RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/34
2 de marzo de 1998
(98-0810)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  español/
francés/inglés
COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS
Se ha recibido de la Comunidad Europea y su s Estados miembros la siguiente comunicación,
con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
_______________
Reseña de la política y los instrumentos en materia de competencia
La Comunidad Europea y sus Estados miembros aplican un complejo sistema de
disposiciones comunitarias y leyes nacionales sobre la competencia, con una serie de objetivos
comunes:  distribución óptima de los recursos económicos, bienestar del consumidor, prestación
eficaz de servicios de interés económico general al público.  Además, la legislación comunitaria
promueve la integración de los mercados en un mercado único.
Este sistema comprende dos niveles:  un nivel comunitario (sección I) y un sistema nacional
en cada Estado miembro (sección II).
SECCIÓN I - INSTRUMENTOS DE LA COMUNIDAD EUROPEA
EN MATERIA DE COMPETENCIA
I. POLÍTICAS, LEGISLACIÓN E INSTRUMENTOS EUROPEOS SOBRE LA
COMPETENCIA EN RELACIÓN CON EL COMERCIO
La legislación de la Comunidad Europea en materia de competencia comprende una amplia
gama de disposiciones.  Por ejemplo, además de las normas sobre los cárteles y la explotación abusiva
de una posición dominante, el Tratado de Roma de 1957 contiene disposiciones referentes a la ayuda
otorgada por los Estados miembros o mediante recursos estatales en cualquier forma que cause o
amenace causar distorsión en la competencia al favorecer a determinadas empresas o la producción de
determinadas mercancías en cuanto afectan al comercio entre Estados miembros.
Sin embargo, la presente comunicación habrá de limitarse a la "legislación antitrust":  los
acuerdos restrictivos, la explotación abusiva de una posición dominante, las fusiones que tienen
efectos negativos sobre la competencia y el comportamiento de las autoridades públicas respecto de
las empresas públicas o las empresas a las que se han otorgado derechos especiales o exclusivos.WT/WGTCP/W/34
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A. Acuerdos restrictivos y explotación abusiva de una posición dominante
El artículo 85 del Tratado de Roma, sobre los acuerdos ilícitos, está dividido en dos partes:
una prohibición general (párrafo 1) que declara incompatibles con el mercado común todos los
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que
puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir,
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.  Esos acuerdos ilícitoscomprenden la fijación de precios, la limitación o control de la producción, el mercado, el desarrollo
técnico o las inversiones, los acuerdos de vinculación y la discriminación.  La segunda parte del
artículo 85 (párrafo 3) contiene una disposición sobre exenciones:  las disposiciones del apartado 1
podrán ser declaradas inaplicables, en determinadas condiciones
1, a cualquier acuerdo o categoría de
acuerdos entre empresas que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o
a fomentar el progreso técnico o económico.
El artículo 86, en cambio, sólo contiene una prohibición general.  Se refiere a cualquier
explotación abusiva de una posición dominante en el mercado común.  Tales prácticas abusivas
pueden consistir, particularmente, en imponer precios de compra o de venta no equitativos, limitar la
producción, el mercado o el desarrollo técnico, aplicar condiciones discriminatorias o subordinar las
compras de un producto a la compra de otro, etc.
Artículo 90:  los artículos 85 y 86 se aplican a todas las empresas, incluidas las empresas
encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de
monopolio fiscal, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de
derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada.  Rigen disposiciones especiales
respecto del ámbito general de aplicación de la legislación de la Comunidad Europea en materia de
competencia en las esferas de la agricultura (están excluidos del artículo 85 los acuerdos que formenparte integrante de una organización nacional de mercado o que sean indispensables para el logro de
la Política Agrícola Común) y la defensa (artículo 223 del Tratado de Roma).
La legislación secundaria basada en el Trat ado de Roma otorga a la Comisión Europea una
función de dirección para la aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia y amplias
facultades de investigación.  Con respecto al ámbito de aplicación del derecho comunitario, elTribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictaminado que la Comisión puede actuar
contra las prácticas anticompetitivas aplicadas en el mercado europeo aun cuando los actos ilegales
hayan sido cometidos por empresas extranjeras fuera de Europa.
1) Denuncias ante la Comisión
Las empresas pueden denunciar a la Comisión cualquier práctica anticompetitiva (de manera
oficiosa), en especial las que afecten a su acceso a los mercados.  Pueden hacerlo directamente o por
intermedio de una organización profesional.  No se requiere ninguna formalidad.  Las empresas
pueden emplear un formulario normalizado, pero no están obligadas a hacerlo.  El derecho de
confidencialidad está garantizado por el artículo 214 del Tratado de Roma, que establece que los
funcionarios y agentes de la Comunidad estarán obligados a no divulgar las informaciones que, por su
naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional y, en especial, los datos relativos a las empresas
y que se refieran a sus relaciones comerciales o a los elementos de sus costes.
                                                     
1 Esos acuerdos deben reservar a los usuarios una par ticipación equitativa en el beneficio resultante y
no deben imponer a las empresas interesadas restriccion es que no sean indispensables para alcanzar tales
objetivos, ni ofrecer a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial
de los productos de que se trate.WT/WGTCP/W/34
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Cuando las empresas formulan una denuncia ante la Comisión, se les envía un acuse de recibo
y se les informa posteriormente del curso dado a la denuncia y, en particular, de las medidas
adoptadas por la Comisión respecto de las empresas que son objeto de ella y de las comunicaciones
hechas a los Estados miembros.  La Comisión debe examinar cuidadosamente los elementos de hecho
y de derecho expuestos por el denunciante.
La Comisión puede rechazar las denuncias referentes a casos en los que no esté en juego
ningún interés importante de la Comunidad y que puedan resolverse satisfactoriamente a nivel
nacional.  Esto debe dar lugar a un aumento del número de demandas formuladas ante los tribunales
nacionales o las autoridades nacionales responsables de la competencia para la aplicación del derecho
comunitario en la materia.
La Comisión, si entiende que los elementos de que dispone no justifican una decisión
favorable, indica sus fundamentos a los denunciantes fijándoles un plazo para la presentación por
escrito de cualquier observación que deseen formular (artículo 6 del Reglamento 99/63, de 25 de juliode 1963).  La Comisión puede entonces, si co rresponde, dar por concluidos los procedimientos
mediante una decisión formal que rechaza las denuncias.
Las empresas también pueden deducir tercería en procedimientos incoados por otra empresa
ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Justicia siempre que puedan acreditar un interés
suficiente.
Debe destacarse que la legislación comunitaria otorga a las empresas extranjeras iguales
derechos que a las empresas de la Comunidad.  No existen excepciones a esta regla.
2) Aplicación directa de la legislación comunitaria
Además, las partes afectadas por una práctica anticompetitiva también pueden recurrir
directamente, ya sea ante la autoridad responsable de la competencia en algunos Estados miembros, oante los tribunales nacionales.  En este último caso, el Tratado constitutivo de la CE surte efecto
directamente en el sentido de que sus disposiciones en materia de competencia pueden invocarse por
los particulares ante esos tribunales.
3) Investigaciones
La Comisión tiene competencia tanto para imponer la observancia de las prohibiciones que
figuran en el apartado 1 del artículo 85 y en el artículo 86 como para otorgar las exenciones previstas
en el apartado 3 del artículo 85.  Con este fin, los Reglamentos del Consejo facultan a la Comisión
para llevar a cabo investigaciones y adoptar decisiones.  Cuando corresponde, los procedimientos
pueden dar lugar a la adopción de medidas de pr otección provisionales, mandamientos judiciales,
multas y sanciones.  Las decisiones de la Comisión admiten apelación ante el Tribunal de PrimeraInstancia.  Las sentencias del Tribunal, a su vez, pueden ser apeladas ante el Tribunal de Justicia.
Los tribunales nacionales, en general, pueden dictar interdictos, declarar la nulidad de los
acuerdos controvertidos o adoptar medidas provisionales y condenar a la indemnización de daños y
perjuicios.  Las empresas que demandan ante los tribunales nacionales por infracción de la legislación
comunitaria sobre la competencia pueden recurrir a todos los procedimientos y medios de reparación
previstos en la legislación nacional.  Los medios de reparación y las normas de procedimientos
aplicadas por los tribunales nacionales por infracción de la legislación comunitaria no pueden sermenos favorables que las establecidas para las infracciones comparables de la legislación nacional.WT/WGTCP/W/34
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Por otra parte, se han establecido por los Estados miembros autoridades encargadas de la
aplicación de la legislación nacional sobre la competencia.  Algunas de ellas están facultadas para
aplicar tanto la legislación comunitaria sobre competencia como su legislación nacional.  Mientras la
Comisión no haya iniciado procedimientos en virtud de los artículos 85 y 86, las autoridades de los
Estados miembros conservan su competencia para aplicar esas disposiciones (salvo para conceder las
exenciones previstas en el apartado 3 del artículo 85).  Por regla general, las autoridades nacionalesresponsables de la competencia están habilitadas para llevar a cabo investigaciones, adoptar
decisiones e imponer sanciones.  Las decisiones administrativas de las autoridades competentes están
sujetas a la supervisión de los tribunales nacionales.  En algunos Estados miembros, esas autoridades
tienen amplias facultades de investigación:  en primer lugar, en muchos casos las autoridades pueden
ejercer sus propias facultades de investigación respecto de los particulares e imponer sanciones por
omisión de cooperar, incluyendo penas de prisión por incumplimiento de sentencias judiciales;  en
segundo lugar, tienen facultades de policía, en particular la posibilidad de obtener mandamientos deregistro para efectuar investigaciones in situ .
B. Fusiones
Las fusiones de dimensiones comunitarias (es decir, aquellas en que la cifra de negocio de las
empresas participantes excede de ciertos umbrales) deben notificarse a la Comisión dentro de la
semana siguiente a la concertación del acuerdo.  Si la fusión crea o fortalece una posición dominantecomo consecuencia de la cual resulta trabada significativamente la competencia efectiva en el
mercado común o en una parte sustancial de él, se la declarará incompatible con el mercado común.
La Comisión debe adoptar sus decisiones dentro del término de un mes o, si la fusión parece crear o
fortalecer una posición dominante como consecuencia de la cual resulta trabada significativamente la
competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial de él, en un plazo de cincomeses.
Cualquier concentración que no alcanza dimensiones comunitarias queda sujeta a la
legislación nacional de los Estados miembros.
Existen algunas excepciones a la jurisdicción exclusiva de la Comisión en casos que exceden
del umbral, y de la jurisdicción de las autoridades nacionales en casos que no lo alcanzan.
C. Cooperación entre la Comisión Europea y las autoridades de los Estados miembros
Las relaciones entre la Comunidad y los Estados miembros se rigen por el principio del enlace
estrecho y permanente.  Ese principio está basado en el artículo 5 del Tratado de Roma.
1) Cooperación durante las investigaciones
Al realizar investigaciones sobre empresas o asociaciones de empresas, la Comisión recibe la
asistencia de las autoridades de los Estados miembros en cuyo territorio se efectúan.
2) Cooperación con las autoridades de los Estados miembros durante los procedimientos
Los documentos más importantes relativos a cada asunto, incluida la información de
naturaleza confidencial que la Comisión ha obtenido de empresas, se comunican a las autoridades
nacionales.
Esas autoridades están representadas en las audiencias orales en que comparecen empresas y
tienen la facultad de exponer sus puntos de vista sobre el procedimiento.  Antes de adoptarse lasdecisiones sobre cada caso, se consulta a un comité asesor formado por funcionarios de los Estados
miembros.WT/WGTCP/W/34
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3) Cooperación entre los tribunales nacionales y la Comisión
La Comisión es la autoridad administrativa que tiene a su cargo la aplicación de la política de
la Comunidad en materia de competencia y, con ese fin, actúa en interés público.  Los tribunales
nacionales, por su parte, tienen la tarea de salvaguardar los derechos subjetivos de los particulares en
sus relaciones entre sí.  Con el fin de desempeñar sus funciones, pueden pedir a la Comisión
informaciones de carácter procesal que les permitan determinar si determinado asunto se encuentrasometido a la Comisión, si ha sido objeto de una notificación, o si la Comisión ha iniciado
oficialmente un procedimiento.
Si es preciso, los tribunales nacionales también pueden pedir que la Comisión expida una
opinión acerca del tiempo que ha de requerirle probablemente el otorgamiento o la denegación de una
exención individual respecto de acuerdos o prácticas que se le han comunicado, a fin de poder
determinar las condiciones de cualquier decisión que hayan de adoptar para suspender
procedimientos, o sobre la necesidad de adoptar medidas provisionales.
Los tribunales nacionales también pueden consultar a la Comisión sobre cuestiones jurídicas
y obtener información de ella acerca de cuestiones de hecho:  estadísticas, estudios de mercado y
análisis económicos.
Por último, merece mencionarse que los tribunales nacionales pueden (y en ciertos casos,
deben) solicitar un dictamen preliminar del Tribunal de Justicia antes de adoptar una decisión basadaen una interpretación del derecho comunitario.  Esta cooperación ha demostrado ser una importante
contribución a la integración del mercado común.
II. INSTRUMENTOS, NORMAS Y ACTIVIDADES INTERNACIONALES EN MATERIA
DE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA
A. Cooperación internacional de la Comunidad Europea
La UE ha concertado diversos tipos de acuerdos con terceros países.
1) Acuerdos sobre la competencia
Un ejemplo clave de la política bilateral de la UE en materia de competencia es el acuerdo
concertado en 1991 con los Estados Unidos.2  Cuando se firmó este acuerdo, las partes
experimentaban un crecimiento de las transacciones transatlánticas y deseaban asegurar unaaplicación más eficaz y eficiente de sus respectivas normas sobre competencia, especialmente en vista
del desarrollo de prácticas anticompetitivas transfronterizas.
Este acuerdo tiene por objetivo promover una mejor coordinación de las políticas de
competencia, impulsar la cooperación en los aspectos en que ello es posible (aunque actualmente está
limitado al intercambio de informaciones no confidenciales y no permite comunicar informaciónempresarial), así como coordinar las medidas y el respeto de los principios de cortesía internacional
en la aplicación de las normas sobre la competencia a los casos particulares.  Un elemento nuevo es la
inclusión de un "instrumento de cortesía positiva", en virtud del cual cada uno de los países puede
pedir que el otro actúe en casos referentes a prácticas que corresponden a la jurisdicción del segundo
                                                     
2 Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a
la aplicación de sus leyes en materia de competenci a, DO L 95, 27.4.95, con corrección en DO L 131, 15.6.95,
páginas 38-39.WT/WGTCP/W/34
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pero afectan a intereses importantes del primero.  El acuerdo entre la CE y los Estados Unidos incluye
también, por último, disposiciones sobre la notificación bilateral de los asuntos.
La experiencia de la Comisión respecto de la cooperación con los Estados Unidos
desde 1991 ha sido positiva.  El Acuerdo ha demostrado indudablemente sus méritos como vehículo
para intercambiar puntos de vista sobre la evolución de la política y para la cooperación en casos
particulares.
La mayoría de los casos de cooperación, que pueden abarcar desde el examen de fusiones
hasta investigaciones sobre cárteles, comienzan con una deliberación sobre el calendario de los
procedimientos respectivos.  La verificación del momento en que ha de realizarse probablemente cada
una de las etapas del procedimiento constituye un elemento clave para determinar la evolución de la
cooperación futura y las posibilidades de coordinar las actividades destinadas a imponer el
cumplimiento de las normas.
Por otra parte, las discusiones se concentran a menudo en el mercado de los productos para
comprobar si ambas autoridades responsables de la competencia han llegado a conclusiones análogas.
Esas deliberaciones se basan en información de carácter público.  Conforme a las normas actuales,
sólo pueden intercambiarse informaciones confidenciales mediante el acuerdo de las empresas a
través de una renuncia de sus derechos al mantenimiento de la confidencialidad.  En los hechos han
sido frecuentes los intercambios de informaciones realizados mediante tales renuncias.
Si bien los acuerdos como el celebrado entre la CE y los Estados Unidos no bastarán para
evitar eventuales discrepancias, puesto que las partes conservan sus facultades de análisis y decisión
independientes, no por ello dejan de contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de la legislación de
las partes en materia de competencia reduciendo el peligro de decisiones contradictorias.
La Comisión negocia actualmente un acuerdo bilateral con el Gobierno del Canadá, en
términos similares al Acuerdo entre la CE y los Estados Unidos.  Se espera que este Acuerdo se
adopte hacia el final del año.
Por último, la Unión Europea y los Estados Un idos han entablado negociaciones a fines de
concertar un nuevo acuerdo que fortalezca las disposiciones sobre cortesía positiva del Acuerdo
de 1991:  en el proyecto se establece que cada autoridad responsable de la competencia, en los asuntosque no traten de fusiones, normalmente habrá de aplazar o suspender sus propias actividades
destinadas a imponer la observancia de las normas respecto de las prácticas anticompetitivas que se
realicen principalmente en territorio de la otra Parte y estén dirigidas principalmente a ella, cuando
esa otra Parte se proponga abordar la cuestión.  Se espera que este acuerdo sea adoptado formalmente
por las autoridades de los Estados Unidos y el Consejo de la UE, previo dictamen del ParlamentoEuropeo, hacia el final de 1997.
2) Acuerdos generales que contienen disposiciones sobre la competencia
La Comunidad ha concertado varios acuerdos generales con terceros países que comprenden
disposiciones en materia de competencia:
- Acuerdos de asociación:  por ejemplo, con Israel, Marruecos y Túnez.
- Acuerdos de asociación y participación:  Rusia, Ucrania, Moldova y otros países de la
CEI.
- Acuerdo de unión aduanera:  Turquía.WT/WGTCP/W/34
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También se encuentran en curso negociaciones con Egipto, Jordania, el Líbano, Argelia,
Sudáfrica y unos pocos países de América del Sur.
3) Cooperación oficiosa
La Comunidad Europea ha desarrollado relaciones bilaterales oficiosas en materia de
competencia con muchos otros países.
4) Acuerdos con otros países europeos
a) Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, concertado entre los doce miembros de la
CEE y seis miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), entró en vigor el 1º de
enero de 1994 (tres de esos países, Suecia, Austria y Finlandia, ingresaron posteriormente en la Unión
Europea).  Los países interesados están sujetos a normas idénticas a las disposiciones del Tratado
constitutivo de la CE, la legislación secundaria, así como las interpretaciones establecidas por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
b) Acuerdos Europeos
Los llamados "Acuerdos Europeos" fueron concertados entre la Unión Europea y países de
Europa Central y Oriental, incluidos los Estados Bálticos.  Las normas sobre la competencia
desempeñan una función importante, tanto en el marco de los Acuerdos Europeos como en la
estrategia previa a la adhesión en lo que respecta a esos países.  Por la misma lógica que se aplicadentro de la Comunidad, se considera que la eliminación de los obstáculos comerciales entre los
países debe tener el apoyo del establecimiento de estructuras legislativas sobre la competencia a fin de
asegurar que los obstáculos públicos no sean sustituidos por obstáculos privados con iguales efectos.
Los Acuerdos Europeos disponen que el sistema en materia de competencia establecido entre
la Comunidad y los países asociados debe reflejar el sistema vigente dentro de la Comunidad:  las
leyes nacionales de esos países en materia de competencia y las normas aplicables a las prácticas que
afectan a su comercio con la UE están inspiradas por los principios de la legislación comunitaria sobre
la competencia.  Esos países están creando la estructura necesaria para una aplicación convincente de
esos principios y el marco procesal para la cooperación entre ambas partes.  Se han logrado progresos
notables.  Sin embargo, queda todavía algún camino por recorrer, sobre todo en lo que respecta a laeficaz ejecución de las normas.
En el marco del programa PHARE, la Comisión presta asistencia técnica en materia de
competencia a los países asociados para ayudarles a desarrollar la legislación necesaria, establecer las
estructuras que necesitan y capacitar a los funcionarios de las autoridades responsables de la
competencia.
B. Acuerdos de cooperación bilateral concertados por Estados miembros
Alemania y Francia concertaron en 1984 un acuerdo bilateral sobre competencia (véase la
sección II, contribución de Alemania).  Se trata de l único ejemplo de un acuerdo formal de esa clase
concertado entre dos Estados miembros.  Este Acuerdo apoya la cooperación oficiosa abarcando todas
las cuestiones relacionadas con la política de competencia.
Alemania también concertó un acuerdo con los Estados Unidos en 1976 (véase la sección II).WT/WGTCP/W/34
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Los Estados miembros no han concertado ningún otro acuerdo bilateral referente a la
aplicación de la legislación sobre la competencia.  La cooperación entre los Estados miembros se
lleva a cabo tanto en el marco de los procedimientos de la Comunidad Europea como con arreglo a la
Recomendación de la OCDE de 1995.
Algunos Estados miembros también participan  activamente en el ya mencionado programa
PHARE de la Comisión.
Por último, la cooperación informal desempeña una función importante, tanto entre los
Estados miembros como con terceros países.
SECCIÓN II - INSTRUMENTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
EN MATERIA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA
ALEMANIA
I. LA LEY CONTRA LAS RESTRICCIONES DE LA COMPETENCIA
La protección de la competencia como motor de la economía de mercado constituye el
cimiento del orden económico en Alemania.  La Bundeskartellamt, que es la autoridad federal de
defensa de la competencia dependiente del Ministerio Federal de Economía, es el órgano competente
para la protección de la competencia.  Sus actividades están basadas en la Ley contra las Restricciones
de la Competencia, que entró en vigor el 1º de enero de 1958.
La Bundeskartellamt es la autoridad competente respecto de todas las restricciones de la
competencia que producen efectos en Alemania.  Si el efecto de restricción de la competencia no se
extiende más allá del territorio de un Land, la autoridad competente es la de ese Land.  Sin embargo,
el control de las fusiones constituye responsabilidad exclusiva de la Bundeskartellamt.  Las decisiones
de ésta se adoptan mediante un procedimiento cuasijudicial por divisiones con facultades decisorias
que no reciben instrucciones de su Presidente.  La Bundeskartellamt cuenta con un personal de unas240 personas, de las cuales 110 son juristas o economistas.
A. Los tres pilares de la Ley contra las Restricciones de la Competencia
1) La prohibición de los cárteles
La prohibición de los cárteles abarca la coordinación del comportamiento en el mercado entre
varias empresas competidoras.  Son ejemplos los acuerdos sobre precios y contingentes y los acuerdosde reparto del mercado.  La Ley contra las Restricciones de la Competencia, como la legislación
europea en materia de competencia, prevé exenciones respecto de esta prohibición general;  pero los
criterios aplicados son diferentes.  La Ley contra las Restricciones de la Competencia autoriza,
mediante un procedimiento oficial, ciertos tipos de acuerdos de cártel determinan ventajas económicas
sin una excesiva restricción de la competencia efectiva.  En particular se incluyen los cárteles derebaja, los cárteles de reglamentación de las condiciones generales de las operaciones mercantiles, los
cárteles formados por pequeñas y medianas empresas y los cárteles de especialización.  Estas dos
últimas formas son las que desempeñan un papel más importante.  Los acuerdos de cooperación entre
pequeñas y medianas empresas les permiten mejorar sus oportunidades de mercado en la competencia
frente a las grandes empresas.  En los casos de los acuerdos de especialización, la producción puede
distribuirse entre las empresas ofreciéndose para la venta un surtido conjunto de productos, siempre
que exista en el mercado respectivo un grado sustancial de competencia.  A diferencia de lalegislación europea, la Ley contra las Restricciones de la Competencia no establece una prohibición
general de las restricciones verticales como los acuerdos de exclusividad, excepto en el caso delWT/WGTCP/W/34
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mantenimiento de los precios impuestos por el vendedor.  No obstante, los cárteles autorizados y las
restricciones verticales autorizadas están sujetos a un control de su explotación abusiva.
