ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/BGR/1
12 de mayo de 1998
(98-1890)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de la República de Bulgaria
Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
Los Tribunales de Distrito de la República de Bulgaria (en Sofía, la capital, el Tribunal de la
Ciudad de Sofía) tienen jurisdicción exclusiva en casos de infracción del derecho de autor y derechosconexos (artículo 96 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos) y en casos de infracción de
los derechos relativos a marcas registradas o de fábrica, marcas de servicio, dibujos y modelos
industriales y denominaciones de origen (artículo 51 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y
de Dibujos y Modelos Industriales).
El Tribunal de la Ciudad de Sofía tiene jurisdicción exclusiva en casos de infracción de los
derechos de patente (párrafo 1 del artículo 64 de la Ley de Patentes) y en casos de infracción de los
derechos relativos a obtenciones vegetales registradas (artículo 52 de la Ley de Protección de las
Nuevas Obtenciones Vegetales y Razas Animales).
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban la
comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
Las personas legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual son los autores,
los titulares de los derechos de autor y derechos conexos, marcas registradas o de fábrica, indicaciones
geográficas, dibujos y modelos industriales, los titulares de patentes y los titulares de un certificado de
obtención vegetal.  Estas personas deben estar representadas por abogados, asesores jurídicos u otras
personas, previstas en la ley, que están autorizadas legalmente para comparecer ante el tribunal.
La administración del derecho de autor puede encomendarse a "organizaciones de
administración colectiva" -entidades legalmente constituidas que están autorizadas por los titulares de
los derechos de autor.  Una vez autorizadas, esas entidades pueden ejercer los derechos confiados a su
administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o legales (artículo 40
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).  Las mismas condiciones se aplican en relación
con los derechos conexos -artículo 73 en relación con el artículo 40 de la Ley de Derecho de Autor yDerechos Conexos.
                                                     
1 Documento IP/C/5.IP/N/6/BGR/1
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En general, el tribunal puede ordenar a las partes que comparezcan personalmente para aclarar
los hechos relativos al caso.  Los mandamientos del tribunal se dictan ya sea a petición de la parte
contraria o, de oficio, por iniciativa propia -artículo 114 del Código de Procedimiento Civil.  El hecho
de que una de las partes no comparezca, como lo ha ordenado el tribunal en un mandamiento, no es un
obstáculo en los procedimientos de investigación del caso.  El tribunal aplaza la investigación cuandouna de las partes de sus representantes no comparece ante el tribunal por motivos de salud u otro
motivo razonable.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?
Se aplican las normas de procedimiento civil, estipuladas en el Código de Procedimiento
Civil, relativas a la presentación de pruebas y a los medios de presentarlas.  Cada una de las partes
puede solicitar que la parte contraria o un tercero, que no sea parte en el procedimiento, presentedocumentos que se encuentran en su posesión.  Una condición para la admisión de pruebas es su
importancia para la solución del problema que plantea la parte -artículo 152 del Código de
Procedimiento Civil.  El tribunal decide cuáles son las pruebas propuestas que deben aceptarse y está
facultado para ordenar la presentación de las mismas.
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
La presentación de pruebas debe llevarse a cabo de manera tal que se respeten los secretos de
Estado y los secretos comerciales.  El Código de Procedimiento Civil autoriza al tribunal a que, de
oficio o a petición de una de las partes, ordene que las audiencias del caso se celebren en privado si,
debido a las circunstancias propias del caso las audiencias públicas serían perjudiciales para el interéspúblico o para la vida privada de las partes.  En este caso, sólo se admite en la sala de tribunal a las
partes, sus representantes autorizados, los expertos y testigos, y las personas cuya participación haya
sido aceptada por el juez del tribunal -párrafo 2 del artículo 105 del Código de Procedimiento Civil.
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y los materiales e instrumentos
utilizados para su producción;
- otras medidas.
