RESTRICTED
ORGANIZACIÓN MUNDIAL G/SG/Q1/ARG/9
20 de agosto de 1997
DELCOMERCIO
(97-3426)
Original: español
Comité de Salvaguardias
NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD
CON EL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 12 DEL ACUERDO
Respuestas de la ARGENTINA a las preguntas formuladas por MÉXICO1, la
COMUNIDAD EUROPEA2, COREA3y los ESTADOS UNIDOS4
Se ha recibido de la Misión Permanente de la Argentina la siguiente comunicación, de fecha 22
de julio de 1997.
_______________
México
Pregunta
1. ¿De qué manera pretende conciliar la Argentina sus obligaciones de la OMC, en particular con
lo previsto en el Acuerdo sobre Salvaguardias (ASS) con lo establecido en el Acuerdo de la Asociación
Latinoamericana de Integración?
Respuesta
La salvaguardia prevista en el marco de la ALADI está contenida en la Resolución Nº 70 del
Comité de Representantes de ALADI (27-4-87).
La aplicación de medidas de salvaguardia por parte de los países miembros de ALADI se
determina por motivos totalmente diferentes a los del artículo XIX del GATT-94 y el Acuerdo de
Salvaguardias de la OMC.
La conciliación a la que se refiere la pregunta cabe analizarla en relación a la aplicación de
medidas de salvaguardia OMC y según que se trate de una medida arancelaria o de una restricción
cuantitativa.
1G/SG/Q1/ARG/5.
2G/SG/Q1/ARG/6.
3G/SG/Q1/ARG/7.
4G/SG/Q1/ARG/8.G/SG/Q1/ARG/9
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En el caso de una medida arancelaria, el tema es si se mantienen las preferencias eventualmente
existentes en base a acuerdos vigentes en el marco de ALADI. Es decir, si al arancel que se fije se le
aplican las preferencias negociadas.
En el caso de restricciones cuantitativas, no correspondería, en principio, otorgar un trato
diferenciado a un país miembro de ALADI respecto de otros países miembros de la OMC.
Preguntas
2. En el artículo 4 del Decreto 1059/96 (el Decreto) se establece que la información confidencial
será tratada como tal cuando "así sea declarado oportunamente por la Subsecretaría y la Comisión
respectivamente", ¿lo anterior significa que la autoridad investigadora de Argentina tiene la facultad para
calificar la información aportada por las partes?, de ser esto afirmativo, ¿no se puede considerar que
este artículo da facultades demasiado amplias a la autoridad investigadora argentina? ¿Cómo pretende
conciliar estos hechos con la obligación prevista en el artículo 3.2 del ASS, en el que sólo se faculta a la
autoridad investigadora de los miembros a negar el trato de información confidencial siempre y cuando
éste no esté debidamente justificado?
3. ¿Cuáles serían las razones por las cuales la autoridad argentina consideraría que una solicitud
de trato confidencial es improcedente y cómo conciliaría estos hechos con sus obligaciones derivadas
del ASS?
Respuestas
Al referirse ambas preguntas al tema de "información confidencial", la delegación argentina las
responderá en forma conjunta.
Los artículos 3 , 4, 5y 6del Decreto 1059/96, establecen con precisión que el carácter
confidencial de la información presentada por las distintas partes intervinientes en el procedimiento,
corresponde a una solicitud propia de las mismas.
Por lo tanto, la solicitud de confidencial surge de un pedido de quien la presenta, detallando las
razones que fundan la necesidad del tratamiento solicitado. Asimismo deben acompañar un resumen no
confidencial o manifestar las razones que impidan tal presentación.
De lo expuesto surge que el texto del articulo 4 reglamenta lo establecido por la legislación
aplicable en cuanto al tipo de procedimiento que debe realizarse ante la petición concreta de dar
tratamiento confidencial a información presentada por una de las partes. En este sentido la ley establece
que, para que dicho tratamiento sea otorgado, deberá cumplirse con los requerimientos de una
justificación de tal solicitud; así como también la facultad de la Autoridad de Aplicación de solicitar que la
documentación acompañada de un resumen no confidencial, o su defecto ante la imposibilidad de
presentar este último, una justificación al respecto. Caso contrario, la parte presentante podrá optar por
levantar la referida confidencialidad o proceder a retirarla.
Las autoridades de aplicación del Decreto 1059/96 y en el ámbito de sus respectivas
competencias, son las únicas que tienen acceso a la información confidencial. Por lo tanto, y a fin de no
vulnerar el principio de defensa, es que la Argentina hace especial hincapié en el resumen no confidencial
de la información, como también, que la solicitud de tratamiento de confidencialidad no sea ejercida en
forma abusiva por las partes.
La Autoridad de Aplicación evalúa objetivamente los requisitos de justificación expresa y
presentación de un resumen confidencial o las observaciones pertinentes que imposibiliten la realizaciónG/SG/Q1/ARG/9
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del mismo, para determinar que dicho tratamiento se encuentra de conformidad con lo normado.
