ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/IND/1
29 de noviembre de 2001
(01-6090)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
LISTA DE CUESTIONES SOBRE OBSERVANCIA1
Respuestas de la India
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, la Ley de
Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999, y la Ley India de
Derecho de Autor de 1957, los tribunales de distrito son competentes para conocer de las infracciones
de los derechos de las personas que, al momento de entablar la demanda u otra acción, o, si se trata demás de un demandante, cualquiera de ellos, residan en forma efectiva y voluntaria, o exploten una
empresa o personalmente ejerzan una labor remunerada dentro de los límites locales de la
competencia de esos tribunales.  En el contexto de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales
y los Derechos de los Agricultores de 2001, los procesos por infracciones se podrán iniciar ante el
tribunal de distrito dentro de cuyos  límites locales de competencia tenga su origen la causa de la
demanda.  En cuanto a la Ley de Patentes de 1970 y la Ley de Dibujos y Modelos de 2000, los
procesos por infracciones se podrán incoar ante el tribunal de distrito dentro de cuyos límites locales
de competencia resida el demandado, o tenga su origen, total o parcialmente, la causa de la demanda.
De las apelaciones en contra de las resoluciones de los tribunales de distrito conocerá el Tribunal
Superior y, en definitiva, el Tribunal Supremo.
2. ¿Qué personas están legitimadas para ha cer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas person as?  ¿Hay disposiciones que prescriban la
comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada puede entablar acciones contra la
infracción de su marca, en la forma prevista en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999.
A reserva de cualquier acuerdo vigente entre las partes, el usuario registrado puede, en su propio
nombre, entablar acciones contra esa infracción como si fuera el titular registrado y demandar a éste,en cuyo caso las obligaciones y los derechos del usuario serán concurrentes con los del titular
registrado.
El titular de un dibujo o modelo registrado podrá entablar una demanda o cualquiera otra
acción de reparación en virtud de lo dispuesto en la Ley de Dibujos y Modelos de 2000.
                                                     
1 Documento IP/C/5.IP/N/6/IND/1
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El titular de una indicación geográfica registrada y el usuario o usuarios autorizados de la
misma tendrán derecho a obtener resarcimiento por las infracciones sufridas de conformidad con lo
previsto en la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999.
Según la Ley India de Derecho de Autor de 1957, las siguientes personas pueden incoar
demandas por infracciones de los derechos de autor:
- los titulares o cesionarios de derechos de autor;
- un licenciatario exclusivo;
- en el caso de una obra anónima o seudónima, el editor de la obra hasta que se
divulgue al público la identidad del autor;
- un copropietario puede por sí solo demandar por infracción del derecho de autor.
El titular del derecho o su licenciatario exclusivo está facultado para alegar derechos de
propiedad intelectual en el marco de la Ley de Patentes de 1970.
El obtentor de una obtención vegetal puede demandar por las infracciones cometidas a la Ley
de Protección de las Obtenciones Vegetales y los De rechos de los Agricultores de 2001.  En virtud de
esa Ley, el representante o el licenciatario registrado de una obtención registrada puede entablar ante
el tribunal acciones pertinentes en nombre del obtentor de dicha variedad, siempre que éste le haya
autorizado en la forma prescrita para hacerlo.  Sin perjuicio de cualquier acuerdo vigente entre laspartes, el representante o el licenciatario de un derecho sobre una obtención registrada podrá pedir al
obtentor que entable acciones contra la infracción de su derecho y si, dentro de los tres meses
posteriores a esa petición, el obtentor la rechaza o desatiende, el representante o el licenciatario
registrado puede, en su propio nombre, entablar acciones contra la infracción como si fuera el
obtentor y demandar a éste.
Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil de 1908 prescriben la comparecencia
ante el tribunal.  Ese Código prevé que toda comparecencia, solicitud o actuación de una parte ante un
tribunal, exigida o autorizada por la ley, podrá, excepto cuando expresamente disponga lo contrario
alguna ley vigente, hacerla la parte personalmente, por conducto de su mandatario acreditado o de un
abogado que comparezca, solicite o actúe, según el cas o, en su nombre, siempre que, si el tribunal así
lo ordena, la parte ya no comparezca más personalmente.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
El Código de Procedimiento Civil de 1908 y la  Ley India sobre la Prueba de 1872 facultan a
los tribunales civiles, en cualquier momento del juicio, para ordenar a las partes que aporten, bajo
juramento, los documentos que posean o que estén bajo su control y que conciernan a cualquier materiacontrovertida en el litigio.  El citado Código dis pone que el tribunal podrá, en cualquier momento, por
iniciativa propia o a solicitud de parte:
- dictar las resoluciones que puedan ser necesarias o razonables en todas las materias relativas a
la recepción y contestación de interrogatorios, a la admisión de documentos y hechos, y a la
exhibición, inspección, presentación, incautación y devolución de documentos u otros objetospertinentes que puedan aportarse como pruebas;IP/N/6/IND/1
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- expedir citaciones judiciales a las personas cuya comparecencia se requiere, ya sea para rendir
testimonio, aportar documentos o para otros de los objetivos ya mencionados;
- ordenar que un hecho sea probado mediante una declaración jurada.
Una parte podrá, sin presentar una declaración jurada, solicitar al tribunal que ordene a otra
parte en cualquier litigio que exhiba bajo juramento los documentos que estén o hayan estado en su
posesión o bajo su control, y que conciernan a una cuestión controvertida en el juicio.  Si lo juzga
necesario, el tribunal, de acuerdo con su facultad discrecional, podrá dictar esa orden en la audiencia
dedicada a esa solicitud, ya sea en términos generales o limitados a determinadas clases dedocumentos, según lo que estime más adecuado.
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
Con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil de 1908, los tribunales gozan
de facultades discrecionales para abordar, en la forma que estimen más justa, la prueba que se les ha
rendido.  Ello permite al tribunal proteger la información confidencial si las partes así lo desean.Los tribunales tienen la facultad inherente de dictar las resoluciones que estimen necesarias paralograr las finalidades de la justicia o para impedir abusos procesales
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perj uicios, con inclusión de la reparación por
concepto de beneficios y los gastos, co mprendidos los honorarios de los abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales
de las mercancías infractoras y de los mate riales e instrumentos utilizados para su
producción;
- otras medidas.
