RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/269/Add.2
25 de julio de 2001
(01-3686)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
Respuestas de Costa Rica a pregunt as formuladas por el Canadá y
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros
Addendum
Mediante una comunicación de la Misión Permanente de Costa Rica, de fecha 18 de junio
de 2001, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas adicionales formuladas porel Canadá y las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, que se distribuyeron en los
documentos IP/C/W/261/Add.1 y 274, respectivamente.
_______________
CANADÁ
1
3. Entendemos que se ha sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
el proyecto de legislación sobre protección de las obtenciones vegetales.
a) ¿Para cuándo está prevista la aplicación efectiva de tal legislación?
En el caso de las obtenciones vegetales, es importante señalar que el Poder Ejecutivo presentó
a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre protección a obtenciones vegetales.  Este proyecto
de ley surge no sólo a raíz de los compromisos adquiridos por nuestro país en el marco del Acuerdo
sobre los ADPIC, sino como una clara necesidad de  contar con una legislación que respalde los
esfuerzos de instituciones públicas y privadas que al día de hoy intervienen en la generación denuevas variedades a través de programas de mejoramiento genético.
El texto base de discusión fue elaborado con base en la ley tipo del Convenio de la UPOV
de 1991.  Adicionalmente, conviene mencionar que actualmente se encuentra en la corriente
legislativa un proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Semillas con el objeto de otorgarlefacultades a la Oficina Nacional de Semillas para el registro de las nuevas variedades vegetales.
El proyecto de ley se encuentra en la corriente legislativa y es una Comisión Especial de
Propiedad Intelectual, en la cual participan Diputados, representantes del Poder Ejecutivo y otros
interesados, que tendrán como tarea analizar y mejorar el texto propuesto.  El Gobierno de Costa Ricaconfía en que el análisis del proyecto de ley continúe en aras de tener un texto de consenso que sea
aprobado en la Asamblea Legislativa antes de concluir la presente administración, es decir, para mayo
del año 2002.
                                                     
1 Estas respuestas se agregan a las dos respuestas a preguntas formuladas por el Canadá que se
distribuyeron en el documento IP/C/W/269.IP/C/W/269/Add.2
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b) ¿Cuáles son las principales mejoras introducidas por esa legislación en lo que
respecta a las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?
De conformidad con el artículo 27.3 b) del Acuerdo sobre los ADPIC, Costa Rica debe
brindar protección a todas las obtenciones vegetales ya sea mediante patentes, un sistema eficaz
sui generis  o una combinación de ambos.
No obstante lo anterior, conforme a lo que establece el artículo 65.4 del Acuerdo sobre los
ADPIC, que ampara a un país en desarrollo Miembro que esté obligado a ampliar la protección
mediante patentes a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en la fecha general de
aplicación de dicho Acuerdo, Costa Rica puede aplazar la aplicación en relación con la protección a
obtenciones vegetales por un período adicional de cinco años, es decir hasta el 2005.  Lo anterior,claro está, con excepción de la aplicación de los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En este sentido, el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa
implementa las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC, tomando en consideración la
ley tipo del Convenio de la UPOV, de acuerdo al Acta de 1991.
Entre los aspectos más relevantes de este proyecto de ley pueden mencionarse los siguientes:
• se establece como condiciones para la protección de las variedades vegetales que
cumplan con los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y
denominación apropiada;
• se determinan las personas que tienen derecho a solicitar la protección;
• se establecen los alcances del derecho del obtentor;
• se otorga un período mínimo de protección de 25 años para árboles y vides y de
20 años para el resto de las plantas;
• se da la posibilidad de otorgar licencias contractuales y licencias obligatorias.
Es importante recalcar que este proyecto de ley aún se encuentra en discusión en la Asamblea
Legislativa a cargo de una Comisión Especial de Propiedad Intelectual establecida al efecto, la cual
podrá realizar las modificaciones que considere necesarias con el fin de lograr un texto de consenso
que cumpla con las obligaciones multilaterales asumidas por el país en la materia.
4. Entendemos que, para octubre de 2001, está previsto que entre en vigor el reglamento de
aplicación de la Ley Nº 8039, de 12 de octubre de 2000, sobre procedimientos de observancia de los
derechos de propiedad intelectual.
a) Sírvanse indicar cuál es el estado actual de ese reglamento.
El Gobierno de Costa Rica se complace en hacer de su conocimiento que el Reglamento a la
Ley de Procedimientos de Observancia de los De rechos de Propiedad Intelectual, Ley Nº 8039 de
12 de octubre de 2000, ha sido recientemente revisado y aprobado por la Procuraduría General de laRepública.  En virtud de lo anterior, este reglamento será próximamente publicado según los trámites
jurídicos necesarios para que entre en vigencia.IP/C/W/269/Add.2
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b) ¿Cuáles son las principales mejoras introducidas por esa Ley y su reglamento en lo
que respecta a las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?
La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual introduce
importantes disposiciones para brindar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual
mediante el establecimiento de medidas cautelares, medidas en frontera, procedimientos
administrativos y procedimientos civiles y penales, tal y como lo exigen las obligaciones derivadas
del Acuerdo sobre los ADPIC.
Los aspectos más relevantes de estas normas son los siguientes:
• Protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual por medio de una
normativa necesaria en relación con medidas cautelares (incluso las aplicadas por las
aduanas).
• Aplicabilidad de medidas cautelares por la autoridad administrativa o judicial siempre
que quien la pida acredite que es el titular o su representante.  La autoridad
competente requerirá una garantía suficiente por el solicitante, para proteger al
supuesto infractor y evitar abusos.
• Necesidad de otorgar audiencia sobre la aplicación de medidas cautelares, salvo si la
misma puede hacer nugatorios sus efectos;  sin embargo, cuando se hubiera ejecutado
una medida cautelar sin audiencia, la autoridad notificará la misma a la parte afectada
al menos dentro de tres días hábiles después de la ejecución.
• Determinación para que la parte promovente presente la denuncia administrativa o la
demanda judicial en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de laresolución que acoge la medida cautelar.
• Facultad para que el titular solicite a la autoridad administrativa o judicial que ordene
a las autoridades de aduanas suspender una importación o exportación al momento de
su despacho;  sin embargo, se exigirá que acredite que es el titular o representante,
que otorgue una garantía y aporte la información y descripción de la mercancía para
que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.
• Obligación de las autoridades de aduana para que actúen de oficio y suspendan el
despacho de mercancías si existe presunción de que infringen un derecho de
propiedad intelectual.  Las autoridades deberán denunciar al Ministerio Público lacomisión del delito dentro de las 24 horas después de la retención de la mercancía.
• Facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana
destruir o eliminar las mercancías infractoras.
• Protección a los perjudicados en casos de retención infundada de las mercancías.
• Establecimiento de un Tribunal Registral Administrativo que agotará la vía
administrativa y conocerá en apelación las decisiones emitidas por el Registro de laPropiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos.
