N° 7594  
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA  
 
DE COSTA RICA  
 
DECRETAN:  
 
CODIGO PROCESAL PENAL  
 
PRIMERA PARTE  
 
PARTE GENERAL  
 
LIBRO PRELIMINAR  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
TITULO I  
 
PRINCIPIOS Y GARANTIAS PROCESALES  
 
ARTICULO 1. - Principio de legalidad  
 
Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de segur idad, sino 
en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de 
las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas.  
 
La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no 
podrá hacerse valer en su perjuicio.  
 
 
ARTICULO 2. - 
 
Regla de interpretación Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales 
que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a 
los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la inter pretación extensiva y la 
analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad 
conferida a quienes intervienen en el procedimiento.  
 
 
ARTICULO 3. - 
 
Juez natural Nadie podrá ser juzgado por jueces designados especialmente para el caso. La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a los tribunales ordinarios, instituidos 
conforme a la Constitución y la ley.  
 
 
ARTICULO 4. - 
 
            Toda persona tendrá derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo 
razonable.   Para el logro de este objetivo, se preferirá la tramitación oral mediante 
audiencias, durante el proceso.  
 
(Así reformado por el artículo 1° "Creación del Recurso de Ap elación de la Sentencia, otras 
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en 
el Proceso Penal", Ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
ARTICULO 5. - 
 
Independencia Los jueces sólo están sometidos a la Constitución, el Derecho Internacional 
y Comunitario vigen tes en Costa Rica y a la ley. En su función de juzgar, los jueces son 
independientes de todos los miembros de los poderes del Estado. Por ningún motivo, los 
otros órganos del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura 
de las ter minadas por decisión firme; tampoco podrán interferir en el desarrollo del 
procedimiento. Deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por los jueces, conforme a lo 
resuelto. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez deberá informar a  la 
Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la 
interferencia provenga del pleno de la Corte, el informe deberá ser conocido por la 
Asamblea Legislativa.  
 
 
ARTICULO 6. - 
 
Objetividad Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su 
conoc imiento. Desde el inicio del procedimiento y a lo largo de su desarrollo, las 
autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en 
sus decisiones no solo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las 
favorables a él. Serán funciones de los jueces preservar el principio de igualdad procesal y 
allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten.  
 
 
Artículo 7 - Solución del conflicto, reparación y restablecimiento de los derechos de 
la victima  
 
Los tribunales deberán resolver el conf licto surgido a consecuencia del hecho, de 
conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento delos derechos de la 
víctima. Para tal efecto, ta mbién podrá resolverse conforme al procedimiento de justicia 
restaurativa.  
 
Para tales fines, siempre tomarán en cuenta el criterio de la víctima, en la forma y 
las condiciones que regulan este Código.  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de just icia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
ARTICULO 8. - 
 
Decisiones en tribunales colegiados Cuando la ley exija una integración colegiada del 
tribunal, sus integrantes deberán intervenir activamente en la deliberación y decisión.  
 
 
ARTICULO 9. - 
 
Estado de inocencia El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del 
procedimiento, mien tras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las 
reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se 
estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna 
autoridad  pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información 
sobre ella en ese sentido. En los casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación 
de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.  
 
 
ARTICULO 10. - 
 
Medidas cautelares Las medidas cautelares sólo podrán ser establecidas por ley. Tendrán 
carácter excepcional y su aplicación, en relación con el imputado, debe ser proporcional a 
la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse.  
 
 
ARTICULO 11. - 
 
Unica persecución Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez por el mismo 
hecho.  
 
 
ARTICULO 12. - 
 
Inviolabilidad de  la defensa Es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el procedimiento. Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho 
a intervenir en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las 
peticion es y observaciones que considere oportunas, sin perjuicio de que la autoridad 
correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando se perjudique el curso normal de los 
procedimientos. Cuando el imputado esté privado de libertad, el encargado de custodiarl o 
transmitirá al tribunal las peticiones u observaciones que aquel formule, dentro de las 
doce horas siguientes a que se le presenten y le facilitará la comunicación con el defensor. 
Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá velar 
porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén 
la Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en Costa Rica y esta 
ley. 
 
 
ARTICULO 13. - 
 
Defensa técnica Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la 
ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica 
letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su confianza, pero, de no 
hacerlo, se le asignará un defensor público. El derecho de defensa es irrenunciable. S e 
entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación, judicial o policial, que 
señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él.  
 
 
ARTICULO 14. - 
 
Intérprete Cuando el imputado no comprenda correctamente el idioma oficial, tendrá 
derecho a que se le design e un traductor o intérprete, sin perjuicio de que, por su cuenta, 
nombre uno de su confianza.  
 
 
ARTICULO 15. -Saneamiento de defectos formales  . El tribunal o el fiscal que 
constate un defecto  saneable  en cualquier gestión, recurso ordinario o instancia de 
constitución de los sujetos del proceso, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo 
para corregirlo, el cual no será superior a cinco días.   Si no se corrige en el plazo conferido, 
resolverá lo  correspondiente.  
 
(Así reformado por el artículo 1° "Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras 
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en 
el Proceso Penal", Ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
 
TITULO II  
 ACCIONES PROCESALES  
 
CAPITULO I  
 
ACCION PENAL  
 
Sección primera Ejercicio  
 
ARTICULO 16. - 
 
Acción penal  
 
La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio 
corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que  este Código 
concede a la víctima o a los ciudadanos.  
 
En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública,   los poderes 
públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo -terrestre,   la hacienda 
pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios y los   contenidos en la Ley 
de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco   Central de Costa 
Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento   ilícito de los 
servidores públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de 
la  República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las 
actuaciones y decisiones   del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por acción de l a 
Procuraduría, esta se tendrá   como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el 
presente Código le concede al Ministerio Público.  
 
(Así reformado el párrafo segundo por el artículo 3 de la Ley N° 8242 de 9 de abril del 2002, 
Ley de Creación de la Pr ocuraduría de la Ética Pública)  
 
 
ARTI CULO 17. - 
 
Denuncia por delito de acción pública perseguible a instancia privada Cuando el ejercicio 
de la acción penal pública requiera instancia privada, el Ministerio Público sólo la ejercerá 
una vez que formulen denuncia, ante autoridad competente, el ofendido mayor de quince 
años o, si es menor de esa edad, en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o 
guardador. Sin embargo, antes de la instancia, podrán realizarse los actos urgentes que 
impidan continuar el hecho o los imprescindibles para  conservar los elementos de prueba, 
siempre que no afecten la protección del interés de la víctima. Los defectos relacionados 
con la denuncia podrán subsanarse con posterioridad, cuando la víctima se presente a 
ratificar la instancia hasta antes de finaliz ar la audiencia preliminar. La instancia privada 
permitirá perseguir a todos los autores y partícipes. La víctima o su representante podrán 
revocar la instancia en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio. La revocatoria comprenderá a los que hayan participado en el hecho punible. El Ministerio 
Público ejercerá directamente la acción cuando el delito se haya cometido contra un 
incapaz o un menor de edad, que no tengan representación, o cuando lo haya realizado 
uno de los parientes has ta tercer grado de consanguinidad o afinidad, el representante 
legal o el guardador.  
 
 
Artículo 18. - Delitos de acción pública perseguibles solo a instancia privada   
 
Serán delitos de acción pública perseguibles a instancia privada:   
 
a) El contagio de enfermedad y la violación de una persona mayor de edad 
que se encuentre en pleno uso de razón.  
 
b) Las agresiones sexuales, no agravadas ni calificadas, contra personas 
mayores de edad.  
 
c) Las lesiones leves y las culposas que no tenga n origen en un accidente o 
hecho de tránsito, el abandono de personas, la ocultación de impedimentos 
para contraer matrimonio, la simulación de matrimonio, las amenazas, la 
violación de domicilio y la usurpación.  
 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 5° de la Ley N° 8696 de 17 de 
diciembre de 2008)  
 
d) El incumplimiento del deber alimentario o del deber de asistencia y el 
incumplimiento o abuso de la patria potestad.  
 
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2 aparte XI) de la ley que aprueba  el 
Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se reformará 
el numeral anterior. De conformidad con el transitorio III de la ley antes 
mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 
2024, por lo que a par tir de esa fecha el nuevo texto será el siguiente: " d) El 
incumplimiento del deber alimentario o del deber de asistencia, y el 
incumplimiento o abuso de la responsabilidad parental.")  
 
e) Cualquier otro delito que la ley tipifique como tal.   
 
(Así refor mado por el artículo 2° de la Ley Fortalecimiento de la Lucha Contra La Explotación 
Sexual de las Personas Menores de Edad,   N° 8590 del 18 de julio del 2007)  
 
 
ARTICULO 19. - 
 Delitos de acción privada Son delitos de acción privada:  
 
a) Los delitos contra el honor.  
 
b) La propaganda desleal.  
 
c) Cualquier otro delito que la ley califique como tal.  
 
 
ARTICULO 20. - 
 
Conversión de la acción pú blica en privada La acción pública podrá convertirse en privada 
a pedido de la víctima, siempre que el Ministerio Público lo autorice y no exista un interés 
público gravemente comprometido, cuando se investigue un delito que requiera instancia 
privada o un  delito contra la propiedad realizado sin grave violencia sobre las personas. Si 
existen varios ofendidos, será necesario el consentimiento de todos.  
 
 
ARTICULO 21. - 
 
Prejudicialidad Cuando lo que deba resolverse en un proceso penal dependa de la 
solución de otro procedimiento según la ley y no c orresponda acumularlos, el ejercicio de 
la acción se suspenderá después de la investigación preparatoria hasta que, en el segundo 
procedimiento, se dicte resolución final.  
 
 
 
Sección segunda  
 
Criterios de oportunidad  
 
Artículo 22. - Principios de legalidad y oportunidad  
 
El Ministerio Público debe rá ejercer la acción penal pública, en todos los casos en 
que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley.  
 
No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante del 
Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, t otal o parcialmente, de la persecución 
penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que 
participaron en el hecho, cuando:  
 
a) Se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o el partícipe o con 
exigua contribución de este, salvo que exista violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas, se afecte el interés público o el hecho haya sido cometido por un funcionario público 
en el ejercicio del cargo o con ocasión de él.  
 
b) Se trate de asuntos d e delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de 
tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde 
información esencial para evitar que continúe el delito o que se perpetren otros, ayude a 
esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar 
la participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador sea menos 
reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita.  
 
No obstante lo dispuesto en el artículo 300, en los casos previstos en este inciso, la víctima 
no será informada de la solicitud para aplicar el criterio de oportunidad y, si no hubiere 
querellado, no tendrá derecho de hacerlo con posterioridad, salvo qu e el tribunal ordene la 
reanudación del procedimiento conforme al artículo siguiente.  
 
c) El imputado haya sufrido, como consecuencia del hecho, daños físicos o morales graves 
que tornen desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando concurran los 
presupuestos bajo los cuales el tribunal está autorizado para prescindir de la pena.  
 
d) La pena o medida de seguridad que pueda imponerse, por el hecho o la infracción de 
cuya persecución se prescinde, carezca de importancia, en consideración a la pena o medida 
de seguridad impuesta, que debe esperar por los restantes hechos o infracciones qu e se le 
impuso o que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. En estos 
últimos casos, podrá prescindirse de la extradición activa y concederse la pasiva.  
 
La solicitud deberá formularse ante el tribunal que resolverá lo correspondie nte, según el 
trámite establecido para la conclusión del procedimiento preparatorio.  
 
(Así reformado  el párrafo  anterior  por el artículo  1° "Creación del Recurso de Apelación de 
la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas 
Reglas de Oralidad en el Proceso Penal ", Ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)   
 
(Así reformado por el artículo 16 de la  Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 23. - 
 
Efectos del criterio de oportunidad Si el tribunal admite la solicitud para aplicar un criterio 
de oportunidad, se produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o 
partícipe en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión se funda en la insignificancia del 
hecho, sus efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones. No 
obstante, en el caso de los incisos b) y d) del artículo anterior, se suspende el ejer cicio de 
la acción penal pública en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó el criterio de oportunidad. Esa suspensión se mantendrá hasta quince días después de la 
firmeza de la sentencia respectiva, momento en que el tribunal deberá  resolver 
definitivamente sobre la prescindencia de esa persecución. Si la colaboración del sujeto o 
la sentencia no satisfacen las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la 
acción, el Ministerio Público deberá solicitar al tribunal que o rdene reanudar el 
procedimiento.  
 
 
ARTICU LO 24. - 
 
Plazo para solicitar criterios de oportunidad Los criterios de oportunidad podrán 
solicitarse hasta antes de que se formule la acusación del Ministerio Público.  
 
 
 
Sección tercera  
 
Suspensión del procedimiento a prueba  
 
Artículo 25 - Procedencia. Cuando proceda la suspensión condicional de  la pena o 
en los asuntos por delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de 
libertad, el imputado podrá solicitar la suspensión del procedimiento a prueba siempre 
que, durante los cinco años anteriores, no se haya beneficiado con esta medid a ni con la 
extinción de la acción penal por la reparación del daño o la conciliación. Para tales efectos, 
el Registro Judicial llevará un archivo de los beneficiarios.  
 
No procederá la medida en los delitos dolosos, cuando el hecho se haya cometido 
por m edio de fuerza en las cosas o violencia sobre las personas. Este instituto procesal se 
podrá aplicar solamente en los delitos de violencia patrimonial contemplados en la Ley N.º 
8589, Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007,  cuando no 
exista violencia contra las personas y siempre que se hayan tramitado con aplicación de la 
Ley de Justicia Restaurativa.  
 
La solicitud deberá contener un plan de reparación del daño causado por el delito, a 
satisfacción de la víctima de domicil io conocido, y un detalle de las condiciones que el 
imputado está dispuesto a cumplir, conforme al artículo siguiente. El plan podrá consistir 
en la conciliación con la víctima, la reparación natural del daño causado o una reparación 
simbólica, inmediata o  por cumplir a plazos. Si efectuada la petición aún no existe acusación, 
el Ministerio Público describirá el hecho que le imputa.  
 
Para otorgar el beneficio son condiciones indispensables que el imputado admita el 
hecho que se le atribuye y que la víctima manifieste su conformidad con la suspensión del 
proceso a prueba.  
 En audiencia oral, el tribunal oirá sobre la solicitud al fisca l, a la víctima de domicilio 
conocido, así como al imputado, y resolverá de inmediato, salvo que difiera esa discusión 
para la audiencia preliminar. La resolución fijará las condiciones conforme a las cuales se 
suspende el procedimiento o se rechaza la sol icitud y aprobará o modificará el plan de 
reparación propuesto por el imputado, según criterios de razonabilidad.  
 
La suspensión del procedimiento podrá solicitarse en cualquier momento, hasta 
antes de acordarse la apertura a juicio, sin perjuicio de tram itarse con arreglo a la Ley de 
Justicia Restaurativa, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales 
respectivos.  
 
Si la solicitud del imputado no se admite o el procedimiento se reanuda con 
posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no podrá considerarse 
como una confesión.  
 
Cuando el plan de reparación del daño causado por el delito incorpore el servicio de 
utilidad pública, deberá observar las regulaciones del artículo 56 bis del Código Penal.  
 
(Así reformado po r el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
Artículo 26 - Condiciones por cumplir durante el período de prueba. El tribunal 
fijará el plazo de prueba, que no podrá ser inferior a dos años ni superior a cinco, y 
determinará una o varias de las reglas que  deberá cumplir el imputado, entre las 
siguientes:  
 
a) Residir en un lugar determinado.  
 
b) Frecuentar determinados lugares o personas.  
 
c) Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, o de abusar de las bebidas 
alcohólicas.  
 
d) Participar en progr amas especiales de tratamiento con el fin de abstenerse de 
consumir drogas, bebidas alcohólicas o cometer hechos delictivos.  
 
e) Comenzar o finalizar la escolaridad primaria, si no la ha cumplido; aprender una 
profesión u oficio o seguir cursos de capacit ación en el lugar o la institución que 
determine el tribunal.  
 
f) Prestar servicios o labores en favor del Estado o de instituciones de bien público.  
 
g) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si es necesario.   
h) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el tribunal 
determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de 
subsistencia.  
 
i) Someters e a la vigilancia que determine el tribunal.  
 
j) No poseer o portar armas.  
 
k) No conducir vehículos.  
 
l) Participar y someterse a las condiciones del programa de tratamiento bajo 
supervisión judicial restaurativa, conforme a lo establecido en la Ley de  Justicia 
Restaurativa.  
 
m) Participar en programas con abordajes socioeducativos para el manejo de la ira, 
masculinidad y afines, para la prevención de la violencia intrafamiliar y contra la 
mujer.  
 
Solo a proposición del imputado, el tribunal podrá imp oner otras reglas de conducta 
análogas cuando estime que resultan razonables.  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
Artículo 27 - Notificación y vigilancia de  las condiciones de prueba. El tribunal 
deberá explicarle personalmente al imputado las condiciones que deberá cumplir durante 
el período de prueba y las consecuencias de incumplirlas.  
 
Corresponderá a una oficina especializada, adscrita a la Dirección Ge neral de 
Adaptación Social, vigilar el cumplimiento de las reglas impuestas e informar 
periódicamente al tribunal, en los plazos que determine, sin perjuicio de que otras personas 
o entidades, como la sede restaurativa con arreglo a la Ley de Justicia Rest aurativa, también 
le suministren informes.  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
ARTICULO 28. - 
 
Revocatoria de la suspens ión 
 Si el imputado incumple el plan de reparación, se aparta, considerable e 
injustificadamente, de las condiciones impuestas o comete un nuevo delito, el tribunal dará 
audiencia por tres días al Ministerio Público y al imputado y resolverá, por auto fun dado, 
acerca de la reanudación de la persecución penal. En el primer caso, en lugar de la 
revocatoria, el tribunal puede ampliar el plazo de prueba hasta por dos años más. Esta 
extensión del término puede imponerse solo por una vez.  
 
(Así reformado por el  inciso b) del artículo 1 de la Ley N° 8146 de 30 de octubre del 2001)  
 
 
ARTICULO 29. - 
 
Suspensión del plazo de prueba El plazo de prueba se suspenderá mientras el imputado 
esté privado de su libertad por otro procedimiento. Cuando el imputado esté sometido a 
otro procedimiento y goce de liber tad, el plazo correrá; pero, no podrá decretarse la 
extinción de la acción penal sino hasta que quede firme la resolución que lo exima de 
responsabilidad por el nuevo hecho.  
 
 
 
Sección cuarta   
 
Extinción de la acción penal  
 
Artículo 30. -     Causas de extinción de la acción penal  
 
La acción penal  se extinguirá por las causas siguientes:  
 
a)         La muerte del imputado.  
 
b)         El desistimiento de la querella, en los delitos de acción privada.  
 
c)         El pago del máximo previsto para la pena de multa, realizado antes del juicio oral, 
cuando se trate de delitos sancionados solo con esa clase de pena, caso en el que el 
tribunal hará la fijación correspondiente, a petición del interesado, siempre y cuando la 
víctima exprese su conformidad.  
 
d)         La aplicación de un criterio de oportunidad, en los casos y las formas previstos en 
este Código.  
 
e)         La prescripción.  
 
f)          El cumplimiento del plazo de suspensión del proceso a prueba, sin que esta sea 
revocada.   
g)         El indulto o la amnistía.  
 
h)         La revocatoria de la instancia privada, en los delitos de acción pública cuya 
persecución dependa de aquella.  
 
i)          La muerte del ofendido, en los casos de delitos de acción privada, salvo que la 
iniciada ya por la víctima sea continuada por sus herederos, conforme a lo previsto en este 
Código.  
 
j)          La reparación integral a entera satisfacción de la víctima, de l daño particular o 
social causado, realizada antes del juicio oral, en delitos de contenido patrimonial sin 
fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas y en delitos culposos, siempre que la 
víctima o el Ministerio Público lo admitan, según el caso . 
 
Esta causal procede siempre que, durante los cinco años anteriores, el imputado no se 
haya beneficiado con esta medida ni con la suspensión del proceso a prueba o la 
conciliación. Para tales efectos, el Registro Judicial llevará un archivo de los benef iciarios.  
 
k)         La conciliación, siempre que durante los cinco años anteriores, el imputado no se 
haya beneficiado con esta medida, con la suspensión del proceso a prueba ni con la 
reparación integral del daño.  
 
l)          El incumplimiento de los  plazos máximos de la investigación preparatoria, en los 
términos fijados por este Código.  
 
m)        Cuando no se haya reabierto la investigación, dentro del plazo de un año, luego de 
dictado el sobreseimiento provisional.  
 
(Así reformado por el artícul o 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal  N° 8720 de 4 de marzo de 2009).  
 
 
ARTICULO 31. - Plazos de prescripción de la acción penal. Si no se ha iniciado la 
persecución penal, la acción prescribirá:  
 
a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos 
sancionables con prisión, no podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres, 
excepto en los delitos cometidos contra personas menores de edad, en los 
cuales la prescripción e mpezará a correr a partir de que la víctima haya 
cumplido la mayoría de edad.  
 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9057 del 23 de 
julio de 2012, "Reforma de varias leyes sobre la Prescripción de Daños 
causados a Personas Meno res de Edad")  
 
b) A los dos años, en los delitos sancionables solo con penas no privativas de 
libertad y en las faltas o contravenciones, excepto en los delitos cometidos 
por personas jurídicas, en los cuales la prescripción será de diez años.  
 
(Así refo rmado el inciso anterior por el   artículo 41 de la ley sobre la 
Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, 
soborno transnacional y otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 2019)  
 
c) Veinticinco años después de que la víctima cu mplió la mayoría de edad, 
cuando se trate de delitos sexuales cometidos contra personas menores de 
edad y a los veinticinco años desde la consumación del hecho punible, del 
último acto de ejecución de la tentativa o del cese del delito continuo, 
según corr esponda, cuando estos delitos sean cometidos contra personas 
mayores de edad sin capacidad volitiva o cognoscitiva. La regla anterior 
aplicará indistintamente para todo autor, cómplice o partícipe responsable 
del respectivo hecho punible, siempre que al mo mento de delinquir hayan 
adquirido la mayoridad.  
 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 9685 del 21 
de mayo de 2019, "Ley de Derecho al Tiempo, reforma Código Penal para 
ampliar el plazo de prescripción de la acción penal e n casos de delitos 
sexuales contra personas menores de edad o sin capacidad volitiva o 
cognoscitiva")  
 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 9826 del 10 
de marzo del 2020)  
 
 
ARTICULO 32. -  Cómputo de la prescripción  
 
Los plazos de prescripción se regirán por la p ena principal prevista en la ley y 
comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; 
para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los 
delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia.  
 
La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma individual, para 
cada uno de los sujetos que intervinieron en el delito. En el caso de juzgamiento conjunto 
de varios delitos, las acciones penales respect ivas que de ellos resulten prescribirán 
separadamente en el término señalado a cada uno.  
 (Así reformado por el artículo único de la ley N° 9082 del 12 de octubre del 2012)  
 
 
Artículo 33. - Interrupción de los plazos de prescripción  
 
Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se 
reducirán a la mitad para computarlos, a efectos de suspender o interrumpir la prescripción. 
Los plazos de prescripción se interr umpirán con lo siguiente:  
 
a) La comparecencia a rendir declaración indagatoria, en los delitos de acción pública.  
 
b) La presentación de la querella, en los delitos de acción privada.  
 
c) La resolución que convoca a la audiencia preliminar.  
 
d) El señ alamiento de la fecha para el debate.  
 
e) Cuando la realización del debate se suspenda por causas atribuibles a la defensa, con el 
propósito de obstaculizar el desarrollo normal de aquel, según la declaración que efectuará 
el tribunal en resolución fundad a. 
 
f) El dictado de la sentencia, aunque no se encuentre firme.  
 
La interrupción de la prescripción opera, aun en el caso de que las resoluciones 
referidas en los incisos anteriores sean declaradas ineficaces o nulas posteriormente.  
 
La autoridad judic ial no podrá utilizar como causales de interrupción de la 
prescripción otras distintas de las establecidas en los incisos anteriores.  
 
(Así reformado por el artículo 81° de la  Ley contra la Trata de Personas y Creación de la 
Coalición Nacional contra el t ráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT), N° 
9095 del 26 de octubre de 2012)  
 
 
ARTICULO 34. - 
 
Suspensión del cómputo de la prescripción El cómputo de la prescripción se suspenderá:  
 
a) Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal, la acción penal no pueda ser 
promovida ni proseguida. Esta disposición no regirá cuando el hecho no pueda 
perseguirse por falta de la instancia privada. b) En los delitos cometidos por funciona rios 
públicos en el ejercicio del cargo o con ocasión de él, mientras sigan desempeñando la 
función pública y no se les haya iniciado el proceso. c) En los delitos relativos al sistema 
constitucional, cuando se rompa el orden institucional, hasta su restab lecimiento. d) Mientras dure, en el extranjero, el trámite de extradición. e) Cuando se haya suspendido 
el ejercicio de la acción penal en virtud de un criterio de oportunidad o por la suspensión 
del proceso a prueba y mientras duren esas suspensiones. f) Por la rebeldía del imputado. 
En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder un tiempo igual al de la 
prescripción de la acción penal; sobrevenido este, continuará corriendo ese plazo.  
 
Terminada la causa de la suspensión, el plazo de la presc ripción continuará su curso.  
 
 
ARTICULO 3 5.- 
 
Renuncia a la prescripción El imputado podrá renunciar a la prescripción.  
 
 
Artículo 36 - Conciliación. En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción 
privada, de acción pública a instancia privada, los que admitan la suspensión condicional 
de la pena, procederá la conciliación entre la víctima y el imputado, en cualquie r 
momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio. También procederá en los asuntos 
por delitos sancionados, exclusivamente, con penas no privativas de libertad, siempre que 
concurran los demás requisitos exigidos por esta ley. Es requisito para la a plicación de la 
conciliación, cuando se trate de un delito de acción pública y sea procedente su aplicación, 
que durante los cinco años anteriores el imputado no se haya beneficiado de esta medida, 
de la suspensión del proceso a prueba o de la reparación i ntegral del daño.  
 
En esos casos, si las partes no lo han propuesto con anterioridad, en el momento 
procesal oportuno, el tribunal procurará que manifiesten cuáles son las condiciones en que 
aceptan conciliarse.  
 
Para facilitar el acuerdo de las partes, el tribunal podrá solicitar el asesoramiento y 
el auxilio de personas o entidades especializadas para procurar acuerdos entre las partes 
en conflicto, o instar a los interesados a que designen a un amigable componedor. Los 
conciliadores deberán guardar sec reto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y 
discusiones de las partes. Asimismo, se podrá acordar la conciliación mediante el 
procedimiento restaurativo regulado en la Ley de Justicia Restaurativa.  
 
Cuando la conciliación se produzca, el tribunal h omologará los acuerdos y declarará 
extinguida la acción penal. Sin embargo, la extinción de la acción penal tendrá efectos a 
partir del momento en que el imputado cumpla todas las obligaciones contraídas. Para tal 
propósito, podrá fijarse un plazo máximo d e un año, durante el cual se suspende la 
prescripción de la acción penal.  
 
Si el imputado no cumpliera, sin justa causa, las obligaciones pactadas en la 
conciliación, el procedimiento continuará, como si no se hubiera conciliado.  
 En caso de incumplimien to por causa justificada, las partes podrán prorrogar el plazo 
hasta por seis meses más. Si la víctima no aceptara prorrogar el plazo, o este se extinguiera 
sin que el imputado cumpla la obligación, aun por justa causa, el proceso continuará su 
marcha, sin  que puedan aplicarse de nuevo las normas sobre la conciliación.  
 
El tribunal no aprobará la conciliación, cuando tenga fundados motivos para estimar 
que alguno de los que intervienen no está en condiciones de igualdad para negociar o ha 
actuado bajo coac ción o amenaza; tampoco, en los delitos cometidos en perjuicio de las 
personas menores de edad.  
 
En los delitos de carácter sexual, en las agresiones domésticas y en los delitos 
sancionados en la Ley N. º 8589, Penalización de la Violencia contra las Muje res, el tribunal 
no debe procurar la conciliación entre las partes ni debe convocar a una audiencia con ese 
propósito, salvo cuando lo soliciten, de forma expresa, la víctima o sus representantes 
legales.  
 
El plazo de cinco años señalado en el primer párr afo del artículo 25, en los incisos j) 
y k) del artículo 30 y en este artículo, se computará a partir de la firmeza de la resolución 
que declare la extinción de la acción penal.  
 
Los órganos jurisdiccionales que aprueben aplicar la suspensión del procedim iento 
a prueba, la reparación integral del daño o la conciliación, una vez firme la resolución, lo 
informarán al Registro Judicial, para su respectiva inscripción. El Registro Judicial llevará un 
archivo de los beneficiarios con estas medidas.  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
 
CAPITULO II  
 
ACCION CIVIL  
 
ARTICULO 37. - 
 
Ejercicio La acción civil para restituir el objeto materia del hecho punible, así como la 
reparación de los daños y perjuicios causados, podrá ser  ejercida por el damnificado, sus 
herederos, sus legatarios, la sucesión o por el beneficiario en el caso de pretensiones 
personales, contra los autores del hecho punible y partícipes en él y, en su caso, contra el 
civilmente responsable.  
 
 
ARTICULO 38. -  
Acción civil por daño social La acción  civil podrá ser ejercida por la Procuraduría General 
de la República, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o 
difusos.  
 
 
ARTICULO 39. - 
 
Delegación La acción civil deberá ser ejercida por un abogado de una oficina 
especializada en la defensa civil de las víctimas, ads crita al Ministerio Público, cuando:  
 
a) El titular de la acción carezca de recursos y le delegue su ejercicio.  
 
b) El titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien lo 
represente, sin perjuicio de la intervención del Patronato Nacional de la Infancia.  
 
 
ARTICULO 40. - 
 
Carácter accesorio En el procedimiento penal, la acción civil resarcitoria sólo podrá ser 
ejercida mientra s esté pendiente la persecución penal. Sobreseído provisionalmente el 
imputado o suspendido el procedimiento, conforme a las previsiones de la ley, el ejercicio 
de la acción civil se suspenderá hasta que la persecución penal continúe y quedará a salvo 
el derecho de interponer la demanda ante los tribunales competentes. La sentencia 
absolutoria no impedirá al tribunal pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria 
válidamente ejercida, cuando proceda.  
 
 
ARTICULO 41. - 
 
Ejercicio alternativo La acción civil podrá ejercerse en el proceso penal, confo rme a las 
reglas establecidas por este Código o intentarse ante los tribunales civiles; pero no se 
podrá tramitar simultáneamente en ambas jurisdicciones.  
 
 
 
CAPITULO III  
 
EXCEPCIONES  
 
ARTICULO 42. - 
 
Enumeración El Ministerio Público y las partes podrán oponer excepciones por los 
siguientes motiv os:  
a) Falta de jurisdicción o competencia.  
 
b) Falta de acción, porque esta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o 
no puede proseguirse.  
 
c) Extinción de la acción penal.  
 
Las excepciones serán planteadas al tribunal competente, que podrá a sumir, de 
oficio, la solución de alguna de las cuestiones anteriores.  
 
 
ARTICULO 43. -Trámite  . Las excepciones se  deducirán oralmente en las audiencias.   Deberá 
ofrecerse la prueba que justifica los hechos en que se basan.   Se dará traslado de la gestión 
a la parte contraria.  
 
El tribunal admitirá la prueba pertinente y resolverá, sin dilación, lo que corresponda.  
 
(Así reformado por el artículo 1° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
ARTICULO 44. - 
 
Efectos Si se declara la falta de acción, los  autos se archivarán salvo si la persecución 
puede proseguir en razón de otro interviniente; en este caso, la decisión sólo desplazará 
del procedimiento a quien afecte. En los casos en que deba declararse la extinción de la 
persecución penal o de la preten sión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la 
demanda, según corresponda.  
 
 
 
LIBRO I  
 
JUSTICIA PENAL Y SUJETOS PROCESALES  
 
TITULO I  
 
JUSTICIA PENAL  
 
CAPITULO I  
 
COMPETENCIA   
ARTICULO 45. - 
 
Competencia La competencia de los tribunales de justicia se extiende al 
conocimiento de los hechos delictivos cometidos en el territorio de la República, así como 
a los ejecutados en los lugares donde el Estado costarricense ejerce una jurisdicción 
especia l. Además, en los casos previstos en la ley, conocerán de los delitos cometidos fuera 
del territorio nacional.  
 
 
ARTICULO 46. - 
 
Mantenimiento de competencia Cuando se advierta la incompetencia, después de 
señalada la fecha para el juicio oral, el tribunal facultado para juzgar delitos más grav es no 
podrá declararse incompetente porque la causa corresponde a un tribunal integrado para 
juzgar hechos punibles más leves. Los tribunales con competencia para conocer de delitos 
la tendrán también para conocer de contravenciones, cuando el hecho princi pal se haya 
recalificado en el juicio o sean conexas con un delito. El procedimiento será el establecido 
para juzgar el delito más grave. Una vez señalada la fecha para el debate, la competencia 
territorial de un tribunal de juicio no podrá objetarse.  
 
 
ARTICULO 47. - 
 
Reglas de competencia Para de terminar la competencia territorial de los tribunales, 
se observarán las siguientes reglas:  
 
a) El tribunal tendrá competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la 
circunscripción judicial donde ejerza sus funciones. Si existen varios jueces e n una 
misma circunscripción, dividirán sus tareas de modo equitativo, conforme a la 
distribución establecida al efecto. En caso de duda, conocerá del procedimiento 
quien haya prevenido. Se considerará que ha prevenido quien haya dictado la 
primera providen cia o resolución del procedimiento.  
 
b) Cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido sus efectos en 
la República, conocerán los tribunales de la circunscripción judicial de la capital, 
aunque el imputado haya sido aprehendido en cualq uier otra circunscripción judicial 
del país.  
 
c) Cuando el hecho punible haya sido cometido en el límite de dos circunscripciones 
judiciales o en varias de ellas, será competente el tribunal que haya prevenido en el 
conocimiento de la causa.  
 d) Cuando e l lugar de comisión del hecho punible sea desconocido, será competente 
el tribunal de la circunscripción judicial donde resida el imputado. Si, 
posteriormente, se descubre el lugar de comisión del delito, continuará la causa el 
tribunal de este último luga r, salvo que con esto se produzca un retardo procesal 
innecesario o se perjudique la defensa.  
 
e) En los delitos cometidos a bordo de naves o aeronaves, cuando naveguen en 
aguas jurisdiccionales o el espacio aéreo nacional, será competente el juez del lug ar 
donde arribe la nave o aeronave. Cuando la nave o aeronave no arribe al territorio 
nacional, conocerá del asunto un tribunal de la capital de la República.  
 
 
ARTICULO 48. - 
 
Incompetencia En cualquier estado del proceso, salvo las excepciones previstas en este 
Código, el tribunal que reconoz ca su incompetencia remitirá las actuaciones al que 
considere competente y pondrá a su disposición a los detenidos, si existen. Si el tribunal 
que recibe las actuaciones discrepa de ese criterio, elevará las actuaciones al tribunal 
competente para resolver  el conflicto. La inobservancia de las reglas sobre competencia 
sólo producirá la ineficacia de los actos cumplidos después de que haya sido declarada la 
incompetencia.  
 
 
ARTICULO 49. - 
 
Efectos Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento. No obstante, si 
se producen antes de fijar la audiencia para el debate, lo suspenderán hasta la decisión 
del conflicto.  
 
 
ARTICULO 50. - 
 
Casos de conexión Las causas son conexas:  
 
a) Cuando a una misma persona se le imputen do s o más delitos.  
 
b) Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas 
reunidas o aunque estén en distintos lugares o tiempos, cuando hubiera mediado 
acuerdo entre ellas.  
 
c) Si un hecho punible se ha cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, 
o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad.  
 
d) Cuando los hechos punibles hayan sido cometidos recíprocamente.   
 
ARTICULO 51. - 
 
Competencia en causas conexas Cuando exista conexidad conocerá:  
 
a) El tribunal facultado para juzgar el deli to más grave.  
 
b) Si los delitos son reprimidos con la misma pena, el tribunal que deba intervenir 
para juzgar el que se cometió primero.  
 
c) Si los delitos se cometieron en forma simultánea o no consta debidamente cuál 
se cometió primero, el tribunal qu e haya prevenido.  
 
d) En último caso, el tribunal que indique el órgano competente para conocer del 
diferendo sobre la competencia.  
 
 
ARTICULO 52. - 
 
Acumulación material A p esar de que se haya dispuesto la acumulación de dos o más 
procesos, las actuaciones se compilarán por separado, salvo que sea inconveniente para el 
desarrollo normal del procedimiento, aunque en todos deberá intervenir el mismo 
tribunal.  
 
 
ARTICULO 53. - 
 
Acumulación de juicios Si en los procesos acumulados se acusan varios delitos, el tribunal 
podrá disponer que el juicio oral se celebre en audiencias públicas sucesivas, para cada 
uno de los hechos. En este caso, el tribunal podrá resolver sobre la culpabilidad al finalizar 
cada audiencia, y fijar á la pena correspondiente a todos los casos después de celebrar la 
audiencia final. Serán aplicables las reglas previstas para la celebración del debate en dos 
fases.  
 
 
ARTICULO 54. - 
 
Unificación de penas El tribunal que dictó la última sentencia, de oficio o a petición de 
alguno de los sujetos d el proceso, deberá unificar las penas cuando se hayan dictado 
varias condenatorias contra una misma persona.  
 
 
 CAPITULO II  
 
EXCUSAS Y RECUSACIONES  
 
ARTICULO 55. - 
 
Motivos de excusa El juez deberá excusarse de conocer en la causa:  
 
a) Cuando en el mismo proceso hubiera pronunciado o concurrido a pronunciar el 
auto de apertura a juicio o la sentencia, o hubiera intervenido como funcionario del 
Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante, o hubiera 
actuado como perito, consultor técnico o conociera del hecho investigado como 
testigo, o tenga interés directo en el proceso.  
 
b) Si es cónyuge, conviviente con más de dos años de vida en común, pariente dentro 
del tercer grado de consanguinidad o afinidad, de algún i nteresado, o  este  viva o 
haya vivido a su cargo.  
 
c) Si es o ha sido tutor o curador, o ha estado bajo tutela o curatela de alguno de los 
interesados.  
 
d) Cuando él, su cónyuge, conviviente con más de dos años de vida en común, padres 
o hijos, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o 
comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima.  
 
e) Si él, su esposa, conviviente con más de dos años de vida en común, padres, hijos 
u otras personas que vivan a su cargo, son acreedores, deudores o fiadores de 
alguno de los interesados, salvo que se trate de bancos del Sistema Bancario 
Nacional.  
 
f) Cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido denun ciante o acusador de 
alguno de los interesados, hubiera sido denunciado o acusado por ellos, salvo que 
circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos.  
 
g) Si ha dado consejos o manifestado extra -judicialmente su opinión sobre el 
proceso.  
 
h) C uando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los 
interesados.  
 
i) Si él, su esposa, conviviente con más de dos años de vida en común, padres, hijos 
u otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido o reciban beneficios de 
importa ncia de alguno de los interesados o si, después de iniciado el proceso, él 
hubiera recibido presentes o dádivas aunque sean de poco valor.   
j) Cuando en la causa hubiera intervenido o intervenga, como juez, algún pariente 
suyo dentro del segundo grado de consanguinidad.  
 
