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28 de febrero de 2020  
(20-1531) Página: 1/3 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio  Original: español  
 
  
UNIÓN EUROPEA - REGL AMENTO (UE) 2018/848  DEL PARLAMENTO EURO PEO Y  
DEL CONSEJO, DE 30 D E MAYO DE 2018, SOBR E PRODUCCIÓN ECOLÓGI CA  
Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS  
DECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA  DOMINICANA AL COMITÉ  
DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO  
26 Y 27 DE FEBRERO DE 2020  
La siguiente comunicación, de fecha 27 de febrero de  2020, se distribuye a petición de la delegación 
de la República Dominicana . 
 
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1.  La Unión Europea implementó una legislación secun daria bajo el Reglamento Orgánico 
(UE) 2018/848, que incluye cambios fundamentales en el sistema de certificación de grupo en 
terceros países. Estas medidas presentadas por la Comisión Europea tendrían sin duda un impacto 
severo, negativo e inmediato en la s exportaciones orgánicas de la República Dominicana a los países 
que conforman la Unión Europea.  
2.   La República Dominicana es un productor líder mundial de banano y cacao orgánicos. Estos dos 
sectores representan las dos principales exportaciones al mercad o de la Unión Europea, con 
alrededor del 33% del valor de las exportaciones totales, y generan 350,000 empleos directos e 
indirectos. Como miembro del Grupo ACP, nuestro país es el mayor exportador de productos 
orgánicos a la Unión Europea, representando e l 62% del total importado. El consumidor europeo ha 
favorecido los productos orgánicos dominicanos porque provienen de programas sostenibles que 
cumplen con las normas internacionales de certificación y los estándares de comercio justo.  
3.  No cabe la menor du da de que el éxito de la República Dominicana está estrechamente 
relacionado con la forma en que sus peque ños agricultores han podido agruparse en cooperativas o 
asociaci ones. Los cambios propuestos en los borradores de la legislación secundaria de la Unió n 
Europea plantean serios desafíos para el nivel de vida de nuestros agricultores, sus familias, sus 
modelos de negocios, las comunidades rurales y su participación en las cadenas de valor.  
4.   El Gobierno Dominicano  está profundamente preocupado por la modal idad de los actos de 
implementación del Artículo 36.1 del Reglamento 2018/848, que contiene propuestas que socavarían 
los esfuerzos de muchos años de estas cooperativas hacia la construcción de una agricultura 
ambientalmente sostenible, comunidades que son  social y económicamente viables.  
5.   También son motivo de especial preocupación las implicaciones administrativas y financieras 
para los grupos de productores que actualmente están certificados como "grupos gestionados por 
procesadores/exportadores", ya que  tendrían que formar entidades legalmente separadas o 
depender de terceros para su procesamiento y exportación. Esto no sólo eleva los costos de 
transacción significativamente y afecta la gestión del proceso de producción, sino que impacta 
negativamente en  la trazabilidad y el poder de negociación de los agricultores, lo que se traduce en 
menores ingresos y mayores costos, atentando de esa forma contra su sostenibilidad.  
6.   Además, el establecimiento de un máximo de cinco (5) hectáreas para cada miembro del g rupo 
afectaría la viabilidad de muchas asociaciones de productores, al excluir a los agricultores que 
cultivan productos orgánicos en un territorio más grande, para quienes no es económicamente viable 
obtener una certificación individual. En algunos casos,  el costo de una certificación podría G/TBT/W/708  
 
