Ley 20435
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Ley 20435
MODIFICA LA LEY N° 17.336 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Publicación: 04-MAY-2010 | Promulgación: 23-ABR-2010Versión: Única De : 04-MAY-2010Url Corta: http://bcn.cl/2ey9w
MODIFICA LA LEY N° 17.336 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley,
     Proyecto de ley:
     "Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°
17.336:  
     1) Modifícase el artículo 5° de la siguiente forma:
     a) Intercálase, en el literal u) del artículo 5°, a continuación del vocablo
"fijación", la expresión "permanente o temporal" y sustitúyese la conjunción "y"
por "o".
     b) Agrégase el siguiente literal y):
     "y) Prestador de Servicio significa, para los efectos de lo dispuesto en el
Capítulo III del Título III de esta ley, una empresa proveedora de transmisión,
enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificación
de su contenido, entre puntos especificados por el usuario del material que
selecciona, o una empresa proveedora u operadora de instalaciones de servicios en
línea o de acceso a redes.".
     2) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 8º, por el siguiente:
     "Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero,
se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita
en contrario.".
     3) Reemplázanse los actuales incisos primero y segundo del artículo 10, por el
siguiente:
     "La protección otorgada por esta ley dura por toda la vida del autor y se
extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento.".
     4) Elimínase, en el inciso segundo del artículo 12, la frase: "Sin perjuicio
de los derechos del cónyuge señalados en el artículo 10,", consignando la palabra
"si" que la sigue con mayúscula inicial.
     5) Incorpórase, en el artículo 37 bis, el siguiente inciso segundo, nuevo:
     "Este derecho no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos
no sean el objeto esencial del arrendamiento.".
     6) Deróganse los actuales Párrafos III (artículos 38 a 45 bis) y IV
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(artículos 46 a 47) del Capítulo V del Título I.
     7) Agrégase el siguiente inciso tercero en el artículo 65:
     "Cuando sea necesaria la autorización del autor de una obra incorporada a un
fonograma y la autorización del artista, intérprete o ejecutante y del productor
del fonograma, éstas deberán concurrir sin que unas excluyan a las otras.".
     8) Intercálase, como nuevo Título III, el siguiente, pasando el actual Título
III a ser Título IV:
     "Título III
     Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos
     Artículo 71 A. Cuando sea procedente, las limitaciones y excepciones
establecidas en este Título se aplicarán tanto a los derechos de autor como a los
derechos conexos.
     Artículo 71 B. Es lícita la inclusión en una obra, sin remunerar ni obtener
autorización del titular, de fragmentos breves de obra protegida, que haya sido
lícitamente divulgada, y su inclusión se realice a título de cita o con fines de
crítica, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su
fuente, título y autor.
     Artículo 71 C. Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular,
todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público,
de una obra lícitamente publicada, que se realice en beneficio de personas con
discapacidad visual, auditiva, o de otra clase que le impidan el normal acceso a la
obra, siempre que dicha utilización guarde relación directa con la discapacidad de
que se trate, se lleve a cabo a través de un procedimiento o medio apropiado para
superar la discapacidad y sin fines comerciales.
     En los ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados
bajo la excepción de este artículo y la prohibición de su distribución y puesta a
disposición, a cualquier título, de personas que no tengan la respectiva
discapacidad.
     Artículo 71 D. Las lecciones dictadas en instituciones de educación superior,
colegios y escuelas, podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos
a quienes van dirigidas, pero no podrán ser publicadas, total o parcialmente, sin
autorización de sus autores.
     Las conferencias, discursos políticos, alegatos judiciales y otras obras del
mismo carácter que hayan sido pronunciadas en público, podrán ser utilizadas
libremente y sin pago de remuneración, con fines de información, quedando reservado
a su autor el derecho de publicarlas en colección separada.
     Artículo 71 E. En los establecimientos comerciales en que se expongan y vendan
instrumentos musicales, aparatos de radio o televisión o cualquier equipo que
permita la emisión de sonidos o imágenes, podrán utilizarse libremente y sin pago
de remuneración, obras o fonogramas, con el exclusivo objeto de efectuar
demostraciones a la clientela, siempre que éstas se realicen dentro del propio local
o de la sección del establecimiento destinada a este objeto y en condiciones que
eviten su difusión al exterior.  
     En el caso de los establecimientos comerciales en que se vendan equipos o
programas computacionales, será libre y sin pago de remuneración la utilización de
obras protegidas obtenidas lícitamente, con el exclusivo objeto de efectuar
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demostraciones a la clientela y en las mismas condiciones señaladas en el inciso
anterior.
     Artículo 71 F. La reproducción de obras de arquitectura por medio de la
fotografía, el cine, la televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así
como la publicación de las correspondientes fotografías en diarios, revistas y
libros y textos destinados a la educación, es libre y no está sujeta a
remuneración,  siempre que no esté en colección separada, completa o parcial, sin
autorización del autor.
     Asimismo, la reproducción mediante la fotografía, el dibujo o cualquier otro
procedimiento, de monumentos, estatuas y, en general, las obras artísticas que
adornan permanentemente plazas, avenidas y lugares públicos, es libre y no está
sujeta a remuneración, siendo lícita la publicación y venta de las reproducciones.
     Artículo 71 G. En las obras de arquitectura, el autor no podrá impedir la
introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá
oponerse a la mención de su nombre como autor del proyecto.
     Artículo 71 H. No será aplicable a las películas publicitarias o
propagandísticas la obligación que establece el artículo 30. Tampoco será
obligatorio mencionar el nombre del autor en las fotografías publicitarias.
     Asimismo, lo dispuesto en el artículo 37 bis no será aplicable a los programas
computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.
