ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/75
7 de abril de 1998
(98-1414)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  español
COMUNICACIÓN DE CHILE
Se ha recibido de la Misión Permanente de Chile la siguiente comunicación, de fecha 18 de
marzo de 1998, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
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EL SISTEMA CHILENO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Aspectos Generales del Decreto Ley Nº 211
I. ANTECEDENTES
El Decreto Ley Nº 211, de diciembre de 1973 (en adelante DL 211), es el único cuerpo legal
destinado a regular, en términos amplios y generales, la competencia económica en Chile. Tanto su
fecha de dictación como los fundamentos ideológicos en que se basa corresponden a un momento de
la historia de Chile que se caracterizó, en lo económico, por un decidido paso desde el estatismo hacia
un régimen de libre competencia fundado en la iniciativa de la empresa privada, la libre
determinación de los precios por el mercado y la apertura de la economía chilena hacia el resto delmundo.
El DL 211, sin embargo, no fue la primera ley chilena de defensa de la competencia. Si bien
sus antecedentes pueden situarse en 1931, no se contó con normas de este tipo sino hasta 1959, con la
publicación de la Ley 13.305.  Esta ley, de carácter misceláneo, incluyó en su Capítulo V la
tipificación penal del delito de monopolio, determinó algunas excepciones y creó una ComisiónAntimonopolios para ejercer las facultades sancionatorias y de control que la propia ley otorgaba.
Posteriormente, se creó una Fiscalía destinada a servir de apoyo técnico a la Comisión y a instruir las
investigaciones que fueran necesarias para una aplicación más efectiva de la ley.
La génesis del DL 211 se explica por el decaimiento que sufrió la aplicación de la Ley 13.305
a causa del acentuado y creciente intervencionismo del Estado en la economía y de la carencia demedios con que contaban la Comisión y la Fiscalía para hacer cumplir la ley en todo el territorio
nacional. De ahí que fuera necesario dictar una nueva ley, más acorde con la política económica
abierta que existe en el país desde 1973, y destinada a establecer un sistema permanente y eficaz para
la defensa de la competencia económica.
Ésta es la ley actualmente en vigor, y su aplicación durante estos 24 años ha servido para
crear en Chile un sistema de defensa de la competencia flexible y dinámico, que ha sabido adaptarse a
las circunstancias cambiantes del mercado sin faltar a sus principios de base, y que ha cumplido una
labor de primera importancia en la desregulación de los mercados nacionales.WT/WGTCP/W/75
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El DL 211 sólo ha sido objeto de una reforma parcial, en la que se procedió a extender su
ámbito de aplicación a la represión de prácticas monopólicas en el orden laboral. Además, la reforma
estableció expresamente la figura del abuso de posición dominante y precisó el procedimiento que
debe seguirse ante los órganos antimonopolios, ampliando y actualizando su sistema de integración.
En su texto actual, el DL 211 presenta una estructura de 37 artículos, divididos en cinco
Títulos (Disposiciones Generales; De las Comisiones Preventivas Regionales y Central; De laComisión Resolutiva; De la Fiscalía Na cional Económica; y Del Proceso Penal).
Cabe agregar que en el mes de octubre de 1997 se envió a trámite legislativo un proyecto de
ley, de carácter administrativo (y no sustantivo), cuya finalidad es el fortalecimiento de la función
fiscalizadora del organismo Fiscalía Nacional Ec onómica, mediante el aumento al doble de su
dotación de personal, contemplando también el aume nto de las remuneraciones de sus funcionarios.
Dicho proyecto de ley ya está pronto a ser despachado por la Cámara de Diputados en su primer
trámite constitucional.
En este sentido, este proyecto de reforma de ley en trámite refleja la importancia que se
asigna al fortalecimiento del sistema de defensa de la competencia, ya que son pocos los países que se
encuentran en posición de efectuar iniciativas de la misma índole.
II. ASPECTOS SUBSTANTIVOS DEL DL 211
II.1 La libre competencia como bien jurídico protegido
El DL 211 entrega al conocimiento de los órganos antimonopolios tres materias esenciales:  la
libre competencia en el ejercicio de las actividades económicas, la libertad de trabajo, y la libertad de
los trabajadores para organizarse, reunirse o negociar colectivamente. Cabe señalar, sin embargo, que
la referencia a materias laborales se hace sólo en la medida en que el mercado del trabajo se vea
alterado por prácticas restrictivas específicas. Los demás aspectos propios del ámbito laboral sonajenos al DL 211 y se rigen por las disposiciones del Código del Trabajo.
