RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/BGR/1
11 de agosto de 1998
(98-3159)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA
BULGARIA1
El presente documento reproduce la declaración preliminar hecha por la delegación de
Bulgaria en la reunión del Consejo celebrada del 17 al 21 de noviembre de 19972, las preguntas
formuladas y las respuestas que recibieron.
_______________
I. DECLARACIÓN PRELIMINAR
La legislación de la República de Bulgaria cumple los requisitos del Acuerdo sobre
los ADPIC, y en particular las disposiciones de su Parte III, "Observancia de los derechos depropiedad intelectual".  La legislación de Bulgaria establece recursos eficaces contra cualquier acto de
infracción de derechos de propiedad intelectual, incluyendo procedimientos y recursos civiles,
administrativos y penales destinados a prevenir las infracciones.
La legislación de Bulgaria establece disposiciones en materia de observancia de los derechos
de propiedad intelectual en el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, la
Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas, la Ley de Protección de la Competencia, la Ley deObligaciones y Contratos, la Ley sobre la Responsabilidad del Estado por los Perjuicios Causados a
los Ciudadanos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Patentes, la Ley de
Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales, la Ley de Protección de las
Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades An imales, el Código Penal, el Decreto Nº 87/1996
del Consejo de Ministros y otras reglamentaciones.  Se establecen disposiciones sobre la observanciade los derechos de propiedad intelectual en el proyecto de Ley de Aduanas y el Proyecto de Ley de
Marcas e Indicaciones Geográficas, que se encuentran en la etapa final de su tramitación legislativa,
faltando su sanción parlamentaria.
La legislación de Bulgaria establece procedimientos y recursos civiles y administrativos, que
incluyen medidas provisionales, para asegurar la adecuada protección de los titulares de derechos de
propiedad intelectual contra su infracción.  La responsabilidad penal por la infracción de derechos de
propiedad intelectual ha sido ampliada en 1995 y 1997.  El Código Penal establece sanciones, que
comprenden penas de prisión y la imposición de sanciones pecuniarias, no sólo por la infracción o el
                                                     
1 En lo que respecta a las leyes y reglamentos correspondientes a las materias en examen que Bulgaria
notificó con arreglo al párrafo 2 del artículo 63 del Ac uerdo, corresponde hacer referencia a los documentos
IP/N/1/BGR/1 (anexo  II) e IP/N/6/BGR/1.
2 Las actas de la reunión se han distribuido en el documento IP/C/M/16.IP/Q4/BGR/1
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uso ilegal de derechos de propiedad intelectual o de marcas de fábrica o de comercio, como se
establece en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que va más allá de ese requisito y
establece también sanciones penales por la infracción de derechos conexos, dibujos y modelos
industriales y denominaciones de origen.  Las sanciones penales por la infracción de derechos de
propiedad intelectual son suficientemente disuasorias y son coherentes con el nivel de las sancionesaplicadas por delitos de gravedad correspondiente.
Recibimos con reconocimiento el interés de algunos Miembros respecto de la legislación de
Bulgaria acerca de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, que se ha manifestado en
las numerosas preguntas formuladas a mi país para el presente examen.  Bulgaria ha respondido a esas
preguntas y nuestras respuestas están a disposición de los Miembros y de la Secretaría.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
1. ¿Podría aclarar el Gobierno de Bulgaria si en la legislación búlgara se prevén medidas
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual,
especialmente respecto a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, conforme alpárrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC?
La legislación de la República de Bulgaria proporciona recursos eficaces contra cualquier
acto de infracción de derechos de propiedad intelectual, incluyendo procedimientos y recursos civiles,
administrativos y penales para impedir las infracciones, así como procedimientos para la disuasión denuevas infracciones.
La legislación de Bulgaria establece las siguientes acciones civiles para la protección de los
derechos de propiedad intelectual que son objeto de infracción:
a) La acción establecida en el artículo 94 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos (indemnización de daños y perjuicios ), en relación con el artículo 45 de la
Ley de Obligaciones y Contratos, se apoya en el principio fundamental de la
legislación civil conforme al cual todas las personas están obligadas a reparar los
perjuicios a terceros causados con culpa.  Cuando el tribunal hace lugar a esa acción,
su sentencia establece una reparación.  El criterio por el que se determina su cuantía
se basa en la suma que el demandante habría percibido en caso de haberse firmado uncontrato para la utilización de la obra.
Los requisitos de la acción son los siguientes:i) la infracción del derecho de autor o de un derecho conexo;ii) la existencia de culpa en la infracción;iii) la existencia de perjuicios causados por la infracción;
iv) la relación causal directa entre la infracción y los perjuicios.
Se presume la existencia de culpa salvo prueba en contrario (párrafo 2 del artículo 45
de la Ley de Obligaciones y Contratos).  La cuantía de los perjuicios sufridos debe
probarse por el demandante.  Corresponde  la indemnización por los perjuicios
patrimoniales y no patrimoniales (siempre que tengan relación directa con la
infracción), así como la reparación de las pérdidas directas y del lucro cesante.IP/Q4/BGR/1
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b) La acción prevista en el párrafo 1 del artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos (represión de la utilización ilegítima).  El único requisito de la
acción por uso ilegítimo es que la obra amparada por el derecho de autor haya sido
objeto de un uso no autorizado por el titular ni por una disposición legal exclusiva.
Corresponde al demandante acreditar que es titular del derecho objeto de infracción(derecho de autor o derecho conexo), así como el hecho de la infracción misma (que
debe existir en el momento respectivo).  La sentencia del tribunal respecto de la
acción (en caso de hacer lugar a ella) puede limitar o prohibir la utilización no
autorizada de la obra.
c) La acción prevista en el párrafo 2 del artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos.  El tribunal está facultado para ordenar la incautación ydestrucción de las copias de la obra producidas ilegítimamente, inclusive negativos,
copias maestras, tipos de imprenta y otros elementos utilizados con fines de copia.
Los requisitos para incoar demanda ante el tribunal y para que se haga lugar a la acción son
los siguientes:
- que la obra haya sido utilizada en violación de las disposiciones de la Ley de Derecho
de Autor y Derechos Conexos;
- el demandante debe acreditar sus derechos respecto de la obra, adquiridos
originalmente u otorgados por el autor con carácter exclusivo;
- el demandado debe ser el propietario de las copias de la obra producidas
ilegítimamente o, en su caso, de los medios utilizados para realizarlas.  No se requiere
que la infracción se haya cometido con culpa ni que se haya causado perjuicio.
d) La acción prevista en el párrafo 3 del artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos.  En caso de hacerse lugar a ella, el tribunal está facultado para
ordenar la incautación e inutilización del equipo de copia y reproducción usado
exclusivamente para cometer infracciones.  Se aplican a este caso las observaciones
antes formuladas respecto de la disposición del párrafo 2 del artículo 95.  La
diferencia consiste en la naturaleza de los objetos incautados y en el objeto de laacción:  los bienes pueden ser incautados, pero no destruidos.
e) La acción prevista en el párrafo 4 del artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos.  Esta acción tiene por objeto la adjudicación de las copias de la
obra producidas ilegítimamente, inclusive negativos, copias maestras, tipos deimprenta y otros elementos, por un precio igual a su costo real.  Estas medidas se
disponen por sentencia judicial respecto de la demanda.
Las acciones mencionadas corresponden a la competencia de los Tribunales de Distrito.
Además de ellas, el titular del derecho de autor o de derechos conexos cuenta con otras dosacciones de carácter más general:
f) La acción prevista en el párrafo 1 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil,
tendiente a determinar quién es el autor de la obra de que se trata, o en su caso el
intérprete o ejecutante, productor, etc.  Su condición es que se controvierta la calidadde autor u otras circunstancias en que el demandante funda sus derechos.  El tribunal,
en su sentencia, declara:
i) que el demandante es el autor (al hacer lugar a una acción declarativa
positiva); o bienIP/Q4/BGR/1
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ii) que el demandante no es el autor (al hacer lugar a una acción declarativa
negativa).
g) La acción por enriquecimiento sin causa con arreglo del artículo 59 de la Ley de
Obligaciones y Contratos.  Es requisito de esta acción judicial que el demandado se
haya enriquecido a costa del autor.  No se requiere la existencia de culpa.  Sólo se
utiliza esta acción cuando el demandante no dispone de otras.
Los procedimientos penales administrativos, que incluyen la protección de los derechos de
propiedad intelectual, tienen dos etapas:  ante el órgano penal administrativo y ante el tribunal.
a) Ante el órgano penal administrativo:
El párrafo 2 del artículo 98 del Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en
conjunción con el apartado a) del párrafo 1 y con el párrafo 2 del artículo 47 de la Ley
de Infracciones y Sanciones Administrativas, establece que el Ministro de Cultura oun sustituto debidamente autorizado por él impondrá sanciones de carácter
administrativo.
Las sanciones previstas son las siguientes:
i) con arreglo al párrafo 1 del artículo 97, una multa de entre 20.000 y
200.000 leva;
ii) con arreglo al párrafo 2 del artículo 97, una multa de entre 100.000 y
500.000 leva;
iii) con arreglo al párrafo 3 del artículo 97, en caso de infracciones sistemáticas,
se clausurarán los locales en que se hayan cometido las infracciones del
derecho de autor y los derechos conexos.
b) Ante el tribunal:
El artículo 59 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas dispone que las
órdenes penales podrán ser objeto de apelación ante el Tribunal Regional
correspondiente al lugar en que se cometió la infracción.  La sentencia del Tribunal
Regional puede ser objeto, dentro del año siguiente a la fecha en que fue dictada, del
recurso jerárquico de revisión.  Los artículos 65 y siguientes de la Ley de Infraccionesy Sanciones Administrativas disponen que ese recurso corresponde a la jurisdicción
del respectivo Tribunal de Distrito.  En caso de confirmarse una sentencia favorable
al demandante, el tribunal impondrá el pago a éste de la suma en que se enriqueció el
demandado.
El Código Penal establece sanciones penales en caso de piratería del derecho de autor
y de uso ilegal de marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios,
denominaciones de origen o dibujos y modelos industriales.
Los párrafos 1 y 2 del artículo 172a del Código Penal establecen penas de prisión de
un máximo de tres años y multas de entre 1 y 3 millones de leva por la infracción del
derecho de autor y los derechos conexos.  El párrafo 3 del artículo 172a dispone
penas de prisión de uno a cinco años y multas de 3 a 5 millones de leva por la
infracción reiterada del derecho de autor y los derechos conexos.IP/Q4/BGR/1
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Los artículos 227 y 227a del Código Penal disponen penas de prisión de un máximo
de tres años  y una multa de hasta 1 millón de leva por el uso ilegal de marcas de
fábrica o de comercio, marcas de servicio, denominaciones de origen o dibujos y
modelos industriales.
La legislación de Bulgaria dispone la confiscación en beneficio del Estado de los
objetos del delito, así como de los bienes utilizados o destinados a utilizarse para
cometer el delito.
Aún no se ha organizado legalmente la protección de los derechos de propiedad
intelectual en materia de esquemas de trazado de los circuitos integrados.  Se ha
elaborado un proyecto de Ley sobre los Esquemas de Trazado de los CircuitosIntegrados, que está armonizado con la Directiva Europea sobre la protección de los
esquemas de trazado de los circuitos integrados.
[Preguntas complementarias de las CE]
En su respuesta, el Gobierno de Bulgaria describe detalladamente la situación respecto
del derecho de autor y los derechos conexos.  Sírvanse explicar también si la legislación de
Bulgaria proporciona medidas eficaces contra cual quier acto de infracción de derecho de autor
en el sector de la propiedad industrial.
La legislación de Bulgaria proporciona medidas eficaces contra cualquier acto de infracción
de derechos de propiedad intelectual en el sector de la propiedad industrial.
Con respecto a la observancia de los derechos de patente, el párrafo 1 del artículo 28 de la
Ley de Patentes establece la posibilidad de que el titular de una patente promueva acción paracomprobar el acto de infracción, reclamar indemnización de daños y perjuicios y del lucro cesante, así
como pedir que se ordene al infractor que desista de cumplir cualquier otro acto que infrinja sus
derechos de propiedad intelectual.
El Tribunal de la Ciudad de Sofía es la autoridad competente respecto de tales acciones
(párrafo 1 del artículo 64 de la Ley de Patentes).  El solicitante de una patente también puede
demandar por infracción de su derecho exclusivo antes del otorgamiento de la patente, quedandosujeta tal demanda a estudio después de que la Oficina de Patentes de Bulgaria haya dictado una
decisión favorable al otorgamiento de la patente.
Existe un procedimiento administrativo para el examen de las solicitudes de terceros
tendientes a que se anulen patentes otorgadas (párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes).  Esosprocedimientos se llevan a cabo por la Oficina de Patentes.
Todas las decisiones definitivas de la Oficina de Patentes están sujetas a control judicial
(artículo 59 de la Ley de Patentes), y la autoridad competente es el Tribunal de la Ciudad de Sofía.
Las sentencias de éste pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo o el Supremo TribunalAdministrativo.
Previa solicitud del titular de la patente, el Tribunal puede ordenar la publicación de su
sentencia en dos diarios por cuenta del infractor, así como la reelaboración o destrucción del objeto
del delito y, si se trata de delito doloso, también de los instrumentos mediante los cuales se cometió.
El titular de una licencia exclusiva tiene iguales derechos, salvo estipulación diferente
incluida en el contrato.IP/Q4/BGR/1
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Con respecto a los derechos registrados sobre marcas de fábrica o de comercio, dibujos y
modelos industriales o denominaciones de origen, el titular puede promover procedimientos
administrativos o judiciales contra el infractor.  Los procedimientos administrativos corresponden a la
competencia de la Oficina de Patentes (artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de
Dibujos y Modelos Industriales).  Comprobada una infracción, la Oficina de Patentes, a solicitud deltitular de los derechos, expide una constancia, seguida por una orden penal de incautación de las
mercancías infractoras.  El presunto infractor dispone de un plazo de tres días para impugnar la orden
penal ante el Presidente de la Oficina.  Si no se recibe una impugnación, o sus motivos no se
consideran fundados, el Presidente de la Oficina de Patentes dicta una decisión penal que se remite
para su ejecución a las autoridades competentes.  Con arreglo a la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas, las constancias de la Oficina de Patentes pueden ser objeto de apelación ante el
Tribunal de Distrito correspondiente al lugar en que se cometió la infracción.  El artículo 51 de la Leyde Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales dispone que, en los asuntos
referentes a la protección judicial de derechos que han sido objeto de infracción, la autoridad
competente es el respectivo Tribunal Regional.  La ley establece asimismo un procedimiento
administrativo de incautación de los bienes, importados o producidos en el país, que lleven
ilegalmente una marca de fábrica o de comercio o hayan sido producidos ilegalmente mediante elempleo de un dibujo o modelo industrial.
El artículo 23 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos
Industriales dispone que cualquier interesado puede pedir la anulación del registro de las marcas de
fábrica o de comercio o los dibujos y modelos industriales ante la Oficina de Patentes.  Las decisionesde ésta respecto de tales peticiones, así como las decisiones dictadas en el procedimiento de registro,
pueden ser objeto de apelación ante el Tribunal de la Ciudad de Sofía (artículo 50 de la Ley de Marcas
de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales).  Los tribunales de segunda instancia,
en este caso, son el Tribunal Supremo de Ap elaciones y el Supremo Tribunal Administrativo.
El infractor de derechos referentes a marcas de fábrica o de comercio incurre en
responsabilidad penal conforme al artículo 227 del Código Penal.  El Código establece
procedimientos penales y penas que deben aplicarse en caso de falsificación dolosa de marcas de
fábrica o de comercio y de uso ilegal de dibujos y modelos industriales o denominaciones de origen.
El artículo 227 del Código Penal dispone la aplicación de una pena de prisión de un máximo de tres
años y una multa de hasta de un millón de leva por el uso de marcas de fábrica o de comercio
falsificadas y por el uso ilegal de dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen.
La legislación de Bulgaria dispone la confiscación, en beneficio del Estado, de las mercancías
infractoras en el caso de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o uso ilegal de
dibujos y modelos industriales o denominaciones de origen, y también de los materiales y accesorios
que se hayan utilizado predominantemente para la comisión de un delito doloso (artículo 227, enconjunción con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 53 del Código Penal).
En lo que respecta a las obtenciones vegetales registradas, las demandas por infracción
pueden ser examinadas en vía administrativa o judicial.  El Ministerio de Agricultura es la autoridad
competente para el procedimiento administrativo (artículo 52 de la Ley de Protección de lasObtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).  El procedimiento es el mismo que rige
para los casos de infracción de marcas de fábrica o de comercio o de dibujos y modelos industriales.
El control judicial se ejerce por el Tribunal de la Ciudad de Sofía (párrafo 1 del artículo 51 de la Ley
de Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).  El procedimiento
administrativo para el examen de las peticiones de anulación de certificados expedidos es similar, y laautoridad competente para tales asuntos es la Oficina de Patentes.  El artículo 50 de la Ley de
Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas  Variedades Animales establece que el Tribunal
de la Ciudad de Sofía es la autoridad que ejerce el control judicial de todas las decisiones de la
Oficina de Patentes en lo referente a las obtenciones vegetales.IP/Q4/BGR/1
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A. ¿Ofrece actualmente la legislación de Bulgaria en materia de derecho de autor, o alguna
otra ley, protección para los esquemas de trazado de los circuitos integrados?   Se ha otorgado
protección alguna vez en la República de Bulgaria respecto de los esquemas de trazado de los
circuitos integrados?
Hasta el momento la legislación de Bulgaria no establece la protección de los esquemas de
trazado de los circuitos integrados.
B. ¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de Ley sobre los Esquemas de
Trazado de los Circuitos Integrados, y cuándo prevé la República de Bulgaria que podrá
someterse al trámite legislativo correspondiente?
El proyecto de Ley sobre la Protección de  los Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados fue elaborado por la Oficina de Patentes y enviado a los ministerios correspondientes para
recabar sus observaciones.  Habrá de ser presentado en breve plazo al Consejo de Legislación del
Ministerio de Justicia e Integración Jurídica Europea.  La promulgación y la entrada en vigor de la ley
se esperan para 1998.
C. ¿Existe el propósito de que el proyecto de Ley sobre la Protección de los Esquemas de
Trazado de los Circuitos Integrados otorgue medidas eficaces contra cualquier acto de
infracción de los derechos de propiedad intelectual respecto de los esquemas de trazado de los
circuitos integrados, en conformidad con el pá rrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los
ADPIC?   ¿Se prevé que las disposiciones de dicho proyecto de Ley acerca de la observancia
habrán de contener todos los recursos y disposiciones procesales que se establecen en el Acuerdo
sobre los ADPIC y que no figuran en el Código de Procedimiento Civil ni el Código de
Procedimiento Penal de Bulgaria?
El proyecto de Ley sobre la Protección de  los Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados está basado en el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados de 1989 y la Directiva Europea referente a la protección de esta categoría de derechos de
propiedad intelectual.  En tales sentidos, cumple los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC.
2. Las disposiciones de la ley búlgara, que prevén la reparación por requerimiento de la
autoridad en casos de infracción de los derecho s de propiedad intelectual, no parecen contener
medios para imponer la observancia de tales requerimientos (por ejemplo, no hay sanciones por
violación de los requerimientos).  Sírvanse explicar cómo se compagina esto con el párrafo 1 del
artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC ("... disuasión de nuevas infracciones").
La legislación de Bulgaria dispone la ejecución coercitiva de los requerimientos para poner
fin a las infracciones de derechos de propiedad intelectual.  Conforme a la Ley de Infracciones y
Sanciones Administrativas, cuando se ha dictado una orden penal de confiscación de las mercancías
infractoras en favor del Estado, debe enviarse una copia de ella al gobernador de la localidad en que
se ha cometido la infracción y el gobernador, asistido por la policía, debe llevar a cabo la confiscación
de tales mercancías.
El artículo 422 del Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de ordenar a la
persona declarada autora de infracción de derechos de propiedad intelectual de otra persona que
desista de nuevos actos similares.  Un oficial de justicia le impone una multa por cada acto de
violación de dicha obligación.  La cuantía de la multa no está limitada, y debe imponerse tantas vecescomo se haya cometido la infracción de derechos de propiedad intelectual.  Cada caso de infracción
debe verificarse a solicitud del titular de los derechos.  Las multas se imponen sobre la base de una
constancia sobre la determinación de la infracción.  El artículo 423 del Código de Procedimiento Civil
establece que el autor de la infracción puede interponer una apelación judicial respecto de la multa.
Cuando un tribunal condena al infractor a pagar al titular de los derechos la indemnizaciónIP/Q4/BGR/1
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correspondiente a los perjuicios que ha sufrido y los beneficios de que ha sido privado, el acreedor
puede obtener que un oficial de justicia ejecute esa obligación.  En ese caso, el titular de los derechos
debe indicar al oficial de justicia la cuenta bancaria del infractor o identificar bienes de su pertenencia
a fin de obtener la indemnización que le corresponde.
[Preguntas complementarias de las CE]
A. ¿Establece el artículo 422 del Código de Procedimiento Civil de Bulgaria un fundamento
legal para el otorgamiento de una reparación me diante requerimiento de la autoridad en caso
de infracción de derechos de propiedad intelectual?   Se ha dictado alguna vez una orden de
reparación mediante requerimiento de la autoridad conforme a ese artículo o a cualquier otra
disposición de la legislación de Bulgaria en materia de observancia de los derechos de propiedadintelectual?
El artículo 422 del Código de Procedimiento Civil dispone la ejecución coercitiva de los
requerimientos judiciales cuando el demandado omite cumplir los actos a que ha sido condenado.  En
esas situaciones, el oficial de justicia le impone una multa a solicitud del titular de los derechos.  Sidespués de esa sanción el demandado vuelve a omitir el cumplimiento de las obligaciones que le ha
impuesto el requerimiento judicial, se le aplica una nueva multa.  La multa se impone tantas veces
como se repite la infracción.  Conforme a la legislación de Bulgaria, éste es el procedimiento de
ejecución coercitiva de los requerimientos judiciales que ordenan al demandado cesar en la infracción
de los derechos de otros titulares.
B. ¿Cuál es el fundamento legal de la aseveración que figura en la respuesta a la pregunta 2
en el sentido de que "la cuantía de la multa no está limitada"?   Establecen las disposiciones del
artículo 422 del Código de Procedimiento Civil de Bulgaria un medio eficaz de disuasión de
nuevas infracciones en conformidad con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre losADPIC?
El artículo 422 del Código de Procedimiento Civil estipula la cuantía de la multa, pero no
especifica cuántas veces puede aplicarse.  Pueden aplicarse multas por cualquier infracción.  Cuando
el autor de la infracción omite cumplir las obligaciones que le ha impuesto el requerimiento judicial,
el titular de una marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo industrial o denominación de origen
puede invocar las disposiciones del artículo 227 del Código Penal, es decir, instaurar acción penalcontra el infractor.  Las disposiciones del artículo 422 del Código de Procedimiento Civil de Bulgaria
establecen un medio eficaz de disuasión de nuevas  infracciones en conformidad con el párrafo 1 del
artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.
3. Sírvanse aclarar con qué base legal puede el titular de derechos de una marca de fábrica
o de comercio, un dibujo o modelo industrial o una designación de origen hacer observar esos
derechos de conformidad con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.  ¿Se tiene la intención
de regular estas cuestiones en las modificaciones a la Ley Nº 95 de 5 de diciembre de 1967,
actualmente en preparación o en estudio?  Sírvanse explicar.
Los artículos 23, 51 y 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y
Modelos Industriales de 1967 organizan la observancia de los derechos dimanantes del registro de
marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen.  En los
procedimientos administrativos ante la Oficina de Patentes las partes pueden estar representadas por
un agente de propiedad industrial local habilitado (artículo 48 de la Ley de Marcas de Fábrica o deComercio y de Dibujos y Modelos Industriales y párrafo 6 de la Ley de Patentes);  y en los
procedimientos judiciales, por un abogado local.  En las Directrices de Aplicación de la Ley de
Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales se dispone que, en los
procedimientos sobre anulación del registro de los derechos de propiedad intelectual mencionados, el
demandado debe ser informado debidamente y puede exponer su punto de vista sobre el asunto.IP/Q4/BGR/1
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Los procedimientos para obtener la observancia con arreglo al artículo 52 de la Ley de
Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales se explican en nuestra
respuesta a la pregunta 8.
El artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos
Industriales dispone que el titular de derechos sobre un objeto registrado podrá formular denuncia de
infracción de sus derechos de propiedad intelectual exclusivos.  El órgano penal administrativo (la
Oficina de Patentes) examina la denuncia y puede disponer una inspección.  Si ésta lleva a la
conclusión de que la denuncia es fundada, se expide una constancia en virtud de la cual se incautan las
mercancías y se entregan a un depositario responsable.  La constancia se notifica al infractor.  Sobre la
base de ella, el Presidente de la Oficina de Patentes dicta una orden administrativa de confiscación delas mercancías infractoras en beneficio del Estado.
Se ha preparado un proyecto de Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas y un proyecto de
Ley de Dibujos y Modelos Industriales, que habrán de sustituir a la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales de 1967.  Los proyectos de leyes mencionadosestablecen procedimientos y medios para imponer la observancia de los derechos de propiedad
intelectual que están en conformidad con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[Preguntas complementarias de las CE]
¿Qué protección reciben los derechos de los autores, creadores, artistas intérpretes o
ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en los casos de
presentación, radiodifusión, transmisión o exhibición pública a un número limitado de personas
(por ejemplo, la presentación de un vídeo en habitaciones de hotel)?
 El apartado 1 del párrafo 2 del artículo 18 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos establece que la reproducción de una obra, independientemente de que se relacione o no con
actos de distribución, presentación, radiodifusión, tran smisión o exhibición pública y de que se dirija a
un número limitado o ilimitado de personas, se considera un uso de la obra.  El apartado 1 del
párrafo 2 del artículo 18 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en conjunción con el
párrafo 1 del artículo 18 de la misma Ley, otorga al autor el derecho exclusivo de usar la obra que ha
creado y de autorizar su uso por terceros, incluyendo la reproducción de la obra, con independencia deque se dirija a un número limitado o ilimitado de personas.  El autor tiene derecho a la protección que
otorga la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos igualmente en los casos de reproducción de
su obra y de exhibición pública a un número limitado de personas.
El apartado 1 del párrafo 1 del artículo 76 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos establece la protección del derecho exclusivo de los artistas intérpretes o ejecutantes a
permitir, mediante una retribución, la radiodifusión de sus interpretaciones o ejecuciones por
transmisión sin hilo, por cable o por otros medios técnicos, así como de su grabación sonora o
videograbación, la reproducción de la grabación mediante soportes de sonidos o de sonidos e
imágenes, y su distribución.  El apartado 2 del párrafo 1 del artículo 76 de la Ley establece el derechoexclusivo de los artistas intérpretes o ejecutantes a autorizar, mediante retribución, la representación
pública y la difusión sin hilo, por cable o por otros medios técnicos de tales grabaciones.
El párrafo 3 del artículo 76 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece la
protección de los derechos de los productores de grabaciones de sonidos respecto de las grabacionesde interpretaciones o ejecuciones y su distribución.