Para los fines de este artículo, se consideran interesados el imputado, el 
damnificado, la víctima y el demandado civil, aunque estos últimos no se constituyan en 
parte; también, sus representantes, defensores o mandatarios.  
 
 
ARTICULO 56. - 
 
Trámite de la excusa El juez que s e excuse remitirá las actuaciones, por resolución 
fundada, a quien deba reemplazarlo. Este tomará conocimiento del asunto de inmediato y 
dispondrá el trámite por seguir, sin perjuicio de que eleve los antecedentes, en igual 
forma, al tribunal respectivo, s i estima que la excusa no tiene fundamento. La incidencia 
será resuelta sin trámite. Cuando el juez forme parte de un tribunal colegiado y reconozca 
un motivo de excusa, pedirá a los restantes miembros que dispongan su separación.  
 
 
ARTICULO 57. - 
 
Recusación El Ministerio Público y las partes pod rán recusar al juez, cuando estimen que 
concurre en él una causal por la cual debió excusarse.  
 
 
ARTICULO 58. -Tiempo y forma de recusar . Al formularse la recusación se indicarán, 
bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en que se funda y los elementos de prueba 
pertinentes.   Será formulada dentro de las veinticuatro horas de conocerse los motivos en 
que se funda.   Durante las audiencias, la recusación será deducida oralmente.  
 
(Así reformado por el artículo 1° " Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras 
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en 
el Proceso Penal  ", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
ARTICULO 59. - 
 
Trámite de la recusación Si el juez admite la recusación, aplicará el procedimien to previsto 
para la excusa. En caso contrario, remitirá el escrito de recusación y su informe al tribunal 
competente o, si el juez integra un tribunal colegiado, pedirá el rechazo de aquella a los 
restantes miembros. Si se estima necesario, se fijará fecha  para celebrar una audiencia en 
la que se recibirá la prueba y se informará a las partes. El tribunal competente resolverá el 
incidente dentro de las veinticuatro horas, sin recurso alguno.   
 
ARTICULO 60. - 
 
Recusación de secretarios y colaboradores Las mismas reglas regirán respecto a los 
secreta rios y a quienes cumplan alguna función de auxilio judicial en el procedimiento. El 
tribunal ante el cual actúan averiguará sumariamente el motivo invocado y resolverá lo 
que corresponda. Acogida la excusa o recusación, el funcionario quedará separado del 
asunto.  
 
 
ARTICULO 61. - 
 
Efectos Producid a la excusa o aceptada la recusación, no serán eficaces los actos 
posteriores del funcionario separado. La intervención de los nuevos funcionarios será 
definitiva, aunque posteriormente desaparezcan los motivos determinantes de la 
separación.  
 
 
 
TITULO II  
 
MINISTERIO PUBLICO Y POLICIA JUDICIAL  
 
CAPITULO I  
 
EL MINISTERIO PUBLICO  
 
ARTICULO 62. - 
 
Funciones El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por 
la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho 
delictivo. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en los 
actos que lo requieran.  
 
Los representantes del Ministerio Público deberán formular sus requerimientos y 
conclusiones en forma motivada y específica.  
 
 
ARTICULO 63. - 
 
Objetividad En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un 
criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la 
Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país y  la ley. Deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también 
las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; asimismo, deberá formular los 
requerimientos e instancias conforme a ese criterio, aun en fav or del imputado.  
 
 
ARTICULO 64. - 
 
Distrib ución de funciones Además de las funciones acordadas por la ley, los 
representantes del Ministerio Público actuarán, en el proceso penal, de conformidad con 
la distribución de labores que disponga el Fiscal General de la República.  
 
 
ARTICULO 65. - 
 
Cooperación internacional Cuando las actividades  delictivas se realicen, en todo o en 
parte, fuera del territorio nacional, o se les atribuyan a personas ligadas a una 
organización de carácter regional o internacional, en los casos en que deba aplicarse la 
legislación penal costarricense, el Ministerio Público podrá formar equipos conjuntos de 
investigación con instituciones extranjeras o internacionales. Los acuerdos de 
investigación conjunta deberán ser aprobados y supervisados por el Fiscal General.  
 
 
ARTICULO 66. - 
 
Excusa y recusación En la medida en que les sean aplicables los funcionarios  del Ministerio 
Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos 
respecto de los jueces, salvo por el hecho de intervenir como acusadores en el proceso. La 
excusa o la recusación serán resueltas por el superior jerárquic o, previa la investigación 
que estime conveniente.  
 
 
 
CAPITULO II  
 
LA POLICIA JUDICIAL  
 
ARTICULO 67. - 
 
Función Como auxiliar del Ministerio Público y bajo su dirección y control, la policía 
judicial investigará los delitos de acción pública, impedirá que se consuman o agoten, 
individualizará a lo s autores y partícipes, reunirá los elementos de prueba útiles para 
fundamentar la acusación y ejercerá las demás funciones que le asignen su ley orgánica y 
este Código.  
  
ARTICULO 68. - 
 
Dirección El Ministerio Público dirigirá la policía cuando esta deba prestar auxilio en las 
labores de inve stigación. Los funcionarios y los agentes de la policía judicial deberán 
cumplir siempre las órdenes del Ministerio Público y las que, durante la tramitación del 
procedimiento, les dirijan los jueces. En casos excepcionales y con fundamentación, el 
Fiscal General podrá designar directamente a los oficiales de la policía judicial que 
deberán auxiliarlo en una investigación específica. En este caso, las autoridades policiales 
no podrán ser separadas de la investigación, si no se cuenta con la expresa aprobaci ón de 
aquel funcionario.  
 
 
ARTICULO 69. - 
 
Formalidades Los funcionarios y agentes de la policía judicial respetarán las formalidades 
previstas para la investigación, y subordinarán sus actos a las instrucciones de carácter 
general o particular que emita el Ministerio Público.  
 
 
 
TITULO III  
 
LA VICTIMA  
 
CAPITULO I  
 
DERECHOS  DE LA VICTIMA  
 
Artículo 70. - Víctimas  
 
Serán consideradas víctimas:  
 
a) La persona directamente ofendida por el delito.  
 
b) El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años de vida en común, el hijo 
o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del tercer grado de 
consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente, en 
los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido.  
 
c) Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que afecte n a 
una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.  
 d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los 
delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 
agru pación se vincule directamente con esos intereses.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 71. - Derechos y deberes de la  Artículo 71 - Derechos y deberes de la víctima. 
Aunque no se haya constituido como querellante, la víctima tendrá los siguientes derechos 
dentro del proceso:  
 
1) Derechos de información y trato:  
 
a) A recibir un trato digno, que respete sus derechos fundamentales y que 
procure reducir o evitar la revictimización con motivo del proceso.  
 
b) A que se consideren sus necesidades especiales, tales como limitaciones 
físicas, sensoriales o mentales, así como las diferencias sociales, culturales o 
étnicas.  
 
c) A ser informada, en el primer contacto que tenga con las autoridades 
judiciales, de todos los derechos y facultades, así como sus deberes, con motivo 
de su intervención en el proceso, además, tener acceso al expediente judicial.  
 
d) A señalar un domicilio, lugar o un medio en el que puedan serle comunicadas 
las decisiones que se adopten y en el que pueda ser localizada, así como a que 
se canalice esa información, por una vía reservada a criterio de la Oficina de 
Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, en caso de que se 
encuentre sujeta a protección.  
 
e) A ser informada de todas las resoluciones finales que se adopten, así como 
de los cambios o las modificaciones en las medidas caute lares que se hayan 
adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad 
física, siempre y cuando haya señalado un domicilio, sitio o medio en que 
puedan serle comunicadas.  
 
f) A ser informada de su derecho a solicitar y obtener pro tección especial, en 
caso de riesgos o amenazas graves para sí misma o su familia, con motivo de su 
denuncia o intervención en el proceso.  
 
g) A ser informada sobre la necesidad de su participación en determinados 
exámenes o pericias, a que se le explique n sus alcances y a contar con la 
presencia de una persona de su confianza, que la acompañe en la realización de estas, siempre que ello no arriesgue su seguridad ni ponga en riesgo la 
investigación.  
 
h) A ser informada por el fiscal a cargo del caso, de s u decisión de no recurrir la 
sentencia absolutoria o el cese o la modificación de las medidas cautelares 
adoptadas por la existencia de riesgo para su vida o su integridad física, dentro 
del plazo formal para recurrir cada una de esas resoluciones y con in dicación de 
las razones para no hacerlo, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar 
o medio para ser informada.  
 
i) Derecho a ser informada sobre la posibilidad de resolver el caso mediante el 
procedimiento de justicia restaurativa, conforme a lo estipulado en la Ley de 
Justicia Restaurativa.  
 
(Así adicionado el  subinciso  anterior  por el artículo 47 de la Ley de justicia 
restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)  
 
2) Derechos de protección y asistencia:  
 
a) Protección extraprocesal:  
 
La víctima tendrá derecho a solicitar y a obtener protección especial, en caso 
de riesgos o amenazas graves para su vida o integridad física o la de sus 
familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. El 
Ministerio Público, la policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de 
la causa adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta 
protección. La víctima será escuchada, en todo procedimiento en que se 
pretenda brindarle protección. La Oficin a de Atención a la Víctima del Delito 
del Ministerio Público, coordinará con todas las fiscalías del país la protección 
de las víctimas y canalizará, por su medio, la información necesaria para 
sustentar las medidas de protección o las solicitudes de medid as cautelares, 
según lo regulado en el párrafo final del artículo 239 de este Código.  
 
b) Protección procesal:  
 
Cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida o su integridad 
física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervenci ón en el 
proceso, la víctima tendrá derecho a que se reserven sus datos de 
identificación, como nombre, cédula y domicilio, números de teléfono o 
lugar de trabajo y que no consten en la documentación del proceso; además, 
en los casos excepcionales señalado s en el artículo 204 bis de este Código, 
tendrá derecho a mantener reserva de sus características 
físicas  individualizantes , cuando, por la naturaleza del hecho, estas no sean 
conocidas por el imputado u otras personas relacionadas con él, sin perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar su testimonio y proteger su vida, 
podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles como la 
videoconferencia o cualquier otro medio similar, que haga efectiva la 
protección acordada, tanto cuando se haga uso del anti cipo jurisdiccional de 
prueba como en juicio, en los términos y según el procedimiento regulado 
en los artículos 204 y 204 bis de este Código.  
 
c) Las personas menores de edad víctimas, las mujeres víctimas de abuso 
sexual o de violencia y las víctimas de  trata de personas y de hechos 
violentos, tendrán derecho a contar con medidas de asistencia y apoyo, por 
parte del personal designado para tal efecto, tanto en el Poder Judicial como 
en el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, a fin de reducir la  
revictimización con motivo de su intervención en el proceso y facilitar su 
participación en las distintas diligencias judiciales, como pericias o 
audiencias.  
 
d) Las personas menores de edad víctimas tendrán derecho a que se 
considere su interés superior  a la hora de practicar cualquier diligencia o 
pericia y, especialmente, a la hora de recibir su testimonio; para ello, el 
Ministerio Público, el juez o el tribunal de juicio que conozca de la causa, 
adoptarán las medidas necesarias para que se reduzcan lo s trámites y se 
reciba su testimonio, en las condiciones especiales que se requieran. Podrá 
solicitarse, en caso necesario, un dictamen al Departamento de Trabajo 
Social y Psiquiatría y Psicología Forense o de algún otro perito o experto, 
debidamente nombr ado, resguardando siempre el derecho de defensa, tal y 
como lo regulan los artículos 212, 221 y 351 de este Código.  
 
e) La víctima tendrá derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su 
patrono, público o privado, cuando tenga que asistir a diligenc ias judiciales, 
a pericias o a comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo 
necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a tales actos, el 
despacho que conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia, deberá 
extender el  comprobante respectivo, en el que se indique la naturaleza del 
acto y la duración efectiva del trámite. El Ministerio Público, el juez o el 
tribunal de juicio que conozca de la causa, adoptarán las medidas necesarias 
para evitar que la víctima sea sometid a a múltiples citaciones o 
comparecencias; además, cuando sea posible, deberán programarse las 
audiencias, para que se rinda el testimonio,   a la brevedad posible y no se 
haga uso abusivo de la licencia concedida.  
 
3) Derechos procesales:  
 
a) La víctima tiene derecho a denunciar por sí, por un tercero a quien haya 
autorizado o por mandatario, los hechos cometidos en su perjuicio.   
b) La víctima directamente ofendida por el hecho tiene el derecho de ser 
escuchada en juicio, aun si el Ministerio Público no la ofreciera como testigo. 
En todas las gestiones que este Código autoriza realizar a la víctima, 
prevalecerá su derecho a ser oída. No podrá alegarse la ausencia de 
formalidades de interposición, como causa para no resolver sus peticiones, y 
tendrá derecho a que se le prevenga la corrección de los defectos en los 
términos del artículo 15 de este Código.  
 
c) A apelar el sobreseimiento definitivo, en las etapas preparatoria, 
intermedia y de juicio, así como la desestimación.  
 
d) Cuando el Ministerio Público le comunique su decisión de no impugnar la 
sentencia absolutoria, el cese o la modificación de las medidas cautelares 
adoptadas por  la existencia de un riesgo para su vida o integridad física y la 
víctima no esté conforme, tendrá el derecho de recurrir a tales decisiones, 
en los términos establecidos en el artículo 426 de este Código.  
 
e) A ser convocada a la audiencia preliminar, en todos los casos, siempre y 
cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio en que pueda ser 
localizada y a que se considere su criterio, cuando se conozca de la aplicación 
del procedimiento abreviado, la suspe nsión del proceso a prueba, la 
conciliación o la aplicación de un criterio de oportunidad, en los términos y 
alcances definidos en este Código. En cualquier caso en que se encuentre 
presente se le concederá la palabra.  
 
f) A ejercer la acción civil resarc itoria, en los términos y alcances que define 
este Código, a plantear la querella en los delitos de acción privada, a revocar 
la instancia en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada, 
a solicitar la conversión de la acción pública en acción privada, así como a 
desistir de sus querellas o acciones, todo en los términos y alcances que 
define este Código.  
 
g) A que el Ministerio Público le comunique su decisión de acusar, solicitar el 
sobreseimiento o la aplicación de un criterio de opor tunidad, a fin de que, en 
los términos regulados en este Código, decida si formula querella y se 
constituye en querellante, o si formula la acción civil resarcitoria.  
 
h) Cuando se solicite la prisión preventiva por la existencia de riesgos o 
amenazas a l a vida o la integridad física de la víctima o de sus familiares, 
tendrá derecho a ser escuchada por el juez, al resolver de la solicitud que le 
formule el Ministerio Público, siempre y cuando haya señalado un domicilio, 
lugar o medio para ser localizada. P odrá hacer su manifestación por escrito 
para ser presentada por el fiscal junto a la solicitud de prisión, sin perjuicio de que el juez decida escucharla. Para tales efectos, el fiscal a cargo del caso 
podrá requerir información a la Oficina de Atención a la Víctima del delito del 
Ministerio Público, con el objeto de fundamentar su solicitud, en los términos 
que se regulan en el párrafo final del artículo 239 de este Código.  
 
i) A acudir ante el juez de la etapa preparatoria, a señalar los errores, las 
omisiones o los retrasos que estime han ocurrido en la investigación de los 
hechos en su perjuicio, en los términos establecidos en el último párrafo del 
artículo 298 de este Código. Asimismo, podrá objetar el archivo fiscal en los 
términos que regula el nume ral 298 citado.  
 
j) A que le sean devueltos a la brevedad posible, aun en carácter de depósito 
provisional, todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido 
incautados o recuperados por las autoridades, con el propósito de ser 
utilizados como evi dencia.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
 
CAPITULO II  
 
EL QUERELLANTE EN DELITOS DE ACCION PRIVADA  
 
ARTICULO 72. - 
 
Querellante en delitos de acción privada Toda perso na con capacidad civil que se 
pretenda ofendida por un delito de acción privada, tendrá derecho a presentar querella y a 
ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria, de conformidad con lo dispuesto en este 
Código.  
 
El representante legal del menor o el incapaz por los delitos cometidos en su 
perjuicio gozarán de igual derecho.  
 
 
ARTICULO 73. - 
 
Representación El querellante deberá actuar con el patrocinio de un abogado. Cuando los 
querellantes sean varios, deberán actuar bajo una sola representación, la q ue se ordenará 
de oficio si no llegan a un acuerdo.  
 
 
ARTICULO 74. -  
Forma y contenido de la querella La querella será presentada, por escrito, 
personalmente o por mandatario con poder especial, y deberá expresar bajo pena de 
inadmisibilidad:  
 
a) El nombre, los apellidos y el domicilio del querel lante y, en su caso, también los 
del mandatario.  
 
b) El nombre, los apellidos y el domicilio del querellado o, si se ignoran, cualquier 
descripción que sirva para identificarlo.  
 
c) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar y 
el momento en que se ejecutó, si se saben.  
 
d) La solicitud concreta de la reparación que se pretenda, si se ejerce la acción civil.  
 
e) Las pruebas que se ofrezcan.  
 
i) Si se trata de testigos y peritos, deberán indicarse el nombre, los ape llidos, la 
profesión, el domicilio y los hechos sobre los que serán examinados.  
 
ii) Cuando la querella verse sobre calumnias, injurias o difamaciones, el 
documento o la grabación que, en criterio del  accionante , las contenga, si es 
posible presentarlos.  
 
f) La firma del actuante o, si no sabe o no puede firmar, la de otra persona a su ruego.  
 
Se agregará, para cada querellado, una copia del escrito y del poder.  
 
 
 
CAPITULO III  
 
EL QUERELLANTE EN DELITOS DE ACCION PUBLICA  
 
ARTICULO 75. - 
 
Querellante en delitos de acción pública En los delitos de acción pública, la víctima 
y su representante o guardador, en caso de minoridad o incapa cidad, podrán provocar la 
persecución penal, adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público o continuar con su 
ejercicio, en los términos y las condiciones establecidas en este Código.  
 
El mismo derecho tendrá cualquier persona contra funcionarios p úblicos que, en el 
ejercicio de su función o con ocasión de ella, hayan violado derechos humanos; cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios que han abusado de su cargo así como contra 
quienes cometen delitos que lesionan intereses difusos.  
 
 
ARTICULO 76. - 
 
Formalidades de la querel la La querella por delito de acción pública deberá reunir, en lo 
posible, los mismos requisitos de la acusación, y será presentada ante el representante del 
Ministerio Público que realiza o debe realizar la investigación. Si el querellante ejerce la 
acción  civil, deberá indicar el carácter que invoca y el daño cuya reparación pretende, 
aunque no precise el monto. El querellante deberá actuar con el patrocinio de un 
abogado. La querella podrá ser iniciada y proseguida por un mandatario, con un poder 
especial  para el caso.  
 
 
ARTICULO 77. - 
 
Oportunid ad La querella podrá ser formulada en el procedimiento preparatorio. El 
Ministerio Público rechazará la solicitud de constitución cuando el interesado no tenga 
legitimación. Informado el querellante del rechazo podrá acudir, dentro del tercer día, 
ante el tribunal del procedimiento preparatorio para que resuelva el diferendo.  
 
 
ARTICULO 78. - 
 
Desistimiento expreso El querellante podrá desistir de su demanda en cualquier 
momento. En este caso, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la 
decisión general que, sobre ellas, dicte el tribunal, salvo que las partes convengan lo 
contrar io. 
 
 
ARTICULO 79. - 
 
Desistimiento tácito Se considerará desistida la querella cuando el querellante, sin 
justa causa, no concurra:  
 
a) A prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba para cuya 
práctica sea necesaria su presencia, luego de ser citado.  
 
b) A la audiencia preliminar.  
 
c) A la primera audiencia del debate, se aleje de la audiencia o no presente 
conclusiones.  
 En los casos de incomparecencia, si es posible la justa causa deberá acreditarse antes 
de iniciar la audiencia o, en caso contrario, dentro de cuaren ta y ocho horas de la fecha 
fijada para aquella.  
 
El desistimiento será declarado por el tribunal de oficio o a pedido de cualquiera de 
los intervinientes. Contra esta resolución, sólo se admitirá el recurso de revocatoria.  
 
 
ARTICULO 80. - 
 
Facultades La querella no alterará las facultades co ncedidas al Ministerio Público respecto 
del ejercicio de los criterios de oportunidad y la suspensión del proceso a prueba. El 
querellante podrá interponer los recursos que este Código autoriza al Ministerio Público. 
La intervención como querellante no exi mirá del deber de declarar como testigo.  
 
 
 
TITULO IV  
 
EL IMPUTADO  
 
CAPITULO I  
 
NORMAS GENERALES  
 
ARTICULO 81. - 
 
Denominación Se denominará imputado a quien, mediante cualquier acto de la 
investigación o del procedimiento, sea señalado como posible autor de un hecho punible o 
partícipe en él.  
 
 
ARTICULO 82. - 
 
Derechos del imputado La policía judicial, el Ministerio Público y los jueces, según 
corresponda,  harán saber al imputado, de manera inmediata y comprensible, que tiene los 
siguientes derechos:  
 
a) Conocer la causa o el motivo de su privación de libertad y el funcionario que la 
ordenó, exhibiéndole, según corresponda, la orden emitida en su contra.  
 
b) Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación, 
agrupación o entidad a la que desee comunicar su captura.  
 c) Ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe 
él, sus parientes o la agrupación a  la que se comunicó su captura y, en defecto de 
éste, por un defensor público.  
 
d) Presentarse o ser presentado al Ministerio Público o al tribunal, para ser 
informado y enterarse de los hechos que se le imputan.  
 
e) Abstenerse de declarar y si acepta ha cerlo, de que su defensor esté presente en 
el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera 
su presencia.  
 
f) No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o 
atenten contra su dignidad.  
 
g) No se utilicen, en su contra, medios que impidan su libre movimiento en el lugar 
y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia 
que, en casos especiales, estime ordenar el tribunal o el Ministerio Público.  
 
 
ARTICULO 83. - 
 
Identificación El imputa do deberá suministrar los datos que permitan su identificación 
personal y mostrar su documento de identidad. Si no los suministra o se estima necesario, 
se solicitará constancia al Registro Civil, sin perjuicio de que una oficina técnica practique 
su ident ificación física utilizando sus datos personales, impresiones digitales y señas 
particulares. También podrá recurrirse a la identificación por testigos en la forma prescrita 
para los reconocimientos, o a otros medios que se consideren útiles. La duda sobre  los 
datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores referentes a ellos 
podrán corregirse en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal. Estas 
medidas podrán aplicarse aun en contra de la voluntad del imputado.  
 
 
ARTICULO 84. - 
 
Domicilio En su primera intervención,  el imputado deberá indicar su domicilio y señalar el 
lugar o la forma para recibir notificaciones. Deberá mantener actualizada esta 
información.  
 
 
ARTICULO 85. - 
 
Incapacidad sobreviniente Si durante el proceso sobreviene trastorno mental del 
imputado, que excluya su capacidad de querer o entende r los actos del procedimiento, o 
de obrar conforme a ese conocimiento y voluntad, el procedimiento se suspenderá hasta que desaparezca esa incapacidad. Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho ni 
la continuación de las actuaciones con respecto a  otros imputados. La incapacidad será 
declarada por el tribunal, previo examen pericial.  
 
 
ARTICULO 86. - 
 
Internación para observación Si es necesario el internamiento del imputado para elaborar 
el informe pericial sobre su capacidad, la medida podrá ser ordenada por el tribunal, a 
solicitud de l os peritos, sólo cuando exista la probabilidad de que el imputado haya 
cometido el hecho y esta medida no sea desproporcionada respecto de la importancia de 
la pena o medida de seguridad que podría imponerse. La internación no podrá 
prolongarse por más de un mes y sólo se ordenará si no es posible realizarla con el empleo 
de otra medida menos drástica.  
 
 
ARTICULO 87. - 
 
Examen mental obligatorio El imputado será sometido a un examen psiquiátrico o 
psicológico cuando:  
 
a) Se le atribuya la comisión de delitos de carácter sexual contra menores de edad o 
agresiones domésticas.  
 
b) Se trate de una persona mayor de setenta a ños de edad.  
 
c) Prima facie, se pueda estimar que, en caso de condena, se le impondrá pena 
superior a quince años de prisión.  
 
d) El tribunal considere que es indispensable para establecer la capacidad de 
culpabilidad en el hecho.  
 
 
ARTICULO 88. - 
 
El imputado como objeto de prueba Se podrá ordenar la investigación corporal del 
imputado para constatar circunstancias importantes para descubrir la verdad. Con esta 
finali dad y por orden del tribunal, serán admisibles intervenciones corporales, las cuales 
se efectuarán según las reglas del saber médico, aun sin el consentimiento del imputado, 
siempre que esas medidas no afecten su salud o su integridad física, ni se contrap ongan 
seriamente a sus creencias. Tomas de muestras de sangre y piel, corte de uñas o cabellos, 
tomas de fotografías y huellas dactilares, grabación de la voz, constatación de tatuajes y 
deformaciones, alteraciones o defectos, palpaciones corporales y, en general, las que no 
provoquen ningún perjuicio para la salud o integridad física, según la experiencia común, ni degraden a la persona, podrán ser ordenadas directamente por el Ministerio Público, 
durante el procedimiento preparatorio, siempre que las real ice un perito y no las 
considere riesgosas. En caso contrario, se requerirá la autorización del tribunal, que 
resolverá previa consulta a un perito si es necesario. Estas reglas también son aplicables a 
otras personas, cuando sea absolutamente indispensabl e para descubrir la verdad.  
 
 
ARTICULO 89 .- 
 
Rebeldía Será declarado en rebeldía el imputado que, sin grave impedimento, no 
comparezca a una citación, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido, o se 
ausente de su domicilio sin aviso.  
 
 
ARTICULO 90. - 
 
Efectos La declaración de rebeldía o de incapacidad suspenderá la audien cia preliminar y 
el juicio, salvo que corresponda, en este último caso, el procedimiento para aplicar una 
medida de seguridad. La incomparecencia del imputado a la audiencia preliminar no 
producirá su rebeldía. El procedimiento sólo se paralizará con respe cto al rebelde y 
continuará para los imputados presentes. Al decretarse la rebeldía se dispondrá la captura 
del imputado. Durante el procedimiento preparatorio se solicitará la orden al tribunal. Si 
el imputado se presenta después de la declaratoria de reb eldía y justifica su ausencia en 
virtud de un impedimento grave y legítimo, aquella será revocada y no producirá ninguno 
de los efectos señalados en esta norma.  
 
 
 
CAPITULO II  
 
DECLARACION DEL IMPUTADO  
 
ARTICULO 91. - 
 
Oportunidades y autoridad competente Cuando exista motivo suficiente para 
sospe char que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el 
funcionario del Ministerio Público encargado de la investigación procederá a recibirle la 
declaración.  
 
Si el imputado ha sido aprehendido, se le deberá recibir la declaración 
inme diatamente o, a más tardar, en el plazo de veinticuatro horas contadas desde su 
aprehensión. El plazo se prorrogará por otro tanto, cuando sea necesario para que 
comparezca el defensor de su confianza.  
 El imputado tendrá derecho a declarar cuando lo esti me indispensable, siempre que 
su declaración sea pertinente y no constituya una medida dilatoria del procedimiento.  
 
 
ARTICULO 92. - 
 
Advertencias preliminare s Al comenzar a recibirse la declaración, el funcionario que la 
reciba comunicará, detalladamente, al imputado el hecho que se le atribuye, su 
calificación jurídica y un resumen del contenido de la prueba existente. También, se 
pondrán a su disposición las  actuaciones reunidas hasta ese momento. Antes de comenzar 
la declaración, se le advertirá que puede abstenerse de declarar sobre los hechos, sin que 
su silencio le perjudique o en nada le afecte y que, si declara, su dicho podrá ser tomado 
en consideració n aun en su contra. Se le prevendrá que señale el lugar o la forma para 
recibir notificaciones. Además, será instruido acerca de que puede solicitar la práctica de 
medios de prueba, dictar su declaración y, en general, se le informará de sus derechos 
proce sales.  
 
 
ARTICULO 93. - 
 
Nombramiento de d efensor Antes de que el imputado declare sobre los hechos, se le 
requerirá el nombramiento de un abogado, si no lo tiene, para que lo asista y se le 
informará que puede exigir su presencia y consultar con él todo lo relacionado con su 
defensa. En ese caso,  si no está presente el defensor, se le dará aviso inmediato, por 
cualquier medio, para que comparezca. De no ser hallado, se fijará una nueva audiencia 
para el día siguiente, y se procederá a su citación formal. Si el defensor no comparece o el 
imputado n o lo designa, se le proveerá inmediatamente de un defensor público.  
 
 
ARTICULO 94. - 
 
Interrogatorio de identificación A continuación se le solicitará al imputado indicar su 
nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, edad, estado civil, profesión u oficio, 
nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, d omicilio, lugar de trabajo y condiciones de 
vida, números telefónicos de su casa, su lugar de trabajo o cualquier otro en donde pueda 
ser localizado; además, exhibir su documento de identidad e indicar nombre, estado, 
profesión u oficio y domicilio de sus padres.  
 
 
ARTICULO 95. - 
 
Declaración sobr e el hecho Cuando el imputado manifieste que desea declarar, se le 
invitará a expresar cuanto tenga por conveniente, en descargo o aclaración de los hechos, 
y a indicar las pruebas que estime oportunas. Su declaración se hará constar fielmente y, en lo pos ible, con sus propias palabras. La autoridad que recibe la declaración y las partes 
podrán dirigirle preguntas, siempre que estas sean pertinentes. La declaración sobre el 
hecho sólo podrá recibirse en presencia del defensor.  
 
 
ARTICULO 96. - 
 
Prohibiciones En ningún caso, se le requerirá al imput ado juramento ni promesa de decir 
la verdad, ni será sometido a ninguna clase de coacción o amenaza, ni se usará medio 
alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le 
formularán cargos ni reconvenciones tendentes a o btener su confesión. Estarán 
prohibidas las medidas que menoscaben la libertad de decisión del imputado, su memoria 
o la capacidad de comprensión y dirección de sus actos, en especial, los malos tratos, las 
amenazas, el agotamiento, la violencia corporal, la tortura, la administración de 
sicofármacos y la hipnosis. La promesa de una ventaja sólo se admitirá cuando esté 
específicamente prevista en la ley. Si por la duración del acto se notan signos de fatiga o 
falta de serenidad, la declaración será suspendi da, hasta que desaparezcan. Las preguntas 
serán claras y precisas; no estarán permitidas las capciosas o sugestivas y las respuestas 
no serán instadas perentoriamente.  
 
 
ARTICULO 97. - 
 
Tratamiento durante la declaración El imputado declarará siempre con libertad de 
movimiento, sin el uso de instr umentos de seguridad, salvo cuando sea absolutamente 
indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas. Esta circunstancia se hará 
constar en el acta. Asimismo, declarará únicamente con la presencia de las personas 
autorizadas para asistir al acto  o en público cuando la ley lo permita.  
 
 
Artículo 98. - Facultades policiales  
 
Durante las primeras seis horas, desde su aprehensión o detención, y en presencia de su 
defensor de confianza y/o defensor público que se le asigne, los agentes del OIJ, en 
cumplimiento de sus funciones, y respetando la s garantías constitucionales y los derechos 
procesales de los detenidos, podrán constatar su identidad e interrogarlo con fines 
investigativos.  
 
Si en un momento posterior, al indicado en el primer párrafo de este artículo, el detenido 
manifiesta su deseo  de declarar o ampliar sus manifestaciones, deberá comunicarse ese 
hecho al Ministerio Público para que estas también se reciban con las formalidades 
previstas en la ley.  
 (Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y de más 
intervinientes en el Proceso Penal  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 99. - 
 
Valoración La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado 
impedirá que esta se utilice en su contra, aun cuando él haya dado su consentimiento 
para infringir alguna regla o utilizar su declaración. Las inobservancias meramente 
formales serán corregidas durante el acto o después de él. Al valorar el acto, el juez 
apreciará la calidad de esas inobservancias, para determinar si procede conforme al 
párrafo anterior.  
 
 
TITULO V  
 
DEFENSORES Y MANDATARIOS  
 
ARTICULO 100. - 
 
Derecho de elección El imputado tendrá el derecho de el egir como defensor un 
abogado de su confianza.  
 
La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado a formular 
solicitudes y observaciones.  
 
Cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica, podrá defenderse por sí 
mismo.  
 
 
ARTICULO 101. - 
 
Intervención Los defensores de signados serán admitidos en el procedimiento de 
inmediato y sin ningún trámite, tanto por la policía como por el Ministerio Público y el 
tribunal, según sea el caso. El ejercicio como defensor será obligatorio para el abogado 
que acepta intervenir en el pr ocedimiento, salvo excusa fundada.  
 
 
ARTI CULO 102. - 
 
Nombramiento posterior Durante el transcurso del procedimiento, el imputado podrá 
designar un nuevo defensor; pero el anterior no podrá separarse de la defensa, sino hasta 
que el nombrado intervenga en el procedimiento.  
  
ARTICULO 103. - 
 
Defensor mandatario En el procedimiento por del ito de acción privada o por delitos que 
no prevén pena privativa de libertad, el imputado podrá ser representado por un defensor 
con poder especial para el caso, quien podrá reemplazarlo en todos los actos, excepto en 
la declaración. No obstante, el tribun al podrá exigir la presencia del imputado cuando lo 
considere indispensable.  
 
 
ARTICULO 104. - 
 
Renuncia y abandono El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa. En este caso, 
el tribunal o el Ministerio Público le fijará un plazo para que el imputado nombre otro. Si 
no lo nombra, será reemplazado por un defensor público. El renunciante no podrá 
abandonar la defensa mientras su reemplazante no intervenga. No se podrá renunciar 
durante las audiencias ni una vez notificado del señalamiento de ellas. Si el defensor, sin 
causa justificada, abandona la defensa o deja al imputado sin asistencia té cnica, se 
nombrará uno público y aquel no podrá ser nombrado nuevamente. La decisión se 
comunicará al imputado, y se le instruirá sobre su derecho de elegir otro defensor. 
Cuando el abandono ocurra antes de iniciarse el juicio, podrá aplazarse su comienzo,  por 
un plazo no mayor de cinco días, si el nuevo defensor lo solicita.  
 
 
ARTICULO 105. - 
 
Sanciones El abandono de la defensa constituirá una falta grave. El tribunal pondrá el 
hecho en conocimiento del Colegio de Abogados, para que este, conforme al 
procedimiento establecido, fije la sanción cor respondiente. Esa falta será sancionada con 
la suspensión para ejercer la profesión durante un lapso de un mes a un año y con el pago 
de una suma de dinero equivalente al costo de las audiencias que debieron repetirse a 
causa del abandono. Para esto, se to marán en cuenta los salarios de los funcionarios 
públicos intervinientes y los de los particulares. Esa sanción pecuniaria deberá utilizarse en 
programas de capacitación por parte del Colegio de Abogados.  
 
 
ARTICULO 106. - 
 
Número de defensores El imputado no podrá ser defendido, simultáneamente, por más 
de dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificación practicada a uno de 
ellos tendrá validez respecto de todos y la sustitución de uno por otro no alterará trámites 
ni plazos.  
 
 ARTICULO 107. - 
 
Defensor común La defensa común de varios imputados será admisible, siempre que  no 
exista incompatibilidad. No obstante, si esta se advierte, será corregida de oficio y se 
proveerá lo necesario para reemplazar al defensor.  
 
 
ARTICULO 108. - 
 
Garantías para el ejercicio de la defensa No será admisible el decomiso de cosas 
relacionadas con la defensa;   tampoco, la interceptació n de las comunicaciones del 
imputado con sus defensores, consultores técnicos y sus auxiliares, ni las efectuadas entre 
estos y las personas que les brindan asistencia.  
 
 
ARTICULO 109. - 
 
Entrevista con los detenidos El imputado que se encuentre detenido, incluso ante la 
policía, tendrá derecho  a entrevistarse privadamente con el defensor desde el inicio de su 
captura.  
 
 
ARTICULO 110. - 
 
Identificación Todos los abogados que intervengan como autenticantes, asesores o 
representantes de las partes en el proceso, deberán consignar, en los escritos en que 
figuren, su número de inscripción ante el Colegio de Abogados. Las gestiones no se 
atende rán mientras no se cumpla con ese requisito.  
 
 
 
TITULO VI  
 
PARTES CIVILES  
 
CAPITULO I  
 
ACTOR CIVIL  
 
ARTICULO 111. - 
 
Constitución de parte Para ejercer la acción resarcitoria, su titular deberá 
constituirse en actor civil.  
 Quienes no tengan capacidad para actuar en juicio deberán ser representados o 
asistidos del modo prescrito por la ley civil.  
 
El actor civil deberá  actuar con el patrocinio de un abogado y podrá hacerse 
representar por un mandatario con poder especial.  
 
 
ARTICULO 112. - 
 
Requisitos del escrito inicial El escrito en que se apersone el actor civil contendrá:  
 
a) El nombre y domicilio del accionante y, en su caso, de su representante. Si se trata 
de entes colectivos, la razón, el domicilio social y el nombre de quienes lo dirigen.  
 
b) El nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico con el 
hecho atribuido al imputado.  
 
c) La indicación del proceso a que se refi ere. 
 
d) Los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca y 
el daño cuya reparación se pretenda, aunque no se precise el monto.  
 
 
ARTICULO 113. - 
 
Imputado civilmente res ponsable El ejercicio de la acción civil procederá aun cuando no 
esté individualizado el imputado. Si en el proceso existen varios imputados y civilmente 
responsables, la pretensión resarcitoria podrá dirigirse contra uno o varios de ellos. 
Cuando el actor  no mencione a ningún imputado en particular, se entenderá que se dirige 
contra todos.  
 
 
ARTICULO 114. - 
 
Oportunidad La solicitud deberá plantearse ante el Ministerio Público durante el 
procedimiento preparatorio, antes de que se formule el requerimiento fiscal o la querella, 
o conjuntamente con esta.  
 
 
ARTICULO 115. - 
 
Traslado de la ac ción civil El Ministerio Público comunicará el contenido de la acción al 
imputado, al demandado civil, a los defensores y, en su caso, al querellante, en el lugar 
que hayan señalado y, si no lo han hecho, personalmente o en su casa de habitación. Cuando no  se haya individualizado al imputado, la comunicación se hará en cuanto este 
haya sido identificado. Cualquier interviniente podrá oponerse a la participación del actor 
civil, planteando las excepciones que correspondan. En tal caso, la oposición se pondrá  en 
conocimiento del actor y su resolución se reservará para la audiencia preliminar. La 
aceptación del actor civil no podrá ser discutida nuevamente por los mismos motivos. La 
inadmisiblidad de la instancia no impedirá el ejercicio de la acción ante la ju risdicción civil.  
 
 
ARTICULO 116. - 
 
Facul tades El actor civil actuará en el procedimiento sólo en razón de su interés civil. 
Limitará su intervención a acreditar la existencia del hecho y a determinar a sus autores y 
partícipes, la imputación de ese hecho a quien considere responsable, el vínculo  con el 
tercero civilmente responsable, la existencia, extensión y cuantificación de los daños y 
perjuicios cuya reparación pretenda. El actor civil podrá recurrir contra las resoluciones 
únicamente en lo concerniente a la acción por él interpuesta. La int ervención por sí 
misma, como actor civil, no exime del deber de declarar como testigo.  
 
