RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q/BOL/1
IP/Q2/BOL/1IP/Q3/BOL/1
IP/Q4/BOL/1
13 de febrero de 2002
(02-0729)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
BOLIVIA1
En el presente documento se reproduce la decl aración introductoria planteada por la delegación
de Bolivia, las preguntas que le fueron formuladas y las correspondientes respuestas con motivo delexamen de la legislación que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días 2 a 5 de abril
de 2001.
2
_______________
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
A. GENERAL
A Bolivia le es grato señalar, en esta ocasión, que el país está cumpliendo plenamente con los
compromisos que derivan del Acuerdo sobre los ADPIC.  En efecto, en los últimos años han habido
grandes avances en esta materia, más allá de normas internas bolivianas que en algunos casos se
remiten a años anteriores a la suscripción del Acuerdo sobre los ADPIC, actualmente contamos con
un cuerpo normativo mucho más completo y preciso.  Como es de conocimiento de este Consejo,Bolivia es un Miembro activo y pleno de un proceso de integración subregional latinoamericano, cual
es la Comunidad Andina.  Este proceso está caracterizado por tener una normativa y un derecho de
integración muy avanzado, lo que determina que las normas que de él se derivan tengan una
aplicación automática y con primacía de la norma interna de cada uno de sus países.  Dentro del
ámbito de este proceso de integración, el tema de la propiedad intelectual ha merecido gran atención y
logros importantes.  En este sentido se destacan las Decisiones relativas a Derechos de Autor, a
Obtentores Vegetales, a Propiedad Industrial y a Acceso a Recursos Genéticos.  Este conjunto deDecisiones nos permite señalar entonces que contamos con una normativa totalmente completa para
poder cumplir con los compromisos derivados del Acuerdo sobre los ADPIC.  Demás está decir, que
el Acuerdo sobre los ADPIC también forma parte de nuestra normativa interna al haber sido nuestra
participación en la OMC y los Acuerdos que en ella se inscriben, ratificados por nuestro Parlamento
Nacional.
                                                     
1 Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados
por Bolivia en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentosIP/N/1/BOL/1;  IP/N/1/BOL/C/1 a 6 y 8;  IP/N/1/BOL/G/1;  IP/N/1/BOL/I/1 y 2;  IP/N/1/BOL/P/2 a 6 eIP/N/6/BOL/1.
2 El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/30.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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Pero más allá de ello, Bolivia está tramitando, con miras a tener muy pronto en vigencia, un
Código de Propiedad Intelectual boliviano.  El mismo traslada toda la normativa andina, la ratifica,
incluso la complementa, puesto que establece una serie de otros campos normativos en materia
administrativa y en materia de la observancia.  Entonces, desde el punto de vista normativo podríamosseñalar que estamos cumpliendo plenamente con los compromisos del Acuerdo sobre los ADPIC.
Igualmente lo estamos haciendo desde el campo administrativo puesto que es de reciente creación el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), entidad que está en puertas a independizarse de
un órgano del ejecutivo descentralizarse, cuyas características y mayores detalles de su
funcionamiento se señalaran más adelante.
Asimismo quisiera destacar, con respecto a la forma en que Bolivia está honrando los
compromisos del Acuerdo sobre los ADPIC, la materia judicial, para señalar que tenemos en vigenciael Código de Comercio, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, normas que en conjunto
establecen una serie de disposiciones que nos permiten tener una previsión de una observancia cabal
de los derechos de propiedad intelectual.  En el Código Penal se establecen sanciones y penalidades
específicas para quienes violen los derechos de autor, quienes incurran en delitos informáticos,
quienes incurran en actos contra los privilegios de la industria, las patentes y quienes incurran en
delitos contra la industria y el comercio.  El Código de Procedimiento Penal recientemente puesto en
vigor hace que los delitos de propiedad intelectual constituyan delitos de orden público y determina
sanciones que van desde sanciones pecuniarias hasta la privación de la libertad.
En lo que se refiere a la observancia que el ciudadano boliviano hace de los compromisos de
preservar los derechos de propiedad intelectual, debemos señalar que estamos ingresando en unproceso de concienciación de manera tal que el pueblo boliviano tome conciencia de que ésta es una
vía de poder desarrollar nuestro país, de poder atraer inversiones y de poder tener una inserción en el
contexto internacional acorde con todas las disciplinas que hemos negociado.
Sin embargo, y en esto quiero detenerme, debemos reconocer que hay un grado importante de
informalidad en mi país, fruto de las circunstancias del desarrollo de países como Bolivia, pequeños,en los que se verifican importantes índices de pobreza.  En consecuencia, se verifica esta informalidad
que evidentemente hace dificultoso el trabajo para una aplicación totalmente plena de los
compromisos que hemos asumido.  Esto se señala principalmente con la intención de destacar ante
ustedes, la forma en que países como Bolivia, para honrar sus compromisos en el marco de la OMC y
fundamentalmente en este tema, tienen que asumir costos económicos, políticos y sociales, que
muchas veces, y es el caso de mi país, no encuentran correspondencia con los beneficios que pueda
obtener del sistema internacional.  En otro orden de ideas, puedo destacar ante ustedes que Bolivia esuno de los países que aplica una política de apertura muy amplia, que no incurre en acciones de
distorsión del comercio, que no discrimina ningún sector, que no da ningún apoyo, subvención u otra
modalidad que pueda generar condiciones de competencia desleal.  Con ello está contribuyendo al
fortalecimiento del sistema internacional de comercio, pero muchas veces nos preguntamos cuál es el
rédito de ello, y muchas veces nos asombramos cómo en esta Organización Mundial del Comercio nose verifican clara y nítidamente acciones contundentes que vayan en orden a, cada vez más,
perfeccionar ese sistema internacional del comercio.
En el caso de la propiedad intelectual, es claro y evidente que el costo de abatir la
informalidad en mérito a aplicar, cada vez más, esa normativa a la que me estoy refiriendo es muy
grande.  En resumen, estos son los esfuerzos que Bolivia ha venido realizando en los últimos años,que nos permiten tener la satisfacción de ahora señalarles que estamos en un muy buen camino en la
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, que hemos realizado una serie de avances y que aspiramos a
que ellos estén haciendo eco de la Declaración del ECOSOC entre la vinculación de los derechos de
propiedad intelectual y los derechos humanos.  Con ello está contribuyendo al fortalecimiento del
sistema internacional de comercio, pero muchas veces nos preguntamos cuál es el rédito de elloIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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Aspiramos a que nuestros esfuerzos encuentren un equilibrio en la identificación de vías más certeras
para promover nuestro desarrollo.  Asimismo, aspiramos a que el cumplimiento que estamos dando a
los compromisos del Acuerdo sobre los ADPIC encuentren un equilibrio con acciones que preserven
nuestro patrimonio genético y biológico y con normas que igual y claramente protejan nuestropatrimonio en conocimientos tradicionales.
En lo que se refiere al Plan Económico y de Desarrollo Social de Bolivia, trazado para el
período 1997-2002, el mismo contempla en su pilar institucional el desarrollo de las bases normativas
necesarias para asegurar la pronta, eficiente y calificada administración de la justicia.  En este sentido,
brindar condiciones de seguridad jurídica que logre la inserción de nuestro país en el avance de la
ciencia y la tecnología, y en el desarrollo tanto cultural como económico.  La protección de los
derechos de la propiedad intelectual constituye por lo tanto, un deber ineludible del Estado.El Viceministerio de Industria y Comercio dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
cumplimiento con su misión institucional y de conformidad con el Plan de Desarrollo ya mencionado,
ha promovido la aplicación de las disposic iones del Acuerdo sobre los ADPIC creando los
mecanismos y las instituciones necesarias para su realización.  En este sentido, se ha creado el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) que en este instante realiza los esfuerzosmáximos para concienciar, mejorar y llevar adelante esta tarea prioritaria.
B. E
L SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI)
En el actual proceso de trascendentales acontecimientos políticos progresistas y económicos
positivos en la estructura social de las naciones, y conscientes de que en el mismo han aparecido
como factores imprescindibles, la generalización del afán participativo de innumerables sectores, conlos frutos de su trabajo, volcado en invenciones, en frutos de la imaginación humana creativa, en
investigaciones metodológicas y en eficiencias te cnológicas, creemos que ha llegado el momento, de
que las naciones consoliden institucional y orgáni camente la función de la defensa, preservación y
estímulo del papel de la propiedad intelectual, a niveles asociados y universales, que comprometan el
buscado desarrollo integral de nuestros pueblos.
En este sentido el Gobierno boliviano a través de la ley LOPE de 1997, y ratificando su
institucionalización mediante decreto supremo de septiembre de 1998, instituyó el Servicio Nacional
de Propiedad Intelectual, SENAPI.
Esta instancia es la encargada de la administración de la propiedad intelectual en el país,
dentro de unas estudiadas políticas y acciones encaminadas hacia una mayor protección jurídica del
esfuerzo creativo de sectores y personas de nuestra colectividad, que hasta el momento dichos
esfuerzos y sus resultados, siguen siendo vilipendiados, ultrajados y saqueados por la acción conjuntay despiadada de aquellos intereses de capitales tenebrosos que abarcan desde los que usufructúan el
flagelo de las drogas, el contrabando, y el lavado de los dólares, deshonrando el respeto humano
debido, a los creadores en todo campo de la actividad, con el asalto cobarde de la piratería contra la
propiedad intelectual de los habitantes de nuestros países.
Permítasenos aclarar que ésta, nuestra posición, deviene del conocimiento que tenemos, no
sólo nosotros, los habitantes de esta nación, sino también quienes, desde D'Orbigny, y tantos otros
sabios que visitaron nuestro país, de la enorme potencialidad creativa de los habitantes bolivianos, y
que ahora encuentra, la suficiente comprensión de los gobernantes, para contribuir y ofrecer la
disposición de medios y condiciones que permitan el ejercicio a nuestros pueblos de esa
potencialidad, con lo que a tiempo de lograrse, y br indar los frutos de esa creatividad de producción
tanto artística como inventiva al servicio de la industria:  se obtendrá, la gran ayuda para nuestro
desarrollo integral del agregado valioso de una cohesión espiritual y política tan indispensable, al
esfuerzo comunitario de una modernización en todos los sentidos.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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Se puede afirmar que la Propiedad Intelectual en Bolivia se configura en la época republicana.
Durante la Colonia rigieron las Ordenanzas del Virrey Fuentes Clara de 1746 relacionadas con el "arte
de la platería" la cual debía estar debidamente "quintada y marcada" y el Reglamento y Aranceles
Reales para el Comercio libre de España e Indias de 12 de octubre de 1778 que preveía que lasmercaderías embarcadas para Indias, deberán ir provistas de sus "respectivas y legítimas marcas".
Estas normas dejaron de tener aplicación con las luchas emancipadoras en América.
En los primeros años de vida republicana y luego de la vigencia de las principales normas
jurídicas del país, tales como el Código Civil de 1832, el Código Mercantil de 1834, se introdujo en la
Constitución Política del Estado de 1843 la protección de los privilegios exclusivos y temporales.
Finalmente es importante señalar que Bolivia, se incorpora en la modernidad de la Propiedad
Intelectual mediante su adhesión a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual mediante Leyde 12 de febrero de 1993, y asimismo adopta una medida trascendental dentro de su Sistema de
Propiedad Industrial al ratificar el Convenio de la Unión de París mediante Ley Nº 1482 de 6 abril
de 1993;  y el Convenio de Berna mediante Ley 1439 del 8 de febrero de 1993;  la puesta en práctica
de estos instrumentos legales es -sin lugar a dudas- de un gran valor para el desenvolvimiento de las
actividades de la propiedad intelectual en Bolivia y que sirven como verdaderos instrumentos paraampliar los mecanismos de protección de la propiedad industrial y por ende para el desarrollo del
comercio y la industria en Bolivia como lo establece el Acuerdo sobre los ADPIC.
Dentro el proceso de modernización que ha implementado el Gobierno boliviano en materia
de protección de la propiedad intelectual, desde el mes de septiembre de 1999, se ha procedido
oficialmente a la institucionalización del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) dandocumplimiento al Decreto 25159, con el nombramiento del director de esta unidad y un equipo asesor
especializado.
Este Servicio tiene a su cargo fundamentalmente la administración de las oficinas nacionales
de Derecho de Autor y Propiedad Industrial.  El primero dependía funcionalmente del Viceministerio
de Cultura y el segundo de Industria y Comercio Interno.  Con la nueva estructura ambas instanciastienen dependencia directa del SENAPI, instancia descentralizada que tiene autonomía de gestión y
dependencia funcional y lineal del Viceministerio de Industria y Comercio y Ministerio de Desarrollo
económico.
C. D
ISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA
1. Propiedad industrial
Norma legal Nº de instrumento jurídico Fecha de vigencia
Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial(CUP)Ley Nº 1482 6 de abril de 1993
Ratificación de la Decisión 344
concerniente al Régimen Común sobre
Propiedad IndustrialDecreto Supremo Nº 24038 4 de septiembre de 1996
Decisión 486 - Régimen Común Andino
de Propiedad Industrial15 de septiembre de 2000
Ley de Privilegios Industriales 12 de diciembre de 1916IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Norma legal Nº de instrumento jurídico Fecha de vigencia
Ley general sobre marcas y registros
industriales y comerciales15 de enero de 1918
Código de Comercio sobre competencia
desleal:  arts. 66-71;  sobre NombreComercial:  arts. 470-474;  sobre Marcas:
arts. 475-483Nº 168333 19 de julio de 1979
Código Penal;  sobre delitos contra la
industria y el comercio:  arts. 232-237Nº 10426 23 de agosto de 1972
Ley General de Aduanas Ley Nº 1990 28 de julio de 1999
2. Derecho de autor
Norma legal Nº de instrumento jurídico Fecha de vigencia
Convención Universal sobre Derecho de
Autor22 de diciembre de 1989
Convención de Berna para la Protección
de Obras Literarias y ArtísticasLey Nº 1439 8 de febrero de 1993
Convención de Roma sobre la Protección
de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes,Productores de Fonogramas y los
Organismos de RadiodifusiónLey Nº 1476 2 de abril de 1993
Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.
Régimen Común sobre Derecho de Autory Derechos Conexos21 de diciembre de 1993
Ley de Derecho de Autor Nº 1322 13 de abril de 1992
Decreto Supremo Reglamentario de la
Ley de Derecho de AutorNº 23907 7 de diciembre de 1994
Resolución Secretarial que dispone el
funcionamiento de la Dirección Nacional
de Derecho de AutorNº 042/96 5 de junio de 1996
Decreto Supremo que reglamenta el
Soporte Lógico o SoftwareNº 24582 25 de abril de 1997
Decreto Supremo que crea el Comité
Interinstitucional de la Propiedad
IntelectualNº 24581 25 de abril de 1997IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 6
Norma legal Nº de instrumento jurídico Fecha de vigencia
Ley del Cine Nº 1302 20 de diciembre de 1991
Reglamentario de la Ley del Cine Decr eto Supremo Nº 23493 7 de mayo de 1993
Ley de Telecomunicaciones Nº 1632 5 de julio de 1995
Decreto Supremo Reglamentario de la
Ley de TelecomunicacionesNº 24132 27 de septiembre de 1995
Ley de modificaciones al Código Penal Nº 1768 10 de marzo de 1997
3. Variedades vegetales
Norma legal Nº de instrumento jurídico Fecha de vigencia
Convenio Internacional sobre Variedades
Vegetales, UPOV(Adhesión al Acta de 1972 - 1978)Nº L.  1968 24 de marzo de 1999
Decisión 345 – Régimen Común de
protección a los derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales21 de octubre de 1993
Creación del Consejo Nacional de
Semillas que regula la certificación yfiscalización de semillas en BoliviaDecreto Supremo Nº 23069 28 de febrero de 1992
Resolución Ministerial que aprueba el
Reglamento sobre Fiscalización de la
Producción de la Semilla443/86 12 de diciembre de 1986
Aprobación de la Reglamentación
General de Aplicación del D.S. 23069 yestablece la Protección de Variedades
mediante el otorgamiento de Títulos de
PropiedadResolución Secretarial
Nº 79/953 de agosto de 1995
Resolución Secretarial que regula la
Dirección y el Programa Nacional de
Semillas3 de agosto de 1995
Reglamento general sobre certificación y
fiscalización de semillasResolución Secretarial
Nº 64/969 de agosto de 1996IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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4. Biodiversidad
Norma legal Nº de instrumento jurídico Fecha de vigencia
Decisión 391, Régimen Común sobre
acceso a recursos genéticosDecisión Nº 391 2 de julio de 1996
Reglamento sobre Bioseguridad Decreto Supremo Nº 2012
Convenio sobre Diversidad Biológica Ley Nº 1588 25 de julio de 1994
5. Acuerdos internacionales generales
Norma legal Nº de instrumento jurídico Fecha de vigencia
Convenio que establece la OMPI Nº 1438 12 de febrero de 1993
Acuerdo sobre los ADPIC Nº 1637 5 de julio de 1995
Tratado de Libre Comercio
Bolivia – MéxicoDecreto Supremo Nº 23933 23 de diciembre de 1994
Tratado de Libre Comercio
Bolivia - Estados Unidos4 de diciembre de 1991
Tratado de Nairobi sobre la Protección
del Símbolo OlímpicoD.S. Nº 20521 21 de septiembre de 1984
6. Oficina nacional competente
Norma legal Nº de instrumento
jurídicoFecha de vigencia
Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 1788 16 de septiembre de 1997
Servicio Nacional de Propiedad
IntelectualDecreto Supremo Nº 25159 4 de septiembre de 1998
7. Oficina nacional competente de variedades vegetales
Norma legal Nº de instrumento
jurídicoFecha de vigencia
Consejo Nacional de Semillas Decreto Supremo Nº 23096 28 de febrero de 1992IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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El SENAPI
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, cuya sigla es SENAPI, es un órgano de
derecho público desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico, con competencia de alcance
nacional, estructura administrativa propia, dependencia lineal del Ministerio de Desarrollo Económicoy dependencia funcional del Viceministerio de Industria y Comercio Interno (art. 2 D.S.
Nº 25159/septiembre de 1998).
El SENAPI tiene como misión institucional administrar el régimen de propiedad intelectual,
aplicando las normas de Propiedad Industrial y Derecho de Autor, a cuyo efecto se constituye en
autoridad nacional competente en esta materi a (art. 3 D.S. Nº 25159/septiembre de 1998).
Las funciones y competencia del SENAPI son las siguientes:
a) otorgar derechos de exclusiva, brindar protección y seguridad jurídica a los titulares
de derechos de propiedad intelectual;
b) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convenios internacionales en
materia de propiedad intelectual y su protección;
c) recibir, procesar, registrar, conceder o demás derechos de propiedad intelectual;
d) llevar y mantener los registros nacionales de derecho de propiedad intelectual;e) coordinar la ejecución de las estrategias, políticas, planes y programas para el
desarrollo de la protección de los derechos de propiedad intelectual;
f) representar al país, por encargo del Gobierno, en todas las negociaciones nacionales e
internaciones sobre la materia, en coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto;
g) publicar todas las solicitudes de registro, notificaciones y resoluciones sobre
propiedad intelectual en la Gaceta Oficial de Bolivia;  y
h) elaborar y proponer proyectos normativos relativos a la propiedad intelectual.
En el ámbito de la Comunida d Andina, Bolivia participó activamente en las jornadas de
modificación de la Decisión 344, habiendo sido aprobada por consenso el pasado 14 de septiembreuna nueva Decisión Andina;  conocida como la 486 que comprende 16 Títulos, 280 artículos y tres
disposiciones transitorias, vigente en nuestro país a partir del 1º de diciembre de 2000.
Los diversos tratados y convenios internacionales administrados por la OMPI que responden a
procesos coyunturales imprescindibles en el desarrollo de la propiedad intelectual en general permiten
reconocer al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) que entró en vigor el 24 de enero de 1978 con
un primer grupo de 18 Estados en relación a 115 adheridos hasta la fecha, como un instrumento
normativo mundial que fue discutido ampliamente en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia en juniode 2000, en el Seminario Regional Avanzado OMPI  - OEP - OEPM - SENAPI sobre el Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes (PCT) para Países de América Latina.
En este aspecto nuestra posición contempla la buena posibilidad de que la sensibilidad que
debe caracterizar a todos quienes buscamos universalizar la preservación y defensa de los derechos de
la propiedad intelectual, logre que aquellos países que por su mayor desarrollo, disponen de medios yIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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recursos, se dispongan a recorrer un camino de soli daridad con aquellos países que como el nuestro
necesitan contar con apoyos de ellos, a través de aportes, a los países en proceso de desarrollo, para
así lograr las vías que nos permitan acceder a las tecnologías, como así mismo acelerar el proceso de
acceso de nuestras industrias y de los demás sectores interesados en la información relacionada conlas invenciones.  Todo ello abrirá cauce a nuestros grandes propósitos de preservación del capital
humano, que abarca el fruto de la creatividad en todo sentido.
El Gobierno de la República de Bolivia, decidió por lo tanto, iniciar los trámites necesarios de
acuerdo a la legislación nacional, para la adhesión al Tratado del PCT.
Además como uno de los pilares fundamentales en la tarea de modernización del Estado
boliviano, referente a la propiedad intelectual, se encuentra actualmente en el Congreso de la Nación,
el nuevo Proyecto del Código de Propiedad Intelectual.  En la actualidad, este proyecto se encuentrapara su aprobación en la Cámara de Senadores.
Esta norma contendrá recomendaciones y contenidos mínimos de los acuerdos regionales e
internacionales suscritos, como prioridad para garantizar las correctas y oportunas medidas de
observancia, con la consiguiente seguridad jurídica.
El narcotráfico, no logró poner a Bolivia de rodillas y los corsarios de la piratería intelectual
no lograrán jamás hacer de nuestro país su santuario, pues prevalecerá en nuestra Nación, el imperio
de la ley.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ
1. Tenemos entendido que el proyecto de legislación sobre propiedad intelectual está
todavía pendiente de aprobación por el Congreso de Bolivia.
a) ¿Para cuándo se prevé su aplicación efectiva?
Sí será efectivamente implementado, una vez sancionado por el poder legislativo, promulgado
por el poder ejecutivo y publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, entrará en vigencia inmediata con
carácter obligatorio.
b) ¿Cuáles son las mejoras fundamentales que introduce dicho proyecto de
legislación con respecto a las obligaciones en el marco del Acuerdo sobre
los ADPIC?
El objetivo de este anteproyecto es reforzar y compatibilizar la legislación boliviana con las
normas multilaterales, entre ellas fundamentalmente el Acuerdo sobre los ADPIC.
3
2. Se ruega que describan de qué manera se han aplicado las obligaciones en materia deobservancia (artículos 41-61 del Acuerdo sobre los ADPIC).
A fin de que el Gobierno del Canadá cuente con la información solicitada, se adjunta la
respuesta de Bolivia a la Lista sobre cuestiones de observancia.
4
                                                     
3 El anteproyecto es reproducido en el anexo (sólo en español).
4 Véase el documento IP/N/6/BOL/1.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 10
3. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su
país?
El artículo 3 de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor de Bolivia, dispone que se amparan los
derechos de todos los autores bolivianos, de los extranjeros domiciliados en el país y las obras deextranjeros publicadas por primera vez en el país.  Los extranjeros no domiciliados en el país, gozarán
de la protección de esta Ley en la medida que les corresponda en virtud de los convenios y tratados
internacionales en los que Bolivia sea parte.  En su defecto, estarán equiparados a los bolivianos,
cuando éstos a su vez lo estén a los nacionales en el país respectivo.
Para los efectos de esta Ley los autores apátridas, refugiados o de nacionalidad controvertida,
serán considerados como nacionales del país donde tengan establecido su domicilio.
4. ¿Cuáles son las mejoras fundamentales que introduce la Decisión 486 sobre la
propiedad intelectual, que entró en vigor el 1º de diciembre de 2000, con respecto a las
obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC?
La Decisión 486 de la Comunidad Andina "R égimen Común sobre Propiedad Industrial",
cubre las siguientes formas de propiedad intelectual:
• patentes de invención
• los modelos de utilidad
• los esquemas de trazado de circuitos integrados
• los diseños industriales
• las marcas
• lemas comerciales
• las marcas colectivas
• las marcas de certificación
• nombres comerciales
• rótulos o enseñas
• indicaciones geográficas
• marcas notorias
• secretos empresariales
• medidas en frontera
• competencia desleal
• acciones por infracción de derechos.
5. a) ¿Se establecerán en las revisiones de su legislación penal procedimientos penales
y sanciones en cumplimiento del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC?
Actualmente está vigente el Código Penal:  capítulo X, artículos 362 y 363 y capítulo XI,
artículos 363 bis y 363 ter.  Además en el Código de Procedimiento ya se han calificado a los delitos
contra la propiedad intelectual de orden público.  Estas previsiones están vigentes.
b) ¿Cuándo se prevé que se aplicará dicha legislación?
Por otra parte, es importante destacar que en el Título Final del nuevo Código Penal se aplica
el artículo 364 (abrogatoria de leyes penales).IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 11
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud
pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de
importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el
artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se
acomodan a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
Toda la legislación de carácter económico y social actualmente vigente en Bolivia tiende a
promover y realizar el interés público y el bienestar general de la nación.  No es posible identificar
ninguna ley en particular en los términos de la pregunta planteada, pues velar por el interés público esun principio de carácter general, inherente a la función del Estado.
Sin embargo, podrían citarse a título de ejemplo, en el ámbito de la propiedad intelectual, las
disposiciones del artículo 65 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prevén
la posibilidad de conceder licencias obligatorias por razones calificadas de interés público.
Las disposiciones especiales contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC (partes II a VII) están
sujetas a las Disposiciones generales y principios básicos contenidos en la parte I del Acuerdo,
incluyendo su artículo 8.  La disposición del artículo 8 del Acuerdo prevé ciertos principios, y
reconoce la facultad que tienen los Miembros de la OMC de salvaguardar esos principios en su
legislación interna.
La coherencia de las eventuales disposiciones contenidas en la legislación nacional respecto
de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC estaría asegurada por lo previsto en el artículo 8 de
ese Acuerdo, que legitima las medidas que se pudiera tomar un Miembro de la OMC conforme a sus
disposiciones.
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Se ruega indicar cómo su legislación estipula  la protección de los derechos exclusivos de
los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del
Acuerdo sobre los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del
Convenio de Berna y el Apéndice del mismo (1971).
El artículo 4 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, establece que se protege exclusivamente la
forma literaria, plástica o sonora, mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas,
ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas o artísticas.  No son objeto de protección
las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obrascientíficas, ni su aprovechamiento comercial o industrial.
El artículo 6 de la citada Ley, dispone también que se protegen los derechos de los autores
sobre sus obras literarias, artísticas y científicas, cualesquiera que sean el modo o la forma de
expresión empleado y cualquiera sea su destino.
En el artículo 14 de la Ley 1322, se hace referencia a los derechos morales, estableciendo que
el autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para:IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 12
• Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y en especial, para que se indique
su nombre o seudónimo cuando se realice cualesquiera de los actos relativos a la
utilización de su obra.
• Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra.
• Conservar su obra inédita o anónima.  Después del fallecimiento del autor, no podrá
divulgarse su obra si éste lo hubiera prohibido por disposición testamentaria, ni podrá
revelarse su identidad si aquél, por el mismo medio, no lo hubiera autorizado.
Estas mismas normas están contenidas en el artículo 11 de la Decisión 351 del Acuerdo de
Cartagena.
Asimismo, el artículo 15 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, se refiere a los derechos
patrimoniales, estableciendo que el autor de una obra protegida o sus causahabientes tendrán el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir cualesquiera de los actos siguientes:
a) reproducir su obra total o parcialmente;
b) efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier transformación de la
obra;
c) comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o
por cualquier otro medio de difusión.
El artículo 13 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, amplía este concepto con los
siguientes puntos:
a) la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler;
b) la importación al territorio de cualquier país Miembro de copias hechas sin
autorización del titular del derecho.
La Ley de Derecho de Autor 1322 de Bolivia, se ajusta estrictamente a las normas contenidas
en los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna, incluyendo el artículo 6 bis, referido a los derechos de
autor y derechos conexos.
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador,
bases de datos o compilaciones de datos.
En el artículo 6, inciso l, de la Ley de Der echo de Autor, se especifica que están protegidos
los programas de ordenador o computación, (soporte lógico o software) bajo reglamentación
específica.
Posteriormente a la Ley, se dictó el D.S. 24582 de 25 de abril de 1997 que aprueba el
Reglamento del Soporte Lógico o Software, el cual en su artículo 1 dispone, expresamente, que los
programas de ordenador y las bases de datos serán protegidas como obras literarias.  Asimismo, laDecisión 351 del Acuerdo de Cartagena, establece en su artículo 23 que los programas de ordenador
se protegen en los mismos términos que las obras literarias.  Dicha protección se extiende tanto a los
programas operativos como a los programas de aplicación, sea en forma de Código Fuente o Código
Objeto.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 13
Para reafirmar la protección del software como obra literaria, el artículo 4 del D.S. 24582,
dispone que los autores de soporte lógico están protegidos por el artículo 14 de la Ley de Derecho de
Autor.  Por la vía de excepción, y sin vulnerar los derechos morales, este Reglamento, amparado por
el artículo 6, inciso l, de la Ley 1322, permite modificaciones y mejoras al soporte lógico y al bancode datos.
En lo que se refiere a los derechos patrimoniales, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y 17 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, solamente los titulares de los derechos
patrimoniales en soportes lógicos pueden autorizar o prohibir toda forma de explotación de los
mismos, en particular, su comercialización, arrendamiento, difusión, reproducción, adaptación,
modificación, mejoras, traducción, transformación e importación.
4. Se ruega especificar si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso
afirmativo, las obras abarcadas por éste.
El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
consagra el derecho de distribución a favor del autor con respecto a su obra, el cual comprende el
derecho de autorizar o prohibir, entre otros, el arrendamiento o alquiler de la obra.
La legislación en Derecho de Autor, prevé derechos de alquiler para los productores de
fonogramas y los titulares de los derechos patrimoniales en soportes lógicos.  El artículo 54 de la
Ley 1322 de Derecho de Autor, en el capítulo II, De los Productores de Fonogramas, dispone que el
productor fonográfico tiene, respecto de sus fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir
la reproducción, alquiler y su comunicación al públ ico, inclusive la distribución por cable, emisión
por satélite o cualquier otro medio de utilización.
En lo que se refiere a los derechos patrimoniales, el Decreto Supremo 24582 de 25 de abril
de 1997, mediante el cual se aprueba el Reglamento del Soporte Lógico o Software, en su artículo 5
dispone que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley 1322 de Derecho de
Autor, solamente los titulares de los derechos pa trimoniales en soportes lógicos pueden autorizar o
prohibir toda forma de explotación de los mismos, en particular, su comercialización, arrendamiento,difusión, reproducción, adaptación, modificación, me joras, traducción, transformación e importación.
5. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (grabaciones de so nido) y organismos de radiodifusión en virtud de
su legislación.
Los artículos 34 a 36 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena reconocen los derechos de
los artistas intérpretes o ejecutantes.
Los artículos 37 y 38 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena reconocen los derechos de
los productores de fonogramas.
Los artículos 39 a 41 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena reconocen los derechos de
los organismos de radiodifusión.
La Ley 1322 de Derecho de Autor, en su artículo 53, dispone que los artistas, intérpretes y
ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación y la reproducción,así como la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus
interpretaciones y ejecuciones.  En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de los artistas,
intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos antes referidos.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 14
En el mismo artículo se dispone que los derechos reconocidos a los artistas intérpretes y
ejecutantes tendrán una duración de cincuenta años, contados desde el 1º de enero del año siguiente al
de la fijación, o al de la interpretación o ejecución.
El artista intérprete goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus
interpretaciones y a oponerse, durante su vida a toda deformación, mutilación o cualquier otro
atentado a su actuación y que lesione su prestigio o reputación.
A su fallecimiento y durante el plazo de los veinte años siguientes, el ejercicio de estos
derechos corresponderá a los herederos.
El artículo 54 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, en el capítulo II, De los Productores de
Fonogramas, dispone que el productor fonográfico tiene respecto de sus fonogramas, el derecho
exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, alquiler y su comunicación al público, inclusive ladistribución por cable, emisión por satélite o cualquier otro medio de utilización.
El artículo 55 de la Ley 1322, dispone que cuando un fonograma publicado con fines
comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilice con autorización para la radiodifusión o
para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración
equitativa y única, destinada a la vez a los artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor defonogramas.  El productor de fonogramas o su licenciado y los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus
representantes, podrán convenir la forma de percibir los derechos de comunicación al público.  A falta
de dicho acuerdo, la percepción del derecho será hecha por el productor de fonogramas o sus
licenciados y la distribución de la suma recibida será realizada por mitades entre los artistas,
intérpretes y ejecutantes por una parte y el productor de fonogramas por la otra.
En cuanto se refiere a los organismos de radiodifusión, éstos, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 57 de la Ley de Derecho de Autor, gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir los
siguientes actos:
a) la retransmisión de sus emisiones;
b) la fijación de sus emisiones de radiodifusión;
c) la reproducción de una fijación de sus emisiones.
6. Sírvanse especificar si su legislación esti pula alguna limitación o excepción en relación
con cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio de Berna y la Convenci ón de Roma y a la luz del artículo 13 y del
párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 34 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, dispone que los artistas
intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público encualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la
reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.  Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes
no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan
por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente
autorizada.
Asimismo, el artículo 42 de la Decisión 351 de l Acuerdo de Cartagena, establece que en los
casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las legislaciones
internas de los países Miembros, podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el
capítulo X, de los Derechos Conexos.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 15
El artículo 21 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, da estricto cumplimiento al
artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC al disponer que:
"las limitaciones y excepciones al derecho de autor que se establezcan mediante legislaciones
internas de los países miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra lanormal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses
del titular o titulares de los derechos".
7. Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho
descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.
La Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena estipula los siguientes plazos de duración para los
derechos de autor y los derechos conexos:
- Derechos de autor:  la vida del autor más 50 años después de su muerte.  Cuando la
titularidad del derecho corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no seráinferior a 50 años a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el
caso (artículo 19).  El plazo de protección se contará a partir del 1º de enero del año siguiente
al de la muerte del autor, o al de la realización, divulgación o publicación de la obra, según elcaso (artículo 20).
- Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes:  al menos 50 años contados a partir
del 1º de enero del año siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o la
fijación, según el caso (artículo 36).
- Derechos de los productores de fonogramas:  al menos 50 años contados a partir del
1º de enero del año siguiente a aquel en que se realizó la fijación (artículo 38).
- Derechos de los organismos de radiodifusión:  al menos 50 años contados a partir del
1º de enero del año siguiente a aquel en que se realizó la emisión (artículo 41).
En el artículo 53 de la Ley 1322, se dispone que los derechos reconocidos a los artistas
intérpretes y ejecutantes tendrán una duración de 50 años, contados desde el 1° de enero del año
siguiente al de la fijación, o al de la interpretación o ejecución.
El artículo 19 de la Ley 1322, establece que el término de protección para los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusión es de 50 años, computados desde el día 1° de enero delaño siguiente al de la muerte o al de la fijación, transmisión o creación de la obra.
8. Se ruega describir en qué forma y en virtud de qué disposiciones la legislación de su país
otorga protección retroactiva de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna
(obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 delartículo 14 del mencionado Acuerdo.
El artículo 59 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena da aplicación inmediata a sus
disposiciones, estipulando que los plazos de protección menores a los previstos en la Decisión que
estuviesen corriendo quedarán automáticamente prorrogados hasta el vencimiento de los plazosdispuestos en la Decisión.
Además, el artículo 60 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena estipula que los derechos
sobre obras que no gozaban de protección conforme a la ley nacional anterior a la Decisión, gozarán
automáticamente de la protección reconocida por la Decisión, sin perjuicio de los derechos adquiridospor terceros.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 16
9. Sírvanse describir cómo y en virtud de qué disposiciones prevé la legislación boliviana
un derecho de arrendamiento de conformidad con el artículo 11 y el párrafo 4 del artículo 14
del Acuerdo sobre los ADPIC y, en tal caso, las ca tegorías de titulares del derecho y las obras a
las que se aplica.
El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
consagra el derecho de distribución a favor del autor con respecto a su obra, el cual comprende el
derecho de autorizar o prohibir, entre otros, el arrendamiento o alquiler de la obra.
La legislación en Derecho de Autor, prevé derechos de alquiler para los productores de
fonogramas y los titulares de los derechos patrimoniales en soportes lógicos.  El artículo 54 de la
Ley 1322 de Derecho de Autor, en el capítulo II, De los Productores de Fonogramas, dispone que el
productor fonográfico tiene, respecto de sus fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibirla reproducción, alquiler y su comunicación al públ ico, inclusive la distribución por cable, emisión
por satélite o cualquier otro medio de utilización.
En lo que se refiere a los derechos patrim oniales, el Decreto Supremo 24582 de 25 de abril
de 1997, mediante el cual se aprueba el Reglamento del Soporte Lógico o Software, en su artículo 5
dispone que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley 1322 de Derecho deAutor, solamente los titulares de los derechos pa trimoniales en soportes lógicos pueden autorizar o
prohibir toda forma de explotación de los mismos, en particular, su comercialización, arrendamiento,
difusión, reproducción, adaptación, modificación, me joras, traducción, transformación e importación.
C. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
10. Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación
nacional y explicar en qué condiciones es objeto de protección.
El artículo 134 de la Decisión 486 otorga una definición y presenta las condiciones de
registrabilidad de una marca señalando que:  constituye marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado y sea susceptible de representación gráfica.
Por otra parte, expresa que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
11. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la
legislación sobre marcas de su país.  Agradeceríamos que confirmasen también si puede
otorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales.  Se ruega indicar si puede
otorgarse protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.
Conforme a la definición de marca contenida en el artículo 134 de la Decisión 486, los
servicios son protegidos.
A su vez, el artículo 190 de la misma Decisión consagra la protección del Nombre Comercial.
Es decir, protege a cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un
establecimiento mercantil.
Pueden registrarse como marcas los signos sonoros, olfativos y plásticos (tridimensionales),
siempre que cumplan con la condición de ser representables gráficamente y suficientementedistintivos.  Sin embargo, respecto de los perfumes conviene señalar que los principios del derecho de
marcas exigen que el signo que pretenda protegerse como marca consista en un elemento que se
aplique o agregue al producto que se va a distinguir.  La marca debe percibirse como un elementoIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 17
diferente y separable (física o idealmente) del producto al cual se aplica.  En tal sentido, tratándose de
productos consistentes en una fragancia o perfume, la marca no podría consistir en la fragancia
misma, pues en tal caso la marca se confundiría con el producto que debe distinguir.
12. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el
registro de una marca de fábrica o de comercio.  Agradeceríamos que nos facilitasen la
definición de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.
El artículo 166 de la Decisión 486, entiende que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles
en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto
a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación de registro por
falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Asimismo, el artículo 167 de la Decisión 486, establece que la carga de la prueba del uso de
la marca corresponderá al titular del registro y para demostrarse el uso de la marca, se tomarán en
cuenta las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestran
la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre
otros.
