ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/BHR/1
21 de junio de 2001
(01-3100)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Bahrein
Observaciones preliminares
La principal legislación en materia de propiedad intelectual actualmente en vigor en Bahrein
es la siguiente:
- Ley sobre Patentes, Dibujos y Modelos y Marcas de Fábrica o de Comercio de 1955 y
posteriores enmiendas por el Decreto Legislativo Nº 22 de 1977.
- Orden Ministerial Nº 2 de 1978 relativa a la aplicación del Reglamento sobre
Patentes, Dibujos y Modelos y Marcas de Fábrica o de Comercio de 1955 enmendadopor el Decreto Legislativo Nº 22 de 1977.
- Orden Ministerial Nº 13 de 1978 por la se que modifica la aplicación del Reglamento
sobre Patentes, Dibujos y Modelos y Marcas de Fábrica o de Comercio de 1955
enmendado por el Decreto Legislativo Nº 22 de 1977.
- Decreto Legislativo Nº 10 de 1991 relativo a la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio.
- Orden Ministerial Nº 12 de 1993 relativa al Reglamento de Aplicación del Decreto
Legislativo Nº 10 de 1991 relativo a las Marcas de Fábrica o de Comercio.
- Decreto Legislativo Nº 10 de 1993 relativo a la Ley de Derechos de Autor.
- Orden Ministerial Nº 4 de 1993 relativa al Reglamento de depósito en la Oficina de
Protección de los Derechos de Autor.
- Orden Ministerial Nº 1 de 1994 relativa a la creación de la Oficina de Protección de
los Derechos de Autor.
Bahrein adoptó el Decreto Legislativo Nº 7 de 1 994 por el que se ratifican los Acuerdos de la
OMC y posteriormente el Decreto Legislativo Nº 30 de 1996, que ratifica la adhesión al Convenio deBerna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en su versión de 28 de septiembre
de 1979).  Asimismo, Bahrein adoptó el Decreto Legislativo Nº 31 de 1996 por el que se ratifica su
adhesión al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en su versión de 28 de
septiembre de 1979).  Así, en virtud del artículo 37 de la Constitución de Bahrein, las disposiciones
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
                                                     
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Comercio así como todas las disposiciones de los Convenios de París y Berna son directamente
aplicables en Bahrein, ya que forman parte integrante de la legislación nacional de Bahrein.
No obstante, los proyectos de ley relativos a todas las categorías de derechos de propiedad
intelectual que incorporan disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos dePropiedad Intelectual relacionados con el Comercio han sido ultimados y sometidos a las vías
legislativas nacionales para su aprobación, que está prevista para el primer semestre del año próximo.
Por consiguiente, las respuestas a la lista de preguntas que figura a continuación se basan en dichos
proyectos de ley.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
Pregunta 1
Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de violación de los
derechos de propiedad intelectual.
Respuesta
No existen tribunales especializados para las violaciones de derechos de la propiedad
intelectual;  de ahí que sean los tribunales civiles de primera instancia de Bahrein los que arbitran en
casos de violación de los derechos de propiedad intelectual.
El artículo 7 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil de 1971 (CCPL), en su versión
enmendada, describe el sistema de tribunales civile s de primera instancia de Bahrein y establece las
siguientes clases de tribunales:
- el Tribunal de Casación;
- el Tribunal Superior de Apelación;
- el Tribunal Superior;
- el Tribunal Subalterno y el Tribunal de Ejecución.
El órgano jurisdiccional competente en los elementos de fondo de la diferencia en casos que
entrañen reclamaciones no superiores a 5.000 dinares de Bahrein es el Tribunal Subalterno.  La
competencia referente a los casos que entrañen reclamaciones superiores a 5.000 dinares de Bahrein
recae en el Tribunal Superior.
Si los procedimientos se inician en el Tribunal Subalterno, las resoluciones de éste sobre
aspectos de hecho y de derecho pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior;  las resoluciones del
Tribunal Superior sobre aspectos de derecho puede n ser recurridas ante el Tribunal de Casación.
Si los procedimientos se inician en el Tribunal Superior, las resoluciones de éste sobre
aspectos de hecho y de derecho pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Apelación;  las
decisiones de este último sobre aspectos de derecho pueden ser recurridas ante el Tribunal de
Casación.