     Artículo 71 I. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos
podrán, sin que se requiera autorización del autor o titular ni pago de
remuneración alguna, reproducir una obra que no se encuentre disponible en el
mercado, en los siguientes casos:
     a) Cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente y ello sea
necesario a los efectos de preservar dicho ejemplar o sustituirlo en caso de pérdida
o deterioro, hasta un máximo de dos copias.
     b) Para sustituir un ejemplar de otra biblioteca o archivo que se haya
extraviado, destruido o inutilizado, hasta un máximo de dos copias.
     c) Para incorporar un ejemplar a su colección permanente.
     Para los efectos del presente artículo, el ejemplar de la obra no deberá
encontrarse disponible para la venta al público en el mercado nacional o
internacional en los últimos tres años.
     Artículo 71 J. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos
podrán, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de
remuneración alguna, efectuar copias de fragmentos de obras que se encuentren en sus
colecciones, a solicitud de un usuario de la biblioteca o archivo exclusivamente para
su uso personal.
     Las copias a que se refiere el inciso anterior sólo podrán ser realizadas por
la respectiva biblioteca o archivo.
     Artículo 71 K. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos
podrán, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de
remuneración alguna, efectuar la reproducción electrónica de obras de su
colección para ser consultadas gratuita y simultáneamente hasta por un número
razonable de usuarios, sólo en terminales de redes de la respectiva institución y
en condiciones que garanticen que no se puedan hacer copias electrónicas de esas
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reproducciones.
     Artículo 71 L. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos
podrán, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización,
efectuar la traducción de obras originalmente escritas en idioma extranjero y
legítimamente adquiridas, cuando al cumplirse un plazo de tres años contado desde
la primera publicación, o de un año en caso de publicaciones periódicas, en Chile
no hayan sido publicadas su traducción al castellano por el titular del derecho. 
     La traducción deberá ser realizada para investigación o estudio por parte de
los usuarios de dichas bibliotecas o archivos, y sólo podrán ser reproducidas en
citas parciales en las publicaciones que resulten de dichas traducciones.
     Artículo 71 M. Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del autor,
reproducir y traducir para fines educacionales, en el marco de la educación formal o
autorizada por el Ministerio de Educación, pequeños fragmentos de obras o de obras
aisladas de carácter plástico, fotográfico o figurativo, excluidos los textos
escolares y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para
la ilustración de las actividades educativas, en la medida justificada y sin ánimo
de lucro, siempre que se trate de obras ya divulgadas y se incluyan el nombre del
autor y la fuente, salvo en los casos en que esto resulte imposible.
     Artículo 71 N. No se considera comunicación ni ejecución pública de la obra,
inclusive tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, en
establecimientos educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y museos,
siempre que esta utilización se efectúe sin fines lucrativos. En estos casos no se
requerirá autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna.
     Artículo 71 Ñ. Las siguientes actividades relativas a programas
computacionales están permitidas, sin que se requiera autorización del autor o
titular ni pago de remuneración alguna:
     a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor,
siempre que la adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo
o respaldo y no se utilice para otros fines.
     Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas
bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de
autor respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán
ser transferidas bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el
programa computacional que les sirvió de matriz.
     b) Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de
un programa computacional que se realicen con el único propósito de lograr la
compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de
investigación y desarrollo. La información así obtenida no podrá utilizarse para
producir o comercializar un programa computacional similar que atente contra la
presente ley o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.
     c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un
programa computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su
funcionamiento o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador
sobre el que se aplica. La información derivada de estas actividades solo podrá ser
utilizada para los fines antes señalados.
     Artículo 71 O. Es lícita la reproducción provisional de una obra, sin que se
requiera remunerar al titular ni obtener su autorización. Esta reproducción
provisional deberá ser transitoria o accesoria; formar parte integrante y esencial
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de un proceso tecnológico, y tener como única finalidad la transmisión lícita en
una red entre terceros por parte de un intermediario, o el uso lícito de una obra u
otra materia protegida, que no tenga una significación económica independiente.
     Artículo 71 P. Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte
artístico que lo diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la
caracterización de su intérprete.
     Artículo 71 Q. Es lícito el uso incidental y excepcional de una obra protegida
con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés
académico o de investigación, siempre que dicha utilización no constituya una
explotación encubierta de la obra protegida. La excepción establecida en este
artículo no es aplicable a obras audiovisuales de carácter documental.
     Artículo 71 R. Se podrá, sin que se requiera autorización del autor o
titular, ni pago de remuneración alguna, efectuar la traducción de obras
originalmente escritas en idioma extranjero y legítimamente adquiridas, para efectos
de uso personal.
     Artículo 71 S. Se podrá, sin requerir autorización del autor o titular, ni
pago de remuneración alguna, reproducir o comunicar al público una obra para la
realización de actuaciones judiciales, administrativas y legislativas.
     9) Agrégase el siguiente artículo 72 bis:
     "Artículo 72 Bis.- El titular de un derecho patrimonial sobre una obra podrá
utilizar, en el ejemplar, el símbolo "©" anteponiéndolo al año de la primera
publicación y a su nombre.
     Tratándose de fonogramas, las copias de éstos o en sus envolturas, podrán
presentar un símbolo "(p)" antepuesto al año de la primera publicación y al nombre
del productor.
     Las personas naturales o jurídicas cuyo nombre aparezca indicado de la manera
señalada en los incisos anteriores, se presumirán como titulares de los derechos
respectivos.".
     10) Reemplázase el actual Capítulo II del Título III, que pasó a ser Título
IV, por el siguiente:
     "Capítulo II
     De las Acciones y Procedimientos
     Párrafo I
     De las Infracciones a las Disposiciones de esta Ley
     Artículo 78. Las infracciones a esta ley y su reglamento no contempladas
expresamente en los artículos 79 y siguientes, serán sancionadas con multa de 5 a
50 unidades tributarias mensuales.