El titular del derecho de autor o derechos conexos, las marcas registradas o de fábrica, las
marcas de servicio, los dibujos y modelos industriales y las denominaciones de origen, que haya
sufrido cualquier daño debido a una infracción de sus derechos de propiedad intelectual, está
facultado para presentar a su respectivo tribunal regional una demanda a fin de ser indemnizado.  Eltitular de una patente y el titular de un certificado de obtención vegetal están facultados para presentar
al Tribunal de la Ciudad de Sofía una demanda a fin de ser indemnizados.  Cuando el tribunal acepta
dicha demanda debe adoptar una decisión sobre la indemnización.  El criterio para determinar la
cuantía de la misma es la remuneración que el demandante hubiera obtenido si se hubiese firmado un
contrato sobre el uso de la obra.  El monto de los daños y perjuicios sufridos debe ser probado por laIP/N/6/BGR/1
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persona que los reclama.  Se concede una indemnización por daños materiales o no materiales (si
existe una relación de causa con la infracción cometida), así como por las pérdidas directas y el lucro
cesante.
De conformidad con el artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el
titular de los derechos de propiedad intelectual que han sido infringidos puede presentar una demandaal Tribunal de Distrito a fin de impedir que cualquiera use de manera ilegítima la obra que es objeto
del derecho de propiedad intelectual infringido.  La única condición para ello es la existencia de un
uso de la obra que no esté permitido por el autor o por una disposición legal explícita.  El demandante
debe probar que es el titular del derecho de propiedad intelectual infringido, así como el hecho de la
infracción (que debe existir en ese momento).  El tribunal, al tomar una decisión sobre la aceptación
de la demanda, puede ordenar:
- la limitación o prohibición del uso de la obra que no está permitido (párrafo 1 del
artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos);
- la incautación y destrucción de las copias de la obra producida ilegítimamente,
inclusive negativos, copias maestras, tipos de imprenta y otros elementos utilizados
con fines de copia (párrafo 2 del artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos);
- la incautación e inutilización del equipo de copia y reproducción utilizado
exclusivamente para cometer infracciones (párrafo 3 del artículo 95 de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos);
- la recepción de las copias de la obra producidas ilegítimamente, inclusive negativos,
copias maestras, tipo de imprenta y otros elementos a precio de costo (párrafo 4 delartículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
La protección general se estipula en el párrafo 1 del artículo 97 del Código de Procedimiento
Civil, en el cual se prescribe que el titular de los derechos de propiedad intelectual puede presentar
una demanda para establecer quiénes son, respectivamente, el autor, el intérprete o ejecutante, el
productor, el inventor, el obtentor, etc.
En caso de que el demandante no tenga otras reclamaciones, puede presentar una demanda
por enriquecimiento ilícito con arreglo al artículo 59 de la Ley de Obligaciones y Contratos.  Para que
pueda presentarse esta demanda, el demandado debe haberse enriquecido a costa del autor.  En su
decisión de aceptar la demanda el tribunal otorga al demandante todos los beneficios del
enriquecimiento ilícito percibidos por el demandado.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros quehayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales
se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución?
No existen disposiciones especiales en la legislación sobre protección de los derechos de
propiedad intelectual en que se prescriba la obligación directa del infractor de informar al titular delderecho sobre la identidad de las personas que hayan participado en la reproducción y distribución de
las copias producidas de manera ilegítima.
Según los principios generales del Código de Procedimiento Civil, cada parte está obligada a
precisar las circunstancias en que basa sus reclamaciones y objeciones, y la otra parte o un tercero,
que no sean parte en el procedimiento, pueden exigirle que presente un documento que tiene a suIP/N/6/BGR/1
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disposición.  Nadie tiene derecho a negarse a prestar testimonio, con excepción de los casos previstos
explícitamente en la ley.  Los testigos están obligados a exponer ante el tribunal todos los datos que
conocen sobre la identidad de las personas que participan en el proceso de reproducción y distribución
de las copias de la obra registradas de manera ilegítima que son objeto de la infracción.
Los hechos en relación con los cuales la parte de un juicio sobre derecho de propiedad
intelectual ha creado obstáculos para reunir las pruebas admitidas por el tribunal, se ha negado a
responder o ha facilitado respuestas imprecisas u obscuras, pueden ser considerados por el tribunal
como probados sobre la base de las condiciones en que se desenvuelve el juicio.
