RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/237/Add.2
11 de abril de 2001
(01-1862)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
Respuestas de Santa Lucía a las preguntas formuladas por el Canadá,
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros
y los Estados Unidos
Addendum
La Secretaría ha recibido de la Delegación Permanente de Santa Lucía, en una comunicación
de fecha 2 de abril de 2001, las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por el Canadá, las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros y los Estados Unidos, distribuidas en los documentos
IP/C/W/245, 244, y 215/Add.1, respectivamente.
_________________________
CANADÁ
1. Se ruega que describan de qué manera se han aplicado las obligaciones en materia de
observancia (artículos 41-61 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Artículo 41:  Obligaciones generales
La legislación sobre la propiedad industrial cont iene disposiciones para el recurso contra una
decisión del Registrador.  Dicho recurso debe presentarse al Tribunal Supremo en un plazo específico
estipulado en la ley pertinente.
En el artículo 21 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 2001 se prevé el recurso de
cualquier decisión del Registrador en un plazo de tres meses a partir de la fecha de su decisión.
En el artículo 18 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados
de 2000 y en el artículo 11 de la Ley de Indicaciones Geográficas de 2000 se prevé el recurso de una
decisión del Registrador en un plazo de dos meses a partir de la fecha de su decisión.
En la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio se prevé el recurso de las decisiones del
Registrador en diversas fases del proceso de registro y, al igual que en el resto de la legislación, sedebe presentar en un plazo especificado en las leyes.
Normalmente, en los procedimientos civiles ante el Tribunal en Santa Lucía, las decisiones se
suelen comunicar por escrito y se ponen a disposición del abogado de la parte tan pronto como están
disponibles.IP/C/W/237/Add.2
Página 2
Artículo 42:  Procedimientos justos y equitativos
El procedimiento civil que se adopta durante una causa civil figura en el Reglamento del
Tribunal Supremo de 1970 y contiene disposiciones sobre la manera de tratar la causa civil.
Artículo 43:  Pruebas
Los Tribunales tienen la facultad de ordenar la presentación de documentos ante el tribunal en
virtud del Reglamento del Tribunal Supremo de 1970.  Una parte en litigio está obligada (ya sea
automáticamente o por orden del tribunal) a "descubrir" los documentos que puedan estar en su
posesión, custodia o control relacionados con el procedimiento judicial particular.  El Tribunal
también puede dictar órdenes (por medio de un interdicto Anton Piller) al inicio del procedimiento
para proteger las pruebas y para impedir cualquier posibilidad de que éstas no estén disponibles si
existe temor de que el demandado pueda destruirlas.
Artículo 44:  Mandamientos judiciales
En virtud de la jurisdicción general del tribunal y con arreglo a las diversas leyes sobre
propiedad intelectual, los tribunales pueden ordenar la reparación por infracción mediante
mandamiento judicial incidental o perpetuo.
Los tribunales pueden dictar mandamientos incidentales si están persuadidos de que se ha de
resolver una cuestión grave, cuando el riesgo de daños para el demandante en caso de no dictarse elmandamiento no pueda compensarse mediante una orden de resarcimiento de daños y perjuicios, y
siempre que el demandante se comprometa a compensar al demandado si el tribunal posteriormente
constata que su mandamiento no estaba justificado.
Artículo 45:  Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por
concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
En virtud de la jurisdicción general de los tribunales y con arreglo a las disposiciones de las
leyes sobre propiedad intelectual, los tribunales están facultados para ordenar el resarcimiento de
daños y perjuicios por infracción o, si el demandante así lo desea, una reparación por concepto de
beneficios.  Con arreglo a la Ley de Derecho de Autor de 1995, el demandante no podrá obtener
resarcimiento de daños y perjuicios en caso de inocencia, pero tiene derecho a reparación porconcepto de beneficios.  Los daños y perjuicios normalmente incluyen la recuperación de las pérdidas
comerciales asociadas a la infracción, y se tendrá en cuenta si ésta es flagrante para decidir si debe
otorgarse una reparación mayor por daños y perjuicios.  Normalmente, las órdenes de resarcimiento
por daños y perjuicios irán acompañadas de una orden de pago de los costos de asistencia letrada en
que haya incurrido la parte en cuyo favor se haya resuelto.  En lo tocante a las costas judiciales, el
tribunal podrá ordenar que se cobren, salvo acuerdo en contrario.
En virtud de esas órdenes sobre costas judiciales, la parte en cuyo favor se haya resuelto
normalmente recuperará una suma correspondiente a las sumas razonables gastadas en el litigio.  Si
las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre esas costas, éstas serán evaluadas por el Registrador del
Tribunal Supremo.
Como alternativa al resarcimiento de daños y perjuicios, el titular del derecho puede pedir una
reparación por concepto de beneficios.  A esos efectos el tribunal deberá evaluar los beneficiosobtenidos por el infractor como consecuencia de su infracción y ordenar que los haga efectivos al
titular del derecho.IP/C/W/237/Add.2
Página 3
Artículo 46:  Otros recursos - Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su
producción
Los tribunales están facultados para ordenar a los demandados que entreguen las mercancías y
copias infractoras, así como los materiales e instrumentos utilizados para su producción.  Lasdisposiciones de la Ley de Derecho de Autor de 1995 y el proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio permiten confiscar las mercancías o copias infractoras, y en el caso de la Ley de Derecho
de Autor los equipos utilizados en su manufactura.  También están previstos el apartamiento y la
destrucción de las mercancías o copias confiscadas por el Controlador de Aduanas.
El proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio dispone que el Controlador de
Aduanas ordenará el apartamiento de las mercancías falsificadas que han sido confiscadas por las
autoridades aduaneras.  Con arreglo a la Ley de Derecho de Autor, cuando las mercancías se hanconfiscado de conformidad con el Reglamento de Derecho de Autor (Restricciones de la importación)
de 2000, su apartamiento se determina en virtud de las facultades otorgadas por la Ley de Aduanas
(Control y gestión) de 1990.
En caso de infracción de patentes, el tribunal está facultado para ordenar al infractor que
"entregue o destruya cualquier mercancía patentada en relación con la cual se ha infringido la patente,o cualquier artículo en el que dicha mercancía esté inseparablemente integrada".
Artículo 47:  Derecho de información
El Tribunal Supremo tiene la facultad inherente para dictar esas órdenes.  Los tribunales
pueden ordenar al infractor que facilite información que identifique a las personas que le han
proporcionado artículos infractores, así como a aquellas que han facilitado los medios por los que esosartículos se han manufacturado, siempre que el proveedor conociera o creyera razonablemente que el
instrumento en particular se utilizaría para hacer copias infractoras.
Artículo 48:  Indemnización al demandado
Cuando el tribunal dicta un mandamiento judicial incidental, el demandante está obligado a
comprometerse ante el tribunal a resarcir por daños y perjuicios al demandado si el mandamientocontra éste no hubiera estado justificado.  El tribunal podrá también pedir garantías de ese
compromiso por medio de un depósito de dinero en los fondos del tribunal o mediante la presentación
de un aval.  Así se hará normalmente cuando el demandante resida fuera de Santa Lucía.
