomendaciones del Órgano de Apelación no pueden atribuirse en exclusiva a 
ningún Miembro concreto del Órgano de Apelación porque "nuestros i nformes son informes del 
Órgano de Apelación".  
Durante los 20 primeros años de existencia de la OMC y del Órgano de Apelación esto ha sido 
siempre así. Al formular siempre sus resoluciones, recomendaciones e informes como Órgano de 
Apelación, sus Miembros han mantenido y reforzado mutuamente la firmeza de sus compromisos 
individuales de imparcialidad e independencia. Pero si, en estos momentos, la decisión acerca de la 
renovación del mandato de un Miembro del Órgano de Apelación puede hacerse depender por 
primera vez de que ese Miembro se haya sumado al consenso sobre la solución de una cuestión 
jurídica concreta o una diferencia determinada, podría ponerse en peligro todo lo que la 
generación anterior hizo por la credibilidad del sistema de solución de dife rencias de la OMC. 
Se trata de una cuestión que abre la puerta a posibles presiones inadecuadas por parte de los 
participantes en el sistema de comercio de la OMC. No debe admitirse de ningún modo la 
posibilidad de interferencias políticas en lo que deberí an seguir siendo dictámenes jurídicos 
imparciales adoptados en el marco del sistema de resolución basado en normas de la OMC.  
Como señaló una vez nuestro venerado colega Julio Lacarte, ya fallecido, a propósito de cualquier 
acción que pudiera poner en tela  de juicio la imparcialidad e independencia del Órgano de 
Apelación, "este Rubicón no debe cruzarse". La imparcialidad e independencia incontestables de 
los Miembros del Órgano de Apelación ha n sido clave para el éxito del sistema de solución de 
diferencia s de la OMC, que a su vez ha sido fundamental para el éxito de la OMC en general. S i se 
socav an la independencia e imparcialidad del Órgano de Apelación no solo se estará cuestionando 
por primera vez la integridad del Órgano de Apelación, sino que se estará poniendo en peligro el 
futuro de todo el sistema de comercio de la OMC.  
Aunque uno o más Miembros de la OMC puedan diferir en ocasiones de una decisión adoptada por 
el Órgano de Apelación, esto no significa necesariamente que el Órgano de Apelación se ha ya WT/AB/27  
 
- 118 - 
 
  extralimitado en su mandato al adoptar esa decisión. Este tipo de di vergencias son inevitables en 
un sistema basado en normas que trata de solucionar diferencias internacionales entre partes en 
litigio que mantienen opiniones encontradas sobre el signif icado de las normas. De hecho, estas 
divergencias son inherentes al propio proceso de interpretación jurídica (la competencia 
fundamental del Órgano de Apelación).  
Si no se quiere poner en cuestión la imparcialidad, independencia e integridad de un Miembro  y, 
con ellas, las de todo el Órgano de Apelación, la decisión sobre la renovación del mandato de un 
Miembro del Órgano de Apelación no debe basarse en las decisiones en las que ese Miembro haya 
participado en tanto que integrante de las secciones que haya n examinado determinadas 
apelaciones. Del mismo modo, si no queremos que el Órgano de Apelación se convierta en un 
objeto de favor político y quede reducido a un mero instrumento político, el nombramiento o la 
renovación del mandato en el Órgano de Apelaci ón no deben depender de preferencias doctrinales. 
Antes bien, c omo establece el párrafo 3 del artículo 17 del Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias de la OMC, el criterio que debe regir el nombramiento o la renovación del mandato es 
si la persona en cuestión es "de prestigio reconocido, con competencia técnica acreditada en 
derecho, en comercio internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en general."  
En el supuesto de que los Miembros de la OMC concluyeran alguna vez que el Órgano de Apel ación 
ha incurrido en error al aclarar una obligación de la OMC en el marco de la solución de diferencias 
de la Organización, el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio especifica la medida correctiva apropiada. El  párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo de 
Marrakech, sobre la "adopción de decisiones," establece que "[l]a Conferencia Ministerial y el 
Consejo General tendrán la facultad exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y 
de los Acuerdos Comerc iales Multilaterales" por "mayoría de tres cuartos de los Miembros". Esas 
interpretaciones jurídicas serían, por supuesto, vinculantes para el sistema de solución de 
diferencias de la OMC. Observamos que, hasta la fecha, los Miembros de la OMC no han 
considerado necesario adoptar ninguna medida de este tipo.  
Por otra parte, y lo que es más importante, si los Miembros de la OMC concluyesen ahora que 
desean hacer aún más para contribuir a garantizar la independencia e imparcialidad del Órgano de 
Apelación, su gerimos que se suprima el actual sistema de renovación. En lugar de un mandato de 
cuatro años, con la posibilidad de un segundo mandato de cuatro años, recomendamos un único 
mandato de mayor duración para todos los Miembros del Órgano de Apelación.  
Señor P residente, le rogamos respetuosamente que distribuya esta carta a todos los Miembros de 
la OMC. Asimismo, le pedimos que les asegure que permanecemos, como siempre, deseosos de 
servirles en todo lo que podamos.  
Muchas gracias.  
Atentamente,  
Georges Abi -Saab James Bacchus  Luiz Olavo Baptista  
Lilia R. Bautista  Claus -Dieter Ehlermann  AV Ganesan  
Jennifer Hillman  Merit E. Janow  Mitsuo Matsushita  
Shotaro Oshima  Giorgio Sacerdoti  Yasuhei Taniguchi  
 David Unterhalter   
 WT/AB/27  
 
- 119 - 
 
  ANEXO  4 
DISCURSOS DE DESPEDI DA DE DOS MIE MBROS DEL ÓRGANO  DE APELACIÓN  
DISCURSO PRONUNCIADO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR  SEUNG WHA CHANG  
Quisiera comenzar dando las gracias a todos los Miembros de la OMC, ante todo por haber 
convenido, hace cuatro años, en designarme para servir a esta maravil losa institución, 
confiriéndome el honor de ser Miembro del Órgano de Apelación, y por permitirme hablar ante 
ustedes hoy, en el día de mi despedida. Durante los últimos cuatro años he tenido constantemente 
la sensación de ser un Miembro principiante del Ó rgano de Apelación. Pero ahora, al marcharme 
antes que mis colegas más experimentados, siento como si, de pronto, hubiera adquirido una 
experiencia que ellos no tienen. Es una grata sensación. ¡Qué día!  
Quisiera abordar tres aspectos de la solución de dife rencias en la OMC, y a continuación hacer 
unas reflexiones algo más personales sobre los últimos cuatro años en el Órgano de Apelación. 
El primero de esos tres aspectos es lo que, a mi juicio, constituye uno de los retos que afronta 
actualmente la solución  de diferencias en la OMC en general. Los otros dos se refieren más 
específicamente al mandato del Órgano de Apelación, así como a su independencia e 
imparcialidad.  
A lo largo de los últimos 20 años, las diferencias planteadas en la OMC no solo han aumenta do en 
número, también se ha acentuado su legalis mo, su complejidad y su carácter  técnico . Ello es 
reflejo del éxito de la OMC, del hecho de que las economías nacionales están más 
interrelacionadas. También refleja la creciente importancia del papel de los juristas y abogados en 
la solución de diferencias en la OMC. El problema es, sin embargo, que esa evolución no parece 
haber sido prevista en el ESD. Por ejemplo, el plazo de 90 días para los procedimientos de 
apelación y el hecho de que los Miembros del Ór gano de Apelación trabajen a tiempo parcial 
parecen ser incompatibles con la amplitud y la complejidad crecientes de las apelaciones 
planteadas ante el Órgano de Apelación.  
Es posible que algunos consideren que los grupos especiales y el Órgano de Apelació n de la OMC 
no fueron concebidos para funcionar de la misma manera que los órganos judiciales tradicionales y 
que, por lo tanto, no deben funcionar de esa manera. Sin embargo, si los usuarios del sistema de 
solución de diferencias de la OMC utilizan elabor adas técnicas y estrategias de abogacía para 
presentar sus argumentos y solicitar diversos tipos de resoluciones proce sales, como hacen los 
litigantes ante los órganos judiciales tradicionales, los grupos especiales y el Órgano de Apelación 
de la OMC no te ndrán más opción que responder en consecuencia y adecuarse a la manera en que 
el sistema de solución de diferencias está siendo utilizado actualmente por los Miembros de la 
Organización. Creo que el Órgano de Apelación ha hecho cuanto ha estado en su mano para lograr 
ese objetivo, y al mismo tiempo ha racionalizado en consecuencia sus prácticas de gestión de los 
asuntos. Sin embargo, lo ha hecho sometido a las limitaciones estructurales derivadas del marco 
establecido por el ESD, que tiene ya más de veinte años de antigüedad.  
Por lo tanto, ha llegado el momento de que los Miembros de la OMC tomen medidas en relación 
con el marco jurídico del sistema de solución de diferencias, ya sea mediante la revisión  del ESD, o 
mediante la adopción  de normas  o decisiones  suplementarias por el OSD.  
Paso ahora a cuestiones más específicas. En primer lugar, el mandato del Órgano de Apelación.  
El alcance del mandato del Órgano de Apelación debe definirse, por supuesto, con arreglo al ESD. 
De conformidad con el ESD, el Órgano de Apelación debe "examinar" cada una de las cuestiones 
planteadas por las partes en un procedimiento de apelación, que serán exclusivamente "cuestiones 
de derecho tratadas en el informe del grupo especial [e] interpretaciones jurídicas formuladas por 
este". Por consiguiente, una vez que esas cuestiones han sido debidamente planteadas por las 
partes en apelación, e l Órgano de Apelación tiene el " deber jurídico " de abordar cada una de ellas.  
Los Miembros de la OMC pueden discrepar en cuanto a la manera en qu e el Órgano de Apelación 
debe "examinar" cada una de las cuestiones planteadas por las partes. A mi juicio, ello depende en WT/AB/27  
 
- 120 - 
 
  gran medida de la forma en que las partes hayan presentado sus alegaciones. Sin embargo, a fin 
de cuentas será el Órgano de Apelació n el que decida, caso por caso, cómo abordar cada cuestión 
objeto de apelación, a la luz de los principios rectores -por ejemplo, el objetivo del sistema de 
solución de diferencias, que es la pronta solución de las diferencias -, y, lo que no es menos 
impor tante, de las preocupaciones relativas a las debidas garantías de procedimiento.  
El párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone que "[e]l sistema de solución de diferencias de la OMC 
... sirve ... para aclarar las disposiciones vigentes de [los] acuerdos [aba rcados] de conformidad 
con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público". Como el Órgano de 
Apelación ha señalado, ese mandato de "aclarar" no es una invitación a que "el Órgano de 
Apelación  ... 'legis[le]' mediante la aclaración de las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre 
la OMC, fuera del contexto de la solución de una determinada diferencia". Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación debe cuidarse de no formula r interpretaciones generales de las disposiciones  
de los acuerdos abarcados de manera abstract a o excesivamente a mplia y desconectada del 
alcance de las cuestiones objeto de apelación en una diferencia concreta, y corriendo el riesgo de 
agotar las posibilidades den interpretación  en casos futuros, en los que podría plant earse una 
diferencia más pertinente.  
Al mismo tiempo, recordémoslo, el conjunto de los acuerdos abarcados de la OMC constituye el 
"todo único" del sistema multilateral de comercio, ninguno de cuyos componentes puede ser 
interpretado o aplicado sin tener en  cuenta los demás. Al interpretar determinadas disposiciones, 
los grupos especiales y el Órgano de Apelación afrontan la delicada tarea de lograr un equilibrio 
entre , por una parte,  mantener la coherencia de disposiciones de la OMC diferentes pero 
relacion adas sistémicamente y , por otra, respetar las peculiaridades contextuales de cada una de 
ellas. Por ello, el Órgano de Apelación debe considerar cuidadosamente las repercusiones 
sistémicas que las interpretaciones jurídicas de una disposición concreta de l a OMC puedan tener 
en otras partes de los acuerdos abarcados pertinentes desde un punto de vista contextual.  
Esa tarea es más difícil que la de decidir simplemente, de manera aislada y miope, cuál de las 
argumentaciones presentadas por las partes con respe cto a un a determinada disposición de 
la OMC prevalece. No se trata de un ejercicio académico, sino de una función resolutoria legítima y 
necesaria encomendada al Órgano de Apelación. Al mismo tiempo, constituye el núcleo mismo de 
la labor que debe realizar  el Órgano de Apelación al aclarar las disposiciones vigentes de la OMC y, 
de esa manera, "aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio", en el que 
el conjunto de los Miembros de la OMC, incluidos los terceros en una diferencia, t iene un interés 
sistémico.  
Paso ahora a la cuestión de la independencia e imparcialidad del Órgano de Apelación.  
No cabe duda de que el pilar más fundamental de  la institución  resolutori a es la independencia e 
imparcialidad de sus integrantes en el marco d el mecanismo de solución de diferencias. 
Los Miembros del Órgano de Apelación tienen, por supuesto, el deber de mantener su 
independencia e imparcialidad. De manera similar, los Miembros de la OMC, que crearon este 
sistema, también están obligados a no soc avar la independencia e imparcialidad de los Miembros 
del Órgano de Apelación.  
Es cierto que los Miembros del Órgano de Apelación no tienen derecho a la renovación automática 
de su mandato. Pero es igualmente cierto que el conjunto de los Miembros de la OM C tiene un vivo 
interés en preservar la independencia e imparcialidad del Órgano de Apelación; por lo tanto,  se 
debe desalentar el ejercicio de su derecho soberano de manera que menoscabe la confianza básica 
en el Órgano de Apelación. Por ello, recomiendo que los Miembros de la OMC, por medio del OSD, 
establezcan ciertos principios, así como prescripciones de procedimiento, que los Miembros deban 
observar en relación con la renovación de los mandatos.  
La renovación del mandato de todo Miembro del Órgano de Apelación debe estar garantizada, 
salvo que existan razones legítimas para que los Miembros de la OMC se opongan a ella. Además, 
el alcance de esas razones legítimas debe ser muy limitado. Por ejemplo, la "incapacidad", entre 
otros motivos , por enfermedad y los incumplimientos importantes de los deberes exigidos por 
el ESD y otras normas pertinentes, como el Código de Conducta, constituirían, a mi juicio, razones 
legítimas para oponerse a la renovación de un mandato. Entre esos incumplimientos de los 
debere s pueden figurar la pérdida de la independencia o imparcialidad, por ejemplo por vinculación WT/AB/27  
 
- 121 - 
 
  a un gobierno; la existencia de comunicaciones ex parte  del tipo prohibido por las normas 
actuales; el quebrantamiento de la confidencialidad; y el no haber evitad o conflictos de intereses.  
No obstante, esas razones solo deben ser legítimas cuando un Miembro de la OMC que tenga la 
intención de oponerse a la renovación del mandato haya presentado debida y oportunamente 
pruebas suficientes, y cuando el nivel del incum plimiento sea "importante". Si un Miembro de 
la OMC considera seriamente la posibilidad de oponerse a la renovación del mandato de un 
Miembro del Órgano de Apelación, debe hacer cuanto esté en su mano por plantear la cuestión tan 
pronto como sea factible, y debe darse al Miembro del Órgano de Apelación, de conformidad con 
las debidas garantías de procedimiento, oportunidad suficiente de ser oído antes de que expire su 
mandato. De no existir esos principios, además del posible menoscabo de la confianza en la  
independencia e imparcialidad de los Miembros del Órgano de Apelación, pueden producirse 
también vacantes imprevistas en la institución, lo que entorpecería su correcto funcionamiento.  
Pero lo más importante es que el resultado de los asuntos no ha de ser  nunca una razón admisible 
para oponerse a la renovación de un mandato. De manera similar, el desempeño  resolutori o de un 
Miembro del Órgano de Apelación en lo que concierne a la gestión de los asuntos, incluido su 
"estilo judicial", no debe ser reconocido  como una razón legítima para oponerse a la renovación de 
su mandato. En particular, creo que debe haber una sola ocasión en la que haya que someter a 
examen el "estilo judicial": la fase previa al nombramiento inicial. La expresión "estilo judicial" 
puede  reflejar diversos aspectos del desempeño de un miembro del órgano resolutorio que 
normalmente son confidencial es e invisibles para las personas ajenas a la institución. Si un 
Miembro de la OMC trata de definir el "estilo judicial " de un Miembro del Órgano  de Apelación 
sobre la base de la mera observación del desempeño resolutorio de dicho Miembro durante la 
audiencia, haría como quien dibujara un elefante después de haber tocado solo su trompa, sin 
haber visto el cuerpo entero.  
A lo largo de los más de 25 años de mi carrera profesional en la judicatura, ya sea como juez 
nacional, árbitro internacional, integrante de grupos especiales de la OMC o Miembro del Órgano 
de Apelación, he aplicado sistemáticamente uno de mis principios en materia resolutoria , a sab er: 
"si no puedes complacer por igual a ambas partes con tus preguntas en la sala de la audiencia, 
trata de contrariarlas a ambas, pero siempre por igual". Que yo recuerde, en los 4 últimos años 
mis preguntas en las audiencias del Órgano de Apelación no ha n complacido por igual a ambas 
partes, pero, en todas y cada una de ellas he hecho todo lo posible por contrariarlas de manera 
imparcial, ya se tratara de reclamantes o de demandados, de grandes países adelantados o de 
pequeños países de meno r desarrollo. Sí, ese es mi "estilo judicial".  
Imaginen cuáles serían las consecuencias para el correcto funcionamiento del Órgano de Apelación 
si la forma de preguntar y el estilo judicial de los distintos Miembros del Órgano de Apelación 
observados en la sala de la au diencia tuvieran que ser evaluados unilateralmente por los Miembros 
de la OMC (en particular, por las partes en las diferencias) para decidir si oponerse o no a la 
renovación de su mandato en el futuro. Si esa manera de proceder persistiera, preferiría sug erir a 
mis colegas del Órgano de Apelación que este considerara seriamente la conveniencia de suprimir 
las audiencias o sustituirlas por cuestionarios escritos. De lo contrario, en su primer mandato 
ningún Miembro del Órgano de Apelación estaría libre del riesgo de no ser renovado, salvo que 
fuera un mago capaz de complacer siempre a todas las partes por igual. En tales circunstancias, 
¿se puede esperar que un Miembro del Órgano de Apelación ejerza sus funciones resolutoria s de 
manera independiente e imparc ial? ¿Y cuántos de los actuales Miembros del Órgano de Apelación 
considerarían optar a una renovación de su mandato?  
Por todo ello, me alegro de que el OSD haya iniciado las sesiones e specífica s sobre la renovación 
de los mandatos, con inclusión  del examen  de la necesidad de modificar las normas que rigen  esta 
cuestión . Yo apoyaría firmemente una propuesta de modificación del mandato inicial de los 
Miembros de Órgano de Apelación para transformarlo en un mandato prolongado, no renovable, de 
seis o siete año s. Si ese es un objetivo demasiado ambicioso para lograrlo en el futuro previsible, 
tal vez el OSD pudiera utilizar las sesiones e specífica s como un útil foro en el que racionalizar el 
proceso de renovación de  los mandato s con el fin de preservar la indepe ndencia e imparcialidad 
del Órgano de Apelación. Espero sinceramente, lo digo con toda fr anqueza, que los Miembros de 
la OMC conviertan el desafortunado hecho de que mi mandato no haya sido renovado en una 
oportunidad valiosa y positiva para reforzar la in dependencia e imparcialidad del Órgano de 
Apelación a largo plazo, en lugar de socavarla.  WT/AB/27  
 
