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21 de diciembre de 2022  
(22-9629) Página : 1/30 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  Original: español  
 
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1 
RESPUESTAS DEL EL SALVADOR  
Procedimientos y recursos civiles y administrativos  
 (a) Procedimientos y recursos judiciales civiles  
 
1.  Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de  los 
derechos de propiedad intelectual.  
 
Los tribunales competentes para conocer de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual 
son los tribunales con jurisdicción en materia mercantil, de conformidad con el Artículo  184 de la 
Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y el Artículo 113 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 
(LMOSD), en tanto no se creen los tribunales especiales con jurisdicción en materia de propiedad 
intelectual.  
 
En ese sentido, se podrá acceder al Órgano Judicial de la siguiente forma:  
 
- Juzgados de Primera Instancia de lo Civil y Mercantil que conocerán en primera instancia 
de los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio correspondiente a su 
jurisdicción; y en segunda instancia, en los casos y conceptos determinados por las 
leyes. Lo anterior de conformidad con los Artículos 30, 239 y 240 del Código Procesal 
Civil y Mercantil y 59 y 60 de la Ley Orgánica Judicial.  
- Cámaras de Segunda Instancia,  las cuales tendrán competencia para conocer:  
- En apelación de los asuntos correspondientes al territorio que les ha sido 
asignado, tramitados en primera instancia por los juzgados respectivos;  
- En las demandas que sean contra el Estado, cuando este sea una parte En adición  
contratante; y  
- De los demás asuntos que determinen las leyes.  
Lo anterior, de conformidad al Artículo 29 del Código Procesal Civil y Mercantil.   
- - Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; de conformidad al Artículo 28 del 
Código P rocesal Civil y Mercantil, le corresponde a ésta conocer:  
- El recurso de casación;  
- El recurso de apelación cuando las cámaras de segunda instancia hayan conocido 
en primera instancia; y  
- La revisión de sentencias firmes.  
 
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  2.  ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad  
intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que  
prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?   
 
Legitimación  
 
Cualquier pers ona natural o jurídica que sea titular o licenciatario de un derecho de propiedad 
intelectual está legitimada para hacer valer el derecho en cuestión, según se establece en los 
Artículos 88 y 89 de la LMOSD; 169 y 170 de la LPI. Adicionalmente el Artículo 94 de la LMOSD 
otorga legitimación activa a cualquier autoridad competente o persona interesada en el caso de 
Indicaciones Geográficas.  
 
Representación  
 
Ante las autoridades administrativas, las personas naturales podrán comparecer por sí mismas o ser 
representadas por un tercero que no necesariamente deberá ser un Abogado de conformidad con el 
Artículo 67 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ante las autoridades judiciales, es 
obligatorio que el titular o licenciatario, sea representada por un Abogado de la República según se 
establece en el Artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, en un dado caso el titular del derecho 
o licenciatario posea dicha calidad, podrá comparecer por sí mismo.  
 
En caso de que el titular del derecho sea una pe rsona jurídica, podrá actuar por medio de su 
representante legal, ante las autoridades administrativas, y ante las autoridades judiciales mediante 
un Procurador, que deberá ser Abogado siempre de conformidad a los Artículos 67 de la Ley de 
Procedimientos A dministrativos y del Código Procesal Civil y Mercantil relacionados en el inciso 
anterior.  
 
Comparecencia personal obligatoria  
 
En los procedimientos no se exige la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante 
los tribunales, a excepción  de aquellos casos en que una parte haya solicitado a su contraparte 
declaración de parte contraria sobre hechos que conciernan especialmente al titular.  
 
A ese respecto los Artículos 345 a 347 del Código Procesal Civil y Mercantil establecen que una parte 
podrá solicitar al juez o tribunal que se ordene recibir la declaración de parte contraria, que podrá 
ser brindada por un apoderado sobre hechos que haya realizado en la vigencia de su mandato, o de 
hechos anteriores al mandato cuando sus representad os se encuentren en el extranjero, de estar 
facultado expresamente para ello y la parte contraria lo consienta. Las partes estarán obligadas a 
comparecer, la no comparecencia devendrá en que se tengan por aceptados los hechos personales 
atribuidos por la c ontraparte, admitiendo prueba en contrario. En el caso de las personas jurídicas, 
sus representantes deberán comparecer y responder a los interrogatorios que la parte contraria y el 
juez realicen.  
 
3.  ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para  ordenar a una parte en un  
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su  
control?  
 
De conformidad al Artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil, la obligación de producir 
pruebas corresponde al que alega, sie ndo esta la parte actora o el reconviniente en caso de 
reconvención; sin embargo, los Artículos 256 y 257 del mismo Código establecen el derecho que 
tiene toda persona para pedir que otra exhiba, ante el juez competente, los documentos públicos o 
privados o bienes muebles que necesite para preparar una acción, o para defenderse de la intentada 
contra él.  
 
4.  ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial 
aportada como prueba?  
 
La información confidencial aportada como prueba en un procedimiento administrativo se mantiene 
protegida en virtud de lo establecido en el inciso segundo del Artículo 177 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, el cual dispone que no se considerará que entra al dominio público o que es divulgada 
por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una IP/N/6/SLV/2  
 
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  persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la proporcione para el efecto de 
obtener licencias, permis os, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.  
 
Asimismo, el Artículo 165 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone que solamente se dará acceso 
a los expedientes a las partes y a sus representantes, y cualquier otro que posea u n interés legítimo, 
llevando para dichos efectos un documento en el que se deje constancia de quienes han tenido 
acceso al mismo. En ese sentido, se dispone también que los expedientes estarán bajo la custodia 
del tribunal y que no deberán dejar la sede ju dicial, resguardándose así la información confidencial.  
 
5.  Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las 
autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:  
 
- mandamientos judiciales ; 
 
-  órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación 
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los 
abogados;  
 
-  destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos 
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos 
utilizados para su producción;  
 
- otras medidas.  
 
Propiedad industrial  
 
Las medidas o las decisiones que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales a solicitud  del 
titular  en cuanto a derechos sobre propiedad industrial son las siguientes:  
 
Patentes, modelos de utilidad y diseños industriales  
 
- La reivindicación del derecho cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese 
solicitado u obtenido por quien no te nía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona que 
tuviese derecho a obtener la patente o registro (Artículo 168 LPI).  
- La cesación del acto o actos que infrinjan el derecho conferido por una patente o por el registro 
de un diseño industrial (Artículo 1 72 LPI).  
- La indemnización de daños y perjuicios sufridos por la infracción a un derecho conferido por 
una patente o por el registro de un diseño industrial (Artículo 172 LPI). El cálculo de la 
indemnización de daños y perjuicios en lo que se refiere al lucro cesant e y daño emergente 
que deba repararse, se estimará con base en uno de los siguientes criterios, a elección del 
perjudicado (Art. 173   LPI): 
- En base a los daños ocasionados al titular del derecho como resultado de la infracción;  
- En base a los beneficios que  el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no 
haber ocurrido la infracción;  
- En base a los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de 
infracción;  
- En base al precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se 
hubiere concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del 
objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido; 
o, 
- Cualquier otro criterio que el tribunal estime co nveniente.  
- El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medios que hubiesen servido 
predominantemente  para cometer la infracción a un derecho conferido por una patente o por 
el registro de un diseño industrial (Artículo 172 LPI).  
- La tran sferencia en propiedad de los objetos o medios referidos en el numeral anterior, en 
cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de los daños y 
perjuicios (Artículo 172 LPI).  IP/N/6/SLV/2  
 
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  - Las medidas necesarias para evitar la continuación  o la repetición de la infracción, incluyendo 
la destrucción de los medios embargados en virtud del embargo de los objetos resultantes de 
la infracción y de sus medios relacionado previamente, cuando ello fuese indispensable 
(Artículo 172 LPI).  
- Como medida  precautoria, podrá ordenarse la cesación inmediata de los actos de infracción 
(Artículo 174 LPI).  
- Como medida precautoria podrá ordenarse el embargo preventivo, retención o depósitos de 
los objetos materia de la infracción y de los medios predominantement e destinados a realizar 
la infracción (Artículo 174 LPI).  
- Como medida precautoria podrá ordenarse la prohibición de importar, exportar o permitir el 
movimiento en tránsito en el territorio nacional de los ejemplares ilícitamente reproducidos, 
librando la o rden correspondiente a la Dirección General de Aduanas (Artículo 174, LPI).  
Secretos industriales o comerciales  
 
- La reparación de daños y perjuicios por la utilización para fines comerciales propios o de 
terceros o por su revelación sin causa justificada y  sin el consentimiento de la persona que 
guarde dicho secreto o de su usuario autorizado (Artículo 180 LPI).  
- La reparación de daños y perjuicios solidariamente con la persona que divulgue la información, 
cuando dicha persona haya sido contratada para obten er dicha información (Artículo 181 LPI).  
- La reparación de daños y perjuicios por la obtención ilícita de información que contemple un 
secreto industrial o comercial (Artículo 181 LPI).  
Signos distintivos (Distintivos comerciales, Indicaciones Geográficas y  Denominaciones de Origen)  
 
- El secuestro de los productos infractores, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, 
material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción o usados para 
cometerla, y de los medios, instrumentos y m ateriales que sirvieran para realizar la infracción; 
así como la evidencia documental relevante a la infracción (Art. 90 LMOSD).  
- La prohibición de la importación, exportación o tránsito de los productos, materiales o medios 
supra referidos (Art. 90 LMOSD).  
- La destrucción de los productos objeto de la infracción (Art. 90 LMOSD).  
- La destrucción de los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o 
creación de los bienes infractores, sin compensación alguna para el infractor o, en 
circunstancias excepcionales, sin compensación alguna dispuestas fuera de los can ales 
comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras (Art. 90 LMOSD).  
- Cese de los actos constitutivos de infracción (Art. 90 LMOSD).  
- Indemnización de los daños y perjuicios sufridos (Art. 90 LMOSD); que se calculará de la 
siguiente  manera:  
a) En base a los daños ocasionados al titular del derecho como resultado de la infracción;  
b) En base a los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de 
no haber ocurrido la infracción; y  
c) En base al precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se 
hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del 
objeto del derecho infringidlo y las licencias contractuales  (Artículo 91 LMOSD).  
- Pago de las ganancias atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular 
el monto de los daños (Art. 91 LMOSD).  IP/N/6/SLV/2  
 
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  - En caso de haber una condena en costas procesales, se deberá incluir los honorarios de los 
abogados (Art. 91 LMOSD).  
- La pu blicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a 
costas del infractor (Art. 90 LMOSD).  
- Como medida precautoria, la cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción 
(Art. 92 LMOSD).  
- Como medida precautoria,  el secuestro con inventario, descripción o depósito de los 
productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten la marca o el signo objeto de 
la infracción y de los instrumentos o materiales destinados a realizar la infracción (Art. 92 
LMOSD).  
- Como medida precautoria, la suspensión de la importación, exportación o el movimiento en 
tránsito de los productos, instrumentos o materiales o medios referidos en el párrafo 
inmediato anterior (Art. 92 LMOSD).  
6.  ¿En qué circunstancias están, en su caso,  las autorid ades judiciales facultadas para 
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sob re la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto 
de los cuales se haya determinad o que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre 
sus circuitos de distribución?  
 
