./.ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/170
6 de agosto de 2001
(01-3900)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  francés
COMUNICACIÓN DEL REINO DE MARRUECOS
A continuación se facilita el texto definiti vo de un documento recibido de la Misión
Permanente del Reino de Marruecos, que se distribuyó como copia provisional en la reunión del
Grupo de Trabajo de 22-23 de marzo de 2001.
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Nota relativa a la Ley sobre libertad de precios y competencia
El paso de una economía dirigida y protegida a una economía liberalizada y abierta al exterior
se traduce en una intensificación de la competencia.  La adhesión del Reino de Marruecos a los
Acuerdos del GATT, por una parte, y la apertura progresiva del mercado marroquí a los productos
industriales en el marco de la creación de la zona de libre comercio con la Unión Europea, por otra,así como la liberalización progresiva de los precios nacionales, conllevan el establecimiento de una
serie de normas para el funcionamiento de los mercados en libre competencia.
La Ley sobre libertad de precios y competencia define un nuevo marco jurídico de regulación
económica del mercado.  Permitirá al Reino de Marruecos incorporarse a los países en desarrollo que
han liberalizado realmente su economía gracias a la aprobación de una legislación sobre competencia.
Considerada como un instrumento de la política económica del Estado, por una parte, y como
el corolario de la liberalización de los precios, la liberalización del comercio exterior y la
privatización, por otra, la Ley sobre libertad de precios y competencia tiene como objetivo garantizar:
- la libre fijación de los precios mediante el juego de la competencia;
- el libre acceso a los mercados;
- la transparencia y la lealtad en las relaciones comerciales;
- el refuerzo de las normas de información al consumidor.Esta Ley establece el principio de la libertad de precios y su fijación mediante el libre juego
de la oferta y la demanda.  Ahora bien, este principio se ve limitado por dos excepciones que reservan
al Estado el derecho de intervención sobre los precios:  bien por motivos estructurales (monopolio,
ausencia de competencia), bien por motivos coyunturales (crisis de suministro de una materia prima
como el petróleo o catástrofe pública, como la sequía).WT/WGTCP/W/170
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Refuerza las condiciones necesarias para una competencia sana y leal, prohibiendo las
prácticas anticompetitivas que podrían manifestarse mediante acuerdos en materia de precios, reparto
de los mercados, abusos de posición dominante de un operador o un grupo de operadores en un
mercado o abuso del estado de dependencia en el que pueda hallarse un interlocutor económico.
La Ley introduce también un dispositivo sobre las operaciones de concentración económica.
El objetivo de este dispositivo es permitir el control y la vigilancia de las operaciones de fusión, ya
que dichas operaciones pueden reforzar o dar lugar a posiciones dominantes que podrían ir contra el
libre juego de la competencia.  No se trata de impedir la formación de agrupaciones de operadores
económicos, sino de controlar que estas agrupaciones mantengan un nivel suficiente de competencia
en el mercado.
Asimismo, dicha Ley refuerza la transparencia y lealtad en las relaciones comerciales al
definir las reglas de transparencia y prohibir aquellas prácticas que suponen restricciones a lasrelaciones normales entre operadores económicos.  Las prácticas que limitan la competencia son:
- las relacionadas con la protección e información de los consumidores:  indicación de
precios mediante aposición, entrega de facturas, negativas de venta y subordinación
de venta, ventas con prima;
- las que se refieren a los comportamientos restrictivos en las relaciones entre
profesionales: normas de facturación, comunicación de baremos de precios y de
condiciones de venta, imposición de precios mínimos de reventa, prácticas
discriminatorias en las condiciones de venta, negativas de venta y ventas
condicionadas;
- las relativas a las condiciones de acumulación de mercancías y del almacenamiento
clandestino.
La Ley determina el procedimiento de investigación en materia de competencia.  Este nuevo
procedimiento protege las posibilidades de llevar a cabo eficazmente las investigaciones necesarias
para la protección de los consumidores y de las empresas perjudicadas, protegiendo a la vez a las
empresas controladas frente a posibles comportamientos abusivos o arbitrarios de los investigadores.
Las sanciones de estas prácticas competerán a los tribunales.  El nivel de las sanciones se
determinará en función de la importancia de la infracción y del perjuicio sufrido por el mercado o por
los operadores, así como de las circunstancias que las justifiquen (mala fe de las partes en litigio,
reincidencia).
Por último, la Ley supone una innovación en lo que respecta a las instituciones que deben
velar por el buen funcionamiento de los mecanismos de mercado al crear un organismo, el "Consejo
de la Competencia" con atribuciones consultivas en materia de prácticas anticompetitivas (prácticasconcertadas y abuso de posición dominante y de un estado de dependencia económica) y de
concentraciones.  El Consejo tiene un papel importante como conciliador de los intereses de los
operadores;  examina los expedientes que le son presentados y emite un dictamen técnico,
proponiendo al Primer Ministro las medidas pertinentes.
Esta Ley entrará en vigor a principios de julio de 2001.
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