ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  IP/Q/PHL/1 
IP/Q2/PHL/1 
IP/Q3/PHL/1 IP/Q4/PHL/1 
18 de febrero de 2004 
 
 
(04-0634) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Original:   inglés 
 
  
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN 
FILIPINAS
1 
 En el presente documento se reproduce la decl aración introductoria de la delegación de 
Filipinas, las preguntas que se le han formulado y l as respuestas facilitadas en relación con el examen 
de la legislación llevado a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días 18 a 22 de junio 
de 2001.2 
_______________ 
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA 
A. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN FILIPINAS ANTES DEL ACUERDO SOBRE 
LOS ADPIC 
Con excepción de los nuevos derechos de pr opiedad intelectual que se derivan de las 
novedades en la tecnología de la información, las co municaciones y la ingeniería genética, la mayoría 
de los derechos de propiedad intelectual reconocidos  en la actualidad ya estaban protegidos por la 
legislación de Filipinas antes de la entrada en vi gor del Acuerdo sobre los ADPIC.  A este respecto, 
cabe citar en particular: 
1. La Ley de la República Nº 165, en virtud de la cual se conc eden patentes a las 
invenciones, los modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales desde 1947; 
2. El Decreto Presidencial Nº 1520, que prevé el registro de los acuerdos de 
transferencia de tecnología desde 1975; 
3. La Ley de la República Nº 166, por la que se protegen las marcas de fábrica o de 
comercio, los nombres comerciales, y otras marcas, incluidas las indicaciones geográficas, desde 1947; 
4. El Decreto Presidencial Nº 49, por el que se protegen el derecho de autor y los 
derechos conexos, incluidos los pr ogramas de ordenador, desde 1974; 
                                                     
 
1 En lo que respecta a las leyes y reglamentos notificados por Filipinas de conformidad con el párrafo 2 
del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/PHL/1, 2 y Add.1, IP/N/1/PHL/C/1, 
1/Add.1 y 2-6, IP/N/1/PHL/I/1, 1/Add.1 y 2-9, IP/N/1/PHL/L/1, IP/N/1/PHL/P/1, 2 y 2/Add.1, e 
IP/N/1/PHL/T/1. 
 
2 Las actas de esta reunión se distribuyeron con la signatura IP/C/M/32. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 5. El Decreto Presidencial Nº 1987, que prev é la protección rigurosa de los videogramas, 
desde 1985; 
6. El Código Penal revisado de Filipinas ( 1930) y el Código Civil de Filipinas (1949), 
que protegen la información no divulgada; 
7. El Código Penal revisado (1930), que sanci ona la competencia desleal, la imitación 
fraudulenta, las infracciones de las denominaciones de origen y las denominaciones de origen falsas. 
Desde el siglo XVI, existe en el país un sistem a judicial bien desarrollado.  Las decisiones 
fundadas en la Constitución, las leyes y las re soluciones del Tribunal Supremo con arreglo al 
principio del stare decisis , así como los reglamentos, se promulgan por escrito indicando claramente 
el fundamento jurídico y los hechos demostrados  por las pruebas.  El Tribunal Supremo es la 
autoridad máxima para la revisión de las decisione s de todos los tribunales inferiores.  Se publican 
todas sus resoluciones. 
El Reglamento Judicial prevé procedimientos civiles y penales, que incluyen recursos 
provisionales para la observancia de todos los de rechos de propiedad intelectual protegidos.  
El Decreto Presidencial Nº 1987 (1985), el Decret o del Poder Ejecutivo Nº 913 (1983) y la Orden 
Administrativa de Aduanas Nº 7-93 (1993) establece n procedimientos administrativos y medidas de 
control en frontera. 
Por su parte, el Tribunal Supremo ha establecido tribunales encargados especialmente de las 
causas relativas a los derechos de propiedad intel ectual, que deben juzgarse dentro de los 60 días 
siguientes a su incoación y fallarse en un plazo de 30 días sin posibilidad de aplazamiento, salvo que 
las circunstancias lo justifiquen (Auto Admi nistrativo Nº 113-95 del Tribunal Supremo). 
 Desde 1947 se puede recurrir a procedimientos c ontradictorios tales como la oposición, la 
revocación y la nulidad, de conformida d con las Leyes de la República N
os 165 y 166 y las normas 
relativas a la práctica en los asuntos de patentes y marcas de fábrica o de comercio.  Las decisiones se 
hacen por escrito, indicando claramente el fundament o jurídico y fáctico y con copia a las partes.  
Éstas pueden recurrirlas ante los tribunales, inclus o el Tribunal Supremo que es la última instancia. 
 Para mejorar la coordinación de los organism os encargados de la observancia se creó el 
Comité Interinstitucional de Derechos de Propied ad Intelectual, integrado en un principio por 
14 miembros.  En noviembre de 2000 el  Comité constaba de 19 miembros. 
 La protección y observancia de los derechos de  propiedad intelectual se fundan y asientan en 
la Constitución (1987) que confiere expresamente al Estado el mandato de proteger y garantizar los 
derechos exclusivos de los cien tíficos, inventores, artistas y otro s ciudadanos de talento sobre sus 
creaciones que sean objeto de la propiedad inte lectual en los plazos previstos por la ley. 
 Su estructura legal, judicial y administrativ a ponía a Filipinas en condiciones de incorporarse 
a una organización multilateral dedicada a lo s derechos de propiedad intelectual. 
B. INGRESO DE FILIPINAS EN LA OMC  E INCORPORACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC  A LA 
LEGISLACIÓN DEL PAÍS  
 El Secretario de Comercio e Industria firmó el Acta Final de la Ronda Uruguay en nombre de 
Filipinas el 15 de abril de 1994.  El 15 de diciem bre del mismo año, el Sena do adoptó la Resolución 
Nº 97 en la que expresaba su conformidad con la ratificación del Acuerdo de la OMC por el  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 Presidente de Filipinas;  el día siguiente, 16 de diciembre de 1994, éste firmó el instrumento de 
ratificación. 
 Hasta la fecha sigue en vigencia el ordena miento jurídico antes descrito.  Además, en 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Acuerdos de la OMC, especialmente del Acuerdo 
sobre los ADPIC, Filipinas promulgó la Ley de  la República Nº 8293, conocido también como 
Código de Propiedad Intelectual, por la que se creó la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, 
con las consiguientes mejoras.  La Ley entró en vigor el 1º de enero de 1998. 
 El Código de Propiedad Intelectual refundió lo s textos de las principales leyes y enmiendas 
relativas a los derechos de propiedad intelectual y definió los siguientes derechos de propiedad 
intelectual:  derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábr ica o de comercio y marcas de 
servicio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, y pr otección de la información no divulgada. 
 Aunque Filipinas no disponía de experiencia en materia de esquemas de trazado de circuitos 
integrados y de protección de las obtenciones vegeta les, el Congreso aprobó un proyecto de ley sobre 
esquemas de trazado que se prevé sea promulgado en breve por el Presidente;  el proyecto de ley 
sobre las obtenciones vegetales se encuentra en  una fase avanzada de discusión en el Congreso. 
C. E
L SISTEMA DE PATENTES :  ANTES Y DESPUÉS  
 Con la antigua legislación Filipinas aplicaba el sistema del "primer inventor".  Con el Código 
de Propiedad Intelectual se ha adoptado el sist ema del "primer solicitante".  Mientras que las 
invenciones eran protegidas durante 17 años, contad os desde la concesión de la patente, este plazo se 
ha ampliado a 20 años a partir de la fecha de present ación de la solicitud.  En cuanto a los modelos de 
utilidad, la legislación anterior otorgaba protecci ón durante cinco años, m ás dos períodos renovables 
de cinco años.  La duración de la protección fu e modificada, estableciéndose un plazo no renovable de 
siete años.  Para los dibujos y modelos industriales se mantiene el plazo de protección de cinco años, 
más dos períodos renovabl es de cinco años. 
 Mientras que la legislación anterior preveí a el examen sustantivo obligatorio de las 
invenciones, modelos de utilidad y dibujos y modelo s industriales, con el nuevo régimen el examen de 
la invención es opcional o prev ia petición, y los modelos de utilidad y los dibujos y modelos 
industriales deben registrarse.  En virtud del pr oyecto de ley aprobado por el Congreso, los esquemas 
de trazado quedarán protegidos por el registro .  La nueva ley establece expresamente que la 
publicación se efectuará dentro de los 18 meses sigui entes a la fecha de presentación de la solicitud o 
a la fecha de prioridad, mientras que el sistema anterior se limitaba a prever la publicación tras la 
concesión de la patente.  La sanción por infraccion es reiteradas, que consistía en una multa de diez 
mil (10.000) pesos y/o una pena de cinco años de prisión, en el Código de Propiedad Intelectual se 
incrementó a una pena pecuniaria de cien mil (100.000) a trescientos mil (300.000) pesos y/o una 
pena de prisión de seis meses a tres años;  la pr escripción de la acción penal tiene lugar después de 
tres años, en lugar de los dos que preveía la legislación anterior. 
 Por último, para reforzar más su sistema de patentes Filipinas ratificó el Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes, pasando a ser su miembro Nº 112.  Esta Tratado entrará en vigor 
con respecto a Filipinas el 17 de agosto de 2001. 
D. EL SISTEMA DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO :  ANTES Y DESPUÉS  
 La ley derogada que regulaba las marcas de fábrica o de comercio exigía el "uso efectivo" 
antes de presentar solicitudes en la jurisdicción naci onal, pero si la solicitud se basaba en un registro IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 extranjero no se incluía a ese requerimiento.  El Código de Propiedad Intelectual suprimió el uso 
como requisito para las solicitudes.  La legislaci ón anterior confería la protección durante 20 años 
renovables por períodos de 20 años mientras que con el nuevo régimen la duración de la protección es 
de 10 años renovables por períodos de  10 años.  La ley derogada exig ía una declaración jurada de uso 
(o de no uso) en los aniversarios quinto, décimo y decimoquinto.  En la actualidad, debe presentarse 
una prueba de utilización dentro de los tres años siguientes a la presentación de la solicitud.  La declaración jurada de uso debe presentarse dentro del año siguiente al quinto aniversario. 
 El Código de Propiedad Intelectual suprimió el Registro Suplementario que establecía la 
legislación anterior, con el que las marcas que no podían inscribirse en el registro principal se 
registraban sin oposición y sólo se publicaban d espués del registro.  También se aumentaron las 
sanciones pecuniarias por infracción, competencia desl eal, denominación de origen falsa, descripción 
o representación falsa;  estas sanciones, que se situ aban entre los quinientos (500) y los dos mil 
(2.000) pesos, pasaron a ser de cincuenta mil (50. 000) a doscientos mil (200.000) pesos.  Asimismo, 
las penas de prisión, que en el sistema anterior oscilaban entre los seis meses a tres años y cuatro 
meses, aumentaron de dos a cinco años.  Mientras  que anteriormente la sanción penal podía ser una 
multa o una pena de privación de libertad o ambas, según lo decidiera el tribunal, el Código de 
Propiedad Intelectual impone ambas, una mu lta y una pena de privación de libertad. 
E. D
ERECHO DE AUTOR :  ANTES Y DESPUÉS  
 La nueva ley exige el depósito  de determinadas obras a los efectos únicamente de completar 
los registros de la Biblioteca Nacional y la Bib lioteca del Tribunal Supremo.  Con la legislación 
anterior, el depósito en la Biblioteca Nacional era un requisito necesario para el resarcimiento por 
daños y perjuicios en caso de infracción. 
 El Código de Propiedad Intelectual derogó el  Decreto Presidencial Nº 285 sobre concesión de 
licencias obligatorias o reimpresión de libros y mate riales educativos, científicos o culturales, cuando 
sus precios aumenten tan exageradamente que r esulten perjudiciales para el interés nacional. 
 El Código de Propiedad Intelectual aumenta las sanciones en caso de infracción.  Con la 
legislación anterior, la sanción era una multa de dos cientos (200) a dos mil (2.000) pesos y/o prisión 
de un año.  En la actualidad, la sanción en el caso  del primer delito es una multa de cincuenta mil 
(50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos y una pena de prisión de uno a tres años.  Cuando se 
trata de un segundo delito, la sanción oscila entre ci ento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil 
(500.000) pesos y una pena de prisión de tres a seis años.  Para el tercer delito y los delitos 
subsiguientes, la sanción va de quinientos mil (500. 000) a un millón quinientos mil (1.500.000) pesos 
y la pena de prisión de seis a nueve años.  La san ción de multa y prisión se impone para cada acto de 
infracción, con la aplicación de una pena de pr isión subsidiaria en caso de insolvencia. 
 La Ley de Comercio Electrónico que entr ó en vigor el año pasado sanciona los delitos 
cibernéticos como el acceso no autorizado, la in troducción de virus informá ticos;  la infracción del 
derecho de autor mediante el uso de redes de comunicaciones, como por ejemplo Internet, se castiga 
con una multa de un mínimo de cien mil (100.000)  pesos y un máximo acorde con los daños sufridos 
y un período de prisión prescriptivo de seis meses a tres años. 
F. OBSERVANCIA DE LA LEGISLACIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
EN FILIPINAS  
La legislación filipina protege suficientement e los derechos de propiedad intelectual.  
En efecto, el Tribunal Supremo reconoce la importancia de esos derechos en el nuevo orden 
económico hasta el punto de que ha establecido tribun ales regionales encargados  especialmente de las  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 causas relativas a los derechos de propiedad intel ectual.  El Comité de Revisión de Normas del 
Tribunal Supremo está estudiando la posibilidad de m odificar el reglamento judicial para prever 
expresamente la adopción, en los casos de infracci ón, de medidas preventivas/provisionales que se 
aplicarán a las acciones civiles teni endo debidamente en cuenta el derecho constitucional a gozar de 
las garantías procesales, la igualdad de protección y el derecho de las personas a su propia seguridad y 
la de sus hogares, documentos y efectos contra registros y decomisos irrazonables de cualquier 
naturaleza y con cualquier propósito. 
Del cumplimiento de las leyes, incluidas las re lativas a los derechos de propiedad intelectual, 
se ocupan cinco organismos:  la Oficina de Aduan as, la Oficina Nacional de Investigaciones, la 
Policía Nacional de las Filipinas, la Junta Norma tiva de los Videogramas, y el Departamento de 
Justicia. 
Estos organismos, junto con el Departamento de Comercio e Industria, el Jefe de la Asesoría 
Jurídica Presidencial, el Departamento de Finan zas, la Oficina de Propiedad Intelectual y otros 
10 organismos, son miembros del Comité Presidencia l Interinstitucional sobre derechos de propiedad 
intelectual, que tiene a su cargo la coordinación de  las actividades relativas al cumplimiento de las 
leyes. 
El Grupo de Trabajo contra la Pi ratería de la Propiedad Intelect ual del Ministerio de Justicia 
está constituido por 18 fiscales por lo menos y personal auxiliar. 
La Oficina Nacional de Investigaciones, organi smo del Ministerio de Justicia, tiene una 
División de Derechos de Propiedad Intelectual.  En virtud de su nuevo régimen de gestión, esta 
División tendrá jurisdicción exclusiva para la i nvestigación de infracciones de los derechos de 
propiedad intelectual.  Todas las causas relativas a esos derechos se centrarán en esta División, a la 
que se asignarán investigadores adicionales;  adem ás, se prevé impartir formación sobre los aspectos 
más complejos de la investigación relativa a los der echos de propiedad intelectual, con objeto de 
mejorar la competencia y eficacia del personal. 
Además de los procedimientos civil, penal y administrativo existentes, el Código de 
Propiedad Intelectual confía a la Oficina de Propi edad Intelectual las demandas administrativas por 
infracción de derechos de propiedad intelectual;  la  Oficina está facultada para adoptar las medidas 
correctivas provisionales previstas en el reglamen to judicial y detener y sancionar por desacato a 
quienes hagan caso omiso de las órdenes o mandamientos judiciales dictados en el curso del procedimiento.  Las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual respecto de las mencionadas 
demandas pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo. 
La Oficina de Propiedad Intelectual está facu ltada también para solucionar las diferencias 
relativas a las condiciones de licenci a en cuanto a los derechos de autor sobre la interpretación o 
ejecución pública y otras comunicaciones de su obra.  Las decisiones de la Oficina de Propiedad 
Intelectual en esas diferencias pueden recurrirse ante el Secretario de Comercio e Industria, cuyas 
decisiones pueden ser revisadas por los tribunales.  Conviene señalar que, en preparación para la 
posible adhesión a los tratados sobre Internet de la OMPI, el Código de Propiedad Intelectual ya 
reconoce a los autores e intérpre tes o ejecutantes el derecho a poner sus obras a disposición del 
público de manera que éste tenga acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 
En el contexto de los constantes esfuerzos de l país para mejorar la  observancia de los 
derechos de propiedad intelectual, está previsto presentar una versión perfeccionada del proyecto de 
ley regulatoria de los discos ópticos en el  duodécimo período de sesiones del Congreso, que se 
celebrará el mes próximo.  También se espera que los tratados sobre Internet de la OMPI se presenten al Senado para su ratificación. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 G. P
ERSPECTIVAS  
En su calidad de país en desarrollo, F ilipinas ha depositado grandes esperanzas en el 
advenimiento de la economía mundial basada en el conocimiento.  Esperamos aprovechar el inmenso 
potencial económico de nuestra juventud, entre otros, en los sectores de la propiedad intelectual 
derivados de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de que el país pase a formar 
parte integrante de los movimientos económicos mundiales. 
II. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ 
1. ¿Qué recursos tienen a su alcance los ti tulares de derechos frente a la falsificación 
dolosa de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor a escala 
comercial, como se requiere en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y en general? 
 De conformidad con el artículo 61, la legi slación de Filipinas establece procedimientos y 
sanciones penales.  Los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden interponer acciones 
penales por la falsificación de marc as de fábrica o de comercio o la  piratería lesiva del derecho de 
autor, a escala comercial o no. 
 Al margen de las sanciones civiles y admini strativas impuestas por la ley, se castiga con una 
sanción penal de dos (2) a cinco (5) años de pr isión y una sanción pecuniaria que oscila entre 
cincuenta mil (50.000) y doscientos mil (200.000) pesos a cualquier persona declarada culpable de 
infringir una marca de fábrica o de comercio.3 
 Cualquier persona que infrinja el derecho de autor o sea cómplice de dicha infracción será 
culpable de un delito punible con: 
 a) Prisión de uno (1) a tres (3) años, además  de una sanción pecuni aria que oscila entre 
cincuenta mil (50.000) y ciento cincuenta mil (150.000) pesos en el caso del primer 
delito. 
 b) Prisión de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, además de una sanción pecuniaria 
que oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos para 
el segundo delito. 
 c) Prisión de seis (6) años y un (1) dí a a nueve (9) años, además de una sanción 
pecuniaria que oscila entre quinientos mil (500.000) y un millón quinientos mil 
(1.500.000) pesos para el tercer y subsiguientes delitos. 
 d) En todos los casos, pena de pris ión subsidiaria en caso de insolvencia.4 
 A la hora de determinar el númer o de años de prisión y el importe  de la sanción pecuniaria, el 
tribunal tendrá en cuenta el valor de los ma teriales infractores que el acusado ha producido o 
manufacturado y los perjuicios padecidos por el titu lar del derecho de autor a causa de la infracción.5 
                                                      
3 Ley de la República Nº 8293 (1998) , sección 170. 
 
4 Ley de la República Nº 8293 (1998) , sección 217.1. 
 
5 Ley de la República Nº 8293 (1998) , sección 217.2. 
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  Cuando se considere que el aspecto penal del caso  abarca los aspectos civiles, el tribunal 
podrá adoptar las medidas provisionales siguientes: 
 Embargo preliminar
 
 Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el 
demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer  que se embargue la propiedad de la parte 
contraria como garantía del cumplimi ento de una sentencia condenatoria.6 
 El embargo se considera la ejecución por adelan tado de una sentencia para impedir que éste 
sea ineficaz. 
 Mandamiento judicial preliminar  
 Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la 
emisión de la orden definitiva, en virtud de la cual se requiere a una parte o a un tribunal, a un 
organismo o una persona, que se abstenga de reali zar un acto o actos particulares.  Puede imponerse 
también la ejecución de un acto o actos particul ares, en cuyo caso se conoce como requerimiento 
imperativo preliminar.7 
 Secuestro y destrucción  
 Previa solicitud del demandante, el tribunal puede ordenar el secuestro, durante todo el 
procedimiento, de las facturas y otros documentos acreditativos de las ventas.8 
 Asimismo, los bienes infractores pueden ser destruidos sin compensación mientras no se haya 
resuelto el caso.9 
 Confiscación y secuestro  
 El tribunal está facultado para ordenar la confiscación y el se cuestro de las mercancías que 
puedan servir como pruebas en el procedimiento judicial. 
2. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras"  la legislación sobre derecho de autor de su 
país? 
 Filipinas respeta el principio de reciprocidad al adherirse a los convenios internacionales, de 
modo que cualquier persona que sea nacional, esté domiciliada o tenga una sede industrial real y 
efectiva en un país que sea parte en una convenci ón, tratado o acuerdo rel acionado con los derechos 
de propiedad intelectual o la lucha contra la co mpetencia desleal, y en el cual sea también parte 
Filipinas, o conceda a los nacional es de Filipinas derechos recíprocos por ley, tendrá derecho a las 
prestaciones contempladas por las disposiciones de dicha convención, tratado o ley recíproca, además 
                                                      
6 Rules of Civil Procedure (1997) , regla 57, sección 1. 
 
7 Rules of Court (1964) , regla 58, sección 1. 
 
8 Ley de la República Nº 8293 (1998), sección 156.2. 
 
9 Ley de la República Nº 8293 (1998) , sección 216.1 d). 
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 de los derechos otorgados a los titulares de der echos de propiedad intelectual por el Código de 
Propiedad Intelectual.
10 
 Por consiguiente, cualquier condición, restri cción, limitación, merma, requisito, sanción o 
carga similar impuestos por la legislación de un país  extranjero a un nacional filipino que solicite la 
protección de sus derechos de propiedad intelectual en dicho país, será aplicable recíprocamente a los 
nacionales de dicho país de confor midad con la jurisdicción filipina.11 
 Un solicitante no residente deberá nombrar a un agente residente, mediante un apoderamiento 
especial, que estará autorizado a presentar solicitudes de  registro y depósito de derechos de autor en 
su nombre ante la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca del Tribunal Supremo y a recibir 
notificaciones u otros procesos legales relacionados con la solicitud y el derecho de autor.  En caso de 
fallecimiento, ausencia o incapacidad del agente resi dente, el solicitante deberá nombrar un nuevo 
agente, al que concederá un poder especial de repr esentación, revocando el poder de representación 
previo y notificarlo, adjuntando una copia de dic ho poder, a la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca 
del Tribunal Supremo.12 
 La disposición anterior fue promulgada para facilitar y contribuir a garantizar la correcta 
comunicación de las notificaciones y los procesos legales a los no residentes. 
 El derecho de autor puede aplicarse median te la interposición de acciones judiciales y 
administrativas.  La acción judicial puede ser civil, penal o civil y penal.  Estas acciones no son mutuamente excluyentes y pueden llevar se a cabo conjuntamente o por separado. 
 Cualquier persona que infrinja el derecho de autor y los derechos conexos se expondrá: 
 a) A un mandamiento judicial que prohíba dicha infracción.  El tribunal podrá asimismo 
ordenar al acusado que desista de dicha infracción, entre otras cosas para impedir la entrada en los circuitos comerciales de  productos importados que supongan una 
infracción, inmediatamente después de su despacho en aduana. 
 b) A pagar al titular del derecho de au tor o a sus derechohabientes designados o 
herederos, los daños y perjuicios, incluye ndo los costos legales y otros gastos, que 
pueda haberle ocasionado la infracción, así como los beneficios que pueda haber 
obtenido el infractor con motivo de la infracción y, a la hora de determinar los beneficios, el demandante sólo deberá  probar las ventas y el acusado deberá 
demostrar todos los elementos de los costos que alegue haber sufragado o, en lugar de 
los daños y perjuicios y los beneficios real es, podrán fijarse los daños y perjuicios que 
el tribunal declare justos y que no se considerarán una sanción. 
 c) Entregar bajo juramento, para su secuestr o durante el procedimiento, en los términos 
y condiciones que el tribunal pueda imponer, las facturas y otros documentos acreditativos de las ventas, todos aquellos artículos y sus embalajes presuntamente infractores de un derecho de autor y los instrumentos empleados en su elaboración. 
                                                     
 
10 Ley de la República Nº 8293, sección 3. 
 
11 Ley de la República Nº 8293, sección 231;  Copyright Safeguards and Regulations , regla 18. 
 
12 Copyright Safeguards and Regulations , regla 5, sección 3. 
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  d) Entregar bajo juramento, para su destrucción sin compensación alguna, todas las 
copias o instrumentos infractores, así como las placas, moldes u otros medios de elaboración de las copias infractoras que ordene el tribunal. 
 e) Cualesquiera otros términos y condiciones, incluyendo el pago de daños y perjuicios 
morales y punitivos, que el tribunal consider e apropiados, justos y equitativos, y la 
destrucción de las copias infractoras de la obra,  incluso en el caso de que la sentencia 
sea absolutoria en un caso penal. 
 En una acción por infracción, el tribunal tendrá también la facultad de ordenar la confiscación 
y el secuestro de cualquier artículo que pueda servir de prueba en el procedimiento judicial.
13 
 Cualquier persona que infrinja el derecho de autor o derechos conexos o sea cómplice de 
dicha infracción será culpable de un delito punible con: 
 a) Prisión de uno (1) a tres (3) años, además  de una sanción pecuni aria que oscila entre 
cincuenta mil (50.000) y ciento cincuenta m il (150.000) pesos para el primer delito. 
 b) Prisión de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, además de una sanción pecuniaria 
que oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos para 
el segundo delito. 
 c) Prisión de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años, además de una sanción 
pecuniaria que oscila entre quinientos mil (500.000) y un millón quinientos mil 
(1.500.000) pesos para el tercer y subsiguientes delitos. 
 d) En todos los casos, pena de prisi ón subsidiaria en caso de insolvencia. 
 En la determinación del número de años de prisión y el importe  de la sanción pecuniaria, el 
tribunal tendrá en cuenta el valor de los ma teriales infractores que el acusado ha producido o 
fabricado y los perjuicios padecidos por el titu lar del derecho de autor a causa de la infracción.14 
 También pueden interponerse acciones administ rativas para la protección del derecho de 
autor. 
 Departamento de Comercio e Industria  
 El Departamento de Comercio e Industria tie ne jurisdicción sobre los recursos relacionados 
con las infracciones de los derechos de propiedad inte lectual, al margen del importe total de los daños 
y perjuicios reclamados, o incluso si  no se reclaman daños y perjuicios.15 
                                                      
13 Ley de la República Nº 8293, sección 216. 
 
14 Ibid, sección 217. 
 
15 Dept. Administrative Order Nº 1 (2000) . 
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  Oficina de la Propiedad Intelectual
 
 Un titular de derechos de propiedad intelectua l puede interponer recursos administrativos ante 
la Oficina de la Propiedad Intelectual cuando lo s daños y perjuicios totales reclamados no sean 
inferiores a doscientos mil (200.000,00) pesos.16 
 Junta Normativa de los Videogramas  
 La Junta Normativa de los Videogramas tiene jurisdicción sobre las infracciones de la ley 
relacionadas con los videogramas, con independencia del im porte de los daños y perjuicios de que se 
trate.17 
 Oficina de Aduanas  
 Previa solicitud por escrito al Comisario de A duanas, la Oficina de Aduanas puede suspender 
el despacho de mercancías importadas que constituya una infracción de la ley.18   
 Los recursos administrativos son los siguientes: 
 1. Una sanción pecuniaria mínima de seis m il (6.000,00) pesos y máxima de cien mil 
(100.000,00) pesos y una sanción no pecuniaria  consistente en el cierre, la revocación 
de la licencia o el permiso y la confi scación de los videogramas relacionados con la 
infracción.  Estas sanciones puede imponerlas la Junta Normativa de los Videogramas.
19 
 2. Las siguientes sanciones administrativas, que pueden imponer el Ministro de 
Comercio e Industria y el Director de la Of icina de Asuntos Jurídi cos de la Oficina de 
la Propiedad Intelectual: 
  • Orden de cese y desistimiento 
  • Aceptación de cumplimiento voluntario o renuncia 
  • Condena o confiscación de las mer cancías que son objeto de delito 
  • Decomiso de equipos, propiedades inmuebles o personales 
  • Multas administrativas 
  • Cancelación de los permisos, las licencias o los registros concedidos 
  • Suspensión de los permisos, las li cencias o los registros concedidos 
  • Daños y perjuicios 
                                                      
16 Ley de la República Nº 8293 (1998) sección 10. 
 
17 Pres. Decree Nº 1987 (1985) . 
18 Customs Administrative Orde r Nº 7-93 (1993) II.3 ; Ley de la República Nº 1937, sección 10.1 k). 
 
19 VRB Revised rules and Regulations , sección 21. 
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   • Amonestación 
  • Otras penas y sanciones análogas.
20 
 3. Las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos del tribunal, como el 
embargo preliminar21 y el mandamiento judicial que puede imponer el Director de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Propiedad Intelectual.22 
 4. Una resolución preliminar23 y otras medidas preliminares24, que puede imponer el 
Ministro de Comercio e Industria. 
3. ¿Qué procedimientos existen para la adopci ón de medidas provisionales, en particular 
recursos civiles a instancia de parte, sobre la base del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC? 
 Existen las siguientes medidas provisionales basadas en el artículo 50 del Acuerdo sobre 
los ADPIC: 
a) Embargo preliminar  
Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el 
demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer  que se embargue la propiedad de la parte 
contraria como garantía del cumplimi ento de una sentencia condenatoria.25 
Los únicos requisitos necesarios para que se dicte el mandamiento judicial de embargo 
preliminar son una declaración jurada por escrito y el depósito de una fianza por el solicitante.  No se precisa notificar nada a la parte contraria y tam poco una vista de la solicitud, pues el tiempo que 
supondría la vista podría bastar para permitir al demandado evadir la jus ticia o disponer de su 
propiedad antes de la emisión del mandami ento judicial de embargo preliminar.
26 
b) Mandamiento judicial preliminar/orden de limitación temporal  
Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la 
emisión de la sentencia o de la orden definitiva en virtud de la cual se requiere a una parte o a un 
tribunal, a un organismo o a una persona que se abst enga de realizar un acto o actos determinados.  
                                                      
20 Executive Order Nº 913 (1983), Art. III  sección 6; Ley de la Repúb lica Nº 8293, sección 10.2 b). 
 
21 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 10, IRR on Administrative Complaints , regla 5, 
secciones 1 y 3. 
 
22 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 10, IRR on Administrative Complaints , regla 5, 
secciones 1 y 6. 
 
23 Trade and Industry Ministry Order Nº 69 , regla IX (1983) , sección 49 A). 
 
24 Exec. Order Nº 913 (1983) , sección 11. 
 
25 Revised rules of Civil Procedure (1997) , regla 57, sección 1. 
 
26 Revised rules of Civil Procedure (1997) , regla 57, sección 3. 
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 Puede imponer también la ejecución de un acto o actos determinados, en  cuyo caso se denomina 
requerimiento imperativo preliminar.
27 
La parte agraviada puede solicitar un mandamiento  judicial preliminar presentando ante el 
tribunal competente una reclamación confirmada que refleje los motivos de la misma y depositando la 
fianza exigida.28 
El tribunal podrá emitir ex parte  una orden de limitación temporal con una vigencia de setenta 
y dos (72) horas contadas a partir de la notificaci ón a la parte o persona requerida si se trata de 
cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a daños irreparables para 
el solicitante.  En este período, el tribunal proced erá a celebrar una vista oral para determinar la 
corrección de la medida cautelar.  Normalmente, una  medida cautelar tiene una  vigencia de veinte 
(20) días y no puede dictarse sin una vista.  El perí odo de veinte (20) días incluye la orden restrictiva 
de setenta y dos (72) horas.  No obstante, si la dict a el Tribunal de Apelación, la orden de limitación 
temporal estará en vigor durante sesenta (60) días a partir de la notificación a la parte requerida.  Una orden restrictiva dictada por el Tribunal Supremo tendrá vigencia hasta nueva orden.
29 
 Procedimientos comunes a los recursos antes mencionados  
 Tanto el embargo preliminar como el mandamiento judicial preliminar/la orden de limitación 
temporal se inician mediante la presentación de una petición confirmada ante el tribunal competente y 
el depósito de una fianza.30  El solicitante debe demostrar lo s hechos que le dan derecho a la 
reparación solicitada. 
 En ambos casos, la fianza depositada por el solic itante sirve de garantía para la parte contraria 
y para responder de los daños y costas de esa pa rte que puedan fijarse judicialmente a causa del 
recurso provisional. 
c) Incautación y destrucción  
A petición del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de facturas de 
venta y otros documentos relativos a las ventas.31 
Asimismo, las mercancías infractoras pueden ser destruidas sin indemnización mientras está 
pendiente el asunto.32 
                                                      
27 Revised rules of Civil Procedure  (1997), regla 58, sección 1 
 
28 Revised rules of Civil Procedure  (1997), regla 58, sección 3. 
 
29 Revised rules of Civil Procedure  (1997), regla 58, sección 5. 
 
30 Revised rules of Civil Procedure  (1997), regla 57, secciones 1 y 3;  regla 58, sección 4. 
 
31 Ley de la República Nº  8293, secci ón 156.2. 
 
32 Ley de la República Nº 8293, sección 216.1 d).   IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 d) Decomiso e incautación
 
El tribunal está facultado para decomisar cualquier artículo que pueda servir como prueba en 
el procedimiento judicial e incautarse de él.33 
e) Revisión de normas propuesta  
 El Comité de Revisión de Normas del Tr ibunal Supremo está estudiando asimismo la 
posibilidad de modificar el reglamento judicial para  prever expresamente la adopción en los casos de 
infracción de medidas preventivas/provisionales qu e se aplicarán a las acciones civiles teniendo 
debidamente en cuenta el derecho constitucional a las garantías procesales, la igualdad de protección 
y el derecho de las personas a su propia seguridad  y la de sus casas, documentos y efectos contra 
registros y decomisos irrazonables de cualquier naturaleza y para cualquier propósito. 
4. ¿Cómo se protegen las obtenciones vegetal es en Filipinas y cómo se compadece esa 
protección con las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC? 
El Congreso ha avanzado bastante en el debate de proyectos de ley idénticos (proyecto de ley 
de la Cámara de Representantes Nº 10654 y proy ecto de ley del Senado Nº 1912), cuyo objetivo es 
proporcionar protección sui generis  a las obtenciones vegetales, teniendo en cuenta las obligaciones 
que impone a Filipinas el Acuerdo sobre los ADPIC. 
5. ¿Cómo se protegen las topografías de circuit os integrados en Filipinas y cómo está esa 
protección en conformidad con las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC? 
 El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley sobre Protección de las Topografías de Circuitos 
Integrados y se prevé que el Presidente lo firm ará en breve.  El registro proporciona protección 
durante un período de diez (10) años sin renovación, c ontado desde una de las fechas siguientes:  1) la 
fecha de la primera explotación comercial en cual quier parte del mundo, siempre que la solicitud se 
presente en el plazo de dos (2) años, o 2) la f echa de presentación de la solicitud si no ha habido 
explotación anterior.  El proyecto de ley se redact ó en consulta con la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta el  Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones 
mencionadas del Tratado IPIC. 
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS 
A. DISPOSICIONES GENERALES  
1. Sírvanse explicar si la legislación de su país  incluye las medidas necesarias para proteger 
la salud pública y la nutrición de la población y para promover el interés público en sectores de 
importancia vital para el desarrollo socioeco nómico y tecnológico, de conformidad con el 
artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo son 
compatibles esas medidas con lo disp uesto en el mencionado Acuerdo. 
La legislación adoptada por Filipinas en cumpli miento del Acuerdo sobre los ADPIC incluye 
las medidas necesarias para proteger la salud públi ca y la nutrición de la población y para promover el 
interés público en sectores de importancia vital pa ra el desarrollo socioeconómico y tecnológico, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de di cho Acuerdo.  En la Ley de la República Nº 8293, 
denominada también Código de Propiedad Intelectua l de Filipinas, se dispone la concesión de una 
                                                      
33 Ley de la República Nº  8293, sección 216.2.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 licencia obligatoria para la explotación de una inve nción patentada, incluso sin el acuerdo del titular 
de la patente, a cualquier persona que haya demo strado su capacidad de explotar la invención cuando 
lo requiera el interés público, en particular, la segur idad nacional, la nutrición de la población, la salud 
pública o el desarrollo de otros sectores vitales de  la economía nacional que determine el organismo 
público competente.
34  La solicitud de una licencia obligatoria por los motivos mencionados puede 
presentarse en cualquier momento.35 
La licencia sólo se concederá después de que el  solicitante haya hecho esfuerzos por obtener 
la autorización del titular de la patente en condi ciones comerciales razonables sin que esos esfuerzos 
hayan tenido éxito dentro de un plazo prudencial.36  No obstante, los requisitos mencionados no se 
aplicarán cuando con la solicitud se intente poner reme dio a una práctica respecto de la cual se haya 
determinado, de resultas de un procedimiento j udicial o administrativo, que es anticompetitiva37, en 
situaciones de emergencia nacional u ot ras circunstancias de extrema urgencia38 y en los casos de uso 
público no comercial.39 
La medida descrita está en consonancia con el deseo expresado por los países Miembros en el 
Acuerdo sobre los ADPIC "de reducir las distorsion es del comercio internacional y los obstáculos al 
mismo… teniendo en cuenta la necesidad de fo mentar una protección eficaz y adecuada de los 
derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a 
hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo". 
Además, la medida está también en conformida d con el principio enunciado en el Acuerdo 
según el cual "la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán 
contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, 
en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos  tecnológicos y de modo 
que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones".40 
Puede decirse incluso que, sin esta medida, los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual podrían abusar de ellos en detrimento del interés y las exigencias nacionales y del bien 
común.  El titular de un derecho puede sentir la  tentación de rehusar su creación, que puede ser 
decisiva para la salud pública y la nutrición de la  población y para promover el interés público en el 
desarrollo tecnológico, tan vital para el progreso socioeconómico del país.  La medida es también 
compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC ya que  la protección de los titulares de derechos de 
                                                      
34 Ley de la República Nº 8293 (1 998), secciones 93 y 93.2;  Regulations on Inte r Partes Proceedings , 
regla 6, sección 3 b). 
 
