RESTRICTED  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL  WT/CTE/M/12  
 21 de octubre de 1996  
DEL COMERCIO  
 (96-4380)  
 
Comité de Comercio y Medio Ambiente  
 
 
 
 INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA DEL  
 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1996  
 
 Nota de la Secretaría  
 
 
1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente se reunió del 11 al 13 de septiembre de 1996 bajo la 
presidencia del Embajador Juan Carlos Sánchez Arnau, de la Argentina.  Se aprobó el orden del día de la 
reunión, reproducido en el aerograma WT O/AIR/403.  
 
Puntos Primero  La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las Quinto  
medidas comerciales adoptadas con fines ambientales, con inclusión de las adoptadas en 
aplicación de acuerdos mul tilaterales sobre el medio ambiente ;  y 
 
La relación entre los mecanismos de solución de diferencias del sistema multilateral  de comercio y los  
previstos en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente  
 
2. El representante d e los Estados Unidos  presentó el documento no oficial de su delegación 
(de fecha 11 de septiembre de 1996) en el que se proponía cierto número de principios que se referían a 
la relación entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) y l a OMC para su 
inclusión en un marco convenido que debía presentarse a los ministros para su aprobación.  
 
3. El representante del Japón  dijo que la OMC debía demostrar su voluntad de hacer frente a los 
nuevos problemas, especialmente al del comercio y el medio ambiente, y que los resultados de los debates 
del Comité de Comercio y Medio Ambiente influirían en la credibilidad de la OMC.  Lo s progresos que 
hiciera el Comité en relación con el primer punto  debían reflejarse plenamente en la Sección  III de su 
Informe a la Conferencia Ministerial de Singapur (el "Informe"), en el que podrían basarse los futuros 
debates sobre este punto.  El Japó n propuso incluir los siguientes elementos en la  Sección  III:  i)  debería 
establecerse un mecanismo para fomentar el diálogo y la cooperación entre los AMUMA y la OMC, 
ampliándose, según sea necesario, el mandato del Comité;  ii)  era necesario establecer c iertas disciplinas 
para hacer más previsible y dar más estabilidad a la relación entre las medidas comerciales en cumplimiento 
de los AMUMA y la  OMC;  iii)  el enfoque diferenciado (es  decir, la distinción entre las medidas 
comerciales entre Partes en un AM UMA y entre Partes y no partes, y la distinción basada en el carácter 
específico de la medida comercial) debía servir de base para lograr un consenso sobre las posibles disciplinas 
relacionadas con las medidas comerciales adoptadas en aplicación de los AMU MA y la OMC;  iv)  en lo 
concerniente al enfoque diferenciado, en los futuros trabajos debía darse prioridad al problema de la 
relación Parte -no parte, y;  v)  para lograr que las políticas comerciales y ambientales se apoyen 
mutuamente, la OMC debía garanti zar que ninguna disciplina sería más restrictiva para los AMUMA que 
el status quo . 
 WT/CTE/M/12  
Página 2 
 
4. El representante de Nueva Zelandia  dijo que se había sugerido una serie de criterios para abordar 
este punto, y seguía habiendo divergencias de opiniones que se mantenían con firmeza.  Además del 
criterio sugerido por los Estados Unidos, es decir la presentación de algunos "temas principal es" para su 
aprobación ministerial, Nueva Zelandia consideraba que sería útil concentrarse en la tarea de encontrar un 
terreno común en Singapur basado en un examen de las diferentes categorías de medidas comerciales.  
Algunas de estas categorías podrían t ratarse antes de Singapur y las otras después de la 
Conferencia  Ministerial.  Este procedimiento era útil puesto que existía un problema que debía resolverse, 
y en Singapur debería adoptarse un conjunto de medidas listas para su aplicación.  Según las indi caciones 
actuales, era poco probable que ese conjunto de medidas resolviera el desacuerdo fundamental que existe 
acerca de la compatibilidad del derecho internacional correspondiente.  Si se pasaba por alto esta cuestión, 
se dejaría una herencia dudosa par a las comunidades del comercio y el medio ambiente.  Por ejemplo, 
continuaría la negociación de medidas comerciales en los AMUMA cuya posición frente a las normas de la 
OMC era incierta, lo que disuadiría a algunos países a firmar los AMUMA.  En efecto, el  Comité de 
Comercio y Medio Ambiente sostendría que se trata de un tema cuya solución dejaría al proceso de solución 
de controversias.  Podría ser difícil pero no era prematuro tratar este asunto.  Un resultado de status quo  
que tratara de hacer algo más q ue reflejar conclusiones comunes podría constituir una interpretación, lo que 
era no hacer nada.  Aunque un no "hacer nada" debidamente matizado podría constituir un resultado 
aceptable en Singapur, el representante preguntó si éste era todo el alcance de la visión colectiva del Comité.  
Un mejor criterio sería presentar resultados modestos pero tangibles que demostraran la seriedad con que 
el Comité de Comercio y Medio Ambiente abordaba esta cuestión.  Nueva Zelandia consideraba útil una 
declaración en el sentido de que medidas comerciales concretas concertadas entre las partes en un 
AMUMA probablemente no representarían un problema efectivo de coherencia con la OMC.  Este 
criterio era posible y práctico y tenía en cuenta el deseo de que las normas de la OM C no disminuyeran la 
capacidad de los AMUMA para alcanzar sus objetivos ambientales.  Otra posibilidad era referirse a 
observaciones de hecho sobre el problema OMC -AMUMA que fueran resultado del análisis del Comité 
de Comercio y Medio Ambiente.  Aunque qui zás no sería posible tratar a fondo el problema de las no 
partes, si se acordara que el Comité debería presentar resultados creíbles, podría reconocerse este hecho y 
llegar a un acuerdo acerca de la necesidad de ocuparse de esta cuestión después de Singapu r. 
 
5. El representante de las Comunidades Europeas  dijo que su delegación tenía grandes expectativas 
respecto de los resultados que pudieran obtenerse sobre este punto.  El criterio del Comité, que figuraba 
en un documento no ofici al (de 23  de febrero de  1996) sobre la forma de tratar la relación existente entre 
los AMUMA y la OMC, se basaba en ciertas hipótesis filosóficas.  Era indispensable presentar resultados 
que fueran creíbles sobre cuestiones controvertidas, entre ellas los AMUMA.  Teniendo presente este 
hecho, las CE estaban dispuestas a esforzarse por lograr el mejor resultado posible en Singapur.  Los 
resultados deberían ser equilibrados y constituir un todo.  Si las expectativas respecto del primer punto no 
tuvieran otra finalidad que llegar a una declaración normativa con arreglo a las propuestas de los Estados 
Unidos y Australia, tampoco podría esperarse obtener resultados más ambiciosos respecto de otros puntos.  
 