Artículo 50:  Medidas provisionales
Con arreglo al sistema de common law , los tribunales pueden ejercer las siguientes facultades:
i) El Tribunal Superior está facultado para tomar decisiones sobre la observancia de los
derechos de propiedad intelectual, y puede adoptar medidas provisionales antes delproceso pleno, incluidos mandamientos incidentales.
ii) El Tribunal puede también ordenar reparaciones del tipo conocido como
mandamientos Anton Pillar una vez iniciado el caso.  En virtud de esos
mandamientos, se requerirá al demandado que permita entrar en sus locales a una
persona designada para que busque y tome bajo custodia cualquier documento ycualquier cosa especificada en el mandamiento, con objeto de preservar pruebas para
el proceso.IP/C/W/237/Add.2
Página 4
iii) También puede solicitarse al Tribunal que dicte una resolución provisional sobre
daños y perjuicios.  El demandante deberá demostrar que es probable que al finalizar
el juicio el tribunal ordene una reparación sustancial por daños y perjuicios y que en
espera de que el tribunal evalúe el asunto debe hacerse un pago provisional.
En casos de urgencia excepcional, el Tribunal Superior dictará un mandamiento ex parte , es
decir, inaudita altera parte .  Sin embargo, esto se hará únicamente cuando el tribunal opine que es
necesario un mandamiento inmediato, porque de otro modo es probable que el demandante sufra
daños extremos e irremediables.  Los interdictos ex parte  sólo favorecen al demandante durante
algunos días, y deberán ser reconsiderados por el tribunal cuando el demandado pueda también
comparecer, para solicitarse entonces una renovación del mandamiento.  Algunos de los otros tipos de
reparación provisional, como los mandamientos Anton Pillar y Mareva, se hacen normalmente ex
parte  con objeto de sorprender al demandado e impedirle así que tome medidas para impedir que el
tribunal imponga en última instancia el resarcimiento.
Normalmente se requiere al demandante que entable la acción presentando una solicitud de
comparecencia antes de pedir la adopción de medidas provisionales.  En casos de extrema urgencia
puede dictarse un mandamiento ex parte , siempre que el demandante se comprometa a presentar la
solicitud de comparecencia tan pronto como le sea posible.  De la mera presentación al juez delartículo infractor puede seguirse un mandamiento ex parte , siempre que el letrado se comprometa bajo
juramento a presentar lo antes posible las pruebas de la infracción.
El juez que dicte un mandamiento ex parte  dará directrices estrictas para la "audiencia de
réplica" en la que se dará al demandado la oportunidad de ser oído.  En la audiencia de réplica se
aplicarán los principios generales que regulan los mandamientos incidentales, así como las medidasimprescindibles para garantizar la protección del demandado frente a los daños que pudiera sufrir si se
demostrara que la medida provisional no estaba justificada.  Esas medidas pueden incluir el
compromiso del demandante, respaldado por una fianza, de garantizar el pago de daños y perjuicios, o
menos habitualmente la consignación monetaria ante el tribunal.
Artículos 51-60:  Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
Con arreglo al artículo 115 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y el artículo 51 de
la Ley de Derecho de Autor de 1995, la autoridad competente para suspender el despacho de aduana
de las mercancías es el Controlador de Aduanas.
Para promover la confiscación de copias de mercancías falsificadas, el titular del derecho de
autor, el concesionario exclusivo o el titular o usuario autorizado de la marca de fábrica o de comercio
deberá presentar por escrito al Controlador de Aduanas una objeción a la importación, junto con
cualesquiera documentos prescritos.  La objeción seguirá en vigor durante un plazo especificado nosuperior a cinco años desde el día en que se presentó.  El Controlador podrá no confiscar copias de
mercancías si el titular del derecho de autor, el concesionario exclusivo o el titular o usuario
autorizado de la marca de fábrica o de comercio no proporciona una garantía con respecto a cualquier
responsabilidad o gastos en que el Controlador pueda incurrir como consecuencia de la objeción y
debido a la retención de un artículo o a cualquier cosa que se haga a un artículo retenido.
El proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio establece que el Controlador podrá
confiscar mercancías manufacturadas fuera de Santa Lucía e importadas en Santa Lucía y que estén
sujetas al control del Controlador de Aduanas en virtud de la Ley de Aduanas (Control y gestión)
de 1990.  Si las mercancías llevan una marca de fábrica o de comercio que a juicio del Controlador es
idéntica o engañosamente similar a una marca de fábrica o de comercio notificada y se trata demercancías de una categoría para la que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio, elIP/C/W/237/Add.2
Página 5
Controlador deberá confiscar las mercancías, salvo que esté persuadido de que no hay motivos
razonables para creer que se ha producido una infracción.
Una vez confiscadas las mercancías o las copias, el Controlador deberá notificar la
confiscación al objetor y al importador o titular, identificando en esa notificación las copias o las
mercancías.
Con arreglo al artículo 120 del proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, en la
notificación debe asimismo declararse que las mercancías o copias se entregarán al titular o
importador designado, salvo que el objetor presente una demanda por infracción y notifique por
escrito la demanda al Controlador en el plazo de un mes desde la fecha de la primera notificación o
dentro de los plazos prorrogados por el Controlador.
En virtud del artículo 126 del proyecto de ley, si las mercancías se han confiscado y el
Controlador está persuadido de que el uso de una marca de fábrica o de comercio es fraudulento, elControlador podrá pedir al importador de las mercancías o a un agente de ese importador que presente
documentación relativa a las mercancías e informe acerca del nombre y la dirección de la persona que
envió las mercancías a Santa Lucía y el nombre y la dirección de la persona en Santa Lucía a la que se
enviaron.  El incumplimiento de esa solicitud es ilícito, y el responsable puede ser sancionado con una
multa de 10.000 dólares.
Si dentro de los plazos estipulados no se ha presentado una demanda por infracción, el
Controlador deberá entregar las copias de las mercancías confiscadas al importador o al titular
designado.
Cuando una persona que haya hecho una notificación al Controlador reciba aviso de la
suspensión del despacho de las mercancías, deberá presentar una demanda por infracción en relacióncon las copias o mercancías confiscadas y notificarla al Controlador en el plazo de un mes desde la
fecha de la primera notificación, salvo que se haya obtenido una prórroga del plazo.  La prórroga no
podrá ser superior a 10 días laborables.  El titular del derecho de autor deberá presentar una demanda
por infracción dentro de los plazos especificados en la notificación o dentro de los plazos establecidos
para presentar una demanda por infracción si éstos son más cortos.
En virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, si tres semanas después de la
presentación de la demanda el tribunal no dicta una orden impidiendo el despacho de las mercancías
confiscadas, el Controlador deberá proceder a su despacho.  Si se ha presentado una demanda por
infracción, el tribunal podrá disponer el despacho de las copias o mercancías confiscados en cualquier
momento que le parezca oportuno.
No hay ninguna disposición que obligue a los funcionarios de aduanas a actuar de oficio.
Todas las actuaciones deben ser iniciadas por el titular o el concesionario exclusivo del derecho deautor o por el titular (o usuario autorizado) del derecho de propiedad intelectual.  Con arreglo a la Ley
de Derecho de Autor de 1995, el Controlador sólo puede confiscar copias si el titular o concesionario
del derecho de autor presenta una objeción a la importación de las copias.  Lo mismo ocurre en el
caso del proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, en virtud del cual el Controlador sólo
puede confiscar las mercancías si éstas llevan una marca idéntica o similar a una marca de fábrica ode comercio en relación con la cual se ha notificado una objeción.