 
ARTICULO 117. - 
 
Desistimiento El actor civil podrá desistir expresamente de su demanda, en cualquier 
estado del procedimiento.  
 
La acción se considerará tácitamente desistida, cuando el actor civil no concret e sus 
pretensiones oportunamente o cuando sin justa causa no concurra:  
 
a) A prestar declaración testimonial o a la realización de cualquier medio de prueba 
para cuya práctica se requiera su presencia, luego de ser citado.  
 
b) A la audiencia preliminar.  
 
c) A la primera audiencia del debate, se aleje de la audiencia o no presente 
conclusiones.  
 
En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse, de ser posible, 
antes del inicio de la audiencia; en caso contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la fecha fijada para aquella.  
 
 
ARTICULO 118. - 
 
Efectos del desistimiento El desistimiento tácito no perjudi cará el ejercicio posterior de la 
acción reparatoria ante los tribunales competentes, según el procedimiento civil. Declarado el desistimiento, se condenará al actor civil al pago de las costas que haya 
provocado su acción.  
 
 
 
CAPITULO II  
 
EL DEMANDADO CIVIL  
 
ARTICULO 119. - 
 
Demandado civil Quien  ejerza la acción resarcitoria podrá demandar a la persona 
que, según las leyes, responda por el daño que el imputado hubiera causado con el hecho 
punible.  
 
 
ARTICULO 120. - 
 
Efectos de la incomparecencia La falta de comparecencia del demandado civil o su 
inasistencia a los actos, no suspenderá  el trámite, que continuará como si él estuviera 
presente. No obstante, podrá apersonarse en cualquier momento. Si ha sido notificado 
por edictos, se le nombrará como representante a un defensor público, mientras dure su 
ausencia.  
 
 
ARTICULO 121. - 
 
Intervención espontánea El tercero que pueda ser  civilmente demandado podrá solicitar 
su participación en el procedimiento, cuando se ejerza la acción civil resarcitoria. Su 
solicitud deberá cumplir, en lo aplicable, con los requisitos exigidos para el escrito en el 
que se apersona el actor civil y será  admisible antes de que el Ministerio Público requiera 
la apertura del juicio o el sobreseimiento. La intervención será comunicada a las partes y a 
sus defensores.  
 
 
ARTICULO 122. - 
 
Oposición Podrá oponerse a la intervención forzosa o espontánea del demandado civil, 
según el caso, el propio deman dado, quien ejerza la acción civil, si no ha pedido la 
citación, o el imputado. Cuando la exclusión del demandado civil haya sido pedida por el 
actor civil, este último no podrá intentar posteriormente la acción contra aquel. Serán 
aplicables las reglas so bre oposición a la participación del actor civil.  
 
 ARTICULO 123. - 
 
Exclusión La exclusión del actor civil o el desistimiento de su acción, cesará la intervención 
del tercero civilmente demandado.  
 
 
ARTICULO 124. - 
 
Facultades Desde su intervención en el procedimiento, el tercero civilmente demandado 
gozará de todas las facultades concedidas al imputado para su defensa, en lo concerniente 
a sus intereses civiles. La intervención como tercero no eximirá del deber de de clarar 
como testigo. El demandado civil deberá actuar con el patrocinio de un abogado y podrá 
recurrir contra la sentencia que declare su responsabilidad.  
 
 
 
TITULO VII  
 
AUXILIARES DE LAS PARTES  
 
ARTICULO 125. - 
 
Asistentes Las partes podrán designar asistentes para que colaboren en su tarea.  
 
En tal caso, asumirán la responsabilidad por su elección y vigilancia.  
 
Los asistentes sólo cumplirán con tareas accesorias, pero no podrán sustituir a 
quienes ellos auxilian. Se les permitirá concurrir a las audiencias, sin intervenir directamente 
en ellas . 
 
Esta norma regirá también para la participación de los estudiantes que realizan su 
práctica jurídica.  
 
 
ARTICULO 126. - 
 
Consultores técnicos Si, por las particularidades del caso, el Ministerio Público o alguno de 
los intervinientes consideran necesaria la asistencia de un consultor en una  ciencia, arte o 
técnica, lo propondrán al Ministerio Público o al tribunal, el cual decidirá sobre su 
designación, según las reglas aplicables a los peritos, sin que por ello asuman tal carácter. 
El consultor técnico podrá presenciar las operaciones peric iales, acotar observaciones 
durante su transcurso, sin emitir dictamen, y se dejará constancia de sus observaciones. 
Podrán acompañar, en las audiencias, a la parte con quien colaboran, auxiliarla en los 
actos propios de su función o interrogar, directamen te, a peritos, traductores o intérpretes, siempre bajo la dirección de la parte a la que asisten.  
 
 
 
TITULO VIII  
 
DEBERES DE LAS PARTES  
 
ARTICULO 127. - 
 
Deber de lealtad Las partes deberán litigar con lealtad, evitando los planteamientos 
dilatorios, meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les 
concede.  
 
 
ARTICULO 128. - 
 
Vigilancia Los tribunales velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las 
facultades procesales y la buena fe. Bajo ningún pretexto podrán restringir el derecho de 
defensa ni limitar las facultades de las partes.  
 
 
ARTICULO 129. - 
 
Régimen disciplinario Salvo lo dispuesto en este Código para el abandono de la 
defensa, cuando se compruebe que las partes o sus asesores han  actuado con evidente 
mala fe, han realizado gestiones o han asumido actitudes dilatorias o litigado con 
temeridad, el tribunal podrá sancionar la falta con apercibimiento o hasta con cincuenta 
días multa.  
 
Cuando el tribunal estime que existe la posibili dad de imponer esta sanción, dará 
traslado al presunto infractor, a efecto de que se manifieste sobre la falta y ofrezca la 
prueba de descargo, que se recibirá de inmediato. Cuando el hecho ocurra en una audiencia 
oral, el procedimiento se realizará en ell a. 
 
Quien resulte sancionado será requerido para que cancele la multa en el plazo de 
tres días.  
 
En caso de incumplimiento de pago por parte de algún abogado, el tribunal lo 
suspenderá en el ejercicio profesional hasta tanto cancele el importe respectivo  y lo 
separará de la causa mientras dure la suspensión.  
 
Se expedirá comunicación a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados.  
 Contra la resolución que le impone la medida disciplinaria, el abogado sancionado podrá 
interponer recurso de revo catoria y, en las  estapas  [Sic] preparatoria e intermedia, también 
de apelación.  
 
 
 
LIBRO II  
 
ACTOS PROCESALES  
 
TITULO I  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
CAPITULO I  
 
FORMALIDADES  
 
ARTICULO 130. - 
 
Idioma Los actos procesales deberán realizarse en español.  
 
Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le 
brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma.  
 
Deberá proveérseles traductor o  intérprete, según corresponda, a las personas que 
ignoren el español, a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, así como a los 
sordomudos y a quienes tengan algún impedimento para darse a entender.  
 
Los documentos y las grabaciones en un id ioma distinto del español deberán ser 
traducidos cuando sea necesario.  
 
 
ARTICULO 131. - 
 
Declaraciones e interrogatorios con intérpretes Las personas serán también interrogadas 
en español o por intermedio de un traductor o intérprete, cuando corresponda. El tribunal 
podrá permitir, expresament e, el interrogatorio directo en otro idioma o forma de 
comunicación; pero, en tal caso, la traducción o la interpretación precederán a las 
respuestas.  
 
 
ARTICULO 132. -  
Lugar El tribunal podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, cuando 
estime indispensable conocer directamente elementos probatorios decisivos en una causa 
bajo su conocimiento y competencia. El debate se llevará a cabo y la sentencia se  dictará 
en la circunscripción territorial en la que es competente el tribunal, excepto si ello puede 
provocar una grave alteración del orden público, no garantiza la defensa de alguno de los 
intereses comprometidos en el juicio, u obstaculiza seriamente s u realización.  
 
 
ARTICULO 133. - 
 
Tiempo S alvo disposición legal en contrario, los actos procesales podrán ser realizados 
cualquier día y a cualquier hora. Se consignarán el lugar y la fecha en que se cumplan. La 
omisión de estos datos no tornará ineficaz el acto, salvo que no pueda determinarse, de 
acuerdo con los datos del acta u otros conexos, la fecha en que se realizó.  
 
 
ARTICULO 134. - 
 
Juramento Cuando se requiera la prestación del juramento, se recibirá por las creencias 
de quien jura, después de instruirlo sobre las penas con que la ley reprime el falso 
testimonio. El declarante p rometerá decir la verdad en todo cuanto sepa y se le pregunte. 
Si el deponente se niega a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o 
ideológicas, se le exigirá promesa de decir la verdad, con las mismas advertencias del 
párrafo anterior.  
 
 
ARTICULO 135. - 
 
Interrogatorio Las personas qu e sean interrogadas deberán responder de viva voz y sin 
consultar notas ni documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean 
autorizados para ello, en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos. En 
primer término, el declarante será  invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto 
de que se trate y después, si es necesario, se le interrogará. Las preguntas que se le 
formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas.  
 
 
 
CAPITULO II  
 
ACTAS  
 
ARTICULO 136. - 
 Regla general Cuando uno o varios actos deban hacerse constar en un acta, el 
funcionario que los practique la levantará haciendo constar el lugar y la fecha de su 
realización. La hora constará cuando la ley o las circunstancias lo requieran.  
 
El acta será  firmada por quien practica el acto y, si se estima necesario, por los que 
intervinieron en él, previa lectura. Si alguien no sabe firmar, podrá hacerlo, en su lugar, otra 
persona, a su ruego o bien un testigo de actuación.  
 
 
ARTICULO 137. - 
 
Invalidez del acta Si por algún defecto, el acta se torna ineficaz, el acto que se pretendía 
probar con ella podrá acreditarse por otros elementos válidos del mismo acto o de otros 
conexos.  
 
 
ARTICULO 138. - 
 
Reemplazo del acta El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma 
de registro, salvo disposición expresa en contrario. En ese caso, quien preside el acto 
determinará el resguardo conveniente para garantizar la inalterabilidad y la 
individualización futura.  
 
 
 
CAPITULO III  
 
ACTO S Y RESOLUCIONES JUDICIALES  
 
ARTICULO 139. - 
 
Poder coercitivo El tribunal y el Ministerio Público podrán requerir la intervención 
de la fuerza pública y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento seguro y regular 
de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones.  
 
 
ARTICULO  140. - 
 
Facultad especial En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el tribunal 
puede ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que 
tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para dec idirlo.  
 
 
ARTICULO 141. -  
Resoluciones Lo s tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autos y 
sentencias. Dictarán sentencia para poner término al procedimiento; providencias, cuando 
ordenen actos de mero trámite y autos, en todos los demás casos. Las resoluciones 
judiciales d eberán señalar el lugar y la fecha en que se dictaron.  
 
 
ARTICULO 142. - 
 
Fundamentación Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y 
precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan 
las decisiones, así como la indicación del valor otorgado  a los medios de prueba. La simple 
relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará, 
en ningún caso, la fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen formularios, 
afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola 
mención de los elementos de prueba. No existe fundamentación cuando se hayan 
inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios 
de valor decisivo. Los autos y las sentencias s in fundamentación serán ineficaces.  
 
 
ARTICULO 143. - 
 
Presupuesto de la valoración En la resolución, el tribunal deberá consignar, una breve y 
sucinta descripción del contenido de la prueba oral, antes de proceder a su valoración.  
 
 
ARTICULO 144. - 
 
Firma Sin perjuicio de disposiciones especiales, las resoluciones serán firmadas por los 
jueces. La falta de alguna firma provocará la ineficacia del acto, salvo que el juez no haya 
podido firmar por un impedimento invencible surgido después de haber participado en la 
deliberación y votación. No invalidará la resolución el hecho de que el juez  no la haya 
firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre 
su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria.  
 
 
ARTICULO 145. - 
 
Plazos Los tribunales dictarán, de oficio e inmediatamente, las disposiciones de mero 
trámite. Los autos y las sentencias que sucedan a una audiencia oral serán deliberados, 
votados y redactados inmediatamente después de cerrada esa audiencia. En las 
actua ciones escritas, las resoluciones se dictarán dentro de los tres días siguientes. Se aplicarán estas disposiciones salvo que la ley establezca otro plazo.  
 
 
ARTICULO 146. - 
 
Errores materiales Los tribunales podrán corregir, en cualquier momento, los errores 
puramente materiales contenidos en sus actuaciones o resoluciones.  
 
 
ARTICULO 147. -Aclaración y adición  
 
En cualquier momento, el tribunal podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o 
contradictorios en que estén redactadas las resoluciones o adicionar su contenido, si se ha 
omitido resolver algún punto controversial, siempre que tal es actos no importen una 
modificación de lo resuelto.  
 
Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar la aclaración o adición de los 
pronunciamientos que se dicten oralmente, solicitud que deberán presentar en forma oral 
inmediatamente después de que  finalice el dictado de la resolución.  
 
En las resoluciones emitidas por escrito, las partes y el Ministerio Público podrán 
solicitar la aclaración o adición de los pronunciamientos, dentro de los tres días posteriores 
a su notificación. La solicitud inte rrumpirá el término para interponer los recursos que 
procedan.  
 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
 
ARTICULO 148. - 
 
Resolución firme En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales 
quedarán firmes y serán ejecutables, sin neces idad de declaración alguna. Contra la 
sentencia firme sólo procede la revisión, de conformidad con lo dispuesto en este Código.  
 
 
ARTICULO 149. - 
 
Copia auténtica Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el 
original de las sentencias o de otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá 
el valor de aquel. Para tal fin, el tribunal ordenará, a quien tenga la copia , entregarla a la 
Secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente. La reposición también 
podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos del tribunal.  
 
 ARTICULO 150. - 
 
Restitución y renovación Si no existe copia de los documentos, el tribunal ordenará que se 
repongan, p ara lo cual recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y su contenido. 
Cuando esto sea imposible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de realizarla.  
 
 
ARTICULO 151. - 
 
Copias, informes o certificaciones Si el estado del proceso no lo impide, ni obstaculiza la 
normal sustanciación, el tribunal podrá ordenar la expedición de copias, informes o 
certificaciones que hayan sido pedidos por una autoridad pública o por particula res que 
acrediten legítimo interés en obtenerlos.  
 
 
Artículo 152. - 
 
Nuevo delito. Si durante el procedimiento, el tribunal conoce de otro delito 
perseguible, de oficio, remitirá los antecedentes al Ministerio Público.  
 
(Así reformado por el artículo 15 de la Ley de Reorganización Judicial No. 7728 de 15 de 
diciembre de 1997)  
 
 
Artíc ulo 152. - Cuando se reciba una denuncia por delitos sexuales o lesiones, aun en 
grado de tentativa y concurran, en la víctima y el imputado, las circunstancias del inciso 1) 
del artículo 112 del Código Penal, y se constate que el imputado no está detenido y convive 
con el ofendido, la autoridad correspondiente ordenará al imputado abandonar de 
inmediato el domicilio.  
 
 forma simultánea, le ordenará depositar una cantidad de dinero que fijará 
prudencialmente y que el imputado deberá pagar en un plazo de och o días, a fin de sufragar 
los gastos de habitación y alimentos de los integrantes del grupo familiar económicamente 
dependientes de él. Esta obligación se regirá por las normas propias de las pensiones 
alimentarias; por ello, se ordenará el apremio corpora l del obligado, en caso de 
incumplimiento.  
 
De oficio, la autoridad penal ordenará el testimonio de piezas y lo remitirá al tribunal 
correspondiente, para que tramite lo relacionado con la pensión alimentaria impuesta al 
agresor.  
 
(Este segundo artíc ulo 152 fue adicionado por el artículo 67 de la Ley N° 7654 de 19 de 
diciembre de 1996, Ley de Pensiones Alimentarias. No obstante; la norma que realizó la 
afectación no específica que sea un numeral 152 bis)   
 
 
CAPITULO IV  
 
COMUNICACION ENTRE AUTORIDADES  
 
ARTICULO 153. - 
 
Reglas generales Cuando un acto procesal deba ejecutarse por intermedio de otra 
autoridad, el tribunal o el Ministerio Público podrán encomendarle su cumplimiento.  
 
Esas comunicaciones podrán realizarse con aplicación de cualquier medio que 
garantice su a utenticidad.  
 
La autoridad requerida, colaborará con los jueces, el Ministerio Público y la policía, 
y tramitará, sin demora, los requerimientos que reciban de ellos. La desobediencia a estas 
instrucciones será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio  de la responsabilidad penal 
que corresponda.  
 
 
ARTICULO 154. - 
 
Exhortos a autoridades extranjeras Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades 
extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por la 
Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario v igentes en el país. Por medio de 
la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se canalizarán las comunicaciones al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual las tramitará por la vía diplomática. No 
obstante, en casos de urgencia podrán dirigirse comun icaciones a cualquier autoridad 
judicial o administrativa extranjera, anticipando el exhorto o la contestación a un 
requerimiento, sin perjuicio de que, con posterioridad, se formalice la gestión, según lo 
previsto en el párrafo anterior.  
 
 
 
CAPITULO V  
 
NOTIFICACIONES Y CITACIONES  
 
ARTICULO 155. - 
 
Regla general Las resoluciones deberán notificarse a quien corresponda, dentro de 
las veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo que el tribunal disponga un plazo 
menor. No obligarán sino a las personas debidamente notificadas.   
 
ARTICULO 156. - 
 
Notificador Las notificaciones serán practicadas por el secretario, el notificador o quien 
designe especialmente el tribunal. Cuando deba practicarse una notificación fuera del 
asiento del tribunal, se solicitará el auxilio de la autoridad respectiva, sin perjuicio de que 
el notificador del despacho se desplace si así lo dispone el tribunal. Cuando convenga, 
oficinas especializadas podrán encargarse de la notificación de resoluciones de varios 
despachos judiciales.  
 
 
ARTICULO 157. - 
 
Lugar para notificaciones Al comparecer en el proceso, las partes deberán señalar, dentro 
del perímetro judicial, un lugar para ser notificadas. Cualquiera de los intervinientes podrá 
ser notificado en la secretaría del tribunal. Los defensores, fiscales y  funcionarios públicos 
que intervienen en el procedimiento serán notificados en sus respectivas oficinas, siempre 
que estas se encuentren dentro del perímetro judicial.  
 
 
ARTICULO 158. - 
 
Notificaciones a defensores o mandatarios Si las partes tienen defensor o mandatario, las 
notificaciones deber án ser dirigidas solamente a estos, excepto si la ley o la naturaleza del 
acto exigen que aquellas también sean notificadas.  
 
 
ARTICULO 159. - 
 
Formas de notificación Cuando la notificación deba practicarse por medio de lectura, se 
leerá el contenido de la resolución y si el interesado solicita co pia se le entregará. En los 
demás casos, se practicará la notificación entregándole una copia de la resolución al 
interesado, con indicación del nombre del tribunal y el proceso a que se refiere. El 
funcionario dejará constancia del acto, señalará el lugar , el día y la hora de la diligencia y 
firmará juntamente con quien reciba la copia o indicará que se negó a hacerlo o que no 
pudo firmar. Cuando la diligencia no se practique por lectura y el notificado se niegue a 
recibir la copia, esta será fijada en la puerta del lugar donde se practique el acto, en 
presencia de un testigo que firmará la constancia correspondiente.  
 
 
ARTICULO 160. - 
 
Forma especial de notificación Cuando el interesado lo acepte expresamente, podrá notificársele por medio de carta certificada, facsímil o cualquier otro medio elec trónico. 
En este caso, el plazo correrá a partir del envío de la comunicación, según lo acredite el 
correo o la oficina de transmisión. También podrá notificarse mediante otros sistemas 
autorizados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no causen in defensión.  
 
 
ARTICULO 161. - 
 
Notificación  a persona ausente Cuando la persona por notificar no sea encontrada en el 
lugar, la copia será entregada a alguna persona mayor de edad que se encuentre allí o 
bien a uno de sus vecinos más cercanos, quienes tendrán la obligación de identificarse y 
entreg ar la copia al interesado.  
 
 
ARTICULO 162 .- 
 
Notificación por edictos Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que 
deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edicto que se publicará en el Boletín 
Judicial, sin perjuicio de las medidas convenientes para localizarlo. El Consejo Superior del 
Poder Judicial podrá ordenar que se publiquen, en medios de comunicación colectiva, 
listas de personas requeridas por los tribunales penales.  
 
 
ARTICULO 163. - 
 
Notificación en caso de urgencia En caso de urgencia, podrá notificarse por teléfono o por 
cualquier otro medio de c omunicación similar. Se dejará constancia sucinta de la 
conversación y de la persona que dijo recibir el mensaje.  
 
 
ARTICULO 164. - 
 
Vicio de la notificación Siempre que cause indefensión, la notificación no surtirá 
efecto cuando:  
 
a) Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada . 
 
b) La resolución haya sido notificada en forma incompleta.  
 
c) En la diligencia no conste la fecha o, cuando corresponda, la fecha de entrega de 
la copia.  
 
d) Falte alguna de las firmas requeridas.  
 e) Exista disconformidad entre el original y la copia recibida por el interesado.  
 
 
ARTICULO 165. - 
 
Citación Cuando, para algún acto procesal, sea necesaria la presencia de una persona, la 
autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación, mediante carta certificada, 
telegrama con avi so de entrega, teléfono o cualquier medio de comunicación que 
garantice la autenticidad del mensaje. En tal caso, deberá hacerse saber el objeto de la 
citación y el procedimiento en que esta se dispuso; además, se deberá advertir que si la 
orden no se obed ece, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, la 
persona podrá ser conducida por la fuerza pública y pagar las costas que ocasione, salvo 
justa causa.  
 
 
ARTICULO 166. - 
 
Comunicación de actuaciones del Ministerio Público Cuando, en el curso de una 
investigación, un fiscal deba co municarle alguna actuación a una persona, podrá realizarla 
por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que 
corresponda, las disposiciones de este Capítulo.  
 
 
 
CAPITULO VI  
 
PLAZOS  
 
ARTICULO 167. - 
 
Regla general Los plazos individuales correrán desde que comi enza el día siguiente 
a aquel en que se efectuó la notificación al interesado; los plazos comunes, desde el día 
siguiente a la última notificación que se practique.  
 
En los plazos por día no deberán contarse los días inhábiles. Los plazos restantes que 
venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente.  
 
 
ARTICULO 168. - 
 
Cómputo de plazos fijad os en protección de la libertad del imputado No obstante lo 
dispuesto en el artículo anterior, en los plazos establecidos en protección de la libertad del 
imputado, contarán los días naturales y no podrán ser prorrogados.  
  
ARTICULO 169. - 
 
Renuncia o abreviación Las partes en cuyo favor se haya e stablecido un plazo, podrán 
renunciar a él o consentir en su abreviación mediante manifestación expresa.  
 
 
ARTICULO 170. - 
 
Reposición del plazo Quien no haya podido observar un plazo por causa no atribuible a él 
o por un acontecimiento insuperable, podrá solicitar su reposición, con el fin de rea lizar el 
acto omitido o ejercer la facultad concedida por la ley.  
 
 
 
CAPITULO VII  
 
CONTROL DE LA DURACION DEL PROCESO  
 
ARTICULO 171. - 
 
Duración del procedimiento preparatorio El Ministerio Público deberá concluir la 
investigación preparatoria en un plazo razonable.  
 
Cuando el imputado estime que el plazo se ha prolongado indebidamente, le 
solicitará al tribunal del procedimiento preparat orio que le fije término para que finalice la 
investigación.  
 
El tribunal le solicitará un informe al fiscal y, si estima que ha habido una 
prolongación indebida según la complejidad y dificultad de la investigación, le fijará un plazo 
para que concluya, el cual no podrá exceder de seis meses.  
 
 
ARTICULO 172. - 
 
Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no 
haya concluido la investigación preparatoria en la fecha fijada por el tribunal, este último 
pondrá el hecho en conocimiento del Fiscal General, p ara que formule la respectiva 
requisitoria en el plazo de diez días. Transcurrido este plazo sin que se presente esa 
requisitoria, el tribunal declarará extinguida la acción penal, salvo que el procedimiento 
pueda continuar por haberse formulado querella, sin perjuicio de la responsabilidad 
personal de los representantes del Ministerio Público.  
 
 ARTICULO 173. - 
 
Audiencias orales Los tribunales celebrarán las audiencias orales sin dilación y fijarán el 
tiempo absolutamente indispensable para realizarlas.  
 
 
ARTICULO 174. - 
 
Queja por retardo de justicia Si los representantes del Ministerio Público o los jueces no 
cumplen con los plazos establecidos para re alizar sus actuaciones y, en su caso, dictar 
resoluciones, el interesado podrá urgir pronto despacho ante el funcionario omiso y si no 
lo obtiene dentro del término de cinco días naturales, podrá interponer queja por retardo 
de justicia ante el Fiscal Gene ral, la Corte Suprema de Justicia o la Inspección Judicial, 
según corresponda. Cuando sea demorado o rechazado el diligenciamiento de una 
comisión dirigida a otro tribunal, a un representante del Ministerio Público o a una 
autoridad administrativa, el func ionario requirente podrá dirigirse al Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia o al Fiscal General de la República, según corresponda, quienes, 
si procede, gestionarán u ordenarán la tramitación. Los funcionarios judiciales podrán ser 
sancionados discipl inariamente con suspensión o el despido, según la magnitud de la falta, 
cuando la justicia se haya retardado por causa atribuible a ellos.  
 
 
 
TITULO II  
 
ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA  
 
ARTICULO 175. - 
 
Principio general No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni 
utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas 
y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional o Comunitario 
vigentes en Costa Rica y en este Código salvo que el defecto haya sido saneado, de acuerdo 
con l as normas que regulan la corrección de las actuaciones judiciales.  
 
 
ARTICULO 176. - 
 
Protesta Excepto en los casos de defectos absolutos, el interesado deberá protestar por el 
vicio, cuando lo conozca. La protesta deberá describir el defecto y proponer la solución 
correspondiente.  
 
 
ARTICULO 177. -  
Convalidación Salvo los casos de def ectos absolutos, los vicios quedarán 
convalidados en los siguientes casos:  
 
a) Cuando las partes o el Ministerio Público no hayan solicitado oportunamente su 
saneamiento.  
 
b) Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o 
tácitamente, los efectos del acto.  
 
c) Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los 
interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las fac ultades de los 
intervinientes.  
 
El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna 
manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención de los interesados.  
 
 
ARTICULO 178. - 
 
Defectos absolutos No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos au n 
de oficio, los defectos concernientes:  
 
a) A la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas 
que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías 
previstos por la Constitución Política, el Derech o Internacional o Comunitario 
vigentes en el país y la ley.  
 
b) Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales.  
 
c) A la iniciativa del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y su 
participación en el procedimiento.  
 
 
ARTICULO 179. - 
 
Saneamiento Los defectos d eberán ser saneados, siempre que sea posible, renovando el 
acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido, de oficio o a instancia del 
interesado. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento 
del acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos, salvo los 
casos expresamente previstos por este Código.  
 
 
 LIBRO III  
 
MEDIOS DE PRUEBA  
 
TITULO I  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTICULO 180. - 
 
Objetividad El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí 
la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo 
estrictamente con los fines de la persecución penal y los objetivos de la investigación.  
 
 
Artículo 181 -Legalidad de la prueba  
 
Los elementos  de prueba  solo tendrán  valor  si ban sido obtenidos  por un medio  lici
to e incorporados  al procedimiento , conforme  a las  disposiciones  de este  Código . 
 
No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, 
amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, 
las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otr o 
medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas.  
 
Sin embargo, en caso de que ocurran estas conductas ilícitas y sin perjuicio de las 
sancionas aplicables a las personas responsables, la información obtenida a través d e ellas 
solo podrá ser utilizada única y exclusivamente en lo que beneficie a la víctima de dichas 
conductas en su condición de imputada o en los procesos penales que se entablen contra 
los autores de estas conductas ilícitas únicamente como prueba de la c omisión del hecho 
punible. Para estos efectos, deberá contarse con el consentimiento expreso de la víctima y 
se adoptarán las medidas necesarias para resguardar su derecho a la intimidad y a la no 
revictimización.  
 
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10011 del 24 de agosto del 2021)  
 
 
ARTICULO 182. - 
 
Libertad probatoria Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la 
solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición 
expresa de la ley.  
 
 ARTICULO 183. - 
 
Admisibilidad de la prueba Para ser admisible, la prueba deberá referirse, directa o 
indirectamente, al objeto de la averiguación y deberá ser útil para descubrir la verdad. Los 
tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una 
circunstancia, cuando resulten manifiestamente superabundantes. El tribunal p uede 
prescindir de la prueba cuando esta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio.  
 
 
ARTICULO 184. - 
 
Valoración El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de 
prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. Debe justificar y 
fundamentar, adecuad amente, las razones por las cuales les otorga determinado valor, 
con base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial.  
 
 
 
TITULO II  
 
COMPROBACION INMEDIATA Y MEDIOS AUXILIARES  
 
ARTICULO 185. - 
 
Inspección y registro del lugar del hecho Cuando sea necesario inspeccionar lugares 
o cosas por existir motivos suficientes para sospechar que se encontrarán rastros del delito 
o por presumirse que, en determinado lugar, se oculta el imputado o alguna pers ona 
evadida, se procederá a su registro.  
 
Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, los lugares, las 
cosas, los rastros y otros efectos materiales existentes, que resulten de utilidad para 
averiguar el hecho o individualizar a sus au tores o partícipes.  
 
El representante del Ministerio Público será el encargado de realizar la diligencia, 
salvo que se disponga lo contrario.  
 
Se invitará a presenciar la inspección a quien habite el lugar o esté en él cuando se 
efectúa o, en su ausencia , a su encargado o a cualquier persona mayor de edad. Se preferirá 
a familiares del primero.  
 
 
ARTICULO 186. - 
 
Acta De la diligencia de inspección y registro, se levantará un acta que describirá, detalladamente, el estado de las cosas y las personas y, cuando sea posible, se recogerán 
o se conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó rastros, n i produjo 
efectos materiales o si estos desaparecieron o fueron alterados, el encargado de la 
diligencia describirá el estado existente y, en lo posible, verificará el anterior. En caso de 
desaparición o alteración, averiguará y hará constar el modo, el ti empo y la causa que la 
provocó.  
 
 
ARTICUL O 187. - 
 
Facultades coercitivas Para realizar la inspección y el registro, podrá ordenarse que, 
durante la diligencia, no se ausenten quienes se encuentran en el lugar o que cualquier 
otra persona comparezca inmediatamente.  
 
 
ARTICULO 188. - 
 
Inspección corporal Cuando sea necesario, el juez o el fiscal encargado de la investigación 
podrá ordenar la inspección corporal del imputado y, en tal caso cuidará que se respete su 
pudor. Con la misma limitación, podrá disponer igual medida respecto de otra persona, en 
los casos de sospecha grave y fundada o  de absoluta necesidad. Si es preciso, la inspección 
podrá practicarse con el auxilio de peritos. Al acto sólo podrá asistir una persona de 
confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho.  
 
 
ARTICULO 189. - 
 
Requisa El juez, el fiscal o la policía podrán realizar la requis a personal, siempre que haya 
motivos suficientes para presumir que alguien oculta pertenencias entre sus ropas o que 
lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito. Antes de proceder a la 
requisa, deberá advertir a la persona acerca de la s ospecha y del objeto buscado, 
invitándola a exhibirlo. La advertencia e inspección se realizará en presencia de un testigo, 
que no deberá tener vinculación con la policía. Las requisas se practicarán 
separadamente, respetando el pudor de las personas. Las requisas de mujeres las harán 
otras mujeres. Se elaborará un acta, que podrá ser incorporada al juicio por lectura.  
 
 
ARTICULO 190. - 
 
Registro de vehículos El juez, el fiscal o la policía podrán registrar un vehículo, siempre que 
haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él  objetos relacionados 
con el delito. En lo que sea aplicable, se realizará el mismo procedimiento y se cumplirá 
con las mismas formalidades previstas para la requisa de personas.  
  
ARTICULO 191. - 
 
Levantamiento e identificación de cadáveres En los casos de muerte violenta o cuando se 
sospeche que  una persona falleció a consecuencia de un delito, el juez deberá practicar 
una inspección en el lugar de los hechos, disponer el levantamiento del cadáver y el 
peritaje correspondiente para establecer la causa y la manera de muerte. La identificación 
del cadáver se efectuará por cualquier medio técnico y, si no es posible, por medio de 
testigos. Si, por los medios indicados, no se obtiene la identificación y su estado lo 
permite, el cadáver se expondrá al público por un tiempo prudencial, en la morgue del 
Departamento de Medicina Legal, a fin de que quien posea datos que puedan contribuir al 
reconocimiento, se los comunique al juez.  
 
 
ARTICULO 192. - 
 
Reconstrucción del hecho Se ordenará la reconstrucción del hecho para comprobar si se 
efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. Nunca se obli gará al imputado a 
intervenir en el acto, que deberá practicarse con la mayor reserva posible.  
 
 
ARTICULO 193. - 
 
Allanamiento y registro de morada Cuando el registro deba efectuarse en un lugar 
habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será 
realizado per sonalmente por el juez y deberá iniciarlo entre las seis y las dieciocho horas. 
Podrá procederse a cualquier hora cuando el morador o su representante consienta o en 
los casos sumamente graves y urgentes. Deberá dejarse constancia de la situación de 
urgenc ia en la resolución que acuerda el allanamiento.  
 
 
ARTICULO 194. - 
 
Allanamiento de otros locales El allanamiento de locales públicos, establecimientos de 
reunión o recreo mientras estén abiertos al público y no estén destinados a habitación, 
será acordado por el juez, quien podrá delegar la reali zación de la diligencia en 
funcionarios del Ministerio Públiico o de la policía judicial. No regirán las limitaciones 
horarias establecidas en el artículo anterior. En estos casos, deberá avisarse a las personas 
encargadas de los locales, salvo que sea per judicial para la investigación.  
 
 
ARTICULO 195. - 
 Contenido de la resolución que ordena el allanamiento La resolución que ordena el 
allanamiento deberá contener:  
 
a) El nombre y cargo del funcionario que autoriza el allanamiento y la identificación 
del procedimiento en el cual se ordena.  
 
b) La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser registrados.  
 
c) El nombre de la autoridad que habrá de practicar el registro, en el caso de que la 
diligencia se delegue en el Ministerio Público o en la policía, por proceder así 
conforme lo dispuesto en este Título.  
 
d) El motivo del allanamiento.  
 
e) La hora y la fecha en que deba practicarse la diligenci a. 
 
 
ARTICULO 196. - 
 
Formalidades para  el allanamiento Una copia de la resolución que autoriza el allanamiento 
será entregada a quien habite o posea el lugar donde se efectúe o, cuando esté ausente, a 
su encargado, y, a falta de este, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el 
lugar.  Se preferirá a los familiares. Cuando no se encuentre a nadie, ello se hará constar en 
el acta. Practicado el registro, en el acta se consignará el resultado, con expresión de las 
circunstancias útiles para la investigación. La diligencia se practicará pr ocurando afectar lo 
menos posible la intimidad de las personas. El acta será firmada por los concurrentes; no 
obstante, si alguien no la firma, así se hará constar.  
 
 
ARTICULO 197. - 
 
Allanamiento sin orden Podrá procederse al allanamiento sin previa orden judicial 
cuando:  
 
a) Por incendio, inunda ción u otra causa semejante, se encuentre amenazada la vida 
de los habitantes o la propiedad.  
 
b) Se denuncia que personas extrañas han sido vistas mientras se introducen en un 
local, con indicios manifiestos de que pretenden cometer un delito.  
 
c) Se in troduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para 
su aprehensión.  
 d) Voces provenientes de un lugar habitado, sus dependencias o casa de negocio, 
anuncien que allí se está cometiendo un delito o pidan socorro.  
 
 
ARTICULO 198. - 
 
Orden de secuestro El ju ez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer que 
sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a 
confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba;   para ello, cuando sea 
necesario, ordenarán su se cuestro. En los casos urgentes, esta medida podrá delegarse en 
un funcionario de la policía judicial.  
 
 
ARTICULO 199. - 
 
Procedimiento para el secuestro Al secuestro se le aplicarán las disposiciones 
prescritas para el registro. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo 
custodia segura.  
 
Podrá disponerse la obtención de copias o reproducciones de los objetos 
secuestrados, cuando estos puedan desaparecer o alterarse, sean de difícil custodia o 
cuando convenga así para la instrucción.  
 
 
ARTICULO 200. - 
 
Devolución de objetos Será obligación de las autoridades devolver, a la persona legitimada 
para poseerlos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a comiso, restitución o 
embargo, inmediatamente después de realizadas las diligencias para las cuales se 
obtuvieron. Esta devolución podrá ordenarse provision almente, en calidad de depósito 
judicial y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos.  
 
 
ARTICULO 201. - 
 
Interceptación y secuestro de comunicaciones y correspondencia En relación con la 
interceptación y el secuestro de comunicaciones y correspondencia, se estará a lo 
dispuesto en la ley especial a que se refiere el artículo 24 de la Constitución Política.  
 
 
ARTICULO 202. - 
 
Clausura de locales Cuand o, para averiguar un hecho punible, sea indispensable clausurar 
un local o movilizar cosas muebles que, por su naturaleza o dimensiones, no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas del registro.  
 
 
ARTICULO 203. - 
 
Control Las partes podrán objetar, ante el tribunal, las medidas que adopte la policía o el 
Ministerio Público, con base en las facultades a que se refiere este apartado. El tribunal 
resolverá en definitiva lo que corresponda, sin recurso alguno.  
 
 
 
TITULO III  
 
TESTIMONIOS  
 
Artículo 204. -    Deber  de testificar  
 
        Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al 
llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; 
asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos, sin perjuicio de la facultad 
del juez para valorar el testimonio, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El testigo no 
estará en la obligación de declarar sobre hechos que puedan depararle responsabilidad 
penal. Para los efectos de cumplir esta obli gación, el testigo tendrá derecho a licencia con 
goce de salario por parte de su patrono, público o privado, cuando tenga que asistir a 
diligencias judiciales, pericias o comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo 
necesario para ello. Con el o bjeto de comprobar la asistencia a tales actos, el despacho que 
conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia, deberá extender el comprobante 
respectivo en el que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite. El 
Ministeri o Público, el juez o el tribunal de juicio que conozca la causa, adoptarán las 
medidas necesarias para evitar que el testigo sea sometido a múltiples citaciones o 
comparecencias; además, cuando sea posible, deberán programarse las audiencias, para 
que se r inda el testimonio, a la brevedad posible y no se haga uso abusivo de la licencia 
concedida.  
 
Protección extraprocesal:  
 
        Si, con motivo del conocimiento de los hechos que se investigan y de su obligación de 
testificar, la vida o la integridad fís ica del testigo se encuentran en riesgo, tendrá derecho a 
requerir y a obtener protección especial. El Ministerio Público, la policía, el juez o el tribunal 
que conozcan de la causa,   adoptarán las medidas necesarias a fin de brindar la protección 
que se r equiera. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, será 
la encargada de tramitar las solicitudes y de brindar la protección requerida.  
 