La legislación alemana, como la de la UE, prevé exenciones específicas para determinados
sectores de la economía como los transportes, la agricultura, las instituciones de crédito, las
asociaciones administradoras del derecho de autor y el sector de la energía.
2) Control de la explotación abusiva
Las empresas dominantes en el mercado están sujetas al control de la explotación abusiva, por
la autoridad responsable de la competencia, a fin de impedir que exploten el poder de que disponen en
el mercado en perjuicio de sus competidores, comp radores, proveedores o consumidores.  El principal
objetivo es mantener y crear mercados abiertos que no presenten obstáculos a la entrada de nuevos
competidores o competidores extranjeros.  Por lo general los competidores pueden controlar el
alcance de la acción de las empresas dominantes en el mercado con mayor eficacia que los
procedimientos de control de la explotación abusiva por las autoridades responsables.
3) Control de las fusiones
Las fusiones deben notificarse a la Bundeskartellamt de inmediato, una vez que se completan,
si las empresas participantes han registrado en conjunto una cifra de negocio que alcanza a
500 millones de marcos alemanes.  Si una de las empresas participantes en la fusión ha registrado una
cifra de negocio anual de 2.000 millones de marcos alemanes, la fusión debe notificarse antes decompletarse.  En este último procedimiento, el plazo para el examen es de un mes;  ese plazo puede
prorrogarse en casos "críticos" por otros tres meses.  En 1996 la Bundeskartellamt examinó 1.434
fusiones, de las cuales tres fueron prohibidas.  La Ley contra las Restricciones de la Competencia
ejerce un considerable efecto de disuasión:  las empresas interesadas en proyectos de fusión que
pueden dar lugar a una posición dominante en el mercado muchas veces desisten de ellos ya en lasetapas de planificación o después de las conversaciones iniciales con las divisiones competentes al
advertir la probabilidad de una prohibición.
A diferencia de la legislación de la UE, la Ley contra las Restricciones de la Competencia
dispone un procedimiento en dos etapas en que el Ministerio Federal de Economía, en casos
excepcionales, puede autorizar una fusión prohibida por la Bundeskartellamt si así lo justifica uninterés público predominante o la conveniencia general de la economía.  Desde que se introdujo el
control de las fusiones en 1973 se han presentado en total 16 solicitudes de autorización.  La
autorización ministerial fue otorgada en seis de esos casos.
B. Facultades de investigación y sanciones
En los procedimientos referentes a cárteles, la Bundeskartellamt dispone de facultades de
investigación regidas por el Código de Procedimiento Penal (Strafprozeÿordnung) y también puede
efectuar el registro de oficinas y hogares privados, por ejemplo.  La Bundeskartellamt puede aplicar
multas elevadas a las empresas que participan en cárteles y a los dirigentes de esas empresas.
Además, pueden aplicarse multas de un importe que puede alcanzar al triple de los beneficios
adicionales resultantes de una infracción.  En 1996 se aplicaron multas por un total de 19,5 millones
de marcos alemanes, y en el primer semestre de 1997 se alcanzó ya la cifra de 264 millones de marcos
alemanes.
La Ley contra las Restricciones de la Competencia otorga amplias facultades a la
Bundeskartellamt para obtener informaciones y llevar a cabo investigaciones también en los
procedimientos sobre control de prácticas abusivas y control de fusiones.  Por ejemplo, laWT/WGTCP/W/34
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Bundeskartellamt puede pedir informaciones a las empresas acerca de sus relaciones económicas y
ordenar la realización de inspecciones.
C. Derechos procesales y publicidad
Las partes interesadas deben ser informadas de los fundamentos de las decisiones adoptadas
formalmente (por ejemplo, las prohibiciones).  Durante los procedimientos, las partes interesadas
tienen derecho a examinar los expedientes.  En ciertos casos también debe admitirse la participaciónen los procedimientos, a su solicitud, de otras personas, como por ejemplo los competidores.  Las
partes que son objeto de investigaciones y decisiones de la Bundeskartellamt pueden recurrir ante los
tribunales.
Como ocurre en la legislación europea en materia de competencia, las empresas y los
particulares pueden denunciar las restricciones de la competencia presentando una petición informal
ante la Bundeskartellamt.  Corresponde a ésta decidir discrecionalmente si se han de iniciar
procedimientos.  La Bundeskartellamt sigue la práctica de informar al denunciante acerca de losresultados de las actuaciones.
Rige el principio de igualdad de trato:  las empresas extranjeras gozan de derechos no más
amplios, ni menos amplios, que las empresas alemanas.
Las fusiones notificadas, las solicitudes de autorización ministerial, el otorgamiento de
autorización para los tipos de cárteles ya mencionados, etc., deben publicarse en el Boletín Federal.La Bundeskartellamt publica un Informe de Actividades cada dos años.
II. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE COMPETENCIA POR LA
BUNDESKARTELLAMT
Cuando resulta afectado el comercio entre Estados miembros y la Comisión de la UE no
actúa, la Bundeskartellamt puede proceder a una aplicación "descentralizada" de los artículos 85 y 86del Tratado de Roma.  La Bundeskartellamt  ha fundado en esta facultad, hasta ahora, sus decisiones
en nueve procedimientos.  En todos los procedimientos formales de la Comisión de la UE, la
Bundeskartellamt  puede exponer su opinión y participar en las reuniones del Comité Asesor.  Cuando
se cumplen ciertas condiciones, los procedimientos sobre fusión pueden remitirse por la Comisión de
la UE a la Bundeskartellamt  para su decisión.
III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
A. Acuerdos intergubernamentales bilaterales
1) Acuerdo entre Alemania y los Estados Unidos
En 1976, los Gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Federal de
Alemania concertaron un acuerdo sobre cooperación mutua respecto de las prácticas comercialesrestrictivas.  El acuerdo se basaba en la idea de que las prácticas comerciales restrictivas que
afectaban al comercio interno o internacional de ambos países eran perjudiciales para sus intereses
económicos y comerciales, y las medidas contra tales prácticas podían adoptarse más eficazmente
mediante la regularización de la cooperación entre sus respectivas autoridades de defensa de la
competencia.  El acuerdo establece la cooperación y asistencia en los procedimientos de defensa de la
competencia, en estudios relacionados con la política de competencia y las eventuales modificaciones
de la legislación en la materia, y en actividades destinadas a organizaciones internacionales cuandoestén relacionadas con las prácticas comerciales restrictivas.  Cada una de las partes convino, enWT/WGTCP/W/34
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particular, en suministrar a la otra las informaciones de interés que llegaran a conocimiento de sus
respectivas autoridades de defensa de la competencia y que se refirieran a prácticas comerciales
restrictivas.
2) Acuerdo entre Alemania y Francia
El acuerdo intergubernamental entre Francia y Alemania sobre cooperación en materia de
prácticas comerciales restrictivas fue concertado en 1984.  Se convino en que las autoridadesresponsables de la competencia se notificarían recíprocamente de la iniciación de procedimientos en
virtud de la legislación sobre la materia que pudieran afectar a los intereses de la otra parte.  El
acuerdo establece también el suministro de informaciones sobre prácticas comerciales restrictivas a
solicitud de la autoridad responsable de la otra parte en materia de competencia, y la cooperación de
las autoridades en todas las esferas de la legislación en esa materia y su consulta recíproca en los
casos de interés mutuo reconocido.  En 1994 se amplió el ámbito de aplicación de este acuerdo,
mediante un intercambio de notas, a fin de que abarcara asuntos sujetos a la legislación de laComunidad Europea.
3) Experiencia resultante de la aplicación de los dos acuerdos
Los instrumentos de cooperación sobre la base de los acuerdos (por ejemplo, respecto del
intercambio de informaciones) no se diferencian de los establecidos en virtud de la Recomendación
del Consejo para la cooperación con los demás miembros de la OCDE.  Sin embargo, el intercambiode experiencias y conocimientos entre las partes respectivas es regular y comparativamente intenso.
Por otra parte, existen vínculos no menos estrechos entre Alemania y otros países con los que no se
han concertado acuerdos.  En particular, debe señalarse que los acuerdos no sirven como base para el
intercambio de secretos comerciales ni otra información confidencial, y que no existe obligación
alguna de hacer uso de facultades coercitivas.
B. La Recomendación del Consejo de la OCDE
Sobre la base de la Recomendación del Consejo de la OCDE de 1995 sobre la cooperación
entre los países miembros respecto de las prácticas anticompetitivas que afectan al comercio
internacional, la Bundeskartellamt  suministra información a las autoridades responsables de la
competencia de otros países miembros de la OCDE, o la recibe de ellos, respecto de losprocedimientos en curso que afectan o que se considera que han de afectar a intereses importantes (en
particular, las empresas interesadas y el objeto y la etapa de los procedimientos).  En 1996 las
notificaciones enviadas o recibidas alcanzaron a 24, y en el primer semestre de 1997 su cifra fue
de 28.
C. Asistencia mutua en procedimientos referentes a cárteles
La Ley sobre Asistencia Mutua Internacional en Asuntos Penales de Alemania (Bundesgesetz
zur Internationalen Rechtshilfe in Strafsachen) faculta a la Bundeskartellamt , junto con el Ministerio
Federal de Economía, a prestar asistencia judicial en procedimientos de defensa de la competencia
seguidos en otros países.  Tales procedimientos se rigen exclusivamente por las leyes procesales
internas.  En 1997 se efectuó un registro en una empresa, incautándose documentos, para un país que
había pedido asistencia judicial.  También se efec tuó la citación judicial de un ciudadano para que
compareciera en procedimientos ante un tribunal del país que requería la asistencia.  Ambosprocedimientos se encuentran sometidos actualmente a tribunales alemanes.  Además, Alemania
cumplió una solicitud para que la Bundeskartellamt  interrogara a un testigo en presencia de un
funcionario de investigación extranjero.  Ello se hizo mediante exoneración de responsabilidad penal
otorgada por la autoridad extranjera de defensa de la competencia.WT/WGTCP/W/34
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D. Competencia con otras autoridades en materia de competencia
Existen estrechos contactos entre funcionarios de la Bundeskartellamt  y las autoridades
responsables de la competencia de otros países.  Se celebran reuniones periódicas entre el Director de
la Bundeskartellamt  y los directores de las autoridades responsables de la competencia de Francia y el
Reino Unido.  Miembros de otros or ganismos competentes en la materia se familiarizan con la labor
cotidiana de la Bundeskartellamt  por medio de visitas que pueden durar desde una semana hasta seis
meses.  Desde el comienzo de 1996, por ejemplo, la Bundeskartellamt  ha recibido a funcionarios del
Reino Unido, Finlandia y los Países Bajos.  También la Bundeskartellamt  ha adscripto a sus
funcionarios a organismos similares en cumplimie nto de misiones de investigación.  Además del
programa PHARE ya mencionado en las obser vaciones de la Comisión de la UE, la Bundeskartellamt
recibe delegaciones del extranjero, o envía a funcionarios para que presten asistencia técnica en el
lugar.  Tal asistencia se presta de conformidad con solicitudes concretas y puede variar desde la
colaboración en la preparación de leyes sobre la competencia hasta la ayuda respecto de casosparticulares.  La asistencia técnica se financia por terceros, por ejemplo, fundaciones alemanas, la
Corporación de Préstamos para el Desarrollo, o la OCDE.  Desde 1996 se han recibido solicitudes de
asistencia técnica, entre otros países, de la Argentina, el Brasil, Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, la
Federación de Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Mongolia, el Pakistán, el Perú, Polonia, la República
Checa, la República Popular de China, Rumania, Ucrania, Viet Nam y Zambia.
E. Conferencia Internacional sobre la Competencia
Cada dos años, la Bundeskartellamt  celebra su Conferencia Internacional sobre la
Competencia.  En 1995 asistieron a ella más de 200 participantes provenientes de 37 países, así como
representantes de la UE, la OCDE y la UNCTAD.  Este año tendrá lugar la Octava Conferencia
Internacional sobre la Competencia, los días 27 y 28 de octubre.  Su tema es "Problemas decompetitividad en la entrada a las actividades económicas con infraestructura en red".
AUSTRIA
La legislación comunitaria sobre la competencia se aplica directamente por la Comisión
Europea, con el apoyo del Ministerio de Economía .  Además, el apartado 2 del artículo 85 se aplica
directamente por los tribunales nacionales.
La Ley de Cárteles de 1988, con sus modificaciones (Gaceta de Leyes Federales
Nº 600/3)contiene en especial ciertas disposiciones sobre los cárteles, las prácticas concertadas (que
están consideradas como cárteles por la Ley de Cárteles de Austria, los llamados
"Verhaltenskartelle"), las restricciones verticales, las empresas con dominio del mercado y las
fusiones.
I. EL PRINCIPIO BÁSICO Y LOS CÁRTELES
En general, el funcionamiento de un cártel está prohibido antes de que haya sido notificado y
autorizado, y da lugar a sanciones civiles y penales.  Los cárteles insignificantes no requieren
autorización previa, pero si no cumplen los requisitos mencionados puede ser prohibidos a solicitud
de los interesados.
                                                     
3 Última modificación:  Gaceta de Leyes Federales Nº 520/95.WT/WGTCP/W/34
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La autorización de un cártel puede concederse por el Tribunal de Cárteles ("Kartellgericht")4
después de una investigación a fondo de sus posibles efectos anticompetitivos.  Los acuerdos
incompatibles con la legislación sobre la competencia de la CE no pueden justificarse a este respecto
en ningún caso.
La autorización concedida por el Tribunal de Cárteles está limitada a un plazo máximo de
cinco años.  Una vez autorizado el cártel, se lo inscribe en el registro de cárteles que lleva el Tribunalde Cárteles.
II. RESTRICCIONES VERTICALES
Las restricciones verticales deben notificarse anticipadamente.  A solicitud de los interesados,
el Tribunal de Cárteles prohíbe esas restricciones si no tienen justificación desde el punto de vista de
la economía nacional o lesionan una prohibición legal o el orden público.  El 1º de marzo de 1995
entró en vigor un reglamento referente a estas restricciones, basado en la Ley de Cárteles.  Establece
que no se prohibirán los acuerdos proyectados en conformidad con determinadas reglamentaciones dela CE sobre categorías exoneradas genéricamente.
Debe señalarse que la modificación de 1988 de la Ley de Cárteles considera que los acuerdos
por los que se estipulan los mismos precios para una o más partes de una, varias o todas las etapas
sucesivas del proceso económico (mantenimiento de los precios impuestos por el vendedor) no
constituyen restricciones verticales, sino cárteles.
III. REGLAMENTACIÓN DE LAS EXENCIONES
El Ministerio Federal de Justicia ha determinado a través de un reglamento cuáles son las
formas de cooperación no sujetas a la Ley de Cárteles (dentro de los límites de la interpretación de las
leyes) y ha exonerado ciertas formas de cooperación en la medida en que sean evidentemente
importantes y necesarias para la economía nacional (Gaceta de Leyes Federales Nº 185/1989).
IV. EMPRESAS CON DOMINIO DEL MERCADO
Mediante solicitud de los interesados -por ejemplo, de una empresa afectada por esa
restricción de la competencia- el Tribunal de Cárteles debe prohibir la explotación abusiva de una
posición dominante en el mercado (la enumeración de los ejemplos es igual a la del artículo 86).
V. FUSIONES
Las concentraciones en que la cifra de negocio global de las empresas participantes excede de
150.000 millones de chelines (unos 10 millones de ecus) deben notificarse para informar al Tribunal
de Cárteles;  y las concentraciones en que la cifra de negocio total de las empresas participantes es
superior a 3.500 millones de chelines (unos 230 millones de ecus) y la cifra de negocio de dos de las
empresas participantes, por lo menos, excede de cinco millones de chelines (unos 330.000 ecus), encaso de que creen o fortalezcan una posición de dominio del mercado, deben prohibirse a solicitud de
una parte legalmente habilitada, a menos que  quepa esperar un mejoramiento de las condiciones de la
competencia que compense la posición de dominio del mercado  o bien  sean necesarias para mantener
o intensificar la capacidad de competencia de las empresas participantes y estén justificadas desde el
punto de vista de la economía nacional.
                                                     
4 Estrictamente:  "Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht" (Tribunal de Apelaciones de Viena
actuando como Tribunal de Cárteles).WT/WGTCP/W/34
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VI. PROCEDIMIENTO Y PARTES INTERVINIENTES
El Tribunal de Cárteles actúa como tribunal de primera instancia.  Las decisiones se adoptan
por una cámara;  los interlocutores sociales están representados en ella por asesores.  El Tribunal
Superior de Cárteles ("Kartellobergericht")5 ejerce jurisdicción de apelación.  El Comité Mixto
("Paritätischer Ausschuÿ") -formado por representantes de los interlocutores sociales- debe emitir un
dictamen especialmente en lo que respecta a la justificación del cártel, la explotación abusiva de unaposición dominante y la situación de la competencia en distintas esferas.  En el desempeño de sus
funciones, los miembros del Comité no están obligados por instrucciones.  En los procedimientos, la
República de Austria y los interlocutores sociales tienen la calidad legal de partes aun cuando no
hayan formulado solicitud.  También pueden promover procedimientos las empresas afectadas por
una restricción de la competencia, y las asociaciones de empleadores.
VII. SANCIONES
El funcionamiento ilegal de un cártel da lugar a las siguientes sanciones:- la pérdida del enriquecimiento injusto;
- la nulidad del acuerdo de cártel;
- la responsabilidad penal del transgresor.
A solicitud del fiscal pueden imponerse multas de un máximo de 10 millones de chelines
(unos 660.000 ecus) a las empresas que hayan obtenido ventajas derivadas del delito.  La explotaciónabusiva de una posición dominante en el mercado en violación de una prohibición del Tribunal de
Cárteles constituye un delito penal, al igual que la organización de restricciones verticales o la
concentración, y puede sancionarse con una pena de hasta tres años de prisión.  Pueden aplicarse
multas por delitos menores cometidos contra las disposiciones de la Ley de Cárteles de 1988.
Exenciones
Existen algunas exenciones parciales de la aplicación general del régimen:  por ejemplo, las
disposiciones sobre los cárteles y el mantenimiento de los precios impuestos por el vendedor no rigen
para los contratos que obligan al vendedor final de libros, obras de arte, obras musicales, revistas y
periódicos a aplicar un precio de venta fijado por el editor, ni tampoco -en ciertas condiciones- a los
acuerdos aplicables a los miembros de una cooperativa ("Genossenschaft").  Estas exenciones nosurten efecto si son susceptibles de trabar los intercambios comprendidos en determinados tratados
internacionales, como por ejemplo el Tr atado sobre el Espacio Económico Europeo.
BÉLGICA
LEGISLACIÓN DE BÉLGICA SOBRE LA COMPETENCIA:
LEY DE 5 DE AGOSTO DE 1991
I. DESCRIPCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE BÉLGICA SOBRE LA COMPETENCIA
En términos generales, la legislación de Bélgica sobre la competencia sigue textualmente la
legislación europea en la materia.
                                                     
5 Estrictamente:  "Oberster Gerichtshof als Ka rtellobergericht" (Tribunal Supremo actuando como
Tribunal Superior de Cárteles).WT/WGTCP/W/34
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A. Cárteles
El artículo 2 de la Ley sobre la Competencia de Bélgica, de 5 de agosto de 1991, prohíbe
todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas
concertadas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia
dentro del respectivo mercado de Bélgica o una parte sustancial de él y, en particular, los que
consistan en:
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de
transacción;
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes,
que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no
guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
B. Explotación abusiva de una posición dominante
El artículo 3 de la Ley sobre la Competencia de Bélgica declara prohibida cualquier
explotación abusiva, por parte de una o más empr esas, de una posición dominante en el mercado de
Bélgica o en una parte sustancial del mismo.  Tales prácticas abusivas podrán consistir,
particularmente, en:
a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de
transacción no equitativas;
b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los
consumidores;
c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes,
que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, noguarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
C. Fusiones
Las concentraciones deben notificarse para verificar si no dan lugar a la obtención o el
fortalecimiento de una posición dominante en el mercado respectivo.  Esa notificación sólo es
obligatoria cuando las empresas participantes tienen en conjunto una cifra mundial de negociosuperior a 3.000 millones de francos belgas y controlan más del 25 por ciento del mercado
correspondiente.
II. APLICACIÓN
Personal encargado de la ejecución de las normas:
- 1 experto para la aplicación del derecho comunitario sobre la competencia;WT/WGTCP/W/34
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- 21 expertos para la aplicación del derecho belga sobre la competencia;
- 2 expertos para la secretaría del Consejo de la Competencia.
Actividad en materia de ejecución de las normas:
- asuntos relativos a fusiones que se notificaron y concluyeron en 1996:  46
- asuntos sobre defensa de la competencia notificados en 1996:  34
- asuntos sobre defensa de la competencia concluidos en 1996:  5.
Sanciones aplicadas a las empresas:
- en 1996, el Consejo de la Competencia de Bélgica no aplicó ninguna sanción.
III. DESCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS CON TERCEROS PAÍSES
El párrafo b) del artículo 50 de la Ley sobre la Competencia de Bélgica dispone lo siguiente:
"a) El Departamento de la Competencia podrá comunicar los documentos e
informaciones que tenga en su poder a las autoridades responsables de la aplicación de los
artículos 8 y 9 del Tratado por el que se establece la Unión Económica del Benelux y losartículos 10 y 11 del Protocolo de Aplicación Diferida anexo a dicho Tratado, y a las
autoridades competentes de la Comunidad designadas en conformidad con el artículo 89 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea;
b) Como parte de acuerdos recíprocos de asistencia mutua sobre prácticas en materia de
competencia, el Departamento podrá comunicar el contenido de los documentos einformaciones necesarios a las autoridades extranjeras con responsabilidad en asuntos
relativos a la competencia."
Hasta el presente no se ha concertado ningún acuerdo bilateral de los previstos en el artículo
citado.
DINAMARCA
I. INTRODUCCIÓN
La actual Ley sobre la Competencia de Dinamarca, de 1989, que está basada en los principios
del control y la transparencia, quedará sustituida a partir del 1º de enero de 1998 por una nueva Ley
sobre la Competencia, aprobada por el Parlamento el 30 de mayo de 1997.
La nueva Ley (Nº 384, de 10 de junio de 1997) tiene por objetivo promover la competencia
libre y eficiente en el mayor grado posible.
La nueva Ley, contrariamente a la actual, se basa en el principio de la prohibición de modo
análogo a las normas comunitarias sobre la competencia.  La Ley prohíbe los acuerdos
anticompetitivos, etc., así como la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado de
Dinamarca.
La Ley, que se aplica a las empresas públicas y privadas, no establece el control de las
fusiones.
La Ley será administrada por el Consejo de la Competencia (Konkurrencerådet), asistido por
una secretaría (Konkurrencestyrelsen), que estará bajo la autoridad de un Director General.WT/WGTCP/W/34
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II. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NUEVA LEY SOBRE LA COMPETENCIA DE
DINAMARCA
A. Prohibición de los acuerdos anticompetitivos, etc.
De conformidad con la Ley, están prohibidos los acuerdos anticompetitivos.  Esta disposición,
que es análoga al apartado 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la CE, se aplicará de
conformidad con la jurisprudencia de la UE.
Las violaciones de la prohibición pueden dar lugar a multas.
B. Acuerdos de menor importancia
La Ley contiene dos excepciones a la prohibición general de los acuerdos anticompetitivos:1) No se aplica la prohibición a los acuerdos entre empresas cuya cifra de negocio anual
conjunta sea inferior a 1.000 millones de coronas danesas y que tengan una
participación en el mercado inferior al 10 por ciento.