Por otra parte, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud
de personas interesadas, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos
uno de los países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres primeros años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de
cancelación.
La cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también podrá solicitarse como
defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
El mantenimiento de registro de una marca también estará limitado por el incumplimiento de
las renovaciones respectivas (1ra Renovación;  transcurridos 10 años desde la fecha de concesión).
Sin embargo, a efectos de la renovación la prueba de uso no será exigida.
13. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
El registro de la marca es indefinidamente reno vable en períodos sucesivos de diez años, en la
medida que el titular del registro o quién tuviere legítimo interés, solicite la renovación de registro
ante la Oficina Nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o
goce del período de gracia de seis meses más contados a partir de la fecha de vencimiento del registro.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.
14. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de
su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 18
El artículo 166 de la Decisión 486, entiende que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles
en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa sucomercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
15. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o
no una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.
El artículo 135 inciso l) de la Decisión 486, en las causales de irregistrabilidad, establece que
no podrá registrarse como marca el signo que:  "consista en una indicación geográfica nacional o
extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se
aplique".
Además, el artículo 135 inciso j) estipula que no podrá registrarse como marcas los signos
que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismosproductos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de
asociación con la denominación;  o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.
16. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la
legislación de su país.
En el artículo 201 del Título XII, capítulo I, de la Decisión 486, se establece que:
"Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación
de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser
la de un país, una región o un lugar determinado se refiera a una zona geográfica determinada,
utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras
características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce,incluidos los factores naturales y humanos."
17. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece
un vínculo, en caso existente, entre las caracterís ticas de una indicación y su origen geográfico.
En la definición de denominación de origen contenida en el artículo 201 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina se concreta el vínculo entre las cualidades y características
que particularizan un producto y su origen geográfico o zona geográfica que involucra su
denominación.  Ese artículo establece que se entenderá por denominación de origen, una indicacióngeográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se
refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
18. Se ruega explicar cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país para
los vinos y bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que
existan, abarcados por esa protección adicional.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 19
La legislación otorga protección adicional para vinos y bebidas espirituosas en el artículo 215
de la Decisión 486.
Dicho artículo, señala:  "Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación
de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean
originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique
el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada deexpresiones tales como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas."
Los países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de
origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios,
por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua
para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo país Miembro
durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.
Igualmente, el artículo 216 indica que:  "La autoridad nacional competente podrá declarar, de
oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen
protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión.  Serán de aplicación, en lo que
fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decisión."
Por su parte, el artículo 217 establece que:  "De oficio o a solicitud de parte, la Oficina
Nacional competente, cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza
en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección
respectiva.  Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registrode marcas de la presente Decisión."
Consecuentemente, el artículo 218 manifiesta que:  "Las Oficinas Nacionales competentes
podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud
la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las
autoridades públicas de los mismos.  Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origendeben haber sido declaradas como tales en sus países de origen."
El artículo 219, indica que:  "Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones
geográficas protegidas en terceros países, las Oficinas Nacionales competentes podrán reconocer la
protección, siempre que ello esté previsto en algún c onvenio del cual el País Miembro sea parte.  Para
solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en
sus países de origen."
Finalmente, el artículo 220 expresa que:  "Las denominaciones de origen protegidas conforme
a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir elproducto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen."
19. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción.  Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las
excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.
La Decisión 486 recoge las siguientes excepciones permitidas por el artículo 24 del Acuerdo
sobre los ADPIC:  El artículo 215, segundo párrafo, de la Decisión 486, recoge la excepción prevista
en el artículo 24 párrafo 4 del Acuerdo sobre los ADP IC.  El artículo 202 inciso b) de la Decisión 486,
recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 6, primera oración, del Acuerdo sobre
los ADPIC.  El artículo 223 de la Decisión 486 recoge la excepción prevista en el artículo 24
párrafo 8 del Acuerdo.  El artículo 219 de la Decisión 486 recoge la excepción prevista en elartículo 24 párrafo 9 del Acuerdo.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 20
E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
20. Sírvanse explicar si su legislación abarca  la protección a los dibujos y modelos guiándose
básicamente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega explicar de qué modo se
protegen los dibujos y modelos textiles.
Los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de
orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario
del diseñador, no serán registrables como diseño industrial, según se establece en el artículo 116
inciso b) de la Decisión 486.
Los diseños textiles son protegidos en virtud de la definición prevista en el artículo 113 de la
Decisión 486, que señala:  "Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un
producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier formaexterna bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que
cambie el destino o finalidad de dicho producto", en la medida en que se incorpore un aporte
arbitrario del diseñador.
21. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.
La protección de estos derechos está prevista en el artículo 129 de la Decisión 486, que
señala:
"El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la
explotación del correspondiente diseño.  En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a
actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca,introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan
el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un
producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o
cuya apariencia sea igual a ésta."
22. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.
La Decisión 486 no contempla la figura de licencia obligatoria para los diseños industriales.
23. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga
protección a los dibujos y modelos industriales.
Según el artículo 128 de la Decisión 486:  "El registro de un diseño industrial tiene una
duración de 10 años, contados desde la fecha de pr esentación de la solicitud en el País Miembro".
F. P
ATENTES
24. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de:  novedad,
invención y aplicación industrial.
Según el artículo 16 de la Decisión 486, la noción de novedad se define de la siguiente
manera.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 21
"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una
descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida ..."
El artículo 18 de la Decisión 486, establece que:  "Se considerará que una invención tiene
nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidentedel estado de la técnica."
La noción de aplicación industrial, está definida en el artículo 19 de la Decisión 486, que
indica que:  "Se considerará que una invención es  susceptible de aplicación industrial, cuando su
objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria lareferida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios."
25. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente
se otorgan sin ningún tipo de exclusión.  En caso de que existan exclusiones, descríbase
detalladamente la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.
Las exclusiones a la patentabilidad están especificadas en los artículos 15 y 20 de la
Decisión 486.
26. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la
patentabilidad basándose en el orden público  o la moralidad.  En ese caso, les rogamos
expliquen el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.  Desearíamos
también saber si éste se ha aplicado en la práctica.
La exclusión de patentabilidad está prevista en el artículo 20 inciso a) de la Decisión 486, que
señala que no serán patentables:  "las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País
Miembro respectivo debe impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.
A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público
o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o queregule dicha explotación".
No existen experiencias prácticas en Bolivia al respecto.
27. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están
excluidos de la patentabilidad en su legislación.  Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente
de su legislación así como su formulación.
Esta exclusión de patentabilidad está prevista en el artículo 20 inciso d) de la Decisión 486,
que señala que no serán patentables:  los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamientohumano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
28. Sírvanse explicar si las plantas, los anim ales y esencialmente los procesos biológicos
están o no excluidos de la patentabilidad en su  legislación.  En caso afirmativo, les rogamos
aclaren el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.
Esta exclusión de patentabilidad está prevista en el artículo 20 inciso c) de la Decisión 486,
que señala que no serán patentables "las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente
biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o
microbiológicos".IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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29. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los
microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las
obtenciones vegetales están protegidos en su legislación.  Sírvanse explicar a este respecto los
artículos pertinentes de su legislación.
Los microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos
microbiológicos se pueden proteger mediante pa tentes de invención en razón que la Decisión 486
señala que "Los microorganismos serán patentables hasta tanto no se adopten medidas distintas
resultantes del examen previsto en el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC."
En el marco de lo establecido por el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que señala:  "... los Miembros otorgarán protección a las obtenciones vegetales mediante
patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y ésta",
Bolivia al adherirse al Acta 78 de la UPOV adoptó un sistema sui generis  para la protección de las
obtenciones de variedades vegetales.  Por otro lado, en el ámbito de la Comunidad Andina desde 1993
se cuenta con un Régimen Común sobre Variedades Vegetales aprobado mediante la Decisión 345.
30. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de
derechos de patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de unainvención patentada.
El artículo 52 de la Decisión 486, señala:  "La patente confiere a su titular el derecho de
impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes
actos :
a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto;  o importarlo para algunos de
estos fines;  y
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento;  o
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un
producto obtenido directamente mediante el procedimiento.
31. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente
de productos químicos farmacéuticos y agrícolas.  Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar
la referencia jurídica.
Según el artículo 14 de la Decisión 486:  "Los países Miembros otorgarán patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre quesean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."
32. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado en
su legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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En virtud del artículo 14 de la Decisión 486, los procedimientos que entrañen novedad,
actividad inventiva y aplicación industrial sí son patentables.
Conforme al artículo 52 inciso b) de la Decisi ón 486, una patente de procedimiento confiere a
su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar los actosde comercio o de industria ahí especificados respecto a un producto obtenido directamente mediante
el procedimiento patentado.
33. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su
legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de  justificación en lo que respecta al acceso a
material genético o consentimiento previo a su utilización).  Si esas condiciones adicionales
existen, indíquese la legislación pertinente y descríbanse las condiciones adicionalesdetalladamente.
La Decisión 391 de la Comunidad Andina, qu e establece un Régimen Común sobre Acceso a
Recursos Genéticos, en su Tercera Disposición Complementaria señala que:
"Las Oficinas Nacionales competentes en materia de Propiedad Intelectual exigirán al
solicitante la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo,como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, cuando tengan certeza o
indicios razonables de que los productos o pr ocesos cuya protección se solicita han sido
obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los
que cualquiera de los países Miembros es país de origen."
Con lo establecido en el artículo 26(h) de la Decisión 486, se da cumplimiento a la Tercera
Disposición Complementaria de la Decisión 391.   Asimismo, con dicho requisito que exige
información complementaria, se verifica el país de origen del material genético a partir del cual se han
obtenido o desarrollado productos o procesos que sean objeto de la solicitud de patente, lo cual
permite además comprobar el cumplimiento de las disposiciones relativas al consentimiento
fundamentado previo para el acceso al recurso genético de acuerdo a nuestra normativa nacional sobreacceso a recursos genéticos.
El artículo 29 párrafo 2 del Acuerdo sobre lo s ADPIC señala que:  "Los miembros podrán
exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes."  En este
contexto, se enmarcan el artículo 26(h) de la Decisión 486 y la Tercera Disposición Complementaria
de la Decisión 391.
En consecuencia el requerimiento al solicitante se realiza con el fin de facilitar la información
que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa.
34. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de
licencias obligatorias.  En caso afirmativo, se ruega explicar exhaustivamente las condiciones en
las cuales puede concederse una licencia obligatoria.  Especialmente, sírvanse indicar de qué
forma su legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa
utilización.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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La legislación prevé licencias obligatorias en el capítulo VII, Régimen de licencias
obligatorias de la Decisión 486, desde el artículo 61 al 69.5
                                                     
5 Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro
años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, asolicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrialdel producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de supetición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País
Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de
un año.
La licencia obligatoria no será concedida si el titul ar de la patente justifica su inacción con excusas
legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada PaísMiembro.
Sólo se concederá licenci a obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener
una licencia contractual del titular de la patente, en térm inos y condiciones comerciales razonables y este intento
no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.
Artículo 62.- La concesión de las licencias obligat orias a las que se refiere el artículo anterior,
procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer susargumentaciones si lo estima conveniente.
La oficina nacional competente establecerá el al cance o extensión de la licencia, especificando en
particular, el período por el cual se  concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la
compensación económica.  Esta compensación deberá se r adecuada, según las circunstancias propias de cada
caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.
La impugnación de la licencia obligatoria no impedi rá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en
los plazos que estuvieren corriendo.  Su interposición no im pedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la
compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.
Artículo 63.- A petición del titular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las licencias
obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechosy, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que lasestablecidas.
Artículo 64.- El licenciatario estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años
contados a partir de la fecha de concesión de la licen cia, salvo que justifique su inacción por razones de caso
fortuito o fuerza mayor.  En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competenterevocará la licencia obligatoria.
Artículo 65.- Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de
emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrásometer la patente a licencia obligatoria.  En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que
se le soliciten.  El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.
La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria,
especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condicionesde la compensación económica.
La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del
titular de la patente a seguir explotándola.
Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la of icina nacional competente, previa calificación de la
autoridad nacional en materia de libre  competencia, otorgará licencias ob ligatorias cuando se presenten prácticas
que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en elmercado por parte del titular de la patente.
En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la
necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.
La oficina nacional competente denegará la revocación  de la licencia obligatoria si resulta probable que
las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.
Artículo 67.- La oficina nacional competente otor gará licencia en cualquier momento, si ésta es
solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre ycuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables.
Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo  dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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35. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario
propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos y
condiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados previstos
en un período de tiempo razonable.  En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiemporazonable"?  Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de una
licencia obligatoria será autorizado principalmente  en lo que respecta al suministro del mercado
interno del Miembro que autoriza ese uso.
Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente
obtener una licencia contractual del titular de las patentes, en términos y condiciones comerciales
razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.
Con respecto a la expresión "plazo prudencial", tendrá que determinarse caso por caso por la
autoridad competente de acuerdo a las circunstancias pertinentes.
Respecto a la utilización predominantemente para uso interno, el artículo 68 inciso g) estipula
entre las condiciones bajo las cuales se concederá una licencia obligatoria que los usos autorizados
sean para abastecer principalmente el mercado interno.  Esta disposición es concordante con la del
artículo 31 inciso f) del Acuerdo sobre los ADPIC.
36. Se ruega indicar si su legislación otorga pr otección adicional a las innovaciones una vez
transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.
La Decisión 486 no contempla un plazo de protección adicional a los 20 años establecidos en
el artículo 50.
37. Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección
mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.
                                                                                                                                                                    
a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una
importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para
explotar la invención reivindicada en la segunda patente;  y,
c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.Artículo 68.- En adición de lo establecido en los ar tículos precedentes, las licencias obligatorias están
sujetas a lo siguiente:
a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su
explotación industrial, debiendo constar por escrito y re gistrarse ante la oficina nacional competente.  Caso
contrario, no surtirá efectos legales;
c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que
han recibido autorización para las mism as, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es
probable que vuelvan a surgir;
d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;e) tratándose de patentes de invención que proteg en tecnología de semiconductores, la licencia
obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica
declarada contraria a la libre compet encia por la autoridad nacional comp etente conforme al artículos 65 y 66;
f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del
valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66;  y,
g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.Artículo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente capítulo no
surtirán efecto legal alguno.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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La Decisión 486 no contempla protección adicional en función de la fecha de presentación de
la solicitud de patente.  Todas las patentes se conceden dentro de los estándares de protección
previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC y la legislación interna.
38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la
prueba en lo que respecta a las patentes de procesos.
El artículo 240 de la Decisión 486 prevé que, en los casos en los que se alegue una infracción
a una patente de procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado probar que el
procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por
la patente cuya infracción se alegue.  A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo
producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante
el procedimiento patentado, si:
a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo;  o
b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante
esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del
demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.
39. Sírvanse explicar qué consecuencias tiene para el solicitante de una patente el que no
presente la información requerida en virtud del párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
No se da curso a la solicitud de la patente, hasta que se adicione la información
complementaria requerida.
40. Se ruega expliquen si en su legislación se disfrutan o no, sin excepciones ni exclusiones,
las patentes o, de otro modo, los derechos de patentes.  Si se prevén exclusiones o excepciones
(que no sean las licencias obligatorias), rogamos describan con detalle cómo se aplican en
términos jurídicos y prácticos estas exclusiones.  En caso afirmativo, se ruega mencionar lalegislación pertinente.
El artículo 53 de la Decisión 486, establece algunas excepciones, señalando que el titular de la
patente no podrá ejercer el derecho respecto de los siguientes actos:
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de
la invención patentada;
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica
o académica;
d) actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial;IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de
reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal
obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.
Por su parte, el artículo 54 de la Decisión 486, establece que:"La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de
un producto protegido por la patente , después de que ese producto se hubiese introducido en
el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su
consentimiento o económicamente vinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia
decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer talinfluencia sobre ambas personas.
Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá
al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material
introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción,
multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines paralos cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para
fines de multiplicación o propagación."
Finalmente, el artículo 55 de la Decisión 486, menciona que:
"Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente
Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercerapersona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud
sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o
hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.
En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación
de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con elestablecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación."
41. Se ruega expliquen cómo se contempla en su legislación la inversión de la carga de la
prueba en relación con patentes de procedimientos.
El artículo 240 de la Decisión 486 prevé que, en los casos en los que se alegue una infracción
a una patente de procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado probar que el
procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por
la patente cuya infracción se alegue.  A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todoproducto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante
el procedimiento patentado, si:
a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo;  o
b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer medianteesfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del
demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.
G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE CIRCUITOS INTEGRADOS
42. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.
Los esquemas de trazado de circuitos integrados están protegidos conforme a los artículos 36
y 37 del Acuerdo sobre los ADPIC en la Decisión 486 a partir de los artículos 86 al 112.6
                                                     
6 TÍTULO IV
DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOSCAPÍTULO IDefiniciones
Artículo 86.- A efectos del presente Título se entenderá por:
a) circuito integrado:  un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al
menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o dela superficie de una pieza de material, y que es té destinado a realizar una función electrónica;
b) esquema de trazado:  la disposición tridimension al, expresada en cualquier forma, de los elementos,
siendo al menos uno de estos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición
tridimensional preparada para un circu ito integrado destinado a ser fabricado.
CAPÍTULO IIDe los Requisitos de Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos IntegradosArtículo 87.- Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su
creador y no fuese corriente en el sector de  la industria de los circuitos integrados.
Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la
industria de los circuitos integrados, se le considerar á original si la combinación de tales elementos, como
conjunto, cumple con esa condición.
CAPÍTULO IIIDe los Titulares
Artículo 88.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su
diseñador.  Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.
En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la
protección les corresponderá en común.
Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese
fin, o en el marco de una relación la boral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección
corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en
contrario.
CAPÍTULO IVDe la Solicitud de RegistroArtículo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante
la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:
a) el petitorio;
b) una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado
comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
c) de ser el caso, una declaración indicando la fech a de la primera explotación comercial del circuito
integrado, en cualquier lugar del mundo;
d) de ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;
e) una descripción que defina la función electróni ca que debe realizar el circuito integrado que
incorpora el esquema de trazado;
f) copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en
el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema detrazado objeto de la solicitud presentada en el País Miembro;
g) los poderes que fuesen necesarios;  y,IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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h) el comprobante de pago de la tasa establecida.
Artículo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará
contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:
a) el requerimiento de concesión del registro;b) el nombre y la dirección del solicitante;c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.  Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse
el lugar de constitución;
d) el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo
solicitante;
e) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;f) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro
título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causantey que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el País
Miembro;  y,
g) la firma del solicitante o de su representante legal.Artículo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto
empresarial, el solicitante presentará, además de la re presentación gráfica requerid a, una representación del
esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigur ado las partes que contuvieran ese secreto.  Las partes
restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.
Artículo 92.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la
oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los
siguientes elementos:
a) una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;b) datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que
permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
c) una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita;  yd) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud
sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha depresentación.
CAPÍTULO V
Del Trámite de la SolicitudArtículo 93.- La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un
esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicadosen los artículos 89, 90 y 91.  La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquemade trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.
En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la
corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses,  bajo apercibimiento de considerarse abandonada la
solicitud y archivarse de oficio.  Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficinanacional competente hará efectivo el aperci bimiento mediante resolución fundamentada.
Artículo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se
anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa del
interesado.
Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de
patente de invención.
Artículo 95.- Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente oposición
fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de
un esquema de trazado.
Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de
invención.
Artículo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente
registrará el esquema de trazado, expedirá un certifica do de registro que contendrá los datos incluidos en el
registro correspondiente.
CAPÍTULO VI
De los Derechos que confiere el RegistroIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier
lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del País
Miembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del
esquema.  Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.
Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo
podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del País Miembro dentro de un plazo de15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.  Si la solicitud se presentara después de
vencido ese plazo, el registro será denegado.
Artículo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de 10
años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:
a) el último día del año en que se haya reali zado la primera explotación comercial del esquema de
trazado en cualquier lugar del mundo, o
b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del
respectivo País Miembro.
La protección de un esquema de trazado registrado cad ucará en todo caso al vencer un plazo de 15 años
contado desde el último día del año en que se creó el esquema.
Artículo 99.- La protección se aplicará independientem ente de que el circuito integrado que incorpora
el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquemade trazado se haya incorporado en un circuito integrado.
El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a
terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de
trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme alartículo 87;
b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vend er o distribuir de cualquier forma el esquema de
trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema;  o
c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que
se encuentre incorporado el circuito integrado protegido,  sólo en la medida en que éste siga conteniendo un
esquema de trazado ilícitamente reproducido.
La protección conferida por el registro sólo atañ e al esquema de trazado propiamente, y no comprende
ningún concepto, proceso, sistema, técnica o informació n codificados o incorporados en el esquema de trazado.
Artículo 100.- El derecho conferido por el registro  del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer
contra actos realizados con fines industriales o comerciale s.  El registro no confiere el derecho de impedir los
siguientes actos:
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;b) actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
d) actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial.
Artículo 101.- El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar
actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o deartículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en
cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas
cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobr e la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambaspersonas.
Artículo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar
actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante laevaluación o el análisis del esquema de trazado proteg ido, siempre que el esquema de trazado así creado cumpla
la condición de originalidad conforme al artículo 87.  Tampoco podrá impedir esos actos respecto de loscircuitos integrados que incorporen el esquema de traza do así creado, ni de los artículos que incorporen tales
circuitos integrados.
Artículo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar
los actos mencionados en el artículo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientementepor un tercero, aun cuando fuese idéntico.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 104.- No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la
realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de  un circuito integrado que incorpore
ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que
los realizara no supiera, y no tuviera motivos razona bles para saber, que ese esquema de trazado se había
reproducido ilícitamente.  Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema detrazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o quehubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente
a una regalía razonable basada en la que co rrespondería pagar por una licencia contractual.
Artículo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser
transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.
Deberá registrarse ante la oficina nacional compet ente toda transferencia del registro de esquema de
trazado.  La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.
CAPÍTULO VIIDel Régimen de LicenciasArtículo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión
podrá dar licencia a uno o más terceros para la  explotación del esquema de trazado respectivo.
Deberá registrarse ante la oficina nacional comp etente toda licencia de explotación del esquema de
trazado.  La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.En caso de que exista algún cambio respecto al nomb re o dirección del titular del registro de esquema
de trazado durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la
oficina nacional competente.  En caso contrario, cual quier notificación realizada conforme a los datos que
figuren en el registro, se reputará válida.
Artículo 107.- Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de
emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, laautoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer encualquier tiempo:
a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o
comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas alefecto;  o
b) que tal esquema de trazado quede abierto a la con cesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo
caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condicionesestablecidas.
Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las
condiciones establecidas para la concesión de licenci as obligatorias respecto de patentes de invención.
CAPÍTULO VIIIDe la Nulidad del RegistroArtículo 108.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona
y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:
a) el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86;
b) el registro no cumpliese con los requis itos de protección previstos en el artículo 87;
c) el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno
de los plazos estipulados en el artículo 97;  o,
d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos
administrativos.
Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado
registrado, la nulidad se declarará solamente con resp ecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro
vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previstoen el artículo 87.
El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún
valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.
Artículo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de
conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados  de nulidad relativa.  En estos casos la autoridadIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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43. Sírvanse explicar qué protección otorga la  legislación de su país a los titulares de
derechos frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de
topografías comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito
integrado en el sentido del artícu lo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La protección está consagrada en el artículo 99 inciso c) de la Decisión 486 ya que el registro
de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras
personas:  comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo
en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que éste siga
conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.
44. Se ruega explicar cómo prevé su legislació n la derogación del artículo 36 del Acuerdo
sobre los ADPIC como se especifica en el artí culo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que
realice esos actos no supiera o no tuviera motivos  razonables para saber, al adquirir el circuito
integrado o el artículo que incorpora tal ci rcuito integrado, que incorporaba un esquema de
trazado reproducido ilícitamente.
La legislación establece en el artículo 104 de la Decisión 486 que:  "no se considerará
infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de losactos referidos en el artículo 99
7 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un
                                                                                                                                                                    
nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la
fecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.
Artículo 110.- La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado
cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo.  La acción de anulación sólo podrá ser
iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obt ener el registro.  Esta acción prescribirá a los cinco
años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que lapersona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento  de la comercialización del producto que incorpora el
esquema de trazado en el País Miembro,  aplicándose el plazo que venza primero.
Artículo 111.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del
registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.
Cuando en razón de la legislación interna de un Pa ís Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional
competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el  artículo anterior, se presentarán dentro de los dos
meses siguientes a la notificación.
Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una
prórroga por 2 meses adicionales.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo,  la oficina nacional competente decidirá sobre la
nulidad del registro, lo cual notificar á a las partes mediante resolución.
Artículo 112.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad
nacional competente podrá pedir al titular del registro qu e presente uno o más de los documentos referidos en el
artículo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.
7 Artículo 99.- La protección se aplicará independientem ente de que el circuito integrado que incorpora
el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema
de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.
El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a
terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de
trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al
artículo 87;
b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vend er o distribuir de cualquier forma el esquema de
trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema;  o
c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que
se encuentre incorporado el circuito integrado protegido,  sólo en la medida en que éste siga conteniendo un
esquema de trazado ilícitamente reproducido.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los
realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había
reproducido ilícitamente.  Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del
esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuvieraen existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle
una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una
licencia contractual."
45. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las
topografías.
De acuerdo al artículo 98 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un esquema de
trazado de registrado tendrá una duración de 10 años contados a partir de la más antigua de lassiguientes fechas:
a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del
esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o
b) la fecha en que se haya prestado la solicitud de registro ante la oficina nacional
competente del respectivo País Miembro.
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
46. Sírvanse explicar si su le gislación otorga o no un período de tiempo definido para la
protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.
Conforme al artículo 263 de la Decisión 486, la  protección del secreto empresarial perdurará
mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.8
47. Sírvanse explicar cómo define su legislac ión el término "información no divulgada".
El artículo 260 de la Decisión 486, define al secreto empresarial como:  cualquier información
no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la
medida que dicha información sea:
                                                                                                                                                                    
La protección conferida por el registro sólo atañ e al esquema de trazado propiamente, y no comprende
ningún concepto, proceso, sistema, técnica o informació n codificados o incorporados en el esquema de trazado.
8 Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una
persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial ocomercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos
que normalmente manejan la información respectiva;
b) tenga un valor comercial por ser secreta;  yc) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.La información de un secreto empresarial podrá es tar referida a la naturaleza, características o
finalidades de los productos;  a los métodos o procesos de producción;  o, a los medios o formas de distribucióno comercialización de productos  o prestación de servicios.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de
sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se
encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.
b) tenga un valor comercial por ser secreta;  yc) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o
finalidades de los productos;  a los métodos o procesos de producción ;  o a los métodos o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
48. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u
organismos gubernamentales.
La legislación vigente de propiedad intelectual no contiene una definición de "datos
presentados a gobiernos o a agencias gubernamentales".  El artículo 266 de la Decisión 486 establece
que, cuando se exija como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o
de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de
pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esosdatos contra todo uso comercial desleal.  Además, se protegerán esos datos contra toda divulgación,
excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar
la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.
I. O
BSERVANCIA
49. Sírvanse exponer cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la infracción
de los derechos de propiedad intelectual.
El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud
de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona
que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.  En esta
acción se puede pedir, entre otras cosas, la cesación del acto infractor y la indemnización por daños yperjuicios.  La misma disposición se encuentra en la Ley de Derecho de Autor.
50. Sírvanse explicar si su legislación contempla o no un mecanismo para recurrir contra
decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.
En Bolivia las decisiones administrativas pueden ser revisadas por los órganos
jurisdiccionales competentes.
51. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces ordenen en la
presentación de pruebas por la parte contraria.  Se ruega faciliten información precisa acercade las medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.
Las autoridades judiciales pueden ordenar la exhibición de documentos mantenidos por una
de las partes.  Son aplicables las disposiciones sobre publicidad y privacidad del procedimiento civil o
penal, según corresponda, contenidas en los códigos de la materia.
52. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a
un demandado que desista de una infracción.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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La autoridad judicial competente puede ordenar, entre otras cosas, el cese de los actos que
constituyen la infracción;  el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infracción;  la prohibición de la importación o de la exportación de los productos;  y la adopción de
las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción (artículo 241 de laDecisión 486).
53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el
pago al titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el
perjuicio sufrido.
El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud
de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona
que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.  En estaacción se puede pedir, entre otras cosas, la indemnización por daños y perjuicios.  La misma
disposición se encuentra en la Ley de Derecho de Autor.
54. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el
pago de los gastos al titular del derecho por parte del infractor.
El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud
de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona
que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.  En esta
acción se puede pedir, entre otras cosas, la indemnización por daños y perjuicios.  La misma
disposición se encuentra en la Ley de Derecho de Autor.
55. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las
mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.
Los jueces pueden ordenar el retiro de los canales comerciales de aquellas mercancías que
violen derechos de propiedad intelectual, así como la destrucción de las mismas, ello bien como
medida provisional decretada por un tribunal o como sanción en una sentencia condenatoria:
En materia de medidas en frontera el órgano competente en materia de propiedad intelectual
podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, impedir el desaduanamiento de la
mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular
del derecho en cualquier caso de infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.
56. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a
un demandado en caso de abuso por parte del demandante.
La acción por daños y perjuicios también es posible para aquel que haya sido víctima de la
temeridad del demandante, en caso de perjuicios provocados por una acción abusiva.  El juez podrásolicitar al demandante que caucione suficientemente antes de acordar la ejecución de una medida
cautelar (artículo 247 de la Decisión 486).  Ello es una facultad del juez el cual para ordenar la
ejecución de una medida provisoria solicite al demandante caución o fianza para de tal manera
garantizar que no existe temeridad por parte del demandante en la solicitud de la medida.
57. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
La autoridad judicial competente puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato
de la actividad ilícita;  la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, segúnIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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corresponda, de los ejemplares producidos con infracción;  la incautación, embargo, decomiso o
secuestro de los aparatos o medios utilizados como embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o
medios utilizados para la comisión del ilícito (artículo 56 de la Decisión 351).
Pueden ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan la
presunta infracción;  el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta
infracción;  la suspensión de la importación o de la exportación de los productos;  la constitución por
el presunto infractor de una garantía suficiente;  y, el cierre temporal del establecimiento del
demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la
presunta infracción (artículo 246 de la Decisión 486).
58. Sírvanse exponer las autoridades competente s en su jurisdicción que reciben de los
titulares de derechos peticiones de solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades
aduaneras de mercancías falsificadas.
Cualquier autoridad judicial competente dentro de la jurisdicción nacional puede recibir
pedidos de particulares para ordenar a las autoridades de aduanas que se suspenda el despacho a libre
circulación de productos que infringen derechos de propiedad intelectual.
59. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de
mercancías falsificadas.
El artículo 250 de la Decisión 486 faculta al titular de un registro de marca que tuviere
motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o exportación de productos que
infringen ese registro, solicitar a la autoridad competente suspender esa operación aduanera.
Determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas incautados por la autoridad
competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo
que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
60. Sírvanse indicar qué disposiciones de su legislación autorizan a las autoridades
competentes a ordenar la destrucción o eliminación de mercancías infractoras.
El artículo 255 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente podrá
ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las demás acciones
que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una
autoridad judicial.
61. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones
de minimis .
El artículo 256 de la Decisión 486 establece que el régimen de medidas en frontera no es
aplicable cuando se trate de pequeñas cantidades de mercancías sin carácter comercial, que formenparte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas partidas.
62. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Según el artículo 236 del Código Penal, se establecen los delitos contra la industria y el
comercio, éste señala:  "El que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales queinduzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación de
libertad de 6 meses a 3 años."IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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En materia de derecho de autor y delitos informáticos, los artículos 362, 363, 363 bis y 363 ter
del Código Penal establecen sanciones penales con reclusión de libertad de 3 meses a 2 años y multa
de 60 días, así como reclusión de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días, respectivamente.
JAPÓN
A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Sírvanse explicar cómo se aplican en su  país las Decisiones 344, 345, 351, 391 y 486 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena e indicar si se cumplen directamente o por medio de la
legislación nacional.
Las Decisiones Andinas, 345, 351, 391 y 486, se aplican directamente en virtud a lo dispuesto
en el artículo tercero del Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia (Protocolo de
Cochabamba de 1996) que señala:
"Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión
y las Resoluciones de la Secretaría General, serán directamente aplicables en los países miembros a
partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señales
una fecha posterior."
2. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de
la nación más favorecida que habría en la legislación sobre derecho de autor y derechos
conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Ley 1322 de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y la Decisión 351 (Régimen
Común Andino sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos) no establecen ningún tipo de
excepción previsto en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
B. PATENTES
3. i) Sírvanse describir cómo la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena y, en el caso de ser aplicable, la legislación nacional boliviana definen
el concepto de "invención", en función del párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo
sobre los ADPIC que estipula que las patentes podrán obtenerse por todas las"invenciones" en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas,
entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
¿Por qué razones las materias prescritas en el apartado b) del artículo 15 de la
Decisión 486 no se estiman invenciones?  ¿Se debe ello a que existen en la
naturaleza o porque se relacionan con cosas vivas o material biológico?
Cabe señalar que en la Decisión 486 no existe una definición del concepto de invención, sin
embargo "se otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todoslos campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicación industrial."
Lo prescrito en el artículo 15(b) de la Decisión 486 no se considera una invención porque no
cumple con los requisitos de patentabilidad como lo establece el artículo 14 de dicha Decisión, ya que
se trata de productos de la naturaleza y no de invenciones hechas por el hombre.  Para que existainvención, es necesario que aquello que ya existe en la naturaleza sea transformado por el hombre.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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ii) Si una cosa viva, parte de ella o material biológico, cuya existencia no se haya
reconocido con anterioridad, ha sido, por primera vez, aislado o purificado
artificialmente de su entorno natural (e s decir, si ello entraña "intervención
humana"), ¿se ha de considerar una invención de conformidad con el artículo 15de la Decisión 486?  En caso contrario, ¿se estimará, automáticamente, que no es
una invención, no obstante la amplitud de la intervención humana que ello
implica?
Un material biológico que no ha sido previamente identificado en la naturaleza y está siendo
aislado o purificado artificialmente de su entorno natural, no es considerado un invento en el marco
del artículo 15 de la Decisión 486.  Sin embargo, en virtud del artículo 14 de la Decisión 486 el
procedimiento tecnológico mediante el cual el material ha sido aislado sí es considerado un inventosusceptible de patentabilidad.  Esto se refiere a que todo procedimiento de separación, aislamiento o
purificación que cumpla con los requisitos de patentabilidad podrá ser objeto de una patente de
procedimiento.
iii) Cuando exista en la naturaleza un tipo especial de sustancia química, que no sea
una parte o la totalidad de una cosa viva ni material biológico (como perlas decarbón aisladas del residuo oleoso que se produce por el procedimiento de
refinamiento del aceite, cuando los aceites pesados y los aceites livianos se
extraen del petróleo crudo), ¿se considerará que esa sustancia constituye una
invención, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, si primero se
aísla o purifica artificialmente de su entorno?
Nos limitamos a ratificar lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, y a la respuesta a
la pregunta 3 ii) del Gobierno de Bolivia, en sentido de expresar que todo procedimiento de
separación, aislamiento o purificación que no sea intrínseco y que cumpla con los requisitos de
patentabilidad podrá ser objeto de una patente de procedimiento.
Pregunta de seguimiento
Sírvanse indicar si se considera que constituye una invención una sustancia química
(que no sea una cosa viva ni un procedimiento), conforme a la descripción que se dio en la
anterior pregunta 3 iii) del Japón.
Una sustancia química existente en la naturaleza no se considera una invención.  Tal sustancia
sería un producto de la naturaleza o un descubrimiento, pero no una invención producida por el
hombre.  La simple separación, aislamiento o purificación de sustancias existentes en la naturaleza no
hace patentables a las sustancias separadas, aisladas o purificadas, a menos que ellas hubiesen sidotransformadas intrínsecamente.  Un producto de la naturaleza necesita ser transformado por el hombre
para que pueda considerarse como su invención.
Sin perjuicio de lo anterior, todo procedimiento de separación, aislamiento o purificación
podrá ser objeto de una patente de procedimiento si cumple las condiciones de patentabilidad.
4. Sírvanse explicar si las materias que figu ran en la lista que aparece a continuación se
consideran o no una invención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486 y,
en caso de aplicarse, la legislación nacional de Bolivia.  Si se juzga que alguna de esas materias
no es una invención, sírvanse fundamentar la razón.  Sírvanse suponer que las materias
mencionadas en las letras a), h), i), l), m), n) y o) no hayan tenido con anterioridad una
existencia reconocida y, que por primera vez, hayan sido aisladas o purificadas artificialmentede su entorno natural, y que todas las materi as que figuran en la lista cumplen con otrosIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 39
requisitos para obtener la patente, como la novedad (en el sentido que no eran conocidas por el
público), entrañan una actividad inventiva y son susceptibles de aplicación industrial.
a) Insulina humana aislada o purificada de las células beta del páncreas humano.
No se considera como invención.  Véanse las respuestas a las preguntas 3 ii) y 3 iii).
b) Un gene que codifica la insulina humana.
En caso de tratarse de un gen ya existente en el cuerpo humano, es decir, descubierto
y aislado del cuerpo humano, no se considera como una invención.  En caso de
tratarse de un gen creado por el hombre (por ejemplo, por ingeniería genética) y que
introducido en el cuerpo humano, o en un medio apropiado, codifica y se expresa en
la producción de insulina humana, sí se consideraría como una invención.
c) Un vector expresión que lleva al mencionado gene.
En caso de tratarse de un vector de expresión ya existente en el cuerpo humano o en
la naturaleza, no se considera como una invención.  En caso de tratarse de un vector
de expresión creado por el hombre, sí se consideraría como una invención.
d) La Escherichia coli transformada por el mencionado vector expresión.
En los casos contenidos en los incisos d), h), i) y j) referidos a microorganismos,
Bolivia aplica lo establecido en el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC, a través de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.  En virtud de que
sobre este tema se retomarán las discusiones a nivel de la OMC, la referida Decisión
Andina establece este compromiso en una Disposición Transitoria.
Un microorganismo modificado por el hom bre sí se considera como invención.
El transformado mediante el referido vector de expresión (o por cualquier otro
método) se considera como una invención, pues no se trata del Escherichia coli
existente en la naturaleza.
e) Un procedimiento para producir insulina humana mediante el cultivo de la
Escherichia coli .
Sí se considera como invención.
f) Insulina humana recombinante obtenida por el referido procedimiento.
Sí se considera como invención.
g) Un mutante obtenido por la modificación genética de la insulina humana
recombinante.