Las autoridades aduaneras no están facultadas para ordenar la adopción de medidas de
reparación.  Pueden confiscar las copias infractoras de mercancías falsificadas y eliminar esas copias
o mercancías si el importador las abandona.  Todas las reparaciones son competencia de los
tribunales.IP/C/W/237/Add.2
Página 6
Artículo 61:  Procedimientos penales
Con respecto a los delitos penales, se han aplicado o está previsto lo siguiente:
- el artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor de 1995 regula los delitos por infracción
del derecho de autor.  Con arreglo a esa disposición, comete delito por infracción de
los derechos protegidos en virtud de la Ley toda persona que sepa o tenga motivospara creer que está infringiendo el derecho de autor;
- con arreglo al artículo 16 de la Ley de Indicaciones Geográficas, constituye delito la
comisión voluntaria y con intención de engañar de cualquiera de los actos
enumerados en el artículo 12;
- con arreglo al artículo 22 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, constituye
delito la comisión voluntaria de cualquier acto enumerado en el párrafo 2 del
artículo 9, incluidas la fabricación y la venta con fines comerciales;
- con arreglo al artículo 15 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los
Circuitos Integrados, constituye delito la comisión voluntaria de cualquier acto
enumerado en el artículo 6, incluidas la fabr icación, venta o distribución por cualquier
otro medio con fines comerciales;  y
- la Ley de Obtenciones Vegetales establecerá procedimientos penales por lo que
respecta al incumplimiento voluntario o el uso indebido de denominaciones de
variedades.
2. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su
país?
El artículo 8 de la Ley de Derecho de Autor de 1995  modificado por la Ley (de Modificación
de la Ley) de Derecho de Autor de 2000 en su apartado 9 establece que las disposiciones de la Ley de
Derecho de Autor también se aplicarán a las obras susceptibles de protección en Santa Lucía en virtud
y de conformidad con cualquier convenio internacional u otro acuerdo internacional en el que Santa
Lucía sea parte.
El artículo 110A de la Ley (de Modificación de la Ley) de Derecho de Autor de 2000
establece una protección similar para los artistas intérpretes o ejecutantes susceptibles de protección
en Santa Lucía en virtud y de conformidad con cualquier convenio internacional u otro acuerdo
internacional en el que Santa Lucía sea parte.
Por consiguiente, en estos artículos se establece el trato nacional que se requiere en virtud del
Acuerdo sobre los ADPIC.  El artículo 110A también establece que las disposiciones relativas a los
artistas intérpretes o ejecutantes son aplicables a los que no son nacionales de Santa Lucía, pero cuyas
actuaciones tienen lugar en este país, se incorporan a grabaciones de sonido protegidas en virtud de laLey o se han fijado en grabaciones de sonido, pero están incluidas en emisiones susceptibles de
protección en virtud de la Ley.  El apartado b) del párrafo 1) del artículo 8 de la Ley de Derecho de
Autor de 1995 establece que una obra publicada es susceptible de protección si se publicó por primera
vez en un país distinto de Santa Lucía, de manera que no se establece distinción con respecto a la
nacionalidad del titular del derecho.
Además, en virtud de los artículos 8 y 110A, también son aplicables las disposiciones del
artículo 5 del Convenio de Berna, que se refiere a la protección de las obras fuera de su país de origen.IP/C/W/237/Add.2
Página 7
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Se ruega que expliquen si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud
pública y la nutrición de la población y para promover el interés público en sectores de importancia
vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdosobre los ADPIC.  En caso positivo, se ruega que expliquen si esas medidas se ajustan a las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 16 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados
(Ley Nº 3 de 2000) incorpora el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y permite al Ministro
encargado de la propiedad intelectual decidir sin la autorización del titular del derecho que un
organismo del Gobierno o una tercera persona design ada por el Ministro pueda explotar el esquema
de trazado.  Esto se puede hacer cuando el interés público, en particular la seguridad nacional, lanutrición, la salud o el desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, exija la
explotación de un esquema de trazado protegido para uso público no comercial.
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Se ruega que indiquen de qué manera estipula su legislación la protección de los derechos
exclusivos de los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del
Convenio de Berna y el Apéndice del mismo (1971).
En relación con las obras literarias o artísticas, se concede al autor de tal obra la siguiente
protección.  Tiene derecho a autorizar o prohibir lo s siguientes actos concedidos por el artículo 9
modificado por el artículo 4 de la Ley (de Mo dificación de la Ley) de Derecho de Autor:
• reproducción de la obra;
• traducción de la obra;
• adaptación, arreglo u otra transformación de la obra;
• la primera distribución pública del original y cada copia de la obra mediante venta,
alquiler u otro modo;
• arrendamiento o préstamo público del original o una copia de una obra audiovisual,
una obra incorporada en forma de notación, al margen de la propiedad del original o
la copia de que se trate;
• importación de copias de la obra;
• exhibición pública de la obra;
• interpretación o ejecución pública de la obra;
• comunicación al público de la obra.
Estos derechos se pueden imponer en virtud de diversos recursos civiles y penales estipulados
en la Ley de Derecho de Autor de 1995.IP/C/W/237/Add.2
Página 8
3. Se ruega que describan la protección concedida a los autores de programas de ordenador,
bases de datos o compilaciones de datos.
El párrafo 10 del artículo 7 de la Ley de Derecho de Autor de 1995 establece las categorías de
obras respecto a las cuales subsiste el derecho de autor de conformidad con la Ley, y una de esas
categorías es la de las obras literarias originales.  El artículo 3 define la obra literaria como cualquierobra excepto una obra musical o teatral, que esté escrita, hablada o cantada, e incluye:
• una compilación o cuadro escrito;  y
• un programa de ordenador.
En el artículo 9 enmendado se describe asimismo la naturaleza de los derechos económicos
otorgados al titular del derecho de autor en una obra para la que se otorga dicha protección.  En virtud
de este artículo, el titular del derecho de autor tiene el derecho exclusivo a autorizar o prohibir los
siguientes actos indicados en el artículo 9, es decir:
• reproducción de la obra;
• traducción de la obra;
• adaptación, arreglo u otra transformación de la obra;
• importación de copias de la obra;
• exhibición pública de la obra;
• comunicación al público de la obra.
La duración de la protección otorgada a las obras mencionadas es de 50 años, en el caso de
los programas de ordenador desde el final del año de realización de la obra y en otros casos de obras
literarias desde el final del año de la muerte del autor.
4. Se ruega que especifiquen si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso
afirmativo, las obras abarcadas por éste.
El artículo 9 de la Ley de Derecho de Autor de 1995, modificado por la Ley (de Modificación
de la Ley) de Derecho de Autor de 2000, prevé los derechos exclusivos del titular del derecho de
autor.  En el párrafo e) del artículo 9 modificado se contempla el derecho exclusivo de "arrendamiento
o préstamo público del original o una copia de una obra audiovisual, una obra incorporada en una
grabación sonora, un programa de ordenador, una base de datos o una obra musical en forma de
notación".
