RESTRICTED  ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  S/CSC/M/34 
11 de noviembre de 2004 
 
 (04-4796) 
Comité de Compromisos Específicos  
  
 
INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA 
EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
 
Nota de la Secretaría
1 
 
 
1. El Comité de Compromisos Específicos ( CCE) celebró una reunión el 28 de septiembre 
de 2004.  El orden del día de la reunión figura en el aerograma WTO/AIR/2387.  Dado que no se planteó ninguna cuestión en el marco del punto Otros asuntos, el orden del día fue adoptado
 en la 
forma propuesta en el aerograma. 
A. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACIÓN  
2. El Presidente  dijo que deseaba estructurar el punto relativo a las cuestiones relacionadas con 
la clasificación en cuatro partes:  en primer luga r, el representante de la OCDE haría una presentación 
sobre los servicios jurídicos;  en segundo lugar, el Comité reanudaría el debate sobre la propuesta de 
Indonesia relativa a la clasificación de los servicios de energía;  en tercer lugar, él invitaría a los 
Miembros a que formularan observaciones sobre cualquier otra cuestión relacionada con la 
clasificación;  y, por último, sugeriría que el Comi té debatiera de modo inform al cuestiones relativas a 
la clasificación en dos esferas de los servicios pres tados a las empresas, a saber, los servicios de 
consultores en administración y los servicios de informática y servicios conexos. 
3. Recordó que el Comité había considerado la pos ibilidad de invitar a la OCDE a la presente 
reunión para que presentara el documento titulado " Gestión de las negociaciones basadas en 
peticiones y ofertas en el marco del AGCS :  el caso de los servicios jurídicos "  (JOB(04)/77), pero 
que en la última reunión no habí a llegado a una conclusión sobre el foro más adecuado para realizar 
dicha presentación.  Tras celebrar consultas informales, el Presidente había informado a las delegaciones por fax de que al parecer se prefería debatir el documento en ese Comité.  Aunque la 
presentación se incluyó en el punto relativo a las cuestiones relacionadas con la clasificación, 
abarcaría la totalidad del documento y no sólo los aspectos relacionados con la clasificación.  
4. El representante de la OCDE
 explicó que el estudio sobre los servicios jurídicos formaba 
parte de un proyecto conjunto de la OCDE/UNCTAD,  que tenía por objeto ayudar a los Miembros de 
la OMC a celebrar negociaciones basadas en petici ones y ofertas tratando de aclarar algunas de las 
complejas cuestiones planteadas.  El proyecto ab arcaba cinco sectores, a saber, los servicios de 
energía y construcción (UNCTAD), y los servicios de seguros, jurídicos y ambientales (OCDE).   
5. En relación con el tema de su presentación, d ijo que el sector jurídico había registrado un 
crecimiento continuo en el pasa do decenio como resultado de la expansión del comercio global, así 
como del desarrollo de nuevos campos del derecho,  en particular, en las esferas del derecho de 
sociedades y del derecho mercantil.  El sector habí a experimentado una importante consolidación, que 
había llevado a un aumento del número de empresas multinacionales de servicios jurídicos.  Aunque 
                                                      
1 El presente documento ha sido elaborado bajo la propia responsabilidad de la Secretaría y sin 
perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC. S/CSC/M/34 
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 en la actualidad estas empresas se encontraban prin cipalmente en algunos países anglófonos, también 
se observaba un fuerte crecimiento de grandes empresas en otros países de Europa y Asia.  
Naturalmente, los abogados particulares que trab ajaban para grandes empresas multinacionales de 
servicios jurídicos eran nacionales de muchos pa íses diferentes.  Un ejemplo al caso era el de 
Baker & McKenzie que, en cuanto segunda empresa de servicios jurídicos más grande del mundo, 
daba empleo a nacionales de 60 países.  Sin embar go, se disponía de pocos da tos detallados sobre las 
nacionalidades de los abogados.  El comercio de ser vicios jurídicos parecía haber crecido a un ritmo 
mayor que el sector en general.  Los modos 3 y 4 estaban adquiriendo cada vez más importancia para 
las empresas de servicios jurídicos, dado que su s clientes pedían asesoramiento multijurisdiccional y 
un servicio integrado que abarcara todos los aspec tos de una transacción.  Para satisfacer esa 
demanda, los abogados trataban a menudo de estab lecer sus propias redes internacionales mediante 
una presencia comercial, con el objetivo de crear un  equipo de abogados que tuvieran conocimientos 
de una multitud de países, incluidos los países anfitr iones, y de las prácticas que interesaban a las 
empresas de sus clientes.  No obstante, el comercio de servicios jurídicos siguió viéndose afectado por diversas medidas, especialmente en los modos 3 y 4.   
6. Los Miembros habían presentado varias propuestas,  más o menos ambiciosas, para mejorar la 
clasificación actual del AGCS.  Una de ellas c onsistía en elaborar una definición común de 
consultores jurídicos extranjeros, entendiéndose por  ello los abogados profesionales que no deseaban 
ejercer el derecho del país anfitrión, y elaborar una definición común de derecho internacional.  Otra 
propuesta era la de incluir subsectores centrados en  profesiones diferentes, por ejemplo, abogados y 
jueces;  la representación jurídica como asesora miento en transacciones empresariales;  la 
participación en la dirección de empresas, la mediación , el arbitraje y la defensa pública de intereses y 
la promoción de intereses de grupos.  Más recien temente, se había propuesto añadir 12 subcategorías 
basadas en la disciplina jurídica y el tipo de servi cio, haciendo una distinción entre los servicios 
jurídicos de consultoría y de representación en el país an fitrión, en el país de origen, en un tercer país, 
y el derecho internacional.  Varios Miembros de la OMC habían hecho distinciones similares en los 
compromisos que asumieron en la Ronda Uruguay.  Otra propuesta era la de dejar la clasificación 
actual sin cambios y ocuparse de cualquier limita ción en las columnas relativas al acceso a los 
mercados y el trato nacional.   
