ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/MIN(03)/W/14
10 de septiembre de 2003
(03-4786)
CONFERENCIA MINISTERIAL
Quinto período de sesionesCancún, 10 - 14 de septiembre de 2003Original:  español
PRIVILEGIANDO EL DERECHO AL DESARROLLO
Reflexiones y posiciones del Gobierno de Venezuela en el marco
de las negociaciones para regular el comercio internacional
Comunicación de Venezuela
Se ha recibido de la Delegación de Venezu ela la siguiente comunicación, de fecha 10 de
septiembre de 2003.
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En esta Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, tengo la
responsabilidad de comunicar a la comunidad internacional y organizaciones que hacen vidaalrededor de estos asuntos de gran trascendencia, algunas reflexiones del Gobierno de la RepúblicaBolivariana de Venezuela en relación con el estado actual de las negociaciones de la OMC y susfuturas consecuencias.
1. Balance entre compromisos y resu ltados derivados de los acuerdos
Desde la creación del sistema multilateral de comercio se pretendió como fundamento, que el
comercio internacional lograría, per se , un desarrollo humano sustentable, particularmente mediante
su liberalización, con lo que supuestamente se alcanzarían mejores condiciones de acceso a losmercados de los países Miembros.  Para ello se diseñaron y acordaron una serie de normas endiferentes áreas del sistema multilateral de comercio.
No obstante la exigencia de reciprocidad en el cumplimiento de muchas de las normas
acordadas ignoró las grandes diferencias existentes entre las economías vinculadas al sistemamultilateral y los diferentes niveles de desarrollo.  Al obligar a los países con economías desiguales acomportarse como iguales, se originaron grandes perjuicios para las naciones en desarrollo.
Si bien es cierto que hay algunas previsiones adoptadas con respecto al trato especial y
diferenciado, éstas, en su mayoría, no se han cumplido, en algunos casos no existe la capacidadsuficiente para que los países en desarrollo puedan obtener alguna ventaja de la aplicación de talesnormas generándose mayores desequilibrios en las relaciones de intercambio entre los paísesdesarrollados y en desarrollo.
En estas circunstancias, no quedan dudas acerca de cuáles han sido los países ganadores y
cuáles los perdedores, dadas las características del actual sistema de comercio internacional.  Como loregistra el Informe para el desarrollo humano  del año 2003 de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), los países con índice de desarrollo humano (IDH) bajo,en 1990 participaban con el 0,86 por ciento de las exportaciones mundiales contrastando con el82,82 por ciento de la participación correspondiente a las naciones con índice alto.  Para el año 2001la participación en las exportaciones mundiales con bajo IDH, había dism inuido al 0,66 por ciento,
una clara e incuestionable evidencia de quienes han sido los perdedores de la Ronda Uruguay.WT/MIN(03)/W/14
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2. No adopción de nuevos compromisos
Como puede apreciarse, persiste y se incrementa con el tiempo la brecha de desigualdad y
beneficios que resultan del fiel cumplimiento de esos mecanismos, llevando a cuestionar la eficaciadel libre comercio, en los términos en los que se encuentra planteado y en la forma en que ellos seejecutan, imposibilitando que el sistema pueda, efectivamente, constituir un factor clave para atenderde manera justa y equilibrada el desarrollo humano.
La evidencia indica que a pesar de los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptarse a
esas normas, la calidad de vida no ha mejorado y son preocupantes las limitaciones de acceso a losbienes y servicios básicos de subsistencia de la mayoría de la población mundial.
De allí que la delegación de la República Bolivariana de Venezuela plantee la necesidad de no
adoptar nuevos compromisos hasta no resolverse la extensa y variada gama de asuntos pendientes,fundamentalmente los que afectan a los países en desarrollo.
Antes de iniciar cualquier nueva negociación, el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela considera que se debe realizar una revisión pública de las consecuencias de los Acuerdosde Marrakech y de su impacto sobre el crecimiento económico, la reducción de las desigualdadesentre países según sus niveles de desarrollo, el empleo, el ambiente, tal como lo solicita el ConsejoEconómico y Social (CES) a la Unión Europea.
3. Priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social
Para el mundo industrializado, los problemas comerciales se limitan a una competencia por
los mercados, para el mundo en desarrollo, el problema fundamental se centra en la lucha contra lapobreza, secuela de políticas equivocadas derivadas de modelos liberalizadores endógenos con visiónexcluyente.  Siendo extremadamente diferentes los problemas a resolver, diferentes son entonces losenfoques y las soluciones, esto es una realidad insalvable.
En las negociaciones para liberalizar y desregular el comercio y las inversiones se le ha dado
poca importancia a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.  Para que el libre comercio puedatraducirse en una mayor calidad de vida y bienestar para los pueblos del mundo, la OMC tiene queenfrentar los verdaderos obstáculos del libre comercio:
a) el intercambio desigual que prevalece como expresión de un orden económico
internacional injusto;
b) el acceso a la información, el conocimiento y la tecnología por parte de los países en
vías de desarrollo;
c) las disparidades y asimetrías que colocan en una insalvable desventaja a los países del
Sur frente a las potencias del Norte;
d) el peso de una deuda externa impagable que absorbe un creciente porcentaje de los
fondos que pudieran destinarse a la inversión pública y al intercambio comercial;
e) el impacto negativo de las políticas de ajuste estructural impuestas por los organismos
financieros internacionales;
f) los obstáculos para acceder al financiamiento internacional;g) el incumplimiento del mundo industrializado de destinar al menos el 0,7 de su PIB
para la asistencia al desarrollo, acordado en la cumbre de Monterrey;WT/MIN(03)/W/14
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h) los obstáculos para que los países en desarrollo puedan, en función de sus propias
realidades y potencialidades, desarrollar planes de crecimiento y desarrollo propios.
4. Aplicación de políticas públicas
En los últimos años ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que privilegia al mercado
frente a la acción estatal sin tomar en cuenta la negativa experiencia global y sin considerar las formasen las cuales el Estado ha intervenido de manera exitosa en diferentes experiencias históricas dedesarrollo.
El mercado por sí sólo no será, como no ha sido nunca, capaz de garantizar ni el crecimiento
económico, ni la superación de la pobreza, ni el logro de la equidad en el mundo en desarrollo.La evidencia demuestra lo contrario:  en las últimas dos décadas se ha producido un acelerado procesode liberalización y desregulación a escala planetaria y simultáneamente se han acentuado lasdesigualdades tanto al interior de los países como entre los países.
Ante estos hechos irrebatibles es necesario reintroducir el tema de la adecuada intervención
del Estado y de reivindicar el papel de las políticas públicas como condiciones sin las cuales no sería
posible alcanzar la meta deseada de un desarrollo equitativo, democrático y ambientalmentesostenible.
El tema de las relaciones entre el mercado y el Estado no es un asunto que se pueda resolver
de manera inmediata para las futuras situaciones y coyunturas, con base en supuestos teóricos opolíticos generales.  Ni la hegemonía del Es tado ni el fundamentalismo de mercado son las
alternativas en las cuales Venezuela y los países del Sur podrán encontrar las claves para el desarrolloeconómico y social.
Nuestro principio es:  "Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".
La armonización entre el papel del Estado y la dinámica del mercado son asuntos que deben decidirse
en cada contexto, de acuerdo con las condiciones particulares y la voluntad democrática de losciudadanos, y en ejercicio de la soberanía.  Ningún acuerdo comercial puede pretender resolver estatensión de una sola vez a favor del Estado o del mercado.
No se trata, entonces, de limitar la acción reguladora de los Estados para allanar el camino de
la liberalización económica a través de la adopción irreversible de acuerdos internacionales deobligatorio cumplimiento.  No basta con liberalizar el comercio y las inversiones para garantizar elavance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar colectivo.  Sin mecanismos expresos quefaciliten el diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas a lograr una reducción significativa delas disparidades entre las diferentes regiones, países y actividades productivas, la libre competenciaentre desiguales, no puede conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes y a un debilitamientoaún mayor de los más débiles.