35 Ley de la República Nº 8293, sección 94.2;  Regulations on Inter Partes Proceedings , regla 6, 
sección 2. 
 
36 Ley de la República Nº 8293, sección 95.1;  Regulations on Inter Partes Proceedings , regla 6, 
sección 4. 
 
37 Ley de la República Nº 8293, sección 95.2 a);  Regulations on Inter Partes Proceedings , regla 6, 
sección 5 a). 
 
38 Ley de la República Nº 8293, sección 95.2 b);  Regulations on Inter Partes Proceedings , regla 6, 
sección 5 b). 
 
39 Ley de la República Nº 8293, sección 95.2 c);  Regulations on Inter Partes Proceedings , regla 6, 
sección 5 c). 
 
40 Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 7. 
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 propiedad intelectual no se ve comprometida debido a la existencia de un procedimiento que exige 
una notificación y una vista en la que pueden participar todas las partes interesadas.
41  Además, el 
titular del derecho de propiedad intelectual recibirá  una remuneración suficiente, habida cuenta del 
valor económico de la concesión o autorización.  No  obstante, cuando la licencia se conceda para 
corregir una práctica considerada anticompetitiva de resultas de un procedimiento judicial o 
administrativo, la necesidad de corregir la práctica anticompetitiva podrá tenerse en cuenta al fijar la 
cuantía de la remuneración.42  Por otra parte, la licencia puede ser modificada o cancelada o se puede 
renunciar a ella.43 
Hay otras leyes y reglamentos de Filipinas que prevén las medidas que se contemplan en el 
artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC en relaci ón con la salud pública y la nutrición de la 
población.  De conformidad con las atribuciones que le confiere la ley44, el Departamento de Sanidad 
puede autorizar la importación de un producto farmacéutico cuya contraparte exista en Filipinas como 
marca registrada para hacerlo más asequible y accesible al público, especialmente a los marginados.45  
Por lo que se refiere a la divulgación de información, el Departamento de Sanidad, por conducto de la 
Oficina de Productos Alimenticios y Fármacos, ex ige que el vendedor y el fabricante de un 
medicamento o un dispositivo lo registre y presente  un informe completo sobre la investigación que 
demuestre que el medicamento o el dispositivo es i nocuo, así como la descripción completa de los 
métodos, las instalaciones y los controles utilizados en  la fabricación que pueda requerir el Secretario 
de Sanidad.46  No obstante, la información divulgada estará protegida. 
B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  
2. Sírvanse indicar cómo estipula la legislación de su país la protección de los derechos 
exclusivos de los autores en relación con sus obra s literarias y artísticas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre lo s ADPIC, que exige a los Miembros que observen 
los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. 
 Filipinas es miembro del Convenio de Berna y r econoce y protege los derechos exclusivos de 
los autores, en lo que respecta a sus obras literarias y artísticas, a realizar, autorizar o impedir que se 
realicen los siguientes actos: 
 a) reproducción de la obra o de una parte importante de ésta;  b) dramatización, traducción, adaptación, r esumen, arreglo u otra transformación de la 
obra; 
                                                     
 
41 Ley de la República Nº 8293, sección 99;  Regulations on Inter Partes Proceedings , regla 6, 
secciones 6 y 10. 
 
42 Ley de la República Nº 8293, sección 100;  Regulations on Inte r Partes Proceedings , regla 6, 
sección 13. 
 
43 Ley de la República Nº 8293, sección 101;  Regulations on Inte r Partes Proceedings , regla 6, 
secciones 14, 15 y 16. 
 
44 Orden del Ejecutivo Nº 292, también denominada Administrative Code of 1987 . 
 
45 Orden Administrativa Nº 85, serie de 2000. 
 
46 Ley de la República Nº 3720 (1963), también denominada Food, Drug and Cosmetic Act . 
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  c) primera publicación del original y de cada copia de la obra mediante venta u otras 
formas de transferencia de la propiedad; 
 d) arrendamiento del original o de una copi a de una obra audiovisual o cinematográfica, 
una obra recogida en una grabación de sonido, un programa de ordenador, una 
compilación de datos o de otros materiales o una obra musical en forma gráfica, 
independientemente de la propiedad del original o de la copia que sea objeto del arrendamiento; 
 e) exhibición pública del original o de una copia de la obra;  f) interpretación o ejecución pública de la obra;  y 
 g) otra comunicación de la obra al público.
47 
Toda persona que infrinja un derecho de auto r podrá ser objeto de un mandamiento judicial 
destinado a impedir esa infracción y podrá tener que pa gar al propietario del derecho de autor o a sus 
cesionarios o herederos daños y perj uicios y demás gastos;  podrá te ner que entregar los artículos 
infractores, entre otros, para su incautación y dest rucción;  y podrá tener que pagar los daños morales 
y ejemplares que determine el tribunal.48 
Podrán asimismo imponerse a las personas res ponsables de una infracción o que contribuyan 
o instiguen a cometerla sanciones penales consistent es en pena de prisión de  un (1) año a nueve (9) 
años y/o multa de cincuenta mil (50.000) a un millón quinientos mil (1.500.000) pesos.49 
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, 
bases de datos o compilaciones de datos. 
La legislación de Filipinas incluye los progr amas de ordenador en la enumeración de las 
"obras literarias y artísticas" protegidas por el derecho de autor.50 Estas obras están protegidas desde 
el momento de su creación y por el mero hecho de la misma, independientemente de su modo o forma 
de expresión, así como de su contenido, calidad y propósito.51 
No obstante el derecho de reproducción exclus ivo, se permitirá la reproducción en una (1) 
copia de seguridad o la adaptación de un program a de ordenador, sin la autorización del autor del 
programa o de otro titular del derecho de autor sobr e el mismo, por el propietario legítimo de ese 
programa, a condición de que la copia o la adaptaci ón sea necesaria:  a) para el uso del programa de 
ordenador junto con un ordenador c on el propósito para el que se obtuvo dicho programa y dentro de 
los límites de esa obtención;  y b) con fines de archivo y para sustituir la copia del programa de 
ordenador adquirida legítimamente en caso de que  dicha copia se pierda, se destruya o quede 
                                                      
47 Ley de la República Nº 8293, sección 177. 
 
48 Ley de la República Nº 8293, sección 216. 
 
49 Ley de la República Nº 8293, sección 217. 
 
50 Ley de la República Nº  8293, secci ón 172.1. 
 
51 Ley de la República Nº  8293, secci ón 172.2. 
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 inutilizable.
52  Esta copia o adaptación del programa de ordenador se destruirá si su posesión deja de 
ser legal.53 
La legislación filipina protege mediante el de recho de autor "las compilaciones de datos o de 
otros materiales" que sean originales "por razones de la selección o disposición de sus contenidos", 
como obras derivadas.54 Sin embargo, estas nuevas obras no afectarán a la vigencia de cualquier 
derecho de autor que subsista con respecto a las obras originales utilizadas o a una parte de las 
mismas ni se interpretará que implican algún derec ho a ese uso de las obras originales o a obtener o 
ampliar el derecho de autor sobre esas obras originales.55 
El autor de un programa de ordenador o de una compilación de datos respecto de los cuales 
pueda concederse un derecho de autor disfrutará de  derechos tanto económicos como morales durante 
toda su vida;  estos derechos perdurarán hast a cincuenta (50) años después de su muerte.56 
4. Sírvanse declarar si la legislación de su país  estipula el derecho de  arrendamiento y, en 
caso afirmativo, las obras que éste abarca. 
 Sí, Filipinas prevé el derecho de arrendamiento en su legislación.  Como parte del derecho de 
autor o de los derechos económicos, el autor tendr á el derecho exclusivo a realizar, autorizar o 
impedir el arrendamiento del original o de una copia de: 
 a) una obra audiovisual o cinematográfica,  b) una obra recogida en una grabación de sonido,  c) un programa de ordenador,  d) una compilación de datos y 
Otros materiales o una obra musical en forma gráfica.
57 
5. Sírvanse describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas (grabaciones de sonido ) y los organismos de radiodifusión en virtud 
de la legislación de su país. 
a) Los intérpretes o ejecutantes disfrutan de der echos tanto económicos como morales sobre sus 
interpretaciones o ejecuciones.  Tienen derecho a autorizar: 
 a) la radiodifusión y la comunicación al púb lico por otros medios de sus interpretaciones 
o ejecuciones; 
                                                      
52 Ley de la República Nº  8293, sección 189.1.  
 
53 Ley de la República Nº  8293, secci ón 189.2. 
 
54 Ley de la República Nº  8293, sección  173.1 b). 
 
55 Ley de la República Nº  8293, secci ón 173.2. 
 
56 Ley de la República Nº  8293, secci ón 213.1. 
 
57 Ley de la República Nº  8293, secci ón 177.4. 
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  b) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas; 
 c) la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 
grabaciones de sonido de cualquier manera o forma; 
 d) la primera distribución al público del or iginal y las copias de su interpretación o 
ejecución; 
 e) el arrendamiento comercial al público del original y las copias de su interpretación o 
ejecución fijados en grabaciones de sonido,  incluso después de su distribución por 
ellos o con su autorización;  y 
 f) la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 
grabaciones de sonido, por medios  alámbricos o inalámbricos.
58 
 Además, en relación con sus interpretaci ones o ejecuciones en directo o fijadas en 
grabaciones de sonido, el intérprete o ejecutante tendrá derecho a: 
 a) exigir que se lo identifique como intérprete o ejecutante, y  
 b) oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de su 
interpretación o ejecución que sea perjudicial para su reputación.59 
El intérprete o ejecutante tendrá asimismo derecho, por cada comunicación al público 
posterior a la primera comunicación o radiodifusión , a una remuneración adicional equivalente como 
mínimo al cinco por ciento (5%) de la compensación inicial por la primera comunicación o radiodifusión.
60 
b) Por otra parte, los productores de grabaciones de sonido disfrutan de los siguientes derechos 
exclusivos: 
 a) el derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta de sus grabaciones de sonido 
de cualquier manera o forma;  la coloc ación de esas reproducciones en el mercado y 
el derecho de arrendamiento o alquiler; 
 b) el derecho a autorizar la primera distri bución al público del original y las copias de 
sus grabaciones de sonido mediante venta o arrendamiento u otras formas de 
transferencia de la propiedad;  y 
 c) el derecho a autorizar el arrendamiento comercial al público.61 
 Los productores de grabaciones de sonido y lo s intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo 
derecho a una remuneración única equitativa por la radiodifusión o comunicación por otros medios al 
público de su grabación de sonido cuando ésta se utilice para obtener beneficios.62 
                                                      
58 Ley de la República Nº 8293, sección 203. 
 
59 Ley de la República Nº 8293, sección. 204. 
 
60 Ley de la República Nº 8293, sección 206. 
 
61 Ley de la República Nº  8293, sección 208.  
 
62 Ley de la República Nº 8293, sección 209. 
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 c) En lo que se refiere a los organi smos de radiodifusión, sus der echos exclusivos comprenden el 
derecho a realizar, autorizar o impedir los siguientes actos: 
 a) la retransmisión de sus emisiones radiofónicas;  b) la grabación de sus emisiones por cualqui er medio, incluso la filmación de películas o 
la utilización de cintas de vídeo, con fin es de comunicación al público de emisiones 
de televisión de las mismas;  y 
 c) la utilización de esas grabaciones para nuevas transmisiones o nuevas grabaciones.
63 
 Los derechos concedidos a los intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones de 
sonido expirarán cincuenta (50) años después de l final del año en que haya tenido lugar la 
interpretación o ejecución, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no incorporadas a 
grabaciones, y cincuenta (50) años después del final del año en el que se haya realizado la grabación, 
cuando se trate de grabaciones de sonido o de imagen y sonido tanto en el caso de la grabación como en el de la interpretación o ejecución incorporada a el la.  Cuando se trate de emisiones radiofónicas, el 
plazo será de veinte (20) años contados d esde la fecha en que se realizó la emisión.
64 
6. Sírvanse especificar si la legislación de su pa ís estipula alguna limitación o excepción en 
relación con cada uno de los derechos ant eriormente descritos de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Convenio de Bern a y la Convención de Roma y a la luz del 
artículo 13 y el párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
Limitaciones del derecho de autor  
 No obstante los derechos de autor o los derec hos económicos de que disfrutan los autores de 
obras literarias y artísticas, la ley permite la utili zación y reproducción de las obras objeto del derecho 
de autor en determinados casos especiales, a c ondición de que esa reproducción no atente contra la 
explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.65 
Utilización permitida  
 No constituirán una infracción del derecho de autor y se considerarán limitaciones de ese 
derecho los siguientes casos especiales66: 
a) la recitación o la interpretación o ejecuci ón de una obra, una vez que se haya puesto 
legítimamente a disposición de l público, si se realiza en privado y gratuitamente o si 
está estrictamente destinada a una ins titución o sociedad caritativa o religiosa; 
b) las citas de una obra publicada si son compatib les con el uso leal y sólo en la medida 
que justifique su objetivo, inclusive las c itas de artículos periodísticos y publicaciones 
periódicas en forma de resúmenes de prensa, a condición de que se mencionen la 
fuente y el nombre del autor, si figuran en la obra; 
                                                      
63 Ley de la República Nº 8293, sección 211. 
 
64 Ley de la República Nº 8293, sección 215. 
 
65 Ley de la República Nº  8293, secci ón 184.2. 
 
66 Ley de la República Nº  8293, secci ón 184.1. 
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 c) la reproducción o comunicación al público por los medios de comunicación de masas 
de artículos sobre cuestiones políticas, sociales, económicas, científicas o religiosas de actualidad, conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza publicadas o pronunciadas en público, si esa utilización se hace con fines de 
información y no ha sido expresamente reservada, a condición de que se indique 
claramente la fuente; 
d) la reproducción y comunicación al público de  obras literarias, científicas o artísticas 
como parte de informes sobre cuestiones de actualidad mediante fotografía, cinematografía o radiodifusión, en la medida necesaria para esos fines; 
e) la inclusión de una obra en una pub licación, una emisión radiofónica u otra 
comunicación al público, una grabación de s onido o una película, si ésta se realiza 
como ilustración con fines didácticos y es co mpatible con el uso leal, a condición de 
que se mencionen la fuente y el nombre del autor, si figuran en la obra; 
f) la grabación en escuelas, universidades o instituciones de enseñanza de una obra 
incluida en una emisión radiofónica realizada para ser utilizada en esas escuelas, 
universidades o instituciones de enseñan za, a condición de que la grabación se 
destruya dentro de un plazo razonable cont ado desde la primera emisión y a condición 
de que la grabación no proceda de obras audiovisuales que fo rmen parte del repertorio 
cinematográfico general de largometrajes, salvo si se trata de breves extractos de la obra; 
g) la realización de grabaciones efímeras por  un organismo de radiodifusión por sus 
propios medios y para utilizarlas en sus propias emisiones; 
h) la utilización de una obra por el Gobierno o bajo su dirección o control, por la 
Biblioteca Nacional o por instituciones de  enseñanza, científicas o profesionales 
cuando esa utilización se realice en interés púb lico y sea compatible con el uso leal; 
i) la interpretación o ejecución pública o la comunicación al público de una obra, en un 
lugar en el que no se cobre un derec ho de admisión para la asistencia a esa 
interpretación o ejecución pública o comunicación, por un club o institución con fines exclusivamente caritativos o didácticos, si n ánimo de lucro, a reserva de otras 
limitaciones que puedan preverse en los reglamentos; 
j) la exhibición pública del original o de una c opia de la obra, no realizada mediante una 
película, una diapositiva o imágenes de tele visión o en pantalla por otros medios o 
mediante cualquier otro aparato o procedimie nto, a condición de que la obra haya sido 
publicada o de que el original o la copia exhibido haya sido vendido, donado o transferido de otra manera a otra persona por el autor o su sucesor en el título;  y 
k) cualquier utilización de una obra en un procedimiento judicial o con fines de 
asesoramiento profesional por un letrado.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 Uso leal
 
 Como otra limitación del derecho de autor, la ley permite el uso leal de una obra objeto del 
derecho de autor con fines de crítica, observación,  información de actualidad, enseñanza -incluso la 
utilización de múltiples copias en una clase- erudición, investigación y fines análogos.  El uso leal 
comprende también la descompilación, entendida co mo la reproducción del código y la conversión de 
las formas de un programa de orde nador para conseguir el interf uncionamiento de un programa de 
ordenador creado independientemente con otros programas.67  Las normas sobre el uso leal se 
aplicarán también a las obras no publicadas.68 
Obras arquitectónicas  
 En el caso de las obras arquitectónicas el derecho de autor no comprende el derecho a 
controlar la reconstrucción o restauración de la edif icación a que se refiere el derecho de autor en el 
mismo estilo del original.69 
Reproducción de obras publicadas  
 Se permitirá, sin la autorización del titular de l derecho de autor, la reproducción privada de 
una obra publicada en una sola copia cuando la r ealice una persona natural con fines únicamente de 
investigación y estudio privado, salvo en los casos previstos por la ley.70 
Reproducción reprográfica por bibliotecas  
 La reproducción reprográfica de una sola copia por una biblioteca o archivo sin fines de lucro, 
incluso sin la autorización del autor o el titular de l derecho de autor, se permitirá en los siguientes 
casos.71 
a) cuando la obra, debido a su fragilidad o a su rareza, no pueda prestarse al usuario en 
su forma original;   
b) cuando las obras sean artículos aislados c ontenidos en obras que comprendan varios 
artículos o breves extractos de otras obr as publicadas, y la reproducción sea necesaria 
para suministrarlas, si ello se considera prác tico, a la persona que solicite su préstamo 
con fines de investigación o estudio, en lugar de prestarle los volúmenes o folletos 
que las contengan;  y 
c) cuando tal copia se haga para conservar un ej emplar y, si es necesario en caso de 
pérdida, destrucción o inutilización, reemplazarlo o para reemplazar, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo similar, un ejemplar perdido, destruido o inutilizado y la editorial no disponga de ejemplares. 
                                                     
 
67 Ley de la República Nº 8293, sección 185.1 
 
68 Ley de la República Nº  8293, secci ón 185.2. 
 
69 Ley de la República Nº 8293, sección 186. 
 
70 Ley de la República Nº  8293, secci ón 187.1. 
 
71 Ley de la República Nº  8293, secci ón 188.1. 
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 No obstante, no se permitirá la reproducción de un volumen de una obra publicada en varios 
volúmenes o la reproducción de tomos o páginas de revistas u obras similares que falten, a menos que 
el volumen, el tomo o la parte estén agotados.  Salvo por razones especiales, las bibliotecas que tengan derecho, de confor midad con la ley, a recibir ejemplares de una obra impresa tendrán derecho 
a reproducir una copia de una obra publicada que se  considere necesaria para su colección pero que 
esté agotada.
72 
Reproducción de programas de ordenador  
 No es necesaria la autorización del titular del derecho de autor sobre un programa de 
ordenador para la reproducción de ese  programa en una sola copia de seguridad siempre que la realice 
el propietario legítimo de ese programa de ordenador y que sea necesaria73: 
a) para el uso del programa de ordenador junt o con un ordenador con el propósito para el 
que se obtuvo dicho programa y dentro de los límites de esa obtención;  y 
b) con fines de archivo y para la sustituci ón de la copia legítimamente poseída del 
programa de ordenador en caso de que dicha copia se pierda, se destruya o quede 
inutilizable. 
La copia de seguridad única se u tilizará sólo para los fines an teriormente indicados o para 
fines compatibles con el uso leal, y esa copia o adaptación se destruirá en caso de que su posesión deje de ser legal.
74 
Importación para uso personal  
La importación por un particular de un ejempl ar de una obra para sus fines personales se 
permitirá sin la autorización del titular del derecho de autor sobre la obra, a condición de que su uso 
no infrinja los derechos del titular de l derecho de autor o anule o limite la protección concedida por la 
ley75, en las circunstancias siguientes.76 
a) Cuando no estén disponibles ejemplares de la obra en Filipinas y: 
i) no se importe en cada ocasión más de un (1) ejemplar, destinado 
exclusivamente al uso individual;  o 
ii) la importación se realice por orden del Gobierno de Filipinas y para su uso;  o 
iii) la importación, que no será de más de tres (3) de esos ejemplares o 
reproducciones en una factura, no se realice con fines de venta sino únicamente para el uso de una socied ad o institución religiosa, caritativa o 
educativa, debidamente constituida en sociedad o registrada, con fines de 
                                                     
 
72 Ley de la República Nº  8293, secci ón 188.2. 
 
73 Ley de la República Nº  8293, secci ón 189.1. 
 
74 Ley de la República Nº 82 93, secciones 18 9.2 y 189.3. 
 
75 Ley de la República Nº  8293, secci ón 190.2. 
 
76 Ley de la República Nº  8293, secci ón 190.1. 
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 estímulo de las bellas artes o con destino a una escuela, facultad o universidad 
pública o una biblioteca pública gratuita de Filipinas. 
b) Cuando esos ejemplares formen parte de la  biblioteca y el equipaje personal de 
personas o familias procedentes de países extr anjeros y no estén destinados a la venta, 
a condición de que los ejemplares no sean más de tres (3). 
Limitaciones de los derechos conexos
 
 Una vez que el intérprete o ejecutante haya autorizado la radiodifusión o fijación de su 
interpretación o ejecución77, sus derechos se extinguirán, salvo el derecho a una remuneración 
adicional por las comunicaciones o radiodifusion es posteriores de su interpretación o ejecución.78  
Asimismo, los derechos del intérprete o ejecutante est án sujetos a las limitaciones de la protección del 
derecho de autor y el uso leal.79 
 Análogamente, los derechos de que disfruta el productor de grabaciones de sonido también 
están sujetos a las limitaciones de la protección del derecho de autor y el uso leal.80 
 La ley dispone además que los intérpretes o ejecutantes, los productores de grabaciones de 
sonido y los organismos de radiodifusión no pu eden oponerse al uso de sus interpretaciones o 
ejecuciones, sus grabaciones de sonido y sus emisiones radiofónicas en los casos siguientes81: 
a) utilización por una persona natural únicam ente para sus fines personales; 
b) utilización de breves extractos para informaciones sobre la actualidad; 
c) utilización únicamente con fines de enseña nza o de investigación científica;  y 
d) uso leal de la emisión radiofónica en las condiciones previstas en la sección 185. 
7. Sírvanse indicar la duración de la protección  de cada derecho descrito anteriormente y la 
obra o materia a las que éste se aplica. 
Duración de la protección de las obras literarias y artísticas  
 Las obras literarias y artísticas y sus derivados est arán protegidas durante la vida del autor y 
durante cincuenta (50) años después de su mu erte.  Esta norma se aplica también a las obras 
póstumas.82 
                                                      
77 Ley de la República Nº  8293, secci ón 205.1. 
 
78 Ley de la República Nº 8293, sección 206. 
 
79 Ley de la República Nº  8293, secci ón 205.2. 
 
80 Ley de la República Nº 8293, sección 210. 
 
81 Ley de la República Nº 8293, sección 212. 
 
82 Ley de la República Nº  8293, sección 213.1.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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  En el caso de las obras realizadas en colaboración, los derechos económicos estarán 
protegidos durante la vida del último autor superviv iente y durante cincuenta (50) años después de su 
muerte.
83 
 En el caso de las obras anónimas o seudónimas, el derecho de autor estará protegido durante 
cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de  la primera publicación legítima de la obra.  Si la 
obra no ha sido publicada, el derecho estará protegi do durante cincuenta (50) años contados desde la 
producción de la obra.  En caso de que, antes de  que expire el mencionado plazo, se revele la 
identidad del autor o ya no existan dudas sobre e lla, se aplicará la duración de la protección de que 
disfrutan los autores cuya identidad es conocida.84 
 En el caso de las obras de artes aplicadas, la duración de la protección será de veinticinco (25) 
años contados desde la fecha de su producción.85 
 En el caso de las obras fotográficas, la duración de la protección será de cincuenta (50) años 
contados desde la publicación de la obra o, si ést a no ha sido publicada, de cincuenta (50) años 
contados desde su producción.86 
 En el caso de las obras audiovisuales, in cluidas las producidas por un procedimiento análogo 
a la fotografía o por cualquier procedimiento para la realización de grabaciones audiovisuales, la duración de la protección será de cinc uenta (50) años contados a partir de la fecha de publicación o, si 
la obra no ha sido publicada, a partir de la fecha de su producción.
87 
Duración de la protección de los intérpretes o ejecutantes, los productores y los organismos de 
radiodifusión  
 Los derechos concedidos a los intérpretes o ejecutantes y los productores de grabaciones de 
sonido expirarán88: 
a) en el caso de las interpretaciones o ejecuc iones no incorporadas a grabaciones, cuando 
hayan transcurrido cincuenta (50) años desde el final del año en que tuvo lugar la 
interpretación o ejecución;  y 
b) en el caso de las grabaciones de sonido o de  imagen y sonido y de las interpretaciones 
o ejecuciones incorporadas a ellas, cuando hayan transcurrido cincuenta (50) años desde el final del año en que se realizó la grabación. 
                                                     
 
83 Ley de la República Nº  8293, secci ón 213.2. 
 
84 Ley de la República Nº  8293, secci ón 213.3. 
 
85 Ley de la República Nº  8293, secci ón 213.4. 
 
86 Ley de la República Nº  8293, secci ón 213.5. 
 
87 Ley de la República Nº  8293, secci ón 213.6. 
 
88 Ley de la República Nº  8293, secci ón 215.1. 
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 En el caso de las emisiones radiofónicas, el plazo  será de veinte (20) a ños contados desde la 
fecha en que se realizó la emisión.  El plazo  ampliado sólo se aplicará a las obras antiguas cuya 
protección subsistiera de confor midad con la ley anterior.
89 
8. Sírvanse describir cómo otorga la legislación de su país protección retroactiva de 
conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el 
artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párra fo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo. 
La protección retroactiva otorgada de conformi dad con el artículo 18 del Convenio de Berna 
(obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del 
artículo 14 del mencionado Acuerdo se reconoce medi ante una disposición del Código de Propiedad 
Intelectual según la cual la protección concedida por  la Ley de Derecho de Autor se aplicará también 
a las obras que pueden ser objeto del derecho de autor,  los intérpretes o ejecutantes, los productores de 
grabaciones de sonido y los organismos de radiodi fusión que han de ser protegidos en virtud de 
cualquier convenio internacional u otro acuerdo internacional en que sea parte Filipinas y de 
conformidad con éstos.90 
C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO  
9. Sírvanse proporcionar la definición de un sign o de conformidad con la legislación de su 
país y explicar en qué condiciones puede ser objeto de protección. 
Los signos forman parte de la definición de un a marca, lo cual quiere decir que se entiende 
por "marca" cualquier signo visible que permita distinguir los bienes (marcas de fábrica o de 
comercio) o los servicios (marcas de servicios) de una empresa.91 
Un signo puede ser una palabra escrita, un nombre, un símbolo, un emblema, un lema, un 
dibujo o un logotipo o cualquier combinación de éstos. 
Un signo o una marca podrá ser objeto de protecci ón cuando se haya registrado en la Oficina 
de Propiedad Intelectual y cuando se presente una d eclaración de uso efectivo en un plazo de tres (3) 
años contados desde la fecha de presentación92 y dentro del plazo de un (1) año contado desde el 
quinto aniversario de la fech a de registro de la marca.93 Las marcas internacionalmente conocidas 
también pueden ser objeto de protección estén o no regi stradas, siendo la ventaja del registro que se 
puede reclamar la protección de bienes no similares a aquellos para los que se solicita el registro.94 
10. Sírvanse confirmar si los servicios constitu yen una materia que puede ser objeto de 
protección en la legislación de su país sob re marcas de fábrica o de comercio.  Sírvanse 
confirmar también si puede otorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales.  
                                                      
89 Ley de la República Nº  8293, secci ón 215.2. 
 
90 Ley de la República Nº 82 93, secciones 22 1.2 y 224.2. 
 
91 Ley de la República Nº  8293, secci ón 121.1. 
 
92 Ley de la República Nº 8293, sección 124.2;  Trademark reglas and Regulations , reglas 204, 618 
y 801.  
 
93 Ley de la República Nº 8293, sección 145;  Trademark reglas and Regulations , regla  801. 
 
94 Ley de la República Nº  8293, sección  123 f);  Trademark reglas and Regulations , regla 101. 
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 Sírvanse indicar si puede otorgarse protección a elementos tales como lo s sonidos, perfumes y 
envases. 
Además de las marcas de fábrica o de comerc io, están también protegidos las marcas de 
servicios, los nombres comerciales y los envases de mercancías que llevan un sello o marca.
95 
Las marcas olfativas y sonoras no están protegidas po rque la ley limita la definición de marca 
a las marcas visuales únicamente. 
11. Sírvanse explicar si existen prescripciones de us o como condición para el registro de una 
marca de fábrica o de comercio y cuáles son esas p rescripciones.  Sírvanse facilitar la definición 
de uso y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto. 
Cuando se presenta una solicitud no se requiere el uso efectivo de la marca, ya que basta con 
la simple intención de utilizarla.  No obstante, se exige una declaración de uso efectivo de la marca en 
el comercio en un plazo de tres (3) años conta dos desde la fecha de presentación de la solicitud.96 Los 
certificados de registro tendrán un plazo de vigencia  de diez (10) años, a c ondición de que la persona 
que efectúe el registro presente una declaración de uso efectivo, junto con pruebas en ese sentido, en 
un plazo de un (1) año contado desde el quinto an iversario de la fecha de registro de marca.97 
12. Sírvanse confirmar si la legislación de su pa ís permite que el registro de las marcas de 
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente. 
 Los certificados de registro deben renovarse cada  diez (10) años, abonando la tasa prescrita y 
presentando una solicitud.  Aunque la  duración del registro es de diez (10) años, no se limita el 
número de renovaciones.98 
13. Sírvanse describir las prescripciones especiales so bre el uso de las marcas de fábrica o de 
comercio previstas por la legislación de  su país, en caso de que existan. 
En la legislación de Filipinas no existe ningu na prescripción especial sobre el uso de las 
marcas de fábrica o de comercio. 
D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS  
14. Sírvanse indicar si el organismo de su país  encargado del registro de las marcas rechaza 
las solicitudes relativas a una marca cuando ésta contiene una indicación geográfica. 
De conformidad con la legislación de Filipinas, no se puede registrar una marca si es probable 
que ésta confunda al público, concre tamente con respecto a la naturaleza,  la calidad, las características 
o el origen geográfico de los productos o servicios.99 
                                                      
95 Ley de la República Nº  8293, secci ón 121.1. 
 
96 Ley de la República Nº  8293, secci ón 124.2. 
 
97 Ley de la República Nº 8293, sección 145. 
 
98 Ley de la República Nº 8293, sección 146;  Trademark reglas and Regulations , regla 917. 
 
99 Ley de la República Nº  8293, secci ón 123.1. 
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 15. Sírvanse proporcionar la definición de indicaci ón geográfica en la legislación de su país. 
Las indicaciones geográficas son las que identifican un producto como originario del territorio 
de un país Miembro o de una región o localidad de ese territo rio cuando determinada calidad, 
reputación u otra característica del producto es imputab le fundamentalmente a su origen geográfico.
100 
16. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de la legislación de su país que establecen 
un vínculo entre las características de una indicación y el origen geográfico, en caso de que existan. 
Toda persona que, en relación con algún produc to o servicio o con el envase de algún 
producto, utilice en el comercio una denominación de  origen falsa, que, en la publicidad o promoción 
comercial, describa en forma inex acta el origen geográfico de su s productos, servicios o actividades 
comerciales o de los de un tercero podrá ser objeto de una acción civil por daños y perjuicios y de 
medidas cautelares a instancias de toda persona que  considere que ha sido o puede ser perjudicada por 
ese acto.  Independientemente de las sanciones civ iles y administrativas, a la persona declarada 
culpable de cometer los mencionados  actos se le impondrá también una pena de prisión de dos a cinco 
años y multa de 50.000 a 200.000 pesos. 
Los productos cuya marca o etiquetado describa falsamente su origen geográfico no podrán 
ser importados a Filipinas y no se admitirá su entrada en ninguna aduana de Filipinas.
101 
17. Sírvanse explicar cómo se otorga protección adic ional en la legislación de su país a los 
vinos y bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otros tipos de productos que abarque esa protección adicional, en caso de que existan. 
El régimen jurídico actual de las marcas de fábrica o de comercio protege las indicaciones 
geográficas en el caso concreto de los vinos y las bebidas espirituosas de conformidad con el párrafo 2 
del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, partiendo de la base de que las marcas de fábrica o de 
comercio y las indicaciones geográficas desempeñan funciones similares de identificación del origen, 
indicación de la calidad y promoción de bienes y servicios. 
Existe un recurso administrativo para la anulación de una marca en caso de que quien la 
registre induzca a error al público en lo tocante  al origen geográfico de los bienes o servicios.
102 
18. Sírvanse explicar cómo se utilizan en su ju risdicción las excepciones previstas en el 
artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Sír vanse proporcionar ejemplos del uso de las 
excepciones por los tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción. 
En la jurisdicción filipina, la Ley sobre Marc as de Fábrica o de Comercio proporciona los 
medios legales para afirmar y defender los de rechos en lo que se refiere a las indicaciones 
geográficas.  En caso de conflicto, los factores determinantes serán:  la fecha del primer uso de la marca/el primer usuario de la marca, si la marca se utiliza en forma continua y si el uso es de buena 
fe. 
                                                     
 
100 Trademark reglas and Regulations , regla 101, párrafo g). 
 
101 Ley de la República Nº 8293, secciones 169.1,  169.2 y 170. 
 
102 Ley de la República Nº 77394 ( Consumer Act of the Philippines ), artículo 77, párrafo d) viii;  Ley 
de la República Nº 8293, sección 151;  reglas and Regulations on Inter Partes Proceedings , regla 8. 
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 E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES  
19. Sírvanse explicar si la legislación de su país  abarca la protección de los dibujos y modelos 
dictados esencialmente por consideraciones técnic as o funcionales.  Sírvanse explicar cómo se 
protegen los dibujos y modelos textiles. 
Los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales no 
están protegidos por la legislación sobre dibujos y modelos industriales.  No obstante, pueden estar 
protegidos en el marco de la legislación sobre modelos de utilidad.103 
Los dibujos y modelos textiles pueden protegerse mediante la inscripción en el registro de 
dibujos y modelos industriales.104 La solicitud de registro de un di bujo o modelo industrial deberá 
incluir los siguientes elementos: 
a) un impreso de solicitud completamente rellenado con el nombre y la dirección del 
solicitante o, si el solicitante no es el autor, una declaración acerca del origen del derecho sobre el dibujo o modelo industr ial;  y la indicación de que el dibujo o 
modelo se aplicará a productos textiles; 
b) una representación del artículo industrial o artesanal mediante dibujos, fotografías u 
otras representaciones gráficas adecuadas del dibujo o modelo aplicado al artículo industrial o artesanal, que revele clara y comp letamente las características para las que 
se reivindica la protección del dibujo o modelo
105;  y 
c) la tasa de solicitud preceptiva. 
Una vez cumplidos estos requisitos, se asignará a la solicitud una fecha de presentación y un 
número de solicitud y se la remitirá al examinador para que compruebe los requisitos formales.106 
La tasa de solicitud podrá pagarse en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha en que se haya 
recibido la solicitud en la oficina.107 
Si la solicitud cumple los requisitos para el regi stro, el examinador lo notificará al solicitante 
y le reclamará el pago de las tasas de emisión y publicación.  Una vez pagadas las tasas preceptivas, 
se extenderá un certificado de registro al solicitant e.  En caso de que la solicitud no cumpla esos 
requisitos, el examinador enviará al solicitante un informe sobre el examen formal, indicando las 
deficiencias y omisiones observadas. 
El solicitante podrá responder al informe sobr e el examen formal del examinador:  
1) retirando voluntariamente la solicitud, 2) m odificándola o 3) solicitando un informe sobre la 
registrabilidad, previo pago de la tasa correspondi ente.  Este informe contendrá referencias a 
documentos sobre el estado anterior de la técnica, con las oportunas indicaciones de su grado de 
                                                      
103 Ley de la República Nº 8293, capítulo XII. 
 
104 IRR for Utility Models and Industrial Designs , regla 309. 
 
105 Ley de la República Nº 82 93, sección 114, párrafo d). 
 
106 IRR for Utility Models and Industrial Designs , reglas 307 y 308. 
 
107 IRR for Utility Models and Industrial Designs , regla 310. 
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 pertinencia, que sirvan de ayuda para determinar la validez del dibuj o o modelo industrial por lo que 
se refiere a su novedad. 
Se concederá al solicitante un plazo de seis (6) meses para responder al informe sobre el 
examen formal del examinador.
108  Si el solicitante no prosigue la tramitación de su solicitud dentro 
del plazo prescrito, se considerará que la solicitud ha  sido retirada.  Las solicitudes que se consideren 
retiradas por no haber proseguido su tramitación pueden ser reactivadas como solicitudes pendientes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fech a de envío por correo de la notificación de retirada 
de la solicitud.
109 
Los dibujos y modelos textiles, puedan o no regi strarse como dibujos o modelos industriales, 
también están protegidos por la legislación sobre el derecho de autor.110 
20. Sírvanse explicar cómo protege la legislación de su país a los titulares de derechos sobre 
un dibujo o modelo contra la importación de artículos con el dibujo o modelo incorporado o 
copiado. 
La legislación sobre dibujos o m odelos industriales otorga al titu lar del registro de un dibujo o 
modelo industrial el derecho a prohibir e impedi r a cualquier persona o entidad no autorizada que 
fabrique, utilice, ofrezca para la venta, venda o importe un producto abarca do por ese registro de un 
dibujo o modelo industrial.111 
21. Sírvanse indicar si la legislación de su país prevé el derecho a otorgar una licencia 
obligatoria para los dibujos y modelos industriales. 
Las disposiciones sobre la concesión de licenci as obligatorias no se ap lican a los dibujos o 
modelos industriales. 
22. Sírvanse indicar la duración de la protección de los dibujos o modelos industriales según 
la legislación de su país. 
La legislación prevé un período de protección de cinco (5) años contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo industrial, que podrá renovarse por dos (2) 
períodos consecutivos de cinco (5) años cada uno, como máximo, abonando la tasa de renovación.112 
F. PATENTES  
23. Sírvanse explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de novedad, 
inventiva y aplicación industrial. 
                                                      
108 IRR for Utility Models and Industrial Designs,  regla 452. 
 
109 IRR for Utility Models and Industrial Designs , regla 453. 
 
110 Ley de la República Nº 82 93, sección 172, párrafo h). 
 
111 Ley de la República Nº 82 93, secciones 119 y 71 a). 
 
112 Ley de la República Nº 8293, sección 118. 
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 Novedad:  una invención no se considera nueva si forma part e del estado anterior de la 
técnica.
113 
Actividad inventiva:  una invención implica una  actividad inventiva si, habida cuenta del 
estado anterior de la técnica, no es evidente para una  persona capacitada en la técnica de que se trate 
en la fecha de presentación de la solicitud por la  que se reivindica la invención o en la fecha de 
prioridad.114 
Aplicabilidad industrial:  será industrialmente aplicable una invención que pueda producirse y 
utilizarse en cualquier industria.115 
24. Sírvanse indicar si en la legislación de su pa ís, relativa tanto a las patentes como a otras 
cuestiones, los derechos de patente se otorgan si n ningún tipo de exclusión.  En caso de que 
existan exclusiones, sírvanse describir detallada mente la forma en que éstas se aplican, en 
términos jurídicos y prácticos. 
Con arreglo a la legislación de Filipinas, los der echos exclusivos conferidos a los titulares de 
una patente son los siguientes: 
- derecho a la fabricación, el uso, la oferta pa ra la venta, la venta y la importación de un 
producto patentado o de un pr oducto obtenido directa o indirectamente por medio de 
un procedimiento patentado o del us o de un procedimiento patentado116; 
- derecho de ceder o transferir por sucesión la patente y de concertar contratos de 
licencia en relación con ella.117 
Las excepciones a estos derechos exclusivos son las siguientes: 
- cuando la explotación de la patente se realiza de forma privada y a escala no 
comercial o con un propósito no comercial118; 
- cuando el acto de aplicar o utilizar la pa tente está destinado únicamente a fines de 
investigación y experimentación científicas119; 
- cuando el producto patentado ha sido comerc ializado en Filipinas por el titular de la 
patente o con su autorización120; 
                                                      
113 Ley de la República Nº 8293, sección 24. 
 
114 Ley de la República Nº 8293, sección 26. 
 
115 Ley de la República Nº 8293, sección 27. 
 
116 Ley de la República Nº 82 93, sección 71.1 a) y b). 
 
117 Ley de la República Nº 8293, s ección 71.2. 
 
118 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.2. 
 