2) No se aplica la prohibición a los acuerdos entre empresas cuya cifra de negocio anual
conjunta sea inferior a 150 millones de coronas danesas, cualquiera que sea su
participación conjunta en el mercado.  Debe señalarse, sin embargo, que tales
acuerdos entre pequeñas y medianas empresas pueden, en casos especiales, quedar
alcanzados por la prohibición:  por ejemplo, en los casos de mantenimiento de los
precios impuestos por el vendedor.
C. Exenciones
De conformidad con la Ley, el Consejo de la Competencia está facultado para eximir
determinados acuerdos de la prohibición, en las mismas condiciones estipuladas en el apartado 3 del
artículo 85 del Tratado constitutivo de la CE.  Tales exenciones pueden concederse individualmente,
si se efectúa una notificación, o en bloque.  Se publicarán exenciones en bloque correspondientes alactual Reglamento de la UE en la materia junto con una exención en bloque para las pequeñas
cadenas de tiendas minoristas.  El Consejo de la Competencia también puede, ante una notificación,
expedir una constancia de no prohibición.
D. Prohibición de la explotación abusiva de una posición dominante
De conformidad con la Ley, está prohibida también la explotación abusiva de una posición
dominante.  Esta disposición está en conformidad en parte con el artículo 86 del Tratado constitutivo
de la CE.  Pero contrariamente al artículo 86, la violación de la prohibición no es en sí misma
susceptible de sanción.  Si se viola la prohibici ón, el Consejo de la Competencia puede dictar una
orden disponiendo que se ponga fin a la infracción, y el incumplimiento de tal orden da lugar a una
multa.  Esta disposición en dos etapas se establece en defensa de las empresas participantes, ya que amenudo puede ser difícil probar si determinada situación efectivamente configura la explotación
abusiva de una posición dominante.
Sin embargo, las infracciones pueden ser pasibles de multa si durante los últimos cinco años
se ordenó a la empresa respectiva que cesara en otra violación similar de la prohibición.
El Consejo de la Competencia, ante una notificación, puede expedir una constancia de no
prohibición en las mismas condiciones que en la UE.WT/WGTCP/W/34
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III. APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS NORMAS
A. Organización
El Consejo de la Competencia (Konkurrencerådet ), que tendrá a su cargo la administración de
la nueva Ley sobre la Competencia de Dinamarca, qu edó establecido desde el 1º de julio de 1997 con
el fin de preparar la aplicación de la Ley (exenciones en bloque, reglamentaciones, formularios de
notificación, etc.).  El Consejo está formado por 19 miembros con experiencia en asuntos jurídicos,
económicos, financieros y de protección del consumidor.  El Presidente y ocho de sus miembros
deben ser independientes de intereses empresariales y de los intereses de los consumidores.
Una secretaría (Konkurrencestyrelsen) con unos 30 expertos prestará asistencia al Consejo e
impondrá la observancia de la Ley.
Solamente el fiscal puede aplicar multas por infracción de la Ley.
Las decisiones adoptadas por el Consejo de la Competencia sólo puede ser apeladas ante el
Tribunal de Apelaciones sobre la Competencia, y las decisiones de éste pueden ser sometidas a lostribunales ordinarios.
B. Interacción entre la Ley sobre la Competencia de Dinamarca y la legislación comunitaria
La Ley procura crear las mejores posibilidades para la coexistencia entre la legislación de
Dinamarca sobre la competencia y la política de la  Unión Europea en la materia, de modo que las
empresas de Dinamarca sólo tendrán que ajustarse a un único principio básico:  el principio deprohibición.  La Ley tendrá la consecuencia de que se aplicará el principio de la tramitación unificada,
de modo que los acuerdos anticompetitivos, etc., sólo serán objeto de evaluación con arreglo a un
único conjunto de normas:  la legislación de Dinamarca, o bien las normas sobre competencia de la
UE.
La nueva Ley, sin embargo, no faculta al Consejo de la Competencia para aplicar
directamente los artículos 85 y 86 del Tratado constitutivo de la CE.
IV. DERECHOS DE LAS EMPRESAS
El derecho de las empresas extranjeras de someter directamente un asunto a los tribunales de
Dinamarca está sujeto en principio a las mismas normas que rigen para las empresas de Dinamarca.
La nueva Ley sobre la Competencia permite a las empresas demandar directamente ante los
tribunales civiles por la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de
acuerdos o prácticas anticompetitivas (acción privada).
Las empresas extranjeras también pueden someter asuntos o demandas al Consejo de la
Competencia.  Si éste se niega a tratar el as unto, tal negativa no puede someterse al Tribunal de
Apelaciones sobre la Competencia.
También en este sentido las empresas extranjeras y danesas reciben igual trato.
Se consideran partes legítimas, sean daneses o extranjeros, a los demandantes, los apelantes,
las partes con derecho al recurso de apelación y las partes a las que se dirige una decisión.WT/WGTCP/W/34
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Se aplica el mismo conjunto de normas a las empresas, tanto danesas como extranjeras, en lo
que respecta a su legitimación para intervenir en una causa promovida por otra empresa ante la
autoridad en materia de competencia o los tribunales nacionales.
De conformidad con la nueva Ley sobre la Competencia de Dinamarca, la Ley sobre la
Administración Pública (offentlighedsloven) no se aplica a los casos comprendidos en el alcance de la
primera.  Sólo las partes tienen acceso al expediente.
El Consejo de la Competencia puede publicar decisiones, etc., referentes a la aplicación de la
Ley en la medida en que la publicación no contenga ni revele secretos comerciales, etc.
V. DESCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS CON TERCEROS PAÍSES
Dinamarca no tiene ningún acuerdo bilateral con terceros países sobre cooperación en asuntos
relativos a la competencia.
La cooperación con terceros países en los asuntos relativos a la competencia se lleva a cabo
de conformidad con la Recomendación de la OCDE ( 1995) o de manera oficiosa, en particular entre
las autoridades competentes de los Países Nórdicos.
ESPAÑA
1. Legislación española de defensa de la competencia
La legislación española sobre defensa de la competencia está recogida en la Ley 16/89 de
Defensa de la Competencia, en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en el Real
Decreto 1882/86 de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado de la Comunidad Económica
Europea, en el Real Decreto 157/92 de desarrollo en materia de exenciones por categorías,
autorización singular y registro de defensa de la competencia, en el Real Decreto 1080/92 del
procedimiento a seguir para concentraciones ec onómicas, y por el Real Decreto Ley 7/1996 sobre
medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento liberalización de la actividad económica.
Esta legislación establece la capacidad de los órganos de defensa de la competencia para
entender de los siguientes asuntos:  prácticas restrictivas de la competencia, conductas de competencia
desleal que afecten a la competencia y al interés público, control de concentraciones, control de los
efectos sobre la competencia de las ayudas públicas, y aplicación de los artículos 85.1 y 86 del
Tratado de la Unión Europea.
Las conductas restrictivas
La Ley 16/1989 sigue en sus artículos 1 y 6 la prohibición de los acuerdos y del abuso de
posición de dominio recogida en los artículos 85 y 86 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea (TCE), aunque, naturalmente, sin contemplar la afectación del comercio intracomunitario.
En primer lugar, el artículo 1 de la Ley 16/89 establece la prohibición de todo acuerdo,
decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o
parte del mercado nacional.  En particular, estas conductas se referirán a la fijación de precios u otras
condiciones comerciales, la limitación de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las
inversiones, el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, la aplicación de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situaciónWT/WGTCP/W/34
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desventajosa frente a otros, y la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto de dicho contrato.
Estas conductas son nulas, salvo que estén amparadas por las exenciones que prevea la Ley.
El artículo 2 establece la autorización de las conductas que resulten de la aplicación de una Ley o de
las disposiciones reglamentarias que se dicten en la aplicación de la misma.  El Real Decreto Ley 7/96
ha añadido a dicho artículo 2 un segundo párrafo que aclara que, por el contrario, la prohibición delartículo 1 será de aplicación a las situaciones de restricción de competencia que se deriven del
ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de las Administraciones
Públicas, los entes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal.  Esta modificación ha
delimitado con claridad el alcance de la exención, y confirmado la capacidad de los órganos de
defensa de la competencia para perseguir toda práctica contraria a la misma, con independencia de la
naturaleza pública o privada de los operadores implicados.
El artículo 3 establece que se podrán otorgar autorizaciones singulares de las prácticas a que
se refiere el artículo 1, siempre que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización de
bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, o se encuentren justificadas por la
situación económica general y el interés público, y que cumplan determinadas condiciones.  En el
artículo 4 se determina que será el Tribunal de Defensa de la Competencia quien pueda otorgar estas
autorizaciones singulares.  Adicionalmente, el artículo 5 faculta al Gobierno para, mediantereglamentos de exención, autorizar las categorías de acuerdos o prácticas concertadas previstas en el
artículo 3, siempre que participen únicamente dos empresas y cumplan una serie de requisitos
relativos a su objeto y contenido.
Cabe destacar que los órganos de defensa de la competencia pueden no perseguir los acuerdos
restrictivos que, por su escasa importancia, no puedan afectar de manera significativa a lacompetencia.
En segundo lugar, el artículo 6 de dicha Ley prohíbe la explotación abusiva de la posición de
dominio de una o varias empresas en todo o en pa rte del mercado nacional.  Dicha explotación podrá
consistir, en particular, en las conductas enumeradas en el artículo 1 y, además, en la negativa
injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.  Estaprohibición se aplicará aunque la posición de dominio haya sido establecida por disposición legal.
En tercer lugar, los órganos de defensa de la competencia se ocuparán también de aquellos
actos de competencia desleal, recogidos en la Ley 3/1991, que, por falsear de manera sensible la libre
competencia, afecten al interés público.
Concentraciones
La Ley de Defensa de la Competencia determina que el Ministro de Economía y Hacienda
podrá remitir al Tribunal de Defensa de la Compet encia para su informe todo proyecto u operación de
concentración de empresas o de toma de control siempre que afecte o pueda afectar al mercado
español, especialmente mediante la creación o refuerzo de una posición de dominio, cuando se supere
alguno de dos umbrales de cuota de mercado o de vo lumen de ventas en España (25 por ciento de la
cuota de mercado o cifra de volumen de ventas global en España superior a 20 millardos).
Al margen de la actuación de oficio, el Servicio de Defensa de la Competencia cuenta con la
información que proporcionan las notificaciones voluntarias de cualquier proyecto u operación de
concentración o de toma de control, que pueden realizarse hasta tres meses después de su realización
y que no implican la suspensión de la operación.
El Ministro de Economía y Hacienda remitirá al Tribunal los expedientes que considere que
pueden obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado.  El informe delWT/WGTCP/W/34
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Tribunal de Defensa de la Competencia será remitido al Ministro para que lo eleve al Gobierno, que
podrá decidir no oponerse a la operación de concentración, subordinarla a determinadas condiciones,
o declararla improcedente.
Ayudas públicas
El artículo 19 de la Ley 16/89 establece que el Tribunal de Defensa de la Competencia, a
solicitud del Ministro de Economía y Hacienda, podrá examinar las ayudas públicas a empresas, enrelación con sus efectos sobre las condiciones de competencia.  A la vista de su dictamen, el Ministro
podrá proponer a los poderes públicos la supresión o modificación de ayudas y toda medida adicional
para restablecer o mantener la competencia.
Aplicación de las normas comunitarias de competencia
El Real Decreto 1882/86 establece que los órganos españoles de defensa de la competencia
podrán aplicar en España la legislación comunitaria en la materia, compartiendo con la Comisión esta
función, aunque sin poder otorgar exencion es con arreglo al artículo 85.3 del TCE.
2. Ejecución
Las autoridades competentes para la aplicación de la Ley 16/1989 son el Servicio de Defensa
de la Competencia - Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia del
Ministerio de Economía y Hacienda - y el Tribunal de Defensa de la Competencia.  El Servicio es
responsable de la investigación e instrucción del procedimiento y de la elaboración de un informe parael Tribunal, que es el encargado de acordar una re solución sobre el asunto, teniendo en cuenta el
informe del Servicio y su propia investigación.
La aplicación de la Ley se inicia por el Servicio por sus propias sospechas o por una denuncia
pública de cualquier persona.  Se puede acordar un período de información reservada o de
investigación preliminar, que no debería durar más de 30 días, antes de decidir el archivo de ladenuncia o bien la incoación del expediente sancionador.
La incoación del expediente se notifica a las partes interesadas.  También se puede publicar
una síntesis del asunto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en un diario nacional y regional para
abrir un período de información pública de 15 días.
Cuando se han investigado los hechos, aquellas conductas que pueden suponer una infracción
de la Ley se explicitan en un pliego de concreción de hechos.  Este pliego se notifica a los presuntos
infractores para que puedan contestar en 15 días y solicitar las pruebas que deseen.
Una vez instruido, el expediente se remite al Tribunal, junto con un informe y una calificación
legal preliminar.  El Tribunal toma su decisión sobre la admisión del expediente y la notifica a las
partes, que pueden solicitar una audiencia oral y la realización de las pruebas que juzguen necesarias.Cuando considera que la investigación está terminada, el Tribunal dicta su resolución sobre el asunto.
Las resoluciones del Tribunal pueden establecer que existe una práctica prohibida, que dicha
práctica no está probada, o que se autorizan prácticas susceptibles de exención.  La resolución se
notifica a las partes y se publica en el BOE y en uno o varios diarios nacionales y regionales.
En cuanto a las sanciones, el Tribunal puede ordenar el cese de la conducta anticompetitiva, la
remoción de sus efectos, y la imposición de multas.  Las multas sancionadoras puedenWT/WGTCP/W/34
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llegar a 150 millones de pesetas, o un 10 por ciento del volumen de ventas del período anterior a la
resolución, y las coercitivas pueden ascender a 150.000 pesetas por período, que puede ser de un día.
Todo acto del Servicio que determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o cause
indefensión puede ser recurrido ante el Tribunal.  Las resoluciones del Tribunal no pueden ser
recurridas ante ninguna instancia administrativa, pero sí ante los Tribunales de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa.  Una vez la resolución y la posible sentencia judicial de un recurso sonfirmes, la empresa puede iniciar un proceso por daños y perjuicios para solicitar una indemnización.
En cuanto a los derechos de las empresas extranjeras en comparación con las españolas, las
Leyes no hacen ninguna distinción por la nacionalidad de las partes.  El procedimiento de defensa de
la competencia garantiza que todas las decisiones de las autoridades competentes han de estar
debidamente motivadas y que las partes están puntualmente informadas de cualquier actuación que les
afecte, pueden presentar sus alegaciones en cualquier momento y tienen derecho a recibir una
respuesta motivada a sus solicitudes, independientemente de su nacionalidad.
3. Memoria de actuaciones en 1996
Personal encargado de la defensa de la competencia
Servicio de Defensa de la Competencia: 36
Tribunal de Defensa de la Competencia: 15
Número de expedientes
Subdirección sobre Conductas Restrictivas de la Competencia
Expedientes iniciados en 1996: 180
de los cuales: denuncias: 120
de oficio: 15
solicitudes de autorización singular:646
Expedientes terminados en 1996: 182
de los cuales: archivos: 79
acumulaciones de expedientes: 13
sobreseimientos: 24
envíos al Tribunal: 66
Subdirección de Concentraciones y Estudios
Expedientes iniciados en 1996: 23
Tribunal de Defensa de la Competencia
Expedientes terminados en 1996: 102
de los cuales: prácticas prohibidas: 19
autorizaciones singulares: 40
recursos contra actos del servicio: 43
                                                     
6 Cabe la posibilidad de que las solicitudes de autorización concurran con una denuncia.WT/WGTCP/W/34
Página 23
Imposición de sanciones
Sanciones impuestas en 1996: 12
de las cuales:cuantía máxima: 110.000.000 ptas
cuantía mínima: 750.000 ptas
importe total: 322.975.000 ptas
FINLANDIA
I. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA
A. Normas que rigen los actos restrictivos de la competencia
Las normas de fondo de la legislación de Finlandia en materia de competencia se encuentran
en la Ley sobre Restricciones de la Competencia (Nº 480/92), que entró en vigor el 1º de septiembre
de 1992.  La Ley está basada en el principio de la prohibición.  Abarca las restricciones de la
competencia horizontales y verticales, así como la explotación abusiva de una posición dominante en
el mercado.
B. Mantenimiento de los precios impuestos por el vendedor
La Ley (artículo 4) prohíbe el mantenimiento de los precios impuestos por el vendedor.  Esa
prohibición abarca tanto los precios máximo como los mínimos, pero no las recomendaciones sobre
precios.  Estas últimas están tratadas de conformidad con el principio de la explotación abusiva y
entran en el ámbito del artículo 9 de la Ley.
C. Cárteles en las licitaciones
La Ley sobre Restricciones de la Competencia (artículo 5) prohíbe los cárteles en las
licitaciones.  La prohibición no alcanza a la presentación conjunta de ofertas con vistas a su
cumplimiento conjunto.
D. Cárteles horizontales
En el párrafo 1 del artículo 6 de la Ley sobre Restricciones de la Competencia se prohíben los
acuerdos, recomendaciones y demás disposiciones horizontales referentes a los precios o los cobros.
La prohibición de la connivencia respecto de los precios se refiere no sólo a los precios que se cobran
por bienes o servicios, sino también a los descuentos, las cargas por entrega y las condiciones de
entrega.
El párrafo 2 del artículo 6 de la Ley sobre Restricciones de la Competencia prohíbe por regla
general los acuerdos horizontales entre empresas destinados a limitar la producción y repartirse los
mercados o las fuentes de abastecimiento.  La prohibición no alcanza, sin embargo, a las restricciones
necesarias para las disposiciones que contribuyen a mejorar la eficiencia de la producción o la
distribución o fomentar el progreso técnico o económico y que benefician principalmente a losclientes o consumidores.  La restricción lisa y llana de la producción y el reparto de los mercados o las
fuentes de abastecimiento que restringen la competencia y benefician únicamente a las empresas
participantes son actos intrínsecamente prohibidos.
Conforme al artículo 19 de la Ley, las restricciones de la competencia mencionadas
(mantenimiento de los precios impuestos por el vendedor, cárteles en las licitaciones y cárteles
horizontales) pueden dar lugar a exenciones individuales de la prohibición.  Para ello se requiere que
la restricción fomente la producción o la distri bución de mercancías o el progreso técnico oWT/WGTCP/W/34
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económico, y que beneficie principalmente a los clientes o adquirentes.  Las solicitudes de exención
se presentan a la Oficina de Libre Competencia, que resuelve en primera instancia si puede otorgarse
una exención.  Si la Oficina no la otorga, debe someter el asunto al Consejo de la Competencia en
caso de que así lo pida el solicitante.
E. Explotación abusiva de una posición dominante
La Ley sobre Restricciones de la Competencia prohíbe la explotación abusiva de una posición
dominante por una empresa o asociación de empresas.  El artículo 7 de la Ley enumera ejemplos de
prácticas abusivas y en consecuencia prohibidas, y entre ellas figuran las siguientes:  1) la abstención
de una relación mercantil sin motivo justificado;  2) la utilización de condiciones comerciales que no
se basan en prácticas comerciales leales y restringen la libertad de acción del cliente (por ejemplo, la
supeditación);  3) el empleo de acuerdos de exclusividad en las ventas o las compras sin motivo
justificado;  4) la aplicación de prácticas de fijación de precios injustificadas o que tienen
probabilidades de restringir la competencia (prácticas de fijación de precios abusivos, predatorios odiscriminatorios);  y 5) el aprovechamiento de la posición dominante en el mercado para restringir la
competencia en la producción o comercialización de otros productos (subvenciones cruzadas).
F. Restricciones verticales
El artículo 9 de la Ley comprende las restricciones verticales sin incluir el mantenimiento de
los precios impuestos por el vendedor ni la explotación abusiva de una posición dominante en elmercado.  También se aplica a las restricciones horizontales no prohibidas expresamente.  Estas
restricciones están tratadas conforme al llamado principio del abuso, lo que significa que las
restricciones se evalúan individualmente.  Cuando se considera que una restricción tiene efectos
perjudiciales y al mismo tiempo es incompatible con una competencia económica firme y eficaz,
pueden adoptarse medidas para eliminar tales efectos (en una primera etapa la Oficina de LibreCompetencia negocia con las empresas interesadas;  si no es posible eliminar los efectos perjudiciales
mediante las negociaciones, la Oficina somete el  asunto al Consejo de la Competencia, que puede
prohibir la restricción).
G. Control de las fusiones
La legislación de Finlandia en materia de competencia no contiene un régimen de control de
las fusiones.  Sin embargo, la Oficina de Libre Competencia puede pedir que las empresas en posición
dominante le informen acerca de sus fusiones y adquisiciones.
H. Ámbito de aplicación de la Ley
1) Exclusiones
La Ley sobre Restricciones de la Competencia no se aplica a los acuerdos o disposiciones
referentes al mercado de trabajo, ni a los acuerdos, decisiones o prácticas análogas de productores
agropecuarios o asociaciones de productores referentes a la producción primaria de la agricultura.  En
la medida en que se trate de una producción no primaria, los acuerdos quedan comprendidos en el
ámbito de aplicación de la Ley.
La Ley sobre Restricciones de la Competencia de Finlandia no se aplica a las restricciones de
la competencia que la limitan fuera de Finlandia, en la medida en que no se dirijan contra una
clientela finlandesa.
No existen exclusiones ni reglas especiales referentes a las pequeñas y medianas empresas.WT/WGTCP/W/34
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2) Exenciones
Las prohibiciones de los artículos 4 a 6 de la Ley sobre Restricciones de la Competencia
(mantenimiento de los precios impuestos por el vendedor, cárteles en las licitaciones y cárteles
horizontales) pueden ser objeto de exención si se trata de disposiciones que mejoran la producción o
la distribución de los productos o fomentan el progreso técnico o el desarrollo económico
favoreciendo principalmente a los clientes o consumidores.
I. Principales diferencias con la legislación comunitaria
La legislación de Finlandia en materia de competencia corresponde en gran medida a las
normas sobre competencia de la CE;  el mantenimiento de los precios impuestos por el vendedor y la
explotación abusiva de una posición dominante en el mercado constituyen restricciones prohibidas de
la competencia.  En lo que respecta a la prohibición de los cárteles horizontales, la Ley sobre
Restricciones de la Competencia de Finlandia prohíbe totalmente los acuerdos sobre precios y otros
acuerdos de cártel sin ninguna reserva referente a las consecuencias de la restricción o los móviles delas partes interesadas.  En cuanto a la prohibición de la explotación abusiva de una posición
dominante en el mercado, se aparta del artículo 86 sobre todo en lo que respecta a la formulación de la
lista de ejemplos de actos abusivos.  En la práctica, ambas llevan a iguales conclusiones.  Sin
embargo, a diferencia del artículo 86, el artículo 7 de la Ley sobre Restricciones de la Competencia de
Finlandia menciona expresamente la utilización de acuerdos de exclusividad como forma de abuso.
Una diferencia importante entre las normas sobre la competencia de Finlandia y la CE reside
en el régimen de las restricciones verticales.  Mientras que la UE aplica el principio de la prohibición,
en Finlandia se aplica un principio basado en el abuso.  Constituye una excepción la prohibición del
mantenimiento de los precios impuestos por el vende dor, comprendida en el artículo 4 de la Ley sobre
Restricciones de la Competencia de Finlandia.
Como ya se ha indicado, Finlandia no tiene un régimen de control de las fusiones.
J. Aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia
En la Ley sobre la Adhesión de Finlandia a la Unión Europea (Nº 1540/94) se declara que
rigen en Finlandia las disposiciones del Tratado constitutivo de la CE.  Sobre la base de ello, la
Oficina de Libre Competencia y el Consejo de la Competencia se han considerado facultados, encuanto al derecho sustantivo, a aplicar las disposiciones del Tratado constitutivo de la CE que tienen
fuerza de ley en Finlandia.  Al aplicar los artículos 85 y 86 del Tratado constitutivo de la CE, las
autoridades nacionales deben seguir las reglas de procedimiento propias de la legislación nacional, ya
que las disposiciones procesales del Reglamento 17/62 del Consejo no se aplican a las autoridades
nacionales.  Sin embargo, la Ley sobre Restricciones de la Competencia de Finlandia no contieneninguna disposición en virtud de la cual las facultades de investigación y las sanciones previstas en
ella sean aplicables cuando las autoridades nacionales aplican las disposiciones del Tratado
constitutivo de la CE.  Constituyen una excepción las facultades inspectivas.
II. APLICACIÓN DE LA LEY
A. Personal encargado de la ejecución de las normas
En Finlandia, las cuestiones referentes a la competencia corresponden a la órbita del
Ministerio de Comercio e Industria.  El Ministerio tiene a su cargo las cuestiones legislativas, asícomo las referentes a la contratación pública y la ayuda estatal.  La Oficina de Libre Competencia,
que depende del Ministerio de Comercio e Industria, es una autoridad general e independiente que se
ocupa de las cuestiones de defensa de la competencia.  Las restricciones de la competencia son objetoWT/WGTCP/W/34
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de un procedimiento administrativo.  El órgano judi cial con jurisdicción en materia de competencia es
el Consejo de la Competencia, que actúa bajo los auspicios del Ministerio de Comercio e Industria.
Las decisiones del Consejo de la Competencia, por lo tanto, pueden ser objeto de apelación ante el
Supremo Tribunal Administrativo.
B. La Oficina de Libre Competencia
La Oficina es un órgano de investigación;  investiga las restricciones de la competencia y
formula propuestas al Consejo de la Competencia respecto de las infracciones de las prohibiciones
que figuran en los artículos 4 a 7 de la Ley sobre Restricciones de la Competencia, y acerca de la
imposición de multas por tales actos.  La Oficina de Libre Competencia también puede conceder
exenciones de las prohibiciones que figuran en los artículos 4 a 6 de la Ley.  En los casos de
restricciones de la competencia que no figuran entre los actos intrínsecamente prohibidos, la Oficina
de Libre Competencia debe actuar para eliminarlos y, como última medida, puede someter la cuestión
al Consejo de la Competencia.  La Oficina de Libre Competencia también puede dictar mandamientosprovisionales.
La Oficina de Libre Competencia también es la autoridad nacional competente para la
aplicación de las reglas comunitarias en materia de competencia.
El personal de la Oficina de Libre Comp etencia comprende a 55 funcionarios (en julio
de 1997).  Alrededor del 85 por ciento del personal se ocupa de asuntos referentes a la competencia yotras cuestiones que comprenden asuntos de la UE.  El 15 por ciento restante cumple tareas
administrativas.
Los gobiernos provinciales actúan como autoridades regionales en las cuestiones relativas a la
competencia, bajo la dependencia de la Oficina de Libre Competencia.
C. El Consejo de la Competencia
El Consejo decide si se ha cometido infracción de la Ley sobre Restricciones de la
Competencia;  la Oficina de Libre Competencia fo rmula una propuesta al Consejo cuando la Oficina
llega a la conclusión de que se ha cometido tal infracción.  El Consejo ordena a las empresas
interrumpir las restricciones prohibidas;  impone multas a las empresas que violan las disposiciones
de la Ley sobre Restricciones de la Competencia;  aplica multas para imponer los mandamientosprovisionales;  y decide acerca del mantenimiento de éstos.  Las decisiones de la Oficina de Libre
Competencia en materia de exenciones pueden someterse al Consejo de la Competencia y éste puede
conceder o denegar la exención.
El Consejo de la Competencia está formado por un presidente, un vicepresidente y siete
vocales, que actúan en régimen de tiempo parcial.  Cuenta con dos secretarios de tiempo completo.
D. El Supremo Tribunal Administrativo
Es el órgano de apelación respecto de las decisiones del Consejo de la Competencia.
E. Actividades cumplidas en 1996 en materia de ejecución de las normas
En 1996 la Oficina de Libre Competencia re cibió 293 nuevos asuntos nacionales sobre
defensa de la competencia.  El número de tales asuntos concluidos durante el año alcanzó a 316.  De
ellos, 75 fueron clausurados mediante decisión formal, 153 por comunicación administrativa y los
restantes no dieron lugar a ninguna medida.WT/WGTCP/W/34
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F. Sanciones
De conformidad con el artículo 8 de la Ley sobr e Restricciones de la Competencia, el Consejo
de la Competencia puede aplicar multas de hasta 4 millones de marcos finlandeses o del 10 por ciento
de la cifra de negocio total del año precedente a cada empresa o asociación de empresas en caso de
infracción de los artículos 4 a 7 de la Ley.
El Consejo de la Competencia también puede ordenar a las empresas que pongan fin a una
infracción.  Si es preciso impedir de inmediato la aplicación o la puesta en práctica de una restricción,
la Oficina de Libre Competencia puede dictar una interdicción temporal.
Conforme al artículo 18 de la Ley, son nulas las disposiciones o estipulaciones de los
acuerdos que sean contrarias a sus prohibiciones.
En 1996 se aplicaron dos multas por infracción.  El 24 de octubre de 1996, el Consejo de la
Competencia aplicó a la principal empresa petrolera de Finlandia, Neste, una multa por infracción de
la competencia, por actos violatorios del artículo 7 de la Ley sobre Restricciones de la Competencia,al haberse comprobado que Neste había abusado de su posición dominante en el mercado mayorista
de combustibles para motores aplicando prácticas de fijación de precios discriminatorios.  La multa
fue de 2 millones de marcos finlandeses.  En el otro caso, referente a un cártel de licitación formado
por ocho taxistas locales, el Supremo Tribunal Administrativo impuso una multa de 5.000 marcos
finlandeses a cada uno de ellos.
G. Derechos de las empresas
En los asuntos relativos a la competencia, la legislación de Finlandia (de defensa de la
competencia, procesal o administrativa) no efectúa ninguna distinción entre las empresas nacionales y
las extranjeras.  Las empresas extranjeras, por lo tanto, pueden invocar los recursos que prevé la Ley
sobre Restricciones de la Competencia exactamente en la misma forma que las empresas finlandesas.Tienen el derecho de demandar directamente ante los tribunales nacionales y de promover
procedimientos ante la Oficina de Libre Co mpetencia y el Consejo de la Competencia.
La función que cumple la Oficina de Libre Competencia en los asuntos sobre restricción de la
competencia es la que corresponde a un órgano de investigación.  Está obligada a responder a todas
las peticiones que se le formulen en debida forma.  La Oficina sólo puede abstenerse totalmente deatender una petición, limitándose a transmitirla a la autoridad competente en caso de que no
corresponda a su propia competencia.
La respuesta a una petición puede adoptar las siguientes formas.  En los casos de restricciones
de la competencia que no constituyen actos intrínsecamente prohibidos, la Oficina de Libre
Competencia dispone de ciertas facultades discrecionales acerca de las medidas que puede adoptar.Conforme al artículo 9 de la Ley, los efectos perjudiciales de una restricción de la competencia tienen
que ser incompatibles con una competencia económica firme y efectiva.  Cuando no se cumple este
criterio, como ocurre con algunas restricciones de la competencia de menor importancia, la Oficina de
Libre Competencia no tiene que adoptar ninguna medida  al respecto.  Sin embargo, la clausura de un
caso por esta vía, generalmente mediante una comunicación administrativa, requiere muchas veces la
realización de investigaciones y, en cierto modo, medidas adoptadas por la Oficina para decidir acerca
del perjuicio que causa la restricción de la competencia.  Si la Oficina, previa investigación, consideraque una restricción de la competencia tiene efectos perjudiciales, debe negociar con las partes que
participan en la restricción para eliminar tales efectos.  Si la Oficina de Libre Competencia no logra
eliminar los efectos perjudiciales mediante la negociación, debe someter el asunto al Consejo de la
Competencia.  Si, por el contrario, llega a la conclusión de que no se produce ninguno de los efectosWT/WGTCP/W/34
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perjudiciales previstos en el artículo 9, las empresas a las que interese directamente la restricción de la
competencia, o una organización de protección de los intereses de las empresas o de los
consumidores, pueden someter el asunto al Consejo de la Competencia.
En su caso, cuando se trata de restricciones de la competencia prohibidas, la Oficina de Libre
Competencia evalúa y decide si se  ha producido una infracción de las prohibiciones previstas en los
artículos 4 a 7 de la Ley sobre Restricciones de la Competencia.  Si no se comprueba ningunainfracción, la Oficina clausura el asunto.  Si se determina la existencia de una infracción de las
prohibiciones, la Oficina formula una propuesta al Co nsejo de la Competencia sobre la prohibición de
la restricción y la imposición de una multa por infracción de la competencia.  Si la Oficina de Libre
Competencia dicta una decisión declarando que  no se ha comprobado ninguna infracción, las
empresas a las que interese directamente la restricción de la competencia, o una organización de
protección de los intereses de las empresas o de los consumidores, pueden formular la propuesta al
Consejo de la Competencia.
Con respecto a la transparencia, las decisiones de la Oficina de Libre Competencia, el
Consejo de la Competencia y el Supremo Tribunal Administrativo son públicas y bastante detalladas,
y contienen la expresión de sus fundamentos.  Sólo las audiencias convocadas por el Consejo de la
Competencia se realizan en forma no pública.  Las decisiones más importantes se dan a publicidad
mediante comunicados de prensa.  La Oficina de Libre Competencia publica regularmente unacompilación de sus decisiones importantes con su texto completo, y un boletín de noticias.
FRANCIA
1. Las normas del derecho francés sobre la competencia
La Ordenanza Nº 86/1243 de 1º de diciembre de 1986 sobre la libertad de precios y la
competencia  define las reglas que aseguran el respeto de la competencia.
- PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
- Principios
La Ordenanza sienta el principio de la prohibición :
-d e  l a s  prácticas concertadas  que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o
falsear el juego de la competencia dentro del mercado ( artículo 7 );
-d e l  abuso de una posición dominante (artículo 8) :  la explotación abusiva de una
posición dominante o la explotación abusiva de un estado de dependencia económica.
Las reglas estipuladas en los artículos 7 y 8 de la Ordenanza, que se refieran respectivamente
a las prácticas concertadas y al abuso de la posición dominante, son análogas a las prohibiciones de
las prácticas anticompetitivas que figuran en los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma.
La Ordenanza califica además como actos intrínsecamente prohibidos  ciertas prácticas
restrictivas  como las siguientes:
- las ventas a precios abusivamente bajos ( artículo 10-1)
- las reventas con pérdida ( artículo 32)
- el mantenimiento de los precios impuestos por el vendedor ( artículo 34)
- las prácticas discriminatorias ( artículo 36 ).WT/WGTCP/W/34
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Exenciones
El artículo 10 de la Ordenanza establece respecto de las prácticas concertadas y la explotación
abusiva de una posición dominante circunstancias justificativas comunes de carácter alternativo por
cuya virtud esos comportamientos objetivamente reprobables pierdan su carácter delictivo.  Conforme
a este artículo:
"No quedarán sujetas a las disposiciones de los artículos 7 y 8 las siguientes prácticas:
1. las que resulten de la aplicación de un texto legislativo o reglamentario
dictado para su aplicación;
2. aquellas cuyos autores puedan justificar que tienen por efecto el logro de un
progreso económico  y que reservan a los usuarios una participación
equitativa en el beneficio resultante, sin ofrecer a las empresas interesadas la
posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los
productos de que se trate."
Puede tratarse de exenciones individuales , concedidas por el Consejo de la Competencia, o
bien de exenciones colectivas , autorizadas por decreto dictado previo dictamen favorable del Consejo.
Aplicación de las reglas comunitarias por las autoridades administrativas y judiciales francesas
En virtud del principio de la aplicabilidad directa del derecho comunitario, los órganos
jurisdiccionales ordinarios franceses pueden juzgar tanto sobre la base de las disposiciones legalesfrancesas (artículos 7 y 8 de la Ordenanza) como sobre la base de las disposiciones del Tratado de
Roma (artículos 85 y 86 del Tratado constitutivo de la CE).  Del mismo modo, el Consejo de la
Competencia, autoridad administrativa independiente con competencia para aplicar los artículos 7, 8
y 10-1 de la Ordenanza, ha sido habilitado para aplicar los artículos 85 y 86 del Tratado en virtud del
artículo 56 bis de la Ley de 11 de diciembre de 1992.  Sin embargo, las autoridades administrativas y
judiciales nacionales sólo son competentes respecto del párrafo 1 del artículo 85 y del artículo 86 del
Tratado constitutivo de la CE.  En efecto:  el párrafo 3 del artículo 85, referente a la posibilidad de
conceder o denegar una exención, corresponde a la competencia exclusiva de la Comisión de las
Comunidades Europeas.  Pero los tribunales naci onales pueden declarar la inaplicabilidad del
párrafo 3 del artículo 85:  la competencia de la Comisión, por lo tanto, sólo es exclusiva en sentidopositivo.
CONCENTRACIONES
Condiciones del control
La Ordenanza no dispone ninguna prohibición de principio  de estas operaciones, sino que
establece un control de las operaciones de concentración  a instancias de las empresas o de las
autoridades públicas.
El concepto de concentración está definido en el artículo 39 de la Ordenanza:  "la
concentración resulta de cualquier acto, cualquiera que sea su forma, que suponga la transferencia
de la propiedad o del usufructo de la totalidad o una parte de los bienes, derechos y obligaciones de
una empresa o que tenga por objeto o efecto permitir a una empresa o un grupo de empresas el
ejercicio directo o indirecto de una influen cia determinante sobre una o más empresas" .
Para que una operación de concentración sea objeto de control, debe alcanzar uno de los dos
umbrales cuantitativos previstos en el artículo 38:WT/WGTCP/W/34
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- el primer umbral  es relativo y se calcula como participación en el mercado :  una
concentración da lugar a control cuando las empresas participantes han efectuado en
conjunto más del 25 por ciento de las ventas, las compras o las transacciones en un
mercado nacional de bienes producidos o de servicios susceptibles de sustitución, o
en una parte sustancial de tal mercado.
-e l  segundo umbral  es absoluto y se calcula según la cifra de negocio  :  la
concentración también da lugar a control cuando las empresas participantes han
totalizado una cifra de negocio, después del pago de impuestos, superior a
7.000 millones de francos, siempre que por lo menos dos de las empresas
participantes en la concentración hayan alcanzado una cifra de negocio de
2.000 millones de francos.
Diferencias con el control comunitario
A nivel comunitario , el control de las concentraciones fue establecido por el Reglamento
Nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 .  Se aplica a las empresas de todos los sectores
económicos, con excepción de las que corresponden al Tratado de París constitutivo de la Comunidad
Europea del Carbón y el Acero.
Las condiciones del control comunitario de las concentraciones no se diferencian
fundamentalmente de las establecidas por el derecho francés.  Sólo son distintos los umbrales  a partir
de los cuales las operaciones de concentración alcanzan una "dimensión comunitaria".
Esos umbrales son los siguientes:
-l a  cifra de negocio  total a nivel mundial  de todas las empresas interesadas debe
representar un importe superior a 5.000 millones de ecus:
-l a  cifra de negocio  total realizada individualmente   en la Comunidad  por dos de las
empresas participantes como mínimo debe representar un importe superior a
250 millones de ecus .
No obstante, el control queda descartado, aun cuando se alcancen ambas cantidades, en caso
de que cada una de las empresas  participantes no obtenga más de dos terceras partes de su cifra de
negocio  total alcanzada en la Comunidad en el interior de un único Estado  miembro.
2. Aplicación de las reglas, los controles y las sanciones
PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
PROCEDIMIENTO
Para hacer cesar las infracciones del derecho de la competencia, las empresas francesas y
extranjeras pueden presentar una solicitud a las autoridades responsables de la competencia odemandar ante los tribunales nacionales.  Estos últimos también pueden darles reparación por los
perjuicios causados por tales infracciones:
Denuncia ante los servicios del Ministerio de Economía
La empresa que se considere víctima de prácticas anticompetitivas puede informar a los
servicios del Ministerio de Economía.  Corresponde a la Dirección General de la Competencia, el
Consumo y la Represión del Fraude (DGCCRF)  recibir las denuncias, recoger informaciones a suWT/WGTCP/W/34
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respecto y llevar a cabo las investigaciones del caso.  Sobre la base de esas investigaciones, el
Ministro de Economía somete el asunto al Consejo de la Competencia cuando los hechos
comprobados le parecen correspondientes a la competencia de este último.
Ello no impide que las empresas formulen denuncia directamente ante el Consejo de la
Competencia.
Denuncia ante el Consejo de la Competencia
Las empresas, francesas o extranjeras, también pueden formular denuncia directamente ante
el Consejo de la Competencia.  Éste tiene el deber de instruir el asunto dentro de un plazo razonable,
estipulado por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por la regla de
prescripción (tres años).  Pueden adoptarse medidas cautelares en un plazo muy breve.
Esta denuncia ante el Consejo debe cumplir ciertas condiciones.  Las empresas deben:
- tener legitimación para actuar, que se aprecia en la fecha de presentación de la
denuncia;
- tener interés en el asunto, es decir, acreditar que es víctima de prácticas
anticompetitivas y la existencia de un perjuicio;
- presentar elementos de prueba suficientes, no bastando las meras alegaciones;
- presentar una denuncia jurídicamente pertinente, calidad que sólo se cumple si los
hechos corresponden al ámbito de aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ordenanza,aunque sea en virtud de las disposiciones del artículo 36.
Las decisiones del Consejo de la Competencia admiten un recurso de anulación o de reforma
ante el Tribunal de Apelaciones de París .  Pueden interponer el recurso las partes en el asunto, o el
Ministro de Economía.  El plazo para la interposición del recurso es de un mes para las partes y de
10 días para el Ministro, contados desde la notificación de la decisión del Consejo.
Todas las decisiones  del Consejo de la Competencia se publican en el Boletín Oficial de la
Competencia, el Consumo y la Repr esión del Fraude (BOCCRF).  Deben expresar sus fundamentos  y
notificarse a quien haya sometido el asunto al Consejo, así como al Ministro de Economía.
Acción ante los tribunales civiles
Los tribunales civiles desempeñan una función exclusiva en la aplicación del Título IV de la
Ordenanza, relativo a la transparencia y las prácticas restrictivas;  el artículo 36 dispone lo siguiente:
"podrán promover la acción (...) cualquier persona que justifique un interés, el ministerio
público, el Ministro de Economía o el Presidente del Consejo de la Competencia (...)" .
Respecto de las prácticas concertadas (artículo 7), la explotación abusiva de una posición
dominante (artículo 8) y las ventas a precios abusivamente bajos (artículo 10-1), el juez ejercecompetencia concurrente con la del Consejo de la Competencia.  Cuando los actos son susceptibles de
calificación penal, la competencia corresponde también a la autoridad judicial.
La empresa francesa o extranjera que es víctima de prácticas ilícitas puede promover ante la
jurisdicción civil o comercial una acción de fondo o de urgencia.WT/WGTCP/W/34
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-E l  procedimiento de urgencia  puede promoverse por cualquier persona que justifique un
interés .
- Sobre el fondo, puede promoverse ante  los tribunales judiciales una acción de anulación o de
reparación .
Estas acciones pueden intentarse con independencia de cualquier procedimiento seguido ante
el Consejo de la Competencia.  Sin embargo, nada impide que se sigan paralela o consecutivamentecon un procedimiento ante el Consejo.
La acción de reparación debe fundarse en las normas comunes de los artículos 1282 y 1283
del Código Civil.  Exige la triple prueba de un hecho ilícito, un perjuicio y un vínculo de causalidad.
- Acción ante los tribunales penales
Desde que entró en vigor el artículo 45 de la Ley Nº 73-1193, de orientación del comercio y
la industria artesanal, de 27 de diciembre de 1973, la víctima de una infracción económica puede
constituirse en parte civil ante el juez de instrucción y promover la acción pública.  Tal acción, sinembargo, sólo es admisible en caso de que el perjuicio sea personal y directo.
La constitución de parte civil se efectúa mediante solicitud presentada al juez de instrucción,
en audiencia o por citación directa del Tribunal Correccional en los casos de delito o del Tribunal de
Policía en los casos de contravención.
La empresa, francesa o extranjera, que no ha promovido ella misma los procedimientos
penales por denuncia o en virtud de citación directa, pueden intervenir en la acción pública promovida
por el Consejo de la Competencia
7, o el ministerio público.
Las empresas, francesas o extranjeras, pueden apelar estas sentencias en las condiciones
previstas por el derecho común, e interponer después el recurso de casación.
Las infracciones por prácticas concertadas y explotación abusiva de una posición dominante
que no están legitimadas por aplicación del artículo 10 de la Ordenanza, así como las prácticas
restrictivas, hacen a sus autores susceptibles de sufrir sanciones .
SANCIONES
Estas sanciones pueden imponerse por el Consejo de la Competencia o por los tribunales
judiciales.
Sanciones impuestas por el Consejo de la Competencia
Cumplida la etapa de investigación llevada a cabo por los servicios del Ministerio de
Economía, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude
(DGCCRF), el Consejo de la Competencia procede a la instrucción del asunto y resuelve acerca del
curso que ha de dársele.  Pueden dictarse dos tipos de decisiones:
- Medidas o mandamientos tendientes al restablecimiento de la competencia :
                                                     
7 El Consejo de la Competencia puede transmitir el expediente al Procurador de la República cuando
los hechos justifican a su juicio la aplicación del artículo 17 de la Ordenanza.WT/WGTCP/W/34
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Estos mandamientos son de carácter obligatorio.  En caso de incumplimiento,
el Consejo puede imponer una sanción pecuniaria dentro de los límites estipulados en
el artículo 13 de la Ordenanza.  El importe máximo de la sanción equivale, para una
empresa, al 5 por ciento de su cifra de negocio realizada en Francia, después de la
aplicación de los impuestos, en el último ejercicio económico terminado.  Si el
infractor no es una empresa, el máximo es de 10 millones de francos.
- Una sanción pecuniaria:
Esta sanción puede aplicarse de inmediato.  Su importe, para una empresa, es
el equivalente del 5 por ciento de la cifra de negocio realizada en Francia, después de
la aplicación de los impuestos, en el último ejercicio económico terminado.
Sanciones impuestas por las autoridades judiciales
Sanciones civiles
Los tribunales civiles tienen competencia, concurrente con la del Consejo de la Competencia,
para aplicar los artículos 7 y 8 de la Ordenanza, que prohíben las prácticas concertadas y la
explotación abusiva de una posición dominante, así como el artículo 10-1, que prohíbe las ventas a
precios abusivamente bajos;  y por otra parte también tienen competencia exclusiva respecto de todas
las demás prácticas llamadas "restrictivas"  distintas de las previstas en los artículos 7, 8 y 10-1.
Pueden declarar la nulidad de los acuerdos anticompetitivos .  Todo compromiso, acuerdo o
cláusula contractual correspondiente a una práctica prohibida por los artículos 7, 8 y 10-1 es nulo de
pleno derecho (artículo 9 de la Ordenanza).  Esta nulidad puede invocarse por los terceros interesados,
pero no pueden invocarla las partes frente a los terceros para substraerse a sus propias obligaciones.
