ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/99
25 de septiembre de 1998
(98-3720)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS
Se recibió de la Comunidad Europea y sus Estados miembros la siguiente comunicación, de
fecha 15 de septiembre de 1998, con el ruego de que se hiciese llegar a los Miembros.
_______________
Acerca de las relaciones entre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio y la política de competencia, así como
entre las inversiones y la política de competencia
PRIMERA PARTE:  LAS RELACIONES ENTRE LOS ASPECTOS DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS
CON EL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
Introducción
1. Las relaciones entre los derechos de propiedad intelectual y la competencia, con inclusión de
la política en materia de competencia, se encuentran desde hace muchos años en el centro de los
debates sobre cuestiones de política.  La dimensión comercial de esos debates estuvo presente en elnúcleo de las negociaciones de la Ronda Uruguay que llevaron a la conclusión del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
2. Se admite hoy en día, por lo general, que la protección de los derechos de propiedad
intelectual, que otorga necesariamente a los titulares un derecho exclusivo, con limitaciones
temporales en la mayor parte de los casos, fomentará la expansión y el bienestar de las economías.Los derechos en exclusiva estimulan la investigación y el desarrollo, y, por ende, el crecimiento.  La
justificación última de su protección es la de que contribuyen a crear una eficacia dinámica que
resulta favorable para la competencia y compensa con creces los aumentos de eficacia distributiva que
pudieren resultar, a corto plazo, de la ausencia de tal protección.
3. Sin embargo, y al igual de lo que ocurre en otras esferas, el ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual debe estar sujeto por completo a que se respete la legislación en materia de
competencia.  Así sucede en la Unión Europea, en la que son de aplicación los artículos 85 y 86 del
Tratado de la CE
1, así como el reglamento de la CE sobre operaciones de concentración de empresas,
                                                          
1 Artículo 85 del Tratado de la CE
1) Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre
empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan
afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir,restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los
que consistan en:WT/WGTCP/W/99
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que se adoptó en 1989.2  Se debe tener presente, con todo, que un derecho en exclusiva que permita a
su titular prohibir las infracciones no dará lugar de por sí a un abuso del poder de mercado, ya que tal
abuso depende, al igual que en otros casos, de cual sea la disponibilidad y la participación en el
mercado de productos similares o sustitutivos, y del comportamiento del titular del derecho.
4. Desde el punto de vista de las relaciones con el comercio, algunos países intentaron, en
ocasiones, regular la presencia de empresas extranjeras en sus mercados mediante la inserción de
prescripciones especiales de transferencia de tecnología u otras condiciones en sus leyes o
reglamentos en materia de inversión extranjera.  Esas disposiciones legales o reglamentarias podían
estipular, por ejemplo, que se transfiriesen determinados derechos de propiedad intelectual a una
empresa conjunta, con lo cual el asociado nacional podría beneficiarse de la tecnología aportada por la
empresa extranjera que trataba de establecerse en el mercado.
5. Ese género de selección previa es menos frecuente en la actualidad.  Ello se debe, en parte, a
que se juzgó que la legislación en ese sentido surtía efectos desalentadores en cuanto a atraer del
extranjero inversiones y tecnología.  Se debe también a que existen otros instrumentos, como, por
ejemplo, el otorgamiento de licencias obligatorias en la esfera de las patentes, aun cuando tales
instrumentos sean de uso poco frecuente y estén sujetos a condiciones específicas.  Es lo que ocurre
                                                                                                                                                                                    
a) fijar directamente o indirectamente los preci os de compra o de venta u otras condiciones de
transacción;b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que
ocasionen a éstos una desventaja competitiva;e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guardenrelación alguna con el obj eto de dichos contratos.
2) Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.
3) No obstante, las disposiciones del aparta do 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
-cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;-cualquier decisión o categoría de deci siones de asociaciones de empresas;
-cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar elprogreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación
equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
a) impongan a las empresas interesadas restricci ones que no sean indispensables para alcanzar
tales objetivos;b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una partesustancial de los productos de que se trate.
       Artículo 86
Será incompatible con el mercado común y qued ará prohibida, en la medida en que pueda
afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más
empresas, de una posición dominante en el mercado o en una parte sustancial del mismo.
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:
a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de
transacción no equitativas;b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que
ocasionen a éstos una desventaja competitiva;d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden
relación alguna con el obj eto de dichos contratos.
2 Véase el Reglamento (CEE) Nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de
las operaciones de concertación entre empresas.WT/WGTCP/W/99
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también cuando un gobierno, o un tercero autorizado por un gobierno, desea utilizar la materia de una
patente sin autorización del titular.  Goza hoy de amplio reconocimiento, por último, la idea de que la
legislación y la política en materia de competencia, que por lo general se aplican  a posteriori 3,
pueden utilizarse como instrumento eficaz y menos costoso e incómodo para hacer frente a posibles
abusos de los derechos de propiedad intelectual.
6. En términos generales, parece que el Acuerdo sobre los ADPIC refuerza la posición de los
países que, para protegerse contra abusos de los derechos de propiedad intelectual que tengan un
efecto negativo en la competencia, promulgan legislación sobre la competencia y establecen una
jurisdicción independiente y eficaz en esa materia.  Concretamente, en la esfera de las prácticas
anticompetitivas en cuanto a licencias contractuales, se estipula en el Acuerdo sobre los ADPIC que
podrán adoptarse medidas apropiadas para impedirlas, que pueden incluir las condiciones exclusivas
de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntasobligatorias.  Por último, el Acuerdo sobre los ADPIC insta a los Miembros a cooperar entre sí para
hacer frente a las prácticas anticompetitivas, dentro de los límites fijados por sus respectivas
legislaciones nacionales y con dependencia de la conclusión de acuerdos de cooperación bilaterales y
mutuamente satisfactorios.
7. En términos más generales, cabe hacer notar que el Acuerdo sobre los ADPIC admite que
la OMC puede imponer limitaciones del carácter exclusivo de un derecho de propiedad intelectual por
razones ajenas a la política de competencia, y que en ello reside, en realidad, uno de los factores de
equilibrio fundamentales del Acuerdo en su conjunto.  En la esfera del derecho de autor, por ejemplo,
la legislación nacional puede admitir excepciones al derecho exclusivo del titular, cuando se trata de
finalidades didácticas y de utilización privada.
4  De modo análogo, en la esfera de las patentes pueden
excluirse de la patentabilidad, entre otros, los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para
el tratamiento de personas o animales.5  Por regla general, la invención patentada puede ser utilizada
para ulteriores investigaciones.  Los Miembros pueden también autorizar el uso de una patente por un
tercero mediante la emisión de una licencia obligatoria, siempre que se cumpla una serie de
condiciones.6  Los Miembros pueden, igualmente, establecer excepciones limitadas de los derechos
conferidos por una marca de fábrica o de comercio.7
8. Los diversos ejemplos citados demuestran que el carácter exclusivo de los derechos de
propiedad intelectual puede ser objeto de limitaciones ajenas al objetivo, de índole competitiva, de
proteger los derechos de propiedad intelectual y combatir las prácticas anticompetitivas.
9. Esta parte de la comunicación de la CE se divide  en dos secciones:  en la primera se describe
a grandes rasgos la estructura del Acuerdo sobre los ADPIC;  en la que le sigue se ofrece una visión
panorámica de cómo se aplica en la CE la legislación sobre competencia al ejercicio de los derechosde propiedad intelectual.
                                                          
