ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/VEN/1
9 de abril de 2001
(01-1802)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Venezuela
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
Derecho de Autor
De acuerdo al artículo 1392 de la Ley sobre el Derecho de Autor son competentes para
conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y otros protegidos por la ley losJuzgados de Primera Instancia en lo Civil.  Esa competencia a los juzgadores de primera instancia es
independiente de la cuantía.
No obstante, el mismo texto legal atribuye competencia a los Juzgados de Municipio;  tal es el
caso de las previsiones contenidas en el artículo 112
3 ejusdem , al establecer que  son competentes si la
urgencia lo exigiere para decretar inspecciones judiciales y experticias, así como medida de secuestro
de todo lo que constituya violación del derecho de explotación y también embargos.
Propiedad Industrial
En materia de Propiedad Industrial son competentes para casos de infracciones los Juzgados
de la Jurisdicción Ordinaria Civil por razones de materia.  En razón de la cuantía, correspondería lacompetencia a un Juzgado de Municipio o a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil.
                                                     
1 Documento IP/C/5.
2 Artículo 139 de la Ley sobre el Derecho de Autor:  "Son competentes para conocer de los asuntos
judiciales relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera
Instancia en lo Civil y de Primera Instancia en lo Penal, según el caso, salvo los supuestos e que la misma Leyatribuye competencia a los Juzga dos de Parroquia o Municipio".
3 Artículo 112 de la Ley sobre el Derecho de Autor:  Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y
medidas previstas en el artículo precedente serán decretadas  por el Juez de la Causa.  Pero si la urgencia lo
exigiere, podrán ser decretadas por el juez de Parroquia o de Municipio del lugar donde deba ejecutarlas,
cualquiera que sea la cuantía.  En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez dela causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o la ejecución de la misma.
Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el juez de
Parroquia o de Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario,poseedor, responsable, administrador u ocupante del lu gar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica
o  ejecución.IP/N/6/VEN/1
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2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
Quienes están legitimados para hacer valer derechos de propiedad intelectual son los titulares
de los mismos o sus herederos, bien sea en materia penal, civil o administrativa.
Existe en la legislación venezolana el régimen de representación ante los Tribunales de la
República, que consiste en el otorgamiento de un mandato o poder que una persona (mandante)
encarga a otra (mandatario)  la realización de actos jurídicos, en su representación.
Estos poderes pueden ser auténtico u otorgado en el mismo proceso ( apud acta ) por parte del
titular del derecho a hacer valer a un abogado.  Igualmente, existe el régimen de asistencia queconsiste en la actuación en nombre propio del titular ante el Tribunal asistido por un abogado.  No es
posible que el titular por su propia cuenta y sin ser abogado, acuda directamente a un Tribunal a
instaurar una reclamación, en todo caso debe estar representado o asistido por un abogado.
No existen en nuestra legislación disposiciones que establezcan la comparecencia obligatoria
del titular del derecho ante el Tribunal.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
En el sistema procesal venezolano se encuentra estipulado un medio de prueba denominado
“exhibición de documentos”, el cual tiene su fundamento en el artículo 436
4 del Código de
Procedimiento Civil al permitir que una parte del proceso tenga  la facultad de solicitar al Tribunal
que exija a la otra la exhibición o entrega de un documento que se halle en su poder.  Valorada la
solicitud y el medio de prueba que al menos constituya una presunción grave de que la otra parte sehalla en poder del documento de que se trate, el Tribunal lo intimará, fijándole un plazo para realizar
la exhibición, con la consecuencia de que si no exhibe o entrega el documento se tendrán como cierto
la copia presentada por el solicitante o los hechos por él afirmado.
Este medio de prueba puede ser utilizado, igualmente, en el proceso penal venezolano y el
procedimiento civil, en los cuales existe el principio de la libertad de prueba, que admite la
posibilidad de utilizar medios probatorios que estén establecidos en cualquier cuerpo legislativo.
                                                     
4 Artículo 436 del Código de Procedimiento Civil:  "La parte que deba servirse de un documento que
según su manifestación, se halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición.
A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en su defecto, la afirmación
de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por
lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.
El Tribunal intimará al adversario la exhibición o entrega del documento dentro de un plazo que le
señalará bajo apercibimiento.
Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo indi cado, y no apareciere de autos pruebas alguna de no
hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto  el texto del documento, tal como aparece de la copia
presentada por el solicitante y en defecto de ésta, se te ndrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante
acerca del contenido del documento. (…)”.IP/N/6/VEN/1
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4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
En el proceso penal todos los actos de la investigación son reservados para los terceros, de
manera que sólo las partes directamente relacionadas con el asunto, además de las autoridadesjudiciales y del Ministerio Público, tienen acceso a las actas procesales y, en consecuencia, a las
pruebas aportadas, y por esta razón los funcionarios que participen en la investigación y las personas
que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, están obligadas a
guardar reserva (Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal).
En el proceso civil rige el Principio de la Publicidad, según el cual todos los actos procesales
son públicos.  La única excepción a este principio es que el Tribunal determine lo contrario por
razones de decencia pública, según la naturaleza de la causa (Artículo 24 del Código de
Procedimiento Civil).
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos
utilizados para su producción;
- otras medidas.
Mandamientos judiciales
- Derecho de Autor
El Título VI, artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor Venezolana establece
que el titular de cualquiera de los derechos de explotación sobre alguna obra
protegida por el derecho de autor que tuviere razón para temer el desconocimiento de
sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación realizada, podrá pedir al
Juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación.  Para la
efectividad de la prohibición el Juez conminará en la sentencia con multa al ocurriruna contravención.