La Ley de Reparación Específica de 1963 dispone que se puede conceder al demandante un
mandamiento judicial permanente para impedir el incumplimiento de una obligación existente en su
favor, ya sea expresa o tácitamente.  En el marco de esa Ley, el demandante, en un litigio para obtener
que se dicte un mandamiento judicial permanente, puede reclamar el resarcimiento de daños y
perjuicios, ya sea además de, o en substitución de, dicho mandamiento, y el tribunal podrá, si lo
estima adecuado, disponer el resarcimiento de daños y perjuicios.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 prevé que en todo juicio incoado para impedir que
el demandado infrinja un contrato o cometa otro daño de cualquier clase, se reclame o no una
indemnización en el juicio, el demandante podrá, en cualquier momento después de entablar la
demanda, y tanto antes como con posterioridad al fallo, solicitar al tribunal que dicte un mandamientojudicial provisional que impida al demandado cometer la infracción del contrato o el daño que
constituya el fundamento de la demanda, o cualquier infracción de contrato o daño de un tipo
semejante que surja del mismo contrato o que corresponda a los mismos bienes o derechos.
El tribunal podrá dictaminar que se conceda ese mandamiento, en condiciones que fijen su duración,
que se lleve una cuenta, que se otorgue una garantía o de otro modo, según lo estime adecuado.La concesión del mandamiento es una reparación discrecional y el tribunal tiene que considerar la
presunción que sirve de fundamento al caso, el equili brio de las ventajas concedidas y la probabilidad
de un daño irreparable.IP/N/6/IND/1
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Las atribuciones de los tribunales no se limitan a la concesión de mandamientos u órdenes de
resarcimiento de daños y perjuicios ya mencionado s.  Sin perjuicio de esas normas, los tribunales
tienen facultades inherentes para adoptar cualquier resolución que concierna a las circunstancias y la
naturaleza del caso a fin de hacer justicia y, en definitiva, proteger el interés público.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 estipula que la condenación en costas, en todos los
litigios y los incidentes que en ellos se produzcan, queda sometida a la discreción de los tribunales y
que éstos tendrán plenas facultades para determinar quién pagará las costas, con cargo a qué bienes y
en qué medida éstas se han de pagar, y dictar todas las directrices necesarias con el fin de que se
cumplan los propósitos mencionados.
Además de las disposiciones contempladas en el Código de Procedimiento Civil de 1908, la
Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, la Ley de Dibujos y Modelos de 2000, la Ley de
Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999, la Ley India de Derechode Autor de 1957 y la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los
Agricultores de 2001 también prevén específicamente las medidas que las autoridades judiciales
pueden ordenar.
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 prevé una reparación en los juicios por
infracciones o por el fraude de imitación.  Al resp ecto, dispone que una resolución, dictada a instancia
de parte interesada por el tribunal de distrito o cualquier Tribunal Superior en grado de apelación,
podrá comprender un mandamiento o un auto interlocutorio sobre cualquiera de las siguientes
materias:
- la exhibición de documentos;
- la conservación de mercancías infractoras, documentos u otras pruebas que
conciernan al asunto litigioso;
- la prohibición de que el demandado disponga o comercie con los activos en tal forma
que pueda afectar adversamente la capacidad del demandante para obtener
indemnización de los daños y perjuicios, las costas o cualquier otra reparación de
carácter pecuniario que pueda, en definitiva, dictarse en favor del demandante.
En consecuencia, la Ley reconoce expresamente las facultades de los tribunales para dictar
resoluciones del tipo del mandato Anton Pillar o del interdicto Mareva del Reino Unido en los litigios
de marcas de fábrica o de comercio.  La reparación que un tribunal puede conceder en cualquier
litigio por infracciones o por el fraude de imitación comprende un mandamiento a opción del
demandante, ya sea de resarcimiento de daños y perjuicios o de liquidación de beneficios,
conjuntamente con o sin una orden de entrega de las etiquetas y marcas infractoras para destruirlas o
borrarlas.
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Dibujos y Modelos de 2000, las medidas previstas
contra las infracciones entrañan multas, mandamientos permanentes y órdenes de resarcimiento de
daños y perjuicios.  La recuperación de beneficios se concede como una medida alternativa de la
orden de resarcimiento de daños y perjuicios y no como una medida adicional.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías
(Registro y Protección) de 1999, una resolución de un tribunal de distrito o de un tribunal superior en
grado de apelación podrá comprender un mandamiento o un auto interlocutorio, dictados a instancia
de parte interesada, sobre cualquiera de las siguientes materias:
- la exhibición de documentos;IP/N/6/IND/1
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- la conservación de mercancías infractoras, documentos u otras pruebas que
conciernan al asunto litigioso;
- la prohibición de que el demandado disponga de sus activos o comercie con ellos en
una forma que pueda afectar adversamente la capacidad del demandante para obtenerel resarcimiento de los daños y perjuicios, las costas o cualquier otra resolución decarácter pecuniario que pueda, en definitiva, dictarse en favor del demandante.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías
(Registro y Protección) de 1999, la reparación que un tribunal puede conceder en cualquier litigio porinfracciones o por el fraude de imitación comprende un mandamiento a opción del demandante, ya
sea de resarcimiento de daños y perjuicios o de liquidación de beneficios, conjuntamente con o sin
una orden de entrega de las etiquetas y marcas infractoras para destruirlas o borrarlas.
Según lo dispone la Ley India de Derecho de Autor de 1957, en un juicio civil el titular del
derecho de autor está facultado para obtener medidas por conducto de mandamientos, órdenes de
resarcimiento de daños y perjuicios, liquidaciones y otros recursos, medidas que confiere o puede
conceder la Ley cuando se infringe un derecho.  El titular del derecho de autor también puede
reclamar costas, incluidas las costas compensatorias y los honorarios de los abogados.  En el caso de
infracciones del derecho de autor, el titular del derecho está facultado asimismo para reclamar lascopias infractoras o la reconversión de las mismas.
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Patentes de 1970, la reparación que un tribunal puede
conceder en cualquier litigio por infracciones comprende un mandamiento que, a opción del
demandante, puede ser de resarcimiento de daños y perjuicios o de liquidación de beneficios.