3 Cuando se trata de operaciones de concentración de empresas es necesaria la notificación previa a la
fusión, para evitar la posibilidad de que haya que anular la concentración si se juzga que ésta tiene efectos
contrarios a la competencia.
4 Véase el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.
5 Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
6 Véase el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si bien existen disposiciones en esos términos de
interés público en la legislación de casi todos los Miembros de la OMC, rara vez se han utilizado talesdisposiciones.
7 Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.WT/WGTCP/W/99
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I. LA RELACIÓN ENTRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
10. El Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los tres que constituyen los pilares de la OMC.  Al
establecer esa normativa, los Miembros de la OMC convinieron en la necesidad de fomentar unaprotección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las
medidas destinadas a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al
comercio legítimo.
8  En el Acuerdo sobre los ADPIC se establecen niveles de protección mínima,
aplicables a todos los Miembros de la OMC, en la esfera de los derechos de propiedad intelectual, con
inclusión del ejercicio de dichos derechos.  El Acuerdo abarca el derecho de autor y derechos
conexos, las marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios, las indicaciones
geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes (con inclusión de la protección de nuevasobtenciones vegetales), y los esquemas de trazado de los circuitos integrados.  Son características
clave de esos derechos el estar circunscritos a un territorio y sujetos, por regla general, a una
limitación temporal, y el admitir un número limitado de excepciones a los derechos conferidos.
11. Figuran también en el Acuerdo sobre los ADPIC disposiciones relativas a la protección de la
información no divulgada y al control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.Se establecen, por último, en el Acuerdo los principios del trato nacional y del trato de la nación más
favorecida.
Derecho de autor y derechos conexos
12. El derecho de autor se refiere a los derechos exclusivos de los creadores con respecto a la
creación en todas sus formas (durante la vida del autor y 50 años más9).  Para gozar de protección, la
obra del creador tendrá que ser original.  El derecho de autor afecta a todas las formas y métodos de
comunicación pública, por escrito o por difusión radiofónica o televisiva, películas cinematográficas o
sistemas informatizados.  Protege al creador contra quienes copien su obra sin su consentimiento.  La
legislación sobre el derecho de autor, sin embargo, protege únicamente la forma de expresión de las
ideas (libros, pinturas, dibujos, composiciones musicales, películas cinematográficas, etc.) y no lasideas en sí.
13. Los "derechos conexos" se refieren a la protección de quienes divulgan o comunican al
público la obra original, es decir a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas (por 50 años, en ambos casos) y los organismos de radiodifusión
(por 20 años).
14. Se permiten algunos usos sin autorización del titular del derecho (véase el párrafo 7 supra ).
15. Marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios.  Podrá constituir una
marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa de un mismo territorio.  Los
derechos que confiere la marca de fábrica o de comercio vienen determinados por el registro de ésta,
es decir, que el titular de una marca de fábrica o de comercio, o de una marca de servicios, registrada
es el único que tiene el derecho exclusivo (por un plazo de al menos siete años, prorrogable) deimpedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones
comerciales signos idénticos o similares para bien es o servicios que sean idénticos o similares a
                                                          
8 Véase el preámbulo al Acuerdo sobre los ADPIC.
9  Los distintos países pueden prescribir plazos más largos.  En la CE se aplica el de 70 años.WT/WGTCP/W/99
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aquellos para los que se ha registrado la marca.  Además, ese uso habrá de ser tal que dé lugar a
probabilidad de confusión por parte del consumidor.10
Indicaciones geográficas
16. Indicaciones geográficas son las que identifican un producto como originario de un territorio,
región o localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto seaimputable fundamentalmente a su origen geográfico.  Las indicaciones geográficas se protegen contra
su uso cuando éste sea de naturaleza tal que induzca al público a error o constituya un acto de
competencia desleal.  Existe una excepción de esa protección, que es la de los casos en que la
indicación geográfica se haya convertido en un nombre común.
Dibujos y modelos industriales
17. El dibujo o modelo industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo utilitario que
pueda reproducirse por medios industriales.  Para poder ser objeto de protección, el dibujo o modeloindustrial creado independientemente debe ser nuevo u original.  Podrá establecerse que esa
protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones
técnicas o funcionales.
18. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá (durante 10 años como mínimo) el
derecho exclusivo de impedir que los terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten oincorporen un dibujo o modelo que sea una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se
realicen con fines comerciales.
Patentes
19. Pueden obtenerse patentes para todas las invenciones en todos los campos de la tecnología,
sin discriminación, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles deaplicación industrial.  Existe la importante posibilidad de excluir de la patentabilidad las plantas y los
animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la
producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.  Es
posible la emisión de licencias obligatorias y el uso por el gobierno (sin autorización del inventor),
pero ello está sujeto a condiciones encaminadas a proteger los intereses del titular de los derechos.
Los derechos exclusivos se conceden por 20 años.
Esquemas de trazado de los circuitos integrados
20. No cabe confundirlos con los dibujos o modelos industriales, porque no son determinantes de
la apariencia externa del producto, ni con las invenciones patentables, porque su creación no entraña
una actividad inventiva.  Requieren, por consiguiente, una protección de carácter especial, y el
Acuerdo sobre los ADPIC prescribe la protección de los esquemas de trazado por 10 años.
Información no divulgada
21. La protección de la información no divulgada responde a la necesidad de proteger los secretos
y modos de proceder comerciales, en atención a su valor en el comercio.  Quien tenga legítimamente
bajo su control información secreta con valor comercial debe tener la posibilidad de evitar que sedivulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento o de manera
contraria a los usos comerciales honrados.  Además, se protegen contra todo uso comercial desleal los
datos de prueba u otros no divulgados que hayan sido presentados como condición para la aprobación
de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas.
                                                          