7. Un examen general de los compromisos exis tentes reveló que 45 Miembros (contando las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros como uno) habían contraído compromisos durante la 
Ronda Uruguay, además de 19 de los 20 Miem bros que se habían adherido a la OMC con 
posterioridad.  Durante las etapas anteriores de las actuales negociaciones, tres Miembros habían 
presentado propuestas sobre los servicios jurídicos, j unto con cuatro que habían formulado propuestas 
sobre los servicios profesionales en general.  En tres ofertas iniciales se proponían nuevos 
compromisos en este sector, mientras que en 11 of ertas se preveían cambios de los compromisos 
existentes.  Los cambios propuestos incluían la  eliminación de las limitaciones al acceso a los 
mercados y al trato nacional, como las prescripciones en materia de nacionalidad y residencia, o la 
ampliación del alcance de los compromisos de modo que  incluyeran más que los servicios jurídicos ya 
objeto de compromiso. 
8. El estudio de la OCDE mostró que los beneficios de la liberalización del comercio de 
servicios jurídicos no eran insignificantes.  El a poyo de los abogados a las transacciones empresariales 
era fundamental y, sin su contribución, el co mercio no podría desarrollarse de manera segura y 
previsible.  Por ello, se consideraba cada vez más que los servicios jurídicos formaban parte de la 
infraestructura general del comercio.  La liberali zación del comercio podía aumentar la competencia 
en el mercado nacional, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios jurídicos y a reducir los 
precios de estos servicios para los consumidores.  Dado que la mayoría de los usuarios de servicios 
jurídicos extranjeros eran empresas, la existencia de un entorno seguro y previsible para los servicios 
jurídicos podía ayudar a atraer inversiones y pr oporcionar oportunidades comerciales en el mercado 
local;  la presencia de extranjeros mediante asociac iones con abogados locales y la contratación de  S/CSC/M/34 
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 abogados locales podía ayudar a transferir conocimientos  y pericia, lo cual contribuiría a su vez al 
desarrollo de una rama de producción nacional más fuerte y podría conducir al desarrollo de la 
capacidad de exportación en este sector.  Además, la  liberalización del comercio de servicios podría 
reportar beneficios no económicos, co mo el conocimiento de la admini stración de justicia en otros 
países. 
9. La consideración más importante en que se basab an muchas de las restricciones al comercio 
de servicios jurídicos parecía ser la protección de la función pública de los abogados.  Por lo tanto, 
algunas limitaciones pertinentes tenían por objeto ga rantizar que los servicios jurídicos se prestaran 
con los conocimientos necesarios de las normas y condiciones locales, como era el caso de las 
prescripciones en materia de nacionalidad y residenc ia.  La negativa a que los abogados extranjeros 
pudieran ejercer su profesión en el país y la pr ohibición de que los nacionales se asociaran a esos 
abogados no reconocidos tenía por objeto proteger a los consumidores y garantizar la calidad del 
servicio.  Otra consideración normativa era la  de garantizar la rendición de cuentas y la 
responsabilidad de los abogados frente a sus client es, para lo que se establecían prescripciones 
relativas a la forma jurídica y la residencia.  Por ú ltimo, estaba la consider ación de garantizar la 
proximidad y disponibilidad de abogados mediante  las prescripciones en materia de residencia. 
10. La importancia de proteger el interés públic o era manifiesta, dado el papel crucial que 
desempeñan los abogados, a saber, su contribución a la  administración de justicia.  En la labor de 
reforma había que tomar en cuenta el papel legíti mo de los gobiernos para lograr los objetivos de 
política pública.  Sin embargo, la cuestión era determinar hasta qué punto la medida aplicada 
perseguía necesariamente esos obje tivos, o si éstos podían lograrse de igual o mejor forma con medios 
menos restrictivos del comercio.  En este sentido,  los motivos a que obedecían los requisitos de 
nacionalidad no estaban claros:  si un extranjero est aba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para 
adquirir o demostrar los conocimientos exigidos del país en cuestión, parecía que se proporcionaba el 
mismo grado de protección a los consumidores.  En el caso de las prescripciones en materia de residencia, aunque eran más razonables a los efecto s de proteger a los consumidores, se podrían seguir 
otros criterios.  La demanda de servicios jurídi cos provenía sobre todo de las empresas, que podían 
muy bien protegerse eficazmente mediante acue rdos contractuales privados, que incluían 
disposiciones sobre seguros, indemnización y soluci ón de diferencias.  Permitir la formación de 
asociaciones y la contratación de abogados local es parecía comportar pocos riesgos para los 
consumidores, siempre que los abogados locales proporcionaran todo el asesoramiento sobre el 
derecho del país en nombre de las empresas extran jeras.  En realidad, dichas restricciones podrían 
perfectamente traducirse en oportunidades fallid as para los abogados locales sin que se produjera 
ninguna transferencia de conocimientos y pericia a la rama de producción nacional.  Al parecer, 
también era necesaria una regulación más centrada.  Por ejemplo, las preocupaciones por garantizar el conocimiento de las normas locales parecían estar  mejor atendidas con un proceso equitativo y 
transparente de cualificación y el derecho a ejercer la profesión jurídica en el país anfitrión sobre la 
base de los conocimientos y la capacidad, más que con los requisitos de nacionalidad.  La protección 
de los consumidores y la necesidad de proximidad podí an lograrse con medios menos restrictivos del 
comercio que las prescripciones de residencia, por ejemplo, mediante la colaboración con el personal 
local, los requisitos de fianza o las disposiciones re lativas a los seguros.  Las preocupaciones de que la 
constitución en sociedad pudiese implicar una merma de la responsabilidad profesional podían abordarse mediante asociaciones que preservaran la  plena responsabilidad de los abogados hacia los 
clientes de una empresa.  Una medida adicional co nsistiría en establecer marcos que ayudaran a crear 
una capacidad nacional, por ejemplo, promoviendo la  transferencia de conocimientos y pericia, y 
exigiendo la colaboración con los abogados locales.   