119 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.3. 
 
120 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.1. 
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 - cuando el acto consiste en la preparación para casos individuales, en una farmacia o 
por un profesional médico, de un medi camento conforme a una prescripción 
médica
121; 
- cuando el producto patentado se utiliza en ve hículos que están en tránsito por el 
país.122 
25. Sírvanse indicar si la legislación de su país estipula la exclusión de invenciones de la 
patentabilidad por razones de orden público o mora lidad.  En caso afirmativo, sírvanse explicar 
el artículo pertinente de la legislación, así como  su formulación.  Sírvanse explicar también si 
éste se ha aplicado en la práctica. 
La legislación de Filipinas incluye entre l as invenciones no patentables "todo lo que sea 
contrario al orden público o la moralidad".123 
26. Sírvanse indicar si los métodos de diagnóstico , terapéuticos y quirúrgicos están excluidos 
de la patentabilidad en la legislación de su país .  En caso afirmativo, sírvanse explicar la sección 
pertinente de la legislación, así como su formulación. 
La legislación de Filipinas enumera como invenciones no patentables los métodos de 
tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo de  personas y animales y los métodos de diagnóstico 
utilizados en relación con el cuerpo de personas y animales, exceptuando los productos y preparados 
utilizados en cualquiera de estos métodos.124 
27. Sírvanse indicar si las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos 
están excluidos de la patentabilidad en la legislac ión de su país.  En caso afirmativo, sírvanse 
explicar el artículo pertinente de la  legislación, así como su formulación. 
En la legislación de Filipinas se enumeran co mo invenciones no patentables las obtenciones 
vegetales, las razas animales y los procedimientos  esencialmente biológicos para la producción de 
plantas o animales.  Esta disposición no se aplica a los microorganismos ni a los procedimientos no 
biológicos o microbiológicos.125 
28. Sírvanse describir cómo están protegidos en la legislación de su país los 
microorganismos, los procedimientos no esen cialmente biológicos, los procedimientos 
microbiológicos y las obtenciones vegetales.  Sírvanse explicar, a este respecto, las secciones 
pertinentes de la legislación. 
                                                      
121 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.4. 
 
122 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.5. 
 
123 Ley de la República Nº 8293, s ección 22.6. 
 
124 Ley de la República Nº  8293, sección 22.3;  Rules and Regulations on Inventions , regla 202 c). 
 
125 Ley de la República Nº  8293, sección 22.4;  Rules and Regulations on Inventions , regla 202 c). 
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IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 32 
 
 
 Con arreglo a la legislación de Filipinas, los microorganismos, los procedimientos 
esencialmente no biológicos y los procedimientos  microbiológicos pueden protegerse mediante 
patentes.
126 
Las solicitudes relativas a microorganismos s on objeto de las disposiciones especiales 
establecidas en las reglas 408 y 409.  Si una invención se refiere a un procedimiento microbiológico o 
al producto derivado de él y entraña la utilización de  un microorganismo u otro material biológico que 
no esté a disposición del público y que no pueda descr ibirse en la solicitud de patente de modo que las 
personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invención o está relacionada con tal 
utilización, sólo se considerará que la divulgaci ón ha cumplido las prescripciones relativas al 
suministro de información suficiente cuando se reúnan los requisitos siguientes: 
• un cultivo del material biológico deberá haberse depositado en una institución de 
depósito internacional reconocida por la  Oficina de Propiedad Intelectual; 
• la institución de depósito y el número de archivo del depósito del cultivo se indicarán 
en la solicitud; 
• a partir de la fecha de publicación de la  solicitud, el cultivo depositado se pondrá a 
disposición de cualquier persona, previa petición. 
Si el material biológico no está a disposición del público y no se ha podido describir en la 
solicitud de modo que permita que la s personas capacitadas en la t écnica puedan llevar a efecto la 
invención, el solicitante deberá ofrecer la información pertinente acerca de la clasificación del 
material biológico y de sus diferencias significat ivas con el material biológico conocido.  El 
solicitante deberá indicar todas las características morfológicas y fisiológicas específicas que permitan reconocer y propagar el microorganismo u otro ma terial biológico y la clasificación taxonómica 
propuesta. 
Se encuentran en una etapa avanzada del debate  en el Congreso proyectos de ley idénticos 
(proyecto de ley de la Cámara de Representantes Nº  10654 y proyecto de ley del Senado Nº 1912) que 
tienen el objeto de proporcionar protección sui generis  a las obtenciones vegetales, habida cuenta de 
las obligaciones que nos impone el Acuerdo sobre los ADPIC. 
29. Sírvanse explicar cómo protege la legislació n de su país a los titulares de derechos de 
patente contra la importación y la oferta para la venta de una invención patentada. 
De conformidad con la sección 71 del Código de  Propiedad Intelectual, los derechos 
exclusivos conferidos a los titulares de patentes son los siguientes: 
- derecho a la fabricación, el uso, la oferta pa ra la venta, la venta y la importación de un 
producto patentado o de un pr oducto obtenido directa o indirectamente por medio de 
un procedimiento patentado o del us o de un procedimiento patentado.
127 
                                                      
126 Ley de la República Nº 8293, s ección 22.4. 
 
127 Ley de la República Nº 8293,  secciones 71.1 a) y b).   IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 33 
 
 
 - derecho de ceder o transferir por sucesión la patente y de concertar contratos de 
licencia en relación con ella.
128 
30. Sírvanse indicar si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de los 
productos farmacéuticos y los productos químico s para la agricultura.  Si su respuesta es 
afirmativa, sírvanse indicar la referencia legal. 
Los productos farmacéuticos y los productos quími cos para la agricultura, así como todos los 
demás productos no incluidos en la disposición en la que se enumeran las i nvenciones no patentables, 
pueden ser patentados de conformi dad con la legislación de Filipin as a condición de que cumplan los 
requisitos de la patentabilidad. 
La referencia legal correspondiente es la sección 22 de la Ley de la República Nº 8293, en la 
que se enumeran las invenciones no patentables.  Por exclusión, la sección 22.3 hace patentables los 
productos farmacéuticos. 
Las sustancias farmacéuticas se consideran pr oductos y son patentables.  Una sustancia 
farmacéutica que contenga una me jora se convierte en un producto  nuevo patentable.  Una nueva 
aplicación de una sustancia conocida es patentable  si entraña una de las mejoras siguientes: 
• la primera utilización médica de la sustancia o composición conocida, siempre que no 
haya sido divulgada previamente para su uso en cirugía, terapia o métodos de 
diagnóstico utilizados en relación con el cuerpo de personas o animales; 
• una composición que contenga el com puesto conocido con una segunda utilización 
médica, siempre que cumpla las prescripci ones de novedad y actividad inventiva; 
• una composición sinérgica, en la que uno de los componentes o ambos sean 
conocidos y su uso terapéutico haya si do descrito, siempre que la utilización de 
ambos compuestos, bien simultáneamente, bien por separado o sucesivamente, dé un 
resultado terapéutico nuevo e inesperado; 
• un compuesto conocido para uso terapéutic o, siempre que no se haya divulgado que 
tiene, en sí mismo, un efecto terapéutico y que sea conocido como componente de una 
composición medicinal sólo en combinación con uno o más compuestos activos para el tratamiento de otra enfermedad; 
• el uso de una sustancia conocida como medicamento, siempre que se divulgue la 
primera utilización médica; 
• el uso de una sustancia conocida para la fabricación de un medi camento que cure una 
enfermedad. 
31. Sírvanse aclarar si la protección mediante patente de un procedimiento estipulada en la 
legislación de su país abarca el produc to obtenido directamente por medio de ese 
procedimiento. 
La legislación dispone que, cuando el objet o de una patente sea un procedimiento para 
obtener un producto, se supondrá que todo producto idén tico ha sido obtenido mediante la utilización 
                                                     
 
128 Ley de la República Nº 8293, s ección 71.2. 
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IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 34 
 
 
 del procedimiento patentado si el producto es nuevo o si existe una probabilidad sustancial de que el 
producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede 
establecer mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
129 
32. Sírvanse explicar las condiciones adicionales, si  las hubiere, que prevé la legislación de su 
país, además de la divulgación suficiente de la invención a que se hace referencia en el 
artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (por ejem plo, presentación de justificación en lo que 
respecta al acceso al material genético o consenti miento previo informado para su utilización).  
Si esas condiciones adicionales existen, sírvan se indicar la legislación pertinente y describir 
detalladamente dichas condiciones. 
La legislación de Filipinas dispone que "cua ndo la solicitud se refiera a un procedimiento 
microbiológico o al producto de dicho procedimient o e implique la utilización de un microorganismo 
que no pueda divulgarse suficientemente en la solic itud de manera que las personas capacitadas en la 
técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención y cuando ese material no esté a disposición del público, la solicitud deberá complementarse c on el depósito del material en una institución 
internacional de depósito".
130 
33. Sírvanse indicar si la legislación de su país estipula excepciones limitadas a los derechos 
exclusivos conferidos por una patente.  En caso  afirmativo, sírvanse mencionar la legislación 
pertinente. 
Nuestra legislación prevé excepciones a los derechos  exclusivos conferidos  por una patente.  
Los casos en que se aplican esas ex cepciones son los siguientes: 
• cuando la explotación de la patente se realiza de forma privada y a escala no 
comercial o con un propósito no comercial131; 
• cuando el acto de aplicar o utilizar la pate nte tiene únicamente fines de investigación 
y experimentación científicas132; 
• cuando el producto patentado ha sido comercializado en Filipinas  por el titular de la 
patente o con su autorización133; 
• cuando el acto consiste en la preparación para casos individuales, en una farmacia o 
por un profesional médico, de un medi camento conforme a una receta médica134;  y 
• cuando el producto patentado se utiliza en vehículos que están en tránsito por el 
país.135 
                                                      
129 Ley de la República Nº 8293, sección 78. 
 
130 Ley de la República Nº 8293, sección 35. 
 
131 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.2. 
 
132 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.3. 
 
133 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.1. 
 
134 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.4. 
 
135 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.5.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 35 
 
 
 34. Sírvanse indicar si la legislación de su país prevé el otorgamiento de licencias 
obligatorias.  En caso afirmativo, sírvanse explicar detalladamente las condiciones en que 
pueden concederse esas licencias.  En particular, sírvanse indicar cómo considera la legislación 
de su país las circunstancias de cada  caso al autorizar esa utilización. 
El Código de Propiedad Intelectual contiene  todo un capítulo en el que se exponen los 
pormenores y las condiciones de la concesión de una licencia obligatoria. 
1. Deben existir motivos válidos: 
Puede concederse una licencia obligatoria en cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 a) en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia; 
 b) cuando el interés público, en particular  la seguridad nacional, la nutrición de la 
población, la salud pública o el desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, determinados por el organism o público competente, así lo exijan;  o 
 c) cuando un órgano judicial o administra tivo haya determinado que el modo en que 
explota la patente su titular o el titular de la licencia es anticompetitivo;  o 
 d) cuando el titular de la patente haga de  ella un uso público no comercial sin un motivo 
satisfactorio; 
 e) cuando, sin un motivo satisfactorio, la i nvención patentada no se explote en Filipinas 
a escala comercial, aunque podría explotarse,  siempre que la importación del artículo 
patentado constituya explot ación o uso de la patente.
136 
2. El solicitante debe tratar de obtener una  autorización del titular de la patente: 
La licencia sólo se concederá después de que el solicitante haya intentado obtener la 
autorización del titular de la patente en térmi nos y condiciones comerciales razonables sin que 
esos intentos hayan surtido efecto en un plazo prudencial.137 
3. En el caso de la tecnología de semiconducto res, debe existir un uso público no comercial: 
En el caso de la concesión de licencias oblig atorias de patentes relacionadas con la tecnología 
de semiconductores, la licencia sólo podrá concederse cuando haya un uso público no 
comercial o para corregir una práctica d eclarada anticompetitiva tras un procedimiento 
judicial o administrativo. 
4. La solicitud debe realizarse por escrito y estar  autenticada y deben abonarse los derechos 
correspondientes: 
La solicitud de concesión de una licencia ob ligatoria debe realizarse por escrito, estar 
autenticada por el solicitante e ir acompañada de l pago de los derechos de solicitud prescritos.  
Deberá contener el nombre y la dirección del solicitante, así como de los destinatarios, el número y la fecha de expedición de la patente pa ra la que se solicita la licencia obligatoria, el 
                                                     
 
136 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 93. 
 
137 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 95. 
 IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 36 
 
 
 nombre del titular de la patente, el título de  la invención, los argumentos normativos que 
apoyan la solicitud, los hechos últimos que fundamentan la petición del solicitante y los 
beneficios esperados.
138 
5. La licencia debe cumplir además otros requisitos normativos: 
Si la solicitud ha sido aprobada por el Direct or de Asuntos Jurídico s, deben imponerse las 
siguientes condiciones adicionales: 
 a) el alcance y duración de la licencia se limitarán a los fines para los que haya sido 
autorizada; 
 b) la licencia tendrá carácter no exclusivo; 
 c) la licencia no podrá cederse, salvo con aquella  parte de la empresa  o de la actividad 
profesional con la que se explote la invención; 
 d) el uso de la materia de la licencia se dedicará principalmente al abastecimiento del 
mercado filipino;  esta limitación no se aplicará cuando la concesión de la licencia se base en que el modo de explotación de la  patente ha sido declarado anticompetitivo 
en virtud de un procedimiento judicial o administrativo; 
 e) la licencia podrá expirar en cuanto  se demuestre fehacientemente que las 
circunstancias que motivaron su concesión han dejado de  existir y no cabe esperar 
que se repitan, siempre que se protejan suficientemente los intereses legítimos del titular de la licencia;  y 
el titular de la patente recibirá una remuner ación suficiente, que tenga en cuenta el valor 
económico de la concesión o autorización, con la salvedad de que, en los casos en los que la 
licencia se haya concedido para corregir una  práctica declarada anticompetitiva tras un 
procedimiento judicial o administrativo, la necesidad de corregir la práctica anticompetitiva podrá tomarse en consideración al determ inar la cuantía de la remuneración.
139 
35. Sírvanse explicar cómo asegura expresamente la  legislación de su país que el usuario 
potencial haya intentado obtener la autorización  del titular de los derechos en términos y 
condiciones comerciales razonables y que esos in tentos no hayan surtido efecto en un plazo 
prudencial.  En este contexto, ¿cómo se define la expresión "plazo prudencial"?  Sírvanse explicar también cómo garantiza la legislación de  su país que el uso de una licencia obligatoria 
se autorizará principalmente para abastecer el  mercado interno del Miembro que autorice tal 
uso. 
El usuario potencial debe incl uir en su petición los argumentos normativos en que se basa la 
solicitud de la licencia obligatoria y los h echos últimos que fundamentan su petición.
140  E s t a  
prescripción exige al solicitante que haga todo lo posi ble para obtener la autorización del titular de la 
patente antes de presentar la petición.141 De lo contrario, el titular de la patente podrá alegar en su 
                                                      
138 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 98. 
 
139 Ley de la República Nº 8293 (1998), sección 100. 
 
140 Ley de la República Nº 8293, sección 98. 
 
141 Ley de la República Nº 8293, s ección 95.1.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 37 
 
 
 respuesta, como defensas afirmativas, la falta de f undamento de la solicitud y/o el incumplimiento de 
una condición anterior, basándose en ellas pa ra solicitar que se deniegue la petición.
142 
En la jurisprudencia filipina, el "plazo prude ncial" se ha definido como "el tiempo necesario, 
en las circunstancias del caso, para un hombre razonable, prudente y diligente".143 
La determinación de lo que es prudencial depe nde de las circunstancias especiales de cada 
caso, y si se plantea la cuestión del carácter razonable, el Director tendrá que determinarlo, tomando en consideración las pruebas y los argumentos de ambas partes. 
El titular de la licencia deberá dedicar el uso de  la materia de la licencia al abastecimiento del 
mercado filipino
144, y el respeto de esta limitación se garantiza dando al titular de la 
patente/concesionario de la licencia el derecho a solicitar la cancelación de la licencia obligatoria 
cuando:  a) ya no existan los motivos para su concesión y sea poco probable que se repitan;  b) el 
titular de la licencia no haya comenzado a abastecer el mercado nacional ni haya hecho preparativos 
serios para hacerlo;  y c) el titular de la licencia no haya cumplido las condiciones prescritas en ella.145  
El titular de la patente puede pedir también al Dir ector de Asuntos Jurídicos que modifique la decisión 
de concesión de la licencia obligatoria, aduc iendo debidamente hechos  o circunstancias que 
justifiquen esa modificación.146 
36. Sírvanse indicar si la legislación de su país  otorga protección adicio nal a las innovaciones 
una vez transcurrido el período de 20 años de protección conferida por la patente. 
No existe ninguna disposición que prevea la pro rroga de la protección conferida por la patente 
una vez transcurrido el período de 20 años. 
37. Sírvanse explicar cómo estipula la legislació n de su país la protección mayor de las 
patentes o las solicitudes de patente pendientes el 1º de enero de 1995. 
Mientras una solicitud está pendiente, pueden efectuarse modificaciones a condición de que 
no se incluyan materias nuevas y de que se cumplan todos los requisitos de la patentabilidad. 
38. Sírvanse explicar cómo prevé la legislación de  su país la inversión de la carga de la 
prueba en relación con las patentes de procedimientos. 
En el Código de Propiedad Intelectual se dis pone que:  "cuando el objet o de una patente sea 
un procedimiento para obtener un producto, se supondr á que todo producto idéntico ha sido obtenido 
mediante el procedimiento patenta do si el producto es nuevo o si existe  una probabilidad sustancial de 
que el producto idéntico haya sido fabricado mediante  el procedimiento y el titular de la patente no 
puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.  
Al ordenar que el demandado pruebe que el proced imiento utilizado para obten er el producto idéntico 
                                                      
142 Regulation on Inter Partes Proceedings , sección 9;  Revised rules of Civil Procedure , regla 16, 
secciones 1 g) y h). 
 
143 Philgreen Trading Corporation v. Court of Appeals , 271 SCRA 719 (1997). 
 
144 Ley de la República Nº  8293, secci ón 100.4. 
 
145 Ley de la República Nº  8293, secci ón 101.2. 
 
146 Ley de la República Nº  8293, secci ón 101.1. 
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 es diferente del procedimiento patentado, el tribunal adoptará medidas para proteger, en la medida de 
lo posible, los secretos comerciales y de fabricación de éste".
147 
G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS  
Nota: El proyecto de ley de protección de los esque mas de trazado de los circuitos integrados ha 
sido aprobado por el Congreso, y se espera que el  Presidente lo firme en breve, convirtiéndolo 
así en ley.  Todas las respuestas contenidas en esta sección G se basan en el proyecto de ley 
aprobado. 
39. Sírvanse explicar cómo protege las top ografías la legislación de su país. 
Para que pueda registrarse, un es quema de trazado de circuitos integrados debe ser original.  
Un esquema de trazado se considerará original si de riva del propio esfuerzo in telectual del creador y 
no es común entre los creadores de esquemas de trazado ni los fabricantes de circuitos integrados en 
el momento de su creación.  Un esquema de traza do que consista en una combinación de elementos e 
interconexiones comunes se protegerá únicamente si la combinación, considerada en su conjunto, es original. 
El mencionado proyecto de ley prevé también que  el registro de los esquemas de trazado de 
los circuitos integrados será válido durante un perí odo de diez (10) años no  prorrogable y que esa 
validez empezará a contar a partir de la fecha de iniciación de la protección concedida al esquema de trazado.  Esta protección comenzará: 
a) en la fecha de la primera explotación co mercial en cualquier parte del mundo del 
esquema de trazado en cuestión por el titula r del derecho o con su consentimiento, a 
condición de que se presente una  solicitud de registro en la  Oficina en un plazo de dos 
(2) años a partir de la fecha de la explotación comercial, o 
b) en la fecha de presentación atribuida a la solicitud de registro del esquema de trazado 
si éste no se ha explotado antes comercialmente en cualquier parte del mundo. 
40. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de 
derechos contra la importación, la venta o la distribución con fines comerciales ilícitas de 
topografías, comprendidos los circuitos integrados  u otros artículos que incorporen un circuito 
integrado, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
A las infracciones de los derechos sobre esquemas de trazado se les aplican las disposiciones 
relativas a las infracciones de los derechos de patente. 
41. Sírvanse explicar cómo prevé la legislación de su país la excepción a lo dispuesto en el 
artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC en los ca sos especificados en el artículo 37 de dicho 
Acuerdo cuando la persona que realice esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables 
para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, 
que incorporaba una topografía reproducida ilícitamente. 
El titular del derecho sobre un esquema de traza do no tendrá derecho a impedir a terceros la 
reproducción, venta o distribución de otro modo c on fines comerciales de un esquema de trazado 
registrado cuando la persona que realice u orde ne esos actos no supiera y no tuviera motivos 
                                                     
 
147 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 78. 
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 razonables para saber, al adquirir el circuito in tegrado o el artículo que incorpora tal circuito 
integrado, que incorporaba un esquema de trazad o reproducido ilícitamente, con la salvedad, no 
obstante, de que, después del momento en que esa pe rsona reciba aviso suficiente de que el esquema 
de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona  sólo podrá realizar cualquiera de los actos 
mencionados con respecto al producto  en existencia o pedido antes de ese momento y podrá exigírsele 
que pague al titular del derecho una suma equivalente, como mínimo, al cinco por ciento de las ventas 
netas u otra regalía razonable que  le correspondería pagar por una li cencia libremente negociada de tal 
esquema de trazado. 
42. Sírvanse indicar la duración de la protección ot orgada por la legislación de su país a las 
topografías. 
El registro de los esquemas de trazado de lo s circuitos integrados será valido durante un 
período de diez (10) años no prorrogable y esta validez empezará a contar a partir de la fecha de la 
iniciación de la protección concedida al esquema de trazado.  Esta protección comenzará: 
a) en la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo del 
esquema de trazado en cuestión por el titula r del derecho o con su consentimiento, a 
condición de que se presente una  solicitud de registro en la  Oficina en un plazo de dos 
(2) años a partir de la fecha de la explotación comercial, o 
b) en la fecha de presentación atribuida a la solicitud de registro del esquema de trazado 
si éste no se ha explotado antes comercialmente en cualquier parte del mundo. 
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA  
43. Sírvanse explicar si la legislación de su país prevé un plazo determinado para la 
protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, sírvanse especificar su 
duración. 
La expresión "derechos de propiedad intelectua l" abarca la protección de la información no 
divulgada.148  La legislación de Filipinas protege y garanti za los derechos exclusivos de científicos, 
inventores, artistas y otros nacionales especialmente capacitados sobre su propiedad intelectual y sus 
creaciones, en especial cuando sean beneficiosas pa ra el país, durante el período que fije la 
legislación.149 
La protección de los secretos comerciales váli dos sigue existiendo incl uso después de que se 
haya reconocido la terminación o la expiración de un acuerdo para la transferencia de tecnología.150 
La información no divulgada está protegida mientras no deja de serlo. 
Asimismo, la información sobre los carburantes y los aditivos registrados en el Departamento 
de Energía que se considere secreto comercial habrá de ser objeto de un acuerdo de no divulgación y 
                                                      
148 Ley de la República Nº 8293 (1998), sección 4.1. 
 
149 Constitución, artículo XIV, s ección 13;  Ley de la Repúbli ca Nº 8293 (1998), sección 2. 
 
150 Rules and Regulations on Voluntary Licensing , regla 11. 
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 confidencialidad suscrito entre la empresa y el De partamento de Energía por un período de quince 
(15) años.
151 
44. Sírvanse explicar cómo define la legislación de su país la información no divulgada. 
Se entenderá por información no divulgada la información que: 
 a) sea secreta en el sentido de que no se a, como cuerpo o en la configuración y reunión 
precisas de sus componentes, generalmente  conocida ni fácilmente accesible para 
personas introducidas en los círculos en  que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión; 
 b) tenga un valor comercial por ser secreta, y 
 c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla 
secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.152 
45. Sírvanse explicar cómo define la legislación de  su país los datos sometidos a los gobiernos 
o a organismos oficiales. 
Los documentos privados que, de conformidad con lo dispuesto por  la ley, deben incorporarse 
a los registros públicos mantenidos en Filipinas se consideran documentos públicos.  Los actos 
oficiales documentados por escrito o las minutas de lo s actos oficiales de la autoridad soberana, los 
organismos públicos y los tribunales, así como de los funcionarios públicos, ya sean filipinos o de un 
país extranjero, y los documentos reconocidos an te notario público, salvo las últimas voluntades y 
testamentos, se consideran también documentos públicos.153  No obstante, determinadas disposiciones 
legislativas prevén expresamente el carácter confid encial de los documentos sometidos a organismos 
oficiales. 
En el caso de las patentes, no se permitirá la inspección de las solicitudes de patente que aún 
no hayan sido publicadas ni de todos los documentos conexos sin el consentimiento del solicitante.154 
Los empleados de la Oficina de Rentas Internas tienen prohibido revelar secretos comerciales 
de personas que tengan relaciones con su oficin a.  Ningún empleado o funcionario divulgará a 
ninguna persona los secretos, métodos de trabaj o o equipos de un fabricante, o información 
confidencial relativa a la actividad comercial de un contribuyente, de los que haya tenido 
conocimiento en el desempeño de sus funciones ofic iales.  Si es declarado culpable, el empleado o 
funcionario podrá tener que pagar una multa de no me nos de cincuenta mil (50.000) y no más de cien 
mil (100.000) pesos o ser condenado a pena de prisión de no menos de  dos (2) años y no más de cinco 
(5) años, o ambas cosas.155 
                                                      
151 DENR AO Nº 81-00 { Implementing reglas and Regulations of RA  Nº 8749 ( Philippine Clean Air 
Act of 1999 )}. 
 
152 Rules and Regulations on Voluntary Licensing , regla 1 o). 
 
153 Revised Rules of Court , regla 132, sección 19. 
 
154 Ley de la República Nº 8293, sección 45. 
 
155 Ley de la República Nº  8424, sección 270.  
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 Con arreglo a la legislación, determinados tipos de información pueden quedar exentos de 
todo examen público.
156  Los secretos comerciales y la información confidencial, comercial y 
financiera, del solicitante, así como las cuestiones que  afecten a la seguridad nacional, no disfrutarán 
de ese privilegio.157  No se podrá interrogar a un funcionario público mientras ocupe su cargo o 
posteriormente sobre las comunicaciones que se le hicieran confidencialmente debido a su carácter 
oficial cuando los tribunales consideren que la divulgación redundaría en detrimento del interés 
público.158 
Además, la legislación de Filipinas reconoce la necesidad de proteger la información 
confidencial y prevé la aplicación de duras sanciones a cualquiera que divulgue ilegalmente tal 
información y haga un us o indebido de ella. 
De conformidad con el Códi go de Conducta y de Normas Éticas para Funcionarios y 
Empleados Públicos, éstos no utilizarán ni divulgarán la información confidencial o clasificada de que 
hayan tenido conocimiento oficial en virtud de su cargo y que no se haya puesto a disposición del 
público.159  Los funcionarios y empleados públicos que infrinjan esta disposición podrán ser 
castigados con a) una multa no superior al salario  de seis (6) meses, la suspensión de funciones 
durante un (1) año como máximo o el cese, según la gravedad del delito;  o b) pena de prisión no 
superior a cinco (5) años o una multa no superior a cinco mil (5.000) pesos o ambas cosas y, a discreción del tribunal competente, la inhabilitación  para desempeñar cargos públicos.  Cualquier 
violación de las mencionadas disposiciones de mostrada mediante el debido procedimiento 
administrativo será causa suficiente para el cese o el despido del funcionario o el empleado público, 
incluso si no se inicia un proced imiento penal en su contra.
160 
Será también ilegal que un f uncionario público divulgue información valiosa de carácter 
confidencial, obtenida por su oficina o por él mism o en el desempeño de su cargo oficial, a personas 
no autorizadas o que haga pública información de ese ti po antes de la fecha de publicación autorizada.  
La persona que inste al funcionario a divulg ar o hacer pública en un momento inadecuado la 
información confidencial será castigada junto co n el funcionario público infractor y quedará 
inhabilitada, permanente o temporalmente, a di screción del tribunal, para cualquier tipo de 
operaciones comerciales con el Gobierno.161  Todo funcionario público o particular responsable de 
uno de estos actos u omisiones ilegales será castigado con pena de prisión no inferior a seis (6) años y 
un (1) mes ni superior a quince (15) años y con la inhabilitación permanente  para el desempeño de 
cargos públicos.162 
Todo funcionario público que reve le un secreto del que tenga c onocimiento debido a su cargo 
oficial o que divulgue indebidamente documentos o copias de documentos que tenga a su cargo y que 
no deban ser publicados podrá ser castigado con pena de prisión o co n una multa de 500 
                                                      
156 Legaspi v. CSC, 150 S.C.R.A. 530 (1987). 
 
157 Garcia v. Board of Investments , 177 S.C.R.A. 374 (1989). 
 
158 Revised rules of Court , regla 130, sección 24 e). 
 
159 Ley de la República Nº 6713 (1989), sección 7 c). 
 
160 Ley de la República Nº  6713 (1989), sección 11. 
 
161 Ley de la República Nº 3019 (1960), Anti-Graft and Corrupt Practices Act , sección 3 k). 
 
162 Ley de la República Nº 3019 (1960), Anti-Graft and Corrupt Practices Act , sección 9. 
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 a 2.000 pesos.
163  Todo funcionario público que tenga c onocimiento de los secretos de cualquier 
particular debido a su cargo y revele dichos secret os también podrá ser castig ado con pena de prisión 
y una multa no superior a 1.000 pesos.164 
I. OBSERVANCIA  
46. Sírvanse exponer cómo contempla la legislación de su país la actuación eficaz contra la 
infracción de los derechos de propiedad intelectual. 
La legislación de Filipinas prevé recursos civil es, penales y administrativos para la actuación 
eficaz contra la infracción de los de rechos de propiedad intelectual. 
a) Acciones civiles  
En caso de infracción de una patente, el titular de ésta o de algún derecho, título o interés en 
relación con la invención patentada podrá incoar una acción civil ante el tribunal competente, a fin de 
recibir del infractor una indemnización por los da ños y perjuicios sufridos a causa de la infracción, 
además de los honorarios de los abogados y otros gastos derivados del litigio, y de obtener la 
adopción de medidas cautelares para la protecci ón de sus derechos.  Asimismo, a discreción del 
tribunal, se podrá ordenar, que lo s productos implicados en la infracción y los materiales y equipos 
utilizados predominantemente para cometerla se apar ten de los circuitos comerciales o se destruyan 
sin compensación.165 
En caso de infracción de una marca de fábrica o de  comercio, el titular de la marca registrada 
podrá obtener una indemnización por daños de la persona que haya infringido sus derechos.  El 
tribunal podrá doblar esta indemnización si se demuest ra la existencia de un intento efectivo de 
engañar al público o de defraudar al  demandante.  Si así queda demo strado, el tribunal podrá dictar 
también medidas cautelares en favor del titular de la  marca de fábrica o de comercio y podrá ordenar 
que el material infractor sea apartado de los circ uitos comerciales o destruido sin compensación.  
Previa solicitud del demandante, el tribunal podrá in cautarse, durante la tramitación de la acción, de 
facturas de venta y otros documentos relativos a las ventas.166 
En caso de infracción del derecho de autor, el  titular de este derecho podrá incoar una acción 
civil ante el tribunal competente, y la persona consid erada culpable de la infracción estará sujeta a) a 
medidas cautelares dictadas para limitar dicha infracci ón, b) al pago al titular del derecho de autor o a 
sus cesionarios o herederos de una indemnización por  los daños reales ocasionados, con inclusión de 
las costas judiciales y otros gastos en que hayan incurrido éstos a causa de la infracción, así como de 
los beneficios que el infractor haya obtenido en vi rtud de dicha infracción, c) a la incautación, durante 
la tramitación de la acción, de facturas de venta, y otros documentos relativos a las ventas, de todos 
los artículos y sus envases que presuntamente infrinjan  un derecho de autor y de los instrumentos para 
fabricarlos, y d) a la destrucción, sin compen sación alguna, de todas las copias o dispositivos 
infractores, así como de todas las placas, moldes u otros medios para realizar esas copias infractoras, según ordene el tribunal.  En una acción por infracci ón del derecho de autor, el tribunal también podrá 
                                                     
 
163 Revised Penal Code  {Ley Nº 3815 (1930)}, artículo 229. 
 
164 Revised Penal Code  {Ley Nº 3815 (1930)}, artículo 230. 
 
165 Ley de la República Nº 8293 (1997), secciones 76.2 y 76.5. 
 
166 Ley de la República Nº 8293 (1997), secciones 156.1, 15 6.2, 156.3 y 156.4. 
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 ordenar el decomiso y la incautación de cualqui er artículo que pueda servir de prueba en el 
procedimiento judicial.
167 
Las decisiones sobre los casos civiles por infr acción sometidos a los tribunales de distrito 
pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.168 
b) Medidas penales  
En caso de infracción de una patente, si el in fractor o una persona en connivencia con éste 
reincide en la infracción después de que el tribun al haya dictado sentencia definitiva contra el 
infractor, los infractores, sin perjuicio de la pos ibilidad de que se incoen acciones civiles por daños 
contra ellos, serán responsables penalmente y, tr as la sentencia condenatori a, serán castigados con 
pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años y deberán pagar una multa de cien mil (100.000) a 
trescientos mil (300.000) pesos, a discreción del tr ibunal.  La acción penal prescribe en un plazo de 
tres (3) años contados a par tir de la comisión del delito.169 
En caso de infracción de una marca de fábri ca o de comercio, se impondrá una sanción penal 
de privación de libertad durante un período de dos (2) años a cinco (5 ) años y una multa de cincuenta 
mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la pe rsona considerada culpable de dicha infracción, 
de competencia desleal o de utilización de una denominación de origen falsa.170 
En caso de infracción del derecho de autor, el infractor de este derecho o toda persona que 
contribuya a cometer la infracción o instigue al infra ctor a cometerla será culpable de un delito que se 
castigará con las siguientes sanciones:  a) pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cincuenta mil (50.000) a ciento cincuenta mil (150.000)  pesos por el primer delito;  b) pena de prisión 
de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años y multa de ciento cincuenta mil (150.000) a quinientos mil 
(500.000) pesos por el segundo delito ;  c) pena de prisión de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) 
años y multa de quinientos mil (500.000) a un mill ón quinientos mil (1.500.000) pesos por el tercer 
delito y los siguientes;  y d) en todos los casos, pe na de prisión subsidiaria si existe insolvencia.
171 
Las resoluciones de los tribunales de distr ito en los casos penales por infracción pueden 
recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.172 
c) Medidas administrativas  
Los casos administrativos en los que intervenga  una violación de derechos de propiedad 
intelectual podrán ser sometidos a los siguientes órganos administrativos. 
A. La Oficina de Propiedad Intelectual, a través de  la Oficina de Asuntos Jurídicos, ejerce la 
jurisdicción inicial en las demandas administra tivas por infracción de derechos de propiedad 
                                                      
167 Ley de la República Nº 8293 (1997), secciones  216.1 y 216.2. 
 
168 Revised Rules of Court , reglas 41 y 56. 
 
169 Ley de la República Nº  8293 (1997), sección 84. 
 
170 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 170. 
 
171 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 217.1. 
 