6. El representante de Australia  dijo que su delegación examinaría la propuesta de los 
Estados  Unidos, que presentaba el tipo de solución que podría ser útil para el Comité de Comercio y 
Medio Ambiente.  Se trataba sobre todo de presentar resultados que fueran realistas, exponer las 
diver gencias de opiniones y ofrecer resultados tangibles, gracias a los cuales la OMC reconocería las 
dificultades y seguiría esforzándose por resolverlas.  
 
7. El representante de Suiza  consideró que si bien el tipo de solución propuesta  por los Estados 
Unidos era minimalista, ofrecía una base para obtener resultados tangibles.  Aunque era cierto que en el 
Comité de Comercio y Medio Ambiente existían divergencias y las posiciones no eran muy lejanas, tal como 
lo había reconocido Nueva Zel andia, el Comité se enfrentaba con un problema difícil al que tendría que 
hacer frente.  Suiza estimaba que se trataba de definir la relación jurídica entre los dos tipos  de acuerdos 
internacionales, la OMC y los AMUMA.  Desde este punto de vista, un resul tado que sería una declaración 
de política sobre los aspectos menos problemáticos de esta cuestión no permitiría obtener una solución 
duradera y no era satisfactorio.  Sería necesario hacer nuevos esfuerzos por llegar a un consenso sobre los 
aspectos juríd icos.  Si bien sería difícil hacerlo en el tiempo disponible, cualquier acuerdo al que se llegara 
en Singapur no debería cerrar puerta alguna, y en cambio debería proporcionar una plataforma para seguir          WT/CTE/M/12  
         Página 3 
 
trabajando en este campo con el propósito de llegar a  soluciones concretas.  Suiza apoyaba las 
observaciones hechas por el Japón en el sentido de que debía enviarse un mensaje claro a los ministros 
sobre la necesidad de incrementar la cooperación entre la OMC y los AMUMA, con arreglo a los 
lineamentos trazad os en el documento no oficial de Suiza (de 20  de mayo de  1996).  
 
8. El representante de Corea  dijo que las divergencias existentes en las propuestas relativas a este 
punto no podían atribuirse a factores técnicos sino a aspectos sis témicos, jurídicos y políticos.  Como 
consecuencia de ello era poco probable que las cuestiones relativas al primer punto  se resolvieran por 
completo en Singapur, aunque se estaba logrando un cierto consenso sobre cuestiones tales como la 
necesidad de evit ar el unilateralismo y fomentar la transparencia.  Los esfuerzos del Comité de Comercio 
y Medio Ambiente habían permitido hacer progresos importantes, habían hecho realidad varias opciones y 
determinado sus méritos y sus limitaciones.  La Conferencia Minis terial debería tomar nota de los 
progresos realizados sobre este punto y tomar la decisión de continuar el trabajo en el Comité, entre otras 
cosas sobre:  i)  un análisis de todas las opciones contenidas en las propuestas, teniendo en cuenta las 
preocupacio nes expresadas, en particular en la Sección  II del Informe;  ii)  los análisis basados en 
elementos tales como la especificidad y las medidas comerciales adoptadas entre partes en los AMUMA o 
entre no partes, tal como se había indicado en las propuestas de Corea y Nueva Zelandia;  y 
iii) modalidades para promover la cooperación entre la OMC y los AMUMA a fin de aumentar la 
transparencia.  
 
9. El representante de los Estados Unidos  dijo que su delegación no buscaba una solución 
minimali sta, y su documento no oficial proponía un punto a partir del cual tratar de lograr el nivel más alto 
posible de consenso.  
 
Segundo Punto  La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas 
ambientales que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del sistema 
multilateral de comercio  
 
10. El representante de los Estados Unidos  dijo que la Conferencia Ministerial debería apoyar el 
concepto de exámenes ambientales de los acuerdos c omerciales, tal como lo había hecho la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y otras organizaciones.  A este respecto, los 
Estados  Unidos habían distribuido un documento no oficial (de 11 de septiembre de 1996) que contenía 
un proyect o de decisión sobre exámenes ambientales.  
 
11. El representante de Noruega  dijo que las recomendaciones a los ministros deberían incluir 
exámenes ambientales de los acuerdos comerciales en el contexto de una mayor liberalización del comercio.  
 
12. El representante de México  recordó las observaciones hechas por su delegación en reuniones 
anteriores sobre los exámenes ambientales de los acuerdos comerciales.  
 
Punto Tercero b)  La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las  
  prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas 
   y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado  
   y reciclado  
 
13. El representante de los Estados Unidos  presentó el documento no oficial de su delegación 
(de 11 de septiembre de  1996) que contenía un proyecto de decisión sobre transparencia del etiquetado 
ecológico, basado en una propuesta anterior de los Estados Unidos (WT/CTE/W/38).  En vista del 
desacuerdo existente sobre el ámbito de aplicación del Acuerdo  OTC y sin proponer otro requisito de 
notificación, los Estados Unidos indicaban que debía tratarse de una decisión mini sterial en la que se 
pudiera llegar a un acuerdo sobre la importancia de la transparencia.  En las consultas realizadas por su 
delegación con el sector privado sobre esta cuestión, las comunidades ambientales y comerciales y los grupos 
de consumidores habí an indicado que el fomento de la transparencia satisfacía sus objetivos.  
 WT/CTE/M/12  
Página 4 
 
14. El representante de las Comunidades Europeas  dijo que el documento no oficial de su delegación 
sobre etiquetado ecológico (de 23  de julio de  1996) indicaba  que podría no ser conveniente tratar el 
problema de la transparencia sin aclarar antes la situación de los instrumentos de evaluación del ciclo de 
vida en el etiquetado voluntario.  Aunque la propuesta de los Estados Unidos no coincidía con esta idea, 
las Comunidades Europeas reconocían que contenía algunos elementos útiles.  Por las razones indicadas 
al tratar el primer punto, las Comunidades Europeas no estaban convencidas de que sería conveniente 
adoptar una decisión concreta sobre etiquetado ecológico en Singapur.  En esta etapa, era preferible tratar 
el problema del etiquetado ecológico en la Sección  II del Informe, que podría incluir algunas conclusiones 
normativas para su examen por los ministros, dependiendo de la forma del Informe y de los resultad os 
obtenidos respecto de otros puntos.  Las Comunidades Europeas no consideraban que los elementos de 
la elaboración de un etiquetado ecológico enumerados en la propuesta de los Estados  Unidos constituían 
una situación independiente en la elaboración de pr ogramas de etiquetado ecológico, por ejemplo, la forma 
en que se tenían en cuenta las prácticas ambientales no nacionales al determinar la elegibilidad del producto 
era un requisito horizontal.  
 
