ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/ISR/1
20 de abril de 2000
(00-1625)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Israel
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
Los tribunales ordinarios (los Juzgados de Me nor Cuantía y de lo Correccional, los Tribunales
de Distrito y el Tribunal Supr emo) son competentes en las causas por infracción de los derechos de
propiedad intelectual.  El tribunal de primera in stancia para la infracción de dibujos y modelos
industriales y de patentes es el Tribunal de Distri to (véase la sección 51 1) de la Ordenanza sobre
Patentes y Dibujos y Modelos Industriales y la sección 188 b) de la Ley sobre Patentes,
respectivamente).  El Tribunal de Distrito es ta mbién competente en las solicitudes de medidas
preliminares con respecto a todas las esferas de la propiedad intelectual (véase Ley de Organización de
los Tribunales, sección 40).  El tribunal de primera instancia con respecto a la infracción del derecho de
autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio registradas y no registradas, denominaciones
de origen, indicaciones geográficas, información confiden cial y circuitos integrados será el Juzgado de
Menor Cuantía y de lo Correccional cuando la cantidad reclamada sea inferior a un millón de nuevosshekels (aproximadamente 250.000 dólares  EE.UU.) y el Tribunal de Distrito si la cantidad supera un
millón de nuevos shekels (véase la sección 51 de la Le y de Organización de los Tribunales).  Se apela de
las sentencias de los Juzgados de Menor Cuantía y de lo Correccional al Tribunal de Distrito, con
ulterior recurso ante el Tribunal Supremo.  De las sent encias del Tribunal de Dist rito se apela al Tribunal
Supremo.
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas person as?  ¿Hay disposiciones que prescriban la
comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
Pueden hacer valer en todos los casos los derechos de propiedad intelectual el titular del derecho
y sus causahabientes (véanse, Ley de Derecho de Autor, sección 5;  Ley sobre los Derechos de los
Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Organismos  de Radiodifusión, seccione s 4D y 5;  Ordenanza
sobre Marcas de Fábrica o de Comercio, sección 57 y Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en
Materia Comercial, secciones 1, 4, 5 y 6;  Ley sobr e la Protección de las Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas, secciones 21A a 23;  Or denanza sobre Dibujos y Modelos Industriales,
sección 37;  Ley sobre Patentes, s ección 178;  Ley sobre la Protección de los Circuitos Integrados,
sección 10).
                                                     
1 Documento IP/C/5.IP/N/6/ISR/1
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Además, en el caso de las patentes, puede asimismo hacer valer los derechos de propiedad
intelectual el licenciatario exclusivo o un cotitular de la patente (véase la sección 178 de la Ley sobre
Patentes);  en el caso del derecho de autor, pue den hacerlo también los sucesores causahabientes a título
universal o particular al del derecho de autor (véase la Ley de Derecho de Autor, sección 5 c));  en el
caso de las marcas de fábrica o de comercio no registradas, pueden hacerlos valer igualmente las
empresas facultadas para usar la marca (véase la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en
Materia Comercial, secciones 1, 4 y 119);  en el cas o de las denominaciones de origen y las indicaciones
geográficas, puede además hacer valer los derechos de  propiedad intelectual toda persona elegible parar
usar la apelación o la indicación (s ecciones 21A a 23 de la Ley correspondiente);  y, en el caso de los
secretos comerciales, los derechos de propiedad intelectual pueden también ser reivindicados por las
personas que lícitamente tienen acceso al secreto (véase la Ley sobre la ResponsabilidadExtracontractual en Materia Comercial, secciones 5, 6 y 11).  Los titulares de derechos de propiedad
intelectual pueden representarse a sí mismos o hacerse representar por abogados licenciados para ejercer
en Israel.  No se exige que los demandantes mismos comparezcan personalmente ante el tribunal, pero
puede requerirse la asistencia de las partes que presten declaración a efectos de celebrar un
interrogatorio cruzado (véase la sección 522 del Reglamento de Procedimiento Civil).
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
Las autoridades judiciales pueden, a petición de la  parte contraria, ordenar a una de las partes
que proceda a divulgar y exhibir pruebas escritas que se hallen en su poder, así como a responder a las
posiciones e interrogatorios, todo ello a reserva de ciertas excepciones (por ejemplo, "privilegio",
"pertinencia", etc.), (véase, principalmente, el cap ítulo 9 del Reglamento de Procedimiento Civil).  La
falta de cumplimiento de esa orden puede acarrear la preclusión de la admisibilidad de ciertas
alegaciones.
Además, los tribunales están facultados para ordenar a los testigos que comparezcan (véase la
sección 1 de la Ordenanza sobre Pruebas y la sección 73 de la Ley de Organización de los Tribunales).
En unas pocas circunstancias el tribunal podrá autorizar,  sin dar vista a la parte afectada, que se efectúen
registros e incautaciones contra partes y terceros c on el fin de obtener pruebas relativas a la observancia
civil o penal de los derechos de propiedad intelectual (véanse, por ejemplo, las secciones 5 a 9 de la Ley
sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ej ecutantes y los Organismos  de Radiodifusión;  las
facultades genéricas de un tribunal de conformidad c on la sección 75 de la Ley de Organización de los
Tribunales y con el derecho co mún anglosajón;  por ejemplo,  Rotem Insurance Co.  v.  Nahum Rowdner,
et al. , Docket T.A.  798/ 91, petición número 5530/91, District Court Reports , volumen 3, 1992, y, con
respecto a las marcas de fábrica o de comercio no registradas y los secretos comerciales, véanse las
secciones 16 y 17 de la nueva Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial, quecodifica la actual jurisprudencia).  Asimismo, se prevé que las disposiciones sobre registro e incautación
contenidas en dicha Ley servirán en breve de modelo  para la codificación de la actual jurisprudencia
análoga con respecto a otros derechos de propiedad intelectual.  Otras facultades de registro e
incautación figuran en el capítulo 4 de la Ley de Procedimientos Penales.
