ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/PHL/1
23 de abril de 2001
(01-2010)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Filipinas
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
Los Tribunales Judiciales Regionales tienen jurisdicción en primera instancia para ver y
resolver causas relacionadas con la violación de los derechos de propiedad intelectual,
independientemente del importe reclamado.2   Se han designado a tal efecto 27 de entre dichos
tribunales para ver dichas causas.3
2. ¿Qué personas están legitimadas para ha cer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas person as?  Hay disposiciones que prescriban la
comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
Las personas físicas y jurídicas que sean propietarias o titulares de derechos de propiedad
intelectual, incluyendo sus cesionarios y sucesores, están legitimados para hacer valer dichos
derechos.  Pueden estar representadas ya sea por sí mismas o por un abogado autorizado para ejercer
la abogacía en Filipinas.4
El titular del derecho debe comparecer personalmente durante la consulta previa, pero puede
estar representado por un abogado que debe contar con una autorización por escrito, ya sea un poder
legal en el caso de las personas físicas o un certificado de secretaría en el caso de las personas
jurídicas, para llegar a acuerdos, establecer condiciones o realizar reconocimientos.5
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
Las autoridades judiciales pueden ordenar, a petición de la parte contraria, la emisión de una
orden de citación de testigo  para exigir que la otra parte comparezca y testimonie ante el tribunal, y/o
                                                     
1 Documento IP/C/5.
2 Orden del Tribunal Supremo Administrativo N° 104-96  (1996).
3 Orden del Tribunal Supremo Administrativo N° 113-95  (1995).
4 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 3, Sección 1.
5 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 18, Sección 4.IP/N/6/PHL/1
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una orden subpoena  duces tecum para exigir que la otra parte presente y remita las pruebas
documentales que estén a su disposición.  No obstante, el tribunal no puede dictar dichas órdenes
cuando las pruebas sean incriminatorias, confidenciales, formen parte de información privilegiada,
carezcan de importancia o no sean pertinentes.6
El tribunal puede emitir una orden de citación a petición de una parte a fin de que el
testimonio de la otra parte se tome mediante declaración oral o interrogatorios por escrito.7  E l
declarante puede ser interrogado sobre cualquier cuestión que sea pertinente para la acción judicial,
incluyendo la existencia, carácter o localización de cualquier documento y la identidad de las personas
que tengan conocimiento de hechos pertinentes.8
Asimismo, el tribunal puede dictar una orden de presentación o inspección de documentos u
objetos a petición de cualquiera de las partes.  La orden puede exigir que la otra parte presente y
permita la inspección y reproducción de los documentos o textos designados que estén en su posesión
que no constituyan información privilegiada y que sean pertinentes al caso.9
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
La información confidencial presentada como prueba en los procedimientos pasa a formar
parte del sumario y es de dominio público.  Sin embargo, las autoridades judiciales pueden impedir
que las partes no interesadas en el caso consulten el sumario si su único fin es satisfacer su
curiosidad.10
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perj uicios, con inclusión de la reparación por
concepto de beneficios y los gastos, co mprendidos los honorarios de los abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales
de las mercancías infractoras y de los mate riales e instrumentos utilizados para su
producción;
- otras medidas.
Las autoridades judiciales pueden ordenar la adopción de las siguientes medidas en los casos
de violación de derechos de propiedad industrial:
                                                     
6 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 21, Sección 1 y Regla 23, Sección 2.
7 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 23, Sección 1.
8 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil, Regla 23, Sección 2.
9 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 27, Sección 1.
10 Reglamento Judicial, Regla 132, Sección 19, 20(a) y Regla 135(2).IP/N/6/PHL/1
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Daños y perjuicios
En caso de violación de patente, el tribunal puede conceder una indemnización por daños y
perjuicios que no supere el triple del importe de los daños y perjuicios sufridos.  Si no se pueden
determinar los daños y perjuicios, el tribunal puede conceder una indemnización por daños yperjuicios equivalente a una regalía razonable.
11
En caso de violación de marca, el tribunal puede conceder una indemnización por daños y
perjuicios equivalente a un beneficio razonable o bien los beneficios logrados por el demandado
gracias a la violación.  Si los daños y perjuicios no se pueden determinar, el tribunal puede conceder
una indemnización por daños y perjuicios equivalente a un porcentaje de las ventas brutas del
demandado.  El importe de la reparación de los daños y perjuicios puede duplicarse si existe intenciónreal de inducir al público a error o de estafar al demandante.
12
En caso de violación del derecho de autor, el tribunal puede conceder una indemnización por
los daños y perjuicios sufridos, incluyendo los beneficios que el infractor pueda haber logrado con la
infracción, o bien la indemnización que estime acorde con las circunstancias.13
Asimismo, el tribunal puede conceder los honorarios de abogado e indemnización por otras
formas de daños y perjuicios, como los daños morales, nominales, moderados, exigibles y líquidos,
así como los daños punitivos causados por los actos abusivos del demandado.14
Mandamientos judiciales
El tribunal puede dictar un mandamiento judicial para impedir la infracción de los derechos
de propiedad intelectual.15
Se puede dictar un mandamiento judicial si se demuestra que la violación del derecho es
sustancial, que el derecho del solicitante es evidente y que existe una necesidad urgente de que se
dicte esta orden para evitar que el solicitante sufra daños graves.16 
El tribunal puede denegar el mandamiento judicial si considera que la demanda es
insuficiente.  Asimismo, ésta puede ser retirada si el demandado presenta una contrademanda y
demuestra que podría sufrir daños graves.  El demandante puede recibir indemnización por daños y
perjuicios si se retira el mandamiento judicial.17
                                                     