- 122 - 
 
  Permítanme pasar, por último, a mis reflexiones personales sobre los cuatro últimos años en esta 
institución. En primer lugar, ha sido un gran honor y un enorme privilegio trabajar con seis colegas 
tan experimentados y entregados. Últimamente, todos juntos hemos observado con enorme 
satisfacción que durante los últimos años el Órgano de Apelación, escuchando atentamente las 
opiniones y los deseos de los usuarios del si stema, ha hecho progresos significativos en la mejora 
de sus prácticas de administración de los asuntos, para hacerlas más eficientes y equitativas y, al 
mismo tiempo, para aumentar nuestro nivel de responsabilidad por los producto s de la labor del 
Órgano de Apelación. Estoy orgulloso de lo realizado hasta ahora junto con mis colegas, y espero y 
confío en que esos esfuerzos continúen cuando me haya marchado.  
Los juristas de la Secretaría del Órgano de Apelación, encabezados por Werner, el más entregado 
de los Directores, son uno de los equipos intelectuales de mayor calidad y talento con los que he 
trabajado en toda mi vida profesional. Sin ellos, dadas las limitaciones de tiempo y la contratación 
a tiempo parcial de los Miembros del Órgano de Apelación, el sistema de examen en apelación de 
la OMC habría sido insostenible. Por lo tanto, es esencial que se les dote de recursos humanos 
suficientes y de un entorno de trabajo en el que puedan desarrollarse profesionalmente, en 
condiciones laborales sostenibles, p ara que permanezcan con nosotros.  
Ocho años puede ser demasiado tiempo para mantener el afecto por otra persona con el mismo 
grado de pasión. De manera similar, mi estima por la OMC podría haberse debilitado o 
desvanecido con el tiempo, si hubiera ejercido  dos mandatos de cuatro años. Sin embargo, como 
abandono la OMC ahora, después de un único mandato, mi estima por la Organización sigue 
siendo tan intensa como el primer día, y continuaré prendado de la OMC, en particular del Órgano 
de Apelación, durante e l resto de mi vida.  
Y, como última observación, recuerdo que hace cuatro años, presté juramento ante todos ustedes 
y mi familia, incluidos nuestros gemelos, leyendo en voz alta la siguiente frase: "Juro 
solemnemente que cumpliré honrada, independiente, imp arcial y concienzudamente, y de 
conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio, los deberes que me 
corresponden como Miembro del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio. 
Evitaré en todo momento conflictos directos o indirectos de intereses en el desempeño de mis 
funciones y responsabilidades, y respetaré la confidencialidad de las actuaciones del Órgano de 
Apelación." Ahora puedo confirmar con orgullo que durante los últimos cuatro años he cumplido 
estrictamente mi pr omesa.  
Muchas gracias a todos y adiós.  
DISCURSO PRONUNCIA DO EL 26 DE OCTUBRE DE 2016 POR  YUEJIAO ZHANG  
El tiempo pasa muy deprisa. He cumplido ocho años de servicio como Miembro del Órgano de 
Apelación, el máximo órgano resolutorio de la OMC, de renombre m undial. Estos últimos ocho 
años han sido los más gratificantes de mis cincuenta años de vida profesional. Ser Miembro del 
Órgano de Apelación ha sido un gran honor. Quisiera dar las gracias a todos los que han hecho 
posible que forme parte de esta instituc ión excepcional.  
También ha sido un privilegio y un verdadero placer haber pasado estos ocho años en compañía de 
los actuales y anteriores Miembros del Órgano de Apelación, tan inteligentes, experimentados y 
cordiales, así como del entregado personal de la  Secretaría del Órgano de Apelación. En mi 
despedida, expreso mi gratitud a cada uno de ustedes.  
Cuando me nombraron Miembro del Órgano de Apelación, consideré que asumía un noble 
cometido y un a gran responsabilidad . Presté juramento ante todos ustedes el 23 de mayo de  2008 
y me comprometí a servir al sistema multilateral de comercio basado en normas y resolver las 
diferencias de conformidad con el derecho de la OMC, con independen cia, imparcial idad y en 
concien cia, y a evitar todo conflicto de intereses en  el ejercicio de mis funciones y 
responsabilidades. La independencia y la imparcialidad son de la máxima importancia para quienes 
desempeñan la función resolutoria. No estar vinculado a ningún gobierno y no mantener 
comunicaciones ex parte  son prescripcion es obligatorias para todos los integrantes de grupos 
especiales y los Miembros del Órgano de Apelación. Esas prescripciones no protegen solo la 
autoridad y dignidad del Órgano de Apelación, sino también la integridad y credibilidad de quienes WT/AB/27  
 
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  desempeñan la  función resolutoria. Como mis colegas del Órgano de Apelación, prometí 
consagrarme prioritariamente al desempeño de la labor del Órgano de Apelación y a velar por la 
seguridad y previsibilidad del sistema multilateral de comercio. No fueron palabras vanas , sino una 
promesa cumplida por mi parte. Nunca antepuse un asunto personal a mi labor en el Órgano de 
Apelación. En octubre de  2008 hospitalizaron a mi padre, justo antes de la fecha en que yo debía 
viajar a Ginebra para una apelación. No quería separarme  de él. Mi padre me dijo: "Debes ir a 
Ginebra. Resolver una diferencia mundial de esa magnitud es más importante que mi salud. 
Me recuperaré." Ante su insistencia, vine a Ginebra como estaba previsto. Después de la 
audiencia, el intercambio de opiniones en tre los siete Miembros del Órgano de Apelación y las 
deliberaciones de la sección en el procedimiento de apelación, volví directamente al Hospital de 
Beijing. Pero mi padre había fallecido. Mi marido me contó que había dicho que estaba orgulloso 
de mí. Esa s fueron sus últimas palabras.  
Además de mi padre, mi m odelo de conducta han sido los padres fundadores del Órgano de 
Apelación, entre quienes cuento al Embajador Julio Lacarte, al Juez Florentino Feliciano y al 
Profesor John Jackson, todos ellos fallecido s el pasado año. He tenido la gran fortuna de haber 
celebrado reuniones con ellos, en Ginebra, Beijing y otras ciudades, en las que compartieron 
conmigo su vasta experiencia en el derecho y la práctica jurídica de la OMC. Sus ideales, su 
profesionalidad y su dedicación dejaron huella en mí.  
Agradezco sinceramente a mis seis colegas del Órgano de Apelación su dedicación, su profundo 
conocimiento del derecho de la OMC, su compañerismo, su saber y su larga experiencia en las 
negociaciones comerciales multilate rales y la solución de diferencias, y que hayan hecho siempre 
que nuestras deliberaciones fueran cordiales, intensas, serenas y fructíferas.  
Como Miembros del Órgano de Apelación , trabajamos con ahínco. Pese a los constantes viajes de 
larga distancia, much os de nosotros comenzamos a tratar informalmente las cuestiones por correo 
electrónico a las 4 de la madrugada, y luego celebramos intensas reuniones que se extienden a lo 
largo de toda la jornada laboral e incluso hasta entrada la noche y durante los fine s de semana. 
¡Es tan difícil recuperarse totalmente del desfase horario que casi todos los Miembros del Órgano 
de Apelación han cambiado sus hábitos de sueño y se han vuelto muy madrugadores ! 
A mi juicio, la contratación a tiempo parcial de los Miembros de l Órgano de Apelación y la presión 
que impone el plazo de 90 días para finalizar el informe del Órgano de Apelación no son 
sostenibles, particularmente en épocas de fuerte carga de trabajo, y teniendo en cuenta la 
complejidad de las cuestiones jurídicas pl anteadas en las apelaciones. A causa de retrasos en el 
proceso de nombramiento, en 2013 el Órgano de Apelación contó con solo seis Miembros durante 
nueve meses y medio. Actualmente tiene solo cinco Miembros. Las dos vacantes actuales deben 
cubrirse a la ma yor brevedad.  
También quisiera dar las gracias a los juristas sumamente competentes y el entregado personal de 
la Secretaría del Órgano de Apelación. También trabajan con tesón, incluso entrada la noche y en 
fin de semana, y con frecuencia a costa de sus c ompromisos personales y familiares.  
La escasez de juristas competentes es un gran reto para el mecanismo de solución de diferencias 
de la OMC. Contar con un equipo estable de juristas bien formados y competentes es muy 
importante para el buen funcionamient o del proceso de apelación y para preservar el acervo de la 
institución. Lamentablemente, en los últimos ocho años he visto abandonar la Secretaría del 
Órgano de Apelación a siete juristas, de los cuales aproximadamente el 40 % ha pasado a 
despachos privado s. Hay una necesidad imperiosa de que la OMC contrate a juristas muy 
cualificados y los conserve.  
Mis compañeros del Órgano de Apelación y la Secretaría del Órgano de Apelación me han tratado 
como a un miembro de su familia. En los ocho últimos años he pas ado cuatro celebraciones de la 
primavera china trabajando en el Órgano de Apelación en Ginebra. Para mi sorpresa, mis colegas 
del Órgano de Apelación y el personal de la Secretaría del Órgano de Apelación organizaron fiestas 
para celebrar mi cumpleaños. La s canciones que compusieron y el baile que organizaron para mi 
despedida me han conmovido hasta el llanto. Nunca olvidaré su cálida hospitalidad y la sincera 
amistad que me han brindado.  WT/AB/27  
 
- 124 - 
 
  También estoy agradecida al Gobierno chino, que me propuso para integ rar el Órgano de 
Apelación cuando me jubilé del Banco Asiático de Desarrollo. El Gobierno chino nunca ha 
interferido en mi labor en el Órgano de Apelación, ni siquiera cuando, junto con los demás 
Miembros de la sección, resolví que sus medidas incumplían a lgunos de los acuerdos abarcados. 
Estoy muy impresionada por la manera en que han aplicado las resoluciones de la OMC.  
Mi gratitud se extiende también a los demás Miembros de la OMC. Han respetado las resoluciones 
del Órgano de Apelación incluso cuando en ellas se censuraban sus medidas. El carácter vinculante 
y la correcta aplicación de las resoluciones adoptadas por el OSD son fundamentales para el logro 
de los objetivos del sistema de solución de diferencias de la OMC. Al mismo tiempo, la confianza 
que los Miembros de la OMC depositan en los órganos resolutorios alienta al Órgano de Apelación a 
hacer todo lo posible por garantizar la solución pronta y positiva de las diferencias comerciales.  
Sería imprudente que los integrantes de un órgano resolutorio ha blaran sobre las cuestiones que 
se les ha pedido que resuelvan. Por lo tanto, durante mis ocho años de ejercicio en el Órgano de 
Apelación de la OMC he sido prácticamente una persona sin rostro y sin voz.  
Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que los M iembros del Órgano de Apelación pueden 
expresar opiniones personales de manera más franca y abierta. Siguiendo la tradición del Órgano 
de Apelación, quisiera aprovechar esta despedida para exponer algunas modestas observaciones 
personales sobre el sistema de solución de diferencias y el Órgano de Apelación de la OMC.  
El sistema de solución de diferencias de la OMC tiene una excelente reputación y se suele 
denominar "la joya de la corona" de la OMC. Su establecimiento, incluida la creación de un Órgano 
de Apelación permanente, fue un logro significativo. El hecho de que algunos acuerdos comerciales 
y de inversión regionales o bilaterales vayan a introducir tribunales permanentes similares pone de 
manifiesto la medida en que el Órgano de Apelación de la OMC se  ha convertido en un modelo 
para la solución de diferencias en materia de comercio e inversiones.  
El derecho de la OMC forma parte del derecho internacional público. El comercio es el motor del 
desarrollo económico mundial. Más del 98 % del comercio mundi al está sujeto al derecho de 
la OMC, lo que aporta seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. 
En consecuencia, las normas armonizadas y vinculantes del derecho de la OMC han contribuido a 
armonizar el derecho internacional público y hace rlo menos fragmentario. Creo que el derecho de 
la OMC también ha contribuido a la gobernanza económica mundial, promoviendo principios tan 
importantes como los del imperio de la ley, la rendición de cuentas, la transparencia y la inclusión.  
Durante los och o últimos años he observado hasta qué punto el derecho de la OMC y su sistema 
de solución de diferencias contribuyen a prevenir los roces comerciales y reducir el proteccionismo 
comercial en un entorno de crisis financiera y ralentización económica mundial es. Al mismo 
tiempo, he visto a 13 nuevos Miembros adherirse a la OMC y adoptar el multilateralismo basado en 
normas. La OMC se ha convertido en una organización verdaderamente "mundial".  
Y, a la vez, he sido testigo de lo sumamente difícil que resulta a l os Miembros de la OMC lograr el 
consenso en torno a cuestiones importantes por medio de negociaciones comerciales 
multilaterales. Es necesario reformar el lento proceso de toma de decisiones de la OMC.  
En conjunto, creo que, con su firme base jurídica y su  logrado sistema de solución de diferencias, 
así como con sus sólidos mecanismos de negociación y de examen de las políticas comerciales y su 
eficaz cooperación técnica, es evidente que la OMC tiene la vitalidad necesaria no solo para 
sobrevivir en tiempos  difíciles, sino también para contribuir a la paz y el desarrollo mundiales. 
¡La OMC no morirá nunca!  
En los últimos años, el sistema de solución de diferencias de la OMC ha afrontado muchos retos. 
Por ejemplo, hay una fuerte demanda de solución de diferen cias por parte de los Miembros de 
la OMC, el número de asuntos sometidos a la Organización está aumentando, las cuestiones 
planteadas son cada vez más numerosas y más complejas, y las comunicaciones y los informes 
son más extensos. Todo ello ha dado lugar a un mayor volumen de trabajo y a una escasez de 
personal profesional con experiencia , pero el presupuesto es ajustado. ¿Cómo debe la OMC 
afrontar esos retos?  WT/AB/27  
 
- 125 - 
 
  Quisiera exponer algunas reflexiones y propuestas personales, de carácter muy preliminar:  
En prim er lugar, la OMC debe considerar la posibilidad de hacer un mayor uso de l a solución  
informal de las diferencias comerciales entre los gobiernos , por ejemplo, mediante consultas, la 
mediación y la conciliación (también denominados "m odalidades alternativ as de solución de 
diferencias"). Sería una opción ideal. Como los procedimientos alternativos de solución de 
diferencias son más rápidos que los procedimientos resolutorios formales, el costo para las partes 
es inferior; también son menos formalis tas, menos legalistas  y menos gravos os para las partes. 
Además, la s modalidades alternativ as de solución de diferencias puede n atenuar el grado de 
confrontación entre las partes y preservar relaciones comerciales de larga duración entre 
Miembros de la OMC. El princip io básico es el de autonomía de las partes. Si estas están 
dispuestas a resolver sus diferencias comerciales de manera voluntaria y pacífica sin menoscabo 
de los intereses y derechos de terceros, debe alentárseles a que lo hagan. El ESD debería prever 
incentivos para que los Miembros solucionen sus diferencias mediante modalidades alternativas de 
solución de diferencias. Es posible que algunos Miembros tengan preocupaciones en relación con la 
capacidad de exigir la aplicación  del resultado de  las modalidade s alternativas de solución de 
diferencias. Del mismo modo que el OSD adopta los informes de los grupos especiales y del 
Órgano de Apelación y, de esa manera, hace que tengan efecto jurídico, también podría adoptar 
un acuerdo alcanzado entre las partes medi ante un a modalidad alternativa de solución de 
diferencias.  
En segundo lugar, cuando las consultas resultan infructuosas, la siguiente etapa en los 
procedimientos de solución de diferencias de la OMC es la del grupo especial, que es muy 
importante. La deter minación de los hechos y la formulación de razonamientos jurídicos, así como 
la calidad de los informes de los grupos especiales, son elementos esenciales en es ta etapa del 
proceso. Los integrantes de los grupos especiales son designados ad hoc . La selecci ón y formación 
de los integrantes de los grupos especiales es sumamente importante. Con el fin de garantizar una 
representación y participación equitativas de los Miembros de la OMC en es te proceso, la selección 
de integrantes de los grupos especiales que procedan de países en desarrollo Miembros, y su 
formación, deben ser una de las máximas prioridades del progra ma de asistencia jurídica de 
la OMC.  
En tercer lugar, se necesitan medidas para abordar la actual escasez de juristas cualificados que 
asisten a l os grupos especiales y al Órgano de Apelación en su labor. Debe fomentarse la 
movilidad interna de los juristas cualificados, así como la formación continua en materia de 
determinación de los hechos y formulación de razonamientos jurídicos, la cual debe ha cerse más 
accesible al personal de la Secretaría que integra las Divisiones relacionadas con la solución de 
diferencias. La redacción de textos  que estén en con formidad con el derecho de la OMC y sean 
coherentes, convincentes, concisos y fáciles de leer de be ser un objetivo fundamental del sistema 
interno de control de la calidad.  
En cuarto lugar, las autoridades competentes y los Comités de la OMC deben aclarar e interpretar 
los acuerdos abarcados de la OMC oportunamente. Por medio de acuerdos subsiguiente s, se puede 
adoptar rápidamente un conjunto de normas secundarias.  
Debería darse más importancia a las decisiones del órgano decisorio supremo de la OMC, la 
Conferencia Ministerial. Todos los Miembros deberían aplicar de buena fe las decisiones 
ministerial es adoptadas.  
En quinto lugar, en lo que concierne al reenvío, creo que la introducción de ese nuevo sistema 
puede no ser eficaz, puesto que, una vez que las partes conozcan el resultado de la decisión del 
Órgano de Apelación, pueden ser reacias a aportar información fáctica adicional que confirmaría su 
infracción de los acuerdos abarcados. Además, organizar nuevos grupos especiales requiere mucho 
tiempo y puede prolongar los procedimientos e imponer más cargas a las partes. Si el grupo 
especial lleva a cab o una determinación de los hechos exhaustiva y las partes cooperan aportando 
todas las pruebas no controvertidas y firman una exposición fáctica convenida, apenas sería 
necesario que los grupos especiales aplicaran el principio de economía procesal. Despué s, en la 
etapa de apelación, si el Órgano de Apelación revoca algunas de las interpretaciones y 
conclusiones del grupo especial, puede completar el análisis jurídico sobre la base de los hechos no 
controvertidos y de otros elementos fácticos y constatacion es del informe del grupo especial. Al WT/AB/27  
 