172 Revised Rules of Court , reglas 124 y 125. 
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 intelectual si los daños totales reclamados no son inferiores a doscientos mil (200.000) pesos.  En el 
curso del procedimiento, podrá decretarse el emba rgo y se podrán dictar mandamientos preliminares 
y/o órdenes de limitación temporales.  El Director  de Asuntos Jurídicos podrá castigar por desacato a 
quienes hagan caso omiso de las órdenes o mandamien tos dictados en el curso del procedimiento.
173 
Tras una investigación formal, el Director de Asuntos Jurídicos podrá imponer una o varias de 
las siguientes sanciones administrativas:  i) la emis ión de una orden de abstención y desistimiento en 
la que se especifiquen los actos que el demandado se ab stendrá de cometer o de los que desistirá;  
ii) la aceptación de un compromiso voluntario de cumplimiento o desistimiento, según se imponga;  iii) la confiscación de los producto s que constituyan el cuerpo del delito;  iv) el decomiso de la 
parafernalia y de todas las propiedades reales y pe rsonales utilizadas en la comisión del delito;  v) la 
imposición de multas administrativas por el importe  que el Director de Asuntos Jurídicos estime 
razonable, que en todo caso no será inferior a cinco m il (5.000) pesos ni superará los ciento cincuenta 
mil (150.000) pesos, y de una multa adicional de  mil (1.000) pesos por día que se mantenga la 
infracción;  vi) la anulación de todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por 
el demandado de la Oficina;  vii) la retención de todos los permisos, licencias, autorizaciones o 
registros que haya de obtener el demandado de la Of icina;  viii) la evaluación de los daños;  ix) la 
censura;  y x) otras penas o sanciones análogas.
174 
Las decisiones del Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos en los casos administrativos 
que implican una infracción de la propiedad intelect ual pueden recurrirse ante el Director General de 
la Oficina de Propiedad Intelectual.175  Las decisiones de éste pueden recurrirse ante el Tribunal de 
Apelación y, en último término, ante el Tribunal Supremo.176 
B. Corresponde al Ministerio de Comercio e Industr ia la jurisdicción inicial en las reclamaciones 
por infracción de derechos de propiedad intelectua l, independientemente del importe total reclamado 
por los daños causados o de si no se reclama i ndemnización alguna.  El Ministro de Comercio e 
Industria puede penalizar el desacato directo o indirecto y emitir subpoena duces tecum  y subpoena 
ad testificandum.177 
Tras una investigación formal, el Ministro de  Comercio e Industria  puede imponer una o 
varias de las siguientes sanciones administrativas:  i) la emisión de una orden de abstención y 
desistimiento, en la que se especifiquen los actos que el demandado se abstendrá de cometer y de los 
que desistirá;  ii) la aceptación de un compromiso voluntario de cumplimiento o desistimiento, según 
se imponga;  iii) la confiscación de los productos que constituyan el cuerpo del delito;  iv) el 
decomiso de la parafernalia y de todas las propi edades reales y personales utilizadas en la comisión 
del delito;  v) la imposición de multas administrati vas por el importe que el Director de Asuntos 
Jurídicos estime razonable, que en todo caso no será in ferior a cinco mil (5.000) pesos ni superará los 
ciento cincuenta mil (150.000) pesos y de una mult a adicional de mil (1.000) pesos por día que se 
mantenga la infracción;  vi) la anulación de todos  los permisos, licencias, autorizaciones o registros 
obtenidos por el demandado de la Oficina;  vii)  la retención de todos los permisos, licencias, 
                                                      
173 Ley de la República Nº 82 93 (1997), sección 10.2 [a]. 
 
174 Ley de la República Nº 82 93 (1997), sección 10.2 [b]. 
 
175 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 7 [b]. 
 
176 Rules of Court , reglas 42 y 45. 
 
177 Orden del Ejecutivo Nº 913 [1983], artículo I II, secciones 4 y 5;  Or den Administrativa del 
Departamento 01 [2000]. 
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 autorizaciones o registros que haya de obtener el dema ndado de la Oficina;  viii) la evaluación de los 
daños;  ix) la censura;  y x) otras penas o sanciones análogas.
178 
Las decisiones del Ministro de Comercio e I ndustria pueden recurrirse ante la Oficina del 
Presidente.179 
C. La Junta Normativa de los Videogramas tiene jurisdicción sobre las infracciones de la ley 
relacionadas con los videogramas, con inclusión de aquellas que implican la violación del derecho de 
autor.180 
Se impondrán las siguientes sanciones administ rativas a las personas consideradas culpables 
de violación del derecho de autor:  i) clausura, revocación de la licencia comercial y/o del permiso 
comercial y confiscación de los videogramas implicados en las violaciones;  y ii) multa de seis mil 
(6.000) a cien mil (100.000) pesos.181 
Las decisiones de la Junta Normativa de los Videogramas pueden recurrirse ante la Oficina 
del Presidente.182 
47. Sírvanse explicar si la legislación de su país contempla un mecanismo para recurrir 
contra las decisiones administrativas definitivas ante los órganos judiciales. 
Las leyes de Filipinas contemplan el recurso c ontra las decisiones administrativas definitivas 
ante los órganos judiciales.  Las decisiones del Director de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Propiedad Intelectual en los casos de violación de derechos de propiedad intelectual en los que los 
daños y perjuicios totales reivindicados no son infe riores a doscientos mil (200.000) pesos y en los de 
petición de cancelación de una marca, patente, modelo  de utilidad o dibujo o modelo industrial, de 
oposición al registro de una marca y de concesión de  licencias obligatorias pued en recurrirse ante el 
Director General de la Oficina de Propiedad Intelectual.
183 Las decisiones de éste pueden recurrirse 
ante el Tribunal de Apelación y, en último término, ante el Tribunal Supremo.184 
48. Sírvanse describir cómo autoriza la legislac ión de su país a los jueces a ordenar la 
presentación de pruebas por la parte contraria.   Sírvanse facilitar información precisa acerca 
de las medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial. 
Las autoridades judiciales podrán ordenar la emisión de una subpoena ad testificandum  por la 
que se requiera a la otra parte que comparezca y testifique ante el tribunal, o de una subpoena duces 
tecum  por la que se requiera a la otra parte que presen te y aporte pruebas documentales que obren en 
                                                      
178 Orden del Ejecutivo Nº 913, sección 6. 
 
179 Orden del Ejecutivo Nº 913, sección 13. 
 
180 Decreto Presidencial 1987, capítulo IX, sección 21A[2]. 
 
181 Decreto Presidencial 1987 , secciones 21A[1] y 21B[1]. 
 
182 Circular Memorando Nº 98-00, regla IX, sección 1. 
 
183 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 7 [b]. 
 
184 Rules of Court , reglas 42 y 45. 
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 su poder.  Sin embargo, es posible que el tribunal no dicte esta orden cuando las pruebas sean 
incriminatorias, confidenciales, priv ilegiadas, insustanciales o irrelevantes.
185 
El tribunal podrá ordenar a instancia de una de  las partes que se curse una citación para que el 
testimonio de la otra parte se efectúe en forma de declaración jurada previo examen oral o 
interrogatorio por escrito.186  El declarante podrá ser interrogado en relación con cualquier asunto de 
interés para la acción, incluida la existencia, la  naturaleza o la localización de documentos y la 
identidad de personas que conozcan hechos relevantes.187 
El tribunal podrá dictar también una orde n de presentación o inspección de documentos u 
objetos a instancia de una de las partes.  La or den podrá exigir a la otra parte que facilite los 
documentos designados que obren en su poder, que no sean privilegiados y que sean significativos 
para la acción, y que permita su inspección y copia.188 
La información confidencial presentada como prue ba en el procedimiento pasa a formar parte 
del expediente del asunto y podrá ser examinada por el público.  No obstante, las autoridades 
judiciales podrán impedir que partes no interesadas examinen los expedientes judiciales si su 
propósito es meramente satisfacer su curiosidad.189 
49. Sírvanse citar las disposiciones de la legislac ión de su país que autorizan a los jueces a 
ordenar a un demandado que desista de una infracción. 
a) Embargo preliminar  
Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el 
demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer  que se embargue la propiedad de la parte 
contraria como garantía del cumplimi ento de una sentencia condenatoria.190 
Los únicos requisitos necesarios para que se dicte el mandamiento judicial de embargo 
preliminar son una declaración jurada por escrito y el depósito de una fianza por el solicitante.  No se precisa notificar nada a la parte contraria y tam poco una vista de la solicitud, pues el tiempo que 
supondría la vista podría bastar para permitir al demandado evadir la jus ticia o disponer de su 
propiedad antes de la emisión del mandami ento judicial de embargo preliminar.
191 
b) Mandamiento judicial preliminar/orden de limitación temporal  
Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la 
emisión de la sentencia o de la orden definitiva en virtud de la cual se requiere a una parte o a un 
                                                      
185 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 21, sección 1;  regla 23, sección 2. 
 
186 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 23, sección 1. 
 
187 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 23, sección 2. 
 
188 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 27, sección 1. 
 
189 Rules of Court,  regla 132, secciones 19 y 20 a);  regla 135 2). 
 
190 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, sección 1. 
 
191 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, sección 3. 
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 tribunal, a un organismo o a una persona, que se ab stenga de realizar un act o o actos determinados.  
Puede imponer también la ejecución de un acto o actos determinados, en  cuyo caso se denomina 
requerimiento imperativo preliminar.
192 
La parte agraviada puede solicitar un mandamiento  judicial preliminar presentando ante el 
tribunal competente una reclamación confirmada que refleje los motivos de la misma y depositando la 
fianza exigida.193 
El tribunal podrá emitir ex parte  una orden de limitación temporal con una vigencia de setenta 
y dos (72) horas contadas a partir de la notificaci ón a la parte o persona requerida si se trata de 
cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a daños irreparables para 
el solicitante.  En este período, el tribunal proced erá a celebrar una vista oral para determinar la 
corrección de la medida cautelar.  Normalmente, una  medida cautelar tiene una  vigencia de veinte 
(20) días y no puede dictarse sin una vista.  El perí odo de veinte (20) días incluye la orden restrictiva 
de setenta y dos (72) horas.  No obstante, si la dict a el Tribunal de Apelación, la orden de limitación 
temporal estará en vigor durante sesenta (60) días a partir de la notificación a la parte requerida.  Una 
orden restrictiva dictada por el Tribunal Supremo tendrá vigencia hasta nueva orden.194 
c) Incautación y destrucción  
A petición del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de facturas de 
venta y otros documentos relativos a las ventas.195 
Asimismo, las mercancías infractoras pueden ser destruidas sin indemnización mientras está 
pendiente el asunto.196 
d) Decomiso e incautación  
Con objeto de garantizar la conservación de l as pruebas necesarias para el enjuiciamiento de 
los casos relativos a una violación de derechos de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo está 
estudiando la posibilidad de agregar el siguien te texto propuesto al reglamento judicial: 
"MEDIDAS PROVISIONALES Y PREVENTIVAS EN  
ACCIONES POR INFRACCIÓN 
ARTÍCULO 1.  Medidas provisionales y preventivas - El tribunal podrá ordenar la adopción 
de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: 
 a) impedir que se produzca la infracción de cual quier derecho de propiedad intelectual y, 
en particular, impedir el ingreso de mercancías en los circuitos comerciales de su jurisdicción, incluso 
inmediatamente después del despacho de aduana; 
                                                      
192 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, sección 1. 
 
193 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, sección 3. 
 
194 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, sección 5. 
 
195 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 156.2. 
 
196 Ley de la República Nº 82 93 (1997), sección 216.1 d). 
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  b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 
La resolución de establecer medidas provisional es y preventivas incluirá, sin limitarse a ello, 
la confiscación e incautación de los artículos cons titutivos de la infracción y de los instrumentos 
utilizados para cometerla. 
ARTÍCULO 2.  Solicitud y promulgación de la resolución - El tribunal resolverá en el plazo 
de 24 horas a partir de la presentación de una solic itud confirmada y, cuando ello sea conveniente, 
ordenará la adopción de medidas provisionales y preventivas sin haber oído a la otra parte, en 
particular cuando haya probabilidad de que cualquier  retraso cause daño irreparable al titular de los 
derechos o cuando haya un riesgo demo strable de destrucción de pruebas. 
ARTÍCULO 3.  Declaración jurada por escrito y fianza requerida - El demandante y/o sus 
testigos presentarán y aportarán en su decl aración jurada por escrito las pruebas de que 
razonablemente dispongan, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el 
demandante es el titular del derecho y que su derec ho es objeto o va a ser objeto inminentemente de 
infracción.  El demandante deberá facilitar al tribunal los demás datos necesarios para la 
identificación de los productos en cuestión por el of icial de justicia u otra  autoridad gubernamental 
que ejecute la orden. 
Además, el demandante depositará una fianza en efectivo, que podrá presentarse en forma de 
cheque de caja o de gerencia, y cu yo importe determinará el tribunal, que se destinará a sufragar todas 
las costas de la parte contraria que se fijen judi cialmente y todos los daños que ésta pueda sufrir a 
causa de la resolución, si el tribunal resuelve de finitivamente que el demandante no tiene derecho a 
solicitarla. 
Sin embargo, un demandante sin recursos econó micos podrá presentar una fianza de caución 
en lugar de una fianza en efectivo. 
ARTÍCULO 4.  Resolución dictada sin haber oído a la otra parte - Cuando la resolución se 
dicte sin haber oído a la otra parte, las partes afect adas recibirán una copia de la misma, junto con su 
orden de ejecución.  El oficial de justicia u otra  autoridad gubernamental que  haya ejecutado la orden 
remitirá un informe en el plazo de cinco (5) días al  tribunal que dictó la resolución, y en caso de 
confiscación e incautación de artículos, presentará  una descripción completa de las diligencias 
practicadas y el inventario completo de los artículos confiscados e incautados 
A instancias del demandado, podrá someterse a vista judicial la decisión sobre la 
modificación, revocación o confirmación de la resolución. 
ARTÍCULO 5.  Revocación de la resolución - Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo inmediatamente anterior, a instancias del demandado la resolución se revocará o 
quedará de otro modo sin efecto y el artículo confiscado e incautado será devuelto con carácter 
inmediato si no se incoa ninguna acción ante el tribunal o la autoridad competente en un plazo de treinta y un (31) días naturales contados a partir  de la fecha de emisión de la resolución. 
ARTÍCULO 6.  Resarcimiento con cargo a la fianza - En los casos en que las medidas 
provisionales y preventivas sean revocadas o caduqu en por acción u omisión del demandante, o en 
aquellos en que posteriormente se determine que  no hubo infracción o amenaza de infracción de un 
derecho de propiedad intelectual, el tribunal, a instancias del demandado y después de una vista oral, 
podrá ordenar al demandante que indemnice al de mandado, con cargo a la fianza depositada por el 
demandante, por los daños personales o material es causados por la emisión y ejecución de la 
resolución."  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 50. Sírvanse citar las disposiciones de la legislac ión de su país que autorizan a los jueces a 
ordenar el pago al titular del derecho de un resarcimiento adecuado para  compensarlo por los 
daños sufridos. 
En caso de infracción de una patente, el tri bunal podrá fijar una indemnización no superior a 
tres (3) veces el importe de los daños reales sufridos.
197 Si no es posible cuantificar los daños, el 
tribunal podrá fijar una indemnizac ión equivalente a un canon razonable.198 
En cuanto a la infracción de marcas de fábrica o de comercio, el tribunal podrá fijar una 
indemnización equivalente al beneficio razonabl e o al beneficio que el demandado haya obtenido 
efectivamente a raíz de la infracción.  Si no es posible cuantificar los daños, fijará una indemnización 
equivalente a un porcentaje de las ventas brutas de l demandado.  La indemnización por daños podrá 
doblarse si existe un intento real de engaña r al público o de defraudar al demandante.199 
Con respecto a la infracción del derecho de autor, el tribunal podrá fijar una indemnización 
por los daños reales sufridos, que incluya los benefi cios que haya podido obtener el infractor debido a 
la infracción, o los daños que puedan consider arse justos a la luz de las circunstancias.200 
El tribunal también podrá ordenar el pago de lo s honorarios de los abogados y otras variantes 
de daños, como los daños morales, nominales, mo derados, liquidados y ejemplares derivados de los 
actos delictivos del demandado.201 
51. Sírvanse indicar qué disposiciones de la legislación de su país autorizan a los jueces a 
ordenar que el infractor pague los gastos del titular del derecho. 
En caso de infracción del derecho de autor, el  tribunal podrá ordenar al infractor o al 
demandado que pague al titular del derecho de  autor o a sus cesionarios o herederos una 
indemnización por los daños reales que pueda habe r sufrido debido a la infracción, que incluya las 
costas judiciales y otros gastos, así como los beneficios que el infractor pueda haber obtenido debido a la infracción, y al demostrar la existencia de beneficios, el demandante sólo estará obligado a 
demostrar la existencia de ventas y el demandado deberá aportar pruebas de  cada elemento de los 
costos que pretenda haber tenido o,  en lugar de la indemnización por los daños reales y los beneficios, 
deberá pagar la indemnización que el tribuna l estime justa, que se considerará una sanción.
202 
En los casos relativos a patentes, el titular de la patente podrá incoar una acción civil a fin de 
recibir del infractor una indemnización por los daños sufridos debido a la infracción, además de los 
                                                      
197 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 76.4. 
 
198 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 76.3. 
 
199 Ley de la República Nº 8293 (1997), secciones  156.1 y 156.3. 
 
200 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 216 b). 
 
201 Ley de la República Nº 8293 (199 7), secciones 216 e) y 76.2;  Ley de la República Nº 386 (1949), 
artículos 2216 a 2235. 
 
202 Ley de la República Nº 82 93 (1997), sección 216.1 [b]. 
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 honorarios de los abogados y otros gastos derivados  del litigio y de la obtención de un mandamiento 
judicial.
203 
Los honorarios de los abogados y los gastos de rivados del litigio distintos de las costas 
judiciales pueden recuperarse en algunos casos, entre otros: 
 a) cuando se conceden daños ejemplares; 
 b) cuando el demandado actuó con mala fe ev idente y flagrante, negándose a satisfacer 
la reclamación válida, justa y exigible del demandante; 
 c) en una acción independiente de res ponsabilidad civil derivada de un delito; 
 d) en cualquier otro caso en el que el tribunal considere justo y equitativo que se 
recuperen los honorarios de los abogado s y los gastos derivados del litigio. 
En todos los casos, los honorarios de los abogados  y los gastos derivados del litigio deben ser 
razonables.204 
52. Sírvanse explicar si los jueces tienen la facultad de ordenar que las mercancías 
infractoras se aparten de los circuitos co merciales o sean destruidas y de qué modo. 
En caso de infracción de una patente, a di screción del tribunal, se podrá ordenar que los 
productos implicados en la infracción y los materi ales y equipos utilizados predominantemente para 
cometerla se aparten de los circuitos come rciales o se destruyan sin compensación.205 
En caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio, el tribunal podrá ordenar que 
los productos declarados infractores se aparten de los circuitos comerciales sin compensación de 
ningún tipo de tal manera que se evite perjudicar al  titular del derecho o se destruyan;  y todas las 
etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios , recipientes y anuncios que obren en poder del 
demandado y que lleven la marca registrada o el nombre comercial o cualquier reproducción, 
falsificación, copia o imitación coloreable de los mi smos y todas las placas, moldes, matrices y otros 
medios para fabricarlos se entregarán y destruirán.206 
En caso de infracción del derecho de autor, el tribunal podrá ordenar la entrega bajo 
juramento, para su destrucción sin compensación alguna, de todas las copias o dispositivos 
infractores, así como de todas las placas, moldes u otros medios para realizar esas copias infractoras.
207 
53. Sírvanse indicar qué disposiciones de la legislación de su país autorizan a los jueces a 
indemnizar a un demandado en caso de abuso por parte del demandante. 
                                                      
203 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 76.2. 
 
204 New Civil Code  (1949), artículo 2208. 
 
205 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 76.5. 
 
206 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 157.1. 
 
207 Ley de la República Nº 82 93 (1997), sección 216.1. d). 
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 En cualquier acción civil en la que el demandant e haya incluido una solicitud de emisión de 
una orden de limitación temporal y/o un mandami ento preliminar, el demandado indebidamente 
limitado u objeto del mandamiento podrá recupe rar los daños sufridos del solicitante y/o el 
demandante, que habrá de depositar una fianza para garantizar que  pagará al demandado todos los 
daños que éste pueda sufrir debido al mandamiento judi cial o a la orden de limitación temporal si el 
tribunal decide finalmente que el solicitante no tenía derecho a pedir que se adoptaran esas 
medidas.
208 
54. Sírvanse explicar cómo se aplica en la legislac ión de su país el artículo 50 del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
Las medidas provisionales previstas en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican 
de conformidad con las siguientes normas: 
a) Embargo preliminar  
Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el 
demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer  que se embargue la propiedad de la parte 
contraria como garantía del cumplimi ento de una sentencia condenatoria.209 
Los únicos requisitos necesarios para que se dicte el mandamiento judicial de embargo 
preliminar son una declaración jurada por escrito y el depósito de una fianza por el solicitante.  No se precisa notificar nada a la parte contraria y tam poco una vista de la solicitud, pues el tiempo que 
supondría la vista podría bastar para permitir al demandado evadir la jus ticia o disponer de su 
propiedad antes de la emisión del mandami ento judicial de embargo preliminar.
210 
b) Mandamiento judicial preliminar/orden de limitación temporal  
Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o el procedimiento antes de la 
emisión de la sentencia o de la orden definitiva en virtud de la cual se requiere a una parte o a un 
tribunal, a un organismo o a una persona, que se ab stenga de realizar un act o o actos determinados.  
Puede imponer también la ejecución de un acto o actos determinados, en  cuyo caso se denomina 
requerimiento imperativo preliminar.211 
La parte agraviada puede solicitar un mandamiento  judicial preliminar presentando ante el 
tribunal competente una reclamación confirmada que refleje los motivos de la misma y depositando la 
fianza exigida.212 
El tribunal podrá emitir ex parte  una orden de limitación temporal con una vigencia de setenta 
y dos (72) horas contadas a partir de la notificaci ón a la parte o persona requerida si se trata de 
cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a daños irreparables para 
el solicitante.  En este período, el tribunal proced erá a celebrar una vista oral para determinar la 
                                                      
208 Revised rules of Civil Procedure (1997) , regla 58, sección 4 b). 
 
209 Revised rules of Civil Procedure (1997) , regla 57, sección 1. 
 
210 Revised rules of Civil Procedure (1997) , regla 57, sección 3. 
 
211 Revised rules of Civil Procedure (1997) , regla 58, sección 1. 
 
212 Revised rules of Civil Procedure (1997) , regla 58, sección 3. 
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 corrección de la medida cautelar.  Normalmente, una  medida cautelar tiene una  vigencia de veinte 
(20) días y no puede emitirse sin una vista.  El perío do de veinte (20) días incluye la orden restrictiva 
de setenta y dos (72) horas.  No obstante, si la dict a el Tribunal de Apelación, la orden de limitación 
temporal estará en vigor durante sesenta (60) días a partir de la notificación a la parte requerida.  
Una orden restrictiva dictada por el Tribuna l Supremo tendrá vigencia hasta nueva orden.
213 
Procedimientos comunes a los recursos antes mencionados  
Tanto el embargo preliminar como el mandamiento judicial preliminar/la orden de limitación 
temporal se inician mediante la presentación de una petición confirmada ante el tribunal competente y 
el depósito de una fianza.214  El solicitante debe demostrar lo s hechos que le dan derecho a la 
reparación solicitada. 
En ambos casos la fianza depositada por el solicita nte sirve de garantía para la parte contraria 
y responde de los daños y costas que puedan adjudi carse a esa parte a causa del recurso provisional. 
c) Incautación y destrucción  
A petición del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de facturas de 
venta y otros documentos relativos a las ventas.215 
Asimismo, las mercancías infractoras pueden ser destruidas sin indemnización mientras está 
pendiente el asunto.216 
d) Decomiso e incautación  
Con objeto de garantizar la conservación de l as pruebas necesarias para el enjuiciamiento de 
los casos relativos a una violación de derechos de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo está 
estudiando la posibilidad de agregar el siguien te texto propuesto al reglamento judicial: 
"MEDIDAS PROVISIONALES Y PREVENTIVAS 
EN ACCIONES POR INFRACCIÓN 
ARTÍCULO 1.  Medidas provisionales y preventivas - El tribunal podrá ordenar la adopción 
de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:   
 a) evitar que se produzca la infracción del derecho de propiedad intelectual, y en 
particular, evitar el ingreso de mercancías en los ci rcuitos comerciales de su jurisdicción, inclusive 
inmediatamente después del despacho de aduana; 
 b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 
                                                      
213 Revised rules of Civil Procedure (1997) , regla 58, sección 5. 
 
214 Revised rules of Civil Procedure  (1997) , regla 57, secciones 1 y 3;  regla 58, sección 4. 
 
215 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 156.2. 
 
216 Ley de la República Nº 82 93 (1997), sección 216.1 d). 
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 La resolución de establecer medidas provisional es y preventivas incluirá, sin limitarse a ello, 
la confiscación e incautación de los artículos cons titutivos de la infracción y de los instrumentos 
utilizados para cometerla. 
ARTÍCULO 2.  Solicitud y promulgación de la resolución - El tribunal resolverá en el plazo 
de 24 horas a partir de la presentación de una solic itud confirmada y, cuando ello sea conveniente, 
ordenará la adopción de medidas provisionales y preventivas sin haber oído a la otra parte, en 
particular cuando haya probabilidad de que cualquier  retraso cause daño irreparable al titular de los 
derechos o cuando haya un riesgo demo strable de destrucción de pruebas. 
ARTÍCULO 3.  Declaración jurada por escrito y fianza requerida - El demandante y/o sus 
testigos presentarán y aportarán en su decl aración jurada por escrito las pruebas de que 
razonablemente dispongan, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el 
demandante es el titular del derecho y que su derec ho es objeto o va a ser objeto inminentemente de 
infracción.  El demandante deberá facilitar al tribunal los demás datos necesarios para la 
identificación de los productos en cuestión por parte del oficial de justicia u otra autoridad 
gubernamental que ejecute la orden. 
Además, el demandante depositará una fianza en efectivo, que podrá presentarse en forma de 
cheque de caja o de gerencia, y cu yo importe determinará el tribunal, que se destinará a sufragar todas 
las costas de la parte contraria que se fijen judi cialmente y todos los daños que ésta pueda sufrir a 
causa de la resolución, si el tribunal resuelve de finitivamente que el demandante no tiene derecho a 
solicitarla. 
Sin embargo, un demandante sin recursos econó micos podrá presentar una fianza de caución 
en lugar de una fianza en efectivo. 
ARTÍCULO 4.  Resolución dictada sin haber oído a la otra parte - Cuando la resolución se 
dicte sin haber oído a la otra parte, las partes afect adas recibirán una copia de la misma, junto con su 
orden de ejecución.  El oficial de justicia u otra  autoridad gubernamental que  haya ejecutado la orden 
remitirá un informe en el plazo de cinco (5) días al  tribunal que dictó la resolución y, en caso de 
confiscación e incautación de artículos, presentará  una descripción completa de las diligencias 
practicadas y el inventario completo de los artículos confiscados e incautados. 
A instancias del demandado, podrá someterse a vista judicial la decisión sobre la 
modificación, revocación o confirmación de la resolución. 
ARTÍCULO 5.  Revocación de la resolución - Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo precedente, a instancia del dema ndado la resolución se revocará o quedará de otro 
modo sin efecto y el artículo confiscado e incauta do será devuelto con carácter inmediato si no se 
incoa ninguna acción ante el tribunal o la autoridad competente en un plazo de treinta y un (31) días 
naturales contados a partir de la fecha de emisión de la resolución. 
ARTÍCULO 6.  Resarcimiento con cargo a la fianza - En los casos en que las medidas 
provisionales y preventivas sean revocadas o caduqu en por acción u omisión del demandante, o en 
aquellos en que posteriormente se determine que  no hubo infracción o amenaza de infracción de un 
derecho de propiedad intelectual, el tribunal, a instancia del demandado y después de una vista oral, 
podrá ordenar al demandante que compense al dema ndado, con cargo a la fianza depositada por el 
demandante, por los daños personales o material es causados por la emisión y ejecución de la 
resolución." IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 55. Sírvanse identificar a las autoridades competen tes de su jurisdicción que reciben de los 
titulares de derechos las peticiones de que se solicite la suspensión del despacho de las 
mercancías falsificadas por las autoridades aduaneras. 
La Oficina de Aduanas es la autoridad competente para la aplicación de la ley en la frontera.  
La legislación aplicable es el Arancel y Código de Aduanas de Filipinas y la Orden Administrativa de 
Aduanas Nº 7-93, que se promulgó para la preven ción de la importación de bienes o productos que 
supongan una infracción. 
56. Sírvanse indicar si existen procedimientos pa ra suspender la exportación de mercancías 
falsificadas. 
Existe la posibilidad de hacer uso de un mandami ento judicial (pregunta Nº 49) y de recurrir 
a las facultades generales de la Oficina de Aduanas para dictar órdenes de al erta en relación con la 
exportación indebida. 
57. Sírvanse indicar qué disposiciones de la legisl ación de su país autorizan a las autoridades 
competentes a ordenar la destrucción o elim inación de las mercancías infractoras. 
Las disposiciones de la legislación de Filipinas que autorizan a las auto ridades competentes a 
ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras son las siguientes: 
En una acción civil por infracción, a discreción del tribunal se podrá ordenar que los 
productos implicados en la infracción y los materi ales y equipos utilizados predominantemente para 
cometerla se aparten de los circuitos come rciales o se destruyan sin compensación.
217 
En toda acción derivada de esta Ley en que se establezca la existencia de una violación del 
derecho del titular de una marca registrada, el tribunal podrá ordenar que los productos declarados 
infractores se aparten de los circuitos comerciales sin compensación de ningún tipo de tal manera que 
se evite perjudicar al titular del de recho o se destruyan;  y todas las etiquetas, signos, grabados, 
envases, envoltorios, recipientes y anuncios que obr en en poder del infractor y que lleven la marca 
registrada o el nombre comercial o cualquier reprod ucción, falsificación, copia o imitación coloreable 
de los mismos y todas las placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlos se entregarán y se 
destruirán.218 
Toda persona que infrinja un derecho proteg ido en virtud de esta Ley estará obligada a 
entregar bajo juramento, para su destrucción si n compensación alguna, todas las copias o dispositivos 
infractores, así como todas las placas, moldes u ot ros medios para realizar esas copias infractoras, 
según ordene el tribunal.  En una acción por in fracción, el tribunal también podrá ordenar la 
confiscación e incautación de cualquier artículo que pueda servir de prueba en el procedimiento 
judicial.219 
58. Sírvanse indicar si la legislación de su país  contempla una excepción en el caso de las 
importaciones de minimis . 
                                                      
217 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 76.5. 
 
218 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 157. 
 
219 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 216.2. 
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 La importación por un particular de un ejempl ar de una obra para sus fines personales se 
permitirá sin la autorización del autor o el titular del derecho de autor en las circunstancias siguientes: 
a) Cuando no estén disponibles ejemplares de la obra en Filipinas, y 
i) no se importe más de un (1) ejemplar destinado exclusivamente al uso 
individual; 
ii) la importación se realice por orden del Gobierno de Filipinas y para su uso;  o 
iii) la importación, que no será de más de tres (3) de esos ejemplares o 
reproducciones en una factura, no se realice con fines de venta sino únicamente para el uso de una socied ad o institución religiosa, caritativa o 
educativa debidamente constituida en so ciedad o registrada, con fines de 
estímulo de las bellas artes o con destin o a una escuela, facultad o universidad 
pública o una biblioteca pública gratuita de Filipinas. 
b) Cuando esos ejemplares formen parte de la  biblioteca y el equipaje personal de 
personas o familias procedentes de países extr anjeros y no estén destinados a la venta;  
a condición de que los ejemplares no sean más de tres (3).
220 
59. Sírvanse explicar cómo se aplica en la legislac ión de su país el artículo 61 del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
Las siguientes disposiciones de las leyes y re glamentos de Filipinas fueron promulgadas para 
aplicar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC: 
I. En lo tocante a la prescripción de que los Mi embros establezcan procedimientos penales al 
menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva 
del derecho de autor a escala comercial, las disposiciones pertinentes son las siguientes: 
a) Existen acciones y sanciones penales en los siguientes casos de violación de los derechos de 
propiedad intelectual: 
• infracción de una patente, modelo de utilidad o dibujo o modelo industrial221; 
• infracción del derecho de autor y derechos conexos222; 
• infracción de marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios e indicaciones 
geográficas223; 
                                                      
220 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 190.1. 
 
221 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 84, sección 108 y sección 119. 
 
222 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 217. 
 
223 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 170. 
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 • competencia desleal
224; 
• denominación de origen falsa/descripción o declaración falsa225; 
• reproducción de arte cinematográfico226; 
• piratería.227 
b) Las disposiciones penales de la Ley de la Re pública Nº 8293 (Código de Propiedad Intelectual 
de Filipinas) relativas al procesamiento por violación de los derechos de propiedad intelectual y a las 
sanciones correspondientes son las siguientes: 
i) Según la Ley de Patentes 
Si el infractor o alguien en connivencia con él reincide en la infracción una vez dictada 
sentencia por el tribunal contra el infractor , los autores del delito, sin perjuicio de la 
posibilidad de que se incoe una acción civil por daños y perjuicios contra ellos, serán 
penalmente responsables y, tras la sentencia condenatoria, serán castigados con pena de 
prisión de seis (6) meses a tres (3) años y/o se les impondrá una multa de cien mil (100.000) a 
trescientos mil (300.000) pesos, a discreción de l tribunal.  La acción penal aquí prevista 
prescribirá al cabo de tres (3) años conta dos a partir de la comisión del delito.228 
ii) Según la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio, Marcas de Servicios y 
Nombres Comerciales 
Con independencia de las sanciones civiles y administrativas impuestas por la ley, se 
impondrá una sanción penal de dos (2) a cinco (5) años de prisión y mu lta de cincuenta mil 
(50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la persona declarada culpable de cometer algunos 
de los actos mencionados en la secci ón 155 (Infracción), la sección 168 (Competencia 
desleal) y la sección 169.1 (Denominación de origen falsa, Descripción o declaración falsa).229 
iii) Según la Ley de Derecho de Autor 
Toda persona que infrinja un derecho amparado por  las disposiciones de la parte IV de la 
presente ley (Ley de Derecho de Autor) o que contribuya a cometer la infracción o instigue a cometerla será culpable de un delito que se castigará con las siguientes sanciones: 
• pena de prisión de un (1) año a tres (3) años y multa de cincuenta mil (50.000) a 
ciento cincuenta mil (150.000) pesos por el primer delito. 
                                                     
 
224 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 170. 
 
225 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 170. 
 
226 Decreto Presidencial Nº 1987, secciones 7 y 9. 
 
227 Ley de la República Nº 8792 (2000), sección 33 b). 
 
228 Ley de la República Nº  8293 (1997), sección 84. 
 
229 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 170. 
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 • pena de prisión de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años y multa de ciento cincuenta 
mil (150.000) a quinientos mil (500.000) pesos por el segundo delito. 
• pena de prisión de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años y multa de quinientos 
mil (500.000) a un millón quinientos mil (1.500.000) pesos por el tercer delito y los siguientes. 
En todos los casos, pena de prisión subsidiaria si existe insolvencia.
230 
Al fijar el número de años de prisión y el impor te de la multa, el tribunal tendrá en cuenta el 
valor de los materiales infractores que ha el aborado o fabricado el demandado y los daños 
sufridos por el titular a causa de la infracción.231 
Toda persona que, si existe un derecho de auto r sobre una obra, tenga en su poder un artículo 
del que sepa, o debería saber, que es una copia in fractora de la obra, con los siguientes fines: 
  a) venta, arrendamiento para alquiler, oferta para la venta o exposición para la 
venta o alquiler del artículo; 
  b) distribución del artículo con fines comerciales u otros, en una medida que 
perjudique los derechos del titular del derecho de autor sobre la obra;  o 
  c) exposición comercial del artículo en p úblico;  será culpable de delito y, tras la 
sentencia condenatoria, será castigada con pena de prisión y multa, según lo 
indicado.232 
iv) Con arreglo a la Ley de Comercio Elect rónico (Ley de la República Nº 8792) 
Los siguientes actos serán sancionados con las multas y/o las penas de prisión que se indican: 
a) el acceso no autorizado a un sistema/servidor informático o sistema de 
información y comunicación o la intromisión en el mismo;  o cualquier 
acceso al mismo con fines de corrupción, alteración, robo o destrucción en el 
que se utilice un ordenador u otros dispositivos de información o comunicación similares sin el conocimiento y el consentimiento del propietario del ordenador o del sistema de información y comunicación, incluida la introducción de virus inform áticos y similares, que desemboque en 
la corrupción, la destrucción, la altera ción, el robo o la pérdida de mensajes 
de datos electrónicos o documentos electrónicos, se castigará con una multa máxima de cien mil (100.000) pesos, una sanción acorde con los daños sufridos y pena de prisión obligatoria de seis (6) meses a tres (3) años; 
b) la piratería o copia, reproducción, divul gación, distribución, importación, uso, 
eliminación, alteración, sustitución, modificación, almacenamiento, carga, 
descarga, comunicación, puesta a disposición del público o difusión no autorizadas de material protegido, firmas electrónicas u obras sujetas al 
                                                     
 
230 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 217.1. 
 
231 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 217.2. 
 
232 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 217.3. 
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 derecho de autor, inclusive de grabaci ones de sonido o fonogramas protegidos 
por la ley o de material informativo sobre obras protegidas, mediante el uso de redes de telecomunicaciones, por ejemplo, aunque no únicamente, de Internet, de modo que infrinja derechos de propiedad intelectual, se castigará 
con una multa máxima de cien mil ( 100.000) pesos, una sanción acorde con 
los daños sufridos y pena de prisión oblig atoria de seis (6) meses a tres (3) 
años; 
c) la violación de la Ley de Consumo o Ley de la República Nº 7394 y de otras 
leyes aplicables o pertinentes mediante transacciones realizadas a través de 
mensajes de datos electrónicos o docum entos electrónicos o cubiertas por 
esos mensajes o documentos se penalizará con las sanciones previstas en dichas leyes. 
II. En cuanto a los recursos que comprenden la c onfiscación, el decomiso y la destrucción de las 
mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la 
comisión del delito, las disposiciones pertinentes son las siguientes. 
En toda acción derivada de esta Ley en que se establezca la existencia de una violación del 
derecho del titular de una marca registrada , el tribunal podrá ordenar lo siguiente: 
• los productos infractores se destruirán sin compensación de ningún tipo o se apartarán 
de los circuitos comerciales de tal mane ra que se evite perjudicar al titular del 
derecho; 
• todas las etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios, recipientes y anuncios que 
obren en poder del infractor y que lleven la  marca registrada o el nombre comercial o 
cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación coloreable de los mismos y 
todas las placas, moldes, matrices y otros me dios para fabricarlos se entregarán y 
destruirán.
233 
Con respecto a los productos falsificados, no b astará con retirar la marca de fábrica o de 
comercio que ostenten, excepto en casos excepci onales que determinarán los reglamentos, para 
permitir su ingreso en los circuitos comerciales.234 
Podrá dictarse una orden de búsqueda y c onfiscación de los bienes personales:   
 a) objeto del delito;  b) robados u objeto de apropiación indebi da y otros productos o frutos del delito; 
 c) utilizados o destinados a ser utiliza dos como medios para cometer un delito.
235 
 Los productos confiscados en virtud de la  orden de búsqueda serán conservados por el 
organismo responsable de la observa ncia de la ley que ejecute dicha orden.  El tribunal ordenará lo 
                                                      
233 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 157. 
 