11 Ley Rep. N° 8293, Sección 76.4.
12 Ley Rep. N° 8293, Secciones 156.1 y 156.
13 Ley Rep. N° 8293, Sección 216(b).
14 Ley Rep. N° 8293, Sección 216(e) y Sección 76.2;  Ley Rep. N° 386, artículos 2216-2235.
15 Ley Rep. N° 8293, Secciones 216(a), 156.4 y 76. 2.
16 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 58, Sección 3.
17 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 58, Sección 4.IP/N/6/PHL/1
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Destrucción de las mercancías infractoras
El tribunal puede dictar una orden para que las mercancías y materiales infractores sean
retirados del circuito comercial a fin de evitar daños al titular del derecho, o bien destruidos sin
indemnización alguna.18
Otras medidas
En caso de violación de marca, el tribunal puede incautarse de las facturas de ventas y otros
documentos que demuestren la venta.19
En caso de violación del derecho de autor, el tribunal estará facultado para decomisar e
incautarse de cualquier artículo que pueda servir de prueba en el procedimiento judicial.20
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre
sus circuitos de distribución?
Los tribunales están facultados para exigir el cumplimiento de sus órdenes y actos procesales,
y para vigilar la conducta de las personas relacionadas con la causa de que se trate.  En interés de la
justicia, pueden formular preguntas aclaratorias o exigir que el infractor facilite la identidad de losinfractores contribuyentes, quienes serán mancomunada y solidariamente responsables con el
infractor.
21
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsableslas autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Un demandado a quien se haya impuesto indebi damente una obligación o prohibición puede
exigir la reparación de los daños y perjuicios al demandante, quien se comprometerá por escrito a
pagar al demandado todos los daños y perjuicios que éste pueda sufrir por la obligación o la
prohibición temporal impuesta si el tribunal resuelve finalmente que el demandante no tiene derecho a
ese resarcimiento.
22
Las autoridades y/o funcionarios públicos no son responsables de los actos realizados de
buena fe en el ejercicio de sus funciones.  No obstante, pueden ser responsables de los actos
deliberados o negligentes realizados en contravención de la ley, que pueden ser objeto de
procedimientos penales y administrativos, como los casos de corrupción presentados ante el Defensordel Pueblo
23, y/o de suspensiones o de exclusión del ejercicio de la abogacía en el caso de los
                                                     
18 Ley Rep. N° 8293, Secciones 76.5, 157 y 216(d).
19 Ley Rep. N° 8293, Sección 156.2.
20 Ley Rep. N° 8293, Sección 216.
21 Reglamento Judicial, Regla 135(5); Ley Rep. N° 8293, Sección 76.6.
22 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 58, Sección 4(b).
23 Ley Rep. N° 3019.IP/N/6/PHL/1
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abogados.24  Asimismo, la parte a la que se haya impuesto indebidamente una obligación puede
promover la inhibición del juez que haya dictado dicha orden.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo de los
procedimientos, y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de losprocedimientos y su costo.
Duración
Los Tribunales Judiciales Regionales han recibido instrucciones para dar prioridad a los casos
de violación de los derechos de propiedad intelectual y deberán resolver dichos casos en un plazo de
sesenta (60) días.  La elección del procedimiento por las partes, la complejidad o novedad de las
cuestiones, el volumen de las pruebas y otros factores conexos pueden reducir o alargar la duracióndel procedimiento.
Costas
Las tasas de depósito se basan en el importe reclamado, y ascienden como mínimo al 0,5 por
ciento del mismo.  Las demás costas del litigio, incluyendo los honorarios de abogado, varían en
función de lo acordado entre una parte y su abogado.25
Datos
No se dispone de datos estadísticos sobre la duración y costas reales de los procedimientos.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en la s preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
9.1 Sírvanse indicar los organismos administrativos que tienen competencia en casos de
infracción de los derechos de propiedad intelectual.
La Oficina de Propiedad Intelectual ejerce la jurisdicción en primera instancia en los casos
administrativos de violación de los derechos de propiedad intelectual en los que el importe de losdaños y perjuicios reclamados es igual o superior a doscientos mil pesos (Php 200.000,00).  Sus
resoluciones pueden recurrirse ante el Tribunal de Ap elación y el Tribunal S upremo.  El Ministerio de
Comercio e Industria tiene jurisdicción sobre las demandas relativas a las violaciones de los derechos
de propiedad intelectual, independientemente del importe de los daños y perjuicios reclamados o de
que éstos no se reclamen.  Las decisiones del Secretario de Comercio e Industria pueden recurrirseante la Oficina del Presidente.  Los demandantes que se presenten ante la Oficina de Propiedad
Intelectual deberán declarar que no tienen ningún otro acto administrativo similar pendiente ante otro
tribunal, agencia u organismo cuasijudicial.
26
                                                     
24 Reglamento Judicial, Regla 139.
25 Asunto presentado ante el Tribunal Supremo Administrativo N° 00-2-01.
26 Ley Rep. N° 8293, Sección 10.2(a);  IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 2, Sección 2;
Regla 14, Sección 1(b);  Orden del Departamento Administrativo N° 01 (2000).IP/N/6/PHL/1
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La Oficina de Propiedad Intelectual ejerce la jurisdicción en primera instancia para resolver
las diferencias relativas a las condiciones de la licencia del derecho de autor al ejercicio público.  Las
resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual pueden recurrirse ante el Secretario de Comercio e
Industria.27
El Consejo Regulador de Videogramas ( Videogram Regulatory Board , VRB) tiene
jurisdicción sobre las violaciones de la legislación en materia de videogramas.28
9.2 ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
Las personas físicas y jurídicas que sean propietarias o titulares de derechos de propiedad
intelectual, incluyendo sus herederos y sucesores, están legitimadas para hacer valer esos derechos.
Pueden estar representadas ya sea por sí mismas o por un abogado autorizado para ejercer la abogacía
en Filipinas.29
La comparecencia personal de las partes sólo es obligatoria durante la consulta previa, pero su
presencia puede ser dispensada si se demuestra la existencia de una causa válida o las partes han
autorizado plenamente a su abogado o representante mediante un poder notarial o una autorización de
empresa.30
9.3 ¿Qué facultades tienen las autoridades ad ministrativas para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
Las autoridades administrativas pueden emitir órdenes de citación de testigo para exigir la
comparecencia de las partes y los testigos.  Los funcionarios administrativos de la Oficina de
Propiedad Intelectual y del Ministerio de Comercio e Industria están facultados para emitir órdenes de
subpoena  duces tecum  para la presentación de los libros, textos, documentos, correspondencia y otras
actas que sean pertinentes al caso.31  Mediante autorización del funcionario competente, una parte
puede tomar declaración a cualquier persona mediante interrogatorios por escrito.32
9.4 ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
El Código de Propiedad Intelectual garantiza la confidencialidad del sumario.  El Director de
la Oficina de Asuntos Jurídicos y el resto del personal tienen estricta y absolutamente prohibido
deliberar sobre el caso o cualquiera de las fases de éste, ya sea con un abogado en ausencia de la otra
                                                     
