ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/TUN/1
10 de diciembre de 2001
(01-6253)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  francés
LISTA DE CUESTIONES SOBRE OBSERVANCIA1
Respuestas de Túnez
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial (en adelante el CPCC), la competencia de los tribunales se determina en función de la
naturaleza y de la cuantía de la demanda.
Por otra parte, con arreglo al artículo 22 del CPCC, cuando el valor del objeto litigioso es
indeterminable, el tribunal de primera instancia es el único que puede conocer y fallar en esa
instancia.  Asimismo, el artículo 40 del CPCC prevé que el tribunal de primera instancia conoce en
esa instancia de todas las acciones, excepto las que la ley excluya expresamente.
En lo que respecta a la competencia territorial, "la acción contra el demandado, ya sea persona
natural o jurídica, debe entablarse ante el tribunal correspondiente a su domicilio real o elegido"
(artículo 30 del CPCC) y, según el artículo 31 del CPCC, "si el demandado no tiene domicilioconocido en Túnez, la acción se deduce ante el tribunal del domicilio del demandante".
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas pers onas? ¿Hay disposiciones que prescriban la
comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
El artículo 19 del CPCC dispone que el ejercicio de la acción corresponde a toda persona que
esté legitimada y tenga capacidad para hacer valer sus derechos ante los tribunales, y que eldemandante debe tener interés en el ejercicio de la acción. Este mismo artículo estipula que "el
tribunal debe declarar de oficio que la acción es inadmisible si del expediente se desprende que el
demandante es incapaz o que no está legitimado".
Conforme a esas disposiciones, toda persona física o jurídica que sea titular de derechos de
propiedad intelectual puede hacerlos valer ante los tribunales.
                                                     
1 Documento IP/C/5.IP/N/6/TUN/1
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¿Cómo pueden estar representadas esas personas?
El artículo 68 del CPCC dispone que "la intervención del abogado es obligatoria ante el
tribunal de primera instancia, excepto en lo que respecta al régimen jurídico personal".
"El estudio del abogado se considera como el domicilio elegido por su cliente para los efectos
del grado de competencia que se le confía."
Por otra parte, en el caso particular de los recursos contra las decisiones adoptadas por el
representante legal del Organismo encargado de la Propiedad Industrial, la legislación concerniente a
esta propiedad y, sobre todo, el artículo 44 de la Ley N° 2000-84 de Patentes de Invención;  el artículo
32 de la Ley N° 2001-20 de Protección de los Circuitos Integrados;  el artículo 22 de la Ley
Nº 2001-21 de Protección de los Dibujos y Modelos Industriales; y el artículo 42 de la LeyNº 2001-3E de 17 de abril de 2001 de Protección de las Marcas de Fábrica, de Comercio y de
Servicios, prevén que un mandatario puede representar al demandante ante el tribunal.
¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del
derecho ante el tribunal?
No hay normas que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?
Diversas prescripciones confieren esa facultad a las autoridades judiciales, en especial el
artículo 225 del CPCC, que dispone que "el tribunal puede de oficio, en cualquier estado de la causa,
ordenar la intervención de un tercero en un procedimiento cuando estime que la presencia de éste es
indispensable para la evaluación del litigio".
Asimismo, en los términos del artículo 101 del CPCC, "si es necesario proceder a un examen
pericial y no hay acuerdo entre las partes para la elección del experto, el juez lo designa".
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
Numerosas disposiciones legales prevén esta situación:
El artículo 168 del Código del Trabajo dispone que los miembros de la Comisión Consultiva
de la empresa y los delegados del personal están obligados a guardar el secreto profesional
con respecto a todas las informaciones de carácter confidencial que conozcan durante eldesempeño de sus funciones y a todas las cuestiones relacionadas con el proceso de
fabricación.
En caso de infracción, esas personas incurren en las sanciones previstas en los artículos 138
y 254 del Código Penal.
El artículo 138 del Código Penal prevé, además de una multa, una pena de prisión de dos años
para sancionar al director, al empleado o al obrero de una fábrica que divulgue o comunique
los secretos de fabricación.  Ese delito en grado de tentativa también es punible.
El artículo 61 ter del Código Penal dispone que: "será culpable de atentar contra la seguridad
exterior del Estado todo tunecino o extranjero que, sin previa autorización de la autoridad
competente, entregue o comunique a una persona que actúe por cuenta de una potencia o una
empresa extranjeras una invención de interés para la defensa nacional, o informaciones,IP/N/6/TUN/1
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estudios o procedimientos de fabricación relacionados con una invención de interés para la
defensa.
