Nº 8039  
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIV ADE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
 
DECRETA:  
 
LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA  
 
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
CAPÍTULO I  
 
Disposiciones generales  
 
Artículo 1º -Ámbito de aplicación.  La violación de cualquier derecho sobre la 
propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales 
vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de 
la Propiedad Industrial o  el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y 
de las acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones 
del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal 
Registral Admin istrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro 
Nacional.  
 
La autorización del titular del derecho de propiedad intelectual será siempre expresa 
y por escrito.  
 
 
Artículo 2º -Interpretación.  En el examen judicial y administrativo de las lesiones 
causadas a los derechos c onsignados y protegidos en esta Ley, el juez, el Registro de la 
Propiedad Industrial o el Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos podrá acudir a reglas de interpretación de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de las ac ciones lesivas, de tal manera que las formalidades propias de los modos 
específicos de regular estos derechos no impidan la aplicación práctica de los supuestos 
legales de tutela a casos concretos.  
 
En todo procedimiento administrativo, incoado ante el Re gistro de la Propiedad 
Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, o proceso 
judicial, al aplicar la sanción final la autoridad competente tomará en cuenta la 
proporcionalidad entre la conducta ilícita y el daño causado al bi en jurídico tutelado.  
 
 
Artículo 2 bis. - Definiciones . Para efectos de esta Ley,   se entenderá por:  
 
   
a) Medida tecnológica efectiva: cualquier tecnología, dispositivo o 
componente que, en el curso normal de su operación, controle el acceso a 
una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otra materia protegida, o 
proteja cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho 
de autor.  
 
b) Información sobre la gestión de derechos:  
 
i) Información que identifica a la obra, la interpretación o la 
ejecución, o el fonograma, al autor de la obra, al artista, al intérprete 
o el ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del 
fonograma, o al titular de cualquier derecho sobre l a obra, 
interpretación o ejecución, o fonograma.  
 
ii) Información sobre los términos y las condiciones de utilización de 
la obra, interpretación o ejecución, o fonograma.  
 
iii) Cualquier número o código que represente dicha información.  
 
Cuando cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de la obra, 
interpretación,   ejecución o fonograma o figure en relación con la comunicación o puesta a 
disposición de la obra al p úblico,   interpretación o ejecución o fonograma.  
 
c) Salario base: el concepto de salario base, utilizado en la presente Ley, 
corresponde a lo definido en el artículo 2 de la Ley N .º 7337, de 5 de mayo 
de 1993, y sus reformas.  
 
(Así adicionado por el art ículo 2° aparte a) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008)  
 
 
 
CAPÍTULO II  
 
Medidas cautelares  
 
SECCIÓN I  
 
Disposiciones generales  
 
Artículo 3. -  Adopción de medidas cautelares.  Antes de iniciar un proceso por 
infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso o en la fa se de 
ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el 
Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión gr ave y de difícil 
reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final 
o de la sentencia.  
 
Una medida cautelar solo se ordenará, cuando quien la pida acredite ser el titular 
del derecho o su representante y presente las pruebas razonablemente disponibles, con el 
fin de establecer, a su satisfacción, un grado suficiente de certidumbre de que el d erecho 
del demandante es objeto o va a ser objeto inminente de infracción.   Antes de ordenar la 
medida, la autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional 
de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solici te la medida otorgue 
garantía razonable o caución equivalente suficiente para proteger al demandado y evitar 
abusos, así como para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos 
procedimientos.  
 
En los procedimientos relativos al otorgamient o de medidas cautelares relacionadas 
con la observancia de una patente, habrá una presunción refutable de que la patente es 
válida.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008)  
 
 
Artículo 4º -Proporcionalidad de la medida.  Toda decisión que resuelva l a solicitud 
de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como 
la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella puede 
provocar.  
 
 
Artículo 5º -Medidas.  Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas 
cautelares:  
 
 
a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.  
 
b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.  
 
c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios 
referidos en el inciso b).  
 
d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.  
 
 
Artículo 6º -Procedimiento.  La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad 
Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las 
cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se 
manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad 
Industrial, el Registro Nacional de De rechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal 
competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo 
procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad 
Industrial, el Registro Nacional  de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad 
judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los 
efectos de la ejecución de la medida.  
 
En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efe ctos de 
la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el 
Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la 
medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de pre sentada.  
 
 
Artículo 7º -Medida cautelar sin participación del supuesto infractor.  Cuando se 
ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, el Registro de la 
Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la 
autoridad judicial competente la notificará a la parte afectada, dentro de los tres días 
hábiles después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada.  
 
 
Artículo 8º -Plazo para presentar denuncia o demanda.  Si la medida cautelar se pide 
antes de incoar el proceso y es adoptada, la p arte promovente  deberá presentar la 
demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución 
que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que 
no se infringió un derecho de propiedad i ntelectual, la medida cautelar se tendrá por 
revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, 
los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.  
 
 
Artículo 9º -Daños y perjuicios.  Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o 
bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien 
pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su 
ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien conozca del pr oceso de 
base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará 
devolver al actor la caución por daños y perjuicios.  
 
Para los supuestos aludidos en el párrafo anterior, cuando la medida cautelar se 
origine en una decis ión administrativa, la parte afectada deberá acudir a la vía judicial para 
demandar la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con la 
ejecución de la medida.  
  
 
SECCIÓN II  
 
Medidas en frontera  
 
Artículo 10 .-Aplicación de medidas en frontera.  Cuando se requiera aplicar  una 
medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las mercancías falsificadas o 
ilegales, la decisión administrativa del Registro de la Propiedad Industrial, el Registro 
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la decisión judicial que ordena tal 
medida, deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades aduaneras y a la parte 
demandada.  
 
 
Artículo 11. - Solicitud de medidas en fron tera  .El titular de un derecho de 
propiedad intelectual que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de 
mercancías que infrinjan su derecho, podrá solicitarle al Registro de la Propiedad  Industrial 
, al Registro Nacional de Derechos de Aut or y Derechos Conexos o a la autoridad judicial, 
que ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho.  
 
A todo titular de un derecho de propiedad intelectual protegido, o su representante, 
que solicite la suspensión del despacho de las mercancías,  se le exigirá, como mínimo, que:  
 
 
a) Acredite ser el titular o el representante de un derecho de propiedad 
intelectual; para el caso de derechos de autor y derechos conexos, serán 
aplicables las presunciones establecidas en el artículo 155 de la Ley de 
derechos de autor y derechos conexos, N .º 6683, de 14 de octubre de 1982.  
 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 4° de la ley  N° 8686 del 21 de 
noviembre de 2008)  
 
b) Que otorgue una garantía razonable o caución equivalente, antes de que 
se dicte la suspensión, que sea suficiente para proteger al demandado y a 
las autoridades competentes e impedir abusos. Esta garantía o caución 
equivalente no deberá disuadir indebidam ente el poder recurrir a estos 
procedimientos.   Dicha garantía podrá tomar la forma de un instrumento 
emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al 
importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o 
lesión resultante  de cualquier suspensión del despacho de mercancías, en el 
supuesto de que las autoridades competentes determinen que el artículo no 
constituye una mercancía infractora.  
 c) Que aporte información suficiente de las mercancías que razonablemente 
sea de  conocimiento del titular del derecho, de modo que estas puedan ser 
reconocidas con facilidad por las autoridades competentes.   El requisito de 
proveer suficiente información no deberá disuadir, irrazonablemente, el 
recurso a estos procedimientos.  
 
d) Que aporte pruebas suficientes que demuestren, a satisfacción de las 
autoridades competentes, que existe una presunción de infracción de su 
derecho de propiedad intelectual.  
 
 
Ejecutada la suspensión del despacho de mercancías, el Registro de la 
Propiedad  Industrial ,  el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o las 
autoridades judiciales, la notificarán inmediatamente al importador o exportador de las 
mercancí as y al solicitante de la medida.  
 
