IP/N/6/CHE/3  
4 de marzo  de 2022 
(22-2007) Página: 1/28 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio  Original:  inglés  
 
  
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1 
RESPUESTAS DE SUIZA  
Introducción  
El presente documento es una versión actualizada de las respuestas de Suiza a la Lista de cuestiones 
sobre la observancia, que figuran en el documento IP/N/6/CHE/2, de 12 de febrero de 2014. E sta 
versión revisada de las respuestas refleja la situación de l as leyes y reglamentos en vigor el 17  de 
enero de 2022  en Suiza.  
 
Durante los últimos 15 años, el sistema de observancia de la propiedad intelectual de Suiza ha 
experimentado numerosas modificaciones . En el año 2000, entró en vigor una revisión exhaustiva 
de la Constitución Federal Suiza ("la Constitución") . Además, en 2007 hubo modificaciones de la Ley 
procesal federal que resultaron en la fusión de todos los comités administrativos federales de 
apelación y de arbitraje en un Tribunal Administrativo Federa l. El Sistema suizo se caracteriza por 
el federalismo y, según los artículos  122 y 123 de la Constitución, la Confederación puede legislar 
en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI), derecho civil, derecho procesal civil, derecho 
penal y derecho  procesal penal . Hasta 2011, el derecho procesal civil y penal eran competencias 
cantonales . El 1 de enero de 2011 , entraron en vigor la Ley Federal de Procedimiento Civil y la Ley 
Federal de Procedimiento Penal, fundadas en las nuevas normas constituciona les. La organización 
judicial y la administración de justicia siguen siendo competencias cantonales . Por último, en 2012, 
el Tribunal Federal de Patentes empezó a funcionar como tribunal de primera instancia para litigios 
en materia de patentes . A partir de 2017 , se modernizaron algunas normas relativas a las 
indicaciones de procedencia y al escudo nacional suizo que introdujeron novedades en materia de 
observancia . Más concretamente, se establecieron los criterios aplicables a la utilización de las 
indicac iones de procedencia suizas en relación con bienes o servicios y, al mismo tiempo, se dotó al 
Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza de mayores competencias para aplicar esa 
legislación.  
 
La Constitución establece el Tribunal Supremo Federal en virtud del artículo  188. Según las 
condiciones estipuladas en la legislación federal, las decisiones sobre asuntos de propiedad 
intelectual de las autoridades cantonales superiores, del Tribunal Federal de Patentes y, en algunos 
casos, del Tribu nal Administrativo Federal, pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo Federal.  
 
La observancia de los DPI se rige por la legislación federal . Algunos datos sobre las leyes y 
reglamentos pertinentes (fechas de entrada en vigor y modificación, referencia a las gacetas o 
recopilaciones oficiales en que se publicaron) se incluyen en las últimas notificaciones de las leyes y 
reglamentos revisados de Suiza en materia de propiedad intelectual, que figuran en los documentos  
IP/N/1/CHE/26 a IP/N/1/CHE/45 de 2022 . 
 
Para facilitar su consulta, las leyes y reglamentos federales de Suiza en materia de propiedad 
intelectual y de observancia de la propiedad intelectual citados con más frecuencia figuran en la 
siguiente lista no exhaustiva . Además de los textos legislativo s, en el desarrollo del ordenamiento 
jurídico suizo también desempeñan un papel importante la jurisprudencia y la doctrina, en particular 
en lo que respecta a los principios generales de derecho.  
 
1. Leyes y reglamentos especiales en materia de propiedad i ntelectual:  
 
 
1 Documento IP/C/5 . IP/N/6/CHE/3  
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  - Ley Federal de Derecho de Autor y Derechos Conexos (RS  231.1, LDA);  
- Orden sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (RS  231.11, ODA);  
- Ley Federal de Protección de las Topografías de Productos Semiconductores (RS  231.2,  LTo);  
- Orden sobre Protección de las Topografías de Productos Semiconductores (RS  231.21, OTo);  
- Ley Federal de Protección de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones de Procedencia 
(RS 232.11,  LPM);  
- Orden sobre Protección de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones de Procedencia 
(RS 232.111, OPM);  
- Orden sobre la Utilización de las Indicaciones de Procedencia Suizas para los Productos 
Alimenticios (RS  232.112.1);  
- Orden del EAER sobre la Utilización de las Indicaciones de Procedencia Suizas para los 
Productos Alimenticios (RS  232.112.11);  
- Orden sobre la Utilización de "Suiza" o " Suizo" para los Relojes (RS  232.119);  
- Orden sobre la Utilización de las Indicaciones de Procedencia Suizas para los Productos 
Cosméticos (RS  232.112.3);  
- Ley Federal de Pr otección de Dibujos y Modelos (RS  232.12, LDib);  
- Orden sobre Protección de Dibujos y Modelos (RS  232.121, ODib);  
- Ley Federal de Patentes de Invención (RS  232.14, LPI);  
- Orden sobre Patentes de Invención (RS  232.141, OPI);  
- Ley Federal de Protección de las Obtenciones Vegetales (RS  232.16, LPOV);  
- Ley Federal de Protección del Escudo Nacional y demás Insignias Públicas de Suiza (RS  232.21, 
LPEN);  
- Orden sobre Protección del Escudo Nacional y demás Insignias Públicas de Suiza (RS  232.211, 
OPEN);  
- Orden sobre el Registro de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas de 
los Productos No Agropecuarios (RS  232.112.2, Orden sobre las DOP y las IGP No 
Agropecuarias);  
- Orden sobre Protección de las Denominaciones de Origen y las  Indicaciones Geográficas de 
los Productos Agropecuarios, Productos Agropecuarios Elaborados, Productos de la Silvicultura 
y Productos de la Silvicultura Elaborados (RS  910.12, Orden sobre las DOP y las IGP);  
- Orden del EAER sobre Prescripciones Mínimas p ara los Procedimientos de Control de las 
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas (RS  910.112, Orden 
sobre el Control de las DOP y las IGP);  
- Ley Federal de la Condición Jurídica y las Funciones del Instituto Federal de la Propie dad 
Intelectual de Suiza  (RS 172.010.31);  
- Orden sobre las Tasas del IPI (RS  232.148).  
 
2. Leyes que contienen disposiciones sobre cuestiones específicas relativas a la propiedad 
intelectual:  
 
- Ley Federal de Agricultura (RS  910.1, LAgr);  
- Orden sobre Viticultura e Importación de Vino (RS  916.140, Orden sobre el Vino);  
- Ley Federal de Competencia Desleal (RS  241, LCD);  
- Código de Obligaciones Suizo (RS  220, CO);  
- Ley Federal de Cárteles y Otras Restricciones a la Competencia (RS  251, LCart).  
 
3. Leyes que contienen disposiciones específicas sobre la observancia y que son aplicables a la 
propiedad intelectual:  
 
- Código Suizo de Procedimiento Civil (RS  272, CPC);  
- Ley Federal de Procedimiento Civil Federal (RS  273, LPCF);  
- Código Suizo de Procedimiento Penal (RS  312.0, CPP);  
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo (RS  172.021, LPA);  
- Orden sobre Tasas y Costos en los Procedimientos Administrativos (RS  172.041.0);  
- Código Penal Suizo (RS  311.0, CP);  
- Ley Federal del Tribunal Supremo  Federal (RS  173.110, LTF);  
- Ley Federal del Tribunal Administrativo Federal (RS  173.32, LTAF);  
- Ley Federal del Tribunal Federal de Patentes (RS  173.41, LTFP);  
- Ley Federal de Libre Circulación de los Abogados (RS  935.61, LLCA);  
- Ley Federal de Agente s de Patentes (RS  935.62, LAP);  
- Orden sobre Agentes de Patentes (RS  935.621, OAP);  IP/N/6/CHE/3  
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  - Ley Federal de Responsabilidad de la Confederación, los Miembros de sus Autoridades y sus 
Funcionarios (RS  170.32, LRCF);  
- Orden relativa a la Ley de Responsabilidad (R S 170.321, Orden sobre Responsabilidad);  
- Orden sobre la Notificación de las Sentencias Penales Cantonales (RS  312.3);  
- Orden sobre los Emolumentos de la Administración Federal de Aduanas (RS  631.035).  
 
4. Conviene destacar la importancia de la Constituc ión Federal (RS  101, Cst.), que contiene 
diversos principios generales de derecho, como los de legalidad, igualdad ante la ley, buena fe y 
proporcionalidad, en los que se basan la legislación y la jurisdicción de Suiza.  
 
5. El principio por el que el derecho internacional público forma parte del derecho interno está 
codificado en el artículo  190 de la Constitución Federal, que estipula que todas las autoridades 
judiciales deberán aplicar tanto las leyes federales como el derecho internacional.  
 
6. Adem ás de los textos mencionados en los párrafos  1, 2 y 3, y de los convenios internacionales 
en materia de propiedad intelectual, como el Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de Berna y el 
Convenio de París, cabe destacar que Suiza también es parte en acuerdo s internacionales de 
procedimiento judicial, como el Convenio de Lugano (Convenio relativo a la Competencia Judicial y 
la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, de 30 de octubre de 2007 ) y el 
Convenio para la Protección de los D erechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de 
noviembre de 1950  (CEDH, RS  0.101) . Este último constituye una base importante en lo referente 
a algunos principios generales de derecho, como el derecho a ser oído.  
 
7. Por último, conviene señalar que Suiza y el Principado de Liechtenstein constituyen un único 
territorio aduanero en virtud del Tratado de la Unión Aduanera, de 29 de marzo de 1923  (RS 
0.631.112.514) . En el marco de ese Tratado, los dos países firmaron el 2 2 de diciembre de 1978  el 
Tratado bilateral sobre patentes (RS  0.232.149.514), en virtud del cual se aplica en los dos países 
la Ley Federal de Patentes de Invención de Suiza (LPI) . De manera análoga, la legislación 
agropecuaria suiza también se aplica a L iechtenstein, en particular las disposiciones relativas a 
las DOP y las IGP.  
 
8. Habida cuenta de la complejidad de la materia y de la dificultad de dar cuenta cabal del 
ordenamiento jurídico suizo, Suiza se reserva el derecho de revisar cuando proceda la presente 
comunicación.  
 
Procedimientos y recursos civiles y administrativos  
 a) Procedimientos y recursos judiciales civiles  
 
1.  Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los 
derechos de propiedad intelectual.  
 
Los r ecursos judiciales civiles están regulados por la legislación federal . El Código Suizo de 
Procedimiento Civil (CPC) rige los procedimientos en materia de causas civiles contenciosas ante las 
autoridades cantonales (apartado a del artículo  1 del CPC), en la  medida en que las leyes especiales 
sobre propiedad intelectual no contengan disposiciones específicas.  
 
El artículo  5 1) del CPC prevé explícitamente que cada cantón designe para todo su territorio un 
tribunal único, que entenderá en los procedimientos ci viles relativos a los DPI, independientemente 
del valor en litigio . Lo mismo ocurre con la Ley Federal de Competencia Desleal (LCD), que contiene 
disposiciones sobre los secretos industriales y comerciales y sobre la incitación a la violación de esos 
secretos, cuando la cuantía del litigio es superior a CHF 30 .000. Cada can tón designa el tribunal 
competente en su correspondiente ley cantonal de organización judicial . A título de ejemplo, en el 
cantón de Ginebra la jurisdicción única competente en materia de propiedad intelectual es el Tribunal 
de Justicia ("Cour de Justice") , y en el cantón de Zúrich y en el de Berna, el Tribunal de Comercio 
("Handelsgericht") . Estos Tribunales con jurisdicción exclusiva son también la última instancia 
cantonal.  
 
La autoridad judicial competente en materia de patentes es el Tribunal Federal d e Patentes . Tiene 
la facultad de decidir sobre la validez y la infracción de patentes, sobre la concesión de licencias, la 
adopción de medidas provisionales y la ejecución de esas decisiones (artículo  26 1) de la LTFP) . El 
Tribunal Federal de Patentes tamb ién decide sobre otras apelaciones de carácter civil que guarden IP/N/6/CHE/3  
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  relación con patentes . Si, en una apelación civil ante un tribunal cantonal, la nulidad o la infracción 
de una patente deben resolverse antes de tomar una decisión sobre el caso, el tribunal cantonal fija 
un plazo dentro del cual se deberá entablar un procedimiento legal ante el Tribunal Federal de 
Patentes . El tribunal cantonal suspende el proceso hasta que el Tribunal Federal de Patentes 
comunique su decisión final (artículo  26 3) de la LTFP ). El procedimiento ante el Tribunal Federal de 
Patentes se rige por el Código Suizo de Procedimiento Civil (véase el artículo  27 de la LTFP).  
 
Las decisiones de tribunales cantonales con jurisdicción exclusiva relativas a DPI pueden recurrirse 
ante el Tri bunal Supremo Federal o el Tribunal Federal de Patentes, cualquiera que sea la cuantía 
del litigio (artículo  75 1) y artículo  74 2) b) de la LTF).  
 
En materia de competencia desleal, los casos en los que la cuantía en litigio es inferior a CHF 30 .000 
se so meten a los tribunales civiles cantonales ordinarios . Los fallos en firme de la última instancia 
cantonal podrán recurrirse ante el Tribunal Federal solo si plantean una cuestión relativa a un 
principio jurídico (artículos  74 1) a) y 74  2) a) de la LTF).  
 
2.  ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad 
intelectual ? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas ? ¿Hay disposiciones que 
prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?  
 
2.1 ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?  
 