Pregunta 2
¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas dichas person as?  ¿Existen disposiciones que impongan la
comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?IP/N/6/BHR/1
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Respuesta
En virtud del artículo 5 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil, cualquier persona que
tenga un interés legalmente reconocido tiene derecho a hacerlo valer.  El artículo 5 de la Ley de
Procedimiento Civil y Mercantil establece que un interés presumible será suficiente para solicitar unaorden de adopción de medidas provisionales.  Por consiguiente, cualquier persona que sufra pérdidas
o daños debido a una infracción está legitimada para reclamar.  La base de la reclamación es la ley
correspondiente de propiedad intelectual y el artículo 158 del Código Civil, que establece:
"La responsabilidad de todas las acciones que ocasionen daños o pérdidas recaerá sobre el autor de las
mismas."
No obstante, en relación con las medidas provisionales, los proyectos de ley sobre propiedad
intelectual establecen que el titular de los derechos está legitimado para solicitar una orden de
adopción de dichas medidas.  En relación a las indicaciones geográficas, la ley aplicable dispone que
cualquier parte que pueda beneficiarse de la medida está facultada para solicitarla, mientras que la
Ley de Derechos de Autor establece que están legitimados para ello el titular del derecho y su sucesor.
Las personas físicas pueden comparecer personalmente o estar representadas por un abogado
autorizado para ejercer en Bahrein o por un pariente cercano (artículos 19 y 20 de la Ley sobre el
ejercicio de la abogacía, de 1982).  En cambio, las personas jurídicas deben estar representadas por un
abogado autorizado para ejercer en Bahrein, o bien, en el caso de una empresa, ésta puede estar
representada por el presidente de su consejo de administración.  No existen disposiciones obligatoriasque impongan la comparecencia personal del titular del derecho ante el tribunal.  Sin embargo, los
individuos, incluido el titular del derecho, pueden ser citados a comparecer como testigos si el tribunal
lo juzga necesario.
Pregunta 3
¿Qué facultades tienen las autoridades judi ciales para ordenar en un procedimiento, a
petición de la parte contraria, que la otra parte aporte las pruebas que tiene a su disposición?
Respuesta
De conformidad con el artículo 21 de la Ley sobre pruebas en procedimientos civiles y
mercantiles de 1996 (ELCCM), una de las partes puede solicitar al tribunal que ordene a la parte
contraria que aporte aquellos documentos que estén a su disposición y se consideren útiles para el
caso.  Asimismo, de conformidad con el artículo 27 de la ELCCM, el tribunal está facultado para
ordenar a terceros que aporten los documentos o copias de éstos que estén en su poder y para ordenar
a los departamentos administrativos que proporcionen la información y los documentos que obren ensu poder y sean necesarios para resolver el caso, siempre que la presentación de dicha información o
documentos no vaya en contra del interés público.  Por otra parte, de conformidad con el artículo 28
de la ELCCM, toda persona que guarde o posea cualquier elemento relacionado con el caso, cuyo
examen sea esencial para tomar una decisión respecto a la existencia o ámbito del derecho objeto de la
reclamación, deberá presentarlo a la parte demandante.
Pregunta 4
¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?IP/N/6/BHR/1
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Respuesta
El artículo 55 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil dispone que el juicio se celebrará
en audiencia pública, a menos que el tribunal decida que se celebre a puerta cerrada, bien a instancia
suya o a instancia de uno de los litigantes, con objeto de preservar el orden público o de defender ladecencia o dignidad familiar.
No obstante, en el caso de las patentes, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 34 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
el artículo 12 del proyecto de ley sobre patentes y modelos de utilidad establece que en caso de
solicitar la presentación de pruebas, el tribunal tendrá en cuenta los intereses legítimos del demandado
y no revelará sus secretos comerciales y de fabricación.  Del mismo modo, dicha disposición esasimismo aplicable a las nuevas obtenciones vegetales, en virtud del artículo 26 del proyecto de ley
sobre protección de nuevas obtenciones vegetales.
Pregunta 5
Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, para su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios no obtenidos y los gastos, comprendidos los
honorarios de los abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos
utilizados para su producción;
- otras medidas.
