RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q/GTM/1
IP/Q2/GTM/1
IP/Q3/GTM/1
IP/Q4/GTM/1
11 de mayo de 2001
(01-2428)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
GUATEMALA1
En el presente documento se reproduce la  declaración introductoria planteada por la
delegación de Guatemala, las preguntas que le fuer on formuladas y las correspondientes respuestas con
motivo del examen de la legislación que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días 27
al 30 de noviembre de 2000.2
_______________
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
Para el Gobierno de la República de Guatemala, la protección de los derechos de propiedad
intelectual reviste suma importancia y, precisamente, nuestra presencia en esta reunión obedece a
ello y a la oportunidad que nuestro país tiene para ratificar a todos los Miembros de la OMC el firme
propósito de continuar realizando nuestros mejores esfuerzos, para garantizar el cumplimiento y
debida observancia a todos los compromisos que en esta materia hemos asumido, lo que quedaevidenciado con los esfuerzos de adaptación legal que se han realizado, no obstante que somos un
país en desarrollo, que hace solamente cuatro años superamos un conflicto bélico interno que duro
más de tres décadas.
Guatemala es un país de contrastes. Sus habitantes conviven en una nación de carácter
multiétnico, pluricultural y multilingüe; ha tenido hermosas y dignas épocas desde el inicio de la
milenaria cultura maya hasta nuestros tiempos. Su nombre ha sido conocido por su ciencia, sus
obras, su arte, su cultura y por sus hombres y mujeres ilustres y humildes, honrados y de paz, algrado que célebres guatemaltecos han recibido el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nobel de
la Paz. Sin embargo, también hubo tiempos de conflicto que dificultaron la convivencia pacífica y la
aceleración del desarrollo económico del país.
Para nuestra satisfacción, ese conflicto que le robó la sonrisa a nuestro pueblo terminó el 29
de diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Desde entonces es
satisfactorio para los guatemaltecos hablar del fin de los tiempos de guerra, pues la sabiduría que
nació de ese dolor, está guiando a nuestra nación por el todavía largo camino de la construcción de
una paz real y de un proceso de desarrollo económico y social, lo cual promete una democracia
estable, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el imperio dela justicia y el bienestar económico para toda la población, en lo cual los guatemaltecos nos
encontramos comprometidos.
                                                     
1 Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados
por Guatemala en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentosIP/N/1/GTM/1; IP/N/1/GTM/C/1/Rev.1; IP/N/1/GTM/I/1/Rev.1 e IP/N/6/GTM/1.
2 El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/29.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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Efectivamente, nuestra nación continúa haciendo frente al desafío de construir una nueva
sociedad, lo cual ha requerido realizar sustanciales y profundos cambios en el sistema político,
jurídico y económico. En ese contexto, el respeto y la promoción de los derechos humanos, entre los
cuales se encuentra los derechos de autor y de inventor, garantizados por la Constitución Política dela República de Guatemala, sigue siendo la primera prioridad en la agenda nacional. Por esa razón la
protección de los derechos de propiedad intelectual ha recibido la atención del actual Gobierno, lo
cual se manifiesta en que a partir del primero de noviembre de este año ha cobrado plena vigencia un
conjunto de disposiciones legales que responde plenamente a las disposiciones del Acuerdo sobre los
ADPIC.
Antes de referirme a las principales características del nuevo régimen jurídico de propiedad
intelectual, deseo expresar que el tratamiento legal de estos derechos encuentra antecedentes en
nuestra historia desde el siglo XIX.  Tradicionalmente Guatemala ha sido país signatario de la
mayoría de acuerdos y convenios sobre Derecho de Autor y Propiedad Industrial que han sido
concertados en el continente americano y en el ámbito regional con los hermanos países
centroamericanos. Posteriormente, Guatemala pasó a ser parte contratante de la Convención deRoma, del Convenio Fonogramas y del Convenio cons titutivo de la OMPI.  Durante los últimos años
Guatemala fortaleció el marco internacional de protección a estos derechos al pasar a ser Miembro
de la OMC, de la Convención de Berna y del Convenio de París.  En corto plazo se procederá a la
aprobación de los llamados nuevos tratados de la OMPI de 1996.  Con base en lo anterior, podemos
afirmar que nuestro país ha dado señales inequívocas de su firme compromiso en este campo deacción.
Como resultado de este firme compromiso se han puesto en vigencia los dos principales
cuerpos normativos sobre la materia:
• La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, aprobada en 1998 que
recientemente ha sido objeto de modificaciones con el propósito de regular en mejorforma dichos derechos; y
• La Ley de Propiedad Industrial, que este mes cobró vigencia.
Este nuevo conjunto de disposiciones ha venido a sustituir la anterior legislación sobre
derecho de autor de 1954, la legislación en materia de patentes de invención, modelos de utilidad ydiseños industriales de 1985, y el convenio regional en materia de marcas y demás signos distintivos
suscrito en 1968.
La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos es un cuerpo normativo que tiene por
objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas
intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.
Dicha Ley tiene su fundamento y concuerda con los compromisos de nuestro país contenidos en losinstrumentos internacionales ya mencionados.
Las experiencias acumuladas en los dos años de vigencia de dicha Ley, pusieron en
evidencia la necesidad de ampliar y aclarar algunas de sus disposiciones y reforzar el régimen de
observancia, para que su aplicación resultara en beneficio de los autores y titulares de los derechosrespectivos, haciendo que éstos sean real y efectivamente reconocidos y protegidos. En ese orden de
ideas, recientemente fue aprobado un conjunto de modificaciones a la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos que han cobrado vigencia a partir  del primero de este mes. Para la modificación
se tomaron en cuenta las exigencias actuales impuestas por el desarrollo de las nuevas tecnologías
disponibles para la difusión de las obras, y las disposiciones de los nuevos tratados internacionalesde esta naturaleza que fueron celebrados en el seno de la OMPI. IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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Algunas de las principales características de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, son la protección de la obra desde su creación y sin necesidad de cumplir formalidades; la
ampliación del plazo de protección para todas las categorías de obras y derechos conexos a setenta y
cinco años, superando el mínimo requerido internacionalmente. Entre los derechos  concedidos a losautores o titulares se prevé, entre otros, el derecho de distribución, por cualquier modalidad, sin
distinción del tipo de obra, incluyendo el derecho de arrendamiento; y el derecho de autorizar o
prohibir la  importación de ejemplares legítimos de la obra. La Ley incluye disposiciones especiales
para la protección de los programas de ordenador y las obras audiovisuales, definiendo a quien
corresponde el ejercicio de los derechos para su explotación comercial.
La Ley establece el importante papel que debe desempeñar el Registro de la Propiedad
Intelectual, no sólo como autoridad administ rativa competente en esta materia, sino como
responsable de la divulgación del conocimiento de los derechos de propiedad intelectual.
Igualmente, la Ley incorpora disposiciones en cuanto al régimen de organización, funcionamiento y
fiscalización de las sociedades de gestión colectiva para que cumplan con el objetivo de facilitar la
defensa y administración de los derechos patrimoniales reconocidos en la Ley.
Por su parte, la nueva Ley de Propiedad Industrial reúne en un solo cuerpo legal las normas
aplicables a los derechos sobre las marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos, las
invenciones y los diseños industriales, así como las que tienen por objeto la represión de la
competencia desleal, incluyendo la protección de los secretos empresariales e información nodivulgada. Como expresamente se establece en su primer artículo, esta Ley tiene por objeto “la
protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la
industria y el comercio”.
Cabe destacar como algunas de las principales características del nuevo régimen, el hecho de
extender la cobertura  de la protección de las marcas notoriamente conocidas a todos los demás
signos distintivos, y la posibilidad de obtener judicialmente la cancelación de una marca por la falta
de uso por más de cinco años. Se prohíbe el registro y utilización de  indicaciones geográficas,
incluyendo denominaciones de origen, que indiquen o sugieran que el producto proviene de una
región geográfica distinta a la del verdadero origen del mismo.
También, el nuevo marco jurídico amplía a veinte años el plazo de  vigencia de los derechos
derivados de una patente de invención, y establece la posibilidad de admitir la patentabilidad de
productos y procedimientos en cualquier campo de la tecnología, incluyendo las plantas y animales
producidos por procedimientos no biológicos.  La patentabilidad de los productos farmacéuticos y
agroquímicos es efectiva a partir de la vigencia de la ley, no obstante que la obligación de protección
era exigible a partir del primero de enero del 2005.  En lo que se refiere a las variedades vegetales, la
ley adopta un sistema de protección mixto, puesto que las condiciones de patentabilidad y el alcancede los derechos son especiales.
Se establecen dos formas de obtener la protección de los diseños industriales: una, sin
formalidades y por tres años a partir de la primera divulgación, lo que favorece la protección de los
diseños textiles; y otra, por el registro, hasta por un plazo de quince años. La protección sin
formalidades no excluye el derecho a obtener la protección derivada del registro del diseño.
Igualmente, la Ley ha previsto procedimientos administrativos modernos y ágiles tendientes
a favorecer el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos respectivos, incluyendo bajo ciertas
condiciones, el beneficio para los inventores de la reducción en el pago de las tasas.
En cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, ambas Leyes
incorporan disposiciones especiales para reprimir las infracciones a los derechos y prevenir futurasIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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violaciones.  Efectivamente, el nuevo régimen de propiedad intelectual guatemalteco contempla un
novedoso conjunto de disposiciones de naturaleza procesal tendientes a posibilitar un adecuado
respeto a los derechos que la misma regula.  Dentro de las medidas cautelares que pueden obtenerse
por parte de los titulares se encuentran, el comiso de productos infractores, la suspensión de licencias
sanitarias de productos ilegítimos, y  la suspensión en aduanas de la importación o exportaciónrespecto a mercancías infractoras de marcas y derechos de autor para evitar su comercialización
ilícita.  En esa materia, también se establece un procedimiento de juicio oral, que concentra la
actividad procesal en audiencias para ventilar en forma más expedita las reclamaciones de naturaleza
civil, sin descartar que, cuando las partes involucradas así lo acuerden, puedan someter sus
diferencias al arbitraje o conciliación de conformidad con una Ley específica.  Se ha reestablecido la
acción pública para la persecución de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, junto
con la creación de una Fiscalía Especial.  Igualmente se ha modificado el Código Penal paraestablecer, en primer lugar, una adecuada tipificación de las conductas infractoras de conformidad
con las nuevas disposiciones sustantivas y, en segundo lugar, sanciones pecuniarias y de prisión para
disuadir que se comentan dichos actos.
Estamos conscientes de lo dinámico del acontecer mundial en esta materia, por lo que
nuestro compromiso con la misma requiere un esfuerzo continuo. Actualmente, entre otras, tenemos
en nuestra agenda las siguientes actividades:
• Impulsar la aprobación de los nuevos Tratados OMPI de 1996;
• Promover la aprobación del proyecto de Ley que desarrolla la protección de los
esquemas de trazado de circuitos integrados;
• Difundir el conocimiento sobre los derechos de propiedad intelectual;
• Capacitar a las autoridades que tienen la responsabilidad de aplicar la nueva
normativa;
• Incluir en los programas de estudios esco lares, junto con el conocimiento de los
derechos humanos, los principios de respeto a la creatividad y la expresión humanaen todas sus manifestaciones, con el objetivo de inculcar en las nuevas generaciones
de guatemaltecos una cultura de respeto a estos derechos;
• Coordinar los esfuerzos de todas las instituciones vinculadas con esta materia,
orientados a fomentar y proteger los derechos de propiedad intelectual con el
objetivo de coadyuvar al desarrollo socioeconómico del país;
• Impulsar a nivel de la región centroamericana el establecimiento de normas comunes
en propiedad intelectual que favorezcan el actual proceso de integración regional.
Guatemala, cree firmemente que la efectiva protección de los derechos de propiedad
intelectual no es un fin en sí misma, sino un importante elemento de desarrollo económico que debe
estar presente en toda agenda nacional, ya que el reconocimiento y estímulo a la creatividad einnovación constituye un factor dinamizador del desarrollo productivo de un país. Guatemala
continuará realizando su mejor esfuerzo en pro del fomento y la adecuada y efectiva protección de
los derechos de propiedad intelectual. IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR CANADÁ
1. Sírvanse describir la forma en que se ha aplicado la observancia de los derechos de
propiedad intelectual (Artículos 41-61 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Artículos 41 y 42
Para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tanto la Ley de
Propiedad Industrial como la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos regulan la posibilidad
del titular de los derechos respectivos de promover acciones judiciales, tanto de naturaleza civil
como penal, en ambos casos para proteger sus derechos frente a una infracción, o bien, para impedir
o prevenir la comisión de infracciones y evitar sus consecuencias. No se encuentran previstos
medios de defensa en la vía administrativa.
Los procesos civiles que se promuevan en ejercicio de las acciones respectivas, se tramitan
de acuerdo con el procedimiento del juicio oral regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil
(artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos), sin perjuicio de la posibilidad de las partes involucradas de acudir a medios alternos de
solución de controversias, como la conciliación y el arbitraje que se regulan por una Ley especial.Por su parte, en el caso de acciones de naturaleza penal, corresponde al Ministerio Público el
ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, sin perjuicio de que el titular o
licenciatario de los derechos afectados provoque esta persecución denunciado la violación de tales
derechos o adhiriéndose a la iniciada de oficio (artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial y 128
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Se encuentra prevista, asimismo, la posibilidad de solicitar, incluso antes de promover
cualquiera de las acciones comentadas, medidas o providencias cautelares para la protección de los
derechos, para impedir la infracción o para obtener y conservar pruebas (artículos 186 y 207 de la
Ley de Propiedad Industrial y 128 bis y 133 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos).  Además, la posibilidad de promover medidas en frontera, con el objeto de que se ordene
la suspensión de la importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan los derechos
del titular de marcas o de derechos de autor o conexos (artículos 190 de la Ley de Propiedad
Industrial y 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Artículo 43
En cuanto a la facultad de la autoridad judicial de requerir a la otra parte en un
procedimiento que presente pruebas que se encuentran en su poder, ni la Ley de Propiedad Industrial
ni la Ley de Derecho de Autor y Derechos Cone xos contienen disposiciones al respecto.  Sin
embargo, el artículo 182 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria, sí
contempla esta facultad pero limitada a la prueba documental.  En efecto, la citada norma estableceque cuando una de las partes en el proceso deba servirse de un documento que, según su
manifestación, se halle en poder de su adversario, deberá presentar copia del mismo o, al menos,
todos los datos que conozca acerca de su contenido y, además, probar que el documento lo tiene o lo
ha tenido el adversario.
Según la misma norma citada, en tal caso el juez ordenará que se prevenga a la parte
contraria para entregar el documento dentro del plazo que el propio juez señalara, bajo
apercibimiento de que si no lo entrega y no produjera contrainformación, el juez resolverá tener por
exacto el texto del documento mencionado por la parte que solicitó la entrega, o bien, declarará que
los datos suministrados sobre su contenido se tendrán por exactos en la sentencia.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder de la parte contraria fuere
contradictoria, el juez se reservará el pronunciamiento anterior para el momento del fallo definitivo,
en cuya oportunidad podrá extraer de las manifestaciones de las partes y de las pruebas
suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.
En cuanto a la protección de la información confidencial, existen varias disposiciones en la
legislación guatemalteca.  En principio, la Const itución Política de la República al reconocer la
garantía fundamental de la publicidad de los actos administrativos, igualmente aplicable en materia
de actuaciones judiciales, contempla como una excepción la circunstancia que la persona hubiere
suministrado datos bajo garantía de confidencialidad.
En el artículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial se encuentra una expresa referencia a la
obligación de brindar protección a la información confidencial, en el caso que las autoridades
judiciales que ordenaren una medida en frontera autoricen a quien las obtuvo el libre a las mercancías
o a los productos retenidos, con el fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de
prueba en apoyo de su reclamo.
Igualmente, el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial, que recoge el principio de la
inversión de la carga de la prueba en los casos de demandas o reclamaciones por infracción a un
procedimiento protegido por patente, reconoce que en la presentación de cualquier prueba en contrario,
se deberá tener en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus
secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de probar que utiliza un procedimientodistinto al protegido por patente.
Por otra parte, en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil se encuentra la
norma general que prescribe la posibilidad de practicar la diligencia de una prueba de manera
reservada cuando, por su naturaleza, la autoridad judicial lo estime conveniente.
Finalmente, el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, cuando recoge el principio de
que los actos y diligencias de los tribunales de la República son públicos, admite como excepciones
a dicho principio los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública,
deban mantenerse en forma reservada.  En ese mismo sentido, dicha norma faculta al juzgador paracalificar la reserva de actos o diligencias en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad.
Artículo 44
De conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial y en
el artículo 134 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en la sentencia que declare
con lugar alguna de las acciones previstas para la defensa de los derechos de propiedad intelectual,además de resolver sobre el fondo del asunto, deberán las autoridades judiciales ordenar, según el
caso y teniendo en cuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las
medidas ordenadas y los derechos de terceros, que cesen los actos infractores o de competencia
desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su
repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios.  Según expresas disposiciones deambas leyes, tanto en acciones de naturaleza civil como penal los jueces pueden asimismo ordenar,
en forma cautelar, la cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los
productos infractores; o las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la
infracción.
Artículo 45
El artículo 1645 del Código Civil establece la norma general de que toda persona que cause
daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia
inexcusable de la víctima.  En la Ley del Organismo Judicial se encuentra, asimismo, la disposición
general que establece que cuando hubiere condena de daños y perjuicios se fijará en la sentencia su
importe en cantidad líquida; agrega dicha norma que, de no ser posible ello, en la sentencia se
establecerá por lo menos, según hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacersela liquidación en el procedimiento de los incidentes, o bien, fijar su importe por expertos.
La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 185 literal e), establece que en la sentencia
que declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá disponer sobre el
resarcimiento de los daños y perjuicios.  Por su parte, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
contempla una norma similar en el literal d) del artículo 134 bis.
En cuanto a los gastos y honorarios de los abogados, el artículo 572 del Código Procesal Civil y
Mercantil dispone la norma general de que cada parte en el proceso es responsable directamente de los
gastos que se ocasionen por los actos que se lleve a cabo y por los que pida.  Sin embargo, la misma
norma establece que en caso de condena en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los
gastos necesarios que hubiere hecho.  En efecto, el artículo 573 del mismo Código establece laobligación general del juez de que, en la sentencia que termine un proceso que ante él se tramita, deba
condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte.  Esta obligación de
condena al pago de las costas tiene como excepciones cuando se haya litigado con evidente buena fe,
cuando la demanda o contrademanda comprenda pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja
solamente parte de las pretensiones fundamentales de la demanda o contrademanda, cuando se admitandefensas de importancia invocadas por el vencido y, asimismo, cuando haya vencimiento recíproco o
allanamiento.
Por otra parte, el artículo 578 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil determina dentro de
las costas reembolsables, los gastos siguientes:  el valor de los honorarios del abogado director, de losnotarios, procuradores, expertos, depositarios e interventores; así como los gastos causados por
embargos, despachos, edictos, publicaciones, certificaciones, inventarios, inscripciones en registros e
indemnización a testigos por el tiempo invertido y gastos de viaje.  Esta norma aclara que las diligencias
judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viaje, pago de vehículos, de
transporte o comunicaciones, así como por las compras de sustancias u otros artículos que fuerennecesarios para la averiguación de un hecho.
Artículo 46
El retiro de las mercancías infractoras de los circuitos comerciales puede ordenarse en forma
definitiva (en la sentencia que termina el proceso) o, incluso, en forma cautelar.  El artículo 185
literal a) de la Ley de Propiedad Industrial establece que en la sentencia que declare con lugar algunade las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá, según el caso, ordenar que las mercancías
infractoras sean retiradas de los circuitos comerciales, o bien que sean destruidas principalmente cuando
afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas, de los animales o las plantas, o el medio
ambiente.
En similar sentido, el literal b) del artículo citado de la Ley de Propiedad Industrial prescribe
que en la sentencia también deberá el juez, según el caso, disponer que los materiales e instrumentos
que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean
apartados de los circuitos comerciales o bien destruidos como objetos de ilícito comercio, sin
indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevasinfracciones.
Igualmente, el artículo 187 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial dispone que el juez
puede ordenar, dentro de las medidas que tiendan a la protección del derecho del actor o delIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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peticionario, la cesación inmediata de la comercialización de los productos infractores, así como el
comiso y traslado a los depósitos judiciales de los productos infractores y el de los materiales
utilizados para cometer la infracción, incluyendo la destrucción de éstos cuando los mismos causen un
daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el
medio ambiente.
En similares términos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su
artículo 134 bis que, en la sentencia que declare con lugar una acción prevista en dicha ley, el juez
además de resolver sobre el fondo del asunto debe ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas
o destruidas como objetos de ilícito comercio.  En el artículo 133 bis de dicha Ley, igualmente se
establece que el juez puede ordenar como medida cautelar cualquier medida necesaria para evitar la
continuación o repetición de la infracción, entre ellas, el comiso de los productos infractores y el de losequipos y materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla, así como el de los medios que
sirvieran para realizar la infracción.  El mismo artículo dispone que los productos confiscados pueden
destruirse cuando causen un daño o constituyen un riesgo que atente con la salud o la vida humana,
animal o vegetal, o contra el medio ambiente.
Artículo 47
Ni la Ley de Propiedad Industrial ni la de Derecho de Autor y Derechos Conexos, contempla
esa posibilidad.  En igual sentido, ninguna de las disposiciones procesales que aplican
supletoriamente o que desarrollan los procedimientos civiles y penales reconoce facultad en losjueces para emitir una orden en ese sentido.
Sin embargo, de acuerdo a la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas
Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, se establece, entre otros, protección a testigos,
peritos, consultores, querellantes adhesivos y otras personas que estén expuestos a riesgos por suintervención en procesos penales.  Esta protec ción puede comprender seguridad personal, cambio de
residencia, cambio de identidad y cualesquiera otros que el Consejo Directivo de este sistema
determine.  Para recibir alguno de los beneficios a que se refiere la mencionada Ley, se realiza un
estudio previo que debe tomar en cuenta, entre otros, aspectos tales como el riesgo a que está
expuesto el solicitante del beneficio, la gravedad del hecho punible y la trascendencia social delmismo, así como el valor probatorio de la declaración para incriminar a los partícipes, tanto
intelectuales como materiales, del hecho delictivo y que la declaración pueda conducir a la
identificación de partícipes en otros hechos delictivos que tengan relación con que el que es objeto
de investigación.
Artículo 48
Según lo establece el artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, quien obtenga una
medida o providencia cautelar queda obligado a pagar los daños y perjuicios que ocasione a la parte
contraria, así como los gastos en que ésta incurra, en cualquiera de los casos siguientes:
- Si no presenta su demanda dentro del término legal (quince días);- Si la providencia fuere revocada;  o- Si se declara improcedente la demanda.
La Ley de Propiedad Industrial (artículo 195) y la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos (artículo 132) contienen una norma similar para determinar la responsabilidad del
solicitante de una medida en frontera, frente al importador, consignatario y propietario de las
mercancías retenidas. IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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Para garantizar la efectividad de dichas disposiciones, el artículo 186 de la Ley de Propiedad
Industrial y el 133 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, establecen que en todo
caso en que se solicite una medida o providencia cautelar, si el juez lo considera conveniente, podrá
en la misma resolución en la que decrete tales medidas requerir que previamente a su ejecución se preste
fianza u otra garantía suficiente para impedir abusos y proteger a la parte afectada por la medida y a lapropia autoridad, por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.  Estas disposiciones son
aplicables a las medidas en frontera (artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial y 130 de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos).
En cuanto a la responsabilidad de las autoridades que hayan ordenado una medida, éstas no
serán responsables si hubieren actuado de buena fe.
Artículo 49
La legislación guatemalteca no contempla procedimientos administrativos para efectos de la
observancia de los derechos de propiedad intelectual.
Artículo 50
De conformidad con el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación
supletoria en esta materia, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesariopara hacer valer su derecho, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable,
puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan
más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo.  Esta disposición se
encuentra también incluida en el primer párrafo del artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial y
en el artículo 133 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
De acuerdo con la legislación guatemalteca, quien inicie o pretenda iniciar una acción
relativa a los derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos de
competencia desleal, puede pedir al juez que se ordenen providencias cautelares.  El juez, sin trámite
alguno, y siempre que le hubiesen acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y
evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o lainminencia de ésta, tiene facultades para decretar las medidas que le solicitasen dentro del
improrrogable plazo de dos días de presentada la solicitud y, si así lo estima conveniente, en la
misma resolución puede requerir que previamente a la ejecución de tales medidas el solicitante
preste fianza u otra garantía suficiente para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia
autoridad y asimismo para impedir abusos.  En este último caso, el plazo para ejecutar la medida esde cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la garantía (artículos 186 de la Ley
de Propiedad Industrial y 133 ter de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Cuando una medida cautelar sea decretada antes de iniciarse la acción principal, la misma
quedará sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta su demanda dentro del plazo de
los quince días siguientes a la fecha en que aquella fue ejecutada (artículos 186 de la Ley de
Propiedad Industrial y 133 ter de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Dentro de las medidas que pueden ordenarse para evitar que se produzca una infracción,
evitar que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales o para preservar pruebas
relacionadas con la presunta infracción, los artículos 187 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 bis
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, establecen que las autoridades judicialespueden ordenar:
- El cese inmediato del uso, aplicación, colocación y comercialización de los
productos infractores y de los actos desleales;IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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- El cese inmediato de la violación que se alegue por parte del titular del derecho;
- El comiso de los productores infractores, incluyendo envases, empaques, embalajes,
etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materialesresultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran
predominantemente para realizar la infracción;
- La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos
anteriormente;
- La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o
medios referidos anteriormente;
- La suspensión de registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza que resulten
necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los
productos infractores;
- El reconocimiento judicial de lugares, documentos y cosas que guarden relación con
el derecho infringido;  y
- Cualquier otra medida que sea necesaria para evitar la continuación o la repetición
de la infracción o de los actos de competencia desleal.
El párrafo final del citado artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial aclara que el simple
retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá que las medidas cautelares
ordenadas continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcanen los circuitos comerciales.
Importante resulta mencionar que, de acuerdo con el artículo 188 de la Ley de Propiedad
Industrial y 133 quater de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, una vez que ha sido
concedida una medida o providencia cautelar que tienda a asegurar las resultas del proceso en cuantoa una pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, la misma no podrá ser dejada sin
efecto mediante una caución o garantía, misma que solamente podrá ser otorgada para levantar
medidas que tiendan a asegurar una pretensión indemnizatoria.
Adicionalmente, según el artículo 189 de la citada Ley de Propiedad Industrial, en la
petición de medidas cautelares o en la propia demanda, se puede solicitar la práctica de un
reconocimiento judicial en lugares, documentos o cosas que guarden relación con el derechoinfringido, o bien, en donde presuntamente se estén cometiendo o preparando actos tendientes a la
realización de la infracción de derechos de propiedad industrial o actos de competencia desleal, en cuyo
caso el juez lo ordenará y ejecutará sin requerir garantía alguna.  Para los efectos consiguientes, según lo
establece la propia norma citada, la resolución que ordene la práctica del reconocimiento judicial llevará
implícita la orden de allanamiento.
Este reconocimiento judicial puede complementarse con la presencia de peritos designados por
la parte actora o por el propio tribunal; asimismo el juez podrá ordenar  la exhibición de cosas muebles o
documentos.  A petición de parte y a  juicio del juez, podrá asimismo practicarse medios científicos de
prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sonido los objetos o los lugares inspeccionados y,en el caso de los documentos, se podrán examinar y copiar por cualquier medio.
En la diligencia del reconocimiento judicial el juez puede ordenar las providencias cautelares
que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijar el monto de la garantía correspondiente, de conformidad IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 11
con lo establecido en el ya mencionado artículo 186 de la misma Ley.  Si en el plazo de cinco días
siguientes el solicitante no presta o constituye la garantía fijada, el juez ordenará levantar las medidas
decretadas.
Artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60
Tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos establecen la posibilidad de que los titulares de una marca registrada o una obra o
fonograma protegido, o sus licenciatarios, puedan solicitar la suspensión del despacho en aduanas e
internación de las mercancías a los circuitos comerciales, o el proceso de exportación de las mismas,
pero únicamente en el caso de mercancías pirata, la suspensión del despacho en aduanas puede
solicitarse directamente a las autoridades aduanales (artículos 190 y 191 de la Ley de Propiedad
Industrial;  y 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).  En ambos casos, resultaaplicable el mismo procedimiento que se establece en ambas leyes en el caso de solicitud de medidas
o providencias cautelares, al cual ya se ha hecho referencia, incluso en cuanto a la presentación de la
demanda, la presentación de pruebas y la posibilidad de requerir fianza u otra garantía equivalente.
La suspensión de la importación o exportación tiene una vigencia de diez días, contados a
partir de la notificación de la resolución correspondiente.  Únicamente se admite su prórroga, por unperíodo igual, cuando se trate de mercancías falsificadas que lesionen un derecho de marca; sin
embargo, cuando se trate de la importación de mercancías falsificadas o pirata, la medida puede ser
confirmada como una medida cautelar (artículos 193 de la Ley de Propiedad Industrial y 130 de la
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Una vez decretada la medida, debe permitirse al solicitante de la medida la inspección de los
productos retenidos con el fin de que pueda obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su
reclamo (artículos 131 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y 194 de la Ley de
Propiedad Industrial).
Según el artículo 190 de la Ley de Propiedad Industrial, no podrá suspenderse las
importaciones no comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros.
Artículo 61
Como ya se indicó, en el caso de acciones de naturaleza penal, corresponde al Ministerio
Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, sin perjuicio de que el titular olicenciatario de los derechos afectados provoque esta persecución denunciado la violación de tales
derechos o adhiriéndose a la iniciada de oficio (artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial y 128
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Para conocer de las acciones penales por la infracción de cualquiera de los derechos de
propiedad intelectual son competentes los tribunales que tenga jurisdicción en el lugar en donde se
cometa el ilícito.
En cuanto al procedimiento penal, por favor sírvase consultar las respuestas a las preguntas
22, 23, 24 y 25 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia presentada por Guatemala a la
Secretaría de la OMC.
De conformidad con la tipificación de conductas infractoras contenida en los artículos 274 y
275 del Código Penal, las infracciones que afecten todos los derechos de propiedad intelectual
reconocidos en las leyes de la materia se encuentran afectadas a los procedimientos y sanciones
penales establecidos.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 12
El artículo 274 del Código Penal establece como delitos contra el derecho de autor y los
derechos conexos las siguientes conductas:
a) La atribución falsa de la calidad de autor y/o titular de un derecho de autor, de
artista intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo deradiodifusión;
b) La deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a
la integridad de la obra o al honor y reputación del autor;
c) La reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución, de un
fonograma o de una emisión, sin la autorización del autor o titular del derechocorrespondiente;
d) La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o de parte de ella, sin
autorización del autor o del titular del derecho;
e) La comunicación al público por cualqui er medio o procedimiento de una obra
protegida o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho
correspondiente;
f) La distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra
protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el
alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra
forma;
g) La fijación, reproducción o comunicaci ón al público, por cualquier medio o
procedimiento de una interpretación o ejecución artística, sin la autorización del
artista intérprete o ejecutante o del titular del derecho;
h) La fijación, reproducción o retransmisión de una emisión, transmitida por satélite,
radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, sinautorización del titular;
i) La comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al
que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien,
para efectos de consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del
titular del derecho correspondiente;
j) La publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin
alteración de la misma;
k) La decodificación de señales trasmitidas por satélite o cualquier otro medio de
telecomunicación, portadoras de programas de cualquier tipo, sin la autorización deldistribuidor legítimo;
l) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica
implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un
derecho conexo, para evitar la utilización no autorizada de todo tipo de obra, de unfonograma, de una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegidas;
m) La realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una
infracción a cualesquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 13
a los titulares de un derecho de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los
productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión;
n) La supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre
la gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos;
o) La distribución, comercialización, prom oción, importación, emisión o comunicación
al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas,
producciones fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica
sobre la gestión colectiva de cualesquiera de esos derechos ha sido suprimida o
alterada sin autorización;
p) El transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares, en
cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, de
interpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones, fabricadas sin el
consentimiento del autor o el titular del derecho correspondiente;
q) La recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de
interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de
organismos de radiodifusión protegidos, o la realización de cualesquiera otras
actividades propias de una sociedad de gestión colectiva, sin estar facultado para
tales efectos;
r) La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del
respectivo derecho;
s) La traducción total o parcial de una obra sin la autorización del autor o titular del
derecho correspondiente;
t) La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra
protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el
arrendamiento con opción de compra, el préstamo o en cualquier otra forma;  y
u) La importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra
protegida, con fines de explotación comercial, en cualquier tipo de soporte o de
fonogramas, sin la autorización del titular del derecho respectivo.
En materia de propiedad industrial el artículo 275 del Código Penal establece como delitos
contra tales derechos las siguientes conductas:
a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o
servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o
falsificación de dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o
similares a los protegidos por el registro;
b) Usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de
propaganda protegidos;
c) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o
servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado,
sustituido o suprimido, total o parcialmente;IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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d) Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una
marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se
haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca;
e) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que
reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo,
así como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;
f) Rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven
un signo distintivo registrado;
g) Usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o
empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de
copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o
confusión sobre el origen de los productos o servicios;
h) Usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de
comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;
i) Revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de
uso, después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información;
j) Apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la
persona que lo guarda o de su usuario autorizado;
k) Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o
detentar productos amparados por una patente ajena;
l) Emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los
actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por
ese procedimiento;
m) Fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o
detentar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño
industrial protegido;
n) Usar en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica
falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto oservicio, o sobre la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que lo
distribuye;  y
o) Usar en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o
engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee unatraducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo",
"género", "manera", "imitación" u otras análogas.
Los artículos 274 y 275 del Código Penal establecen sanción de prisión de uno a cuatro años
para los responsables de los delitos contra los distintos derechos de propiedad intelectual y, además,prescriben sanción pecuniaria mediante multa que será fijada por el juez entre un mil quetzales,
como mínimo, y quinientos mil quetzales, como máximo. IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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Adicionalmente, el artículo 358 del Código Penal establece lo siguiente "Quien realizare un
acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia
contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil
quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial
tipificado en el artículo 275 de este Código."
En ambas materias, en los procedimientos de naturaleza penal, además de las sanciones ya
indicadas, aplican las disposiciones ya comentadas contenidas en los artículos 185 de la Ley de
Propiedad Industrial y 134 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en los cuales, sin
distinción del derecho protegido, se admite la posibilidad de que en sentencia se ordene la
confiscación, el decomiso o la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y
accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.
2. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su
país?
El artículo 7.8 del Convenio de Berna establece que el plazo de protección de una obra es el
establecido por la ley del país en donde se reclama la protección.  En virtud de que tanto el Acuerdo
de los ADPIC como el Convenio de Berna esta blecen el mínimo de protección requerido a nivel
internacional, el artículo 18 del citado Convenio obliga a aplicar esa protección a aquellas obras que
no hayan caído en el dominio público en su país de origen y que no hayan pasado al dominio público
en el país en el que se reclama la protección.
En este sentido, el artículo 135 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de
Guatemala establece que las disposiciones de dicha ley se aplican a:
a) Las obras nacionales que no hayan pasado al dominio público; y
b) Las obras extranjeras que no hayan pasado al dominio público en su país de origen,
entendiendo que en el caso que el plazo de protección en el país de origen fueramayor que el contemplado en la legislación guatemalteca, se aplicaría el plazo de
protección previsto en la ley guatemalteca, tal como lo establece el artículo 7.8 del
Convenio de Berna y el artículo 43, párrafo 3 de la ley guatemalteca.
Aunque la ley guatemalteca no contiene ninguna disposición expresa al respecto, lo
establecido en el artículo 14 del Acuerdo de los ADPIC se aplica de forma automática, pues por serel Acuerdo sobre los ADPIC un instrumento inte rnacional debidamente aprobado y ratificado por
Guatemala, el mismo tiene plena y automática vigencia en los términos que establece el artículo 65
del mismo Acuerdo, sin reserva alguna y sin necesidad de ser desarrollado o consignado en la
legislación nacional.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 16
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A.G ENERAL
1. Sírvanse explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud
pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de
importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el
artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se
acomodan a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
La legislación guatemalteca no contempla actualmente ninguna disposición, en materia de
propiedad intelectual, para promover o proteger sectores específicos.  Sin embargo, de acuerdo con
la Ley de Propiedad Industrial, existe la posibilidad de no otorgar protección mediante patentes a lasinvenciones cuya explotación comercial sea necesario impedir para preservar la salud o la vida de las
personas, animales o plantas o para preservar el medio ambiente (artículo 92, literal c).
B.D ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse indicar cómo establece la legislación de su país la protección de los derechos
exclusivos de los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9
del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del
Convenio de Berna (1971) y el apéndice del mismo.
La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se ajusta plenamente a las disposiciones
del Convenio de Berna, incluso a aquellas disposiciones del mismo a que se refiere expresamente elsegundo párrafo del artículo 9 del Acuerdo sobr e los ADPIC.  Dicha ley contempla adecuadas
disposiciones relacionadas con las obras, los sujetos titulares de los derechos, los derechos morales y
patrimoniales, las excepciones o limitaciones que proceden para algunos casos de uso no autorizado,
los plazos de protección, derechos especiales como el droit  de suite ; etc.
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases
de datos o compilaciones de datos.
Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias.
Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya
sea en forma de código fuente o código objeto y cualquiera que sea su forma o modo de expresión.La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozan de la misma protección
prevista para los programas de ordenador (artículo 30).
 