2.1.1 Facultad de entablar procedimientos para la ejecución de un DPI o una licencia exclusiva:  
 
Todo titular de un DPI o derechohabiente de una licencia exclusiva cuyo derecho sea violado o pueda 
serlo está facultado para entablar procedimientos ante los tribunales (artículo  62 1) y 3) de la LDA ; 
artículo  10 1) de la LTo ; artículo  55 1) y 4) de la LPM ; artículo  35 1) y 4) de la LDib ; artículos  72 
y 75 de la LPI) . Los titulares de una licencia no exclusiva pueden sumarse a una apelación presentada 
por el titular del DPI o el derechohabiente de la licencia exclusiva para reclamar daños propios.  
 
En la LDA, por ejemplo, se precisa que, en el caso de v arios coautores, cada uno de ellos está 
facultado para entablar procedimientos contra quien infrinja los derechos sobre la obra común, 
aunque solo puede hacerlo en nombre de todos (artículo  7 3) de la LDA).  
 
En lo que respecta a las indicaciones de procede ncia, las asociaciones profesionales o económicas 
pueden entablar procedimientos para la confirmación de un derecho o de una relación jurídica o para 
la ejecución de una obligación contractual, siempre que sus estatutos los autoricen a defender los 
interes es económicos de sus miembros (artículo  56 1) a) de la  LPM). También están facultadas para 
incoar procedimientos en materia de indicaciones de procedencia las organizaciones de ámbito 
nacional o regional dedicadas a la protección de los consumidores en virtud de sus estatutos 
(artículo  56 1) b) de la LPM) . Esas dos categorías de organizaciones están igualmente facultadas 
para entablar procedimientos de confirmación en relación con marcas de garantía o marcas 
colectivas (artículo  56 2) de la LPM).  
 
Asimismo, el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza (IPI) puede interponer una acción 
declarativa o una acción de cumplimiento en lo que respecta a indicaciones de procedencia que 
incluyen denominaciones como "Suiza", "suizo" u ot ras denominaciones o símbolos que aludan al 
territorio geográfico de la Confederación Suiza (artículo  56 1) c) de la LPM) . Además, el cantón de 
que se trate también está facultado para interponer esas mismas acciones, en la medida en que se 
utilice su nomb re o cualquier otra denominación o símbolo que haga referencia a su territorio 
geográfico (artículo  56 1) d) de la LPM).  
 
En relación con la protección del escudo nacional y demás insignias públicas de Suiza, toda persona 
que sufra una infracción de sus in tereses económicos o los vea amenazados por la utilización ilícita 
de una insignia pública puede pedir al tribunal que prohíba una infracción inminente, imponga 
medidas correctivas contra una infracción existente o establezca el carácter ilícito de una inf racción . 
Se otorgan esos mismos derechos a las asociaciones profesionales y de comercio para salvaguardar 
a sus miembros (artículo  21 a) de la LPEN), así como a las organizaciones de importancia nacional 
o regional dedicadas a la protección de los consumid ores (artículo  21 b) de la LPEN) . Además, un 
organismo público con derecho a utilizar una insignia pública puede entablar un procedimiento en 
las mismas circunstancias (artículo  22 1) de la LPEN), así como el IPI en la medida en que la IP/N/6/CHE/3  
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  utilización de la in signia implique una referencia a una autoridad nacional o a una actividad oficial o 
semioficial (artículo  22 2) de la LPEN).  
 
En materia de competencia desleal, cualquier persona cuyos intereses económicos sean violados o 
puedan serlo está facultada para e ntablar procedimientos ante los tribunales (artículo  9 1) a) y b) 
de la LCD).  
 
2.1.2 Facultad de entablar procedimientos para la obtención de una sentencia declarativa:  
 
Toda persona que tenga un interés legítimo en la confirmación de un derecho o de una r elación 
jurídica puede entablar procedimientos para tal fin (artículo  61 de la LDA ; artículo  10 1) de la LTo ; 
artículo  52 de la LPM ; artículo  33 de la LDib ; artículos  28 y 74 de la LPI ; artículo  9 1) c) de la LCD ; 
artículo  20 1) d) de la LPEN).  
 
2.1.3 Facultad de entablar procedimientos para la cesión de un derecho:  
 
Cuando haya presentado una solicitud de patente una persona que no tenga derecho a su titularidad, 
el derechohabiente puede solicitar la cesión de la solicitud de patente o, si ya se ha con cedido la 
patente, la cesión de esta a la persona autorizada (artículo  29 1) de la  LPI). La misma disposición 
se aplica en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (artículo  53 1) de la  LPM) y de la 
Ley de Dibujos y Modelos Industriales (artícul o 34 de la LDib).  
 
2.2 ¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  
 
Cada parte tiene el derecho de representarse a sí misma o hacerse representar por un abogado 
debidamente facultado mediante un poder de representación (artículo  68 1) del CPC).  
 
Se otorga la facultad de ejercer la representación a título profesional ante cualquier tribunal cantonal 
y federal a cualquier abogado autorizado a representar a las partes ante los tribunales suizos con 
arreglo a la LLCA (artículo  68 del CPC ; artículo  40 de la LTF) . En virtud de la Ley de Abogados de 
Patentes, de 20  de marzo de 2009 , los abogados especializados en patentes también están 
autorizados a ejercer como representantes profesionales ante el Tribunal Federal de Patentes 
(artículo  29 de la LTFP).  
 
2.3 ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del 
derecho ante el tribunal?  
 
Cuando lo estime necesario, el tribunal puede citar a una parte, o a todas, para que comparezcan 
en persona ante el tribunal (artículo  68 4) del CPC) . En caso de incomparecencia de una parte, el 
tribunal prosigue el proceso en ausencia de la parte emplazada (artículo  147 del CPC) . Si la parte 
ausente proporciona una explicación satisfactoria, el tribunal puede concederle un nuev o plazo para 
comparecer en persona (artículo  148 del CPC).  
 
3.  ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su 
control?  
 
Como norma gene ral, corresponde a cada parte en un procedimiento civil, excepto en ciertas 
circunstancias, probar los hechos que aduce para poder ejercer sus derechos ante los tribunales 
(artículo  8 del CC) . Sin embargo, el reclamante puede basarse en pruebas que estén b ajo el control 
del demandado, el cual tiene la obligación de aportarlas si el tribunal lo solicita, salvo en el caso de 
la correspondencia con sus abogados (véase el artículo  160 1) b) del CPC) . Si una parte alega que 
un elemento de prueba esencial se encu entra bajo el control de la parte contraria o de un tercero, 
el tribunal puede, a petición de la parte interesada, ordenar a la parte contraria o al tercero que 
presenten ese elemento de prueba . La parte contraria puede impugnar la admisión de la prueba o 
el mandamiento que la obliga a presentarla, si la ley así lo permite (artículos  162 y siguientes 
del CPC), especialmente si presentar el documento obligara a una persona cercana a la parte 
contraria a responder civil o penalmente, o si, en virtud del artíc ulo 321 del Código Penal (CP), 
presentar el documento obligara a la parte contraria a responder ante la ley por revelación de 
secretos (artículo  163 del CPC).  
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  Si una parte niega estar en posesión de un elemento de prueba, las autoridades judiciales pueden  
instarla a que indique dónde se encuentra ese elemento de prueba (por ejemplo, un documento) . 
En tal caso, la parte tiene la obligación de comunicar la localización de la prueba en cuestión (véase 
el artículo  160 1) a) del CPC) . Si no lo hace, puede ser s ancionada de acuerdo con el derecho penal 
(artículo  306 del CP) . Toda parte en un proceso civil a la que las autoridades judiciales hayan exigido 
revelar una prueba y que haya sido informada de las consecuencias de realizar declaraciones falsas, 
podría afr ontar una pena privativa de libertad de tres años como máximo y/o una pena pecuniaria 
en caso de incumplimiento (artículo  306 del CP).  
 
El tribunal elabora un dictamen sobre la base de la libre evaluación de las pruebas aportadas 
(artículo  157 del CPC) . Asimismo, podrá tomar en consideración la negativa injustificada a responder 
a una pregunta del juez o a aportar los elementos de prueba necesarios o indicar dónde se 
encuentran (véase el artículo  164 del CPC) . El tribunal también tendrá en cuenta la actitu d de una 
parte que haga desaparecer o inutilice intencionadamente un elemento de prueba . No obstante, el 
tribunal no puede deducir de la negativa legítima de una parte o de un tercero a cooperar que el 
hecho alegado queda demostrado (artículo  162 del CPC).  
 
Las pruebas que no se puedan presentar ante el tribunal, por su propia naturaleza o porque con ello 
se lesionarían intereses legítimos, pueden consultarse in situ (artículo  181 del CPC).  
 
Si un documento se encuentra bajo el control de un tercero, este tiene la obligación de presentarlo 
(artículo  160 1) b) del CPC), a menos que el documento trate de hechos sobre los que podría negarse 
a prestar declaración (véanse los artículos  165 y 166 del CPC).  
 
En lo que respecta a las indicaciones de procedencia, así  como al escudo nacional y demás insignias 
públicas de Suiza, la carga de la prueba se invierte . No corresponde al demandante demostrar la 
infracción o la utilización ilícita, sino que es la persona que utiliza la indicación de procedencia o la 
insignia la  que debe demostrar que está haciendo un uso lícito de ella (artículo  51a de la LPM ; 
artículo  19 de la LPEN).  
 
4.  ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial 
aportada como prueba?  
 
Cuando las pruebas pongan en riesgo los intereses legítimos de una parte o de un tercero, 
especialmente si se trata de información confidencial, el tribunal puede tomar las medidas necesarias 
para proteger esos intereses (véase el artículo  156 del CPC).  
 
Los testigos pueden negarse a testificar sobre hechos cuya revelación los expondría a 
responsabilidades penales en virtud del artículo  321 del CP (véase el artículo  166 1) b) del CPC).  
 
5.  Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las 
autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:  
 
- mandamientos judiciales;  
 
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación 
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los hono rarios de los 
abogados;  
 
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos 
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos 
utilizados para su producción;  
 
- otras medidas.  
 
5.1 Mandamientos judiciales  
 
El titular de derechos sobre un bien inmaterial cuyo DPI sea objeto de infracción o pueda serlo puede 
solicitar a las autoridades judiciales un mandamiento para evitar que se produzca la infracción, si 
esta es inminente, o para poner fin a la misma en caso de que esté ocurriendo (artículo  62 1) a) y 
b) de la LDA ; artículo  10 1) de la LTo ; artículo  55 1) a) y b) de la LPM ; artículo  35 1) a) y b) de 
la LDib; artículos  66 y 72 de la LPI ; artículo  9 1) a) y b) de la LCD ; artículo  20 1) a) y b) de la LPEN).  IP/N/6/CHE/3  
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  La adopción de medidas para prevenir una infracción inminente presupone interés suficiente, que 
existe cuando el titular del DPI está directamente amenazado por el acto ilícito, es decir, cuando se 
da una grave amenaza de infracción del DPI.  
 
El objeto de un mandamiento de cesación de una infracción en curso debe definirse con precisión en 
las comunicaciones que acompañen a la demanda . El demandante debe hacer una descripción 
exhaustiva del comportamiento ilícito del demandado, de manera que no puedan plantear se 
dificultades al ejecutar el fallo . El mandamiento puede conllevar automáticamente la amenaza de 
las penas previstas en el artículo  343 del CPC (sanción penal en virtud del artículo  292 del CP ; multa 
de hasta CHF 5 .000 o de hasta CHF 1 .000 por cada día d e incumplimiento) para la parte demandada.  
 
El demandante, a petición del demandado, debe depositar una fianza para el pago de los gastos, en 
particular si no tiene su domicilio o sede en Suiza (artículo  99 1) a) del CPC).  
 
5.2 Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por lucro 
cesante y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados  
 
5.2.1 Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios  
 
Quien, por negligencia o imprudencia intencionada, infrinja un DPI y cause daño a su titular, 
deberá  resarcirlo, según se dispone en el CO (artículo  62 2) de la LDA ; artículo  10 1) de la LTo ; 
artículo  55 2) de la LPM ; artículo  35 2) de la LDib ; artículo  73 1) de la LPI ; artículo  9 3) de la LCD ; 
artículo  20 2) de la LPEN) . El titular del derecho puede entonces optar entre diversos procedimientos 
de indemnización y restitución previstos en el CO : pago de daños y perjuicios ( damnum emergens 
et lucrum cessans ) (artículos  41 y siguientes del  CO), devolución del e nriquecimiento ilícito 
(artículo  62 del CO), reparación del daño moral (artículo  49 del CO) y devolución de la ganancia 
según los principios de la actividad gestionada en beneficio del gerente (artículo  423 del CO).  
 
Cuando no le resulte posible cifrar el daño sufrido o el beneficio ilícito del infractor, el titular del 
derecho puede pedir al juez que fije la indemnización a su libre criterio ( ex aequo et bono ), teniendo 
en cuenta las condiciones normales y las medidas adoptadas por la parte perjudicada (ar tículo  42 2) 
del CO).  
 
5.2.2 Gastos judiciales  
 
El tribunal dictamina de oficio sobre los gastos de procedimiento (artículo  104 del CPC), que incluyen 
las costas judiciales y los gastos en que incurran las partes (artículo  95 1) del CPC) . Por lo general, 
las costas judiciales se imponen a la parte perdedora (véase el artículo  106 1) del CPC) . Cuando el 
fallo no es totalmente favorable a ninguna de las partes, las costas se asignan de conformidad con 
el resultado del proceso (véase el artículo  106 2) del CPC). Los gastos innecesarios son sufragados 
por la parte que los haya ocasionado (véase el artículo  108 del CPC).  
 
A solicitud de las partes, el tribunal decide, al fallar sobre la propia demanda, si la parte perdedora 
ha de sufragar los gastos de la otra  parte, y en qué medida ha de hacerlo . Las partes pueden 
presentar antes del fallo un estado detallado de sus gastos (artículo  105 2) del  CPC). La 
indemnización incluye los gastos de representación profesional y el reembolso de los gastos 
indispensables (a rtículo  95 3) a) y b) del CPC) . En casos justificados, si una parte no tiene 
representación profesional, el tribunal puede concederle una indemnización razonable por los 
esfuerzos personales realizados (artículo  95 3) c) del CPC).  
 
