ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/115
25 de mayo de 1999
(99-2094)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS
Se ha recibido de la Comunidad Europea y su s Estados miembros la siguiente comunicación,
de fecha 12 de abril de 1999, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
_______________
La pertinencia de los principios fundamentales de la OMC de trato nacional,
transparencia y trato de la nación más favorecida con respecto
a la política de competencia y viceversa
Esta comunicación de la Comunidad Europea y sus Estados miembros se centrará en el
primer elemento del programa de trabajo del Grupo:  "La pertinencia de los principios fundamentalesde la OMC de trato nacional, transparencia y trato de la nación más favorecida con respecto a la
política de competencia y viceversa".  A ese respecto hay dos cuestiones pertinentes:  a) ¿cómo
pueden aplicarse los principios de la OMC de transparencia y no discriminación -incluidos el trato
de NMF y el trato nacional- a la legislación y a la política sobre competencia?;  b) ¿cómo pueden
contribuir la legislación y la política sobre compet encia a las relaciones comerciales internacionales
transparentes y no discriminatorias?  Esa segunda cuestión está estrechamente relacionada con un
tercer punto del programa de trabajo de la OMC, en el que se requiere el examen de la "contribución
de la política de competencia al logro de los objetivos de la OMC, incluída la promoción del comercio
internacional".  Por lo tanto no constituirá el aspecto principal de esta comunicación.  Sin embargo, en
la sección 3 analizamos brevemente cómo pueden afectar negativamente las prácticasanticompetitivas a la igualdad de las oportunidades  de competencia de las compañías extranjeras, con
ejemplos adicionales de prácticas discriminatorias.  (Esto viene a complementar las ideas expuestas en
nuestra comunicación del 5 de marzo de 1998 -WT/WGTCP/W/62- y se desarrollará aún más en
nuestra comunicación sobre el punto 3 del programa de trabajo.)
Esta comunicación se centra principalmente en la cuestión de la aplicación de los principios
de transparencia y no discriminación de la OMC a la legislación y la política en materia de
competencia.  Tras una breve exposición de la función de esos principios en el sistema de la OMC(sección 1), se considerará la relación entre los principios de transparencia y no discriminación y los
principales elementos de la legislación y la política sobre competencia, en la medida en que puedan
afectar al comercio internacional.  En la última sección se presentan ideas preliminares sobre las
posibilidades de establecer en la OMC una serie de principios fundamentales sobre la legislación en
materia de competencia y su aplicación.
Estas comunicaciones deben leerse junto con otras transmitidas anteriormente al Grupo de
Trabajo de la OMC, y con las que se presentarán dentro de los puntos 2 y 3 de nuestro programa de
trabajo.  La Comunidad Europea y sus Estados miembros han expuesto a ellas el caso de la
elaboración de un marco multilateral de normas sobre competencia en la OMC.  Entre los elementos
que habrán de considerarse en ese marco pueden figurar:  a) principios fundamentales y normascomunes relativos a la adopción de un marco de legislación sobre competencia y su aplicación;
b) planteamientos comunes a las prácticas anticompetitivas que repercuten considerablemente en el
comercio y la inversión internacionales;  y c) disposiciones sobre cooperación internacional.  LaWT/WGTCP/W/115
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contribución sobre el punto 2 de nuestro programa de  trabajo se centrará esencialmente en la cuestión
de la cooperación.  En la relativa al punto 3 se tratará de agrupar las cuestiones esenciales derivadas
de los tres elementos anteriores, a fin de considerar cómo puede contribuir la política de competencia
a lograr los objetivos de la OMC.  La Comunidad Europea y sus Estados miembros están firmemente
convencidos de que la dimensión de desarrollo debe formar parte integrante de un marco multilateralde normas de competencia en la OMC, y de que los intereses de los países en desarrollo se deben
tener en cuenta en los diferentes elementos de ese marco multilateral.
I. LOS PRINCIPIOS DE LA OMC DE NO DISCRIMINACIÓN Y TRANSPARENCIA
Al considerar la aplicación de los principios de no discriminación y transparencia con
respecto a la legislación y a la política sobre competencia, esta contribución se centrará en los fines
perseguidos por esos principios en el sistema de la OMC, y no en la cuestión más limitada del grado
en que pueden ser aplicables ciertas disposiciones de la OMC -como el párrafo 4 del artículo III o elartículo X-, hasta cierto punto, a las leyes sobre competencia de los Miembros de la OMC.  Ese
amplio planteamiento basado en los principios, más bien que en la aplicación de disposiciones
concretas, permite considerar las dos cuestiones relativas a la aplicación real de la legislación sobre
competencia, así como las relativas a la falta de una ley o aquellas en que la ley no se aplica
efectivamente (por ejemplo, debido a exclusiones o a debilidades en el proceso de aplicación).
La no discriminación -incluidos el trato de NMF y el trato nacional- es la piedra angular del
sistema comercial multilateral.  No sólo se refleja en una disposición básica del GATT, sino en los
diferentes Acuerdos de la OMC.  Varios Grupos  Especiales del GATT y de la OMC han destacado
que la finalidad del principio de no discriminación es evitar medidas que alteren la igualdad efectiva
de las oportunidades de competencia entre productos nacionales o extranjeros, o entre productosoriginarios de distintos Miembros de la OMC.  Esto se aplica generalmente tanto a la discriminación
de jure  como a la discriminación de facto .  La relación entre el principio de no discriminación y las
condiciones de competencia tal vez se exponga más claramente en la definición del AGCS de trato
nacional, en la que se indica que "se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente
diferente es menos favorable si modifica las condiciones de competencia a favor de los servicios oproveedores de servicios del Miembro en comparación con los servicios similares o los proveedores
de servicios similares de otro Miembro".
Por lo tanto, como puede verse, existe una estrecha relación entre el principio de la OMC de
no discriminación y los objetivos básicos de la legislación sobre competencia.  En efecto, es esencial
un régimen efectivo de legislación sobre competencia para combatir las prácticas anticompetitivas que
niegan efectivamente a los productores extranjeros la igualdad de oportunidades de competencia,
debilitando así los compromisos de apertura al mercado de la OMC.  Del mismo modo, mediante lalegislación nacional sobre competencia se puede lograr que las compañías extranjeras no actúen en
forma anticompetitiva cuando operan en el mercado.  Al examinar las relaciones entre el principio de
la OMC de no discriminación y la legislación y política sobre competencia, surgen tres conjuntos de
cuestiones que deben considerarse:  a) si existen disposiciones en el régimen jurídico sobre
competencia de los Miembros de la OMC, incluidos la legislación sustantiva y los procedimientos,que supongan una discriminación formal con respecto a las empresas extranjeras;  b) si el régimen
jurídico sobre competencia de un Miembro de la OMC dispone efectivamente de medios para abordar
las prácticas anticompetitivas que niegan a los productos importados (o a las compañías extranjeras
establecidas en el mercado) una igualdad efectiva de oportunidades de competencia;  y c) si en la
práctica y en la aplicación de la legislación sobre competencia pueden darse situaciones en que seaplique de hecho un trato menos favorable a casos en que interviene intereses extranjeros con respecto
a casos similares en que intervienen esencialmente intereses nacionales.