27 Ley Rep. N° 8293, Sección 7.1(c).
28 Decreto Presidencial N° 1987, capítulo IX, Sección 21A(2).
29 Ley Rep. N° 8293, Secciones 28, 147, 177, 180 y 193;  IRR sobre reclamaciones administrativas,
Regla 2, Sección 7.
30 Ley Rep. N° 8293, Sección 10;  IRR sobre reclamac iones administrativas, Regla 2, Sección 10(f) y
Sección 12.
31 Ley Rep. N° 8293, Sección 10;  IRR sobre recl amaciones administrativas, Regla 3, Sección 1;
Orden de Comercio e Industria N° 69 (1983), Regla XIII, Sección 58(3);  Reglas de Procedimiento del VRB,
Regla VI, Sección 2.
32 Ley Rep. N° 8293, IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 8, Sección 1.IP/N/6/PHL/1
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parte o con cualquier persona que no tenga interés o facultad jurídica ante la Oficina.33  No obstante,
esta norma debe interpretarse a la vista de la disposición constitucional que reconoce el derecho de los
ciudadanos a la información.  Así pues, el público tiene derecho a consultar los informes, documentos
y textos oficiales relacionados con los actos, transacciones o decisiones oficiales.34
9.5 Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
administrativas y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización.
Las autoridades administrativas pueden ordenar que se adopten las siguientes medidas en los
casos de violación de los derechos de propiedad intelectual:
Embargo
La Oficina de Propiedad Intelectual puede conceder el embargo provisional si existen motivos
suficientes para embargar la propiedad de la parte contraria como garantía del cumplimiento de la
sentencia.35
Mandamientos judiciales
La Oficina de Propiedad Intelectual puede dictar un mandamiento judicial provisional para
limitar un acto o exigir la realización de un acto si se produce una tentativa de acción ilícita o una
violación de los derechos del demandante.  Se puede dictar un mandamiento judicial definitivo paraimpedir permanentemente dichos actos.
36
Orden provisional
El funcionario competente del Ministerio de Comercio e Industria puede dictar una orden
provisional para exigir a una persona que se abstenga de llevar a cabo, o lleve a cabo, un acto
determinado.37
Medidas preventivas
A fin de evitar la eliminación o manipulación de pruebas, el Secretario del Ministerio de
Comercio e Industria puede ordenar el embargo de las mercancías y objetos relacionados con el casoy el precinto del edificio o almacén en el que estén almacenadas las mercancías infractoras.
Asimismo, puede ordenar que se impida la salida del país del demandado y del buque o aeronave
utilizado para cometer el delito.
38
Otras medidas
El Consejo Regulador de Videogramas puede imponer una multa no inferior a seis mil pesos
(Php 6.000,00) pero no superior a cien mil pesos (Php 100.000,00) y una sanción no pecuniaria
                                                     
33 IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 2, Sección 7.
34 Constitución, Artículo III, Sección 7.
35 Ley Rep. N° 8293, IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 4, Secciones 1 y 3.
36 Ley Rep. N° 8293;  IRR sobre reclamaciones  administrativas, Regla 5, Secciones 1 y 7.
37 Orden del Ministerio de Comercio e In dustria N° 69,  Regla IX, Sección 9(a).
38 Orden Ejecutiva N° 913 (1983), Sección 11.IP/N/6/PHL/1
Página 8
consistente en el cierre, la revocación de la licencia o permiso y la confiscación de los videogramas
implicados en la violación.39
El Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Propiedad Intelectual y el
Secretario del Ministerio de Comercio e Industria pueden imponer cualquiera de las siguientessanciones administrativas:
- orden de cesación y desistimiento;- aceptación del cumplimiento voluntario o abandono de la acción;- expropiación o decomiso de los productos objeto del delito;- confiscación de los objetos relacionados con el caso y de propiedades inmobiliarias o
personales;
- multas administrativas;- cancelación de los permisos, licencias o registros concedidos;- retirada de permisos, licencias o registros obtenidos;
- indemnización por daños y perjuicios;
- censura;- otras sanciones análogas.
40
El Director de Asuntos Jurídicos estará facultado para retener y sancionar por desacato a
quienes no obedezcan las órdenes y mandamientos judiciales dictados durante el procedimiento.41
9.6 ¿En qué circunstancias están, en su cas o, las autoridades administrativas facultadas
para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los
terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o serviciosinfractores, y sobre sus circuitos de distribución?
En el transcurso del procedimiento, los funcionarios competentes de los organismos
administrativos pueden formular preguntas aclaratorias a los testigos durante la toma de declaración
de éstos.  En tanto que tales, no tienen prohibido indagar la identidad de las personas que hanintervenido en la producción y distribución de las mercancías infractoras.
42
                                                     
39 Reglamento Revisado del VRB, Sección 21.
40 Orden Ejecutiva N° 913 (1983), Artículo III, Sección 6;  Ley Rep. N° 8293, Sección 10.2(b).
41 Ley Rep. N° 8293 10.2(a), IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 6.
42 Reglamento Judicial, Regla 135 Sección 5.IP/N/6/PHL/1
Página 9
9.7 Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebida mente una obligación.  ¿En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Las normas administrativas de la Oficina de Propiedad Intelectual y del Ministerio de
Comercio e Industria exigen que el solicitante de un mandamiento judicial presente una fianza para
responder de los daños y perjuicios de que pueda ser objeto el destinatario de dicho mandamiento a
causa de éste.43  Los funcionarios públicos no son responsables de los actos que realicen de buena fe
en el ejercicio de sus funciones.  Con arreglo a la legislación en materia de corrupción, son
penalmente responsables de los perjuicios que causaren por parcialidad manifiesta, mala fe o
negligencia grave e inexcusable.44  Si el funcionario es un abogado, podrán iniciarse contra él
procedimientos de expulsión o exclusión del ejercicio de la abogacía.45
9.8 Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos  y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.
Duración
La duración real de los procedimientos depende de la complejidad de las cuestiones
planteadas y de la vía que estén dispuestos a seguir los litigantes.
Oficina de Propiedad Intelectual
- Procedimientos inter partes  (contradictorios)
Tras el envío de la citación, el demandado está obligado a responder a la demanda en
un plazo de quince (15) días. A la apertura del procedimiento se fija una consulta
previa en un plazo de dos (2) meses a partir de la recepción de la respuesta u otro
alegato.  Durante la vista del caso, el demandante y el demandado deberán presentar
declaraciones juradas de los testigos y otras pruebas documentales.  A continuación,
pueden presentar pruebas de refutación y de contrarrefutación.  Se pedirá a las partes
que presenten sus observaciones en el plazo de un (1) mes contado a partir de larecepción del auto de admisibilidad de pruebas.  En el plazo de un (1) mes a partir de
la fecha en que el caso sea presentado para su resolución, el funcionario competente
presentará su informe, sus conclusiones y un proyecto de resolución al Director para
su aprobación.
46
- Reclamaciones administrativas
El demandado deberá responder a la reclamación en un plazo de diez (10) días apartir de la recepción de la orden de comparecencia.  A la apertura del procedimiento,
el aviso de la vista previa se entregará en un plazo de dos (2) días a partir de la
                                                     