El Artículo 92 de la LMOSD otorga la facultad a los tribunales competentes de solicitar al presunto 
infractor que proporcione la información que tuviera sobre las per sonas que hubiesen participado en 
la producción o comercialización de los productos de la presunta infracción y sobre los medios de 
producción y los circuitos de distribución de esos productos o servicios; así como la identificación de 
terceros involucrado s en su producción y distribución y sus canales de distribución.  
 
7.  Sírvanse describir las disposiciones relativas a la  indemnización a los demandados 
a los que se haya impuesto indebidamente una  obligación. ¿En qué medida son 
responsables las autoridades y/o funcionarios públ icos en tal caso y qué "medidas 
correctivas" les son aplicables?  
 
Indemnización a demandados indebidamente  
 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 272 del Código Proc esal Civil y Mercantil, toda parte 
a quien se le hayan rechazado todas sus pretensiones será condenado en costas; por otra parte, la 
LMOSD en su Artículo 92 establece que, quien solicite medidas cautelares en virtud de infracciones 
a los derechos conferido s por el registro de marcas y otros signos distintivos, deberá interponer la 
demanda respectiva dentro de los quince días siguientes a aquel en que se decreten tales medidas, 
pudiendo solicitársele caución, fianza o garantía para dichos efectos.  
 
En ese mi smo sentido, la LPI en su Artículo 174 relativo a la defensa de los derechos de propiedad 
industrial, establece que se podrán solicitar medidas precautorias inmediatas, las cuales podrán 
condicionarse a la constitución de una caución suficiente. Asimismo, establece que, si la acción por 
infracción no fuese entablada dentro de los quince días siguientes a la imposición de la medida, esta 
quedará sin efecto de pleno derecho, y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y 
perjuicios que hubiere ocasio nado.  
 
Por otra parte, el Artículo 258 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la solicitud de 
práctica de diligencias preliminares debe contener un ofrecimiento de caución en virtud de los 
perjuicios que pueda generar las diligencias como la d e exhibición judicial de los objetos que 
comprueban la competencia desleal, a que se refiere el inciso primero del Artículo 493 del Código 
de Comercio, la cual comprende el uso indebido de distintivos comerciales. De no entablarse la 
acción judicial dentro  del plazo de un mes desde la conclusión de las diligencias, la caución se perderá 
a favor de los afectados. De igual manera, de conformidad con el Artículo 434 del Código Procesal 
Civil y Mercantil de haberse dictado alguna medida cautelar en virtud de la s diligencias preliminares, 
de no presentarse la demanda en el referido plazo, se condenará al pago de todos los gastos del 
proceso y de los daños y perjuicios causados.  
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  De conformidad al Artículo 239 de la Constitución, tanto los jueces como funcionarios  públicos son 
responsables por los delitos oficiales que cometan en el ejercicio de sus funciones y serán juzgados 
por los delitos oficiales que cometan por los tribunales comunes.  
 
Asimismo, el Artículo 245 establece que los funcionarios y empleados públi cos responderán 
personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaren a 
consecuencia de la violación de los derechos consagrados en la Constitución. Aunado a ello, la Ley 
de Procedimientos Administrativos establece en s u Artículo 60 que en los casos que los daños y 
perjuicios por parte de servidores públicos tengan su causa en la violación de derechos 
constitucionales, la responsabilidad será personal, de tipo subjetiva y recaerá directamente en el 
servidor público, sin extinguirse por ya no estar en el cargo.  
 
8.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo.  
 
El artículo 182 numeral 5) de la Constitución de la República estipula que la Corte Suprema de 
Justicia vigilará por que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas 
que estime necesarias. Conforme a lo anterior y según lo ordena los Artícul os 184 de la LPI, 113 de 
la LMOSD; los tribunales competentes serán aquellos con competencia mercantil, quienes conocerán 
de conformidad con los Artículos 239 y 240 del Código Procesal Civil y Mercantil en proceso 
declarativo común.  
 
A ese respecto, los Ar tículos del 276 al 282 del Código Procesal Civil y Mercantil refiere lo referente 
a la demanda en el proceso declarativo común, y posteriormente otorga en los Artículos del 283 al 
287 de dicho cuerpo normativo las reglas que se seguirán en lo relativo al e mplazamiento del 
demandado, la contestación de la demanda y posible reconvención. Las disposiciones relativas a la 
prueba pueden ser encontradas en el Capítulo Tercero del referido Código, disponiendo en su 
Artículo  324 los hechos que no requieren ser prob ados.  
 
La duración real de un proceso declarativo común dependerá del tipo de pretensión que se presente 
ante los tribunales competentes. Asimismo, la duración podría varían tomando en consideración los 
incidentes en la tramitación del proceso y la interpo sición de recursos como las apelaciones.  
 
El Artículo 181 de la Constitución establece que la administración de justicia será gratuita.  
 
Por otra parte, el titular del derecho deberá costear los honorarios del Abogado que designe. Sobre 
este particular, El  Salvador cuenta con un arancel judicial el cual se encuentra desactualizado, por 
lo que normalmente tales honorarios se determinan de manera convencional. En virtud de lo anterior 
se vuelve sumamente difícil el establecer el costo de un procedimiento de e sta naturaleza, pues 
varia de caso a caso.  
 
 
(b)  Procedimientos y remedios administrativos  
 
9.  Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con 
los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que 
puedan ordenarse a resultas de  esos procedimientos.  
 
Los procedimientos administrativos son gobernados por la Ley de Procedimientos Administrativos 
(LPA), que dispone entre otras cosas:  
 
- Lo relativo a la duración máxima de los procedim ientos de nueve meses (Artículo 89 LPA);  
- Las reglas para el computo de los plazos y los plazos a cumplir por las autoridades y por los 
administrados (Artículos 80 -88 LPA);  
- Los efectos del silencio administrativo (Artículos 113 y 114 LPA); y  
- Lo relativo a l os recursos administrativos que pueden ser los de reconsideración, revisión y 
apelación; siendo este último perceptivo para posteriormente acceder a la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (Artículo 124 LPA).  IP/N/6/SLV/2  
 
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La Jurisdicción Contencioso Administrativa, se rige por lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (LJCA) y subsidiariamente por el Código Procesal Civil y Mercantil; se 
encarga de las pretensiones que se deriven de las actuaciones u omisiones de la Administ ración 
Pública. Para dichos efectos posee un entramado de Juzgados de lo Contencioso Administrativo 
(Artículo 12 LJCA), Cámaras de lo Contencioso Administrativo (Artículo 13 LJCA), y una Sala de lo 
Contencioso Administrativo (Artículo 14 LJCA), que pertene ce a la Corte Suprema de Justicia.  
 
La LJCA otorga en su Artículo 10 una lista de las pretensiones que se podrán seguir por esta vía, 
siendo ellas las siguientes:  
 
- Declaración de ilegalidad del acto que se impugne, y en consecuencia su anulación;  
- El reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas 
necesarias para su pleno restablecimiento;  
- La declaración de ilegalidad de la actuación material constitutiva de vía de hecho, es decir que 
no posee un acto administrativ o que la ampare, el cese de la referida actuación y en su caso 
lo dispuesto por el inciso inmediato anterior;  
- Relativas a las controversias suscitadas en relación con los contratos administrativos;  
- Condena a la Administración Pública al cumplimiento de sus  obligaciones en los términos 
precisos establecidos en el acto administrativo o disposición de carácter general, cuando se 
determine que ha incurrido en inactividad; y,  
- La condena al pago de reclamaciones por responsabilidad patrimonial, para lo cual deber á 
señalarse el monto correspondiente en la demanda y acreditarse en el proceso.  
Para poder acceder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como se ha mencionado  supra , será 
necesario que se agote la vía administrativa, otorgándose un plazo para la pr esentación de la 
demanda desde que se da dicho agotamiento de setenta días según el Artículo 25 LJCA. Asimismo, 
la LJCA prevé la posibilidad de presentar previo a la demanda y dentro del referido plazo un aviso 
de demanda, cuyos requisitos formales serán m enores que aquellos requeridos para la demanda y 
que será útil para poder solicitar la adopción de medidas cautelares aún cuando no se haya iniciado 
formalmente el proceso. Una vez presentada la demanda dentro de su debido plazo, procederá en 
el plazo de q uince días, de conformidad con el Artículo 35 LJCA, su admisión o prevención para que 
sea subsanada por el interesado en el plazo único e improrrogable de cinco días hábiles.  
 
La autoridad demandada deberá, en seguimiento a lo dispuesto por el Artículo 41 de la LJCA, 
contestar la demanda dentro del plazo de diez días contados a partir del día siguiente de la 
notificación del Auto de admisión. Es importante mencionar que en este tipo de procesos la principal 
prueba es el expediente administrativo, el cual de be ser remitido íntegramente por parte de la 
Autoridad Administrativa, según lo estipulado en los Artículos 29, 30 y 37 de la LJCA, dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación del requerimiento por parte de la Autoridad Judicial.  
 
9.1 Sírvanse in dicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de 
los derechos de propiedad intelectual.  
 
En cuanto a las autoridades judiciales, los tribunales competentes para conocer de las infracciones 
a los derechos de propiedad intelectual son lo s tribunales con jurisdicción en materia mercantil, de 
conformidad con el Artículo  184 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y el Artículo 113 de la Ley 
de Marcas y Otros Signos Distintivos (LMOSD), en tanto no se creen los tribunales especiales con 
jurisdicción en materia de propiedad intelectual.  
 
En ese sentido, se podrá acceder al Órgano Judicial de la siguiente forma:  
 
- Juzgados de Primera Instancia de lo Civil y Mercantil que conocerán en primera instancia 
de los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio correspondiente a su 
jurisdicción; y en segunda instancia, en los casos y conceptos determinados por las leyes. 
Lo anterior de conformidad con los Artículos 30, 239 y 240 del Código Procesal Civil y 
Mercantil y 59 y 60 de la Ley Orgán ica Judicial.  IP/N/6/SLV/2  
 
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  - Cámaras de Segunda Instancia, las cuales tendrán competencia para conocer:  
- En apelación de los asuntos correspondientes al territorio que les ha sido asignado, 
tramitados en primera instancia por los juzgados respectivos;  
- En las demandas que sean contra el Estado, cuando este sea una parte 
contratante; y  
- De los demás asuntos que determinen las leyes.  
Lo anterior , de conformidad al Artículo 29 del Código Procesal Civil y Mercantil.   
- Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; de conformidad al Artículo 28 del Código 
Procesal Civil y Mercantil, le corresponde a ésta conocer:  
- El recurso de casación;  
- El recurso de apelación cuando las cámaras de segunda instancia hayan conocido 
en primera instancia; y  
- La revisión de sen tencias firmes.  
En adición, cabe mencionar que la autoridad administrativa encargada de dar trámite a todos los 
Derechos de Propiedad Intelectual es el Registro de la Propiedad Intelectual, dependencia del Centro 
Nacional de Registros de El Salvador.  
 