11. Algunos países percibían la liberalización de los servicios jurídicos como una amenaza a su 
rama de producción nacional.  Aunque la liberal ización del comercio de mercancías y servicios 
raramente carecía de consecuencias en la distribución, era importante tener presente que los 
beneficios que acaban de esbozarse compensarían los costos.  Una característica peculiar del sector S/CSC/M/34 
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 era la de que la repercusión de la presencia extr anjera en los proveedores locales fuese probablemente 
menos significativa que en otros sectores:  en pr imer lugar, los abogados locales mantenían una 
ventaja competitiva en la práctica del derecho de su país y, en segundo lugar, las empresas extranjeras 
solían contratar a abogados locales para introduc irse en este campo del derecho.  Aunque la 
liberalización de los servicios jurídicos reportaría posiblemente beneficios significativos, tenía que 
realizarse de manera progresiva, ordenada y tran sparente para que los gobiernos pudieran establecer 
un marco normativo adecuado y las partes afectadas se prepararan para una mayor competencia.  
El AGCS era un instrumento bien adaptado para con seguir estos objetivos, ya que proporcionaba a los 
Miembros gran libertad para elegir los términos de la liberalización.  En las negociaciones actuales los Miembros podían excluir partes del sector, por ejemplo,  el derecho del país anfitrión, o un subsector, 
por ejemplo, la representación.  En este sentido,  algunos Miembros habían defendido la idea de 
otorgar una licencia limitada a los consultores jurí dicos extranjeros, lo cual significaba que éstos no 
tenían que revalidar sus títulos para ejercer el de recho del país anfitrión, pero podían obtener una 
licencia limitada para ejercer en el ámbito del derecho para el que estuvieran cualificados.  A esto se podía añadir la posibilidad de asociarse con abogados locales y contratarlos.  Por ello, las empresas de 
servicios jurídicos podían satisfacer las peticiones de sus clientes para que se les prestase un servicio 
integrado que abarcase todos los aspectos de una transacción.   
12. Se había propuesto también que se contrajesen compromisos relativos a todos los servicios 
jurídicos, partiendo de la base de que el ejercicio del derecho del país anfitrión estaría reservado a los 
abogados cualificados en el plano local.  Los Mi embros podían igualmente limitar el acceso a los 
proveedores extranjeros y discriminar contra ellos, pero se debería proceder con cautela para crear un 
marco normativo adecuado que siguiera logrando efic ientemente los objetivos de política pública.  
Los países en desarrollo podían asimismo especifi car limitaciones para reforzar su capacidad 
nacional, por ejemplo, mediante la transferencia de conocimientos y pericia.  Los artículos IV y XIX otorgaban esta flexibilidad adicional.  En estos caso s, se debería proceder con cautela para no aplicar 
políticas excesivamente onerosas, que podrían desalentar el comercio y la inversión y, por ende, el 
desarrollo de una rama de producción nacional fuer te.  Los países también podían precomprometerse 
a una mayor liberalización a fin de proporcionar a la  rama de producción local tiempo para ajustarse.  
Por último, podían aplicar cualquier medida no discr iminatoria al objeto de especificar los requisitos 
exigidos para ejercer el derecho del país anfitr ión sin necesidad de consignarla en listas, incluso 
aunque podría ser útil consignar esas medidas en listas con arreglo al artículo XVIII. 
13. Una cuestión clave para muchos países en desarro llo que determinaba la naturaleza y el ritmo 
de la liberalización, era la falta de capacidad normativa.  Por lo tanto, la asistencia técnica y la 
creación de capacidad constituían una dimensión importante de las negociaciones en el marco 
del AGCS.  En conclusión, dijo que las cuestione s planteadas en el anexo 1 del documento podrían 
resultar útiles cuando los Miembros realizaran petici ones y ofertas con sus interlocutores comerciales.  
Las cuestiones estaban dividid as en cuestiones relacionadas con el AGCS y cuestiones no 
relacionadas con el AGCS.   
14. El representante del Canadá
 señaló que los servicios jurídicos eran un sector prioritario para 
el Canadá en el contexto de las negociaciones en  curso en la OMC.  Las empresas de servicios 
jurídicos habían adoptado una orientación más intern acional en los últimos años a fin de atender las 
crecientes necesidades globales de sus clientes.  El documento de la OCDE era útil para los 
negociadores del AGCS, en particular, las cuestiones planteadas en el anexo 1, que los Miembros 
quizá desearan tener en cuenta en el contexto de l proceso de peticiones y ofertas.  Recabó más 
información sobre esas cuestiones. 
15. El representante de la República de Corea  consideró que el documento de la OCDE podía ser 
muy útil para muchos Miembros.  Los beneficios y la dirección de la liberalización en el sector 
jurídico reflejaban las características de l as transacciones relativas a los servicios jurídicos 
internacionales.  No obstante, indicó varios puntos  que preocupaban a los Miembros, para los que su  S/CSC/M/34 
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 delegación pediría un examen adicional.  En partic ular, se trataba de la declaración contenida en el 
documento de la OCDE, de que las prescripcion es en materia de residencia y nacionalidad 
consignadas en listas por varios Miembros podían considerarse más restrictivas del comercio de lo 
necesario para alcanzar el objetivo previsto.   