Las compilaciones o bases de datos, ya sea que fueren legibles en máquina o cualquier otra
forma, se consideran como colecciones de obras para efectos de su protección.  Esta protección no se
extiende a los datos o material contenido en las compilaciones ni prejuzgará sobre el derecho de
autor existente sobre los mismos (artículo 35).
 
4. Sírvanse especificar si la legislación de su país estipula el derecho de arrendamiento y, en
caso afirmativo, las obras abarcadas por éste.
De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
corresponde al titular del derecho de autor o a quienes estuvieren expresamente autorizados por él,sin distinguir el tipo de obras, el derecho de utilizarla por cualquier medio, forma o proceso, por lo
que le corresponde autorizar, entre otros actos, la distribución al público del original o copias de su IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 17
obra, por medio del arrendamiento, alquiler o préstamo.  Estos derechos no se extinguen por la
distribución autorizada mediante la venta.
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 31 de la citada Ley, en el caso de los programas
de ordenador, el derecho de arrendamiento no es aplicable a los arrendamientos cuyo objeto esencialno sea el programa de ordenador en sí.
 
En materia de derechos conexos, el artículo 58 establece que el derecho de distribución
comprende la facultad de autorizar la distribución de los fonogramas, ya sea por medio de la venta,
el arrendamiento o cualquier otra forma.  Cuando la distribución se efectúe mediante la venta, este
derecho se extingue a partir de la primera venta realizada, salvo las excepciones legales.  Cuando la
distribución se efectúe mediante el arrendamiento, la colocación en el mercado del original o copias
autorizadas del fonograma no extingue el mismo.
5. Sírvanse describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de su
legislación.
La Ley guatemalteca reconoce derechos a los titulares de derechos conexos, los cuales se
establecen separadamente para cada una de las categorías en la siguiente forma:
- Artistas intérpretes o ejecutantes, quienes de conformidad con el artículo 53 de la
Ley tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción,
la comunicación al público por cualquier medio, la radiodifusión o cualquier otra
forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones.  Se exceptúan de esta
disposición los intérpretes de obras audiovisuales.  Cuando un fonograma publicado
con fines comerciales se utilice en cualquier forma de comunicación pública, los
artistas intérpretes o ejecutantes, cuyas actuaciones se hayan fijado en aquél, tendránderecho a una compensación económica.  El artículo 54 aclara que, salvo
estipulación en contrario, se entiende que:
i) la autorización para la radiodifusión no implica la autorización para permitir
a otros organismos de radiodifusión que retransmitan la interpretación oejecución;
ii) la autorización para la radiodifusión no implica la autorización para fijar la
interpretación o ejecución;
iii) la autorización para la radiodifusión y para fijar la interpretación o
ejecución, no implica la autorización para reproducir la fijación;  y
iv) la autorización para fijar la interpretación o ejecución y para reproducir esta
fijación, no implica la autorización para transmitir la interpretación o la
ejecución a partir de la fijación de sus reproducciones.
Igualmente, según el artículo 57 de la Ley, los artistas intérpretes tienen además, el derecho
personal, irrenunciable, inalienable y perpetuo de vincular su nombre o seudónimo artístico a su
interpretación y de oponerse a la deformación o mutilación de la misma.
- Productores de fonogramas, quienes con fundamento en el artículo 58 de la Ley
tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, directa o
indirecta, la distribución y comunicación al público o cualquiera otra forma o medio
de utilización de sus fonogramas o de sus reproducciones y la puesta a disposiciónIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 18
del público de los fonogramas, por cualquier medio, de tal manera que los miembros
del público puedan tener acceso a ellos, desde el lugar y en el momento que cada
uno de ellos elija.  Tal derecho de distribución comprende la facultad de autorizar la
distribución de los fonogramas, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento o
cualquier otra forma.  Cuando la distribución se efectúe mediante la venta, estederecho se extingue a partir de la primera venta realizada, salvo las excepciones
legales.  Cuando la distribución se efectúe mediante el arrendamiento, la colocación
en el mercado del original o copias autorizadas del fonograma no extingue el
mismo.  El derecho de importación, por su parte, comprende la facultad de autorizar
o prohibir la importación de copias de fonogramas legalmente fabricados y la de
impedir la importación de copias fabricadas sin la autorización del titular del
derecho.  El artículo 59 es claro al establecer la obligación para quien ejecute o hagaejecutar públicamente en cualquier forma un fonograma publicado para fines
comerciales, de obtener autorización previa y escrita de su productor y pagarle a éste
una remuneración.
 