15. El representante del Canadá  respon dió a las observaciones hechas al proyecto de decisión de su 
delegación sobre etiquetado ecológico (WT/CTE/W/38 -G/TBT/W/30).  Muchas delegaciones 
habían  puesto en tela de juicio el enfoque por etapas del etiquetado ecológico, con arreglo al cual el Comité 
de Comercio y Medio Ambiente se pondría de acuerdo en Singapur sobre los requisitos de notificación y 
trataría después de Singapur los criterios relacionados con el ciclo de vida y los procesos y métodos de 
producción (PMP) no relacionados con productos.  Este método no prejuzgaría el problema de los PMP 
no relacionados con productos.  Si bien era evidente que las medidas que tratan de "los  requisitos de 
etiquetado en cuanto se aplican a un producto, proceso o método de producción" entraban en general en 
el ámbito del Acuerdo  OTC, era menos evidente que ese alcance se extendiera a todas las medidas relativas 
a cualquier PMP, incluidos los que no estaban relacionados con productos, en especial en lo que se refería 
a las normas, en vista de la ambigua redacció n de la definición contenida en el anexo  1 del Acuerdo OTC.  
El proyecto de decisión del Canadá se basaba en esta distinción.  El Comité de Comercio y Medio 
Ambiente estaría en condiciones de aceptar que los programas de etiquetado ecológico, así como otro s 
programas de etiquetado, entraban en el ámbito general del Acuerdo  OTC sin prejuzgar si estaban 
incluidas las normas concretas de etiquetado ecológico basadas en PMP no relacionados con productos.  
Si bien el Comité de Comercio y Medio Ambiente podría co nvenir en que no estaba de acuerdo con la 
afirmación de que el Acuerdo  OTC abarcara estas últimas, esto no debería impedir que se reconociese 
que los programas de etiquetado ecológico deberían establecerse de conformidad con las disposiciones del 
Acuerdo  OTC.  Dentro del ámbito de los programas de etiquetado ecológico no sería posible separar los 
criterios de productos basados en resultados y los basados en PMP no relacionados con productos.  La 
sugerencia hecha por las Comunidades Europeas para establecer un código paralelo de conducta para los 
programas de etiquetado ecológico significaba separar los criterios sobre productos basados en sus 
resultados del Acuerdo  OTC a pesar de que eran normas como las demás.  Esto podría dar lugar a la 
búsqueda de un foro  adecuado y probablemente a obligaciones opuestas o disminuidas.  La propuesta de 
los Estados Unidos para aumentar la transparencia podría complementar las disciplinas básicas del OTC.  
Sin embargo, esta propuesta no era viable individualmente y podría ale ntar a los que favorecen un código 
paralelo de conducta.  
 
16. Existía la preocupación de que una acción para reconocer los análisis del ciclo de vida y el posible 
uso de PMP no relacionados con productos en los programas voluntarios de etiquetado pudieran crear 
precedentes en otros lugares.  El Canadá reconocía y compartía, hasta cierto punto, estas preocupaciones 
en lo que respecta al concepto de "producto afín".  El enfoque del Canadá reflejaba las necesidades 
comerciales de su indu stria de productos forestales para atender las demandas del mercado, aunque otras 
industrias, tales como las industrias químicas, textiles y de productos del consumidor, se habían enfrentado 
con problemas similares.  Por ejemplo, el papel tenía las mismas características físicas, ya sea que fuera 
producido a partir de bosques sometidos a una gestión sostenible, y se utilizara una tecnología de 
blanqueado al cloro u otra tecnología, y cualquiera que fuera el porcentaje del contenido de fibra reciclada.  
Sin embargo, los consumidores habían demostrado una preferencia por lo que consideraban un papel 
ambientalmente preferible que pertenecía a la categoría de PMP no relacionados con productos.  La 
industria canadiense había respondido a esta realidad del mercado  y su preocupación había pasado de los          WT/CTE/M/12  
         Página 5 
 
"productos afines" a la equivalencia.  Para el sector comercial, el problema consistía en saber si la 
diferenciación de los productos sobre la base de PMP no relacionados con productos reflejaba diferencias 
en las cap acidades de absorción ambiental y los requisitos normativos existentes entre países.  La 
preocupación ya no era saber si esa diferenciación de procesos era válida sino asegurar que esa 
diferenciación no se utilizaba abusivamente por razones proteccionistas . 
 
17. Otra preocupación era el temor de los países en desarrollo en relación con las normas laborales, 
temor que compartía por lo menos un país desarrollado, aunque desde un punto de vista diferente.  Para 
algunos, el Comité de Come rcio y Medio Ambiente estaría abriendo la puerta;  para otros, la estaría 
cerrando.  El Canadá había expresado su deseo de asegurar que los PMP no relacionados con productos 
no superaran el contexto de los programas voluntarios de etiquetado ecológico.  Ot ra preocupación era la 
que se refería al término "normas internacionales" utilizado en el proyecto de Decisión.  El debate sobre 
esta cuestión se había concentrado en el uso de la ISO  14000 como un ejemplo de trabajo en materia de 
normas internacionales en  esta esfera, en vista de las preocupaciones por el grado en que la ISO reflejaba 
un consenso internacional.  Teniendo en cuenta esta preocupación, el  Canadá había propuesto, sin éxito, 
que la UNCTAD convocara una reunión de un grupo de expertos para exami nar esta cuestión.  Cualquiera 
que fuera la opinión general del Canadá sobre la ISO, debía reconocerse el impacto que la ISO  14000 
tenía sobre el mercado.  La participación de la industria en la reciente reunión del Comité Técnico  207 
de la ISO indicaba el  grado en que la industria confiaba en la ISO para elaborar tales normas a fin de 
responder a las necesidades del mercado.  Este impacto debía ser examinado conjuntamente por el Comité 
de Comercio y Medio Ambiente y el Comité del  OTC.  La referencia hecha por el Canadá a las normas 
internacionales en el proyecto de Decisión no era limitada en vista del trabajo que se estaba realizando en 
la Red Mundial de Etiquetado Ecológico y del establecimiento de normas de gestión ambiental sectoriales.  
Si bien el Cana dá no objetaba el examen de las normas nacionales sobre la base del análisis del ciclo de vida 
tal como lo había sugerido una delegación, la referencia a las normas internacionales era adecuada por las 
razones antes expuestas.  Esta era una respuesta a las  críticas hechas a la propuesta del Canadá 
(WT/CTE/W/21 -G/TBT/W/21) de que los programas de etiquetado ecológico se elaboraran de 
conformidad con directrices convenidas multilateralmente que estaban todavía en proceso de preparación.  
En vista de que esas directrices, en forma de principios de orientación, metodologías y procedimientos en 
vez de valores o indicadores específicos, probablemente entrarían en vigor durante el próximo mandato del 
Comité de Comercio y Medio Ambiente, por lo cual era apropiado ex aminar sus posibles efectos.  
 