En suma, puede afirmarse que el bien jurídico protegido es, en esencia, la libre competencia
económica. Así se desprende del texto del artículo 1 del DL 211 -que tipifica las prácticas restrictivas
de la competencia-  y del preámbulo de la ley, cuyos tres primeros considerandos se refieren
expresamente al bien jurídico tutelado.
La protección de la libre competencia, por otra parte, tiene su fundamento constitucional en el
artículo 19 Nº 21 y 22 de la Constitución Política de la República, en donde se señala respectivamente
que:
"Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
21º El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden
público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen (…)
22º  La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia
económica."
Por último, debe señalarse que el DL 211 no entrega una definición de "libre competencia",
limitándose sólo a enunciarla como bien jurídico protegido. En esto, la ley chilena ha seguido a la
mayoría de los ordenamientos de la defensa de la libre competencia que existen en el mundo, pues se
entiende que la ley debe trabajar con conceptos abiertos y flexibles, siendo la respectivajurisprudencia la encargada de dotarlos de sentido para cada caso particular.  Optar por una políticaWT/WGTCP/W/75
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legislativa distinta fijando, por ejemplo, un concepto normativo de libre competencia habría supuesto
un impedimento para la adecuada aplicación jurisprudencial de la ley. Los órganos antimonopolios
chilenos han seguido en este sentido un criterio pragmático, más cercano al concepto de competencia
eficaz (workable competition) que al modelo ideal de competencia perfecta.
II.2 Tipificación de las restricciones competitivas
El artículo primero del DL 211 es la norma de base sobre la que se estructura la tipificación
de las restricciones competitivas, toda vez que enuncia en términos generales lo que debe entenderse
por "delito de monopolio".
Dicha norma expresa que:
"El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda
a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto las de carácter
interno como en las relativas al comercio exterior, será penado con presidio menor en cualquiera de
sus grados."
Lo anterior se complementa con el artículo 2, que señala de manera meramente enunciativa
algunos atentados contra la libre competencia, estableciendo además una cláusula general en virtud de
la cual se entiende que “cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer
la libre competencia” es constitutivo de infracción penada por el DL 211.
Por otra parte, el inciso primero del artículo 4 reafirma el sentido de los artículos anteriores al
prohibir en principio la concesión de toda forma de monopolio a los particulares por parte del Estado.
El artículo 6, por último, menciona expresamente como restricción competitiva al "abuso de
posición monopólica" en el mercado. Por posición “monopólica” debe entenderse no sólo la que
detenta un monopolista en el mercado, sino toda aquella posición dominante ejercida por una o más
empresas, sean o no monopolistas.
La tipificación que conforman los artículos 1, 2, 4 y 6 es aplicable a toda persona, nacional o
extranjera, incluyendo al propio Estado. Por otra parte, no importa si la conducta restrictiva fue
cometida fuera del territorio nacional, pues siempre será objeto de investigación y sanción en la
medida en que afecte a la libre competencia dentro del país.
Puede afirmarse que la tipificación de los hechos o actos contrarios a la libre competencia
reúne dos características esenciales. En primer lugar, se trata de una tipificación abierta y amplia. En
segundo término, goza de un doble carácter, pues cumple al mismo tiempo la función de tipo penal y
la de tipo sancionatorio administrativo.
En efecto, como puede apreciarse de las disposiciones legales citadas, la tipificación de los
hechos o actos contrarios a la libre competencia se realiza en términos amplios y omnicomprensivos.Este carácter abierto del tipo legal se explica por la necesidad de extender la aplicación de la ley a
todo posible atentado contra la competencia.
Por lo tanto, se incluye dentro del concepto jurídico de "monopolio" a todas las restricciones
posibles, conocidas y por conocer, sin distin ción alguna de entidad, magnitud o forma.
Dados los términos amplios de la ley, ha sido la jurisprudencia la encargada de completar esta
tipificación. Para hacerlo, ha contado con un importante grado de discrecionalidad, toda vez que se ha
visto en la necesidad de crear los criterios para controlar las restricciones competitivas. Esto nosignifica que el sistema chileno de defensa de la competencia se funde en el principio del precedenteWT/WGTCP/W/75
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judicial (case law), pues las Comisiones, si bien tienen en cuenta la doctrina contenida en fallos
anteriores, no están obligadas a respetarla en lo sucesivo, pudiendo en consecuencia variar su posición
de un caso a otro.