     Párrafo II
     
     De los Delitos Contra la Propiedad Intelectual
     Artículo 79. Comete falta o delito contra la propiedad intelectual:
     a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio
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ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18.
     b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las
interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los
derechos conexos, con cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios
establecidos en el Título II.
     c) El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución.
     d) El que falseare datos en las rendiciones de cuentas a que se refiere el
artículo 50. 
     e) El que, careciendo de autorización del titular de los derechos o de la ley,
cobrare derechos u otorgase licencias respecto de obras o de interpretaciones o
ejecuciones o fonogramas que se encontraren protegidos.
     Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma:
     1. Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades
tributarias mensuales, la pena será de prisión en cualquiera de sus grados o multa
de 5 a 100 unidades tributarias mensuales.
     2. Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior a 4 unidades
tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena
será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 20 a 500 unidades
tributarias mensuales.
     3. Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades tributarias
mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a
1.000 unidades tributarias mensuales.
     Artículo 79 bis.- El que falsifique obra protegida por esta ley, o el que la
edite, reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado,
suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando
maliciosamente su texto, será sancionado con las penas de reclusión menor en su
grado mínimo y multa de 10 a 1.000 unidades tributarias mensuales.
     Artículo 80. Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado
con pena de multa de 25 a 500 unidades tributarias mensuales:
     a) El que, a sabiendas, reproduzca, distribuya, ponga a disposición o comunique
al público una obra perteneciente al dominio público o al patrimonio cultural
común bajo un nombre que no sea el del verdadero autor.
     b) El que se atribuyere o reclamare derechos patrimoniales sobre obras de
dominio público o del patrimonio cultural común.
     c) El que obligado al pago en retribución por la ejecución o comunicación al
público de obras protegidas, omitiere la confección de las planillas de ejecución
correspondientes.
     Artículo 81. Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado
con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800 unidades
tributarias mensuales, el que tenga para comercializar, comercialice o alquile
directamente al público copias de obras, de interpretaciones o de fonogramas,
cualquiera sea su soporte, reproducidos en contravención a las disposiciones de esta
ley.
     El que con ánimo de lucro fabrique, importe, interne al país, tenga o adquiera
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para su distribución comercial las copias a que se refiere el inciso anterior, será
sancionado con las penas de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de
100 a 1.000 unidades tributarias mensuales.
     Artículo 82. En caso de reincidencia de los delitos previstos en esta ley, se
aplicarán las penas máximas contempladas para cada uno de ellos. En estos casos, la
multa no podrá ser inferior al doble de la anterior, y su monto máximo podrá
llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.
     Artículo 83. Tratándose de los delitos previstos en el artículo 81, la pena
aumentará en un grado si el responsable formare parte de una agrupación o reunión
de personas para cometer dichos delitos, sin incurrir en los delitos de asociación
ilícita.
     En el caso del artículo 293 del Código Penal, se aplicará además una multa
de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales; y de 50 a 500 unidades tributarias
mensuales en el caso del artículo 294 del Código Penal.
     Artículo 84. Incurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del
titular de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá,
permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de
autor o derechos conexos, realice alguna de las siguientes conductas:
     a) Suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos.
     b) Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a
disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información
sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.
     c) Distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de
derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada
sin autorización.
     El que realice alguna de las conductas descritas en los literales precedentes,
será sancionado con pena de multa de 25 a 150 unidades tributarias mensuales.
     Artículo 85. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se
entenderá que es información sobre la gestión de derechos:
     a) La información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o
al fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al
productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra,
interpretación o ejecución o fonograma.
     b) La información sobre los términos y condiciones de utilización de las
obras, interpretación o ejecución o fonograma.
     c) Todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de
estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o
ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a
disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma.
     Artículo 85 A. El monto de los perjuicios a que se refiere este Título se
determinará en base al valor legítimo de venta al detalle de los objetos
protegidos.
     Cuando se trate de objetos protegidos que no tengan valor de venta legítimo, el
juez deberá prudencialmente determinar el monto de los perjuicios para efectos de
aplicar la pena.
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     Párrafo III
     De las Normas Aplicables al Procedimiento Civil y Penal
     Artículo 85 B. El titular de los derechos reconocidos en esta ley tendrá, sin
perjuicio de las otras acciones que le correspondan, acciones para pedir:
     a) El cese de la actividad ilícita del infractor.
     b) La indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales
causados.
     c) La publicación de un extracto de la sentencia, a costa del demandado,
mediante anuncio en un diario de circulación comercial de la Región
correspondiente, a elección del perjudicado.
     Artículo 85 C. El tribunal, a solicitud del perjudicado, ordenará que los
ejemplares que hubieren sido producto de alguna infracción o delito contenido en
esta ley sean destruidos o apartados del comercio.
     Estos ejemplares sólo podrán ser destinados a beneficencia por el tribunal
cuando cuente con autorización del titular de los derechos. En este caso, el
tribunal podrá decretar las medidas necesarias para garantizar que no reingresen al
comercio, ordenando el marcado de los ejemplares y decretando la prohibición de
enajenarlos por parte del beneficiario.
     Artículo 85 D. El tribunal podrá ordenar, en cualquier estado del juicio, las
siguientes medidas precautorias:
     a) La suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución,
representación o cualquier otra forma de explotación presuntamente infractora.
     b) La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados,
incluyendo la prohibición de publicitar o promover los productos o servicios motivo
de la presunta infracción.
     c) La retención de los ejemplares presuntamente ilícitos.
     d) La retención o secuestro de los materiales, maquinarias e implementos que
hayan sido destinados a la producción de ejemplares presuntamente ilícitos, o de la
actividad presuntamente infractora, cuando ello sea necesario para prevenir futuras
infracciones.
     e) La remoción o retiro de los aparatos que hayan sido utilizados en la
comunicación pública no autorizada, a menos que el presunto infractor garantice que
no reanudará la actividad infractora.
     f) El nombramiento de uno o más interventores.
     g) La incautación del producto de la recitación, representación,
reproducción o ejecución, hasta el monto correspondiente a los derechos de autor
que establezca prudencialmente el tribunal.