- Organismos de radiodifusión, los que de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 62 de la Ley, gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
i) la fijación de sus emisiones y de sus transmisiones sobre una base física o
soporte material; incluso la fijación de alguna imagen o sonidos o imagen y
sonidos aislados, difundidos en la emisión o transmisión;
ii) la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o de sus transmisiones
por cualquier medio, conocido o por conocerse;
iii) la retransmisión de sus emisiones o transmisiones por cualquier medio o
procedimiento, conocido o por conocerse;  y
iv) la comunicación al público de sus emisiones o transmisiones cuando se
efectúe en lugares a los que el público pueda acceder, mediante el pago de
un derecho de admisión o en lugares a los que el público pueda acceder paraefectos de consumir o adquirir productos o servicios de cualquier índole.
El mismo artículo citado reconoce una protección equivalente a la establecida en este
artículo a los organismos o emisoras de origen que realicen sus transmisiones a través de cable, fibra
óptica u otro procedimiento similar.
Pregunta de seguimiento:
Sírvanse explicar en qué forma la actual exclusión de la protección de los intérpretes de
obras audiovisuales, en virtud del artículo 53 de la ley guatemalteca, se ajusta a lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La disposición contenida en el artículo 53 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, que exceptúa a los intérpretes de obras audiovisuales de los derechos que la misma norma
reconoce a los artistas intérpretes o ejecutantes en general, debe ser interpretada en función de la
aplicabilidad o no, en un caso concreto del artículo 27 de la misma Ley, que establece disposiciones
especiales tratándose de obras audiovisuales.
Según el artículo 27, cuando se celebra un contrato de producción de obra audiovisual: IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 19
"...se presumen cedidos al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos
patrimoniales derivados de la misma.  Igualmente se presume que el productor ha quedado
autorizado para decidir sobre la divulgación o no divulgación de la obra, adaptarla conforme
a los distintos formatos para su fijación y divulgación, y ejercer la defensa de los derechos
morales sobre la obra audiovisual."
La presunción establecida en ese artículo admite pacto expreso en contrario, de manera que
en tal caso sí correspondería a los artistas intérpretes de obras audiovisuales los derechos que se
mencionan en el artículo 53 de la mencionada Ley, no resultando aplicable en consecuencia la
exclusión a que se refiere la parte final del primer párrafo del artículo 53 de la Ley.
Adicionalmente, debe tenerse presente que los derechos establecidos en el artículo 14.1 del
Acuerdo sobre los ADPIC son derechos mínimos que  los Miembros deben reconocer a favor de los
artistas intérpretes o ejecutantes, de manera que la exclusión contenida en el artículo 53 de la Ley
aplicaría únicamente para los derechos que en ese mismo artículo se establecen en adición a los
mencionados derechos mínimos que recoge el Acuerdo sobre los ADPIC.
6. Sírvanse especificar si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación con
cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentes
del Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6 del
artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Título IV de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece los casos en los
cuales se limitan los derechos reconocidos a los autores y titulares de derechos conexos.  Los
supuestos contemplados son casos especiales que no atentan contra la normal explotación de obra ni
causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.
Dentro de las limitaciones establecidas se incluyen los casos de libre utilización
mencionados en los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna, los cuales aparecen regulados en
los artículos 64, literal a), 66, literales a), b), c) y d) y la reproducción o comunicación de una obra
que sea necesaria para la práctica de una diligencia judicial o administrativa (artículos 63, literal c, y
64, literal c).
Adicionalmente se prevén las siguientes excepciones a los derechos de reproducción y
comunicación:
a) La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan
fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, con el
objeto de preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad, o bien para
sustituir un ejemplar similar, en la colección permanente de otra biblioteca o
archivo, cuando éste se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no
resulte posible adquirir el ejemplar en plazo o condiciones razonables (artículo 64,literal b);
b) La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en lugares públicos
o la fachada exterior de los edificios, siempre que la reproducción se realice por
medio de un arte distinto al empleado para la elaboración del original y siempre quese indique el nombre del autor, si se conociere, el título de la obra, si lo tuviere, y el
lugar donde se encuentra (artículo 64, literal d);  y
c) La comunicación que se realice en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre
que no exista un interés económico y que la comunicación no sea difundida (artículo63, literal a).IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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En cuanto a los derechos conexos, únicamente se prevén limitaciones a los derechos de los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, en los casos siguientes:
a) La ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión,
para fines demostrativos de clientela, dentro de establecimientos de comercio que
expongan y vendan equipos receptores, reproductores y otros similares, o soportes
sonoros o audiovisuales que contengan las obras utilizadas (artículo 70);  y
b) Las grabaciones efímeras realizadas por los organismos de radiodifusión, con sus
propios equipos y para la utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, las
que podrán conservarse por un plazo de hasta seis meses contados a partir de surealización, salvo pacto en contrario (artículo 71).  Esta última constituye una
excepción autorizada de conformidad con el artículo 15 de la Convención de Roma.
7. Sírvanse indicar la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho descrito
anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.
De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de
Guatemala, el derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable; sin embargo, el
artículo 20 de la misma Ley determina que al fallecimiento del autor únicamente se transmiten a sus
herederos, sin límite de tiempo, el ejercicio de los derechos morales de reivindicar la paternidad y de
oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra, incluso aquella que
desmerezca la obra o cause perjuicio al honor y reputación del autor.
En cuanto a los derechos patrimoniales se refier e, el Título II, Capítulo V de la citada Ley
incluye las reglas que regulan la duración del plazo de protección de las obras indicando que:
a) Por regla general, los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del
autor y setenta y cinco años después de la muerte de éste.  Cuando se trate de obras
creadas por dos o más autores, el plazo comenzará a contarse después de la muerte
del último coautor (artículo 43);
b) En el caso de los programas de ordenador y obras colectivas, el plazo de protección
se cuenta a partir de la primera publicación de la obra, o en su defecto, a partir de larealización de la obra (artículo 44);
c) Cuando se trate de una obra anónima o seudónima (artículo 45), el plazo de
protección se cuenta a partir de la primera publicación, o a falta de ésta, de su
realización. En el caso que se compruebe legalmente la identidad del autor, el plazo
se calcula conforme lo señalado en la literal a); y
d) Cuando se trata de obras formadas por varios volúmenes, folletines o entregas
periódicas, que no se hayan publicado en el mismo año, el plazo comentará acontarse respecto de cada volumen, folletín o entrega periódica, desde la respectiva
publicación de éstos.
En todos los casos, los plazos comienzan a contarse a partir del uno de enero del año
siguiente a aquel en el que ocurra el hecho indicado para su inicio (artículo 48).
En el caso de los derechos previstos para los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el artículo 51 de la ley establece que
éstos se protegen por el plazo de setenta y cinco años, conforme las reglas siguientes: IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 21
a) En el caso de los fonogramas y de actuaciones grabadas en un fonograma, a partir de
la fijación del fonograma;
b) En el caso de actuaciones no grabadas en un fonograma, a partir de la realización del
espectáculo;  y
c) En el caso de las emisiones de radiodifusión, a partir de la transmisión de la emisión.
En todos los casos, los derechos se protegen  desde su inicio pero el plazo comienza a
contarse a partir del uno de enero del año siguiente a aquel en que ocurran los hechos señalados. 
8. Sírvanse describir en qué forma la legislac ión de su país otorga protección retroactiva de
conformidad con el artículo 18 del Convenio de  Berna (obligación que tiene su origen en el
artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.
El artículo 7(8) del Convenio de Berna establece que el plazo de protección de una obra es el
establecido por la ley del país en donde se reclama la protección.  En virtud de que tanto el Acuerdo
de los ADPIC como el Convenio de Berna establecen el mínimo de protección requerido en elámbito internacional, el artículo 18 del citado Convenio obliga a aplicar esa protección a aquellas
obras que no hayan caído en el dominio público en su país de origen y que no hayan pasado al
dominio público en el país en el que se reclama la protección.
En este sentido, el artículo 135 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de
Guatemala establece que las disposiciones de dicha ley se aplican a:
a) Las obras nacionales que no hayan pasado al dominio público; yb) Las obras extranjeras que no hayan pasado al dominio público en su país de origen,
entendiendo que en el caso que el plazo de protección en el país de origen fuera
mayor que el contemplado en la legislación guatemalteca, se aplicaría el plazo de
protección previsto en la ley guatemalteca, tal como lo establece el artículo 7.8 del
Convenio de Berna y el artículo 43, párrafo 3 de la ley guatemalteca.
Aunque la ley guatemalteca no contiene ninguna disposición expresa al respecto, lo
establecido en el artículo 14 del Acuerdo de los ADPIC se aplica de forma automática, pues por ser
el Acuerdo sobre los ADPIC un instrumento inte rnacional debidamente aprobado y ratificado por
Guatemala, el mismo tiene plena y automática vigencia en los términos que establece el artículo 65
del mismo Acuerdo, sin reserva alguna y sin necesidad de ser desarrollado o consignado en la
legislación nacional.
Pregunta de seguimiento:
Sírvanse aclarar en qué forma y conforme a qué disposición la legislación de Guatemala
otorga protección retroactiva de conformidad con el párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre
los ADPIC a las obras o materias que siguen es tando protegidas en su país de origen.
De acuerdo con la legislación guatemalteca, los convenios internacionales aprobados y
ratificados por el país, se aplican de forma automática, salvo aquellas disposiciones que deben ser
desarrolladas por la legislación nacional.  En materia de derecho de autor y derechos conexos,
Guatemala aprobó y ratificó, entre otros, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas y la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes oIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 22
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de
Roma).
El artículo 7(8) del Convenio de Berna, cuyas disposiciones sustantivas son obligatorias para
todos los países Miembros de la OMC, señala que el plazo de protección de una obra será el
establecido en la legislación del país en donde se reclame la protección.  Sin embargo, y como unaexcepción al principio de trato nacional, establece asimismo que a menos que la legislación del país
establezca otra cosa, la duración del plazo de protección no excederá del plazo fijado en el país de
origen de la obra.  Esto significa que la protección retroactiva prevista en el artículo 18 del Convenio
de Berna sólo es aplicable para aquellos casos en los que, de acuerdo con la legislación del país de
origen de la obra, ésta no ha caído en el dominio público, independientemente de que en el país en
donde se reclame la protección prevea un plazo mayor.
Como en materia de derechos conexos no existía con anterioridad ninguna disposición
similar para la protección de las interpretaciones, ejecuciones o emisiones de radiodifusión
realizadas, ni a fonogramas grabados con anterioridad, el artículo 14.6 del Acuerdo sobre los ADPIC
establece la obligación de aplicar mutatis mutandis la disposición del artículo 18 del Convenio de
Berna, pero únicamente a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas
intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas.
De acuerdo con lo anterior, y siendo Guatem ala miembro de la Convención de Roma,
nuestra legislación admite la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes a que
se refiere el artículo 14.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, siempre que éstos se encuentren aún
protegidos en el lugar en donde se haya realizado la interpretación o ejecución o en el lugar en donde
se haya fijado o radiodifundido dicha interpretación (artículos 2 de la Ley de Derecho de Autor yDerechos Conexos; 4 y 5 de la Convención de Roma).
C.M ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
9. Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación nacional
y explicar en qué condiciones es objeto de protección.
El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, define signo distintivo como cualquier signo
que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda
o una denominación de origen.  El mismo artículo define a la marca, como cualquier signo
denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para
distinguir productos o servicios de una persona de los de otra.
 
Más específicamente, el artículo 16 de la citada Ley establece que las marcas podrán consistir
en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos,
estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como
cualquier combinación de estos signos.  Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o
acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de
expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que tengan aptitud distintiva.
Según el citado artículo, las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas
nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los
productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión
o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o
servicios para los cuales se usen las marcas.
 
10. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la
legislación sobre marcas de su país.  Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarse IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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protección a signos tales como los nombres come rciales.  Se ruega indicar si puede otorgarse
protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.
De acuerdo con la definición de marca contenida en el artículo 4 de la Ley de Propiedad
Industrial, la protección de una marca se concede tanto para identificar productos como servicios.
Los nombres comerciales, al igual que las expresiones o señales de publicidad, son protegibles comosignos y con el mismo alcance de una marca, pero por un plazo indefinido.
 
Asimismo, según la propia definición de marca, esta puede consistir en un signo
denominativo, figurativo, tridimensial o mixto pero a condición de que sean perceptibles
visualmente.  En consecuencia, los olores y sonidos  por sí mismos no son susceptibles de protección
como marca.
 
11. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el
registro de una marca de fábrica o de comercio.  Agradeceríamos que nos facilitasen la definición
de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.
Según lo establece expresamente el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, no es
necesario probar el uso previo de una marca para solicitar u obtener el registro de una marca.  Sinembargo, la falta de uso de una marca por un plazo mayor de cinco años, sí constituye una causal de
cancelación del registro de la marca, tal y como lo establece el artículo 66 de la mencionada Ley.
Este artículo prescribe que se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de losproductos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización.  También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos
destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el
extranjero desde el territorio nacional.  El uso por parte de un licenciatorio, o por otra persona
autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro.
No procederá la cancelación del registro de una marca por falta de uso cuando se debiera a
motivos justificados.  Se reconocen como tales las circunstancias que surjan independientemente de
la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las
restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o serviciosprotegidos por la marca.
 
En todo caso, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca y
el uso se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha
usado efectivamente.
 
12. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
De conformidad con lo establecido por el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial, el
registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción y
podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de
la fecha del vencimiento precedente.  Según el artículo 32 de la Ley, la renovación del registro deuna marca debe solicitarse al Registro de la Propiedad Intelectual dentro del año anterior a la
expiración de cada período.  También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses
posteriores a la fecha de vencimiento.  Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia
plena.
 IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 24
13. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de
su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.
Vea la respuesta a la pregunta 11.
D.I NDICACIONES GEOGRÁFICAS
14. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o no
una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.
El artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial faculta para denegar el registro de una marca
cuando la misma, o un elemento de ella, consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo
dispuesto en el artículo 16 párrafo de la misma Ley.  Esta última disposición prescribe que una
marca puede consistir en una indicación geog ráfica nacional o extranjera, siempre que sea
suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique, y
que su empleo no sea susceptible de crear confusi ón o asociación con respecto al origen, procedencia,
cualidades o características de los productos o servicio s para los cuales se use la marca.  En ese sentido
también el artículo 78 prescribe que una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio con
relación a un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen
geográfico o cualidades del producto o servicio o cuando su uso pudiera inducir al publico a confusióncon respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.
15. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la
legislación de su país.
El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial define una indicación geográfica como todo
nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una
región, una localidad o un lugar determinado.
 
16. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece un
vínculo, en caso existente, entre las características de una indicación y su origen geográfico.
La legislación guatemalteca regula la protección de las denominaciones de origen nacionales
y, en cuanto a las extranjeras, remite a lo que al respecto se establezca en los tratados que celebre
Guatemala.  Por denominación de origen, el artículo 4 de la Ley establece que debe entenderse una
indicación geográfica usada para designar un producto originario de un país, región o lugar
determinado, cuyas cualidades o características se deban, exclusiva o esencialmente, al mediogeográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales, humanos o culturales.
17. Se ruega describir cómo otorga protección adicional la legislación de su país a los vinos y
bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otro s tipos de productos, en caso de que existan,
abarcados por esa protección adicional.
La legislación guatemalteca no contiene dentro de sus disposiciones ninguna norma que
haga distinción, a efectos de protección, entre la naturaleza de los productos a los cuales se aplicanlas indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.  Los vinos y bebidas espirituales no
reciben ningún tipo de protección adicional a la de los demás productos identificados por una
indicación geográfica o por una denominación de origen.
  IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 25
 Pregunta de seguimiento:
 
Sírvanse aclarar en qué forma la legislación de Guatemala impide o permite la invalidación
de las marcas de fábrica o de comercio para los vinos y las bebidas espirituosas que contengan
indicaciones geográficas o consistan en esas indicaciones.
La Ley de Propiedad Industrial, con independencia de la naturaleza de los  productos a que
se aplicaren, no permite el registro como marca de aquellos signos que consistan en indicaciones
geográficas, cuando éstas no son suficientemente arbitrarias y distintivas respecto a los productos o
servicios a los cuales se apliquen, es decir, cuando su uso pueda crear confusión o asociación con
respeto al verdadero origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios
para los cuales se usen las marcas (artículo 16 párrafo segundo y artículo 20 literal k).
Asimismo, la citada Ley prohibe el registro como marca de aquellos signos que puedan
causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de
fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra
característica del producto o del servicio de que se trate (artículo 20 literal j).
En el supuesto que se concediera un registro de una marca que no se ajuste a las
disposiciones legales anteriormente citadas, la Ley de Propiedad Industrial reconoce la acción de
nulidad de ese registro, la cual debe plantearse ante el tribunal competente.
 En efecto, el artículo 67 de la Ley expresamente admite que cuando un registro ha sido
obtenido en contravención a lo dispuesto en su artículo 20, el mismo será nulo y puede ser revocado
en cualquier momento. El ejercicio de esa acción judicial de nulidad corresponde a la persona que se
considere afectada y, asimismo, al Procurador General de la Nación en el supuesto que se afecten
intereses del Estado.  Debe tenerse presente que en este caso específico de nulidad absoluta, el
artículo 203 claramente establece que la acción correspondiente no caduca.
 
18. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción.  Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las
excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.
La ley guatemalteca no regula ninguna excepción a la protección de las indicaciones
geográficas.
E.D IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
19. Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos dictados
esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega explicar de qué modo se
protegen los dibujos y modelos textiles.
De conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Propiedad Industrial, la
protección de un diseño industrial no comprende los elementos o características del mismo
determinados enteramente por la realización de una función técnica y que no incorporen algún aporte
novedoso del diseñador; ni tampoco aquellos elementos o características cuya reproducción fuese
necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o
conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.  Esta limitación no seaplicará tratándose de productos en los cuales el modelo radica en una forma destinada a permitir el
montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.
En cuanto a los dibujos o modelos de textiles, la Ley guatemalteca no establece un
procedimiento especial;  sin embargo, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 25.2 del AcuerdoIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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sobre los ADPIC, el artículo 148 de la Ley de Propiedad Industrial permite que dichos diseños
puedan ser protegidos, además, por las leyes relativas al derecho de autor.
20. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos que os tenten o incorporen un dibujo o modelo que sea
una copia.
De conformidad con el artículo 154 de la Ley de Propiedad Industrial, la protección de un
diseño industrial confiere a su titular, entre otros, el derecho de impedir que terceras personas, sin su
consentimiento, importen o de cualquier manera exploten comercialmente artículos que lleven o
incorporen un diseño industrial que sea una reproducción idéntica o similar al protegido.
21. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta  a los dibujos y modelos industriales.
De conformidad con el artículo 147 de la Ley de Propiedad Industrial, las disposiciones
relativas a las patentes de invención son aplicables, en lo conducente, a los diseños industriales.  En
materia de patentes de invención la misma legislación admite la posibilidad de que se concedan
licencias obligatorias, en los casos de interés público (emergencia nacional, salud pública, seguridadnacional o uso público no comercial) o para remediar una práctica anticompetitiva.
 
22. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga protección
a los dibujos y modelos industriales.
El titular de un diseño industrial adquiere el derecho a la protección legal como resultado de
cualesquiera de los siguientes actos:
• la primera divulgación pública del diseño indu strial, por cualquier medio y en cualquier
lugar, efectuada por el diseñador o su causahabiente, o bien, por un tercero que hubieraobtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos; o
• el registro del diseño industrial (artículo 151).
En el primer caso anterior, el diseño industrial gozará de protección sin necesidad de registro
por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de la divulgación.  Esta protección es
independiente de la que se obtenga mediante su registro (artículo 153).  En el segundo caso, el
registro de un diseño industrial tendrá vigencia por diez años, a partir de la presentación de lasolicitud (artículo 159) y podrá ser renovado por una sola vez por un plazo de cinco años, siempre
que titular lo solicite como mínimo sesenta días antes de la fecha de vencimiento del plazo original
(artículo 160).
F.P ATENTES
23. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de:  novedad,
invención y aplicación industrial.
Según el artículo 94 la Ley de Propiedad Industrial, se considera que una invención tiene
novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica.  El estado de la técnica comprenderá todo
lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por
cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso,
antes de la fecha de prioridad aplicable.  También quedará comprendido dentro del estado de latécnica el contenido de otra solicitud de patente presentada ante el Registro de la Propiedad
Intelectual, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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bajo consideración, siempre que aquella fuese publicada.  Para determinar el estado de la técnica no
se tomará en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de
la solicitud de patente o, en su caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación
hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su
causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícitocometido contra alguno de ellos.
El artículo 95 de la misma Ley establece que se considerará que una invención tiene nivel
inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta
obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.
Finalmente, el artículo 96 de la citada Ley establece que una invención se considera
susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier
tipo de industria o actividad productiva.  A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio
e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la
minería, la pesca y los servicios.
24. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se
otorgan sin ningún tipo de exclusión.  En caso de que existan exclusiones, descríbase
detalladamente la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.
De conformidad con la legislación guatemalteca, los derechos de patente concedidos a su
titular se pueden gozar sin ningún tipo de discriminación por el lugar de la invención, el campo de latecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.  Ninguna
disposición de la Ley de Propiedad Industrial exige la explotación local de la invención como
condición para mantener vigente los derechos derivados de la patente.  Las únicas materias excluidas
de patentabilidad son:  los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de
personas o animales excepciones;  las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público oa la moral (ver además respuesta a la pregunta número 25) y las invenciones cuya explotación
comercial sea necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas
o el medio ambiente.
25. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad
basándose en el orden público o la moralidad.  En ese caso, les rogamos expliquen el artículo
pertinente de su legislación así como su formulación.  Desearíamos también saber si éste se ha
aplicado en la práctica.
De conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial, se
excluyen de patentabilidad aquellas invenciones cuya explotación sería contraria al orden público o a
la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral
solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal oadministrativa.  Esta exclusión se encuentra prevista en la legislación guatemalteca desde 1940 pero
nunca ha sido aplicada, por lo que Guatemala no cuenta con ningún antecedente para explicar la
aplicación de esta norma.
26. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están
excluidos de la patentabilidad en su legislación.  Si  es así, sírvanse explicar el artículo pertinente de
su legislación así como su formulación.
El artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que no son patentables los métodos
de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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27. Sírvanse explicar si las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos
están o no excluidos de la patentabilidad en su legislación.  En caso afirmativo, les rogamos aclaren
el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.
De conformidad con el artículo 91 de la Ley de Propiedad Industrial, las plantas, animales y
los procedimientos esencialmente biológicos, tal como se encuentran o ocurren en la naturaleza yque no supongan intervención humana, no son considerados como invenciones, ya que de acuerdo
con la definición contenida en el artículo 4 de dicha Ley, se entiende por invención toda creación
humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.
28. Les rogamos que describan de qué forma los microorganismos, los procesos no
esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las obtenciones vegetales están protegidos
en su legislación.  Sírvanse explicar a este respecto los artículos pertinentes de su legislación.
En tanto no se encuentren incluidos en los casos contemplados en los artículos 91 y 92 de la
Ley de Propiedad Industrial, los microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los
procesos microbiológicos y las variedades vegetales son protegidos mediante patentes, siempre que
se ajusten a la definición de invención contenida en el artículo 4 y reúnan las condiciones de
patentabilidad que determina el artículo 93, ambos de la misma ley: novedad, actividad inventiva yaplicación industrial.  En el caso de las variedades vegetales, por su misma naturaleza los requisitos
de patentabilidad son distintos, ya que se requiere que las variedades para las que se solicite
protección sean nuevas, distintas, homogéneas y estables.
En cuanto al alcance de la protección, en el caso de las invenciones biotecnológicas, nuestra
ley establece que:
• Cuando la patente proteja un material biológico que posea determinadas
características reivindicadas, la protección concedida se extenderá a cualquier materialbiológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que posea las
mismas características;
• Cuando la patente proteja un procedimiento para obtener un material biológico que
posea determinadas características reivindicadas, la protección prevista en el artículo 128,
literal b) apartado ii) de la Ley de Propiedad Industrial, se extenderá también a todo material
biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del
procedimiento y que posea las mismas características; y
• Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico
que contenga tal secuencia, la protección también se extenderá a todo producto que
incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética.
Tales derechos admiten las siguientes excepciones:
• Cuando la patente proteja una planta, un animal u otro organismo capaz de
reproducirse, el titular no podrá impedir que terceros usen esa entidad como base inicial para
obtener un nuevo material biológico viable y comercializar el material así obtenido, salvo
que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado; y
• Cuando la patente proteja una planta o un animal o su material de reproducción o de
multiplicación, el titular no podrá impedir la utilización del producto obtenido a partir de la
planta o animal protegido para su ulterior reproducción o multiplicación por un agricultor o IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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ganadero; y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo,
siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor o
ganadero y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.
29. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de derechos
de patentes frente a la importación y frente a la oferta para la venta de una invención patentada.
De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial, una patente confiere a
su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención patentada.  A tales
efectos el titular de la patente puede actuar por los medios legales que correspondan contra cualquier
persona que, sin su consentimiento, ofrezca en venta, venda, use, importe o almacene el producto
patentado o un producto obtenido directamente de un procedimiento patentado.
Consecuentemente, el titular de una patente puede ejercer judicialmente acciones civiles o
penales, tendientes a prohibir o suspender la importación o la oferta para la venta de productos que
infrinjan su derecho, incluso mediante medidas provisionales o cautelares, de conformidad con las
disposiciones pertinentes relativas a la observancia de los derechos, contenidas en la propia Ley de
Propiedad Industrial.
Estos derechos se agotan, respecto de los productos protegidos u obtenidos por un
procedimiento patentado, después de que ese producto se haya introducido en el comercio por el
titular de la patente o por otra persona con el consentimiento de aquel.  En el caso de patentes que
protejan material biológico capaz de reproducirse, el agotamiento se da respecto al material obtenido
por multiplicación o propagación del material introducido lícitamente al comercio, siempre que lamultiplicación o propagación sea consecuencia necesaria de la utilización de ese material y que el
material derivado no se emplee para fines de multiplicación o propagación, salvo el uso permitido
que se indica en la respuesta a la pregunta número 28 (artículo 131 de la Ley de Propiedad
Industrial).
30. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de
productos químicos farmacéuticos y agrícolas.  Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar la
referencia jurídica.
La Ley de Propiedad Industrial no excluye de patentabilidad a los productos farmacéuticos
ni a los químicos agrícolas, no obstante que de conformidad con lo establecido en el artículo 65 delAcuerdo sobre los ADPIC podía hacer uso de un período adicional de aplazamiento de cinco años.
En el artículo 210 de la citada Ley se contempla una disposición que se ajusta a las disposiciones del
artículo 70.8 del Acuerdo sobre los ADPIC, referente a la forma como deben resolverse las
solicitudes de patentes para dichos productos que fueron presentadas en el mailbox del 1 de enero de
1995 al 1 de noviembre de 2000, fecha en que entró en vigor la ley actual.
31. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un procedimiento, según está
estipulado en su legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese procedimiento.
El artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial establece que, cuando la patente reivindica
un procedimiento, el titular de la patente tiene el derecho exclusivo de explotar el procedimiento
patentado y, consecuentemente, puede actuar legalmente contra quien sin su consentimiento
produzca o fabrique el producto obtenido directamente del procedimiento, o bien, ofrezca en venta,
venda, use, importe o almacene el producto obten ido directamente del procedimiento patentado.
32. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su
legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso aIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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material genético o consentimiento previo a su ut ilización).  Si esas condiciones adicionales existen,
indíquese la legislación pertinente y descríbanse las condiciones adicionales detalladamente.
De acuerdo al artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial, la descripción de la invención
que el solicitante debe adjuntar a su solicitud de patente, debe divulgar la invención reivindicada de
manera suficientemente clara y completa, de modo que una persona capacitada en la materia técnicacorrespondiente pueda ejecutarla y, asimismo, la mejor manera conocida por el solicitante para
ejecutar la invención reivindicada. Adicionalmente, cuando fuesen necesarios para comprender o
ejecutar la invención deben presentarse dibujos que se considerarán parte de la descripción.
Asimismo, según lo dispone el artículo 109 de la citada Ley, cuando la invención se refiera a
un producto o a un procedimiento relativo a material biológico que no se encuentre a disposición del
público y la invención no pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada poruna persona capacitada en la materia técnica, el solicitante debe complementar la descripción
mediante el depósito de una muestra de dicho material en una institución de depósito establecida
dentro o fuera del país y reconocida por el Registro de la Propiedad Industrial, a más tardar en la
fecha de presentación de la solicitud o, cuando se invoque un derecho de prioridad, en la fecha de
presentación de la solicitud prioritaria.  El solicitante debe indicar en la descripción, junto con elnombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito
atribuido por la institución; y la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese
necesario para efectos de la divulgación de la invención.  El depósito de material biológico sólo será
válido para efectos de la concesión de una patente si se hace bajo condiciones que permitan a
cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material, a más tardar a partir de la fecha depublicación de la solicitud de patente correspondiente.
33. Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos
concedidos por una patente.  Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la legislación
pertinente.
El artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial establece, dentro de las limitaciones a los
derechos conferidos por una patente, que el titular no tiene derecho a impedir los actos siguientes:
a) Los realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
b) Los realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o
académica, sin propósitos comerciales;  y
c) Los referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París.
Cuando la patente proteja una planta o animal, o su material de reproducción o
multiplicación, el titular no puede impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta o
animal protegido, ni la comercialización de ese producto, siempre que el mismo hubiera sido
obtenido en la propia explotación agrícola (artículo 129).
34. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias
obligatorias.  En caso afirmativo, se ruega expli car exhaustivamente las condiciones en las cuales
puede concederse una licencia obligatoria.  Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su
legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.
La Ley de Propiedad Industrial guatemalteca prevé el otorgamiento de licencias obligatorias
para remediar alguna práctica anticompetitiva o por razones de emergencia nacional, salud pública,
seguridad nacional o uso público no comercial.  En la sección seis, Capítulo I, Título III de la citada
ley, se establecen las condiciones para el otorgamiento de una licencia obligatoria, indicando que: IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 31
a) La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido
previamente al titular de la patente una licencia contractual y que no pudo obtenerla en
términos y condiciones comerciales razonables, salvo que se trate de una licencia obligatoria
por casos de emergencia nacional o para un uso no comercial por parte del Estado (artículo135);
b) Las licencias obligatorias se concederán principalmente para abastecer el mercado
interno (artículo 136, literal a);
c) El titular de la patente objeto de una licencia obligatoria recibirá una remuneración
adecuada, según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia
(artículo 136, literal b);
d) Las licencias obligatorias no podrán concederse con carácter exclusivo, ni podrán
ser objeto de cesión o sub-licencia y sólo podrán transferirse con la empresa
(artículo 136, literal c);
e) La licencia podrá cancelarse si las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento
han desaparecido y no es probable que vuelvan a ocurrir (artículo 136, segundo
párrafo);  y
f) Contra las resoluciones que otorguen una licencia obligatoria se podrá interponer
recurso de revocatoria, que es un recurso administrativo que resuelve la autoridadjerárquicamente superior a la que emitió la resolución.  Esta resolución puede
impugnarse por la vía judicial, a través de una demanda contencioso-administrativa
(artículos 136, tercer párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial; 7, 19 y 20 de la Ley
de lo Contencioso Administrativo.
En los casos de licencias obligatorias por dependencia de patentes, el artículo 137 establece
las siguientes condiciones adicionales:
a) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico
relevante y de una importancia económica considerable, con respecto a la invenciónreivindicada en la primera patente;
b) La licencia obligatoria para explotar la primera patente sólo podrá transferirse con
la segunda patente;  y
c) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia sobre la segunda
patente.
35. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un potencial
usuario ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condicionescomerciales razonables y que esos intentos no han surtido efecto en un plazo prudencial.  En ese
contexto, ¿cómo definen ustedes "plazo prudencial"?  Sírvanse también explicar de qué forma su
legislación garantiza que el uso de una licencia obligatoria será autorizado principalmente para
abastecer el mercado interno del Miembro que autoriza esos usos.
El artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la persona que solicite una
licencia obligatoria deberá acreditar lo siguiente:
a) que ha pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual;IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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b) que no ha podido obtener la licencia contractual en términos y condiciones
comerciales razonables;  y
c) que esos intentos no surtieron efecto en un plazo que no podrá ser menor de los
noventa días siguientes al primer requerimiento.  No será necesario cumplir este
requisito tratándose de una licencia obligatoria en casos de emergencia nacional, de
extrema urgencia o de un uso no comercial de la invención por una entidad pública.
Dentro de las condiciones a que deben sujetarse las licencias obligatorias, se establece en el
artículo 136 de la Ley que la misma se concederá principalmente para abastecer el mercado interno.
La licencia obligatoria puede ser revocada por el Registro de la Propiedad Intelectual, si lascircunstancias que dieron lugar a su otorgamiento han desaparecido y no es probable que vuelvan a
ocurrir.
36. Se ruega indicar si su legislación otorga protección adicional a las innovaciones una vez
transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.
No se provee protección adicional a las invenciones después que el plazo de la protección de
la patente se haya vencido.
37. Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección
mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.
De conformidad con lo establecido por el artículo 210 de la Ley de Propiedad Industrial, las
solicitudes de patente presentadas a partir del 1 de enero de 1995, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 70.8 del Acuerdo sobre los ADPIC, se deben tramitar con absoluta preferencia a partir
de la vigencia de dicha Ley (1 de noviembre del 2000), aplicando los criterios de patentabilidad
establecidos en la misma, como si éstos hubieren estado vigentes en la fecha de presentación de las
solicitudes.
38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la prueba
en lo que respecta a las patentes de procedimientos.
Según lo establece el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando el objeto de una
patente de invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fuese producidopor un tercero sin el consentimiento del titular de la patente, se presumirá, salvo prueba en contrario,
que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado. Por lo tanto, corresponderá al
demandado probar que ha utilizado un procedimiento diferente.
G.E SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE CIRCUITOS INTEGRADOS
39. Sírvanse indicar cómo protege la legislación de su país las topografías.
Guatemala no ha emitido aún una legislación específica para regular la protección de los
esquemas de trazado, por lo que la protección se otorga por un período de diez años, contados a
partir de la primera explotación comercial del esquema, tal como se señala en el artículo 38.2 del
Acuerdo de los ADPIC, que forma parte de la legislación guatemalteca.  De conformidad con el
sistema jurídico guatemalteco, los convenios internacionales pueden ser autoaplicativos, excepto en
aquellos casos en los que se requiera, por disposición del Acuerdo, desarrollar una legislaciónespecífica.  De hecho, el artículo 46 de la Constitución Política de la República establece que en
materia de derechos humanos (dentro de los que se incluye el derecho de autor y el de inventor), los
tratados y convenciones aceptados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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40. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos
frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de topografías
comprendidos los circuitos integrados u otros artículos que incorporen un circuito integrado en el
sentido del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
 De conformidad con el artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de un derecho
sobre un esquema de trazado protegido puede op onerse a la importación, venta o distribución
comercial del esquema protegido, de un circuito integrado en el que esté incorporado ese esquema o
de un artículo que incorpore el circuito integrado.  Esta disposición es autoaplicativa, por lo que
puede aplicarse directamente aunque no exista legislación específica al respecto.  Ello significa que
el titular del derecho puede solicitar la aplicación de las medidas que considere necesarias para
proteger sus derechos, entre ellas, las que la Ley de Propiedad Industrial establece como medidascautelares.
41. Sírvanse explicar cómo prevé su legislación la derogación del artículo 36 como se
especifica en el artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando la persona no supiera o no tuviera
motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal
circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente.
 La disposición del artículo 37 del Acuerdo de los ADPIC, permite que los Miembros no
consideren ilícita la importación, venta o distribución comercial de un esquema protegido, ya que sea
que se encuentre incorporado en un circuito integrado o en un artículo que incorpore tal circuito
integrado, cuando la persona que realiza esos actos no supiera o no tuviera motivos razonables para
saber que al adquirir el circuito integrado o el artículo que lo incorpora, estaba adquiriendo unesquema de trazado reproducido ilícitamente.  Esta disposición es autoaplicativa y significa que
dichos actos no constituyen infracciones, mientras la persona no haya sido notificada de que el
esquema de trazado importado u ofertado para la venta estaba reproducido ilícitamente.
 Ahora bien, una vez que la persona ha sido notificada del ilícito, el artículo 37 permite que
los Miembros establezcan la posibilidad de que dicha persona pueda realizar cualquier acto conrespecto al producto en existencia o pedido con anterioridad a la notificación (como por ejemplo
agotarlo), pero sujeto a la condición que se pague al titular del derecho una suma equivalente a la
regalía que correspondería pagar por una licencia contractual.  Esta disposición no es autoaplicativa
ya que requiere que los Miembros la incorporen en su legislación específica.  Ello no significa que el
titular del derecho y el infractor inocente no puedan llega a un acuerdo al respecto.
42. Sírvanse indicar la duración de la protección otorgada por la legislación de su país a las
topografías.
Vea la respuesta a la pregunta 39.
H.P ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
43. Sírvanse explicar si la legislación de su país otorga o no un período de tiempo definido para
la protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.
De acuerdo con el artículo 174 de la Ley de Propiedad Industrial, los secretos empresariales
se protegen indefinidamente en tanto reúnan los tres elementos para ser considerados como tales, es
decir:
a) que la información tenga un valor comercial por el hecho de mantenerse en reserva;IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 34
b) que en su conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, la
información no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas
que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza tal información;
y,
c) que dicha información haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla
secreta por parte de su legítimo poseedor.
 Cuando esa información se refiera a datos de prueba o cualquier otra información resultado
de un esfuerzo considerable, que se proporcione a la autoridad responsable de autorizar la
comercialización de productos farmacéuticos o químico agrícolas que contengan un nuevo
componente químico, esa información se protege contra toda divulgación o uso comercial desleal,durante un plazo de quince años.  Durante ese plaz o, ninguna persona distinta a quien presentó dicha
información, puede sin autorización escrita de esta última, contar con esos datos o información o
invocarlos en apoyo a una solicitud para la aprobación de su producto, aunque ello no implique su
divulgación. El plazo señalado se computa a partir de la fecha en que se hubiere concedido al titular
de esa información la aprobación para la comercialización del producto (artículo 177 de la Ley dePropiedad Industrial).
44. Sírvanse explicar cómo define la legislación de su país el término "información no
divulgada".
 La Ley de Propiedad no contempla una definición de información no divulgada. Sin
embargo, de acuerdo con los artículos 4 y 174, se entiende por secreto empresarial cualquierinformación no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que tenga un valor comercial
por el hecho de mantenerse reservada, que pueda ser usada en alguna actividad productiva, ya sea
industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de ser transmitida a un tercero.
 