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  completar el análisis jurídico, puede evitar que resulten superfluas algunas de las decisiones del 
grupo especial, así como que queden cuestiones sin resolver . 
En sexto lugar, actualmente muchas reuniones y audiencias de los grupos especiales están 
abiertas a la observación por el público. Algunos Miembros son reacios a que las audiencias se 
abran a la observación por el público porque tienen pocos representantes en Ginebra que puedan 
asistir. Ofrecer acceso en streamin g por Internet podría facilitar a más Miembros y a un sector más 
amplio del público la observación de esos procedimientos abiertos. Hacer más transparentes los 
procedimientos de solución de diferencias de la OMC contribuye a la difusión del derecho de 
la OMC y a la formación de los futuros especialistas. Debería modificarse en consecuencia el 
artículo 17 del ESD.  
En séptimo lugar, otra mejora del sistema de solución de diferencias de la OMC sería emitir 
informes más concisos y convincentes. Las comunicacion es escritas de las partes deberían ser más 
breves y ajustarse a un número de páginas limitado. Los plazos prudenciales determinados 
mediante arbitraje no deberían ser de más de 15 meses, y no es necesario que los informes en 
que se determinan dichos plazos  sean extensos. El procedimiento sobre el cumplimiento de l 
párrafo 5 del artículo 21 debería centrarse en las medidas destinadas al cumplimiento, y no reabrir 
el asunto.  
En octavo lugar, el ESD establece que el Órgano de Apelación debe emitir su informe de ntro de un 
plazo máximo de 90 días. Sin embargo, en esos 90 días están incluidos los fines de semana, los 
días feriados y el tiempo necesario para traducir el informe a los idiomas oficiales de la OMC. Por 
ello, el tiempo hábil realmente disponible es de s olo dos meses. Ese plazo tan ajustado debería ser 
más flexible y adecuarse a la complejidad y novedad de las cuestiones jurídicas de que se trate. La 
calidad y el resultado deben ser la primera consideración en un procedimiento de solución de 
diferencias. A mi juicio, los informes del Órgano de Apelación podrían ser más breves y concisos si 
se diera al Órgano de Apelación el tiempo necesario para deliberar y redactar sus informes.  
En noveno lugar, para lograr el Objetivo del Milenio de las Naciones Unidas d e reducir la pobreza y 
elevar el nivel de vida de las personas en todo el mundo, las políticas comerciales cumplen un 
papel muy importante. Varios acuerdos abarcados de la OMC también consagran el derecho de los 
gobiernos a reglamentar de conformidad con s u ordenamiento jurídico interno. Entre esas políticas 
para proteger bienes de interés público, destaco la protección ambiental y las subvenciones 
adecuadas . 
¿Debería, por ejemplo, reactivarse el artículo 8 del Acuerdo SMC sobre las subvenciones no 
recurrib les? Creo que la asistencia para actividades de investigación, la asistencia para regiones 
desfavorecidas o la asistencia para promover la adaptación de instalaciones existentes a nuevas 
exigencias ambientales no deberían ser recurribles.  
En décimo lugar, mientras que las negociaciones comerciales multilaterales son lentas, las de los 
acuerdos de libre comercio regionales transcurren con celeridad. Hay más de 400 acuerdos de libre 
comercio regionales. ¿Debería la OMC hacer algo más que recibir notificacione s e información 
sobre los ALC? Tal vez podría hacer labores de coordinación, o proponer a sus Miembros prácticas 
recomendadas o modelos, con el fin de reforzar la posición de los Miembros más débiles en las 
negociaciones y de ayudarlos a evitar conflictos entre los ALC y los acuerdos abarcados. Existen 
nuevas formas de comerciar a través de las fronteras, por ejemplo importando y exportando por 
medio de Internet. ¿Debería la OMC liderar la elaboración de normas pertinentes que rijan las 
nuevas formas de com erciar?  
Para todas estas tareas necesitamos personal muy cualificado, especialistas en comercio, 
economistas y juristas expertos en derecho de la OMC. El desarrollo de los recursos humanos es la 
clave, en particular la formación de expertos en la OMC proce dentes de los países en desarrollo.  
Para concluir mis reflexiones personales, diré que estoy convencida de que el sistema de solución 
de diferencias de la OMC es sólido y cuenta con amplio apoyo entre los 164 Miembros de la 
Organización. Y, lo que es aún m ás importante, la solución de diferencias en la OMC está a cargo 
de los Miembros del Órgano de Apelación, los integrantes de los grupos especiales, el personal de 
la Secretaría y los Miembros de la OMC, todos ellos muy competentes, sumamente profesionales y WT/AB/27  
 
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  profundamente conocedores del sistema. Una vez más, les agradezco de todo corazón su 
laboriosidad y su tesón, así como su eficaz contribución al éxito del sistema de solución de 
diferencias de la OMC. Estoy orgullosa de haber sido parte de él. Mis mejore s deseos para todos 
ustedes.  WT/AB/27  
 
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  ANEXO 5  
DISCURSO PRONUNCIADO  POR THOMAS  GRAHAM EL 22 DE NOVI EMBRE DE 2016  
ROMPIENDO EL SILENCI O: LA SITUACIÓN  DEL ÓRGANO DE APELAC IÓN 
Yogi Berra, un gran jugador de béisbol estadounidense en la década de  1950, sigue siendo fam oso 
en la actualidad, en parte por lo que se ha dado en llamar "yoguismos": dichos en los que, 
retorciendo de manera singular la lengua inglesa, daba muestra con frecuencia, y tal vez de 
manera involuntaria, de una notable perspicacia:  
 "Esto no acaba hast a que haya terminado",  
 "Ya he visto muchas veces este déjà vu ", 
 "La mitad de este deporte es un 90 % mental".  
Una vez dijo a los asistentes a un acto: "Muchas gracias por haber hecho necesaria esta ocasión".  
Quiero dar las gracias al World Trade Institute , a la Universidad de Ginebra, al Instituto 
Universitario de Altos Estudios Internacionales, a la OMC, a mis colegas del Órgano de Apelación y 
al personal de la Secretaría del Órgano de Apelación por haber contribuido a hacer posible esta 
ocasión. Y quiero  agradecer especialmente al World Trade Institute que haya contribuido a hacer 
posible la recepción que se celebrará esta noche.  
Y, en la estela de Yogi Berra, quisiera mencionar acontecimientos de este difícil año que han hecho 
necesaria la presente ocasi ón. 
Ha sido un año complicado. Una colega del Órgano de Apelación finalizó su segundo mandato y 
dejó la institución, y el mandato de otro colega del Órgano de Apelación no fue renovado, lo que 
dio lugar a un debate en el Órgano de Solución de Diferencias d edicado a la cuestión de la 
independencia e imparcialidad del Órgano de Apelación en relación con el proceso de renovación 
de los mandatos, del cual estoy al tanto y que agradezco.  
A consecuencia de las vacantes, durante la mitad del año hemos sido cinco e n lugar de 
siete Miembros del Órgano de Apelación. Hemos logrado arreglárnoslas a pesar de ello, aunque en 
ocasiones algunos hemos tenido que ocuparnos de varias apelaciones al mismo tiempo, y todos 
hemos tenido que esforzarnos un poco más. Este año hemos emitido, por el momento, 
seis informes, y la labor del Órgano de Apelación se ha seguido llevando a cabo. Prevemos acoger 
pronto a dos nuevos Miembros. Damos las gracias por ello, y aguardamos con expectación el 
momento de su incorporación.  
Pero, como tamb ién dijo Yogi Berra, "el futuro ya no es lo que era".  
En el futuro las cosas no van a ser más fáciles. Por un lado, muchas cosas son imprevisibles. 
Por otro, el gran aumento del número de asuntos anunciado desde hace tiempo ya se ha 
materializado.  
Actualme nte tenemos tres apelaciones en curso, entre ellas la enorme apelación sobre el 
cumplimiento en el asunto Airbus, y la apelación de China en el asunto Estados Unidos - Métodos 
antidumping . Los Directores de la División de Asuntos Jurídicos y la División de  Normas nos han 
indicado que preveamos la emisión de aproximadamente 26 i nformes de grupos especiales 
en 2017 -¡veintiséis! -, entre los que se incluyen otra enorme apelación, el asunto relativo al 
cumplimiento de conformidad con el párrafo 5 del artículo 2 1 de Boeing, y una apelación de la 
larga y compleja decisión del Grupo Especial sobre el empaquetado genérico de Australia. Como la 
experiencia indica que más de dos tercios de los informes de los grupos especiales son objeto de 
apelación, podemos prever 1 7 o 18 nuevas apelaciones el año próximo, además de las tres 
apelaciones actualmente pendientes: Airbus, Métodos  y Rusia - Porcinos . WT/AB/27  
 
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  Es decir, para el año próximo prevemos casi triplicar el número de apelaciones que hemos tenido 
en el intenso año que ahora  finaliza, y entre las más de 20 apelaciones del año próximo se 
incluirán, casi con total seguridad, asuntos de inusitada amplitud y complejidad. Ello dará lugar a 
una mayor acumulación de asuntos pendientes, que continuará más allá de  2017.  
Además, en 201 7 perderemos a otros dos Miembros veteranos del Órgano de Apelación, cuyo 
segundo mandato expirará, por lo que habrá otras dos vacantes que cubrir. Cuando acabe el año 
próximo, cuatro de los siete Miembros del Órgano de Apelación no tendrán más de un año d e 
experiencia en el puesto. Actualmente contamos con solo 16 juristas para ayudarnos, cifra 
absolutamente insuficiente para el volumen de asuntos al que tenemos que hacer frente. 
En comparación, en la etapa de los grupos especiales están trabajando más de 45 juristas.  
Por ello, hemos decidido hablar, romper el "espléndido aislamiento" en que ha vivido el Órgano de 
Apelación durante la mayor parte de sus primeros 20 años de existencia. Ya hemos comenzando a 
hacerlo: primero, con el documento sobre la carga d e trabajo que emitimos en 2013, y a 
continuación participando en varias recepciones, entre ellas la que amablemente organizó el 
Embajador canadiense. Proseguimos nuestra comunicación con los Miembros por medio de las 
"sesiones de escucha" que mi predecesor  en la Presidencia, Peter van den Bossche, celebró el año 
pasado con distintas delegaciones y representantes de grupos de delegaciones. Hemos 
coorganizado y participado en conferencias de conmemoración del 20º aniversario de la OMC 
celebradas a lo largo de  los últimos 17 meses en Florencia, Beijing, Seúl, Cancún y Cambridge 
(Massachusetts), y aún debe celebrarse otra, que tendrá lugar en Delhi. Actualmente estoy 
manteniendo una segunda ronda de "sesiones de escucha" con delegaciones y representantes de 
delegaciones.  
Hemos aprendido mucho escuchando a los Miembros de la OMC. Y hemos llegado a la conclusión 
de que los beneficios que reporta comunicarse compensan sobradamente los inconvenientes que 
acarrea. Y necesitamos seguir conversando, ahora más que nunca.  Volveré a este punto 
enseguida.  
El Órgano de Apelación siempre ha luchado  contra el hecho -que no le ha impedido llevar a cabo 
con éxito su labor - de que desde el principio ha tenido que a daptarse continuamente y 
arreglárselas con una estructura organizat iva que quedó obsoleta casi desde el primer día, porque 
se basaba en expectativas que diferían mucho de lo que en realidad ocurrió.  
El Órgano de Apelación fue una idea de última hora, surgida al final de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay  hace 20 años . Fue un logro sensacional, la Ronda Uruguay: la culminación de 
cambios que habían comenzado a germinar muchos años antes, cuando una anterior generación 
de negociadores -la de los abuelos y abuelas de algunos de ustedes - comenzó a abordar un a 
categoría  de temas que luego se denominaron "obstáculos no arancelarios" al comercio.  
A partir de ese germen, los negociadores de la Ronda Uruguay produjeron, entre 1986 y 1995, 
22 acuerdos que establecían nuevas normas encaminadas a fomentar una competencia comercial 
abierta y leal en muy diversos ámbitos, muchos de los cuales no habían sido objeto de 
reglamentación comercial específica anteriormente. Y, junto con esas nuevas normas, los 
negociadores de la Ronda Uruguay crearon una institución inter nacional nueva y más grande, 
la OMC, para custodiar, promover y reconsiderar las normas del sistema multilateral y solucionar  
las diferencias surgidas en su marco.  
Como muchos de ustedes saben, una de las audaces innovaciones de la Ronda Uruguay fue la 
adopción de la "regla de l consenso en contrario", en virtud de la cual, una constatación definitiva 
del sistema de solución de diferencias se convierte en una decisión del Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC -y, por lo tanto, debe ser cumplida obligatoriamente so pena de retorsión 
comercial -, salvo que sea rechazada por consenso de los miembros del OSD. De esa manera se 
creó el sistema de solución de diferencias más creíble de la historia del derecho internacional 
desde el punto de vista del carácter  ejecut orio de sus reso luciones.  
La adopción prácticamente automática de los informes de los grupos especiales, reforzada por 
posibilidad de autorizar la adopción de medidas de retorsión, causó nerviosismo entre algunos de 
los negociadores. ¿Qué sucedería si un grupo especial de  solución de diferencias se equivocara? 
Por ello, en una etapa avanzada de la Ronda Uruguay, los negociadores añadieron algunas líneas WT/AB/27  
 
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  al nuevo Entendimiento sobre Solución de Diferencias y crearon un segundo nivel para el examen 
de los informes emitidos p or los grupos especiales en primera instancia. Lo llamaron Órgano de 
Apelación.  
En el momento de su creación, el Órgano de Apelación era similar a un tribunal, pero no era 
exactamente un tribunal, porque sus decisiones estaban supeditadas a la aprobación d el OSD, si 
bien con arreglo a la norma del consenso en contrario. Los Miembros del Órgano de Apelación eran 
similares a jueces, resolvían asuntos y estaban sometidos a un estricto Código de Conducta y a 
normas éticas. Sin embargo, se diferenciaban de la ma yoría de los demás jueces, porque estaban 
contratados a tiempo parcial, no tenían por qué residir en Ginebra, y no les estaba vedado 
desempeñar otros cargos.  
Pocos preveían que el Órgano de Apelación fuera a tener mucho trabajo o a desempeñar un papel 
central en el sistema de solución de diferencias de la OMC. Un destacado especialista dijo que 
muchas delegaciones consideraban al recién creado Órgano de Apelación "como una especie de 
supergrupo especial que permitiría a la parte perdedora, que ya no podía b loquear la adopción del 
informe del grupo especial, dar otro mordisco a la manzana". Otro dijo que el Órgano de Apelación 
era una medida de seguridad contra los informes "fallidos" de los grupos especiales. El Presidente 
de las negociaciones sobre el siste ma de solución de diferencias de la OMC, el gran Julio Lacarte, 
recientemente fallecido, que fue también el primer Presidente del Órgano de Apelación, dijo 
posteriormente que muchos gobiernos creían que los grupos especiales seguirían siendo la "espina 
dorsal" del sistema de solución de diferencias de la OMC y que "se recurriría al recién creado 
Órgano de Apelación con poca frecuencia".  
En aquel momento, había un promedio de seis asuntos por año, a nivel de los grupos especiales. 
Se preveía que una pequeña proporción de esos seis asuntos fuera objeto de apelación. Y, por lo 
tanto, al comenzar la actividad del Órgano de Apelación en 1995, el Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC decidió que "un nivel razonable de asistencia en las primeras etapas de 
funcionamiento del Órgano de Apelación requeriría un encargado del registro, tres colaboradores 
profesionales con formación jurídica y un número suficiente de oficinistas".  
Tal vez no habían visto una película estadounidense de aproximadamente la misma época,  llamada 
Campo de sueños , que dio lugar a un jugoso aforismo que aún se emplea frecuentemente: " Si lo 
construyes, vendrán" . Como dijo más tarde el Sr. Lacarte, "fueron los propios Miembros de la OMC 
los que recurrieron a la apelación de casi cada uno de lo s informes de los grupos especiales ya 
desde el principio". En los primeros años, la tasa de apelación era de casi el 100 %. 
Con el tiempo, la tasa de apelación se estabilizó en torno al 70 % de los informes de los grupos 
especiales. Sin embargo, el número d e apelaciones y cuestiones objeto de apelación  y el número  
de argumentos y páginas han aumentado enormemente , en especial en los últimos años.  
En los tres primeros años de existencia del Órgano de Apelación había, en promedio, 3 apelaciones 
por año. En los  tres últimos años, ha habido en total 24 apelaciones: un promedio de 8 por año. Y , 
como indiqué antes, el Órgano de Apelación prev é tener el año próximo al menos  20 apelaciones: 
entre dos y tres veces más que el promedio anual.  
Y los asuntos se han hecho mucho más extensos. La extensión de los informes de los grupos 
especiales de la OMC ha aumentado a más del doble desde los primeros años del sistema de 
solución de diferencias de la OMC, y es, en promedio, de más de 350 páginas. El número de 
pruebas docume ntales presentadas por las partes a los grupos especiales -y, por lo tanto, en 
muchos casos también, en apelación, al Órgano de Apelación -, ha aumentado de en torno a 60 por 
asunto, en promedio, en los primeros años, a más de 500 actualmente. La complejida d fáctica y 
jurídica de las diferencias también se ha incrementado con el tiempo, y el volumen creciente de la 
jurisprudencia de la OMC contribuye asimismo a la extensión y complejidad de las comunicaciones 
presentadas en apelación. Esta tendencia se ha in tensificado, como anunciamos en el documento 
sobre la carga de trabajo que distribuimos en 2013.  
Hay megaa suntos, como los de Airbus y Boeing, que han forzado al máximo nuestra capacidad  y 
han hecho que sean necesarios los retrasos y las listas de espera, y volverán a hacerlo.  WT/AB/27  
 