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perj uicios, con inclusión de la reparación por
concepto de beneficios y los gastos, co mprendidos los honorarios de los abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales
de las mercancías infractoras y de los mate riales e instrumentos utilizados para su
producción;
- otras medidas.
Mandamientos judiciales
Las autoridades judiciales pueden dictar distintos tipos de resoluciones, entre ellos, autos
provisionales, apremios de pago, sentencias definitivas o de otro carácter.
- El procedimiento sumario
En virtud de lo dispuesto en el artículo 201 del CPCC, "en todos los casos urgentes se
dictan autos provisionales, sin prejuzgar en cuanto a lo principal".
El Presidente del Tribunal de primera instancia o su delegado, así como el juez
cantonal en el caso en que sea competente con arreglo a la Ley, están facultados para
dictar autos provisionales (artículo 202 del CPCC).
Los autos provisionales quedan ejecutoriados 24 horas después de su notificación
personal, excepto en el caso en que el juez otorgue un plazo de gracia.
El cumplimiento del auto se realiza sin fianza, a menos que el juez haya ordenado que
se constituya una garantía (artículo 207 del CPCC).
- El apremio de pago
Con arreglo a lo previsto en el artículo 59 del CPCC, la demanda de pago de un
crédito puede tramitarse según el procedimiento de apremio de pago cuando ésta,
independientemente de su naturaleza, tenga una cuantía determinada y una causa
contractual.
- La sentencia
La sentencia no tiene carácter definitivo si es apelable. No obstante, siempre puede
ordenarse su cumplimiento provisional con o sin caución, según las circunstancias dela causa (artículos 126 y 286 del CPCC).
- La sentencia definitiva
La sentencia definitiva pone fin a la acción al resolver la cuestión controvertida que
ha sido objeto del litigio.IP/N/6/TUN/1
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Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
De conformidad con las disposiciones de los artículos 82 y 83 del Código de las Obligaciones
y Contratos, todo daño o perjuicio material o moral causado por un hecho cometido a sabiendas o
voluntariamente contra un tercero, obliga a su autor a repararlo cuando se establezca que ese hecho esla causa directa del daño o perjuicio.
Por otra parte, con ese mismo criterio el artículo 82 de la Ley de Patentes, el artículo 34 de la
Ley de Protección de los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, el artículo 24 de la Ley de
Protección de los Dibujos y Modelos Industriales y el artículo 44 de la Ley de Protección de las
Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicios disponen que la falsificación compromete la
responsabilidad civil de su autor.
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
Según el artículo 55 de la Ley de Protección de las Marcas de Fábrica, de Comercio y de
Servicios, el artículo 36 de la Ley de Protección de los Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados y el artículo 26 de la Ley de Protección de los Dibujos y Modelos Industriales, el tribunal
puede, en la sentencia condenatoria, ordenar la destrucción o el apartamiento de los circuitos
comerciales de los productos y mercancías infractores, así como la confiscación de los instrumentos
utilizados para su fabricación.
Otras medidas
En virtud del artículo 34 de la Ley de Protección de los Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados, el artículo 24 de la Ley de Protección de los Dibujos y Modelos Industriales y elartículo 54 de la Ley de Protección de las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicios, el tribunal
puede ordenar, en todos los casos pertinentes, a expensas del condenado, la publicación íntegra o
extractada del fallo en los diarios que designe, como asimismo su fijación en carteles en los lugares
que determine, sobre todo en las puertas principales de las fábricas y talleres del condenado, y en el
escaparte de sus tiendas.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular de l derecho sobre la identidad de los terceros que
hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales
se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución?
En el contexto del proceso penal por falsificación, la autoridad judicial y sus asistentes están
facultados para exigir al inculpado todas las informaciones o precisiones relativas a sus cómplices, los
beneficiarios del acto infractor y el paradero de los objetos comprendidos en el acto delictivo. Es
evidente que el inculpado tiene derecho a guardar silencio y puede abstenerse de responder a
cualquier pregunta, pero el juez del crimen tendrá en consideración ese silencio al graduar la pena queha de imponer y, como consecuencia lógica, procurará disuadir al inculpado de adoptar una actitud
recalcitrante.