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
Si se ha presentado información confidencial de carácter comercial ante algún órgano judicial o
cuasijudicial en un procedimiento civil, ese órgano podrá, de oficio o a solicitud de parte, emitir una
orden para asegurar que no se divulgue esa inform ación confidencial, así como órdenes respecto de la
manera de aducir pruebas que constituyan un secreto comercial (véase la sección 23 de la Ley sobre la
Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial).IP/N/6/ISR/1
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5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perj uicios, con inclusión de la reparación por
concepto de beneficios y los gastos, co mprendidos los honorarios de los abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales
de las mercancías infractoras y de los mate riales e instrumentos utilizados para su
producción;
- otras medidas.
Mandamientos judiciales
Los tribunales pueden conceder mandamientos provisionales y permanentes en todos los
procedimientos relacionados con derechos de propieda d intelectual a petición de parte, bien sin oír a la
contraria, bien dándole traslado, en virtud de su ju risdicción genérica (véase la sección 75  de la Ley de
Organización de los Tribunales) y de  disposiciones específicas contenidas en las diversas leyes sobre
propiedad intelectual (véanse, por ejemplo, la sección 183 de la Ley sobre Patentes;  la sección 37 b) 2)
de la Ordenanza sobre Patentes y Dibujos y Modelos Industriales;  59 de la Ordenanza sobre Marcas de
Fábrica o de Comercio;  la sección 6 de la Ley de Derecho de Autor y la sección 3A de la Ordenanza
sobre Derecho de Autor;  la sección 5 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes y los Organismos de Radiodifusión;  y el capítulo 3 de la Ley sobre la Responsabilidad
Extracontractual en Materia Comercial).  Los manda mientos provisionales permanecen en vigor hasta
que el tribunal dicta una decisión definitiva o ta mbién hasta que el tribunal decide revocar el
mandamiento provisional porque las circunstancias ha n cambiado.  Poco antes de la emisión de los
mandamientos a simple petición de parte, se dará al demandado oportunidad de ser oído por el tribunal
acerca de mantenimiento del auto con carácter permanente.  Entre los tipos de mandamiento que pueden
concederse con respecto a derechos de propiedad intelectual figuran:
1) El auto Anton Pillar  - Los tribunales israelíes pueden disponer, a solicitud del
demandante, que se permita a éste entrar en los locales de los demandados y de terceros con el fin debuscar y aprehender documentos y pruebas.  Los au tos Anton Pillar se fundan en el derecho común
anglosajón (el precedente que sentó jurisprudencia es Rotem Insurance Co.  v.  Nahum Rowdner, et al. ,
Docket T.A.  798/91, petición número 5530/91, District Court Reports , volumen 3, 1992).  Por lo que
respecta a las marcas de fábrica o de comercio no registradas y los secretos comerciales, la
jurisprudencia sobre el auto Anton Pillar ha sido co dificada con arreglo a las secciones 16 y 17 de la Ley
sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial;
2) El mandamiento Mareva  - El mandamiento Mareva es un mandamiento provisional a
efectos de "congelar" los activos del demandado hasta la  conclusión de la vista, o bien para requerir de
él que dé una fianza como caución.  Su finalidad  es garantizar que, cuando un demandante triunfe en
una causa, todos sus bienes situados en el territorio de la jurisdicción permanecerán intactos de modo
que el demandante pueda ejecutar la sentencia.  El mandamiento Mareva se introdujo por primera vez en
el derecho común israelí basado en su homólogo inglés  conforme al cual los tribunales están facultados
para prohibir a un demandado que enajene ningún activo, como también para nombrar a un
administrador cuyas funciones sean, entre otras co sas reunir los activos del demandado y protegerlos
después de la sentencia o como medida interlocutoria (véase, por ejemplo,  Orkon v.  Zaks , T.A. 2233/90,
District Court Reports 1992, volumen I, página 184;  véanse también los capítulos 10 y 28 del
Reglamento de Procedimiento Civil y en particul ar los artículos 385 y 386).  Además, los tribunales
israelíes han determinado que esta orden se tiene que aplicar asimismo a los bienes situados fuera del
territorio jurisdiccional de Israel.  La solicitud de un mandamiento Mareva se presenta de idénticaIP/N/6/ISR/1
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manera que una solicitud de mandamiento interlocutorio sin vista a la parte.  Por lo común, no hay vista
y la decisión del tribunal se basa únicamente en la solicitud misma y la declaración jurada que la
sustenta.  Se suele conceder una decisión a más ta rdar uno o dos días después de que se presente la
solicitud;
3) Auto de embargo  - De conformidad igualmente con el capítulo 28 del Reglamento de
Procedimiento Civil y en particular el artículo  360 y siguientes, cuando una acción por una cantidad de
dinero por un objeto concreto se funda en un documen to o en otra prueba en principio suficiente, el
tribunal podrá conceder un auto temporal de embargo sobre los activos en poder del demandado, así
como sobre los activos de éste en poder de cualquier otra persona, hasta que se ejecute la sentencia.  Ese