Igualmente, en el Título VI, artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor
Venezolana se contempla que el titular de cualquiera de los derechos de explotación
sobre alguna obra, producto o producción protegidos por el derecho de autor, puedepedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente
reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción.
Para el ejercicio de las acciones descritas en los párrafos anteriores, de acuerdo al
artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, el Juez podrá ordenar inspeccionesjudiciales y experticias, así como cualquier otro medio de prueba previsto en el
Código de Procedimiento Civil.IP/N/6/VEN/1
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El Tribunal puede ordenar, a solicitud de la parte interesada, que el dispositivo de la
sentencia sea publicado a costa de la parte vencida en uno o varios periódicos que
indicará el Juez tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de
Autor.
La autoridad nacional competente (Tribunal) puede ordenar el retiro definitivo de los
canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho
(literal c) del artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
“Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos”).
Los Tribunales competentes en materia penal pueden condenar a prisión desde seis
(06) meses y hasta cuatro (04) años a quien incurra en alguno de los delitosestablecidos en la Ley sobre el Derecho de Autor (Título VII de la Ley sobre el
Derecho de Autor).
- Propiedad Industrial
El Tribunal competente puede anular una patente por declararla expedida en perjuicio
de mejor derecho de terceros (literal a) del artículo 17 y artículo 66 de la Ley de
Propiedad Industrial).
El Tribunal competente puede anular el registro de una marca por declararlo expedido
en perjuicio de mejor derecho de terceros, o, cuando promovida una cuestión sobre
validez de una marca el fallo haya declarado que la marca no ha debido ser concedida
(literal c) del artículo 36 y artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial).
La autoridad nacional competente (Tribunal), a solicitud de la persona afectada,
puede ordenar transferir la solicitud en trámite o el derecho concedido sobre una
patente o un registro de diseño industrial, o que se le reconozca como cosolicitante o
cotitular del derecho, cuando una patente o registro de diseño industrial se hubiese
solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo. Igualmente, cuando un
registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que
también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad
nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular delderecho (Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de
Naciones “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”).
La autoridad nacional competente puede ordenar el cese de los actos que constituyen
la infracción;  el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de lainfracción;  la prohibición de la importación o de la exportación de los productos;  la
adjudicación en propiedad de los productos;  la adopción de las medidas necesarias
para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción
de los productos o el cierre temporal o definitivo del establecimiento demandado o
denunciado;  la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a laspersonas interesadas, a costa del infractor (Artículo 241 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina de Na ciones “Régimen Común sobre Propiedad
Industrial”).
Los Tribunales competentes en materia penal pueden condenar a prisión desde un
(01) mes y hasta doce (12) meses a quien incurra en alguno de los delitos establecidos
en la Sección II, Capítulo XII de la Ley de Propiedad Industrial.IP/N/6/VEN/1
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Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por
concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
El Derecho Común venezolano establece el prin cipio según el cual “El que con intención, o
por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo”
(Artículo 1185 del Código Civil), estando comprendido dentro de ello cualquier situación en la cualexista un daño comprobado, situación en la cual el Tribunal competente expedirá una sentencia
condenatoria al pago de una cantidad de dinero por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios,
independientemente de la materia que se trate.  El titular de un derecho de propiedad intelectual
también se beneficia de ese principio.
El sistema procesal venezolano establece varias disposiciones relativas a los gastos del juicio
y los honorarios de los abogados, lo que nuestro legislador ha denominado “costas procesales”, que
incluyen los gastos hechos por cada parte en la formación del proceso y los honorarios pagados aabogados, peritos y demás profesionales que hayan intervenido en el proceso.  De acuerdo con esas
previsiones, como principio general, el Tribunal condenará a la parte que resulte vencida en un
proceso o una incidencia al pago de las costas procesales (Artículos 274 a 287 del Código de
Procedimiento Civil).
Sin embargo existen algunas previsiones particulares:
- Derecho de Autor
La autoridad nacional competente podrá ordenar el pago al titular del derecho
infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los
daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho, así como que el
infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del
derecho infringido (literales a) y b) del artículo 57  de la Decisión 351 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena  “Régimen Común sobre Derecho de Autor y DerechosConexos”).
- Propiedad Industrial
La autoridad nacional competente puede ordenar la indemnización de daños y
perjuicios (literal b) del artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”).  A los fines de calcularla indemnización de daños y perjuicios, se deben seguir los criterios establecidos en
el artículo 243 del “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, que son los
siguientes:  el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho
como consecuencia de la infracción;  el monto de los beneficios obtenidos por el
infractor como resultado de los actos de infracción;  o, el precio que el infractorhabría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor
comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran
concedido.
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
- Derecho de Autor
La medida a que se refiere este número está establecida en el artículo 110 de la Ley
sobre el Derecho de Autor y en el artículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión delIP/N/6/VEN/1
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Acuerdo de Cartagena “Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos”.
- Propiedad Industrial
La medida a que se refiere este número está establecida en el artículo 241 de la
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Régimen Común sobre
Propiedad Industrial”.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobresus circuitos de distribución?
No existe ninguna disposición que faculte a las autoridades judiciales para ordenar al infractor
que informe al titular sobre las circunstancias enunciadas en la pregunta.  Sin embargo, bajo nuestro
ordenamiento jurídico cuando una persona que tiene conocimiento de los hechos se niega a informar a
una autoridad judicial acerca de un delito cometido por una tercera persona, podría incurrir en el
delito de encubrimiento (Artículo 255 del Código Penal) o podría ser imputado como cómplice de la
comisión de un hecho punible.