Los tribunales civiles también pueden condenar al causante de los perjuicios causados por esa
lesión del derecho de la competencia a indemnización  conforme a las reglas comunes de la
responsabilidad, sobre la base de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil.  La víctima del daño
podrá recibir la indemnización por los perjuicios sufridos.
Sanciones penales
El artículo 17 de la Ordenanza determina las penas aplicables al autor de la infracción, es
decir, a cualquier persona física que " haya participado en forma personal y determinante, con fraude,
en la concepción, organización o ejecución"  de una práctica concertada o explotación abusiva de una
posición dominante ilícitas.  Las sanciones establecidas son una pena de prisión de seis meses a cuatro
años de duración o una multa de 5.000 a 500.000 francos, o ambas penas.
El tribunal también puede ordenar la publicación íntegra de la sentencia o de extractos de ella,
en los periódicos que determine, por cuenta del condenado.
CONCENTRACIONES
Procedimiento
Las empresas participantes en una operación de concentración pueden notificarla cuando se
encuentra todavía en estado de proyecto , o bien en los tres meses siguientes  al momento en que el
acto adquiere carácter definitivo desde el punto de vista jurídico.  Esta declaración es facultativa .WT/WGTCP/W/34
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La ventaja que ofrece la notificación consiste en que permite a las empresas conocer
anticipadamente la posición de la administración , que sólo puede oponerse  a la operación en un plazo
máximo de seis meses .
No mediando notificación, el Ministro de Economía puede someter al Consejo de la
Competencia cualquier concentración que le pare zca reprobable (artículo 38 de la Ordenanza).
Decisiones y sanciones
Previo dictamen del Consejo, el Ministro de Economía puede:
- no oponerse a la operación;
- o bien, dictar mandamientos  destinados a restablecer una competencia suficiente o a
fomentar el progreso económico y social.
Antes de resolver, el Ministro debe enviar a las partes interesadas el proyecto de decisión
junto con el dictamen del Consejo de la Competencia, y fijar un plazo  para que presenten sus
observaciones .
La ley no establece ningún plazo para el sometimiento del asunto al Consejo ni para el
dictado de los mandamientos.  Por lo tanto, una concentración que no haya sido objeto de notificación
puede ser objetada por la Administración en todo momento .
El dictamen del Consejo no obliga al Ministro .  Éste puede autorizar una operación de
concentración o, por el contrario, dictar mandamientos dirigidos a las empresas.
Esos mandamientos son obligatorios.  Si las empresas no los cumplen, el Ministro, previo
dictamen del Consejo de la Competencia, y dentro de los límites de dicho dictamen, puede imponer
sanciones pecuniarias  a las empresas respectivas:  esas sanciones tienen un importe máximo del
5 por ciento de la cifra de negocio, después del pago de impuestos, realizada por la empresa en
Francia durante el último ejercicio terminado antes del primer acto que interrumpe la prescripción.
PERSONAL DESTINADO A LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
DIRECCIÓN DE LA COMPETENCIA, EL CONSUMO Y LA REPRESIÓN DEL FRAUDE
Se trata de la dependencia del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria cuyas principales
funciones son las siguientes:
- asegurar la calidad de los productos y servicios y la lealtad de las transacciones;- garantizar la seguridad y la protección de la salud de los consumidores;
- proteger los intereses económicos del consumidor y desarrollar una política activa en
materia de consumo;
- desarrollar el libre juego de la competencia .WT/WGTCP/W/34
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La DGCCRF  cuenta con 4.111 funcionarios , distribuidos del siguiente modo:
- 3.228 funcionarios que actúan en 101 direcciones departamentales , algunas de las
cuales corresponden a un sector de una ciudad importante del Departamento que no
es su capital.
- 485 funcionarios destacados en la administración central.   Entre ellos, unos
40 funcionarios están encargados especialmente de los asuntos relativos a lacompetencia.
- 298 funcionarios, el resto del personal, trabajan en las unidades especializadas:  dos
centros de formación, dos direcciones nacionales de investigaciones y ocho
laboratorios.
En un personal total de unos 4.000 funcionarios, se estima en 170 el número de los que están
destinados al control de la competencia en régimen de tiempo completo.
CONSEJO DE LA COMPETENCIA
El Consejo de la Competencia, autoridad administrativa independiente encargada con
exclusividad de las cuestiones relativas a la competencia, está formado por 17 miembros , designados
por un período de seis años mediante decreto a propuesta del Ministro de Economía.
- ocho de sus miembros provienen de altas asambleas o autoridades francesas:  el
Consejo de Estado, el Tribunal de Casa ción, el Tribunal de Cuentas u otras
autoridades administrativas o judiciales;
- se elige a cuatro personalidades en razón de su competencia en materia económica o
en materia de competencia y consumo;
- cinco de sus miembros son personalidades provenientes de los sectores de la
producción, la distribución, la industria artesanal, los servicios o las profesionesliberales.
El Consejo de la Competencia cuenta además con un relator general que controla y dirige las
actividades de 25 relatores permanentes y una decena de relatores externos que cumplen las
funciones de instrucción y preparación de las decisiones (las investigaciones de primer nivel se
efectúan por los servicios del Ministerio de Economía).  Además, el Consejo de la Competenciadispone de servicios administrativos (secretaría, tramitación, documentación y servicios generales)
que disponen de 62 funcionarios.
BALANCE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN 1996
ACTIVIDADES DE LA DGCCRF
Lucha contra las prácticas concertadas y las posiciones dominantes
Los servicios de la DGCCRF determinaron 309 indicios de prácticas anticompetitivas,
iniciaron 242 investigaciones y redactaron 185 informes,  entre ellos los realizados a petición del
Consejo de la Competencia.  El Ministro de Economía sometió 36 casos al Consejo  sobre la base del
artículo 11 de la Ordenanza (prácticas concertadas y abuso de una posición dominante).  Como
en 1995, entre estos casos figuraron de manera destacada las concertaciones ilícitas en la contratación
pública y los casos de explotación abusiva de una posición dominante, entre ellos los que pueden dar
lugar a responsabilidad de las empresas poseedoras de monopolio legales.WT/WGTCP/W/34
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A instancia ministerial o de los interesados, el Consejo ya ha adoptado decisiones importantes
acerca de las actividades de tales empresas, en particular EDF  y France Telecom, en sus actividades
básicas o en sus actividades de diversificación.
También sancionó, en un caso que le fue sometido por el Ministerio, la explotación abusiva
de una posición dominante cometida por la sociedad Lily France , importante empresa farmacéutica,
poniendo de manifiesto con ello, al igual que a través de otras decisiones relativas a licitacionespúblicas de material hospitalario, la contribución que el derecho de la competencia puede aportar a la
racionalización de los gastos de salud en interés de los propios beneficiarios del seguro social.
Control de las concentraciones
Ha podido observarse un aumento del número de notificaciones voluntarias  de operaciones de
concentración, tanto las realizadas espontáneamente como las que resultan de discusiones formales.
En total se notificaron 27 operaciones de concentración.
Se ha mantenido estable el número de asuntos  sometidos al Consejo de la Competencia .
El Consejo ya dictó decisión  en cinco de las seis de las operaciones que le fueron sometidas:
dos dieron lugar a autorización sin condiciones (Otis S.A./Ascenseurs Soulier S.A. y
Eridiana-Beghin-SAY/ Compagnie française de sucrerie)  y tres fueron autorizadas mediante
compromisos de ajuste ( Heineken/Fischer;  Auchan/Docks de France;  y Callebaut AG/Barry S.A. ).
De las 21 operaciones notificadas restantes, sólo una dio lugar a compromisos de la empresa
(Canal+/Nethold) .
Prácticas respectivas de la competencia
La moralización de las prácticas comerciales continuó en 1996 ante los tribunales civiles y
comerciales dando lugar a condenas ejemplares:  asunto Intermanchandises France  (Tribunal de
Comercio de París, 25 de noviembre de 1996);  asunto Cora  (Tribunal de Apelaciones de Colmar,
5 de febrero de 1997);  asunto Carrefour-Ego Fruits  (sentencia de 4 de marzo de 1997);  asunto
Auchan-Soviba  (Tribunal de Comercio de Versalles, 7 de marzo de 1997).
En la jurisdicción penal, la actividad contenciosa no fue muy intensa habida cuenta de la
modificación legislativa (tiene relación con este aspecto la reforma del Título IV de la Ordenanza).
ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE LA COMPETENCIA
El Consejo de la Competencia se ocupó en 1996 de 142 asuntos , aplicando sanciones a
99 empresas e imponiendo multas por valor de 106,2 millones de francos.
Este número de asuntos es fundamentalmente el mismo que en 1995 y 1994.
Cerca del 30 por ciento de las decisiones que dieron lugar a sanciones (16 entre 46) se
referían a licitaciones privadas o públicas.
El Consejo se dedicó especialmente a sancionar las prácticas concertadas destinadas a excluir
del mercado a un competidor, por ejemplo cuando los concesionarios de automóviles asumieron el
riesgo de prohibir a un representante del ramo el acceso a una exposición del sector.
También impuso sanciones en un asunto referente a la distribución de los relojes Rolex .  El
fabricante estaba autorizado por cláusulas contractuales para excluir ciertas formas deWT/WGTCP/W/34
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comercialización exigiendo la instalación de un taller de reparaciones, mientras que la falta de
personal calificado hacía difícil cumplir tal disposición y podía generar un trato discriminatorio.
También se condenó a EDF  (empresa nacional con el monopolio de la distribución de
electricidad), por negarse a adquirir la electricidad generada por productores independientes u
oponerse a proyectos de construcción o de conexión a su red.
El porcentaje de los recursos interpuestos ante el Tribunal de Apelaciones de París por las
empresas sancionadas se mantiene estable (33 por ciento), así como el porcentaje de las decisiones
confirmadas en cuanto al fondo por el Tribuna l de Apelaciones y el Tribunal de Casación.
GRECIA
I. La LEY SOBRE LA COMPETENCIA DE GRECIA ( Nº 703/77, sobre el control de los
monopolios y los oligopolios y la protección de la libre competencia)  se aplica tanto a los acuerdos
horizontales como a los verticales y se ajusta en general al criterio de la legislación comunitaria sobre
la competencia.
El artículo 1 de la Ley griega está basado en el principio de la prohibición y se asemeja al
artículo 85.  El artículo 2 trata del problema de la explotación abusiva de una posición dominante, del
mismo modo que el artículo 86.
Las empresas públicas, los servicios públicos y las empresas agropecuarias y de transporte
están sujetos a las disposiciones de la Ley sobre la Competencia de Grecia (artículo 5).
I.1 El párrafo 1 del artículo 1 de la Ley sobre la Competencia de Grecia dispone lo siguiente:
Estarán prohibidos:  todos los acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de
empresas y prácticas concertadas de cualquier tipo, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir
o falsear el juego de la competencia, y en particular las que consistan en:
a) fijar directamente o indirectamente los precios de compra o de venta u otras
condiciones de transacción;
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes,
que ocasionen a éstos una desventaja competitiva, en particular negándose sinfundamentos válidos a vender, comprar o realizar transacciones de cualquier otra
clase;
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no
guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
I.2 Para que sea aplicable el párrafo 1 del artículo 1 deben cumplirse dos condiciones:
a) que exista un acuerdo, decisión o práctica concertada entre empresas o asociaciones
de empresas;WT/WGTCP/W/34
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b) que su objeto o efecto sea impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.
I.3 Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas comprendidos en el párrafo 1 del artículo 1
deben notificarse por las empresas interesadas al Comité de la Competencia a fin de que se les otorgue
una constancia de no prohibición por no estar comprendidos en sus disposiciones, o una exención
individual en caso de que cumplan todas las siguientes condiciones:
a) que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a
fomentar el progreso técnico o económico y reserven al mismo tiempo a los
consumidores una participación equitativa en el beneficio resultante;
b) que no impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables
para alcanzar los objetivos mencionados;
c) que no ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto
de una parte sustancial de los productos de que se trate.
I.4 No existen disposiciones especiales referentes a los acuerdos entre pequeñas y medianas
empresas.  En Grecia no se han dispuesto exenciones en bloque, y no existe ninguna disposición
precisa que establezca un límite mínimo de importancia ( regla del nivel "de minimis" ).  De
conformidad con el artículo 8a de la Ley sobre la Competencia de Grecia pueden dictarse tales
decisiones, pero las disposiciones de este artículo aún no han sido aplicadas.  En general, la regla del
nivel "de minimis"  sólo sirve como orientación -sin que existan criterios establecidos de ninguna
clase- y se aplica siempre analizando el caso particular.  El Comité de la Competencia de Grecia ha
aplicado en varias de sus decisiones, como marco de orientación, el reglamento comunitario sobre las
exenciones en bloque.
I.5 Control previo de las fusiones
Existe un procedimiento general de control de las fusiones para todos los sectores de la
economía.  Conforme a ese régimen las concentraciones de empresas no están prohibidas como actos
intrínsecamente anticompetitivos, ya que el Comité de la Competencia decide sobre la base de una
lista de criterios -establecidos en la Ley con carácter indicativo- si determinada concentración puede
impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.  Las concentraciones prohibidas pueden ser
aprobadas por decisión fundada de los Ministerios de Economía Nacional y de Comercio por razonesde interés público y de la economía general.  Los criterios y los respectivos umbrales establecidos
para el procedimiento de control de las fusiones son los que se indican a continuación:
i) Notificación a posteriori
Todas las concentraciones de empresas deben notificarse al Comité de la Competencia dentro
del mes siguiente a su puesta en práctica en cualquiera de los siguientes casos:
- si la participación conjunta en el mercado nacional o en una parte sustancial del
mismo representa como mínimo un 10 por ciento de la cifra de negocio total del
mercado del producto respectivo;
- si la cifra de negocio conjunta de las empresas participantes representa como mínimo
el equivalente de 10 millones de ecus en dracmas.WT/WGTCP/W/34
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ii) Notificación previa
Todas las concentraciones de empresas deben notificarse al Comité de la Competencia en un
plazo de 10 días en cualquiera de los siguientes casos:
- si la participación conjunta en el mercado nacional o en una parte sustancial del
mismo representa como mínimo un 25 por ciento de la cifra de negocio total del
mercado del producto respectivo;
- si la cifra de negocio conjunta de las empresas participantes representa como mínimo
el equivalente de 50 millones de ecus en dracmas y la cifra de negocio total en el
mercado nacional de cada una de dos empresas participantes, como mínimo, excede
del equivalente de 5 millones de ecus en dracmas.
Tanto la notificación a posteriori  como la notificación previa de las concentraciones son
obligatorias cuando se alcanzan los umbrales mencionados en los puntos i) y ii).
II. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN
El Comité de la Competencia es la única autoridad competente para la observancia de las
disposiciones de la Ley Nº 703/77 de Grecia sobre el control de los monopolios y oligopolios y la
protección de la libre competencia.
El Comité de la Competencia es la autoridad nacional en la materia, competente para la
cooperación:
- con las autoridades responsables de la competencia de la Comisión de las
Comunidades Europeas, para prestar la asistencia necesaria a sus funcionarios
autorizados en la realización de las investigaciones dispuestas por la legislación
comunitaria;
- con las autoridades de otros países responsables de la competencia;- con las diversas organizaciones internacionales.
Cuando una empresa que tiene su sede social o ejerce su actividad en Grecia se opone a una
investigación ordenada en virtud de disposiciones co munitarias, el Comité de la Competencia y sus
funcionarios autorizados, por iniciativa propia o a solicitud de funcionarios autorizados de la
Comisión, adoptan todas las medidas necesarias para el normal desarrollo de la investigación, enparticular prestando la asistencia necesaria conforme a las disposiciones del artículo 26 de la presente
Ley.
El Comité de la Competencia y su secretaría (es decir, su personal administrativo)
desempeñarán las tareas asignadas a las autoridades nacionales de los Estados miembros por los
artículos 88 y 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea;  así como en virtudde los Reglamentos dictados en conformidad con el artículo 87 del mismo Tratado junto con sus otras
disposiciones de habilitación.  Para el cumplimiento de estas funciones, el Comité de la Competencia
y su secretaría dispondrán de las facultades que se les otorgan para la aplicación de la presente Ley.
III. PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS NORMAS
El Comité de la Competencia de Grecia quedó establecido como autoridad independiente
desde mayo de 1995.  Es independiente desde el punto de vista administrativo y se encuentra bajo la
supervisión del Ministerio de Comercio.  El Comité de la Competencia está formado por nuevemiembros:WT/WGTCP/W/34
Página 40
1) un miembro en actividad o ex miembro del Consejo Jurídico del Estado;
2) un juez o ex juez del más alto rango de los tribunales de justicia;
3) un representante de la Asociación de Industrias de Grecia;
4) un representante de la Confederación Nacional de Comercio;
5) un representante de la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas;
6) un representante del Consejo Nacional del Consumidor;7) un miembro del cuerpo docente de un departamento de una universidad griega;
8) un miembro del cuerpo docente de un departamento de una universidad griega;  y
9) una personalidad reconocida con experiencia en materia de competencia.
Los miembros del Comité de la Competencia, y sus suplentes en los casos 7), 8) y 9), son
designados por el Ministro de Comercio.  El presidente y los miembros titulares y suplentes del
Comité de la Competencia son designados por decisi ón del Ministro de Comercio por un plazo de tres
años, que puede ser renovado.
IV. EJECUCIÓN DE LAS NORMAS (AÑO 1996)
Asuntos
presentadosAsuntos
tramitadosDecisiones
dictadas
1. Acuerdos 9 2 2
2. Denuncias 17 7 7
3. Fusiones 62 62 62
4. Medidas provisionales 2 2 2
TOTAL 90 73 73
V. SANCIONES APLICABLES A LAS EMPRESAS
Párrafo 4 del artículo 4a, párrafo 4 del artículo 4b y párrafo 4 del artículo 4e respecto de los
casos sobre control de fusiones.
Artículo 9 respecto de los casos de defensa de la competencia.Artículo 29 respecto de las sanciones penales generales.
VI. DERECHOS DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS
Todas las empresas tienen igual derecho a recurrir ante la Administración de la Competencia
de Grecia y a apelar sus decisiones.  El procedimiento que deben seguir las empresas no varía según
su nacionalidad.  Lo mismo se aplica al costo de cualquier procedimiento promovido ante el Comitéde la Competencia.  Todos los actos de denuncia o notificación deben efectuarse con intervención de
un asesor jurídico (abogado).
VII. ACUERDOS CON TERCEROS PAÍSES
No existen acuerdos con terceros países acerca de la aplicación de la legislación sobre la
competencia ni sobre cooperación general en los asuntos relacionados con la competencia.WT/WGTCP/W/34
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IRLANDA
1. Legislación nacional en materia de competencia
- En Irlanda, la legislación sobre la competencia se rige por las Leyes sobre la Competencia
de 1991 y 1996.
- La Ley de 1991 fue dictada en términos análogos a los artículos 85 y 86 del Tratado.  Sin
embargo, la ley sólo se aplica en Irlanda: en los artículos 4 y 5 de la Ley de 1991, queestablecen las normas de competencia respecto de los acuerdos anticompetitivos, las
decisiones y las prácticas concertadas y el abuso de la posición dominante, se emplea la
expresión "en el Estado".  Las Leyes no contienen enumeraciones de actos intrínsecamente
prohibidos;  corresponde a los tribunales determinar si se ha producido una infracción de la
Ley sobre la Competencia.
- La Ley sobre la Competencia de Irlanda en materia de competencia se aplica a todos los
sectores de la economía.
Existe sin embargo una excepción en cuanto las ventas a bajo costo por las tiendas de
comestibles se rigen por la Orden sobre las Tiendas de Comestibles de 1987.  (Esta Orden se aplica a
todos los artículos de las tiendas de comestibles con excepción de las frutas frescas, legumbres
frescas, carne y pescado frescos y congelados, así como las bebidas embriagantes y otros artículos de
uso doméstico vendidos habitualmente en las tiendas de comestibles.  La Orden prohíbe prácticascomo las ventas a precios inferiores al costo, el boicoteo y los premios en efectivo y controla las
condiciones de abastecimiento.  Las funciones de policía a su respecto están a cargo del Director de
Asuntos de Defensa del Consumidor.)
2. Aplicación
- La Administración de la Competencia de Irlanda tiene a su cargo la aplicación de la Ley sobre
la Competencia en el país.
- Durante la vigencia de la Ley de 1991, la principal función de la Administración de la
Competencia de Irlanda se relacionaba con el otorgamiento de certificados y licencias
conforme al artículo 4.
- Hasta la puesta en aplicación de la Ley de 1996, la ejecución de la Ley quedaba a iniciativa de
los particulares, que podían promover procedimientos con arreglo al artículo 6 (Derecho de
promover procedimientos) de la Ley de 1991.
- La Ley sobre la Competencia de 1996 introdujo las medidas de ejecución de oficio, y desde
su aprobación se creó en la Administración de la Competencia una sección encargada de la
ejecución de las normas, designándose a un Director de Ejecución de las Normas sobre laCompetencia.  Además de ese cargo, se dotó a la Administración de la Competencia de
Irlanda de personal profesional:  cinco economistas y un asesor jurídico sobre ejecución de las
normas.
- La Ley sobre la Competencia de 1996 introdujo también delitos penales por violación de la
legislación sobre la competencia.  Las empresas son pasibles de procesamiento sumario o
enjuiciamiento.
- La Ley sobre la Competencia de 1996 entró en vigor el 3 de julio de 1996, y durante ese año
la Administración de la Competencia no se ocupó de ningún asunto referente a laWT/WGTCP/W/34
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competencia.  Sin embargo, desde la puesta en aplicación de la Ley sobre la Competencia, la
Administración de la Competencia ha intervenido en diversos asuntos en los que llevó a cabo
registros de los locales de empresas.  Esos registros han servido para la publicidad acerca de
las actividades y facultades de la Administración de la Competencia y sirven como
advertencia a las empresas respecto del tema.
3. Sanciones
- Las sanciones oscilan entre multas no mayores de 1.500 libras o seis meses de prisión, o
ambas sanciones, en las condenas dictadas en procedimiento sumario, hasta multas que
pueden alcanzar a tres millones de libras o al 10 por ciento de la cifra de negocio, si esta suma
es mayor, o dos años de prisión, o ambas penas, en caso de fallo condenatorio.
4. Derechos de las empresas y los particulares
- Toda empresa o persona puede promover procedimientos para oponerse a actividades
anticompetitivas llevadas a cabo por otras empresas o personas.  Además, las personas oempresas tienen el derecho de formular denuncias ante el Director de Ejecución de las
Normas sobre la Competencia respecto de cualquier actividad anticompetitiva que se lleva a
cabo en el Estado.  A partir de tales denuncias el Director, previa investigación, puede adoptar
las medidas del caso.
5. Acuerdos con terceros países
- Irlanda no tiene ningún acuerdo con terceros países acerca de la aplicación de la legislación
sobre la competencia.
ITALIA
I. LA LEY SOBRE LA COMPETENCIA DE ITALIA Y LA ADMINISTRACIÓN DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
La legislación sobre la competencia rige en vigor de la Ley Nº 287, de 10 de octubre de 1990
(Ley sobre la Competencia), que también estableció  la Administración de Defensa de la Competencia,
organismo público independiente del Gobierno y del Parlamento.