Respuesta
Mandamientos Judiciales
Todos los proyectos de ley relativos a la propiedad intelectual establecen que los tribunales
están facultados para ordenar medidas provisionales en caso de infracción.  Las medidas provisionales
pueden consistir en dictar una orden para que cese la infracción o para impedir que se produzca lapresunta infracción, así como para confiscar el material y los instrumentos presumiblemente utilizados
para cometer dicha infracción.  La medida permanecerá en vigor a menos que el titular del derecho
logre impugnarla mediante recurso o procedimientos que el titular del derecho debe iniciar en un
plazo de 15 días para obtener una decisión sobre el fondo del litigio.  La medida será nula si el titular
del derecho no inicia los procedimientos en el plazo de 15 días para que se adopte una decisión sobreel fondo de la cuestión.
Resarcimiento por daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de
beneficios no obtenidos y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
Dado que la infracción se considera un agravio, cualquier parte que sufra pérdida o daños
como resultado de dicha infracción tendrá derecho a resarcimiento por daños y perjuicios.  Este
derecho y su concesión están regulados por las siguientes disposiciones del Código Civil, así como
por el artículo 158 antes mencionado:IP/N/6/BHR/1
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Artículo 27:  No se derivará responsabilidad alguna del ejercicio legal de un derecho aun
cuando dicho ejercicio cause daño a otros.
Artículo 28:  El ejercicio de un derecho se considerará ilegal en los casos siguientes:
- si el único objetivo es causar daño a terceros;- si el beneficio o interés que se busca es ilegal;- si el beneficio o interés que se busca es desproporcionado respecto al daño que causa
a terceros;
- si el ejercicio del derecho puede causar daños graves y desacostumbrados a terceros.
Artículo 161:  El daño del que sea responsable aquel que cometió una acto ilegal se determina
como la pérdida sufrida y el beneficio perdido, siempre que se trate de un resultado natural
del acto ilegal.
Se considera que la pérdida sufrida o el beneficio perdido son resultado natural del acto ilegal
cuando la persona ordinaria de que se trate no haya podido evitarlo realizando un esfuerzo
razonable en las circunstancias del caso.
Artículo 162:  El resarcimiento por daños y perjuicios por un acto ilegal incluirá los daños
ocasionados, incluso los morales.
Los daños morales incluyen, en particular, el perjuicio corporal o el sufrimiento mental
ocasionados por una transgresión contra la vida, el cuerpo, la libertad, el honor, la dignidad, la
reputación, la situación social, o la posición financiera de una persona.  Los daños moralesincluyen asimismo la aflicción.
Artículo 164:  La responsabilidad por daños y perjuicios en el caso de daños morales no
recaerá en terceros a menos que la cantidad correspondiente se haya determinado
contractualmente o se reclame judicialmente.
Artículo 177:  Si no existe un acuerdo sobre la compensación por los daños y perjuicios
ocasionados como consecuencia de un acto ilegal, será el juez quien la determine.El juez podrá determinar que la compensación sea pecuniaria.No obstante, en función de las circunstancias que rodeen al caso y a petición de la víctima, el
juez podrá ordenar la restitución o la realización de un acto en concepto de resarcimiento por
daños y perjuicios.
Artículo 178:  El juez determinará la compensación adecuada por los daños y perjuicios
sufridos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161, 162, 163 y 164, tomando en
consideración las circunstancias personales de la víctima.
Si el juez no puede determinar de forma definitiva durante el juicio la compensación que ha
de pagarse, podrá conceder a la víctima el derecho a exigir que se realice una nueva
valoración de la compensación en una plazo determinado.IP/N/6/BHR/1
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Artículo 179:  El juez podrá ordenar que la compensación se haga a plazos o por anualidades
durante un período concreto o vitalicio, en cuyo caso podrá ordenar, si fuera necesario, que el
deudor deposite una fianza adecuada.
En relación con las costas, incluidos los honorarios de abogado, el artículo 192 de la Ley de
Procedimiento Civil y Mercantil establece que:
"Al dictar el veredicto final relativo al litigio presentado ante el Tribunal, éste fallará por
propia iniciativa en relación a las costas del caso.  El tribunal determinará las costas del caso,
incluidos los honorarios del abogado, que habrá de pagar la parte vencida.  Si el veredicto es
contrario a varias partes, el tribunal ordenará el reparto de costas en proporción al interés de
cada uno de éstas en el caso, interés que estimará el tribunal.  A este respecto, dichas partesno serán responsables conjuntamente, a menos que el tribunal disponga dicha responsabilidad
conjunta respecto a la obligación impuesta."