En nuestra opinión, la única circunstancia en la cual indirectamente se podría ordenar al
infractor a informar acerca de los hechos enunciados en la pregunta, sería en el caso de la absolución
en juicio de unas posiciones juradas (Artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, prueba de la
confesión), lo que, dependería en todo caso de las preguntas y de la acertividad como estén
formuladas las preguntas.
Otra forma de lograr que el infractor informe sobre las circunstancias enunciadas en la
pregunta, aunque no implica una orden impuesta por  la autoridad judicial, es el supuesto de
suspensión del ejercicio de la acción penal cuando se trate de hechos producto de la delincuencia
organizada y el imputado, en este caso el infractor de algún derecho de propiedad intelectual, colaboreeficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se
realicen otros (Artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal).
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsableslas autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Podrán aplicarse las mismas acciones y/o medidas que están consagradas para el titular de un
derecho intelectual que han sido descritas en las preguntas precedentes.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de losprocedimientos y su costo.
En cuanto a la duración del procedimiento ordinario civil, mediante el cual se instauraría una
reclamación de daños y perjuicios en materia de Propiedad Intelectual, no existe alguna disposición
que regule expresamente sobre su duración.  Sin embargo, al revisar las disposiciones que se refieren
a los lapsos procesales de cada etapa del procedimiento (contestación de la demanda, lapsoprobatorio, informes y sentencia), se puede afirmar que el procedimiento ordinario sin ningún tipo de
incidencias (cuestiones previas, apelaciones, etc.) podría durar aproximadamente nueve meses.IP/N/6/VEN/1
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En lo que respecta al proceso penal, tampoco existe alguna disposición que regule
expresamente sobre su duración.  Sin embargo, al revisar las disposiciones que se refieren a los lapsos
procesales de cada etapa del procedimiento (preparatoria, intermedia, juicio y ejecución), se puede
afirmar que el procedimiento podría durar aproximadamente seis meses.
Con respecto al costo del proceso, debemos señalar que de acuerdo con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela la justicia es gratuita (Artículo 26), de tal forma que el
accionante no deberá incurrir en gastos, para hacer valer sus derechos ante un Tribunal, salvo los
honorarios profesionales que correspondan a los abogados.  Sin embargo, sí debe el accionante cubrir
los gastos necesarios para traslados de funcionarios para la práctica de las medidas preventivas o
cualquier otro acto procesal que requiera de la movilización del Tribunal.
La duración real de los procedimientos civiles sin ningún tipo de incidencias es de
aproximadamente dos años para la sentencia definitiva.  Sin embargo, en lo que respecta al decreto de
medidas preventivas o provisionales solicitadas por el demandante, normalmente los Tribunales
proveen con bastante celeridad.
La jurisdicción penal si está llevando a cabo los procesos con bastante éxito en lo que
respecta a los lapsos procesales, por lo que normalmente un proceso penal finaliza al tiempo esperado,
es decir, en unos seis meses.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
9.1 Los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual son llevados a cabo
por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).
9.2 Están legitimados para hacer valer los derechos de propiedad intelectual ante el organismo
administrativo los titulares de los mismos, sus licenciatarios y/o cualquiera que tenga legítimo interés
atendiendo a las circunstancias precisas de cada caso (oposiciones, cancelaciones, nulidades,
renovaciones, entre otros).
9.3 En el procedimiento administrativo existe “el principio de libertad de pruebas”, según el cual
pueden utilizarse cualquiera de los medios de prueba establecidos en cualquier cuerpo legislativo
(Artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).  En tal sentido, entre otras
posibilidades la autoridad judicial podrá ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la
parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control, a través de la prueba de “exhibición dedocumentos” sobre la cual se explicó en este mismo informe.
9.4 En el procedimiento administrativo es posible, mediante acto motivado, calificar de
confidenciales alguno o todos los documentos existentes en el expediente administrativo (Artículo 59
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).
9.5 No está previsto en nuestra legislación que el órgano administrativo pueda ordenar medidas
tales como destrucción de las mercancías infractoras o cierre temporal o definitivo del
establecimiento.IP/N/6/VEN/1
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9.6 La duración de los procedimientos administrativos por interposición de recursos
administrativos duran aproximadamente cuatro (4) meses.  Lapso este que puede ser menor o mayor
dependiendo de las instancias administrativas a que haya lugar.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Derecho de Autor
El Artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de  Autor establece que el Juez puede ordenar el
secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación, así como el
embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre que se acompañe
un medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama.
Igualmente el artículo 56, literales a), b) y c)  de la Decisión 351 -Régimen Común sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos- dis tingue que la autoridad nacional competente
puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita; la
incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los
ejemplares producidos con infracción;  la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los
aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.
Propiedad Industrial
La Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial- artículo 246, literales a), b), c),
d) y e) afirma que podrá ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actosque constituyan la presunta infracción;  el retiro de los circuitos comerciales de los productos
resultantes de la presunta infracción;  la suspensión de la importación o de la exportación de
los productos;  la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;  y, el cierre
temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar
la continuación o repetición de la presunta infracción.
Puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una
patente o de una marca, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la ley o la
suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la
definitiva, para lo cual el Tribunal podrá exigir caución suficiente (Artículo 136 de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia).
Puede solicitarse por vía de amparo constitucional ante el Tribunal competente como medida
provisional, la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o
de una marca por razones de inconstitucionalidad y siempre que se cumplan los requisitos
para las medidas preventivas, el fumus boni juris  y el pericullum in mora  (Artículo 5 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derec hos y Garantías Constitucionales).
Para ambos casos, el del derecho de autor y el de la propiedad industrial, es posible solicitar
cualquier clase de medidas preventivas o “medidas innominadas”, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en la ley (Parágrafo Primero del Artículo 588 del Código de Procedimiento
Civil).IP/N/6/VEN/1
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11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
En todo caso las medidas preventivas en la legislación venezolana se adoptan inaudita altera
parte , lo que va relacionado con su propia naturaleza y que de no ser así, las medidas preventivas
perderían el sentido para el cual han sido creadas.