En materia de Derecho de Autor y derechos conexos, el literal b) del Artículo 98 de la LPI establece 
que el Registro de la Propiedad Intelectual tendrá la atribución de servir de mediador  cuando lo 
soliciten los interesados, en los conflictos que se susciten  entre titulares de derecho; entre las 
entidades de gestión colectiva; entre éstas y sus socios  o representados y entre las entidades de 
gestión o titulares de derechos y los usuarios d e las obras,  interpretaciones o producciones 
protegidas en el Título I de la ley en comento, el cual se refiere a la  Propiedad Artística, Literaria o 
Científica.  El agotamiento de este mecanismo es obligatorio para poder entablar la acción judicial, 
de con formidad con el Artículo 100 -H de la LPI.  
 
9.2 ¿Que personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? 
¿Como pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la 
comparecencia personal obligatoria del t itular del derecho ante el tribunal?  
 
Cualquier persona natural o jurídica que sea titular o licenciatario de un Derecho de Autor está 
legitimada para hacer valer judicialmente el derecho en cuestión, según se establece en los 
Artículos  90, 91 -A y 92 -A de la LPI. En adición a lo anterior, es necesario mencionar que los 
Artículos  100, 100 -A y 100 -B de la LPI establecen que las entidades de gestión colectiva estarán 
legitimadas, salvo que sus socios deseen ejercer sus derechos por sí mismos, para ejercer los 
derechos confiados a su administración y hacerlos valer en su calidad de representante legal en toda 
clase de procedimientos administrativos y judiciales.  
 
Representación ante las autoridades administrativas y judiciales, y la comparecencia obligatoria del  
titular  
 
Legitimación  
 
Cualquier persona natural o jurídica que sea titular o licenciatario de un derecho de propiedad 
intelectual está legitimada para hacer valer el derecho en cuestión, según se establece en los 
Artículos 88 y 89 de la LMOSD; 169 y 170 de la LPI. Adicionalmente el Artículo 94 de la LMOSD 
otorga legitimación activa a cualquier autoridad competente o persona interesada en el caso de 
Indicaciones Geográficas.  
 
Representación  
 
Ante las autoridades administrativas, las personas naturales podrán comparecer por sí mismas o ser 
representadas por un tercero que no necesariamente deberá ser un Abogado de conformidad con el 
Artículo 67 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ante las autoridades judiciales, es 
obligatorio que el t itular o licenciatario, sea representada por un Abogado de la República según se 
establece en el Artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, en un dado caso el titular del derecho 
o licenciatario posea dicha calidad, podrá comparecer por sí mismo.  IP/N/6/SLV/2  
 
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En caso de que el titular del derecho sea una persona jurídica, podrá actuar por medio de su 
representante legal, ante las autoridades administrativas, y ante las autoridades judiciales mediante 
un Procurador, que deberá ser Abogado siempre de conformidad a los Artículos 67 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y del Código Procesal Civil y Mercantil relacionados en el inciso 
anterior.  
 
Comparecencia personal obligatoria  
 
En los procedimientos no se exige la comparecencia personal obligatoria del titu lar del derecho ante 
los tribunales, a excepción de aquellos casos en que una parte haya solicitado a su contraparte 
declaración de parte contraria sobre hechos que conciernan especialmente al titular.  
 
A ese respecto los Artículos 345 a 347 del Código Pro cesal Civil y Mercantil establecen que una parte 
podrá solicitar al juez o tribunal que se ordene recibir la declaración de parte contraria, que podrá 
ser brindada por un apoderado sobre hechos que haya realizado en la vigencia de su mandato, o de 
hechos a nteriores al mandato cuando sus representados se encuentren en el extranjero, de estar 
facultado expresamente para ello y la parte contraria lo consienta. Las partes estarán obligadas a 
comparecer, la no comparecencia devendrá en que se tengan por aceptado s los hechos personales 
atribuidos por la contraparte, admitiendo prueba en contrario. En el caso de las personas jurídicas, 
sus representantes deberán comparecer y responder a los interrogatorios que la parte contraria y el 
juez realicen.  
 
Partiendo de la  respuesta a la pregunta anterior que dice lo siguiente: "En materia de Derecho de 
Autor y derechos conexos, el literal b) del Artículo 98 de la LPI establece que el Registro de la 
Propiedad Intelectual tendrá la atribución de servir de mediador cuando lo soliciten los interesados, 
en los conflictos que se susciten entre titulares de derecho; entre las entidades de gestión colectiva; 
entre éstas y sus socios o representados y entre las entidades de gestión o titulares de derechos y 
los usuarios de las obras , interpretaciones o producciones protegidas en el Título I de la ley en 
comento, el cual se refiere a la Propiedad Artística, Literaria o Científica. El agotamiento de este 
mecanismo es obligatorio para poder entablar la acción judicial, de conformidad co n el Artículo 100 -H 
de la LPI ", y de conformidad al referido Artículo 98 de la LPI, las personas que están legitimadas 
para hacer valer sus derechos en una mediación ante el Registro de la Propiedad Intelectual son:  
 
- Los titulares de éstos;  
- Las entidades de gestión colectiva;  
- Los socios o representados de las entidades de gestión; y  
- Los usuarios de las obras, interpretaciones o producciones protegidas en el Título I de la ley 
en comento, el cual se refiere a la Propiedad Artística, Literaria o Ci entífica.  
9.3 ¿Que facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su 
control?   
 
Las autoridades administrativas no poseen facultades para ordena r a una parte en un procedimiento, 
que, a petición de la parte contraria, aporte las pruebas que estén bajo su control. Sin perjuicio de 
lo anterior, el Artículo 106 de la Ley de Procedimientos Administrativos dispone que se practicarán 
todas las pruebas p ertinentes y útiles para determinar la verdad de los hechos, aunque no hayan 
sido propuestas por los interesados y aún en contra de la voluntad de éstos.  
 
En lo referente a las autoridades judiciales, d e conformidad al Artículo 312 del Código Procesal Civi l 
y Mercantil, la obligación de producir pruebas corresponde al que alega, siendo esta la parte actora 
o el reconviniente en caso de reconvención; sin embargo, los Artículos 256 y 257 del mismo Código 
establecen el derecho que tiene toda persona para pedir  que otra exhiba, ante el juez competente, 
los documentos públicos o privados o bienes muebles que necesite para preparar una acción, o para 
defenderse de la intentada contra él.  
 IP/N/6/SLV/2  
 
- 10 - 
 
  9.4 ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confide ncial 
aportada como prueba?  
 
La información confidencial aportada como prueba en un proceso se mantiene protegida en virtud 
de lo establecido en el inciso segundo del Artículo 177 de la LPI, el cual dispone que no se considerará 
que entra al dominio públic o o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea 
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial o 
comercial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizacione s, 
registros o cualesquiera otros actos de autoridad.  
 
En materia judicial, la información confidencial aportada como prueba en un procedimiento 
administrativo se mantiene protegida en virtud de lo establecido en el inciso segundo del 
Artículo  7177 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual dispone que no se   que entra al dominio 
público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a 
cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la 
proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera 
otros actos de autoridad.  
 
Asimismo, el Artículo 165 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone que solamente se dará acceso 
a los expedientes a las partes y a sus representantes, y cualquier otro que posea un interés legítimo, 
llevando para dichos efectos un documento en el que se deje constancia de quienes han tenido 
acceso al mismo. En ese sentido, se dispone también que los exped ientes estarán bajo la custodia 
del tribunal y que no deberán dejar la sede judicial, resguardándose así la información confidencial.  
 
9.5 ¿Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las 
autoridades  judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización?  
 
En cuanto a la rama judicial, para la defensa de los derechos de autor, las medidas que se pueden 
adoptar son las siguientes:   
 
- La suspensión inmediata de la actividad ilícita (Artículo 90  LPI). 
- La prohibición al infractor de reanudar la actividad ilícita (Artículo 90 LPI).  
- El decomiso de los ejemplares ilícitos y de la evidencia documental relevante a la infracción 
(Artículo 90 LPI).  
- La destrucción de los bienes objeto de la infracción (Ar tículo 90 LPI).  
- El decomiso de moldes, planchas, matrices, negativos, dispositivos y productos relacionados, 
ya sean fijados o no, y otros objetos utilizados para la reproducción ilegal (Artículo 90 LPI).  
- La destrucción de los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o 
creación de los bienes infractores sin compensación alguna para el infractor o en circunstancias 
excepcionales sin compensación alguna, dispuesta fuera de los canale s comerciales de manera 
que se minimice el riesgo de infracciones futuras (Artículo 90 LPI).  
- La donación con fines de caridad de las mercancías infractoras de los derechos de autor y 
derechos conexos, solamente con la autorización del titular del derecho ( Artículo 90 LPI).  
- La remoción o la guarda bajo llave y sello de los aparatos utilizados en la comunicación pública 
no autorizada (Artículo 90 LPI).  
- La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a 
costa del infrac tor (Artículo 90 LPI).  IP/N/6/SLV/2  
 
- 11 - 
 
  - La indemnización de daños y perjuicios sufridos por la infracción (Artículo 90 LPI), que se 
estimará con base en uno de los siguientes criterios, a elección del perjudicado:  
- En base a los daños ocasionados al titular del derecho como  resultado de la infracción;  
- En base a los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no 
haber ocurrido la infracción;  
- En base a los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de 
infracción;  
- En base al precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se 
hubiere concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del 
objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.  
- Como medida precautoria el secuestro preventivo del producto líquido obtenido con la 
utilización ilícita (Artículo 91, LPI).  
- Como medida precautoria el secuestro preventivo de los ejemplares ilícitamente reproducidos, 
embalajes, etiquetas y de los instrumen tos o materiales destinados a realizar la infracción con 
inventario, descripción o depósito de estos (Artículo 91, LPI).  
- Como medida precautoria la suspensión de la actividad de reproducción, comunicación o 
distribución no autorizadas, según proceda (Artíc ulo 91, LPI).  
- Como medida precautoria la prohibición de importar, exportar o permitir el movimiento en 
tránsito en el territorio nacional de los ejemplares ilícitamente reproducidos, librando la orden 
correspondiente a la Dirección General de Aduanas (Artí culo 91, LPI).  
9.6 ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para 
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y distribución de los bienes y servicios respecto 
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre 
sus circuitos de distribución?  
 