• Disposición para que se conozca en vía abreviada de los procedimientos civiles de
propiedad intelectual.IP/C/W/269/Add.2
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• Imposición de penas de cárcel para delitos cometidos contra derechos de propiedad
intelectual hasta por tres años.
Por otra parte, en cuanto al Reglamento a la Ley Nº 8039 -cuyo borrador, tal como se indicó
en la respuesta anterior, fue aprobado recientemente por la Procuraduría General de la República-
entre las principales disposiciones que contiene cabe citar las siguientes:
• Determinación del contenido que debe tener una solicitud de medida cautelar.
• Disposiciones sobre el procedimiento y ejec ución de medidas cautelares y medidas en
frontera y sobre la cesación de sus efectos.
• Disposiciones sobre el procedimiento administrativo en materia de información no
divulgada.
• Determinación del contenido de la solicitud de sistemas de trazado de los circuitos
integrados.
• Facultad para presentar recursos de revocatoria y apelación contra todas las
resoluciones emitidas por el Registro de Propiedad Industrial y el Registro Nacional
de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. D ISPOSICIONES GENERALES
1. Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud pública
y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vitalpara su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo sobre
los ADPIC.  En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se acomodan a las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC.
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y tal y como
lo permite el artículo 27.2) del mismo Acuerdo, el párrafo 4.a) del artículo 1 de la Ley 6867 de 25 de
abril de 1983 y sus reformas, establece entre las excepciones a la patentabilidad las invenciones cuya
explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger la salud, entre otrasexcepciones.
Hasta la fecha, el Registro de la Propiedad Industrial no ha aplicado esta excepción a ninguna
solicitud de registro de patente.
Una de las innovaciones que se introdujeron a la legislación costarricense por medio de la
Ley 7975, Ley de Información no Divulgada de 4 de enero de 2000, es la regulación en los casos en
que se deban presentar datos de prueba u otros no divulgados como condición para aprobar la
comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos;  dichos datos se protegerán contra todo
uso comercial desleal y toda divulgación, según lo dispone el artículo 8 de la Ley 7975 antes citada.
Debe tomarse en cuenta que dicho artículo establece además que las autoridades competentes podránutilizar datos de prueba sin divulgar la información protegida, cuando se trate de estudios
contemplados en las reglamentaciones sobre registros de medicamentos o agroquímicos para prevenir
prácticas que, entre otras condiciones, sean para proteger la salud humana o la salud animal o vegetal,
a fin de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual o el recurso a prácticas que limiten
el comercio injustificadamente.IP/C/W/269/Add.2
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Actualmente, las entidades competentes trabajan en la reglamentación necesaria de dicha
legislación.  Uno de los aspectos que serán abordados en la reglamentación respectiva es considerar
con mayor detalle los alcances del artículo 8 de la citada Ley.
B. D ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Se ruega indicar cómo su legislación estipula la protección de los derechos exclusivos de los
autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y el
Apéndice del mismo (1971).
En primera instancia es importante mencionar que en Costa Rica el Convenio de Berna para
la protección de las obras literarias y artísticas fue aprobado como Ley de la República número 6083
de 29 de agosto de 1977.
Adicionalmente, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley Nº 6683 de 14 de
octubre de 1982 y sus reformas, implementa las obligaciones derivadas del artículo 9 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
En particular, los artículos 1 al 21 del Convenio de Berna, excepto el artículo 16, son
implementados en la legislación costarricense mediante los artículos 1 al  76 de la Ley Nº 6683 antes
citada.  En el caso del artículo 16 del Convenio de Berna, éste es implementado en la legislación
costarricense mediante las disposiciones de los artículos 41 y 71 de la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley Nº 8039 de 12 de octubre de 2000.
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases
de datos o compilaciones de datos.
El párrafo 2 del artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley Nº 6683
de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, dispone que "Por 'obras literarias y artísticas' deben
entenderse todas las producciones en los campos literario y artístico, cualquiera sea la forma de
expresión, tales como: ... los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versionessucesivas y los programas derivados."
Por otra parte, el artículo 8 de la citada Ley 6683 protege las bases de datos como
compilaciones.
En cuanto al plazo de protección a estos derechos, el artículo 58 de la citada Ley dispone que
los derechos de autor son permanentes durante toda  su vida.  Después del fallecimiento del autor,
disfrutarán de ellos, por el término de 70 años, quienes los hayan adquirido legítimamente.
4. Se ruega especificar si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso
afirmativo, las obras abarcadas por éste.
El artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley Nº 6683 de 14 de
octubre de 1982 y sus reformas, dispone que al autor de la obra literaria o artística le corresponde elderecho exclusivo de utilizarla.
Entre los derechos exclusivos que tiene el autor, el literal g) del artículo 16 dispone el derecho de
distribución y en el literal p) del artículo 4 de la misma Ley Nº 6683 se establece el alcance de este
derecho, entre otros, el derecho de poner a disposición del público por alquiler el original o las copiasde la obra o fonograma.IP/C/W/269/Add.2
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Por otra parte, el artículo 82 de la citada Ley 6683 dispone en su literal c) que los productores
de fonogramas o videogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el arrendamiento
comercial al público de los originales o las copias.
Finalmente, el artículo 86 de la Ley Nº 6683 establece que los organismos de radiodifusión
gozan, entre otros derechos, del de autorizar o prohibir la distribución al público de sus emisiones detelevisión en locales de frecuentación colectiva.  El alcance del derecho de distribución está contenido
en el literal p) del artículo 4 de la misma Ley.
5. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de su
legislación.
Los artículos 77 y siguientes de la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, Ley
Nº 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, establecen disposiciones referentes a la protecciónde artistas, intérpretes y ejecutantes.  Específicamente, el artículo 78 establece que los artistas,
intérpretes o ejecutantes, sus mandatarios, herederos, sucesores o cesionarios, a título oneroso o
gratuito, tienen el derecho de autorizar o prohib ir la fijación, la reproducción, la comunicación al
público, la transmisión y retransmisión, por radio o televisión o cualquier otra forma de uso, de sus
interpretaciones o ejecuciones.
Por su parte, el artículo 82 de la citada Ley 6683 dispone que los productores de fonogramas o
videogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
• La reproducción, directa o indirecta, de sus fonogramas o videogramas.
• La primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante
venta, arrendamiento o cualquier otro medio.
• El arrendamiento comercial al público de los originales o las copias.
• La importación de copias del fonograma, elaboradas sin la autorización del productor.
• La transmisión y retransmisión por radio y televisión.
• La ejecución pública por cualquier medio o forma de utilización.
• La disposición al público de sus fonogramas ya sea por hilo, cable, fibra óptica, ondas
radioeléctricas, satélites o cualquier otro medio análogo que posibilite al público el
acceso o la comunicación remota de obras protegidas, desde el lugar y en el momento
que cada uno de ellos elija.
Por último, el artículo 86 de la Ley Nº 6683 establece que los organismos de radiodifusión
gozan del derecho de autorizar o prohibir la fijación y reproducción de sus emisiones, la
retransmisión, la ulterior distribución y la comunicación, al público, de sus emisiones de televisión enlocales de frecuentación colectiva.
