ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/7
17 de julio de 2003
(03-3876)
INFORME (2003) DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA
INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA
DE COMPETENCIA AL CONSEJO GENERAL
ÍNDICE Párrafos
A. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1-3
B. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LAS
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO ................................................................... 4-7
a) Fuentes y document ación utilizadas en la labor del Grupo ........................................... 4
b) Reuniones celebradas en 2003 ....................................................................................... 5
c) Cooperación con otras organizaciones intergubernamentales .................................. 6-7
C. ELEMENTOS  SUSTANTIVOS DEL DEBATE EN EL GRUPO DE TRABAJO ......8-115
I. ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL PÁRRAFO 25 DE LA DECLARACIÓN
MINISTERIAL DE DOHA, INCLUIDAS LAS CUESTIONES Y PREGUNTASPLANTEADAS DURANTE EL AÑO 2002 QUE LAS DELEGACIONES DESEEN
VOLVER A AB ORDAR .....................................................................................................11-78
II. LA NATURALEZA Y EL ALCANCE DE LOS MECANISMOS DE
OBSERVANCIA QUE PODRÍAN APLICARSE EN VIRTUD DE UN MARCO
MULTILATERAL SOBRE POLÍTI CA DE COMPET ENCIA ........................................79-100
III. POSIBLES ELEMENTOS EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD Y
FLEXIBILIDAD QUE PODRÍAN INCLUIRSE EN UN MARCOMULTILATERAL SOBRE POLÍTI CA DE COMPET ENCIA ......................................101-115
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD, DE
CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 24 DE LA DECLARACIÓN
MINISTERIAL DE  DOHA...........................................................................................116-123
E. INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS Y LEGISLACIONES
NACIONALES ...............................................................................................................124-12 7
ANEXO 1 TEXTO DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA
ANEXO 2 COMUNICACIONES PRESENTADAS AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
LA INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE
COMPETENCIA EN 2003WT/WGTCP/7
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A. INTRODUCCIÓN
1. En el año 2003, el Grupo de Trabajo prosiguió su labor bajo la Presidencia del Profesor
Frédéric Jenny (Francia), en cumplimiento del mandato contenido en el párrafo 25 de la Declaración
Ministerial de Doha (documento WT/MIN(01)/DEC/1).  El párrafo 25 dice lo siguiente:
25. En el período que transcurra hasta el quinto período de sesiones, la labor
ulterior en el Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de
Competencia se centrará en la aclaración de lo siguiente:  principios fundamentales,
incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal, y disposiciones
sobre los cárteles intrínsecamente nocivos;  modalidades de cooperación voluntaria;
y apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la
competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad.  Se
tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menosadelantados participantes y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas.
2. En 2003, el Grupo de Trabajo, al dar respuest a al mandato establecido en el párrafo 25,
procuró continuar y complementar la labor realizada en 2002.
1  Como se convino en una reunión
informal del Grupo de Trabajo que tuvo lugar el 17 de enero de 2003, el Grupo había de centrarse, en
cada una de sus reuniones celebradas en 2003, en los tres elementos sustantivos siguientes:  i) loselementos contenidos en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, incluidas las cuestiones
y preguntas planteadas durante el año 2002 que las delegaciones deseen volver a abordar;  ii) la
naturaleza y el alcance de los mecanismos de observancia que podrían aplicarse en virtud de un marco
multilateral sobre política de competencia;  y iii) las posibles elementos en materia de progresividad y
flexibilidad que podrían incluirse en un marco multilateral sobre política de competencia.  Aparte dela labor que se le encomendaba en el párrafo 25, el Grupo de Trabajo había de centrarse, en cada una
de sus reuniones en 2003, en la cuestión de la asistencia técnica y la creación de capacidad, de
conformidad con lo requerido en el párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Doha.
2 De acuerdo
con la práctica seguida por el Grupo de Trabajo en años anteriores, en cada reunión se examinó
también la cuestión del "Inventario de las legislaciones nacionales", como un aspecto del punto "Otrosasuntos".
3. En el presente informe se proporciona una visión general de la labor realizada por el Grupo de
Trabajo en 2003 en relación con los puntos del orden del día indicados supra.  El informe
complementa los anteriores informes del Grupo sobre sus actividades en 1997 (documento
WT/WGTCP/1), 1998 (documento WT/WGTCP/2), 1999 (documento WT/WGTCP/3), 2000
(documento WT/WGTCP/4), 2001 (documento WT/WGTCP/5) y 2002 (documento WT/WGTCP/6).
B. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LAS ACTIVIDADES
DEL GRUPO DE TRABAJO
a) Fuentes y documentación utili zadas en la labor del Grupo
4. Al igual que en los años transcurridos de 1997 a 2002, la labor del Grupo de Trabajo en 2003
se basó en contribuciones escritas de los Miembros y en declaraciones orales y preguntas y respuestas
formuladas por los Miembros durante las reuniones del Grupo.  Estas aportaciones secomplementaron con notas de antecedentes preparadas por la Secretaría e información recibida de
                                                     
1 Véase el informe (2002) del Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de
Competencia al Consejo General (WT/WGTCP/6).
2 Los párrafos 23 a 25 de la Declaración Ministerial de Doha se reproducen en el anexo 1.WT/WGTCP/7
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organizaciones intergubernamentales que asistían a las reuniones en calidad de observadores (véase la
subsección c) infra ).  En el anexo 2 figura un resumen en forma de cuadro de las contribuciones
escritas presentadas al Grupo en 2003.
b) Reuniones celebradas en 2003
5. El Grupo de Trabajo celebró en 2003 dos reuniones formales, que tuvieron lugar los días 20 y
21 de febrero, y 26 y 27 de mayo.  En cada una de estas reuniones se trataron todas las cuestiones
mencionadas en el párrafo 2 supra .
c) Cooperación con otras organizaciones intergubernamentales
6. En la Declaración Ministerial de Singapur (párrafo 20), se alentó al Grupo de Trabajo a
realizar su labor en cooperación con la UNCTAD y otros foros intergubernamentales apropiados, para
hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles y asegurar que se tomara plenamente en
consideración la dimensión del desarrollo.  En es te sentido, el FMI y el Banco Mundial han seguido
asistiendo a las reuniones del Grupo de Trabajo en calidad de observadores, de conformidad con los
acuerdos de cooperación concertados entre la OMC y esas organizaciones.  La UNCTAD y la OCDE
también han seguido asistiendo a las reuniones en calidad de observadores, sobre la base de una
invitación del Grupo de Trabajo.  En el curso de las reuniones del Grupo, estas organizaciones lo han
puesto al corriente de sus actividades pertinentes y han contribuido al debate.  El Grupo de Trabajoagradece sobremanera las valiosas contribuciones que han hecho a su labor las organizaciones
observadoras.
7. En una nueva faceta de su colaboración, las Secretarías de la UNCTAD y la OMC han
cooperado estrechamente en la organización y presentación de varios talleres regionales sobre
aspectos del mandato de Doha relativo al comercio y la política de competencia celebrados durante elaño.  La cooperación que también se ha establecido con la secretaría de la OCDE ha tomado la forma
de participación de representantes de cada Secretaría en los talleres u otros eventos convocados por la
otra organización.  Además, el Ba nco Mundial envió un conferenciante a un taller organizado por la
Secretaría en Bangkok, en beneficio de los países de la región de Asia y el Pacífico, en enero de 2003.
En la parte D, infra , se resume información adicional sobre estas actividades.
C. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL DEBATE EN EL GRUPO DE TRABAJO
8. En esta sección del informe se proporciona una visión general de la labor sustantiva realizada
por el Grupo de Trabajo en 2003, de conformidad con el mandato que se le encomendó en la
Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1, párrafo 25).  Debido a su naturaleza misma,
esta visión general no puede abarcar todo lo dicho en las reuniones ni reflejar todos los matices del
debate, que pueden hallarse en las actas detalladas de las reuniones celebradas por el Grupo de
Trabajo durante el año (documentos WT/WGTCP/M/21 y 22) y en las contribuciones escritas de losMiembros (véase el anexo 2).
9. La estructura de la presente sección corresponde a la adoptada por el Grupo de Trabajo en su
examen de las cuestiones, sobre la base del párrafo 25 de la Declaración de Doha.  Conviene señalar
que el debate que tuvo lugar sobre algunas cuestiones puede quedar incluido en el ámbito de varios de
los subepígrafes que figuran a continuación.  Esto quiere decir que, a fin de comprender plenamente eldebate celebrado en algunos casos, puede ser necesario remitirse a más de una subdivisión de esta
sección del informe.  Quiere decir también que ha sido imposible evitar ciertas repeticiones al
preparar las diversas subdivisiones.
10. Como se indicó, en 2003, el Grupo de Trabajo, al dar respuesta al mandato establecido en el
párrafo 25, procuró continuar y complementar la labor realizada en 2002.  En consecuencia, paraWT/WGTCP/7
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apreciar más cabalmente las opiniones expresadas y los puntos señalados en relación con los
elementos contenidos en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, puede ser útil remitirse
también al informe del Grupo de Trabajo para 2002 (documento WT/WGTCP/6, publicado el 9 de
diciembre de 2002).
I. ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL PÁRRAFO 25 DE LA DECLARACIÓN
MINISTERIAL DE DOHA, INCLUIDAS LAS CUESTIONES Y PREGUNTAS
PLANTEADAS DURANTE EL AÑO 2002 QUE LAS DELEGACIONES DESEEN
VOLVER A ABORDAR
11. El Grupo de Trabajo celebró un debate sobre esta cuestión en sus reuniones de los días 20 y
21 de febrero y 26 y 27 de mayo.  Presentaron comunicaciones escritas acerca de este punto las
delegaciones de Australia (documento WT/WGTCP/W/232), el Canadá (W/226), China (W/227 y
W/241), Corea (W/225), Kuwait (W/237), Kenya (W/238), Malasia (W/239) y los observadores de laOCDE (documentos WT/WGTCP/W/240, 243 y 244, por dist ribuir).  Además, el Grupo tuvo ante sí
un estudio preparado bajo la responsabilidad de la Secretaría, con la asistencia de un consultor, sobre
las cuestiones relativas a un posible marco multilateral sobre política de competencia (documentoWT/WGTCP/W/228) y una nota de antecedentes preparada por la Secretaría sobre la cuestión de la
equidad procesal en los Acuerdos de la OMC en vigor (documento WT/WGTCP/W/231).  Losrepresentantes del Canadá; Chile
; China ; Colombia ; la Comunidad Europea y sus Estados miembros ;
Cuba; Egipto ; los Estados Unidos ; Hong Kong, China ; la India ; Indonesia ; Malasia ; Marruecos ;
Nigeria; Noruega ; Polonia ; la República Checa ; Suiza ; Tailandia ; el Taipei Chino ; Tanzanía ; y Túnez ,
así como los observadores del Banco Mundial, la OCDE y la UNCTAD pronunciaron declaracionesorales o formularon preguntas sobre este punto.
12. El debate sobre este punto abarcó una amplia gama de cuestiones, entre ellas:
i) consideraciones generales relativas a las ventajas y desventajas de elaborar un marco multilateral
sobre política de competencia que incorpore los elementos mencionados en el párrafo 25;  ii) el
posible alcance y aplicación de los principios fundamentales enumerados en el párrafo 25 de la
Declaración Ministerial de Doha, a saber, la transp arencia, la no discriminación y la equidad procesal;
iii) las posibles inquietudes relativas a su incorporación en un marco multilateral sobre política de
competencia, inclusive con respecto a sus repercusiones en los procedimientos para la observancia de
las leyes nacionales de competencia y en las políticas industriales nacionales y otras políticas de los
países en desarrollo; iv) el perjuicio que causan los cárteles internacionales intrínsecamente nocivos y
las medidas necesarias para hacerles frente;  v) la naturaleza y el alcance de posibles modalidades
para la cooperación entre los Miembros de la OMC en esta esfera;  vi) otros enfoques de la
cooperación sobre política de competencia a nivel multilateral;  y otros asuntos.
13. Con respecto a las consideraciones generales relativas a las ventajas y desventajas de elaborar
un marco multilateral sobre política de competencia que incorpore los elementos mencionados en el
párrafo 25, se expresó la opinión de que un marco multilateral ofrecería importantes beneficios a
todos los Miembros y garantizaría que los beneficios de la liberalización no se vieran mermados por
el comportamiento anticompetitivo de agentes privados.  Los países en desarrollo que carecían de lalegislación y/o los recursos necesarios para aplicar la legislación eran los más vulnerables a los
efectos de las actividades anticompetitivas, en espe cial, de los cárteles internacionales.  Un marco
multilateral sobre política de competencia establecería para todos los Miembros un conjunto
coherente de principios para una política de competencia sólida, y favorecería un entorno más
transparente y previsible para el fomento del comercio exterior y las inversiones extranjeras.
Contribuiría asimismo a la creación de capacidad institucional en los países en desarrollo, y ayudaría
a los Miembros que carecen de legislación sobre competencia a redactar una ley apropiada y a
establecer una autoridad responsable del cumplimiento.  La cooperación en un marco multilateral
permitiría abreviar considerablemente los plazos que los países en desarrollo necesitarían para
establecer e incorporar leyes y políticas en materia de competencia que propiciaran sus objetivos deWT/WGTCP/7
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desarrollo;  una consideración esencial en ese sentido era que establecería un entorno más propicio
para llevar a cabo actividades de asistencia y creación de capacidad mejor orientadas.  Por último, un
acuerdo fomentaría la cooperación beneficiosa entre los Miembros, lo cual era importante habida
cuenta de la creciente prevalencia de las actividades anticompetitivas transfronterizas.3
14. Además de lo reseñado, se indicó que la legislación y la política de competencia tenían por
objeto garantizar la eficacia del mercado y contribuir a una utilización óptima de los escasos recursos.
Sin una legislación y una política de competencia, se malgastarían los escasos recursos de los países
en desarrollo.  A fin de evitar esto, todos los Miembros deberían disponer de la capacidad y las
herramientas necesarias para desalentar efectivamente las prácticas anticompetitivas y ponerles
remedio a fin de garantizar una mayor competitividad y eficiencia de los mercados.  Una finalidad
básica de un marco multilateral debía ser abordar las dificultades a que hacían frente los países en
desarrollo, por ejemplo, mediante compromisos firmes en lo que respecta a la creación de capacidad yla asistencia técnica.
4  La experiencia había mostrado claramente que la liberalización del comercio y
la promoción de la inversión extranjera directa aumentaban los peligros planteados por las prácticas
anticompetitivas como los cárteles.  Un marco multilateral fortalecería la aplicación de la legislación y
la política de competencia en el plano nacional y potenciaría la capacidad de los Miembros de abordar
estas dificultades.5
15. Por lo que respecta a la relación entre un marco multilateral sobre política de competencia y
el acceso a los mercados, se manifestó la opinión de que, al hacer más eficiente y transparente el
funcionamiento de los mercados internos, unas políticas eficaces en materia de competencia permitían
a los comerciantes e inversores beneficiarse de las condiciones de acceso a los mercados imperantes,
pero no suponían forzosamente un mayor grado de acceso.  No obstante, estaba claro que, de noaplicarse de forma efectiva la política de competencia, no se alcanzarían los beneficios de las
concesiones vigentes de acceso a los mercados.
6
16. Se señaló que la armonización de las legislaciones nacionales en materia de competencia no
era un objetivo del marco multilateral propuesto.  A ese respecto, era obvio que los Miembros tenían
distintos sistemas jurídicos y administrativos y distintas economías.  No tendría ninguna utilidad tratarde imponer un enfoque único en estas circunstancias.  En lugar de ello, lo que se proponía era una
serie de principios que incorporasen valores comunes y promoviesen enfoques cooperativos de
observancia de la legislación en materia de competencia que fueran beneficiosos para todos los
Miembros, respetando las amplias diferencias que prevalecían en cuanto a las circunstancias y
culturas económicas y jurídicas.
7  También se señaló que para el establecimiento de ese marco era
necesario actuar con flexibilidad y progresividad.8  De hecho, se reconoció en general que esos
elementos podían suponer una carga administrativa para los países en desarrollo que aún no disponíande legislación en materia de competencia ni de instituciones.  La solución estaría en adoptar un marco
                                                     
3 Documento WT/WGTCP/M/21, párrafos 4, 15, 20, 32, 41 y 48;  documento WT/WGTCP/M/22,
párrafos 5 y 44.  En lo sucesivo la referencia a los doc umentos de la serie WT/WGTCP/M/- se abreviará en la
forma M/-.
4 M/21, párrafo 21.
5 M/21, párrafo 40.
6 M/21, párrafo 23.
7 M/21, párrafo 30;  M/22, párrafo 12.
8 M/22, párrafos 5, 12.WT/WGTCP/7
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pertinente de progresividad y flexibilidad sustentado en compromisos permanentes en materia de
asistencia técnica y creación de capacidad.9
17. Se expresó la opinión de que los países en desarrollo se resistían a elaborar un marco
multilateral sobre política de competencia por diversas razones.  Entre ellas, además del hecho de que
para algunos países había otras cuestiones a las que se daba mayor prioridad que a la política decompetencia, había que señalar la preocupación sobre si las propuestas actuales permitirían preservar
un espacio normativo en relación con los objetivos de desarrollo frente a los objetivos relativos al
acceso a los mercados, la presencia en el mercado o la armonización;  las dificultades que se percibían
derivadas de las disparidades existentes entre los países y/o sus empresas en los niveles de desarrollo
y competitividad, la experiencia en la adopción o aplicación de la legislación sobre competencia y la
capacidad para aplicarla;  y los costos directos en materia de recursos de un marco multilateral.
Además, se expresaron inquietudes acerca de la relación entre los principios de transparencia, nodiscriminación y equidad procesal de la OMC y el marco multilateral propuesto sobre política de
competencia.  Por otro lado, se manifestaron preocupaciones y reservas con respecto a diversos
aspectos concretos, algunos de ellos de carácter técnico, de las propuestas actuales.  También se
sugirió que era necesario aclarar la responsabilidad de los países exportadores de adoptar medidas en
relación con los cárteles de exportación o internacionales;  las modalidades y experiencias relativas ala cooperación voluntaria;  la relación entre la cooperación en un marco multilateral y las iniciativas
para facilitar la cooperación en los planos bilateral y regional;  y el equilibrio y secuencia de los
compromisos referentes a la adopción de legislación sobre competencia y a la cooperación
internacional en materia de exportaciones, importaciones y la función de la competencia bilateral o las
presiones comerciales.
10
18. Se expresó también la opinión de que la aplicación del marco multilateral propuesto podía
plantear dificultades importantes a los países que carecían de legislación y/o política nacionales en
materia de competencia.  La mayoría de los países en desarrollo reconocían ahora la necesidad de
aplicar una legislación o una política nacional en materia de competencia, independientemente de sus
propios intereses.  No obstante, tales países creían también que para aplicar la política de competenciaera necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo de un país.  Además, puesto que los mercados y la
cultura eran inseparables y variaban en cada país, la forma de aplicar la política de competencia en
cada país debía ser distinta.  En consecuencia, un marco multilateral sobre competencia debía tener en
cuenta y dar cabida a un grado sustancial de pluralismo en las políticas nacionales de competencia,
especialmente entre los países en desarrollo, además de otras políticas, a veces más intervencionistas,
que existían para apoyar el desarrollo.  Otras cuestiones que había que considerar al aplicar un marco
multilateral incluían las posibles deficiencias de los sistemas judiciales nacionales en relación con lainterpretación y aplicación de la legislación en materia de competencia, y las diferencias en la
legislación mercantil, los códigos civiles y las constituciones.
11  También se expresó preocupación
con respecto a la carga de recursos que supondría la aplicación de un marco multilateral y los
beneficios netos de ese marco.  Se señaló que un Miembro podría optan por establecer un marco
nacional en materia de competencia por razones válidas de política general relacionadas con lasituación económica del Miembro u otras circunstanci as, más que por preocupaciones relativas a los
recursos.
12
                                                     