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
En materia de propiedad iIntelectual las medidas provisionales o preventivas pueden pedirse
antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.  De tal forma que noes necesario tener ab inicio  un procedimiento principal del cual dependa la medida provisional o
preventiva.
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece como propósito final de las
medidas preventivas que el juez las decretará, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quedeilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya
presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
En cuanto a su mantenimiento, el artículo 589 del Código de Procedimiento Civil dispone que
las medidas provisionales se mantendrán hasta el final del juicio, salvo que el demandado solicite alTribunal la suspensión de la misma mediante el otorgamiento de una caución o garantía suficiente, lo
que quedará a juicio del Tribunal.
El demandado de acuerdo a lo establecido en el artículo 588, Parágrafo Segundo del Código
de Procedimiento Civil tiene el derecho de oponerse a la medida preventiva acordada y tal oposiciónse sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602, 603 y 604 que disponen que
dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva podrá oponerse a ella
exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar.  Posteriormente se abrirá una
articulación de ocho días para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que
consideren;  y finalmente dentro de los dos días de haber expirado el término probatorio el tribunal
dictará sentencia la cual podrá ser apelada.
En materia de Derecho de Autor
De acuerdo al artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, las medidas provisionales
sólo podrán decretarse si se acompaña un medi o probatorio que constituya presunción grave del
derecho que se reclama.
De acuerdo a este mismo artículo, si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas
serán decretadas por el Juez de la Causa.  Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el
juez de Parroquia o de Municipio del lugar donde deba ejecutarlas, cualquiera que sea la cuantía.  En
tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que elloobste a la práctica de la prueba o la ejecución de la misma.
Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el juez de
Parroquia o de Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el
propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse puedaoponerse a su práctica o  ejecución.IP/N/6/VEN/1
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El mismo juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quién obren, al vencimiento
de treinta (30) días continuos, desde su ejecución, sino se le hubiere comprobado la iniciación del
juicio principal.
En materia de Propiedad Industrial
El artículo 245 de la Decisión 486 dispone que quien inicie o vaya a iniciar una acción por
infracción podrá pedir a la autoridad nacional comp etente que ordene medidas cautelares inmediatas
con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar
pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Según el artículo 247 de la Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial- una
medida cautelar sólo se ordenará cuando quién la pida acredite su legitimación para actuar, la
existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la
comisión de la infracción o su inminencia.  El mismo artículo dispone que la autoridad nacional
competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficiente antes de
ordenarla.
En efecto, establece el artículo comentado que quién pida una medida cautelar respecto de
productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción
suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores ser identificados.
En este orden de ideas, el artículo 248 de la Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad
Industrial- consagra la posibilidad cuando se hubiere ejecutado una medida cautelar sin intervención
de la otra parte, ella se notificará a la parte afect ada inmediatamente después de la ejecución.  La parte
afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.
En consecuencia,  toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin
efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes
contados a partir desde la ejecución de la medida.
Por último, el artículo 249 de la Decisión 486 dispone que las medidas cautelares se aplicarán
sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran
principalmente para cometerla.
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?  Sírvanse facilitar
los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
Normalmente en la realidad los plazos para decretar la medida preventiva son bastante breves,
no así la decisión del Tribunal sobre la oposición al decreto de la misma.  Puede obtenerse el decretode una medida preventiva en aproximadamente diez días.
El monto de las cauciones, en caso de ser necesario, suele ser alto, así como el traslado del
Tribunal.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
La medida provisional o preventiva existente en nuestro procedimiento administrativo es la
suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido en el caso de que su ejecución pudieracausar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamenta en la nulidad del acto, para loIP/N/6/VEN/1
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cual el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de caución que considere suficiente.
(artículo 87, parágrafo primero de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos)
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable
el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país
por el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
La potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los
bienes a que se refiere el artículo 7°, autorizar o impedir su desaduanamiento, ejercer los privilegios
fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y en general, ejercer los
controles previstos en la legislación aduanera nacional.  (Artículo 6 de la Ley Orgánica de Aduanas) y
ésta facultad se encuentran sometidas a la potestad aduanera, (Artículo 7) y en materia de posible
infracción de derechos intelectuales, según prevé el artículo 250 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina de Naciones sólo corresponde al titular de una marca solicitar la suspensión de
esa operación aduanera:
- toda mercancía que vaya a ser introducida o extraída del territorio nacional;
- los bienes que formen parte del equipaje de pasajeros y tripulantes;
- los vehículos o medios de transporte, comprendidos sus aparejos, repuestos,
provisiones de a bordo, accesorios e implementos de navegación y movilización de
carga o de personas, que sean objeto de tráfico internacional o que conduzcan las
mercancías y bienes; así como las mercancías que dichos vehículos o medios
contengan, sea cual fuere su naturaleza;
- las mercancías, medios de transporte y demás efectos cuando sean objeto de tráfico
interno en aguas territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia
aduanera, áreas especiales de control, de almacenes generales de depósito, depósitos
aduaneros o almacenes libres de impuestos.
Parágrafo Único:  Se excluyen de la potestad aduanera los vehículos y transporte de guerra y
los que expresamente determine el Ministro de Hacienda, excepto cuando realicen operaciones de
tráfico internacional o nacional de mercancías y pasajeros.
