RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/REG39/M/4
13 de octubre de 1998
(98-3941)
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales
Decimonovena reunión
EXAMEN DE LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LA
UNIÓN EUROPEA, SERVICIOS
Nota sobre la reunión celebrada el 24 de septiembre de 1998
Presidente:  Sr. Chul-Ki Ju (Corea)
1. El Comité de Acuerdos Comerciales Regionales abordó el examen de los aspectos de los
servicios de los Tratados Constitutivos de la Unión Europea en el marco del punto F.V del orden deldía de su decimonovena reunión, según figu ra en el aerograma WTO/AIR/915/Rev.1.
2. El Presidente recordó que la primera reunión consagrada al examen de los aspectos de los
servicios de los Tratados Constitutivos de la Unión Europea se había celebrado en noviembre de 1997
y que el tema estuvo presente en otras dos rondas, en el marco de la decimoséptima y decimoctava
reuniones.  Las actas de dichas reuniones figuraban en los documentos WT/REG39/M/1, 2 y 3.Además del modelo uniforme (WT/REG39/1), el Comité tenía ante sí un documento complementario
con preguntas y respuestas (WT/REG39/2), ajustado a la misma forma de presentación.  La
representante de las Comunidades Europeas le había informado de su intención de responder
verbalmente a las preguntas pendientes en el curso de la presente ronda de examen.  Al parecer, el
Comité se estaba acercando a las etapas de finalización del examen de los hechos;  teniendo esto
presente, recordó a los Miembros que era deseable pasar a la fase de consideración del informe de
examen.
3. La representante de las Comunidades Europeas dijo que iba a responder verbalmente a las
preguntas que su delegación había recibido por escrit o;  su delegación no había podido preparar las
respuestas a todas las preguntas formuladas, por lo que esperaría reunir todas las respuestas antes de
presentarlas por escrito.  Si su delegación no había finalizado el documento en cuestión, ello se debía
a que muchas preguntas no correspondían a este tipo de examen.  Debía tenerse en cuenta que, en elmomento de concluir las negociaciones de la Ronda Uruguay, los compromisos se habían negociado
globalmente, lo cual se reflejó en la presentación de una sola Lista de compromisos de la CE.  El
objeto del examen era determinar si la integración había producido un aumento de los obstáculos
respecto de terceros países.  Por su parte no veía la viabilidad técnica ni jurídica de efectuar tal
examen, ya que el nivel de la CE12 era el consignado en Marrakech y había entrado en vigor el 1º deenero de 1995.  Muchas de las preguntas formuladas se referían a la estructura de la CE, sus procesos
internos de adopción de decisiones, etc.;  cabía preguntarse hasta qué punto esas preguntas eran
pertinentes para el examen en curso.  Por tal motivo, en esta oportunidad respondería a las preguntas
que parecían pertinentes desde el punto de vista del examen.  La primera se refería a las solicitudes de
documentación.  Como había señalado en una ronda anterior, toda la documentación pertinente a quese refería el modelo uniforme estaba disponible en la Secretaría de la OMC.  Dicha información
estaba relacionada con el programa general de suministro de servicios.  La integración europea en su
conjunto se basaba en las llamadas "cuatro libertades" y las obligaciones fundamentales que regían las
actividades de los Estados miembros (ya sean éstos 6, 9, 10, 12 o, como ahora, 15):  libertad de
suministro de servicios, derecho de establecimiento, movimiento de personas necesario para elWT/REG39/M/4
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suministro de servicios y libertad de capital;  existían, pues, obligaciones muy importantes destinadas
a asegurar la libre circulación entre los Estados miembros.  Sin embargo, era un hecho conocido que
los derechos de acceso a los mercados no implicaban necesariamente que dicho acceso fuese fácil o se
viese facilitado.  Los Estados miembros habían adoptado una primera iniciativa amplia para facilitar
el acceso a los mercados en su Programa General de 1962, que incluía un programa general para elsuministro de servicios y un programa relativo al establecimiento, ambos publicados en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas (cuyos ejemplares pueden consultarse en la Secretaría).  El
siguiente paso en la aplicación de las cuatro libertades para la puesta en práctica del mercado interno
fue el denominado Libro Blanco de la Comisión al Consejo de Europa, de junio de 1998 (también
disponible en la Secretaría), que indicaba las medidas que los Estados miembros debían adoptar a