9 Véanse M/21, párrafos 21, 22, 68 y 97;  M/22, párrafos 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15 y 49.
10 M/22, párrafos 14, 30, 31 y 42.
11 M/21, párrafos 14 y 45.
12 M/22, párrafo 11;  véase también M/21, párrafo 90.WT/WGTCP/7
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19. Se manifestó la opinión de que, antes de iniciar cualquier posible negociación, era necesario
que los Miembros conocieran con mayor precisión en toda su amplitud las posibles obligaciones que
se les estaba pidiendo que asumieran.13  Se expresó también la opinión de que era difícil o imposible
proporcionar el tipo de claridad que se deseaba antes de haber comenzado una negociación.14
20. Con respecto a la pertinencia general de los principios fundamentales de la OMC
mencionados en el párrafo 25 de la Declaración Mi nisterial de Doha, concretamente la transparencia,
la no discriminación y la equidad procesal, se expuso la opinión de que estos principios eran
esenciales para la credibilidad y eficacia de la política de competencia15 y tenían un valor universal.16
Aunque todavía estaban por definir las modalidades concretas, ningún Miembro había afirmado que lalegislación y la política de competencia fueran esencialmente compatibles con dichos elementos;  por
el contrario, todos las consideraban fundamentales en cualquier régimen eficaz de competencia.  La
adhesión a estos principios también era importante para dar confianza a los comerciantes y losinversores, y promover de este modo el comercio, el desarrollo y el crecimiento.
17
21. Se observó también que esos elementos podían suponer una carga administrativa para los
países en desarrollo que aún no disponían de esos instrumentos.  La solución estaría en adoptar un
marco pertinente de progresividad y flexibilidad sustentado en compromisos permanentes en materia
de asistencia técnica y creación de capacidad.  Un aspecto esencial de la actual propuesta de marcomultilateral que limitaría cualquier repercusión imprevista consistía en que se ocuparía únicamente de
las obligaciones derivadas de las leyes y reglamentos generales y no limitaría la discrecionalidad de
los Miembros respecto de cada caso particular.  En particular, se dedicaría sólo a las infracciones
de jure  y no de facto  de los principios mencionados.  No obstante, también se manifestó la
preocupación de que no se había proporcionado suficiente aclaración con respecto a los aspectosoperativos de los principios propuestos y sus consecuencias para el desarrollo.
18
22. Al profundizar en los aspectos específicos de la aplicación potencial de los principios
fundamentales de la OMC propuestos en esta esfera, se manifestó la opinión de que el modo en que
cada país establecía la transparencia y la equidad procesal en sus procedimientos de investigación y
adjudicación dependía de su marco jurídico, económico, institucional y social.  Por esta razón, elmarco multilateral propuesto no trataría de reglamentar el modo en que se aplicaban los principios,
sino que simplemente se dedicaría a asegurar la adhesión a determinados elementos básicos.
19  S e
expresó también la opinión de que los países desarrollados debían comprometerse unilateralmente a
cumplir esos principios, ya que la mayoría de esos países tendrían pocos problemas de cumplimiento
en esta esfera.  Sin embargo, se debía permitir a los países en desarrollo adoptar los principios de
manera voluntaria.20
                                                     
13 M/22, párrafos 6 y 11.
14 M/21, párrafo 30.
15 M/22, párrafo 7.
16 M/21, párrafo 14;  véase también M/21, párrafo 7.
17 M/22, párrafo 36.
18 M/22, párrafo 36.
19 M/21, párrafo 30.
20 M/21, párrafo 14.WT/WGTCP/7
Página 8
23. Se manifestó la opinión de que, si bien no existía en términos generales ningún desacuerdo
respecto de la importancia de la transparencia, necesitaban aclararse algunos aspectos operativos de la
propuesta.  Por ejemplo, ¿qué se entendía por "directrices de aplicación general?";  ¿de qué modo
preveían los proponentes la aplicación de esta obligación a los países que se rigen por el derecho
consuetudinario?  Sólo en los Estados Unidos, había cientos de casos de ese tipo cada año a todos losniveles de la justicia federal.  Aunque estas decisiones eran de disponibilidad pública, no parecería
práctico -ni de mucho valor- que las autoridades antimonopolio de los Estados Unidos notificaran a la
OMC todas y cada una de ellas.
21
24. Se expresó igualmente la preocupación de que las prescripciones en materia de transparencia
pudieran suponer una carga innecesaria para los países en desarrollo.22  Además, la aplicación de este
principio podría dar lugar a que se ejercieran presiones sobre los Miembros en desarrollo para que
modificaran su legislación o sus prácticas de observancia, o incluso el alcance de las exenciones en sulegislación interna.  Algunos Miembros en desarrollo no tenían políticas, leyes o reglamentos
relacionados directamente con la competencia, lo cual aumentaba la complejidad que suponía aplicar
las disposiciones de transparencia en esa esfera.  No se había dado respuesta a las siguientes preguntas
concretas:  i) ¿cuál era la naturaleza y el alcance de los compromisos u obligaciones de transparencia
de los países en los que no existía un régimen de competencia?;  ii) ¿cómo y en qué medida secumplirían los compromisos de transparencia relativos a las obligaciones de los países de origen? 
23
25. En respuesta a estas preocupaciones, se reconoció que las negociaciones de la Ronda Uruguay
habían mostrado la cantidad de trabajo que podía entrañar la aplicación de las disposiciones sobre
transparencia.  Sin embargo, situarse en el otro extremo no era una buena idea.  La transparencia era
un valor fundamental del sistema de comercio internacional, que promovía el comercio, la inversión yel buen gobierno.  Además, había formas de reducir las obligaciones en materia de transparencia a
proporciones razonables.
24
26. En relación con el principio de no discriminación, éste era un principio fundamental del
sistema de comercio internacional y también era esencial para la credibilidad y eficacia de la política
de competencia.  Se refería a dos componentes:  el trato de la nación más favorecida y el tratonacional.   El marco multilateral propuesto atendería las instancias de discriminación  de jure  y no las
de facto , reconociendo que cualquier intento de tratar las instancias de discriminación de facto podía
introducir una multitud de problemas.
25
27. Se sugirió que las disposiciones sobre no discriminación no deberían ampliarse a los acuerdos
de cooperación actuales o futuros a fin de evitar posibles repercusiones en el trato NMF.26  E n
particular, la aplicación del principio NMF a los acuerdos bilaterales de cooperación
antimonopolística podía representar un fuerte desincentivo para que los países celebraran ese tipo de
                                                     
21 M/21, párrafo 29.
22 M/21, párrafos 8 y 23;  M/22, párrafo 37.
23 M/22, párrafo 34.
24 M/21, párrafo 30.
25 M/22, párrafo 33.
26 M/21, párrafo 23.WT/WGTCP/7
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acuerdos.27  Debían permitirse exenciones sectoriales sobre la base de la política industrial nacional,
aunque el proceso para la concesión de esas exenciones tenía que ser transparente.28
28. Con respecto a los problemas que podrían plantearse como consecuencia de incorporar el
principio de no discriminación, particularmente el trato nacional, en un marco multilateral sobre
política de competencia, se hizo referencia a las posibilidades de conflicto entre los objetivos enmateria de política de competencia y los de política industrial y de desarrollo.  Se expuso la opinión
de que el principio del trato nacional, en particular, era inadecuado y probablemente tendría efectos no
deseados si se aplicaba en el contexto de un marco multilateral sobre política de competencia.
29  Si se
aplicaba a las normas de competencia, el trato nacional daría a las grandes empresas multinacionales
un acceso ilimitado a los mercados internos de los países en desarrollo y, por tanto, la aplicación
uniforme de ese principio en relación con la competencia iría en detrimento de las empresas
nacionales del país de establecimiento, que en caso de no poder vender y producir de formacompetitiva se verían en último extremo fuera del mercado.
30  Se señaló también que el principio de
no discriminación podía no ser aplicable a la política de competencia en el mismo sentido y con la
misma finalidad que en la política comercial.31
29. En respuesta a la sugerencia de que en el marco multilateral propuesto sólo estarían
prohibidas por una obligación vinculante las infracciones de jure  en materia de no discriminación, se
pidió que se aclararan los puntos siguientes:  i) ¿qué englobaba la expresión "directrices de aplicación
general"?;  ii) ¿cómo se interpretaría la propuesta sobre la no discriminación en los países que se rigen
por el derecho consuetudinario en los que la "legislación" incluye leyes antimonopolio con una
redacción de carácter general y decisiones judiciales que interpretan esas leyes?;  y iii) ¿contemplaban
los proponentes el recurso a casos concretos como prueba fáctica de cumplimiento de los principiosfundamentales?  A ese respecto, ¿era incluso posible evitar el examen de casos concretos en el sistema
de la OMC, donde era frecuente que un grupo especial de solución de diferencias considerase cómo se
había interpretado una ley?
32  También se formularon preguntas respecto de la compatibilidad entre el
trato nacional y la aplicación de determinadas políticas económicas o de otra índole, particularmente
cuando se estructuraban de manera que aparentemente no eran discriminatorias, pero se podían aplicarde facto  de tal forma que sólo beneficiaran a las empresas nacionales, por ejemplo los regímenes
especiales para las pequeñas y medianas empresas basados en umbrales de ventas.
33
30. Se expresó también la opinión de que si, como habían alegado los proponentes, era difícil
imaginar una situación en la que un régimen jurídico de competencia establezca una distinción por
motivos de nacionalidad de las empresas, entonces no quedaba clara la necesidad de un principio para
atender este punto.34
                                                     
27 M/21, párrafo 28.
28 M/21, párrafo 14.
29 M/22, párrafo 30.
30 M/22, párrafo 31;  véase también M/22, párrafo 30.
31 M/21, párrafo 16.
32 M/21, párrafo 28.
33 M/22, párrafo 29;  véanse también cuestiones en M/22, párrafo 38.
34 M/21, párrafo 28.WT/WGTCP/7
Página 10
31. En respuesta a estas opiniones e inquietudes, se señaló, en primer lugar, que, en gran medida,
las preocupaciones sobre posibles conflictos entre los objetivos en materia de política de competencia
y los de política industrial y de desarrollo podían resolverse mediante el uso de excepciones o
exenciones adecuadas respecto de la legislación sobre competencia.  Por ejemplo, se debían prever
exenciones para las pequeñas y medianas empresas por razones de desarrollo industrial.35  De hecho,
con arreglo a las propuestas actuales, los Miembros serían libres de establecer las excepciones y las
exenciones que estimen necesarias, con la única limitación de la prescripción de transparencia.
También habían otros instrumentos disponibles para gestionar posibles conflictos entre la política de
competencia y la política industrial.36
32. Además, se manifestó la opinión de que la política de competencia era en sí misma un
componente importante de una política industrial o una estrategia de desarrollo  exitosas que, aplicada
de manera adecuada, contribuía directamente a la mejora de la productividad, a la innovación y alcrecimiento.
37  En ese sentido, el análisis empírico contenido en el informe del Banco Mundial sobre
las perspectivas económicas mundiales para 2003 (el "Informe GEP")38 y otros estudios realizados por
el Banco sugerían que el nivel y el índice de crecimiento del PIB per cápita de los países guardaba una
relación positiva con el grado de competencia de sus respectivas economías:  cuanto mayor era la
competencia en la economía nacional, mayores eran los niveles y los índices de crecimiento de larenta per cápita.
39  Un estudio preparado por la Secretaría sobre cuestiones relacionadas con un
posible marco multilateral sobre política de competencia (documento WT/WGTCP/W/228), que se
examina más adelante, también presentaba pruebas de la existencia de una relación positiva entre la
competencia y la eficiencia dinámica.  Se expuso también la opinión de que la experiencia empírica
de muchos países desmentían la insinuación de que la política de competencia no podía coexistir conotras políticas que tienen por fin el logro de objetivos industriales o sociales particulares.  Por
ejemplo, se sugirió que Australia, la Comunidad Europea y sus Estados miembros y otras
jurisdicciones presentaron ejemplos concretos sobre la forma en que se complementaban la política de
competencia y la política industrial y contribuían a demostrar, por tanto, que no estaban justificadas
las preocupaciones que se habían expresado en muchas ocasiones en el Grupo de Trabajo acerca deposibles conflictos entre ambos tipos de política.
40
33. En relación con las preocupaciones expuestas con respecto a la manera en que funcionaría en
la práctica la distinción entre las infracciones  de jure  y de facto , se señaló que era difícil o imposible
facilitar respuestas definitivas a los tipos de preguntas detalladas que se habían planteado relativas a
un futuro texto jurídico antes de que comenzasen las negociaciones.  Sin embargo, el propósito de la
propuesta era facilitar algo que fuera útil y manejable al mismo tiempo.  Era importante recordar, en
ese sentido, que la no discriminación en la OMC no si gnificaba prohibir el trato diferente aplicable a
los distintos agentes económicos en distintas situaciones;  significaba, más bien, que los operadores
no podían ser tratados de manera diferente o sufrir consecuencias desfarovables exclusivamente sobre
la base de sus nacionalidades.41  En relación con la cuestión de los casos concretos, si el examen se
                                                     
35 M/22, párrafo 43.
36 Véase el párrafo 67, infra .
37 M/21, párrafos 56 y 57;  M/22, párrafos 4 y 18.
38 Banco Mundial, Global Economic Prospects and the Developing Countries
(Washington D.C.:  2003).
39 M/22, párrafo 68.
40 M/22, párrafo 10.
41 M/21, párrafo 30;  véase punto conexo en M/22, párrafo 32.WT/WGTCP/7
Página 11
limitaba a las infracciones de jure en materia de no discriminación o de los demás principios
propuestos, no sería necesario analizar los casos concretos, ya que el objeto del examen de un grupo
especial sería el texto de esa ley, no el modo en que se aplica.  Ésa era la razón precisa por la que se
había establecido esta distinción entre infracciones de jure  y de facto .42
34. Con respecto al principio de la equidad procesal, se expresó la opinión de que las
disposiciones básicas relativas a la equidad procesal en un marco multilateral sobre política de
competencia eran importantes para ofrecer garantías a las partes afectadas por investigaciones en
materia de competencia en el sentido de que se seguían los procedimientos debidos para proteger sus
derechos e intereses.  Por ejemplo, prescripciones relativas a cuestiones como los avisos de las
reclamaciones, los procedimientos administrativos justos y equitativos y un procedimiento de
apelación podían proporcionar contrapesos y controles a las alegaciones de las correspondientes
partes.  Los Miembros debían tener flexibilidad para aplicar esos elementos de diferente manera conobjeto de reflejar sus distintas tradiciones jurídicas.
43
35. Se expuso también la opinión de que la equidad procesal implicaba muchas cuestiones
técnicas y que no era un asunto fácil de resolver;  en cualquier caso, cada Miembro tenía derecho a
concebir, establecer y mantener un sistema procesal propio, ajustado a sus condiciones nacionales
concretas y su nivel de desarrollo.44  Si bien los elementos propuestos parecían por lo general
razonables, podrían no ser lo suficientemente específicos para ser objeto de disciplinas vinculantes de
la OMC.  Por ejemplo, ¿qué se entendía por un "procedimiento justo y equitativo"?;  ¿preveían los
proponentes derechos que se aplicaran únicamente a los afectados por decisiones desfavorables? o
¿había algún caso en que el marco de competencia incluyese derechos respecto de terceras partes?;
¿incluía el derecho propuesto de apelación de las decisiones administrativas por las autoridadesencargadas de la competencia el examen de las decisiones de no presentar reclamaciones?  En
realidad, este tema era especialmente difícil, ya que los conceptos de equidad fundamental en el
contexto de disciplinas de aplicación de la ley como el derecho antimonopolio  presentaban grandes
variaciones entre los diversos regímenes jurídicos.  La formulación de disposiciones sobre equidad
procesal suficientemente generales para respetar los distintos enfoques de los diversos sistemasjurídicos pero suficientemente específicas para proporcionar una adecuada orientación a las
autoridades encargadas de la competencia y los grupos especiales de solución de diferencias sería un
ejercicio sumamente arduo.
45
36. La Nota de antecedentes elaborada por la Secretaría relativa a las disposiciones sobre la
equidad procesal en los Acuerdos de la OMC en vigor (documento WT/WGTCP/W/231) indicaba, en
primer lugar, que en los tres Acuerdos principale s de la OMC (el GATT, el AGCS y el Acuerdo sobre
los ADPIC) existían algunos principios amplios de equidad procesal;  en el apartado a) del párrafo 16del documento se resumían las principales características de esos principios.  En segundo lugar, en
algunos Acuerdos de la OMC existían disposiciones más detalladas en materia de equidad procesal,
particularmente en el Acuerdo Antidumping , el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias, el Acuerdo sobre Salvaguardias, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo sobre
Contratación Pública.  Una gran parte del documen to se dedicaba a resumir esas disposiciones más
detalladas.  La atención se centraba en disposiciones que eran pertinentes en situaciones en las que se
alegaba que una parte privada mantenía una condu cta que ocasionaba perjuicios (por ejemplo, la
                                                     
42 M/21, párrafo 31.
43 M/21, párrafo 24.
44 M/21, párrafos 11 y 35;  M/22, párrafo 35.
45 M/21, párrafo 29;  M/22, párrafo 39.WT/WGTCP/7
Página 12
infracción de los derechos de propiedad intelectual) o era de otro modo recurrible (por ejemplo, la
práctica del dumping o la concesión de subvenciones) y daba lugar a la búsqueda de soluciones.46
37. Se observó que la Nota (documento WT/WGTCP/W/231) indicaba que no existía un modelo
único de equidad procesal en la OMC aplicable a todos los temas.  Antes bien, en cada uno de los
Acuerdos que se examinaban en la nota se habían adaptado principios básicos de equidad procesalcuando los Miembros lo habían considerado necesario, en función de las necesidades de la materia
objeto del acuerdo.  Se manifestó la opinión de que los Acuerdos en los que se habían incorporado
disposiciones sobre equidad procesal se ocupaban de cuestiones tan complejas como la política de
competencia.  Dichas disposiciones establecían algunas directrices básicas teniendo en cuenta la
realidad de las diversas culturas jurídicas y políticas y sin intentar imponer un enfoque armonizado en
los diferentes sistemas jurídicos.  Las cuestiones concretas que se abordaban en los diversos Acuerdos
eran similares a las que podían plantearse en el contexto de un marco multilateral sobre política decompetencia.  Se trataba, por ejemplo, de cuestiones relativas al acceso a la justicia por partes
privadas;  procedimientos para establecer los objetivos de una investigación;  protección de la
información confidencial y otros intereses legítimos de las partes;  y derechos de los demandados en
los procedimientos correspondientes.  En otras palabras, existían ya en los Acuerdos pertinentes de la
OMC puntos de referencia apropiados y no era necesario partir de cero.  Lo que quedaba por hacer eraidentificar los elementos pertinentes y adaptarlos en la medida necesaria a la política de competencia.
Se observó también que los elementos que se analizaban en la nota eran en esencia elementos de buen
gobierno, que debían tener cabida de una u otra forma en cualquier sistema jurídico.
47
38. Se expuso también la opinión de que no estaba claro que algunas de las disposiciones de los
Acuerdos de la OMC en vigor que se señalaban en la Nota fueran pertinentes y que era necesarioestudiarlas detenidamente en el contexto de la labor del Grupo de Trabajo.  Por la diversidad de la
infraestructura jurídica o legislativa de los Miembros era importante que un posible marco multilateral
sobre política de competencia evitara disposiciones prescriptivas y mantuviera la discrecionalidad de
los Miembros al decidir el instrumento apropiado en el cumplimiento de sus obligaciones.  A ese
respecto, se observó que la Nota (párrafo 31) indicaba que el GATT y el AGCS requerían laexistencia de "tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos" para la pronta
revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a los asuntos aduaneros y a las
cuestiones que afectaban al comercio de servicios, respectivamente.  El hecho de que esas
disposiciones no especificaran la manera en que los distintos Miembros debían cumplir sus
obligaciones no menoscababa la eficacia de su aplicación.  Se expresó confianza en la viabilidad y
conveniencia de tales obligaciones multilaterales no prescriptivas respecto de la equidad procesal.
Por otra parte, algunas de las disposiciones más específicas de los Acuerdos de la OMC en vigorserían excesivamente prescriptivas y onerosas si se aplicaban en un posible marco multilateral sobre
política de competencia.  Tal sería el caso, por ejemplo, de las disposiciones que determinaban la
información que debían contener los avisos públicos de iniciación de investigaciones, que
especificaban los factores que debían tomarse en consideración y los criterios que debían utilizarse y
que exigían la preparación de resúmenes no confidenciales de la información confidencial.
48
39. Con respecto a los principios adicionales que podrían ser incorporados en un marco
multilateral sobre política de competencia, se manifestó la opinión de que el trato especial y
diferenciado debía ser un principio fundamental de cualquier marco multilateral.49  Se sugirió también
                                                     