Con arreglo a las disposiciones de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y los
Derechos de los Agricultores de 2001, la reparación que un tribunal puede conceder en cualquierlitigio por infracciones comprende un mandamiento que, a opción del demandante, puede ser de
resarcimiento de daños y perjuicios o de participación en los beneficios.  La resolución judicial podrá
comprender un mandamiento a instancia de parte interesada o algún auto interlocutorio relativo acualquiera de las siguientes materias:
- la exhibición de documentos;- la conservación de mercancías infractoras, documentos u otras pruebas que
conciernan al asunto litigioso;
- el secuestro de bienes del demandado que el tribunal juzgue necesarios para resarcir
los daños y perjuicios, las costas o cualquier otra resolución de carácter pecuniario
que pueda, en definitiva, dictarse en favor del demandante.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobresus circuitos de distribución?
En la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, la Ley de Protección de las
Obtenciones Vegetales y los Derechos de los Agricultores de 2001, la Ley de Indicaciones
Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999 y la Ley sobre los Esquemas de
Trazado de Circuitos Integrados de Semiconductores de 2000 se establecen normas concretas que
prevén que si el infractor divulga voluntariamente, a requerimiento del fiscal o de quien actúe en sunombre, toda la información que obra en su poder con respecto a la persona de quien obtuvo esosbienes, objetos o servicios, quedará exento de pena.IP/N/6/IND/1
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7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, la Ley India de Derecho de Autor
de 1957, la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999, la
Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los Agricultores de 2001, la Ley de
Patentes de 1970 y la Ley de Dibujos y Modelos de 2000 dan protección a las autoridades públicas.
No se podrán interponer demandas u otras acciones legales contra la persona que haya actuado de
buena fe o tratado de hacerlo en cumplimiento de estas leyes.
Si en un litigio u otra actuación judicial, una parte objeta la demanda porque el demandante la
presentó a sabiendas de que es falsa o vejatoria y si, con posterioridad, dicha demanda es rechazada,abandonada o retirada, total o parcialmente, el tribunal, si lo juzga adecuado, podrá ordenar que la
parte demandante pague a la parte contraria las costas a título de compensación, con sujeción a
determinados límites pecuniarios.  Los tribunales tienen facultades inherentes para dictar esas
resoluciones según proceda a los efectos de hacer justicia o a fin de evitar abusos procesales.
La Ley de Derecho de Autor de 1957 prescribe que cuando una persona, que alegue ser el
titular de una obra amparada por el derecho de autor, amenace por conducto de circulares, avisos u
otros medios a cualquier otra persona con entablarle acciones judiciales o perseguir su responsabilidad
por una presunta infracción de un derecho de autor, la persona agraviada por esa amenaza podrá
incoar un juicio declaratorio para acreditar que la supuesta infracción a que se refieren las amenazas
no es en realidad ninguna infracción de los derechos legítimos de la persona que profiere esasamenazas.  La persona agraviada podrá obtener en ese juicio un mandamiento contra la prolongación
de las amenazas y para resarcirla de los daños y perjuicios, en caso de haberlos, que se hayan
acreditado con motivo de esos hechos.  No se puede recurrir a estas medidas si la persona que profiere
esas amenazas comienza y prosigue, con la debida diligencia, una acción contra la infracción.
Esta disposición permite incluso a una persona recurrir contra la amenaza de que se le impongaindebidamente una obligación.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su
costo.
Los tribunales conocen causas con arreglo a las normas que rigen el procedimiento y la
prueba contempladas en el Código de Procedimie nto Civil de 1908 y de la Ley India sobre la Prueba
de 1872.  La duración y costo de los procedimientos  dependerá de la complejidad  de la causa  incoada
ante el tribunal competente.  No se dispone de los datos reales sobre la duración de los procedimientos
y su costo.
(b) Procedimientos y recursos administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
No existen procedimientos administrativos respecto de los asuntos planteados en las
preguntas 2 a 8.IP/N/6/IND/1
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Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Sírvanse examinar también la respuesta a la pregunta 5 supra.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 prevé la indemnización provisional en favor de las
partes.  Esta indemnización cautelar se concede provisionalmente para satisfacer la finalidad de la
justicia después de que se haya incoado una acción civil.  Durante el procedimiento declarativo las
autoridades judiciales tienen atribuciones para otorgar a las partes una indemnización cautelar en la
forma de un mandamiento ad interim , provisional o temporal.  Esas resoluciones también pueden
dictarse para proteger el interés público.  Los mandamientos pueden concederse en forma
interlocutoria, prejudicial o permanente después del litigio.  El tribunal dicta mandamientosprovisionales si está convencido de que en la causa hay una presunción favorable para la reparación
solicitada, que el equilibrio de intereses está en favor del demandante y que si no se concede el
mandamiento provisional se causará un daño irreparable al demandante.  Los mandamientos judiciales
provisionales podrán estar en vigor hasta que el tribunal adopte una decisión sobre el asunto o
resuelva la causa definitivamente.  El demandante que gane el juicio podrá obtener que se dicte unmandamiento permanente.
El tribunal podrá, a solicitud del demandante, autorizar a un representante judicial, de
ordinario un Comisionado del Tribunal (un abogado independiente del tribunal), para que ingrese a
los establecimientos del demandado a fin de inspeccionarlos e incautarse de documentos y pruebas.
La orden puede ser dictada a instancia de parte ( inaudita altera parte ).  Es análoga al mandato Anton
Pillar del Reino Unido.  El tribunal puede e xpedir una providencia que prohíba a los demandados
disponer de sus activos dentro de la jurisdicción hasta que se falle la acción que originó el juicio.  Esta
providencia podrá dictarse a petición de parte.  Ella es similar a los interdictos Mareva del Reino
Unido.
Además de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil de 1908, la Ley
de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías
(Registro y Protección) de 1999 y la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos
de los Agricultores de 2001 contemplan normas específicas que facultan a los tribunales para dictar, a
instancia de parte, mandamientos y, en particular, mandatos del tipo Anton Pillar.  Éstos son
mandatos, a instancia de parte, de inspección e incautación (en casos urgentes en que la prueba puede
ser modificada en forma fraudulenta) y resoluciones del carácter de los interdictos Mareva destinados
a preservar pruebas o documentos que conciernan a la materia del pleito, de modo que se prohíba aldemandado disponer de sus activos en una forma que haga ilusoria la capacidad del demandante para
resarcirse de daños y perjuicios u obtener otras indemnizaciones pecuniarias después de que se dicte
la resolución definitiva.  Estas normas se prevén con la finalidad de disuadir la comisión de
actividades infractoras.