 Protección procesal:  
 
        Cuando, por las características del hecho, los datos de ide ntificación del testigo, como 
su nombre, cédula, dirección, trabajo o números telefónicos, no sean conocidos por el 
imputado ni por las partes, y su efectivo conocimiento represente un riesgo para la vida o 
la integridad física del declarante, el Ministeri o Público, la defensa o el querellante, podrán 
solicitarle al juez, durante la fase de investigación, que ordene la reserva de estos datos.  
 
        El juez autorizará dicha reserva en resolución debidamente motivada. Una vez 
acordada, esta información co nstará en un legajo especial y privado, que manejará el juez 
de la etapa preparatoria e intermedia, según la fase en la que la reserva sea procedente y 
se haya acordado, y en el que constarán los datos correctos para su identificación y 
localización. Para identificar al testigo protegido dentro del proceso, podrá hacerse uso de 
seudónimos o nombres ficticios. En dicho legajo, se dejará constancia de cualquier dato 
relevante que pueda afectar el alcance de su testimonio, tales como limitaciones físicas o 
problemas de salud, y deberá ponerlos en conocimiento de las partes, siempre y cuando 
ello no ponga en peligro al declarante.  
 
        Cuando el riesgo para la vida o la integridad física del testigo no pueda evitarse o 
reducirse con la sola reserva de los d atos de identificación y se trate de la investigación de 
delitos graves o de delincuencia organizada, el juez o tribunal que conoce de la causa 
podrán ordenar, mediante resolución debidamente fundamentada, la reserva de sus 
características físicas individu alizantes, a fin de que, durante la etapa de investigación, estas 
no puedan ser conocidas por las partes. Cuando así se declare, el juez en la misma 
resolución, ordenará la realización del anticipo jurisdiccional de prueba, de conformidad 
con lo establecid o en el artículo 293 de este Código.  
 
        La participación del testigo protegido en los actos procesales, deberá realizarse 
adoptando las medidas necesarias para mantener en reserva su identidad y sus 
características físicas, cuando así se  haya  acorda do. 
 
        La reserva de identidad del testigo protegido rige únicamente para la fase preliminar e 
intermedia.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de m arzo de 2009)  
 
 
Artículo 204 bis. -           Medidas de p rotección  
 
1)         Procedimiento:  
 
Para lograr la protección a que se refiere el artículo 204 de este Código, el Ministerio 
Público, el querellante o la defensa, solicitarán las medidas de reserva de identidad o de protección de las características fí sicas  individualizantes  del testigo, al juez de la etapa 
preparatoria o intermedia, según la fase en que el riesgo se presente. La solicitud se 
acompañará de los elementos de prueba en que se sustenten la existencia del riesgo y su 
importancia, así como la  necesidad de la protección. Para tal efecto, podrán requerir un 
informe breve de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, en el 
cual se documenten el tipo de riesgo y la necesidad de la protección.  
 
 
El juez convocará al Mini sterio Público, al querellante y a la defensa, a una audiencia oral, 
en la que se expondrán la petición y las objeciones que se tengan; concluida dicha audiencia, 
el juez deberá resolver de inmediato, pudiendo diferir la resolución hasta por cuarenta y 
ocho horas, a fin de requerir los informes y datos que estime necesarios para resolver. No 
podrán revelarse la identidad ni los datos personales de aquel cuya protección se solicite 
mientras se realiza este trámite.  
 
En casos urgentes podrá disponerse la res erva de los datos del testigo con carácter 
provisional y por un período que no podrá exceder de las setenta y dos horas, plazo dentro 
del cual se convocará a la audiencia y se resolverá lo pertinente. Para valorar la protección 
se tomará en cuenta la impor tancia y entidad del riesgo, así como la relevancia del 
testimonio para el descubrimiento de la verdad en el hecho investigado.  
 
2)         Contenido de la resolución:  
 
La resolución que acuerde la protección procesal del testigo, deberá estar debidament e 
fundamentada y contendrá la naturaleza e importancia del riesgo, el tipo de protección, así 
como su alcance, los fundamentos de la decisión y la duración de la medida.  
 
En los casos en que se acuerde la reserva de identidad, el juez deberá consignar un breve 
resumen del conocimiento de los hechos que tenga el testigo, para posibilitar el derecho de 
defensa de las partes. Todo el trámite se realizará en un legajo separado y cuya custodia 
corresponderá al juez o tribunal que conozca de la causa. Si se conc ede, además, la reserva 
de las características físicas  individualizantes , en la misma resolución se ordenará la 
realización del anticipo jurisdiccional de este testimonio y se convocará a las partes para su 
realización, en los términos que señala el artícu lo 293 de este Código.  
 
Las medidas de protección acordadas podrán prolongarse por el tiempo necesario en 
atención al tipo de riesgo, a excepción de la etapa de juicio. En ningún caso, la protección 
del testigo impedirá su interrogatorio, que podrá realiz arse mediante la utilización de los 
medios tecnológicos señalados y que  permitan  mantener ocultas o disimuladas las 
características físicas del declarante, cuando ello se haya dispuesto al acordar la protección.  
 
3)         Recursos:  
 La decisión que acu erde o deniegue la protección será apelable por el Ministerio Público, el 
querellante, la víctima y la defensa. La apelación no suspenderá las medidas acordadas. Una 
vez firme la decisión, las partes estarán obligadas a respetar la reserva dispuesta, sin 
perjuicio de reiterar su reclamo en sede de juicio. Si el tribunal de apelaciones rechaza la 
protección o la reduce, el juez deberá poner en conocimiento de la defensa los datos cuya 
protección no haya sido autorizada.  
 
Si se deniega la protección de las c aracterísticas físicas  individualizantes  y se mantiene la 
reserva de su identidad, el testigo comparecerá hasta el debate, salvo que su presencia se 
estime indispensable en alguna diligencia o acto procesal de la etapa de investigación, en 
cuyo caso deberá n adoptarse las medidas necesarias para respetar la reserva concedida.  
 
4)         Levantamiento de las medidas:  
 
Cuando una parte estime absolutamente necesario para el adecuado ejercicio del derecho 
de defensa, conocer la identidad del testigo o la víctima, solicitará al juez o al tribunal que 
conozca de la causa que se levanten las medidas acordadas. De la petición , se dará audiencia 
por veinticuatro horas a las partes. Contra lo resuelto cabrá el recurso de apelación.  
 
 
El juez o tribunal podrán disponer, de oficio o a solicitud de parte, el levantamiento de las 
medidas, previa audiencia por veinticuatro horas a las partes, si nuevos elementos de 
prueba evidencian que la protección procesal no es necesaria, por demostrars e que las 
partes conocen la identidad del testigo, sin perjuicio de la protección extraprocesal que 
pueda darse.  
 
(Así adicionado por el artículo 17 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de m arzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 205. - 
 
Facult ad de abstención Podrán abstenerse de declarar, el cónyuge o conviviente, con más 
de dos años de vida en común, del imputado y sus ascendientes, descendientes o 
parientes colaterales, hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Deberá 
informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención, antes de que rindan 
testimonio. Ellas podrán ejercer esa facultad aun durante su declaración, incluso en el 
momento de responder determinadas preguntas.  
 
 
ARTICULO 206. - 
 
Deber de abstención Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan 
llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás 
auxiliares de las ciencias médicas, así como los funci onarios públicos sobre secretos de 
Estado. Sin embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no podrán 
negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. 
En caso de ser citadas, estas personas de berán comparecer y explicar las razones de su 
abstención. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de 
abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.  
 
 
ARTICULO 207. - 
 
Citación Para el examen de testigos, se librará orden de ci tación. En los casos de urgencia 
podrán ser citados verbalmente o por teléfono, lo cual se hará constar. Además, el testigo 
podrá presentarse a declarar espontáneamente. Si, el testigo reside en un lugar lejano al 
asiento de la oficina judicial y carece de  medios económicos para trasladarse, se dispondrá 
lo necesario para asegurar la comparecencia.  
 
 
ARTICULO 208. - 
 
Compulsión Si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer por 
medio de la fuerza pública. Si, después de comparecer, se niega a declarar sin derecho a 
hacerl o, se comunicará ese hecho al Ministerio Público.  
 
 
ARTICULO 209. - 
 
Residentes en el extranjero Si el testigo se halla en el extranjero, se procederá conforme a 
las reglas nacionales o del Derecho Internacional para el auxilio judicial. Sin embargo, 
podrá requerirse la autorización del Estado en el cual se encuentre, para que sea 
interrogado por el representante consular, por un juez o por un representante del 
Ministerio Público, según sea la fase del procedimiento y la naturaleza del acto de que se 
trate.  
 
 
ARTICULO 210. - 
 
Aprehensión inmediata El tribunal podrá ordenar la aprehensión d e un testigo cuando 
haya temor fundado de que se oculte o se fugue. Esta medida durará el tiempo 
indispensable para recibir la declaración y no podrá exceder de veinticuatro horas. El 
Ministerio Público podrá ordenar la aprehensión del testigo por el plazo  máximo de seis 
horas, para gestionar la orden judicial.  
 
 ARTICULO 211. - 
 
Forma de la declaración Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca 
de sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento, prestará juramento 
y será interrogado sobre su nombre, apellido, estado civil, profesión, domic ilio, vínculo de 
parentesco y de interés con las partes, y sobre cualquier otra circunstancia útil para 
apreciar su veracidad. Si el testigo teme por su integridad física o la de otra persona, 
podrá autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y  se tomará nota reservada 
de él, pero el testigo no podrá ocultar su identidad ni se le eximirá de comparecer en 
juicio. A continuación, se le interrogará sobre el hecho.  
 
 
Artículo 212. -    Testimonios especiales  
 
        Cuando deba recibirse la declaración de personas menores de edad víctimas o  testigos, 
deberá considerarse su interés superior a la hora de su recepción; para ello el Ministerio 
Público, el juez o tribunal de juicio que conozca de la causa y según la etapa procesal en la 
que se encuentre, adoptarán las medidas necesarias para que se reduzcan los trámites y se 
reciba el testimonio en las condiciones especiales que se requieran, disponiendo su 
recepción en privado o mediante el uso de cámaras especiales para evitar el contacto del 
menor con las partes, y permitiendo el auxilio de fam iliares o de los peritos especializados. 
Podrá requerirse un dictamen al Departamento de Trabajo Social y Psiquiatría y Psicología 
Forense o de algún otro perito o experto debidamente nombrado, de conformidad con el 
título IV de esta Ley, sobre las condici ones en que deba recibirse la declaración. Se 
resguardará siempre el derecho de defensa. Las mismas reglas se aplicarán, cuando haya 
de recibirse el testimonio de víctimas de abuso sexual, trata de personas o de violencia 
intrafamiliar.  
 
(Así reformado po r el artículo 16 de la   Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
 
TITULO IV  
 
PERITOS  
 
ARTICULO 213. - 
 
Peritaje Podrá ordenarse un peritaje cuando, para descubrir o valorar un elemento 
de prueba, sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.  
 
 
ARTICULO 214. -  
Título habilitante Los peritos deberán poseer título habilitante en la materia relativa al 
punto sobre  el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte o la técnica estén 
reglamentadas. En caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad 
manifiesta. No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o 
circunstancia s que conoció espontáneamente, aunque para informar utilice las aptitudes 
especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, regirán las reglas de la 
prueba testimonial.  
 
 
ARTICULO 215. - 
 
Nombramiento de peritos El Ministerio Público, durante la investigación preparatoria, y el 
tribunal competente seleccionarán a los peritos y determinarán cuántos deban intervenir, 
según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por plantear, atendiendo 
a las sugerencias de los intervinientes. Al mismo tiempo, fijarán con precisión  los temas de 
la peritación y deberán acordar con los peritos designados el plazo dentro del cual 
presentarán los dictámenes. Serán causas de excusa y recusación de los peritos, las 
establecidas para los jueces. En todo lo relativo a los traductores e inté rpretes, regirán 
análogamente las disposiciones de este apartado.  
 
 
ARTICULO 216. - 
 
Facultad de las partes Antes de comenzar las operaciones periciales, se notificará, en su 
caso, al Ministerio Público y a las partes la orden de practicarlas, salvo que sean 
sumamente urgentes o en extremo simples. Dentro del plazo que establezca la autori dad 
que ordenó el peritaje, cualquiera de las partes podrá proponer por su cuenta, a otro 
perito para reemplazar al ya designado o para dictaminar conjuntamente con él, cuando 
en las circunstancias del caso, resulte conveniente su participación por su expe riencia o 
idoneidad especial. Las partes podrán proponer, fundadamente, temas para el peritaje y 
objetar los admitidos o propuestos por otra de las partes.  
 
 
ARTICULO 217. - 
 
Ejecución del peritaje El director del procedimiento resolverá las cuestiones que se 
planteen durante las operaciones peric iales. Los peritos practicarán el examen 
conjuntamente, cuando sea posible. Siempre que sea pertinente, las partes y sus 
consultores técnicos podrán presenciar la realización del peritaje y solicitar las 
aclaraciones que estimen convenientes; deberán retir arse cuando los peritos comiencen 
la deliberación. Si algún perito no cumple con su función, se procederá a sustituirlo.  
 
 ARTICULO 218. - 
 
Dictamen pericial El dictamen pericial será fundado y contendrá, de manera clara y 
precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus res ultados, las 
observaciones de las partes o las de sus consultores técnicos y las conclusiones que se 
formulen respecto de cada tema estudiado. Los peritos podrán dictaminar por separado 
cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se pres entará por escrito, 
firmado y fechado, sin perjuicio del informe oral en las audiencias.  
 
 
ARTICULO 219. - 
 
Peritos nuevos Cuando los informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios o 
cuando el tribunal o el Ministerio Público lo estimen necesario, de oficio o a petición de 
parte podrán nom brar a uno o más peritos nuevos, según la importancia del caso, para 
que examinen, amplíen o repitan el peritaje.  
 
 
ARTICULO 220. - 
 
Actividad complementaria del peritaje Podrá ordenarse la presentación o el secuestro de 
cosas o documentos, y la comparecencia de personas, si esto es necesario para  efectuar 
las operaciones periciales.  
 
 
Artículo 221. -    Peritajes especiales  
 
        Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales, como las psicológicas y las 
médico legales, a personas menores de edad víctimas o a personas agredidas sexualmente 
o víctimas de agresión o violencia intra familiar, en un término máximo de ocho días, deberá 
integrarse un equipo interdisciplinario, con el fin de concentrar, en una misma sesión, las 
entrevistas que la víctima requiera, cuando ello no afecte la realización del peritaje. Deberá 
tenerse en cuenta  el interés superior, en el caso de las personas menores de edad y, en 
todo caso, tratar de reducir o evitar siempre la  revictimización . Antes de la entrevista, el 
equipo de profesionales deberá elaborar un protocolo de ella y designará, cuando lo estime 
conveniente, a uno de sus miembros, para que se encargue de plantear las preguntas.  
 
        Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá realizarse el 
examen físico de la víctima.  
 
        El Ministerio Público, la defensa del a cusado y el querellante, podrán participar en la 
entrevista psicológica y psiquiátrica, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad, 
la vida o integridad física de la víctima o se afecte el resultado de la prueba. Para tales fines, 
podrá hacerse us o de cámaras especiales para evitar el contacto del menor o de la víctima con las partes. En ningún caso esta intervención permitirá a las partes interrumpir el curso 
de la pericia. Las partes podrán intervenir solo cuando se les indique y canalizarán sus 
observaciones por medio del perito respectivo, quien decidirá la forma de evacuarlas. En 
todo caso, dejará constancia de los requerimientos que se le hayan formulado y los anotará 
en sus conclusiones, al rendir la pericia. Para su intervención, las partes podrán auxiliarse 
de un consultor técnico, debidamente autorizado para participar, de conformidad con el 
artículo 126 de este Código.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Pena l, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 222. - 
 
Notificación Cuando no se haya notificado previamente la realización del peritaje, sus 
resultados deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público y de las partes, por 
tres días, salvo que por ley se disponga un plazo diferente.  
 
 
ARTICULO 223. - 
 
Deber de guardar reserva El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo 
de su actuación.  
 
 
ARTICULO 224. - 
 
Regulación prudencial El tribunal o el fiscal encargado de la investigación podrá realizar 
una regulación prudencial, únicamente cuando no pueda establecerse por medio de 
peritos el valor de los bienes sustraídos o dañados o el monto de lo defraudado. La 
decisión del fiscal podrá ser objetada ante el tribunal, el cual resolverá sin trámite alguno. 
La regulación prudencial podrá ser variada en el curso del procedimiento, si apar ecen 
nuevos y mejores elementos de convicción que así lo justifiquen.  
 
 
 
TITULO V  
 
OTROS MEDIOS DE PRUEBA  
 
ARTICULO 225. - 
 Exhibición de prueba Los documentos, objetos y otros elementos de convicción 
incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los 
peritos, p ara que los reconozcan o informen sobre ellos.  
 
Los elementos de carácter reservado serán examinados privadamente por el 
tribunal; si son útiles para la averiguación de la verdad, los incorporará al procedimiento, 
resguardando la reserva sobre ellos.  
 
 
ARTICULO 226. - 
 
Informes El tribunal y e l Ministerio Público podrán requerir informes a cualquier persona o 
entidad pública o privada. Los informes se solicitarán, verbalmente o por escrito, con 
indicación del procedimiento, en el cual se requieren, el nombre del imputado, el lugar 
donde debe en tregarse el informe, el plazo para su presentación y las consecuencias 
previstas para el incumplimiento del deber de informar.  
 
 
ARTICULO 227. - 
 
Reconocimiento de personas El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar, con 
comunicación previa a las partes, que se practique el reconocimiento de una persona, 
para identificarla o establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha 
visto.  
 
 
ARTICULO 228. - 
 
Procedimiento para reconocer personas Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo 
será interrogado para que describa a la persona de que se trata, diga si la conoce o si , con 
anterioridad, la ha visto personalmente o en imagen. Además, deberá manifestar si 
después del hecho ha visto nuevamente a la persona, en qué lugar y por qué motivo. A 
excepción del imputado, el declarante será instruido acerca de sus obligaciones y d e las 
responsabilidades por su incumplimiento y prestará juramento de decir la verdad, según 
sus creencias. Posteriormente, se invitará a la persona que debe ser sometida a 
reconocimiento a que escoja su colocación entre otras de aspecto físico semejante y  se 
solicitará, a quien lleva a cabo el reconocimiento, que diga si entre las personas presentes 
se halla la que mencionó y, en caso afirmativo, la señale con precisión. Cuando la haya 
reconocido, expresará las diferencias y semejanzas observadas entre el estado de la 
persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración anterior. Esa 
diligencia se hará constar en una acta, donde se consignarán las circunstancias útiles, 
incluso el nombre y domicilio de los que hayan formado la fila de pers onas. El 
reconocimiento procederá aun sin consentimiento del imputado.  
  
ARTICULO 229. - 
 
Pluralidad de reconocimientos Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada 
reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre sí. Si una 
persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo 
acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.  
 
 
ARTICULO 230. - 
 
Reconocimiento por fotografía Cuando sea necesario reconocer a una persona que no 
esté presente ni pueda ser habida, su fotografía podrá exhibirse a quien deba efectuar el 
reconocimiento, junto con otras semejantes d e distintas personas, observando en lo 
posible las reglas precedentes.  
 
 
ARTICULO 231. - 
 
Reconocimiento de objeto Antes del reconocimiento de un objeto, se invitará a la persona 
que deba reconocerlo a que lo describa. En lo demás, regirán las reglas que anteceden.  
 
 
ARTICULO 232. - 
 
Otros reconocimientos Cuando se disponga reconocer voce s, sonidos y cuanto pueda ser 
objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas 
para el reconocimiento de personas. Esta diligencia se hará constar en acta y la autoridad 
podrá disponer que se documente mediante pr ueba fotográfica o videográfica o mediante 
otros instrumentos o procedimientos.  
 
 
ARTICULO 233. - 
 
Careo Podrá ordenarse el careo de personas que, en sus declaraciones, hayan discrepado 
sobre hechos o circunstancias importantes; pero el imputado no será obligado a 
intervenir. En el careo del imputado, estará presente su defensor. Regirán, 
respectivament e, las reglas del testimonio, de la pericia y de la declaración del imputado.  
 
 
ARTICULO 234. - 
 
Otros medios de prueba Además de los medios de prueba previstos en este Código, 
podrán utilizarse otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas ni afecten el siste ma institucional. La forma de su incorporación al 
procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos.  
 
 
 
LIBRO IV  
 
MEDIDAS CAUTELARES  
 
TITULO I  
 
MEDIDAS CAUTELARES DE CARACTER PERSONAL  
 
ARTICULO 235. - 
 
Aprehensión de las personas Las autoridades de policía podrán aprehender a toda 
persona, aun sin orden judicial, cuando:  
 
a) Haya sido sorprendida en flagrante delito o contravención o sea perseguida 
inmediatamente después de intentarlo o cometerlo.  
 
b) Se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de 
detención.  
 
c) Existan indicios comprobados de su participación en un hecho punible y se trate 
de un caso en que procede la prisión preventiva.  
 
Asimismo, en caso de flagrancia, c ualquier persona podrá practicar la aprehensión e 
impedir que el hecho produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada 
inmediatamente a la autoridad más cercana.  
 
La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá ponerla, co n 
prontitud, a la orden del Ministerio Público, para que este, si lo estima necesario, solicite al 
juez la prisión preventiva. La solicitud deberá formularse luego de realizar las diligencias 
indispensables y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas  contadas a partir de la 
captura.  
 
Si se trata de un delito que requiera la instancia privada, será informado 
inmediatamente quien pueda instar y, si este no presenta la denuncia en el mismo acto, el 
aprehendido será puesto en libertad.  
 
 
ARTICULO 236. -  
Flagrancia Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el 
momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando 
tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de 
participar en un delito.  
 
 
ARTICULO 237. - 
 
Detención El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida, 
cuando:  
 
a) Sea necesaria la presencia del imputado y existan indicios comprobados para 
sostener, razonablemente, que es autor de un delito o partícipe en él, y que puede 
ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.  
 
b) En el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los 
imputados y a los testigos y deba procederse con urgencia para no perjudicar la 
investigación, a fin de evitar que los presentes se alejen del lugar, se comuniquen 
entre sí y qu e se modifique el estado de las cosas y de los lugares.  
 
c) Para la investigación de un delito, sea necesaria la concurrencia de cualquier 
persona.  
 
La detención no podrá superar las veinticuatro horas. Si el Ministerio Público estima 
que la persona debe  quedar detenida por más tiempo, la pondrá inmediatamente a la orden 
del tribunal del procedimiento preparatorio y le solicitará ordenar la prisión preventiva o 
aplicar cualquier otra medida sustitutiva. En caso contrario, ordenará su libertad.  
 
 
Artículo 238. -    Aplicación de la prisión preven tiva 
 
        La prisión preventiva solo podrá ser acordada conforme a las disposiciones de este 
Código, mediante resolución judicial fundada, en los límites indispensables para asegurar el 
descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley. Cuando el M inisterio Público estime 
que procede la prisión preventiva, solicitará al juez correspondiente que convoque a una 
audiencia oral, en la que se discutirá sobre la procedencia o no de esa medida. Si la persona 
se encontrare detenida, la solicitud de audienci a deberá pedirse dentro de las veinticuatro 
horas, contadas desde que el encausado se puso a la orden del juez; la audiencia deberá 
celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas y la resolución deberá ser dictada dentro de 
ese plazo.  
 
        Corresponde  al Ministerio Público y la defensa del imputado, aportar la prueba en la 
que fundamente sus peticiones.   
        Terminada la audiencia, el juez resolverá sobre lo solicitado. Si contare con medios de 
grabación, el respaldo de ellos será suficiente para acreditar la existencia de la celebración 
de la audiencia y de lo resuelto.  
 
        Se ejecutará del modo que perjudique lo menos posible a los afectados.  
 
        La privación de libertad, durante el procedimiento, deberá ser proporcional a la pena 
que pueda imponerse en el caso.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 239. -Procedencia de la prisión preventiva. El tribunal ordenará la prisión 
preventiva del imputado, siempre que concurran las siguientes circunstancias:  
 
a) Existan elementos de convicción suficientes para sostener, 
razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho 
punible o partícipe en él.  
 
b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del 
caso particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento 
(peligro de fuga); obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de 
obstaculización); o continuará la a ctividad delictiva.  
 
c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad.  
 
d) Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Cuando 
la víctima se encuentre en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta l a 
necesidad de ordenar esta medida, especialmente en el marco de la 
investigación de delitos previstos de la Ley 8589, Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007, así como otros delitos donde la 
persona investigada mantiene o h aya mantenido con la víctima una relación 
o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, 
de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, 
separación o ruptura, así como cuando medie alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 2:1 bis de la Ley 8589, Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007.  
 
(Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 45 de la Ley de 
Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, N° 8589 del 25 de abril del 
2007)  
 (Así reformado el inciso anterior p or el artículo 2° de la Ley para establecer 
el femicidio  ampliado, N° 10022 del 23 de agosto de 2021)  
 
 
Artículo 239 bis. - Otras causales de pris ión preventiva  
 
        Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también podrá ordenar  la prisión 
preventiva del imputado, cuando se produzca cualquiera de las siguientes causales, el delito 
esté sancionado con pena de prisión y se cumpla el pr esupuesto establecido en el artículo 
37 de la Constitución Política :  
 
a) Cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la 
propiedad en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, y en 
delito s relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.  
 
b) El hecho punible sea realizado presumiblemente por quien haya sido sometido al menos 
en dos ocasiones, a proces os penales en los que medie violencia contra las personas o 
fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan formulado acusación y solicitud de apertura a 
juicio por parte del Ministerio Público, aunque estos no se encuentren concluidos.  
 
c) Cuando se trate  de personas reincidentes en la comisión de hechos delictivos en los que 
medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas.  
 
d) Se trate de delincuencia organizada.  
 
(Así adicionado   por el artículo 17 de la Ley de Protección a Víctimas, Testi gos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 240. - 
 
Peligro de fuga Para dec idir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, 
especialmente, las siguientes circunstancias:  
 
a) Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la 
familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandona r definitivamente 
el país o permanecer oculto. La falsedad, la falta de información o de actualización 
del domicilio del imputado constituirá presunción de fuga.  
 
b) La pena que podría llegarse a imponer en el caso.  
 
c) La magnitud del daño causado.  
 d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro proceso 
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.  
 
 
ARTICULO 241. - 
 
Peligro de obstaculización Para decidir acerca del peligro de obstaculización para 
averiguar la verdad se tendrá en cu enta, especialmente, la grave sospecha de que el 
imputado:  
 
a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba.  
 
b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente, o in ducirá a otros a realizar tales 
comportamientos.  
 
El motivo sólo podrá fundar la prisión hasta la conclusión del debate.  
 
 
ARTICULO 242. - 
 
Prueba para la aplicación de medidas cautelares El fiscal o, en su caso el Tribunal, podrán 
recibir prueba, de oficio o a solicitud de parte, con el fin de sustentar la aplicación, 
revisión, sustitución, modificación o cancelación de una medida cautelar. D icha prueba se 
agregará a un legajo especial cuando no sea posible incorporarla al debate. El tribunal 
valorará estos elementos de prueba conforme a las reglas generales establecidas en este 
Código y exclusivamente para fundar la decisión sobre la medida c autelar. Si el tribunal lo 
estima necesario, antes de pronunciarse, podrá convocar a una audiencia oral para oír a 
las partes o para recibir directamente la prueba. De dicha audiencia se levantará un acta.  
 
 
ARTICULO 243. - 
 
Resolución que acuerda la prisión preventiva La prisión preventiva sólo po drá 
decretarse por resolución debidamente fundamentada, en la cual se expresen cada 
uno de los presupuestos que la motivan. El auto deberá contener:  
 
a) Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo.  
 
b) Una sucinta enunciación de l hecho o hechos que se le atribuyen.  
 
c) La indicación de las razones por las cuales el tribunal estima que los presupuestos 
que motivan la medida concurren en el caso.  
 d) La cita de las disposiciones penales aplicables.  
 
e) La fecha en que vence el p lazo máximo de privación de libertad.  
 
 
ARTICULO 244. -Otras medidas cautelares. Siempre que las presunciones que 
motivan la prisión preventiva puedan ser evitadas razonablemente con la aplicación de otra 
medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del 
interesado, deberá imponerle en su lugar, en resolución motivada, alguna de las 
alternativas siguientes:  
 
a) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin 
vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga.  
 
b) La obl igación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 
determinada, que informará regularmente al tribunal.  
 
c) La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que 
él designe.  
 
d) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o 
del ámbito territorial que fije el tribunal.  
 
e) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.  
 
f) La prohibición de convivir o  comunicarse con personas determinadas, siempre que 
no se afecte el derecho de defensa.  
 
g) Si se trata de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales, cuando la víctima 
conviva con el imputado, la autoridad correspondiente podrá ordenarle a este el 
abandono inmediato del domicilio.  
 
h) La prestación de una caución adecuada.  
 
i) La suspensión en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito funcional.  
 
j) La imposición de la medida de localización permanente con mecanismo 
electrónico.   Para  tal efecto, un día bajo localización permanente con dispositivo 
electrónico equivale a un día de prisión preventiva.  
 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 5° de la ley N° 9271 del 30 de 
setiembre de 2014, "Mecanismos electrónicos de seguimi ento en materia penal")  
     Si la calificación jurídica del hecho admite la aplicación de una pena de inhabilitación, el 
tribunal podrá imponerle, preventivamente, que se abstenga de realizar la conducta o la 
actividad por las que podría ser inhabilitado . 
 
 
ARTICULO 245. - Imposición de las med idas. El tribunal podrá imponer una sola de 
las alternativas previstas en el artículo anterior o combinar varias de ellas, según resulte 
adecuado al caso, y ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar 
su cumplimiento.  
 
El juez pod rá acordar que el control de cumplimiento de las medidas aplicadas a las 
personas se realice por medio de aquellos medios electrónicos que lo permitan.  
 
En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad ni se 
impondrán otras cuyo cu mplimiento es imposible.  
 
(Así reformado por el artículo 6° de la ley N° 9271 del 30 de setiembre de 2014, "Mecanismos 
electrónicos de seguimiento en materia penal")  
 
 
ARTICULO 246. - 
 
Caución juratoria Tambi én se podrá prescindir de toda medida de coerción, cuando la 
promesa del imputado de someterse al procedimiento, de no obstaculizar la investigación 
y de abstenerse de cometer nuevos delitos, sea suficiente para eliminar el peligro de fuga, 
obstaculización  o reincidencia.  
 
 
ARTICULO 247. - 
 
Exenci ón de prisión Si el imputado está en libertad, podrá solicitar al tribunal que lo exima 
de la posible aplicación de la prisión preventiva, acordando al efecto alguna de sus 
medidas sustitutivas.  
 
 
Artículo 248. -    Abandono del domicilio  
 
        El abandono del domicilio como medida precautoria deberá establecerse por un plazo 
mínimo de un mes, sin que pueda exceder de seis; podrá prorrogarse por períodos iguales, 
si así lo solicita la parte ofendida y si se mantienen las razones que lo ju stificaron.  
 
        La medida podrá interrumpirse, cuando haya reconciliación entre ofendido e imputado, 
siempre que tal circunstancia la manifieste la parte ofendida ante la autoridad 
jurisdiccional.   
 
        Para levantar la medida precautoria, el imp utado deberá rendir caución juratoria de 
que no reincidirá en los hechos. Antes de levantar la medida, se escuchará el criterio de la 
víctima, si puede ser localizada. Si se trata de una víctima que está siendo objeto de 
protección, el fiscal a cargo del c aso deberá informar sobre la audiencia a la víctima; para 
ello podrá coordinar lo pertinente con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito.  
 
        Cuando se trate de personas ofendidas menores de edad, el cese de esta medida 
precautoria solo proced erá, cuando se constate la inexistencia de riesgo para la víctima y el 
representante del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) así lo recomiende.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 249. - 
 
Pensión alimenticia Cuando se haya dispuesto el abandono del domicilio, el tribunal, a 
petición de parte, dispondrá por un mes el depósito de una cantidad de dinero, que fijará 
prudencialmente. El imputado deberá pagarla en un término de ocho días, a fin de 
sufragar los gastos de alimentación y habitación de los miembros integrantes del grupo 
familiar que dependan económicamente de él. Esta obligación se regirá por las normas 
propias de las pensiones alimenticias y, por ello, po drá ordenarse el apremio corporal del 
obligado en caso de incumplimiento. Fijada la cuota, el tribunal de oficio testimoniará 
piezas que enviará a la autoridad judicial competente, a efecto de que continúe 
conociendo del asunto conforme a la Ley de Pension es Alimenticias.  
 
 
ARTICULO 250. - 
 
Caucio nes Cuando corresponda, el tribunal fijará el importe y la clase de caución como 
medida cautelar, decidirá además, sobre la idoneidad del fiador, según libre apreciación 
de las circunstancias del caso. El imputado y el fiador podrán sustituir la caución po r otra 
equivalente, previa autorización del tribunal. Para determinar la calidad y cantidad de la 
caución se tendrán en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, la 
personalidad y los antecedentes del imputado. El tribunal hará la estimación  de modo que 
constituya un motivo eficaz para que aquel se abstenga de infringir sus obligaciones. La 
caución real se constituirá con depósito de dinero, valores cotizables o con el 
otorgamiento de prendas o hipotecas, por la cantidad que el tribunal deter mine.  
 
 
ARTICULO 251. -  
Forma de determinar la solvencia de los fiadores Cuando el monto de la fianza supere tres 
salarios base, según lo establecido en el Código Penal para los delitos contra la propiedad, 
la solvencia de los fiadores se comprobará por medio de certificación exp edida por el 
Registro Público. El valor de los bienes podrá comprobarse con la certificación del valor 
declarado para efectos fiscales, o con dictamen pericial realizado al efecto. Cuando el 
importe de la garantía sea menor que esa suma, queda a juicio del  tribunal aceptar al 
fiador si no tiene bienes inscritos a su nombre, así como exigirle que compruebe su 
situación económica y posibles recursos. El tribunal podrá condicionar la aceptación de la 
fianza, a que se inscriba previamente en el Registro de la P ropiedad. En este caso, la 
anotación se considerará como un gravamen de la propiedad y cualquier adquirente del 
bien anotado aceptará la responsabilidad que la fianza implica.  
 
 
ARTICULO 252. - 
 
Ejecución de las cauciones Cuando se haya decretado la rebeldía del imputado o cuando 
este se sustraiga  a la ejecución de la pena, se concederá un plazo de cinco días al fiador 
para que lo presente; se le advertirá que si no lo hace o no justifica la incomparecencia, la 
caución se ejecutará. Vencido el plazo, el tribunal dispondrá, según el caso, la ejecuci ón 
del fiador o la venta en remate público de los bienes hipotecados o dados en prenda. El 
producto que se obtenga será transferido al Patronato de Construcciones, Instalaciones y 
Adquisición de Bienes de la Direccion General de Adaptación Social.  
 
 
ARTICULO 253. - 
 
Revisión de la prisión preventi va Durante los primeros tres meses de acordada la prisión 
preventiva su revisión sólo procederá cuando el tribunal estime que han variado las 
circunstancias por las cuales se decretó. Vencido ese plazo, el tribunal examinará de oficio, 
por lo menos cada tr es meses, los presupuestos de la prisión o internación y, según el 
caso, ordenará su continuación, modificación, sustitución por otra medida o la libertad del 
imputado. El incumplimiento del deber de revisión periódica sólo producirá la aplicación 
del régi men disciplinario cuando corresponda. Después de transcurrir tres meses de 
haberse decretado la prisión preventiva, el imputado podrá solicitar su revisión cuando 
estime que no subsisten las circunstancias por las cuales se acordó. Sus solicitudes 
interrum pen el plazo señalado en el párrafo anterior. Al revisarse la prisión preventiva el 
tribunal tomará en consideración, especialmente, la peligrosidad del imputado y la 
suficiencia de los elementos probatorios para sostener razonablemente que es autor de 
un hecho punible o partícipe en él.  
 
 
ARTICU LO 254. -  
Revisión, sustitución, modificación y cancelación de las medidas Salvo lo dispuesto en el 
artículo anterior, el tribunal, aun de oficio y en cualquier estado del procedimiento, por 
resolución fundada revisará, sustituirá, modificará o cancelará l a procedencia de las 
medidas cautelares y las circunstancias de su imposición, de conformidad con las reglas 
establecidas en este Código, cuando así se requiera por haber variado las condiciones que 
justificaron su imposición. Si la caución rendida es de c arácter real y es sustituida por otra, 
será cancelada y los bienes afectados serán devueltos.  
 
 
ARTICULO 255. - 
 
Acta Previo a la ejecución de las medidas cautelares, cuando corresponda, se 
levantará un acta en la que constará:  
 
a) La notificación al imputado.  
 
b) La identificación y el domicilio  de la institución o de los particulares que 
intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función u obligación 
que les ha sido asignada.  
 
c) Las advertencias a los particulares de las obligaciones que asumen en caso de 
incumplimiento por  parte del imputado.  
 
d) El señalamiento del lugar o la forma para recibir notificaciones.  
 
e) La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones.  
 
 
ARTICULO 256. -Recurso  . Durante el procedimiento preparatorio e intermedio, la 
resolución que decrete por primera vez la prisión preventiva o, transcurridos los primeros 
tres meses, rechace una medida sustitutiva, se tomará en audiencia y será apelable sin 
efecto suspensivo.  
 
También serán apelable, de la misma manera y sin efecto suspensivo, las resoluciones que 
impongan cualquier otra medida cautelar o rechacen una medida sustitutiva cuando se 
dicten durante el procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que no se esté en los 
casos del primer párrafo.   Para estos efectos, solo se enviarán al tribunal las piezas 
indispensables para resolver y no regirá el procedimiento establecido para tramitar el 
recurso de apelación.  
 
(Así reformado  por el artículo  1° "Creación del Recurs o de Apelación de la Sentencia, otras 
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en 
el Proceso Penal ", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)   
 
ARTICULO 257. - 
 
Cesación de la prisión preventiva La privación de libertad finalizará:  
 
a) Cuando nuevos elementos d e juicio demuestren que no concurren los motivos 
que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida, aun antes de 
que transcurran tres meses de haberse decretado.  
 
b) Cuando su duración supere o equivalga al monto de la posible pena por i mponer, 
se considerará incluso la aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o 
remisión de la pena, o a la libertad anticipada.  
 
c) Cuando su duración exceda de doce meses.  
 
 
            ARTICULO 258. -Prórroga del plazo de prisión  preventiva  . A pedido del Ministerio 
Público, el plazo previsto en el artículo anterior podrá ser prorrogado por el Tribunal de 
Apelación de Sentencia, hasta por un año más, siempre que fije el tiempo concreto de la 
prórroga.   En este caso, el tribunal deberá indicar l as medidas necesarias para acelerar el 
trámite del procedimiento.  
 
            Si el tribunal de juicio dicta sentencia condenatoria que imponga pena privativa de 
libertad, el plazo de prisión preventiva podrá ser prorrogado mediante resolución fundada, 
por seis meses más.   Esta última prórroga se sumará a los plazos de prisión preventiva 
señalados en el artículo anterior y en el párrafo primero de esta norma.  
 