Otro principio fundamental del sistema de la OMC es la transparencia.  Las disposiciones
básicas sobre transparencia figuran en el artículo X del GATT y en el artículo III del AGCS, en las
que se estipula la publicación de una amplia serie de medidas de aplicación general que afectan alWT/WGTCP/W/115
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funcionamiento de los acuerdos y, en el caso del GATT, disposiciones básicas sobre la administración
de esas medidas de manera uniforme, imparcial y equitativa, así como procedimientos para el examen
administrativo o judicial de acciones relativas a cuestiones aduaneras.  (El Grupo Especial Kodak-Fuji
ha interpretado el artículo X en el sentido de que también abarca las disposiciones administrativas en
casos individuales cuando esas disposiciones establecen o revisan principios o criterios aplicables encasos futuros.)  Sin embargo, la transparencia es, como principio, mucho más amplia que las
disposiciones del artículo X del GATT o del artículo III del AGCS.  En cada uno de los Acuerdos de
la OMC abarcados se han establecido disposiciones específicas sobre transparencia, con el fin de
garantizar que el principio se aplica debidamente a diferentes tipos de medidas oficiales que
repercuten en el comercio.  Tales disposiciones son muy variadas y dependen del contexto particular
de cada acuerdo.  Sin embargo, merecen especial mención dos tipos de disposiciones sobre
transparencia:  a) en el caso de los Acuerdos de la OMC relativos a medidas comerciales dereparación (es decir, antidumping, subvenciones, salvaguardias), existen disposiciones sobre
transparencia detalladas en relación con los derechos de todas las partes interesadas en las actuaciones
que puedan conducir a la adopción de medidas comerciales, así como con la necesidad de motivar
plenamente las decisiones adoptadas en los distintos casos;  y b) en el Acuerdo sobre los ADPIC
existen disposiciones relativas a los procedimientos de aplicación de que se debe disponer en virtud dela legislación de un Miembro.  Tales disposiciones conciernen tanto a la transparencia  stricto sensu
como a la garantía de una aplicación efectiva de la legislación sobre derechos de propiedad
intelectual.
Al examinar la pertinencia del principio de transparencia para la legislación y la política sobre
competencia, deben revestir particular importancia tres series de cuestiones:  a) la transparencia encuanto a las disposiciones generales de la legislación, y los criterios utilizados para aplicarlas;  b) la
transparencia en el proceso de aplicación de la legislación sobre competencia, incluidos los
procedimientos administrativos y judiciales;  y c) los derechos de las compañías en los
procedimientos sobre competencia.  Desde un punto de vista multilateral, la transparencia tiene,
naturalmente, otra dimensión fundamental, que comprende procedimientos para la notificación y laconsulta entre Miembros de la OMC, el establecimiento de "servicios de información" y
procedimientos para la vigilancia y el examen multilateral. Este aspecto de la transparencia se
considerará en nuestra comunicación sobre cooperación internacional, por lo que no se analizará más
a fondo aquí.
II. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA LEGISLACIÓN Y LA POLÍTICA SOBRE
COMPETENCIA Y SU RELACIÓN CON LA TRANSPARENCIA Y LA NO
DISCRIMINACIÓN
El Grupo se ha beneficiado de un intercambio de experiencias con respecto a los regímenes
jurídicos sobre competencia aplicados por diferent es Miembros de la OMC.  Ese intercambio de
experiencias ha mostrado que existe una variedad de experiencias nacionales, derivadas de los
distintos contextos legales e institucionales, así como diferencias en los niveles de desarrollo.  Al
mismo tiempo, hay importantes elementos comunes.  En cada régimen jurídico sobre competencia seha tratado de garantizar que los principios de no discriminación y transparencia se recogen
debidamente no sólo en el marco jurídico fundamental, sino también en los procedimientos para la
administración y aplicación de la ley, y mediante una activa política de información pública.
La principal preocupación en la OMC es que un régimen jurídico nacional sobre competencia
disponga de los medios necesarios para abordar las prácticas anticompetitivas que repercutenconsiderablemente en los intereses de otros Estados Miembros, y en particular, las que cierran el
acceso a un mercado y niegan así la igualdad efectiva de oportunidades de competencia.  Además,
debe haber procedimientos eficaces para administrar y aplicar la ley.  La discriminación no declarada,
por el criterio de la nacionalidad, es contraria a la propia razón de ser de la legislación sobre
competencia, por lo que apenas hay casos en que esa discriminación se refleje en las leyes de losMiembros de la OMC.  Por otro lado, pueden surgir cuestiones como las relativas a la aplicación realWT/WGTCP/W/115
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de la legislación sobre competencia cuando se trata de materias que afectan a la relación competitiva
de productos importados y nacionales (o a la competencia entre compañías nacionales y extranjeras).
Una legislación general sobre competencia, respaldada por una estructura de aplicación efectiva y
transparente, es la mejor garantía contra el riesgo de esa discriminación.  En efecto, un marco
transparente de legislación sobre competencia y un proceso de aplicación contribuyenconsiderablemente a disipar las preocupaciones por las consecuencias sobre el acceso al mercado de
prácticas anticompetitivas.  La transparencia tiene además varias ventajas adicionales:  a) las normas
sobre competencia son complejas y las empresas tienen que estar en situación de evaluar, con una
grado de incertidumbre razonable, las prácticas y decisiones prohibidas;  b) la transparencia es
esencial para que las compañías estén en situación de tratar de hallar reparación contra prácticas
anticompetitivas ante las autoridades encargadas de la competencia o ante los tribunales.  Del mismo
modo, los consumidores necesitan saber cómo pueden contribuir las normas sobre competencia aproteger sus derechos;  c) las garantías de "proceso legal" en la aplicación de la legislación sobre
competencia son importantes por razones de equidad y para reducir costos innecesarios a las
empresas.  A medida que más países adopten un régimen jurídico sobre competencia habrá más
razones para tener la seguridad de que los diferentes regímenes nacionales se basan en elevadas
normas de transparencia;  d) la defensa de la competencia es una dimensión esencial de latransparencia.  Las autoridades encargadas de la competencia deben estimular a otros departamentos
de gobierno a tomar en consideración las preocupaciones que suscita la competencia, por ejemplo en
la adopción de medidas o disposiciones comerciales.