11. ¿En qué circunstancias puede ordena rse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
El Código de Procedimiento Civil de 1908 esta blece que si el tribunal estima que el propósito
de conceder un mandamiento temporal, o cualquier otro mandato temporal, quedará anulado por la
demora que entrañará notificar a la parte contraria, podrá dictar esos mandatos a instancia de parte
(sin oír a la contraria), después de registrar las razones que fundamentaron su opinión de que elobjetivo del mandamiento no debería quedar anulado por la mencionada demora.IP/N/6/IND/1
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12. Sírvanse describir el procedimiento princi pal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en  aplicación, y especialmente
los plazos pertinentes y las medidas de sal vaguardia para proteger los intereses legítimos
del demandado.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 dis pone que el demandante, después de incoar el
pleito, podrá solicitar medidas temporales mediante una petición incidental y una declaración jurada.
A continuación, se dicta una resolución, a instancia de parte, que ordena notificar de inmediato al
demandado.  Se le otorga a éste la oportunidad de solicitar que se revoque la resolución, dictada a
petición de la otra parte y basada en una solicitud incidental, aun antes de presentar la contestación dela demanda en el juicio principal.  Los tribunales están facultados para dejar sin efecto las
resoluciones interlocutorias, dictadas a instancia de una sola de las partes, si el demandado puede
fundamentar la presunción de que las pretensiones del demandante no son legítimas.
Cuando el mandamiento se conceda sin notificar a la parte contraria, el tribunal procurará
pronunciarse definitivamente sobre la solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
que dictó el mandamiento y, cuando no esté capacitado para hacerlo, dejará constancia de las razones
de esa incapacidad.
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento.
Sírvanse facilitar todos los datos disponibles sobre la duración real y el costo delprocedimiento.
Por lo general, las medidas provisionales se conceden en forma expedita según la complejidad
de la causa.  No se dispone de datos reales sobre la duración y el costo del procedimiento.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales  administrativas.
Las autoridades administrativas no están facultadas para conceder medidas provisionales.
Prescripciones especiales relacio nadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de  qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para  libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en  relación con mercancías que entrañen
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor,  en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sír vanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis) .  ¿Es aplicable el
procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por
el titular del derecho o con su consentimi ento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
El titular o un licenciatario de una marca de fábrica o de comercio registrada puede notificar
por escrito al Comisionado de Aduanas para que prohíba la importación de mercancías si ésta
constituye una infracción de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio de  1999, a fin de permitir una acción adecuada de las autoridades aduaneras.  El titular de
cualquier obra amparada por el derecho de autor o su representante debidamente autorizado podrásolicitar a Registrador del Derecho de Autor que prohíba la importación de copias que infringirían elderecho de autor contemplado en la Ley India de Derecho de Autor de 1957.IP/N/6/IND/1
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Las medidas en frontera son aplicables tanto a las importaciones como a las exportaciones.
Las mercancías en tránsito no están expuestas a ser retenidas por las autoridades aduaneras, ya que no
están sometidas a los procedimientos normales del despacho de aduana.
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del
despacho de aduana de las mercancías por la s autoridades aduaneras, particularmente en
lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir
la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las dive rsas prescripciones relativas a la duración de
la suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía
equivalente), 56 (indemnización al importador  y al propietario de las mercancías) y
57 (derecho de inspección e información)?
La Ley India de Derecho de Autor de 1957 esti pula que el Registrador del Derecho de Autor,
a solicitud del titular de cualquier obra amparada por ese derecho o de su representante debidamenteautorizado y previo pago de los aranceles previstos, podrá, después de efectuar la investigación que
estime oportuna, ordenar que no se importen las copias infractoras del derecho de autor en el sentido
que le asigna la referida Ley.  El Registrador del Derecho de Autor o cualquier persona autorizada por
éste para que actúe en su nombre podrá ingresar en cualquier buque, dársena o recinto donde pudieran
encontrarse esas copias y podrá examinarlas.  Todas las copias a las que se aplique la orden dictadapor el Registrador del Derecho de Autor se considerarán mercancías cuya importación está prohibida
o restringida, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Aduanas de 1962.  A ese respecto, se
aplicarán todas las disposiciones de la citada Ley, siempre que la totalidad de las copias confiscadas
en el marco de las disposiciones de la Ley de Aduanas de 1962 no se transfieran al Gobierno, sino que
se entreguen al titular de la obra amparada por el derecho de autor.
El titular o licenciatario de una marca de fábrica o de comercio registrada podrá notificar por
escrito al Comisionado de Aduanas a fin de que prohíba la importación de mercancías si ésta infringe
la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999.  En la India se prohíbe la importación de
mercancías que ostenten una marca de fábrica o de comercio fraudulenta según el sentido que le
atribuye la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 y, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde Aduanas de 1962, la importación de dichas mercancías está expuesta al decomiso.  En los casos en
que esas mercancías sean importadas a la India y, a raíz de una reclamación, el Comisionado de
Aduanas tenga motivos para creer que la marca de fábrica o de comercio denunciada se emplea como
una falsa marca de fábrica o de comercio, podrá exigir al importador de las mercancías, o a su
representante, que presente cualquier documento que posea en relación con las mercancías y que
comunique el nombre y la dirección de la persona que las consignó a la India, así como el nombre y la
dirección de la persona destinataria de las mercancías en el país.  El importador o su representantetendrá un plazo de 14 días para cumplir esa exigencia.  El Comisionado de Aduanas podrá comunicar
al titular o al usuario registrados de la marca de fábrica o de comercio, que se presume fue utilizada
como una marca falsa, cualquier información obtenida sobre el importador de las mercancías o su
representante.