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  representar el 60% de sus ingresos netos, lo cual de facto les impediría exportar a la Unión Europea. 
En ese sentido, sugerimos un límite más alto de hectáreas o eliminar el requisito para las 
asociaciones de pequeños productores.  
7.  Por otra parte, también son motivo de gran preocupación las propuestas contenidas en la 
legislación secundaria sobre el artículo 36.4 del Reglamento en cuestión, que establecen las bases 
para definir la "composición y dimensión de un grupo de operadores". El límite propuesto en el 
borrador de 1,000 miembros resultaría en un aumento significativo de costos para nuestros 
agricultores. Por la experiencia de los agricultores, los grupos deben ser mucho más grandes para 
producir volúmenes viables de exportación.   
8.   Estos cambios propuestos a las normas de certificación grupal crean una carga  administrativa y 
financiera  innecesaria para los productores orgánicos en los países en desarrollo, en particular los 
pequeños agricultores, y no son conducentes a lograr el o bjetivo que se propone en la propuesta de 
implementación. La República Dominicana se pregunta sobre la necesidad de estos requisitos para 
lograr el objetivo pertinente.  
9.  Por otro lado,  aprovechamos la ocasión para expresar nuestra preocupación por la sorpre siva 
implementación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/25 de la Comisión Europea, sobre las 
importaciones de productos orgánicos procedentes de terceros países, publicado oficialmente el 
13 de enero de 2020 y en vigor desde el 03 de febrero de 2020. Est e Reglamento establece  un 
tiempo muy reducido de notificación para que terceros países puedan presentar sus consideraciones 
o realizar los ajustes para cumplir con los requerimientos de dicha legislación.  
10.   El Reglamento en cuestión, establece una nueva regla que para el caso dominicano resulta en 
detrimento de la estructura y logística del proceso de producción y exportación de productos 
orgánicos, principalmente los perecederos, al demandar que e l certificado de control (COI) sea 
expedido antes de  que la remesa abandone el tercer país de exportación u origen.  
11.  La emisión del COI depende de verificaciones documentales por parte de los organismos o 
autoridades de control, tanto a nivel local como en el extranjero, por lo cual su preparación requiere 
al menos seis (6) días a partir de la salida de la carga marítima. Una alteración de los tiempos 
logísticos podría tener implicaciones económicas y medioambientales catastróficas, así como para 
las condiciones del producto. El desacuerdo de la República Dom inicana se fundamenta en las 
condiciones ajenas al país, dado que por razones logísticas de transporte marítimo comercial, el 
tiempo promedio desde la partida del barco y su llegada a Europa de 10 a 12 días.  
12.  Es oportuno señalar y resaltar  que esta última d isposición no fue previamente notificada a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que  solicitamos  suspender su implementación 
hasta tanto se realicen las consultas técnicas que permitan aclarar los tiempos necesarios en el 
proceso de exportació n de productos orgánicos, así como las consecuencias económicas y sociales 
que acarrea su implementación.  La República Dominicana urge a que al menos se busque dar una 
respuesta pronta que cautele los intereses de todos los implicados.  
13.  La República Dominic ana, es de la opinión que sus preocupaciones, en torno al sistema de 
certificación de la Unión Europea y procedimiento de evaluación de la conformidad, están sujetas a 
las obligaciones del artículo 5.1.1 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, rela tivas al Trato 
Nacional y a la Nación Más Favorecida. En consecuencia la Unión Europea tiene la obligación de no 
discriminar entre los productos importados y los productos nacionales similares cuando aplique su 
sistema de certificación. Las medidas de la U nión Europea, constituyen medidas sometidas al 
Acuerdo OTC y no estarían en conformidad con el artículo 5.1.2 del referido Acuerdo, el cual prohíbe 
a los miembros de la OMC, adoptar procedimiento de evaluación de la conformidad "que tengan por 
objeto o efe cto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional ". 
14.  Asimismo, el artículo 5.4 del Acuerdo en cuestión obliga a los Miembros a tomar "como base " 
de sus procedimientos de evaluación de la conformidad las "orientaciones o recomendaciones 
pertinentes  de instituciones internacionales con actividades de normalización ", como por ejemplo el 
Codex Alimentarius.  G/TBT/W/708  
 
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  15.  Por su parte el artículo 5.6 del mismo Acuerdo, obliga en principio a notificar los procedimientos 
de evaluación de la conformidad y a permitir que  los demás Miembros puedan formular 
observaciones.  
16.  También el artículo 5.9, del mismo Acuerdo, obliga a los Miembros a prever "un plazo prudencial 
entre la publicación de las prescripciones relativas a los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y s u entrada en vigor ". 
17.  Finalmente, queremos resaltar el  riesgo  inminente de pérdidas significativas en nuestra 
economía, pero particularmente para los medios de vida de las pequeñas comunidades que debido 
a su ubicación geográfica ya están expuestas a una vu lnerabilidad extrema. Esto afectaría sin duda 
nuestra capacidad de cumplir con los compromisos asumidos como parte de la Agenda 2030. 
Además, es preciso señalar que los Miembros de mayor desarrollo económico, que forman parte del 
Acuerdo OTC, al aplicar su s medidas, deben tener en cuenta las obligaciones de aplicar el Trato 
Especial y Diferenciado (TED) a los países en desarrollo, según lo establecido en el artículo XII del 
Acuerdo en cuestión.  
 
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