45. Sírvanse explicar cómo define la legislación su país los datos que se hayan sometido a
gobiernos u organismos gubernamentales.
Aunque no existe una definición de este tipo de información, el artículo 177 de la Ley de
Propiedad Industrial se refiere a la misma como aquellos datos de pruebas u otra información no
divulgada que tenga, total o parcialmente, la calidad de secreto empresarial, y que haya sido
requerida por una autoridad administrativa dentro del procedimiento para obtener la autorizaciónpara la comercialización o venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo
componente químico.
I.O BSERVANCIA
46. Sírvanse indicar en qué medida la legislación de su país prevé la adopción de medidas
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual.
Para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tanto la Ley de
Propiedad Industrial como la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos regulan la posibilidaddel titular de los derechos respectivos de promover acciones judiciales, tanto de naturaleza civil
como penal, en ambos casos para proteger sus derechos frente a una infracción, o bien, para impedir
o prevenir la comisión de infracciones y evitar sus consecuencias. No se encuentran previstos
medios de defensa en la vía administrativa.
Los procesos civiles que se promuevan en ejercicio de las acciones respectivas, se tramitan
de acuerdo con el procedimiento del juicio oral regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil
(artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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Conexos), sin perjuicio de la posibilidad de las partes involucradas de acudir a medios alternos de
solución de controversias, como la conciliación y el arbitraje que se regulan por una Ley especial.
Por su parte, en el caso de acciones de naturaleza penal, corresponde al Ministerio Público el
ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, sin perjuicio de que el titular o
licenciatario de los derechos afectados provoque esta persecución denunciado la violación de talesderechos o adhiriéndose a la iniciada de oficio (artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial y 128
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Se encuentra prevista, asimismo, la posibilidad de solicitar, incluso antes de promover
cualquiera de las acciones comentadas, medidas o providencias cautelares para la protección de los
derechos, para impedir la infracción o para obtener y conservar pruebas (artículos 186 y 207 de la
Ley de Propiedad Industrial y 128 bis y 133 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos). Además, la posibilidad de promover medi das en frontera, con el objeto de que se ordene
la suspensión de la importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan los derechos
del titular de marcas o de derechos de autor o conexos (artículos 190 de la Ley de Propiedad
Industrial y 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
47. Sírvanse explicar si la legislación de su país prevé un mecanismo para apelar contra las
decisiones administrativas definitivas ante órganos judiciales.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil y Mercantil y
del Código Procesal Penal, contra las sentencias que se emitan en todo proceso que se tramite de
conformidad con los mismos, procede el recurso de apelación que es conocido por el tribunal
jurisdiccional superior.
48. Sírvanse indicar en qué medida la legislación de su país autoriza a los jueces a ordenar que
la parte contraria presente pruebas.  Sírvanse dar información precisa sobre cuáles son las medidas
que se adoptan para garantizar la protec ción de la información confidencial.
Ni la Ley de Propiedad Industrial ni la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
contienen disposiciones al respecto. Sin embarg o, el artículo 182 del Código Procesal Civil y
Mercantil, de aplicación supletoria, sí contempla esta facultad pero limitada a la prueba documental.
En efecto, la citada norma establece que cuando una de las partes en el proceso deba servirse de un
documento que, según su manifestación, se halle en poder de su adversario, deberá presentar copiadel mismo o, al menos, todos los datos que conozca acerca de su contenido y, además, probar que el
documento lo tiene o lo ha tenido el adversario.
Según la misma norma citada, en tal caso el juez ordenará que se prevenga a la parte
contraria para entregar el documento dentro del plazo que el propio juez señalara, bajo
apercibimiento de que si no lo entrega y no produjera contrainformación, el juez resolverá tener por
exacto el texto del documento mencionado por la parte que solicitó la entrega, o bien, declarará quelos datos suministrados sobre su contenido se tendrán por exactos en la sentencia.
Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder de la parte contraria fuere
contradictoria, el juez se reservará el pronunciamiento anterior para el momento del fallo definitivo,
en cuya oportunidad podrá extraer de las manifestaciones de las partes y de las pruebassuministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.
En cuanto a la protección de la información confidencial, existen varias disposiciones en la
legislación guatemalteca.  En principio, la Const itución Política de la República al reconocer la
garantía fundamental de la publicidad de los actos administrativos, igualmente aplicable en materiade actuaciones judiciales, contempla como una excepción la circunstancia que la persona hubiere
suministrado datos bajo garantía de confidencialidad.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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En el artículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial se encuentra una expresa referencia a la
obligación de brindar protección a la información confidencial, en el caso que las autoridades
judiciales que ordenaren una medida en frontera autoricen a quien las obtuvo el libre a las mercancías
o a los productos retenidos, con el fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales deprueba en apoyo de su reclamo.
Igualmente, el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial, que recoge el principio de la
inversión de la carga de la prueba en los casos de demandas o reclamaciones por infracción a un
procedimiento protegido por patente, reconoce que en la presentación de cualquier prueba en contrario,
se deberá tener en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus
secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de probar que utiliza un procedimientodistinto al protegido por patente.
Por otra parte, en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil se encuentra la
norma general que prescribe la posibilidad de practicar la diligencia de una prueba de manera
reservada cuando, por su naturaleza, la autoridad judicial lo estime conveniente.
Finalmente, el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, cuando recoge el principio de
que los actos y diligencias de los tribunales de la República son públicos, admite como excepciones
a dicho principio los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública,
deban mantenerse en forma reservada. En ese mismo sentido, dicha norma faculta al juzgador paracalificar la reserva de actos o diligencias en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad.
49. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a
ordenar a un demandado que desista de una infracción.
De conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial y en
el artículo 134 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en la sentencia que declare
con lugar alguna de las acciones previstas para la defensa de los derechos de propiedad intelectual,
además de resolver sobre el fondo del asunto, deberán las autoridades judiciales ordenar, según el
caso y teniendo en cuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las
medidas ordenadas y los derechos de terceros, que cesen los actos infractores o de competenciadesleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su
repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios. Según expresas disposiciones de
ambas leyes, tanto en acciones de naturaleza civil como penal los jueces pueden asimismo ordenar,
en forma cautelar, la cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los
productos infractores; o las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la
infracción.
50. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a
ordenar el pago al titular de un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya
sufrido.
El artículo 1645 del Código Civil establece la norma general de que toda persona que cause
daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada arepararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia
inexcusable de la víctima. En la Ley del Organismo Judicial se encuentra, asimismo, la disposición
general que establece que cuando hubiere condena de daños y perjuicios se fijará en la sentencia su
importe en cantidad líquida; agrega dicha norma que, de no ser posible ello, en la sentencia se
establecerá por lo menos, según hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacersela liquidación en el procedimiento de los incidentes, o bien, fijar su importe por expertos. IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 185 literal e), establece que en la sentencia
que declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá disponer sobre el
resarcimiento de los daños y perjuicios. Por su parte, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
contempla una norma similar en el literal d) del artículo 134 bis.
51. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a
ordenar al infractor que pague los gastos al titular de los derechos.
En cuanto a los gastos y honorarios de los abogados, el artículo 572 del Código Procesal Civil y
Mercantil dispone la norma general de que cada parte en el proceso es responsable directamente de los
gastos que se ocasionen por los actos que se lleve a cabo y por los que pida. Sin embargo, la misma
norma establece que en caso de condena en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los
gastos necesarios que hubiere hecho.  En efecto, el artículo 573 del mismo Código establece laobligación general del juez de que, en la sentencia que termine un proceso que ante él se tramita, deba
condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. Esta obligación de
condena al pago de las costas tiene como excepciones cuando se haya litigado con evidente buena fe,
cuando la demanda o contrademanda comprenda pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja
solamente parte de las pretensiones fundamentales de la demanda o contrademanda, cuando se admitandefensas de importancia invocadas por el vencido y, asimismo, cuando haya vencimiento recíproco o
allanamiento.
Por otra parte, el artículo 578 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil determina dentro de
las costas reembolsables, los gastos siguientes: el valor de los honorarios del abogado director, de losnotarios, procuradores, expertos, depositarios e interventores; así como los gastos causados por
embargos, despachos, edictos, publicaciones, certificaciones, inventarios, inscripciones en registros e
indemnización a testigos por el tiempo invertido y gastos de viaje.  Esta norma aclara que las diligencias
judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viaje, pago de vehículos, de
transporte o comunicaciones, así como por las compras de sustancias u otros artículos que fuerennecesarios para la averiguación de un hecho.
52. Sírvanse explicar si los jueces tienen autoridad para ordenar que las mercancías
infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales o sean destruidas y en qué medida tienen
esa autoridad.
El retiro de las mercancías infractoras de los circuitos comerciales puede ordenarse en forma
definitiva (en la sentencia que termina el proceso) o en forma cautelar.  El artículo 185 literal a) de la
Ley de Propiedad Industrial establece que en la sentencia que declare con lugar alguna de las
acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá, según el caso, ordenar que las mercancías infractoras
sean retiradas de los circuitos comerciales, o bien que sean destruidas principalmente cuando afecten o
puedan afectar la salud o la vida de las personas, de los animales o las plantas, o el medio ambiente.
En similar sentido, el literal b) del artículo citado de la Ley de Propiedad Industrial prescribe
que en la sentencia también deberá el juez, según el caso, disponer que los materiales e instrumentos
que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean
apartados de los circuitos comerciales o bien destruidos como objetos de ilícito comercio, sin
indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevasinfracciones.
Igualmente, el artículo 187 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial dispone que el juez
puede ordenar, dentro de las medidas que tiendan a la protección del derecho del actor o del
peticionario, la cesación inmediata de la comercialización de los productos infractores, así como elcomiso y traslado a los depósitos judiciales de los productos infractores y el de los materiales
utilizados para cometer la infracción, incluyendo la destrucción de éstos cuando los mismos causen unIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el
medio ambiente.
En similares términos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su
artículo 134 bis que, en la sentencia que declare con lugar una acción prevista en dicha ley, el juez
además de resolver sobre el fondo del asunto debe ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas
o destruidas como objetos de ilícito comercio.  En el artículo 133 bis de dicha Ley, igualmente se
establece que el juez puede ordenar como medida cautelar cualquier medida necesaria para evitar la
continuación o repetición de la infracción, entre ellas, el comiso de los productos infractores y el de los
equipos y materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla, así como el de los medios que
sirvieran para realizar la infracción.  El mismo artículo dispone que los productos confiscados pueden
destruirse cuando causen un daño o constituyen un riesgo que atente con la salud o la vida humana,animal o vegetal, o contra el medio ambiente.
53. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a
indemnizar al demandado en caso de abuso por parte del demandante.
Según lo establece el artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, quien obtenga una
medida o providencia cautelar queda obligado a pagar los daños y perjuicios que ocasione a la parte
contraria, así como los gastos en que ésta incurra, en cualquiera de los casos siguientes:
• Si no presenta su demanda dentro del término legal (quince días);
• Si la providencia fuere revocada; o
• Si se declara improcedente la demanda.
La Ley de Propiedad Industrial (artículo 195) y la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos (artículo 132) contienen una norma similar para determinar la responsabilidad del
solicitante de una medida en frontera, frente al importador, consignatario y propietario de las
mercancías retenidas.
Para garantizar la efectividad de dichas disposiciones, el artículo 186 de la Ley de Propiedad
Industrial y el 133 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, establecen que en todo
caso en que se solicite una medida o providencia cautelar, si el juez lo considera conveniente, podrá
en la misma resolución en la que decrete tales medidas requerir que previamente a su ejecución se preste
fianza u otra garantía suficiente para impedir abusos y proteger a la parte afectada por la medida y a lapropia autoridad, por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.  Estas disposiciones son
aplicables a las medidas en frontera (artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial y 130 de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos).
En cuanto a la responsabilidad de las autoridades que hayan ordenado una medida, éstas no
serán responsables si hubieren actuado de buena fe.
54. Sírvanse indicar de qué forma la legislación de su país aplica el artículo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
De conformidad con el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación
supletoria en esta materia, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario
para hacer valer su derecho, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable,
puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcanmás idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo.  Esta disposición se IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 39
encuentra también incluida en el primer párrafo del artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial y
en el artículo 133 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
De acuerdo con la legislación guatemalteca, quien inicie o pretenda iniciar una acción
relativa a los derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos decompetencia desleal, puede pedir al juez que se ordenen providencias cautelares. El juez, sin trámite
alguno, y siempre que le hubiesen acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y
evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o la
inminencia de ésta, tiene facultades para decretar las medidas que le solicitasen dentro del
improrrogable plazo de dos días de presentada la solicitud y, si así lo estima conveniente, en la
misma resolución puede requerir que previamente a la ejecución de tales medidas el solicitante
preste fianza u otra garantía suficiente para proteger a la parte afectada por la medida y a la propiaautoridad y asimismo para impedir abusos. En este último caso, el plazo para ejecutar la medida es
de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la garantía (artículos 186 de la Ley
de Propiedad Industrial y 133 ter de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Cuando una medida cautelar sea decretada antes de iniciarse la acción principal, la misma
quedará sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta su demanda dentro del plazo de
los quince días siguientes a la fecha en que aquella fue ejecutada (artículos 186 de la Ley de
Propiedad Industrial y 133 ter de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Dentro de las medidas que pueden ordenarse para evitar que se produzca una infracción,
evitar que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales o para preservar pruebas
relacionadas con la presunta infracción, los artículos 187 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 bis
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, establecen que las autoridades judiciales
pueden ordenar:
• El cese inmediato del uso, aplicación, colocación y comercialización de los
productos infractores y de los actos desleales;
• El cese inmediato de la violación que se alegue por parte del titular del derecho;
• El comiso de los productores infractores, incluyendo envases, empaques, embalajes,
etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la
infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente pararealizar la infracción;
• La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos
anteriormente;
• La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o
medios referidos anteriormente;
• La suspensión de registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza que resulten
necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos
infractores;
• El reconocimiento judicial de lugares, documentos y cosas que guarden relación con
el derecho infringido;  y
• Cualquier otra medida que sea necesaria para evitar la continuación o la repetición
de la infracción o de los actos de competencia desleal.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 40
El párrafo final del citado artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial aclara que el simple
retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá que las medidas cautelares
ordenadas continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcan
en los circuitos comerciales.
Importante resulta mencionar que, de acuerdo con el artículo 188 de la Ley de Propiedad
Industrial y 133 quater de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, una vez que ha sido
concedida una medida o providencia cautelar que tienda a asegurar las resultas del proceso en cuanto
a una pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, la misma no podrá ser dejada sin
efecto mediante una caución o garantía, misma que solamente podrá ser otorgada para levantar
medidas que tiendan a asegurar una pretensión indemnizatoria.
Adicionalmente, según el artículo 189 de la citada Ley de Propiedad Industrial, en la
petición de medidas cautelares o en la propia demanda, se puede solicitar la práctica de un
reconocimiento judicial en lugares, documentos o cosas que guarden relación con el derecho
infringido, o bien, en donde presuntamente se estén cometiendo o preparando actos tendientes a larealización de la infracción de derechos de propiedad industrial o actos de competencia desleal, en cuyo
caso el juez lo ordenará y ejecutará sin requerir garantía alguna.  Para los efectos consiguientes, según lo
establece la propia norma citada, la resolución que ordene la práctica del reconocimiento judicial llevará
implícita la orden de allanamiento.
Este reconocimiento judicial puede complementarse con la presencia de peritos designados por
la parte actora o por el propio tribunal; asimismo el juez podrá ordenar  la exhibición de cosas muebles o
documentos.  A petición de parte y a  juicio del juez, podrá asimismo practicarse medios científicos de
prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sonido los objetos o los lugares inspeccionados y,
en el caso de los documentos, se podrán examinar y copiar por cualquier medio.
En la diligencia del reconocimiento judicial el juez puede ordenar las providencias cautelares
que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijar el monto de la garantía correspondiente, de conformidad
con lo establecido en el ya mencionado artículo 186 de la misma Ley.  Si en el plazo de cinco días
siguientes el solicitante no presta o constituye la garantía fijada, el juez ordenará levantar las medidasdecretadas.
55. Sírvanse identificar las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben las
solicitudes presentadas por los titulares para demandar que las autoridades de aduana suspendan el
despacho de mercancías falsificadas.
Según los artículos 190 y 191 de la Ley de Propiedad Industrial, las medidas en frontera que
infrinjan los derechos del titular de marcas de fábrica o de comercio, deben solicitarse a la autoridad
judicial, específicamente, al juez de primera instan cia que tenga jurisdicción en el territorio en donde
se ubique la aduana correspondiente.
En materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de acuerdo a los artículos 129 y 130,
el titular del derecho afectado pueden solicitar la medida en frontera a la autoridad judicial, o bien,
directamente a la autoridad aduanera, la que puede ordenar la suspensión de la importación oexportación de que se trate, por un plazo no mayor de diez días hábiles.
56. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de
mercancías falsificadas.
Tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
establecen la posibilidad de que los titulares de una marca registrada o una obra o fonograma IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 41
protegido, o sus licenciatarios, puedan solicitar la suspensión del despacho en aduanas e internación
de las mercancías a los circuitos comerciales, o el proceso de exportación de las mismas.
Únicamente en el caso de mercancías pirata, la suspensión del despacho en aduanas puede solicitarse
directamente a las autoridades aduanales (artículos 190 y 191 de la Ley de Propiedad Industrial;  y
129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos). En ambos casos, resulta aplicable elmismo procedimiento que se establece en ambas leyes en el caso de solicitud de medidas o
providencias cautelares, al cual se ha hecho referencia en la respuesta a la pregunta número 54.
57. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a las autoridades
competentes a ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras.
El artículo 185 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial establece que en la sentencia que
declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá, según el caso,
ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas como objetos de ilícito comercio, principalmentecuando afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas o de los animales, la preservación de
los vegetales, o bien cuando pudiesen causar daños graves al medio ambiente.
En similar sentido, el literal b) del artículo citado de la Ley de Propiedad Industrial prescribe
que en la sentencia también deberá el juez, según el caso, disponer que los materiales e instrumentosque se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean
apartados de los circuitos comerciales o bien destruidos como objetos de ilícito comercio, sin
indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas
infracciones.
Como medida cautelar, la ley contempla la posibilidad de que los productos infractores y los
materiales y medios empleados para producirlos sean confiscados y trasladados a los depósitos
judiciales; o bien, que sean destruidos cuando causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra
la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente (artículo 187, literales b), d) y e)
de la Ley de Propiedad Industrial).
En similares términos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su artículo
134 bis que, en la sentencia que declare con lugar una acción prevista en dicha ley, el juez además de
resolver sobre el fondo del asunto debe ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas como
objetos de ilícito comercio. En el artículo 133 bis de dicha Ley, igualmente se establece que el juez
puede ordenar como medida cautelar cualquier medida necesaria para evitar la continuación o repetición
de la infracción, incluyendo el comiso de los productos infractores y el de los materiales y medios para
producirlos, así como la destrucción de aquellos cuando causen un daño o constituyen un riesgo que
atente con la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente.
58. Sírvanse indicar si la legislación de su país prevé una excepción para las importaciones
insignificantes.
Según el artículo 190 de la Ley de Propiedad Industrial, no podrá suspenderse las importaciones
no comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros.
59. Sírvanse explicar de qué forma la legislación de su país aplica el artículo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
De conformidad con la tipificación de conductas infractoras contenida en los artículos 274 y
275 del Código Penal, las infracciones que afecten todos los derechos de propiedad intelectual
reconocidos en las leyes de la materia se encuentran afectadas a los procedimientos y sanciones
penales establecidos.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 42
Efectivamente, el artículo 274 del Código Penal establece como delitos contra el derecho de
autor y los derechos conexos las siguientes conductas:
a) La atribución falsa de la calidad de autor y/o titular de un derecho de autor, de artista
intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión;
b) La deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a la
integridad de la obra o al honor y reputación del autor;
c) La reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución, de un fonograma o
de una emisión, sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;