18. Algunas delegaciones habían preguntado si los programas voluntarios de etiquetado ecológico eran 
instrumentos efectivos de política basados en el mercado para fomentar los productos y servicios 
ambie ntalmente preferibles.  Algunos habían sugerido un análisis de sus efectos comerciales, a pesar de 
que en las monografías de la UNCTAD y en el Programa  21 se hacía referencia a ellos.  Si bien el éxito 
de los programas de etiquetado ecológico no era comple to, algunos habían demostrado tener efectos sobre 
el mercado.  Era posible seguir realizando otros análisis, pero esto no debería impedir una acción sobre la 
notificación básica y disciplinas conexas.  Algunos países en desarrollo habían expresado preocupa ción por 
las dificultades con que tropezaban las empresas pequeñas y medianas de esos países en lo que respecta a 
los programas de etiquetado ecológico.  Al igual que todas las demás normas, el problema para este tipo 
de empresas en todos los países, espec ialmente en los países en desarrollo, era más difícil que para las 
grandes empresas, pero no debía exagerarse el efecto del etiquetado ecológico.  La experiencia obtenida 
con el programa de etiquetado ecológico del Canadá, compartida por el programa Nordic  Swan, era que 
los productores no necesitaban conocer los procedimientos del programa de etiquetado ecológico puesto 
que era el importador el que proporcionaba la relación necesaria con el programa.  Las consultas 
celebradas con expertos en etiquetado ecol ógico sobre los problemas de los exportadores de los países en 
desarrollo, en especial en el sector textil, habían revelado que si bien los exportadores de estos países eran 
sumamente reacios a la utilización de PMP no relacionados con los productos, se ad aptaban a los requisitos 
del mercado.  El problema era de transparencia y de posibilidad de participar en la selección del grupo de 
productos y de criterios de productos, que era la finalidad del Código de Buena Conducta del OTC.  
 
19. Una preocupación justificada de muchos países en desarrollo era la necesidad de contar con más 
tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos del mercado planteados por los programas de etiquetado 
ecológico.  Un ejemplo era el de la reglamentación técnica  alemana que prohíbe el uso de los colorantes WT/CTE/M/12  
Página 6 
 
azo en los tejidos (G/TBT/Notif.93.312).  Este PMP no relacionado con productos no había sido objetado 
por los países más interesados, y en cambio su industria había decidido adaptarse a él.  Probablemente este  
hecho reflejaba que el país importador daba a los exportadores afectados la  posibilidad de hacer 
observaciones y aplazaba la fecha de aplicación para dar tiempo a los exportadores a adaptarse.  Algunas 
monografías habían demostrado el criterio práctico ad optado por las industrias de los países en desarrollo.  
El Comité de Textiles de Bombay había asumido una función "proactiva" prestando asesoramiento a las 
empresas del Comité sobre la manera de adaptarse a los requisitos del etiquetado ecológico (véase Eco-
labelling and other environmental quality requirements in textiles and clothing:  indications for developing 
countries , Centro Internacional de Comercio, 1996).  Un importante mayorista y minorista indio del sector 
de los textiles, Ramlal Durgadutta and Co., organizó una "colección ecológica" de telas y comprobó que "el 
costo de la producción aumentaba sólo marginalmente pero la imagen y la confianza en el producto 
mejoraba considerablemente", lo que a su vez aumentaba la rentabilidad.  La conclusión prel iminar del 
Canadá era que las actuales disposiciones del artículo  12 del Acuerdo  OTC eran suficientes para hacer 
frente a las preocupaciones prácticas de los exportadores de países en desarrollo, especialmente en lo que 
se refería a la necesidad de contar con más tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos del mercado.  
Para poder aplicar el artículo  12, era necesario reconocer que los programas de etiquetado ecológico 
entraban en el ámbito general del Acuerdo  OTC.  Una vez dado este primer paso, el Canad á no se 
opondría a que se estudiara si se necesitaban disposiciones adicionales en un programa de trabajo posterior 
a Singapur, junto con el examen del reconocimiento mutuo y la equivalencia.  Una delegación había 
señalado la falta de una disposición de eq uivalencia en el Código de Buena Conducta en contraste con la 
obligación relativamente débil del artículo  2.7 del Acuerdo  OTC.  En el Examen Trienal del OTC se 
estudiarían los problemas de la equivalencia para el Acuerdo  OTC y el Código de Buena Conducta p uesto 
que se trataba de una cuestión genérica.  En el Canadá, los practicantes del etiquetado ecológico se estaban 
ocupando de la cuestión de la equivalencia y otros problemas afines.  El PNUMA y la UNCTAD podrían 
desempeñar también un papel a este respect o.  Se había sugerido que el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente estudiara en qué forma los programas de etiquetado ecológico llevaban a cabo el análisis del ciclo 
de vida en su selección de criterios sobre productos.  Se había hecho una distinción entre a nálisis completos 
del ciclo de vida y enfoques más aproximados del ciclo de vida y una parte del trabajo futuro podría consistir 
en un examen de la forma en que estos últimos se aplicaban en la elaboración de criterios sobre productos.  
En lo que se referí a a la asistencia técnica, el CCI tenía un programa activo que trataba de aspectos prácticos 
de los programas de etiquetado ecológico y requisitos conexos, como parte de sus seminarios de 
seguimiento de la Ronda Uruguay.  
 
