ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/6
9 de diciembre de 2002
(02-6787)
INFORME (2002) DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA INTERACCIÓN
ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA
AL CONSEJO GENERAL
ÍNDICE Párrafos Nos
A. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1-3
B. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LAS
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO .................................................................. 4-8
a) Fuentes y materiales utilizados en la labor del Grupo ..............................................................4
b) Reuniones celebradas en 2002 ................................................................................................5-6
c) Cooperación con otras organizaciones intergubernamentales ..............................................7-8
C. ACLARACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL
PÁRRAFO 25 DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA ........................ 9-103
I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, INCLUIDAS LA TRANSPARENCIA,
LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA  EQUIDAD PROC ESAL ...........................................11-46
II. DISPOSICIONES SOBRE LOS CÁRTELES  INTRÍNSECAMENTE NOCIVOS...........47-64
III. MODALIDADES DE COOPER ACIÓN VOLUNT ARIA.................................................65-84
IV. APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRESIVO DE LAS
INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA COMPETENCIA EN LOS
PAÍSES EN DESARROLLO MEDIANTE LA CREACIÓN DE CAPACIDAD............85-102
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD, DE
CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 24 DE LA DECLARACIÓN
MINISTERIAL DE DOHA .......................................................................................... 103-110
E. INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS NACIONALES ..................................... 111-113
ANEXO 1 TEXTO DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA
(WT/MIN(01)/DEC/1), PÁRRAFOS 23-25
ANEXO 2 COMUNICACIONES PRESENTADAS AL GRUPO DE
TRABAJO SOBRE LA INTERACCIÓN ENTRE COMERCIOY POLÍTICA DE CO MPETENCIA EN 2002WT/WGTCP/6
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A. INTRODUCCIÓN
1. En el año 2002, el Grupo de Trabajo prosiguió su labor bajo la Presidencia del Profesor
Frédéric Jenny (Francia), en cumplimiento del mandato contenido en el párrafo 25 de la DeclaraciónMinisterial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1).  El párr afo 25 está redactado en los siguientes términos:
25. En el período que transcurra hasta el quinto período de
sesiones, la labor ulterior en el Grupo de Trabajo sobre la Interacción
entre Comercio y Política de Competencia se centrará en la
aclaración de lo siguiente:  principios fundamentales, incluidas la
transparencia, la no discriminación y la equidad procesal, ydisposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos;
modalidades de cooperación voluntaria;  y apoyo para el
fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la
competencia en los países en desarrollo mediante la creación de
capacidad.  Se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de lospaíses en desarrollo y menos adelantados participantes y se preverá laflexibilidad apropiada para tratarlas.
2. Como se convino en una reunión informal del Grupo de Trabajo que tuvo lugar el 26 de
febrero de 2002, independientemente de la labor que se le encomendaba en el párrafo 25, el Grupo de
Trabajo había de centrarse, en cada una de sus reuniones celebradas en 2002, en la cuestión de la
asistencia técnica y la creación de capacidad, de conformidad con lo requerido en el párrafo 24 de la
Declaración Ministerial de Doha.
1  De acuerdo con la práctica seguida por el Grupo de Trabajo en
años anteriores, en cada reunión se examinó también la cuestión del "Inventario de las ... legislaciones
nacionales", como un aspecto del punto "Otros asuntos".
3. En el presente informe se proporciona una visión general de la labor realizada por el Grupo de
Trabajo en 2002.  El informe complementa los anteriores informes del Grupo sobre sus actividades
en 1997 (WT/WGTCP/1), 1998 (WT/WGTCP/2), 1999 (WT/WGTCP/3), 2000 (WT/WGTCP/4)
y 2001 (WT/WGTCP/5).
B. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LAS ACTIVIDADES
DEL GRUPO DE TRABAJO
a) Fuentes y materiales utilizados en la labor del Grupo
4. Al igual que en los años transcurridos de 1997 a 2001, la labor del Grupo de Trabajo en 2002
se basó en contribuciones escritas de los Miembros y en declaraciones orales y preguntas y respuestas
formuladas por los Miembros durante las reuniones del Grupo.  Estas aportaciones se
complementaron con información recibida de organizaciones intergubernamentales que asistían a lasreuniones en calidad de observadores (véase la subsección c) infra ) y notas de antecedentes
preparadas por la Secretaría.  En el anexo 2 figura un resumen en forma de cuadro de las
contribuciones escritas presentadas al Grupo en 2002.
b) Reuniones celebradas en 2002
5. El Grupo de Trabajo celebró en 2002 cuatro reuniones formales, que tuvieron lugar los
días 23 y 24 de abril, 1º y 2 de julio, 26 y 27 de septiembre y 20 de noviembre.  La reunión de los días1º y 2 de julio se convocó inmediatamente antes de una reunión del Grupo Intergubernamental de
Expertos en Derecho y Política de Competencia de la UNCTAD, que tuvo lugar los días 3 a 5 de julio
de 2002.
                                                     
1 Los párrafos 23 a 25 de la Declaración Ministerial de Doha se reproducen en el anexo 1.WT/WGTCP/6
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6. En la reunión informal del Grupo de Trabajo celebrada el 26 de febrero de 2002, se acordó
que los elementos específicos contenidos en el párrafo 25 serían el centro de atención en las distintas
reuniones celebradas por el Grupo de Trabajo en 2002, conforme a lo siguiente:
Primera reunión (23 y 24 de abril): Apoyo para el fortalecimiento progresivo de las
instituciones encargadas de la competencia en lospaíses en desarrollo mediante la creación de
capacidad.
Segunda reunión (1º y 2 de julio): Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente
nocivos y modalidades de cooperación voluntaria.
Tercera reunión (26 y 27 de septiembre): Principios fundamentales, incluidas la
transparencia, la no discriminación y la equidad
procesal.
La principal finalidad de la reunión celebrada el 20 de noviembre fue examinar y adoptar el informe
del Grupo de Trabajo (2002) al Consejo General.  Los informes sobre cada una de estas reuniones
figuran en los documentos WT/WGTCP/M/17, 18, 19 y 20 (que se distribuirán más adelante).
c) Cooperación con otras organizaciones intergubernamentales
7. En la Declaración Ministerial de Singapur (párrafo 20), se alentó al Grupo de Trabajo a
realizar su labor en cooperación con la UNCTAD y otros foros intergubernamentales apropiados para
hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles y asegurar que se tomara plenamente en
consideración la dimensión del desarrollo.  En relación con esto, el FMI y el Banco Mundial han
seguido asistiendo a las reuniones del Grupo de Tr abajo en calidad de observadores, de conformidad
con los acuerdos de cooperación concertados entr e la OMC y esas organizaciones.  La UNCTAD y
la OCDE también han seguido asistiendo a las reuniones en calidad de observadores, sobre la base de
una invitación del Grupo de Trabajo.  En el curso de las reuniones del Grupo, estas organizaciones lo
han puesto al corriente de sus actividades pertinentes y han contribuido al debate.  El Grupo de
Trabajo agradece sobremanera las valiosas contribuciones que han hecho a su labor las organizaciones
observadoras.
8. Como colaboración adicional, las Secretarías de la UNCTAD y la OMC han cooperado
estrechamente en la organización y presentación de varios talleres regionales sobre aspectos del
mandato de Doha relativo al comercio y la política de competencia celebrados durante el año.
La cooperación con la secretaría de la OCDE ha tomado la forma de participación de representantes
de cada Secretaría en los talleres u otros eventos convocados por la otra organización.  En la parte D,
infra , se resume información adicional sobre estas actividades.  Durante el año, la Secretaría participó
también en una reunión de información informal con representantes de la Red Internacional deCompetencia, la UNCTAD y la OCDE cuyo objeto fue el intercambio de información sobre las
actividades de cada organización.
C. ACLARACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL PÁRRAFO 25 DE LA
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA
9. En esta sección del informe se proporciona una visión general de la labor sustantiva realizada
por el Grupo de Trabajo en 2002, de conformidad con el mandato que se le encomendó en la
Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1, párrafo 25).  Debido a su naturaleza misma,
esta visión general no puede abarcar todo lo dicho en las reuniones ni reflejar todos los matices del
debate, que pueden hallarse en las actas detalladas de las reuniones celebradas por el Grupo deWT/WGTCP/6
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Trabajo durante el año (WT/WGTCP/M/17 a 20) y en las contribuciones escritas de los Miembros
(véase el anexo 2).
10. La presente sección se organiza según la mane ra en que el Grupo de Trabajo estructuró sus
deliberaciones, basándose en el párrafo 25 de la Declaración de Doha.  Conviene señalar que el debate
que tuvo lugar sobre algunas cuestiones puede quedar incluido en el ámbito de varios de lossubepígrafes que figuran a continuación.  Esto quiere decir que, a fin de comprender plenamente el
debate celebrado en algunos casos, puede ser necesario remitirse a más de un subepígrafe de esta
sección del informe.  Quiere decir también que ha sido imposible evitar ciertas repeticiones al
preparar las diversas subsecciones.
I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, INCLUIDAS LA TRANSPARENCIA, LA NO
DISCRIMINACIÓN Y LA EQUIDAD PROCESAL
11. El Grupo de Trabajo celebró un debate sobre esta cuestión en su reunión de 26 y 27 de
septiembre de 2002.  Presentaron comunicaciones escritas acerca de este punto los representantes de
Nueva Zelandia, Australia
, Corea , Tailandia , Suiza , la India  (dos contribuciones), el Japón , los
Estados Unidos (dos contribuciones) y Sudáfrica  (documentos WT/WGTCP/W/210, 211, 212, 213,
214, 215 y 216, 217, 218 y 219, y 220, respectivamente).2  Además, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí
una nota de antecedentes preparada por la Secretaría (documento W/209) relativa a los principiosfundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal.  La nota
contenía una síntesis de las cuestiones planteadas y los argumentos formulados por los Miembros
sobre este tema antes de la reunión del Grupo de 26 y 27 de septiembre, basada en los informes
anuales preparados por el Grupo de Trabajo para los cuatro años anteriores y en las comunicaciones
escritas de los Miembros.  La reunión celebrada los días 26 y 27 de septiembre tuvo también a sudisposición una nota anteriormente preparada por la  Secretaría sobre los principios fundamentales de
la OMC de trato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia (documento W/114,
distribuido el 14 de abril de 1999).  Además, la OCDE presentó un documento no oficial de interés en
relación con este punto (posteriormente publicado como documento W/221).  Los representantes de la
Argentina; el Brasil
; el Canadá ; China , la Comunidad Europea y sus Estados miembros ; Cuba ; Egipto ;
Hong Kong, China; Indonesia ; Kenya ; Malasia ; Marruecos ; México ; Nigeria ; Noruega ; la República
Checa;  y el Taipei Chino , así como los observadores de la Federación de Rusia  y la UNCTAD ,
pronunciaron declaraciones orales o form ularon preguntas sobre este punto.
12. El debate sobre este punto abarcó una amplia gama de cuestiones, entre ellas:  i) la pertinencia
de los principios fundamentales de la OMC para la administración de la legislación y la política de
competencia y las posibles ventajas de su incorporación en un marco multilateral sobre legislación y
política de competencia;  ii) el posible alcance y aplicación de los principios fundamentalesenumerados en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, es decir, de la transparencia, la no
discriminación y la equidad procesal;  iii) en relación con cada uno de estos principios, las posibles
inquietudes relativas a su incorporación en un marco multilateral sobre política de competencia,
inclusive con respecto a sus repercusiones en los procedimientos para la observancia de las leyes
nacionales de competencia y en las políticas industriales nacionales y otras políticas de los países endesarrollo;  iv) los principios adicionales que podían incorporarse en un marco multilateral sobre
política de competencia, en particular el trato especial y diferenciado y el alcance integral;  y v) los
posibles medios de resolver cualesquiera conflictos entre los principios fundamentales de la política
de competencia y otras políticas económicas y sociales, inclusive la función de las excepciones y
exenciones de la legislación nacional de competencia y/o de un marco multilateral;  y otros asuntos.
                                                     
2 En lo sucesivo en el informe, los documentos publicados en la serie WT/WGTCP/W/… se mencionan
como "W/…";  los documentos publicados en la serie WT/WGTCP/M/… se mencionan como "M/…".WT/WGTCP/6
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13. Por lo que se refiere a la importancia de los principios fundamentales de la OMC -que
abarcan, aunque sin limitarse necesariamente a ellos, los principios de transparencia, no
discriminación y equidad procesal- en la esfera de la política de competencia y/o a la conveniencia de
incorporarlos en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia, se señaló que estos principios
eran esenciales para la credibilidad y eficacia de esa política.3  Sin estos elementos, un régimen de
competencia carecería de credibilidad y autoridad y no obtendría el respeto de la comunidad, por lo
que sería ineficaz.  La inclusión de los principios en un acuerdo de la OMC sobre política de
competencia respaldaría los esfuerzos de los organismos nacionales que se ocupan de la competencia
para aplicar dichos principios y resistirse a las presiones procedentes de fuentes internas, en particular
de las empresas y de otras partes del Gobierno, que representaban un problema tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo.  Los principios fundamentales también eran decisivos
para el establecimiento de una "cultura de la competencia".4  Se señaló asimismo que la inclusión de
los principios fundamentales mencionados en un marco de la OMC sobre política de competencia
proporcionaría una útil garantía a los comerciantes y los inversores, contribuyendo así al aumento de
las corrientes comerciales y de inversión.5  De ese modo, un marco multilateral constituiría un
complemento de la liberalización del comercio de bienes y servicios, promovería el crecimiento
económico mundial y resultaría positivo para todos los países, tanto desarrollados como endesarrollo.
6  Se expresó también la opinión de que los tres principios mencionados en el párrafo 25 de
la Declaración Ministerial de Doha estaban estrechamente vinculados entre sí y se reforzaban
recíprocamente;  renunciar a cualquiera de ellos equivaldría a debilitar los demás y el funcionamiento
de la política de competencia en su conjunto.7
14. Se señaló que la política de competencia, cuando afectaba al comercio, estaba ya sujeta, por
lo menos en cierta medida, a los principios de no discriminación, transparencia y equidad procesal, de
resultas de las disposiciones generales pertinentes del GATT y del AGCS.8  No obstante, dadas las
características sin precedentes de la política de competencia y sus diferencias intrínsecas con las
cuestiones comerciales tradicionales, era conveniente considerar la posibilidad de aplicar los
principios en esta esfera de manera más explícita, teniendo en cuenta el carácter singular de lacuestión.
9  Se sugirió que podía hallarse un útil precedente de este enfoque en diversos Acuerdos de
la OMC vigentes en los que los principios fundamentales se habían adaptado a los rasgos particulares
de la materia del acuerdo, por ejemplo del comercio de servicios, la propiedad intelectual o las
medidas sanitarias y fitosanitarias.10  Se señaló también que la incorporación de los mencionados
                                                     
3 M/19, párrafos 5, 6, 7, 10, 39, 42, 43, 49 y 82.
4 M/19, párrafos 14 y 39.
5 M/19, párrafos 10 y 39.
6 M/19, párrafos 7, 17, 39, 43 y 60.
7 M/19, párrafo 14.
8 Véanse más detalles acerca del alcance y la aplicación de los principios de tr ato nacional, trato de la
nación más favorecida y transparencia en Principios f undamentales de la OMC de trato nacional, trato de la
nación más favorecida y transparencia (Nota de la Secretaría, documento W/114, distribuido el 14 de abril
de 1999).
9 M/19, párrafo 7.
10 M/19, párrafos 7 y 13.WT/WGTCP/6
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principios en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia no implicaría, en ningún caso, la
armonización de las leyes o políticas de competencia.11
15. Se sugirió que existían dos opciones básicas para la incorporación de los principios
fundamentales de la OMC en un marco multilateral sobre política de competencia:  i) una aplicación
limitada de los principios ya implícitos en las normas de la OMC que, por sí sola, representaría unresultado relativamente útil;  o ii) una aplicación más amplia de los principios, que informarían la
elaboración de políticas y/o leyes de competencia en los países Miembros y proporcionarían un marco
para el mayor desarrollo de la labor relativa al comercio y la política de competencia dentro de la
propia OMC.  Este último enfoque agregaría una dimensión nueva e importante a la elaboración de
normas multilaterales, no sólo en el terreno de la política y/o la legislación de competencia sino
también en relación con la labor conexa en esferas como los servicios de inversión, los obstáculos
técnicos al comercio y la facilitación del comercio.
12
16. En una exploración más detenida de la función y aplicación de cada uno de los principios
mencionados en el párrafo 25 en relación con el principio de transparencia, se señaló que este
principio estaba bien establecido en Acuerdos de la OMC como el GATT (artículo X relativo a la
publicación y aplicación de los reglamentos comerciales), el AGCS (artículo III relativo a la
transparencia) y el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 63 relativo a la transparencia).  Tenía, quizá,especial importancia en relación con las medidas adoptadas dentro de las fronteras, como las leyes y
políticas de competencia, ya que era un medio de garantizar que esas medidas no se utilizaran para
restringir el comercio.  Al mismo tiempo, el recurso a mecanismos de transparencia podía contribuir a
asegurar que el alcance y la cobertura de las disciplinas sustantivas contenidas en un acuerdo no
representaran una injerencia innecesaria, garantizando así el establecimiento de un equilibrioapropiado.  Determinados aspectos de la transparencia, incluida la publicación de las leyes, los
reglamentos y las directrices de aplicación general, podían implicar costos administrativos y, por lo
tanto, tendrían consecuencias en relación con la creación de capacidad.  No obstante, la elaboración
de procedimientos transparentes y la existencia de un marco legislativo transparente constituían un
requisito fundamental para promover el cumplimiento de la ley y establecer una institución encargadade la observancia digna de crédito.  En ese sentido, la inclusión de obligaciones de transparencia
adecuadamente formuladas en un acuerdo multilateral sobre política de competencia contribuiría al
logro de los objetivos tanto del sistema multilateral de comercio como de una observancia de la
legislación de competencia creíble y eficaz.
13
17. En la esfera de la política de competencia, el compromiso en materia de transparencia se
aplicaría a las leyes, los reglamentos y las directrices de aplicación general.  Los Miembros de
la OMC tendrían la obligación de asegurarse de que esas leyes, reglamentos y directrices sepublicaran en forma completa y oportuna.  Dicha publicación podría realizarse en una gaceta o diario
oficial o un órgano similar o quizá en un sitio de la red accesible al público.
14  Esta obligación de
transparencia "externa" se aplicaría no sólo a las leyes, los reglamentos y las directrices sino también
a las exclusiones y exenciones sectoriales.  Estas exclusiones y exenciones podían representar
importantes factores determinantes de la adopción de decisiones comerciales por las empresas.Por consiguiente, la transparencia en relación con estas cuestiones podía ser uno de los factores que en
último término darían lugar a un aumento de las corrientes de inversión extranjera directa.
15
                                                     
11 M/19, párrafo 33.
12 M/19, párrafo 4.
13 M/19, párrafo 39.
14 M/19, párrafo 40.
15 M/19, párrafo 40.WT/WGTCP/6
Página 7
Otro aspecto de la transparencia sería la obligación de los Miembros de la OMC de notificar a la
Organización sus leyes, reglamentos y directrices y sus exclusiones y exenciones sectoriales.16  Podría
ser útil que esas notificaciones fueran dirigidas al comité de política de competencia de la OMC que
habría de establecerse para administrar el acuerdo propuesto.17  Se señaló también que, en principio, la
transparencia debía impregnar todos los aspectos del régimen de competencia de un país, inclusive lalegislación, las políticas, las estructuras institucionales, los procesos de adopción de decisiones, las
prioridades en materia de observancia, las directrices de política y de procedimiento, los criterios para
la selección de casos, los criterios de exención, los procedimientos de apelación, y los detalles de
todos los resultados y decisiones pertinentes.
18  Al mismo tiempo, las obligaciones en materia de
trasparencia debían definirse de tal manera que no resultaran excesivamente gravosas.19  A  e s t e
respecto, en lo que concierne a la cuestión de someter a la obligación de notificación las decisiones
sobre casos determinados relacionadas con la legislación de competencia que tienen un valor deprecedente vinculante, se sugirió que podía hallarse la forma de darlas a conocer al público en
general.
20  Se sugirió también que se proporcionara a los países en desarrollo tiempo y flexibilidad
suficientes para establecer progresivamente la transparencia en la administración y la observancia de
sus leyes de competencia21, por ejemplo, mediante medidas de transición.22  También podían
identificarse como esferas prioritarias para las actividades de asistencia técnica y creación decapacidad determinados elementos de una posible disposición sobre transparencia.
23
18. Se expresó también la opinión de que la protección de la información confidencial, inclusive
de los secretos comerciales y empresariales, sería una excepción fundamental a una posible
incorporación del principio de transparencia en un marco multilateral sobre política de competencia.24
De hecho, las aplicaciones del principio de transparencia vigentes en la OMC incluían por lo general
una excepción relativa a la información confidencial, que los Miembros normalmente llevaban a la
práctica en forma compatible con sus propias leyes y tradiciones jurídicas.25
19. Se formularon preguntas y se expresaron inquietudes y/o reservas acerca de la propuesta de
incorporar el principio de transparencia en un marco multilateral sobre política de competencia.26
En cuanto a las cuestiones referentes al alcance y la cobertura, se consideró que requerían un examen
cuidadoso.  En lo relativo al posible criterio de si una decisión sobre un caso determinado tenía valor
de precedente, por lo menos en las jurisdicciones en las que se aplicaba el derecho consuetudinario, se
                                                     