d) La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o de parte de ella, sin
autorización del autor o del titular del derecho;
e) La comunicación al público por cualquier me dio o procedimiento de una obra protegida
o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
f) La distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra
protegida o de un fonograma, ya sea por medio de  la venta, el arrendamiento, el alquiler,
el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma;
g) La fijación, reproducción o comunicaci ón al público, por cualquier medio o
procedimiento de una interpretación o ejecución artística, sin la autorización del artista
intérprete o ejecutante o del titular del derecho;
h) La fijación, reproducción o retransmisión de una emisión, transmitida por satélite,
radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, sin
autorización del titular;
i) La comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al que el
público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien, para efectosde consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del titular del derecho
correspondiente;
j) La publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin
alteración de la misma;
k) La decodificación de señales trasmitidas por satélite o cualquier otro medio de
telecomunicación, portadoras de programas de cualquier tipo, sin la autorización del
distribuidor legítimo;
l) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica
implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un derechoconexo, para evitar la utilización no autorizada de todo tipo de obra, de un fonograma,
de una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegidas;
m) La realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una infracción a
cualesquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, a los titulares deun derecho de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de
fonogramas o a los organismos de radiodifusión; IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 43
n) La supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre la
gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos;
o) La distribución, comercialización, prom oción, importación, emisión o comunicación al
público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, produccionesfonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión
colectiva de cualesquiera de esos derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización;
p) El transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares, en
cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, de
interpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones, fabricadas sin el consentimiento
del autor o el titular del derecho correspondiente;
q) La recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de interpretaciones
artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de organismos de radiodifusión
protegidos, o la realización de cualesquiera otras actividades propias de una sociedad de
gestión colectiva, sin estar facultado para tales efectos;
r) La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del
respectivo derecho;
s) La traducción total o parcial de una obra sin la autorización del autor o titular del
derecho correspondiente;
t) La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra
protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el
arrendamiento con opción de compra, el préstamo o en cualquier otra forma;  y
u) La importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra protegida,
con fines de explotación comercial, en cualquier tipo de soporte o de fonogramas, sin la
autorización del titular del derecho respectivo.
En materia de propiedad industrial el artículo 275 del Código Penal establece como delitos
contra tales derechos las siguientes conductas:
a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o
servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación de
dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los protegidos
por el registro;
b) Usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de
propaganda protegidos;
c) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o
servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado,
sustituido o suprimido, total o parcialmente;
d) Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca
registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitidoresolución ordenando el cese del uso de dicha marca;IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 44
e) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que
reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo, así
como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;
f) Rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven un
signo distintivo registrado;
g) Usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o empaque
de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias,
imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el
origen de los productos o servicios;
h) Usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización,
divulgación o adquisición indebida de tales secretos;
i) Revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su trabajo,
puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso, después de
haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información;
j) Apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la persona
que lo guarda o de su usuario autorizado;
k) Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar
productos amparados por una patente ajena;
l) Emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los
actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por ese
procedimiento;
m) Fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o
detentar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial
protegido;
n) Usar en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica falsa
o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre
la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que lo distribuye;  y
o) Usar en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o
engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una
traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo","género", "manera", "imitación" u otras análogas.
Adicionalmente, el artículo 358 del Código Penal establece lo siguiente "Quien realizare un
acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia
contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien milquetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial
tipificado en el artículo 275 de este Código."
Los artículos 274 y 275 del Código Penal establecen sanción de prisión de uno a cuatro años
para los responsables de los delitos contra los distintos derechos de propiedad intelectual y, además,prescriben sanción pecuniaria mediante multa que será fijada por el juez entre un mil quetzales,
como mínimo, y quinientos mil quetzales, como máximo. IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 45
En ambas materias, en los procedimientos de naturaleza penal, además de las sanciones ya
indicadas, aplican las disposiciones ya comentadas contenidas en los artículos 185 de la Ley de
Propiedad Industrial y 134 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en los cuales, sin
distinción del derecho protegido, se admite la posibilidad de que en sentencia se ordene la
confiscación, el decomiso o la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales yaccesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.
IV. RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL JAPÓN
A. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
1. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de la
nación más favorecida que habría en la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos, talcomo lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a los países Miembros aplicar las
excepciones al Principio de Trato Nacional previstas en el Convenio de Berna y la Convención de
Roma.  De conformidad con el Convenio de Berna,  los países Miembros pueden otorgar tratamiento
distinto en los casos siguientes:
- Cuando se trate de obras de arte aplicadas que se encuentren protegidas únicamente
como dibujos y modelos industriales en el país de origen, el Convenio permite que
se otorgue únicamente la protección que la legislación prevé para los dibujos ymodelos industriales, salvo que esa protección especial no se encuentre contemplada
en el país en donde se reclame la protección, en cuyo caso las obras deben ser
protegidas como obras artísticas (artículo 2.7 del Convenio de Berna).  La
legislación guatemalteca no contempla esta excepción ya que el artículo 148 de la
Ley de Propiedad Industrial establece que la protección conferida a los diseñosindustriales no excluye ni afecta la que pudiera corresponder conforme las leyes
relativas a derecho de autor; y el artículo 15 de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos reconoce, dentro de las obras protegidas, las de arte aplicado y
establece en el artículo 3, que el goce y ejercicio de los derechos de autor es
independiente y compatible con los derechos de propiedad industrial.
- Cuando en un país que no pertenezca a la Unión de Berna se otorgue un estándar de
protección menor al previsto en el Convenio, éste permite restringir la protección de
las obras de los autores, que en el momento de la primera publicación, sean
nacionales de aquel país y no tengan su residencia habitual en un país miembro de la
Unión de Berna, al estándar de protección que otorgue el país no Miembro (artículo
6 del Convenio de Berna).  El Convenio de Berna requiere que esta restricción senotifique al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual y el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, requiere que se notifique
adicionalmente al Consejo de los ADPIC.  A la fecha, Guatemala no ha hecho uso
de esta posibilidad.
- Cuando el plazo de protección en el país en donde se reclame sea mayor que el
previsto por la legislación del país de origen de la obra, el Convenio de Berna
permite que la duración de la protección no exceda a la otorgada en el país de origen
de la obra (artículo 7.8 del Convenio de Berna).  En virtud de que el plazo de
protección previsto por la legislación gu atemalteca es mayor al mínimo requerido en
el Acuerdo de los ADPIC, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
establece en el artículo 43, que cuando se trate de obras de autores extranjerosIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 46
publicadas por primera vez fuera del territorio de la República de Guatemala, el
plazo de protección no excederá del reconocido por la ley del país en donde se haya
publicado la obra; y si la protección en el país en donde se haya publicado la obra es
mayor que el previsto en la ley guatemalteca, se aplican las disposiciones de esta
última.
- Respecto al derecho de percibir una participación sobre las ventas posteriores a la
primera cesión operada por el autor, en el caso de las obras de arte y los manuscritos
originales de escritores y compositores ( droit de suite) , el Convenio de Berna
permite que ese derecho sólo se aplique si la legislación nacional del autor lo
incluye (artículo 14 ter, párrafo 2 del Convenio de Berna).  La legislación
guatemalteca no contempla esta excepción.
Por su parte, la Convención de Roma, admite la posibilidad de otorgar un tratamiento
distinto a los extranjeros en los casos siguientes:
Respecto de los fonogramas:- Cuando se trate de utilizaciones secundarias, en cuyo caso la Convención permite
que el derecho de otorgue sólo a los productores que sean nacionales de un Estado
Contratante;  y
- Cuando se trate de productores de fonogramas que sean nacionales de otro Estado
Contratante, en cuyo caso puede limitarse la amplitud y la duración de la protección
a la prevista por ese Estado Contratante.
- Respecto de los organismos de radiodifusión, la Convención admite la posibilidad
de no conceder el derecho a la comunicación al público de las emisiones de
televisión a aquellos Estados Contratantes que hayan hecho una declaración en el
sentido de no aplicar este derecho.
Guatemala no aplica ninguna de las excepciones señaladas.
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
A. G
ENERAL
1. Sírvanse describir, en relación con cada forma de propiedad intelectual a que se aplica el
Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, cómo la legislación
de Guatemala otorga el trato nacional y el trato de  la nación más favorecida a los nacionales de los
demás Miembros de la OMC..
La legislación de Guatemala concede una adecuada y efectiva protección a los derechos de
propiedad intelectual, a través de los siguientes cuerpos normativos:
(a) Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la cual regula el derecho de autor
sobre todo tipo de obras y los derechos conexos (artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas y organismo de radiodifusión).
(b) Ley de Propiedad Industrial, la cual regula los derechos correspondientes a las
marcas y demás signos distintivos (nombres comerciales, expresiones o señales de
publicidad, indicaciones geográficas y denominaciones de origen), las patentes de invención IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 47
(incluyendo las variedades vegetales los modelos de utilidad, los diseños industriales y la
represión  de la competencia desleal, incluyendo disposiciones que se refieren expresamente
a la protección  de la información no divulgada.
Ambas leyes   contemplan expresamente el Principio del Trato Nacional, a saber:
(a) La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su artículo 2 que, en
la materia que la misma regula, los nacionales de cualquier país gozan de los mismos
derechos, recursos y medios legales para defender sus derechos, que los guatemaltecos.
Dicha disposición establece, más particularmente, que las obras publicadas en el extranjero,
así como las interpretaciones y ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de
radiodifusión, cuyos titulares sean extranjeros no residentes en el país, gozan de protecciónen el territorio nacional, de conformidad con los tratados y convenios internacionales
aprobados y ratificados por Guatemala.
(b) La Ley de Propiedad Industrial, por su parte y con relación a los derechos de
propiedad intelectual que la misma protege, establece en su artículo 3 que los nacionales deotro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los
guatemaltecos, o las personas que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o
comercial real y efectivo en aquel Estado, gozarán de un trato no menos favorable que el que
se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y
ejercicio de los derechos establecidos por esta Ley o respecto a los que se establezcan en elfuturo.
En cuanto al Principio  del Trato de la Nación más Favorecida, cabe señalar que de acuerdo
con el sistema jurídico guatemalteco, las disposiciones de cualquier tratado internacional que haya
sido ratificado, que no requieran del desarrollo de una legislación específica, son plenamenteaplicables, vinculantes y de observancia general.  Este es el caso de lo dispuesto en el artículo 4 del
Acuerdo sobre los ADPIC que no requiere ser desarrollado en la legislación guatemalteca para que
pueda aplicarse.   Consecuentemente, toda ventaja, favor, privilegio, inmunidad o derecho que sea
otorgado por Guatemala a los nacionales de cualquier otro país, se hará extensiva inmediata e
incondicionalmente a los nacionales de todos  los Miembros de la OMC. .
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse explicar de qué manera la legislación sobre el derecho de autor de Guatemala
protege los programas de ordenador como obras li terarias y compilaciones de datos, conforme a lo
dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse citar las disposiciones legales
pertinentes.
La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, cuando establece en su artículo 15 que se
consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualesquiera quesea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original,
menciona expresamente en el literal a) de dicho artículo a los programas de ordenador. En forma
más expresa, el artículo 30 de la misma Ley establece que los programas de ordenador se protegen
en los mismos términos que las obras literarias.
En cuanto a las bases de datos, el artículo 16 establece que también se consideran como
obras, las bases de datos y similares cuando la selección o disposición de las materias constituyan
una creación original. Adicionalmente, según el artículo 35 las compilaciones o bases de datos sean
que fueren legibles en máquina o cualquier otra forma, se consideran como colecciones de obras
para efectos de su protección.  Esta protección no se extiende  a los datos o material contenido en las
compilaciones ni prejuzgará sobre el derecho de autor existente sobre los mismos.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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3. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que, en la mayoría de los casos, se
conferirán derechos de arrendamiento al menos respecto de los programas de ordenador y las
obras cinematográficas, y el párrafo 4 del artículo 14 que se confieran tales derechos a los
productores de fonogramas.  Sírvanse describir el modo en que la legislación sobre derecho de
autor y derechos conexos de Guatemala garantiza que se confieran esos derechos dearrendamiento, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.
El artículo 21 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece dentro de las
facultades de orden patrimonial que le corresponden al titular del derecho de autor sobre una obra, el
derecho de autorizar o prohibir la distribución al público del original o copias de su obra, ya sea por
medio de la venta, arrendamiento, alquiler, préstamo o cualquier otra forma. Este derecho está
previsto para todas las categorías de obras, sin distinción.  La distribución autorizada mediante venta
no extingue el derecho de arrendamiento ni ningún otro derecho establecido en el artículo 21.
Respecto a los programas de ordenador, el artículo 31 de la citada Ley prescribe que el
derecho de arrendamiento incluido en el mencionado artículo 21, no es aplicable a los
arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el del programa de ordenador en sí.
En cuanto a los derechos de los productores de fonogramas, el artículo 58 de la Ley
guatemalteca establece que corresponde a los mismos, entre otros, el derecho exclusivo de autorizar
o prohibir la distribución de sus fonogramas o de sus reproducciones. El mismo artículo aclara, en su
segundo párrafo, que el derecho de distribución comprende la facultad de autorizar la distribución de
los fonogramas ya sea por medio de la venta, el arrendamiento o cualquier otra forma. Agrega dichanorma que, cuando la distribución se efectúe por medio del arrendamiento, la colocación en el
mercado del original o copias autorizadas del fonograma no extingue el mismo.
4. Sírvanse indicar la duración de la protección que se puede conceder con respecto a las
obras y a cada forma de derechos conexos a tenor de la legislación sobre el derecho de autor y
derechos conexos de Guatemala, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.
La ley guatemalteca reconoce a los autores derechos morales y derechos patrimoniales.
Dentro de los derechos morales se incluyen, entre otras, la facultad de reivindicar la paternidad de la
obra y la de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra, que la
desmerezca o cause perjuicio al honor o reputación del autor.  De conformidad con el artículo 19 de
la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, el derecho moral es inalienable,
imprescriptible e irrenunciable; sin embargo, el artículo 20 de la misma Ley aclara  que al
fallecimiento del autor únicamente se transmiten a sus herederos, sin límite de tiempo, el ejercicio de
las facultades a las que se refiere el artículo 6 bis del Convenio de Berna.   
En cuanto a los derechos patrimoniales se refier e, el Título II, Capítulo V de la citada Ley
incluye las reglas que regulan la duración del plazo de protección de las obras indicando que:
a) Por regla general, los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del
autor y setenta y cinco años después de la muerte de éste.  Cuando se trate de obras creadas
por dos o más autores, el plazo comenzará a contarse después de la muerte del último
coautor (artículo 43).
b) En el caso de los programas de ordenador y obras colectivas, el plazo de protección
se cuenta a partir de la primera publicación de la obra, o en su defecto, a partir de larealización de la obra (artículo 44).
c) Cuando se trate de una obra anónima o seudónima (artículo 45), el plazo de
protección se cuenta a partir de la primera publicación, o a falta de ésta, de su realización. IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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En el caso que se compruebe legalmente la identidad del autor, el plazo se calcula conforme
lo señalado en la literal a).
d) Cuando se trata de obras formadas por varios volúmenes, folletines o entregas
periódicas, que no se hayan publicado en el mismo año, el plazo comentará a contarse
respecto de cada volumen, folletín o entrega periódica, desde la respectiva publicación deéstos (artículo 46).
En todos los casos, los plazos comienzan a contarse a partir del uno de enero del año
siguiente a aquel en el que ocurra el hecho indicado para su inicio (artículo 48).
En el caso de los derechos previstos para los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el artículo 51 de la ley establece que
éstos se protegen por el plazo de setenta y cinco años, conforme las reglas siguientes:
a) En el caso de los fonogramas y de actuaciones grabadas en un fonograma, a  partir
de la fijación del fonograma;
b) En el caso de actuaciones no grabadas en un fonograma, a partir de la realización del
espectáculo; y
c) En el caso de las emisiones de radiodifusión, a partir de la transmisión de la
emisión.
En todos los casos, los derechos se protegen  desde su inicio pero el plazo comienza a
contarse a partir del uno de enero del año siguiente a aquel en que ocurran los hechos señalados
5. El artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a
circunscribir las limitaciones o excepciones impuestas  a los derechos de autor a determinados casos
especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio
injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.  Sírvanse describir cualquier
limitación o excepción a los derechos de autor prevista en la legislación sobre el derecho de autor y
derechos conexos de Guatemala, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.  Sírvanse
indicar cómo garantiza Guatemala que esas limitaciones y excepciones no atenten contra laexplotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del
titular de los derechos.
El Título IV de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece los casos en los
cuales se limitan los derechos reconocidos a los autores y titulares de derechos conexos.  Los
supuestos contemplados son casos especiales que no atentan contra la normal explotación de obra nicausan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.
Dentro de las limitaciones establecidas se incluyen los casos de libre utilización
mencionados en los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna, los cuales aparecen regulados en
los artículos 64, literal a), 66, literales a), b), c) y d) y la reproducción o comunicación de una obra
que sea necesaria para la práctica de una diligencia judicial o administrativa (artículos 63, literal c, y
64, literal c).
Adicionalmente se prevén las siguientes excepciones a los derechos de reproducción y
comunicación:
a) La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan
fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, con el objeto deIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad, o bien para sustituir un ejemplar
similar, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, cuando éste se haya
extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir el ejemplar en
plazo o condiciones razonables (artículo 64, literal b);
b) La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en lugares públicos
o la fachada exterior de los edificios, siempre que la reproducción se realice por medio de un
arte distinto al empleado para la elaboración del original y siempre que se indique el nombre
del autor, si se conociere, el título de la obr a, si lo tuviere, y el lugar donde se encuentra
(artículo 64, literal d); y
c) La comunicación que se realice en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre
que no exista un interés económico y que la comunicación no sea difundida (artículo 63,
literal a).
En cuanto a los derechos conexos, únicamente se prevén limitaciones a los derechos de los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, en los casos siguientes:
a) La ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión,
para fines demostrativos de clientela, dentro de establecimientos de comercio que expongan
y vendan equipos receptores, reproductores y otros similares, o soportes sonoros oaudiovisuales que contengan las obras utilizadas (artículo 70); y
b) Las grabaciones efímeras realizadas por los organismos de radiodifusión, con sus
propios equipos y para la utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, las que
podrán conservarse por un plazo de hasta seis meses contados a partir de su realización,
salvo pacto en contrario (artículo 71).  Esta última constituye una excepción autorizada deconformidad con el artículo 15 de la Convención de Roma.
6. Sírvanse describir en detalle los derechos reconocidos en la legislación sobre el derecho de
autor y derechos conexos de Guatemala a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusión, y sírvanse citar las disposiciones legales
correspondientes.
La ley guatemalteca  protege en forma separada,  cada una de las categorías de  derechos
conexos en la siguiente forma:
Artistas intérpretes o ejecutantes
De conformidad con el artículo 53 de la Ley , los artistas intérpretes o ejecutantes  tienen el
derecho exclusivo de autorizar  o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público
por cualquier medio, la radiodifusión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y
ejecuciones.  Se exceptúan de esta disposición los intérpretes de obras audiovisuales.
Cuando un fonograma publicado con fines comerciales se utilice en cualquier forma de
comunicación pública, los artistas intérpretes o ejecutantes, cuyas actuaciones se hayan fijado enaquél, tendrán derecho a una compensación económica.
Para efectos de lo anterior, el artículo 54 aclara que, salvo estipulación en contrario, se
entiende que:
(i)  la autorización para la radiodifusión no implica la autorización para permitir a otros
organismos de radiodifusión que retransmitan la  interpretación o ejecución; IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
Página 51
(ii)  la autorización para la radiodifusión no implica la autorización para fijar la
interpretación o ejecución;
(iii)  la autorización para la radiodifusión y para fijar la interpretación o ejecución, no
implica la autorización para reproducir la fijación;  y
(iv)  la autorización para fijar la interpretación o ejecución y para reproducir esta fijación, no
implica la autorización para transmitir la interpretación o la ejecución a partir de la fijación
de sus reproducciones.
Asimismo , el artículo 57 de la Ley reconoce  a los artistas intérpretes , el derecho personal,
irrenunciable, inalienable y perpetuo de vincular su nombre o seudónimo artístico a su interpretación