20. Era imp ortante lograr resultados concretos sobre el etiquetado ecológico en Singapur.  Sería 
irónico que el Comité de Comercio y Medio Ambiente no se ocupara del punto que tenía efectos más 
inmediatos sobre el comercio.  El ponerse de acuerdo solamente sobre la r ealización de nuevos análisis 
demostraría a la comunidad comercial que el Comité no abordaba seriamente las consecuencias 
comerciales de las políticas relativas al medio ambiente que obligarían quizás a establecer un grupo especial 
que se ocupara de estas cuestiones.  En efecto, ese grupo de trabajo determinaría la política sólo con la 
aportación de las partes (y quizás de las terceras partes) en la controversia.  Los miembros del Comité de 
Comercio y Medio Ambiente deberían dar orientaciones normativas a l os futuros grupos especiales sobre 
las cuestiones relacionadas con el etiquetado ecológico.  A falta de esta orientación normativa, el Canadá 
entendía el status quo  de la manera siguiente:  i)  se consideraría que los programas de etiquetado ecológico, 
voluntarios u obligatorios, entraban en el ámbito general del Acuerdo  OTC y del Código de Buena 
Conducta.  Esta posición significaba que la concesión de etiquetado ecológico era análoga al 
establecimiento de normas y que los órganos que concedían el etiquetado  ecológico eran una forma de 
órgano de normalización.  Tal como lo había señalado Australia, la Decisión del Comité  OTC de que una 
etiqueta estaba cubierta por el Acuerdo  OTC, cualquiera que fuera la información contenida en la etiqueta 
(o detrás de ella),  sería probablemente un factor importante;  ii)  en el caso de los programas voluntarios 
de etiquetado ecológico, el ámbito de aplicación del Acuerdo  OTC respecto de los PMP no relacionados 
con productos podría no ser muy claro dada la ambigüedad de la defi nición de las normas.  Dependiendo 
del caso y del carácter de las presentaciones del grupo especial, el grupo especial podría considerar esta 
cuestión definiendo si un determinado criterio de etiquetado ecológico basado en un PMP no relacionado 
con product os era discriminatorio, y no necesariamente si era un PMP no relacionado con productos;  y 
iii) el establecimiento de normas internacionales basadas en el análisis del ciclo de vida, tales como          WT/CTE/M/12  
         Página 7 
 
la ISO 14000, podría servir de base para la presunción sólo de  derecho de que cualquiera de estas normas 
no creaba un obstáculo innecesario al comercio internacional (artículo  2.5).  Puesto que las normas de la 
ISO eran normas de gestión relativas al cumplimiento de requisitos de política local, probablemente el 
problema giraría en torno de la determinación de si el etiquetado ecológico de que se trataba era 
discriminatorio y no si se basaba total o parcialmente en PMP relacionados con productos.  
 
21. El representante de los Estados Unidos  dijo que la opinión de su delegación era que el 
Acuerdo  OTC se aplicaba a los programas de etiquetado ecológico.  La propuesta de los Estados Unidos 
estaba dirigida a lograr un compromiso en relación con la transparencia, sin prejuzgar las opiniones de lo s 
miembros sobre el alcance.  Este hecho era importante para quienes estimaban que debía hacerse más en 
términos de obligaciones claras y para quienes pensaban que deberían cumplirse mejor las obligaciones 
existentes.  Los seis elementos en la elaboración de un etiquetado ecológico, enumerados en la propuesta 
de los Estados Unidos, que exigían la transparencia, podían no ser todos ellos etapas independientes, y era 
por esta razón que la propuesta señalaba que podían producirse de manera separada o simultáne a. 
 
Cuarto Punto  Las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transparencia de 
las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales y las medidas y prescripciones 
ambientales que tienen efectos comerciales significativos  
 
22. El representante de Noruega  dijo que esta cuestión había sido ya examinada extensamente, incluso 
en el grupo EMIT, y que ahora sería posible presentar las siguientes recomendaciones a los ministros:  i) 
todo nuevo mecanismo de tr ansparencia debería vincularse a las disciplinas actuales;  ii)  deberían evitarse 
los requisitos de notificación que pudieran dar lugar a una duplicación de otras disposiciones de la OMC u 
otros foros;  iii)  debería solicitarse a los foros pertinentes de l a OMC que mejoren el cumplimiento de las 
obligaciones de notificación existentes respecto de las medidas ambientales relacionadas con el comercio;  
iv) debería solicitarse de la Secretaría que proporcionara una compilación actualizada de las notificaciones  
existentes como referencia para los miembros;  y v)  deberían notificarse las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo  XX. 
 
23. El observador del Centro de Comercio Internacional  (CCI) dijo que el CCI trabajaba con 
institucio nes de promoción del comercio y con el sector comercial para fomentar el comercio de los países 
en desarrollo y de las economías en transición.  El CCI mantenía bases de datos sobre productos y 
mercados, compradores y vendedores, calidad de la exportación,  embalaje para la exportación y 
disposiciones jurídicas que rigen el comercio exterior.  Como las medidas de protección ambiental influían 
cada vez más en el comercio de los países en desarrollo, el CCI había recibido el mandato de emprender 
un trabajo sob re el comercio y el medio ambiente a fin de:  i)  proporcionar información sobre medidas 
ambientales relacionadas con el comercio para facilitar la adaptación de los exportadores de los países en 
desarrollo y de las economías en transición a los requisitos ambientales previstos en los mercados 
internacionales;  y ii)  encontrar oportunidades comerciales para los exportadores de los países en 
desarrollo y de las economías en transición, por ejemplo, la comercialización verde y la adquisición verde.  
Como un pr imer paso el CCI estaba estudiando la elaboración de una base de datos sobre medidas 
ambientales relacionadas con el comercio, que aprovecharía la información disponible en las notificaciones 
a la OMC.  El CCI presentaría su propuesta para establecer una b ase de datos disponible para las 
delegaciones interesadas.  
 
Sexto Punto  El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo 
relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los 
beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y 
distorsiones del comercio  
 
24. El representante del Japón  dijo que el debate sobre este punto debería tener una base amplia, ser 
objetivo y no destacar solam ente el sector agropecuario.  Era inaceptable que en el Informe se adoptara 
una descripción demasiado simple, en el sentido que la eliminación de las medidas de distorsión del 
comercio sólo tendría efectos ambientales positivos.  Estos efectos no se produc irían automáticamente WT/CTE/M/12  
Página 8 
 
mientras no se establecieran políticas ambientales apropiadas, y los efectos ambientales de la liberalización 
del comercio podían ser diferentes según los sectores y los países.  
 
25. El representante de la Argen tina dijo que había una contradicción inherente cuando se sostenía 
que el comercio libre y la protección ambiental se apoyaban mutuamente, mientras que al mismo tiempo 
se negaba que las distorsiones del comercio no tuvieran efectos ambientales negativos.  La Argentina estaba 
dispuesta a discutir otros sectores además de la agricultura en el marco de este punto.  
 
26. El representante de Australia  convino en que el debate sobre la relación entre la liberalización del 
comercio y la prote cción ambiental debería tener una base amplia.  En el documento de Australia 
(WT/CTE/W/36) se había citado a la agricultura como un ejemplo, pero el Informe debería incluir otros 
sectores para los trabajos que se realicen en el futuro.  La relación entre l a eliminación de las distorsiones 
del comercio y el medio ambiente era compleja y era necesario adoptar medidas ambientales adecuadas 
para hacer realidad los beneficios ambientales de la liberalización del comercio.  El Informe debería refutar 
firmemente q ue existiera un conflicto entre los objetivos de la liberalización del comercio y la protección 
ambiental.  
 
