RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/72
6 de abril de 1998
(98-1374)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DEL CANADÁ
Se ha recibido de la Misión Permanente del Canadá la siguiente comunicación, de fecha 16 de
marzo de 1998, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
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Respuestas a las preguntas formuladas por los Miembros
En la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de
Competencia celebrada los días 16 y 17 de septiembre de 1997 los Miembros formularon una serie depreguntas con respecto a las comunicaciones presentadas sobre los regímenes nacionales de política de
competencia existentes.  Tras el examen de esas preguntas en la siguiente reunión, celebrada los días 27
y 28 de noviembre de 1997, la delegación del Canadá ofrece a continuación respuestas a algunas de las
preguntas formuladas.
1. ¿De qué forma facilitan las directrices y demás declaraciones de política la aplicación sin
dificultades de las políticas nacionales de comp etencia y fomentan el cumplimiento de las leyes
sobre competencia? ¿Pueden los Miembros dar ejemplos de esas directrices?
En el Canadá la educación es parte integrante y fundamental de una estrategia global para
fomentar el cumplimiento de las leyes sobre competencia.  Se confía en que un amplio programa de
educación aumentará la eficacia de los esfuerzos encaminados al cumplimiento de la política decompetencia y contribuirá a reducir la necesidad de emprender acciones a tales efectos.
La Oficina de Política de Defensa de la Competencia ha elaborado directrices y ha hecho
declaraciones de política con el fin de facilitar a todos los participantes en el mercado información y
orientaciones sobre una serie de cuestiones.  Por ejemplo, en las Directrices sobre la aplicación de la
legislación en materia de fusiones se expone el procedimiento que se sigue en el examen de las
operaciones de fusión y se dan pormenores sobre la manera en que se interpretan y aplican los diversos
elementos articulados en la legislación.  También se han elaborado boletines detallados en los que seexplica el enfoque adoptado por la Oficina al aplicar la legislación a situaciones que impliquen la
fijación de precios predatorios, discriminación en materia de precios y alianzas estratégicas.
Además de esas directrices más detalladas, se hacen declaraciones de política, en charlas y
publicaciones informativas regulares, en las que se expone, por ejemplo, la evolución reciente de casos
específicos o las opiniones de la Oficina sobre otras cuestiones relativas a la aplicación de lalegislación.WT/WGTCP/W/72
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En general, se considera que las directrices y demás declaraciones de política públicas son
importantes para ayudar a los círculos empresariales a comprender las prescripciones de las leyes,
aumentar la transparencia y previsibilidad en cuanto a la manera en que se aplicarán y aclarar cómo se
analizan cuestiones concretas.  También es útil la educación del público para fomentar la comprensión
de las leyes sobre competencia por parte de los consumidores, ya que éstos constituyen una importante
fuente potencial de información en relación con las infracciones.
2. ¿Qué importancia tiene la defensa de la competencia como elemento de la política de
competencia, en particular en un país en transi ción a una economía de mercado? ¿Qué alcance
debería tener la intervención de la autoridad encargada de la co mpetencia en lo que respecta a:
a) el proceso de privatización;  y b) la vigilancia de la evolución de los mercados de capital, como
medio de asegurarse de que se aplica la política de competencia?
La defensa de la competencia debe ser uno de los principales elementos de la política de
competencia en cualquier país y puede ser especialmente importante en países en proceso de transicióna economías basadas en el mercado.  La labor de defensa realizada por las autoridades encargadas de la
competencia reporta beneficios de dos maneras interrelacionadas.  En primer lugar, dichas autoridades
pueden fomentar una mayor confianza general en las fuerzas competitivas del mercado como medio
más eficaz de promover la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.  Están bien situadas
para exponer esos argumentos porque pueden ser más neutrales (es decir, no tienen intereses financierosdirectos en la estructura de mercado resultante ni, por tanto, incentivo alguno para crear distorsiones en
ella).  Además, pueden aportar conocimientos especializados al analizar los mercados y la competencia.
