ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/178
9 de noviembre de 2001
(01-5547)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  español
COMUNICACIÓN DE LA ARGENTINA
A continuación se reproduce el texto definitivo del documento transmitido por la Delegación
Permanente de la Argentina cuya versión preliminar se distribuyó para la reunión del Grupo de
Trabajo celebrada los días 5 y 6 de julio de 2001.
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La defensa de la competencia en la Argentina:  estado actual
Quiero agradecerles la oportunidad de poder presentarles una actualización de la situación de
la legislación de Defensa de la competencia en la Argentina, que es un país con leyes de defensa de la
competencia de larga data pero que su aplicación de manera sistemática e importante recién se
produjo en los últimos años.  Cada una de las leyes dictadas en nuestro país obedecieron, como otrastantas legislaciones del mundo, a motivos o circunstancias de la vida económica y esto puede
apreciarse, incluso, hasta en la manera en que las mismas fueron denominadas.
La primera ley se promulgó en el año 1923, se intitulaba Ley de Represión de los Monopolios
y se dictó como consecuencia del reclamo de los productores de carne de la denominada Pampa
Húmeda, que es la segunda llanura del mundo después de la de Ucrania, en razón de la adquisiciónconjunta de los frigoríficos mas importantes por parte de capitales extranjeros.  El motivo que se
adujo entonces fue que la ley prometía defender a esos productores de carne del poder de compra
que esos frigoríficos adquirirían  que se traduciría en menores precios de venta del ganado bovino.
Años más tarde, y ya adentrado el proceso de estatización de la economía, argumentándose la
escasa o prácticamente nula aplicación, debido a su intrincada formulación, el Congreso aprobó un
decreto del poder ejecutivo, convirtiéndolo en ley, a la segunda normativa.  Esto ocurrió en 1946
cuando se encontraba totalmente consolidada la intervención del Estado en la economía.La dicotomía era la economía nacional versus  los capitales privados internacionalmente
coaligados contra la Argentina.  La impactante, pero poco efectiva, denominación continuó siendo
la misma y algunos legisladores llegaron a solicitar la inclusión de la pena de muerte para quien
cometiera prácticas monopolísticas.  Lo cierto es que sólo pudo rescatarse un caso con condena a lo
largo de su vigencia que llego hasta el año 1980.
Fue para esa época que la Argentina inició un tímido y poco ordenado proceso de apertura
comercial que fue acompañado por dos leyes importantes:  una de lealtad comercial y otra, la entonces
nueva ley de defensa de la competencia.  Como se puede apreciar su denominación es diferente a las
anteriores y eso obedecía al cambio en el modo en que se apreciaría el problema.  Por vez primera, se
advertía que el dictado de esta norma tenía más que ver con la idea de que el mercado debíaconvertirse en el principal asignador de recursos.WT/WGTCP/W/178
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En ese marco es que se dicta la Ley Nº 22.262 que, verdaderamente, introdujo cambios de
diferentes aspectos:  en el procedimiento e institucionales, pero lo realmente importante fue la
adopción de una redacción del articulado que permitió una más adecuada interpretación de estos
asuntos, incorporando el concepto de que las conductas deberían ser analizadas bajo la regla de la
razón, teniendo en cuenta el impacto de la misma y la afectación que podrían sufrir los consumidores.De tal modo, se eliminaron las figuras que existían.
Su aplicación en sus primeros tiempos fue intensa, pero la discontinuidad del proceso de
desregulación de la economía, su recurrente cerramiento y otras situaciones de gravedad extrema en la
economía nacional contribuyeron a una escasa aplicación en la segunda mitad de la década de los
ochenta.
Los inicios de los años noventa encontraron a la Argentina inmersa en un proceso de
privatización, desregulación de la economía y apertura sin precedentes.  Las primeras privatizaciones,llevadas a cabo por un Gobierno urgido para alcanzar estabilidad fiscal, no tuvieron en cuenta esta
legislación.  Se dio la paradoja de que, a los fines de obtener un mayor precio por la venta o concesión
de las empresas estatales prestatarias de servicios públicos, o bien por la ausencia de marcos
regulatorios o por su inconveniencia, se impedía la competencia aun en segmentos donde ésta era
posible.  Esas primeras privatizaciones aún hoy son criticadas.
Pero hubo también una segunda fase de privatizaciones que se realizó con mayor acierto y
fueron las que involucraron los mercados de gas y electricidad.  Sus marcos regulatorios fueron
consecuencia de leyes dictadas por el poder legislativo en las que se tuvo presente la legislación de
defensa de la competencia y la introducción de competencia en la medida de lo posible.