10 Se exceptúan las marcas notoriamente conocidas.WT/WGTCP/W/99
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El control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales con arreglo al Acuerdo sobre
los ADPIC
22. En el curso de la Ronda Uruguay tuvieron lugar amplios debates acerca de la relación entre la
creación de un marco normativo de protección de los derechos de propiedad intelectual, por una parte,y, por la otra, la posible incorporación de disposiciones encaminadas a impedir el uso abusivo de esos
derechos por parte de sus titulares.  En el texto definitivo del Acuerdo sobre los ADPIC no figura un
conjunto de obligaciones precisas que supediten el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual a
los principios de la legislación en materia de competencia.  Ello no obstante, se reconoce plenamente
el derecho de los Miembros a promulgar legislación que garantice que el ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual esté supeditado a los citados principios.
11  El Acuerdo sobre los ADPIC
establece también, en la esfera de las licencias contractuales, la obligación de cooperación mutuaentre los Miembros, mediante consultas, cuando esté siendo objeto de investigación alguna práctica
que pueda ser ilegal.  La referida cooperación tendrá lugar, por supuesto, dentro de los límites que
determine la legislación nacional de los respectivos países y los acuerdos bilaterales de cooperación
concertados, que pueden permitir, entre otras cosas, el intercambio de información entre los
Miembros.  Cabe añadir, de todos modos, que ha sido relativamente escasa la cooperacióninternacional en casos concretos.  Es probable que ello se deba a que son muy pocos los países que
han concertado acuerdos bilaterales de cooperación.
Observancia
23. La protección de los derechos de propiedad intelectual depende en gran parte de la posibilidad
de hacer efectivos esos derechos.  La parte del Acuerdo sobre los ADPIC que se consagra a la
observancia es, por consiguiente, la clave de la eficacia de un sistema de protección de la propiedad
intelectual.  Se establecen en ella procedimient os y remedios, civiles y administrativos, así como
también medidas en frontera, dirigidas estas últimas, por lo menos, contra la importación de
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionen el derechode autor.  El Acuerdo estipula también que podrá entablarse procedimiento penal en los casos de
falsificación o piratería a escala comercial.
24. Así pues, en el Acuerdo sobre los ADPIC, al igual que en muchos otros Acuerdos de la OMC
en sus respectivas esferas, se reconoce plenamente que la legislación en materia de competencia
puede constituir un valioso instrumento de apoyo al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
de manera adecuada y propicia a la competencia.
25. La protección de los derechos de propiedad intelectual y la aplicación de los principios de la
legislación sobre competencia vienen aseguradas, pues, mediante procesos análogos y, muchas veces,
complementarios.  En ambos se establecen procedimientos civiles a los que pueden acudir los
particulares que deseen poner remedio a prácticas prohibidas.  Ambos requieren también, sin
embargo, la necesaria actuación administrativa de apoyo que garantice que la legislación nacional se
cumple de modo objetivo, no discriminatorio y transparente, y que haga posible el descubrimiento delas prácticas ilícitas.
                                                          
11 Véanse los artículos 8 y 40 del Acuerdo sobre los ADPIC.WT/WGTCP/W/99
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II. LA EXPERIENCIA DE LA CE EN CUANTO A APLICACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
26. En el derecho comunitario12 se distingue entre la existencia y el ejercicio de un derecho de
propiedad intelectual (DPI).  La existencia de un DPI no resulta afectada por el Tratado.  En elartículo 222 se dispone que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los
Estados miembros.  Ello no obstante, el ejercicio de esos derechos está sujeto a las normas sobre la
competencia (artículos 85 y 86 del Tratado), y a las normas sobre libre circulación de bienes
(artículos 30 y 36) y libre prestación de servicios (artículo 59).  El presente documento se ciñe al
examen de la aplicación de las normas sobre la competencia.
I. Normas relativas a los acuerdos horizontales y verticales
27. Las prácticas anticompetitivas resultantes de la cesión u otorgamiento de una licencia están
sujetas a la normativa en materia de competencia que se aplica a los acuerdos horizontales o
verticales.  Los acuerdos sobre licencias entre comp etidores despiertan especial preocupación si dan
lugar a distribución del mercado, limitación de la producción o fijación de los precios.  También los
acuerdos verticales pueden, en determinadas circunstancias, suscitar cuestiones en el ámbito de la
legislación sobre competencia.
a) Cesión de derechos de propiedad intelectual
28. La cesión de un derecho de propiedad intelectual no constituye, por sí misma, una infracción
de la legalidad en materia de competencia.  Tal infracción aparecería únicamente si la cesión fuese
objeto, medio o consecuencia de un acuerdo anticompetitivo13, es decir, si la cesión se encamina a
consolidar un acuerdo de reparto del mercado.14
b) Otorgamiento de licencia
29. El otorgamiento de una licencia no constituye infracción de la legalidad en materia de
competencia.  Puede, incluso, estimular la compet encia, en cuanto que permite el aumento del número
de competidores.
30. La normativa comunitaria en materia de competencia, habida cuenta de sus objetivos de
integración del mercado, mostró especial interés por evitar que el ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual diese lugar a una segmentación del mercado comunitario al impedir la
competencia de importadores paralelos, una vez que el producto fuese comercializado legalmente, con
el consentimiento del titular del derecho, en el seno de la Comunidad.  El artículo 85 se aplica
únicamente a las licencias exclusivas "cerradas" (con las que las partes se proponen, por lo que
respecta a los productos y al territorio en cuestión, eliminar toda competencia por parte de terceros,tales como los importadores paralelos o los titulares de licencias para otros territorios
15), y no a las
licencias exclusivas "abiertas" (la exclusividad se refiere solamente a la relación contractual entre el
titular del derecho y el de la licencia, y el titular del derecho se obliga simplemente a no conceder más
licencias con respecto al mismo territorio y a no competir él mismo con el titular de la licencia en
                                                          