En los casos de distribución, presentación, radiodifusión, transmisión o exhibición pública a
un número limitado de personas se aplican las disposiciones citadas del artículo 76 de la Ley deIP/Q4/BGR/1
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Derecho de Autor y Derechos Conexos respecto de la protección de los derechos de los artistas
intérpretes o ejecutantes y de los productores de grabaciones de sonidos.
Las disposiciones del artículo 91 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
respecto de la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión y televisión sobre susprogramas se aplican a los casos de radiodifusión o retransmisión a un número limitado de personas.
A. ¿Cuál es la situación actual del proyecto de Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas y
del proyecto de Ley de Dibujos y Modelos Industriales y cuándo prevé la República de Bulgaria
que podrán someterse al trámite legislat ivo correspondiente a su promulgación?
El proyecto de Ley de Marcas y Denominaciones Geográficas fue elaborado por la Oficina de
Patentes y ha sido enviado a los ministerios respectivos para recabar sus observaciones.  Será
presentado en breve plazo al Consejo de Legislación del Ministerio de Justicia e Integración Jurídica
Europea.  Se espera que la ley sea promulgada y entre en vigor en 1998.
4. ¿Podría aclarar el Gobierno de Bulgaria si la ley búlgara prevé, en el contexto de los
procedimientos civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, un medio
para proteger debidamente la información confidencial conforme a los artículos 42 y 43,
párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC?
La legislación de Bulgaria establece procedimientos judiciales civiles, que incluyen los
referentes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, que estipulan medios para
determinar y proteger la información confidencial en conformidad con el artículo 42 y el párrafo 1 del
artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC.  La vista de las causas se lleva a cabo generalmente en
audiencias públicas.  Si existe la preocupación de que la vista pública de la causa pueda resultar
perjudicial para el interés público o la vida privada de las partes, el tribunal puede disponer, de oficioo a solicitud de cualquiera de las partes, que la vista de la causa se efectúe a puerta cerrada.  Tal
decisión puede referirse solamente a una parte del procedimiento judicial:  por ejemplo, a la etapa en
que se presentan las pruebas.  En esa etapa, el juez sólo autoriza a participar en la vista de la causa a
las partes, sus abogados, los peritos y los testigos, así como otras personas (párrafo 2 del artículo 105
del Código de Procedimiento Penal).
[Pregunta complementaria de las CE]
A. Rogamos al Gobierno de Bulgaria que expli que en qué forma cumple la legislación de
Bulgaria los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de procedimientos y recursos
civiles y administrativos, en especial respec to de la incautación del equipo "utilizado
predominantemente" para la piratería.
La legislación de Bulgaria cumple los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de
procedimientos civiles y administrativos, en particular respecto de la incautación del equipo "utilizado
predominantemente" para la piratería.IP/Q4/BGR/1
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a) Medidas judiciales civiles:
El párrafo 3 del artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
establece que el titular del derecho, mediante solicitud presentada ante el Tribunal de
Distrito competente, puede pedir "la incautación del equipo de copia y reproducciónutilizado principalmente para cometer infracciones".
b) Medidas penales administrativas:
El párrafo 1 del artículo 97 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
define como infracciones administrativas las siguientes formas de utilización no
autorizada de obras protegidas:
i) la reproducción y distribución de soportes de videograbaciones de películas u
otras obras audiovisuales con fines comerciales;
ii) la reproducción y distribución de soportes de audiograbaciones de obras con
fines comerciales;
iii) la organización de cualquier clase de exhibiciones públicas de películas u
otras obras audiovisuales;
iv) el ofrecimiento comercial de servicios de grabación de sonidos o de imágenes
y sonidos a terceros, consistentes en la preparación de copias únicas de obras
u otros bienes protegidos por la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos;
v) la organización de ejecuciones o interpretaciones públicas o presentaciones
de una obra, en directo o grabada;
vi) la radiodifusión por transmisión sin hilo, por cable o por otros medios, de
obras o de programas de radio o televisión;
vii) la publicación o distribución comerciales de obras ya publicadas;viii) la distribución o la posesión de programas de ordenador por personas que
conozcan o tengan fundamentos para suponer su carácter ilegal.
El párrafo 2 del artículo 97 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, con sus
modificaciones recientes (Gaceta del Estado 1998/10), establece que la segunda o ulterior infracción
de las previstas en el párrafo 1, cometida dentro del plazo de un año desde la imposición de la pena
anterior, se castigará con una multa de considerable importancia y la confiscación en beneficio del
Estado del objeto de la infracción.
El párrafo 3 del artículo 97 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece
que, en caso de infracciones sistemáticas, se clausurarán por un plazo de entre tres y seis meses los
locales en que se hayan cometido tales infracciones, como los almacenes, estudios, tiendas, salas de
cine, teatros, empresas, oficinas principales, etc.
A. ¿Están facultados los tribunales de Bulgaria para excluir a una de las partes de una
parte de una audiencia en que pueden revelarse informaciones confidenciales referentes a la
otra parte?IP/Q4/BGR/1
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El artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, con sus modificaciones, establece que el
tribunal debe otorgar igualdad de condiciones a las partes para el ejercicio de sus derechos.  El
tribunal está obligado a aplicar la ley con exactitud y con igualdad para todas las partes.  Las
audiencias se celebran normalmente en público, salvo en los casos dispuestos expresamente por la ley.
Cuando se celebran a puerta cerrada, las partes no pueden quedar excluidas.
5. En cuanto a las infracciones de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio,
dibujos o modelos industriales o designaciones de origen:
a) ¿están facultadas las autoridades judiciales búlgaras para ordenar a una parte
que desista de las infracciones conforme al párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo
sobre los ADPIC?;  y
b) ¿están facultadas las autoridades judiciales búlgaras para ordenar al infractor
que pague al titular del derecho un re sarcimiento adecuado para compensar el
daño conforme al párrafo 1 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC?
El artículo 51 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos
Industriales establece que los litigios referentes a la titularidad, el uso, la cesión y la cancelación de
las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los dibujos y modelos industriales y las
denominaciones de origen corresponden a la competencia de los Tribunales de Distrito.  El tribunal
está facultado para ordenar a las partes a que cesen en la infracción de derechos de propiedadintelectual correspondientes a marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicio, dibujos y modelos
industriales y denominaciones de origen.  El tribunal también está facultado para condenar al infractor
a indemnizar al titular de los derechos en forma adecuada para reparar los perjuicios.
Véase la respuesta al párrafo g) de la pregunta 1.
[Pregunta complementaria de las CE]
Sírvanse especificar en virtud de qué disposiciones están facultados los Tribunales de
Distrito para ordenar a las partes que desist an de cometer infracciones, y en virtud de qué
disposiciones está facultado el tribunal para condenar al infractor a indemnizar al titular de los
derechos en forma adecuada para reparar los perjuicios.
Los Tribunales de Distrito están facultados para ordenar al demandado que desista de cometer
infracciones.  Esa competencia figura estipulada en los artículos 308 a 322 del Código de
Procedimiento Civil, que corresponden a los llamados "procedimientos cautelares".  Con ese fin, el
titular de derechos puede pedir al tribunal que disponga medidas cautelares respecto de su demandapor infracción de derechos de propiedad intelectual.  El tribunal puede imponer medidas cautelares,
que incluyen un embargo de bienes muebles.
El artículo 45 de la Ley de Obligaciones y Contratos establece los fundamentos por los cuales
el Tribunal de Distrito puede condenar al infractor a indemnizar al titular de los derechos en formaadecuada para reparar los perjuicios causados por las infracciones de marcas de fábrica o de comercio,
dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen.  Otras disposiciones pertinentes son el
apartado 2 del párrafo 1 del artículo 28 de la Ley de Patentes en lo que respecta a los derechos de
patente;  el apartado 3 del párrafo 1 del artículo 51 de la Ley de Protección de las Obtenciones
Vegetales y las Nuevas Variedades Animales en lo que respecta a la infracciones de los derechosotorgados mediante certificados;  y el artículo 45 de la Ley de Obligaciones y Contratos con respecto
a las infracciones de marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales y
denominaciones de origen.IP/Q4/BGR/1
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A. ¿Cuál es el fundamento legal de la aseveración que figura en la respuesta de la
República de Bulgaria en el sentido de que los tribunales están facultados para ordenar a las
partes que desistan de cometer infracciones?   Se ha expedido alguna vez un mandamiento
judicial en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual referentes a marcas
de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales o denominaciones de origen?
El fundamento legal de la facultad de los Tribunales de Distrito de ordenar al demandado que
desista de cometer infracciones de derechos de propiedad intelectual consiste en las disposiciones de
los artículos 308 a 322 del Código de Procedimiento Civil, es decir, las "medidas cautelares".  No se
cuenta con informaciones hasta el momento sobre mandamientos dictados por Tribunales de Distrito
respecto de infracciones de derechos de propiedad intelectual referentes a marcas de fábrica o de
comercio, dibujos y modelos industriales o denominaciones de origen.
B. ¿Cuál es el fundamento legal de la aseveración que figura en la respuesta de la
República de Bulgaria en el sentido de que el tribunal también está facultado para condenar al
infractor a indemnizar al titular de los derechos en forma adecuada para reparar los perjuicios
en los asuntos referentes a infracciones de marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelosindustriales o denominaciones de origen?   Ha sido utilizado el artículo 59 de la Ley de
Obligaciones y Contratos de Bulgaria como vía de reparación en este sentido?
Véase la respuesta a la primera pregunta complementaria de la pregunta 5.
C. ¿Existe el propósito de que el proyecto de  Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas y el
Proyecto de Ley de Dibujos y Modelos Industriales contengan disposiciones expresas referentes
a mandamientos judiciales o indemnización de daños y perjuicios en los casos de infracción?
El proyecto de Ley de Marcas y Denominaciones Geográficas y el proyecto de Ley de
Dibujos y Modelos Industriales contienen disposiciones expresas sobre interdictos judiciales respecto
de la infracción de derechos ajenos y sobre la indemnización de los perjuicios causados por la
infracción.
6. ¿Están facultadas las autoridades judiciales búlgaras para ordenar que las mercancías
que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna,
apartadas de los circuitos comerciales o destruidas conforme al artículo 46 del Acuerdo sobrelos ADPIC, en especial en el caso de marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos
industriales y designaciones de origen?
En cuanto a las mercancías de marca de fábr ica o de comercio falsificada, ¿especifica la
legislación búlgara que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuestailícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales para que se permita la colocación de los
bienes en los circuitos comerciales (artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC)?
En lo que respecta a las medidas judiciales civiles referentes a mercancías declaradas
infractoras de derechos de propiedad intelectual, véanse los párrafos 2 a 7 de la respuesta a lapregunta 1.
En los asuntos sobre infracción de derechos conferidos por patentes o por certificados de
obtenciones vegetales, el tribunal puede ordenar que el objeto de la infracción sea reelaborado o
destruido sin ninguna compensación (párrafo 2 del artículo 28 de la Ley de Patentes y párrafo 2 delartículo 29 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).
El artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos
Industriales dispone la incautación de las mercancías, importadas o producidas en Bulgaria, que lleven
ilegalmente una marca de fábrica o de comercio perteneciente a otra persona o que se hayan fabricadoIP/Q4/BGR/1
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utilizando dibujos y modelos industriales ajenos registrados en el país, o denominaciones de origen
falsas.
En lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada, la Ley de
Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales no especifica que la simpleretirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos
excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.
[Preguntas complementarias de las CE]
A. ¿Cómo procede el Estado con las mercancías infractoras incautadas en virtud del
artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industrialesde 1967?  ¿Cuál es el fundamento legal de ese procedimiento?
El artículo 80 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas dispone que las
mercancías confiscadas en beneficio del Estado en virtud del artículo 52 de la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales deben ponerse a disposición delgobernador del distrito en que se haya cometido la infracción.  Las mercancías que tengan apuesta
ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o denominación de origen serán reembaladas, cuando
no sea posible suprimir la marca o denominación de origen, y se pondrán en venta en tiendas de
propiedad del Estado, depositándose los beneficios resultantes en la cuenta del presupuesto de la
República previa deducción de los gastos de reembalaje y transporte.
B. Sírvanse indicar si existe el propósito de que el proyecto de Ley de Marcas e
Indicaciones Geográficas o el Proyecto de Ley de Dibujos y Modelos Industriales contengan
disposiciones expresas referentes a los siguientes puntos:
a) el destino de las mercancías incautadas con arreglo a cada una de las leyes
citadas;
b) la cuestión de la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta
ilícitamente como condición insuficiente pa ra que se permita la colocación de los
bienes en los circuitos comerciales .
El proyecto de Ley de Marcas y Denominaciones Geográficas y el proyecto de Ley de
Dibujos y Modelos Industriales establecen disposiciones por las que las mercancías infractoras
deberán confiscarse en beneficio del Estado, independientemente de quién sea su propietario,
llevándose a cabo la confiscación sobre la base de un mandamiento penal que declare el acto de
infracción.  Las mercancías serán elaboradas con arreglo al artículo 80 de la Ley de Infracciones ySanciones Administrativas, y el procedimiento respectivo se expone en detalle en nuestra respuesta a
la pregunta 6A.
7. ¿Están facultadas las autoridades judiciales búlgaras para ordenar que los materiales e
instrumentos que se hayan utilizado predomin antemente para la producción de los bienes
infractores sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales conforme al
artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, en especial en el caso de marcas de fábrica o de
comercio, dibujos o modelos industriales y designaciones de origen?
El párrafo 2 del artículo 28 de la Ley de Patentes y el párrafo 2 del artículo 29 de la Ley de
Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales establecen que, en caso
de infracción dolosa de los derechos conferidos por las patentes o certificados de obtenciones
vegetales, los materiales y accesorios utilizados para cometer el delito serán reelaborados o destruidos
sin indemnización de clase alguna.IP/Q4/BGR/1
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[Pregunta complementaria de las CE]
A. ¿Están facultadas las autoridades judiciales  de Bulgaria para ordenar que los materiales
y accesorios utilizados predominantemente para  la creación de mercancías infractoras sean
apartados de los circuitos comerciales sin indemnización alguna, en conformidad con elartículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, en los casos de marcas de fábrica o de comercio,
dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen?
No existen tales disposiciones respecto de los procedimientos y recursos civiles y
administrativos de la legislación de Bulgaria en materia de marcas de fábrica o de comercio, dibujos y
modelos industriales y denominaciones de origen.
B. Si la respuesta a la pregunta complementaria  A es negativa, ¿existe el propósito de que
el proyecto de Ley de Marcas e Indicacion es Geográficas contenga disposiciones expresas
referentes al apartamiento de los circuitos comerciales de esos materiales y accesorios?
El proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y Denominaciones Geográficas y el
proyecto de Ley de Dibujos y Modelos Industriales disponen la incautación de los medios y
materiales utilizados predominantemente para la creación de mercancías infractoras.
8. Sírvanse explicar el procedimiento mediante el cual las autoridades búlgaras cumplen
las disposiciones de la sección 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos yModelos Industriales, y explicar asimismo si tal procedimiento es conforme en todos los aspectos
a las disposiciones de la sección 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Oficina de Patentes de la República de Bulgaria es la autoridad competente autorizada
para llevar a cabo los procedimientos del artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio yde Dibujos y Modelos Industriales.  El titular de una marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo
industrial o denominación de origen registrados debe presentar una petición para que se compruebe la
infracción de sus derechos de propiedad intelectual y pagar los derechos establecidos.  Una vez
comprobada la infracción, la Oficina de Patentes formula una constancia contra el infractor y las
mercancías infractoras son apartadas de los circuitos comerciales.  La constancia debe ser escrita y
contener los fundamentos de la petición, así como los hechos en que se basa la determinación de
infracción.  La constancia se notifica al infractor dándole un plazo de tres días para formular susobjeciones.  Si no las formula, o se consideran infundadas, el Presidente de la Oficina de Patentes
dicta una orden penal de incautación de las mercancías infractoras de marca de fábrica o de comercio
o denominación de origen.  La Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas establece que las
órdenes penales están sujetas a control judicial por el respectivo Tribunal de Distrito.  La orden penal
se ejecuta por las autoridades administrativas del lugar en que se cometió la infracción.
Las partes pueden actuar ante la Oficina de Patentes representadas por un agente de propiedad
industrial habilitado en los procedimientos previstos en el artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica
o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales (artículo 48 de la misma Ley), y por un abogado
en los procedimientos judiciales.
A nuestro entender, este procedimiento está en conformidad con las disposiciones de la
Sección 2 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, "Procedimientos y recursos civiles y
administrativos".
[Pregunta complementaria de las CE]
Con referencia al "procedimiento general" para la protección de las obras durante el
período comprendido entre la muerte del autor o la publicación de la obra y el comienzo del año
siguiente:  ¿qué se entiende por tal "procedimiento general"?IP/Q4/BGR/1
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La expresión "procedimiento general", empleada en la respuesta a la pregunta 8, significa que
durante el período comprendido entre la muerte del autor y el comienzo del año siguiente su derecho
de autor y los derechos conexos están protegidos en igual forma que durante el período posterior al
1º de enero del año siguiente a la muerte del autor.  Durante ese período intermedio, al igual que en elque sigue al comienzo del plazo, las autorizaciones para el uso de la obra del autor, o de los objetos de
los derechos conexos, se otorgan por los herederos y, en caso de no haberlos, por el Ministerio de
Cultura.
A. ¿Figuran en alguna disposición legislativa los procedimientos que se describen respecto
de la aplicación del artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y
Modelos Industriales de Bulgaria?  En caso afirmativo, sírvanse indicarla.
El procedimiento estipulado en el artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y
de Dibujos y Modelos Industriales también se establece en el proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o
de Comercio y Denominaciones Geográficas y en el proyecto de Ley sobre los Dibujos y Modelos
Industriales.  Los proyectos establecen que la aplicación de ese procedimiento corresponderá alMinisterio de Comercio y Turismo.
B. ¿Existe el propósito de que el proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e
Indicaciones Geográficas contenga disposicione s expresas que establezcan el procedimiento
aplicable en los casos que dan lugar a la  incautación de mercancías infractoras?
No existen disposiciones acerca del destino de las mercancías incautadas, pues se aplicará el
procedimiento del artículo 80 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas, explicado en
nuestra respuesta a la pregunta complementaria A de la pregunta 6.
9. ¿Permite la ley búlgara que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar al
infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan
participado en la producción y distribución de  los bienes o servicios infractores y sobre sus
circuitos de distribución, conforme al artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC?
La protección legal de los derechos de propiedad intelectual no impone la obligación del
infractor de informar al titular de los derechos acerca de la identidad de los terceros que hayan
participado en la producción y distribución de los bienes infractores.  No obstante, las disposiciones
legales referentes a la prueba testimonial contienen disposiciones a ese respecto:
a) El artículo 135 del Código de Procedimiento Civil dispone que nadie tiene derecho a
exceptuarse de prestar testimonio, salvo en los casos establecidos expresamente por laley (parentesco con las partes por ascendencia o descendencia directas o por
matrimonio, así como los casos en que la persona se expone en virtud de su
testimonio a sufrir perjuicios, enjuiciamiento penal, etc., en ella misma o en personas
vinculadas).
b) El artículo 138 del Código de Procedimiento Civil establece que los testigos deben
comprometerse a decir la verdad.  El artículo 290 del Código Penal establece que los
testigos incurrirán en responsabilidad penal por falso testimonio.  Están obligados a
dar a conocer al tribunal todos los datos de su conocimiento acerca de la identidad de
las personas participantes en el proceso de reproducción y distribución de las copiasilegales de las obras objeto de infracción.
c) Los artículos 71 y 72 del Código de Procedimiento Civil establecen la
responsabilidad de los testigos convocados ante el tribunal (mediante multas oIP/Q4/BGR/1
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conducción coercitiva) en caso de que no comparezcan o se nieguen a prestar
testimonio sin fundamento válido.
d) El artículo 136 del Código de Procedimiento Civil establece que el testimonio
prestado por los parientes y cualquier otra persona interesada en favor o en contra deuna de las partes deberá considerarse en relación con todas las pruebas referentes al
asunto y teniendo en cuenta el interés de esas personas.
Existen otras disposiciones acerca de las pruebas en el procedimiento civil que establecen
medidas a este respecto.  Teniendo en cuenta el principio general de que cada una de las partes está
obligada a acreditar las circunstancias en que funda sus alegaciones y excepciones, conforme a lo
establecido en el párrafo 1 del artículo 127 del Código de Procedimiento Civil, deben tenerse encuenta las siguientes disposiciones:
e) El párrafo 2 del artículo 128 del Código de Procedimiento Civil establece que los
hechos respecto de los cuales una parte interviniente en un asunto sobre derechos de
propiedad intelectual haya creado obstáculos para su obtención, se haya negado aresponder o haya dado respuestas evasivas u obscuras podrán admitirse por el tribunal
como hechos probados, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
f) El artículo 152 del Código de Procedimiento Civil establece que cada parte puede
pedir que la parte contraria presente documentos que tenga en su poder.  Es requisitopara la admisibilidad de tales pruebas que la parte justifique su pertinencia para la
dilucidación del litigio.
g) El artículo 153 del Código de Procedimiento Civil dispone que cada parte puede pedir
que un tercero no interviniente en los procedimientos presente un documento quetenga en su poder.  El tribunal resuelve acerca de la incorporación del documento
sobre la base de una petición escrita, de la cual se remite copia a la persona que tiene
en su poder el documento con un plazo para que lo presente.  Si el tercero omite
presentar el documento requerido, el tribunal le impone una multa (artículo 73 del
Código de Procedimiento Civil).
[Pregunta complementaria de las CE]
A. ¿Permite el Código de Procedimiento Civil de Bulgaria que las autoridades judiciales
competentes puedan ordenar al infractor que info rme al titular del derecho sobre la identidad
de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios
infractores y sobre sus circuitos de distribución, conforme al artículo 47 del Acuerdo sobrelos ADPIC?
La protección legal de los derechos de propiedad intelectual no impone al infractor la
obligación de informar al titular de los derechos acerca de la identidad de los terceros que han
participado en la producción y distribución de las copias realizadas ilegalmente.  No obstante, lasdisposiciones legales referentes a la prueba contienen las siguientes disposiciones análogas:
a) El artículo 135 del Código de Procedimiento Civil dispone que las partes no tienen
derecho a exceptuarse de prestar testimonio, salvo en los casos establecidos
expresamente por la ley (parentesco con las partes por ascendencia o descendenciadirectas o por matrimonio, así como los casos en que la persona se expone en virtud
de su testimonio a sufrir perjuicios, enjuiciamiento penal, etc., en ella misma o en
personas vinculadas).IP/Q4/BGR/1
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b) El artículo 138 del Código de Procedimiento Civil establece que los testigos deben
comprometerse a decir la verdad y que incurren en responsabilidad penal por falso
testimonio conforme al artículo 290 del Código Penal.  Están obligados a dar a
conocer al tribunal todos los datos de su conocimiento acerca de la identidad de las
personas participantes en el proceso de reproducción y distribución de las copiasilegales de las obras amparadas por el derecho de autor.
c) Los artículos 71 y 72 del Código de Procedimiento Civil establecen la
responsabilidad de los testigos convocados ante el tribunal (mediante multas o
conducción coercitiva) en caso de que no comparezcan o se nieguen a prestar
testimonio sin fundamento válido.
d) El artículo 136 del Código de Procedimiento Civil establece que el testimonio
prestado por los parientes y cualquier otra persona interesada en favor o en contra de
una de las partes deberá considerarse en relación con todas las pruebas referentes al
asunto y teniendo en cuenta el interés de esas personas.
Existen otras disposiciones que establecen medidas a este respecto acerca de los demás
medios de prueba en el procedimiento civil.  Teniendo en cuenta el principio general de cada una de
las partes está obligada a acreditar las circunstancias en que funda sus alegaciones y excepciones
(párrafo 1 del artículo 127 del Código de Procedimiento Civil), se estiman importantes las siguientes
disposiciones:
e) El párrafo 2 del artículo 128 del Código de Procedimiento Civil establece que los
hechos respecto  de los cuales una parte interviniente en un asunto sobre derechos de
propiedad intelectual haya creado obstáculos para su obtención, se haya negado a
responder o haya dado respuestas evasivas u obscuras podrán admitirse por el tribunalcomo hechos probados, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
f) El artículo 152 del Código de Procedimiento Civil establece que cada parte podrá
pedir que la parte contraria presente documentos que tenga en su poder.  Es requisito
para la admisibilidad de tales pruebas que la parte aclare su pertinencia para la
dilucidación del litigio.
g) El artículo 153 del Código de Procedimiento Civil dispone que cada parte puede pedir
que un tercero no interviniente en los procedimientos presente un documento que
tenga en su poder.  El tribunal resuelve acerca de la incorporación del documento
sobre la base de una petición escrita, de la cual se remite copia a la persona que tiene
en su poder el documento con un plazo para que lo presente.  Si el tercero omitepresentar el documento requerido, el tribunal le impone una multa (artículo 73 del
Código de Procedimiento Civil).
10. ¿Están facultadas las autoridades judiciales búlgaras para ordenar la adopción de
medidas provisionales rápidas y eficaces para evit ar que se produzca la infracción de cualquier
derecho de propiedad intelectual, conforme al párrafo 1 a) del artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC?  Sírvanse explicar.
Las autoridades judiciales búlgaras están facultadas para ordenar la adopción de medidas
provisionales  rápidas y eficaces para evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho depropiedad intelectual, conforme al apartado a) del párrafo 1 del artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC.IP/Q4/BGR/1
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Las disposiciones de los artículos 308 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
establecen el procedimiento para la solicitud de medidas cautelares, que es aplicable para evitar que se
produzca la infracción del derecho de propiedad intelectual.
El procedimiento de las medidas cautelares tiene por objeto otorgar una protección del
derecho que es objeto de infracción durante la tramitación judicial del asunto.  Está permitida la
solicitud de medidas cautelares respecto de demandas futuras.  El procedimiento se inicia a solicitud
de la parte interesada (titular de derechos de propiedad intelectual).  La solicitud, formulada por
escrito, se presenta ante el Tribunal de Distrito que juzga la cuestión de fondo.  La solicitud se
presenta ante el Tribunal Regional del domicilio del demandante o el correspondiente a la ubicación
del bien inmueble que ha de constituir la garantía si se refiere a un juicio cuya demanda ha de
presentarse posteriormente (artículo 309 del Código de Procedimiento Civil).  El Tribunal determina
en qué plazo debe incoarse la demanda.  Si no se observa ese plazo, el tribunal anula la medida
cautelar.  La solicitud debe especificar la medida cautelar y la cuantía del asunto.
Se disponen medidas cautelares cuando ha de resultar imposible o difícil para el demandante
(titular de derechos de propiedad intelectual) hacer valer sus derechos después de dictada la sentenciajudicial.  El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil establece garantías firmes contra el abuso.
La solicitud debe estar apoyada por pruebas escritas.  El tribunal puede disponer que el solicitante
constituya una garantía.
Para ordenar la adopción de medidas provisi onales rápidas y eficaces, el tribunal dicta
decisión sobre la solicitud a puerta cerrada en la misma fecha de su presentación.