16. Hasta cierto punto, se podía considerar que lo s requisitos de nacionalidad surtían un efecto 
restrictivo en el comercio, dado que no era fácil estimarlos necesarios para garantizar un nivel 
sustancial de capacidad o conocimientos.  No obstant e, su delegación creía que era del todo preciso 
exigir determinados períodos de residencia para lograr los objetivos de política pública, como la 
protección de los consumidores, incluso a la luz de la evolución reciente de la tecnología de la 
información.  Esto era especialmente cierto en  países cuyos mercados jurídicos estaban siendo 
abiertos por primera vez, y donde la reputación y cr edibilidad de los abogados o empresas de servicios 
jurídicos extranjeros no estaban reconocidas.  La  participación de los abogados extranjeros que no 
residieran en el país sería por lo tanto perjudicial  para la protección de los consumidores.  Por motivos 
de interés público, Corea aplicaba también medida s similares a los abogados nacionales, excluyendo 
la prestación de servicios jurídicos en ausencia de abogado mediante la prohibición de establecer 
múltiples sucursales en distintas regiones, excepto las de empresas de servicios jurídicos.  Todas las 
alternativas a los requisitos de residencia menciona das en el documento de la OCDE, a saber, los 
seguros, la solución de diferencias y la indemnización, eran medidas ex post , y por lo tanto no podían 
sustituirse a este requisito previo para lograr los objetivos de política pública. 
17. En el documento de la OCDE se hacía hincapié en  que la apertura de mercados a los servicios 
jurídicos reportaría beneficios tales como la me jora de la calidad de los servicios jurídicos 
disponibles, la reducción de los de rechos cobrados por los servicios jurídicos y el fomento de la 
inversión extranjera.  Éstos eran los argumentos habituales defendidos por los países partidarios de la 
apertura de los mercados.  No obstante, se re querían pruebas concretas del impacto de la 
liberalización.  En el documento se citaba un estudio cuantitativo realizado por Nguyen-Hong sobre 
los costos de las restricciones (recuadro 1) que a su juicio no era convincente, dado que no había un 
paralelismo demostrado entre el impacto de las restricciones sobre los costos de los servicios de 
ingeniería y los de los servicios jurídicos.  Adem ás, del contenido del recuadro 1 no estaba claro qué 
método econométrico se había adoptado en el es tudio.  Dudaba de si proporcionaba motivos 
suficientes para concluir que las restricciones est aban aumentando sustancialmente el costo y precio 
de la prestación de servicios jurídicos.  Muchos de los beneficios derivados de un mayor acceso a los 
mercados sólo se materializarían con el tiempo, co mo se afirmaba en el párrafo 50 del documento.  
Éste era un factor importante que no se podía pasar por alto.  Aún no había respuestas a algunas 
preguntas críticas, incluida la relativa al costo inicia l de la liberalización del mercado de los servicios 
jurídicos, y se preguntaba cuánto tiempo pasaría hast a que los beneficios superaran los costos de la 
apertura de mercados.  Era fundamental proceder  a un análisis objetivo basado en casos reales.  
Algunos países habían visto que los efectos perjudicial es de la apertura de mercados, como la subida 
de los precios al consumidor para cubrir el cost o de establecimiento de una asociación, superaban de 
hecho los beneficios que cabía esperar, por ejemplo, de la expansión de la invers ión extranjera directa.  
En consecuencia, su delegación consideraba que er a indispensable un período de transición para que 
los países se ajustaran a los cambios provocados por  la liberalización.  Además, la liberalización se 
tenía que realizar de manera progresiva a fin de aume ntar al máximo los resultados beneficiosos.  Pese 
a las considerables dificultades para convencer a las partes nacionales interesadas de las necesidades 
de la liberalización, Corea había presentado una ofer ta inicial sobre la apertura de su mercado de 
servicios jurídicos por primera vez y estaba realiz ando denodados esfuerzos para abrir su mercado 
gradualmente sobre la base de esa propuesta. 
18. Para terminar, afirmó que el informe de la OCDE proporcionaba sin duda alguna material útil 
para la mayoría de los Miembros, incluida Cor ea, con respecto a las negociaciones de servicios 
jurídicos.  No obstante, dado que el informe parecí a centrarse solamente en el aspecto positivo de la S/CSC/M/34 
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 apertura de mercados, sugirió que se realizaran más esfuerzos para identificar y minimizar los efectos 
perjudiciales basándose en análisis empíricos rigurosos. 
19. El representante del Taipei Chino
 convino con muchos elementos de las presentaciones de 
la OCDE, como los efectos favorecedores del crecimiento que tiene el comercio de servicios jurídicos y la creciente importancia de los modos 3 y 4.  En cuanto a las prescripciones en materia de 
nacionalidad, el Taipei Chino no prohibía a los extr anjeros participar en exámenes que habilitaban a 
los candidatos para ejercer la abogacía.  Estaba de acuerdo en que no existía una relación forzosa 
entre la nacionalidad de un abogado y la calidad de l servicio prestado.  La calidad de los servicios 
jurídicos estaba relacionada con la formación jurídi ca del abogado, acreditada por los exámenes, y la 
experiencia, pero no con el período de residencia en  el país anfitrión.  Por consiguiente, el Taipei 
Chino pedía a los Miembros que eliminaran las prescripciones en materia de residencia en las 
negociaciones en curso.  Con respecto a las cu estiones relativas a la reglamentación nacional, 
consideraba que las disciplinas sobre la reglamentaci ón nacional en el sector de la contabilidad no 
constituían un modelo adecuado para los servicios jurí dicos.  A diferencia de éstos, los servicios de 
contabilidad habían sido desde hace tiempo intern acionalizados como resultado del esfuerzo de la 
Federación Internacional de Contables (FIC) y su Comité Internacional de Normas de Contabilidad 
(CINC).  En comparación, los servicios jurídicos fo rmaban parte de un sistema judicial nacional que, 
a su vez, era reflejo de tradicion es jurídicas, económicas y culturales. 
20. Señaló que los Miembros habían utilizado dis tintos métodos de consignación en listas para 
contraer compromisos relativos a los consultores jurí dicos extranjeros.  El Taipei Chino creía que el 
método de subdividir los servicios jurídicos e inscrib ir los compromisos relativos a los consultores en 
la columna de sectores era el más apropiado.  En respuesta al llamamiento a la transparencia hecho 
por la OCDE, dijo que el Taipei Chino había publica do en el sitio Web del Ministerio de Justicia las 
disposiciones de la Ley sobre el ejercicio de la profesión de abogado.   El sitio Web también permitía a 
los abogados extranjeros formular preguntas.   