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables las
autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
En caso de que una demanda civil de protección de los derechos de propiedad intelectual se
decida indebidamente, como resultado de lo cual se condene al demandado a pagar una indemnización
o a abstenerse de cometer determinados actos, el demandado tiene a su disposición todos los medios
de defensa previstos en los procedimientos civiles:
- El demandado puede apelar de la decisión del tribunal antes de que ésta entre en vigor
ante el Tribunal Supremo (o ante el Tribunal de Apelación correspondiente de
conformidad con el artículo 72 en conjunción con el artículo 39 de la Ley sobre la
Autoridad Legal).  El tribunal puede revocar la decisión y examinar la apelación;
revocar la decisión y devolver el caso al tribunal del distrito (de la ciudad) para que
vuelva a conocerlo;  dar por terminado el caso;  o declarar la nulidad de la decisión.
- El demandado puede solicitar un procedimiento de revisión judicial ante el Tribunal
Supremo contra la decisión del tribunal que haya entrado en vigor.  Los
procedimientos de revisión judicial se inician mediante una petición presentada por
escrito por una de las partes por intermedio del Tribunal de Primera Instancia que ha
dictado la decisión que es objeto de la apelación o del fiscal.
- El demandado puede solicitar que se revoque la decisión que ha entrado en vigor.  El
procedimiento puede ser iniciado ya sea por la parte interesada -el demandado que ha
sido condenado indebidamente en un juicio sobre derechos de propiedad intelectual-
(mediante una petición presentada al Tribunal de Primera Instancia), por el fiscal, o
por el Presidente del Tribunal Supremo.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de losprocedimientos y su costo.
La duración y el costo de los procedimientos ante el tribunal varían en relación con la
complejidad y la naturaleza del procedimiento legal o administrativo.
En los procedimientos legales civiles, se cobran los derechos oficiales y los costos.  Los
derechos oficiales se determinan sobre la base del monto de la reclamación de conformidad con laTarifa Nº 1 de la Ley de Derechos Oficiales percibidos por los tribunales, la Oficina del Fiscal, las
autoridades de investigación y el Ministerio de Justicia, y el demandante debe pagarlos al momento de
presentar su demanda ante el tribunal.  Por lo gene ral, el monto de la reclamación, en particular en
caso de demandas relativas a los derechos de propiedad intelectual, es fijado por el demandante.  Si la
evaluación resulta difícil al momento de presentars e la demanda ante el tribunal, el monto de laIP/N/6/BGR/1
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reclamación es fijado de manera aproximada por el tribunal y el derecho es pagado o recobrado
conforme a la cuantía determinada por el tribunal como en su decisión final sobre el juicio.
Las partes están obligadas a pagar asimismo los costos de testigos, expertos e inspecciones
llevadas a cabo.  La cuantía de dichos costos será determinada por el tribunal y los pagará la parte que
haya solicitado la participación de testigos y expertos o la realización de inspecciones.
En su decisión el tribunal fija al demandado los derechos oficiales, los costos y los honorarios
de un abogado pagados por el demandante, en proporción con la parte aceptada de la demanda
-párrafo 2 del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan
ordenarse a resultas de esos procedimientos.
Respuesta correspondiente a la pregunta 1
En general, los procedimientos penales administrativos, inclusive tratándose de la protección
de los derechos de propiedad intelectual, consisten en dos fases -en el órgano penal administrativo y
en el tribunal.  Los reglamentos penales sobre imposición de sanciones administrativas son dictados
por el Ministro de Cultura, o por un sustituto debidamente autorizado (párrafo 2 del artículo 98 de laLey de Derecho de Autor y Derechos Conexos en conjunción con el apartado A del párrafo 1
artículo 47, y con el párrafo 2 del artículo 47 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas).
Las sanciones penales pueden ser objeto de una apelación ante el Tribunal Regional que tiene
jurisdicción en el lugar en que se cometieron las infracciones.  Las decisiones del Tribunal Regional
pueden ser objeto de apelación mediante procedimientos de revisión judicial hasta un año después desu entrada en vigor.