Con el fin de tener más en cuenta la pertinencia de los principios de transparencia y no
discriminación, en esta sección se considerará cómo pueden aplicarse estos principios en relación condiferentes aspectos de una estructura nacional de la legislación sobre competencia.  Se tratará sobre
todo de aquellos elementos esenciales de la legislación y la política en materia de competencia que
revisten interés para el sistema comercial multilateral.  Con el fin de ilustrar cómo en esa legislación y
en esa política se ha tratado de abordar cuestiones relativas a la no discriminación y a la transparencia,
se hace referencia en ciertos casos a experiencias en la legislación sobre competencia de laComunidad Europea o la legislación de sus Estados miembros.
1  Esto no quiere decir, sin embargo,
que los planteamientos seguidos en la Comunidad Europea sean los únicos posibles.  Se debe
perseguir más bien la finalidad de tratar de definir principios comunes, basados en elevadas normas de
transparencia y no discriminación.  En la última sección de esta comunicación se examinan las
posibilidades de esos principios comunes.
A. ALCANCE Y COBERTURA DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA
1. Adopción de una legislación general sobre la competencia
La legislación general sobre la competencia es un instrumento primordial para abordar las
prácticas anticompetitivas que nieguen la igualdad efectiva de oportunidades de competencia y cierren
el acceso a un mercado.  Los debates en el Grupo han mostrado que, si bien varían el alcance
sustantivo de los regímenes jurídicos nacionales sobre competencia, la mayoría de las leyes relativas a
ésta comprenden disposiciones sobre acuerdos anticompetitivos entre compañías y sobre lamonopolización o el abuso de una posición dominante.  Las prácticas anticompetitivas con efectos de
exclusión pueden surgir como resultado de acuerdos horizontales o verticales entre compañías o de
ciertos tipos de conducta de una compañía con posición de poder en el mercado.  Tales prácticas
pueden realizarlas compañías extranjeras o nacionales y empresas públicas o privadas.  Por lo tanto,
en todo método basado en la no discriminación se debe tratar de garantizar la existencia de unrégimen jurídico nacional sobre la competencia dot ado efectivamente de medios para afrontar esas
                                                     
1 En el documento WT/WGTCP/W/34 figura un análisis general de las leyes sobre competencia de la
Comunidad Europea y de sus Estados miembros.WT/WGTCP/W/115
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prácticas y que la legislación se aplica realmente en forma no discriminatoria con independencia de
que resulten afectados intereses extranjeros o nacionales.  La adopción de un régimen jurídico general
sobre la competencia no excluye la determinación de prioridades en la aplicación, lo que permite a
una autoridad encargada de la competencia centrar los limitados recursos en aquellas prácticas que
tengan mayores efectos sobre la estructura de la competencia en un mercado.  En efecto, ladeterminación de prioridades es con frecuencia necesaria para impulsar las operaciones de aplicación
de la autoridad encargada de la competencia.  Esto puede revestir particular importancia para las
autoridades encargadas de la competencia establecidas recientemente en países en desarrollo.
Una cuestión que ha sido objeto de mucho debate en el Grupo de Trabajo es el grado en que
las disposiciones sobre el control de las fusiones son un elemento necesario de un régimen general de
la legislación sobre competencia.  Desde la mera perspectiva de la legislación sobre competencia, hay
razones poderosas para elaborar procedimientos con el fin de controlar las fusiones que establezcan orefuercen una estructura del mercado anticompetitiva antes de entrar en vigor.  No obstante, puede
que, debido a la interacción entre política comercial y de competencia, no debe prevalecer la
preocupación de si los países deciden o no introducir un régimen de control de las fusiones.
Normalmente se pueden abordar las prácticas que dan lugar al cierre de un mercado, si bien con
menor eficacia, en virtud de la legislación relativa al abuso de dominio o monopolización.  Lo que entodo caso sería pertinente para el sistema de comercialización es que cuando existan procedimientos
de control de las fusiones se conformen a los principios de transparencia y no discriminación, y que se
prevean procedimientos de cooperación en relación con fusiones multijurisdiccionales.
La transparencia es una preocupación esencial de las autoridades encargadas de la
competencia.  En la mayoría de las leyes sobre competencia se prohíben ciertos tipos de conducta,definidos en términos muy generales. La publicación del marco legal y reglamentario básico es por
supuesto esencial, pero difícilmente condición suficiente para garantizar a empresas y consumidores
una certidumbre jurídica.  Por ejemplo, según el régimen jurídico de la Comunidad Europea sobre
competencia se han introducido varias medidas adicionales para garantizar la transparencia, entre las
que figuran:  a) la publicación de comunicaciones o directrices relativas a los criterios utilizados porlas autoridades encargadas de la competencia para interpretar o aplicar determinados aspectos de la
legislación sobre competencia;  b) publicaciones de carácter general relativas a la legislación de la
Comunidad Europea sobre competencia;  c) un info rme anual con observaciones sobre la evolución
legislativa y la aplicación en distintos casos;  d) un boletín regular sobre la política de competencia
europea, publicado tres veces al año.  La información figura asimismo en Europa en el servidor de la
World Wide Web de la Unión Europea.
2  Los Estados miembros de la Comunidad Europea han
tomado medidas análogas con respecto a la legislac ión nacional sobre competencia.  Si bien para
garantizar la transparencia se pueden seguir diferentes métodos, es bastante importante que en cada
uno de ellos exista suficiente información no sólo sobre el régimen jurídico básico, sino también sobre
cómo se aplica la ley en la práctica.
2. Exclusiones de la aplicación de la legislación sobre competencia
La legislación sobre competencia debe aplicarse, en principio, a todos los sectores de la
economía, y las exclusiones deben reducirse al míni mo.  El Grupo ha mantenido ya un debate inicial
sobre la cuestión de las exclusiones de la aplicación de la legislación sobre competencia.  En                                                     
2 Http//europa.eu.int.  Las páginas de la DG IV contienen información sobre los principales aspectos de
la política de competencia, a saber, antimonopolio, fusiones, liberalización, ayudas estatales y aspectos
internacionales.  Bajo cada uno de esos títulos, el usuario puede hallar secciones con comunicados de prensa,leyes publicadas en el boletín oficial, textos completos de disposiciones legislativas y una lista de decisiones dela Comisión y dictámenes de la Corte Europea de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia.  También figuraotra información sobre legislación y política de competencia, así como enlaces con sitios en la Web de otras
autoridades encargadas de la competencia.WT/WGTCP/W/115
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numerosos regímenes jurídicos relativos a la competencia se excluye total o parcialmente de la
aplicación de la legislación en materia de competencia a determinados sectores económicos.  En otros
casos, la legislación sobre competencia no se aplica debido a regímenes nacionales de reglamentación.