El artículo 316 del Código de Procedimiento Civil dispone que la medida cautelar se llevará a
cabo mediante medidas adecuadas:  embargo de bienes inmuebles, embargo de bienes muebles y de
créditos del demandado (infractor), así como otras medidas adecuadas establecidas por el tribunal.Pueden disponerse varias medidas cautelares por la cuantía total indicada en la solicitud.  El
artículo 317 del Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de sustitución de una medida
cautelar por otra.  Tal sustitución se efectúa a solicitud de una de las partes, previa notificación de ella
a la parte contraria y examen por el tribunal de las objeciones de la segunda.
El embargo de créditos se traba por el oficial de justicia a solicitud del demandante, mediante
orden del tribunal.  La traba del embargo se notifica al demandado.  El párrafo 2 del artículo 319 delCódigo de Procedimiento Civil establece los procedimientos de embargo de bienes muebles e
inmuebles.  Los párrafos 1 y 2 del artículo 345 establecen las obligaciones resultantes del embargo de
bienes inmuebles y del embargo de bienes muebles.
[Pregunta complementaria de las CE]
A. ¿Faculta el Código de Procedimiento Civil de Bulgaria a las autoridades judiciales para
dictar interdictos provisionales a fin de evitar una infracción de derechos de propiedad
intelectual, en conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 50 de l Acuerdo sobre
los ADPIC?
En caso de cumplirse los requisitos de los artículos 308 y 309 del Código de Procedimiento
Civil, las autoridades judiciales de Bulgaria pueden dictar interdictos provisionales adecuados para
dar protección a los derechos de propiedad intelectual que son objeto de infracción durante el
desarrollo de un juicio y hasta la sentencia definitiva del tribunal.  Las disposiciones citadas de losartículos 308 y 309 del Código de Procedimiento Civil están en conformidad con el apartado a) del
párrafo 1 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La medida cautelar no tiene carácter de indemnización de los perjuicios causados y las
pérdidas sufridas como consecuencia de la infracción de derechos de propiedad intelectual.  LasIP/Q4/BGR/1
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medidas cautelares tienen por objeto proteger al demandante en un juicio pendiente o futuro sobre
derechos de propiedad intelectual contra los actos inescrupulosos del demandado realizados antes de
dictarse la sentencia judicial para frustrar la protección de ésta.  La indemnización adecuada, en
cuanto a su naturaleza y a su cuantía, sólo puede determinarse por sentencia del tribunal.
B. ¿Han dictado alguna vez las autoridades judi ciales de Bulgaria interdictos provisionales
para evitar una infracción de derechos de propiedad intelectual?
No se cuenta con informaciones sobre interdictos provisionales dictados por las autoridades
judiciales de Bulgaria.
11. ¿Están facultadas las autoridades judiciales búlgaras para ordenar la adopción de
medidas provisionales para preservar las pruebas pertinentes sin haber oído a la otra parte,
conforme al párrafo 1 b) del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC?  Sírvanse explicar.
La parte interesada puede pedir al tribunal que disponga medidas provisionales para preservar
las pruebas pertinentes en caso de que existan posibilidades de que las pruebas se pierdan o resultedifícil obtenerlas.
Las disposiciones del artículo 166 del Código de Procedimiento Civil establecen que el
procedimiento para la preservación de pruebas debe iniciarse a solicitud de la parte interesada (el
titular de derechos de propiedad intelectual).  La solicitud debe presentarse ante el tribunal que juzgael asunto y, si se trata de un juicio futuro, ante el tribunal correspondiente al domicilio del demandado
o a la ubicación del inmueble en que se ha de efectuar una inspección.  La solicitud se comunica
mediante copia a la parte contraria.  Si la solicitud es rechazada por decisión del tribunal, la parte
interesada puede interponer apelación contra tal decisión.  El tribunal puede iniciar de oficio los
procedimientos sobre preservación de pruebas durante el desarrollo de un juicio.
Los artículos 165 y siguientes del Código de Procedimiento Civil establecen que la
preservación de las pruebas se llevará a cabo mediante su obtención anticipada.  Tales medidas se
emplearán en caso de que existan posibilidades de que las pruebas se pierdan o resulte difícil
obtenerlas.
Se aplicarán respecto de los métodos de obtención de pruebas las reglas generales del
procedimiento civil (artículo 169 del Código de Procedimiento Civil).
También existe la posibilidad de la obtención anticipada de pruebas durante el desarrollo de
un juicio o respecto de un juicio futuro.  La parte interesada debe presentar la solicitud de
preservación de pruebas ante el Tribunal Regional correspondiente al domicilio del solicitante o a laubicación del inmueble en que haya de efectuarse una inspección (artículo 166 del Código de
Procedimiento Civil).
[Pregunta complementaria de las CE]
¿Faculta la legislación de Bulgaria a las autoridades judiciales para ordenar la adopción
de medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, conforme al párrafo 2 del artículo 50
del Acuerdo sobre los ADPIC?
El procedimiento de preservación de pruebas (artículos 165 y 166 del Código de
Procedimiento Civil) se promueve por la parte interesada (el titular de derechos).  La solicitud de
medidas de preservación de pruebas (interrogatorio de testigos, etc.) se presenta ante el tribunal que
juzga el asunto y, si se trata de una demanda futura, ante el tribunal correspondiente al domicilio del
demandado o al inmueble que es objeto de inspección (artículo 166 del Código de ProcedimientoIP/Q4/BGR/1
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Civil).  Se notifica a la parte contraria una copia de esa solicitud.  En los juicios en curso, las medidas
de preservación pueden ser promovidas por el tribunal.
A fin de facilitar la rapidez de los procedimientos judiciales, el artículo 168 del Código de
Procedimiento Civil establece la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen medidasprovisionales sin haber oído a la otra parte.  Las consideraciones que se tienen en cuenta al respecto
son las siguientes:
a) que se trate de una demanda futura;  yb) que el demandante no esté en condiciones de identificar por su nombre y domicilio a
la parte contraria.
Después de evaluar si se cumplen las condiciones indicadas, el tribunal designa a un
representante de la parte contraria.
Estas disposiciones significan que en los procedimientos sobre preservación de pruebas (por
ejemplo, las peticiones basadas en el artículo 94 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos)
las partes son idénticas a las del futuro juicio.  Es decir, se considera que toman parte en los
procedimientos sobre obtención anticipada de pruebas.  No obstante, puede ocurrir que el titular de
derechos de propiedad intelectual que ha sufrido pérdidas debido al uso no autorizado de su obra no
disponga de informaciones sobre el infractor.  A fin de que tal circunstancia no cree obstáculos para laobtención de pruebas, el tribunal designa a un representante del infractor que participa en nombre de
éste en los procedimientos y a quien se notifica la solicitud de medidas para la preservación de
pruebas.
12. ¿Reconoce la ley búlgara los derechos y obligaciones enunciados en los párrafos 3, 5, 6
y 7 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto a las medidas provisionales?
El Código de Procedimiento Civil de Bulgaria reconoce los derechos y obligaciones
enunciados en los párrafos 3, 5, 6 y 7 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de las
medidas provisionales.
Párrafo 3 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC
El Código de Procedimiento Civil contiene di sposiciones sobre la preservación de pruebas.
La obtención anticipada de pruebas respecto de juicios en curso o futuros sobre derechos de propiedad
intelectual se autoriza en caso de que existan posibilidades de que las pruebas se pierdan o resulte
difícil obtenerlas (artículo 165 del Código de Procedimiento Civil).
El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil establece garantías contra el abuso de las
medidas cautelares.  Estas medidas se admiten con los siguientes requisitos:
1) se admitirán medidas cautelares cuando para el demandante (titular de derechos de
propiedad intelectual) resulte imposible o difícil hacer valer sus derechos después de
la sentencia del tribunal;  y además
2a) la petición de medidas cautelares debe estar fundada en pruebas escritas;  o bien
2b) se constituya la garantía que el tribunal establezca.
El tribunal puede disponer que el demandante constituya una garantía en efectivo o en especie
además de las pruebas escritas en que se funda (párrafo 2 del artículo 310 del Código de
Procedimiento Civil).IP/Q4/BGR/1
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El tribunal puede disponer medidas cautelares correspondientes a la cuantía total de la
demanda o sólo respecto a la parte de la petición que esté apoyada por pruebas satisfactorias
(artículo 313 del Código de Procedimiento Civil).
El tribunal puede dictar su decisión acerca de la solicitud en audiencia a puerta cerrada en la
misma fecha de su presentación.
El Código de Procedimiento Civil establece garantías para la defensa de los intereses del
demandado respecto de la prueba (artículo 167) y respecto de las medidas cautelares (artículos 310,
315, 317, 321 y 322).
Párrafo 5 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC
El tribunal puede exigir que el solicitante presente otras informaciones (contratos, cartas de
autorización, declaraciones juradas, etc.) para la identificación de las mercancías respecto de las
cuales alegue la infracción de derechos de propiedad intelectual.
Párrafo 6 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC
El tribunal puede disponer medidas cautelares respecto de demandas futuras.  En ese caso, el
tribunal establece el plazo dentro del cual debe incoarse la demanda (artículo 309 del Código deProcedimiento Civil).  El incumplimiento del plazo da lugar a la anulación de la medida cautelar
(artículo 309 del Código de Procedimiento Civil).
Párrafo 7 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC
El Código de Procedimiento Civil dispone que el tribunal puede ordenar al solicitante, previa
petición del demandado, que indemnice adecuadamente al demandado por cualquier perjuicio que le
hayan causado las medidas provisionales que hayan sido objeto de revocación o hayan caducado.
Si se desestima la demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual, o el
solicitante no incoa demanda judicial dentro del plazo establecido para ello (con arreglo al
artículo 309 del Código de Procedimiento Civil), o se clausuran los procedimientos del juicio, eldemandado puede pedir que se condene al demandante a indemnizarle por los perjuicios causados por
las medidas cautelares (párrafo 1 del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil).  La
responsabilidad del solicitante comprende todos los perjuicios directos e indirectos causados al
demandado por las medidas cautelares.
En los casos enunciados, las garantías constituidas por el solicitante con arreglo al
artículo 310.b del Código de Procedimiento Civil sólo pueden cancelarse con la conformidad del
demandado.  Con ese fin se notificará al demandado una copia de la solicitud de liberación de la
garantía presentada por el solicitante, y el demandado podrá oponerse a ella e incoar demanda ante el
tribunal, dentro de un plazo de un mes, para la indemnización de los perjuicios causados.
La indemnización comprenderá todos los perjuicios directos o indirectos causados por la
garantía al demandado (párrafo 1 del artículo 51 de la Ley de Obligaciones y Contratos).
13. ¿Establece la ley búlgara un procedimiento por el que un titular de derechos pueda
solicitar la suspensión por las autoridades de aduanas del despacho para la libre circulación de
mercancías sospechosas de ser mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada o
mercancías pirata, conforme al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC?  En caso afirmativo,
está ese procedimiento en consonancia con las disposiciones de los artículos 52 a 57 y 59 del
Acuerdo sobre los ADPIC?  Sírvanse explicar.IP/Q4/BGR/1
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El proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas establece
un procedimiento por el cual el titular de derechos puede solicitar la suspensión por las autoridades de
aduanas del despacho para la libre circulación de mercancías sospechosas de llevar marcas de fábrica
o de comercio sin su consentimiento, o imitaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas.Ese procedimiento se ajusta a las disposiciones del artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.
14. ¿Establece la ley búlgara procedimientos y sanciones penales para los casos de
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio, conforme al artículo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC?
El Código Penal establece procedimientos y sanciones penales que se aplican en los casos de
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio.  Los artículos 227 y 227a del Código Penal
disponen, por el uso de marcas de fábrica o de comercio falsificadas, la aplicación de penas de prisión
de un máximo de tres años  y de multas de hasta 1 millón de leva.
[Pregunta complementaria de las CE]
¿Se ha dictado durante los últimos 12 meses alguna sentencia penal definitiva por los
tribunales de Bulgaria por infracción de marca s de fábrica o de comercio, derecho de autor o
derechos conexos?  En caso de que la respuesta sea afirmativa,  se ha recaudado alguna multa o
se ha cumplido alguna pena de prisión?
En 1997 se promovieron ante los tribunales de Bulgaria 29 juicios penales por infracción del
derecho de autor y los derechos conexos.  En 12 de ellos los tribunales dictaron sentencias definitivas,
se suspendieron cinco asuntos y otros 12 se encuentran en curso.  Los tribunales impusieron tres
condenas de prisión sin suspensión condicional, siete penas de prisión de un máximo de tres años consuspensión condicional, y en dos juicios se aplicaron sanciones de multa.
En 1997 los procedimientos penales administrativos por infracción de las disposiciones de la
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos fueron 48;  de ellos, 36 fueron resueltos y 12 se
encuentran en curso.  Las sanciones impuestas fueron de multa.
15. ¿Prescribe la ley búlgara la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías
infractoras, así como de los materiales y ac cesorios utilizados predominantemente para la
comisión del delito, en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio,
conforme al artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC?
La legislación de Bulgaria establece la confiscación en beneficio del Estado de las mercancías
infractoras en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio, y también de los
materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito cuando se trata de
falsificación comercial dolosa (artículos 227 y 227a, en conjunción con el apartado b) del párrafo 1
del artículo 53 del Código Penal).
[Pregunta complementaria de las CE]
¿Se ha dictado durante los últimos 12 meses alguna sentencia penal definitiva por los
tribunales de Bulgaria por infracción de marca s de fábrica o de comercio, derecho de autor o
derechos conexos?  En caso de que la respuesta sea afirmativa,  se ha recaudado alguna multa ose ha cumplido alguna pena de prisión?
Véase la respuesta a la pregunta complementaria de la pregunta 14.IP/Q4/BGR/1
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16. Respecto a los casos de infracción de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno de
Bulgaria a facilitar datos sobre el número de:
- procedimientos incoados, con sus resultados respectivos y duración media del
procedimiento desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia final;
- mandamientos judiciales dictados (tal como los define el artículo 44 del Acuerdo
sobre los ADPIC), con explicación de cómo se ejecutan tales mandamientos;
- medidas provisionales (como las define el artículo 50 del Acuerdo sobre los
ADPIC) que se han concedido y plazo medio para la obtención de las mismas
(desde la solicitud);
- suspensiones en la frontera de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificada o mercancías pirata, o en relación con mercancías que infrinjan otros
derechos de propiedad intelectual;
- casos penales, con las sentencias aplicadas;  indicación de si han sido ejecutadas;
sírvanse explicar también qué tipo de infracciones de un derecho de propiedad
intelectual se considerarían delitos;
- decomisos y/o destrucción de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificada y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.
Se ruega además al Gobierno de Bulgaria que explique y dé ejemplos prácticos de:- cómo se calcula la compensación del daño por infracción de los derechos de
propiedad intelectual (artículo 45, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);
- cuáles serían los "gastos del titular de l derecho" que deberían pagarse según el
párrafo 2 del artículo 45, primera parte de la primera frase, del Acuerdo sobre
los ADPIC, y cómo se calcularían;
- si son reembolsables los honorarios de los abogados y cómo se calcularían tales
honorarios;
- si se ha aplicado en Bulgaria la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían tales "perjuicios".
Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 1997 se promovieron 10 juicios ante los tribunales
competentes de Bulgaria por infracción de derechos de propiedad intelectual.  La duración media de
los procedimientos judiciales referentes a los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual
es de un año.
Las sentencias judiciales que pueden dictarse respecto de distintos tipos de acciones han sido
reseñadas en la respuesta a la pregunta 1.  Su ejecución depende del caso particular.  Cuando se ha
condenado al pago de una indemnización adecuada por los perjuicios causados, puede hacerse
efectiva mediante la venta forzosa de bienes inmuebles y muebles del deudor (artículos 360 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil).  Conforme a las disposiciones del artículo 414 delCódigo de Procedimiento Civil, cuando el tribunal dicta sentencia condenando por la obtención
ilegítima de copias de una obra, inclusive negativos, copias maestras, etc., conforme al párrafo 4 del
artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el oficial de justicia embarga esos
bienes y los entrega al demandante (titular de derechos).  Cuando el tribunal dicta una decisión por la
que ordena al demandado la cesación de determinadas actividades (por ejemplo, al hacer lugar a unaIP/Q4/BGR/1
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demanda con arreglo al párrafo 3 del artículo 95 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
el tribunal está facultado para ordenar el embargo y la inutilización del equipo de copia y
reproducción utilizado por el demandado exclusivamente para cometer infracciones del derecho de
autor y los derechos conexos), el oficial de justicia puede imponer multas al demandado (artículo 419
del Código de Procedimiento Civil).
Para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces conforme a los
artículos 308 y siguientes del Código de Procedimient o Civil, el tribunal puede dictar decisión acerca
de la solicitud en audiencia celebrada a puerta cerrada en la misma fecha de presentación de la
solicitud.  Las medidas cautelares dispuestas por el tribunal se ejecutan por el oficial de justicia en
cuya jurisdicción se encuentran los bienes muebles o inmuebles objeto de la medida.  La duración
media de los procedimientos para obtener medidas provisionales es de uno a dos días.
Entre el 1º de enero y el 31 de octubre de 1997 se efectuaron 200 inspecciones policiales
referentes a más de 700 objetos.  Se expidieron 46 constancias administrativas penales y se ejecutaron
45 sanciones administrativas conforme al artículo 97 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos (multas de entre 20.000 y 500.000 leva y clausura de los locales en que tuvieron lugar lasinfracciones por tres a seis meses).  Se iniciaron 30 investigaciones con arreglo al artículo 172a del
Código Penal (infracciones del derecho de autor y los derechos conexos).  Se incoaron 17 demandas
judiciales conforme al artículo 172a del Código Penal.
En julio de 1997 se destruyeron públicamente más de 100.000 discos compactos piratas que
eran objeto de infracción aduanera.
El tribunal puede determinar los perjuicios causados por la infracción de derechos de
propiedad intelectual (párrafo 1 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC).  Su cuantía debe
acreditarse por la parte perjudicada.  Los criterios varían según los diferentes casos.  Cuando se pideel resarcimiento de perjuicios patrimoniales, consiste en la remuneración que la parte perjudicada
habría percibido en caso de haberse firmado un contrato para el otorgamiento del derecho de uso de la
obra.  En el resarcimiento del daño moral, el tribunal puede determinar la cuantía de la indemnización
basándose en consideraciones de equidad (artículo 52 de la Ley de Obligaciones y Contratos).
Además de los derechos generales (que deben pagarse en el momento de presentar la
solicitud, conforme al apartado b) del artículo 99 del Código de Procedimiento Civil), las partes debenhacerse cargo de los gastos de convocación de los testigos y peritos y de realización de las
inspecciones (artículo 59 del Código de Procedimiento Civil).  Esos gastos se determinan por el
tribunal y deben pagarse por la parte que ha solicitado la convocación de testigos y peritos y la
realización de inspecciones.  El artículo 62 del Código de Procedimiento Civil establece que la
remuneración de los peritos se determinará sobre la base de la labor cumplida y los gastos efectuados.El tribunal, al dictar sentencia, puede disponer que los gastos sean de cargo de la parte condenada
(párrafo 3 del artículo 63 del Código de Procedimiento Civil).  Los impuestos públicos, gastos y
honorarios profesionales pagados por el demandante serán de cargo del demandado en proporción a la
parte de la demanda que haya sido admitida (artículo 64 del Código de Procedimiento Civil).  El
demandado también puede pedir el reembolso de sus gastos en proporción a la parte de la demandaque haya sido desestimada (párrafo 2 del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil).
La cuantía de los gastos se determina por el tribunal (párrafo 1 del artículo 168 del Código de
Procedimiento Civil, en conjunción con el artículo 84 de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas).
Si la sentencia hace lugar a la demanda, puede imponer al infractor de derechos de propiedad
intelectual el pago de los gastos del proceso, incluidos los honorarios del abogado (párrafo 2 del
artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, en conjunción con el artículo 84 de la Ley de
Infracciones y Sanciones Administrativas).  Si el tribunal ordena la clausura de los procedimientos,IP/Q4/BGR/1
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los gastos son de cargo del Estado (artículo 170 del Código de Procedimiento Penal, en conjunción
con el artículo 84 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas).
Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC han sido puestas
en práctica en Bulgaria.
a) Con respecto a las medidas judiciales civiles, véase la respuesta a los párrafos b) a g)
de la pregunta 1.
b) La legislación de Bulgaria establece medidas penales administrativas en casos de
infracciones administrativas culposas.
Con arreglo al párrafo 2 del artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas, los actos culposos sólo se castigan en los casos expresamente
determinados.  El principio básico del derecho administrativo y sus procedimientos
en Bulgaria es que las infracciones administrativas culposas dan lugar a
enjuiciamiento.  La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos no estableceexcepciones a este principio, y las infracciones administrativas previstas en el
artículo 97 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos dan lugar a
enjuiciamiento aun cuando se cometan en forma culposa.
c) La legislación de Bulgaria establece medidas penales por infracción culposa
únicamente en los casos previstos expresamente.  Los requisitos de la responsabilidad
criminal establecidos en el artículo 127a del Código Penal exigen incondicionalmente
la existencia de dolo directo.  A diferencia del derecho administrativo, el derecho
penal admite como principio básico que los actos culposos dan lugar a enjuiciamiento
únicamente en los casos previstos expresamente (párrafo 4 del artículo 11 del CódigoPenal).  Los artículos 172a, 227 y 227a del Código Penal no contienen disposiciones
sobre sanciones penales por infracción culposa.
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
Con arreglo a la legislación de Bulgaria, las autoridades competentes previstas en el
artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC son las autoridades aduaneras.
2. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.
Conforme a la legislación de Bulgaria, el pr ocedimiento conducente a una decisión sobre el
fondo de la cuestión que se prevé en el artículo 55 es judicial.
Cuando el objeto de la infracción es una marca de fábrica o de comercio, un dibujo o modelo
industrial o una indicación de origen, y la infracción ha sido declarada en vía administrativa o por
sentencia penal conforme a las disposiciones del artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales, el juicio debe seguirse ante el Tribunal de Distrito
correspondiente al lugar en que se produjo la infracción.  Si la infracción de los derechos de propiedad
intelectual mencionados ha sido declarada judicialmente con arreglo a las disposiciones delartículo 51 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales, la
autoridad competente es el respectivo Tribunal de Distrito.IP/Q4/BGR/1
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Si la infracción se ha cometido respecto de invenciones o modelos de utilidad, la autoridad
competente es el Tribunal de la Ciudad de Sofía.
Si la infracción se refiere a derechos correspondientes a certificados de obtenciones vegetales,
la autoridad competente es el Tribunal de la Ciudad de Sofía;  y si la infracción ha sido declarada envía administrativa según lo indicado más arriba, la autoridad competente es el Tribunal de Distrito
correspondiente al lugar en que se produjo la infracción.
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará re ferencia en adelante como "Demanda"), por el
que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan el
despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que sesospeche que los infringen?
La legislación de la República de Bulgaria establece el "procedimiento cautelar" previsto en
los artículos 308 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.  Conforme a esas disposiciones, el
demandante, en cualquier etapa del juicio o antes de incoar la demanda para que se determine unaviolación de cualquier derecho de propiedad intelectual, con el fin de evitar la entrada en los circuitos
comerciales de mercancías infractoras, puede presentar pruebas escritas adecuadas o constituir una
garantía en efectivo o en especie.  Las medidas de garantía que el tribunal puede dictar son el embargo
de los bienes que infringen derechos de propiedad intelectual, así como otras medidas adecuadas
determinadas por el tribunal.  Tales medidas privan al demandado de las facultades de disposición delos bienes, le obligan a conservar los bienes embargados y pueden dar lugar a su secuestro y entrega a
un depositario.
Si la infracción ha sido declarada en vía administrativa con arreglo a las disposiciones del
artículo 46 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas, las mercancías que infringenderechos de propiedad intelectual se entregan para su depósito:
- a la oficina de la autoridad que dictó la orden administrativa;- a la administración municipal del lugar en que se produjo la infracción;- al propio infractor o a otras personas.Los productos perecederos deben venderse por empresas estatales o municipales y su precio,
con deducción de los gastos efectuados, se deposita en el Banco de Ahorros del Estado.
4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda",
conforme a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El titular de derechos de propiedad intelectual puede recurrir al procedimiento cautelar
mencionado en la respuesta a la pregunta 3, y puede obtener mediante sentencia judicial unasuspensión del despacho de aduana de las mercancías.
Los procedimientos correspondientes a la suspensión de la importación de mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual pertenecientes a un tercero se encuentran establecidos en
el proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Co mercio e Indicaciones Geográficas.  Este proyecto de
Ley se encuentra en la última etapa de su trámite legislativo, pendiente de promulgación por la
Asamblea Nacional.  Con arreglo al párrafo 1 del artículo 75 del proyecto de Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas, al recibir la solicitud del titular de derechos las
autoridades de aduanas suspenderán la importación de las mercancías notificando al importador y
dándole un plazo de siete días para formular sus obje ciones.  Si el importador no las formula dentro deIP/Q4/BGR/1
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dicho plazo, las autoridades de aduanas confiscarán las mercancías en beneficio del Estado (párrafo 2
del artículo 75 del proyecto de Ley).
5. Sírvanse explicar cuál es el pl azo de vigencia de las Demandas.
Las disposiciones del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil establecen que el plazo
en que debe presentarse la demanda se determinará por el tribunal mismo.
El párrafo 1 del artículo 77 de la  Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones
Geográficas establece que las mercancías cuya importación ha sido suspendida por las autoridades de
aduanas deben ser despachadas si el titular de los derechos omite incoar demanda ante el Tribunal de
la Ciudad de Sofía, dentro de los 14 días siguiente a su notificación de la suspensión, pidiendo que sedisponga la suspensión de las mercancías como garantía de su demanda.
6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
El artículo 74 del proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones
Geográficas dispone que las autoridades de aduanas determinarán los derechos correspondientes al
depósito de las mercancías suspendidas y la garantía en efectivo por los perjuicios que pueda causar al
importador la suspensión infundada del despacho de sus mercancías.  La garantía en efectivo se
depositará a disposición de las autoridades de aduanas.
7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y resumir el contenido de esas disposiciones.
Las disposiciones conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto previstas en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC deben prom overse por el titular de derechos presentando
ante el Tribunal de la Ciudad de Sofía una demanda para que se declare la infracción de sus derechos
de propiedad intelectual (artículo 64 de la Ley de Patentes, artículo 51 de la Ley de Marcas de Fábrica
o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales y apartado 3 del párrafo 1 del artículo 51 de la
Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).
También existe la posibilidad de que una autoridad administrativa dicte una decisión sobre la
infracción de derechos de propiedad intelectual.  El artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales y el artículo 52 de la Ley de Protección de las
Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales disponen que el titular de derechos
respecto del objeto registrado puede denunciar la infracción de sus derechos de propiedad intelectualexclusivos.  El órgano penal administrativo (la Ofic ina de Patentes o el Ministerio de Agricultura)
examina la denuncia y puede efectuar una inspección.  Si de ésta resulta que la denuncia es fundada,
se expide una constancia que se notifica al infractor, en virtud de la cual se embargan las mercancías y
quedan sometidas a depósito.  Sobre la base de esa constancia se dicta una orden penal de
confiscación en beneficio del Estado de las mercancías que infringen derechos de propiedadintelectual.  La orden penal puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Regional correspondiente
al lugar en que se cometió la infracción.