21. Refiriéndose a la clasificación, apoyó la propuesta australiana que, a su juicio, era útil para la 
sistematización de los temas relacionados con la clasificación de los servicios jurídicos.  La 
clasificación detallada propuesta por Australia reflej aba la forma real de las transacciones relativas a 
los servicios jurídicos y también la regulación en cada Miembro.  En este sentido, la clasificación contribuiría a que las negociaciones fueran más efic ientes y otorgaría más flexibilidad a los distintos 
Miembros. 
22. En respuesta a las observaciones form uladas, el representante de la OCDE
 declaró que las 
medidas consideradas en el anexo 1 habían sido dividi das por modos de suministro y el hecho de si se 
referían a sectores específicos o estaban relacionad as con medidas horizontales.  También se incluían 
medidas que guardaban una relación más estrecha con las negociaciones sobre la reglamentación 
nacional.  Varias de estas últimas medidas podían ser un obstáculo al comerc io, especialmente en una 
profesión como la de los servicios jurídicos.  Se  habían incluido asimismo cuestiones no abarcadas 
por el AGCS.  Con respecto a las observaciones de Corea sobre las prescripciones en materia de 
residencia, dijo que el documento dejaba a salvo lo s derechos de los países a aplicar medidas que se 
adaptaran a sus situaciones particulares.  El docu mento proponía varias opciones menos restrictivas 
del comercio que se podían utilizar con carácter alterna tivo, o en una etapa posterior.  En cuanto a la 
observación de que se necesitaban pruebas más riguro sas de los beneficios de la liberalización, indicó 
que, en general, las investigaciones actuales eran de  naturaleza preliminar.  El estudio citado en el 
documento utilizaba un índice de restrictividad que cl asificaba distintas medidas aplicadas en países 
diferentes para las profesiones de abogado, contable, ingeniero y arquitecto.  Sobre la base de este 
índice, se aplicaba una técnica econométrica para calcul ar el margen entre el precio y el costo.  Esto 
se hacía solamente con la profesión de ingeniero.  No obstante, dado que el índice de restrictividad para la profesión jurídica era uno de los más elev ados, era razonable suponer que se registrarían 
efectos similares en esa profesión, en la que se habí an observado subidas de precios de hasta el 15 por  S/CSC/M/34 
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 ciento en algunos casos.  Recordó que en el docum ento también se mencionaban posibles desventajas 
de la liberalización y sugirió un en foque gradual en determinados caso s, haciendo hincapié en que la 
estructura del AGCS era adecuada para proceder a una liberalización progresiva.   
23. El representante de Australia  reiteró la opinión de su dele gación de que el concepto de 
licencias limitadas era un medio eficaz de hacer avanzar  la liberalización de los servicios jurídicos.  
Esperaba que se pudiese llegar a un entendimiento común de las cuestiones relacionadas con la 
clasificación entre los Miembros del grupo informal de  amigos.  La contribución de la OCDE sería de 
gran ayuda en ese contexto. 
24. El representante de Singapur  dijo que cualquier clasificaci ón utilizada en la ronda actual 
debería ser un instrumento que facilitara la consign ación de los compromisos en listas, sin convertirse 
en un desincentivo u obstáculo en sí.  Apoyó la  propuesta de clasificación de Australia, que 
estructuraba los servicios jurídicos con arreglo a la  jurisdicción (derecho del país de origen, derecho 
del país anfitrión, derecho de un  tercer país, derecho internacional) y el tipo de servicio, a saber, 
representación y consultoría.  Durante la Ronda Uru guay, gran número de Miembros había contraído 
compromisos con arreglo a las distinciones basadas en la jurisdicción y el tipo de derecho.   
25. El representante de Suiza  destacó la función infraestructural que desempeñaban los servicios 
jurídicos al contribuir a la eficiencia económica general.  Estaba de acuerdo en que había una 
demanda creciente de servicios de asesoramiento  multijurisdiccional y de servicios jurídicos 
integrados.  Le interesaban las opi niones del representante de la OCDE sobre la relación entre la 
demanda creciente de servicios de  asesoramiento multijuri sdiccional y servicios integrados, por una 
parte, y un número más elevado de subcategorías en la columna del sector, por otra.  A su juicio, la 
introducción de cambios en la clasificación y la creación de nuevas subcategorías no eran 
necesariamente útiles en este sentido.  El AGCS pr oporcionaba suficiente flexibilidad para realizar 
ofertas significativas.   
26. La representante de Nueva Zelandia  dijo que su delegación consideraba que el anexo 1 incluía 
cuestiones útiles, incluso con una aplicación más amp lia que trascendía los servicios jurídicos.  Nueva 
Zelandia había extraído conclusiones similares a las enunciadas en el documento de la OCDE sobre 
los beneficios de la liberalización de los servicios jurídicos.  Haciendo observar el elevado número de 
abogados pertenecientes a distintos sistemas de de rechos que trabajaban para grandes empresas de 
servicios jurídicos, se preguntó si estos abogados est arían habilitados para ejer cer su profesión en su 
propio país, de modo que pudieran prestar servicios de representación, o si solamente se dedicaban a los servicios de consultoría. 