5.3 Destrucción o aparta miento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las 
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción  
 
En todas las modalidades de propiedad intelectual, el tribunal puede ordenar el decomiso, la 
destru cción o la inutilización de los objetos fabricados o utilizados ilícitamente, así como de los 
instrumentos, herramientas y otros medios destinados principalmente a su fabricación (véanse el 
artículo  63 1) de la LDA ; el artículo  10 1) de la LTo ; el artículo  57 de la LPM ; el artículo  36 de la  LDib; 
el artículo  69 1) de la LPI ; el artículo  23 1) de la LPEN) . Se exceptúan las obras de construcción ya 
realizadas (artículo  63 2) de la LDA) y los semiconductores adquiridos de buena fe que contengan 
copias ilícitas  de topografías (artículo  10 2) de la LTo) . Es lícito volver a poner en circulación esos 
semiconductores, pero el productor tiene derecho a recibir una remuneración equitativa . En caso de IP/N/6/CHE/3  
- 8 - 
  litigio, el tribunal determina si el derecho a remuneración está fun damentado y, en caso afirmativo, 
fija el monto de la remuneración (artículo  8 de la LTo).  
 
La ley estipula que compete al tribunal decidir "si pueden modificarse la marca o la indicación de 
origen de manera que resulten irreconocibles o si es necesario inutilizar, destruir o utilizar de alguna 
forma especial los objetos en cuestión" (artículo  57 2) de la LPM).  
 
Aun en el caso de que se desestime la demanda, el tribunal puede ordenar la destrucción de los 
artículos fabricados en infracción de un a patente y de los instrumentos, las herramientas y otros 
medios destinados principalmente a la infracción de una patente (artículo  69 3) de la  LPI). 
 
5.4. Otras medidas  
 
Publicación del fallo  
 
A solicitud de la parte que ha obtenido la sentencia favorable , el tribunal puede ordenar la publicación 
del fallo a expensas de la parte contraria (artículo  66 de la LDA ; artículo  10 1) de la LTo ; artículo  60 
de la LPM ; artículo  39 de la LDib ; artículo  70 1) de la  LPI; artículo  9 2) de la LCD ; artículo  26 de 
la LPEN). 
 
6.  ¿En qué circunstancias están facultadas las autoridades judiciales para ordenar, si 
procede, al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto 
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre 
sus circuitos de distribución?  
 
La LPM, la LDA, la LDib y la LTo  autorizan al titular del derecho cuyo derecho haya sido objeto de 
infracción o pueda serlo a que solicite al juez que obligue a la otra parte a indicar la procedencia y 
la cantidad de bienes ilícitamente reproducidos o ilícitamente dotados de un signo dis tintivo que se 
encuentran en su poder, así como el nombre de los destinatarios y el alcance de la distribución a 
clientes comerciales (artículo  62 1) c) de la LDA ; artículo  10 1) de la LTo ; artículo  55 1) c) de la  LPM; 
artículo  35 1) c) de la LDib ; artículo 20 1) c) de la LPEN) . La ley sobre patentes estipula que la 
negativa de una parte a declarar a la "autoridad competente" la procedencia, la cantidad, los 
destinatarios y el alcance de la distribución comercial de los productos fabricados ilícitamente que  
se encuentren en su poder puede dar lugar a acciones civiles o penales (véase el artículo  66 b) de 
la LPI).  
 
7.  Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados 
a los que se haya impuesto indebidamente una obligación . ¿En qué medida son 
responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas 
correctivas" les son aplicables?  
 
Como norma general, se ordenará a la parte perdedora el reembolso integral de los gastos de la 
parte contraria (artículos  105 2) y 106 del CPC) . Quedarán comprendidos en esa cantidad el 
reembolso de los gastos indispensables, los gastos de representación profesional y, en casos 
justificados, una indemnización razonable por los esfuerzos personales realizados, cuando una parte 
no tenga representación profesional.  
 
Si el demandado sufre daños como consecuencia de una sentencia errónea dictada sobre la base de 
una solicitud del demandante que constituya un acto ilícito, el demandado podrá, sobre la base de 
los artículos  41 y siguientes del CO, reclamar daños y perjuicios por la vía ordinaria.  
 
En caso de medidas provisionales injustificadas, la posibilidad de presentar una contrademanda por 
la vía ordinaria contra el demandante para el resarcimiento de daños está prevista expl ícitamente 
en la Ley Federal de Procedimiento Civil . El tribunal puede supeditar la medida provisional al pago 
de una fianza por el demandante si se considera que las medidas solicitadas pueden provocar 
pérdidas o daños a la parte contraria . El artículo  264 2) del CPC estipula que el demandante es 
responsable de cualquier pérdida o daño provocado por una medida provisional injustificada . Sin 
embargo, si el demandante demuestra que ha solicitado la medida de buena fe, el tribunal puede 
reducir los daños o ex imir completamente de responsabilidad al demandante . La fianza depositada 
debe ser devuelta una vez se haya determinado que no se incoará ninguna demanda por daños . En IP/N/6/CHE/3  
- 9 - 
  caso de incertidumbre, el tribunal puede fijar un plazo razonable para la incoación de u n 
procedimiento por la parte contraria (artículo  264 3) del CPC).  
 
La posibilidad de que se dicten decisiones y sentencias erróneas está en principio controlada por los 
procedimientos de recurso ordinarios . La autoridad y/o el funcionario público no es aut omáticamente 
responsable en esa situación . Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal, solo hay acto 
ilícito generador de responsabilidad cuando se comete un error grave y manifiesto . En el caso de las 
autoridades y los funcionarios públicos, la noción de acto ilícito está vinculada a la de incumplimiento 
de las obligaciones dimanantes de su función oficial . Hay acto ilícito cuando el juez o el funcionario 
público comete una falta o un error que no cometería un magistrado que ejerciera sus funcion es con 
el celo debido ( ATF 112  II 231) . Si al ordenar, a solicitud del demandante, que el demandado haga 
alguna cosa, o se abstenga de hacerla, ha actuado de buena fe, no puede entablarse un 
procedimiento por daños y perjuicios.  
 
La responsabilidad de los miembros del Tribunal Supremo Federal, del Instituto Federal de la 
Propiedad Intelectual de Suiza y de otras autoridades federales independientes, del Tribunal 
Administrativo Federal, del Tribunal Federal de Patentes, de la administración federal y de otra s 
autoridades federales independientes frente a terceros se rige por la Ley Federal de Responsabilidad 
de la Confederación, los Miembros de sus Autoridades y sus Funcionarios (RS  170.32, LRCF ; véase 
el artículo  1 1) de la LRCF) . Con arreglo al artículo  2 1) de la LRCF, el Gobierno federal responde por 
los daños injustificadamente ocasionados a un tercero por un funcionario en ejercicio de sus 
funciones, y el perjudicado no puede emprender acciones legales contra el funcionario de que se 
trate. Además, no pu ede revisarse la legalidad de las decisiones y fallos que tienen ya fuerza de 
cosa juzgada (véase el artículo  12 de la LRCF).  
 
Cada cantón cuenta con su propia legislación sobre la responsabilidad de los actos de derecho 
público, aunque en la práctica la m ayor parte de los cantones aplica el mismo régimen del Gobierno 
federal : el cantón responde del daño causado injustificadamente a terceros por funcionarios en el 
ejercicio de sus funciones.  
 
8.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo.  
 
8.1 Duración de los procedimientos  
 
No hay datos sobre la duración de los procedimientos, que depende de numerosos factores que 
varían de un caso a otro (complejidad del asunto, número de escritos intercambiados, recursos ante 
el Tribunal Supremo Federal, etc.).  
 
Si el tribunal tarda demasiado en adoptar una decisión, es posible entablar un procedimiento de 
oposición p or denegación de justicia (artículo  319 c) del CPC).  
 
8.2 Costo de los procedimientos  
 
El costo de los procedimientos comprende los gastos judiciales y otros gastos . Corresponde a los 
cantones fijar las tarifas de gastos judiciales para los procedimientos ante los tribunales cantonales 
(artículo  96 del CPC).  
 
En el Tribunal Federal de Patentes, los emolumentos judiciales se fijan en función de la cuantía del 
litigio, del alcance y la dificultad del proceso, del proceder de las partes y de su situación financiera 
(artículo  31 2) de la LTFP) . Los emolumentos judiciales oscilan de CHF 1 .000 a CHF 150 .000 
(artículo  31 3) de la LTFP).  
 
En el Tribunal Supremo Federal, los emolumentos judiciales también se fijan en función de la cuantía 
del litigio, del alcance y la dificultad del proceso, del proceder de las partes y de su situación 
financiera (artículo  65 2) de la LTF) . A título de ejemplo, los emolumentos judiciales de un recurso 
de reforma pueden oscilar, según la cuantía del litigio, de CHF 200  a CHF 100 .000 (véase la Tarifa 
de emolumentos judiciales del Tribunal Supremo Federal, de 31  de marzo de 2006 , 
RS 173.110.210.1).  
 IP/N/6/CHE/3  
- 10 - 
  A nivel cantonal, el juez fija las indemnizaciones a las partes y los honorarios de los abogados dentro 
de los límites de las tarifas vigentes y teniendo plenamente en cuenta el tiempo perdido, la 
naturaleza del trabajo realizado y la cuantía o la importancia del asunto (artículo  95 del CPC).  
 
En los asuntos sometidos al Tribunal Federal de Patentes, una tarifa establecida por el  tribunal fija 
el monto de las costas atribuidas a la parte contraria en función de la cuantía del litigio (artículo  4 
del Reglamento sobre las Costas Procesales fijadas por el Tribunal Federal de Patentes, 
RS 173.413.2) . La indemnización oscila entre CHF 2 .000 y CHF 300 .000 (artículo  5 del Reglamento).  
 
En los asuntos sometidos al Tribunal Supremo Federal, una tarifa establecida por el tribunal fija el 
monto de las costas atribuidas a la parte contraria por los procedimient os entablados ante el tribunal 
y tiene en cuenta también los gastos de abogado (artículo  4 del Reglamento sobre los Costos 
Adjudicados a la Parte Contraria y la Compensación por la Representación del Movimiento en los 
Casos ante el Tribunal Supremo Federal , RS 173.110.210.3)) . Las costas comprenden la 
indemnización a la parte contraria y sus gastos de abogado . La indemnización a la parte contraria 
comprende el reembolso de sus gastos . Cuando las circunstancias del caso lo justifican, el tribunal 
puede atrib uir asimismo una indemnización por la pérdida de tiempo o el lucro cesante ocasionados 
por el litigio (véase el procedimiento aplicado a nivel federal en el artículo  11 del Reglamento) . En 
un recurso de reforma, el monto de los honorarios oscila entre CHF 600 y CHF 4 .000 (para una 
cuantía de litigio inferior a CHF 20 .000), y CHF 20 .000 más un 1 % (para una cuantía de litigio 
superior a CHF 5 .000.000) (véase el artículo  4 del Reglamento sobre los Costos Adjudicados a la 
Parte Contraria y la Compensación por l a Representación del Movimiento en los Casos ante el 
Tribunal Supremo Federal) . En casos excepcionales, cuando se requieren tareas extraordinarias (por 
la longitud y dificultad de los procedimientos de prueba o el alcance y la complejidad del caso), el 
Tribunal Supremo Federal puede fijar honorarios superiores a la tarifa normal (artículo  8 del 
Reglamento sobre los Costos Adjudicados a la Parte Contraria y la Compensación por la 
Representación del Movimiento en los Casos ante el Tribunal Supremo Federal).  
 
Conviene señalar que la tarifa del Tribunal Supremo Federal no se aplica a las relaciones entre el 
abogado y su cliente, que se rigen por las disposiciones del Código de Obligaciones sobre la 
representación legal . Los honorarios de los abogados se calculan  en principio por un baremo 
establecido por el colegio de abogados de cada cantón y que depende de diversos factores, como la 
cuantía del litigio.  
 
Se prevé la prestación de asistencia judicial a toda parte indigente, tanto a nivel federal (artículo  64 
de la LTF ; artículo  34 de la LTFP) como a nivel cantonal (artículos  117 a 123 del CPC).  
 
A la luz de lo expuesto, resulta difícil calcular con precisión el costo total de un procedimiento, pues 
son numerosos los factores que influyen en él : cuantía del litigi o, duración del procedimiento, 
número y duración de las sesiones, gastos de peritaje, dietas de los testigos, etc.  
 
b) Procedimientos y recursos administrativos  
 
9.  Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con 
los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los recursos que 
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.  
 
En materia de propiedad intelectual solo intervienen en los procedimientos administrativos las 
autoridades federal es. Los artículos  7 a 43 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LPA) 
se aplican al procedimiento administrativo en primera instancia, en particular ante el Instituto 
Federal de la Propiedad Intelectual (IPI) . El procedimiento de recurso ante el  Tribunal Federal 
Administrativo se rige, en cambio, por los artículos  44 a 71 de la LPA y por la Ley Federal del Tribunal 
Administrativo Federal (LTAF) . Si se presenta un recurso contencioso -administrativo ante el Tribunal 
Supremo Federal, el procedimient o en esa instancia se rige por los artículos  82 a 112 de la LTF.  
 
Conviene destacar que en el ordenamiento suizo en materia de propiedad intelectual no se prevén 
procedimientos administrativos sobre el fondo de la cuestión ni medidas correctivas por infracciones 
de DPI como las previstas en el marco de los procedimientos judiciales . Sin embargo, por razones 
de transparencia , se describen las reglas aplicables a los procedimientos administrativos en 
general . Entre los procedimientos administrativos a l os que puede recurrir el titular de un DPI para 
hacer valer su derecho, cabe citar los siguientes:  
 IP/N/6/CHE/3  
- 11 - 
  - procedimiento de oposición contra un registro que estime lesivo de su DPI2; 
- solicitud de intervención en la frontera.  
 