En materia de Derechos de Autor, la autoridad judicial está facultada para ejercer dicha facultad en 
virtud del Artículo 91 de la LPI.  
 
La autoridad administrativa no posee la potestad para ejercer esta facultad.  
 
9.7 Sírvase describir las disposiciones re lativas a la indemnización a los demandados a los 
que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables 
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué “medidas correctivas” les 
son aplicables?  
 
Indemnización a demandados indebidamente  
 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 272 del Código Procesal Civil y Mercantil, toda parte 
a quien se le hayan rechazado todas sus pretensiones será condenado en costas; por otra parte, la 
LMOSD en su Art ículo 92 establece que, quien solicite medidas cautelares en virtud de infracciones 
a los derechos conferidos por el registro de marcas y otros signos distintivos, deberá interponer la 
demanda respectiva dentro de los quince días siguientes a aquel en que se decreten tales medidas, 
pudiendo solicitársele caución, fianza o garantía para dichos efectos.  
 
En ese mismo sentido, la LPI en su Artículo 174 relativo a la defensa de los derechos de propiedad 
industrial, establece que se podrán solicitar medidas prec autorias inmediatas, las cuales podrán 
condicionarse a la constitución de una caución suficiente. Asimismo, establece que, si la acción por 
infracción no fuese entablada dentro de los quince días siguientes a la imposición de la medida, esta 
quedará sin ef ecto de pleno derecho, y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y 
perjuicios que hubiere ocasionado.  
 
Por otra parte, el Artículo 258 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la solicitud de 
práctica de diligencias preliminares debe  contener un ofrecimiento de caución en virtud de los 
perjuicios que pueda generar las diligencias como la de exhibición judicial de los objetos que 
comprueban la competencia desleal, a que se refiere el inciso primero del Artículo 493 del Código IP/N/6/SLV/2  
 
- 12 - 
 
  de Comerc io, la cual comprende el uso indebido de distintivos comerciales. De no entablarse la 
acción judicial dentro del plazo de un mes desde la conclusión de las diligencias, la caución se perderá 
a favor de los afectados. De igual manera, de conformidad con el Artículo 434 del Código Procesal 
Civil y Mercantil de haberse dictado alguna medida cautelar en virtud de las diligencias preliminares, 
de no presentarse la demanda en el referido plazo, se condenará al pago de todos los gastos del 
proceso y de los daños y  perjuicios causados.  
 
De conformidad al Artículo 239 de la Constitución, tanto los jueces como funcionarios públicos son 
responsables por los delitos oficiales que cometan en el ejercicio de sus funciones y serán juzgados 
por los delitos oficiales que com etan por los tribunales comunes.  
 
Asimismo, el Artículo 245 establece que los funcionarios y empleados públicos responderán 
personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaren a 
consecuencia de la violación de los der echos consagrados en la Constitución. Aunado a ello, la Ley 
de Procedimientos Administrativos establece en su Artículo 60 que en los casos que los daños y 
perjuicios por parte de servidores públicos tengan su causa en la violación de derechos 
constituciona les, la responsabilidad será personal, de tipo subjetiva y recaerá directamente en el 
servidor público, sin extinguirse por ya no estar en el cargo.  
 
En lo relativo a los Derechos de Autor, cuando se solicite una medida precautoria de conformidad 
con el Ar tículo 91 LPI y no se presente la demanda respectiva dentro de los quince días siguientes 
a aquel en que se decrete cualquiera de las medidas, se responderá por los daños y perjuicios 
ocasionados y las medidas quedarán sin efecto.  
 
9.8 Sírvanse describir l as disposiciones que regulan la duración y el costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que disponga sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo.  
 
El artículo 182 numeral 5) de la Constitución de la República estipula que la Corte Su prema de 
Justicia vigilará por que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas 
que estime necesarias. Conforme a lo anterior y según lo ordena los Artículos 184 de la LPI, 113 de 
la LMOSD; los tribunales competentes serán aq uellos con competencia mercantil, quienes conocerán 
de conformidad con los Artículos 239 y 240 del Código Procesal Civil y Mercantil en proceso 
declarativo común.  
 
A ese respecto, los Artículos del 276 al 282 del Código Procesal Civil y Mercantil refiere l o referente 
a la demanda en el proceso declarativo común, y posteriormente otorga en los Artículos del 283 al 
287 de dicho cuerpo normativo las reglas que se seguirán en lo relativo al emplazamiento del 
demandado, la contestación de la demanda y posible re convención. Las disposiciones relativas a la 
prueba pueden ser encontradas en el Capítulo Tercero del referido Código, disponiendo en su 
Artículo  324 los hechos que no requieren ser probados.  
 
La duración real de un proceso declarativo común dependerá del tipo de pretensión que se presente 
ante los tribunales competentes. Asimismo, la duración podría varían tomando en consideración los 
incidentes en la tramitación del proceso y la interposición de recursos como las apelaciones.  
 
El Artículo 181 de la Constitución establece que la administración de justicia será gratuita.  
 
Por otra parte, el titular del derecho deberá costear los honorarios del Abogado que designe. Sobre 
este particular, El Salvador cuenta con un arancel judicial el cual se encuentra de sactualizado, por 
lo que normalmente tales honorarios se determinan de manera convencional. En virtud de lo anterior 
se vuelve sumamente difícil el establecer el costo de un procedimiento de esta naturaleza, pues 
varia de caso a caso.  
 
Medidas provisionales  
(a)  Medidas judiciales  
 
10.  Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser 
ordenada por  las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.  
 
Derecho de Autor y derechos conexos  IP/N/6/SLV/2  
 
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Las medidas provisionales que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales en cuanto a 
Derecho de Autor y derechos conexos son las siguientes:  
 
- El secuestro preventivo del producto líquido obtenido con la utilización ilícita (Artículo 91 LPI).  
- El secuest ro preventivo de los ejemplares ilícitamente reproducidos, embalajes, etiquetas y 
de los instrumentos o materiales destinados a realizar la infracción con inventario, descripción 
o depósito de estos (Artículo 91 LPI).  
- La suspensión de la actividad de repro ducción, comunicación o distribución no autorizadas, 
según proceda (Artículo 91 LPI).  
- La prohibición de importar, exportar o permitir el movimiento en tránsito en el territorio 
nacional de los ejemplares ilícitamente reproducidos, librando la orden corresp ondiente a la 
Dirección General de Aduanas (Artículo 91 LPI).  
Propiedad industrial  
 
Las medidas provisionales que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales en cuanto a 
derechos sobre Propiedad Industrial son las siguientes:  
 
Patentes, modelos de u tilidad y diseños industriales  
 
-   El cese inmediato de los actos de infracción (Artículo 174 LPI).  
 
-  El embargo preventivo, retención o depósitos de los objetos materia de la infracción y de los 
medios destinados a realizar la infracción (Artículo 174 LPI).  
 
-   La prohibición de importar, exportar o permitir el movimiento en tránsito en el territorio 
nacional de los ejemplares ilícitamente reproducidos, librando la orden correspondiente a la 
Dirección General de Aduanas (Artículo 174 LPI).  
 
Signos distintivos (Distintivos comerciales, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen)   
 
- El cese inmediat o de los actos que constituyen infracción (Artículo 92 LMOSD).  
- El secuestro con inventario, descripción o depósito de los productos, embalajes, etiquetas y 
otros materiales que ostenten la marca o el signo objeto de la infracción y de los instrumentos 
o materiales destinados a realizar la infracción; así como la evidencia documental relevante a 
la infracción (Artículo 92 LMOSD).  
- La suspensión de la importación, exportación o el movimiento en tránsito de los productos, 
instrumentos o materiales referidos en el inciso inmediato superior.  
11.  ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera 
parte ? 
 
En cuanto a Derecho de Autor, el Artículo 91 de la LPI  establece que el juez podrá decretar, a 
solicitud del titular de los derechos lesionados y previa rendición de fianza, las medidas cautelares 
que según las circunstancias fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos, las 
cuales se impond rán sin noticia al infractor.   
 
De igual manera, el Artículo 174 de la ley anteriormente relacionada, estipula que en casos de 
infracción de los derechos de propiedad industrial protegidos por la misma, el juez podrá decretar 
de manera inmediata, las medid as precautorias necesarias con el objeto de asegurar la efectividad 
de la acción por infracción o del resarcimiento de los daños y perjuicios.   
 
En ese mismo sentido, el Artículo 92 de la LMOSD establece que en los casos de infracción de 
derechos derivados  del registro de una marca o signo distintivo, y en el que un titular pida la IP/N/6/SLV/2  
 
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  aplicación de alguna medida precautoria, deberá de ejecutarse en el plazo improrrogable de cuarenta 
y ocho horas contadas a partir de la presentación de la solicitud.  
 
12.  Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de 
medidas  provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente 
los plazos  pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses le gítimos 
del demandado.  
 
Derecho de Autor y derechos conexos  
 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 91 de la LPI, todo titular que considere que sus 
derechos de autor han sido lesionados o tenga el temor de que lo sean, podrá solicitar al juez que 
dicte las medidas cautelares que fueren necesarias para proteger tales derechos.  
 
Ante tal situación, el juez deberá demostrar con las pruebas disponibles, las circunstancias anteriores 
la violación de los derechos y el derecho que asiste al actor; al comprobar lo anterior decretará, 
previa rendición de fianza, las medidas cautelares que según las circunstancias fueren necesarias.  
 
Dicho procedimiento se inicia mediante una petición por escrito del demandante. El escrito podrá 
presentarse antes, o conju ntamente con la demanda principal; si las medidas se hubiesen solicitado 
antes de la demanda, ésta habrá de interponerse, dentro de los quince días siguientes a la concesión 
de ellas, caso contrario, responderá por los daños y perjuicios ocasionados.  
 
Propiedad industrial  
 
Patentes, modelos de utilidad y diseños industriales  
 
El Artículo 174 de la LPI establece que el titular de un derecho de propiedad industrial protegido por 
dicha ley podrá pedir al juez que ordene las medidas precautorias inmediatas que aseguren la 
efectividad de la acción o el resarcimiento de daños y perjuicios. Tales medidas precautorias podrán 
condicionarse a la constitución de una caución suficiente.  
 
Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de los quince días hábiles si guientes a la 
imposición de una medida precautoria, esta quedará sin efecto de pleno derecho, y el actor quedará 
sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado.  
 
Signos distintivos (Distintivos comerciales, Indicaciones Geográficas y D enominaciones de Origen)  
 
El Artículo 92 de la LMOSD dispone que se podrán solicitar medidas precautorias con el objeto de 
impedir la comisión de la infracción, o evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, 
asegurar la efectividad de esa acción y el resarcimiento de los daños y perjuicios. De no iniciarse la 
acción dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida, esta 
quedará sin efecto. Adicionalmente el tribunal competente podrá requerir que quien pida las medid as 
precautorias, rinda caución que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.  
 
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?  
 