     En lo no regulado por el inciso precedente, la dictación de estas medidas se
regirá por las normas generales contenidas en el Título V del Libro II del Código
de Procedimiento Civil.
     Las medidas establecidas en este artículo podrán solicitarse, sin perjuicio de
las medidas prejudiciales de los Títulos IV y V del Libro II del Código de
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Procedimiento Civil, como medidas prejudiciales, siempre que se acompañen
antecedentes que permitan acreditar razonablemente la existencia del derecho que se
reclama, el riesgo de una inminente infracción y se rinda caución suficiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 279 del Código de Procedimiento
Civil. 
     Artículo 85 E. Al determinar el perjuicio patrimonial el tribunal considerará,
entre otros factores, el valor legítimo de venta al detalle de los bienes sobre los
cuales recae la infracción.
     El tribunal podrá, además, condenar al infractor a pagar las ganancias que
haya obtenido, que sean atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas
al calcular los perjuicios.
     Con independencia de la existencia de un perjuicio patrimonial, para efectos de
la determinación del daño moral, el tribunal considerará las circunstancias de la
infracción, la gravedad de la lesión, el menoscabo producido a la reputación del
autor y el grado objetivo de difusión ilícita de la obra.
     Artículo 85 F. Al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, el tribunal
podrá ordenar, a petición de parte y sin perjuicio de los derechos que puedan hacer
valer terceros, la incautación y entrega al titular del derecho del producto de la
recitación, representación, reproducción, ejecución o cualquier otra forma de
explotación ilícita.
     Artículo 85 G. Existirá acción pública para denunciar los delitos
sancionados en esta ley. 
     Artículo 85 H. Se presume, salvo prueba en contrario, que el derecho de autor y
los derechos conexos subsisten sobre una obra o fonograma, cuya fecha de su primera
publicación sea inferior a setenta años.
     Sin embargo, no será aplicable lo dispuesto en el inciso anterior respecto de
aquellas obras y materias afines que hayan pasado al dominio público por expiración
del plazo de protección de acuerdo a esta ley o a leyes anteriores.
     Párrafo IV
     De las Normas Especiales Aplicables al 
     Procedimiento Civil
     Artículo 85 I. En los procedimientos civiles, el tribunal podrá ordenar a el o
los presuntos infractores a esta ley, la entrega de toda información que posean
respecto a las demás personas involucradas en la infracción, así como todos los
antecedentes relativos a los canales de producción y distribución de los ejemplares
infractores. El tribunal podrá aplicar multas de 1 a 20 unidades tributarias
mensuales a aquellos que se nieguen a entregar dicha información.
     Artículo 85 J. El juez de letras en lo civil que, de acuerdo a las reglas
generales conozca de los juicios a que dé lugar la presente ley, lo hará breve y
sumariamente.
     Artículo 85 K. El titular de un derecho podrá solicitar, una vez acreditada
judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y
perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma única
compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la
infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por
infracción.".
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     11) Agrégase en el actual Título III, que pasó a ser Título IV, el siguiente
Capítulo III nuevo, pasando el actual Capítulo III a ser Capítulo IV.
     "Capítulo III
     Limitación de Responsabilidad de los Prestadores de Servicios de Internet
     Artículo 85 L. Sin perjuicio de las normas generales sobre responsabilidad
civil aplicables, en el caso de aquellas infracciones a los derechos protegidos por
esta ley cometidas por terceros, que ocurran a través de sistemas o redes
controladas u operadas por personas naturales o jurídicas que presten algunos de los
servicios señalados en los artículos siguientes, los prestadores de tales servicios
no serán obligados a indemnizar el daño, en la medida que cumplan con las
condiciones previstas en los artículos siguientes para limitar tal responsabilidad,
conforme a la naturaleza del servicio prestado. En estos casos, los prestadores de
servicio sólo podrán ser objeto de las medidas prejudiciales y judiciales a que se
refiere el artículo 85 R.
     Artículo 85 M. Los prestadores de servicios de transmisión de datos,
enrutamiento o suministro de conexiones no serán considerados responsables de los
datos transmitidos a condición que el prestador:
     a) No modifique ni seleccione el contenido de la transmisión. Para estos
efectos no se considerará modificación del contenido, la manipulación tecnológica
del material necesaria para facilitar la transmisión a través de la red, como la
división de paquetes;
     b) No inicie él la transmisión, y
     c) No seleccione a los destinatarios de la información.
     Esta limitación de responsabilidad comprende el almacenamiento automático o
copia automática y temporal de los datos transmitidos, técnicamente necesarios para
ejecutar la transmisión, siempre que este almacenamiento o copia automática no
esté accesible al público en general y no se mantenga almacenado por más tiempo
del razonablemente necesario para realizar la comunicación.
     Artículo 85 N. Los prestadores de servicios que temporalmente almacenen datos
mediante un proceso de almacenamiento automático no serán considerados responsables
de los datos almacenados a condición que el prestador:
     a) Respete las condiciones de acceso de usuarios y las reglas relativas a la
actualización del material almacenado establecidas por el proveedor del sitio de
origen, salvo que dichas reglas sean usadas por éste para prevenir o dificultar
injustificadamente el almacenamiento temporal a que se refiere este artículo;
     b) No interfiera con la tecnología compatible y estandarizada utilizada en el
sitio de origen para obtener información sobre el uso en línea del material
almacenado, cuando la utilización de dichas tecnologías se realice de conformidad
con la ley y sean compatibles con estándares de la industria ampliamente aceptados;
     c) No modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios, y
     d) Retire o inhabilite en forma expedita el acceso a material almacenado que
haya sido retirado o al que se haya inhabilitado el acceso en su sitio de origen,
cuando reciba una notificación de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 85 Q.