46 M/22, párrafo 25.
47 M/22, párrafos 26 y 27.
48 M/22, párrafos 28, 39 y 42.
49 M/21, párrafos 14, 16 y 19;  M/22, párrafo 58.WT/WGTCP/7
Página 13
que un auténtico trato especial y diferenciado debería comprender el principio de no reciprocidad por
parte de los Miembros desarrollados.50
40. En respuesta, se expresó la opinión de que lo primero que cabía preguntarse con respecto a la
incorporación del trato especial y diferenciado co mo un principio fundamental que se proponía era:
¿"un principio fundamental de qué"?  El Grupo estaba debatiendo los principios fundamentales de unrégimen de competencia que eran principalmente una cuestión de fondo, no de procedimiento.  Sin
prejuzgar lo que podía ser suficiente flexibilidad en el contexto del párrafo 25 de la Declaración de
Doha, el Grupo tenía que reflexionar mucho antes de calificar una disposición procesal como el trato
especial y diferenciado de lo que se denominaba principio fundamental.
51
41. En relación con el cometido de disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos en un
marco multilateral sobre po lítica de competencia y el perjuicio ocasionado por tales acuerdos, se
expresó la opinión de que estos acuerdos constituían la más inequívoca forma de violación de la leyde competencia e imponían costos importantes a las economías de los países, en particular a los países
en desarrollo, que carecían de instrumentos eficaces para hacerles frente.
52  Aumentaban los precios y
limitaban la oferta de bienes y servicios esenciales (incluidos los insumos industriales), a resultas de
lo cual esos bienes y servicios resultaban inaccesibles para algunos usuarios e innecesariamente
onerosos para otros.  Además, los cárteles reducían la presión sobre el control de los costos de lasempresas participantes y la tendencia a innovar
53, y podían también tener por efecto impedir la
transferencia de tecnología a los países en desarrollo.54  En consecuencia, debían afrontarse con
carácter prioritario.55
42. Se expuso también la opinión de que los cárteles internacionales intrínsecamente nocivos eran
en gran medida un fenómeno de los países desarrollados, por cuanto en los países de ingresos bajos yen los PMA no existía ninguno de los destacados cárteles internacionales a los que se había hecho
referencia en el Grupo de Trabajo, aunque sus efectos perjudiciales claramente afectaban a tales
países.
56  Si bien resultaba claramente prioritario abordar los cárteles intrínsecamente nocivos, las
medidas que se debían adoptar habían de tener en cuenta las condiciones económicas y el grado de
desarrollo de los países participantes, en especial de los países en desarrollo.57
43. Con respecto a las medidas necesarias para hacer frente a los cárteles intrínsecamente nocivos
a nivel nacional, se manifestó la opinión de que se requerían la adopción y la aplicación rigurosa de
leyes nacionales bien concebidas en materia de competencia.  Para asegurar la efectiva supresión de
los cárteles, los Miembros tenían que adoptar disposiciones claras contra los cárteles intrínsecamente
nocivos en sus respectivas legislaciones nacionales (o instrumentos regionales pertinentes) y crear
autoridades encargadas de la observancia donde faltaran, si bien no era estrictamente necesario
                                                     
50 M/22, párrafo 56.
51 M/21, párrafo 39.
52 M/21, párrafo 4;  véase también párrafo 25.
53 M/21, párrafo 15.
54 M/21, párrafo 25.
55 M/22, párrafo 40.
56 M/22, párrafo 45.
57 M/21, párrafo 17.WT/WGTCP/7
Página 14
establecer una comisión o un organismo especializado independiente a tal efecto.58  Además, para la
aplicación eficaz con respecto a los cárteles internacionales era crucial la cooperación internacional
consistente en la capacidad de compartir información básica de carácter no confidencial entre los
organismos nacionales de competencia.  La detección y castigo de los cárteles intrínsecamente
nocivos podría también facilitarse mediante instrumentos específicos de aplicación como lautilización de visitas de inspección por sorpresa (" dawn raids ") y programas de indulgencia.
59
44. Por lo que respecta a las prescripciones de un marco multilateral en esta esfera, se expresó la
opinión de que éstas supondrían:  i) una prohibición inequívoca de tales acuerdos en la legislación
nacional de los Miembros;  y ii) la aportación de cooperación entre los Miembros en las
investigaciones pertinentes.  En cuanto a saber si todos los países habían de contar con un organismo
especializado encargado de la aplicación y observancia de la legislación, se manifestó la opinión de
que los proponentes de un marco multilateral no estaban tratando de encontrar una fórmula aplicable atodos los países en todas las circunstancias.  Lo que se necesitaba, como mínimo, era que todos los
países tuvieran facultades suficientes para aplicar y hacer observar la legislación de manera efectiva y
que fuesen socios para la cooperación internacional real dotados de credibilidad.  Aparte de esto, nada
de lo propuesto haría imposible o incorrecto que, por ejemplo, un Miembro contase con un organismo
multifuncional, que se ocupase quizás de la protección del consumidor, la política de competencia yposiblemente incluso de un amplio abanico de cuestiones o que adoptase otras formas
institucionales.
60
45. Se expresó la opinión de que el principal problema que había que abordar en esta esfera era la
falta de una condena universal de esas prácticas y de una aplicación de la legislación adecuada en esa
esfera.  Todos los países desarrollados ya habían prohibido los cárteles y la mayoría aplicabanprohibiciones legales contra ellos de un modo cada vez más vigilante.  Por lo tanto, la principal
diferencia que se debía abordar era la aplicación de la ley contra los cárteles en los países en
desarrollo.  Se debía alentar a los países en desarrollo que reconocían el daño causado por los cárteles
y deseaban prohibirlos a poner en práctica esa prohibición.  En ese sentido, debía recordarse que no
había ninguna prueba de que la autorización del funcionamiento de los cárteles, nacionales ointernacionales, aportara beneficios económicos o favoreciese los objetivos de desarrollo.  Al
contrario, cada vez existían más pruebas de que el funcionamiento de cárteles imponía costos
significativos tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados.  Por lo tanto, cualquier
sugerencia de legitimar y ratificar la entrada de empresas de los países en desarrollo en cárteles
nacionales o internacionales supondría un paso hacia atrás y no hacia adelante.
61  Se expuso también
la opinión de que los países no debían ser obligados a adoptar legislación en materia de competencia
antes de que estuvieran preparados;  ésta era una esfera fundamental de la flexibilidad y los Miembrosdeberían decidir el momento y el modo de aplicar esa legislación con el tiempo.
62
46. Con respecto a las cuestiones de definición que se plantearían en el contexto de un marco
multilateral sobre política de competencia, se manifestó la opinión de que la Recomendación de la
                                                     
58 M/21, párrafo 4.
59 M/21, párrafo 15.
60 M/21, párrafo 32.
61 M/21, párrafo 36;  véase también M/22, párrafo 20.
62 M/21, párrafo 43.WT/WGTCP/7
Página 15
OCDE sobre los cárteles intrínsecamente nocivos63 y el Conjunto de principios y normas equitativos
convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas de las Naciones
Unidas ("el Conjunto")64 proporcionaban una orientación valiosa en cuanto a la definición de las
prácticas que debían ser prohibidas.65  Se expresó también la opinión de que era necesario un examen
detallado para determinar si el criterio de la definición de cárteles en la Recomendación de la OCDE yfuentes conexas se aplicaba igualmente en el contexto de los países en desarrollo.  Por ejemplo,
pudiera ser el caso que únicamente la manipulación de licitaciones y la fijación de precios hubieran de
considerarse cárteles intrínsecamente nocivos;  los demás acuerdos mencionados podían favorecer la
eficiencia en los países en desarrollo y, por lo tanto, tal vez hubiese que evaluarlos basándose en
criterios razonables (caso por caso).
66  Si no se aclaraba esa cuestión ello causaría importantes
problemas operativos y costos a los países en desarrollo y comprometería la obtención de beneficios
potenciales.67
47. Se sugirió que el alcance de la definición de cárteles en un marco multilateral debía ser
suficientemente amplio para incluir los cárteles nacionales e internacionales.  Los cárteles nacionales
perjudicaban en la misma medida que los internacionales, no sólo a la economía nacional y a los
consumidores sino también al comercio y a los intereses de otros países.68  Se manifestó también la
opinión de que debería dejarse que los Miembros decidieran teniendo en cuenta sus propios requisitosconstitucionales si debían aprobar o no una legislación nacional en materia de competencia;  los
esfuerzos en la OMC debían centrarse en los cár teles internacionales, en lugar de los cárteles
nacionales.
69
48. Se expuso la opinión de que cada vez eran más los países que habían adoptado o estaban
adoptando leyes y políticas de competencia y las medidas necesarias para imponer su cumplimiento;por otra parte, ningún Miembro avanzaba en la dirección contraria, en el sentido de suprimir ese tipo
de legislación.  Entre las razones que justificaban esa tendencia cabía mencionar el aumento neto de
bienestar que podían conseguir los países mediante la adopción de ese tipo de legislación, como se
señalaba por ejemplo en el Estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateral sobre
política de competencia (documento WT/WGTCP/W/228, que se examina más adelante).  DiversosMiembros y organizaciones internacionales ya habían expresado apoyo a la adopción de esa
legislación.  La propuesta de un marco multilateral sobre política de competencia daba la oportunidad
de refrendar y reforzar esa tendencia.  En el caso de los Miembros que aún no contaban con esos
instrumentos legislativos, la cuestión era si existían datos que indicaran que su adopción podría tener
                                                     
63 Recomendación del Consejo de la OCDE relativa a medidas eficaces contra los cárteles
intrínsecamente nocivos (adoptada por el Consejo de la OCDE en su 921ª reunión, celebrada el 25 de marzo
de 1998 [C/M(98)7/PROV ]).
64 Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las
prácticas comerciales restrictivas, de las Naciones Unidas (Ginebra:  1980).
65 M/21, párrafo 32;  M/22, párrafo 7.
66 M/21, párrafo 17.
67 M/22, párrafos 40 y 43.
68 M/21, párrafo 25.
69 M/21, párrafo 13.WT/WGTCP/7
Página 16
efectos negativos y que les llevaran a oponerse a un compromiso en esa esfera, particularmente si se
preveía la flexibilidad y progresividad necesarias en su aplicación.70
49. Como un enfoque alternativo con respecto a esta cuestión, se manifestó la opinión de que la
mera aprobación de leyes nacionales sobre competencia, la creación de instituciones encargadas de la
competencia y la cooperación voluntaria podría no ser una solución eficaz de este problema.  Unenfoque alternativo implicaría la adopción de una norma multilateral prohibiendo los cárteles
intrínsecamente nocivos.  La definición de esos cárteles se limitaría a la manipulación de las
licitaciones y la fijación de precios, que se consideraban delitos en varias legislaciones nacionales en
materia de competencia.  Estas dos prácticas, que constituían prácticas comerciales desleales
flagrantes, deberían prohibirse, o al menos someterse a un mecanismo de solución de diferencias al
igual que otras prácticas comerciales desleales.
71
50. Se señaló que, como los cárteles de exportación tenían escasos efectos en el ámbito nacional,
no podían controlarse de manera eficiente si eran sancionados por las autoridades nacionales de los
países de origen.  No obstante, los países que estaban facultados para perseguir esos cárteles, a saber,
aquellos en cuyos mercados operaban, carecían a menudo de los instrumentos y la información
necesarios, ya que las empresas participantes estaban situadas en el extranjero.  Habida cuenta de ello,
la cooperación internacional era una manera adecuada de luchar contra los acuerdos relacionados conlas exportaciones que tenían efectos anticompetitivos demostrables.
72
51. Como respuesta a lo anterior, se señaló que los denominados "cárteles de exportación" se
concebían normalmente como mecanismos para las entidades nacionales que carecían de los recursos
para participar individualmente en actividades de exportación efectivas.  Como tales, tenían a menudo
efectos favorables para la competencia, ya que añadían nuevos participantes a los mercadospertinentes y podían aportar innovaciones o rebajar los precios.  Además, no eran secretos y, por lo
tanto, no tenían la marca de lo que tradicionalmente se consideraba un cártel intrínsecamente nocivo.
Así pues, la condena general o el tratamiento  per se de esos acuerdos no era apropiado.  Si los efectos
de este tipo de cárteles eran anticompetitivos, no existía hoy en día ningún impedimento para que
cualquier jurisdicción afectada que aplicara su legislación en materia de competencia persiguierajudicialmente sus efectos anticompetitivos.
73
52. Al responder a este punto, se aclaró que la sugerencia que se había presentado era
simplemente que los cárteles de exportación no debían beneficiarse de una exención general de la
legislación en materia de competencia, que les excluiría incluso del examen de conformidad con un
criterio del carácter razonable (caso por caso).  De hecho, en la mayoría de los cárteles de exportación
participaban empresas multinacionales, no empresas pequeñas y medianas, que podían necesitar
unirse por motivos de eficiencia.  En esto se basaba su sugerencia de que los cárteles de exportacióndebían someterse al menos a un examen de conformidad con criterios razonables.
74
53. Se expresó la opinión de que debían excluirse explícitamente del ámbito de un posible marco
multilateral sobre política de competencia los acuerdos intergubernamentales o entre Estados y las
prácticas comerciales restrictivas aplicadas en virtud de dichos acuerdos, y/o la definición de cártel
                                                     
70 M/22, párrafo 6.
71 M/21, párrafo 43.
72 M/21, párrafo 41;  M/22, párrafo 45.
73 M/21, párrafo 37.
74 M/21, párrafo 44.WT/WGTCP/7
Página 17
intrínsecamente nocivo, por motivos relacionados con el desarrollo y otras cuestiones conexas.  En
una disposición pertinente del Conjunto de las Naciones Unidas (párrafo B.9) podía encontrarse un
precedente respecto de la exclusión de los acuerdos intergubernamentales y las prácticas
anticompetitivas conexas, que aclaraba que el Conjunto no se aplicaba a los acuerdos
intergubernamentales ni a las prácticas comerciales restrictivas a que dieran lugar directamente talesacuerdos.  Tal exclusión era particularmente importa nte para la comercialización de mercancías.  No
siempre se podía permitir que los mercados de mercancías funcionaran libremente según las fuerzas
del mercado porque la naturaleza del producto, o de los productos, exigía una participación de los
gobiernos y una coordinación internacional más activas.  La estabilización de precios en esos
mercados estaba en consonancia con objetivos legítimos de desarrollo por lo menos como los
percibían algunos Miembros.
75
54. En relación con los beneficios potenciales de las modalidades de cooperación voluntaria que
podían incorporarse en un marco multilateral sobre política de competencia, se manifestó la opinión
de que el fomento de una cooperación en la aplicación de la legislación en materia de competencia
mayor que la existente era la respuesta necesaria y adecuada a la proliferación de cárteles y otras
prácticas anticompetitivas con una dimensión transnacional que los países por sí solos no podían
controlar efectivamente.  Con el tiempo, la cooperación voluntaria en el marco de la OMC tambiénpodría ser un enorme estímulo para el aprendizaje entre naciones y la convergencia voluntaria de las
políticas de los Miembros en esta esfera.
76
55. Por lo que se refiere a la naturaleza de las modalidades de cooperación voluntarias propuestas,
se expuso la opinión de que debían incluir el intercambio de información y experiencia de carácter
general, las consultas, la cooperación en casos concretos y la asistencia técnica.  La cooperación encasos concretos y la asistencia técnica eran especialmente importantes.
77  Se expresó también la
opinión de que, aunque la cooperación en casos determinados sería un componente de cualquier
modalidad en el marco de un Acuerdo de la OMC, la cooperación en la OMC implicaría en buena
medida intercambios más generales de información y experiencia por lo menos en las etapas
iniciales.78
56. En cuanto a los tipos de información que se intercambiarían en un marco multilateral, se
expuso la opinión de que un marco de la OMC no exigiría compartir información confidencial, pues
ello sería contraproducente y posiblemente causaría un perjuicio a los mecanismos de observancia.79
En caso de que determinados Miembros estuvieran dispuestos a intercambiar informaciónconfidencial sería una cuestión que deberían abordar en sus relaciones bilaterales con otros Miembros
interesados en esa posibilidad.
80
57. Se manifestó la opinión de que la creación de un comité de política de competencia de la
OMC facilitaría el intercambio de información y experiencia entre los Miembros y además ayudaría a
garantizar la aplicación eficaz de un marco multilateral.81  Dicho comité podría tener diversas
                                                     
75 M/22, párrafo 66.
76 M/21, párrafo 5.
77 M/21, párrafo 6.
78 M/21, párrafo 26.
79 M/22, párrafos 8 y 9.
80 M/22, párrafo 9.
81 M/21, párrafo 6.WT/WGTCP/7
Página 18
funciones, entre ellas la de foro para el intercambio de información no confidencial, la coordinación
de la asistencia técnica, el examen de la interacción entre el comercio y la política de competencia, y
la función de foro para el examen por homólogos de carácter no vinculante.  Mejoraría los
intercambios entre los Miembros y de esa manera proporcionaría una mejor comprensión de las
cuestiones relativas a la política de competencia imperantes en los países Miembros y su posiblerelación con el comercio internacional.  Mediante el examen por homólogos, los Miembros podían
intercambiar experiencias en la esfera de las prácticas anticompetitivas que podían afectar a los
intereses de otros Miembros y en relación con el tipo de cooperación que serviría para abordar esas
actividades de forma efectiva.
82
58. Se señaló también que toda cooperación en casos concretos que se llevara a cabo en el marco
de la OMC complementaría pero no sustituiría la cooperación entre organismos en materia de
observancia en casos concretos con arreglo a acuerdos de cooperación bilaterales, en reconocimientode que estas relaciones bilaterales se basaban en la confianza mutua y habían evolucionado con el
tiempo.  Del mismo modo, toda disposición de la OMC en materia de cooperación había de ser
flexible para tomar en consideración no sólo las diferencias entre los regímenes de competencia de los
Miembros, sino también el hecho de que la c ooperación podía evolucionar con el tiempo a medida
que se acumulaba experiencia.  Al igual que los acuerdos de cooperación bilateral, la cooperación enla OMC habría de tener carácter voluntario.  No era una esfera en la que los compromisos vinculantes
fuesen apropiados.  No obstante, también se reconoció que muchas prácticas anticompetitivas tenían
carácter internacional y podían afectar a los intereses de varios países.  Para que la lucha contra estas
actividades tuviera éxito, eran necesarios esfuerzos de colaboración más amplios que los que existían
en la actualidad.  Con el tiempo, la cooperación podía evolucionar pasando de intercambiosinformales a procedimientos formales.
83
59. En relación con el sentido de la "voluntariedad" en el contexto de posibles modalidades en
materia de cooperación voluntaria, se manifestó la opinión de que el término "voluntario" tenía una
dimensión jurídica y una dimensión ética.  En térm inos jurídicos, "voluntario" significaba que la
cooperación no debía tener carácter vinculante;  de esa manera, los Miembros no estarían obligados acooperar en contra de sus propios intereses.  En su sentido ético, la palabra "voluntario" suponía que
los países, sobre todo los países desarrollados, debían respetar una obligación autoimpuesta de
cooperar de buena fe.
84
60. Se manifestaron dudas en cuanto a si los países en desarrollo estarían efectivamente en
condiciones de beneficiarse de la cooperación voluntaria en virtud de un marco multilateral sobre
política de competencia.  Si los países que, por cualquier razón, no deseaban cooperar podían
refugiarse en la confidencialidad o en otros motivos, los países en desarrollo que carecían de lainfluencia necesaria estarían especialmente en desventaja.
85
61. En respuesta, se señaló que la experiencia había mostrado que la cooperación voluntaria no
era un concepto sin sentido, sino que tenía mucho que ofrecer a los países en desarrollo y
desarrollados.  Un marco multilateral ayudaría a reducir, y no a aumentar, los desequilibrios existentes
en esta esfera.  El pasado año, la autoridad encargada de la competencia en Corea había recibidoayuda sustancial de los países desarrollados para hacer frente a un caso de cártel internacional, lo que
                                                     