En segundo lugar, la labor de defensa de la competencia puede contribuir a reducir la necesidad de
futuras intervenciones de las autoridades antimonopolio para aplicar las leyes pertinentes. El
establecimiento de una competencia efectiva en los mercados por medio de la reglamentaciónconstituye la mejor garantía de que no habrá despué s necesidad de emprender acciones con esos fines.
La Oficina de Política de Defensa de la Competencia es muy activa en lo que se refiere a la
defensa de la competencia y la formulación de políticas.  La  Ley de Competencia  otorga expresamente
al Director de Estudios e Investigaciones la facultad de intervenir ante juntas reguladoras, comisiones y
tribunales con respecto a cuestiones relacionadas con la competencia que puedan estar examinando.  ElDirector tiene la facultad paralela de comparecer ante los organismos reguladores provinciales previa
solicitud o con su consentimiento.  Además, la Oficina promueve las políticas y programas
gubernamentales en favor de la competencia facilitando información a los funcionarios del gobierno
encargados de la formulación de las políticas.
La privatización sin competencia puede reportar pocos beneficios, de reportar alguno, a una
economía.  Al mismo tiempo, ese tipo de privatización puede hacer que los gobiernos obtengan los
mayores ingresos posibles de la venta de activos.  Las autoridades encargadas de la competencia pueden
desempeñar en las iniciativas de privatización una función encaminada a que se reconozca ese conflicto
y a que los intentos de elevar al máximo los ingresos procedentes de las ventas de activos no se realicen
a expensas de los beneficios que genera la competencia.
En el Canadá las leyes sobre competencia se aplican la mayoría de las veces en respuesta a
reclamaciones recibidas;  así pues, la vigilancia de la evolución de los mercados de capital noconstituye un medio por el que la Oficina de Política de Defensa de la Competencia trate de lograr el
cumplimiento de dichas leyes.  No obstante, podría considerarse la posibilidad de ejercer esa vigilancia
en casos en que pueda plantearse un problema de competencia en el mercado de capital pertinente (por
ejemplo, posible colusión entre participantes en el mercado para aumentar el costo de los préstamos).
3. ¿Qué medidas  convendría adoptar en relación con la retirada de empresas (o industrias)
ineficientes, en particular en el contexto de la transformación económica?WT/WGTCP/W/72
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E n  e l  a r t í c u l o  9 3  b )  d e  l a  Ley de Competencia  se señala la importancia de determinar "si la
empresa, o una parte de la empresa, de un participante en la fusión o proyecto de fusión ha quebrado o
es probable que quiebre".  Esta información ha de tenerse en cuenta al "determinar, a los efectos del
artículo 92 (de la Ley de Competencia ), si una fusión o proyecto de fusión impide o disminuye
sustancialmente, o es probable impida o disminuya sustancialmente, la competencia".  La repercusión
que la retirada de una empresa pueda tener con respecto a cuestiones distintas de la competenciasobrepasa por lo general el ámbito de la determinación contemplada en el artículo 93 b).
Desde la perspectiva de la competencia, es importante evaluar la solvencia financiera de las
partes en la fusión, por dos razones principales:  en primer lugar, la pérdida de la influencia competitiva
actual o futura de una empresa en situación de quiebra no puede atribuirse a su adquisición en casos en
que la empresa se hubiera retirado del mercado pertinente de todos modos;  en segundo lugar, el grado
en que la adquisición de una empresa en situación de quiebra puede aumentar el poder de mercado del
comprador suele ser menor cuanto mayor es la probabilidad de quiebra de la empresa y más débil suposición relativa en el mercado.
En las Directrices sobre la aplicación de la legislación en materia de fusiones se establecen tres
criterios para determinar si se considera probable que una empresa esté en situación de quiebra: 1) que
sea insolvente o sea probable que resulte insolvente;  2) que haya iniciado o sea probable que inicie un
procedimiento de quiebra voluntaria;  y 3) que se haya declarado o sea probable se declare en quiebra osindicatura de quiebra.
4. ¿Cómo deberían los países llevar a cabo la armonización, o establecer otra forma de
interacción, de la legislación nacional sobre co mpetencia con otros elementos de su ordenamiento
jurídico nacional, que puede incluir disposiciones que limiten la competencia?