Las amplias exclusiones sectoriales de la aplicación de la legislación sobre competencia son motivo
de preocupación, tanto por lo que respecta a la discriminación como a la transparencia.  La falta dedisciplinas efectivas en la legislación sobre competencia en un sector de actividad económica puede
dar lugar a prácticas anticompetitivas de compañías nacionales, que impidan el acceso a un mercado a
competidores extranjeros.  También es importante establecer claramente el alcance y los criterios de
cualesquiera de esas exclusiones cuando se aplica la exclusión sectorial, o cuando la reglamentación
estatal afecta a la aplicación de la legislación sobre competencia.  A este respecto, procede señalar
que, como ya se ha mencionado en el Grupo de Trabajo, en la mayoría de los regímenes jurídicos
sobre competencia hay una clara tendencia a eliminar las exclusiones existentes de la aplicación de lalegislación sobre competencia o a definir las exclusiones que subsistan en términos restrictivos.  Todo
ello sin perjuicio de que determinados tipos de exclusiones horizontales puedan tener razones de
desarrollo y difícilmente repercutan en el comercio internacional.  Por ejemplo, una de las
condiciones de la aplicación del artículo 85 del Tratado de la CE es que el acuerdo ha de tener un
efecto "apreciable" sobre la competencia y sobre el comercio entre Estados miembros, condición quela mayoría de las veces no se cumple en casos de acuerdos entre pequeñas y medianas empresas.
La relación entre la legislación sobre competencia y la reglamentación gubernamental se ha
examinado detenidamente en el Grupo de Trabajo.  Según la mayoría de los regímenes jurídicos sobre
competencia, la reglamentación gubernamental propiamente dicha no está comprendida en el ámbito
de aplicación de la legislación sobre competencia.  Debido a sus objetivos de integración del mercado,la situación es diferente en virtud de la legislación sobre competencia de la CE, que en determinadas
condiciones abarca medidas aplicadas por los Estados miembros.  Esto no quiero decir, empero, que
pueda aplicarse un marco similar en el plano multilateral.  Pero es esencial que la legislación sobre
competencia se aplique, en pie de igualdad, a las empresas privadas y a las empresas públicas.
También sería importante aclarar que la intervención de los poderes públicos no justifica la concesióna las empresas de amplias exenciones de las disciplinas de la legislación sobre competencia.
Los cárteles de exportación no están incluidos en la aplicación de la mayoría de los regímenes
jurídicos sobre competencia.  En algunos casos, esto puede deberse a una exclusión total;  en otros, la
legislación sobre competencia no sería aplicable en virtud de principios generales de jurisdicción,
siempre y cuando el cártel no tenga repercusione s en el mercado del país exportador.  Algunos
cárteles de exportación pueden considerarse una forma de política de "empobrecer al vecino", cuyos
resultados son condiciones discriminatorias entre los mercados nacionales y de exportación.  Por lotanto, hay razones para examinar la pertinencia del principio de no discriminación para el trato de
cárteles de exportación, teniendo en cuenta al mismo tiempo que -por razones jurisdiccionales- la
aplicación de la ley sobre competencia del país exportador no es necesariamente la solución apropiada
en todos los casos.  La cooperación entre las autoridades encargadas de la competencia puede
desempeñar una importante función a este respecto y contribuir a la efectiva aplicación de lalegislación sobre competencia.
B. A
PLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA
La eficacia de la legislación sobre competencia para hacer frente a las prácticas
anticompetitivas, incluidas las que niegan a compañías extranjeras la igualdad efectiva de
oportunidades de competencia, obstaculiza considerablemente el grado real de la aplicación.  Losprocedimientos de aplicación varían según los sistemas jurídicos sobre cuestiones como el equilibrio
entre aplicación pública y privada, las facultades de las autoridades encargadas de la competencia o la
naturaleza y el nivel de las sanciones.  Lo indispensable para una aplicación efectiva es la
combinación de una activa política de aplicación por las autoridades encargadas de la competencia y
la aplicación mediante actuaciones privadas en los tribunales nacionales.  El establecimiento de unaestructura de aplicación efectiva es una ardua tarea para todos los países, y sólo puede lograrse enWT/WGTCP/W/115
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forma progresiva.  Es evidente que las dificultades particulares de los países en desarrollo a este
respecto merecen especial reconocimiento y un apoyo concreto.  En esta sección se considerará cómo
pueden aplicarse los principios de transparencia y no discriminación en las diferentes fases de la
aplicación de la legislación sobre competencia, incluidas las garantías para lograr una administración
razonable, objetiva e imparcial.  Debido a su especial importancia, en la siguiente sección se tratan lascuestiones relativas a los derechos de las compañías en los procedimientos de competencia.
1. Aplicación por las autoridades encargadas de la competencia
Con el fin de lograr la efectiva aplicación de la legislación sobre competencia, se ha
considerado necesario crear en los diferentes regímenes jurídicos sobre competencia una autoridad
con facultades suficientes para realizar investigaciones de prácticas anticompetitivas, incluido el
examen de quejas por las compañías afectadas.  Esa autoridad debe disponer de los medios
indispensables para obtener información y estar debidamente dotada para realizar los complejosanálisis económicos, jurídicos y fácticos primordiales que permitan determinar si se viola la
legislación sobre competencia.  Por ejemplo, en el régimen jurídico de la CE sobre competencia, la
Comisión está facultada para obtener toda la información necesaria de las compañías de que se trate,
de terceras partes y de las autoridades de los Estados miembros encargadas de la competencia.  El
procedimiento real de investigación tiene diversas fases, incluida la decisión de abrir unainvestigación, determinar hechos, proceder a un acto formal mediante el cual se notifican a las
empresas las objeciones sobre supuestas prácticas anticompetitivas, y en el que se exponen las razones
fácticas y jurídicas, audiencias con la participación de todas las partes interesadas, y la adopción de
una decisión razonada, que puede impugnarse ante el Tribunal de Primera Instancia Europeo.
Cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea ha creado una autoridad nacional
encargada de aplicar la ley sobre competencia.  Los Estados miembros pueden asimismo aplicar, en
determinadas condiciones, los artículos 85 y 86 del Tratado de la CE.  Es interesante señalar que, en
algunos Estados miembros, las autoridades encargadas de la competencia tienen facultades de
investigación más amplias que las de la Comisión, en particular, por lo que se refiere a la
disponibilidad de facultades de policía para obtener información y la imposición de sanciones en casode no cooperar.  Según los distintos regímenes administrativos, en el procedimiento de investigación
se pueden prever diferentes modalidades.  Lo importante es que, sea cual fuere el régimen, haya
suficientes garantías tanto de la eficacia como de la transparencia de los procedimientos.  Al mismo
tiempo, es esencial que existan garantías para proteger la información confidencial.  En la
Comunidad, el derecho a la confidencialidad se garantiza por el artículo 214 del Tratado de Roma.  En
este artículo se declara que los funcionarios y agentes de la Comunidad estarán obligados a no
divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional y, enespecial, los datos relativos a las empresas, y que se refieran a sus relaciones comerciales o a los
elementos de sus costes.  La legislación nacional de los Estados miembros de la Unión Europea
contiene asimismo disposiciones sobre la protección de la información confidencial.
Una dimensión esencial de la transparencia es la necesidad de justificar totalmente las
decisiones relativas a la aplicación de la legislación sobre competencia.  Esa legislación se basaesencialmente en casos concretos, incluidas las decisiones de las autoridades encargadas de la
competencia y los dictámenes de los tribunales.  La motivación de las decisiones sobre competencia
es, pues, importante, no sólo para las partes directamente afectadas por determinado caso, sino
también por razones de certidumbre jurídica general y para aclarar criterios de observancia que
puedan aplicarse en futuros casos.
2. Aplicación por los tribunales
El poder judicial tiene una función primordial en la aplicación de la legislación sobre
competencia.  Esta aplicación por el poder judicial puede ayudar también a reducir excesivos costos
administrativos y a facilitar la determinación de prioridades por las autoridades encargadas de laWT/WGTCP/W/115
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competencia.  En términos generales, la aplicación judicial puede revestir tres modalidades diferentes:
a) actuación directa de las partes privadas ante los tribunales nacionales, lo cual puede comprender
conflictos relacionados con la aplicación de un contrato, peticiones de daños y perjuicios, etc.;
b) actuaciones para la aplicación ante tribunales nacionales (o tribunales especiales) iniciada por las
autoridades encargadas de la competencia;  c) examen judicial de las decisiones adoptadas por lasautoridades encargadas de la competencia.
Según la legislación de la CE sobre competencia, las instituciones de la Comunidad y los
tribunales de los Estados miembros desempeñan una  función complementaria.  El Tratado de Roma
concede a la Comisión Europea una función de dirección para la aplicación de las normas de la CE
sobre competencia.  Al mismo tiempo, las autoridades nacionales encargadas de la competencia están
facultadas, en la mayoría de los casos, para aplicar la legislación de la CE sobre competencia.  Contra
las decisiones de la Comisión se puede recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia.  También sepuede apelar contra los dictámenes del Tribunal ante la Corte Europea de Justicia sobre cuestiones de
derecho.  El principio del efecto directo de la legislación de la Comunidad implica que los tribunales
de los Estados miembros están facultados también para aplicar las normas de la CE sobre
competencia.  En general, dichos tribunales pueden dictar requerimientos, o declarar la nulidad de los
acuerdos controvertidos o adoptar medidas provisionales.  Las empresas que demandan ante lostribunales nacionales por infracción de la legislación comunitaria sobre la competencia pueden
recurrir a todos los procedimientos y medios de reparación previstos en la legislación nacional.  Los
medios de reparación y las normas de procedimientos aplicadas por los tribunales nacionales por
infracción de la legislación de la CE sobre competencia no pueden ser menos favorables que las
establecidas para infracciones comparables de la legislación nacional.
Lo mismo que en el caso de los procedimientos de aplicación ante las autoridades encargadas
de la competencia, la función de aplicación del poder judicial varía según los diferentes sistemas
jurídicos.  Sin embargo, es importante que se reconozcan medios efectivos para tratar de obtener
reparación por medio de los tribunales nacionales por las infracciones de la legislación sobre
competencia, si bien las modalidades particulares dependerán del equilibrio entre la aplicaciónprivada y pública.
3. Recursos contra las violaciones de la legislación sobre competencia
Se puede disponer de diferentes tipos de recursos contra las violaciones de la legislación
sobre competencia, que comprenden requerimientos judiciales, órdenes de cesar y desistir, sanciones
administrativas o multas, sanciones penales, nulidad de contratos, indemnización de daños y
perjuicios, etc.  Cualesquiera que fueren los recursos particulares según los diferentes regímenes
jurídicos sobre competencia, la credibilidad de un sistema de aplicación dependerá de ladisponibilidad de sanciones a un nivel suficientemente riguroso para que tenga efectos disuasorios.
C. D
ERECHOS DE PARTES PRIVADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA
COMPETENCIA
Los derechos de partes privadas en los procedimientos relacionados con la competencia son
esenciales para la aplicación de los principios de transparencia y no discriminación.  La mejorgarantía para una aplicación transparente y no discriminatoria de la legislación sobre competencia es
reconocer a todas las compañías, ya sean nacionales o extranjeras, medios efectivos para tratar de
obtener reparación contra prácticas anticompetitivas en virtud de la legislación nacional sobre
competencia.  De ahí la importancia del derecho a presentar reclamaciones ante las autoridades
encargadas de la competencia y del derecho a demandar en los tribunales.
En un estudio de la OCDE sobre los derechos de las compañías extranjeras en virtud de las
leyes sobre competencia se llegó a la conclusión de que las compañías extranjeras no están sometidas
en general a trato diferenciado en virtud de las leyes sobre competencia.  Al mismo tiempo, en elWT/WGTCP/W/115
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estudio se mostraba que existen importantes diferencias según los países en el tipo de sistemas
utilizados para aplicar la legislación sobre competencia, y que esas diferencias afectan a los derechos
de toda compañía a formular una petición a la autoridad encargada de la competencia o a plantear una
demanda privada.
A ese respecto, es apropiado analizar, a título de ejemplo, cómo se ha abordado esta cuestión
en virtud de la legislación de la CE sobre competencia.  Toda compañía, ya sea nacional o extranjera,
puede presentar una reclamación ante la Comisión.  Para ello se puede utilizar un formulario
normalizado.  La Comisión acusa recibo de la reclamación e informa luego al demandante de las
medidas adoptadas como consecuencia de ella, incluida información sobre las medidas tomadas con
respecto a las empresas objeto de la reclamación o de otras reclamaciones presentadas sobre los
mismos hechos.  La Comisión está obligada a examinar detenidamente los elementos fácticos y
jurídicos que le someta el demandante.  De conf ormidad con un dictamen de 1992 del Tribunal de
Primera Instancia, la Comisión puede rechazar una reclamación por entender que no están en juego
intereses importantes de la Comunidad, y que el asunto puede resolverse satisfactoriamente en los
tribunales nacionales.  Cuando, después de recibir una reclamación, la Comisión considera que, sobre
la base de la información de que dispone, no hay motivos suficientes para iniciar una investigación, ha
de informar al demandante de sus razones, y fijar un plazo para que presente nuevas observacionespor escrito.  El demandante tiene también derecho a recibir una decisión definitiva de la Comisión
sobre la reclamación, decisión que puede impugnarse en una acción de anulación ante el Tribunal de
Primera Instancia.  Como ya se ha señalado, las compañías tienen también derecho a invocar la
legislación sobre competencia en las actuaciones ante los tribunales nacionales.