16 Véanse más observaciones sobre el tratamiento de  las excepciones, exenciones y exclusiones de la
legislación de competencia en el documento M/19, párrafos 5, 9, 13, 38, 40, 47 y 50.
17 M/19, párrafo 40.
18 M/19, párrafos 5, 9 y 58.
19 M/19, párrafos 23, 24, 27, 28, 29 y 54.
20 M/19, párrafo 62.
21 M/19, párrafos 24, 39 y 61.
22 M/19, párrafo 45.
23 M/19, párrafo 39.
24 M/19, párrafos 5, 11, 12, 45, 48, 50, 51 y 58.
25 M/19, párrafo 23.
26 M/19, párrafos 22, 23, 24, 27, 29, 53, 55 y 73.WT/WGTCP/6
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dijo que esta categoría de decisiones era sumamente amplia porque todas las decisiones de
organismos y tribunales -por lo menos, las que se  hacían públicas- podían constituir un precedente.
Por consiguiente, con arreglo a este criterio, cualquier decisión de los tribunales de los Estados
Unidos -no sólo en los asuntos iniciados por la administración sino también en los incoados por partes
privadas- podía quedar sujeta a la obligación de notificación.27  La obligación de hacer públicas y
notificar las políticas y decisiones no adoptadas expresamente como "legislación sobre competencia"
pero que, no obstante, influían de hecho en la competencia también podía resultar gravosa.28
Se expresó la opinión de que como mínimo, eran necesarios más estudios y debates a fin de que lospaíses en desarrollo pudieran estimar en forma más realista los costos y las ventajas de esas
disposiciones antes de que los Ministros adoptaran una decisión sobre las modalidades de las
negociaciones.
29  No obstante, no sería posible evaluar en forma realista los efectos de una
prescripción en materia de transparencia hasta que el Grupo tuviera una idea adecuada de lasobligaciones sustantivas específicas que podría imponer un posible acuerdo de la OMC sobre
competencia.
30  En cuanto a la confidencialidad, se expresó la opinión de que podría ser difícil
mantener el debido equilibrio en esta esfera dadas las diferencias entre los entornos legales, políticos e
institucionales de los Miembros.31
20. En respuesta a estas preocupaciones, se expresó la opinión de que en la medida en que los
Miembros hicieran públicas sus decisiones sobre casos determinados, podía hallarse alguna forma de
notificación que no resultara gravosa.  Con las sugerencias y la participación positiva de los
Miembros, sería posible definir un conjunto práctico de obligaciones en materia de transparencia que
resultaran útiles y, sin embargo, no fueran excesivamente gravosas, como se había hecho, por lo
demás, en otras esferas de la OMC.  La idea de centrarse en las decisiones sobre asuntos determinadosque pudieran constituir un precedente sólo era una posible solución.  Lo fundamental sería que, una
vez que se hubiera establecido el marco general para la transparencia, la manera en que éste se
aplicara tuviera en cuenta las realidades y la diversidad de los ordenamientos jurídicos nacionales.
Se sugirió que sólo quedara sujeta al mecanismo de solución de diferencias de la OMC la existencia
de determinados procedimientos básicos y no la cuestión de si esos procedimientos se habían aplicadoen la forma debida en un asunto concreto.  En otros términos, la distinción entre las violaciones de
jure y de facto  se aplicaría al principio de transparencia al igual que al de no discriminación.
32
Se sugirió también otro posible método consistente en establecer una base de datos sobre legislación y
política de competencia, que constituiría una fuente práctica y unificada a la que podrían recurrir
todos los Miembros.  Se hizo referencia, a este respecto, al ejemplo de la base de datos sobre política
y legislación de competencia del APEC, elaborada por  el Taipei Chino, que contenía declaraciones de
política, leyes, reglamentos y directrices sobre competencia, procedimientos para la tramitación de losasuntos y decisiones de todos los miembros del APEC.
33  En cuanto al tratamiento de la información
confidencial, se señaló que no se definía en ninguno de los Acuerdos de la OMC vigentes;  no
obstante, en los Acuerdos se hacían varias referencias a la protección de la información confidencial
con arreglo a lo previsto por las leyes nacionales.  Los grupos especiales se habían remitido
                                                     
27 M/19, párrafo 62.
28 M/19, párrafo 28.
29 M/19, párrafos 23 y 27.
30 M/19, párrafos 28 y 62.
31 M/19, párrafo 23.
32 M/19, párrafo 63;  véase el debate conexo, infra .
33 M/19, párrafo 64.WT/WGTCP/6
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uniformemente a las leyes nacionales, que eran coherentes en sí mismas y preveían este tipo de
protección.34
21. En lo relativo al principio de no discriminación, se señaló que tenía dos componentes:  el trato
de la nación más favorecida y el trato nacional.35  En el contexto de la aplicación de las leyes
nacionales de competencia, se sugirió que el principio NMF no plantearía grandes problemas;  eraprácticamente inconcebible que una autoridad aceptara determinadas prácticas anticompetitivas de las
empresas originarias de un país y las prohibiera a las empresas originarias de otros países.
36  Por otra
parte, podían surgir cuestiones relacionadas con el rango jurídico de los acuerdos de cooperación
bilaterales y regionales en relación con el trato NMF, que tendrían que aclararse.  El principio del
trato nacional planteaba toda una gama de problemas que sería necesario examinar.37
22. Con respecto al alcance y aplicación del principio de no discriminación tal como se
concretaría en un marco multilateral sobre política de competencia, delegaciones que apoyaban eldesarrollo de ese marco opinaron que una disposición sobre no discriminación debía aplicarse sólo a
la discriminación de jure , es decir, a la incorporada en leyes, reglamentos y directrices de aplicación
general, y no a los casos de discriminación de facto .
38  Esto no implicaba que estos últimos no fueran
causa de inquietud;  no obstante, por el momento resu ltaba difícil distinguir entre los posibles casos de
discriminación de facto , por una parte y, por la otra, la aplicación del criterio de razonabilidad en las
circunstancias particulares del mercado, y la aplicación razonable de las facultades discrecionales para
el ejercicio de la acción fiscal, basadas en factores objetivos.39  También se observó que se debía velar
por que la aplicación de los principios incorporados en un marco multilateral sobre política de
competencia no rebasara los límites que separaban a este campo de otros, como el de la política
industrial, aunque estos otros pudieran, en algunos casos, estar ya abarcados por disciplinas vigentesde la OMC.
40
23. Se señalaron cierto número de cuestiones, inquietudes o reservas con respecto a la propuesta
de incorporar el principio de no discriminación en un marco multilateral sobre la política de
competencia.  Acerca de las posibles consecuencias del trato NMF para los arreglos de cooperación
existentes en los planos bilateral y regional, se expresó la opinión de que era importante preservar elámbito necesario para esos arreglos.  Característicamente, el nivel y modalidades de la cooperación
internacional, la asistencia voluntaria y el intercambio de información variaban según el sistema
jurídico del país Miembro, su sistema destinado a asegurar la observancia de la legislación sobre
competencia y el grado de experiencia en la esfera de esa legislación.
41  Por consiguiente, una cláusula
de no discriminación en un posible marco de la OMC sobre política de competencia no había de
forzar a las autoridades de defensa de la competencia a aplicar condiciones iguales para proporcionar
asistencia encaminada a asegurar la observancia de las leyes a todas sus contrapartes, o para
                                                     
34 M/19, párrafo 68.
35 M/19, párrafos 6 y 47.
36 M/19, párrafo 13.
37 M/19, párrafos 14 y 53.
38 M/19, párrafos 8, 36 y 44.
39 M/19, párrafos 7, 36, 44 y 65.
40 M/19, párrafo 36.
41 M/19, párrafo 11.WT/WGTCP/6
Página 10
intercambiar información con todas ellas.  Podría necesitarse una salvaguardia expresa para que este
punto quedara aclarado.42  Por otro lado en la medida en que la cooperación se considerase voluntaria
y, por consiguiente, no sujeta a compromisos vinculantes en ningún acuerdo de la OMC sobre política
de competencia, podría no haber necesidad de una exención expresa.43  De acuerdo con una opinión
relacionada con la anterior, podrían preverse ciertas medidas de procedimiento a fin de establecerincentivos para el aumento de los contactos, con el propósito de que no quedaran excluidos a priori  de
la cooperación determinados países, trabajando así de acuerdo con el espíritu del principio NMF.
Esto podría hacerse, por ejemplo, mediante un compromiso de responder a las peticiones de otros
Miembros de la OMC para la cooperación en casos determinados, y explicar las razones en caso de
que la petición no pudiera tomarse en consideración.
44  También se opinó que, en aras de la
transparencia, los acuerdos de cooperación bilaterales y regionales debían notificarse a la OMC.45
24. Se hizo observar que los principios de no discriminación de la OMC se aplicaban en general a
productos y servicios "similares";  no obstante, el análisis de la competencia y las correspondientes
medidas de observancia dependían del caso de que se tratara, y dos situaciones dadas no eran ni serían
enteramente análogas o comparables.  Así pues, en la práctica, era difícil determinar si existía una
discriminación de facto  con respecto a las medidas encaminadas a asegurar la observancia de la
legislación antimonopolio, dado que tales acciones se basaban en las circunstancias de casosdeterminados.  Incluso si la aplicación de los principios de trato nacional y NMF de la OMC se
limitara a la discriminación de jure , como se proponía ahora, seguirían planteándose diversas
cuestiones.  Por ejemplo, ¿cómo debían tratarse las excepciones sectoriales a las normas de
competencia?  La mayoría de los países, si no todos, exceptuaban a ciertos sectores de la aplicación de
las normas antimonopolio o los regulaban mediante una legislación sectorial que reemplazaba a talesnormas o se añadía a éstas.  En el artículo XX del GATT se preveían excepciones o exenciones
fundadas, por ejemplo, en la protección de la moral pública o de la salud humana, y en la observancia
de la ley.  No obstante, ¿debía ocuparse de éstas un futuro capítulo de la OMC sobre competencia?;
y en caso afirmativo, ¿debían abordarse los factores particulares del contexto de la competencia, como
el estado de liberalización de la economía nacional, o si existía o no una supervisión reglamentarianacional eficaz con respecto a las excepciones?
46
25. Acerca de las posibles consecuencias que experimentarían los países en desarrollo, se expresó
la opinión de que era a veces necesario, en aras del desarrollo, aceptar ciertas prácticas
anticompetitivas (tales como una discriminación contra una empresa extranjera), o ciertas fusiones, a
fin de obtener resultados benéficos a largo plazo.  Por tales razones, debía eximirse a los países en
desarrollo de la aplicación del principio de trato nacional en cualquier acuerdo multilateral sobre
política de competencia47 o, por lo menos, estos países debían gozar de una flexibilidad apropiada.48
Se requería flexibilidad, entre otras razones, debido a que en las economías de la mayoría de los
países en desarrollo predominaban las empresas pequeñas y medianas, cuyas repercusiones en el
mercado eran insignificantes.  La cuestión consistía en saber cómo podían las pequeñas empresas de
                                                     
42 M/19, párrafo 6.
43 M/19, párrafos 37 y 44.
44 M/19, párrafo 13.
45 M/19, párrafo 15.
46 M/19, párrafo 22.
47 M/19, párrafo 26.
48 M/19, párrafos 29, 58 y 61.WT/WGTCP/6
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los países en desarrollo mantener su viabilidad competitiva al aplicarse el principio de no
discriminación, a fin de que no fueran eliminadas por las actuales tendencias a las fusiones y
adquisiciones de las empresas multinacionales que tendían a crear monopolios y favorecer las
prácticas anticompetitivas.  El principio de no discriminación podía ser objeto de abusos si no se
aplicaba en forma correcta;  por consiguiente, en caso de que debiera aplicarse, ello sólo debía tenerlugar caso por caso, a fin de no hacerlo en aquellas situaciones en que estuviera en conflicto con los
objetivos de desarrollo de los países.
49  Debido a la mundialización, las empresas nacionales se veían
ya enfrentadas con una intensa competencia extranjera.  Debía concederse a las industrias de los
países en desarrollo tiempo suficiente para desarrollar una capacidad que les permitiera enfrentar la
competencia internacional.50
26. Se expresó también la opinión de que las razones habitualmente invocadas para explicar por
qué el trato nacional constituía un aspecto important e de la no discriminación en el contexto de la
política comercial, no eran necesariamente aplicables en el contexto de la política de competencia.
En primer lugar, el trato nacional estaba destinado a asegurar que las concesiones efectuadas por los
Miembros con respecto a los obstáculos al comercio en la frontera no resultasen anuladas por una
discriminación dentro de las fronteras entre las mercancías importadas y las producidas en el país.
Las fusiones y las restricciones verticales a menudo tenían efectos anticompetitivos tanto sobre losproductores nacionales como sobre los extranjeros.  No obstante, era difícil advertir cómo constituían
un bloqueo desleal del acceso de las importaciones al mercado, que es a lo que se refería el principio
de trato nacional.  En segundo lugar, el trato nacional estaba concebido para apoyar la liberalización
del comercio, que era deseable porque, en su conjunto, se estimaba beneficiosa para los países
participantes.  La política de competencia, en cambio, se enfrentaba por definición con la competenciaimperfecta, en la cual la presunción a favor del libre comercio era mucho menos neta.  La política de
competencia con respecto a las fusiones y cárteles podría tener efectos diferentes sobre el bienestar en
países diferentes, según el lugar en que estuvieran establecidos los productores y los consumidores.
Dado que los países en desarrollo tenían pocos productos que se exportaban en condiciones de
competencia imperfecta, se hallarían probablemente en la mayor parte de los casos en el ladoperdedor frente a las fusiones y las prácticas comerciales restrictivas con efectos transfronterizos, y
podrían tener poco que ganar de la aplicación del principio de trato nacional en la legislación sobre
competencia de los países desarrollados.  Una tercera justificación del principio de trato nacional en
los acuerdos comerciales consistía en que, incluso en los casos en que un país pudiera obtener
ventajas unilateralmente al apartarse del libre comercio, esas ventajas se convertirían en pérdidas si
otros países actuasen de la misma manera.  No obstante, no se había demostrado que los
apartamientos de la norma en la esfera de la política de competencia internacional podrían sermutuamente destructivos del mismo modo.  Estas distinciones entre el principio de trato nacional tal
como se aplica al comercio de mercancías y su ap licabilidad potencial a la política de competencia,
ponían en duda lo apropiado de trasladar ese principio al campo de esta política.  Además, gran parte
del debate que había tenido lugar hasta el momento en el Grupo de Trabajo se basaba en la idea de
que el único objetivo del acuerdo multilateral era promover la eficiencia estática en la asignación derecursos.  En los países en desarrollo, donde tanto los recursos privados como los públicos para la
labor de investigación y desarrollo eran limitados, el fomento de la inversión podía exigir un grado
estable de concentración económica.  Podía confia rse en los efectos de una creciente exposición al
comercio internacional, como consecuencia de la liberalización del comercio, para poner un freno al
poder de mercado y limitar la mala asignación estática de los recursos.  En cualquier supuesto,muchos países en desarrollo Miembros tenían poca experiencia o conocimientos en el campo de la
política de competencia.  Esto significaba que los principios de la legislación sobre competencia
provenientes de países con una experiencia mucho mayor, además de ser posiblemente inapropiados
                                                     
49 M/19, párrafo 29.
50 M/19, párrafos 25 y 53.WT/WGTCP/6
Página 12
por sí mismos para los países en desarrollo, entrañarían mayores costos para su observancia.
Los países en desarrollo tampoco tenían aún el tipo de redes de seguridad bien establecidas que
existían en los países industrializados para proteger a los desplazados por la competencia de las
importaciones.  Existía por tanto una mayor necesidad de amortiguar el impacto de esa competencia
mediante medidas apropiadas de reestructuración industrial, que también permitirían a los países endesarrollo liberalizar más su comercio.  En tal sentido, una política de competencia discriminatoria
podría ser concomitante con una política comercial no discriminatoria.  En el contexto de la atención
de las necesidades de los países en desarrollo, era más conveniente adoptar el concepto de no
discriminación teniendo presente la necesidad de tratar de una manera diferencial a países diferentes
con capacidades diferentes, así como la necesidad y responsabilidad de proporcionar asistencia,
adoptar medidas positivas y desarrollar una acción afirmativa con respecto a las empresas e
instituciones de esos países, a fin de asegurar su viabilidad y desarrollo, para que pudieran ser cadavez más eficientes y competitivos.
51
27. Se expresó también la opinión de que el enfoque que se había adoptado para definir la no
discriminación y otros principios fundamentales, que podían incluirse en un marco multilateral sobre
política de competencia, era hasta el momento bá sicamente defectuoso en cuanto se centraba en el
comercio interno más bien que en el transfronterizo.  Por ejemplo, se había utilizado el concepto de nodiscriminación de manera intercambiable con el de "trato nacional", que se refería a la aplicación de
un trato igual a las empresas extranjeras y nacionales que operaban dentro del mercado nacional.
Esta era una concepción que serviría a los intereses de quienes tenían inversiones importantes en el
extranjero y deseaban garantizar el acceso a los mercados de los países en que invertían.  La mayoría
de los países en desarrollo, en cambio, eran importadores y exportadores, más que inversores.Así pues, la prioridad en la aplicación de los principios fundamentales ha de centrarse en primer lugar
en el comercio transfronterizo.  La legislación sobre la competencia no debía discriminar entre las
empresas que eran exportadoras y las que no lo eran.  En otras palabras, si la legislación nacional
sobre competencia prohibía la manipulación de li citaciones y los acuerdos de fijación colusoria de
precios o de volúmenes, los cárteles de exportación debían estar sujetos a las mismas disposiciones.El uso de cárteles de exportación como estrategia de política comercial para extraer "rentas" de los
países extranjeros era inadmisible.  Si la Declaración Ministerial de Doha era verdaderamente un
programa para el desarrollo, debía darse prioridad a la cuestión del comercio desleal transfronterizo, y
no a la del comercio desleal interno.
52
28. En respuesta a lo antedicho, se opinó que no todas las formas de trato diferente o diferenciado
eran por sí mismas discriminatorias;  en realidad, podría haber gran cantidad de razones por las cuales
un gobierno deseara tratar a actores económicos diferentes de manera diferente.  La observación quehacían las delegaciones que apoyaban la incorporación del principio de no discriminación en un
marco multilateral sobre po lítica de competencia era simplemente que, como cuestión de principio, el
motivo del trato diferenciado no podía ni debía ser la nacionalidad.  Se manifestó confianza en que la
mayoría de los Miembros compartían esta opinión, que en realidad se basaba en los principios
fundadores de la OMC.  También podría suceder que en algunos casos los actores económicos que ungobierno trataba de determinada manera fueran todos extranjeros.  Por ejemplo, como habían señalado
algunos  países en desarrollo, la estructura económica de un país podría no estar suficientemente
diversificada o desarrollada, y en determinados campos las empresas con determinadas características
podrían ser todas extranjeras.  Probablemente ello no constituiría por sí mismo una discriminación;
no obstante, las razones en que se fundaba el trato diferente tenían que basarse en factores de políticaobjetivos.  Con respecto al argumento, que se había invocado, de que algunos Miembros podían estar
en condiciones de garantizar una no discriminación de facto , pero no de jure , se entendía que esto
                                                     
51 M/19, párrafo 17.
52 M/19, párrafo 12.WT/WGTCP/6
Página 13
significaba que los Miembros podían no saber por adelantado cuándo necesitarían aplicar un trato
diferenciado.  No obstante, las exclusiones y exenciones a priori  no eran los únicos instrumentos que
permitirían hacerlo.  Existían también cláusulas relativas al interés público y varios otros instrumentos
de política que podían utilizar los Miembros que tuviesen establecida una autoridad de defensa de la
competencia.  Con arreglo a la norma propuesta, es os instrumentos serían admisibles, siempre que se
aplicaran de manera transparente.53
29. Con respecto al argumento de que las normas de la OMC debían centrarse en el comercio
transfronterizo más bien que en el interno, se expresó la opinión de que tal distinción era insostenible
en la práctica.  Todo comportamiento anticompetitivo que estuviese vinculado con el comercio o la
inversión transfronterizos estaría necesariamente relacionado con factores económicos internos;  los
únicos casos en que esto no sucedía eran aquellos en que no había importaciones, exportaciones o
inversión extranjera directa en una esfera determinada o en relación con un producto determinado, porlo cual el comercio se desarrollaba exclusivamente en el ámbito interno.  Si un país decidía no aplicar
la legislación sobre competencia a esa particular situación, la OMC probablemente no tendría nada
que decir acerca de ello, ya que se trataría de una decisión puramente nacional.  No obstante, en la
mayoría de las situaciones existiría una dimensión transfronteriza de uno u otro tipo.
54  En respuesta a
este argumento, se observó que hasta el momento los debates mantenidos en el Grupo de Trabajoparecían concentrarse principalmente en situaciones en las cuales las prácticas anticompetitivas
estaban relacionadas con inversiones, lo que significaba una presencia comercial.  Esto exigía
centrarse en la nacionalidad de las empresas que ya estaban operando dentro del país de origen o del
país de establecimiento.  No obstante, existían muchas prácticas desleales relacionadas con el
movimiento transfronterizo de las mercancías, es decir, exportaciones e importaciones, en particularen el caso de los cárteles, y por tanto sería conveniente centrarse más en tales movimientos.
55
30. Con respecto al principio de la equidad procesal, se manifestó la opinión de que un rasgo
común de todos los regímenes eficaces de política de competencia era que incluían garantías de
reconocimiento y respeto de los derechos de las partes frente a las decisiones desfavorables y a las
sanciones.  Tales garantías podían variar tanto en su contenido como en su forma, ya que reflejabanlos instrumentos del sistema jurídico y las tradiciones que habían generado el régimen de
competencia.  Eran de interés en este aspecto cuatro categorías generales de garantías.  En primer
lugar, debía haber garantías relativas al acceso al sistema.  Esto podía entrañar, por ejemplo, el
derecho de las empresas a tomar conocimiento de que la autoridad de defensa de la competencia había
iniciado una investigación oficial contra ellas, y en qué consistían las objeciones de esa autoridad a su
conducta.  Una segunda garantía fundamental estaba relacionada con la defensa de las empresas
afectadas.  Éstas debían tener oportunidad y tiempo suficientes para hacer conocer sus opiniones a laautoridad por escrito o mediante la participación en audiencias, para presentar pruebas o documentos
y para producir prueba testimonial que corroborara su descripción de los hechos.  Este tipo de garantía
incluiría normalmente algún derecho de acceso al expediente formado por la autoridad.  Una tercera
garantía era el reconocimiento del derecho de las empresas intervinientes en procedimientos relativos
a la competencia a obtener el reexamen de las decisiones que las afectaran por un órgano judicialindependiente.  Por último, también debía garantizarse la protección de la información confidencial,
incluidos los secretos comerciales.  No era menester que estas garantías básicas estuviesen
armonizadas en todos los regímenes, pero las mismas debían describirse en un futuro acuerdo con
cierta claridad.
56  Según otra opinión, podían identificarse cuatro conceptos generales que
                                                     