27. El representante de Corea  dijo que si bien en principio la liberalización del comercio contribuía a 
la protección del med io ambiente, había casos en que si no existían políticas ambientales apropiadas la 
liberalización del comercio podría exacerbar la protección del medio ambiente, tal como se había indicado 
en el documento WT/CTE/W/1.  De esa manera, no había contradiccione s inherentes en la declaración 
del Japón puesto que las medidas que distorsionan el comercio, por ejemplo las subvenciones, podrían en 
ciertos casos contribuir a la protección del medio ambiente.  
 
28. El representante de Nueva Zeland ia dijo que el hecho de que la liberalización del comercio no se 
traduciría en todos los casos en la protección del medio ambiente indicaba que era necesario proceder a un 
análisis más detenido.  
 
29. El representante de Noruega  dijo que el documento no oficial de su delegación (de 20  de junio 
de 1996) había citado la energía como un ejemplo de un sector que podría producir un doble beneficio, 
razón por la cual la liberalización del comercio podría entrañar ganancias ambientales y econ ómicas.  El 
Comité de Comercio y Medio Ambiente debería estudiar si estas situaciones de "sin perdedor" existían en 
otros sectores.  La agricultura era un ejemplo concreto.  El Acuerdo sobre la Agricultura había iniciado 
una reforma agrícola importante, y era necesario esperar todavía para conocer sus efectos.  Era necesario 
contar con más experiencia en el proceso de reforma de la agricultura antes de poder sacar conclusiones 
sobre el carácter de una mayor liberalización.  Noruega apoyaba las conclusiones generales del documento 
no oficial de las Comunidades Europeas (de 23  de julio de  1996) sobre la relación entre los beneficios 
ambientales y la reforma agraria.  Noruega estaba de acuerdo en que debía procederse de manera 
equilibrada y reconocer y analizar  las preocupaciones no comerciales vinculadas con la agricultura, incluida 
la conservación de los recursos de tierras agrícolas, el paisaje natural y los procesos ecológicos, la seguridad 
de la biodiversidad y una utilización sostenible de los recursos.  
 
30. El representante de las Comunidades Europeas  dijo que sobre este punto no existían diferencias 
importantes que no pudieran conciliarse.  En los casos en que existieran esas diferencias, debían 
reconocerse.  
 
31. El representante de los Estados Unidos  declaró que el documento de su delegación 
(WT/CTE/W/35) había subrayado que en el macro nivel la liberalización contribuía a la protección del 
medio ambiente mediante la creación de riqueza y abordando los problemas de las distorsiones del 
comercio que in terferían con la internalización de los costos, por ejemplo, las políticas relacionadas con el 
medio ambiente y los recursos naturales.  Las complejidades de esta relación se habían reconocido en la 
propuesta hecha por los Estados Unidos en favor de la rea lización de exámenes ambientales, un 
instrumento que los países podrían utilizar para hacer frente a estas situaciones complejas.  Aunque los 
Estados Unidos no habían sugerido que se examinara cualquier otro sector, el debate debía caracterizarse 
no sólo p or la amplitud de principios, sino que debía basarse en determinados sectores en los que existía la          WT/CTE/M/12  
         Página 9 
 
posibilidad de que las reformas relacionadas con el comercio se tradujeran en el mejoramiento del medio 
ambiente.  Se había prestado más atención a la agric ultura puesto que este sector había sido objeto de un 
mayor número de análisis.  
 
Octavo Punto  Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el medio 
ambiente  
 
32. El representante de Australia  presentó el documento no oficial de su delegación (de 11  de 
setiembre de  1996) en el que se determinaban varias cuestiones planteadas por la relación entre el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual  relacionados con el Comercio (ADPIC) y los 
objetivos ambientales con fines de un nuevo examen.  
 
33. El representante de los Estados Unidos  dijo que su delegación presentaría sus observaciones sobre 
el documento no oficial revisado d e la India (de 20  de junio de  1996) relativo al Acuerdo sobre los ADPIC, 
que no había presentado razones convincentes para realizar nuevos trabajos sobre la relación del Acuerdo 
sobre los ADPIC con el desarrollo y la transferencia de tecnologías y producto s ecológicamente racionales 
(TER/P) y el acceso a los mismos.  No había pruebas suficientes de que existiera un conflicto entre las 
normas de propiedad intelectual (PI) establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC, las obligaciones de los 
AMUMA, y la transf erencia de TER/P.  Los Estados Unidos no estaban de acuerdo con la tesis de que 
existían o podían plantearse problemas en relación con el uso y la disponibilidad de TER/P patentados que 
pudieran atribuirse al Acuerdo sobre los ADPIC.  La experiencia de los  Estados Unidos indicaba que no 
se planteaban problemas importantes con la difusión de TER/P patentados en los países que habían 
establecido sistemas de propiedad intelectual compatibles con los ADPIC.  El documento no oficial de la 
India no examinaba la f uente de los problemas que pudieran existir en relación con la transferencia de 
TER/P, tales como reglamentaciones ambientales, el clima para las inversiones extranjeras y las condiciones 
de mercado, que tenían un efecto mayor y más directo que la propieda d intelectual.  En el documento no 
oficial no se reconocía que la carencia de un sistema efectivo de propiedad intelectual en un país podía 
hacer que los titulares de TER se sintieran menos inclinados a transferirlos a ese país.  El documento no 
oficial de  la India contenía cierto número de inexactitudes.  Como se había señalado en el Comité de 
Comercio y Medio Ambiente y en la reunión de julio del Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC, varios 
artículos del Acuerdo indicaban claramente que un miembro no podía  revocar patentes TER/P y seguir 
siendo compatible con las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.  La interpretación del 
Acuerdo sobre los ADPIC en la forma sugerida por la India anularía todas las obligaciones de la sección de 
patentes.  El  artículo  27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC obligaba a los países a extender derechos de 
patentes por las invenciones en todos los campos de la tecnología, con excepción de los sectores indicados 
expresamente en el artículo  27.3, puesto que esas invenciones  eran nuevas, entrañaban una actividad 
inventiva y podían ser objeto de aplicación industrial.  Los derechos de patente deberían concederse sin 
discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos 
fueran im portados o producidos en el país.  Si las patentes pudieran revocarse por cualquier razón, el 
artículo  27.1 contendría una obligación sin sentido.  Los artículos  27, 29  y 32 indicaban que la única base 
para revocar una patente era el incumplimiento de las normas de patentes y toda decisión de revocar una 
patente sobre esa base podía ser objeto de apelación.  El incumplimiento de las condiciones del artículo  62 
podía traducirse también en la revocación de una patente, pero también esta decisión podía ser obj eto de 
apelación.  
 