En virtud del apartado n) del párrafo 2 del artículo 11 de la Ley de Aduanas de 1962, el
Gobierno Central está facultado para emitir notificaciones que prohíban, totalmente o con sujeción a
la condición que según el caso se especificará, la importación o exportación de mercancías con el fin
de proteger las patentes, marcas de fábrica o de comercio y los derechos de autor.  En el ejercicio de
esa facultad, el Gobierno ha emitido una notificación que prohíbe la importación de mercancías
infractoras de derechos de propiedad intelectual relativos a marcas de fábrica o de comercio y dibujoso modelos industriales.  Asimismo, el Gobierno ha emitido una notificación que prohíbe la
exportación de mercancías infractoras de marcas de fábrica o de comercio.IP/N/6/IND/1
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El apartado d) del artículo 111 de la Ley de Aduanas de 1962 dispone la confiscación de las
mercancías que se importen, se procure importar o se ingresen a las aguas sometidas a la jurisdicción
aduanera de la India con el propósito de que sean importadas contraviniendo cualquier prohibición
impuesta por la Ley de Aduanas de 1962 o alguna otra ley vigente.  Asimismo, impone una pena a la
persona que, en relación con cualquier mercancía, efectúe u omita efectuar algún acto de modo que,por acción u omisión, esas mercancías pudieran ser objeto de confiscación.
En el marco de lo dispuesto en la Ley de Aduanas de 1962, los funcionarios aduaneros poseen
plenas atribuciones para confiscar las mercancías respecto de las cuales tengan razones para creer que
son objeto de confiscación de conformidad con dicha Ley y, a ese efecto, notificarán al propietario de
las mercancías.  Antes de confiscar las mercancías infractoras se deberá notificar al importador los
motivos que fundamentan esa medida o la imposición de una pena.  Además, el importador tendrá una
oportunidad razonable para hacer una declaración por escrito o ser oído en esta materia.
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su
costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las auto ridades competentes para
las que se suspende el despacho de  las mercancías para libre circulación?
No hay disposiciones que regulen los plazos.  Dependerán de los hechos y las circunstancias
del caso.
18. ¿Están obligadas las autorida des competentes a actuar por pr opia iniciativa y, en tal caso,
en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones espe ciales aplicables a la actuación de oficio?
Con arreglo a la Ley de Aduanas de 1962, las autoridades aduaneras podrán, a instancia de
parte como se indica en la respuesta a la pregunta 16 supra , incoar acciones contra la importación de
mercancías que origine infracciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas de Fábrica
o de Comercio y la Ley India de Derecho de Autor.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
En los casos de importaciones de mercancías que infrinjan los derechos de autor, una vez que
el Registrador del Derecho de Autor ordene, de c onformidad con el artículo 53 de la Ley India de
Derecho de Autor de 1957, la confiscación de las copias infractoras éstas se considerarán mercancías
prohibidas según el artículo 11 de la Ley de Adua nas de 1962.  Asimismo, se prohíbe la importación
de mercancías que infrinja los derechos de propiedad intelectual sobre las marcas de fábrica o de
comercio y los dibujos o modelos industriales.  En todos esos casos se aplican las normas de la Ley de
Aduanas de 1962.  Con arreglo a la referida normativa legal, en esas circunstancias se puede imponer
una sanción, que equivale a cinco veces el valor de las mercancías o a 1.000 rupias, según cual seamás elevada.  Además de esa sanción, esa importación está tipificada como delito y se castiga con una
pena máxima de tres años de prisión o con un a multa, o con ambas penas.  El Comisionado de
Aduanas entabla las correspondientes acciones según el procedimiento establecido en la Ley de
Aduanas de 1962.  Las mercancías infractoras de las marcas de fábrica o de comercio y de los dibujos
o modelos también pueden ser objeto de confiscación.  Sin embargo, todas las copias infractoras delos derechos de autor que sean confiscadas en el marco de la Ley de Aduanas de 1962 no se
transferirán al Gobierno, sino que se han de entregar a los titulares de la obra amparada por el derecho
de autor.IP/N/6/IND/1
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Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los
derechos de propiedad intelectual.
Según las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de 1973, compete a un
Magistrado de Primera Categoría instruir los procesos por la comisión de delitos punibles con penas
de prisión de tres años y superiores, pero no mayores de siete años.  Cualquier Magistrado puede
instruir los procesos por los delitos punibles con penas de prisión inferiores a tres años o sólo con una
multa.  Los delitos cometidos en el contexto de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos
Integrados de Semiconductores de 2000 y de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y losDerechos de los Agricultores de 2001 serán substanciados por un Magistrado de Primera Categoría ouno de Segunda Categoría, según sea la pena máxima establecida para ese delito.
Ningún tribunal inferior al de un Magistrado Metropolitano o de un Magistrado Judicial de
Primera Categoría está facultado para enjuiciar un delito tipificado por la Ley de Marcas de Fábrica ode Comercio de 1999, la Ley India de Derecho de Autor de 1957 y Ley de Indicaciones Geográficasde las Mercancías (Registro y Protección) de 1999.
La Ley de Dibujos y Modelos de 2000 y la Ley de Patentes de 1970 no contemplan medidas
penales.
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos  de propiedad intelectual y de qué derechos
de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?
Los procedimientos, las sanciones y otras medidas penales previstos en las leyes pertinentes
para los casos de infracción de diversos derechos de propiedad intelectual son los siguientes:
- En virtud de la Ley India de Derecho de Autor, 1957:
Según consta en el artículo 63 de la Le y India de Derecho de Autor de 1957, toda
persona que a sabiendas infrinja o colabore en la infracción de:
- una obra amparada por el derecho de autor, o
- cualquier otro derecho conferido por la presente Ley, excepto el derecho
establecido en el artículo 53A,
será sancionada con una pena de prisión no inferior a seis meses, pero que podrá
prorrogarse a tres años, y una multa no inferior a 50.000 rupias, pero que podrá
aumentarse a 200.000 rupias;  siempre que la infracción no se haya cometido por afán
de lucro en el curso de un intercambio comercial o un negocio, el tribunal podrá, porrazones justificadas y especiales que se han de mencionar en el fallo, imponer unapena de prisión inferior a seis meses o una multa menor de 50.000 rupias.