Los antecedentes de la investigación penal sirven de fundamento a la acción civil, la cual
puede deducirse en forma separada o conjuntamente con la acción penal.IP/N/6/TUN/1
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7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidame nte una obligación.  ¿En qué medida son responsables las
autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso  y qué "medidas correctivas" les son aplicables?
El artículo 87 de la Ley de Patentes, el artículo 38 de la Ley de Protección de los Esquemas
de Trazado de los Circuitos Integrados, el artículo 28 de la Ley de Protección de los Dibujos yModelos Industriales y el artículo 49 de la Ley de Protección de las Marcas de Fábrica, de Comercio y
de Servicios prescriben que cuando se somete al conocimiento del tribunal una acción por
falsificación, éste puede prohibir, a título provisional y mediante apremio, la prosecución de los
presuntos actos de falsificación, o subordinarla a la constitución de garantías destinadas a asegurar la
indemnización eventual de los daños y perjuicios sufridos por el demandado si, con posterioridad, se
juzga infundada la acción por falsificación.
Por otra parte, la solicitud de prohibición o de constitución de garantías sólo es admisible si la
acción de fondo tiene una sustentación seria y se ha deducido en el plazo de un mes, a contar desde el
día en que el titular de un derecho de propiedad industrial tuvo conocimiento de los hechos que sirven
de fundamento a la acción.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
En general, no se ha fijado la duración y costo de los procedimientos. Ambos elementos
dependen de la naturaleza y la complejidad del asunto, de los honorarios de los abogados, de losexpertos, etc.
No obstante, hay numerosas disposiciones destinadas a limitar la duración de los
procedimientos aplicados por los tribunales.
Por ejemplo, el artículo 207 del CPCC prevé que los autos provisionales queden ejecutoriados
24 horas después de su notificación personal, excepto en el caso en que el juez otorgue un plazo de
gracia.
Ese artículo dispone también que, en casos de extrema urgencia, el juez pueda ordenar el
cumplimiento con base en la minuta y antes del registro del auto provisional.  Asimismo, el juez
puede ordenar el cumplimiento de esos autos sin previa notificación personal.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en la s respuestas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedanordenarse a resultas de esos procedimientos.
La legislación tunecina  no contempla ese tipo de medidas.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Pueden adoptarse varios tipos de medidas provisionales, en función de la categoría del
derecho que sea objeto de la infracción.IP/N/6/TUN/1
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Así, la Ley N° 2000-84 de Patentes de In vención, de 24 de agosto de 2000, dispone la
descripción detallada, con o sin incautación real, de los productos o procedimientos presuntamente
falsificados, efectuada por un ministro de fe judicial,  asesorado por un experto, en virtud de una orden
dictada a instancia de parte por el presidente del tribunal cuando haya lugar a la incautación real,
orden que puede imponer al demandante una caución que tendrá que consignar antes de procederse a
la incautación.
Se han previsto medidas similares en:- la Ley N° 2001-20 de Protección de los Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados, de 6 de febrero de  2001 (artículo 38);
- la Ley N° 2001-21 de Protección de los Dibujos y Modelos Industriales, de 6 de
febrero de 2001 (artículo 28);  y
- la Ley Nº 2001-36 de Protección de las Marcas de Fábrica, de Comercio y de
Servicios, de 17 de abril de 2001 (artículo 50).
En caso de infracción de un derecho relacionado con las indicaciones y los nombres de
origen, se pueden adoptar también medidas precautorias con arreglo al artículo 30 de la Ley N° 99-57,
de 28 de junio de 1999, que dispone que los funcionarios encargados de controlar los nombres y las
indicaciones de origen pueden incautarse de los productos que se vendan bajo el título de nombres de
origen controlado o indicaciones de origen y que se presuma que no puedan provenir del áreageográfica del nombre o la indicación.  Pueden incautarse también de los productos que provengan
del área geográfica del nombre o la indicación, pero que no respondan a las condiciones técnicas de
producción fijadas en el pliego de condiciones.  La incautación se efectúa de conformidad con los
procedimientos previstos en la legislación vigente de protección del consumidor.
11. ¿En qué circunstancias puede ordena rse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
Esas medidas pueden ordenarse en virtud de la urgencia, de todas las dificultades que entrañe
la ejecución de una resolución  o de un título ejecutivo. Dichas medidas son adoptadas por el
Presidente del tribunal competente o su delegado, que resuelve en calidad de juez facultado para
dictar autos provisionales (artículos 201 y 210 del CPCC).