27. La representante de los Estados Unidos
 dijo que el documento de la OCDE proporcionaba 
información útil sobre la naturaleza de los obstáculo s al comercio de servicios jurídicos y sobre los 
posibles beneficios de la liberalización.  El documento podía ser una útil  referencia para las 
propuestas de negociación y las cuestiones relacionadas con la clasificación a lo largo de las negociaciones.  Su delegación había encontrado especi almente interesante el anexo 4, en el que se 
enumeraban los compromisos de la Ronda Uruguay re lativos a los servicios jurídicos con arreglo al 
derecho del país de origen, el der echo del país anfitrión y el derec ho internacional.  Aunque era difícil 
extraer conclusiones de un análisis que solamente to maba en cuenta el alcance, pero no el fondo de 
los compromisos, en el cuadro se señalaba una forma de considerar su  equilibrio global.  Además, el 
cuadro podía resultar útil para evaluar los méritos re lativos de la terminología propuesta por Australia 
y la Resolución de la IBA. 
28. El representante del Brasil
 acogió con satisfacción el documento de la OCDE como 
aportación útil a las negociaciones, puesto que c ontenía un resumen muy bueno de lo que había 
sucedido en el pasado, y establecía algunas diferencias entre los "demandantes" de servicios jurídicos.  
Con referencia al párrafo 69, le complacía que en el documento se indicara que un número S/CSC/M/34 
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 considerable de Miembros no estaba a favor de las prescripciones en materia de consulta previa.  La 
lista de cuestiones del anexo 1 contenía elemento s interesantes para los países en desarrollo, en 
particular sobre si deberían contraerse compromisos relativos a los servicios jurídicos.  Solicitó más información sobre el anexo 2, en particular sobr e la columna correspondiente a los "abogados fuera 
del país de origen".  ¿Qué porcentaje de estos abogados eran ciudadanos de l país donde la empresa de 
servicios jurídicos había establecido una oficin a, y cuántos estaban establecidos en países 
desarrollados y en desarrollo?   
29. En respuesta a la pregunta formulada por Suiza, el representante de la OCDE
 señaló que las 
empresas trataban de satisfacer la demanda de  asesoramiento multijurisdiccional mediante la 
contratación de abogados cualificados en distintas jurisdicciones o la asociación con ellos.  Por lo 
tanto las restricciones a la formación de asociaciones y la contratación de a bogados locales constituían 
a menudo problemas fundamentales.  Con respecto a la  pregunta de Nueva Zelandia, aunque no estaba 
muy familiarizado con las prácticas reales de las empresas, pensaba que los abogados a los que se 
permitía prestar servicios de repr esentación se verían normalmente en  desventaja por el hecho de 
trabajar para una empresa de servicios jurídicos ex tranjera.  En relación con la pregunta formulada por 
el Brasil, lamentaba que no se dispusiera de datos suficientemente desglosados para responder a ella.  
30. La representante de los Estados Unidos  dijo que su delegación había presentado una 
propuesta de disciplinas a fin de avanzar en las negociaciones en el Grupo de Trabajo sobre la 
Reglamentación Nacional.  La propuesta se basaba en la idea, ya recogida en las disciplinas de 
contabilidad, de las consultas y observaciones previ as.  Esa propuesta se est aba todavía examinando y 
esperaba que el Grupo de Trabajo pudiera debatir la ma nera de contraer el compromiso de formular 
observaciones previas sin una cláusula del máximo empeño, y de abordar las preocupaciones relativas 
a la carga administrativa y hacer frente a las limitaciones técnicas y de capacidad. 
31. El Presidente  expresó su agradecimiento al representante de la OCDE por la presentación.  
Recordó el debate mantenido en la reunión de j unio sobre la Resolución de la IBA en apoyo de un 
sistema de terminología para los servicios jurídicos (JOB(04)/17).  La Secretaría había recibido desde 
entonces una carta de la IBA, que trataba sobre la finalidad de la Resolución, cuestión que el Comité 
había debatido en la última reunión.  Propuso que la carta se distribuyera como documento de sala 
para más información.  
32. Así quedó acordado . 
33. El representante de Australia  recordó que todavía no se había dado respuesta a varias 
preguntas relativas a la Resolución de la Asociación Internacional de Abogados (IBA).  Sugirió que la 
IBA fuese invitada a la próxima reunión del CCE a fin de que proporcionara aclaraciones.  Las 
delegaciones del Japón  y Suiza  apoyaron la propuesta.  
34. El Presidente  propuso que el Comité invitara a la IBA a que respondiera las preguntas 
formuladas por los Miembros sobre su Resolución. 
35. Así quedó acordado . 
36. Con respecto a otras cuestiones relacionadas con la clasificación, el Presidente  recordó que el 
Comité había debatido la propuesta de Indonesia rela tiva a la clasificación de los servicios de energía 
(S/CSC/W/42) en las últimas tres reuniones.  En  esas reuniones, las delegaciones habían hecho 
observaciones sobre el fondo de la propuesta y form ulado preguntas a la delegación de Indonesia.  
37. El representante de Indonesia  informó a las delegaciones de que su delegación estaba 
revisando su propuesta, tomando en cuenta las obs ervaciones y sugerencias formuladas durante las 
reuniones del CCE de diciembre de 2003 y marzo y junio de 2004.  La propuesta revisada sería  S/CSC/M/34 
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 distribuida antes de la siguiente reunión.  En re lación con una pregunta formulada por Kuwait en la 
última reunión, dijo que en la propuesta revisada se habían desglosado los servicios de energía 
basándose en la secuencia de las actividades relaciona das con la energía.  Se había incluido ahora el 
estudio de gravedad como una nueva sección 1A.1.4 .2, el estudio magnético como 1A.1.4.3, y la 
interpretación de datos sísmicos como 1A.1.4.1.3.  También dio las gracias a la delegación de China 
por haber presentado una lista de preguntas.  Lamentablemente, debido a limitaciones de tiempo, su 
delegación no podía responder a las pre guntas de China en la presente reunión. 