Previendo específicamente al respecto la posibilidad de la parte de retirar la misma, o no ser tenida en
cuenta por el órgano competente a tales efectos.
En virtud de los expuesto ut supra puede afirmarse que, en ningún caso, el Decreto excede las
facultades conferidas por la Ley, sino que especifica la evaluación que se realizará a fin de cotejar los
requerimientos mínimos que deben ser considerados.
Pregunta
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto, cuando se decida la
procedencia de iniciar una investigación, el acto será publicado en el Boletín Oficial, pero en este
artículo no se señala si se notificará a las partes que se considere tendrán un interés en la investigación.
¿Esto significa que no es obligatorio notificar a las demás partes del inicio de la investigación?, en caso
contrario, ¿en qué plazo se deberá notificar el inicio de investigación a las demás partes?, ¿qué plazo se
otorgará a los exportadores para comparecer a manifestar lo que a su derecho convenga?, ¿se piensa
utilizar cuestionarios de investigación?, en caso afirmativo, ¿se enviarán éstos con la notificación de
inicio?
Respuesta
Dentro del Ordenamiento Jurídico Nacional, el acto por el cual se inicia una investigación
tendiente a la aplicación de una medida de salvaguardia, reviste las características de ser un Acto
Administrativo de Alcance General, en virtud de que el mismo esta dirigido a un número no identificado
de partes.
De acuerdo a esta definición y, de conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la
Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos, cuya aplicación es supletoria a la normativa de
marras, los actos administrativos de alcance general deben ser publicados en el Boletín Oficial a fin que los
mismos adquieran eficacia, no necesitando otro tipo de notificación al respecto.
No obstante lo expuesto, está igualmente previsto que la Autoridad de Aplicación lleve a cabo la
notificación simultánea al Comité de Salvaguardias, en cuyo ámbito se podrá disponer la realización de
consultas y convocar a los Miembros que se vean afectados por tales circunstancias.
En referencia a la intervención de las partes, cabe destacar que, una vez resuelta la apertura de la
investigación previa acreditación de la personaría y demostración de su interés subjetivo podrán
presentarse en la investigación a fin de hacer conocer sus puntos de vistas. No obstante esta presentación
de parte, la Autoridad de Aplicación, en el mismo acto en el que se resuelve la apertura de investigación,
fija la fecha en la que se realizará una Audiencia en la que todos los interesados podrán exponer su
opinión acerca de la conveniencia de la imposición de las referidas medidas.
La figura de cuestionarios no responde a lo normado por el Acuerdo de Salvaguardias, sino que
resulta una figura específica de las investigaciones de dumping o derechos compensatorios. Sin embargo,
la Autoridad de Aplicación podría, en caso de considerarlo necesario, implementar mecanismos realizar
cuestionarios, situación contemplada en el articulo 15 del mencionado Decreto.
Pregunta
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto, la decisión que se adopte en
el desarrollo de un procedimiento de investigación o como consecuencia de la misma, es irrecurrible.
¿Lo anterior significa que no existe ningún medio de defensa que pueda ejercitarse por las partes queG/SG/Q1/ARG/9
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intervengan en el procedimiento? ¿Qué medio de defensa tendría un exportador ante violaciones en
el procedimiento o violaciones constitucionales, por ejemplo?
Respuesta
Lo que el Decreto establece es la irrecurribilidad en la vía Administrativa, situación que no
conlleva menoscabo alguno de los derechos de las distintas partes intervinientes, dado que en el
ordenamiento jurídico, una vez agotada la vía administrativa, se habilita en forma inmediata la instancia
judicial (Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo).
Comunidad Europea
El artículo 15 del Decreto 1059/96 estipula que, durante la investigación, "la Subsecretaría y la
Comisión, ... realizarán las consultas que consideren necesarias, ... cuando lo crean oportuno".
Pregunta
¿Tendrán las partes interesadas, tales como los importadores o exportadores, la oportunidad
de participar en el debate en el transcurso de la investigación, incluso cuando las autoridades argentinas
no lo crean oportuno?
Respuesta
El texto completo del artículo 15 del precitado decreto dispone "La Subsecretaria y la Comisión,
durante este período, realizarán las consultas que consideren necesarias, recabando toda la información
que estimen conveniente y, cuando lo crean oportuno, procurarán comprobar esta información
dirigiéndose a los importadores, comerciantes, representantes, productores, asociaciones de consumidores
y organizaciones comerciales."
De la lectura completa del artículo en cita surge que es facultad de la Autoridad realizar consultas.
También es facultad de la autoridad comprobar la información recabada como respuesta a las consultas
que ella misma realice, en el marco de cooperación que impera en una investigación.
En ningún momento se excluye la participación de los importadores y exportadores. Es más, no
está en las facultades de las autoridades excluir o negar la participación de parte interesada alguna en una
investigación. Por el contrario, el derecho de defensa constitucional argentino no permitiría que se dicte
norma alguna con esa limitación.
Por lo tanto, y como respuesta a la pregunta de si "tendrán partes interesadas tales como
importadores y exportadores, la oportunidad de ser incluidas en el debate durante la investigación, aún
cuando las autoridades argentinas no lo crean oportuno", la respuesta es, que sí tendrán esa oportunidad.