9.1 Sírvanse indicar qué autorid ades administrativas son competentes en casos de infracción de 
derechos de propiedad intelectual.  
 
Procedimiento de oposición  
 
Es aplicable en relación con las marcas, las indicaciones geográficas y las patentes.  
 
El titular de una marca anterior puede entablar ante el IPI procedimiento de oposición contra un 
nuevo registro en los tres meses siguientes a la publicación de este (artículos  31 y siguientes de 
la LPM).  
 
Las decisiones del IPI pueden recurrirse ante el T ribunal Administrativo Federal (artículo  44 de 
la LPA). Si la parte que entabla el procedimiento de oposición obtiene una sentencia favorable, se 
anula el registro de la marca . Las decisiones del Tribunal Administrativo Federal sobre los 
procedimientos de oposición a marcas de fábrica o de comercio son firmes (artículo  73 de la LTF).  
 
El procedimiento de oposición se basa en la plausibilidad, y debe ser rápido y poco costoso Además 
del procedimiento de oposición, es posible entablar un procedimiento de nuli dad ante los tribunales 
civiles.  
 
También puede entablarse procedimiento de oposición contra las solicitudes de patentes en los 
nueve meses siguientes a la publicación del registro en el IPI (artículo  59c de la LPI) . Cualquier 
persona puede oponerse al reg istro basándose en causas absolutas de denegación, que, no obstante, 
se limitan a la exclusión de material patentable por motivos de moralidad (artículos  1a, 1b y 2 de 
la LPI). No es posible oponerse por falta de novedad o de actividad inventiva, ya que es os elementos 
no se evalúan durante el examen de una patente . Los recursos contra esas decisiones son 
examinados en primera instancia por el Tribunal Administrativo Federal (véase el artículo  59c 3) de 
la LPI) y en última instancia por el Tribunal Supremo F ederal.  
 
En relación con las indicaciones geográficas, toda persona que demuestre tener un interés legítimo 
o los cantones pueden entablar procedimiento de oposición contra el registro de una indicación 
geográfica ante la Oficina Federal de Agricultura o e l IPI (véanse los artículos  10 y 11 de la Orden 
sobre las DOP y las IGP Agropecuarias ; y el artículo  9 de la Orden sobre las DOP y las IGP No  
Agropecuarias) . Los recursos contra esas decisiones son examinados en primera instancia por el 
Tribunal Administrativo Federal (artículo  44 de la LPA) y en última instancia por el Tribunal Supremo 
Federal . Las posibles razones por las que se entabla un procedimiento de oposición pueden ser el 
carácter no representativo del grupo solicitante, o el conflicto c on una marca o una denominación 
notoriamente conocidas y con buena reputación que sean total o parcialmente homónimas y que 
hayan sido utilizadas durante mucho tiempo.  
 
Medidas en frontera  
 
La aplicación de medidas en frontera compete a la Administración d e Aduanas, que puede suspender 
de oficio el despacho a libre práctica de un envío sospechoso y alertar a las personas mencionadas 
en la sección  9.2.1 infra, o puede actuar a petición de dichas personas . La decisión de la 
Administración de Aduanas es inapel able. La introducción de un procedimiento de recurso 
contravendría el objetivo perseguido por la Administración de Aduanas, que es el de actuar de la 
forma más sencilla y rápida posible con el fin de dar tiempo al solicitante para obtener del tribunal 
civil la aplicación de medidas provisionales . De hecho, el recurso podría impedir a la Administración 
de Aduanas actuar con la debida celeridad . Conviene observar que si una persona solicita una medida 
en frontera, por norma general, las medidas provisionales deberán solicitarse a las autoridades 
judiciales civiles en los plazos estipulados (véanse, por ejemplo, el artículo  77 2) de la LDA y el 
artículo  72 2) de la LPM).  
 
 
2 El procedimiento de oposición se rige por el artículo  62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Salvo en el caso 
de las marcas, el procedimiento de oposición puede iniciarse también por razones distintas del conflicto con un 
derecho anterior.  IP/N/6/CHE/3  
- 12 - 
  9.2 ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual ? ¿Cómo 
pueden estar representadas esas personas ? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia 
personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?  
 
9.2.1 Personas legitimadas  
 
Procedimiento de oposición por conflicto con un derecho anterior  
 
En lo que respecta a las marcas, solo el titular de una marca anterior registrada o de una marca 
conocida puede entablar un procedimiento de oposición contra el registro posterior de otra marca 
en los tres meses que siguen a la publicación de est a (artículo  31 y artículo 3  2) y 3) de la LPM) . En 
el caso de las patentes, cualquier persona puede, en los nueve meses siguientes a la publicación del 
registro de una patente, entablar un procedimiento de oposición contra la concesión de la patente 
(artíc ulo 59c de la LPI) . En cuanto a los recursos ante el Tribunal Administrativo Federal contra las 
decisiones relativas a las demandas de oposición, pueden interponerlos las personas interesadas 
como partes en el procedimiento que ha desembocado en la decisió n recurrida o que queden 
excluidas del procedimiento por la decisión recurrida (artículo  48 de la LPA).  
 
Medidas en frontera  
 
Están habilitados para presentar una solicitud de intervención el titular de una marca de fábrica o 
de comercio, del derecho de autor o derechos conexos, del diseño o modelo industrial, del esquema 
de trazado (topografía) de un circuito integrado, el derechohabiente de una indicación geográfica, 
las sociedades de gestión de derecho de autor o derechos conexos, los licenc iatarios con derecho a 
interponer un procedimiento civil o las asociaciones profesionales o económicas habilitadas para ello 
en el ámbito de las indicaciones geográficas (artículos  75 1) y 76  1) de la LDA y artículo  12 de la  LTo, 
que remite al artículo  75 1) de la LDA ; artículo  71 1) de la LPM ; artículo  47 de la LDib ; artículo  86b 
de la LPI) . Con respecto a las indicaciones de procedencia, en la medida en que se utilicen 
denominaciones como "Suiza", "suizo" u otras denominaciones o símbolos que aludan al te rritorio 
geográfico de la Confederación Suiza, el IPI está habilitado para presentar una solicitud de 
intervención (artículo  71 1) de la LPM) . En lo que se refiere a la protección del escudo nacional y 
demás insignias públicas de Suiza, se aplican las mism as normas (artículo  31 2) de la LPEN).  
 
9.2.2 ¿Cómo pueden estas personas hacerse representar?  
 
En todas las fases del procedimiento administrativo, las partes pueden hacerse representar, a menos 
que tengan que actuar personalmente, o recabar asistencia, e n la medida en que la urgencia de una 
investigación oficial no lo excluya . El que represente o asista a la parte en cuestión debe poseer 
todos sus derechos civiles (artículo  11 de la LPA).  
 
En el procedimiento administrativo, tanto en primera como en últim a instancia, no hay obligación 
de hacerse representar por un abogado (véase el artículo  11 de la LPA ; véase asimismo el artículo  40 
de la LTF) . No obstante, toda persona implicada en un procedimiento administrativo que no tenga 
residencia ni sede principal  de negocio en Suiza debe señalar una dirección a efectos de notificación 
en Suiza, a menos que el derecho internacional o el organismo extranjero competente permitan a 
la autoridad notificar documentos directamente en el Estado de que se trate . El IPI est á facultado 
para declarar al organismo extranjero competente que se autoriza la notificación directa en Suiza 
en cuestiones relativas a la propiedad intelectual, siempre que Suiza goce de derechos recíprocos 
(artículo  13 1) de la LPI ; artículo  42 de la LPM ; artículo  18 de la LDib).  
 
Sin embargo, existen disposiciones en virtud de las cuales las partes tienen que contar con un 
representante : toda parte en un procedimiento administrativo en materia de propiedad intelectual 
que no tenga residencia ni sede en S uiza deberá contar con un representante establecido en Suiza, 
a menos que el derecho internacional o el organismo extranjero competente permitan a la autoridad 
notificar documentos directamente en el Estado de que se trate (artículo  42 de la LPM ; artículo  5 de 
la OPM ; artículo  18 de la LDib ; artículo  5 de la ODib ; artículo  13 de la LPI y artículo  8 de la OPI) . 
Además, si más de 20  personas presentan solicitudes colectivas o individuales para defender los 
mismos intereses, la autoridad puede exigir que elija n a uno o varios representantes para el 
procedimiento (artículo  11a de la LPA).  
 IP/N/6/CHE/3  
- 13 - 
  9.2.3 ¿Existen disposiciones en las que se prevea la comparecencia personal obligatoria del titular 
del derecho ante la autoridad administrativa?  
 
Las partes están obligadas a  colaborar con el tribunal para constatar los hechos del caso en cuestión 
y, además, el derecho federal les impone la obligación más amplia de informar o revelar información . 
La autoridad puede declarar inaceptables las solicitudes cuando las partes se nie guen a cooperar en 
la medida en que cabría esperar de ellas (artículo  13 de la LPA).  
 
9.3 ¿Qué poder tienen las autoridades administrativas para ordenar a una parte en un 
procedimiento administrativo, por solicitud de la parte contraria, que presente eleme ntos de prueba 
que están bajo su control?  
 
La LPA no se pronuncia directa o exhaustivamente sobre esta cuestión . Por lo que se refiere al 
procedimiento de obtención de pruebas, en virtud del artículo  19 de la LPA, se aplican por analogía 
las normas de la L ey Federal de Procedimiento Civil Federal (LPCF, RS  273), a saber, las relativas a 
la prueba y los medios de prueba, como los testigos, los documentos, la inspección ocular y los 
peritos . Las partes están obligadas a aportar todas las pruebas que estén baj o su control en los 
procedimientos legales (véase el artículo  50 1) de la LPCF) . Si una parte alega que un elemento de 
prueba esencial se encuentra bajo el control de la parte contraria o de un tercero, el tribunal puede, 
a petición de la parte interesada,  ordenar a la parte contraria o al tercero que presenten ese 
elemento de prueba.  
 
Si una parte niega estar en posesión de un elemento de prueba, las autoridades judiciales pueden 
instarla, bajo las penas a que haya lugar, a que indique dónde se encuentra ese elemento de prueba 
(por ejemplo, un documento) (véase el artículo  50 1) de la LPCF).  
 
Los documentos que no se puedan presentar ante el tribunal, por su propia naturaleza o porque con 
ello se lesionarían intereses legítimos, pueden consultars e in situ (artículo  53 de la LPCF).  
 
Si un documento se encuentra bajo el control de un tercero, este tiene la obligación de presentarlo, 
a menos que el documento trate de hechos sobre los que podría negarse a testificar en virtud del 
artículo  42 de la LPCF (véase el artículo  51 1) del CPC).  
 
Ante la negativa a colaborar, la autoridad puede imponer una multa (artículo  292 del CP) o la 
ejecución directa contra la persona obligada o contra sus bienes (artículo  41 de la LPA) . La autoridad 
de recurs o puede imponer una sanción o una multa disciplinaria de hasta CHF 3 .000 a las partes 
que infringen las normas u obstaculicen la buena marcha de un asunto, o a su representante 
(artículo  60 de la LPA) . Cabe señalar que la autoridad no debe emplear medios d e coerción más 
severos que los exigidos por las circunstancias (principio de proporcionalidad ; artículo  42 de la  LPA).  
 
9.4 ¿Qué medios se utilizan para identificar y proteger la información confidencial presentada 
como elemento de prueba?  
 
La parte o su r epresentante tienen derecho a consultar los actos que sirven de medios de prueba en 
poder de la autoridad competente (artículo  26 1) de la LPA) . La autoridad solo puede denegar esa 
consulta en los siguientes casos : si intereses públicos importantes de la C onfederación o de los 
cantones (en particular, la seguridad interna o externa de la Confederación) o intereses privados 
importantes (en particular los de la parte contraria) exigen que se guarde el secreto, o si lo exige el 
interés de una investigación ofi cial que todavía no se ha cerrado (artículo  27 1) de la  LPA). Solo 
puede denegarse la consulta de aquellos documentos cuyo secreto está justificado (artículo  27 2) 
de la LPA) . Las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Civil Federal (LPCF) se apl ican por 
analogía a la protección de la información confidencial en la presentación de documentos en poder 
de terceros y en la prestación de declaración (artículo  19 de la LPA, que remite al artículo  51 de 
la LPCF) . El juez puede ordenar que un documento q ue contenga información confidencial se 
sustraiga parcialmente o en su integridad al examen de la parte contraria o, si procede, de las dos 
partes (véase el artículo  38 de la LPCF) . Si esa medida solo está justificada en el caso de algunos 
pasajes de un do cumento, el tribunal puede ordenar que estos  se sustraigan al examen mediante 
su ocultación por sellos o por otros medios (véase el artículo  51 1) de la LPCF) . Puede asimismo 
ordenar que el presidente o una delegación del tribunal tome conocimiento de la i nformación 
confidencial en el domicilio de la parte en posesión del documento, con el fin de evitar que su 
divulgación lesione intereses legítimos.  
 IP/N/6/CHE/3  
- 14 - 
  9.5 Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades 
administrativas y l os criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:  
 
9.5.1 Mandamientos judiciales  
 
Solo pueden ser ordenados por las autoridades judiciales . El IPI no puede dictar dichos 
mandamientos . En los casos en los que un recurso de apelación esté pendiente, el Tribunal 
Administrativo Federal puede adoptar medidas provisionales con el fin de mantener una situación 
existente o proteger intereses amenazados (artículo  56 de la LPA).  
 
9.5.2 Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto 
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados  
 
Perjuicios  
 
Solo pueden ser ordenados por las autoridades judiciales.  
 