82 M/21, párrafo 26.
83 M/21, párrafo 26.
84 M/21, párrafo 5.
85 M/21, párrafos 18 y 19;  M/22, párrafo 41.WT/WGTCP/7
Página 19
ponía de manifiesto que la cooperación internacional podía reportar importantes beneficios.86
Además, la "voluntariedad" no sería una excepción a lo que existía en ese momento;  los acuerdos de
cooperación bilateral vigentes también eran voluntarios y no vinculantes.  Pese a ello, habían
mostrado que en muchos casos producían resultados y beneficios reales.87
62. Se observó también que la confidencialidad no constituía un refugio sino un derecho de
equidad procesal básico que era también esencial para la efectiva aplicación de la legislación.  La
información o las pruebas presentadas con arreglo a la jurisdicción de un determinado país sobre
empresas y sujetas a la protección jurídica de ese régimen no deberían divulgarse a otras
jurisdicciones sin que las jurisdicciones de esos países sobre empresas y prácticas considerasen el
modo de utilizar la información y la protección de la confidencialidad que se concedería a la misma.
Si se procediese de esa forma podría socavarse el cumplimiento de los procedimientos nacionales.  Un
ejemplo obvio sería la protección de los informantes que se ofrecen, por ejemplo, a informar sobre loscárteles en el marco de programas nacionales de indulgencia.  Por estas razones, la obligación de
compartir información sin tener en cuenta la protección de la confidencialidad no mejoraría la
aplicación de la legislación en materia de competencia sino que tendría un efecto contraproducente
sobre ella.
88
63. Como ilustración del carácter orgánico de la cooperación y de la forma en que podía
desarrollarse y profundizarse con el tiempo, se hizo referencia a la experiencia de los países nórdicos.
La cooperación nórdica en ese campo se remontaba a finales del decenio de 1970 y comienzos del
de 1980, en el momento en que comenzaron a aplicar una legislación moderna en materia de
competencia.  Los máximos representantes de los organismos de competencia se reunían dos veces al
año para examinar cuestiones de interés común.  A partir de esa plataforma se había establecido unacooperación mucho más amplia y estructurada.  En 1998 se estableció un comité integrado por
representantes de los cinco países nórdicos con el mandato de intensificar la cooperación entre los
organismos nacionales encargados de la competencia en la aplicación de la legislación nacional.
Como primera medida, propuso que sus recomendaciones se formalizaran en un conjunto de
directrices no vinculantes, que fueron adoptadas por los cinco países en el año 2000.  En dichasdirectrices, las partes acordaron el intercambio de información no confidencial de interés general o
relativa a asuntos concretos en proceso de investigación.  Cuando la legislación nacional prohibía el
intercambio de información confidencial, éste estaba sujeto al consentimiento de quienes facilitaban la
información.  Las directrices recomendaban también intensificar las consultas y la coordinación entre
los organismos competentes con el fin de que las investigaciones fueran más eficaces y de evitar
decisiones contradictorias.  En la medida en que lo permitiera la legislación nacional, una parte podía
realizar investigaciones (visitas de inspección por sorpresa) en nombre de otro país nórdico.  Lasdirectrices contenían también procedimientos para realizar consultas y para el intercambio de
información relacionados con la cortesía negativa y positiva.  El comité constituido en 1998 propuso
que, a más largo plazo, los países nórdicos concertaran un acuerdo internacional vinculante en las
esferas abarcadas por las directrices.  En virtud del acuerdo la legislación nacional debería prever el
intercambio de información confidencial, incluso sin el consentimiento de la persona afectada.  Hastala fecha, la experiencia de la cooperación nórdica era alentadora.  En todos los asuntos importantes
relacionados con la competencia que presentaban interés se establecía contacto en la fase más
temprana posible para intercambiar opiniones y, cuando procedía, información específica.  Además,
las actividades relacionadas con el cumplimiento, incluso las investigaciones, se coordinaban
sistemáticamente.  Los resultados habían sido positivos, particularmente con respecto a los asuntos
                                                     
86 M/21, párrafo 49.
87 M/21, párrafos 32 y 50.
88 M/21, párrafo 38.WT/WGTCP/7
Página 20
relativos a los cárteles intrínsecamente nocivos.  Se sugirió que de la experiencia nórdica se
desprendían las siguientes observaciones:  i) la cooperación debía desarrollarse gradualmente;  ii) para
poder participar eficazmente en una red de intercambio de cualquier tipo de información en materia de
competencia, un país necesitaba unas estructuras mínimas de aplicación de las leyes a nivel nacional,
así como la voluntad política de utilizarlas;  iii) el intercambio de información no confidencial básicapodía dar frutos importantes, incluida la información de carácter general o en relación con asuntos o
sectores concretos.  De hecho, hasta hace dos años, prácticamente toda la información que
intercambiaban los países nórdicos era no confidencial;  iv) todo acuerdo de cooperación debía
basarse en la confianza mutua;  y v) con el paso del tiempo, la cooperación tendía a mejorar la
eficacia de la observancia a nivel nacional.
89
64. Se observó que en la actualidad, sin tener acceso a los mecanismos de cooperación que
facilitaría un marco multilateral, muchos países en desarrollo carecían de capacidad para investigar yhacer frente a prácticas como los cárteles que les eran claramente perjudiciales.  En este contexto,
incluso compartir información básica, de carácter no confidencial sobre las actividades de los cárteles
con arreglo a un marco multilateral sobre política de competencia ayudaría a los países en desarrollo a
hacer frente a las prácticas anticompetitivas perjudiciales de las empresas multinacionales y a proteger
sus intereses nacionales.
90
65. Con respecto al elemento relativo al apoyo para el fortalecimiento progresivo de las
instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de
capacidad, se expresó la opinión de que nunca se insistiría suficientemente en la necesidad de la
asistencia técnica y de promover la creación de capacidad en esa esfera, necesidad que desbordaba la
capacidad existente;  a las instituciones multilaterales les correspondía un papel destacado en eseaspecto, con el apoyo de los países desarrollados a título individual.  La cooperación en un marco
multilateral permitiría abreviar considerablemente los plazos que los países en desarrollo necesitarían
para establecer e incorporar leyes y políticas en materia de competencia que propiciaran sus objetivos
de desarrollo;  una consideración esencial en ese sentido era que establecería un entorno más propicio
para llevar a cabo actividades de asistencia y creación de capacidad mejor orientadas.
91  También se
señaló que un compromiso a largo plazo en materia de asistencia técnica y de creación de capacidad
resultaba esencial para el reforzamiento de las instituciones encargadas de la competencia y de la
divulgación de la cultura en materia de competencia en los países en desarrollo;  en consecuencia
debía tratarse como parte integrante de cualquier iniciativa multilateral.92
66. Como fuente adicional para comprender las ventajas y desventajas de posibles elementos de
un marco multilateral en materia de política de competencia, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí un
Estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateral sobre política de competencia(documento WT/WGTCP/W/228).  El estudio había sido solicitado por el Grupo de Trabajo en la
reunión celebrada los días 1º y 2 de julio de 2002 (documento WT/WGTCP/M/18, párrafos 96-98).
Se distribuyó con carácter preliminar antes de la  reunión del Grupo de Trabajo de los días 20 y 21 de
febrero (documento JOB(03)/31, distribuido el 18 de febrero de 2003).  La finalidad del estudio era,
en primer lugar, analizar la cuestión de la relación entre la política de competencia y la políticaindustrial, en particular la cuestión de las mejoras de eficiencia dinámica y de si la política de
competencia o un marco multilateral sobre política de competencia afectarían a su logro.  Asimismo,
tenía por objeto considerar las posibles consecuencias en materia de recursos de cualquier marco
                                                     
89 M/22, párrafo 57.
90 M/21, párrafo 48.
91 M/22, párrafo 5.
92 M/21, párrafo 21;  M/22, párrafos 5, 44, 76 y 83.WT/WGTCP/7
Página 21
multilateral en esta esfera, y analizar la repercusión de la legislación y la política de competencia
frente a las prácticas anticompetitivas de las empresas en los países en desarrollo.  Fue preparado bajo
la responsabilidad de la Secretaría con la ayuda de  un consultor, del Dr. Simon Evenett, Director de
Investigaciones Económicas del Instituto de Comercio Mundial de la Universidad de Berna.
67. Se expresó la opinión de en que el estudio se abordaban de forma sistemática los costos y
beneficios de un posible marco multilateral sobre política de competencia y se ofrecían pruebas
fehacientes de que de ese marco se derivarían beneficios netos significativos.  En él se demostraba la
inexistencia de incompatibilidades manifiestas entre el marco y las políticas industriales nacionales,
incluso el logro de una mayor eficiencia.93  Ponía de manifiesto que en términos generales la política
de competencia contribuía con toda probabilidad a la consecución de mejoras de eficiencia dinámica y
otros objetivos de desarrollo, en que la rivalidad entre empresas ofrecía un incentivo esencial para que
las empresas bajaran sus costos, proporcionaran mejor servicio y una elección más amplia a losconsumidores, e introdujeran innovaciones y/o adoptaran las mejores tecnologías disponibles.
94  Sin
embargo, al reconocer que éste podría no ser siempre el caso, el estudio identificaba también cinco
formas específicas distintas en que se habían afrontado históricamente potenciales conflictos entre la
política de competencia y la política industrial nacional:  i) el empleo de instrumentos de política
industrial, que, aun cuando tendieran a restringir la competencia en los mercados, no eran recurriblescon arreglo a la legislación sobre competencia de la mayoría de los países (aranceles, subvenciones,
programas de capacitación, la propiedad pública);  ii) la incorporación explícita de objetivos como las
mejoras de eficiencia dinámica a las leyes nacionales sobre competencia;  iii) que los funcionarios
responsables, al aplicar las leyes pertinentes, atendieran de forma explícita a consideraciones de
eficiencia dinámica, así como de eficiencia estática, y lo estaban haciendo en medida creciente en lospaíses en los que existía ese tipo de legislación;  iv) prever la posibilidad de establecer exenciones,
excepciones y exclusiones de la legislación sobre competencia cuando se considerara necesario;  y
v) facultar a un órgano gubernamental para anular decisiones adoptadas por el organismo de
protección de la competencia cuando afectaran a las prioridades nacionales de desarrollo.  Por otra
parte, el estudio ponía de manifiesto que la adopción de un marco multilateral sobre política decompetencia de acuerdo con los criterios que se habían propuesto era compatible con la posibilidad de
que los Miembros siguieran utilizando esos cinco instrumentos.
95
68. Se señaló que el debate de la experiencia del Japón en el estudio ponía de manifiesto varias
observaciones realizadas por su país en las reunione s anteriores del Grupo de Trabajo.  En particular,
mostraba claramente que la fuente de eficiencia dinámica y crecimiento en el Japón había sido la
competencia, no la limitación de la rivalidad.  La industria del automóvil, que constituía el símbolo
del sólido crecimiento económico del Japón, era un buen  ejemplo de ello.  En el decenio de 1950, el
Gobierno quiso reducir el número de fabricantes de automóviles en el Japón con el objetivo de tener
un modelo único que se denominaría el "automóvil nacional".  Afortunadamente, la propia industria
se resistió a esos esfuerzos, eligiendo un enfoque competitivo en vez de monopolístico.  Desde 1966,
nueve fabricantes nacionales de automóviles competían entre sí en el mercado de los automóviles de
turismo.  La fuerte competencia resultante garantizó el desarrollo de la industria del automóvil,favoreció la innovación y apoyó la competitividad internacional.  Además, hizo hincapié en que la
política de competencia del Japón, y la Comisión de Comercio Leal en particular, había desempeñado
un importante papel en la promoción de la competencia leal en la etapa posterior a la guerra.
96
                                                     
93 M/22, párrafos 5 y 18.
94 M/21, párrafo 56 y M/22, párrafo 19.
95 M/2, párrafo 19.
96 M/21, párrafo 60.WT/WGTCP/7
Página 22
69. Se manifestó la opinión de que, como se señalaba claramente en el estudio, no era posible
evaluar con exactitud el costo de un marco multilateral sin tener en cuenta al mismo tiempo los
beneficios que produciría.  Los ejemplos y otros datos que se presentaban particularmente en la
parte III del estudio ponían de manifiesto la posibilidad de combatir los cárteles, incluso en los países
en desarrollo, y los importantes beneficios que ello reportaba desde el punto de vista económico y delconsumidor.
97  El reciente cártel de las vitaminas era un ejemplo particularmente elocuente de los
costos que los cárteles suponían tanto en las economías desarrolladas como en desarrollo,
particularmente en aquellas en las que no existían leyes eficaces en materia de competencia.98  Los
costos de la aplicación de una legislación en materia de competencia eran ínfimos en comparación con
los beneficios potenciales.99
70. Para completar el campo abarcado por el estudio, se manifestó la opinión de que la política de
competencia, además de reflejar las consideraciones de política que en él se establecían, se basaba enmétodos empíricos y análisis de datos.  La historia de la política de competencia, particularmente en
los 20 últimos años, había estado muy influida por la rama de la economía conocida como
organización industrial;  sin esa base teórica y empírica, la política de competencia sería simplemente
un régimen jurídico o reglamentario más.  En particular, la utilidad de esa política consistía en su
orientación empírica en relación con los efectos anticompetitivos, su capacidad de adaptarse a losavances conseguidos en el conocimiento del funcionamiento de los mercados y su fundamentado
criterio de racionalidad.
100
71. Se hizo referencia también a un estudio reciente que había preparado el Banco Mundial101 en
el que se examinaban los beneficios que obtenían las economías nacionales de la aplicación de la
legislación sobre competencia.  Básicamente, el est udio señalaba que la legislación sobre competencia
y su aplicación rinde beneficios que al menos son proporcionales a su costo.  Algunas de las
conclusiones adicionales del estudio eran las siguientes:  primero, la aplicación de la política de
competencia se traducía generalmente en precios más bajos para los consumidores y las industrias
usuarias;  esto se confirmaba en gran número de países desarrollados y en desarrollo.  Además, la
política de competencia fomentaba la existencia de un número más elevado de empresas y, enconsecuencia, una mayor posibilidad de elección para el consumidor en la mayoría de los mercados.
Por lo general, la legislación sobre competencia era también más eficaz en cuanto al costo que los
regímenes de reglamentación relativos a sectores concretos para conseguir esos objetivos.  De todos
modos, los autores advertían que esos regímenes pueden ser, sin embargo, necesarios en las
denominadas situaciones de monopolio natural (en mercados que funcionan de manera más eficiente
cuando existe un único proveedor).
102
                                                     
97 M/22, párrafo 21.
98 Véase Estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateral sobre política de
competencia (documento WT/WGTCP/W/228), pá rrafos 299-302 y cuadro III.T7 "Recargos estimados
resultantes del cártel de las vitaminas, 1990-1999, en dólares EE.UU. de 2000, por economías importadoras".
99 M/22, párrafo 5.
100 M/22, párrafo 18.
101 Hoekman, B. y H.L. Kee, Imports, Entry and Competition Law as Market Disciplines (Banco
Mundial, 2003);  también se aborda en el Estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateralsobre política de competencia (documento WT/WGTCP/W/228), párrafos 278-281.
102 M/22, párrafo 18.WT/WGTCP/7
Página 23
72. Se manifestó también la opinión de que, en el examen de la experiencia de un Miembro
concreto que se caracterizaba por el tamaño reducido y la apertura de su economía nacional, el estudio
se había basado en gran medida en un documento reciente del FMI.  El enfoque conceptual que se
adoptaba en ese documento era discutible.103  La experiencia de este Miembro no confirmaba la
existencia de cárteles importantes u otras prácticas anticompetitivas privadas que obstaculizaran laentrada en el mercado, aunque mantenía una actitud vigilante en esta esfera.  En cualquier caso, las
leyes horizontales sobre competencia no eran una panacea.  La situación interna particular de las
distintas economías podía exigir diferentes enfoques para abordar las mismas cuestiones subyacentes.
La decisión de no contar con una ley en materia de competencia no significaba que no se tuviese una
política de competencia, la que podía incorporarse en otros instrumentos.
104
73. En lo concerniente a la cuestión de la flexibilidad y la progresividad de cualquier marco
multilateral sobre política de competencia, se recordó que el párrafo 25 de la Declaración Ministerialde Doha había establecido que "Se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo y menos adelantados participantes y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas."
105
A ese respecto, se expuso la opinión de que la flexibilidad y la progresividad eran cruciales paragarantizar que los compromisos internacionales asumidos por los Miembros no entorpeciesen su
capacidad de cumplir objetivos de política nacionales, y para preservar un espacio normativo.  Laposibilidad de aplicar excepciones y exclusiones de la legislación sobre competencia y/o de un marco
multilateral era de particular importancia en ese sentido.  Estos principios debían aplicarse respecto de
cualquier compromiso a efectos de establecer una ley y una autoridad en materia de competencia
(incluso en el plano regional).  En particular, la flexibilidad y la progresividad eran importantes en
relación con el alcance sustantivo de una ley, las facultades de las autoridades encargadas de laobservancia, y la capacidad para definir el alcance y las modalidades de las exclusiones y las
exenciones, que eran un instrumento importante para el mantenimiento de un espacio normativo.
106
74. En relación con posibles enfoques alternativos de un marco multilateral sobre política de
competencia y/o cuestiones adicionales que merezcan atención, se expresó la opinión de que los
Miembros tenían que jerarquizar las distintas cuestiones tratadas preguntándose cuál era el objetivomás importante de contar con un acuerdo multilateral sobre política de competencia.  ¿Garantizar un
mayor acceso a los mercados o garantizar un comercio transfronterizo más justo?  Si se trataba de lo
primero, se desearía garantizar que los Miembros acordasen un régimen de competencia nacional que
incluyese al menos las disposiciones sustantivas básicas (abuso de la posición dominante, prácticas
colusivas y fusiones) y adoptasen los principios fundamentales propuestos de no discriminación,
transparencia y equidad procesal.  Si se trataba de lo segundo, los Miembros tenían que pensar el
modo de proteger las economías pequeñas del poder abusivo de las empresas multinacionales.  Estoera realmente importante puesto que, si se permitía a las empresas multinacionales emprender
prácticas anticompetitivas sin trabas, los países en desarrollo se mostrarían escépticos respecto de la
idea de liberalizar aún más sus economías.  La OMC era una Organización basada en normas y ya era
hora de contar con una norma contra las prácticas comerciales transfronterizas más ofensivas y
perjudiciales hasta la fecha:  los cárteles de fijación de precios.  Además, no podían justificarseamplias exenciones respecto de los cárteles de exportación e internacionales, por motivos de
eficiencia y, por lo tanto, debían suprimirse.  Los países desarrollados debían moverse unilateralmente
                                                     