y de oponerse a la deformación  o mutilación de la misma.
Productores de fonogramas
Con fundamento en el artículo 58 de la Ley , los productores de fonogramas  tienen el
derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, directa o indirecta, la distribución y
comunicación al público o cualquiera otra forma o medio de utilización de sus fonogramas o de sus
reproducciones y la puesta a disposición del público de los fonogramas, por cualquier medio, de tal
manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos, desde el lugar y en el momento
que cada uno de ellos elija.
El derecho de distribución comprende la facultad de autorizar la distribución de los
fonogramas, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento o cualquier otra forma.  Cuando la
distribución se efectúe mediante la venta, este derecho se extingue a partir de la primera venta
realizada, salvo las excepciones legales. Cuando la distribución se efectúe mediante el
arrendamiento, la colocación en el mercado del original o copias autorizadas del fonograma no
extingue el mismo.
El derecho de importación, por su parte, comprende la facultad de autorizar o prohibir la
importación de copias de fonogramas legalmente fabricados y la de impedir la importación de copias
fabricadas sin la autorización del titular del derecho.  El artículo 59 es claro al establecer la
obligación para quien ejecute o haga ejecutar públicamente en cualquier forma un fonogramapublicado para fines comerciales, de obtener autorización previa y escrita de su productor y pagarle a
éste una remuneración.
Organismos de radiodifusión
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley, los organismos de
radiodifusión  gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
(i)  la fijación de sus emisiones y de sus transmisiones sobre una base física o soporte
material; incluso la fijación de alguna imagen o sonidos o imagen y sonidos aislados,
difundidos en la emisión o transmisión;
(ii)  la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o de sus transmisiones por cualquier
medio, conocido o por conocerse;
(iii)  la retransmisión de sus emisiones o transmisiones por cualquier medio o procedimiento,
conocido o por conocerse; y
(iv)  la comunicación al público de sus emisiones o transmisiones cuando se efectúe en
lugares a los que el público pueda acceder, mediante el pago de un derecho de admisión o en
lugares a los que el público pueda acceder para efectos de consumir o adquirir productos oservicios de cualquier índole.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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El mismo artículo citado reconoce una protección equivalente a la establecida, a los
organismos o emisoras de origen que realicen sus transmisiones a través de cable, fibra óptica u otro
procedimiento similar.
7. El artículo 18 del Convenio de Berna, inco rporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud
del párrafo 1 de su artículo 9, dispone que se restablezca el derecho de autor respecto de las obras
que estén protegidas todavía por el derecho de autor en su país de origen y cuyo período de
protección en Guatemala no haya expirado todavía.  Sírvanse describir en detalle cómo ha aplicado
Guatemala esta obligación y citar las disposiciones legales pertinentes.
El artículo 7(8) del Convenio de Berna establece que el plazo de protección de una obra es el
establecido por la ley del país en donde se reclama la protección.  En virtud de que tanto el Acuerdo
de los ADPIC como el Convenio de Berna establecen el mínimo de protección requerido en elámbito internacional, el artículo 18 del citado Convenio obliga a aplicar esa protección a aquellas
obras que no hayan caído en el dominio público en su país de origen y que no hayan pasado al
dominio público en el país en el que se reclama la protección.
En este sentido, el artículo 135 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de
Guatemala establece que las disposiciones de dicha ley se aplican a:
a) Las obras nacionales que no hayan pasado al dominio público; y
b) Las obras extranjeras que no hayan pasado al dominio público en su país de origen,
entendiendo que en el caso que el plazo de protección en el país de origen fuera mayor que
el contemplado en la legislación guatemalteca, se aplicaría el plazo de protección previsto en
la ley guatemalteca, tal como lo establece el artículo 7.8 del Convenio de Berna y el artículo43, párrafo 3 de la ley guatemalteca.
8. El párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que se restablezca la
protección respecto de los fonogramas que siguen protegidos por la normativa legal sobre el
derecho de autor o derechos conexos en su país de origen y cuyo período de protección en
Guatemala no haya expirado todavía.  Sírvanse de scribir en detalle cómo ha aplicado Guatemala
esta obligación y citar las disposiciones legales pertinentes.
Aunque la ley guatemalteca no contiene ninguna disposición expresa al respecto, lo
establecido en el artículo 14.6 del Acuerdo de los ADPIC se aplica de forma automática, pues, como
ya se expresó, por ser el Acuerdo sobre los ADPIC un instrumento internacional debidamente
aprobado y ratificado por Guatemala, el mismo tiene plena y automática vigencia en los términosque establece el artículo 65 del mismo Acuerdo, sin reserva alguna y sin necesidad de ser
desarrollado o consignado en la legislación nacional.
C. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
9. Sírvanse indicar cómo la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de Guatemala
establece la presunción de probabilidad de confusión, según lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando una marca idéntica para mercancías o serviciosidénticos se utiliza sin autorización en mercancías o servicios idénticos, y sírvanse citar la
disposición pertinente.
El artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial establece las razones de inadmisibilidad de
una marca, indicando en la literal a), que no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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la misma, un signo que sea idéntico o similar a una marca registrada o solicitada con anterioridad
por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca.
El citado artículo contempla cuatro posibilidades para rechazar el registro de un signo:
a) Cuando se trate de signos idénticos para productos o servicios idénticos;
b) Cuando se trate de signos idénticos para productos o servicios similares;
c) Cuando se trate de signos similares para productos o servicios idénticos; y
d) Cuando se trate de signos  similares para productos similares.
En el primero de los casos mencionados, la práctica nacional ha sido rechazar el registro del
nuevo signo por presumir que causa confusión en el público.  En los casos restantes, la autoridad
administrativa correspondiente ha analizado el grado de confusión que pudiera existir para decidir la
aprobación o rechazo del signo.  En concordancia con lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial,que recientemente entró en vigencia, establece en el artículo 29 algunas reglas para calificar el grado
de semejanza existente entre los signos, indicando que para que exista la posibilidad de confusión no
es suficiente que los signos sean semejantes, sino también que los productos o  servicios sean de la
misma naturaleza, refiriéndose así a la primera de las posibilidades mencionadas anteriormente
(literal f ).
10. Sírvanse describir en detalle las limitaciones o requisitos especiales que se aplican a los
derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio en virtud de la legislación de
Guatemala, e indicar el modo en que esas limitacion es tienen en cuenta los intereses legítimos del
titular de la marca de fábrica o de comercio y de terceros.
Las únicas limitaciones al derecho de los titulares de una marca se encuentran contenidas en
el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que el titular de una marca no podrá
prohibir que un tercero use, con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el
comercio:
a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos
b) indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios,
entre otras, las referidas a la cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; e
c) indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o
compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio
o accesorios.
Estas limitaciones operarán siempre que el uso se haga de buena fe y no cause confusión
sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.
11. Sírvanse explicar en detalle cómo la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio y
otras leyes de Guatemala garantizan la protección de las marcas de fábrica o de comercio y marcas
de servicio notoriamente conocidas, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.
La legislación guatemalteca regula adecuadamente la protección de las marcas notoriamente
conocidas. En primer lugar, debe mencionarse que la ley establece, por regla general, que para que elIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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titular de una marca protegida en el extranjero pueda gozar de los derechos y las garantías que
establece la ley guatemalteca, se requiere que  la misma haya sido registrada en Guatemala , salvo  el
caso de las marcas notorias (artículo 17).
En segundo lugar, el artículo 21 literal c) de la ley guatemalteca establece con toda claridad
que un signo no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, entre otros casos,
cuando ese signo constituye la  reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de
una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar
confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad
del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva. Dentro  de las reglas que deben tenerse en
cuenta al momento de realizar el examen de fondo de una solicitud de registro, al resolver unaoposición o en el caso de nulidades y/o anulaciones de registros marcarios, se contempla aquella
conforme a la cual si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente
diferenciable de aquella, a efecto de evitar la posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio
o fama de la misma (artículo 29, literal h).
Finalmente, la ley guatemalteca, cuando regula la posibilidad de reclamar judicialmente la
nulidad del registro de una marca notoriamente conocida que haya sido registrada por quien no tenía
derecho a ello, establece una presunción de mala fe en quien obtuvo ese registro. En tal caso, la
acción para pedir la anulación del registro puede ejercerse en cualquier tiempo (artículos 67 y 203 de
la Ley de Propiedad Industrial).
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
12. Sírvanse describir en detalle cómo y en virtud de qué leyes se protegen las indicaciones
geográficas en Guatemala, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.
El artículo 78 de la Ley de Propiedad Industrial prohíbe el uso en el comercio de
indicaciones geográficas, con relación a un producto o servicio, cuando tal indicación fuese falsa oengañosa con respecto al origen geográfico o cualidades del producto o servicio, o bien, cuando su
uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o
cualidades del producto o servicio. En similares términos se pronuncia el artículo 79 de la Ley, pero
con relación al uso de una indicación geográfica en la publicidad o en la documentación comercial
relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.
Igualmente, el artículo 20 prohibe la inscripción de marcas que puedan causar engaño o
confusión sobre la procedencia geográfica del producto o del servicio de que se trate (literal j) y de
aquellas marcas que consistan en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el
artículo 16 (literal k), el que señala que las marcas pueden consistir en indicaciones geográficas
nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los
productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión
o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos oservicios para los cuales se usen las marcas.
Es importante mencionar además , que conforme lo establecido en  el artículo 83 de la Ley, el
uso ilegal de una denominación de origen , independientemente del producto para el cual la misma se
utilice, dará lugar a las acciones previstas en la ley, incluso en aquellos casos en que a la misma seanteponga o agregue indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" u otras
semejantes que induzcan a confusión al consumidor o impliquen un acto de competencia desleal.
En concordancia con lo anterior, el artículo 173 de la Ley  establece que constituye un acto
de competencia desleal, la utilización, promoción o divulgación de indicaciones o hechos falsos o IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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inexactos capaces de inducir a error con respecto a la procedencia de los productos o servicios
propios o ajenos.
13. ¿Prevé la legislación de Guatemala relativa a las indicaciones geográficas alguna de las
excepciones a la protección de las indicaciones geográficas a que se refiere el artículo 24 delAcuerdo sobre los ADPIC?  En caso afirmativo, sírvanse describir el modo en que se aplica la
excepción y citar las disposiciones legales correspondientes.
La ley guatemalteca no regula ninguna excepción a la protección de las indicaciones
geográficas.
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
14. Sírvanse describir en detalle cómo se protegen  en la legislación de Guatemala los dibujos y
modelos industriales, incluidos los dibujos y modelos textiles, y sírvanse citar las disposicioneslegales pertinentes.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, el término diseño
industrial comprende tanto los dibujos como los modelos industriales; los primeros entendidos como
toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal,
con fines de ornamentación y que le den  una apariencia particular  y propia; y los segundos, como
toda forma tridimensional que sirva como tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial,
que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.
Para que un diseño industrial sea  protegido se requiere que sea  nuevo. Para ser considerado
nuevo, el diseño deberá diferir en medida significativa de diseños conocidos o de combinaciones decaracterísticas de los mismos y no haber sido divulgado públicamente, en cualquier lugar del mundo
y por cualquier medio, antes de alguna de las siguientes fechas, aplicándose la que fuese más
antigua:
a) la fecha de la primera divulgación pública por el diseñador o su causahabiente o por un
tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado entre ellos; o
b) la fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, la fecha de presentación
de la solicitud cuya prioridad se invocare.
Para efectos de apreciar la novedad, no se tomará en cuenta la divulgación que hubiese
ocurrido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso,  a
la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque, siempre que tal divulgación
hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio diseñador o su
causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos
(artículo 152).
La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de actuar para impedir
que terceras personas, sin su consentimiento, fabriquen, vendan, importen, ofrezcan en venta,
utilicen o de cualquier manera exploten comercialmente artículos que lleven o incorporen un diseño
industrial que sea una reproducción idéntica o similar al protegido (artículo 154).
Dentro  de la protección no se comprenden aquellos elementos o características del mismo
determinados enteramente por la realización de una función técnica y que no incorporen algún aporte
novedoso del diseñador; ni tampoco aquellos elementos o características cuya reproducción fuese
necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o
conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.  Esta limitación no se
aplicará tratándose de productos en los cuales el modelo radica en una forma destinada a permitir elIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular
(artículo 149).
La protección conferida a los diseños industriales no excluye ni afecta aquella que pudiera
proceder conforme otras normas legales, tales como las relativas a marcas o derecho de autor(artículo 148).
En cuanto a la forma cómo se obtiene la protección, la ley establece que el titular de un
diseño industrial adquiere el derecho a la protección legal como resultado de cualesquiera de los
siguientes actos:
a) la primera divulgación pública del diseño industrial, por cualquier medio y en
cualquier lugar,  efectuada por el diseñador o su causahabiente, o bien, por un tercero quehubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos; o
b) el registro del diseño industrial (artículo 151).
En el primer caso anterior, el diseño industrial gozará de protección sin necesidad de registro
por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de la divulgación. Esta protección es
independiente de la que se obtenga mediante su  registro (artículo 153). En el segundo caso, el
registro de un diseño industrial tendrá vigencia por diez años, a partir de la presentación de la
solicitud (artículo 159) y podrá ser renovado por una sola vez por un plazo de cinco años, siempre
que titular lo solicite con  sesenta días de anticipación como mínimo al  vencimiento del plazo
original (artículo 160).
F. P
ATENTES
15. Sírvanse indicar si una invención perteneciente a las categorías enumeradas a continuación
es patentable con arreglo a la Ley de Patentes de Guatemala si es nueva, entraña una actividadinventiva y es susceptible de aplicación industrial:
a) las invenciones de procedimiento que consistan, total o parcialmente, en
operaciones ejecutadas por un ordenador y dirigidas por un programa de
ordenador;
b) las invenciones de productos consistentes en elementos de una invención de
ejecución informatizada, en particular:
i) los códigos de programas de ordenador almacenados en forma legible por
máquina en un soporte físico como un disco flexible, un disco duro o una
memoria de ordenador;  o
ii) los ordenadores de propósito general cuya novedad respecto del estado
anterior de la técnica resida fundamentalmente en su combinación con
determinado programa de ordenador;
c) las invenciones de procedimiento que facilitan las actividades comerciales;  y
d) los microorganismos.
La legislación guatemalteca establece que los planes, principios, reglas o métodos
económicos, de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales o IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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intelectuales o a materia de juegos no constituyen invenciones.  Igual disposición se incluye para los
programas de ordenador, ya que se protegen a través de la legislación sobre derecho de autor.
En cuanto a los equipos capaces de leer programas de ordenador, los mismos como tales, en
cuanto califiquen en términos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, podrán ser
protegidos mediante patente. Igualmente, los soportes materiales en los cuales se incorpore unprograma de ordenador, serán patentables sólo en el caso de concurrir los tres requisitos indicados.
En cuanto a los microorganismos, los mismos gozan de la posibilidad de ser patentados.
16. Sírvanse describir las exclusiones de la patentabilidad reconocidas en la Ley de Patentes de
Guatemala, y citar las disposiciones pertinentes.
De acuerdo con el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, no son
patentables:
a) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de
personas o animales;
b) Una invención cuya explotación sea contraria al orden público o a la moral; y
c) Una invención cuya explotación comercial sea necesario impedir para preservar la
salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.
Asimismo, debe mencionarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la
misma Ley, no constituyen invenciones y, consecuentemente, no son patentables:
a) los simples descubrimientos;
b) las materias o las energías en la forma en que se encuentran en la naturaleza;
c) los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan
intervención humana, salvo los procedimientos microbiológicos;
d) las teorías científicas y los métodos matemáticos;
e) las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas;
f) los planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios, y
los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego;
y
g) los programas de ordenador aisladamente considerados.
17. Sírvanse describir en detalle los derechos que adquiere el titular de una patente en relación
con una patente de producto y en relación con una patente de procedimiento, y citar la disposición
pertinente de la ley.
El artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial establece que:
a) cuando la patente reivindica un producto, el titular tiene el derecho de fabricar,
ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo
para esos fines; y
b) cuando la patente reivindica un procedimiento, el titular tiene el derecho de emplear
el procedimiento patentado o fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto
obtenido directamente del procedimiento patentado.
18. Sírvanse enumerar las excepciones de los derechos conferidos por una patente en
Guatemala e indicar el modo en que la legislac ión de Guatemala garantiza que tales excepciones no
atenten de manera injustificable contra la explota ción normal de la patente ni causen un perjuicioIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses
legítimos de terceros.
El artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial establece, dentro de las limitaciones a los
derechos conferidos por una patente, que el titular no tiene derecho a impedir los actos siguientes:
a) Los realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
b) Los realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica
o académica, sin propósitos comerciales; y
c) Los referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París.
Cuando la patente proteja una planta o animal, o su material de reproducción o
multiplicación, el titular no puede impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta o
animal protegido, ni la comercialización de ese producto, siempre que el mismo hubiera sido
obtenido en la propia explotación agrícola (artículo 129).
19. Sírvanse confirmar que la duración de la protección conferida por todas las patentes
existentes en Guatemala el 1º de enero de 2000, y por todas las patentes concedidas posteriormente,
no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de
presentación de la solicitud.
El artículo 211 de la Ley de Propiedad Industrial establece que el plazo de las patentes que
no hubieren vencido al momento de entrar en vigencia esa Ley, podrá ampliarse hasta 20 años,
previa solicitud escrita que deberá presentar el titular con dos meses de anticipación, por lo menos, al
vencimiento del plazo original.
20. El párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que las patentes se
podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el hecho de que
los productos sean importados o producidos en el país.  Sírvanse confirmar que la importación de
productos patentados cumplirá el requisito de explotación enunciado en la Ley de Patentes de
Guatemala.
La ley no contiene ninguna disposición que obligue a explotar industrialmente la patente en
el país.
21. Sírvanse explicar cómo se aplican las salvaguardias establecidas en el artículo 31 del
Acuerdo sobre los ADPIC en la Ley de Patentes de Guatemala en relación con cualquier licencia
obligatoria que se otorgue, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.
La Ley de Propiedad Industrial guatemalteca prevé el otorgamiento de licencias obligatorias
para remediar alguna práctica anticompetitiva o por razones de emergencia nacional, salud pública,
seguridad nacional o uso público no comercial.  En la sección seis, Capítulo I, Título III de la citada
ley, se establecen las condiciones para el otorgamiento de una licencia obligatoria, indicando que:
a) La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido
previamente al titular de la patente una licencia contractual y que no pudo obtenerla en
términos y condiciones comerciales razonables, salvo que se trate de una licencia obligatoria
por casos de emergencia nacional o para un uso no comercial por parte del Estado(artículo 135); IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
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b) Las licencias obligatorias se concederán principalmente para abastecer el mercado
interno (artículo 136, literal a);
c) El titular de la patente objeto de una licencia obligatoria recibirá una remuneración
adecuada, según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia (artículo
136, literal b);
d) Las licencias obligatorias no podrán concederse con carácter exclusivo, ni podrán
ser objeto de cesión o sub-licencia y sólo podrán transferirse con la empresa (artículo 136,
literal c);
e) La licencia podrá cancelarse si las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento
han desaparecido y no es probable que vuelvan a ocurrir (artículo 136, segundo párrafo); y
f) Contra las resoluciones que otorguen una licencia obligatoria se podrá interponer
recurso de revocatoria, que es un recurso administrativo que resuelve la autoridadjerárquicamente superior a la que emitió la resolución.  Esta resolución puede impugnarse
por la vía judicial, a través de una demanda contencioso-administrativa (artículos 136, tercer
párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial; 7, 19 y 20 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo.
En los casos de licencias obligatorias por dependencia de patentes, el artículo 137 establece
las siguientes condiciones adicionales:
a) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer una avance técnico
relevante y de una importancia económica considerable, con respecto a la invención
reivindicada en la primera patente;
b) La licencia obligatoria para explotar la primera patente sólo podrá transferirse con la
segunda patente; y
c) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia sobre la segunda
patente.
22. Sírvanse indicar el número de licencias obligatorias otorgadas en virtud de la Ley de
Patentes de Guatemala en cada uno de los últimos cinco años.
Guatemala no ha autorizado ninguna licencia obligatoria en los últimos cinco años.
23. Sírvanse describir en detalle el modo en que se protegen las obtenciones vegetales en la
legislación de Guatemala.
Las variedades vegetales se encuentran protegidas formalmente por una patente, pero las
condiciones de patentabilidad son distintas a las tradicionalmente exigidas. En efecto, para el caso deuna variedad vegetal, se requiere en el artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial como
condiciones de patentabilidad que sean novedosas, distintas, homogéneas y estables.
El alcance de los derechos conferidos por una patente a una variedad vegetal es distinto al
que se reconoce para otra clase de invenciones, ya que el titular no puede impedir que terceros usen
la variedad protegida como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable y
comercializar el material obtenido, salvo que la obtención requiera el uso repetido del material
patentado. Tampoco el titular puede impedir la utilización del producto obtenido a partir de la plantaprotegida para su ulterior reproducción o multiplicación, ni la comercialización de ese producto,IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación del agricultor o ganadero y que