El párrafo 2 del artículo 9 establece asimismo que los derechos de arrendamiento y préstamo
no se aplican al arrendamiento o préstamo de prog ramas de ordenador cuando el programa en sí no
sea el objeto esencial del arrendamiento o el préstamo;  ni a obras cinematográficas, salvo cuando
semejante arrendamiento comercial haya dado lugar a una copia generalizada de tales obras que
perjudique materialmente el derecho exclusivo de protección.
5. Se ruega que describan los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de su
legislación.IP/C/W/237/Add.2
Página 9
Un artista intérprete o ejecutante tiene derecho a permitir la explotación de su interpretación o
ejecución y recibir regalías por el uso de la interpretación o ejecución.  El artículo 9 modificado de la
Ley de 1995 también otorga derechos a los intérpretes o ejecutantes, es decir:
• la grabación del total o cualquier parte sustancial de la interpretación o ejecución;
• la radiodifusión en directo del total o cualquier parte sustancial de una interpretación
o ejecución;
• la proyección o representación pública  del total o cualquier parte sustancial de una
interpretación o ejecución;
• la utilización de una grabación original de una interpretación o ejecución con el
propósito de realizar una adaptación de la grabación.
Además, los intérpretes o ejecutantes y los organismos de radiodifusión tendrán derecho a
autorizar o prohibir los siguientes actos concedidos por el artículo 9 modificado por el artículo 4 de la
Ley (de Modificación de la Ley) de Derecho de Autor:
• reproducción de la obra;  traducción de la obra;
• adaptación, arreglo u otra transformación de la obra;
• la primera distribución pública del original y cada copia de la obra mediante venta,
alquiler u otro modo;
• arrendamiento o préstamo público del original o una copia de una obra audiovisual,
una obra incorporada en forma de notación, al margen de la propiedad del original ola copia de que se trate;
• importación de copias de la obra;
• exhibición pública de la obra;
• interpretación o ejecución pública de la obra;
• comunicación al público de la obra.
Los productores de fonogramas tienen derecho a ser identificados como el intérprete o
ejecutante de una interpretación o ejecución y a oponerse a cualquier distorsión, mutilación u otra
modificación de su interpretación o ejecución que fuera perjudicial para su reputación.
6. Se ruega que especifiquen si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación
con cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6
del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Limitaciones y excepciones a los derechos de autor según la Ley de Derecho de Autor
de 1995:
• con fines de investigación y estudio privado (artículo 56)
• con fines de crítica, reseña e información (artículo 57)IP/C/W/237/Add.2
Página 10
• si se acompaña de un reconocimiento suficiente en el caso de una inclusión incidental
de una obra protegida (artículo 59)
• en el caso de que no sea posible averiguar la identidad de un autor y resulte razonable
suponer que el derecho de autor ha expirado o el autor ha fallecido hace 50 o más
años (artículo 60)
• uso de notas para el registro de palabras habladas con el fin de informar sobre
acontecimientos en curso (artículo 61)
• actos realizados con fines de instrucción o examen (artículo 62)
• la inclusión de un breve pasaje de una obra literaria o teatral publicada, en una
colección destinada al uso en instituciones educativas (antologías) (artículo 63)
• representación, interpretación o proyección de obras en el curso de actividades
educativas (artículo 64)
• grabación por un establecimiento educativo o en su nombre para los fines de dicho
establecimiento (artículo 65)
• copias reprográficas de pasajes de obras literarias, teatrales o musicales publicadas
realizadas por un establecimiento educativo o en su nombre con fines pedagógicos,siempre que no se copie en ninguna parte más del 1 por ciento de una obra
(artículo 66)
• suministro por parte de bibliotecas de ejemplares de obras publicadas (artículo 69)
• grabación de obras con fines de archivo (artículo 73)
• para los fines de las actas judiciales y parlamentarias y para los fines del registro de
tales actas (artículo 74)
• realización o suministro de copias de documentos públicos (artículo 75)
• transferencia en forma electrónica de obras sometidas a cualquier prohibición expresa
de tal transferencia o de otro modo (artículo 78)
• lectura y declamación en público (artículo 80)
• representaciones de obras artísticas en exhibición pública (artículo 81)
• cualquier actuación encaminada a la restauración de un edificio (artículo 82)
• registro con fines de cambio de hora (artículo 85)
La Ley se refiere al comercio leal con una obra.  Los artículos 57 y 58 establecen qué factores
deben tenerse en cuenta para determinar si un acto constituye o no comercio leal.  Uno de tales
factores es el efecto del acto sobre el mercado potencial para la obra o su valor comercial.  Se prevétambién la derogación de algunas excepciones en los casos en que haya términos contractuales
expresos en sentido contrario.IP/C/W/237/Add.2
Página 11
7. Se ruega que indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho
descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.
La duración de la protección otorgada de acuer do con la Ley de Derecho de Autor de 1995
suele ser de 50 años.  A continuación se incluye una sinopsis detallada de las categorías de obras y la
duración de la protección:
• en relación con una obra literaria, teatral, musical o artística - 50 años desde el final
del año de la muerte del autor (párrafo 1 del artículo 10);
• en relación con una obra generada por ordenador - 50 años desde el final del año de
realización de la obra;
• en relación con una grabación de sonido o una película - 50 años desde el final del
año de realización;
• en relación con un programa transmitido por radiodifusión o por cable - 50 años desde
el final del año de realización del programa transmitido por radiodifusión o de la
inclusión del programa en un servicio de programación por cable;
• en relación con las disposiciones tipográficas de una edición publicada - 25 años
desde el final del año de la primera publicación de la edición.
8. Se ruega que describan en qué forma y en virtud de qué disposiciones otorga protección
retroactiva la legislación de su país de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna
(obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del
artículo 14 del mencionado Acuerdo.
El artículo 8 modificado por el artículo 9 de la  Ley (de Modificación de la Ley) de Derecho
de Autor de 2000 establece que las disposiciones de la Ley se aplicarán a las obras susceptibles deprotección en Santa Lucía en virtud y de conformidad con cualquier convenio internacional u otro
acuerdo internacional en el que Santa Lucía sea parte.  Santa Lucía es parte en el Convenio de Berna
y, por consiguiente, en virtud del artículo 8 de la Ley se aplica el artículo 18.
C. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
9. Se ruega que den la definición de un signo de  conformidad con su legislación nacional y
expliquen en qué condiciones es objeto de protección.
En el artículo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2001 se describe el "signo"
como "letra, palabra, nombre propio, firma, número, emblema, cuño, membrete, etiqueta, rótulo,
aspecto del envoltorio, forma, color y cualquier combinación de ellos".
Las condiciones necesarias para que una marca de fábrica o de comercio goce de protección
son las siguientes:
"La persona que solicita el registro declara ser titular de la marca de fábrica o de comercio y
utiliza o tiene intención de utilizar  la marca de fábrica o de comercio en relación con los
bienes o servicios o ambos, o bien ha autorizado o tiene intención de autorizar a otra persona
para que utilice  la marca de fábrica o de comercio, o bien tiene intención de ceder la marcade fábrica o de comercio a una persona jurídica que se va a constituir  con vistas a utilizarla
en relación con los bienes o servicios o ambos".IP/C/W/237/Add.2
Página 12
La marca de fábrica o de comercio que se trata de registrar no debe contener ciertos signos
estipulados en la reglamentación (la reglamentación está aún en fase de elaboración), o ser
escandalosa o de uso contrario a la ley.  Se debe poder representar gráficamente y no debe haber
posibilidad de engaño o de causar confusión o ser idéntica a una marca de fábrica o de comercio ya
registrada por otra persona.