nivel de la Comunidad para el reconocimiento recí proco de títulos de aptitud, la armonización, etc. en
la esfera de la legislación de aplicación a partir de las cuatro libertades.  Además de estadocumentación general relativa a la iniciativa de aplicación, estaban también los Tratados
fundamentales, que contenían estas libertades básicas y otros arreglos institucionales.  Dichos tratados
eran los Tratados Constitutivos de la CEE y Euratom (denominados Tratado de Roma), el Acta Única
Europea, los Tratados de Adhesión, el Tratado de Maastricht y el Tratado de Amsterdam, que era la
modificación más reciente y unificaba a los demás.  Una información sobre el funcionamiento de laCE desde el punto de vista jurídico, con las libertades y otras políticas practicadas en común (como
las políticas de transporte, salud pública, consumo, competencia y otras) figuraban al final del Tratado
de Amsterdam en forma integral y podía consultarse en el Diario Oficial y en Internet.  En estas
fuentes existía abundante información sobre la integración europea.
4. Otro tipo de información solicitada se refería al volumen del comercio abarcado.  La
delegación de la representante ya había suministrado diagramas y gráficos sobre el aumento del
volumen del comercio como resultado de la integración.  Se vio que este aumento era igual tanto para
el comercio dentro de la CE como para el comercio con terceros países.  No podría, por lo tanto,
argumentarse la existencia de una desviación de las corrientes comerciales como consecuencia de la
integración.
5. En cuanto al hecho de que el sector del transporte era objeto de un tratado separado, explicó
que, en las condiciones imperantes después de la  segunda guerra mundial, dicho sector había sido
considerado de importancia estratégica y había estado tradicionalmente reglamentado por un conjunto
de normas muy específicas, regidas por muchos acuerdos bilaterales.  En 1957, los gobiernos
opinaron que el transporte no podía tratarse a través de las libertades clásicas del derecho de
establecimiento y suministro de servicios, y que se requería un capítulo especial sobre servicios de
transporte.  Pero esto formaba parte de su obligación general de crear una política común deltransporte conforme a los mismos principios que las demás políticas comerciales comunes.  A lo largo
de los años, ya sea a través de la jurisprudencia o de la legislación de aplicación, todo el sector del
transporte se había regido por el mismo conjunto de libertades fundamentales, derechos y
obligaciones, de modo que, al reglamentar el transporte, los Estados miembros estaban vinculados
entre sí por los principios básicos de no discriminación por motivos de nacionalidad, y tenían laobligación de asegurarse de que estuviera vigente toda la legislación necesaria para facilitar el
transporte entre los Estados miembros.  Con el tiempo había tenido lugar progresivamente una
liberalización interior del sector del transporte, proceso que fue más rápido para algunos modos de
transporte que para otros.  Los Estados miembros la habían realizado en el transporte marítimo, por
carretera y aéreo, y ahora estaban considerando cómo mejorar el acceso en materia de transporteferroviario y asegurar así el transporte multimodal.  Las iniciativas y reglamentaciones básicas
destinadas a asegurar un mercado único en la esfera del transporte tenían lugar, igual que en otros
sectores, incluso si el transporte se reglamentaba mediante un capítulo aparte.  El hecho de constituir
un capítulo aparte no se debía a características específicas del transporte y, a través de la experiencia y
la jurisprudencia, se aplicaban los mismos principios.WT/REG39/M/4
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6. En cuanto a cómo se distribuía la competencia compartida de la Comisión de la CE y los
Estados miembros y qué normas afectaban al comercio  de servicios tanto interna como externamente,
la oradora expresó que la cuestión de la distribución de competencias era difícil en la práctica de todos
los días.  La competencia compartida en el comercio de servicios sólo afectaba al proceso de adopción
de decisiones interno:  determinadas propuestas relativas al mercado interior debían adoptarse porunanimidad o mayoría especial, o incluso codecisión del Parlamento Europeo;  las propuestas de la
Comisión se transmitían al Consejo de Ministros para decisión.  Los efectos para las relaciones con
terceros países constituían la dimensión exterior y ésta debía ser la preocupación del Comité.  Era
dudoso que algunas preguntas necesitasen una respuesta, ya que muchas preguntas estaban