auto se concede si el tribunal está convencido de que, de no ser así, la ejecución de una eventual
sentencia se podría ver menoscabada.  La solicitud de un auto de embargo deberá hacerse por escrito yse examina normalmente sin oír a la otra parte.  No se puede emitir ningún auto de embargo a menos
que el demandado haya otorgado una garantía seg ún las instrucciones del tribunal, por lo común una
promesa y un fiador, de resarcir al demandado de los daños y perjuicios que el auto le cause;
4) Cuenta de beneficios  - Un demandante puede también solicitar del tribunal que ordene
la presentación de una cuenta de beneficios (véan se la sección 223 y siguientes del Reglamento de
Procedimiento Civil).  Una vez concedida la orden, se requerirá del demandado que informe de todas las
ventas de los artículos infractores, la contrapartida pe rcibida y los gastos incurridos en la fabricación y la
comercialización.  Un contable público autorizado certificará normalmente este informe;
5) Prohibición de salida  - El procedimiento civil israelí (en las secciones 376 y siguientes
del Reglamento de Procedimiento Civil) prevé la posibilidad de que se solicite una prohibición de que el
demandado abandone el territorio.  Cuando se pueda  probar que un demandado está a punto de salir de
Israel para siempre o por un largo tiempo, y que su ausencia podría obstaculizar la vista de la causa o la
ejecución de la sentencia, el tribunal podrá, medi ante un auto prohibir al demandado que abandone el
país y pedirle que entregue su pasaporte.  Una solic itud de prohibición de salida se examina con traslado
a la otra parte, a menos que se pueda probar que  esa vista ocasionaría eventualmente un perjuicio
irreparable.  El solicitante debe prestar caución por los posibles daños y perjuicios.  En general, si el
demandado es extranjero, esa orden sólo podrá concederse en circunstancias extremadamente raras (por
ejemplo, si se propone sacar sus activos de Israel).
Hay que hacer mención de las amplias facultades de los funcionarios de Aduanas, que más
adelante se enumeran, para adoptar medidas inmedi atas contra las importaciones sospechosas de ser
mercancías infractoras, de conformidad con la sección 200A de la Ordenanza sobre las Aduanas.
Recursos definitivos
1) Resarcimiento en dinero de daños y perjuicios  - La parte que alegue haber sufrido un
perjuicio en razón de violaciones de derechos de propiedad intelectual puede pedir a los tribunales que
se condene al infractor a pagar un resarcimiento en di nero.  El resarcimiento puede referirse tanto a las
pérdidas del titular (daños y perjuicios) como a los beneficios obtenidos por el infractor.  Con respecto a
los daños y perjuicios, la regla básica es que su resa rcimiento tiene por fin poner a la parte perjudicada, a
saber, el titular del derecho, en la situación en que se hallaría de no haberse producido la infracción
(véanse, por ejemplo, la sección 183 de la Ley sobre Pate ntes;  la sección 37 b) 2) de la Ordenanza sobre
Patentes y Dibujos y Modelos Industriales;  la secci ón 59 de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de
Comercio;  la sección 6 de la Ley de Derecho de Autor y la sección 3A de la Ordenanza sobre Derecho
de Autor;  la sección 5 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y losOrganismos de Radiodifusi ón;  y el capítulo 3 de la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en
Materia Comercial.  Hay que observar que las mencionadas secciones proporcionan asimismo una base
legal para una serie de recursos de carácter no dinerario definitivos y provisionales, como los que más
adelante se especifican.)IP/N/6/ISR/1
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2) Daños y perjuicios legales  - De conformidad con la sección 3A de la Ordenanza sobre
Derecho de Autor y la sección 5 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y
los Organismos de Radiodi fusión, si ha habido infracción de derec hos en materia de derecho de autor,
interpretación o ejecución o radiodifusión y no se han probado en concreto los determinados daños y
perjuicios sufridos, el tri bunal podrá adjudicar una indemniz ación sin que se hayan probado.
Análogamente, en virtud de la sección 13 de la  Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en
Materia Comercial, podrán adjudicarse daños y perjuicios legales respecto de la infracción de la
confidencialidad de la información y de las marcas de fábrica o de comercio no registradas.
3) Cuenta de beneficios  - El demandante puede también pe dir al tribunal que ordene la
presentación de una cuenta de beneficios (véanse la sección 223 y siguientes del Reglamento de
Procedimiento Civil).  Una vez concedida la orden, se requerirá del demandado que informe de todas las
ventas de los artículos infractores, las contrapartidas percibidas y los gastos incurridos en la fabricación
y la comercialización.  Un contable público autorizado certificará normalmente este informe.
4) Mandamientos permanentes  - Cuando un demandante sale victorioso en la causa, el
tribunal suele conceder un auto inhi bitorio, por el que se prohibe al infractor continuar unas actividades
que se estiman infractoras (véanse la Ley de Organización de los Tri bunales, sección 75;  Yotabin v.
Mai, Docket número 144/79, Supreme Court Reports  2), página 344).  Por lo general, este auto
permanece en vigor hasta que expira el derecho del demandante.