            Vencidos esos plazos, no podrá acordarse una nueva ampliación del tiempo de la 
prisión preventiva, salvo lo dispuesto en el párrafo final de este artículo, para asegurar la 
realización del debate o de un acto particular, comprobar la sospecha de fuga o impedir la 
obstaculización de la averiguación de la verdad o la reincidencia.   En tale s casos, la privación 
de libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad 
de la disposición.  
 
            El Tribunal de Apelación de Sentencia, excepcionalmente y de oficio, podrá autorizar 
una prórroga de la prisión  preventiva superior a los plazos anteriores y hasta por seis meses 
más, cuando dispongan el reenvío a un nuevo juicio.  
 
            De manera excepcional, la Sala de Casación Penal podrá ampliar, en los asuntos de 
su conocimiento, la prisión preventiva hasta por seis meses más allá de los términos de ley 
autorizados con anterioridad.  
 (Así reformado  por el artículo  1° "Creación del Re curso de Apelación de la Sentencia, otras 
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en 
el Proceso Penal ", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
ARTICULO 259. - 
 
Suspensión de los plazos de prisión preventiva  
 
Los plazos previstos en el artículo anterior, se  suspenderán en los siguientes casos:  
 
(*)a) Durante el tiempo en que el procedimiento esté suspendido a causa de la 
interposición de un recurso o acción ante la Sala Constitucional.  
 
(*) (Por resolución de la Sala Constitucional de N° 2004 -03901 del 21/ 04/2004, 
interpretó el inciso a) de este artículo en el siguiente sentido: se declara que esa 
norma no contraviene el artículo 39 constitucional ni los principios de seguridad y 
certeza jurídica siempre y cuando se interprete que la suspensión del plazo de  la 
prisión preventiva dispuesta en esa norma no puede en ningún caso superar los 
plazos máximos establecidos en el artículo 378 inciso a) del Código Procesal Penal y 
que, cumplidos éstos, deberá ponerse al imputado en libertad.)  
 
b) Durante el tiempo en que el debate se encuentre suspendido o se aplace su 
iniciación por impedimento o inasistencia del imputado o su defensor, o a solicitud 
de estos, siempre que la suspensión o el aplazamiento no se haya dispuesto por 
necesidades relacionadas con la adquisic ión de la prueba o como consecuencia de 
términos para la defensa.  
 
c) Cuando el proceso deba prolongarse ante gestiones o incidencias evidentemente 
dilatorias formuladas por el imputado o sus defensores, según resolución motivada 
del tribunal.  
 
 
ARTICULO 260. - 
 
Limitaciones No se decretará la  prisión preventiva de las personas mayores de setenta 
años o valetudinarias, si el tribunal estima que, en caso de condena, no se les impondrá 
pena mayor a cinco años de prisión. Tampoco se decretará en relación con personas 
afectadas por una enfermedad g rave y terminal. En estos casos, si es imprescindible la 
restricción de la libertad, se deberá decretar el arresto domiciliario o la ubicación en un 
centro médico o geriátrico. Podrá sustituirse la prisión preventiva por el arresto 
domiciliario, a las muje res en estado avanzado de embarazo o con un hijo menor de tres 
meses de edad, cuando la privación de libertad ponga en peligro la vida, la salud o la integridad de la madre, el feto o el hijo.  
 
 
ARTICULO 261. - 
 
Incomunicación El tribunal podrá ordenar la incomunicación del imputado en resolución 
fundada, hasta por diez días consecutivos, cuando previamente haya dispuesto la prisión 
preventiva y existan motivos que se harán constar en la resolución, para estimar que se 
pondrá de acuerdo con sus cómplices u obstaculizará de otro modo la investigació n. La 
incomunicación no impedirá que el imputado se comunique con su defensor 
inmediatamente antes de rendir su declaración o antes de realizar cualquier acto que 
requiera su intervención personal. El Ministerio Público y la policía judicial podrán 
dispone r la incomunicación del aprehendido sólo por el plazo necesario para gestionar la 
orden judicial, el cual no podrá exceder de seis horas.  
 
 
ARTICULO 262. - 
 
Internación El tribunal podrá ordenar la internación del imputado en un 
establecimiento asistencial, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una 
grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí 
o para terceros, cuando medien los siguientes requisitos:  
 
a) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, 
razonablemente, que es autor de un hecho punible o partícipe en él.  
 
b) La existencia de una presunción suficiente de que no se someterá al 
procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación.  
 
 
 
TITULO II  
 
MEDIDA CAUTELAR DE CARACTER REAL  
 
ARTICULO 263. - 
 
Embargo El actor civil podrá formular la solicitud de embargo en el escrito de 
constitución o con posterioridad, sin perjuicio de la facultad de solicitar  el embargo 
preventivo.  
 
El embargo será acordado por el tribunal, a petición de parte, para garantizar la 
reparación de los daños y perjuicios, y el pago de las costas.  
  
ARTICULO 264. - 
 
Aplicación supletoria Con respecto al embargo y a todas sus incidencias, regirán en cuanto 
sean aplicable s las prescripciones del Código Procesal Civil.  
 
 
 
LIBRO V  
 
COSTAS E INDEMNIZACIONES  
 
TITULO I  
 
COSTAS  
 
ARTICULO 265. - 
 
Costas del imputado En todo proceso, el Estado cubrirá los gastos en relación con el 
imputado y las demás partes que gocen del beneficio de litigar sin el cobro de ellos.  
 
Cuando el imputado tenga solvencia económica, deberá pagar al Poder Judicial los 
servicios de defensor público o cualquier otro que haya recibido. Para ello, se seguirá el 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto del defensor 
público. Se exceptúa de ese deber el pago del traductor o del intérprete oficial es. 
 
 
ARTICULO 266. - 
 
Resolución neces aria El tribunal penal deberá pronunciarse en forma motivada sobre el 
pago de costas procesales y personales al dictar la resolución que ponga término a la 
causa.  
 
 
ARTICULO 267. - 
 
Fijación de las costas Las costas estarán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal podrá 
eximirla, total o parc ialmente, cuando haya razón plausible para litigar. Cuando sean 
varios los condenados al pago de costas, el tribunal fijará la parte proporcional que 
corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad que establezca la ley.  
 
 
ARTICULO 268. -  
Personas exentas Los representantes del Ministerio  Público, abogados y mandatarios que 
intervengan en el proceso, no podrán ser condenados en costas, salvo los casos en que 
especialmente se disponga lo contrario y sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o 
disciplinaria en que incurran.  
 
 
ARTICULO 269. - 
 
Contenido Las costas consistirán e n: 
 
a) Los gastos originados por la tramitación del procedimiento.  
 
b) El pago de los honorarios de los abogados, de otros profesionales y demás 
personas que hayan intervenido en el procedimiento.  
 
 
ARTICULO 270. - 
 
Acción civil Si es admitida la pretensión civil en la sentencia, el imputado y el tercero 
civilmente demandado soportarán solidariamente las costas ; si se rechaza la pretensión, 
las soportará el actor civil. Si la acción no puede proseguir, cada uno de los intervinientes 
soportará sus propias costas, salvo que las partes hayan convenido otra medida o el 
tribunal, por las circunstancias del caso, las distribuya de otra manera.  
 
 
 
TITULO II  
 
INDEMNIZACION AL IMPUTADO  
 
ARTICULO 271. - 
 
Deber de indemnización. El Estado deberá indemnizar a la persona que haya sido 
sometida, indebidamente, a una medida cautelar por un funcionario público que 
actuó arbitrariamente o con culpa grave, en los términos  del artículo 199 de la Ley 
General de la Administración Pública. En este caso, el funcionario será 
solidariamente responsable con el Estado.  
 
También procederá la indemnización, sólo a cargo del Estado, cuando una persona haya 
sido sometida a prisión pre ventiva y luego es sobreseída o absuelta, con plena 
demostración de inocencia.   
 
   
(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 2992 del 05 de marzo de 2013, se 
estableció que se declara sin lugar la acción interpuesta contra el párrafo segundo de este 
artículo siempre y cuando la frase "con plena demostración de inocencia", 
se  interprete   en  el sentido que la absolutoria o el sobreseimiento se dictaron porque hay 
certeza   sobre   su  inocencia.)  
 
 
ARTICULO 272. - 
 
Competencia Corresponderá a la jurisdicción contencioso adminis -trativa conocer de las 
demandas de indemnización a que se refiere el artículo anterior. Cuando la actuación del 
funcionario constituya delito, la indemnización podrá reclamarse en la jurisdicc ión penal 
por medio de la acción civil resarcitoria.  
 
 
ARTICULO 273. - 
 
Muerte del derechohabiente Si quien tiene derecho a la reparación ha fallecido, sus 
sucesores tendrán derecho a cobrar o gestionar la indemnización prevista, en los límites 
de su cuota hereditaria.  
 
 
 
SEGUNDA PARTE  
 
PROCEDIMIENTOS  
 
LIBRO I  
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO  
 
TITULO I  
 
PROCEDIMIENTO PREPARATORIO  
 
CAPITULO I  
 
NORMAS GENERALES  
 
ARTICULO 
274. -                                                                                                                              
 
Finalidad   
El procedimiento preparatorio tendrá por objeto determinar si hay base para el 
juicio, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal 
o del querellante y la defensa del imputado.  
 
 
ARTICULO 275. - 
 
Legajo de investigación El Ministerio Público formará un le gajo de investigación, con el fin 
de preparar su requerimiento, al que agregará los documentos que puedan ser 
incorporados al debate.  
 
 
ARTICULO 276. - 
 
Validez de las actuaciones No tendrán valor probatorio para fundar la condena del 
acusado las actuaciones de la investigación preparatoria, salvo  las pruebas recibidas de 
conformidad con las reglas de los actos definitivos e irreproductibles y las que este Código 
autoriza introducir en el debate por lectura.  
 
 
ARTICULO 277. - 
 
Actuación jurisdiccional Corresponderá al tribunal del procedimiento preparatorio realizar 
los anticipos jurisdicc ionales de prueba, resolver excepciones y demás solicitudes propias 
de esta etapa, otorgar autorizaciones y, en general, controlar el cumplimiento de los 
principios y garantías establecidos en la Constitución, el Derecho Internacional y 
Comunitario vigente s en Costa Rica y en este Código. Lo anterior no impedirá que el 
interesado pueda replantear la cuestión en la audiencia preliminar. Los fiscales no podrán 
realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces, salvo las excepciones 
expresamente previst as por este Código, no podrán realizar actos de investigación.  
 
 
 
CAPITULO II  
 
ACTOS INICIALES  
 
Sección primera  
 
Denuncia  
 
ARTICULO 278. - 
 Facultad de denunciar Quienes tengan noticia de un delito de acción pública podrán 
denunciarlo al Ministerio Público, a un tribunal con competencia penal o a la Policía Judicial, 
salvo que la acción dependa de instancia privada.  
 
En este último caso, sólo podrá denunciar quien tenga facultad de instar, de 
conformidad con este Código.  
 
El tribunal que reciba una denuncia la pondrá inmediatamente en conocimiento del 
Ministerio Público.  
 
(Nota: Como complemento, véase supra el artículo 152 bis, que trata del caso de recepción 
de denuncias por delitos sexuales o tentativa, y la obligación de denunciado de aportar una 
pensión alimenticia)  
 
 
ARTICULO 279. - 
 
Forma La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por 
mandatario especial. En el último caso deberá acompañarse con un poder.  
 
Cuando sea verbal, se extenderá un acta de acuerdo con las formalidade s establecidas en 
este Código.  
 
En ambos casos el funcionario comprobará la identidad del denunciante.  
 
 
ARTICULO 280. - 
 
Contenido La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible, la relación 
circunstanciada del hecho, con indicación de sus autores y partícipes, damnificados, 
testigos y de más elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.  
 
 
ARTICULO 281. - 
 
Obligación de denunciar Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles 
de oficio:  
 
a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus 
funciones.  
 
b) Los médicos, pa rteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier 
ramo del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté protegido por la ley 
bajo el amparo del secreto profes ional.  
 
c) Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico 
tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o 
intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos e n su 
perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y 
siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.  
 
En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesga la 
persecución penal propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por 
consanguinidad o afinidad, o de una persona que conviva con el denunciante ligada a él por 
lazos especiales de afecto.  
 
 
Artículo 282. -    Desestimación  
 
            Cuando el hecho denunciado no constituya delito o sea imposible proceder, el 
Ministerio Público solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio, mediante 
requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la quere lla o las actuaciones 
policiales.  
 
            La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento, cuando nuevas 
circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos 
de investigación que no admitan demora.  
 
            La resolución que admite la desestimación, se comunicará a la víctima de domicilio 
conocido y será apelable por esta, por el querellante, el actor civil y el Ministerio Público.  
 
            Si se trata de una víctima que está siendo objeto de protección, el fiscal a cargo del 
caso deberá informarla de inmediato.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Sección segunda  
 
Intervención de la poli cía judicial  
 
ARTICULO 283. - 
 
Diligencias preliminares Los funcionarios y agentes de la policía judicial que tengan 
noticia de un delito de acción pública, dentro de las seis horas siguientes a su primera intervención, informarán al Ministerio Público. B ajo la dirección y control del fiscal 
encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o 
asegurar, con urgencia, los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los 
sospechosos. La misma regla se aplicará c uando el Ministerio Público les encomiende una 
investigación preventiva.  
 
 
ARTICULO 284. - 
 
Actuación de la policía  administrativa Los agentes de la policía administrativa serán 
considerados oficiales o agentes de la policía judicial, cuando cumplan las funciones que la 
ley y este Código les impone a estos y serán auxiliares los empleados de aquella. La policía 
adminis trativa, en cuanto cumpla actos de policía judicial, estará bajo la autoridad de los 
jueces y fiscales, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que esté sometida. 
Actuará siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la policía judicial, pero desde el 
momento en que esta intervenga, la administrativa será su auxiliar.  
 
 
Artículo 285. -    Función  
 
            La policía judicial, por iniciativa propia, por denuncia u orden de la autoridad 
competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos 
cometido s sean llevados a consecuencias ulteriores; además, procederá identificar y 
aprehender, preventivamente, a los presuntos culpables y reunir, asegurar y ordenar 
científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para basar la acusación o 
determinar  el sobreseimiento.  
 
            Asimismo, cuando con motivo de las investigaciones, determine la existencia de un 
riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo, adoptará las medidas urgentes 
necesarias para garantizar su protección y la rese rva de su identidad mientras informa del 
hecho al Ministerio Público o al juez competente. Además, comunicará el hecho a la Oficina 
de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, para que inicie lo previsto en esta 
Ley para la protección extra procesal de la persona, si correspondiere.  
 
            Si el delito es de acción privada, solo deberá proceder cuando reciba orden del 
tribunal; pero si es de instancia privada, actuará por denuncia de la persona autorizada para 
instar.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 286. - 
 Atribuciones La policía judicial tendrá las siguientes atribuciones:  
 
a) Recibir denuncias.  
 
b) Cuidar que el cuerpo y los rastros del d elito sean conservados.  
 
c) Si hay peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer 
constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, 
fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aco nseje una adecuada 
investigación.  
 
d) Proceder a los allanamientos y las requisas, con las formalidades y limitaciones 
establecidas en este Código.  
 
e) Ordenar, si es indispensable, la clausura del local en que por indicios se suponga que se 
ha cometido un delito.  
 
f) Entrevistar a los te stigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. Cuando, con 
motivo de las investigaciones, determine la existencia de un riesgo para la vida o seguridad 
de la víctima o un testigo, adoptará las medidas urgentes necesarias para garantizar su 
protecc ión y la reserva de su identidad mientras informa del hecho al Ministerio Público o 
al juez competente, en un plazo máximo de veinticuatro horas. En estos casos, no podrá 
consignar en el informe los datos que permitan identificar y localizar a la víctima o  al testigo, 
sin perjuicio de lo que resuelva el juez competente.  
 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, 
Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
g) Citar, ap rehender e incomunicar al presunto culpable en los casos y forma que este 
Código autoriza.  
 
h) Identificar al imputado e interrogarlo en presencia de su defensor, durante las primeras 
seis horas de su aprehensión o detención, con fines investigativos, res petando los derechos 
fundamentales y las garantías establecidas en la Constitución Política y las leyes.  
 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, 
Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009).  
 
        En el caso de los incisos b), c) y d) si no puede realizar la diligencia por impedimento 
legal deberá tomar las previsiones del caso para que no se alteren las circunstancias por 
constatar, mientras interviene el juez o el fiscal.  
 
 
ARTICULO 287. -  
Medida precautoria Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho no sea 
posible individualizar al autor, partícipes ni a los testigos y se deba proceder con urgencia 
para no perjudicar la averiguación de la verdad, se podrá di sponer que los presentes no se 
alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de 
las cosas ni de los lugares, disponiendo las medidas del caso. Serán aplicables las reglas de 
la aprehensión y la incomunicación.  
 
 
ARTICULO 288. - 
 
Informe sobre las diligenc ias preliminares Los oficiales y auxiliares de la policía rendirán un 
informe al Ministerio Público sobre las actuaciones que hayan realizado para investigar un 
hecho delictivo.  
 
 
 
Sección tercera  
 
Actos del Ministerio Público  
 
ARTICULO 289. - 
 
Finalidad de la persecución penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento 
de un delito de acción pública, deberá impedir que produzca consecuencias ulteriores y 
promoverá su investigación para determinar las circunstancias del hecho y a sus autores  o 
partícipes.  
 
 
ARTICULO 290. - 
 
Facul tades del Ministerio Público El Ministerio Público practicará las diligencias y 
actuaciones de la investigación preparatoria que no requieran autorización judicial ni 
tengan contenido jurisdiccional. Podrá exigir informaciones de cualquier funcionario o 
empleado público, quienes están obligados a colaborar con la investigación, según sus 
respectivas competencias y a cumplir las solicitudes o pedidos de informes que se realicen 
conforme a la ley. Además, podrá disponer las medidas razonables y necesarias par a 
proteger y aislar indicios de prueba en los lugares donde se investigue un delito, a fin de 
evitar la desaparición o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales.  
 
 
ARTICULO 291. - 
 
Facultad de investigación El Ministerio Público podrá realizar las diligencias que permitan asegurar los elementos de prueba esenciales sobre el hecho punible y determinar a sus 
autores y partícipes, aun cuando se haya suspendido el proceso a prueba o se haya 
aplicado un criterio de oportunidad.  
 
 
ARTICULO 292. - 
 
Participación en los actos El Ministerio Público permitirá la presencia de la s partes en los 
actos que practique; asimismo, velará porque su participación no interfiera en el normal 
desarrollo de las actividades. Cualquiera de las partes podrá proponer diligencias de 
investigación. El Ministerio Público deberá realizarlas si las co nsidera pertinentes y útiles, 
y hará constar las razones de su negativa, a los efectos que después correspondan. En este 
último caso, las partes pueden acudir ante el tribunal del procedimiento preparatorio que 
se pronunciará, sin sustanciación, sobre la p rocedencia de la prueba.  
 
 
Artículo 293. -Anticipo jurisdiccional de prueba  
 
        Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e  irreproductible , que afecte 
derechos fundamentales, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo 
difícil de superar, se presuma que no po drá recibirse durante el juicio, o bien, cuando por 
la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias 
esenciales sobre lo que conoce o cuando se trate de personas que deben abandonar el país, 
el Ministerio Público o cua lquiera de las partes podrá requerir al juez que la realice o reciba. 
Cuando se trate de un testigo o una víctima cuya seguridad, vida o integridad física corran 
riesgo con motivo de su participación en el proceso y se presuma, razonablemente, que su 
decla ración en juicio no será posible, pues el riesgo no se reducirá o podría aumentar, el 
Ministerio Público, el querellante o la defensa, solicitarán al juez que ordene la recepción 
anticipada de su testimonio. En todos los casos en que se haya acordado la re serva de las 
características físicas del declarante, por la existencia de un riesgo para su vida o la 
integridad física, se procederá a recibir su testimonio en forma anticipada.  
 
        El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a to das las partes, quienes 
tendrán el derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas por este 
Código.  
 
        Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los medios 
tecnológicos de los cuales se disponga , como la videoconferencia, las grabaciones, los 
circuitos cerrados de televisión, las filmaciones o cualquier otro medio, a fin de garantizar 
la pureza del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad propios del juicio, 
así como el dere cho de defensa. Cuando la identidad del testigo o la víctima se encuentre 
protegida, se recibirá el anticipo, manteniendo reserva de sus datos de identificación y con 
el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras especiales que permitan mantener ocultas o disimuladas sus características físicas, según el alcance de la protección 
acordada por el juez.  
 
        La resolución que acoja o rechace el anticipo será apelable por la defensa, el Ministerio 
Público y el querellante.  
 
        El rec hazo de una solicitud de anticipo jurisdiccional de prueba, no impedirá su 
replanteamiento, si nuevas circunstancias o elementos de prueba así lo señalan.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinient es en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 294. - 
 
Urgencia Cuando se igno re quién podría ser el imputado o si alguno de los actos previstos 
en el artículo anterior es de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir 
verbalmente la intervención del juez y este practicará el acto con prescindencia de las 
citaciones previ stas y, de ser necesario, designará un defensor público para que participe 
en el acto. Cuando se ha procedido por urgencia, después de practicado el acto, deberá 
ser puesto en conocimiento de las partes. No se podrá prescindir de la citación previa en 
los casos en que deba recibirse declaración a un testigo ante la posibilidad de que olvide 
circunstancias esenciales.  
 
 
ARTICULO 295. - 
 
Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. 
Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de 
sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por 
el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos 
que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el c aso. Las partes, los 
funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier 
motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de 
guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será consi derado falta grave.  
 
 
ARTICULO 296. - 
 
Secreto de las actuaciones Si el imputado no está privado de su libertad, el Ministerio 
Público podrá disponer, sólo una vez y mediante resolución fundada, el secreto total o 
parcial de las actuaciones, por un plazo que no podrá superar los diez días consecut ivos, 
siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad. El plazo podrá 
prorrogarse hasta por otro tanto, pero, en este caso, cualquiera de los nombrados, sus defensores o mandatarios podrán solicitar al tribunal del procedimiento prepara torio, que 
examine los fundamentos de la disposición y ponga fin a la reserva. A pesar del 
vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular dependa 
de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá solici tar al juez que 
disponga realizarlo sin comunicación previa a las partes, las que serán informadas del 
resultado de la diligencia.  
 
 
ARTICULO 297. - 
 
Valoración inicial Recibidas las primeras diligencias, el fiscal las valorará con el fin de 
examinar si debe continuar con la investigación o solicit ar lo siguiente:  
 
a) La desestimación de la denuncia, de la querella o de las actuaciones policiales.  
 
b) El sobreseimiento.  
 
c) La incompetencia por razón de la materia o el territorio.  
 
d) La aplicación de un criterio de oportunidad e) La suspensión del proceso a prueba.  
 
f) La aplicación del procedimiento abreviado.  
 
g) La conciliación.  
 
h) Cualquier otra medida tendente a finalizar el proceso.  
 
 
Artículo 298. -Archivo fiscal  
 
        Si no se ha podido individualizar al imputado, el Ministerio Público podrá disponer, por 
sí mismo, fundadamente, el archivo de las actuaciones. La decisión se le comunicará a la 
víctima de domicilio conocido, quien podrá objetar el archivo ante el tribunal d el 
procedimiento preparatorio e indicará las pruebas que permitan individualizar al imputado. 
Si el juez admite la objeción, ordenará que prosiga la investigación.  
 
        El archivo fiscal no impide que la investigación se reabra si, con posterioridad, aparecen 
datos que permitan identificar al imputado.  
 
        La víctima también podrá objetar ante el tribunal del procedimiento preparatorio, los 
errores, las omisiones o los retrasos que estime han ocurrido en la investigación de los 
hechos en su perju icio. El juez dará audiencia tanto al Ministerio Público como a la defensa, 
por el término de cinco días, y resolverá lo que corresponda. Si la protesta se relaciona con la no evacuación de una prueba, el juez dispondrá lo pertinente, según el procedimient o 
regulado en el artículo 292 de este Código. La víctima podrá apelar la decisión.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la   Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
CAPITULO III  
 
CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO PREPARATOR IO 
 
Artículo 299 - Actos conclusivos. Cuando el Ministerio Público o el querellante 
estimen que los elementos de prueba son insuficientes para fundar la acusación, podrán 
requerir la desestimación o el sobreseimiento definitivo o provisional.  
 
También, po drán solicitar la suspensión del proceso a prueba, la aplicación de 
criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado, la aplicación del procedimiento de 
justicia restaurativa o que se promueva la conciliación. Junto con el requerimiento remitirán 
al ju ez las actuaciones, las evidencias y los demás medios de prueba materiales que tengan 
en su poder.  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
Artículo 300. - Intervención de la víctima  
 
        Cuando el Ministerio Público decida solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad 
o el sobreseimiento, deberá ponerlo en conocimiento de la víctima de domicilio conocido 
para que esta manifieste si pretende constituirse en querellante. E n este caso, deberá 
indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes. La querella deberá presentarse ante 
el Ministerio Público, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 
Recibida la querella, el Ministerio Público la tr asladará al tribunal del procedimiento 
intermedio, si el imputado hubiera tenido ya oportunidad para rendir su declaración; en 
caso contrario, de previo, le brindará esa posibilidad. También trasladará las actuaciones y 
adjuntará su solicitud.  
 
(Así refor mado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 301. - 
 
Remisión de las actuaciones al tribunal Si la víctima no se manifiesta dentro de los tres días o no formula la querella en el plazo de diez días, el Ministerio Público trasladará la 
gestión al tribunal del procedimiento intermedio para que resuelva, sin sustanciación, lo 
que corresponda. Si la víctima formula en tiempo la querella, el tribunal del procedimiento 
intermedio notificará a las partes y pondrá a su disposición las actuaciones y evidencias 
reunidas en la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco 
días. En la misma resolución convocará a la audiencia preliminar.  
 
 
ARTICULO 302. - 
 
Disconformidad Cuando el tribunal considere procedente la aper tura a juicio y el 
Ministerio Público haya solicitado la desestimación o el sobreseimiento, sin que la víctima 
haya querellado, aquel le remitirá nuevamente las actuaciones al fiscal, por auto fundado, 
para que modifique su petición en el plazo máximo de c inco días. Si el fiscal ratifica su 
solicitud y el tribunal mantiene su posición, se enviarán las actuaciones al Fiscal General o 
al fiscal superior que él haya designado, para que peticione nuevamente o ratifique lo 
planteado por el fiscal inferior. Cuand o el Ministerio Público reitere su solicitud, el juez 
deberá resolver conforme a lo peticionado, sin perjuicio de la impugnación de la decisión 
por la víctima.  
 
 
ARTICULO 303. - 
 
Acusación y solicitud de apertura a juicio Cuando el Ministerio Público estime que la 
investigación proporciona fundamen to para someter a juicio público al imputado, 
presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio.  
 
La acusación deberá contener:  
 
a) Los datos que sirvan para identificar al imputado.  
 
b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que  se atribuya.  
 
c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de 
convicción que la motivan.  
 
d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables.  
 
e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio.  
 
Con la acusación el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias 
que tenga en su poder y puedan ser incorporadas al debate.  
 
 Artículo 304. -Ofrecimiento de prueba para el juicio  
 
            Al ofrecerse l a prueba, se presentará la lista de testigos y peritos, con la indicación 
del nombre, la profesión y el domicilio. Se presentarán también los documentos o se 
señalará el lugar donde se hallen, para que el tribunal los requiera. Los medios de prueba 
serán o frecidos con indicación de los hechos o las circunstancias que se pretenden probar, 
bajo pena de inadmisibilidad.  
 
            En esta misma oportunidad, el Ministerio Público o el querellante le solicitarán al 
juez que adopte las medidas necesarias para la protección procesal del testigo o la víctima, 
según el caso, o bien, que se continúe con la protección ya acordada, hasta sentencia firme. 
En caso de que se trate de la primera solicitud de protección, se acompañará el informe 
mencionado en el artículo 204 bis de este Código y, en la audiencia preliminar, se escuchará 
a las partes sobre el tema. La decisión se adoptará y se mantendrá en legajo separado.  
 
            El fiscal a cargo del caso será el encargado de citar al testigo o la víctima objeto de 
protección procesal; para ello, podrá coordinar lo pertinente con la Oficina de Atención a la 
Víctima del Delito del Ministerio Público.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso P enal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
(Ver resolución de la Sala Constitucional N° 01 -6677 del once de julio del dos mil uno, en el 
sentido que el artículo (*)304 del Código Procesal Penal no es violatorio del derecho de 
abstención reconocido en el artícu lo 36 de la Constitución Política).  
 
(*)(Nota de Sinalevi:  El texto al cual se refiere el voto de la Sala Constitucional N° 01 -6677, 
se encuentra recogido en el párrafo primero de este artículo, de conformidad con la reforma 
realizada por la ley N° 8720).  
 
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 17907 -10 del 27 de octubre del 2010, estimó 
que este artículo no resulta inconstitucional, "siempre y cuando se interprete que a partir de 
la fase del debate únicamente procede la protección extraprocesal d e la víctima o testigo, a 
fin de no lesionar el derecho de defensa y que dicha protección debe mantenerse, aún 
después de la firmeza del fallo, mientras resulte necesaria para la seguridad del testigo, 
perito, deponente o sus familiares.")  
 
 
ARTICULO 305. - 
 
Acusación alternativa o  subsidiaria En la acusación el Ministerio Público o el querellante 
podrán señalar, alternativa o subsidiariamente, las circunstancias del hecho que permitan 
calificar el comportamiento del imputado en un delito distinto, a fin de posibilitar su correcta d efensa.  
 
 
ARTICULO 306. - 
 
Traslado de la acusación El Ministerio Público deberá poner la acusación en conocimiento 
de la víctima de domicilio conocido que haya pedido ser informada de los resultados del 
procedimiento, para que manifieste si pretende constituirse en querellante, caso en el 
cual de berá indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes. La querella deberá 
presentarse ante el Ministerio Público dentro de los diez días siguientes al vencimiento del 
plazo anterior.  
 
 
ARTICULO 307. - 
 
Ampliación de la querella Cuando la víctima haya formulado querella, el Ministerio Público 
también deberá ponerle en conocimiento la acusación, para que con vista de esta y en el 
plazo de los diez días siguientes amplíe o aclare la relación de hechos conte nida en la 
querella y la fundamentación jurídica, y ofrezca nueva prueba. El silencio del querellante 
no constituirá desistimiento.  
 
 
ARTICULO 308. - 
 
Pretensiones del actor civil Cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, el 
Ministerio Público también deberá poner la acusación en conoc imiento del actor civil, 
para que dentro del plazo de cinco días concrete sus pretensiones, indique la clase y 
forma de reparación que demanda y liquide el monto de los daños y perjuicios que estime 
haber sufrido hasta ese momento, sin perjuicio de ampliar  las partidas por las 
consecuencias futuras. En esta misma oportunidad, deberá ofrecer la prueba para el juicio 
oral conforme a las exigencias señaladas para la acusación.  
 
 
ARTICULO 309. - 
 
Declaración del imputado La acusación o la querella no se trasladará al tribunal del 
procedimiento intermed io, si antes no se le ha dado oportunidad al imputado de rendir 
declaración.  
 
 
 
TITULO II  
 
PROCEDIMIENTO INTERMEDIO   
CAPITULO I  
 
RESOLUCIONES CONCLUSIVAS  
 
ARTICULO 310. - 
 
Procedimiento Cuando únicamente se formulen requerimientos o solicitudes 
diversos a la acusación o la querella, el tribunal del procedimiento intermedio resolverá sin 
sustanciación lo que corresponda, salvo disposición en contrario o que estime indispensab le 
realizar la audiencia preliminar, en cuyo caso convocará a las partes.  
 
 
ARTICULO 311. - 
 
Sobreseimiento definitivo El sobreseimiento definitivo procederá cuando:  
 
a) El hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.  
 
b) El hecho no esté adecuado a una figura penal.  
 
c) Medie una causa de justificación o inculpabilidad.  
 
d) La acción penal se ha extinguido.  
 
e) A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de 
incorporar nuevos elementos de prueba y no hay bases para requerir fundadamente 
la ape rtura a juicio.  
 
 
ARTICULO 312. - 
 
Conte nido de la resolución La resolución que acuerda el sobreseimiento definitivo 
deberá contener:  
 
a) La identidad del imputado.  
 
b) La enunciación de los hechos de la acusación.  
 
c) La descripción de los hechos probados.  
 
d) La fundamentación fáctica y jurídica.  
 
e) La parte resolutiva, con cita de los preceptos jurídicos aplicables.   
 
ARTICULO 313. - 
 
Efectos del sobreseimiento definitivo Firme el sobreseimiento definitivo, cerrará 
irrevocablemente el procedimiento e n relación con el imputado en cuyo favor se dicte, 
impedirá una nueva persecución penal por el mismo hecho y cesarán las medidas 
cautelares impuestas.  
 
 
ARTICULO 314. - 
 
Sobreseimiento provisional Si no corresponde el sobreseimiento definitivo y los elementos 
de prueba resultan insuficientes para realizar el juicio, se ordenará el sobreseimiento 
provisional, por auto fundado que mencione concretamente los elementos de prueba 
específicos que se espera incorporar. Se harán cesar las medidas cautelares impuestas al 
imputado. Si nuevos elementos de pru eba permiten la continuación del procedimiento, el 
tribunal, a pedido de cualquiera de las partes, admitirá la prosecución de la investigación. 
Si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura, se 
declarará, de oficio , la extinción de la acción penal.  
 
 
ARTI CULO 315. - 
 
Recurso El Ministerio Público, el querellante, el actor civil y la víctima podrán interponer 
recurso de apelación, con efecto suspensivo, contra el sobreseimiento definitivo, dictado 
en las etapas preparatoria e intermedia.  
 
 
CAPITULO II  
 
EXAMEN DE LA ACUSACION Y LA QUERELLA  
 
ARTICULO  316. - 
 
Audiencia preliminar Cuando se formule la acusación o la querella,  aún cuando 
existan también otras solicitudes o requerimientos, el tribunal del procedimiento 
intermedio notificará a las partes y pondrá a su disposición las actuaciones y las evid encias 
reunidas durante la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco 
días.  
 
En la misma resolución, convocará a las partes a una audiencia oral y privada, que 
deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días, ni mayor de veinte.  
  
ARTICULO 317. - 
 
Facultades y deberes de las partes Dentro del plazo previsto en el párrafo primero 
del artículo trasanterior, las partes podrán:  
 
a) Objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público o el querellante, por 
defectos formales o sustanciales.  
 
b) Oponer excepciones.  
 
c) Solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, la suspensión del proceso a 
prueba , la imposición o revocación de una medida cautelar o el anticipo de prueba.  
 
d) Solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad 
o la conciliación.  
 
e) Ofrecer la prueba para el juicio oral y público, conforme a las exi gencias señaladas 
para la acusación.  
 
f) Plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio.  
 
Dentro del mismo plazo, las partes deberán ofrecer los medios de prueba necesarios 
para resolver las cuestiones propias de la audienc ia preliminar.  
 
 
Artículo 318. -    Desar rollo de la audiencia  
 
        A la audiencia deberán asistir, obligatoriamente, el fiscal y el defensor; no obstante, si 
este último no se presenta, será sustituido por un defensor público. En su caso, el 
querellante y el actor civil también deberán concurrir, pero su inasisten cia no suspende el 
acto. El imputado y los demandados civiles también pueden intervenir.  
 
        La víctima de domicilio conocido deberá ser convocada para que participe en la 
audiencia; sin embargo, su incomparecencia no suspenderá la diligencia. Cuando se trate 
de una víctima que está siendo objeto de protección, la convocatoria a la audienc ia deberá 
comunicarse a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público. El 
tribunal intentará que las partes se concilien, cuando esta solución sea procedente. Si esta 
no se produce o no procede, continuará la audiencia preliminar.  
 
        Se les otorgará la palabra, por su orden, al querellante, al representante del Ministerio 
Público, al actor civil, al defensor y al representante del demandado civil. El fiscal y el 
querellante resumirán los fundamentos de hecho y de derecho, que sustenten sus 
peticiones; el actor civil, la defensa y las otras partes manifestarán lo que estimen pertinente en defensa de sus intereses. En el curso de la audiencia, el imputado podrá rendir 
su declaración, conforme a las disposiciones previstas en este  Código. Cuando la víctima se 
encuentre presente, se le concederá la palabra.  
 
        Cuando el tribunal lo considere estrictamente necesario para su resolución, dispondrá 
la producción de prueba, salvo que esta deba ser recibida en el juicio oral.  
 
        El tribunal evitará que, en la audiencia, se discutan cuestiones que son propias del juicio 
oral.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 200 9) 
 
 
Artículo 319. - Resolución.  Finaliza da la audiencia, el tribunal resolverá 
inmediatamente y de forma oral las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la 
hora o cuando se trate de un asunto de tramitación compleja, el juez podrá diferir la 
resolución hasta por veinticuatro horas.  
 
El tribunal analizará la procedencia de la acusación o la querella, con el fin de 
determinar si existe base para el juicio o, en su caso, si corresponde total o parcialmente 
desestimar la causa o sobreseer al imputado.  
 
El tribunal también podrá examina r, conforme al procedimiento establecido, si 
corresponde aplicar un criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado, suspender el 
procedimiento a prueba o autorizar la aplicación de las reglas para asuntos de tramitación 
compleja.  
 
Además, el tribunal  resolverá las excepciones planteadas, ordenará los anticipos de 
prueba que correspondan y se pronunciará sobre la separación o acumulación de juicios.  
 
Decidirá sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida para el juicio. Si las partes han 
llegado a algú n acuerdo sobre la acción civil, ordenará lo necesario para ejecutar lo 
acordado.  
 
En esta misma oportunidad, el tribunal deberá examinar la procedencia, ratificación, 
revocación o sustitución de las medidas cautelares. A la vez, se pronunciará sobre las 
solicitudes de protección de víctimas o testigos o sobre el mantenimiento, la modificación 
o el cese de las medidas ya acordadas.  
 
 (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
(Anteriormente este numeral había sido  reformado  por el artículo  1° 
"Creación  del Recurso  de Apelación  de la Sentencia , otras  reformas  al Régimen  de Impugnación  e Implementación  de nuevas  Regl
as de Oralidad  en el  Proceso  Penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
ARTIC ULO 320. - 
 
Admisión de prueba para el juicio El tribunal del procedimiento intermedio admitirá la 
prueba pertinente para la correcta solución del caso, y ordenará de oficio la que resulte 
esencial. Rechazará la que considere evidentemente abundante o innec esaria. De oficio 
podrá ordenar que se reciba prueba en el debate, sólo cuando sea manifiesta la 
negligencia de alguna de las partes y su fuente resida en las actuaciones ya realizadas. 
Contra lo resuelto sólo procede recurso de revocatoria, sin perjuicio de reiterar la solicitud 
de recibo de prueba inadmitida, como prueba para mejor resolver, ante el tribunal de 
juicio.  
 
 
ARTICULO 321. - 
 
Presupuesto para la apertura a juicio El auto de apertura a juicio se podrá dictar con base 
en la acusación del Ministerio Público o la del querellante. Si se ab re el juicio con base 
únicamente en la acusación particular, el querellante continuará en forma exclusiva el 
ejercicio de la acción, sin perjuicio de que el representante del Ministerio Público opte por 
continuar interviniendo en el procedimiento, pero no estará obligado a mantener la 
pretensión de aquel.  
 