Hay diversos modos de tratar de lograr la armonización y la interacción apropiada entre las
leyes sobre competencia y otras leyes, entre ellos los siguientes:
a) Especificar claramente en la legislación pertinente la interconexión o relación prevista
con la legislación y la política en materia de competencia.  Ello puede contribuir a
evitar confusiones, y los costos resultantes, en cuanto a la legislación que habrá de
considerarse rige las prácticas comerciales y los abusos de control anticompetitivoscuando se produzcan.  Puede ser especialmente importante asegurarse de que una
legislación que no tenga por objeto ocuparse de las prácticas comerciales
anticompetitivas no impida la aplicación de la legislación sobre competencia.
b) Incluir referencias a la promoción de la competencia, cuando sea pertinente, en la
enunciación de los objetivos o finalidades de otros instrumentos legislativos.  Aunquela competencia pueda no ser el único objetivo o el objetivo principal de una
reglamentación o legislación, una referencia explícita a la competencia como uno de los
objetivos que han de perseguirse puede evitar que se distorsione o impida
innecesariamente la competencia para lograr otros objetivos económicos o de política.
c) Otorgar facultades legislativas o de otro tipo a las autoridades antimonopolio para
intervenir en procedimientos normativos, legislativos o de política con el fin de hacer
una exposición efectiva de los problemas relacionados con la competencia.  Comoantes se ha indicado, a las autoridades canadienses encargadas de la competencia se les
otorgan facultades de esa naturaleza con respecto al derecho de intervenir ante juntas,
tribunales y comisiones.WT/WGTCP/W/72
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5. ¿Cuál es el equilibrio óptimo entre la ejecuci ón y la no ejecución de la legislación sobre
competencia? ¿De qué forma evitan las autoridades encargadas de la competencia convertirse en
"un órgano regulador más"?
El objetivo de la ejecución de la legislación es disuadir de conductas anticompetitivas y tratar
de lograr el máximo cumplimiento de las leyes, dados los recursos disponibles.  Puede resultar eficaz
una mezcla de métodos de ejecución y el equilibrio óptimo puede variar a veces según el entorno en que
actúe el organismo encargado de la competencia.  Así pues, en vez de pensar en la no ejecución, tal vez
sea más apropiado considerar la gama de posibles respuestas -en aplicación de las leyes- a conductas
anticompetitivas y las diversas situaciones que justificarían esas diferentes respuestas.
La Oficina de Política de Defensa de la Competencia aplica una mezcla de instrumentos de
aplicación: desde procedimientos judiciales formales a métodos menos formales destinados a señalar las
presuntas infracciones a los implicados y evitar que se repitan en el futuro.  Los procedimientos
judiciales encaminados a la aplicación de sanciones formales se consideran necesarios y adecuados encasos que entrañen un daño económico importante.  En otros casos pueden resultar apropiadas
respuestas menos severas:  por ejemplo, cuando se considere que la conducta en cuestión constituye un
caso aislado y los efectos no son sustanciales.  También son importantes las actividades de educación
del público con el fin de facilitar información sobre la aplicación de la ley y la manera de poder evitar
transgresiones.  La Oficina se asegura de que el público disponga de información mediante una serie demecanismos: participación en ferias comerciales, charlas, espacio en Internet, folletos, directrices, etc.
Con respecto a la cuestión de que las autoridades encargadas de la competencia eviten
convertirse en "un órgano regulador más", la mejor manera de lograrlo es que el organismo competente
se centre en intervenir en el mercado únicamente cuando no funcione debidamente por sí solo.  La
política de competencia puede distinguirse de la reglamentación industrial en la medida en queestablece normas generales aplicables a toda la economía en vez de establecer prescripciones detalladas
con respecto a determinados sectores industriales.  En el Canadá la política de competencia (con la
excepción de la notificación de las grandes operaciones de fusión) no entraña la aprobación previa de la
conducta de las empresas y se basa en gran medida en su cumplimiento voluntario.  Las autoridades
encargadas de la competencia intervienen a posteriori  y de manera selectiva.  En definitiva, su
intervención viene determinada por el entorno competitivo.