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  Actualmente, en la mayoría de las diferencias las partes son representadas por abogados externos, 
y aunque la presencia de estos hace que las cuestiones se definan con mayor nitidez y aporta al 
sistema conocimientos especializados adi cionales, y, por lo tanto, es bienvenida, también puede 
contribuir a aumentar el número de cuestiones planteadas y de argumentos formulados. De hecho, 
el número de cuestiones planteadas en apelación ha aumentado, en promedio, a más del doble 
respecto de lo s primeros asuntos. El número de alegaciones planteadas al amparo del artículo 11 
del ESD, que nos exige examinar la evaluación de los hechos realizada por el grupo especial, 
también ha aumentado, al igual que el de solicitudes en materia de procedimiento formuladas 
durante  una apelación.  
Recuerden que fuimos una idea de última hora, que el Órgano de Apelación estaba concebido para 
examinar un pequeño número de asuntos por año y que las normas que definen nuestra estructura 
no han cambiado en los 20 años qu e han transcurrido desde que se fundó la institución.  
Los Miembros del Órgano de Apelación siguen siendo oficialmente empleados a tiempo parcial; 
muchos de ellos tienen otros compromisos profesionales, posibilidad que está prevista en 
las normas.  
Nada obli ga a los Miembros del Órgano de Apelación a residir en Ginebra, y el sistema de 
incentivos, aunque ha mejorado, refleja la expectativa de que vivamos en nuestros países de 
origen, pero estemos disponibles para viajar a Ginebra en todo momento y en breve pl azo. 
Pasamos mucho tiempo ajustándonos al desfase horario.  
Las normas iniciales siguen exigiéndonos que finalicemos el examen de las apelaciones y 
emitamos nuestros informes definitivos en un plazo de 90 días a contar desde la fecha de 
presentación de la a pelación, plazo que, sencillamente, no es realista, dada la amplitud y 
complejidad que tienen actualmente las apelaciones, y habida cue nta, en especial, de que 
los 21 días siguientes a la presentación de una apelación los consume la presentación de las 
comunicaciones, y de que debemos entregar nuestro informe definitivo a los traductores dos o tres 
semanas antes de su distribución, a fin de que haya tiempo suficiente para traducirlo.  
También debemos señalar que, rebasemos o no el plazo de 90 días, la etapa de apelación, en la 
que examinamos un asunto, representa solo una pequeña parte de la duración total del 
procedimiento de solución de diferencias en la OMC, que puede ser de 1 año y medio o 2 años, o 
mayor en asuntos de excepcional amplitud. En comparación , la duración media de los 
procedimientos en la Corte Internacional de Justicia es de 4 años, y en el Tribunal General y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de más de 3 años. Y la Corte Internacional de Justicia 
tiene 15 jueces y un equipo de 60 p rofesionales que los asisten.  
Desde el principio, el Órgano de Apelación ha tenido que adaptarse a volúmenes de trabajo y 
exigencias que no estaban previstos, con una estructura institucional que no estaba concebida 
para tales volúmenes de trabajo y exigen cias. Por el momento, el Órgano de Apelación ha sido 
capaz de adaptarse razonablemente bien.  
En términos cuantitativos, el Órgano de Apelación ha emitido 142 informes, incluidos los relativos 
al cumplimiento por las partes de conformidad con el párrafo 5 d el artículo 21 del ESD. En el 
mismo período (1995 -2016), la Corte Internacional de Justicia emitió 65 sentencias y 5 opiniones 
consultivas -menos de la mitad que el Órgano de Apelación -, y el Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar emitió 12 sentencias y 2 opiniones consultivas.  
Que se haya logrado o no la "solución de una diferencia" es algo que no siempre se puede 
determinar con precisión, pero lo que podemos afirmar con seguridad es que el cumplimiento de 
nuestras resoluciones no ha sido posteriorment e objeto de controversia, al menos bajo los 
auspicios de la OMC, más que en un pequeño número de las diferencias que se nos han sometido.  
Desde el punto de vista cualitativo, trabajamos, como todos los demás jueces, con normas que no 
son perfectas, que son  el resultado de una transacción entre los negociadores, que en ocasiones 
son ambiguas, imprecisas, incompletas o contradictorias, que a veces no están en plena sintonía 
con un comercio mundial que evoluciona rápidamente. No podemos leer la mente de los 
negociadores que concluyeron los acuerdos, ni es ese nuestro trabajo. Trabajamos con las 
palabras que dejaron escritas.  WT/AB/27  
 
- 132 - 
 
  Sin embargo, pocas veces la cuestión es tan sencilla como podría parecer. El Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias, dispone, en la p arte más pertinente del párrafo 2 de su artículo 3, que el 
sistema de solución de diferencias "... sirve para preservar los derechos y obligaciones de los 
Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de 
dichos ac uerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho 
internacional público". Establece además que las resoluciones del sistema de solución de 
diferencias "no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones 
establecidos en los acuerdos abarcados".  
Sin embargo, en casi cada una de las apelaciones que se presenta al Órgano de Apelación, el 
verdadero núcleo de la cuestión es si una interpretación propugnada por uno de los participantes 
reflejaría correctamente el e quilibrio logrado en las disposiciones del tratado o entrañaría el 
aumento o la reducción de los derechos y obligaciones de un Miembro de la OMC. Que hayamos 
logrado o no ese equilibrio correctamente es algo que con frecuencia depende del criterio del 
observador.  
De hecho, la preservación del equilibrio alcanzado por los negociadores y consignado por escrito 
en las normas es un tema prácticamente constante en nuestras deliberaciones. Por ejemplo, 
muchos de nuestros asuntos se refieren a leyes y políticas na cionales relativas a temas tan 
sensibles como la salud y la inocuidad, la protección de los recursos naturales e incluso la 
protección de la "moral pública". Tenemos siempre presente el equilibrio que se ha logrado entre 
las normas que establecen oportunid ades para un comercio competitivo leal y abierto, por un lado, 
y el debido espacio para la reglamentación nacional, por otro, y que se refleja, por ejemplo, en 
excepciones como las recogidas en el artículo XX del GATT, en los preámbulos de varios de los 
acuerdos de la Ronda Uruguay y en muchas de las propias normas.  
Nos esforzamos por discernir y dar sentido a ese equilibrio, reflejado en el texto del tratado, y por 
interpretarlo correctamente. No podemos esperar que todos los Miembros estén de acuerdo con 
nosotros. Nosotros mismos discrepamos entre nosotros a veces. Pero debatimos con respeto 
mutuo, dando honestamente lo mejor de nosotros mismos, con arreglo a nuestro criterio. Leemos 
las declaraciones que formulan los participantes en las apelaciones en el  OSD, y siempre 
aceptamos la crítica constructiva.  
También hemos tratado de ser más eficientes en la manera de administrar los asuntos y de hacer 
más fácilmente legibles nuestros informes. El año pasado comenzamos a adjuntar a nuestros 
informes, con caráct er experimental, los resúmenes de los argumentos de los participantes y 
terceros participantes, en lugar de resumirlos nosotros mismos en las primeras páginas de nuestro 
informe. También hemos comenzado a reiterar el razonamiento en que se basan nuestras 
conclusiones en las últimas páginas del informe, en la sección en la que se enuncian las 
constataciones y conclusiones. De esa manera tratamos de facilitar la comprensión de las 
decisiones y de nuestro razonamiento a quienes van directamente a la sección "C onstataciones y 
conclusiones". Buscamos siempre la manera de mejorar la interacción entre los Miembros del 
Órgano de Apelación y los participantes en las audiencias, y hemos tomado nota de las 
sugerencias que se han hecho a este respecto.  
Somos muy conscie ntes de que los países en desarrollo Miembros encuentran considerables 
dificultades para participar en el sistema de solución de diferencias de la OMC, y de que, hasta la 
fecha, el sistema solo ha sido utilizado una vez por un paí s menos adelantado Miembro . 
Sin embargo, celebramos que, a través del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC -una 
institución que, en la medida de nuestro conocimiento, no tiene equivalente en ningún otro 
sistema judicial internacional -, los países en desarrollo Miembros obt engan excelentes servicios y 
formación jurídicos a un costo reducido. En particular, los PMA Miembros de la OMC, o los países 
en proceso de adhesión, tienen derecho a los servicios del Centro de Asesoría sin necesidad de 
asociarse a él ni contribuir a su f inanciación.  
Un discurso sobre la situación  del Órgano de Apelación sería incompleto sin una referencia a la 
independencia y la imparcialidad. Mis colegas y yo observamos con agrado el debate que está 
teniendo lugar en las sesiones específicas  del OSD . Obv iamente, la independencia e imparcialidad 
de los jueces es esencial en cualquier sistema jurisdiccional, incluido el sistema de solución de 
diferencias de la OMC, y es necesario que la salvaguardemos.  WT/AB/27  
 
- 133 - 
 
  Consideramos que la independencia puede ponerse en peli gro de varias formas. Las presiones en 
relación con la renovación del mandato pueden ser una de ellas. Las presiones indirectas, por 
ejemplo la limitación de los recursos o de la dotación de personal, pueden ser otra manera de 
comprometer nuestra independe ncia. 
También consideraría que esta "ruptura de nuestro silencio" sería incompleta sin una breve 
mención de la posición singular del Órgano de Apelación y de nuestra Secretaría en el seno de la 
estructura de la OMC. Somos la única unidad dentro del marco d e la OMC que tiene su propio 
equipo directivo -los Miembros del Órgano de Apelación - y cuyo personal está bajo la dirección de 
ese equipo y es en gran medida independiente de la Secretaría de la OMC. Ese es, también, un 
elemento esencial de nuestra indepen dencia. Los Miembros de la OMC lo reconocieron 
precisamente en la primera Decisión del Órgano de Solución de Diferencias, de 10 de febrero 
de 1995, en la que se declara, entre otras cosas, lo siguiente: "El Órgano de Apelación y su 
personal de apoyo deberí an ser independientes de la Secretaría  ...", y se añade que el personal del 
Órgano de Apelación "debería[] ser contratado[] por la OMC, en condiciones análogas a las del 
personal de la Secretaría de categoría similar, pero no depender administrativamente d e ella, y 
debería[] ser responsable[] ante el Órgano de Apelación ...". 
En relación con la suficiencia del personal del Órgano de Apelación, el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias establece, en el párrafo 7 de su artículo 17, que "[s]e prestará al Órgano 
de Apelación la asistencia administrativa y jurídica que sea necesaria". E n la primera decisión 
del OSD, relativa al Órgano de Apelación, se añade que "[e]l número de funcionarios necesarios 
para prestar esa asistencia depende del volumen previsto d e trabajo del Órgano de Apelación". 
El número de los funcionarios asignados al Órgano de Apelación, y el momento de su 
nombramiento, son decididos por el personal directivo superior de la OMC, con arreglo a los 
parámetros establecidos por el Comité de Asun tos Presupuestarios.  
En conclusión:  
La enorme cantidad de apelaciones que examinaremos el año próximo y posteriormente, algunas 
de las cuales serán de gran amplitud, ocupa rá a gran parte del personal del Órgano de Apelación y 
absorberá en gran medida el ti empo y la energía de los Miembros del Órgano de Apelación, 
durante largos períodos . Y eso,  a su vez, reducirá nuestra capacidad de asignar personal a otras 
apelaciones y examinarlas en paralelo.  
Haremos lo que esté en nuestra mano, con el personal y los re cursos de que disponemos, de una 
manera sostenible. No trataremos de forzar a nuestro personal más allá de lo que sea sostenible 
para ellos y admisible con arreglo a las normas. Nuestro personal tiene mucho talento; trabaja 
para nosotros por decisión propi a, pero no podemos mantenerlo con nosotros si no tiene unas 
condiciones de trabajo razonables y unas oportunidades de ascenso profesional razonables.  
Al lograr el equilibrio entre calidad, rapidez, sostenibilidad y capacidad, daremos prioridad a la 
calidad , dentro de los límites de nuestra capacidad. Ello significa que, casi con seguridad, habrá 
demoras y listas de espera. Trabajaremos con los Miembros y con los participantes en los asuntos 
para abordar esos problemas de la mejor manera posible.  
Lo que me l leva a una solicitud dirigida a los Miembros de la OMC:  
A quienes servimos es a ustedes, los Miembros de la OMC, que crearon el Órgano de Apelación, 
que formularon nuestro mandato, que nos someten sus diferencias, que tienen la última palabra 
en lo que con cierne a la aceptación de nuestras decisiones y que deben cumplirlas cuando el OSD 
las hace firmes. Tratemos de trabajar unidos para mantener, fortalecer y preservar la confianza y 
la credibilidad que se han ido generando a lo largo de los años en este sis tema de solución de 
diferencias, cuya eficacia no tiene parangón, pero que es frágil y no es algo que deba darse por 
sentado . 
¿Podemos encontrar una forma mejor de debatir entre los Miembros de la OMC y el Órgano de 
Apelación los problemas estructurales qu e arrastramos desde hace largo tiempo? Lo cierto es que, 
pese a la mejor voluntad por ambas partes, el resultado ha sido en cierta medida un diálogo de 
sordos. Nuestras interacciones son en gran medida transaccionales: nosotros emitimos decisiones, 
ustedes  las comentan en el OSD. Nuestra gestión de esta empresa conjunta es principalmente WT/AB/27  
 