34. En el documento no oficial de la India (de 19  de julio de  1996) relativo a los objetivos de la 
transferencia de tecnología en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se sugería que la frase "en 
condicio nes justas y en los términos más favorables", que figura en el artículo  16.2 del CDB, significaba 
condiciones "preferenciales y no comerciales";  esta interpretación no se justificaba.  El artículo  16 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica trata de las  "tecnologías pertinentes para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al 
medio ambiente", que constituían un subgrupo de TER.  La obligación se aplicaba a "cada  Parte 
Contratante" y no solamente a los países desarrollados, y la obligación no era "dar o facilitar acceso o 
transferir a otras Partes Contratantes".  Esta obligación podía cumplirse facilitando la transferencia de 
tecnología.  El documento no oficial d e la India dejaba de lado la segunda frase del artículo  16.2 del WT/CTE/M/12  
Página 10 
 
Convenio sobre la Diversidad Biológica en el que se aclaraba que el esfuerzo que haga un país para facilitar 
la transferencia de tecnología patentada debe ser compatible con una protección ad ecuada y eficaz de los 
derechos de propiedad intelectual establecida por el Acuerdo sobre los  ADPIC.  Ninguna disposición del 
Convenio obligaba a los países desarrollados a proporcionar a los países en desarrollo tecnologías patentadas 
de propiedad del sec tor privado en "condiciones preferenciales y no comerciales".  
 
35. En el documento no oficial de la India se interpretaba erróneamente la referencia en el 
documento  WT/CTE/W/22 a la posibilidad de copiar las tecnologías.  Algunas tec nologías eran más 
susceptibles que otras a una utilización indebida mediante copias hechas por terceras partes sin la 
autorización del titular del derecho.  En el documento no oficial de la India se convierte el debate sobre la 
relativa facilidad con que c ierto tipo de tecnología puede ser utilizada indebidamente mediante "copia", en 
una sugerencia de que la utilización no autorizada era un comportamiento legítimo promovido por los 
Miembros de la OMC, lo cual es erróneo.  El documento no oficial de la India  sugería que se debilitase el 
artículo  31 del Acuerdo sobre los ADPIC de manera que la concesión obligatoria de licencias sirviera de 
instrumento para garantizar una rápida transferencia de tecnología, sin tener en cuenta los derechos de 
patente.  De esta manera se deja de lado el propósito del artículo  31, que es evidente en vista de las 
restricciones que pone a la disponibilidad de esas licencias, propósito que consiste en dar a los gobiernos 
medios de corrección específicos y limitados para hacer frente al uso abusivo de una patente por el 
propietario de dicha patente, y al mismo tiempo impidiendo el abuso de estos mismos derechos por los 
gobiernos a expensas del titular de la patente.  Las disposiciones del artículo  31 que la India citaba en su 
documento  no oficial como obstáculos a la transferencia de tecnología eran la piedra fundamental del marco 
establecido para garantizar que los gobiernos no violen los derechos de los titulares de patentes.  El 
documento no oficial de la India sugería que las Partes  que trataran de obtener licencias sobre tecnologías 
patentadas y secretos comerciales deberían en primer lugar apelar a su gobierno, y no al propietario de la 
tecnología, y que se debería dar a los gobiernos la autoridad para dejar de lado las consideraci ones 
económicas de sus acciones.  Este procedimiento se traduciría probablemente en una disminución de la 
labor de investigación y desarrollo dedicada a la elaboración de TER.  El documento no oficial de la India 
sugería una situación "sin perdedores" si e l Acuerdo  sobre los ADPIC se modificara para permitir que los 
miembros redujeran el período de protección para los titulares de patentes de TER a menos de 20 años 
desde la fecha de presentación de la solicitud indicada en el artículo  33.  Este procedimient o sería 
contrario tanto a los intereses del titular de la patente como a los intereses del público.  El titular de la 
patente tendría un período más breve de derechos exclusivos para recuperar los costos de investigación y 
desarrollo y tendría que aumentar  el precio del producto o hacer frente a una pérdida de ingresos para 
poder continuar la investigación y el desarrollo.  El público pagaría precios más elevados o descubriría que 
se elabora un número menor de estas tecnologías y productos.  Nada indicaba q ue el problema de los 
derechos indígenas mencionados en el documento no oficial de Australia guardaba relación con el Acuerdo 
sobre los ADPIC.  Esta opinión no se debería prejuzgar en el Informe.  
 
36. El representante de Suiza  dijo q ue el Acuerdo sobre los ADPIC había entrado en vigor sólo 
recientemente y sus disposiciones serían aplicables plenamente a los países Miembros en desarrollo sólo 
después de un período de transición de cinco años.  El objetivo del Acuerdo sobre los ADPIC no  era 
proteger el medio ambiente.  Sin embargo, el artículo  27.3 permitía excluir de la patentabilidad a las 
invenciones que pudieran causar graves daños al medio ambiente.  Esta disposición sería examinada 
nuevamente en enero de  1999.  La protección de los  derechos de propiedad intelectual era indispensable 
para alentar el desarrollo de nuevas tecnologías y TER y facilitaría la transferencia de tecnología al ofrecer 
cierta seguridad a las empresas que invierten en el extranjero o exportan sus productos más recientes.  La 
obligación de reemplazar ciertas tecnologías que causan daño al medio ambiente con tecnologías y recursos 
ecológicamente racionales, tales como las que figuraban en algunos AMUMA, podría entrañar costos de 
aplicación para los países en desar rollo y las pequeñas y medianas empresas.  La solución de estos 
problemas no consistía en disminuir la protección de la propiedad intelectual, sino en medidas positivas 
tales como las que figuran en el Protocolo de Montreal, entre ellas la financiación de la substitución y 
transferencia de tecnologías apropiadas.  Podría alentarse la transferencia de tecnologías nuevas, más 
ambientalmente racionales y la adopción de diversas medidas que favorecerían las inversiones 
independientemente de los sistemas de prop iedad intelectual.  Suiza estimaba que no existía una 
contradicción entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que no          WT/CTE/M/12  
         Página 11 
 
había nada en el Acuerdo sobre los ADPIC que fuera contrario al Principio  2 de la Declaración  de Río.   
Por consiguiente, no era necesario modificar el Acuerdo sobre los ADPIC para tener en cuenta las 
preocupaciones de carácter ambiental.  
 