En el Canadá, la interacción entre la legislación sobre competencia y la regulación se rige en
gran medida por una doctrina de jurisprudencia conocida por el nombre de defensa de la conducta
regulada.  La esencia de esa doctrina es que se considera que la actividad específica autorizada o
realizada de conformidad con un sistema válido de regulación es de interés público.  Como tal, nopuede concluirse que infrinja las disposiciones penales de la  Ley.  Para entender debidamente esta
cuestión es de importancia fundamental reconocer que no todas las actividades de una industria ni todos
los aspectos de la competencia están normalmente regulados.  El simple hecho de que exista cierta
regulación gubernamental en un determinado sector no significa que no sea aplicable la Ley de
Competencia .  Por otra parte, el que pueda o no ser aplicable esa defensa depende de un detenido
examen de la naturaleza de la regulación en el caso particular de que se trate.  No existe jurisprudencia
concluyente con respecto a las disposiciones civiles de la Ley y corresponde a los órganos judiciales y
al Tribunal de Defensa de la Competencia determinar el alcance de la aplicación de la defensa de la
conducta regulada.
1
                                                     
1 Esta cuestión ha sido abordada en dos casos recientes:  el caso Interac  (véase Canada  (Director of
Investigation and Research)  v. Bank of Montreal et al (Comp. Trib., CT9502/92, 20 de junio de 1996)), y el caso
de la Law Society  (véase Law Society of Upper Canada v. Canada (Attorney General) ), expediente judicial Nº
RE5349/95, Tribunal de Ontario (División General), 27 de marzo de 1996).WT/WGTCP/W/72
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6. ¿Cómo influyen los acuerdos comerciales regionales o los acuerdos de integración
económica en la aplicación de la política de competencia? ¿Debería un país parte en un acuerdo
de ese tipo tratar de establecer o mantener su propia política nacional de competencia,
especialmente si en los demás países que sean partes en el acuerdo no hay tales políticas?
¿Debería considerarse, si no, la posibilidad de establecer una política regional de competencia?
Las leyes sobre competencia tratan de suprimir las restricciones anticompetitivas a las
transacciones comerciales y facilitar de esa manera una asignación más eficiente de los recursos.  Ello
suele realizarse en el contexto de un mercado nacional.  No obstante, los obstáculos al comercio
influyen negativamente en la asignación eficiente de los recursos.  La política de competencia debe
garantizar que, a medida que se supriman los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio, no
se sustituyan por actividades anticompetitivas privadas.  La liberalización del comercio incrementa el
comercio internacional, lo que a su vez aumenta el potencial de actividades anticompetitivas
transfronterizas y la necesidad de una aplicación vigilante de la legislación sobre competencia, tantonacional como internacionalmente.
Acuerdos comerciales regionales como el Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y los
Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de  América del Norte (TLCAN) han tratado de acelerar
la liberalización de los mercados y de establecer disciplinas en esferas específicas que pueden tener
efectos en el comercio y las inversiones, por ejemplo la esfera de los derechos de propiedad intelectual.En el caso del TLCAN, se considera que la legislación sobre competencia forma parte del conjunto de
disposiciones orientadas al mercado encaminadas a promover el proceso competitivo.  El TLCAN
contiene un capítulo (el capítulo 15) sobre política de competencia, monopolios y empresas estatales.
En virtud de las disposiciones de este capítulo, cada parte se compromete a adoptar y mantener medidas
con objeto de prohibir conductas anticompetitivas y a tomar disposiciones apropiadas con respecto a esetipo de conductas.  Las partes se comprometen también a cooperar en cuestiones relativas a la
aplicación de la legislación sobre competencia:  asistencia jurídica mutua, notificación, celebración de
consultas e intercambio de información en relación con la aplicación de las leyes sobre competencia en
el área del TLCAN.
