ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/GHA/1
4 de diciembre de 2001
(01-6160)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
LISTA DE CUESTIONES SOBRE OBSERVANCIA1
Respuestas de Ghana
Observaciones preliminares
Ghana posee un régimen jurídico muy influido por el modelo del common law
angloamericano, régimen pluralista que respeta todos los derechos.  Los derechos de propiedad
intelectual son de carácter privado y, en consecuencia, el peso de la prueba para hacerlos valer
incumbe, en primer lugar, al titular del derecho.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
El Tribunal Superior de la Judicatura, dirigido por el Presidente del Tribunal Supremo,
comprende el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo,
tribunal de última instancia.  En la actualidad, el Presidente del Tribunal Supremo ha ordenado que
todos las causas que involucren derechos de propiedad intelectual deban iniciarse ante el Tribunal
Superior de procedimiento rápido, que forma parte de los tribunales superiores totalmentemecanizados y con sistemas alámbricos.  El artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor de 1985,
PNDCL 110, dispone que los recursos civiles se  iniciarán ante el Tribunal Superior.
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas person as?  ¿Hay disposiciones que prescriban la
comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
El titular de derechos de propiedad intelectual o un licenciatario podrá hacer valer sus
derechos mediante acciones civiles.  En el caso de las marcas de fábrica o de comercio, las patentes y
los dibujos o modelos textiles, el titular del derecho o el licenciatario registrados podrán hacer valer surespectivo derecho.  Las obras amparadas por el derecho de autor que se han publicado están
registradas de conformidad con la ley para establecer una presunción de prueba con respecto al titular
de una obra.  Sin embargo, todos los titulares de obras no publicadas también podrán hacer valer sus
derechos de propiedad intelectual.
En cuanto a la observancia del derecho de autor, de los derechos conexos y de los derechos
sobre dibujos y modelos textiles, cualquiera podrá entablar acciones invocando su calidad de titulardel derecho, sea como consecuencia de la creación de la obra, de la aplicación posterior de la ley o en
                                                     
1 Documento IP/C/5.IP/N/6/GHA/1
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virtud de una cesión u otra transferencia del(de los) derecho(s).  Asimismo, un licenciatario exclusivo
podrá deducir los procedimientos de observancia (excepto contra el titular).
La persona que haga valer una infracción de derechos de propiedad intelectual podrá
comparecer por sí sola o representada por otra persona legalmente autorizada.  La comparecencia
podrá ser con o sin la asesoría de un abogado autorizado para ejercer su profesión en la República.
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?
Una persona natural puede comparecer personalmente y representarse a sí misma.  No
obstante, la mayoría de las personas comparecen representadas por un abogado, que se encuentre
debidamente inscrito en el Colegio de la Orden.  Las sociedades mercantiles o las entidades
extranjeras deben comparecer representadas por un abogado.
¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del
derecho ante el tribunal?
No hay disposiciones de esa índole.  Basta que la persona comparezca representada por un
mandatario judicial.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?
Los tribunales tienen facultades, en el marco de la Constitución de la República y de
numerosos reglamentos judiciales aplicables, para ordenar que las partes aporten documentos.  Una
parte litigante está obligada (sea en forma automática o por orden del tribunal) a presentar los
documentos que tenga en custodia, posesión o poder que conciernan a los asuntos en litigio.  El
tribunal también está facultado para ordenar, al iniciarse el litigio, que se protejan las pruebas cuandoexista el legítimo temor de que éstas sean destruidas;  por tanto, puede disponer la preservación de las
pruebas y que las que considere necesarias queden bajo su custodia.
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
No se han impartido directrices legales a los tribunales sobre la confidencialidad y queda
totalmente entregada a sus facultades discrecionales la forma de abordar la información confidencial
aportada como prueba.  Esas facultades se ejercen de conformidad con los principios normales del
common law.   La carga de la prueba recae sobre la parte que reclame la confidencialidad de la
información y que solicite al tribunal que dicte instru cciones al respecto.  Si, en el ejercicio de tales
facultades, el tribunal determina que la información confidencial requiere protección, fijará lostérminos y condiciones de ésta.  Por lo general, los procedimientos judiciales deben substanciarse en
público.  Sin embargo, algunos procedimientos preliminares pueden tramitarse a puertas cerradas.