6. Sírvanse especificar si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación con
cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentes
del Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6 del
artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/C/W/269/Add.2
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En primera instancia es importante resaltar que el país no ha presentado ante la OMPI
ninguna restricción a la protección de los titulares de creaciones intelectuales en virtud del Artículo 6
del Convenio de Berna, ni tampoco en virtud del Artículo 16 de la Convención de Roma.
En cuanto a las limitaciones o excepciones establecidas en la legislación costarricense en
relación con los derechos de autor y derechos conexos, existen algunas disposiciones al respecto,todas las cuales se encuentran en conformidad con los artículos 13 y 14.6 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
En este sentido, los artículos 67 y siguientes de la Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, Ley Nº 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, establecen ciertas excepciones a la
protección;  entre otras, cabe citar las siguientes:
• las noticias con carácter de prensa informativa;
• los artículos de actualidad, publicados en revistas o periódicos, pueden ser
reproducidos, si ello no ha sido expresamente prohibido, debiendo citarse la fuente de
origen;
• los discursos pronunciados en las asambleas deliberantes o en reuniones públicas, así
como los alegatos ante los tribunales de justicia pueden publicarse en la prensa, radioy televisión periódica, sin necesidad de autorización alguna.  Sin embargo, no podrán
publicarse en impreso separado o en colección, sin el permiso del autor;  y
• la reproducción fotográfica, o por otros procesos pictóricos, de las estatuas,
monumentos y otras obras de arte, adquiridos por el poder público, expuestos en las
calles, jardines y museos.
7. Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho
descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.
En los artículos comprendidos del 58 al 62 y en el artículo 87 de la Ley de Derechos de Autor
y Derechos Conexos, Ley Nº 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, se estipulan en detalle y
con sus particularidades, los plazos de protección a las obras y derechos conexos, que es en general de70 años.
8. Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva de
conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9
del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.
Es importante recordar que en Costa Rica el Convenio de Berna para la Protección de las
Obras Literarias y Artísticas fue aprobado como Ley de la República número 6083 de 29 de agosto
de 1977.
Ahora bien, en relación con la protección retroa ctiva, el artículo 159 de la Ley de Derechos de
Autor y Derechos Conexos, Ley Nº 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, establece unadisposición transitoria en el sentido de que las obras que al entrar en vigencia la ley se encontraran
registradas en la Biblioteca Nacional y que pertenezcan al dominio privado, mantendrán los derechos
adquiridos, sin tener que llenar ninguna formalidad.IP/C/W/269/Add.2
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C. M ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
9. Se ruega proporcionar la definición de un si gno de conformidad con su legislación nacional
y explicar en qué condiciones es objeto de protección.
El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de enero de 2000,
define "signo distintivo" como cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o unemblema.
Asimismo, el mismo artículo define "marca" como cualquier signo o combinación de signos
que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen
frente a los de su misma especie o clase;  "nombre comercial" lo define como un signo denominativo
o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento;  y "emblema" como un signo
figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.
Por otra parte, los artículos 3 y siguientes de la Ley 7978 establecen, entre otras
disposiciones, aquéllas referentes a los signos que pueden constituir una marca;  las marcas
inadmisibles por razones intrínsecas;  las marcas inadmisibles por derechos de terceros y el
procedimiento para el registro de la marca.
Por su parte, los artículos 64 y siguientes de la citada Ley 7978 establecen disposiciones sobre
nombres comerciales -los cuales a su vez son aplicables a los emblemas- referentes a la adquisición
del derecho;  los nombres comerciales (y emblemas) inadmisibles y el procedimiento de registro de
estos signos.
10. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la
legislación sobre marcas de su país.  Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarseprotección a signos tales como los nombres come rciales.  Se ruega indicar si puede otorgarse
protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.
El artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de enero de 2000
señala que las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de
distinguir bienes o servicios.  Adicionalmente, señala que la naturaleza del producto o servicio al cualha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.
Por otra parte, tal como se indicó en la respuesta a la pregunta anterior, la citada Ley 7978
protege los nombres comerciales como signos distintivos, específicamente en los artículos 64 al 69.
Finalmente, el Registro de la Propiedad Industrial no registra como signo distintivo los
sonidos ni los perfumes;  sin embargo, la Ley 7978 dispone que las marcas pueden consistir en la
forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los
medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.
11. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el
registro de una marca de fábrica o de comercio.  Agradeceríamos que nos facilitasen la definición de
utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.
En cuanto a la definición y condiciones de uso de la marca, ésta se dispone en el artículo 40
de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de enero de 2000.IP/C/W/269/Add.2
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En relación con el requisito de uso de la marca, el artículo 4 de la Ley 7978 establece las
disposiciones pertinentes y en el artículo 8.c) se establece la prohibición para registrar una marca por
mejor derecho de un tercero por razón de su uso.
Por último, en el artículo 39 de la citada Ley 7978 se disponen las condiciones de cancelación
del registro por falta de uso de la marca.
12. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
Efectivamente, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de enero de 2000,
establece en el artículo 20 que la marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de
10 años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.
13. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de su
país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.
Tal y como se mencionó en la respuesta a la pregunta 4 anterior, el artículo 40 de la Ley de
Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de enero de 2000, dispone las condiciones de uso de
las marcas;  en relación con el requisito de uso de la marca, el artículo 4 de la Ley 7978 establece las
disposiciones pertinentes y en el artículo 8.c) se establece la prohibición para registrar una marca pormejor derecho de un tercero por razón de su uso.
Por último, en el artículo 39 de la citada Ley 7978 se disponen las condiciones de cancelación
del registro por falta de uso de la marca.
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
14. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o no
una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.
El párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de
enero de 2000, señala que sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas
contenidas en la Ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros,
siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusiónrespecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para
los cuales se usen o apliquen tales marcas.
Adicionalmente, el inciso l) del artículo 7 de la citada Ley dispone que no podrá ser registrado
como marca un signo que contenga una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 3 antes indicado.
15. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la
legislación de su país.
El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de enero de 2000,
define indicación geográfica como el nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se
utilice en la presentación de un bien parta indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración,
recolección o extracción.
16. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece un
vínculo, en caso existente, entre las características de una indicación y su origen geográfico.IP/C/W/269/Add.2
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Según se indicó en la respuesta a la pregunta anterior, el artículo 2 de la Ley de Marcas y
otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de enero de 2000, define indicación geográfica como el
nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para
indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.  Por su parte, el mismo
artículo define denominación de origen como la denominación geográfica, designación, expresión,imagen o signo de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se
deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.
17. Se ruega explicar cómo se otorga protección adi cional en la legislación de su país para los
vinos y bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que existan,
abarcados por esa protección adicional.
El artículo 71 de la Ley 7978 de 6 de enero de 2000, establece que una indicación geográfica
(en cuyo caso también aplicará para los vinos y bebidas espirituosas) no podrá usarse en el comerciopor ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal
indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de
origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen
de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la
procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.