En este orden de ideas cuando las mercancías hubieren sido retiradas de la zona aduanera, sin
que se hubieren satisfecho todos los requisitos establecidos en la Ley o las condiciones a que quedó
sometida su introducción o extracción, o no se hubiere pagado el crédito fiscal respectivo, el Fisco
Nacional podrá perseguirlas y aprehenderlas.  (Art ículo 11 de la Ley Orgánica de Aduanas)  Esta
facultad además se extiende a la posibilidad de ingresar a los almacenes, patios, oficinas, vehículos ydemás lugares privados o públicos, sujetos a la potestad aduanera, sin necesidad de autorización
especial.  (Artículo 10 de la Ley Orgánica de Aduanas)IP/N/6/VEN/1
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Además de las mercancías antes indicadas las autoridades aduaneras deberán, a solicitud del
órgano competente en materia de propiedad intelectual, impedir el desaduanamiento de bienes que
presuntamente violen derechos de propiedad intelect ual obtenidos en el país o derivados de acuerdos
internacionales de los que la República sea parte.
El órgano competente en materia de propiedad Intelectual podrá solicitar a la autoridad
aduanera, mediante acto motivado, a las autoridades aduaneras el desaduanamiento de la mercancía en
cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho en
cualquier caso de infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.
Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la
mercancía cuestionada, la retención de la misma.  (Artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas)
En este mismo sentido la norma comunitaria Decisión 486 -Régimen Común Sobre Propiedad
Industrial- contiene en el Titulo XV de las Acciones por Infracción de Derechos, Capitulo III de las
Medidas en Frontera un procedimiento a tales fines, establecido en los artículos 250 al 255 de lareferida Decisión.
Este  régimen no es aplicable cuando se trate de pequeñas cantidades de mercancías sin
carácter comercial, que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en
pequeñas partidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 de la Decisión 486 de laComunidad Andina de Naciones.
También es importante señalar que no podrá impedir el titular de un registro marcario a
terceros realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, luego de la
introducción del mismo en el comercio en cualquier país por su titular o por un tercero conconsentimiento del mismo o económicamente vinculado a él, inclusive cuando los productos, envases
o embalajes que estuvieren en contacto directo con ellos no hubieren sufrido ninguna modificación,
alteración o deterioro.  (Artículo 158 de la D ecisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones)
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), losrequisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
Las normas y procedimientos en esta materia deben ser complementadas con la legislación
nacional, sin embargo la Decisión 486 en el Ti tulo XV, Capítulo III Medidas en Frontera,
artículos 250 al 255, establece normas adjetivas al respecto.  En este sentido  corresponde al titular de
un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o
la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacionalcompetente suspender esa operación aduanera.  Para ello deberá suministrar a dicha autoridad la
información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto
de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos (Artículo 250 de la Decisión 486).
Podrá permitirse a efectos de fundamentar sus reclamaciones al titular de la marca participar
en la inspección de las mercancías retenidas.  Igual derecho corresponderá al importador o exportador
de las mercancías.IP/N/6/VEN/1
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Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para
proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.  (Artículo 251 de la Decisión 486)
Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará
o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.
En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del
consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de
las mercancías objeto de la suspensión.  Así mismo, notificará la suspensión al importador o
exportador de los productos.  (Artículo 252 de la Decisión 486)
Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la
operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la
autoridad nacional competente hubiere prolonga do la suspensión, la medida se levantará y se
procederá al despacho de las mercancías retenidas.  (Artículo 253 de la Decisión 486)  Una vez
determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que se hubieren incautado, no
podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casosdebidamente calificados, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
(Artículo 255 de la Decisión 486)
Artículo 254:  Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá
presentar oposición a ésta y el juez competente procederá a modificar, revocar o confirmar lasuspensión.
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del
derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá
ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?
No existe dentro de la normativa la indicación precisa de cuanto debe durar un juicio
ordinario para su resolución hasta sentencia definitiva.  No obstante, el Código de Procedimiento
Civil  dentro de los artículos 338 al 567 regula dicho procedimiento y algunos de ellos puntualizan el
lapso preclusivo de algunas etapas procedimentales, entre otras, contestación de demanda;  promoción
y evacuación de pruebas;  ejecución de sentencia;   apelación.  Su duración aproximada es de dos
(2) años dependiendo de sus distintas instancias.
Por lo que se refiere al costo, éste es variable y dependerá de la urgencia y de la distancia.Cuando la infracción esté referida a marcas, transcurridos diez (10) días hábiles contados
desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandantehubiere iniciado la acción por infracción o sin que la autoridad nacional competente hubiere
prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías
retenidas.IP/N/6/VEN/1
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18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
En Venezuela en principio las medidas de oficio  por parte de un Tribunal Civil no son
aplicables;  las mismas deben solicitarse dentro de un procedimiento judicial.  Estas pueden ejecutarsede oficio  si en virtud de una acción penal son solicitadas por el Ministerio Público, caso en el cual
esas mercancías deben ser objeto de depósito hasta tanto se determine o no la comisión de un hecho
punible.  Si estamos frente a un hecho que constituya contrabando, las mismas pueden ser objeto de
destrucción.  Estas medidas pueden ser ejecutadas por las autoridades de Resguardo, es decir, la
Guardia Nacional en operativos de contrabando, por supuesto de drogas y por denuncias que en virtud
del Código Penal y de la comisión de delitos se hayan practicado.
Es importante señalar que según el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas corresponde a
la autoridad aduanera la ejecución de medidas en frontera, pero como éstas son solicitadas en juicio en
virtud de un proceso de investigación por denuncia o demandas, es la autoridad judicial la competente
para dictarlas.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Propiedad Industrial
Se pueden solicitar todas las medidas que a continuación se señalan de conformidad con el
artículo 241 de la Decisión 486 de  la Comunidad Andina de Naciones:
- cese de los actos que constituyen la infracción;
- indemnización de daños y perjuicios;
- retiro de los circuitos comerciales;- prohibición de importación o exportación;
- adjudicación en propiedad de los productos;
- destrucción de los productos;
- cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado;
- publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a
costa del infractor.