 (Así reformado por el artículo 1° aparte b) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 12 .-Casos en que no aplican las medidas en frontera.  No habrá obligación 
de aplicar las medidas en frontera contenidas en este capítulo a lo siguiente:  
 
 
a) Las importaciones de mercaderías puestas en el mercado nacional por el titular 
del derecho o con su consentimiento y las importaciones hechas por quienes están 
autorizados por el Estado o de acuerdo con las leyes del país, una vez que el titular 
del derecho o su representante las haya introducido lícitamente en el país o en el 
extranjero.  
 
b) Las cantidades de mercancías que constituyan parte del equipaje personal del 
pasajero.  
 
 
Artículo 13º -Duración de la suspensión.  Si transcurren diez días hábiles contados 
desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida, sin que este haya presentado 
demanda o sin que se haya recibido comunicación del Registro de la Propiedad Industrial, 
del Registro Nacional de Derech os de Autor y Derechos Conexos o de una autoridad judicial, 
de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la suspensión del 
despacho, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor 
y Derechos Conexos o el j uez competente, notificará a las autoridades aduaneras para que 
la medida sea levantada y se ordene el despacho de las mercancías, si se han cumplido las 
demás condiciones requeridas.  
 
 Artículo 14º -Prescripciones especiales para dibujos y modelos industriales, 
patentes, esquemas de trazado o inf ormación no divulgada.  En los casos en que las 
autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para la libre circulación de 
mercancías en aplicación de una medida cautelar, que comporten dibujos o modelos 
industriales, patentes, esquemas de trazado o in formación no divulgada, y se compruebe 
que:  
 
 
a) Injustificadamente la medida cautelar no ha sido ejecutada en el Plazo de tres días 
hábiles, y  
 
b) Siempre que se entregue una muestra certificada por la aduana y se hayan 
cumplido todas las demás condicio nes requeridas para la importación, el 
propietario, el importador o el consignatario de las mercancías tendrá derecho a que 
se proceda al despacho de aduana, previo depósito de una garantía ante el Registro 
de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos o la autoridad judicial que emitió la medida cautelar, para proteger al titular 
del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de la garantía se entenderá sin 
perjuicio de los recursos a disposición del titular  del derecho y se entenderá que la 
garantía se le devolverá si no presenta la denuncia o la demanda en el plazo fijado 
en el artículo 13 de esta Ley.  
 
 
Artículo 15 .-Inspección.  Una vez suspendid o por las autoridades de aduanas el 
despacho aduanero de las mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro 
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, le permitirá 
inspeccionarlas al titular del derecho o a s u representante, con el único fin de fundamentar 
sus reclamaciones. Al permitir la inspección y cuando sea pertinente, la autoridad aduanera 
podrá disponer lo necesario para proteger cualquier derecho de información no divulgada 
(secretos comerciales o ind ustriales).  
 
Comprobada una infracción por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro 
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, y a solicitud del 
titular del derecho o su representante, las autoridades de aduana de berán informar el 
nombre y la dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de 
las mercancías; además, la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión.  
 
 
Artículo 16. - Actuación de oficio . Cuando las autoridades aduaneras tengan 
suficientes motivos  para considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual, 
deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías importadas, exportadas 
o en tránsito, que se sospeche que infringen un derecho de propiedad intelectual, sin 
requerir soli citud formal por parte de un privado o del titular del derecho.   Dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos  
contemplados en la presente Ley.   De lo contrario, la mercancía deberá ser devuelta y la 
autoridad aduanera será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, de 
conformidad con las normas de la Ley general de la Administración Pública.   En la medi da 
de lo posible, las autoridades de aduanas informarán al titular sobre los derechos que 
puedan estar infringiéndose.  
 
 (Así reformado por el artículo 1° aparte c) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008)  
 
 
Artículo 17. - Destrucción y comiso de mercancías . Cuando las mercancías 
hayan sido dete rminadas como pirateadas o falsificadas, la resolución de la autoridad 
judicial deberá ordenar, a las autoridades aduaneras, la destrucción de las mercancías, 
a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellos en otra forma.  
 
Las aut oridades de aduana no permitirán que las mercancías falsificadas, 
pirateadas o ilegales se exporten en el mismo estado ni las someterán a ningún 
procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales y hasta que la 
autoridad judicial compet ente se pronuncie sobre el destino o la destrucción de tales 
mercancías.  
 
En los casos de mercancías de marcas falsificadas, si el titular del derecho de 
propiedad intelectual infringido lo consiente, la autoridad judicial podrá ordenar, en 
sentencia firm e, la donación de dichas mercancías a programas de bienestar social para 
uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca adherida elimine 
las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca 
remov ida.  En ningún caso, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será 
suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales.  
 
En el caso de que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, 
en relación co n medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad 
intelectual, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada en forma irrazonable 
el recurso a tales medidas.  
 
Cuando se trate de bienes de consumo alimenticio que cumplan los 
requ erimientos de salubridad, estos serán entregados al Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) para que, previa remoción de marcas, empaques y otros signos distintivos 
de la legislación vigente, proceda a asignarlos.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte c) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 18 .-Retención infundada.  Cuando h aya habido retención infundada de las 
mercancías, las autoridades judiciales condenarán en abstracto al demandante al pago por los daños y perjuicios causados al importador, al consignatario y al propietario de las 
mercancías; dicho pago será liquidado en ejecución de sentencia.  
 
 
 
CAPÍTULO III  
 
Creación del Tribunal Registral Administrativo  
 
 y Procedimientos Administrativos  
 
SECCIÓN I  
 
Tribunal Registral Administrativo  
 
Artículo 19 .-Creación del Tribunal Registral Administrativo . Créase el Tribunal 
Registral Administrativo como órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio 
de Justicia y Gracia, con personalidad jurídica instrumental para ejercer las funciones y 
competencias que le asigna esta Ley. Tendrá la sede en Sa n José y competencia en todo el 
territorio nacional. Sus atribuciones serán exclusivas y tendrá independencia funcional y 
administrativa; sus fallos agotarán la vía administrativa.  
 
El Tribunal Registral Administrativo formulará su presupuesto ante la Jun ta 
Administrativa del Registro Nacional, la cual lo aprobará y remitirá a la Contraloría General 
de la República. Dicho presupuesto será cubierto con los ingresos que recibe la Junta 
Administrativa del Registro Nacional, suma que no podrá ser inferior al s eis por ciento (6%) 
de los ingresos ordinarios del Registro Nacional calculados para el año económico ni del 
superávit del Registro Nacional. Tal presupuesto no estará sujeto a las directrices en materia 
económica o presupuestaria que limiten de alguna for ma su ejecución y funcionamiento. El 
personal será pagado con fondos de la Junta Administrativa del Registro Nacional, por el 
plazo que se estipule o por término indefinido.  
 
De ser necesario, las instituciones del Estado podrán trasladar funcionarios al 
Tribunal Registral Administrativo y donar activos, bienes muebles o inmuebles, para el 
mejor desempeño de este. Asimismo, se autoriza al Tribunal para recibir donaciones de 
empresas estatales, públicas o de empresas privadas, nacionales o internacionales.  
 
 
Artículo 20 .-Integración.  El Tribunal e stará compuesto por cinco miembros, dos de 
los cuales serán nombrados por el Ministro de Justicia y Gracia. La Junta Administrativa del 
Registro Nacional enviará tres ternas al Poder Ejecutivo, para que nombre a los tres 
miembros restantes. Todos los nombr amientos se harán previo concurso de antecedentes 
y deberán ser ratificados por la Asamblea Legislativa.  
 El Tribunal tendrá cinco miembros suplentes, los cuales serán nombrados de la 
misma manera que l os titulares.  
 