37. El representante de la India  se refirió a las observaciones hechas al documento no oficial de su 
delegación sobre la transferencia de tecnologías y productos ecológicamente racionales (de 20  de junio 
de 1996).  Se refirió a la observación hecha en el sentido de que estos problemas no existían para la 
difusión de TER/P en el caso de los países qu e habían establecido un sistema de propiedad intelectual 
compatible con los ADPIC, y que estos problemas tendían a producirse como consecuencia de los 
obstáculos a las inversiones extranjeras y al comercio de estos productos.  El problema consistía en sabe r 
si un país que tenía la capacidad interna para utilizar ciertas tecnologías y era autosuficiente en la producción 
de ciertos productos que posteriormente debían eliminarse gradualmente de conformidad con un 
AMUMA, debería depender desde entonces de las i mportaciones y modificar su estructura industrial y 
comercial en estos sectores como consecuencia de dicho AMUMA.  Preguntó cuál era entonces el sentido 
de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", o "en condiciones justas y en los términos más 
favor ables".  Preguntó de qué manera debían hacerse realidad estos términos salvo mediante el Acuerdo 
sobre los ADPIC, que era la única legislación comercial internacional sobre la materia.  La verdadera 
fuente y la solución de estos problemas dependía del Acue rdo sobre los ADPIC, y el Comité de Comercio 
y Medio Ambiente ofrecía a los miembros la oportunidad de conciliar la protección ambiental con los 
derechos de propiedad intelectual.  Debía facilitarse la relación entre estos dos objetivos.  Había muchos 
factores que afectaban la transferencia de tecnología, pero en el caso de TER/P patentados el factor 
fundamental era la protección de la propiedad intelectual.  Los solicitantes buscaban y obtenían la 
protección mundial mediante el Acuerdo sobre los ADPIC pues to que se consideraba que la protección 
del derecho de propiedad era importante.  Si los TER/P de que se trataba fueran de dominio público, esta 
protección del derecho de propiedad podría no ser un factor fundamental.  Sin embargo, cuando existía 
un contro l muy estrecho de las tecnologías era necesario encontrar una solución para ponerlas a disposición, 
con fines de protección ambiental, de los países que no tenían acceso a ellas en "condiciones justas y en los 
términos más favorables".  
 
38. El documento no oficial de la India ponía de relieve las contradicciones entre las disposiciones de 
los AMUMA y el Acuerdo sobre los ADPIC y sugería que cuando la legislación internacional o nacional 
obligaba a utilizar ciertos TER/P debería foment arse la copia o la retroingeniería para lograr una mayor 
difusión de su utilización, especialmente si no era obligatorio transferirlas en "condiciones justas y en los 
términos más favorables".  Con este propósito podrían utilizarse las disposiciones obliga torias sobre 
licencias del Acuerdo sobre los ADPIC.  La intención de la India era incorporar los objetivos del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica en el Acuerdo sobre los ADPIC y examinar la transferencia de la tecnología 
en el contexto de este último A cuerdo puesto que no había sido un tema central de las negociaciones.  El 
documento no oficial de la India relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (de 19  de julio de  1996) trataba de incorporar las preocupaciones del  Convenio en el Acuerdo 
sobre los ADPIC a fin de conciliar sus objetivos.  Trataba de cuestiones relacionadas con el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica distintas del problema de la transferencia de tecnología, que se examinaba en 
el documento no oficia l revisado de la India relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y la transferencia de 
tecnología (de 20  de junio de  1996).  El problema que se planteaba era determinar si los derechos 
soberanos de un país sobre sus recursos genéticos estaban protegidos adecuada mente por el Acuerdo sobre 
los ADPIC, que era el único acuerdo que podía tratar la cuestión relativa a lo que sucedía con los beneficios 
obtenidos de la explotación comercial del material biológico indígena y los conocimientos tradicionales de 
los países e n desarrollo.  Este era el problema que la India deseaba tratar dentro del contexto del 
artículo  27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El documento no oficial de Australia planteaba cuestiones 
similares a las indicadas por su delegación pero desde un punto de  vista diferente.  La India apoyaba el 
último párrafo del documento no oficial de Australia y el Informe debería tratar de tener en cuenta las ideas 
que contenía.  
 
39. El representante de los Estados Unidos  dijo que en el contexto de  un AMUMA podría haber un 
objetivo común en el sentido de que una determinada tecnología era perjudicial para el medio ambiente y 
debía ser eliminada gradualmente.  El AMUMA no trataba de la ventaja comparativa de un país, pero se WT/CTE/M/12  
Página 12 
 
había llegado a la conclu sión de que existía un problema ambiental.  En efecto, este hecho cambiaba el 
mercado porque era necesario modificar un determinado tipo de conducta que causaba daños ambientales.  
Era difícil aceptar que la OMC debería ocuparse de cambios del mercado que fueran resultado de la 
realización de objetivos ambientales diferentes de los otros factores del mercado que daban lugar a esos 
cambios.  Era difícil aceptar la propuesta de la India de incorporar elementos del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en el Acuerdo sobre los ADPIC.  La OMC debería apoyar las actividades de otras 
organizaciones y no obstaculizar los esfuerzos destinados a hacer frente a los problemas ambientales de 
manera multilateral, pero la OMC no era una organización que se ocupara de cues tiones ambientales y 
carecía de la competencia necesaria para incluir los objetivos de un AMUMA en los acuerdos de la OMC.  
 
40. El representante de Cuba  dijo que, como un comentario preliminar al documento no oficial de 
Australia, su  delegación apoyaba su último párrafo.  
 
Décimo Punto  Aportación a los órganos correspondientes en lo que respecta a arreglos apropiados  para 
establecer relaciones con las organizaciones no gubernamentales mencionadas en el 
artículo  V de la OMC  
 
 
41. Como resultado de la Decisión del Consejo General de 18  de julio de  1996 sobre "Directrices 
para conceder la condición de observador a las organizaciones intergubernamentales en la OMC" 
(WT/L/161/Rev.1), el Comité de Comercio y Medio Ambi ente decidió  conceder la condición de 
observador con carácter permanente a las organizaciones intergubernamentales a las que se había concedido 
previamente la condición de observador sobre una base ad hoc . 
 
42. El representante de los Estados Unidos  consideró que este punto era importante y expresó su 
satisfacción por la decisión del Consejo General (WT/L/160) sobre "Directrices relativas a arreglos sobre 
las relaciones con las organizaciones no gubernamentales ( ONG)" destinadas a fomentar la interacción entre 
la OMC y las ONG, especialmente en la esfera del medio ambiente.  
 
43. El Presidente  recordó que la Secretaría organizará, el 26  y 27 de septiembre y el 3  de octubre, 
dos reuniones de i nformación no oficiales para las ONG que se ocupan de cuestiones relacionadas con el 
comercio y el medio ambiente.  
 
44. El Presidente  recordó el acuerdo adoptado por el Comité de Comercio y Medio Ambiente en  el 
sentido de que el Pres idente distribuyera un proyecto de la Sección  III del Informe para su examen  y en 
preparación de la aprobación por el Comité de todo el Informe en la reunión del 24  y 25 de octubre.