La legislación salvadoreña prevé el plazo en el que la medida precautoria sea decretada, de la 
siguiente forma:  
 
- Una medida en materia de derechos de autor deberá decretarse de inmediato (Artículo 91 
LPI). 
- En materia de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales se pedirá que se ordenen 
medidas precautorias inmediatas (Artículo 174 LPI).  
- Respecto de las medidas precautorias sobre Signos distintivos (Distintivos comerciales, 
Indicaciones Geográficas  y Denominaciones de Origen), se otorga un plazo de 48 horas a los 
tribunales para ordenar y ejecutar dichas medidas (Artículo 92 LMOSD).  IP/N/6/SLV/2  
 
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  En cuanto al costo del procedimiento, el titular del derecho deberá costear los honorarios del 
Procurador que designe.  Sobre este particular, El Salvador cuenta con un arancel judicial el cual no 
está actualizado, por lo que normalmente tales honorarios se determinan de manera convencional.  
 
En virtud de lo anterior se vuelve sumamente difícil el establecer el costo de un  procedimiento de 
esta naturaleza, pues varia de caso a caso.  
 
 
(b)  Medidas administrativas  
 
14.  Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con 
las medidas  provisionales administrativas.  
 
Las autoridades administrativas no están facultadas para ordenar medidas provisionales; 
estas medidas se tramitan en sede judicial.  
 
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera  
15.  Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la su spensión por las 
autoridades  aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe 
también recurrir a  ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen 
infracciones de los derechos de  propiedad intelectual distintas de las que en trañan las 
mercancías de marca de fábrica o de  comercio falsificadas o las mercancías pirata que 
lesionan el derecho de autor, en el sentido  del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de 
página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente  con los criterios p ertinentes, las 
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento  (mercancías de otro Miembro, 
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones  de minimis). ¿Es aplicable el 
procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en  el mercado de otro país 
por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías  destinadas a la 
exportación?  
 
Marcas  
 
Medidas en Fronteras  
 
El Artículo 96 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que el titular del derecho 
podrá solicitar al tribunal competente que suspenda la importación, exportación o movimiento en 
tránsito de mercancías de marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, debiendo 
presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción del tribunal competente, que existe 
una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca información 
suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de 
modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad. El requisito de proveer suficiente información 
no deberá disuadir el recurso a estos procedimientos.  
 
El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la 
suspensión, que rind a caución razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las 
autoridades competentes e impedir abusos. el monto de la caución no deberá disuadir el poder 
recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un instrumento emi tido por 
un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería 
importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de 
mercancías en el supuesto que el tribunal competente determine q ue el artículo no constituye una 
mercancía infractora.  
 
Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediatamente al importador o 
exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.  
 
Las medidas en frontera podrán ser ordenadas de oficio con respecto a la mercancía importada, 
exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin 
requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular.  
 IP/N/6/SLV/2  
 
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  En los casos en que s e fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con 
medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá 
ser fijado en un monto que disuada el recurso a tales medidas.  
 
Derechos de auto r 
 
A partir del inciso sexto del Artículo 91 de la Ley de Propiedad Intelectual se regula que el titular del 
derecho también podrá solicitar medidas en frontera al tribunal competente, para que ordene la 
suspensión de la importación, exportación o movimien to en tránsito de ejemplares ilícitamente 
reproducidos, debiendo presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción del tribunal 
competente, que existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que 
ofrezca información s uficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular 
del derecho, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad. El requisito de proveer 
suficiente información no deberá disuadir el poder recurrir a estos procedimientos.  
 
El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la 
suspensión, que rinda caución razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las 
autoridades competentes e impedir abusos. El monto de la caución no deberá disuadir 
indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un 
instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño 
de la mercadería importada libre de toda p érdida o lesión resultante de cualquier suspensión del 
despacho de mercancías, en el supuesto que el tribunal competente determine que el artículo no 
constituye una mercancía infractora.  
 
Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmed iatamente al importador o 
exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.  
 
Cuando el tribunal competente determine que los ejemplares han sido ilícitamente reproducidos, 
comunicará al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, d el importador y del 
consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.  
 
Las medidas en frontera podrán ser ordenadas de oficio con respecto a la mercancía importada, 
exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de pr opiedad intelectual, sin 
requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular.  
 
En los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercancía, en relación con 
medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá 
ser fijado en un monto que disuada el poder recurrir a tales medidas.  
 
Las medidas precautorias y las medidas en frontera podrán pedirse antes de iniciarse la acción por 
infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.  
 
16.  Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la 
suspensión del  despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, 
particularmente en lo  que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los 
requisitos que ha de reunir la  solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas 
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han 
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía  equivalente), 56 (indemnización al importador 
y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho  de inspección e información)?  
 
Marcas  
 
Duración de la Suspensión de Mercancías en Fronteras  
 
En relación con el procedimiento y duración de las medidas en frontera el Artículo 97 de la Ley de 
Marcas y Otros Signos Distintivos regula que si la acción no fuese entablada dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la imposición de la medida, ésta quedará sin efecto de pleno derecho, quedando 
el actor sujeto a lo establecido en el inciso último del presente artículo. En casos debidamente 
justificados ese plazo podrá ser prorrogado por diez días hábiles adicionales.  
 
Cuando la suspensión fuese ordenada como medida provisional será aplicable el plazo previsto en 
tales medidas.  IP/N/6/SLV/2  
 
- 17 - 
 
   
Iniciada la acción judicial sobre el fondo, la parte afectada por la suspensión podrá recurrir al juez 
para que considere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos casos. El Juez competente 
podrá modificar, revocar o confirmar la  suspensión.  
 
El solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su 
ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o 
si posteriormente se determina que no hubo infracc ión o inminencia de infracción a un derecho de 
propiedad industrial.  
 
Derecho de Inspección e Información en los casos de Medidas en Frontera  
 
En relación con el derecho de inspección en el Artículo 98 de la Ley de Marcas y Otros Signos 
Distintivos se regula que sin perjuicio de brindar protección a la información confidencial, el Juez 
Competente que ordenare la medida en frontera, podrá autorizar a quien la promovió, el libre acceso 
a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pu eda inspeccionarlas y obtener medios 
adicionales de prueba en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrá el importador o exportador. 
Esta medida se realizará en presencia del Juez Competente respectivo, con citación de la parte 
contraria.  
 
Comprobada la exi stencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección 
del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías y la cantidad de 
mercancías objeto de la suspensión.   
 
Derechos de autor  
 
En el inciso quinto de l Artículo 91 de la Ley de Propiedad Intelectual se establece que quien solicite 
las medidas precautorias, dentro de las cuales pueden encontrarse las medidas en frontera, deberá 
interponer la demanda respectiva dentro de los quince días siguientes a aquél  en que se decrete 
cualquiera de tales medidas, caso contrario, responderá por los daños y perjuicios ocasionados y las 
medidas quedarán sin efecto.  
 
En lo relativo al derecho de inspección en el Artículo 91 -B se dispone que sin perjuicio de brindar 
protec ción a la información confidencial, el tribunal competente que ordenare la medida precautoria, 
podrá autorizar a quien la promovió, el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de 
que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de p rueba en apoyo de su reclamo. Igual 
derecho tendrá el importador o exportador. Esta medida se realizará en presencia del tribunal 
competente respectivo, con citación de la parte contraria.  
 
Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al deman dante el nombre y dirección 
del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías y la cantidad de 
mercancías objeto de la suspensión.  
 
17.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y  facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las 
autoridades competentes para las que  se suspende el despacho de las mercancías para 
libre circulación?  
 
Como se ha venido mencionando en las respuestas pertinentes a las medidas precautorias o 
cautelares, las medidas en frontera son una de las diferentes medidas precautorias que puede 
imponer el tribunal competente ante las infracciones a  los derechos de propiedad intelectual, cuando 
éstas hayan sido solicitadas por el titular.  
 
La legislación salvadoreña prevé el plazo en el que la medida precautoria sea decretada, de la 
siguiente forma:  
 
- Una medida en materia de derechos de autor deberá decretarse de inmediato (Artículo 91 
LPI). 
- En materia de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales se pedirá que se ordenen 
medidas precautorias inmediatas (Artículo 174 LPI).  IP/N/6/SLV/2  
 
- 18 - 
 
  - Respecto de las medidas precautorias sobre Signos distintivos (Distin tivos comerciales, 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen), se otorga un plazo de 48 horas a los 
tribunales para ordenar y ejecutar dichas medidas (Artículo 92 LMOSD).  
En cuanto al costo del procedimiento, el titular del derecho deberá costear  los honorarios del 
Procurador que designe. Sobre este particular, El Salvador cuenta con un arancel judicial el cual no 
está actualizado, por lo que normalmente tales honorarios se determinan de manera convencional.   
 
En virtud de lo anterior se vuelve su mamente difícil el establecer el costo de un procedimiento de 
esta naturaleza, pues varia de caso a caso.   
 
18.  ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal 
caso, en  qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de 
oficio?  
 
Las autoridades aduaneras están facultadas para actuar de oficio.  
 
Marcas  
 
Medidas en Fronteras  
 
El Artículo 96 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que el titular del derecho 
podrá solicitar al tribunal competente que suspenda la importación, exportación o movimiento en 
tránsito de mercancías de marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, debiendo 
presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacci ón del tribunal competente, que existe 
una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca información 
suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de 
modo que éstas puedan ser r econocidas con facilidad. El requisito de proveer suficiente información 
no deberá disuadir el recurso a estos procedimientos.  
 
El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la 
suspensión, que rinda caución ra zonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las 
autoridades competentes e impedir abusos. el monto de la caución no deberá disuadir el poder 
recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un instrumento emitido por 
un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería 
importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de 
mercancías en el supuesto que el tribunal competente determine que el artícu lo no constituye una 
mercancía infractora.  
 
Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediatamente al importador o 
exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.  
 
Las medidas en frontera podrán ser ordenadas de oficio con respecto a la mercancía importada, 
exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin 
requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular.  
 
En los casos en que se f ije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con 
medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá 
ser fijado en un monto que disuada el recurso a tales medidas.  
 
Derechos de autor  
 
A partir del inciso sexto del Artículo 91 de la Ley de Propiedad Intelectual se regula que el titular del 
derecho también podrá solicitar medidas en frontera al tribunal competente, para que ordene la 
suspensión de la importación, exportación o movimiento en tránsito de ejemplares ilícitamente 
reproducidos, debiendo presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción del tribunal 
competente, que existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que 
ofrezca información sufi ciente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular 
del derecho, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad. El requisito de proveer 
suficiente información no deberá disuadir el poder recurrir a estos procedimientos.  
 IP/N/6/SLV/2  
 
- 19 - 
 
  El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la 
suspensión, que rinda caución razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las 
autoridades competentes e impedir abusos. El monto de la caución no deberá disuadir 
indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un 
instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño 
de la mercadería importada libre de toda pérd ida o lesión resultante de cualquier suspensión del 
despacho de mercancías, en el supuesto que el tribunal competente determine que el artículo no 
constituye una mercancía infractora.  
 
Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediat amente al importador o 
exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.  
 
Cuando el tribunal competente determine que los ejemplares han sido ilícitamente reproducidos, 
comunicará al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, del importador y del 
consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.  
 
Las medidas en frontera podrán ser ordenadas de oficio con respecto a la mercancía importada, 
exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propi edad intelectual, sin 
requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular.  
 
En los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercancía, en relación con 
medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá 
ser fijado en un monto que disuada el poder recurrir a tales medidas.  
 
Las medidas precautorias y las medidas en frontera podrán pedirse antes de iniciarse la acción por 
infracción, conjuntamente con ell a o con posterioridad a su inicio.  
 
19.  Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las 
autoridades competentes  y los criterios que regulen su aplicación.  
 
Las siguientes medidas se encuentran relacionadas con las medidas provisionales o precautorias que 
puede ordenar un tribunal competente a solicitud de parte interesada, dentro de las cuales se 
encuentran también las medidas en frontera que pueden ser adoptadas de oficio por las autoridades 
aduaneras.  
 
Derecho de Autor y derechos conexos  
 
Las medidas provisionales que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales en cuanto a 
Derecho de Autor y derechos conexos son las siguientes:  
 
- El secuestro preventivo del producto líquido obtenido con la utilización ilícita (Artículo 91 LPI).  
- El secuestro preventivo de los ejemplares ilícitamente reproducidos, embalajes, etiquetas y 
de los instrumentos o materiales destinados a realizar la infrac ción con inventario, descripción 
o depósito de estos (Artículo 91 LPI).  
- La suspensión de la actividad de reproducción, comunicación o distribución no autorizadas, 
según proceda (Artículo 91 LPI).  
- La prohibición de importar, exportar o permitir el movimient o en tránsito en el territorio 
nacional de los ejemplares ilícitamente reproducidos, librando la orden correspondiente a la 
Dirección General de Aduanas (Artículo 91 LPI).  
Propiedad industrial  
 
Las medidas provisionales que pueden ser emitidas por las auto ridades judiciales en cuanto a 
derechos sobre Propiedad Industrial son las siguientes:  
 
Patentes, modelos de utilidad y diseños industriales  
 
- El cese inmediato de los actos de infracción (Artículo 174 LPI).  IP/N/6/SLV/2  
 
- 20 - 
 
  - El embargo preventivo, retención o depósitos de l os objetos materia de la infracción y de los 
medios destinados a realizar la infracción (Artículo 174 LPI).  
- La prohibición de importar, exportar o permitir el movimiento en tránsito en el territorio 
nacional de los ejemplares ilícitamente reproducidos, lib rando la orden correspondiente a la 
Dirección General de Aduanas (Artículo 174 LPI).  
Signos distintivos (Distintivos comerciales, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen)  
 
- El cese inmediato de los actos que constituyen infracción (Artículo 92 LMOSD).  
- El secuestro con inventario, descripción o depósito de los productos, embalajes, etiquetas y 
otros materiales que ostenten la marca o el signo objeto de la infracción y de los instrumentos 
o materiales destinados a realizar la infracción; así como la evidencia documental relevante a 
la infracción (Artículo 92 LMOSD).  
- La suspensión de la importación, exportación o el movimiento en tránsito de los productos, 
instrumentos o materiales referidos en el inciso inmediato superior.  
Marcas  
 
Medidas en Fronte ras 
 
El Artículo 96 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que el titular del derecho 
podrá solicitar al tribunal competente que suspenda la importación, exportación o movimiento en 
tránsito de mercancías de marcas presuntamente falsifica das o confusamente similares, debiendo 
presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción del tribunal competente, que existe 
una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca información 
suficiente de las mercancía s que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de 
modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad. El requisito de proveer suficiente información 
no deberá disuadir el recurso a estos procedimientos.  
 
El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la 
suspensión, que rinda caución razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las 
autoridades competentes e impedir abusos. el monto de la caución no deberá disuadir el po der 
recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un instrumento emitido por 
un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería 
importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquie r suspensión del despacho de 
mercancías en el supuesto que el tribunal competente determine que el artículo no constituye una 
mercancía infractora.  
 
Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediatamente al importador o 
exportador de  las mercancías y al solicitante de la medida.  
 
Las medidas en frontera podrán ser ordenadas de oficio con respecto a la mercancía importada, 
exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin 
requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular.  
 
En los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con 
medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el car go no deberá 
ser fijado en un monto que disuada el recurso a tales medidas.  
 
Derechos de autor  
 
A partir del inciso sexto del Artículo 91 de la Ley de Propiedad Intelectual se regula que el titular del 
derecho también podrá solicitar medidas en frontera al  tribunal competente, para que ordene la 
suspensión de la importación, exportación o movimiento en tránsito de ejemplares ilícitamente 
reproducidos, debiendo presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción del tribunal 
competente, que existe un a presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que 
ofrezca información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular 
del derecho, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad. El requisito de  proveer 
suficiente información no deberá disuadir el poder recurrir a estos procedimientos.  IP/N/6/SLV/2  
 
- 21 - 
 
   
El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la 
suspensión, que rinda caución razonable que sea suficiente para pr oteger al demandado y a las 
autoridades competentes e impedir abusos. El monto de la caución no deberá disuadir 
indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un 
instrumento emitido por un proveedor de servici os financieros para mantener al importador o dueño 
de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del 
despacho de mercancías, en el supuesto que el tribunal competente determine que el artículo no 
constituye un a mercancía infractora.  
 
Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediatamente al importador o 
exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.  
 
Cuando el tribunal competente determine que los ejemplares han sido ilícitam ente reproducidos, 
comunicará al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, del importador y del 
consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.  
 
Las medidas en frontera podrán ser ordenadas de oficio con respecto a l a mercancía importada, 
exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin 
requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular.  
 
En los casos en que se fije un cargo por solici tud o almacenaje de la mercancía, en relación con 
medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá 
ser fijado en un monto que disuada el poder recurrir a tales medidas.  
 
Las medidas precautorias y las medid as en frontera podrán pedirse antes de iniciarse la acción por 
infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.  
 
Marcas  
 
Duración de la Suspensión de Mercancías en Fronteras  
 
En relación con el procedimiento y duración de las medidas en frontera el Artículo 97 de la Ley de 
Marcas y Otros Signos Distintivos regula que si la acción no fuese entablada dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la imposición de la medida, ésta quedará sin efecto de pleno derecho, quedando 
el acto r sujeto a lo establecido en el inciso último del presente artículo. En casos debidamente 
justificados ese plazo podrá ser prorrogado por diez días hábiles adicionales.  
 
Cuando la suspensión fuese ordenada como medida provisional será aplicable el plazo previsto en 
tales medidas.  
 
Iniciada la acción judicial sobre el fondo, la parte afectada por la suspensión podrá recurrir al juez 
para que considere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos casos. El Juez competente 
podrá modificar, rev ocar o confirmar la suspensión.  
 
El solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su 
ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o 
si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción a un derecho de 
propiedad industrial.  
 
Derecho de Inspección e Información en los casos de Medidas en Frontera  
 
En relación con el derecho de inspección en el Artículo 98 de la Ley de Marcas y Otros Signos 
Distintivos se regula que sin perjuicio de brindar protección a la información confidencial, el Juez 
Competente que ordenare la medida en frontera, podrá autorizar a quien la promovió, el libre acceso 
a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pu eda inspeccionarlas y obtener medios 
adicionales de prueba en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrá el importador o exportador. 
Esta medida se realizará en presencia del Juez Competente respectivo, con citación de la parte 
contraria.  
 IP/N/6/SLV/2  
 
- 22 - 
 
  Comprobada la exi stencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección 
del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías y la cantidad de 
mercancías objeto de la suspensión.  
 
Derechos de autor  
 
En el inciso quinto del  Artículo 91 de la Ley de Propiedad Intelectual se establece que quien solicite 
las medidas precautorias, dentro de las cuales pueden encontrarse las medidas en frontera, deberá 
interponer la demanda respectiva dentro de los quince días siguientes a aquél en que se decrete 
cualquiera de tales medidas, caso contrario, responderá por los daños y perjuicios ocasionados y las 
medidas quedarán sin efecto.  
 
En lo relativo al derecho de inspección en el Artículo 91 -B se dispone que sin perjuicio de brindar 
protecc ión a la información confidencial, el tribunal competente que ordenare la medida precautoria, 
podrá autorizar a quien la promovió, el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de 
que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de pr ueba en apoyo de su reclamo. Igual 
derecho tendrá el importador o exportador. Esta medida se realizará en presencia del tribunal 
competente respectivo, con citación de la parte contraria.  
 
Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demand ante el nombre y dirección 
del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías y la cantidad de 
mercancías objeto de la suspensión.  
 
Procedimientos penales  
20.  Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal 
de los  derechos de propiedad intelectual.  
 
En los casos que las infracciones sean constitutivas de delito, se podrá iniciar las respectivas 
investigaciones por medio de denuncia, querella o aviso de conformidad con el Artículo 260 del 
Código Procesal Penal. El proceso penal no difiere en cuanto a los delitos que lesionen los Derechos 
de Propiedad Intelectual con otros que lesionen otros bienes jurídicos, y conocerán de este según 
competencia de grado las siguientes a utoridades judiciales:  
 
- La primera instancia , por lo general involucra tres fases de la siguiente manera:  
✓ Juzgados de paz , son competentes para realizar el control de las diligencias 
iniciales de investigación y la realización de la audiencia inicial. En éste se 
discute el requerimiento fiscal, a efecto de determinar si se cuentan con los 
suficientes elementos de juicio para instruir el caso (Artículo 56 del Código 
Procesal Penal).  
✓ Juzgados de instrucción , conocen de la instrucción formal en lo s delitos de 
acción pública; lo anterior de conformidad al Artículo 54 del Código Procesal 
Penal.  
✓ Juzgados de sentencia , conocen de la etapa plenaria de todos los delitos, según 
establece el Artículo 53 del Código Procesal Penal.  
- La segunda instancia  gener almente corresponde a las Cámaras con competencia penal, según 
lo dispuesto por el Artículo 51 del Código Procesal Penal, quienes tienen competencia para 
conocer:  
- Del recurso de apelación,  
- Del recurso de revisión sobre sentencias emitidas por ellas mismas,  
- En casos especiales en que actúan como tribunales de primera instancia; y  
- En los demás asuntos determinados por las leyes.  
- La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia , según lo establecido en el Artículo  50 del 
Código Procesal Penal, será la comp etente para conocer de:  IP/N/6/SLV/2  
 
- 23 - 
 
   
- El recurso de casación en materia penal;  
- Apelación en los casos que las cámaras de segunda instancia conozcan en primera 
instancia;  
- De la revisión de las sentencias que ella misma emita; y  
- Los demás casos establecidos en las leyes.  
21.  ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué 
derechos de  esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?  
 