43 Ley Rep. N° 8293, Secciones 10 y 10.2(a);  IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 5,
Sección 5;  Orden del Ministerio de Comercio e Industria N° 69 (1983), Regla IX, Sección 49(b).
44 Ley Rep. N° 3019, Sección 3(e).
45 Reglamento Judicial, Regla 139, Sección 1.
46 IRR sobre procedimientos contradict orios, Secciones 9, 10, 13, 22 y 23.IP/N/6/PHL/1
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recepción de la respuesta u otro alegato.  Durante la vista del caso, el demandante y el
demandado tienen treinta (30) días para presentar pruebas y otros treinta (30) días
para presentar pruebas de refutación y contrarrefutación.  El plazo para la vista y la
admisión de pruebas, en el caso de recursos provisionales, será de treinta (30) días.
Todos los casos o incidentes relacionados con éstos deberán resolverse en un plazo detreinta (30) días a partir de la presentación por el funcionario competente a efectos de
la decisión o resolución.
47
Departamento de Comercio e Industria
El Secretario del Departamento puede disponer el arbitraje obligatorio, la conciliación o la
mediación.  Si se trata de resolver un caso prima facie , el Jefe de la Oficina puede ordenar que la
reclamación se someta a mediación o bien remitir la reclamación al jefe del departamento competente.
En los procedimientos de mediación, el funcionario encargado de ella tiene un plazo de quince
(15) días para mediar en el caso.  Si el caso se remite a una vista formal, el funcionario competente
enviará un aviso de vista previa en un plazo de cinco (5) días a partir de la recepción de la respuesta.
Durante la vista formal, el demandante y el demandado presentarán las declaraciones de sus testigos yotras pruebas documentales.  A continuación, pueden presentar pruebas de refutación y de
contrarrefutación.  A petición de las partes y a discreción del funcionario competente, las partes
pueden presentar sus observaciones en un plazo de diez (10) días.  El caso se resuelve en un plazo de
treinta (30) días a partir de la fecha en que termine la vista formal.
48
Costo
El costo de los procedimientos ante la Oficina de Propiedad Intelectual se basan en una
estructura de tasas establecida por la propia Oficina el 8 de junio de 2000. La tasa de depósito para el
demandante es de ocho mil pesos (Php 8.000,00) con una tasa adicional equivalente al 0,1 por cientode los daños y perjuicios reclamados que excedan de quinientos mil pesos (Php 500.000,00).
Los demás costes del litigio, incluidos los honorarios de abogado, varían en función de lo
acordado entre la parte interesada y su abogado.
49
Datos
No se dispone de datos estadísticos sobre la duración real de los procedimientos.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Las medidas provisionales que las autoridades judiciales pueden conceder a una parte son las
siguientes:
                                                     
47 IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 2, Secciones 9 y 10, Regla 9, Secciones 1 y 7.
48 Orden Ejecutiva N° 913, Artículo III, Secciones 4 y 5, Orden del Ministerio de Comercio e
Industria N° 69 (1983), Regla III, Sección 17;  Regla IV Sección 19;  Regla V,  Sección 33;  Regla VII,
Sección 42(b).
49 Estructura de tasas de la Oficina de Pr opiedad Intelectual, Parte III, Sección 6.0.IP/N/6/PHL/1
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Embargo provisional
Al inicio de la acción o en cualquier momento antes del fallo, el demandante o la parte
correspondiente pueden solicitar el embargo de propiedades de la parte contraria como garantía del
cumplimiento de la sentencia.50
El embargo se considera una ejecución anticipada de la sentencia para evitar el
incumplimiento de ésta.
Mandamiento judicial provisional
Se trata de una orden dictada en cualquier fase del proceso o procedimiento antes de la
sentencia o fallo definitivo, por la que se exige a una de las partes o a un tribunal, agencia o persona
que se abstenga de realizar determinados actos. Asimismo, puede exigir la realización de actos
determinados, en cuyo caso se le denominará mandamiento judicial provisional obligatorio.51
Incautación y destrucción
A petición del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de las facturas de
ventas y otros documentos que demuestren esas ventas.52
Asimismo, las mercancías infractoras pueden ser destruidas sin indemnización durante el
procedimiento pendiente.53
Decomiso e incautación
El tribunal está facultado para decomisar e incautar cualquier artículo que pueda servir como
prueba en el procedimiento judicial.54
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
Decomiso e incautación
Cuando una de las partes desea evitar daños graves o irreparables o la destrucción de las
pruebas de cargo, el tribunal está facultado para decomisar e incautarse de cualquier artículo que
pueda servir de prueba en el procedimiento judicial.55
Embargo provisional
Los únicos requisitos necesarios para expedir una orden de embargo provisional son la
declaración jurada y la fianza del demandante.  No se requiere el aviso a la parte contraria o la vista de
                                                     
50 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 57, Sección 1.
51 Reglamento Judicial, Regla 58, Sección 1.
52 Ley Rep. N° 8293, Sección 156.2.
53 Ley Rep. N° 8293, Sección 216.1(d).
54 Ley Rep. N° 8293, Sección 216.2.
55 Ley Rep. N° 8293, Secciones 156.2 y 216.2.IP/N/6/PHL/1
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la solicitud, ya que el tiempo que requeriría la vista podría ser suficiente para que el demandado se
diese a la fuga o enajenase su propiedad antes de que se diera la orden de embargo provisional.56
Mandamiento judicial provisional
Se puede dictar a petición de parte interesada una orden de entredicho provisional si la
cuestión presenta tal urgencia que pueda causarse un perjuicio grave y daños irreparables a menos que
dicha orden se dicte inmediatamente.57
Los requisitos para dictar un mandamiento judicial son los siguientes: 1) debe existir un
derecho que debe ser protegido, y 2) el acto contra el cual va dirigido el mandamiento judicial debe
constituir una violación de ese derecho.58
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
Embargo provisional
Cualquier parte, y no sólo el demandante, puede valerse de un embargo provisional
presentando una petición verificada ante el tribunal correspondiente.  Pueden solicitar dicha orden el
demandado en su contrademanda, una parte adjunta en su contrademanda y un tercer demandante ensu demanda de terceros.
El embargo se divide básicamente en tres fase s:  primero, el tribunal dicta una orden con
arreglo a la solicitud;  segundo, se expide el mandato con arreglo a la orden que lo dicta, y tercero, se
ejecuta el mandato.  En las dos primeras fases no es necesario obtener previamente la jurisdicción
sobre la persona de la parte demandada.  Sin em bargo, una vez iniciada la ejecución, el tribunal
deberá disponer de jurisdicción sobre el demandado;  de lo contrario no estará facultada para actuar de
modo alguno contra el demandado.
59
Mandamiento judicial provisional
Cualquier parte perjudicada puede solicitar un mandamiento judicial provisional presentando
una demanda verificada ante el tribunal competente en la que exponga los motivos de la demanda y
depositando la fianza exigida.60
Orden temporal de entredicho61
El tribunal puede emitir a petición de parte interesada una orden temporal deentredicho con una vigencia de setenta y dos (72) horas a partir de su
                                                     