234 Ley de la República Nº 8293 (1997), sección 157.2. 
 
235 Revised rules on Criminal Procedure , regla 126, sección 3. 
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 que se debe hacer con los productos confiscados.  El titular del derecho de propiedad intelectual podrá 
aceptar la realización de un inventario o de fotografías de los productos confiscados. 
 Cuando la acción penal conlleve una acción civil,  la parte agraviada podrá obtener el embargo 
de la propiedad del acusado en garantía del cump limiento de la sentencia  que pueda recaer sobre 
éste.
236 
III. Por lo que se refiere a los procedimientos y sanciones penales aplicables en otros casos de 
infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando ésta se cometa con dolo y a 
escala comercial, las disposiciones pertinentes son las siguientes: 
 El Reglamento revisado de procedimiento penal (reglas 110 a 127, Reglamento judicial 
revisado), es el instrumento legal que se aplica en los casos de violación de las disposiciones 
penales. 
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN 
A. D ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  
1. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de 
la nación más favorecida que puedan existir en la legislación sobre derecho de autor y derechos 
conexos, tal como lo admiten los artícu los 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 Filipinas respeta el principio de reciprocidad al  adherirse a los convenios internacionales, de 
modo que cualquier persona que sea nacional, esté domiciliada o tenga una sede industrial real y 
efectiva en un país que sea parte en una convenci ón, tratado o acuerdo rel acionado con los derechos 
de propiedad intelectual o la lucha contra la co mpetencia desleal, y en el cual sea también parte 
Filipinas, o conceda a los nacional es de Filipinas derechos recíprocos por ley, tendrá derecho a las 
prestaciones contempladas por las disposiciones de dicha convención, tratado o ley recíproca, además 
de los derechos otorgados a los titulares de der echos de propiedad intelectual por el Código de 
Propiedad Intelectual.237 
 Por consiguiente, cualquier condición, restri cción, limitación, merma, requisito, sanción o 
carga similar impuestos por la legislación de un país  extranjero a un nacional filipino que solicite la 
protección de sus derechos de propiedad intelectual en dicho país, será aplicable recíprocamente a los 
nacionales de dicho país de confor midad con la jurisdicción filipina.238 
 Un solicitante no residente deberá nombrar a un agente residente, mediante un apoderamiento 
especial, que estará autorizado a llevar a cabo solicitud es de registro y depósito de derechos de autor 
en su nombre ante la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca del Tribunal Supremo y a recibir 
notificaciones u otros procesos legales relacionados con la solicitud y el derecho de autor.  En caso de 
fallecimiento, ausencia o incapacidad del agente resi dente, el solicitante deberá nombrar un nuevo 
agente, al que concederá un poder especial de repr esentación, revocando el poder de representación 
                                                      
236 Revised rules on Criminal Procedure , regla 127, sección 2. 
 
237 Ley de la República Nº 8293, sección 3. 
 
238 Ley de la República Nº 8293, sección 231; Copyright Safeguards and Regulations, regla 18. 
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 previo y notificarlo, adjuntando una copia de dic ho poder, a la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca 
del Tribunal Supremo.
239 
 La disposición anterior fue promulgada para facilitar y contribuir a garantizar la correcta 
comunicación de las notificaciones y los procesos legales a los no residentes. 
B. O BSERVANCIA  
2. Sírvanse indicar los recursos que ordenan la s autoridades judiciales con respecto de los 
derechos de autor y derechos conexos, incluidos lo s mandamientos judiciales, daños y perjuicios, 
destrucción o eliminación de las mercancías infrac toras y de los materiales o instrumentos para 
su producción.  Sírvanse explicar cuáles son los cri terios y el método de cálculo para decidir el 
importe de los daños y perjuicios. 
 Cualquier persona que infrinja el derecho de autor y los derechos conexos se expondrá: 
 a) A un mandamiento judicial que prohíba dicha infracción.  El tribunal podrá asimismo 
ordenar al acusado que desista de dicha infracción, entre otras cosas para impedir la entrada en los circuitos comerciales de  productos importados que supongan una 
infracción, inmediatamente después de su despacho en aduana. 
 b) A pagar al titular del derecho de au tor o a sus derechohabientes designados o 
herederos, los daños y perjuicios, incluye ndo los costos legales y otros gastos, que 
pueda haberle ocasionado la infracción, así como los beneficios que pueda haber 
obtenido el infractor con motivo de la infracción y, a la hora de determinar los beneficios, el demandante sólo deberá  probar las ventas y el acusado deberá 
demostrar todos los elementos de los costos que alegue haber sufragado o, en lugar de 
los daños y perjuicios y los beneficios real es, podrán fijarse los daños y perjuicios que 
el tribunal declare justos y que no se considerarán una sanción. 
 c) Entregar bajo juramento, para su secuestr o durante el procedimiento, en los términos 
y condiciones que el tribunal pueda imponer, las facturas y otros documentos 
acreditativos de las ventas, todos aquellos artículos y sus embalajes presuntamente 
infractores de un derecho de autor y los instrumentos empleados en su elaboración. 
 d) Entregar bajo juramento, para su destrucción sin compensación alguna, todas las 
copias o instrumentos infractores, así como las placas, moldes u otros medios de elaboración de las copias infractoras que ordene el tribunal. 
 e) Cualesquiera otros términos y condiciones, incluyendo el pago de daños y perjuicios 
morales y punitivos, que el tribunal consider e apropiados, justos y equitativos, y la 
destrucción de las copias infractoras de la obra,  incluso en el caso de que la sentencia 
sea absolutoria en un caso penal. 
 En una acción por infracción, el tribunal tendrá también la facultad de ordenar la confiscación 
y el secuestro de cualquier artículo que pueda servir de prueba en el procedimiento judicial.
240 
                                                      
239 Copyright Safeguards and Regulations, regla 5, sección 3. 
 
240 Ley de la República Nº 8293, sección 216. 
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 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 61 
 
 
  Cualquier persona que infrinja el derecho de autor o derechos conexos o sea cómplice de 
dicha infracción será culpable de un delito punible con: 
 a) Prisión de uno (1) a tres (3) años, además  de una sanción pecuni aria que oscila entre 
cincuenta mil (50.000) y ciento cincuenta m il (150.000) pesos para el primer delito. 
 b) Prisión de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, además de una sanción pecuniaria 
que oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos para el segundo delito. 
 c) Prisión de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años, además de una sanción 
pecuniaria que oscila entre quinientos mil (500.000) y un millón quinientos mil 
(1.500.000) pesos para el tercer delito y los delitos subsiguientes. 
 d) En todos los casos, pena de prisi ón subsidiaria en caso de insolvencia. 
 En la determinación del número de años de prisión y el importe  de la sanción pecuniaria, el 
tribunal tendrá en cuenta el valor de los ma teriales infractores que el acusado ha producido o 
fabricado y los perjuicios padecidos por el titu lar del derecho de autor a causa de la infracción.
241 
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA 
A. M ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO  
1. Sírvanse indicar si su legislación establece normas específicas en lo relativo a la 
magnitud de una marca de fábrica o de come rcio que se haya de utilizar en un producto 
farmacéutico.  De ser así, sírvanse explicar en qu é forma es esto compatible con lo dispuesto en 
el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 La legislación filipina no especifica el tamaño de las marcas de fábrica o de comercio que se 
han de utilizar en un producto farmacéutico. 
B. I NDICACIONES GEOGRÁFICAS  
2. Sírvanse indicar detalladamente cómo protege su legislación las indicaciones 
geográficas. 
 Una marca no puede registrarse si puede inducir a error al público, especialmente en relación 
con la naturaleza, calidad, características u origen geográfico de los bienes o servicios a los que se aplica, o si consiste exclusivamente en signos ge néricos para los bienes y servicios que trata de 
identificar.
242 
 Cualquier persona que utilice en sus actividad es comerciales una designación falsa del origen 
sobre cualquier bien o servicio o el contenedor de las mercancías o en relación con ellos, se expondrá 
a una acción civil por daños y perjuicios y a un mandamiento judicial.243 
                                                      
241 Ibid, sección 217. 
 
242 Ley de la República Nº 8293 (1998 ), sección 123, párrafos g) y h). 
 
243 Ley de la República Nº 82 93 (1998), sección 169.1 b). 
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  Asimismo, se le impondrá una pe na de prisión de dos (2) a cinco (5) años y una sanción 
pecuniaria que oscilará entre cincuenta mil ( 50.000) y doscientos mil (200.000) pesos.  Cuando 
considere que el aspecto penal del caso abarca lo s aspectos civiles, el tribunal podrá adoptar las 
siguientes medidas provisionales. 
Embargo preliminar
 
 Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el 
demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer  que se embargue la propiedad de la parte 
contraria como garantía del cumplimien to de una sentencia condenatoria.  244 
 El embargo se considera la ejecución por adelan tado de una sentencia para impedir que éste 
sea ineficaz. 
Mandamiento judicial preliminar  
 Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la 
emisión de la orden definitiva, en virtud de la cual se requiere a una parte o a un tribunal, a un 
organismo o una persona, que se abstenga de reali zar un acto o actos particulares.  Puede imponerse 
también la ejecución de un acto o actos particul ares, en cuyo caso se conoce como requerimiento 
imperativo.245 
Secuestro y destrucción  
 Previa solicitud del demandante, el tribunal puede ordenar el secuestro, durante todo el 
procedimiento, de las facturas y otros documentos acreditativos de las ventas.  246 
 Asimismo, los bienes infractores pueden ser destruidos sin compensación mientras no se haya 
resuelto el caso.247 
Confiscación y secuestro  
 El tribunal está facultado para ordenar la confiscación y el se cuestro de las mercancías que 
puedan servir como pruebas en el procedimiento judicial. 
 El Ministro de Comercio e Industria y el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la 
Oficina de la Propiedad Intelectual pueden imponer también las siguientes sanci ones administrativas:   
 • Orden de cese y desistimiento 
 • Aceptación de cumplimiento voluntario o renuncia 
 • Condena o confiscación de las mercancías delictivas 
                                                      
244 Rules of Civil Procedure (1997) , regla 57, sección 1. 
 
245 Rules of Court (1964) , regla 58, sección 1. 
 
246 Ley de la República Nº 8293 (1998), sección 156.2. 
 
247 Ley de la República Nº 8293 (1998) , sección 216.1 d). 
  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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  • Decomiso de equipos, propiedades inmuebles o personales 
 • Sanciones administrativas 
 • Cancelación de los permisos, las licencias o los registros concedidos 
 • Suspensión de los permisos, las li cencias o los registros concedidos 
 • Daños y perjuicios 
 • Amonestación 
 • Otras penas y sanciones análogas.
248 
 Además, el Director de la Oficina de Asunt os Jurídicos de la Oficina de la Propiedad 
Intelectual puede imponer sanciones provisionales, como el embargo preliminar249 y el mandamiento 
judicial250, mientras el Ministro de Comercio e Indus tria puede adoptar resoluciones preliminares251 y 
otras medidas preliminares.252 
 No podrán importarse en Filipinas mercancías  con designaciones falsas de origen ni se 
permitirá su entrada en ninguna of icina de aduanas de dicho país.253  
 Además, la dirección del fabricante, importador  o reembalador del prod ucto de consumo de 
Filipinas o el país de fabricación, en caso de im portación, se incluyen en la lista de prescripciones 
mínimas de etiquetado de los productos de consumo.254  
C. P ATENTES  
3. ¿Otorga su legislación protección mediante patente a todas las categorías de productos o 
hay excepciones?  De ser así, sírvanse expo ner detalladamente cuáles  son esas excepciones y 
cómo se ajustan a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En la esfera de 
los productos farmacéuticos, ¿prevé su legislació n la concesión de patentes en relación con las 
nuevas solicitudes de sustancias conocidas? 
 Cualquier solución técnica a un problema en cu alquier esfera de la actividad humana que sea 
nueva, entrañe una actividad inventiva y sea suscep tible de aplicación industrial será patentable.  
                                                      
248 Executive Order Nº 913 (1983), Art. III  sección 6; Ley de la Repúb lica Nº 8293, sección 10.2 b). 
 
249 Ley de la República Nº 8293 (1998), sección 10, IRR on Administrative Complaints , regla 5, 
secciones 1 & 3. 
 
250 Ley de la República Nº 8293 (1998), sección 10, IRR on Administrative Complaints , regla 5, 
secciones 1 y 6. 
 
251 Trade and Industry Ministry Order Nº 69 , regla IX (1983) , sección 49 A). 
 
252 Exec. Order Nº 913 (1983) , sección 11. 
 
253 Ley de la República Nº 8293 (1998), sección 169.2. 
 
254 Ley de la República Nº 7394, artículo 77. 
 IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 64 
 
 
 Puede tratarse o estar relacionada con un produc to, un procedimiento o un  perfeccionamiento de 
ambos.
255 
 Están excluidos de la patentabilidad:  a) los descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos; 
 b) los sistemas, normas y métodos de ejecu ción de actos intelectuales, de juegos o 
actividades profesionales, y programas de ordenador; 
 c) los métodos de tratamiento del cuerpo hum ano o animal mediante cirugía o terapia y 
métodos de diagnóstico practicados sobr e el cuerpo humano o animal.  Esta 
disposición no se aplicará a los productos y los compuestos empleados en cualquiera 
de estos métodos; 
 d) las obtenciones vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos 
para la producción de plantas y animales.  Esta disposición no se aplicará a los microorganismos y a los procedimientos no biológicos y microbiológicos. 
 e) las creaciones estéticas;  y 
 f) todo lo que sea contrario al orden público o la moralidad.
256 
 El apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 de l Acuerdo sobre los ADPIC exige a los países 
Miembros que otorguen protección a las obtencion es vegetales mediante patentes o mediante un 
sistema eficaz sui generis  o mediante una combinación de aquéllas y éste.  El Código de Propiedad 
Intelectual establece específicamente que el Congres o puede estudiar la promulgación de una ley que 
conceda una protección sui generis  a las obtenciones vegetales y a las razas animales y un sistema de 
protección comunitaria de los derechos intelectuales.257  En la actualidad, el sistema sui generis  
propuesto para la protección de las obtenciones vege tales está pendiente de aprobación por el poder 
legislativo, concretamente en forma de Ley de l Congreso Nº 10654 y Ley del Senado Nº 1912. 
 Las sustancias farmacéuticas se consideran productos y son patentables.  Una sustancia 
farmacéutica que contenga una mejo ra se convierte en un producto nuevo patentable.  Una aplicación 
nueva de una sustancia conocida es patentable  si entraña una de las mejoras siguientes: 
 • la primera utilización médica de una sustancia o composición conocida, siempre que 
no haya sido divulgada previamente para su  uso en cirugía, terapia o métodos de 
diagnóstico practicados en el cuerpo humano o animal; 
 • una composición que contenga los com puestos conocidos para su uso médico 
secundario, siempre que cumpla las prescrip ciones de novedad y actividad inventiva; 
 • una composición sinérgica, uno o ambos de  cuyos componentes sean conocidos y su 
uso terapéutico haya sido descrito, siempr e que la utilización de ambos compuestos, 
                                                      
255 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 21. 
 
256 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 22. 
 
257 Ley de la República Nº 8293 (1998) , sección 22.4.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 65 
 
 
 bien simultáneamente, bien por separado o sucesivamente, dé un resultado 
terapéutico nuevo e inesperado; 
 • un compuesto conocido para uso terapéu tico, siempre que no se haya divulgado que 
contenía en sí mismo
 un efecto terapéutico y que fu era conocido como componente 
de una composición medicinal sólo en combinación con uno o más componentes 
activos  para el tratamiento de otra enfermedad; 
 • el uso de una sustancia conocida como medicamento, siempre que se haya divulgado 
su primera utilización médica; 
 • el uso de una sustancia conocida para la fabricación de un medicamento que cure una 
enfermedad. 
Pregunta complementaria  
1. Ustedes mencionan que "el sistema sui generis  propuesto para la protección de las 
obtenciones vegetales está pendiente de aprobaci ón por el poder legislativo" de su país.  
Sírvanse explicar lo que prevén a este respecto  los proyectos de normas y cuándo entrarán 
dichas normas en vigor. 
 La legislación propuesta ha pasado después a ser  ley de Filipinas en virtud de la Ley de la 
República Nº 9168, denominada también Ley de Filipinas de 2002 sobre la protección de las 
obtenciones vegetales, que entró en vigor el 19 de julio  de 2002.  Esta Ley tiene  por objeto garantizar 
los derechos exclusivos de los obtentores con r especto a sus nuevas obtenciones vegetales que reúnan 
las condiciones para beneficiarse de la protección, es decir, que sean nuevas, distintas, homogéneas y 
estables.  Se puede consultar info rmación detallada de la legislaci ón en el siguiente sitio Web:  
www.da.gov.ph . 
4. Sírvanse indicar si su legislación prevé la  concesión de patentes para microorganismos.  
A tal respecto, sírvanse explicar los artícu los correspondientes de su legislación. 
 Los microorganismos son patentables.  Se trata de productos  de procedimientos 
microbiológicos y, como tales, son patentables siempre que cumplan las prescripciones de patentabilidad. 
 Las solicitudes relacionadas con los microor ganismos se supeditan a las disposiciones 
especiales establecidas en las Normas 408 y 409.  Si una invención se refiere a un procedimiento 
microbiológico o al producto derivado de él y entraña o se refiere a la utilización de un 
microorganismo u otro material biológico que no esté a disposición del público y que no pueda 
describirse en la solicitud de patente de modo que la  invención puedan llevarla a efecto las personas 
capacitadas en la técnica, sólo se considerará que la divulgación ha cumplido las prescripciones de 
suficiencia cuando se cumplan los requisitos siguientes: 
 • un cultivo del material biológico deberá haberse depositado ante  una institución de 
depósito internacional reconocida por la Oficina de la Propiedad Intelectual; 
 • la institución de depósito y el número de archivo del depósito del cultivo se 
especificarán en la solicitud; 
 • a partir de la fecha de publicación del depósito, el cultivo depositado se pondrá a 
disposición de cualquier persona, previa solicitud. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 66 
 
 
  Si el material biológico no está a disposic ión del público y no se ha podido describir en la 
solicitud de modo que permita  que la invención puedan llevarla a efecto las personas capacitadas en la 
técnica, el solicitante deberá ofrecer la información pertinente acerca de la clasificación del material biológico y de sus diferencias significativas c on respecto al material biológico conocido.  
El solicitante deberá indicar cualquier característica morfológica y fisiológica específica que permita 
reconocer y propagar el microorganismo u otro ma terial biológico y la clasificación taxonómica 
propuesta. 
5. Sírvanse explicar si su legislación prevé la posibilidad de otorgar licencias obligatorias.  
De ser así, sírvanse explicar detalladament e las condiciones para otorgar una licencia 
obligatoria. 
 El Código de propiedad intelectual contiene un capítulo completo en el que se enumeran los 
pormenores y las condiciones de concesión de una licencia obligatoria. 
 1. Deben existir motivos válidos  Puede concederse una licencia obligatoria en cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) emergencia nacional u otras ci rcunstancias de ex trema urgencia; 
b) cuando el interés público, en particular  la seguridad nacional, la nutrición, la 
salud o el desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, determinados por el organismo apropi ado del gobierno, así lo exijan;  o 
c) cuando un órgano judicial o administra tivo haya determinado que el modo de 
explotación de la patente por su titular o el titular de la licencia es 
anticompetitivo;  o 
d) en caso de que el titular de la pate nte la utilice de una manera pública y no 
comercial sin un motivo satisfactorio; 
e) en caso de que, sin un motivo satisfa ctorio, la invención patentada no se 
explote en Filipinas a escala comercial, aunque pudiera explotarse:  siempre 
que la importación del artículo pate ntado constituya una explotación o 
utilización de la patente.
258 
 2. El solicitante debe tratar de obtener  una autorización del titular de la patente 
La licencia sólo se concederá después de que el solicitante haya tratado de obtener una 
autorización del titular de la patente en térmi nos y condiciones comerciales razonables, pero 
dichos esfuerzos no hayan tenido éxito  en un plazo de tiempo razonable.259 
 3. En el caso de la tecnología de semi conductores, debe existir un uso público no 
comercial 
En el caso de la concesión de licencias obligatorias relacionadas con la tecnología de 
semiconductores, la licencia sólo podrá conced erse en caso de que se utilice públicamente de 
                                                      
258 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 93. 
 
259 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 95. 
  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 67 
 
 
 una manera no comercial o para corregir una práctica declarada anticompetitiva a raíz de un 
procedimiento judicial o administrativo. 
 4. La solicitud debe realizarse por escrito y estar autenticada, y deben abonarse los 
derechos 
La solicitud de concesión de una licencia ob ligatoria debe realizarse por escrito, estar 
autenticada por el solicitante e ir acompañada del pago de los derechos de solicitud prescritos.  
Debe contener el nombre y la dirección del solicitante, así como de los destinatarios, el número y la fecha de expedición de la patente pa ra la que se solicita la licencia obligatoria, el 
nombre del titular de la patente, el título de  la invención, los argumentos normativos que 
apoyan la solicitud de la licencia obligatoria, los hechos últimos que motivan la petición del 
solicitante y los beneficios esperados.
260 
 5. La licencia debe cumplir además otros requisitos normativos 
Si la solicitud ha sido aprobada por el Direct or de Asuntos Jurídicos, deben imponerse las 
siguientes condiciones adicionales: 
a) El alcance y la duración de la licencia deberá limitarse a los fines para los que 
fue autorizada; 
b) La licencia será no exclusiva; c) La licencia no podrá cederse, salvo con aquella parte de la  empresa o de la 
actividad profesional con la cual se explota la invención; 
d) El uso de la materia de la licencia se dedicará principalmente al 
abastecimiento del mercado filipino, siempre que esta limitación no se 
aplique cuando la concesión de la licen cia se justifique porque el modo de 
explotación de la patente por su titular se haya declarado anticompetitivo en virtud de un procedimiento judicial o administrativo; 
e) La licencia podrá expirar en cuanto se demuestre fehacientemente que las 
circunstancias que motivaron su conces ión han dejado de existir y no cabe 
esperar que se repitan, siempre que se conceda la protección adecuada a los 
intereses legítimos del titular de la licencia;  y 
f) El titular de la patente recibirá una  remuneración equitativa, que tenga en 
cuenta el valor económico de la concesión o autorización, excepto en los casos en los cuales la licencia se hubier a concedido para corregir una práctica 
declarada anticompetitiva a raíz de un procedimiento judicial o 
administrativo, la necesidad de co rregir la práctica anticompetitiva podrá 
tenerse en cuenta al determinar la cuantía de la remuneración.  
261  
6. Sírvanse explicar cómo define  su legislación el concepto de "práctica anticompetitiva" al 
que hace referencia el artículo 31 del Acuerdo sob re los ADPIC.  ¿Existen decisiones judiciales o 
                                                      
260 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 98. 
 
261 Ley de la República Nº 8293 (1998), sección 100. 
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IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 68 
 
 
 administrativas que hagan referencia a la interpret ación de esa expresión? De ser así, sírvanse 
indicar tales decisiones y formular  observaciones breves al respecto. 
 Filipinas tiene un régimen de ec onomía de mercado.  Como tal, es la competencia, y no el 
monopolio, lo que constituye la norma en el comercio y la industria.  Aunque no se define 
expresamente el concepto de "práctica anticompetitiva"  en la legislación filipina, puede aclararse lo 
suficiente mediante la enumeración de ciertos actos  restrictivos de la competencia o que la socavan. 
 La competencia ha sido consagrada en la Constitución de Filipinas de 1987, como puede 
inferirse de las siguientes disposiciones: 
"El Estado reconoce la función indispensable del sector privado, fomentará la iniciativa 
privada y concederá incentivos a las inversiones necesarias."
262 
"El Estado regulará o prohibirá los monopolios cuan do el interés público así lo exija.  No se 
autorizarán las asociaciones restrictivas de l comercio ni la competencia desleal."263 
 El Código Penal revisado (Ley Nº 3815) castiga las prácticas anticompetitivas, como los 
monopolios y las asociaciones restrictivas del comercio siguientes: 
 1. Cualquier persona que concluya un cont rato o acuerdo o participe en una asociación, 
en forma de "cártel" u otra, que conspire pa ra restringir el comercio o la industria al 
entorpecer artificialmente la libre competencia en el mercado. 
 2. Cualquier persona que monopolice una merc ancía u objeto de comercio o industria, o 
que se asocie con otra persona o personas pa ra monopolizar dicha mercancía u objeto, 
con el fin de alterar su precio difundie ndo rumores falsos o utilizando otro artículo 
para restringir la libre competencia en el mercado. 
 3. Cualquier persona que, siendo fabrican te, productor o elaborador de cualquier 
mercancía u objeto de comercio procedente de cualquier país extranjero, en calidad 
de mandante o mandatario, mayorista o minor ista, conspire o acuerde de cualquier 
manera con una persona también dedicada a la fabricación, producción, elaboración, 
ensamblaje o importación de dicha mercancía u objeto de comercio o con cualquier 
otra persona no dedicada a dichas actividades, con el fin de realizar transacciones perjudiciales para el comercio lícito, o de aumentar el precio de mercado en cualquier parte de Filipinas de cualquier mercancía u objeto de comercio fabricados, producidos, elaborados, ensa mblados en Filipinas o importados a dicho país, o de 
cualquier artículo en cuya fabricación se emplee dicha mercancía u objeto de 
comercio fabricados, produci dos, elaborados o importados.
264 
 Hasta la fecha no existen decisiones judiciales o administrativas relacionadas con prácticas 
anticompetitivas en casos de derechos de propiedad intelectual. 
                                                      
262 Constitution (1987) , artículo II, sección 20. 
 
263 Constitution (1987),  artículo XII, sección 19. 
 
264 Act Nº 3815 (1930) , emendada, artículo 186. 
  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 69 
 
 
 7. Sírvanse explicar si su legislación p revé revisiones judiciales u otras revisiones 
independientes de la validez jurídica de toda decisión de las autoridades administrativas relativa a la autorización de los usos a que se refiere el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 Las decisiones del Director de la Oficina de As untos Jurídicos de la Oficina de la Propiedad 
Intelectual (OPI) en los casos relacionados con solicitudes de licencias ob ligatorias pueden ser 
recurridas ante el Director General de la OPI.  Las decisiones del Director General pueden ser recurridas ante el Tribunal de Apelación y, en  última instancia, ante el Tribunal Supremo.
265 
8. ¿Considera su legislación, de conformidad co n el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto 
del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importación es una forma de "explotación 
de una patente" (y excluye por tanto la concesi ón de una licencia obligatoria, si se importa un 
producto)? 
 Sí, la importación de un artículo patentado constituye una explotación o utilización de la 
patente.266 
9. ¿Prevé su legislación el principio de la inv ersión de la carga de la prueba en los litigios 
relativos a patentes de procedimientos? Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de la 
Ley. 
 Sí.  El Código de Propiedad Intelectual establece lo siguiente: 
"Si la materia de una patente es un procedimie nto para obtener un producto, se considerará 
que todo producto idéntico ha sido obtenido mediante la utilización del procedimiento patentado, cuando el producto sea nuevo o exis ta una probabilidad sustancial de que el 
producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no 
haya podido probar mediante esfuerzos r azonables cuál ha sido el procedimiento 
efectivamente utilizado.  Al ordenar al acusado que pruebe que el procedimiento para obtener 
un producto es diferente del procedimiento patentado, el tribunal adoptará las medidas 
necesarias para proteger, en la medida de lo posible, sus secretos industriales y 
comerciales."
267 
D. P ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA  
10. Sírvanse indicar de forma detallada si su legislación garantiza que los datos de pruebas 
u otros no divulgados presentados por un solicit ante al organismo oficial competente en el 
marco del procedimiento prescrito para autori zar la comercialización de un producto 
farmacéutico o de un producto químico para la agricultura quedan protegidos contra toda 
divulgación y contra todo uso comercial desleal por un competidor, por ejemplo mediante la 
prohibición impuesta a un segundo solicitante de  fundarse en los datos originales del primer 
solicitante o de remitirse a ellos en el marco de su posterior solicitud de autorización de comercialización de su propio producto.  ¿E stablece su legislación excepciones a tal respecto? 
De ser así, ¿con sujeción a qué condiciones resultarían éstas aplicables?  ¿Establece su 
legislación un plazo concreto de protección de lo s datos de pruebas u otros no divulgados del 
primer solicitante? 
                                                     
 
265 Ley de la República Nº 82 93 (1998), sección 7.1 b);  Rules of Court , reglas, 43, 45 y 65. 
 
266 Ley de la República Nº 8293 (1998) , sección 93.5. 
 
267 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 78. 
 IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 70 
 
 
  La Ley de productos alimenticios, fármacos y cosméticos enumera va rios actos prohibidos, 
entre los cuales constituye una infracción de la protección de la información no divulgada: 
"La utilización por cualquier persona, en benefici o propio, o la revelación a personas distintas 
del Ministro de Salud o los funcionarios o em pleados del Departamento de Salud, o a los 
tribunales, cuando proceda, en un procedimiento judicial interpuesto con arreglo a la presente 
Ley, de toda información obtenida con arregl o a la sección 9, o relacionada con cualquier 
método o procedimiento que, en calidad de secr eto comercial, tenga derecho a protección."
268 
 A título de excepción, el Ministro de Salud podrá propiciar la difusión de información 
relacionada con productos alimenticios, fármacos, instrumentos o cosméticos en situaciones que 
entrañen un peligro inminente para la salud o s upongan un fraude grave para el consumidor.  No 
podrá prohibirse al Ministro de Salud la recogida , notificación e ilustración de los resultados de las 
investigaciones del Departamento de Salud.269 
 Recientemente, la Oficina de Productos Al imenticios y Fármacos ha  ordenado a todos sus 
empleados que observen una confidencialidad estrict a en la manipulación de los documentos.  Pueden 
imponerse sanciones administrativas a los infractor es e incluso ser sometidos a enjuiciamiento 
penal.270 
 Además, la protección otorgada a la informaci ón no divulgada también se fundamenta en la 
legislación general de Filipinas, que establece que: 
"El Estado protegerá y velará por los derechos  exclusivos de los científicos, inventores, 
artistas y otros nacionales especialmente capacita dos sobre su propiedad intelectual y sus 
creaciones, en especial cuando sean beneficiosas pa ra el país durante el período que fije la 
legislación."271 
 El Código Penal revisado también castiga el abus o de confianza de los funcionarios públicos 
en la custodia de los documentos, como puede  apreciarse en las disposiciones siguientes: 
"Revelación de secretos por un funcionario.  Todo funcionario públic o que revele un secreto 
del que tenga conocimie nto debido a su cargo oficial, o que  divulgue documentos o copias de 
documentos que tenga a su cargo y que  no deban ser publicados … ."272 
"Revelación de secretos de particulares por un funcionario público.  Todo funcionario público 
que tenga conocimiento de los secretos de par ticulares debido a su cargo y que revele dichos 
secretos … ."273 
 Los particulares también tienen responsabilid ad penal por la revelación de secretos: 
                                                      
268 Ley de la República Nº 3720 (1963), capítulo VI, sección 11. 
 
269 Ley de la República Nº 3720 (1963), capítulo XI, sección 29. 
 
270 BFAD Order Nº 27-A, series of 2001 . 
 
271 Constitution (1987) , artículo XIV, sección 13. 
 
272 Revised Penal Code , artículo 229. 
 
273 Revised Penal Code, artículo 230. 
  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 71 
 
 
 "Revelación de secretos con prevaricación.  ...  cualquier administrador, empleado o 
funcionario que, en virtud de su cargo, tenga c onocimiento de los secretos de su director o 
jefe y que revele dichos secretos."
274 
"Revelación de secretos industriales.  … el encargado, empleado o trabajador de cualquier 
establecimiento de producción o industrial que , en perjuicio del propietario de dicho 
establecimiento, revele los secretos de  las actividades profesionales de éste."275 
Pregunta complementaria  
2. Respecto a la cuestión del uso comercial desleal de los datos suministrados por un 
solicitante al organismo oficial competente dentro de los trámites de autorización de la 
comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura, 
sírvanse indicar en forma detallada si sus no rmas prohíben explícitamente a un segundo 
solicitante basarse en los datos originales del prim er solicitante o remitirse a ellos al presentar 
una solicitud posterior de autorización para co mercializar un producto propio.  ¿Exige el 
organismo oficial competente al segundo solicitante  la misma cantidad de datos que al primero?  
¿Establece su legislación un plazo específico de pr otección de los datos de pruebas o de otro tipo 
no divulgados del primer solicitante? 
 En el caso de los productos químicos para la ag ricultura, el Reglamento sobre los Plaguicidas 
promulgado por el Servicio de Fertilizantes y Plaguicidas del Departmento de Agricultura protege el carácter privado de todos los da tos requeridos que ha presentado el primer solicitante durante un 
período de ocho años desde la fecha de aprobación del registro.  Durante este período, no se admitirán 
ulteriores solicitudes de registro.  Después de ese período, se exigirá a los solicitantes/titulares de 
registros posteriores que presenten únicamente determ inados datos tales como información general, 
especificaciones y etiquetado. 
E. O
BSERVANCIA  
11. Sírvanse indicar los recursos de su legislación que constituyen medios eficaces de 
disuasión de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. 
 El régimen jurídico de Filipinas reconoce los de rechos de los inventores, los artistas y otros 
nacionales especialmente capacitados sobre su s creaciones intelectuales y establece unos 
procedimientos y recursos penales, civiles y administrativos que cons tituyen medios realmente 
disuasorios de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. 
 La Constitución de 1987  
 La Constitución filipina otorga el mandato al Es tado de proteger y velar por la observancia de 
los derechos exclusivos de los científicos, inve ntores, artistas y otros nacionales especialmente 
capacitados sobre su propiedad y sus creaciones inte lectuales, en especial cuando son beneficiosas 
para la nación, durante el período que fije la legislación.276 
                                                      
274 Revised Penal Code, artículo 291. 
 
275 Revised Penal Code,  artículo 292. 
 
276 Sección 13, artículo XIV. 
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  Ley de la República Nº 8293
 
 En virtud del Código de Propiedad Intelectual se creó la Oficina de la Propiedad Intelectual, 
que administra y ejecuta las políticas gubernamentale s relacionadas con la protección de los derechos 
de propiedad intelectual.  Dicha Oficina se coordi na también con otros organismos públicos y sectores 
privados para formular y ejecutar planes y políti cas encaminados a reforzar la protección de los 
derechos de propiedad intelectual. 
 El Código de Propiedad Intelectual contempla la incoación de acciones penales, civiles y 
administrativas contra los actos infractores.  Hast a la resolución del procedimiento pueden adoptarse 
medidas provisionales, como el embargo preventivo, el mandamiento judicial preliminar, la retención 
y la destrucción y la incautación y retención pueden ser útiles. 
 En las acciones penales pueden imponerse pena s de prisión y sanciones pecuniarias por un 
importe máximo de un millón quinientos mil (1 .500.000) pesos, así como una pena de prisión 
subsidiaria en caso de insolvencia. 
 En las acciones civiles por infracción de patentes, el tribunal puede imponer daños y 
perjuicios no superiores a tres (3) veces la cuantía  de los daños y perjuicios reales ocasionados.  
En caso de que no puedan determinarse fácilmente dichos daños y perjuicios, el tribunal podrá 
imponer unos daños y perjuicios equi valentes a una regalía razonable. 
 En la infracción de las marcas de fábrica o de comercio, el tribunal podrá imponer daños y 
perjuicios equivalentes a los beneficios razonables,  o a los beneficios que el acusado obtuvo realmente 
a raíz de la infracción.  En caso de que no puedan determinarse fácilmente dichos daños y perjuicios, 
el tribunal podrá imponer unos daños y perjuicios equivalentes a un porcen taje de las ventas brutas del 
acusado.  Los daños y perjuicios podrán duplicarse en caso de que exista intencionalidad real de 
inducir a error al público o de estafar al reclamante. 
 En los casos de infracción del derecho de autor, el tribunal podrá imponer los daños y 
perjuicios realmente ocasionados, incluyendo los bene ficios que el infractor pueda haber obtenido de 
su infracción, o unos daños y perjuicios ju stos en función de las circunstancias. 
 El tribunal puede imponer también el pago de los honorarios de los abogados, así como otras 
formas de daños y perjuicios, como los mora les, simbólicos, estim ados prudencialmente, 
convencionalmente y punitivos, ocasiona dos por los actos ilícitos del acusado. 
 En las acciones administrativas, la Oficina de la Propiedad Intelectual ejercerá una 
jurisdicción original exclusiva en las reclamac iones administrativas por infracciones de la ley 
relacionadas con los derechos de propiedad intelectua l, siempre que los daños y perjuicios reclamados 
no sean inferiores a doscientos mil (200.000,00) pesos. 
 Ley de la República Nº 8792  
 La Ley de la República Nº 8792, también conoc ida como Ley de Comercio Electrónico prevé 
el reconocimiento y fija las modalidades de las transacciones electróni cas comerciales y no 
comerciales, e impone sanciones a su uso ilícito.  Según esta Ley los actos de piratería son los 
siguientes:  la copia, reproducción, difusión, dist ribución, importación, uso, eliminación, alteración, 
sustitución, modificación, almacenamiento, carga, descarga, comunicación, puesta a disposición del 
público o radiodifusión sin autorización de material protegido, de firmas electrónicas o de obras objeto de derecho de autor, incluyendo las obras pr otegidas legalmente, por conducto de la utilización  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 73 
 
 
 de redes de telecomunicaciones como Internet , aunque no exclusivamente , de una manera que 
constituya una infracción de los der echos de propiedad intelectual.  
 Orden Ejecutiva Nº 60
 