Asimismo, en el artículo 72 de dicha Ley 7978 se establece que no podrá usarse en la
publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o
servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de
los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, auncuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el
público.  Tampoco se permite el empleo en el registro de marcas de expresiones tales como:  "clase",
"tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.
El artículo 75 y siguientes de la citada Ley 7978 permite que en el caso en que se presente un
registro de una marca para vinos o bebidas espirituosas que consista en una indicación geográfica,
podrá prohibirse o anularse si el producto respectivo no tiene la indicación geográfica con la cual
pretenden registrarse.
18. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción.  Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las
excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.
El literal c) del artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de
enero de 2000, señala que no podrá registrarse como denominación de origen un signo que sea la
denominación común o genérica de algún producto.  La denominación se estima común o genérica
cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público en
general.
Puede registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto
respectivo o una expresión relacionada con este producto;  pero la protección no se extenderá al
nombre genérico ni a la expresión empleados.
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
19. Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos guiándose
básicamente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega explicar de qué modo se protegenlos dibujos y modelos textiles.IP/C/W/269/Add.2
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El artículo 25 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, Ley 6867 de 25 de abril de 1983, define  dibujo industrial como toda reunión de líneas o
de colores, y modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa
reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir
de tipo para su fabricación.
Adicionalmente, el artículo citado establece que la protección concedida por la Ley no
comprende los elementos ni características del dibujo o modelo industrial que sirvan únicamente para
obtener un efecto técnico o funcional.
En cuanto a los dibujos y modelos textiles, la legislación costarricense no establece normas
especiales para el registro de los dibujos o modelos textiles.  Las normas citadas en la pregunta
anterior, especialmente el artículo 28 de la Ley 6867 de 25 de abril de 1983 con sus reformas, son las
disposiciones aplicables para el registro de los dibujos y modelos textiles por lo cual no se dificultainjustificadamente la protección a este tipo de propiedad intelectual.
20. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.
El párrafo 4 del artículo 25 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos
Industriales y Modelos de Utilidad, Ley 6867 de 25 de abril de 1983, establece que el titular de undibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho a impedir que, sin su consentimiento, terceros
fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una
copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido.
21. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.
El artículo 31 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, Ley 6867 de 25 de abril de 1983, dispone que la primera parte de dicha Ley - referida a
las patentes de invención- será aplicable, en lo conducente, a la protección de los dibujos y modelos
industriales y modelos de utilidad.
Por ello, en el caso de la aplicación de licencias obligatorias para dibujos y modelos
industriales, se deberá atender a las disposiciones que implementan las obligaciones derivadas del
Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber los párrafos 1, 5, 6, 7, 9, 10, del artículo 18, el
artículo 19 y el artículo 20 de la Ley 6867 anteriormente citada.  Asimismo, los artículos 25 y 30 de la
Ley de Procedimientos de Observancia de los De rechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 de 12 de
octubre de 2000.
22. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga protección a
los dibujos y modelos industriales.
El artículo 30 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, Ley 6867 de 25 de abril de 1983, establece que el registro de un dibujo o modelo
industrial tendrá una duración de 10 años.
F. P
ATENTES
23. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de:  novedad, invención
y aplicación industrial.IP/C/W/269/Add.2
Página 12
El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, Ley 6867 de 25 de abril de 1983, establece en el primer párrafo que una invención es
patentable si es nueva, tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.
Para tales efectos, el párrafo 3 de la citada Ley establece que una invención es nueva cuando
no existe previamente en el estado de la técnica.  El estado de la técnica comprenderá todo lo
divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de
la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de
prioridad aplicable.  También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra
solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de
presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración;  pero sólo en
la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada.El estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación
de la solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre
que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su
causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.
La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en
procedimiento de concesión de una patente, no quedará comprendida en la excepción antes
mencionada, salvo que la solicitud objeto de esa publicación haya sido presentada por quien no tenía
derecho a obtener la patente o la publicación se haya hecho indebidamente.
Por su parte, el párrafo 5 del artículo 2 de la Ley 6867 antes citada establece que se
considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la
materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la
técnica pertinente.
Finalmente, la Ley 6867 dispone en el párrafo 6 del artículo 2 que se considerará que una
invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en
la industria, entendida ésta en su más amplio sentido, que abarque, entre otros, la artesanía, la
agricultura, la minería, la pesca y los servicios.
24. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se
otorgan sin ningún tipo de exclusión.  En caso de que existan exclusiones, descríbase detalladamente
la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.
El artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, Ley 6867 de 25 de abril de 1983, reformada por la Ley 7979 de 6 de enero de 2000,
señala lo que no se considera invenciones así como una serie de excepciones a la patentabilidad.
Para los efectos de la Ley de Patentes, no  se considerarán invenciones:
• Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas
de ordenador considerados aisladamente.
• Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
• Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los
referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.
• La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su
variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una
combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que lasIP/C/W/269/Add.2
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cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un
resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.
Por su parte, las excepciones señaladas en la Ley 6867 y sus reformas son las siguientes:
• Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y
necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las
personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al
ambiente.
• Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de
personas o animales.
• Las plantas y los animales.
Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.
25. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad
basándose en el orden público o la moralidad.  En ese caso, les rogamos expliquen el artículo
pertinente de su legislación así como su formulación.  Desearíamos también saber si éste se ha
aplicado en la práctica.
Tal y como lo permite el artículo 27.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y de acuerdo a la
respuesta a la pregunta 24, el párrafo 4.a del artículo 1 de la Ley 6867 de 25 de abril de 1983 y sus
reformas, establece entre las excepciones a la patentabilidad las invenciones cuya explotacióncomercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público y la moralidad,
entre otras excepciones.
Hasta la fecha, el Registro de la Propiedad Industrial no ha aplicado esta excepción a ninguna
solicitud de registro de patente.
26. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están
excluidos de la patentabilidad en su legislación.  Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente de
su legislación así como su formulación.
Tal y como lo permite el artículo 27.3 a) del Acuerdo sobre los ADPIC y de acuerdo a la
respuesta a la pregunta 24, el párrafo 4.b del artículo 1 de la Ley 6867 de 25 de abril de 1983 y susreformas, establece entre las excepciones a la patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos
y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
27. Sírvanse explicar si las plantas, los animales y esencialmente los procesos biológicos están o
no excluidos de la patentabilidad en su legislación.  En caso afirmativo, les rogamos aclaren elartículo pertinente de su legislación así como su formulación.
Tal y como lo permite el artículo 27.3 b) del Acuerdo sobre los ADPIC y de acuerdo a la
respuesta a la pregunta 24, el párrafo 4.c) y d) del artículo 1 de la Ley 6867 de 25 de abril de 1983 y
sus reformas, establece entre las excepciones a la patentabilidad las plantas y los animales y los
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.IP/C/W/269/Add.2
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28. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los
microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las
obtenciones vegetales están protegidos en su legislación.  Sírvanse explicar a este respecto los
artículos pertinentes de su legislación.