 
ARTICULO 322. - 
 
Auto de apertura a juicio El auto de apertura a juicio indicará la parte de la acusación o de 
la querella que resulte admitida, la disposición de enviar a juicio el asunto y el 
emplazamiento a las partes para que, en el plazo co mún de cinco días, concurran ante el 
tribunal de sentencia e indiquen el lugar o la forma para recibir notificaciones.  
 
 
ARTICULO 323. - 
 
Solicitud de realización del debate en dos fases Dentro del plazo previsto en el artículo 
anterior, el imputado podrá pedir que el debate se celebre en dos fase s, con el fin de que 
en la primera se discuta lo concerniente a la existencia de la culpabilidad y en la segunda, 
si existe, lo relativo a la individualización de la pena y las consecuencias civiles. En ese 
mismo plazo, las partes civiles podrán realizar l a misma solicitud; pero, en lo que se refiere 
a las consecuencias civiles. Antes de remitir las actuaciones, el tribunal se pronunciará 
sobre la solicitud. Resueltos los asuntos anteriores, se remitirán las actuaciones, los 
documentos y los objetos incauta dos al tribunal de juicio y se pondrá a su orden a los detenidos.  
 
 
 
TITULO III  
 
JUICIO ORAL Y  PUBLICO  
 
CAPITULO I  
 
NORMAS GENERALES  
 
Artículo 324. -Preparación del juicio  
 
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de las diligencias, se fijarán 
el día y la hora del juicio, el que no se realizará antes de cinco días ni después de un mes.  
 
Cuando se haya dispuesto la celebración del debate en dos fases, el tribunal fijará la 
fecha para la primera. Al pronunciarse sobre la culpabilidad, deberá fijar, si es necesario, la 
fecha para la segunda audiencia, la cual deberá realizarse dentro de los cinco días 
siguientes.  
 
El tribunal se integrará conforme a las disposiciones legales que regulan la 
jurisdicción y competencia de los tribunales penales, con uno o tres jueces, según 
corresponda.  
 
El secretario del tribunal citará a los testigos y perit os; solicitará los objetos y 
documentos y dispondrá las medidas necesarias para organizar y desarrollar el juicio 
público. Será obligación de las partes y del Ministerio Público coadyuvar en la localización y 
comparecencia de los testigos que se hayan prop uesto para el juicio; la secretaría del 
tribunal les brindará el auxilio necesario por medio de la expedición de las citas, sin perjuicio 
del uso de la Fuerza  Pública ,  si es necesario.  
 
Cuando se hayan admitido para juicio testigos que se encuentren prot egidos 
procesalmente, el tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar la recepción de 
su testimonio en la forma acordada al disponerse la protección; para ello, podrá disponer 
que la audiencia se realice en forma privada, o que se utilicen los medios tecnológicos 
necesarios, todo ello sin perjuicio de lo que pueda resolverse sobre el tema en el curso del 
debate, sin perjuicio de que se prescinda de su recepción y se incorpore el anticipo 
jurisdiccional de prueba, cuando el riesgo para la vida o la integridad física del declarante 
no haya disminuido o se vea aumentado con motivo del juicio, en los términos del inciso a) 
del artículo 334 de este Código.  
 (Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervi nientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 325. - 
 
Excepciones Las excepciones que se fundan en hechos nuevos podrán ser interpuestas 
dentro de los cinco días de notificada la convocatoria. No se podrá posponer el juicio por 
el trámite ni por la resolución de estas g estiones.  
 
 
ARTICULO 326. - 
 
Principios El  juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la 
acusación, en forma oral, pública, contradictoria y continua.  
 
 
ARTICULO 327. - 
 
Anticipo de prueba El tribunal podrá ordenar que se reciba cualquier prueba que sea 
urgente o que, por algún obstáculo difícil de superar, se p resuma que no podrá recibirse 
en el debate. Los actos deberán cumplirse en la forma prevista para el anticipo 
jurisdiccional de prueba.  
 
 
ARTICULO 328. - 
 
Inmediación El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las 
partes. El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después 
de su declaración rehúsa permanecer, será custodiado en una sala próxima y para todos 
los efectos podrá ser representado por el defensor. Sólo en caso de que la acusación sea 
ampliada, quien presida la audiencia lo hará comparecer para los fines de la intimación 
que corresponda. Si su presencia es necesaria para practicar algún a cto o reconocimiento, 
podrá ser compelido a comparecer a la audiencia por la fuerza pública. Si el defensor no 
comparece a la audiencia o se aleja de ella, se considerará abandonada la defensa y 
corresponderá su reemplazo. Si el tercero civilmente demandad o no comparece al debate 
o se aleja de la audiencia, el juicio proseguirá como si estuviera presente.  
 
 
ARTICULO 329. - 
 
Limitaciones a la libertad del imputado Si el imputado se halla en libertad, el tribunal 
podrá ordenar para asegurar la realización de la audiencia, su conducción por la fuerza 
pública y la prisión preventiva; podrá incluso variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer algunas de las otras medidas cautelares previstas por este Código.  
 
 
Artículo 330. -Publicidad  
 
            El juicio será público. No obstante, el tribunal podrá resolver por auto fundado y aun 
de oficio, que se realice, total o parcialmente, en forma privada, cuando:  
 
a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de 
los intervinientes.  
 
b) Afecte gravemente la seguridad del Estado o los intereses de la justicia.  
 
c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación 
indebida sea punible.  
 
d) Esté previsto en una norma específica.  
 
e) Se le  reciba declaración a una persona menor de edad y el tribunal estime 
inconveniente la publicidad, en atención a su interés superior.  
 
f) Se reciba el testimonio de víctimas y testigos de la trata de personas.  
 
g) Se reciba el testimonio de víctimas o de testigos protegidos procesalmente.  
 
            Desaparecida la causa, ingresará nuevamente el público y quien presida la audiencia 
relatará brevemente lo sucedido, si el tribunal así lo dispone. El tribunal podrá imponerles 
a las partes que intervienen e n el acto, el deber de guardar secreto sobre los hechos que 
presenciaron o conocieron. De lo ocurrido se dejará constancia en el acta del debate.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 331 - Participación de los medios de comunicación. Para informar al público 
de lo que suceda en la sala de debates, las empresas de radiodifusión, televisión o prensa 
podrán instalar, en la sala de debates, aparatos de grabación, fotografía , radiofonía, 
filmación u otros. El tribunal señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán 
esas facultades. Sin embargo, por resolución fundada podrá prohibir esa instalación, 
cuando perjudique el desarrollo del debate o afecte alguno de los intereses señalados en el 
artículo anterior de este Código.  
 
No podrán instalarse esos aparatos ni realizarse filmación o grabación alguna, 
cuando se trate de hechos cometidos en perjuicio de personas menores de edad. De la misma forma, tampoco podrán uti lizarse en la audiencia, cuando se trate de la recepción 
del testimonio de testigos o víctimas que estén siendo protegidas por la existencia de 
riesgos a su vida o integridad física o la de sus familiares, ni en los casos tramitados 
mediante el procedimien to de justicia restaurativa. En tales casos, la audiencia para la 
recepción de tales testimonios se declarará privada.  
 
Si el imputado, la víctima o alguna persona que deba rendir declaración solicita, 
expresamente, que las empresas no graben ni su voz ni su imagen, el tribunal hará respetar 
sus derechos.  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativ a, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
ARTICULO 332. - 
 
Prohibiciones para el acceso No podrán ingresar a la sala de audiencias los menores de 
doce años, excepto cuando sean acompañados por un mayor de edad que responda por 
su conducta. Por razones de disciplina y capacidad de la sala, el tribu nal podrá ordenar 
también el alejamiento de las personas cuya presencia no sea necesaria, o limitar la 
admisión a un determinado número.  
 
 
ARTICULO 333. - 
 
Oralidad La audiencia será oral; de esa forma deberán declarar el imputado y las demás 
personas que participen en ella. Quienes no puedan habl ar o no puedan hacerlo de 
manera inteligible en español, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o 
por medio de intérpretes, leyendo o traduciendo las preguntas o las contestaciones. Las 
resoluciones del tribunal durante la audiencia se dicta rán verbalmente; todos quedarán 
notificados por su pronunciamiento y se dejará constancia en el acta.  
 
 
Artículo 334. -    Excepciones a la oralidad  
 
Solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura:  
 
a) Las pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba, sin 
perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la reproducción, cuando sea posible. Se 
incorporará el anticipo que se haya hecho por la existencia de un riesgo para la vida o la 
integridad física de la víctima o el testigo, si ese riesgo no ha disminuido o  si ha aumentado 
con motivo de la celebración del juicio y no existen condiciones para garantizar la recepción 
del testimonio en el debate.  
 b) La denuncia, la prueba documental y los peritajes, los informes, las certificaciones y las 
actas de reconocimie nto, registro, inspección, secuestro, requisa, realizadas conforme a lo 
previsto por este Código.  
 
c) Las declaraciones prestadas por coimputados rebeldes o absueltos.  
 
d) Las actas de las pruebas que se ordene recibir durante el juicio, fuera de la sala  de 
audiencias.  
 
Cualquier otro elemento de prueba que se incorpore al juicio por lectura, no tendrá 
valor alguno, salvo que las partes y el tribunal manifiesten, expresamente, su 
consentimiento.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 335. - 
 
Dirección del debate Quien presida dirigirá la audiencia, ordenará las lecturas necesarias, 
hará las advertencias legales,  recibirá los juramentos y declaraciones, ejercerá el poder de 
disciplina y moderará la discusión, impidiendo intervenciones impertinentes o que no 
conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación 
ni la amplitud de la defensa. El tribunal en pleno resolverá cuando una decisión de quien 
presida sea impugnada. Quienes asistan permanecerán respetuosamente y en silencio, 
mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les 
formulen. No pod rán llevar armas u otros objetos aptos para incomodar u ofender, ni 
adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, ni producir disturbios.  
 
 
ARTICULO 336. - 
 
Continuidad y suspensión La audiencia se realizará sin interrupción, durante las 
sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su te rminación; pero, se podrá suspender 
por un plazo máximo de diez días, en los casos siguientes:  
 
a) Cuando deba resolverse alguna gestión que, por su naturaleza, no pueda decidirse 
inmediatamente.  
 
b) Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lu gar de la audiencia y no 
pueda cumplirse en el intervalo entre una y otra sesión.  
 c) Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea 
indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta 
que el aus ente sea conducido por la fuerza pública.  
 
d) Si algún juez, fiscal o defensor se enferma hasta el punto de no poder continuar 
su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados 
inmediatamente o el tribunal se haya constituido,  desde la iniciación de la audiencia, 
con un número superior de jueces que el requerido para su integración, de manera 
que los suplentes integren el tribunal y permitan la continuación de la vista.  
 
e) Cuando se compruebe, con dictamen médico forense, que  el imputado se 
encuentra en la situación prevista en el inciso anterior. En este caso, podrá 
ordenarse la separación de juicios y continuarse el trámite con los otros imputados.  
 
f) Si alguna revelación o retractación inesperada produce alteraciones sust anciales 
en la causa, lo cual hace indispensable una prueba extraordinaria.  
 
g) Cuando el imputado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación 
o la querella, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar 
inmediatamen te. 
 
 
ARTICULO 337. - 
 
Efectos de la suspensión El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y la hora de la 
nueva audiencia, ello valdrá como citación para todos los comparecientes. El juicio 
continuará después del último acto cumplido cuando se dispuso la suspensión. Los jueces, 
fiscales y defensores podrán intervenir en otros juicios durante el plazo de la suspensión.  
 
 
ARTICULO 338. - 
 
Imposibilidad de asistencia Las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un 
impedimento justificado serán examinadas en el lugar en donde se hallen, por uno de los 
jueces del tribunal o por medio de comisión a otro juez, según los casos, con asistencia de 
las partes cuando así lo soliciten. De esa declaración se levantará un acta para que sea 
leída en la audiencia.  
 
 
ARTICULO 339. - 
 
Diversidad cultural Cuando el juzgamiento del caso o la individualización d e la pena 
requieran un tratamiento especial, por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo 
social con normas culturales particulares o cuando por la personalidad o vida del imputado sea necesario conocer con mayor detalle sus normas culturales de ref erencia, el 
tribunal podrá ordenar un peritaje especial, dividir el juicio en dos fases y, de ser 
necesario, trasladar la celebración de la audiencia a la comunidad en que ocurrió el hecho, 
para permitir una mejor defensa y facilitar la valoración de la pr ueba.  
 
 
Artículo 340. -Sobreseimiento en la etapa de juicio.Si se produce una causa extintiva de la 
acción penal y para comprobarla no es necesaria la celebración del debate, el tribunal podrá 
dictar el sobreseimiento definitivo.  
 
El Ministerio Público, la víctima, el querellan te y el actor civil podrán interponer recurso de 
apelación de la sentencia contra lo resuelto.  
 
(Así reformado  por el artículo  1° "Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras 
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Regla s de Oralidad en 
el Proceso Penal ", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
 
CAPITULO II  
 
SUSTANCIACION DEL JUICIO  
 
ARTICULO 341. - 
 
Apertura En el día y la hora fijados, el tribunal se constituirá en la sala de audiencia. 
Quien preside verificará la presencia de las partes, los testigos, peritos e intérpretes, 
declarará abierto el juicio, advirtiendo al imputado sobre la importancia y el significado de 
lo que va a suceder, indicándole que esté atento a lo que va a oír.  
 
Inmediatamente ordenará al Ministerio Público y al querellante en su caso, qu e lean 
la acusación y la querella; ellos podrán en forma breve explicar el contenido. De seguido se 
le concederá la palabra a la defensa, para que si lo desea, indique sintéticamente su posición 
respecto de la acusación.  
 
 
ARTICULO 342. - 
 
Trámite de los incidentes Las cuestiones incidentales serán tratadas en un sólo acto, a 
menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna para el momento 
de la sentencia, según convenga al orden del juicio. En la discusión de las cuesti ones 
incidentales, se le concederá la palabra a las partes sólo una vez, por el tiempo que 
establezca quien preside.   
 
ARTICULO 343. - 
 
Declaración del imputado Después de la apertura de la audiencia o de resueltos los 
incidentes, se recibirá declaración al imputado, explicándole, de ser necesario , con 
palabras claras y sencillas el hecho que se le imputa, con la advertencia de que podrá 
abstenerse de declarar, sin que su silencio le perjudique o le afecte en nada y que el juicio 
continuará aunque él no declare. Podrá manifestar cuanto tenga por co nveniente, y luego 
será interrogado por el fiscal, el querellante, las partes civiles, la defensa y los miembros 
del tribunal, en ese orden. Si incurre en contradicciones respecto de declaraciones 
anteriores, las que se le harán notar, quien preside podrá ordenar la lectura de aquellas, 
siempre que se hayan observado en su recepción las reglas previstas en este Código. La 
declaración en juicio prevalece sobre las anteriores, salvo que no dé ninguna explicación 
razonable sobre la existencia de esas contradic ciones. Durante el transcurso del juicio, las 
partes y el tribunal podrán formularle preguntas destinadas a aclarar sus manifestaciones.  
 
 
ARTICULO 344. - 
 
Declaración de varios imputados Si los imputados son varios, quien preside podrá alejar de 
la sala de audiencia a quienes no declaren en ese m omento; pero, después de recibidas las 
declaraciones, informará en forma resumida de lo ocurrido durante la ausencia.  
 
 
ARTICULO 345. - 
 
Facultad del imputado En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer las 
declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. El im putado 
podrá en todo momento hablar con su defensor, sin que por eso la audiencia se suspenda.  
 
 
ARTICULO 346. - 
 
Nueva calificación jurídica Si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad 
de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá 
advertir al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa.  
 
 
ARTICULO 347. - 
 
Ampliación de la acusac ión Durante el juicio el fiscal o el querellante podrán ampliar la 
acusación mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no 
haya sido mencionada en la acusación o la querella, que modifica la calificación legal o integra un delito  continuado. En tal caso deberán, además, advertir la variación de la 
calificación jurídica contenida en la acusación. En relación con los hechos nuevos o 
circunstancias atribuidas en la ampliación, se recibirá nueva declaración al imputado y se 
informará a las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer 
nuevas pruebas o preparar la defensa. Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse 
la ampliación quedarán comprendidos en la acusación.  
 
 
ARTICULO 348. - 
 
Corrección de errores La corrección de simples errores mat eriales o la inclusión de alguna 
circunstancia que no modifica esencialmente la imputación ni provoca indefensión, se 
podrá realizar durante la audiencia, sin que sea considerada una ampliación de la 
acusación o la querella.  
 
 
ARTICULO 349. - 
 
Recepción de pruebas Después de la declaración del imp utado, el tribunal recibirá la 
prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario 
alterarlo.  
 
 
ARTICULO 350. - 
 
Dictamen pericial Serán llamados los peritos que fueron citados y responderán las 
preguntas que se les formulen. De ser posible, el tribunal ordenará que se realicen las 
operaciones periciales en la audiencia. Los peritos tendrán la facultad de consultar 
documentos, notas escritas y publicaciones durante su declaración. Si es necesario, quien 
preside ordenará la lectura de los dictámenes periciales.  
 
 
Artículo 351. -Testigos  
 
        Seguidamente, quien presida llamará a los testigos; comenzará por los que haya 
ofrecido el Ministerio Público; continuará con los propuestos por el querellante y las partes 
civiles, y concluirá con los del imputado. Antes de declarar, los testigos no se comunicarán 
entre sí; tampoco deberán ver, oír ni ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia. 
Después de declarar, quien presida podrá ordenar que continúen incomunicados en la 
antesala, que presencien la audiencia o que se retiren.  
 
        No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del 
testigo; pero el tribunal apreciará esta circunstancia al valorar la prueba.  
         Para la recepción del testimonio de personas menores de edad, el tribunal tomará  las 
medidas necesarias en atención a su interés superior y en aras de evitar o reducir 
la revictimización . Podrá auxiliarse de peritos o de expertos en el tema, que acompañen al 
menor en su relato o lo auxilien en caso necesario. Para garantizar los derec hos del menor, 
el tribunal podrá disponer que se reciba su testimonio en una sala especial, o con el uso de 
cámaras especiales o de los medios tecnológicos disponibles, que faciliten a la persona 
menor de edad el relato, sin el contacto con las partes, cua ndo ello sea recomendado.  
 
        En igual forma, para la recepción del testimonio de una víctima o de un testigo 
protegido, el tribunal dispondrá que se haga en las condiciones y por los medios 
tecnológicos que garanticen la protección acordada, en espe cial cuando sea necesario 
mantener reserva de las características físicas  individualizantes  del declarante, como su 
rostro o su voz, garantizando siempre el interrogatorio de las partes.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctima s, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
ARTICULO 352. - 
 
Interrogatorio Después de juramentar e interrogar al perito o testigo sobre su identidad 
personal y las circunstancias generales para valorar su informe o declaración, quien 
preside le conc ederá la palabra para que indique lo que sabe acerca del hecho propuesto 
como objeto de prueba. Al finalizar el relato, permitirá el interrogatorio directo. Iniciará 
quien lo propuso, continuarán las otras partes, en el orden que el tribunal considere 
conv eniente y se procurará que la defensa interrogue de último. El fiscal podrá interrogar 
sobre las manifestaciones que el testigo le haya hecho durante la investigación. Luego, los 
miembros del tribunal podrán interrogar al perito o al testigo. Quien preside  moderará el 
interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o 
impertinentes, procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin 
ofender la dignidad de las personas. Las partes podrán solicitar la revocatoria de las 
decisiones de quien preside, cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que 
se formulen. Los peritos y testigos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de 
su conocimiento.  
 
 
ARTICULO 353. - 
 
Incomparecencia Cuando el perito o testigo, oportunamente citado, no haya 
comparecido, quien preside ordenará que sea conducido por medio de la fuerza pública y 
solicitará a quien lo propuso que colabore con la diligencia. Si el testigo no puede ser 
locali zado para su conducción por la fuerza pública, el juicio continuará con prescindencia 
de esa prueba.   
 
ARTICULO 354. - 
 
Otros medios de prueba Los documentos serán leídos y exhibidos en la audiencia, con 
indicación de su origen. Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán 
exhibi dos para su reconocimiento por los testigos, los peritos o el imputado. Las 
grabaciones y los elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos. Las partes y el 
tribunal podrán acordar, por unanimidad, la lectura, exhibición o reproducción parcial de 
esos medios de prueba, cuando esa lectura o reproducción baste a los fines del debate. En 
tal caso, uno de los miembros del tribunal deberá oralmente presentar una síntesis del 
contenido de esos elementos de prueba. El incumplimiento de esta obligación conll eva la 
imposibilidad de considerar esas pruebas en la sentencia. Se podrán efectuar careos o 
reconstrucciones u ordenar una inspección judicial.  
 
 
ARTICULO 355. - 
 
Prueba para mejor proveer Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, la recepción de cualquier prue ba, si en el curso de la audiencia surgen 
hechos o circunstancias nuevas, que requieran su esclarecimiento.  
 
 
ARTICULO 356. - 
 
Discusión final Terminada la recepción de las pruebas, quien preside concederá, 
sucesivamente, la palabra al fiscal, al querellante, al actor civil, al demandado civil y a l 
defensor para que en ese orden expresen los alegatos finales. No podrán leerse 
memoriales, sin perjuicio de la lectura parcial de notas para ayudar a la memoria. Si 
intervinieron dos o más fiscales, querellantes o defensores, todos podrán hablar, 
reparti endo sus tareas para evitar repeticiones o dilaciones. Las partes podrán replicar, 
con excepción de las civiles, pero corresponderá al defensor la última palabra. La réplica 
se limitará a la refutación de los argumentos adversos que antes no hayan sido dis cutidos. 
Quien preside impedirá cualquier divagación, repetición o interrupción. En caso de 
manifiesto abuso de la palabra, llamará la atención al orador y, si este persiste, podrá 
limitar el tiempo del alegato, teniendo en cuenta la naturaleza de los hech os en examen, 
las pruebas recibidas y las cuestiones por resolver. Al finalizar el alegato, el orador 
expresará sus conclusiones de un modo concreto.  
 
 
ARTICULO 357. - 
 
Solicitud de pena y reparación civil Si no se ha dispuesto la división del juicio en dos fases, 
el fiscal y el querellante deberán solicitar la pena que estiman procedente, cuando requieran una condena. El actor civil deberá concretar el monto de los daños  y perjuicios 
que estime haber sufrido con posterioridad a la fijación que hizo en el procedimiento 
preparatorio. Cuando la división se haya dispuesto, esas solicitudes deberán ser 
formuladas en la segunda audiencia.  
 
 
ARTICULO 358. - 
 
Clausura del debate Si está presente la víctima y desea expone r, se le concederá la 
palabra, aunque no haya intervenido en el procedimiento. Por último, quien preside 
preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar. Inmediatamente después 
declarará cerrado el debate.  
 
 
ARTICULO 359. - 
 
Juicio sobre las consecuencias penales y civiles El juicio sobre la pena o las consecuencias 
civiles comenzará con la lectura de la primera parte de la sentencia. Luego el tribunal 
procurará la conciliación en lo que se refiere a las pretensiones civiles. A continuación se 
recibirá la prueba que se haya ofrecido para in dividualizar la pena o las consecuencias 
civiles, y proseguirá, de allí en adelante, según las normas comunes. Al finalizar el debate, 
el tribunal dictará la resolución sobre la pena y la responsabilidad civil y conformará la 
sentencia completa, según las reglas previstas para esa resolución. El plazo para recurrir la 
sentencia comenzará a partir de la notificación integral. Si se ha ordenado un juicio de 
reenvío sólo para determinar la pena o las consecuencias civiles, se aplicarán las mismas 
reglas.  
 
 
 
CAPITULO III  
 
DELIBERACION Y SENTENCIA  
 
ARTI CULO 360. - 
 
Deliberación Cerrado el debate, los jueces pasarán, de inmediato y sin interrupción, 
a deliberar en sesión secreta.  
 
Salvo lo dispuesto para procesos complejos la deliberación no podrá extenderse más 
allá de dos días. Transcurrido ese plazo s in que se produzca el fallo, el juicio deberá repetirse 
ante otro tribunal, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.  
 La deliberación tampoco podrá suspenderse salvo enfermedad grave de alguno de 
los jueces. En este caso, la suspensi ón no podrá ampliarse más de tres días, luego de los 
cuales se deberá reemplazar al juez y realizar el juicio nuevamente.  
 
 
ARTICULO 361. - 
 
Normas para la deliberación y votación El tribunal apreciará las pruebas producidas 
durante el juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las  reglas de la sana crítica.  
 
Los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones, y seguirán en lo posible 
el siguiente orden:  
 
a) Las relativas a su competencia, a la procedencia de la acción penal y toda otra 
cuestión incidental que se haya diferido para este momento.  
 
b) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación legal y la culpabilidad.  
 
c) La individualización de la pena aplicable.  
 
d) La restitución y las costas.  
 
e) Cuando corresponda, lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios.  
 
Las decisiones se adoptarán por mayoría. Si esta no se produce en relación con los 
montos de la pena y la reparación c ivil, se aplicará el término medio.  
 
 
ARTICULO 362. - 
 
Reapertura del debate Si el tribunal estima, durante la deliberación, absolutamente 
necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la 
reapertura del debate. La discusión quedará limitada, entonces, al examen de los nuevos 
elementos de apreciación aportados.  
 
 
ARTICULO 363. - 
 
Requisitos de la sentencia La sentencia contendrá:  
 
a) La mención del tribunal, el lugar y la fecha en la que se ha dictado, el nombre de 
los jueces y las partes, los datos personales del imputado y la enunciación del hech o 
que ha sido objeto del juicio.  
 b) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la 
deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que los 
fundan, sin perjuicio de que se adhieran a las consideraciones y conc lusiones 
formuladas por quien votó en primer término.  
 
c) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima 
acreditado.  
 
d) La parte dispositiva con mención de las normas aplicables.  
 
e) La firma de los jueces.  
 
 
ARTICULO 364. - 
 
Redacción y lectura La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después 
de la deliberación.  
 
Enseguida, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después 
de ser convocadas verbalmente las partes. El documento será leído en voz alta por el 
secretario ante quienes comparezcan.  
 
Si la sentencia es condenatoria y el imputado está en libertad, el tribunal podrá 
disponer la prisión preventiva cuando haya bases p ara estimar razonablemente que no se 
someterá a la ejecución una vez firme la sentencia.  
 
Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir 
la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan sólo su parte dispo sitiva y uno 
de los jueces relatará sintéticamente, al público, los fundamentos que motivaron la 
decisión; asimismo, anunciará el día y la hora para la lectura integral, la que se llevará a 
cabo en el plazo máximo de los cinco días posteriores al pronuncia miento de la parte 
dispositiva.  
 
La sentencia quedará notificada con la lectura integral y las partes recibirán copia de 
ella. 
 
 
ARTICULO 365. - 
 
Correlación entre acusación y sentencia La sentencia no podrá tener por acreditados otros 
hechos u otras circunstancias que los descritos en la acus ación y la querella y, en su caso, 
en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el 
tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente de la de la acusación o querella, o aplicar penas más graves o dis tintas de las solicitadas.  
 
 
ARTICULO 366 .- 
 
Absolución La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado, la cesación de las 
medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al procedimiento que no estén 
sujetos a comiso, las inscripciones necesarias y fijará las costas. La l ibertad del imputado 
se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme y se cumplirá directamente 
desde la sala de audiencias, para lo cual el tribunal girará orden escrita.  
 
 
ARTICULO 367. - 
 
Condenatoria La sentencia condenatoria fijará, con precisión, las penas que correspondan 
y, en su caso, determinará la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que 
deberá cumplir el condenado. Se unificarán las condenas o las penas cuando corre sponda. 
La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de los objetos 
secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos, sin perjuicio de los reclamos 
que correspondan ante los tribunales civiles. Decidirá sobre el comiso y la dest rucción, 
previstos en la ley.  
 
 
ARTICULO 368. - 
 
Condena civil Cuando la acción civil ha sido ejercida, la sentencia condenatoria fijará 
además la reparación de los daños y perjuicios causados y la forma en que deberán ser 
atendidas las respectivas obligaciones. Cuando los elementos probatorios no  permitan 
establecer con certeza los montos de algunas de las partidas reclamadas por el actor civil y 
no se esté en los casos en que pueda valorarse prudencialmente, el tribunal podrá 
acogerlos en abstracto para que se liquiden en ejecución de sentencia a nte los tribunales 
civiles o contencioso -administrativos, según corresponda, siempre que haya tenido por 
demostrada la existencia del daño y el deber del demandado de repararlo.  
 
 
ARTICULO 369. -(Derogado por el artículo 10° "Creación del recurso de apelación de la 
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas 
de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
(Mediante resolución de la S ala Constitucional  N° 13820 del 20 de agosto de 2014, se 
anuló el numeral 10 de la Ley N°  N° 8837 del 3 de mayo de 2010, "Creación del recurso de 
apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de 
nuevas reglas de orali dad en el proceso penal", el cual derogó este artículo,  restituyéndose 
el artículo 466 bis del Código Procesal Penal.  Subsiguientemente mediante voto  2014 -017411 del 22 de octubre de 2014, se adicionó la resolución número 2014 -013820 del 20 
de agosto del 2 014, a efectos de que se entienda lo siguiente: 1) La inconstitucionalidad 
del artículo 10 de la Ley de creación del recurso de apelación de la sentencia lo es 
únicamente respecto de la derogatoria del artículo 466 bis del Código Procesal Penal, no 
así en cuanto al resto de normas que dicho artículo 10 derogó. 2) Se dimensionan los 
efectos de la sentencia de fondo para que el artículo 466 bis del Código Procesal Penal 
(originalmente el artículo 451 bis) entre a tener vigencia nuevamente a partir de la fecha  
en que se resolvió esta acción, es decir, a partir del 20 de agosto del 2014. De forma tal 
que, los recursos de casación planteados en el supuesto de la norma, que ya hubieran sido 
resueltos al 20 de agosto del 2014 quedan incólumes, pero los recursos de casación 
planteados en el supuesto de la norma, que no estuviesen resueltos al 20 de agosto del 
2014 (es decir, estuviesen pendientes de resolución), quedarían sin efecto en virtud de la 
prohibición que revive (con la nueva entrada en vigencia del artículo  466 bis del Código 
Procesal Penal) al ser declarada inconstitucional la norma que la derogó.)  
 
 
 
CAPITULO IV  
 
REGISTRO DE LA AUDIENCIA  
 
ARTICULO 370. - 
 
Formas de registrar la audiencia Se levantará un acta de la audiencia, que contendrá:  
 
a) El lugar y la fecha de la vista, con indicación de  la hora de inicio y finalización, así 
como de las suspensiones y las reanudaciones.  
 
b) El nombre de los jueces, las partes, los defensores y los representantes.  
 
c) Los datos personales del imputado.  
 
d) Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación del nombre de 
los testigos, peritos e intérpretes, la referencia de los documentos leídos y de los 
otros elementos probatorios reproducidos, con mención de las conclusiones de las 
partes.  
 
e) Las solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio y las objeciones de 
las partes.  
 
f) La observancia de las formalidades esenciales; se dejará constancia de la 
publicidad o si ella fue excluida total o parcialmente.  
 g) Las otras mencion es prescritas por ley que el tribunal ordene hacer; aquellas que 
soliciten las partes, cuando les interese dejar constancia inmediata de algún 
acontecimiento o del contenido de algún elemento esencial de la prueba y las 
revocatorias o protestas de recurrir . 
 
h) La constancia de la lectura de la sentencia.  
 
i) La firma del secretario.  
 
En los casos de prueba compleja, el tribunal podrá ordenar la transcripción literal de 
la audiencia, mediante taquigrafía u otro método similar.  
 
El tribunal deberá realiz ar una grabación del debate, al menos fónica, la que deberá 
conservar hasta que la sentencia quede firme.  
 
 
ARTICULO 371. -Valor de los registros  
 
El acta y la grabación demostrarán, en principio, el modo como se desarrolló el juicio, 
la observancia de las formalidades previstas para él, las per sonas que han intervenido y los 
actos que se llevaron a cabo.  
 
La falta o insuficiencia de la grabación no producirá, por sí misma, un motivo de 
impugnación de la sentencia. En ese caso, se podrá recurrir a otros medios de prueba para 
acreditar un vicio q ue invalida la decisión.  
 
Al impugnarse la sentencia se indicará la omisión o la falsedad alegada.  
 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
 
ARTICULO 372. - 
 
Aplicación supletoria a  procedimientos especiales En los procedimientos especiales 
previstos en el Libro siguiente, se aplicarán las normas del procedimiento ordinario 
establecidas en este Libro, en cuanto sean compatibles y a falta de una regla específica en 
aquellos.  
 
 
 
LIBRO II  
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  
 TITULO I  
 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO  
 
Artículo 373 - Admisibilidad. En cualquier momento, hasta antes de acordarse la 
apertura a juicio, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando:  
 
a) El imputado admita el hecho que se le atribuye y  consienta la aplicación de este 
procedimiento.  
 
b) El Ministerio Público, el querellante y el actor civil manifiesten su conformidad.  
 
En aquellos casos en que proceda según la normativa legal vigente, se podrá solicitar 
que el procedimiento abreviado s ea tramitado mediante el procedimiento de justicia 
restaurativa.  
 
La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de 
ellos.  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
Artículo 374 - Trámite inicial. El Ministerio Público, el querellante y el imputado, 
conjuntamente o por separado, manifestarán su deseo de aplicar el procedimiento 
abreviado y acreditarán el cumplimiento de los requisitos de ley.  
 
El Ministerio Público y el querellante, en su caso, formularán la acusación si no lo 
han hecho, la cual contendrá una descripción de la conducta atribuida y su calificación 
jurídica y solicitarán la pena por imponer . Para tales efectos, el mínimo de la pena prevista 
en el tipo penal podrá disminuirse hasta en un tercio.  
 
Se escuchará a la víctima de domicilio conocido, pero su criterio no será vinculante. 
No obstante, en los casos tramitados con aplicación del proce dimiento establecido en la Ley 
de Justicia Restaurativa, sí será requisito de viabilidad la anuencia de la víctima a participar 
en el abordaje restaurativo.  
 
Si el tribunal estima procedente la solicitud, así lo acordará y enviará el asunto a 
conocimiento  del tribunal de sentencia.  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 ARTICULO 375. -Procedimiento en el tribunal de juicio.  Recibidas las diligencias, el tribunal 
dictará sentencia salvo que, de previo, estime pertinente oír a las partes y la víctima de 
domicilio conocido en una audiencia oral.  
 
            Al resolver el tribunal puede rechazar el procedimiento abreviado y, en este caso, 
reenviar el asunto para su tramitación ordinaria o dictar la sentencia que corresponda. Si 
ordena el reenvío, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público 
durante el juicio, ni la admisión de los hechos por parte del imputado podrá ser considerada 
como una confesión.  
 
Si condena, la pena impuesta no podrá superar la req uerida por los acusadores.  
 
La sentencia contendrá los requisitos previstos en este Código, de modo sucinto, y 
será impugnable mediante los recursos y las disposiciones que en este Código se regulan 
para recurrir la sentencia que se dicta en el proceso pe nal ordinario.  
 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
 
 
TITULO II  
 
PROCEDIMIENTO PARA ASUNTOS DE TRAMITACION COMPLEJA  
 
ARTICULO 376. - 
 
Procedencia  
 
Cuando la tramitación sea compleja a causa de la multiplicidad de los hechos, del 
elevado número de imputados o de víctimas o cuando se trate de causas relacionadas con 
la investigación de cualquier forma de delincuencia organizada, el tribunal, de oficio o a 
solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar, por resolución fundada, la aplicación de las 
normas especiales previstas en este Título.  
 
En la etapa de juicio, la decisión sólo podrá adoptarse en el momento en que se 
convoca a debate.  
 
Cuando la aplicación del procedimiento complejo sea dispuesta durante las   fases 
preparatoria o intermedia, no regirá la reducción del término de prescripción   a la mitad, 
prevista en el artículo 33 de este Código.  
 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artícu lo 2° de la Ley  N° 8146 de 30 de octubre del 
2001)  
  
ARTICULO 377. - 
 
Trámite La solicitud se rá fundada y el tribunal resolverá dentro de tres días. La 
autorización podrá ser revocada en cualquier momento, de oficio o a petición de quien 
considere afectados sus derechos por el procedimiento. La resolución que dispone que el 
asunto es de tramitació n compleja es apelable por el imputado, durante las etapas 
preparatoria e intermedia.  
 
 
ARTICULO 378. - 
 
Plazos Una vez autorizado este procedimiento, producirá los siguientes efectos:  
 
a) El plazo ordinario de la prisión preventiva se extenderá hasta un máximo de 
dieciocho meses, la prórroga hast a otros dieciocho meses y, en caso de sentencia 
condenatoria, hasta ocho meses más.  
 
b) El plazo acordado por el tribunal para concluir la investigación preparatoria será 
de un año.  
 
c) En la etapa intermedia y de juicio, los plazos establecidos en favor de las partes 
para realizar alguna actuación y aquellos que establecen un determinado tiempo 
para celebrar las audiencias, se duplicarán.  
 
d) Cuando la duración del debate sea menor d e treinta días, el plazo máximo de la 
deliberación se extenderá a cinco días y el tiempo para dictar la sentencia a diez. 
Cuando la duración del debate sea mayor, esos plazos serán de diez y veinte días 
respectivamente.  
 
e) Los plazos para interponer y tr amitar los recursos se duplicarán.  
 
En todo caso, regirán las normas sobre retardo de justicia.  
 
 
ARTICULO 379. - 
 
Reglas comunes En todo lo demás regirán las reglas del procedimiento ordinario. Los 
tribunales velarán especialmente porque la aplicación de las normas especiales no 
desnaturalice  los principios y garantías previstos en la Constitución, en el Derecho 
Internacional o Comunitario vigente en Costa Rica y la ley.  
 
 
 TITULO  III 
 
PROCEDIMIENTO POR DELITO DE ACCION PRIVADA  
 
ARTICULO 380. - 
 
Querella y traslado La querella será presentada ante el tribunal de juicio, que dará 
audie ncia al querellado para que, en el plazo de cinco días, manifieste lo que considere 
conveniente en su defensa, ofrezca la prueba conforme a las reglas comunes y oponga las 
excepciones y recusaciones que estime conveniente. Cuando se haya ejercido la acción  civil, 
en esa misma oportunidad se le dará traslado.  
 
  
 
(La Sala Constitucional mediante resolución  N° 3594 -12 del 14 de marzo de 2012, estableció 
que esta norma “ no es inconstitucional siempre y cuando se interprete en forma amplia y 
favorable a las g arantías y derechos del querellado.”)  
 
 
ARTICULO 381. - 
 
Auxilio judicial previo  Cuando no se haya logrado identificar, individualizar al acusado o 
determinar su domicilio, o cuando para describir clara, precisa y circunstanciadamente el 
hecho, sea imprescindible llevar a cabo diligencias que el querellante no pueda realizar 
por sí mi smo, requerirá en la acusación el auxilio judicial, e indicará las medidas 
pertinentes. El tribunal prestará el auxilio, si corresponde. Luego, el acusador completará 
su acusación dentro de los cinco días de obtenida la información faltante.  
 