Destrucción o apartamiento fuera de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y
de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
Todos los proyectos de ley del derecho de propiedad intelectual estipulan que el tribunal tiene
competencia para ordenar el decomiso o apartamiento de los circuitos comerciales de las mercancías
que violen derechos de propiedad intelectual, así como de los materiales e instrumentos utilizados
para su producción.  Las disposiciones pertinentes son las siguientes:
Derechos de autor y derechos conexos :  Artículo 52
Patentes y modelos de utilidad :  Artículo 41
Marcas de fábrica y de comercio :  Artículo 36
Indicadores geográficos :  Artículo 12Protección de secretos comerciales :  Artículo 7
Dibujos y modelos industriales :  Artículo 19
Circuitos integrados :  Artículo 17
Protección de los cultivadores de nuevas obtenciones vegetales :  Artículo 26
Otros recursos
Todos los artículos mencionados estipulan que en caso de delito reincidente, el tribunal esta
facultado para ordenar el cierre de las instalaciones durante un período no inferior a 15 días y no
superior a 6 meses, así como para ordenar que la sentencia se publique en al menos un diario por
cuenta de la persona declarada culpable.
Pregunta 6
¿En qué circunstancias están facultadas, en su caso, las autoridades judiciales para
ordenar al infractor que comunique al titular del derecho la identidad de los terceros que hayan
participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sus circuitos
de distribución?
Respuesta
No existen disposiciones específicas que confieran a las autoridades judiciales facultad para
ordenar al infractor que comunique al titular del derecho la identidad de terceros que hayan
participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sus circuitos de
distribución.IP/N/6/BHR/1
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No obstante, el tribunal puede ordenar al demandado que facilite la información pertinente al
caso, pero no está autorizado a obligarle a comunicar dicha información.
Pregunta 7
Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización de los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables las
autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Respuesta
El artículo 198 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil dispone que "si la intención del
litigio era simplemente de mala fe, se podrá condenar a pagar una compensación a la persona que
tuviera esa intención".  Asimismo, con arreglo a los principio jurídicos fundamentales de la
legislación, si el derecho a entablar acciones judiciales en caso de perjuicio se ejerce únicamente con
la intención de causar daño a la otra parte, la persona que haya entablado la acción judicial deberápagar a la otra parte los daños y perjuicios derivados de este abuso.
Asimismo, todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual
estipulan que el tribunal tiene competencia para ordenar que se adopte una medida provisional sólo si
la parte que solicita la adopción de tal medida deposita una fianza.  Dicha fianza es una medidadisuasoria prevista para impedir que se abuse de las medidas provisionales y puede utilizarse para
indemnizar a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación.
En virtud del artículo 172 del Código Civil, el Estado es responsable subsidiario de cualquier
responsabilidad en que incurra un funcionario público durante el ejercicio de sus deberes o facultades.
Pregunta 8
Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costas de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y sus costas.
Respuesta
No hay información disponible respecto a la duración y costas de los procedimientos
judiciales.
No existen disposiciones legislativas que regulen la duración mínima y máxima de los
procedimientos civiles relativos al fondo del litigio.  Las órdenes relativas a medidas provisionales
generalmente se conceden el mismo día que se presenta la solicitud ante el tribunal competente.
Como es lógico, la duración y las costas de los procedimientos para determinar el fondo del
litigio dependen de la complejidad, la novedad de las cuestiones, el volumen de pruebas y los
abogados que representan a las partes.
Las tasas de solicitud se basan en el importe de la reclamación.  Las tasas de solicitud actuales
son las siguientes:
- Importe reclamado hasta 5.000 dinares de Bahrein:  oscila entre 1 dinar de Bahrein y
un máximo de 192 dinares de Bahrein.IP/N/6/BHR/1
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- Importe reclamado superior a 5.000 dinares de Bahrein:  un 0,02 por ciento del
importe reclamado más 192 dinares de Bahrein.
No obstante, en virtud del artículo 1 de Reglamento Ministerial Nº 1 de 2000, la tasas
máximas que debe pagarse al presentar el caso son de 30.000 dinares de Bahrein.  Los importessuperiores, sujetos a la cantidad máxima calculada anteriormente, deberá determinarlos el tribunal
cuando dicte sentencia.
El importe de las tasas correspondientes a una orden de medidas provisionales es
de 30 dinares de Bahrein, independientemente del valor de la reclamación de que se trate.