La legislación costarricense al determinar los criterios sobre lo que no se considera
invenciones, así como las exclusiones a la patentabilidad (especificadas en la respuesta a la pregunta
número 24 anterior) no contempla a los microorganismos, los procedimientos no esencialmente
biológicos, ni los procedimientos microbiológicos.  En este sentido, en Costa Rica estos productos o
procedimientos, en tanto cumplan con las condiciones de patentabilidad establecidos en la Ley 6867
de 25 de abril de 1983 y sus reformas, podrán ser registradas como invenciones.
En el caso específico sobre obtenciones vegetales, Costa Rica aún no tiene disposiciones
especiales en la materia debido a que el país se ha amparado al plazo establecido en el artículo 65.4del Acuerdo sobre los ADPIC.  No obstante lo anterior, es importante mencionar que el Poder
Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Protección a Obtenciones
Vegetales, el cual está siendo analizado por los Diputados y los sectores interesados.
Este proyecto de ley surge no sólo a raíz de los compromisos adquiridos por nuestro país en el
marco del Acuerdo sobre los ADPIC, sino como una clara necesidad de contar con una legislación
que respalde los esfuerzos de instituciones públicas y privadas que al día de hoy intervienen en la
generación de nuevas variedades a través de programas de mejoramiento genético.
El texto base de discusión fue elaborado con base en la ley tipo del Convenio de la UPOV
de 1991.  Adicionalmente, conviene mencionar que actualmente se encuentra en la corriente
legislativa un proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Semillas con el objeto de otorgarle
facultades a la Oficina Nacional de Semillas para el registro de las nuevas variedades vegetales.
29. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de derechos de
patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de una invención patentada.
En el artículo 16 de la Ley 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas se dispone lo relativo a
los derechos conferidos por la patente y las limitaciones a éstos.  En el párrafo 1 de dicho artículo se
dispone que entre los derechos exclusivos que la patente confiere a su titular está el de impedir que
terceros, sin su consentimiento, realicen actos de oferta para la venta o importación cuando la materia
de la patente sea un producto o cuando la materia de la patente sea un procedimiento, en los casos en
que se realicen estos fines respecto al menos sobre el producto obtenido directamente mediante dicho
procedimiento.
Asimismo, conviene señalar que la legislación costarricense permite las importaciones
paralelas bajo los supuestos contemplados en el artículo 16 de la Ley 6867 antes citada.  En el párrafo
segundo de este artículo y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo sobre los
ADPIC, se dispone que siempre que no atente de manera injustificable contra la explotación normal
de la patente, ni cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular o sulicenciatario, los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos de venta, oferta para la
venta, uso, usufructo, importación o cualquier modo de  comercialización de un producto protegido
por la patente, una vez que ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del
titular o un licenciatario.
30. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de
productos químicos farmacéuticos y agrícolas.  Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar la
referencia jurídica.IP/C/W/269/Add.2
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El artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, Ley 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, define lo que se entiende por
invenciones patentables, entre otras, pueden ser productos.  Aunque la Ley costarricense no lo
especifica, sí es posible registrar como patentes los productos farmacéuticos o agroquímicos siempre
que cumplan las condiciones de patentabilidad exigidas por la Ley en el artículo 2.
En relación con estos productos, es importante mencionar que la Ley 6867 antes citada
establece en el párrafo 8 del artículo 6 una disposición sobre la prohibición de fabricación,
importación y comercialización si después de la inscripción de una patente, el Ministerio de Salud,
para medicamentos, artículos y sustancias de aplicación terapéutica, o el Ministerio de Agricultura y
Ganadería para agroquímicos, comprueba que el proceso o el producto no reúne las condiciones
originales con las que fue autorizado.  Dicha prohibición será a solicitud del Ministerio respectivo ysin responsabilidad para el Estado.
31. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado en su
legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.
Tal y como se expuso en la respuesta a la pregunta 29 anterior, en el artículo 16 de la
Ley 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas se dispone lo relativo a los derechos conferidos por lapatente y las limitaciones a éstos.  En el párrafo 1.b) de dicho artículo se disponen los derechos que
tiene el titular cuando la materia de la patente sea un procedimiento en los casos en que se realicen
determinados fines respecto al menos sobre el producto obtenido directamente mediante dicho
procedimiento.
32. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su
legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a
material genético o consentimiento previo a su utilización).  Si esas condiciones adicionales existen,
indíquese la legislación pertinente y descríbanse las condiciones adicionales detalladamente.
En el artículo 6.4) de la Ley de Patentes se establecen los requisitos para la presentación de la
solicitud en concordancia con lo que establece el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Para el caso de patentes que involucren elementos de biodiversidad, la Ley de Biodiversidad,
Ley 7788 de 30 de abril de 1998, dispone en el artículo 63 y siguientes las normas para acceder a los
elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad ex situ  e in situ  y en el artículo 65 la
disposición sobre el consentimiento previamente informado.  No obstante ello, estas disposiciones aún
no han sido reglamentadas por lo cual todavía no son eficaces frente a terceros.
En este sentido, una disposición importante que debe tomarse en consideración es el
artículo 68 de la citada Ley de Biodiversidad, el cual establece como norma de interpretación que lo
dispuesto en dicha Ley sobre el acceso a los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad no
constituirá restricción encubierta ni obstáculo para el comercio. Dicho artículo establece además que
cualquier interpretación en sentido contrario será declarada nula por la autoridad administrativa ojudicial, según corresponda.
33. Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos
concedidos por una patente.  Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la legislación
pertinente.
En el artículo 16 de la Ley 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas se dispone lo relativo a
los derechos conferidos por la patente y las limitaciones a éstos.  Las excepciones a estos derechos
están especificadas en el párrafo 2 de dicho artículo el cual señala que dichas excepciones se aplicaránIP/C/W/269/Add.2
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siempre que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen
un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular o su licenciatario.
Los derechos que confiere la patente no se extienden a los actos jurídicos de cualquier
naturaleza, siempre que sean realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales;  los actos
realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada y lasimportaciones paralelas (en los términos explicados en la respuesta a la pregunta 29 anterior), entre
otros.
34. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias
obligatorias.  En caso afirmativo, se ruega expli car exhaustivamente las condiciones en las cuales
puede concederse una licencia obligatoria.  Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su
legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.
La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad,
Ley 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, contempla la posibilidad de otorgar licencias
obligatorias bajo los supuestos exigidos por el ar tículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC referente a
"Otros usos sin autorización del titular de los derechos".
Las disposiciones que implementan las obligaciones derivadas del citado Artículo 31 son los
párrafos 1, 5, 6, 7, 9, 10, del artículo 18, el artículo 19 y el artículo 20 de la Ley 6867 anteriormentecitada.  Asimismo, los artículos 25 y 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual, Ley 8039 de 12 de octubre de 2000.
Específicamente sobre los méritos individuales del solicitante de la licencia obligatoria, según
el párrafo 6 del artículo 18 antes citado debe previamente probar que tiene la capacidad suficiente
para explotar la invención patentada y que ha intentado obtener la autorización del titular de losderechos, en términos y condiciones comerciales razonables y estos intentos no han surtido efectos
dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años,
contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo.
35. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario
propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos ycondiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados previstos en
un período de tiempo razonable.  En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiempo
razonable"?  Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de una
licencia obligatoria será autorizado principalmente en lo que respecta al suministro del mercado
interno del Miembro que autoriza ese uso.
En relación con la definición de la Ley costarricense sobre un período razonable de tiempo, el
artículo 18 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos deUtilidad, Ley 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, establece que la concesión de una patente
conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el
mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir
de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea
el plazo más largo.  Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año.
Asimismo, en relación con la concesión de la patente para abastecer el mercado, el párrafo 3
del citado artículo 18 establece que para estos efectos, se considerarán formas de explotación, entre
otras, la producción local y la importación lícita de productos.
36. Se ruega indicar si su legislación otorga protección adicional a las innovaciones una vez
transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.IP/C/W/269/Add.2
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Antes de la entrada en vigencia de la Ley 7979 de 6 de enero de 2000 que reforma la Ley de
Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley 6867 de 25 de
abril de 1983, Costa Rica otorgaba 12 años de protección a las patentes en general y solamente 1 año
a las patentes de medicamentos, productos alimenticios, agroquímicos, entre otros.
Una de las reformas más significativas de la Ley 7979 es la reforma al artículo 17 de la
Ley 6867 antes citada, la cual amplía la protección a las patentes por 20 años. En Costa Rica no se
otorga una protección adicional a las invenciones luego de la expiración de este plazo.
37. Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección
mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.
Mediante un transitorio establecido en la Ley 7979 de 6 de enero de 2000, la cual reforma la
Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se dispuso que
cuando el plazo de la patente de invención sea menor a 20 años -según reforma al artículo 17 de la
citada Ley de Patentes, Nº 6867, de 25 de abril de 1983- y la protección a la materia no haya pasado al
dominio público, el titular deberá pedir que se extienda dicho plazo para lo cual deberá presentar su
solicitud por escrito al Registro de la Propiedad Industrial antes del vencimiento de la patente enCosta Rica.  En lo demás, le serán aplicables las reformas introducidas mediante la Ley 7979.
En este sentido, a la fecha, se le ha concedido a nueve solicitudes la extensión del plazo de la
patente.
38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la prueba
en lo que respecta a las patentes de procesos.
La legislación costarricense contempla el principio de carga de la prueba para patentes de
procedimiento de conformidad con la obligación derivada del Artículo 34 del Acuerdo sobre los
ADPIC.  La disposición específica que implementa dicha obligación se encuentra en el artículo 39 de
la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 de12 de octubre de 2000.
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
39. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.
En Costa Rica no existía legislación que protegiera  los esquemas de trazado (topografías) de
los circuitos integrados, por lo cual se promulga una ley especial, la Ley 7961 de 17 de diciembre
de 1999 denominada "Ley de Protección a los Sistemas de Trazado de los Circuitos Integrados".  Esta
Ley establece, entre otras, las siguientes disposiciones:
• Se definen los conceptos técnicos necesarios para proteger los esquemas de trazado.
• Se determinan los requisitos de originalidad.
• Se determinan los actos lícitos o ilícitos si se realizan sin la autorización del titular del
derecho.
• Se establecen los plazos de protección.IP/C/W/269/Add.2
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40. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos
frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de topografías
comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito integrado en el sentido
del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En el artículo 8 de la Ley 7961 de 17 de diciembre de 1999, se establecen los derechos
exclusivos que se le confieren al titular mediante el registro de un esquema de trazado de circuito
integrado.  Específicamente, el artículo confiere al titular el derecho de impedir que terceras personas
realicen cualquiera de los siguientes actos:
• Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el
esquema de trazado protegido, en su totalidad o una de sus partes que cumpla lacondición de originalidad.
• Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir, en cualquier forma, el
esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore ese esquema o un
artículo que contenga tal circuito.
41. Se ruega explicar cómo prevé su legislación la dispensa del artículo 36 del Acuerdo sobre los
ADPIC como se especifica en el artículo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que realice esos
actos no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el
artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducidoilícitamente.
En el artículo 13 de la Ley 7961 de 17 de diciembre de 1999, se establece una norma con el
título de "Infractor inocente", mediante la cual no se considerará infracción de los derechos sobre un
esquema de trazado registrado, la realización de algún acto referido a los derechos exclusivos del
titular respecto de un circuito integrado que incorpore, ilícitamente, un esquema de trazado o de unartículo que contenga tal circuito integrado, cuando quien lo realice no sepa ni tenga motivos
razonables para saber que el esquema se había reproducido de modo ilícito.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo an terior, desde el momento en que esa persona sea
informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los
productos que aún tenga en existencia o que haya pedido desde antes.  Sin embargo, a petición deltitular del derecho deberá pagarle una compensación equivalente a la regalía que habría correspondido
por una contractual.
42. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las topografías.
En el artículo 7 de la Ley 7961 de 17 de diciembre de 1999 se establece la protección a los
esquemas de trazado por 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o apartir del último día del año civil en que se haya realizado la primera explotación comercial del
esquema de trazados en cualquier lugar del mundo, según sea la fecha más antigua.
Asimismo, el párrafo 2 de dicho artículo establece que la protección de un esquema de
trazado registrado caducará, en todo caso, al vencer  un plazo de 15 años contado desde el último día
del año civil en que se diseñó el esquema.
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
43. Sírvanse explicar si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la
protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.IP/C/W/269/Add.2
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Costa Rica no contaba con legislación especial sobre información no divulgada, por lo cual se
promulgó la Ley 7975 de 4 de enero de 2000.  En dicha Ley no se establece un periodo determinado
para la protección a este tipo de secretos comerciales o industriales.  La protección permanece en el
tiempo siempre y cuando la información no divulgada cumpla con los requisitos establecidos el
artículo 2 de dicha Ley.
44. Sírvanse explicar cómo define su legislación la información no divulgada.
El artículo 2 de la Ley 7975 de 4 de enero de 2000 dispone en el párrafo 1 la protección a la
información no divulgada, entendida ésta como aquella referente a los secretos comerciales e
industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que
información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su
consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando
dicha información se ajuste a lo siguiente:
• Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para laspersonas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de
información.
• Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas
razonables y proporcionales para mantenerla secreta.
• Tenga un valor comercial por su carácter de secreta.
45. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u organismos
gubernamentales.
Una de las innovaciones que se introdujeron a la legislación costarricense por medio de la
Ley 7975, Ley de Información no Divulgada de 4 de enero de 2000, es la regulación en los casos en
que se deban presentar datos de prueba u otros no divulgados ante instancias gubernamentales como
condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos;  dichos datosse protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, según lo dispone el artículo 8 de
la Ley 7975 antes citada.
Actualmente, las entidades competentes trabajan en la reglamentación necesaria de dicha
legislación. Uno de los aspectos que serán abordados en la reglamentación respectiva es considerar
con mayor detalle los alcances del artículo 8 de la citada Ley.