     Artículo 85 Ñ. Los prestadores de servicios que a petición de un usuario
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almacenan, por sí o por intermedio de terceros, datos en su red o sistema, o  que
efectúan servicios de búsqueda, vinculación y,o referencia a un sitio en línea
mediante herramientas de búsqueda de información, incluidos los hipervínculos y
directorios, no serán considerados responsables de los datos almacenados o referidos
a condición que el prestador:
     a) No tenga conocimiento efectivo del carácter ilícito de los datos;
     b) No reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad
infractora, en los casos en que tenga el derecho y la capacidad para controlar dicha
actividad;
     c) Designe públicamente un representante para recibir las notificaciones
judiciales a que se refiere el inciso final, de la forma que determine el reglamento,
y 
     d) Retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material almacenado de
conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente. 
     Se entenderá que el prestador de servicios tiene un conocimiento efectivo
cuando un tribunal de justicia competente, conforme al procedimiento establecido en
el artículo 85 Q, haya ordenado el retiro de los datos o el bloqueo del acceso a
ellos y el prestador de servicios, estando notificado legalmente de dicha
resolución, no cumpla de manera expedita con ella. 
     Artículo 85 O. Para gozar de las limitaciones de responsabilidad establecidas
en los artículos precedentes, los prestadores de servicios, además, deberán:
     a) Haber establecido condiciones generales y públicas, bajo las cuales éste
podrá hacer uso de la facultad de poner término a los contratos de los proveedores
de contenido calificados judicialmente como infractores reincidentes de los derechos
protegidos por esta ley.
     b) No interferir en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de
derechos de obras protegidas ampliamente reconocidas y utilizadas lícitamente. 
     c) No haber generado, ni haber seleccionado el material o a sus destinatarios.
     Se exceptúa de esta obligación a los prestadores de servicios de búsqueda,
vinculación o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de
información.
     Artículo 85 P. Los prestadores de servicios referidos en los artículos
precedentes no tendrán, para efectos de esta ley,  la obligación de supervisar los
datos que transmitan, almacenen o referencien ni la obligación de realizar
búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.
     Lo establecido en el inciso anterior se comprenderá sin perjuicio de cualquier
actividad que los tribunales ordinarios de justicia decreten para investigar,
detectar y perseguir delitos o prácticas constitutivas de ejercicios abusivos de los
derechos de autor o conexos reconocidos por esta ley.
     Artículo 85 Q. Para las infracciones a los derechos reconocidos por esta ley
cometidas en o por medio de redes o sistemas controlados u operados por o para
prestadores de servicios, el titular de los respectivos derechos o su representante
podrán solicitar como medida prejudicial o judicial las que se señalan en el
artículo 85 R. Cuando las medidas se soliciten en carácter de prejudicial, y
siempre que existan razones graves para ello, se podrán decretar sin audiencia del
proveedor del contenido, pero debiendo el solicitante rendir caución previa, a
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satisfacción del tribunal. Esta solicitud será conocida por el juez de letras en lo
civil del domicilio del prestador de servicios, sin perjuicio de las acciones penales
que pudieran interponerse.
     Para estos efectos, la solicitud, además de cumplir con los requisitos de los
números 1º, 2º y 3º del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, deberá
indicar claramente:
     a) Los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la
titularidad de éstos y la modalidad de la infracción;
     b) El material infractor, y
     c) La localización del material infractor en las redes o sistemas del prestador
de servicios respectivos.
     Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal decretará sin demora
el retiro o bloqueo de los contenidos infractores. Dicha resolución se notificará
por cédula al prestador de servicios respectivo y por el estado diario al
solicitante. 
     El proveedor de contenido afectado podrá, sin perjuicio de otros derechos,
requerir al tribunal que decretó la orden que se deje sin efecto la medida de
restricción de acceso o retiro de material. Para ello deberá presentar una
solicitud que cumpla con los mismos requisitos señalados en el inciso segundo y
deberá acompañar todo antecedente adicional que fundamente esta petición e
implicará su aceptación expresa de la competencia del tribunal que está conociendo
del asunto.
     Este procedimiento se tramitará breve y sumariamente, y las apelaciones se
concederán en el solo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su conocimiento
y vista por el tribunal de alzada.
     Artículo 85 R. En los casos en que se hayan cumplido los requisitos generales
del artículo 85 O y los requisitos establecidos en el artículo 85 M, respecto de
las funciones de transmisión, enrutamiento o suministro, el tribunal sólo podrá
disponer como medida prejudicial o judicial la adopción de medidas razonables para
bloquear el acceso a un determinado contenido infractor que sea claramente
identificado por el solicitante y que no implique el bloqueo de otros contenidos
legítimos, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente.
     En los casos en que se hayan cumplido los requisitos generales del artículo 85
O y los requisitos especiales establecidos en los artículos 85 N y 85 Ñ, respecto
de las funciones mencionadas en dichos artículos, el tribunal sólo podrá disponer
como medidas prejudiciales o judiciales las siguientes:
     a) El retiro o inhabilitación del acceso al material infractor que sea
claramente identificado por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 85 Q; 
     b) La terminación de cuentas determinadas de infractores reincidentes de dicho
prestador de servicio, que sean claramente identificadas por el solicitante de
acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 Q, y cuyo titular esté
usando el sistema o red para realizar una actividad infractora a los derechos de
autor y conexos.