Gastos administrativos  
 
La autoridad competente dictamina también so bre los gastos de procedimiento y las costas 
(artículos  63 y 64 de la LPA) . Por ejemplo, el IPI decide, al dictaminar sobre un procedimiento de 
oposición, en qué medida los gastos de la parte que gana el pleito deben correr a cargo de la parte 
perdedora (a rtículo  34 de la LPM).  
 
Gastos de procedimiento : Por norma general, los gastos de procedimiento, que incluyen los gastos 
de fallo, los emolumentos de procuraduría y otros gastos, corren a cargo de la parte perdedora . 
Ninguno de los gastos de procedimiento correrá a cargo de las autoridades federales . Los gastos 
podrán ser impuestos a una parte que infrinja las normas de procedimiento (artículo  63 de la LPA).  
 
Costas : La autoridad competente puede asignar, de oficio o previa petición, a la part e que haya 
ganado entera o parcialmente el pleito una indemnización correspondiente a los gastos 
indispensables y relativamente elevados en que haya incurrido, en particular los honorarios de 
abogado (artículo  64 de la LPA).  
 
Las normas relativas a los gas tos y las indemnizaciones de los procedimientos administrativos 
figuran en la Orden sobre los Gastos e Indemnizaciones de los Procedimientos Administrativos, de  
10 de septiembre de 1969  (RS 172.041.0).  
 
9.5.3 Destrucción o apartamiento por cualquier otro m edio de los circuitos comerciales de las 
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción  
 
La destrucción o apartamiento de tales mercancías solo puede ser ordenada por las autoridades 
judiciales . En determinadas circ unstancias, la Administración de Aduanas puede destruir mercancías 
infractoras sin autorización judicial.  
 
9.5.4 Otras medidas  
 
Las autoridades administrativas no pueden ordenar la adopción de otras medidas como la publicación 
del fallo . Publicación del fallo : A solicitud de la parte que ha obtenido la sentencia favorable, el 
tribunal puede ordenar la publicación del fallo a expensas de la parte contraria (artículo  66 de la  LDA; 
artículo  10 1) de la LTo ; artículo  60 de la LPM ; artículo  39 de la LDib ; artículo  70 1) de la  LPI; 
artículo  9 2) de la LCD ; artículo  26 de la LPEN).  
 
9.6 ¿En qué circunstancias están las autoridades administrativas facultadas, si procede, para 
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad  de los terceros que hayan 
participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya 
determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?  
 
Solo puede ser ordenado por las autoridades judiciales.  
 IP/N/6/CHE/3  
- 15 - 
  9.7 Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que 
se haya impuesto indebidamente una obligación . ¿En qué medida son responsables las autoridades 
y/o funcionarios públicos en tal ca so y qué "medidas correctivas" les son aplicables?  
 
En virtud de la Ley Federal de Responsabilidad de la Confederación, los Miembros de sus Autoridades 
y sus Funcionarios (LR CF, RS  170.32), el Gobierno federal responde por los daños injustificadamente 
ocasionados a un tercero por un funcionario en ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea la falta 
del funcionario . El perjudicado no puede incoar procedimientos judiciales contra el funcionario 
culpable . Cuando un tercero reclama daños y perjuicios al Gob ierno federal, este informa 
inmediatamente de ello al funcionario, contra el que podría ejercer un derecho de recurso (artículo  3 
de la LRCF) . Cuando la Confederación repara el daño, puede entablar un procedimiento de recurso 
contra el funcionario que lo h aya ocasionado intencionadamente o por negligencia grave, incluso 
después de rescindidas las relaciones de servicio (artículo  7 de la LRCF) . El funcionario responde 
directamente ante la Confederación por los daños ocasionados por violación intencionada o 
negligencia grave de los deberes del servicio (artículo  8 de la LRCF) . Las disposiciones generales 
sobre la formación de las obligaciones resultantes de actos ilícitos (Código de Obligaciones) son 
aplicables a las reclamaciones de la Confederación contra su s funcionarios (artículo  9 1) de la LRCF) . 
Las disposiciones relativas a los funcionarios se aplican fundamentalmente a los miembros del 
Tribunal Supremo Federal, el Tribunal Administrativo Federal, el Tribunal Federal de Patentes y el 
Tribunal Penal Federal, a los miembros de las autoridades federales independientes y de la 
administración federal, a los funcionarios y otros agentes de la Confederación y a todas las personas 
encargadas directamente por la Confederación de tareas relacionadas con el der echo público 
(artículo  1 1), artículo  2 1) y artículos  3 a 10 de la LRCF).  
 
En virtud de la misma ley, también pueden incoarse procedimientos penales en caso de faltas y 
delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones (artículos  13 y si guientes de 
la LRCF) . También está prevista la responsabilidad disciplinaria (artículos  17 y 18 de la LRCF) . Si un 
órgano o el empleado de una institución independiente de la administración civil ordinaria encargada 
por la Confederación de ejecutar tareas relacionadas con el derecho público ocasiona, sin 
justificación, en el ejercicio de esa actividad un daño a un tercero, la institución responde de ese 
daño ante el perjudicado y la Confederación responde del daño que la institución no pueda reparar . 
La Con federación puede, al igual que la institución correspondiente, incoar procedimientos contra el 
culpable (artículo  19 de la LRCF).  
 
9.8 Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y 
facilitar los datos de que d ispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.  
 
Costo  
 
Para conocer las tasas y el costo de los procedimientos ante el IPI, véase la Orden sobre las Tasas 
del Instituto Federal de la Propiedad Intelectual (RS  232.148).  
 
Para conocer las tasas, el costo y las indemnizaciones de los procedimientos administrativos, véase 
la Orden sobre los Gastos e Indemnizaciones de los Procedimientos Administrativos (RS  172.041.0) 
que remite al Reglamento sobre los Gastos, las Costas y las Inde mnizaciones de los Procedimientos 
ante el Tribunal Administrativo Federal (RS  173.320.2).  
 
Por lo que se refiere al costo de un procedimiento ante la Administración de Aduanas, se cobra una 
tasa de entre CHF 1 .500 y CHF 3 .000 por tramitar las solicitudes . Las solicitudes pueden renovarse 
si se abona una tasa de entre CHF 500  y CHF 1 .500 (Orden  sobre los Emolumentos de la 
Administración Federal de Aduanas, RS  631.035) . La retención y la comunicación cuestan un mínimo 
de CHF 50 . 
 
Duración  
 
El lapso de tiempo admisible para que una autoridad emita un fallo no puede fijarse en abstracto . 
Depende de numerosos factores, incluida la complejidad del expediente y los intereses en  juego.  
 
Es difícil establecer con precisión la duración media de un procedimiento de oposición ; no obstante, 
en un caso sencillo (con un solo intercambio de escritos y solo tres prórrogas del plazo de respuesta) 
la duración será de 8 a 12 meses . El IPI tr ata de garantizar la rapidez del procedimiento.  
 IP/N/6/CHE/3  
- 16 - 
  El recurso ante el Tribunal Administrativo Federal contra una decisión de oposición puede durar, en 
promedio, de 8 a 10 meses . Cabe precisar que una parte puede presentar en todo momento a la 
autoridad de vi gilancia un recurso por denegación de justicia o retraso injustificado contra la 
autoridad que, sin motivo, se niegue a dictaminar o tarde en dictar un fallo (artículo  46a de la LPA).  
 
Medidas provisionales  
 
a) Medidas judiciales  
 
10.  Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser 
ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.  
 
10.1 Procedimiento civil  
 
El Código Suizo de Procedimiento Civil (CPC) regula las competencias de las autoridades judiciales 
y las condiciones para ordenar medidas provisionales en el marco de procedimientos civiles 
(artículos  261 a 269 del CPC).  
 
La ley no enumera exhaustivamente las distintas medidas provisionales ; el Tribunal puede y  debe 
adaptarlas teniendo en cuenta las particularidades de cada caso (artículo  262 del CPC) . En general, 
las medidas provisionales tienden fundamentalmente a preservar la situación de hecho o de derecho 
o a salvaguardar los intereses legítimos de las part es en el proceso hasta el fallo definitivo . En el 
ámbito de la propiedad intelectual, cabe destacar las medidas provisionales siguientes (por ejemplo : 
artículo  65 de la LDA ; artículo  59 de la LPM ; artículo  38 de la LDib ; artículo  10 1) de la  LTo; 
artículo  77 1) de la LPI ; artículo  43 de la LPOV ; artículo  25 de la LPEN):  
 
- medidas destinadas a garantizar la conservación de los elementos de prueba pertinentes 
relativos al perjuicio alegado;  
 
- medidas encaminadas a investigar el origen de los productos confe ccionados o puestos 
en circulación ilícitamente, o a obtener una descripción precisa de los presuntos 
procesos aplicados ilícitamente, de los presuntos productos falsificados o fabricados 
ilícitamente, así como de las instalaciones, herramientas, etc., uti lizados en su 
fabricación;  
 
- medidas cautelares destinadas a mantener la situación de hecho existente;  
 
- medidas destinadas a asegurar provisionalmente el ejercicio de lo reclamado a modo 
de prevención o solución del problema.  
 
10.2 Procedimiento penal  
 
Existen dos tipos de medidas provisionales en el ámbito del procedimiento penal.  
 
Las primeras orientan a las autoridades judiciales y a la policía a adoptar medidas temporales 
tendentes a garantizar la conservación de indicios y prueb as. Sin embargo, el fiscal solo puede 
aplicar estas medidas si (artículo  197 del CPP):  
 
- están permitidas por la ley;  
- hay indicios razonables que hacen sospechar de un acto criminal;  
- no existen medidas más moderadas que permitan alcanzar el mismo obje tivo; 
- la gravedad del delito justifica la medida.  
 
En el ámbito de la propiedad intelectual, el fiscal puede proceder a la incautación de los objetos 
presuntamente falsificados, así como de los instrumentos y herramientas utilizados para la 
falsificación (véase el artículo  44 de la LDib ; véanse asimismo el artículo  72 de la LDA ; el artículo  68 
de la LPM ; el artículo  69 de la LPI ; y el artículo  23 de la LPEM) . El fiscal puede ordenar la incautación 
de los objetos presuntamente falsificados o d e los instrumentos y herramientas utilizados para la 
falsificación que pueden servir de prueba (artículo  263 del CPP) . Según el Tribunal Supremo Federal, 
las autoridades judiciales pueden ordenar la adopción de medidas provisionales en todos los IP/N/6/CHE/3  
- 17 - 
  procedimie ntos penales relacionados con DPI en virtud del principio de " in majore  minus ".3 Cabe 
mencionar que se prevé una excepción para las obras arquitectónicas finalizadas, que no pueden 
ser decomisadas en virtud del artículo  72 de la LDA.  
 
El segundo tipo de medidas provisionales capacita a las autoridades judiciales y a la policía a recurrir 
a medidas coercitivas o de apremio para garantizar la presencia del sospechoso durante todo el 
procedimiento, y sobre todo la ejecución del fallo definitivo . Sin embargo,  la prisión provisional y la 
detención preventiva solo están permitidas si existe fundada sospecha de que el acusado haya 
cometido un delito grave o una falta y si existe un gran riesgo de que el acusado (artículo  221 
del CPP):  
 
eluda los procedimientos pe nales o la sanción prevista emprendiendo la fuga;  
 
influya en personas o manipule pruebas con el fin de comprometer los esfuerzos por esclarecer la 
verdad ; o 
 
ponga en peligro la seguridad de otros al cometer delitos graves o faltas, teniendo en cuenta que  ya 
ha cometido delitos similares.  
 
Cuando exista el riesgo de demora, la policía o los particulares pueden incautarse de objetos o bienes 
en nombre del fiscal o del tribunal (artículo  263 3) del CPP).  
 
11.  ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopci ón de esas medidas inaudita altera 
parte ? 
 
11.1 Procedimiento civil  
 
En general, el juez da a la parte demandada la ocasión de ser oída ; ese principio fundamental dimana 
del artículo  29 2) de la Constitución . Sin embargo, si la infracción es inminente, de forma que el 
plazo no permite oír a la parte contraria, el juez puede ordenar la adopción de medidas de urgencia 
mediante la simple presentación de la solicitud (artículo  265 del CPC) . Para ello es necesario no solo 
que se cumplan todas las condiciones par a la adopción de medidas provisionales, sino que el 
solicitante aporte pruebas verosímiles de que la amenaza de infracción es tan inminente que no deja 
tiempo para oír a la parte contraria . La parte contraria debe ser informada inmediatamente después 
de la ejecución de las medidas provisionales.  
 
11.2  Procedimiento penal  
 
En un procedimiento penal, las medidas obligatorias deben ser ordenadas por escrito, y las personas 
directamente afectadas deben recibir una copia de la orden y de cualquier expediente relacionado 
con la ejecución de la orden contra acuse de recibo (artículo  199 del CPP) . Si la persona que está en 
posesión del objeto incautado no está presente en el momento de la incautación, debe ser informada 
inmediatamente después de la eje cución de la medida provisional (artículo  29 de la Constitución y 
artículo  6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH).  
 
12.  Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de 
medidas provisionales, ordenar su adopc ión y mantenerlas en aplicación, y especialmente 
los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos 
del demandado.  
 
12.1 Procedimiento civil  
 
Los principales procedimientos para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, y 
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses 
legítimos del demandado, están regulados por el CPC y por las leyes federales de propiedad 
intelectual . La persona que solicita la adopc ión de medidas provisionales debe demostrar de forma 
fehaciente que se ha producido o que se prevé una infracción de un derecho del que es titular, y que 
la infracción amenaza con provocar al solicitante daños difíciles de reparar (artículo  261 del  CPC). 
 