En cuanto a la naturaleza penal y administrativa de la ley antimonopolios chilena, por otra
parte, puede señalarse lo siguiente:
El citado inciso primero del artículo 1 del DL 211, complementado por el artículo 2, establece
claramente un tipo penal, esto es, crea un delito -el delito de monopolio- sancionado con pena
corporal que puede variar desde 61 días hasta 5 años de presidio. Si la conducta afecta a artículos o
servicios de carácter esencial, la pena puede empinarse hasta los 10 años de presidio.
Ahora bien, el hecho de que el DL 211 se asiente sobre un principio de imputación penal no
quiere decir que la aplicación de la ley deba fundarse siempre y exclusivamente en la existencia de un
delito. Al contrario, lo usual es que el DL 211 se aplique por los órganos antimonopolios en sede
administrativa, ejerciéndose la acción penal sólo in extremis . Tanto es así, que en toda la historia de la
ley se ha llegado a sólo un caso de condena penal.
De hecho, el propio DL 211 señala en su artículo 6 que los órganos antimonopolios pueden
conocer de atentados a la libre competencia o de abusos de posición dominante que no sean
constitutivos de delito.
Por estas razones, debe entenderse que, en principio, el hecho, acto o convención atentatorio
contra la competencia no es una figura estrictamente penal, sino que constituye principalmente un
ilícito administrativo susceptible de ser controlado o sancionado por los órganos antimonopolios que
contempla el DL 211.
El ejercicio de la acción penal constituye un instrumento extraordinario para la aplicación de
la ley y su puesta en marcha se justifica sólo en aquellos casos en los que las instanciasadministrativas de carácter preventivo y resolutivo no hayan podido prevenir, reprimir o sancionar
adecuadamente un hecho, acto o convención gravemente perjudicial para la libre competencia.
II.3 Excepciones que contempla el DL 211
La prohibición establecida en los artículos 1, 2, 4 inciso primero y 6 del DL 211, está
formulada en términos absolutos:  todo hecho, acto o convención que tienda a impedir la librecompetencia es ilícito y, en consecuencia, debe ser prevenido o sancionado por los órganos
antimonopolios.
Sin embargo, y ante la evidencia de que una prohibición absoluta puede llevar a sancionar
actos restrictivos que pueden ser socialmente beneficiosos en términos de eficiencia o estabilidad
económica, el legislador estableció una serie de excepciones en las cuales no se aplica el DL 211.
Pueden identificarse tres grupos de excepciones, que denominaremos respectivamente como
legales, de interés nacional y sectoriales. Los dos primeros se contemplan en el artículo 4 del DL 211.
El tercero se establece en su artículo 5.WT/WGTCP/W/75
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II.3.a Excepciones legales
El inciso primero del artículo 4 prohíbe al Estado otorgar monopolios a los agentes privados.
Señala la norma que:
"no podrá otorgarse a los particulares la concesión de ningún monopolio para el ejercicio de
actividades económicas tales como extractivas, industriales, comerciales o de servicios"
Como corolario de lo anterior, en el inciso siguiente se permite al Estado mantener
determinados monopolios legales, los que quedarían en consecuencia excluidos del DL 211. En
efecto, el artículo 4 inciso segundo declara que:
"Sólo por ley podrá reservarse a instituciones fiscales, semifiscales, públicas, de administración
autónoma o municipales el monopolio de determinadas actividades como las señaladas en el inciso
anterior."
De esta manera, el Estado y la Administración cuentan con la posibilidad de asumir
directamente y con carácter exclusivo el ejercicio de actividades económicas generalmente relativas aservicios básicos. Sin embargo, la reserva de un monopolio al Estado no puede realizarse por la sola
voluntad de la Administración. Será preciso la di ctación por el Congreso Nacional de una ley en la
que se contemple expresamente tal reserva.
II.3.b Excepciones por causa de interés nacional
Como hemos visto con anterioridad, al prohibir la concesión de monopolios a particulares el
citado artículo 4 del DL 211 no hace otra cosa que reafirmar el carácter absoluto de la prohibición
contenida en los artículos 1 y 2 de la ley. De ahí que la excepción que se establece en su inciso tercero
lo sea también de la tipificación general del delito de monopolio. En efecto, señala tal disposición
que:
"no obstante y siempre que el interés nacional lo exija, se podrá autorizar por decreto supremo
fundado y previo informe favorable de la Comisión Resolutiva que se establece en la presente ley, la
celebración o el mantenimiento de aquellos actos o contratos que, referidos en los artículos
precedentes, sean sin embargo necesarios para la estabilidad o desarrollo de las inversiones nacionales
… ."