5) Entrega del material infractor  - El recurso de la entrega está previsto por la
jurisprudencia o por determinadas leyes;  véase  Yotabin v.  Mai , ibid.  Por ejemplo, la sección 7 de la
Ley de Derecho de Autor establece específicamente que todas las copias infractoras y todas las planchas
utilizadas o destinadas a ser utilizadas para la producción de esas copias se considerarán como de
propiedad del titular del derecho de autor, el cual  podrá instar actuaciones para recuperar su posesión.
La sección 59A de la Ordenanza sobre Marcas de Fá brica o de Comercio prevé un medida similar con
respecto a las marcas.  Es importante decir, que el r ecurso de la entrega existe asimismo con respecto a
la infracción de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes.
6) Destrucción de las mercancías infractoras  - En ciertas circunstancias el tribunal
puede ordenar la destrucción de las mercancías infr actoras (véanse, por ejemplo, las secciones 7C de la
Ordenanza sobre Derecho de Autor y 59A de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio).
Con respecto a las mercancías con marca falsifi cada, la nueva sección 59A de la Ordenanza
correspondiente dispone que los tribunales no podr án permitir que el demandado conserve las
mercancías incluso si ha quitado las marcas in fractoras, salvo en circunstancias excepcionales.
Otros recursos
Daños y perjuicios punitivos  - Si bien los daños y perjuicios punitivos son en general
incompatibles con las normas jurídicas israelíes, en el caso de una infracción de patente cometida
después de que el infractor fue prevenido contra la comisión de ese acto infractor, el tribunal podrá
ordenar al infractor que pague una indemnización de tal carácter (véase la Ley sobre Patentes,
sección 183c).
Costas y costos  - Además de los antes mencionados r ecursos, un demandante victorioso en un
litigio relacionado con la propiedad intelectual puede re clamar ante los tribunales los costos de la misma
actuación judicial.  Al dictar una condena en los costos, el tribunal toma en cuenta, entre otras cosas, el
valor del resarcimiento realmente controvertido entre la s partes y el del adjudicado al finalizar el juicio.
El tribunal podrá además ponderar la manera cómo las pa rtes llevaron el pleito.  Si el tribunal estima que
una parte lo prolongó innecesariame nte, podrá, independientemente del resultado de la causa, imponer a
esa parte el pago del costo de las actuaciones, a favor de la otra parte o de la Hacienda de Israel o de
ambos.IP/N/6/ISR/1
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6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular de l derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto de
los cuales se haya determinado que se trata de  bienes o servicios infractores, y sobre sus
circuitos de distribución?
No hay disposiciones legislativas generales orientadas concretamente a obligar a un infractor a
que informe al titular del derecho sobre la identidad  de los terceros involucrados en la producción y
distribución de mercancías o servicios infractores o sobre sus canales de distribución.  No obstante, con
respecto a las acciones penales en el contexto de las marcas de fábrica o de comercio falsificadas, para
poder valerse de una excepción, el demandado está obligado a suministrar información acerca de las
circunstancias del supuesto delito.  De conformidad c on la sección 3 2) b) de la Ordenanza sobre Marcas
de las Mercancías, la defensa en caso de delito de falsificación deliberada de una marca requiere que el
demandado pruebe los siguientes tres elementos:
1) que había adoptado todas las precauciones razonables para no cometer ese delito;
2) que, a solicitud del acusador, había dado toda la información en su poder con respecto
a las personas de las que obtuvo esas mercancías o cosas;  y
3) que había por lo demás actuado inocentemente.
Análogamente, de conformidad con la Ley de Protección del Cons umidor, secciones 17, 18
y 23, las empresas deben observar estrictas prescripci ones sobre etiquetado (incluidos, entre otras cosas,
los nombres y direcciones de los fabricantes e importadores) respecto de todos los productos de
consumo elaborados en Israel o importados.  Si se incumplen estos requisitos, constituye una
transgresión a la vez civil y penal vender o poseer para la venta esas mercancías.  Además, es delito queuna empresa se niegue, sin causa razonable, a informar al Comisionado para la Protección del
Consumidor del nombre y la dirección de la entidad  a la que adquirió las mercancías infractoras.
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebida mente una obligación.  ¿En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Se puede ordenar a la parte, ya sea una entidad privada o una autoridad pública, que haya
abusado de los procedimientos de observancia pidi endo que se adopten medida s para obligar o prohibir
injustamente a otra parte, que la indemnice y le re sarza los perjuicios sufridos a raíz de ese abuso.
Además, la mayoría de los recursos preliminares sólo se concederán después de que la parte que lossolicite preste caución.  (Véanse, por ejemplo, el cap ítulo 28 del Reglamento de Procedimiento Civil;  el
capítulo 3 de la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial;  y las
secciones 200A y siguientes de la Ordenanza sobre las Aduanas.)
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su
costo.
Como norma general, las causas civiles y penales se examinan en Israel en el sistema judicial
ordinario con arreglo a detalladas normas de proced imiento y de prueba.  Las actuaciones penales las
inicia generalmente el Estado, y en unas pocas circunstancias pueden hacerlo también los reclamantes
individuales mediante una denuncia penal privada.   En uno y otro caso, existen normas minuciosas de
procedimiento y de prueba que salvaguardan la co rrección del proceso y los derechos de los litigantes.