Los miembros del Tribunal serán nomb rados por un período de cuatro años, podrán 
ser reelegidos previo concurso de antecedentes en los mismos términos indicados en el 
primer párrafo de este artículo. Las formalidades y disposiciones sustantivas fijadas en el 
concurso de antecedentes y en el o rdenamiento jurídico, se observarán igualmente para 
removerlos.  
 
La retribución a los integrantes del Tribunal deberá ser equivalente al sueldo de los 
miembros de los tribunales superiores del Poder Judicial; la del resto del personal deberá 
equipararse, según el caso, a la de los cargos afines del personal de los órgan os del Poder 
Judicial donde se desempeñen cargos iguales o similares.  
 
A los suplentes se les remunerarán sus servicios solo cuando ejerzan efectivamente 
la suplencia respectiva, por cualquier causa que la genere.  
 
 
Artículo 21 .-Requisitos de los miembros.  Los miembros de este Tribunal deberán 
tener amplia experiencia en materia registral o en otras afines, poseer reconocida solvencia 
moral y ser personas que, por sus antecedentes, títulos profesionales y comprobada 
competencia en la materia, garanticen imparcialidad y acierto en el desempeño de sus 
funciones.  
 
Anualmente, este Tribunal elegirá de su seno a un presidente, un vicepresidente y 
un secretario. El Reglamento interno regulará los elementos requeridos para el desempeño 
adecuado y eficiente de sus labores. El presidente ejercerá la repre sentación legal del 
órgano.  
 
 
Artículo 22 .-Principios jurídicos.  El Tribunal deberá ejercer sus funciones sujeto a los 
principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba. Asimismo, deberá 
ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en l a 
presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el libro II de la Ley General 
de la Administración Pública,  Nº 6227, de 2 de mayo de 1978, capítulo "Del Procedimiento 
Ordinario", en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -Adminis trativa, y en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables.  
 
El Tribunal, para tramitar los asuntos a su cargo, fijará los plazos comunes e 
improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus alegatos y pruebas de des cargo, 
dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos, la celeridad requerida del 
procedimiento y el principio de oralidad. Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos 
hechos por los respectivos Registros del Registro Nacional, a saber:  Registro Público de la 
Propiedad Inmueble, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Bienes Muebles, Registro de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
Catastro Nacional y cualquier otro Registro que pueda in corporarse al Registro Nacional, los 
administrados podrán acudir a cualquier medio de prueba aceptado por el ordenamiento 
jurídico positivo aplicable. Hacen plena prueba los informes y las 
certificaciones  emitidos  por los contadores públicos autorizados u otros profesionales con 
fe pública. En tal caso, la carga de la prueba para desvirtuarlos será responsabilidad del 
Registro que haya dictado la calificación o resolución impugnada.  
 
 
Artículo 23 .-Asesoramiento al Tribunal.  El Tribunal está obligado a procurar el 
asesoramiento que considere idóneo  y necesario cuando el nivel técnico lo amerite, con el 
propósito de resolver cada extremo planteado, pues sus resoluciones deberán ser siempre 
razonadas. El asesoramiento no podrá provenir de personas relacionadas con el asunto por 
resolver o interesadas en él.  
 
 
Artículo 24 .-Celeridad del trámi te. El Tribunal deberá impulsar el procedimiento y 
trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación 
afectada.  
 
El fallo deberá dictarse en el término máximo de treinta días naturales, contados 
desde la fecha en que el ex pediente se encuentre en conocimiento del Tribunal; en casos 
especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se dispone la obligación del 
Tribunal de dar respuesta pronta y cumplida.  
 
 
Artículo 25 .- Competencia del Tribunal.  El Tribunal Registral Administrativo 
conocerá:  
 
a) De los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las 
resoluciones definitivas dictados por todos los Registros que conforman el 
Registro Nacional.  
 
b) De los recursos de apelación contra los  ocursos  provenientes de los 
Registros que integran el Registro Nacional . 
 
 
Las resoluciones del Tribunal no tendrán más recursos y darán por agotada la vía 
administrativa.  
 
Asimismo, el Tribunal podrá realizar l os actos y contratos que le permita su 
funcionamiento administrativo, tales como recibir bienes muebles o inmuebles donados, 
aceptar los traslados de personal, contratar a los asesores y técnicos que requiera para el asesoramiento o adiestramiento de perso nal, la capacitación y la investigación que se 
genere con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras.  
 
Además, podrá firmar todo tipo de convenios de cooperación con instituciones 
públicas o privadas.  
 
El Tribunal Registral Administrativ o creará su propio régimen de salarios para su 
personal y estará autorizado para contratar al personal técnico y profesional que satisfaga 
las necesidades del servicio público.  
 
Para hacerse acreedores a dicho régimen de salarios, los funcionarios deberán  
aprobar las pruebas que definirá el Tribunal; asimismo, cumplir los requisitos establecidos 
en la normativa ordinaria en materia de concursos de antecedentes.  
 
Por decreto ejecutivo se determinarán la escala de salarios y las categorías de 
puestos acorde s con el párrafo cuarto del artículo 20 de esta Ley; así como los demás 
requisitos para la ejecución de esta norma.  
 
 
Artículo 26 .-Plazos.  El recurso de apelación correspondiente deberá interponerse 
dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la 
resolución, y  deberá presentarse ante el Registro que dictó la resolución y, si está en tiempo, 
este lo admitirá y remitirá al Tribunal junto con el expediente y todos sus antecedentes. El 
plazo para interponer el recurso de revocatoria será de tres días hábiles, conta dos a partir 
de la notificación de la resolución.  
 
 
 
SECCIÓN II  
 
Procedimientos administrativos en materia de marcas  
 
y signos distintivos y competencia desleal  
 
Artículo 27 .-Normas sobre los procedimientos administrativos.  Los procedimientos 
administrativos en materia de marcas y signos distintivos serán los dispuestos en la Ley de 
marcas y signos distintivos,  N° 7978, de 6 de enero del 2000.  
 
 
Artículo 28 .-Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en 
marcas y signos distintivos . Además de lo s actos señalados en el artículo 17 de la Ley de 
promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor,  N° 7472, de 20 de 
diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio 
de una actividad mercantil o con m otivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los 
siguientes:  
 
 
a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la 
naturaleza, e l modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad 
u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de 
un titular del derecho, protegidos por esta Ley.  
 
b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin au torización del propietario, marcas, 
distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo 
propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y 
prestigio ajenos.  
 
c) Cualquier uso de un signo cuyo registro e sté prohibido conforme a los incisos k) y 
q) del artículo 7 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 
2000.  
 
d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos 
c), d), e), g) y h) del artículo 8  de la Ley de marcas y signos distintivos,  N° 7978, de 6 
de enero de 2000.  
 
En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia 
desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor con motivo del 
uso ilíci to de marcas o signos distintivos, la Comisión Nacional del Consumidor ordenará la 
adopción de cualquiera de las medidas cautelares referidas en esta Ley, sin perjuicio de las 
citadas en el artículo 58 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efe ctiva del 
consumidor,  N° 7472, de 20 de diciembre de 1994.  
 
 
 
SECCIÓN III  
 
Procedimientos administrativos en materia de patentes  
 
de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad  
 
Artículo 29 .-Normas sobre los procedimientos administrativos . Los procedimientos 
administrativos en materia de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y 
modelos de utilidad, serán los prescritos en la Ley de patentes de invención, dibujos y 
modelos industriales y modelos de utilidad,  N° 6867, de 25 de abril de 1983.  
 
 Artículo 30 .-Recursos contra decisiones del Registro de la Propiedad Industrial.  Las 
decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el 
órgano que dictó la resolución respectiva, y de apelación ante el Tribunal Registral 
Administr ativo.  
 
 
 
SECCIÓN IV  
 
Procedimientos admi nistrativos en materia de  
 
 derechos  de autor y derechos conexos  
 
Artículo 31 .-Normas sobre los procedimientos administrativos.  Los procedimientos 
administrativos en materia de derechos de autor y derechos conexos serán los definidos en 
la Ley de derecho s de autor y derechos conexos,  N° 6683, de 14 de octubre de 1982.  
 