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las m ercancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 5.IP/Q4/BGR/1
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9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho
para libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en
relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 11.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre
circulación, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficioprevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 11.
11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de de rechos cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
Las disposiciones de la Ley sobre la Responsabilidad del Estado por los Perjuicios Causados
a los Ciudadanos son aplicables a los casos indicados en la pregunta 9.  El Estado es responsable ante
los ciudadanos de la indemnización de los perjuicios que les causen los actos u omisiones de carácter
ilícito de los organismos del Estado o de sus funcionarios en el desempeño de sus deberes
administrativos.  La persona perjudicada puede demandar por indemnización de daños y perjuiciosante el tribunal correspondiente al lugar en que se produjo la infracción o a su propio domicilio.  El
artículo 5 de la ley citada dispone que las autoridades y funcionarios del Estado sólo quedan exentos
de responsabilidad cuando los perjuicios se causaron por culpa explícita de la persona que los ha
sufrido.
12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y
consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" las mercancías que infringenderechos de propiedad intelectual, o de las que se  sospecha que los infringen, así como en el caso
en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores
según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
El párrafo 1 del artículo 75 del proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e
Indicaciones Geográficas dispone que las autoridades de aduanas deben notificar al importador la
suspensión de sus importaciones, dándole un plazo de siete días para formular sus objeciones.  Si se
manifiesta una objeción dentro de ese plazo, se informa debidamente al titular de derechos conforme a
las disposiciones del artículo 76 del proyecto de Ley citado haciéndole saber el nombre y domicilio
del importador, el lugar de origen y calidad de las mercancías, así como el lugar en que se encuentrandepositadas.
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 14 de la Ley de Protección de la Competencia,
que prohíbe expresamente el uso y la divulgación de secretos comerciales, se aplican a las
inspecciones previstas en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/BGR/1
Página 30
14. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competentes sobre la ba se de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
El artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos
Industriales establece que las mercancías importadas que lleven ilícitamente una marca de fábrica o de
comercio de un tercero, así como los productos fabricados según un dibujo o modelo industrial de un
tercer país, registrado en Bulgaria, y los productos que lleven denominaciones de origen falsas,
estarán sujetos a confiscación en beneficio del Estado.
Los procedimientos para las retenciones y confiscaciones que han de disponer las autoridades
competentes se indican en la respuesta a la pregunta 7.
15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las decisiones de las autoridades aduaneras sobre la incautación de mercancías importadas
constituyen actos administrativos que pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal Regional
correspondiente al lugar de la incautación.
Las decisiones del Tribunal de la Ciudad de Sofía pueden ser objeto de apelación ante el
Tribunal Supremo de la República de Bulgaria.  La Constitución de la República de Bulgariaestablece que el procedimiento ha de tener tres etapas.
16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equivalente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al
demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
El artículo 74 del proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones
Geográficas dispone  que las autoridades de aduanas determinarán los derechos correspondientes al
tiempo de depósito de las mercancías y la garantía en efectivo por los perjuicios que pueda causar al
importador la suspensión infundada del despacho de sus mercancías.  La garantía en efectivo se
depositará a disposición de las autoridades de aduanas.  La indemnización se determinará sobre la
base del tipo, calidad, cantidad y duración de las mercancías importadas y los beneficios que elimportador podría haber obtenido si no se hubiera suspendido el despacho de aduana de las
mercancías.
Cuando se pide al tribunal la suspensión de mercancías que se consideran infractoras de
derechos de propiedad intelectual de un tercero, deben emplearse las oportunidades del procedimientode garantía.  En esos casos, el demandante debe depositar una suma en efectivo que garantice la
indemnización de los eventuales perjuicios causados al demandado por las medidas adoptadas contra
él.
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
El solicitante debe pagar un derecho inicial por el depósito de las mercancías retenidas.  Si el
tribunal declara que esas mercancías eran infractoras de derechos de propiedad intelectual del
solicitante, el tribunal determina a quién corresponde pagar los gastos de la retención.
18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales"
en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca
de fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC.IP/Q4/BGR/1
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No existe práctica alguna referente a casos de esa índole.
19. Sírvanse designar las leyes y ordenanzas, indicando sus disposiciones, en que se
prescribe la suspensión del despacho de las mercancías que infringen derechos de propiedad
intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, como lo estipula el artículo 51 delAcuerdo sobre los ADPIC.
Las leyes que prescriben la suspensión del despacho de las mercancías que infringen derechos
de propiedad intelectual o de las que se sospecha que los infringen son la Ley de Marcas de Fábrica o
de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales y el Código de Procedimiento Civil.  Sus
disposiciones respectivas se indican en las respuestas a las preguntas 14, 15 y 16.
20. Sírvanse indicar qué derechos de propiedad intelectual se protegen sobre la base de la
Demanda presentada por un titular de derechos.
El artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos
Industriales establece que están protegidos, sobre la base de una Demanda de su titular, los derechosde propiedad intelectual correspondientes a marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos
industriales y denominaciones de origen.
21. Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar el
solicitante al presentar una Demanda.
Los párrafos 1 y 2 del artículo 73 del proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e
Indicaciones Geográficas exigen que la solicitud de suspensión de la importación de mercancías se
formule por escrito y comprenda una descripción detallada de las mercancías respectivas.  Debe
adjuntarse a la solicitud una copia del certificado de registro de la marca de fábrica o de comercio yuna constancia de la validez del registro.
22. Sírvanse explicar las medidas que las autoridades judiciales pueden disponer en relación
con el derecho de autor y los derechos conexos, las patentes, los dibujos y modelos industriales,
las marcas de fábrica o de comercio y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos
integrados, incluyendo los mandamientos judiciales, la indemnización de daños y perjuicios, la
condena al pago de los gastos y la destrucción u otra forma de eliminación de las mercancíasinfractoras y los materiales y accesorios utilizados para su producción.
El Código Penal establece sanciones penales por la piratería del derecho de autor a escala
comercial y por el  uso ilegal de marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicio, denominaciones
de origen o dibujos y modelos industriales.
Los párrafos 1 y 2 del artículo 172 a) del Código Penal disponen que el tribunal puede
imponer penas de prisión de un máximo de tres años y multas de entre 1 y 3 millones de leva por
infracción del derecho de autor y los derechos conexos.  El párrafo 3 del mismo artículo dispone la
pena de prisión de entre uno y cinco años y multas de entre 3 y 5 millones de leva por la infracciónreiterada del derecho de autor y los derechos conexos.  Cuando el objeto de la infracción pertenece al
autor del delito, su confiscación en beneficio del Estado es obligatoria.
En los casos de infracción del derecho de autor y los derechos conexos, los artículos 94 y 95
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establecen que el tribunal puede dictar lassiguientes decisiones:
- imponer la indemnización de los perjuicios sufridos;- ordenar la cesación del uso ilícito de los derechos;IP/Q4/BGR/1
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- disponer la confiscación y destrucción de las copias ilícitamente producidas de la
obra, incluyendo sus negativos, copias maestras, tipos de imprenta y otros elementos
utilizados con fines de copia;
- la incautación e inutilización del equipo de copia y reproducción utilizado
exclusivamente para cometer infracciones;
- la entrega de los objetos mencionados en el punto precedente a precio de costo,
deduciéndose esa suma de la indemnización adeudada.
El artículo 28 de la Ley de Patentes dispone que cuando se demanda judicialmente por
infracción de derechos referentes a invenciones o modelos de utilidad registrados y se declara la
infracción, el tribunal puede dictar las siguientes decisiones:
- imponer la indemnización de los perjuicios sufridos y del lucro cesante;
- ordenar la cesación de los actos del infractor que lesionan derechos de patente;
- la publicación de la decisión en dos diarios, por cuenta del infractor;- la elaboración o destrucción del objeto de la infracción, si ésta fue dolosa;- la elaboración o destrucción de los medios utilizados para cometer la infracción.Con arreglo al Código Penal, el infractor de derechos de propiedad intelectual puede ser
enjuiciado en caso de uso ilegal de marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicio,denominaciones de origen o dibujos y modelos industriales.  Los artículos 227 y 227a del Código
Penal disponen que, en tales casos, el tribunal puede imponer penas de prisión de entre tres meses y
un año de duración y una multa de hasta 1 millón de leva.  Cuando el objeto de la infracción pertenece
la persona responsable de ella, su confiscación en favor del Estado es obligatoria.
El artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos
Industriales dispone que, en caso de dictarse una orden penal, la municipalidad del lugar en que secometió la infracción debe incautar los bienes que infringen marcas de fábrica o de comercio y
dibujos y modelos industriales.
La Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales
dispone que, en los juicios por infracción sometidos a los tribunales con arreglo al artículo 29, puedendictarse las siguientes decisiones:
- imponer la indemnización de los perjuicios sufridos y el lucro cesante;- ordenar la cesación de los actos del infractor que lesionan derechos de patente;- en caso de ejecución de órdenes penales co nforme al artículo 52, la municipalidad del
lugar en que se cometió la infracción debe incautar las mercancías infractoras y
cobrar la pena impuesta.
23. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
constituye una reparación adecuada del daño sufrido por éste, y qué criterios y método de
cálculo determinan la cuantía de la indemnización.IP/Q4/BGR/1
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La indemnización de los perjuicios causados al titular de derechos fijada por el tribunal es
adecuada a los perjuicios sufridos y al lucro cesante.  Las autoridades judiciales también toman en
consideración los beneficios que el titular de derechos habría podido obtener si no se hubiera
cometido la infracción o el infractor no hubiera lucrado.
24. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
incluye los gastos de investigación y los honorarios de los abogados que sean procedentes.
La cuantía de las indemnizaciones que las autoridades judiciales imponen a los infractores de
derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos pueden incluir los gastos
judiciales, así como los honorarios de los abogados que sean procedentes, cuando el titular de losderechos así lo ha pedido.
25. Sírvanse indicar en qué grado han estimado los tribunales la cuantía de la
indemnización por daños y perjuicios desde el 1º  de enero de 1996.  Sírvanse explicar si la
cuantía de la indemnización constituye una repar ación adecuada del daño sufrido por el titular
de los derechos, y en qué forma se ajustan esos procedimientos civiles al artículo 45 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 23.
26. Sírvanse explicar la naturaleza y la cuantía de las sanciones (penas de prisión o multas)
en los asuntos penales.  Sírvanse explicar igualmente si esas sanciones están en conformidad con
el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la imposición de sanciones
suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por
delitos de gravedad correspondiente.
El Código Penal establece sanciones penales en caso de piratería del derecho de autor a escala
comercial y de uso ilegal de marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios, denominaciones de
origen o dibujos y modelos industriales.
Los párrafos 1 y 2 del artículo 172 a) del Código Penal establecen penas de prisión de un
máximo de tres años y multas de entre 1 y 3 millones de leva por la infracción del derecho de autor ylos derechos conexos.  El párrafo 3 del artículo 172a dispone penas de prisión de uno a cinco años y
multas de 3 a 5 millones de leva por la infracción reiterada del derecho de autor y los derechos
conexos.  Si el objeto de la infracción pertenece al infractor, es obligatoria su confiscación en
beneficio del Estado.
Los artículos 227 y 227 a) de la parte 4 del capítulo III del Código Penal disponen, por el uso
de marcas de fábrica o de comercio falsificadas, la imposición de una pena de prisión de entre tres
meses y cinco años y una multa de hasta 1 millón de leva.  Cuando el objeto de la infracción pertenece
a la persona responsable de ella, es obligatoria su confiscación en beneficio del Estado.
Las penas indicadas que figuran en el Código Penal cumplen los requisitos del artículo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC e imponen sanciones suficientemente disuasorias que son coherentes con el
nivel de las sanciones aplicadas de gravedad correspondiente.
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA
1. Sírvanse explicar si los tratados internacionales que contienen disposiciones detalladas
dirigidas a las autoridades (judiciales), y no al Estado mismo, se consideran de aplicación
automática en el sistema búlgaro.  En caso negativo, cuando existen en su país divergencias
entre la legislación o la práctica en materia de propiedad intelectual y un acuerdo internacional,IP/Q4/BGR/1
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¿prevalece automáticamente este último?  De no s er así, sírvanse explicar cuáles son los medios
por los que Bulgaria puede cumplir sus obligaciones internacionales.  Sírvanse citar los textos o
la jurisprudencia correspondientes.
El párrafo 4 del artículo 5 de la Constitución de la República de Bulgaria dispone que los
tratados internacionales ratificados por el procedimiento constitucional, promulgados y entrados en
vigor respecto de la República de Bulgaria, se considerarán parte de la legislación interna del país.
Prevalecen sobre cualquier disposición de la legislación interna que disponga otra cosa.
2. El artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que " ... en los casos en que
proceda, el plazo mencionado [de 10 días] podrá ser prorrogado otros 10 días hábiles".   Está
prevista esa prórroga en la legislación de Bulgaria?  En caso afirmativo, sírvanse indicar lasdisposiciones respectivas.  De no ser así, sírvanse explicar de qué modo puede valerse un
solicitante de esta posibilidad que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC.
No existe tal disposición en la legislación de Bulgaria.  Los titulares de derechos sólo pueden
emplear las posibilidades que ofrece el procedimiento cautelar dispuesto en los artículos 308 a 322 delCódigo de Procedimiento Civil.
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
1. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos
de propiedad intelectual a que se refiere el Acu erdo.  Sírvanse describir la estructura de los
procedimientos judiciales y administrativo3  de Bulgaria en que las partes pueden hacer valer su
derecho de propiedad intelectual a nivel local, provincial y nacional, indicando la competencia
de cada tipo de tribunal u órgano administrativo y explicar las relaciones, si las hubiere, entre
los diversos tipos de tribunales y órganos administrativos.  Sírvanse citar las leyes y otras
disposiciones por las que se establece la estructura, con referencia a cada tipo de tribunal y
órgano administrativo.
La legislación de Bulgaria establece procedimientos judiciales civiles y procedimientos
penales administrativos que permiten imponer la observancia efectiva de los derechos de propiedadintelectual comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.
a) Procedimientos judiciales civiles
El artículo 96 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos dispone que los
juicios por infracción de derechos de propiedad intelectual deben promoverse ante los
Tribunales Regionales (en Sofía, ante el Tribunal de la Ciudad de Sofía).
b) Procedimientos penales administrativos
En general, los procedimientos penales administrativos, incluida su aplicación a la
observancia de los derechos de propiedad intelectual, consisten en dos etapas:  ante el
órgano penal administrativo y ante el Tribunal.
i) Ante el órgano administrativo penal
                                                     
3 Estas preguntas se refieren tanto a la observancia ju dicial como a la administrativa de los derechos de
propiedad intelectual habida cuenta del artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/BGR/1
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Con respecto a las infracciones del derecho de autor y los derechos conexos,
las sanciones administrativas se aplican por el Ministro de Cultura o su
sustituto debidamente autorizado (párrafo 2 del artículo 98 de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, en conjunción con el apartado a) delpárrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 47 de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas).
ii) Ante el tribunal
El párrafo 2 del artículo 47 de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas dispone que las decisiones que imponen sancionesadministrativas pueden ser objeto de apelación ante el Tribunal de Distrito
competente del lugar en que se ha cometido la infracción.  Los artículos 65 y
siguientes de la misma Ley disponen que la sentencia del Tribunal de Distrito
puede ser objeto del recurso jerárquico de revisión, ante el Tribunal Regional,
dentro del año siguiente a su entrada en vigor.
Con respecto a la observancia de los derechos de patente, el párrafo 1 del artículo 28 de la
Ley de Patentes establece la posibilidad de que el titular de una patente promueva acción para
comprobar el acto de infracción y reclamar indemnización de daños y perjuicios, así como para pedir
que se ordene al infractor que desista de realizar cualquier otro acto que infrinja sus derechos depropiedad intelectual.
El Tribunal de la Ciudad de Sofía es la autoridad competente respecto de tales acciones
(párrafo 1 del artículo 64 de la Ley de Patentes).  El solicitante de una patente puede demandar por
infracción de su derecho exclusivo antes del otorgamiento de la patente, quedando sujeta tal demandaa estudio después de que la Oficina de Patentes de Bulgaria haya dictado una decisión favorable al
otorgamiento de la patente.
Existe un procedimiento administrativo para el examen de las solicitudes de terceros
tendientes a que se anulen patentes otorgadas (párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes).  Esos
procedimientos se llevan a cabo por la Oficina de Patentes.
Todas las decisiones definitivas de la Oficina de Patentes están sujetas a control judicial
(artículo 59 de la Ley de Patentes), y la autoridad competente es el Tribunal de la Ciudad de Sofía.
Las sentencias de éste pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo o el Supremo Tribunal
Administrativo.
Con respecto a los derechos registrados sobre marcas de fábrica o de comercio, dibujos y
modelos industriales o denominaciones de origen, el titular puede promover procedimientos
administrativos o judiciales contra el infractor.  Los procedimientos administrativos corresponden a la
competencia de la Oficina de Patentes (artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de
Dibujos y Modelos Industriales).  Comprobada una infracción, la Oficina de Patentes, a solicitud deltitular de los derechos, expide una constancia, seguida por una orden penal de incautación de las
mercancías infractoras.  Con arreglo a la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas, las
constancias de la Oficina de Patentes pueden ser objeto de apelación ante el Tribunal de Distrito
correspondiente al lugar en que se cometió la infracción.  El artículo 51 de la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales dispone que, en los asuntos referentes a laprotección judicial de derechos que han sido objeto de infracción, la autoridad competente es el
respectivo Tribunal Regional.  Esos asuntos también pueden resolverse en vía arbitral.
Conforme al artículo 23 de la Ley de Marcas  de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y
Modelos Industriales, cualquier interesado puede pedir la anulación del registro de las marcas deIP/Q4/BGR/1
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fábrica o de comercio o los dibujos y modelos industriales ante la Oficina de Patentes.  Las decisiones
de ésta respecto de tales peticiones, así como las decisiones dictadas en el procedimiento de registro,
pueden ser objeto de apelación ante el Tribunal de la Ciudad de Sofía (artículo 50 de la Ley de Marcas
de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales).  Los tribunales de segunda instancia,
en este caso, son el Tribunal Supremo de Ap elaciones y el Supremo Tribunal Administrativo.
En lo que respecta a las obtenciones vegetales registradas, las demandas por infracción
pueden ser examinadas en vía administrativa o judicial.  El Ministerio de Agricultura es la autoridad
competente para el procedimiento administrativo (artículo 52 de la Ley de Protección de las
Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).  El procedimiento es el mismo que rige
para los casos de infracción de marcas de fábrica o de comercio o de dibujos y modelos industriales.
El control judicial se ejerce por el Tribunal de la Ciudad de Sofía (párrafo 1 del artículo 51 de la Leyde Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).  El procedimiento
administrativo para el examen de las peticiones de anulación de certificados expedidos es similar, y la
autoridad competente para tales asuntos es la Oficina de Patentes.  El artículo 50 de la Ley de
Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas  Variedades Animales establece que el Tribunal
de la Ciudad de Sofía es la autoridad que ejerce el control judicial de todas las decisiones de laOficina de Patentes en lo referente a las obtenciones vegetales.
2. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia en cada uno de los tribunales y órganos
administrativos mencionados en la respuesta a la pregunta 1 y citar las disposiciones legales porlas que se han establecido esos procedimientos.
La legislación de Bulgaria establece el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia ante los tribunales y órganos administrativos que se
han mencionado.
a) Procedimientos judiciales civiles
Con arreglo a los artículos 97 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, los
requisitos que debe cumplir una parte extranjera que invoca la infracción de sus
derechos de propiedad intelectual no difieren de los que se aplican a los nacionales.
La legislación de Bulgaria dispone que, en los asuntos judiciales en que participa unextranjero que no habla el idioma búlgaro, el tribunal designa a un intérprete que
colabora en las audiencias y explica al extranjero los actos del tribunal (artículo 5 del
Código de Procedimiento Civil).
El artículo 97 del Código de Procedimiento Civil dispone que toda persona puede
demandar para la protección de los derechos de que es titular, siempre que tenga un
interés legal en ello.  Las disposiciones mencionadas comprenden la demanda de
protección de los derechos de propiedad intelectual.
En las demandas de protección de derechos de propiedad intelectual pueden ser
partes:
i) los autores:  personas físicas cuyo esfuerzo creador ha dado lugar a la
creación de una obra literaria, artística o científica (artículo 94, en conjunción
con el artículo 5 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).  Salvoprueba en contrario, se presume que es autor la persona cuyo nombre u otra
indicación de identificación figura inscrita de la manera habitual en la obra
literaria, artística o científica (artículo 6 de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos);IP/Q4/BGR/1
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ii) los titulares de derechos conexos:  artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de grabaciones de sonidos y organismos de televisión respecto de
sus interpretaciones o ejecuciones, sus grabaciones de sonidos y sus
programas, respectivamente (artículo 94, en conjunción con el artículo 72 de
la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).  Salvo prueba en contrario,se presume que es productor de una grabación de sonidos la persona cuyo
nombre, título u otra indicación de identificación figura inscrita de la manera
habitual en el fonograma (párrafo 2 del artículo 87 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos);
iii) las personas a quienes los autores o titulares o derechos conexos han cedido
los derechos exclusivos de uso de una obra (artículo 94, en conjunción con elpárrafo 2 del artículo 36 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos);
iv) los herederos de los autores o titulares de derechos conexos (artículo 32 de la
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos);
v) las organizaciones de administración colectiva de derechos, en el marco de su
competencia respectiva, otorgada por sus asociados (párrafo 7 del artículo 40
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
Cuando un extranjero titular de derechos de propiedad intelectual desea incoar demanda para
la protección de esos derechos, su legitimación procesal y su derecho a incoar la demanda se
consideran conforme a las normas de derecho internacional privado aplicables en casos similares
(artículos 99 y siguientes de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
La aplicación de la legislación de Bulgaria respecto de las obras, interpretaciones o
ejecuciones, fonogramas y programas, se rige por los siguientes criterios:
- Con respecto a las obras:
El párrafo 1 del artículo 99 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
contiene una enumeración restrictiva de los casos a los que se aplica la legislación deBulgaria:
- las obras cuyos autores son ciudadanos de la República de Bulgaria o
residentes permanentes en ella, independientemente del lugar en que tales
obras hayan sido publicadas por primera vez;
- las obras cuyos autores son nacionales de un Estado con el que Bulgaria está
obligada por un tratado sobre derecho de autor, y las personas que residen
permanentemente en tal país, con independencia del lugar en que tales obras
se hayan publicado por primera vez;
- las obras publicadas por primera vez, o ejecutadas como proyectos
arquitectónicos, en el territorio de la República de Bulgaria o en el territorio
de un Estado que tenga un tratado sobre derecho de autor con Bulgaria, con
independencia de la nacionalidad de los autores;
- las obras publicadas por primera vez en el territorio de un Estado con el cual
la República de Bulgaria no está obligada por un tratado sobre derecho de
autor, cuando tales obras se han publicado simultáneamente, o dentro de unIP/Q4/BGR/1
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plazo de 30 días, en el territorio de Bulgaria o en el territorio de un Estado
con el cual Bulgaria tiene tal acuerdo.
- Con respecto a las interpretaciones o ejecuciones:
Los artistas intérpretes o ejecutantes extranjeros (o sus representantes autorizados)
pueden demandar la protección de sus derechos de propiedad intelectual respecto de
sus interpretaciones o ejecuciones en el territorio de Bulgaria.  Los artistas intérpretes
o ejecutantes que son residentes permanentes en Bulgaria pueden demandar la
protección de sus derechos de propiedad intelectual respecto de sus interpretaciones o
ejecuciones con independencia del lugar en que se hayan realizado (artículo 100 de la
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
- Con respecto a los fonogramas y programas:
Las personas físicas y jurídicas que son residentes permanentes en Bulgaria pueden
demandar la protección de sus derechos de propiedad intelectual respecto de susfonogramas y programas con independencia del lugar en que se hayan efectuado tales
grabaciones.  Las personas físicas y jurídicas pueden demandar la protección de sus
derechos de propiedad intelectual respecto de sus grabaciones cuando éstas se hayan
efectuado o publicado simultáneamente por primera vez en el territorio de Bulgaria
(artículo 101 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
En aquellos de los casos mencionados en que se aplica la legislación de Bulgaria respecto de
las obras de nacionales extranjeros o publicadas por primera vez en el extranjero, el titular del derecho
de autor se determina en conformidad con la legislación extranjera respectiva (párrafo 2 del
artículo 99 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
En todos los demás casos, las personas extranjeras disponen del derecho de incoar demanda
para la protección de sus derechos de propiedad intelectual en conformidad con los tratados
internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos en los que Bulgaria es parte
(artículo 102 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
b) Medidas penales administrativas:
La participación de las personas físicas y jurídicas extranjeras titulares de derechos de
propiedad intelectual en ambas etapas de los procedimientos administrativos no se
diferencia de la participación de los nacionales.
i) Procedimientos ante el órgano penal administrativo
En esta etapa de los procedimientos administrativos, la participación del
titular de los derechos es posible siempre que reclame la indemnización de los
perjuicios sufridos antes de haberse dictado la orden penal (artículo 45 de laLey de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
ii) Procedimiento ante el Tribunal Regional
Con respecto a esta etapa de los procedimientos administrativos, se aplican
subsidiariamente las disposiciones de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas y del Código de Procedimiento Civil (artículo 84 de la Ley
de Derecho de Autor y Derechos Conexos).IP/Q4/BGR/1
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Las partes en el asunto son el infractor y el demandante, titular de los
derechos de propiedad intelectual, quienes pueden apelar ante el Tribunal
Regional la decisión penal, y el organismo que la ha dictado (en este caso, el
Ministerio de Cultura).  En otras palabras, el titular de derechos de propiedad
intelectual puede participar en los procedimientos judiciales apelando ladecisión penal en caso de que haya reclamado la indemnización de perjuicios.
De este modo se convierte en parte interesada en la decisión penal y conviene
a su interés apelarla si no le satisface la cuantía de la indemnización de los
perjuicios que ha sufrido, o no se ha hecho lugar a su indemnización.
También existe la posibilidad de que el titular de los derechos de propiedad
intelectual se encuentre presente en el momento de comprobarse la infracción,
y en ese caso puede actuar como testigo a su respecto.  En este caso se leconvoca con ese carácter.
El procedimiento penal administrativo indicado en la respuesta a la pregunta 1 es el que deben
seguir las partes extranjeras para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual.
3. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales y órganos administrativos mencionados en la
respuesta a la pregunta 1 que no se exija de un nacional de Bulgaria, o de un residente en ella, y
citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.
No existe ningún requisito especial que deban satisfacer las partes extranjeras a fin de iniciar
un procedimiento para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual ante los tribunales y órganos
administrativos de Bulgaria.  Los requisitos aplicables a los nacionales y residentes valen igualmente
para las partes extranjeras.