Por ello es que se advirtió, a partir de 1996, un auge en la aplicación de la legislación de
defensa de la competencia aumentando de manera importante tanto el número como la importancia y
complejidad de los asuntos tratados.  En 1997 se inició la investigación de oficio más importante de la
historia del antitrust  argentino que culminó con la imposición de la que fue la segunda multa impuesta
en el mundo.  El caso estuvo referido al mercado de gas licuado de petróleo y la conducta fue de
abuso de posición dominante.  Actualmente, lueg o de su confirmación en el Tribunal de Segunda
Instancia, se encuentra pendiente de apelación en la Corte Suprema de Justicia.
Precisamente, en el año 1999, el Estado Nacional, también por cuestiones fiscales, se
desprendió de las acciones que poseía en esa compañía (que es la más grande de la Argentina).
Esto generó una intensa polémica de tipo político que dio paso a la sanción de la nueva ley de defensa
de la competencia que consagró el control previo de fusiones y adquisiciones.  Ahora, otro
acontecimiento, nuevamente fue el factor desencadenante de la sanción de una ley.
Tal vez, esta es la primera gran lección que recibimos y que quisiera transmitirles.  Muchas
veces nuestros países marchan detrás de los acontecimientos y ese es el primer gran obstáculo para
transmitir y convencer que estas normas son beneficiosas.  Quizá también, el hecho de que las
legislaciones no formaban parte de una política de competencia del Gobierno es que las mismas no
obtuvieron los resultados deseados.
Este último cuerpo legal, la Ley Nº 25.156, entró en vigencia el 29 de septiembre de 1999 y
contiene algunas reformas de importancia respecto de la de 1980.  Sólo voy a mencionarles algunos
de los aspectos, creo los más salientes, de esta reforma toda vez que estamos dejando copia de la
misma en Secretaría.
El orden de mención de estas modificaci ones no implica necesariamente su grado de
importancia.WT/WGTCP/W/178
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Por ello, en primer lugar, quisiera referir que la Ley consagra la conformación de un tribunal
independiente, cuyos miembros deberán sortear un proceso de selección sumamente estricto, cuyos
examinadores provienen de distintos ámbitos.  Serán jurado de selección, dos miembros del poder
legislativo (un senador y un diputado), un miembro del poder judicial, un miembro de la Academia
Nacional de Derecho, un miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, un miembro del
poder ejecutivo y un miembro de la Procuración General.
Otro aspecto importante es la incorporación del control previo de las concentraciones
económicas, preocupación que como expresamos recién, surgió a partir de la adquisición mencionada.
Una cuestión que quedó zanjada es la que nació con la creación de organismos reguladores de
los servicios públicos privatizados y en relación a las competencias convergentes de tales organismos
con la agencia de Defensa de la Competencia.  Actualmente, ha quedado derogada toda competencia
de estos organismos en temas de defensa de la competencia.
Por último, otro punto es respecto al ámbito de aplicación de la Ley:  no hay sector que no se
encuentre incluido, es decir, no existe limitación alguna de sectores.
Hay también otras reformas que se introdujeron pero no las referiremos ya que entendemos
que son de menor interés para ustedes, pues se refieren a aspectos procesales o plazos.
El control de fusiones
Como expresamos, este ítem fue incorporado en la Ley Nº 25.156 de septiembre de 1999 y
determinó un impresionante incremento de actividades a fin de atender las notificaciones presentadas.
Sólo en el año 2000 analizamos cerca de 300 operaciones.  El beneficio directo que la agencia obtuvo
con esta situación fue el importantísimo conocimiento y entendimiento de los problemas de
funcionamiento en mercados de lo más diversos y un extraordinario training  para su análisis.
También pudo observarse que en la economía argentina, ya incorporada al proceso productivo
mundial, impactó la ola de fusiones sin antecedentes que se está dando.  Por ello es que, muchas de
las notificaciones recibidas son de operaciones que se han realizado fuera de nuestro país y que,
seguramente, no han tenido en cuenta los efectos que las mismas tendrían en la Argentina.  Así es que
el 43 por ciento de las notificaciones realizadas lo fueron por operaciones que se llevaron a cabo en el
extranjero.  Pero aún más importante es el porcentaje en el que ellas participan cuando se trata de
operaciones condicionadas o supeditadas.  En este caso la cantidad aumenta:  el 60 por ciento de ellas
son extranjeras.
Quisiera facilitarles algunos de los casos más interesantes que hemos dictaminado.  El del
Correo Argentino, que en la Argentina se encuentra concesionado, donde podrán ver un exhaustivo
análisis de cómo es el Mercado de los Servicios Postales en el mundo, desde el más regulado hasta el
más liberalizado y la definición del mismo teniendo en cuenta la sustituibilidad por el lado de laoferta.
Otro es un dictamen sobre una operación donde se registra una integración vertical en el
mercado de cemento elaborado donde, creo, analizamos correctamente el grado de sustituibilidad de
dicho producto y donde impusimos una fuerte restricción.
Por ultimo, el impacto de la operación de concentración de Carrefour-Promodes en el
comercio minorista.
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