56 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 57, Sección 3.
57 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 58, Sección 5.
58 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 58, Sección 3.
59 Cuartero contra Tribunal de Apelación, et. al,  212 SCRA 260.
60 Reglamento de Procedimiento Civil, Regla 58, Sección 4.
61 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 58, Sección 5.IP/N/6/PHL/1
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notificación a la parte o persona a la que va dirigida en cuestiones de extrema
urgencia que puedan causar grave prejuicio y daños irreparables al
demandante.  Dentro de dicho período, el tribunal debe celebrar una vista
para determinar el fundamento del mandamiento judicial.  Normalmente, los
mandamientos judiciales provisionales tienen una vigencia de veinte (20) díasy no pueden dictarse sin una vista.  Este período de veinte (20) días incluye
las setenta y dos (72) horas de la orden temporal de entredicho.  No obstante,
si es dictada por el Tribunal de Apel ación, la orden temporal de entredicho
tendrá una vigencia de sesenta (60) días a partir de su notificación a la parte o
persona a la que va dirigida.  Las órdenes de entredicho dictadas por el
Tribunal Supremo son válidas hasta nueva orden.
Procedimientos comunes de los recursos antes mencionados
Tanto el embargo provisional como el mandamiento judicial provisional se inician mediante
la presentación de una petición verificada ante el tribunal competente y el depósito de una fianza.62 El
solicitante debe demostrar los hechos que le dan derecho a la reparación solicitada.
En ambos casos, la fianza depositada por el solicitante sirve de garantía para la parte contraria
y para responder de los daños y costas que se adjudiquen a parte contraria a causa del embargo.
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de losprocedimientos y su costo.
Duración
Todos los casos o asuntos presentados deben resolverse en un plazo de veinticuatro (24)
meses a partir de su presentación ante el Trib unal Supremo y, a menos que el Tribunal Supremo
reduzca dicho plazo, de doce (12) meses en los tribunales inferiores colegiados y en tres (3) meses en
el caso de los demás tribunales inferiores.63
Los plazos antes mencionados para la resolución son de carácter obligatorio y se aplican a
todos los casos, incluyendo el embargo provisiona l y al mandamiento judicial provisional, y de
conformidad con el derecho constitucional que establece que todas las personas tendrán derecho a una
resolución rápida de sus asuntos ante los organismos judiciales, cuasijudiciales o administrativos.64
No obstante, durante el juicio, diversos factores pueden influir en la duración de los
procedimientos, entre ellos la complejidad de las cuestiones tratadas y otras circunstancias del caso.
Costo
El costo de los procedimientos, que incluye las tasas de depósito, las tasas de investigación y
otras tasas, varía en función de los daños y perjuicios reclamados.
Por lo que respecta a los honorarios de los abogados, éstos son objeto de un acuerdo mutuo
entre el cliente y el abogado, basado generalmente en las normas habituales de la abogacía.
                                                     
62 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil (1997), Regla 57, Secciones 1 y 3, Regla 58 Sección 4.
63 Constitución, artículo VIII, Sección 15.
64 Constitución, artículo III, Sección 16.IP/N/6/PHL/1
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Datos
No se dispone de datos sobre la duración real de los procedimientos y su coste.  Sin embargo,
la pronta resolución de los casos está garantizada por una disposición obligatoria de la Constitución.
(b) Procedimientos administrativos
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en la s preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por
las autoridades administrativas, así como el fundamento jurídico de esa facultad
La Oficina de Propiedad Intelectual puede dictar órdenes provisionales en los actos
administrativos por violación de los derechos de propiedad intelectual.65
Previa presentación de una solicitud verificada por parte del demandante, la Oficina de
Asuntos Jurídicos puede dictar un mandamiento judicial provisional para exigir a una persona que seabstenga de llevar a cabo un acto determinado o que realice un acto determinado, si dicha Oficina esta
convencida de que la comisión o continuación del acto impugnado puede causar perjuicios al
demandante.
66
Asimismo, una vez demostrada su admisibilidad, se puede dictar una orden de embargo para
embargar las propiedades de la parte contraria como garantía del cumplimiento de cualquier
sentencia.
¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera parte?
Las órdenes provisionales pueden dictarse con o sin notificación y vista previa de la solicitud
para su expedición.  En los casos en que estas órdenes pueden dictarse sin vista previa, los hechos
obrantes en la declaración jurada  del demandante deben ser causa suficiente para dictar con carácter
urgente estas órdenes y no debe existir ninguna otra garantía del cumplimiento de la reclamación que
pretende la acción.67
Sírvanse describir el procedimiento principal pa ra iniciar el proceso de adopción de medidas
provisionales, ordenar su adopción y manten erlas en aplicación, y especialmente los plazos
pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado
En los actos administrativos, los procedimientos son los siguientes68:
- la solicitud de recursos provisionales puede presentarse en cualquier momento
después del inicio del acto administrativo o en cualquier momento antes de que se
dicte sentencia;
                                                     
65 Ley Rep. N° 8293, Sección 10.2(a).
66 Ley Rep. N° 8293, Sección 156.4.
67 IRR sobre reclamaciones administrativas, Regl a 4, Secciones  2 y 3, Regla 5, Sección 4.
68 IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 4, Sección 1 y Regla 5, Sección 2.IP/N/6/PHL/1
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- a petición con notificación y vista, o bien puede dictarse a petición de parte
interesada;
- se establecen los motivos para la adopción de dichos recursos.
La parte que solicite la expedición de dichas órdenes deberá depositar una fianza para
responder de todas las costas, daños y perjuicios resultantes de estos recursos provisionales si
finalmente la Oficina de Asuntos Jurídicos decide que el demandante no tiene derecho a ella.69
Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y
facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su coste
- Duración
Para conceder recursos provisionales se exigen vistas diarias sucesivas y continuas
para la recepción de pruebas.  Las vistas o recepción de pruebas deben terminar en un
plazo de treinta (30) días contados a partir  de la presentación de la última petición.70
En los procedimientos para dictar una orden temporal de entredicho por parte de la
Oficina de Propiedad Intelectual se requiere la celebración de una vista sumarial en
un plazo de veinticuatro (24) horas a partir del auto de notificación del Sheriff y/o de
la recepción del sumario por la Oficina de Asuntos Jurídicos.71
-C o s t o
El peticionario o solicitante debe depositar una fianza.  La parte contraria puededepositar a su vez una fianza por un importe igual a la fianza establecida por laOficina de Asuntos Jurídicos.
72
Al solicitar recursos provisionales, la Oficina de Propiedad Intelectual percibirá una
tasa de dos mil pesos (Php 2.000,00) para la presentación de peticiones de embargo o
mandamiento judicial.73
-D a t o s
No se dispone de datos sobre la duración real de los procedimientos y su coste.  Sinembargo, la pronta resolución de los casos está garantizada por una disposición
obligatoria de la Constitución.
                                                     