12  Por lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, véanse las sentencias del Tribunal de
Justicia en los asuntos Grundig v Consten  [1986] ECR 299, y  Sirena [1971] ECR 69.  Por lo que se refiere a
patentes, véase la sentencia en el asunto Parke Davis [1968] ECR 55.
13 Sentencia en el asunto Sirena [1971] ECR 69, párrafo 9.
14 Sentencia en el asunto  Ideal Standard [1994] ECR I2789, párrafo 59.
15 Sentencia en el asunto Nungesser (semilla de maíz) [1982] ECR 2015, párrafo 53.WT/WGTCP/W/99
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dicho territorio16).  Lo que se trata de lograr con ese planteamiento es alentar a los titulares de
licencias a que asuman el riesgo que entraña la explotación de una licencia que lleva consigo una
nueva tecnología, protegiéndolos para ello contra la competencia por parte de otros titulares de
licencias, o del titular del derecho, en el territorio para el que se otorga la licencia.  Se adoptó en un
principio para las obtenciones vegetales17, y luego se extendió a otros derechos de propiedad
industrial.
31. En virtud de la prohibición general de la fijación de precios mínimos, el titular de un DPI no
puede imponer a los concesionarios de licencias unos determinados precios o márgenes.
32. Las restricciones impuestas a los titulares europeos de licencias de patentes, conocimientos
técnicos o marcas de fábrica o de comercio en cuanto a sus exportaciones al exterior de la CE no
repercutirán, por lo general, de forma apreciable dentro de la Comunidad ni en el comercio entre los
Estados miembros y, por consiguiente, quedan fuera del alcance del derecho comunitario en materiade competencia.
33. Las autoridades comunitarias estiman que determinados tipos de acuerdo de transferencia de
tecnología (término que abarca tanto las licencias de patentes como las de conocimientos técnicos)
contribuyen a la mejor producción o distribución de los bienes o al fomento del progreso técnico o
económico.  Por consiguiente, y con arreglo a las normas sobre competencia
18, esos acuerdos no
tienen por qué ser notificados y no están prohibidos por el párrafo 1) del artículo 85, siempre que
cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento de 31 de enero de 1996 sobre acuerdos de
transferencia de tecnología.
Reglamento de 31 de enero de 1996 sobre acuerdos de transferencia de tecnología
El Reglamento sobre acuerdos de transferencia de tecnología excluye de la prohibición impuesta en el
párrafo 1) del artículo 85 algunas cláusulas restrictivas, como, por ejemplo, la obligación del titular de
la licencia cedida de:
• no explotar la tecnología de que se trate en territorios reservados al cedente;
• no comercializar el producto en territorios reservados a otros concesionarios durante
cinco años contados desde la primera comercialización del producto;
• limitar la producción y venta del producto a lo que el concesionario necesite como
insumo para su propio producto.
El Reglamento no es aplicable a los acuerdos que contengan una "cláusula negra", como, por ejemplo:
• si se impuso un precio de reventa;
• si se exige, sin justificación objetiva, que una o ambas partes creen dificultades para
la obtención, por parte de los usuarios o revendedores, de los productos procedentes
de otros revendedores dentro del mercado común.
El Reglamento se aplica a todos los acuerdos que surtan efecto dentro del mercado común, con
inclusión de los acuerdos relativos a países no miembros o a territorios que se extiendan más allá de
las fronteras de la Comunidad, si éstos surten efecto dentro del mercado común.
                                                          
16 Sentencia en el asunto Nungesser (semilla de maíz) [1982] ECR 2015, párrafo 53.
17 Sentencia en el asunto Nungesser (semilla de maíz) [1982] ECR 2015, párrafo 57.
18 Tales acuerdos deben permitir que los consumidores reciban una parte equitativa de los beneficios
resultantes, y no deben imponer a las empresas restricciones que no sean indispensables, ni proporcionar a lasempresas la posibilidad de eliminar la competencia con respecto a una parte sustancial de la producción de quese trate.WT/WGTCP/W/99
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II. Normas relativas al abuso de la posición dominante
a) La posición dominante
34. El carácter exclusivo conferido al titular de un derecho de propiedad intelectual no es
suficiente para determinar, sin más, la existencia de una posición dominante.  El Tribunal de Justicia
juzga que el titular ha de tener, además, la facultad de impedir que se mantenga una competencia
eficaz en una parte considerable del pertinente mercado, teniendo presente, en especial, la existencia y
la posición de los productores o distribuidores que puedan estar comercializando productos similares
o productos que puedan sustituir a éstos.19  Sin embargo, el derecho exclusivo es uno de los factores
que contribuyen a una posición dominante.
b) El abuso
35. El Tribunal de Justicia juzga que el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual no
contraviene el artículo 86 por el simple hecho de que su titular sea una empresa que ocupa posición
dominante.20  Por otra parte, será de aplicación el artículo 86 cuando el derecho se utilice para abusar
de una posición dominante.21  Por ejemplo:
Precios excepcionalmente elevados
36. El precio de las mercancías no siempre es indicativo de abuso22, puesto que el titular de un
derecho puede exigir legítimamente que sean remunerados los gastos efectuados para adquirirlo.23
Por regla general, los precios excepcionalmente elevados nacen de un impedimento, ya sea estratégicoo normativo, a la entrada en el mercado.  Habida cuenta de ello, la mejor manera de abordar el
problema es, por regla general, intervenir para evitar los obstáculos injustificados que puedanoponerse a esa entrada.  Sólo en circunstancias excepcionales podrían considerarse constitutivos de
abuso, por sí mismos, los precios excepcionalmente elevados.
Discriminación
37. El Tribunal de Justicia decidió que una sociedad nacional de gestión del derecho de autor que
ocupaba posición dominante en una parte sustancial del mercado común había impuesto condicionesde comercio desleales al obligar a las discotecas al pago de regalías que eran, sin justificación
objetiva , notablemente más elevadas que las impuestas en otros Estados miembros, habiéndose
comparado las tarifas sobre una base coherente.
24
                                                          