- 134 - 
 
  unilateral, por ambas partes: nosotros decimos de vez en cuando que tenemos escasez de 
personal, que estamos muy atareados y sometidos a presión; ustedes hacen declaracione s en los 
Órganos de la OMC o establecen grupos para considerar qué podría hacerse, pero sin contar con 
nuestra aportación o nuestras opiniones. ¿Sería posible cerrar esa brecha y encontrar una manera 
de interactuar en relación con los problemas estructural es del sistema de solución de diferencias y, 
en particular, del Órgano de Apelación?  
La resolución de las diferencias, el grado de estabilidad, claridad y previsibilidad que el sistema de 
solución de diferencias ha generado los hemos logrado trabajando uni dos: ustedes nos presentan 
peticiones de calidad, y nosotros tratamos de responder con resoluciones de calidad. Sin embargo, 
tal vez haya llegado el momento de ver si, con esfuerzo conjunto, podríamos asentar una base 
más firme para esta frágil empresa, qu e comenzó como una idea de última hora; no solo en lo que 
concierne a la independencia y la imparcialidad, sino también con respecto a la adecuación entre 
los recursos de que disponemos y las crecientes exigencias que se nos plantean. Tal vez 
deberíamos di alogar más ampliamente, y más frecuentemente, en lugar de vernos solo en el 
estrado de la audiencia.  
Al hablar con franqueza sobre la situación del Órgano de Apelación, he tratado de exponer cuál es 
nuestra opinión sobre esta función a la que todos, cada u no a su manera, servimos con tanta 
entrega. Es posible que al hacerlo perdamos algo de la majestad de nuestro "espléndido 
aislamiento". Es posible que al quitarnos, en sentido figurado, la toga, nos expongamos a críticas 
adicionales.  
Pero hemos optado por romper nuestro silencio, con la esperanza de que, tratando de que se 
comprenda nuestra perspectiva, podamos contribuir a que cicatricen algunos de los roces y heridas 
de este difícil año, e incluso, tal vez, al inicio de un proceso que pueda dar lugar a un a mejor 
adaptación del Órgano de Apelación a los retos que afronta actualmente y que afrontará en los 
intensos años de resolución de diferencias que nos aguardan.  
Al fin y al cabo, al romper así nuestro silencio, no hacemos sino seguir el consejo de Yogi B erra: 
"Cuando llegues a una bifurcación en el camino, síguela" . 
Muchas gracias.  WT/AB/27  
- 135 - 
  ANEXO 6  
MIEMBROS DEL ÓRGANO DE APELACIÓN  
(1° DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2 016) 
DATOS BIOGRÁFICOS  
Ujal Singh Bhatia  (India) (Mandato: 2011 -2019)  
Ujal Singh Bhatia nació en la  India el 15 de abril de  1950. Fue Embajador y Representante 
Permanente de la India ante la OMC entre 2004 y 2010, y representó a la India en varias 
diferencias. También formó parte de grupos especiales de soluc ión de diferencias de la OMC 
en 2007 y 2008.  
El Sr. Bhatia ocupó altos cargos en el Gobierno de la India y en el estado de Orissa, 
desempeñando diversas funciones administrativas relacionadas con la gestión del desarrollo y la 
formulación de políticas. Cuenta con más de 30 años de experiencia jurídic a y en órganos 
jurisdiccionales, durante los cuales se ha ocupado de cuestiones jurídicas y de jurisprudencia 
nacionales y extranjeras, así como de la negociación de acuerdos comerciales bilaterales, 
regionales y multilaterales.  
El Sr. Bhatia ha impartido en muchas ocasiones conferencias sobre cuestiones de comercio 
internacional y ha publicado numerosos trabajos y artículos sobre diversos temas comerciales y 
económicos. Obtuvo una Maestría (M.A.) en economía por la Universidad de Manchester y por la 
Univer sidad de Delhi, así como una Licenciatura (B.A.) (con mención honorífica) en economía, 
también por la Universidad de Delhi.  
Seung Wha Chang  (Corea) (Mandato: 2012 -2016)  
Nacido en Corea el 1° de marzo de  1963, en la actualidad Seung Wha Chang es Profesor de  
Derecho de la Universidad Nacional de Seúl, donde enseña derecho comercial internacional y 
arbitraje internacional.  
Ha participado en varios grupos especiales de solución de diferencias de la OMC, en particular en 
Estados Unidos - EVE, Canadá - Créditos y  garantías para las aeronaves  y CE - Marcas de fábrica o 
de comercio e indicaciones geográficas . Asimismo, ha sido Presidente o integrante de numerosos 
tribunales arbitrales encargados de asuntos comerciales. Hasta su incorporación al Órgano de 
Apelación e n 2012, era miembro del Tribunal Internacional de Arbitraje.  
El Profesor Chang comenzó su carrera universitaria en 1995 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Seúl. Ha enseñado derecho comercial internacional, en particular solución 
de dif erencias en el marco de la OMC, en más de 10 facultades de derecho extranjeras, incluidas 
las Facultades de Derecho de Harvard, Yale, Standford y Duke, y las de la Universidad de Nueva 
York y la Universidad de Georgetown. En 2007 la Facultad de Derecho de Harvard le otorgó el 
título de Profesor Visitante de la Cátedra Nomura de Sistemas Financieros Internacionales 
(Nomura Visiting Professor of International Financial Systems ). 
Además, en el pasado el Profesor Chang fue juez del Tribunal de distrito de Seúl y se ocupó de 
muchos casos relacionados con el comercio internacional. Asimismo, ejerció como abogado 
extranjero en un prestigioso estudio de abogados de Washington D.C., encargándose de 
cuestiones de comercio internacional, en particular las medidas comer ciales correctivas y las 
diferencias relacionadas con la OMC.  
El Profesor Chang ha publicado muchas obras y artículos de derecho comercial internacional en 
revistas reconocidas internacionalmente. Además, es miembro del Consejo Consultivo del Journal 
of International Economic Law  (Oxford University Press) y del Journal of International Dispute 
Settlement  (Oxford University Press).  WT/AB/27  
- 136 - 
  El Profesor Chang tiene una Licenciatura en derecho (LL.B.) y una Maestría (LL.M.) de la Facultad 
de Derecho de la Universidad N acional de Seúl, así como una Maestría en derecho (LL.M.) y un 
Doctorado en derecho comercial internacional (S.J.D.) de la Facultad de Derecho de Harvard.  
Thomas R.  Graham  (Estados Unidos) (Mandato: 2011 -2019)  
Tom es el antiguo director del departamento de  comercio internacional de King & Spalding, y fue el 
fundador del departamento de comercio internacional de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. 
Fue uno de los primeros abogados estadounidenses que representó a demandados en asuntos 
relacionados con medid as comerciales correctivas en varios países del mundo y fue uno de los 
pioneros en la incorporación de economistas, contables y otros profesionales no juristas a los 
departamentos de comercio internacional de bufetes privados.  
Antes de pasar al sector priv ado, Tom fue Asesor General Adjunto de la Oficina del Representante 
de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales. Anteriormente en su 
carrera, fue funcionario de asuntos jurídicos en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; fu e 
Profesor visitante de derecho y ha trabajado para Ford Motor Company en Caracas (Venezuela).  
Tom fue el presidente fundador del Comité de Derecho Económico Internacional de la Sociedad 
Estadounidense de Derecho Internacional y presidente del Subcomité de  Exportaciones de la 
Asociación de Abogados de los Estados Unidos. Ha sido Profesor visitante en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Carolina del Norte y profesor adjunto en el Georgetown Law Center. 
Ha publicado libros sobre política comercial int ernacional y sobre comercio internacional y medio 
ambiente, es autor de numerosos artículos y monografías sobre derecho comercial internacional y 
ha trabajado como profesor invitado de la Brookings Institution y como asociado superior en 
Carnegie Endowment  for International Peace. También es coautor, junto con su hija, de Getting 
Open: The Unknown Story of Bill Garrett and the Integration of College Basketball  (Simon & 
Schuster, Atria Books, 2006; Indiana University, rústica, 2008).  
Tom recibió su licenciat ura en la Universidad de Indiana y su diploma en derecho (J.D.) de la 
Facultad de Derecho de Harvard.  
Ricardo Ramírez  Hernández  (México) (Mandato: 2009 -2017)  
Ricardo Ramírez  Hernández, nacido en México el 17 de octubre de  1968, es titular de la Cátedra de 
Derecho Comercial Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Ciudad 
de México). Fue Jefe del Departamento de Comercio Internacional para América Latina de un 
bufete internacional en Ciudad de México. Su práctica profesional se cent ró en cuestiones 
relacionadas con el TLCAN y el comercio en América Latina, incluida la resolución de diferencias 
comerciales internacionales.  
Antes de trabajar en un bufete, el Sr. Ramírez  Hernández fue durante más de 10 años Director 
General Adjunto de C onsultoría Jurídica de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de 
Economía de México y, en el desempeño de su función, prestó asesoramiento sobre cuestiones de 
política comercial y de competencia relacionadas con 11 acuerdos de libre comercio firmados p or 
México, así como con respecto a acuerdos multilaterales, incluidos los relacionados con la OMC, el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI).  
El Sr. Ramírez  Hernández también ha representado a M éxico en complejos litigios sobre comercio 
internacional y procedimientos de arbitraje sobre inversiones, y ha ejercido como abogado 
principal del Gobierno de México en varias diferencias ante la OMC. Asimismo, ha sido integrante 
de varios paneles del TLCA N. 
El Sr. Ramírez  Hernández posee una Maestría (LL.M.) en Derecho Comercial Internacional del 
Washington College of Law de la American University y es licenciado en derecho por la Universidad 
Autónoma Metropolitana.  WT/AB/27  
- 137 - 
  Hyun Chong Kim  (Corea) (Mandato: 2016 -2020) 
El Sr. Kim se graduó como Juris Doctor  en la Universidad de Columbia (Nueva York), donde 
previamente había obtenido la licenciatura y la maestría correspondientes. Trabajó como Ministro 
de Comercio de Corea entre 2004 y 2007, período en el que Corea ne goció acuerdos de libre 
comercio con más de 40 países, incluidos sus principales interlocutores comerciales. Como 
Ministro, el Sr. Kim fue nombrado facilitador para las negociaciones sobre servicios en la 
Conferencia Ministerial de Hong Kong que la OMC cel ebró en diciembre de  2005, y ayudó a Corea 
a organizar la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) 
que tuvo lugar en noviembre de  2005 en Busan. Ocupó el puesto de Embajador de Corea ante las 
Naciones Unidas de  2007 a 2008 y fue elegido Vicepresidente del Consejo Económico y Social y de 
las Naciones Unidas en 2008, donde trabajó para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  
Entre 1999 y 2003, el Sr. Kim trabajó como jurista superior en la Secretaría del Órgano de 
Apelación y en la División de Asuntos Jurídicos de la OMC, donde se ocupó de casos relativos a los 
derechos de propiedad intelectual, los servicios, las MIC, las salvaguardias y las 
subvenciones/medidas compensatorias, etc. Más recientemente,  el Sr. Kim supervisó un litigio 
sobre patentes y monopolios con una gran corporación coreana, y en la actualidad es profesor en 
la Universidad Hankuk de Estudios Internacionales (Seúl), donde se dedica fundamentalmente al 
derecho mercantil y las políticas  comerciales.  
Shree Baboo Chekitan Servansing  (Mauricio) (Mandato: 2014 -2018)  
Nacido en Mauricio el 22 de abril de  1955, Shree Baboo Chekitan Servansing ha tenido una larga y 
destacada trayectoria profesional en la administración pública de su país. De 200 4 a 2012, el 
Sr. Servansing fue Embajador y Representante Permanente de Mauricio ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, incluida la OMC. Durante su 
mandato como Representante Permanente, se desempeñó en va rios comités de la OMC y presidió 
el Comité de Comercio y Medio Ambiente y el Comité de Comercio y Desarrollo. También presidió 
el Programa de Trabajo sobre las Pequeñas Economías, las sesiones específicas sobre la Ayuda 
para el Comercio y el Grupo African o, y fue Coordinador del Grupo de Países de África, el Caribe y 
el Pacífico (Grupo ACP).  
Previamente, el Sr. Servansing había ocupado diversos cargos en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Mauricio en Mauricio, la India y Bélgica. Durante su mandato en la Embajada de 
Mauricio en Bélgica, participó activamente en las negociaciones entre el Grupo ACP y la UE que 
dieron lugar al Acuerdo de Cotonou y, posteriormente, en las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación Económica. El Sr. Servansing también prest ó servicios como representante personal del 
Primer Ministro de Mauricio en el Comité Directivo de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD). En ese cargo, participó en la formulación estratégica del principal marco de desarrollo de 
África.  
Tras retirarse de la administración pública, el Sr. Servansing dirigió el Programa ACP - UE sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio en Bruselas entre 2012 y 2014. En este puesto, se encargaba de 
facilitar la creación de capacidad en los países ACP con el fin de aumentar la competitividad de sus 
exportaciones y mejorar las infraestructuras de control de la calidad para poder cumplir los 
reglamentos técnicos.  
El Sr. Servansing cuenta con 30 años de experiencia en política comercial y negociaciones 
comerciales, así como en el sistema multilateral de comercio. Con frecuencia ha dado charlas 
sobre cuestiones comerciales internacionales y ha publicado numerosos trabajos y artículos en 
publicaciones de Mauricio y extranjeras sobre diversos temas relacionados con el comer cio. 
El Sr. Servansing tiene una maestría de la Universidad de Sussex, un título de posgrado en 
relaciones exteriores y comercio internacional de la Universidad Nacional de Australia y una 
licenciatura (matrícula de honor) de la Universidad de Mauricio.  WT/AB/27  
- 138 - 
  Peter Van den Bossche  (Bélgica) (Mandato: 2009 -2017)  
Peter Van den Bossche, nacido en Bélgica el 31 de marzo de  1959, es Profesor de Derecho 
Económico Internacional de la Universidad de Maastricht (Países Bajos). El Sr. Van den Bossche 
también es Profesor vi sitante en el Colegio de Europa en Brujas (desde  2010); el programa IELPO 
de la Universidad de Barcelona (desde  2008); y el programa MILE del Instituto de Comercio 
Mundial en Berna (desde  2002). Es miembro del Consejo Editorial del Journal of International  
Economic Law, el Journal of World Investment and Trade y la Revista Latinoamericana de Derecho 
Comercial Internacional . También es miembro de la Junta Cons ultiva del Programa de 
Cátedras  OMC.  
El Sr. Van den Bossche posee un doctorado en derecho del Instit uto Universitario Europeo de 
Florencia, una Maestría en Derecho (LL.M.) por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Michigan y una Licenciatura en derecho magna cum laude  por la Universidad de Amberes. 
Desde  1990 a 1992, se desempeñó como letrado del a bogado general W. van Gerven en el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Luxemburgo). Desde  1997 hasta 2001, el 
Sr. Van den Bossche fue consejero y posteriormente Director interino de la Secretaría del Órgano 
de Apelación de la OMC. En 2001 vol vió al ámbito universitario y desde  2002 hasta 2009 actuó 
frecuentemente como asesor para organizaciones internacionales y países en desarrollo sobre 
cuestiones de derecho económico internacional. También formó parte del cuerpo docente de la 
Universidad Li bre de Bruselas (Bélgica) (2002 -2009); la Facultad Chino -Europea de Derecho de la 
Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China en Beijing (China) (2008 -2014); del Centro 
de Formación sobre Política Comercial en África (trapca) de Arusha (Tanzanía) (2008 y 2013); de 
la Universidad de Comercio Exterior en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh (Viet Nam) (2009 y 2011); de 
la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) (2013); y de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Koç en Estambul (Turquía) (2013).  
El Sr. Van den Bossche ha publicado numerosas obras sobre derecho económico internacional. Es 
autor del libro The Law and Policy of the World Trade Organization , cuya tercera edición 
(en coautoría con Werner Zdouc) fue publicada por Cambridge University Press en 2013.  
Yuejiao Zhang  (China) (Mandato: 2008 -2016)  
Yuejiao Zhang es Profesora de Derecho Económico Internacional en las Universidades de Tsinghua 
y Shantou de China. Es árbitro de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y de la Comisión de 
Arbitraje Mercan til y Económico Internacional de China (CIETAC). Fue Vicepresidenta de la 
Sociedad de Derecho Económico Internacional de China y también es miembro de la Junta 
Consultiva de la Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO).  
De 2005 a 200 7, la Profesora Zhang fue Directora del Consejo de Administración del Banco de 
Desarrollo de África Occidental. Entre 1998 y 2004 ocupó varios altos cargos en el Banco Asiático 
de Desarrollo (BAsD), entre ellos, los de Asesora General Adjunta, Copresidenta  del Comité de 
Apelación y Directora General. También fue directora del grupo de expertos sobre comercio 
internacional del BAsD y del punto de contacto de este ante la OMC. Con anterioridad ocupó 
diversos cargos en el Gobierno y el sector académico de Chin a, incluido el de Directora General de 
Derecho y Tratados en el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (1984 -1997). 
Participó en la elaboración de la primera Ley sobre empresas conjuntas, los Principios generales 
del derecho civil, la Ley de Contratos y la Ley de Comercio Exterior de China. De 1987 a 1996 fue 
una de las negociadoras principales de China en materia de propiedad intelectual y participó en la 
elaboración de las leyes chinas sobre patentes, marcas de fábrica o de comercio y der echo de 
autor. Asimismo, fue asesora jurídica principal de China durante el proceso de reanudación de la 
participación de ese país en el GATT. Entre 1982 y 1985, fue asesora jurídica en el Banco Mundial. 
Fue miembro del Consejo de Gobierno del Instituto In ternacional para la Unificación del Derecho 
Privado (UNIDROIT) de  1987 a 1999 y miembro del Consejo de Administración de la IDLO de  1988 
a 1999. La Profesora Zhang fue miembro de los comités de redacción de UNIDROIT y la UNCITRAL 
para varias convenciones s obre economía y comercio internacional, como los Principios generales 
de los contratos comerciales y la Convención sobre arrendamiento financiero internacional.  
La Profesora Zhang es autora de varios libros y artículos sobre derecho económico internacional  y 
solución de diferencias internacionales. Posee una Licenciatura (B.A.) por el Instituto de Educación 
Superior de China, una Licenciatura (B.A.) por la Universidad de Rennes (Francia) y una Maestría WT/AB/27  
- 139 - 
  en derecho (LL.M.) por la Universidad de Georgetown. La  Profesora Zhang también ha impartido 
conferencias en universidades de Francia, así como de Hong Kong y Macao (China).  
Hong Zhao  (China) (Mandato: 2016 -2020)  
La Sra. Zhao es Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Beijing 
(China) , donde previamente había obtenido la licenciatura y la maestría correspondientes. 
Actualmente, es la Vicepresidenta de la Academia China de Cooperación Comercial y Económica 
Internacional. Asimismo, la Sra. Zhao es profesora visitante en varias universida des, incluidas la 
Universidad de Beijing, la Universidad Fudan y la Universidad de Economía y Comercio 
Internacional. Anteriormente, trabajó como Ministra Consejera de Asuntos Jurídicos en la Misión de 
China ante la OMC y, en ese período, presidió el Comit é de Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio (MIC) de la OMC. Posteriormente, cuando ocupaba el cargo de 
Comisaria de Negociaciones Comerciales en el Departamento para Asuntos de la OMC del 
Ministerio de Comercio de China, la Sra. Zh ao participó en varias negociaciones importantes sobre 
el comercio internacional, en particular las negociaciones del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio y las negociaciones sobre la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información.  
A escala n acional, la Sra. Zhao ha contribuido a la formulación de numerosos instrumentos 
legislativos chinos de gran calado en el ámbito económico y com ercial adoptados desde los 
años 90, y tiene experiencia en el sistema judicial chino, puesto que entre 1999 y 200 4 ejerció 
como miembro del jurado en el Tribunal Económico del Segundo Tribunal Intermedio de Beijing. 
También ha sido profesora y tutora de estudiantes de Derecho en varias universidades chinas en 
materias como el derecho económico internacional, el derec ho de la OMC y los derechos de 
propiedad intelectual.  
* * * 
DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL ÓRGANO DE APELACIÓN  
Werner Zdouc  
Werner Zdouc, Director de la Secretaría del Órgano de Apelación de la OMC desde  2006, se graduó 
en derecho por la Universidad de Graz  (Austria). Posteriormente obtuvo una Maestría en derecho 
(LL.M.) por la Facultad de Derecho de la Universidad de Míchigan y un Doctorado por la 
Universidad de St. Gallen (Suiza). El Dr. Zdouc se incorporó a la Divi sión de Asuntos Jurídicos de 
la OMC en 19 95, donde asesoró a muchos grupos especiales de solución de diferencias y realizó 
misiones de cooperación técnica en numerosos países en desarrollo. En 2001 pasó a formar parte 
de la Secretaría del Órgano de Apelación como asesor jurídico. En 2008 y 2009 p residió el Comité 
Consultivo Mixto del Director General. Ha sido conferenciante y Profesor visitante de derecho 
mercantil internacional en la Universidad de Economía de Viena, en las Universidades de 
St. Gallen, Zúrich, Barcelona, Seúl y Shanghái y en el I nstituto Universitario de Ginebra. De 1987 
a 1989 trabajó en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ayuda para el 
desarrollo en Austria y América Latina. El Dr. Zdouc es autor de diversas publicaciones sobre 
derecho económico internacional y es miembro del Comité de Derecho Comercial de la Asociación 
de Derecho Internacional.  
 WT/AB/27  
- 140 - 
  ANEXO 7  
ANTIGUOS MIEMBROS Y PRESIDENTES DEL ÓRGANO DE APELACIÓN  
I. ANTIGUOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE APELACIÓN  
Nombre  Nacionalidad  Mandato(s)  
Said El -Naggar  Egipto  1995-2000 
Mitsuo Matsushita  Japón  1995-2000 
Christopher Beeby  Nueva Zelandia  1995-1999 
1999-2000 
Claus -Dieter Ehlermann  Alemania  1995-1997 
1997-2001 
Florentino Feliciano  Filipinas  1995-1997 
1997-2001 
Julio Lacarte -Muró Uruguay  1995-1997 
1997-2001 
James Bacchus  Estados Unidos  1995-1999 
1999-2003 
John Lockhart  Australia  2001-2005 
2005-2006 
Yasuhei Taniguchi  Japón  2000-2003 
2003-2007 
Merit E. Janow  Estados Unidos  2003-2007 
Arumugamangalam Venkatachalam 
Ganesan  India 2000-2004 
2004-2008 
Georges Michel  Abi-Saab Egipto  2000-2004 
2004-2008 
Luiz Olavo Baptista  Brasil  2001-2005 
2005-2009 
Giorgio Sacerdoti  Italia 2001-2005 
2005-2009 
Jennifer Hillman  Estados Unidos  2007-2011 
Lilia Bautista  Filipinas  2007-2011 
Shotaro Oshima  Japón  2008-2012 
David Unterha lter Sudáfrica  2006-2009 
2009-2013 
Yuejiao Zhang  China  2008-2012 
2012-2016 
Seung Wha Chang  Corea , República de  2012-2016 
 WT/AB/27  
- 141 - 
  II. ANTIGUOS PRESIDENTES DEL ÓRGANO DE APELACIÓN  
Nombre  Nacionalidad  Mandato(s) como Presidente  
Julio Lacarte -Muró Uruguay  7 de febrero de 1996 - 
6 de febrero de 1997  
7 de febrero de 1997 - 
6 de febrero de 1998  
Christopher Beeby  Nueva Zelandia  7 de febrero de 1998 - 
6 de febrero de 1999  
Said El -Naggar  Egipto  7 de febrero de 1999 - 
6 de febrero de 2000  
Florentino Feliciano  Filipinas 7 de febrero de 2000 - 
6 de febrero de 2001  
Claus -Dieter Ehlermann  Alemania  7 de febrero de 2001 - 
10 de diciembre de 2001  
James Bacchus  Estados Unidos  15 de diciembre de 2001 - 
14 de diciembre de 2002  
15 de diciembre de 2002 - 
10 de diciembre de 200 3 
Georges Abi -Saab Egipto  13 de diciembre de 2003 - 
12 de diciembre de 2004  
Yasuhei Taniguchi  Japón  17 de diciembre de 2004 - 
16 de diciembre de 2005  
Arumugamangalam 
Venkatachalam Ganesan  India 17 de diciembre de 2005 - 
16 de diciembre de 2006  
Giorgio Sacerdoti  Italia 17 de diciembre de 2006 - 
16 de diciembre de 2007  
Luiz Olavo Baptista  Brasil  17 de diciembre de 2007 - 
16 de diciembre de 2008  
David Unterhalter  Sudáfrica  18 de diciembre de 2008 - 
11 de diciembre de 2009  
12 de diciembre de 2009 - 
16 de diciembre de 2010  
Lilia Bautista  Filipinas  17 de diciembre de 2010 - 
14 de junio de 2011  
Jennifer Hillman  Estados Unidos  15 de junio de 2011 - 
10 de diciembre de 2011  
Yuejiao Zhang  China  11 de diciembre de 2011 - 
31 de mayo de 2012  
1º de junio de 2012 - 
31 de diciembre de 2012  
Ricardo Ramírez Hernández  México  1º de enero de 2013 - 
31 de diciembre de 2013  
1º de enero de 2014 - 
31 de diciembre de 2014  
Peter Van den Bossche  Bélgica  1º de enero de 2015 - 
31 de diciembre de 2015  
Thomas Graham  Estados Unido s 1º de enero de 2016 - 
31 de diciembre de 2016  
 WT/AB/27  
 