Para iniciar un procedimiento administrativo a fin de obtener la observancia de los derechos
conferidos por las patentes o certificados de obtenciones vegetales, los extranjeros deben provenir de
países que sean partes en tratados internacionales o bilaterales en que también sea parte la República
de Bulgaria, o de países que apliquen el principio de reciprocidad (párrafo 2 del artículo 1 de la Ley
de Patentes y artículo 3 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas
Variedades Animales).
Las partes extranjeras pueden participar en los procedimientos administrativos referentes a
patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales, denominaciones de origen,
obtenciones vegetales y nuevas variedades animales por intermedio de un agente local de propiedad
industrial o intelectual (párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de Patentes;  párrafo 2 del artículo 5 de la
Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales;  y artículo 48 dela Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales).  Las partes
extranjeras deben estar representadas judicialmente por un abogado local.
4. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula el establecimiento de sa lvaguardias contra el abuso de los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia, previéndose que se indemnizará adecuadamente por el daño
sufrido a causa de tal abuso.  Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes de
Bulgaria a fin de evitar el abuso de los procedimientos judiciales y administrativos y de
indemnizar por los daños sufridos como resultado de tal abuso y citar las disposiciones legales
relativas a dichos medios.
a) Medidas judiciales civiles
En caso de que un procedimiento civil relativo a la protección de los derechos de
propiedad intelectual haya sido resuelto incorrectamente y, como consecuencia deIP/Q4/BGR/1
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ello el demandado haya sido condenado a pagar indemnización o cesar en
determinadas actividades, cuenta con los medios para su defensa que determina el
Código de Procedimiento Civil.
i) Los artículos 196 y 197 del Código de Procedimiento Civil establecen que el
demandado puede apelar la decisión del tribunal, antes de que quede firme,
ante el Tribunal Supremo (o el correspondiente Tribunal de Apelaciones, que
existe el propósito de constituir en breve plazo conforme a las disposiciones
del artículo 72, en conjunción con el artículo 39 de la Ley sobre los Órganos
Judiciales).  El tribunal de segunda instancia puede:
- revocar la sentencia y examinar el fondo de la cuestión (párrafo 1 del
artículo 208 y artículo 22 del Código de Procedimiento Civil) cuando
la sentencia es contraria a la ley, ha sido dictada con infracción
importante de los requisitos del procedimiento judicial, no está
debidamente fundada o las pruebas obtenidas no son suficientes
(artículo 207 del Código de Procedimiento Civil).  El tribunal desegunda instancia también tiene las facultades legales mencionadas
cuando revoca por segunda vez una sentencia del tribunal de primera
instancia (artículo 210 del Código de Procedimiento Civil);
- revocar la sentencia y devolver el asunto al Tribunal Regional (o
Municipal) para su nuevo juzgamiento (párrafo 3 del artículo 208 del
Código de Procedimiento Civil).  Puede procederse así cuando la
sentencia se ha dictado por un juez o un miembro del jurado que no
participó en los procedimientos judiciales, no se levantaron actas de
los procedimientos judiciales, la sentencia omite indicar susfundamentos jurídicos, o se ha violado el derecho de una de las partes
a participar en los procedimientos judiciales.  En estos casos el
tribunal de segunda instancia puede impartir instrucciones sobre la
interpretación y aplicación de las normas legales, que son obligatorias
para el tribunal de primera instancia;
- desestimar la demanda, si existen fundamentos suficientes para ello
(párrafo 1 del artículo 209 del Código de Procedimiento Civil);
- anular la sentencia si existen fundamentos suficientes (párrafo 2 del
artículo 209 del Código de Procedimiento Civil).  Si no se desestima
la demanda, el asunto se devuelve al tribunal de primera instanciapara su nuevo juzgamiento.
ii) El demandado puede interponer el recurso jerárquico de revisión
(artículos 225 a 230 del Código de Procedimiento Civil).  A diferencia de la
apelación, el recurso jerárquico de revisión es un medio extraordinario dedefensa contra las sentencias judiciales ejecutoriadas.
- El recurso jerárquico de revisión puede interponerse por escrito por la
parte interesada.  El recurso se presenta ante el tribunal de primera
instancia que ha dictado la sentencia.  También puede promoverse porel Fiscal General.  El artículo 80 y el párrafo 1 del artículo 81, en
conjunción con el párrafo 4 del artículo 39 de la Ley sobre los
Órganos Judiciales, disponen que estos recursos competen al Tribunal
Supremo (en su caso, al Supremo Tribunal de Apelaciones).IP/Q4/BGR/1
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- El artículo 207 del Código de Procedimiento Civil dispone los
fundamentos para la admisión del recurso jerárquico de revisión:
sentencia contraria a la ley, infracción importante de normas del
procedimiento judicial, y falta de fundamentos suficientes en la
sentencia del tribunal.  La competencia judicial del Tribunal Supremo(en su caso, del Supremo Tribunal de Apelaciones) es similar a la
competencia del tribunal de primera instancia (párrafo 1 del
artículo 229 del Código de Procedimiento Civil).
iii) Los artículos 231 a 236 del Código de Procedimiento Civil disponen que el
demandado puede pedir la revocación de la sentencia ejecutoriada.
- Los fundamentos de la revocación figuran debidamente enumerados
en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil:  comprobación
de nuevas circunstancias, presentación de pruebas escritas de especial
importancia respecto del asunto, etc.
- Los procedimientos pueden promoverse por la parte interesada, es
decir, el demandado que ha sido condenado indebidamente y que
presenta una solicitud ante el tribunal de primera instancia.  También
pueden promover los procedimientos el Fiscal General y el Presidente
del Tribunal Supremo.
- El tribunal de segunda instancia puede decidir la revocación de la
sentencia anterior devolviendo el asunto al tribunal de primera
instancia para su nuevo juzgamiento (párrafo 2 del artículo 234 del
Código de Procedimiento Civil).
b) Procedimientos penales administrativos
i) Los artículos 59 y siguientes de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos establecen que el infractor puede apelar la orden penal del Ministro
de Cultura ante el Tribunal Regional correspondiente al lugar en que se
cometió la infracción del derecho de autor y los derechos conexos.
ii) Si el Tribunal Regional confirma la orden penal, el infractor puede pedir su
revocación al Tribunal de Distrito mediante el recurso jerárquico de revisión.
El Fiscal de Distrito también puede interponer el mismo recurso.  El Tribunal
de Distrito examina el asunto en sesión a puerta cerrada.  Si resuelve revocarla orden penal, dicta sentencia sobre el fondo del asunto.  Esa sentencia no
admite recurso ulterior.
iii) Los artículos 70 y siguientes de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas admiten la reapertura de los procedimientos penalesadministrativos.  Se trata de un recurso extraordinario para la revocación de
las órdenes penales administrativas que han entrado en vigor, así como de las
sentencias de los tribunales que han confirmado una orden penal
administrativa.  La reapertura del procedimiento penal administrativo puede
solicitarse en los siguientes casos:
- cuando se comprueba, después de quedar ejecutoriada la sentencia del
tribunal, la falsedad de alguna de las pruebas en que se basó la orden
penal administrativa o la sentencia del tribunal;IP/Q4/BGR/1
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- cuando se comprueba, después de quedar ejecutoriada la sentencia del
tribunal, que el órgano penal administrativo o el juez cometieron un
delito en relación con la orden penal administrativa o la sentencia
dictada;
- cuando se manifiestan circunstancias importantes que revelan la
verdad y que eran desconocidas al dictarse la orden penal
administrativa o la sentencia;
- cuando se comprueba, después de quedar ejecutoriada la sentencia del
tribunal, que la infracción castigada mediante una orden penal
administrativa constituía un delito grave.
La reapertura del procedimiento penal administrativo puede promoverse por
el Fiscal de Distrito o por la parte interesada (solicitante), y el asunto se juzga
por el Tribunal de Distrito en sesión pública.
5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entre otras cosas, al costo de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sí rvanse informar acerca de cualesquiera tasas
cobradas por las autoridades judiciales y administrativas para iniciar las acciones legales en
materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar
las disposiciones legales en las que se establecen dichas tasas y suministrar copias de losdocumentos utilizados para informar al público acerca de ellas.
a) Procedimientos y medidas judiciales civiles
El artículo 53 del Código de Procedimiento Civil dispone el cobro de derechos
oficiales y gastos por la solicitud de medidas judiciales.  Los derechos oficiales se
evalúan según la cuantía del asunto (artículo 55 del Código de Procedimiento Civil).
La Tarifa Nº 1 de la Ley de Derechos Oficiales estipula los derechos aplicables por
los tribunales, fiscalías, autoridades investigadoras y el Ministerio de Justicia.  La
cuantía puede establecerse en valor absoluto (derechos simples) o en porcentajes de la
cuantía del asunto (derechos proporcionales).  La cuantía del asunto se evalúa en
general, y en particular en los asuntos sobre derechos de propiedad intelectual, por eldemandante (artículo 56 del Código de Pro cedimiento Civil).  El artículo 57 del
mismo Código establece que cuando la cuantía no puede precisarse en el momento de
promoverse la demanda, el tribunal la estima con carácter aproximado y
posteriormente se efectúa el cobro adicional o la devolución según la cuantía del
asunto que determine el tribunal.  Actualmente la Tarifa Nº 1 establece un derechoproporcional de 4 por ciento de la cuantía del asunto, con un mínimo de 3.000 leva.
Cuando no puede evaluarse la cuantía del asunto, la presentación de la demanda se
grava con un derecho de 200 leva.
b) Procedimientos y medidas penales administrativos
No se perciben derechos oficiales por la promoción de procedimientos por infracción
de derecho de autor o derechos conexos.
En los procedimientos administrativos referentes a la observancia de marcas de
fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales o denominaciones de origen se
perciben los siguientes derechos:  un derecho por el examen de la solicitud de que se
declare la infracción de marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos
industriales o denominaciones de origen registradas;  un derecho por el examen de la
solicitud de anulación de un título de protección (párrafo 1 del artículo 56 de la LeyIP/Q4/BGR/1
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de Patentes;  artículo 47 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos
y Modelos Industriales;  y párrafo 1 del artículo 42 de la Ley de Protección de las
Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales);  y un derecho por la
prórroga de los plazos procesales (artículo 48 de la Ley de Patentes y artículo 39 de la
Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).El importe de los derechos se fija en la Tarifa de Derechos Percibidos por la Oficina
de Patentes, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en la Gaceta del
Estado Nº 53/1997 (de la que se adjunta un ejemplar).
6. En el párrafo 2 del artículo 41 se trata asimismo de la rapidez de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sírvanse citar las disposiciones legales por las que
se establecen los plazos para los procedimientos judiciales y administrativos y, si aún no se hahecho, proporcionar copias de las leyes o reglamentos pertinentes.
a) Medidas judiciales civiles
Las disposiciones de los artículos 110 y siguientes de la Ley de Obligaciones y
Contratos establecen los plazos de prescripción de las acciones por infracción de
derechos de propiedad intelectual.  Esas acciones prescriben en el plazo general de
cinco años (artículo 110 de la Ley de Obligaciones y Contratos).  En la medida en que
la acción prevista en el artículo 94 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos (indemnización de daños y perjuicios) requiere la existencia de delito, elplazo de prescripción se inicia en el momento en que se identifica al infractor de los
derechos de propiedad intelectual (artículo 114 de la Ley de Obligaciones y
Contratos).
b) Medidas penales administrativas
Con el fin de agilizar las tramitaciones referentes a la documentación administrativa
sobre las infracciones de derechos de propiedad intelectual, el artículo 34 de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos estipula plazos de prescripción breves:
i) Para promover los procedimientos penales administrativos:
- tres meses contados desde la identificación del infractor;  y
- un año desde el momento en que se cometió la infracción.
ii) Para la expedición de órdenes penales administrativas:
- seis meses contados desde la formulación de la constancia
administrativa.
La legislación en materia de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y
modelos industriales, denominaciones de origen y obtenciones vegetales no contiene
disposiciones que establezcan plazos de prescripción para los procedimientos administrativos.
7. Sírvanse explicar cualesquiera disposicione s del sistema de observancia de Bulgaria que
garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sí rvanse explicar qué disposiciones existen a fin
de evitar las demoras deliberadas en que incurr an las partes en un procedimiento e indicar las
circunstancias en que se aplican esas disposiciones.IP/Q4/BGR/1
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a) Medidas judiciales civiles
El Código de Procedimiento Civil dispone sanciones judiciales civiles destinadas a
evitar las demoras deliberadas en los procedimientos judiciales.
i) Costo
Se impone a la parte en un proceso civil por infracción de derechos de
propiedad intelectual que ha provocado el retraso de la tramitación o la
revocación de la sentencia mediante nuevas alegaciones o presentando hechos
y pruebas que habría podido presentar oportunamente, el pago de los gastos
generados por las nuevas actuaciones, o en su caso por la apelación de lasentencia o la obtención de nuevas pruebas, independientemente del resultado
del asunto, así como los gastos que la comparecencia ante el tribunal haya
causado a la parte contraria y a su asesor, y un derecho oficial adicional
equivalente a la tercera parte del derecho percibido inicialmente (párrafo 2 del
artículo 65 del Código de Procedimiento Civil).
Cuando el demandado no ha dado motivos con sus actos para el ejercicio de
una acción judicial, y se allana a la demanda, se impone al demandante el
pago de los gastos (párrafo 2 del artículo 65 del Código de Procedimiento
Civil).
ii) Sanciones pecuniarias
Si un testigo o perito omite comparecer ante el tribunal sin razones fundadas
en un asunto sobre derechos de propiedad intelectual, puede imponérsele unasanción pecuniaria y puede ordenarse su conducción coercitiva a la próxima
audiencia (artículo 71 del Código de Procedimiento Civil).  Lo mismo se
aplica al testigo o experto que, sin razones fundadas, se rehúsa a prestar
testimonio (artículo 72 del Código de Procedimiento Civil).
b) Medidas penales administrativas
Se imponen sanciones pecuniarias a los testigos (párrafo 3 del artículo 95 del Código
Penal) y a los peritos (párrafo 3 del artículo 122 del Código Penal) que, sin razones
fundadas omiten prestar testimonio o dictaminar, según el caso.
La legislación sobre propiedad industrial no contiene disposiciones destinadas a evitar
las demoras deliberadas del procedimiento.  La Oficina de Patentes realiza sus
procedimientos en plazos de entre tres y seis meses respecto de las solicitudes de
comprobación de actos de infracción de derechos registrados de marcas de fábrica o
de comercio, dibujos y modelos industriales o denominaciones de origen (artículo 52
de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales) ycertificados de obtenciones vegetales o nuevas variedades animales (artículo 52 de la
Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).
8. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las
decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinarmejor el razonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo
de tribunal u órgano administrativo mencionado en la pregunta 1, si los jueces o funcionarios
administrativos deben presentar sus decisiones por escrito y citar las disposiciones legales en
que se requieren esas opiniones escritas.IP/Q4/BGR/1
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a) Medidas judiciales civiles
Todas las sentencias judiciales, en la República de Bulgaria, se emiten por escrito y
con la firma del tribunal que las ha dictado.  Con respecto a las sentencias referentes a
casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, se aplican las normasprincipales del procedimiento civil de Bulgaria en la forma que se indica a
continuación.
Cuando el tribunal decide que el asunto ha sido cabalmente considerado, puede dictar
sentencia (artículo 186 del Código de Procedimiento Civil).  El párrafo 1 del
artículo 189 del Código de Procedimiento Civil dispone que la sentencia debe
emitirse por escrito haciendo constar la fecha y lugar en que se dicta, la denominacióndel tribunal, los nombres de los jueces, el secretario, el fiscal (si ha intervenido), las
partes, el caso, el fallo, el responsable de los gastos, la apelabilidad de la sentencia, la
denominación del tribunal ante el cual puede ser apelada, el plazo de la apelación, y el
lugar de residencia, domicilio, lugar de trabajo y número único de identificación civil
de la parte condenada.  El tribunal también hace constar los fundamentos por los quedicta su sentencia (párrafo 2 del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil).  La
sentencia es firmada por todos los jueces.
b) Medidas penales administrativas
i) Procedimiento ante el órgano administrativo
Esta etapa del procedimiento administrativo, incluso en los casos de
infracción de derechos de propiedad intelectual, se completa generalmente al
dictarse una orden penal administrativa por escrito.  El artículo 57 de la Leyde Derecho de Autor y Derechos Conexos dispone que la orden penal
administrativa debe contener:  el nombre y cargo oficial de la persona que la
dicta;  la fecha y número de la orden;  la fecha de la constancia administrativa
en que se basa;  el nombre y cargo oficial de la persona que expidió la
constancia administrativa;  el nombre, domicilio y número único de
identificación civil del infractor;  la exposición del acto de infracción (fecha y
lugar, circunstancias, así como las pruebas que lo corroboran);  lasdisposiciones legales que han sido objeto de infracción culpable;  el tipo y
grado de la sanción;  los bienes que se han confiscado por cuenta del Estado
(en su caso);  la cuantía de la indemnización reclamada y la persona a quien
corresponde su pago;  la admisibilidad de recurso contra la orden
administrativa;  la denominación del tribunal ante el que puede recurrirsecontra la decisión administrativa;  y el plazo respectivo.  Las órdenes penales
administrativas se firman por la persona responsable del asunto.
ii) Procedimiento ante el Tribunal Regional
Esta etapa de los procedimientos penales administrativos se completa con la
sentencia dictada por el tribunal por escrito.  Independientemente de que la
sentencia confirme o revoque la orden penal administrativa, debe dictarse por
escrito y con expresión de sus fundamentos.
Las decisiones de la Oficina de Patentes se formulan por escrito y contienen
todos los fundamentos jurídicos en que se basan (artículo 15 de la Ley de
Infracciones y Sanciones Administrativas).  Lo mismo se aplica a las
sentencias judiciales en virtud del Código de Procedimiento Civil y la Ley de
Infracciones y Sanciones Administrativas.IP/Q4/BGR/1
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9. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de
un caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la
oportunidad de ser oídas.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal u órgano
administrativo mencionado en la pregunta 1, qué factores pueden ser tenidos en cuenta por un
juez o un funcionario administrativo al adoptar una decisión y citar las disposiciones legales queestablecen la base sobre la cual pueden adop tar sus decisiones los jueces y funcionarios
administrativos.
a) Medidas judiciales civiles
Uno de los principios fundamentales del procedimiento civil de la República de
Bulgaria es el de la participación de las partes:  éstas son oídas antes de dictarse lasentencia.  Los artículos 105 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
establecen que el demandante y el demandado disponen de múltiples y diversos
derechos que les dan la oportunidad de influir en el curso de los procedimientos:  el
derecho de cada una de las partes a ser informada de las alegaciones y objeciones de
la parte contraria;  el derecho de cada parte a exponer hechos, fundamentos y pruebasque el tribunal está obligado a tomar en consideración;  el derecho a asistir a las
sesiones del tribunal y a ser informadas de las órdenes que dicta fuera de sus
audiencias;  el derecho a participar en la obtención de pruebas y en la discusión de los
aspectos fácticos y jurídicos del asunto (la llamada "competición oral"), etc.
La sentencia que pone fin al proceso por infracción de derechos de propiedad
intelectual debe apoyarse únicamente en aquellas pruebas y fundamentos de hecho y
de derecho que el tribunal haya obtenido directamente y que las partes hayan tenido
oportunidad de tratar durante el procedimiento.  No tiene mayor importancia que su
inclusión resulte de la iniciativa de una u otra de las partes o del tribunal.  Lasentencia no debe basarse en pruebas ni fundamentos presentados después de
concluidos los alegatos orales.
El tribunal dicta sentencia cuando considera que el asunto ha sido cabalmente
aclarado desde el punto de vista de los hechos y del derecho (artículo 186 del Código
de Procedimiento Civil), después de examinar todas las pruebas referentes al caso y
ajustándose a su convicción íntima (párrafo 1 del artículo 188 del Código deProcedimiento Civil).  Las disposiciones legales no estipulan normas obligatorias
sobre la forma en que debe llegarse a las conclusiones, que deben apoyarse en las
pruebas obtenidas respecto del caso.  La autenticidad y la fuerza probatoria de cada
elemento de juicio deben considerarse teniendo presentes todos los datos referentes al
caso.  (En determinadas situaciones, la ley restringe la libre apreciación del tribunal:fuerza probatoria de los documentos oficiales previstos en el artículo 143 del Código
de Procedimiento Civil, o de las escrituras notariales sobre inmuebles conforme al
artículo 483 del mismo Código.)  Pero la convicción del tribunal, manifestada en su
sentencia, no puede ser arbitraria -debe expresar sus fundamentos- sino que debe
resultar de una secuencia de consideraciones lógicamente fundadas que exprese laevolución objetiva de los hechos y las relaciones típicas entre ellos.
b) Procedimiento penal administrativo
i) Etapa ante el órgano penal administrativo
El párrafo 4 del artículo 52 de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas dispone que el órgano penal administrativo, antes de dictar
decisión sobre las constancias administrativas y demás documentos
pertinentes, debe estudiar detenidamente la constancia administrativa, enIP/Q4/BGR/1
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particular su conformidad con la ley y su validez, y asimismo las objeciones y
las pruebas recabadas.  Cuando es preciso, el órgano penal administrativo
investiga las circunstancias que son objeto de controversia.
Si se comprueba que se ha cometido la infracción con culpa y no constituye
un caso insignificante, el órgano penal administrativo dicta la orden penal.
ii) Etapa ante el Tribunal Regional
Si la orden penal ha sido objeto de recurso, el tribunal examina sus
fundamentos recabando las pruebas admisibles y pertinentes.  Sobre la base
de su consideración, la sentencia del tribunal puede confirmar, modificar orevocar la orden penal (artículo 63 de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas).
Las decisiones de la Oficina de Patentes deben basarse en argumentos acerca
de los cuales las partes hayan sido debidamente informadas y hayan tenidooportunidad de ser oídas.  La decisión debe dictarse sin tomar en
consideración ninguna otra circunstancia.
10. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán
obligados a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judiciales yadministrativas en los procedimientos de obser vancia de los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse describir qué limitaciones jurídicas, si las hubiere, se imponen a la capacidad de una
de las partes en un procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual para
lograr que otra autoridad judicial proceda a la revisión tanto de las decisiones en materia de
procedimiento como de las decisiones finales, y citar las disposiciones legales en que se estipulandichas revisiones.
a) Medidas judiciales civiles
Los artículos 225 a 230 del Código de Procedimiento Civil establecen el recurso
jerárquico de revisión.  Se trata de un medio extraordinario de revisión de sentencias
judiciales que han quedado ejecutoriadas, incluidas las referentes a infracciones dederechos de propiedad intelectual.
i) El artículo 80 y el párrafo 1 del artículo 81, en conjunción con el párrafo 4 del
artículo 39 de la Ley sobre los Órganos Judiciales, disponen que el
procedimiento se inicia mediante solicitud escrita de una de las partes,presentada ante el tribunal de primera instancia que dictó la sentencia
recurrida.  Los procedimientos también pueden promoverse por el Fiscal
General.  Los recursos y las alegaciones son de competencia del Tribunal
Supremo (en su caso, el Supremo Tribunal de Apelaciones).
ii) Los fundamentos para la admisión de recurso jerárquico de revisión consisten
en la existencia de las infracciones previstas en los puntos a), b) y d) del
artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, es decir:  sentencia contraria
a la ley, infracción importante de los requisitos procesales, o falta de
fundamento suficiente en la sentencia del tribunal.  En el recurso jerárquicode revisión, la competencia es similar a la del tribunal de primera instancia
(párrafo 1 del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil).  Cuando se
revoca la sentencia por infracción importante de los requisitos procesales
(párrafo b) del artículo 207 del Código de Procedimiento Civil), el tribunal
que resuelve el recurso dicta sentencia sobre el fondo del asunto.  Sólo puedeIP/Q4/BGR/1
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devolver el asunto al tribunal de primera instancia para un nuevo juzgamiento
si resulta difícil la obtención de pruebas complementarias.
b) Medidas administrativas
Si el Tribunal Regional confirma la orden penal emitida por el órgano administrativo,
el infractor puede  pedir su revocación al Tribunal de Distrito mediante el recurso
jerárquico de revisión.  El Fiscal de Distrito también puede interponer el mismo
recurso.  El Tribunal de Distrito examina el asunto en sesión a puerta cerrada.  Si
resuelve revocar la orden penal, dicta sentencia sobre el fondo del asunto.  Esa
sentencia no admite recurso ulterior.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
11. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los procedimientos seguidos en cada tipo de tribunal y órganoadministrativo mencionado en la pregunta 1 para notificar a las partes demandadas los
procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información comunicada acerca
del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen estos
procedimientos.
a) Medidas judiciales civiles
Los párrafos 1 y 2 del artículo 98 del Código de Procedimiento Civil disponen que la
demanda, incluida la que corresponde a infracciones de derechos de propiedad
intelectual, para que sea examinada por el tribunal, debe especificar:  el tribunal;  elnombre y domicilio del demandante y del demandado y de sus representantes legales,
en su caso;  la cuantía del asunto (cuando se considera que la tiene);  la descripción de
las circunstancias en que se basa la demanda;  y el contenido de ésta.  La demanda
debe ser firmada por el demandante.  Éste debe indicar todas sus pruebas y presentar
las pruebas escritas.  El párrafo b) del artículo 99 del Código de Procedimiento Civil
dispone que el demandante debe adjuntar copias de la demanda en número igual al de
demandados.  De este modo, el demandado que recibe una copia de la demanda yqueda informado de las pruebas presentadas por el demandante.
b) Medidas administrativas
Las constancias administrativas de infracción de derechos de propiedad intelectual,
así como las demás constancias y órdenes, se formulan de conformidad con los
requisitos de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas.  El derecho de
defensa del infractor es uno de los principios básicos de los procedimientos
administrativos, establecidos en la Ley citada.
i) Constancias administrativas expedidas en presencia del infractor
La constancia de comprobación de una infracción se formula en presencia del
infractor y de testigos presentes en el momento de verificarse la infracción
(párrafo 1 del artículo 40 de la Ley de Infracciones y SancionesAdministrativas).  La constancia, una ve z firmada por el funcionario que la ha
formulado y por los testigos, se entrega al infractor a fin de que conozca su
contenido y la firme (párrafo 1 del artículo 43 de la Ley de Infracciones y
Sanciones Administrativas).  El infractor puede consignar por escrito sus
objeciones a la constancia, ya sea inmediatamente después de la formulaciónIP/Q4/BGR/1
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de ésta o en un plazo de tres días.  En caso de que indique pruebas escritas o
materiales, éstas se agregan de oficio en la medida en que sea posible
(párrafos 1 y 2 del artículo 44 de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas).
ii) Constancias administrativas formuladas en ausencia del infractor
Cuando el infractor es conocido pero no es posible encontrarle o no se
presenta para que la constancia se formule en su presencia a pesar de haber
sido convocado, la constancia se formula en su ausencia con participación de
dos testigos (párrafo 2 del artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas).  A continuación, la constancia administrativa se envía a laadministración municipal correspondiente.  Cuando la constancia
administrativa se formula en presencia del infractor y éste la firma, se le
entrega una copia mediante recibo, en la que se consigna expresamente la
fecha de la firma (párrafos 4 y 5 del artículo 43 de la Ley de Infracciones y
Sanciones Administrativas).  Pueden formularse objeciones por escrito a laconstancia dentro de los tres días siguientes a la firma (artículo 44 de la Ley
de Infracciones y Sanciones Administrativas).