Respuesta correspondiente a la pregunta 2
Las partes en los procedimientos administrativos son el infractor y la persona que reclama una
indemnización, así como la organización que ha dictado el reglamento penal con arreglo al cual se
presenta la apelación (el Ministerio de Cultura).
Respuesta correspondiente a la pregunta 3
Las pruebas son reunidas de oficio o a petición de las partes interesadas -artículo 114 del
Código de Procedimiento Penal.  La parte que representa al Ministerio de Cultura, o la persona que
reclama una indemnización (el titular de los derechos de propiedad intelectual) pueden solicitar al
tribunal que admita o reúna determinadas pruebas.  Las autoridades judiciales pueden ordenar a las
instituciones, los funcionarios públicos y los ciudadanos que presenten objetos y documentos en
relación con el fondo del asunto -artículo 133 del Código de Procedimiento Penal.
Respuesta correspondiente a la pregunta 4
Véase supra .
Respuesta correspondiente a la pregunta 5
El Tribunal Regional puede confirmar, modificar o revocar las sanciones penales.  Sus
derechos legales están limitados en marco del reglamento penal y no puede imponer una nuevasanción diferente en cuanto a la cuantía o la modalidad.  Las sanciones previstas en la Ley deIP/N/6/BGR/1
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Infracciones y Sanciones Administrativas son multas que van de 200.000 a 2 millones de leva
(1.000 leva = 1 marco alemán).
En caso de una segunda infracción y de infracciones ulteriores, las multas pueden variar de
1 millón a 5 millones de leva y puede imponerse la confiscación del objeto de la infracción en
beneficio del Estado.
En caso de producirse infracciones de manera sistemática, puede clausurarse el local en que
se han cometido esas infracciones durante un período de tres a seis meses.
Respuesta correspondiente a la pregunta 6
Véase supra .
Respuesta correspondiente a la pregunta 7
El infractor, de no haber tenido una conducta dolosa o de no haber cometido la infracción
administrativa de la cual se le acusa, puede apelar de la sanción penal, dictada por el Ministro deCultura, ante el Tribunal Regional que tiene jurisdicción en el lugar en que se cometió la infracción.
En caso de confirmarse la sanción penal, es posible apelar de ella mediante un procedimiento
de revisión judicial ante el Tribunal de Distrito pertinente.  A petición del interesado (tratándose de un
demandado a quien se ha condenado indebidamente), o bien en actuación de oficio, el fiscal del
distrito presenta una petición al Tribunal de Distrito para que se inicie un procedimiento de revisiónjudicial de la decisión del tribunal, si considera que existen razones para ello.  Los procedimientos de
revisión judicial se celebran en privado.  En caso en que el tribunal revoque la sanción penal, reúne
las nuevas pruebas que sean necesarias y adopta una decisión sobre el juicio.  No es posible presentar
una nueva petición para apelar la decisión dictada en los procedimientos de revisión judicial.
En caso de las sanciones penales que han entrado en vigor, o de las decisiones del tribunal
que confirman dichas sanciones, el demandado a que se ha impuesto indebidamente una obligación
puede solicitar la reanudación de los procedimientos penales administrativos -artículos 70 y siguientes
de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas.  La reanudación de los procedimientos penales
administrativos se aplica en los siguientes casos:
- cuando, después de entrada en vigor la sentencia, se ha comprobado que algunas de
las pruebas, en función de las cuales se dictó la sanción penal o la decisión, eran
falsas;
- cuando, después de entrada en vigor la sentencia, se ha establecido que un órgano
penal administrativo o un miembro del juzgado ha cometido un delito en relación con
la sanción penal o la decisión que se han dictado;
- cuando se ha tenido conocimiento de condiciones importantes para el establecimiento
de la verdad objetiva que no se conocían al momento de dictarse la sanción penal o ladecisión;
- cuando, después de entrada en vigor la sentencia, se ha comprobado que el acto por el
cual se ha impuesto una sanción administrativa debía considerarse como un delito.