El ordenamiento civil contiene diversas opciones para  el entablamiento y la tramitación de las causas, y
las reglas prevén procesos como procedimientos previos, revelación forzosa de hechos y documentos,IP/N/6/ISR/1
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amparo preliminar, vistas, peticiones, recursos interl ocutorios, juicios, recursos definitivos, etc.  La
duración y el costo de las actuaciones variarán según la complejidad de la materia y el asesoramiento
letrado.
Las actuaciones se desarrollan en muchas sedes judiciales diferentes y no hay dos casos iguales
y no se lleva constancia de los datos referentes a los costos reales ocasionados.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
No hay procedimientos administrativos aplicables como recursos en caso de infracciones de la
propiedad intelectual.  Todos los recursos en ma teria de observancia son examinados exclusivamente
por los tribunales de justicia.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Respecto de los procedimientos relativos a la infracción de algún derecho de propiedad
intelectual, los tribunales de Israel están facultados para emitir una gran variedad de medidas de amparo
provisional, incluidos:  mandamientos, autos Ant on Pillar de registro e incautación, mandamientos
Mareva a efectos de congelar los activos de un demandado hasta la conclusión del asunto, autos de
embargo de los activos en poder del demandado, así como los activos del demandado en poder de algún
tercero, hasta que se celebre el juicio;  prohibiciones de salida del país si el tribunal está convencido de
que el demandado está a punto de abandonarlo por un período prolongado y esa ausencia podría
obstaculizar la resolución de la causa o la ejecución de la sentencia;  y las autoridades aduaneras pueden
suspender el despacho de las mercancías sospechosas de infringir derechos de propiedad intelectual
durante la acción judicial.  Más detalles sobre las medidas provisionales figuran en las respuestas a laspreguntas 5 y 15.
11. ¿En qué circunstancias puede ordena rse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
Todas las medidas de amparo antes mencionadas pueden ser ordenadas por el tribunal a petición
de una de las partes sin oír antes a la otra.
12. Sírvanse describir el procedimiento princi pal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en  aplicación, y especialmente
los plazos pertinentes y las medidas de sal vaguardia para proteger los intereses legítimos
del demandado.
Las medidas provisionales en la forma de mandamientos interlocutorios y de órdenes de
registro, incautación y embargo, expuestas con mayor detalle en las respuestas a las preguntas 5, 10
y 15, se aplican a propósito de las infracciones a todos  los derechos de propiedad intelectual.  Las
medidas provisionales se rigen conforme a la jurisd icción genérica de los tribunales, según lo dispuesto
en la sección 75 de la Ley de Organización de los Tribunales, así como de acuerdo con el Reglamento
de Procedimiento Civil y la jurisprudencia.  Se puede conceder amparo provisional sin oír a la otra parte
y antes del comienzo de la acción, siempre que la reclamación se presente dentro de los siete díasIP/N/6/ISR/1
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siguientes.  Además los demandados, tan pronto se enteren del auto dictado  sin su intervención, pueden
pedir que se les dé la oportunidad de impugnar la continua observancia de la medida provisional de
amparo.  Igualmente, en las acciones fundadas en la nueva Ley sobre la Responsabilidad
Extracontractual en Materia Comercial (como las acciones relativas al secreto comercial o a la
impostura), los recursos provisionales que ya existían en el derecho jurisprudencial de Israel se hancodificado en sus secciones 11 a 21.  En una u otra  situación, las medidas provisionales se pueden
obtener sin dar traslado a la otra parte y requieren  generalmente la constitución de una garantía para
proteger los derechos de los demandados.  Asimis mo, si se ha dictado un auto sin oír antes al
demandado, la parte contra la que se haya dictado esa orden podrá pedir una vista oral para impugnar la
permanencia de su validez.
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su
costo.
No existe ninguna disposición especial sobre la  duración y el costo de las actuaciones en las
causas relativas a derechos de propiedad intelectual y el Ministerio de Justicia no tiene constancia de
esos datos;  a este respecto se remite a la respuesta a la pregunta 8 supra .
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales  administrativas.
En general, las medidas provisionales se ventilan exclusivamente ante los tribunales judiciales.
Pero, como se expone más ampliamente en la respuesta a la pregunta 15 infra , las autoridades aduaneras
están facultadas para demorar el despacho para la libre circulación de mercancías que, en principio,parezcan infringir derechos de autor o de marcas de fábrica o de comercio o puedan inducir a error
sustancial al consumidor.
Prescripciones especiales relacio nadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de  qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para  libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en  relación con mercancías que entrañen
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor,  en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sír vanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro miembro de
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable el
procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por
el titular del derecho o con su consentimi ento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
Conforme a las nuevas secciones 7D c) de la Ordenanza sobre Derecho de Autor, 69A c) de la
Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio  y 200A de la Ordenanza sobre las Aduanas, es
posible solicitar de las autoridades aduaneras la suspensión del despacho para la libre circulación de las
mercancías que impliquen infracciones de los derechos  de autor y de marcas.  De conformidad con las
antes mencionadas secciones de leyes, el Director de Aduanas está legalmente facultado para suspender
el despacho de las mercancías al parecer infractor as, por iniciativa propia a petición del titular del
derecho de autor o de la marca.IP/N/6/ISR/1
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Análogamente, en virtud de las secciones 2, 17 y 35 de la Ley de Protección del Consumidor y
204 de la Ordenanza sobre las Aduanas, los funci onarios aduaneros están ampliamente facultados para
aprehender toda mercancía que, entre otras cosas, contenga una descripción comercial falsa o que pueda
de otra manera inducir a error sustancial al consumidor.