Sí se considera como invención.
h) Levadura de panadero aislada o purificada artificialmente a partir de su
entorno natural.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Véase la respuesta al inciso d).  Una levadura aislada o purificada de su medio natural
no se considera como invención.  Tal levadura es un producto de la naturaleza, no una
invención del hombre.  El simple aislamiento o purificación de una materia
preexistente en la naturaleza no la hace patentable, aun cuando no fuese conocidaanteriormente.  Un producto de la naturaleza necesita ser transformado por el hombre
para que pueda considerarse como invención.
i) Un microorganismo aislado o purificado artificialmente a partir de su entorno
natural que produce el antibiótico micina X.
Véase la respuesta al inciso d).  Un microorganismo aislado o purificado de su medio
natural no se considera como invención.  Tal microorganismo es un producto de la
naturaleza, no una invención del hombre.  El simple aislamiento o purificación de unamateria preexistente en la naturaleza no la hace patentable, aun cuando no fuese
conocida anteriormente.  El método de aislamiento no es relevante para estos efectos,
de modo que aunque el método de aislamiento fuese novedoso, ello no haría
patentable a la materia aislada por ese método.
Un microorganismo que es un producto de la naturaleza necesita ser transformado por
el hombre para que pueda considerarse como una invención.  En caso que el
microorganismo no se hubiera modificado por el hombre, se trataría de un producto
de la naturaleza y no se consideraría como invención.
j) El antibiótico micina X producido por el citado microorganismo.
Véase la respuesta al inciso d).  El antibiótico producido por el microorganismo será
patentable dependiendo de que sea una invención.  En caso que el microorganismo
referido ya producía naturalmente el antibiótico antes que ese microorganismo fuese
aislado y purificado, el antibiótico se consideraría un producto de la naturaleza y no
sería una invención.
En cambio, si por efecto de la intervención del hombre, a través del aislamiento o
purificación del microorganismo, éste produce algo (un antibiótico) que no producía
normalmente en su estado natural, podría considerarse que el antibiótico es resultado
de una intervención del hombre sobre la naturaleza.  En este caso, ese antibiótico
(pero no el microorganismo) podría considerarse como una invención, pues es un
resultado del hombre en la naturaleza.
k) Un mutante obtenido por la mutación artificial de dicho microorganismo con
rayos UV.
Sí se considera como invención.
l) Un hibridoma que produce un anticuerpo que reconoce al antígeno A.
Sí se considera como invención.
m) Hepatocito humano Y.
En caso de tratarse de un hepatocito ya existente en el cuerpo humano (o en la
naturaleza), no se considera como una invención.  En caso de tratarse de un
hepatocito creado por el hombre, sí se consideraría como una invención.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 41
n) Tejido hepático humano Z, y
Respecto al tejido hepático humano, si se trata de un tejido hepático ya existente en el
cuerpo humano (es decir en la naturaleza) no se considera como una invención.  Si se
trata de un tejido hepático artificial, creado por el hombre, sí podría en principio,considerarse como una invención.
o) Perlas de carbón aisladas del residuo oleoso que se produce por el procedimiento
de refinamiento del aceite, cuando los aceites pesados y los aceites livianos se
extraen del petróleo crudo.
No se considera como invención.  Una sustancia existente en la naturaleza no se
considera como invención.  Tal sustancia sería un producto de la naturaleza o un
descubrimiento, pero no una invención producida por el hombre.  La simpleseparación, aislamiento o purificación de sustancias existentes en la naturaleza no
hace patentables a las sustancias separadas, aisladas o purificadas, a menos que ellas
hubiesen sido transformadas  intrínsecamente.
5. Sírvanse explicar la relación que existe entre el párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo
sobre los ADPIC y los apartados h) e i) del artículo 26 de la Decisión 486 que obligan a lossolicitantes de patentes a presentar un ejemplar del contrato para tener acceso a recursos
genéticos y un ejemplar de los documentos que certifican la autorización para utilizar el
conocimiento tradicional.  ¿Considera su país que la referida obligación del solicitante
constituye un requisito de habilitación que está claramente estipulado en el párrafo 1 del
artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC, o como un requisito adicional que no está estipuladoen dicho artículo?
La Decisión 391 de la Comunidad Andina qu e establece un Régimen Común sobre Acceso a
Recursos Genéticos en su Tercera Disposición Complementaria señala que:
"Las oficinas nacionales competentes en materia de propiedad Intelectual exigirán al
solicitante la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo,como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, cuando tengan certeza o
indicios razonables de que los productos o pr ocesos cuya protección se solicita han sido
obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los
que cualquiera de los países Miembros es país de origen."
Con lo establecido en el artículo 26(h) de la Decisión 486 se da cumplimiento a la Tercera
Disposición Complementaria de la Decisión 391.   Asimismo, con dicho requisito que exige
información complementaria, se verifica el país de origen del material genético a partir del cual se hanobtenido o desarrollado productos o procesos que sean objeto de la solicitud de patente.
El párrafo 2 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC señala que:  "Los miembros podrán
exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes."  En este
contexto, se enmarcan el artículo 26(h) de la Decisión 486 y la Tercera Disposición Complementaria
de la Decisión 391.
En consecuencia el requerimiento al solicitante se realiza con el fin de que éste facilite la
información que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa.
Asimismo, la Decisión 391 en su artículo 35 establece que:IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 42
"Cuando se solicite el acceso a recursos genéticos o sus productos derivados con un
componente intangible (conocimiento tradicional asociado), el contrato de acceso incorporará
un Anexo como parte integrante del mismo, donde se prevea la distribución justa y equitativa
de los beneficios provenientes de la utilización de dicho componente y se refleje elconsentimiento de los poseedores de los conocimientos tradicionales.  El Anexo es suscrito
entre el proveedor del componente intangible y el solicitante o usuario del recurso genético."
Por lo que con lo establecido en el artículo 26(i) de la Decisión 486 damos cumplimiento al
artículo 35 de la Decisión 391 y el párrafo 2 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC como un
requerimiento de información complementaria.
Pregunta de seguimiento
Con respecto a la anterior pregunta 5 del Japón, sírvanse explicar qué relación ven
ustedes entre, por una parte, un ejemplar del contrato para tener acceso a recursos genéticos y
un ejemplar de los documentos que certifican la autorización para utilizar el conocimiento
tradicional y, por otra, la "información rela tiva a sus solicitudes y a las correspondientes
concesiones de patentes en el extranjero" que se estipula en el párrafo 2 del artículo 29 del
Acuerdo sobre los ADPIC, siendo así que se trata de documentos que rara vez se exigen para lassolicitudes y concesiones en el extranjero.
No existe relación entre el párrafo 2 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.  Esas disposiciones tratan
materias distintas.
El párrafo 2 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a la posibilidad que tienen
los Miembros de exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a solicitudes o
concesiones de patentes correspondientes en el extranjero.  La finalidad de esa disposición es facilitar
la verificación de las condiciones de patentabilidad de la invención.  Esta facultad está prevista en los
artículos 46 y 47 de la Decisión 486.
Las disposiciones del artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 no tienen relación con la
verificación de las condiciones de patentabilidad de la invención.  Esas disposiciones simplemente
requieren la verificación de la legalidad del acceso a los recursos genéticos o conocimientos
tradicionales que sirvieron de base para desarrollar una invención.  Ellas tienen la intención de
coadyuvar  al respeto y cumplimiento de disposiciones legales nacionales, comunitarias andinas e
internacionales (por ejemplo:  el Convenio sobre la Diversidad Biológica) relativas al acceso a los
recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales.  El acceso a los recursos genéticos y a los
conocimientos tradicionales atañe a la propiedad industrial en la medida en que el recurso genético oconocimiento tradicional diera lugar a un desarrollo tecnológico patentable.
En previsión de tales casos, las normas de la Decisión 484, concordantes en lo pertinente con
lo dispuesto en la Decisión 391 sobre acceso a recursos genéticos, tienden a impedir que una
invención que se hubiese generado a partir de un recurso genético o conocimiento tradicional
ilícitamente obtenido  sea objeto de una patente de invención.  Las patentes de invención son
concedidas por el Estado como un estímulo o aliciente para la realización de una actividad lícita, cual
es el desarrollo de nuevas tecnologías.  Si tal actividad se realizara con base en materias o
informaciones obtenidas ilícitamente (acceso ilegal a un recurso genético o a un conocimiento
tradicional) el Estado tiene la potestad de no hacer extensiva a ella el beneficio de una patente de
invención.  Ello se hace en aras de una coherencia dentro de la política estatal de protección de losrecursos genéticos y de los conocimientos tradicionales, que se manifiesta simultáneamente en
diferentes planos.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 43
Las disposiciones del artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 establecen requisitos de
legalidad que se vinculan al tramite de concesión de una patente.  Al igual que otros requisitos
exigibles para la concesión de una patente, ellos no están tratados en el Acuerdo sobre los ADPIC,
quedando librados a la legislación interna de los Miembros de la OMC.
6. Sírvanse explicar los fundamentos del artículo 21 de la Decisión 486 que prevé que un
producto ya patentado y comprendido en el estado actual de la técnica no debe ser objeto de una
patente nueva por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al contemplado en la patente
inicial.  Sírvanse explicar también en qué forma el artículo 21 de la Decisión 486 cumple con lo
establecido en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula que las
patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, en todos los campos de la tecnología,
siempre que sean nuevas, entrañen una activida d inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial.  ¿La falta de novedad, es el fundamento del artículo 21?  En la afirmativa, ¿se puede
estimar que constituye una nueva invención una solicitud de patente cuyo objetivo consista en
un "uso" nuevo (y no en el "producto" como tal)?  ¿Qué otros tipos de solicitudes de patentes,
para usos nuevos, pueden ser patentables?
El artículo 21 de la Decisión 486 estipula que un producto o procedimiento patentado y
comprendido en el estado de la técnica, no puede ser patentado nuevamente por el simple hecho de
atribuirse a ese producto o procedimiento un uso distinto al original.
Pregunta de seguimiento
Con respecto a la anterior pregunta 6 del Japón, sírvanse explicar cómo puede ser
patentado de conformidad con el artículo 21 de la Decisión 486 un compuesto químico conocidocuyo uso terapéutico no se conocía.  ¿Qué ocurre en el caso de un compuesto químico conocido
cuyas propiedades insecticidas no se conocían?
La Decisión 486 en su artículo 21 establece que un producto o procedimiento patentado y
comprendido en el estado de la técnica, no puede ser patentado nuevamente por el simple hecho de
atribuirse a ese producto o procedimiento un uso dist into al original.  Esta disposición aclara que no
puede patentarse nuevamente un invento (producto o procedimiento) que no cumple con la condición
de novedad  requerida por el derecho de patentes.  El requisito de novedad no podría obviarse
aduciendo que el producto o procedimiento en cuestión es objeto de un nuevo uso.
Si un producto o procedimiento ya conocido fuese susceptible de un uso o aplicación distinto
de los conocidos y tal uso cumpliese con los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad,
inventividad y aplicación industrial), el uso constituiría una solución técnica patentable.
En consecuencia en tal patente solo podrá reivindicarse el nuevo uso, mas no el producto mismo, pueséste no cumple con la condición de novedad.
SUIZA
A. P
ATENTES
1. Sírvanse indicar si, en lo que se refiere a las patentes, los artículos correspondientes de
la Decisión 486 de la Comisión de la Com unidad Andina -el Régimen Común de Propiedad
Industrial- son aplicables directamente en su ordenamiento jurídico interno o si han aprobado
disposiciones legales internas de aplicación.  En este último caso, sírvanse señalar de qué
disposiciones se trata.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 44
La norma preferente para el campo de las patentes es la establecida en la Decisión 486
(Régimen Común en Propiedad Industrial).  Ésta no requiere para su aplicabilidad de una legislación
nacional.  Se encuentra vigente desde el 1° de diciembre de 2000.
Igualmente, es importante destacar que las Decisiones Andinas se aplican directamente en
virtud a lo dispuesto en el artículo tercero del Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia
(Protocolo de Cochabamba de 1996) que señala:
"Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión
y las Resoluciones de la Secretaría General, serán directamente aplicable en los países
miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos
que las mismas señales una fecha posterior."
B. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
2. Por lo que respecta a la cuestión del uso comercial desleal de datos comunicados por un
solicitante a las autoridades competentes en el marco del procedimiento prescrito para
autorizar la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la
agricultura, sírvanse indicar si, y de qué modo, su legislación impide que las autoridades
competentes o un segundo solicitante se funden en los datos originales del primer solicitante o seremitan a ellos en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de
un segundo producto equivalente al producto del primer solicitante.  ¿Establece su legislación
algún plazo antes de cuyo vencimiento las autoridades o un segundo solicitante no pueden
fundarse en esos datos ni remitirse a ellos?
Para otorgar una autorización de venta de un medicamento la autoridad sanitaria no requiere
contar con documentos donde se especifique el proceso o protocolo de manufactura, de tal manera
que al no haber presentado el solicitante datos de pruebas que entrañen un esfuerzo considerable no
hay riesgo de divulgación de la información proporcionada que pueda servir a cualquier solicitante
posterior ni a la misma autoridad.  Simplemente se requiere una descripción de los componentes
activos e inactivos que hacen parte de la fórmula.  El tiempo de vigencia de estos datos permanece enla medida de vigencia del registro sanitario.
En el capítulo de información confidencial de la Decisión 486 se establece en el artículo 266
que:
"Los países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de
productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades
químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración
suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal.Además, los países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando
sea necesario para proteger el público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la
protección de los datos, contra todo uso comercial desleal."
Las autoridades sanitarias que autorizan la comercialización de productos farmacéuticos y
agroquímicos son entidades del sector público, sin fines de lucro, que desarrollan una funciónencomendada expresamente por la Ley.  En este sentido, queda entendido que el uso que hacen esas
autoridades de los datos que tienen a su disposición, cualquiera que fuese su origen, al interior de sus
instituciones y en cumplimiento de su función legal de autorizar la comercialización de esos
productos, no constituye un uso comercial ni un uso desleal.  Tal uso es un uso estatal no comercial, y
por definición es uno uso lícito, pues lo requieren las leyes que rigen el mandato y funcionamiento deesas autoridades.  Además, el uso de los datos al interior de esas instituciones no implica divulgaciónIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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alguna a terceros, pues éstos en ningún momento podrán acceder a los datos referidos, en virtud a lo
establecido en el artículo 265 de la Decisión 486.
ESTADOS UNIDOS
A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual
comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones
vegetales, de qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los
nacionales de los otros Miembros de la OMC.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina "R égimen Común sobre Propiedad Industrial",
cubre las siguientes formas de propiedad intelectual:
• patentes de invención
• los modelos de utilidad
• los esquemas de trazado de circuitos integrados
• los diseños industriales
• las marcas
• lemas comerciales
• las marcas colectivas
• las marcas de certificación
• nombres comerciales
• rótulos o enseñas
• indicaciones geográficas
• marcas notorias
• secretos empresariales
• medidas en frontera
• competencia desleal
• acciones por infracción de derechos.
Los artículos 1 y 2 de la referida Decisión establecen con respecto a la protección de la
propiedad intelectual, los principios de trato nacional y del trato de la nación más favorecida,
respectivamente.
En relación con el principio de trato nacional, el artículo 1 señala que:"Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los
nacionales de los demás miembros de la Com unidad Andina, de la Organización Mundial del
Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no
menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los
artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectualrelacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial.
Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las
condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro."
En cuanto al principio del trato de la nación más favorecida, el artículo 2 de la Decisión 486
indica que:IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 46
"Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la
Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la
Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de laPropiedad Industrial.
Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los
artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)."
Por otra parte, la Decisión 351 - Régime n Común sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos - señala en su artículo 2 que cada País Miembro concederá a los nacionales de otro país, una
protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de derecho deautor y derechos conexos.
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio de la OMC - ADPIC, quedó incorporado en la legislación interna en 1995 como parte de la
ratificación de Bolivia de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, por lo que los principios de trato
nacional y trato de la nación más favorecida, allí consagrados, forman parte de nuestra legislación.
Bolivia es miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales bajo el acta de 1978, situación que consolidó mediante la ratificación de UPOV con la Ley
Nº 1968 del 24 de marzo de 1999.
El artículo 3 de dicho acuerdo (trato nacional;  reciprocidad) indica:
"Las personas naturales y jurídicas con domicilio o residencia en uno de los Estados de la
Unión gozarán en los otros Estados de la Unión, en lo que al reconocimiento y a la protección
del derecho de obtentor se refiere, del trato que las leyes respectivas de dichos Estados
concede o conceda a sus nacionales, sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por
el presente Convenio y a condición de cumpli r las condiciones formalidades impuestas a los
nacionales.
Los nacionales de los Estados de la Unión que no tengan domicilio o residencia en uno de
dichos Estados, gozarán igualmente de los mismos derechos, a condición de satisfacer las
obligaciones que puedan serles impuestas con vistas a permitir el examen de las variedades
que hayan obtenido, así como el control de su multiplicación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), todo Estado de la Unión que aplique el
presente Convenio a un género o una especie determinada tendrá la facultad de limitar el
beneficio de la protección a los nacionales del Estado de la Unión que aplique el Convenio aese género o especie y a las personas naturales y jurídicas con domicilio o residencia en uno
de dichos Estados."
Adicionalmente en la actual normativa vigente sobre variedades vegetales, la Decisión 345 de
la Comunidad Andina estipula reciprocidad en el artículo 18, relativo al derecho de prioridad .
"El titular de una solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor presentada en
un país que conceda trato recíproco al País Miembro donde se solicite el registro de la
variedad, gozará de un derecho de prioridad por el término de 12 meses, para requerir la
protección de la misma variedad ante cualquiera de los demás países Miembros.  Este plazo
se contará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 47
Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor deberá reivindicar, en la solicitud
posterior, la prioridad de la primera solicitud.  La autoridad nacional competente del País
Miembro, ante la que se haya presentado la solicitud posterior podrá exigir del solicitante que,
en un plazo no inferior de tres meses contados a partir de la fecha de su presentación,proporcione una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud la cual deberá
estar certificada como conforme por la autoridad ante la cual haya sido presentada, así como
muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma."
En la reglamentación interna boliviana, la Resolución Secretarial 064/96 del 9 de agosto
de 1996 estipula en el inciso p) del artículo 15 que:  "Los obtentores radicados en el extranjero gozande iguales derechos que los obtentores radicados en el país."
Es claro que en toda la base legal que sustenta la UPOV en Bolivia, se reconoce a extranjeros
o partes un trato no menos favorable que el otorgado, en circunstancias similares, a los nacionales oresidentes dentro del territorio nacional.  Esta aseveración es clara cuando revisamos las estadísticas
de Protección, puesto que en Bolivia mas del 60 por ciento de las variedades protegidas al momento
son originadas en el extranjero.
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse explicar si la legislación sobre derecho de autor de Bolivia cumple y en qué
forma lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula que los Miembros
observarán los artículos 1 a 21 del Convenio  de Berna (1971), excepto el artículo 6 bis, ya que
ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto del referido artículo en el marco delAcuerdo sobre los ADPIC.
El Derecho de Autor en Bolivia, cumple con el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC y lo
dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de Berna.
Bolivia está adherida al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas desde 1982.  La Decisión 351 de la Co misión del Acuerdo de Cartagena sobre el Derecho
de Autor, contiene normas que reflejan y cumplen íntegramente las normas del Convenio de Berna.
Respecto a los derechos morales previstos en el artículo 6 bis del Convenio de Berna, ellos
están reconocidos en los artículos 11 y 12 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.
3. Sírvanse explicar cómo la legislación sobre derecho de autor de Bolivia protege los
programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos tal como lo exige elartículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Tanto en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, como en el Decreto Supremo 24582
de 25 de abril de 1997, que aprueba el Reglamento del soporte lógico o software, los programas deordenador y las bases de datos, están protegidos como obras literarias, en concordancia con loestablecido por el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.
4. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirán derechos de
arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas.
Sírvanse citar la correspondiente disposición de la legislación sobre derecho de autor de Bolivia.
El Derecho de arrendamiento para programas de ordenador, está normado en el artículo 5 del
Decreto Supremo 24582 que aprueba el Reglamento del soporte lógico o software, que dispone que
solamente los titulares de los derechos patrimoniales en soportes lógicos pueden autorizar o prohibir
toda forma de explotación de los mismos en particular, entre otros, el arrendamiento.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 48
Las obras cinematográficas, gozan del derecho establecido en el artículo 13 inciso c) de la
Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, el cual comprende el derecho de autorizar o prohibir, entre
otros, el arrendamiento o alquiler de la obra.
5. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que se prevén en la
legislación sobre derecho de autor de Bolivia para una obra que no sea fotográfica o de arte
aplicado y citar la disposición jurídica pertinente.
En los artículos 18 y 19 de la ley 1322 de Derecho de Autor, se dispone que la duración de
protección concedida por la ley sobre las obras colectivas, audiovisuales y fotográficas, los
fonogramas, los programas de radiodifusión y los programas de ordenador o computación, durarán
50 años a partir de su publicación, exhibición, fijación transmisión y utilización, según corresponda, o
si no hubieran sido publicados, desde su creación.
6. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de
Bolivia a los artistas intérpretes o ejecutantes y el plazo de la protección.
En el artículo 53 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, referido a los Derechos de los Artistas,
Intérpretes y Ejecutantes, se dispone que los mismos tienen el derecho de autorizar o prohibir la
fijación y reproducción, así como la comunicación al publico, la transmisión o cualquier otra forma deutilización de sus interpretaciones y ejecuciones, y que en consecuencia nadie podrá, sin autorización
de los artistas, intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos antes referidos.  En el mismo
artículo se dispone que los derechos reconocidos a los artistas, intérpretes y ejecutantes tendrán una
duración de 50 años, contados desde el 1º de enero del año siguiente al de su publicación, de la
fijación o al de la interpretación o ejecución si no se hubiera realizado dicha publicación.
El artista intérprete goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus
interpretaciones y a oponerse, durante su vida a toda deformación, mutilación o cualquier otro
atentado a su actuación y que lesione su prestigio o reputación.  A su fallecimiento y durante el plazo
de los 20 años siguientes, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.
En lo que se refiere a la obras de arte aplicadas en el artículo 50 de la Ley 1322 de Derecho de
Autor se dispone que los derechos a favor del autor para una obra artística, gráfica, plástica o un
manuscrito, es irrenunciable, inalienable y durará por todos el plazo de protección de los derechos
patrimoniales sobre la obra a favor del autor, sus herederos y legatarios.  Sin embargo en el
artículo 51 de la Ley 1322, se aclara que la disposición antes citada, no será aplicada a obras de
arquitectura ni a obras de arte aplicada.
7. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores
de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de
sus fonogramas.  El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias
de sus fonogramas.  Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de Bolivia da
cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de protección.
El artículo 54 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, en el capítulo de los Productores de
Fonogramas, dispone que el productor fonográfico tiene respecto de sus fonogramas, el derecho
exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, alquiler y su comunicación al publico, inclusive la
distribución por cable, emisión por satélit e o cualquier otro medio de comunicación.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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En los artículos 18 y 19 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, se dispone que la duración de la
protección concedida por ésta será por toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, a
favor de sus herederos, legatarios y cesionarios.  Los plazos se computarán desde el día 1° de enero
del año siguiente al de la muerte o al de la fijación o creación de la obra.
8. Sírvanse proporcionar un resumen y un texto actualizados de todos los proyectos
recientes de reformas jurídicas de los derechos de autor, así como de la legislación penal en
trámite que puedan afectar al derecho de autor.
Actualmente está en proceso de discusión en el Poder Legislativo un Anteproyecto de Código
de Propiedad Intelectual.  En este instrumento jurídico, se incorporan las normas internacionales y
comunitarias vigentes, implementando sus previsiones en materia de derecho de autor.  Se entrega en
soporte informático como Anexo a este documento, la parte pertinente del Anteproyecto, que serásusceptible de aprobación por instancia legislativa.
En este momento no existe ninguna legislación penal pendiente de aprobación que pueda
tener efecto sobre derecho de autor, toda vez que recientemente se aprobó el nuevo Código de
Procedimiento Penal.
9. Sírvanse describir cómo la legislación boliviana establece una protección expresa para
las obras, las representaciones o ejecuciones y las grabaciones sonoras preexistentes de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 y los párrafos 5 y 6 del artículo 14 del Acuerdo
sobre los ADPIC.  Si esa protección no se concede expresamente en el marco de las leyes
vigentes, sírvanse explicar si el Acuerdo sobre los ADPIC rige en forma automática en Bolivia.
La Ley 1322 de Derecho de Autor, en lo que se refiere a la protección de obras preexistentes
de ejecutantes y fonogramas da estricto cumplimiento al Convenio de Berna, incluyendo lo dispuesto
en el artículo 6 bis, referido a los derechos morales.
Los artículos 18 y 19 de Ley de Derecho de Autor disponen una protección de 50 años
después de la muerte del autor a favor de sus herederos, legatarios o cesionarios.  El plazo se
computará desde el día 1° de enero del año siguiente al de la muerte o al de la publicación, exhibición,
fijación, transmisión, utilización o creación, según proceda.
El artículo 54 de la Ley 1322 dispone que el productor fonográfico, tiene respecto de sus
fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, alquiler y su comunicación
al publico, inclusive la distribución por cable, emisión por satélite o cualquier otro medio de
utilización.
A su vez en el artículo 57 de la Ley 1322, se dispone que los organismos de radiodifusión
gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir los siguientes actos.
• La retransmisión de sus emisiones.
• La fijación de sus emisiones de radio difusión.
• La reproducción de una fijación de sus emisiones.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 1322, pertenecen al
Patrimonio Nacional como obras preexistentes, entre otras:
• las obras cuyos autores hayan renunciado expresamente a sus derechos;
• las obras de autores fallecidos sin sucesores ni causahabientes;IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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• las obras cuyos plazos de protección fijados por los artículos 18 y 19 se hayan
agotado (se refiere al término de duración de 50 años).
10. Si bien la Ley de Derecho de Autor de 1992 protege los "programas de ordenador", no
parece protegerlos como "obras literarias".  En  un decreto presidencial, dictado en 1997, figura
una protección especial para programas de ordena dor.  Sírvanse explicar, en detalle, de qué
modo protege la legislación boliviana los programas de ordenador como "obras literarias" de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En el artículo 6, inciso l), de la Ley de Derecho de Autor, se especifica que están protegidos
los programas de ordenador o computación (soporte lógico o software) bajo reglamentación
específica.
Posteriormente a la Ley, se dictó el Decreto Supremo 24582 de 25 de abril de 1997,
aprobando el Reglamento del Soporte Lógico o Software, el cual en su artículo 1 disponeexpresamente que los programas de ordenador y las bases de datos serán protegidos como obras
literarias.  Asimismo, la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, establece en su artículo 23 que los
programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias.  Dicha
protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, sea en
forma de Código Fuente o Código Objetivo.
C. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
11. Sírvanse describir las materias comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio de
conformidad con la respectiva legislación boliviana.
De acuerdo al Título IV de las marcas, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, se señala que podrá constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos oservicios en el mercado.  También especifica que podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica.  La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
12. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en Bolivia para registrar una
marca de fábrica o de comercio, citar las disposiciones pertinentes de la ley y describir losderechos que puede ejercer el titular de una marca registrada de fábrica o de comercio.
El procedimiento para el registro de una marca está previsto en el capítulo II de la
Decisión 486, en los artículos 138 a 150.
9
                                                     
9 Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente
y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:
a) el petitorio;b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o
de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
c) los poderes que fuesen necesarios;
d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese
aplicable;  y
f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó
y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el
solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y
comprenderá lo siguiente:
a) el requerimiento de registro de marca;
b) el nombre y la dirección del solicitante;c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.  Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse
el lugar de constitución;
d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
e) la indicación de la marca que se pretende re gistrar, cuando se trate de una marca puramente
denominativa, sin grafía, forma o color;
f) la indicación expresa de los productos o servicios pa ra los cuales se solicita el registro de la marca;
g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios;  y,
h) la firma del solicitante o de su representante legal.Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la
oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo
siguiente:
a) la indicación que se solicita el registro de una marca;b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a
la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas
denominativas con grafía, forma o color especiales, o de ma rcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin
color;
d) la indicación expresa de los productos o servicio s para los cuales desea proteger la marca;  y,
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud
sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de
presentación.
Artículo 141.- Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca
aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente yrealizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dent ro de los seis meses contados a partir del día en que
tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca.  En ese caso, se podrá tener por
presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.
Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la
autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primeravez con relación a los productos o servicios de que se trate.
Artículo 142.- Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6 quinquies
del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de
la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del trámite.  Del mismo modo podrá pedir la corrección de cu alquier error material.
Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en
cualquier momento del trámite.  Dicha propuesta de  modificación se tramitará de conformidad con lo
establecido en el artículo 144.
En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la
ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.
Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los
artículos 135 y 136.
Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el
párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitosdentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de notificación.
Si a la expiración del término señalado, el solicita nte no completa los requisitos indicados, la solicitud
se considerará abandonada y perderá su prelación.
Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente
capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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13. Sírvanse indicar la duración y los plazos de la protección que la legislación sobre marcas
de fábrica y de comercio de Bolivia prevé para una marca de fábrica o de comercio.
Conforme al artículo 152 de la Decisión 486, el término de protección de una marca
registrada es de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión, pudiendo ser renovable porperíodos sucesivos de 10 años indefinidamente.
14. Sírvanse explicar cómo la legislación boliviana establece normas para proteger las
marcas notoriamente conocidas de bienes que no sean similares, en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Sírvanse citar las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes.
La Decisión 486, prevé una protección expresa en el Título XIII para los signos distintivos
notoriamente conocidos conforme a la previsión del párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC.  Esta norma amplia el principio de especialidad y de registro, ya que por una parte no se
niega la condición de notorio por el hecho de que no esté registrado, y el que posea un signo notorio
puede oponerse a productos o servicios de clases diferentes de acuerdo a la provisión expresada en el
                                                                                                                                                                    
Artículo 146.- Dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo
interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de
30 días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al
vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que
hubieren coexistido con la solicitada.
Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo
interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similarpara productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como
quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.  En ambos casos, el
opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición,
debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los
Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este  artículo, facultará a la oficina nacional competente a
denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente
presentada en cualquiera de los Países Miembros de co nformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la
suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.  En tal eventoserá de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al
solicitante para que dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si loestima conveniente.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de
30 días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.
Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que
estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se
interpone la oposición;
b) que la oposición fuere presentada extemporáneamente;c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procederá a r ealizar el examen de registrabilidad.  En caso de que se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión
o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 53
artículo 230 inciso b):  "las personas que participan en los canales de distribución o comercialización
del tipo de productos o servicios a los que se aplica".
Asimismo, en el caso de signos distintivos notoriamente conocidos inscritos indebidamente
como nombre de dominio, a pedido del titular o legítimo poseedor de este signo, la autoridad nacionalcompetente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio
(artículo 223).
A su vez constituye causal de irregistrabilidad conforme al artículo 136 h), aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando
"constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial,
de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar unriesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios;  un
aprovechamiento injusto del prestigio o de su valor comercial o publicitario".
15. Sírvanse explicar si la legislación bolivian a faculta para registrar términos genéricos,
pertenecientes a los idiomas español e inglés, y citar todas las leyes o reglamentos pertinentes.
Son causales de irregistrabilidad conforme al artículo 135 de la Decisión 486 inciso f) los
signos genéricos.  La norma señala:  "no podrán registrarse como marcas los signos que consistan
exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio
de que se trate".  En la interpretación de este artículo, si un signo de lengua inglesa tiene capacidad
distintiva suficiente, es susceptible de registro.
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
16. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación boliviana dispone el reconocimiento y
la protección de las indicaciones geográficas previstas en el párrafo 2 del artículo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar
ejemplos de indicaciones geográficas así protegidas.
El artículo 201 de la Decisión 486, en el Título XII de las Indicaciones Geográficas señala:
"Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación
de un país, de una región o de un lugar determinado que se refiere a una zona geográfica determinada,
utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras
características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce,
incluidos los factores naturales y humanos."
Hasta la fecha en Bolivia no existen Indicaciones Geográficas Protegidas.
17. Sírvanse describir, en detalle, la forma en qué se aplica el nivel superior de protección
requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los
reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas para dichos productos.
La normativa andina ha incorporado esta protección especial para vinos y bebidas espirituosas
en los artículos 215 a 220 de la Decisión 486.10
                                                     
10 Artículo 215.- Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que
identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugarIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
18. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los
dibujos y modelos industriales, citar las disposiciones de la legislación boliviana y describir la
naturaleza de la protección acordada.
El procedimiento que debe seguirse para la ob tención de un diseño industrial está establecido
en los artículos 117 a 127 del Título V, capítulo I de la Decisión 486.
En cuanto a la naturaleza de la protección descrita en el artículo 113 de la Decisión 486, se
considera diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de
líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea,
contorno, configuración, textura o materia, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
19. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los
dibujos y modelos textiles, y citar las disposiciones pertinentes de las leyes o reglamentos.
Es el mismo procedimiento para los diseños en general, ya que por la naturaleza de los
textiles, éstos caben en la protección de este sistema de propiedad intelectual, en la medida en que se
incorpore un aporte arbitrario del diseñador.
F. PATENTES
20. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que la legislación de patentes de Bolivia aplica
el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicar las excepciones previstas e incluir detalles
                                                                                                                                                                    
designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del
producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo","estilo", "imitación" u otras análogas.
Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de
otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus
nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos oservicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.
Artículo 216.- La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la
nulidad de la autorización de uso de una denominación de  origen protegida, si fue concedida en contravención a
la presente Decisión.  Serán de aplicación, en lo que fu ere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de
marcas de la presente Decisión.
Artículo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelará la autorización
de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a loindicado en la declaración de protección respectiva.  Se rán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas
sobre cancelación de registro de marcas de la presente Decisión.
Artículo 218.- Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen
protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o
artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.
Para solicitar dicha protección, las denominaciones de  origen deben haber sido declaradas como tales
en sus países de origen.
Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de or igen o indicaciones geográficas protegidas en
terceros países, las oficinas nacionales competente s podrán reconocer la protección, siempre que ello esté
previsto en algún convenio del cual el País Miem bro sea parte.  Para solicitar dicha protección, las
denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.
Artículo 220.- Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente
Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista
dicha protección en el país de origen.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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sobre la protección de los microorganismos y los procedimientos no biológicos y
microbiológicos, y las obtenciones vegetales.  Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la
ley.
El artículo 20 de la Decisión 486 contempla excepciones de patentabilidad previstas en el
artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.11
Con respecto a los microorganismos, éstos son patentables en virtud de la disposición
transitoria segunda de la Decisión 486 que señala:  "Los microorganismos serán patentables hasta
tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27,
numeral 3 del ADPIC."
En el marco de lo establecido por el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que señala:  "... los Miembros otorgarán protección a las obtenciones vegetales mediantepatentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y ésta",
Bolivia al adherirse al Acta 78 de la UPOV adoptó un sistema sui generis  para la protección de las
obtenciones de variedades vegetales.  Por otro lado, en el ámbito de la Comunidad Andina desde 1993
se cuenta con un Régimen Común sobre Variedades Vegetales aprobado mediante la Decisión 345.
La normativa en vigencia sobre Protección de Obtentores Vegetales, es la Resolución
Secretarial 064/96 del 9 de agosto de 1996, que estipula en el inciso b) del artículo 15, los derechos
conferidos:
"b) La persona natural o jurídica que haya obtenido, creado una nueva variedad, puede
solicitar un "Título de Propiedad", que confiere a su poseedor el derecho de impedir que
terceros, sin su consentimiento, lleven a cabo los siguientes actos respecto del material dereproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:
1) Producción, reproducción, multiplicación o propagación.
2) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación.
3) Ofrecer en venta.
4) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material
de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales.
5) Exportación.
6) Importación.
7) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los numerales precedentes.
                                                     
11 El Artículo 20 de la Decisión 486, señala que:  "No serán patentables:
a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.  A estos efectos la explotación comercial de
una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de unadisposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse
necesariamente para proteger la salud o la vida de las pe rsonas o de los animales, o para preservar los vegetales
o el medio ambiente.  A estos efectos la explotación come rcial de una invención no se  considerará contraria a la
salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambientesólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de
plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos
de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales."IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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8) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas, como material de
multiplicación, con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de
plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas.
9) La realización de los actos indicados en los numerales anteriores respecto al producto
de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenida por el uso no
autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a
menos que el título hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en
relación con dicho material de reproducción o de multiplicación."
Los requisitos de una variedad para poder protegerse, están establecidos en el inciso g):
"g) Además de los requisitos anteriores, debe cumplir con las siguientes características:
1) Ser nueva:  una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de
multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de
otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su
consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.
La calidad de nueva se pierde cuando:
a) La explotación haya comenzado por lo menos una año antes de la fecha de
presentación de la solicitud para el otorgamiento de un título de propiedad o
de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado  dentro
del territorio de Bolivia o de cualquier país miembro de la Junta del Acuerdo
de Cartagena.
b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso
de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación
de la solicitud del otorgamiento de un título de propiedad o de la prioridad
reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio
distinto al de Bolivia o de cualquier país miembro de la Junta del Acuerdo de
Cartagena.
c) La calidad de nueva no se pierde por venta o entrega de la variedad a
terceros, entre otros casos cuando tales actos:
1. Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su
causahabiente.
2. Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad
siempre y cuando ésta no hubiera sido entregada físicamente a un
tercero.
3. Sean parte de un acuerdo conforme el cual un tercero incrementó, por
cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de
multiplicación.
4. Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas
de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequeñaescala a fin de evaluar la variedad.
5. Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como
producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades
mencionadas en los literales 3) y 4) del presente inciso.
6. Se realicen bajo cualquier otra forma lícita.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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2) Ser distinta:  se considera distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier
otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida a la fecha de presentación
de la solicitud, para el otorgamiento de un título de propiedad o de la prioridad
reivindicada.
La presentación de una solicitud para el otorgamiento de un título de propiedad o la
inscripción de un Registro Oficial de cultivos, hará comúnmente conocida dicha
variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del título de
propiedad, o la inscripción de la variedad según el caso.
3) Ser homogénea:  una variedad se considerará homogénea si es suficientemente
uniforme en el conjunto de sus caracteres esenciales, de acuerdo con los sistemas de
reproducción o multiplicación.
4) Ser estable:  en sus caracteres esenciales, es decir que al final de cada ciclo de
multiplicación, mantenga las características descritas por su obtentor."
La duración de la protección se determina en el inciso h:
"h) El término de duración del 'Título de Propiedad', será de 25 años para el caso de las
vides y árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta-injertos y de 20 añospara las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento."
21. Sírvanse describir, en detalle, los derechos conferidos a los titulares de patentes con
arreglo a la legislación de patentes de Bolivia y citar las disposiciones pertinentes de la ley.
La patente tendrá un plazo de duración de 20 años contados a partir de la fecha de
presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro, a favor del titular.
El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las
reivindicaciones, la descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, que
servirán para interpretarlas.
Por otra parte, en virtud del artículo 52 de la Decisión 486, la patente confiere a su titular el
derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de lossiguientes actos:
a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo para alguno de esos
fines;  y
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento;  o
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un
producto obtenido directamente mediante el procedimiento.