Los honorarios de los abogados varían en función del acuerdo que alcancen las partes y sus
abogados.
b) Procedimientos y recursos administrativos
Pregunta 9
Sírvanse facilitar los datos solicitados en la s preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los recursos que puedan
resultar de dichos procedimientos.
Respuesta
Ninguno de los proyectos de ley sobre derechos de propiedad intelectual prevén
procedimiento administrativo alguno relativo al fondo de las violaciones de derechos de propiedad
intelectual.  Las conclusiones relativas al fondo son competencia exclusiva de los tribunales.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
Pregunta 10
Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de dicha facultad.
Respuesta
Todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual estipulan que sea
el presidente del tribunal competente el que or dene la adopción de las medidas provisionales, que
pueden incluir:
- Mandamientos judiciales para que cesen los presuntos actos infractores o para
impedir que tengan lugar.
- Confiscación de las mercancías presuntamente infractoras durante la importación o
exportación, con arreglo a lo expuesto en las respuestas a las preguntas 15 a 19.
- Confiscación de las mercancías presuntamente infractoras en cualquier lugar, junto
con los materiales y accesorios supuestamente utilizados para cometer la infracción.IP/N/6/BHR/1
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- Protección o registro de las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infracción.
- Al adoptar una medida provisional, el tribunal puede nombrar a uno o más expertos
que ayuden a ejecutar dicha orden.
Los artículos siguientes establecen el fundamento legal necesario para ordenar una medida
provisional:
Derechos de autor y derechos conexos :  Artículo 44
Patentes y modelos de utilidad :  Artículo 40
Marcas de fábrica y de comercio :  Artículo 34Indicadores geográficos :  Artículo 11
Protección de secretos comerciales :  Artículo 6
Dibujos y modelos industriales :  Artículo 18
Circuitos integrados :  Artículo 16
Protección de los cultivadores de nuevas obtenciones vegetales :  Artículo 26
Pregunta 11
¿En qué circunstancias puede ordenars e la adopción de dichas medidas inaudita altera
parte ?
Respuesta
De conformidad con todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad
intelectual, el tribunal puede ordenar que se adopte una medida provisional inaudita altera parte  en
casos pertinentes y en especial cuando exista la posibilidad de que un retraso provoque un daño
irreparable al titular del derecho, o cuando exista un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.
Pregunta 12
Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adopción y ma ntenerlas en aplicación, y especialmente los
plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del
demandado.
Respuesta
El presidente del tribunal competente puede ordenar la adopción de medidas provisionales
para todas las violaciones de derechos de propiedad intelectual.  El procedimiento necesario para
obtener un medida provisional es bastante simple.  El trámite consiste en presentar una petición ante
el presidente del tribunal competente solicitando la medida provisional que deberá ir sustentada por
pruebas de la violación y de la propiedad del derecho de propiedad intelectual presuntamenteinfringido.  El presidente del tribunal considerará la petición a puerta cerrada.  El presidente está
facultado para ordenar la adopción de una medida provisional siempre que esté convencido de que
existe un caso prima facie  respecto de la reclamación del solicitante en el sentido de que su derecho
de propiedad intelectual se ha infringido, o si existe peligro real de infracción inminente.  Si procede,
la orden puede realizarse inaudita altera parte .  El presidente del tribunal está facultado para dictar la
orden y puede pedir al solicitante que deposite una fianza suficiente.
Las órdenes provisionales permanecen en vigor a menos que sean impugnadas mediante
recurso del demandado en un plazo de 10 días a partir de la fecha de notificación de la medida alIP/N/6/BHR/1
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demandado;  de lo contrario, si los procedimientos que conducen a la sentencia referente al fondo del
caso no se inician en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que se haya dictado la medida
provisional, ésta será nula.
Pregunta 13
Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costas de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y sus costas.
Respuesta
Véase la respuesta a la pregunta 8.
b) Medidas administrativas
Pregunta 14
Sírvanse facilitar los datos solicitados en la s preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
Respuesta
A excepción de las autoridades aduaneras, que tienen competencia para suspender el
despacho de las mercancías en base a las pruebas prima facie que demuestren que se trata de una
violación de los derechos de propiedad intelectual con arreglo a la definición del proyecto de ley
relativo a derechos de autor y derechos conexos y al proyecto de ley relativo a marcas de fábrica o decomercio, tal como se explicará en detalle en la respuesta a la pregunta 15, no existen disposiciones
previstas en los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual que autoricen la
adopción de medidas provisionales administrativas.
Disposiciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
Pregunta 15
Sírvanse indicar respecto de qué mercancías  puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también
recurrir a dicho procedimiento en el caso de mercancías que violen derechos de propiedad
intelectual distintos de la marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirataque lesionan el derecho de autor, en el se ntido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable este procedimiento (mercancías de otro miembro de una
unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable el
procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por eltitular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?
Respuesta
Como ya se ha apuntado, es posible solicitar que las autoridades aduaneras suspendan el
despacho para libre circulación de aquellas mercancías que violen los derechos de propiedad
intelectual definidos en el proyecto de ley relativo a derechos de autor y derechos conexos y en el
proyecto de ley de marcas de fábrica o de comercio.  Esta posibilidad está contemplada en el
artículo 47 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y en el artículo 35 de la Ley deIP/N/6/BHR/1
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Marcas de Fábrica o de Comercio respectivamente.  Los artículos pertinentes estipulan que la
Dirección General de Aduanas (las autoridades aduaneras) está facultada para suspender, tanto por
iniciativa propia como a petición del titular del derecho o del ministerio fiscal, la autorización y el
despacho para libre circulación de las mercancías cuando esté convencida, basándose en las pruebas
prima facie , de que dichas mercancías violan alguno de los derechos de propiedad intelectual del
titular de éstos.  La competencia de las autoridades aduaneras es aplicable tanto a importaciones como
a exportaciones.
El procedimiento administrativo al que se ha hecho referencia anteriormente no excluye el
derecho a recurrir primero a los tribunales.  La competencia de las autoridades aduaneras para
suspender el despacho para libre circulación de las mercancías que violan derechos de propiedad
intelectual no es aplicable a las mercancías en tránsito, ni a las importaciones de minimis , ni a las
mercancías colocadas en el mercado de otro país, ya sea por el propio titular del derecho o con su
consentimiento.
Pregunta 16
Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo
que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la
solicitud a tal efecto (artículo 52) y las disposiciones relativas a la duración de la suspensión
(artículo 55).  ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente),56 (indemnización al importador y al propietari o de las mercancías) y 57 (derecho de inspección
e información)?
Respuesta
El artículo 47 del proyecto de ley relativo a derechos de autor y derechos conexos y el
artículo 35 del proyecto de ley relativo a marcas de fábrica o de comercio estipulan lo siguiente:
- Las autoridades aduaneras pueden decidir suspender el despacho de aduana de las
mercancías por propia iniciativa o a petición del ministerio fiscal o del titular del
derecho.
- Si la petición es efectuada por el titular del derecho o el ministerio fiscal, deberá
incluir una descripción lo suficientemente detallada de las mercancías, a fin de que
las autoridades aduaneras puedan identificarlas rápidamente.  Si el solicitante es el
titular del derecho, deberá asimismo presentar pruebas ante las autoridades aduaneras
que demuestren que ha existido una infracción prima facie  de su derecho de
propiedad intelectual.
- Las autoridades aduaneras tienen competencia para exigir al solicitante que deposite
una fianza.  El objetivo es proteger tanto al demandado como a las autoridades
aduaneras, así como impedir los abusos.
- Las autoridades aduaneras están obligadas a adoptar una decisión sobre la admisión o
denegación de la solicitud en un plazo no superior a 3 días.  Las autoridades
aduaneras están obligadas a notificar sin demora al solicitante y al importador su
decisión respecto a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías.  El plazopara solicitar al tribunal que impugne la decisión es de 10 días.  Si en el plazo de
10 días laborables tras la notificación al titular del derecho o al solicitante -según sea
el caso- de la suspensión, no se comunica a las autoridades aduaneras que el titular
del derecho ha iniciado procedimientos para que se resuelva sobre el fondo del caso,IP/N/6/BHR/1
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se despacharán las mercancías de la aduana, siempre que se cumplan las demás
condiciones exigidas para la importación o exportación.  El plazo de 10 días es
prorrogable en casos pertinentes, durante un período adicional no superior a 10 días, a
criterio del Director General de Aduanas.
- Las autoridades aduaneras están obligadas a ofrecer tanto al titular del derecho como
al importador o exportador -según sea el caso- suficientes oportunidades de
inspeccionar las mercancías decomisadas.