La autoridades aduaneras, fundándose en la s ección 35 de la Ley de Pr otección del Consumidor,
ejercitan sus facultades sobre las mercancías infractoras  en tránsito por Israel con destino a otro país y a
ser exportadas desde Israel.  No obstante, hay que obs ervar que una nota de pie de página al artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que no habrá obligación de aplicar la suspensión del despacho de
aduanas a las importaciones de mercancías puestas en el  mercado en otro país por el titular del derecho o
con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.
Las reglamentaciones aduaneras no se aplican a las mercancías de minimis  de carácter no
comercial contenidas en el equipaje personal de un viajero.
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del
despacho de aduana de las mercancías por la s autoridades aduaneras, particularmente en
lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir
la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las dive rsas prescripciones relativas a la duración de
la suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía
equivalente), 56 (indemnización al importador  y al propietario de las mercancías) y 57
(derecho de inspección e información)?
Los principales elementos de los procedimie ntos encaminados a la suspensión por las
autoridades aduaneras del despacho de mercancías, expuestos principalmente en las secciones 200A y
siguientes de la Ordenanza sobre las Aduanas, son:  los titulares de derechos con motivos fundados para
sospechar que pueda producirse la importación de me rcancías con marcas de fábrica o de comercio
falsificadas o mercancías pirateabas que lesionen el  derecho de autor, pueden pedir que el Director de
Aduanas suspenda el despacho de esas mercancías por  las autoridades aduaneras.  La solicitud contendrá
una descripción suficientemente detallada de las mer cancías e información que justifique en principio la
sospecha de que las mercancías son infractoras y la credibilidad de esa información.
Los importadores cuyas mercancías ha sido retenidas por la aduana, así como los titulares de
derechos cuyos derechos puedan verse infringidos por  el despacho para la libre circulación de las
mercancías retenidas, serán prontamente notificados de cualquier retención de mercancías sospechosas,
incluida la notificación del nom bre y la dirección del importador.
La retención inicial de las mercancías sospechosas dura tres (3) días laborables.  Los titulares de
derechos que traten de mantener la retención de la s mercancías sospechosas deben presentar al Director
de Aduanas fianza suficiente para proteger los intereses del importador durante el período inicial de
retención (tres días) y entablar ante los tribunales una acción por infracción dentro de los diez (10) días
siguientes a la detención inicial.
Cuando, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificaci ón de la suspensión del despacho o
de la retención, la Oficina de Aduanas no haya sido informada de que el asunto se ha remitido al
tribunal, deberá despacharse la mercancía.  Este plazo podrá prorrogarse por otros 10 días por razones
especiales que el Direct or de Aduanas deberá hacer constar por escrito.
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su
costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las auto ridades competentes por
las que se suspende el despacho de  las mercancías para libre circulación?IP/N/6/ISR/1
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No hay disposiciones específicas que rijan la duración y el costo de los procedimientos de
suspensión y no se percibe actualmente ninguna tasa por presentar una solicitud de que se detenga el
despacho de las mercancías para la libre circul ación.  Además, el Ministerio de Justicia no lleva
constancia de esos datos;  a este respecto, se remite a la respuesta a la pregunta 8 supra .  En relación con
la duración de la validez de la decisión de suspensión, sírvanse ver la respuesta a la pregunta 16 supra .
18. ¿Están obligadas las autorida des competentes a actuar por pr opia iniciativa y, en tal caso,
en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones espe ciales aplicables a la actuación de oficio?
Las autoridades aduaneras pueden suspender el despacho de las mercancías sospechosas de
infringir marcas de fábrica o de comercio o derec hos de autor sobre la base de reclamaciones u otras
informaciones suministradas a esas autoridades o en los exámenes efectuados por propia iniciativa delfuncionario aduanero.  Pero, en caso de que las auto ridades aduaneras retengan mercancías por iniciativa
propia, la retención no podrá exceder de seis (6) días , durante los cuales se da al titular del derecho la
oportunidad de presentar una solicitud de que prosig a la retención o de que se adopten otras medidas
adecuadas.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Las autoridades aduaneras pueden ordenar la retención de mercancías por el tiempo y en las
condiciones mencionadas en la respuesta a la pregunta 16 supra .  Sólo los tribunales pueden hacer una
determinación definitiva sobre si las mercancías s on infractoras.  Además, y sin perjuicio de otras
posibles acciones a disposición de los titulares de derechos, conforme a la nueva sección 7C de la
Ordenanza sobre Derecho de Autor y la nueva sección 59A de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o
de Comercio, si se ha dictado sentencia definitiv a de infracción, los tribunales están facultados para
ordenar la destrucción o el apartamiento de las mercancías infractoras de acuerdo con los principios
expuestos en el artículo 46 del Acuerdo sobre lo s ADPIC.  Con respecto a las mercancías de marca
falsificadas,  la nueva sección 59A de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio establece
que los tribunales no podrán permitir al demandado conservar en su poder las mercancías, incluso si ha
quitado las marcas infractoras, salvo circunstancias excepcionales.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los
derechos de propiedad intelectual.
Los Juzgados de Menor Cuantía y de lo Correccional de Israel son competentes en materia de
actividad delictiva en la esfera de la propiedad intelectual.