La persona que habiendo sido sancionada por un delito tipificado en el artículo 63,
nuevamente sea condenada por un delito de esa índole, será castigada por el segundodelito y por cada uno de los delitos posteriores a una pena de prisión que no será
inferior a un año, pero que podrá prorrogarse a tres años, y una multa que no será
menor de 100.000 rupias, pero que podrá aumentarse a 200.000 rupias;  siempre que
la infracción no se haya cometido por afán de lucro en el curso de un intercambio
comercial o un negocio el tribunal podrá, por razones justificadas y especiales que sehan de mencionar en el fallo, imponer una pena de prisión inferior a un año o unamulta menor de 100.000 rupias.IP/N/6/IND/1
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La persona que utilice a sabiendas en un ordenador una copia infractora de un
programa de ordenador será sancionada con una pena de prisión que no será inferior a
siete días, pero que podrá prorrogarse a tres años, y una multa que no será menor
de 50.000 rupias, pero que podrá aumentarse a 200.000 rupias.  Sin embargo, si el
programa no se ha empleado con fines de lucro ni en el curso de un intercambiocomercial o un negocio, el tribunal estará facultado para no imponer una pena de
prisión y podrá sancionar con una multa que puede llegar a 50.000 rupias.
La persona que a sabiendas haga o tenga en su poder alguna placa, con el fin de
fabricar copias infractoras de una obra que siga protegida por el derecho de autor, será
sancionada con una pena de prisión que podrá prolongarse hasta dos años y se le
impondrá también una multa.
La persona que edite una grabación sonora o una película de video infringiendo las
disposición del artículo 52A de la Ley India de Derecho de Autor de 1957, será
sancionado con una pena de prisión que puede prolongarse hasta tres años y también
con una multa.
Un funcionario policial de rango no inferior al de subinspector tiene atribuciones para
inspeccionar y decomisar los materiales utilizados para infringir el derecho de autor,los que deben presentarse al Magistrado.  El propietario puede tomar posesión de las
mercancías.  En caso de no poder hacerlo, el tribunal, al final del juicio, transfiere los
bienes con arreglo al procedimiento prescrito en el Código de Procedimiento Penal
de 1973.
- En virtud de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los
Agricultores de 2001:
El párrafo 1 del artículo 68 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y
los Derechos de los Agricultores de 2001 dispone que ninguna persona, con
excepción del obtentor de una obtención registrada de conformidad con lo dispuesto
en la presente Ley, o de un licenciatario o un representante registrados, utilizará ladenominación de esa obtención en la forma que se haya previsto.
El párrafo 1 del artículo 69 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y
los Derechos de los Agricultores de 2001 estipula que se considerará que una persona
pide fraudulentamente la denominación de una obtención registrada en el marco de la
presente Ley cuando, sin la aprobación de su obtentor, solicita esa denominación o
una denominación engañosamente similar para una obtención o un conjunto de
obtenciones que contengan la referida obtención, o utiliza un conjunto de obtencionesque ostenten una denominación que sea idéntica o engañosamente similar a la
denominación de esa obtención registrada con arreglo a la presente Ley a fin de
envasar, llenar o envolver una obtención distinta a la registrada en virtud de la
presente Ley.
El párrafo 2 del artículo 69 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y
los Derechos de los Agricultores de 2001 estipula que la denominación de una
obtención registrada en el marco de la presente Ley, que se ha solicitado
fraudulentamente según se menciona en el párrafo 1, se califica en esta Ley como una
denominación falsa.
De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Protección de las Obtenciones
Vegetales y los Derechos de los Agricultores de 2001, la persona que solicite unaIP/N/6/IND/1
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denominación falsa para una obtención;  o la que al comerciar una obtención indique
el nombre falso de un país o lugar o el nombre y la dirección falsos del obtentor de
una obtención registrada legalmente, será sancionada, a menos que pruebe que ha
actuado sin intención de defraudar, a una pena de prisión no inferior a tres meses, que
podrá prorrogarse hasta dos años, o a una multa no menor de 50.000 rupias, que podráaumentarse hasta 500.000 rupias, o a ambas penas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Protección de las Obtenciones
Vegetales y los Derechos de los Agricultores de 2001, la persona que venda o exhiba
para la venta, o que tenga en su posesión para la venta o para cualquier propósito
comercial o productivo cualquier obtención a la que se aplique una denominación
falsa, o que señale en forma fraudulenta el país o lugar en que esa obtención se hizo o
produjo, o el nombre y la dirección del obtentor de esa variedad registradalegalmente, será sancionada, a menos que pruebe:
- que, habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para
evitar la comisión de un delito tipificado en ese artículo, no tuvo, en el
momento de cometerse el presunto delito, motivos para sospechar de la
autenticidad de la denominación de esa obtención o de que se hubieracometido algún delito respecto de la indicación del país o lugar en que esa
obtención se registró en el marco de la presente Ley, se fabricó o produjo, o
del nombre y la dirección del respectivo obtentor;  o
- que, a instancias del fiscal o de su representante, facilitó toda la información
que poseía sobre la persona que le proporcionó esa obtención;  o
- que, por el contrario, actuó de buena fe,
a una pena de prisión que no será inferior a seis meses, pero que podrá prorrogarse
hasta dos años, o a una multa no menor de 50.000 rupias, pero que podrá aumentarse
a 500.000 rupias, o a ambas penas.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Protección de las Obtenciones
Vegetales y los Derechos de los Agricultores de 2001, la persona que haya sido
condenada por la comisión de un delito tipificado en la presente Ley y que reincida en
el delito será sentenciada, por el segundo delito y por cada uno de los posteriores que
perpetre, a una pena de prisión no inferior a un año, pero que podrá prorrogarse hasta
tres años, o a una multa no menor de 200.000 rupias, pero que podrá aumentarse
a 2.000.000 de rupias, o a ambas penas.