La reanudación de los procedimientos penales administrativos debe basarse en una propuesta
del fiscal de distrito y ser examinada por el tribunal de Distrito en audiencia pública.  La propuesta dereanudación puede ser formulada de oficio por el fiscal de distrito, así como a petición de la persona
interesada -el demandado a quien se ha  impuesto indebidamente una obligación.IP/N/6/BGR/1
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Respuestas correspondientes a la pregunta 8
Los costos relativos a la imposición de las medidas penales administrativas con respecto a los
derechos de propiedad intelectual sólo son exigibles en la fase de los procedimientos seguida ante el
tribunal (al terminar esta fase).  Los costos son fijados por el tribunal.  En caso de confirmarse la
sanción penal, el tribunal ordena en su decisión al infractor de los derechos de propiedad intelectualque pague el costo de los procedimientos administrativos así como los honorarios del abogado.  En
caso de que se revoque la sanción penal, el costo de los procedimientos es sufragado por el Estado.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esta facultad.
El tribunal, a fin de llegar a un arreglo provisional en las relaciones entre las partes de una
diferencia, o en caso de que exista una preocupación razonable de que la decisión del tribunal pueda
ser afectada negativamente, está facultado para ordenar que se adopten medidas provisionales a fin de
preservar las pruebas y proteger los derechos objeto de las reclamaciones.
Si existe el riesgo de que pueda perderse una de las pruebas u obstaculizarse su adquisición, el
tribunal puede ordenar su presentación inmediata.  La solicitud para preservar las pruebas debepresentarse al tribunal que conoce del caso o, cuando éste todavía no se ha iniciado, el Tribunal
Regional que tiene jurisdicción en el domicilio del demandante o en el lugar donde se encuentran las
propiedades en cuestión, conforme al artículo 166 del Código de Procedimiento Penal.  Debe
comunicarse copia de la solicitud a la parte contraria.
Las medidas provisionales que puede imponer el tribunal a fin de proteger el derecho que es
objeto de la reclamación son las siguientes:
- embargo de bienes inmuebles;
- embargo de bienes muebles e ingresos del demandado (el infractor de los derechos de
propiedad intelectual);
- otras medidas apropiadas definidas por el  tribunal, conforme al artículo 316 del
Código de Procedimiento Penal.
Las medidas provisionales se admiten hasta por una cuantía equivalente a la reclamación.
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas  inaudita altera
parte ?
El tribunal es competente para examinar y evaluar las circunstancias y ordenar la adopción de
medidas preliminares.  Las medidas provisionales para hacer valer las reclamaciones no se imponen
inaudita altera parte .  Esto no se aplica a las medidas provisionales encaminadas a preservar las
pruebas.  La solicitud relativa a las reclamaciones es examinada por el tribunal en privado, sin
audiencia de las partes.  No se comunica copia a la parte contraria (artículo 314 del Código de
Procedimiento Civil).
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adopción y ma ntenerlas en aplicación, y especialmente losIP/N/6/BGR/1
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plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger a los intereses legítimos del
demandado.
Los procedimientos para preservar las pruebas y proteger los derechos que son objeto de
reclamaciones en relación con infracciones de los derechos de propiedad intelectual pueden ser
iniciados a petición de la parte interesada (el titular de los derechos de propiedad intelectual).  Lamedida que se ha solicitado y el monto de la reclam ación deben indicarse en la solicitud.  El tribunal
define el plazo fijado para la presentación de la demanda y, si no se respeta este plazo, expira la
medida provisional.
La solicitud de medidas provisionales se admite cuando para el demandante sería imposible o
muy difícil ejercer sin ellas sus derechos después de ponerse en ejecución la decisión del tribunal.
Debe apoyarse la reclamación con pruebas escritas y pagarse la garantía fijada por el tribunal
(artículo 310 del Código de Procedimiento Civil).  El  tribunal adopta en privado su decisión sobre la
aceptación de la solicitud el mismo día en que fue presentada.
La decisión del tribunal de imponer una medida provisional puede ser apelada por el
demandado en petición privada en un plazo de siete días a partir de la fecha en que se anunció la
decisión.