El Código Penal establece en su Título VIII, De los delitos relativos al patrimonio, el Capítulo  VII, De 
los delitos relativos a la Propiedad Intelectual , en el cual se señalan los siguientes delitos:  
 
- Violación a derecho de autor y derechos conexos  
Artículo 226 : El que a escala comercial reprodujere, plagiare, distribuyere al mayoreo o comunicare 
públicamente, en todo o en parte, una obra literaria o artística o su transformación o una 
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o fuere comunicada a través 
de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual o de sus cesionarios, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.  
 
En la misma sanción incurrirá, el que a escala comercial importare, exportare o almacenare 
ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización.  
 
Escala comercial incluye la infracción dolosa significativa de derecho de autor y derechos conexos, 
con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción 
dolosa que no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que se 
cause un daño económico mayor a una infracción de poco valor.  
 
- Violación  agravada de derecho de autor y de derechos conexos  
Artículo 227 : Será sancionado con prisión de cuatro a seis años, quien realizare cualquiera de las 
conductas descritas en el artículo anterior, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:  
 
(1) usurpando la condición de autor sobre una obra o parte de ella o el nom bre de un artista 
en una interpretación o ejecución;  
 
(2)  modificando sustancialmente la integridad de la obra sin autorización del autor; y,  
 
(3)  si la cantidad o el valor de la copia ilícita fuere de especial trascendencia económica.  
 
- Violación a medid as tecnológicas efectivas  
Artículo 227 -A: Será sancionado con prisión de dos a cuatro años, el que con fines de lograr una 
ventaja comercial o ganancia financiera privada:  
 
a. evadiere, sin autorización del titular del derecho, cualquier medida tecnológica ef ectiva 
que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido u otra 
materia objeto de protección;  
b. fabricare, importare, distribuyere, ofreciere al público, proporcionare o traficare 
dispositivos, productos o componentes; u ofre ciere al público o proporcionare servicios al 
público, siempre que los dispositivos, productos o componentes, o los servicios:  
(1) sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de evadir una 
medida tecnológica efectiva;  
 
(2)  tengan únicamente un propósito limitado o uso de importancia comercial diferente al 
de evadir una medida tecnológica efectiva; o  
 
(3) sean diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la 
evasión de cualquier medida tecnológica efectiva.  IP/N/6/SLV/2  
 
- 24 - 
 
   
Se excluye de responsabilidad penal, al que ejecute las actividades exceptuadas conforme se 
establece en el artículo 85 -d de la ley de propiedad intelectual.  
 
- Violación a la información sobre gestión de derechos  
Artículo 227 -B: Será sancionado con prisión de dos a cuatro años, el que con fines de lograr una 
ventaja comercial o ganancia financiera privada y a sabiendas que este acto podría inducir, permitir, 
facilitar o encubrir una infracción de un derecho de autor o derecho co nexo:  
 
a. sabiendas suprimiere o alterare cualquier información sobre gestión de derechos;  
b. distribuyere o importare para su distribución la información sobre gestión de derechos, 
teniendo conocimiento que dicha información ha sido suprimida o alterada sin aut orización 
del titular del derecho; o  
c. distribuyere, importare para su distribución, transmisión, comunicación o puesta a 
disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, 
teniendo conocimiento que la información sobre ges tión de derechos ha sido suprimida o 
alterada sin autorización del titular del derecho.  
Se excluye de responsabilidad penal, al que ejecute las actividades exceptuadas conforme se 
establece en el artículo 85 -e de la ley de propiedad intelectual.  
 
- Violación  al derecho sobre señales de satélite  
Artículo 227 -C: Será sancionado con prisión de dos a cuatro años, el que:  
 
a. fabricare, ensamblare, modificare, importare, exportare, vendiere, arrendare o 
distribuyere por cualquier medio, un dispositivo o sistema tangi ble o intangible, sabiendo 
o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente para 
descodificar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin la autorización 
del distribuidor legítimo de dicha señal; o  
b. recibiere  y subsiguientemente distribuyere una señal portadora de programas que se haya 
originado como una señal de satélite codificada, teniendo conocimiento que ha sido 
descodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.  
De igual manera, el Título IX, Delitos relativos al Orden Socioeconómico, establece el Capítulo I, 
referido a Delitos relativos a la propiedad industrial , en el cual se establecen los siguientes delitos:  
 
- Violación de privilegios de invención  
Artículo 228: El que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento de titular de una 
patente o modelo de utilidad, fabricare, importare, poseyere, ofreciere o introdujere en el comercio 
amparados por tales derechos, será sancionado con prisión de uno a tres años.  
 
La misma sanción se aplicará a quien con los mismos fines utilizare un procedimiento o diseño 
industrial protegido por un registro, sin la autorización del titular o sin la licencia respectiva u 
ofreciere o introdujere en el comercio o utilizare el producto d irectamente obtenido por el 
procedimiento registrado.  
 
- Violación de distintivos comerciales  
Artículo 229: El que con fines industriales o comerciales, y sin el consentimiento del titular, 
reprodujere, imitare, modificare o de cualquier modo utilizare marca , nombre comercial, expresión, 
señal de propaganda o cualquier otro distintivo comercial, infringiendo los derechos amparados por 
la propiedad industrial registrada conforme a la ley, será sancionado con prisión de dos a cuatro 
años.  
 IP/N/6/SLV/2  
 
- 25 - 
 
  En la misma sanción i ncurrirá quien, a sabiendas, exportare, importare, poseyere para su  
comercialización o pusiere en el comercio, productos o servicios marcas o con distintivos comerciales 
que, conforme al inciso anterior, constituyere una infracción de los derechos exclusiv os del titular 
de los mismos.  
 
- Infidelidad comercial  
Artículo 230: El que se apoderare de documentos, soporte informático u otros objetos, para descubrir 
o revelar un secreto evaluable económicamente, perteneciente a una empresa y que implique 
ventajas eco nómicas, será castigado con prisión de seis meses a dos años.  
 
- Revelación o divulgación de secreto industrial  
Artículo 231: El que revelare o divulgare la invención objeto de una solicitud de patente o un secreto 
industrial o comercial, estando legal o con tractualmente obligado a guardar reserva, será sancionado 
con prisión de seis meses a dos años.  
 
Si el secreto se utilizare en provecho propio, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte de 
su máximo.  
 
Cuando el autor fuere funcionario o empleado p úblico y el hecho se ejecutare en razón de sus 
funciones, se impondrá además la inhabilitación del respectivo cargo o empleo de seis meses a dos 
años.  
 
22.  ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de 
procedimientos penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de 
reclamaciones?  
 
De conformidad al numeral cuarto del Artículo 193 de la Constitución, corresponde al Fiscalía General 
de la República el promover la acción penal de oficio o a petición de parte, s iendo en consecuencia 
la Fiscalía General de la República la responsable del control de la investigación del delito.  
 
Sobre este mismo particular, el Artículo 17 del Código Procesal Penal establece que la Fiscalía 
General de la República está obligada a ejercer la acción penal pública, para la persecución de oficio 
de los delitos en los casos determinados por este Código, salvo las excepciones legales previstas; 
asimismo, cuando la persecución deba hacerse a instancia previa de los particulares . 
 
Los delitos relativos a la propiedad intelectual y propiedad industrial son de acción penal pública.  
 
23.  ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de 
ser así,  quiénes están legitimados para hacerlo?  
 
Como se mencionó  en la respuesta anterior que dice lo siguiente:  
 
"De conformidad al numeral cuarto del Artículo 193 de la Constitución, corresponde al Fiscalía 
General de la República el promover la acción penal de oficio o a petición de parte, siendo en 
consecue ncia la Fiscalía General de la República la responsable del control de la investigación 
del delito.  
 
Sobre este mismo particular, el Artículo 17 del Código Procesal Penal establece que la Fiscalía 
General de la República está obligada a ejercer la acción penal pública, para la persecución de 
oficio de los delitos en los casos determinados por este Código, salvo las excepciones legales 
previstas; asimismo, cuando la persecución deba hacerse a instancia previa de los 
particulares.  
 
Los delitos relativ os a la propiedad intelectual y propiedad industrial son de acción penal 
pública " 
 
los delitos relativos a la propiedad intelectual y la propiedad industrial son de acción penal pública 
bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República.  
 IP/N/6/SLV/2  
 
- 26 - 
 
  No ob stante, de conformidad con el Artículo 17 del Código Procesal Penal existirán casos donde el 
Fiscal ante quien se interponga el aviso, denuncia o querella, no inicie la acción penal 
correspondiente, por lo que se producirá la conversión de la acción penal pública a una acción penal 
privada.  
 
En esos casos que se efectué la conversión a un delito de acción penal privada, sobre la base de lo 
dispuesto por el Artículo 28 se procederá únicamente por acusación de la víctima, conforme al 
procedimiento especial re gulado en el Código Procesal Penal.  
 
24.  Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual 
y tipos  de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:  
 
-  prisión;  
 
-  sanciones pecuniarias;  
 
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los 
materiales y accesorios utilizados para su producción;   
 
- otras medidas.  
 
El Código Penal establece en su Título VIII, De los delitos relativos al patrimonio, el Capítulo  VII, De 
los delitos relativos a la Propiedad Intelectual , en el cual se señalan los siguientes delitos:  
 
- Violación a derecho de autor y derechos conexos  
Artículo 226 : El que a escala comercial reprodujere, plagiare, distribuyere al mayoreo o comunicare 
públicamente, en todo o en parte, una obra literaria o artística o su transformación o una 
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o fuere comunicada a través 
de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual o de sus cesionarios, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.  
 
En la misma sanción incurrirá, el que a escala comercial importare, exportare o almacenare 
ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización.  
 
Escala comercial incluye la infracción dolosa significativa de derecho de autor y derechos conexos, 
con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada,  así como la infracción 
dolosa que no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que se 
cause un daño económico mayor a una infracción de poco valor.  
 
- Violación agravada de derecho de autor y de derechos conexos  
Artículo 227 : Será sancionado con prisión de cuatro a seis años, quien realizare cualquiera de las 
conductas descritas en el artículo anterior, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:  
 
(1) usurpando la condición de autor sobre una obra o parte de ella o el nombre de un artista 
en una interpretación o ejecución;  
 
(2) modificando sustancialmente la integridad de la obra sin autorización del autor; y,  
 
(3) si la cantidad o el valor de la copia ilícita fuere de especial trascendencia económica.  
 