Por otra parte, es importante resaltar el artículo 9 de la mencionada Ley 7975 el cual hace
referencia a la protección de la información no divulgada en procesos administrativos o judiciales.  En
este sentido, el artículo establece que en todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las
partes deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar
todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.
I. O
BSERVANCIA
46. Sírvanse exponer cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la infracción de
los derechos de propiedad intelectual.
La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
Ley 8039 de 12 de octubre de 2000, introduce importantes disposiciones para brindar protección a losIP/C/W/269/Add.2
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titulares de derechos de propiedad intelectual mediante el establecimiento de medidas cautelares,
medidas en frontera, procedimientos administrativos y procedimientos civiles y penales.
Los aspectos más relevantes de estas normas son los siguientes:
• Protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual por medio de una
normativa necesaria en relación con medidas cautelares (incluso las aplicadas por las
aduanas).
• Aplicabilidad de medidas cautelares por la autoridad administrativa o judicial siempre
que quien la pida acredite que es el titular o su representante.  La autoridadcompetente requerirá una garantía suficiente por el solicitante, para proteger al
supuesto infractor y evitar abusos.
• Necesidad de otorgar audiencia sobre la aplicación de medidas cautelares, salvo si la
misma puede hacer nugatorios sus efectos;  sin embargo, cuando se hubiera ejecutado
una medida cautelar sin audiencia, la autoridad notificará la misma a la parte afectadaal menos dentro de tres días hábiles después de la ejecución.
• Determinación para que la parte promovente presente la denuncia administrativa o la
demanda judicial en el plazo de 1 mes contado a partir de la notificación de la
resolución que acoge la medida cautelar.
• Facultad para que el titular solicite a la autoridad administrativa o judicial que ordene
a las autoridades de aduanas suspender una importación o exportación al momento de
su despacho;  sin embargo, se exigirá que acredite que es el titular o representante,
que otorgue una garantía y aporte la información y descripción de la mercancía para
que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.
• Obligación de las autoridades de aduana para que actúen de oficio y suspendan el
despacho de mercancías si existe presunción de que infringen un derecho depropiedad intelectual.  Las autoridades deberán denunciar al Ministerio Público la
comisión del delito dentro de las 24 horas después de la retención de la mercancía.
• Facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana
destruir o eliminar las mercancías infractoras.
• Protección a los perjudicados en casos de retención infundada de las mercancías.
• Establecimiento de un Tribunal Registral Administrativo que agotará la vía
administrativa y conocerá en apelación las decisiones emitidas por el Registro de la
Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos.
• Disposición para que se conozca en vía abreviada de los procedimientos civiles de
propiedad intelectual.
• Imposición de penas de cárcel para delitos cometidos contra derechos de propiedad
intelectual.
47. Sírvanse explicar si su legislación cont empla o no un mecanismo para recurrir contra
decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.IP/C/W/269/Add.2
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La Constitución Política prevé en el artículo 49 una jurisdicción contenciosa-administrativa
del Poder Judicial con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de
sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.
En este sentido, una vez que el Reglamento a la Ley sobre Procedimientos de Observancia de
los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 de 12 de octubre de 2000, esté vigente y entre en
funcionamiento el Tribunal Registral Administrativo, será en la vía contenciosa-administrativa donde
se conocerán en alzada las resoluciones emitidas por dicho Tribunal.  Las disposiciones específicas
para este procedimiento están contenidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, Ley Nº 3367 de 12 de marzo de 1966 y sus reformas.
Debe recordarse que ante la necesidad de fortalecer los procedimientos administrativos para
casos de propiedad intelectual y evitar acudir a la vía judicial, la Ley 8039 dispuso en el artículo 19 y
siguientes la creación del Tribunal Registral Administrativo que agotará la vía administrativa ante
eventuales recursos presentados contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial y el
Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, entre otros registros adscritos al
Registro Nacional.
48. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces ordenen la presentación de
pruebas por la parte contraria. Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas que se
adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.
Según el Código Procesal Civil y la Ley de Pr ocedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, Ley 8039, las autoridades judiciales pueden ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control.  Inclusive,
el artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Ob servancia establece que "Dentro del proceso abreviado
o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando una parte haya identificado
alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones y ésta se encuentre bajo el control de la parte
contraria, el juez estará facultado para ordenarle que la aporte."
Respecto a la información no divulgada (secretos comerciales o industriales), la Ley 8039 sobre
Procedimientos de Observancia establece en el artículo 39 que de solicitarse pruebas bajo el control de
la parte contraria, las mismas serán presentadas a c ondición de que se garantice la protección a este tipo
de información.
Asimismo, la Ley de Información no Divulgada, Ley 7975 de 4 de enero de 2000, establece
en el artículo 9 que "En todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes deba
revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas las
medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.  Ninguna de las
partes en el proceso podrá revelar ni usar dicha información."
49. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a un
demandado que desista de una infracción.
En el artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, Ley 8039, se establece entre las medidas cautelares que pueden ordenar las autoridades
competentes, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
50. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago al
titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el perjuicio sufrido.
Según el artículo 221 del Código Procesal Civil, en las sentencias, cuando decidan
definitivamente las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada enIP/C/W/269/Add.2
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la demanda y, los autos con carácter de sentencia, cuando decidan sobre excepciones o pretensiones
incidentales que pongan término al proceso, se condenará al vencido al pago de las costas personales
y procesales en las cuales se incluyen los gastos de honorarios.
Por otra parte, en el artículo 8 y 9 de la Ley 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual se dispone para el caso de medidas cautelares que si una medida
fue solicitada antes de incoar el proceso y la demanda no se presenta en un mes después de la
notificación de la resolución que la acoge, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier
otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios
causados con su ejecución, deberá solicitarlo dentro del plazo de un mes a quien conozca del proceso
de base.  De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho se ordenará devolver al
actor la caución por daños y perjuicios.
51. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago de
los gastos al titular del derecho por parte del infractor.
Tal y como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, según el artículo 221 del
Código Procesal Civil, en las sentencias, cuando decidan definitivamente las cuestiones debatidas
mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda y, los autos con carácter desentencia, cuando decidan sobre excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al
proceso, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales en las cuales se
incluyen los gastos de honorarios.
52. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las
mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.
El artículo 17 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, Ley 8039 de 12 de octubre de 2000, establece una disposición sobre destrucción y comiso
de las mercancías.  Al respecto, dicho artículo dispone que al emitir la autoridad judicial una
resolución que autorice destruir mercancías, deberá considerar los intereses de terceros, así como laproporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la medida ordenada.  En la resolución firme de la
autoridad judicial, podrá disponerse que las autoridades de aduana destruyan o eliminen las
mercancías falsificadas o ilegales.
Las autoridades de aduana no permitirán que las mercancías falsificadas o ilegales se
reexporten en el mismo estado ni las someterán a ningún procedimiento aduanero distinto, hasta que
la autoridad judicial competente se pronuncie sobr e el destino o la destrucción de tales mercancías.