5. Nuevos actores en el sistema multilateral de comercio
Sólo mediante un proceso de negociaciones efectivamente participativo para el conjunto de la
sociedad -sectores empresariales, trabajadores, organizaciones indígenas, de mujeres, culturales,ambientales, partidos políticos, parlamentos, prensa- podremos afirmar que estamos avanzando en ladirección de un proceso que pueda caracterizarse como verdaderamente democrático y generador deriqueza.
El actual modelo de negociación no hace posible la participación de las organizaciones
sociales en el seguimiento de los temas fundamentales y el resultado de los acuerdos.  Sin embargo, sele otorga un alto grado de discrecionalidad a los representantes de las grandes potencias, convirtiendo,de hecho, las posturas de estos representantes en decisiones prácticamente secretas que niegan deantemano la participación de los países en vías de desarrollo en los asuntos cruciales que se discuten.WT/MIN(03)/W/14
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La incorporación de nuevos y validos actores en el sistema multilateral de comercio es una
exigencia democrática.  La transparencia, el acceso pleno a la información y el derecho a laparticipación en el proceso de toma de decisiones tienen su fundamento principal en el hecho de quela OMC es mucho más que un acuerdo comercial, puesto que sus normas impactan decisivamente almás amplio espectro de la vida colectiva en sus dimensiones institucionales, políticas, socialese, incluso, culturales.
6. Democratización de la toma de decisiones y negociaciones
Otro elemento de evaluación es el tema de la transparencia como experiencia democrática y
democratizadora del sistema.  Hay que reconocer los esfuerzos realizados por el actual Director de laOrganización por hacer del conocimiento público sus normas y decisiones fundamentales, así como lainteracción que se viene dando en los últimos años con las organizaciones sociales.
Sin embargo, no es menos cierto que siguen existiendo mecanismos informales poco
transparentes en el proceso de negociaciones a través de los cuales, generalmente, terminanimponiéndose los intereses de las grandes potencias.  Ejemplo de ello son las reunionesminiministeriales, cuyos participantes son limitados, con temas de interés específico, etc., donde laposibilidad de negociación para aquellos países que quedan excluidos los coloca en desventaja,reflejándose en resultados adversos a los esperados.
7. Derechos humanos por encima de los mercantiles
En estos procesos hay una marcada tendencia a priorizar los derechos mercantiles sobre los
humanos, desplazándolos hacia el comercio.  Se trastoca así la filosofía de los derechos humanos alimponer la libertad de comercio y la rentabilidad de la inversión como paradigma de lamaterialización de éstos.
La creación de un nuevo sujeto de derecho en torno a los derechos comerciales coloca a las
empresas en un nivel equivalente al de las personas y los Estados.  La supremacía que se le otorga alos derechos mercantiles sobre los derechos humanos se traduce en una seria amenaza a estos últimos.Esto es particularmente preocupante dado que, en general, los tratados para la liberalización delcomercio y la inversión tienen mecanismos mucho más efectivos para garantizar su cumplimiento-mediante fuertes sanciones- que los previstos en los acuerdos y tratados de derechos humanos,laborales, culturales y ambientales.
Para el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos económicos,
culturales y civiles son y serán interdependientes, indivisibles e irrenunciables.  En consecuencia, losintereses comerciales no podrán tener supremacía por encima de los derechos humanos y la soberaníade los Estados.