la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación (artículo 129).
G. E SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
24. Sírvanse describir cómo cumple Guatemala las obligaciones que le incumben en virtud de la
Sección 6 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse citar las disposiciones legalescorrespondientes.
Guatemala no ha emitido aún una legislación específica para regular la protección de los
esquemas de trazado, por lo que la protección se otorga por un período de diez años, contados a
partir de la primera explotación comercial del esquema, tal como se señala en el artículo 38.2 del
Acuerdo de los ADPIC, que forma parte de la legislación guatemalteca.  De conformidad con el
sistema jurídico guatemalteco, los convenios internacionales pueden ser autoaplicativos, excepto en
aquellos casos en los que se requiera, por disposición del Acuerdo, desarrollar una legislaciónespecífica.  De hecho, el artículo 46 de la Constitución Política de la República establece que en
materia de derechos humanos (dentro de los que se incluye el derecho de autor y el de inventor), los
tratados y convenciones aceptados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
25. El párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a proteger
toda información no divulgada, incluidos los conocimie ntos técnicos y la información comercial que
cumpla determinados criterios.  Dicha protecci ón, que perdurará mientras se den las condiciones
enumeradas en el párrafo 2 del artículo 39, no puede estar condicionada al registro.  Sírvanse
explicar cómo cumple Guatemala esta obligación.
La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala protege los secretos empresariales que reúnan
las condiciones señaladas en el artículo 39.2 del Acuerdo de los ADPIC, contra toda divulgación o
explotación que se haga sin autorización de su titular e indica en el artículo 176 que se considerará
que un secreto empresarial ha sido adquirido deslealmente cuando la adquisición resulte, entre otros
casos, del incumplimiento de un contrato u otra obligación, del abuso de confianza, del soborno, de
la infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad o de la instigación a realizar cualquiera delos actos anteriores. .
26. ¿Qué medidas adoptan las autoridades judici ales en Guatemala, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, para proteger la confidencialidad de la
información no divulgada que facilite una parte con ocasión de un procedimiento judicial entablado
para hacer valer sus derechos sobre esa información o con otros fines?
En principio, el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, cuando recoge el principio de
que los actos y diligencias de los tribunales de la República son públicos, admite como excepciones
a dicho principio los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública,
deban mantenerse en forma reservada.
La Ley de Propiedad Industriales prevé dos casos en los cuales las autoridades judiciales
tienen obligación de brindar protección a la información confidencial.  El primero, contenido en elartículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial,  que se refiere al caso en que al permitirse el acceso a
las mercancías o productos retenidos, con el fin de que quien obtuvo la medida en frontera pueda
inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo, el juez debe
garantizar la protección de la información confidencial que existiere. IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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El segundo de los casos se encuentra contenido en el artículo 199, que recoge el principio de la
inversión de la carga de la prueba en los casos de demandas o reclamaciones por infracción a un
procedimiento protegido por patente, reconoce que en la presentación de cualquier  prueba en contrario,
se deberán tener en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus
secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de probar que utiliza un procedimientodistinto al protegido por patente.
Por otra parte, en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil se encuentra la
norma general que prescribe la posibilidad de practicar la diligencia de una prueba de manera
reservada cuando, por su naturaleza, la autoridad judicial lo estime conveniente.
27. El párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros
protegerán contra toda divulgación y contra todo "uso comercial desleal" determinados datos depruebas presentados para obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos
o de productos químicos agrícolas.  Sírvanse describir en detalle cómo hace efectivo Guatemala el
cumplimiento de esta obligación, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.
El artículo 177 de la Ley de Propiedad Industrial establece que cuando para obtener la
autorización para comercializar un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevocomponente químico, se requiera la presentación de datos de pruebas u otra información no
divulgada que tenga la calidad de secreto empresarial, la entrega puede hacerse bajo garantía de
confidencialidad, en cuyo caso, dicha información queda protegida contra su divulgación o uso
comercial desleal, salvo cuando la divulgación sea necesaria para proteger al público o cuando se
adopten medidas adecuadas para asegurar que esos datos o información queden protegidos contratodo uso comercial desleal.
Asimismo, la citada norma establece que ninguna persona distinta a aquella que haya
presentado esa información, puede contra con esos datos o invocarlos en apoyo a una solicitud para
la aprobación de un producto, aunque ello no implique su divulgación, durante un plazo de quinceaños contados a partir de la fecha en que se haya otorgado la autorización inicial para la
comercialización o venta del producto.
28. Sírvanse describir en detalle cómo cumple Guatemala la obligación que le incumbe en
virtud de la misma disposición del Acuerdo sobre los ADPIC de proteger tales datos contra todadivulgación, y sírvanse citar las disposiciones legislativas pertinentes.
Vea la respuesta a la pregunta anterior.
I. O
BSERVANCIA
29. Sírvanse describir en detalle las acciones y recursos civiles que, de conformidad con la
legislación de Guatemala, pueden ejercitar los titulares de los derechos de propiedad intelectual a
que se refiere la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones
vegetales, para actuar eficazmente contra cualquier infracción de su derecho, para prevenir lasinfracciones y como medio de disuasión de nuevas infracciones, y sírvanse citar las disposiciones
legales que establecen esos remedios jurídicos.
Para proteger los derechos que la Ley de Propiedad Industrial reconoce, se establece la
posibilidad de iniciar acciones civiles para:
a) Reclamar contra la infracción de los derechos concedidos (artículo 196);IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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b) Reclamar la reivindicación de los derechos otorgados a un tercero, que no tenía
derecho a ello (artículo 197); y
c) Reclamar la nulidad de una patente o registro concedido en violación a las
disposiciones de la ley (artículo 201).
En el caso de los derechos reconocidos por la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, como éstos no están sujetos a ninguna formalidad, solamente se prevé la posibilidad de
iniciar acciones civiles contra la infracción de los derechos concedidos (artículo 133).
30. Sírvanse indicar si las decisiones sobre el fondo dictadas en los procedimientos judiciales se
formulan por escrito y si se ponen a disposición del público, a fin de que éste pueda familiarizarse
con la ley.
De acuerdo con el sistema jurídico guatemalteco, las acciones civiles se inician a
requerimiento de la parte afectada.  De cada documento que se presente debe acompañarse una copia
para que pueda ser notificada a la parte contraria y todos los medios de prueba se reciben o
diligencian con citación de la parte contraria (artículos 63, 128 y 129 del Código Procesal Civil y
Mercantil).  Toda resolución debe hacerse saber a las partes y sin ello no quedan obligadas ni se les
puede afectar en sus derechos.  La demanda y la primera resolución que recaiga sobre el expedientedeben notificarse personalmente al demandado; las posteriores resoluciones se notifican en el lugar
que señalen las partes, de conformidad con la ley.  Al hacer cualquiera de las notificaciones, se
entrega una copia de la solicitud y de la resolución dictada, o sólo de la resolución cuando la misma
no se haya ordenado como consecuencia de una solicitud previa (artículos 66, 67, 70, 71, 72 y 79 del
Código Procesal Civil y Mercantil).
31. Sírvanse describir las medidas provisionales civiles que pueden solicitar los titulares de los
derechos de conformidad con la legislación de Guatemala, así como el procedimiento que se debe
seguir, y sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes.
De acuerdo con las leyes sobre propiedad intelectual de Guatemala, quien inicie o pretenda
iniciar una acción relativa a los derechos reconocidos, sea ésta de carácter civil o penal, puedesolicitar a la autoridad judicial competente cualquier medida que estime conveniente para:
a) Proteger sus derechos;
b) Impedir o prevenir la comisión de una infracción;
c) Evitar las consecuencias de la infracción; u
d) Obtener o conservar pruebas relacionadas con la infracción.
Dentro de las medidas cautelares que pueden ordenarse para salvaguardar un derecho de
propiedad industrial, el artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial establece las siguientes:
a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los
productos infractores y de los actos desleales;
b) El comiso y confiscación de los productos infractores, incluyendo los envases,
empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, y el de la maquinaria y
otros materiales utilizados para realizar la infracción; IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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c) La prohibición de la importación de los productos infractores o de la maquinaria y
materiales que vayan a utilizarse para realizar la infracción;
d) Las medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción o de
los actos de competencia desleal;
e) La anotación de la demanda, en los casos en los que se reclame la nulidad de una
patente o registro; y
f) La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza que resulten
necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos
infractores.
Dentro de las medidas cautelares que pueden ordenarse para salvaguardar un derecho de
autor o un derecho conexo, el artículo 128 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
establece, en adición a las medidas anteriores, las siguientes:
a) La cesación de los actos ilícitos o comercio ilegal de la obra protegida;
b) El allanamiento y registro de inmuebles públicos o privados;
c) El embargo de bienes, incluyendo cuentas bancarias, que aparezcan a nombre de las
personas señaladas como responsables del ilícito denunciado; y el embargo del producto
neto de los ingresos del infractor;
d) El secuestro o comiso inmediato de las copias o ejemplares de obras y fonogramas
ilícitamente elaborados, y el de los instrumentos empleados para producirlos, transportarlos,
conservarlos, distribuirlos, ofertarlos para la venta, rentarlos o comunicarlos de cualquier
otra forma;
e) La suspensión del despacho en aduanas de las copias o ejemplares de obras y
fonogramas ilícitamente reproducidos;
f) La orden de revisión de los registros contables de las personas señaladas como
responsables del acto ilícito;
g) El secuestro de los registros contables de las personas señaladas como responsables
del acto ilícito o el de los equipos de cómputo que contengan dichos registros;
h) La clausura temporal del local o del negocio en el que se encuentren las copias o
ejemplares de las obras y fonogramas ilícitos; y
i) Cualquier otra medida que resulte idónea para asegurar provisionalmente la cesación
del ilícito, la protección de los derechos reconocidos en la ley o la preservación de las
evidencias o pruebas relacionadas con la violación.
Artículos 186, 187 de la Ley de Propiedad Industrial; 128, 128 bis, 133 bis de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos; y 530 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Las medidas cautelares deben solicitarse por escrito y la autoridad judicial competente debe
ordenarlas inaudita altera parte  dentro de los dos días siguientes, salvo cuando se requiera la
constitución de una fianza o garantía, en cuyo caso el plazo comienza a correr a partir de la
presentación de la garantía.IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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32. Sírvanse indicar si las autoridades judiciales están facultadas para adoptar medidas
provisionales sin haber oído a la otra parte, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 50
del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué circunstancias se ejercerá esa potestad.
De acuerdo con la legislación guatemalteca, las medidas cautelares se ordenan sin
notificación ni intervención de la parte demandada, debiendo notificarse hasta en el momento de suejecución o inmediatamente después de ello (artículos 186 de la Ley de Propiedad Industrial, 133 ter
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y 534 del Código Procesal Civil y Mercantil).
33. Sírvanse describir en detalle los procedimientos previstos en la legislación de Guatemala,
por lo menos en relación con las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y con
las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, para que los titulares de los derechos
puedan solicitar a las autoridades aduaneras que no efectúen el despacho para libre circulación, y
sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes.  Sírvanse indicar si las autoridadesaduaneras pueden actuar de oficio.
Tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos establecen la posibilidad de que los titulares de una marca registrada o una obra o
fonograma protegido, o sus licenciatarios, puedan solicitar la suspensión del despacho en aduanas e
internación de las mercancías a los circuitos comerciales, o el proceso de exportación de las mismas.Únicamente en el caso de mercancías pirata, la suspensión del despacho en aduanas puede solicitarse
directamente a las autoridades aduanales (artículos 190 y 191 de la Ley de Propiedad Industrial;  y
129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
En ambos casos, la solicitud debe presentarse por escrito, indicando en forma detallada las
mercancías ilegítimas que se presume serán importadas o exportadas, aportando las pruebas queacrediten la existencia de indicios razonables de la supuesta infracción.  La resolución que ordene la
suspensión de la resolución debe notificarse al importador, consignatario o exportador de los
productos retenidos hasta que la medida haya sido ejecutada.
34. Sírvanse indicar si se puede solicitar la adopción de medidas en frontera en relación con
otros tipos de derechos de propiedad intelectual, y sírvanse citar las disposiciones legalescorrespondientes.
La aplicación de medidas en frontera sólo está prevista para suspender la importación o
exportación de mercancías que infrinjan derechos sobre una marca registrada, una obra o un
fonograma protegido (artículos 190 de la Ley de Propiedad Industrial y 129 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos).
35. Sírvanse describir en detalle cómo aplica Guatemala las disposiciones restantes de la
Sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse citar las disposiciones legales
pertinentes.
Tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
establecen que quien solicite la aplicación de medidas en frontera deberá proporcionar pruebas
suficientes de las que se desprendan indicios razonables de la supuesta infracción y una descripción
detallada de las mercancías ilegítimas.  El solicitante de la aplicación de medidas en frontera quedarásujeto al pago de los daños y perjuicios que cause al importador o al exportador en los casos
siguientes:
a) Cuando no inicie la acción por la supuesta infracción dentro de los diez días
siguientes a la notificación de la suspensión de la importación o exportación; IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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b) Cuando la retención fuere infundada, es decir, que la medida fuere revocada o se
declare improcedente la demanda planteada.
La suspensión de la importación o exportación tiene una vigencia de diez días, contados a
partir de la notificación de la resolución correspondiente.  Únicamente se admite su prórroga, por un
período igual, cuando se trate de mercancías falsificadas que lesionen un derecho de marca; sinembargo, cuando se trate de la importación de mercancías falsificadas o pirata, la medida puede ser
confirmada como una medida cautelar (artículos 193 de la Ley de Propiedad Industrial y 130 de la
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Una vez decretada la medida, debe permitirse al solicitante de la medida la inspección de los
productos retenidos con el fin de que pueda obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su
reclamo (artículos 131 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y 194 de la Ley de
Propiedad Industrial).
36. Sírvanse describir en detalle las acciones y recursos penales que se pueden ejercitar con
respecto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las obras pirata que
lesionan el derecho de autor, y sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes.
El artículo 275 del Código Penal, en materia de propiedad industrial, establece que
constituyen delito, entre otros, los siguientes actos:
a) La introducción en el comercio, la venta, el ofrecimiento en venta, el almacenaje o
distribución de productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una
imitación o falsificación de dichos signos, con relación a productos o servicios iguales o
similares a los protegidos por el registro;
b) La introducción en el comercio, la venta, el ofrecimiento en venta, el almacenaje o
distribución de productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después
de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente;
c) El uso, ofrecimiento en venta, el almacen aje o distribución de productos o servicios
que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después deque se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de esa marca;
d) La fabricación de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales
análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del
mismo, así como la comercialización o almacenaje de tales materiales; y
e) El uso en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de
embalaje o empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante
o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o
confusión sobre el origen de los productos o servicios.
La pena contemplada por la comisión de estos delitos es de uno a cuatro años de prisión y
multa de un mil a quinientos mil quetzales, sin perjuicio de los daños y perjuicios correspondientes.
Por su parte, el artículo 274 del Código Penal, en materia de derecho de autor y derechos
conexos, establece que constituyen delito los siguientes actos:
a) La atribución falsa de la calidad de autor y/o titular de un derecho de autor, de artista
intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión;IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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b) La deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a
la integridad de la obra o al honor y reputación del autor;
c)  La reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución, de un
fonograma o de una emisión, sin la autorización del autor o titular del derechocorrespondiente;
d)   La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o de parte de ella, sin
autorización del autor o del titular del derecho;
e)   La comunicación al público por cu alquier medio o procedimiento de una obra
protegida o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
f)   La distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra
protegida o de un fonograma, ya sea por medio de  la venta, el arrendamiento, el alquiler, el
arrendamiento con opción a compra,  el préstamo o en cualquier otra forma;
g)   La fijación, reproducción o comuni cación al público, por cualquier medio o
procedimiento de una interpretación o ejecución artística, sin la autorización del artista
intérprete o ejecutante o del titular del derecho;
h)   La fijación, reproducción o retransmisión de una emisión, transmitida por satélite,
radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, sin autorización
del titular;
i)    La comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al
que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien, paraefectos de consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del titular del
derecho correspondiente;
j)    La publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin
alteración de la misma;
k)   La decodificación de señales trasmitidas por satélite o cualquier otro medio de
telecomunicación, portadoras de programas de cualquier tipo, sin la autorización del
distribuidor legítimo;
l)    La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica
implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un derechoconexo, para evitar la utilización no autorizada de todo tipo de obra, de un fonograma, de
una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegidas;
m)  La realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una
infracción a cualesquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, a lostitulares de un derecho de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de
fonogramas o a los organismos de radiodifusión;
n) La supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre
la gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos;
o) La distribución, comercialización, prom oción, importación, emisión o comunicación
al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones IP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión colectiva
de cualesquiera de esos derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización;
p)  El transporte, almacenamiento u oculta miento de reproducciones o ejemplares, en
cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, de interpretaciones oejecuciones artísticas o de emisiones,  fabricadas sin el consentimiento del autor o el titular
del derecho correspondiente;
q) La recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de
interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de organismos de
radiodifusión protegidos, o la realización de cualesquiera otras actividades propias de una
sociedad de gestión colectiva, sin estar facultado para tales efectos;
r)   La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del
respectivo derecho;
s)   La traducción, total o parcial, de una obra sin la autorización del autor o titular del
derecho correspondiente;
t) La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra
protegida o de un fonograma, ya sea por medio de  la venta, el arrendamiento, el alquiler, el
arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma; y
u) La importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra
protegida, con fines de explotación comercial, en cualquier tipo de soporte o de fonogramas,
sin la autorización del titular del derecho respectivo.
La pena contemplada por la comisión de estos delitos es de uno a cuatro años de prisión y
multa de un mil quetzales a quinientos mil quetzales, sin perjuicio de los daños y perjuicios
correspondientes.
37. Sírvanse indicar las autoridades encargadas de ejercitar las acciones penales en materia de
derechos de propiedad intelectual, y si sus facultades se extienden a otros tipos de derechos de
propiedad intelectual.
Para conocer de las acciones penales por la infracción de cualquiera de los derechos de
propiedad intelectual son competentes los tribunales que tenga jurisdicción en el lugar en donde se
cometa el ilícito.  El ejercicio de la acción penal en contra de los responsables por la infracción de un
derecho de propiedad intelectual corresponde al Ministerio Público.
38. Sírvanse explicar si, y en qué circunstancias, la confiscación, el decomiso y la destrucción
de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios figuran entre los recursos
disponibles en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería
lesiva del derecho de autor, y describir los supuestos en que se impondrían tales sanciones penales.
El embargo, el comiso y la destrucción de bienes que infrinjan un derecho de propiedad
intelectual protegido, así como el comiso y destrucción de los materiales y equipo utilizados en la
elaboración de los mismos, son medidas que pueden solicitarse provisionalmente u ordenarse en la
sentencia que termine un proceso civil o penal relacionado con una infracción de derechos de
propiedad intelectual.
39. Sírvanse proporcionar la información estadística correspondiente a 1998 y 1999 relativa a
los procedimientos civiles entablados para lograr la observancia del derecho de autor, de lasIP/Q/GTM/1, IP/Q2/GTM/1,
IP/Q3/GTM/1, IP/Q4/GTM/1
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marcas de fábrica, de las indicaciones geográficas, de los dibujos y modelos industriales, de las
patentes, de los esquemas de trazado de los circuitos integrados y del secreto comercial, en
particular el número de demandas presenta das, de mandamientos judiciales dictados, de
mercancías infractoras confiscadas, de equipos infractores confiscados y de causas en que se ha
dictado resolución (incluidas las transacciones), así como la cuantía de las indemnizaciones dedaños y perjuicios otorgadas.
No existe en la actualidad en el Organismo Judicial guatemalteco un sistema de información
que permita contar con los datos que se requieren, por lo que la obtención de los mismos obligaría a
realizar una investigación en alrededor de cuatrocientos juzgados de toda la República, competentes
en procesos de orden civil y penal, lo cual resulta en estos momentos difícil de concretar.
40. Sírvanse proporcionar la información estadística correspondiente a 1998 y 1999 relativa a
los procedimientos penales incoados para lograr la observancia en materia de piratería lesiva delderecho de autor y de violación de marcas de  fábrica o de comercio, el número de redadas,
inculpaciones y condenas, y la cuantía de las multas y/o la duración de las penas de prisión (con
indicación de si las multas se pagaron y de si la pena de prisión se cumplió efectivamente o si se
suspendió su ejecución), y cualquier otra inform ación que demuestre que el sistema penal funciona
eficazmente como elemento disuasorio de la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificaciónde marcas de fábrica o de comercio.
Vea la respuesta a la pregunta anterior.
41. Sírvanse describir cualquier nueva iniciativa prevista para mejorar la observancia de los
derechos de propiedad intelectual en Guatemala, especialmente las iniciativas relacionadas con laobservancia por vía penal.
A la fecha no existe ninguna iniciativa que contemple cambios a las leyes que protegen los
derechos de propiedad intelectual, en virtud de que la Ley de Propiedad Industrial y las recientes
reformas a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, fueron aprobadas por el Congreso de la
República el 31 de agosto del año en curso, publicadas en el Diario Oficial el 27 de septiembre delmismo y han entrado en vigencia el pasado 1 de noviembre.
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