Asimismo, el tribunal tiene atribuciones para reunirse en sesión secreta cuando estime necesario
hacerlo para proteger la legitimidad de la información secreta.
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de losabogados;IP/N/6/GHA/1
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- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales
de las mercancías infractoras y de los ma teriales e instrume ntos utiliz ados para
su producción;
- otras medidas.
Mandamientos judiciales
De conformidad con su competencia inherente, sus normas orgánicas y las disposiciones de
las distintas leyes de propiedad intelectual, los tribunales pueden conceder reparaciones por lasinfracciones sufridas, que revisten la forma de mandamientos provisionales, interlocutorios o
permanentes y que, a elección del demandante, indemnicen daños y perjuicios o liquiden beneficios.
Los tribunales están facultados para disponer que la parte perdedora pague los gastos de la parte que
ganó el pleito.
Los tribunales pueden dictar mandamientos de reparación en las siguientes circunstancias:
- cuando el asunto juzgado sea grave;- cuando la parte ganadora no pueda ser debidamente compensada en términos
monetarios;
- para evitar infracciones;- para prohibir que continúen las infracciones, y
- se podrá dictar un mandamiento permanente cuando, al final de una causa, el
demandante establezca que se han cometido infracciones.
Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, reparación por concepto de beneficios y los
gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
Con arreglo a su competencia inherente y las disposiciones de las diversas leyes de propiedad
intelectual, los tribunales tienen amplias facultades para ordenar el resarcimiento de daños y
perjuicios por las infracciones cometidas o, si el demandante lo prefiere, la liquidación de beneficios.
El resarcimiento de daños y perjuicios se ordena por lo general para compensar a la parte de buena fe
y restablecer la situación que tenía si la otra parte no hubiese cometido la infracción.  Los tribunalespueden dictar asimismo órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios punitivos que sirvan para
disuadir a terceros.  De ordinario se condena en costas al demandado.  En la práctica, las costas se
fijan teniendo en cuenta la duración del litigio e incluyen normalmente las costas procesales y los
honorarios de los abogados.  Sin embargo, lo más probable es que, en la realidad, la parte ganadora
sólo recuperará un porcentaje, pero no la totalidad de las costas en que incurrió.
Los titulares de derechos de propiedad intelectual, previo fallo que acredite la infracción de
sus derechos, podrán elegir, como una variante de las órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios,
una liquidación de beneficios.  Para ello se requiere  que el tribunal evalúe los beneficios que obtuvo elIP/N/6/GHA/1
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infractor como consecuencia de sus acciones infractoras y obligue a éste a reembolsarlos al titular del
derecho.
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
Los tribunales están facultados para ordenar a los demandados que entreguen las obras,
mercancías y copias infractoras, así como los materiales e instrumentos utilizados para su producción.
Asimismo, pueden decretar la confiscación de las mercancías o copias infractoras, y de las
herramientas utilizadas para fabricarlas, así como la entrega de las mercancías, copias o herramientas
al titular del derecho, al licenciatario exclusivo o al artista intérprete o ejecutante o su destrucción.
Los tribunales han dictado órdenes de esa índole en varias causas por infracción de los derechos de
autor con el propósito de que las mercancías infractoras sean destruidas, vendidas o asignadas, o quelos productos sean entregados a los titulares de derecho o destruidos por la Oficina de Derecho de
Autor.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros quehayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cualesse haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos dedistribución?
Los tribunales están investidos de la facultad de dictar órdenes de esa índole, aun (en un caso
apropiado) antes de comprobar la infracción.
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables las
autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que
se haya impuesto indebidamente una obligación.