19 Por lo que respecta a marcas de fábrica o de comercio, véase la sentencia en el asunto Sirena [1971]
ECR 69.
20 Por lo que respecta a marcas de fábrica o de comercio:  véanse las sentencias en el asunto Hoffmann
La Roche [1978] ECR 1139, párrafo 16, y en el asunto EMI [1987] ECR 811, párrafo 21.
Por lo que respecta al derecho de autor, véase la sentencia en el asunto Basset v Sacem [1987]
ECR 1747.
21 Sentencia en el asunto Hoffmann La Roche [1978] ECR 1139.
22 Por lo que respecta a las patentes, véase la sentencia en el asunto Parke Davis [1968] ECR 55.  Por
lo que respecta a marcas de fábrica o de comercio, véase la sentencia en el asunto Sirena [1971] ECR 69.  Por lo
que respecta al derecho de autor, véase la sentencia en el asunto Deutsche Grammophon [1971] ECR 487,
párrafo 19.
23 Por lo que respecta a las patentes, véase la sentencia en el asunto Renault [1988] ECR 6039.
24 Sentencia en el asunto Sacem [1989] ECR 2521.WT/WGTCP/W/99
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38. La Comisión estimó también que había habido abuso de una posición dominante cuando se
impuso una regalía a las importaciones en Alemania de un determinado producto de otros Estados
miembros, a pesar de haberse pagado ya una regalía por ese mismo producto.  Dicho de otro modo,
que el producto en cuestión era objeto de dos pagos de regalías cuando los revendedores lo
importaban o reimportaban en Alemania, mientras que sólo pagaba una cuando era distribuidodirectamente en Alemania por sus fabricantes.
25
Negativa a conceder una licencia
39. La negativa a conceder a terceros, incluso a cambio de unas regalías razonables, una licencia
de suministro de productos que incorporen un dibujo o modelo registrado no constituye por sí sola un
abuso de la posición dominante.  Hacen falta para que lo sea otros elementos, tales como el hecho de
que el titular de la patente no la utilice ni permita que la utilicen otros (con licencia), privando así al
público, en contra del interés general, de un importante progreso técnico, o fije unos precios de ventaque no sean razonables, o unas condiciones de venta discriminatorias.
26
El asunto Volvo/Veng:
La empresa Volvo, titular, en el Reino Unido, de un modelo registrado de guardabarros para los
automóviles Volvo de la serie 200, demandó ante un tribunal nacional a la empresa Veng por
infracción de sus derechos de exclusiva, alegando que Veng importaba esas mismas piezas de
carrocería fabricadas sin la autorización de Volvo y las comercializaba en el Reino Unido.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, al que se pidió una decisión preliminar, decidió que
la negativa del titular de un dibujo o modelo industrial registrado con respecto a piezas de carrocería a
conceder a terceros, incluso a cambio de unas regalías razonables, una licencia para la provisión de las
piezas que respondan a dicho modelo no podía considerarse constitutiva, por sí misma, de abuso de
una posición dominante, en el sentido del artículo 86.
El Tribunal declaró también, sin embargo, que el ejer cicio de un derecho exclusivo por el titular de un
dibujo o modelo industrial registrado puede estar prohibido por el artículo 86, si entraña, por parte de
la empresa que tiene una posición dominante, cierta conducta abusiva, tal como la negativa arbitraria
a suministrar piezas de repuesto a empresas de reparación independientes, la fijación de precios para
las piezas de repuesto a niveles que no sean razonables, o la decisión de dejar de producir piezas de
repuesto para un determinado modelo, aun cuando estén en circulación todavía muchos automóviles
del modelo en cuestión, siempre que tal conducta pueda afectar al comercio entre Estados miembros.
40. En el asunto Magill,  el Tribunal de Justicia reconoció que el ejercicio de un derecho exclusivo
por su titular podía constituir, "en circunstancias excepcionales", abuso de una posición dominante.27
                                                          
25 Decisión de la Comisión de 2 de junio de 1971, OJ Nº L 134, 20 de junio de 1971.
26 Sentencias en el asunto Renault [1988] ECR 6039 y en el asunto Volvo  v Veng [1988] ECR 6211.
27 Sentencia en el asunto Magill [1995] ECR 808.WT/WGTCP/W/99
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El asunto Magill:
Con arreglo al derecho irlandés, las entidades emisoras de televisión son titulares del derecho de
autor de las listas de los programas que emiten.  Entendieron, por consiguiente, que tenían derecho a
prohibir que una editorial independiente reprodujese sus programas semanales en una guía de todas
las emisiones de televisión que se reciben en Irlanda.28
El Tribunal juzgó, por el contrario, que la negativa constituía abuso de una posición dominante:
– cada empresa emisora ocupaba posición dominante tanto en el mercado representado por
sus programas semanales como en el mercado de las revistas en que éstos se publicaban;
– la negativa constituía abuso, ya que impedía la comercialización de un nuevo producto, con
respecto al cual existía demanda por parte de los consumidores, eliminando así toda la
competencia con el único fin de conservar el monopolio de las empresas emisoras.
III. Normas relativas a la fusión de empresas
41. Con arreglo al Reglamento Nº 4064/8929, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las
operaciones de concentración entre empresas, se entiende que existe una operación de concentración,
entre otros supuestos, cuando una o más personas adquieren, directa o indirectamente, el control sobre
una u más empresas.  Dicho control puede resultar, entre otras cosas, de derechos de propiedad
intelectual, si éstos confieren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de
una empresa.
42. Los derechos de propiedad intelectual pueden entrar en juego también en el análisis de las
fusiones de empresas, como ocurrió, por ejemplo, en el asunto Glaxo/Welcome , en el cual se autorizó
una fusión tras haberse comprometido las partes a conceder una licencia exclusiva a un tercero para
llevar a cabo el desarrollo y la distribución del producto.
SEGUNDA PARTE:  RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA DE INVERSIONES
Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
Introducción
1. La inversión extranjera30 ha pasado a ser una importante fuente para los gobiernos que se
proponen crear puestos de trabajo, atraer tecnología y realzar la base competitiva de la economía
nacional.  La inversión extranjera ha crecido con gran rapidez en años recientes, impulsada por las
empresas que adoptan métodos de producción internacional o que aspiran a atender a diferentes
mercados.
                                                          