8. La agricultura y las políticas proteccionistas
El artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:
"El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral yen consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la población;  entendida como la disponibilidadsuficiente y estable de los alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstospor parte de los consumidores.  La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando yprivilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal, la proveniente de lasactividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.  La producción de alimentos es de interés nacionaly fundamental al desarrollo económico y social de la nación.  A tales fines, el Estado dictará las
medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra,infraestructura, capacitación de la mano de obra y otras que fueran necesarias, para alcanzar nivelesestratégicos de autoabastecimiento.  Además, promoverá las acciones en el marco de la economía
nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola ."WT/MIN(03)/W/14
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Con este mandato constitucional, la delegación venezolana ante la Quinta Conferencia
Ministerial de la OMC se pronunciará por la reducción de las políticas proteccionistas y de losruinosos subsidios que otorgan los países industrializados, sin que esta exigencia se convierta en unaobligación generalizada que impida a los países en desarrollo hacer uso de estos instrumentos y otraspolíticas públicas para acortar la desventaja que sufren frente a las grandes potencias que subsidian alos agricultores.
Aunque se limiten las barreras arancelarias a las exportaciones de los países en desarrollo, es
imposible competir con los precios subsidiados de los países del Norte.  Tales prácticas impiden odificultan el acceso a los mercados del mundo.  Los productos subsidiados compiten deslealmente ennuestros propios mercados internos y su ventaja competitiva se hace mucho mayor al reducir oeliminar nuestros aranceles.  Incluso, si las potencias eliminaran tales subsidios y apoyo a susproductos, la relación aún permanecería desigual.  Por ello, no se nos puede exigir que hagamos lomismo y asumamos mayores compromisos de liberalización.
Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros de las naciones
desarrolladas para apoyar la agricultura;  sólo contamos con la firme voluntad de diseñar y desarrollarinstrumentos de política para paliar los efectos perjudiciales de las políticas proteccionistas ydistorsionantes que por varias décadas han aplicado los países del Norte y que ahora se pretende negara los países del Sur.  Éstos deben ser preservados como expresión del trato especial y diferenciado y ala vez aprovechar nuestras potencialidades, aspiración por siempre desplazada.
En nuestros países, la actividad agrícola es fundamental para la supervivencia de millones de
ciudadanos que ancestralmente han ocupado y preservado racionalmente vastos espacios geográficospara provecho de la humanidad.  Las condiciones de vida de millones de campesinos indígenas severían seriamente afectadas si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aun en los casosen los cuales no exista subsidio.  La producción agrícola es mucho más que la producción de unamercancía;  es en sentido amplio un modo de vida, es el fundamento básico de opciones culturales, es
una forma de ocupación del territorio;  define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que verdirectamente con los temas críticos de la seguridad y soberanía alimentaria por lo tanto, no puede sertratado como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.
9. Derechos de propiedad intelectual o derecho a la salud
La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa nítidamente la
oposición de intereses entre los países del Norte y los países del Sur, especialmente entre las grandescorporaciones transnacionales y las poblaciones campesinas y aborígenes.
Las potencias del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de protección de la
propiedad intelectual de acuerdo con sus exigencias, cuyos estándares se nos quiere obligar a cumplirsin que medie una consideración especial y diferenciada para los países en desarrollo.  A pesar de queel párrafo 6 de la Declaración de Doha plantea que "no deberá impedirse a ningún país que adopte
medidas para la protección de la salud y la vida de las personas", todavía se insiste en consolidar unamplio régimen de protección de la propiedad intelectual en condiciones muy desventajosas para lospaíses pobres.
En las hoy predominantes relaciones asimétricas, las ventajas del Norte residen precisamente
en las áreas científico-tecnológicas.  El régimen internacional de definición y protección de lapropiedad intelectual está orientado a acentuar este desbalance.  Protege sectores en los cuales laspotencias poseen más ventajas, mientras que, injustam ente, deja sin protección a aquello en lo cual los
países del Sur tienen indudables ventajas:  la diversidad genética de sus territorios y el conocimientotradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.WT/MIN(03)/W/14
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Los acuerdos sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio obligan a
todos los países -después de un período de gracia para los "menos desarrollados"- a establecerregímenes de protección muy restrictivos y adversos al interés de los países del Sur.  Así por ejemplo,como consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las compañíasfarmacéuticas eliminarán, a la larga, la competencia y cobrarán precios más allá de la capacidadadquisitiva de millones de personas.  Según diversos estudios, se ha calculado que ocurrirán no sóloaumentos significativos de precios como consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmenteuna notoria reducción del consumo:  amplios sectores de la población quedarían excluidos del accesoa medicamentos de calidad y precios accesibles.  Esto es inadmisible.