La Administración de Defensa de la Competencia tiene la responsabilidad general de imponer
la observancia de la Ley sobre la Competencia, y en particular de fiscalizar determinadas conductasde las empresas (tanto privadas como públicas), a saber:  a) los acuerdos que impiden o restringen la
competencia;  b) el abuso de una posición dominante;  c) las fusiones y adquisiciones que crean o
fortalecen una posición dominante con el efecto de eliminar o restringir la competencia.  El Banco de
Italia tiene la responsabilidad de imponer la observancia de los artículos de la Ley sobre la
Competencia referentes a los acuerdos, prácticas abusivas de una posición dominante y fusiones yadquisiciones en que participan bancos.  En tales casos la Ley exige un dictamen previo, no
obligatorio, de la Administración de Defensa de la Competencia.
La Ley Nº 52, de 6 de febrero de 1996, faculta a la Administración de Defensa de la
Competencia para aplicar directamente el párrafo 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado
constitutivo de la CE, empleando las facultades y procedimientos previstos para la aplicación de la
Ley sobre la Competencia.WT/WGTCP/W/34
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La Administración de Defensa de la Competencia también tiene facultades de asesoramiento
respecto del Parlamento y el Gobierno.  Puede com unicarles cualquier disposición o medida, vigente
o proyectada, que introduzca restricciones de la competencia que no se justifiquen desde el punto de
vista del interés general (artículos 21 y 22 de la Ley sobre la Competencia).  Además, conforme al
artículo 24, la Administración está facultada para llevar a cabo investigaciones generales de mercados
o de determinados sectores en que parezcan existir obstáculos a la competencia.  La Administraciónde Defensa de la Competencia ya ha utilizado esas facultades de asesoramiento y de investigación
general en numerosos asuntos que se refieren a casi todos los sectores económicos.
La Administración de Defensa de la Competencia también tiene a su cargo las decisiones
acerca de la publicidad engañosa, en virtud del Decreto Legislativo Nº 74, de 25 de enero de 1992,
dictado para aplicar una Directiva de la Comunidad.
II. NORMAS SUSTANTIVAS
Las normas sustantivas de la Ley sobre la Competencia están formuladas sobre la base de las
que figuran en la legislación de la Comunidad Europea, es decir, los artículos 85, 86 y 90 del Tratado
constitutivo de la CE y el artículo 2 del Reglamento Nº 4064/89 sobre control de las fusiones.
1. Acuerdos que impiden o restringen la competencia y exenciones
Los artículos 2 y 4 de la Ley sobre la Competencia rigen acerca de los acuerdos
anticompetitivos y las excepciones respectivas;  su redacción es bastante similar a la del artículo 85del Tratado constitutivo de la CE.
El artículo 2 prohíbe cualquier clase de acuerdo, en sentido amplio (incluyendo también las
prácticas concertadas y las resoluciones adoptadas por asociaciones de empresas y consorcios),
mediante el cual varias empresas puedan actuar deliberadamente en forma conjunta para coordinar su
conducta en el mercado.
La disposición prohíbe todos los acuerdos entre empresas, ya sea que actúen en la misma
etapa del proceso de producción (acuerdos horizontales) o en etapas sucesivas (acuerdos verticales),
que reduzcan sustancialmente la competencia dentro del mercado italiano o en una parte sustancial de
él (o que tengan posibilidades de reducirla).  Al efectuar esa evaluación, la Administración de Defensa
de la Competencia aplica un análisis económico (sin basarse únicamente en los aspectos formales delacuerdo examinado) a fin de verificar los efectos económicos reales del acuerdo en el mercado
respectivo y, en particular, si se restringe en grado importante la competencia en el mercado.  Con ese
fin, después de definir cuidadosamente el mercado correspondiente (desde el punto de vista de los
productos y también desde el punto de vista geográfico), se dedica un importante esfuerzo al análisis
de la estructura de ese mercado, tomando en consideración en especial el número y la situación de laspartes interesadas, así como de las demás empresas, la posibilidad de penetrar en el mercado, la
duración del acuerdo y los efectos acumulativos que pueden tener en él las redes de acuerdos
similares.
A este respecto, cabe señalar que la Ley sobre la Competencia, según se aplica en la práctica
por la Administración de Defensa de la Competen cia, no condena en sí misma ninguna categoría de
acuerdos, como por ejemplo los acuerdos horizontales de fijación de precios o de reparto de los
mercados, o las restricciones verticales de la dist ribución y el mantenimiento de los precios impuestos
por el vendedor (obligando a un precio mínimo).  Aun respecto de estas clases de acuerdos, a menudo
calificados como restricciones "en sentido estricto", no puede apreciarse si son anticompetitivos sin
evaluar en cada caso sus efectos económicos en el mercado.  Este criterio de fundamento económico
está en conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.WT/WGTCP/W/34
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Una vez que la Administración de Defensa de la Competencia ha evaluado esos efectos,
declara ilícitas y prohibidas las conductas correspondientes intimando a las empresas interesadas a
cesar en ellas.  Además, debido a la gravedad de las restricciones en sentido estricto, la
Administración generalmente aplica sanciones a las empresas participantes.
El artículo 2 de la Ley sobre la Competencia dice así:
Acuerdos restrictivos de la libertad de competencia
"1. Se considerarán acuerdos los convenios o prácticas concertadas entre empresas y cualquier
decisión, aun cuando haya sido adoptada con arreglo a su estatuto o reglamento, de los consorcios,
asociaciones o empresas y demás entidades similares.
2. Quedan prohibidos los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir,
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado nacional o una parte sustancial de
él, y en particular los que consistan en:
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de
transacción;
b) limitar o restringir la producción, las vías de colocación en el mercado, el acceso al
mercado, las inversiones, el desarrollo técnico o los progresos tecnológicos;
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;d) aplicar a terceros contratantes condiciones objetivamente desiguales para
prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no
guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
3. Los acuerdos prohibidos serán nulos de pleno derecho."
La Administración de Defensa de la Competencia está facultada para eximir los acuerdos que
restringen la competencia y puede autorizarlos durante un plazo determinado, cuando se cumplen las
condiciones establecidas en el artículo 4 (esas condiciones son muy similares a las del apartado 3 del
artículo 85 del Tratado constitutivo de la CE).  Para poder obtener una exención, las empresasinteresadas deben demostrar que los acuerdos mejoran las condiciones de abastecimiento del mercado,
que las limitaciones de la competencia son absolutamente necesarias para obtener esos efectos
positivos, y que las mejores condiciones de abastecimiento determinan un beneficio sustancial para
los consumidores (por ejemplo, por la reducción de los precios o el suministro de bienes o servicios
de los que de otro modo no podría disponerse).WT/WGTCP/W/34
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El artículo 4 de la Ley sobre la Competencia dice así:
Exenciones de la prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia
1. La Administración podrá autorizar, por un plazo limitado, acuerdos o categorías de acuerdos
prohibidos con arreglo al artículo 2 que tengan el efecto de mejorar las condiciones de
abastecimiento del mercado, dando lugar a beneficios sustanciales para los consumidores.  Tales
mejoras deberán determinarse tomando en consideración también la necesidad de asegurar a lasempresas el nivel necesario de competitividad internacional y deberán relacionarse, en particular,
con aumentos de la producción, mejoras de la cali dad de la producción o la distribución o progresos
técnicos y tecnológicos.  La exención no podrá autorizar restricciones que no sean estrictamente
necesarias para los fines del presente párrafo, ni podrán autorizar que se elimine la competencia en
una parte sustancial del mercado.
2. La Administración podrá revocar posteriormente, previa notificación, las exoneraciones
mencionadas en el párrafo 1 en los casos en que la parte interesada haya abusado de ellas o hayandejado de existir las condiciones en que se fundaron.
3. Las solicitudes de exención deberán presentarse a la Administración, que hará uso de las
facultades de investigación mencionadas en el artículo 14 y dictará decisión en un plazo de 120 días
contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
2. Explotación abusiva de una posición dominante
El artículo 3 de la Ley sobre la Competencia prohíbe la explotación abusiva de una posición
dominante por una o más empresas.  También esta norma es similar a la correspondiente del Tratado
constitutivo de la CE (artículo 86).
La Ley no prohíbe una posición dominante en sí misma, sino que impone restricciones a la
eventual conducta de las empresas que ocupan una posición dominante en el mercado respectivo.
Está prohibido que una o más empresas abusen de una posición dominante en el mercado nacional oen una parte sustancial de él.
Como el artículo 86 del Tratado constitutivo de la CE, el artículo 3 no indica cuándo se
alcanza una posición dominante.  A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, la Administración de Defensa de la Competencia define una posición
dominante como una situación en que una sola empresa realiza la mayoría de las ventas endeterminado mercado y, debido a las características económicas de ese mercado y a eventuales
limitaciones institucionales, las posibilidades de otros competidores, reales o eventuales, de
reaccionar ante esa conducta quedan considerablemente limitadas.
El artículo 3 no contiene una enumeración exhaustiva de los comportamientos abusivos;  se
limita a indicar los principales ejemplos de explotación abusiva, como la imposición de precios ocondiciones que suponen una carga injustificada o los actos que impiden el acceso al mercado para
otros competidores o les inducen a abandonar su actividad y retirarse del mercado.WT/WGTCP/W/34
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El artículo 3 dice así:
Explotación abusiva de una posición dominante
1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o más empresas de una posición dominante
dentro del mercado interno o una parte sustancial de él.  También queda prohibido:
a) imponer directa o indirectamente precios de venta u otras condiciones contractuales
que supongan una carga injustificada;
b) limitar o restringir la producción, las vías de colocación en el mercado, el acceso al
mercado, las inversiones, el desarrollo técnico o el progreso tecnológico;
c) aplicar a terceros contratantes condiciones objetivamente desiguales para
prestaciones equivalentes, que les ocasionen una desventaja competitiva;
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no
guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
3. Operaciones de concentración (fusiones y adquisiciones)
Los artículos 5, 6 y 16 de la Ley sobre la Competencia rigen el control de las operaciones de
concentración para la defensa de la competencia.  También esta disciplina se asemeja en muchos
sentidos al Reglamento de la CE sobre las fusiones.
Con arreglo al artículo 5, puede producirse una concentración cuando una sociedad se fusiona
con otra o adquiere control sobre otra sociedad o parte de ella, en forma que le permite ejercer una
influencia decisiva en sus operaciones.  También comprende casos en que dos sociedades reúnen sus
actividades creando una empresa conjunta, controlada por ambas.  Sin embargo, las empresas
conjuntas que coordinan las actividades de sus empresas matrices (las llamadas "empresas conjuntas
cooperativas") no se consideran operaciones de concentración, como ocurría en la legislacióncomunitaria hasta el reciente Reglamento Nº 1310/97 de la CE, de 30 de junio de 1997, que modificó
el Reglamento de la CE sobre la fusiones.
Inspira preocupación, desde el punto de vista de la defensa de la competencia, que una fusión
con otra empresa, o su adquisición, cuando la otra empresa era antes independiente, pueda reducir la
competencia en los mercados respectivos en forma duradera y, por lo tanto, poner a las empresasinteresadas en situación que les permite explotar su poder en el mercado aumentando los precios o
imponiendo otras condiciones perjudiciales para el consumidor.
El artículo 16 dispone que las concentraciones que alcanzan a uno de los dos umbrales allí
establecidos deben notificarse por anticipado a la Ad ministración de Defensa de la Competencia.  Los
umbrales se basan en la cifra de negocio registrada en el país por las empresas participantes y seactualizan cada año para tener en cuenta la inflación.  En particular, en virtud del artículo 16 las
concentraciones están sujetas a notificación previa si la cifra de negocio bruta de la sociedad adquirida
excede de 50.000 millones de liras o, alternativamente, si la cifra de negocio bruta realizada en Italia
por todas las empresas participantes excede de 500.000 millones de liras.  En mayo de 1997 estos
umbrales fueron aumentados respectivamente a 67.000 y 671.000 millones de liras.  El 1º de julio
de 1996 comenzó a aplicarse un nuevo formulario de notificación previa de las fusiones.WT/WGTCP/W/34
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La Administración de Defensa de la Competencia examina todas las operaciones notificadas
desde el punto de vista de sus efectos sobre la competencia.  Si del examen resulta que determinada
concentración crea o acentúa una posición dominante en tal medida que reduce la competencia en
grado considerable y en forma duradera, la Administración está facultada para prohibir la operación o
para autorizarla siempre que el proyecto original se modifique por las partes a fin de eliminar los
aspectos que causan distorsión.
Ese control se lleva a cabo a través de un procedimiento en dos etapas, como en el
Reglamento de la CE sobre las fusiones.  En la primera etapa, que se inicia con la notificación, la
Administración de Defensa de la Competencia debe resolver si la concentración de que se trata puede
ser violatoria del artículo 6.  Sólo en ese caso se pasa a la segunda etapa.
Los artículos 5 y 6 de la Ley sobre la Competencia dicen así:
Artículo 5
Concentraciones
1. Se considerará que se produce concentración en los siguientes casos:
a) cuando se fusionan dos o más empresas;
b) cuando una o más personas que controlan a una o más empresas adquieren el control
directo o indirecto de la totalidad o una parte de una o más empresas, ya sea
mediante la adquisición de sus acciones o bienes o por contratos celebrados con ellaso en otras formas;
c) cuando dos o más empresas crean una empresa conjunta constituyendo una nueva
sociedad.
2. No se considerará que se ha adquirido el control de una empresa cuando un banco o
institución financiera adquiere acciones de una sociedad al constituirse ésta, o al aumentarse sucapital, con vistas a revender las acciones en el mercado y siempre que no haga uso de ningún
derecho de voto correspondiente a tales valores mientras están en su poder;  el período de posesión
no podrá exceder en ningún caso de 24 meses.
3. No constituirán concentraciones las operaciones que tengan por principal objeto o efecto la
coordinación de los actos de empresas independientes.
Artículo 6
Prohibición de las concentraciones restrictivas de la libre competencia
1. La Administración evaluará las concentraciones sujetas a notificación en virtud del
artículo 16, a fin de comprobar si crean o acentúan una posición dominante en el mercado interno
con el efecto de eliminar o restringir la competencia en grado apreciable y en forma duradera.  Talsituación se evaluará tomando en consideración la s posibilidades de sustitución de que dispongan
los proveedores y usuarios, la situación de las empresas en el mercado, las condiciones de acceso a
los abastecimientos y a los mercados, la estructura de los mercados correspondientes, la posición
competitiva de la industria nacional, los obstáculos a la entrada de empresas competidoras y la
evolución de la oferta y la demanda de los respectivos bienes o servicios.
2. Siempre que una investigación correspondiente al párrafo 4 del artículo 16 indique que una
operación tiene las consecuencias previstas en el párrafo 1, la Administración deberá prohibir laconcentración o bien autorizarla estipulando las medidas necesarias para impedir tales
consecuencias.WT/WGTCP/W/34
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III. REGLAS DE PROCEDIMIENTO
1. Procedimientos de investigación y derechos de defensa
Con arreglo a la Ley sobre la Competencia, la Autoridad de Defensa de la Competencia tiene
distintas vías para iniciar una investigación sobre el comportamiento de las empresas cuando se lo
considera anticompetitivo:  por denuncia de una sociedad (que se considere perjudicada en sus
intereses por tal comportamiento), de un organismo público o de personas privadas.  LaAdministración también podrá iniciar sus propias investigaciones de oficio (sin que medie denuncia
formal).
Como se indicó en el punto II.3, las operacio nes de concentración que superan los umbrales
establecidos en el artículo 16 deben ser objeto de notificación previa a la Administración de Defensa
de la Competencia por las empresas participantes en la transacción.  En caso de omisión, la
Administración puede imponer multas.
La Administración resuelve en cada caso si corresponde llevar a cabo una investigación más
profunda.
El formulario de notificación previa de las fusiones y el formulario para la notificación de
acuerdos y solicitud de exención de la prohibición, publicados el 1º de julio de 1996, ofrecen las
informaciones necesarias para facilitar la rapidez y exactitud de la evaluación a cargo de la
Administración de Defensa de la Competencia.
Una vez que la Administración, después de efectuar un examen preliminar del asunto,
resuelve llevar a cabo una investigación completa, se notifica a las empresas directamente interesadas
(ya sean nacionales o extranjeras).  Esas empresas tienen derecho a presentar exposiciones y a
conocer cualquier documento relacionado con la inve stigación que no sea confidencial.  Al término de
la investigación, las partes reciben la llamada "formulación de objeciones", en que se exponen laspresuntas infracciones y las pruebas pertinentes.  Las partes, después de recibir la "formulación de
objeciones", son convocadas a una audiencia final en que se discuten todas las comprobaciones y
pruebas reunidas durante la investigación en presencia de los cinco miembros de la Administración.
Las partes pueden presentar exposiciones escritas durante toda la investigación y durante un
breve período que sigue a la audiencia final.
Tras oír las exposiciones de las partes en la audiencia final, la Administración de Defensa de
la Competencia dicta su decisión definitiva en una reunión posterior y separada.  La decisión se
adopta por mayoría de votos.
Durante el transcurso de la investigación, la Administración de Defensa de la Competencia
puede pedir todas las informaciones que considere necesarias para la apreciación del caso.  Esasinformaciones pueden requerirse directamente a las partes en el asunto, o solicitando la colaboración
de otros departamentos y organismos gubernamentales.  La Administración puede designar a peritos
en el tema.  También puede decidir la realización de inspecciones in situ  a fin de compulsar
documentos de la empresa, si es preciso mediante la cooperación de una dependencia especial de la
policía que tiene a su cargo las infracciones financieras y fiscales.
Todas esas actividades de investigación, así como las informaciones obtenidas, están
amparadas por la confidencialidad.
El control de las concentraciones notificadas a la Administración de Defensa de la
Competencia se realiza mediante un procedimiento en  dos etapas.  En un plazo obligatorio de 30 díasWT/WGTCP/W/34
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contados desde la notificación, la Administración debe decidir si se inicia o no una investigación a
fondo.  La segunda etapa debe completarse en un plazo de 45 días.
En los casos de investigaciones referentes a acuerdos restrictivos y abuso de una posición
dominante, la propia Administración suele determinar los plazos.
2. Sanciones
Cuando se comprueba la existencia de explotación abusiva de una posición dominante o de un
acuerdo de restricción de la competencia, la Administración de Defensa de la Competencia puede
multar a las empresas participantes, según la gravedad de la infracción, fijándose el importe de la
multa sobre la base de la cifra bruta de negocio de las empresas.
Si las partes interesadas no desisten de los comportamientos ilícitos después de la decisión
adoptada por la Administración de Defensa de la Competencia, pueden imponerse nuevas multas.  En
caso de infracciones reiteradas, la Administración también puede ordenar a la empresa que cese en sus
actividades durante un plazo de 30 días.  También se aplican otras multas cuando las informacionessolicitadas no son verídicas o no se suministran.
En los casos de fusiones y adquisiciones ya realizadas (que exceden los umbrales establecidos
en el artículo 16) y que la Administración considera que limitan la competencia sobre la base de sus
propias comprobaciones, puede ordenarse a las empresas participantes que adopten las medidas
necesarias para restablecer la situación anterior.
Estas sanciones son de naturaleza administrativa.  La Ley sobre la Competencia no establece
ninguna sanción penal.  Las empresas o personas que han sufrido perjuicios causados por prácticas
anticompetitivas pueden demandar ante los tribunales ordinarios a la empresa que ha tenido tales
comportamientos.  Esos tribunales, a instancia de los interesados, pueden disponer también medidas
provisionales.
3. Apelación de las decisiones
Los interesados pueden apelar las decisiones adoptadas por la Administración de Defensa de
la Competencia ante un tribunal administrativo de primera instancia situado en Roma, en un plazo de
60 días.  La sentencia del tribunal puede ser objeto de apelación, a su vez, ante el Supremo Tribunal
Administrativo, el "Consejo de Estado", en Roma.
Estos dos últimos tribunales pueden juzgar si se ha aplicado correctamente la Ley sobre la
Competencia por la Administración de Defensa de  la Competencia, tomando en consideración los
fundamentos de sus decisiones.  A instancia de los interesados, esos tribunales también pueden
suspender las decisiones impugnadas antes de dictar su sentencia definitiva.
III. PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS NORMAS Y ACTIVIDADES
DE EJECUCIÓN
1. Personal
En julio de 1997, la Administración de Defensa de la Competencia emplea a unos 90 expertos
para ejecutar la Ley sobre la Competencia y la legislación sobre publicidad engañosa (sin incluir al
personal administrativo).WT/WGTCP/W/34
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2. Actividad y sanciones
En 1996, como se indicó en el último Informe Anual (abril de 1997), para la aplicación de la
Ley sobre la Competencia la Administración de Defensa de la Competencia concluyó
24 investigaciones referentes a acuerdos restrictivos y 10 investigaciones sobre explotación abusiva
de una posición dominante.  Además, la Administración dictó decisión sobre 357 operaciones de
concentración.
Fueron declarados violatorios del artículo 2 de la Ley sobre la Competencia 16 acuerdos;  en
uno de esos casos, la Administración otorgó una exención con arreglo al artículo 4.  En tres casos se
impusieron sanciones a las empresas participantes.  El importe total de las sanciones aplicadas en
estos procedimientos fue de 2.134 millones de liras.
Fueron declarados violatorios del artículo 3 de la Ley sobre la Competencia siete casos de
explotación abusiva de una posición dominante;  en dos casos se impusieron sanciones a las empresas
responsables.  El importe total de esas sanciones fue de 452 millones de liras.
La Administración de Defensa de la Competencia llevó a cabo las investigaciones de segunda
etapa con respecto a tres operaciones de concentración.  Todas las operaciones fueron autorizadas tras
la aceptación de compromisos específicos por los participantes en las concentraciones.  En 11 casos la
Administración aplicó sanciones a las empresas que no habían cumplido la obligación de notificación
previa de las concentraciones.
3. Acuerdos con terceros países en cuestiones relativas a la defensa de la competencia
Hasta el presente, la Administración de Defensa de la Competencia no ha concertado
acuerdos especiales de cooperación con autoridades responsables de la competencia de otros países.
Sin embargo, en numerosas oportunidades ha colaborado con algunas de ellas sobre la base de las
disposiciones de la Recomendación de la OCDE de julio de 1995.
LUXEMBURGO
I. DESCRIPCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LUXEMBURGO
La Ley de 17 de junio de 1970 sobre las prácticas comerciales restrictivas, modificada por la
Ley de 19 de noviembre de 1975 y la Ley de 20 de abril de 1989, se aplica a las situaciones que
afectan al mercado interno, tanto respecto de las empresas nacionales como de las extranjeras.
Una Ley de 2 de septiembre de 1993 establece las condiciones requeridas para la aplicación:
- de la Ley de 17 de junio de 1970, con sus modificaciones;
- del Reglamento Nº 17 de la Comunidad Europea;
- del Reglamento Nº 4064/89 de la CE, de 21 de diciembre de 1989.
La Ley de 1970 contiene términos muy generales, casi idénticos a los empleados en los artículos 85
y 86 del Tratado de Roma.
Por ejemplo, el artículo 1 dispone lo siguiente:WT/WGTCP/W/34
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"Son pasibles de sanciones:
1) todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de
empresas y las prácticas concertadas que tengan por objeto o efecto impedir,
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado y que
puedan afectar al interés público;
2) cualquier explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una
posición dominante en el mercado que pueda afectar al interés público."
El artículo 2 establece algunas excepciones a la aplicabilidad del artículo 1.  En particular, los
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas no
dan lugar a sanciones "si las partes pueden justificar que contribuyen a mejorar la producción o la
distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico y que cumplen el interés
de los usuarios".
La Ley no establece conductas específicamente prohibidas, pero figura una lista ilustrativa de
comportamientos prohibidos en los antecedentes parlamentarios de la Ley (Nº 1236).
También diversas leyes especiales en materia de precios prohíben determinados
comportamientos.