28 La negativa podía haberse basado también, a priori , en el artículo 36 del Tratado:  las restricciones
nacionales a la importación, prohibidas en principio por el artículo 30, pueden justificarse, con arreglo al
artículo 36, por razones de protecci ón de la propiedad industrial.
29 OJ L 395, 30 de diciembre de 1989, rectificado en OJ L 257, 21 de septiembre de 1990.
30 Se entiende por inversión extranjera, en la presente comunicación, la inversión extranjera directa,
caracterizada por un horizonte de inversión a largo plazo que lleva consigo un cierto grado de control de la
gestión. Se distingue, pues, de la inversión en cartera, que también puede ser fuente importante de entrada decapital, pero tiene carácter más volátil, por regla general.WT/WGTCP/W/99
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2. En esta parte de la comunicación de la CE se examinará la relación entre la adopción de
políticas liberales en materia de comercio e inversiones y la instauración de estructuras de
competencia nacionales.  Se destacará el carácter complementario que fundamentalmente tienen esas
dos políticas, como lo demuestra el que tantos países hayan modificado recientemente sus regímenes
de inversión y hayan promulgado o piensen promulga r legislación sobre competencia.  Se prestará
especial atención a las posibilidades de los países en desarrollo en cuanto a elección de políticas.
3. Cabe señalar, como antecedente, que el Informe de 1997 de la UNCTAD31 sobre las
inversiones en el mundo se consagra concretamente a la relación entre la liberalización de la inversión
extranjera y la política de competencia, relación de la que se ocupa también el Informe Annual de la
Secretaría de la OMC correspondiente a 1997.32
Antecedentes
4. Las corrientes internacionales de inversión extranjera han crecido estos últimos años a un
ritmo mucho más rápido que el comercio transfronterizo de mercancías.  Se coincide cada vez más en
que los efectos de la inversión extranjera en la economía de un país son, por lo general, positivos, y
ello, junto con la adopción de políticas comerciales más liberales y la desregulación a escala global,
ha desencadenado un rapidísimo incremento de las corrientes de IED.  Se han beneficiado de esa
tendencia tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, y estos últimos reciben en laactualidad alrededor del 40 por ciento de las inversiones en el exterior, mientras que su participación
en las corrientes de salida es de alrededor del 15 por ciento.  En términos generales, se estima que la
liberalización de las oportunidades de inversión, s ea ésta extranjera o nacional, es de primordial
importancia para el aumento de la competencia y el crecimiento de las distintas economías.
5. Se admite hoy en día, en general, que la política en cuanto a regulación, la política comercial,
la política en materia de IED y la política de competencia ocupan posición central entre las que
pueden adoptar los gobiernos para lograr un mayor crecimiento y bienestar del país mediante una
mejora de la asignación de recursos y de la competitividad en los mercados.  Se ve cada vez más
confirmada la importancia que reviste la compatibilidad y coherencia de esas dos políticas, sobre todo
cuando se observa que son muchos los países en los que tienen lugar simultáneamente laliberalización del comercio, la desregulación del mercado interno y la implantación o refuerzo de
políticas de competencia.
Las estructuras de competencia interior sirven de complemento a las políticas liberales de comercio e
inversión
6. Es cuestión clave para muchos de los países que aplican políticas de comercio e inversión más
liberales, o que están procediendo a una desregulación, la de hasta qué punto tienen que ir apoyadas
esas políticas por la adopción de estructuras de política de competencia.  Esa cuestión se plantea conespecial agudeza cuando se trata de países en desarrollo, ya que la política de competencia puede
exigir recursos adicionales para crear nuevas capacidades y estructuras administrativas.
7. Los principales argumentos que se aducen a favor de la creación de estructuras nacionales en
materia de competencia pueden resumirse como se hace en los párrafos siguientes.
8. En primer lugar, existen en la economía de cada país sectores que pueden quedar, hasta cierto
punto, al margen de los efectos de la liberalización del comercio y de las inversiones, como son, por
ejemplo, los de los servicios que no son objeto de comercio internacional y que pueden depender de
requisitos nacionales.  En esos sectores, la política de competencia puede ser un buen instrumento
                                                          
 31 Véanse, sobre todo, las páginas 183 a 233 del original.
  
32 Véanse las páginas 84 a 87.WT/WGTCP/W/99
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para garantizar la competencia efectiva de manera tal que lleguen a los consumidores las ventajas de
las reformas de la política.
9. En segundo lugar, las políticas de desregulación y privatización que se están siguiendo en
muchos países son, con frecuencia, de largo alcance, ya que abarcan desde las telecomunicaciones, la
energía y los servicios postales hasta las líneas aéreas y otras formas de transporte.  El éxito de esaspolíticas, y también su aceptación por el público en general, dependerá de que los gobiernos sean
capaces de inyectar y mantener una sana competencia tras la liberalización del mercado, acudiendo
también para ello a la aplicación de la legislación sobre competencia y a regímenes normativos
propicios a la competencia.
10. Es interesante observar que los Estados miembros de la Comunidad Europea reforzaron
también sus respectivas políticas de competencia.  Un ejemplo, entre los muchos que cabría citar, es el
de los Países Bajos, que, a pesar de tener un mercado interno relativamente reducido en comparacióncon el de la UE en general, y una gran apertura al comercio y a la inversión extranjera, optaron en
años recientes por modificar su legislación básica en materia de competencia y reforzar la
independencia, la capacidad administrativa y los instrumentos al alcance del órgano encargado de
aplicar dicha legislación.
33
11. En tercer lugar, un encuadramiento jurídico y administrativo que garantice una sana
competencia puede contribuir al establecimiento de las condiciones adecuadas para que tenga éxito la
puesta en práctica de políticas liberales de comercio e inversión.  Es elemento clave del debate en
torno a la política en general el hecho de que las empresas extranjeras, al calibrar las posibilidades de
invertir en diferentes mercados, otorgarán posición ventajosa al país que cuente con un sistema
jurídico más desarrollado en cuanto a facilidad de acceso y protección de la inversión, reducción decargas administrativas y atención a poner remedio a las distorsiones del proceso de la competencia.
Un marco normativo estable en materia de competencia atraerá inversiones extranjeras, al fortalecer la
reglamentación básica de la economía y la confianza en la estabilidad de las políticas.
12. La modificación de los regímenes de inversión de muchos países fue impulsada por la
aceptación de que un examen selectivo previo de las inversiones extranjeras mediante procedimientosde solicitud centralizados, que a menudo llevan consigo gravosos requisitos previos al
establecimiento, o fijación de sectores prioritarios, puede dar lugar, en realidad, a considerables
costos, obstaculizar la transferencia de tecnología y desalentar, en general, la inversión extranjera.
Puede incluso darse el caso, en la actualidad, de que los gobiernos de muchos países traten de
fomentar las inversiones mediante políticas tales como la concesión de ventajas fiscales o de otra
índole hechas a la medida, o la aplicación de restricciones del comercio, como, por ejemplo, la
elevación de aranceles, para proteger al nuevo inversor frente a la competencia procedente de lasimportaciones.
13. Si bien lo que se deja expuesto es testimonio de las modificaciones de política adoptadas con
mayor o menor generalidad, pueden ser muchos los países, con inclusión de países en desarrollo, que
siguen sintiendo inquietud ante la posibilidad de que la liberalización de las inversiones pueda dar
lugar a competencia desleal o a la creación de monopolios por las empresas extranjeras que tratan depenetrar en el mercado con utilización intensiva de su capital.  En todos esos casos pueden los
organismos antimonopolio desarrollar una importante actividad de protección de los consumidores y
de los competidores frente a las prácticas contrarias a la competencia.
14. Ha de tenerse presente que no se ha demostrado que exista una clara correlación entre la
liberalización de la inversión extranjera en los países en desarrollo y el aumento de la concentraciónen sus mercados.  Además, y dado que la legislación sobre competencia tiene por objeto beneficiar a
                                                          