Los acuerdos de propiedad intelectual no deben constituirse en obstáculos del derecho de las
personas a gozar de los avances científicos y tecnológicos, del acceso a los medicamentos, educacióny alimentos de calidad.  Venezuela reconoce la supremacía de los acuerdos internacionales en materiade derechos humanos, salud, seguridad alimentaria y biodiversidad por encima de la propiedadintelectual de las corporaciones transnacionales.  En cuanto a salud se refiere, hay que defender ypreservar el derecho de otorgar licencias obligatorias a favor de empresas nacionales para quefabriquen versiones genéricas de medicamentos que satisfagan las demandas de las poblaciones másnecesitadas.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela tamb ién apoya el derecho de los indígenas y
campesinos de proteger su conocimiento ancestral y el de los agricultores a proteger y utilizar lassemillas por ellos producidas.
10. Defender la obligación del Estado de prestar servicios estratégicos
Las propuestas para liberalizar, desregular y privatizar de forma absoluta, el comercio de
servicios (financieros, telecomunicaciones, consultoría, ingeniería, turismo, salud, etc.) implica unaseria amenaza a nuestros postulados constitucionales y leyes nacionales, así como para las políticasgubernamentales de promoción y desarrollo que influyen y regulan los mecanismos imperfectos delmercado.
La pertinencia de mayores o menores niveles de regulación o intervención estatal es un tema
abierto que tiene que decidirse de acuerdo con las condiciones que cambian permanentemente.  Latransferencia del mercado de servicios públicos, como la educación o la salud, amenaza los derechoselementales de los ciudadanos al transformarlos en simples consumidores de los mismos.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela sostiene que los países podrán liberalizar sus servicios
de acuerdo con sus prioridades de desarrollo nacional y no porque lo obliguen acuerdos o tratadosinternacionales.  Se deben mantener como servicios públicos los indispensables para la población ylos que determine la Constitución y las leyes.  En este sentido, es necesario asegurar un margenadecuado de protección y excluirlos de cualquier intento de liberalización que impida el acceso de la
población, particularmente de los sectores más empobrecidos, a servicios básicos, tales como la salud,educación, justicia, seguridad, etc.
En relación con las negociaciones sobre servicios, inversiones, competencia y facilitación del
comercio, vinculados con los recursos naturales energéticos y sus industrias, la República Bolivarianade Venezuela, fiel a los principios establecidos en su Constitución, mantendrá la propiedad, manejo ycontrol sobre los mismos.  Por ser considerados de interés público y de carácter estratégico para lanación venezolana, en el marco de las negociaciones y acuerdos internacionales estos sectores nopodrán ser objeto de ningún proceso de liberalización, desregulación o privatización que limiten elderecho soberano del Estado y el Gobierno para diseñar y ejecutar las políticas y estrategias dedesarrollo más convenientes al interés nacional.  En consecuencia, toda iniciativa y estrategia denegociación sobre los recursos naturales energéticos y sus industrias se subordina a los principiosconstitucionales y legales en la materia, que responden a los máximos intereses del Estadovenezolano.WT/MIN(03)/W/14
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En esta Quinta Conferencia Ministerial de la OMC la delegación venezolana planteará de
manera firme y categórica que, este esquema de comercio, como otros cuyas propuestas son sesgadasen la misma dirección liberalizadora, no podrán limitar ni sobreponerse a la potestad y el derechosoberano de los Estados de regular los distintos sectores de servicios que se consideren de importanciaestratégica para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de su población.
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