relacionadas con la política interior de la CE y las decisiones cotidianas.  El trato reservado a los
demás Miembros de la OMC se establecía en la Lista de compromisos de la CE, sin que tuviera
importancia al respecto si una determinada esfera era competencia del Estado miembro o de laComunidad como tal.  Todos los Estados miembros eran, separadamente, Miembros de la OMC, y las
Comunidades lo eran también colectivamente;  una vez contraído un compromiso, se aseguraba el
nivel de trato correspondiente, cualquiera fuera la fuente de competencia.  Una pregunta era si algunos
sectores de los servicios estaban excluidos del mercado interior y si los Estados miembros eran la
única autoridad de reglamentación.  Ninguna norma de las CE, excluía a ningún servicio.  Al igualque en el AGCS, los Estados miembros no tenían una definición de lo que era el universo de los
sectores de los servicios, pero podría argumentarse que todo el universo de los servicios era más
amplio de lo que se consideraba como universo de los sectores de los servicios en el marco del AGCS,
que más o menos correspondía a los sectores de servicios identificados en la CPC.  Las únicas
actividades de servicios (más que sectores) que las normas de la Comunidad excluían de lareglamentación eran las realizadas "en ejercicio del poder público".  Este término preciso se refería a
funciones que representaban facultades gubernamentales oficiales, como por ejemplo un notario
público con funciones oficiales de certificación de documentos, que se agregaran a sus funciones
normales de suministro de servicios.  Esas funciones pertenecían más bien a la esfera judicial y a la
protección de la seguridad nacional.  Aunque cada Estado miembro tenía derecho a definir su propioconcepto de ejercicio del poder público, no podría hacerlo eludiendo las libertades de suministro de
servicios o el derecho de establecimiento;  t odos habían asumido esas obligaciones a nivel
comunitario, por lo que éstas podrían ser objeto de recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia.  En
definitiva, incumbía a dicho Tribunal decidir sobre el alcance del ejercicio del poder público por los
Estados miembros, y el Tribunal había interpretado esta cuestión de manera muy estricta.
7. En relación con el derecho europeo de sociedades, la representante de las Comunidades
Europeas hizo notar que la legislación europea en la materia aún no había entrado en vigor pero estaba
a punto de hacerlo.  Los elementos que habían impedido su adopción en junio se referían más que
nada a la política social, y no a la política del mercado interior.  Lo que se preveía era un nuevo tipo
de sociedades de posible creación.  Los instrumentos legales proyectados establecerían, en cuanto a la
manera de constituir una sociedad, elementos comunes para todos los Estados miembros, de forma
que el registro en un Estado miembro fuese suficiente para el funcionamiento de la sociedad en losdemás Estados miembros.  Esto facilitaría y mejoraría enormemente el funcionamiento del mercado
interior.  Sería diferente a la situación actual, en que, para funcionar en un mercado, se requería de las
sociedades cierto tipo de presencia comercial bajo la forma de una persona jurídica, lo que
esencialmente equivalía a un requisito de nuevo establecimiento, salvo que la sociedad pudiera
suministrar todos los servicios sobre una base transfronteriza.  Con arreglo a la nueva iniciativa, elestablecimiento de una sociedad europea en un Estado miembro representaría al mismo tiempo su
establecimiento en otro Estado miembro.  De modo que, desde el punto de vista de dicha sociedad, los
Estados miembros de la CE habrían ampliado el alcance de su mercado interior, mejorando y
aumentando así las posibilidades de operar en un mercado único.  Ello tendría efectos positivos en
cuanto a las oportunidades para los proveedores de servicios, no sólo entre los Estados miembros sinotambién para terceros países, ya que los requisitos del proyecto de legislación para la constitución de
tales sociedades no distinguían entre operadores de servicios de los Estados miembros o de terceros
países:  toda sociedad que deseara establecerse con arreglo a la nueva forma propuesta de personaWT/REG39/M/4
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jurídica podría hacerlo en cualquiera de los Estados miembros, independientemente del origen del
capital o de los accionistas.  El nuevo derecho de sociedades sería una prueba adicional de las mejores
oportunidades para las actividades comerciales como resultado del mercado interior de la CE.