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos  de propiedad intelectual y de qué derechos
de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?
Derecho de autor
En virtud de la sección 3 de la Ordenanza sobre Derecho de Autor, comete delito la persona o
entidad que a sabiendas:
a) reproduce una copia infractora para venderla o arrendarla;b) vende, arrienda o exhibe para la venta o el arriendo, con fines comerciales, una copia
infractora;IP/N/6/ISR/1
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c) distribuye copias infractoras con fines comerciales o en cantidades que puedan
perjudicar al titular del derecho;
d) exhibe en público, con fines comerciales, una copia infractora;
e) importa a Israel una copia infractora para venderla o arrendarla;
f) fabrica o posee un dispositivo para hacer copias infractoras, o para exhibir una obra en
beneficio propio sin el consentimiento del titular de los derechos.
La pena por esas violaciones penales es de hasta tres años de prisión y multas de hasta un millón
de nuevos shekels (aproxima damente 250.000 dólares EE.UU.).
- Derechos conexos
En virtud del capítulo 3 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y
los Organismos de Radiodifusión;  comete delito quien a sabiendas viola los derechos de un artista
interprete o ejecutante o un organismo de radiodifusi ón, delito punible con hasta seis meses de prisión y
multas de hasta 150.000 nuevos shekels (aproximadamente 38.000 dólares EE.UU.).
- Marcas de fábrica o de comercio
En virtud de la sección 60 de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio y la
sección 3 de la Ordenanza sobre Marcas de las Mercancías, incurre en delito, punible con hasta un año
de prisión y multas de hasta 19.300 nuevos shekel s (aproximadamente 4.800 dólares EE.UU., véase la
sección 61 de la Ley Penal), la persona o entidad que, con intención de engañar, comete o intenta
cometer o ayuda o incita a otra persona a cometer alguno de los siguientes actos:
a) no siendo su propietario, hacer uso de una marca registrada o de una imitación de esa
marca sobre mercancías de la misma clase resp ecto de la cual se ha registrado la marca;
b) vender, almacenar con el fin de vender o exponer para la venta, mercancías con una
marca cuyo uso constituye delito conforme al apartado a) supra ;
c) utilizar, con el fin de hacer publicidad de mercancías, en la prensa o de alguna otra
manera, una marca debidamente registrada por  otra persona respecto de mercancías de
la misma clase;
d) fabricar, grabar, imprimir o vender una plan cha, troquel, matriz u otra representación de
una marca debidamente registrada, o cualqu ier imitación de la misma, con el fin de
hacer que una persona que no sea el propie tario registrado de esa marca pueda hacer
uso de ella, o de una imitación de la misma, en relación con mercancías de la misma
clase para la que ha sido registrada;
e) hacer o provocar que se haga una entrada falsa en el Registro o un escrito que
falsamente pretenda ser copia de una inscripc ión en el Registro, o exhiba o presente o
provoque que se exhiba o se presente como prueba un escrito de esa naturaleza, a
sabiendas de que la inscripción o el escrito son falsos.  Análogamente, la infracción
deliberada con la intención de engañar de una denominación de origen o de una marcade fábrica o de comercio no registrada son punibles con hasta un año de prisión y
multas de hasta 19.300 nuevos shekels (véanse la sección 24 de la Ley sobre la
Protección de las Denominaciones de Origen y la sección 3 de la Ordenanza sobre
Marcas de las Mercancías).IP/N/6/ISR/1
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Derechos de propiedad intelectual en general
Aunque los demás derechos de propiedad intelect ual pueden ser eficazmente protegidos por las
disposiciones generales de la ley penal (por ejem plo, conforme a la sección 496 de la Ley Penal, la
publicación de un secreto comercial) o por la dis posición de la Ley de Pr otección del Consumidor que
prohíbe los actos o prácticas susceptibles de inducir a error o engaño, no hay ninguna responsabilidad
penal por infringir derechos de propiedad intelectual como las patentes, los dibujos y modelos
industriales y la información confidencial.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y/o a raíz de reclamaciones?
La autoridad pública encargada de la iniciación de los procedimientos penales en la esfera de la
propiedad intelectual, como en otras esferas de actividad delictiva, es la policial.  Los casos que
despierten sospechas de actividad delictiva, sobre la base de una reclamación o de una información
suministrada por fuentes privadas, o sobre la base de la propia iniciativa de la policía, son investigados
por personal policial.  Además, en los casos de  engaño al consumidor, el Comisionado para la
Protección del Consumidor está facultado para in iciar una investigación de carácter penal (Ley de
Protección del Consumidor, secciones 19 y siguientes).
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
Según la Ley de Procedimiento Penal, sección 68 y su anexo 2, cualquier parte afectada puede
presentar una reclamación penal privada con respecto a la infracción de un derecho de autor o una marca
de fábrica o de comercio, así como la infracción de ciertas disposiciones de la Ordenanza sobre Marcas
de las Mercancías y la Ley de Protección del Cons umidor.  Esas reclamaciones pueden ir acompañadas
de la solicitud de que, sin dar vista a la otra part e, se expida una orden de registro e incautación.  El
Fiscal, a quien se facilita copia de cada reclamaci ón penal privada, puede decidir tomar a su cargo el
procesamiento del caso.