Derecho de Autor
De acuerdo al artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor y lo establecido en el
artículo 56 del Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, se podrán acordar las siguientes medidas:
- secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación;
- el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotación
litigioso;
- el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, el embargo, decomiso o
secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos coninfracción;
- la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados
para la comisión del ilícito.
Además de lo antes expuesto el Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de
solicitar medidas innominadas previo establecimiento de los supuestos contenidos en el artículo 588
del mismo.IP/N/6/VEN/1
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Tal y como lo establecen tanto el artículo 247 de la Decisión 486  en materia de Propiedad
Industrial como el artículo 111 último aparte de la Ley sobre el Derecho de Autor, para la solicitud de
dichas medidas quien la pida debe acreditar su legitimación para actuar, la existencia del derecho
infringido, pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o suinminencia.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
En materia penal y conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Pr ocesal Penal (COPP), la
competencia está determinada desde el punto de vista territorial de acuerdo al lugar donde el delito ofalta se haya consumado (Artículo 53 del COPP).  Los tribunales penales se organizan en cada
circunscripción judicial en dos instancias: una primera instancia, integrada por tribunales
unipersonales, mixtos y de jurados;  y otra de apelaciones, integrada por tribunales colegiados de
jueces profesionales.  El control de la investigación y la fase intermedia están a cargo de un tribunal
unipersonal que se denomina tribunal de control y la fase de juzgamiento corresponde a los tribunalesde juicio (Artículo 103 del COPP), en el entendido de  que cuando el Código Orgánico Procesal Penal
se refiere al Tribunal o juez de Control, al tribunal o juez de juicio y al tribunal o juez de ejecución,
debe entenderse que se refiere  siempre al Juez de Primera Instancia en Función de control, juicio o
ejecución de sentencia, respectivamente (Artículo 104 del COPP).
En el caso que nos ocupa corresponde a los tribunales unipersonales tanto de control como de
ejecución, el conocimiento de los delitos de propiedad industrial establecidos tanto en el Código
Penal, como en la Ley de Propiedad Industrial  y la Ley sobre el Derecho de Autor.
21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones
penales?
El Código Penal establece sanciones a la infracción de derechos tanto de propiedad industrial
como de derecho de autor.  En tal sentido, el artículo 338 del Código Penal establece pena de prisión
de 1 a 12 meses a quien hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las
obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera, así como a quien haya hecho uso de
los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedadproviniere de un tercero.  La misma pena se aplicará a quien hubiere contrahecho o alterado los
dibujos o modelos industriales y a quien haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados
aunque la falsedad proviniere de un tercero.
El artículo 339 del mismo Código Penal castiga con prisión de uno a doce meses a quien con
el objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en
circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos
distintivos falsificados o alterados capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o
calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en
Venezuela.
El artículo 340 del referido Código castiga con prisión de quince días a tres meses a quien
hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones
industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su
posición o empleo o en razón de su profesión, arte  o industria y con prisión de quince días a seis
meses si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo.IP/N/6/VEN/1
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En el mismo orden de ideas, la Ley de Propiedad Industrial castiga con prisión de uno a doce
meses a quien atente contra los derechos del legítimo titular o poseedor de una patente, fabricando,
ejecutando, transmitiendo o usando con fines indust riales y de lucro, sin el consentimiento bien
expreso o tácito del titular, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la patente y a quien paraperjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor use, fabrique o ejecute marcas, modelos o
dibujos registrados u otros que con éstos se confundan (artículos 98 y 99).
Así mismo, serán castigados con prisión de uno a doce meses quienes designen un
establecimiento como sucursal de otro que tenga denominación comercial registrada y quien
dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el
esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la Ley de Propiedad Industrial (artículos 100 y101 respectivamente).
En materia de derecho de autor se considera delito el empleo sin consentimiento del titular del
respectivo derecho, del título de una obra, la comunicación en forma original o elaborada íntegra o
parcialmente de obras del ingenio, ediciones de obras ajenas, textos, fotografías o productos obtenidospor un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas,
equiparadas a  la fotografía, así como la distribución de obras del ingenio inclusive ejemplares de
fonogramas y la retransmisión o emisión no autorizada por los organismos de radiodifusión con
prisión de seis a dieciocho meses (Artículo 119 de la Ley sobre el Derecho de Autor).
Así mismo se castiga con prisión de uno a cuatro años a quien intencionalmente reproduzca
en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de
textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía, o quien
introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación reproducciones ilícitas de
las mismas.  (Artículo 120 de la Ley sobre el Derecho de Autor)  Con la misma pena se castiga aquien copie por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o emisión
de radiodifusión en todo o en parte, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga
en circulación dichas reproducciones o copias (Artículo 121 de la Ley sobre el Derecho de Autor).