- Violación a medidas tecnológicas efectivas  
Artículo 227 -A: Será sancionado con prisión de dos a cuatro años, el que con fines de lograr una 
ventaja comercial o ganancia financiera privada:  
 
a. evadiere, sin autorización del titular del derecho, cualquier medi da tecnológica efectiva 
que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido u otra 
materia objeto de protección;  IP/N/6/SLV/2  
 
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  b. fabricare, importare, distribuyere, ofreciere al público, proporcionare o traficare 
dispositivos, productos o co mponentes; u ofreciere al público o proporcionare servicios al 
público, siempre que los dispositivos, productos o componentes, o los servicios:  
(1) sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de evadir una 
medida tecnológica efectiv a; 
 
(2) tengan únicamente un propósito limitado o uso de importancia comercial diferente al 
de evadir una medida tecnológica efectiva; o  
 
(3) sean diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar 
la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva.  
 
Se excluye de responsabilidad penal, al que ejecute las actividades exceptuadas conforme se 
establece en el artículo 85 -d de la ley de propiedad intelectual.  
 
- Violación a la información sobre gestión de derechos  
Artículo 227 -B: Será sancionado con prisión de dos a cuatro años, el que con fines de lograr una 
ventaja comercial o ganancia financiera privada y a sabiendas que este acto podría inducir, permitir, 
facilitar o encubrir una infracción de un derecho de autor o derecho conexo:  
 
a. sabiendas suprimiere o alterare cualquier información sobre gestión de derechos;  
b. distribuyere o importare para su distribución la información sobre gestión de derechos, 
teniendo conocimiento que dicha información ha sido suprimida o altera da sin autorización 
del titular del derecho; o  
c. distribuyere, importare para su distribución, transmisión, comunicación o puesta a 
disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, 
teniendo conocimiento que la información  sobre gestión de derechos ha sido suprimida o 
alterada sin autorización del titular del derecho.  
Se excluye de responsabilidad penal, al que ejecute las actividades exceptuadas conforme se 
establece en el artículo 85 -e de la ley de propiedad intelectual.  
 
- Violación al derecho sobre señales de satélite  
Artículo 227 -C: Será sancionado con prisión de dos a cuatro años, el que:  
 
a. fabricare, ensamblare, modificare, importare, exportare, vendiere, arrendare o 
distribuyere por cualquier medio, un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo 
o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente para 
descodificar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin la autorización 
del distribuidor legítimo de dicha señal; o  
b. recibiere y subsiguientemente distribuyere una señal portadora de programas que se haya 
originado como una señal de satélite codificada, teniendo conocimiento que ha sido 
descodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de dich a señal.  
De igual manera, el Título IX, Delitos relativos al Orden Socioeconómico, establece el Capítulo I, 
referido a Delitos relativos a la propiedad industrial , en el cual se establecen los siguientes delitos:  
 
- Violación de privilegios de invención  
Artículo 228: El que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento de titular de una 
patente o modelo de utilidad, fabricare, importare, poseyere, ofreciere o introdujere en el comercio 
amparados por tales derechos, será sancionado con prisión de u no a tres años.  
 
La misma sanción se aplicará a quien con los mismos fines utilizare un procedimiento o diseño 
industrial protegido por un registro, sin la autorización del titular o sin la licencia respectiva u IP/N/6/SLV/2  
 
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  ofreciere o introdujere en el comercio o uti lizare el producto directamente obtenido por el 
procedimiento registrado.  
 
- Violación de distintivos comerciales  
Artículo 229: El que con fines industriales o comerciales, y sin el consentimiento del titular, 
reprodujere, imitare, modificare o de cualquier modo utilizare marca, nombre comercial, expresión, 
señal de propaganda o cualquier otro distintivo comercial, infringiendo los derechos amparados por 
la propiedad industrial registrada conforme a la ley, será sancionado con prisión de dos a cuatro 
años.  
 
En la misma sanción incurrirá quien, a sabiendas, exportare, importare, poseyere para su  
comercialización o pusiere en el comercio, productos o servicios marcas o con distintivos comerciales 
que, conforme al inciso anterior, constituyere una infracción de l os derechos exclusivos del titular 
de los mismos.  
 
- Infidelidad comercial  
Artículo 230: El que se apoderare de documentos, soporte informático u otros objetos, para descubrir 
o revelar un secreto evaluable económicamente, perteneciente a una empresa y que implique 
ventajas económicas, será castigado con prisión de seis meses a dos años.  
 
- Revelación o divulgación de secreto industrial  
Artículo 231: El que revelare o divulgare la invención objeto de una solicitud de patente o un secreto 
industrial o comer cial, estando legal o contractualmente obligado a guardar reserva, será sancionado 
con prisión de seis meses a dos años.  
 
Si el secreto se utilizare en provecho propio, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte de 
su máximo.  
 
Cuando el autor fuere funcionario o empleado público y el hecho se ejecutare en razón de sus 
funciones, se impondrá además la inhabilitación del respectivo cargo o empleo de seis meses a dos 
años.  
 
De conformidad  con la legislación salvadoreña, además de las penas de pris ión antes  indicadas, se 
encuentran en el Código Penal las siguientes medidas:  
 
Responsabilidad Civil  
 
El Artículo 114 que establece que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta, 
origina obligación civil en los términos previstos en este Código.  
 
Consecuencias Civiles  
 
En el Artículo 115 se regula que las consecuencias civiles del delito, que serán declaradas en la 
sentencia, comprenden:  
 
(1) La restitución de las cosas obtenidas como consecuencia de la realización del hecho 
punible o en su defecto, el pago del respectivo valor;  
 
(2) La reparación del daño que se haya causado;  
 
(3) La indemnización a la víctima o a su familia por los perjuici os causados por daños 
materiales o morales; y,  
 
(4) Las costas procesales.  
 
La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con abono de deterioros 
o menoscabos, a regulación del juez o tribunal. Opera aunque la cosa se encuentre  en poder de 
tercero y éste la haya adquirido por medio legal, salvo su derecho de repetición contra quien IP/N/6/SLV/2  
 
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  corresponda y, si fuere el caso, el derecho a ser indemnizado civilmente por el responsable del delito 
o falta.  
 
La reparación del daño se hará valor ando por el juez o tribunal la entidad del daño causado, 
considerando el precio de la cosa y la afección del agraviado.  
 
La indemnización de perjuicios comprende no sólo los causados al agraviado, sino los que se irroguen 
a sus familiares o a un tercero. E l importe se regulará teniendo en cuenta la entidad del perjuicio y 
las necesidades de la víctima, de acuerdo con su edad, estado y aptitud laboral y, además, del 
beneficio obtenido por la comisión del delito.  
 
De la pérdida del producto de las ganancias p rovenientes del hecho  
 
De conformidad con el Artículo 126 se dispone que sin perjuicio de las devoluciones y reparaciones 
debidas por los daños y perjuicios derivados del hecho, el juez o tribunal ordenará la pérdida del 
producto, de las ganancias y de las ventajas obtenidas por el condenado con motivo del hecho, en 
favor del Estado.  
 
Esta pérdida comprenderá los valores, derechos y cosas obtenidos por cualquier título, con motivo 
o como resultado del hecho, por el condenado o por otra persona, natural o  jurídica, para la cual 
hubiese actuado el condenado. También sufrirán la pérdida de los valores, derechos o cosas, los 
terceros que los hubiesen adquirido incluso a título gratuito, a sabiendas que los mismos proceden 
de una actividad delictiva, con el pr opósito de encubrir el origen ilícito de dichos valores, derechos 
o cosas o de ayudar a quien esté implicado en dicha actividad.  
 
Comiso  
 
En el Artículo 127 se establece que sin perjuicio de los derechos de adquirentes de buena fe a título 
oneroso y de las  mejoras que hayan introducido o de las erogaciones que hayan hecho los 
adquirientes a título gratuito, el juez o tribunal ordenará el comiso o pérdida en favor del Estado, de 
los objetos o instrumentos de que se valió el condenado para preparar o facilita r el hecho. El comiso 
no será procedente en caso de hechos culposos.  
 
El comiso sólo procederá cuando los objetivos o instrumentos sean de propiedad del condenado o 
estén en su poder sin que medie reclamo de terceros. Cuando la pérdida resulte desproporcionada 
con la gravedad del hecho que motive la condena, el juez o tribunal podrá dejarla sin efecto, 
restringirla a una parte de la cosa u ordenar un pago sustitutivo razonable al Estado.  
 
25.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del 
procedimiento y  facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real 
del procedimiento y  su costo.  
 
Costo de los procedimientos  
 
De conformidad a los Artículos 172 y 181 de la Constitución, corresponde exclusivam ente al Órgano 
Judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, entre otras materias, en lo penal, 
garantizando la gratuidad de la administración de justicia.  
 
Asimismo, las acciones penales por delitos relativos a la propiedad intelectual y a l a propiedad 
industrial, son acciones públicas siendo la Fiscalía General de la República, la institución encargada 
de ejercer tal acción, por lo que en ese sentido no se genera ningún costo.  
 
Sin embargo, el Artículo 95 del Código Procesal Penal establece que la víctima podrá intervenir en 
el proceso por medio de su representante, el cual, según el Artículo 98 del mismo Código, establece 
que deberá ser Abogado de la República. En este sentido, en caso que el titular del derecho de 
propiedad intelectual infr ingido opte por intervenir en el proceso, deberá costear los honorarios de 
su representante.  
 
Duración del procedimiento  
 
En el Libro Segundo del Código Procesal Penal se regula el procedimiento penal.  
 IP/N/6/SLV/2  
 
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  Sobre el particular, en el Artículo 274 del Código Pr ocesal Penal se establece que la duración máxima 
de la instrucción no excederá de seis meses a partir del auto de instrucción. La instrucción tendrá 
por objeto la preparación de la vista pública, mediante la recolección de todos los elementos que 
permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y preparar la defensa del imputado.  
 
En el Artículo 417 del Código Procesal Penal se regula que desde el inicio del procedimiento hasta la 
fase de incidente en la vista pública, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado 
previsto en el Libro Tercero de los Procedimientos Especiales, Título I, cuando concurran las 
circunstancias siguientes:  
 
- Que el fiscal solicite una pena privativa de libertad o de prisión hasta de tres años;  
- Que el imputado admita el hecho y consienta la aplicación de este procedimiento, sin perjuicio 
de incluir en su manifestación otros hechos o circunstancias que considere co nvenientes;  
- Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su consentimiento libremente;  
- El consentimiento de la víctima o del querellante. En caso de negativa, el juez apreciará las 
razones expuestas, pudiendo llevar adelante el procedimiento abrevi ado aún sin el 
consentimiento de la víctima o del querellante.  
De igual manera, siempre en el Código Procesal Penal específicamente en el Libro Segundo, Título  II 
relativo a la Fase Plenaria no se establecen plazos máximos para dicha etapa.  
 
Adicionalmente , en el Libro IV Actos Procesales, se regula el Capítulo VI por medio del cual se 
estipula los términos de los actos procesales y los términos para resolver.  
 
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