ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/MIN(98)/ST/117
20 de mayo de 1998
(98-2179)
CONFERENCIA MINISTERIAL
Segundo periodo de sesionesGinebra, 18 y 20 de mayo de 1998Original:  español
REPÚBLICA DOMINICANA
Declaración distribuida por el Excmo. Sr. Luis Manuel Bonetti Veras,
Secretario de Estado de Industria y Comercio
I. Introducción
En su calidad de miembro fundador del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT de 1947), la República Dominicana está consciente de la importancia del comercio
internacional en el desarrollo de las naciones, por lo cual nuestra membresía en la OrganizaciónMundial del Comercio (OMC) es un reconocimiento a ese sistema multilateral que consolida e
incrementa el acceso de sus Miembros a los mercados internacionales.  Tenemos fe y confianza en la
capacidad de este organismo para intervenir en el escenario mundial a fin de garantizar un comercio
equitativo y orientado hacia el mercado, y una disciplina en el intercambio que facilite el óptimo
aprovechamiento de los recursos.
Dentro del nuevo orden internacional en que se desenvuelven las relaciones comerciales, los
países en desarrollo hemos tenido que adoptar los cambios institucionales adecuados para el
funcionamiento coherente del comercio.  Por el contrario, algunos países desarrollados han
intensificado las presiones a favor de la protección, tratando de demorar la liberalización del comercio
hasta obtener concesiones recíprocas mediante las negociaciones multilaterales.
Así como el mundo y la agenda internacional han cambiado, contamos con un organismo
como la OMC, en constante renovación, que debe tomar en cuenta de modo más realista las
dificultades de implementación de las obligaciones y el ejercicio de los derechos cubiertos por los
acuerdos.  En colaboración con ese espíritu, todos tenemos que poner de nuestra parte para asegurar el
funcionamiento efectivo de la OMC.
II. Aplicación de los Acuerdos
a) Cumplimiento de las obligaciones durante 1997-1998
Desde que concluyó la Conferencia de Singapur, el Gobierno dominicano ha seguido
empeñado en forjar un régimen de comercio exterior que racionalice las funciones de política
comercial para una adecuada administración de los acuerdos, convenios y tratados sobre comercio de
bienes y servicios.  En ese tenor, se siguen identificando las reformas legales e institucionales al
comercio exterior necesarias para la cabal aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay.
Mediante el Decreto Nº 140-97, el Poder Ejecutivo creó la Comisión Técnica para la Reforma
del Comercio Exterior, que consagra el principio de la libertad de comercio, y cuya principal meta es
convertir el arancel de aduanas en el único instrumento que regule las importaciones.  Esta Comisión,
integrada por las principales entidades relacionadas con el área, ha venido trabajando en la revisión
del marco legal que establece barreras no arancelarias al comercio, con el propósito de suprimirlas.WT/MIN(98)/ST/117
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En marzo de este año, siguiendo esa línea y en interés de simplificar trámites y prácticas
administrativas del comercio exterior innecesarias, fue dictado el Decreto Nº 114-98, que elimina las
barreras no arancelarias al comercio vigentes en virtud de decretos presidenciales o de resoluciones
administrativas de organismos estatales.  De ese manera, fueron derogados 34 decretos o artículos de
decretos que imponían trabas, permisos o licencias a las importaciones y exportaciones de la
República Dominicana, y 29 resoluciones administrativas adoptadas por cinco entidadesgubernamentales diferentes, sometiendo a permiso el comercio de otros tantos productos.
De igual manera, el Congreso de la República Dominicana aprobó la nueva "Ley General de
Telecomunicaciones", instrumento de ratifica ción del IV Protocolo anexo al AGCS sobre
telecomunicaciones básicas.  Con esta Ley se implementan en el país los compromisos asumidos al
suscribir el "Documento de Referencia" que resultó de las negociaciones sobre telecomunicaciones
básicas en la OMC, introduciendo disposiciones sobre libre competencia, interconexión, transparencia
de la asignación de recursos escasos, entre otros.  La Ley consagra el derecho a la libre prestación deservicios y el de la libre elección de los usuarios.