103 M/22, párrafo 22.
104 M/21, párrafo 54;  M/22, párrafo 22.
105 M/22, párrafos 36, 53, 55 y 58;  M/21, párrafo 36.
106 Véanse elementos conexos en M/21, párrafos 21, 22, 68 y 97 y M/22, párrafos 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15
y 49.WT/WGTCP/7
Página 24
para mostrar su auténtico compromiso con las condiciones de comercio mundial más justas y libres de
prácticas anticompetitivas.  La mejora de los niveles de asistencia técnica y creación de capacidad
sería importante en cualquier caso para el desarrollo de los marcos de política orientada al mercado y
la cultura de competencia en los países en desarrollo.107
75. Se sugirió también que un enfoque en dos niveles que incorporara los siguientes elementos
podría proporcionar de seguir avanzando:  i) establecimiento de un conjunto de principios que fueran
aceptables para todos los Miembros (principios fundamentales, prohibición de los cárteles
intrínsecamente nocivos, asistencia técnica, etc.) en un acuerdo multilateral.  Se establecerían unas
normas mínimas y todos los Miembros participarían en la negociación;  ii) un marco más completo de
reglamentación y cooperación, que se ocupara, por ejemplo, de reglamentar las fusiones de empresas
de países diferentes, la cooperación voluntaria, el examen por homólogos y la solución de diferencias,
se podría abordar en una negociación plurilateral.  La existencia de legislación sobre competencia enuna economía Miembro no sería un requisito indispensable para participar en esa negociación.  Por lo
que respecta a la cooperación voluntaria, se utilizaría un enfoque asimétrico, con arreglo al cual los
países desarrollados asumirían más obligaciones que los países en desarrollo.  De esa forma, estos
últimos se sentirían inducidos a adherirse a la estructura multilateral de competencia y se sentarían las
bases de la cooperación regional.  La mejora de los niveles de asistencia técnica y creación decapacidad tendría una función crucial en este enfoque.
108
76. Otra posibilidad que se mencionó exigiría desarrollar esfuerzos coordinados en la OMC
tendientes a promover un mejor conocimiento de los cárteles y otras prácticas anticompetitivas, y
enfoques para hacer frente a estas prácticas, pero sin exigencia alguna de adoptar legislación nacional
en materia de competencia ni otras medidas vinculantes conexas.  Podría también proseguir la laborrelativa a la aclaración de los principios fundamentales y las modalidades para la cooperación
voluntaria, teniendo presentes las necesidades y perspectivas de los países en desarrollo.
109
77. Se hizo también referencia, en varios momentos del debate, a los enfoques alternativos a los
mecanismos de observancia en esta esfera.  Además de la aplicación potencial del Entendimiento
sobre Solución de Diferencias de la OMC, se hicieron diversas referencias a la posible contribucióndel examen por homólogos en cualquier marco multilateral.  Se señaló que, mediante el examen por
homólogos, los Miembros podían intercambiar experiencias en la esfera de las prácticas
anticompetitivas que podían afectar a los intereses de otros Miembros y en relación con el tipo de
cooperación que serviría para abordar esas actividades de forma efectiva.
110
78. Por último, se expuso la opinión de que el Grupo de Trabajo debía prestar atención a las
prácticas anticompetitivas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual (DPI).  El Acuerdo
sobre los ADPIC preveía, en principio, el control del abuso de dichos derechos por los titulares.  Unfuturo marco multilateral sobre competencia también podía contribuir en ese aspecto, en consonancia
con una mejor protección de los DPI, la realización de intereses sociales y públicos y el equilibrio de
los derechos y obligaciones en esa esfera.
111
                                                     
107 M/21, párrafos 12-14;  véase también párrafo 18.
108 M/22, párrafos 61 y 62.
109 M/22, párrafos 58-60.
110 M/21, párrafo 26 se presenta en la parte C II) infra ;  un examen más completo de las cuestiones
relacionadas con las posibles funciones de la solución de diferencias y el examen por homólogos en un contextomultilateral.
111 M/22, párrafo 45.WT/WGTCP/7
Página 25
II. LA NATURALEZA Y EL ALCANCE DE LOS MECANISMOS DE OBSERVANCIA QUE
PODRÍAN APLICARSE EN VIRTUD DE UN MARCO MULTILATERAL SOBRE
POLÍTICA DE COMPETENCIA
79. El Grupo de Trabajo celebró debates sobre esta cuestión en sus reuniones de los días 20 y
21 de febrero, y 26 y 27 de mayo.  Presentaron comunicaciones escritas acerca de este punto losrepresentantes de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Australia
, los Estados Unidos ,
Corea y el Japón  (documentos WT/WGTCP/W/229, 232, 233, 235 y 236, respectivamente).  Los
representantes de Noruega; Filipinas ; el Japón ; el Canadá ; la India ; Suiza ; el Brasil ; los Estados
Unidos; Egipto ; Corea ; Túnez ; las Comunidades Europeas y sus Estados miembros ; Nigeria ;
Venezuela; Hong Kong, China  y Kuwait  pronunciaron declaraciones orales o formularon preguntas
sobre este punto (el texto de la intervención del Canadá en la reunión de febrero se distribuyó
posteriormente en el documento WT/WGTCP/W/226).  Los observadores de la UNCTAD y la OCDEactualizaron las informaciones sobre las actividades pertinentes de sus organizaciones.
80. El debate acerca de este punto se centró en dos temas:  i) la posible aplicación del
Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD);  y ii) la posible función de un sistema de
examen por homólogos en un marco multilateral de política de competencia.  El examen por
homólogos se debatió como un mecanismo de observancia que podría funcionar como un sustituto ocomo un complemento de la solución de diferencias, y como un instrumento de creación de capacidad
que podría constituir un elemento importante de cooperación como tal en el marco de la OMC.
81. Con respecto a la posible aplicación del Entendimiento sobre Solución de Diferencias en un
marco multilateral sobre po lítica de competencia, se manifestó la opinión de que la OMC era una
Organización basada en normas.  Si bien los Acuerdos de la OMC también contenían variasdisposiciones de carácter más flexible desde el punto de vista jurídico, como las cláusulas de máximo
empeño y los compromisos políticos, todos los Acuerdos contenían derechos y obligaciones, y todos
esos derechos y obligaciones se podrían someter a la solución de diferencias con arreglo al
Entendimiento sobre Solución de Diferencias.  Cualquier otro enfoque traicionaría la razón de ser de
la OMC.  El verdadero interrogante era hasta dónde llegar.  En gran medida, esto dependería delalcance de las obligaciones que los Miembros asumieran en el contexto de un marco multilateral sobre
competencia a las cuales, se suponía, se aplicaría la solución de diferencias.  En términos generales,
había una propuesta de adoptar una obligación de incorporar en los instrumentos nacionales o
regionales una prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos.  Lo que se examinaría en la
solución de diferencias en ese contexto era si la legislación interna prohibía estos cárteles.  Además,
se habían propuesto principios fundamentales relacionados con la transparencia, la no discriminación
y la equidad procesal.  En ese contexto, la solución de diferencias permitiría evaluar si, de maneraevidente, la legislación interna cumplía los principios mencionados, por ejemplo, si propiciaba la
discriminación por motivos de nacionalidad o incluía las garantías exigidas con respecto a la
posibilidad de la revisión judicial de las decisiones administrativas.  Los principios propuestos no
incluirían, sin embargo, ningún tipo de disposición qu e implicara una evaluación de  si una legislación
que era de manera evidente no discriminatoria se administraba, en casos concretos, de formadiscriminatoria, o que abogara por un examen del modo en que se llevaba a cabo la revisión judicial
de las decisiones administrativas, ya que estas cuestiones no serían objeto de ninguna obligación
sustantiva.  En resumen, se propuso que se diera respuesta a las inquietudes respecto del excesivo
escrutinio de la solución de diferencias en los sistemas jurídicos nacionales, mediante la redacción
adecuada de las obligaciones básicas a las que se aplicaría la solución de diferencias.  Esto es lo quese entendía por enfoque de jure  en contraposición a enfoque de facto .
112
                                                     
112 M/21, párrafo 65;  véanse también M/21, párrafos 72, 77 y 78 y M/22, párrafos 72, 73 y 98.WT/WGTCP/7
Página 26
82. Se manifestó la opinión de que la cuestión del papel (de haberlo) de la solución de diferencias
debía abordarse con una mentalidad abierta y centrándose en lo que los Miembros estaban tratando de
conseguir y en la manera óptima de llegar al resultado deseado.  No existía ninguna razón intrínseca
por la que un marco multilateral debía contener disposiciones sobre la solución de diferencias.  Se
sugirió, además, que esta esfera tal vez se distinguiera de otros temas de la Organización por ciertascaracterísticas especiales de la política de competencia en el marco de la OMC.  En particular, cerca
de la cuarta parte de los Miembros carecían de leyes en materia de competencia.  Estas leyes
requerían intrínsecamente sistemas nacionales de cumplimiento que se basaran de manera decisiva en
la discrecionalidad del enjuiciamiento.  Debería examinarse también la idoneidad o la falta de
idoneidad de la aplicación de sanciones comerciales tradicionales que podría activar la solución de
diferencias, cuyos efectos muchos Miembros podrían considerar anticompetitivos.
113  E n  s e n t i d o
análogo, se dieron ejemplos en los que se había determinado que los acuerdos bilaterales sobrecompetencia sin solución de diferencias habían sido útiles, lo que indicaba que no existía ninguna
exigencia inherente de un mecanismo de solución de diferencias en esta esfera.
114
83. Se expresó también la opinión de que la función del Entendimiento sobre Solución de
Diferencias se debería decidir sobre la base del resultado de las posibles negociaciones sobre un
marco multilateral.  Resultaba difícil formular juicios abstractos respecto del modelo exacto sinconocer las disposiciones del acuerdo.  Además, los Miembros deberían permitir que cualquier
función del ESD quedara sujeta a la aplicación progresiva en relación con los países en desarrollo.
115
84. Se señaló que era difícil ver la conveniencia o necesidad del ESD en esa fase en el contexto
de la competencia, particularmente si se tenían en cuenta las grandes diferencias entre los Miembros
en el ámbito de la competencia, por lo que se refería a su experiencia y necesidades.116  Algunos
Miembros manifestaron una preferencia por un enf oque de no confrontación encaminado a la creación
de capacidad y el intercambio de información y experiencia para crear una cultura de la competencia
y un foro para conseguir en último extremo una convergencia general.  Éste podría ir acompañado de
un mecanismo para abordar las preocupaciones concretas de los Miembros en un clima de
cooperación y sería suficientemente eficaz para alentar la observancia, especialmente si estabarespaldado de modo eficaz por un sistema avanzado de seguimiento.
117
85. Se expresó también la preocupación de que los partidarios de que se aplique el ESD buscasen
la aplicación de los principios fundamentales no sólo a las disposiciones relativas a los cárteles
intrínsecamente nocivos sino también a todo el ámbito de la legislación nacional de competencia,
penalizando con ello a los Miembros cuya legislación tenía un alcance más amplio.118  S e  s e ñ a l ó
también a este respecto que la propuesta inicial planteaba que algunas disposiciones de un régimen
interno de competencia que no eran requisitos sustantivos del marco (como las disposiciones sobre losmonopolios o las fusiones) estarían sujetas, sin embargo, a los principios fundamentales primordiales,
como el de la no discriminación y el de la transparencia.  Esto haría a esas disposiciones objeto de
escrutinio en el marco de la solución de diferencias, haciendo necesarios un examen más detenido de
la cuestión de los derechos y obligaciones de los Miembros con respecto a estas disposiciones y una
                                                     
113 M/21, párrafo 67;  véase también párrafo 68.
114 M/21, párrafo 82.
115 M/21, párrafo 72;  véase también M/22, párrafo 92.
116 M/22, párrafos 82, 94.
117 M/22, párrafo 83.
118 M/22, párrafo 84.WT/WGTCP/7
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definición de los límites de un acuerdo.119  Se observó también que resultaba difícil imaginar una
situación en que un Miembro tuviera una ley de competencia bien concebida cuya aplicación se
hiciera de forma incompatible con los principios fundamentales propuestos que no se pudiera
examinar120 -algo que cabría considerar como una anomalía en el marco de la OMC.121
86. En respuesta a estas preocupaciones, se expresó la opinión de que era necesario abordar dos
cuestiones:  a qué se aplicaba la solución de diferencias y sobre qué base.  En los Acuerdos de la
OMC existían varios ejemplos de la existencia de disposiciones especiales para adaptar el ESD a un
ámbito específico, y en ese sentido la competencia no sería una excepción.  Se manifestó la opinión de
que si el acuerdo se formulaba de tal manera que se aplicara solamente a las infracciones de jure  de
los principios fundamentales propuestos, un grupo especial no estaría en condiciones de permitir su
aplicación a un examen de facto .  Sin embargo, si se consideraba necesario, sería posible añadir un
elemento de garantía del funcionamiento a esos efectos.  Con respecto a la sanción, aunque era
especialmente difícil aplicar contramedidas o calcular el número de contramedidas al margen de las
cuestiones estrictamente de acceso a los mercados, no se trataba de un fenómeno nuevo en la OMC.
Se habían planteado problemas similares en los ámbitos de los servicios y la propiedad intelectual.122
Con respecto al argumento de que los países que ya habían adoptado una legislación resultaríanpenalizados, cuando existía un acuerdo debía haber coincidencia sobre las obligaciones sustantivascontenidas en dicho acuerdo.  Si se convenía en la utilidad de los principios fundamentales en un
acuerdo de esa índole, deberían ser de aplicación general sin que ello entrañara penalización alguna.
123
87. En un sentido conexo, se expresó la opinión de que una forma de garantizar resultados
prudentes y previsibles en cualquier procedimiento de solución de diferencias sería prever el
establecimiento de un grupo permanente de expertos en política y legislación de competencia.  Estetipo de planteamientos se aplicaban ya en otros Acuerdos vigentes de la OMC que se ocupaban de
otras cuestiones técnicas complejas, como las subvenciones y medidas compensatorias.  Por otra
parte, todo grupo especial que entendiera en una diferencia relacionada con un Acuerdo de la OMC
sobre competencia estaría obligado a interpretar el mandato a la luz de las disposiciones sustantivas de
dicho acuerdo.  Si el acuerdo se redactaba con arre glo a las pautas que se habían propuesto, quedaría
excluida la intervención de un grupo especial sobre decisiones concretas y sobre episodios de
discriminación de facto .  En lo concerniente a la función del Órgano de Apelación, de conformidad
con las prácticas vigentes de la OMC toda posible revisión se limitaría estrictamente a las cuestiones
jurídicas abarcadas en el informe del Grupo Especial y a la interpretación jurídica que hubiera hecho
el Grupo.  Por consiguiente, el Órgano de Apel ación no podría examinar ni reunir nuevas pruebas
porque estaría vinculado por el procedimiento inicial del Grupo Especial.
124  Se manifestó también la
opinión de que el establecimiento de un grupo permanente de expertos podría tener comoconsecuencia que se ampliara el alcance del procedimiento de solución de diferencias.  El artículo 13
del ESD facultaba a los grupos especiales a recabar asesoramiento técnico en caso necesario.  El
establecimiento de un grupo permanente de expertos sólo podía justificarse si las obligaciones
sustantivas de un marco multilateral sobre política de competencia abarcaban la aplicación de leyes y
                                                     
119 M/22, párrafo 87.
120 M/21, párrafo 75.
121 M/22, párrafo 86.
122 M/22, párrafo 85.
123 M/22, párrafo 85.
124 M/22, párrafo 73.WT/WGTCP/7
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reglamentos en casos concretos que exigieran tener en cuenta muchos hechos y fueran complejos y de
carácter técnico.125
88. Al reconocer el grado de diversidad de la experiencia en materia de política de competencia
de los Miembros, se señaló que en un hipotético sistema híbrido la aplicación de un mecanismo de
solución de diferencias podría limitarse sólo a los casos fundamentales, seguido de una ampliación desu aplicación a medida que se acumulara más experiencia con un marco de la OMC sobre
competencia con el transcurso del tiempo.
126  Al abordar este enfoque, se observó que esto sería
compatible con el objetivo principal del acuerdo de promover la cultura mundial de la competencia,
mediante la cooperación y la transferencia de conocimientos técnicos, y evitar las controversias.127
89. Al proseguir el debate, se señaló que, en un documento reciente, el Profesor Ehlermann,
anterior Presidente del Órgano de Apelación, había señalado que "ya en las normas comerciales
existentes la legislación y las prácticas nacionales sobre competencia no estaban exentas de laaplicación del sistema de solución de diferencias, sino sujetas al mismo.  Tanto las leyes sobre
competencia como su aplicación en casos concretos debían atenerse a las normas sustantivas del
Acuerdo sobre la OMC (por ejempl o, el artículo III.4 del GATT relativo al trato nacional) y se podían
presentar reclamaciones respecto de ambos aspectos".
128  Si se elaboraban nuevas normas en el marco
de un posible marco multilateral sobre política de competencia, sería lógico que la aplicación de lasleyes, reglamentos y directrices estuviera sujeta a dichas normas.  Sin embargo, esto impondría a los
Miembros obligaciones considerables y de gran alcance.
129
90. En respuesta, se aceptó que la jurisprudencia relativa a las disposiciones generales de los
Acuerdos de la OMC ponía en evidencia que se podían aplicar a los procedimientos de observancia de
la legislación, así como a las leyes y prescripciones sustantivas, y, de hecho, podían dar lugar aprocesos de solución de diferencias en casos concretos referentes a la administración o aplicación de
la legislación de competencia.  Sin embargo, por definición, los asuntos planteados en el marco de los
Acuerdos vigentes de la OMC, a diferencia de un posible marco multilateral sobre política de
competencia, se decidirían principalmente con arreglo a los principios consagrados en esas
disposiciones generales y a la jurisprudencia conexa.  En cambio, un marco multilateral tenía laventaja de que tenía en cuenta de forma explícita las exigencias operativas de la legislación sobre la
competencia.  En cuanto a si había precedentes en los Acuerdos de la OMC para centrarse únicamente
en las infracciones de jure  pero no de facto , citó el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias, en el que figuraban los términos " de jure " o " de facto " en el párrafo 1 a) del
artículo 3, pero no en el párrafo 1 b) del artículo 3;  en consecuencia, se había interpretado siempre
que esa última disposición se aplicaba únicamente a las infracciones de jure.  Además, se expuso la
idea de que recurrir a la solución de diferencias sería el último recurso, apoyado por una disposicióngeneral relativa a la posibilidad de celebrar consultas que se incorporaría en el marco multilateral que
permitiría a los Miembros de la OMC mantener consultas bilaterales y privadas sobre cuestiones
                                                     