La Ley de 27 de noviembre de 1986, que regula ciertas prácticas comerciales y prohíbe la
competencia desleal, contiene ciertas disposiciones que podrían aplicarse a determinadas prácticascomerciales restrictivas.
No se ha establecido todavía ningún control especial de las fusiones y adquisiciones.
II. CONSECUENCIAS DE LAS INFRACCIONES DE LA LEGISLACIÓN DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA
El Ministro de Economía, después de adoptar una decisión siguiendo los procedimientos de la
Ley de 1970, dispone de plena libertad para adoptar o no el dictamen emitido por la Comisión de
Prácticas Comerciales Restrictivas.  Puede adoptarse cualquier tipo de medidas, desde una simple
recomendación hasta la condena a la cesación de las prácticas ilícitas.
Por su parte, las empresas que han sufrido pérdidas debido a la infracción de normas de
defensa de la competencia pueden incoar demanda ordinaria ante los tribunales civiles  para obtener
la indemnización de daños y perjuicios.
La Ley de 1970 establece incluso sanciones penales :
En efecto, el párrafo 2 del artículo 8 establece que los propietarios, gerentes o
directores de una empresa condenada por el Ministerio de Economía como autora de
infracción de las disposiciones del artículo 1 serán castigados con una pena de prisión de entreocho días y un año, una multa de entre 10.000 y 1 millón de francos luxemburgueses o ambas
penas, sin perjuicio de otras sanciones dispuestas por el Código Penal u otras disposiciones
legales.
III. APLICACIÓN
Conforme a la Ley de 2 de septiembre de 1993, los funcionarios de la administración pública
pueden ser destinados a determinadas tareas en conformidad con la Ley de 17 de junio de 1970, conWT/WGTCP/W/34
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sus modificaciones.  Su número depende de los asuntos que tenga ante sí la Comisión de Prácticas
Comerciales Restrictivas.
En 1996, la Comisión analizó un único asunto  que le fue sometido por el Ministerio de
Economía, referente a la supuesta explotación de una posición dominante por una empresa en el
mercado de la recolección y eliminación de chatarra producida por las pequeñas y medianas empresas
de Luxemburgo.  El Ministro decidió en definitiva no aplicar ninguna sanción, porque la práctica nopodía calificarse como explotación abusiva de una posición dominante en el mercado respectivo.
En la aplicación de las normas no se hace diferencia alguna entre nacionales y extranjeros.
Luxemburgo no ha concertado ningún acuerdo bilateral con terceros países sobre la
aplicación de la legislación en materia de competencia.
PAÍSES BAJOS
Introducción
La Ley sobre la Competencia, que entrará en vigor el 1º de enero de 1998, habrá de sustituir
la Ley sobre la Competencia Económica.  El proyecto prohíbe los acuerdos referentes a la
competencia y la explotación abusiva de las posiciones dominantes.  El criterio del proyecto para la
aplicación de las disposiciones prohibitivas no se refiere al aspecto jurídico de la restricción de la
competencia, sino a su naturaleza.  La competencia es conveniente, pero determinadas formas de
cooperación entre las empresas también pueden generar beneficios para la sociedad.  Por este motivo,el proyecto contiene un conjunto de excepciones y la posibilidad de dispensas.  El proyecto también
contiene una disposición sobre los casos insignificantes, cuyo propósito es eximir los acuerdos
referentes a la competencia que claramente tienen escasa repercusión sobre ella.  El nuevo proyecto
introduce el control de las concentraciones.
Debido a la integración de los mercados europeos que se encuentra en curso, las disposiciones
del proyecto están basadas en las del Tratado constitutivo de la CE.  El proyecto se aplica a las
empresas en el sentido de los artículos 85 y 86 del Tratado.  El término "empresas" abarca a todas las
entidades que participan en los procesos económicos destinados a la producción o distribución de
mercancías o la prestación de servicios.  Esto se aplica con independencia de la forma jurídica de la
entidad o su método de financiación, y de que tenga o no finalidad de lucro.
Principios de la Ley sobre la Competencia
- El proyecto prohíbe los acuerdos referentes a la competencia y la explotación abusiva
de las posiciones dominantes;
- establece también un método de control de las concentraciones;
- la imposición de las normas a través de la ley penal queda sustituida por su
imposición a través del derecho administrativo, es decir, a cargo de la "Nederlandse
Mededingingsautoriteit" (NMa;  Administración de Defensa de la Competencia de los
Países Bajos).  La NMa puede compararse con la Bundeskartellamt .WT/WGTCP/W/34
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Ámbito de aplicación
La formulación de la prohibición de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas tal como
figura en el proyecto de Ley corresponde en lo posible al apartado 1 del artículo 85 del Tratado
constitutivo de la CE.  La prohibición alcanza a los acuerdos entre empresas, en el sentido del
apartado 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la CE.  Existen unas pocas exenciones:
- Si por lo menos una de las empresas tiene a su cargo operaciones de interés
económico general encomendadas por ley o por un organismo administrativo, la
prohibición de los acuerdos regirá únicamente  en la medida en que la aplicación del
artículo citado no impida el cumplimiento de las funciones especiales encomendadas
a tales empresas.
- La prohibición establecida en el artículo puede ser declarada inaplicable en virtud de
una orden administrativa general a determinadas categorías de acuerdos en
condiciones extraídas del apartado 3 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la CE.
- El artículo sobre prohibiciones no se aplicará a los acuerdos que están sujetos a la
aprobación de un organismo administrativo conforme a las disposiciones de cualquier
otra ley, o que puedan ser declarados nulos, prohibidos o anulados por ese organismo
administrativo, o que hayan surgido como consecuencia de cualquier exigencia legal.
Esta exención expirará cinco años después de la entrada en vigor de la Ley.
Principales diferencias con la legislación comunitaria
- Disposición sobre casos insignificantes:  los límites son un máximo de ocho empresas
participantes y una cifra de negocio conjunta inferior a 10 millones de florines
neerlandeses (para el comercio de mercancías) o 2 millones (en todos los demás
casos);
- el Ministerio de Asuntos Económicos puede impartir instrucciones al Director
General de la NMa.  Esas instrucciones pueden ser de carácter general o referentes a
casos particulares;
- el proyecto contiene una exención para las concentraciones en el sector financiero,
que expirará dos años después de la entrada en vigor de la Ley;
- el Director General de la NMa podrá declarar inaplicable la prohibición de la
explotación abusiva de una posición dominante a las empresas que disponen de
derechos especiales o exclusivos;
- mediante orden administrativa general quedan eximidos los acuerdos del sector
detallista referentes a la fijación de precios máximos durante campañas de publicidad,si esas campañas tienen una duración máxima de ocho semanas;
- mediante orden administrativa general quedan eximidos los acuerdos sobre
obligaciones mínimas de compra en los acuerdos de franquicias comerciales si la
organización central es acreedora del detallista en razón de créditos o financiación o
de garantías financieras;
- mediante orden administrativa general quedan temporalmente eximidos los
periódicos.  Con esto se procura dar al sector una oportunidad para habituarse a unasituación en que la competencia entre los periódicos es mayor que en el pasado;WT/WGTCP/W/34
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- mediante orden administrativa general quedan eximidos los acuerdos sobre ofertas
conjuntas en las licitaciones, lo que permite a las empresas concurrir a ellas
conjuntamente;
- mediante orden administrativa general quedan eximidos los acuerdos entre las
empresas que explotan centros comerciales y las tiendas, en virtud de los cuales se
garantiza que durante los primeros años de explotación del centro comercial no seestablecerá en él ninguna tienda comparable.
No se aplica la prohibición a los acuerdos entre empresas para los que se haya otorgado
exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado.
Ejecución de las normas
El proyecto de Ley está basado en un sistema de prohibición.  Para imponer sus disposiciones
se han escogido dos medios:  la vía civil y la vía administrativa.  El sistema de prohibición significa
que los acuerdos prohibidos que no han sido objeto de ninguna exención son nulos de pleno derecho.La nulidad de los acuerdos prohibidos referentes a la competencia puede servir de fundamento para la
acción judicial civil.  Los mismos se aplican a la nulidad de las concentraciones realizadas en
infracción de los requisitos sobre notificación y autorización.  Además, los actos ilícitos dan
fundamento a una acción de indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de la
prohibición de acuerdos referentes a la competenci a, explotación abusiva de una posición dominante o
incumplimiento de los citados requisitos de notificación y autorización para las concentraciones.
Además de la vía civil, la Ley sobre la Competencia también puede aplicarse en vía administrativa, es
decir, por un órgano administrativo (la NMa) con el apoyo de sanciones fijadas por el derecho
administrativo.  La NMa es una organización independiente instalada en un edificio separado, a cierta
distancia (varios kilómetros) del Ministerio de Asuntos Económicos.
Aplicación
- Personal encargado de la ejecución de las normas:  70 funcionarios (incluidos
10 funcionarios administrativos).
- Número de asuntos tratados desde el 1º de julio de 1996 hasta el 1º de julio
de 1997:  75.  Esto sólo se refiere a asuntos de defensa de la competencia, porque laLey sobre la Competencia Económica (que habrá de ser sustituida el 1º de enero
de 1998 por la Ley sobre la Competencia) no contiene disposiciones sobre control de
las concentraciones.  El número incluye asimismo los asuntos promovidos antes del
1º de julio de 1996.
- Número de veces en que se aplicaron sanciones:  3.- Número de asuntos terminados:  42.
- No existe ningún acuerdo bilateral de los Países Bajos con terceros países en materia
de competencia.
Derechos de las empresas extranjeras con arreglo a la legislación sobre la competencia
Las reglamentaciones de los Países Bajos en materia de competencia económica están siendo
objeto de revisión.  La nueva Ley sobre la Competencia probablemente entre en vigor el 1º de eneroWT/WGTCP/W/34
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de 1998.  Las respuestas de los Países Bajos que se presentan a continuación se basan en esa nueva
Ley.
La Ley sobre la Competencia está basada en un sistema de prohibición, que corresponde en la
medida de lo posible a las normas sobre competencia de la Unión Europea.  La autoridad responsable
en materia de competencia se denomina NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit, Administración
de Defensa de la Competencia de los Países Bajos).
1. Derechos de las empresas extranjeras ante los tribunales de los Países Bajos
No existe ninguna diferencia en el trato otorgado a las empresas extranjeras y a las nacionales
que desean demandar directamente ante los tribunales nacionales en virtud de la legislación sobre la
competencia.  Si los intereses de terceros se ven afectados por infracciones de las disposiciones de la
Ley sobre la Competencia, los tribunales civiles tienen jurisdicción para juzgar tales casos.
2. Derecho de las empresas extranjeras a solicitar la intervención de la Administración de
Defensa de la Competencia
- La NMa está encargada con carácter general del cumplimiento de las actividades tendientes a
la aplicación y ejecución de la Ley sobre la Competencia.  No existe ningún procedimiento
formal de petición.  La NMa examina las solicitudes de cualquier fuente -extranjeras o
nacionales- de que adopten medidas contra comportamientos anticompetitivos que afecten al
mercado de los Países Bajos.  La Orden Administrativa General (Algemene wetbestuursrecht, Awb) contiene disposiciones sobre el procedimiento que ha de cumplirse entre
la solicitud y la orden resultante.
- En principio, la decisión referente a una solicitud de que se adopten medidas por infracción de
las disposiciones prohibitivas debe adoptarse dentro de un plazo determinado.  La Orden
Administrativa General dispone que la decisión debe adoptarse dentro de un plazo razonable.En un término de ocho semanas, el Director General adopta una decisión, o bien anuncia
cuándo ha de adoptarse (párrafo 13 del artículo 4 de la Awb).
- El Director General de la NMa no se limita a archivar tal solicitud si viene acompañada por
argumentos y cumple los requisitos de procedimiento.  Dicta a su respecto una orden, en la
que deben exponerse los fundamentos por los que el Director General determina su decisión(párrafo 16 del artículo 4 de la Awb).
- El método normal para la comunicación de las órdenes consiste en notificarlas a la parte a la
que se destinan (párrafo 41 del artículo 3 de la Awb).  Las órdenes sancionatorias deben
publicarse en la Gaceta del Estado (artículo 65 de la Ley sobre la Competencia).
3. Derecho de las empresas extranjeras y nacionales de apelar las decisiones dictadas por la
Administración de la Competencia respecto de sus solicitudes
Si una parte estima que su solicitud ha sido denegada o desestimada erróneamente, puede
recurrir contra ella.  Si tal recurso es rechazado, puede interponerse apelación ante la División de
Derecho Administrativo.  Si el apelante considera que ha sufrido perjuicios como consecuencia de la
orden dictada por el Director General, puede demandar por indemnización de daños y perjuicios ante
los tribunales civiles.WT/WGTCP/W/34
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4. Derecho de las empresas extranjeras y nacionales a intervenir en los asuntos en que conoce la
Administración de la Competencia
- La Autoridad de la Competencia no somete asuntos a los tribunales nacionales, sino que está
facultada para dictar decisiones fundadas en la Ley sobre la Competencia.  Por consiguiente,
reúne las informaciones necesarias acerca de los hechos pertinentes sobre los intereses que
deben tenerse en cuenta para la preparación de una decisión.  Todas las empresas tienenderecho de petición ante la Administración de la Competencia.
Se aplica un procedimiento público especial para ciertas decisiones en que se ejercen
facultades discrecionales que pueden afectar a intereses de terceros (las solicitudes de
exención de la prohibición de los cárteles o de autorización para efectuar una concentración).
El procedimiento comprende la publicación del contenido de las solicitudes de exención y la
oportunidad para que las partes interesadas hagan constar sus puntos de vista.
- Toda persona que tenga interés en ello tiene el derecho de deducir tercería en los asuntos
promovidos por otra empresa ante un tribunal nacional.
5. Costos judiciales para las empresas extranjeras;  asistencia jurídica e idioma oficial
- Los costos judiciales no tienen diferencias importantes para las empresas extranjeras.- Ante la Administración de la Competencia no es necesaria la intervención de un
abogado nacional.
- Ante los tribunales es obligatoria la actuación de un abogado nacional.
- En principio, la Administración de la Competencia emplea el idioma neerlandés.  Si
recibe una solicitud en cualquier otro idioma, puede exigir una traducción;  pero sólo
si es necesario para juzgar la petición o preparar la decisión.
PORTUGAL
I. INTRODUCCIÓN
En octubre de 1993 se aprobó en Portugal una nueva legislación de defensa de la
competencia.  La nueva disposición legislativa -Decreto Ley (DL) 371/93, de 29 de octubre de 1993,
que establece el régimen general de protección y promoción de la competencia ("Ley sobre la
Competencia") - entró en vigor el 1º de enero de 1994 revocando la anterior Ley de defensa de lacompetencia (DL 422/83, de 3 de diciembre de 1983), así como la Ley referente al control de las
fusiones (DL 428/88, de 19 de noviembre de 1988).
La nueva Ley también revocó algunas disposiciones legislativas accesorias, como el Decreto
("Portaria") 585/84, de 9 de agosto de 1984, so bre la exclusión temporal de la prohibición de
determinadas prácticas comerciales (precios mínimo s de venta), y el Decreto ("Portaria") 820/84, de
23 de octubre de 1984, sobre el control preventivo de los acuerdos entre empresas, las decisiones de
asociaciones de empresas, las prácticas concertadas y la explotación abusiva de una posición
dominante.WT/WGTCP/W/34
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II. NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES INCLUIDAS EN LA LEY SOBRE LA
COMPETENCIA
Síntesis de las nuevas disposiciones legales incluidas en la Ley sobre la Competencia y las normas
legislativas conexas
Evolución legislativa
La nueva Ley tiene por objeto abarcar todas las cuestiones referentes a la defensa de la
competencia.  En consecuencia, comprende no sólo los acuerdos, las decisiones de asociaciones de
empresas, las prácticas concertadas y las explotación abusiva de una posición dominante, sino
también el control de las fusiones.  Además, el DL 371/93 se refiere también a algunas cuestiones no
tratadas en la legislación precedente, como la explotación abusiva de la dependencia económica y las
ayudas estatales.
A diferencia del DL 422/83, la Ley sobre la Competencia no trata ya de "prácticas
comerciales individuales", pues se consideró que los problemas planteados por esas prácticas, tantopor su naturaleza como por la participación en el mercado de las empresas que generalmente las
efectuaban, no causaban gran perjuicio a la competencia y debían regirse por una ley especial.  Esta
cuestión se rige actualmente por el DL 370/93, de 29 de octubre de 1993.
La nueva Ley sobre la Competencia amplía el ámbito de aplicación de la legislación en la
materia.  En efecto, ciertas actividades y sectores -como los de producción, transporte y distribuciónde electricidad, gas natural y agua, correos y telecomunicaciones y administración pública- han dejado
de estar excluidos del régimen de defensa de la competencia.  Subsisten, no obstante, dos importantes
exenciones.  Conforme al párrafo 2 del artículo 41 del DL 371/93, "en el caso de los servicios
públicos, la presente Ley no se aplicará a las empresas a las que el Estado haya otorgado legalmente
concesiones, dentro de los márgenes y las condiciones de los respectivos convenios de concesión".Además, las instituciones financieras, así como las compañías de seguros y financieras, no están
sujetas a las disposiciones de la Ley sobre la Competencia en materia de control de las fusiones.
Las multas han sido acrecentadas considerablemente.  Las infracciones de las normas de
defensa de la competencia son objeto ahora de la imposición de multas que oscilan entre 100.000 y
200 millones de escudos (7.000 a 1,4 millones de dólares EE.UU.).  La violación de otrasdisposiciones de la Ley sobre la Competencia -como la resistencia a las investigaciones, la
presentación de falsas declaraciones o informaciones, el incumplimiento de decisiones de las
autoridades de defensa de la competencia o la omisión de notificar operaciones de fusión- dan lugar a
multas que oscilan entre 50.000 y 100 millones de escudos (3.500 a 700.000 dólares EE.UU.).  Sin
embargo, cuando los acusados son personas físicas, los límites indicados se reducen a la mitad.
Las normas que rigen el control de las fusiones también fueron perfeccionadas y siguen ahora
muy estrechamente a las que figuran en el Reglamen to Nº 4064/89 de la CE, de 21 de diciembre
de 1989.  Las fusiones y adquisiciones deben noti ficarse previamente a la Dirección General de
Comercio y Competencia (DGCC).  Los procedimientos de investigación se llevan a cabo ahora por la
DGCC, antes de la decisión definitiva que se adopta por el Ministerio de Economía, por sí solo o
junto con los Ministros competentes respecto de las actividades económicas afectadas por la
concentración.
La nueva Ley sobre la Competencia también introduce algunos importantes cambios en
aspectos procesales.  Uno de los más importantes se refiere a la revisión judicial.  Tras la entrada en
vigor del DL 371/93, las apelaciones contra las decisiones dictadas por la DGCC han dejado de tener
efecto suspensivo, salvo en lo que respecta a la imposición de multas y a la publicación obligatoria de
la decisión.WT/WGTCP/W/34
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Actos comprendidos
1. Comunicaciones
1.1 Acuerdos, prácticas concertadas y decisiones de asociaciones de empresas
Los artículos 2 y 3 del DL 371/93 son muy similares a los artículos 85 y 86 del Tratado
constitutivo de la CE.  El artículo 2 prohíbe " los acuerdos y las prácticas concertadas entre empresas
y las decisiones de asociaciones de empresas, cualquiera que sea su forma, que tengan por objeto oefecto impedir, falsear o restringir el juego de la competencia en el mercado nacional o una parte de
él".  Se enumeran a continuación algunas de las prácticas prohibidas.  Los acuerdos y decisiones
prohibidos en virtud del artículo 2 son nulos, a menos que el Consejo de la Competencia los considere
justificados con arreglo a las disposiciones del artículo 5 (saldo económico;  véase más adelante).
1.2 Explotación abusiva de una posición dominante
Conforme al artículo 3 del DL 371/93, " quedará prohibida toda explotación abusiva por una
o más empresas de una posición dominante dentro  del mercado nacional, o una parte sustancial del
mismo, que tenga por objeto o efecto impedir, falsear o restringir la competencia ".
El artículo 3 establece los criterios con arreglo a los cuales debe apreciarse la existencia de
una posición dominante.  Conforme a su párrafo 2, se configura una posición dominante en el
mercado cuando una empresa (o dos o más empresas que actúan juntas en el mercado) no están
expuestas a una competencia significativa o disponen de una participación predominante en elmercado en relación con los terceros.  El párrafo 3 del mismo artículo define algunas presunciones
basadas en la participación en el mercado (30 por ciento, o una participación conjunta de 50 por
ciento en el caso de dos o tres empresas, o del 65 por ciento en el caso de cuatro o cinco empresas),
sin perjuicio de ponderarse los demás factores que afecten a las empresas y al mercado en cada caso
particular.
Conforme al párrafo 4 del artículo 3, se considera que se ha producido una explotación
abusiva cuando el comportamiento de las empresas participantes es alguno de los mencionados en el
párrafo 1 del artículo 2 del DL 371/93 (negativa de contratar, discriminación, imposición de
vinculaciones, fijación de precios abusivos o predatorios, etc.).
1.3 Explotación de la dependencia económica
Si bien el Consejo de la Competencia se ha ocupado de este concepto en algunas de sus
decisiones, la prohibición de la explotación abusiva de la dependencia económica sólo quedó
establecida en la nueva Ley.  Con arreglo al artículo 4 del DL 371/93, el proveedor o comprador no
debe abusar de una posición de dependencia económica de determinada empresa cuando esta última
no dispone de otra alternativa equivalente.  La DGCC tiene actualmente en estudio algunos casos depresunto abuso de la dependencia económica, pero no se ha iniciado todavía ningún procedimiento
formal.  Debe destacarse que, aunque se han denu nciado informalmente algunos casos de explotación
abusiva, no se ha presentado hasta ahora ninguna denuncia ante la DGCC.
2. Saldo económico
No obstante los efectos negativos sobre la competencia a que dan lugar las prácticas
restrictivas prohibidas por el DL 371/93, esas prácticas pueden considerarse justificadas si arrojan un
"saldo económico positivo", es decir, si contribuyen a mejorar la producción o la distribución debienes o servicios o el progreso técnico o el desarrollo económico y cumplen las tres condiciones
establecidas en el artículo 5.WT/WGTCP/W/34
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La formulación de este artículo es muy análoga a la del apartado 3 del artículo 85 del Tratado
constitutivo de la CE, y surge de la consideración de que las normas sobre la competencia no deben
interpretarse como condiciones intrínsecas, sino como un instrumento destinado a promover una
competencia viable en el mercado.  Contrariamente a la legislación comunitaria sobre la competencia,
no se exige la notificación previa de los acuerdos para que puedan ser objeto de una exención
particular.  No obstante, las empresas pueden libremente notificar sus acuerdos al Consejo de laCompetencia conforme al procedimiento establec ido en el Decreto 1097/93, de 29 de octubre
de 1993.
3. Control de las fusiones
Hasta 1994 las normas aplicables a las fusiones y adquisiciones se encontraban establecidas
en una Ley especial, el DL 428/88.  La inclusión del control de las fusiones en el DL 371/93 se
justificaba no sólo por las ventajas de disponer de una sola Ley sobre la Competencia que abarcara
todas las cuestiones referentes a la competencia, sino también por la necesidad de introducir algunasmodificaciones resultantes de la experiencia anterior y la aprobación del Reglamento Nº 4064/89 de la
CE, de 21 de diciembre de 1989.