Asimismo, los artículos 41 y 71 de la Ley 8039 de 12 de octubre de 2000 disponen,
respectivamente en materia civil y en materia penal, que a petición de parte o de oficio, la autoridad
judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia condenatoria, el decomiso de las
mercancías falsificadas o ilegales.  En el caso de la destrucción de las mercancías se podrá dictar en
sentencia condenatoria.
53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a un
demandado en caso de abuso por parte del demandante.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 8039 de 12 de octubre de 2000, al ordenar una medida
cautelar, la autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional deDerechos de Autor y Derechos Conexos requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía
suficiente antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.IP/C/W/269/Add.2
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Asimismo, el artículo 9 de la citada Ley 8039 dispone que si la demanda judicial no se
presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin
efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su
ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien conozca del proceso de base.  De no
solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor lacaución por daños y perjuicios.
En procedimiento civil, según el artículo 227 del Código Procesal Civil, cuando se haya
ordenado un embargo preventivo, de no presentarse la demanda en el plazo otorgado al efecto, o
desechada definitivamente por sentencia firme, se levantará el embargo y se condenará al actor a
pagar los daños y perjuicios causados.  Asimismo, mediante las disposiciones del Código Penal es
posible acusar a un sujeto por denuncia calumniosa y, ya sea en el proceso penal o en proceso civil,
presentar una acción civil resarcitoria para el cobro de daños y perjuicios.
54. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
La Sección I, Capítulo II de la Ley 8039 de 12 de octubre de 2000, Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, dispone las normas relativas a las medidas
cautelares.  Algunas de las disposiciones más relevantes son las siguientes:
• Aplicabilidad de las medidas cautelares por la autoridad administrativa o judicial
siempre que quien la pida acredite que es el titular o su representante.  La autoridad
competente requerirá una garantía suficiente por el solicitante para proteger al
supuesto infractor y evitar abusos.
• Remisión al Código Procesal Civil y al Código de Procedimientos Penales para la
aplicación de las medidas cautelares, sin embargo se citan como medidas que pueden
solicitarse, entre otras, la cesación de los actos que constituyen infracción;  el
embargo;  la suspensión del despacho de mercancías y la caución.
• Necesidad de otorgar audiencia sobre la aplicación de medidas cautelares, salvo si la
misma puede hacer nugatorios sus efectos;  sin embargo, cuando se hubiera ejecutadouna medida cautelar sin audiencia, la autoridad notificará la misma a la parte afectada
al menos dentro de tres días hábiles después de la ejecución.
• Determinación para que la parte promovente presente la denuncia administrativa o la
demanda judicial en el plazo de 1 mes contado a partir de la notificación de laresolución que acoge la medida cautelar.
55. Sírvanse exponer las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los titulares
de derechos peticiones de solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades aduaneras de
mercancías falsificadas.
El artículo 10 de la Ley 8039 de 12 de octubre de 2000 faculta al titular para que solicite a la
autoridad administrativa (Director del Registro de la Propiedad Industrial o al Director del Registro
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos) o judicial que ordene a las autoridades de
aduanas suspender una importación o exportación de mercancía falsificada al momento de su
despacho;  sin embargo, se exigirá que acredite que es el titular o representante, que otorgue unagarantía y aporte la información y descripción de la mercancía para que las autoridades de aduana
puedan identificarla con facilidad.IP/C/W/269/Add.2
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56. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías
falsificadas.
Los artículos 10 y siguientes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, Ley Nº 8039 de 12 de octubre de 2000, establecen las disposiciones referentes a
medidas en frontera.  Estas disposiciones se aplican a todos los derechos de propiedad intelectual.
Entre las disposiciones de la Ley 8039 anteriormente citada que merecen destacarse sobre la
aplicación de medidas en frontera, figuran las siguientes:
• Facultad para que el titular solicite a la autoridad administrativa (Director del
Registro de la Propiedad Industrial o al Di rector del Registro Nacional de Derechos
de Autor y Derechos Conexos) o judicial que ordene a las autoridades de aduanas
suspender una importación o exportación al momento de su despacho;  sin embargo,
se exigirá que acredite que es el titular o representante, que otorgue una garantía yaporte la información y descripción de la mercancía para que las autoridades de
aduana puedan identificarla con facilidad.
• Obligación de las autoridades de aduana para que actúen de oficio y suspendan el
despacho de mercancías si existe presunción de que infringen un derecho depropiedad intelectual.  Las autoridades deberán denunciar al Ministerio Público la
comisión del delito dentro de las 24 horas después de la retención de la mercancía.
• Deber de las autoridades de aduana de informar el nombre y la dirección del
consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, asícomo la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión siempre que
haya sido comprobada una infracción por el  Registro de la Propiedad Industrial, el
Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial,
y a solicitud del titular del derecho.
• Posibilidad de actuación de oficio por parte de las autoridades aduaneras para la
suspensión del despacho de mercancías.
• Facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana
destruir o eliminar las mercancías infractoras.
• Protección a los perjudicados en casos de retención infundada de las mercancías.
57. Sírvanse indicar qué disposiciones de su le gislación autorizan a las autoridades competentes
a ordenar la destrucción o eliminación de mercancías infractoras.
Tal y como se mencionó en la respuesta a la pregunta 52 anterior, los artículos 41 y 71 de la
Ley 8039 de 12 de octubre de 2000 disponen, respectivamente en materia civil y en materia penal, que
a petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la
sentencia condenatoria,  el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales.  En el caso de la
destrucción de las mercancías se podrá dictar en sentencia condenatoria.
58. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones
de minimis .
En el artículo 12 de la Ley 8039 de 12 de octubre de 2000, se disponen los casos en que no se
aplican las medidas en frontera.  Sobre el particular, la Ley determina que no habrá obligación deIP/C/W/269/Add.2
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aplicar las medidas en frontera a las importaciones lícitas y a las cantidades de mercancías que
constituyan parte del equipaje personal del pasajero.
59. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
En atención a lo dispuesto en el Artículo 61 de Acuerdo sobre los ADPIC, una de las
principales novedades de la Ley sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, Ley 8039 de 12 de octubre de 2000, es que establece en el artículo 44 y siguientes, una
serie de figuras penales de tutela a los bienes jurídicos derivados de marcas y signos distintivos,
información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, patentes, dibujos y modelos
industriales, modelos de utilidad y los esquemas de trazado de los circuitos integrados.  Todos estosdelitos son sancionados con pena de prisión de uno a tres años.
No obstante lo anterior, el Gobierno de Costa Rica está consciente de que la promulgación de
la Ley de Observancia 8039 es sólo el inicio de un proceso legislativo y educacional en procura de la
protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual.  Por lo anterior, el Gobierno ha tenido lainiciativa de presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar la Ley 8039 que
pretende el incremento de las penas privativas de libertad para los delitos contra derechos de
propiedad intelectual hasta cuatro años;  reformar la acción para los delitos contra derechos de autor
para que sea de instancia pública y la derogación del artículo 70 de la Ley referente al principio de
lesividad e insignificancia.
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