53 M/19, párrafo 66.
54 M/19, párrafo 67.
55 M/19, párrafo 67.
56 M/19, párrafo 41.WT/WGTCP/6
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probablemente promoverían la equidad, a saber:  i) el derecho de acceso y de petición a la autoridad
de defensa de la competencia;  ii) el derecho de una empresa sometida a investigación a conocer el
fundamento de una objeción de la autoridad antimonopolio antes de que esa autoridad adoptara una
medida, y el derecho de responder a esa objeción;  iii) el derecho de apelar contra una decisión del
organismo, y iv) la realización de los actos en tiempo oportuno.57
31. Se plantearon diversas cuestiones, inquietudes o reservas con respecto a la propuesta de
incorporar el principio de la equidad procesal  en un marco multilateral sobre la política de
competencia.  Se observó que no existía por el momento un consenso amplio sobre el significado de
la equidad procesal en el contexto de la observancia de la legislación de competencia.  Esto se debía
en parte a que el concepto de equidad procesal difería de un sistema jurídico a otro y a que en él
influía también la cultura política y jurídica en la que actuaban los organismos correspondientes.58
Asimismo, se formularon diversas preguntas concretas con respecto al modo en que se aplicaría en la
práctica el principio de equidad procesal, entre ellas las siguientes:  ¿Quién tendría derecho de acceso
al sistema?  ¿Tendrían todos igual derecho de acceso, o podrían conferirse derechos más amplios a
determinadas categorías de partes, tales como los clientes de las empresas que eran objeto de
investigación?  ¿Debía exigirse a la autoridad de defensa de la competencia que reconociera derechos
procesales a terceros que podrían, por ejemplo, resu ltar perjudicados por una fusión, aunque no en el
tradicional sentido antimonopolio?  ¿Se exigiría a los organismos de los Miembros cuyos sistemas
jurídicos reconocieran de manera amplia el derecho de incoar directamente ante los tribunales
acciones privadas basadas en la legislación sobre competencia, que proporcionaran el mismo grado de
acceso formal al organismo que aquellos cuyos sistemas jurídicos no lo hiciesen?  ¿Se exigiría a todos
los Miembros que reconocieran derechos de acción privada?  Con respecto al derecho a la respuesta,¿qué forma debería tomar en la práctica?  ¿Deberían las objeciones notificarse formalmente y por
escrito, o ello podría hacerse de manera más informal?  En cuanto al derecho de apelación y la
función del poder judicial, ¿qué tipos de decisiones debían estar sujetas a revisión?
32. En relación con las consecuencias del principio de equidad procesal para los países en
desarrollo, se expresó la inquietud de que las propuestas sobre la materia pudieran exigir a unMiembro que estableciera y mantuviese un marco judicial para el trámite de las apelaciones.
De manera análoga, las exigencias de una notificación integral de la legislación sobre competencia y
de la información conexa tanto al público como a la OMC podrían requerir gran cantidad de recursos.
Era menester realizar más estudios y debates a fin de que los países en desarrollo pudieran evaluar de
manera más realista los costos y beneficios de tales disposiciones antes de que los Ministros
decidieran sobre las modalidades de las negociaciones.
59  Entre otros asuntos, sería útil aclarar si el
artículo X del GATT era una referencia apropiada para el debate de esta cuestión en el Grupo deTrabajo o si había de elaborarse un concepto más específico de equidad procesal en relación con la
política de competencia.
60  En cualquier supuesto, era importante que en el examen de esta cuestión, si
hubiera que abordarla, se tuviera en cuenta la diversidad de culturas jurídicas de los Miembros, así
como las prácticas establecidas en los sistemas judiciales nacionales y las autoridades de defensa de la
competencia, donde estas últimas existían.61
                                                     
57 M/19, párrafo 18.
58 M/19, párrafo 18.
59 M/19, párrafos 27 y 28.
60 M/19, párrafo 54.
61 M/19, párrafos 15, 28 y 63.WT/WGTCP/6
Página 15
33. En respuesta a las referidas inquietudes, se expresó la opinión de que todos los sistemas de
competencia -por diferentes que fueran- respetaban ciertos criterios básicos de equidad.  Además, la
experiencia en otros campos de la OMC había demostrado que la equidad procesal podía tratarse de
manera simple y práctica, sin dejar de tener en cuenta la evidente diversidad de las culturas y sistemas
jurídicos de los Miembros.  En la cuestión de la revisión judicial, por ejemplo, había diversasdisposiciones de los Acuerdos de la OMC que estipulaban la obligación de prever tal revisión que no
implicaban injerencia alguna en cuanto a la manera en que las revisiones judiciales estaban
organizadas en un país determinado, o en el alcance de las mismas.  En la práctica, estas disposiciones
no habían creado problemas del tipo que se había mencionado, y habían sido útiles para asegurar a
comerciantes e inversores que los sistemas nacionales de países sobre los cuales a menudo tenían, en
el mejor de los casos, un conocimiento limitado, respetaban ciertas normas fundamentales.
62
34. Con respecto a un aspecto concreto del debate, se expuso la opinión de que incluso las normas
de equidad procesal más básicas que podrían preverse en un acuerdo multilateral, podían plantear
problemas para los procedimientos nacionales encaminados a asegurar la observancia de las leyes.
Por ejemplo, una de las normas básicas entrañaría el derecho a recibir una notificación de una
investigación.  Esto no plantearía ningún problema si la notificación exigida debía dirigirse a la parte
investigada, pero la situación sería diferente si se tratara de una notificación general, por ejemplo ala OMC, a los Miembros de la Organización, o a una y otros.  Era práctica de algunos Miembros no
revelar públicamente la existencia de una investigación cuando no se había establecido que la parte
objeto de ésta hubiera cometido incorrección alguna, a fin de respetar los derechos de aquélla.
63
En respuesta, se aceptó la observación de que era necesario distinguir claramente entre la notificaciónde las investigaciones a las partes y la notificación a la OMC.  No obstante, uno de los elementosesenciales de la equidad procesal era que la parte objeto de una investigación fuese notificada.  Para
demostrar que cumplían con una obligación de equidad procesal en la OMC, los Miembros debían
simplemente estar en condiciones de demostrar que habían previsto que las partes objeto de una
investigación fuesen notificadas de manera apropiada.
64 Se sugirió también que cualquier marco
multilateral eventual sobre política de competencia que se adoptara no fuera vinculante.  En esecontexto, la cuestión de las obligaciones relativas a la equidad procesal no se plantearía.
65
35. Con respecto a los principios adicionales que podrían incorporarse en un marco multilateral
sobre política de competencia, se indicó que uno de esos principios esenciales era el de trato especial
y diferenciado.66  Entre las posibles dimensiones de este principio se contaba el aumento de las
oportunidades comerciales de los países en desarrollo, la salvaguardia de sus intereses de desarrollo,
la flexibilidad de cualquier compromiso que asumieran los países en desarrollo y los menos
adelantados, y la previsión de períodos de transición.67  Se expresó la opinión de que debían incluirse
disposiciones relativas al desarrollo que estuviesen claramente vinculadas con las dimensiones del
                                                     
62 M/19, párrafos 41, 42 y 68.
63 M/19, párrafo 69.
64 M/19, párrafo 69.
65 M/19, párrafo 26.
66 M/19, párrafos 12, 15, 29, 32, 50, 52, 53, 55, 56, 61 y 71.
67 En la reunión celebrada por el Grupo de Trabajo en el mes de abril, el observador de la OCDE señaló
a la atención del Grupo distintos tipos posibles de trato especial y diferenciado, como el enfoque seguido enel AGCS, las excepciones, exenciones y exclusiones, el enfoque plurilateral, la previsión de períodos detransición y el suministro de asistencia técnica, etc. (véase M/17, párrafo 41).WT/WGTCP/6
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comercio, y que estuvieran por tanto estrechamente relacionadas con el mandato de la OMC.68
Además, el trato especial y diferenciado implicaba que debía concederse tiempo a los países en
desarrollo para aplicar un régimen de competencia y cualquier compromiso conexo, y que el tiempo
concedido debía depender del nivel de desarrollo del país.69  Asimismo, debía concederse a los países
en desarrollo un período de tiempo para incorporar los principios de transparencia y debido procesoen la aplicación de la legislación sobre competencia y en los medios para asegurar su observancia.
70
También se expuso la opinión de que debía permitirse a los países en desarrollo eximir a los cártelesde exportación nacionales e internacionales, ya que la mayoría de las empresas exportadoras e
importadoras de esos países eran de pequeño tamaño y podrían tener que reunirse para contrarrestar el
poder de negociación de grandes compradores o vendedores pertenecientes a países industrializados.
Por lo que se refería a las fusiones y adquisiciones, debía preverse un trato especial y diferenciado
para los países en desarrollo que permitiera a sus economías y empresas alcanzar una masa crítica,con lo que podrían estar en condiciones de competir en pie de igualdad con empresas del mismo
tamaño en los mercados internacionales.
71
36. Se hizo observar que, al infundirse contenido al principio de trato especial y diferenciado,
podría facilitarse el logro de un acuerdo sobre el sen tido y alcance apropiados de la equidad procesal y
de los demás principios fundamentales.72  También se manifestó la opinión de que el trato especial y
diferenciado no debía necesariamente estar reservado a los países en desarrollo.  En lugar de ello,
podría adoptarse una actitud flexible con respecto a todos los países que carecieran de legislación
sobre competencia73, con independencia de su estado de desarrollo económico.74  Era menester
examinar la manera en que el trato especial y diferenciado estaba relacionado con la progresividad, la
flexibilidad, la creación de capacidad y las instituciones regionales.75  También se expresó la opinión
de que la necesidad de trato especial y diferenciado en este campo no estaba limitada al elemento de
la progresividad.  La labor sobre los principios esenciales debía centrarse en la promoción de las
necesidades de desarrollo y los intereses de todos los países, y en especial de los países en
desarrollo.76  No obstante, se observó que si las exenciones y exclusiones formaban parte del marco
general del acuerdo, habría menor necesidad de un trato especial y diferenciado, por lo menos sobreesta base.
77
37. Se sugirió también que se examinaran principios adicionales relacionados con los siguientes
aspectos:  i) las obligaciones de las empresas extranjeras con respecto al país de establecimiento;
ii) la obligación de los gobiernos de los países de origen de asegurar que las empresas extranjeras
cumplieran sus obligaciones;  iii) las medidas que han de adoptar las empresas nacionales y los
                                                     
68 M/19, párrafo 53.
69 M/19, párrafo 61.
70 M/19, párrafo 12.
71 M/19, párrafo 50.
72 M/19, párrafo 32.
73 M/19, párrafo 55.
74 M/19, párrafo 15.
75 M/19, párrafo 34.
76 M/19, párrafo 55.
77 M/19, párrafo 71.WT/WGTCP/6
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gobiernos en un posible marco multilateral;  iv) la necesidad de permitir que las empresas nacionales,
especialmente las pequeñas, siguieran siendo competitivas y crecieran;  v) los obstáculos a la
competencia derivados de medidas gubernamentales, por ejemplo acciones antidumping;  vi) los
obstáculos a la competencia derivados de la protección de los derechos de propiedad intelectual y de
los monopolios y oligopolios mundiales, y su efecto sobre las empresas locales;  y vii) las grandesfusiones y adquisiciones efectuadas por empresas transnacionales, y sus efectos sobre los países en
desarrollo.  La labor propuesta permitiría al Grupo de Trabajo identificar medidas apropiadas de
asistencia técnica y de investigación y desarrollo que pudieran ser útiles para los países en
desarrollo.
78  También se observó que en los debates anteriores del Grupo de Trabajo no se habían
abordado las preocupaciones de los Miembros que no han establecido una autoridad y una legislación
general sobre la competencia.  Se sugirió que la Secretaría debería seguir estudiando la manera en que
podían aplicarse los diversos principios fundamentales en las economías que carecen de unalegislación general sobre la competencia.
79
38. Se señaló que el principio del alcance integral merecía ser incluido en el marco multilateral
proyectado.  Los principios de transparencia, no discriminación y equidad procesal, que derivaban en
gran medida de las actuales disciplinas de la OMC, proporcionaban condiciones necesarias pero no
suficientes para una política de competencia adecuada.  En particular, tales principios no permitíantratar de manera apropiada la cuestión de las exenciones y excepciones.  Para lograr esto último, era
necesario un principio adicional, el del alcance integral, que era uno de los principios utilizados en
el APEC para mejorar la competencia y la reform a reglamentaria.  Partiendo del reconocimiento de
que todos los países necesitarían exenciones y excepciones en su política y legislación de
competencia, y con arreglo al principio del alcance integral, tales exenciones y excepciones seríanobjeto de reexámenes periódicos en el contexto de un marco general de principios de competencia o
de un compromiso general con estos principios.
80  El alcance integral no constituía un principio
fundamental de la OMC, sino un principio fundamental de la política de competencia.  Su inclusión
en el marco propuesto contribuiría a evitar una situación en la cual el valor del acuerdo resultara
socavado por una excesiva proliferación de exenciones.81
39. Abordando nuevamente el tema de las posibles consecuencias que tendría para las políticas
industriales y otras políticas económicas y sociales de los distintos países la incorporación del
principio de no discriminación y de otros principios fundamentales de la OMC en un acuerdo de la
Organización sobre política de competencia, se expresó la opinión que gran parte del debate giraba en
torno a ello.  Los países en desarrollo necesitaban flexibilidad para recurrir a una variedad de
instrumentos de desarrollo, entre ellos los que normalmente se consideraban comprendidos en el
concepto de "política industrial".  En cualquier supuesto, la resolución de los conflictos entre laspolíticas de competencia y las de desarrollo debía dejarse a cargo de cada Miembro, con sujeción a la
consideración de transparencia.  Lo que debía evitarse era un enfoque demasiado prescriptivo o una
injerencia excesiva.
82
40. En respuesta a lo antedicho, delegaciones que apoyaban la elaboración de un marco
multilateral señalaron que, por lo menos en cierta medida, la idea de que la política de competenciaestaba en conflicto con los objetivos de desarrollo era errónea.  Con ello no se quería desconocer en
manera alguna la importancia de los objetivos de desarrollo -ciertamente, era comprensible que el
                                                     
78 M/19, párrafo 73.
79 M/19, párrafo 27.
80 M/19, párrafo 4.
81 M/19, párrafo 72.
82 M/19, párrafo 75.WT/WGTCP/6
Página 18
desarrollo fuese la máxima prioridad de la política económica de los países en desarrollo- sino que
quería indicarse que la amplia aplicación de los principios de la política de competencia en las
distintas economías nacionales sería compatible con esos objetivos, o incluso favorable para su logro.
La experiencia había demostrado que la competencia en los mercados conducía a una mayor
eficiencia económica, contribuyendo de tal manera a un desarrollo sostenible a largo plazo ygarantizando los intereses de todos los participantes en los mercados, incluidas las empresas pequeñas
y medianas y los consumidores.  No cabía duda de que no promovería los intereses de los países en
desarrollo el hecho de que éstos se sometieran a disposiciones tales como las de los cárteles
internacionales -los que sólo podían combatirse mediante la aplicación efectiva de las leyes de
competencia-.  Por tales razones, un enfoque basado en la exclusión absoluta de sectores enteros de la
economía nacional del ámbito de los principios de competencia bien podría perjudicar el logro de los
objetivos que se querían promover con tal enfoque.
83
41. A pesar de lo antedicho, los proponentes también afirmaron su convicción de que el marco
multilateral propuesto podía y debía preservar un "espacio de política" suficiente para que los países
en desarrollo aplicaran las políticas económicas y sociales que estimaban necesarias para su propio
desarrollo.  Era perfectamente legítimo que un gobierno juzgara que había objetivos de política más
importantes que la necesidad de proteger la competencia.  Entre otros posibles instrumentos, elpropósito de preservar un espacio de política apropiado podría tenerse en cuenta mediante:  i) una
clara delimitación del alcance de los principios fundamentales propuestos con respecto a la política de
competencia, con el objeto de asegurar que no desbordaran hacia campos de política conexos;
ii) exenciones o excepciones apropiadas de la aplicación de la legislación nacional de competencia y/o
del marco multilateral propuesto;  y/o iii) el principio de trato especial y diferenciado, de que se tratamás adelante.
84
42. Con respecto a la pertinencia de las excepciones y/o exenciones de la aplicación de las
legislaciones nacionales de competencia y/o de un marco multilateral como instrumento para la
gestión de cualquier conflicto con las políticas industriales nacionales, se expresó la opinión de que,
dada la diversidad de fases y pautas de desarrollo económico existente entre los Miembros, debíaconferirse flexibilidad suficiente a cualquier marco posible, a fin de permitir su aplicación práctica
entre todos los Miembros de la OMC.
85  En un marco multilateral sobre competencia tenía que
preverse la posibilidad de exenciones o exclusiones apropiadas en dos aspectos.  En primer lugar,
muchos Miembros -entre ellos países menos adelantados y otros países en desarrollo, pero también
algunos países industrializados- deseaban conceder, en sus legislaciones sobre la materia, mayor
flexibilidad a las empresas pequeñas y medianas que a otras empresas.  El marco propuesto debía
permitir ese tipo de flexibilidad.  En segundo lugar, como ya se había indicado, los interesesnacionales podían salvaguardarse simplemente previendo la exclusión de sectores económicos
sensibles de todas las disposiciones sustantivas de un marco multilateral, o sólo de algunos principios
fundamentales.
86  La previsión de exenciones y excepciones proporcionaría mayor flexibilidad a los
Miembros de la OMC para alcanzar otros objetivos nacionales tales como el desarrollo industrial y
económico.87  No obstante, las excepciones y exenciones debían estar sujetas a procedimientos de
transparencia suficientes, a fin de que las empresas que comerciaran con un Miembro o invirtieran en
                                                     
83 M/19, párrafos 76 y 83.
84 M/19, párrafo 77.
85 M/19, párrafos 9, 27, 28, 29 y 49.
86 M/19, párrafo 47.
87 M/19, párrafo 78.WT/WGTCP/6
Página 19
la economía de un Miembro supieran en qué situación se encontraban.88  También se sugirió que la
posibilidad de aplicar exenciones no se redujera gradualmente a lo largo del tiempo, o que estuviera
sujeta a un examen periódico.89
43. Se expresó la opinión de que la experiencia de algunos Miembros confirmaba que las
políticas nacionales de competencia compatibles con el principio de no discriminación podíancoexistir con políticas industriales y otras políticas económicas o sociales nacionales destinadas a
atender a problemas determinados o a promover un interés determinado.  Se hizo referencia, a este
respecto, al caso de Australia, que mantenía un enfoque no discriminatorio de la aplicación de su
legislación de competencia.  Al mismo tiempo, existían otras políticas gubernamentales en Australia
que coexistían con la política de competencia y habían permitido al Gobierno atender a otras
prioridades y objetivos, por ejemplo, la restricción de la propiedad extranjera de medios de difusión
australianos.  Además, aunque el régimen de competencia de Australia era no discriminatorio, sepreveían exenciones de la aplicación de la ley concedidas por instrumentos legislativos, siempre que
tales exenciones respondieran a un criterio de interés público, o mediante procedimientos de
"autorización" administrativa llevados a cabo por la autoridad de defensa de la competencia, que
también se basaban en el criterio del interés público.  Estas consideraciones permitían apreciar
claramente que la adopción de una legislación naci onal de competencia compatible con los principios
de la OMC de no discriminación y transparencia, no privaría a los Miembros de la posibilidad de
aplicar políticas industriales nacionales apropiadas, compatibles con las disciplinas de la OMC
existentes.
90
44. De manera análoga, se observó que la Constitución de Sudáfrica establecía exigentes criterios
con respecto a la aplicación de los principios de transparencia, no discriminación y equidad procesal.Todas las medidas administrativas, incluidas las adoptadas por las autoridades de defensa de la
competencia, debían respetarlos.  Por ejemplo, existía una clara separación institucional entre las
funciones de investigación y de decisión, y estrictos criterios con respecto a la exposición y
publicación de los motivos de cualquier decisión adoptada, incluidas las favorables a las partes en una
fusión.  Aunque el órgano sudafricano de adopción de decisiones en los casos relativos a lacompetencia, el Tribunal de Competencia, era un tribunal administrativo y estaba integrado por legos
y no por jueces, tenía en realidad el carácter de un alto tribunal, y debía observar todos los principios
y procedimientos normalmente seguidos por las instituciones de esa naturaleza.  A pesar de ello, la
Ley de Competencia de Sudáfrica contenía dispos iciones destinadas a favorecer y promover los
intereses de las empresas pequeñas y medianas y de aquellas cuyos propietarios fuesen personas de
raza negra, es decir, en palabras de la Ley de Competencia, "extender y promover el control que
ejercen las personas históricamente desfavorecidas".  Estos dos objetivos no sólo se habíanincorporado en los objetivos generales de la Ley, sino que se tenían en cuenta en las solicitudes de
exención previstas en la legislación y constituían criterios concretos que habían de aplicarse en la
evaluación de las fusiones.  Tales aspectos de la legislación se habían considerado admisibles desde el
punto de vista constitucional, porque la Constitución de la República de Sudáfrica establecía que, a fin
de promover la igualdad, podían adoptarse medidas legislativas y de otra naturaleza para proteger apersonas anteriormente desfavorecidas por la discriminación o mejorar su situación.  Así pues, las
garantías de no discriminación y de equidad procesal incorporadas en la Constitución y la existencia
de una Ley de Competencia que respetaba esas garantías, no habían impedido que el Gobierno de
                                                     