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adopción y ma ntenerlas en aplicación, y especialmente los
plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del
demandado.
El procedimiento de adopción se inicia, previa demanda, ante el Presidente del tribunal
competente quien, mediante autos provisionales, puede prohibir, a título provisional y con apremio, la
prosecución de los presuntos actos de falsificación, o subordinarla a la constitución de garantías
destinadas a asegurar la indemnización del titular de la marca o de un derecho exclusivo (artículo 49
de la Ley de Protección de las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicios).
Esa disposición figura también en los textos legales relativos a las patentes de invención,  los
esquemas de trazado de circuitos integrados,  los dibujos y modelos industriales y  las marcas de
fábrica, de comercio y de servicios.IP/N/6/TUN/1
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13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?
La duración y el costo del  procedimiento son habitualmente más reducidos que en el
procedimiento sobre el fondo.
Al igual que en un procedimiento sobre el fondo, el reembolso de las costas de un
procedimiento provisional corresponde a la  parte perdedora.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales  administrativas.
La legislación tunecina no prevé  medidas provisionales administrativas.
Prescripciones especiales relacio nadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de  qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para lib re circulación, y especialmente si cabe también
recurrir a ese procedimiento en relación con m ercancías que entrañen infracciones de los
derechos de propiedad intelectual distintas de  las que entrañan las mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificadas o las mercancía s pirata que lesionan el derecho de autor, en el
sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de  página al artículo 51 ).  Sírvanse indicar,
juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese
procedimiento (mercancías de otro Miembro, una  unión aduanera, mercancías en tránsito o
importaciones de minimis) .  ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías
colocadas en el mercado de otro país por el ti tular del derecho o con su consentimiento y a las
mercancías destinadas a la exportación ?
Fuera de los productos en que se falsifique una marca de fábrica, de comercio y de servicio
protegida y de las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, la demanda de suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación de las mercancías que entrañen infracciones
de los  derechos de propiedad intelectual se ha hecho también extensiva a:
- las mercancías que infrinjan una patente;
- las mercancías que comprendan un dibujo o un modelo industrial falsificado, y   
- las mercancías que comprendan un esquema de trazado de los circuitos integrados
copiado.
16. Sírvanse describir los principales elementos de l procedimiento relativo a la suspensión del
despacho de aduana de las mercancías por las au toridades aduaneras, particularmente en lo que
respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a
tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripc iones relativas a la duración de la suspensión
(artículo 55).  ¿Cómo se han aplicado los ar tículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56
(indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
Autoridades competentes
El titular de una patente, el creador de un esquema de trazado de circuitos integrados, el titular
de un dibujo o modelo industrial protegido, el titular de una marca registrada, así como sus
derechohabientes, pueden, si tienen motivos fundados para sospechar que se prepara una importaciónIP/N/6/TUN/1
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de mercancías infractoras de sus derechos, presentar al servicio de aduanas una demanda escrita para
reclamar la suspensión del despacho para la libre importación de esas mercancías.
Requisitos que ha de reunir la demanda.
De conformidad con las disposiciones legislativas vigentes, la demanda debe contener:
- los nombres y el apellido o la razón social del demandante, su domicilio o su sede;- una justificación que establezca que el demandante es titular de un derecho sobre los
productos que son objeto del litigio, y
- una descripción bastante precisa de los productos que permita a los servicios de
aduana reconocerlos.
Además, el demandante debe proporcionar todas las informaciones útiles de que disponga
para permitir que los servicios de aduana adopten una decisión con conocimiento de causa, sin que la
presentación de esas informaciones constituya una condición para la admisibilidad de la demanda.Esas informaciones versan principalmente sobre:
- el lugar en que se encuentren los productos o el lugar previsto para su destino;- la identificación del o de los bultos;
- la fecha prevista para la llegada o el depósito de los productos;- el medio de transporte utilizado;  y
- la identificación del importador, el exportador o el tenedor de los productos.
La demanda debe contener también el compromiso del demandante de asumir su
responsabilidad respecto del importador si se prueba formalmente que los productos retenidos por los
servicios de aduana no infringen el derecho de propiedad industrial protegido.
El demandante debe informar a los servicios de aduana cuando su derecho ya no esté
válidamente registrado o haya expirado.
Diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión
Cuando los servicios de aduana comprueben, llegado el caso y previa consulta con el
demandante, que las mercancías corresponden a las indicadas en la demanda, procederán a retenerlas.
De conformidad con las disposiciones del Código de Aduanas y sin detrimento del principio
de confidencialidad de la información, los servicios de aduana informan de inmediato al demandante
y al importador la retención de las mercancías y les dan la posibilidad de examinarlas y tomar lasmuestras necesarias para efectuar los análisis y las pruebas que permitan pronunciarse sobre la
verosimilitud de la falsificación.  
Sin perjuicio de que se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras, se alzará de pleno
derecho la medida de retención de las mercancías si el demandante no justifica ante los servicios deaduana, en el plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de dicha medida, que recurrió
por la vía civil o correccional ante el tribunal competente, que el Presidente de éste ordenó medidasprecautorias y que consignó una caución suficiente para cubrir su responsabilidad respecto de las
personas interesadas.IP/N/6/TUN/1
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El tribunal fija la cuantía de esa caución.
En los casos que proceda, el plazo inicial ya mencionado puede ser prorrogado un máximo de
diez días hábiles.
Además, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías puede obtener que se
levante la retención de éstas mediante la consignación de una fianza cuya cuantía determinará el
tribunal y que ha de ser suficiente para proteger los intereses del demandante, siempre que se hayan
cumplido todas las formalidades aduaneras.
Los servicios de aduana deben notificar sin tardanza al propietario, al importador, al
destinatario y al demandante el alzamiento de la retención de las mercancías.
Fianza o garantía equivalente e indemnización al  importador y al propiet ario de las mercancías
Se alzará de pleno derecho la medida de re tención de los productos si el demandante no
justifica ante los servicios de aduana, en el plazo de diez días hábiles contados desde la notificaciónde dicha medida, que recurrió por la vía civil o correccional ante el tribunal competente, que el
Presidente de éste ordenó medidas precautorias y que consignó una caución suficiente para cubrir su
responsabilidad respecto de las personas interesadas.
El tribunal fija la cuantía de esa caución.El propietario, el importador o el destinatario de los productos puede obtener que se levante la
retención de éstos mediante la consignación de una fianza cuya cuantía determinará el tribunal y que
ha de ser suficiente para proteger los intereses del demandante, siempre que se hayan cumplido todas
las formalidades aduaneras.
Asimismo, los servicios de aduana pueden exigir al demandante, cuando su demanda haya
sido aceptada o cuando se hayan adoptado las medidas de retención, que la fianza consignada se
destine a asegurar el pago del importe de los gastos en que se haya incurrido para el mantenimiento de
los productos controlados por el servicio de aduanas.
Derecho de inspección e información
Los servicios de aduana que conocen de una demanda incoada de conformidad con las
disposiciones que rigen su presentación, la examinan y de inmediato informan por escrito al
demandante la resolución adoptada.
Esta resolución debe estar debidamente fundada.
Cuando los servicios de aduana comprueben, llegado el caso y previa consulta con el
demandante, que los productos corresponden a los indicados en la demanda, procederán a retenerlos.
De conformidad con las disposiciones del Código de Aduanas y sin detrimento del principio
de confidencialidad de la información, los servicios de aduana informan de inmediato al demandante
y al importador la retención de los productos y les dan la posibilidad de examinarlos y tomar las
muestras necesarias para efectuar los análisis y las pruebas que permitan pronunciarse sobre la
verosimilitud de la falsificación.
Para que el demandante pueda solicitar una providencia a instancia de parte y entablar
acciones judiciales, los servicios de aduana le informan el apellido, los nombres y direcciones delIP/N/6/TUN/1
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exportador, el importador y el destinatario de los productos, si obran en su conocimiento, así como la
cantidad de productos objeto de la demanda.
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
¿Cuál es el período de validez de las decisiones  de las autoridades competentes para las que se
suspende el despacho de las me rcancías para libre circulación?
El procedimiento relacionado con las medidas en frontera se encuentra asegurado, no obstante
las prescripciones relativas a la constitución de una garantía, destinada a cubrir la responsabilidad
eventual del demandante con respecto al importador en el caso en que se haya probado debidamente
que los productos retenidos no infringen el derecho protegido, como asimismo las que conciernen al
depósito de una fianza en los servicios de aduana para asegurar el pago de los gastos en que se hayaincurrido en el mantenimiento de los productos controlados por este servicio.