En general, el tribunal sólo ordenará por un plazo limitado un mandamiento interlocutorio,
que de ordinario se dicta a petición de parte interesada, para que el demandante asuma en estrados elcompromiso de pagar al demandado una indemnización de daños y perjuicios si, con posterioridad, se
falla que al demandado se le impuso indebidamente una obligación.  El tribunal puede exigir que se
constituya una garantía para asegurar ese compromiso, mediante un depósito de dinero efectuado en
arcas judiciales o una garantía bancaria u otra fuente de fondos confiable, y normalmente se procederá
de este modo si el demandante reside fuera de la jurisdicción del tribunal.  En todas las circunstanciasen que el tribunal haya dictado un mandamiento, la persona a la que se haya impuesto indebidamente
una obligación estará facultada para entablar una demanda de indemnización de daños y perjuicios.
¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué
"medidas correctivas" les son aplicables?
Los jueces gozan de inmunidad de jurisdicción en el desempeño de sus cargos.  El
Registrador de Patentes, Marcas de Fábrica o de Comercio y Dibujos o Modelos, y el Adiministrador
de Derecho de Autor son funcionarios públicos que, en general, están exentos de la responsabilidad
resultante del desempeño de sus deberes legales.IP/N/6/GHA/1
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8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos.
Las normas orgánicas de los tribunales estipulan plazos para abordar varios asuntos
prejudiciales, que por lo general pueden prorrogarse por acuerdo de las partes sin solicitarlo altribunal.  No obstante, en cualquier etapa, una parte puede pedir al tribunal que dicte una resolución
específica para que el litigio contra la parte rebelde sea desestimado o a fin de que exija a la parte
contraria que efectúe algunos trámites en un plazo definido.
Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duraci ón real de los procedimientos y su
costo.
No se dispone de datos útiles, ya que la duración y costo de los procedimientos para la
observancia de los derechos de propiedad intelectual dependen de la complejidad de cada caso y de
que se logre acuerdo (y, en caso afirmativo, en qué etapas) antes de que se fallen las cuestiones de
fondo.  En la actualidad, las causas en materia de propiedad intelectual se tramitan en los tribunales
que aplican un procedimiento rápido, en los que las actuaciones judiciales están plenamente
automatizadas y, por tanto, son expeditas.  Pero, como el procedimiento rápido sólo se estableció elaño 2001, hasta ahora no hemos estado en condiciones de recopilar datos sobre la duración real de las
causas.
El demandante paga una suma igual al uno por ciento de la cuantía de la demanda entablada
ante el tribunal por concepto de derechos de presentación.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedanordenarse a resultas de esos procedimientos.
La legislación de Ghana en materia de derechos de propiedad intelectual no contempla
disposiciones relativas a procedimientos administrativos que regulen las infracciones.  Las
resoluciones administrativas se refieren más bien al registro que a la infracción.  En la legislación de
marcas de fábrica o de comercio los procedimientos de oposición no versan sobre cuestiones
infraccionales.
De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Derecho de Autor, el Administrador del
Derecho de Autor está facultado para conocer de las controversias entre autores gracias a
procedimientos alternativos de solución de controversias por conducto de una mediación o de un
avenimiento prejudicial.  No obstante, la legislación de aplicación para regular dichos procedimientos
aún no se ha elaborado, pero en el marco de esa disposición el Administrador del Derecho de Autor ha
dictado numerosas resoluciones provisionales que, debido al carácter poco costoso, informal yexpedito de los procedimientos, han resultado beneficiosas para los titulares de derechos.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.IP/N/6/GHA/1
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Con arreglo a las normas del common law , el Tribunal Superior tiene las siguientes
atribuciones:
- El Tribunal, que está facultado para fallar sobre la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, puede adoptar medidas provisionales antes de que finalice el
juicio sobre el fondo de la causa, entre ellas dictar mandamientos judicialesinterlocutorios.