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
La autoridad pública en Venezuela competente para la iniciación de los procedimientos
penales es el Ministerio Público al cual de conformidad con el artículo 105 del Código Orgánico
Procesal Penal le corresponde en el proceso penal:
1º dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía
de investigaciones para establecer la identidad de sus autores y partícipes;
2º ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en
cuanto se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción;
3º formular la acusación y ampliarla, cuando haya lugar, y solicitar la aplicación de la
penalidad correspondiente;
4º ordenar el archivo de los recaudos, mediante resolución fundada, cuando no existan
elementos suficientes para proseguir la investigación;
5º prescindir, en los casos permitidos por la Ley, del ejercicio de la acción penal;IP/N/6/VEN/1
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6º solicitar, cuando corresponda, el sobreseimiento de la causa o la absolución del
imputado;
7º proponer la recusación contra los funcionarios judiciales, así como la de los escabinos
y jurados;
8º ejercer la acción civil derivada del delito, cuando así lo disponga este Código;9º requerir del tribunal competente las medidas cautelares pertinentes;10º actuar en todos aquellos actos del proceso que, según la Ley requieran de su
presencia;
11º ejercer los recursos contra las decisiones que recaigan en los juicios en que
intervenga;
12º velar por los intereses de la víctima en el proceso;13º requerir del tribunal competente la separación del proceso del querellante, cuando
éste con su intervención obstruya reiteradamente la acción fiscal;
14º las demás que le sean atribuidas por este Código u otras leyes.En efecto el Ministerio Público puede iniciar de oficio  el procedimiento o hacerlo a instancia
de la parte agraviada.  En el caso de los artículos 338 y 339 del Código penal los delitos allí
contemplados son de acción pública de tal manera que corresponde al Ministerio Público iniciar la
acción de oficio, aunque ello no obsta que un particular denuncie el hecho ante el Ministerio Público oun funcionario público de conformidad con el artículo 92 del Código Penal.
En los casos referidos en los artículos 340 del Código Penal y 98 al 101 de la Ley de
Propiedad Industrial la acción no podrá iniciarse sino a instancia de la parte agraviada.
Los delitos establecidos en los artículos 119 al 122 contenidos en el Titulo VII Sanciones
Penales de la Ley Sobre Derecho de Autor sólo se iniciarán mediante denuncia de la parte agraviada(Artículo 123 de la Ley sobre el Derecho de Autor).
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para  entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
Los titulares de derechos de propiedad industrial, los licenciatarios o sus apoderados.
En el caso de derecho de autor puede intentar la acción cualquier titular de uno de los
derechos de explotación reconocidos por el propio texto legal, sea titular originario, derivado o por
efecto de la Ley, bien de un derecho de autor, de un derecho afín o de un derecho conexo al derecho
de autor. En este sentido debe entenderse que entre los titulares se encuentran el autor y susderechohabientes (bien por transferencia mortis causa  o acto entre vivos) conforme a los artículos 5,
29 y 50 de la Ley sobre Derecho de Autor, el productor de la obra audiovisual (Artículo 15 de la Ley
sobre el Derecho de Autor).  De la radiofónica (Artículo 16 de la Ley sobre el Derecho de Autor) o
del programa de computación (Artículo 17 de la Ley sobre el Derecho de Autor), así como el patrono
o el comitente, en los casos en que la obra se haya creado bajo relación de trabajo o por encargo(Artículo 59 de la Ley sobre el Derecho de Autor) en virtud de la presunción de cesión de los
derechos patrimoniales establecida en los dispositivos pertinentes, el editor o divulgador de la obra
anónima, como representante legal del autor (Artículo 8 de la Ley sobre el Derecho de Autor), elIP/N/6/VEN/1
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fotógrafo (Artículo 38 de la Ley sobre el Derecho de Autor), el editor de una obra que represente el
resultado de una labor científica (Artículo 36 de la Ley sobre el Derecho de Autor) y el divulgador de
una obra póstuma (Artículo 37 de la Ley sobre el Derecho de Autor), estos tres últimos como titulares
de derechos afines;  y los titulares de derechos conexos, es decir, los artistas, intérpretes o ejecutantes
(Artículo 92 de la Ley sobre el Derecho de Autor), los productores de fonogramas (artículos 95 y 96de la Ley sobre el Derecho de Autor) y los organismos de radiodifusión (Artículo 101 de la Ley sobre
el Derecho de Autor), o sus respectivos derechohabientes.
Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica,
cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan y las asociaciones, fundaciones y otros
entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación
se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetracióndel delito (Ordinales 3º y 4º del Artículo 116 del Código Orgánico Procesal Penal).
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Prisión
Tal y como lo contemplan, la Ley de Propiedad Industrial, el Código Penal y la Ley Sobre
Derecho de Autor, existe pena de prisión que puede ir según los casos contemplados en dicha
legislaciones, de un mes a cuatro años para castigar las conductas que infringen derechos depropiedad intelectual.
Sanciones pecuniarias
En efecto además de la pena de prisión establecida en el Código Penal y en la Ley de
Propiedad Industrial se castiga con multa  de cincuenta a un mil bolívares
- los que sin haber obtenido una patente o sin gozar de los privilegios de la misma, la
invoquen como si disfrutasen de ella;
- los que usen una marca, dibujo o modelos industriales sin tener el correspondiente
certificado de registro e indiquen que la marca, dibujo o modelo, están registrados;
- los que tengan una marca para determinada clase de productos y la apliquen como
marca registrada para productos pertenecientes a una clase diferente;  y
- los que en forma dolosa, pretendan mantener como válido un registro que haya
perdido sus efectos de acuerdo con la declaración pública de la autoridad competente.
En caso de reincidencia, la pena señalada en el presente artículo se convertirá en
prisión proporcional.  (Artículo 102 de la Ley de Propiedad Industrial)
En materia de derecho de autor, la resolución judicial que declare con lugar la pretensión del
cese de la actividad infractora, puede estar acompañada de una sanción pecuniaria, independiente de
la que se aplique en el ámbito penal.IP/N/6/VEN/1
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Es evidente que la sanción de multa es independiente de una eventual condena por
resarcimiento por daños y perjuicios.
Confiscación, decomiso, y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y
accesorios utilizados para su producción
El artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial establece que toda sentencia condenatoria
por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la destrucción de los elementos que hayan
servido o estuvieren preparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del
mismo.