Siguiendo este proceso de liberalización come rcial, el Gobierno dominicano decidió romper
su aislamiento tradicional e impulsar un acercamiento regional activo a los esquemas más cercanos y
similares del Hemisferio Occidental, manteniendo siempre como orientación primordial el
reforzamiento y la supremacía de las disciplinas multilaterales.  La Alianza Estratégica propuesta porel Presidente Leonel Fernández, en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
Centroamérica, Belice y la República Dominicana, define el interés de conformar una zona de libre
comercio entre el Caribe y Centroamérica, acorde con los principios, derechos y obligaciones
estipulados en el ámbito de la OMC.  El objetivo de esta Alianza es desarrollar la capacidad
productiva y tecnológica de la región, coordinar las políticas comerciales ante los organismosinternacionales y negociar conjuntamente en la formación del Área de Libre Comercio de las
Américas.
Como primer paso hacia la consecución de esta Alianza, nuestro país firmó un Tratado de
Libre Comercio con Centroamérica, el 16 de ab ril de 1998 recién pasado.  Esta Tratado, que
comprende el comercio de bienes, servicios e inversiones, es un acuerdo moderno, de tercerageneración, que otorga recíprocamente apertura comercial inmediata para todo el universo
arancelario, con excepción de una lista limitada de productos, que estarán sujetos a un proceso
progresivo de incorporación al libre comercio.
De igual manera, están muy avanzadas las negociaciones con la Comunidad del Caribe
(CARICOM) para lograr un acuerdo de libre comercio con las naciones que componen este esquemade integración.  Se ha convenido que el acuerdo abarcará las tres áreas de comercio, servicios e
inversiones, con una lista negativa de productos sensitivos.
b) Ejercicio de los derechos
La adopción de los Acuerdos de la Ronda Urugua y en la legislación nacional de los países fue
posible porque cada uno de ellos evaluó positivamente el resultado se esa ambiciosa ronda de
negociaciones, en la forma del equilibrio de derechos y obligaciones contenido en los Acuerdos.
Al evaluar la aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, resultaría propicio no limitar
este ejercicio a examinar la observancia de las obligaciones a nivel nacional, sino que además se diera
la misma importancia a identificar las dificultades que han experimentado los países, especialmente
los en desarrollo, para ejercer los derechos contenidos en los Acuerdos.
En efecto, sería positivo es esta fase de prenegociación verificar que las salvaguardias de
transición en materia de textiles no se han utilizado con la prudencia que se indica en el AcuerdoWT/MIN(98)/ST/117
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sobre los Textiles y el Vestido, utilizándose por el contrario en contra de países beneficiarios de
esquema de comercio preferencial sin la debida justificación.  Sólo en muy pocos casos se ha podidorectificar esta situación, gracias al concurso del Órgano de Solución de Diferencias, con lo que se
evidencian defectos de importancia en el funcionamiento del Órgano de Supervisión de los Textiles.
Resulta igualmente preocupante el verificar que ninguno de los derechos acordados en favor
de los países en desarrollo para fomentar su participación creciente en materia del comercio de
servicios ha producido los resultados esperados.  Estamos convencidos de que si se negociaran todoslos sectores de servicios en conjunto, cambiando el enfoque que ha prevalecido hasta ahora de
negociar sector por sector, obtendríamos resultados más equilibrados y propicios al incremento de la
participación efectiva de los países en desarrollo.  Ello debiera ser objeto de una reflexión profunda en
este sentido, que conduzca eventualmente a la obtención de compromisos de liberalización,
transferencia de tecnología y acceso a redes que puedan incrementar de manera efectiva la
participación de los países en desarrollo.
En la discusión sobre agricultura siempre resulta inevitable aludir al cumplimiento de las
medidas previstas en el marco de la "Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos
del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo importadores
netos de productos alimenticios".  Pese a que el cumplimiento de esta Decisión es un compromiso
asumido en el mismo Acuerdo sobre la Agricult ura, a 49 meses de la Reunión Ministerial de
Marrakech todavía se encuentra pendiente de aplicación.
Más difícil que todo lo anterior será cumplir con los objetivos de desarrollo que forman parte
integral del Acuerdo de Marrakech y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuer do sobre los ADPIC) cuando culminen los períodos
de transición acordados en favor de los países en desarrollo.