- Asimismo, el Tribunal puede conceder reparaciones con arreglo a mandatos
Anton Piller.  Estos mandatos (que también figuran en el artículo 44 de la Ley de
Derecho de Autor) autorizan ingresos sorpresivos a establecimientos, respecto de los
cuales existen motivos fundados para sospechar que realizan actividades infractoras
de derechos de autor, con el propósito de inspeccionar y, cuando sea necesario,trasladar los materiales utilizados en la actividad infractora.  El demandado debe
formular una declaración jurada en la que ha de divulgar la fuente de los artículos.
Los materiales obtenidos de ese modo se han de conservar como pruebas para futuras
acciones civiles y penales.
- El Tribunal también puede dictar un interdicto Mareva, que es una orden para
bloquear cuentas bancarias y otros activos del demandado mientras la revisión de
éstos se encuentre pendiente.
- Otra medida provisional, de aplicación restringida, es la orden judicial de arraigo.  De
conformidad con esa orden, se prohíbe a una parte salir del país hasta nueva
resolución del tribunal.  Al igual que el interdicto Mareva, por lo general la orden de
arraigo sólo se empleará cuando exista el temor de que el demandado abandonará la
jurisdicción del tribunal sin pagar los daños y perjuicios a que éste lo condenó.
- Otra medida provisional consiste en solicitar al tribunal que ordene el resarcimiento
provisional de daños y perjuicios.  Para obtenerlo, el demandante debe probar al
tribunal que probablemente, al finalizar el juicio, procederá a dictaminar una
considerable indemnización de daños y perjuicios y que, mientras ésta se evalúa en el
pleito, es justo que se efectúe un pago provisional.  El tribunal podrá condicionar esepago a que el demandado adopte medidas para proteger el importe de la
indemnización (con los intereses que devengue) para el evento en que el respectivo
fallo no le conceda al demandante un resarcimiento de daños y perjuicios o le fije una
suma inferior a la del pago provisional.
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte?
En casos de urgencia excepcional, el Tribunal Superior dictará un mandamiento
exclusivamente a petición de la parte interesada;  es decir, sin haber oído a la parte contraria, quetendrá una duración limitada, de ordinario sólo algunos días.  Con posterioridad, el demandante debe
comparecer ante el tribunal, cuando el demandado también pueda estar presente, y solicitar que se
renueve el mandamiento judicial.
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente losplazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos deldemandado.IP/N/6/GHA/1
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Ante todo, debe haberse entablado un procedimiento ante el tribunal, o sea que, con
anterioridad a la solicitud de medidas provisionales, el demandado haya sido citado judicialmente.  Se
podrá despachar un mandamiento judicial a instancia de parte, previo testimonio formulado en una
declaración jurada.
En la audiencia de contestación, se aplicarán los principios generales que rigen los
mandamientos judiciales interlocutorios, como también las medidas fundamentales que otorgan
protección al demandado contra los daños y perjuicios que le puedan afectar, en el evento en que se
pruebe que las medidas provisionales fueron injustificadas.  Esos principios y medidas podrían
comprender garantías del demandante, mediante bonos, para asegurar el pago del resarcimiento de
daños y perjuicios o, con menos frecuencia, mediante un pago en dinero efectivo en el tribunal.
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?
Describa las disposiciones que rigen la duración y el costo del procedimiento.
No se prevén disposiciones que rijan la duración y el costo del procedimiento aplicable a las
medidas provisionales.  Siempre que se presente c on prontitud una solicitud de medias provisionales,
el tribunal fijará el procedimiento ulterior y una fecha para la audiencia.  Como el demandante suelepedir una reparación provisional cuando sus intereses están expuestos a una amenaza inminente de
daños y perjuicios, el Tribunal Superior y el Tr ibunal de Apelaciones darán curso a la audiencia.
Las normas ordinarias respecto de los costos, explicadas en la respuesta a la pregunta 5 supra,
se aplicarán también a las solicitudes de medidas provisionales.  No obstante, la resolución habitual enmateria de costos, que recae sobre las solicitudes de reparación provisional, sólo surtirán efecto al
final del juicio sustantivo.
Facilite los datos de que dispongan sobre la duración y el costo real del procedimiento.