38. El representante del Japón  recordó que su delegación, junto con la de Chile y los Estados 
Unidos, había propuesto una "Guía para la consign ación en listas de los compromisos sobre servicios 
de energía en la OMC" (JOB(03)/89), que abor daba algunas cuestiones de manera distinta al 
documento de Indonesia.  Haciendo referencia  a la página 9 del documento de Indonesia 
(sección 2.7.1), indicó que en el documento W/120, la clave CPC 7131 se limitaba al transporte por 
tuberías y que la entrada correspondiente a la s ección 2.7.1 probablemente debería ceñirse a ese 
sector.  El transporte de carbón, clasificado en la secci ón 2.7.3, sería mejor incluirlo en otras entradas 
relativas a la distribución o el transporte.  En cuan to a la sección 2.7.4, en el documento de Indonesia 
se decía que la transmisión y distribución de electricidad estaban incluidas en los servicios 
relacionados con la distribución de energía.  Su delegación entendía que esto no formaba parte de la 
clave CPC 887, y que se necesitaría una entrada di stinta.  Su delegación también creía que podían 
resultar necesarias distintas entradas para las seccion es 3.1.2 (servicios comerciales al por mayor de 
electricidad, gas urbano, vapor y agua caliente) y 3.2.2 (servicios de venta al por menor de 
electricidad, gas urbano, vapor y agua caliente) .  Con respecto a la sección 2.2.2 (liquefacción y 
regasificación), consideraba que abar caba las actividades manufactureras. 
39. El Presidente  concluyó que el Comité esperaba la re visión de la propuesta de Indonesia para 
debatirla en la siguiente reunión.  Recordó que había habido un amplio acuerdo en que al pasar a un 
debate informal para examinar las cuestion es relacionadas con la clasificación se facilitaría un 
intercambio de opiniones más abierto.  Sobre la b ase de las aportaciones hechas por las delegaciones 
interesadas, sugirió examinar en el modo informal:  los servicios de consultores y los servicios de 
informática y servicios conexos.  Tenía la intención de preparar un breve resumen de los debates, de 
carácter genérico, que se distribuiría bajo su propi a responsabilidad como documento de trabajo, sin 
ninguna signatura.   
40. Así quedó acordado . 
B. CUESTIONES RELATIVAS A LA CONSIGNACIÓN EN LISTAS  
41. El Presidente  indicó que se disponía de dos nuevos  documentos:  uno había sido recibido 
recientemente de la delegación de Hong Kong, China y contenía nuevas observaciones sobre las 
cuestiones relativas a la consignaci ón en listas (JOB(04)/133);  el otro había sido preparado por la 
Secretaría a petición del Comité, y contenía una lis ta de documentos que se habían publicado durante 
los debates sobre la revisión de las directrices para  la consignación en listas (JOB(04)/97).  La lista 
incluía, por orden cronológico, los documentos form ales e informales presentados por los Miembros, 
el Presidente o la Secretaría durante el proceso de  revisión.  La semana pasada, la delegación de 
Hong Kong, China había presentado una comunicación.  El Presidente recordó entonces que el Comité aún tenía ante sí varios otros documen tos, en particular, dos comunicaciones del Brasil 
(JOB(03)/189) y JOB(04)/12) que contenían preguntas preliminares sobre varias ofertas iniciales, así como una comunicación de Hong Kong, China sobr e preguntas relativas a la consignación en listas 
(JOB(04)/81), y observaciones sobre esas preguntas formuladas por el Taipei Chino (JOB(04)/82). 
42. El representante de Hong Kong, China
 dijo que la nueva comunicación presentada por su 
delegación pretendía hacer avanzar los debates y señ alar a la atención de los Miembros las posibles 
ambigüedades y dificultades que podían evitar al cons ignar nuevos compromisos.  No tenía intención S/CSC/M/34 
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 de reabrir un debate sobre las Directrices para la consignación en listas, sino cerciorarse de que éstas 
seguían constituyendo la base pa ra consignar los compromisos en las listas y promover un 
entendimiento común entre los Miembros sobre có mo se deberían aplicar.  La víspera se habían 
debatido importantes cuestiones relativas a la consignación en listas en el Comité en Sesión Extraordinaria, donde las delegaciones examinaron un documento de Suiza rela tivo a la necesidad de 
transparencia y certeza jurídica de las listas.  Mu chos elementos del documento estaban relacionados 
con el trabajo en curso en este Comité.  La nueva comunicación de Hong Kong, China tomaba en cuenta las observaciones formuladas por otras dele gaciones.  Esperaba que el debate sobre las 
cuestiones relativas a la consignación en listas si guiese dos caminos, siendo el primero el examen 
continuado de las cuestiones planteadas por su de legación y otras delegaciones, a saber, preguntas 
generales y horizontales relativas a la consignación en  listas.  Consideraba útil estructurar este debate 
conforme a las secciones de las Directrices para la  consignación en listas.  En segundo lugar, las 
pruebas de necesidades económicas eran una cu estión específica por derecho propio, dado que 
algunas cuestiones relacionadas con las PNE, aunque seguían incluidas en el mandato del Comité, 
podían ir más allá de la consignación en listas.  Señaló que una nota de antecedentes elaborada por la 
Secretaría (S/CSS/W/118) proporcionaba una re lación de pruebas de necesidades económicas 
consignadas en listas y contenía algunas observaciones interesantes que incitaban a la reflexión.  La 
nota ayudaría a los Miembros a mantener un debate sustantivo sobre las PNE.  Su delegación aportaría más ideas y reflexiones esp ecíficas en futuras reuniones.   
43. La representante del Taipei Chino
 se mostró de acuerdo en que muchas cuestiones relativas a 
la consignación en listas exigían un entendimiento común sobre la aplicación de las Directrices para la 
consignación en listas.  Comentando de manera  preliminar el último documento de Hong Kong, 
China, dijo, con referencia a la pregunta 1, que debería realizarse una interpretación distinta de las 
anotaciones "ninguna" y "sin consolidar" en la secci ón correspondiente a los sectores específicos.  Las 
opiniones del Grupo Especial en el asunto México- Telecomunicaciones podrían proporcionar claves 
para abordar problemas como los planteados en la  pregunta 2.  Podría ser beneficioso celebrar un 
debate ulterior sobre la pregunta 4, relativa a los compromisos adicionales, o la pregunta 5 referente a 
las pruebas de necesidades económicas.    