La otra dimensión importante relacionada con los derechos de las compañías se refiere a las
"garantías de proceso legal" en los procedimientos de aplicación ante las autoridades encargadas de la
competencia.  Una vez más, procede mencionar brevemente los derechos fundamentales reconocidos
a las compañías en virtud de la legislación de la CE sobre competencia.  En resumen, esos derechos
comprenden:  a) notificación a todas las partes interesadas de una "formulación de objeciones", en la
que se indiquen en forma pormenorizada las objeciones contra la práctica de que se trate;  b) elderecho a responder por escrito o verbalmente a las objeciones suscitadas por la Comisión.  Las
invitaciones a una audiencia no se limitan a las partes a las que se haya dirigido una objeción, sino
que se envían también a otros terceros interesados, como demandantes;  c) el derecho a acceder al
expediente, con excepción de los documentos de carácter confidencial;  d) el derecho a la protección
de la información confidencial;  e) el derecho al examen judicial de decisiones sobre competencia.
Como ya se ha señalado, en varios Acuerdos de la OMC se han establecido disposiciones
concretas sobre los derechos de las partes privadas en relación con procedimientos administrativos ojudiciales.  Con el fin de fomentar una aplicaci ón de la legislación sobre competencia efectiva,
transparente y no discriminatoria, hay razones poderosas para examinar principios comunes relativos
a los derechos de las compañías en virtud de la legislación sobre competencia.  La finalidad no debe
ser un sistema de aplicación armonizado, por existir importantes y apreciables diferencias entre
regímenes jurídicos nacionales sobre competencia y si stemas judiciales.  Se debe tratar más bien de
considerar qué principios fundamentales se deben garantizar, teniendo en cuenta las diferencias en los
procedimientos de aplicación nacionales.
III. CONTRIBUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA PARA
GARANTIZAR LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA TRANSPARENCIA EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL
Para una compañía que opte por operar en un país extranjero es esencial que su capacidad
para competir en igualdad de condiciones no se debilite con medidas adoptadas por gobiernos o por
empresas.  Los principios fundamentales de la OMC garantizan que a esa compañía no se le impedirá
hacerlo con medidas gubernamentales discriminatorias.  Con las normas sobre competencia se trataWT/WGTCP/W/115
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también de lograr que las discriminaciones abusivas de otras empresas no afectarán al funcionamiento
normal del mercado, creando así, por ejemplo, obstáculos para entrar en él.
En su comunicación del 5 de marzo de 1998 (WT/WGTCP/W/62), la CE y sus Estados
miembros discutieron los efectos sobre el comercio de las prácticas anticompetitivas.  Se sugirió que,
desde la perspectiva de la OMC, una preocupación especial la constituyen las prácticasanticompetitivas que erigen considerables obstáculos para entrar en un mercado (es decir, el efecto
de exclusión) o están destinadas fundamentalmente al comercio de exportación.  Esas prácticas niegan
a los productores extranjeros la igualdad efectiva de oportunidades de competencia o suponen otra
forma de discriminación en el comercio internacional.  Por lo tanto, también son particularmente
pertinentes para considerarlas en este punto del programa.
En la reunión del Grupo de Trabajo de marzo de 1998 hubo un fructífero debate sobre las
repercusiones de las prácticas anticompetitivas en el  comercio internacional.  Como se señaló en el
informe del Grupo de Trabajo, se ofrecieron numerosos ejemplos concretos de prácticas
anticompetitivas de empresas que afectan al comercio internacional.  También hubo un elevado grado
de convergencia sobre un marco para analizar esas prácticas.  En nuestra comunicación de marzo
de 1998 se dieron varios ejemplos de prácticas anticompetitivas que afectan al comercio internacional,
incluido acuerdos horizontales, acuerdos vertical es, abuso de una posición dominante y fusiones.
Como complemento, desearíamos ofrecer algunos ejemplos adicionales de casos en que se han
aplicado el artículo 85 y el artículo 86 del Tratado de la CE a prácticas anticompetitivas que niegan a
los productores de otro Estado miembro o de un tercer país la igualdad efectiva de oportunidades de
competencia.
Los boicoteos colectivos son un tipo de práctica anticompetitiva contraria al artículo 85 del
Tratado.  El "Asunto de artículos para barcos"
3 ofrece un ejemplo de la aplicación de la legislación de
la CE sobre competencia a tales prácticas.
Asunto de artículos para barcos
Los obstáculos erigidos mediante presión de compañías competidoras en relación con el
acceso a ciertas instalaciones, que desearía utilizar un fabricante para proporcionar información sobresu producto, pueden constituir una apreciable restricción de la competencia.
La Comisión actuó tras una reclamación presentada por un proveedor británico de artículos
para barcos cuando los dos únicos periódicos belgas especializados en esta materia, Sur l'eau  e
Ik vaar , que pertenecen al mismo grupo, se negaron seguir haciendo anuncios similares a los
publicados en el pasado.  Los fabricantes belgas se dirigieron a los periódicos, los cuales alegaron
que competían en condiciones de costos y fiscales muy desventajosas.
El proveedor británico se quejó de que sus ventas en Bélgica habían resultado muy afectadas,
y también se había privado a los compradores de artículos para barcos en Bélgica del acceso a una
fuente más económica y amplia de suministro en otro Estado miembro.
                                                     
3 Informe de la Comunidad Europea sobre la política de competencia, 1980, página 82.WT/WGTCP/W/115
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La discriminación puede ser también una forma de abuso de posición dominante.  El
artículo 86 del Tratado de la CE es aplicable únicamente a compañías dominantes o a compañías que
ocupan colectivamente una posición dominante.  Esas compañías operan en un mercado donde la
competencia está ya debilitada y donde la discriminación puede utilizarse con éxito como estrategia
para disuadir la entrada en el mercado de nuevos competidores o limitar la expansión de loscompetidores existentes.