En el caso de la Ley sobre el Derecho de Autor, el artículo 97 contempla una acción o
pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente
reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.
El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos
empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción ocomunicación diferente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de
Autor.
Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el
aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en elcual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a un
museo público.  La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios.
Otras medidas
En materia civil, el artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor dispone que el tribunal
puede, a solicitud de la parte interesada, ordenar que el dispositivo de la sentencia dictada con motivo
de cualesquiera de las acciones contempladas en su texto, sea publicado a costa de la parte vencida en
uno o varios periódicos indicados por el juez.
En materia penal, el artículo 124 de la Ley sobre el Derecho de Autor contempla la
posibilidad de que el Juez pueda decretar la publicación por la prensa de la sentencia condenatoria oabsolutoria, a costa del reo  o del denunciante, según los casos.
De igual forma, el Código Penal establece en el artículo 338 como facultativo del juez el
disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa del reo.
Como medidas correctivas que también pueden solicitarse de conformidad con el artículo 11
de la Ley sobre el Derecho de Autor se encuentran el embargo  de los proventos que correspondan al
titular del derecho de explotación litigioso y el secuestro de todo lo que constituya violación del
derecho de explotación, medidas estas que sólo pueden decretarse de conformidad con el mismo
artículo cuando se acompañe un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que sereclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunos de los medios probatorios, pero además
de las regulaciones específicas que sobre la materia contiene el derecho autoral, son siempre
aplicables, por vía supletoria las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, de suerte que las
medidas indicadas no impiden la práctica de otras, como por ejemplo, la prohibición de enajenar y
gravar bienes inmuebles, o que se tomen con fundamento al parágrafo primero del artículo 588 delmismo Código, las providencias adecuadas (medidas innominadas), de existir el fundado temor de que
una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ello
funciona también para los derechos de propiedad industrial.IP/N/6/VEN/1
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Además de todo lo expuesto el Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de
aplicar otro tipo de medidas de las establecida en las leyes, previo cumplimiento de determinados
requisitos denominadas medidas innominadas. (Artículo 588)
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
La reforma del antiguo Código de Enjuiciami ento Criminal por el nuevo Código Orgánico
Procesal Penal versó entre otras cosas en el diseño de un nuevo procedimiento penal que garantizara
los principios de dualidad, audiencia, igualdad, celeridad procesal, oficialidad, oportunidad y
legalidad entre otros, principios estos además de orden constitucional.
En este sentido el principio de dualidad se refiere a la existencia de dos partes en el proceso
en posiciones contrapuestas:  acusador y acusado donde el juez actúa como un tercero imparcial.
El de audiencia (“ Audiatur et altera pars ”), nadie puede ser condenado sin ser oído, pero esto
no significa que funcione sólo para el acusado, también el acusador debe ser oído bien cuandoformule su imputación o cuando solicite una resolución jurisdiccional, es el caso de la práctica
anticipada de pruebas irrepetibles (Artículo 316), la  decisión sobre la apertura a juicio (Artículo 334)
y el debate en el juicio oral (Artículo 347 y s.s.) todos del Código Orgánico Procesal Penal.
El de igualdad supone que las partes dispongan de los mismos derechos, oportunidades y
cargas para la defensa de sus intereses.
El de oficialidad a través de estos se obtiene la ventaja, desde la perspectiva de los intereses
públicos, de controlar la persecución penal a través de órganos estatales naturalmente diferentes, que
deberán ocuparse de aquella y del enjuiciamiento.
Los de oportunidad y legalidad:   el de oportunidad se contrapone al de legalidad, según este
último el Ministerio Público estará obligado a ejercitar la acción por todo hecho que revista los
caracteres de delito, siempre que de la investigación practicada resulten elementos de cargo
suficientes para mantener la acusación.
El principio de oportunidad se concreta en constituir una excepción al de legalidad.  Supone
la posibilidad de abstenerse de perseguir determinadas conductas delictivas, o de suspender el
procedimiento en curso, con o sin condiciones para ello, lo cual en el derecho anglosajón se traduce
en las figuras del "plea of guilty", confesión dirigida a evitar el juicio, y del "plea bargaining",
negociación entre el fiscal y el imputado que supone pactar la acusación con toda su extensión y, de
este modo, reducir o mutar a conveniencia, si es el caso,  el hecho penal en sí mismo considerado.
Es de acuerdo a estos principios que la reforma del proceso penal en Venezuela se encamina
hacia la agilización y modernización de los procesos, pero mal puede señalarse un tiempo preciso de
la duración del proceso o los costos, pues ello dependerá en gran medida del monto de los bienes
objeto de litigio y de la estimación de los daños ocasionados bien por lucro cesante o daño emergente,
lo cual es particular en cada caso.  En algunos casos en la fase preparatoria e investigativa donde ya
ha sido posible la identificación del presunto indiciado, el Ministerio Público puede demorar seis
meses y solicitar una prórroga a los fines de conseguir elementos para la solicitud del enjuiciamiento.
Además y en función de la celeridad procesal y de la eficacia de la justicia es posible para el
agraviado ejercer la acción civil por daños y perjuicios derivada del delito, la cual además puede ser
apreciada y decidida por el Juez Penal, opción ésta que tiene el titular y que contribuye a la
agilización del procedimiento y a la satisfacción de su derecho.  Este es el espíritu de la acción porIP/N/6/VEN/1
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daños y perjuicios contemplada en el Artículo 1185 del Código Civil Venezolano y los artículos 241
literal b) y 243 de la novísima Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, así como lo
dispuesto en nuestra legislación ya contemplado en otras partes del cuestionario.
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