La aplicación de un acuerdo regional de libre comercio puede cambiar la perspectiva de las
autoridades encargadas de la competencia.  Al igual que en el caso de las sucesivas rondas del GATT,
el objetivo que persiguen los acuerdos comerciales regionales es aumentar las oportunidades de las
empresas nacionales y extranjeras.  Ello a su vez se traducirá en una mayor competencia para las
empresas nacionales.
La liberalización del comercio facilita la expansión de los mercados antimonopolio pertinentes,
que pasan de un ámbito local y nacional a un ámbito regional y a veces incluso mundial.  Como
consecuencia,  fusiones y posiciones de dominio que podrían haber suscitado cuestiones de
competencia anteriormente, cuando estaban cerradas las fronteras, tal vez dejen de constituir una
preocupación en un régimen de comercio más liberal.  Con un mayor volumen de importaciones y una
mayor amenaza de acceso mediante inversiones directas, operaciones de fusión y otras prácticas
comerciales que se traducirían en elevados niveles de concentración de los mercados si éstos se
midieran sobre la base de los productores nacionales no requieren ya en la mayoría de los casos suimpugnación por parte de las autoridades canadienses y otras autoridades antimonopolio.
Al disminuir los obstáculos al comercio y circular con mayor libertad los factores de
producción, a las empresas privadas les resulta más difícil mantener cárteles, abusos de posiciones
dominantes y situaciones similares en los mercados in ternos.  Por consiguiente, al investigar casos de
esa índole las autoridades canadienses y otras autoridades antimonopolio tienen que tener más en cuentalos dinámicos cambios del mercado resultantes de la mayor liberalización del comercio.WT/WGTCP/W/72
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En términos más generales, con la liberalización del comercio las autoridades canadienses y de
otros países están dando mayor importancia a la capacidad de las importaciones y de la posible entrada
de inversores extranjeros para someter a disciplina las prácticas de fijación de precios y otras prácticas
comerciales de empresas partes en fusiones después de la transacción, de empresas que ocupan una
posición dominante en el mercado interno y de sociedades que forman presuntamente parte de un cártel
nacional.  Este enfoque va más allá de la cuestión de la concentración en el mercado antimonopoliopertinente para abarcar cuestiones tan complejas como la competencia potencial y la impugnabilidad de
los mercados.  Este enfoque metodológico se refleja en las disposiciones en materia de fusiones de la
Ley de Competencia  del Canadá, en las que se considera la magnitud de la competencia extranjera un
factor separado que ha de evaluarse una vez determinados el mercado pertinente y la concentración del
mercado.
Con respecto a la segunda parte de la pregunta -si un país parte en un acuerdo de ese tipo
debería tratar de establecer o mantener su propia política nacional de competencia aun cuando en losdemás países partes en el acuerdo no haya tales políticas- la respuesta es afirmativa.  Al aumentar la
liberalización del comercio, países más pequeños como el Canadá podrían ser especialmente
vulnerables a conductas colusorias en otros países que puedan tener efectos negativos en los mercados
canadienses.  Además, hay un número cada vez mayor de estudios en los que se indica que una fuerte
rivalidad en los mercados internos, apoyada por una enérgica aplicación de las leyes antimonopolio,contribuye a que los beneficios potenciales de los acuerdos de libre comercio se conviertan en realidad
y se repartan equitativamente entre los participantes en el mercado.  Una reñida competencia en los
mercados internos facilita también los reajustes estructurales que pueda requerir la liberalización del
comercio.
Por otra parte, además de desempeñar una función complementaria de la liberalización del
comercio, la política de competencia puede constituir una importante red de seguridad que tal vez
permita a los países reducir la regulación directa de los precios y los mercados y privatizar las empresas
de propiedad estatal.  La legislación sobre competencia puede salvaguardar los intereses de los
consumidores y el bienestar público y promover así el apoyo político a la reforma normativa.
Asimismo, la experiencia canadiense revela que las autoridades encargadas de la competencia
pueden desempeñar una función de importancia crucial en la defensa de la desregulación  (o reforma
normativa) de los sectores de la economía regulados.  Este proceso no elimina la necesidad de una
política de competencia efectiva.  Por el contrario, refuerza esa necesidad y presenta nuevos retos con
respecto a su aplicación.