 
Artículo 32 .-Recursos contra decisiones del Registro Nacional de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos.  Las decisiones del Registro Nacional de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que  dictó la resolución 
respectiva y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.  
 
 
 
SECCIÓN V  
 
Procedimientos administrativos en materia  
 
de información no divulgada  
 
Artículo 33 .-Normas sobre los procedimientos administrativos.  Los procedimientos 
administrativos en materia de informac ión no divulgada serán los establecidos en la Ley de 
información no divulgada,  N° 7975, de 4 de enero de 2000.  
 
 
Artículo 34 .-Recursos contra decisiones del Registro de la Propiedad Industrial.  Las 
decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el 
órgano qu e dictó la resolución respectiva, y de apelación ante el Tribunal Registral 
Administrativo.  
 
 
 
SECCIÓN VI   
Procedimientos administrativos en Materia de circuitos integrados  
 
Artículo 35 .-Normas sobre los procedimientos administrativos.  Los procedimientos 
administrativos en materia de circuitos integrados serán los contenidos en la Ley de 
protección a los circuitos integrados de los esquemas de trazado,  N° 7961, de 17 de 
diciembre de 1999.  
 
 
Artículo 36 .-Recursos contra decisiones del Registro de la Propiedad Industrial.  Las 
decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el 
órgano que dictó la resolución respectiva y de apelación ante el Tribunal Registral 
Administrativo.  
 
 
 
CAPÍTULO IV  
 
Procesos  
 
SECCIÓN I  
 
Procesos civiles  
 
Artículo 37 .-Medidas cautelares en procesos civiles.  Sin perjuicio de lo ordenado 
por el título IV, libro I del Código Procesal Civil, en todo proceso relativo a la protección de 
los derechos de titulares de propiedad intelectual, el juez podrá adoptar las medidas 
cautelares referidas en esta Ley.  
 
 
Artículo 38. -Procesos civiles . Las pretensiones de los titulares de propiedad 
intelectual, incluyendo las federaciones y asociaciones, así como los licenciatarios 
exclusivos y otros licenciatarios debidamente autorizados, según sea el caso, que tengan 
capacidad legal para hacer valer esos derechos, se t ramitarán y decidirán mediante el 
proceso abreviado que manda el título II del libro II del Código Procesal Civil.  
 
Las autoridades judiciales podrán exigir a una parte que desista de la infracción, con 
el objeto de evitar,  inter  alia, el ingreso en los c anales comerciales, en su jurisdicción, de 
las mercancías importadas que involucran la infracción de un derecho de propiedad 
intelectual, inmediatamente después del despacho de aduana de dicha mercancía o para 
prevenir su exportación.  
 Los casos de compet encia desleal se tramitarán en la vía sumaria, según el artículo 
17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N.° 7472, 
de 20 de diciembre de 1994.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte d) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 38 bis. - Medidas civiles . Las medidas civiles, incluidas pero no limitadas a 
medidas provisionales, los daños sufridos tal y como se disponen en los artículos 40 y 40 
bis, así como el pago de costas procesales y honorarios, y la destrucción de implementos y 
productos relacionados c on la actividad infractora, estarán disponibles para cualquier 
persona perjudicada por los actos descritos en esta Ley o que lesionen, de cualquier 
manera, derechos de propiedad intelectual, incluso cualquier persona que tenga interés en 
la señal de progra mación codificada o en su contenido, en los casos de las infracciones 
descritas en los artículos 61 y 61 bis.  
 
Para efectos de los artículos 62, 62  bis y 63 de esta Ley, los daños compensatorios 
no se adjudicarán en contra de bibliotecas, archivos e insti tuciones educativas o de 
organismos públicos de radiodifusión no comerciales y sin fines de lucro, que prueben que 
no estaban conscientes y que no tenían razón de creer que esos actos constituían una 
actividad prohibida.  
 
(Así adicionado por el artículo 2 ° aparte b) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 38  ter.- Indemnización a la otra parte.  La autoridad judicial podrá ordenar 
a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del 
procedimiento de observancia, que indemnice adecuadamente a la parte a que se  haya 
impuesto indebidamente una obligación o restricción, por el daño sufrido por causa de tal 
abuso.   Asimismo, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante 
que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios  de los abogados 
que sean procedentes.  
 
(Así adicionado por el artículo 2° aparte b) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 39. - Pruebas bajo el control de la parte contraria.  Dentro del proceso 
abreviado o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando un a 
parte haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones y esta se 
encuentre bajo el control de la parte contraria, el juez estará facultado para ordenarle que 
la aporte.   Si procede, esta prueba será presentada a condición de que  se garantice la 
protección de la información no divulgada.  
 Respecto de las patentes de procedimiento, salvo prueba en contrario, se tendrá 
que todo producto idéntico, producido sin el consentimiento del titular de la patente, se ha 
obtenido mediante el procedimiento patentado, si el producto obtenido por el 
procedimiento patentado es nuevo.  
 
Adicionalmente, el juez podrá ordenar al presunto infractor que proporcione 
cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier 
aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución 
para los productos o servicios infractores, incluida la identificación de terceras personas 
involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución . Esta información 
deberá ser puesta a disposición del titular del derecho, respetando los principios 
constitucionales aplicables. No obstante, la información que el juez considere como datos 
íntimos o sensibles y que no sean relevantes para esclarecer los  asuntos objeto del litigio, 
no podrán ser divulgados.  
 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 5° de la ley  N° 8686 del 21 de noviembre 
de 2008)  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte d) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 40. - Criterios para fijar daños y perjuicios . Los daños y perjuicios 
ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, y 
podrán basarse en un dictamen pericial . 
 
La resolución por la cual se finalice la causa deberá ordenar al infractor que pague 
al titular del derecho, lo siguiente:  
 
a) Una indemnización adecuada para compensar el daño que este haya 
sufrido como resultado de la infracción, incluida pero no li mitada a los 
beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la 
infracción.  
 
b) Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido 
consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el inciso a) 
anterior.  
 
Al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, las 
autoridades judiciales deberán considerar, entre otros elementos, el valor del bien o 
servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido  u otra medida 
legítima de valor que presente el titular de derecho.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte d) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)   
 
Artículo 40 bis. - Indemnizaciones predeterminadas . Como alternativa a los   daños 
sufridos y a solicitud del titular del derecho, en los p rocedimientos judiciales civiles relativos 
a infracciones de derechos de autor y derechos conexos, o falsificación de marcas y otros 
signos distintivos, el juez, previa audiencia a la parte demandada, de conformidad con el 
debido proceso, podrá utilizar in demnizaciones predeterminadas.   Cuando el juez decida 
aplicar indemnizaciones predeterminadas, ponderando criterios de equidad y 
proporcionalidad, deberá usar los siguientes parámetros de montos mínimos y máximos 
para la fijación de los daños y perjuicios,  en el tanto los montos asignados sean suficientes 
para compensar,   al titular del derecho,   por el daño causado con la infracción y sirvan para 
disuadir infracciones futuras:  
 
a) En el caso de infracciones a derechos de autor y derechos conexos:  
 
(i) De uno a cincuenta salarios base, por todas las infracciones 
involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o 
ejecución o fonograma protegido, según sea el caso.  
 
(ii) De cincuenta a trescientos salarios base,   por todas las 
infracciones involucradas en la acción, con respecto a una obra, 
interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso, 
cuando el titular del derecho demuestre, a satisfacción del juez , que 
el demandado cometió la infracción dolosamente.  
 
(iii) De medio a veinticinco salarios base, por todas las infracciones 
involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o 
ejecución o fonograma protegido, según sea el caso, cuando el 
supuesto infractor demuestre, a satisfacción del juez, que n o tenía 
conocimiento o razón para creer que sus actos constituían una 
infracción a los derechos de autor o derechos conexos.  
 