69 IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 4, Sección 4.
70 IRR sobre reclamaciones administrativas, Regla 9, Sección 1.
71 IRR sobre reclamaciones administ rativas, Regla 5, Sección 3(d).
72 IRR sobre reclamaciones administrativas, Re gla 4, Sección 4 y Re gla 5, Sección 3(b).
73 Estructura de tasas de la Oficina de Propiedad Intel ectual, Sección 6.0.IP/N/6/PHL/1
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Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías  puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañeninfracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51) .  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembrode una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis) .  ¿Es
aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado
de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías
destinadas a la exportación?
Las autoridades aduaneras pueden suspender el despacho de aduana de las mercancías cuya
importación infrinja la ley.
74  La suspensión del despacho de aduana se aplica igualmente a las
mercancías de marca de fábrica o de comercio fals ificadas o las mercancías pirata que lesionan el
derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre lo s ADPIC (nota a pie de página al artículo 51), como
las mercancías que lesionan los derechos de patente75, y las mercancías que llevan una denominación
de origen falsa, una descripción falsa o engañosa o una representación falsa o engañosa.76
Las importaciones excluidas de la suspensión del despacho de aduana son las obras con
derechos de autor que no excedan de un (1) ejemplar por persona o tres (3) ejemplares para las
personas o una familia procedentes del extranjero.77 Las mercancías colocadas en el mercado de otro
país por el titular de los derechos o con su consentimiento y las mercancías destinadas a la
exportación no están incluidas en la lista de mercancías susceptibles de decomiso.78
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversasprescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
Artículo 51:  Suspensión del despacho de aduana por parte de las autoridades aduaneras
Los titulares de una patente, marca de fábrica o de comercio o derecho de autor, su cesionario
o su agente debidamente autorizado que deseen evitar o prohibir la entrada o importación de cualquier
                                                     
74 Ley Rep. N° 1937, Sección 101(k).
75 Ley Rep. N° 8293, Secciones 71(a) y (b).
76 Ley Rep. N° 8293, Secciones 169(a) y (b).
77 Ley Rep. N° 8293, Secciones 190.1 y 190.2.
78 Véase la Ley Rep. N° 1937, Secciones 101(k) y 2530.IP/N/6/PHL/1
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cargamento o envío que pueda infringir sus derechos de propiedad presentarán una solicitud por
escrito ante el Comisario de Aduanas.79
Artículo 52:  Solicitud
Cualquier titular de un derecho que inicie el procedimiento antes descrito80 deberá presentar
una solicitud por escrito ante el Comisario de Aduanas adjuntando a ésta las copias debidamente
refrendadas del registro de la patente, marca de fábrica o de comercio o derecho de autor y facsímiles
de su nombre, localidad en la que se fabrican sus mercancías o nombre de su marca registrada o marca
de fábrica o de comercio.  Asimismo, facilitará al Comisario la siguiente información:
- nombre y dirección del titular de la patente, marca de fábrica o de comercio o derecho
de autor;
- nombre de la localidad en que se fabrican sus mercancías;- nombre y dirección de su agente o representante;
- descripción suficientemente pormenorizada de las mercancías, productos o servicios
del titular de la patente, marca de fábrica o de comercio o derecho de autor a fin de
que las autoridades aduaneras puedan reconocerlos con facilidad.
Tras recibir la solicitud por escrito, el Comisario de Aduanas pedirá al Servicio Jurídico que
registre en los libros destinados a tal fin el certificado de la patente, marca de fábrica o de comercio o
derecho de autor y la información antes descrita.
Tras evaluar e inscribir debidamente el expedien te en el registro, el Comisario de Aduanas
emitirá una Circular destinada a todas las Oficinas de Recaudación de Aduanas, examinadores yvaloradores de aduana y a los funcionarios competentes de la División Jurídica, en las que se les
comunicará la solicitud y se les instará a que controlen y apliquen estrictamente la prohibición,
adjuntando a dicha circular una copia de la solicitud, los certificados de registro de la patente, marca
de fábrica o de comercio o derecho de autor, los facsímiles y toda la información pertinente al caso.
Al recibir dicha Circular, todas las Oficinas de Recaudación de Aduanas, examinadores y
valoradores de aduanas y los funcionarios competentes abrirán y mantendrán su propio expediente detodas las solicitudes que den lugar al control y la prohibición de entrada o importación de cualquier
cargamento o envío que pueda lesionar los derechos del titular de la patente, marca de fábrica o de
comercio o derecho de autor, y comunicarán a dichos titulares o a sus agentes y representantes
autorizados que asistan al examen de dichos cargamentos o envíos.
En el ejercicio de sus funciones, los examinadores y valoradores de aduanas llevarán a cabo el
examen efectivo de la carga o envío sospechoso y presentarán inmediatamente una recomendación a
la Oficina de Recaudación de Aduanas para que se dicte una orden de decomiso y detención contra
dicha carga o envío si se trata de una infracción a primera vista.
Durante el procedimiento de decomiso de esas mercancías, el titular de la patente, marca de
fábrica o de comercio o derecho de autor o su agente debidamente autorizado serán informados de
manera que puedan intervenir y presentar pruebas para demostrar la infracción de su patente, marca
de fábrica o de comercio o derechos de autor.
                                                     