La duración de la protección para una marca de fábrica o de comercio es de 10 años.
10. Se ruega que confirmen si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la
legislación sobre marcas de su país.  Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarse
protección a signos tales como los nombres comerciales.  Se ruega que indiquen si puede otorgarse
protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.
En virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2001, los servicios son una
materia objeto de protección.  La Ley no contiene disposiciones relativas a la protección de losnombres comerciales, puesto que éstos ya gozan de protección en el marco de la Ordenanza de
Registro de los Nombres de Actividades Comerciales en Santa Lucía.  En la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio tampoco figuran disposiciones relativas a la protección de sonidos u olores
como marcas de fábrica o de comercio, pero sí confiere protección a la forma o el aspecto de los
envases como marcas de fábrica o de comercio.
11. Se ruega que expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el
registro de una marca de fábrica o de comercio.  Agradeceríamos que nos facilitasen la definición de
utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.
Para solicitar el registro de una marca de fábrica o de comercio, el solicitante debe declarar
que es el propietario de la marca de fábrica o de comercio y que la utiliza o tiene intención deutilizarla en relación con los bienes o servicios o ambos.
El apartado 5 del artículo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2001 define el
uso en relación con las mercancías como "uso de la marca de fábrica o de comercio, de manera física
o de otra forma, con respecto a las mercancías, incluso las de segunda mano".  El uso en relación con
los servicios se define como "uso de la marca de fábrica o de comercio, de manera física o de otraforma, con respecto a los servicios".
Se puede suprimir del registro una marca de fábrica o de comercio si no se mantiene su uso y
no se ha utilizado en Santa Lucía o no se ha utilizado en buena fe en Santa Lucía durante un período
de tres años hasta un mes antes del día en el cual se solicitó la supresión.
12. Se ruega que confirmen si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
Sí, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2001 contiene disposiciones para la
renovación indefinida del registro.  El plazo inicial de la protección es de 10 años y tras su
vencimiento se puede solicitar la renovación.
13. Se ruega que describan, si las hay, las prescripciones especiales existentes en la legislación
de su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio no contiene prescripciones especiales relativas al
uso de una marca de fábrica o de comercio.IP/C/W/237/Add.2
Página 13
D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS
14. Se ruega que indiquen si el organismo encargado del registro de marcas de fábrica o de
comercio de su país rechaza o no una solicitud de una marca en caso de que ésta contenga una
indicación geográfica.
En virtud de las disposiciones del artículo 17 de la Ley de Indicaciones Geográficas de 2000
(Ley Nº 4 de 2000), el registrador de compañías y propiedad intelectual, por iniciativa propia o a
petición de una parte interesada, rechazará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de
comercio que contenga una indicación geográfica o consista en ella respecto a bienes no originarios
del territorio indicado, si el uso de la indicación en la marca de fábrica o de comercio es para tales
bienes en Santa Lucía de tal naturaleza que pueda confundir al público en relación con el verdadero
lugar de origen.  Con arreglo al artículo 18, el registrador también está autorizado a rechazar o
invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga una indicacióngeográfica o consista en ella identificando vinos o una marca de fábrica o de comercio para bebidas
espirituosas que contenga una indicación geográfica o consista en ella identificando bebidas
espirituosas cuando se trate de vinos y bebidas espirituosas que no tengan ese origen.
15. Se ruega que den la definición de indicación ge ográfica a tenor de la legislación de su país.
La indicación geográfica se define como "una indicación que identifica un producto como
originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada
calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geográfico".
16. Se ruega que describan y expliquen las disposiciones de su legislación por las que se
establece un vínculo, en caso de que exista, entre las características de una indicación y su origengeográfico.
No existen disposiciones que establezcan tal vínculo.
17. Se ruega que expliquen cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país para
los vinos y las bebidas espirituosas.  Se ruega que mencionen otros tipos de productos, en caso de que
existan, abarcados por esa protección adicional.
El artículo 12 de la Ley de Indicaciones Geográficas (Ley Nº 4 de 2000) proporciona un
medio mediante el cual cualquier persona o grupo de productores o consumidores interesados pueden
entablar un procedimiento ante un tribunal para impedir "la utilización de una indicación geográfica
que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la
indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese
género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso
cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida oacompañada de expresiones tales como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas".
Los artículos 17 y 18 de la Ley permiten al registrador de compañías y propiedad intelectual
rechazar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio en la cual la marca consista en
una indicación geográfica e induzca a error en cuanto al lugar de origen verdadero o la marca de
fábrica o de comercio esté en conflicto con una indicación geográfica para vinos o bebidasespirituosas.
El artículo 14 de la Ley contiene disposicione s para la protección de cada indicación en el
caso de indicaciones geográficas homónimas.IP/C/W/237/Add.2
Página 14
18. Se ruega que expliquen de qué forma se utilizan en su jurisdicción las excepciones del
artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Se ruega que den ejemplos del uso de las excepciones por
tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.
El artículo 19 de la Ley de Indicaciones Geográficas (Ley Nº 4 de 2000) incorpora las
excepciones contenidas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Con respecto al uso de estas excepciones, se ha de señalar que la Ley de Indicaciones
Geográficas es relativamente nueva y, por consiguien te, se ha hecho poco uso de esas disposiciones y
por el momento no se dispone de ejemplos.
E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
19. Se ruega que expliquen si su legislación abarca la protección de los dibujos y modelos
guiándose básicamente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega que expliquen de qué
modo se protegen los dibujos y modelos textiles.
La Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 2001 (Ley Nº 4 de 2001) no hace extensiva la
protección a los dibujos y modelos destinados exclusivamente a la obtención de un resultado técnico
(párrafo 1 artículo 3).
El artículo 3 de la Ley define los dibujos y modelos industriales como cualquier composición
de líneas o colores o toda forma dimensional o cualquier material u otro elemento asociado o no conlíneas o colores en el cual tal composición, forma o material aporta un aspecto especial a un producto
de la industria o la artesanía, puede servir como modelo para un producto de la industria o la artesanía
o es atractivo y se puede apreciar a la vista.
Aunque la Ley no menciona expresamente los  dibujos y modelos textiles, la definición
anterior es suficientemente amplia para incluirlos.
La protección ofrecida consiste en que nadie pu ede explotar un dibujo o modelo industrial sin
el acuerdo del propietario registrado y el propietario registrado tiene derecho a interponer un
procedimiento judicial contra cualquier persona que infrinja el registro del dibujo o modelo industrial
fabricando, vendiendo, importando o distribuyendo de otro modo, con fines comerciales, artículos que
incorporen un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modeloindustrial sin el acuerdo previo del propietario registrado.
20. Se ruega que expliquen cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.
En virtud del artículo 9, como se indica más arriba, el titular del derecho tiene la  posibilidad
de interponer un procedimiento judicial contra la importación, entre otras cosas, de artículos que
lleven o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o
modelo industrial.
21. Se ruega que indiquen si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta  a los dibujos y modelos industriales.
El artículo 14 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 2001 proporciona al titular de
un dibujo o modelo registrado el derecho a conceder licencias con respecto a dicho dibujo o modelo.