El juez podrá eximir del pago de daños, en cualquier caso,   si el infractor cree y tiene 
suficiente fundamento para considerar qu e el uso realizado de la obra protegida constituía 
una excepción permitida en la Ley de derechos de autor y derechos conexos, Ley N.º   6683, 
de 14 de octubre de 1982, siempre que el infractor sea:  
 
i) Un empleado o agente de una institución educativa, bib lioteca o 
archivo sin fines de lucro, que actúa en el ejercicio de sus funciones y 
ha cometido la infracción reproduciendo la obra en copias o 
fonogramas.  
 
ii) Un organismo público de radiodifusión no comercial, sin fines de 
lucro, o una persona que, como  parte de las actividades regulares sin fines de lucro de un organismo público de radiodifusión no comercial, 
sin fines de lucro, haya cometido la infracción ejecutando una obra 
literaria no dramática publicada, con exclusión de las obras 
cinematográficas,  o reproduciendo un programa de transmisión que 
incorpora la ejecución de dicha obra.  
 
b)  En el caso de falsificación de marcas y otros signos distintivos, de tres a 
trescientos salarios base por cada marca falsificada."  
 
(Así adicionado por el artículo  2° aparte c) de la ley N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
(Nota de Sinalevi : Con respecto a este artículo el transitorio I de la ley  N° 8656 del 18 de 
julio de 2008, establece: ".confiere al Poder Judicial un plazo de dos (2) años, a partir de la 
publicac ión de esta ley, para la implementación de los parámetros de montos mínimos y 
máximos para la fijación de daños y perjuicios establecidos en el artículo 40 bis de la Ley de 
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual,  N° 8039, de  12 
octubre de  2000")  
 
 
Artículo 41. - Decomiso y destrucción de mercancías en sentencia civil . A petición 
de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, 
el decomiso de las mercancías presuntamente infractoras y objeto de la demanda, 
cualquier materia l o implementos relacionados y, al menos en los casos de falsificación de 
marcas, la evidencia documental relevante a la infracción.   La destrucción de las mercancías 
que han sido determinadas como falsificadas o pirateadas, solo podrá dictarse en sentenci a. 
 
Las autoridades judiciales podrán ordenar que los materiales e implementos que 
han sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o 
falsificadas sean destruidos prontamente sin compensación alguna; o bien en circunstancia s 
excepcionales, que sin compensación alguna sean dispuestas fuera de los canales 
comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras.   Al considerar las 
solicitudes para dicha destrucción, las autoridades judiciales de la parte tomará n en 
consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de 
terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o 
garantizado.  
 
De conformidad con el párrafo anterior, el juez podrá ordenar que los materiales e 
implementos que puedan ser utilizados para propósitos lícitos, pero que han sido utilizados 
en la fabricación o creación de las mercancías pirateadas o falsificadas, en circunstancias 
excepcionales y sin compensación alguna, se an donados con fines de caridad para uso fuera 
de canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras.   
 
La autoridad judicial no podrá ordenar la donación de las mercancías de marcas 
falsificadas y mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos, a programas de bienestar social, sin la autorización del titular del derecho, excepto que en 
circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas puedan ser donadas con 
fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca 
elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identi ficable con la 
marca removida.   En ningún caso, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será 
suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte d) de la ley  N° 8656 de 18 d e julio de 2008.)  
 
 
 
SECCIÓN II  
 
Procesos  penales  
 
Artículo 42 .-Medidas cautelares en los procesos penales.  Además de las medidas 
cautelares regidas por el Código Procesal Penal, serán de aplicación, en los procesos 
penales, las medidas cautelares mencionadas en la presente Ley, en cuanto result en 
compatibles.  
 
 
Artículo 43. - Acción penal . El régimen procesal penal común regirá los procesos 
relativos a los delitos referidos en la presente Ley, cuya acción será pública a instancia 
privada.   Cualquier decisión sobre la acción penal no afectará el derecho de ejercer la acción 
civil ante los Tribunales correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 
del Código Procesal Civil.  
 
No obstante, las autoridades podrán llevar a cabo investigaciones o tomar otras 
medidas de observancia de oficio, sin la nec esidad de una denuncia formal de un privado o 
titular de derecho, con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la 
actividad infractora.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
 
CAPÍTULO V  
 
Delitos Penales  
 
Sección I  
 
Delitos contra los derechos de la propiedad intelectual  
 derivados  de marcas y signos distintivos  
 
Artículo 44. - Falsificación de marca . Quien falsifique una marca o signo distintivo ya 
registrado, de manera que cause daño a los derechos exclusivos confe ridos por el registro 
de la marca o el signo distintivo, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de los productos 
genuinos objeto de la infracción no sobrepase los cinco salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el valor de  los productos genuinos objeto de la infracción sea 
superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c) Con uno a cuatro años de pr isión o multa de ochenta a doscientos salarios 
base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sea 
superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de dosc ientos a quinientos 
salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la 
infracción sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
Para los efectos de este artículo y su interpretación, así como para los artículos 
subsiguientes que también aluda n a marcas o signos distintivos registrados, se utilizarán 
los conceptos consignados en la Ley de marcas y otros signos distintivos, N.° 7978, de 6 de 
enero de 2000.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 45. - Venta, almacenamiento y di stribución de productos 
fraudulentos . Quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en 
depósito, importe o exporte productos fraudulentos, incluso sus empaques, embalajes, 
contenedores o envases, que contengan o incorporen una marca ya r egistrada, de manera 
que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el 
signo distintivo, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de los productos 
genuinos objeto de la infracción no sobrepase los cinco salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el valor de los p roductos genuinos objeto de la infracción sea 
superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.  
 c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios 
base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sea 
superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos 
salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la 
infracción s obrepase los cincuenta salarios base.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 46. - Venta, adquisición y ofrecimiento de diseños o ejemplares idénticos 
a una marca ya inscrita . Quien venda, ofrezca para la venta o adquiera diseños o 
ejemplares de marcas iguales a una marca inscrita, por separado de los productos a los que 
se destina, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el 
registro de la marca o el signo distintivo registrado, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio 
no sobrepase  los cinco salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y 
no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c) Con uno a cuatro años de prisi ón o multa de ochenta a doscientos salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y 
no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos 
salarios base, cuan do el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios 
base.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 47. -Identificación fraudulenta co mo distribuidor . Quien se identifique, en 
el mercado, como distribuidor autorizado de una empresa determinada, cuyo nombre 
comercial esté registrado, sin serlo en realidad, de manera que cause perjuicio a los 
derechos exclusivos conferidos por el registro del nombre comercial debidamente 
registrado, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio 
no sobrepase los cinco salarios base.  
 b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de ve inte a ochenta salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y 
no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a  doscientos salarios 
base, cuando el monto del perjuicio s ea superior a los veinte salarios base y 
no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos 
salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios 
base.  
 