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, una
medida sólo se aplicará en la medida necesaria para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste
de la rama de producción nacional de que se trate.
Pregunta
¿Puede explicar la Argentina cómo se compagina esta disposición con el artículo 18 del
Decreto 1059/96 que prevé la aplicación de medidas de salvaguardia "con el objeto de amparar el
interés general"?
RespuestaG/SG/Q1/ARG/9
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La protección al interés general no es una condición relativa al tiempo de vigencia de una medida.
Por el contrario, es un refuerzo a la normativa aprobada por la OMC, desde que, además de los requisitos
objetivos establecidos en el Acuerdo para adoptar una medida de salvaguardias, y recordando que la
aplicación de una medida es optativa para el Ministro de Economía, éste evaluará dentro de su marco de
discrecionalidad, la necesidad de la medida con el objeto de amparar el interés general. Vale decir,
reunidos todos los elementos necesarios para aplicar una medida de salvaguardias, y estando en
condiciones de hacerlo, nuestro Ministro evaluará además si tal medida es necesaria a la luz del interés
general que pudiera estar involucrado.
Corea
Preguntas
Según el artículo 19 del Decreto distribuido el 13 de enero de 1997 (documento
G/SG/N/1/ARG/3), las medidas de salvaguardia podrán tomar la forma de: a) un aumento del
derecho de importación, b) una restricción de carácter cuantitativo, y c) cualquier otra medida a
disposición de la autoridad de aplicación.
Sírvanse explicar más en detalle en qué consisten esas otras medidas que el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Argentina puede adoptar como medidas de salvaguardia.
Respuesta
El inciso c) arriba mencionado tiene por finalidad dejar la posibilidad de adoptar medidas de
salvaguardias de forma diversa a las descritas sub a) y b), siempre y cuando su uso esté consensuado o sea
de práctica habitual por parte de los Miembros de la OMC. Ésta, y no otra, es la interpretación que debe
darse a medidas "a disposición" de la autoridad de aplicación.
Estados Unidos
Pregunta
l. Apartado f) del artículo 2, Partes interesadas: ¿cuál es el significado de la frase "sin perjuicio
de que el ejercicio del mismo esté condicionado a su compatibilidad con el interés público que motiva
la investigación"?
Respuesta
La expresión "sin perjuicio de que el ejercicio mismo esté condicionado a su compatibilidad con
el interés público que motiva la investigación" significa que, si bien pueden estar dados todos y cada uno de
los requisitos exigidos por la normativa vigente para la aplicación de la medida, la autoridad de aplicación
se encuentra facultada para no aplicarla cuando existen razones de interés público.
Pregunta
2. Apartado h) del artículo 2, Presentación de pruebas: sírvase explicar el significado de esta
disposición y de qué manera se prevé su aplicación en la práctica. En particular, ¿permite a las partes
interesadas presentar pruebas por escrito y alegatos ante la Comisión?
RespuestaG/SG/Q1/ARG/9
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La finalidad de la presente disposición es que no resulta necesario un acto formal de la autoridad
de aplicación para que las distintas partes interesadas puedan efectuar la presentación de sus argumentos o
pruebas. El objetivo que esta disposición persigue es justamente hacer más sencillo el procedimiento
otorgando más facilidad a las partes.
Pregunta
3. Apartado k) del artículo 2, Rama de la producción nacional: ¿de qué manera se conjuga el
criterio del "conjunto" con el del "30 por ciento" en el caso de que, por ejemplo, los productores que
representen el 30 por ciento de la rama de producción presenten una petición, ¿basará la Comisión su
determinación de la existencia de daño únicamente en la situación de ese 30 por ciento de la rama de
producción?
Respuesta
El requisito del 30 por ciento fue establecido a los efectos de determinar la representatividad de la
rama de la producción nacional que efectúa la solicitud de aplicación de la medida. En ese sentido, la
legislación argentina es más exigente, toda vez que el Acuerdo de Salvaguardia no prevé una disposición
de estas características.
Con la aclaración realizada en el párrafo anterior se encuentra respondido el ejemplo dado por
los Estados Unidos en su pregunta. El análisis del daño y la posterior determinación que realiza la
Comisión, se basa necesariamente en una porción significativa, y por ende mayor al 30 por ciento de la
producción industrial del sector afectado.
Pregunta
4. Incisos ii), iii), iv) y v) del apartado b) del artículo 10: ¿cuál es la pertinencia de esos factores,
como la balanza comercial entre la Argentina y los países exportadores en cuestión, para determinar la
existencia de un daño grave?
Respuesta
Las disposiciones del artículo 10 b) citadas no se relacionan con la determinación de daño.
Pregunta
5. Artículo 30: ¿debe entenderse por la referencia al párrafo 2 del artículo 9 que la Argentina se
considera un país en desarrollo Miembro?
Respuesta
La Argentina es un país en desarrollo y así está catalogado en los diversos instrumentos que hacen
distinciones entre países en función de su grado de desarrollo.