- 142 - 
    
 
- 142 - ANEXO 8  
APELACIONES PRESENTADAS: 1995 -20161 
NÚMERO TOTAL DE APELACIONES: 1995 -2016  
 
 
 
APELACIONES PRESENTADAS: 1995 -2016  
Año Anuncios de apelación 
presentados  Anuncios de apelación 
en procedimientos 
iniciales Anuncios de apelación 
en procedimientos del 
párrafo  5 del artículo 21  
1995 0 0 0 
1996 4 4 0 
1997 6a 6 0 
1998 8 8 0 
1999 9b 9 0 
2000 13c 11 2 
2001 9d 5 4 
2002 7e 6 1 
2003 6f 5 1 
2004 5 5 0 
2005 13 11 2 
2006 5 3 2 
2007 4 2 2 
2008 11g 8 3 
2009 3 1 2 
2010 3 3 0 
2011 9 9 0 
2012 5 5 0 
                                               
1 No se presentaron apelaciones ni se distribuyeron informes del Órgano de Apelación en 1995, año en 
que se estableció el Órgano de Apelación.  WT/AB/27  
 
- 143 - 
    
 
- 143 - Año Anuncios de apelación 
presentados  Anuncios de apelación 
en procedimientos 
iniciales Anuncios de apelación 
en procedimientos del 
párrafo  5 del artículo 21  
2013 2 2 0 
2014 13 11 2 
2015 8h 6 2 
2016 8 7 1 
Total  151 127 24 
a Este número incluye dos anuncios de apelación que se presentaron al mismo tiempo en asuntos 
conexos y se han contabilizado por separado: CE - Hormonas (Canadá)  y CE - Hormonas 
(Estados  Unidos) . Se distribuyó un único informe del Órgano de Apelación en relación con estas 
apelaciones.  
b Este número excluye un anuncio de apelación que fue retirado por los Estados Unidos, que 
posteriormente pre sentaron otro en relación con el mismo informe del Grupo Especial: 
Estados  Unidos - EVE. 
c Este número incluye dos anuncios de apelación que se presentaron al mismo tiempo en asuntos 
conexos y se han contabilizado por separado: Estados Unidos - Ley de 1916  (CE) y Estados Unidos - 
Ley de 1916 (Japón) . Se distribuyó un único informe del Órgano de Apelación en relación con estas 
apelaciones.  
d Este número excluye un anuncio de apelación que fue retirado por los Estados Unidos, que 
posteriormente presentaron ot ro en relación con el mismo informe del Grupo Especial: 
Estados  Unidos - Tubos . 
e Este número incluye un anuncio de apelación que fue retirado posteriormente: India - Automóviles ; 
y excluye un anuncio de apelación que fue retirado por las Comunidades Europ eas, que 
posteriormente presentaron otro en relación con el mismo informe del Grupo Especial: 
CE - Sardinas . 
f Este número excluye un anuncio de apelación que fue retirado por los Estados Unidos, que 
posteriormente presentaron otro en relación con el mismo  informe del Grupo Especial: 
Estados  Unidos - Madera blanda IV . 
g Este número incluye dos anuncios de apelación que se presentaron al mismo tiempo en asuntos 
conexos y se han contabilizado por separado: Estados Unidos - Camarones (Tailandia)  y 
Estados  Unidos - Directiva sobre fianzas aduaneras . 
h Este número incluye dos anuncios de apelación que se presentaron al mismo tiempo en asuntos 
conexos y se han contabilizado por separado: China - Medidas por las que se imponen derechos 
antidumping a los tubos sin s oldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones 
procedentes del Japón  y China - Medidas por las que se imponen derechos antidumping a los tubos 
sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes de 
la Unión Europea . 
 WT/AB/27  
 
- 144 - 
    
 
- 144 - ANEXO  9 
PORCENTAJE DE INFORMES DE GRUPOS ESPECIALES OBJETO DE APELACIÓN,  
POR AÑO DE ADOPCIÓNa: 1996 -2016b 
 Todos los informes de grupos 
especiales  Informes de grupos especiales 
distintos de los del párrafo 5 del 
artículo 21c Informes de grup os especiales 
del párrafo 5 del artículo 21  
Año de 
adopción  Informes 
de grupos 
especiales 
adoptadosd Informes 
de grupos 
especiales 
apeladose Porcentaje 
de informes 
apeladosf Informes 
de grupos 
especiales 
adoptados  Informes 
de grupos 
especiales 
apelados  Porcentaje 
de informes 
apelados  Informes 
de grupos 
especiales 
adoptados  Informes 
de grupos 
especiales 
apelados  Porcentaje 
de informes 
apelados  
1996 2 2 100%  2 2 100%  0 0 - 
1997 5 5 100%  5 5 100%  0 0 - 
1998 12 9 75% 12 9 75% 0 0 - 
1999 10 7 70% 9 7 78% 1 0 0% 
2000 19 11 58% 15 9 60% 4 2 50% 
2001 17 12 71% 13 9 69% 4 3 75% 
2002 12 6 50% 11 5 45% 1 1 100%  
2003 10 7 70% 8 5 63% 2 2 100%  
2004 8 6 75% 8 6 75% 0 0 - 
2005 20 12 60% 17 11 65% 3 1 33% 
2006 7 6 86% 4 3 75% 3 3 100%  
2007 10 5 50% 6 3 50% 4 2 50% 
2008 11 9 82% 8 6 75% 3 3 100%  
2009 8 6 75% 6 4 67% 2 2 100%  
2010 5 2 40% 5 2 40% 0 0 - 
2011 8 5 63% 8 5 63% 0 0 - 
2012 18 11 61% 18 11 61% 0 0 - 
2013 4 2 50% 4 2 50% 0 0 - 
2014 15 13 87% 13 11 85% 2 2 100%  
2015 13 8 62% 11 6 55% 2 2 100%  
2016 8 7 88% 6 6 100%  2 1 50% 
Total  222 151 68%  189 127 67%  33 24 73%  
a Las cifras de este cuadro corresponden al año en que se adoptó el informe del Grupo Especial , 
incluso en los casos en que ese informe fue apelado en un año distinto.  
b En 1995 no se adop taron informes de grupos especiales.  
c De conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, se podrá establecer un grupo especial para 
entender de un "desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destinadas a cumplir las 
recomendaciones y resolucion es [del OSD] o a la compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo 
abarcado" después de la adopción de un informe anterior de un grupo especial o del Órgano de 
Apelación.  
d Los informes del Grupo Especial que se ocupó de los asuntos CE - Banano III (Ecuad or), CE - 
Banano III (Guatemala y Honduras) , CE - Banano III (México)  y CE - Banano III (Estados Unidos)  se 
contabilizan como un solo informe. Los informes de los grupos especiales que se ocuparon de los 
asuntos Estados Unidos - Salvaguardia sobre el acero , CE - Subvenciones a la exportación de azúcar  
y CE - Trozos de pollo  también se contabilizan como un solo informe en cada una de esas 
diferencias.  
e El número de informes de grupos especiales apelados puede ser distinto del número de informes del 
Órgano d e Apelación porque algunos informes del Órgano de Apelación examinan más de un informe 
de grupo especial.  
f Los porcentajes se han redondeado  al número entero más próximo.  
 WT/AB/5  
Página 144 
 WT/AB/27  
 
- 145 - 
    
 
- 145 - ANEXO 10  
ACUERDOS DE LA OMC ABORDADOS EN LOS INFORMES DEL  
ÓRGANO DE APELACIÓN DIST RIBUIDOS: 1996 -2016 
El gráfico que figura a continuación muestra el número de veces que se han abordado los distintos 
acuerdos de la OMC en los 144 informes del Órgano de Apelación distribuidos entre 1996 y 2016.  
113
97
34 34
16 14107 7 63 3 3 3ESD
GATT de 1994
SMC
Antidumping
Acuerdo sobre la
OMC
Agricultura
OTC
MSF
Salvaguardias
AGCS
MIC
ADPIC
ATV
Licencias de
importación
 
 
 
 
   
  WT/AB/27  
- 146 - 
 
ACUERDOS DE LA OMC ABORDADOS EN LOS INFORMES DEL ÓRGANO DE APELACIÓN DISTRIBUIDOS: 1996 -2016a 
Año de 
distribución  ESD Acuerdo sobre 
la OMC  GATT 
de 1994  Agricultura  MSF ATV OTC MIC Anti-
dumping  Licencias de 
importación  SMC Salvaguar -
dias AGCS  ADPIC  
1996  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1997  4 1 5 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 
1998  7 1 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
1999  7 1 6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 
2000  8 1 7 2 0 0 0 0 2 0 5 2 1 1 
2001  7 1 3 1 0 1 1 0 4 0 1 2 0 0 
2002  8 2 4 3 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 
2003  4 2 3 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 
2004  2 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
2005  9 0 5 2 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 
2006  5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 
2007  5 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
2008  8 1 9 1 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 
2009  3 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 
2010  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011  7 1 6 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
2012  9 0 7 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 
2013  0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
2014  6 4 7 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 
2015  7 0 7 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 
2016  6 1 6 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 
Total  113 16 97 14 7 3 10 3 34 3 34 7 6 3 
a No se presentaron apelaciones ni se distribuyeron in formes del Órgano de Apelación en 1995, año en que se estableció el Órgano de Apelación.  WT/AB/27  
- 147 - 
  ANEXO 11  
PARTICIPANTES Y TERCEROS PARTICIPANTES EN APELACIONES: 1996 -2016 
En el gráfico infra se indica la relación entre los países desarrollados Miembros y los país es en 
desarrollo Miembros por lo que respecta a sus comparecencias como apelantes, otros apelantes, 
apelados y terceros participantes en apelaciones respecto de las cuales se distribuyó un informe 
del Órgano de Apelación entre 1996 y 2016.1 
PARTICIPACIÓN D E LOS MIEMBROS DE LA OMC EN APELACIONES, 1996 -2016  
 
83
61180313
64
3181552
050100150200250300350400450500550600
Apelantes Otros apelantes Apelados Terceros participantesComparecencias ante el 
Órgano de Apelación
Países desarrollados Países en desarrollo
 
 
 
I. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
Miembro de la OMC  Apelante  Otro 
apelante  Apelado  Tercero 
participante  Total  
Antigua y Barbuda  0 1 1 0 2 
Arabia Saudita, Reino de la  0 0 0 17 17 
Argentina  3 5 8 20 36 
Australia 2 2 6 45 55 
Bahrein, Reino de  0 0 0 1 1 
Barbados  0 0 0 1 1 
Belice  0 0 0 4 4 
Benin  0 0 0 1 1 
Bolivia, Estado 
Plurinacional  de 0 0 0 1 1 
Brasil  5 7 12 37 61 
Camerún  0 0 0 3 3 
                                               
1 No se presentaron apelaciones ni se distribuyeron informes del Órgano d e Apelación en 1995, año en 
que se estableció el Órgano de Apelación.  WT/AB/27  
- 148 - 
  Miembro de la OMC  Apelante  Otro 
apelante  Apelado  Tercero 
participante  Total  
Canadá  14 10 23 32 79 
Chad 0 0 0 2 2 
Chile 3 0 2 12 17 
China  15 5 11 50 81 
Colombia  1 0 0 23 24 
Corea  3 5 7 35 50 
Costa Rica  1 0 0 3 4 
Côte d'Ivoire  0 0 0 4 4 
Cuba 0 0 0 4 4 
Dominica  0 0 0 4 4 
Ecuador  0 2 2 19 23 
Egipto  0 0 0 2 2 
El Salvador  0 0 0 6 6 
Estados Unidos  37 24 82 42 185 
Federación de Rusia  0 0 0 10 10 
Fiji 0 0 0 1 1 
Filipinas  3 0 3 2 8 
Ghana  0 0 0 2 2 
Granada  0 0 0 1 1 
Guatemala  1 2 2 13 18 
Guyana  0 0 0 1 1 
Honduras  0 2 2 6 10 
Hong Kong, China  0 0 0 8 8 
India 9 2 8 45 64 
Indonesia  0 1 1 5 7 
Islandia  0 0 0 2 2 
Israel  0 0 0 2 2 
Jamaica  0 0 0 5 5 
Japón  7 6 15 66 94 
Kenya  0 0 0 1 1 
Kuwait, Estado de  0 0 0 1 1 
Madagascar  0 0 0 1 1 
Malasia  1 0 1 1 3 
Malawi  0 0 0 1 1 
Mauricio  0 0 0 2 2 
México  5 6 9 36 56 
Namibia  0 0 0 1 1 
Nicaragua  0 0 0 4 4 
Nigeria  0 0 0 1 1 
Noruega  2 1 3 31 37 
Nueva Zelandia  0 3 6 14 23 
Omán  0 0 0 4 4 
Pakistán  0 0 2 3 5 
Panamá  1 0 2 3 6 
Paraguay  0 0 0 5 5 
Perú 1 1 1 7 10 
Polonia  0 0 1 0 1 
República Dominicana  1 0 1 4 6 WT/AB/27  
- 149 - 
  Miembro de la OMC  Apelante  Otro 
apelante  Apelado  Tercero 
participante  Total  
Saint Kitts y Nevis  0 0 0 1 1 
San Vicente y las 
Granadinas  0 0 0 3 3 
Santa Lucía  0 0 0 4 4 
Senegal  0 0 0 1 1 
Singapur  0 0 0 1 1 
Suiza  0 1 1 1 3 
Suriname  0 0 0 3 3 
Swazilandia  0 0 0 1 1 
Tailandia  3 2 5 23 33 
Taipei Chino  0 0 0 40 40 
Tanzanía  0 0 0 1 1 
Trinidad y Tabago  0 0 0 1 1 
Turquía  1 0 0 19 20 
Unión Europea  22 20 48 72 162 
Venezuela, República 
Bolivariana de  0 0 1 6 7 
Viet Nam  1 0 0 8 9 
Total  142 108 266 842 1.358  
 WT/AB/27  
- 150 - 
  II. INFORMACIÓN DETALLADA POR AÑO DE DISTRIBUCIÓN  
1996  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Gasolina  
WT/DS2/AB/R  Estados Unidos  --- Brasil  
Venezuela  Comunidades 
Europeas  
Noruega  
Japón - Bebidas alcohólicas II  
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R  
WT/DS11/AB/R  Japón  Estados Unidos  Canadá  
Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
Japón  --- 
 