El principio sobre el que se funda la excepción es el de "interés nacional", concepto que no se
encuentra definido en la ley y que la jurisprudencia ha debido ir precisando en cada caso.
Cabe destacar que se requiere la intervención del poder político -el Presidente de la
República- para validar la excepción mediante un acto formal, y que el informe de la Comisión
Resolutiva es vinculante para la Administración. Esta excepción por motivo de interés nacional es uno
de los mecanismos para evitar el principio de la prohibición, toda vez que, por esta vía, lajurisprudencia ha podido autorizar determinados hechos, actos o convenciones restrictivos de la libre
competencia que, de otra manera, hubiera sido obligatorio prohibir y rechazar, aun cuando implicasen
un grado de beneficio para "la estabilidad o desarrollo de las inversiones nacionales".
II.3.c Excepciones sectoriales
Por último, llamamos excepciones sectoriales a las que establece el artículo 5 de la ley. Esta
norma excluye del ámbito de aplicación del DL 211 a un grupo de leyes especiales, las que se
entienden vigentes en forma paralela al DL 211.
Se trata de aquellas leyes y disposiciones reglamentarias que, principalmente por razones de
orden público, regulan determinadas actividades económicas y profesionales referidas a sectoresWT/WGTCP/W/75
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sensibles de la economía nacional; normas que hubieran quedado automáticamente derogadas por la
prohibición del artículo 4 inciso primero, de no haberse establecido expresamente su subsistencia
junto con el DL 211. En todo caso, el propio DL 211 se encarga de indicar taxativamente cuáles son
los sectores exceptuados.
De esta forma, se señala que continuarán vigentes las disposiciones relativas a las propiedades
intelectual e industrial, en las que se establezcan verdaderos monopolios o privilegios en favor deautores, inventores y dueños de marcas. Quedan vigentes también las disposiciones referidas a las
reservas mineras estatales, así como las normas del Código Sanitario. También subsisten las
disposiciones que regulan las empresas de servicios públicos o municipales, la banca y otros sectores
que se indican.
Sin embargo, y a pesar de lo anterior, la ley se encarga de reforzar en el artículo 5 inciso
tercero el principio de la prohibición al indicar que "con todo, no podrá establecerse ningún estanco
… sin previo informe favorable de la Comisión Resolutiva".
A su vez, las excepciones del artículo 5 se ven matizadas por los términos de su inciso final,
que otorga a la Comisión Resolutiva la facultad de solicitar la modificación o derogación de preceptos
legales o reglamentarios que estime perjudiciales para el bien común por su efecto restrictivo de la
competencia.
La Comisión ha ejercido esta facultad en varias ocasiones, requiriendo al poder legislativo la
derogación de disposiciones contrarias a la libre competencia. Así, por ejemplo, se logró derogar
normas restrictivas que subsistían en materia de seguros, subastas públicas, instalación de industrias y
fijación de precios.
III. ÓRGANOS ENCARGADOS DE APLICAR EL DL 211
Para prevenir y reprimir los atentados a la libre competencia, el artículo 6 del DL 211
establece la existencia de tres órdenes de órganos administrativos y de un Servicio.
Estos órganos son la Comisión Resolutiva, que es el Tribunal de la Competencia en Chile y el
órgano máximo del sistema, la Comisión Preventiva Central y las Comisiones Preventivas Regionales
(doce en total). El Servicio es la Fiscalía Nacional Económica, con sede en Santiago, representada a lo
largo del país por doce Fiscalías Regionales Económicas.
III.1 Las Comisiones Preventivas Regionales y la Comisión Preventiva Central
Las Comisiones, que son todas ad honorem , se componen de personas que tienen otras
actividades permanentes y que se reúnen para los efectos de su constitución.
En cada región del país existe una Comisión Preventiva Regional para conocer de aquellos
asuntos referidos al funcionamiento del sistema competitivo dentro de la respectiva región. EnSantiago, por su parte, tiene su sede la Comisión Preventiva Central, que conoce de prácticas o abusos
de carácter nacional o que se refieran a más de una región.