22. Sírvanse describir, en detalle, las disposiciones de la legislación de Bolivia que permitan
el uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la ley, y describir, en
detalle, las condiciones en que ese uso pueda ocurrir.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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La no autorización de uso por parte del titular o licencia obligatoria, está regulada en el
capítulo VII, del régimen de licencias obligatorias de la Decisión 486, en los artículos 61 a 69.12
                                                     
12 Artículo 61.  Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro
años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, asolicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrialdel producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de supetición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País
Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de
un año.
La licencia obligatoria no será concedida si el titul ar de la patente justifica su inacción con excusas
legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada PaísMiembro.
Sólo se concederá licenci a obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener
una licencia contractual del titular de la patente, en térm inos y condiciones comerciales razonables y este intento
no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.
Artículo 62.  La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior,
procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer susargumentaciones si lo estima conveniente.
La oficina nacional competente establecerá el al cance o extensión de la licencia, especificando en
particular, el período por el cual se  concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la
compensación económica.  Esta compensación deberá se r adecuada, según las circunstancias propias de cada
caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.
La impugnación de la licencia obligatoria no impedi rá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en
los plazos que estuvieren corriendo.  Su interposición no im pedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la
compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.
Artículo 63.  A petición del titular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las licencias
obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechosy, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que lasestablecidas.
Artículo 64.  El licenciatario estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años
contados a partir de la fecha de concesión de la licen cia, salvo que justifique su inacción por razones de caso
fortuito o fuerza mayor.  En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competenterevocará la licencia obligatoria.
Artículo 65.  Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de
emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrásometer la patente a licencia obligatoria.  En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que
se le soliciten.  El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.
La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria,
especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condicionesde la compensación económica.
La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del
titular de la patente a seguir explotándola.
Artículo 66.  De oficio o a petición de parte, la of icina nacional competente, previa calificación de la
autoridad nacional en materia de libre  competencia, otorgará licencias ob ligatorias cuando se presenten prácticas
que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en elmercado por parte del titular de la patente.
En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la
necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.
La oficina nacional competente denegará la revocación  de la licencia obligatoria si resulta probable que
las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.
Artículo 67.  La oficina nacional competente otor gará licencia en cualquier momento, si ésta es
solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre ycuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables.
Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo  dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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23. ¿Qué plazo de protección para las patentes prevé la legislación de patentes de Bolivia?
Sírvanse describir las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo de protección y citar
las normas pertinentes de la ley.
El término de protección de una patente desde la presentación de la solicitud es de 20 años,
según se señala en el artículo 50 de la Decisión 486.
No existe ninguna previsión para extender el término de protección en la legislación.
G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE CIRCUITOS INTEGRADOS
24. Sírvanse describir, en detalle, la protección de los esquemas de trazado de los circuitos
integrados prevista en la legislación bolivian a, incluido el plazo de protección, y citar las
disposiciones pertinentes de la ley.
La protección para los esquemas de trazado de circuitos integrados está prevista en los
artículos 86 a 112 del Título IV de la Decisión 486.13
                                                                                                                                                                    
la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una
importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para
explotar la invención reivindicada en la segunda patente;  y,
no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.Artículo 68.  En adición de lo establecido en los ar tículos precedentes, las licencias obligatorias están
sujetas a lo siguiente:
a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su
explotación industrial, debiendo constar por escrito y re gistrarse ante la oficina nacional competente.  Caso
contrario, no surtirá efectos legales;
c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que
han recibido autorización para las mism as, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es
probable que vuelvan a surgir;
d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;e) tratándose de patentes de invención que proteg en tecnología de semiconductores, la licencia
obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una prácticadeclarada contraria a la libre compet encia por la autoridad nacional comp etente conforme a los artículos 65
y 66;
f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del
valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66;  y,
g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.Artículo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente capítulo no
surtirán efecto legal alguno.
13 CAPÍTULO I
DefinicionesArtículo 86.- A efectos del presente Título se entenderá por:a) circuito integrado:  un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al
menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de
la superficie de una pieza de material, y que es té destinado a realizar una función electrónica;
b) esquema de trazado:  la disposición tridimension al, expresada en cualquier forma, de los elementos,
siendo al menos uno de estos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposicióntridimensional preparada para un circu ito integrado destinado a ser fabricado.
CAPÍTULO II
De los Requisitos de Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos IntegradosIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 87.- Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.
Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su
creador y no fuese corriente en el sector de  la industria de los circuitos integrados.
Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la
industria de los circuitos integrados, se le considerar á original si la combinación de tales elementos, como
conjunto, cumple con esa condición.
CAPÍTULO III
De los Titulares
Artículo 88.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su
diseñador.  Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.
En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la
protección les corresponderá en común.
Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese
fin, o en el marco de una relación la boral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección
corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual encontrario.
CAPÍTULO IVDe la Solicitud de RegistroArtículo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante
la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:
a) el petitorio;b) una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado
comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
c) de ser el caso, una declaración indicando la fech a de la primera explotación comercial del circuito
integrado, en cualquier lugar del mundo;
d) de ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;
e) una descripción que defina la función electróni ca que debe realizar el circuito integrado que
incorpora el esquema de trazado;
f) copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en
el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de
trazado objeto de la solicitud presentada en el país Miembro;
g) los poderes que fuesen necesarios;  y,h) el comprobante de pago de la tasa establecida.Artículo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará
contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:
a) el requerimiento de concesión del registro;
b) el nombre y la dirección del solicitante;
c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.  Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse
el lugar de constitución;
d) el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo
solicitante;
e) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
f) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro
título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causantey que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país
Miembro;  y,
g) la firma del solicitante o de su representante legal.
Artículo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto
empresarial, el solicitante presentará, además de la re presentación gráfica requerid a, una representación del
esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigur ado las partes que contuvieran ese secreto.  Las partes
restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.
Artículo 92.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la
oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los
siguientes elementos:
a) una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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b) datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que
permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
c) una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita;  y
d) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud
sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha depresentación.
CAPÍTULO V
Del Trámite de la SolicitudArtículo 93.- La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un
esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicadosen los artículos 89, 90 y 91.  La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquemade trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.
En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la
corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses,  bajo apercibimiento de considerarse abandonada la
solicitud y archivarse de oficio.  Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficinanacional competente hará efectivo el aperci bimiento mediante resolución fundamentada.
Artículo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se
anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa del
interesado.
Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de
patente de invención.
Artículo 95.- Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente oposición
fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de
un esquema de trazado.
Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de
invención.
Artículo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente
registrará el esquema de trazado, expedirá un certifica do de registro que contendrá los datos incluidos en el
registro correspondiente.
CAPÍTULO VI
De los Derechos que confiere el RegistroArtículo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier
lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del paísMiembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial delesquema.  Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.
Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo
podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del país Miembro dentro de un plazo de15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.  Si la solicitud se presentara después devencido ese plazo, el registro será denegado.
Artículo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de
10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:
a) el último día del año en que se haya reali zado la primera explotación comercial del esquema de
trazado en cualquier lugar del mundo, o
b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del
respectivo país Miembro.
La protección de un esquema de trazado registrado cad ucará en todo caso al vencer un plazo de 15 años
contado desde el último día del año en que se creó el esquema.
Artículo 99.- La protección se aplicará independientem ente de que el circuito integrado que incorpora
el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquemade trazado se haya incorporado en un circuito integrado.
El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a
terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de
trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme alartículo 87;IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vend er o distribuir de cualquier forma el esquema de
trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema;  o
c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que
se encuentre incorporado el circuito integrado protegido,  sólo en la medida en que este siga conteniendo un
esquema de trazado ilícitamente reproducido.
La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende
ningún concepto, proceso, sistema, técnica o informació n codificados o incorporados en el esquema de trazado.
Artículo 100.- El derecho conferido por el registro  del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer
contra actos realizados con fines industriales o comerciale s.  El registro no confiere el derecho de impedir los
siguientes actos:
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;b) actos realizados exclusivamente con fine s de evaluación, análisis o experimentación;
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
d) actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial.
Artículo 101.- El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar
actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o deartículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio encualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas
cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobr e la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambaspersonas.
Artículo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar
actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la
evaluación o el análisis del esquema de trazado proteg ido, siempre que el esquema de trazado así creado cumpla
la condición de originalidad conforme al artículo 87.  Tampoco podrá impedir esos actos respecto de loscircuitos integrados que incorporen el esquema de traza do así creado, ni de los artículos que incorporen tales
circuitos integrados.
Artículo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar
los actos mencionados en el artículo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente
por un tercero, aun cuando fuese idéntico.
Artículo 104.- No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la
realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de  un circuito integrado que incorpore
ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona quelos realizara no supiera, y no tuviera motivos razona bles para saber, que ese esquema de trazado se había
reproducido ilícitamente.  Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de
trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o quehubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalentea una regalía razonable basada en la que co rrespondería pagar por una licencia contractual.
Artículo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser
transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.
Deberá registrarse ante la oficina nacional compet ente toda transferencia del registro de esquema de
trazado.  La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.CAPÍTULO VII
Del Régimen de Licencias
Artículo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión
podrá dar licencia a uno o más terceros para la  explotación del esquema de trazado respectivo.
Deberá registrarse ante la oficina nacional comp etente toda licencia de explotación del esquema de
trazado.  La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.
En caso de que exista algún cambio respecto al nomb re o dirección del titular del registro de esquema
de trazado durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a laIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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oficina nacional competente.  En caso contrario, cual quier notificación realizada conforme a los datos que
figuren en el registro, se reputará válida.
Artículo 107.- Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de
emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la
autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en
cualquier tiempo:
a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o
comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas alefecto;  o
b) que tal esquema de trazado quede abierto a la con cesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo
caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condicionesestablecidas.
Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las
condiciones establecidas para la concesión de licenci as obligatorias respecto de patentes de invención.
CAPÍTULO VIII
De la Nulidad del Registro
Artículo 108.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona
y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:
a) el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86;b) el registro no cumpliese con los requis itos de protección previstos en el artículo 87;
c) el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno
de los plazos estipulados en el artículo 97;  o,
d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos
administrativos.
Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado
registrado, la nulidad se declarará solamente con resp ecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro
vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previsto
en el artículo 87.
El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún
valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.
Artículo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de
conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados  de nulidad relativa.  En estos casos la autoridad
nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la
fecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.
Artículo 110.- La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado
cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo.  La acción de anulación sólo podrá ser
iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obt ener el registro.  Esta acción prescribirá a los cinco
años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que la
persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento  de la comercialización del producto que incorpora el
esquema de trazado en el país Miembro,  aplicándose el plazo que venza primero.
Artículo 111.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del
registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.
Cuando en razón de la legislación interna de un país Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional
competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el  artículo anterior, se presentarán dentro de los dos
meses siguientes a la notificación.
Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una
prórroga por dos meses adicionales.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo,  la oficina nacional competente decidirá sobre la
nulidad del registro, lo cual notificar á a las partes mediante resolución.
Artículo 112.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad
nacional competente podrá pedir al titular del registro qu e presente uno o más de los documentos referidos en el
artículo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
25. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación de Bolivia establece la protección de la
información no divulgada como lo exige el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre
los ADPIC y citar las disposiciones pertinentes de la ley.
La protección de los secretos industriales, está contenida en el Título XVI, capítulo II desde
los artículos 260 al 266 de la Decisión 486:
"Artículo 260.  Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada
que una personal natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercer, en la
medida que dicha informal sea:
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de
sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se
encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.
b) tenga un valor comercial por ser secreta ;  y
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o
finalidades de los productos;  a los medios o formas de distribución o comercialización de
productos o prestación de servicios".
"Artículo 261.  A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto
empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por ordenjudicial.
No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal,
aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la
posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros
o cualesquiera otros actos de autoridad."
"Artículo 262.  Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido
contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas
leales de comercio por parte de terceros.  Constituirán competencia desleal los siguientes
actos realizados respecto a un secreto empresarial:
a) explotar, sin su autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se
ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación
contractual o laboral;
b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legitimo, el secreto
empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de
perjudicar a dicho poseedor;
c) adquirir un secreto empresarial por medios lícitos o contrarios a los usos comerciales
honestos;IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 65
d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los
medios referidos con el inciso c);
e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o
debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidosen el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en
provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto
empresarial.
Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales
honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el
incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, elincumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquier de estos actos."
"Artículo 263.  La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las
condiciones establecidas en el artículo 260."
"Artículo 264.  Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar
el uso a un tercero.  El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secretoempresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quién le transmitió o autorizó el
uso de dicho secreto.
En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión
de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para
proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no seancontrarias a las normas sobre libre competencia."
"Artículo 265.  Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial
sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o
de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto ode su usuario autorizado."
"Artículo 266.  Los países miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la
comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan
nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuyaelaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso
comercial desleal.  Además, los países Miembros protegerán esos datos contra toda
divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger el público, o salvo que se adoptenmedidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal."
26. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación boliviana protege los datos de prueba
relativos a productos farmacéuticos y químicos agrícolas presentados al Gobierno a fin de
aprobar la comercialización de esos productos en  Bolivia y citar las disposiciones pertinentes de
la ley.
La protección está prevista en el artículo 266 de la Decisión 486, que señala:  "...que cuando
se exija como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos
químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros
no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo
uso comercial desleal.  Además esos datos se protegerán contra toda divulgación excepto cuando seaIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los
datos, contra todo uso comercial desleal."
La autoridad sanitaria para otorgar una autorización de venta de un medicamento no requiere
contar con documentos donde se especifique el proceso o protocolo de manufactura, de tal manera
que al no haber presentado el solicitante datos de pruebas que entrañen un esfuerzo considerable no
existe riesgo de divulgación de la información proporcionada que pueda servir a cualquier solicitante
posterior ni a la misma autoridad.  Simplemente se requiere una descripción de los componentes
activos e inactivos que hacen parte de la fórmula.
Las autoridades sanitarias que autorizan la comercialización de productos farmacéuticos y
agroquímicos son entidades del sector público, sin fines de lucro, que desarrollan una función
encomendada expresamente por la Ley.  En este sentido, queda entendido que el uso que hacen esas
autoridades de los datos que tienen a su disposición, cualquiera que fuese su origen, al interior de susinstituciones y en cumplimiento de su función legal de autorizar la comercialización de esos
productos, no constituye un uso comercial ni un uso desleal.  Tal uso es un uso estatal no comercial, y
por definición es uno uso lícito, pues lo requieren las leyes que rigen el mandato y funcionamiento de
esas autoridades.  Además, el uso de los datos al interior de esas instituciones no implica divulgación
alguna a terceros, pues éstos en ningún momento podrán acceder a los datos referidos, en virtud a loestablecido en el artículo 265 de la Decisión 486.
27. ¿Se faculta a solicitantes posteriores, que tratan de aprobar la comercialización de sus
propias versiones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas aprobados con anterioridad,
para depender de datos presentados por el solicitante anterior?  En caso afirmativo, qué plazode exclusividad se otorga al solicitante anterior sin que se faculte a los terceros para dependerde sus datos.
Toda persona tiene el derecho de solicitar y obtener ante las autoridades competentes un
permiso de comercialización de su propia versión de un producto farmacéutico o agroquímicopreviamente aprobado, siempre que cumpla con las disposiciones de la legislación pertinente.
La autoridad que autoriza la comercialización no puede discriminar entre solicitantes anteriores y
posteriores, debiendo tratar a todos por igual conforme a la ley.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 266 de la Decisión 486, la autoridad que autoriza la
comercialización no permitirá a terceros acceder a los datos de pruebas u otros no divulgados cuya
elaboración hubiese supuesto un esfuerzo considerable, y que se hubiese suministrado por otra
persona (salvo las excepciones previstas en el mismo artículo 266, que corresponde al párrafo 3 del
artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC).  Esta protección tiene duración indeterminada, y se
mantendrá mientras subsistan las condiciones requeridas para ello.
Sin embargo, las autoridades que autorizan la comercialización de productos farmacéuticos y
agroquímicos desarrollan una función encomendada expresamente por la ley.  En este sentido queda
entendido que la utilización de los datos por esas autoridades al interior de sus instituciones y en
cumplimiento de su función legal, cualquiera sea el origen de esos datos, no implica una divulgaciónde los mismos en la medida en que no se permite a terceros acceder a ellos, salvo en los casos deexcepción indicados en el artículo 266 de la Decisión 486.
En este sentido, si la autoridad ya hubiese autorizado la comercialización de un producto
anterior, y otra persona solicitara autorización para un producto posterior idéntico, y esta personacumpliera con los requisitos de legislación pertinente, la autoridad estará obligada a autorizar
igualmente ese producto posterior.  Para determinar si ese producto posterior cumple con los
requisitos de la legislación, la autoridad podrá internamente hacer uso de cualquier información a sudisposición.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Cabe observar que en la medida en que el procedimiento de autorización de comercialización
previsto en la ley no exigiera presentar datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración
hubiese supuesto un esfuerzo considerable, el referido artículo 266 (que corresponde al párrafo 3 del
artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC) no será aplicable.
I. OBSERVANCIA - O BLIGACIONES GENERALES , PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y
ADMINISTRATIVOS Y MEDIDAS PROVISIONALES
28. Sírvanse describir, en detalle, de qué modo la legislación boliviana prescribe medidas
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual como lo
dispone el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En cuanto corresponde a los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad
intelectual requeridos por el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, Bolivia tieneincorporada en su legislación interna procedimientos civiles, penales, administrativos y métodos
alternativos de solución de controversias para su correspondiente aplicación y observancia de los
derechos de propiedad intelectual.  En ese sentido, se aplican las normas contenidas en el derecho
sustantivo, leyes especiales con su reglamentación de protección al derecho de autor y los derechos
conexos, la protección a la propiedad industrial y a las obtenciones de las variedades vegetales, y lasnormas adjetivas que están en los Códigos Civil y Penal y sus normas procesales como los Códigos de
Procedimiento Civil, Penal y normas administrativas.  Igualmente, son de aplicación en Bolivia las
normas de observancia previstas por las Decisiones Andinas 344, 345, 351, 391 y 486.
29. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces
estarán facultados para ordenar que se aporte la prueba necesaria para sustanciar lasalegaciones de una parte cuando ésta no haya podido obtener esa prueba por encontrarse bajo
el control de la parte contraria.  Sírvanse describir cómo las leyes o reglamentos de Bolivia
otorgan esa facultad, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.
El Código de Procedimiento Civil (CPC), facu lta al juez que siempre que hubiere hechos a
probar, aun sin conformidad de las partes y aunque no lo pidieren, a que abra un período de pruebaque no puede ser menor de 10 días ni mayor de 50 según el proceso de que se trate.  El auto o
resolución que dicta el juez es apelable ante autoridad superior (artículo 370 CPC).
Al sujetarse la causa a prueba, el juez fijará, en auto expreso y en forma precisa, los puntos de
hecho a probarse.  Este auto puede ser objetado por las partes dentro del tercer día y dará lugar a su
pronunciamiento previo e inmediato.  Podrá ser apelado en el efecto devolutivo sin recurso ulterior
(artículo 371 CPC).
Se aceptan todos los medios legales probatorios, así como los moralmente legítimos aunque
no especificados en el Código de Procedimiento Civil.  Las partes serán hábiles para probar la verdad
de los hechos en que se fundare la acción o la defensa (artículo 373 CPC en concordancia con el
artículo 1285 del Código Civil).
Los medios legales de prueba son:  los documentos, la confesión, la inspección judicial, el
peritaje, la testificación, las presunciones (artículo 374 CPC).
La carga de la prueba incumbe:  1) al actor, en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y
2) al demandado, en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho
del actor (artículo 375 CPC).IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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La oportunidad de probar, para las partes en proceso, será dentro del período fijado por el
juez.  Fuera de ese período serán rechazadas de oficio, excepto las pruebas preconstituidas y las
comprendidas en el artículo 331, que se refiere a aquellos documentos posteriores o anteriores
desconocidos.  Al respecto se establece que, después de interpuesta la demanda, sólo se admitirándocumentos de fecha posterior, o siendo anteriores, bajo juramento de no haber tenido antes
conocimiento de ellos.  En tales casos se notificará a la otra parte para los efectos del artículo 46
inciso 2, que significa que debe pronunciarse sobre los documentos acompañados o citados en la
demanda.  Su silencio, evasivas o negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento
de la verdad de los hechos a que se refieren dichos documentos (artículos 377, 331 y 346 inciso 2
CPC).  Si la prueba debe producirse en el exterior  de la República, el juez comisionará a la autoridad
judicial correspondiente, siempre que se presentaren cualesquiera de las circunstancias siguientes:
1) Que el hecho a probar hubiere ocurrido fuera de la República.
2) Que los archivos u oficinas que contuvieren los documentos se encontraren en el
extranjero.
3) Que la persona que deberá declarar residiere en el extranjero (artículo 385 CPC).
Para recibir la prueba anterior, se fijara un plazo extraordinario de prueba teniendo en cuenta
la distancia y los medios de transporte.  El plazo no deberá exceder de 60 y 120 días, según se tratare
o no de país limítrofe y cinco.  La resolución que concediere el plazo extraordinario será inapelable;
la que denegare el plazo será apelable en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior (artículo 386 en
concordancia con los artículos 370 y 383 del CPC).
En cuanto se refiere a la prueba para el procedimiento penal, se establece como principio la
libertad probatoria y determina que el juez admitirá como medios de prueba todos los elementos
lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la
responsabilidad y de personalidad del imputado.  Podrán utilizarse otros medios además de los
previstos en este Libro.  Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba
previsto.
Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la
investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad.  El juez limitará los medios de prueba
ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes (artículo 171 Nuevo
Código de Procedimiento Penal).
En los artículos 174 a 192 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, se establece el
procedimiento para la comprobación inmediata y los medios auxiliares siguientes:
• Registro del lugar del hecho.
• Requisa personal.
• Requisa de vehículos.
• Levantamiento e identificación de cadáveres.
• Autopsia y necropsia.
• Inspección ocular y reconstrucción.
• Allanamiento de domicilio.
• Facultades coercitivas por la fuerza pública.
• Mandamiento de allanamiento y Secuestro (con excepciones ver art. 185 NCPP).IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Se establecen los siguientes medios de prueba legales:  testimonio, en este caso si el testigo no
se presentara a la primera citación, se expedirá mandamiento de aprehensión, sin perjuicio de su
enjuiciamiento.  Si después de comparecer se niega a declarar se dispondrá su arresto hasta por
24 horas, al término de las cuales si persiste en su negativa se le iniciará causa penal (artículo 198NCPP).  En este caso, los actos de desobediencia a la autoridad y resistencia a la autoridad tienen
penas de multa y reclusión de un mes a un año (artículo 159 y 160 Código Penal).
También se tiene prevista la declaración por comisión cuando el testigo no resida en el distrito
judicial donde debe prestar su declaración y no sea posible contar con su presencia.  En este caso se
ordenará su declaración por exhorto y orden instruida a la autoridad judicial de su residencia
(artículo 199 NCPP).
Pericia, es otro medio utilizado para descubrir o valorar un elemento de prueba, cuando sean
necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica.
La Ley Nº 2175 del Ministerio Público, establece que para el cumplimiento de sus funciones
(ejercer la acción penal pública, ejercer la dirección funcional de las actuación policial en la
investigación de los delitos y velar por la legalidad de estas investigaciones), toda persona, institución
o dependencia, pública o privada, tiene la obligación de proporcionar la información requerida por elMinisterio Público, bajo responsabilidad prevista en el Código Penal.  (Desobediencia a la autoridad y
resistencia a la autoridad que tiene penas de multa y reclusión de un mes a un año.  Artículos 159
y 160 CP.)
30. Sírvanse describir, en detalle, todos los recu rsos civiles de que disponen los titulares de
derechos en el contexto de la legislación bo liviana, y citar las disposiciones legales o
reglamentarias pertinentes.
El Código de Procedimiento Civil, establece normas claras y precisas para el tratamiento y
resolución de controversias que sean sometidas a los juzgados de jurisdicción ordinaria en el país.
En ese sentido, se presentan sistemáticamente los procedimientos civiles que pueden ser
utilizados:
1. Jueces.  Existen Juzgados de Primera y Segunda Instancia en todo el territorio nacional, que
no solo contempla la capital de departamento (ciudades) sino también las provincias y cantones
(fronteras) en toda la República, autoridades judiciales que tienen competencia para conocer
demandas en materia civil para la resolución de controversias a los propietarios de los derechos.
2. Partes.  Se prevé la intervención y capacidad de las partes que esencialmente intervienen en el
proceso como el demandante, el demando y el juez.
Intervendrán accesoriamente los fiscales cuando representaren al Estado en calidad de actor o
demandado, y los funcionarios auxiliares de la administración judicial.
También concurrirán accesoriamente los abogados, peritos, intérpretes, depositarios,
administradores, martilleros y comisionados.
Las sociedades legalmente constituidas, así como las corporaciones, entidades, autárquicas,
autónomas, cooperativas y comunidades concurrirán por intermedio de sus representantes legales(artículo 56 CPC).IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 70
La representación por mandato prevé que la persona que se presentare en el proceso en
nombre o representación de otra, deberá acompañar al primer escrito los documentos que demuestren
su personalidad (artículo 58 CPC).
Admitida la personalidad, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le
imponen y sus actos obligan al poderdante, como si él personalmente los practicare (artículo 60 CPC).
Ante las Notarías de Fe Pública se deberán protocolizar los poderes otorgados en el
extranjero, previa legalización por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de acuerdo a la Ley
del Notariado.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal por el ejercicio del mandato, el mandatario
deberá responder a su poderdante por las costas causadas por su culpa o negligencia exclusivas.
El juez, podrá de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria delmandatario con el abogado patrocinante (artículo 64 CPC).
Se prevén disposiciones para los casos de rebeldía, la citación de evicción y los casos en que
proceden los beneficios de gratuidad.
3. Comisiones a otras autoridades.  Cuando el juez que tuviere que realizar alguna diligencia
dentro de su jurisdicción y no pudiere cumplirla personalmente, podrá encomendarla a otras
autoridades judiciales y, sólo a falta de éstas, administrativas.
Cuando tuvieren que realizarse diligencias judiciales fuera de su jurisdicción, pero dentro del
territorio nacional, el juez librará exhortos para los de igual jerarquía, y órdenes instruidas para los de
jerarquía inferior.  Si tuviera que encomendarse a una autoridad del exterior de la República, se hará
mediante exhorto (artículos 113 y 114 CPC).
4. Medidas precautorias.  Antes de presentarse la demanda o durante la sustanciación del
proceso pueden pedirse las medidas precautorias siguientes:
• Anotación preventiva.
• Embargo preventivo.
• Secuestro.
• Intervención.
• Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados (concuerda con el
artículo 1444 Código Civil) (artículo 156 CPC).
Otras medidas precautorias, fuera de los casos previstos anteriormente, establecen que quien
tuviere fundado motivo para temer que, durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de suderecho, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes
que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la
sentencia (artículo 169 CPC).
Para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, el juez podrá limitar
la medida precautoria solicitada o disponer otra diferente, según la importancia del derecho que seintentare proteger.
Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes muebles afectados o si su
conservación fuere gravosa o difícil, el juez, a pedi do de parte previo conocimiento de la otra parte,
con un plazo que fijará según la urgencia del caso, podrá ordenar la venta en la forma más
conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas (artículos 170 y 171).IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Para que proceda la medida precautoria es necesario que la parte solicitante dé caución por las
costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar, en caso de haberla pedido sin derecho.
Las medidas provisionales tienen carácter temporal, subsisten mientras duraren las
circunstancias que las determinaron y en cualquier momento en que ellas cesaren se podrá disponer sulevantamiento.
También las medidas provisionales caducarán de pleno derecho, sí tratándose de obligaciones
exigibles, no se interpusiere la demanda dentro de los cinco días siguientes al de la ejecución
(artículo 177 CPC).
5. Procede la conciliación en los procesos civiles, y podrá realizarse como diligencia previa o
durante el proceso a instancias del juez (concuerda con el artículo 945 del Código Civil) (artículo 180
CPC).
6. Sanción por incumplimiento de mandato judicial.  Los jueces y tribunales podrán imponer
sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas tendientes a que se cumplan los mandatos
judiciales.  Su importe beneficiará a la parte perjudicada por el incumplimiento.  Las sanciones se
graduarán según las condiciones económicas y personales del responsable y podrán ser reajustadas o
dejadas sin efecto si aquél desistiere de su resistencia y justificare total o parcialmente su proceder.
7. Las resoluciones judiciales consisten principalmente en providencias que sólo tienden al
desarrollo del proceso y ordenan actos de mera ejecución, se dictan en el plazo de 24 horas de
presentada la petición de las partes.
Los autos interlocutorios deben ser fundamentados y resolverán cuestiones que requieren
sustanciación y ocurrieren durante la tramitación del proceso.  Se dictan dentro del plazo de cinco uocho días, se cuenta desde que el expediente ingresa al despacho del juez.
8. La sentencia es una resolución que pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá
decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que
hubieren sido demandadas, en ella se absolverá o condenará al demandado.  Según sea el proceso que
se tratare, 40 días en proceso Ordinario;  20 días en proceso Sumario y Ejecutivo;  10 días en proceso
Sumarísimo.
La resolución de segunda y tercera instancia, que resuelve los recursos planteados se
denominan auto de vista y auto de casación y son también fundamentados, y se dictan dentro del
plazo de 30 días computables desde la fecha en que sorteare el expediente.
9. Los recursos.  Las resoluciones judiciales son recurribles mediante la impugnación de la parte
perjudicada.  Sin perjuicio de los recursos establecidos en leyes especiales, las resoluciones judiciales
podrán reclamarse mediante los recursos de reposición, apelación y casación.
10. Existe el procedimiento para el recurso de revisión extraordinaria de sentencias.  Habrá lugar
al recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia (máximo tribunal de casación),
de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario, con determinación de los casos en que procede.
11. Existen también disposiciones para la conclusión extraordinaria del proceso, que se
encuentran identificadas con los siguientes procedimientos:
• Desistimiento.  Que puede ser interpuesta antes de contestada la demanda, el
demandante podrá retirarla y se considerará co mo no presentada (artículos 303 al 308 CPC).IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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• Desistimiento del proceso, después de contestada la demanda, el demandante o su
apoderado con facultad especial podrá desistir del proceso.  Puede existir la condición de la
parte demandada que previo a aceptar el desistimiento se le paguen las costas causadas.
• Desistimiento del derecho, en la misma oportunidad y forma previstas en el artículo
anterior el demandante podrá desistir del derecho en que fundó la acción.  En este caso no
requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el actoprocediere por la naturaleza del derecho litigioso y dar por terminado el proceso en caso
afirmativo.  En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por objeto y causa iguales.
• Perención y transacción son otras dos maneras de conclusión extraordinaria de los
procesos (artículos 309 al 315 CPC).
12. Procesos de conocimiento
Clases:  Proceso Ordinario, todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial
se substanciará y resolverá en proceso ordinario (artículos 36 CPC).  Por lo general y dada la
naturaleza de los derechos intelectuales los asuntos contenciosos se resuelven con este proceso.
Proceso Sumario, Los proceso de menor cuantía (conflictos con menor cantidad de monto
económico) (artículo 317 CPC).
Proceso Sumarísimo, que están relacionados a proceso voluntarios y sin substanciación y
procedimiento simple de mero trámite.
13. Medidas preparatorias - Enumeración.  Todo pr oceso podrá prepararse por quien pretendiere
demandar o por quien, con fundamento, previere que será demandado, pidiendo:
- Que la persona contra quien se propusiere dirigir la demanda presente declaración
jurada sobre algún hecho relativo a su personalidad, comprobación sin la cual no pudiera
entrarse en juicio.
- El reconocimiento, ante el juez competente, dé firma en documento y papeles
privados.  Podrán darse los casos siguientes:
• Tratándose de persona jurídica y cuando el firmante hubiera dejado de ser
personero de ella o se encontrase ausente, se podrá pedir que su reemplazante
declare la efectividad del documento.
• Si se tratase de obligaciones contraídas por analfabetos o impedidos de
firmar, se estará a lo dispuesto por los artículos 1299 y 300 del Código Civil.
• Si, legalmente citada, no comparece la persona quien se emplaza, se dará por
reconocida la firma y la efectividad del documento, a menos que mediare
impedimento por fuerza mayor comprobada, caso en el cual el juez señalará
nuevo día y hora o se trasladará al domicilio del emplazado.
• Que se exhiba la cosa mueble que ha ser objeto de la acción.
• Que se exhiban testamentos o codicilos si el solicitante se creyere heredero o
legatario.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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• Que, en caso de evicción, se exhiban los títulos u otro documento referentes a
la cosa vendida.
• Que el socio o comunero o quien tuviera en su poder los documentos de la
sociedad o comunidad, los exhiba, de manera que el solicitante pueda fundaruna acción relativa a los mismos o defender en juicio promovido por un
tercero, sea que la sociedad hubiere sido o no disuelta legalmente.
• Que se nombre defensor del ausente presunto que habrá de ser demandado,
previa justificación de la ausencia en el término prudencial que fije el juez,que en la misma forma se nombre defensor de bienes desamparados.
• Que, con la noticia contraria, se reciba declaración anticipada de testigos
gravemente enfermos, próximos a ausentarse del país o de edad avanzada.
• Que se practique, con o sin intervención de peritos, la inspección judicial de
inmueble o muebles que habrán de ser objeto del juicio, para comprobar su
estado.
- Que si el demandado presunto estuviera por ausentarse de la República constituya
domicilio legal en el lugar que correspondiere entablar el proceso, dentro de los tres días de
citársele con el requerimiento, bajo conminatoria de tener por constituido el domicilio en la
puerta del juzgado o tribunal donde se practicará la citación con la demanda.
- Que quien hubiere de ser demandado por reivindicación u otra acción para que fuere
necesario conocer el carácter en virtud del cual ocupa la cosa objeto del juicio a promoverse,
exprese a qué título la tiene.
- Que se practique mensura judicial (artículo 319 CPC).
Se puede solicitar como medida preparatoria la exhibición de cosa mueble y procede el
depósito de ella en el estado en que se encuentre, si es la misma que el demandado propone demandar.
Es necesario interponer demanda dentro de 20 días siguientes, de lo contrario la prevención y el
depósito quedarán sin efecto (artículo 322 CPC).
También existe la previsión para la declaración anticipada de testigos que puede ser después
de formalizado el juicio y antes de abrirse el período de prueba.
14. El Proceso Ordinario comprende fundamental mente las siguientes etapas procesales:
• Demanda, admisión, citación - Contestación (puede haber reconvención de la
demanda).
• Se podrán interponer Excepciones previas o perentorias.
• Es posible la tercería que puede ser coadyuvante, excluyente y de derecho preferente.
• Período de prueba, que puede ser ampliado con plazo extraordinario.
• Conclusión del período de prueba, decreto de autos para dictar sentencia.
• Sentencia, se puede ejecutar, o bien procede el recurso de apelación.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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• Recurso de apelación.
• Recurso de casación.
• Ejecución de sentencia.
El Proceso Ejecutivo, se procederá ejecutivamente en virtud de un título que tuviere fuerza de
ejecución.  Se demandará al deudor moroso el pago o cumplimiento de una obligación exigible.
Son títulos ejecutivos:
• Los documentos públicos.
• Los documentos privados reconocidos o tenidos como tales por juez competente.
• Los títulos, valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio
tuvieren fuerza ejecutiva.
• Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada.
• Los documentos de crédito por expensas comunes en edificios sujetos al régimen
legal de propiedad horizontal.
• Los documentos de crédito, recibos impagos en arrendamiento de inmuebles.
• La confesión de deuda líquida y exigible ante el juez competente para conocer en la
ejecución.
• La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada cuando se pidiere su cumplimiento
después de un año de ejecutoriada.
Acción Ordinaria y Ejecutiva, intentada la acción en la vía ordinaria y contestada la demanda,
no será permitido iniciar la ejecutiva (artículos 487 y 489 CPC).
15. Los medios alternativos de solución de controversias pueden ser aplicados a través del
arbitraje y la conciliación, por lo que se aplica la Ley Nº 1770 de Arbitraje y Conciliación de 10 de
marzo 1997.
31. Sírvanse explicar cómo se aplican en Bolivia los recursos civiles a niveles "adecuados
para compensar el daño que el titular del dere cho haya sufrido", como lo dispone el párrafo 1
del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Procederá la orden de las autoridades judiciales para compensar el daño que haya sufrido el
titular del derecho, siempre que éste o su representante o apoderado haga constar en la demanda civil
y demuestre el daño sufrido por la infracción a su derecho de propiedad intelectual, para que proceda
el resarcimiento de daños y perjuicios, así como las costas procesales.  En ejecución de sentencia seprocederá a la calificación del daño y consecuente orden de pago.  La sentencia ejecutoriada en
proceso ordinario es título ejecutivo constitutivo de derechos y obligaciones y exigible de pago.
En cuanto se refiere a la infracción de derecho y la comisión de delitos, la sentencia penal
condenatoria que dicta el juez será cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o
tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado.  La Sentencia fijará con precisiónIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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las sanciones que corresponden, la forma y lugar de cumplimiento y, en su caso, determinará el
perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el
condenado.  La Sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados
a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos.  Decidirá sobre el decomiso, laconfiscación y la destrucción previstos en la ley.
La sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad ejecutoriada habilitará
el procedimiento especial para la reclamación de los daños y perjuicios que correspondan
(artículo 365 NCPP).
El procedimiento penal prevé, para la reparación del daño, que ejecutoriada la sentencia de
condena o la que imponga una medida de seguridad por inimputablidad o semiimputabilidad, el
querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño causado
o la indemnización correspondiente.
La víctima que no haya intervenido en el proceso penal podrá optar por esta vía, dentro de los
tres meses de informada de la sentencia firme (artículo 382 NCPP).
El procedimiento exige una demanda, su admisibilidad, realización de una audiencia y la
resolución del juez.  Procede recurso de apelación en el efecto devolutivo sin recurso ulterior(artículos 383 al 388 NCPP).
32. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos y recursos provisionales al alcance de
los titulares de derechos en conformidad con la legislación de Bolivia, citar las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes e indicar cual quier condición en virtud de la cual el titular
del derecho podrá valerse de esos procedimientos y recursos.
Derecho de Autor y Derechos Conexos
La legislación nacional con la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor del 13 de abril de 1992, en
su artículo 3 establece el ámbito de protección de los derechos de todos los autores bolivianos, de los
extranjeros domiciliados en el país y de las obras de extranjeros publicadas por primera vez en el país.
Los extranjeros no domiciliados en el país gozarán de la protección de esta Ley, en la medida
que les corresponda en virtud de los convenios y tratados internacionales de los que Bolivia sea parte.
En su defecto, estarán equiparados a los bolivianos cuando éstos a su vez, lo estén a los nacionales en
el país respectivo.
Los autores apátridas, refugiados o de nacionalidad controvertida serán considerados como
nacionales del país donde tengan establecido su domicilio.
La tipificación del delito se encuentra establecida en el artículo 68 de la Ley 1322, y señala lo
que se considera como violación al Derecho de Autor, que es de conocimiento de la Judicatura Penal
Ordinaria.  La sanción penal que se establece en el artículo 362 del Código Penal, consiste en
reclusión de tres meses a dos años y multa de 70 días.