 En virtud de la Orden Ejecutiva Nº 60, se cr eó el Comité interinstitucional de derechos de 
propiedad intelectual, cuyas funciones son las siguientes: 
 a) Recomendar políticas y coordinar el proceso de elaboración de políticas en el poder 
ejecutivo del Gobierno en relación con la pr otección y la observancia de los derechos 
de propiedad intelectual; 
 b) Coordinarse con los diferentes organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial del Gobierno, con objeto de solucionar eficientemente los problemas 
generados por la infracción y la falsificación de  los derechos de propiedad intelectual;   
 c) Recabar la asistencia de cualquier rama, departamento, oficina, agencia, organismo o 
institución del Gobierno, incluyendo las sociedades de propiedad del Estado y bajo su control, en la lucha contra la piratería y la falsificación, que puede conllevar la 
utilización de su personal, instalaciones y r ecursos para una prevención, detección e 
investigación más resueltas de las violaciones de la legislación enumeradas en el párrafo d) infra , así como el procesamiento de los casos penales y administrativos; 
 d) Iniciar y dirigir la investigación inmediata y el pronto enjuiciamiento en lo que 
respecta a los casos relacionados con las infracciones del derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio, las patentes y otras leyes referentes a la propiedad 
intelectual, o con los casos de piratería de dicho derecho presentados al Comité. 
 Orden administrativa de aduanas Nº 7-93
 
 La Orden administrativa de aduanas Nº 7-93 establece las normas y los reglamentos para la 
prevención de la importación de los bienes o productos que infringen los derechos  de propiedad de los 
titulares de patentes, marcas de fábrica o de co mercio y derechos de au tor protegidos por la 
legislación. 
 Decreto Presidencial Nº 1987  
 El Decreto Presidencial Nº 1987, en virtud del cual se creó la Junta Normativa de los 
Videogramas, concede a dicho organismo la facult ad de supervisar, regular, conceder, denegar o 
cancelar permisos de importación, exportación, produ cción, copia, venta, arrendamiento, exhibición o 
muestra de videogramas, incluyendo, entre otros, las cintas de vídeo, los discos, casetes o cualquier 
mejora técnica de los mismos.  La Junta tiene ju risdicción sobre las infracciones relacionadas con los 
videogramas. 
 El Decreto Presidencial Nº 1987 y sus normas y reglamentos de aplicación exigen a todas las 
personas dedicadas a actividades profesionales de  producción, reproducción, importación, 
exportación, distribución, venta, arrendamiento o exhibición pública de videogramas que se inscriban 
en el registro de la Junta. 
 Además, es obligatorio disponer de una licen cia comercial expedida por la Junta para 
dedicarse a actividades profesionales de produ cción, reproducción, importación, exportación, 
exhibición, distribución, venta, arrendamiento o exhibición pública de videogramas.  La licencia IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 comercial se concede a las personas que cumplen las prescripciones y están inscritas en el registro de 
la Junta, tras el pago de los derechos de licencia fijados por la Junta, y es válida durante el período 
fijado por ella. 
 En el ejercicio de sus funciones normativas y de supervisión, debe permitirse la entrada libre 
y sin trabas de la Junta Normativa de los Videogramas o de un representante debidamente autorizado 
a los locales comerciales de todos los producto res, reproductores, distribuidores, vendedores, 
minoristas y exhibidores públicos de videogramas, con objeto de inspeccionar dichos videogramas y 
de verificar su cumplimiento del Decreto Presidencial Nº 1987 y las normas y reglamentos pertinentes. 
 Ley del Congreso Nº 11855
 
 La Ley del Congreso Nº 11855 estaba pendiente de aprobación por el 11º Congreso antes de 
su aplazamiento el mes de febrero pasado.  Esta Ley, que volverá a presentarse ante el 12º Congreso, 
trata de ampliar las facultades de la Junta y de luch ar contra la piratería de los medios de ocio en 
Filipinas. 
 Con arreglo a esta Ley, por medios de ocio  se entienden los videogramas, los fonogramas, los 
programas de ordenador interactivos de ocio y los discos ópticos grabados en cualquier formato, que 
contengan audio y/o imágenes visuales y el sonido  de una película u obra cinematográfica, las 
interpretaciones o ejecuciones, los espectáculos, l as obras musicales, literarias o de otro tipo.  Los 
medios de ocio que contengan obras musicales deberán constar de  vídeos de música, como el 
"videoke" o el "karaoke", grabados en cual quier formato, con o sin imágenes visuales. 
 Los discos ópticos constituyen un tipo de  medio óptico que incluye, aunque no 
exclusivamente, los discos compactos (CD), los di scos compactos únicamente de lectura (CD-ROM), 
los discos digitales versátiles (DVD), los disco s compactos vídeo (VCD), los discos láser o 
videodiscos y cualquier variante técnica conocida o por diseñar en el futuro.  
12. Sírvanse describir toda nueva iniciativa que esté prevista a fin de mejorar la 
observancia de los derechos de propiedad intelect ual en su país, en particular las iniciativas 
relacionadas con la observancia de las disposiciones penales. 
 El Gobierno de Filipinas emprende activa y cons tantemente nuevas iniciativas para abordar la 
cuestión de la observancia, ya sea en forma de nuevas legislaciones, la promulgación de normas y reglamentos o la ejecución de actividades de apoyo a una  observancia efectiva.  Entre ellas cabe citar: 
 1. La Ley de la República Nº 8792, o Le y de Comercio Electrónico, recientemente 
promulgada, que establece sanciones más rigur osas contra la infracción de normas de 
propiedad intelectual mediante el uso de telecomunicaciones, y sanciones para delitos 
cibernéticos, esto es, la piratería informática. 
 2. Hay leyes pendientes de aprobación ante el poder legislativo filipino relacionadas con 
la protección de los derechos de propiedad intelectual: 
a) La Ley del Congreso Nº 9827 y la Le y del Senado Nº 1989 (ambas aprobadas 
en tercera lectura) se refieren a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados como creaciones de propiedad intelectual.  La Ley fue 
aprobada para su promulgación inmediata por la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo, y se espera que sea ratif icada tras la reanudación del 12º  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 75 
 
 
 Congreso, en junio de 2001, y sea firmad a inmediatamente por la Presidenta, 
recibiendo rango de ley. 
b) La Ley del Congreso Nº 10654 (aprobada en tercera lectura) y la Ley del 
Senado Nº 1912 tienen la fina lidad de conceder protección sui generis  a las 
obtenciones vegetales. 
c) La Ley del Congreso Nº 11855, o Ley normativa de los medios de ocio y de 
lucha contra la piratería, amplía las facultades y la jurisdicción de la Junta Normativa de los Videogramas para abarcar los discos ópticos y hacer más rigurosas las sanciones contra las violaciones de la propiedad intelectual. 
d) La Ley del Congreso Nº 8916, sobre la  televisión por cable, fue aprobada por 
la Cámara de Representantes, y el Informe Nº 382 del Senado recomendó su adopción. 
 3. La Oficina de la Propiedad Intel ectual promulgó las normas y reglamentos que 
regulan las reclamaciones administrativas por violaciones de los derechos de 
propiedad intelectual y comenzó a aplicar es tos recursos el 26 de abril de 2001, con 
ocasión del primer Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 
 4. El 28 de mayo de 2001, la Oficina de la Propiedad Intelectual comenzará a aceptar 
casos de solución de diferencias relacionadas con el pago de la transferencia de tecnología y las infracciones de los derechos de autor sobre la interpretación o ejecución públicas o la comunicación de las obras amparadas por dichos derechos. 
 5. La Oficina de la Propiedad Intelect ual ha emprendido una campaña agresiva de 
educación, que comprende: 
- la inclusión de la propiedad intelectual en el plan de estudios - la celebración de seminarios/talleres en todo el país - la divulgación a través de los medi os de comunicación de emisiones sobre 
lucha contra la piratería por conexión re mota, por ejemplo, radio, televisión, 
televisión por cable. 
 6. Diálogo y consultas con el sector públic o para una observancia efectiva de la 
propiedad intelectual: 
- el Comité Presidencial Interinstitu cional sobre derechos de propiedad 
intelectual celebra reuniones interactivas en las regiones y provincias, 
ejerciendo de foro para que los res ponsables de la promulgación de la 
legislación, los sectores profesionales y los consumidores puedan compartir sus experiencias y preocupaciones relacionadas con la observancia de la propiedad intelectual y reforzar la cooperación y los esfuerzos de 
colaboración en la protección de la propiedad intelectual. 
- el Comité Presidencial Interinstitu cional sobre derechos de propiedad 
intelectual dedica una parte de sus re uniones mensuales a las consultas con 
varios sectores relacionados con la propi edad intelectual, a saber, los titulares 
de derechos de autor, los especialis tas en propiedad intelectual y los IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 76 
 
 
 propietarios de los centros comerciales, sobre la forma y los medios 
necesarios para proteger los derechos de propiedad intelectual. 
 7. La Oficina de la Propiedad Intelectual brinda asistencia técnica para la formación de 
sociedades de recaudación, con objeto de potenciar la observancia de los derechos 
económicos de los titulares de derec hos de autor y derechos conexos. 
 8. La Oficina de la Propiedad Intelectual recaba la asistencia de las instituciones de 
financiación y negocia la intensificación de la observancia de la propiedad intelectual 
en el país, pudiendo citarse, la propuesta de proyecto para la formulación de las 
normas y los reglamentos destinados al refuer zo de las medidas de control en frontera. 
 9. La adhesión a tratados/convenios intern acionales para la protección de los derechos 
de propiedad intelectual, por ejemplo, el Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes, que entrará en vigor en Filipinas el 17 de agosto de 2001, y los tratados de la OMPI sobre Internet, que se presentarán al Senado filipino con miras a la adhesión. 
VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS 
1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual 
comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones 
vegetales, de qué modo se aplica el trato nacion al y el trato de la nación más favorecida a los 
nacionales de los otros Miembros de la OMC. 
A. D
ISPOSICIONES GENERALES  
 Al adherirse a convenios internacionales Filipinas aplica el principio de reciprocidad, de tal 
forma que toda persona natural de un país -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento 
industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad intelectual o a la repr esión de la competencia desleal que también haya 
suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas, tendrá 
derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesari as para dar efecto a cualquier disposición de tal 
convenio, tratado o ley recíproca, además de los derechos que correspondan a cualquier titular de un 
derecho de propiedad intelectual en virt ud del Código de Propiedad Intelectual.
277 
Marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios, nombres comerciales y recipientes con marca o 
sello  
 Una solicitud de registro de una marca, de positada en Filipinas por una persona de las 
características arriba indicadas, y que previament e haya presentado una solic itud de registro de la 
misma marca en uno de esos países, se considerará presentada en la fecha en que se presentó por 
primera vez la solicitud en el país extranjero.278  Si se presenta una demanda en la que se reivindique 
el derecho de prioridad, dicha presentación ha de hacerse en el plazo de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha en que se presentó la primer a solicitud extranjera.  Se presentará una copia 
                                                      
277 Ley de la República Nº 8293, sección 3.  
 
278 Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Tradenames, and Marked or Stamped 
Containers , regla 202 a).  
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 certificada de la solicitud extranjera correspondiente, junto con su traducción al inglés, en un plazo de 
tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación en Filipinas.
279 
 Toda persona física o jurídica extranjera, independientemente de si se dedica o no a los 
negocios en Filipinas, podrá manifestar su opos ición a un registro o demandar su anulación, a 
condición de que el país del que  dicha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o tenga un 
establecimiento industrial real y efectivo, haya su scrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo al 
derecho de propiedad intelectual o a la represión de  la competencia desleal que también haya suscrito 
Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas.280 
Modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales  
 Una solicitud de modelo de utilidad formul ada por alguna persona que haya presentado 
previamente el mismo modelo de utilidad en otro país que, en virtud de un tratado, convenio o ley, 
conceda privilegios similares a los ciudadanos filip inos, se considerará presentada en la fecha de 
presentación de la solicitud extranjera, a condición de  que:  a) en la solicitud local se reivindique 
expresamente la prioridad;  b) haya sido formulada en un plazo de doce (12) meses contados a partir 
de la fecha en que se presentó la primera solicitud extranjera;  y c) se aporte copia certificada de la 
solicitud extranjera, junto con una traducción al inglés , en un plazo de seis (6) meses contados a partir 
de la fecha de presentación en Filipinas.281 
 Una solicitud de dibujo o modelo industrial presentada por una persona que haya presentado 
previamente el mismo dibujo o modelo industrial en otro país que, en virtud de algún tratado, 
convenio o ley, conceda privilegios similares a los ciudadanos filipinos, se considerará presentada en 
la fecha de presentación de la solicitud extranjera , a condición de que:  a) en la solicitud local se 
reivindique expresamente la prioridad;  b) haya sido formulada en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que se presentó la primera so licitud extranjera;  y c) se aporte copia certificada 
de la solicitud extranjera, junto con una traducción al  inglés, en un plazo de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de presentación en Filipinas.
282  
 Toda persona física o jurídica extranjera, independientemente de si se dedica o no a los 
negocios en Filipinas, puede presentar una dema nda de anulación o de concesión de licencia 
obligatoria, a condición de que el país del que di cha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o 
tenga un establecimiento industria l real y efectivo, haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo 
relativo al derecho de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca de rechos recíprocos a los nacionales de Filipinas.
283  
                                                      
279 Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Tradenames, and Marked or Stamped 
Containers , regla 203.  
 
280 Regulations on Inter Partes Pr oceedings (Petition for Cancella tion of a Mark, Patent, Utility 
Model, Industrial Design, Opposition to Registration of a Mark, and Compulsory  Licensing) , regla  2, sección 4 . 
 
281 Rules and Regulations on Utility Models and Industrial Designs , regla 204. 
 
282 Rules and Regulations on Utility Models and Industrial Designs , regla 305. 
 
283 Regulations on Inter Partes Pr oceedings (Petition for Cancella tion of a Mark, Patent, Utility 
Model, Industrial Design, Opposition to Regist ration of a Mark, and Compulsory Licensing) , regla 2, sección 4. 
 IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 78 
 
 
 Invenciones
 
 Una solicitud de patente depositada por una persona que haya presentado previamente la 
misma solicitud en otro país que, en virtud de un trat ado, convenio o ley, otorgue privilegios similares 
a los ciudadanos filipinos, se considerará presentada  en la fecha de presentación de la solicitud 
extranjera, a condición de que:  a) en la solicitud local se reivindique expresamente la prioridad;  
b) dicha solicitud se presente en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha en que se 
presentó la primera solicitud extranjera;  y c) se aporte copia certificada de la solicitud extranjera, junto con una traducción al inglés, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
presentación en Filipinas.
284  
 Toda persona física o jurídica extranjera, independientemente de si se dedica o no a los 
negocios en Filipinas, puede presentar una dema nda de anulación o de concesión de licencia 
obligatoria, a condición de que el país del que di cha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o 
tenga un establecimiento industria l real y efectivo, haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo 
relativo al derecho de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también 
haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca de rechos recíprocos a los nacionales de Filipinas.285  
Derechos de autor y derechos conexos  
Toda persona natural de un país -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial 
real y efectivo en el mismo- que haya suscrito  algún convenio, tratado o acuerdo relativo a los 
derechos de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito 
Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíproc os a los nacionales de Filipinas, tendrá derecho a 
disfrutar de las ventajas que sean necesarias para da r efecto a cualquier disposición de tal convenio, 
tratado o ley recíproca, además de los derechos que correspondan a cualquier titular de un derecho de 
propiedad intelectual en virtud del Código de Propiedad Intelectual.286 
Obtenciones vegetales  
El proyecto de ley Nº 1912, pendiente de exam en por el Senado, dispone que si se presenta 
una solicitud local de un Certificado de Protección de  Obtenciones Vegetales que se haya concedido 
previamente a un cultivador en otro país que en virtud de un tratado, convenio o ley conceda 
privilegios similares a los ciudadanos filipinos, se e xpedirá tal certificado prev io pago de los derechos 
y siempre que se cumplan todas las disposiciones de este proyecto de ley.  Esta disposición también 
será aplicable a los nacionales de países extranjeros que sean miembros de organizaciones intergubernamentales o que hayan suscrito  algún acuerdo o convenio multilateral.
287 
                                                      
284 Rules and Regulations on Inventions , regla 305. 
 
285 Regulations on Inter Partes Pr oceedings (Petition for Cancella tion of a Mark, Patent, Utility 
Model, Industrial Design, Opposition to Regist ration of a Mark, and Compulsory Licensing) , regla 2, sección 4. 
 
286 Copyright Safeguards and Regulations , regla 18, sección 2. 
 
287 Senate Bill 1912 , sección 24.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 79 
 
 
 Indicaciones geográficas
288 
 Toda persona natural de un país  -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial 
real y efectivo en el mismo- que haya suscrito  algún convenio, tratado o acuerdo relativo a los 
derechos de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito 
Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíproc os a los nacionales de Filipinas, tendrá derecho a 
disfrutar de las ventajas en la medida necesaria para que tome efecto cualquier disposición de tal 
convenio, tratado o ley recíproca, además de los de rechos que asisten a cualquier titular de un derecho 
de propiedad intelectual en virtud del Código de Propiedad Intelectual.289 
 Así, toda persona física o jurídica extranjera , independientemente de si se dedica o no a los 
negocios en Filipinas, puede formular oposición o de manda de anulación, a condición de que el país 
del que dicha persona sea nacional, o donde esté do miciliada o tenga un establecimiento industrial 
real y efectivo, haya suscrito algún convenio, tr atado o acuerdo relativo al derecho de propiedad 
intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas.
290 
Circuitos integrados  
El Congreso ha aprobado un proyecto de ley291, que está pendiente de la aprobación del 
Presidente, que regula la protección de los esquem as de trazado (topografías) de los circuitos 
integrados modificando ciertas disposicion es de la Ley de la República Nº 8293. 
Conforme a esta enmienda, se concedería protección a los derechos de propiedad intelectual 
que correspondan a toda pers ona natural de un país -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento 
industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo a 
los derechos de propiedad intelectual o a la repr esión de la competencia desleal que también haya 
suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas, y esta 
persona tendrá derecho a disfrutar de las ventajas  que sean necesarias para dar efecto a cualquier 
disposición de tal convenio, tratado o ley recí proca, además de los derechos que correspondan a 
cualquier titular de un derecho de propiedad in telectual en virtud del Código de Propiedad 
Intelectual.292 
                                                      
288 Definidas en el artículo 101 g) de reglas and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade 
Names and Marked or Stamped Containers,  en relación con el artículo 123 g) de la Ley de la República 
Nº 8293.  Los artículos 169 y 170 de la Ley de la  República Nº 8293 establecen responsabilidades penales y 
civiles para las personas que falsifiquen el origen geográfico.  
 
289 Ley de la República Nº 8293, sección 3. 
 
290 Regulations on Inter Partes Pr oceedings (Petition for Cancella tion of a Mark, Patent, Utility 
Model, Industrial Design, Opposition to Regist ration of a Mark, and Compulsory Licensing) , regla 2, sección 4. 
 
291 El proyecto de ley Nº 1989 titulado " An Act Providing for the Protection of Lay-out Design 
(Topography) of Integrated Circuits Amending for the Purpose Certain Provisions of Republic Act 8293 
Otherwise Known as the Intellectual Property Code of the Philippines and for Other Purpose " fue aprobado por 
el Senado filipino el 5 de junio de 2001 y está pendiente de que lo firme el Presidente de Filipinas. 
 
292 Ley de la República Nº 8293, sección 3. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 80 
 
 
 Información no divulgada 
 
 Las leyes de Filipinas protegen la información no divulgada.293 -La protección de la 
información no divulgada se extiende  a toda persona natural de un país -o que esté domiciliada o 
tenga un establecimiento industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algún convenio, 
tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad  intelectual o a la represión de la competencia 
desleal que también haya suscrito Filipinas, o que  por ley reconozca derechos recíprocos a los 
nacionales de Filipinas, tendrá derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a 
cualquier disposición de tal c onvenio, tratado o ley recíproca,  además de los derechos que 
correspondan a cualquier titular de un derecho de propiedad intelectual en virtud del Código de 
Propiedad Intelectual.294 
Protección frente a las prácticas de restricción de la competencia en la concesión de licencias 
obligatorias  
Además de la prohibición cons titucional de toda confabulación para restringir el comercio o 
de la competencia desleal295, y de las disposiciones del Código Civil y del Código Penal revisado 
sobre competencia desleal296, en el Código de Propiedad Intelectual y en las normas y reglamentos de 
aplicación referentes a la concesión de licencias volunt arias se enumeran las cláusulas contractuales 
prohibidas que afectan adversamente a la competencia y al comercio.297 
Como tal, la protección frente a las prácticas anticompetitivas, ampara igualmente a cualquier 
persona natural de un país -o que  esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo 
en el mismo- que haya suscrito algún convenio, trat ado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad 
intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por 
ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas, y esta persona tendrá derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para da r efecto a cualquier disposición de tal convenio, 
tratado o ley recíproca, además de los derechos que correspondan a cualquier titular de un derecho de 
propiedad intelectual en virtud del Código de Propiedad Intelectual.
298 
Otros  
 En cuanto a los demás grupos de derechos de  propiedad intelectual que no se hayan previsto 
específicamente en las normas y reglamentos de ej ecución, se les aplica la disposición comodín del 
Código de Propiedad Intelectual sobre Convención Internacional y Reciprocidad299, mencionada en el 
                                                      
293 Protegen la información no divulgada el Código Penal revisado de Filipinas, artículos 229, 230, 291 
y 292;  el Libro IV del Código Civil de Filipinas que regula las obligaciones, responsabilidades y compensaciones en situaciones contractuales y no contractua les;  y el artículo 150.2 de la Ley de la República 
Nº 8293, que establece la c onfidencialidad del contenido de los cont ratos de licencia presentados a la OPI. 
 
294 Ley de la República Nº 8293, sección 3. 
 
295 Constitución de Filipinas, artículo XII, sección 1. 
 
296 Código Penal revisado de Filipinas, artículo 186;  Código Civil de Filipinas, artículo 28, referente a 
la competencia desleal. 
 
297 Ley de la República Nº 8293, sección 87. 
 
298 Ley de la República Nº 8293, sección 3. 
 
299 Ley de la República Nº 8293, sección 3.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 81 
 
 
 primer apartado de esta respuesta.  Obsérvese que  Filipinas respeta los principios generalmente 
aceptados del derecho internacional como parte de la legislación del país y se adhiere a la política de 
concordia con todas las naciones.
300  Con la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio , Filipinas ha adoptado, de forma efectiva, todas 
las disposiciones de dicho acuerdo internacional como "parte de la legislación del país".  Al amparo 
de la doctrina de la incorporación , que el poder judicial ha c onfirmado de modo contundente301, el 
derecho internacional se incorpora a la legislación de  Filipinas sin necesidad de una ley municipal de 
ejecución.  
B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  
2. Sírvanse explicar cómo la legislación sob re derecho de autor de Filipinas protege los 
programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos, tal como lo 
requiere el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
La legislación de Filipinas incluye los programas  de ordenador en la enumeración de "obras 
literarias y artísticas" protegidas por el derecho de autor.302  Estas obras están protegidas desde el 
momento de su creación por el mero hecho de su  creación, independientemente de su modo o forma 
de expresión, así como de su contenido, calidad y finalidad.303  
No obstante el derecho de reproducción exclus ivo, se permitirá la reproducción en una (1) 
copia de seguridad o la adaptación de un programa de ordenador, sin la autorización del autor o del 
titular del derecho de autor de un programa de or denador, por parte del prop ietario legal de dicho 
programa de ordenador, a condición de  que la copia o la adaptación sea necesaria para:  a) el uso del 
programa junto con un ordenador exclusivamente con el propósito para el que se desarrolló el 
programa de ordenador;  y b) para fines de archivo y para sustituir la copia obtenida legalmente del 
programa de ordenador en caso de que dicha copi a se pierda o resulte destruida o inutilizable.304  Esta 
copia o adaptación del programa de ordenador se destru irá en caso de que la posesión continua de la 
misma deje de ser legal.305 
La legislación filipina protege mediante el de recho de autor las "compilaciones de datos y 
otros materiales que sean originales en virtud de la selección, la coordinación o la disposición de sus contenidos" como obras derivadas.
306  Sin embargo, estas nuevas obras no afectarán a la vigencia del 
derecho de autor que subsista con respecto a l as obras originales utilizadas, o a una parte de las 
mismas, ni se interpretará que implican algún derec ho de uso de las obras originales o que garantizan 
el derecho de autor sobre estas obras originales o lo abarcan.307 
                                                      
300 Constitución de Filipinas, artículo II, sección 2. 
 
301 Kuroda v. Jalandoni 42 OG 4282;  Co Kim Chan v. Valdez Tan Keh 75 Phil. 113. 
 
302 Ley de la República Nº 8293, sección 172.1, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
303 Ley de la República Nº 8293, sección 172.2, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
304 Ley de la República Nº 8293, sección 189.1, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
305 Ley de la República Nº 8293, sección 189.2, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
306 Ley de la República Nº 8293, sección 173.1 b), Código de Prop iedad Intelectual de Filipinas. 
 
307 Ley de la República Nº 8293, sección 173.2, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 82 
 
 
  El autor del programa de ordenador y de la compilación de datos respecto de los cuales 
puedan concederse derechos de auto r disfruta de derec hos económicos y de derechos morales a lo 
largo de su vida;  estos derec hos perduran hasta cincuenta (50) años después de su muerte.
308 
3. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADP IC establece que se conferirán derechos de 
arrendamiento respecto de los programas de or denador y de las obras cinematográficas.  
Sírvanse citar la disposición correspondiente de la legislación sobre derecho de autor de Filipinas. 
El párrafo 4 del artículo 177 del Código de Pr opiedad Intelectual establece que los derechos 
de autor o económicos consistirán en el derecho ex clusivo de llevar a cabo, autorizar o impedir el 
alquiler del original o de una copia de una obra a udiovisual o cinematográfica, o de un programa de 
ordenador, independientemente de la titularidad del original o de la copia que es objeto del alquiler. 
4. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de 
Filipinas y el plazo de protección. 
La legislación de Filipinas concede a los artista s intérpretes o ejecutantes derechos exclusivos 
que autorizan:  a) la difusión y otras formas de  comunicación al público de su interpretación o 
actuación y la grabación de su interpretación o actuación no grabada
309;  b) la reproducción directa o 
indirecta de sus actuaciones o interpretaciones en grabaciones sonoras, de cualquier manera o 
forma310;  c) la primera distribución pública del original y de las copias de su actuación o 
interpretación fijada en la grabación sonora, a través de la venta o el alquiler u otras formas de transmisión de la propiedad
311;  d) el alquiler comercial al público del original y de las copias de sus 
interpretaciones o actuaciones fijad as en grabaciones sonoras, incluso después de su distribución por 
el artista intérprete o ejecutante, o con su autorización312;  y e) la disponibilidad pública de sus 
actuaciones o interpretaciones fijadas en grabaciones sonoras, por medios alám bricos o inalámbricos, 
de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellos desde un lugar y en una hora 
elegidos de forma individual por ellos.313  Los derechos del apartado a) los mantienen y ejercen los 
herederos del artista intérprete o ejecutante (o el Estado en ausencia de los mismos) durante cincuenta 
(50) años después de su fallecimiento.314 
 Sin embargo, los derechos económicos arriba  mencionados expiran una  vez que el artista 
intérprete o ejecutante ha autorizado la ra diodifusión o la grabación de su actuación o 
interpretación.315 
                                                      
308 Ley de la República Nº 8293, sección 213.1, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
309 Ley de la República Nº 8293, s ección 203.1 a) y b), Código de Pr opiedad Intelectual de Filipinas. 
 
310 Ley de la República Nº 8293, sección 203.2, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
311 Ley de la República Nº 8293, sección 203.3, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
312 Ley de la República Nº 8293, sección 203.4, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
313 Ley de la República Nº 8293, sección 203.5, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
314 Ley de la República Nº 8293, sección 204.2, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
315 Ley de la República Nº 8293, sección 205.1, Código de Propied ad Intelectual de Filipinas.   IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 83 
 
 
 Independientemente de los der echos económicos del artista in térprete o ejecutante, éste 
disfruta de derechos morales sobre sus actuaciones e interpretaciones acústicas en directo o sobre las 
actuaciones e interpretaciones fijadas en grabacione s sonoras:  a) derecho a que le reconozcan la 
autoría de su actuación o interpretación;  y b) de recho a oponerse a toda distorsión, mutilación u otra 
modificación de sus actuaciones o interpretaci ones que puedan afectar negativamente a su 
renombre.
316 
La legislación filipina también concede a los artistas intérpretes o ejecutantes, en cada 
comunicación pública o radiodifusión de una inte rpretación o actuación posterior a una primera 
comunicación o radiodifusión de la misma por parte de una emisora, el derecho a percibir una 
remuneración adicional equivalente al cinco por ciento (5 por ciento), como mínimo, de la 
compensación original que percibió por la primera comunicación o radiodifusión.317  Sin embargo, los 
artistas intérpretes o ejecutantes tienen derecho a negociar cláusulas y condiciones más favorables en 
sus contratos sobre el uso de su interpretación o actuación.318 
 Los derechos concedidos a los artistas in térpretes o ejecutantes de grabaciones sonoras 
expiran en el plazo de cincuenta (50)  años contados a partir del último  día del año en que tuvo lugar la 
interpretación o actuación o en que se realizó la grabación.319 
5. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores 
de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.  El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el 
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias 
de sus fonogramas.  Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de Filipinas 
da cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de protección. 
La legislación filipina otorga a los productor es de grabaciones sonoras derechos exclusivos:  
a) para autorizar la reproducción directa o indirect a de sus grabaciones sonoras en la forma que sea, y 
la comercialización de estas reproducciones, así como para arrendarlas o prestarlas;  y b) para 
autorizar el alquiler comercial al público del origin al y las copias de sus grabaciones sonoras, incluso 
después de su distribución por ellos mismos o con su autorización.
320  
 El plazo de protección de los derechos otorga dos a los productores es de cincuenta (50) años 
contados a partir del ultimo día del año en que tuvo lugar la interpretación o actuación o en que se 
realizó la fijación.321 
C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO  
6. Sírvanse describir el asunto que puede trat ar una marca de fábrica o de comercio en 
virtud de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de Filipinas. 
                                                      
316 Ley de la República Nº 8293, sección 204.1, Código de Propi edad Intelectual de Filipinas. 
 
317 Ley de la República Nº 8293,  sección 206, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas. 
 
318 Ley de la República Nº 8293, sección 207, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.  
 
319 Ley de la República Nº 8293, s ección 215.1 a) y b), Código de Pr opiedad Intelectual de Filipinas. 
 
320 Ley de la República Nº 8293, s ección 208.1 y 208.3, Código de Pr opiedad Intelectual de Filipinas. 
 
321 Ley de la República Nº 8293, s ección 215.1 a) y b), Código de Pr opiedad Intelectual de Filipinas. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 84 
 
 
  Una marca es un signo visible.  Puede ser una palabra, un nombre, un símbolo, un emblema o 
un signo.
322 
7. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en Filipinas para registrar una 
marca de fábrica o de comercio, citar las disp osiciones pertinentes de la ley y describir los 
derechos que puede ejercer el titular de una ma rca de fábrica o de comercio registrada. 
Procedimiento  
Para que se le asigne una fecha de presentación,  el solicitante ha de rellenar el impreso de 
solicitud y cumplir los siguientes requisitos: 
 1. indicar expresa o implícitamente que se solicita el registro de una marca; 
 2. indicar la identidad del solicitante; 
 3. aportar datos suficientes para pone rse en contacto con el solicitante o su 
representante, en su caso; 
 4. proporcionar una reproducción de la marca cuyo registro se solicita;  5. presentar la lista de productos o servici os para los que se solicita el registro; 
 6. pagar la tasa preceptiva.
323 
 Una vez cumplidos los requisitos la oficina asigna un número de solicitud y fija la fecha de 
presentación de ésta.324  La solicitud se somete a un trámite de búsqueda de marcas similares, tras el 
cual pasará por un examen sustantivo para de terminar si puede o no registrarse la marca.325 Una vez 
comprobado que el registro es posible, la marca de fábrica o de comercio se publica en la  Intellectual 
Property Office Official Gazette a efectos de una eventual oposición.326 
 Una marca solamente se registra si no se ha fo rmulado ninguna oposición contra su registro.  
Si se presenta una oposición en la Oficina de Asuntos Jurídicos, el registro únicamente podrá 
autorizarse si las pruebas lo respaldan y una vez que la decisión a favor del solicitante sea firme y ejecutoria.
327  A continuación, se emite un certificado de registro y la marca se incluye en la 
publicación de marcas registradas.328 
                                                      
322 Ley de la República Nº 8293, sección 121. 1, sección 121.2, regl a 100 párrafo I) de Trademark 
Regulations . 
 
323 Ley de la República Nº 8293, secciones 124.1, 127. 1, 127.2, reglas 400, 500 y 501 de Trademark 
Regulations . 
 
324 Ley de la República Nº 8293, sección 132. 
 
325 Ley de la República Nº 8293, secci ón 133.1, regla 600, regla 605 de Trademark Regulations . 
 
326 Ley de la República Nº 8293, sección 133.2, regla 700 de Trademark Regulations . 
 
327 Ley de la República Nº 8293, sección 134 regla 703 de Trademark Regulations , regla 7 
(Inter Partes Proceeding ). 
 
328 Ley de la República Nº 8293, secci ón 136, 138 y 139, regla 703 de Trademark Regulations .  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 85 
 
 
  El certificado de registro de una marca sirv e de presunción de la validez del registro, el 
derecho de propiedad del titular sobre la marca y el derecho exclusivo del titular a utilizarla en 
relación con los productos o servicios y los produc tos o servicios afines que se especifiquen en el 
certificado.
329  Amparado en el derecho exclusivo a utilizar  la marca, el titular puede prohibir a otros 
que la utilicen a modo de distintivo comercial o incluso como razón social. 
 El titular de una marca registrada tendrá el de recho exclusivo a impedir que terceros utilicen 
en el comercio, sin su consenti miento, signos o recipientes idénticos o similares para productos o 
servicios que sean idénticos o similares a los prod uctos o servicios con respecto a los cuales se ha 
registrado la marca, en caso de que tal uso enci erre un riesgo de confusión.  Si se utiliza un signo 
idéntico para productos o servicios idénticos , se supondrá que existe riesgo de confusión.330 
8. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que la legislación sobre 
marcas de fábrica o de comercio de Filipinas p revé para una marca de fábrica o de comercio. 
 Los certificados de registro permanecen vigente durante diez (10) años331 y a su vencimiento 
pueden renovarse por períodos su cesivos de diez (10) años.332 El titular deberá presentar una 
declaración de uso efectivo y pruebas al efecto en un plazo de un (1) año a partir del quinto (5º) 
aniversario de la fecha de registro de la marca.333 
D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS  
9. Sírvanse describir, en detalle, cómo regula la legislación de Filipinas el reconocimiento y 
la protección de las indicaciones geográficas p revistas en el párrafo 2 del artículo 22 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones p ertinentes de las leyes y los reglamentos y dar 
ejemplos de indicaciones geográficas así protegidas. 
 La legislación de Filipinas no permite regist rar una marca si es probable que ésta confunda al 
público, concretamente con respecto a la naturaleza, la calidad, las características o el origen geográfico de los productos o servicios.  Las indicaci ones geográficas sitúan el origen de un producto 
en el territorio de un país signatari o, o de una región o localidad dent ro de dicho territorio, cuando una 
determinada cualidad, el prestigio u otra caracterí stica de un producto sea atribuible básicamente a su 
origen geográfico.
334 
 Toda persona que, en relación con algún produc to o servicio, o el recipiente de algún 
producto, utilice en el comercio una denominación de origen falsa, o que en la publicidad o 
promoción comercial desvirtúe el origen geográf ico de sus productos, servicios o actividades 
comerciales o los de un tercero, podrá ser objeto de demanda civil por daños y perjuicios y de 
                                                      
329 Ley de la República Nº 8293, sección 138. 
 
330 Ley de la República Nº 8293,  sección 147, regla 800 de Trademark Regulations . 
 
331 Ley de la República Nº 8293,  sección 145, regla 801 de Trademark Regulations .  
 
332 Ley de la República Nº 8293, sección 146, regla 917, 918 de Trademark Regulations . 
 
333 Ley de la República Nº 8293,  sección 145, regla 801 de Trademark Regulations . 
 
334 Ley de la República Nº 8293, secci ón 123.1, regla 101 párrafo g) de Trademark Regulations . IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 86 
 
 
 medidas cautelares por parte de t oda persona que considere que puede resultar perjudicada por un acto 
de este tipo
335, así como de una pena de dos a cinco a ños y una multa de 50.000 a 200.000 pesos.336 
Los productos marcados o etique tados que tergiversen el or igen geográfico no pueden ser 
importados en Filipinas y no se admitirá su entrada en ninguna aduana de Filipinas.337 
Además, las prescripciones mínimas de etiqueta do de los productos de consumo requieren la 
mención de la dirección del fabricante, el importado r, el reembalador del pr oducto de consumo en 
Filipinas;  el país de fabricación, si se importa.338 
10. Sírvanse describir, en detalle, la forma en  que se aplica el nivel superior de protección 
requerido para vinos y bebidas espirituosas en  virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar la s disposiciones pertinentes de las leyes y los 
reglamentos y dar ejemplos de indicacion es geográficas para dichos productos. 
El régimen jurídico actual de las marcas de fábrica o de comercio protege las indicaciones 
geográficas, especialmente las referentes a vinos y bebidas espirituosas, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADP IC, partiendo de la base de que las marcas de 
fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas desempeñan funciones similares:  indicación del 
origen, distintivo de calidad y promoción de productos y servicios. 
 Existe un recurso administrativo para la anul ación de una marca en caso de que el titular 
confunda al público con respecto al origen  geográfico de los productos o servicios.
339 
E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES  
11. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los 
dibujos y modelos textiles, y citar las disposic iones pertinentes de las leyes o reglamentos. 
Los dibujos y modelos textiles pueden proteger se mediante un registro de dibujo o modelo 
industrial.340  La solicitud de registro de  un dibujo o modelo industrial deberá incluir los siguientes 
elementos: 
 a) un impreso de solicitud completamente rellenado con el nombre y la dirección del 
solicitante o, si el solicitante no es el autor, una declaración sobre el origen del 
derecho sobre el dibujo o modelo industrial;  y la indicación de que el dibujo o modelo se aplicará a productos textiles; 
 b) una representación del artículo industrial o artesanal mediante dibujos, fotografías u 
otras representaciones gráficas adecuadas del dibujo o modelo aplicado al artículo 
                                                     