     Todas estas medidas se dictarán con la debida consideración de la carga
relativa para el prestador de servicios, para los usuarios y para los suscriptores,
del eventual daño al titular del derecho de autor o conexos, de la factibilidad
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técnica y eficacia de la medida, y de la existencia de otras formas de observancia
menos gravosas para asegurar el respeto del derecho que se reclama.
     Estas medidas se decretarán previa notificación al prestador de servicios, de
conformidad con los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 85 Q, con la
excepción de los mandamientos judiciales que busquen asegurar la preservación de la
evidencia o cuando se trate de otros mandamientos judiciales que se estime no
tendrán un efecto real en la operación del sistema o red del prestador de
servicios.
     Artículo 85 S. El tribunal competente, a requerimiento de los titulares de
derechos que hayan iniciado el procedimiento establecido en el artículo precedente,
podrá ordenar la entrega de la información que permita identificar al supuesto
infractor por el prestador de servicios respectivo. El tratamiento de los datos así
obtenidos se sujetará a lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre protección de la
vida privada.
     Artículo 85 T. El que, a sabiendas, proporcione información falsa relativa a
supuestas infracciones a los derechos reconocidos en esta ley, deberá indemnizar los
daños causados a cualquier parte interesada, si estos daños son resultado de
acciones que el proveedor de servicios de red tome en base a dicha información, y le
será aplicable lo dispuesto en el artículo 197 del Código Penal.
     Artículo 85 U. Sin perjuicio de las disposiciones previas contenidas en este
Capítulo, los prestadores de servicios de Internet deberán comunicar por escrito a
sus usuarios los avisos de supuestas infracciones que reciban, a condición que en la
comunicación que reciban cumplan los siguientes requisitos:
     a) Reciba en forma electrónica o de otra forma escrita del titular de los
derechos o de su representante, aviso de la supuesta infracción;
     b) El titular de los derechos o su representante deberá tener domicilio o
residencia en Chile y, en su caso, contar con poder suficiente para ser emplazado en
juicio, en representación del titular;
     c) Se identifiquen los derechos supuestamente infringidos, con indicación
precisa de la titularidad de éstos y la modalidad de la infracción; 
     d) Se identifique el material infractor y su localización en las redes o
sistemas del prestador de servicios a quien se envía la comunicación, a través del
URL o sus equivalentes, y 
     e) Contenga datos que permitan al prestador de servicios identificar al usuario
proveedor del supuesto material infractor.
     Los prestadores de servicios de Internet, una vez recibida una comunicación de
conformidad al inciso anterior, informarán al usuario supuestamente infractor esta
situación acompañando los antecedentes proporcionados por el titular del derecho o
su representante, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la
recepción de la referida comunicación.".
     12) Agrégase en el artículo 88 el siguiente inciso segundo, nuevo:
     "Sin embargo, mediante resolución del titular podrá liberarse cualquiera de
dichas obras, para que formen parte del patrimonio cultural común. Esta excepción
no será aplicable a las obras desarrolladas en el contexto de la actividad propia de
las empresas públicas o en las que el Estado tenga participación, cuando la obra
tenga un sentido estratégico para sus fines o cuando la ley que la crea y regula lo
establezca expresamente.".
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     13) Agrégase en el inciso segundo del artículo 92, entre las expresiones "que"
y "los remanentes", la siguiente frase: "hasta el 10% de lo recaudado y".
     14) Reemplázanse los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 100, por los
siguientes:
     "Las entidades de gestión podrán diferenciar las tarifas generales según
categoría de usuario, pudiendo fijarse además planes tarifarios alternativos o
tarifas especiales mediante la celebración de contratos con asociaciones de
usuarios, a los cuales podrá optar cualquier usuario que se ubique dentro de la
misma categoría. Las tarifas acordadas conforme a esta disposición deberán ser
publicadas en el Diario Oficial.
     Las tarifas correspondientes a usuarios con obligación de confeccionar
planillas, de conformidad a la ley o a sus respectivos contratos de licenciamiento,
deberán estructurarse de modo que la aplicación de éstas guarde relación con la
utilización de las obras, interpretaciones o fonogramas de titulares representados
por la entidad de gestión colectiva respectiva.
     La falta de confección de la planilla o su confección incompleta o falsa, no
dará derecho a la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior.
     Salvo acuerdo en contrario, estarán obligadas a confeccionar planillas de
ejecución o listas de obras utilizadas las empresas de entretenimiento que basen su
actividad en la utilización de obras musicales y los organismos de radiodifusión.
Los demás usuarios estarán exentos de la obligación de confeccionar planillas de
ejecución.
     Lo dispuesto en este artículo no regirá respecto de la gestión de las obras
literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, como,
asimismo, respecto de aquellas utilizaciones a que se refiere el inciso segundo del
artículo 21, a menos que la respectiva entidad realice gestión colectiva de los
derechos de estas obras.".
     15) Agréganse los siguientes artículos 100 bis y 100 ter, nuevos:
     "Artículo 100 bis.- No obstante lo establecido en el inciso tercero del
artículo anterior, las asociaciones con personalidad jurídica que representen a
usuarios de derechos de autor o conexos, que no hubiesen alcanzado un acuerdo con una
entidad de gestión colectiva sobre el monto de la tarifa, deberán someter la
controversia a mediación, la que será obligatoria para ambas partes.