- En virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999:
Según el artículo 103 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, la
persona que:
- falsifique una marca de fábrica o de comercio;  o
- aplique fraudulentamente una marca de fábrica o de comercio a bienes o
servicios, o
- elabore, disponga o tenga en su poder una matriz, horma, máquina, plancha u
otro instrumento con el fin de falsificar o de utilizar para falsificar una marca
de fábrica o de comercio, oIP/N/6/IND/1
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- aplique una descripción comercial falsa a bienes o servicios, o
- aplique, a bienes que el artículo 139 exige que ostenten una indicación del
país o lugar en que fueron fabricados o producidos, o el nombre y la dirección
del fabricante o de la persona para quien los productos se fabriquen, una
indicación falsa de dicho país, lugar, nombre o dirección, o
- falsifique, altere o borre una indicación de origen que se haya aplicado a unos
bienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, o
- induzca a que se cometa cualquiera de los actos precitados en este artículo,
será sancionada, a menos que pruebe que ha actuado sin intención de defraudar, a una
pena de prisión no inferior a seis meses, pero que podrá prorrogarse hasta tres años, y
a una multa no menor de 50.000 rupias, pero que podrá aumentarse hasta
200.000 rupias;  a menos que el tribunal, por razones justificadas y especiales que sehan de mencionar en el fallo, imponga una pena de prisión inferior a seis meses o una
multa menor de 50.000 rupias.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104, la persona que venda, ofrezca en
arrendamiento o exhiba para la venta, o dé en arrendamiento, o tenga en su poder
bienes o cosas destinados a la venta, o suministre o arriende servicios, que ostentenuna marca de fábrica o de comercio falsa o una descripción comercial falsa, o que por
prescripción del artículo 139 tengan que ostentar una indicación del país o lugar en
que fueron fabricados o producidos, o del nombre y la dirección del fabricante, o de la
persona para quien se hayan fabricado los bienes o suministrado los servicios, según
sea el caso, y éstos carezcan de las indicaciones exigidas, será sancionada, a menosque pruebe:
- que, habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para
evitar la comisión de un delito tipificado en este artículo, no tuvo, en el
momento de cometerse el presunto delito, motivos para sospechar de la
autenticidad de la marca de fábrica o de comercio o de la descripcióncomercial, o de que se hubiera cometido algún delito respecto de los bienes o
servicios;  o
- que, a instancias del fiscal o de su representante, facilitó toda la información
que poseía sobre la persona que le proporcionó esos bienes, cosas o servicios,
o
- que, por el contrario, actuó de buena fe,
a una pena de prisión que no será inferior a seis meses, pero que podrá prorrogarse
hasta tres años, y a una multa no menor de 50.000 rupias, pero que podrá aumentarse
a 200.000 rupias;  a menos que el tribunal, por razones justificadas y especiales que
se han de mencionar en el fallo, imponga una pena de prisión inferior a seis meses o
una multa de menos de 50.000 rupias.
Con arreglo a lo estipulado en el artículo 105 de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio de 1999, la persona que haya sido condenada por la comisión de un delito
tipificado en los artículos 103 ó 104 y que reincida en alguno de esos delitos será
sentenciada, por el segundo delito y por cada uno de los posteriores que perpetre, a
una pena de prisión no inferior a un año, pero que podrá prorrogarse hasta tres años, yIP/N/6/IND/1
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a una multa no menor de 100.000 rupias, pero que podrá aumentarse a
200.000 rupias;  a menos que el tribunal, por razones justificadas y especiales que se
han de mencionar en el fallo, imponga una pena de prisión inferior a un año o una
multa de menos de 100.000 rupias.
El artículo 111 estipula que, cuando una persona sea condenada en el marco de los
artículos 103, 104 ó 105 o sea absuelta, el tribunal que condene o absuelva podrá
poner a disposición del Gobierno todos los bienes y cosas confiscados, mediante los
cuales se cometió el delito, o que guarden relación con éste.  El tribunal podrá ordenar
que los artículos decomisados se destruyan o se eliminen en la forma que estime
apropiada.
- En virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999:
Según el artículo 39 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías
(Registro y Protección) de 1999, la persona que:
- falsifique una indicación geográfica, o
- aplique fraudulentamente una indicación geográfica a bienes, o
- elabore, disponga o tenga en su poder una matriz, horma, máquina, plancha u
otro instrumento con el fin de falsificar, o de utilizarlos para falsificar una
indicación geográfica, o
- aplique, a bienes que el artículo 71 exige que ostenten una indicación del país
o lugar en que fueron fabricados o producidos, o el nombre y la dirección del
fabricante o de la persona para quien los productos se fabriquen, unaindicación falsa de dicho país, lugar, nombre o dirección, o
- falsifique, altere o borre una indicación de origen que se haya aplicado a unos
bienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, o
- induzca a que se cometa cualquiera de los actos precitados en este artículo,
será sancionada, a menos que pruebe que ha actuado sin intención de defraudar, a una
pena de prisión no inferior a seis meses, pero que podrá prorrogarse hasta tres años, y
a una multa no menor de 50.000 rupias, pero que podrá aumentarse a 200.000 rupias;
a menos que el tribunal, por razones justificadas y especiales que se han de mencionar
en el fallo, imponga una pena de prisión inferior a seis meses o una multa menor
de 50.000 rupias.
El artículo 40 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección)  de 1999 establece que la persona que venda, ofrezca en arrendamiento oexhiba para la venta, o dé en arrendamiento, o tenga en su poder bienes o cosas
destinados a la venta que ostenten una indicación geográfica falsa o que, por
prescripción del artículo 71 tengan que ostentar una indicación del país o lugar en que
fueron fabricados o producidos, o del nombre y la dirección del fabricante, o de la
persona para quien se hayan fabricado los bienes y éstos carezcan de las indicacionesexigidas, será sancionada, a menos que pruebe:IP/N/6/IND/1
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- que, habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para
evitar la comisión de un delito tipificado en este artículo, no tuvo, en el
momento de cometerse el presunto delito, motivos para sospechar de la
autenticidad de la indicación geográfica, o de que se hubiera cometido algún
delito respecto de los bienes;  o
- que, a instancias del fiscal o de su representante, facilitó toda la información
que poseía sobre la persona que le proporcionó esos bienes o cosas, o
- que, por el contrario, actuó de buena fe,
a una pena de prisión que no será inferior a seis meses, pero que podrá prorrogarse
hasta tres años, y a una multa no menor de 50.000 rupias, pero que podrá aumentarse
a 200.000 rupias;  a menos que el tribunal, por razones justificadas y especiales que
se han de mencionar en el fallo, imponga una pena de prisión inferior a seis meses ouna multa de menos de 50.000 rupias.