La revocación de la medida provisional se decide a petición de la parte interesada, de la cual
se comunica copia a la persona que solicitó la medida.  Después de decidirse de que ya no existe la
condición que determinó la medida provisional, o que es posible sustituir la medida por un depósito
en efectivo o una fianza, el tribunal decide la revocación de la medida provisional.
Si se rechaza la demanda, o ésta no se presentó en el plazo fijado por el tribunal, o se
interrumpió el juicio, el demandado puede pedir al demandante que le indemnice por todos los dañossufridos a consecuencia de la medida provisional -párrafo 1 del artículo 332 del Código de
Procedimiento Penal.  La garantía aportada por el demandante sólo puede ser liberada con el
consentimiento del demandado.  Con tal objeto, se remitirá al demandado copia de la solicitud de
liberación de la garantía presentada por el demandante;  el demandado puede oponerse a esta solicitud
y presentar en un plazo de un mes una reclamación por los daños que ha sufrido.
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.
Conforme a la Tarifa Nº 1 de la Ley de Derechos Oficiales percibidos por los tribunales, la
Oficina del Fiscal, las autoridades de investigación y el Ministerio de Justicia, se paga un derecho
oficial de 8.000 leva al solicitar la preservación de pruebas.  En las solicitudes de medidas
provisionales relativas a una futura demanda, el solicitante paga un derecho oficial de 15.000 leva.
Cuando se solicita una medida relativa a bienes muebles o inmuebles (en caso de embargo),
se debe pagar un derecho oficial equivalente a un 0,5 de la cuantía por la cual se solicita la medida
provisional.
Actualmente no se dispone de información sobre la duración real de los procedimientos
relativos a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados a la s preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.IP/N/6/BGR/1
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Sírvanse consultar las respuestas a las preguntas 1 a 8.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también
recurrir a ese procedimiento en relación con las mercancías que entrañen infracciones de los
derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, en
el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51).  Sírvanse indicar,
juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese
procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o
importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías
colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a lasmercancías destinadas a la exportación?
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo
que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la
solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de lasuspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente),
56 (indemnización al importador o al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección
e información)?
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de losprocedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades
competentes para las que se suspende el desp acho de las mercancías para libre circulación?
18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Respuestas a las preguntas 15 a 19
Actualmente, no existe en la República de Bulgaria una reglamentación especial sobre las
medidas en frontera.  La protección de los derechos de propiedad intelectual en frontera está regida
por los reglamentos generales de aduana.  Se está redactando un reglamento relativo a la suspensión
del despacho para libre circulación, la exportación o reexportación de mercancías falsificadas y
mercancías pirata que contendrá las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
Con arreglo al párrafo 1 del artículo 28, conjuntamente con el artículo 33 del Código de
Procedimiento Penal, todos los actos de infracción penal en los derechos de propiedad intelectual sehallan bajo la jurisdicción del Tribunal Regional competente en el lugar donde se cometió el delito.
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?IP/N/6/BGR/1
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Se prevé la aplicación de los procedimientos y sanciones penales que figuran en el
capítulo VII "Delitos contra la propiedad intelectual" del Código Penal en relación con las siguientes
infracciones de los derechos de propiedad intelectual:
- derecho de autor y derechos conexos:  fijación, reproducción, distribución,
radiodifusión o transmisión mediante un dispositivo técnico o uso de cualquier otraforma de soportes sonoros y visuales;  programas de radio o televisión o soportes
lógicos de ordenadores sin el consentimiento del autor o del titular de los derechos
(artículo 172 A del Código Penal, complementado el 1º de junio de 1995, publicado
en la Gaceta Oficial Nº 50/1995), publicación o uso de obras de ciencia, literatura o
arte extranjeros, así como de una parte importante de dichas obras utilizando el
nombre propio o un seudónimo (artículo 173 del Código Penal);
- patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales:
reproducción, imitación, modificación, fijación, uso, posesión y comercialización de
obras de innovaciones extranjeras;  racionalizaciones y dibujos y modelos industriales
(artículos 173 y 174 del Código Penal).