79 Orden Administrativa de Aduanas N° 7-93 (1993), II.3.
80 Orden Administrativa de Aduanas N° 7-93 (1993), II.3.IP/N/6/PHL/1
Página 18
Artículo 53:  Fianza o garantía equivalente
Las normas y reglamentos de ejecución aplicables no exigen que el titular de los derechos
deposite una fianza o garantía equivalente al solicitar la suspensión del despacho de aduana.  Los
abusos de esta medida se evitan mediante los estrictos requisitos para su concesión.81
Por otra parte, generalmente el titular o importador puede obtener el despacho de las
mercancías decomisadas depositando una fianza en efectivo, a menos que existan pruebas a primera
vista del carácter fraudulento de la importación.  No obstante, los artículos cuya importación prohíbe
la ley no son despachados de aduana en ningún caso.82
Artículo 55:  Duración de la suspensión
La decisión de la Oficina de Recaudación de Aduanas de suspender el despacho de aduana de
las mercancías mantiene su validez hasta que concluya el procedimiento.  Su decisión se considera
definitiva si el Comisario de Aduanas no emprende acción alguna contra ella en un plazo de treinta
(30) días a partir de la orden de suspensión.  La decisión del Comisario puede recurrirse ante elSecretario de Hacienda y será definitiva y ejecutoria si este último no adopta ninguna medida en un
plazo de treinta (30) días.
83
En cualquier procedimiento de decomiso no se permitirá el despacho de aduana de los
artículos importados a menos que la decisión de la Oficina de Recaudación haya sido ratificada porescrito por el Comisario de Aduanas.
84
Artículo 56:  Indemnización del importador y del propietario de las mercancías
El importador o el propietario de las mercancí as pueden solicitar indemnización por daños y
perjuicios en caso de embargo irregular o abusivo.85  La indemnización incluirá no sólo el valor de la
pérdida sufrida, sino también el de los beneficios que haya dejado de obtener el importador o el
propietario de las mercancías.86  También podrán exigir reparación de daños por los perjuicios
sufridos por la reputación de la empresa o el crédito comercial.87  Asimismo, pueden invocar su
derecho a una resolución rápida de su caso con arreglo a la Constitución de la República de
Filipinas.88
                                                     
81 Orden Administrativa de Aduanas N° 7-93 (1993).
82 Ley Rep. N° 1937, Sección 2301.
83 Ley Rep. N° 1937, Secciones 2312-2313.
84 Ley Rep. N° 7651 (1993), Sección 1;  Ley Rep. N° 1937, Sección 2313.
85 Reglamento Revisado de Procedimiento Civil, Regla 57, Sección 20.
86 Ley Rep. N° 386, artículo 2200.
87 Ley Rep. N° 386, artículo 2205(2).
88 Constitución, artículo III, Sección 16.IP/N/6/PHL/1
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Artículo 57:  Derecho de inspección e información
Se debe notificar al titular de un derecho de propiedad intelectual o a su agente o
representante que pueden estar presentes durante el examen de la carga o envío.  Podrán participar en
calidad de interventor y presentar pruebas para demostrar la infracción.89
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?
La duración real del procedimiento y su costo dependen de las peculiaridades de cada caso y
de las medidas adoptadas por las partes.  Entretanto, la decisión de la Oficina de Recaudación de
Aduanas de suspender el despacho de aduana de las mercancías sigue en vigor hasta que concluya el
procedimiento.  La decisión de la Oficina de Recaudación de Aduanas se considera definitiva si el
Comisario de Aduanas no emprende acción alguna contra ésta en un plazo de treinta (30) días a partir
de la orden de suspensión dictada por dicha Oficina.  Las decisiones del Comisario pueden recurrirseante el Secretario de Hacienda, cuya decisión se considerará definitiva y ejecutoria si no es
impugnada en un plazo de treinta (30) días.
90
18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación deoficio?
La Oficina de Aduanas, sobre la base de una lista de alertas o previa solicitud del titular de los
derechos de propiedad intelectual, colocará bajo orden de alerta aquellos envíos de los que se sepa o
sospeche que infringen los derechos de propiedad intelectual.
91
Sin embargo, la Oficina de Aduanas puede impedir la entrada de las mercancías infractoras
incluso si no existe lista de alertas o solicitudes, ya que el envío infractor constituye una "importación
prohibida".92
En el caso de los videogramas pirata que han pasado los controles fronterizos y han entrado
en circulación comercial, el Estado está facultado, a través del Consejo Regulador de Videogramas,
para cancelar el permiso de las personas que operan en el sector de los videogramas cuando se haviolado la ley.
93  De conformidad con sus competencias de regulación y supervisión, este Consejo está
facultado para inspeccionar los locales comerciales por propia iniciativa.94
                                                     
89 Orden Administrativa de Aduanas Nº 7-93 (1993).
90 Ley Rep. N° 1937, Sección 2312-2313.
91 Orden Administrativa de Aduanas N° 7-93.
92 Ley Rep. N° 1937, Sección 101(k).
93 Decreto Presidencial N° 1987, Sección 3(1).
94 Reglamento Revisado del Decreto Presidencial N° 1987, capítulo VIII, Sección 20.IP/N/6/PHL/1
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19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
En el ejercicio de sus funciones, los examinadores y valoradores de aduanas llevarán a cabo el
examen efectivo de la carga o envío sospechoso y presentarán inmediatamente una recomendación a
la Oficina de Recaudación de Aduanas para que se dicte una orden de decomiso y detención contradicha carga o envío si se trata de una infracción a primera vista.
95
La Oficina de Aduanas está facultada para realizar controles aleatorios de todas las
importaciones a fin de determinar si las mercancías corresponden a la descripción que figura en la
documentación de transporte y que no existen otros tipos de infracción.96
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
Los Tribunales Judiciales Regionales tienen competencia en primera instancia para ver y
resolver causas relacionadas con la violación de los derechos de propiedad intelectual,independientemente del importe reclamado.
97  Se han designado a tal efecto 27 de esos dichos
tribunales para ver dichas causas.98
Las decisiones de los Tribunales Judiciales Regionales pueden recurrirse o someterse a auto
de avocación ante el Tribunal de Apelación o ante el Tribunal Supremo.99
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones
penales?
Se prevén acciones y sanciones penales para las siguientes violaciones de derechos de
propiedad intelectual:
- infracción de patente, modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales100
- infracción de derechos de autor y derechos conexos101
- infracción de marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios e indicaciones
geográficas102
                                                     
95 Orden Administrativa de Aduanas Nº 7-93, III-5.
96 Orden Administrativa de Aduanas Nº 7-93, II-7.
97 Orden del Tribunal Supremo Administrativo N° 104-96 (1996).
98 Orden del Tribunal Supremo Administrativo N° 113-95 (1995).
99 Reglamento Revisado de Procedimiento Penal (2000), Regla 122, Sección 2.
100 Ley Rep. N° 8293, Secciones 84, 108, 119.
101 Ley Rep. N° 8293, Sección 217.
102 Ley Rep. N° 8293, Sección 170.IP/N/6/PHL/1
Página 21
- competencia desleal103
- denominaciones de origen falsas o descripción falsa de la representación104
- reproducción de obras cinematográficas105
- piratería106
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
Cualquier funcionario público encargado del cumplimiento de la ley violada puede presentar
una reclamación penal107 a raíz de las reclamaciones o solicitudes de investigación.
De este modo, los organismos judiciales tales como la Policía Nacional de Filipinas, la
Oficina Nacional de Investigación, el Departam ento de Justicia y el Consejo Regulador de
Videogramas, pueden iniciar procedimientos penales o presentar una reclamación penal, que se
tramitará bajo la dirección y control del fiscal.108
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
El titular del derecho, sus herederos o cesionarios, en tanto que partes afectadas, pueden
presentar o emprender una acción por infracción.109
La parte afectada está facultada para entablar acciones penales bajo la dirección y control del
fiscal.110
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
                                                     