 
335 Ley de la República Nº  8293, secci ón 169.1. 
 
336 Ley de la República Nº 8293, sección 170. 
 
337 Ley de la República Nº  8293, secci ón 169.2. 
 
338 Ley de la República Nº 7394 Consumer Act of the Philippines  [artículo 77 párrafo d) viii]. 
 
339 Ley de la República Nº 82 93, sección 151, regla 8 ( Inter Partes Proceeding ). 
 
340 Regla 309 de IRR for Utility Models and Industrial Designs.   IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 87 
 
 
 industrial o artesanal que revele clara y comp letamente las características para las que 
se reivindica la protección del dibujo o modelo
341; 
 c) la tasa de solicitud preceptiva.  Una vez cumplidos estos requisitos se asignará a la solicitud una fecha de presentación y un 
número de solicitud, y se remitirá al examinador para que compruebe los requisitos formales.
342 
 La tasa de solicitud podrá pagarse en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha en que se haya 
recibido la solicitud en la oficina.343 
Si la solicitud cumple los requisitos para ser registrada, el examinador lo notificará al 
solicitante y le reclamará el pago de las tasas de emisión y publicación.  Una vez pagadas las tasas 
preceptivas, se extenderá un certificado de registro al solicitante.  En caso de que la solicitud no pueda 
registrarse, el examinador enviará al solicita nte un informe de examen formal indicando las 
deficiencias y omisiones al respecto. 
 El solicitante podrá responder al informe de ex amen formal del examinador:  1) retirando 
voluntariamente la solicitud, 2) modificándola, o 3) previo pago de la tasa correspondiente, 
solicitando un informe de registrabilidad.  Este inform e de registrabilidad incluirá una referencia a los 
documentos sobre el estado anterior de la técnica, con las oportunas indicaciones de su grado de relevancia, que sirvan de ayuda para determinar la validez del dibujo o mode lo industrial en función 
de su carácter novedoso. 
 El solicitante dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses para responder al informe de 
examen formal
344 del examinador.  Si el solicitante no man tiene su solicitud en este plazo, la solicitud 
se considerará retirada.  Las solicitudes que se consideren retiradas por no haber sido mantenidas 
pueden ser reactivadas, como solicitudes pendientes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
fecha de envío por correo de la notif icación de la retirada de la solicitud.345 
 Los dibujos y modelos textiles también están pr otegidos por la legislación sobre derecho de 
autor de Filipinas.346 
F. PATENTES  
12. Sírvanse describir, en detalle, la forma en  que la legislación de patentes de Filipinas 
aplica el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicar cualesquiera excepciones a la patentabilidad previstas e incluir detalles sob re la protección de los microorganismos y los 
                                                     
 
 
341 Ley de la República Nº 82 93, sección 114, párrafo d). 
 
342 Reglas  307 y 308 de IRR for Utility Models and Industrial Designs . 
 
343 Regla  310 de IRR for Utility Models and Industrial Designs . 
 
344 Regla  452 de IRR for Utility Models and Industrial Designs . 
 
345 Regla  453 de IRR for Utility Models and Industrial Designs . 
 
346 Ley de la República Nº 8293,  sección 172, párrafo h).  
 IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 88 
 
 
 procedimientos no biológicos y microbiológicos y las obtenciones vegetales.  Sírvanse citar las 
disposiciones pertinentes de la ley. 
 Una comparación del artículo 27 del Acuerdo s obre los ADPIC y la legislación de Filipinas 
reflejará el cumplimiento del artículo 27 por pa rte de la legislación de patentes de Filipinas. 
Acuerdo sobre los ADPIC,  
artículo 27 Ley de patentes de Filipinas, 
artículos 21 y 22, reglas 200 y 202 
 
1.  Las patentes  podrán obtenerse por todas 
las invenciones, sean de productos  o de 
procedimientos , en todos los campos de la 
tecnología … 
… siempre que sean nuevas, entrañen una 
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. (Invenciones patentables y no patentables
) 
Podrán concederse patentes  a todas las 
soluciones técnicas  de un problema en todos 
los campos de la actividad humana  que 
puedan relacionarse con un producto  o un 
proceso , o una mejora de alguno de los 
anteriores347… 
… que sea nuevo, entrañe una actividad 
inventiva y sea susceptible de aplicación 
industrial.348 
2.  Los Miembros podrán excluir de la 
patentabilidad las invenciones cuya 
explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el 
orden público o la moralidad… Quedará excluido de la patentabilidad: 
a) todo lo que sea contrario al orden público 
o la moralidad.
349 
3.  Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: 
a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y 
quirúrgicos para el tratamiento de personas o 
animales;  
b) los métodos de tratamiento del cuerpo 
humano o de animales mediante cirugía o 
terapia y los métodos de diagnóstico 
practicados con el cuerpo humano o de animales, excepto productos y composiciones 
para su uso en alguno de estos métodos
350; 
b) las plantas y los animales excepto los 
microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción 
de plantas o animales, que no sean 
procedimientos no biológicos o microbiológicos. c) las obtenciones vegetales o las razas de 
animales o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o 
animales.  Esta disposición no se aplicará a 
microorganismos y a procesos que no sean biológicos o microbiológicos.
351 
                                                      
347 Ley de la República Nº 8293, sección 21, regla  200. 
 
348 Ley de la República Nº 8293, sección 21, regla  200. 
 
349 Ley de la República Nº 8293, sección 21, regla  200. 
 
350 Ley de la República Nº 8293, sección 22.3, regla  202 c). 
 
351 Ley de la República Nº 8293, sección 22.4, regla  202 d).  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 89 
 
 
 Acuerdo sobre los ADPIC,  
artículo 27 Ley de patentes de Filipinas, 
artículos 21 y 22, reglas 200 y 202 
 
Sin embargo, los Miembros otorgarán 
protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema 
eficaz sui generis  o mediante una 
combinación de aquéllas y éste.    Este artículo no impedirá que el Congreso 
considere la promulgación de una ley que 
establezca una protección sui generis  de las 
obtenciones vegetales.
352 
   [El sistema sui generis  para la protección 
de obtenciones de plantas está pendiente en el Congreso.
353] 
 
13. Sírvanse describir, en detalle, los derechos conferidos a los titulares de patentes con 
arreglo a la legislación de patentes de Filipinas y citar las disposiciones pertinentes de la ley. 
 Los derechos exclusivos conferidos a lo s titulares de una patente son los siguientes354: 
- derecho a la fabricación, el uso, la come rcialización, la venta y la importación de un 
producto patentado o de un pr oducto obtenido directa o indirectamente a raíz de un 
proceso patentado o del us o de un proceso patentado355; 
- derecho a ceder o transmitir por vía sucesoria la patente y celebrar contratos de 
licencia para la venta.356 
14. Sírvanse describir, en detalle, las disposic iones de la legislación de Filipinas que 
permitan el uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la ley, y 
describir, en detalle, las condiciones en que ese uso pueda ocurrir. 
 Los derechos exclusivos de los titulares de pa tentes quedan excluidos en los siguientes casos: 
 - cuando la explotación de la patente se realice de forma privada y a escala no 
comercial o con propósito no comercial357; 
 - cuando el acto de ejecutar o utilizar la patente esté destinado únicamente a fines de 
investigación y experimentación científicas358; 
 - cuando el producto patentado haya  sido comercializado en Filipinas  por el titular de 
la patente o con su autorización.  Por comercialización se entiende la venta 
                                                      
 
352 Ley de la República Nº 8293, s ección 22.4. 
 
353 House Bill Nº 1070;  Senate Bill Nº 1912.  
 
354 Ley de la República 8293, sección 71. 
 
355 Ley de la República Nº 82 93, sección 71.1 a) y b). 
 
356 Ley de la República Nº 8293, s ección 71.2. 
 
357 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.2. 
 
358 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.3. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 90 
 
 
 (que incluye el alquiler y la donación).  Con esta venta, el comprador puede utilizar el 
producto o posiblemente revenderlo en Filip inas sin infringir el derecho exclusivo del 
titular de la patente.  La venta fuera de Filipinas del producto patentado no "agota" los 
derechos de patente en Filipinas.  Por tant o, el titular de la patente puede prohibir la 
importación en el país de los producto s patentados (las llamadas importaciones 
paralelas)
359; 
 - cuando el acto consista en la preparaci ón para casos individuales, en una farmacia o 
por parte de un profesional médico, de un medicamento conforme a una prescripción médica
360; 
 - cuando el producto patentado se utilice en vehículos en tránsito por el país.361 
 El uso no autorizado de una patente en F ilipinas puede permitirse en los casos siguientes: 
 - cuando una persona distinta del solicitant e haya empezado a utilizar de buena fe la 
invención en Filipinas o haya iniciado seria mente los preparativos para utilizarla 
antes de la fecha de presentación o la f echa de prioridad de la solicitud, tendrá 
derecho a seguir utilizándola (párrafo 1 de l artículo 73), pero este derecho sólo podrá 
transmitirse o cederse ulteriormente junto con su empresa o negocio362; 
 - cuando un organismo oficial o un tercer o autorizado por el Gobierno explote la 
invención en interés del público, en par ticular de la seguridad nacional, la 
alimentación, la salud o el desarrollo de otros sectores, según determine el organismo oficial pertinente (párrafo 1 a) del artícul o 74);  cuando el modo de explotación por 
parte del titular de la patente sea antic ompetitivo (párrafo 2 del artículo 74). 
 El Código de Propiedad Intelectual dedica todo un capítulo a enumerar los detalles y las 
condiciones en que podrá concederse una licencia obligatoria. 
1. Deben existir motivos justificados. 
La concesión de licencias obligatorias podrá d ecretarse en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 a) emergencia nacional u otras ci rcunstancias de ex trema urgencia; 
 b) cuando el interés público, en particular la seguridad nacional, la alimentación, la 
salud o el desarrollo de otros sectores vital es de la economía nacional determinados 
por el organismo oficial pertinente, así lo requiera;  o 
                                                     
 
 
359 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.1. 
 
360 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.4. 
 
361 Ley de la República Nº 8293, s ección 72.5. 
 
362 Ley de la República Nº 8293, s ección 73.2. 
  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 91 
 
 
  c) cuando un organismo judicial o administ rativo haya determinado que el método de 
explotación utilizado por el titular de la patent e o su licenciatario es anticompetitivo;  
o 
 d) en caso de no utilización comercial pública de la patente por parte del titular sin 
ninguna causa justificada; 
 e) si no se explota a escala comercial en Filipinas la invención patentada, aunque ello 
sea posible, sin ninguna causa justificada;  la importación del artículo patentado se 
considerará equivalente a la utilizaci ón o explotación de la patente.  
363 
2. El peticionario deberá tratar de obtener la autorización del titular de la patente. 
La licencia se otorgará únicamente despu és de que el peticionario haya intentado 
obtener autorización del titular de la patente en  condiciones comerciales razonables, pero sin 
éxito, dentro de un plazo de tiempo razonable.364 
3. Debe existir una falta de uso comercia l público si se trata de tecnología de 
semiconductores. 
En cuanto a la concesión de licencias obligator ias de patentes relativas a la tecnología de 
semiconductores, la licencia solo se otorgará en  caso de no utilización comercial pública o para 
remediar una práctica que tras un proceso judicial o administrativo se considere anticompetitiva. 
4. La petición debe formularse por escrito y confirmarse, y debe pagarse la tasa 
correspondiente. 
La petición de concesión de licencia obligatoria debe formularse por escrito, el 
peticionario ha de confirmarla y es preciso que vaya acompañada del pago de la tasa 
preceptiva .  En ella figurará el nombre y la dirección del peticionario, el número y la fecha de 
concesión de la patente en relación con la cual se solicita la licencia obligatoria, el nombre del 
titular de la patente, el título de la invención,  los motivos legales por los que se solicita una 
licencia obligatoria, los hechos fundamentales que  justifican la acción del peticionario y el 
desagravio solicitado.365 
5. La licencia debe cumplir además otras condiciones legales. 
Si el Director de Asuntos Jurídicos apru eba la petición, se impondrán las siguientes 
condiciones: 
 a) el alcance y la duración de la licencia se limitarán a la finalidad para la cual se 
autorizó; 
 b) la licencia no tendrá carácter exclusivo; 
                                                      
363 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 93. 
 
364 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 95. 
 
365 Ley de la República Nº  8293 (1998), sección 98. 
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IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 92 
 
 
  c) la licencia no podrá cederse, excepto junt o con la parte de la empresa o negocio en 
que se explota la invención; 
 d) el uso del contenido de la licencia se destinará predominantemente al abastecimiento 
del mercado filipino, pero esta limitación no será aplicable cuando la concesión de la 
licencia se base en el motivo de que el mé todo de explotación de la patente por parte 
de su titular haya sido declarado anticompetitivo en un proceso judicial o administrativo; 
 e) la licencia podrá rescindirse si se demu estra fehacientemente que las circunstancias 
conducentes a su concesión han dejado de existir y no es probable que vuelvan a 
darse, a condición de que se ampare sufi cientemente el interés legítimo del 
licenciatario;  y  
 f) el titular de la patente recibirá una retri bución suficiente teniendo en cuenta el valor 
económico de la concesión o autorización, con la salvedad de que, en caso de que la 
licencia se haya concedido para remediar una práctica que en un proceso judicial o 
administrativo se hubiera calificado de antic ompetitiva, podrá tenerse en cuenta la 
necesidad de subsanar esta práctica anticompetitiva a la hora de fijar el importe de la remuneración.
366 
15. ¿Qué plazo de protección para las patentes prevé la legislación de patentes de Filipinas? 
Sírvanse describir las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo de protección y citar 
las normas pertinentes de la ley. 
 El plazo de vigencia de una patente será de vein te (20) años contados a partir de la fecha de 
presentación  de la solicitud.367 
 Para mantener la patente, una vez transcurridos  cuatro (4) años de la fecha en que se publicó 
la solicitud y en cada aniversario subsiguiente  de dicha fecha se pagará una tasa anual368;  de lo 
contrario, la solicitud se considerará retirada o se estimará que la patente ha caducado.369 
 El pago puede efectuarse dentro de los tres (3 ) meses anteriores a la fecha de vencimiento.  
La obligación de pagar las tasas anuales se extingue si se retira, deniega o anula370 la solicitud.  
Se concede un período de gracia de seis (6) meses pa ra el pago de la tasa anual, con aplicación de un 
recargo de demora.371 
                                                      
366 Ley de la República Nº 8293 (1998), sección 100. 
 
367 Ley de la República Nº 82 93, sección 54, regla 1100.  
 
368 Ley de la República Nº 8293,  sección 55.1, regla 1101.  
 
369 Ley de la República Nº 82 93, sección 55.2, regla 1103. 
 
370 Ley de la República Nº 82 93, sección 55.1, regla 1101. 
 
371 Ley de la República Nº 82 93, sección 55.3, regla 1104. 
  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 93 
 
 
 G. E
SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS  
16. Sírvanse describir, en detalle, la protección de los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados prevista en la legislación de Filipin as, incluido el plazo de protección, y citar las 
disposiciones pertinentes de la ley. 
 Aunque sigue en trámite, ambas cámaras de l Congreso filipino han aprobado la Ley de 
protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados .  Es posible que el Presidente la 
firme en breve. 
Para que pueda registrarse, un es quema de trazado de circuitos in tegrados debe ser original.  
Un esquema de trazado se considerará original si de riva del propio esfuerzo in telectual del creador y 
no es común entre los creadores de los esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados 
en el momento de su creación.  Un esquema de trazado que consista  en una combinación de elementos 
e interconexiones comunes se protegerá únicamente si  la combinación, en conjunto, es original.372 
 El registro del esquema de trazado de los ci rcuitos integrados será válido durante un período 
de diez (10) años, no prorrogable, y esta validez empezará a contar a partir de la fecha de inicio de la 
protección concedida para el esquema de trazado.373  Esta protección empezará: 
 a) en la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo del 
esquema de trazado en cuestión por pa rte del titular del derecho o con su 
consentimiento, a condición de que se presente una solicitud de registro en un plazo de dos (2) años a partir de la f echa de la explotación comercial, o 
 b) en la fecha de presentación atribuida a la solicitud de registro del esquema de trazado 
si éste no se ha explotado antes comercialmente en cualquier lugar del mundo. 
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA  
17. Sírvanse describir, en detalle, cómo regula la  legislación de Filipinas la protección de la 
información no divulgada como requiere el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre 
los ADPIC y citar las disposiciones pertinentes de la ley. 
 La protección de la información no divulgada es una de las categorías de derechos de 
propiedad intelectual, además de las patentes, las ma rcas de fábrica o de comercio y los derechos de 
autor.374 Se define como información secreta en el sentido de que, en su conjunto o en la 
configuración y articulación precisas de sus comp onentes, no es conocida generalmente en los 
círculos donde suelen tratarse informaciones de este tipo, o no es fácilmente accesible para estos círculos, que tiene valor comercial por el hecho de  ser secreta y ha sido objeto de medidas razonables, 
dadas las circunstancias, para mantenerla secreta por  parte de la persona que controla legalmente 
dicha información.
375  
                                                      
372 Secciones 113.3 y 113.4 de Proposed/Approved Bill for the Protection of the Layout-Designs of 
Integrated Circuits . 
 
373 Sección 118.5 de Proposed/Approved Bill for the Protection of the Layout-Designs of Integrated 
Circuits. 
 
374 Ley de la República Nº 8293, sección 4.1 g). 
 
375 Rules and Regulations on Voluntary Licensing , regla 1 o). IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 94 
 
 
  Se impondrá una sanción penal de hasta cuatro (4) años y dos (2) meses de prisión y una 
multa no superior a quinientos (500) pesos a la pers ona o el empleado de un establecimiento industrial 
que, en perjuicio de su titular, haya reve lado los secretos industriales de este último.
376 
 Los empleados de la Oficina Tributaria Interi or tienen prohibido revelar secretos comerciales 
de personas que tengan relaciones con su oficin a.  Ningún empleado o funcionario divulgará a 
ninguna persona los secretos, métodos de trabaj o o equipos de un fabricante, o información 
confidencial relativa a la actividad comercial de un contribuyente, de los que haya tenido 
conocimiento en el desempeño de sus funciones oficia les.  Si es declarado culpable, se requerirá al 
empleado o funcionario que pague una multa de cincuenta mil (50. 000) a cien mil (100.000) pesos y/o 
será condenado a una pena de dos (2) a cinco (5) años de cárcel.377  
 La información que se considere secreto come rcial sobre los carburantes y los aditivos que 
estén registrados en el Departamento de Energía habrá de ser sometida a un acuerdo de no divulgación y confidencialidad suscrito entre la empr esa y el Departamento de energía por un período 
de quince (15) años.
378 
18. Sírvanse describir, en detalle, cómo proteg e la legislación de Filipinas los datos de 
prueba relativos a productos farmacéuticos y quí micos agrícolas presentados al Gobierno a fin 
de aprobar la comercialización de esos produc tos en Filipinas y citar las disposiciones 
pertinentes de la ley. 
 Los datos de pruebas relativos a productos fa rmacéuticos y agrícolas han de remitirse a la 
Oficina de Productos Alimenticios y Fármacos para el registro de dichos productos.379  Estos datos 
son de carácter confidencial y están protegidos co mo secretos comerciales.  Por tanto, está prohibido 
el uso por una persona en beneficio propio o la divu lgación, excepto al Ministro o a los funcionarios y 
empleados del Ministerio o a los tribunales cuando sea pertinente en algún proceso judicial en virtud 
de esta Ley, de toda información sobre un método o proceso que goce de protección como secreto comercial.
380  Por consiguiente, la persona que infrinj a alguna de las prohibiciones mencionadas será 
condenada a una pena de uno (1) a cinco (5) años de cárcel y/o al  pago de una multa de cinco mil 
(5.000) a diez mil (10.000) pesos, a discreción del tribunal.381  
 Además, los empleados y funcionarios públic os se rigen por el Código de Conducta y de 
Normas Éticas para Funcionarios y Empleados Púb licos.  Como tales, tienen prohibido utilizar o 
divulgar la información confidencial o clasificada de  que hayan tenido conocimiento en virtud de su 
                                                      
376 Ley Nº 3815, artículo 292. 
 
377 Ley de la República Nº 8424, sección 270. 
 
378 Implementing reglas and Regulations, Ley de la República Nº 8749, regla  XXXVII, sección 4. 
 
379 Orden administrativa del Departamento de  Salud Nº 67, serie de 1989, sección 4. 
 
380 Ley de la República Nº 3720 (1963), sección 11 f), modificada por la Orden del Ejecutivo Nº 175 
(1987), sección 7. 
 
381 Ley de la República Nº 3720 (19 63), sección 12 a), modificada por la Orden del Ejecutivo Nº 175 
(1987), sección 9. 
  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 95 
 
 
 cargo y que no se haya puesto a disposición del públic o por el efecto de un interés privado, para no 
conceder ninguna ventaja indebida a nadi e o para no perjudicar el interés público.
382 
 A continuación se indican las sanciones que puede acarrear la infracción de esta prohibición:  a) una multa no superior al salario de se is (6) meses, o la suspensión de funciones 
durante un (1) año como máximo, o el cese, en función de la gravedad de la 
infracción; 
 b) encarcelamiento durante un período máximo  de cinco (5) años y/o multa no superior 
a cinco mil (5.000) pesos y, a discreción del tribunal, la inhabilitación para el cargo; 
 c) los particulares que conspiren con funci onarios o empleados públicos estarán sujetos 
a las mismas responsabilidades penales que éstos.
383 
 En general, el Código Penal revisado tipifi ca como delito la divulgación por parte de un 
funcionario público de secretos que conozca en vi rtud de su función oficial y establece las penas 
correspondientes384;  la divulgación por parte de un funciona rio público de secretos que conozca en el 
desempeño de sus funciones385;  la divulgación de secretos por parte de un director o empleado o 
funcionario386;  la divulgación de secretos industriales por  el responsable, un empleado o un trabajador 
de algún establecimiento fabril o industrial.387 
19. ¿Están los solicitantes posteriores que traten de obtener la aprobación de la 
comercialización de sus propias versiones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas 
aprobados con anterioridad facultados para ap oyarse en datos presentado s por el solicitante 
anterior?  En caso afirmativo, ¿qué plazo de ex clusividad se otorga al solicitante anterior antes 
de permitir a terceros que se apoyen en sus datos? 
 No.  Por el contrario, las reglas especifican que  los establecimientos que soliciten el registro 
de un fármaco deben facilitar toda  la documentación e información pertinentes relativas al producto.  
El hecho de no facilitar información sustancial sobre el fármaco constituye un motivo de rechazo de la 
solicitud de registro y sienta las bases para la retirada de la licencia de explotación del 
establecimiento.  Concretamente, la respuesta a la solicitud de registro se basará en el conjunto 
completo de especificaciones del fármaco que se propone  para la etiqueta, es decir, la formulación, 
forma de administración, fuerza, indicación terapéuti ca y fabricante.  Toda variación de alguna de las 
especificaciones indicadas requerirá un nuevo registro.388 
                                                      
382 Ley de la República Nº 6713 (1989), sección 7 c). 
 
383 Ley de la República Nº  6713 (1989), sección 11. 
 
384 Ley Nº 3815 (1930), artículo 229. 
 
385 Ley Nº 3815 (1930), artículo 230. 
 
386 Ley Nº 3815 (1930), artículo 291. 
 
387 Ley Nº 3815 (1930), artículo 292. 
 
388 Orden administrativa del Departamento de  Salud Nº 67, serie de 1989, sección 2. 
 IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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  Además, la solicitud de registro se presentará en el formato promulgado por la Oficina de 
Productos Alimenticios y Fármacos y se respaldará con documentos y datos que incluyan información 
técnica sobre la descripción física del producto;  la formulación completa y las especificaciones técnicas de las materias primas y el producto acaba do;  el proceso de fabricación, que incluye las 
instalaciones y disposiciones de control utilizadas en la fabricación y el envasado del producto;  la 
descripción de todas las pruebas de calidad realizadas , con inclusión de la "prueba de disolución", en 
su caso, y los resultados obtenidos;  y datos completo s de estabilidad.  También se exige el envío de 
muestras suficientes para el análisis en laborator io.  Además, se establecen requisitos específicos en 
función de la clasificación de los fármacos, es d ecir, fármacos de inves tigación, nuevos fármacos, 
fármacos establecidos, fármacos experimentados y ensayados.
389  Estas muestras las ensayará la 
División de Servicios de Laboratorio de la Ofic ina de Productos Alimentic ios y Fármacos una vez 
evaluados los requisitos documentales.390 
 Para garantizar mejor que un fármaco o un di spositivo es seguro, eficaz y de buena calidad a 
la hora de utilizarlo, la ley391 establece que la persona que fabr ica, vende, comercializa, importa, 
exporta, distribuye o transfiere  algún fármaco o dispositivo debe  contar con una licencia de 
explotación y que dicho fármaco o dispositivo est én registrados de ac uerdo con las reglas 
promulgadas por el Ministro del Departamento de Salud.  A este respecto, estas personas remitirán a 
dicho Departamento, a través de la Oficina de Pr oductos Alimenticios y Fármaco s, entre otras cosas, 
lo siguiente:  1) informes completos de los estudi os que se hayan realizado para demostrar que este 
fármaco o dispositivo es seguro, eficaz y de buena calidad a la hora de utilizarlo, sobre la base de 
estudios clínicos realizados en Filipinas;  2) una descripción completa de los métodos utilizados y las 
instalaciones y controles empleados para la fabri cación de este fármaco o dispositivo;  y 3) las 
muestras de dicho fármaco o dispositivo y de lo s artículos utilizados como componentes de los 
anteriores que requiera el Ministro. 
 En vista de lo anterior, los nuevos solic itantes deberán presentar datos de pruebas nuevos 
independientemente de los datos anteriormente aproba dos que presentó el solicitante anterior, lo cual 
responde a la política estatal de garantizar una ca lidad segura y buena de los productos alimenticios, 
de los fármacos y de los cosméticos, así como de re gular la producción, la venta y el tráfico de estos 
productos a fin de proteger la salud pública.392 
I. OBSERVANCIA  
20. Sírvanse describir en detalle qué medidas ef icaces prescribe la legislación de Filipinas 
contra cualquier acción infractora de los derech os de propiedad intelectual, como dispone el 
párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 41 de l Acuerdo sobre los ADPIC, la legislación de 
Filipinas contempla la posibilidad de incoar accion es civiles, penales y administrativas contra las 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual, a saber: 
                                                      
389 Orden administrativa del Departamento de Salu d Nº 67, serie de 1989, sección 4 y anexo I. 
 
390 Memorándum circular Nº 11, serie de 1992. 
 
391 Ley de la República Nº 3720 (1963), sección 21 modificada por la Orden del Ejecutivo Nº 175 
(1987), secciones 14 y 15. 
 
392 Ley de la República Nº  3720 (1963), sección 2. 
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 Acciones civiles
 
 En caso de infracción de una patente, el titula r de la patente o de algún derecho, título o 
interés en relación con la invención patentada podrá incoar acciones civiles ante el tribunal competente, a fin de recibir del infractor una in demnización por los daños y perjuicios sufridos a 
causa de ello, además de los honorarios de abogado y otros gastos derivados del litigio, además de la 
adopción de medidas cautelares para la protección de sus derechos.  Asimismo, el tribunal podrá 
ordenar que los productos implicados en la in fracción, y los materiales y equipos utilizados 
principalmente para cometer la infracción se retiren de los canales comerciales o se destruyan sin compensación.
393 
 En caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio, el titular de la marca registrada 
podrá obtener una indemnización por daños de la persona que haya  infringido sus derechos.  
El tribunal podrá doblar esta indemnización si se de muestra la existencia de  un intento efectivo de 
engañar al público o de defraudar al demandante.  Si así queda demostrado, también podrán dictarse 
medidas cautelares en favor del titular de la mar ca de fábrica o de comercio y ordenarse que el 
material infractor sea retirado de los canales comerciales o destruido sin compensación.  Previa 
solicitud del demandante, el tribunal podrá reclamar, durante la tramitación de la acción, facturas de 
ventas y otros documentos relativos a las ventas.394 
 En caso de infracción del derecho de autor, el titular de este derecho podrá incoar una acción 
civil ante la jurisdicción competente y la persona considerada culpable de esta infracción estará sujeta 
a) a medidas cautelares dictadas por el juez para limitar esta infracción;  b) al pago al titular del 
derecho de autor o a sus cesionarios o heredero s de una indemnización por los daños reales 
ocasionados, con inclusión de las costas judiciales y otros gastos en que hayan incurrido éstos a causa 
de la infracción, así como de los beneficios que el infractor haya obtenido en virtud de dicha 
infracción;  c) al embargo, durante la tramitación de  la acción, de facturas de ventas, de todos los 
artículos y sus envases que presuntamente infrinjan un derecho de autor, y de los instrumentos para 
fabricarlos;  y d) a la destrucción, sin comp ensación alguna, de todas las copias o dispositivos 
constitutivos de la infracción, así como todas las placas, moldes u otros medios para realizar las copias fraudulentas, según ordene el tribunal.  En una acción por infracción de derecho de autor, el 
tribunal también puede ordenar la  confiscación y embargo de cualquier artículo que pueda servir de 
prueba en un procedimiento.
395 
 Las decisiones sobre los casos civiles por infr acción sometidos a los tribunales de distrito 
pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.396 
Medidas penales  
 En caso de infracción de una patente, si el in fractor o una persona en  connivencia con éste 
reincide en la infracción tras cumplir la condena impu esta por el tribunal, los infractores, sin perjuicio 
de la posibilidad de que se incoen acciones civ iles por daños contra ellos, serán responsables 
penalmente y, de acuerdo con la sentencia conde natoria, serán encarcelados durante un período de 
seis (6) meses a tres (3) años, y deberán pagar una multa de cien mil (100.000) a trescientos 
                                                      
393 Ley de la República Nº 82 93, secciones 76.2 y 76.5. 
 
394 Ley de la República Nº 82 93, secciones 76.2 y 76.5. 
 
395 Ley de la República Nº 82 93, secciones 21 6.1 y 216.2. 
 
396 Reglas 41 y 56, Rules of Court . 
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 mil (300.000) pesos, a discreción del tribunal.  La acción penal prescribe en el plazo de tres (3) años 
contados a partir de la comisión del delito.
397  
 En caso de infracción de una marca de fábri ca o de comercio, se impondrá una sanción penal 
de privación de libertad durante un período de dos (2) a cinco (5) años  y una multa de cincuenta mil 
(50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la pers ona considerada culpable de la infracción de la 
marca de fábrica o de comercio, de competenci a desleal o de utilización de una denominación de 
origen falsa.398 
 En caso de infracción del derecho de autor, el  infractor de este derecho o toda persona que 
contribuya a cometer esta infracción o induzca al infractor será culpable de este delito, que se 
castigará con:  a) pena de cárcel de uno (1) a tres  (3) años, además de una  multa de cincuenta mil 
(50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos, la primera vez que se cometa el delito;  b) pena de 
cárcel de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, además de una multa que oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) peso s la segunda vez;  c) pena de cárcel de seis (6) 
años y un (1)
 día a nueve (9) años, además de una multa  de quinientos mil (500.000) a un millón 
quinientos mil (1.500.000) pesos, la tercera vez y las siguientes;  y d) en todos los casos, prisión 
subsidiaria en caso de insolvencia.399 
 Las resoluciones de los tribuna les de distrito sobre los casos penales por infracción pueden 
recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.400 
Medidas administrativas  
 Los casos administrativos en los que interve nga una violación de de rechos de propiedad 
intelectual pueden ser sometidos a los siguientes órganos administrativos: 
a) La Oficina de Propiedad Intelectual, a través de la Oficina de Asuntos Jurídicos, ejerce la 
jurisdicción original en demandas administrativas por infracción de la propiedad intelectual si los 
daños totales reclamados no son inferiores a doscien tos mil pesos;  en el curso del procedimiento 
podrá decretarse el embargo y dictarse mandamientos preliminares y medidas cautelares temporales.  
El Director de Asuntos Jurídicos podrá castigar por desacato a quienes hagan caso omiso de las 
órdenes o mandamientos dictados en el curso del proceso.401 
 Tras una investigación formal, el Director de  Asuntos Jurídicos podrá imponer una o más de 
las siguientes sanciones administrativas:  1) dictar una orden de abstención y desistimiento, en la que se especifiquen los actos que el demandado se abstendr á de cometer y aquellos de los que desistirá;  
2) aceptar un compromiso voluntario de cumplimiento o suspensión, según se imponga;  3) confiscar 
los productos que constituyan el cuerpo del delito;  4) decomisar los objetos personales y todas las 
propiedades reales y personales utilizadas en la comisión del delito;  5) imponer multas administrativas por el importe que el Director de Asuntos Jurídicos estime razonable, que en todo 
caso no será inferior a cinco mil (5.000) pesos ni s uperará los ciento cincuenta mil (150.000) pesos, 
                                                     
 
397 Ley de la República Nº 8293, sección 84. 
 
398 Ley de la República Nº 8293, sección 170. 
 
399 Ley de la República Nº  8293, secci ón 217.1. 
 
400 Reglas 124 y 125, Rules of Court . 
 
401 Ley de la República Nº 8293, sección 10.2 [a]. 
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 además de una multa adicional de mil (1.000) pesos por cada día que persista la infracción;  6) anular 
todos los permisos, licencias, autorizaciones o regist ros obtenidos por el demandado en la Oficina;  
7) retener todos los permisos, licencias, autorizacion es o registros obtenidos por el demandado en la 
Oficina;  8) evaluar los daños;  9) imponer la censura, y 10) aplicar otras penas o sanciones 
análogas.
402 
 Las decisiones del Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos sobre los casos administrativos 
que impliquen una infracción de la pr opiedad intelectual pueden recurrirse ante el Director General de 
la Oficina de Propiedad Intelectual.403  Las decisiones del Director General de la Oficina de Propiedad 
Intelectual pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y, por último, ante el Tribunal Supremo.404 
b) El Ministerio de Comercio e Industria, al que corresponde la jurisdicción original sobre las 
reclamaciones por infracción de derechos de propie dad intelectual, independientemente del importe 
total reclamado por los daños causados o de si no se reclama indemnización alguna.  El Ministro de 
Comercio e Industria puede penalizar el desacato directo o indirecto y emitir subpoena duces tecum  y 
subpoena ad testificandum.405 
 Tras una investigación formal, el Ministro de Comercio e Industria puede imponer una o más 
de las siguientes sanciones administrativas:  1) dict ar una orden de abstención y desistimiento, en la 
que se especifiquen los actos que el demandado se abstendrá de cometer y aquellos de los que 
desistirá;  2) aceptar un compromiso voluntario de cumplimiento o suspensión, según se imponga;  
3) confiscar los productos que constituyan el cuerpo del delito;  4) decomisar los objetos personales y 
todas las propiedades reales y pers onales utilizadas en la comisión del delito;  5) imponer multas 
administrativas por el importe que el Director de Asuntos Jurídicos estime razonable, que en todo 
caso no será inferior a cinco mil (5.000) pesos ni s uperará los ciento cincuenta mil (150.000) pesos, 
además de una multa adicional de mil (1.000) pesos por cada día que persista la infracción;  6) anular 
todos los permisos, licencias, autorizaciones o regist ros obtenidos por el demandado en la Oficina;  
7) retener todos los permisos, licencias, autorizacion es o registros obtenidos por el demandado en la 
Oficina;  8) evaluar los daños;  9) imponer la censura, y 10) aplicar otras penas o sanciones 
análogas.406 
 Las decisiones del Ministro de Comercio e I ndustria pueden recurrirse ante la Oficina del 
Presidente.407 
c) La Junta Normativa de los Videogramas tiene jurisdicción sobre las infracciones de la ley 
relacionadas con los videogramas, con inclusión de  las infracciones que im pliquen la violación del 
derecho de autor.408 
                                                      
402 Ley de la República Nº  8293, sección 10.2 [b]. 
 
403 Ley de la República Nº 8293, sección 7 [b]. 
 
404 Reglas 42 y 45, Rules of Court . 
 
405 Orden del Ejecutivo Nº 913 [1983] artículo II I, secciones 4 y 5;  Orden administrativa del 
Departamento 01 [2000]. 
 
406 Orden del Ejecutivo Nº 913, sección 6. 
 
407 Orden del Ejecutivo Nº 913, sección 13. 
 
408 Decreto Presidencial 1987, ca pítulo IX, sección 21A [2]. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 Se impondrán las siguientes sanciones administ rativas a las personas consideradas culpables 
de violación del derecho de autor:  1) clausura , revocación de la licencia comercial o del permiso 
comercial y confiscación de los videogramas implicados  en las violaciones, y 2) una multa de seis mil 
(6.000) a cien mil (100.000) pesos.
409 
Las decisiones de la Junta Normativa de los Videogramas pueden recurrirse ante la Oficina 
del Presidente.410  
21. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces 
estarán facultados para ordenar que se aporte n las pruebas necesarias para sustanciar las 
alegaciones de una parte cuando ésta no haya  podido obtener esas pruebas porque se 
encuentran bajo el control de la parte co ntraria.  Sírvanse describir cómo las leyes o 
reglamentos de Filipinas otorgan esa facultad, y citar las disposiciones legales o reglamentarias 
pertinentes. 
A instancias de la parte oponente, las autorida des judiciales podrán ordenar la emisión de una 
subpoena ad testificandum  requiriendo a la otra parte que comp arezca y testifique ante el tribunal, o 
una subpoena duces tecum  requiriendo a la otra parte que presen te y aporte pruebas documentales que 
obren en su poder.  Sin embargo, es posible que el tribunal no dicte esta orden cuando las pruebas sean incriminatorias, confidenciales, priv ilegiadas, insustanciales o irrelevantes.
411 
El tribunal podrá ordenar a instancia de una de las partes que se curse una citación para que el 
testimonio de la otra parte se efectúe en forma de declaración jurada previo examen oral o interrogatorio por escrito.
412  El declarante podrá ser objeto de inspección en relación con cualquier 
asunto de interés para la acción, incluida la existe ncia, la naturaleza o la localización de documentos y 
la identidad de personas que conocen hechos relevantes.413 
 El tribunal también podrá dictar una orden de presentación o inspección de documentos u 
objetos a iniciativa de alguna de las partes.  La orde n podrá exigir a la otra parte que facilite y permita 
la inspección y la copia de los documentos designados que obren en su poder, que no sean 
privilegiados y que sean significativos para la acción.414 
 Previa solicitud del demandante durante la tramitación de una acción relacionada con la 
infracción de una marca de fábrica o de comercio, el  tribunal podrá dictar una orden de embargo de 
las facturas de ventas y otros documentos relativos a las ventas.415 
Durante la tramitación de una acción relacionada con la infracción del derecho de autor, el 
tribunal podrá ordenar el embargo de facturas de ventas y otros documentos relativos a las ventas, 
                                                      