En cuanto a sus funciones, las Comisiones Preventivas no tienen por objeto sancionar ni
corregir en forma imperativa aquellas situaciones que afecten a la libre competencia. Su función es la
de informar, evacuar consultas y señalar medios con los cuales los particulares e incluso los
organismos del Estado deban afrontar situaciones que alteren la libre competencia.WT/WGTCP/W/75
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Para llevar a cabo su función preventiva, las Comisiones disponen, entre otras, de las
siguientes facultades (artículo 8 del DL 211):
- Absolver consultas sobre contratos, existentes o en proyecto, que puedan alterar la
libre competencia;
- Velar dentro de su jurisdicción para que se mantenga la libre competencia y no se
cometan abusos de posición dominante, proponiendo los medios para corregir lasprácticas o abusos de que tengan conocimiento;
- Requerir a la respectiva Fiscalía que investigue tales prácticas o abusos;
- Resolver, a solicitud de la Fiscalía, la adopción de medidas preventivas destinadas a
suspender los efectos lesivos de la competencia producidos por determinados actos  o
contratos.
III.2 La Comisión Resolutiva
La Comisión Resolutiva tiene atribuciones más amplias, las que ejerce mediante un
procedimiento reglado en la ley. En primer término, puede conocer de oficio o a requerimiento de la
Fiscalía o por denuncias de particulares, de cualquiera situación que se estime contraria a la libre
competencia, y puede frente a estos requerimientos investigar por sí misma, con las más amplias
facultades, incluso con las de uso de la fuerza pública. Dada su importancia, la Comisión Resolutiva
se integra por representantes de órganos públicos del más alto nivel.
En el conocimiento de estas causas, puede adoptar todas o alguna de las siguientes medidas
(artículo 17 del DL 211):
- Dejar sin efecto cualquier acto, contrato, sistema, convenio o acuerdo que estime
contrario a la libre competencia;
- Cancelar la personalidad jurídica de cualquiera Corporación u ordenar la disolución
de cualquiera persona jurídica en general (sociedades comerciales, por ejemplo);
- Declarar la inhabilidad de las personas naturales involucradas en estas causas para
ocupar cargos de representación gremial o profesional por un plazo que puede
extenderse entre uno y cinco años;
- Imponer multas con un monto máximo de 10.000 Unidades Tributarias
($EE.UU. 550.000, aproximadamente);
- Ordenar el ejercicio de la acción penal para que se averigüe y se sancione por la
justicia ordinaria el delito penal de atentado contra la libre competencia.
La Comisión Resolutiva puede también -como ya se ha visto- requerir de los poderes públicos
la modificación de disposiciones legales o reglamentarias que estime contrarias a la librecompetencia, así como dictar ella misma instrucciones de carácter particular a las cuales deberán
ajustarse los particulares en la celebración de actos o contratos que pudieran afectar la libre
competencia.
La Comisión Resolutiva tiene, como órgano máximo del sistema chileno de defensa de la
competencia, la superintendencia directiva y correccional sobre todos los órganos que lo integran y
está a su vez sujeta a la superintendencia de la Corte Suprema respecto de las resoluciones que dicte,WT/WGTCP/W/75
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toda vez que éstas, cuando son condenatorias, pueden ser objeto de recurso especial de reclamación
ante la Corte.
III.3 La Fiscalía Nacional Económica y las Fiscalías Regionales
La Fiscalía Nacional Económica es un servicio público autónomo e independiente de todo
otro órgano administrativo o servicio, que se relaciona con el Supremo Gobierno a través del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Su jefe superior es el Fiscal NacionalEconómico.
En cada capital de región existe un funcionario dependiente del Fiscal Nacional que, con el
nombre de Fiscal Regional, desempeña las funciones propias de aquél dentro del territorio de la
respectiva región.
El Fiscal Nacional, en el ejercicio de sus funciones, es independiente de todas las autoridades
o tribunales ante los cuales es llamado a ejercerlas. Puede, en consecuencia, defender los intereses que
le están encomendados en la forma que estime arreglada a Derecho, según sus propias apreciaciones.
La Fiscalía Nacional Económica se ha estructurado como un grupo jurídico y técnico, para
actuar próximo a las Comisiones Resolutiva y Preventivas, teniendo actualmente una planta de
funcionarios en todo el país, la que incluye abogados e ingenieros.
Las funciones básicas y permanentes de la Fiscalía Nacional Económica son (artículo 24 del
DL 211):
- Instruir las investigaciones sobre atentados a la libre competencia y demás
infracciones económicas que le encomienda la ley, ya sea de oficio, por denuncia o
consulta de autoridades y de público en general.
- Informar y asesorar a las Comisiones Resolutiva y Preventivas en las causas de que
conozcan y velar por el cumplimiento de sus resoluciones.
- Coordinar la labor de las Comisiones Resolutiva y Preventivas Central y Regionales,
de las 12 Fiscalías Regionales y representar ante la Corte Suprema y demás tribunales
ordinarios de justicia, el interés público económico.