22. Se ruega que indiquen durante qué período de tiempo otorga protección la legislación de su
país a los dibujos y modelos industriales.IP/C/W/237/Add.2
Página 15
El registro de un dibujo o modelo industrial se concede por un período de cinco años desde la
fecha de presentación de la solicitud de registro, con la posibilidad de renovarlo por otros dos
períodos consecutivos de cinco años.
F. PATENTES
23-38. Las respuestas a estas preguntas se facilitarán más adelante.
G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
39. Se ruega que describan cómo protege la legislación de su país las topografías.
La Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados (Ley Nº 3
de 2000) proporciona protección a los esquemas de trazado si son originales o en la medida en que lo
son, es decir, si son el resultado del propio esfuerzo intelectual de su creador y no se trata de algo
común entre los creadores de esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados en el
momento de su creación.  La protección en virtud de  esta Ley no depende de si el circuito integrado
que incorpora el esquema de trazado protegido está a su vez incorporado en un artículo o no.
En virtud de la protección que otorga la Ley, se consideran ilícitos los siguientes actos si se
realizan sin la autorización del titular del derecho, es decir:
• La reproducción, mediante la incorporación de un circuito integrado o bien de otra
manera, del esquema de trazado protegido de forma total o parcial, salvo el acto de
reproducir alguna parte que no cumpla totalmente el requisito de originalidad.
• La importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un
esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado unesquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa
índole, sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado
ilícitamente reproducido.
40. Se ruega que expliquen qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de
derechos frente a la importación, venta o distribución ilícita para fines comerciales de topografías,
comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito integrado en el sentido
del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En virtud del artículo 6 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos
Integrados de 2000 se consideran ilícitos los actos mencionados anteriormente si se realizan sin laautorización del titular del derecho.  Con arreglo al artículo 14 de la Ley, el titular de un derecho
puede interponer un procedimiento judicial en el cual el tribunal pueda conceder un requerimiento
para impedir la infracción o una infracción inminente, compensar los daños o conceder cualquier otra
reparación estipulada en la legislación general.
El artículo 15 establece sanciones penales para las infracciones descritas más arriba y al
culpable se le podrá exigir el pago tras la condena por procedimiento sumario de una multa de
5.000 dólares o una pena de dos años de prisión.  El tribunal podrá también ordenar el decomiso,
confiscación y destrucción de los esquemas de trazado, circuitos integrados o artículos de que se trate
y de cualesquiera materiales o instrumentos que se hayan empleado principalmente para la comisión
del delito.
41. Se ruega que expliquen cómo prevé su legislación la derogación del artículo 36 del Acuerdo
sobre los ADPIC como se especifica en el artículo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona queIP/C/W/237/Add.2
Página 16
realice esos actos no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito
integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que contenía un esquema de trazado
reproducido ilícitamente.
El artículo 6 incorpora el artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Con arreglo al párrafo 3 del artículo 6 de la Ley, la protección que se ofrece no es aplicable a:
• la reproducción del esquema de trazado protegido con fines privados o con el único
objeto de evaluación, análisis, investigación o enseñanza;
• la incorporación en un circuito integrado de un esquema de trazado creado sobre la
base de dicho análisis o evaluación y que es en sí original o la realización de cualquier
acto considerado ilícito con respecto al esquema de trazado;
• la importación, venta u otro tipo de distribución con fines comerciales cuando se trata
de un circuito integrado en el cual se ha incorporado dicho esquema de trazado, que
ha puesto en el mercado el titular del derecho o se ha hecho con su consentimiento;
• la realización de los actos mencionados más arriba en el caso de un esquema de
trazado idéntico que es original y que ha creado de manera independiente una terceraparte;  o
• la realización de cualquiera de los actos anteriores respecto de un circuito integrado
que incorpora un esquema de trazado reproducido de manera ilícita o cualquierartículo que incorpore dicho circuito integrado si la persona que realiza u ordena
dicho acto no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el
circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba
un esquema de trazado reproducido ilícitamente.
42. Se ruega que indiquen la duración de la protección otorgada por su legislación a las
topografías.
El plazo de protección otorgado a las topografías es de 10 años (párrafo 2 del artículo 7).
H. I
NFORMACIÓN NO DIVULGADA
43. Se ruega que expliquen si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la
protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, se ruega que especifiquen la
duración .
Véase la respuesta a la pregunta 45.
44. Se ruega que expliquen cómo define su legislación el término "información no divulgada".
Véase la respuesta a la pregunta 45.
45. Se ruega que expliquen cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u
organismos gubernamentales.
En relación con las preguntas anteriores,  no hay disposiciones todavía sobre los sectores
mencionados .IP/C/W/237/Add.2
Página 17
I. OBSERVANCIA
46. Se ruega que expongan cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la
infracción de los derechos de propiedad intelectual.
La legislación en materia de propiedad intelectual contiene disposiciones para una actuación
eficaz contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual poniendo a disposición del titulardel derecho diversas medidas.  Estas incluyen:
• mandamientos judiciales;
• órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por
concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;
• destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de
las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para suproducción;
• otras medidas.
Mandamientos judiciales
En virtud de la jurisdicción general del tribunal y con arreglo a las diversas leyes sobre
propiedad intelectual, los tribunales pueden ordenar la reparación por infracción mediante
mandamiento judicial incidental o perpetuo.
Los tribunales pueden dictar mandamientos incidentales si están persuadidos de que se ha de
resolver una cuestión grave, cuando el riesgo de daños para el demandante en caso de no dictarse el
mandamiento no pueda compensarse mediante una orden de resarcimiento de daños y perjuicios, y
siempre que el demandante se comprometa a compensar al demandado si el tribunal posteriormenteconstata que su mandamiento no estaba justificado.
Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de
beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
En virtud de la jurisdicción general de los tribunales y con arreglo a las disposiciones de las
leyes sobre propiedad intelectual, los tribunales están facultados para ordenar el resarcimiento dedaños y perjuicios por infracción o, si el demandante así lo desea, una reparación por concepto de
beneficios.  Con arreglo a la Ley de Derecho de Autor de 1995, el demandante no podrá obtener
resarcimiento de daños y perjuicios en caso de inocencia, pero tiene derecho a reparación por
concepto de beneficios.  Los daños y perjuicios normalmente incluyen la recuperación de las pérdidas
comerciales asociadas a la infracción, y se tendrá en cuenta si ésta es flagrante para decidir si debeotorgarse una reparación mayor por daños y perjuicios.  Normalmente, las órdenes de resarcimiento
por daños y perjuicios irán acompañadas de una orden de pago de los costos de asistencia letrada en
que haya incurrido la parte en cuyo favor se haya resuelto.  En lo tocante a las costas judiciales, el
tribunal podrá ordenar que se cobren, salvo acuerdo en contrario.
En virtud de esas órdenes sobre costas judiciales, la parte en cuyo favor se haya resuelto
normalmente recuperará una suma correspondiente a las sumas razonables gastadas en el litigio.  Si
las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre esas costas, éstas serán evaluadas por el Registrador del
Tribunal Supremo.IP/C/W/237/Add.2
Página 18
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías
infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
Los tribunales están facultados para ordenar a los demandados que entreguen las mercancías y
copias infractoras, así como los materiales e instrumentos utilizados para su producción.  Las
disposiciones de la Ley de Derecho de Autor de 1995 y el proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o deComercio de 2001 permiten confiscar las mercancías o copias infractoras, y en el caso de la Ley de
Derecho de Autor, los equipos utilizados en su manufactura.  También están previstos el apartamiento
y la destrucción de las mercancías o copias confiscadas por el Controlador de Aduanas.