409 Decreto Presidencial 1987, secciones 21A [1] y 21B [1]. 
 
410 Memorándum circular Nº 98-00, regla IX, sección 1. 
 
411 Revised rules of Procedure [1997]  regla 21, sección 1;  regla 23, sección 2. 
 
412 Revised rules of Civil Procedure [1997]  regla 23, sección 1. 
 
413 Revised rules of Civil Procedure [1997]  regla 23, sección 2. 
 
414 Revised rules of Civil Procedure [1997]  regla 27, sección 1.  
 
415 Ley de la República Nº  8293, secci ón 156.2.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 todos los artículos y sus envases que supuestamente infringen un derecho de autor y los instrumentos 
para fabricarlos.
416 
22. Sírvanse describir, en detalle, todos los recu rsos civiles de que disponen los titulares de 
derechos en el contexto de la legislación de  Filipinas, y citar las disposiciones legales o 
reglamentarias pertinentes. 
Las autoridades judiciales podrán ordenar las siguientes medidas en los casos relacionados 
con violaciones de derechos de propiedad intelectual: 
Daños  
En caso de infracción de una patente, el tribunal podrá fijar una indemnización no superior a 
tres (3) veces el importe de los daños reales sufridos.  Si no es posible cuantificar los daños, el tribunal fijará una indemnización equivalente a un canon razonable.
417 
En cuanto a la infracción de marcas de fábri ca y de comercio, el tribunal podrá fijar una 
indemnización equivalente al beneficio plausibl e o al beneficio que el demandado haya obtenido 
efectivamente a raíz de la infracción.  Si no es posible cuantificar los daños, fijará una indemnización equivalente a un porcentaje de las ventas brutas de l demandado.  La indemnización por daños podrá 
doblarse si existe un intento real de engaña r al público o de defraudar al demandante.
418 
Con respecto a la infracción del derecho de auto r, el tribunal podrá establecer los daños reales 
sufridos, incluidos los beneficios que  pueda obtener el infractor a raíz de la infracción, o los daños que 
puedan considerarse justos a la luz de las circunstancias.419 
El tribunal también podrá ordenar el pago de lo s honorarios de abogados y otras variantes de 
daños, como los daños morales, nominales, modera dos, liquidados y ejemplares que derivan de los 
actos delictivos del demandado.420 
Medidas cautelares  
El tribunal podrá dictar medidas cautelares pa ra poner freno a la violación de derechos de 
propiedad intelectual.421 
Las medidas cautelares podrán decretarse si se demuestra que la invasión del derecho es 
significativa, que el derecho del solicitante es claro y que existe la necesidad urgente de evitar que el 
solicitante sufra daños graves.422 
                                                      
416 Ley de la República Nº 8293, sección 216.1 [c].  
 
417 Ley de la República Nº 8293, s ección 76.4. 
 
418 Ley de la República Nº 82 93, secciones 15 6.1 y 156.3. 
 
419 Ley de la República Nº 8293, sección 216. 
 
420 Ley de la República Nº 8293,  sección 216 [e] y sección 76.2. 
     Ley de la República Nº 386, artículos 2216-2235. 
 
421 Ley de la República Nº 8293, secciones 216 [a], 76.2 y 156.4. 
 
422 Revised rules of Civil Procedure [1997]  regla 58, sección 3.  
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  Las medidas cautelares podrán denegarse si  el tribunal considera que la demanda es 
insuficiente.  También podrán anularse si el de mandado presenta una contrafianza y demuestra que 
sufriría daños considerables.  El demandante podrá recibir compensación por los daños que pueda 
sufrir si se anulan las medidas cautelares.
423 
Destrucción de los productos objeto de la infracción  
 El tribunal podrá ordenar que los productos y materiales que son objeto de la infracción sean 
retirados del comercio para evitar perjuicios al titular del derecho, o que se destruyan sin 
compensación.424 
23. Sírvanse describir, en detalle, los proced imientos y recursos provisionales al alcance de 
los titulares de derechos en conf ormidad con la legislación de Filipinas, citar las disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes e indicar cualqui er condición en virtud de la cual el titular 
del derecho podrá valerse de esos procedimientos y recursos. 
 Los procedimientos y recursos provisionales al alcance de los titulares de derechos son los 
siguientes: 
Embargo preliminar  
 Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el 
demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer  que se embargue la propiedad de la parte 
contraria como garantía del cumplimi ento de una sentencia condenatoria.425 
 Los únicos requisitos necesarios para la emisión del mandamiento judicial de embargo 
preliminar son una declaración jurada por escrito y el depósito de una fianza por el solicitante.  No se 
precisa notificar nada a la parte contraria y tampoco celebrar una vista de la solicitud, pues el tiempo 
que durase ésta podría bastar al demandado para evadir la justicia o disponer de su propiedad antes de 
que se emita el mandamiento judicial de embargo preliminar.426 
Mandamiento judicial preliminar/Orden de limitación temporal  
 Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la 
emisión de la orden definitiva, en virtud de la cual se requiere a una parte o a un tribunal, a un 
organismo o a una persona, que se abstenga de rea lizar un acto o actos particulares.  Puede imponerse 
también la ejecución de un acto o actos particul ares, en cuyo caso se conoce como requerimiento 
imperativo preliminar.427 
                                                      
423 Revised rules of Procedure [1997]  regla 58, sección 4. 
 
424 Ley de la República Nº 8293, secciones 76.5, 1577 216 [d]. 
 
425 Revised rules of Civil Procedure [1997]  regla 57, sección 1. 
 
426 Revised rules of Civil Procedure [1997]  regla 57, sección 3.  
 
427 Revised rules of Civil Procedure [1997].   IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 La parte agraviada puede solicitar un mandami ento judicial preliminar presentando una 
reclamación confirmada ante el tribunal competente  que refleje los motivos de la misma y el pago 
de la fianza exigida.
428 
El tribunal podrá dictar ex parte  un interdicto temporal con una vigencia de setenta y dos 
(72) horas contadas a partir de la notificación a la part e o persona requerida si se trata de cuestiones de 
extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injus ticia y a daños irreparables para el solicitante.  
En este período, el tribunal procederá a celebrar una vi sta oral para determinar si la medida cautelar es 
correcta.  Normalmente, una medida cautelar tiene una vigencia de veinte (20) días, y no puede 
dictarse si no se celebra una vista.  El período de vein te (20) días incluye el interdicto de setenta y dos 
(72) horas.  No obstante, si lo emite el Tribunal de  Apelación, el interdicto temporal estará en vigor 
durante sesenta (60) días a partir de la notificación a la parte requerida.  Un interdicto pronunciado 
por el Tribunal Supremo tendrá vigencia hasta nueva orden.429 
Confiscación y secuestro  
 Con objeto de garantizar la conservación de l as pruebas necesarias para el enjuiciamiento de 
casos que implican la violación de la propiedad in telectual, el Tribunal Supremo estudia añadir la 
siguiente propuesta a los reglamentos del tribunal: 
"MEDIDAS PROVISIONALES Y PREVENTIVAS EN  
ACCIONES POR INFRACCIÓN  
ARTÍCULO 1.  Medidas provisionales y preventivas.  El tribunal podrá ordenar la adopción 
urgente de medidas provisionales efectivas: 
 a) para impedir que se produzca una infracción del derecho de propie dad intelectual, y 
en particular para impedir la entrada de pr oductos en los mercados de su jurisdicción, 
incluso inmediatamente después del despacho de aduana; 
 b) para conservar las pruebas pertinentes de la presunta infracción. 
 La resolución de establecer medidas provis ionales y preventivas incluirá, sin limitarse 
a ello, la confiscación e incautación de los artíc ulos constitutivos de la infracción y de los 
instrumentos utilizados para cometer la infracci ón de los derechos de propiedad intelectual. 
ARTÍCULO 2.  Solicitud y promulgación de la resolución.  El tribunal resolverá en el plazo 
de 24 horas a partir de la presentación de una  solicitud confirmada, y en su caso ordenará 
medidas provisionales y preventivas inaudita altera parte , en particular cuando un retraso 
pueda causar daños irreparables al titular del derecho o cuando exista  un riesgo demostrable 
de destrucción de las pruebas. 
ARTÍCULO 3.  Declaración jurada por escrito y fianza requerida .  El solicitante y sus 
testigos mostrarán y aportarán en su declarac ión jurada por escrito toda prueba que pueda 
obtenerse de forma razonable para alcanzar un grado suficiente de certidumbre sobre el hecho de que el solicitante es el titular del derecho y que el derecho del solicitante está siendo 
infringido o que la infracción es inminente .  El solicitante deberá facilitar al tribunal los 
                                                     
 
428 Revised rules of Civil Procedure [1997]  regla 58, sección 3.  
 
429 Revised rules of Civil Procedure [1997]  regla 58, sección 5.  
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 demás datos necesarios para la identificación de los productos en cuestión por parte del oficial 
de justicia o de otra autoridad gubernamental que ejecute la orden. 
 Además, el solicitante depositará una fianza en efectivo, que podrá presentarse en 
forma de cheque de caja o de gerencia, y cuyo importe determinará el tribunal, que se 
destinará a sufragar todos los costos que pueda n ocasionarse a la parte contraria y todos los 
daños que puedan producirse a causa de la orden, si el tribunal resuelve definitivamente que 
el solicitante no tiene derecho a ello. 
 Sin embargo, un solicitante sin recursos  económicos podrá presentar una fianza de 
caución en lugar de una fianza en efectivo. 
ARTÍCULO 4.  Resolución inaudita altera parte .  Cuando la resolución se dicte inaudita 
altera parte , las partes afectadas recibirán una copia de la misma, junto con su orden de 
ejecución .  El oficial de justicia u otra autoridad gubernamental que haya ejecutado la orden 
remitirá un informe en el plazo de cinco (5) días al tribunal que dictó la resolución, y en caso 
de confiscación e incautación de artículos presentará una descripción completa de las 
diligencias practicadas y el inventario completo  de los artículos confiscados e incautados. 
 A instancias del demandado, podrá someterse a vista judicial la decisión sobre la 
modificación, revocación o confirmación de la resolución. 
ARTÍCULO 5.  Revocación de la orden .  Sin perjuicio del segundo párrafo del artículo 
precedente, a instancia del demandado la resolu ción será revocada o dejará de tener efecto y 
el artículo confiscado e incautado será devuelto con carácter inmediato si no se incoa ninguna 
acción ante el tribunal o autoridad competente dentro de los treinta y un (31) días naturales 
siguientes a la fecha de promulgación de la resolución. 
ARTÍCULO 6.  Reparación con cargo  a la fianza .  En caso de revocación de las medidas 
provisionales y preventivas o de expiración de  las mismas debido a un acto u omisión del 
solicitante, o si se descubre posteriormente que no ha existido infracción o amenaza de 
infracción de un derecho de propiedad intelectua l, el tribunal, a instancias del demandado y 
después de una vista oral, podrá ordenar al solicitante que compense al demandado con cargo a la fianza depositada por el solicitante, por lo s daños personales o materiales causados por la 
emisión y ejecución de la resolución."  
J. P
RESCRIPCIONES ESPECIALES RELACI ONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA  
24. Sírvanse describir en detalle los procedimie ntos contemplados en la legislación de 
Filipinas que establezcan prescripciones en frontera  para reprimir, al menos, la falsificación de 
marcas de fábrica o de comercio y la piraterí a lesiva del derecho de autor, identificar la 
autoridad competente y citar las disposicion es pertinentes de la ley o el reglamento. 
 La Oficina de Aduanas es la autoridad competente  en cuanto a la observancia de la ley en la 
frontera.  La legislación aplicable es el Arancel y Código de Aduanas de Filipinas y la Orden 
Administrativa de Aduanas Nº 7-93, que se promulgó para prevenir la importación de bienes o 
productos que supongan una infracción. 
 La legislación filipina dispone que ninguna ofic ina de aduanas de Filipinas admitirá la entrada 
de ningún artículo importado que copie o imite el  nombre de un producto, fabricante o distribuidor 
nacional, o copie o imite una marca registrada de acuerdo con las disposici ones de esta Ley, o que 
lleve una marca o nombre comercial concebido para inducir al público a creer que el artículo ha sido  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 fabricado en Filipinas, o que ha sido fabricado en un pa ís o lugar extranjero distinto de donde ha sido 
fabricado realmente .  Con objeto de ayudar a los agentes del servicio aduanero a hacer cumplir esta 
prohibición, toda persona que pueda ampararse en esta Ley puede exigir que su nombre y residencia, 
así como el nombre de la localidad donde han si do fabricados sus productos y una copia de los 
certificados de registro de su marca o nombre comercial, se registren en libros que se actualizarán a 
tal efecto en la Oficina de Aduanas, al amparo de los reglamentos que estipule el Vista de Aduanas 
con la aprobación del Mini stro de Hacienda, y facilitará a dicha Oficina facsímiles de su nombre y la 
localidad en que se han fabricado sus productos, o su marca registrada o nombre comercial;  acto 
seguido el Vista de Aduanas ordenará la transmis ión de una o más copias de estos facsímiles a cada 
uno de los vistas o a otros agentes pertinentes de la Oficina de Aduanas.
430 
 Además, los reglamentos aduaneros establecen los siguientes puntos importantes431: 
- Importaciones que pueden prohibirse: 
  Se prohibirá la entrada o importación en el país de los siguientes productos o 
mercancías: 
 a) Los que supongan una copia o imitaci ón del nombre de un producto, fabricante o 
distribuidor nacional, o algún tratado, convenio o ley que otorgue privilegios 
similares a los ciudadanos de Filipinas, o que supongan una copia o imitación de una 
marca o nombre comercial. 
 b) Los que lleven una marca o nombre comerc ial concebidos para inducir al público a 
creer que el artículo se fabrica en un país o lugar extranjero diferente del país o lugar 
donde se ha fabricado realmente. 
 c) Los que constituyan una copia no autori zada o pirateada o guarden una similitud con 
algún trabajo, publicado o no, respecto de los cuales exista un derecho de autor filipino. 
 d) Los que constituyan una imitación sustanci al de alguna máquina, artículo, producto o 
sustancia patentados conforme a la legislación sobre patentes. 
- Personas que pueden solicitar la prohibición: 
  El titular legítimo que tenga motivos váli dos para sospechar que van a importarse 
productos con su marca falsificada o piratea dos puede presentar una solicitud por escrito al 
Comisario de la Oficina de Aduanas para que dicte una orden de suspensión del despacho de 
estos productos. 
  Además, el titular debe demostrar que posee la propiedad intelectual protegida. 
  Libros de registro de marcas,  patentes y derechos de autor: 
  Para la aplicación efectiva de las regl as y reglamentos, la Oficina de Aduanas 
mantendrá bajo su custodia los libros de regist ro de marcas, patentes y derechos de autor, 
donde podrá inscribirse copia de las marcas, pate ntes y derechos de autor registrados y otros 
datos relativos a sus derechos y donde se registrarán descripciones de los productos 
suficientemente detalladas para que la Of icina de Aduanas pueda identificarlos. 
                                                     
 
430 Ley de la República Nº 8293, sección 166. 
 
431 Customs Administrative Order Nº 7-93 , 3 de septiembre de 1993. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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  El mismo Reglamento establece el siguiente procedimiento: 
1. El titular de una patente, una marca o un derecho de autor, su cesionario o su 
representante debidamente autorizado, que pr etenda impedir o prohibir la entrada o 
importación de cargamentos o partidas que puedan infringir sus derechos de 
propiedad, presentará una solicitud por escrito  al Comisario de Aduanas, adjuntando 
una copia debidamente autentificada del certific ado de registro de la  patente, la marca 
o el derecho de autor, y facsímiles de su  nombre, el nombre del lugar donde se han 
fabricado los productos, o de su marca re gistrada o nombre comercial.  También 
facilitará la siguiente información: 
  a) el nombre y domicilio del titular de la patente, la marca o el derecho de autor; 
  b) el nombre del lugar donde se han fabricado sus productos; 
  c) el nombre y domicilio del agente o representante;   d) una descripción suficientemente detallada de los productos o servicios del 
titular de la patente, de la marca de fábrica o de comercio o del derecho de 
autor para que las autoridades adua neras puedan reconocerlos fácilmente. 
2. Una vez recibida la solicitud por escrito , el Comisario de Aduanas ordenará al 
Servicio Jurídico que registre el certificado de patente, marca o derecho de autor y la 
información anterior en los libros actualizados a tal efecto. 
3. Tras la evaluación apropiada y la debida inscripción en el registro, el Comisario de 
Aduanas emitirá un memorándum circular a todos los Vistas de Aduanas, 
Examinadores/Evaluadores de Aduanas y Agentes Judiciales de la División Jurídica, 
informándoles de la solicitud y ordenándol es que supervisen de forma estricta y 
apliquen la prohibición, y adjuntará a dicha ci rcular una copia de la solicitud, de los 
certificados de patente, marca o derecho de  autor, de los facsímiles y de toda la 
información pertinente al respecto. 
4. Una vez recibido el memorándum circul ar, todos los Vistas de Aduanas, los 
Examinadores/Evaluadores de Aduanas y lo s Agentes Judiciales llevarán su propio 
archivo de todas las solicitudes, que servirá  de base para supervisar o prohibir la 
entrada o la importación de cargamentos o partidas que puedan infringir los derechos 
de propiedad de los titulares de patentes, marc as o derechos de autor, y para notificar 
a estos titulares o a su representante autoriza do que estén presentes en el examen de 
un cargamento o partida. 
5. En cumplimiento de su deber, los Ex aminadores/Evaluadores de Aduanas realizarán 
un examen efectivo del cargamento o partid a sospechosa e inmediatamente harán una 
recomendación al Vista de Aduanas para que  emita una orden de embargo y retención 
de este cargamento o partida, si se trata aparentemente de un caso de infracción. 
6. Durante el procedimiento de embargo de estos productos, se informará a los titulares 
de la patente, marca o derecho de autor o a sus representantes autorizados para que 
puedan participar como intervinientes y presentar pruebas para demostrar la 
infracción de su patente, marca o derecho de autor.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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 7. Los productos que en un procedimiento de embargo resulten ser constitutivos de una 
infracción, serán confiscados por el Estado y destruidos, a menos que se utilicen como prueba en procedimientos judiciales. 
- Durante el procedimiento de emba rgo se seguirán las siguientes normas: 
 1. El Vista de Aduanas, una vez realizado el  embargo, dictará una orden de retención de 
bienes.
432  El Vista dictará una orden de em bargo y retención siempre que exista 
violación del artículo 101 (Importaciones prohibidas)433 o del artículo 2053 
(Infraevaluación o clasificación equivocada)434 del Arancel y Código de Aduanas, 
según el caso. 
2. El Vista notificará el embargo por escrito al titular o importador de los bienes o a su 
representante, y le dará la oportunidad de ser escuchado en relación con el delito que 
ha motivado dicho embargo.435  
3. Si se desconoce el titular, dicha notif icación se expondrá públicamente durante quince 
(15) días en la aduana del distrito donde se ha efectuado el embargo y, a discreción 
del Comisario, se publicará en un periódico o en otros medios que estime 
oportunos.436 
4. Si en un plazo de quince (15) días tras la notificación no se puede encontrar al titular 
o su representante o el mismo no comparece ante el Vista, éste declarará confiscados los bienes.
437 
5. Previa audiencia, el Vista hará una declaración de confiscación por escrito.438 
6. Una vez determinada la prohibición de su importación, y para que no pueda utilizarse 
con fines ilegales, el artículo será destruido según disponga el Vista de Aduanas.439 
Asimismo después de que se haya celebrado la correspondiente vista, la Oficina de Asuntos 
Jurídicos de la Oficina de Propiedad Intelectua l podrá ordenar el embargo de los productos que 
infrinjan derechos de propiedad intelectual.440 
                                                      
432 Section 2053, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines. 
 
433 Section 101(k), Tariff and Customs Code of the Philippines.  
 
434 Section 2053, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.  
 
435 Section 2303, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.  
 
436 Section 2304, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.  
 
437 Section 2306, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.  
 
438 Section 2312, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines. 
 
439 Section 2609, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines. 
 
440 Ley de la República 8293, sección 10.2 b) iii . 
 IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 108 
 
 
 25. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir 
a medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los procedimientos y recursos con que cuentan en relac ión con cada una de las formas de propiedad 
intelectual, y citar las disposiciones pertinentes de la ley. 
 Los procedimientos enumerados en las respu estas a la pregunta Nº 24 se aplican a todas las 
formas de propiedad intelectual. 
26. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPI C determina los procedimientos que se han de 
seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las 
autoridades competentes de Filip inas están facultadas para actuar de oficio y, en caso 
afirmativo, sírvanse identificar las esferas de la  propiedad intelectual sujetas a las medidas de 
oficio. 
 La Oficina de Aduanas, sobre la base de una lista de alerta o una petición por escrito de los 
titulares de marcas o derechos de autor, someterá a una orden de alerta las partidas de las que se sepa 
que infringen derechos de propiedad intelectual.
441  
 No obstante, la Oficina de Aduanas podrá impe dir la entrada de productos infractores, incluso 
si no existe ninguna lista de alerta o petición, cua ndo las partidas falsificadas estén englobadas en la 
definición de "importación prohibida". 
 La Oficina de Aduanas podrá realizar comprob aciones al azar de todas las importaciones para 
determinar si los productos responden a la descrip ción de la documentación de envío y no entrañan 
una infracción.  La Oficina podrá paralizar tempor almente el despacho de los productos sospechosos 
si son fraudulentos e informar al titular del derech o de propiedad intelectual de la suspensión del 
despacho.  Para que los productos falsificados sean  confiscados, el titular del derecho de propiedad 
intelectual deberá informar con car ácter oficial a la Oficina de Adua nas de la violación de su derecho 
y participar y testificar en el procedimiento de embargo.442 
K. PROCEDIMIENTOS PENALES  
27. Sírvanse describir en detalle cómo aplican  las leyes de Filipinas el artículo 61 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, que prescribe que lo s Miembros establecerán procedimientos y 
sanciones penales que comprenderán penas de  prisión y/o la imposición de sanciones 
pecuniarias suficientemente disuasorias, al meno s para los casos de falsificación dolosa de 
marcas de fábrica o de comercio y de infracción  de derechos de propiedad intelectual a escala 
comercial.  Sírvanse citar las disposicio nes legales y reglamentarias pertinentes. 
A. Se aplican medidas y sanciones penales en lo s siguientes casos de violación de los derechos 
de propiedad intelectual: 
• infracción de una patente, modelo de utilidad y dibujo o modelo industrial443; 
• infracción del derecho de autor y derechos conexos444; 
                                                      
441 Customs Administrative Order  Nº 7-93 , 3 de septiembre de 1993. 
 
442 Customs Administrative Order  Nº 7-93 , 3 de septiembre de 1993. 
 
443 Ley de la República Nº 8293, s ección 84, sección 108, sección 119. 
 
444 Ley de la República Nº 8293, sección 217.  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
 IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1  Página 109 
 
 
 • infracción de marcas de fábrica o de co mercio, marcas de servicios e indicaciones 
geográficas
445; 
• competencia desleal446; 
• denominación de origen falsa/descripción o declaración falsa447; 
• reproducción de arte cinematográfico448; 
• piratería449; 
• violación de leyes de comercio electrónico.450 
B. Las disposiciones penales de la Ley de la República Nº 8293 (Código de Propiedad Intelectual 
de Filipinas) relativas al procesamiento por violaci ón de la propiedad intelectual y a las sanciones 
correspondientes son las siguientes: 
B.1. Según la Ley de Patentes: 
Si el infractor o alguien en connivencia con él reincide en la infracción una vez dictada 
sentencia por el tribunal contra el infractor , los autores del delito, sin perjuicio de la 
posibilidad de incoar una acción civil por daños y perjuicios contra ellos, serán penalmente 
responsables y, una vez convictos, serán conde nados a prisión por un período de seis (6) 
meses a tres (3) años, o se les impondrá una multa de cien mil (100.000) a trescientos mil (300.000) pesos, a discreción del tribunal.  La a cción penal prevista prescribirá al cabo de tres 
(3) años contados a partir de la comisión del delito.
451 
B.2. Según la Ley sobre marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios y nombres 
comerciales: 
Con independencia de las sanciones civiles y administrativas impuestas por la ley, se 
impondrá una sanción penal de dos (2) a cinco (5) años de prisión y una  multa de cincuenta 
mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la  persona considerada culpable de cometer 
alguno de los actos mencionados en el artículo 155 (Infracción), el artículo 168 (Competencia 
desleal) y el artículo 169.1 (Denominación de origen falsa, descripción o declaración falsa452). 
B.3. Según la Ley de Derecho de Autor: 
 Toda persona que infrinja un de recho amparado por las disposici ones de la parte IV de esta 
Ley (la Ley de Derecho de Autor), o que c ontribuya o induzca a la comisión de dicha 
infracción, será culpable de un delito punible con las siguientes sanciones: 
                                                      
445 Ley de la República Nº 8293, sección 170. 
 
446 Ley de la República Nº 8293, sección 170. 
 
447 Ley de la República Nº 8293, sección 170. 
 
448 Decreto Presidencial 1987, secciones 7, 9. 
 
449 Ley de la República 8792, sección 33 b). 
 
450 Ley de la República Nº 8792. 
 
451 Ley de la República Nº 8293, sección 84. 
 
452 Ley de la República Nº 8293, sección 170. IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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  Pena de cárcel por un período de uno (1) a tr es (3) años, además de una  multa de cincuenta 
mil (50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos por el primer delito. 
 Pena de cárcel por un período de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, más una multa de 
ciento cincuenta mil (150.000) a quinientos mil (500.000) pesos por el segundo delito. 
 Pena de cárcel de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años, más una multa de quinientos mil 
(500.000) a un millón quinientos mil (1.500.0 00) pesos por el tercer delito y los delitos 
subsiguientes. 
 En todos los casos, pena de cárce l subsidiaria si se da insolvencia.
453 
Al fijar el número de años de pr isión y el importe de la multa, el tribunal tendrá en cuenta el 
valor de los materiales fraudulento s que ha elaborado o fabricado el demandado y los daños sufridos 
por el titular a causa de la infracción.454 
Toda persona que, existiendo un derecho de autor sobre una obra, tenga en su poder un 
artículo del que sepa, o debería saber, que es una copi a fraudulenta de la obra, con los siguientes fines: 
 a) venta, alquiler, comercialización o expos ición para la venta o alquiler del artículo; 
 b) distribución del artículo con fines comercia les u otros, en una medida que perjudique 
los derechos del titular del derec ho de autor sobre la obra;  o  
 c) exposición comercial del artículo en público, será culpable de delito y, una vez 
convicto, será condenado a pena de cárcel y multa según se indica más arriba.455  
B.4. En virtud de la Ley de Comercio Electrónico (Ley de la República Nº 8792):  Los siguientes actos serán sancionados con las multas o penas de prisión que se indican: 
 a) el acceso no autorizado a un sistema/servidor informático o sistema de información y 
comunicación, o la intromisión en los mismos;  o el acceso a los mismos para corromper, alterar, robar o destruir utili zando un ordenador u ot ros dispositivos de 
información o comunicación similares, sin el conocimiento y el consentimiento del titular del ordenador o del sistema de in formación y comunicación, incluida la 
introducción de virus informáticos y simila res, que desemboquen en la corrupción, la 
destrucción, la alteración, el robo o la pérdida de datos electrónicos, mensajes o 
documentos electrónicos, serán castigados con una multa máxima de cien mil (100.000) pesos y una sanción acorde con los daños sufridos y un período de cárcel obligatorio de seis (6) meses a tres (3) años; 
 b) la piratería o copia, reproducción, di vulgación, distribución, importación, uso, 
eliminación, alteración, sustitución, modi ficación, almacenamiento, carga, descarga, 
comunicación, puesta a disposición del público o difusión no autorizadas de material protegido, firmas electrónicas u obras sujetas a derecho de autor, inclusive 
                                                     
 
453 Ley de la República Nº  8293, secci ón 217.1. 
 
454 Ley de la República Nº  8293, secci ón 217.2. 
 
455 Ley de la República Nº  8293, secci ón 217.3. 
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 grabaciones de sonido o fonogramas protegidos  por la ley, o material informativo 
sobre obras protegidas, mediante el uso de redes de telecomunicaciones, por ejemplo, entre otras, Internet, de tal modo que c onstituya una infracción de los derechos de 
propiedad intelectual, se castigará con una  multa máxima de cien mil (100.000) pesos 
y una sanción máxima acorde con los daños sufridos y un período de cárcel 
obligatorio de seis (6) meses a tres (3) años; 
 c) la violación de la Ley de Consumo o Ley de la República Nº 7394 y otras leyes 
aplicables, mediante transacciones reali zadas a través de mensajes de datos 
electrónicos o documentos electrónicos, se penalizará con las sanciones previstas en 
dichas leyes; 
 d) otras violaciones de las disposicion es de esta Ley se penalizarán con una sanción 
máxima de un millón (1.000.000) de pesos o seis (6) años de prisión. 
C. ¿Quién puede presentar una denuncia penal por violación de los derechos de propiedad 
intelectual? 
 Todo agente del orden público u otro funciona rio público encargado de la observancia de la 
ley violada podrá presentar una de nuncia penal en respuesta a una queja o una petición de 
investigación. 
 De este modo, los órganos competentes para ase gurar la observancia de ley, como la Policía 
Nacional de Filipinas, la Oficina Nacional de Investig aciones, el Departamento de Justicia y la Junta 
Normativa de los Videogramas, pueden iniciar pr ocedimientos penales o presentar una querella 
criminal que se tramitará bajo la dirección y el control de un fiscal.
456 
 El titular de derechos, sus herederos o cesiona rios, en calidad de partes agraviadas, podrán 
presentar denuncias o iniciar acciones por infracción.457 
 La parte agraviada podrá iniciar una acción pena l bajo la dirección y el control del fiscal 
público.458 
D. Procedimiento penal habitual en las querell as penales por infracción de patentes, marcas de 
fábrica o de comercio, marcas de servicios y nombres  comerciales, derecho de autor, y por violación 
de la Ley de comercio electrónico: 
 - solicitud de orden de búsque da al tribunal por agentes de l orden público y el titular de 
la propiedad intelectual; 
 - ejecución de la orden de búsqueda; 
 - presentación del caso ante el Grupo de Trabajo contra la Piratería de la Propiedad 
Intelectual del Ministerio de Justicia o la Fiscalía competente; 
                                                      
456 Revised rules on Criminal Procedure (2000) , regla 110, sección 5. 
 
457 Ley de la República Nº 8293, secciones 28, 147, 180, 193;  Rev. Rules on Crim. Procedure, 
regla 110, secciones 3, 5. 
 
458 Revised rules on Crim. Procedure , regla 110, secciones 3, 5;  Guev arra vs. del Rosario 77Phil. 615.  
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  - presentación del caso ante los tribunales si existe un presunto delito, o desestimación 
del caso si es infundado;  
 - vista del caso en un plazo de sesenta (60)  días por el tribunal de propiedad intelectual 
designado y fallo en un plazo de treinta (30) días (no se permite ningún aplazamiento, 
salvo por alguna causa justificada). 
E. ¿Quién tiene jurisdicción sobre las querellas penales por causa de violación de derechos de 
propiedad intelectual? 
 Los Tribunales de Justicia regionales tienen or iginalmente jurisdicción para conocer y decidir 
sobre los casos que implican violaciones de los derechos de propiedad intelectual, 
independientemente de l importe implicado.
459 Veintisiete de estos tribunales están especialmente 
destinados a conocer estas causas.460 
 Las resoluciones del Tribunal de Justicia regi onal pueden ser objeto de recurso de revisión o 
confirmación ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.461 
28. El artículo 61 estipula que, cuando proced a, entre los recursos disponibles figurarán la 
confiscación, el decomiso y la destrucción de la s mercancías infractoras y de todos los materiales 
y accesorios utilizados predominantemente para la  comisión del delito.  Sírvanse describir las 
disposiciones de la legislación de Filipinas que prevén tales rec ursos, señalar las circunstancias 
en que éstos se aplicarían, y citar las dispos iciones legales y reglamentarias pertinentes. 
 En toda acción derivada de esta Ley en que se establezca la existencia de una violación del 
derecho del titular de la marca registrada , el tribunal podrá ordenar lo siguiente: 
 - los productos fraudulentos se destruir án sin compensación de ningún tipo o se 
retirarán de la circulación comercial para evitar perjudicar al titular del derecho; 
 - todas las etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios, recipientes y anuncios que 
obren en poder del infractor y que lleven la marca registra da o el nombre comercial, o 
un producto, falsificación, copia o imitación coloreable de los mismos, todas las 
placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlos, se entregarán y destruirán.462 
Con respecto a los productos falsificados, no b astará con retirar la marca de fábrica o de 
comercio, salvo en casos excepcionales que determ inarán los reglamentos, para permitir su 
incorporación al tráfico comercial.463 
 Podrá dictarse una orden de búsqueda  y embargo de bienes personales: 
 a) que sean objeto de delito; 
                                                      
459 Supreme Court Administrative Order Nº 104-96 (1996) . 
 
460 Supreme Court Administrative Order  Nº 113-95 (1995) . 
 
461 Revised rules on Criminal Procedure (2000) , regla 122, sección 2. 
 
462 Ley de la República Nº 8293, sección 157. 
 
463 Ley de la República Nº  8293, secci ón 157.2. 
  IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
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  b) que hayan sido sustraídos o robados, o sometidos a otros procedimientos, o que sean 
fruto del delito; 
 c) que sean utilizados o estén destinados  a ser utilizados para cometer un delito.
464 
Los productos embargados en virtud de la or den de búsqueda serán conservados por el 
organismo de observancia legal que ejecuta la orden de búsqueda.  El  tribunal ordenará lo que deba 
hacerse con los productos embargados.  El titular de la propiedad intelectual podrá aceptar un 
inventario o fotografías de los productos embargados. 
 Cuando una acción civil tenga su fundamento en una acción penal, la parte agraviada podrá 
obtener el embargo de la propiedad del acusado en garantía del cumplimiento de la sentencia que 
pueda recaer sobre el acusado.465 
29. Asimismo, el artículo 61 indica que lo s Miembros podrán prever la aplicación de 
procedimientos y sanciones penales en casos de in fracción dolosa de otras formas de propiedad 
intelectual.  Sírvanse describir las disposicion es de la legislación de Filipinas que establezcan 
esos procedimientos y recursos, y citar las disp osiciones legales y reglamentarias pertinentes. 
 El Reglamento Revisado de Procedimiento Pe nal (Reglas 110 a 127, Reglamento Revisado de 
los Tribunales), es la ley aplicable en los casos de violación de las disposiciones penales del Código 
de Propiedad Intelectual descritas en las respuestas a las preguntas 27 y 28.  
L. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
30. Sírvanse proporcionar información estadísti ca referente a derechos civiles de autor, 
marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, 
patentes, esquemas de trazado de circuitos inte grados y la observancia de secretos comerciales 
correspondiente al año 2000, incluyendo el núme ro de casos presentado s;  los mandamientos 
dictados;  las mercancías infracto ras confiscadas;  los equipos in fractores confiscados;  los casos 
resueltos (incluidos los arreglos), y el importe de los perjuicios indemnizados. 
El Grupo de Trabajo contra la Piratería de la Pr opiedad Intelectual, del Ministerio de Justicia, 
informó de que en el año 2000 había en total 451 casos presentados, de los cuales 85 (18,81 por 
ciento) se presentaron ante los tribunales y fuer on admitidos a trámite, 75 (16,61 por ciento) se 
desestimaron, 97 (21 por ciento) siguen siendo invest igados, y 194 (43 por ciento) se remitieron a las 
fiscalías por varios motivos, entre otros por no tratar se de casos de violación del derecho de propiedad 
intelectual. 
31. Sírvanse proporcionar información estadísti ca referente a la observancia penal en la 
esfera de la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica o de 
comercio correspondiente al año 2000, incluyendo  el número de operativos, procesos, condenas, 
el importe de las multas y/o penas de prisión (con  inclusión de las multas pagadas y de las penas 
de prisión realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra información que establezca que el sistema penal funciona eficazmente para disuadir la piratería lesiva del derecho de autor y la 
falsificación de marcas de fábrica o de comercio. 
                                                     
 
464 Regla 126, sección 3,  Revised rules on Criminal Procedure. 
 
465 Regla 127, sección 2,  Revised rules on Criminal Procedure. 
 IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHL/1,  
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1 Página 114 
 
 
  El Comité Presidencial Interorganismos sobre Derechos de Propiedad Intelectual, creado al 
amparo de la Orden del Ejecutivo Nº 60 para c oordinar todas las actividades de los 19 organismos 
miembros que participan en la protección y la observa ncia de los derechos de propiedad intelectual, 
ha recibido informes de sus organismos miembros que  tienen competencias sobre la observancia de la 
ley, a saber, la Junta Normativa de los Videogramas,  el Departamento de Justicia, la Oficina de 
Aduanas, la Oficina Nacional de Investigaciones y la Policía Nacional de Filipinas, sobre la 
observancia penal, en particular el número de op erativos realizados, procesos, casos presentados ante 
el tribunal y artículos confisca dos/entregados, resultando que en el  año 2000 hubo 1. 313 operativos, 
3.376 inspecciones/controles efectuados  en diferentes establecimientos;   se presentaron 550 casos;  se 
incoaron 843 querellas criminales en los tribunal es;  se desestimaron 128 caso s y hay 2.154 casos en 
curso en diferentes fases. 
 Además, en el año 2000 se confiscaron/entregar on 1.476.061 artículos a los organismos de 
observancia jurídica, por un valor total de 275.758.350 pesos. 
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