33 La legislación de la CE sobre competencia se apli ca, por supuesto, a todas las prácticas en el ámbito
comunitario siempre que resulte afectado el comercio entre Estados miembros.WT/WGTCP/W/99
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los consumidores y mantener el proceso de la competencia en una economía nacional con
independencia del origen de los productores o de los proveedores de servicios, es posible,
naturalmente, que su aplicación actúe en la dirección contraria.  Puede, por ejemplo, afectar a las
firmas existentes, si éstas tratan de formar un cártel o de acudir a otros métodos contrarios a la
competencia para impedir la entrada de una empresa extranjera.  Es indispensable, por consiguiente,que la legislación sobre competencia sea neutral en su aplicación, de modo tal que pueda ocuparse de
las prácticas contrarias a la competencia, tanto si son nacionales como si son extranjeras las empresas
que las utilizan.  Deben también ser neutrales, en general, y no establecer diferencia alguna entre
productores nacionales y extranjeros, los aspectos procesales de la legislación sobre competencia,
como, por ejemplo, las disposiciones relativas a acceso a los tribunales nacionales, a la aplicación de
remedios, al procedimiento de apelación, y a las prescripciones en materia de transparencia y
motivación.
15. En cuarto lugar, la política de competencia puede ser un complemento indispensable de la
liberalización de las inversiones también en otros aspectos.  La inversión, tanto extranjera como
nacional, puede adoptar diferentes formas, como, por ejemplo, las de inversión en nuevas empresas o
en la adquisición o fusión de empresas.  Las repercusiones en la competencia pueden ser diferentes
según los casos, ya que la inversión en nuevas empresas dará lugar, por lo general, a un aumento delnúmero de competidores, mientras que, cuando se trata de adquisiciones o fusiones de empresas, tal
vez sea necesario sopesar las ventajas que puedan ofrecer, teniendo en cuenta la reducción del número
de proveedores o el refuerzo de una posición dominante a que pueden dar lugar.  Se aprecia una vez
más, a este respecto, lo ventajosa que resulta, como apoyo de una sana competencia en la economía, la
supervisión caso por caso por parte de una autoridad en materia de competencia que funcionedebidamente, así como el control previo en virtud de la legislación que exige la notificación por
anticipado de las fusiones de empresas.
16. En términos generales, cuando se llevan a cabo conjuntamente una política liberal de
inversión y comercio y una política de competencia eficaz, es probable que sean mayores los efectos
positivos de las inversiones, con inclusión de la inversión extranjera, y que se alcancen niveles decompetencia más elevados, tanto en los mercados nacionales como en la capacidad de las empresas
para competir en los mercados internacionales.
Costos y beneficios de la legislación sobre competencia
17. La aplicación de la política de competencia exige una compleja evaluación de las prácticas
empresariales en mercados dinámicos, así como el empleo de facultades de indagación, y, por
consiguiente, hace necesario disponer de un personal capacitado y de una adecuada capacidad
administrativa y judicial.  Sin embargo, y pese a los costos que ello lleva consigo, son más de 70 lospaíses que han promulgado legislación en materia de competencia, gran parte de la cual se ha
fortalecido en el pasado decenio en términos de prescribir normas más estrictas y de mayor alcance y
sanciones más elevadas.  Hay muchos más países que están procediendo también a elaborar
legislación de esa naturaleza o pensando en adoptarla.  Cabe afirmar, por consiguiente, que goza de
aceptación cada vez mayor la idea de que un organismo de competencia que funcione debidamente esel instrumento adecuado para reemplazar oneros os procedimientos administrativos previos de
enjuiciamiento de la inversión extranjera y de otros requisitos de establecimiento
34, y para obtener al
mismo tiempo ventajas conexas, tales como la de facilitar la ulterior desregulación de la economía.
                                                          
34 Muchos países comenzaron por simplificar su legislación sobre inversión extranjera y eliminar
gradualmente las prescripciones previas al establecimi ento, como, por ejemplo, las relativas a la gama de
productos o a la capacidad de producción de una posible inversión, a un mínimo de contenido nacional, al
resultado de las exportaciones, a equilibrio cambiario o a transferencia de tecnología, así como también lasencaminadas a elevar al máximo los topes limitativos de  la participación extranjera en el capital social en
determinados sectores. Ha de tenerse en cuenta tamb ién que los procedimientos eficaces de selección previa
requieren considerables recursos administrativos, qu e podrían liberarse con este proceso de simplificación.WT/WGTCP/W/99
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Además, la política de competencia, por el enfoque de casos concretos y de carácter casi clínico que
adopta para proteger el proceso competitivo, puede resultar, con mucha probabilidad, un instrumento
eficaz y rentable, en comparación con su costo.  Puede también, por regla general, hacer posible una
disminución de la burocracia en el conjunto de la administración del Estado.  Por último, buena parte
de las disposiciones legales sobre competencia se ponen en práctica a instancia de particulares en lostribunales civiles y no exigen participación de los organismos oficiales.
La dimensión internacional de las políticas sobre inversión y competencia
18. Es interesante señalar que, al transformarse el GATT en la OMC, el sistema de intercambios
comerciales abarca ahora un número cada vez mayor de disposiciones sobre inversiones y sobre
protección de la competencia.  Por ejemplo, el m odo de suministro más importante en el comercio de
servicios es, por regla general, la inversión extranjera mediante presencia comercial.  Los
compromisos de acceso contraídos en una negociación sobre servicios originan, por lo tanto, underecho a invertir mediante establecimiento en el país de que se trate.  Además, en el AGCS se
prescribe
35 que cada Miembro se asegurará de que, en todos los sectores en que se contrajeron
compromisos, incluida la inversión mediante presencia comercial, ningún proveedor abuse de su
posición de monopolio ni actúe de manera incompatible con dichos compromisos.  Se admitió,
además, en el curso de las recientes negociaciones sobre telecomunicaciones, que es necesario que loscompromisos en cuanto a presencia comercial se refuercen mediante disposiciones de salvaguardia de
la competencia que protejan la competencia entre proveedores y garanticen el acceso a redes fijas en
términos de competencia y no discriminatorios.  Más de 55 países accedieron a garantizar esos
principios reglamentarios propicios a la competencia mediante su aprobación del llamado documento
de referencia.
19. En respuesta al crecimiento de las IED, son cada vez más numerosos los países que se han
visto impulsados a concertar acuerdos bilaterales de protección de las inversiones.  Existen en la
actualidad unos 1.600 acuerdos bilaterales de protección de las inversiones, mientras que al comienzo
del decenio de 1990 sólo había unos 600.
20. De modo análogo, ha habido en años recientes un aumento del número de acuerdos bilaterales
y regionales que abarcan disposiciones sobre cooperación en la esfera de la política de competencia.
Si bien es cierto que esos acuerdos pueden ser de diferente alcance y profundidad, según cual sea el
grado de desarrollo de las estructuras de competencia de los respectivos países, es cada vez mayor el
número de países que se han dado cuenta de los beneficios de una cooperación internacional más
estrecha.
Resumen y conclusiones
1. La presente comunicación, que debe ser considerada juntamente con anteriores
comunicaciones de la CE y de sus Estados miembros, señala a la atención en especial las cuestiones
que seguidamente se indican.
2. Existe una relación fundamentalmente complementaria entre la liberalización de los
regímenes del comercio y de las inversiones, la protección de los derechos de propiedad intelectual y
una política activa de aplicación de la legislación de competencia.  Muchos Miembros de la OMC, y
sobre todo los que son países en desarrollo, han emprendido reformas económicas en todas esas
esferas, como medio de fomentar el crecimiento y la eficacia, y de aumentar la capacidad de las
empresas nacionales para competir en los mercados internacionales.  Esas reformas han llevadoconsigo también el abandono de pesadas prácticas administrativas y métodos ineficaces de selección
previa de las inversiones extranjeras.  Un marco normativo para las actividades empresariales que sea
                                                          