(Así reformado  por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 48. -Utilización fraudulenta de indicaciones o denominaciones de 
origen . Quien utilice o anule indicaciones geográficas o denominaciones de origen 
susceptibles de engañar al público sobre la procedencia, la identid ad o el fabricante o 
comerciante de un producto, de manera que cause perjuicio a los derechos de la propiedad 
intelectual derivados del uso, la identificación y el disfrute de una indicación o 
denominación de origen, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio 
no sobrepase los cinco salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco  salarios base y 
no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y 
no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos 
salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios 
base.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
 
 SECCIÓN II  
 
Delitos contra derechos de informac ión no divulgada   
Artículo 49. -  (Derogado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 del 18 de julio 
del 2008)  
 
 
Artículo 50. - (Derogado por el artículo 1°  aparte e) de la ley  N° 8656 del 18 de julio 
del 2008)  
 
 
 
SECCIÓN III  
 
Delitos contra derechos de autor y derechos Conexos  
 
Artículo 51. -Representación pública, comunicación o puesta a disposición del 
público, sin autorización, de obras literarias o artísticas . Quien represente o comunique al 
público obras literarias o artísticas protegidas, directa o indirectamente, ya sea por 
medios  alámbricos  o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras, 
en tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde e l lugar y 
en el momento en que ellos elijan, sin autorización del autor, el titular o el representante 
del derecho, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio 
no sobrepase los cinco  salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y 
no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscie ntos salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y 
no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos 
salarios base, cuando el monto del perjuicio sobr epase los cincuenta salarios 
base.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 52. - Comunicación o puesta a disposición del público de fonogramas, 
ejecuciones o interpretaciones o emisiones, sin autorización.  Quien comunique al público, 
ya sea por medios  alámbricos  o inalámbricos, fonogramas, ejecuciones o  interpretaciones 
o emisiones, incluidas las satelitales, protegidas por la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, o quien ponga a d isposición 
del público dichos fonogramas, ejecuciones o interpretaciones o emisiones, en tal forma 
que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento 
en que ellos elijan, sin autorización del autor, el titular o el rep resentante del derecho, será 
sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no 
sobrepase los cinco salarios base.  
 
b) Con prisión de seis meses a dos años o multa de veinte a ochenta salari os base, 
cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase 
los veinte salarios base.  
 
c) Con prisión de uno a cuatro años o multa de ochenta a doscientos salarios base, 
cuando el monto del perjuicio sea superior a los vei nte salarios base y no sobrepase 
los cincuenta salarios base.  
 
d) Con prisión de tres a cinco años o multa de doscientos a quinientos salarios base, 
cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
(Así reformado por el artículo 2° d e la ley  N° 8834 de 3 de mayo de 2010)  
 
 
Artículo 53. - Inscripción registral de der echos de autor ajenos . Será sancionado con 
prisión de uno a cinco años o multas de cinco a quinientos salarios base, quien inscriba 
como suyos, en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, obras 
literarias o artísticas, fonogramas, inte rpretaciones o ejecuciones fijadas o no, o emisiones, 
incluidas las satelitales, protegidos por la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N.° 
6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, si son derechos ajenos.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 54. - Reproducción no autorizada d e obras literarias o artísticas o 
fonogramas . Quien fije y reproduzca obras literarias o artísticas o fonogramas protegidos, 
sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, será sancionado de la 
siguiente manera:  
 
a) Con multa de ci nco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio 
no sobrepase los cinco salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y 
no sobrepase los veinte salarios base.   
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y 
no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos 
salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios 
base.  
 
No será punible la reproducción, sin fines de lucro, de obras literarias o artísticas, o 
fonogramas en la medida requer ida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, con 
tal de que esa reproducción sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el 
nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la le y N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 55. - Fijación, reproducción y tra nsmisión de ejecuciones e 
interpretaciones protegidas . Quien fije y reproduzca o transmita interpretaciones o 
ejecuciones protegidas, sin autorización del autor, titular, o el representante del derecho, 
será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con mult a de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio 
no sobrepase los cinco salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base  y 
no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c) Con uno a cuatro  años de prisión o  multa de ochenta a  doscientos salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y 
no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a  cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos 
salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios 
base.  
 
La misma pena se aplicará a quien fije, reproduzca o retransmita emisiones 
protegidas, incluidas las satelitales , sin autorización del autor, el titular o el representante 
del derecho, de modo que pueda resultar perjuicio.    
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 Artículo 56. -Impresión de un número superior de ejemplares de una obra . El editor 
o impresor que reproduzca un número de ejemplares superior al número convenido con el 
autor, el titular o el representante del derecho, de modo que pueda resultar perjuicio, será 
sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuand o el valor de los 
ejemplares reproducidos sin autorización no sobrepase los cinco salarios 
base.  
 
b)  Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el valor de los ejemplares reproducidos sin autorización sea 
superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c)  Con uno a cuatro años de  prisión o multa de ochenta a doscientos salarios 
base, cuando el valor de los ejemplares reproducidos sin autorización, sea 
superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de do scientos a quinientos 
salarios base, cuando el valor de los ejemplares reproducidos sin 
autorización sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 57.-Publicación como propias de obras ajenas . Quien publique, como 
propias o de otro autor, obras ajenas protegidas a las cuales se les haya cambiado o 
suprimido el título o se les haya alterado el texto, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con mu lta de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio 
no sobrepase los cinco salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios ba se y 
no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y 
no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos 
salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios 
base.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)   
 
Artículo 58. -  Adaptación, traducción, modificación y compendio sin autorización 
de obras literarias o artísticas . Quien adapte, transforme, traduzca, modifique o compile 
obras literarias o artísticas protegidas, sin autorización del autor, el titular o el 
representante del derecho, de modo que pueda resultar  perjuicio, será sancionado con 
prisión de uno a cinco años o multa de cinco a quinientos salarios base.  
 
No será punible la utilización de obras literarias o artísticas, en la medida requerida, 
para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, por medio  de publicaciones, emisiones de 
radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los 
usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si el nombre figura en la fuente.  
 
(Así reformado por el artículo 1° apar te e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 59. -Venta, ofrecimiento, almacenamiento, depósito y distribución de 
ejemplares fraudulentos . Quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde 
en depósito, importe o exporte ejemplares fraudulentos de una obra literaria o artística, o 
fonograma, de modo que se afecten los derechos que la Ley de derechos de autor y 
derechos conexos, N .º 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, confiere al titular, 
será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veint e salarios base, cuando el monto del perjuicio 
no sobrepase los cinco salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y 
no sobrepase lo s veinte salarios base.  
 
c) Con  uno a  cuatro años de  prisión o  multa de ochenta a  doscientos salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y 
no sobrepase los cincuenta salarios base . 
 
d) Con  tres a cinco años de  prisión o multa de doscientos a  quinientos 
salarios base, cuando el monto del perjuicio   sobrepase los cincuenta 
salarios base.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 60. - Arrendamiento de obras literarias o artísti cas, o fonogramas sin 
autorización del autor o representante . Quien alquile o dé en arrendamiento obras literarias o artísticas, o fonogramas, sin autorización del autor, el titular o el representante 
del derecho, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio 
no sobrepase los cinco salarios base.  
 
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco sa larios base y 
no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y 
no sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos 
salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios 
base.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 61. - Fabricación, ensamble, modificación, im portación, exportación, 
venta, arrendamiento o distribución, por otro medio, de aparatos o mecanismos 
descodificadores . Quien fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, dé en 
arrendamiento o distribuya, por otro medio, un dispositivo o sistema  tangible o intangible, 
sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente 
para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin autorización 
del distribuidor legítimo de esta señal, será sanci onado de uno a cinco años de prisión o 
multa de cinco a quinientos salarios base.  
 
 (Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 61 bis. - Recepción y distribución  de señales de satélite codificadas 
portadoras de programas.  Quien reciba y distribuya una señal portadora de programas que 
se haya originado como una señal de satélite codificada, a sabiendas de que ha sido 
decodificada sin la autorización del distribuido r legítimo de la señal, será sancionado de la 
siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de la 
autorización del distribuidor legítimo de la señal no sobrepase los cinco 
salarios base.  
 b) Con seis meses a dos años de  prisión o multa de veinte a ochenta salarios 
base cuando el valor de la autorización del distribuidor legítimo de la señal 
sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.  
 
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de och enta a doscientos salarios 
base, cuando el valor de la autorización del distribuidor legítimo de la señal 
sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios 
base.  
 
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quin ientos 
salarios base, cuando el valor de la autorización del distribuidor legítimo de 
la señal sobrepase los cincuenta salarios base  
 
(Así adicionado por el artículo 2° aparte d) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 62. - Alteración, evasión, supresión, modificación o deterioro de las 
medidas tecnológicas efectivas contra la reproducción, el acceso o la puesta a disposición 
del público de obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas . Será sancionado con 
prisión de u no a cinco años o multa de cinco a quinientos salarios base, quien, de cualquier 
forma, altere, evada, suprima, modifique o deteriore medidas tecnológicas efectivas de 
cualquier naturaleza que controlen el acceso a obras, interpretaciones o fonogramas u ot ra 
materia objeto de protección.  
 