18. ¿Están obligadas las autorida des competentes a actuar por pr opia iniciativa y, en tal caso,
en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones espe ciales aplicables a la actuación de oficio?
Los servicios de aduana pueden por propia iniciativa suspender el despacho de las mercancías
que infrinjan un derecho de propiedad industrial protegido.  En tal caso:
- informan de inmediato al titular del derecho o a su derechohabiente que debe
presentar una demanda de conformidad con las normas precitadas que la rigen, dentrode un plazo de tres días a partir de la fecha en que fue notificado por los servicios de
aduana y, por consiguiente, se aplican de pleno derecho las disposiciones relativas a
la suspensión;
- la medida de retención de las mercancías, aplicada de oficio por los servicios de
aduana, queda alzada de pleno derecho si el titular del derecho de propiedad industrial
protegido o su derechohabiente no procede a incoar la demanda, de conformidad con
las prescripciones que la regulan, dentro del plazo de tres días contado desde que fue
notificado por esos servicios.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Si se acredita, en virtud de una sentencia que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada, que
las mercancías son falsificadas, el tribunal ordena a continuación que:
- las mercancías sean destruidas bajo control de los servicios de aduana, o
- sean excluidas del circuito comercial siempre que no infrinjan los derechos del titular
del derecho de propiedad industrial protegido.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los
derechos de propiedad intelectual.
Al igual que en un procedimiento judicial civil,  se determina la intervención de los tribunales
competentes para conocer de una querella criminal en función de su naturaleza y cuantía ( artículo 21
del CPCC).IP/N/6/TUN/1
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De ese modo, las acciones judiciales penales se han de interponer ante el tribunal de primera
instancia que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del CPCC, conoce en primera instancia de
todas las acciones, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.
En lo que respecta a la competencia territorial, "la querella contra una persona física o jurídica
debe incoarse ante el tribunal del lugar de su domicilio real o elegido" (artículo 30 del CPCC) y,según el artículo 31 del mismo cuerpo legal, "si el acusado no tiene domicilio conocido en Túnez, la
acción se entabla ante el tribunal del domicilio del querellante".
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos  de propiedad intelectual y de qué derechos
de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?
Se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales contra cualquiera que infrinja los
derechos de propiedad industrial.  Por otra part e, el delito de falsificación se sanciona con:
- una multa que varía entre 5.000 y 50.000 dinares (artículos 82 y 83 de la Ley
N° 2000-84 de Patentes de Invención, de 24 de agosto de 2000);
- una multa de 1.000 a 50.000 dinares (artículo 34 de la Ley N° 2001-20 de Protección
de los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, de 6 de febrero de 2001);
- una multa de 5.000 a 50.000 dinares (artículo 24 de la Ley N° 2001-21 de Protección
de los Dibujos y Modelos Industriales, de 6 de febrero de 2001), y
- una multa de 5.000 a 50.000 dinares (artículo de la Ley N° 2001-36 de Protección de
las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicios, de 17 de abril de 2001).
Procede señalar que la reincidencia en la comisión de las infracciones precitadas se
sancionará con una pena de prisión de uno a seis meses y la duplicación de la multa.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos po r propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
En virtud de las disposiciones del artículo 1º del Código de Procedimiento Penal, toda
infracción origina una acción pública que tiene por objeto aplicar penas y, si se ha causado un daño o
perjuicio, una acción civil para indemnizarlo.
La acción pública se ejerce contra el autor de la infracción, sus coautores o sus cómplices.  La
acción se inicia y se ejerce por iniciativa de los magistrados o los funcionarios a quienes la ley
confiere competencia.
Sin embargo, el artículo 83 de la Ley de Patentes de Invención, el artículo 34 de la Ley
N° 2001-20 de Protección de los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, y el artículo 24 de
la Ley N° 2001-21 de Protección de los Dibujos y Modelos Industriales prevén que el Ministerio
Público sólo podrá ejercer la acción penal previa querella de la parte dañada.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
La persona que estime que se han infringido sus derechos protegidos está legitimada para
entablar una acción penal conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal.IP/N/6/TUN/1
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24. Sírvanse indicar, si es necesario por cate gorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otra s medidas correctivas que pueden imponerse:
-p r i s i ó n ;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Las infracciones de los derechos de propiedad industrial son tipificadas y sancionadas por la
legislación pertinente, que les asigna las siguientes penas:
- Patentes de invención
Cualquier infracción de los derechos del titular de una patente, tipificada en el
artículo 46, constituye un delito de falsificación y compromete la responsabilidad
civil y penal de su autor.