 
ARTICULO 382. - 
 
Acumulación de causas La acumulación de causas por delitos de acción privada se regirá 
por las disposiciones comunes, pero ellas no se acumularán con las incoadas por delitos de 
acción pública.  
 
 
ARTICULO 383. - 
 
Desistimiento El querellante podrá desistir expresamente en cualquier estado del 
juicio, pero quedará sujeto a responsabili dad por sus actos anteriores.  
 
Se tendrá por desistida la acción privada:  
 a) Si el procedimiento se paraliza durante un mes por inactividad del querellante o 
su mandatario, y estos no lo activan dentro del tercer día de habérseles notificado 
la resoluci ón, que se dictará aun de oficio, en la que se les instará a continuar el 
procedimiento.  
 
b) Cuando el querellante o su mandatario no concurran, sin justa causa, a la 
audiencia de conciliación.  
 
c) Cuando el querellante o su mandatario no concurran, sin justa causa, a la primera 
audiencia del debate, se aleje de la audiencia o no presente conclusiones.  
 
d) Cuando muerto o incapacitado el querellante, no comparezca ninguno de sus 
herederos o representantes legales a proseguir la acción, después de tres me ses de 
ocurrida la muerte o incapacidad.  
 
En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse antes de la 
iniciación de la audiencia, si es posible o, en caso contrario, dentro de cuarenta y ocho horas 
de la fecha fijada para aquella.  
 
 
ARTICULO 384. - 
 
Efectos del desistimiento El desistimiento expreso sólo comprenderá a los partícipes 
concretamente señalados. Si no se menciona a persona alguna, deberá entenderse que se 
extiende a todos. El desistimiento tácito comprenderá a los imputados que han 
partici pado del procedimiento. Cuando el tribunal declare extinguida la pretensión penal 
por desistimiento, sobreseerá en la causa y le impondrá las costas al querellante, salvo 
que las partes hubieran convenido a este respecto otra cosa.  
 
 
ARTICULO 385. - 
 
Audiencia de conciliación Vencido el plazo de audiencia sobre la querella, se convocará a 
una audiencia de conciliación dentro de los diez días siguientes. En lo demás, serán 
aplicables las reglas comunes de la conciliación.  
 
 
ARTICULO 386. - 
 
Conciliación y retractación Cuando las partes se conci lien en la audiencia o en cualquier 
estado del juicio, se sobreseerá en la causa y las costas respectivas estarán a cargo de 
cada una de ellas, salvo que convengan lo contrario. Si se trata de delitos contra el honor, 
si el querellado se retractara en la a udiencia o al contestar la querella, la causa será 
sobreseída y las costas quedarán a su cargo. La retractación será publicada a petición del querellante, en la forma que el tribunal estime adecuada.  
 
 
ARTICULO 387. - 
 
Procedimiento posterior Si el querellado no concurre a la audiencia de concilia ción o no se 
produce esta o la retractación, el tribunal convocará a juicio conforme a lo establecido por 
este Código y aplicará las reglas del procedimiento ordinario.  
 
 
 
TITULO IV  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
ARTICULO 388. - 
 
Procedencia Este procedimiento se seguir á cuando haya elementos probatorios de 
los cuales pueda deducirse razonablemente que corresponde aplicar una medida de 
seguridad, en virtud de la inimputabilidad del acusado.  
 
 
ARTICULO 389. - 
 
Reglas especiales El procedimiento se regirá por las reglas ordinarias, salvo las 
establecidas a conti nuación:  
 
a) Cuando el imputado sea incapaz, será representado para todos los efectos por su 
defensor en las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal.  
 
b) En el caso previsto por el inciso anterior, no se exigirá la declaración previa del 
imputado para presentar acusación; pero su defensor podrá manifestar cuanto 
considere conveniente para la defensa de su representado.  
 
c) El procedimiento aquí previsto  no se tramitará juntamente con uno ordinario.  
 
d) El juicio se realizará sin la presencia del imputado cuando sea inconveniente a 
causa de su estado o por razones de orden y seguridad.  
 
e) No serán aplicables las reglas referidas al procedimiento abrevi ado, ni las de la 
suspensión del procedimiento a prueba.  
 
 
ARTICULO 390. -  
Procedimiento ordinario Cuando el tribunal estime que el acusado no es inimputable, 
ordenará la aplicación del procedimiento ordinario.  
 
 
 
TITULO V  
 
PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR A LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES  
 
ARTICULO 391. - 
 
Disposiciones aplicables El j uzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes y 
de los funcionarios respecto de quienes la Constitución Política exige que la Asamblea 
Legislativa autorice su juzgamiento para que puedan ser sometidos a proceso penal, se 
regirá por las disposiciones c omunes, salvo las que se establecen en este Capítulo.  
 
 
ARTICULO 392. - 
 
Acción popular Si a los miembros de los Supremos Poderes y funcionarios referidos se les 
imputa un delito de acción pública, esta será ejercida por el Ministerio Público, sin 
perjuicio del derecho de querellar que tendrá c ualquier persona si se trata de un delito 
funcional o la víctima en los demás casos. Si se trata de un delito de acción privada, esta 
será ejercida exclusivamente por el ofendido.  
 
 
ARTICULO 393. - 
 
Detención en flagrancia Si el funcionario ha sido aprehendido en flagrante delito, será 
puesto a la orden de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la Corte informará de 
inmediato a la Asamblea Legislativa, para que se pronuncie sobre el mantenimie nto o la 
cesación de esa restricción a la libertad, sin perjuicio de que el Ministerio Público realice la 
investigación inicial. Si la Asamblea Legislativa autoriza la privación de libertad, el 
Ministerio Público deberá formular la acusación en un plazo no  mayor a veinticuatro 
horas, de lo contrario será puesto en libertad.  
 
 
ARTICULO 394. - 
 
Investigación inicial Cuando el Ministerio Público tenga noticia o se formule denuncia por 
un presunto delito, atribuido a alguna de las personas sujetas a antejuicio, el Fiscal 
General practicará la investiga ción inicial tendente a recabar los datos indispensables para 
formular la acusación o solicitar la desestimación ante la Corte Suprema de Justicia, según corresponda.  
 
 
ARTICULO 395. - 
 
Traslado de la acusación Presentada la querella o la acusación ante la Corte Suprema de 
Justicia, será desestima da por la Corte si los hechos acusados no constituyen delito o 
cuando el imputado no tiene derecho de antejuicio. En caso contrario la trasladará a la 
Asamblea Legislativa.  
 
 
ARTICULO 396. - 
 
Trámite legislativo El trámite legislativo se realizará conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Asa mblea Legislativa.  
 
 
ARTICULO 397. - 
 
Auto rización de la prosecución del proceso Si la Asamblea Legislativa autoriza la 
prosecución del proceso, los detenidos, si existen, serán puestos a la orden de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la cual le corresponde juzgar a las personas a qu e 
se refiere este Título. Esa Sala deberá pronunciarse, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la recepción del expediente, si mantiene la prisión preventiva o la sustituye 
por alguna de las restantes medidas cautelares. En todo caso, una vez autori zado el 
juzgamiento por la Asamblea Legislativa, la Sala Penal podrá decretar cualquiera de las 
medidas cautelares, si lo estima procedente.  
 
 
ARTICULO 398. - 
 
Procedimiento jurisdiccional La Sala Penal designará a uno de sus miembros para realizar 
los actos necesarios de investigación, que no pue dan ser postergados o practicados en el 
juicio. El magistrado le prevendrá al imputado que, en el plazo de tres días, designe 
abogado defensor, señale el lugar y la forma para notificaciones y procederá a tomarle 
declaración. Posteriormente, se conferirá a udiencia a las partes para que, en el plazo de 
cinco días, ofrezcan la prueba para el juicio. El magistrado designado se pronunciará sobre 
el ofrecimiento de pruebas y señalará la hora y la fecha para celebrar el juicio oral y 
público. En esta misma oportu nidad, si corresponde, dispondrá la aplicación de las reglas 
sobre asuntos de tramitación compleja.  
 
 
ARTICULO 399. -Juicio y recursos . Para la celebración del debate y el dictado de la sentencia 
se aplicarán las reglas comunes.   
Contra lo resuelto procederá recurso de apelación de sentencia conforme a las reglas 
dispuestas para el proceso penal ordinario, el que será de conocimiento del pleno de la 
Corte Suprema de Justicia, previa sustitución de los magistrados que hayan intervenido en 
el juicio.  
 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
 
ARTICULO 400. - 
 
Conversión del procedimiento y acumulación Si en el curso de una investigación con 
procedimiento ordinario, se determina que uno de los imputados debe ser sujeto a 
antejuicio, el tribunal que conoce del asunto remitirá las actuaciones al Fiscal General para 
que se proceda conforme lo dispone la Constitución Política y este Título. Cuando e l hecho 
sea atribuido a varios imputados y sólo alguno de ellos debe ser sujeto a antejuicio, la 
causa deberá separarse para que se continúe en la jurisdicción ordinaria contra quienes 
no proceda el antejuicio. Se remitirá testimonio de piezas ante el Fisc al General contra los 
restantes, para que proceda conforme lo dispone este Título. Si la Asamblea Legislativa 
autoriza la prosecución del procedimiento, las causas deberán acumularse y serán 
conocidas por la Sala Penal.  
 
 
ARTICULO 401. -Casos de excepción El procedimiento establecido en este Título no 
será aplicable a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal 
Supremo de Elecciones. Tampoco será aplicable en materia contravencional, salvo que 
proceda la acumu lación con un proceso por delito.  
 
(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 16111 del 2 de noviembre del 2016, se 
interpretó este numeral en el sentido de que sí cubre a los suplentes ese Título, cuando 
ejercen la suplencia de manera efectiva.)  
 
 
TITULO VI  
 
PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS  CONTRAVENCIONES  
 
ARTICULO 402. - 
 
Audiencia de conciliación Para juzgar las contravenciones, una vez recibida la 
denuncia o el informe policial y cuando sea posible por la existencia de personas ofendidas, 
la autoridad judicial competente convocará a las  partes a una audiencia de conciliación en 
la que se realizarán las gestiones pertinentes para que lleguen a un acuerdo. Esta audiencia 
puede ser convocada nuevamente para continuar el proceso conciliatorio.   
 
ARTICULO 403. - 
 
Efecto de los acuerdos Cuando las partes se hayan puesto de acuerdo,  firmarán un 
documento en que así conste, con los compromisos que hayan adquirido. El juzgador 
homologará los acuerdos. A los treinta días naturales contados a partir de la suscripción 
del acuerdo, se archivará la causa, con carácter de cosa juzgada, si ni nguna parte ha 
presentado objeciones.  
 
 
ARTICULO 404. - 
 
Convocatoria De no lograrse un acuerdo conciliatorio o de no respetarse sus condiciones, 
o cuando, por otros motivos, no sea posible la conciliación, la autoridad judicial convocará 
a las partes para que concurran con las pruebas de cargo y descargo a un juicio oral.  
 
 
ARTICULO 405 .- 
 
Audiencia oral La audiencia oral y pública comenzará con la lectura de los cargos. De 
inmediato se oirá al imputado, luego a la persona ofendida, si existe y, seguidamente, se 
recibirán las pruebas admitidas. Finalizada la audiencia, la autoridad judic ial dictará 
inmediatamente el fallo. Cuando el imputado reconozca el cargo, sin más trámite se 
finalizará la audiencia y se dictará el fallo. Se podrá prorrogar la audiencia por un término 
no mayor de tres días, de oficio o a pedido del imputado, para prep arar la prueba. Cuando 
el imputado no se presente voluntariamente a la audiencia, podrá hacerse comparecer 
por medio de la fuerza pública, y si fuera necesario se ordenará la prisión preventiva hasta 
que se realice la audiencia, la cual se celebrará inmedi atamente.  
 
 
ARTICULO 406. - 
 
Medidas caute lares En materia contravencional, excepcionalmente, podrán aplicarse las 
medidas cautelares, cuando resulte indispensable para la protección de los intereses de 
las partes o de la justicia. Sin embargo, la prisión preventiva sólo procederá para 
garantizar la presencia del imputado en el juicio oral.  
 
 
ARTICULO 407. - 
 
Apelación La sentencia dictada en los juicios contravencionales será apelable, por el 
imputado y la víctima, ante el tribunal del procedimiento intermedio.  
  
 
TITULO VII  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA SENTENCIA  
 
ARTICULO 408. -Procedencia.  La revisión procederá contra las sentencias firmes y a favor 
del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y 
corrección, en los siguientes casos:  
 
a) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten inconcili ables 
con los establecidos por otra sentencia penal firme.  
 
b) Cuando la sentencia se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya declarado 
en fallo posterior firme.  
 
c) Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, 
cohecho, violencia o cualquier otro delito o maquinación fraudulenta, cuya 
existencia se haya declarado en fallo posterior firme, salvo que se trate de alguno 
de los casos previstos en el inciso siguiente.  
 
d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítim a a consecuencia directa de la 
introducción de prueba ilegal o de una grave infracción a sus deberes cometida por 
un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente.  
 
e) Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevo s hechos o 
nuevos elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso 
evidencien que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho 
cometido encuadra en una norma más favorable.  
 
f) Cuando una ley posterior declare  que no es punible el hecho que antes se 
consideraba como tal o que merece una penalidad menor, o bien, cuando la ley 
que sirvió de base a la condenatoria haya sido declarada inconstitucional.  
 
            La revisión procederá aun en los casos en que la pena o la medida de seguridad hayan 
sido ejecutadas o se encuentren extinguidas.  
 
(Así reformado  por el artículo  2° "Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras 
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en 
el Proceso Penal  ", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
ARTICULO 409. - 
 Sujetos legitimados Podrán promover la revisión:  
 
a) El condenado o aquel a quien se le ha aplicado una medida de seguridad y 
corrección; si es incapaz, sus representantes legales.  
 
b) El cónyuge, el conviviente con por lo menos dos años de vida común, l os 
ascendientes, descendientes o hermanos, si el condenado ha fallecido.  
 
c) El Ministerio Público.  
 
La muerte del condenado, durante el curso de la revisión, no paralizará el desarrollo 
del proceso. En tal caso, las personas autorizadas para interponerl o podrán apersonarse a 
las diligencias; en su defecto, el defensor continuará con la representación del fallecido.  
 
 
    Artículo 410 .-Formalidades de interposición.  La revisión será interpuesta, por 
escrito, ante la Sala de Casación Penal.   Contendrá la referencia concreta de los motivos en 
que se basa y las disposiciones legales aplicables.   Se adjuntará, además, la prueba 
documental que se invoca y se indicará, en su caso, el lugar o archivo donde ella está.  
 
            Asimismo, deberán ofrecerse los elementos de prueba que acrediten la cau sal de 
revisión invocada.   En el documento de interposición deberá designarse a un abogado de 
su confianza.   Si no lo hace, el tribunal lo prevendrá sin perjuicio de nombrar a un defensor 
público, en caso de ser necesario.  
 
(Así reformado  por el artículo  2° "Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras 
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en 
el Proceso Penal  ", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
    Artículo 411 .-Admisibilidad.  Cuando la demanda haya sido presentada fuera de 
las hipótesis que la autorizan o resulte manifiestamente infundada, el tribunal, de oficio, 
declarará su inadmisibilidad.  
 
El tribunal substanciará la acción y se pronunciará sobre el fondo, aun cuando estim e 
que en su redacción existen defectos.   Si considera que estos le impiden, en forma 
absoluta, conocer del reclamo, le prevendrá a la parte su corrección, conforme al 
artículo 15 de este Código, puntualizándole los aspectos que deben ser aclarados y 
correg idos.   Si los defectos no se corrigen, resolverá lo que corresponda.  
 
    No será admisible plantear, por la vía de revisión, asuntos que ya fueron discutidos y 
resueltos mediante la apelación de sentencia o en casación.  
 (Así reformado  por el artículo  2° "Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras 
Reformas al  Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en 
el Proceso Penal  ", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
ARTICULO 412. - 
 
Efecto suspensivo La interposición de la revisión no suspenderá la ejecución de la 
sentencia. Sin embargo, en cualquier momento del trámite, el trib unal que conoce de la 
revisión podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer la libertad del 
sentenciado o sustituir la prisión por otra medida cautelar.  
 
 
Artículo 413. -Audiencia inicial      
 
            Admitida la revisión, el tribunal dará audiencia por diez días al Ministe rio Público y a 
los que hayan intervenido en el proceso principal. Se comunicará a la víctima que pueda ser 
localizada la existencia del procedimiento. Les prevendrá que deben señalar el lugar o la 
forma para notificaciones y que ofrezcan la prueba que est imen pertinente.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la   Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 414 .-Recepción de la prueba.  El tribunal admitirá la prueba que estime útil 
para la resolución definitiva y comisionará a uno de sus integrantes para que la reciba. Para 
la recepción, se fijarán la hora y la fecha, y la diligencia se celebrará con la participación de 
los interviniente s que se presenten.  
 
Si el juez comisionado lo estima necesario, ordenará la recepción de prueba para 
mejor resolver.  
 
Cuando se haya recibido prueba oral, quien la haya recibido deberá integrar el 
tribunal en el momento de la decisión final.  
 
 (Así ref ormado por el artículo 1° de la Ley  N° 8503 del 28 de abril de 2006, " Apertura de la 
Casación Penal")  
 
 
ARTICULO 415. - 
 
Audiencia oral Recabada  la prueba, si alguno de los intervinientes la ha solicitado al 
interponer o contestar la revisión, o el tribunal la estime necesaria, se designarán el día y 
la hora para celebrar una audiencia pública, con el fin de exponer oralmente sobre sus pretensione s. Son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones sobre la audiencia 
oral en el recurso de apelación.  
 
 
ARTICULO 416. - 
 
Sentencia El tribunal rechazará la revisión o anulará la sentencia. Si la anula, remitirá a 
nuevo juicio cuando el caso lo requiera o pronunciará directamente la senten cia que 
corresponda en derecho.  
 
No se absolverá, ni variará la calificación jurídica, ni la pena como consecuencia exclusiva 
de una nueva apreciación de los mismos hechos conocidos en el proceso anterior o de una 
nueva valoración de la prueba existente en el primer juicio, independientem ente de las 
razones que hicieron admisible la revisión.  
 
( La Sala Constitucional mediante resolución N° 15294, del 31 de octubre de 2012, interpretó 
esta norma “… de conformidad con los parámetros y alcances establecidos en 
esta  sentencia.”)  
 
 
ARTICULO 417. - 
 
Reenvío Si se efectúa una rem isión a un nuevo juicio, en este no podrá intervenir ninguno 
de los jueces que conocieron del anterior. En el juicio de reenvío regirán las disposiciones 
del artículo anterior y no se podrá imponer una sanción más grave que la fijada en la 
sentencia revisa da, ni desconocer beneficios que esta haya acordado.  
 
 
ARTICULO 418. - 
 
Efectos de la sentencia La sentencia ordenará, si es del caso:  
 
a) La libertad del imputado.  
 
b) La restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa, 
la restitución de la suma cubierta como indemni zación, a condición de que se haya 
citado al actor civil. Cuando se ordene la devolución de la multa o su exceso, deberá 
calcularse la desvalorización de la moneda.  
 
c) La cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias, de la medida de 
seguridad y corrección.  
 
d) La devolución de los efectos del comiso que no hayan sido destruidos. Si 
corresponde se fijará una nueva pena o se practicará un nuevo cómputo.   
La sentencia absolutoria ordenará cancelar la inscripción de la condena.  
 
 
ARTICULO 419. - 
 
Reparación civil por error judicial Cuando a causa de la revisión del procedimiento se 
reconozca un error judicial, a consecuencia del cual el sentenciado descontó una pena que 
no debió cumplir, o una mayo r o más grave de la que le correspondía, el tribunal que 
conoce de la revisión podrá ordenar el pago de una indemnización a cargo del Estado y a 
instancia del interesado, siempre que este último no haya contribuido con dolo o culpa a 
producir el error. Los  jueces que dictaron la sentencia revisada serán solidariamente 
responsables con el Estado, cuando hayan actuado arbitrariamente o con culpa grave en 
los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública. La reparación 
civil sólo pod rá acordarse en favor del condenado o sus herederos legítimos.  
 
 
ARTICULO 420. - 
 
Publicación de la sentencia que acoge la demanda de revisión A solicitud del interesado, el 
tribunal dispondrá la publicación de una síntesis de la sentencia absolutoria en el Boletín 
Judicial, sin perjuicio de la pu blicación que por su cuenta realice el imputado.  
 
 
ARTICULO 421. - 
 
Rechazo y costas El rechazo de una solicitud de revisión y la sentencia confirmatoria de la 
anterior, no perjudicarán la facultad de presentar un nuevo recurso de revisión, siempre y 
cuando se funde en razones diversas. Las costas  de un recurso desechado estarán siempre 
a cargo de quien lo interpuso.  
 
 
 
(*)TÍTULO VIII  
 
PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA  
 
(*)(Así adicionado este Título por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos 
y demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
Artículo 422 - Procedencia. Este procedimiento especial, de carácter expedito, se 
aplicará en los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancias e iniciará desde el primer 
momento que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal espe cie. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento 
ordinario, cuando la investigación del hecho impida aplicar aquel.  
 
Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del proceso penal ordinario 
y será totalmente oral. Asimismo, estos casos podrán resolverse conforme al procedimiento 
establecido en la Ley de Justicia Restaurativa.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018) 
 
 
Artículo 423. -Trámite inicial  
 
        El sospechoso detenido en flagrancia será trasladado inmediatamente, por las 
autoridades de policía actuantes, ante el Ministerio Público, junto con la totalidad de la 
prueba con que se cuente. No serán necesarios la presentación escrita del informe o el parte 
policial, bastará con la declaración oral de la autoridad actuante.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 424 - Actuación por el Ministerio Público. El fisc al dará trámite inmediato al 
procedimiento penal, para establecer si existe mérito para iniciar la investigación. Para ello, 
contará con la versión inicial que le brinde la autoridad de policía que intervino en un primer 
momento, así como toda la prueba qu e se acompañe. Además, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Justicia Restaurativa, de oficio o a petición de parte, constatará la 
existencia de los requisitos de admisibilidad e informará a la víctima, a la persona imputada 
y su defensa técnica s obre la posibilidad de tramitar el caso mediante la aplicación del 
procedimiento de justicia restaurativa, a fin de comunicar la solicitud al Tribunal de Juicio 
para trasladar el caso a la respectiva oficina de justicia restaurativa.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
Artículo 425 - Nombramiento de la defensa técnica. Desd e el primer momento en 
que se obtenga la condición de sospechoso, el fiscal procederá a indicarle que puede nombrar a un defensor de su confianza. En caso de negativa de la persona sospechosa o si 
no comparece su defensor particular en el término de veinti cuatro horas, se procederá a 
nombrar, de oficio, a un defensor público para que lo asista en el procedimiento. Una vez 
nombrado el defensor de la persona imputada, se le brindará, por parte del fiscal, un 
término de veinticuatro horas para que prepare su d efensa para tal efecto. El Ministerio 
Público, de inmediato, deberá rendir un breve informe oral acerca de la acusación y de la 
prueba existente.  
 
La defensa técnica o la defensa pública, constatados los requisitos de admisibilidad 
deberá explicar a la pe rsona ofensora sobre la posibilidad de resolver el caso mediante la 
aplicación del procedimiento de justicia restaurativa, así como sus derechos y obligaciones 
establecidos por ley, a fin de restaurar el daño causado a la víctima y la comunidad con la 
comi sión del hecho delictivo. Si la persona ofensora manifiesta la anuencia de referir el caso 
deberá comunicar al Ministerio Público, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos, 
y comunicar la solicitud al Tribunal de Juicio para trasladar el caso a la respectiva sede 
restaurativa.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restau rativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018)  
 
 
Artículo 426. -Solicitud de audiencia ante  el juez de juicio  
 
            Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre 
constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que 
realice una audiencia para conocer de su solicitu d; el tribunal resolverá de inmediato, 
oralmente, si concurren los requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720  de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 427 - Constitución del tribunal de juicio y competencia. El tribunal de juicio, 
en cualquier tipo de delito que se juzgue mediante este procedimiento, será constituido 
según su competencia, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual tendrá 
competencia para resolver sobre causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones 
y nulidades. También, tendrá competencia para aplicar cualquiera de las medidas 
alternativas al proceso, el procedimiento de justicia restaurativa, así como el procedimien to 
abreviado. Cuando no proceda ninguna de las medidas anteriores, el tribunal realizará el 
debate inmediatamente.  
 (Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018) 
 
 
Artículo 428 - Realización de la au diencia por el tribunal. Recibida la solicitud por 
parte del fiscal, el tribunal, de forma inmediata, realizará la audiencia, la cual será oral y 
pública. De la audiencia quedará registro digital de video y audio; tendrán acceso a ella las 
partes, por medi o de una copia. En la primera parte de esta audiencia, el fiscal expondrá 
oralmente la acusación dirigida en contra del imputado, donde se describan los hechos y se 
determine la calificación legal de estos, así como el ofrecimiento de prueba. La defensa 
podrá referirse a la pieza acusatoria y realizar sus consideraciones sobre ella, además de 
ofrecer la prueba para el proceso.  
 
El juez verificará que la acusación sea clara, precisa y circunstanciada y que el hecho 
atribuido sea típico. En caso contrario, e l fiscal deberá corregirla oralmente en el acto.  
 
Inmediatamente, se conocerá de la aplicación de medidas alternativas, del 
procedimiento de justicia restaurativa y el procedimiento abreviado.  
 
Si se aprueba la remisión del caso a la sede restaurativa, s e suspenderá la audiencia 
hasta por un plazo máximo de ocho días hábiles para el trámite correspondiente. En el 
mismo acto, el Tribunal fijará fecha y hora de la continuación de la audiencia, en que se 
homologarán los acuerdos restaurativos o se continuará  con el trámite establecido en 
flagrancia. En todo momento se garantizará la confidencialidad de la información obtenida 
en justicia restaurativa.  
 
En el caso de que no proceda la aplicación de las medidas, no se proponga por la 
defensa o no se acepte por  el Ministerio Público o la víctima, según sea la medida, o el 
tribunal las considere improcedentes, este último procederá a realizar el juicio de forma 
inmediata y en esa misma audiencia. En este caso, deberá calificar la procedencia y 
pertinencia de la p rueba ofrecida por las partes.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 
2018) 
 
 
Artículo 429. -Realización del juic io 
             En la segunda parte de la audiencia inicial, se verificará el juicio, donde se le recibirá 
la declaración al imputado. En forma inmediata, se recibirá la prueba testimonial de la 
siguiente manera: inicialmente la declaración del ofendido y  luego la demás prueba; 
posteriormente, se incorporará la prueba documental y las partes podrán prescindir de su 
lectura. Por último, se realizarán las conclusiones por el fiscal y luego, la defensa. En forma 
inmediata, el tribunal dictará sentencia en for ma oral; si lo considera necesario, se retirará 
a deliberar y luego de un plazo razonablemente corto, el cual no podrá sobrepasar las cuatro 
horas, salvo causa excepcional que lo justifique y se comunique oralmente a las partes, sin 
que la ampliación del p lazo exceda de veinticuatro horas luego de finalizada la audiencia de 
debate. Posteriormente, el tribunal se constituirá en la sala de audiencias, donde oralmente 
dictará sentencia en forma integral. El dictado de la resolución en forma oral, valdrá como 
notificación para todas las partes, aunque estas no comparezcan.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 430. -Dictado de la prisión preventiva  
 
       Cuando el fiscal considere la conveniencia de la imposición de la prisión 
preventiva o cualquiera otra medida cautelar, lo podrá solicitar así al tribunal de juicio, 
desde el inicio del proceso. En caso de que el tribunal, conforme a los parámetros 
establecidos en este Cód igo, considere proporcional y razonable la solicitud del fiscal, 
establecerá la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, la cual no 
podrá sobrepasar los quince días hábiles.  
 
            Cuando deba solicitarse por un plazo superior, así como en los casos donde   el fiscal 
o el tribunal de juicio considere que no corresponde aplicar el procedimiento expedito, por 
no estar ante hechos cometidos en flagrancia o al ser incompatible la investigación de los 
hechos, procederá la prisión preve ntiva, si existe mérito para ello, según las reglas 
establecidas en este Código. El juez penal será el encargado de resolver acerca de la solicitud 
dirigida por parte del fiscal.  
 
            En el caso del dictado oral de la sentencia condenatoria, si el  tribunal lo considera 
oportuno, fijará la prisión preventiva en contra del imputado, por un plazo máximo de los 
seis meses. Cuando en sentencia se absuelva al imputado, se levantará toda medida 
cautelar o restrictiva impuesta en contra de él.  
 
            Para todo aquello que no se indique expresamente en este artículo, regirán las reglas 
de la prisión preventiva que se regulan en esta normativa procesal.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinie ntes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)   
 
Artículo 431. -Recursos  
 
            En contra de la sentencia dictada en forma oral, procederán los recursos conforme a 
las reglas establecidas en este Código.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
  
Artícu lo 432. -Sobre la acción civil y la querella  
 
            En la primera fase de la audiencia, el actor civil y el querellante también podrán 
constituirse como partes, en cuyo caso el tribunal ordenará su explicación oral y brindará la 
palabra a la defensa para que exprese su posición; de seguido resolverá sobre su  admisión 
y el proceso continuará. Cuando proceda, la persona legitimada para el ejercicio de la acción 
civil resarcitoria, podrá delegarla en el Ministerio Público para que le represente en el 
proceso.  
 
            Cuando corresponda declarar con lugar la acción civil resarcitoria, el 
pronunciamiento se hará en abstracto y las partidas que correspondan se liquidarán por la 
vía civil de ejecución de sentencia.  
 
            La parte querellante y e l actor civil asumirán el proceso en el estado en que se 
encuentre, de modo que no proceden suspensiones del debate motivadas por la atención 
de otros compromisos profesionales ni personales. Si la prueba ofrecida por el actor civil o 
el querellante result a incompatible con los objetivos de celeridad del procedimiento 
expedito, el tribunal se lo prevendrá oralmente a la parte proponente, quien manifestará si 
prescinde de ella o solicita la aplicación del procedimiento ordinario, en cuyo caso el 
tribunal ord enará adecuar los procedimientos.  
 
            La acción civil no procederá en el procedimiento expedito, cuando existan terceros 
demandados civilmente y no se encuentren presentes ni debidamente representados por 
patrocinio letrado en el momento de la ap ertura del debate, sin perjuicio de los derechos 
que le confiere la jurisdicción civil.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 433. -Garantías  
             Para todos los efectos, especialmente laborales, se entenderá que la víctima y los 
testigos tendrán derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono, público o 
privado, cuando tengan que asistir a las diligencias judiciales o comparecer ante el 
llamamien to judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la 
asistencia a tales actos, el tribunal que conoce de la causa, deberá extender el comprobante 
respectivo en el cual se indiquen la naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 434. -Localización y horarios  
 
            Mediante reglamento se definirán la localización y los horarios de los jueces de las 
causas en flagrancia que establece esta Ley.  
 
            La fijación de los días y el horario de atención al público de estos jueces, deberá 
establecerse en jornadas noc turnas, de fines de semana o feriados, para la mejor prestación 
del servicio de administración de justicia, en forma tal que los términos establecidos en la 
presente Ley puedan cumplirse efectivamente.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Prot ección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 435. -Duración del proceso  
 
            Cuando proceda la aplicación del procedimiento expedito, en ningún caso debe 
transcurrir un plazo superior a quince días hábiles entre el inic io del procedimiento y la 
celebración de la audiencia por parte del tribunal. El incumplimiento de ese plazo será 
causal de responsabilidad disciplinaria para el funcionario responsable de la demora.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la   Ley de Prote cción a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 
 
Artículo 436. -Normas supletorias  
 
            Para lo no previsto en este título, se aplicarán las regulaciones de este Código de 
manera supletoria, en tanto sean compatibles con la naturalez a célere del procedimiento 
expedito.  
 
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)   
 
 
LIBRO III  
 
RECURSOS  
 
TITULO I  
 
NORMAS GENERALES  
 
(*)ARTICULO 437. - Reglas generales Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo 
por los medios y en los casos expresamente establecidos.  
 
El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente 
acordado. Cuando la ley no distinga entr e las diversas partes, el recurso podrá ser 
interpuesto por cualquiera de ellas.  
 
(*)Este artículo fue interpretado por resolución de la Sala Constitucional N° 2002 -08591 de 
las 14:59 horas del 04/09/2002. En el sentido que dicho artículo no resulta   inconstitucional, 
en la medida en que se interprete, a la luz del artículo 41 de la Constitución Política y del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que también procede el 
recurso de casación de la víctima en contra del auto que orde ne la suspensión del 
procedimiento a prueba.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 422 a l 437 actual)  
 
 
ARTICULO 438. - 
 
Condiciones de interposi ción Los recursos se interpondrán en las condiciones de 
tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos 
impugnados de la resolución.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas , Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 423 al 438 actual).  
 
 
ARTICULO 439. - 
 Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, 
siempre que no hayan contribuido a provocar lo. El recurso deberá sustentarse en el 
reproche de los defectos que causan la afectación.  
 
El imputado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocar el 
vicio, en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su 
intervención, asistencia y representación.  
 
(Así corrida su numeración por el a rtículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 424 al 439 actual)  
 
 
ARTICULO 440. -Adhesión  
 
Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del período de emplazamien to, al 
recurso interpuesto por cualquiera de las partes, siempre que cumpla con los demás 
requisitos formales de interposición.  
 
Sobre la adhesión se dará audiencia a las demás partes por el término de tres días, antes de 
remitir las actuaciones al tribun al de alzada.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la   Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 425 al 440 actual)  
 
 
Artículo 441. -Instancia al Ministerio Público  
 
        La víctima o cualquier damnificado por el hecho, cuando no estén constituidos como 
partes, podrán presentar solicitud motivada al Ministerio Público para que interponga los 
recursos que sean pertinentes. El Ministerio Público deberá comunicarle a la víct ima o a 
cualquier damnificado que pueda ser localizado, conforme a la información que consta en 
el expediente, dentro del término para recurrir, su decisión de no impugnar la sentencia 
absolutoria, el cese o la modificación de la medida cautelar adoptada p or el peligro de 
obstaculización. Le explicará, por escrito y en forma motivada, la razón de su proceder.  
 
        Si la víctima o cualquier damnificado no  está  conforme, podrá interponer el recurso 
correspondiente, dentro de un plazo igual al que tuviere n las demás partes, el cual 
comenzará a correr a partir de la comunicación del Ministerio Público.  
 
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009)  
 (Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,   N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 426 al 441 actual)  
 
 
ARTICULO 442. - 
 
Recurso durante las audiencias Durante las audiencias sólo será admisible el recurso 
de revocatoria, el que será resuelto de inmediato, sin suspenderlas.  
 
La interposición del recurso implica la protesta para el saneamiento del vicio.  
 
(Así corrida su nu meración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,   N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 427 al 442 actual)  
 
 
ARTICULO 443. - 
 
Efecto extensivo Cuando existan coimputados el recurso interpuesto por uno de 
ellos favorecerá también a los demás, a menos que se base en motivos exclusivamente 
personales.  
 
También favorecerá al imputado el recurso del demandado civil, en cuanto incida 
en la responsabilidad penal.  
 
(Así corrida su numeración por el ar tículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 428 al 443 actual)  
 
 
ARTICULO 444. - 
 
Efecto suspensivo La resolución no será ejecutada durante el plazo para recurrir y 
mientra s se tramite el recurso, salvo disposición legal en contrario.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anter ior artículo 429 al 444 actual)  
 
 
ARTICULO 445. - 
 Desistimiento El Ministerio Público podrá desistir de sus recursos, en dictamen 
fundado, aun si los hubiera interpuesto un representante de grado inferior.  
 
Las partes podrán desistir de los recursos deducidos por ellas o sus defensores, sin 
perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas. Para desistir 
de un recurso, el defensor deberá tener mandato expreso del imputado.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testi gos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 430 al 445 actual)  
 
 
ARTICULO 446. - 
 
Competencia   
 
El recurso atribuirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso, sólo en cuanto 
a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 431 al 446 actual)  
 
 
ARTICULO 447. - 
 
Prohibición de la reforma en perjuicio   
 
Cuando la resolución sólo fue impugnada por el imputado o su defensor, no podrá 
modificarse en su perjuicio.  
 
Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la 
resolución aun en favor del imputado.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 432 al 447 actual)  
 
 
ARTICULO 448. - 
 
Rectificación   
 Los errores de derecho en la fundamen tación de la sentencia o resolución 
impugnadas, que no hayan influido en la parte resolutiva, no la anularán; pero serán 
corregidos, así como los errores materiales en la designación o el cómputo de las penas.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 1 8 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 433 al 448 actual)  
 
 
 
TITULO II  
 
RECURSO DE REVOCATORIA  
 
ARTICULO 449. - 
 
Procedencia   
 
El recurso de revocatoria procederá solamente contra las providencias y los autos 
que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el mismo 
tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que 
correspond a. 
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 434 al 449 actual).  
 
 
ARTICULO 450. - 
 
Trámite   
 
Salvo en las audiencias orales, este recurso se interpondrá, en escrito fundado, 
dentro de los tres días siguientes a la notificación. El tribunal resolverá por auto, previa 
audiencia a los interesados, por el mismo plazo.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 435 al 450 actual)  
 
 
ARTICULO 451. -Efecto . La resolución que recaiga será ejecutada, a menos que el 
recurso haya sido inter puesto en el mismo momento con el de apelación subsidiaria y se 
encuentre debidamente sustanciado.   
(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012. Anteriormente 
este numeral había sido derogado por el artículo 10° "Creación d el recurso  de apelación  de 
la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas 
de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
(Mediante Fe de Erratas, publicada en La Gaceta  N° 51 del 12 de marzo de 2012, página 55, 
se corrigió la redacción del numeral 2° de la ley  N° 9021 del 3 de enero de 2012, en el sentido 
de que solo se adicione el numeral 451, y sin que se corra la numeración subsiguiente)  
 
(Así corrida su numeración por e l artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 436 al 451 actual).  
 
 
 
TITULO III  
 
RECURSO DE APELACION  
 
ARTICULO 452. - 
 
Resoluciones apelables   
 
Además de lo dispuesto en el procedimiento  contravencional  y en la ejecución 
penal, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones de los 
tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas 
apelables, causen gravamen irreparab le, pongan fin a la acción o  imposibliliten  que esta 
continúe.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 437 al 452 actual)  
 
 
    ARTICULO 453. -Interposición.  El recurso de apelación se interpondrá ante el 
mismo tribunal que dictó la resolución y en la misma audiencia en que la resolución de 
instancia fue dictada. En esa oportunidad, el apelante indicará someramente el motivo del 
agravio.  
 
            El fundam ento del recurso será expuesto ante el tribunal de apelación. Cuando el 
tribunal de alzada tenga su sede en un lugar distinto, la parte deberá fijar un nuevo lugar o 
la forma para recibir notificaciones, si es necesario.  
 Cuando el recurrente intente prue ba en alzada, la ofrecerá junto con la interposición 
del recurso y señalará en concreto el hecho que pretende probar.  
 