3 Según el principio de "in  majore  minus", el juez puede decomisar los objetos confeccionados o 
utilizados de manera ilícita, así como los instrumentos, herramientas y otros medios destinados principalmente 
a su fabricación. Asimismo, puede ordenar la incautación provisional de esos objetos.  IP/N/6/CHE/3  
- 18 - 
  Los motivos que permiten ordenar medidas provisionales pueden ser (véanse el artículo  65 de 
la LDA; el artículo  10 1) de la LTo ; el artículo  59 de la LPM ; el artículo  38 de la LDib ; el artículo  77 
de la LPI ; el artículo  43 de la LPOV ; el artículo  25 de la L PEN):  
 
- preservar las pruebas;  
- establecer el origen de los productos manufacturados que infringen un DPI;  
- preservar los hechos;  
- poner fin o prevenir provisionalmente la infracción.  
 
Como norma general, el tribunal da a la parte demandada la oportunidad de ser oída (artículo  29 de 
la Constitución, artículos  53 y 253 del CPC) . En caso de que se impongan medidas de urgencia, se 
debe informar a la parte contraria inmediatamente después de la ejecución de las medidas.  
 
Las medidas provisionales ga rantizan la protección provisional de los derechos del demandante 
mientras dura el procedimiento . Sin embargo, esas medidas pueden solicitarse antes de que se inicie 
el proceso . Llegado el caso, cuando el tribunal admite la solicitud, otorga al demandante un plazo 
para iniciar el proceso, informándole de que si no actúa en este plazo, las medidas provisionales se 
extinguirán (artículo  263 del CPC) . Las medidas dejan automáticamente de ser efectivas cuando 
entra en vigor la decisión sobre el fondo . El tribun al puede ordenar la continuación de las medidas 
si estas permiten aplicar la decisión o si la ley así lo prevé (artículo  268 2) del CPC) . El juez está 
facultado para modificar o revocar en cualquier momento las medidas provisionales cuya adopción 
ha ordena do, cuando hayan cambiado las circunstancias o cuando las medidas se muestren 
injustificadas (artículo  268 1) del CPC).  
 
El demandante es responsable de cualquier pérdida o daño ocasionado por medidas provisionales 
injustificadas . Sin embargo, si el demand ante demuestra que ha solicitado las medidas de buena fe, 
el tribunal puede reducir los daños o eximir completamente de responsabilidad al demandante 
(artículo  264 2) del CPC) . El tribunal puede supeditar la medida provisional al pago de una fianza 
por el demandante si se considera que las medidas solicitadas pueden provocar pérdidas o daños a 
la parte contraria (artículo  264 1) del CPC).  
 
12.2 Procedimiento penal  
 
Corresponde a los órganos judiciales (el fiscal y el tribunal) ordenar la adopción de las med idas 
provisionales necesarias.  
 
También corresponde al fiscal levantar las medidas aplicadas tan pronto como las condiciones que 
las justificaban se hayan solucionado o se hayan abordado de manera satisfactoria (véanse los 
artículos  267 1) y 212  2) a) del CPP) . El destino de los objetos y valores incautados se fijará a más 
tardar en la sentencia definitiva (artículo  267 3) a 6) del CPP).  
 
Todas las medidas están sujetas al principio de la proporcionalidad (artículo  5 2) de la Constitución) . 
Según ese pr incipio, cuando sea posible, el juez tiene que recurrir preferentemente a medidas menos 
drásticas, como el levantamiento de un inventario o la toma de fotografías (véanse asimismo los 
artículos  212 2) y 268 del CPP).  
 
Las medidas provisionales pueden ser o bjeto de revisión judicial a nivel cantonal (artículo  393 del  
CPP). Sin embargo, durante el proceso de apelación, las medidas provisionales siguen en vigor hasta 
que el tribunal de apelación dicte una decisión (véase el artículo  387 del CPP).  
 
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo.  
 
No se dispone de datos sobre la duración normal y los costos de los procedimientos relativos a la 
adopción de medidas provisionales judiciales en materia de DPI.  
 
En general, puede afirmarse que, dado el propio carácter de las medidas, la duración del 
procedimiento es corta . El procedimiento es sumario (" Summarverfahren ") (artículo  248 d) del CPC) ; 
el juez que instruye el proceso es el único facultado para tomar decisiones y no se requieren 
determinadas condiciones que deben darse en un procedimiento ordinario (por  ejemplo, no es 
necesario demostrar la inminencia del peligr o sino solo mostrar que es probable) . La duración IP/N/6/CHE/3  
- 19 - 
  depende también del tipo de medidas provisionales que se soliciten y del plazo de urgencia . Por 
último, las pruebas deben aportarse, en principio, en forma de documentos, aunque también pueden 
aceptarse otr os formatos de pruebas en determinados casos (artículo  254 del CPC).  
 
Los costos del procedimiento pueden variar según los cantones y dependen de la complejidad del 
caso concreto y de la cuantía en litigio.  
 
b) Medidas administrativas  
 
14.  Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con 
las medidas provisionales administrativas.  
 
El Instituto Federal de la Propiedad Intelectual no puede ordenar la adopción de medidas 
provisionales . No puede, ni de oficio ni a instancia de parte, anular provisionalmente una inscripción 
en el registro, porque sería incompatible con el objetivo de los registros de DPI (fe  pública de los 
títulos) . La parte que desee la aplicación de medidas provisionales en materia de registro  debe 
solicitarlas a las autoridades judiciales.  
 
En principio, en el marco del procedimiento de oposición, el Tribunal Administrativo Federal puede, 
tras recibir el acta de recurso, ordenar la adopción de medidas provisionales, de oficio o a instancia 
de parte, siempre que tales medidas sean necesarias para mantener provisionalmente una situación 
de hecho o de derecho (véase el artículo  56 de la LPA) . Sin embargo, esta posibilidad sigue siendo 
teórica, en la medida en que la situación de hecho o de derecho  no se modifica por decisión del IPI 
si una de las partes ha presentado recurso contra dicha decisión.  
 
Una medida administrativa que se puede comparar a una medida provisional (sin haber oído a la 
otra parte) es la que puede adoptar la Administración de A duanas cuando suspende el despacho a 
libre práctica de mercancías sospechosas de infringir un DPI.  
 
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera  
15.  Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las 
autoridades aduaneras del despacho a libre práctica, y especialmente si cabe también 
recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los 
derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca 
de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de 
autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota de pie de página al artículo  51). 
Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importac iones a las que no 
es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro miembro de una unión aduanera, 
mercancías en tránsito o importaciones insignificantes) . ¿Es aplicable el procedimiento a 
las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro paí s por el titular del 
derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?  
 
Cualquier persona autorizada, como el titular de un derecho o el titular de una licencia exclusiva (o 
una organización de gestión colectiva de derechos au torizada en relación con los derechos previstos 
en la LDA) puede presentar una solicitud a la Administración de Aduanas para suspender el despacho 
a libre práctica de mercancías si tiene motivos fundados para sospechar que se prepara la 
importación, la exp ortación o el tránsito  de mercancías que infringen un DPI comprendido en las 
disposiciones sobre medidas en frontera.  
 
Además de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y de las mercancías pirata 
que lesionan el derecho de autor, el derecho suizo prevé también la adopción de medidas en frontera 
para las mercancías que infrinjan los derechos relativos a las indicaciones de procedencia, a las 
insignias públicas, a las indicaciones geográficas, a los dibujos y modelos industria les, a las patentes 
y a las topografías de los circuitos integrados . Esas medidas en frontera se regulan de manera 
específica en las disposiciones siguientes:  
 
- artículos  75 a 77 h de la LDA y artículos  18 a 21 de la ODA;  
 
 artículo  12 (que remite a los ar tículos  75 a 77 h de la LDA) de la LTo y artículos  16 a 19 
de la OTo;  
 IP/N/6/CHE/3  
- 20 - 
  - artículos  70 a 72 h de la LPM y artículos  54 a 57 de la OPM;  
 
- artículos  46 a 49 de la LDib y artículos  37 a 40 de la ODib;  
 
- artículos 86 a a 86k de la LPI y artículos 112 a 112 f de la OPI;  
 
- artículo  32 de la LPEN y artículos  7 a 9 de la OPEN;  
 
- artículos  1 a 5 y anexo  1 (Tarifa) de la Orden  sobre los Emolumentos de la 
Administración Federal de Aduanas.  
 
En relación con la protección del escudo nacional y demás insignias públicas de  Suiza, la ley remite 
a una aplicación analógica de lo dispuesto en los artículos  70 a 72 h de la LPM (artículo  32 de la  LPEN).  
 
El procedimiento también se aplica a las mercancías depositadas en un almacén de la aduana suiza . 
En cuanto a los derechos de patente y las mercancías en tránsito, la Administración de Aduanas solo 
actúa si el titular de un derecho puede demostrar que pueden impedir la importación en el país de 
destino (artículo  8 3) de la LPI).  
 
El derecho suizo no prevé ninguna exce pción para las importaciones insignificantes . La 
Administración de Aduanas también puede actuar cuando se trate de pequeñas cantidades y de 
mercancías infractoras destinadas a un uso privado . Sin embargo, si la Administración de Aduanas 
confisca mercancías  destinadas a un uso privado, no se aplicará la responsabilidad penal.  
 
Estos procedimientos aduaneros no son aplicables a las importaciones de mercancías puestas en el 
mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento.  
 
16.  Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la 
suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, 
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo  51), los 
requisitos q ue ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo  52) y las diversas 
prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo  55). ¿Cómo se han 
aplicado los artículos  53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador 
y al propi etario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?  
 
Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer una solicitud de suspensión del despacho 
de las mercancías, la Administración de Aduanas proporciona a los grupos interesados información 
sobre el procedimiento a seguir .4 La solicitud debe contener determinadas indicaciones : datos 
relativos al titular del DPI, a su derechohabiente o a su representante, copia del certificado de 
registro, indicios que permitan sospechar que se va n a importar, exportar, transportar en tránsito o 
depositar en un almacén de la aduana suiza productos falsificados, una descripción precisa de las 
mercancías y, de ser posible, indicaciones sobre los métodos de falsificación, las características de 
las me rcancías falsificadas o imitadas, las empresas implicadas (transportista, importador, etc.) y 
los envíos que presuntamente contienen productos ilícitos . La solicitud debe contener asimismo una 
declaración del solicitante que confirme si desea o no que la A dministración de Aduanas envíe 
muestras de la mercancía falsificada al titular del derecho, destruya la mercancía falsificada y -si 
afecta a derechos de dibujos y modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio - retenga la 
mercancía falsificada incl uso aunque esté destinada a un uso privado.  
 
La Administración de Aduanas suspende el despacho a libre práctica de esas mercancías por un plazo 
de hasta 10  días laborables a partir de la fecha de la solicitud, a fin de que el demandante pueda 
obtener la ad opción de medidas provisionales . En casos debidamente justificados, la Administración 
de Aduanas puede retener esas mercancías durante otros 10  días laborables como máximo 
(artículo  77 2) y 3) de la LDA ; artículo  12 de la LTo ; artículo  72 2) y 3) de la LPM ; artículo  48 2) 
y 3) de la LDib ; artículo  86c 2) y 3) de la LPI) . Cuando antes de que concluyan esos plazos se 
establece que el demandante no puede obtener medidas provisionales, las mercancías se despachan 
 
4 Para más información, véase la "Hoja informativa sobre la prestación de asistencia de la 
Administración  Federal de Aduanas en materia de propiedad intelectual" en: 
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04202/04284/04299/index.html?lang=en  (en inglés).  IP/N/6/CHE/3  
- 21 - 
  de inmediato (artículo  20 3) de  la ODA ; artículo  18 3) de la OTo ; artículo  56 3) de la OPM ; 
artículo  39 3) de la ODib ; artículo  112b 3) de la OPI).  
Para proteger de posibles perjuicios al demandado o a terceros, la Administración de Aduanas puede 
exigir del demandante una declaración de  responsabilidad o, en casos justificados, una fianza o una 
garantía equivalente adecuadas (artículo  77h de la LDA ; artículo  12 de la LTo ; artículo  72h de la LPM; 
artículo  49 de la LDib ; artículo  86k de la LPI).  
 
El demandante está facultado para examinar las mercancías durante la suspensión . La persona que 
tiene derecho a disponer de las mercancías (propietario, expedidor, etc.) puede participar también 
en dicho examen a fin de proteger el secreto comercial o industrial (artículo  77b 2) de la  LDA; 
artículo  72b de la LPM ; artículo  48b de la LDib ; artículo  86e de la LPI ; artículo  12 de la  LTo). 
 
17.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real  de los 
procedimientos y su costo . ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las 
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para 
libre circulación?  
 
Normalmente, examinar una solicitud de suspensión del despach o de mercancías toma de uno a dos 
meses . En principio, la solicitud tiene una validez de dos años si no se presenta por un plazo más 
breve . Por tramitar las solicitudes se cobra una tasa de entre CHF 1 .500 y CHF 3 .000. Las solicitudes 
pueden renovarse si s e abona una tasa de entre CHF 500  y CHF 1 .500 (Orden  sobre los Emolumentos 
de la Administración Federal de Aduanas, RS  631.035).  
 
Cuando se ha examinado la solicitud y comprobado su validez, la Administración de Aduanas puede 
retener las mercancías en cuestión por un plazo de hasta 10 días laborables a partir de la fecha de 
la comunicación . En casos debidamente justificados, la Administración de Aduanas puede retener 
las mercancías durante otros 10  días laborables como máximo . La retención  y la comunicación 
cuestan un mínimo de CHF 50 . 
 
Durante ese plazo, el solicitante debe obtener del juez civil la adopción de medidas provisionales, 
sin lo cual las mercancías se despacharán inmediatamente.  
 
18.  ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal 
caso, en qué circunstancias ? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de 
oficio?  
 