88 M/19, párrafo 78.
89 M/19, párrafo 78.
90 M/19, párrafo 6.WT/WGTCP/6
Página 20
Sudáfrica aplicara políticas industriales y sociales incluso cuando la aplicación de las mismas exigía
la promoción selectiva de grupos de intereses determinados.91
45. Se sugirió que, como una manera posible de avanzar en lo relativo a esta cuestión, se podía
incorporar en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia sólo disposiciones generales con
respecto a los principios fundamentales, y ofrecer interpretaciones más detalladas o enfoques posiblespara la aplicación de los principios fundamentales en forma de directrices no vinculantes o de una
lista de opciones.  Esto favorecería una común inteligencia de esos principios, entre los Miembros, al
tiempo que se tomaban en consideración los enfoques diversificados de la observancia de la
legislación de competencia adoptados por los distintos Miembros.
92  Se manifestó también la opinión
de que, aunque los enfoques no vinculantes podrían ciertamente utilizarse como posible modo de
avanzar, un marco puramente no vinculante no sería suficiente.93
46. Se expresó asimismo la opinión de que los principios a que se refería el párrafo 25 de la
Declaración Ministerial de Doha constituían la base del sistema multilateral de comercio y eran
conocidos por todos los países.  Su aplicación a la  legislación de competencia no sería difícil si los
Miembros emprendían con un espíritu positivo esa labor.  Ninguna legislación de competencia se
oponía a esos principios;  por el contrario, la política de competencia y los principios de la OMC se
proporcionaban mutuo apoyo.  Además, los principios propuestos aumentarían la credibilidad de losorganismos de defensa de la competencia.  Las delegaciones debían por tanto adoptar una posición
más positiva en este campo, comenzando con un análisis de cómo se reflejaban los principios en su
propia legislación.  De esta manera, podrían identificarse fácilmente enfoques y posiciones
comunes.
94
II. DISPOSICIONES SOBRE LOS CÁRTELES INTRÍNSECAMENTE NOCIVOS
47. El Grupo de Trabajo debatió este tema en su reunión celebrada los días 1º y 2 de julio
de 2002.  Presentaron comunicaciones escritas al respecto los representantes de Australia, el Canadá ,
Corea, la Comunidad Europea y sus Estados miembros , los Estados Unidos , México , Suiza  y
Tailandia (documentos W/198, 201, 200, 193, 203, 196, 194 y 205, respectivamente).  Además, el
Grupo de Trabajo tuvo ante sí una nota de antecedentes preparada por la Secretaría (documento
W/191), relativa a las disposiciones sobre cárteles intrínsecamente nocivos.  Dicha nota sintetizaba lascuestiones planteadas y los comentarios formulados por los Miembros sobre el tema en anteriores
reuniones del Grupo de Trabajo, basándose esencial mente en los informes anuales del Grupo de los
últimos cuatro años y las comunicaciones que los Miembros habían presentado por escrito.  También
la UNCTAD y la OCDE facilitaron materiales escr itos relacionados con el tema (posteriormente
distribuidos, con el consentimiento del Grupo de Trabajo, como documentos W/197 y W/207,
respectivamente).  Por otra parte, los representantes de la Argentina; el Brasil
; Cuba ; Guatemala ;
Hong Kong, China; la India ; Indonesia ; el Japón ; Malasia ; Nueva Zelandia ; el Pakistán ; Rumania ;
Sudáfrica y Venezuela , así como el observador de la Federación de Rusia , hicieron declaraciones
orales o formularon preguntas sobre los puntos en debate.
                                                     
91 M/19, párrafo 31.
92 M/19, párrafo 80.
93 M/19, párrafo 80.
94 M/19, párrafo 82.WT/WGTCP/6
Página 21
48. El debate sobre esta cuestión desarrolló una amplia gama de asuntos, entre ellos:  i) el daño
causado por los cárteles intrínsecamente nocivos, particularmente sus efectos en los países en
desarrollo;  ii) las medidas que requiere el tratamiento de los cárteles intrínsecamente nocivos, tanto
nacionalmente como a nivel internacional;  iii) el valor de los intrumentos internacionales actuales,
incluidos los de la UNCTAD y la OCDE;  iv) preguntas, preocupaciones y reservas en relación conlas medidas multilaterales propuestas;  y v) definiciones y otros aspectos.
49. En relación con el daño causado por los cárteles intrínsecamente nocivos, se dijo que
semejantes arreglos socavaban los beneficios potenciales de la liberalización del comercio y
representaban un alto costo para el bienestar y el desarrollo de los países pobres.
95  Los elementos a
disposición del Grupo de Trabajo, entre ellos un reciente estudio de antecedentes del Banco Mundial,
demostraban fehacientemente que los cárteles internacionales intrínsecamente nocivos tenían
importantes efectos negativos para los países en desarrollo y que dichos efectos eran de una amplitudmayor de lo que se había supuesto.
96  Según este estudio, las importaciones afectadas por los cárteles
examinados habían constituido aproximadamente el 6,7 por ciento de las importaciones totales de los
países en desarrollo en 1997, o un total de 81.100 millones de dólares EE.UU. en mercancías y
servicios.  Por añadidura, el alza de precios atribuible a los cárteles se había elevado en algunos casos
al 45 ó 50 por ciento, con lo cual sus repercusiones en el costo de las importaciones de los países endesarrollo eran enormes.  Las estimaciones se basaban únicamente en los cárteles conocidos,
mencionados en el estudio, cuya existencia habían revelado las autoridades responsables de la
competencia en los Estados Unidos y en Europa;  de ahí que las cifras reales podían ser mucho más
altas aún.
97  Para citar un ejemplo que viene al caso, el cártel de electrodos de grafito, que había
existido durante siete años por lo menos y había abarcado productos por un valor total de cerca de2.500 millones de euros, había fijado los precios en cerca de un 50 por ciento por encima del precio de
mercado competitivo, con lo cual los miembros del cártel habían obtenido ganancias ilícitas evaluadas
en unos 1.200 millones de euros, sólo en la Comunidad Europea.
98  Los cárteles intrínsecamente
nocivos también afectaban a los proveedores99 y al acceso a los mercados.100  En un estudio reciente
de la OCDE se habían analizado más de cien casos investigados en los países miembros de la OCDEy unos 20 otros países, entre 1996 y 2000.
101  La magnitud de las pérdidas que habían causado los
cárteles incluidos en el estudio de la OCDE en lo que se refiere al bienestar de la población se
calculaba en muchos miles de millones de dólares de  los Estados Unidos por año.  En su mayoría, los
casos presentados se referían a cárteles nacionales, pero los cárteles internacionales fueron objeto de
una atención pronunciada, por su magnitud y visibilidad.  Es probable que los cárteles de índole
puramente nacional fuesen incluso más perjudiciales que los grandes cárteles mundiales.  Eran más
corrientes en algunos sectores, como la construcción, materiales de construcción, compras de la
                                                     
95 M/18, párrafos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 47.
96 Margaret Levenstein y Valerie Suslow, Private International Cartel s and Their Effect on Developing
Countries  (Documento informativo para el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2001 del Banco Mundial, 9 de
enero de 2001) (disponible a través de Internet en http://www-unix.oit.umass.edu/~maggiel/WDR2001.pdf.
Aquí mencionado como "Estudio de antecedentes del Banco Mundial").
97 M/18, párrafos 9 y 39.
98 M/18, párrafo 5.
99 M/18, párrafo 6.
100 M/18, párrafos 10 y 43.
101 Fighting Hard-Core Cartels - Harm, Effective Sanctions and Leniency Programme , OCDE, 2002.WT/WGTCP/6
Página 22
administración pública, alimentos a granel, aparatos y material eléctrico, así como en el sector de los
servicios, particularmente el transporte local, los servicios profesionales y la salud pública.102
50. Se manifestó que los cárteles internacionales constituían en gran medida un fenómeno propio
de los países desarrollados, ya que ninguno de los cárteles internacionales conocidos que había
examinado el Grupo de Trabajo tenía su sede en un país de bajos ingresos o un país menosadelantado.  No obstante, de las contribuciones de varias delegaciones se desprendía claramente que
los cárteles infligían serias pérdidas a los países en diversas partes del mundo.
103  Se señaló asimismo
que los cárteles tendían a funcionar en los países donde las medidas de observancia de la legislación
sobre competencia eran insuficientes o inexistentes.  En el pasado, sólo los cárteles que afectaban a
las economías desarrolladas, sobre todo en los Estados Unidos y la Comunidad Europea, se
denunciaban e inculpaban sistemáticamente.  Si bien la disolución de un cártel en esas jurisdicciones
podía, en algunos casos, dificultar también sus actividades en las economías en desarrollo, eraprobable que nunca se descubriera ni inculpara a otros cárteles que operasen exclusivamente en países
en desarrollo.  El cártel internacional del acero fue un ejemplo de cártel cuya existencia se conocía
desde hacía más de un decenio y cuyas actividades eran indudablemente nocivas para los países en
desarrollo, pero que nunca se llevó a los tribunales.
104  También se opinó que poco se sabía sobre la
verdadera magnitud de los daños causados por los cárteles.  Muchos cálculos parecían consistir por elmomento en estimaciones bastante aproximadas.
105
51. En cuanto a las medidas requeridas para tratar los cárteles intrínsecamente nocivos, se
expresó que lo que hacía falta a nivel nacional era la adopción y aplicación enérgica de una
legislación nacional sobre competencia bien elaborada.106  En tal sentido, se informó al Grupo de
Trabajo de las experiencias de algunos Miembros de la OMC, tanto países desarrollados como endesarrollo, que habían tenido éxito en la investigación y posterior enjuiciamiento de los cárteles.
107
Se señaló que los llamados programas de indulgencia, que solían conceder inmunidad al primermiembro de un cártel que se presentaba ante las autoridades con información sobre los demás
miembros, podían constituir un poderoso instrumento de coacción.
108
52. También se observó que debido al carácter internacional de muchos cárteles no era posible
limitarse a arreglos estrictamente locales;  por el contrario, se necesitaba en este terreno una acción
internacional.109  Resultaba difícil, para una sola autoridad de la competencia, ocuparse eficazmente
de las repercusiones de cárteles cuyas actividades se extendían a múltiples economías, sobre todo
cuando el régimen de protección de la competencia se acababa de crear o cuando la autoridad
encargada de la competencia a nivel local contaba con escasos recursos.  En consecuencia, los países
tenían que cooperar en la represión de las infracciones que se consideraban más dañinas.110
                                                     
102 M/18, párrafo 48.
103 M/18, párrafo 33.
104 M/18, párrafo 9.
105 M/18, párrafo 37.
106 M/18, párrafos 5, 6, 14, 24 y 31.
107 M/18, párrafos 5, 6, 14, 30 y 31.
108 M/18, párrafos 27 y 29.
109 M/18, párrafo 22.
110 M/18, párrafos 8, 9, 11, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32 y 33.WT/WGTCP/6
Página 23
La cooperación se había iniciado bilateralmente en algunos casos y había demostrado sus ventajas.111
Sin embargo, la negociación y aplicación de tales acuerdos requería mucho tiempo112, y además los
cárteles internacionales y prácticas similares con frecuencia afectaban a países no abarcados por los
acuerdos bilaterales.  Por otra parte, tal vez los países con regímenes de competencia más avanzados
tuvieran poco interés en cooperar con países donde la observancia de la legislación sobre competenciase consideraba insuficiente.
113  Finalmente, muchos países quedaban excluidos de los beneficios de
tales acuerdos.114  Por estos motivos, se sugirió la conveniencia de considerar la inclusión de
disposiciones sobre cárteles intrínsecamente nocivos en un marco multilateral sobre política de
competencia.115
53. Respecto del posible contenido de las disposiciones de un marco multilateral sobre política de
competencia relacionadas con los cárteles intrínsecamente nocivos, se indicó la necesidad de
considerar dos elementos principales:  i) la prohibición de estos cárteles;  y ii) las medidas destinadasa promover el intercambio de información sobre los mismos entre los Miembros de la OMC.
Concretamente, un eventual acuerdo de la OMC debería estipular claramente que los cárteles
intrínsecamente nocivos estaban prohibidos.  Dichos cárteles deberían definirse explícitamente;  un
mecanismo permitiría a los países establecer excepciones a esta definición por motivos de política
nacional, asegurando al mismo tiempo transparencia al aplicar tales excepciones;  por último,deberían darse orientaciones para prevenir las actividades de los cárteles mediante penas apropiadas.
La formulación exacta de una definición de los cárteles intrínsecamente nocivos sólo podía
establecerse a través de negociaciones.  En cuanto a las sanciones, si bien eran inherentes al derecho
interior y estaban estrechamente ligadas a los regímenes jurídicos nacionales, un Comité de Política
de Competencia de la OMC podía orientar a los países que desearan establecer penas, señalando a suatención ejemplos de aplicación eficaz en las distintas jurisdicciones.
116 Se sugirió asimismo la
necesidad de prever un período de transición para la adopción de tales disciplinas por los países en
desarrollo que no contaran aún con leyes sobre competencia.  Durante este período de transición se
suministraría asistencia técnica y ayuda para la creación de capacidad en relación con la adopción de
leyes y su ulterior observancia.117  También se dijo que toda iniciativa internacional al respecto no
debería concentrarse demasiado en las modalidades nacionales en desmedro de las internacionales.
Se atribuyó importancia a la aplicación de mecanismos de cooperación específicamente orientados a
la cuestión de los cárteles intrínsecamente nocivos.118
54. Se examinó la pertinencia de los actuales intrumentos internacionales.  En cuanto al Conjunto
de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas
comerciales restrictivas, de las Naciones Unidas (el "Conjunto")119, su objetivo primario era lograr
                                                     
111 M/18, párrafos 8, 9 y 11.
112 M/18, párrafo 8.
113 M/18, párrafo 9.
114 M/18, párrafo 8.
115 M/18, párrafos 8, 9, 10, 11, 16, 17, 29 y 32.
116 M/18, párrafo 17.
117 M/18, párrafo 19.
118 M/18, párrafo 22;  véase el desarrollo de la parte C.III., infra .
119 Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las
prácticas comerciales restrictivas, Naciones Unidas (Ginebra, 1980).WT/WGTCP/6
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que las prácticas comerciales restrictivas no obstaculizaran o impidieran la realización de las ventajas
provenientes de la liberalización del comercio, particularmente las relacionadas con el comercio y el
desarrollo de los países en desarrollo.  Podía aplicarse universalmente, tanto a todas las empresas y
países como a las transacciones que comprendieran bienes y servicios.  Como se decía en el Conjunto,
las empresas debían abstenerse de establecer acuerdos horizontales tales como:  acuerdos de fijaciónde precios, incluidos los de exportación e importación;  licitaciones colusorias;  acuerdos de
asignación de mercados o de clientes;  asignación por cuotas de ventas y producción;  acción colectiva
para la imposición de acuerdos, por ejemplo mediante la negativa concertada a tratar;  denegación
concertada de suministros a importadores potenciales;  y rechazo colectivo de la participación en un
acuerdo o una asociación, que fuera vital para la competencia.
120  Por su parte, la Recomendación de
la OCDE sobre cárteles intrínsecamente nocivos121 en esencia establecía que los países miembros de
la OCDE debían procurar que su legislación sobre competencia impidiera y disuadiera efectivamentela acción de los cárteles intrínsecamente nocivos, particularmente mediante:  i) sanciones eficaces, de
naturaleza y severidad tales que disuadan a las empresas y las personas de participar en actividades de
cárteles;  y ii) facultades de coacción y organismos competentes, entre otras cosas habilitados para
exigir la presentación de documentos e información.  La Recomendación también encomendaba a los
miembros de la OCDE que cooperaran entre sí en la aplicación de las leyes contra los cárteles,estableciendo una serie de principios que debían regir dicha cooperación.  Entre otras cosas, el Comité
de Competencia de la OCDE debía examinar las experiencias de los miembros en la aplicación de la
Recomendación.  Se invitaba a los países que no eran miembros de la OCDE a hacer suya esta
Recomendación.  Así pues, tanto el Conjunto como la Recomendación de la OCDE ponían de
manifiesto la existencia de una gran preocupación sobre el tema a nivel internacional.
122
55. Varias delegaciones formularon preguntas y expresaron sus preocupaciones y reservas en
relación con estas propuestas y observaciones.  Se señaló que no había una definición de cárteles
intrínsecamente nocivos que tuviera aceptación general.  La Recomendación de la OCDE se
concentraba en las prácticas de las empresas, y no en las medidas gubernamentales que afectaban al
comercio, que ya abarcaban los actuales Acuerdos de la OMC123, mientras el documento en cuestión
reconocía que la utilidad del concepto "cártel intrínsecamente nocivo" era limitada, puesto que los
países aplicaban definiciones, prohibiciones y exenciones diversas en materia de acuerdos de creación
de cárteles.124  La definición de cárteles intrínsecamente nocivos suponía excluir aquellos acuerdos
que pudieran justificarse por motivos de mejoramiento de la eficiencia;  en este contexto, se preguntó
si era posible en la práctica hacer una distinción entre los cárteles intrínsecamente nocivos y los que
no lo eran, y si existía un margen de maniobra para defender la formación de un cártel por motivos de
eficiencia;  y, de ser así, en qué medida.  A este respecto, existían diferencias de criterio entre algunosMiembros.
125  Se observó también que la definición de cárteles intrínsecamente nocivos había sido
objeto de un intenso debate al negociarse la Recomendación de la OCDE de 1998, y se aconsejó
proceder también a un debate similar en el seno del Grupo de Trabajo, antes de pasar a la negociación.
En particular, había que determinar si la definición de cárteles intrínsecamente nocivos se limitaría a
                                                     
120 M/18, párrafo 33.
121 OECD Council Recommendation Concerning Effective Action Against Hardcore Cartels
(Recomendación del Consejo de la OCDE adoptada por la 921ª reunión el 25 de marzo de 1998[C/M(98)7/PROV]).
122 M/18, párrafos 18, 19, 20, 21, 22, 25, 32, 34 y 46.
123 M/18, párrafos 33 y 39.
124 M/18, párrafo 33.
125 M/18, párrafo 37.WT/WGTCP/6
Página 25
las restricciones en materia de fijación de precios, licitaciones colusorias, distribución del mercado y
producción, como era el caso de la Recomendación de la OCDE, o si ésta sólo debía utilizarse como
"punto de partida", de modo que el Grupo consideraría la posibilidad de completar la definición de
la OCDE con otros elementos o prácticas.  Otro aspecto que debía abordarse estaba relacionado con
las exenciones respecto de la prohibición de formar cárteles.  Prácticamente todos los paísesotorgaban tales exenciones, ya sea en el marco de reglamentos relativos a industrias específicas, o por
haber optado por no aplicar la ley sobre competencia a determinados comportamientos o sectores.
126
56. Se planteó la cuestión de saber si la definición de cárteles intrínsecamente nocivos incluiría
un criterio per se  o un criterio de razonabilidad.  Se mencionó que, en su legislación nacional, un
Miembro había adoptado un criterio per se  al tratar la fijación de precios y la licitación colusoria, pero
el tratamiento de actividades de limitación cuantitativa y distribución del mercado se basaba en un
criterio de razonabilidad.  De preferirse este último criterio, habría que abordar la cuestión del alcancede la discrecionalidad para iniciar una acción penal.  Un criterio de razonabilidad podía justificar
determinadas actividades por motivos de eficiencia cuando la legislación interior se basaba en el
tamaño del mercado interior, mientras que en el contexto internacional las restricciones de la
producción y distribución del mercado difícilmente se justificarían.
127  Otro Estado Miembro había
utilizado por más de 15 años el criterio de razonabilidad para determinar la admisibilidad de lasactividades de los cárteles.  Si bien la eficiencia era el criterio básico de la razonabilidad, se trataba de
un concepto flexible, que dependía de las circunstancias de cada caso.  Por tal motivo, habían surgido
diversas controversias en relación con la aplicación de la razonabilidad y la eficiencia.
En consecuencia, las disposiciones de la legislación basadas en dicha regla se habían derogado,
sustituyéndose por un criterio de "ilegal per se ".
128
57. Una cuestión conexa se refería a los cárteles de exportación y la manera de tratar los cárteles
que, aunque no exentos formalmente, no estuvieran comprendidos en la legislación anticártel de un
país o fuesen tolerados por un gobierno.129  En particular, se preguntó si podía justificarse la
existencia de un cártel de exportación por motivos de eficiencia.130  Para responder, se señaló que,
pese a su denominación peyorativa, entre los cárteles de exportación figuraban toda clase deconvenios, cuyo efecto sobre la competencia no podía determinarse de manera tajante.  Por ejemplo,
el origen de los cárteles de exportación en los Estados Unidos había sido simplemente ofrecer a las
empresas que de otra forma no hubieran podido hacerlo la posibilidad de dedicarse a la exportación.
En estos casos, los convenios aludidos implicaban un efecto claramente favorable a la competencia.
Por lo tanto, era necesario proceder con cautela al abordar los acuerdos que normalmente se
caracterizaban como cárteles de exportación, pero que, de hecho, no tenían necesariamente los
mismos efectos que los cárteles intrínsecamente nocivos.
131
58. Se manifestó que, probablemente, los acuerdos intergubernamentales o interestatales no
estarían abarcados por un acuerdo de la OMC sobre política de competencia, cuyo objetivo serían las
prácticas anticompetitivas de las empresas.  En apoyo a esta idea se hizo notar que, en el Conjunto
adoptado por las Naciones Unidas, había una cláusula específica (el párrafo 9 de la sección B), que
                                                     