En los casos de excepción en que la resolución judicial se haya dictado fuera de 
audiencia o por escrito, el recurso podrá ser interpues to en el término de tres días 
siguientes a la notificación.  
 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
(Anteriormente este numeral había sido reformado por el artículo 3° "Creación del recurso 
de apelación de la sentenc ia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación 
de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)   
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás interv inientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 438 al 453 actual)  
 
 
    ARTICULO 454. -Trámite y elevación. Presentado el recurso, el tribunal emplazará 
a las otras partes para que en el plazo de tres días contesten el recurso y, en su caso, 
ofrezcan prueba.  
 
Si se producen adhesiones durante el emplazamiento, correrá traslado a las otras 
partes para que contesten la adhesión en el mismo plazo.  
 
Luego, sin más trámite e inmediatamente, remitirá las actuaciones al tribunal de 
alzada para que res uelva.  
 
Solo se remitirá copia de las actuaciones pertinentes o se formará un legajo especial 
para no demorar el trámite del procedimiento.  
 
Excepcionalmente, el tribunal de alzada podrá solicitar otras copias o las actuaciones 
originales; ello no implicará la paralización del procedimiento.  
 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
(Anteriormente este nume ral había sido reformado por el artículo 3° "Creación del recurso 
de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación 
de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)   
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 439 al 454 actual).   
 
ARTICULO 455. -Trámite en el tribunal de apelación. Recibidas las actuaciones, el 
tribunal de alzada dentro de los tres días siguientes convocará a una audiencia oral con la 
presencia de las partes, decidirá la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión 
planteada, todo en una sola resolución.  
 
(Así reformado por el artícul o 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
(Anteriormente este numeral había sido reformado por el artículo 3° "Creación del recurso 
de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación 
de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)   
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior a rtículo 440 al 455 actual)  
 
 
ARTICULO 456. -Audiencia oral.  Quien ha ofrecido prueba tomará a su cargo hacerla 
concurrir a la audiencia.   El secretario auxiliará al oferente expidiendo las citaciones o las 
órdenes necesarias, las que diligenciará.   El tribunal resolverá inmediatamente de manera 
oral, salvo que por lo avanzado de la hora o por conocerse un asunto de tramitación 
compleja, se podrá diferir la resolución hasta por veinticuatro horas.  
 
(Así reformado por el artículo 3° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otr as 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)   
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás interviniente s en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 441 al 456 actual)  
 
 
ARTICULO 457. - 
 
Celebración de la audiencia   
 
La audiencia se celebrará con los intervinientes que comparezcan, y sus abogados 
podrán hacer uso de la palabra, sin que se admitan réplicas.  
 
Quienes intervengan en la discusión podrán dejar breves notas escritas sobre su 
informe.  
 El imputado será repr esentado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y, 
en ese caso, se le concederá la palabra en último término.  
 
En la audiencia, el tribunal podrá interrogar a los recurrentes sobre las cuestiones 
planteadas en el recurso.  
 
(Así corrida su num eración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 442 al 457 actual)  
 
 
 
TÍTULO IV  
 
RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA  
 
  
(Así reformado el título anterior por el artículo 4° "Creación del recurso de apelación de la 
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas 
de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
Artículo 458. -Resoluciones recurribles.  Son apelables todas las sentencias y los 
sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, 
incidentales y demás que la ley determina.  
 
(Así reformado por el artículo 4° "Cr eación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Pr otección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 443 al 458 actual).  
 
 
    ARTICULO 459. -Procedencia del recurso de apelación . El recurso de apelación de 
sentencia permitirá el examen integral del fallo,  cuando la parte interesada alegue 
inconformidad con la determinación de los hechos, la incorporación y valoración de la 
prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena.   El tribunal de alzada se 
pronunciará sobre los puntos que le sean expresa mente cuestionados, pero declarará, aun 
de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso que encuentren en la 
sentencia.  
 (Así reformado por el artículo 4° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de im pugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 444 al 459 actual)  
 
 
            ARTICULO 460. Interposición.  El recurso de apelación de sentencia se interpondrá 
ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de notificada, 
mediante escrito o cualquier ot ra forma de registro reglamentariamente autorizado.  
 
            La parte recurrente deberá expresar los fundamentos de su inconformidad, el 
agravio que le causa y su pretensión.   En el mismo acto ofrecerá la prueba en respaldo de 
sus alegaciones.  
 
            Cuando el tribunal de alzada tenga su sede en un lugar dist into, la parte deberá fijar 
nuevo lugar o nueva forma para recibir notificaciones.  
 
(Así reformado  por el artículo  4° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralida d en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 445 al 460 actual)  
 
 
Artículo 461. -Audiencia . Interpuesto el recurso, el tribunal que dictó la sentencia 
dará audiencia a los interesados por el término de cinco días, durante los cuales deberán 
señalar lugar o forma para recibir notificaciones en alzada y también podrán formular 
adhesiones.   Si se pr oduce alguna adhesión, el tribunal conferirá nueva audiencia a las otras 
partes sobre este extremo, por el término de cinco días.   Vencidos estos plazos remitirá los 
autos al tribunal de apelación de sentencia correspondiente.  
 
(Así reformado por el artíc ulo 4° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la  Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 446 al 461 actual)  
  
 
 
 
 
 
            Artículo 462 .-Trámite . El tribunal de apelación de sentencia podrá declarar 
inadmisible el recurso, si estima que la resolución no es recurrible, que el recurso ha sido 
interpuesto en forma extemporánea o que la parte no tiene el derecho de recurrir, en cuyo 
caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen.  
 
            Si el recurso es adm isible, el tribunal lo sustanciará y se pronunciará sobre el fondo, 
aun cuando estime que en su redacción existen defectos.   Si considera que estos le impiden, 
en forma absoluta, conocer del reclamo, le prevendrá a la parte su corrección conforme al 
artícu lo 15 de este Código, puntualizándole los aspectos que deben aclararse y 
corregirse.   Si los defectos no son corregidos, declarará su inadmisibilidad.  
 
            Si el recurso es admisible, el tribunal convocará, cuando corresponda, a audiencia 
oral y p ública, admitirá la prueba pertinente y útil para la comprobación de los agravios 
acusados.   De igual manera, ordenará traer de oficio la prueba que para los mismos 
propósitos estime necesaria.   En esta audiencia, según   los puntos de inconformidad de las 
partes, se reexaminarán los actos previos y posteriores al debate, los registros de los actos 
realizados durante el juicio, los registros de la sentencia, y se evacuará la prueba 
admitida.   Durante esta audiencia se dará oportunidad al recurrente y a las p artes para 
exponer y argumentar acerca de los extremos de la apelación.   En cualquier caso, el tribunal 
que constate el quebranto a un derecho fundamental de las partes involucradas podrá 
decretarlo de oficio.  
 
(Así reformado  por el artículo 4° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior  artí culo 447 al 462 actual)  
 
 
ARTICULO 463. -Audiencia oral.  Si al interponer el recurso de apelación de sentencia, 
al contestarlo o al adherirs e a él, alguno de los interesados ha ofrecido prueba que deba ser 
recibida en forma oral o considera necesario exponer oralmente sus alegaciones, o bien, 
cuando el tribunal la estime útil, este fijará una audiencia oral dentro de los quince días de 
recibid as las actuaciones.  
 Para celebrar la audiencia y la recepción de la prueba, regirán las reglas dispuestas 
en el recurso de apelación de las etapas previas al juicio.  
 
(Así reformado  por el artículo  4° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 448 al 463 actual)  
 
 
    Artículo 464 .-Prueba en apelación de sentencia.  En orden al examen integral del 
juicio o del fallo emitido por el tribunal de juicio, mediante el recurso de apelación de 
sentencia, el tribunal, a petición de parte, tendrá la facultad de examinar los registros de 
las pruebas producidas en el juicio, siem pre y cuando sea necesario, pertinente y útil para 
los fines de la apelación, el objeto de la causa o para la constatación de un agravio.   De igual 
forma se procederá respecto de las manifestaciones del imputado.  
 
            En caso de pruebas testimonia les se examinarán los registros del debate o la prueba 
y, si hay alguna duda sobre el alcance de las manifestaciones de algún testigo o perito, por 
excepción, podrá recibir directamente su deposición o informe en audiencia oral, pública y 
contradictoria, e n la que se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las disposiciones que 
regulan el debate en la fase de juicio.  
 
            La parte recurrente podrá ofrecer, en el escrito de interposición del recurso, pruebas 
nuevas sobre los hechos objeto del proceso  o sobre la forma en que fue realizado un acto, 
cuando se contradiga lo señalado en las actuaciones, en el acta, en los registros del debate 
o la propia sentencia.  
 
            El tribunal aceptará como nueva solo la prueba ofrecida en su oportunidad pero  que 
sea arbitrariamente rechazada, la que aparezca como novedosa con posterioridad a la 
sentencia y aquella que, aunque existiendo previamente, no estuvo en posibilidad efectiva 
de ser ofrecida por el interesado en su momento.  
 
            El tribunal de  apelación de sentencia podrá auxiliarse, en todo caso, de los sistemas 
de documentación a su alcance, sean las actas escritas, la grabación fónica o 
la videograbación , para facilitar el control de lo ocurrido en el tribunal de sentencia, 
evitándose en lo posible repeticiones innecesarias.  
 
            Cuando la prueba sea evacuada oralmente, los jueces que la hayan recibido deberán 
integrar el tribunal en el momento de la decisión final.  
 (Así reformado  por el artículo  4° " Creación  del recurso  de apelaci ón de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 (Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 449 al 464 actual)  
 
 
Artículo 464 bis. --(Derogado por el artículo 10° "Creación del recurso de apelación 
de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas 
reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 (Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 8503 del 28 de abril de 2006, " Apertura de la 
Casación Penal")  
 
 (Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 449 bis   al 464 b is actual)  
 
(Mediante resolución de la Sala Constitucional  N° 13820 del 20 de agosto de 2014, se 
anuló el numeral 10 de la Ley N°  N° 8837 del 3 de mayo de 2010, "Creación del recurso de 
apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de 
nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", el cual derogó este artículo,  restituyéndose 
el artículo 466 bis  del Código Procesal Penal.  Subsiguientemente mediante voto  2014 -
017411 del 22 de octubre de 2014, se adicionó la resolución número 2014 -013820 del 20 
de agosto del 2014, a efectos de que se entienda lo siguiente: 1) La inconstitucionalidad 
del artículo 10  de la Ley de creación del recurso de apelación de la sentencia lo es 
únicamente respecto de la derogatoria del artículo 466 bis del Código Procesal Penal, no 
así en cuanto al resto de normas que dicho artículo 10 derogó. 2) Se dimensionan los 
efectos de l a sentencia de fondo para que el artículo 466 bis del Código Procesal Penal 
(originalmente el artículo 451 bis) entre a tener vigencia nuevamente a partir de la fecha 
en que se resolvió esta acción, es decir, a partir del 20 de agosto del 2014. De forma ta l 
que, los recursos de casación planteados en el supuesto de la norma, que ya hubieran sido 
resueltos al 20 de agosto del 2014 quedan incólumes, pero los recursos de casación 
planteados en el supuesto de la norma, que no estuviesen resueltos al 20 de agost o del 
2014 (es decir, estuviesen pendientes de resolución), quedarían sin efecto en virtud de la 
prohibición que revive (con la nueva entrada en vigencia del artículo 466 bis del Código 
Procesal Penal) al ser declarada inconstitucional la norma que la dero gó.) 
 
 
    ARTICULO 465.  Examen y resolución.  El tribunal de apelación de sentencia 
apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y 
fundamentaron su decisión.  
 
            Hará uso de los registros que tenga disponibles, reproducirá la prueba oral del juicio 
cuando lo estime necesario, pertinente y útil para la procedencia del reclamo, y hará la 
valoración integral que corresponda con el resto de las actuaciones y la prueba introduci da 
por escrito.  
 
            Si el tribunal de apelación estima procedente el recurso, anulará total o parcialmente 
la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la resolución.   Cuando la 
anulación sea parcial, se indicará el objeto con creto del nuevo juicio o resolución.   En los 
demás casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley aplicable.  
 
            Cuando el recurso ha sido interpuesto solo por el imputado o a su favor, en la 
resolución del tribunal de apel ación de sentencia o en el juicio de reenvío no se podrá 
imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada, ni desconocer los 
beneficios que en esta se hayan acordado.  
 
            Si por efecto de la resolución del recurso debe cesar la prisión del imputado, el 
tribunal de apelación de sentencia ordenará directamente la libertad.  
 
(Así reformado por el artículo 4° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas re glas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspas ó 
del anterior artículo 450 al 465 actual)  
 
 
ARTICULO 466. -Juicio de reenvío . El juicio de reenvío deberá ser celebrado por el 
mismo tribunal que dictó la sentencia, pero integrado por jueces distintos.  
 
El recurso de apelación que se interponga contra la sentencia del juicio de reenvío 
deberá ser conocido por el tribunal de apelación de sentencia respectivo, integrado por 
jueces distintos de los que se pronunciaron en la ocasión anterior.   De no ser posible 
integrarlo con nuevos jueces, porque el impedimento cubre a titulares y suplentes, o no se 
cuenta con el número suficiente de suplentes, la competencia será asumida por los titulares 
que sean necesarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto de 
ellos.  
 
(Así reformado por el artículo 4° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)   
(Así corrida su numeraci ón por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 451 al 466 actual)  
 
 
Artículo 466 bis - Juicio de reenvío. El juicio de reenvío deberá ser celebrado por el 
mismo tri bunal que dictó la sentencia, pero integrado por jueces distintos.  
 
El Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular recurso de 
apelación contra la sentencia del Tribunal de Juicio que se produzca en juicio de reenvío 
que reitere la absolución de la persona imputada dispuesta en un juicio anterior.  
 
En el caso del párrafo anterior, sí se podrán interponer los recursos correspondientes 
en lo relativo a la acción civil resarcitoria, la restitución y las costas.  
 
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10200 del 5 de mayo del 2022)  
 
 (Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 8503 del 28 de abril de 2006, "Apertura de la 
Casación Penal")  
 
 (Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4  de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 451 bis   al 466 bis actual)  
 
(Anteriormente, este artículo había sido derogado por el artículo 10 de la Ley de Creación 
del Recurso de apelación de la sentencia y otras reformas al régimen de impugn ación e 
implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal,   N° 8837 del 3 de mayo 
de 2010. Posteriormente, mediante resolución de la Sala Constitucional  N° 13820 del 20 de 
agosto de 2014, se anuló dicho numeral 10 de la ley afectante, restitu yéndose este artículo 
en su texto preexistente.  Subsiguientemente mediante voto  2014 -017411 del 22 de octubre 
de 2014, se adicionó la resolución número 2014 -013820 del 20 de agosto del 2014, a efectos 
de que se entienda lo siguiente: 1) La inconstitucional idad del artículo 10 de la Ley de 
creación del recurso de apelación de la sentencia lo es únicamente respecto de la 
derogatoria del artículo 466 bis del Código Procesal Penal, no así en cuanto al resto de 
normas que dicho artículo 10 derogó. 2) Se dimensio nan los efectos de la sentencia de fondo 
para que el artículo 466 bis del Código Procesal Penal (originalmente el artículo 451 bis) 
entre a tener vigencia nuevamente a partir de la fecha en que se resolvió esta acción, es 
decir, a partir del 20 de agosto d el 2014. De forma tal que, los recursos de casación 
planteados en el supuesto de la norma, que ya hubieran sido resueltos al 20 de agosto del 
2014 quedan incólumes, pero los recursos de casación planteados en el supuesto de la 
norma, que no estuviesen resu eltos al 20 de agosto del 2014 (es decir, estuviesen pendientes 
de resolución), quedarían sin efecto en virtud de la prohibición que revive (con la nueva entrada en vigencia del artículo 466 bis del Código Procesal Penal) al ser declarada 
inconstitucional la norma que la derogó.)  
 
 
 
TÍTULO V  
 
RECURSO DE CASACIÓN  
 
(Así adicionado  el título  anterior  por el artículo  5° "Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8 837 del 3 de mayo de 2010)  
 
Artículo 467. -Resoluciones recurribles. El recurso de casación procederá contra las 
resoluciones dictadas por los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen total o 
parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sent encia dictada por el tribunal de juicio.  
 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley  N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
(Así adicionado  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
Artículo 468. -Motivos.  El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los 
siguientes motivos:  
 
a) Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los 
tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de 
Casación Penal.  
 
b) Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal 
sustan tivo o procesal.  
 
Para los efectos del inciso a) de este artículo se entiende por precedente únicamente 
la interpretación y aplicación de derecho relacionada directamente con el objeto de 
resolución.  
 
Cuando el precepto legal que se invoque como inobserv ado o erróneamente 
aplicado constituya un defecto del procedimiento, para que proceda el recurso deberá 
dirigirse contra los actos sancionados con inadmisibilidad, caducidad, ineficacia o nulidad, 
siempre que el recurrente haya reclamado oportunamente la s ubsanación del defecto o 
haya hecho manifestación de recurrir en casación. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 
178 de este Código, referido a defectos absolutos.   
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
(Así adi cionado por el artículo 5° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
Artículo 469. -Interposición.  El recurso de casación será interpuesto ba jo sanción de 
inadmisibilidad, ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de 
notificada, mediante escrito o cualquier otro registro reglamentariamente 
autorizado.   Deberá estar debidamente fundado y citará, con claridad, las disposiciones 
legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el 
contenido de los precedentes que se consideren contradictorios; en todo caso, se indicará 
cuál es el agravio y la pretensión.  
 
Deberá indicarse, por sep arado, cada motivo con sus  fundamentos.Fuera  de esta 
oportunidad no podrá aducirse otro motivo.  
 
(Así adicionado  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
Artículo 470. -Audiencia.  Interpuesto el r ecurso, el tribunal que dictó la sentencia de 
apelación dará audiencia a los interesados por el término de cinco días, durante los cuales 
deberán señalar el lugar o la forma para recibir notificaciones en alzada y también podrán 
formular adhesiones.   Si se  produce alguna adhesión, el tribunal conferirá nueva audiencia 
a las partes restantes sobre este extremo, por el término de cinco días.   Vencidos estos 
plazo, remitirá el expediente a la Sala de Casación.  
 
(Así adicionado  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
Artículo 471. - Admisibilidad y trámite. L a Sala de Casación declarará inadmisible el 
recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo 
establece el artículo 469 anterior; además, cuando la resolución no sea recurrible, la parte 
no tenga el derecho de recurrir, cu ando el recurso tenga como finalidad modificar los 
hechos probados o cuando el recurso sea absolutamente infundado, en cuyo caso lo 
declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen.  
 Si el recurso es admisible, se asignará a un magistrado i nstructor; la Sala lo 
sustanciará y se pronunciará sobre los motivos planteados.  
 
Si el recurso es admisible y no se considera necesario convocar a una audiencia oral, 
la Sala dictará sentencia.  
 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
(Así adicionado por el artículo 5° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 
proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
Artículo 472. -Audiencia oral.  Si al interpo ner el recurso, al contestarlo o al adherirse 
a él, alguno de los interesados considera necesario exponer oralmente sus alegaciones, 
solicitará audiencia oral a la Sala que la fijará dentro de los quince días de recibidas las 
actuaciones.   Igual procedimie nto se seguirá si la Sala, de oficio, estima necesaria su 
realización.  
 
Para celebrar la audiencia oral regirán las reglas dispuestas para el recurso de 
apelación.   La resolución del caso se dictará inmediatamente después de realizada la 
audiencia, salvo que la complejidad del asunto obligue a su postergación.  
 
(Así adicionado  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
Artículo 473. -Resolución y efectos extensivos.  Si la Sala de Casación estima 
procedente el recurso por violación de ley procesal, anulará, total o parcialmente, la 
resolución impugnada y ordenará la reposición del procedimiento y resolución del tribun al 
de apelación de la sentencia.   Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto 
del nuevo procedimiento o resolución.  
 
En los demás casos, la Sala, al acoger el recurso, enmendará el vicio y resolverá el 
asunto de acuerdo con la ley aplicable.  
 
Cuando lo estime pertinente, para tutelar el derecho del imputado a un recurso que 
implique el examen integral del juicio y la se ntencia, la Sala podrá disponer la anulación del 
debate, las resoluciones que de él dependan y se ordenará su reposición mediante reenvío 
al tribunal de juicio.  
 
Para la toma de su decisión, la Sala tendrá a su disposición los registros del juicio y 
del p rocedimiento de apelación de sentencia.   Solamente se podrá ofrecer prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto de procedimiento y se discuta la forma en que fue 
llevado a cabo un acto, en contraposición a los registros del procedimiento de apelac ión de 
la sentencia.  
 
Si por efecto de la resolución del recurso la Sala considera que debe cesar la prisión 
del imputado, ordenará directamente la libertad.  
 
(Así adicionado  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
Artículo 474. -Prohibición de reforma en perjuicio . Cuando el recurso de casación ha 
sido interpuesto solo por el imputado o a su favor y cuando se ha presentado recurso de 
apelación de sentencia solo por el imputado, o a su favor, en la resolución de la Sala o en el 
juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la 
sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en esta se hayan acordado.  
 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley  N° 9021 del 3 de enero de 2012)  
 
(Así adicionado  por el artículo  5° " Creación  del recu rso de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
Artículo 475. -Juicio de reenvío.  El juici o de reenvío a la instancia de juicio o a la de 
apelación de sentencia deberá ser celebrado por el mismo tribunal que dictó la resolución 
anulada, pero integrado por jueces distintos.  
 
El recurso de casación que se interponga contra la sentencia del juici o de reenvío del 
tribunal de apelación deberá ser conocido por la Sala de Casación, integrada por 
magistrados distintos de los que se pronunciaron en la ocasión anterior.   De no ser posible 
integrarlo con nuevos magistrados, porque el impedimento cubre a t itulares y suplentes, o 
no se cuenta con el número suficiente de suplentes, la competencia será asumida por los 
titulares que sean necesarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria 
respecto de ellos.  
 
(Así adicionado  por el artículo  5° "Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  
 
 
 
LIBRO IV   
EJECUCION  
 
TITULO I  
 
EJECUCION PENAL  
 
CAPITULO I  
 
NORMAS GENERALES  
 
ARTICULO 476. - 
 
Derechos    
 
El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y las 
facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan, y planteará 
ante el tribunal que corresponda las observaciones que,  con fundamento en aquellas reglas, 
estime convenientes.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior ar tículo 452 al 467 actual)  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 5° "Creación del recurso de apelación de la 
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas 
de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del 
antiguo artículo 467 al 476)  
 
 
ARTICULO 477. - 
 
Competencia   
 
Las resoluciones judiciales serán ejecutadas, salvo disposición en contrario, por el 
tribunal que las dictó en primera o en única instancia.  
 
El tribunal de sentencia será competente para realizar la primera fijación de la pena 
o las medidas de seguridad,  así como de las condiciones de su cumplimiento. Lo relativo a 
las sucesivas fijaciones, extinción, sustitución o modificación de aquellas será competencia 
del tribunal de ejecución de la pena.  
 (Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de P rotección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 453 al 468 actual)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  468 al 477)  
 
 
ARTICULO 478. - 
 
Incidentes de ejecución   
 
El Ministerio Público, el querellante, el cond enado y su defensor podrán plantear, 
ante el tribunal de ejecución de la pena, incidentes relativos a la ejecución, sustitución, 
modificación o extinción de la pena o de las medidas de seguridad. Estos deberán ser 
resueltos dentro del término de cinco días , previa audiencia a los demás intervinientes. Si 
fuera necesario incorporar elementos de prueba, el tribunal, aun de oficio, ordenará una 
investigación sumaria, después de la cual decidirá.  
 
Los incidentes relativos a la libertad anticipada y aquellos en  los cuales, por su 
importancia, el tribunal lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral, citando a los 
testigos y peritos que deben informar durante el debate.  
 
El tribunal decidirá por auto fundado y, contra lo resuelto, procede recurso de 
apelación ante el tribunal de sentencia, cuya interposición no suspenderá la ejecución de la 
pena, a menos que así lo disponga este último tribunal.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervin ientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 454 al 469 actual)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  469 al 478)  
 
 
ARTICULO 479. - 
 
Suspensión de medidas administrativas   
 Durante el trámite de los incidentes, el tribunal de ejecución de la pena podrá 
ordenar la suspensión provisional de las medidas de la administración penitenciaria que 
sean impugnadas en el procedimiento.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 455 al 470 actual)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  470 al 479)  
 
 
ARTICULO 480. - 
 
Defensa   
 
La labor del defensor culminará con la sentencia firme, sin perjuicio de que continúe 
en el ejercicio de la defensa técnica durante la ejecución de la pena. Asimismo, el 
condenado podrá nombrar un nuevo defensor, en su defecto, se le nombrará un defensor 
público.  
 
El ejercicio de la defensa durante la ejecución penal consistirá en el asesoramiento 
al condenado, cuando se requiera, para la interposición de las gestiones necesarias en 
resguardo de sus derechos.  
 
No será deber de la defensa vigilar el cumplimiento de la pena.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 456 al 471 actual)  
 
(Así corrida  su numerac ión por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  471 al 480)  
 
 
ARTICULO 481. - 
 
Ministerio Público   
 Los fiscales de ejecución de la pena intervendrán en los procedimientos de 
ejecución, velando por el respeto de los derechos fundamentales y de las disposiciones de 
la sentencia.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la L ey de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 457 al 472 actual)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  472 al 481)  
 
 
ARTICULO 482. - 
 
Atribuciones de los juec es de ejecución de la pena   
 
Los jueces de ejecución de la pena controlarán el cumplimiento del régimen 
penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las 
medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a lo s condenados o a los 
funcionarios del sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control.  
 
Les corresponderá especialmente:  
 
a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, 
así como las condiciones de su cumplimi ento.  
 
b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con el fin 
de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los 
internos, y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes.  
 
c) Resolver,  con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de 
ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el 
régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos.  
 
d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos sobre 
sanciones disciplinarias.  
 
e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas, en celdas.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 458 al 473 actual)   
(Así corrida su numeración por e l artículo 5° "Creación del recurso de apelación de la 
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas 
de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del 
antiguo artículo 473 al 48 2) 
 
 
 
CAPITULO II  
 
PENAS Y MEDIDAS DE SE GURIDAD  
 
ARTICULO 483. - 
 
Ejecutoriedad   
 
La sentencia condenatoria deberá quedar firme para originar su ejecución. 
Inmediatamente después de quedar firme, se ordenarán las comunicaciones e inscripciones 
correspondientes.  
 
Si el sentenciado se halla en libertad, se dispondrá lo necesario para su captura.  
 
El tribunal ordenará la realización de las medidas necesarias para que se cumplan 
los efectos de la sentencia.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testig os y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 459 al 474 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  474 al 483)  
 
 
ARTICULO 484. - 
 
Cómputo definitivo   
 
El tribunal de sentencia realizará el cómputo de la pena, y descontará de esta la 
prisión preventiva y el arresto domiciliario cumplidos por el condenado, para determinar 
con precisión la fecha en la que finalizará la condena.  
 El có mputo será siempre reformable, aun de oficio, si se comprueba un error o 
cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario.  
 
La liquidación de la pena se comunicará inmediatamente al tribunal de ejecución y 
al Instituto Nacional de Criminología.  
 
El incum plimiento de estas disposiciones se considerará falta grave.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterio r artículo 460 al 475 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  475 al 484)  
 
 
ARTICULO 485. - 
 
Enfermedad del condenado   
 
Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad, el condenado sufre alguna 
enfermedad que no pueda ser atendida en la cárcel, el tribunal de ejecución de la pena 
dispondrá, previo los informes médicos necesarios, la internación del enfermo en un 
establecimiento adecuado y ordenará las medidas necesarias para evitar la fuga.  
 
El director del establecimiento penitenciario tendrá iguales facultades, cuando se 
trate de casos urgentes; pero la medida deberá ser comunicada de inmediato al tribunal 
que podrá confirmarla o revocarla.  
 
Estas reglas serán aplicables a la prisión preventiva, en relación con el tribunal que 
conozca del proceso, y a las restantes penas en cuanto sean susceptibles de ser suspendidas 
por enfermedad.  
 
El tiempo de internación se computará a los fines de la pen a, siempre que el 
condenado esté privado de libertad.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artícu lo 461 al 476 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  reglas de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  476 al 485)  
 
 
ARTICULO 486. - 
 
Ejecución diferida   
 
El tribunal de ejecución de la pena podrá suspender el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad, en los siguientes casos:  
 
a) Cuando deba cumplirla una mujer en estado a vanzado de embarazo o con hijo 
menor de tres meses de edad, siempre que la privación de libertad ponga en peligro 
la vida, la salud o la integridad de la madre, el feto o el hijo.  
 
b) Si el condenado se encuentra gravemente enfermo y la ejecución de la pe na 
ponga en peligro su vida, según dictamen que se requerirá al Departamento de 
Medicina Legal.  
 
Cuando cesen estas condiciones, la sentencia continuará ejecutándose.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Test igos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 462 al 477 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  477 al 486)  
 
 
Artículo 486 bis. - Sustitución de la pris ión durante la ejecución de la pena por 
arresto domiciliario con monitoreo electrónico  
 
El juez de ejecución de la pena podrá ordenar el arresto domiciliario con monitoreo 
electrónico durante la ejecución de la pena, como sustitutivo de la prisión, siempr e que 
concurran los siguientes presupuestos:  
 
1) Cuando la mujer condenada se encuentre en estado avanzado de embarazo al 
momento del ingreso a prisión, sea madre jefa de hogar de hijo o hija menor de edad 
hasta de doce años, o que el hijo   o familiar suf ra algún tipo de discapacidad o 
enfermedad grave debidamente probada.   Podrá ordenarse también este 
sustitutivo siempre que haya estado bajo su cuidado   y se acredite que no existe otra persona que pueda ocuparse del cuidado. En ausencia de ella, el padre que haya 
asumido esta responsabilidad tendrá el mismo beneficio.  
 
2) Cuando la persona condenada sea mayor de sesenta y cinco años, siempre que su 
personalidad, la naturaleza y modalidad del delito justifiquen la sustitución de la 
prisión.  
 
3) Cuando a l a persona condenada   le sobrevenga alguna enfermedad física, adictiva 
o siquiátrica cuyo tratamiento, aun cuando sea posible seguirlo en la prisión, resulte 
pertinente hacerlo fuera para asegurar la recuperación,   previo los informes 
médicos   y técnicos ne cesarios que justifiquen el arresto domiciliario.  
 
4) Cuando a la persona condenada   le sobrevengan situaciones en la ejecución de la 
pena que ameriten el resguardo del principio de humanidad, siempre que su 
personalidad, la naturaleza y modalidad del del ito justifiquen la sustitución de la 
prisión.  
 
El juez podrá ordenar las condiciones que aseguren el cumplimiento de la pena 
ordenando su ubicación en el programa que defina el Ministerio de Justicia y Paz, a fin de 
asegurar el cumplimiento del plan de ej ecución y atención técnica, y obligaciones de 
cumplimiento.   Asimismo, podrá otorgar los permisos necesarios para los controles 
médicos de rigor, la ocurrencia del parto u obligaciones adquiridas en relación con el 
cuidado de los hijos menores a su cargo o  personas con discapacidad o dependientes, 
asegurándose el monitoreo permanente.   Estas reglas serán aplicables a la prisión 
preventiva en relación con la autoridad judicial que conozca del proceso.   En caso de 
incumplimiento injustificado o comisión de nu evo delito doloso se comunicará al juez 
competente, quien podrá modificar o revocar este beneficio y ordenar el ingreso a prisión.  
 
(Así adicionado por el artículo 10° de la ley N° 9271 del 30 de setiembre de 2014, 
"Mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal")  
 
 
ARTICULO 487. - 
 
Medidas de seguridad   
 
Las reglas establecidas en este Capítulo regirán para las medidas de seguridad en lo 
que sean aplicables.  
 
El tribunal examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida. Fijará 
un plazo no mayor de seis meses entre ca da examen, previo informe del establecimiento y 
de los peritos. La decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este 
último caso, podrá ordenar la modificación del tratamiento.  
 Cuando el juez tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron 
las causas que motivaron la internación, procederá a su sustitución o cancelación.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 463 al 478 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  478 al 487)  
 
 
TITULO II  
 
EJECUCION CIVIL  
 
ARTICULO 488. - 
 
Competencia   
 
La sentencia que condene a restitución, indemnización o reparación de daños y 
perjuicios, cuando no sea inmediatamente ejecutada o no pueda serlo por simple orden del 
tribunal que la dictó, se ejecutará por el interesado ante el juez civil o contencioso 
administrativo, según corresponda.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 464 al 479 actual .) 
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  479 al 488)  
 
 
ARTICULO 489. - 
 
Comiso   
 
Cuando en la sentencia se ordene el comiso de algún objeto, el tribunal le dará el 
destino que corresponda según su naturaleza, conforme a las normas que rigen la materia. 
En su caso los instrumentos con que se cometió el delito, serán remitidos al Museo 
Criminológico de la Corte Suprema de Justicia.   
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 465 al 480 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  480 al 489)  
 
 
ARTICULO 490. - 
 
Restitución y retención de cosas secuestradas   
 
Las cosas decomisadas no sujetas a comiso, restitución o embargo, serán devueltas 
a quien se le secuestraron, inmediatamente después de la firmeza d e la sentencia. Si 
hubieran sido entregadas en depósito provisional, se notificará al depositario la entrega 
definitiva.  
 
Las cosas secuestradas de propiedad del condenado podrán ser retenidas en 
garantía de las costas del proceso y de la responsabilidad pecuniaria impuesta.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 466 al 481 actual.)  
 
(Así co rrida su numeración por el artículo 5° "Creación del recurso de apelación de la 
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas 
de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del 
antiguo artículo 481 al 490)  
 
 
ARTICULO 4 91.- 
 
Controversia   
 
Si se suscita controversia sobre la restitución o su forma, se dispondrá que los 
interesados acudan a la jurisdicción civil.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 467 al 482 actual.)  
 (Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  482 al 491)  
 
 
ARTICULO 492. - 
 
Sentencia declar ativa de falsedad instrumental   
 
Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el tribunal que la dictó 
ordenará que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es del caso ordenará las 
rectificaciones registrales que correspondan.  
 
Si el documento ha sido extraído de un archivo, será restituido a él, con nota 
marginal en cada página, y se agregará copia de la sentencia que hubiera establecido la 
falsedad total o parcial.  
 
Si se trata de un documento protocolizado, la declaración hec ha en la sentencia se 
anotará al margen de la matriz, en los testimonios que se hayan presentado y en el registro 
respectivo.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 468 al 483 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  483 al 492)  
 
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
ARTICULO 493. - 
 
Normas prácticas   
 
La Corte Suprema de Justicia dictará las normas prácticas necesarias para aplicar 
este Código.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 469 al 484 actual.)   
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  484 al 493)  
 
 
ARTICULO 494. - 
 
Derogaciones   
 
Se derogan expresamente el Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, del 
19 de octubre de 1973 y las leyes que lo adicionaron y reformaron, así como cualquier 
disposición que se oponga o contradiga lo preceptuado en este Código.  
 
(Así corrida su num eración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 470 al 485 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  485 al 494)  
 
 
ARTICULO 495. - 
 
Reformas Se reforman los  artículos 294 y 298 del Código de Procedimientos Penales, 
Ley No. 5789, del 1 de setiembre de 1975 (sic: debe entenderse Ley  Nº 5377 de 19 de 
octubre de 1973). Los textos dirán:  
 
"Artículo 294. - 
 
Si el juez estima prima  facie  que el imputado, en caso de  condena, no se le privará 
de libertad por un tiempo mayor al de la prisión sufrida, dispondrá por auto la cesación del 
encarcelamiento y la inmediata libertad de aquel.  
 
Además, en casos excepcionales, el juez, mediante auto motivado, podrá revocar la 
prisión preventiva cuando así se requiera por haber variado las condiciones que justificaron 
su imposición.  
 
En todos los casos, la resolución revocatoria será apelable, sin  efecto suspensivo, 
por el Ministerio Público."  
 "Artículo 298. - 
 
No procederá la excarcelación:  
 
1.- Antes de que hayan transcurrido tres meses desde que el juez ordenó la prisión 
preventiva, sin perjuicio de la potestad extraordinaria otorgada al juez  por el párrafo 
segundo del artículo 294.  
 
2.- A quien esté declarado rebelde.  
 
3.- Cuando, a juicio del tribunal, existan vehementes indicios de que el imputado 
tratará de eludir la acción de la justicia.  
 
4.- Cuando existan indicios -igualmente graves - en los antecedentes del imputado o 
en otros elementos de convicción, de que continuará la actividad delictiva."  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 471 al 486 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  486 al 495)  
 
 
ARTICULO 496. - 
 
Vigencia   
 
Este Código entrará en vigencia el 1 de enero de 1998.  
 
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó 
del anterior artículo 472 al 487 actual.)  
 
(Así corrida  su numeración  por el artículo  5° " Creación  del recurso  de apelación  de 
la sentencia , otras  reformas  al régimen  de impugnación  e implementación  de nuevas  regla
s de oralidad  en el  proceso  penal",  ley N° 8837 del 3 de mayo de 
2010,  que lo traspaso  del antiguo  artículo  487 al 496)  
 
 
 
DISPOSICIONES TRANS ITORIAS   
             TRANSITORIO I. - 
 
Aplicación a procesos pendientes Los procesos que, a la entrada en vigencia de esta 
ley, tengan auto de elevación a juicio o de prórroga extraordinaria, aunque no estén firmes, 
continuarán tramitándose de conformida d con el Código anterior.  
 
En los demás casos, se aplicará este Código y deberán adecuarse los procedimientos 
conforme a las nuevas disposiciones.  
 
 
TRANSITORIO II. - 
 
Prescripción de causas pendientes El plazo de prescripción de la acción penal en las 
causas pendientes en los tribunales, a las que se aplicará este Código, comenzará a correr a 
partir de la vigencia de este último. Para las causas que deban continuar su t ramitación de 
conformidad con las normas del Código de Procedimientos Penales de 1973, regirán las 
disposiciones sobre prescripción previstas en el Código Penal de 1970.  
 
 
TRANSITORIO III. - 
 
Facultades transitorias de la Corte Suprema de Justicia Además de las facultades ya 
previstas en la ley,  durante los primeros dos años de vigencia de este Código, la Corte 
Suprema de Justicia podrá trasladar funcionarios de una circunscripción a otra o de una 
oficina a otra, abrir o cerrar oficinas, asignar recargos, reorganizar despachos y redistribuir 
la competencia territorial de los tribunales, siempre que ello resulte indispensable para la 
mejor aplicación de este Código.  
 
 
TRANSITORIO IV. - 
 
Legislación de transic ión Antes de la entrada en vigencia de este Código, deberá 
aprobarse una ley que regule la organización de las oficinas judiciales, su competencia y la 
del Ministerio Público y, en general, se adecue la organización del Poder Judicial a los 
requerimientos de este Código. Esa ley deberá contener las reglas que regirán la transición 
de un sistema procesal a otro  
 
 
TRANSITORIO V. - 
 
Vigencia temporal de la reforma al Código de Procedimientos Penales La reforma de 
los artículos 294 y 298 del Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5789, del 1 de 
setiembre de 1975 (sic: debe entenderse Ley  Nº 5377 de 19 de octubre de 1973), que mediante esta ley se realiza, se mantendrá en vigencia desde su publicación y hasta el 1 de 
enero de 1998.  
 
Dado en la Presidencia de la República. -San José, a los diez días del mes de abril de 
mil novecientos noventa y seis.