Las concentraciones, cualquiera que sea su forma, que den lugar a la creación o el
fortalecimiento de una participación superior al 30 por ciento en el mercado nacional, o en una parte
sustancial de él, o cuyas empresas participantes hayan tenido una cifra de negocio en Portugal en elejercicio económico precedente superior a 30.000 millones de escudos, deducidos los impuestos
directamente relacionados, están sujetas a notificación previa a la DGCC.  Mientras no se ha otorgado
autorización expresa o tácita, cualquier transacción por la que se establezca la concentración carece de
efectos jurídicos.
Conforme al párrafo 1 del artículo 10, las concentraciones sujetas a notificación previa que
creen o fortalezcan una posición dominante en el mercado respectivo, susceptible de restringir la
competencia, están prohibidas a menos que obtenga autorización ya sea por cumplirse los criterios del
artículo 5 referentes al saldo económico o porque fortalecen en grado considerable la competitividad
internacional de las empresas participantes.
Los procedimientos de investigación se llevan por la DGCC en un plazo de 40 días contados
desde la fecha de la notificación.  Después de realizada la investigación y celebrada una audiencia
sobre el asunto, la DGCC transmite el expediente al  Ministerio de Economía.  En caso de evaluación
negativa de los efectos de la fusión notificada sobre la competencia, el Ministro debe pedir un
dictamen del Consejo de la Competencia.  Esa solicitud debe formularse dentro de los 50 días
siguientes a la fecha de notificación y comunicarse a las partes interesadas.  El Consejo de laCompetencia debe emitir su dictamen en los 30 días siguientes a la fecha de la solicitud.  Dentro de
los 15 días siguientes a la recepción del dictamen del Consejo de la Competencia, el Ministerio de
Economía (junto con el ministerio competente respecto del sector económico respectivo, salvo para
las decisiones "positivas") puede decidir no oponerse a la concentración -eventualmente imponiéndole
condiciones y obligaciones adecuadas para mantener una competencia efectiva- o prohibirla y, si ya se
ha llevado a cabo, ordenar las medidas del caso para restablecer la competencia, como la separación
de las empresas o de los bienes reunidos.
4. Ayuda estatal
A diferencia de la legislación anterior, el DL 371/93 también se refiere a la ayuda estatal.  El
principal motivo para introducir normas especiales sobre ese tema en la nueva ley parece ser, como en
el caso del control de las fusiones, la ventaja de crear un marco legal único para los temas relativos a
la competencia.WT/WGTCP/W/34
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Sin embargo, debe destacarse que las disposiciones sobre ayuda estatal establecidas en el
DL 371/93 no determinan una prohibición clara.  En efecto, el artículo 11 establece únicamente el
principio de que la ayuda a las empresas otorgada  por el Estado o cualquier otro organismo público no
debe restringir la competencia en el mercado ni en ninguna parte de él, ni tener efectos importantes
sobre ella.  El Ministerio de Economía también puede proponer al ministerio competente respecto de
las actividades económicas afectadas por la ayuda la adopción de las medidas que estime necesariaspara mantener o restablecer la competencia.  Además, no cualquier ayuda se considera comprendida
en las disposiciones del artículo 11 del DL 371/93.  Existen dos categorías específicas que a los
efectos del artículo 11 se declara expresamente que no se consideran ayudas (véase el punto b.1.9,
infra) .
5. Medidas provisionales
A condición de que las investigaciones indiquen, con cierto grado de probabilidad, que las
prácticas que son objeto del procedimiento causan un daño grave al desarrollo económico o social o alos intereses de los agentes económicos o los consumidores, el Consejo de la Competencia, a
propuesta de la DGCC, puede ordenar la inmediata suspensión o la modificación de las prácticas
respectivas.
Si las empresas interesadas son instituciones de crédito o financieras o compañías de seguros
o empresas de gestión de fondos de pensiones, el Consejo de la Competencia, antes de adoptarmedidas provisionales, debe recabar la opinión del Banco de Portugal o la Comisión de Bolsa, o de
ambas instituciones, o del Instituto Portugués de Seguros, según el caso.
6. Exclusiones
- Las restricciones de la competencia derivadas de disposiciones de leyes especiales están
exentas de la aplicación de la Ley sobre la Competencia (véase el párrafo 3 del artículo 1 delDL 371/93).
- La retribución otorgada por el Estado por cualquier forma en pago de un servicio público y
los beneficios otorgados conforme a las condiciones de los programas de incentivo u otros
planes especiales aprobados por el Gobierno o la Asamblea de la República no se consideran
ayudas  a los efectos de la Ley sobre la Competencia (véase el párrafo 3 del artículo 11 del
DL 371/93).
- En los casos de servicios públicos, las disposiciones del DL 371/93 no son aplicables a las
empresas a las que se han otorgado concesiones en virtud de leyes especiales, dentro del
margen y en las condiciones de los respectivos convenios de concesión (véase el párrafo 2 del
artículo 41 del DL 371/93).
- El DL 369/93, publicado con igual fecha que el DL 371/93, autoriza a los editores a fijar el
precio de sus libros (con excepción de los libros de texto escolares), periódicos, revistas y
demás publicaciones.
7. Exclusiones parciales
- Las instituciones de crédito y financieras y las compañías de seguros no están sujetas a las
normas que rigen el control de las fusiones, establecidas en el DL 371/93.
- No se consideran restricciones de la competencia ciertos acuerdos o prácticas concertadas
entre instituciones de crédito y compañías financieras, conforme a la definición del
DL 289/92, de 31 de diciembre de 1992.WT/WGTCP/W/34
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8. Procedimiento
El DL 371/93 contiene disposiciones especiales de procedimiento en su capítulo III (en la
sección I para los procedimientos relativos a acuerdos, las prácticas concertadas y las decisiones de
asociaciones y la explotación abusiva del poder económico, y en la sección II respecto del control de
las fusiones).  Sin embargo, algunas cuestiones de procedimiento están reglamentadas
específicamente en otros artículos (véanse el párrafo 2 del artículo 5, el artículo 7 y el párrafo 2 delartículo 11).
El DL 433/82, de 27 de octubre de 1982 (c on las modificaciones introducidas por el
DL 356/89, de 17 de octubre de 1989, y el DL 244/95, de 14 de septiembre de 1995) se aplica
subsidiariamente a los procedimientos referentes a prácticas restrictivas (a las apelaciones contra las
decisiones dictadas por el Consejo de la Competencia o la DGCC).
El DL 442/91, de 15 de noviembre de 1991 ("Código de Procedimiento Administrativo"), se
aplica también a las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública y constituyelegislación subsidiaria respecto de los procedimientos sobre control de las fusiones.
III. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS NORMAS (1996)
Defensa de la Competencia:  la DGCC inició seis nuevos asuntos y el Consejo de la
Competencia dictó decisión en nueve asuntos.
Fusiones:  se notificaron 27 fusiones a la DGCC, y 21 fueron autorizadas.
IV. PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS NORMAS
Actualmente se desempeñan 29 expertos en la DGCC en la ejecución de la legislación sobre
la competencia.
SUECIA
Legislación de Suecia en materia de competencia
La Ley sobre la Competencia de Suecia entró en vigor el 1º de julio de 1993.  Está basada en
el principio de la prohibición y sigue el modelo de las reglas sobre la competencia de la CE,
principalmente los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma.  Contiene también disposiciones sobre las
fusiones y adquisiciones, así como sobre la ejecución de las normas y las sanciones.
La Ley sobre la Competencia tiene por objeto eliminar y contrarrestar los obstáculos a la
efectividad de la competencia en el mercado de Suecia.  En consecuencia, cuando se aplica la
jurisprudencia de la CE como orientación para apreciar casos particulares con arreglo a la Ley, deben
tenerse en cuenta cuidadosamente el volumen y demás características del mercado de Suecia.  La
Administración de la Competencia de Suecia no aplica  el párrafo 1 del artículo 85 ni el artículo 86 del
Tratado de Roma.
La Ley sobre la Competencia de Suecia se aplica a todos los sectores de la economía y a todas
las clases de empresas, públicas y privadas.  El término "empresa" debe tener la misma interpretación
que en la legislación comunitaria.  Se aplica, en consecuencia, a todas las formas de actividad de
naturaleza económica o comercial.  Las transacciones entre empresas pertenecientes a una misma
unidad económica, por ejemplo, entre una sociedad matriz y sus filiales, generalmente no están
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley sobre la Competencia.WT/WGTCP/W/34
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La legislación de Suecia en materia de competencia se aplica con carácter general y no
establece diferencias entre las empresas extranjeras y las nacionales.  En consecuencia, no existen en
la legislación sueca disposiciones especiales acerca de los derechos de las empresas extranjeras en
cuanto a hacer valer sus facultades en materia de competencia.
La Ley no se aplica a las actividades que suponen el ejercicio de la autoridad.  Tampoco se
aplica a los acuerdos entre empleadores y trabajadores en materia salarial o de condiciones de trabajo.
La Ley establece dos prohibiciones principales:  los acuerdos anticompetitivos y las prácticas
concertadas que restringen la competencia, y la explotación abusiva de una posición dominante.  Los
acuerdos entre empresas están prohibidos si tienen por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la
competencia en el mercado de Suecia en una medida apreciable.  La cooperación entre pequeñas y
medianas empresas, cuando los productos del acuerdo corresponden a una pequeña parte del mercado
respectivo, quedan normalmente fuera del ámbito de aplicación de la prohibición.  Tal como ocurre en
la respectiva disposición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Roma, la disposición suecacontiene ejemplos de prácticas que se consideran meramente ilustrativas de restricciones de la
competencia particularmente graves, como la colaboración respecto de los precios y el reparto de los
mercados.
Los acuerdos o las disposiciones incluidas en ellos que están alcanzados por la prohibición
son nulos.
No se aplica la prohibición a ciertas formas de acuerdos de cooperación dentro de una
asociación primaria del sector agropecuario.
Siempre que se cumplan ciertos criterios, la Administración de la Competencia de Suecia
puede otorgar una exención particular de la prohibición respecto de un acuerdo o práctica concertada
que están comprendidos en la prohibición de la cooperación anticompetitiva.  Los criterios que seaplican acerca de la competencia siguen el modelo de los que figuran en el apartado 3 del artículo 85
del Tratado de Roma.  El Gobierno también ha otorgado exenciones en bloque para determinadas
categorías de acuerdos que cumplen las condiciones estipuladas para las exenciones individuales.
La Ley prohíbe igualmente la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado
de Suecia.  El concepto de posición dominante es similar al que figura en la legislación comunitaria,definido como una posición económica fuerte en un mercado, de la que goza una empresa y que le
permite impedir la competencia efectiva al actuar con independencia de sus competidores y clientes y,
en última instancia, de los consumidores.
El control de las fusiones es obligatorio por encima de ciertos umbrales de cifra de negocio.
Las fusiones y adquisiciones de empresas establecidas en Suecia deben notificarse a laAdministración de la Competencia de Suecia si la cifra de negocio de las empresas participantes
excede de 4.000 millones de coronas suecas y la cifra de negocio de las empresas adquiridas excede
de 100 millones de coronas suecas.  La notificación que debe presentarse es análoga al formulario CO
utilizado conforme al Reglamento de la CE sobre las fusiones (4064/89).
Las empresas pueden notificar los acuerdos a la Administración de la Competencia a fin de
obtener una exención o una constancia de no prohibición, y pueden formular denuncias.  La
Administración resuelve sobre las constancias de no prohibición, las exenciones y las órdenes de cesaren las infracciones de la Ley sobre la Competencia.  Tales decisiones pueden ser objeto de apelación
en dos instancias judiciales.  Las sentencias del tribunal de primera instancia en los casos referentes a
la legislación sobre la competencia admiten apelación ante el Tribunal de Mercado, que actúa en esos
asuntos como tribunal de última instancia.  Los asuntos regidos por la Ley sobre la Competencia no
admiten recurso ante el Gobierno de Suecia.WT/WGTCP/W/34
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Los procedimientos de ejecución y las sanciones son otros aspectos de la legislación en los
cuales las normas de la CE sirvieron de modelo para la Ley sobre la Competencia de Suecia.  Sin
embargo, aunque la legislación sueca en la materia sigue de cerca el modelo de la legislación
comunitaria, la aplicación a nivel nacional de las normas sobre la competencia da lugar a diferencias
resultantes de las características especiales del sistema jurídico administrativo y procesal de Suecia,
del que forma parte la Ley sobre la Competencia.
Si una empresa infringe las prohibiciones de la Ley sobre la Competencia, es pasible de
sanciones (multas y la imposición de obligaciones con o sin multas), así como de acciones judiciales
civiles (indemnización de daños y perjuicios).
La empresa que deliberadamente o por negligencia infringe las prohibiciones puede ser
pasible de una multa.  El tribunal de primera instancia determina la multa a solicitud de la
Administración de la Competencia.  Ésta puede, además, exigir a la empresa que ponga fin a la
infracción de cualquiera de las prohibiciones.  Esas obligaciones pueden combinarse con una sanciónde multa.
La Administración de la Competencia ha adoptado esas medidas en diversos casos referentes
a la explotación abusiva de una posición dominante, en particular cuando las empresas respectivas
disponían de una posición muy fuerte en el mercad o en relación con sus competidores.  Muchos casos
se resuelven después de que las partes asumen compromisos ante la Administración de laCompetencia.
La empresa interesada debe promover demanda judicial por sí misma para impugnar la
validez de cualquier sanción que se le haya aplicado o reclamar una indemnización de daños y
perjuicios.
La Administración de la Competencia de Suecia cuenta con un personal total de
121 funcionarios, de los cuales unos 100 son juristas y economistas, que se ocupan principalmente de
la ejecución de la legislación sobre la competencia.  Alrededor del 80 por ciento de los recursos se
dedican a la ejecución de la legislación en la materia.
El número total de asuntos en tramitación al final de 1996 con arreglo a la Ley sobre la
Competencia (fusiones, acuerdos y denuncias) alcanzaba a 526.  Durante ese año se registraron794 nuevos asuntos con arreglo a la Ley sobre la Competencia y se adoptaron en total 929 decisiones.
Alrededor de la tercera parte de los asuntos se refería a fusiones.
Una importante función asignada a la Administración de la Competencia es su papel
consultivo respecto de las reglamentaciones públicas en vigor o proyectadas.  Durante 1996 se
presentaron a autoridades gubernamentales y públicas unos 150 dictámenes formales.
Suecia es miembro de la Unión Europea y signataria del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.  No ha celebrado ningún acuerdo bilateral de cooperación con terceros países en
materia de competencia.  Sin embargo, la Administración de la Competencia de Suecia atribuye gran
importancia a la cooperación con las autoridades responsables de la competencia de otros países y en
diversos foros internacionales.WT/WGTCP/W/34
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REINO UNIDO
I. DESCRIPCIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL
Aspectos generales
Acuerdos restrictivos y posiciones dominantes
El Reino Unido se propone introducir una prohibición de las prácticas anticompetitivas y de
la explotación abusiva del poder en el mercado análoga a la que figura en los artículos 85 y 86 delTratado constitutivo de la CE.  A continuación se exponen los principales instrumentos de la
legislación vigente en el Reino Unido;  se proyecta que la nueva ley sustituya a la Ley sobre las
Prácticas Comerciales Restrictivas de 1976 y la Ley sobre los Precios de Reventa de 1976.
La primera de esas leyes dispone que los acuerdos que contengan ciertas restricciones
determinadas deben presentarse para su registro al Director General de Prácticas Comerciales Leales.
Éste debe transmitir esos acuerdos al Tribunal de Prácticas Restrictivas a menos que el Secretario de
Estado resuelva que las restricciones del acuerdo no son importantes.  Si el Tribunal declara que elacuerdo es contrario al interés público, las restricciones que contiene son nulas y pueden adoptarse
contra las partes medidas para imponer la observancia de la ley.  La Ley sobre Precios de Reventa
prohíbe los acuerdos individuales y colectivos de mantenimiento de los precios impuestos por el
vendedor.
La Ley de Prácticas Comerciales Leales de 1973 se aplica a los monopolios, ya se trate de
monopolios de escala, consistentes en tener un 25 por ciento o más del mercado por sí solo o junto
con otras empresas del mismo grupo, o de monopolios complejos, que comparten un 25 por ciento o
más del mercado y que actúan en una forma (no necesariamente la misma) que restringe la
competencia.  Cuando los monopolios complejos resultan de un acuerdo o arreglo, es aplicable la Ley
sobre Prácticas Comerciales Leales en cuanto se refiere a determinados acuerdos restrictivos.
Conforme a la Ley sobre Prácticas Comerciales Leales, las situaciones de monopolio pueden
ser sometidas por el Director General de Prácticas Comerciales Leales o por el Secretario de Estado a
la Comisión de Monopolios y Fusiones a los efectos de su investigación.  Si el informe de esta
Comisión es desvaforable, el Secretario de Estado puede dictar órdenes contra las empresas
participantes o autorizar al Director General de Prácticas Comerciales Leales para que negocie unarreglo.  El Director General, antes de remitir un asunto, está facultado para proponer que el
Secretario de Estado acepte determinados compromi sos en lugar de someter el asunto con carácter de
monopolio.  Lo mismo ocurre en el caso de las fusiones.
Control de las fusiones
Las empresas no están obligadas a notificar las fusiones en que participan, pero es obligación
del Director General de Prácticas Comerciales Leales mantenerse informado acerca de las fusiones
realizadas en el Reino Unido y dar cuenta de ellas al Secretario de Estado.  Con arreglo a la Ley sobre
Prácticas Comerciales Leales, el Secretario de Estado puede someter las fusiones para su
investigación a la Comisión de Monopolios y Fusiones.  Si el informe de la Comisión es desfavorable,
el Secretario de Estado puede dictar diversas órdenes o bien aceptar compromisos.
Actos comprendidos y excepciones
Aunque existen unas pocas excepciones a la Ley sobre las Prácticas Comerciales Restrictivas
respecto de los acuerdos restrictivos, la legislación del Reino Unido en materia de competencia no
tiene excepciones importantes de carácter general.  La Ley sobre las Prácticas ComercialesWT/WGTCP/W/34
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Restrictivas no es aplicable a "la Corona" (lo que incluye al Gobierno central y a ciertas autoridades
públicas), y la Ley sobre Prácticas Comerciales Leales no obliga a la Corona, pero el Gobierno sigue
la política de que esa inmunidad no debe dar lugar a distorsiones de la competencia.
Las únicas exclusiones de las normas de la legislación del Reino Unido sobre las fusiones
derivan de la aplicación del derecho comunitario y se refieren a las fusiones que alcanzan los
umbrales previstos en el Reglamento Nº 4064/89 de la CE, sobre las fusiones, y a las comprendidas enel Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero.  Por lo tanto, respecto de las
fusiones parecería que no existen excepciones al considerarlas junto con la legislación comunitaria.
Las fusiones del Reino Unido sólo dan lugar a control cuando sus activos mundiales exceden de
70 millones de libras, o crean o incrementan la participación en el mercado del Reino Unido, o en una
parte sustancial de él, haciendo que supere el 25 por ciento.
Principales diferencias con la legislación comunitaria
La ley proyectada estará mucho más próxima a la legislación de la CE que la Ley vigente en
el Reino Unido.  Su legislación actual sigue un criter io basado en la investigación (es decir:  los actos
sólo pueden prohibirse después de efectuarse una investigación), con excepción del mantenimiento de
los precios impuestos por el vendedor, sujetos a la Ley sobre los Precios de Reventa, mientras que el
derecho comunitario sigue el criterio de la prohibición (conforme al cual los actos se prohíben antes
de que se realicen).  La legislación del Reino Un ido procura principalmente el mantenimiento de una
competencia efectiva y del principio del comercio leal para la protección del consumidor (sin
perjuicio del criterio del interés público, que permite tomar en consideración otros factores).  Uno de
los principales objetivos de la legislación comunitaria sobre la competencia es promover la
integración de la Comunidad, haciendo posible el libre comercio entre todos los Estados miembros
dentro del mercado único.
Existen varias diferencias en los criterios jurisdiccionales (por ejemplo, los umbrales) y en las
sanciones y vías de reparación (por ejemplo, el derecho comunitario establece multas, mientras que la
legislación del Reino Unido en general no lo hace ).  Ambos sistemas son administrativos en gran
medida, pero el sistema comunitario admite recursos judiciales contra las decisiones administrativas y
los actos privados.  La legislación del Reino Unido en general no admite la apelación de lasdecisiones administrativas (aunque pueden ser objeto de revisión judicial).  Sin embargo, las
decisiones del Tribunal de Prácticas Restrictivas pueden ser apeladas por fundamentos de hecho
conforme al régimen normal de la legislación del Reino Unido.   Sólo existen disposiciones limitadas
en relación con los actos privados.
II. APLICACIÓNPersonal encargado de la ejecución de las normas
El Reino Unido tiene unos 250 funcionarios destinados a la ejecución de las normas y a
funciones de policía en asuntos relativos a la competencia.
Actividad en materia de ejecución de las normas
Acuerdos restrictivos
En 1996 se inscribieron en el registro 699 acuerdos;  se iniciaron 44 investigaciones sobre
presuntas actividades de cárteles, y concluyeron 6 asuntos judiciales.WT/WGTCP/W/34
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Monopolios y prácticas anticompetitivas
En 1996, la Oficina de Prácticas Comerciales Leales registró 1.396 denuncias de presuntas
prácticas anticompetitivas, abusos de monopolio y tentativas de mantenimiento de precios impuestos
por el vendedor.  En la mayoría de los casos las denuncias resultaron infundadas o no comprendidas
en el ámbito de aplicación de la ley;  en otros, las empresas u organizaciones denunciadas lograron
convencer a la Oficina de que no había necesidad de otras investigaciones ni medidas.  Durante elaño, la Dirección General de Prácticas Comerciale s Leales sometió a la Comisión de Monopolios y
Fusiones tres situaciones de monopolio y se publicaron informes relativos a dos investigaciones
realizadas por la Comisión en asuntos referentes a monopolios que le habían sido sometidos.
Fusiones
En 1996, la Oficina de Prácticas Comerciales Leales examinó en total 533 casos de fusiones;
el Secretario de Estado sometió a la Comisión de Monopolios y Fusiones 11 casos de fusión.
III. SANCIONES APLICABLES A LAS EMPRESAS
El régimen actualmente vigente en el Reino Un ido no establece multas ni sanciones penales,
pero como ya se ha explicado el Reino Uni do adoptó medidas durante 1996 contra un número
importante de fusiones, situaciones de monopolio y acuerdos restrictivos.
IV. DERECHOS DE LAS EMPRESAS
Las empresas extranjeras tienen iguales derechos que las nacionales en cuanto a las vías de
reparación.  Las decisiones por las que se someten asuntos a la Comisión de Monopolios y Fusiones y
los informes de ésta se publican (sin perjuicio de excepciones por razones de interés público o de
perjuicio grave a los intereses de particulares).  Los informes de la Comisión contienen una
exposición de los fundamentos de sus conclusiones y una reseña de la posición adoptada en general
respecto del tema, y de la evolución de los hechos que han conducido a la situación que se declaracomprobada.  En términos generales, las decisiones dictadas sobre la base de los informes de la
Comisión no necesitan expresar sus fundamentos.
V. DESCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS CON TERCEROS PAÍSES
Durante 1996, las autoridades del Reino Unido (la Oficina de Prácticas Comerciales Leales)
expidieron 18 solicitudes de información con arreglo a la Recomendación de la OCDE (17 de ellos enforma conjunta), y recibieron una solicitud de información remitida por otra autoridad.  No se
formularon notificaciones ni se adoptaron medidas basadas en la Ley sobre la Competencia, pero se
recibieron 25 notificaciones de medidas adoptadas.  Estas cifras no reflejan adecuadamente el
volumen del tráfico existente.  La mayoría de los pedidos de información son informales, y en algunos
casos no se hace referencia a la Recomendación.
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