126 M/18, párrafo 18.
127 M/18, párrafo 22.
128 M/18, párrafo 23.
129 M/18, párrafo 18.
130 M/18, párrafos 34 y 37.
131 M/18, párrafo 44.WT/WGTCP/6
Página 26
establecía claramente la no aplicación del Conjunto a los acuerdos intergubernamentales y a las
prácticas comerciales restrictivas a que dichos acuerdos dieran lugar directamente.132
59. Se expresó la opinión de que las disposiciones sobre cárteles intrínsecamente nocivos no
debían entrañar una armonización indebida de la legislación e instituciones de la competencia, ni
imponer cargas innecesarias al limitar las opciones de los países en cuanto a la política industrialcorrespondiente a su etapa de desarrollo.  Debían considerarse posibles exenciones en favor de
cárteles de empresas pequeñas y medianas y cárteles de exportación e importación, así como cárteles
especializados en determinados sectores de la economía.  Por otro lado, las exenciones, entendidas
como instrumentos específicos de flexibilidad, debían definirse claramente desde el punto de vista de
su cobertura sectorial, ofrecer transparencia
133 y ser de carácter temporal, con el objetivo de su ulterior
eliminación paulatina.  Por otra parte, las exenciones o exclusiones de sectores no siempre
representaban un método eficaz y eficiente para que los países fortalecieran la competitividad de susindustrias nacionales.  Se alegó, por ejemplo, que, en un país Miembro, los sectores industriales con
gran capacidad competitiva en el plano internacional, como la producción de automóviles y de
semiconductores, habían adquirido esa capacidad por haber estado expuestas a una intensa
competencia en el mercado nacional, y no por habérs eles concedido amplias excepciones en el marco
de la ley sobre competencia.
134
60. Se plantearon dudas sobre si la OMC era el lugar apropiado para una acción internacional
sobre los cárteles intrínsecamente nocivos.  Una serie de acuerdos bilaterales y regionales ya
abordaban algunos problemas de los cárteles internacionales intrínsecamente nocivos.  Además, el
International Competition Network  era un foro en rápida evolución, en el cual las autoridades
nacionales de la competencia podían abordar problemas de su especialidad y que, según variasopiniones, era muy prometedor desde el punto de vi sta de la cooperación y el fomento de las mejores
prácticas.  La idea de imponer en el marco de la OMC la obligación de que todos los Miembros
adoptaran leyes de prohibición de los cárteles in trínsecamente nocivos no era conveniente, puesto que
todavía una cincuentena de Miembros por lo menos ni siquiera tenía leyes sobre competencia.
Incluso en el caso de los países en desarrollo que las tenían, era poco seguro que estuviesen a la alturade las normas establecidas en la Recomendación de la OCDE en relación con sanciones efectivas y
procedimientos y organismos de observancia.  Lo que los países en desarrollo Miembros necesitaban
era asistencia técnica y estímulo, no que se les impusiera una pesada obligación con el respaldo del
mecanismo de solución de diferencias de la OMC.  De no aplicarse el mecanismo de solución de
diferencias a un marco multilateral sobre política de competencia, lo que quedara sólo tendría el valor
de compromisos de máximo empeño, cooperación técnica y tal vez un mecanismo de examen por
homólogos.  En tal caso, podría ser preferible que dicho marco se elaborase en un foro especializado,tal como el International Competition Network , y no en la OMC.
135  También se señaló que se trataba
de un órgano recién creado y, al menos por el momento, se ocupaba de otros asuntos que los
cárteles.136
                                                     
132 M/18, párrafo 46.
133 M/18, párrafos 21 y 32.
134 M/18, párrafo 32.
135 M/18, párrafo 36.
136 M/18, párrafo 41.WT/WGTCP/6
Página 27
61. También se dijo que, para muchos países en desarrollo Miembros, la adopción de una
legislación sobre competencia y el establecimiento de las instituciones conexas encargadas de su
observancia representaba un proceso gravoso.  Debía efectuarse una evaluación de los costos y
beneficios vinculados a la elaboración de una legislación sobre competencia y sus procedimientos de
observancia.137  Pese a la invitación explícita formulada por la Recomendación de la OCDE a los
países que no eran miembros de la OCDE a hacerla suya, pocos habían aprovechado esta oportunidad.
Sería útil averiguar por qué.  Si la cuestión era de orden institucional, sería interesante preguntar si
la OMC presentaría cierta ventaja institucional fren te a la OCDE y otros organismos para tratar los
problemas de los cárteles intrínsecamente nocivos.138  En relación con el alcance de las normas
sustantivas, se puso en duda que una prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos en el plano
nacional tuviera probabilidades de éxito si no venía acompañada de la correspondiente prohibición de
fusiones con vistas a crear un monopolio.139  Se expresó asimismo la opinión de que, si la Conferencia
Ministerial de Doha se había referido expresamente a los cárteles intrínsecamente nocivos se debía a
que, además de reconocer sus efectos perniciosos, existía un consenso entre los funcionarios de los
organismos encargados de velar por la competencia acerca de la necesidad de fiscalizar y prohibir
semejantes actividades.  Apenas el examen de la cuestión se extendía más allá de los cárteles
intrínsecamente nocivos para abarcar aspectos tales como las fusiones, las restricciones verticales oincluso la posición dominante, ya no había consenso siquiera entre las autoridades de la competencia
y no estaba claro que la OMC fuese un lugar apropiado para dar orientaciones sobre estas materias.
140
62. También se opinó que era necesario abordar ciertas cuestiones para tener la certeza de que un
marco multilateral sobre po lítica de comp etencia redundara en beneficio de los países en desarrollo.
En primer lugar ¿qué influencia tendría cualquier definición posible -especialmente si era de carácterrestrictivo- sobre la reglamentación nacional de una ley sobre competencia con la que se pretendiera
abordar cuestiones de política general?  También era importante la flexibilidad.  Otro aspecto que
merecía consideración era el criterio adoptado por los tribunales de algunos países en los procesos
contra las actividades de los cárteles.  ¿Qué uso tendría una definición de cártel en un marco
multilateral, si los tribunales tendían a aplicar un criterio basado en la razonabilidad para analizar laconducta de los cárteles o conductas similares?
141
63. En relación con los elementos adicionales aplicables a los cárteles intrínsecamente nocivos, se
dijo que el Grupo debería debatir las posibles características complementarias de todo compromiso
que los países Miembros pudieran contraer en relación con los cárteles intrínsecamente nocivos,
aparte del de adoptar una ley.  En particular, ¿se incluirían sanciones en las disposiciones de la OMC
sobre cárteles intrínsecamente nocivos? y, en caso afirmativo, ¿cuál sería el contenido de las
disposiciones a ese respecto?  ¿Qué pasaría si un Miembro promulgase una ley pero no asegurase sucumplimiento?  ¿Cómo podía concebirse un acuerdo a fin de ofrecer a las autoridades encargadas de
su cumplimiento la libertad necesaria para no recurrir a la vía judicial cuando se careciera de pruebas
en apoyo o cuando ello fuese contrario a los intereses de la justicia?  La experiencia de la OCDE en la
negociación de la Recomendación sobre los cárteles intrínsecamente nocivos era una lección
inapreciable para la labor del Grupo de Trabajo en relación con estas cuestiones.  Dada la naturaleza
                                                     
137 M/18, párrafo 37.
138 M/18, párrafo 44.
139 M/18, párrafo 41.
140 M/18, párrafo 44.
141 M/18, párrafo 38.WT/WGTCP/6
Página 28
de la OMC, llegar a un consenso en cuanto al trato de los cárteles podría ser aun más difícil que en
la OCDE.142
64. Se respondió reconociendo la necesidad de seguir examinando cuestiones tales como las
definiciones, las exenciones y otros aspectos de las disposiciones sobre cárteles intrínsecamente
nocivos en un marco multilateral sobre política de competencia.143  También se señaló que el
problema de los cárteles intrínsecamente nocivos era un fenómeno mundial y no algo exclusivo de los
países desarrollados.  En general se reconocía que los acuerdos de este tipo constituían la forma más
dañina de práctica anticompetitiva.  Además de sus repercusiones directas y negativas en el bienestar
del consumidor y las industrias usuarias, podían obstaculizar el acceso a los mercados.  Por ejemplo,
la repartición de mercados nacionales entre los integrantes de un cártel impedía que los Miembros
aprovechasen las oportunidades para entrar en un mercado que se les ofrecían gracias a la labor
realizada por la OMC y anteriormente por el GATT.  De ahí la importancia de la cuestión de loscárteles para la OMC.
144
III. MODALIDADES DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
65. El Grupo de Trabajo examinó también este tema en su reunión celebrada los días 1º y 2 de
julio de 2002.  Presentaron contribuciones por escrito al respecto los representantes de la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, el Japón , Australia , Corea , el Canadá , los Estados Unidos  y
Tailandia (documentos W/193, 195, 199, 200, 202, 204 y 205, respectivamente).  Además, como lo
solicitara el Grupo de Trabajo en su reunión informal del 26 de febrero, la Secretaría presentó una
nota de antecedentes sobre modalidades de cooperación voluntaria (documento W/192).  En ella se
resumían las cuestiones planteadas y los comentarios formulados por los Miembros sobre el tema en
reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, principalmente sobre la base de los informes anualeselaborados en los últimos cuatro años y las comunicaciones escritas de los Miembros.  La UNCTAD y
la OCDE presentaron también sendos materiales escritos sobre el tema (posteriormente distribuidos
como documentos W/197 y W/208, respectivamente).  Los representantes de Colombia; Cuba
;
Egipto; Hong Kong, China ;  la India ; Indonesia ; Malasia ; Noruega ; Singapur ; Sudáfrica ; Suiza ;
Tanzanía y Zambia  hicieron declaraciones oralmente o formularon preguntas en relación con este
tema.
66. El debate sobre este punto abarcó una amplia gama de cuestiones, entre ellas:  i) la necesidad
de cooperación internacional para hacer frente a las prácticas anticompetitivas de las empresas en un
entorno económico en mundialización;  ii) las posibles modalidades de la cooperación voluntaria que
podrían incluirse en un marco multilateral sobre política de competencia;  iii) preguntas,
preocupaciones y reservas acerca de las modalidades propuestas;  iv) otros enfoques, más vinculantes,
de la cooperación;  v) aspectos prácticos de la cooperación en materia de legislación y política decompetencia basados en las modalidades propuestas;  vi) relación con otros elementos del párrafo 25
de la Declaración de Doha y cuestiones institucionales más generales.
67. En lo que atañe a la necesidad de la cooperación, se señaló que, con la mundialización de las
actividades económicas, se hacía más frecuente que las prácticas comerciales anticompetitivas
tuvieran lugar en más de un país a la vez o incluso mundialmente en algunos casos.  En talescircunstancias, resultaba difícil para un solo gobierno evaluar correctamente los efectos de dichas
                                                     
142 M/18, párrafo 18.
143 M/18, párrafo 42.
144 M/18, párrafo 43.WT/WGTCP/6
Página 29
prácticas y prevenirlas o remediarlas.145  Un acceso suficiente y oportuno a la información, que se
encuentra generalmente en el exterior, facilitaría una labor más eficiente de los países en la detección
e investigación de las prácticas anticompetitivas transfronterizas y en el análisis del mercado.146
Además, la cooperación permitiría a los países con menos experiencia en el campo de la observanciaenterarse de cómo otros países enfrentaban determinadas situaciones.
147  Por último, aunque no por
ello menos importante, las divergencias entre las normas nacionales sobre competencia creaban
potenciales distorsiones en el ámbito del comerc io y la inversión y aumentaban los costos y la
incertidumbre de gobiernos y empresas.148  En estas condiciones, la cooperación podría simplificar,
por ejemplo, los procedimientos de examen de las fusiones y disminuir los costos de estas
transacciones.149
68. En relación con las posibles modalidades de cooperación voluntaria que podrían incorporarse
a un marco multilateral sobre política de competencia, un criterio que se propuso fue que podríanpreverse dos tipos principales de cooperación en el marco de la OMC:  en primer lugar el intercambio
general de experiencia, de opiniones, etc.  entre las autoridades de la competencia y sus funcionarios,
y, en segundo lugar, las formas más concretas de cooperación entre estas autoridades en relación con
casos particulares.  Un Comité de Política de Competencia de la OMC desempeñaría una función
clave en la primera categoría de actividades de cooperación.  Las actividades de esta índolecomprenderían el intercambio de información sobre leyes y prácticas nacionales de competencia, y la
evolución al respecto.  Otra actividad que podría ser útil sería el intercambio de experiencias y los
debates en torno a determinados aspectos de la política de competencia que repercutían en el comercio
internacional.  Una tercera actividad que podría emprenderse en un Comité de Política de
Competencia de la OMC sería el examen por homólogos  de la legislación y la política de competencia
de los Miembros de la OMC e incluso quizás el de su observancia.  En cuarto lugar vendría el análisis
y el debate conjuntos de los problemas mundiales de competencia que influían en la economía y el
comercio internacional.  En cuanto a la segunda categoría de actividades de cooperación, es decir, los
casos específicos, se preveían dos tipos distintos de actividades.  En primer lugar, el intercambio de
información y pruebas en relación con casos particulares y, en segundo lugar, las consultas y elintercambio de opiniones sobre casos que afectaban a intereses comerciales importantes de otros
Miembros de la OMC.  Las modalidades propuestas de cooperación en relación con casos específicos
no debían limitarse simplemente a la investigación de los cárteles intrínsecamente nocivos, sino que
se podrían invocar en casos que se refiriesen, por ejemplo, al abuso de posición dominante, a las
restricciones verticales y a otras prácticas anticompetitivas.  En todo caso, las modalidades propuestas
serían voluntarias o de carácter no vinculante, ya que no se exigiría la cooperación de los países, si
por cualquier motivo no estuvieran preparados para ello o no lo desearan.
150
69. Se hizo notar que los instrumentos de cooperación voluntaria que se incorporarían a un marco
multilateral con arreglo a esta propuesta eran de orden práctico y se basaban en la experiencia de la
cooperación bilateral.  Un primer instrumento esencial era la notificación, por la cual un país
informaría a otro de ciertos casos que afectaban a los intereses importantes de este último.  Luego
estaba el intercambio de información distinto de las notificaciones, con el objeto de facilitar las
                                                     
145 M/18, párrafos 50, 53, 54, 56, 57, 70, 74 y 81.
146 M/18, párrafos 57, 60, 61 y 70.
147 M/18, párrafos 67, 72 y 76.
148 M/18, párrafo 57.
149 M/18, párrafo 57.
150 M/18, párrafo 51.WT/WGTCP/6
Página 30
actividades de observancia en cada una de las partes.  Un tercer instrumento estaba vinculado al
suministro recíproco de asistencia en el proceso de observancia.  Por último, el acuerdo propuesto
dispondría:  i) el principio de cortesía tradicional o negativa, es decir que un país tendría en cuenta los
intereses importantes de otros países afectados al adoptar una decisión respecto de un caso;  y ii) la
cortesía positiva, según la cual un país aplicaría medidas coactivas toda vez que lo solicite otro paísafectado por prácticas anticompetitivas originadas en el territorio del primero.  Todos estos
instrumentos existían ya en los acuerdos bilaterales en los que algunos Miembros eran partes;
lamentablemente, sin embargo, en su mayoría los países en desarrollo estaban excluidos de las
ventajas que estos acuerdos aportaban.
151  También se expresó la opinión de que un acuerdo
multilateral sobre política de competencia proporcionaría un marco flexible de cooperación en el seno
de la OMC, que podría ampliarse con el tiempo para incluir varias otras actividades, por ejemplo
relacionadas con la creación de capacidad institucional, el intercambio de información entre lasautoridades de la competencia y la administración del acuerdo.  Dado el nivel de desarrollo de las
instituciones encargadas de la competencia en mu chos países Miembros de la OMC, probablemente
ese intercambio de información tendría principalmente fines educativos, por lo menos en un principio.
Entre las informaciones del caso figurarían las leyes, los informes de las autoridades de la
competencia, las directrices y otras políticas de observancia, discursos, presentaciones y los acuerdosbilaterales de cooperación que se hubieran concertado.  Todo esto sería de utilidad para los Miembros
participantes y contribuiría al proceso de creación de capacidades.
152  Se sugirieron también diversos
criterios conexos.153
70. Un punto de vista diferente se expresó en el sentido de que el compromiso inicial sobre
cooperación en un marco multilateral sobre política de competencia debía ser vinculante.  Según estecriterio, un marco puramente voluntario sería ineficaz, pues las autoridades más avanzadas en materia
de competencia que disponían de más información y capacidades, tendrían pocos incentivos para
proporcionar información o asistencia a autoridades menos avanzadas que no estaban en condiciones
de corresponder.  El objetivo inicial de este marco sería exclusivamente la lucha contra los cárteles
internacionales y comprendería los siguientes elementos:  en primer lugar, las autoridades queprocedieran a investigar e inculpar a un cártel internacional tendrían la obligación de notificarlo a fin
de informar rápidamente a las autoridades competentes de otros países en que el cártel en cuestión
pudiese estar operando.  Esta notificación debería incluir como mínimo los antecedentes y un análisis
preliminar del caso.  La marcha de la investigación se debería comunicar regularmente a las
autoridades.  El segundo elemento consistiría en consultas obligatorias.  De acuerdo con este requisito
los gobiernos que investigaran un presunto cártel deberían entablar conversaciones con los países
Miembros cuyos intereses pudieran verse afectados.  El tercer elemento sería la asistencia en elproceso de observancia, para lo cual las autoridades de la competencia tendrán la obligación de
proporcionar asistencia para analizar el caso, intercambiar su experiencia y ofrecer sugerencias con
respecto a los métodos de observancia.  También deberán atender las peticiones de información.
Dadas las abrumadoras diferencias de recursos financieros y técnicos entre las autoridades de la
competencia de los países desarrollados y los países en desarrollo sería necesario dar un trato especialy diferenciado a los países Miembros en desarrollo.  Una posibilidad era que las autoridades de los
países en desarrollo encargadas de la competencia recibieran una compensación financiera por prestar
los servicios que se les solicitaran y colaboraran en la medida de lo posible dentro de ciertas
limitaciones técnicas y financieras.
154
                                                     
151 M/18, párrafo 52.
152 M/18, párrafo 53.
153 M/18, párrafos 51, 52, 54, 55, 61, 63, 67, 68, 69, 72 y 74.
154 M/18, párrafo 54.WT/WGTCP/6
Página 31
71. En cuanto a las preguntas, preocupaciones y reservas que inspiraban las modalidades
propuestas de cooperación, se sugirió que era importante, en primer lugar, definir claramente los
mecanismos que comprendería el posible marco multilateral.  El Grupo de Trabajo también necesitaba
aclarar el significado del término "voluntario".  En anteriores debates del Grupo se había observado
que la cooperación, según la concebía la mayoría de los países que participaban en ella, era unaactividad inherentemente voluntaria;  por consiguiente, sería inútil tratar de imponerla.  Ahora bien el
Grupo de Trabajo debía determinar si existía alguna obligación por parte del país al que se dirigía la
solicitud de prestar colaboración, de, por ejemplo, "considerarla favorablemente", o si, de no estar por
alguna razón en condiciones de colaborar, tendría que especificar los motivos que se lo impedían, o si
en ese contexto podría presentarse la obligación de celebrar consultas, etc.  A este respecto se
planteaba una cuestión importante:  la de la discreción con que podía obrar el destinatario de una
solicitud, en la esfera, por ejemplo, de las notificaciones, si estuviera procediendo a una investigaciónde una actividad delicada como la de los cárteles, y no considerase oportuno hacer notificaciones
completas por miedo a comprometer la investigación.  Otro problema más era el de los límites de
cualquier obligación en materia de cooperación, es decir si se limitaría únicamente a la conducta
comprendida en las disciplinas sustantivas que el Grupo de Trabajo aprobara o iría más allá.  Por
ejemplo, si se adoptara una disciplina sustantiva únicamente con respecto a los cártelesintrínsecamente nocivos, ¿se extendería la cooperación únicamente a éstos o también a otros aspectos
de la aplicación de las leyes sobre competencia?
155
72. Se expresó preocupación por el hecho de que los países en desarrollo no se sentían
suficientemente beneficiados por el sistema multilateral de comercio156;  sin la garantía de obtener
ventajas concretas de la cooperación, tendrían menos interés en promover leyes y políticas decompetencia a nivel multilateral.
157  Se adujo en particular que los acuerdos de cooperación vigentes
no bastaban para proteger a los países en desarrollo frente a los cárteles internacionales, ya que los
países con regímenes más avanzados en materia de competencia tenían pocos incentivos para
cooperar con los países donde la observancia de la legislación sobre competencia se consideraba
insuficiente.158  En consecuencia, los esfuerzos de promoción de la cooperación en el marco de
la OMC deberían basarse en ejemplos prácticos, demostrativos de las ventajas que la cooperación
puede ofrecer a los países participantes.159  También se manifestó que la cooperación era un
catalizador que había logrado estimular relaciones más estrechas y un espíritu cooperativo entre los
funcionarios de los organismos participantes160 y sentaba las bases para una cooperación aún mayor.
Por consiguiente, cuando los países en desarrollo o los países menos rigurosos en el cumplimiento de
la ley, tuvieran un acceso más sistemático a la información, por ejemplo sobre las operaciones de
cárteles internacionales, empezarían a darse cuenta de la clase de ventajas que podían obtenersemediante otras formas de cooperación en el plano multilateral.
161  Otro motivo de preocupación era
que, para muchos países pequeños con empresas pequeñas, era importante concertar alianzas
estratégicas en materia de importación para lograr economías de escala;  pero estas prácticas podían
                                                     