125 M/22, párrafo 86.
126 M/21, párrafo 77.
127 M/22, párrafo 90.
128 Claus-Dieter Ehlermann y Lothar Ehring, WTO Dispute Settlement and Competition Law
(European University Institute Florence, Policy Paper 02/12 (2002)).
129 M/22, párrafo 86.WT/WGTCP/7
Página 29
importantes para ellos que consideraran que no se debían examinar en el contexto más amplio de un
Comité de Política de Competencia.130
91. Se presentaron tres perspectivas generales acerca de la función del examen por homólogos en
la esfera de la política de competencia en el marco de la OMC.  En primer lugar, se expresó la opinión
de que el examen por homólogos complementaba, mas no sustituía la aplicación del mecanismo desolución de diferencias, y quizás ni siquiera fuera la mejor forma de caracterizarlo considerarlo como
un mecanismo de observancia.  Era más bien un instrumento de creación de capacidad que ayudaría a
todos los Miembros a mejorar con el tiempo la eficacia y la eficiencia de sus regímenes de
competencia.
131  En segundo lugar, se expresó la opinión de que no eran evidentes los beneficios de la
solución de diferencias en un marco multilateral sobre política de competencia y que el examen por
homólogos era un mecanismo de observancia más adecuado en esta esfera.  En ese sentido, sustituía a
la solución de diferencias y estaría basado en un conjunto claro de disposiciones o de obligaciones novinculantes que habrían de ser negociadas por los Miembros, y funcionaría en relación con ellas,
aunque también ofrecía importantes ventajas como instrumento de creación de capacidad y de
promoción de la cooperación.
132  En tercer lugar, se sugirió que la aplicación de un sistema de examen
por homólogos era, en sí misma y por sí misma, la mejor forma de hacer avanzar la labor de la OMC
en esta esfera, sin ninguna presunción de la exis tencia de ningún conjunto conexo de obligaciones o
compromisos.133
92. Con respecto a los beneficios generales del examen por homólogos, se señaló que establecería
un foro exento de confrontaciones para indagar en las políticas y prácticas de otros países y
entenderlas mejor con vistas a dar a conocer las mejores prácticas y mejorar las políticas e
instituciones nacionales;  que ayudaría a los Miembros a entender mejor las leyes y políticas decompetencia de los otros y su cumplimiento;  que facilitaría el proceso de aprendizaje a través del
intercambio de experiencia y conocimientos especializados, lo que era compatible con la manera
orgánica en que se había desarrollado el sistema de leyes de competencia existente, concretamente a
través del intercambio fructífero de ideas;  que no sólo mejoraría el sistema interno de observancia
sino que, dado que los organismos de competencia se ocupaban frecuentemente de cuestionestransfronterizas, también podían beneficiar al sistema de comercio internacional;  que contribuiría a la
transparencia de la legislación y las políticas de competencia y de su aplicación y fomentaría con el
tiempo la convergencia voluntaria de modo gradual.
134  Además, el examen por homólogos fomentaría
la cooperación internacional.  La participación en esos exámenes permitía a los funcionarios
encargados de la política de competencia de diferentes países no sólo conocer mejor las políticas de
los demás, sino también establecer nuevos contactos personales que impulsarían el aumento de la
cooperación internacional para la aplicación de las leyes y políticas de competencia.135  Impulsaría un
sistema constructivo de solución de los problemas, al ofrecer un foro para que los Miembros que
sentían inquietudes acerca de las leyes o las prácticas del Miembro sometido a examen pudieran
expresarlas y que reuniera a países que habían afrontado problemas similares anteriormente y que
podían recomendar soluciones prácticas a partir de su experiencia.  Por último, el examen por
                                                     
130 M/22, párrafo 98.
131 M/21, párrafo 66;  véase también M/22, párrafo 90.
132 M/21, párrafo 68 y M/22, párrafo 82.
133 M/22, párrafo 77.
134 M/21, párrafo 68;  M/22, párrafo 77.
135 M/22, párrafo 77.WT/WGTCP/7
Página 30
homólogos respondería directamente a los objetivos de creación de capacidad establecidos en el
mandato de Doha.136
93. Se manifestó también la opinión de que si el examen por homólogos podía ser positivo para
todos los Miembros, eran los países en desarrollo los que más se podían beneficiar, tanto al ser objeto
de un examen como al participar en el examen de otras jurisdicciones.  Habida cuenta de la grancoincidencia en los problemas que afrontaban los organismos encargados de la competencia -por
ejemplo, la estructura institucional, la independencia, el establecimiento de prioridades con recursos
escasos, las cuestiones transfronterizas, etc.- la mayor parte de las cuestiones pertinentes para los
organismos de los países desarrollados lo serían también para los de los países en desarrollo.
Presumiblemente, la participación en exámenes por homólogos sería para los países en desarrollo una
forma muy eficaz de incrementar su base de conocimientos sin unas necesidades onerosas de recursos.
Al participar en las sesiones de examen, los países en desarrollo estarían en condiciones de ampliar yprofundizar sus conocimientos sobre la competencia y de utilizar esos conocimientos para mejorar sus
sistemas internos.  Con el tiempo, el proceso de examen por homólogos propiciaría el logro de un
objetivo básico de los países en desarrollo que trataban de establecer una política de competencia:  la
difusión de una cultura de la competencia.  Un mecanismo de examen por homólogos podía ser
flexible, reconociendo las necesidades de los países en desarrollo.  Podía establecer diferencias entrelos Miembros basándose, por ejemplo, en sus niveles de desarrollo o su experiencia en la legislación y
política de competencia.  La experiencia de l examen por homólogos de los organismos de
competencia en el Comité de Competencia de la OCDE había sido que las recomendaciones que se
formulaban en el proceso, y el apoyo internacional consiguiente, podían ser un estímulo positivo para
que un miembro sometido a examen introdujera las modificaciones necesarias y deseadas en surégimen nacional de competencia.  Un ejemplo reciente era el de Grecia, que había refrendado las
mejoras de su régimen de competencia que recomendaba la OCDE y había acometido cambios
sustanciales basándose en el informe de la organización.  El examen por homólogos de la OCDE se
había aplicado recientemente a dos países en desarrollo que no eran miembros de la organización:
Sudáfrica y Chile.  La experiencia satisfactoria de esos dos exámenes, tanto desde el punto de vista delos examinadores como de las partes sometidas al examen, había llevado a otros países no
pertenecientes a la OCDE a expresar su interés en someterse al examen.  La implantación del examen
por homólogos en la OMC permitiría a un número mucho más amplio de países, y particularmente a
los países en desarrollo, obtener los beneficios derivados de esos exámenes.
137
94. Se señaló que los mecanismos multilaterales de examen por homólogos tenían tres
características comunes:  i) requerían un comité de expertos;  ii) representaban una forma colegiada de
vigilancia del cumplimiento y los avances;  y iii) suponían una investigación interactiva.  Losobjetivos de estos mecanismos podrían ser, entre otros, proporcionar asesoramiento en materia de
políticas, estimular la coordinación y cooperación en materia de políticas, la recopilación y
divulgación de información y de modelos de prácticas óptimas, y la prestación de asistencia técnica y
ayuda.  Algunos de los mecanismos multilaterales existentes y propuestos de examen por homólogos
que podían ser pertinentes para la elaboración de un mecanismo de examen de la política decompetencia y que se mencionaron en el Grupo fueron los siguientes:  i) el examen por homólogos de
los Planes de Acción Individual en el Sistema del APEC;  ii) los exámenes de la OCDE de la reforma
de las reglamentaciones nacionales (específicamente los exámenes de la política de competencia);
iii) el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC (MEPC);  iv) los estudios
económicos del Comité de Examen de las Situaciones Económicas y de los Problemas del Desarrollo;v) el Mecanismo de Supervisión de Países del FMI (Informes de conformidad con el artículo IV);
vi) el Programa de evaluación del sector financiero (PESF) del FMI y el Banco Mundial;  vii) el
                                                     
136 M/22, párrafo 77.
137 M/22, párrafo 78.WT/WGTCP/7
Página 31
programa de vigilancia del Convenio de la OCDE contra el soborno;  y viii) el mecanismo de examen
de la política de competencia en el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas.  Teniendo
en cuenta estos puntos de referencia, se manifestó la opinión de que un mecanismo de examen de la
política de competencia tendría que definir determinadas cuestiones fundamentales, por ejemplo:
i) tamaño, alcance y ámbito;  ii) definición de homólogo;  iii) participación;  y iv) costos yrepercusiones en los recursos.
138
95. Se presentaron varias sugerencias respecto de la manera en que podría funcionar un sistema
de examen por homólogos en la OMC.  Una opinión fue que el sistema debería ser en respuesta a una
demanda concreta y voluntario.  Lo más eficiente sería un examen independiente en respuesta a
demandas concretas.  En particular, los exámenes de las políticas de competencia por homólogos
deberían llevarse a cabo sobre la base de una solicitud del Miembro que se habría de someter a
examen y de conformidad con las necesidades del solicitante.  En relación con las características delforo del examen por homólogos, se sugirió que sería importante establecer un comité de la OMC
sobre política de competencia, que sustituiría al Grupo de Trabajo y serviría de foro para compartir
información y experiencia entre los Miembros.  El mecanismo de examen de la política de
competencia se aplicaría de la manera más eficiente mediante dicho comité sobre política de
competencia.  Para los casos que precisaran un examen detallado, sería útil establecer un grupo dehomólogos formado por Miembros específicos y expertos independientes bien informados sobre estos
proyectos.  Para que el sistema fuera más eficiente, el proceso comenzaría por una solicitud de
examen, seguida de la presentación de informes de los países que se someterían a examen y, cuando
fuese necesario, el grupo encargado de realizar el examen haría un análisis previo.  Luego se
celebraría una reunión de recapitulación, en la que los Miembros podrían proceder a deliberacionespara elaborar un informe del examen, con inclusión de recomendaciones de política.
139
96. Según otra opinión, considerando que la OMC er a una organización internacional basada en
normas vinculantes, sería más apropiado que el examen por homólogos fuera en la OMC de carácter
vinculante, en lugar de ser voluntario, a semejanza de lo que ocurría en otras organizaciones
internacionales como la OCDE.  En un marco multilateral sobre política de competencia de la OMC,el examen por homólogos debería tener como objetivos facilitar el intercambio de información y
experiencia entre los países Miembros y promover la transparencia en la aplicación de la legislación y
política de competencia, fomentando así la cooperación internacional.  El proceso debería tener las
siguientes características:  i) estar dirigido a todos los países Miembros, con la salvedad de que los
países en desarrollo gozarían del beneficio de períodos de gracia adecuados;  ii) examen de
seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas en el examen por homólogos;
iii) publicación de informes definitivos e información, en particular en Internet, a fin de propiciar laobservancia mediante la presión por los homólogos.  En la práctica, el examen se llevaría a cabo en
tres fases:  i) en la fase de investigación, se podría pedir al país Miembro al que se estuviera
examinando que elaborara un informe con una breve descripción de su legislación y sus mecanismos
de observancia en materia de competencia, de conformidad con una lista preliminar y uniforme de
cuestiones confeccionada para el examen, y que lo presentara a la Secretaría.  Ésta prepararía supropio informe basado principalmente en el informe del gobierno;  ii) en la fase de examen, todos los
países Miembros integrantes del Comité de Competencia considerarían la legislación sobre
competencia y los mecanismos de observancia del país Miembro en cuestión basándose en el informe
del gobierno y en el de la Secretaría.  La Secretaría prepararía entonces un informe final basado en las
opiniones expresadas;  iii) en la fase de difusión, se distribuirían el informe del gobierno, el informedefinitivo de la Secretaría y las actas, lo que fortalecería la transparencia y la confianza en el
                                                     
138 M/21, párrafos 86 y 87.
139 M/21, párrafo 70.WT/WGTCP/7
Página 32
sistema.140  Con todo, otras delegaciones indicaron que no deseaban ofrecer por el momento
sugerencias concretas acerca de la forma en que funcionaría el sistema.141
97. Se manifestó la opinión de que se conseguirían sinergias importantes entre un sistema de
examen por homólogos y un mayor compromiso en materia de asistencia técnica en esta esfera.142
Para facilitarlas, era conveniente seleccionar primero para el examen a países que tuvieran experiencia
suficiente en la aplicación de la política de competencia.  De esa forma, los países más
experimentados podrían facilitar a los países en desarrollo información de utilidad sobre su
experiencia en la aplicación de la legislación y política de competencia, lo cual contribuiría a disipar
las inquietudes de esos países sobre la introducción y aplicación de una legislación y una política
nacionales de competencia.  Según esta opinión, las cuestiones que deberían analizarse en el examen
por homólogos deberían ser los principios fundamentales, los cárteles intrínsecamente nocivos, la
cooperación voluntaria y la asistencia técnica, a los que se hacían referencia en el Programa de Dohapara el Desarrollo.
143
98. Se expresó la opinión de que era importante evitar una duplicación con los sistemas de
examen por homólogos existentes.  En ese senti do, se señaló que el examen por homólogos en la
OMC  se podía centrar en las cuestiones vinculadas a un Acuerdo de la OMC sobre competencia.  Por
ejemplo, en el caso de los países desarrollados, eso podía incluir el grado de cooperación con losorganismos de competencia de otros países, particul armente los países en desarrollo, y su prestación
de asistencia técnica y de ayuda a la creación de capacidad a esos países en el ámbito de la
competencia.  En cuanto a los países en desarr ollo, el examen podía referirse al éxito en la
implantación de una cultura de la competencia y si se había difundido adecuadamente en los sectores
público y privado el conocimiento de la legislación y el régimen de competencia.  Se hizo notar que laUNCTAD también había ofrecido llevar a cabo exám enes por homólogos;  se podían estudiar las
oportunidades de sinergia con esa organización.
144  Se expresó también la opinión de que el MEPC de
la OMC era un mecanismo de examen por homólogos que abarcaba un amplio conjunto de aspectos
de la política comercial de un determinado Miembro de la OMC.  En consecuencia, su finalidad y su
alcance eran diferentes de los del mecanismo de examen de la política de competencia propuesto.145
99. En relación con la cuestión de si el examen por homólogos en la OMC funcionaría como un
complemento de la solución de diferencias, como un sustituto de la solución diferencias o como un
punto en el que se centraría la actividad por sí mismo, se expusieron diversas opiniones.  Una opinión
de ellas fue que la utilización del examen por homólogos como sustituto de la solución de diferencias
podía distorsionar sus verdaderos fines, lo que llevaría a que fuera percibido como un mecanismo
contencioso cuando no lo era.  Según esta opinión, el examen por homólogos no debería ser utilizado
en realidad como un mecanismo de observancia sino como un instrumento de creación decapacidad.
146  Un enfoque más idóneo sería un "híbrido" en que se impondría el cumplimiento de
obligaciones estrictamente formuladas pero jurídicamente vinculantes  mediante un procedimiento de
                                                     
140 M/22, párrafo 79.
141 M/22, párrafos 74 y 78.
142 M/21, párrafo 73;  M/22, párrafos 91, 93 y 95.
143 M/22, párrafos 75 y 80.
144 M/22, párrafo 75.
145 M/22, párrafo 80.
146 M/21, párrafo 66.WT/WGTCP/7
Página 33
solución de diferencias y se abordarían las cuestiones más amplias que no se limitasen a las
obligaciones formales mediante exámenes por homólogos.  Se proporcionaron variantes de este
enfoque.147  Otra cuestión que se planteó fue que el examen por homólogos podría ser un mecanismo
de observancia ideal para el tipo de acuerdo que estaba en consideración en la actualidad -sin
obligaciones vinculantes, que aseguraría que las decisiones específicas en materia de cumplimiento noserían examinadas o impugnadas.  Al mismo tiempo, podría permitir que los Miembros estudiaran la
aplicación sistémica de las políticas y legislaciones de competencia a lo largo del tiempo.
148  Como se
indicó, otra opinión consistía en que el examen por homólogos sería un centro de interés en sí mismo,
sin presunción de la existencia de ningún conjunto conexo de obligaciones o compromisos.149
100. Se expuso también la opinión de que, en ausencia de algún tipo de capacidad en materia de
solución de diferencias, el examen por homólogos y otros procedimientos de presión impusieran a los
países económicamente débiles el cumplimiento de los elementos de un marco multilateral, en tantoque no existiría mecanismo alguno que impusiera la observancia a los participantes más poderosos.
En este contexto, se cuestionaban los beneficios de un mecanismo de examen de la política de
competencia, que en cualquier caso supondría ejercer una presión sobre los recursos escasos de los
Miembros.  De ser necesario, los exámenes podrían llevarse a cabo en otros foros como
la UNCTAD.
150
III. POSIBLES ELEMENTOS EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD Y FLEXIBILIDAD QUE
PODRÍAN INCLUIRSE EN UN MARCO MULTILATERAL SOBRE POLÍTICA DE
COMPETENCIA
101. El Grupo de Trabajo celebró debates sobre esta cuestión en sus reuniones de los días 20 y
21 de febrero, y 26 y 27 de mayo de 2003.  Presentaron comunicaciones escritas acerca de este puntolos representantes de Hong Kong, China; Australia
; y las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros (documentos WT/WGTCP/W/224, 232 y 234, respectivamente).  El Japón , el Canadá ,
Tailandia, Noruega , Sudáfrica , Chile , Suiza,  Venezuela , el Brasil , la India  y Filipinas  formularon
declaraciones orales o preguntas sobre este pun to.  El observador de la OCDE proporcionó una
actualización de las actividades pertinentes de su delegación.
102. El debate profundizó en las siguientes cuestiones:  i) la aplicación a los países en desarrollo
de un marco multilateral sobre política de competencia;  ii) ciertos elementos específicos de
flexibilidad y progresividad, en particular exclusiones y exenciones;  iii) la compatibilidad de un
marco multilateral sobre política de competencia con la política industrial y las demás políticas de los
Miembros;  iv) trato especial y diferenciado y princi pios fundamentales;  v) el costo de la observancia
con un marco multilateral sobre política de competencia;  y vi) trato especial y diferenciado y cárteles
intrínsecamente nocivos.
103. Se indicó que para que los Miembros decidieran con conocimiento de causa si estarían o no
preparados para asumir obligaciones multilaterales en la esfera del comercio y la política de
competencia, tenían que conocer la "amplitud" y la "profundidad" de las posibles obligaciones y
debería preverse flexibilidad en las esferas en que su capacidad fuera limitada o existieran
dificultades.  Sólo mediante ese conocimiento estarían los Miembros en situación de evaluar de formarealista los costos y beneficios para sus economías de un posible marco multilateral.  Habida cuenta
                                                     