- El importador o el exportador -según sea el caso-, así como el propietario de las
mercancías, pueden solicitar una indemnización equitativa por vía judicial, en virtud
del artículo 159 del Código Civil, en concepto de los daños que les hubiere causado eldecomiso indebido de las mercancías.
- Existen asimismo otras cuestiones de carácter reglamentario respecto a la forma, las
tasas obligatorias, procedimiento de presentación y trámite de las solicitudes e
importe de la fianza que ha de depositarse, que serán objeto de un ReglamentoMinisterial de Ejecución, actualmente en fase de estudio, que adoptará el Ministro de
Hacienda y Economía Nacional.
Pregunta 17
Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costas de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y sus costas.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades
competentes por las que se suspende el despac ho para libre circulación de las mercancías?
Respuesta
En el Reglamento de Ejecución antes mencionado se determinarán las tasas correspondientes
a las solicitudes presentadas ante las autoridades aduaneras y no se espera que superen los 30 dinares
de Bahrein, cantidad equivalente a las tasas de depósito de las solicitudes de medidas provisionales
ante los tribunales.
Como ya se ha apuntado, tanto el artículo 47 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos como el artículo 35 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio estipulan que las
autoridades aduaneras deben admitir o denegar la solicitud en un plazo no superior a tres días.
La validez de la sentencia de las autoridades aduaneras se expone en la respuesta a la
pregunta 16.
Pregunta 18
¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Existen dispos iciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
Respuesta
El artículo 47 del proyecto de ley relativo a derechos de autor y derechos conexos y el
artículo 35 del proyecto de ley relativo a marcas de fábrica y de comercio estipulan que las
autoridades aduaneras pueden actuar por propia iniciativa a fin de suspender el despacho de aduana de
mercancías, siempre que las pruebas prima facie demuestren que violan alguno de los derechos deIP/N/6/BHR/1
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propiedad intelectual protegidos por la legislación en la materia.  No existen disposiciones especiales
aplicables a la actuación de oficio.  En lo relativo a una actuación a solicitud de un titular de derecho,
las disposiciones exigen que el titular del derecho y el importador o exportador -según sea el caso-
sean notificados sin demora y que la sentencia continúe vigente, a menos que el tribunal la anule, o
que transcurridos 10 días las autoridades aduaneras no hayan sido informadas de que se han iniciadoprocedimientos para resolver el fondo del caso.  Como ya se ha mencionado, el plazo es de 10 días,
que puede prorrogarse otros 10 días cuando sea procedente, a criterio del Director General de
Aduanas.
Pregunta 19
Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Respuesta
Como ya se ha señalado, las autoridades aduaneras no están autorizadas a ordenar la adopción
de medidas distintas de la suspensión temporal del despacho de aduana de las mercancías infractoras.
Las medidas sólo pueden ordenarse interponiendo un recurso ante los juzgados.
Procedimientos penales
Pregunta 20
Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de violación penal de los
derechos de propiedad intelectual.
Respuesta
El artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Penal (1996) establece los siguientes tipos de
tribunales penales:
- el Tribunal de Casación;
- el Tribunal Superior de Apelación;- el Tribunal Superior;
- el Tribunal Subalterno.
En función del tipo de delito, se determina qué tribunal tiene competencia en casos de
violación penal.  El tipo de delito se clasifica de  conformidad con la sanción contemplada en la ley
para el delito correspondiente.  Dado que las sanciones contempladas en todos los proyectos de ley
relativos a los derechos de propiedad intelectual señalan que el delito es un delito menor con arreglo
al artículo 50 del Código Penal, el tribunal competente en los casos de violación de derechos de
propiedad intelectual será el Tribunal Subalterno, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de
Enjuiciamiento Penal de 1996.  Las cuestiones de hecho y de derecho pueden ser recurridas ante elTribunal Superior.  Sólo se permitirá volver a recurrir cuando se trate de aspectos de derecho, y
corresponde hacerlo ante el Tribunal de Casación.