- El delito de falsificación se sanciona con una multa de 5.000
a 50.000 dinares.
- En caso de reincidencia, corresponde dictar una pena de prisión de uno a seis
meses y la multa se duplica.
- Se sanciona con una multa de 1.000 a 5.000 dinares a quien invoque
indebidamente la calidad de titular de una solicitud de patente o de una
patente.
- En caso de reincidencia la multa se eleva al doble.
- Las personas facultadas para entablar acciones en contra de una falsificación
podrán, en virtud de una resolución dictada a instancia de parte por el
presidente del tribunal, pedir que un ministro de fe judicial, asesorado por unexperto, proceda a describir en forma detallada, con o sin incautación real, los
productos o el procedimiento presuntamente falsificados.
Cuando se autorice la incautación real, ésta debe limitarse a entregar a la justicia tan
sólo las muestras necesarias para probar la falsificación.
Cuando haya lugar a una incautación real, la resolución puede imponer al requirente
una caución que estará obligado a consignar antes de que se proceda a dicha
incautación (artículo 86 de la Ley N° 2000-84).
- Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados
- Cualquier infracción de los derechos del titular de un depósito de un esquema
de trazado de los circuitos integrados, tipificada en el artículo 17, constituye
un delito de falsificación y compromete la responsabilidad civil y penal de su
autor (artículo 34).
- Cualquiera que haya infringido dolosamente esos derechos será sancionado
con una multa de 1.000 a 50.000 dinares.IP/N/6/TUN/1
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- Será sancionado con una multa de 500 a 2.000 dinares quienquiera que haya
hecho figurar en sus documentos comerciales, su publicidad o sus productos
una mención que tienda a hacer creer que se ha depositado un esquema de
trazado de los circuitos integrados con arreglo a la Ley pertinente, en
circunstancias que ese depósito no se efectuó, o fue anulado o expiró el plazo
en que se realizó.
- La reincidencia se sanciona con una pena de prisión y la multa que se eleva al
doble.
- El tribunal que dicte una condena puede ordenar la destrucción o la puesta
fuera de los circuitos comerciales de los productos infractores, así como la
confiscación de los instrumentos que hayan servido para su fabricación(artículo 36).
- La parte perjudicada puede, aun antes de la publicación del depósito, solicitar
que se proceda a una descripción detallada, con o sin incautación de los
objetos o instrumentos incriminados, en virtud de una resolución dictada porel Presidente del tribunal competente, previa presentación de una querella y
del certificado de depósito.
El Presidente del tribunal puede imponer al querellante una caución, que éste
debe consignar antes de que se proceda a la descripción contemplada en elpárrafo anterior del artículo 38.
- El tribunal puede ordenar, a costa del condenado, la fijación de carteles con la
sentencia en los lugares que determine y su inserción íntegra o mediante
extractos en los diarios que designe (artículo 34).
- Dibujos y modelos industriales
Cualquier infracción de los derechos del titular de un dibujo o modelo industrial,
tipificada en el artículo 4, constituye un delito de falsificación y compromete laresponsabilidad civil y penal de su autor.
Cualquiera que haya infringido dolosamente esos derechos será sancionado con una
multa de 5.000 a 50.000 dinares.
- Será sancionado con una multa de l.000 a 5.000 dinares quienquiera que haya
hecho figurar en sus documentos comerciales, su publicidad o sus productosuna mención que tienda a hacer creer que se ha depositado un dibujo o
modelo industrial, en circunstancias que ese depósito no se efectuó, o fue
anulado o expiró el plazo en que se realizó (artículo 24).
- La reincidencia se sanciona con una pena de prisión de uno a seis meses
además de la multa que se duplica (artículo 25).
- En caso de condenación, el tribunal puede ordenar la confiscación de los
instrumentos que hayan servido para fabricar los objetos infractores
(artículo 26).
- La parte perjudicada puede solicitar que un ministro de fe judicial proceda a
una descripción detallada, con o sin incautación de los objetos o instrumentos
incriminados, en virtud de una resolución dictada por el Presidente delIP/N/6/TUN/1
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tribunal competente, previa presentación de una querella y de la prueba del
depósito (artículo 28).