El artículo 68 de la Ley 1322, establece que cometerá violación, al derecho de autor quien:
a) En relación con una obra o producción literaria o artística inédita y sin autorización
del autor, artista o productor, o de sus causahabientes, la inscriba en el registro o la publiquepor cualquier medio de reproducción, multiplicación o difusión, como si fuere suya o de otra
persona distinta del autor verdadero.  O con el título cambiado o suprimido, o con el texto
alterado dolosamente.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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b) En relación con una obra producción publicada y protegida cometa cualesquiera de
los hechos indicados en el inciso anterior, o sin permiso del titular del derecho de autor, la
reproduzca, adapte, transforme, modifique, ref unda o compendie y edite o publique alguno de
estos trabajos por cualquier modo de reproducción, multiplicación o comunicación al público.
c) Reproduzca una obra editada, alterando dolosamente en la edición fraudulenta el
nombre del editor autorizado al efecto.
d) Reproduzca mayor número de ejemplares de los autorizados por el titular del derecho
de autor, sus causahabientes en el respectivo contrato.
e) Reproduzca un fonograma o videograma con miras a su comercialización, o lo alquile
sin autorización escrita de su productor o su representante;  asimismo, el que importe,
almacene, distribuya o venda las copias ilícitas de un fonograma o un videograma.Entiéndese por ejemplar ilícito de un fonograma o un videograma, el que imitando o no, las
características externas del ejemplar legítimo tiene incorporado el fonograma o el videograma
o parte sustancial de él, sin la autorización de su titular.
f) Edite, venda, reproduzca o difunda una obra editada o fonograma mencionando
falsamente el nombre del autor, del editor autorizado, de los intérpretes y ejecutantes o delproductor.
g) Reproduzca, difunda, ejecute, represente o distribuya una o más obras después de
vencido el término de una autorización concedida al efecto.
h) Presentare declaraciones falsas destinadas, directa o indirectamente a perjudicar los
derechos económicos del autor, sea alterando los datos referentes al producto económico deun espectáculo, el número de ejemplares produci dos, vendidos o distribuidos de una obra o
por cualquier otro medio.
i) Sin la autorización del titular del derecho de autor sea responsable por la
representación o ejecución de obra teatrales musicales o cinematográficas.
j) Sin ser autor, editor causahabiente o representante de uno o de alguno de ellos, se
atribuya falsamente una de esas calidades y obtenga que la autoridad suspenda la
representación de la ejecución pública de una obra.
k) Se apropie indebidamente del derecho de uso de nombres de periódicos, revistas,
secciones y columnas de los mismos, programas de radio televisión, noticieros
cinematográficos, de los demás medios de comunicación, de los personajes ficticios o
simbólicos en obras literarias, historietas gráficas y otras publicaciones periódicas o de
personajes característicos empleados en actuaciones artísticas o de nombres de grupos yconjuntos, coros orquestas, bandas y otros elencos artísticos.
l) Transmita, retransmita o difunda por cualquier medio, obras cinematográficas sin
autorización del productor.
Artículo 69.  El propietario, socio, gerente, director o responsable de las actividades de los
establecimientos donde se realicen espectáculos teatrales o musicales, responderánsolidariamente con el organizador del espectáculo, por las violaciones a los derechos de autor
que tengan lugar en dichos locales, sin perjuicio de las responsabilidades penales que
correspondan.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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El artículo 52 de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor establece en el Título X, referido a los
Derechos Conexos, la protección a los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, los
productores fonográficos, de los organismos de radiodifusión.
La Ley de Cine Nº 1302 del 20 de diciembre de  1991, por su parte, establece el ámbito de
protección para las personas naturales o jurídicas ocupadas en una o más actividades cinematográficas
o que tengan relaciones con los filmes, y tiene como atribución el Consejo Nacional de Cine
CONACINE, el registrar la propiedad intelectual cinematográfica y los contratos de coproducción,
exhibición y distribución.
Los videocasetes que sean para comercialización dentro del territorio de Bolivia deberán
llevar un sello pirograbado de constanc ia de legalidad otorgado por CONACINE.
Marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales
La legislación nacional establece protección a las marcas, en la Ley Reglamentaria de Marcas
del 15 de enero de 1918, que en su artículo 47 establece una multa y la pena de reclusión de tres
meses a un año, a quienes falsifiquen una marca, usen marcas falsificadas, imiten fraudulentamente
una marca, pongan sobre sus productos o mercancías una marca ajena, expendan los mismos con su
conocimiento.
Asimismo, el artículo 48 sanciona igualmente con una multa y con reclusión de uno a tres
meses a los que comercialicen directa, indirectamente o a través de intermediarios marcas falsificadas
o fraudulentamente imitadas y los que vendan marcas auténticas sin el consentimiento de su
propietario, así también los que se presten a vender o pongan a circular artículos espúreos con marcas
falsificadas y fraudulentamente imitadas como marcas auténticas.  Y la sanción es también para losque hagan poner en la marca de productos una enun ciación o cualquier designación falsa, con relación
a la naturaleza, calidad, cantidad, peso a medida o a lugar o país en que haya sido fabricado o
expedido, o medallas, diplomas, menciones, recompensas o distinciones honoríficas concedidas en
exposiciones o concursos, sin perjuicio de extinguirse su derecho.
El Código de Comercio regula el derecho al nombre comercial (artículos 470 y siguientes) su
formación, el uso y transmisión.  En concordancia el Código Penal (artículo 236) establece la
penalización a la violación de esos derechos a quien imite o usurpe el nombre comercial ajeno
responde de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la sanción penal correspondiente.
El artículo 475 y siguientes del Código de Comercio, también establece el derecho de uso de
las marcas registradas, signos distintivos, marcas de uso simultáneo, transmisión, cancelación del
registro de una marca (cuando no está en uso por más de cinco años ininterrumpidos), salvo lo
convenido en tratados internacionales y de reciprocidad.  El procedimiento está sujeto a lasdisposiciones vigentes y aplicables en Bolivia, más específicamente la Decisión 486 de la Comunidad
Andina de Naciones.
El Código Penal en su artículo 236 tipifica como delito al engaño en productos industriales, al
que pusiese en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan al engaño sobre su
origen, procedencia, cantidad y calidad y establece como sanción la privación de libertad de seismeses a tres años.
Así también en el artículo 363, se establece la tipificación para el delito de violación de
privilegio de invención al señalar que será sancionado con reclusión de tres meses a dos años y multa
de treinta a sesenta días, el que violare el derecho de privilegio de invención o descubierto, en los
siguientes casos:IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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1) Fabricando sin autorización del concesionario objetos o productos amparados por un
privilegio.
2) Usando medio o procedimiento que sea objeto de un privilegio.
En cuanto se refiere a los delitos informáticos se establece en el Código Penal, en el
artículo 363 bis, que el que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero
manipule un procedimiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado
incorrecto o evite un proceso tal, cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una
transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y
con multa de 60 a 200 días.
El artículo 363 ter se refiere a la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, y
señala que el que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datosalmacenados en una computadora o en cualquier sopo rte informático, ocasionando perjuicio al titular
de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta un año o multa hasta 200 días.
Los procedimientos judiciales que se pueden interponer si hay violación de derecho de autor,
serán conocidos por los Juzgados de Justicia Penal Ordinaria que existe en el país.
En la vía civil se interpondrán también aquellas acciones que sean procedentes al caso en
concreto, que se demande.
El procedimiento de arbitraje y conciliación también se puede aplicar en cuanto corresponda
en derecho, pues existen en el país diversos centros relacionados con la Cámara de Comercio
Nacional que pueden atender los requerimientos de partes interesadas en utilizar los métodos alternos
de solución de controversias.
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, cuenta con una reglamentación
especial para solucionar los casos de conciliación cuando se vulneren los Derechos de Autor, si es
procedente se aplica la conciliación con las partes que se encuentren dispuestas a someterse a esos
recursos.  Se aplica la Ley Nº 1770 de Arbitraje y Conciliación.
En cuanto al procedimiento penal se explica en las siguientes preguntas 37 a 39 del
cuestionario presentado por el Gobierno de los Estados Unidos de América del Norte.
Así también el artículo 57 de la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918, establece que todo
industrial o comerciante que tuviese conocimiento de que se encuentra en aduana, correo, negocio
particular, marcas suyas falsificadas o fraudulentamente imitadas o productos falsificados o imitados
fraudulentamente, con perjuicio de sus derechos o intereses, podrá pedir el embargo de dichos objetos
y el Juez lo ordenará bajo las responsabilidades del peticionario y con las cauciones necesarias para el
caso que el embargo pedido fuese sin derecho consolidado.  También se faculta al juez para queordene el levantamiento de inventario y descripción de las mercaderías o productos que se encuentren
con dichas marcas.
El Código de Comercio de nuestro país, en su Libro Primero, capítulo V, trata sobre la
competencia desleal, los actos que la constituyen y la acción de los perjudicados para que ocurran ante
juez competente para que en la vía sumaria se ordene la cesación de los actos de competencia deslealasí como también la multa en caso de incumplimiento de la resolución del Juez.
El Código Penal, en su capítulo II tipifica los delitos contra la Industria y el Comercio, tales
como la competencia desleal, el monopolio de im portación, producción o distribución de mercaderías,IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 79
desvío de clientela y corrupción de dependientes, se reprime en el primer caso con reclusión de seis
meses a tres años y multa de 100 a 500 días y en los dos últimos casos se sanciona con multa de 30 a
100 días.
33. Sírvanse explicar cómo los recursos pena les son "ágiles" e "impiden injustificadas
demoras", como lo prescriben el párrafo 1 del artículo 41 y el artículo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Las sanciones penales están claramente establecidas en el Código Penal, así como en las
normas especiales anteriormente indicadas.
El procedimiento para la ejecución de la sentencia no prevé mayor dificultad, ya que las
normas establecen claramente los plazos y recursos procesales necesarios para garantizar un debido
proceso.
La legislación boliviana ofrece beneficios condicionados claramente, para aquellas personas
sancionadas con pena privativa de libertad, que son los que establece el Código Penal como es la
libertad condicional y el beneficio de extramuro o prelibertad.
En ese sentido se establece que la libertad condicional procederá cuando se hayan cumplido
dos tercios de la pena impuesta y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 66 del CódigoPenal y la Ley de Ejecución de Penas y el Sistema Penitenciario.
En ese sentido el artículo 66 del Código Penal establece:
Libertad Condicional.  El juez de la causa, mediante sentencia motivada podrá conceder
libertad condicional por una sola vez al condenado a pena privativa de libertad que hubiera
cumplido las dos terceras partes de la condena, previo informe de la Dirección General deEstablecimientos Penitenciarios, Juez de Vigilancia y de acuerdo a los siguientes requisitos:
Haber cumplido las diferentes etapas del sistema progresivo, y que se encuentre
clasificado en el tercer grado de prelibertad previstos en los artículos 8 inciso c) y 22
inciso c) de la Ley de Ejecución de Penas y sistema Penitenciario.
Haber demostrado aptitud y hábito de trabajo.Haber satisfecho la responsabilidad civil o constituir fianza real o personal.
Que observe buena conducta en libertad y se someta a la tutela del Juez de Vigilancia
y de los servicios Post-Penitenciarios dependientes de la Dirección General, hasta el
cumplimiento total de la condena.
Artículo 67.- Condiciones.-  La sentencia motivada que conceda la libertad deberá imponer al
condenado las condiciones siguientes:
Observar las normas de conductas señaladas en el artículo 61.Someterse a la vigilancia de las autoridades.
Prestar caución de buena conducta.
Presentarse periódicamente ante el juez de vigilancia.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 80
Artículo 68.- Revocatoria.- La libertad condicional se revocará si el liberado cometiere algún
delito doloso o no cumpliere las condiciones establecidas en la sentencia, vigentes hasta el
vencimiento del término de la condena.
El Nuevo Código de Procedimiento Penal cuando se refiere a la suspensión condicional de la
pena señala:
Artículo 366.- Suspensión condicional de la pena.- El juez o tribunal, previo a los informes
necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la
naturaleza y la modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento
de la pena y cuando concurran los requisitos siguientes:
Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de
tres años de duración;  y,
Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los
últimos cinco años.
Artículo 24.- Condiciones y Reglas.- Al resolv er la suspensión condicional del proceso, el
juez fijará un período de prueba que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres y en
ningún caso excederá el máximo de la pena prevista;  determinará las condiciones y reglasque deberá cumplir el imputado en ese plazo, seleccionando de acuerdo con la naturaleza del
hecho entre las siguientes:
prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juez;
prohibición de frecuentar determinados lugares o personas;
abstención del consumo de estupefacientes o de bebidas alcohólicas;someterse ala vigilancia que determine el juez;
prestar trabajo a favor del Estado o de instituciones de asistencia pública, fuera de sus
horarios habituales de trabajo;
permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el juez determine un
oficio, arte, industria o profesión;
someterse a tratamiento médico o psicológico;
prohibición de tener o portar armas;  y,
prohibición de conducir vehículos.
El juez podrá imponer otras reglas de conducta análogas, que estime convenientes para la
reintegración social del sometido a prueba.  El juez notificará personalmente al imputado la
suspensión condicional del proceso, con expresa advertencia sobre las reglas de conducta, así como
sobre las consecuencias de su inobservancia.
La suspensión condicional del proceso sólo será apelable por el imputado y únicamente,
cuando las reglas sean ilegítimas, afecten su dignidad o sean excesivas.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 81
El juez de ejecución penal velará por el cumplimiento de las reglas.
Artículo 25 Revocatoria.- Si el imputado se aparta considerablemente y en forma justificada
de las reglas impuestas, no cumple los acuerdos o promesas del daño civil , o se formaliza la
acusación por la comisión de un nuevo delito, el juez de la causa revocará la suspensión y el
proceso continuará su curso.  En el primer caso, el juez podrá optar por la ampliación del
período de prueba y/o la modificación la medidas impuestas.
La revocatoria de la suspensión del proceso no impedirá el posterior perdón judicial o
suspensión condicional de la pena.
Si la suspensión condicional del proceso no ha sido revocada hasta el vencimiento del período
de prueba, el juez de la causa declara extinguida la acción penal.
El beneficio de Extramuro, el beneficio de prelibertad que tiene una lista extensiva de
requisitos para su procedencia, conlleva asimismo, no sólo el compromiso formal de cese de actividad
ilícita, sino el resarcimiento de daño y perjuicios para lo cual se deberán prestar las fianzas reales,
personales y garantías exigidas por el nuevo Código de Procedimiento Penal.
El Nuevo Código de Procedimiento Penal está introduciendo nuevos roles y conceptos en la
administración de la justicia penal en Bolivia, por lo que es importante destacar que adopta el sistemaacusatorio oral, publico, continuo y contradictorio y establece mecanismos de selección de causas
verdaderamente graves que preocupan a la sociedad y al Estado.
Se está otorgando un nuevo rol acusador al Ministerio Público por una parte, y por la otra se
hace una revalorización de la víctima (titular del derecho).  Si se destaca ambas partes del proceso, es
por la directa relación que existe entre ambos para llevar adelante la etapa preparatoria del juicio quepermita la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del
querellante y la defensa del imputado hasta la etapa de juicio y su correspondiente sentencia y
ejecución.
Es importante destacar que para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios
causados por el delito, sólo podrá ser ejercida por el damnificado (víctima, titular del derecho), contrael autor y los partícipes del delito y en su caso, cont ra el civilmente responsable, por lo que se deberá
iniciar la acción civil y podrá ser ejercida conforme las reglas especiales previstas en el Nuevo Código
de Procedimiento Penal o intentarse ante los tribunales civiles, pero no se podrá promover
simultáneamente ambas jurisdicciones (artículos 36 y 37 NCPP).
J. O
BSERVANCIA - P RESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN
FRONTERA
34. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos contemplados en la legislación
boliviana que establezcan prescripciones especial es en frontera para reprimir, al menos, la
falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor,
identificar la autoridad competente y citar las disposiciones pertinentes de la ley o el
reglamento.
La Ley General de Aduanas N° 1990 de 28 de julio de 1999, en su artículo 31 incisos a), b),
c) y f), establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 31.- Las funciones de  la Aduana Nacional son:IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 82
Vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras y aeropuertos del país.
Intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los tributos
aduaneros y otros que determinen las leyes.
Prevenir y reprimir los ilícitos aduaneros dentro del ámbito de su competencia.Las demás que le señalen las leyes."
Por lo expuesto, la Aduana Nacional cumple con la labor de controlar y fiscalizar toda
mercancía que ingrese a nuestro territorio.
Por otra parte, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 86 de la Ley General de
Aduanas y 120 del Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000 - Reglamento de la Ley
General de Aduanas, que respectivamente señalan:
"ARTÍCULO 86 (L.G.A.).- La im portación de mercancías protegidas por el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), se ajustará a las
disposiciones generales y principios básicos señalados en dicho Acuerdo.
La administración aduanera, a solicitud del órgano nacional competente relacionado con la
propiedad intelectual, podrá suspender el desaduanamiento de la mercancía quepresuntamente viole los derechos de propiedad intelectual, obtenidos en el país o que deriven
de acuerdos internacionales suscritos por Bolivia, ratificados por el Parlamento."
"ARTÍCULO 120 (Reglamento).- (Protección aduanera a los derechos de autor y a la
propiedad intelectual)
Conforme lo dispone el artículo 86 de la Ley General de Aduanas, la Ley N° 1322 sobre
derechos de autor y otras leyes sobre propiedad intelectual, la administración aduanera a
solicitud del organismo competente, podrá suspender el despacho aduanero de la mercancía
que presuntamente viole derechos de propiedad intelectual, siempre y cuando no se hubiere
autorizado el levante de las mercancías.
En caso que el organismo competente interponga ante la administración aduanera la solicitud
de suspensión de despacho aduanero, éste deberá presentar en el plazo de diez (10) días las
pruebas fehacientes que demuestren que se están afectando los derechos de propiedad
industrial, derechos de autor o de propiedad intelectual, marcas de fábrica o de comercio,
dibujos, modelos industriales o patentes protegidos por la Organización Mundial del
Comercio.  Si vencido el plazo no se presentan las pruebas de infracción a la propiedad
intelectual, la administración aduanera dará continuidad al despacho aduanero.
Realizadas las comprobaciones sobre infracciones a la propiedad intelectual, la
administración aduanera procederá al comiso de las mercancías y en coordinación con el
organismo competente, dispondrá el de stino o destrucción de las mismas."
Las mercancías provenientes del extranjero o de Zona Franca del exterior, para el ingreso al
territorio aduanero nacional deben cumplir con las formalidades aduaneras y la presentación del
Manifiesto Internacional de Carga y designando una Administración de Aduana de Destinodependiente de la Gerencia Regional correspondiente, para posteriormente proceder a la aplicación de
un régimen aduanero.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 83
Iniciado el despacho aduanero y de no existir denuncia formal por el SENAPI (Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual) sobre la supuesta violación de derechos de autor, la administración
aduanera procede con la nacionalización de las mercancías.
Por otro lado, está el cumplimiento de normas supranacionales en materia de propiedad
intelectual y de aplicación obligatoria en nuestro territorio.
En este sentido, la Decisión 486 de la Comunida d Andina contiene todo un capítulo en el que
se regula lo atinente a las medidas en frontera previstas en la sección 4 de la parte III del Acuerdo
sobre los ADPIC.
De esta manera, establece en su artículo 250, la posibilidad para el titular de un registro de
marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación
de productos que infringen su derecho, de solicitar a la autoridad nacional competente suspender lacorrespondiente operación aduanera, suministrando para el efecto la información necesaria y una
descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para
que puedan ser reconocidos.
El artículo 251 de la Decisión 486, faculta al titular de la marca participar en la inspección de
las mercancías retenidas, a efectos de fundamentar sus reclamaciones, confiriendo igual derecho alimportador o exportador de las mercancías.  De otra parte, la norma dispone que la autoridad nacional
competente debe disponer lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese
pertinente.
En concordancia con lo establecido por el Ac uerdo sobre los ADPIC, el artículo 253 establece
que:
"Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la
operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que
la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y
se procederá al despacho de las mercancías retenidas."
Y el artículo 254 faculta a la parte contra quien se tomó la medida para recurrirla, una vez
iniciada la acción por infracción.
Por su parte, en el artículo 255 se señala que una vez determinada la infracción, los productos
con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser
reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente
calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del
titular de la marca, sin perjuicio de las demás acciones que le correspondan y por supuesto, a reserva
del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial la decisión respectiva.
Finalmente, el artículo 256 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 60 del
Acuerdo sobre los ADPIC regula a las exportaciones insignificantes, estableciendo que quedan
excluidas de la aplicación de las disposiciones sobre medidas en frontera las cantidades pequeñas de
mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se
envíen en pequeñas partidas.
35. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir
a medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los
procedimientos y recursos con que cuentan en relación con cada una de las formas de propiedad
intelectual, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 84
Las mercancías extranjeras ingresan al territorio boliviano portando el respectivo Manifiesto
Internacional de Carga y no existen medidas coercitivas, procedimientos ni sanciones, sólo hasta el
momento que el SENAPI, interponga ante la Admini stración Aduanera de Frontera la suspensión del
despacho aduanero por infracciones a los derechos de autor y a la propiedad intelectual.
En cuyo caso podrá aplicarse el artículo 120 del D.S. 25870, Reglamento de la Ley General
de Aduanas, que indica que el organismo nacional competente (SENAPI) podrá solicitar la suspensión
del despacho cuando se afectan derechos de autor o de propiedad intelectual, marcas de fábrica o de
comercio, dibujos, modelos industriales o patentes protegidas por la OMC.
36. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC determina los procedimientos que se han de
seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las
autoridades competentes de Bolivia están facultadas  para actuar de oficio y, en caso afirmativo,
sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de oficio.
El Decreto Supremo N° 25159 de septiembre de  1998, autoriza al SENAPI, como organismo
competente, a cumplir funciones de protección en materia de propiedad industrial, intelectual y
derechos de autor.
Por otra parte, el artículo 86 de la Ley General de Aduanas establece que:  "la importación de
mercancías protegidas por el Acuerdo sobre los As pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), se
ajustará a las disposiciones generales y principios básicos señalados en dicho Acuerdo.
La administración aduanera, a solicitud del órgano nacional competente relacionado con la
propiedad intelectual, podrá suspender el desaduanamiento de la mercancía que presuntamente violelos derechos de propiedad intelectual, obtenidos en el país o que deriven de acuerdos internacionales
suscritos por Bolivia, ratificados por el Parlamento".
En el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (protección aduanera a los
derechos de autor y a la propiedad intelectual), se establece que:
"Conforme lo dispone el artículo 86 de la Ley General de Aduanas, la Ley N° 1322 sobre
derechos de autor y otras leyes sobre propiedad intelectual, la administración aduanera a
solicitud del organismo competente, podrá suspender el despacho aduanero de la mercancía
que presuntamente viole derechos de propiedad intelectual, siempre y cuando no se hubiere
autorizado el levante de las mercancías.
En caso que el organismo competente interponga ante la administración aduanera la solicitud
de suspensión de despacho aduanero, éste deberá presentar en el plazo de diez (10) días las
pruebas fehacientes que demuestren que se están afectando los derechos de propiedadindustrial, derechos de autor o de propiedad intelectual, marcas de fábrica o de comercio,
dibujos, modelos industriales o patentes protegidos por la Organización Mundial del
Comercio.  Si vencido el plazo no se presentan las pruebas de infracción a la propiedad
intelectual, la administración aduanera dará continuidad al despacho aduanero.
Realizadas las comprobaciones sobre infracciones a la propiedad intelectual, la
administración aduanera procederá al comiso de las mercancías y en coordinación con el
organismo competente, dispondrá el de stino o destrucción de las mismas".IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Por otra parte, el Título XV, capítulo III en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486,
establece las medidas en frontera que son adoptadas por los Miembros para proteger los derechos de
propiedad intelectual.
"Artículo 250.  El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer
que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro,
podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.
Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías
que establezcan las normas internas del País Miembro.
Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional
competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de
los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá
ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.
Artículo 251.  A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente
permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas.  Igual
derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.
Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para
proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.
Artículo 252.  Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional
competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al
solicitante.
En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del
consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la
cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.  Asimismo, notificará la suspensión al
importador o exportador de los productos.
Artículo 253.  Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la
suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por
infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la
medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.
Artículo 254.  Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá
recurrir a la autoridad nacional competente.  La autoridad nacional competente podrá
modificar, revocar o confirmar la suspensión.
Artículo 255.  Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que
hubiera incautado la autoridad nacional compet ente, no podrán ser reexportados ni sometidos
a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la
autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la
marca.
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del
derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente
podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 256.  Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las
cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte delequipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas."
K. O
BSERVANCIA - PROCEDIMIENTOS PENALES
37. Sírvanse describir, en detalle, cómo las leyes de Bolivia aplican el artículo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC que prescribe que lo s Miembros establecerán procedimientos y
sanciones penales, que comprenderán penas de prisión y/o la imposición de sancionespecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa de
marcas de fábrica o de comercio y de infracción de derechos de propiedad intelectual a escala
comercial.  Sírvanse citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
En el artículo 235 del Código Penal, sobre fraude comercial, se señala:  "El que en lugar
público, o abierto al público engañare al comprador entregándole una cosa por otra, siempre que noresulte delito más grave, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años."
Según el artículo 236 del Código Penal, se establecen los delitos contra la industria y el
comercio, éste señala:  "El que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales que
induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación delibertad de 6 meses a 3 años."
En materia de derecho de autor y delitos informáticos, los artículos 362, 363, 363 bis y 363 ter
del Código Penal establecen sanciones penales con reclusión de libertad de 3 meses a 2 años y multa
de 60 días, así como reclusión de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días, respectivamente.
38. El artículo 61 estipula que, cuando pro ceda, entre los recursos disponibles figurará
también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos
los materiales y accesorios utilizados predominan temente para la comisión del delito.  Sírvanse
describir las disposiciones de la legislación bo liviana que prevén tales recursos y señalar las
circunstancias en que éstos se aplicarían, y ci tar las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.
El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud
de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona
que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.  En esta
acción se puede pedir, entre otras cosas, la indemnización por daños y perjuicios.  La mismadisposición se encuentra en la Ley de Derecho de Autor.
39. Asimismo, el artículo 61 indica que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de otras formas de la
propiedad intelectual.  Sírvanse describir las disposiciones de la legislación boliviana queestablezcan esos procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentariaspertinentes.
En el artículo 235 del Código Penal, sobre fraude comercial, se señala:  "El que en lugar
público, o abierto al público engañare al comprador entregándole una cosa por otra, siempre que noresulte delito más grave, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años."
Según el artículo 236 del Código Penal, se establecen los delitos contra la industria y el
comercio, éste señala:  "El que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales que
induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación delibertad de 6 meses a 3 años."IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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En materia de derecho de autor y delitos informáticos, los artículos 362, 363, 363 bis y 363 ter
del Código Penal establecen sanciones penales con reclusión de libertad de 3 meses a 2 años y multa
de 60 días, así como reclusión de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días, respectivamente.
L. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
40. Sírvanse proporcionar información estadística referente a derechos civiles de autor,
marcas de fábrica y de comercio, indicaciones  geográficas, dibujos y modelos industriales,
patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y la observancia de secretos comerciales
compilados durante el año 2000, incluyendo el número de casos presentados;  los mandamientos
expedidos;  las mercancías infractoras confiscadas;  los equipos infractores confiscados;
los casos resueltos (incluidos los arreglos);  y el importe de los perjuicios indemnizados.
El Gobierno de Bolivia no dispone de esa información.
41 Sírvanse proporcionar información estadística referente a la observancia penal en la
esfera de la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica y de
comercio compilados durante el año 2000, incluyendo el número de operativos, procesos,
condenas, el importe de las multas y/o penas de prisión (con inclusión de las multas pagadas y
de las penas de prisión realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra información queestablezca que el sistema penal funciona eficazmente para disuadir la piratería lesiva del
derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica y de comercio.
El Gobierno de Bolivia no dispone de esa información.
_______________IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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ANEXO
ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
LIBRO PRIMERO
DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
TÍTULO I
DERECHO DE AUTOR
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 6.  Generalidades.
I. El derecho de autor tiene las siguientes generalidades:
1. Se reconoce y garantiza el derecho de autor en favor de los autores y titulares de
derechos sobre sus obras y el derecho conexo en favor de los artistas, intérpretes y
ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión sobre susproducciones.
2. El autor de una obra tiene, por el solo hecho de la creación, la titularidad originaria del
derecho sobre la obra, que comprende a su vez, derechos morales que amparan la
paternidad e integridad de la obra y los derechos patrimoniales que protegen el
aprovechamiento económico de la misma.
3. Los derechos señalados  son independientes de la propiedad del soporte material que
contiene la obra, de manera que la enajenación del indicado soporte no implica ninguna
cesión de derechos en favor del adquirente, salvo disposición expresa del presente
Libro.
4. El derecho de autor tiene también por objeto salvaguardar el acervo cultural de la
nación.
Artículo 7.  Nacimiento del derecho.
I. El derecho de autor nace con la creación de la obra sin que sea necesario el registro, depósito
u otra formalidad para obtener la protección reconocida por el presente Libro.
II. Las formalidades que se establecen tienen por objeto otorgar mayor seguridad jurídica a los
autores y titulares de los derechos que se protegen.
III. Las disposiciones del presente Libro se aplicarán a las obras literarias o artísticas que hayan
sido creadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Código, a condición de que las
obras no sean todavía de dominio público, debido a la expiración de la duración a la que
estaba sometida en la legislación anterior o en la legislación de su país de origen.
IV. El párrafo anterior se aplicará para la protección de los derechos conexos reconocidos por el
presente Libro.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 89
V. Los efectos legales de los actos, contratos y registros concertados o estipulados antes de la
entrada en vigor del presente Libro permanecerán intactos.
Artículo 8.  Domicilio de los autores.
I. El presente Libro ampara los derechos de los autores bolivianos, extranjeros domiciliados en
el país y a las obras de extranjeros publicadas por primera vez en el país.
II. Los extranjeros no domiciliados en el país gozarán de la protección del presente Libro, en la
medida que les corresponda en virtud de los convenios y tratados internacionales en los que
Bolivia sea parte.  En su defecto, estarán equiparados a los bolivianos cuando éstos, a su vez,
lo estén a los nacionales en el país respectivo.
III. Para los efectos del presente Libro, los autores apátridas, refugiados o de nacionalidad
controvertida serán considerados como nacionales del país donde tengan establecido sudomicilio.
Artículo 9.  Independencia y compatibilidad.
El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:
1. La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté
incorporada la obra.
2. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
3. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por el presente Libro.
CAPÍTULO II
OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR
Artículo 10.  Objeto del derecho de autor.
I. Las disposiciones del presente Libro, regulan el ámbito de protección del derecho de autor,
sobre las obras del ingenio humano de carácter original, sean de índole literaria, artística,
científica y los derechos conexos, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o
finalidad.
II. El objeto de la protección del derecho de autor es toda creación literaria, artística, científica
cualquiera sea la forma de expresión tangible o intangible y el medio o soporte, actualmente
conocido o que se conozca en el futuro.
Artículo 11.  Obras protegidas.
Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:
1. Libros, folletos, artículos, impresos, epístolas, novelas, cuentos, poemas, crónicas,
criticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, y obras
expresadas por escrito.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 90
2. Conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias,
comentarios y obras compuestas por palabras y expresadas oralmente.
3. Obras dramáticas o dramático-musicales, obras teatrales, obras coreográficas y
pantomímicas, cuya representación se fije por escrito o de otra manera.
4. Composiciones musicales, con o sin letra.
5. Obras audiovisuales como las cinematográficas y videogramas, cualquiera sea el
soporte o procedimiento empleado.
6. Obras de bellas artes, incluidos pintura, dibujo, escultura, grabado, litografía y las
historietas gráficas, cómicos, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras
plásticas.
7. Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.8. Ilustraciones, mapas, gráficos, planos, croquis, diseños y obras plásticas y
tridimensionales relativas a la geografía, la topografía, y en general a la ciencia.
9. Obras fotográficas o las que se asimilan a las expresadas por procedimiento análogo a
la fotografía.
10. Obras de artes aplicadas, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter
industrial de los objetos a los cuales estén incorporados, incluyendo las obras de
artesanía.
11. Bocetos escenográficos y las respectivas escenografías.
12. Programas de ordenador o computación.
13. Obras derivadas como las adaptaciones, traducciones, arreglos musicales, revisiones,
actualizaciones y anotaciones, compendios resúmenes y extractos;  y, otras
transformaciones de una obra literaria, artística o científica, realizadas con expresa
autorización del autor de la obra original, y sin perjuicio de sus derechos.
14. Las traducciones, adaptaciones, transformaciones, arreglo de obras de cultura
tradicional y popular, expresiones del folklore y obras inspiradas en el mismo.
15. Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de toda
clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones
intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales o
datos.
Artículo 12.  Excepción.
I. La protección reconocida en el presente Libro no alcanzará a los textos oficiales de carácter
legislativo, administrativo o jurídico ni a las traducciones oficiales de los mismos, ni lasnoticias del día, ni las ideas, procedimientos, sistemas, métodos de funcionamiento,
conceptos, principios, descubrimientos o simples datos o hechos, aun cuando éstos expresen,
describan, expliquen, ilustren o se incorporen en una obra.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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II. No son objeto de protección las ideas ni abstractas, ni las ideas contenidas en las obras
literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su
aprovechamiento industrial o comercial.
CAPÍTULO III
TITULARES DEL DERECHO DE AUTOR
Artículo 13.  Titulares de los derechos.
El autor de una obra es el primer titular de los derechos morales y patrimoniales sobre su obra,
únicamente la persona individual puede ser autor;  sin embargo, el Estado, las entidades de derecho
público y las personas colectivas  pueden ser titulares de derecho de autor, de conformidad con las
normas del presente Libro.
Artículo 14.  Presunción de autor.
Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona individual que aparezca
indicada como tal en la obra, mediante su nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo
habitual que esté indicado en ella.
Artículo 15.  Las obras realizadas en colaboración.
Los coautores de una obra realizada en colaboración serán los primeros cotitulares de los derechos
morales y patrimoniales sobre dicha obra.  Sin embargo, si una obra realizada en colaboración se
puede dividir en partes independientes, los coautores podrán beneficiarse de derechos independientes
sobre esas partes, a la vez que serán cotitulares de los derechos de la obra realizada en colaboración
considerada como un todo.
Artículo 16.  Modificación de una obra musical.
Cuando una obra se traduzca o adapte a otro idioma, los traductores o adaptadores serán autores de
sus propias traducciones o adaptaciones y no adquirirán el derecho del titular, pues el carácter
indicado lo conservará para todos los efectos legales, el autor de la obra original.
Artículo 17.  Obra colectiva.
I. Los derechos patrimoniales sobre la obra colectiva, salvo estipulación en contrario, se
presumen cedidos a la persona natural o jurídica que la publique bajo su nombre.
II. A falta de mención expresa, se entenderá que los derechos quedan cedidos al responsable
principal de la utilización de la obra.
Artículo 18.  Obra anónima.
I. Cuando la obra se divulgue en forma anónima, o bien bajo seudónimo, iniciales, sigla o signo
que no identifiquen al autor, el editor cuyo nombre aparezca en la obra, será salvo prueba en
contrario considerado como representante del autor y, como tal, con derecho a proteger yhacer respetar los derechos del mismo, mientras éste no revele su identidad.
II. Se exceptúan las obras de cultura tradicional y popular o folklóricas de autor no conocido.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 19.  Sociedad conyugal.
I. El derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal y podrá ser administrado
libremente por el cónyuge autor o derechohabiente del autor.
II. El cónyuge autor conservará su derecho moral y patrimonial, conforme lo establecido por el
Código de Familia.
Artículo 20 .  Obras creadas bajo dependencia laboral.
Las obras creadas bajo dependencia laboral, en el marco del contrato de trabajo, o las creadas por
empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de las obligaciones inherentes a sus cargos, salvo
pacto en contrario del contrato, tendrán como titular de los derechos morales y patrimoniales al autor,
pero los derechos patrimoniales sobre dicha obra se considerarán transmitidos al empleador en la
medida justificada por las actividades habituales del empleador en el momento de creación de la obra.
Artículo 21.  Obras creadas por encargo.
I. En las obras creadas por encargo, el titular de los derechos patrimoniales es el comitente,
cuando se establezca la exclusividad.
II. El autor de la obra conservará el derecho de explotación cuando la exclusividad no sea
expresa.
Artículo 22.  Obras derivadas.
El derecho de autor sobre las traducciones y demás obras derivadas, puede existir, aun cuando las
obras originarias no estén protegidas, pero no entraña ningún derecho exclusivo sobre dichas
creaciones originarias, de manera que el autor de la obra derivada no puede oponerse a que otros
traduzcan, adapten, modifiquen o recopilen sus obras originarias, siempre que sean trabajos originalesdistintos del suyo.
TÍTULO II
CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR
CAPÍTULO I
DERECHOS MORALES
Artículo 23.  Derechos morales.
I. El derecho moral es ilimitado en el tiempo, el autor de una obra, independientemente de sus
derechos patrimoniales e incluso tras haberlos cedido tendrá derecho perpetuo, inalienable,
imprescriptible, irrenunciable e inembargable para:
1. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique
su nombre o seudónimo en los ejemplares de su obra, cuando se realice cualesquiera de
los actos relativos a la utilización de la misma.
2. Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra, que
pueda perjudicar el honor o la reputación del autor.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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3. A conservar el anonimato o a utilizar un seudónimo.
4. Conservar su obra inédita o anónima, pudiendo exigir que se mencione su nombre o
seudónimo cada vez que sea utilizada.  Después del fallecimiento del autor, no podrá
divulgarse su obra si éste lo hubiera prohibido por disposición testamentaria, ni podrárevelarse su identidad si aquél, por el mismo medio, no lo hubiera autorizado.
5. Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión de tercero, a
fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.
II. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma, se
llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, a quien
se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que le ocasionen.
III. A la muerte del autor, el ejercicio del derecho moral corresponderá sin limite de tiempo a los
causahabientes.
IV. La violación de cualesquiera de estos derechos dará lugar a la indemnización de daños y
perjuicios independientemente de las otras acciones contempladas en este Libro.
CAPÍTULO II
DERECHOS PATRIMONIALES
Artículo 24.  Derechos patrimoniales.
El autor de una obra protegida o sus causahabientes tendrán el derecho exclusivo a gozar de la
explotación de su obra en cualquier forma y obtener beneficios, salvo limitaciones establecidas en el
presente Libro.
Artículo 25.  Ámbito de aplicación.
I. El derecho exclusivo de explotación comprende entre otros la facultad de realizar, autorizar o
prohibir:
1. La reproducción de su obra total o parcialmente por cualquier forma o procedimiento;
2. La traducción, adaptación, arreglo o cualquier transformación de la obra;
3. La comunicación pública de la obra po r cualquier medio conocido o conocerse, que
sirva para difundir las palabras, signos, los sonidos o las imágenes;
4. La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o préstamo público, alquiler o cualquier otra transferencia de propiedad
o de posesión;
5. La importación al territorio nacional de ejemplares producidos ilegalmente de la obra.
6. La radiodifusión de su obra, y
7. La representación o ejecución de su obra en público.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Cada una de las modalidades citadas son independientes entre sí.