La Administración de Aduanas está habilitada para alertar de oficio al titular del derecho sobre 
determinados envíos  sospechosos de infringir DPI pertinentes (artículo  75 de la LDA ; artículo  12 de 
la LTo ; artículo  70 de la LPM ; artículo  46 de la LDib ; artículo  86a de la LPI) . Tras la notificación, el 
titular del DPI debe presentar una solicitud a la Administración de Ad uanas en el plazo de tres días . 
De no hacerlo, se despacharán las mercancías.  
 
19.  Sírvanse describir las medidas cuya adopción pueden ordenar las autoridades 
competentes y los criterios que rigen su aplicación.  
 
Si el solicitante ha presentado una orden de destrucción, la Administración de Aduanas notificará a 
la persona que tiene derecho a disponer de la mercancía . La Administración de Aduanas está 
facultada para destruir la mercancía falsificada si la persona que tiene derecho a disponer de ella da 
su consentimiento o si no manifiesta oposición a su destrucción en un plazo de 10  días desde la 
recepción de la notificación de la Administración de Aduanas . Los procedimientos penales 
corresponden, en primera instancia, a las autoridades cantonales (véanse el artículo  73 1) de la  LDA; 
el artículo  69 de la LPM ; el artículo  45 de la LDib ; el artículo  85 1) de la LPI ; el artículo  51 de la  LPOV ; 
y el artículo  27 1) de la LCD).  
 IP/N/6/CHE/3  
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  Procedimientos penales  
20.  Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal 
de los derechos de propiedad intelectual.  
 
Los procedimientos penales están regulados por la legislación federal . El Código Suizo de 
Procedimiento Penal (CPP) prevé que las autoridades federales y cantonales de just icia penal asuman 
la acusación y el enjuiciamiento de los delitos previstos por el derecho federal (artículo  1 1) del CPP), 
siempre y cuando las leyes especiales de propiedad intelectual no contengan disposiciones 
particulares (véase el artículo  1 2) del C PP). Cada cantón designa a las autoridades encargadas de 
perseguir y juzgar los casos de infracción para la totalidad de su territorio (véase el artículo  14 del 
CPP). En caso de infracción del derecho federal, los fallos cantonales pueden ser recurridos po r 
cuestión de derecho ante el Tribunal Supremo Federal (artículos  80 y 95 de la LTF).  
 
La autoridad competente para llevar a cabo el proceso y juzgar una infracción de los DPI es la 
autoridad del lugar en el que ha actuado el infractor . Si solo está en Suiza el lugar en el que se ha 
producido el resultado de esa infracción, la autoridad competente es la de ese lugar (véase el 
artículo  31 1) del CPP) . Por lo que se refiere a las patentes, la Ley permite al demandante elegir 
entre el lugar en que ha actuad o el autor o el lugar en el que se ha producido el resultado (véase el 
artículo  84 1 de la LPI) . Si el autor ha actuado o si el resultado se ha producido en varios lugares, 
la autoridad competente es la del lugar en que se ha abierto la primera instrucción  (véase el 
artículo  31 2) del CPP) . Si la infracción se ha cometido en el extranjero, o si no es posible determinar 
en qué lugar se ha cometido, la autoridad competente será la del lugar de residencia del autor de la 
infracción (véase el artículo  32 1) del  CPP). Si el autor de la infracción no reside en Suiza, la 
competencia es de las autoridades del lugar de origen del autor ; en caso de que carezca de lugar de 
origen, las autoridades competentes son las del lugar en el que haya sido localizado el autor de la 
infracción.  
 
21.  ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué 
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?  
 
En la legislación suiza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales contra las 
infracciones de todos los derechos de propiedad intelectual y no solo contra la falsificación dolosa de 
marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor, como se dispone en el 
artículo  61 del Acuerdo  sobre los ADPIC . Se puede recurrir a los procedimientos y sanciones penales 
en los siguientes casos:  
 
- Con arreglo a los artículos  67 y siguientes y 70 de la LDA, serán punibles los siguientes delitos 
si se cometen intencionada e ilícitamente : utilizar u na obra bajo una designación falsa o 
distinta de la elegida por el autor ; divulgar una obra ; modificar una obra ; utilizar una obra 
para crear una obra derivada ; confeccionar copias de una obra por cualquier procedimiento ; 
ofrecer al público, enajenar o, de  cualquier otra forma, poner en circulación copias de una 
obra; recitar, representar o ejecutar una obra, directamente o por cualquier procedimiento, o 
hacerla ver u oír en un lugar distinto del lugar en el que se hubiera presentado ; hacer accesible 
una ob ra de forma que otras personas puedan acceder a ella en cualquier momento y desde 
cualquier lugar ; difundir una obra por radio, televisión o medios análogos, ya sea por 
radioenlace, por cable o por otros conductores, o retransmitirla por medios técnicos cu ya 
explotación no dependa del organismo de radiodifusión original ; hacer ver u oír una obra 
difundida, retransmitida o que se haya hecho accesible al público ; negarse a declarar a las 
autoridades competentes el origen de las copias de obras confeccionadas o puestas en 
circulación de manera ilícita que estén en poder de la persona y negarse a dar el nombre de 
los destinatarios y el alcance de la distribución a clientes comerciales ; alquilar programas 
informáticos ; omitir mencionar, en los casos en los que la ley lo prescribe (artículos  25 y 28), 
la fuente utilizada y, siempre que este se nombre en ella, el autor ; hacer valer derechos de 
autor cuya gestión esté bajo supervisión federal (véase el artículo  40 de la LDA).  
 
- Con arreglo a los artículos  69 y sig uientes de la LDA, serán punibles los siguientes delitos si 
se cometen intencionada e ilícitamente : difundir la interpretación de un artista por radio, 
televisión o medios análogos, ya sea por radioenlace, por cable o por otros conductores ; 
confeccionar fo nogramas o videogramas de una interpretación o grabarla en cualquier otro 
soporte ; ofrecer al público, enajenar o, de cualquier otra forma, poner en circulación copias 
de una interpretación ; retransmitir una interpretación por medios técnicos cuya explotac ión IP/N/6/CHE/3  
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  no dependa del organismo de radiodifusión original ; hacer ver u oír una emisión o 
interpretación retransmitida, o una interpretación que se haya hecho accesible al público ; 
utilizar una interpretación bajo un nombre falso o distinto del nombre del inté rprete ; 
reproducir interpretaciones, fonogramas o videogramas de forma que otras personas puedan 
acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar ; reproducir un fonograma o un 
videograma, u ofrecer al público, enajenar o, de cualquier otra form a, poner en circulación las 
copias reproducidas ; retransmitir una emisión ; confeccionar fonogramas o videogramas de 
una emisión o grabarla en cualquier otro soporte ; reproducir una emisión registrada en un 
fonograma, un videograma u otro soporte, o poner e n circulación tales copias ; negarse a 
declarar a las autoridades competentes el origen y la cantidad del soporte en el que está 
registrada una interpretación protegida al amparo de los derechos conexos en virtud de los 
artículos  33, 36 o 37 de la LDA, conf eccionada o puesta en circulación de manera ilícita y que 
se encuentre en su poder y negarse a dar el nombre de los destinatarios y el alcance de la 
distribución a clientes comerciales.  
 
- Con arreglo al artículo  69a de la LDA, serán punibles los siguiente s delitos si se cometen 
intencionada e ilícitamente:  
 
• eludir una medida tecnológica efectiva según el artículo  39a 2) con el fin de hacer uso 
ilícito de obras u otros objetos protegidos;  
 
• fabricar, importar, ofrecer, vender o distribuir de cualquier otra f orma, alquilar, confiar 
o hacer publicidad para su utilización, o poseer con fines comerciales aparatos, 
productos o componentes, o prestar servicios que:  
 
1. sean objeto de una promoción de venta, de una publicidad o de una actividad 
comercial dirigidas a eludir las medidas tecnológicas efectivas;  
 
2. tengan una finalidad o uso económicos limitados distintos de la elusión de 
medidas tecnológicas efectivas ; o 
 
3. estén principalmente diseñados, fabricados, adaptados o proporcionados para 
posibilitar o facilitar la elusión de medidas tecnológicas efectivas;  
 
• eliminar o modificar información digital para la explotación del derecho de autor y los 
derechos conexos según el artículo  39c 2); 
 
• reproducir, importar, ofrecer, vender o distribuir de  cualquier otra forma, difundir o 
hacer perceptibles o accesibles obras u otros objetos protegidos de los que se ha 
eliminado o modificado la información digital para la explotación de los derechos según 
el artículo  39c 2). 
 
- Con arreglo al artículo  11 de  la LTo, serán punibles los siguientes delitos si se cometen 
intencionada e ilícitamente : copiar un esquema de trazado (topografía), por cualquier medio 
y bajo cualquier forma ; ofrecer al público, enajenar, alquilar, prestar o de cualquier otra 
manera pone r en circulación un esquema de trazado o importarlo para tales fines ; negarse a 
declarar a las autoridades competentes el origen de los objetos producidos o puestos en 
circulación de manera ilícita y que se encuentren en poder del autor de la infracción.  
 
- Con arreglo a los artículos  61 y siguientes de la LPM, serán punibles los siguientes delitos si 
se cometen intencionadamente : infringir el derecho de otros a una marca de fábrica o de 
comercio usurpando, falsificando o imitando dicha marca o utilizando l a marca usurpada, 
falsificada o imitada para ofrecer o poner en circulación productos, ofrecer o prestar servicios, 
hacer publicidad o importar, exportar o poner en tránsito productos o servicios ; negarse a 
indicar el origen y la cantidad de los objetos a los que se ha aplicado una marca usurpada, 
falsificada o imitada y que se encuentren en poder del infractor y negarse a dar el nombre de 
los destinatarios y el alcance de la distribución a clientes comerciales ; denominar ilícitamente 
productos o servicios utilizando la marca de un tercero para engañar a otros, haciéndoles 
creer que se trata de productos o servicios originales ; ofrecer o poner en circulación como 
originales productos denominados ilícitamente con la marca de un tercero ; ofrecer o 
suministrar como originales servicios denominados con la marca de un tercero ; utilizar una 
marca de garantía o una marca colectiva en contravención de las disposiciones del reglamento IP/N/6/CHE/3  
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  o negarse a indicar el origen de los objetos a los que se ha aplicado una marca usur pada, 
falsificada o imitada y que se encuentren en su poder.  
 
- Con arreglo a los artículos  64 y siguientes de la LPM, serán punibles los siguientes delitos si 
se cometen intencionadamente : utilizar una indicación geográfica o una denominación de 
origen in exacta ; inducir a error utilizando un nombre, una razón social, una dirección o una 
marca en relación con productos o servicios originarios de otro lugar ; contravenir las 
prescripciones relativas a la marca de identificación del fabricante.  
 
- Con arreglo al artículo  172 de la Ley Federal de Agricultura (RS  910.1), será punible el 
siguiente delito : utilizar intencionada e ilícitamente una denominación de origen o una 
indicación geográfica protegida (es decir, registrada para productos agropecuarios y produc tos 
agropecuarios elaborados).  
 
- Con arreglo al artículo  41 de la LDib, serán punibles los siguientes delitos si se cometen 
intencionadamente : utilizar ilícitamente un dibujo o modelo registrado ; colaborar en las 
infracciones mencionadas, o favorecer o facilitar la ejecución de esas infracciones ; negarse a 
declarar a la autoridad competente el origen y la cantidad de los objetos falsificados que se 
encuentren en poder de la persona y negarse a dar el nombre de los destinatarios y el alcance 
de la distribución al cliente comercial.  
 
- Con arreglo a los artículos  66 y 81 y siguientes de la LPI, serán punibles los siguientes delitos 
si se cometen intencionada e ilícitamente : utilizar una invención patentada (la  copia se 
considera utilización) ; negarse a declarar a la autoridad competente el origen y la cantidad de 
los productos fabricados ilícitamente que se encuentren en poder de la persona y negarse a 
dar el nombre de los destinatarios y el alcance de la distribución a clientes comerciales ; 
suprimir la marca de la patente que figure en un producto o en su embalaje sin el 
consentimiento del titular de la patente o del concesionario de una licencia ; incitar a cometer 
uno de los actos mencionados, colaborar en ellos, o favorecer o facilitar su ejecu ción; revelar 
información errónea relativa a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de las 
comunidades indígenas según lo descrito en el artículo  49a de la LPI ; poner en venta o en 
circulación documentos comerciales, anuncios de cualquier  tipo, productos o mercancías que 
incluyan una mención que induzca a creer, erróneamente, que los productos o mercancías 
están protegidos por la LPI.  
 
- Con arreglo a los artículos  48 y siguientes de la LPOV, serán punibles los siguientes delitos : 
intencionada e ilícitamente actuar en incumplimiento de las condiciones del artículo  5 de 
la LPOV ; incluir en la publicidad, en los documentos comerciales o al comercializar los 
productos, indicaciones que pueden inducir a creer erróneamente que se trata de  un producto 
protegido ; omitir la denominación de la variedad al dedicarse a la venta del material de 
propagación de una variedad protegida ; utilizar para otra variedad de la misma especie 
botánica o de una especie similar en la actividad profesional la de nominación de una variedad 
protegida o una denominación que se preste a confusión con ella ; contravenir de cualquier 
otra forma la LPOV o las disposiciones de aplicación relativas a esa Ley.  
 
- Con arreglo al artículo  23 de la LCD, será punible el siguient e delito : incurrir 
intencionadamente en competencia desleal en el sentido del artículo  3 de la LCD (métodos de 
publicidad y técnicas de venta desleales y otras prácticas ilícitos), del artículo  4 de la LCD 
(incitación a incumplir o rescindir un contrato), del artículo  4a de la LCD (sobornar a alguien 
o aceptar un soborno), del artículo  5 de la LCD (explotar la obra de otro) o del artículo  6 de 
la LCD (violación de secretos industriales o comerciales).  
 