- El tribunal puede ordenar, a costa del condenado, la fijación de carteles con la
sentencia en los lugares que determine y su inserción íntegra o mediante
extractos en los diarios que designe (artículo 24).
- Marcas de fábrica, de comercio o de servicio
Cualquier infracción de los derechos del titular de una marca constituye un delito de
falsificación y compromete la responsabilidad civil y penal de su autor.
- Constituye una infracción de los derechos sobre una marca la violación de las
disposiciones previstas en los artículos 22 y 23 de la Ley (artículo 44).
- Las personas que de conformidad con el artículo 48 de la Ley entablen
acciones en contra de una falsificación podrán pedir, en virtud de una
resolución dictada a instancia de parte por el Presidente del tribunalcompetente, que en cualquier lugar un ministro de fe judicial, asesorado por
un experto, proceda a describir en forma detallada, con o sin toma de
muestras, la incautación real de los productos o servicios que considere
amparados por las marcas, ofrecidos en venta, entregados o suministrados en
perjuicio suyo o en violación de sus derechos.
- Cuando se autorice la incautación real, ésta debe limitarse a entregar a la
justicia tan sólo las muestras necesarias para probar la falsificación. El
Presidente del tribunal puede subordinar la incautación real a que el
demandante constituya garantías para asegurar al demandado laindemnización eventual del daño o perjuicio sufrido si con posterioridad la
querella por falsificación se juzga infundada (artículo 50).
- Sin perjuicio de las penas previstas en normativas especiales, se sancionará
con una multa de 5.000 a 50.000 dinares a todo el que:
- reproduzca, imite, utilice, fije, suprima o modifique una marca
violando los derechos conferidos por su registro y las prohibiciones
que dimanen de éste,
- importe o explote mercancías presentadas con una marca falsificada
(artículo 51).
- En caso de reincidir en las infracciones tipificadas en los artículos 51 y 52 de
la Ley, se incurrirá en una pena de prisión de uno a seis meses además de la
multa que se elevará al doble (artículo 53).
- En caso de dictarse condena por infracción de las disposiciones previstas en
los artículos 51, 52 y 53, el tribunal puede ordenar la confiscación de los
productos y los instrumentos que hayan servido para cometer el delito.
- El tribunal también puede disponer la destrucción de esos productos
(artículo 55).
- El tribunal puede ordenar, en todos los casos pertinentes, a expensas del
condenado, la publicación íntegra o extractada del fallo en los diarios queIP/N/6/TUN/1
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designe, como asimismo su fijación en carteles en los lugares que determine,
sobre todo en las puertas principales de las fábricas y talleres del condenado,
y en el escaparte de sus tiendas.
- Indicaciones y nombres de origen
Los funcionarios encargados de controlar los nombres y las indicaciones de origen
pueden incautarse de los productos que se vendan bajo el título de nombres de origen
controlado o indicaciones de origen y que se presuma que no pueden provenir del
área geográfica del nombre o la indicación.
Pueden incautarse también de los productos que provengan del área geográfica del
nombre o la indicación, pero que no respondan a las condiciones técnicas deproducción fijadas en el pliego de condiciones (artículo 30 de la Ley Nº 99-57 de
Nombres e Indicaciones de Origen Controlado de los Productos Agrícolas, de 28 de
junio de 1999).
No obstante las penas previstas en el Decreto sobre la represión de fraudes en el
comercio de mercancías y la fabricación de productos alimenticios, agrícolas o
naturales, de 10 de octubre de 1919;  y en la Ley N° 91-44 relativa a la Organización
del comercio de distribución, de 1º de julio 1991, modificada por la Ley N° 92-117
sobre la Protección del Consumidor, de 7 de diciembre de 1992, y la incautación
dispuesta en el artículo 30 de la presente Ley, todo infractor de las disposiciones delos artículos 9, 16, 19 (párrafo 2), 26 y 27 de la presente Ley incurrirá en una multa
de 1.000 a 20.000 dinares.  En caso de reincidencia, la multa se duplica.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y
facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y sucosto.
Las disposiciones vigentes se han descrito con anterioridad. En general, la duración y el costo
de los procedimientos no se han determinado y varían en función de muchos factores.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Código de
Procedimiento Penal "el costo del procedimiento grava al condenado", y según el artículo 192 del
Código de Procedimiento Penal "la parte civil siempre debe pagar las costas judiciales al Estado,
excepto cuando recurra contra quien proceda en derecho".
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