24. Sírvanse indicar, si es necesario por cate gorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otra s medidas correctivas que pueden imponerse:
-p r i s i ó n ;
- sanciones pecuniarias;- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Derecho de autor
La sección 3 de la Ordenanza sobre Derecho de Autor dispone que los delitos son punibles con
hasta tres años de prisión y multas de hast a un millón de nuevos shekels (aproximadamente
250.000 dólares EE.UU.).  Además, de conformidad con la  sección 7 de la Ley de Derecho de Autor y la
sección 7C de la Ordenanza sobre Derecho de Autor, el tribunal podrá también ordenar la incautación ydestrucción de las copias infractoras y los instrume ntos utilizados para producir esas copias, u ordenar
que la propiedad  de esos materiales se transfiera al titular del derecho de autor.IP/N/6/ISR/1
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Derechos conexos
En virtud del capítulo 3 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y
los Organismos de Radiodifusión;  comete delito quien a sabiendas viola los derechos de un artista
interprete o ejecutante o un organismo de radiodifusi ón.  El delito es punible con hasta seis meses de
prisión y multas de hasta 150.000 nuevos shekels (a proximadamente 38.000 dólares  EE.UU.).  Además,
de acuerdo con la sección 5 de esa misma Ley, t odo recurso civil disponible de conformidad con la
legislación sobre el derecho de autor es mutatis mutandis  aplicable a los artistas intérpretes o ejecutantes
y a los organismos de radiodifusión.  Por tanto, los artistas intérpretes o ejecutantes y a los organismos
de radiodifusión podrán aprovecharse igualmente de las disposiciones relativas a la incautación, la
destrucción y la transferencia de la propiedad de las mercancías infractoras o del equipo utilizado para
producirlas.  Asimismo, según las secciones 8 y 9, pueden también aprehenderse las mercancíasinfractoras en poder de terceros.
Marcas de fábrica o de comercio
En virtud de la sección 60 de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio y la
sección 3 de la Ordenanza sobre Marcas de las Mercancías, incurre en delito, punible con hasta un año
de prisión y multas de hasta 19.300 nuevos shekel s (aproximadamente 4.800 dólares EE.UU., véase la
sección 61 de la Ley Penal), la persona o entidad que, con intención de engañar, comete o intenta
cometer o ayuda o incita a otra persona a cometer alguno de los siguientes actos:
a) no siendo su propietario, hacer uso de una marca registrada o de una imitación de esa
marca sobre mercancías de la misma clase resp ecto de la cual se ha registrado la marca;
b) vender, almacenar con el fin de vender o exponer para la venta, mercancías con una
marca cuyo uso constituye delito conforme al apartado a) supra ;
c) utilizar, con el fin de hacer publicidad de mercancías, en la prensa o de alguna otra
manera, una marca debidamente registrada por  otra persona respecto de mercancías de
la misma clase;
d) fabricar, grabar, imprimir o vender una plan cha, troquel, matriz u otra representación de
una marca debidamente registrada, o cualqu ier imitación de la misma, con el fin de
hacer que una persona que no sea el propie tario registrado de esa marca pueda hacer
uso de ella, o de una imitación de la misma, en relación con mercancías de la misma
clase para la que ha sido registrada;
e) hacer o provocar que se haga una entrada falsa en el Registro o un escrito que
falsamente pretenda ser copia de una inscripc ión en el Registro, o exhiba o presente o
provoque que se exhiba o se presente como prueba un escrito de esa naturaleza, a
sabiendas de que la inscripción o el escrito son falsos.  Análogamente, la infracción
deliberada con la intención de engañar de una denominación de origen o de una marca
de fábrica o de comercio no registrada son punibles con hasta un año de prisión y
multas de hasta 19.300,00 nuevos shekels (véanse la sección 24 de la Ley sobre la
Protección de las Denominaciones de Origen y la sección 3 de la Ordenanza sobre
Marcas de las Mercancías y la sección 61 de la Ley Penal).  Además, las secciones 62 y
69A de la Ordenanza sobre Marcas de Fábr ica o de Comercio faculta a los tribunales
para dictar mandamientos judiciales permanentes y ordenar el decomiso o ladestrucción de cualquier mercancía, material de embalaje, envase o publicidad.  o
matrices, troqueles u otros aparatos para impr imir la marca u otro material en relación
con el cual se cometió el delito.  Hay que  observar que según la sección 59A sobre los
recursos civiles por infracción de marcas de fábrica o de comercio, el tribunal noIP/N/6/ISR/1
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podrán permitir al demandado conservar en su poder las mercancías, incluso si ha
quitado las marcas infractoras, salvo circunstancias excepcionales.
Derechos de propiedad intelectual en general
Aunque los demás derechos de propiedad intelect ual pueden ser eficazmente protegidos por las
disposiciones generales de la ley penal (por ejem plo, conforme a la sección 496 de la Ley Penal, la
publicación de un secreto comercial) o por la dis posición de la Ley de Pr otección del Consumidor que
prohíbe los actos o prácticas susceptibles de induc ir a error o engañosos, no hay ninguna responsabilidad
penal por infringir derechos de propiedad intelectual como las patentes, los dibujos y modelos
industriales y la información confidencial.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y
facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y
su costo.
No hay disposiciones que rijan en particular la duración y el costo de los procedimientos
penales;  y no se dispone de datos sobre la duración real de esos procedimientos, ni sobre su costo.  Se
remite también a las respuestas a las preguntas 8 y 13.
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