No se impondrán sanciones penales en las conductas indicadas, cuando estas sean 
realizadas por funcionarios de bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos 
públicos de radiodifusión no comerciales sin fine s de lucro, en el ejercicio de sus funciones.  
 
Cualquier acto descrito en el primer párrafo anterior constituirá una acción civil o un 
delito separado, independiente de cualquier violación que pudiera ocurrir según la Ley de 
derechos de autor y derechos c onexos.  
 
Únicamente las siguientes actividades no serán punibles, siempre y cuando no 
afecten la adecuación de la protección legal o la efectividad de los recursos legales contra 
la evasión de medidas tecnológicas efectivas:  
 
a) Actividades no infractoras de ingen iería inversa respecto de la copia 
obtenida legalmente de un programa de computación, con respeto a los 
elementos particulares de dicho programa de computación que no han 
estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el 
único prop ósito de lograr la interoperabilidad de un programa de 
computación creado independientemente con otros programas.  
 b) Actividades de buena fe no infractoras realizadas por un investigador 
debidamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, ejec ución 
o muestra de obra, interpretación o ejecución no fijada, o un fonograma y 
que haya hecho un esfuerzo por obtener autorización para realizar dichas 
actividades, en la medida necesaria y con el único propósito de identificar y 
analizar fallas y vulnera bilidades de las tecnologías para codificar y 
descodificar la información.  
 
c) La inclusión de un componente o parte, con el fin único de prevenir el 
acceso de menores  a contenido inapropiado, en línea, de una tecnología, 
producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido.  
 
d) Actividades de buena fe no infractoras, autorizadas por el propietario de 
una computadora, sistema o red de cómputo, realizadas con el único 
propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora , 
sistema o red de cómputo.  
 
e) El acceso por parte de funcionarios de una biblioteca, un archivo o una 
institución educativa, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o 
ejecución, o fonograma al cual no tendrían acceso de otro modo, con el único 
propósito de tomar decisiones sobre adquisiciones.  
 
f) Actividades no infractoras, con el único fin de identificar y deshabilitar la 
capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación 
personal no divulgada que reflejen las actividades en línea de una persona 
natural, de manera que no afecte, de ningún otro modo, la capacidad de 
cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra.  
 
g) Actividades legalmente autorizadas, ejecutadas por empleados, agentes o 
contratistas gubernamentales p ara implementar la ley, cumplir funciones de 
inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial o propósitos 
gubernamentales similares.  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 62 bis. -Fabricación, importación, distribución, ofrecimiento o tráfico de 
dispositivos, productos, componentes o servicios para la evasión de medidas tecnológicas 
efectivas contra la comunicación, la reproducción, el acceso, la puesta a disposición del 
público o la publicación de obras, interpretaciones o ejecucione s o fonogramas . Será 
sancionado con prisión de uno a cinco años o multa de cinco a quinientos salarios base, 
quien fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera 
trafique dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione 
servicios, los cuales:   
i) Sean promocionados, publicitados o comercializados con el fin de evadir 
una medida tecnológica efectiva.  
 
ii) Sean diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de 
permitir o facilitar la ev asión de una medida tecnológica efectiva.  
 
La pena también se aplicará a quien fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, 
proporcione o de otra manera trafique dispositivos, productos, componentes u ofrezca al 
público o proporcione servicios que tengan, únicamente,   un limitado propósito o uso de 
importancia comercial diferente del de evadir una medida tecnológica efectiva.  
 
No se impondrá sanción penal en las conductas indicadas, cuando sean realizadas 
por funcionarios de bibliotecas, archivos e instituciones educativas sin fines de lucro u 
organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro, en el ejercicio de 
sus funciones.  
 
Con respecto a productos, servicios o dispositivos que evadan medidas tecnológicas 
efectivas que protejan cualquiera de los derechos de autor o co nexos exclusivos en una 
obra, interpretación o ejecución, o fonograma, únicamente las siguientes actividades no 
serán punibles, siempre y cuando no afecten la adecuación de la protección legal o la 
efectividad de los recursos legales contra la evasión de m edidas tecnológicas efectivas:  
 
a) Las actividades no infractoras de ingeniería inversa, respecto a la copia 
obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe 
con respeto a los elementos particulares de dicho programa de computación  
que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas 
actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un 
programa de computación creado independientemente con otros 
programas.  
 
b) Las actividades legalmente autorizadas, ejecutadas por funcionarios, 
agentes o contratistas de la Administración Pública o del Sector Público para 
implementar la ley, cumplir funciones de inteligencia, seguridad esencial o 
propósitos gubernamentales similares.  
 
Con respecto a productos, servici os o dispositivos que evadan medidas tecnológicas 
efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma 
protegidos, únicamente las siguientes actividades no serán punibles, siempre y cuando no 
afecten la adecuación de la pro tección legal o la efectividad de los recursos legales contra 
la evasión de medidas tecnológicas efectivas:  
 
i) Las actividades no infractoras de ingeniería inversa, respecto a la 
copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena  fe con respeto a los elementos particulares de 
dicho programa de computación que no han estado a disposición de 
la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de 
lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado 
independ ientemente con otros programas.  
 
ii)  Las actividades legalmente autorizadas, ejecutadas 
por funcionarios, agentes o contratistas de la Administración Pública 
o del Sector Público para implementar la ley, cumplir funciones de 
inteligencia, seguridad esenc ial o propósitos gubernamentales 
similares.  
 
iii) Las actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un 
investigador debidamente calificado que haya obtenido legalmente 
una copia, ejecución o muestra de obra, interpretación o ejecución 
no fijada, o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por 
obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida 
necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y 
vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodi ficar la 
información.  
 
iv)  La inclusión de un componente o parte, con el fin único de 
prevenir el acceso de menores a contenido inapropiado en línea en 
una tecnología, producto, servicio o dispositivo que, por sí mismo, no 
esté prohibido en este artículo . 
 
v) Las actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el 
propietario de una computadora, sistema o red de cómputo, 
realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la 
seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo.  
 
(Así adicionado por el artículo 2° aparte d) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
(Nota de  Sinalevi : Con respecto a este artículo el transitorio II de la ley  N° 8656 del 18 de 
julio de 2008, dispone que: ".las disposiciones incorporadas en el artíc ulo 62 bis de la ley de 
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual,  N° 8039, de 12 de 
octubre de 2000, entrarán en vigencia un (1) año después de la publicación de esta ley.)  
 
 
Artículo 63. - Alteración, distribución, importación, transmisión o comunicación de 
informaci ón sobre gestión de derechos . Será sancionado con prisión de uno a cinco años o 
multa de cinco a quinientos salarios base, quien sin autorización:  
 
a) Suprima o altere cualquier información sobre gestión de derechos.   
b) Distribuya o importe, para su dis tribución, información sobre gestión de 
derechos, sabiendo que esa información ha sido suprimida o alterada sin 
autorización.  
 
c)Distribuya , importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a 
disposición del público, copias de obras, interpretac iones, ejecuciones o 
fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido 
suprimida o alterada sin autorización.  
 
No se impondrá sanción en las conductas indicadas, cuando sean realizadas por 
funcionarios de bibliotecas, archivos e in stituciones educativas sin fines de lucro o por 
organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro.  
 