155 M/18, párrafo 55.
156 M/18, párrafo 60.
157 M/18, párrafo 70.
158 M/18, párrafo 76.
159 M/18, párrafo 72.
160 M/18, párrafo 55.
161 M/18, párrafo 70.WT/WGTCP/6
Página 32
considerarse nocivas o equivalentes a cárteles de importación.162  También se dijo que la cooperación
basada en casos concretos podría abordarse mejor a nivel bilateral y regional que multilateral;  los
acuerdos multilaterales, en todo caso, deberían limitarse a formas más generales de cooperación.163
73. En cuanto a la propuesta de establecer compromisos vinculantes sobre cooperación en el
marco de la OMC, se expresó la opinión de que hacer obligatoria una "cooperación voluntaria"equivaldría a crear una "obligación voluntaria", lo que no tenía sentido.
164  La introducción de una
obligación vinculante crearía problemas de financiación, tanto para los países en desarrollo como para
los países desarrollados.165  Se dijo, por otra parte, que la obligatoriedad de la cooperación induciría a
todos los países a contar con una autoridad encargada de la competencia;  sin embargo, dado el grado
diferente de desarrollo, era importante que cada país determinara si se justificaba y, de ser así, en qué
etapa establecer una política de competencia o una autoridad en la materia.166  El mejor estímulo para
la cooperación no era un texto de fuerza jurídica vinculante, sino el interés común de los organismosde observancia en asistirse mutuamente toda vez que ello fuera razonablemente posible.
167
La cooperación era un proceso en dos sentidos:  si una de las dos autoridades no tenía nada queaportar, sería difícil prever la forma en que la obligación de colaborar se cumpliría en la práctica;  y si
ambas autoridades tenían algo que aportar, sería difícil prever la forma en que esta obligación haría
más productiva la tarea.
168  Se señaló también que era importante permitir a las autoridades de la
competencia denegar solicitudes de cooperación , en caso, por ejemplo, de que un organismo
considerara inoportuno proceder a una notificación exhaustiva para no comprometer una investigación
anticártel en curso.169
74. Al responder a estas cuestiones, se dijo que un marco de tipo voluntario podía funcionar en
países con niveles comparables de desarrollo, pero que no podía esperarse el mismo resultado en unentorno multilateral que abarcaba desde los países más desarrollados hasta los menos adelantados, de
modo que los beneficios esperados no serían iguales para todos.
170  Las cláusulas de máximo empeño
parecían de escasa utilidad para los países en desarrollo171, en particular porque la posibilidad
otorgada a la parte solicitada de denegar una solicitud no permitía garantizar una respuesta172, de
modo que las modalidades de cooperación voluntaria no serían suficientes para proteger a los paísesen desarrollo frente a los cárteles internacionales.
173  Además, mientras los países en desarrollo no
                                                     
162 M/18, párrafo 62.
163 M/18, párrafo 50.
164 M/18, párrafo 68.
165 M/18, párrafos 66, 67, 71 y 72.
166 M/18, párrafo 62.
167 M/18, párrafo 74.
168 M/18, párrafo 67.
169 M/18, párrafo 55.
170 M/18, párrafos 70 y 54.
171 M/18, párrafo 63.
172 M/18, párrafo 70.
173 M/18, párrafo 76.WT/WGTCP/6
Página 33
podían obligar a los países desarrollados a entregar información en los acuerdos de cooperación
voluntaria, dada la asimetría de poderes existente entre unos y otros, la cooperación voluntaria por
parte de las autoridades de la competencia de los países en desarrollo se haría obligatoria en la
práctica.174  También se manifestó que no había motivos para que la OMC reprodujera los
mecanismos voluntarios existentes en el marco de regímenes de cooperación bilateral y regional.175
75. Prosiguiendo la reflexión sobre la opción en tre cooperación vinculante y no vinculante, se
mencionaron algunas experiencias concretas de cooperación de los Miembros, tanto países
desarrollados como países en desarrollo.  Se dijo que los acuerdos formales de cooperación daban
lugar a relaciones más estrechas y un mayor espíritu de cooperación176;  sin embargo, en gran medida
la cooperación seguía siendo un terreno informal.  La cooperación informal, por ejemplo consultas
sobre las investigaciones, intercambio de informaci ón no confidencial y divulgación de la información
pertinente, había demostrado su valor y eficacia en muchos casos.177  Generalmente bastaba una
llamada telefónica, el intercambio de mensajes por correo electrónico o el encuentro con colegas en
diversos foros.178  Se sugirió que no estaba claro si el eventual carácter vinculante de estas actividades
agregaría alguna ventaja real.179  Como ejemplo de evolución gradual de lo informal a métodos más
oficiales de la cooperación, se mencionó el desarrollo de cooperación entre los países nórdicos.180
76. Al tratar los tipos de información que se pondría a disposición en el marco de la cooperación
sobre casos concretos, se manifestó que la divulgación de toda información de carácter confidencial
no tendría que ser obligatoria, pero que los Miembros podrían intercambiar este tipo de información si
ello se ajustaba a su legislación y prácticas de observancia.181  En particular, los países que desearan
cooperar tendrían que satisfacer un mínimo de condiciones relativas a la calidad de sus
procedimientos y tratamiento de la información confidencial.182  Ahora bien, considerando el tiempo
que se requería para establecer un marco apropiado de protección de la información confidencial, se
opinó que el intercambio de información confidencial sólo sería posible a largo plazo183, y que, al
principio, el intercambio de información no confidencial constituía un objetivo más asequible y que
igualmente traería resultados útiles.184  Se añadió que el intercambio de información confidencial
debería excluirse de un acuerdo multilateral185, ya que los acuerdos bilaterales eran más apropiados
                                                     
174 M/18, párrafo 63.
175 M/18, párrafo 70.
176 M/18, párrafo 55.
177 M/18, párrafo 57.
178 M/18, párrafo 72.
179 M/18, párrafo 72.
180 M/18, párrafo 58.
181 M/18, párrafos 52, 53 y 70.
182 M/18, párrafo 54.
183 M/18, párrafos 57 y 54.
184 M/18, párrafos 57 y 70.
185 M/18, párrafos 67, 70 y 81.WT/WGTCP/6
Página 34
para tal fin.186  Se mencionaron ciertas preocupaciones sobre la posible divulgación de información
confidencial187, lo que entre otras cosas atentaría contra la eficacia de las investigaciones anticártel.188
Al mismo tiempo, se manifestó que era importante evitar un concepto demasiado amplio de laconfidencialidad, que hiciera imposible dar a conocer cualquier elemento del expediente de una
investigación.  Si bien los secretos comerciales no podrían divulgarse sin el consentimiento expresode las partes, la información consistente sobre todo en datos recabados por las autoridades en el curso
de su trabajo podría intercambiarse en los casos oportunos.  Es más, en tal eventualidad el fuerte
interés común de las autoridades debería permitirles coordinar sus investigaciones, a los efectos de
aumentar al máximo las posibilidades de éxito.
189  Otra opinión fue que los Miembros debían explorar
la posibilidad de intercambiar informaciones confidenciales, puesto que sólo así se asegurarían
beneficios concretos para los países en desarrollo.190  En cuanto al alcance de las disposiciones
propuestas sobre cárteles intrínsecamente nocivos, se dijo que las normas nacionales sobre prácticascolusorias deberían ajustarse a las necesidades particulares de desarrollo de cada país, pero que los
cárteles internacionales no estaban sujetos a ninguna dimensión de desarrollo, por lo que no cabía
establecer exenciones, exclusiones o protecciones basadas en el interés del desarrollo.
191
77. En relación con la propuesta de crear un Comité de Política de Competencia de la OMC, se
señaló que el Grupo de Trabajo sobre Comercio y Política de Competencia creado en virtud delcapítulo 15 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, podía ilustrar el funcionamiento
posible de un tal Comité en el marco de la OMC.
192  El órgano en cuestión podía facilitar el
intercambio general de opiniones y experiencias193;  apoyar el intercambio de información sobre la
legislación nacional en materia de competencia, la práctica interna y la evolución194;  brindar una
oportunidad para el intercambio de experiencias y realizar debates sobre cuestiones específicas de lapolítica de competencia que afectaran al comercio internacional
195;  servir de foro para exámenes
voluntarios por homólogos de la legislación y políticas de competencia de los Miembros196, y tal vez
también su observancia197;  coordinar y seguir la asistencia técnica198;  y elaborar una visión a largo
plazo de mejoramiento de la cooperación199, en particular mediante el debate de cuestiones relativas a
                                                     
186 M/18, párrafo 67.
187 M/18, párrafo 69.
188 M/18, párrafo 54.
189 M/18, párrafo 74.
190 M/18, párrafos 54 y 70.
191 M/18, párrafos 79 y 80.
192 M/18, párrafo 53.
193 M/18, párrafos 51 y 67.
194 M/18, párrafo 52.
195 M/18, párrafos 51 y 53.
196 M/18, párrafo 53.
197 M/18, párrafo 51.
198 M/18, párrafo 53.
199 M/18, párrafo 53.WT/WGTCP/6
Página 35
la convergencia de procedimientos y contenidos.200  También se manifestó que, si bien la creación de
un tal Comité de la OMC merecía debatirse, debía tenerse presente que ya existían otros mecanismos
multilaterales.201
78. En relación con las condiciones para la cooperación en la OMC, se afirmó que una estructura
nacional encargada de velar por la observancia era indispensable para que la cooperación sejustificara.
202  Un Miembro que no contara con ningún mecanismo de observancia a nivel nacional no
podría participar en una cooperación sobre casos concretos, ya que no tendría ni ley sobre
competencia, ni casos que presentar ni la capacidad de cooperar.203  Tampoco era realista suponer que
un país entablaría juicio a una empresa por prácticas que afectaban a otro país sin disponer de una ley
sobre competencia y una autoridad competente.204  Se expresó asimismo que la cooperación era
posible incluso si los países participantes tenían sistemas diferentes en materia de legislación sobre
competencia e incluso si un país no contaba con una legislación general sobre competencia o no habíaincorporado a su legislación nacional todos los principios establecidos por la OMC.
205 En todo caso,
no era razonable ni justo forzar la introducción de leyes y políticas nacionales sobre competencia.206
La cooperación debía ser voluntaria y suficientemente flexible como para que cada país pudieraevaluar si se justificaban el establecimiento de una política de competencia o la creación de un
organismo competente y de ser así, en qué etapa.
207  Un marco multilateral de política de competencia,
aun sin la obligación de adoptar una legislación nacional en la materia, sería una fuente útil de
asistencia a los países abocados a la elaboración y/o aplicación de una legislación, facilitando
asimismo la cooperación entre los países que ya tuvieran regímenes de competencia establecidos.208
79. Diversas opiniones se expresaron sobre las demás posibilidades que existían aparte de la de
exigir la adopción de una legislación completa sobre competencia y la creación de una autoridad de lacompetencia a nivel nacional.  Por ejemplo, puesto que los acuerdos de cooperación eran
normalmente instrumentos concertados entre gobiernos, teóricamente la cooperación podría estar a
cargo de un organismo público o un ministerio, en lugar de una autoridad de la competencia.
209
O bien, en lugar de que cada Miembro de la OMC tuviera su legislación sobre competencia y suautoridad encargada de la observancia, las autoridades e instrumentos jurídicos regionales, como elMercado Común del África Meri dional y Oriental (COMESA)
210, podrían cumplir los requisitos del
marco multilateral.211  En cualquier caso, la idea de que todos los Miembros de la OMC debían tener
                                                     
200 M/18, párrafo 53.
201 M/18, párrafo 68.
202 M/18, párrafos 59 y 72.
203 M/18, párrafo 67.
204 M/18, párrafo 72.
205 M/18, párrafo 66.
206 M/18, párrafo 50.
207 M/18, párrafos 62 y 66.
208 M/18, párrafos 81 y 82.
209 M/18, párrafo 82.
210 M/18, párrafo 60.
211 M/18, párrafo 67.WT/WGTCP/6
Página 36
una ley sobre competencia no significaba que la misma tuviera que abarcar todos los tipos de
conducta anticompetitiva;  la única práctica que debía abordarse de alguna forma era la de los cárteles
intrínsecamente nocivos212, de ser posible tanto nacionales como internacionales.213  N o  e r a
estrictamente necesario crear un órgano administrativo denominado autoridad de la competencia,
bastaba con definir una capacidad de observancia, suficientemente dotada.214
80. También se dijo que la asistencia técnica no sólo era un elemento necesario sino también una
condición previa para que la cooperación tuviera éxito, en particular en lo que atañe a la cooperación
entre países que disponen de una autoridad encargada de la competencia y los que no la poseen.
En particular, la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo que no cuentan con leyes ni
autoridades de la competencia les permitiría evaluar los efectos de una cooperación más amplia, por
ejemplo en relación con los tipos de información que podrían intercambiar.215  La creación de
capacidad era indispensable para que los países en cuestión pudieran optar por el sistema jurídico quemejor se adaptara a sus condiciones y que les permitiera luchar eficazmente contra los cárteles
intrínsecamente nocivos, así como para participar en los esfuerzos en favor de la competencia.
216
81. En cuanto a la relación entre los acuerdos de cooperación bilaterales, regionales y
multilaterales, se señaló que ninguno de estos acuerdos debía entenderse en forma exclusiva y que, de
hecho, se complementaban.217  Los acuerdos bilaterales y regionales podían servir de punto de partida
para un marco multilateral.218  Además, todo marco multilateral se beneficiaría de la existencia
complementaria de acuerdos bilaterales y regionales de cooperación219, en particular cuando los
acuerdos regionales, como era el caso de COMESA, reemplazaban los regímenes de competencia
nacionales.220  Si bien la cooperación general, los debates y los análisis colectivos podían tener lugar
de manera útil tanto a nivel multilateral como regional y bilateral221, una opinión fue que los acuerdos
bilaterales y regionales eran más aptos para la formulación de compromisos detallados de cooperación
en casos concretos que un marco multilateral, de evolución más gradual.222  También se hizo notar
que los acuerdos bilaterales y regionales existentes estaban limitados a los países desarrollados, por lo
que, a falta de un acuerdo multilateral, los países en desarrollo quedarían excluidos de los beneficios
de la cooperación.223
                                                     
212 M/18, párrafo 74.
213 M/18, párrafo 80.
214 M/18, párrafo 67.
215 M/18, párrafo 65.
216 M/18, párrafo 73.
217 M/18, párrafos 51, 53, 50 y 61.
218 M/18, párrafo 52.
219 M/18, párrafos 59 y 68.
220 M/18, párrafo 60.
221 M/18, párrafo 67.
222 M/18, párrafos 50, 67 y 68.
223 M/18, párrafo 52.WT/WGTCP/6
Página 37
82. En lo tocante a si la OMC era un foro apropiado para tratar las cuestiones de cooperación en
materia de competencia, se señaló que el número elevado de Miembros de la Organización224, y el
conocimiento de la misma sobre las cuestiones relacionadas con el comercio225, la habilitaban para
ocuparse de las prácticas anticompetitivas que socavaban el comercio y el desarrollo.226  Se dijo, por
otra parte, que la diversidad de la composición de la OMC podía interferir en la viabilidad de unmarco multilateral
227, especialmente que un enfoque vinc ulante sostenido por un mecanismo de
solución de diferencias podría no tener en cuenta los distintos criterios adoptados por los Miembros de
la OMC en materia de política de competencia.228  También se expresó que, en todo caso, la
cooperación en el seno de la OMC era un proceso a largo plazo y progresivo229, y que los Miembros
sólo podían considerar un desarrollo paulatino230 de la cooperación multilateral.231
83. Se señaló que existía asimetría de poder e intereses entre los países desarrollados y los países
en desarrollo, lo que planteaba el problema de las perspectivas de una cooperación para la política decompetencia en el marco de la OMC, con un mínimo de salvaguardias apropiadas.
232  Al responder, se
dijo que la existencia de tal asimetría no era únicamente una cuestión de "Norte y Sur", sino que
existía también entre los países desarrollados, así como entre los países en desarrollo.233  Se observó
asimismo que los cárteles internacionales eran generalmente nocivos para todas las economías donde
actuaran y que, en consecuencia, existía una clara simetría de intereses entre los países en desarrollo ylos países desarrollados a la hora de abordar estas cuestiones.
234
84. Se expresó la opinión de que existían vínculos positivos entre las modalidades propuestas de
cooperación voluntaria en el marco de la OMC y otros elementos del párrafo 25 de la Declaración de
Doha.  Uno de estos vínculos, de importancia decisiva, se refería a la asistencia técnica y la creación
de capacidad, en ambos casos como condición previa a la cooperación voluntaria, a la vez queelemento inseparable y beneficio de la cooperación.  En particular, la creación de capacidad constituía
una forma de cooperación entre las autoridades establecidas y los países que se planteaban su
establecimiento.
235  Ciertas formas generales de cooperación, no vinculadas a casos concretos, por
ejemplo en el Comité de Política de Competencia de la OMC, podrían efectivamente promover la
                                                     
224 M/18, párrafo 50.
225 M/18, párrafo 50.
226 M/18, párrafos 50 y 70.
227 M/18, párrafos 62 y 63.
228 M/18, párrafo 63.
229 M/18, párrafos 53 y 66.
230 M/18, párrafo 50.
231 M/18, párrafos 64 y 52.
232 M/18, párrafos 63 y 75.
233 M/18, párrafo 71.
234 M/18, párrafo 80.
235 M/18, párrafos 67 y 71.WT/WGTCP/6
Página 38
creación de capacidad.236  También se examinó la relación existente con los principios fundamentales
de transparencia y no discriminación.237
IV. APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRESIVO DE LAS INSTITUCIONES
ENCARGADAS DE LA COMPETENCIA EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
MEDIANTE LA CREACIÓN DE CAPACIDAD
85. Este punto fue discutido por el Grupo de Trabajo en sus reuniones celebradas los días 23 y 24
de abril de 2002.  Presentaron comunicaciones escritas sobre el punto los representantes de Australia,
el Canadá, la Comunidad Europea y sus Estados miembros , Corea , Egipto , los Estados Unidos , el
Japón, Rumania  y Tailandia  (documentos W/190, 183, 184, 189, 187, 185, 186, 181/Rev.1 y 188,
respectivamente).  Además, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí una nota de antecedentes preparada porla Secretaría (documento W/182) sobre el apoyo para el fortalecimiento progresivo de las
instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de
capacidad.  Formularon declaraciones orales o hicieron preguntas los representantes de Costa Rica; el
Ecuador; Filipinas ; Guatemala ; Honduras ; Hong Kong, China ; la India ; Jamaica ; Jordania ; Malasia ;
Marruecos; Noruega ; el Pakistán ; la República Checa ; Sudáfrica ; Suiza ; y Trinidad y Tabago .
Los representantes de la OCDE ofrecieron información actualizada acerca de las actividades
pertinentes de esa organización.
86. Las deliberaciones sobre este punto abarcaron cuestiones muy variadas, entre ellas las
siguientes:  i) la distinción entre el apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones
encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad, al que se
refiere el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, y la asistencia técnica y la creación de
capacidad de conformidad con el párrafo 24 de la Declaración;  ii) las necesidades de creación decapacidad y los desafíos y dificultades encontrados en la aplicación de una política de competencia
por los países en desarrollo y en transición;  iii) las características y limitaciones de los actuales
programas de creación de capacidad;  iv) la naturaleza, la estructura y la ejecución de los programas
futuros;  v) la relación existente entre la creación de capacidad y otros aspectos de un eventual marco
para la política de competencia.
87. Con respecto a la distinción que correspondía trazar entre el elemento de apoyo para el
fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en
desarrollo mediante la creación de capacidad, mencionado en el párrafo 25 de la Declaración
Ministerial de Doha, y el referente a la asistencia técnica y la creación de capacidad conforme al
párrafo 24 de la Declaración, el Presidente sugirió que, en cuanto al primer punto (la creación de
capacidad a que se refiere el párrafo 25), la tarea del Grupo de Trabajo consistía en formular y aclararlas cuestiones relacionadas con el fortalecimiento del papel de los organismos encargados de lacompetencia y desarrollar una cultura de la competencia en los países en desarrollo, tema ya tratado
por el Grupo de Trabajo durante el último par de años.  El segundo punto, en cambio, se refería a las
actividades que se emprenderían, en particular, en el período previo a la Quinta Conferencia
Ministerial, a efectos de ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados a "evaluar mejor lasconsecuencias de una cooperación multilateral más estrecha para sus políticas y objetivos dedesarrollo", así como para contribuir a su desarrollo humano e institucional.  En consecuencia, las
cuestiones tales como las necesidades específicas de seminarios u otras formas de asistencia que
hicieran falta a corto o mediano plazo podrían tratarse más adecuadamente en las discusiones del
Grupo de Trabajo referentes a la creación de capacidad conforme al párrafo 24 de la Declaración
                                                     
236 M/18, párrafo 67.
237 M/18, párrafos 55, 66, 74 y 82.WT/WGTCP/6
Página 39
Ministerial de Doha.  El Presidente destacó que lo anterior no era más que su interpretación
personal.238
88. Con respecto a las necesidades de creación de capacidad y a los desafíos y dificultades
encontrados en la aplicación de una política de competencia por los países en desarrollo y en
transición, se dijo que suponía un desafío importante crear confianza en los mercados y fomentar lacomprensión de la contribución de la política de competencia al desarrollo económico sostenible.
No obstante, cuando los países que habían impulsado normas de competencia con éxito se sumaban a
esos esfuerzos las perspectivas de éxito eran mucho mayores.  Lo mismo cabía decir de la
formulación de un marco general de política de competencia adecuado para la situación económica
específica de cada país.  La asistencia técnica era sólo una de las diversas formas interrelacionadas de
cooperación internacional contempladas en la Declaración de Doha.  Además, era importante señalar
que los programas eran más eficientes si se basaban en asociaciones efectivas entre el donante y elbeneficiario.  Existía una creciente necesidad de acceso a la información, transferencia de
conocimientos prácticos sobre política de competencia, etc., lo cual sólo podía lograrse mediante el
aumento de la cooperación técnica, incluso en la OMC.
239  Se sugirió que confirmaba esta tendencia
un estudio realizado por la OCDE en 2001.240
89. Se indicaron diversas necesidades y problemas de carácter más concreto.  En primer lugar,
con respecto a la redacción de textos jurídicos, muchos países, en particular los países en desarrollo y
menos adelantados, carecían de personal adecuado con los conocimientos y la experiencia necesarios
para poder preparar legislación nacional en materia de competencia.241  En segundo lugar, en relación
con el establecimiento de una autoridad encargada de la competencia responsable de la aplicación y
observancia de la legislación nacional en materia de competencia, entre los problemas encontrados secontaban la escasez de recursos, la dificultad para desarrollar y mantener los conocimientos técnicos
necesarios, y la falta de la necesaria infraestructura financiera y material.
242  En tercer lugar, para
algunos  países los gastos asociados a la aplicación y observancia de una legislación nacional sobre
competencia se consideraban superiores a los beneficios.243  En cuarto lugar, muchos países en
desarrollo se enfrentaban a la falta de promoción de la competencia y de una cultura de lacompetencia.
244  Con el fin de resolver esas dificultades, el alcance de la asistencia técnica necesaria
podría abarcar desde la asistencia en la elaboración de una ley de competencia, el establecimiento de
autoridades competentes y la formación integral de su personal hasta la aplicación y observancia de
dicha ley.  Los países en desarrollo debían tener acceso a actividades de creación de capacidad que
generasen un grupo cualificado de funcionarios, en condiciones de redactar la legislación nacional en
materia de competencia.  El asesoramiento técnico, la capacitación, la asistencia y la cooperación de
organizaciones internacionales y de países que poseyeran autoridades encargadas de la competenciaexpertas y con experiencia constituían recursos útiles.  En particular, la asistencia podía adoptar la
forma del intercambio de legislación nacional en materia de competencia y de asistencia relativa a la
identificación de los principales elementos que convendría introducir en la legislación, incluidas las
                                                     