- Con arreglo a los artículos  28 y siguientes de la LPE N, serán punibles los siguientes delitos si 
se cometen intencionada e ilícitamente : colocar en los artículos insignias públicas nacionales 
o extranjeras protegidas por la Ley o insignias que puedan confundirse con ellas, o vender, 
ofrecer, importar, export ar, realizar operaciones de tránsito o colocar de cualquier otra forma 
en el mercado artículos marcados de ese modo ; utilizar esas insignias en carteles de oficina, 
anuncios, prospectos, documentos comerciales, sitios web o similares ; utilizar esas insigni as 
para los servicios o anunciar servicios con dichas insignias ; utilizar una designación oficial o 
una designación que pueda confundirse con ella ; utilizar un dibujo figurativo o verbal nacional 
o extranjero.  
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  - Con arreglo al artículo  162 del CP, será punible el siguiente delito : divulgar un secreto 
industrial o comercial que haya debido guardarse por obligación legal o contractual ; lo mismo 
se aplica a la utilización de esa divulgación en beneficio propio o de un tercero.  
 
- Con arreglo al artícul o 320 del CP, será punible el siguiente delito : divulgar un secreto que 
haya sido confiado a la persona en su calidad de miembro de una autoridad o de funcionario, 
o del que tuviera conocimiento por su cargo o empleo. ( N.B.: Esta regla general del Código 
Penal se refleja también en numerosas leyes y reglamentos relativos a la propiedad 
intelectual.)  
 
22.  ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de 
procedimientos penales ? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y/o a r aíz de 
reclamaciones?  
 
La persecución y el enjuiciamiento de las infracciones penales de los DPI corresponden a las 
autoridades cantonales (véanse el artículo  73 1) de la LDA ; el artículo  69 de la LPM ; el artículo  45 
de la LDib ; el artículo  85 1) de la LPI ; el artículo  51 de la LPOV ; el artículo  27 1) de la LCD ; el 
artículo  31 1) de la LPEN) . En todos los cantones son las autoridades de policía y los fiscales los que 
se encargan de iniciar los procedimientos penales . Los fiscales dirigen las investigaciones de la 
policía.  
 
En el ámbito del DPI, para iniciar procedimientos penales es necesaria, como norma general, la 
presentación de una demanda por parte del perjudicado (artículos  67 1), 68, 69  1) 69 a 1) de la  LDA; 
artículo  11 1) de la LTo ; artículos  61 1) y 2), 62  1), 63  1) y 2) de la LPM ; artículo  41 1) de la LDib ; 
artículo  81 1) de la LPI ; artículo  48 de la LPOV ; artículo  23 de la LCD) . En cambio, si el autor de la 
infracción actúa por motivos relacionados con su profesión o a escala comercia l, las autoridades 
públicas pueden iniciar el procedimiento de oficio (artículos  67 2), 69  2), 69 a 2) y 70 de la LDA ; 
artículo  11 2) de la LTo ; artículos  61 3), 62  2), 63  4), 64  2) y 65 de la LPM ; artículo  41 2) de la  LDib; 
artículos  81 3), artículo  81a y 82 de la LPI) . En relación con la utilización de una indicación de 
procedencia inexacta, o de una insignia pública (por ejemplo, el escudo nacional de Suiza), las 
autoridades públicas pueden iniciar el procedimiento de oficio, incluso sin qu e el autor haya actuado 
por motivos relacionados con su profesión o a escala comercial(artículo  64 1) de la LPM ; artículo  28 
de la LPEN).  
 
Además, el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza puede interponer una reclamación 
ante la autoridad competente y ejercer los derechos de un demandante privado en un procedimiento 
con respecto a la utilización de una indicación de procedencia inexacta (artículo  64 3) de la LPM) o 
a la utilización ilícita de insignias públicas (artículo  31 2) de la LPEN).  
 
23.  ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de 
ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?  
 
En el ámbito del DPI, en la mayoría de los casos es necesaria la presentación de una demanda por 
parte del perjudicad o para iniciar procedimientos penales . Por consiguiente, los particulares pueden 
entablar procedimientos penales . Toda persona que se considere perjudicada puede presentar una 
demanda . Si el perjudicado no puede ejercer sus derechos civiles, el derecho a p resentar una 
demanda corresponderá a su representante legal . Si está bajo tutela, el derecho a presentar la 
demanda corresponderá a la autoridad tutelar . Si el perjudicado es mayor de 18 años y está en su 
sano juicio, tendrá derecho a presentar una demanda . Si fallece sin haber presentado demanda ni 
haber renunciado expresamente a hacerlo, su derecho pasará a sus parientes más próximos (véase 
el artículo  30 del CP).  
 
24.  Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual 
y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:  
 
- prisión;  
 
- sanciones pecuniarias;  
 
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los 
materiales y accesorios utilizados para su producción;  
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  - otras medidas.  
 
En la legislación suiza se prevén las siguientes sanciones : pena privativa de libertad, pena  pecuniaria 
y multa . La pena pecuniaria equivale a un cierto número de unidades de multa diaria hasta llegar a 
una determinada suma . El tribunal decide el número de multas diarias según el grado de culpabilidad 
del infractor, hasta un total máximo de 360 penas diarias . El tribunal decide la cuantía de la multa 
diaria según las circunstancias personales y económicas del infractor en el m omento de la condena, 
hasta un máximo de CHF 3 .000 (artículo  34 del CP) . De esta forma, la pena pecuniaria máxima es 
de CHF 1 .080.000 (360 (multas diarias)  x CHF 3 .000) . Si una ley especial sobre los DPI no dispone 
otra cosa, la cuantía máxima de una multa  es de CHF 10 .000 (artículo  106 del CP).  
 
- Por infracciones de derechos de autor (artículo  67 de la LDA) y derechos conexos (artículo  69 
de la LDA), así como por infracciones de las disposiciones de protección de los esquemas de 
trazado (topografías) (art ículo 11 de la LTo), puede aplicarse una pena privativa de libertad 
de un año como máximo o una pena pecuniaria . Si el autor de la infracción actúa por motivos 
relacionados con su profesión, se aplicará una pena privativa de libertad de cinco años como 
máximo o una pena pecuniaria.  
 
- Por omisión intencionada de la fuente utilizada, por cualquiera que esté obligado a mencionarla 
en virtud de la Ley, o del autor, en caso de que se nombre en dicha fuente (artículo  68 de 
la LDA), la sanción aplicable será una multa.  
 
- Por infracción intencionada de las medidas tecnológicas de protección o de la información 
digital para la explotación del derecho de autor (artículo  69a de la LDA), la sanción aplicable 
será una multa . Si el autor de la infracción actúa por motivos relacionados con su profesión, 
se aplicará una pena privativa de libertad de un año como máximo o una pena pecuniaria.  
 
- Por la ejecución ilícita de derechos que únicamente pueden ejecutarse si se cuenta con una 
autorización de las autoridades fed erales (artículo  70 de la LDA), la sanción aplicable será una 
multa.  
 
- Por infracción del derecho a una marca de fábrica o de comercio (artículo  61 de la  LPM), por 
el uso fraudulento de una marca (artículo  62 de la LPM), por el uso indebido de una marca d e 
garantía o de una marca colectiva (artículo  63 de la  LPM), así como por el uso incorrecto de 
una indicación de procedencia o de una denominación de origen o indicación geográfica 
protegidas para un producto no agropecuario (artículo  64 de la  LPM), se pod rá imponer una 
pena privativa de libertad de un año como máximo o una pena pecuniaria . Si el autor de la 
infracción actúa por motivos relacionados con su profesión, se impondrá una pena privativa 
de libertad de cinco años como máximo o una pena pecuniaria.  
 
- Por la utilización ilegal de una denominación de origen o de una indicación geográfica 
protegidas para un producto agropecuario, se impondrá una pena privativa de libertad de un 
año como máximo o una pena pecuniaria (artículo  172 de la Ley Federal de A gricultura) . Si el 
autor de la infracción actúa por motivos relacionados con su profesión, se aplicará una pena 
privativa de libertad de cinco años como máximo o una pena pecuniaria.  
 
- Por infracciones relacionadas con la marca de identificación del produ ctor (artículo  65 de 
la LPM), la sanción aplicable será una multa de CHF 20 .000 como máximo.  
 
- Por la utilización ilícita de insignias públicas (artículo  28 de la LPEN), se impondrá una pena 
privativa de libertad de un año como máximo o una pena pecuniaria Si el autor actúa con fines 
de lucro, se impondrá una pena privativa de libertad de cinco años como máximo o una pena 
pecuniaria.  
 
- Por infracción de las disposiciones relativas a la protección de los dibujos y modelos 
industriales (véase el ar tículo  41 de la LDib), se podrá imponer una pena privativa de libertad 
de un año como máximo o una pena pecuniaria . Si el autor de la infracción actúa por motivos 
relacionados con su profesión, se impondrá una pena privativa de libertad de cinco años como 
máximo o una pena pecuniaria.  
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- 27 - 
  - Por infracción de las disposiciones relativas a la protección de los derechos de una invención 
patentada (véase el artículo  66 de la LPI), se podrá imponer una pena privativa de libertad de 
un año como máximo o una pena pec uniaria (artículo  81 1) de la LPI) . Si el autor de la 
infracción actúa por motivos relacionados con su profesión, se impondrá una pena privativa 
de libertad de cinco años como máximo o una pena pecuniaria.  
 
- Por divulgar información errónea relativa a los  recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales (artículo  81a de la LPI), la sanción aplicable será una multa de CHF 100 .000 
como máximo.  
 
- El que ofrezca para la venta o ponga en circulación documentos comerciales, anuncios de 
cualquier tipo, produ ctos o mercancías en los que figure una mención que induzca a creer 
erróneamente que los productos o mercancías están protegidos por la LPI será multado 
(artículo  82 1) de la LPI).  
 
- Por infracción de las disposiciones relativas a la protección de las obtenciones vegetales 
(artículo  48 de la LPOV), se impondrá una pena privativa de libertad de un año como máximo 
o una pena pecuniaria . Si el autor de la infracción actúa de manera negligente, la sanción 
aplicable será una multa (artículo  48 2) de la LPOV) . 
 
- Por publicidad engañosa y otras infracciones de esa índole (artículo  49 de la LPOV), la sanción 
aplicable será una multa.  
 
- Por competencia desleal (artículo  23 de la LCD), se impondrá una pena privativa de libertad 
de tres años como máximo o una pen a pecuniaria.  
 
El derecho suizo prevé también otras sanciones, entre las que destacan las siguientes:  
 
- El juez puede ordenar la incautación o el decomiso de los objetos e instrumentos que han 
servido o debían servir para cometer una infracción de un DPI o que son el producto de una 
infracción, así como las herramientas y otros medios destinados principalmente a la 
fabricación de esos productos (artículo  69 del CP ; artículo  68 de la  LPM; artículo  72 de la  LDA; 
artículo  44 de la LDib ; artículo  69 1) de la  LPI; artículo  50 de la LPOV ; artículo  30 de la LPEN) . 
El juez puede ordenar que los objetos o los productos decomisados se inutilicen o destruyan 
(artículo  69 2) del CP ; artículo  69 1) de la LPI) . Una vez realizadas, las obras arquitectónicas 
no pueden ser decomisadas (artículo  72 de la LDA).  
 
- Si, como consecuencia de un delito o una falta, una persona ha sufrido un daño que no está 
cubierto por ningún seguro, y si cabe prever que el autor del delito en cuestión no va a 
indemnizar a la parte perjudicada, e l juez asigna al perjudicado, previa solicitud de este, una 
cantidad máxima equivalente a la cuantía de los daños y perjuicios establecida judicialmente 
o con acuerdo del perjudicado (artículo  73 del CP):  
 
a) la cuantía de la pena pecuniaria o la multa pagada por la persona declarada culpable;  
 
b) los objetos y valores decomisados o el producto de su realización, previa deducción de 
los gastos;  
 
c) las demandas de indemnización;  
 
d) el monto de la fianza preventiva.  
 
- Si el interés público o el del perjudicado lo exige, el juez puede ordenar la publicación de la 
sentencia en uno o varios periódicos a expensas de la persona declarada culpable (véanse el 
artículo  68 1) del CP ; y los artículos  70 y 82  2) de la LPI).  
 
- Cuando el delito o falta se co mete en el marco del ejercicio de una actividad profesional, 
industrial o comercial, y cuando, por motivo de esta infracción, su autor haya sido condenado 
a una pena privativa de libertad superior a seis meses o a una pena pecuniaria de más de 180 
multas d iarias, si el juez tiene motivos para temer que se produzcan nuevos abusos, podrá 
prohibir al condenado el ejercicio de la actividad profesional, industrial o comercial durante un 
período que oscilará entre seis meses y cinco años (artículo  67 1) del CP).  IP/N/6/CHE/3  
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  25.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del 
procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real 
del procedimiento y su costo.  
 
La aplicación del derecho penal relacionado con la prop iedad intelectual es del dominio exclusivo de 
los cantones (artículos  22 y 23 del CPP).  
 
Las autoridades judiciales penales están obligadas a iniciar los procedimientos penales 
inmediatamente y concluirlos sin demora injustificada (artículo  5 del CPP) . En la práctica, las 
autoridades judiciales están sobrecargadas y dan prioridad a las acciones judiciales de las 
infracciones más graves . Cabe citar también el principio de celeridad que dimana del artículo  29 de 
la Constitución y del artículo  6 del CEDH, que contempla una forma particular de denegación de 
justicia y de violación del derecho a ser oído.  
 
Si procede, el costo del procedimiento se rige por los artículos  416 y siguientes del CPP . Los gastos 
y costas corren normalmente a cargo de la parte perdedora . No se dispone de datos estadísticos 
sobre la duración real y el costo de los procedimientos.  
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