IV. JURISPRUDENCIA DE LOS ÓRGANOS DE LA COMPETENCIA
En el ejercicio de sus funciones los órganos de la competencia han investigado mercados
relevantes para la economía del país, tales como los de telecomunicaciones; generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica; servicios sanitarios y, en general, todos los servicios de utilidad
pública.
Con motivo del estudio de estos mercados y de las correcciones propuestas para impedir en
ellos la presencia de prácticas restrictivas de la competencia, se han liberalizado las actividadescorrespondientes y la prestación de los respectivos servicios.
Estas actividades, que en el pasado fueron desarrolladas por empresas del Estado en
condiciones monopólicas, se incorporaron a partir de su privatización a mercados que gradualmente
se abrieron a la competencia, gracias en gran parte a las labores cumplidas por las autoridades
antimonopolios.
En materia de telecomunicaciones, en el momento en que comenzó en Chile la aplicación del
DL 211, el mercado estaba entregado a dos únicas empresas, ambas estatales: la Compañía deWT/WGTCP/W/75
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Teléfonos de Chile y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, una operando en la telefonía local
y la otra en larga distancia nacional e internacional. Esta segmentación del mercado fue dispuesta por
el propio Estado mediante acuerdo de los directorios respectivos.
Los órganos de la competencia, principalmente la Comisión Preventiva Central, comenzaron
primero por señalar la conveniencia de que ambas empresas actuaran independientemente la una de la
otra, y luego a propiciar la competencia en los aspectos en que ella fuera posible, esto es, en la librecomercialización de líneas y de aparatos telefónicos.
Hasta este momento, la labor de las autoridades de la competencia ha seguido impulsando la
desregulación de las telecomunicaciones con el objeto de asegurar una competencia efectiva entre las
numerosas empresas que hoy tienen interés en entrar a este mercado o que ya operan en él.
En las actividades de generación de energía eléctrica, si bien se observa la existencia de una
empresa que ocupa una posición dominante en el mercado, la intervención de los órganos de defensa
de la competencia ha permitido suprimir barreras a la entrada, facilitar la interconexión eléctrica yasegurar condiciones más equitativas de competencia a los actuales operadores.
Tratándose de la transmisión y distribución eléctrica, por su parte, que constituyen
monopolios naturales atendidas las características de estas actividades, la labor de las autoridades
antimonopolios se ha centrado en prevenir eventuales abusos de posición dominante, tanto en
materias relacionadas con el suministro de energía, como respecto del cobro de tarifas a los usuarios yde derechos de peaje por la transmisión.
Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades de la competencia han propiciado la
desconcentración y separación de los segmentos de generación, transmisión y distribución eléctrica,
con el propósito de que estas actividades sean desarrolladas por empresas independientes que puedan
competir entre sí.
A lo anterior hay que agregar los estudios sobre la producción y la comercialización en otros
mercados, tales como medicamentos, carne, cadena trigo-harina-pan, azúcar, aceite, automóviles, etc.
En materia de medicamentos, las Comisiones han debido actuar con gran prudencia, porque la
legislación y reglamentación pertinente había suprimido todas las barreras a la entrada en el mercado
y todas las fijaciones de precios y de márgenes de comercialización de los medicamentos que hacía laautoridad. Luego de un estudio del mercado hecho por la Fiscalía Nacional Económica, se advirtió
que los agentes que en él actuaban, principalmente los laboratorios, comerciantes mayoristas y
farmacias, carecían de reglas propias que aseguraran la mayor transparencia en las negociaciones.
Esto es, los laboratorios imponían condiciones de comercialización arbitrarias a las farmacias y
discriminaban abiertamente entre unas y otras.
La Comisión Preventiva Central, desde 1984, ha tratado de poner un cierto orden en la
materia, señalando condiciones para que opere en la mejor forma la libre competencia en el mercado.
Esto ha permitido un mayor grado de certeza para los agentes económicos y ha evitado la existencia
de presiones indebidas entre ellos.
Pero la actividad de los órganos antimonopolios de Chile no se limita a los mercados
indicados. La jurisprudencia ha tenido ocasión de referirse a prácticas restrictivas de toda índole,
cubriendo desde fijaciones de precios hasta operaciones de concentración entre empresas, y sentandoen todo caso un corpus  doctrinario basado en criterios técnicos y profesionales siempre dirigidos a
velar por el mantenimiento de un sistema de libre competencia abierto y vigoroso.
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