Con arreglo a lo estipulado en el artículo 41 de la Ley de Indicaciones Geográficas de
las Mercancías (Registro y Protección) de 1999, la persona que haya sido condenada
por la comisión de un delito tipificado en los artículos 39 ó 40 y que reincida en el
mismo delito será sentenciada, por el segundo delito y por cada uno de los posteriores
que perpetre, a una pena de prisión no inferior a un año, pero que podrá prorrogarse
hasta tres años, y a una multa no menor de 100.000 rupias, pero que podrá
aumentarse a 200.000 rupias;  a menos que el tribunal, por razones justificadas y
especiales que se han de mencionar en el fallo, imponga una pena de prisión inferior aun año o una multa de menos de 100.000 rupias.
Cuando una persona sea condenada por un delito tipificado en los artículos 39, 40 ó
41, o sea absuelta de un delito tipificado en los artículos 39 ó 40, por haber probado
que actuó sin intención de defraudar, o tipificado en el artículo 40, por haber probado
los hechos especificados en los apartados a), b) o c) de ese artículo, el tribunal que la
condene o absuelva podrá poner a disposición del Gobierno todos los bienes y cosas
confiscados mediante los cuales se haya cometido el delito o que guarden relación conéste, o que, a no ser por las referidas pruebas precitadas, se habría cometido.
Cuando en una sentencia condenatoria se decrete un decomiso, el tribunal que
sentencie a la persona podrá ordenar que los artículos decomisados sean destruidos o
eliminados en la forma que estime apropiada.
Cuando una persona acusada de un delito tipificado en el artículo 39 pruebe:
- que en el curso normal de su actividad comercial fue contratada por otras
personas para aplicar indicaciones geográficas o, según el caso, hacermatrices, hormas, máquinas, planchas u otros instrumentos para elaborarindicaciones geográficas, o como parte de dicho proceso;
- que, en el caso materia de la acusación, fue contratada con los propósitos ya
indicados, y no tuvo interés en las utilidades o comisiones que dependían de laventa de las mercancías u otros productos;
- que, habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para
evitar la comisión del delito imputado no tuvo, en el momento de cometerse el
presunto delito, motivos para sospechar de la autenticidad de la indicacióngeográfica;  yIP/N/6/IND/1
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- que, a instancias del fiscal o de su representante, facilitó toda la información
que poseía sobre las personas en cuyo nombre se aplicó la indicación
geográfica,
será absuelta.
- En virtud de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de los Circuitos de
Semiconductores Integrados de 2000:
Con arreglo al artículo 18 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de los Circuitos
de Semiconductores Integrados de 2000, la persona que no sea titular ni usuaria
registrada de un esquema de trazado infringe un esquema de trazado registrado si:
- ejecuta el acto de reproducir, mediante la incorporación de un circuito de
semiconductor integrado o en otra forma, la totalidad de un esquema de
trazado registrado o una parte del mismo, excepto el acto de reproducircualquier parte del esquema que no sea original;
- ejecuta el acto de importar, vender o distribuir en cualquier otra forma con
fines comerciales un esquema de trazado registrado, o un circuito de
semiconductor integrado que incorpore ese esquema de trazado registrado o
un artículo que incorpore ese circuito de semiconductor integrado quecontenga dicho esquema de trazado registrado, para cuyo uso la persona
referida no está facultada en virtud de la presente Ley.
El artículo 56 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos de
Semiconductores Integrados de 2000 establece que la persona que infrinja a sabiendas
o premeditadamente cualquiera de las disposiciones del artículo 18, como sedescribieron supra , será sancionada a una pena de prisión que podrá durar hasta tres
años, o a una multa no inferior a 50.000 rupias, pero que podrá aumentarse hasta
1.000.000 de rupias, o a ambas penas.
Cuando una persona sea condenada por un delito tipificado en el artículo 56, el
tribunal sentenciador podrá ordenar que se transfieran al Gobierno todas lasmercancías y los objetos confiscados mediante las cuales, o en relación con los cuales,
se cometió el delito.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos po r propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
El Código de Procedimiento Penal de 1973, Anexo Primero, prescribe que, en el caso de
delitos punibles por una ley especial, si no se establece expresamente que el delito quedará o no
supeditado a la competencia de dicha ley, los delitos, que merezcan una pena de prisión de tres o másaños, serán de la competencia de la ley especial, y los delitos que sean sancionados con una pena
inferior a tres años de prisión o sólo a una multa no quedarán comprendidos en la esfera de
competencia de la ley especial.  Con respecto a los delitos tipificados en los artículos 103, 104 y 105
de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, y en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de
Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999, y los delitoscomprendidos en la Ley India de Derecho de Autor de 1957, estas leyes disponen expresamente que
esos delitos quedarán entregados a su competencia.  El funcionario encargado de una comisaría de
policía investigará el caso, por propia iniciativa, cuando tome conocimiento de la comisión de un
delito enjuiciable en el marco de una ley especial.  En cuanto a los delitos que no correspondan a laIP/N/6/IND/1
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competencia de una ley especial, la policía sólo podrá investigar por orden de un magistrado facultado
para juzgar ese caso.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
En virtud de lo dispuesto en el Código de  Procedimiento Penal de 1973, corresponde al
funcionario encargado de una comisaría de policía emprender acciones contra un delito que esté bajo
la esfera de su competencia.  Los particulares podrán suministrar informaciones sobre la comisión de
ese tipo de delito y el funcionario policial está obligado a adoptar medidas en esos casos.  Asimismo,
se podrá incoar una querella particular para iniciar el procesamiento.  Toda persona interesada podrá
entablar una querella de conformidad con el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal de 1973
para que un magistrado conozca del delito.  En el caso de delitos no enjuiciables de conformidad con
una ley especial, la acción sólo se puede iniciar mediante una resolución dictada por un Magistrado enuna querella presentada ante el tribunal competente para conocer de esos casos.
24. Sírvanse indicar, si es necesario por cate gorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otra s medidas correctivas que pueden imponerse:
-p r i s i ó n ;
- sanciones pecuniarias;- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Sírvanse examinar la respuesta a la pregunta 21 supra .
25 Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y
facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y
su costo.
La duración y el costo del procedimiento dependerán de la complejidad del caso incoado ante
el tribunal competente.  No se dispone de datos real es sobre la duración y el costo del procedimiento.
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