147 M/21, párrafos 69, 72, 77 y 81.
148 M/21, párrafo 68.
149 M/21, párrafo 77.
150 M/22, párrafo 84;  véase también M/21, párrafo 76.WT/WGTCP/7
Página 34
de la gran diversidad entre unos y otros en cuanto a su desarrollo económico, sus políticas
industriales, sus circunstancias socioeconómicas, sus tradiciones jurídicas, sus enfoques, instituciones
y cultura en la esfera de la competencia y en otros aspectos, era lógico que un posible marco
multilateral no fuera plenamente compatible con el actual régimen de algunos Miembros.151
Cualquier intento de armonizar los regímenes estaría condenado al fracaso.152  En cualquier caso, las
obligaciones derivadas de un posible marco multilateral tendrían consecuencias en forma de
modificaciones normativas, legislativas e institucionales, y de necesidades de recursos.  Por
consiguiente, debería considerarse la posibilidad de ejercer flexibilidad en forma de trato especial y
diferenciado para las economías que carecieran de leyes en materia de competencia,
independientemente de que se tratara o no de un país en desarrollo.153  La cuarta parte de los
Miembros de la OMC carecían de leyes en materia de competencia;  era posible que algunos tuvieran
limitaciones de capacidad, en tanto que otros optaran por no promulgar leyes en materia decompetencia a causa de preocupaciones válidas de política interna.  No había motivos para dejar de
lado las preocupaciones de estas economías.
154
104. Con respecto a la necesidad de flexibilidad y progresividad para atender las preocupaciones
mencionadas más arriba, se señaló que un marco multilateral debía adaptarse a una variedad de
situaciones especiales que debía abordar155 y evitar incurrir en una carga excesiva, por ejemplo en
cuanto a la elaboración de reglamentos relativos a los cárteles intrínsecamente nocivos.156  A  e s e
respecto, se expresó la opinión de que la propuesta actual relativa a la adopción de un marco
multilateral ya incorporaba un alto grado de flexibilidad.  En esencia, solamente propugnaba la
incorporación de los tres principios fundamentales y de la prohibición de los cárteles intrínsecamente
nocivos en las legislaciones nacionales, junto con sanciones que tuvieran el necesario efectodisuasorio.  Se trataba de una ambición modesta pero importante.
157  Se observó también que era
posible incorporar flexibilidad tanto en la "ampli tud" como en la "profundidad" de las obligaciones.
En lo referente a la "amplitud", las obligaciones correspondientes a distintos principios básicos o
cuestiones importantes podían dividirse en dos tipos de bloques esenciales:  i) las obligaciones
comunes;  y ii) las obligaciones optativas.  Las obligaciones comunes podrían comprenderobligaciones y disciplinas generales, así como cláusulas de máximo empeño (por ejemplo, en relación
con los principios básicos y la creación de capacidad), que deberían asumir todos los Miembros.  Las
obligaciones optativas podrían comprender pautas no vinculantes o compromisos específicos que
adoptaría cada Miembro a título individual y voluntario.  Deberían incorporarse en esta categoría
elementos detallados en el marco de los principios básicos, así como otros elementos que figuran en el
párrafo 25 del mandato de Doha (es decir, los cárteles intrínsecamente nocivos y la cooperación
voluntaria).  Cada Miembro sería libre de elegir las obligaciones optativas que decidiera asumir y loscompromisos específicos que deseara contraer cuando estuviera dispuesto a ello.
158  Este enfoque
daría a los Miembros suficiente flexibilidad para asumir compromisos específicos acordes con sus
                                                     
151 M/21, párrafo 90.
152 M/21, párrafo 94.
153 M/21, párrafos 90 y 92.
154 M/21, párrafo 90.
155 M/21, párrafos 91-92;  M/22, párrafos 107, 110 y 111.
156 M/21, párrafo 92.
157 M/22, párrafo 108.
158 M/21, párrafos 91-92.WT/WGTCP/7
Página 35
necesidades y circunstancias sin perjuicio de su cumplimiento de otros objetivos en materia de
política interna.  De este modo también se podría contribuir a reducir al mínimo los problemas de
cumplimiento de los Miembros, entre ellos los que no tuvieran leyes horizontales sobre competencia.
Con respecto a la "profundidad" de cada elemento, es decir, cuán detallado o gravoso debería ser cada
tipo de obligación, se consideraba que sólo podría llegarse a un consenso con respecto a un resultadosatisfactorio evitando las disposiciones excesivamente prescriptivas y gravosas que entrañaran ajustes
significativos de los regímenes nacionales, y absteniéndose de prescribir los medios para que los
Miembros cumplieran las obligaciones pertinentes.
159
105. La progresividad y la flexibilidad también implicaban admitir excepciones y exenciones,
períodos de transición y el uso de instrumentos jurídicos regionales por oposición a instrumentos
jurídicos nacionales.160  Se subrayó otra cuestión:  era necesario adoptar un enfoque nuevo y más
progresivo en relación con la asistencia técnica y la creación de capacidad para que fuera posibleobtener beneficios lo más pronto posible en el pr oceso.  En particular, el Comité de Política de
Competencia de la OMC desempeñaría una función crucial en la labor de generar y materializar el
apoyo para la asistencia técnica y la creación de capacidad.
161
106. Por lo que respecta a las exenciones y las excepciones, se señaló que todos los Miembros que
tuvieran legislación sobre competencia podrían recurrir a ellas162, con sujeción a los requisitos de
transparencia y examen periódico.163  Se indicó también que las excepciones eran parte no sólo de la
política de competencia sino que respondían a una amplia gama de objetivos públicos, fuesen de
política cultural o social o de política de distribución de ingresos, todos los cuales apenas tenían que
ver con el comercio.164  Las excepciones eran de especial importancia para los países en desarrollo
que no contaban todavía con una legislación nacional sobre competencia o en los que ésta erarelativamente reciente y sin experimentar.
165  No obstante, se señaló que no sería aceptable que se
hiciera caso omiso del principio de transparencia, ni tampoco podía la competencia en sí misma
convertirse en la excepción a la norma de las excepciones.166  Se señaló también que los gobiernos
nacionales debían preservar la soberanía en lo concerniente a la cuestión de las excepciones y las
exenciones aun cuando esto diera lugar a cierto grado de pérdida de la competencia, aunque ello fueracondicionado por la sugerencia de que las excepciones se debían imponer sobre todo por motivos de
fomento de la eficiencia.
167  Más concretamente, las justificaciones para las excepciones y las
exenciones incluían las siguientes consideraciones:  reducir los riesgos y la incertidumbre, facilitar la
innovación, recopilar y divulgar información, y compensar las desigualdades en cuanto al poder de
                                                     
159 M/21, párrafo 91.
160 M/22, párrafo 106.
161 M/22, párrafo 109.
162 Véase, en general, M/21, párrafo 92;  M/22, párrafos 106-109 y 111.
163 M/22, párrafo 106, véase también M/21, párrafo 104.
164 M/21, párrafo 95.
165 M/22, párrafo 111.
166 M/21, párrafo 104;  véanse también párrafos 115 y 110.
167 M/21, párrafo 113.WT/WGTCP/7
Página 36
negociación.168  Se esbozaron las siguientes salvaguardias y principios adicionales respecto de los
procedimientos para conceder exenciones:  i) todas las partes interesadas y afectadas al nivel nacional
deberían participar en la concesión de exenciones;  ii) las exenciones deberían restringir la
competencia en la menor medida posible;  iii) las exenciones deberían ser de duración limitada y se
deberían examinar periódicamente;  iv) los exámenes deberían identificar claramente a los ganadoresy perdedores y su impacto en la eficiencia económica y los intereses económicos más generales;
v) debía comprenderse que existía la posibilidad de que las exenciones otorgadas en un sector
generaran o perpetuaran distorsiones que podrían afectar a la eficiencia de la actividad económica en
otros sectores;  en consecuencia, las exenciones se deberían utilizar con cautela para no perturbar el
funcionamiento general de la competencia.
169  El principio implícito era el de equilibrio entre la
eficiencia y la equidad.  Cualesquiera obligaciones que se incorporen en esta esfera debían tener en
cuenta esta tradición.  Asimismo, se señaló que debía distinguirse las excepciones en la política decompetencia y las excepciones en la política comercial.  Las excepciones en la política de
competencia podían influir en el acceso a los mercados y la inversión.  Con todo, era importante
señalar que las metas de la política de competencia, si bien eran aliadas de las metas de la
liberalización del comercio, no eran idénticas.  Era preciso situar toda la cuestión de las exclusiones
en una perspectiva más amplia de política pública, en que la política comercial era apenas unelemento.
170  En relación con esta cuestión, al ilustrar la flexibilidad del trato especial y diferenciado,
se hizo notar que generalmente había cuatro tipos de exclusiones:  i) exclusiones parciales, lo que
significaba que algunas de las disposiciones generales en materia de leyes de competencia no se
aplicarían y las situaciones no previstas no se regirían por ninguna otra norma en materia de leyes de
competencia, incluidos los reglamentos;  ii) exclusiones parciales con sustitución, lo que significabaque se habrían elaborado leyes o normas específicas de competencia;  iii) exclusión total, lo que
significaba que no se aplicaría ninguna de las disposiciones generales en materia de leyes de
competencia;  y iv) exclusión total con sustitución, lo que significaba que se aplicarían leyes o normas
especiales.
107. Se sugirió que un aspecto importante de la flexibilidad sería la capacidad de usar instrumentos
de la legislación regional, por oposición a la legislación nacional, en materia de competencia.  Un
buen precedente de este enfoque se encontraba en la historia de la Comunidad Europea, en donde las
normas de la competencia regional habían sido un elemento central del tratado original de la CE y no
había sido hasta fecha reciente cuando todos los Estados miembros de la Comunidad habían adoptado
su propio régimen de competencia.  En relación con ese punto, se aceptó la sugerencia de que los
países cuya economía no fuera de gran magnitud podrían no obtener beneficios de una política
nacional en materia de competencia;  los instrumentos y autoridades regionales de competencia seríanuna forma perfectamente válida de aplicar el tipo de marco multilateral que se había propuesto.
171  La
CARICOM y el COMESA proporciona ban otros dos ejemplos de enfoques innovadores en materia de
la aplicación de la política de competencia a nivel regional.172
108. Se manifestó la opinión de que el sector agrícola no era sólo una excepción importante, sino
también ingente, tal vez demasiado grande para reducirlo simplemente a un ejemplo del empleo deexclusiones como un procedimiento para hacer frente a la tensión entre la política de competencia y la
                                                     
168 M/21, párrafo 113, que cita la publicación UNCTAD Series on Issues in Competition Law and
Policy, titulada "Exenciones y excepciones".
169 M/21, párrafo 113.
170 M/21, párrafo 93.
171 M/21, párrafo 103.
172 M/22, párrafo 109.WT/WGTCP/7
Página 37
política industrial.  La opinión contraria de algunos Miembros era desalentadora, en la medida en que
no tenía en cuenta las circunstancias competitivas de este sector.  Las subvenciones debían ser
consideradas como un instrumento importante de la política y la legislación sobre competencia.173  En
respuesta, se señaló que, en la Comunidad Europea, las normas de competencia se aplicaban al sector
agrícola excepto cuando existían reglamentos concretos que establecían limitaciones pertinentes.  Sehizo referencia, a este respecto, a un caso reciente en el que determinadas empresas habían sido
sancionadas por la Comisión de la Comunidad Europea por organizar un cártel respecto de un
determinado producto agrícola.  Se aclaró asimismo que en la Comunidad el término "exenciones" no
indicaba una "exclusión" total de la aplicación de las normas de competencia, sino que se utilizaba
más comúnmente en el sentido de una "autorización".
174
109. Con respecto a la relación entre la política de competencia, por una parte, y las políticas social
e industrial, por otra, se expresó la opinión de  que los ejemplos que se proporcionaban en una
comunicación presentada por Australia (documento WT/WGTCP/W/232) demostraban la manera en
que éstas podían coexistir.  En particular, se constataba que una política de competencia sólida podía
coexistir con políticas concebidas para conseguir objetivos sociales e industriales concretos.  Esto
estaba implícito en un enfoque mixto de la acción de gobierno basada en las fuerzas del mercado y en
la intervención gubernamental selectiva, y era parte de la premisa de que "la talla única no sentababien a todo el mundo".
175  Se indicó también a este respecto que, para algunos países, las
consideraciones relativas a la dimensión de desarrollo serían fundamentales, mientras que para otros
países, podrían ocupar un lugar destacado otras dimensiones de carácter histórico o cultural.  En
cualquier caso, no era deseable la armonización de los elementos sustantivos de las leyes de
competencia.  La convergencia representaba un objetivo válido y la mejor forma de alcanzarlomediante la elaboración de un enfoque común por medio del diálogo y no mediante compromisos
detallados y específicos o normas comunes.
176
110. Se observó que en el Estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateral sobre
política de competencia (documento WT/WGTCP/W/228) se determinaban cinco formas distintas en
las que era posible incorporar los objetivos de política industrial en un marco normativo nacional y sepodía gestionar cualquier conflicto con la legislación sobre competencia.
177  Esto respaldaba la
opinión de que un marco multilateral sobre política de competencia no debería limitar el espacio
normativo de los países en desarrollo para llevar a término otras políticas importantes que respondían
a sus objetivos sociales, económicos y de desarrollo.178  Se facilitó también el ejemplo de la manera en
que la política industrial de un Miembro se incorporó en la política de competencia, mediante
distinciones entre sectores y exenciones por un período máximo de 18 meses.179  Se expresó también
la opinión de que era necesario aclarar más la relación del concepto de no discriminación con el
                                                     
173 M/22, párrafo 114.
174 M/22, párrafo 117.
175 M/22, párrafo 106, véase también M/21, párrafo 23.
176 M/21, párrafos 93-94.
177 Véase párrafo 68, supra .
178 M/22, párrafo 108.
179 M/21, párrafo 109.WT/WGTCP/7
Página 38
concepto más amplio de espacio de política económica, industrial y de desarrollo.  A ese respecto, era
crucial la flexibilidad para la aplicación de la legislación sobre competencia.180
111. En cuanto a si la progresividad y flexibilidad en sí mismas deberían tener la condición de un
principio fundamental, se señaló que estaban en una categoría distinta de los elementos que se habían
descrito como principios fundamentales en el párrafo 25 de la Declaración de Doha.  En particular, sedescribían los principios fundamentales como elementos absolutos, mientras que la progresividad y la
flexibilidad se referían a cuestiones transitorias y relativas.  Sin embargo, ello no menoscababa su
importancia.
181  Se indicó también que la flexibilidad y progresividad eran aplicables a todo el sistema
de la OMC y no se limitaban a sectores o acuerdos determinados.182
112. Se manifestó también la preocupación de que, independientemente de si la legislación de
competencia se aplicaba mediante decisiones administ rativas, o judicialmente, podía suponer un costo
ingente y difíciles ajustes institucionales, especialmente en el caso de los países que se encontraban enla fase inicial de aplicación de las leyes de competencia.
183  Se expresó también la opinión de que tales
preocupaciones eran exageradas, por las siguientes razones:  i) no era necesariamente cuestión de
establecer una división entre los países desarrollados y en desarrollo, dado que muchos países en
desarrollo también tenían regímenes de competencia;  ii) el establecimiento de períodos de transición,
quizás mucho más extensos para los países pobres, ayudaría a que los costos fueran soportables;  yiii) la asistencia técnica y los conocimientos técnicos de países más experimentados harían que los
costos relacionados con el cumplimiento fueran mínimos.  En cualquier caso, como se mostraba en el
Estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateral sobre política de competencia
(documento WT/WGTCP/W/228), los costos de establecer un organismo de competencia eran
menores que lo que generalmente se creía y probablemente serían ínfimos frente a los beneficios quese derivarían de la observancia de una legislaci ón de competencia como, por ejemplo la prevención de
la manipulación de las licitaciones.
184
113. Se expresó la opinión de que un compromiso en materia de flexibilidad no debería permitir
que las prácticas anticompetitivas más flagrantes se mantuvieran.  Una observación conexa fue que el
aplazamiento de la obligación no reducía los costos que era necesario realizar, sino que simplementelos difería.  Si la asistencia técnica y la creación de capacidad se formularan y financiaran
adecuadamente, podrían contribuir mucho a la progresividad de los países en desarrollo en el
cumplimiento de las normas de la OMC.
185  Este planteamiento de la necesidad de un enfoque más
progresivo en cuanto a la prestación de asistencia técnica y la creación de capacidad apareció
reflejado más adelante.186  Ello fue percibido por algunas delegaciones como un intento de centrarse
en la observancia interna de las leyes y políticas en materia de competencia y la creación de una
modalidad limitada y más sencilla de observancia internacional -la creación de una política decompetencia sin una cultura de la competencia.
187  En respuesta, se expuso la opinión de que la cultura
                                                     
180 M/22, párrafo 113.
181 M/22, párrafo 106.
182 M/22, párrafos 108, 39.
183 M/22, párrafo 113, véase también M/21, párrafo 114.
184 M/21, párrafo 113.
185 M/21, párrafo 96.
186 M/22, párrafo 99, véase también M/21, párrafo 111.
187 M/21, párrafo 98.WT/WGTCP/7
Página 39
de la competencia no nacía en un país si el gobierno no adoptaba determinadas medidas encaminadas
a crear un entorno en que prosperara esa cultura.  El establecimiento de un régimen de política de
competencia era uno de los elementos más útiles que los gobiernos podían poner en práctica para
fomentar una cultura de la competencia, teniendo en cuenta las circunstancias económicas y
preservando la flexibilidad de adaptarlo cuando cambiaran las condiciones.188
114. Al responder a las observaciones formuladas por una delegación, tuvo lugar un debate con
respecto a tres posibles dimensiones de la flexibilidad en el contexto de la prohibición de los cárteles
intrínsecamente nocivos que se había propuesto:  en primer lugar, la aplicación de enfoques
horizontales en lugar de sectoriales;  en segundo lugar, la aplicación y la observancia;  y en tercer
lugar, el enfoque legislativo en lugar del administrativo.  En cuanto al primer aspecto, no había razón
alguna por la que un Miembro de la OMC no pudiera aplicar una prohibición de los cárteles
intrínsecamente nocivos sector por sector, como un Miembro había expresamente reconocido que lohacía.
189  Aunque desde luego eso supondría una mayor carga de trabajo que una ley horizontal para el
Miembro de la OMC, no existía en principio ninguna razón por la que eso no fuera factible.  Si se
decretaba la prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos en determinados sectores antes que en
otros, lógicamente los sectores que no estuvieran abarcados por la prohibición serían exclusiones.  No
obstante, esa cuestión se debía abordar en la fase de negociación;  si el Grupo comenzaba a hablar deexclusiones en ese momento, de hecho estaría iniciando las negociaciones.  De igual modo, no había
razón por la que la aplicación y la observancia debieran llevarse a cabo mediante la creación de un
organismo antimonopolio o de la competencia, aunque ése era para un número creciente de países un
sistema eficiente.  Había, sin embargo, otras formas de hacerlo, por ejemplo concediendo poderes
adicionales a un determinado órgano o, también en este caso, sector por sector.
190
115. Por lo que respecta al enfoque de dos niveles propuesto por una delegación, se consideró que
mientras que el primer nivel (notificación de la legislación) era parte lógica de la prescripción en
materia de notificaciones, el segundo nivel (notificación de las medidas gubernamentales) era con
frecuencia parte de la política industrial y nunca había sido incluido en la política de competencia
-esta reglamentación formaba parte de la manera en que los gobiernos decidían reglamentar o nodeterminado sector de actividad económica.  En cualquier caso, las leyes de competencia asumían esta
reglamentación como un hecho.  Estas situaciones no quedarían comprendidas en un Acuerdo de la
OMC sobre competencia pero podrían verse sujetas a las prescripciones en materia de transparencia
en algún otro Acuerdo de la OMC.  Se manifestó la opinión de que, en la medida en que estuvieran
claramente definidos, los procedimientos en materia de transparencia deberían ser excesivamente
gravosos.
191  En relación con los demás principios fundamentales, se expresó la opinión de que el
concepto de no discriminación propuesto en el contexto de la competencia no era equivalente a la nodiscriminación absoluta del trato de todos los agentes económicos.  Más bien, la no discriminación
simplemente sostenía que la nacionalidad de la empresa no era en sí misma un motivo válido para la
discriminación.  Con respecto al tema de la discriminación procesal, en reconocimiento de una
observación formulada anteriormente según la cual un sistema de equidad procesal tenía que ser
acorde con la arraigada tradición administrativa, judicial y jurídica de cada Miembro de la OMC, seexpresó la opinión de que debían identificarse la esencia del principio de equidad procesal y sus
elementos fundamentales;  los elementos periféricos se dejarían a cada país.
192
                                                     