103 Ley Rep. N° 8293, Sección 170.
104 Ley Rep. N° 8293, Sección 170.
105 Decreto Presidencial 1987, Secciones 7, 9.
106 Ley Rep. N° 8792, Sección 33(b).
107 Reglamento Revisado de Procedimiento Penal (2000), Regla 110, Sección 3.
108 Reglamento Revisado de Procedimiento Penal (2000), Regla 110, Sección 5.
109 Ley Rep. N° 8293, Secciones 28, 147, 180, 193;  Reglamento Revisado de Procedimiento
Penal (2000), Regla 110, Sección 3.
110 Reglamento Revisado de Procedimiento Penal (2000), Regla 110, Sección 5; Guevarra contra Del
Rosario, 77 Phil. 615.IP/N/6/PHL/1
Página 22
- otras medidas.
Ley Rep. Nº 8293Decreto Presidencial
Nº 1987Ley Rep. Nº 8792
Sanción Código de la Propiedad IntelectualLey por la que se crea el
Consejo Regulador de
Videogramas (VRB)Ley sobre comercio
electrónico
Infracción de
patenteInfracción de
marca de
fábrica o de
comercioInfracción de
derechos de
autorViolación del Decreto
y sus normas y
reglamentosPiratería
Prisión 6 meses a
3 años1112 a 5 años112Primer delito 1 a3 años3 meses y 1 día a
1 año 
1136 meses a 3 años114
Segundo delito
3 años y 1 día a
6 años
Tercer delito y
delitossubsiguientes
6 años y 1 día
  a 9 años115
Multa P100.000,00 a
P300.000,00116P50.000,00 aP200.000,00
117Primer delito
P50.000,00 aP150.000,00P50,000,00 a
P100.000,00
118Mínimo:
P100.000,00 y hastaun máximo acordecon los dañoscausados
119
Segundo delito
P150.000,00 a
P500,000,00
Tercer delito y
subsiguientesP500.000,00 aP1.500.000,00
120
                                                     
111 Ley Rep. N° 8293, Sección 84.
112 Ley Rep. N° 8293, Sección 170.
113 Decreto Presidencial 1987, Sección 9.
114 Ley Rep. N° 8792, Sección 33b.
115 Ley Rep. Nº 8293, Sección 217 1.a, b y c.
116 Ley Rep. N° 8293, Sección 84.
117 Ley Rep. Nº 8293, Sección 170.
118 Decreto Presidencial 1987, Sección 9.
119 Ley Rep. Nº 8792, Sección 33b.
120 Ley Rep. Nº 8293, Sección 217 1.a, b y c.IP/N/6/PHL/1
Página 23
Ley Rep. Nº 8293Decreto Presidencial
Nº 1987Ley Rep. Nº 8792
Sanción Código de la Propiedad IntelectualLey por la que se crea el
Consejo Regulador de
Videogramas (VRB)Ley sobre comercio
electrónico
Infracción de
patenteInfracción de
marca de
fábrica o de
comercioInfracción de
derechos de
autorViolación del Decreto
y sus normas y
reglamentosPiratería
Enajenación o
destrucción de las
mercancíasinfractorasPuede
imponerse
121Puede
imponerse122
*retirada simple
de la marca encasos
excepcionales
123Puede
imponerse124No puede imponerse No puede
imponerse
Incautación dedocumentos quedemuestren ventasNo puede
imponersePuede
imponerse
125Puedeimponerse
126No puede imponerse No puede
imponerse
Penas de prisiónsubsidiariasNo puede
imponerseNo puede
imponersePuede
imponerse
127No puede imponerse No puede
imponerse
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
Duración
Todos los casos o asuntos presentados ante los tribunales deberán resolverse en un plazo de
veinticuatro (24) meses a partir de su presentación ante el Tribunal Supremo, en doce (12) meses en
los tribunales inferiores colegiados y en tres (3) meses en el caso de los demás tribunales inferiores.
Asimismo, la Constitución de Filipinas en su Carta de Derechos establece el derecho del pueblo a una
resolución justa y rápida de sus asuntos judiciales.128
El Tribunal Supremo ha ordenado a los Tribunal es Judiciales Regionales que den prioridad a
las violaciones de los derechos de propiedad intelectual en sus calendarios de causas por conocer.  El
procedimiento será obligatoriamente continuo y deberá concluir en un plazo de sesenta días (60)
después de su inicio.  Las sentencias se dictarán en un plazo de treinta (30) días a partir de la
                                                     
121 Ley Rep. 8293, Sección 76.5.
122 Ley Rep 8293, Sección 157.1.
123 Ley Rep. 8293, Sección 216.1.d.
124 Ley Rep. 8293, Sección 157.2.
125 Ley Rep. 8293, Sección 156.2.
126 Ley Rep. 8293, Sección 216.1.c y Sección 216.2.
127 Ley Rep. 8793, Sección 217.1.d.
128 Constitución, artículo VIII, S ección 15 y artículo III, Sección 16.IP/N/6/PHL/1
Página 24
presentación para la resolución, a menos que la ley establezca un período más breve o el tribunal
disponga otra cosa.129
Costo
No se percibe ninguna tasa de depósito por la iniciación de acciones penales.  Sin embargo,
en aquellos casos en que el importe de los daños y perjuicios, distintos de los reales, figure en la
demanda o información, la parte afectada deberá pagar las tasas de depósito correspondientes al
presentar su demanda ante el tribunal.130
Las partes pueden litigar a través de sus abogados privados por la indemnización, que
dependerá del acuerdo alcanzado.  Sin embargo, el acusador particular estará bajo el control y
supervisión del fiscal.131
__________
                                                     
129 Circular del Tribunal Supremo Administrativo N° 104-96.
130 Reglamento Revisado de Procedimiento Penal (2000), Regla 111, Sección 1.
131 Reglamento Revisado de Procedimiento Penal (2000), Regla 110, Sección 5 y Sección 16.