44. La representante de Corea  coincidió con Hong Kong, China en que no sería conveniente tratar 
de revisar las Directrices para la consignación en listas.  En su lugar, las delegaciones deberían 
concentrarse en cómo aplicar debidamente las Direct rices a las listas actuales.  Con miras a preparar 
las ofertas revisadas, podría resultar útil debatir la in clusión de los elementos de transparencia en las 
listas que, estrictamente hablando, no estaban sujeto s a la consignación en listas.  También apoyó la 
celebración de un debate ulterior para aclarar el contenido de las pruebas de necesidades económicas 
y los tipos de criterios utilizados a este respecto.   
45. El representante de Suiza  dijo que la aclaración de los aspectos técnicos era sumamente 
importante a efectos de la preparación de las ofert as mejoradas para mayo de 2005.  Con respecto a 
las preguntas de Hong Kong, China, su delega ción compartía ampliame nte las observaciones 
formuladas por el Taipei Chino sobre las pregunt as 13 y 7 a 10.  Suiza deseaba celebrar más debates 
sobre las preguntas 5 y 6.  Para hacer avanzar los debates, propuso centrarse en las soluciones y no en 
los problemas, y apoyó la idea expresada por Hong Kong, China de seguir la estructura de las Directrices para la consignación en listas. 
46. El representante de Tailandia
 apoyó un debate sobre las PNE, preferiblemente como punto 
separado del orden del día. 
47. El representante de Filipinas  consideró muy beneficioso examinar las preguntas formuladas 
por Hong Kong, China, y convino en que no tenía sen tido reabrir un debate sobre las Directrices para 
la consignación en listas.  No obstante, si dete rminados párrafos de las Directrices no eran lo  S/CSC/M/34 
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 suficientemente claros, deberían ser abordadas con una mentalidad abierta.  También apoyó un 
examen más centrado de las pruebas de necesidades económicas.  
48. El representante de Hong Kong, China  convino con Suiza en la necesidad de centrarse en la 
búsqueda de soluciones.  Su delegación había distribuido un documento de sala que contenía 
preguntas sobre la consignación en listas en relación con la oferta inicial del Brasil.  El objetivo era 
enmarcar esas preguntas en un contexto más especí fico.  No pretendía ocuparse separadamente del 
Brasil, y el delegado de este país había aprobado de hecho este enfoque.  Muchas de las preguntas 
formuladas se referían también a otras ofertas inic iales y los Miembros se beneficiarían del debate de 
las cuestiones horizontales y generales.  Con respecto a la observación formulada por el representante de Filipinas, dijo que los problemas que se habían planteado no eran debidos al contenido de las 
Directrices para la consignación en listas, sino a la manera en que los Miembros se servían en la 
práctica de las Directrices.  
49. El representante del Brasil
 dijo que algunas de las preguntas que había formulado su 
delegación a otras delegaciones habían sido aborda das en conversaciones bilaterales.  Subrayó la 
necesidad de celebrar más debates con miras a pr omover la claridad, la comparabilidad y la 
certidumbre en las listas. Las preguntas de Hong Kong, China a su delegación habían llegado 
demasiado tarde para poder responder a ellas en es ta reunión.  No obstante, en relación con la 
pregunta 9, estaba en posición de  confirmar que las palabras que faltaban habían sido omitidas por 
equivocación.  Su delegación estaba preparando una nueva ronda de preguntas a los Estados Unidos, 
el Canadá, las CE, el Japón y Hong Kong, China para  debatirlas en noviembre.  El objetivo era aclarar 
en grado suficiente las cuestiones relacionadas con la  clasificación y la consignación en listas en estas 
negociaciones, y esperaba que cuanto más cerca estuvi era la fecha límite de mayo para la presentación 
de las ofertas revisadas, más progresos se realizarían.   Si algunos Miembros tenían preocupaciones y 
dificultades para participar en un debate form al, esperaba que éste se pudiese celebrar en el modo 
informal, o al menos sobre una base bilateral.   
50. El representante de Guatemala  propuso que los Miembros que  habían respondido de forma 
bilateral a las preguntas del Brasil compartieran estas respuestas con otros países. 
51. El representante de Hong Kong, China  celebró la disponibilidad del Brasil para debatir las 
cuestiones relativas a la consignación en listas, dado qu e ello contribuiría a la claridad de las ofertas y 
proporcionaría aportaciones útiles para la preparación  de las ofertas revisadas. Esperaba con interés 
seguir trabajando en el CCE. 
52. La representante de los Estados Unidos  dijo que su delegación había respondido directamente 
al Brasil y que en adelante procedería de esa mane ra con respecto a cualquier pregunta adicional que 
se planteara.  Si bien era apropiado examinar en  el CCE las cuestiones más amplias relativas a la 
consignación en listas, el Comité no era el foro opor tuno para formular pregunt as específicas sobre las 
ofertas iniciales de los distintos Miembros.   
53. El Presidente  propuso que los Miembros tomaran nota de las declaraciones hechas y que el 
Comité reanudara el debate en la próxima reunión.  Por su parte, él seguiría reflexionando sobre las 
observaciones relativas a la manera de realizar progr esos en el marco de este punto del orden del día. 
54. Así quedó acordado . 
C. OTROS ASUNTOS  
55. Dado que no se plantearon cuestiones con arreglo al punto Otros asuntos, de conformidad con 
la práctica de agrupar las reuniones de los órganos subsidiarios en fechas cercanas a las de las S/CSC/M/34 
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 reuniones del Consejo, el Presidente
 propuso que la siguiente reunión formal se celebrara 
conjuntamente con el próximo bloque de reuniones sobre servicios.   
56. Así quedó acordado . 
 
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