188 M/21, párrafo 98.
189 M/21, párrafo 109.
190 M/22, párrafo 116.
191 M/21, párrafo 97.
192 M/21, párrafo 99.WT/WGTCP/7
Página 40
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD, DE CONFORMIDAD
CON EL PÁRRAFO 24 DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA
116. El párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Doha establece que los Ministros reconocen la
necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se potencie el apoyo para la
asistencia técnica y la creación de capacidad, incluidos el análisis y la formulación de políticas paraque puedan evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha para sus
políticas y objetivos de desarrollo, y el desarrollo humano e institucional.  A tal fin, la disposición
establece que se trabajará en cooperación con otras organizaciones intergubernamentales pertinentes,
incluida la UNCTAD, y por conducto de los canales regionales y bilaterales apropiados, para facilitar
una asistencia reforzada y dotada de recursos adecuados para responder a esas necesidades.  A este
respecto, durante cada una de sus reuniones celebradas en 2003, el Grupo de Trabajo recibió informes
sobre actividades realizadas en cumplimiento del mandato establecido en el párrafo 24, ya sea de laSecretaría de la OMC, de otras organizaciones intergubernamentales o de Miembros que habían
actuado por conducto de canales regionales y bilaterales.
117. Durante el año, la Comunidad Europea y sus Estados miembros (documento
WT/WGTCP/W/223) y Australia (véanse las partes pertinentes del documento WT/WGTCP/W/232)
presentaron comunicaciones escritas que resumen las actividades que llevaron a cabo en el marco del
mandato establecido en el párrafo 24.  El Grupo también tuvo ante sí una Nota de la Secretaría que
resume las actividades de la Secretaría en respuesta al párrafo 24 (documento WT/WGTCP/W/230).Los representantes del Brasil, China
, Egipto,  la Comunidad Europea y sus Estados miembros ,
Lesotho, el Japón , Corea , Tailandia  y Túnez  formularon declaraciones orales o preguntas sobre este
punto.
118. Informaron al Grupo de Trabajo acerca de actividades específicas correspondientes al
párrafo 24, efectuadas por su iniciativa o con su colaboración, los siguientes Miembros:  Tailandia193,
Lesotho194, China195, Corea196, Australia197, el Japón198 y Egipto199.  Además, en cada una de las
reuniones del Grupo de Trabajo se presentaron informaciones actualizadas de la UNCTAD y
la OCDE.200
119. Los principales tipos de actividades que la Secretaría llevó a cabo en respuesta al mandato
establecido en el párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Doha fueron las siguientes:
• En primer lugar, además de las opciones de la OMC en este sector, en diversas partes del
mundo en desarrollo, la propia Secretaría organizó varios talleres regionales sobre la relaciónentre la política de competencia, el desarrollo económico y el sistema multilateral de
                                                     
193 M/21, párrafo 125.
194 M/21, párrafo 126.
195 M/21, párrafo 127.
196 M/21, párrafo 129.
197 M/22, párrafo 123.
198 M/22, párrafo 125.
199 M/22, párrafos 126 y 127.
200 Véanse, por ejemplo, M/22, párrafos 128 y 129.WT/WGTCP/7
Página 41
comercio.  Para finales de julio de 2003, se habrán organizado talleres de este tipo en
Guatemala para los países de América Central201;  en Port-Louis, Mauricio, para los países
anglófonos de África;  en Bangladesh, para los países de la región de Asia y el Pacífico;  en
Kingston, Jamaica, para los países de la región del Caribe202;  en El Cairo, para los países
árabes y de Oriente Medio;  en Buenos Aires, para los países de América Latina203;  en
Nairobi, para los países anglófonos y francófonos de África, y en Budapest, para los países de
Europa Central y oriental y Asia Central.204
• En segundo lugar, la Secretaría había participado en una amplia serie de talleres organizados
por la UNCTAD, así como en dos conferencias internacionales organizadas conjuntamentepor la OCDE
205, en cuestiones relacionadas con el párrafo 24 y las propuestas que tiene ante sí
la OMC en esta esfera.
• En tercer lugar, la Secretaría había organizado en Ginebra dos Simposios de un día de
duración sobre diversas cuestiones que la OMC examina en relación con el mandato de Doha
y los aspectos de las actuales propuestas relativas a un marco multilateral sobre política decompetencia.
• En cuarto lugar, la Secretaría había organizado sendos talleres nacionales para China y
Lesotho, sobre la misma serie de temas abordados en los talleres regionales, a saber, la
relación entre la política de competencia, el desarrollo económico y el sistema multilateral de
comercio, además de las opciones de la OMC en esta esfera.
• En quinto lugar, en varios cursos de formación sobre varios temas y en otras actividades
organizadas por la Secretaría, tanto en Ginebra como en las regiones, se presentaron módulos
sobre las cuestiones que examina la OMC en el ámbito del comercio y la política de
competencia.
• En sexto lugar, y en respuesta a una solicitud del Grupo de Trabajo (documento
WT/WGTCP/M/18, párrafos 96 a 98), de conformidad con el mandato contenido en elpárrafo 24 de la Declaración de Doha, se había preparado un estudio, con la asistencia del
consultor Dr. Simon Evenett, sobre cuestiones específicas relativas a un posible marcomultilateral sobre política de competencia (documento WT/WGTCP/W/228, publicado el 19
de mayo de 2003).
206  El estudio respondía, en particular, a la necesidad de "análisis y la
formulación de políticas", elementos que se identifican en el párrafo 24 como parte de un
mandato más amplio de apoyo a la asistencia técnica y la creación de capacidad.207
                                                     
201 Organizado en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo.
202 Organizado en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo.
203 Organizado en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo.
204 Para más detalles, véase M/21, párrafo 120 y documento WT/WGTCP/W/230.
205 Uno de ellos, el Taller y Foro de Seúl sobre la competencia (noviembre de 2002) también fue
organizado conjuntamente por la UNCTAD.
206 Véase el debate en párrafos 66-72, supra .
207 M/21, párrafos 102-123;  véase también el documento WT/WGTCP/W/230.WT/WGTCP/7
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120. Para llevar a cabo las actividades a que se hace referencia supra , la Secretaría cooperó
ampliamente con la UNCTAD y, en menor medida, con otras organizaciones intergubernamentales
activas en este campo.  En enero de 2002, la Secretaría organizó una reunión de representantes
interesados de las secretarías de la UNCTAD, la OCDE y el Banco Mundial a fin de examinar
posibles enfoques para aplicar el mandato contenido en el párrafo 24 de la Declaración de Doha.  Enla reunión, los organismos participantes acordaron que la cooperación entre ellos debía considerarse
un proceso continuo, que mantendrían un contacto regular y que intercambiarían periódicamente
información sobre los acontecimientos venideros con miras a facilitar la coordinación y evitar la
duplicación innecesaria (documento WT/WGTCP/M/17, párrafo 58).
121. Tras la reunión mencionada supra , se había invitado a participar a la UNCTAD que había
enviado un conferenciante a todos los talleres regionales y nacionales organizados por la Secretaría en
la esfera de la interacción entre comercio y política de competencia desde la Conferencia Ministerialde Doha.  Análogamente, la Secretaría de la OM C, por invitación de la UNCTAD, ha enviado un
conferenciante a todos los talleres y conferencias  regionales organizados por la UNCTAD en relación
con el mandato posterior a Doha sobre comercio y política de competencia.  La Secretaría también se
había beneficiado de la participación en algunos de estos talleres de representantes de la secretaría de
la OCDE (tanto del sector de comercio como del sector de la competencia), y ha participado en dosconferencias internacionales que abordaron las cuestiones que examina la OMC en esta esfera y que
fueron organizadas junto con la OCDE.  Además, un representante del Banco Mundial había
participado en un taller regional organizado por la Secretaría para los países de la región del Asia y el
Pacífico, en Bangkok.
122. Durante el debate sobre este punto, los Miembros formularon diversas observaciones y
sugerencias con respecto a los programas relativos a la creación de capacidad.  En particular, se
sugirió que:  i) además de la cooperación técnica, la promoción de la política de competencia en los
países en desarrollo contribuía al aumento de la capacidad de estos países;  ii) la OMC y otras
organizaciones internacionales deberían ampliar la cooperación técnica más allá de la organización de
seminarios y cursos de capacitación;  iii) la Secretaría de la OMC debería proporcionar más asistenciaespecializada y en profundidad en relación con la política de competencia.  Por ejemplo, sería
conveniente establecer un curso especializado en competencia además de los cursos actuales que
preveían módulos sobre una variedad de cuestiones relacionadas con el comercio.
208
123. Se expresó la opinión de que la mayoría de los países en desarrollo Miembros se encontraban
en la primera fase de la elaboración de sus leyes y políticas nacionales en materia de competencia;
sus necesidades especiales se deberían tener plenamente en cuenta en un marco multilateral sobre
política de competencia.  En consecuencia, la elaboración de un marco multilateral de este tipo teníaque efectuarse según un enfoque realista, práctico y progresivo.  Debería mantenerse la flexibilidad  a
nivel nacional y también debería estar reflejada en un marco multilateral, en particular con respecto a
los países en desarrollo.  En el contexto de la cooperación internacional se debería conceder prioridad
a las inquietudes de los países en desarrollo, por ejemplo, en lo referente a los cárteles de exportación.
A fin de aumentar su confianza, la creación de capacidad debería llevarse a cabo como un elementointegrante del proceso de cooperación.  En la Quinta Conferencia Ministerial en 2003 se determinaría
la conveniencia de iniciar negociaciones sobre el tema del comercio y la política de competencia.
Teniendo esto presente, se deberían intensificar las actividades de asistencia técnica y creación de
capacidad para ayudar a que los países en desarrollo Miembros comprendieran los conceptos y
principios básicos de la política de competencia, analizar su legislación interna, proporcionarcapacitación básica a los funcionarios gubernamentales, establecer una cultura de la competencia,
                                                     
208 M/21, párrafo 128.WT/WGTCP/7
Página 43
analizar la relación existente entre la política de competencia y la economía de mercado, y contribuir
al intercambio de información y experiencia entre los Miembros de la OMC.209
E. INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS Y LEGISLACIONES NACIONALES
124. Se recibió una comunicación escrita de Australia relativa a este punto
(documento WT/WGTCP/W/232).  Además, las delegaciones de Polonia y Marruecos  hicieron
presentaciones orales para actualizar la información sobre la evolución de sus regímenes nacionales
de competencia.
125. El representante de Polonia indicó que su país se había enfrentado a una liberalización rápida
de muchos aspectos de la economía, y a la necesidad de aumentar el rendimiento de las empresas y la
competitividad del sector privado de Polonia que actualmente representaba las dos terceras partes de
toda la economía.  Se había fomentado la competencia de varias maneras:  i) privatizando las
empresas estatales;  ii) facilitando el establecimiento de nuevas empresas;  iii) fomentando lacompetencia entre las empresas nuevas y las existentes;  iv) suprimiendo gradualmente las
subvenciones gubernamentales;  y v) estableciendo un organismo de competencia -la Oficina
Antimonopolio.  El organismo había cumplido una impor tante función al estimular a las empresas a
competir, mejorar su eficiencia, aumentar su volumen de producción y crear nuevos productos.  El
fomento de la competencia sólo había sido posible sobre la base de un marco de entendimiento entreel Gobierno, las empresas, las instituciones financieras y los particulares, lo que hacía posible una
relación estrecha y transparente con cada agente.  La Oficina Antimonopolio había promovido la
cultura de la competencia interna centrada en:  i) actividades de información pública;  ii) participación
en el proceso de elaboración de legislaciones a fin de impedir que en las nuevas leyes se introdujeran
soluciones anticompetitivas;  iii) participación en el proceso de privatización para atajar la posibilidadde que los monopolios estatales se convirtieran en monopolios privados;  iv) identificación y
eliminación de los obstáculos a la competencia;  y v) cooperación internacional y asistencia técnica
con miras a elaborar políticas acertadas y razonables. La autoridad de competencia había concedido
prioridad a hacer frente a las restricciones de entrada en el mercado y de expansión en las actividades
de cártel y en las adquisiciones, reduciendo de este modo la carga sobre los recursos.  En laactualidad, los principios de la política de competencia estaban incorporados a todas las demás
políticas.  Como resultado, se habían flexibilizado las prescripciones en materia de inversión
extranjera y propiedad junto con una mayor desreglamentación y privatización de la economía para
potenciar la competencia.  Para las tensiones entre la política de competencia y otras políticas
gubernamentales se buscaron soluciones que no afectaran el objetivo fundamental de fomentar la
competencia en la economía.  En conjunto, la experiencia de Polonia mostraba que la competencia
tenía efectos positivos en el desarrollo cuando se aplicaba de manera progresiva y flexible.
210
126. El representante de Australia manifestó que su país había llevado a cabo recientemente un
examen de las disposiciones relativas a la competencia contenidas en la Ley de Prácticas Comerciales
de 1974, la principal Ley de la competencia en Australia.  El examen, que había sido encargado por el
Primer Ministro 18 meses antes, se ocupaba de una serie de cuestiones generales relativas a la
aplicabilidad e idoneidad de la Ley, incluso sus repercusiones sobre la capacidad de las empresasaustralianas para competir a escala mundial, a la luz de elementos tales como los efectos de la
mundialización.  Se prestaba atención a los diferentes intereses afectados por las disposiciones en
materia de competencia, especialmente el sector de las grandes empresas, el sector de las pequeñas
empresas y los consumidores.  El informe final basado en el examen ponía de relieve que la finalidad
de las disposiciones sobre competencia era proteger el proceso competitivo más que a competidores
                                                     
209 M/21, párrafo 127.
210 M/21, párrafos 131-135.WT/WGTCP/7
Página 44
particulares.  También resaltaba las ventajas de un enfoque global de la legislación sobre
competencia, que era y debía ser considerada como un elemento distinto de la política industrial o de
la legislación orientada al sector industrial.  En conjunto, el informe concluía que la Ley de la
competencia de Australia había sido muy útil para el país.  La Ley había mantenido un entorno
competitivo en términos de servicio y precios y había logrado un equilibrio adecuado entre laprohibición de conductas anticompetitivas y el fomento de la competencia.  La mayor parte de las
recomendaciones concretas que contenía el informe se referían al perfeccionamiento de distintos
aspectos de la legislación pero no sugerían cambios fundamentales de orientación.
211
127. El representante de Marruecos informó al Grupo que la ley de competencia de su país
ilustraba tres objetivos fundamentales comunes a todos los países en desarrollo que aplican una
política de competencia:  i) crear un entorno favorable a la inversión facilitando el acceso a todos los
sectores y mercados, mediante la eliminación de obstáculos públicos y privados a la entrada en elmercado y la promoción del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas;  ii) mejorar los
resultados y la competitividad de las empresas presentes en el país para exhortarlas a competir en
términos de igualdad con competidores extranjeros en mercados exteriores.  Eso permitía a las
empresas desarrollar una "masa crítica" para poder conseguir economías de escala.  Se subrayó la
importancia de prestar atención a las conductas anticompetitivas a fin de prevenir la distorsión de lacompetencia leal;  iii) proteger a los consumidores frente a unos precios excesivos resultantes de los
cárteles y del reparto del mercado.  Se necesitaba transparencia en la aplicación de toda la política de
competencia.  En la redacción de su legislación de competencia, Marruecos buscaba el ideal de la
competencia perfecta.  Como parte de este enfoque, se habían establecido las siguientes prioridades:
i) hacer frente a la fijación de precios y el reparto del mercado aplicando la legislación sobrecompetencia;  ii) abrir los monopolios a la competencia eliminando los obstáculos al acceso a los
mercados y el abuso de la posición dominante;  y iii) luchar contra las concentraciones económicas.
Las tensiones entre las políticas de competencia e industrial se habían solucionado mediante la
adopción de una ley de fusiones con umbrales elevados referidos al control del mercado (el 40 por
ciento) así como exenciones de la prohibición de cárteles y del abuso de posición dominante cuandoel progreso económico y el aumento de la eficiencia las justificaban.
212
                                                     
211 Se puede obtener una información más detallada en Internet, en la dirección
http://www.treasurer.gov.au/tsr/content/pressreleases/2003/021.asp .
212 M/22, párrafo 134.WT/WGTCP/7
Página 45
ANEXO 1
TEXTO DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA
(WT/MIN(01)/DEC/1), PÁRRAFOS 23-25
(Adoptada el 14 de noviembre de 2001)
INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA
23. Reconociendo los argumentos en favor de un marco multilateral destinado a mejorar la
contribución de la política de competencia al comercio internacional y al desarrollo, y la necesidad depotenciar la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, como se indica en el
párrafo 24, convenimos en que después del quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial
se celebrarán negociaciones sobre la base de una decisión que se ha de adoptar, por consenso
explícito, en ese período de sesiones respecto de las modalidades de las negociaciones.
24. Reconocemos la necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se potencie
el apoyo para la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, incluidos el análisis y la
formulación de políticas para que puedan evaluar mejor las consecuencias de una cooperación
multilateral más estrecha para sus políticas y objetivos de desarrollo, y el desarrollo humano e
institucional.  A tal fin, trabajaremos en cooperación con otras organizaciones intergubernamentalespertinentes, incluida la UNCTAD, y por conducto de los canales regionales y bilaterales apropiados,
para facilitar una asistencia reforzada y dotada de recursos adecuados para responder a esas
necesidades.
25. En el período que transcurra hasta el quinto período de sesiones, la labor ulterior en el Grupo
de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia se centrará en la aclaración
de lo siguiente:  principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal, y disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos;  modalidades de
cooperación voluntaria;  y apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de
la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad.  Se tendrán plenamente
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados participantes y se preverá la
flexibilidad apropiada para tratarlas.WT/WGTCP/7
Página 46ANEXO 2
COMUNICACIONES PRESENTADAS AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA INTERACCIÓN
ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMP ETENCIA EN 2003
Signatura
(WT/WGTCP/W/-)Miembro/otra fuenteDónde se introdujo
(Referencia en las actas)Tema
W/222 CE y Estados miembros M/20, párrafos 4-6;
M/21, párrafos 30-31Elementos del párrafo 25
W/223 CE y Estados miembros M/21, párrafos 118- 119 Asistencia técnica y creación de capacidad
W/224 Hong Kong, China M/21, párrafos 35, 89- 91 Elementos de progresividad y flexibilidad
W/225 Corea M/21, párrafos 3-6 Elementos del párrafo 25
W/226 Canadá M/21, párrafos 3, 20-27, 64 Elementos del párrafo 25 / Mecanismos de observancia
W/227 China M/21, párrafos 3, 7-11 Elementos del párrafo 25
W/228 Secretaría M/22, párrafos 5, 17-24 Elementos del párrafo 25
W/229 CE y Estados miembros M/22, párraf os 72-75 Mecanismos de observancia
W/230 Secretaría M/22, párrafos 122, 125-128 Asistencia técnica y creación de capacidad
W/231 Secretaría M/22, párrafos 25-35 Eleme ntos del párrafo 25 - Equidad procesal
W/232 Australia M/22, párrafos 4-16 Párrafo 25, mecanismos de observancia, progresividad y
flexibilidad, asistencia técnica y creación de capacidad, otros
asuntos
W/233 Estados Unidos M/22, párrafos 77-78 Mecanismos de observancia
W/234 CE y Estados miembros M/22, párrafos 49-57, 107-117 Elementos de progresividad y flexibilidad
W/235 Corea M/22, párrafos 79-80 Mecanismos de observancia
W/236 Japón M/22, párrafo 81 Mecanismos de observancia
W/237 Kuwait M/22, párrafos 66-67 Elementos del párrafo 25
W/238 Kenya M/22, párrafos 36-41 Elementos del párrafo 25
W/239 Malasia M/22, párrafos 58-60 Elementos del párrafo 25
W/240 OCDE M/22, párrafos 102-103 Mecanismos de observancia
W/241 China M/22, párrafos 43-50 Elementos del párrafo 25
W/242 Cuba M/22, párrafo 42 Elementos del párrafo 25
W/243 OCDE M/22, párrafos 102-103 Mecanismos de observancia
W/244 OCDE M/22, párrafos 102-103 Mecanismos de observancia
__________