El párrafo 2 del artículo 52 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas
establece garantías para la aplicación de los requisitos mencionados.  Si el órganopenal administrativo comprueba que la constancia administrativa no se ha entregado
al infractor, la devuelve de inmediato a la autoridad administrativa que la ha
formulado.  Si se ha dictado una orden penal a pesar de no haberse entregado la
constancia administrativa al infractor, ello constituye fundamento suficiente para que
el Tribunal Regional revoque la orden administrativa por ser contraria a la ley.
12. En el artículo 42 se estipula también que las partes en los procedimientos de observancia
de los derechos de propiedad intelectual podrán  estar representadas por un abogado y no se les
impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales.
Sírvanse describir cualesquiera limitaciones que existen con arreglo a las leyes de Bulgaria a la
capacidad de una de las partes en dicho procedimiento para estar representada por un abogado
independiente y cualquier obligación que se imponga a la parte para que comparezcapersonalmente en un procedimiento.  Sírvanse citar las disposiciones legales por las que se
establecen dichas limitaciones y se imponen esas obligaciones.
a) Medidas judiciales civiles
i) Representación
Los principios de la representación en los procedimientos judiciales civiles
(artículo 20 del Código de Procedimiento Civil), aplicables igualmente a los
casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, establecen que laspartes pueden estar representadas:
- por un abogado;- por sus progenitores, sus hijos o su cónyuge;- por juristas u otros empleados con formación jurídica de las oficinas,
empresas e instituciones;
- por otras personas indicadas en las leyes.IP/Q4/BGR/1
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El artículo 40 del Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece
que las organizaciones de administración colectiva del derecho de autor
pueden representar judicialmente a sus asociados.  El artículo 73, en
conjunción con el artículo 40 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, establece que las organizaciones de administración colectiva de losderechos conexos pueden representar judicialmente a sus asociados.
ii) Requisitos de comparecencia personal
Con respecto a los requisitos de comparecencia personal de las partes en los
asuntos judiciales, se aplican igualmente los principios generales del
procedimiento judicial civil.
Si una parte debidamente convocada no se encuentra presente, ello no
constituye obstáculo para el juzgamiento del asunto.  El tribunal aplaza la
vista de la causa si una de las partes o su representante no se encuentra
presente por enfermedad u otra razón válida (artículo 107 del Código deProcedimiento Civil).  Sin embargo, el tribunal puede disponer la
comparecencia personal de una parte a fin de interrogarla sobre determinadas
circunstancias del asunto.  El tribunal puede ordenar la comparecencia
personal de una de las partes a solicitud de la parte contraria o de oficio
(artículo 114 del Código de Procedimiento Civil).
La infracción de las disposiciones citadas acerca de la participación de las
partes o sus representantes en los procedimientos judiciales constituye
fundamento para la apelación contra la sentencia del tribunal;  y si ha
quedado ejecutoriada, para la anulación del proceso y la revocación de lasentencia (artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil).
b) Medidas penales administrativas
i) Representación
Son aplicables los principios generales del Código de Procedimiento Penal
sobre la participación de un asesor jurídico (del infractor) y de un
representante autorizado del titular de los derechos de propiedad intelectual
que ha demandado por indemnización de daños y perjuicios (artículos 67 y
siguientes del Código de Procedimiento Penal, en conjunción con el
artículo 84 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas).
ii) Requisitos de comparecencia personal
La ausencia del titular de los derechos de propiedad intelectual que ha
demandado por indemnización de daños y perjuicios no constituye obstáculopara el juzgamiento del asunto.  El tribunal da comienzo al juicio cuando no
se encuentra al titular de los derechos de propiedad intelectual en el domicilio
que ha constituido (párrafo 2 del artículo 61 de la Ley de Infracciones y
Sanciones Administrativas).
La legislación sobre propiedad industrial no requiere la participación personal
de las partes en los procedimientos administrativos sobre observancia.  Cada
parte puede estar representada por un agente de propiedad industrial
habilitado (artículo 3 de la Ley de Patentes y artículo 48 de la Ley de Marcas
de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales), y en su casoIP/Q4/BGR/1
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por un agente de propiedad intelectual (artículo 5 de la Ley de Protección de
las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).
13. Con arreglo al artículo 42, las partes estarán facultadas para sustanciar sus alegaciones
y presentar las pruebas pertinentes.  Sírvanse describir cualesquiera limitaciones previstas enlas leyes de Bulgaria a la capacidad de una de las partes de sustanciar una alegación o de
presentar pruebas pertinentes y citar las disposic iones legales que establecen dichas limitaciones
Véanse las respuestas a las preguntas 9 y 11.  La legislación de Bulgaria no establece
limitaciones al derecho de las partes de sustanciar sus alegaciones y de presentar pruebas pertinentes.
14. En el artículo 42 se estipula, con una pequeña excepción, que deberán preverse medios
para identificar y proteger la información confidencial durante los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.  Sírvanse describir los
medios previstos en las leyes de Bulgaria para que las partes identifiquen y protejan la
información confidencial que debe presentarse a fin de probar sus alegaciones y citar las
disposiciones legales en que se establece dicha identificación y protección.
a) Medidas judiciales civiles
La legislación de Bulgaria establece procedimientos judiciales civiles, que incluyen
los referentes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, que estipulanmedios para determinar y proteger la información confidencial en conformidad con el
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.  La vista de las causas se lleva a cabo
generalmente en audiencias públicas.  Si existe la preocupación de que la vista
pública de la causa pueda resultar perjudicial para el interés público o la vida privada
de las partes, el tribunal puede disponer, de oficio o a solicitud de cualquiera de laspartes, que la vista de la causa se efectúe a puerta cerrada.  Tal decisión puede
referirse solamente a una parte del procedimiento judicial:  por ejemplo, a la etapa en
que se presentan las pruebas.  En esa etapa, el juez sólo autoriza a participar en la
vista de la causa a las partes, sus abogados, los peritos y los testigos, así como otras
personas (párrafo 2 del artículo 105 del Código de Procedimiento Penal).
b) Medidas penales administrativas
Por regla general, las audiencias son públicas.  El artículo 262 del Código de
Procedimiento Penal dispone que sólo determinadas medidas judiciales pueden
adoptarse en sesión a puerta cerrada.
15. En el párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que las
autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que una de las partes en un
procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual aporte la prueba
pertinente que se encuentre bajo su control y que  haya sido identificada por la parte contraria
cuando esta última haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga parasustentar sus alegaciones.  Sírvanse describi r cómo, y en qué condiciones, los jueces y
funcionarios administrativos pueden ordenar que se aporten pruebas pertinentes en los
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual y citar las disposiciones
legales relativas a dichas órdenes.
a) Medidas judiciales civiles
Los principios generales del procedimiento civil de Bulgaria se aplican respecto de la
prueba en los asuntos sobre infracción de derechos de propiedad intelectual.IP/Q4/BGR/1
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Las partes establecen las circunstancias en que fundan sus alegaciones y sus
excepciones (artículo 127 del Código de Procedimiento Civil).
Cada parte (en particular, en los asuntos sobre infracción de derechos de propiedad
intelectual) puede pedir que la parte contraria presente un documento que tenga en supoder.  El artículo 152 del Código de Procedimiento Civil establece que las pruebas
se admiten si las partes justifican su importancia respecto de la dilucidación del
litigio.
Las partes pueden pedir que un tercero que no participa en los procedimientos
presente un documento que tenga en su poder.   El tribunal dicta una decisión sobre la
admisión del documento sobre la base de la solicitud escrita de la parte interesada.  Seremite al tercero interesado una copia de la decisión a fin de que presente el
documento (artículo 153 del Código de Procedimiento Civil).
b) Medidas administrativas
Constituye responsabilidad del órgano penal administrativo recabar pruebas y
demostrar la culpabilidad del infractor,  así como la existencia de infracción
administrativa (artículo 84 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas, en
conjunción con el párrafo 1 del artículo 14 del Código de Procedimiento Penal).
Las pruebas se diligencian de oficio o a solicitud de la parte interesada (artículo 114
del Código de Procedimiento Civil).  En este sentido, la parte que representa al
Ministerio de Cultura o el titular de los derechos de propiedad intelectual que
demanda indemnización de daños y perjuicios puede pedir al tribunal el
diligenciamiento de pruebas.
Las autoridades judiciales pueden ordenar que las instituciones oficiales, funcionarios
y ciudadanos presenten objetos y libros relacionados con el asunto (artículo 133 del
Código de Procedimiento Penal).
16. La información cuya aportación puede ordenarse, a que se hace referencia en la
pregunta 15, debe estar protegida si tiene un carácter confidencial.  Sírvanse describir losmedios existentes en las leyes de Bulgaria a fin de proteger dicha información y citar la
disposición legal en la que se establece dicha protección, si esos medios difieren de los que se han
descrito en la respuesta a la pregunta 14.
Véase la respuesta a la pregunta 14.
17. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue
el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales o administrativas, esas
autoridades estarán facultadas para formular determinaciones preliminares y definitivas
contrarias a dicha parte.  Sírvanse describir qué sanciones puede imponerse a una parte que seha negado a aportar la información como se había ordenado y en qué condiciones se imponen
las sanciones mencionadas, citando la disposición legal en que se prescriben dichas sanciones.
a) Medidas judiciales civiles
El párrafo 1 del artículo 127 del Código de Procedimiento Civil dispone que las
partes están obligadas a establecer las circunstancias en que apoyan sus alegaciones y
excepciones.  Son de aplicación al respecto las siguientes disposiciones del Código de
Procedimiento Civil:IP/Q4/BGR/1
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i) cada parte puede pedir que la parte contraria presente un documento que
tenga en su poder.  Para que se admitan las pruebas se requiere que la parte
justifique su importancia respecto de la dilucidación del litigio (artículo 152
del Código de Procedimiento Civil);
ii) los hechos respecto de los cuales una de las partes haya puesto obstáculos
para que se acrediten o se haya rehusado a responder o haya dado respuestas
imprecisas y obscuras podrán considerarse probados teniendo en cuenta las
circunstancias del caso (párrafo 2 del artículo 128 del Código de
Procedimiento Civil);
Las partes pueden pedir que un tercero que no participa en los procedimientos
presente un documento en su poder.  El tribunal debe dictar una decisión
sobre la admisibilidad del documento, basándose en la solicitud escrita del
interesado.  Se remite al tercero una copia de esa decisión, dándole un plazo
para presentar el documento (artículo 153 del Código de Procedimiento
Civil).  Si el tercero omite presentar el documento conforme a lo dispuestopor el tribunal, éste le impone una sanción pecuniaria (artículo 73 del Código
de Procedimiento Civil).
El Código de Procedimiento Civil establece disposiciones referentes a la
prueba testimonial:
iii) el artículo 135 del Código de Procedimiento Civil dispone que nadie está
facultado para negarse a prestar declaración como testigo, salvo en varios
casos expresamente estipulados en la ley (se refieren a los parientes de las
partes por ascendencia o descendencia directas o por matrimonio, etc., asícomo a los casos en que el testimonio de la persona puede causarle perjuicios
o dar lugar a procedimientos penales contra ella o sus parientes, etc.);
iv) el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil dispone que el testigo debe
prestar juramento de decir verdad y que incurre en responsabilidad penal por
falso testimonio con arreglo al artículo 290 del Código Penal;
v) los artículos 71 y 72 del Código de Procedimiento Civil establecen la
responsabilidad de las personas convocadas como testigos en caso de que
omitan comparecer o se nieguen a presentar pruebas sin fundamentos válidos
(sanciones pecuniarias y conducción coercitiva ante el tribunal);
vi) el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil dispone que el testimonio
de los parientes y de cualquier otra persona que tenga interés en favor o en
contra de una de las partes se tomará en consideración por el tribunal teniendo
en cuenta todos los datos relativos al caso y teniendo presentes sus posibles
intereses.
b) Medidas penales administrativas
El artículo 84 del Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas dispone que en la
etapa judicial de los procedimientos penales administrativos se aplicansubsidiariamente las normas del Código de Procedimiento Penal.  Interesan a este
respecto las siguientes disposiciones de ese Código referentes a la prueba, sobre todo
a las justificaciones del demandado (infractor en los procedimientos penales
administrativos sobre derechos de propiedad intelectual) y a la prueba testimonial:IP/Q4/BGR/1
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i) las alegaciones del infractor son de importancia para revelar la verdad
objetiva acerca de la infracción.  El tribunal debe tomarlas en consideración
teniendo en cuenta el interés de la persona.  El infractor puede rehusarse a dar
explicaciones (artículos 87 y siguientes del Código de Procedimiento Penal,
en conjunción con el artículo 84 de la Ley de Infracciones y SancionesAdministrativas);
ii) el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal dispone que únicamente
pueden negarse a prestar testimonio el cónyuge, los ascendientes, los
descendientes y los hermanos del acusado;
iii) toda persona convocada por el tribunal en carácter de testigo está obligada a
comparecer, decir todo cuanto conozca acerca del caso y responder a las
preguntas que se le formulen (artículo 95 del Código de Procedimiento
Penal).  El tribunal debe advertir al testigo acerca de su responsabilidad por
falso testimonio con arreglo al artículo 290 del Código Penal.  El testigo debe
prometer que declarará con exactitud todo cuanto conozca acerca del caso(artículo 98 del Código de Procedimiento Penal).
18. En el párrafo 1 del artículo 44 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción o
para conseguir este resultado de otra manera, entre otras cosas impidiendo que los productosinfractores entren en los circuitos comerciale s de su jurisdicción.  Sírvanse describir la
autoridad de que disponen los jueces y los funcio narios administrativos a que se hace referencia
en la pregunta 1 para ordenar a las partes que desistan de sus infracciones y para impedir que
los productos infractores entren en los circuitos  comerciales de su jurisdicción, inmediatamente
después del despacho de aduana de los mismos.  Además, sírvanse citar las disposiciones legales
por las que se autorizan estas medidas.
a) Medidas administrativas
Las medidas que pueden ordenar las autoridades judiciales varían según la naturaleza
de la demanda.  La legislación de Bulgaria establece las siguientes acciones civiles
para la protección de los derechos de propiedad intelectual que son objeto deinfracción:
i) La acción establecida en el artículo 94 de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos (indemnización de daño s y perjuicios), en relación con el
artículo 45 de la Ley de Obligaciones y Contratos, se apoya en el principiofundamental de la legislación civil conforme al cual todas las personas están
obligadas a reparar los perjuicios a terceros causados con culpa.  Cuando el
tribunal hace lugar a esa acción, su sentencia establece una reparación.  El
criterio por el que se determina su cuantía se basa en la suma que el
demandante habría percibido en caso de haberse firmado un contrato para lautilización de la obra.
Los requisitos de la acción son los siguientes:- la infracción del derecho de autor o de un derecho conexo;- la existencia de culpa en la infracción;- la existencia de perjuicios causados por la infracción;IP/Q4/BGR/1
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- la relación causal directa entre la infracción y los perjuicios.
Se presume la existencia de culpa salvo prueba en contrario (párrafo 2 del
artículo 45 de la Ley de Obligaciones y Contratos).  La cuantía de los
perjuicios sufridos debe probarse por el demandante.  Corresponde laindemnización por los perjuicios patrimoniales y no patrimoniales (siempre
que tengan relación directa con la infracción), así como la reparación de las
pérdidas directas y del lucro cesante.
ii) La acción prevista en el párrafo 1 del artículo 95 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos (represión de la utilización ilegítima).  El único
requisito de la acción por uso ilegítimo es que la obra amparada por elderecho de autor haya sido objeto de un uso no autorizado por el titular ni por
una disposición legal exclusiva.  Corresponde al demandante acreditar que es
titular del derecho objeto de infracción (derecho de autor o derecho conexo),
así como el hecho de la infracción misma (que debe existir en el momento
respectivo).  La sentencia del tribunal respecto de la acción (en caso de hacerlugar a ella) puede limitar o prohibir la utilización no autorizada de la obra.
iii) La acción prevista en el párrafo 2 del artículo 95 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos.  El tribunal está facultado para ordenar la
incautación y destrucción de las copias de la obra producidas ilegítimamente,inclusive negativos, copias maestras, tipos de imprenta y otros elementos
utilizados con fines de copia.
Los requisitos para incoar demanda ante el tribunal y para que se haga lugar a la
acción son los siguientes:
- que la obra haya sido utilizada en violación de las disposiciones de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos;
- el demandante debe acreditar sus derechos respecto de la obra, adquiridos
originalmente u otorgados por el autor con carácter exclusivo;
- el demandado debe ser el propietario de las copias de la obra producidas
ilegítimamente o, en su caso, de los medios utilizados para realizarlas.  No se
requiere que la infracción se haya cometido con culpa ni que se haya causado
perjuicio.
iv) La acción prevista en el párrafo 3 del artículo 95 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos.  En caso de hacerse lugar a ella, el tribunal está
facultado para ordenar la incautación e inutilización del equipo de copia y
reproducción usado exclusivamente para cometer infracciones.  Se aplican a
este caso las observaciones antes formuladas respecto de la disposición delpárrafo 2 del artículo 95.  La diferencia consiste en la naturaleza de los
objetos incautados y en el objeto de la acción:  los bienes pueden ser
incautados, pero no destruidos.
v) La acción prevista en el párrafo 4 del artículo 95 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos.  Esta acción tiene por objeto la adjudicación de
las copias de la obra producidas ilegítimamente, inclusive negativos, copias
maestras, tipos de imprenta y otros elementos, por un precio igual a su costo
real.  Estas medidas se disponen por sentencia judicial respecto de la
demanda.IP/Q4/BGR/1
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Las acciones mencionadas corresponden a la competencia de los Tribunales de
Distrito.  Además de ellas, el titular del derecho de autor o de derechos conexos
cuenta con otras dos acciones de carácter más general:
vi) La acción prevista en el párrafo 1 del artículo 97 del Código de
Procedimiento Civil, tendiente a determinar quién es el autor de la obra de
que se trata, o en su caso el intérprete o ejecutante, productor, etc.  Su
condición es que se controvierta la calidad de autor u otras circunstancias en
que el demandante funda sus derechos.  El tribunal, en su sentencia, declara:
- que el demandante es el autor (al hacer lugar a una acción declarativa
positiva);  o bien
- que el demandante no es el autor (al hace lugar a una acción
declarativa negativa).
vii) La acción por enriquecimiento sin causa con arreglo del artículo 59 de la Ley
de Obligaciones y Contratos.  Es requisito de esta acción judicial que el
demandado se haya enriquecido a costa del autor.  No se requiere la
existencia de culpa.  Sólo se utiliza esta acción cuando el demandante no
dispone de otras.
b) Medidas penales administrativas
El Decreto Nº 87/1997 (Gaceta del Estado Nº 35/1996) del Gobierno de Bulgaria,
modificado por el Decreto Nº 164/1997 (Gac eta del Estado Nº 34/97), estableció un
régimen de registro y certificación de los derechos de uso de los objetos amparados
por el derecho de autor, incluidas su importación y exportación.  Al aplicar las
disposiciones de los Decretos citados, las autoridades de aduanas, en caso de
comprobar infracciones de derechos de propiedad intelectual, las comunican a las
autoridades del Ministerio de Cultura o a la Fiscalía para la iniciación de las medidas
penales administrativas correspondientes, o de los procedimientos judiciales
preliminares, en su caso.
Cuando se ha dictado una orden penal administrativa con arreglo a la Ley de
Infracciones y Sanciones Administrativas y ésta ha sido apelada ante el Tribunal
Regional competente, el Tribunal puede confirmarla, modificarla o revocarla
(artículo 63 de la Ley de Infracciones y Sanc iones Administrativas).  El Tribunal sólo
puede dictar su decisión en el marco de la orden penal administrativa, sin imponer
ninguna sanción nueva ni diferente.  Actualmente, la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos establece sanciones pecuniarias de entre 20.000 y 200.000 leva.
En caso de segunda o ulterior infracción, las multas son de entre 100.000 y
500.000 leva.   En caso de infracciones sistemáticas, se clausuran los locales en quese hayan cometido las infracciones del derecho de autor y los derechos conexos.
(artículo 97 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).
19. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1
con referencia a la utilización por el Gobierno, o por terceros autorizados por el Gobierno,limitándose el recurso contra la infracción  al pago de una compensación adecuada de
conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las
limitaciones a los recursos de esta clase que existen en las leyes de Bulgaria y citar las
disposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.IP/Q4/BGR/1
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El artículo 26 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos dispone que los autores de
obras grabadas en soportes de sonidos o de vídeo, así como los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas
interpretaciones o ejecuciones han sido grabadas y los productores de tales grabaciones, tienen
derecho a remuneración cuando sus grabaciones se efectúen para el uso personal.  La remuneración se
paga con cargo a los fabricantes o importadores de soportes vírgenes de grabaciones de sonidos o desonidos e imágenes y equivale al 5 por ciento de su precio percibido por el fabricante en el país o del
valor en aduana si se trata de soportes importados.
20. En el párrafo 1 del artículo 45 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un
resarcimiento adecuado para compensar el daño que  éste haya sufrido debido a una infracción.
Sírvanse describir la autoridad de los jueces y de los funcionarios administrativos a que se hacereferencia en la pregunta 1 para ordenar a una parte considerada como infractora que pague al
titular del derecho un resarcimiento adecuado pa ra compensar el daño que éste haya sufrido
debido a una infracción.  Sírvanse explicar los fact ores que se tienen en cuenta al fijar el monto
del resarcimiento y citar las disposiciones legales que autorizan las órdenes sobre el pago de
resarcimientos.
a) Medidas judiciales civiles
En lo que respecta a la competencia de las autoridades judiciales y administrativas
para ordenar al infractor que pague un resarcimiento adecuado para compensar eldaño causado por él, véase la respuesta a la pregunta 18.
b) Medidas penales administrativas
i) Procedimiento ante la autoridad penal administrativa
En esta etapa, el titular de los derechos de propiedad intelectual puede ser
indemnizado por los perjuicios que se le hayan causado si los ha reclamado
antes de dictarse la orden penal administrativa (artículo 45 de la Ley de
Infracciones y Sanciones Administrativas).
ii) Procedimiento ante el Tribunal Regional
Con respecto a los procedimientos ante el Tribunal Regional, son aplicables
las disposiciones de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas.  Las
normas del Código de Procedimiento Penal se aplican subsidiariamente
(artículo 84 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas).
El titular de derechos de propiedad intelectual puede apelar la orden penal
administrativa si no le satisface la cuantía de la indemnización impuesta al
infractor o la no imposición a éste de la indemnización de los daños causados.
El Tribunal de la Ciudad de Sofía es la autoridad competente en materia de
indemnización referente a patentes y certificados de obtenciones vegetales
(artículos 28 y 64 de la Ley de Patentes y artículos 29 y 51 de la Ley de
Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales).
Los Tribunales de Distrito son competentes respecto de los asuntos referentesa derechos registrados de marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos
industriales y denominaciones de origen (artículo 51 de la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales).IP/Q4/BGR/1
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21. En el párrafo 2 del artículo 45 se estipula que los jueces y los funcionarios
administrativos estarán facultados para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho,
que pueden incluir los honorarios de los abogados.  Sírvanse describir la autoridad de los jueces
y funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar el pago
de los gastos del titular del derecho, las condiciones en que puede dictarse dicha orden, losfactores que se tienen en cuenta al fijar el mo nto de los gastos, y citar las disposiciones legales
por la que se autorizan dichos pagos.
a) Medidas judiciales civiles
Además de los derechos oficiales (que deben pagarse al presentar la demanda
conforme a las disposiciones del párrafo b) del artículo 99 del Código deProcedimiento Civil), en todos los procedimientos judiciales civiles, y en particular
los referentes a derechos de propiedad intelectual, las partes deben pagar los gastos de
convocación de testigos, peritajes e inspecciones (artículo 59 del Código de
Procedimiento Civil).  Esos gastos se determinan por el tribunal y se pagan por la
parte que los ha solicitado.  En lo que respecta a la remuneración de los testigos queson trabajadores y empleados, se tiene en cuenta el salario diario medio, así como los
gastos de transporte y de otra índole (párrafo 1 del artículo 61 del Código de
Procedimiento Civil).  Los gastos correspondientes a los peritos se establecen sobre la
base de la labor realizada y los gastos efectuados (artículo 62 del Código de
Procedimiento Civil).
Al dictar sentencia que hace lugar a la demanda, el tribunal impone al demandado los
gastos realizados (párrafo 3 del artículo 63 de Código de Procedimiento Civil).  El
demandado debe pagar los gastos del demandante por concepto de derechos oficiales
y honorarios de un abogado en proporción a la parte de la demanda a la que se hahecho lugar (artículo 64 del Código de Procedimiento Civil).  El demandado también
puede reclamar el reembolso de sus gastos en proporción a la parte de la demanda que
haya sido desestimada (párrafo 2 del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil).
b) Medidas penales administrativas
La cuantía de los gastos se determina por el tribunal (párrafo 1 del artículo 168 del
Código de Procedimiento Civil, en conjunción con el artículo 84 de la Ley de
Infracciones y Sanciones Administrativas).
Si se confirma judicialmente la orden pe nal administrativa, el tribunal condena al
infractor de derechos de propiedad intelectual al pago de todos los gastos judiciales,incluidos los honorarios del abogado (párrafo 2 del artículo 169 del Código de
Procedimiento Civil, en conjunción con el artículo 84 de la Ley de Infracciones y
Sanciones Administrativas).  El artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en
conjunción con el artículo 84 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas,
dispone que, si se revoca la orden penal, los gastos son de cargo del Estado.
22. En el artículo 46 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán
facultados para ordenar, en ciertas circunsta ncias, otros recursos, en particular que las
mercancías sean apartadas de los circuitos come rciales, o que sean destruidas así como que se
destruyan los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para laproducción de los bienes infractores.  Sírvanse describir los demás recursos disponibles con
arreglo a las leyes de Bulgaria, las condiciones en que puede ejercerse dicha autoridad, los
factores que se tienen en cuenta al determinar el  carácter de los recursos disponibles, y citar las
disposiciones legales relativas a dichos recursos.IP/Q4/BGR/1
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a) Medidas administrativas
Véase la respuesta al punto a) de la pregunta 18.
b) Medidas penales administrativas
Véase la respuesta al punto b) de la pregunta 18.
La legislación de Bulgaria dispone la reelaboración o destrucción de las mercancías
infractoras, así como la destrucción de los instrumentos utilizados para la creación de esas mercancías
cuando la infracción ha sido cometida dolosamente (apartado 2 del párrafo 2 del artículo 28 de la Ley
de Patentes y párrafo 2 del artículo 29 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y lasNuevas Variedades Animales).
Con arreglo al artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, las mercancías
importadas o producidas en Bulgaria que llevan marcas de fábrica o de comercio infractoras, o que
han sido creadas utilizando dibujos y modelos industriales infractores o denominaciones de origenfalsas, están sujetas a confiscación en beneficio del Estado.