 
 
 
1997  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Ropa interior  
WT/DS24/AB/R  Costa Rica  --- Estados Unidos  India 
Brasil - Coco desecado  
WT/DS22/AB/R  Filipinas  Brasil  Brasil  
Filipinas  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
Estados Unidos - Camisas y blusas 
de lana  
WT/DS33/AB/R y Corr.1  India --- Estados Unidos  --- 
Canadá - Publicaciones  
WT/DS31/AB/R  Canadá  Estados Unidos  Canadá  
Estados Unidos  --- 
CE - Banano III  
WT/DS27/AB/R  Comunidades 
Europeas  Ecuador  
Estados Unidos  
Guatemala  
Honduras  
México Ecuador  
Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
Guatemala  
Honduras  
México  Belice  
Camerún  
Colombia  
Costa Rica  
Côte d'Ivoire  
Dominica  
Ghana  
Granada  
Jamaica  
Japón  
Nicaragua  
República 
Dominicana  
San Vicente y las 
Granadinas  
Santa Lucía  
Senegal  
Suriname  
Venezuel a 
India - Patentes (Estados Unidos)  
WT/DS50/AB/R  India --- Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  WT/AB/27  
- 151 - 
  1998  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
CE - Hormonas  
WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R  Comunidades 
Europeas  Canadá  
Estados U nidos  Canadá  
Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Australia  
Noruega  
Nueva Zelandia  
Argentina - Textiles y prendas de 
vestir  
WT/DS56/AB/R y Corr.1  Argentina  --- Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
CE - Equipo informático  
WT/DS62/AB/R,  
WT/DS67/AB/R  
WT/DS68/ AB/R Comunidades 
Europeas  --- Estados Unidos  Japón  
CE - Productos avícolas  
WT/DS69/AB/R  Brasil  Comunidades 
Europeas  Brasil  
Comunidades 
Europeas  Estados Unidos  
Tailandia  
Estados Unidos - Camarones  
WT/DS58/AB/R  Estados Unidos  --- India 
Malasia  
Pakistán  
Tailandia  Australia  
Ecuador  
Comunidades 
Europeas  
Hong Kong, China  
México  
Nigeria  
Australia - Salmón  
WT/DS18/AB/R  Australia  Canadá  Australia  
Canadá  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
India 
Noruega  
Guatemala - Cemento I  
WT/DS60/AB/R  Guatemala  --- México  Estados Unidos  
 WT/AB/27  
- 152 - 
  1999  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Corea - Bebidas alcohólicas  
WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R  Corea  --- Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  México  
Japón - Productos agrícolas II  
WT/DS76/AB/R  Japón  Estados Unidos  Estados Unidos  
Japón  Brasil  
Comunidades 
Europeas  
Brasil - Aeronaves  
WT/DS46/AB/R  Brasil  Canadá  Brasil  
Canadá  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
Canadá - Aeronaves  
WT/DS70/AB/R  Canadá  Brasil  Brasil  
Canadá  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
India - Restricciones cuantitativas  
WT/DS90/AB/R  India --- Estados Unidos  --- 
Canadá - Productos lácteos  
WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R  Canadá  --- Estados Unidos  
Nueva Zelandia  --- 
Turquía - Textiles  
WT/DS34/AB/R  Turquía  --- India Filipinas  
Hong Kong, Chin a 
Japón  
Chile - Bebidas alcohólicas  
WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R  Chile --- Comunidades 
Europeas  Estados Unidos  
México  
Argentina - Calzado (CE)  
WT/DS121/AB/R  Argentina  Comunidades 
Europeas  Argentina  
Comunidades 
Europeas  Estados Unidos  
Indonesia  
Corea - Productos lácteos  
WT/DS98/AB/R y Corr.1  Corea  Comunidades 
Europeas  Comunidades 
Europeas  
Corea  Estados Unidos  
 WT/AB/27  
- 153 - 
  2000  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - EVE 
WT/DS108/AB/R  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Canadá  
Japón  
Estados Unidos - Plomo y bismuto II  
WT/DS138/AB/R  Estados Unidos  --- Comunidades 
Europeas  Brasil  
México  
Canadá - Automóviles  
WT/DS139/AB/R  Canadá  Comunidades 
Europeas  
Japón  Canadá  
Comunidades 
Europeas  
Japón  Corea  
Estados Unidos  
Brasil - Aeronaves (párrafo 5 del 
artículo 21 - Canadá)  
WT/DS46/AB/RW  Brasil  --- Canadá  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
Canadá - Aeronaves (párrafo 5 del 
artículo 21 - Brasil)  
WT/DS70/AB/RW  Brasil  --- Canadá  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
Estados Unidos - Ley de 1916  
WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
Japón  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
Japón  Comunidades 
Europeasa 
India 
Japónb 
México  
Canadá - Período de protección 
mediante patente  
WT/DS170/AB/R  Canadá  --- Estados Unidos  --- 
Corea - Diversas medidas que 
afectan a la carne vacuna  
WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R  Corea  --- Australia  
Estados Unidos  Canadá  
Nueva Zelandia  
Estados Unidos - Determinados 
productos procedentes de las CE 
WT/DS16 5/AB/R  Comunidades 
Europeas  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Dominica  
Ecuador  
India 
Jamaica  
Japón  
Santa Lucía  
Estados Unidos - Gluten de trigo  
WT/DS166/AB/R  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Australi a 
Canadá  
Nueva Zelandia  
a En la reclamación presentada por el Japón.  
b En la reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  WT/AB/27  
- 154 - 
  2001  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
CE - Ropa de cama  
WT/DS141/AB/R  Comunidades 
Europeas  India Comunidades 
Europeas  
India Egipto  
Estados Unidos  
Japón  
CE - Amianto  
WT/DS135/AB/R  Canadá  Comunidades 
Europeas  Canadá  
Comunidades 
Europeas  Brasil  
Estados Unidos  
Tailandia - Vigas doble T  
WT/DS122/AB/R  Tailandia  --- Polonia  Comunidades 
Europ eas 
Estados Unidos  
Japón  
Estados Unidos - Cordero  
WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R  Estados Unidos  Australia  
Nueva Zelandia  Australia  
Estados Unidos  
Nueva Zelandia  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos - Acero laminado 
en caliente  
WT/DS184/AB/R  Estados Unidos  Japón Estados Unidos  
Japón  Brasil  
Canadá  
Chile 
Comunidades 
Europeas  
Corea  
Estados Unidos - Hilados de 
algodón  
WT/DS192/AB/R  Estados Unidos  --- Pakistán  Comunidades 
Europeas  
India 
Estados Unidos - Camarones 
(párrafo 5 del artículo 21 - Malasia)  
WT/DS58/AB/ RW Malasia  --- Estados Unidos  Australia  
Comunidades 
Europeas  
Hong Kong, China  
India 
Japón  
México  
Tailandia  
México - Jarabe de maíz 
(párrafo  5 del artículo 21 – 
Estados  Unidos)  
WT/DS132/AB/RW  México  --- Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
Canadá - Product os lácteos 
(párrafo 5 del artículo 21 - Nueva 
Zelandia y los Estados Unidos)  
WT/DS103/AB/RW, 
WT/DS113/AB/RW  Canadá  --- Estados Unidos  
Nueva Zelandia  Comunidades 
Europeas  
 WT/AB/27  
- 155 - 
  2002  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos – Artículo  211 de 
la Ley de Asignaciones 
WT/DS176/AB/R  Comunidades 
Europeas  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  --- 
Estados Unidos - EVE (párrafo 5 
del artículo 21 - CE) 
WT/DS108/AB/RW  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  Comunid ades 
Europeas  
Estados Unidos  Australia  
Canadá  
India 
Japón  
Estados Unidos - Tubos  
WT/DS202/AB/R  Estados Unidos  Corea  Corea  
Estados Unidos  Australia  
Canadá  
Comunidades 
Europeas  
Japón  
México  
India - Automóvilesc 
WT/DS146/AB/R, WT/DS175/AB/R  India --- Comuni dades 
Europeas  
Estados Unidos  Corea  
Chile - Sistema de bandas de 
precios  
WT/DS207/AB/R  Chile --- Argentina  Australia  
Brasil  
Colombia  
Comunidades 
Europeas  
Ecuador  
Estados Unidos  
Paraguay  
Venezuela  
CE - Sardinas  
WT/DS231/AB/R  Comunidades 
Europeas  --- Perú Canadá  
Chile 
Ecuador  
Estados Unidos  
Venezuela  
Estados Unidos - Acero al carbono  
WT/DS213/AB/R  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Japón  
Noruega  
Estados Unidos - Medidas 
compensatorias sobre 
determinados productos de la s CE 
WT/DS212/AB/R  Estados Unidos  --- Comunidades 
Europeas  Brasil  
India 
México  
Canadá - Productos lácteos 
(párrafo 5 del artículo 21 - Nueva 
Zelandia y los Estados Unidos II)  
WT/DS103/AB/RW2, 
WT/DS113/AB/RW2  Canadá  --- Estados Unidos  
Nueva Zelandia  Argent ina 
Australia  
Comunidades 
Europeas  
c La India desistió de su apelación la víspera del día en que estaba prevista la celebración de la audiencia.  
 WT/AB/27  
- 156 - 
  2003  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Ley de 
comp ensación (Enmienda Byrd)  
WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R  Estados Unidos  --- Australia  
Brasil  
Canadá  
Chile 
Comunidades 
Europeas  
Corea  
India 
Indonesia  
Japón  
México  
Tailandia  Argentina  
Costa Rica  
Hong Kong, China  
Israel  
Noruega  
CE - Ropa de cama (párrafo 5 del 
artículo 21 - India)  
WT/DS141/AB/RW  India --- Comunidades 
Europeas  Corea  
Estados Unidos  
Japón  
CE - Accesorios de tubería  
WT/DS219/AB/R  Brasil  --- Comunidades 
Europeas  Chile 
Estados Unidos  
Japón  
México  
Estados Unidos - Salvaguardias 
sobre el acero  
WT/DS24 8/AB/R, 
WT/DS249/AB/R,  
WT/DS251/AB/R, 
WT/DS252/AB/R,  
WT/DS253/AB/R, 
WT/DS254/AB/R,  
WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R  Estados Unidos  Brasil  
China  
Comunidades 
Europeas  
Corea  
Japón  
Noruega  
Nueva Zelandia  
Suiza  Brasil  
China  
Comunidades 
Europeas  
Corea  
Estados Unido s 
Japón  
Noruega  
Nueva Zelandia  
Suiza  Canadá  
Cuba 
México  
Tailandia  
Taipei Chino  
Turquía  
Venezuela  
Japón - Manzanas  
WT/DS245/AB/R  Japón  Estados Unidos  Estados Unidos  
Japón  Australia  
Brasil  
Comunidades 
Europeas  
Nueva Zelandia  
Taipei Chino  
Estados Unidos - Examen por 
extinción relativo al acero 
resistente a la corrosión  
WT/DS244/AB/R  Japón  --- Estados Unidos  Brasil  
Chile 
Comunidades 
Europeas  
Corea  
India 
Noruega  
 WT/AB/27  
- 157 - 
  2004  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Madera 
blanda IV  
WT/DS257/AB/R  Estados Unidos  Canadá  Canadá  
Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
India 
Japón  
CE - Preferencias 
arancelarias  
WT/DS246/AB/R  Comunidades 
Europeas  --- India Bolivia  
Brasil  
Colombia  
Costa Rica  
Cuba 
Ecuador  
El Salvador  
Estados Un idos 
Guatemala  
Honduras  
Mauricio  
Nicaragua  
Pakistán  
Panamá  
Paraguay  
Perú 
Venezuela  
Estados Unidos - Madera 
blanda V  
WT/DS264/AB/R  Estados Unidos  Canadá  Canadá  
Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
India 
Japón  
Canadá - Exportaciones de 
trigo e importaciones  de 
grano  
WT/DS276/AB/R  Estados Unidos  Canadá  Canadá  
Estados Unidos  Australia  
China  
Comunidades 
Europeas  
México  
Taipei Chino  
Estados Unidos - Exámenes 
por extinción respecto de los 
artículos tubulares para 
campos petrolíferos  
WT/DS268/AB/R  Estados Unidos  Argentina  Argentina  
Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
Corea  
Japón  
México  
Taipei Chino  
 WT/AB/27  
- 158 - 
  2005  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Algodón 
americano ( upland ) 
WT/DS267/AB/R  Estados Unidos  Brasil  Brasil 
Estados Unidos  Argentina  
Australia  
Benin  
Canadá  
Chad 
China  
Comunidades 
Europeas  
India 
Nueva Zelandia  
Pakistán  
Paraguay  
Taipei Chino  
Venezuela  
Estados Unidos - Juegos de azar  
WT/DS285/AB/R y Corr.1  Estados Unidos  Antigua y 
Barbuda  Antigua y 
Barbuda  
Estad os Unidos  Canadá  
Comunidades 
Europeas  
Japón  
México  
Taipei Chino  
CE - Subvenciones a la 
exportación de azúcar  
WT/DS265/AB/R, 
WT/DS266/AB/R,  
WT/DS283/AB/R  Comunidades 
Europeas  Australia  
Brasil  
Tailandia  Australia  
Brasil  
Comunidades 
Europeas  
Tailandia  Barbad os 
Belice  
Canadá  
China  
Colombia  
Côte d'Ivoire  
Cuba 
Estados Unidos  
Fiji 
Guyana  
India 
Jamaica  
Kenya  
Madagascar  
Malawi  
Mauricio  
Nueva Zelandia  
Paraguay  
Saint Kitts y  
Nevis  
Swazilandia  
Tanzanía  
Trinidad y  
Tabago  WT/AB/27  
- 159 - 
  2005 (Cont.)  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante( s) Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
República Dominicana - 
Importación y venta de cigarrillos  
WT/DS302/AB/R  República 
Dominicana  Honduras  Honduras  
República 
Dominicana  China  
Comunidades 
Europeas  
El Salvador  
Estados Unidos  
Guatemala  
Estados Unidos - Investigación en 
materia de derechos 
compensatorios sobre los DRAM  
WT/DS296/AB/R  Estados Unidos  Corea  Corea  
Estados Unidos  China  
Comunidades 
Europeas  
Japón  
Taipei Chino  
CE - Trozos de pollo  
WT/DS269/AB/R,  
WT/DS286/AB/R y Corr.1  Comunidades 
Europeas  Brasil  
Tailandia  Brasil  
Comunidades 
Europeas  
Tailandia  China  
Estados Unidos  
México - Medidas antidumping 
sobre el arroz  
WT/DS295/AB/R  México  --- Estados Unidos  China  
Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos - Medidas 
antidumping relativas a las 
tuberías para perfor ación petrolera  
WT/DS282/AB/R  México  Estados Unidos  Estados Unidos  
México  Argentina  
Canadá  
China  
Comunidades 
Europeas  
Japón  
Taipei Chino  
Estados Unidos - Madera blanda IV 
(párrafo 5 del artículo 21 - 
Canadá)  
WT/DS257/AB/RW  Estados Unidos  Canadá  Canadá  
Estados Unidos  China  
Comunidades 
Europeas  
 WT/AB/27  
- 160 - 
  2006  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - EVE (párrafo 5 
del artículo 21 - CE II)  
WT/DS108/AB/RW2  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Australia  
Brasil  
China  
México - Impuestos sobre los 
refrescos  
WT/DS308/AB/R  México  --- Estados Unidos  Canadá  
China  
Comunidades 
Europeas  
Guatemala  
Japón  
Estados Unidos - Madera blanda VI 
(párrafo 5 del artículo 21 - 
Canadá)  
WT/DS277/AB/RW y Cor r.1 Canadá  --- Estados Unidos  China  
Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos - Reducción a cero 
(CE) 
WT/DS294/AB/R y Corr.1  Comunidades 
Europeas  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Argentina  
Brasil  
China  
Corea  
Hong Kong, China  
India 
Japón  
México  
Noruega  
Taipei Chino  
Estados Unidos - Madera blanda V 
(párrafo 5 del artículo 21 - 
Canadá)  
WT/DS264/AB/RW  Canadá  --- Estados Unidos  China  
Comunidades 
Europeas  
India 
Japón  
Nueva Zelandia  
Tailandia  
CE - Determinadas cuestiones 
aduaneras  
WT/DS315/AB/R  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Argentina  
Australia  
Brasil  
China  
Corea  
Hong Kong, China  
India 
Japón  
Taipei Chino  
 WT/AB/27  
- 161 - 
  2007  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Reducci ón a cero 
(Japón)  
WT/DS322/AB/R  Japón  Estados Unidos  Estados Unidos  
Japón  Argentina  
China  
Comunidades 
Europeas  
Corea  
Hong Kong, China  
India 
México  
Noruega  
Nueva Zelandia  
Tailandia  
Estados Unidos - Exámenes por 
extinción respecto de los artículos 
tubulares  para campos petrolíferos 
(párrafo 5 del artículo 21 - 
Argentina)  
WT/DS268/AB/RW  Estados Unidos  Argentina  Argentina  
Estados Unidos  China  
Comunidades 
Europeas  
Corea  
Japón  
México  
Chile - Sistema de bandas de 
precios (párrafo 5 del artículo 21 - 
Argentina)  
WT/DS207/AB/RW  Chile Argentina  Argentina  
Chile Australia  
Brasil  
Canadá  
China  
Colombia  
Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
Perú 
Tailandia  
Japón - DRAM (Corea)  
WT/DS336/AB/R y Corr.1  Japón  Corea  Corea  
Japón  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  
Brasil - Neumá ticos recauchutados  
WT/DS332/AB/R  Comunidades 
Europeas  --- Brasil  Argentina  
Australia  
China  
Corea  
Cuba 
Estados Unidos  
Guatemala  
Japón  
México  
Paraguay  
Tailandia  
Taipei Chino  WT/AB/27  
- 162 - 
  2008  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Acero inoxidable 
(México)  
WT/DS344/AB/R  México  --- Estados Unidos  Chile 
China  
Comunidades 
Europeas  
Japón  
Tailandia  
Estados Unidos - Algodón 
americano ( upland ) (párrafo 5 del 
artículo 21 - Brasil)  
WT/DS267/AB/RW  Estados Unidos  Brasil  Brasil  
Estados Unidos  Argentina  
Australia  
Canadá  
Chad 
China  
Comunidades 
Europeas  
India 
Japón  
Nueva Zelandia  
Tailandia  
Estados Unidos - Camarones 
(Tailandia)  
WT/DS343/AB/R  Tailandia  Estados Unidos  Estados Unidos  
Tailandia  Brasil  
Chile 
China  
Comunidades 
Europeas  
Corea  
India 
Japón  
México  
Viet Nam  
Estados Unidos - Directiva sobre 
fianzas aduaneras  
WT/DS345/AB/R  India Estados Unidos  Estados Unidos  
India Brasil  
China  
Comunidades 
Europeas  
Japón  
Tailandia  
Estados Unidos - Mantenimiento 
de la suspensión  
WT/DS320/AB/R  Comunidades 
Europeas  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Australia  
Brasil  
China  
India 
México  
Noruega  
Nueva Zelandia  
Taipei Chino  
Canadá - Mantenimiento de la 
suspensión  
WT/DS321/AB/R  Comunidades 
Europeas  Canadá  Canadá  
Comunidades 
Europeas  Australia  
Brasil  
China  
India 
México  
Noruega  
Nueva Zelandia  
Taipei Chino  
 WT/AB/27  
- 163 - 
  2008 (Cont.)  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
India - Derechos de importación 
adicionales  
WT/DS360/AB/R  Estados Unidos  India Estados Unidos  
India Australia  
Chile 
Comunidades 
Europeas  
Japón  
Viet Nam  
CE - Banano III (párrafo 5 del 
artículo 21 - Ecuador II)  
WT/DS27/AB/RW2/ECU  
y Corr.1  Comunidades 
Europeas  Ecuador  Comunidades 
Europeas  
Ecuador  Belice  
Brasil  
Camerún  
Colombia  
Côte d'Ivoire  
Dominica  
Estados Unidos  
Ghana  
Jamaica  
Japón  
Nicaragua  
Panamá  
República 
Dominicana  
San Vicente y las 
Granadinas  
Santa Lucía  
Suriname  
CE - Banano III (párrafo 5 del 
artículo 21 - Estados Unidos)  
WT/DS27/AB/RW/USA  
y Corr.1  Comunidades 
Europeas  --- Estados Unidos  Belice 
Brasil  
Camerún  
Colombia  
Côte d'Ivoire  
Dominica  
Ecuador  
Jamaica  
Japón  
México  
Nicaragua  
Panamá  
República 
Dominicana  
San Vicente y las 
Granadinas  
Santa Lucía  
Suriname  
China - Partes de automóviles 
(CE) 
WT/DS339/AB/R  China  --- Comunidades 
Europeas  Argentina  
Australia  
Brasil  
Japón  
México  
Tailandia  
Taipei Chino  
 WT/AB/27  
- 164 - 
  2008 (Cont.)  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
China - Partes de automóviles 
(Estados Unidos)  
WT/DS340/AB/R  China  --- Estados Unidos  Argentina  
Australia  
Brasil 
Japón  
México  
Tailandia  
Taipei Chino  
China - Partes de automóviles 
(Canadá)  
WT/DS342/AB/R  China  --- Canadá  Argentina  
Australia  
Brasil  
Japón  
México  
Tailandia  
Taipei Chino  WT/AB/27  
- 165 - 
  2009  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Continuación de 
la reducción a cero  
WT/DS350/AB/R  Comunidades 
Europeas  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Brasil  
China  
Corea  
Egipto  
India 
Japón  
México  
Noruega  
Tailandia  
Taipei Chino  
Estados Unidos - Reducción a 
cero (CE) (pá rrafo 5 del artículo 
21 - CE) 
WT/DS294/AB/RW y Corr.1  Comunidades 
Europeas  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas  
Estados Unidos  Corea  
India 
Japón  
México  
Noruega  
Tailandia  
Taipei Chino  
Estados Unidos - Reducción a 
cero (Japón) (párrafo 5 del 
artículo 21 - Japón) 
WT/DS322/AB/RW  Estados Unidos  --- Japón  China  
Comunidades 
Europeas  
Corea  
Hong Kong, China  
México  
Noruega  
Tailandia  
Taipei Chino  
China - Publicaciones y productos 
audiovisuales  
WT/DS363/AB/R  China  Estados Unidos  China  
Estados Unidos  Australia  
Comunida des 
Europeas  
Corea  
Japón  
Taipei Chino  
 