Por otro lado, como la discriminación no puede mantenerse a largo plazo en mercados
competitivos, esta disposición, salvo en el caso de una posición dominante colectiva, no prohíbe las
discriminaciones por una empresa no dominante.  En efecto, esa empresa no influye en el precio ni en
el producto.
Un tipo de práctica discriminatoria, contrario al artículo 86 del Tratado, es la aplicación por
una empresa dominante de condiciones desiguales a transacciones equivalentes.  Por lo tanto, laaplicación del artículo 86 puede comprender una evaluación de la naturaleza (composición, calidad,
variedad, etc.) y del costo (descuentos por cantidad basados en las economías de costo, costos de
envío y de comercialización, etc.) del producto o del servicio de que se trate.  Por ejemplo, el
artículo 86 no es aplicable cuando la compañía dominante puede justificar costos diferentes para
proporcionar determinado producto o servicio.
4  La discriminación se ha utilizado con frecuencia en
sectores liberalizados recientemente.  El asunto Deutsche Bahn AG5 ofrece un ejemplo de práctica
discriminatoria en el transporte por ferrocarril, que repercutió en el comercio.
Asunto Deutsche Bahn AG
El Tribunal de Primera Instancia decidió que el operador ferroviario alemán Deutsche Bahn
AG violó las disposiciones del artículo 86 al abusar de su posición dominante en el mercado de
transporte por ferrocarril en Alemania:  Deutsche Bahn  impuso derechos discriminatorios en el
mercado del transporte terrestre de contenedores utilizados en el marítimo.  Esos derechos eran más
altos, por ejemplo, para el transporte entre un puerto belga u holandés y Alemania que entre cualquier
lugar de Alemania y un puerto alemán.  En otras palabras, Deutsche Bahn  aplicó condiciones
desiguales a transacciones equivalentes, situando así a los puertos no alemanes en desventajacompetitiva.
En ciertas circunstancias, la concertación de contratos exclusivos por una empresa dominante
puede negar el acceso a un mercado a competidores extranjeros.  El asunto IRI-Nielsen6 ofrece un
ejemplo interesante, que entraña la discriminación con respecto a un proveedor estadounidense de
servicios de información al por menor.
                                                     
4 Por ejemplo, en el asunto Corsica Ferries  (ECJ, 18 de junio, asunto C-266/96) la Corte Europea de
Justicia declaró que no es incompatible con los artícul os 85 y 90 del Tratado incluir en el precio de un servicio
de interés económico general un componente destinado a cubrir el costo de mantenimiento de ese servicio, en lamedida en que corresponda a los gastos suplementarios  ocasionados por las características especiales de ese
servicio, y a establecer para ese servicio derechos diferentes sobre la base de las características particulares de
cada puerto.
5 TFI 21 de octubre de 1997, asunto T-229/94.
6 Informe de la Comisión de la CE sobre la aplicación del Acuerdo CE /Estados Unidos de 1991,
de 8 de octubre de 1996 (COM(96) 346), página 5.WT/WGTCP/W/115
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IRI contra Nielsen
En 1995, la Comisión inició una investigación en virtud del artículo 86 sobre un supuesto
abuso de posición dominante por la AC Nielsen Company , radicada en Estados Unidos, que es el
principal proveedor mundial de servicios de info rmación al por menor con una posición dominante en
el mercado de casi todos los Estados miembros.  Los servicios de información al por menor consistenen reunir y procesar información sobre ventas de productos y otros datos de comercialización.  La
investigación de la Comisión se inició a raíz de una reclamación de Information Resources Inc . (IRI),
otra compañía radicada en Estados Unidos que, después de introducir nueva tecnología, había
conquistado una gran cuota del mercado estadounidense.  Las prácticas anticompetitivas abordadas
en la investigación de la Comisión comprendían:  a) contratos exclusivos en el mercado austríaco que
impedían a todo competidor obtener los datos pertinentes y, por lo tanto, entrar en el mercado;
b) contratos que impedían a minoristas vender datos a terceros a un precio más favorable que elofrecido a Nielsen, permitiendo así a Nielsen fijar precios más altos, erigiendo obstáculos para la
entrada en el mercado;  c) descuentos y rebajas ofrecidas a compañías multinacionales que
compraban servicios de Nielsen en varios países.  El asunto se resolvió comprometiéndose Nielsen a
no concertar contratos exclusivos ni contratos que limitaran de algún modo la libertad de los
minoristas para proporcionar datos.  También se asumió el compromiso de separar contratos queabarquen más de un país, por lo que los clientes multilaterales pueden pasar a un competidor de un
país sin pérdida de las condiciones ofrecidas en otros países, y se prohibieron las rebajas de fidelidad.
IV. POSIBILIDADES DE ESTABLECER EN LA OMC PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA Y
SU APLICACIÓN
La CE y sus Estados miembros han aduci do que un importante componente de un marco
multilateral de normas sobre la competencia sería el establecimiento de principios esenciales sobre la
legislación en materia de competencia y su aplicación.  Otros muchos Miembros de la OMC se hanmostrado interesados en estudiar más a fondo esa opción.  En la presente comunicación se trata de
mostrar que existe una estrecha relación entre los principios de transparencia y no discriminación de
la OMC y los elementos esenciales de la legislación sobre competencia y su aplicación.  Una parte
fundamental de la interacción entre el comercio y la política de competencia es la necesidad de
fomentar la igualdad efectiva de oportunidades de competencia.  Junto con una serie de normasrelativas a los obstáculos gubernamentales al comercio, es preciso considerar un marco básico de
disciplinas para tratar las prácticas anticompetitivas de las empresas que tienen consecuencias
similares para el comercio y la inversión de otros Miembros de la OMC.  La mejor manera de lograrlo
es mediante el compromiso de introducir una legislación general sobre competencia y una estructura
de aplicación efectiva, basada en los principios de transparencia y no discriminación.  Esto podríacomplementarse con planteamientos comunes de la prácticas anticompetitivas que influyen
considerablemente en el comercio y en la inversión internacionales y en modalidades de cooperación
internacional.
Por lo tanto, en un acuerdo en la OMC podría establecerse un marco básico de normas
relativas a la adopción y aplicación de legislación nacional sobre competencia, y disposiciones sobre
cooperación entre Miembros de la OMC.  No se trataría en absoluto de que la OMC desarrollara
facultad alguna de investigación o aplicación sobre prácticas anticompetitivas.  Los compromisosasumidos en virtud del marco multilateral se incorporarían en la legislación nacional sobre
competencia de los Miembros de la OMC.  Por lo tanto, en ese acuerdo no se impondrían obligaciones
a las empresas ni resultaría afectada en modo alguno la naturaleza de la OMC como marco de
derechos y obligaciones entre sus Miembros.  Adem ás, las disciplinas de la OMC deberían tender
claramente al objetivo de abordar mejor esas prácticas anticompetitivas que repercutenconsiderablemente en el comercio y en la invers ión internacionales y afectan por lo tanto a los
objetivos de apertura de mercados de la OMC.  Las prácticas anticompetitivas de carácter puramenteWT/WGTCP/W/115
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nacional no tiene por qué ser motivo de preocupación en la OMC.  Tampoco un marco de normas
multilaterales obstaculizaría en modo alguno la aplicación de disciplinas más elaboradas en virtud de
leyes sobre competencia de Miembros de la OMC.