Sírvanse examinar la respuesta dada a la pregunta 13 supra.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
No hay disposiciones que permitan a un órgano administrativo dictar medidas provisionales
de reparación, excepto las que facultan para adoptar las medidas en frontera examinadas en las
respuestas a las preguntas 15 a 19 infra.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe tambiénrecurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de losderechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el
sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51).  Sírvanse indicar,juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable eseprocedimiento (mercancías de otro Miembro, un a unión aduanera, mercancías en tránsito o
importaciones de minimis) .  ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancíasIP/N/6/GHA/1
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colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las
mercancías destinadas a la exportación?
Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir
a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de
propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre
los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51).
De conformidad con la competencia inherente al  Tribunal Superior, se prevén procedimientos
que permitan a un titular de derechos, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara laimportación de mercancías que infringen algún derecho de propiedad intelectual, recurrir a un tribunal
para solicitar que dicte una orden de suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de esas
mercancías para libre circulación.  Los procedimientos judiciales vigentes comprenden la prueba que
se ha de rendir, la fianza o garantía equivalente, la notificación a todas las personas interesadas, la
duración de la suspensión y la indemnización del importador y el propietario de las mercancías.
Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es
aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito
o importaciones de minimis) .  ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías
colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las
mercancías destinadas a la exportación?
La Oficina de Derecho de Autor ha celebrado un acuerdo oficioso de observancia con el
Servicio de Aduanas, Impuestos Indirectos y Prevención para confiscar grandes cantidades de
importaciones de grabaciones sonoras (cuando haya una convicción razonable de que las mercancías
puedan ser copias pirata o infractoras).  Cuando proceda, las mercancías son despachadas por ese
Servicio al equipo de vigilancia policial de la Oficina de Derecho de Autor que, después decomprobar que las copias proceden de una fuente legítima, las despacha al propietario inicial.  A
continuación, los dueños de esas mercancías podrán comprar las banderolas o sellos autenticadores
que deben fijarse en todas las grabaciones sonoras que se distribuyan en el país.  El proyecto de ley de
derecho de autor, cuya promulgación está pendiente en el Parlamento, legaliza el referido acuerdo
oficioso.
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en loque respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la
solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la
suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantíaequivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derechode inspección e información)?
Las autoridades aduaneras  tienen la atribución general de incautarse de las mercancías con
arreglo a su propia ley (Ley de Administración de l Servicio de Aduanas, Impuestos Indirectos y
Prevención de 1993, PNDCL 330) si sospechan o estiman que las mercancías pueden ser prohibidas o
ilegales (como las falsificadas o pirata).  En la legislación vigente de propiedad intelectual, excepto en
la Ley de Derecho de Autor, no hay ninguna dis posición que tipifique como infracción la importación
de copias infractoras.  No obstante, la Ley del Servicio de Aduanas dispone procedimientos judiciales
que tienen prelación sobre todos los demás procedimientos civiles.IP/N/6/GHA/1
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17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que sesuspende el despacho de las mercancías para libre circulación?
Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y
facilitar los dato s de que dispongan sobre la duración real  de los procedimientos y su costo.
Se pueden aplicar medidas judiciales a situaciones en frontera y, a este respecto, resulta
pertinente la respuesta a la pregunta 8 supra .
¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se
suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?
En esos casos es conveniente que el titular del derecho interponga acciones infraccionales en
relación con las mercancías incautadas.
18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?
¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en
qué circunstancias?
No hay disposiciones que obliguen al Servicio de Aduanas a actuar de oficio , excepto en los
casos derivados de los acuerdos de la Oficina de Derecho de Autor sobre las banderolas, como se
describe en la respuesta a la pregunta 15 supra.
¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?
No hay disposiciones de esa índole.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
El Servicio de Aduanas no está facultado para ordenar la adopción de medidas en casos de
infracción.  El Servicio puede incautarse de las copias infractoras de mercancías falsificadas y
disponer de esas copias o mercancías previa resolución judicial.  Los tribunales son los que adoptan
todas esas decisiones.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los
derechos de propiedad intelectual.