II. La explotación de la obra por cualquier forma y en especial mediante alguno de los actos
enumerados en este artículo, es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de
autor, salvo las excepciones establecidas en el presente Libro.
Artículo 26.  Derecho de importación.
I. El derecho de importación confiere al titular de los derechos de autor la facultad de prohibir la
introducción en el territorio nacional, del original o copias de las obras protegidas, sin
perjuicio de obtener igual prohibición respecto de las copias ilícitas.
II. Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso del original y copias en fronteras,
como obtener el retiro o suspender la circulación de ejemplares que ya hubieren ingresado.
El derecho de importación no afectará los ejemplares que formen parte del equipaje personal.
Artículo 27.  Derecho de distribución.
I. El derecho de distribución otorga al titular de los derechos de autor, la facultad de poner a
disposición del público el original o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento,
préstamo público o cualquier otra forma.
II. El autor de una obra arquitectónica u obra de arte aplicada no puede oponerse a que el
propietario arriende la obra o construcción.
CAPÍTULO III
DURACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES
Artículo 28.  Término de duración del derecho de autor.
La duración de los derechos patrimoniales concedida por el presente Libro será por toda la vida del
autor y por noventa (90) años después de su muerte, en favor de sus herederos, legatarios y
cesionarios.
Artículo 29.  Período de protección en obras colectivas.
Los derechos patrimoniales sobre las obras colectivas, audiovisuales, durarán noventa (90) años a
partir de su publicación, exhibición, fijación, transmisión y utilización, según corresponda o, si nohubieran sido publicados, desde su creación.
Artículo 30.  Período de protección en obras anónimas y seudónimas.
I. En las obras anónimas que no sean las folklóricas o de cultura tradicional y popular y en las
obras seudónimas, los derechos patrimoniales durarán noventa (90) años desde la divulgación
de la obra.
II. Si durante el período de protección no se conociera la identidad del autor de la obra publicada
bajo seudónimo, se la considerará anónima.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 95
Artículo 31.  Cómputo de los plazos.
I. Los plazos establecidos en este capítulo se computarán desde el día 1º de enero del año
siguiente al de la muerte o al de la publicación, exhibición, fijación transmisión, utilización ocreación, según corresponda.
II. En la obra colectiva, el período de protección correrá a partir de la muerte del último coautor.
Si una obra colectiva se diere a conocer por partes, el período de protección correrá a partir de
la fecha de publicación del último suplemento, parte o volumen.
III. En las obras anónimas y seudónimas, si pasados noventa (90) años desde la divulgación de la
obra, el autor revelara su identidad de modo fehaciente durante su vida o por testamento, se
aplicará el período de protección a partir de la muerte del autor, sin perjuicio de los derechos
adquiridos por terceros.
Artículo 32.  Duración de la protección para las obras de artes aplicadas.
El plazo de protección de los derechos patrimoniales sobre la obra de arte aplicada, expira a los
cincuenta (50) años desde la realización de la obra.
Artículo 33.  Extinción de derecho patrimonial privado.
Vencido el plazo de protección, la extinción del derecho patrimonial determina la entrada de la obra a
la sociedad de gestión colectiva que corresponda y dominio público.
TÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECIALES A CIERTAS OBRAS
CAPÍTULO I
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Artículo 34.  Alcance.
I. Los derechos patrimoniales de autor de artículos, guiones, libretos, dibujos, fotografías y
demás producciones sin firma, aportados por el personal de redacción y producción de la
empresa sujeto a contrato de empleo, se consideran cedidos, a las empresas de impresión,radio, televisión y otros medios de comunicación social.
II. En el caso de publicarse con firma, se consideran cedidos sólo los derechos de publicación
por la empresa, reteniendo los autores todos los demás derechos amparados en este Libro.
CAPÍTULO II
CULTURA TRADICIONAL Y POPULAR, FOLKLORE Y ARTESANÍA
Artículo 35.  Alcance.
En las creaciones o adaptaciones, basadas en la tradición, expresadas en un grupo de individuos que
reflejan las expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por
imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, mitologías,
rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, serán protegidos  los derechos de las
comunidades de conformidad a normas nacionales y convenios internacionales ratificados por el
Estado.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 96
Artículo 36.  Obra del folklore.
I. Las obras del folklore de acuerdo con la definición establecida en el presente Libro, para los
efectos de su utilización como obras literarias y artísticas, serán consideradas como obras
pertenecientes al patrimonio nacional, sin perjuicio de las normas de protección que puedanser adoptadas por otras instituciones del Estado o por acuerdos internacionales.
II. Es obligatoria la mención del origen de las obras, con una referencia, en lo posible, clara de la
Comunidad de la que proceden.
Artículo 37.  Obra de artesanía y diseño artesanal.
Las artesanías y el diseño artesanal serán protegidos por las normas generales del presente Libro y
especialmente por aquéllas referidas a las artes plásticas y al patrimonio nacional.
CAPÍTULO III
PROGRAMAS DE ORDENADOR
Artículo 38.  Alcance.
I. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales.
II. La protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador
y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre(código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos
y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en
general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del
programa.
Artículo 39.  Ámbito de aplicación.
I. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado lícitamente,
autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:
1. una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de
seguridad o resguardo;
2. fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación
desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el
programa y,
3. salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre
que se limite al uso normal previsto en la licencia.  El adquirente no podrá transferir a
ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de
ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.
II. Se requerirá la autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización,
inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por
varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 97
Artículo 40.  Secreto autoral.
Constituyen secreto autoral las especificaciones del soporte lógico, los algoritmos, los programas
fuente, el diseño del producto, los diagramas de flujo, heurísticas y demás medios de creación del
soporte lógico y el autor o titular no está obligado a revelar tales elementos.
Artículo 41.  Licencia de uso.
El titular de los derechos de autor mediante contrato de adhesión otorgará una licencia de uso.
Artículo 42.  Alquiler o préstamo.
I. El programa de ordenador será considerado parte esencial del contrato, cuando la
funcionalidad del objeto, dependa directamente del programa de ordenador, que será
suministrado por el referido objeto.
II. Cuando el programa de ordenador no sea la parte esencial del contrato, no se aplicará el
derecho de arrendamiento.
CAPÍTULO IV
OBRAS ARQUITECTÓNICAS
Artículo 43.  Alcance.
I. El autor de las obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hagan
necesarias durante la construcción de la obra o con posterioridad, pero el autor de la obra de
arquitectura debe ser consultado sobre las modificaciones que fueren necesarias realizar
durante la construcción o con posterioridad a ella y tendrá preferencia para el estudio y
realización de éstas.
II. En cualquier caso, si las modificaciones se realizaran sin el consentimiento del autor, éste
podrá rechazar la paternidad de la obra modificada y quedará prohibido al propietario para
invocar en lo futuro el nombre del autor del proyecto original, sin perjuicio de la aplicación de
las sanciones establecidas en el presente Libro.
Artículo 44.  Autorización del arquitecto.
La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra
proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito de su autor, en los términos que él señale, para
utilizarlo en otras obras.
CAPÍTULO V
OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS Y OTRAS OBRAS
Artículo 45.  Derecho del adquirente.
I. El adquirente de un objeto material que contiene una obra de arte, tiene, salvo pacto en
contrario, el derecho de exponer públicamente la obra, a cualquier título.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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II. Este derecho no se aplicará a las personas que hayan adquirido los originales o los ejemplares
de una obra mediante alquiler o cualquier otro medio sin haber adquirido el derecho de
propiedad.
Artículo  46.  Derecho de participación.
I. Si el original de una obra de arte plástico, o el manuscrito original del escritor o compositor
fuere revendido en subasta pública o si en dicha reventa interviniera directa o indirectamente
un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor o agente, el vendedor
deberá pagar al autor o a sus herederos, según corresponda, una participación equivalente al
cinco por ciento (5%) del precio de venta, gozando de este derecho que es irrenunciable e
inalienable, salvo pacto en contrario, siempre que se mejore la situación del autor.
II. El comerciante se constituye en depositario del porcentaje establecido a favor, del autor o
titular, el mismo que podrá ejercitar su derecho de cobro en cualquier momento a partir de la
venta.
Artículo  47.  Sujetos responsables del cumplimiento.
Los responsables de establecimientos comerciales, el comerciante o cualquier otra persona que haya
intervenido en la reventa serán solidariamente responsables con el vendedor por el pago de estederecho y deberán notificar la reventa a la sociedad de gestión correspondiente, o en su defecto, al
autor o sus derechohabientes, en el plazo de tres meses, acompañando la documentación para la
práctica de la liquidación.
Artículo 48.  Los retratos y bustos.
I. El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de
la misma y a su muerte, de sus causahabientes.
II. La publicación del retrato o busto es libre, cuando se relacione, únicamente, con fines
científicos, didácticos, culturales con hechos, acontecimientos de interés público o que se
hubieren desarrollado en público.
Artículo 49.  Obras fotográficas.
I. El autor de una obra fotográfica o el realizador de una mera fotografía sobre una persona,
deberá contar con la autorización de la persona fotografiada, y a su muerte, de sus
causahabientes, para ejercer sus derechos de autor o conexos, según el caso.
II. La autorización deberá constar por escrito y referirse específicamente al tipo de utilización
autorizada de la imagen.
III. La utilización de la imagen será lícita cuando haya sido captada en el curso regular de
acontecimientos públicos y responda a fines culturales o informativos, o se realice enasociación con hechos o acontecimientos de interés público.
Artículo  50.  Transferencia y derechos.
El autor podrá enajenar el original de su obra pictórica, escultórica y de artes figurativas en general.
En este caso, salvo expreso pacto en contrario, se considerará que no ha concedido al adquirente
ningún derecho autoral sobre su obra.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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TÍTULO IV
LIMITACIONES AL DERECHO DE AUTOR
CAPÍTULO ÚNICO
LIMITACIONES DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES
Artículo 51.  Derecho de cita.
I. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, es permitido citar a
un autor, entendiéndose por cita la inclusión, en una obra propia, de cortos fragmentos de
obras ajenas, siempre que se trate de obras ya divulgadas, se indique la fuente y el nombre delautor de la obra utilizada y a condición de que la inclusión se realice a título de cita, y no
resulten abusivas, ni causen perjuicio a la normal explotación de la obra o que pudiera
perjudicar de forma injustificada a los intereses legítimos del autor o titular.
II. El derecho de cita no se aplica a la utilización de fragmentos de obras con fines de lucro, en
cuyo caso deberá mediar contrato con el titular.
Artículo 52.  Libre utilización para la enseñanza.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, son lícitos los siguientes
actos, los cuales no requieren la autorización del titular de los derechos, ni están sujetos aremuneración alguna:
1. Es permitido sin la autorización del autor y sin pago de una remuneración siempre que
se indique la fuente y el nombre del autor, utilizar una obra lícitamente publicada a
título de ilustración de breves extractos en publicaciones, emisiones de radio ograbaciones sonoras o audiovisuales destinadas a la enseñanza y educación.
2. Se permite la reproducción por medios reprográficos de artículos, extractos de obras
breves lícitamente publicadas, para la enseñanza aprovechamiento pedagógico en
instituciones educativas, culturales, científicas, artísticas,  siempre que no haya fines de
lucro, en cuanto justifique el objeto perseguido y con la condición de que se haga
conforme a los usos lícitos.
Artículo 53.  Libre reproducción reprográfica por bibliotecas y archivos.
Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 23 y 24, una biblioteca o un archivo cuyas actividades
no estén directa o indirectamente encaminadas a obtener un beneficio comercial, podrán, sin laautorización del autor o de cualquier otro titular del derecho de autor, realizar por reproducciónreprográfica, copias sueltas de una obra:
1. Cuando la obra reproducida sea un artículo o una obra corta o un breve extracto de un
escrito distinto o de un programa de ordenador, con o sin ilustraciones, publicado enuna colección de obras o en un número de un diario o de una publicación periódica, ycuando el objetivo de la reproducción sea satisfacer la demanda de una persona natural;
2. Cuando se realice la indicada copia con el fin de preservar y, de ser necesario en caso
de que esté perdida, destruida o inútil, reemplazar un ejemplar, o de reemplazar en una
colección permanente de otra biblioteca o de otro archivo, un ejemplar que se haya
perdido, destruido o que sea inútil, siempre que la indicada obra no se encuentre en el
comercio.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 100
Artículo 54.  Libre utilización con fines de información.
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, es permitido sin
autorización del autor y sin pago de una remuneración, pero con sujeción a la obligación de indicar la
fuente y el nombre del autor:
1. La reproducción en la prensa, la radiodifusión o la comunicación al público de artículos
o comentarios sobre economía, política, religión o sobre sucesos de actualidad y de
interés colectivo, o una obra radiodifundida del mismo tipo, siempre y cuando el
derecho de reproducción, radiodifusión y de comunicación al público no esté
expresamente reservado.
2. La reproducción o puesta a disposición del público, con el fin de informar sobre
acontecimientos de actualidad, mediante la fotografía, cinematografía, radiodifusión ola comunicación por cable al público, una obra vista o audible en el transcurso de un
acontecimiento de esa índole, en la medida justificada por el propósito de información
que se persiga.
3. La reproducción en la prensa, radiodifusión o comunicación al público con fines
informativos y en la medida justificada por el objetivo que se persiga, de conferencias,discursos políticos, alocuciones, sermones o cualesquiera otras similares dirigidos al
público, así como discursos pronunciados durante juicios, con fines informativos.
Artículo 55.  Libre utilización de imágenes de obras expuestas permanentemente en lugares
públicos.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, es permitido sin
autorización del autor y sin pago de una remuneración:
La reproducción, radiodifusión o comunicación por cable al público de una imagen de una
obra de arquitectura, obra de bellas artes, obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas
expuesta permanentemente en lugares abiertos al público, salvo si la imagen de la obra
constituye el elemento principal de la repr oducción, radiodifusión o comunicación y si se
utiliza con fines de lucro.
Artículo 56.  Libre reproducción y ad aptación de programas de ordenador.
I. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, es permitido sin
autorización del autor y sin pago de una remuneración hacer una copia o la adaptación de ese
programa, a condición de que sea indicada copia o sea mencionada adaptación:
1) Necesaria para la utilización del programa de ordenador a los efectos para los que se
obtuvo el programa, o
2) Necesaria para archivar o para reemplazar el ejemplar lícitamente poseído, en el caso
de que éste se haya perdido, destruido o sea inútil.
II. No estará permitido hacer copias o adaptaciones con fines distintos de los previstos en el
párrafo 1;  toda copia o toda adaptación serán destruidas si la posesión prolongada de la copia
del programa de ordenador dejara de ser lícita.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 57.  Libre grabación efímera por organismos de radiodifusión.
Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 del presente Libro, un organismo de
radiodifusión podrá efectuar, sin la autorización del autor y sin pago de otra remuneración, por sus
propios medios y para sus propias emisiones, grabaciones efímeras mediante sus propios equipos ypara su utilización en sus propias emisiones, de una obra sobre la cual tengan el derecho para
radiodifundirla.  El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo de
seis (6) meses.
Artículo 58.  Libre uso de una parodia.
Es permitido realizar la parodia de una obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con
ésta, ni ocasione daño a la obra o a la reputación del autor, o del artista, intérprete o ejecutante, según
el caso.
Artículo 59.  Libre interpretación o ejecución pública.
Son lícitos los siguientes actos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente
Libro, los cuales no requieren la autorización del titular de los derechos, ni están sujetos a
remuneración alguna:
1. La ejecución y representación de una obra en actos oficiales de instituciones del Estado
o ceremonias religiosas, de asistencia gratuita, siempre que los participantes en la
comunicación no perciban una remuneración específica por su intervención en el acto.
2. En el marco de las actividades de una institución docente, para el personal y los
estudiantes de dicha institución, a condición de que el público se componga
exclusivamente del personal y de los estudiantes de la institución o de los padres yvigilantes o de otras personas directamente vinculadas a las actividades de la
institución.
Artículo  60.  Copia privada.
Respecto a las obras ya divulgadas lícitamente, se permite sin autorización del autor:
1. Las reproducciones fotomecánicas para el exclusivo uso personal, como la fotocopia y
el microfilme, siempre que se limiten a pequeñas partes de una obra protegida o a obras
agotadas y sin perjuicio de la remuneración equitativa que deban abonar a favor de los
titulares, los usuarios, instituciones y demás organizaciones que presten este servicio.
2. Cuando la reproducción mencionada en el numeral anterior, se refiere a una obra
audiovisual o a una obra incorporada en una grabación sonora, el autor o cualquier otro
titular del derecho de autor, tendrá derecho a una remuneración equitativa.
3. La remuneración equitativa, que establece el numeral 2, deberá pagarse:
a) Por el fabricante del equipo o de los soportes materiales u otros conocidos o por
conocerse normalmente utilizados para la reproducción privada con fines
personales de las obras mencionadas en el numeral 2, excepto cuando tal equipo
o soportes materiales se exporten, oIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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b) Por los importadores de tal equipo y soportes, salvo cuando la importación la
efectúe una persona individual con fines personales.
4. La remuneración equitativa, establecida en los numerales 1 y 2 precedentes, será
recaudada por la respectiva Sociedad de Gestión Colectiva.  El importe de laremuneración equitativa y las condiciones de su pago serán fijas por la respectiva
reglamentación.
5. Las respectivas Sociedades de Gestión Colectiva, distribuirán el setenta por ciento
(70%) de la remuneración equitativa a los autores u otros titulares del derecho de autor
y derechos conexos, de aquellas obras de las cuales, se determine que han sido objeto
de una reproducción privada, como las establecidas en los numerales 1 y 2.
6. El treinta por ciento (30%) restante de la remuneración serán retenidos por la respectiva
sociedad de gestión colectiva recaudadora.  La reglamentación correspondiente
establecerá, el procedimiento de recaudación de los pagos realizados por los usuarios,
instituciones y demás organizaciones que presten este servicio.
Artículo 61.  Cartas y misivas.
La propiedad material de una carta pertenece a la persona a quien ha sido dirigida, pero su autor
conserva sobre ellas todos los derechos intelectuales.  Las personas a quienes hayan sido dirigidas, si
no obtuvieren la autorización del autor o sus causahabientes luego de haber empleado razonables
esfuerzos para obtenerla, podrán solicitar en la vía sumaria, al Juez Instructor en lo Civil la
autorización para divulgarlas, en forma y extensión necesaria para defender su honor personal.
TÍTULO V
TRANSMISIÓN Y CONTRATOS
CAPÍTULO I
TRANSMISIÓN O SUCESIÓN
Artículo 62.  Transferencia.
I. Los derechos patrimoniales del autor pueden ser transmitidos mediante mandato o presunción
legal, cesión entre vivos o mortis causa o por cualquier medio admitido en derecho.
II. En caso de que en la sucesión de un coautor, su derecho de autor no corresponda a persona o
entidad alguna, acrecerá, por partes iguales a los demás coautores.  El mismo acrecimiento se
producirá cuando un coautor haya renunciado válidamente a su derecho patrimonial de autor.
Artículo 63.  Transferencia de los herederos.
I. Para autorizar cualquier tipo de explotación de la obra, se requerirá del consentimiento de los
herederos que representen la cuota mayoritaria, a través de la Sociedad de Gestión Colectivaque le corresponda.
II. Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá del rendimiento económico total, los
gastos efectuados y entregará la participación que les corresponda a quienes no hubieren
expresado su consentimiento.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 103
CAPÍTULO II
CONTRATOS EN GENERAL
Artículo 64.  Generalidades.
I. El autor o sus causahabientes pueden ceder el derecho patrimonial de explotación de la obra a
otra persona, mediante el uso de una o de todas las formas de explotación reservadas al autor
por el presente Libro, y ceder estos derechos total o parcialmente.
II. Para que estos actos sean oponibles a terceros deberán hacerse por contrato en documento
privado y registrarse en la Oficina Nacional Competente, con las siguientes formalidades
establecidas en el presente Libro.
1. Las diversas formas de explotación son independientes entre sí, toda transmisión de los
derechos de explotación de la obra se regirá por lo pactado en el contrato escrito, sepresume onerosa, durante el tiempo determinado en el mismo, la transmisión exclusiva
debe ser expresamente convenida, se circunscribe en el ámbito territorial pactado.
2. En ningún caso se podrá utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines
diferentes a lo pactado en la transmisión.
3. En todos los contratos se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones
emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no cumpliere sus
obligaciones, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan al perjudicado.
4. Salvo estipulación en contrario, los autores de las obras reproducidas en publicaciones
periódicas conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la
normal publicación en las que se hayan insertado.
5. La transmisión de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una
relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato escrito, el autor conservará el
derecho de realizar la edición independiente en forma de colección.
6. Es nula la cesión sobre el conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, a
menos que esté expresamente pactada y no exceda de cinco años.
7. Se entenderán reservados en favor del autor o los causahabientes, todos los derechos
que no hayan sido expresamente pactados.
8. La cesión del derecho de reproducción implicará la del derecho de distribución
mediante venta de los ejemplares cuya reproducción se autoriza, cuando ello deduzca
naturalmente del contrato o sea indispensable para cumplir su finalidad.
9. La cesión exclusiva de los derechos patrimoniales, confiere al cesionario el derecho de
uso y explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros o frente al propioautor, también confiere al cesionario el derecho a otorgar cesiones o licencias a
terceros, expresamente autorizados por el autor o artista y a celebrar cualquier otro acto
o contrato para la explotación lícita de la obra, sin perjuicio de los derechos morales del
autor.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 104
10. En la cesión no exclusiva, el cesionario está autorizado únicamente a explotar la obra
en la forma establecida en el contrato.
11. Es nula cualquier estipulación por la cual se prohíba o comprometa al autor no crear
alguna obra en el futuro.
12. El derecho de utilización de una obra, adquirida por medio de contrato, sólo podrá
cederse a un tercero con el consentimiento del autor y del artista.  Este consentimiento
se considerará otorgado cuando el autor o el artista no lo deniegue dentro del plazo de
quince (15) días siguientes al recibo de la petición escrita del derechohabiente o del
presunto cesionario.  Esta advertencia deberá constar expresamente en la petición.
13. El pleno ejercicio del derecho de renovación se hará efectivo a los sesenta (60) días de
comunicado el autor o sus causahabientes, sin necesidad de ninguna otra formalidad,salvo si el ejercicio del derecho de uso cedido resulte imposible para su titular o si
dicho titular se negare a ejercerlo o si el mencionado plazo fuere con daño emergente o
lucro cesante para el autor.
14. La utilización del derecho de revocación no afecta los derechos y obligaciones de las
partes derivadas del contrato, o de otras disposiciones legales que implicaren el pago deindemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de una de
ellas.
Artículo 65.  Las controversias.
Las controversias que surjan entre el cedente y el cesionario serán tramitadas por la vía Civil, si las
partes no acuerdan, someterlas a arbitraje, el mismo que se realizará ante la Oficina NacionalCompetente.
CAPÍTULO III
CONTRATOS DE EDICIÓN
Artículo 66.  Alcances.
Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria o artística o sus
causahabientes, se obliga a entregarla al editor y éste se obliga a reproducirla, distribuirla y
comercializarla por su propia cuenta, pagando al autor las prestaciones económicas convenidas.
Artículo 67.  Regalías.
En todo contrato de edición deberá pactarse la remuneración o regalía que corresponda al autor o
titular de la obra, la que en ningún caso será inferior al diez por ciento (10%) del precio de venta al
público.  A falta de estipulación, se presumirá que corresponde al autor o titular dicho porcentaje.
Artículo 68.  Contenido del contrato.
I. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo anterior y de las estipulaciones accesorias que las
partes estimen convenientes, en el contrato deberá constar lo siguiente:
1. Identificación del autor, del editor y de la obra.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 105
2. Si la obra es inédita o no.
3. Si la autorización es exclusiva o no.
4. El plazo y las condiciones en que debe ser entregado el original.
5. El plazo convenido para poner en venta la primera edición.6. El plazo o término del contrato.
7. La cantidad de ejemplares que deben imprimirse en cada edición.
8. La cantidad máxima de ejemplares que pueden editarse dentro del plazo o término del
contrato.
9. La forma cómo será fijado el precio de venta de cada ejemplar al público.  Si no existe
convenio respecto al precio de venta, el editor está facultado a establecerlo, siempre
que no atente a los intereses del autor.
Artículo 69.  Obligación de notificar.
Si el autor ha celebrado con anterioridad un contrato de edición sobre la misma obra, o ha sido
publicada con su autorización o conocimiento, deberá dar a conocer estas circunstancias al editor
antes de la celebración del contrato.  De no hacerlo, responderá de los daños y perjuicios que
ocasionare.
Artículo 70.  Limitaciones del editor.
El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualesquiera otras
modificaciones, sin consentimiento del autor.
Artículo 71.  Otras limitaciones.
I. El editor no podrá disponer el inicio de una nueva impresión o edición que hubiere sido
autorizada en el contrato, sin dar el correspondiente aviso al autor, el que conservará el
derecho de hacer modificaciones, correcciones, enmiendas, adiciones o mejoras que estime
convenientes.
II. Cuando las modificaciones hagan mas onerosa la edición, el autor estará obligado a resarcir
los gastos que por ese motivo se originen, salvo pacto en contrario.
III. Si las modificaciones implicaren cambios fundamentales en el contenido o forma de la obra y
éstas no fueren aceptadas por el editor, se considerará el retiro de la obra, debiendo el autor
indemnizar por daños y perjuicios que se causaren a terceros.
IV. El derecho de editar separadamente una o varias obras del mismo autor, no confiere al editor
el derecho para editarlas conjuntamente.  Asimismo, el derecho de editar las obras conjuntas
de un autor no confiere al editor el derecho de editarlas separadamente.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 106
Artículo 72.  El plazo.
I. Si el contrato de edición tuviere plazo fijo para su terminación y al expirar el editor
conservare ejemplares no vendidos, el autor podrá comprarlos al precio de costo más el diez
por ciento (10%), en el término de sesenta (60) días a partir del vencimiento del plazo,transcurridos los cuales el editor podrá continuar vendiéndolos en las mismas condiciones.
II. Si después de un año de hallarse la obra en venta al público no se hubiere vendido más del
treinta por ciento (30%) de los ejemplares que fueron impresos, el editor podrá dar por
terminado el contrato y liquidar los ejemplares restantes a un precio inferior al pactado o
inicialmente fijado por el editor, reduciendo la remuneración del autor proporcionalmente al
nuevo precio inferior, si éste se hubiera pa ctado en proporción a los ejemplares vendidos.
En este caso el autor tendrá derecho, a comprar los ejemplares no vendidos al nuevo precio de venta
fijado menos un cincuenta por ciento (50%) de descuento, para lo que tendrá un plazo de sesenta (60)
días a partir de la fecha en que el editor le hubiere notificado su decisión de liquidar tales ejemplares.
Si el autor hiciere uso de este derecho de compra, no podrá cobrar regalías por tales ejemplares.
III. El contrato de edición concluye cualquiera sea su plazo de duración al agotarse la edición.
Artículo 73.  Requisitos de la publicación.
Independientemente de los derechos de autor consagrados para las obras literarias, toda persona que
publique una obra está obligada a consignar en lugar visible, en todos los ejemplares, al menos las
siguientes indicaciones:
1. Título de la obra, nombre o seudónimo del autor, o la expresión de que la obra es
anónima, compilador, adaptador o autor de la versión, cuando lo hubiere.
2. La mención de reserva ©, seguido del nombre del titular del derecho de autor, año y
lugar de la primera publicación, y de la publicación actual, precedido del símbolo ©,
nombre y dirección del editor de la edición actual, el del traductor, si lo hubiere y el del
editor de la traducción, siempre que el autor lo requiera las siglas de la sociedad de
gestión que lo representa.
3. Nombre y dirección del editor y del impresor.
4. Número de depósito legal y del registro (ISBN) Número estándar internacional del
libro.
Artículo 74.  Liquidación de regalías.
I. El editor deberá presentar al autor, las liquidaciones que correspondan en proporción a los
ejemplares vendidos, la cual deberá ser pagada en liquidaciones semestrales o en plazos
menores convenidos contractualmente, a partir de la fecha de puesta en venta, reservándose elautor el derecho de examinar los registros y comprobantes de venta de quienes editen,
distribuyan o vendan dichas obras, información que obligatoriamente deberán llevar los
editores, distribuidores y vendedores.
II. La falta del cumplimiento del pago de la referida obligación dará derecho al autor para
rescindir el contrato sin perjuicio del reconocimiento de los daños y perjuicio que se le hayancausado.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 107
Artículo 75.  La quiebra del editor.
La quiebra del editor no produce resolución del contrato, salvo en el caso en que no hubieran iniciado
la impresión de la obra, los derechos del editor quebrado no pueden ser cedidos si se ocasionan
perjuicio al autor o a la difusión de su obra.
Artículo  76.  Derechos del editor.
Durante la vigencia del contrato de edición, el editor tendrá derecho a iniciar y proseguir todas las
acciones consagradas por ley contra los actos de defraudación que perjudiquen su derecho, sin
perjuicio del derecho que tiene el autor y sus causahabientes para adelantar las mismas acciones, en
forma conjunta o separada.
Artículo 77.  Fallecimiento del editor.
Si antes de terminar la elaboración y entrega de los originales de la obra el autor muere o sin culpa se
imposibilita para finalizarla, el editor podrá dar por terminado el contrato, sin perjuicio de los
derechos que se hayan causado a favor del autor.  Si optara por publicar la parte recibida del original,
podrá reducir proporcionalmente la remuneración pactada, a menos que el autor o sus
derechohabientes manifiesten su voluntad de no publicar la obra inconclusa.  En este caso si después
el cedente o sus derechohabientes, ceden el derecho de publicar la obra a un tercero, debenindemnizar al editor por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato.
CAPÍTULO IV
CONTRATOS DE ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS
Artículo 78 .  Alcances.
I. Salvo pacto en contrario, la cesión de artículos para periódicos, revistas u otros medios de
comunicación social, solo confiere al editor o propietario de la publicación el derecho de
insertarlo por una sola vez quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente.
II. Si el artículo cedido aparece con la debida firma del autor o su seudónimo, el cesionario no
puede modificarlo.  Si el editor o propietario  del medio de comunicación lo modifica, sin el
consentimiento del cedente, éste puede pedir la inserción íntegra y fiel del artículo cedido, sinperjuicio del derecho a reclamar indemnización.
III. Cuando el artículo cedido deba aparecer sin la firma del autor, el editor o propietario del
medio puede hacer modificaciones o cambios de forma, sin el consentimiento del cedente.
IV. Lo establecido en el presente artículo se aplicará en forma análoga, a los dibujos, chistes,
gráficos, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas u
otros medios de comunicación social.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 108
CAPÍTULO V
CONTRATO DE INCLUSIÓN FONOGRÁFICA
Artículo 79.  Alcances.
I. Por el contrato de inclusión fonográfica el autor de una obra musical, su representante o la
sociedad de gestión colectiva que lo representa, autoriza a un productor de fonogramas, a
cambio de una remuneración, a grabar o fijar una obra para reproducirla sobre un disco
fonográfico, una banda magnética, un soporte digital, una película o cualquier otro dispositivo
o mecanismo análogo, con fines de reproducción y venta de ejemplares.
II. Esta autorización no comprende el derecho de ejecución pública.
III. El productor del fonograma deberá hacer esta reserva sobre la etiqueta que deberá ser
adherida al disco, dispositivo o mecanismo en que se produzca el fonograma.
Artículo 80.  Ámbito de aplicación.
I. El derecho otorgado al productor fonográfico no podrá ir en menoscabo de los derechos de los
artistas, intérpretes y ejecutantes.  Salvo estipulación en contrario, se entenderá que la
autorización de radiodifundir no implica la autorización de:
1. Permitir a otros organismos de radiodifusión que transmitan la interpretación o
ejecución.
2. Fijar la interpretación o ejecución.
3. Fijar la interpretación o ejecución, o reproducir la fijación.
4. Fijar la interpretación o ejecución, y de reproducir esta fijación no implica la
autorización de transmitir la interpretación o la ejecución a partir de la fijación o susreproducciones.
5. El derecho de ejecución pública.
II. Desde el momento en que los artistas intérpretes o ejecutantes autoricen la incorporación de
su interpretación o ejecución en una fijación de sonidos, de imágenes o de imágenes y sonidos
no tendrán aplicación los numerales 2 y 3 precedentes.
III. No deberá interpretarse ninguna de las disposiciones anteriores como limitativa de los
derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de contratar en condiciones más favorables
para ellos cualquier utilización de su interpretación o ejecución.
Artículo 81.  Obligación del productor en la publicación.
I. El productor fonográfico está obligado a consignar en lugar visible y permanentemente
fijadas, en todos los ejemplares del fonograma, en que la obra haya sido registrada, inclusive
en los eventualmente destinados a la distribución gratuita, las siguientes indicaciones, sin lascuales no podrán ser puestos a la venta:IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 109
1. Título de la obra, nombres de los autores o sus seudónimos, del arreglista u orquestador
y del autor de la versión cuando la hubiere.
2. Si la obra fuere anónima así se hará constar y mientras no se identifique al autor deberá
llevar la sigla:  A.A.D.D. -autor en averiguación, derechos en depósito- seguido delnombre de la sociedad de gestión.
3. Nombres de los intérpretes.  Los conjuntos orquestales o corales serán indicados con
denominación propia y con el nombre de su director.
4. Siglas de las sociedades a que pertenecen los autores y los artistas.
5. La mención de reserva del derecho con el símbolo (P) inscrita dentro de un círculo,
seguido del año de la primera publicación.
6. Denominación del productor fonográfico.7. La frase:  "Quedan reservados todos los de rechos del autor, del artista y productor del
fonograma.  Está prohibida la reproducción, alquiler o préstamo público", o cualquier
otra forma de comunicación pública del fonograma.
II. Las indicaciones que, por falta de lugar adecuado no fuere posible consignar directamente
sobre los ejemplares que contenga la reproducción serán obligatoriamente impresas en elsobre, o folleto adjunto.
Artículo 82.  Regalías.
I. La remuneración mínima del autor por concepto de regalías fonomecánicas será del nueve por
ciento (9%) sobre el precio de venta al públ ico de cada ejemplar vendido que incluya obras
del autor, conforme a las modalidades reconocidas en los contratos colectivos entre lassociedades de autores y compositores y los productores de fonogramas de alcance
internacional.  Se sujeta a esta disposición los fonogramas importados sean de autores
nacionales o extranjeros.
II. Será nulo todo pacto en contrario, a menos de que se trate de mejorar condiciones para el
autor.
III. El productor de fonogramas deberá llevar un sistema de registro que permita la comprobación
en cualquier tiempo de dicha cantidad.
IV. El autor o sus representantes podrán verificar la exactitud de la liquidación correspondiente
mediante la inspección de los talleres, almacenes, depósitos y oficinas del productor, ya sea
personalmente o por representantes autorizados.
V. Cualquier cambio en el precio de venta al públ ico de los fonogramas, deberá ser previamente
notificada a los autores o a la sociedad que lo representa.
VI. Para el desaduanamiento de los fonogramas en cualquier soporte, la autoridad aduanera
requerirá la autorización de la sociedad de gestión correspondiente.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 83.  Derecho a perseguir judicialmente.
I. El autor, el artista o sus representantes, así como el productor de fonogramas podrán conjunta
o separadamente perseguir en la vía civil, penal o administrativa según corresponda, la
producción o utilización ilícita de los fonogramas o de los dispositivos o mecanismos sobrelos cuales se haya fijado indebidamente la obra.
II. Las disposiciones señaladas en el presente Libro, referentes al contrato de fonograbación se
aplicarán por extensión a las obras literarias que sean utilizadas como texto de una obra
musical o fijadas en el fonograma en forma declamada o como texto impreso adjunto al
fonograma.  El autor de la obra literaria deberá autorizar la utilización de dicho texto en la
grabación o impresión mediante los mecanis mos establecidos por el presente Libro.
CAPÍTULO VI
CONTRATO DE REPRESENTACIÓN
Artículo 84.  Alcance.
I. El contrato de representación es aquel por el cual el autor de una obra literaria, dramática o
dramático-musical, coreográfica o de cualquier género similar, autoriza a una persona natural
o jurídica para representarla en público, a cambio de una remuneración.
II. La difusión de una obra, ya sea en vivo, fijada, o transmitida por radio o televisión se
considerará pública.
Artículo 85.  Obligación de las partes.
I. La obra deberá comenzar a representarse a partir del plazo fijado por el contrato, que no podrá
exceder de un año.  Si no se fijare término a las representaciones, el empresario debemantener la obra en cartel mientras la concurrencia del público lo justifique económicamente.
Caduca la autorización cuando la obra deja de ser representada por falta de público.
II. El empresario está obligado a:
1. Llevar a cabo la representación sin variaciones, adiciones, cortes o supresiones no
consentidas por el autor, siendo responsable por las que efectúen las personas queparticipan en el espectáculo;
2. Garantizar al autor o sus representantes la asistencia a todos los ensayos y la inspección
de la representación y la asistencia a la misma gratuitamente.
III. El autor y el empresario, elegirán de mutuo acuerdo al director y demás intérpretes
principales, y para reemplazarlos será necesario el consentimiento del autor.  Salvo que se
trate de caso fortuito y no admita demora.
IV. En el caso de que la obra no sea representada en el plazo establecido, el empresario deberá
indemnizar al autor mediante una suma que será determinada en el contrato respectivo.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 111
Artículo 86.  Respeto al derecho moral.
El empresario deberá anunciar al público el título de la obra acompañando siempre el nombre o
seudónimo del autor y, en su caso, del traductor y adaptador, indicando las características de la
adaptación.
Artículo 87.  Regalías del derecho patrimonial.
Cuando la remuneración del autor no hubiere sido fijada contractualmente, le corresponderá como
mínimo el diez por ciento (10%) del monto de las entradas recaudadas en cada función o
representación y, el quince por ciento (15%) de la misma, en la función del estreno.
Artículo 88.  Obligatoriedad de la licencia.
I. Las autoridades administrativas competentes autorizarán la realización de espectáculos o
audiciones y expedirán las licencias de funcionamiento cuando el responsable de larepresentación, ejecución o del respectivo establecimiento acredite la autorización o licencia
de los titulares del derecho sobre las obras objeto de ejecución, o de la entidad de gestión
colectiva que administre el repertorio correspondiente.
II. Las autoridades competentes no permitirán audiciones y espectáculos públicos sin la
presentación de la autorización de los titulares de las obras o de las sociedades de gestióncolectivas.
Artículo 89.  Sanciones por incumplimiento al pago de los derechos de autor.
I. Si el empresario, no pagare la participación que corresponde al autor, a solicitud del autor,
representante, titular o sociedad de gestión colectiva que lo represente, la autoridad
competente, ordenará la suspensión de las representaciones de la obra o la retención yembargo del producto de las entradas.