238 M/17, párrafo 3.
239 M/17, párrafo 5.
240 M/17, párrafo 40.  Para un examen de los elementos conexos del estudio de la OCDE, véase infra .
241 M/17, párrafos 6, 7 y 12.
242 M/17, párrafos 6, 7, 10 y 12.
243 M/17, párrafo 7.
244 M/17, párrafos 7, 8 y 10.WT/WGTCP/6
Página 40
medidas y sanciones administrativas, penales y civiles;  la identificación de los foros administrativos y
judiciales de las actuaciones judiciales;  y los procedimientos para el intercambio de información.
Debían hallarse medios de garantizar que los beneficios de aplicar una ley nacional de competencia
fueran superiores a los costos que entrañaría tal aplicación.  Ello exigiría explicar a las partes
interesadas pertinentes los beneficios y desventajas de una legislación nacional en materia decompetencia.
245  Deberían tenerse presentes dos principios al prestar apoyo para el fortalecimiento
progresivo de las instituciones encargadas de la competencia de los países en desarrollo mediante la
creación de capacidad.  En primer lugar:  la flexibilidad, en el sentido de que no sirve un "enfoque
único válido para todos", dado que cada país debería poder elegir la manera de aplicar un régimen de
competencia que corresponda a su situación económica y a sus objetivos de desarrollo.  En segundo
lugar:  la progresividad, en el sentido de permitir que los países en desarrollo adopten un enfoque
gradual del examen, la promulgación y la aplicación de leyes sobre competencia.246  Una ayuda
realmente útil debía ser de largo plazo, adaptada a las necesidades locales y centrada en el acopio de
conocimiento interno.247
90. Con respecto a la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la competencia, se
dijo que deberían desplegarse esfuerzos en tres direcciones.  En primer lugar, era necesario promover
y poner de relieve continuamente la positiva contribución de la ley y la política de competencia aldesarrollo económico, ya que en muchos países todavía no se había comprendido bien la relación
entre ambos.  En segundo lugar, era necesario afianzar la capacidad de los organismos en un país o
región para formar al personal de las autoridades encargadas de la competencia en forma continua.
También era necesario que participasen instituciones de formación profesional en el campo del
derecho y la economía que tuvieran su sede en la región o país de que se tratara.  Tales institucionesno sólo estarían en condiciones de proporcionar formación de modo regular y continuo, sino que
también ayudarían a crear un clima intelectual de apoyo a la política de competencia, pondrían en
contacto con el derecho y la economía de competencia a los estudiantes, muchos de los cuales podrían
considerar la posibilidad de un empleo en la autoridad encargada de la competencia, y
proporcionarían capacidad institucional en materia de investigación y testimonio especializado.En tercer lugar, era necesario afianzar los vínculos existentes entre las autoridades encargadas de la
competencia.  El aprendizaje más eficaz tenía lugar como resultado del contacto entre profesionales
de diferentes jurisdicciones de competencia.  Por ejemplo, en relación con los programas de cesión de
funcionarios a largo plazo, además de los evidentes beneficios de contar con un funcionario
experimentado de un organismo antimonopolio en el lugar, esto garantizaba que el "creador de
capacidad" adquiriera una comprensión del país al que prestaba asistencia, lo que aseguraba un
vínculo duradero entre las autoridades encargadas de la competencia de los respectivos países y ello, asu vez, significaba que podría seguir solicitándose la asistencia mucho tiempo después de que el
encargado de crear capacidad hubiera retornado a su país de origen.
248  Fue objeto de críticas el actual
modelo de asistencia técnica, conforme al cual se enviaba a expertos extranjeros a un país o región
para intervenir en seminarios cortos.  Se expresó la opinión de que tales seminarios eran demasiado
breves y, con frecuencia, el experto no estaba suficientemente familiarizado con el sistema jurídico yeconómico ni con las prioridades de la política del país o región en cuestión.
249
                                                     
245 M/17, párrafos 7 y 8.
246 M/17, párrafos 7, 13 y 30.
247 M/17, párrafos 8 y 9.
248 M/17, párrafo 10.
249 M/17, párrafo 10.WT/WGTCP/6
Página 41
91. Con respecto a las necesidades específicas de los distintos países, se debatieron varias
experiencias nacionales.250  Ello puso de relieve los obstáculos relacionados con los recursos
humanos251 y la necesidad de fomentar una cultura de la competencia entre los protagonistas del
mercado, así como en todos los sectores relacionados con la aplicación de la ley.252  Se dijo que la
promoción de una cultura de la competencia no exigía necesariamente la adopción en la OMC de unmarco multilateral sobre po lítica de competencia
253, por otra parte, se dijo también que dicho marco
podía servir de ayuda a este respecto.254
92. Con respecto a los actuales programas de creación de capacidad, diversos Miembros
ofrecieron descripciones detalladas de sus actividades de asistencia técnica255, incluidos Miembros
que habían pasado de ser beneficiarios a ser proveedores de asistencia técnica.256  Reconociendo que
no servía un enfoque "único y válido para todos", habían adaptado sus programas de asistencia técnica
a los diferentes entornos jurídicos, económicos y políticos que existían en los distintos países.257
93. Se hizo referencia al estudio ya mencionado de la OCDE, que suministraba información
sobre:  i) la asistencia técnica suministrada por los Miembros de la OCDE a aquellos que no lo eran en
el período 1999-2000, y ii) los puntos de vista de las delegaciones con respecto a los medios más
efectivos de suministrar dicha asistencia.  Como resultado del estudio se habían planteado las
siguientes cuestiones fundamentales:  i) un mayor número de países y organizaciones estabaparticipando en la labor de asistencia técnica y creación de capacidad;  ii) ello planteaba importantes
consideraciones de coordinación y financiación;  iii) los problemas surgidos en la esfera de la
financiación requerían una estrategia con múltiples facetas, conforme a la cual los prestadores
reforzaran las actividades de los demás en cada oportunidad y aumentaran las actividades destinadas a
que se comprendiese mejor la política de competencia.  La estrategia debería aprovechar todaoportunidad para llamar la atención sobre los vínculos existentes entre la competencia y esferas tales
como el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, la creación de industrias de infraestructura, la
desreglamentación, la privatización, la política comercial, la educación, la salud, la propiedad
intelectual, etc.;  iv) el aumento de la coordinación podría potenciar la eficiencia global de la
aportación de asistencia técnica y reducir la duplicación mediante una mayor comunicación ycooperación.  A este respecto, la unidad de divulgación de la OCDE esperaba investigar activamente
las diversas opciones para cooperar más intensamente con el Grupo de Trabajo, así como con
la UNCTAD, el Banco Mundial y los diferentes organismos encargados de la observancia;  v) la
forma óptima de la asistencia técnica y la creación de capacidad dependía de varios factores, incluida
la etapa de desarrollo del país beneficiario tanto de manera general como en la esfera específica de la
política de competencia.  En el estudio se había llegado a la conclusión de que, en las primeras etapas,
antes de que se hubiera promulgado una ley de competencia, o incluso antes de que se reconociera lanecesidad de una política de competencia amplia, podrían ser de ayuda las conferencias de alto nivel y
                                                     
250 M/17, párrafos 6, 11 y 12.
251 M/17, párrafo 6.
252 M/17, párrafos 11 y 14.
253 M/17, párrafo 14.
254 M/17, párrafo 39.
255 M/17, párrafos 18, 19, 21, 22, 23 y 24.
256 M/17, párrafos 20 y 24.
257 M/17, párrafo 20.WT/WGTCP/6
Página 42
las visitas de corta duración.  En cambio, en la etapa de elaboración de una ley o reglamento de
competencia y del establecimiento de un organismo, los servicios de asesores a más largo plazo así
como las visitas de estudio de corta duración resultaban útiles.  Para aquellos países que se
encontraran en una etapa más avanzada del desarrollo de una política de competencia y que
estuvieran, por ejemplo, experimentando dificultades en cuanto a la aplicación de la legislacióndebido a la falta de conocimientos técnicos o de una cultura de la competencia, tenían un especial
valor las conferencias de alto nivel, los exámenes realizados por homólogos y los talleres.
Los beneficios de los países receptores parecían estar directamente vinculados a la duración de la
asistencia técnica.  No obstante, los resultados del estudio mostraron que pocos prestadores de
asistencia técnica tenían los recursos necesarios para proporcionar asistencia a largo plazo, dado que
era especialmente costosa.
258
94. Con respecto a la naturaleza, la estructura y la ejecución de los programas futuros, se dijo
que:  i) debían respetarse los diferentes enfoques y medidas adoptados por cada país con el objetivo
común de promover la política de competencia;  ii) era de la mayor importancia la aportación de
programas e instrumentos adecuados de asistencia técnica, especialmente aquellos que reflejaban las
necesidades de los países en desarrollo;  iii) en la prestación de asistencia técnica y la creación de
capacidad, era conveniente compartir principios y enfoques comunes con respecto a la cooperación.259
95. Se dijo que en el proceso de investigación la asistencia podría adoptar formas sumamente
variadas:  i) becas de capacitación académica y profesional;  ii) pasantías en sedes de autoridades
encargadas de la competencia para adquirir experiencia;  iii) la necesidad de recibir visitas de personal
de organismos con experiencia que prestase orientación y asistencia, particularmente sobre cuestiones
de procedimiento, en los primeros años de existencia de los organismos encargados de la competenciarecién establecidos;  iv) asistencia financiera y servicios de especialistas para cursos prácticos de
capacitación orientados a grupos específicos, como abogados, economistas y jueces;  v) asistencia en
la organización de los cursos prácticos para grupos de productores y consumidores;  y vi) orientación
para el desarrollo de una base de datos de información en los nuevos organismos encargados de la
competencia.  En función del problema de la elevada rotación de personal de muchos países endesarrollo, se precisaba un enfoque más sostenible de la capacitación.  También sería conveniente el
establecimiento de una institución que pudiera contar con personal experto en competencia
proveniente de regímenes maduros.  Dichos expertos podían tener el carácter de asociados a la
institución, y dar conferencias de vez en cuando sobre temas específicos.  Tal institución podría
organizar cursos modulares intensivos de carácter rotativo, dirigidos a audiencias pequeñas:
asociaciones de abogados, economistas y expertos en comercio, tecnócratas gubernamentales, y otros.
También se sugirió que los institutos y universidades de los países en desarrollo introdujesen cursossobre derecho y política de competencia con la ayuda de especialistas de países cuyos regímenes de
competencia fuesen más experimentados.  De este modo, se desarrollaría la capacidad interna de
proporcionar formación.
260
96. Se hizo referencia a la duración de los programas.  Por motivos de confidencialidad, sólo se
podía recibir a los pasantes durante un período de un par de semanas.  Sin embargo, la colocación deasesores en nuevos organismos antimonopolio durante un período de más de seis semanas era el modo
más eficaz de conseguir las metas de la asistencia técnica.  Tal asistencia era particularmente eficaz
cuando los asesores eran economistas o abogados experimentados de autoridades antimonopolio
establecidas.  Con el tiempo, tales asesores se familiarizaban con la ley antimonopolio de un país, sus
                                                     
258 M/17, párrafo 40.
259 M/17, párrafo 17.
260 M/17, párrafo 15.WT/WGTCP/6
Página 43
instituciones, sus mercados y los problemas singulares a que se enfrentaba esa concreta autoridad
antimonopolio.  Además, con el paso del tiempo, los asesores residentes a largo plazo eran más
eficaces porque estaban en condiciones de ganarse el respeto y la confianza de la nueva autoridad
antimonopolio.  Sin embargo, en algunos países, las limitaciones presupuestarias o los deseos del país
anfitrión eran tales que el uso de asesores a largo plazo no había sido posible.  Si bien no era taneficaz como la asistencia a largo plazo, la asistencia a corto plazo podía resultar eficaz en unas
cuantas esferas clave.  En particular, los asesores a corto plazo podían ser eficaces durante la fase de
redacción de las leyes y durante la fase de diseño institucional de una autoridad antimonopolio.
Además, las misiones a corto plazo integradas por abogados y economistas que organizaban
seminarios y talleres interactivos sobre las técnicas de investigación también habían sido eficaces, en
particular cuando implicaban el envío de un experto de determinada rama de producción a una
autoridad antimonopolio recién establecida cuando se había planteado un caso en el mismo sector.En general, las conferencias no habían resultado tan eficaces como la asistencia a largo o a corto plazo
ofrecida, en particular cuando se hacían en forma de lecciones magistrales centradas en la teoría
general, en lugar de en su aplicación al mundo real, y cuando los conferencistas tendían a no estar
familiarizados con el sistema jurídico del país receptor.  Los programas de "servicios completos" que
duraban varios días resultaron habitualmente ineficaces porque planteaban conceptos o ideasimportantes difíciles de llevar a la práctica en diferentes entornos.  Sin embargo, había unas pocas
situaciones en las que las conferencias se consideraban particularmente eficaces, incluidos los
seminarios de análisis de casos tales como los ofrecidos por la OCDE en Viena, en los que estaban
presentes los miembros de los organismos, se analizaban los casos reales que dichos miembros
estaban tratando y recibían retroalimentaciones;  así como las conferencias nacionales celebradas enlas fases iniciales del proceso legislativo de un país, en las que los expertos locales y extranjeros
debatían los pros y los contras de la legislación antimonopolio o los detalles concretos de la
legislación propuesta.
261
97. Durante las declaraciones reseñadas y en la deliberación correspondiente se manifestó que:  i)
el sistema "único y válido para todos" respecto de la organización y suministro de asistencia técnica ycreación de capacidad no era apropiado.  La asistencia técnica funcionaba mejor si se adaptaba a las
necesidades y situaciones particulares del país receptor y, además, ningún modelo único de
competencia era adecuado para todas las circunstancias.  Asimismo, era importante que la creación de
capacidad se considerara como un proceso a largo plazo
262;  ii) la evaluación sistemática de las
necesidades era esencial para las actividades de creación de capacidad eficaces.263
98. Las cualificaciones de los prestadores de asistencia técnica eran importantes.  La experiencia
en materia de aplicación de la legislación era fundamental y frecuentemente los prestadores deasistencia técnica del sector privado carecían de ella.  Era importante tener una dilatada experiencia,
o, al menos, cierta familiaridad y experiencia en cuestiones relacionadas con las exigencias singulares
de las economías emergentes y en desarrollo.  Se hacía hincapié también en la necesidad de asistencia
práctica en la aplicación de la ley, en particular respecto a las técnicas de investigación, las
capacidades analíticas, la tramitación de casos, etc.
264
                                                     
261 M/17, párrafo 21.
262 M/17, párrafo 26.
263 M/17, párrafo 27.
264 M/17, párrafo 40.WT/WGTCP/6
Página 44
99. Los representantes de países en desarrollo formularon diversas preguntas a los proponentes de
un marco multilateral sobre política en materia de competencia acerca de las iniciativas para acentuar
el empeño en favor de la cooperación técnica y la creación de capacidad en la OMC:  i) ¿de qué modo
exactamente se fortalecería la capacidad institucional de los países en desarrollo?;  ii) ¿se limitaría esa
creación de capacidad a la política de competencia relativa al comercio o abarcaría también la políticade competencia per se ?  ¿Dónde se trazaría la línea divisoria entre ambas?;  iii) ¿serían los recursos
que se suministraran para las diferentes formas de asistencia adecuados, oportunos y durar un período
suficiente a fin de permitir a los países que se encontraban en diferentes etapas de desarrollo obtener
suficiente experiencia y crear la adecuada capacid ad?;  iv) ¿se determinaría la cantidad de estos
recursos?;  v) ¿hasta qué punto se tendrían en cuenta las necesidades y objetivos de desarrollo de los
países en desarrollo y menos adelantados participantes, a fin de evitar un proceso dirigido por los
donantes?;  vi) ¿incluiría tal proceso la creación de una organización que coordinara periódicamentela asistencia técnica y la creación de capacidad suministradas a los países en desarrollo, pero que al
mismo tiempo mantuviera una relación "en condiciones de igualdad" con los donantes?;  vii) qué
formas de asistencia técnica y creación de capacidad se suministrarían que permitieran a los países en
desarrollo reunir los instrumentos y los conocimientos especializados, y hallar los medios de obtener
los recursos necesarios para:  a) saber qué información obtener respecto de las prácticas comercialesrestrictivas, incluidos los cárteles intrínsecamente nocivos y los abusos de posición dominante o las
fusiones originadas en el extranjero que afecten a sus mercados;  b) adoptar procedimientos para
obtener esa información;  c) interpretarla y evaluarla;  d) probar que tales prácticas o fusiones eran
anticompetitivas frente a los conocimientos técnicos jurídicos y económicos que estarían a disposición
de las empresas participantes;  e) beneficiarse de la cooperación internacional voluntaria, por ejemplo,obteniendo asistencia en materia de investigación por parte de una autoridad de competencia
extranjera referida a la información a su disposición o que pudiera obtener, o mediante la obtención de
asistencia judicial;  y f) aprender el modo de responder apropiadamente a las solicitudes de
cooperación voluntaria de otros países o a la aplicación extraterritorial de las leyes en materia de
competencia de otros países.  Los países en desarrollo tenían poco conocimiento de lo que entrañaríaun marco multilateral sobre política de competencia.  Era, pues, quizás demasiado pronto para
enunciar en detalle cuáles eran sus necesidades en materia de asistencia técnica.  Era inevitable una
actividad reiterada de formación sobre diversos aspectos.  Cuando mejorase la asistencia técnica,
aumentaría en la misma medida la necesidad de comprender más cuestiones y sería necesario prever
esa formación adicional.
265
100. Se observó que existían muchos instrumentos para crear capacidad y que en algunos casos los
objetivos se superponían.  La creación de capacidad se centraba en el desarrollo y mejora de lacapacidad de una autoridad encargada de la competencia para aplicar la ley y la política de
competencia en su jurisdicción.  Esto planteaba la cuestión de cómo podría crearse una cultura de la
competencia en la administración en su conjunto -el poder judicial, la comunidad empresarial y el
público en general- porque la ley y la política de competencia no podían aplicarse en los casos en que
la comunidad en su conjunto no tenía una idea de lo que eran las normas de competencia y elcomportamiento competitivo.  Este aspecto de más largo plazo de la creación de capacidad no era algo
que pudiera finalizar o disminuir con el término de la labor del Grupo de Trabajo o con la negociación
y aplicación de un acuerdo multilateral.  Además, no estaba de por sí vinculado a las normas
multilaterales.  En ese contexto, era esencial la cooperación entre las autoridades encargadas de la
competencia para que los Miembros pudieran ayudar a los países en desarrollo a establecerautoridades encargadas de la competencia y a mejorarlas.  A este respecto, uno de los principales
objetivos de la asistencia técnica era garantizar que las autoridades del país en desarrollo estuvieran en
posición de beneficiarse de la cooperación internacional.
266
                                                     