Pregunta 21
¿Para qué violaciones de los derechos de propiedad intelectual se prevén procedimientos
y sanciones penales?IP/N/6/BHR/1
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Respuesta
En todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual se prevén
procedimientos y sanciones penales para las violaciones de los derechos de propiedad intelectual
definidas en los siguientes artículos de los proyectos de ley pertinentes:
Derechos de autor y derechos conexos :  Artículos 50 y 51
Patentes y modelos de utilidad :  Artículo 41
Marcas de fábrica y de comercio :  Artículo 38
Indicadores geográficos :  Artículos 2 y 12
Secretos comerciales :  Artículo 7
Dibujos y modelos industriales :  Artículo 12Diseño de circuitos integrados :  Artículo 17
Protección de los cultivadores de nuevas obtenciones vegetales :  Artículo 25
Pregunta 22
¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa o a raíz de demandas?
Respuesta
De conformidad con el artículo 43 de la Ley de Constitución Judicial de 1973, cuando una
determinada ley así lo disponga, el ministerio fiscal deberá entablar y llevar a término los
procedimientos penales.  Por consiguiente, todos los proyectos de ley relativos a los derechos de
propiedad intelectual establecen que el ministerio fiscal es responsable de entablar y llevar a término
los procedimientos penales.  El ministerio fiscal puede entablar procedimientos a iniciativa propia oen respuesta a demandas.  Por otra parte, todos los proyectos de ley relativos a los derechos de
propiedad intelectual prevén el nombramiento ocasional de determinadas personas por parte del
Ministro de Comercio e Industria (o el Ministro de Información cuando se trate de derechos de autor y
derechos conexos) para que comprueben la conformidad con las disposiciones de estas leyes y
registren e informen de todas las violaciones al ministerio fiscal.
Pregunta 23
¿Están facultados los particulares a entablar procedimientos penales y, de ser así,
quiénes están legitimados para hacerlo?
Respuesta
En virtud del artículo 123, el demandante o su abogado tienen derecho a entablar
procedimientos penales.  Para ello es necesario obtener una autorización del Jefe de Policía y
Seguridad Pública, o del Soberano.
Pregunta 24
Sírvanse indicar, por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de
infracción si es necesario, las sanciones y otros recursos que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;IP/N/6/BHR/1
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- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Respuesta
Prisión y sanciones pecuniarias
Todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual establecen que la
responsabilidad penal se deriva de las infracciones definidas en la ley correspondiente.  Se indican a
continuación los detalles de las infracciones, así como las sanciones y penas de prisióncorrespondientes:
- Patentes y modelos de utilidad (artículo 41), Marcas de fábrica y de comercio
(artículo 38), Indicadores geográficos (artículos 2 y 12), Secretos comerciales
(artículo 7), Dibujos y modelos industriales (artículo19), Diseños de circuitosintegrados (artículo 17) y Protección de nuevas obtenciones vegetales:
Penas de prisión no inferiores a tres meses ni superiores a un año, o una sanción no
inferior a 500 dinares de Bahrein ni superior a 2.000 dinares de Bahrein, o multa y
prisión.  En caso de repetirse la infracción, penas de prisión no inferiores a tres mesesni superiores a dos años, o una sanción no inferior a 500 dinares de Bahrein ni
superior a 4.000 dinares de Bahrein, o de multa y prisión.
- Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (artículos 49, 50 y 51):
Penas de prisión no inferiores a dos meses ni superiores a un año, o una sanción no
inferior a 300 dinares de Bahrein ni superior a 2.000 dinares de Bahrein, o de multa y
prisión.  En caso de repetirse la infracción, penas de prisión no inferiores a tres meses
ni superiores a dos años y una sanción no inferior a 300 dinares de Bahrein y no
superior a 4.000 dinares de Bahrein, o de multa y prisión.
Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras, así como de los
materiales y accesorios utilizados para su producción
En lo que respecta a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, el
tribunal puede ordenar la confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras, así
como de los materiales y accesorios utilizados para su producción.
Otras sanciones y medidas
Si el infractor repite la infracción, el tribunal está autorizado a ordenar el cierre de las
instalaciones, cuando así proceda, durante un período no inferior a 15 días y no superior a 6 meses, asícomo a ordenar que se publique el veredicto en al menos un diario, cuyo coste correrá a cargo de la
persona declarada culpable.
Pregunta 25
Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costas de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y sus costas, en caso de haberlo.IP/N/6/BHR/1
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Respuesta
No existen disposiciones que regulen la duración de los procedimientos penales.  No obstante,
ni la parte acusadora ni el acusado deben pagar tasas, incluso si son declarados culpables.
No hay información disponible relativa a la duración real de los procedimientos y sus costas.
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