Asimismo, nos preocupa el efecto negativo que podría tener en las economías menos
avanzadas, la ejecución plena del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias en el año
2003, cuando no puedan ser otorgados incentivos a la inversión en sectores de exportación.  Los
Miembros de la OMC debemos evaluar, a partir de esta misma reunión, las implicaciones de la
eliminación de este tipo de estímulo, tanto sobre el ritmo de crecimiento global como sobre los flujos
migratorios.
III. Agenda futura
El debate sobre el alcance de las futuras negociaciones apenas se ha iniciado durante la
preparación de esta segunda Conferencia Ministerial.  Sin embargo, en su definición, sería importante
tomar en cuenta las decisiones ministeriales de otros foros.  Un ejemplo reciente que tiene relevancia
para una futura decisión en este sentido es la IV Declaración Ministerial Conjunta de San José.  Enesta Declaración se establece que el Acuerdo para el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) será un todo único comprensivo que recoja un  equilibrio de derechos y obligaciones entre las
Partes, para cuya entrada en vigor nada estará negociado hasta que todo esté acordado.  En la OMC se
debiera aspirar, nuevamente, a un estándar no menos ambicioso.
Nuestro interés como país en desarrollo es identificar una agenda positiva, que no se limite
únicamente a los temas comerciales tradicionales.  Pero aun en lo que se refiere a estos temas,
tenemos que tomar en cuenta la adaptación de nuestras poblaciones a la globalización.
En el tema de agricultura, la profundidad de la liberalización comercial cobra una importancia
vital para nuestras naciones.  Nuestros principales productos de exportación requieren mayor acceso a
los mercados del que hasta ahora disponen.  La disminución gradual de la ayuda interna de los países
desarrollados establecida en el Acuerdo sobre la Agricultura no ha marchado al ritmo previsto en
dicho Acuerdo.  Y en lo que respecta al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias yWT/MIN(98)/ST/117
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Fitosanitarias, llamamos la atención para que dichas medidas no se conviertan en barreras
proteccionistas y que restrinjan el acceso a los mercados de los productos del sector.
Por lo que respecta a los servicios, visualizamos la revisión del correspondiente acuerdo y el
principio de ampliar la liberalización en este sector, formulando nuevas normas y disciplinas e
impulsando al mismo tiempo la eficiencia y la competitividad.  Confiamos firmemente en que se
establecerá un marco bien definido para las negociaciones, que facilite la mayor participación de lospaíses en desarrollo en el comercio de servicios.
Consciente de las dificultades y los desequilibrios inherentes a la negociación en otros foros,
la República Dominicana abogó activamente por la incorporación del tema de inversiones en la
agenda de trabajo tanto de la OMC como de la UNCTAD.  Gracias a las sabias decisiones adoptadas
en Midrand y Singapur, el trabajo sobre este tema ha  sido fructífero y complementario.  Es necesario,
sin embargo, culminar con el período asignado al Grupo de Trabajo de la OMC para conocer el
parecer de todos los países respecto del futuro tratamiento que debería recibir este tema.  Convendríaque un eventual acuerdo multilateral de inversiones se negocie en un foro universal como la OMC,
donde se recojan los intereses de todas las partes afectadas por una normativa de tanta trascendencia.
La República Dominicana aboga por que en las negociaciones futuras se reconozcan y se
manejen en forma adecuada los problemas específicos de los países con economías débiles y
vulnerables, de manera que se les apruebe el trato especial y diferenciado y la asistencia técnicanecesaria para facilitar el mejoramiento de su capacidad de oferta, su competitividad internacional y
las condiciones de acceso a los mercados.
En este sentido, reafirmamos nuestro apoyo, de principio, a los avances alcanzados por los
grupos de trabajo sobre comercio e inversiones, y so bre políticas de competencia.  En cuanto a los
temas más sensibles, como estándares laborales y medio ambiente, reiteramos nuestra adhesión a loacordado en la Conferencia Ministerial de Singapur.
En síntesis, esperamos que la próxima ronda de negociaciones que se deberá iniciar, a partir
del año 1999, refleje un equilibrio de derechos y obligaciones entre todos los Miembros de la OMC,
que contribuya al crecimiento y el bienestar de todos los pueblos.
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