 
 
 
2010  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Australia - Manzanas  
WT/DS367/AB/R  Australia  Nueva Zelandia  Australia  
Nueva Zelandia  Chile 
Estados Unidos  
Japón  
Pakistán  
Taipei Chino  
Unión Europea  
 
 
 WT/AB/27  
- 166 - 
  2011  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Derechos 
antidumping y compensatorios 
(China)  
WT/DS379/AB/R  China  ---  Estados Unidos  Arabia Saudita  
Argentina  
Australia  
Bahrein  
Brasil  
Canadá 
India 
Japón  
Kuwait  
México  
Noruega  
Taipei Chino  
Turquía  
Unión Europea  
CE y determinados Estados 
miembros - Grandes aeronaves 
civiles  
WT/DS316/AB/R  Unión Europea  Estados Unidos  Estados Unidos  
Unión Europea  Australia  
Brasil  
Canadá  
China  
Corea  
Japón  
Tailandia - Cigarrillos (Filipinas)  
WT/DS371/AB/R  Tailandia  ---  Filipinas  Australia  
China  
Estados Unidos  
India 
Taipei Chino  
Unión Europea  
CE - Elementos de fijación 
(China)  
WT/DS397/AB/R  Unión Europea  China  China  
Unión Europea  Brasil  
Canadá  
Chile 
Colombia  
Estados Unidos  
India 
Japón  
Noruega  
Tailandia  
Taipei Chino  
Turquía  
Estados Unidos - Neumáticos 
(China)  
WT/DS399/AB/R  China  ---  Estados Unidos  Japón  
Taipei Chino  
Turquía  
Unión Europea  
Viet Nam  
 WT/AB/27  
- 167 - 
  2011 (Cont.)  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Filipinas - Aguardientes 
(Unión  Europea)  
WT/DS396/AB/R  Filipinas  Unión Europea  Filipinas  
Unión Europea  Australia  
China  
India 
México  
Tailandia  
Taipei Chino  
Filipinas - Aguardientes 
(Estados  Unidos)  
WT/DS403/AB/R  Filipinas  --- Estados Unidos  Australia  
China  
Colombia  
India 
México  
Tailandia  
Taipei Chino  
 WT/AB/27  
- 168 - 
  2012  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
China - Materias primas 
(Estados  Unidos)  
WT/DS394/AB/R  China  Estados Unidos  China  
Estados Unidos  Arabia Saudita  
Argentina  
Brasil  
Canadá  
Chile 
Colombia  
Corea  
Ecuador  
India 
Japón  
Noruega  
Taipei Chino  
Turquía  
China - Materi as primas 
(Unión  Europea)  
WT/DS395/AB/R  China  Unión Europea  China  
Unión Europea  Arabia Saudita  
Argentina  
Brasil  
Canadá  
Chile 
Colombia  
Corea 
Ecuador  
India 
Japón  
Noruega  
Taipei Chino  
Turquía  
China - Materias primas (México)  
WT/DS398/AB/R  China  México  China  
México  Arabia Saudita  
Argentina  
Brasil  
Canadá  
Chile 
Colombia  
Corea  
Ecuador  
India 
Japón  
Noruega  
Taipei Chino  
Turquía  
 WT/AB/27  
- 169 - 
  2012 (Cont.)  
Asun to Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Grandes 
aeronaves civiles (2a reclamación)  
WT/DS353/AB/R  Unión Europea  Estados Unidos  Estados Unidos  
Unión Europea  Australia  
Brasil  
Canadá  
China  
Corea  
Japón  
Estados Un idos - Cigarrillos de 
clavo de olor  
WT/DS406/AB/R  Estados Unidos  ---  Indonesia  Brasil  
Colombia  
Guatemala  
México  
Noruega  
República 
Dominicana  
Turquía  
Unión Europea  
Estados Unidos - Atún II (México)  
WT/DS381/AB/R  Estados Unidos  México  Estados Unidos  
México  Argentina  
Australia  
Brasil  
Canadá  
China  
Corea  
Ecuador  
Guatemala  
Japón  
Nueva Zelandia  
Tailandia  
Taipei Chino  
Turquía  
Venezuela  
Estados Unidos - EPO (Canadá)  
WT/DS384/AB/R  Estados Unidos  Canadá  Canadá  
Estados Unidos  Argentina  
Australia  
Brasil  
China  
Colombi a 
Corea  
Guatemala  
India 
Japón  
Nueva Zelandia  
Perú 
Taipei Chino  
Unión Europea  
 WT/AB/27  
- 170 - 
  2012 (Cont.)  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - EPO (México)  
WT/DS386/AB/R  Estados Unidos  México  Estados Unidos  
México  Argentina  
Australia  
Brasil  
China  
Colombia  
Corea  
Guatemala  
India 
Japón  
Nueva Zelandia  
Perú 
Taipei Chino  
Unión Europea  
China - GOES  
WT/DS414/AB/R  China  --- Estados Unidos  Arabia Saudita  
Argentina  
Corea  
Honduras  
India 
Japón  
Unión Europea  
Viet Nam  
 WT/AB/27  
- 171 - 
  2013  
Asunto Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Canadá - Energía renovable  
WT/DS412/AB/R  Canadá  Japón  Japón  
Canadá  Arabia Saudita  
Australia  
Brasil  
China  
Corea  
El Salvador  
Estados Unidos  
Honduras  
India 
México  
Noruega  
Taipei Chino  
Unión Europea  
Canadá - Programa de tarifas 
reguladas  
WT/DS426/AB/R  Canadá  Unión Europea  Unión Europea  
Canadá  Arabia Saudita  
Australia  
Brasil  
China  
Corea  
El Salvador  
Estados Unidos  
India 
Japón  
México  
Noruega  
Taipei Chino  
Turquía  
 WT/AB/27  
- 172 - 
  2014  
Asunto  Apelante  Otro(s ) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Comunidades Europeas - 
Productos derivados de las focas  
(Canadá ) 
WT/DS400/AB/R  Canadá  Unión Europea  Canadá  
Unión Europea  Argentina  
China  
Colombia  
Ecuador  
Estados Unidos  
Islandia  
Japón  
México  
Rusia  
Comun idades Europeas - 
productos derivados de las focas  
(Noruega ) 
WT/DS401/AB/R  Noruega  Unión Europea  Noruega  
Unión Europea  Argentina  
China  
Colombia  
Ecuador  
Estados Unidos  
Islandia  
Japón  
México  
Namibia  
Rusia  
Estados Unidos - Medidas 
compensatorias y antidumpin g 
(China ) 
WT/DS449/AB/R y Corr.1  China  Estados Unidos  Estados Unidos  
China  Australia  
Canadá  
India 
Japón  
Rusia  
Turquía  
Unión Europea  
Viet Nam  
China - Tierras raras 
(Estados  Unidos ) 
WT/DS431/AB/R  Estados Unidos  China  Estados Unidos  
China  Arabia Saudita  
Argentina 
Australia  
Brasil  
Canadá  
Colombia  
Corea  
India 
Indonesia  
Japón  
Noruega  
Omán  
Perú 
Rusia  
Taipei Chino  
Turquía  
Unión Europea  
Viet Nam  
 WT/AB/27  
- 173 - 
  2014 (Cont.)  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
China - Tierras raras ( UE) 
WT/DS432/AB/R  China  --- Unión Europea  Arabia Saudita  
Argentina  
Australia  
Brasil  
Canadá  
Colombia  
Corea  
Estados Unidos  
India 
Indonesia  
Japón  
Noruega  
Omán  
Perú 
Rusia  
Taipei Chino  
Turquía  
Viet Nam  
China - Tierras raras ( Japón ) 
WT/DS433/AB/R  China  --- Japón  Argen tina 
Australia  
Brasil  
Canadá  
Colombia  
Corea  
Estados Unidos  
India 
Indonesia  
Noruega  
Omán  
Perú 
Rusia  
Taipei Chino  
Unión Europea  
Estados Unidos - Acero al 
carbono (India) 
WT/DS436/AB/R  India Estados Unidos  Estados Unidos  
India Arabia Saudita  
Australia  
Canadá  
China  
Turquía  
Unión Europea  
Estados Unidos - Medidas 
compensatori as (China ) 
WT/DS437/AB/R  China  Estados Unidos  Estados Unidos  
China  Arabia Saudita  
Australia  
Brasil  
Canadá  
Corea  
India 
Japón  
Noruega  
Rusia  
Turquía  
Unión Europea  
Viet Nam  
 WT/AB/27  
- 174 - 
  2015  
Asunto  Apela nte Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Argentina - Medidas relativas a la 
importación (UE) 
WT/DS438/AB/R  Argentina  Unión Europea  Argentina  
Unión Europea  Arabia Saudita  
Australia  
Canadá  
China  
Corea  
Ecuador  
Estados Unidos  
Guatemala  
India 
Israel  
Japón  
Noruega  
Suiza  
Tailandia  
Taipei Chino  
Turquía  
Argentina - Medidas relativas a la 
importación (Estados Unidos ) 
WT/DS444/AB/R  Argentina   Estados Unidos  Arabia Saudita  
Australia  
Canadá  
China  
Corea  
Ecuador  
Guatemala  
India 
Israel  
Japón  
Noruega  
Suiza  
Tailandia  
Taipei Chino  
Turquía  
Unión Europea  
Argentina - Medidas relativas a la 
importación (Japón ) 
WT/DS445/AB/R  Argentina  Japón  Argentina  
Japón  Arabia Saudita  
Australia  
Canadá  
China  
Corea  
Ecuador  
Estados Unidos  
Guatemala  
India 
Israel  
Noruega  
Suiza  
Tailandia  
Taipei Chino  
Turquía  
Unión Europea  
 
 
 WT/AB/27  
- 175 - 
   
2015 (Cont.)  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - EPO (párrafo  5 
del artículo 21  – Canadá ) 
WT/DS384/AB/RW  Estados Unidos  Canadá  Canadá  
Estados Unidos  Australia  
Brasil  
China  
Colombia  
Corea  
Guatemala  
India 
Japón  
México  
Nueva Zelandia  
Unión Europea  
Estados Unidos - EPO (párrafo  5 
del artículo 21  – México ) 
WT/DS386/AB/RW  Estados Unidos  México  Estados Unidos  
México  Australia  
Brasil  
Canadá  
China  
Colombia  
Corea 
Guatemala  
India 
Japón  
Nueva Zelandia  
Unión Europea  
Estados Unidos - Camarones 
(Viet Nam) 
WT/DS429/AB/R  Viet Nam  --- Estados Unidos  China  
Ecuador  
Japón  
Noruega  
Tailandia  
Unión Europea  
India - Productos agropecuarios  
WT/DS430/AB/R  India --- Estados Uni dos Argentina  
Brasil  
China  
Colombia  
Ecuador  
Guatemala  
Japón  
Unión Europea  
Perú - Productos agropecuarios  
WT/DS457/AB/R  Perú Guatemala  Guatemala  
Perú Argentina  
Brasil  
China  
Colombia  
Corea  
Ecuador  
El Salvador  
Estados Unidos  
Honduras  
India 
Unión Europea  
 WT/AB/27  
- 176 - 
   
2015 (Cont.)  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
China - Tubos sin de altas 
prestaciones (Japón ) 
WT/DS454/AB/R y Add.1  Japón  China  China  
Japón  Arabia Saudita  
Corea  
Estados Unidos  
India 
Rusia  
Turquía  
Unión Europea  
China - Tubos sin de altas 
prestaciones (Unión Europea ) 
WT/DS460/AB/R y Add.1  China  Unión Europea  China  
Unión Europea  Arabia Saudita  
Corea  
Estados Unidos  
India 
Japón  
Rusia  
Turquía  
Estados Unidos - Atún II (México ) 
(párrafo 5 del artículo 21 - 
México ) 
WT/DS38 1/AB/RW  Estados Unidos  México  Estados Unidos  
México  Australia  
Canadá  
China  
Corea  
Guatemala  
Japón  
Noruega  
Nueva Zelandia  
Tailandia  
Unión Europea  
 WT/AB/27  
- 177 - 
   
2016  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
Comunidades Europeas - Eleme ntos 
de fijación (China ) 
WT/DS397/AB/RW  Unión Europea  China  China  
Unión Europea  Estados Unidos  
Japón  
Argentina – Servicios  financieros  
WT/DS453/AB/R  Panamá  Argentina  Argentina  
Panamá  Australia  
Arabia Saudita  
Brasil  
China  
Ecuador  
Estados Unidos  
Guatemala  
Honduras  
India 
Omán  
Singapur  
Unión Europea  
Colombia - Textiles  
WT/DS461/AB/R  Colombia  --- Panamá  China  
Ecuador  
El Salvador  
Estados Unidos  
Filipinas  
Guatemala  
Honduras  
Unión Europea  
Estados Unidos – Lavadoras  
WT/DS464/AB/R  Estados Unidos  Corea  Corea  
Estado s Unidos  Arabia Saudita  
Brasil  
Canadá  
China  
India 
Japón  
Noruega  
Tailandia  
Turquía  
Unión Europea  
Viet Nam  
 WT/AB/27  
- 178 - 
  2016 (Cont.)  
Asunto  Apelante  Otro(s) 
apelante(s)  Apelado(s)  Tercero(s) 
participante(s)  
India - Células solares  
WT/DS456/AB/R  India --- Estados Unid os Arabia Saudita  
Brasil  
Canadá  
China  
Corea  
Ecuador  
Japón  
Malasia  
Noruega  
Rusia  
Taipei Chino  
Turquía  
Unión Europea  
Unión Europea - Biodiésel 
(Argentina ) 
WT/DS473/AB/R  Unión Europea  Argentina  Argentina  
Unión Europea  Arabia Saudita  
Australia  
China  
Colombia  
Estados Unidos  
Indonesia  
México  
Noruega  
Rusia  
Turquía  
 
 
__________