8. La representante comentó las preguntas relativas a la interpretación del requisito de "vínculo
efectivo y continuo", que había abordado en las respuestas comunicadas anteriormente.  Este conceptoera equivalente al que aparece en el párrafo 6 del artículo V del AGCS, que dice:  "operaciones
comerciales sustantivas".  Provenía del Programa General de 1962, ya mencionado.  La formulación
no establecía una definición de lo que constituía un vínculo comercial efectivo y continuo con un
Estado miembro o un lugar de registro;  pero se estableció explícitamente que un vínculo efectivo y
continuo no podría condicionarse a la nacionalidad de los socios, de los accionistas o de los miembros
del consejo de dirección de la sociedad.  Más bien, se trataba de saber si la sociedad en cuestión
desarrollaba efectivamente actividades en el país que había elegido para establecerse.  En otraspalabras, el requisito de "vínculo efectivo y continuo" estaba destinado a impedir las llamadas
operaciones "de buzón", en que una sociedad podría tratar de establecerse en alguna parte para poner
un pie en la Comunidad y sacar provecho de todo un mercado, cuando en realidad su único interés era
eludir determinadas normas o reglamentaciones.
9. Refiriéndose al comercio transfronterizo, la representante de las Comunidades Europeas
señaló que en el modelo uniforme las Partes se referían a medidas adoptadas para realizar el comercio
transfronterizo en servicios tradicionales tales como  los servicios financieros, el transporte y las
comunicaciones.  Figuraban a título de ejemplo;  el modelo uniforme de las Partes habría tenido que
ser demasiado extenso para abarcar todas las actividades de servicios contempladas en su legislación
de aplicación con el objeto de hacer efectiva la libertad de suministro de servicios.  Para cualquiersector, ya sea el turismo, la venta puerta a puerta, la construcción o, los servicios profesionales, existía
una legislación en apoyo de esta obligación.  En caso de no existir aún en algunos sectores una
legislación de aplicación, esto no significaba que los Estados miembros pudieran discriminarse entre
sí;  por el contrario, se aplicaría la obligación general.  Como en el artículo VI del AGCS, una vez que
los Estados miembros hubieran contraído compromisos de acceso a los mercados, recaía en ellos laobligación de reglamentar y aplicar medidas de manera no discriminatoria.  Para lo esencial de los
sectores de servicios y sin duda para los más importantes, las obligaciones se definían y aplicaban en
la Comunidad de manera más específica, pero allí donde las obligaciones no estaban aún elaboradas
de manera específica respecto de un sector, se aplicaban los principios generales, con la posibilidad de
hacerlas cumplir a través del Tribunal.
10. Seguidamente, la representante abordó preguntas sobre si los Estados miembros habían
elevado el nivel de restricciones al comercio de servicios respecto de cualquier Miembro de la OMC yqué efectos tendría para terceros países la armonización o el ajuste de las legislaciones como
consecuencia de la ampliación.  El trato otorgado por los 12 Estados miembros era el consignado en
su Lista de compromisos, que había entrado en vigor el 1º de enero de 1995, no habiéndose producido
ningún aumento de los obstáculos.  En cuanto a las preguntas relativas a la ampliación a 15 Estados
miembros, se estaba efectuando un examen por separado.  En relación con las futuras adhesiones, estacuestión se abordaría también en el momento apropiado.  Los asuntos mencionados estaban fuera del
alcance del presente examen.  Por tal motivo, su delegación pedía que las preguntas tratadas en la
reunión en curso estuviesen directamente relacionadas con el presente examen de la CE12, es decir, si
existía una cobertura sectorial sustancial, ausencia de discriminación, statu quo , desmantelamiento,
volumen comercial, etc.  En relación con todos estos requisitos, su delegación había suministradomucha información y parecía que el examen de los hechos se estaba acercando a su fin.