23. En el artículo 47 se estipula que los Miembros de la OMC podrán autorizar a los jueces
y a los funcionarios administrativos para que ordenen a los infractores que informen a los
titulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en laproducción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución.  Sírvanse describir toda autoridad de que dispongan los jueces y funcionarios
administrativos con arreglo a las leyes de Bulgaria para ordenar a los infractores que informen
a los titulares de los derechos sobre la identi dad de los terceros que hayan participado en la
producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos dedistribución, y describir las condiciones en que pue de ejercerse esa autoridad.  Sírvanse citar las
disposiciones legales relativas a dichos recursos.
a) Medidas judiciales civiles
La protección legal de los derechos de propiedad intelectual no impone la obligación
del infractor de informar al titular de los derechos acerca de la identidad de losterceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes
infractores.  No obstante, las disposiciones legales referentes a la prueba testimonial
contienen disposiciones a ese respecto:
i) el artículo 135 del Código de Procedimiento Civil dispone que nadie tiene
derecho a exceptuarse de prestar testimonio, salvo en los casos establecidos
expresamente por la ley (parentesco con las partes por ascendencia o
descendencia directas o por matrimonio, así como los casos en que la persona
se expone en virtud de su testimonio a sufrir perjuicios, enjuiciamiento penal,
etc., en ella misma o en personas vinculadas);
ii) el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil establece que los testigos
deben comprometerse a decir la verdad.  El artículo 290 del Código Penal
establece que los testigos incurrirán en responsabilidad penal por falso
testimonio.  Están obligados a dar a conocer al tribunal todos los datos de suconocimiento acerca de la identidad de las personas participantes en el
proceso de reproducción y distribución de las copias ilegales de las obras
objeto de infracción;IP/Q4/BGR/1
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iii) los artículos 71 y 72 del Código de Procedimiento Civil establecen la
responsabilidad de los testigos convocados ante el tribunal (mediante multas o
conducción coercitiva) en caso de que no comparezcan o se nieguen a prestar
testimonio sin fundamento válido;
iv) el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil establece que el testimonio
prestado por los parientes y cualquier otra persona interesada en favor o en
contra de una de las partes deberá considerarse en relación con todas las
pruebas referentes al asunto y teniendo en cuenta el interés de esas personas.
Existen otras disposiciones acerca de las pruebas en el procedimiento civil que
establecen medidas a este respecto.  Teniendo en cuenta el principio general de quecada una de las partes está obligada a acreditar las circunstancias en que funda sus
alegaciones y excepciones, conforme a lo establecido en el párrafo 1 del artículo 127
del Código de Procedimiento Civil, deben tenerse en cuenta las siguientes
disposiciones:
v) el párrafo 2 del artículo 128 del Código de Procedimiento Civil establece que
los hechos respecto de los cuales una parte interviniente en un asunto sobre
derechos de propiedad intelectual haya creado obstáculos para su obtención,
se haya negado a responder o haya dado respuestas evasivas u obscuras
podrán admitirse por el tribunal como hechos probados, teniendo en cuentalas circunstancias del caso;
vi) el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil establece que cada parte
puede pedir que la parte contraria presente documentos que tenga en su poder.
Es requisito para la admisibilidad de tales pruebas que la parte justifique supertinencia para la dilucidación del litigio;
vii) el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil dispone que cada parte
puede pedir que un tercero no interviniente en los procedimientos presente un
documento que tenga en su poder.  El tribunal resuelve acerca de la
incorporación del documento sobre la base de una petición escrita, de la cual
se remite copia a la persona que tiene en su poder el documento con un plazopara que lo presente.  Si el tercero omite presentar el documento requerido, el
tribunal le impone una multa (artículo 73 del Código de Procedimiento Civil).
b) Medidas penales administrativas
El artículo 84 del Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas dispone que en la
etapa judicial de los procedimientos penales administrativos se aplican
subsidiariamente las normas del Código de Procedimiento Penal.  Interesan a este
respecto las siguientes disposiciones de ese Código referentes a las defensas del
demandado (infractor en los procedimientos penales administrativos sobre derechosde propiedad intelectual) y a la prueba testimonial:
i) las alegaciones del infractor son de importancia para revelar la verdad
objetiva acerca de la infracción.  El tribunal debe tomarlas en consideración
teniendo en cuenta el interés de la persona.  El infractor puede rehusarse a darexplicaciones (artículos 87 y siguientes del Código de Procedimiento Penal,
en conjunción con el artículo 84 de la Ley de Infracciones y Sanciones
Administrativas);IP/Q4/BGR/1
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ii) el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal dispone que únicamente
pueden negarse a prestar testimonio el cónyuge, los ascendientes, los
descendientes y los hermanos del acusado;
iii) toda persona convocada por el tribunal en carácter de testigo está obligada a
comparecer, decir todo cuanto conozca acerca del caso y responder a las
preguntas que se le formulen (artículo 95 del Código de Procedimiento
Penal).  El tribunal debe advertir al testigo acerca de su responsabilidad por
falso testimonio con arreglo al artículo 290 del Código Penal.  El testigo debe
prometer que declarará con exactitud todo cuanto conozca acerca del caso
(artículo 98 del Código de Procedimiento Penal).
24. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto a
las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a
medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de
buena fe para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.  Sírvanse explicar toda exención
de las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad por abuso en losprocedimientos de observancia, describir las circunstancias en que no se aplicarían dichas
limitaciones, y citar las disposiciones legales  con arreglo a las cuales se conceden esas
exenciones.
El párrafo 1 del artículo 1 de la Ley sobre la Responsabilidad del Estado por los Perjuicios
Causados a los Ciudadanos dispone que el Estado es responsable ante los ciudadanos de la
indemnización de los perjuicios que les causen los actos u omisiones de carácter ilícito de los
organismos del Estado o de sus funcionarios en el desempeño de sus deberes administrativos.  La
persona perjudicada puede demandar por indemnización de daños y perjuicios ante el tribunal
correspondiente al lugar en que se produjo la infracción o a su propio domicilio.  El párrafo 2 delmismo artículo dispone que la revocación de la respectiva orden administrativa (general o particular),
en la forma correspondiente, constituye una condición para hacer valer la responsabilidad del Estado.
El artículo 5 de la Ley citada dispone que las autoridades y funcionarios del Estado sólo
quedan exentos de responsabilidad cuando los perjuicios se causaron por culpa explícita de la persona
que los ha sufrido.
Medidas provisionales
25. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y
eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedadintelectual.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados en
el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse informar acerca de las
medidas provisionales de que se dispone a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse citar la disposición legal pertinente por la que se establecen estos recursos
provisionales.
Las autoridades judiciales búlgaras están facultadas para ordenar la adopción de medidas
provisionales rápidas y eficaces para evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de
propiedad intelectual, conforme a los párrafos 1 y 8 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las disposiciones de los artículos 308 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
establecen el procedimiento para la solicitud de medidas cautelares, que es aplicable para evitar que se
produzca la infracción de derechos de propiedad intelectual.IP/Q4/BGR/1
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El procedimiento de las medidas cautelares tiene por objeto otorgar una protección del
derecho que es objeto de infracción durante la tramitación judicial del asunto.  Está permitida la
solicitud de medidas cautelares respecto de demandas futuras.  El procedimiento se inicia a solicitud
de la parte interesada (titular de derechos de propiedad intelectual).  La solicitud, formulada por
escrito, se presenta ante el Tribunal de Distrito que juzga la cuestión de fondo.  La solicitud sepresenta ante el Tribunal Regional del domicilio del demandante o el correspondiente a la ubicación
del bien inmueble que ha de constituir la garantía si se refiere a un juicio cuya demanda ha de
presentarse posteriormente (artículo 309 del Código de Procedimiento Civil).  El tribunal determina
en qué plazo debe incoarse la demanda.  Si no se observa ese plazo, el tribunal anula la medida
cautelar.  La solicitud debe especificar la medida cautelar y la cuantía del asunto.
Se disponen medidas cautelares cuando ha de resultar imposible o difícil para el demandante
(titular de derechos de propiedad intelectual) hacer valer sus derechos después de dictada la sentencia
judicial.  El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil establece garantías firmes contra el abuso.
La solicitud debe estar apoyada por pruebas escritas.  El tribunal puede disponer que el solicitante
constituya una garantía.
Para ordenar la adopción de medidas provisi onales rápidas y eficaces, el tribunal dicta
decisión sobre la solicitud a puerta cerrada en la misma fecha de su presentación.
El artículo 316 del Código de Procedimiento Civil dispone que la medida cautelar se llevará a
cabo mediante medidas adecuadas:  embargo de bienes inmuebles, embargo de bienes muebles y decréditos del demandado (infractor), así como otras medidas adecuadas establecidas por el tribunal.
Pueden disponerse varias medidas cautelares por la cuantía total indicada en la solicitud.  El
artículo 317 del Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de sustitución de una medida
cautelar por otra.  Tal sustitución se efectúa a solicitud de una de las partes, previa notificación de ella
a la parte contraria y examen por el tribunal de las objeciones de la segunda.
El embargo de créditos se traba por el oficial de justicia a solicitud del demandante, mediante
orden del tribunal.  La traba del embargo se notifica al demandado.  El párrafo 2 del artículo 319 del
Código de Procedimiento Civil establece los procedimientos de embargo de bienes muebles e
inmuebles.  Los párrafos 1 y 2 del artículo 345 establecen las obligaciones resultantes del embargo de
bienes inmuebles y del embargo de bienes muebles.
26. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán autorizadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas
y eficaces destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infracción.  Sírvanse determinar las medidas provisionales de que se dispone para preservar las
pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción y citar la disposición legalpertinente.
La parte interesada puede pedir al Tribunal que disponga medidas provisionales para
preservar las pruebas pertinentes en caso de que existan posibilidades de que las pruebas se pierdan o
resulte difícil obtenerlas.
Las disposiciones del artículo 166 del Código de Procedimiento Civil establecen que el
procedimiento para la preservación de pruebas debe iniciarse a solicitud de la parte interesada (el
titular de derechos de propiedad intelectual).  La solicitud debe presentarse ante el tribunal que juzga
el asunto y, si se trata de un juicio futuro, ante el tribunal correspondiente al domicilio del demandadoo a la ubicación del inmueble en que se ha de efectuar una inspección.  La solicitud se comunica
mediante copia a la parte contraria.  Si la solicitud es rechazada por decisión del tribunal, la parte
interesada puede interponer apelación contra tal decisión.  El tribunal puede iniciar de oficio los
procedimientos sobre preservación de pruebas durante el desarrollo de un juicio.IP/Q4/BGR/1
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Los artículos 165 y siguientes del Código de Procedimiento Civil establecen que la
preservación de las pruebas se llevará a cabo mediante su obtención anticipada.  Tales medidas se
emplearán en caso de que existan posibilidades de que las pruebas se pierdan o resulte difícil
obtenerlas.
Se aplicarán respecto de los métodos de obtención de pruebas las reglas generales del
procedimiento civil (artículo 169 del Código de Procedimiento Civil).
También existe la posibilidad de la obtención anticipada de pruebas durante el desarrollo de
un juicio o respecto de un juicio futuro.  La parte interesada debe presentar la solicitud de
preservación de pruebas ante el Tribunal Regional correspondiente al domicilio del solicitante o a la
ubicación del inmueble en que haya de efectuarse una inspección (artículo 166 del Código deProcedimiento Civil).
27. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se esti pula que los Miembros podrán facultar a las
autoridades judiciales y administrativas para que adopten medidas provisionales sin haber oído
a la otra parte.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinadosen el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir brevemente las
circunstancias en que las autoridades judiciales y administrativas están facultadas para adoptar
medidas provisionales sin haber oído a la otra parte y citar la disposición legal pertinente.
El párrafo 1 del artículo 166 del Código de Procedimiento Civil dispone que el procedimiento
de preservación de pruebas debe promoverse por la parte interesada (titular de los derechos de
propiedad intelectual), que presenta una solicitud an te el tribunal que juzga el asunto o, si se trata de
procedimientos judiciales futuros, ante el tribunal correspondiente al domicilio del demandado o al
inmueble en que ha de efectuarse la inspección.  Se entrega a la parte contraria una copia de la
solicitud.
En principio, las medidas provisionales de carácter cautelar se imponen sin oír a la parte
contraria.  La solicitud de medidas cautelares se presenta ante el Tribunal de Distrito que juzga el
asunto o, si se trata de procedimientos judiciales futuros, ante el tribunal correspondiente al domicilio
del demandado o al inmueble en que debe efectuarse la inspección (artículo 309 del Código de
Procedimiento Civil).  El tribunal examina la soli citud a puerta cerrada y sin oír a las partes.  No se
notifica a la parte contraria el texto de la solicitud (artículo 314 del Código de Procedimiento Civil).
28. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se es tipula que las autoridades judiciales y los
órganos administrativos estarán facultados pa ra adoptar medidas provisionales cuando haya
probabilidad de que cualquier retraso cause "d año irreparable" al titular de los derechos.
Sírvanse describir brevemente los elementos que  requieren las autoridades mencionadas en las
respuestas de las preguntas 25, 26 y 27 para establecer la existencia del "daño irreparable" al
titular de los derechos.
El artículo 165 del Código de Procedimiento Civil dispone que la obtención anticipada de
pruebas (que representa el procedimiento de preservación de pruebas) está permitida cuando existepeligro de pérdida de alguna de las pruebas o de obstáculo a su obtención durante el proceso judicial.
El párrafo 1 del artículo 310 del Código de Pro cedimiento Civil dispone que el tribunal puede
disponer medidas cautelares en caso de que sin ellas el demandante pueda quedar imposibilitado de
hacer valer sus derechos o sufrir dificultades a ese respecto después de la sentencia del tribunal.  Eldemandante está obligado a presentar al tribunal pr uebas escritas.  El tribunal puede exigir que el
demandante constituya garantía pecuniaria o inmobiliaria (párrafo 2 del artículo 310 del Código de
Procedimiento Civil).IP/Q4/BGR/1
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El tribunal puede disponer medidas cautelares por la cuantía total de la demanda, o
únicamente por la parte que a su juicio esté apoyada por pruebas suficientes (artículo 314 del Código
de Procedimiento Civil).
A fin de disponer con rapidez las medidas provisionales, el tribunal examina la solicitud
respectiva del demandante en sesión a puerta cerrada en la misma fecha de su presentación.
29. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales y
los órganos administrativos estarán facultados para adoptar medidas provisionales cuando haya
un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas".  Sírvanse describir brevemente qué
factores tienen en cuenta las autoridades comp etentes para determinar si existe un "riesgo
demostrable de destrucción de pruebas".
Véase la respuesta a la pregunta 28.
30. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin deestablecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y
que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción.  Con respecto a cada
derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los
ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer su
carácter de titular del derecho.
La legislación de Bulgaria dispone que el demandante, al presentar su demanda, debe
acreditar su condición de titular de derechos de propiedad intelectual.
El artículo 6 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece que, salvo prueba
en contrario, se presume que es autor la persona cuyo nombre u otra indicación de identificación
figura inscrita de la manera habitual en la obra literaria, artística o científica.
El párrafo 2 del artículo 87 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece
que, salvo prueba en contrario, se presume que es productor de una grabación de sonidos la persona
cuyo nombre, título u otra indicación de identificación figura inscrita de la manera habitual en el
fonograma.
El registro de una marca de fábrica o de comercio en el respectivo registro confiere el derecho
a su uso exclusivo.  La Oficina de Patentes expide un certificado del registro de la marca (artículos 18
y 19 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales).
El registro de un dibujo o modelo industrial en el registro correspondiente confiere el derecho
a su uso exclusivo.  La Oficina de Patentes expide un certificado en que consta el derecho exclusivo al
uso del dibujo o modelo industrial y el nombre de la empresa, organización o persona, y figura
también el nombre del autor.
El artículo 12 de la Ley de Patentes establece que la patente certifica los derechos exclusivos
de su titular respecto de la invención.  La patente es otorgada por la Oficina de Patentes (párrafo 7 del
artículo 47 de la Ley de Patentes).
31. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar que se aporte una fianza o garantía
equivalente para proteger al demandado.  Con respecto a cada derecho de propiedad intelectual
determinado en el párrafo 2 del artículo 1 de l Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar la
disposición legal por la que se establece una fianza o garantía equivalente.IP/Q4/BGR/1
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El Código de Procedimiento Civil de la República de Bulgaria dispone que el demandado
tiene derecho a un protección equitativa contra las medidas provisionales adoptadas contra él.
a) Preservación de pruebas
El artículo 167 del Código de Procedimiento Civil dispone que durante los
procedimientos judiciales el tribunal puede ordenar la obtención de pruebas
solicitadas por el demandado.
b) Medidas cautelares
La legislación procesal civil establece garantías para proteger los intereses del
demandado respecto de las medidas cautelares.
El artículo 315 del Código de Procedimiento Civil dispone que la decisión del
tribunal por la que se disponen medidas cautelares puede ser impugnada por el
demandado dentro de un plazo de siete días desde la notificación del embargo(respecto del embargo de bienes muebles o créditos), la notificación por el juez que
dispuso la inscripción (en caso de embargo de inmuebles) o la notificación por el
tribunal (cuando se aplican otras medidas adecuadas con arreglo al artículo 316 del
Código de Procedimiento Civil).
El demandado puede reclamar al demandante la indemnización de todos los
perjuicios que le hayan causado las medidas cautelares en caso de que la demanda por
infracción de derechos de propiedad intelectual haya sido desestimada, no se haya
promovido dentro del plazo estipulado por el  tribunal con arreglo al artículo 309 del
Código de Procedimiento Civil, o no se haya hecho lugar a la demanda (párrafo 1 delartículo 322 del Código de Procedimiento Civil).
En estos casos, la garantía constituida por el demandante conforme al párrafo B del
artículo 310 sólo puede cancelarse con el consentimiento del demandado.  Con ese
fin, se comunica al demandado una copia de la solicitud del demandante para que se
cancele su garantía, y el primero puede formular sus objeciones y demandar por
indemnización de daños y perjuicios en el plazo de un mes.
La cancelación de la medida cautelar se ejecuta a solicitud de la parte interesada,
solicitud que se notifica a la persona a quien se impusieron las medidas (párrafo 1 del
artículo 321 del Código de Procedimiento Civil).
El tribunal puede disponer que se dejen sin efecto las medidas cautelares si se ha
cerciorado de que han dejado de cumplirse los requisitos para su imposición
(artículo 310 del Código de Procedimiento Civil) o de que es posible la sustitución de
la medida cautelar por un depósito de dinero o de valores (párrafo 2 del artículo 317
del Código de Procedimiento Civil).
32. En el párrafo 4 del artículo 50 se estipula que se notificará a las partes cuando se hayan
adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte.  Sírvanse describir brevemente
los procedimientos seguidos por cada autoridad que pueda adoptar dichas medidas a fin de
notificar a las partes afectadas y señalar el plazo en que debe efectuarse la notificación.
Las medidas cautelares se imponen previa solicitud de la parte interesada (el titular de los
derechos de propiedad intelectual objeto de infracción), presentada al tribunal que juzga el asunto o, si
se trata de demandas futuras, ante el tribunal correspondiente al domicilio del demandante o al
inmueble en que ha de efectuarse una inspección (párrafo 1 del artículo 166 del Código deIP/Q4/BGR/1
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Procedimiento Civil).  Se entrega a la parte contraria una copia de la solicitud (párrafo 1 del
artículo 166).
En principio, las medidas cautelares y las medidas para la preservación de pruebas se adoptan
sin oír a la parte contraria.  Después de aplicadas las medidas, sin embargo, el tribunal, previasolicitud de una de las partes (es decir, también del demandado), que se comunica a la parte contraria,
cuyas objeciones se toman en consideración, puede disponer la sustitución de un tipo de garantía por
otro (párrafo 1 del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil).
Mientras tanto, si se trata de medidas cautelares relativas a un asunto cuya cuantía está
determinada, el demandado siempre puede sustituirlas, sin el consentimiento de la parte contraria, por
un depósito de dinero o de valores (artículos 180 y 181 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercioy de Dibujos y Modelos Industriales, en conjunción con el párrafo 2 del artículo 317 del Código de
Procedimiento Civil).  En estos casos se levanta el embargo (párrafo 3 del artículo 317 del Código de
Procedimiento Civil).
En la práctica, en los asuntos sobre infracción de derechos de propiedad intelectual se informa
al demandado de la aplicación de medidas cautelares contra él mediante la notificación respectiva por
el oficial de justicia o por el juez que dispuso el registro.
33. En el párrafo 4 del artículo 50 se requiere también que, a petición del demandado, se
proceda a una revisión con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse lasmedidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente los procedimientos que debe seguir un
demandado para iniciar los procedimientos de revisión ante cada una de las autoridades que
pueden adoptar dichas medidas y precisar el plazo en que deben iniciarse esos procedimientos.
Véanse las respuestas a las preguntas 31 y 32.
34. En el párrafo 5 del artículo 50 se estipula que se facultará a las autoridades competentes
para que exijan a los demandantes que presenten cualquier otra información necesaria para la
identificación de las mercancías en relación con las cuales la autoridad debe poner en ejecución
las medidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente qué otra información pueden
requerir las autoridades y citar la disposición legal por la que se establece la base de esta
información complementaria.
El tribunal puede exigir que el solicitante presente otras informaciones (contratos, cartas de
autorización, declaraciones juradas, etc.) para la identificación de las mercancías respecto de las
cuales alegue la infracción de derechos de propiedad intelectual.
35. En los párrafos 6 y 8 del artículo 50 se estipula que si el procedimiento conducente a una
decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, las medidas provisionales
adoptadas por las autoridades competentes se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a
petición del demandado.  Sírvanse indicar las disposiciones pertinentes de las leyes de Bulgaria
por las que se autoriza la revocación o la suspensión de las medidas provisionales si losprocedimientos de revisión no se inician dentro de un plazo razonable y especifiquen lo que
constituye un "plazo razonable" para iniciar los procedimientos.
Al imponer una medida cautelar respecto de un a demanda futura, el tribunal especifica el
plazo en que debe incoarse la demanda.  El incumplimiento del plazo da lugar a la cancelación de lamedida (artículo 309 del Código de Procedimiento Civil).  En la respuesta a la pregunta 31 hemos
explicado ya que el demandado puede reclamar al demandante la indemnización de todos los
perjuicios causados por una medida cautelar cuando la demanda no se promueve dentro del plazo
estipulado por el tribunal (párrafo 1 del artículo 322).IP/Q4/BGR/1
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36. En los párrafos 7 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado una
indemnización adecuada por cualquier daño causado por la adopción de las medidas
provisionales cuando dichas medidas hayan sido revocadas o hayan caducado, o cuando se haya
determinado que no hubo infracción o amenaza de infracción.  Sírvanse describir cómodeterminan las autoridades competen tes la "indemnización adecuada".
El Código de Procedimiento Civil establece que  el tribunal puede condenar al demandante a
indemnizar al demandado por todos los perjuicios que le haya causado una medida cautelar.
Si se desestima la demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual, o el
solicitante no incoa demanda judicial dentro del plazo establecido para ello (con arreglo alartículo 309 del Código de Procedimiento Civil), o se clausuran los procedimientos del juicio, el
demandado puede pedir que se condene al demandante a indemnizarle por los perjuicios causados por
las medidas cautelares (párrafo 1 del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil).  La
responsabilidad del solicitante comprende todos los perjuicios directos e indirectos causados al
demandado por las medidas cautelares.
En los casos enunciados, las garantías constituidas por el solicitante con arreglo al párrafo b)
del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil sólo pueden cancelarse con la conformidad del
demandado.  Con ese fin se notifica al demandado una copia de la solicitud de liberación de la
garantía presentada por el solicitante, y el demandado puede oponerse a ella e incoar demanda ante eltribunal, dentro de un plazo de un mes, para la indemnización de los perjuicios causados.
La indemnización comprenderá todos los perjuicios directos o indirectos causados al
demandado por la medida cautelar (párrafo 1 del artículo 51 de la Ley de Obligaciones y Contratos).
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
37. En el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los países adoptarán
procedimientos para que el titular de un derecho pueda presentar una demanda con objeto de
que se suspenda la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o
mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.  Sírvanse precisar las autoridades
competentes de Bulgaria facultadas para recibir demandas de que se suspenda el despacho delas mercancías que se sospecha son causa de una infracción y citar la ley o el reglamento
pertinente relativa a dicha autoridad.
El proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas dispone
que las autoridades de aduanas están autorizadas para recibir solicitudes de suspensión del despachode mercancías falsificadas.
38. Sírvanse describir los procedimientos que debe seguir el titular de un derecho para
obtener que las autoridades competentes le otor guen protección en frontera, por ejemplo si
deben presentar formalmente una solicitud a la autoridad judicial o administrativa competente,así como la información que debe contener la solicitud de suspensión del despacho, y citar la ley
o los reglamentos que rigen estos procedimientos.
Para obtener que las autoridades aduaneras le otorguen protección en frontera, el titular de
una marca de fábrica o de comercio debe presentar una solicitud de suspensión del despacho de laimportación.  El proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas
estipula que la solicitud debe contener una descripción detallada de las mercancías.
39. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación de mercancías que seIP/Q4/BGR/1
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sospecha son causa de infracciones en materia de derechos de autor y/o marcas de fábrica o de
comercio.
Las disposiciones del Decreto Nº 87/1996 del Gobierno de Bulgaria, modificadas por el
Decreto Nº 164/1997, no permiten en ningún caso la exportación de soportes de sonidos o deimágenes y sonidos ni de CD-ROM sin la presentación de un certificado expedido por la Dirección de
Protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos del Ministerio de Cultura.  Ese certificado
confirma que las mercancías no infringen los derechos de propiedad intelectual del titular.
40. En el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que el titular de un derecho
que desee suspender la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor presentará pruebas a lasautoridades competentes de que existe presunción de infracción de su derecho a una marca de
fábrica o de comercio o de su derecho de au tor.  Sírvanse explicar qué pruebas pueden
demostrar la presunción de infracción en Bulgaria.
El proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas dispone
que los titulares de derechos deben presentar ante las autoridades competentes las siguientes pruebas
de que existe presunción de infracción:  certificado de registro del objeto amparado por los
respectivos derechos de propiedad intelectual;  constancia de validez del registro;  y muestras de las
mercancías o de sus envases, si se dispone de ellas.
41. En el artículo 52 se estipula también que el titular de un derecho ofrecerá "una
descripción suficientemente detallada de las mercancías" cuyo despacho debe suspenderse.
Sírvanse explicar lo que se exige del titular del derecho en Bulgaria para que la descripción que
ofrece sea "suficientemente detallada".
No se ha detallado todavía el requisito de una descripción suficientemente detallada de las
mercancías que debe presentar el titular de derechos.  Las disposiciones correspondientes acerca de tal
descripción se fijarán por medio de una reglamentación.
42. En el artículo 52 se estipula que las autoridades competentes comunicarán al titular del
derecho, dentro de un plazo razonable, si han aceptado su demanda.  Sírvanse explicar dentro
de qué plazo la autoridad competente responde a una solicitud de suspensión del despacho delas mercancías y, en caso de que se acepte su  demanda, el plazo en que se adoptará la medida
coercitiva.