35 Artículo VIII del AGCS.WT/WGTCP/W/99
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estable, no discriminatorio y transparente, del cual forma parte indispensable la legislación sobre
competencia, se va revelando, cada vez más, como esencial para atraer inversiones, asegurar los
beneficios de la liberalización del comercio y hacer frente, además, a las prácticas anticompetitivas.
3. La protección de los derechos de propiedad intelectual contribuye a aumentar el dinamismo y
la eficacia y es, por consiguiente, propicia a la co mpetencia.  Al mismo tiempo, el ejercicio de esos
derechos debe estar sujeto a la legislación básica en materia de competencia, por lo que respecta al
control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales y a posibles abusos de una
posición dominante.  El Acuerdo sobre los ADPIC s ubraya el interés que tiene para los Miembros de
la OMC la elaboración de legislación sobre competencia como instrumento óptimo para hacer frente a
los abusos que puedan derivarse del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.  La legislación
de competencia proporciona normas objetivas para  oponerse a esos abusos sin menoscabar, en modo
alguno, el nivel de protección que corresponde a los titulares de los derechos.
4. En el Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce la importancia de las consultas y de la
cooperación con respecto a las cuestiones que se plantean en la aplicación de la legislación de
competencia cuando se trata de prácticas contrarias a la competencia en las licencias contractuales.
Es evidente, sin embargo, que la cooperación resulta más fácil si los Miembros de la OMC han
elaborado una estructura de legislación en materia de competencia.  Una cuestión importante quehabría que considerar al deliberar acerca de un marco normativo multilateral de la competencia es la
del papel que podría desempeñar la OMC en cuanto a prestar apoyo a la cooperación entre las
autoridades que se ocupan de la competencia.  Cabe esperar que los países en desarrollo obtengan
considerables beneficios de la cooperación multilateral, en términos de compartir experiencias, crear
capacidad y cooperar en actividades de aplicación.  Ello debería ser, pues, un importante foco de lasfuturas tareas.
5. Otro rasgo importante del Acuerdo sobre lo s ADPIC es el establecimiento de normas
detalladas por lo que respecta a la observancia de las disposiciones, con inclusión de los
procedimientos y remedios a que se puede acudir con arreglo a la legislación nacional.  Se trata, por
supuesto, de disposiciones aplicables en concreto a la ejecución de los derechos de propiedadintelectual, la cual depende, en la mayoría de los casos, de que las partes ejerciten la correspondiente
acción.  La aplicación de la legislación sobre competencia se lleva a cabo, por el contrario, tanto
mediante acciones de las autoridades encargadas de esa materia como a instancia de parte ante los
tribunales.  Una cuestión en la que habría que pensar en relación con una estructura multilateral de
normas sobre competencia es la del interés que reviste la elaboración de disposiciones sobre ejecución
que se ajusten a las características específicas de la legislación sobre competencia.  En esas
disposiciones podrían determinarse los derechos que se otorgarían, en virtud de la legislaciónnacional, a los particulares que fuesen parte en procedimientos de ejecución.  Sería útil prestar
atención a esos derechos, tanto en lo relativo a los procedimientos administrativos de las autoridades
en materia de competencia como a los procedimientos de ejecución entablados ante los tribunales.
Habría que ocuparse también, en este contexto, de las cuestiones relativas a la transparencia y al
carácter no discriminatorio.
6. Se reconocen, por lo general, los beneficios que se derivan de la liberalización de los
regímenes de inversión extranjera en cuanto al crecimiento y al desarrollo.  Muchos Miembros de
la OMC, y sobre todo los que son países en desarrollo, han visto las ventajas que tiene el llevar a cabo
en forma paralela una liberalización de las normas sobre inversión extranjera y un refuerzo de la
normativa sobre competencia.  Una estructura normativa en cuanto a competencia que seatransparente y no discriminatoria proporciona los medios de hacer frente a las prácticas contrarias a la
competencia, ya sean nacionales o extranjeras las empresas que las utilizan.  Quien mejor puede
ejercer esa función es una autoridad encargada de la competencia que esté dotada de suficientes
facultades de indagación y ejecución por lo que respecta a acuerdos contrarios a la competencia y a
abuso de una posición dominante, así como también mediante el control previo que prescribe lalegislación sobre notificación anticipada de las fusiones de empresas.  Como ya se hizo notar, losWT/WGTCP/W/99
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países en desarrollo necesitarían asistencia y cooperación internacional para establecer esas
autoridades y potenciar su capacidad de ejecución de las normas.
7. La tendencias indicadas subrayan que la política de inversión y la política de competencia,
aunque sean distintas y separadas, tienen una dimensión internacional cada vez mayor y ambas se
beneficiarían de una cooperación multilateral más intensa.  Las políticas de inversión abiertas y laaplicación de una política de competencia activa se complementan mutuamente y contribuyen al
aumento de la eficacia, del crecimiento y del desarrollo.
8. En la Declaración de Singapur , la OMC decidió establecer dos grupos de trabajo encargados
respectivamente de examinar la relación entre come rcio e inversiones y de examinar la interacción
entre comercio y política de competencia.  La CE y sus Estados miembros creen que procede pensar
en la elaboración de un marco multilateral en cada una de esas esferas.  A nuestro modo de ver, una
normativa multilateral contribuiría a una mayor coherencia, previsibilidad y convergencia, así comotambién al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio.
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