Como han mostrado los debates en el Grupo, en general se reconoce que la política de
competencia debe considerarse como un instrumento para el desarrollo.  En efecto, muchos países endesarrollo han introducido o reforzado un marco jurídico de competencia como elemento esencial de
las reformas internas destinadas a fomentar la integración de una economía mundial globalizada.  Esto
muestra que los países en desarrollo deben participar plenamente en los esfuerzos por reforzar la
cooperación internacional sobre política de competencia, y que la dimensión del desarrollo ha de
ocupar también un lugar central en las consideraciones de un marco multilateral de normas sobre
competencia en la OMC.
En su comunicación sobre el punto 2 del programa de trabajo, la CE y sus Estados miembros
compartirán algunas ideas iniciales sobre la manera de disipar las preocupaciones de países en
desarrollo en relación con la necesidad de mejorar la cooperación internacional frente a prácticas
anticompetitivas.  Sin embargo, merece la pena mencionar aquí algunas consideraciones generales.
La adopción de una legislación general sobre competencia, basada en una estructura de aplicación
efectiva, entraña claros beneficios desde la perspectiva del desarrollo, pero representa también unadificultad para administraciones de países en desarrollo.  Los períodos de transición, junto con la
flexibilidad de las normas, deben formar parte de todo marco multilateral sobre competencia en
la OMC.  Ahora bien, para que los países en desarrollo obtengan los máximos beneficios de una mejor
cooperación internacional, es preciso examinar más activamente la manera de abordar las necesidades
concretas de las administraciones de países en desarrollo.  Eso debe implicar el examen en la OMCde dos series de cuestiones complementarias:  a) cómo lograr que los países en desarrollo puedan
obtener los máximos beneficios de las modalidades de la cooperación internacional,
incluidos intercambios de experiencias, intercambios de información no confidencial, consultas, etc.;
y b) cómo reforzar la capacidad nacional por lo que respecta a la administración y aplicación de la
legislación sobre competencia.  La existencia de un marco en la OMC sobre la competencia deberíadesempeñar una función catalizadora, fomentando una mayor asistencia técnica tendente a objetivos
acordados en común.  Esto debería entrañar asimismo una mayor cooperación entre la OMC,
la UNCTAD, otras organizaciones multilaterales y donantes bilaterales en plena asociación con los
países en desarrollo.
Como conclusión de esta comunicación, la CE y sus Estados miembros desean compartir
algunas ideas iniciales sobre elementos que pueden considerarse en la OMC con respecto a la
elaboración de principios y normas fundamentales sobre legislación en materia de competencia y suaplicación.  No se trata de ofrecer una lista completa de principios o de normas, sino más bien de
indicar en términos generales algunas de las esferas que podrían abarcar esos principios o normas.  Se
debe centrar particularmente la atención en aquellos aspectos de la legislación y la política sobre
competencia más pertinentes para el sistema comercial multilateral, reconociendo plenamente al
mismo tiempo la dimensión del desarrollo y las diferencias en los marcos jurídicos e institucionalesnacionales.  El principal objetivo sería promover la adopción de una ley general sobre competencia,
respaldada por una estructura de aplicación efectiva y basada en principios como transparencia y
no discriminación.
A este respecto, la CE y sus Estados miembros sugieren que entre las cuestiones que podrían
considerarse más a fondo podrían figurar las siguientes:
a) Adopción de una legislación general sobre competencia:  Podría asumirse el compromiso de
aplicar una legislación general sobre competencia, sujeta a las apropiadas disposiciones transitorias.
Se podría especificar la cobertura básica de esa legislación, en particular en cuanto al tipo de prácticas
anticompetitivas abarcadas y la aplicación a empresas privadas y públicas.  Se podría confirmar el
principio de no discriminación, incluida la discriminación de jure  y de facto .  Se podrían elaborarWT/WGTCP/W/115
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disposiciones sobre transparencia no sólo relativas al marco jurídico básico, sino también a directrices
generales y otros medios de sensibilizar a las empresas y a los consumidores.  También se podrían
especificar exclusiones de la aplicación de la legislación sobre competencia.  Asimismo, se podría
considerar un compromiso para evitar nuevas exclusiones sectoriales y reducir progresivamente las
exclusiones que afectan negativamente al comercio internacional.  Igualmente, se podría considerar laaclaración de las relaciones entre políticas reglamentarias y otras formas de intervención
gubernamental y la aplicación de la legislación sobre competencia.  La intervención de los gobiernos
no debería justificar amplias derogaciones de la aplicación de disciplinas de la legislación sobre
competencia a las empresas.  Se podría reconocer expresamente la función de defensa de las
autoridades encargadas de la competencia, a fin de promover la consideración de preocupaciones
sobre competencia en relación con políticas de reglamentación u otras formas de intervención
gubernamental.
b) Administración y aplicación de la legislación sobre competencia:  Un elemento esencial
podría ser la creación de una autoridad encargada de la competencia con suficientes facultades de
investigación de prácticas anticompetitivas.  Las leyes sobre competencia se administrarían en forma
no discriminatoria, razonable, imparcial y uniforme.  Se podrían elaborar disposiciones sobre
transparencia con respecto a diferentes fases en la administración y aplicación de la legislación sobrecompetencia, incluida la motivación de distintas decisiones razonadas sobre la competencia.  Se
podrían considerar disposiciones básicas sobre recursos, incluidas sanciones a un nivel
suficientemente riguroso para que tenga efectos disuasorios.
c) Derechos de partes privadas:  Se podría reconocer procedimientos que permitieran a partes
privadas acceder a las autoridades encargadas de la competencia, incluidas peticiones a autoridades
administrativas y acceso a los tribunales.  También se podría considerar el reconocimiento de las
garantías "de proceso legal" en la administración y aplicación de la legislación sobre competencia.  Se
podrían adoptar asimismo normas básicas sobre la protección de la información confidencial.  Se
podría reconocer la función del poder judicial en la aplicación de la legislación sobre competencia,
incluidos el acceso directo a los tribunales y el examen de decisiones administrativas.
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