     La mediación será un procedimiento no adversarial y tendrá por objeto
propender a que, mediante la comunicación directa entre las partes y con
intervención de un mediador, éstas lleguen a una solución extrajudicial de la
controversia. Los mediadores deberán inscribirse en un Registro Público de
Mediadores y Árbitros de Propiedad Intelectual que llevará el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes. Los mediadores y árbitros a que alude el artículo siguiente
deberán contar con un título profesional, con al menos cinco años de ejercicio
profesional y con experiencia calificada en el ámbito de propiedad intelectual o en
el área de la actividad económica. Los procedimientos de inscripción en el
Registro, la forma y características de éste, y los honorarios que mediadores y
árbitros deberán percibir serán determinados por un reglamento dictado, dentro de
los seis meses siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial, por el
Ministerio de Educación y firmado, además, por el Ministro de Economía, Fomento y
Turismo. La publicación del aviso a que alude el inciso cuarto de este artículo
será solventado por la parte que impugna la tarifa.
     El mediador será nombrado de común acuerdo por las partes, y a falta de
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acuerdo, la designación será realizada por el juez de letras en lo civil del
domicilio de la entidad de gestión respectiva, a requerimiento de la asociación de
usuarios o de la entidad de gestión, de entre los inscritos en el Registro Público
de Mediadores y Árbitros de Propiedad Intelectual, sujetándose al procedimiento de
designación de peritos establecido en el Código de Procedimiento Civil. La
designación efectuada por el tribunal no será susceptible de recurso alguno. Para
efectuar esta designación el juez deberá verificar, mediante los antecedentes
aportados por las partes, que no se trata de una tarifa vigente determinada
convencionalmente o por sentencia arbitral ejecutoriada, dictada dentro de los tres
años anteriores a la fecha de presentación y que el asunto controvertido no se
encuentre sometido a mediación o arbitraje, ni haya sido sometido a mediación o
arbitraje en igual plazo. De verificar alguna de estas circunstancias, el juez
rechazará de plano la solicitud de mediación.
     Una vez nombrado el mediador, el juez ordenará poner en conocimiento de los
interesados, mediante la publicación de un aviso en un diario de circulación
nacional, la circunstancia de encontrarse sometida a mediación una determinada
tarifa, para que éstos se hagan parte en la mediación, de conformidad a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 el Código de Procedimiento Civil.
     El proceso de mediación no durará más de sesenta días, contados desde la
publicación del aviso a que alude el inciso anterior. Con todo, las partes, de
común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo.
     Durante el procedimiento el mediador podrá citar a todas las audiencias
necesarias para el cumplimiento de los fines de la mediación.
     Dentro de los diez días siguientes a la notificación del nombramiento del
mediador las partes deberán presentar sus propuestas fundadas de tarifa y las
utilizaciones respecto de las cuales se aplica, así como los antecedentes en que se
fundan. Sin perjuicio de lo anterior, en el transcurso de la mediación, las partes
podrán presentar nuevas propuestas de tarifa.
     En caso de que una parte no comparezca, no haga una propuesta fundada de tarifa
o se desista de la mediación, la propuesta de tarifa hecha por la otra parte se
tendrá por aceptada por el solo ministerio de la ley y tendrá valor de sentencia
ejecutoriada. El mediador dejará constancia de las circunstancias anteriores en el
acta.
     En caso de llegarse a acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a
mediación, se dejará constancia en un acta de mediación, la que, luego de ser
leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, quedando
copia en poder de cada una de las partes y del mediador. Dicha acta tendrá valor de
sentencia ejecutoriada. La tarifa adoptada bajo este procedimiento, al igual que la
que se determine conforme al inciso anterior, no podrá ser modificada por la entidad
de gestión respectiva, ni someterse a una nueva mediación, en un plazo de tres
años contado desde la fecha del acta de mediación.
     Si dentro del plazo original o ampliado no hubiera acuerdo, se entenderá
fracasado el procedimiento y se levantará un acta, que deberá ser firmada por ambas
partes. En caso que alguna no quiera o no pueda firmar, dejará constancia de ello el
mediador, quien actuará como ministro de fe. Luego de esto, las partes podrán
someterse al arbitraje que regula el artículo siguiente.
     Artículo 100 ter.- En caso que la mediación fracase total o parcialmente, el o
los asuntos controvertidos deberán ser sometidos a arbitraje, a requerimiento de
cualquiera de las partes. Para ello, cualquiera de las partes podrá concurrir dentro
de treinta días, contados desde la fecha del acta a que alude el inciso final del
artículo anterior, al juez de letras en lo civil del domicilio de la entidad de
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gestión respectiva, acompañando el acta de la mediación previa, a efectos de dar
inicio al procedimiento de designación del tribunal arbitral.
     Vencido el plazo establecido en el inciso anterior, no se podrá someter las
tarifas impugnadas a un nuevo proceso de mediación sino transcurrido el término de
tres años contado desde la fecha del acta de mediación respectiva.
     El tribunal arbitral estará integrado por tres miembros árbitros arbitradores,
regidos por los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, uno
nombrado por la asociación de usuarios, otro por la entidad de gestión y un tercero
de común acuerdo por las partes y, a falta de acuerdo o en ausencia de nombramiento
por una de las partes, la o las designaciones serán realizadas por el juez de letras
en lo civil del domicilio de la entidad de gestión respectiva y se sujetarán al
procedimiento de designación de peritos establecido en el Código de Procedimiento
Civil, sin que las partes puedan oponerse a la designación. Los árbitros deberán
estar previamente inscritos en el Registro de Mediadores y Árbitros de Propiedad
Intelectual.
     El tribunal deberá fijar fecha para la audiencia de las partes, determinar el
mecanismo de notificación que utilizará para poner en conocimiento de ellas las
resoluciones o decisiones que adopte y sus normas y procedimientos, debiendo
contemplar, en todo caso, la audiencia de las partes, los mecanismos para recibir las
pruebas y antecedentes que éstas aporten y el modo en que se le formularán las
solicitudes.