265 M/17, párrafo 31.
266 M/17, párrafo 33.WT/WGTCP/6
Página 45
101. Con respecto a la relación entre la creación de capacidad y otros aspectos de un eventual
marco de política en materia de competencia, se dijo que la cooperación internacional tenía una útil
función que cumplir al abordar las consecuencias de la política de competencia planteadas por la
mundialización de los mercados.  Sin embargo, dada la diversidad del alcance y el énfasis de las
políticas de competencia y los instrumentos de aplicación existentes entre los Miembros de la OMC,debían considerarse cuidadosamente la cuantía y las modalidades de la cooperación.  Debían tomarse
plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados que
participaban, y debía proporcionarse la flexibilidad adecuada para atenderlas, como se había
encomendado en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha.  Esto incluía la posibilidad de
no tener una ley de competencia.  Se necesitaba asistencia para ayudar a los países en desarrollo y
menos adelantados a evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha en
sus políticas y objetivos de desarrollo.
267  Los diversos programas de cooperación técnica que habían
expuesto los Miembros, en particular los elaborados para aumentar la capacidad y la cooperación
técnica a largo plazo, cumplían sólo parcialmente el mandato contenido en el párrafo 25 de la
Declaración Ministerial de Doha.  En el párr afo 25 se dejaba en claro que la OMC y otras
organizaciones internacionales debían participar en la creación de capacidad y la cooperación técnica.
A este respecto, debía otorgarse prioridad a la elaboración y aplicación de legislación en materia decompetencia, la elaboración y establecimiento de un organismo encargado de aplicar la ley, y al
desarrollo de un entorno de competencia, en particular en los países que no tenían una experiencia
significativa en esta esfera.  Estos elementos debían ser parte de un programa de asistencia técnica
coherente que estudiara las necesidades de los receptores, que tuviera en cuenta las diversas
necesidades de los países en desarrollo, y que estableciera modalidades para evitar la duplicación.Un elemento importante tanto con respecto al párrafo 24 como al párrafo 25 de la Declaración
Ministerial era la evaluación de las consecuencias de la cooperación técnica.  Tal actividad debía
desempeñarse a todos los niveles, incluso en el plano multilateral, y por lo tanto debía incluirse como
un elemento de las modalidades de cooperación y de creación y fortalecimiento de capacidad.  Dicho
elemento era esencial ya que permitía el reconocimiento de las necesidades especiales de los países endesarrollo, así como del hecho de que no era adecuado un enfoque "único y válido para todos".
268
Se dijo que se había trazado correctamente una distinción entre la asistencia técnica y la creación decapacidad, que tenían por objeto potenciar las posibilidades de los países en desarrollo de evaluar
mejor las consecuencias de la cooperación multilateral en esta esfera y el apoyo para el
fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en
desarrollo mediante la creación de capacidad.  Desde la perspectiva de los países en desarrollo, existía
una vinculación entre los dos objetivos que se intentaban alcanzar mediante la asistencia técnica y lacreación de capacidad.  La naturaleza y la magnitud de las obligaciones contraídas por los Miembros
en materia de creación de capacidad en los países en desarrollo, a fin de fortalecer las instituciones
encargadas de la competencia para que pudieran aplicar mejor sus leyes nacionales y sacar ventaja de
la cooperación internacional en casos de prácticas anticompetitivas de dimensiones internacionales,
tendrían una considerable influencia en la evaluación de las consecuencias de una cooperaciónmultilateral más estrecha en sus políticas y objetivos de desarrollo.
269
102. También se manifestó la opinión de que llevar a cabo programas eficaces de asistencia técnica
y creación de capacidad exigía cierto grado de comp rensión común acerca de los principios básicos y
que los programas de asistencia técnica y creación de capacidad facilitaban la aclaración de los
principios básicos mediante los intercambios de experiencias y el entendimiento mutuo entre los
                                                     
267 M/17, párrafo 29.
268 M/17, párrafo 30.
269 M/17, párrafo 31.WT/WGTCP/6
Página 46
participantes.  En otras palabras, la creación de capacidad y la aclaración de los principios básicos
eran complementarias y debían promoverse a la vez.270
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD, DE CONFORMIDAD
CON EL PÁRRAFO 24 DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA
103. El párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Doha establece que los Ministros reconocen la
necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se potencie el apoyo para la
asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, incluidos el análisis y la formulación de
políticas para que puedan evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más
estrecha para sus políticas y objetivos de desarrollo, y el desarrollo humano e institucional.  A tal fin,
la disposición establece que se trabajará en cooperación con otras organizaciones
intergubernamentales pertinentes, incluida la UNCTAD, y por conducto de los canales regionales y
bilaterales apropiados, para facilitar una asistencia reforzada y dotada de recursos adecuados pararesponder a esas necesidades.  A este respecto, durante cada una de sus reuniones celebradas en 2002,
el Grupo de Trabajo recibió informes sobre actividades realizadas en cumplimiento del mandato
establecido en el párrafo 24, ya sea de la Secretaría de la OMC, de otras organizaciones
intergubernamentales o de Miembros que habían actuado por conducto de canales regionales y
bilaterales.
104. Durante el año informaron al Grupo de Trabajo acerca de actividades específicas
correspondientes al párrafo 24, efectuadas por su iniciativa o con su colaboración, los siguientes
Miembros:  Australia
271, la Comunidad Europea y sus Estados miembros272, Nueva Zelandia273, el
Uruguay274, el Japón275, Corea276, Guatemala277, China278 y la Argentina.279  Además, en cada una de
las reuniones del Grupo de Trabajo se presentaron informaciones actualizadas de las actividadespertinentes de la UNCTAD y la OCDE.
280
105. En lo que respecta a las actividades de asistencia técnica desarrolladas por la Secretaría de
la OMC, un aspecto importante de las que se cumplieron durante el año se refería a la colaboración
con otras organizaciones intergubernamentales, en especial la UNCTAD.  A este respecto se informó
al Grupo de Trabajo, en su reunión celebrada los días 23 y 24 de abril, de un encuentrointerinstitucional realizado el 25 de enero de 2002, al que asistieron representantes de la UNCTAD,
                                                     
270 M/17, párrafo 36.
271 M/17, párrafo 46.
272 M/17, párrafo 49.
273 M/17, párrafo 54.
274 M/19, párrafo 92.
275 M/19, párrafo 93.
276 M/19, párrafo 94.
277 M/19, párrafo 96.
278 M/19, párrafo 97.
279 M/19, párrafo 98.
280 M/17, párrafo 60;  M/18, párrafos 93 y 94;  y M/19, párrafo 100.WT/WGTCP/6
Página 47
la OCDE y el Banco Mundial, además de la Secretaría de la OMC.  Esa reunión tuvo por objeto
intercambiar informaciones sobre las actividades proyectadas por cada organización e impulsar un
alto grado de cooperación entre las organizaciones participantes en la ejecución de la asistencia
técnica en esta esfera, sobre todo a través de seminarios regionales, en cuanto fuera factible y
compatible con los criterios de prioridad de cada institución.281
106. Con respecto, concretamente, a la cooperación con la UNCTAD, se informó al Grupo que, en
la primera parte del año 2002, la UNCTAD había organizado, con la participación de la OMC, una
primera serie de seminarios regionales sobre el mandato de Doha acerca del comercio y la política en
materia de competencia.  Se habían desarrollado en la ciudad de Panamá para los países de América
Latina;  en Túnez para los países africanos;  en Hong Kong, China, para los de Asia;  y en Odessa
para los de Europa Central y Oriental.  Posteriormente, la OMC estaba organizando una segunda serie
de seminarios regionales, con participación de la UNCTAD.  Hasta la fecha, esto ha comprendidoseminarios regionales organizados por la Secretaría de la OMC en la ciudad de Guatemala para los
países de América Central
282;  en Libreville para los países africanos de habla francesa283;  y en
Port-Louis (Mauricio) para los países africanos de habla inglesa.  Además, la UNCTAD ha tomado
parte en un seminario nacional organizado por la Secretaría de la OMC en China.
107. Además de la función que cumple en estos seminarios regionales y nacionales dedicados
específicamente al mandato de Doha sobre el comercio y la política en materia de competencia, la
Secretaría ha participado en los siguientes cursos prácticos y seminarios desarrollados durante el año:
en los seminarios que la UNCTAD ha realizado en Abu Dhabi para países de la región del Oriente
Medio;  y en Lusaka para los países de África Meridional;  y en una importante conferencia
organizada por la Comisión de Comercio Leal de  Corea en cooperación con la UNCTAD y la OCDE,
en Seúl.  Además, en el curso del año la Secretaría aportó módulos referentes al comercio y la política
en materia de competencia a los siguientes seminarios y cursos de la OMC que trataron diversos
aspectos del Programa de Doha para el Desarrol lo:  i) un seminario nacional para Nigeria sobre
diversos temas comerciales;  ii) un curso de la OEA, la OMC y la Universidad de Georgetown para
funcionarios comerciales latinoamericanos, en Washington, D.C.;  iii) un seminario regional dela CEPA y la OMC sobre diversos temas, realiza do en Addis Abeba;  dos sesiones especiales del
Curso sobre Política Comercial de la OMC realizadas para funcionarios de países africanos de habla
francesa y de habla inglesa, en Casablanca y Nair obi, respectivamente;  iv) un cursillo para altos
funcionarios comerciales organizado por la OMC en  cooperación con el Instituto Conjunto en Viena;
y vi) varias sesiones ordinarias del Curso sobre Política Comercial de la OMC en Ginebra.
108. Durante el debate de este punto, los Miembros plantearon diversas observaciones y
propuestas respecto de los programas de creación de capacidad.  Entre muchas otras observaciones
284
se sugirió que la asistencia técnica y la creación de capacidad que respondían a las diversas
necesidades concretas de los países en desarrollo Miembros ayudarían no sólo a desarrollar y
fortalecer los sistemas jurídicos en la esfera de la competencia, sino también a facilitar los debates del
Grupo de Trabajo.  Se sugería que para elevar al máximo la utilidad de tales actividades, éstas se
centraran en las siguientes esferas antes de que tuviera lugar cualquier debate acerca de la posibilidadde llegar a un consenso sobre las modalidades de negociaciones relativas a un marco multilateral
sobre política de competencia en el seno de la OMC:  i) evaluar la situación actual en los países en
                                                     
281 M/17, párrafo 58.
282 El seminario de la ciudad de Guatemala se organizó en cooperación con el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL).
283 En este seminario participaron representantes de las Secretarías de la UNCTAD y de la OCDE.
284 Véase M/17, párrafo 52.WT/WGTCP/6
Página 48
desarrollo Miembros respecto al desarrollo de políticas de competencia y la formulación y aplicación
de leyes en materia de competencia;  ii) ayudar a los países en desarrollo Miembros a desarrollar
sistemas jurídicos idóneos y una cultura de la competencia mediante la prestación de servicios de
formación a las autoridades nacionales encargadas de la competencia y a otros organismos
gubernamentales relacionados con el tema, así como al sector privado e instituciones académicas;iii) analizar la relación recíproca entre la evolución de los mercados y las políticas de competencia en
los países en desarrollo Miembros;  iv) analizar las consecuencias que tendría un posible acuerdo
marco multilateral en el seno de la OMC sobre comercio y desarrollo en los países en desarrollo
Miembros, tanto si contaban o no con un marco jurídico nacional bien desarrollado sobre la política
de competencia y la economía de mercado;  y v) intercambiar información y experiencia sobre la
política de competencia entre los Miembros.
285  Se hizo hincapié en la importancia de entender el
modo en que encajaba la política de competencia en un marco más amplio relativo al establecimientode sistemas adecuados de gestión de la política económica y el modo en que se vinculaba con otras
políticas económicas, tales como la política comercial, la reglamentación de la economía y la
protección del consumidor, particularmente a la luz de los problemas planteados por la
mundialización y la creciente influencia de la conducta anticompetitiva transfronteriza.
286  Se insistió
también en la importancia de que las diversas organizaciones participantes en la prestación deasistencia técnica en esta materia colaborasen en el mayor grado posible alcanzando un entendimiento
común acerca de sus funciones y sus esferas de responsabilidad respectivas.
287  Los Miembros
también indicaron diversas necesidades más concretas.288
109. Como otro aspecto de la asistencia técnica y la creación de capacidad, durante el año se pidió
que la Secretaría, con la asistencia de un consultor, iniciara un estudio sobre ciertos aspectosreferentes a los costos y los beneficios que origina para los países en desarrollo la adopción de un
marco multilateral sobre política en materia de competencia concertado en la OMC.  El mandato
correspondiente al estudio, acordado por el Grupo de Trabajo en su reunión celebrada los días 1º y
2 de julio, es el siguiente:
"Estudio de las cuestiones relativas a un marco multilateral sobre
política de competencia
El estudio tendría por objeto resumir la información disponible que
pudiera facilitar una evaluación de los costos y los beneficios de las
propuestas formuladas para establecer un marco multilateral sobre
política de competencia.  Se basaría en la documentación existente y
en fuentes públicas, incluidos los estudios y otra documentación
preparados por o para la UNCTAD,  la OCDE y el Banco Mundial, y
versaría sobre los tres elementos principales siguientes:
a) Examen de las cuestiones referentes a la relación entre la
política de competencia en cuanto se refiere al comercio y la
política industrial, con inclusión de:
                                                     
285 M/17, párrafo 52.
286 M/17, párrafo 46.
287 M/17, párrafo 55.
288 Véase M/17, párrafos 48, 50, 51 y 53;  M/18, párrafos 87, 88, 89 y 91;  y M/19, párrafos 97 y 99.WT/WGTCP/6
Página 49
- todas las concesiones y complementariedades que pudieran
surgir entre la aplicación de la política de competencia y el
logro de una mayor eficiencia en los países en desarrollo;
- la experiencia adquirida con respecto a la relación entre la
competencia y la política industrial;
- las repercusiones de las posibles disposiciones sobre no
discriminación, transparencia, equidad procesal y cárteles
intrínsecamente nocivos en las opciones nacionales de
política industrial y económica, y la experiencia nacional a
este respecto.
b) Examen de las cuestiones y reunión de datos empíricos
disponibles con respecto a los recursos que exigiría laadopción y aplicación efectiva de un marco multilateral sobre
política de competencia, incluidas las disposiciones sobre
cárteles intrínsecamente nocivos, transparencia, equidad
procesal y respuesta a las solicitudes de cooperación
voluntaria.
c) Repercusiones de la legislación y la política de competencia
en las medidas para hacer frente a las prácticas
anticompetitivas de las empresas en el contexto de los países
en desarrollo."
El estudio se basará en la documentación existente y en la que se obtenga de fuentes públicas, incluida
la preparada por otros organismos intergubernamentales.
289
110. Posteriormente, se informó al Grupo de Trabajo de que la Secretaría había contratado, para la
preparación del estudio solicitado, los servicios de un experto consultor, el Dr. Simon Evenett,
Director de Investigaciones Económicas del Instituto de Comercio Mundial de Berna.  Los trabajos ya
se habían iniciado, y se confiaba en contar con el estudio para el final del año.290
E. INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS NACIONALES
111. Presentaron comunicaciones escritas referentes a este punto Corea y la Argentina
(documentos W/189 y 206, respectivamente).
112. Con respecto a la relación entre la política de competencia y el desarrollo, así como las crisis
financieras, se dijo que Corea había sufrido una crisis de divisas en 1997.  Muchas empresas habían
cerrado durante ese período y muchos trabajadores perdido sus empleos.  En el seno del sector
empresarial se tenía la opinión de que, para mejorar los efectos de la crisis económica había sidonecesario relajar la ley de competencia para proteger a las empresas coreanas de los competidores
internacionales.  Sin embargo, siguiendo las recomendaciones del FMI y el BIRF, Corea aplicó más
intensamente su ley de competencia sobre la base de que una de las razones de la crisis económica del
país era que los mecanismos del mercado no habían funcionado correctamente.  La Comisión de
Comercio Leal de Corea (KFTC) había desempeñado un papel fundamental en la reestructuración de
                                                     
289 M/18, párrafos 95 a 98.
290 M/19, párrafo 91.WT/WGTCP/6
Página 50
la economía coreana para que fuera una economía de mercado.  Había asegurado que en el proceso de
privatización se aplicaran los principios de la competencia.  Gracias a ello, actualmente el estado de la
economía coreana era considerablemente mejor que antes de la crisis económica de 1997.  Sobre esta
base, la experiencia de Corea a partir de la crisis había puesto de relieve la necesidad e importancia de
la política de competencia como pilar y contrapeso de la política industrial, y como baluarte de unavigorosa economía de mercado.
291
113. También en relación con el tema de la función de la política de competencia en tiempos de
crisis, financiera o económica, se dijo que la reciente experiencia de la Argentina había mostrado la
importancia de esa política tanto en las épocas buenas como en las malas.  En los momentos de
dificultades económicas, la tentación de intervenir directamente en los mercados o fijar precios era
muy grande para los gobiernos.  De hecho, el propio sistema de mercado se ponía algunas veces en
tela de juicio.  La privatización y la liberalización tan extendidas, particularmente a principios deldecenio de 1990, que a menudo solían llevarse a cabo sin prestar la debida atención a la necesidad de
competir y a otras disciplinas públicas, había dado lugar a una concentración de la economía, que
había traído consigo diversas consecuencias perjudiciales.  Las salvaguardias de la competencia
siempre se habían introducido demasiado tarde y a este respecto existían muchas deficiencias.
En muchos sectores, la concentración había facilitado la formación de cárteles.  Después del augeoriginal provocado por la liberalización y la privatización entre 1997 y 2000, la economía dejó de
crecer y la productividad fue negativa.  Esta experiencia demostró lo que sucedía cuando no se
prestaba suficiente atención a la introducción de disciplinas competitivas en períodos de
reestructuración económica.  Se sugirió que, para recuperar la estabilidad macroeconómica, la
Argentina no podría evitar una revolución microeconómica tanto en el sector público como en elprivado.  Para el éxito futuro era indispensable fo mentar el funcionamiento eficiente de los mercados
y adoptar nuevas tecnologías.  La lección general que se sacaba de la experiencia del país era que el
equilibrio macroeconómico era una condición necesaria, pero no suficiente, de la prosperidad.
También era necesaria la eficacia a nivel microeconómico, sobre la base de leyes e instituciones
sólidas.
                                                     
291 M/17, párrafo 62.WT/WGTCP/6
Página 51
ANEXO 1
TEXTO DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA
(WT/MIN(01)/DEC/1), PÁRRAFOS 23-25
(adoptada el 14 de noviembre de 2001)
INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA
23. Reconociendo los argumentos en favor de un marco multilateral destinado a mejorar la
contribución de la política de competencia al comercio internacional y al desarrollo, y la necesidad de
potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, como se indica en el
párrafo 24, convenimos en que después del quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial
se celebrarán negociaciones sobre la base de una decisión que se ha de adoptar, por consenso
explícito, en ese período de sesiones respecto de las modalidades de las negociaciones.
24. Reconocemos la necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se potencie
el apoyo para la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, incluidos el análisis y la
formulación de políticas para que puedan evaluar mejor las consecuencias de una cooperación
multilateral más estrecha para sus políticas y objetivos de desarrollo, y el desarrollo humano e
institucional.  A tal fin, trabajaremos en cooperación con otras organizaciones intergubernamentales
pertinentes, incluida la UNCTAD, y por conducto de los canales regionales y bilaterales apropiados,para facilitar una asistencia reforzada y dotada de recursos adecuados para responder a esas
necesidades.
25. En el período que transcurra hasta el quinto período de sesiones, la labor ulterior en el Grupo
de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia se centrará en la aclaración
de lo siguiente:  principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y laequidad procesal, y disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos;  modalidades de
cooperación voluntaria;  y apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de
la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad.  Se tendrán plenamente
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados participantes y se preverá la
flexibilidad apropiada para tratarlas.WT/WGTCP/6
Página 52ANEXO 2
COMUNICACIONES PRESENTADAS AL GRUP O DE TRABAJO SOBRE LA INTERACCIÓN
ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA EN 2002
Signatura
(WT/WGTCP/W/-)Miembro/otra fuenteDónde se introdujo
(Referencia en las actas)Tema
W/181 y Rev.1 Rumania M/17, párrafos 4-5 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/182 Secretaría M/17, párrafo 4 Principios fundamentales, in cluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/183 Canadá M/17, párrafos 4 y 19 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/184 CE y Estados miembros M/17, párrafos 4 y 18 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/185 Estados Unidos M/17, párrafos 4 y 21 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/186 Japón M/17, párrafos 4, 16 y 17 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/187 Egipto M/17, párrafos 4, 7 y 48 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal;  disposiciones sobr e los cárteles intrínsecamente nocivos
W/188 Tailandia M/17, párrafos 4 y 6 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/189 República de Corea M/17, párrafos 4, 20, 47 y 62 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal;  disposiciones sobr e los cárteles intrínsecamente nocivos;
modalidades de cooperación voluntaria
W/190 Australia M/17, párrafos 44 y 46 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal;  disposiciones sobr e los cárteles intrínsecamente nocivos
W/191 Secretaría M/18, párrafo 3 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/192 Secretaría M/18, párrafo 49 Modalidades de cooperación voluntaria
W/193 CE y Estados miembros M/18, párrafos 3-5, 51-52 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/194 Suiza M/18, párrafos 3 y 8 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/195 Japón M/18, párrafos 49-50 Modalidades de cooperación voluntariaWT/WGTCP/6
Página 53Signatura
(WT/WGTCP/W/-)Miembro/otra fuenteDónde se introdujo
(Referencia en las actas)Tema
W/196 México M/18, párrafos 3 y 29 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/197 UNCTAD M/18, párrafos 3, 46-47, 49 y 81 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/198 Australia M/18, párrafos 3 y 11 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/199 Australia M/18, párrafos 49 y 57 Modalidades de cooperación voluntaria
W/200 República de Corea M/18, párrafos 3, 7 y 56 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/201 Canadá M/18, párrafos 3, 10 y 24-25 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/202 Canadá M/18, párrafos 49 y 53 Modalidades de cooperación voluntaria
W/203 Estados Unidos M/18, párrafos 3 y 6 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/204 Estados Unidos M/18, párrafos 49 y 55 Modalidades de cooperación voluntaria
W/205 Tailandia M/18, párrafos 3, 9 y 70 Modalidades de cooperación voluntaria
W/206 Argentina M/18, párrafo 99 Balance de las experiencias nacionales
W/207 OCDE M/18, párrafos 3 y 48 Modalidades de cooperación voluntaria
W/208 OCDE M/18, párrafos 49 y 82 Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/209 Secretaría M/19, párrafo 3 Principios fundamentales, in cluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/210 Nueva Zelandia M/19, párrafos 3 y 4 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/211 Australia M/19, párrafos 3 y 5-6 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/212 República de Corea M/19, párrafos 3 y 7-11 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/213 y Rev.1 Tailandia M/19, párrafos 3 y 12 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/214 Suiza M/19, párrafos 3 y 13-14 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/215 India M/19, párrafos 3 y 16-17 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesalWT/WGTCP/6
Página 54Signatura
(WT/WGTCP/W/-)Miembro/otra fuenteDónde se introdujo
(Referencia en las actas)Tema
W/216 India M/19, párrafos 3 y 16-17 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/217 Japón M/19, párrafos 3 y 15 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/218 Estados Unidos M/19, párrafos 3 y 22-23 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/219 Estados Unidos M/19, párrafos 3 y 18-21 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/220 Sudáfrica M/19, párrafos 3 y 30-32 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/221 OCDE M/19, párrafos 3 y 58 Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal
W/222 CE y Estados miembros M/20 (pendiente de  publicación) Principios fundamentales, incl uidas la transparencia, la no discrimina ción y la
equidad procesal
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