(Nota de Sinalevi: : Con respecto al párrafo anterior el transitorio III de la ley  N° 8656 del 18 
de julio de 2007, dispone que: ".las disposiciones incorporadas en el segundo párrafo del 
artículo 63 de la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad 
intelectual,  N° 8039, de 12 de octubre de 2000, entraran en vigencia un (1) año después de 
la publicación de la ley)  
 
Tampoco serán punibles las actividades legalmente autorizadas, ejecutadas por 
funcionarios, agentes o contratistas, de la Administración Pública o del Se ctor Público, para 
implementar la ley, cumplir funciones de inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial 
o propósitos gubernamentales similares  
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
 
SECCIÓN IV  
 
Delitos contra derechos de pa tentes de invención, dibujos  
 
y modelos industriales y modelos de utilidad  
 
Artículo 64. -(Derogado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 del 18 de julio 
del 2008)  
 
 
Artículo 65. - (Derogado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 del 18 de julio 
del 2008)  
 
 Artículo 66. - (Derogado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 del 18 de julio 
del 2008)  
 
 
Artículo 67. -(Derogado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 del 18 de julio 
del 2008)  
 
 
Artículo 68. -(Derogado por el artículo 1° aparte e) de la ley  N° 8656 del 18 de julio 
del 2008)  
 
 
 
SECCIÓN V  
 
Delitos contra derechos sobre esquemas de trazado  
 
(topografías ) de circuitos integrados  
 
Artículo 69 .-Violación de los derechos derivados de un esquema original de trazado 
(topografía) de circuitos integrados.  Será sancionado con pena de prisión de uno a tres 
años quien reproduzca, explote, venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, g uarde 
en depósito, importe o exporte ejemplares fraudulentos, o incorpore un circuito integrado 
que contenga un esquema de trazado ilícitamente reproducido, de manera que se 
perjudiquen los derechos derivados de un esquema original de trazado (topografía) o de 
cualquiera de sus partes.  
 
Para los efectos de este artículo y su interpretación, se utilizarán los conceptos de 
circuito integrado y, esquema de trazado, consignados en la Ley de protección a los sistemas 
de trazados de los circuitos integrados,  N° 7961, de 17 de diciembre de 1999.  
 
 
SECCIÓN VI  
 
Disposiciones comunes a todos los tipos penales de este capítulo  
 
Artículo 70. -Criterios de aplicación . Para  cualesquiera  de los artículos contenidos en 
el capítulo V de esta Ley, las sanciones penales se aplicarán al menos  para los casos de 
falsificación de marcas o de piratería lesiva de derechos de autor o derechos conexos, 
importación o exportación de productos falsificados o pirateados, a escala comercial.   La 
piratería lesiva de derechos de autor o derechos conexos, a escala comercial, incluye la 
infracción significativa de derechos de autor y derechos conexos, con el fin de obtener una 
ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción que no tenga una motivación directa o indirecta, de ganancia eco nómica, siempre que cause un daño 
económico mayor a la mitad de un salario base.  
 
 (Así reformado por el artículo 1° aparte f) de la ley  N° 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 70 bis. - Criterios de valoración . El monto del perjuicio contenido en los 
artículos del 46 al 48 del capítulo V de esta Ley,   se fijará usando el valor de los productos 
genuinos objeto de la infracción o el valor de la autorización, según corresponda.  
 
El monto del perjuicio contenido en los artículos 51, 52, 54, 55, 57, 59 y 60 del 
capítulo V de esta Ley, se fijará u sando los siguientes elementos, según sea el caso:  
 
a) El precio al detalle para cada obra original, interpretación o ejecución, o 
para cada fonograma infringido, multiplicado por el número total de copias 
infractoras de la obra, interpretación o ejecució n o fonograma.  
 
b) La tarifa de licencia aplicable por la interpretación o ejecución pública, 
comunicación al público, la puesta a disposición, fijación, reproducción, o 
transmisión de la obra, interpretación o ejecución o fonograma, tal como lo 
fijen las  sociedades de gestión colectiva.  
 
Al determinar el monto del perjuicio, el juez también deberá considerar cualquier 
otra medida legítima del valor de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas 
originales que sea presentada, incluidas las tarifas de licencias establecidas por ob ras, 
interpretaciones o ejecuciones o fonogramas comparables  
 
(Así adicionado por el artículo 2° aparte e) de la ley 8656 de 18 de julio de 2008.)  
 
 
Artículo 71. - Decomiso y destrucción de mercancías dictadas en sentencia penal . A 
petición de parte o de oficio, los jueces de la República podrán ordenar, interlocutoriamente 
o en la sentencia penal condenatoria, lo siguiente:  
 
a)  La incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, todos 
los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, todo activo 
relaciona do con la actividad infractora y toda evidencia relevante del delito. Los 
materiales sujetos a la incautación en la orden judicial, no requerirán ser 
identificados individualmente, siempre y cuando entren en las categorías generales 
especificadas en la ord en. 
 
b) El decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora.  
 c) El decomiso de toda mercancía falsificada o pirateada, sin compensación alguna 
al demandado, con el fin de evitar su ingreso en los canales comerciales.  
 
d) Respecto a la piratería lesiva de los derechos de autor o derechos conexos, el 
decomiso de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía 
infractora.  
 
 
Asimismo, la autoridad judicial podrá ordenar en sentencia penal, la destruc ción de 
las mercancías falsificadas ilegales o pirateadas, así como la destrucción de los materiales, 
accesorios e implementos utilizados en la comisión del delito.  
 
(Así reformado por el artículo 4° de la ley  N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)  
 
 
 
CAPÍTULO VI  
 
Disposiciones finales  
 
Artículo 72 .-Adiciones  
 
a) Adiciónase  un nuevo párrafo final al  articulo  95 de la Ley de derechos de autor y 
derechos conexos. No 6683, de 14 de octubre de 1982. El texto dirá :  
 
"Artículo 95 - 
 
(...) 
 
Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro Nacional de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos, en la persona de su Director, podrá decretar medidas 
cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en  la Ley de procedimientos de 
observancia de los derechos de propiedad intelectual."  
 
b) Adiciónase  un nuevo párrafo al artículo 95 de la Ley de marcas y otros signos 
distintivos. No 7978, de 6 de enero de 2000. El texto dirá así:   
 
"Artículo 95 - 
 
(...) 
 
Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro de la Propiedad 
Industrial, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los 
derechos de propiedad intelectual.  
 
 
Artícu lo 73 .-Derogaciones.  Deróganse las siguientes disposiciones:  
 
a) Los artículos 117 al 120, los artículos 122 y 124, los artículos 126 al 131 y los 
artículos 133 al 146 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos. No 6683, de 
14 de octubre de 1982.  
 
b) Los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de patentes de invenció n, dibujos y modelos 
industriales y modelos de utilidad. No 6867, de 25 de abril de 1983.  
 
c) Los incisos a) y c) del artículo 1 de la Ley de creación de la Sección Tercera del 
Tribunal Contencioso - Administrativo, No 7274, de 10 de diciembre de 1991, en  lo 
referente a los registros que integran el Registro Nacional.  
 
 
Artículo 74 .-Reglamento.  El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en el plazo de 
seis meses a partir de su publicación.  
 
 
Transitorio I .-Los procesos pendientes de resolución y los que se inicien durante el 
período de transición desde la entrada en vigencia de la present e Ley hasta la constitución 
y el ejercicio del Tribunal Registral Administrativo, serán conocidos, hasta su finalización, 
por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso -Administrativo, creada en la 
Ley N° 7274, de 10 de diciembre de 1991.  
 
 
Transitorio II .-Confiérese  al Poder Ejecutivo el plazo de un año a partir de la 
publicación de esta Ley, para la constitución y el funcionamiento del Tribunal Registral 
Administrativo.  
 
 
Transitorio III .-El Tribunal Registral Administrativo creado en la presente Ley, podrá 
adquiri r los bienes y servicios necesarios para funcionar, los cuales  podrán financiarse 
mediante el superávit de operación del presupuesto del Registro Nacional.  
 
Rige a partir de su publicación.  
 
Presidencia de la República. -San José, a los doce días del mes de octubre del año dos 
mil.