II. En caso de que el mismo empresario represente otras obras de autores diferentes, la autoridad
competente dispondrá la retención de las cantidades excedentes de la recaudación, después de
satisfechos los derechos de autor de dichas obras y los gastos correspondientes, hasta cubrir el
total de la suma adeudada al autor impago.
III. En todo caso el autor tendrá derecho a que se resuelva el contrato y a retirar la obra de poder
del empresario, así como a ejercer las demás acciones a que hubiere lugar.
Artículo 90.  Aplicabilidad y concordancia.
Las disposiciones relativas al contrato de representación son aplicables a las demás modalidades de
comunicación pública, en lo pertinente.
CAPÍTULO VII
OBRA AUDIOVISUAL
Artículo 91.  Alcance.
Sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras adaptadas o incluidas en ella, la obra
audiovisual, será protegida como obra originaria.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 92.  Derecho moral.
El director o realizador de la obra audiovisual es el titular de los derechos morales de la misma, sin
perjuicio de los que correspondan a los diversos autores, y a los artistas intérpretes o ejecutantes quehayan intervenido en ella con respecto a sus propias contribuciones.
Artículo 93.  Coautores.
Son coautores de la obra audiovisual el director o realizador, los autores del argumento, adaptación,
los del guión y diálogos, de las composiciones musicales, con letra o sin ella, creada especialmentepara esa obra y los dibujantes si se tratare de una obra de dibujos animados.
Artículo 94.  Presunción de titular.
I. Sin perjuicio de los derechos que correspondan a los autores, por el contrato de producción de
la obra audiovisual, los derechos de reproducción, distribución, arrendamiento y
comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra, se presumirán cedidosen exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este capítulo.
II. Esta presunción no se aplica a los autores de obras musicales en la obra audiovisual.
Artículo 95.  Contenido del contrato de producción.
I. Habrá contrato de producción audiovisual cuando los autores de una obra, del argumento, la
adaptación y los del guión o los diálogos concedan al productor derecho exclusivo para fijarla,reproducirla y explotarla económicamente.
II. El contrato deberá contener:
1. La autorización del derecho exclusivo.
2. La remuneración convenida por el productor a las personas antes mencionadas, a los
autores de las composiciones musicales, con letra o sin ella -creadas especialmente paraesta obra-;  a los dibujantes, si se tratare de una obra audiovisual de dibujos animados, o
que los incluya, al director o realizador y a los intérpretes o ejecutantes que en ella
intervengan, así como las modalidades de pago de dicha remuneración.
3. El plazo para la terminación de la obra.
4. Además de la remuneración, el productor reconocerá al director una participación
autoral del diez por ciento (10%) de las ganancias de la explotación de la obra, una vezdeducidos todos los gastos.
Artículo 96.  Derecho de disposición de los otros autores.
Los autores del argumento, del guión y los de la música, podrán disponer libremente de la parte que
les corresponde de su contribución a la obra audiovisual, para utilizarla por un medio distinto de
comunicación, salvo estipulación en contrario.
Artículo 97.  Prohibición de reproducción.
La cesión del negativo o del medio análogo de reproducción de una obra audiovisual, fotográfica o
análoga de parte de su autor, no presume la cesi ón de los derechos de reproducción, salvo pacto en
contrario.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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CAPÍTULO VIII
CONTRATOS DE RADIODIFUSIÓN
Artículo 98.  Alcance.
I. Contrato de radiodifusión es aquel por el cual el titular de los derechos sobre una creación
intelectual autoriza la transmisión de su obra a un organismo de radiodifusión.
II. Estas disposiciones se aplicarán también a las transmisiones efectuadas por hilo, cable, fibra
óptica, u otro procedimiento análogo.
Artículo 99.  Limitación.
I. La autorización para la transmisión de una obra no comprende el derecho de volverla a emitir
ni el de explotarla públicamente, salvo pacto en contrario.
II. Para la transmisión de una obra hacia o en el exterior, se requerirá de autorización expresa de
los titulares.
Artículo 100.  Fijaciones efímeras.
Los organismos de radiodifusión podrán realizar fijaciones efímeras de obras, interpretaciones y
ejecuciones cuyos titulares hayan consentido con su transmisión, con el único fin de utilizarlas en sus
propias emisiones por el número de veces estipulado, y están obligadas a destruirlas o borrarlasinmediatamente después de la última transmisión autorizada.
CAPÍTULO IX
CONTRATOS PUBLICITARIOS
Artículo 101.  Alcance.
I. Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la explotación de obras con fines de
publicidad o identificación de anuncios o de propaganda a través de cualquier medio de
difusión.
II. Sin perjuicio de lo que estipulen las partes, el contrato habilitará la difusión de los anuncios o
propaganda hasta un período máximo de seis meses a partir de la primera comunicación,
debiendo retribuirse separadamente por cada período adicional de seis meses.
III. El contrato deberá precisar el soporte material en los que se reproducirá la obra, cuando se
trate del derecho de reproducción, así como el número de ejemplares que incluirá el tiraje si
fuere el caso, cada tiraje adicional requerirá de un acuerdo expreso.
IV. Son aplicables a estos contratos de modo supletorio las disposiciones relativas a los contratos
de edición, inclusión fonográfica y producción audiovisual.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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TÍTULO VI
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS MUSICALES
CAPÍTULO ÚNICO
OBLIGACIÓN DE LOS USUARIOS
Artículo 102.  Licencia o autorización.
La comunicación pública por cualquier medio, incl usive radiodifusión de una obra musical, con
palabras o sin ellas o cualquier medio de proyección o difusión conocido o por conocerse, habrá de
ser previa y expresamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes.
Artículo 103.  Responsabilidad y obligación del usuario.
La persona que tenga a su cargo la dirección de las entidades o establecimientos en donde se realicen
actos de comunicación  pública de obras musicales está obligada a:
1. Anotar en planillas diarias en riguroso orden, el título de cada obra musical ejecutada,
el nombre del autor o compositor de las mismas, el de los artistas intérpretes que en ella
intervengan, o del director de grupo u orquesta en su caso, y el nombre o marca del
grabador cuando la ejecución pública se haga a partir de una fijación fonográfica.
2. Dichas planillas serán fechadas, firmadas y puestas a disposición de los interesados o
representantes, dentro de los treinta (30) días de la fecha en que se efectuó la ejecución
o comunicación al público.  Los interesados o sus representantes, bajo su
responsabilidad, podrán denunciar ante la Oficina Nacional Competente, el
incumplimiento total o parcial de esta obligación y el responsable se hará pasible a una
multa por un monto equivalente a cincuenta veces el importe de la recaudación.
TÍTULO VII
ARTISTAS PLÁSTICOS
CAPÍTULO ÚNICO
DERECHO DE PARTICIPACIÓN
Artículo 104.  Derecho de participación y regalías.
I. Si el original de una obra artística, gráfica, plástica o un manuscrito fuese revendido y en
dicho acto interviniera un comerciante en obras de arte o un subastador, en calidad de
comprador, vendedor o agente, el vendedor deberá pagar al autor o a sus herederos, una
participación equivalente al cinco por ciento (5%) del precio de venta.
II. Este derecho en favor del autor a que se refiere el párrafo anterior es irrenunciable, inalienable
y durará por todo el plazo de protección de los derechos patrimoniales sobre la obra, a favor
del autor, sus herederos y legatarios.
Artículo 105.  Excepción.
Las disposiciones precedentes no serán aplicadas a obras de arquitectura, ni a obras de arte aplicada.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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TÍTULO VIII
DERECHOS CONEXOS
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 106.  Derechos conexos.
La protección ofrecida por las normas del presente título a los artistas, intérpretes y ejecutantes,
productores de fonogramas y organismos de radiodifusión es independiente y no afectará en modo
alguno a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas, consagradas en el
presente Libro.  En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en él, podrá interpretarse
en menoscabo de esa protección.  En caso de conflicto se adopta la que más favorezca al autor.
Artículo 107.  Limitaciones a los derechos conexos.
La información de acontecimientos de actualidad a condición de que sólo se utilicen fragmentos
cortos de una interpretación o ejecución, de un fonograma o de una emisión de radiodifusión.
La reproducción de un fonograma en el marco de actividades docentes, salvo cuando las
interpretaciones o ejecuciones o los fonogramas, hayan sido publicadas como material destinado a la
enseñanza.
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES
Artículo 108.  Alcance.
Los artistas intérpretes y ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir:
I. La fijación y la reproducción, así como la comunicación al público, la transmisión o cualquier
otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones.  En consecuencia, nadie podrá
sin la autorización de artistas, intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos referidos.
II. La primera distribución al público de una fijación de sus interpretaciones o ejecuciones,
mediante la venta o por cualquier otro tipo de transferencia de propiedad.
III. El alquiler al público o el préstamo público de una fijación de sus interpretaciones o
ejecuciones.
IV. La puesta a disposición del público, por hilo o por medios inalámbricos, de sus
interpretaciones o ejecuciones fijadas en un fonograma, de forma de que cada uno pueda tener
acceso a ellas del lugar y en el momento que elija individualmente.
V. Si no se hubiese pactado el termino o plazo de la fijación se presumirá que éste ha sido cedido
por siete años a partir de la primera publicación.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 109.  Representación legal.
I. Los artistas, intérpretes y ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuación
tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, ballet o compañía de teatro,
deberán designar de entre ellos, un representante para la concesión de las autorizacionesmencionadas en este artículo.
II. Para tal designación, valdrá el acuerdo mayoritario, que deberá formalizarse por escrito.
Artículo 110.  Término de duración de los derechos conexos.
I. Los derechos reconocidos a los artistas, intérpretes y ejecutantes en el presente Libro tendrán
una duración de setenta (70) años, contados desde el 1º de enero del año siguiente al de su
publicación, de la fijación o al de la interpretación o ejecución si no se hubiera realizado dicha
publicación.
II. El artista intérprete goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus
interpretaciones y a oponerse, durante su vida a toda deformación, mutilación o cualquier otro
atentado a su actuación y que lesione su prestigio o reputación.
III. A su fallecimiento y durante el plazo de los setenta (70) años, el ejercicio de estos derechos
corresponderá a los herederos.
IV. El director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos reconocidos a los artistas
en el presente Libro.
CAPÍTULO III
PRODUCTORES DE FONOGRAMAS
Artículo 111.  Alcance.
I. El productor fonográfico tiene respecto de sus fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar
o prohibir la reproducción, importación, distribución, alquiler, inclusive la distribución por
cable, emisión o satélite o cualquier otro medio de utilización.
II. La primera distribución al público de una fija ción de sus fonogramas, mediante la venta o por
cualquier otro tipo de transferencia de propiedad.
III. La puesta a disposición del público, por hilo o por medios inalámbricos, de sus fonogramas,
de forma de que cada uno pueda tener acceso a ellas del lugar y en el momento que elija
individualmente.
Artículo 112.  Regalías.
I. Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma
se utilice con autorización para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación
al público, el usuario abonará una remuneración equitativa cada vez que se use, destinada alos artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor de fonogramas.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 117
II. El productor de fonogramas o su licenciado y los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus
representantes podrán convenir la forma de percibir los derechos de comunicación al público.
Artículo 113.  Duración de la protección para los fonogramas.
La duración de la protección de los fonogramas es de setenta (70) años, a partir del final del año en
que se haya publicado o fijado el fonograma.
Artículo 114.  Titulares y sociedades de gestión.
I. Los fonogramas, que sirvieren para su comunicación pública darán lugar a la percepción de
los derechos a favor de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y del productor de
fonogramas.
II. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de la Dirección Nacional del Derecho
de Autor propenderá a que la percepción de los derechos de ejecución pública sea efectuadapor una sociedad de gestión para que su distribución quede a cargo de la sociedad respectiva.
CAPÍTULO IV
ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN
Artículo 115. Derechos exclusivos.
Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir los siguientes
actos:
1. la retransmisión de sus emisiones;
2. la fijación de sus emisiones de radiodifusión;
3. la reproducción de una fijación de sus emisiones;  y
4. comunicación al público de sus emisiones de televisión.
Artículo 116.  Duración de la protección para las emisiones de radiodifusión.
La duración de la protección de las emisiones de radiodifusión es de setenta (70) años, a partir del
final del año en que se haya tenido lugar la emisión.
TÍTULO IX
RÉGIMEN FISCAL
CAPÍTULO ÚNICO
PATRIMONIO NACIONAL Y DOMINIO PÚBLICO
Artículo 117.  Alcances.
I. Patrimonio Nacional es el régimen al que pasan las obras de autor boliviano que salen de la
protección del derecho patrimonial privado, por cualquier causa.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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II. Pertenecen al patrimonio nacional:
1. Las obras folklóricas y de cultura tradicional y popular de autor no conocido.2. Las obras cuyos autores hayan renunciado expresamente a sus derechos.
3. Las obras de autores fallecidos sin sucesores ni causahabientes.
4. Los himnos patrios, cívicos y todos aquellos que sean adoptados por cualquier
institución de carácter público o privado.
III. Pertenecen al dominio público las obras extranjeras cuyo período de protección esté agotado.
Artículo 118.  Remuneración del derecho y efectos.
I. Para los efectos del numeral 2 del artículo anterior, la renuncia por los autores o herederos de
los derechos patrimoniales de la obra, deberá presentarse por escrito e inscribirse en la Oficina
Nacional Competente para su publicación.
II. La renuncia no será válida contra obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de la
misma.
Artículo 119.  Uso y explotación gratuito y oneroso.
La utilización bajo cualquier forma o procedimiento de obras del patrimonio nacional y del dominio
público será libre, pero quien lo haga comercialmente, pagará al Estado representado legalmente por
la Oficina Nacional Competente, una participaci ón cuyo monto no será menor del diez por ciento
(10%) y no mayor del cincuenta por ciento (50%) de aquel monto que se pague a los autores o sus
causahabientes por utilización de obras similares sujetas al régimen privado de protección, respetando
los derechos morales correspondientes.
Artículo 120.  Destino de las regalías.
I. Los montos recaudados por concepto de utilización de obras del patrimonio nacional y
dominio público, se aplicarán únicamente y exclusivamente al fomento y difusión de los
valores culturales del país.
II. Las sociedades de gestión colectiva, de acuerdo con la Oficina Nacional Competente,
realizarán esos cobros en calidad de agentes de retención.
Artículo 121.  Beneficios del recopilador y de las comunidades de origen.
El Estado a través de la Oficina Nacional Competente reconocerá del porcentaje recaudado por obras
de patrimonio nacional y dominio público, un cuarto para la Oficina Nacional Competente, un cuarto
para el recopilador, un cuarto para la sociedad de gestión que corresponda y un cuarto para la
comunidad de origen a través de las Organizaciones Territoriales de Base.
Artículo 122.  Porcentajes a aplicar por uso y explotación de las obras.
Se aplicarán a aquellas que utilicen obras del patrimonio nacional y dominio público, una
participación cuyo monto será del diez por ciento (10%) y no mayor del cincuenta por ciento (50%)que el que se pague a los autores o sus causahabientes por utilización de obras similares sujeto al
régimen privado de protección, de acuerdo a los siguientes porcentajes:
1. Libros en general de literatura, arte y ciencias:  diez por ciento (10%);IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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2. Venta de obras originales de las artes plásticas:  veinte por ciento (20%);
3. Representaciones teatrales, dramático-musicales, coreográficas y cinematográficas:
treinta por ciento (30%);
4. Ejecuciones musicales en locales públicos:  cuarenta por ciento (40%);5. Emisiones radiales o de televisión con o sin hilos y grabaciones de obras musicales:
cincuenta por ciento (50%).
TÍTULO X
REGISTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES
Artículo 123.  Registro Nacional de Derecho de Autor.
I. El Registro Nacional de Derecho de Autor es público y tiene por objeto establecer un sistema
de registro que permita la ejecución eficiente de control, seguimiento y disposición del
derecho de autor y derechos conexos garantizando mayor seguridad jurídica a los autores,
titulares de los derechos conexos y titulares de los derechos patrimoniales correspondientes y
sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos através de su inscripción.
II. Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos están protegidos aun cuando no sean
registrados.
III. El Registro Nacional de Derecho de Autor dependiente de la Dirección Nacional de Derecho
de Autor de la Oficina Nacional Competente, tiene competencia para tramitar las solicitudesde inscripción de obras, actos y contratos que se refieren a los derechos de autor, de las
sociedades de autores, de artistas, intérpretes y ejecutantes y de las demás funciones que se
asignen por el presente Libro.
Artículo 124.  Derechos y acciones a registrar.
El Registro Nacional de Derecho de Auto r, observará las siguientes disposiciones:
1. En el Registro Nacional de Derecho de Autor podrán inscribirse:
a) Las obras que presenten sus autores voluntariamente para ser registradas.
b) Convenios o contratos que de cualquier forma confieran, transmitan, graven o
extingan derechos patrimoniales de autor o por los que se autoricen
modificaciones de una obra.
c) Las escrituras, estatutos y reglamentos de las diversas sociedades de autores así
como sus reformas y modificaciones, los de las sociedades de artistas intérpreteso ejecutantes y sus reformas, nombramientos y cese de sus directorios,
administradores y apoderados, tarifas generales y sus modificaciones.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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d) Los convenios o pactos que celebran las sociedades de autores y de artistas
intérpretes o ejecutantes con las sociedades extranjeras.
e) Los poderes otorgados a personas individuales o colectivas para realizar
gestiones ante la Oficina Nacional Competente, cuando la representaciónconferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de tramitar en él y no
esté limitado a la gestión de un solo asunto.
f) Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión colectiva
a favor de éstas.
h) Los convenios o contratos relativos a derechos conexos.
i) Los nombres propios de los autores que, utilizando seudónimo, deseen conservar
su anonimato.  Este depósito deberá hacerse en sobre lacrado.
j) Las características gráficas y distintivas de obras.
2. Para las obras anónimas, la inscripción se hará con el nombre de la persona individual o
colectiva responsable de la divulgación.  Igual tratamiento se seguirá con las obras
seudónimas, salvo el caso en que el seudónimo esté registrado.
3. Las obras póstumas deberán ser registradas a nombre del autor.  Este registro podrán
hacerlo los herederos o legatarios o cualquier otra persona individual o colectiva.
4. Los actos que se transfieran por acto entre vivos o mortis causa otorgan fe, previo
registro, salvo prueba en contrario de la existencia de la obra, interpretación,
producción o radiofónica, y del hecho de su divulgación y publicación, así como la
autenticidad y seguridad jurídica.
Artículo 125.  Obligaciones del Registro de Derecho de Autor.
El Registro de Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:
1. Inscribir, cuando proceda, las obras y los documentos que le sean presentados.
2. Proporcionar a las personas que lo soliciten información de las inscripciones y de los
documentos que obran en el Registro, salvo lo dispuesto en los parágrafos siguientes:
a) tratándose de programas de computación, de contratos de edición y de obras
inéditas, la obtención de copias sólo se permitirá mediante autorización del
titular del derecho patrimonial o por mandamiento judicial;
b) cuando la persona o autoridad solicitante requiera de una copia de las constancias
de registro, el Instituto expedirá copia certificada, pero por ningún motivo se
permitirá la salida de originales del Registro.  Las autoridades judiciales o
administrativas que requieran tener acceso a los originales, deberán realizar lainspección de los mismos en las oficinas del Registro Nacional del Derecho de
Autor;
c) cuando se trate de obras fijadas en soportes materiales distintos del papel, la
autoridad judicial o administrativa, el solicitante o, en su caso, el oferente de laIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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prueba, deberán aportar los medios técnicos para realizar la duplicación.
Las reproducciones que resulten con motivo de la aplicación de este artículo
únicamente podrán ser utilizadas como constancias en el procedimiento judicial
o administrativo de que se trate, y
3. Rechazar la inscripción de:
a) lo que no es objeto de protección conforme al artículo 12 del presente Libro;
b) las obras que son del dominio público;
c) las obras ya registradas en tanto se resuelva el conflicto de titularidad de la obra;
d) las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la
persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también
de ella;
e) leyes, decretos, resoluciones y otros;
f) la inscripción de cualquier documento cuando exista alguna anotación marginal,
que suspenda los efectos de la inscripción, proveniente de la notificación de un
juicio relativo a derechos de autor o de la iniciación de una averiguación previa,
y
g) en general los actos y documentos que en su forma o en su contenido
contravengan o sean ajenos a las disposiciones del presente Libro.
Artículo 126.  Impugnación del registro.
El registro de una obra podrá ser impugnado por cualquier persona natural o jurídica o por el Estado,
si la autoría de quien la tiene registrada quedare en duda.  En este caso, los efectos de la inscripciónquedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme sobre la autoría, por la Oficina Nacional
Competente o en la vía ordinaria civil.
Artículo 127.  Presunción de titularidad.
Se presume salvo prueba en contrario, que las personas indicadas en el registro son los titulares del
derecho que se les atribuye en tal carácter.
TÍTULO XI
SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA
CAPÍTULO ÚNICO
SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA DE AUTORES Y ARTISTAS
Artículo 128.  Constitución de las sociedades de gestión colectiva.
I. Las sociedades de gestión colectiva de autores y titulares de derechos conexos que se
constituyan de acuerdo con este Libro, en concordancia con el artículo 58 del Código Civil,serán de interés público.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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II. Las sociedades de gestión tendrán personería jurídica y patrimonios propios de acuerdo a las
disposiciones que establece el presente Libro.
III. No podrá constituirse más de una sociedad para cada rama o especialidad literaria o artística
de los titulares reconocidos por este Libro.
Artículo 129.  Reconocimiento.
I. El reconocimiento de las sociedades de gestión colectiva de autores y de artistas, intérpretes o
ejecutantes, previo trámite de su personalidad jurídica por los canales correspondientes, será
conferido mediante resolución de la Oficina Nacional Competente, a través de la Dirección de
Derecho Autor.
II. Las sociedades de gestión colectiva una vez reconocidas por la Oficina Nacional Competente,
serán las únicas con potestad para percibir y liquidar en todo el territorio de la República y elexterior, en virtud de convenios de reciprocidad, los derechos económicos derivados de la
utilización por cualquier medio o modalidad de las obras por ellas protegidas.
III. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras destinatarias finales de los
derechos económicos, deberán actuar necesariamente a través de la sociedad respectiva, sin
perjuicio de ejercer directamente los derechos que les confiere el presente Libro.
Artículo 130.  Efectos del reconocimiento de la sociedad de gestión.
I. El reconocimiento de las sociedades de gestión colectiva, por parte de la Oficina Nacional
Competente a nombre del Estado, las habilitará legalmente para reclamar ante los usuarios o
sus representantes, el pago de las regalías y la defensa de los derechos mencionados en el
presente Libro.
II. La Oficina Nacional Competente otorgará a las sociedades un certificado de habilitación de
funcionamiento de la sociedad que será exhibido en lugar visible en sus establecimientos.
III. Las sociedades de acuerdo a su género, deberán otorgar a los representes y cobradores
credenciales autorizadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que llevará un
registro de los mismos.  El cambio de representantes y cobradores, deberá ser comunicado a laDirección de Derecho de Autor por la sociedad correspondiente.
Artículo 131.  Géneros de sociedades de gestión colectiva.
I. Sin perjuicio que nuevos géneros aparezcan en el futuro, se establecen los siguientes géneros
de constitución de Sociedades de Gestión Colectiva.
1. Literatos, que incluyen a novelistas, ensayistas, historiadores, científicos, poetas,
conferencistas y catedráticos.
2. Autores dramáticos, dramático-musicales y de obras pantomímicas.3. Autores y compositores, de música incluidos los letristas y los coreógrafos de obras de
danza.
4. Artistas plásticos como ser, pintores, escultores, grabadores, arquitectos, dibujantes,
escenógrafos, diseñadores gráficos y artesanos.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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5. Cineastas, videastas y fotógrafos;  productores, directores y guionistas;
6. Creadores de programas de ordenador o computadora (soporte lógico o software).
II. Igualmente se establecen Sociedades de Derechos Conexos para los artistas intérpretes o
ejecutantes, sean estos:
1. músicos, cantantes o instrumentistas;2. actores, mimos, recitadores, y bailarines.
III. El reconocimiento de las sociedades de gestión colectiva de autores y de artistas intérpretes o
ejecutantes, previo trámite de su personalidad jurídica por los canales correspondientes, seráconferido mediante resolución de la Oficina Nacional Competente.
IV. Solo podrá constituirse una sociedad en cada rama de creación literaria, artística, o de
derechos conexos.  Una misma persona podrá pertenecer a más de una sociedad.
Artículo 132.  Facultades de las sociedades de gestión colectiva.
Las sociedades de gestión colectiva de autores, de artistas intérpretes o ejecutantes tienen las
facultades siguientes:
1. Establecer procedimientos de recaudación, administración, liquidación de derechos de
autor y conexos, pudiendo coordinar con otras sociedades de distinto género, la formade aplicarlos.
2. Determinar las condiciones a las que deberán ajustarse los contratos con los usuarios,
siempre que no contravengan al presente Libro.
3. Conceder o negar las autorizaciones que se establezcan en los contratos en general y en
los contratos en particular que no contravengan el presente Libro.  Para el caso de las
autorizaciones, las sociedades instrumentarán los medios para garantizar elcumplimiento de la voluntad del autor o intérprete.
4. Fijar los respectivos aranceles de cobranza periódica por cada modalidad de uso,
percibiendo y liquidando los mismos de acuerdo a los estatutos de cada sociedad.
5. Firmar toda clase de documentación relacionada con los derechos de autor o intérprete.6. Exigir a los usuarios el pago de los aranceles que se establezcan, así como la
presentación de declaraciones juradas, planillas de ejecución, programas, catálogos,
listados de publicaciones y todo otro elemento de verificación que permita y garanticela correcta percepción y liquidación de los derechos.
7. Controlar y verificar la exactitud de las constancias o manuscritos presentados por los
usuarios, incluyendo la documentación respaldatoria de las liquidaciones denunciadas
por los mismos.
8. Efectuar el control de ingreso de personas, en la venta de obras y de taquillas o de otras
formas de contribución, el uso correcto de las obras autorizadas y de todo otro valorresultante o modalidad aplicable, que se determine como base para la fijación dearanceles correspondientes al cobro del derecho de autor y del intérprete.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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9. Retener, como establecen las normas y prácticas internacionales un treinta por ciento
(30%) de los ingresos totales, para gastos de administración y funcionamiento.
10. Interponer las acciones que crean convenientes ante autoridades administrativas,
policiales y judiciales, para prohibir el uso de repertorio y de obras que no estuvierandebidamente autorizadas, sean nacionales o extranjeras.
11. Efectuar a cabo toda otra acción necesaria para lograr el objeto y cumplimiento del
presente Libro y de las obligaciones señaladas para las sociedades.
12. Asumir defensa del derecho moral y patrimonial de autor.
13. Representar a sus socios, a los demás autores o artistas de su género y a sus respectivos
derecho habientes, ante autoridades administrativas, judiciales y terceros, en todos los
asuntos de interés general y particular para los mismos y suscribir contratos en materiade derecho de autor y derechos conexos, en los términos y con las limitaciones
impuestas en el presente Libro y los respectivos estatutos.
14. Las sociedades de gestión colectiva serán las mandatarias de los autores e intérpretes
para todos los fines de esta materia.
15. Recaudar y liquidar a favor de los autores e intérpretes las percepciones pecuniarias
provenientes de los derechos que les correspondan.  Para el caso de los asociados, serán
retenidos en su favor para el posterior pago, dentro un plazo a ser determinado en los
estatutos de la sociedad, que no podrá ser mayor a los cinco (5) años.  Vencido el plazo
de los referidos fondos se destinarán servicios a favor de socios, ancianos o impedidos,
a través del fondo social de la sociedad de gestión.
16. Recaudar y entregar a la Oficina Nacional Competente, las percepciones
correspondientes a la utilización de obras pertenecientes al patrimonio nacional y del
dominio público.
17. Celebrar convenios con las sociedades de gestión colectiva nacionales de distinto
género mencionadas en este artículo y con otras extranjeras de la misma rama o afines,y titulares de derechos conexos, con base a la reciprocidad.
18. Representar en el país a las sociedades extranjeras y ser representada en el exterior, en
virtud del mandato específico o de pacto de reciprocidad celebrado por las mismas
sociedades.
19. Los demás actos que no contravengan lo establecido por el presente Libro, y por los
propios estatutos.
Artículo 133.  Derechos del autor y titulares.
I. Las remuneraciones establecidas en el presente Libro a favor del creador, el intérprete, artista
o ejecutante de una obra, serán de concertación directa entre éste y el interesado que desee
hacer usufructo de la misma, aunque las sociedades podrán constituirse, a pedido del autor o
intérprete, en representantes para dicha concertación.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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II. Las disposiciones del presente título no menoscabarán la facultad de los autores de obras y de
sus sucesores, ni de los titulares de derechos conexos, de ejercer directamente los derechosque les confiere el presente Libro.
Artículo 134.  Celebración de contratos.
Los autores y los titulares de derechos conexos o las sociedades que los representan podrán celebrar
contratos con los usuarios y con las organizaciones que los representan respecto a la utilización de sus
obras.  Las retribuciones concertadas en dichos contratos no podrán ser contrarias a lo que establece elpresente Libro.
Artículo 135.  Registros de actos y contratos.
Las sociedades de gestión colectiva deberán registrar en la Oficina Nacional Competente los
nombramientos, y el cese de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus
modificaciones, los contratos celebrados con asociaciones de usuario y los celebrados con similares
extranjeras.
Artículo 136.  Informe a los titulares.
I. Las sociedades de gestión colectiva deberán de suministrar a sus socios y representantes una
información periódica, completa y detallada de todas las actividades de la organización quepuedan interesar al ejercicio de sus derechos.
II. Similar información debe ser enviada a las entidades extranjeras con las cuales mantengan
contratos de representación en el territorio nacional.
TÍTULO XII
PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DEL DERECHO DE AUTOR
Y LOS DERECHOS CONEXOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 137.  Acciones civil, administrativa o penal.
I. La violación de cualquiera de los derechos de autor  establecidos en este Libro, dará lugar a las
acciones civil o administrativa;  sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar, si elhecho estuviese tipificado como delito.
II. Los procesos penales a que den lugar las infracciones al presente Libro son de acción pública
y serán de conocimiento de la judicatura penal, de acuerdo con el Código Penal, Código de
Procedimiento Penal, Ley de Organización Ju dicial, Ley Orgánica del Ministerio Público  y el
presente Código.
Artículo 138.  Presunción de autor.
Para que el titular de los derechos de autor y derechos conexos reconocidos en el presente Libro, sea
admitido como tal ante cualquier autoridad judicial o administrativa, bastará que el nombre o
seudónimo, o cualquier otra denominación que no deje dudas sobre la identidad de la persona
individual o colectiva de que se trate, conste en la obra, interpretación o ejecución, producción o
emisión de radiodifusión, en la forma usual.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 139.  Petición del titular afectado.
I. En caso de infracción de los derechos reconocidos en el presente Libro, se podrá demandar:
1. La cesación de los actos violatorios.
2. El decomiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, así
como su destrucción, sin indemnización alguna.
3. El decomiso definitivo de los instrumentos y medios empleados para cometer la
infracción sin indemnización alguna.
4. El decomiso definitivo de los instrumentos y medios para almacenar copias, sin
indemnización alguna.
5. El lucro cesante o la indemnización de daños y perjuicios.
6. La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del
derecho.
7. El valor total de las costas procesales.
8. El derecho de información sobre la identidad de los terceros que hayan participado en
la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y sobre los circuitos de
distribución.
II. Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes
en Bolivia, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
Artículo 140.  Prohibición general para autorizar.
Ninguna autoridad, ni persona natural o jurídica podrá autorizar la utilización de una obra,
interpretación, producción fonográfica o emisión de cualquier otra prestación protegida por este
Libro, o prestar apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa y previa
del titular del derecho, su representante o la sociedad de gestión colectiva correspondiente.  En caso
de incumplimiento será solidariamente responsable.
Artículo 141.  Responsabilidad solidaria.
I. Si la violación de los derechos se realiza a través de redes de comunicación digital, tendrá
responsabilidad solidaria el operador o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga el
control de un sistema informático interconectado a dicha red, a través del cual se permita,
induzca o facilite la comunicación, reproducción, transmisión o cualquier otro acto violatorio
de los derechos previstos en este Libro y, siempre que tenga conocimiento o haya sido
advertido de la posible infracción, o no haya podido ignorarla sin negligencia grave de suparte.
II. Los operadores u otras personas naturales o jurídicas referidas en esta norma, estarán exentos
de responsabilidad por actos y medidas técnicas que adopten a fin de evitar que la infracción
se produzca o continúe.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 142.  Medidas preparatorias.
I. El juez o tribunal competente para conocer acciones en materia civil en virtud del presente
Libro estará facultado, además de la medidas preparatorias establecidas en el Código deProcedimiento Civil y en los términos que estime razonables, para:
1. Expedir requerimientos para prohibir la comisión, o para ordenar el cese, de la
infracción de cualquier derecho protegido en virtud del presente Libro.
2. Ordenar el secuestro de ejemplares de obras protegidas o de fonogramas de las que se
tengan indicios que hayan sido reproducidas, realizadas o importadas sin autorización
del titular del derecho protegido en virtud del presente Libro, cuando la realización o la
importación de los ejemplares estén sujetas a autorización, así como de los embalajes
de esos ejemplares, de los medios que puedan haberse utilizado para realizarlas y de losdocumentos, cuentas o papeles de negocios relativos a dichos ejemplares.
II. Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas al secuestro se aplicarán en lo
pertinente a las infracciones de los derechos protegidos en virtud del presente Libro.
III. Las disposiciones de la Ley General de Aduanas relativas a la suspensión de la puesta en libre
circulación de mercancías de la que se tengan indicios que puedan ser ilegales se aplicarán en
lo pertinente a los objetos o al material protegidos en virtud del presente Libro.
SECCIÓN ÚNICA
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
Artículo 143.  Procedencia.
I. En caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por el presente Libro,
las partes podrán someterse a un procedimiento de arbitraje o conciliación el cual estáregulado conforme a la Ley Nº 1770 de Arbitraje y Conciliación de 10 de marzo de 1997.
II. La Dirección de Derecho de Autor a través del Órgano Nacional Competente publicará en el
mes de enero de cada año una lista de las personas autorizadas para fungir como árbitros en la
materia.
CAPÍTULO II
PROCESO CIVIL EN DERECHO DE AUTOR
Y DERECHOS CONEXOS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 144.  Jueces y tribunales competentes.
I. Son competentes para conocer las acciones civiles sobre esta materia, de acuerdo a la cuantía,
los Jueces de Instrucción en lo Civil y los Jueces de Partido en lo Civil, y los recursos segúncorrespondan, los Jueces de Partido en lo Civil y las Cortes Superiores de Distrito a través de
la Sala Civil correspondiente.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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II. Los recursos de casación que se dedujeren en esta materia serán conocidas por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a través de su Sala Civil respectiva.
Artículo 145.  Competencia.
I. La competencia en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos se fija de conformidad
con las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil y el presente artículo.
II. La competencia será determinada,  tratándose de transmisiones a través de un satélite, cuando
la infracción sea cometida en el lugar en que se iniciare dicha transmisión o bien en el lugar
en que la señal se hiciere accesible al público.
III. En caso de infracciones cometidas a través de redes de comunicación digital, se tendrán
cometidas las mismas, en el lugar en que se encuentren los sistemas informáticos o bien en el
lugar en que la transmisión se hiciere accesible al público.
Artículo 146.  Facultades de los jueces.
Con el objeto de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos
reconocidos en el presente Libro, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales,
inclusive las mercancías importadas, o bien para las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infracción, los jueces están facultados a ordenar, a petición de parte, las medidas cautelares opreliminares que fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:
1. El cese inmediato de la actividad ilícita.
2. La suspensión de la actividad de la utilización, explotación, venta, oferta en venta,
importación o exportación, reproducción, co municación, distribución, según proceda.
3. Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.
Artículo 147.  Medidas cautelares.
Las medidas cautelares relativas al Derecho de Autor y Derechos Conexos, en materia civil, se
tramitarán de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 148.  Medidas cautelares y presunción de autor.
I. El juez ordenará las medidas preventivas y cautelares al conocimiento de la demanda, siempre
que se acompañen pruebas que permitan razonablemente presumir la violación actual o
inminente de los derechos de autor y derechos conexos, o sobre información que conduzca al
temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza
preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse.
II. El juez comprobará si la parte solicitante es titular de los derechos, a cuyo efecto se estará a
las presunciones establecidas en este Libro.  En defecto de información proporcionada con la
demanda que permita presumir la titularidad, bastará la declaración jurada que al efecto se
incluya en la demanda.
Artículo 149.  Contracautela.
I. El juez exigirá al actor, de acuerdo a las circunstancias, que preste fianza o garantía suficiente
en preservación de daño posible al demandante, para proteger y evitar abusos.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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II. La garantía no se exigirá cuando el solicitante fuere el Estado, Municipio o un beneficiario de
gratuidad.
III. El monto de la garantía que fije el juez de be guardar relación con el daño emergente o el lucro
cesante establecido en la demanda.
Artículo 150.  Secuestro.
I. El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre
bienes que aseguren el pago de la indemnizaci ón, sobre los productos o mercancías que violen
el derecho de autor y derechos conexos, así como sobre los equipos, aparatos y medios
utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para
la reproducción o comunicación.
II. La retención se ordenará sobre los valores correspondientes por conceptos de explotación o
remuneración.
III. El arraigo, se ordenará si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento permanente en
Bolivia.
Artículo 151.  Otras facultades del juez.
I. Las medidas adoptadas serán ejecutadas en presencia del juez, si el actor así lo requiere, quien
podrá asesorarse de los peritos necesarios o de funcionarios de la Oficina Nacional
Competente cuyo dictamen en la propia diligencia constará del acta correspondiente y servirá
para la ejecución.
II. Además de las medidas provisionales y cautelares establecidas en el Código de Procedimiento
Civil, la orden que expida el juez conforme con el artículo precedente implicará, sin necesidadde formalidad ulterior o providencia adicional,  la posibilidad de adoptar cualquier disposición
necesaria para la plena ejecución de la medida cautelar, incluyendo la apertura de seguridades
y sin perjuicio de que al momento de la diligencia el juez  ordene otra medida cautelar que
resulte necesaria para la protección urgente de los derechos, sea de oficio o a petición verbal
de parte.
Artículo 152.  Cese de actividad ilícita.
La resolución del juez que ordene el cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:
1. La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o
ambas.
2. Cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del
comercio habitual del infractor, la resolución que se expida ordenará la clausura
provisional del local o establecimiento.
3. El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su
depósito judicial.
4. La inutilización de los bienes u objetos materia de la infracción y, en caso necesario, la
destrucción de moldes, planchas, matrices, instrumentos, negativos, plantas o partes de
aquéllas y demás elementos utilizados en la reproducción o comunicación noIP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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autorizada, o de aquellos cuyo uso predominante sea facilitar la supresión o
neutralización de cualquier medio de protecc ión técnica o de información electrónica y
que sirvan predominantemente para actos violatorios del derecho de autor y derechos
conexos.
5. Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos
de autor y derechos conexos atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción.
Artículo 153.  Reserva en las medidas cautelares.
Las demandas que se presenten a fin de obtener una medida cautelar, así como las providencias
correspondientes, tendrán la categoría de reservadas y no se notificarán a la parte demandada sino
hasta después de su ejecución.