El proyecto de Ley de aduanas no dispone que las autoridades de aduanas notifiquen al titular
de derechos la aceptación de su pedido de suspensión del despacho de importación.  La solicitud seacepta si contiene una descripción detallada de las mercancías y se adjuntan los documentos oficiales
requeridos.
43. En el párrafo 1 del artículo 53 se estipula que las autoridades competentes estarán
facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que seansuficientes para proteger al demandado e impedir abusos.  Sírvanse verificar si las autoridades
competentes antes mencionadas están facultadas pa ra exigir una fianza o garantía equivalente y
citar las disposiciones legales o los reglamentos que les otorgan esta facultad.
El artículo 73 del proyecto de Ley de aduanas establece que las autoridades de aduanas deben
exigir al solicitante una garantía económica suficiente para cubrir los perjuicios que puede sufrir el
importador como consecuencia de la suspensión infundada del despacho de importación.  Esa garantía
se deposita a disposición de las autoridades de aduanas.IP/Q4/BGR/1
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44. En el párrafo 2 del artículo 53 se esti pula que el propietario, el importador o el
consignatario de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas
de trazado o información no divulgada, cuyo despacho haya sido suspendido por las autoridades
aduaneras, tendrá derecho, en ciertas condiciones, a obtener que se proceda al despacho de
aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente paraproteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción.  Sírvanse determinar qué formas
de propiedad intelectual, si las hubiere, están sujetas a las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 53 y citar las disposiciones de la ley o reglamentos pertinentes.
No existen disposiciones legales ni reglamentarias al respecto.
45. En el artículo 54 se estipula que se notificará prontamente al importador y al
demandante la suspensión o el despacho de las me rcancías.  Sírvanse especificar el plazo en el
cual la autoridad competente debe notificar que se ha suspendido el despacho de las mercancías.
El artículo 74 del proyecto de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones
Geográficas dispone que cuando las autoridades aduaneras suspenden el despacho de importacióndeben dar oportunidad al importador para formular sus objeciones en un plazo de siete días.  Si no se
reciben objeciones del importador, las autoridades de aduanas notifican el titular de la marca de
fábrica o de comercio.
46. En el artículo 55 se establece claramente que el titular de un derecho que solicita la
suspensión del despacho de las mercancías infractoras debe iniciar un procedimiento
conducente a una decisión sobre el fondo ante la autoridad apropiada en un plazo razonable o
bien se procederá al despacho de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades ante las
cuales un demandante/una parte puede iniciar un procedimiento sobre el fondo del caso que
permita a las autoridades aduaneras suspender el despacho de las mercancías durante más de10 días hábiles.
El titular de un derecho que solicita la suspensión del despacho de mercancías infractoras
debe iniciar ante el tribunal los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo.  De lo
contrario se procede al despacho de las mercancías suspendidas a menos que el Tribunal de la Ciudad
de Sofía, en un plazo de 14 días contados desde la notificación conforme al artículo 75 del proyecto
de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas, ordene la suspensión deldespacho de las mercancías como medida cautelar respecto de una demanda por infracción del
derecho a la marca de fábrica o de comercio.
47. En el artículo 55 se estipula que se procederá a una revisión en un plazo razonable, a
petición del demandado, con objeto de decidir si las medidas de suspensión deben modificarse,revocarse o confirmarse mientras se llega a un resultado del procedimiento sobre el fondo.
Sírvanse indicar la autoridad que está facultada para llevar a cabo esa revisión, describir el
procedimiento utilizado y citar la ley o los reglamentos aplicables.
El tribunal que juzga el asunto en cuanto a su fondo es la autoridad competente para
determinar si la suspensión del despacho de las mercancías, dispuesta como medida cautelar respecto
de una demanda por infracción del derecho a una marca de fábrica o de comercio, ha de reemplazarse
por otra garantía.
48. En el artículo 56 se estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar al
demandante que indemnice a la parte demandada por cualquier daño causado por la retención
infundada de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades que pueden ordenar al
demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una
indemnización por el daño causado por la retención infundada de las mercancías o por laIP/Q4/BGR/1
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retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, y
citar la ley y los reglamentos aplicables.
En caso de que la suspensión del despacho de las mercancías haya sido infundada, lo que se
declara al desestimarse por el tribunal la demanda del titular de derechos, la garantía se devuelve alimportador.
49. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para
dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar
sus reclamaciones, las mercancías retenidas.  Sír vanse explicar cómo se da al titular del derecho
oportunidades para que haga inspeccionar las me rcancías sospechosas que han sido retenidas
por las autoridades aduaneras.
La legislación no contiene disposiciones a ese respecto.
50. En el artículo 57 se estipula también que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto
sea favorable al titular del derecho, las auto ridades competentes podrán asimismo estar
facultadas para comunicar al titular del d erecho información acerca del importador, el
consignador y el consignatario.  Si las autoridades competentes de Bulgaria pueden comunicar
información relativa al importador, el consignador o el consignatario al titular del derecho,
sírvanse explicar cómo se proporcionan al de mandante las informaciones acerca de los nombres
y direcciones de los consignadores, importadores y consignatarios y de la cantidad demercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la
infracción, es decir, si las autoridades comu nican automáticamente la información o lo hacen
previa presentación de una solicitud por escrito de l titular del derecho, etc.  Sírvanse citar la ley
o los reglamentos relativos a estas facultades.
La legislación no contiene disposiciones a ese respecto.
51. En el artículo 58 se especifican los procedimientos que deben seguirse cuando las
autoridades competentes pueden actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las autoridades
competentes de Bulgaria están facultadas pa ra actuar de oficio y, en caso afirmativo,
determinar las esferas de propiedad intelectual en las que puede llevarse a cabo una actuación
de oficio.
Sólo se aplican de oficio las medidas previstas en el artículo 52 de la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos Industriales y el artículo 52 de la Ley de Protección
de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades Animales, que se relacionan con infracciones
de derechos de propiedad intelectual referentes a marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelosindustriales y obtenciones vegetales.
52. En el artículo 59 se determinan los recursos que deben estar disponibles, entre los cuales
la destrucción o apartamiento fuera de los circ uitos comerciales de las mercancías infractoras.
Sírvanse explicar lo que está permitido por ley en Bulgaria en cuanto a las mercancías
infractoras, es decir, si la ley permite la dest rucción, el apartamiento o ambas cosas.  Sírvanse
citar la ley o los reglamentos pertinentes.
El artículo 74 del proyecto de Ley de Aduanas dispone que si el importador no formula
objeciones a la suspensión del despacho de las mercancías importadas dentro del plazo establecidopara ello, las autoridades de aduana deben incautar las mercancías en beneficio del Estado.IP/Q4/BGR/1
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53. Sírvanse determinar:
a) la autoridad competente que decide cómo se dispondrá de las mercancías, es
decir, si las mercancías serán destruidas o apartadas de los circuitos
comerciales;  y
b) la autoridad competente que procede a la destrucción o apartamiento de las
mercancías.
La legislación de Bulgaria dispone la elaboración y destrucción de los objetos que infringen
derechos de propiedad intelectual y, si existió dolo, la de los materiales y accesorios utilizados
predominantemente para cometer el delito.
El párrafo 2 del artículo 28 de la Ley de Patentes y el párrafo 2 del artículo 29 de la Ley de
Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nu evas Variedades Animales disponen que, si se
declara judicialmente la infracción de derechos de patente o derechos resultantes de certificados de
obtenciones vegetales, el Tribunal de la Ciudad de Sofía es la autoridad competente que decreta lareelaboración y destrucción de los objetos de la infracción;  y si ésta se ha cometido dolosamente,
también la reelaboración y destrucción de todos los materiales y accesorios utilizados
predominantemente para cometer el delito.
El artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Dibujos y Modelos
Industriales establece que, cuando se verifica mediante una constancia administrativa la infracción de
marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales o denominaciones de origen, el
Presidente de la Oficina de Patentes debe dictar una orden penal para la confiscación de las
mercancías infractoras en beneficio del Estado.  En conformidad con las prescripciones de la Ley de
Infracciones y Sanciones Administrativas, las órdenes penales, una vez que han entrado en vigor, seejecutan por las autoridades administrativas de la localidad en que se cometió la infracción.
El artículo 52 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y las Nuevas Variedades
Animales dispone que, cuando se comprueba mediante una constancia administrativa la infracción de
un certificado de obtenciones vegetales, el Ministro de Agricultura debe expedir una orden penal de
aplicación de una multa al infractor y la confiscación del material de reproducción.  En conformidad
con las prescripciones de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas, las órdenes penales,una vez que han entrado en vigor, se ejecutan por las autoridades administrativas de la localidad en
que se cometió la infracción.
54. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las
disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no
tengan carácter comercial y formen parte del equi paje personal de los viajeros o se envíen en
pequeñas partidas.  Sírvanse describir lo que co nstituye, con arreglo a las leyes de Bulgaria, una
importación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.
La importación de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial está
excluida de las medidas en frontera.
Procedimientos penales
55. En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros
establecerán procedimientos y sanciones penales, en particular la pena de prisión y/o la
imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de
autor a escala comercial.  Sírvanse describir las disposiciones legales de Bulgaria que cumplen
con esta obligación y citar los textos pertinentes.IP/Q4/BGR/1
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El Código Penal dispone los procedimientos y sanciones penales que deben aplicarse en los
casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de infracción del derecho de autor.
Los artículos 227 y 227a del Código Penal disponen, por el uso de marcas de fábrica o de
comercio falsificadas, la aplicación de penas de prisión de un máximo de tres años y multas de hasta
1 millón de leva.
El párrafo 1 del artículo 172a del Código Penal establece, por la infracción del derecho de
autor, la aplicación de una pena de prisión de un máximo de tres años y una multa de entre 1 y
3 millones de leva.  El párrafo 3 del artículo 172a del Código Penal dispone, por las infracciones
reiteradas del derecho de autor, la aplicación de una pena de prisión de un máximo de cinco años yuna multa de entre 3 y 5 millones de leva.
56. En el artículo 61 se estipula asimismo que, cuando proceda, entre los recursos
disponibles figurarán también la confiscación, el  decomiso y la destrucción de las mercancías
infractoras y de todos los materiales y acce sorios utilizados predominantemente para la
comisión del delito.  Sírvanse explicar las disposiciones de las leyes de Bulgaria en que se
prescriben estas sanciones, describir las condiciones en que pueden imponerse y citar de textos
legales pertinentes.
La legislación de Bulgaria dispone la confiscación, en beneficio del Estado, de las mercancías
infractoras y de los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.
El párrafo 5 del artículo 172a, en conjunción con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 53
del Código Penal, dispone la confiscación, en beneficio del Estado, del objeto del delito.  Es requisito
para la imposición de esta sanción que el objeto del delito pertenezca a la persona responsable.
Los artículos 227 y 227a, en conjunción con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 53 del
Código Penal, disponen la confiscación en beneficio del Estado de las mercancías infractoras en los
casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio, así como también de los materiales
y accesorios utilizados predominantemente para cometer esa falsificación.
El apartado a) del párrafo 1 del artículo 53 del Código Penal dispone la confiscación, en
beneficio del Estado, de los bienes destinados a la comisión de un delito o utilizados para ella.  Es
requisito para la aplicación de esta medida que el objeto del delito pertenezca a la persona
responsable.
57. En el artículo 61 se indica también que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de derechos de
propiedad intelectual.  Sírvanse describir toda disposición de las leyes de Bulgaria que prescriba
dichos procedimientos y sanciones y citar los textos legales pertinentes.
La legislación de Bulgaria dispone procedimientos penales en los casos de infracción dolosa
de derechos de propiedad intelectual respecto de derechos conexos, dibujos y modelos industriales y
denominaciones de origen.
El párrafo 2 del artículo 172a del Código Penal dispone, por la infracción de derechos
conexos, la imposición de una pena de prisión de un máximo de tres años y una multa de 1 a3 millones de leva.  El párrafo 3 del artículo 172a del Código Penal dispone, por la infracción
reiterada de derechos conexos, la aplicación de una pena de prisión de entre uno y cinco años y multas
de entre 3 y 5 millones de leva.  El párrafo 5 del artículo 172, en conjunción con el apartado b) del
párrafo 1 del artículo 53 del Código Penal, establece la confiscación, en beneficio del Estado, de las
mercancías infractoras de derechos conexos.IP/Q4/BGR/1
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El artículo 227 del Código Penal dispone, por el uso ilegal de dibujos y modelos industriales y
denominaciones de origen, la imposición de una pena de prisión de un máximo de tres años y una
multa de hasta 1 millón de leva.  El artículo 227 del Código Penal, en conjunción con el apartado b)
del párrafo 1 del artículo 53 del Código Penal, dispone la incautación, en beneficio del Estado de las
mercancías infractoras que supongan un uso ilegal de dibujos y modelos industriales ydenominaciones de origen.
La legislación de Bulgaria dispone procedimientos penales y sanciones respecto del plagio.
Los artículos 173 y 174 del Código Penal disponen, por el plagio, la imposición de una pena de
prisión de un máximo de dos años o una pena de hasta 10.000 leva, así como de la condena pública.
58. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de
comercio o de piratería lesiva del derecho de autor.  Sírvanse explicar en qué forma las
sanciones previstas en las leyes de Bulgaria cumplen con esta obligación.
A fin de que las sanciones penales cumplieran su función preventiva y disuasoria, la
responsabilidad penal por infracción de los derechos de propiedad intelectual fue ampliada en 1995
y 1997.  Las penas por infracción de derechos de propiedad intelectual son coherentes con el nivel de
las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.  La cuantía de las sanciones
pecuniarias ha sido aumentada considerablemente y actualizada conforme a los cambios económicos
ocurridos en el país.
Las sanciones previstas en la legislación de Bulgaria cumplen los requisitos del artículo 61.
[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]
1. Sírvanse facilitar información estadística referente a los años 1996 y 1997 sobre los
procedimientos judiciales civiles para la observancia del derecho de autor, las marcas de fábrica
o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los
esquemas de trazado de los circuitos integrados y los secretos comerciales, incluyendo el número
de demandas;  los mandamientos expedidos;  los productos infractores incautados;  los equipos
destinados a cometer infracciones que se incautaron;  el número de asuntos resueltos (incluso
mediante transacción);  y la cuantía de las indemnizaciones de daños y perjuicios impuestas.
La información estadística disponible respecto de 1996 acerca de los asuntos judiciales civiles
sobre observancia del derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio y los dibujos y modelos
industriales es la siguiente:
Derecho de autor
- 52 objetos investigados;
- 39 constancias administrativas de infracción de derechos de propiedad intelectual;
- 36 órdenes penales administrativas expedidas.
Marcas de fábrica o de comercio
- 13 solicitudes de comprobación de la infracción de marcas de fábrica o de comercio
registradas;
- 9 órdenes penales administrativas expedidas.IP/Q4/BGR/1
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Dibujos y modelos industriales
- 3 solicitudes de constancia de infracción de dibujos y modelos industriales;
- 1 orden penal administrativa expedida.
La información estadística disponible respecto de 1997 acerca de los asuntos judiciales civiles
sobre observancia del derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio y los dibujos y modelos
industriales es la siguiente:
Derechos de autor
- 107 objetos investigados;- 81 constancias administrativas de infracción de derechos de propiedad intelectual;- 13 órdenes penales administrativas expedidas hasta el 26 de noviembre de 1997.  El
resto de la documentación sobre las investigaciones todavía está siendo objeto deanálisis;
- 50.000 discos compactos, 5.000 vídeos y 10.000 audiocintas incautadas entre el 1º de
enero y el 12 de noviembre de 1997.  Los expertos del Departamento de Derecho de
Autor del Ministerio de Cultura recibieron solicitudes de 45 dictámenes periciales einformes técnicos para las autoridades investigadoras y la policía.
Marcas de fábrica y de comercio y dibujos y modelos industriales
- Hasta el 30 de octubre de 1997 se presentaron 25 solicitudes de iniciación de
procedimientos administrativos por infracción de marcas de fábrica o de comercio
registradas y cuatro solicitudes de iniciación de procedimientos administrativos por
infracción de dibujos y modelos industriales;
- en el mismo período se dictaron 17 órdenes penales administrativas por infracción de
marcas de fábrica o de comercio y cinco órdenes penales administrativas por
infracción de dibujos y modelos industriales;
- los datos disponibles sólo se refieren a siete asuntos completados, que en conjunto
representan 2.467.910 leva (1.000 leva = 1 marco alemán).
2. Sírvanse facilitar información estadística referente a los años 1996 y 1997 sobre las
medidas de represión penal en materia de piratería del derecho de autor y de infracciones de
marcas de fábrica o de comercio, incluyendo el número de batidas, enjuiciamientos y condenas,
la cuantía de las multas y las penas de prisión (precisando si las multas fueron pagadas y si las
penas de prisión se cumplieron efectivamente o fueron suspendidas), y cualquier otra
información que determine que el sistema penal de Bulgaria funciona eficazmente para disuadirde la piratería del derecho de autor y de la falsificación de las marcas de fábrica o de comercio.
En marzo y mayo de 1997 se efectuaron investigaciones policiales en todas las empresas de
producción de discos compactos de Bulgaria.
Se llevaron a cabo 200 batidas policiales especiales y se verificaron más de 700 objetos.
Durante esos procedimientos se incautaron más de 350.000 discos compactos, 17.000 vídeos y
33.000 audiocasetes.IP/Q4/BGR/1
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En julio de 1997 se procedió a la destrucción pública de 100.000 discos compactos
producidos ilegalmente (incautados por infracción aduanera).
En 1997 se promovieron ante los tribunales de Bulgaria 29 juicios penales por infracción del
derecho de autor y los derechos conexos.  En 12 de ellos los tribunales dictaron sentencias definitivas,se suspendieron cinco asuntos y otros 12 se encuentran en curso.  Los tribunales impusieron tres
condenas de prisión sin suspensión condicional, siete penas de prisión de un máximo de tres años con
suspensión condicional, y en dos juicios se aplicaron sanciones de multa.
3. Sírvanse explicar en qué forma cumple Bulgaria los requisitos del párrafo 1 del
artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC de que los procedimientos para la observancia del
derecho de autor "permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier accióninfractora", indicando cómo se ha aplicado en la práctica el sistema recientemente adoptado de
verificación de títulos para la producción de discos compactos a fin de impedir la producción y
exportación de discos compactos piratas y de CD-ROM informáticos piratas .
El Reglamento del Consejo de Ministros Nº  87/1996 sobre el control del empleo de objetos
amparados por el derecho de autor y los derechos conexos, publicado en la Gaceta del Estado
Nº 35/1996, con sus modificaciones, introdujo un sistema de verificación de los derechos de uso de
ciertas categorías de objetos, como las grabaciones de sonidos y de imágenes y sonidos, programas de
ordenador, discos compactos y CD-ROM informáticos .  Los contratos por los que se otorgan derechos
de reproducción y distribución de grabaciones de sonidos y de imágenes y sonidos se registran ante elMinisterio de Cultura.  El artículo 7 del Reglamento dispone que, respecto de cada soporte de sonidos
o de imágenes y sonidos o CD-ROM informático que contenga material amparado por el derecho de
autor o derechos conexos, el fabricante está obligado a presentar al Ministerio de Cultura una solicitud
de verificación de legitimidad de la orden de fabricación.  Esas órdenes no deben cumplirse hasta que
se haya completado la verificación.  Sobre la base de las solicitudes presentadas, el Ministerio deCultura otorga un certificado cuyo número se inscribe claramente en cada soporte de sonidos o de
sonidos e imágenes producido, salvo que se utilice un mecanismo de identificación de fuentes
("código SID") (artículo 13 del Reglamento).  Cuando no se dispone de tal certificado, las mercancías
se incautan y el Ministerio inicia un procedimiento para verificar su origen.  El artículo 13 del
Reglamento dispone que todo fabricante de CD-ROM, discos compactos o discos láser está obligado a
inscribir en su equipo un número otorgado por el Sistema de Identificación Internacional
(código SID).  Todos los fabricantes de discos compactos deben suministrar informaciones sobre sucapacidad de producción y su equipo al Ministerio de Cultura.  La colocación de códigos SID se
inició en septiembre de 1996 con asistencia de expertos de la IFPI.
El apartado 3 del párrafo 2 y el párrafo 3, en conjunción con el apartado 3 del párrafo 2 de las
Disposiciones Complementarias del Reglamento, junto con los artículos 18, 76 y 86 de la Ley deDerecho de Autor y Derechos Conexos, disponen que la importación y exportación de objetos
amparados por el derecho de autor y los derechos conexos se consideran formas de uso de las obras.
Tras sus modificaciones, el Reglamento también extiende el régimen a la importación y exportación
temporales de dichas categorías de objetos (apartado 2 del párrafo 2 de las Disposiciones
Complementarias del Reglamento).
El régimen de exportación e importación en vigor dispone que los soportes de sonidos y de
imágenes y sonidos y los programas de ordenador en CD-ROM figuran entre las mercancías sujetas al
régimen de licencias de exportación.  La Dirección General de Aduanas exige, para permitir su
exportación o importación, que el importador o exportador presente un certificado expedido por elMinisterio de Cultura.
4. El Gobierno de los Estados Unidos ha recibido informes sobre una práctica de retraso
indebido, por los fiscales y otros funcionarios, en la investigación y promoción de acciones
penales contra los piratas del derecho de autor.  A la luz de tales informes, sírvanse explicar quéIP/Q4/BGR/1
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medidas ha adoptado Bulgaria para asegurar el cumplimiento de los requisitos del párrafo 2 del
artículo 41 en el sentido de que los procedimientos para la observancia del derecho de autor no
"comportarán ... retrasos innecesarios".
Para asegurar el cumplimiento de las respectivas disposiciones sobre la piratería del derecho
de autor incluidas en el Código Penal, las autoridades competentes de Bulgaria inician una
investigación inmediata tras haber recibido cualquier indicio de tal delito.
Se ha creado una unidad especializada para la investigación de la piratería del derecho de
autor en una de las divisiones principales del Servicio Nacional de Investigaciones.  Su personal ha
recibido capacitación adecuada y está en condiciones de llevar a cabo investigaciones rápidas y
exitosas sobre la piratería del derecho de autor.
En 1996 se llevaron a cabo 65 investigaciones preliminares sobre delitos contra el derecho de
autor, y en 1997 se llevaron a cabo 156.  En 1996 se concluyeron 25 investigaciones preliminares
dictaminándose que las personas acusadas de piratería del derecho de autor debían someterse a juicio,
lo que en 1997 ocurrió con 62 investigaciones preliminares.  Fueron sometidos a responsabilidadpenal no sólo pequeños distribuidores de mercancías piratas, sino también los directores de las
empresas ilegales de fabricación y distribución de esos productos.
En 1997, los investigadores clausuraron la fabricación y embargaron una planta de
producción de discos compactos piratas en Botevgrad.  En diciembre de 1997, el Servicio Nacional deInvestigación efectuó una investigación en la ciudad de Plovdiv.  Se incautaron 44.350 discos
compactos piratas y se puso fin a una vía de exportación ilegal de discos compactos piratas.
La Fiscalía General de Bulgaria contempla en su Plan de Actividades para 1998 las siguientes
medidas destinadas a asegurar la rapidez de los procedimientos para la observancia del derecho deautor:
- los Fiscales Regionales estarán obligados a llevar un registro especial sobre las
investigaciones y procesos judiciales promovidos por los delitos correspondientes al
artículo 172a del Código Penal (delitos contra el derecho de autor y los derechos
conexos).  Deberán llevar a cabo inspecciones mensuales de las dependencias
regionales correspondientes del Ministerio del Interior e impartir instruccionesespeciales para la conclusión de las investigaciones preliminares;
- todas las investigaciones y procedimientos judiciales que se suspendan deberán
informarse para su examen a la correspondiente Fiscalía de Distrito.   Ésta, a
continuación, deberá comunicarlas a la Fiscalía General para su examen y vigilancia;
- los Fiscales de Distrito deberán presentar a la Fiscalía General análisis e informes
trimestrales sobre las investigaciones y procesos judiciales promovidos en virtud del
artículo 172a del Código Penal.
Las medidas citadas de la Fiscalía General, el Servicio Nacional de Investigación y otras
autoridades competentes aseguran el cumplimiento de los requisitos en materia de observancia del
derecho de autor previstos en el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.
5. Con respecto a las respuestas de Bulgaria a las preguntas 25 a 29 de los Estados Unidos,
sírvanse explicar en qué circunstancias se adoptan medidas provisionales para la preservación
de las pruebas sin conocimiento del presunto infractor.
Las medidas de preservación de pruebas se adoptan a solicitud de la parte interesada (titular
de los derechos de propiedad intelectual objeto de infracción), presentada al tribunal que juzga elIP/Q4/BGR/1
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asunto o, si la demanda no ha sido presentada todavía, al tribunal correspondiente al domicilio del
solicitante o al inmueble en que ha de cumplirse una inspección (párrafo 1 del artículo 166 del Código
de Procedimiento Civil).  Se entrega una copia de la solicitud a la parte contraria (párrafo 1 del
artículo 166 del Código de Procedimiento Civil).
Como garantía de rapidez de los procedimientos, el artículo 168 del Código de Procedimiento
Civil estipula que, si el demandante en una acción futura no está en condiciones de identificar a la
parte contraria por su nombre y domicilio, el tribunal debe asignarle un representante.
Estas disposiciones significan que en los procedimientos sobre preservación de pruebas para
procedimientos judiciales futuros (por ejemplo, las peticiones basadas en el artículo 94 de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos) las partes son idénticas a las de ese procedimiento futuro.Toman parte en los procedimientos sobre obtención anticipada de pruebas.  No obstante, puede
ocurrir que el titular de derechos de propiedad intelectual que ha sufrido perjuicios por el uso ilegal de
su obra no disponga de informaciones sobre el infractor.  A fin de que tal circunstancia no cree
obstáculos para la obtención de pruebas, el tribunal designa a un representante del infractor que
participa en nombre de éste en los procedimientos y a quien se notifica la solicitud de medidas para lapreservación de pruebas.
6. Al margen de los procedimientos cautelares  explicados en sus respuestas a las preguntas
mencionadas anteriormente, sírvanse explicar si pueden promoverse medidas provisionales
destinadas a impedir nuevas infracciones sin conocimiento del presunto infractor.
Por regla general, las medidas cautelares (incluidas las que se adoptan en asuntos relativos a
derechos de propiedad intelectual) se cumplen sin notificación del demandado.  Esas medidas tienen
por objeto la protección del demandante contra actividades realizadas de mala fe por el demandado
durante los procedimientos judiciales que pudieran frustrar la protección solicitada al tribunal.
En vista de ello, el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil estipula que no se entregue
a la parte contraria una copia de la solicitud de medi das cautelares.  El tribunal dicta su decisión sobre
las medidas cautelares a puerta cerrada el mismo día de la solicitud.
Las medidas cautelares dispuestas por el tribunal se ejecutan por el oficial de justicia del lugar
en que están situados los bienes muebles o inmuebles sujetos a la medida.  La solicitud de  medidascautelares y la imposición de las medidas respectivas se completan en un término de uno o dos días.
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