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2001 dispone que el Controlador de Aduanas
ha de ordenar el apartamiento de las mercancías falsificadas que han sido confiscadas por las
autoridades aduaneras.  Con arreglo a la Ley de Derecho de Autor, cuando las mercancías se han
confiscado de conformidad con el Reglamento de Derecho de Autor (Restricciones de importación)de 2000, su apartamiento se determina en virtud de las facultades otorgadas por la Ley de Aduanas
(Control y gestión) de 1990.
En caso de infracción de patentes, el tribunal está facultado para ordenar al infractor que:
"entregue o destruya cualquier mercancía patentada en relación con la cual la patente se ha
infringido, o cualquier artículo en el que dicha mercancía esté inseparablemente integrada".
Otras medidas
Como alternativa al resarcimiento de daños y perjuicios, el titular del derecho puede pedir una
reparación por concepto de beneficios.  A esos efectos el tribunal deberá evaluar los beneficios
obtenidos por el infractor como consecuencia de su infracción y ordenar que los haga efectivos al
titular del derecho.
47. Se ruega que expliquen si su legislación contempla o no un mecanismo para recurrir contra
decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.
Sí, la legislación permite recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones del registrador de
compañías y de propiedad intelectual dentro de unos plazos establecidos.
48. Se ruega que describan cómo autoriza su legislación a que los jueces ordenen la
presentación de pruebas por la parte contraria.  Se ruega que faciliten información precisa acerca de
las medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.
En virtud de las disposiciones del Tribunal Supremo de 1970, los tribunales están facultados
para ordenar que se aporten documentos.  Las partes en el litigio están obligadas, ya sea
automáticamente o por orden del tribunal, a divulgar los documentos que guarden relación con las
cuestiones sometidas al tribunal que estuvieran en su poder, posesión o control.
El tribunal está también facultado para dictar al principio del procedimiento una resolución
Anton Pillar encaminada a proteger las pruebas si existe un temor legítimo de que éstas se destruyan.
No hay prescripciones o directrices legales relativas a la confidencialidad, y la forma en que
los tribunales tratarán la información confidencial que se les aporte como prueba queda totalmente a
su arbitrio.  Incumbe a la parte que alega la confiden cialidad de la información solicitar al tribunal que
se pronuncie al respecto.  Si el tribunal determina que es preciso proteger la confidencialidad de lainformación, dictará una orden a esos efectos.IP/C/W/237/Add.2
Página 19
Normalmente, los procedimientos judiciales en cuestiones civiles están abiertos a los
miembros del público.  Sin embargo, algunos de los procedimientos preliminares pueden celebrarse in
camera , es decir, a puerta cerrada.  El tribunal también está facultado para proceder  in camera , es
decir, a puerta cerrada, cuando lo estime necesario para proteger la información.
49. Se ruega que citen las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a
un demandado que desista de una infracción.
Toda la legislación en materia de propiedad intelectual vigente en Santa Lucía contiene
disposiciones para la concesión de mandamientos judiciales en caso de infracción de los derechos de
propiedad intelectual.  Se puede otorgar un mandamiento judicial para obligar al demandado a hacer
algo o para que se abstenga de realizar un acto.  Por consiguiente, cuando se ha producido una
infracción, el juez puede ordenar que el demandado se abstenga de realizar el acto objeto de
infracción y cualquier otro asunto que se considere necesario en esas circunstancias.
50. Se ruega que citen qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el
pago al titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el perjuicio
sufrido.
En virtud de la jurisdicción general de los tribunales, el juez puede ordenar el resarcimiento
de daños y perjuicios por infracción de los derechos de propiedad intelectual.  Los daños y perjuiciosnormalmente incluyen la recuperación de las pérdidas comerciales asociadas a la infracción, y se
tendrá en cuenta si ésta es flagrante para decidir si debe otorgarse una reparación mayor por daños y
perjuicios.
Además, a petición del demandante, el tribunal puede ordenar una contabilización de los
beneficios.  A esos efectos, el tribunal deberá evaluar los beneficios obtenidos por el infractor comoconsecuencia de su infracción y ordenar que los haga efectivos al titular del derecho.
51. Se ruega que citen qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el
pago de los gastos al titular del derecho por parte del infractor.
En virtud de la jurisdicción general de los tribunales y con arreglo a las disposiciones del
artículo 171 de  la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2001, el artículo 88 de la Ley dePatentes de 2001, el artículo 14 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos
Integrados de 2000, el artículo 9 de la Ley de Protección contra la Competencia Desleal de 2001, el
artículo 22 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 2001, el artículo 12 de la Ley de
Indicaciones Geográficas de 2000, los tribunales están facultados para ordenar el resarcimiento de
daños y perjuicios por infracción de los derechos de propiedad intelectual.  Normalmente, las órdenes
de resarcimiento por daños y perjuicios irán acompañadas de una orden de pago de los costos de
asistencia letrada en que haya incurrido la parte en cuyo favor se haya resuelto.  En lo tocante a lascostas judiciales, el tribunal podrá ordenar que se cobren, salvo acuerdo en contrario.
En virtud de esas órdenes sobre costas judiciales, la parte en cuyo favor se haya resuelto
normalmente recuperará una suma correspondiente a las sumas razonables gastadas en el litigio.  Si
las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre esas costas, éstas serán evaluadas por el Registrador del
Tribunal Supremo.
52. Se ruega que expliquen si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que
las mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.IP/C/W/237/Add.2
Página 20
El Tribunal Supremo tiene la facultad inherente para dictar esas órdenes previa solicitud del
demandante.  En efecto, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2001 faculta al Tribunal
Superior para dictar cualquier orden que considere adecuada en esas circunstancias.
53. Se ruega que citen qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a
un demandado en caso de abuso por parte del demandante.
Cuando el tribunal dicta un mandamiento judicial incidental, el demandante está obligado a
comprometerse ante el tribunal a resarcir por daños y perjuicios al demandado si el mandamiento
contra éste no hubiera estado justificado.  El tribunal podrá también pedir garantías de ese
compromiso por medio de un depósito de dinero en los fondos del tribunal o mediante la presentación
de un aval.  Así se hará normalmente cuando el demandante resida fuera de Santa Lucía.
54. Se ruega que expliquen cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Con arreglo al sistema de common law , los tribunales pueden ejercer las siguientes facultades:
i) El Tribunal Superior está facultado para tomar decisiones sobre la observancia de los
derechos de propiedad intelectual y puede adoptar medidas provisionales antes del
proceso pleno, incluidos mandamientos incidentales.
ii) El Tribunal puede también ordenar reparaciones del tipo conocido como
mandamientos Anton Pillar una vez iniciado el caso.  En virtud de esos
mandamientos, se requerirá al demandado que permita entrar en sus locales a una
persona designada para que busque y tome bajo custodia cualquier documento y
cualquier cosa especificada en el mandamiento, con objeto de preservar pruebas para
el proceso.
iii) También puede solicitarse al Tribunal que dicte una resolución provisional sobre
daños y perjuicios.  El demandante deberá demostrar que es probable que al finalizar
el juicio el tribunal ordene una reparación sustancial por daños y perjuicios y que en
espera de que el tribunal evalúe el asunto debe hacerse un pago provisional.