11. El representante de los Estados Unidos preguntó cuándo se distribuiría la información por
escrito.  También pidió explicaciones sobre si había un error en la presentación del gráfico del
anexo I, en el que la última línea decía "CE12" cuando quizá debía decir "CE15".  Refiriéndose a los
cuadros con estadísticas sobre importaciones y exportaciones, le interesaría saber qué abarcaban lasWT/REG39/M/4
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cifras, en particular, qué partidas estaban incluidas en la categoría "Servicios de comunicaciones" y
qué otras partidas estaban incluidas en la categoría "Otros servicios prestados a las empresas".
12. El representante del Japón aclaró que, debido a cierta confusión producida acerca de los
puntos suprimidos del orden del día de la reunión, su delegación no tenía preguntas por el momento
pero deseaba tener la oportunidad de formular preguntas en otra ronda de examen.
13. El Presidente dijo que habría oportunida d para plantear las preguntas pendientes.
14. El representante de Australia dijo que entendía la referencia de la representante de la CE al
concepto de "poder público" con el significado de "facultades gubernamentales".  La delegación de la
CE había explicado que los artículos 55 y 56 del Tratado eran conformes al párrafo 3 b) del artículo I
del AGCS, ya que los servicios mencionados eran esenciales y, por lo tanto, no estaban abarcados por
el AGCS.  La delegación de Australia agradecería  una confirmación de que, de conformidad con el
párrafo 3 c) del artículo I del AGCS, dichos servicios se suministraban en el ejercicio de facultadesgubernamentales y no sobre bases comerciales o en competencia con uno o más proveedores de
servicios.  El representante preguntó seguidamente si la CE tenía planes de privatización para la
prestación de tales servicios y, en tal caso, si se autorizaría el acceso a otros Miembros de la OMC
sobre la base del trato nacional.
15. En relación con la pregunta de los Estados Unidos acerca de las clasificaciones utilizadas en
las estadísticas, la representante de las Comunidades Europeas dijo que su delegación consultaría a la
oficina oficial de estadísticas en Luxemburgo, para aclarar el punto.  En cuanto al concepto de poderpúblico, confirmó que lo que figuraba en el Tratado de Roma se contemplaba también en el párrafo 3
del artículo I del AGCS;  si bien no existía una interpretación oficial del AGCS, lo que los Estados
miembros consideraban actividad de servicios del poder público era tal vez menos amplio que en elAGCS, pero se trataba del mismo tipo de actividad:  los servicios en cuestión no se suministraban
dentro de la Comunidad sobre bases comerciales y su prestación no estaba abierta a todo el mundo.
La excepción contemplaba muy pocas actividades.  Toda decisión de los Estados miembros acerca del
carácter de una actividad como en ejercicio del poder público se haría respetando plenamente sus
obligaciones resultantes del AGCS.  La representante indicó que se suministraría información porescrito a tiempo para la próxima ronda de examen.
16. El representante del Japón preguntó si existían textos jurídicos o jurisprudencia que definieran
el ejercicio del poder público.  Su delegación también agradecería que se incluyan en las respuestas
por escrito una explicación acerca de la nueva Ley Europea de Sociedades.
17. La representante de las Comunidades Europeas indicó que las respuestas escritas darían
respuesta a estas preguntas y desarrollarían las cuestiones relativas tanto a los servicios excluidos por
motivos de ejercicio del poder público como al nuevo derecho europeo de sociedades.
18. El Presidente señaló que las respuestas por escrito a las preguntas deberían presentarse antes
del final del mes de octubre.  Una vez efectuado el intercambio por escrito de preguntas y respuestas
pendientes, el Presidente Noirfalisse emprendería consultas para determinar si los Miembros
consideraban necesario efectuar otra ronda de examen de este Acuerdo.  En ese momento el Comité
podría decidir si pediría a la Secretaría que iniciara la redacción del informe del examen.
19. El Comité tomó nota de las observaciones formuladas.
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