Los tribunales superiores e inferiores son competentes para conocer de los casos de infracción
penal según la gravedad del delito.
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?
En la actualidad, los artículos 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Derecho de Autor establecen
sanciones penales por la comisión de los siguientes actos que infringen las obras protegidas:IP/N/6/GHA/1
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- la reproducción, duplicación y extracción;
- la importación, distribución y exhibición;  y
- la venta y oferta de venta.
De conformidad con el artículo 72 de la Ley de Patentes, toda infracción intencional de una
patente o de un certificado de utilidad constituye un delito punible con una multa o una pena
de dos años de prisión, o con ambas penas.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
La policía y el Departamento del Fiscal General del Ministerio de Justicia son las autoridades
públicas competentes para iniciar procedimientos penales .  Estas autoridades actúan a raíz de querellas
incoadas por particulares, ya que los derechos de propiedad intelectual son esencialmente derechos
privados.  El Departamento del Fiscal General es el encargado de iniciar procedimientos penales.  No
obstante, el Servicio de Policía puede, en representación del Fiscal General, tramitar el procesamientode casos que entrañen delitos menores.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
Los particulares no están legitimados para entablar procedimientos penales, que sólo pueden
ser iniciados a instancias del Estado.  Los particulares aportan antecedentes sobre los procedimientos
penales mediante la correspondiente querella que sirve de fundamento al ejercicio de la acción penal
pública.
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
-p r i s i ó n ;
- sanciones pecuniarias;- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
- Derecho de Autor
- Prisión:  penas que no excedan de dos años.- Sanciones pecuniarias:  multas de 10.000 a 1.000.000,00 de cedis;  los delitos
continuos serán sancionados con multas de 5.000 a 50.000 cedis por cada díaen que se prolongue el delito.
- Confiscación, decomiso y destrucción:  con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de Derecho de Autor, los jueces pueden ordenar la confiscación, el decomiso
y la destrucción de los objetos infractores.  Así ha ocurrido en varios casos.
- Otras medidas:  el artículo 48 de la Ley de Derecho de Autor también faculta
a los tribunales para ordenar que los delincuentes rindan cuenta al titular del
derecho de los dineros obtenidos como consecuencia de la infracción.
Asimismo, los tribunales tienen atribuciones para enajenar reproducciones,IP/N/6/GHA/1
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duplicaciones, extractos, imitaciones y otros materiales relacionados con la
infracción, al igual que todos los instrumentos utilizados para llevarla a cabo.
- Marcas de Fábrica o de Comercio
- Prisión:  penas que no excedan de tres meses.
- Sanciones pecuniarias:  las multas estipuladas son arcaicas, pues la Ley fue
aprobada hace casi 40 años.  El nuevo proyecto de ley de marcas de fábrica o
de comercio establece multas realistas.
- Confiscación, decomiso y destrucción:  los tribunales pueden ordenar
allanamientos, registros e incautaciones y otras medidas cautelares.
- Dibujos y Modelos Textiles
- Prisión:  los que efectúen inscripciones falsas en el Registro incurrirán en
penas de prisión que no excedan de cinco años.
- Sanciones pecuniarias:  las multas estipuladas son arcaicas, pues la Ley fue
aprobada en 1973, pero se aplican a la descripción falsa con que el dibujo o
modelo se registra.
- Confiscación, decomiso y destrucción:  los tribunales pueden ordenar
allanamientos, registros e incautaciones y otras medidas cautelares.
- Patentes
- Prisión:  los infractores intencionales incurrirán en penas de prisión que no
excedan de dos años.
- Sanciones pecuniarias:  multas no superiores a 2 millones de cedis.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y sucosto.
Los procedimientos penales son de ordinario más rápidos que los civiles;  los titulares de
derechos no incurren en ningún costo, ya que la tramitación de las causas penales incumbe a lasautoridades públicas.  Según el número de testigos que han de testimoniar, un proceso penal puede
durar entre un día y una semana.
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