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
Son competentes para iniciar de oficio los procedimientos preliminares (fase obligatoria de
los procedimientos penales con arreglo al artículo 172 del Código de Procedimiento Penal) el Fiscal y
las autoridades de investigación preliminar -magistrados instructores y magistrados instructores
asistentes de la Oficina Nacional de Investigaciones.  Los magistrados instructores deben informar
inmediatamente de los actos que han llevado a cabo.
Para iniciar los procedimientos preliminares es preciso disponer de fundamentos jurídicos y
datos suficientes.  Los ciudadanos pueden señalar a la atención de las autoridades encargadas de los
procedimientos preliminares las infracciones de la Ley, proporcionándoles así fundamentos jurídicos
a fin de que inicien los procedimientos preliminares.
En caso de existir fundamentos jurídicos pero no datos suficientes y de no requerirse medidas
urgentes de investigación, las autoridades encargadas de los procedimientos preliminares, es decir el
Ministerio del Interior, deben llevar a cabo una verificación preliminar, de la cual se informará al
fiscal -artículo 191 del Código de Procedimiento Penal.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes estan legitimados para hacerlo?
Las personas privadas no están facultadas para iniciar directamente los procedimientos
preliminares y sólo pueden señalar la atención de las autoridades encargadas de dichosprocedimientos la información relativa a las infracciones de la ley.  La iniciación de los
procedimientos es de jurisdicción de esas autoridades, como se ha dicho en la respuesta a la pregunta
anterior.  Los ciudadanos están obligados a comunicar inmediatamente a las autoridades encargadas
de los procedimientos preliminares o a cualquier otro órgano oficial toda información o reclamación
de que dispongan acerca de los delitos que se han cometido -párrafo 1 del artículo 174 del Código deProcedimiento Penal.  Estos informes pueden servir de fundamento jurídico para iniciar los
procedimientos preliminares o llevar a cabo la verificación preliminar.
En la fase de los procedimientos penales que se lleva a cabo ante el tribunal, el titular de los
derechos de propiedad intelectual que haya sido afectado por el delito, o sus herederos, puede
constituirse como acusador privado o demandante civil, o ambas cosas.  El acusador privado participaen el juicio previa petición suya y presta ayuda en los procedimientos penales que llevan a cabo lasIP/N/6/BGR/1
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autoridades del Estado, actuando conjuntamente con el fiscal pero sin sustituirse a él.  El demandante
civil puede presentar ante el tribunal penal una demanda civil de indemnización por los daños sufridos
contra el demandado, así como contra las personas que sean responsables civilmente de los daños
-artículo 60 del Código de Procedimiento Penal.  La petición del acusador privado y la demanda civil
por daños deben presentarse al tribunal oralmente o por escrito a más tardar al comenzar losprocedimientos judiciales.
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Con referencia a las categorías de derecho de propiedad intelectual y tipos de infracción, son
válidas las indicaciones hechas en la respuesta a la pregunta 21.
De conformidad con el artículo 172 A del Código Penal, pueden imponerse las siguientes
sanciones y medidas correctivas:
- prisión no mayor de tres años y multa de 1 millón a 3 millones de leva (párrafos 1 y 2
del artículo 172);
- prisión de uno a cinco años y multa de 3 millones a 5 millones de leva (párrafo 3 del
artículo 172);
- en ambos casos se confiscarán en beneficio del Estado los objetos utilizados en la
infracción.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su
costo.
Los costos de los juicios por delito de carácter general, y las infracciones de los derechos de
propiedad intelectual, se pagan con cargo al presupuesto de la institución pertinente -artículo 167 del
Código de Procedimiento Penal (el tribunal, la Oficina del Fiscal, la Oficina de Investigaciones).  La
cuantía es fijada por el tribunal o por la autoridad encargada de los procedimientos preliminares
-artículo 168 del Código de Procedimiento Penal.
En caso de que el demandado sea declarado culpable, el tribunal le ordena que pague las
costas de los procedimientos, inclusive los honorarios del abogado, así como los gastos del acusador
privado y del demandante civil -artículo 169 del Código de Procedimiento Penal.
No se dispone actualmente de información sobre la duración del procedimiento relativo a las
infracciones de los derechos de propiedad intelectual y su costo.
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