Artículo 154.  Reserva en la inspección judicial.
Si el actor indicare que para la prueba de la violación de los derechos se requiere de inspección
judicial previa, el juez la dispondrá sin notificar a la parte contraria y podrá ordenar durante la
diligencia las medidas cautelares pertinentes.  Para este fin concurrirá con los funcionarios judiciales y
policías que deban cumplir y garantizar tales medidas.
Artículo 155.  Depósito judicial.
I. En caso de obras fijadas electrónicamente en dispositivos de soportes digitales o por
procedimientos análogos, o cuya aprehensión sea difícil o pueda causar graves daños al
demandado, el juez, previo consentimiento del actor y si lo considera conveniente, podrá
ordenar que los bienes secuestrados permanezcan bajo la custodia del demandado, luego de
identificados, individualizados e inventariados, sin perjuicio del secuestro de las fijacionessobre soportes removibles.
II. El juez deberá poner sellos o señales sobre los bienes identificados, individualizados e
inventariados.
Artículo 156.  Efectos de las medidas cautelares.
I. Cumplida la medida cautelar se proseguirá de acuerdo a lo establecido en el Código de
Procedimiento Civil para el proceso ordinario.
II. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u
omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo
infracción o amenaza de infracción del derecho de autor y derechos conexos, el juez
competente ordenará al actor, previa petición del demandado, la indemnización de daños y
perjuicios.
Artículo 157.  Confidencialidad de la información .
I. A fin de proteger secretos comerciales o información confidencial, en el curso de la ejecución
de las medidas cautelares establecidas en este Libro, únicamente  tendrán acceso a la
información, códigos u otros elementos, en cuanto sea indispensable para la práctica de la
medida el juez, perito designado, demandante o demandado o sus representantes.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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II. Todos los que  tengan acceso a tales informaciones, quedarán obligados a guardar absoluta
reserva y quedarán sujetos a las acciones que ésta y otras leyes prescriban para la protección
de los secretos comerciales y la información confidencial.
Artículo 158.  Peritos.
En ejecución de las medidas cautelares o en el período de prueba, podrán intervenir como peritos los
funcionarios designados por la Oficina Nacional Co mpetente.  El juez podrá requerir la intervención
pericial de tales funcionarios, a solicitud de parte o de oficio.
También podrán intervenir como peritos representantes de las sociedades de gestión colectiva que
corresponda.
Artículo 159.  Destino de copias y embalajes.
I. Cuando existan ejemplares cuya realización haya supuesto una infracción de los derechos, las
autoridades judiciales, en ejecución de sentencia, están facultadas para ordenar que se
destruyan esos ejemplares y sus embalajes o para adoptar otra disposición con respecto a esos
ejemplares y embalajes fuera de los circuitos comerciales, con el objeto de evitar perjuicios al
titular del derecho, salvo si éste solicita otra cosa.
II. Esta disposición no se aplicará a aquellos ejemplares ni a sus embalajes cuya propiedad haya
sido adquirida por terceros de buena fe.
Artículo 160.  Destino de material.
I. Cuando exista el peligro de que se utilice material para cometer, o para seguir cometiendo,
actos que constituyan una infracción, las autoridades judiciales en ejecución de sentencias
ordenaran, que se:
1. destruya el material;
2. disponga de él de otra manera fuera de los circuitos comerciales, a fin de reducir al
mínimo los riesgos de nuevas infracciones;  o
3. sea entregado al titular del derecho.
II. Cuando exista el peligro de que persistan los actos que constituyen en una infracción, las
autoridades judiciales ordenarán expresamente el cese de dichos actos y  fijarán un importe a
pagar por concepto de multa.
Artículo 161.  Sanción por negligencia u omisión.
I. Los jueces que no cumplan con lo previsto para las medidas precautorias establecidas en el
Código de Procedimiento Civil dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción
de la demanda o  nieguen injustificadamente la adopción de una medida cautelar, serán
responsables ante el titular del derecho por los daños causados, sin perjuicio de la acciónpenal que corresponda.
II. Esta norma se hará extensiva a los jueces en lo penal que establezcan medidas cautelares en lo
que corresponda al Código de Procedimiento Penal.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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Artículo 162.  Prescripción del derecho.
I. Las acciones civiles prescriben de conformidad con las normas del Código Civil
respectivamente, salvo las acciones por violación a los derechos morales, que son
imprescriptibles.
II. Salvo prueba en contrario y, para los efectos de la prescripción de la acción se tendrá como
fecha de perpetración de la infracción, el primer día del año siguiente a la última edición,
reedición, reproducción, comunicación, u otra utilización de una obra, interpretación,
producción o emisión de radiodifusión.
Artículo 163.  Observancia a tratados y excepción.
I. Los jueces observarán adicionalmente los procedimientos y medidas establecidos en
convenios o tratados internacionales sobre propiedad intelectual vigentes en Bolivia, encuanto sean aplicables.
II. Los jueces estarán exentos de responsabilidad en los términos del artículo 48 numeral 2 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC).
SECCIÓN II
PROCESO ORDINARIO DE CONOCIMIENTO
Artículo 164.  Procedencia.
I. El proceso ordinario para resolver los conflictos de propiedad intelectual referidos a las
materias de derecho de autor y derechos conexos, propiedad industrial, protección a las
obtenciones vegetales y a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, se sujeta alprocedimiento previsto en la presente sección.
II. La demanda será precedida necesariamente de la conciliación, sin perjuicio de las medidas
preparatorias que se hubieren solicitado.
Artículo 165.  Procedimiento.
I. Agotada la vía conciliatoria, el proceso se iniciará con la presentación de la demanda, que
deberá reunir los requisitos de forma y contenido señalados en el Código de Procedimiento
Civil.
II. Dictada la providencia de admisión de la demanda, en ella se correrá traslado y se ordenará la
citación del demandado.
III. Citado legalmente, el demandado deberá contestar en el plazo de treinta días.
IV. A tiempo de la contestación, el demandado podrá reconvenir.  Se correrá traslado de la
reconvención al actor, para que conteste  en el mismo plazo de treinta días.
V. Si se opusieren a la demanda o la reconvención excepciones previas, se conferirá traslado al
actor o al demandado, según fuere el caso, por un plazo de 15 días.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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VI. Transcurridos los plazos señalados, con contestación o sin ella, se convocará a audiencia
preliminar.
Artículo 166.  Rebeldía.
I. Si transcurrido el plazo para la contestación, el demandado no compareciere, podrá ser pedida
su rebeldía por el actor.
II. Declarada la rebeldía, se notificará al demandado en su domicilio.  Todas las actuaciones y
resoluciones posteriores se notificarán en estrados, excepto la sentencia, salvo la pronunciada
en audiencia.
III. La rebeldía del demandado determinará que el juez tenga por admitidos los hechos alegados
por el actor, en cuanto no fueren contradicho por la prueba ofrecida, que podrá ser
diligenciada en todo lo que el tribunal considere necesario.
IV. El actor podrá pedir el embargo de los bienes del rebelde u otras medidas cautelares
consideradas necesarias, las cuales subsistirán hasta la conclusión de la causa o hasta el
levantamiento de la rebeldía, si hubiere lugar.
V. El rebelde podrá comparecer en cualquier momento del proceso y tomará la causa en el estado
en que se hallare.
VI. Si el actor fuere declarado rebelde, el demandado será absuelto, salvo que mediare
reconvención, en cuyo caso el proceso continuará hasta sentencia.
Artículo 167.  Audiencia preliminar.
I. Convocada audiencia preliminar, las partes comparecerán en forma personal, excepto motivo
fundado que justificare la comparecencia por representante.
Las personas colectivas y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes.
Si hubiere de suspenderse por inasistencia de una de las partes, atribuible a razón de fuerza
mayor insuperable, la audiencia podrá diferirse por una sola vez.
II. La inasistencia no justificada del actor se tendrá como desistimiento de la pretensión, con
todos sus efectos.
III. La inasistencia del demandado facultará al juez o tribunal para dictar sentencia de inmediato,
teniendo por ciertos los hechos alegados por el actor en todo cuanto no se hubiere probado lo
contrario.
Artículo 168.  Actividades en la audiencia preliminar.
En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:
1. ratificación de la demanda y de la contestación, y en su caso, de la reconvención y su
contestación;  igualmente, alegación de hechos nuevos que no modifiquen laspretensiones o las defensas, así como aclarar extremos oscuros, contradictorios o
imprecisos a juicio del juez o de las partes;IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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2. tentativa de conciliación que deberá realizar el juez respecto de todos o algunos de los
puntos controvertidos;
3. recepción de prueba relativa a excepciones, si existieren hechos que, siendo
susceptibles de prueba, ésta hubiere sido propuesta juntamente con las excepciones;
4. saneamiento del proceso, pronunciándose sentencia interlocutoria que resuelva las
excepciones previas o nulidades advertidas por el juez o acusadas por la parte,
incluyendo lo incongruente de la demanda y la legitimación en la causa, cuando éstas
puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación;
5. prórroga de la audiencia cuando no se hubiere podido producir la totalidad de la prueba
o dictar la sentencia de saneamiento.  En el primer caso, podrá diferirse la recepción
hasta otra audiencia que se realizará en plazo no mayor de 10 días, y en el segundocaso;
6. fijación definitiva del objeto del proceso;  determinación, ordenamiento y diligencia de
los medios de prueba admisibles, necesarios y pertinentes;  recepción de las pruebas
cuya diligenciamiento fuere posible en la audiencia, o convocatoria a audiencia
complementaria respecto de las que no se hubieren producido hasta su conclusión.
Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio del juez, se refieran a
hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia.
Artículo 169.  Resoluciones y recursos en la audiencia preliminar.
I. Las resoluciones pronunciadas en la audiencia preliminar admitirán los siguientes recursos:
1. Las providencias de mero trámite, recurso de reposición proponible en la misma
audiencia y definible en forma inmediata por el juez;
2. La sentencia interlocutoria que resolviere excepciones previas, recurso de apelación
con efecto diferido;
3. La sentencia interlocutoria que resolviere las excepciones de incompetencia del juez,
prescripción o caducidad, transacción o conciliación y cosa juzgada, recurso deapelación en el efecto suspensivo, que deberá anunciarse en la propia audiencia e
interponerse en la forma prevista por el Código de Procedimiento Civil.
II. Igualmente, en esta audiencia podrán adoptarse las siguientes medidas:
1. si la sentencia interlocutoria declarare probada la excepción de litispendencia, se
ordenará, según corresponda, el archivo de obrados o la acumulación;
2. si se acogiere la excepción de demanda defectuosa, el demandante podrá subsanar los
defectos en la misma audiencia, en cuyo caso se permitirá al demandado complementarsu contestación en mérito de las aclaraciones formuladas por el actor;
3. si se acogiere la excepción de falta de capacidad, personería o representación, se
concederá un plazo de 10 días para la subsanación de lo omitido, bajo apercibimiento
de tenerse por no presentada la demanda;IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
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4. si se dispusiere la intervención de un tercero, se procederá a su citación conforme a
derecho.  En este caso, como en el anterior, se suspenderá la audiencia a sus efectos,
por el plazo señalado en el numeral anterior.
III. Las excepciones, nulidades y otras cuestiones propuestas por las partes serán resueltas en una
sola sentencia dictada en audiencia para sanear el proceso, salvo que el juez o tribunal se
declare incompetente, en cuyo caso no se resolverán otras cuestiones.
IV. Si el asunto fuere de puro derecho o, siendo de hecho, se hubiere diligenciado totalmente la
prueba, o se resolviere prescindir de la aún no diligenciada, serán oídas las alegaciones de las
partes y se pronunciará sentencia definitiva.
V. Todo cuanto expusiere, declarare u ordenare el juez en la audiencia preliminar no significa
prejuzgamiento.
Artículo 170.  Audiencia complementaria.
I. Si en la audiencia preliminar no se hubiere podido diligenciar totalmente la prueba, se
convocará a las partes para audiencia complementaria que se realizará dentro de los 15 días
siguientes, durante cuya vigencia se verificarán necesariamente las diligencias que se hubiere
dispuesto realizar fuera de audiencia, como inspecciones, pericias, informes y otras similares,a fin de que estén cumplidas en oportunidad de la audiencia complementaria.
II. No se suspenderá la audiencia complementaria, ni se dejará de diligenciar la prueba por
ausencia de una de las partes, salvo el único caso de fuerza mayor debidamente comprobada.
La audiencia podrá ser prorrogada, por única vez, de oficio o a petición de parte, si faltare
diligenciamiento de alguna prueba que deba cumplirse fuera del asiento judicial, en cuyo casoel juez fijará nueva fecha para reanudación de la audiencia.
III. La inasistencia de la parte a la audiencia complementaria significa presunción desfavorable
para ella.
IV. En la audiencia complementaria serán recibidos todos los medios de prueba.  Los testigos y
peritos, una vez oídos por su orden, permanecerán en el acto a efecto de aclaraciones o careosposibles, salvo autorización del juez para su retiro.
V. Se labrará acta resumida de todo lo actuado y se acumularán al expediente los informes y
demás documentos recibidos.  En particular, fuera de las aclaraciones o complementaciones
de las partes, se harán constar las resoluciones del juez sobre la admisión o rechazo de alguna
prueba controvertida, así como sobre la interposición de recursos.
VI. Los testigos y peritos firmarán el Libro de Asistencia del juzgado, sin que sea necesaria la
suscripción del acta.
VII. El juez oirá seguidamente los alegatos de las partes, a cuyo objeto fijará el tiempo necesario
que no excederá de 10 minutos para cada una y que podrá ser prorrogado por un lapso similar.
Por excepción, tratándose de asuntos de notoria complejidad, también podrá conceder una
ampliación que satisfaga la necesidad de alegaciones adecuadas a dicha situación.
VIII. A continuación, el juez pronunciará sentencia observando lo dispuesto por el artículo
siguiente.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 136
Artículo 171.  Plazos para dictar sentencia.
I. Los jueces deberán dictar sentencia al cabo de la audiencia complementaria, en cuya
oportunidad se dará lectura a la misma a los efectos de su notificación.
II. El juez podrá diferir la fundamentación del fallo para una ulterior audiencia, que se realizará
en plazo no mayor de 10 días si se tratare de sentencia interlocutoria y de 20 para la sentencia
definitiva.  Los plazos para impugnar se contarán a partir del día siguiente a la celebración de
esta última audiencia.
III. Tratándose de casos complejos, se podrá prorrogar el plazo para dictar la sentencia con sus
fundamentos, por 15 días si fuere interlocutoria y por 30 días si fuere definitiva,
procediéndose conforme a lo dispuesto en el parágrafo anterior.
Artículo 172.  Segunda instancia.
I. La segunda instancia se abre como efecto de apelación concedida.
II. Recibido el expediente, será pasado a estudio del juez en forma simultánea.
III. Finalizado el estudio por el tribunal, si no se hubiere resuelto dictar decisión anticipada, se
convocará a audiencia para fines de mejora de la alzada o diligenciamiento de la prueba que el
tribunal hubiere dispuesto, de oficio o a petición de parte.  Si no fuere necesario eldiligenciamiento de prueba, se formulará igual convocatoria a audiencia para dictar sentencia.
IV. La sentencia será dictada en la forma y plazos previstos en el artículo 171.
Artículo 173.  Casación.
En los casos en que hubiere lugar al recurso de casación, se procederá conforme a las regulaciones
previstas por el  Código de Procedimiento Civil.
Artículo 174.  Ejecución de sentencia.
Las sentencias se ejecutarán observando las regulaciones del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 175.  Multa.  Daños y perjuicios.
I. Las sentencias condenatorias de las acciones civiles por violación de derechos de autor y
derechos conexos impondrán al infractor adicionalmente una multa de tres a cinco veces elvalor total de los ejemplares de obras, interpretaciones, producciones, emisiones o de la
regalía que de otro modo hubiere percibido el titular del derecho por explotación legítima de
éstas u otras prestaciones de derecho de autor y derechos conexos.
II. Las multas que conforme a estas disposiciones se recauden se destinarán en un tercio (1/3) a
la Oficina Nacional Competente, en un tercio (1/3) al titular del derecho infringido y un tercio
(1/3) al Tesoro Judicial.
III. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá el daño emergente y el lucro cesante,
causadas por la infracción.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 137
La cuantía de los ingresos no obtenidos, se fijará teniendo en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios:
1. los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación;
2. los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;3. el precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular,
para la explotación lícita de los derechos violados;  y,
4. los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular con
relación a la controversia.
Artículo 176.  Corresponsabilidad de terceros.
El propietario, socio, gerente, director o responsable de las actividades de los establecimientos donde
se realicen  presentaciones de teatro o musicales, responderá solidariamente con el organizador del
espectáculo, por las violaciones a los derechos de autor que tengan lugar en aquellos establecimientos,
sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
CAPÍTULO III
DELITOS Y EL PROCESO PENAL
SECCIÓN I
DELITOS
Artículo 177.  Delito contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos.
Será sancionado con pena privativa de libertad de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión y multa de
sesenta (60) a cien (100) días, quien:
1. en relación con una obra o producción literaria o artística inédita y sin autorización del
autor, artista o productor, o de sus causahabientes, la inscriba en el registro o la
publique por cualquier medio de reproducción, multiplicación o difusión, como si fuere
suya o de otra persona distinta del autor verdadero, o con el título cambiado o
suprimido, o con el texto alterado dolosamente;
2. en relación con una obra o producción publicada y protegida cometa cualesquiera de
los hechos indicados en el inciso anterior, o sin permiso del titular del derecho de autor,
la reproduzca, adapte, transforme, modifique, refunda o compendie y edite o publique
algunos de estos trabajos por cualquier modo de reproducción, multiplicación o
comunicación al público;
3. reproduzca una obra ya editada, alterando dolosamente en la edición fraudulenta el
nombre del editor autorizado al efecto;
4. reproduzca un fonograma o videograma con miras a su comercialización, o los alquile
sin autorización escrita de su productor o su representante;  asimismo, el que importe,
almacene, distribuya o venda las copias ilícitas de un fonograma o un videograma;IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 138
constituye un ejemplar ilícito de un fonograma o un videograma, el que imitando o no,
las características externas del ejemplar legítimo tiene incorporado el fonograma o elvideograma o parte sustancial de él, sin la autorización de su titular;
5. edite, venda, reproduzca o difunda una obra editada o fonograma mencionando
falsamente el nombre del autor, del editor autorizado, de los intérpretes y ejecutantes o
del productor;
6. presentare declaraciones falsas destinadas, directa o indirectamente a perjudicar los
derechos económicos de autor, sea alterando los datos referente al producto económico
de un espectáculo, el número de ejemplares  producidos, vendidos o distribuidos de una
obra, comunicación pública, regalías o por cualquier otro medio;
7. introduzcan al país, fabriquen, almacenen, ofrezcan en venta, vendan arrienden o de
cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros aparatos u
otros medios destinados a descifrar las señales codificadas o de cualquier otra manera
burlar o quebrantar los medios técnicos de protección aplicados al titular del derecho;
8. fabriquen o importen, para la venta o el alquiler, un dispositivo o un  medio
especialmente concebido o adaptado para volver inoperante todo dispositivo o medio
encaminado a impedir o a limitar la reproducción de una obra o a deteriorar la calidad
de los ejemplares realizados;
9. importen o distribuyan con fines de emisión y comunicación al público, sin estar
habilitados para ello, de obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o emisiones
de radiodifusión, sabiendo que se han suprimido o modificado sin autorización
informaciones relativas a la gestión de derechos que se presentan en forma electrónica.
Todo ejemplar en el que se haya suprimido o modificado una información sobre la
gestión de derechos, serán asimilados a las copias o ejemplares falsificados de obra.
Artículo 178.  Comunica ción sin autorización.
Será sancionado con tres (3) a cinco (5) años de reclusión y multa de sesenta (60) a cien (100) días el
que:
1. emita, retransmita o difunda por cualquier medio, obras cinematográficas sin
autorización del productor;  y
2. retransmita por cualquier medio las emisiones de los organismos de radiodifusión.
Artículo 179.  Importación de obras ilícitas.
Serán sancionados con tres (3) a cinco (5) años de reclusión y multa de sesenta (60) a cien (100) días
quienes introduzcan al país, almacenes, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otramanera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones ilícitas de obras.
Artículo 180.  Reproducción ilícita.
Serán sancionados de tres (3) meses a dos (2) años de reclusión y multa de sesenta (60) días.
quienes:
1. reproduzcan mayor número de ejemplares de los autorizados por el titular del derecho
de autor, o sus causahabientes en el respectivo contrato;IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 139
2. reproduzcan, difundan, ejecuten, representen o distribuyan una o más obras después de
vencido el término de una autorización concedida al efecto.
Artículo 181.  Autor o representante indebido.
Será sancionado de tres (3) meses a dos (2) años de reclusión y multa de sesenta (60) días quien:
1. sin autorización del titular del derecho de autor sea responsable por la representación o
ejecución públicas de obras teatrales o musicales;
2. sin ser autor, editor, causahabiente o representante de uno o de alguno de ellos, se
atribuya falsamente una de esas calidades y obtenga que la autoridad suspenda la
representación de la ejecución pública de una obra;
3. se apropie indebidamente del derecho de uso de nombres de periódicos, revistas,
secciones y columnas de los mismos, programas de radio y televisión, noticieroscinematográficos, de los demás medios de comunicación, de los personajes ficticios o
simbólicos en obras literarias, historietas gráficas y otras publicaciones periódicas o de
personajes característicos empleados en actuaciones artísticas o de nombres de grupos y
conjuntos, coros, orquestas, bandas y otros elencos artísticos.
Artículo 182.  Alteración de obras.
Será sancionado de tres (3) meses a dos (2) años de reclusión y multa de sesenta (60) días quien altere
o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información electrónica sobre el
régimen de derechos aplicables.
Artículo 183.  Sanción a la obstrucción de justicia.
Serán sancionados con reclusión de seis meses a dos años y multa de cien a cuatrocientos días multa,
quienes ilícitamente obstaculicen, incumplan o impidan la ejecución de una providencia preventiva
cautelar emitida por autoridad judicial o administrativa competente.
Artículo 184.  Agravantes.
Son circunstancias agravantes, las siguientes:
1. que la persona que cometió el delito haya sido apercibida sobre la violación del
derecho;
2. que los delitos se cometan respecto de obras inéditas;
3. que los productos materia de la violación de los derechos puedan provocar daño a la
salud.
En todos estos casos la pena será elevada en un tercio (1/3) teniendo en cuenta la magnitud del daño.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 140
SECCIÓN II
PROCESO PENAL
Artículo 185.  Competencia.
I. Son competentes para conocer las acciones penales por delitos cometidos contra los derechos
de autor y derechos conexos, en primera instancia, los Jueces de Sentencia y los Tribunales de
Sentencia, según el delito perseguido tenga una pena máxima que supere o no los cuatro años
de privación de libertad.
II. En Segunda Instancia, son competentes, las Cortes Superiores de Distrito, a través de la Sala
Penal correspondiente.
III. Los recursos de casación que se dedujeren en esta materia, serán conocidos por la Corte
Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal respectiva.
Artículo 186.  Acción penal pública.
La investigación y juzgamiento de los delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos se
regirá por las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal con las consideraciones
establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 187.  Medidas cautelares reales.
Las medidas cautelares reales relacionadas con el Derecho de Autor y Derechos Conexos, en materia
penal se tramitarán de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil.
En la ejecución de las medidas cautelares reales, dispuestas para garantizar la reparación del daño y
pago de costas o multas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, se preverá también la
destrucción de los ejemplares ilícitos o adjudicación al titular del derecho defraudado u otradisposición que no implique retorno al circuito comercial.
Artículo 188.  Incautación.
I. En todos los casos contenidos en este capítulo, durante el proceso, se dispondrá la incautación
de todos los objetos que hubieren servido directa o indirectamente para la comisión del delito,
de conformidad con el Código de Procedimiento Penal.
II. La Dirección de Registro, Control y Administración de bienes incautados será la responsable
de custodiar los ejemplares de una obra publicada o reproducida en forma ilícita.
Artículo 189.  Destino de las obras incautadas.
I. A fin de que no retornen al circuito comercial, el Juez o Tribunal podrá ordenar en ejecución
de sentencia la destrucción de los ejemplares y sus embalajes, o la adjudicación al titular del
derecho defraudado de los ejemplares, embalajes o instrumentos que hayan sido utilizados
para la comisión del delito.
II. Esta disposición no se aplicará a los ejemplares, embalajes, ni a los instrumentos cuya
propiedad haya sido adquirida por terceros de buena fe para su uso personal.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 141
Artículo 190.  Destino de las multas.
El producto de las multas determinadas en este capítu lo será destinado en un cuarto (1/4) al titular del
derecho infringido, un cuarto (1/4) al Fondo de Indemnizaciones del Poder Judicial, un cuarto (1/4) al
Ministerio Público y un cuarto (1/4) a la Oficina Nacional Competente, estos últimos destinarán esosfondos en programas de formación y educación sobre propiedad intelectual.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DERECHO
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Artículo 191.  Oficina Nacional Competente, Dirección de Derecho de Autor.
De la Oficina Nacional Competente depende la Dirección de Derecho de Autor, es la autoridad
nacional responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechosconexos;  posee autonomía técnica y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo
y resuelve en primera y en segunda instancia las causas administrativas y no contenciosas que le sean
sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.
Artículo 192.  Procedimiento administrativo.
I. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se interpongan ante las autoridades
judiciales competentes, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en la
legislación sobre derecho de autor y derechos conexos, o sus representantes, podrán denunciar
la infracción de sus derechos ante la Dirección de Derecho de Autor en su condición de
autoridad administrativa competente;  no constituyendo esta última, en ninguno de los casos,
vía previa.
II. Las acciones por infracción iniciadas de oficio o a solicitud de parte, se sujetarán al
Procedimiento Administrativo General que establece la Ley de Procedimiento Administrativo.
III. Agotada la vía administrativa, el interesado  podrá acudir a la impugnación judicial por la vía
del proceso contencioso-administrativo ante el Juez en Materia Administrativa.
Artículo 193.  Solicitud de medidas cautelares.
I. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, los titulares de
cualesquiera de los derechos reconocidos en este Libro o sus representantes, sin menoscabo
de otras acciones que les corresponda, podrán pedir, bajo su responsabilidad y riesgo, el cese
de la actividad ilícita del infractor en los términos previstos en este capítulo.
II. Con este fin, la Dirección de Derecho de Autor, tendrá la facultad de ordenar medidas
cautelares rápidas y eficaces para:
1. Evitar una infracción de cualesquiera de los derechos reconocidos en el presente Libro
y, en particular impedir la introducción en los circuitos comerciales de mercancías
presuntamente infractoras, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías
importadas.
2. Conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 142
Artículo 194.  Medidas cautelares.
I. Las medidas cautelares serán entre otras:
1. La suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita.2. La incautación, decomiso o retiro de los circuitos comerciales de los ejemplares
producidos o utilizados y del material o equipos empleados para la actividad infractora.
3. La realización de inspección, incautación o decomiso sin aviso previo.
4. Requerimiento de información.
La medida cautelar de incautación o decomiso, podrá solicitarse dentro de un procedimiento
administrativo de denuncia, sin perjuicio de las acciones de oficio.
II. Las medias cautelares se tramitarán de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de
Procedimiento Civil.
Artículo 195.  Requisitos para la medida cautelar.
I. El solicitante de medidas cautelares, debe cumplir con presentar ante la autoridad
administrativa, las pruebas a las que tenga acceso y que la autoridad considere suficientes paradeterminar que:
1. el solicitante es el titular del derecho o se presuma la calidad de titular o autor;
2. el derecho del solicitante está siendo infringido o que dicha infracción es inminente;
3. cualquier demora en la expedición de esas medidas podría causar un daño irreparable al
titular del derecho, o
4. existe un riesgo comparable de que se destruyan las pruebas.
II. El solicitante debe proporcionar además, toda la información necesaria para identificar los
bienes objeto de las medidas y el lugar donde éstos se encuentran.
Artículo 196.  Obligación de informar.
Cuando se presuma la violación de derechos de autor o conexos, el Director de la Oficina Nacional
Competente o el Director de Derecho de Autor podrá requerir a terceros que le proporcionen cualquierinformación que permita establecer la existencia o no de tal infracción.  Dicha información deberá serentregada en un término no mayor de 10 días, desde la fecha de la notificación.
Artículo 197.  Facultad de la Dirección de Derecho de Autor para ordenar medidas cautelares.
I. La Dirección de Derecho de Autor tiene la facultad para ordenar medidas preventivas o
cautelares en virtud de la solicitud de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a
la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable altitular del derecho o exista riesgo inminente de que se destruyan las pruebas.
II. Las peticiones que se presenten para obtener medidas cautelares permanecerán en reserva
hasta luego de ejecutadas y, aun con posterioridad deberán adoptarse por las autoridades las
medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información no divulgada quehaya debido suministrarse en el curso del procedimiento.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 143
Artículo 198.  Reserva de inspección y medidas cautelares.
I. Las inspecciones se realizarán por el Director de Derecho de Autor o sus delegados
departamentales, entregando copia de la resolución administrativa que la hubiere ordenado y,
si fuese aplicable, la solicitud de la parte afectada.
II. Si durante la diligencia se comprobare, aun presuntivamente, a primera vista, la violación de
derechos de autor o derechos o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente
de tal violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes, de
cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal violación.  Se dejará constancia de lo
examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas
inspeccionadas.
III. La Oficina Nacional Competente, a través del Director de Derecho de Autor o sus delegados
departamentales, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente, de los
derechos a que se refiere este Libro, si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas.
Estas medidas tendrán carácter provisional y estarán sujetas a revocación o confirmación.
Artículo 199.  Prohibición del titular o sociedad.
Anunciada o de cualquier modo conocida la comunicación pública de una obra legalmente protegida
sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente, el titular de los derechos o la sociedad
que los representa podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente que la prohíba, lo cual será
ordenado inmediatamente.  Al efecto se presume que el organizador, empresario o usuario no cuenta
con la debida autorización.
Artículo 200.  Destino de los bienes incautados.
I. La Dirección de Derecho de Autor, luego de ejecutoriada la resolución administrativa
definitiva correspondiente, podrá ordenar la entrega al titular del derecho afectado a una
institución sin fines de lucro, de las obras reproducidas ilegalmente y cualquiera de los
materiales e instrumentos u tilizados para la comisión de la infracción, u ordenar la
destrucción de los mismos.
Si no se apersonase a la Dirección de Derecho de Autor el titular del derecho afectado
después de transcurridos 20 días de la correspondiente notificación, la autoridad podrá
disponer del material ilícito.
II. La determinación y selección de la institución sin fines de lucro, a que se refiere el parágrafo
anterior, será determinada por Directorio de la Oficina Nacional Competente.
III. Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el
exclusivo uso personal.
Artículo 201.  Intervención de la policía nacional.
A requerimiento del titular o representante legal o de la sociedad de gestión colectiva que lo
represente, la autoridad policial comprobará de inmediato, la comisión de cualquier acto infractor del
presente Libro, entregando copia de constancia al interesado.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 144
Artículo 202.  Denuncia penal.
I. Cuando los hechos materia del procedimiento administrativo constituyan presunto delito, la
Dirección de Derecho de Autor podrá formular denuncia penal y remitir antecedentes al
Ministerio Público.
II. En caso que la Dirección de Derecho de Autor hubiere destruido o dispuesto de los ejemplares
que constituían materia de la infracción del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, se
acompañará a la denuncia copia certificada de la resolución administrativa correspondiente,
así como copias de las actas vinculadas a tales medidas en las que consta la relación de bienes
objeto de las mismas, a efectos de su valoración como prueba del presunto delito.
SECCIÓN I
INFRACCIONES
Artículo 203.  Infracciones en materia de derecho de autor.
I. Se considerará como infracción y falta grave aquella que realizare el infractor, vulnerando
cualquiera de los derechos y en la que concurran al menos alguna de las siguientes
circunstancias:
1. La vulneración de cualquiera de los derechos morales reconocidos en el presente Libro.2. El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean estos directos o
indirectos.
3. La presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos,
repertorio utilizado, identificación de los titulares respectivos, autorización
supuestamente obtenida, número de ejemplares o toda otra adulteración de datossusceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos por el presente
Libro.
4. La realización de actividades propias de una sociedad de gestión colectiva sin contar
con la respectiva autorización de la Dirección de Derecho de Autor.
5. La difusión que haya tenido la infracción cometida.6. La reiterada o reincidencia en la realización de las infracciones y faltas prohibidas.
II. También incurrirá en falta grave aquel que fabrique, ensamble, importe, modifique, venda,
alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier manera en circulación dispositivos,
sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la
realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas, o capaces de
permitir o fomentar la recepción de un programa  codificado, radiodifundido o comunicado en otra
forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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SECCIÓN II
SANCIONES
Artículo 204.  Criterios para determinar sanciones.
La Dirección de Derecho de Autor tiene facultad para imponer sanciones que correspondan a las
infracciones del derecho de autor y derechos conexos protegidos en la legislación, de acuerdo a:
1. la gravedad de la falta;2. la conducta del infractor a lo largo del procedimiento;
3. el perjuicio económico que hubiese causado la infracción;
4. el beneficio ilícito obtenido por el infractor;  y
5. otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la
Dirección.
Artículo 205.  Clase de sanciones administrativas.
El Director de la Oficina Nacion al Competente y el Director de Derecho de Autor podrán imponer
conjunta o indistintamente, las siguientes sanciones:
1. amonestación;
2. multa de hasta cincuenta veces del valor de mercado que deje de percibir el titular;
3. reparación de las omisiones;
4. cierre temporal hasta 30 días del establecimiento;
5. cierre definitivo del establecimiento;
6. incautación definitiva;
7. publicación de la resolución a costa del infractor en órgano de prensa de circulación
nacional.
Artículo 206.  Sanción por inobservancia a resoluciones administrativas.
El Director de la Oficina Naci onal Competente o el Director de Derecho de Autor impondrá igual
sanción que la establecida en el artículo anterior numeral 2, a quienes obstaculicen o dificultaren el
cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos por ellos o no enviaren la información
solicitada dentro del término concedido en el artículo 196 del presente Libro.
Artículo 207.  Multas coercitivas sucesivas.
La Oficina Nacional Competente o la Dirección de Derecho de Autor podrá imponer al infractor
multas coercitivas sucesivas, hasta que se cumpla con lo ordenado en el mandato de sus resolucionesdefinitivas, así como la obligación de reparar las omisiones o adulteraciones en que hubiere incurrido,
señalando un plazo perentorio bajo apercibimiento de multa, todo ello sin perjuicio de la aplicación de
las demás sanciones y medidas que fueren procedentes.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
Página 146
Artículo 208.  Término para el pago de multas.
Los montos correspondientes a las multas deberán ser abonados en la Oficina Nacional Competente,
dentro del término de cinco días, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva, por la
Asesoría de la Oficina Nacional Competente.
Artículo 209.  Publicación de la resolución administrativa.
La Oficina Nacional Competente o Dirección de Derecho de Autor podrá ordenar de oficio o a
solicitud de parte, la publicación de la resolución administrativa correspondiente, en el Órgano de
publicación oficial, por una sola vez, a expensas del infractor.
SECCIÓN III
MEDIDAS EN FRONTERA Y LA ADUANA NACIONAL
Artículo 210.  Competencia de la Aduana Nacional.
Las medidas cautelares y otras que deban aplicarse en la frontera, se ejecutarán por la Aduana
Nacional o por quien tenga delegación expresa al momento de la importación, exportación o tránsito
de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor y de los materiales o medios que sirvieranprincipalmente para cometer la infracción.
Artículo 211.  Facultades de la Aduana Nacional.
I. La Aduana Nacional y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o
desde el país, de oficio o a petición de parte tienen la obligación de impedir que ingresen o se
exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de autor y derechos conexos.
II. Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán
considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativaque corresponda.
III. Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier
producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento
mediante informe con inventario pormenorizado a la Oficina Nacional Competente, Dirección
de Derecho de Autor o delegados departamentales, quienes en el término de 15 días
confirmarán o revocarán la medida tomada.  Confirmada la medida adoptada, los bienes seránpuestos a disposición del juez o tribunal en lo penal competente.
Artículo 212.  Suspensión de importación o exportación.
I. El titular de un derecho protegido por el pr esente Libro, que tuviera motivos fundados para
suponer que se prepara la importación o la exportación de productos que infringen ese
derecho, podrá solicitar a la autoridad administrativa o judicial competente que solicite a la
Aduana Nacional disponga suspender esa importación o exportación al momento de su
despacho.  Se aplicarán a esa solicitud y a la orden que dicte la Aduana Nacional, las
condiciones y garantías aplicables a las medidas cautelares.
II. Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad administrativa o judicial
competente ordenará o denegará la aplicación de la medida en frontera solicitada ycomunicará al solicitante.IP/Q/BOL/1, IP/Q2/BOL/1,
IP/Q3/BOL/1, IP/Q4/BOL/1
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III. Quien solicite las medidas de frontera, deberá otorgar a las autoridades de aduanas la
información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancíaspara que puedan ser identificadas y reconocidas.
IV. Ejecutada la medida, por la autoridad competente de la Aduana Nacional, notificará
inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante.
Artículo 213.  Duración de la suspensión ordenada con la medida en frontera.
I. Dentro de quince (15) días hábiles de la ejecución de la medida en frontera, la Aduana
Nacional deberá recibir la notificación oficial de la autoridad administrativa o judicial,
indicando que el solicitante de la medida, ha in iciado acción sobre el fondo del asunto.  De no
ser notificado en dicho término, la Aduana Nacional levantará la medida y se despacharán las
mercancías retenidas.
II. Iniciada la acción sobre el fondo, la parte afectada por la medida, podrá recurrir a la autoridad
administrativa o judicial competente para que reconsidere la suspensión ordenada.  Se le daráaudiencia a estos efectos.
III. El solicitante de medidas en la frontera, responderá por los daños y perjuicios resultantes de
su ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción y omisión del
solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia deinfracción a un derecho de autor.
Artículo 214.  Derecho de inspección e información.
I. Cuando se trate de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por
las autoridades de aduana, o para sustentar una acción, la autoridad competente permitirá al
titular del derecho inspeccionar esas mercancías.  Igual derecho corresponderá al importador o
exportador de las mercancías.  Al permitir la inspección, la autoridad podrá disponer lonecesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.
II. Comprobada la existencia de una infracción o comisión de un delito, se comunicará al
demandante el nombre y dirección del consig nador, del importador o exportador y del
consignatario de las mercancías, y la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.
Artículo 215.  Medidas contra productos piratas.
Tratándose de productos que ostenten infracciones o violaciones del derecho de autor, que se hubieran
incautado por las autoridades de aduanas, no se permitirá que estos productos sean reexportados en elmismo estado, ni que sean sometidos a un proceso aduanero diferente.
Artículo 216.  Destino de mercaderías infractoras.
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del
demandado a interponer los recursos correspondientes, las autoridades de la Aduana Nacional tendrán
en cuenta lo establecido en el artículo 159 del presente Libro teniendo en consideración la proporción
entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los intereses de terceros.
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