     Las partes deberán, en la audiencia fijada para el efecto, aportar en sobre
cerrado sus respectivas propuestas fundadas de tarifas finales y las utilizaciones
respecto de las cuales se aplican, junto a las pruebas y antecedentes que las
sustentan.
     La incomparecencia injustificada de una de las partes tendrá como efecto la
aceptación de la propuesta de la contraparte, en cuyo caso el tribunal deberá
dictar sentencia dentro de diez días. Para estos efectos, la parte correspondiente
deberá acompañar, dentro de tercero día, antecedentes que a juicio del tribunal
justifiquen su incomparecencia.
     Para resolver el arbitraje deberán considerarse, entre otros criterios, la
categoría del usuario, el beneficio pecuniario obtenido por los usuarios de esa
categoría en la explotación del repertorio o registro de la entidad, la importancia
del repertorio en el desarrollo de la actividad de los usuarios de esa categoría, y
las tarifas anteriores convenidas por las partes o resueltas en un proceso anterior.
     En el curso del procedimiento el tribunal podrá llamar a las partes a
conciliación. Asimismo, las partes podrán llegar a acuerdo, poniéndose término al
procedimiento por la sola presentación del convenio de tarifas alcanzado. En este
último caso, dicho convenio tendrá el valor de sentencia ejecutoriada.
     El tribunal, al dictar sentencia, deberá limitarse a optar exclusivamente por
una de las propuestas de las partes entregadas en sobre cerrado. La sentencia del
tribunal tendrá valor de sentencia ejecutoriada y constituirá un plan tarifario
alternativo, pudiendo acogerse a estas tarifas especiales cualquier usuario que así
lo solicite. Para estos efectos, la entidad de gestión colectiva deberá poner a
disposición del público el laudo o, en su caso, el acuerdo. Igualmente, el tribunal
remitirá copia al Consejo de la Cultura y las Artes, que llevará un registro
público de los laudos y acuerdos.
     La tarifa adoptada bajo este procedimiento no podrá ser modificada por la
entidad de gestión respectiva, ni someterse a una nueva mediación o a un nuevo
arbitraje, en un plazo de tres años.
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     El tribunal deberá dictar su fallo dentro de sesenta días contados desde su
constitución. En contra de la sentencia arbitral sólo podrá interponerse el
recurso de casación en la forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 239 del
Código Orgánico de Tribunales, y el recurso de queja, conforme a los artículos 545
y siguientes del mismo Código.
     Procederá también el recurso de rectificación, aclaración o enmienda, con el
solo efecto de precisar las condiciones necesarias para una mejor aplicación de la
tarifa que resulte elegida por el tribunal, sin alterar las condiciones sustantivas
de la misma. Dicho recurso podrá ser interpuesto dentro del plazo de quince días
contado desde la notificación de la sentencia.
     Las costas del proceso serán solventadas por aquella parte cuya propuesta de
tarifas resultare desechada por el tribunal.
     Durante el proceso de arbitraje los usuarios podrán utilizar el repertorio o
registro de la sociedad de gestión colectiva cuyas tarifas fueron controvertidas,
pagando las tarifas que hubiesen estado pagando con anterioridad al arbitraje y si no
las hubiese, las que correspondan a la fijada por la entidad de gestión conforme a
la ley. La diferencia que resulte entre la tarifa pagada y la definitiva dará origen
a reliquidaciones que serán determinadas en el fallo arbitral.".
     Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°
19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura:  
     a) En el artículo 11°, sustitúyense los actuales incisos segundo y tercero,
por el siguiente inciso segundo:
     "Igualmente, se castigará conforme a las penas establecidas en el artículo 79
de la ley N° 17.336 al que utilice procedimientos engañosos o fraudulentos para
acceder indebidamente a los beneficios que otorga esta ley.".
     b) Derógase su artículo 12°.
     Artículos transitorios
     Artículo primero.- Respecto de las sociedades de gestión que a la fecha de
publicación de la presente ley no hayan publicado sus tarifas en el Diario Oficial y
las entidades de gestión colectivas amparadas por la ley Nº 20.243 no les será
aplicable lo dispuesto en los artículos 100 bis y 100 ter, sino una vez
transcurridos tres años desde la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial.  
     Artículo segundo.- Facúltase al Presidente de la República para que mediante
un decreto con fuerza de ley dictado en el plazo de un año, contado desde la
publicación de esta ley, fije un nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley N° 17.336.".
     Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
     Santiago, 23 de abril de 2010.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Joaquín Lavín Infante, Ministro de Educación.- Juan Andrés Fontaine
Talavera, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Felipe Bulnes Serrano, Ministro
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de Justicia.- Felipe Morandé Lavín
     Tribunal Constitucional
     Proyecto de ley que modifica la ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual
(Boletín 5012-03)
     La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por
el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el control de
constitucionalidad respecto de las normas que regulan materias propias de ley
orgánica constitucional que aquel contiene, y que por sentencia de 30 de marzo de
2010 en los autos Rol Nº 1.603-10-CPR,
     Se resuelve:
     1. Que este Tribunal no emite pronunciamiento respecto de los incisos segundo a
quinto del artículo 85 Q, contenido en el número 11); de los incisos primero,
segundo y cuarto a décimo del artículo 100 bis, ni de los incisos segundo y cuarto
a decimocuarto del artículo 100 ter, contenidos en el número 15), todos del
artículo 1º del proyecto de ley remitido, por no ser propios de ley orgánica
constitucional.
     2. Que el inciso primero del artículo 85 Q, contenido en el número 11); el
inciso tercero del artículo 100 bis, y los incisos primero y tercero del artículo
100 ter, contenidos en el número 15), todos del artículo 1º del proyecto de ley
remitido, son constitucionales.
     Santiago, 30 de marzo de 2010.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.