En casos de urgencia excepcional, el Tribunal Superior dictará un mandamiento ex parte .  Sin
embargo, esto se hará únicamente cuando el tribunal opine que es necesario un mandamiento
inmediato porque de otro modo es probable que el demandante sufra daños extremos e irremediables.
Los interdictos ex parte  sólo favorecen al demandante durante algunos días, y deberán ser
reconsiderados por el tribunal cuando el demandado pueda también comparecer, para solicitarse
entonces una renovación del mandamiento.  Algunos de los otros tipos de reparación provisional,
como los mandamientos Anton Pillar y Mareva, se hacen normalmente ex parte  con objeto de
sorprender al demandado e impedirle así que tome medidas para impedir que el tribunal imponga enúltima instancia el resarcimiento.
Normalmente se requiere al demandante que entable la acción presentando una solicitud de
comparecencia antes de pedir la adopción de medidas provisionales.  En casos de extrema urgencia
puede dictarse un mandamiento ex parte , siempre que el demandante se comprometa a presentar la
solicitud de comparecencia tan pronto como le sea posible.  Puede seguirse un mandamiento ex parte
de la mera presentación al juez del artículo infractor, siempre que el letrado se comprometa a
presentar lo antes posible bajo juramento las pruebas de la infracción.
El juez que dicte un mandamiento ex parte  dará directrices estrictas para la "audiencia de
réplica" en la que se dará al demandado la oportunidad de ser oído.  En la audiencia de réplica seIP/C/W/237/Add.2
Página 21
aplicarán los principios generales que regulan los mandamientos incidentales, así como las medidas
imprescindibles para garantizar la protección del demandado frente a los daños que pudiera sufrir si se
demostrara que la medida provisional no estaba justificada.  Esas medidas pueden incluir el
compromiso del demandante, respaldado por una fianza, de garantizar el pago de daños y perjuicios, o
menos habitualmente una consignación monetaria ante el tribunal.
Además, la mayor parte de la legislación en materia de propiedad intelectual faculta al
Tribunal para dictar mandamientos judiciales cuando se haya producido una infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
55. Se ruega que indiquen las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los
titulares de derechos peticiones de una solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades
aduaneras de mercancías falsificadas.
La autoridad competente es el  Controlador de Aduanas de Santa Lucía.
56. Se ruega que indiquen si existen o no procedimientos para suspender la exportación de
mercancías falsificadas.
Con arreglo a la legislación actual, no se dispone de procedimientos para suspender la
exportación de mercancías falsificadas.
57. Se ruega que indiquen qué disposiciones de su legislación autorizan a las autoridades
competentes a ordenar la destrucción o eliminación de mercancías infractoras.
Cuando las mercancías se han confiscado de conformidad con el artículo 51 de la Ley del
Derecho de Autor de 1995 y el Reglamento de Derecho de Autor (de Restricción de las
importaciones) S. I. 113 de 2000, se procede a su elim inación en virtud de la Ley de Aduanas (Control
y gestión) de 1990.  El artículo 139 A de la Ley de  Derecho de Autor de 1995 faculta al tribunal para
ordenar el secuestro del equipo utilizado en la fabricación de las mercancías infractoras.
El artículo 122 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2001 dispone que el
Controlador de Aduanas ha de ordenar la eliminación o destrucción de las mercancías falsificadas que
han sido confiscadas por las autoridades de aduanas.
En virtud de la Ley de Patentes de 2001, el tribunal está facultado para ordenar al infractor
que entregue o destruya cualquier mercancía patentada en relación con la cual la patente se haya
infringido, o cualquier artículo en el que dicha mercancía esté inseparablemente integrada.
58. Se ruega que indiquen si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones
de minimis .
La legislación de Santa Lucía no contiene disposiciones relativas a una excepción para las
importaciones de minimis.
59. Se ruega que expliquen cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
El artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor de 1995 regula los delitos por infracción de
derechos de autor.  Con arreglo a esa disposición, comete delito por infracción de los derechos
protegidos en virtud de la Ley toda persona que sepa o tenga motivos para creer que está infringiendo
derechos de autor.IP/C/W/237/Add.2
Página 22
Con arreglo al artículo 16 de la Ley de Indicaciones Geográficas, constituye delito la
comisión voluntaria y con intención de engañar de cualquiera de los actos enumerados en el
artículo 12.
Con arreglo al artículo 22 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, constituye delito la
comisión voluntaria de cualquier acto enumerado en el párrafo 2 del artículo 9, incluidas lafabricación y la venta con fines comerciales.
Con arreglo al artículo 15 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos
Integrados, constituye delito la comisión voluntaria de cualquier acto enumerado en el artículo 6,
incluidas la fabricación, venta o distribución por cualquier otro medio con fines comerciales.
La Ley de Obtenciones Vegetales establecerá procedimientos penales por lo que respecta al
incumplimiento voluntario o el uso indebido de denominaciones de variedades.
ESTADOS UNIDOS
1
8. (Pregunta 7, IP/C/W/215/Add.1) El artículo 18 del Convenio de Berna, tal como está
incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC, estipula que debe restablecerse el derecho de autor en las obras que sigan estando
protegidas por el derecho de autor en su país de origen y no hayan tenido en Santa Lucía una
duración completa de la protección.  Se ruega que expongan de forma detallada cómo ha aplicadoSanta Lucía esta obligación e indiquen las disposiciones correspondientes de la ley.
El artículo 8 modificado por el artículo 9 de la Ley (de Modificación de la Ley) de Derecho
de Autor de 2000 establece que las disposiciones de la Ley se aplicarán a las obras susceptibles de
protección en Santa Lucía en virtud y de conformidad con cualquier convenio internacional u otro
acuerdo internacional en el que Santa Lucía sea parte.  Santa Lucía es parte en el Convenio de Bernay, por consiguiente, en virtud del artículo 8 de la Ley se aplica el artículo 18.
9. (Pregunta 8, IP/C/W/215/Add.1) El párrafo 6 de l artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC
exige que se restablezca la protección para los fonogramas que se hallan todavía bajo la protección
del derecho de autor o derechos conexos en su país de origen y no han tenido en Santa Lucía una
duración completa de la protección.  Se ruega que expongan de forma detallada cómo ha aplicadoSanta Lucía esta obligación e indiquen las disposiciones correspondientes de la ley.
El artículo 8 modificado por el artículo 9 de la  Ley (de Modificación de la Ley) de Derecho
de Autor de 2000 establece que las disposiciones de la Ley se aplicarán a las obras susceptibles de
protección en Santa Lucía en virtud y de conformidad con cualquier convenio internacional u otro
acuerdo internacional en el que Santa Lucía sea parte.  Santa Lucía es parte en el Acuerdo sobre los
ADPIC y, por consiguiente, en virtud del artículo 8 de la Ley se aplica el párrafo 6 del artículo 14.
__________
                                                     
1 Estas respuestas complementan las de Santa Lucía a los Estados Unidos distribuidas en el documento
IP/C/W/237/Add.1.