7. Los países más pequeños se ven afectados algunas veces por fusiones que suprimen la
rivalidad entre divisiones nacionales de empres as multinacionales (EMN), cuando la fusión ha
sido "aprobada" o autorizada en la jurisdicción  en la que tienen su sede las EMN. ¿Tienen en
cuenta las autoridades encargadas de la competen cia en las jurisdicciones en que las EMN tienen
su sede los efectos que tales fusiones pueden producir en otros países en los que esas EMN
desarrollan sus actividades?
Las autoridades encargadas de la competencia en cada una de las jurisdicciones en cuestión
(divisiones nacionales y sede) tendrían oportunidad de examinar los efectos de las fusiones con arregloa sus respectivas leyes sobre competencia.  Aunque el mercado de un determinado producto pueda ser
de ámbito regional, nacional o internacional, las autoridades de cada jurisdicción examinarán la
repercusión en sus consumidores, ya que las leyes sobre competencia se basan en la jurisdicción
nacional.
Cuando existen acuerdos bilaterales de cooperación entre dos países, y cada uno de ellos estima que se
producen efectos anticompetitivos en su jurisdicción, tal vez sea posible que los dos países adopten
medidas complementarias.  Como alternativa, la jurisdicción con mayor interés en la cuestión puede
estar en condiciones de aplicar una medida que satisfaga las preocupaciones en materia de competenciaWT/WGTCP/W/72
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de la otra jurisdicción.  No obstante, si una fusión no plantea problema alguno con arreglo a las leyes de
la jurisdicción en la que tenga su sede la empresa -no se produce un daño importante a la competencia-
esa jurisdicción carecerá de base para emprender una acción.  Puede fácilmente ocurrir que una
transacción sea recurrible en una jurisdicción y no lo sea en otra, debido principalmente a las diferentes
condiciones en materia de competencia de las dos jurisdicciones, aunque también pueden influir las
diferencias en el ámbito y la aplicación de las leyes sobre competencia.
La globalización y la liberalización del comercio han dado lugar a un número cada vez mayor
de fusiones, empresas conjuntas y otras formas de colaboración empresarial que traspasan fronteras
jurisdiccionales.  Si en el ejemplo antes citado se supone que en el país más pequeño no existen leyes
sobre competencia que permitan un examen formal de los efectos anticompetitivos de esas
transacciones, son evidentes las ventajas de tratar de elaborar una legislación sobre competencia.
8. ¿Es factible recurrir al principio de respeto activo de la prelación "positive comity" como
instrumento para resolver los problemas de la política de competencia reduciendo al mismotiempo al mínimo los conflictos internacionales de jurisdicción, en circu nstancias en las que las
prácticas anticompetitivas se originan en sector es económicos que no entran en el ámbito de la
legislación nacional sobre competencia aplicable en  la jurisdicción en la que se utilizan esas
prácticas?
El principio de cortesía internacional tradicional impone que los países se respeten entre sí
como naciones soberanas iguales.  En la práctica, ese concepto puede ir más allá de examinar si existe
un conflicto real en la legislación para entrar en consideraciones de cómo afectarán a los intereses
nacionales de otras jurisdicciones las medidas de las autoridades competentes.  Las notificaciones de
acciones emprendidas por una jurisdicción que puedan afectar a otra constituyen en la práctica una
enunciación del principio de cortesía internacional tradicional.
El principio de cortesía internacional positiva ("positive comity")  lleva algo más lejos la
cortesía tradicional al prever un mecanismo por el que un país afectado pueda solicitar que otro país
considere la posibilidad de que en las acciones emprendidas se tengan en cuenta las preocupaciones
suscitadas por las prácticas anticompetitivas.  De esa manera, la cortesía internacional positiva puede
facilitar la aplicación de la legislación sobre competencia por la jurisdicción mejor situada para hacerloy puede reducir la razón de ser de la aplicación extraterritorial de las leyes.
Ahora bien, las acciones emprendidas en aras de la cortesía internacional positiva se aplican en
el marco de las leyes nacionales sobre competencia.  Si las prácticas en cuestión tienen lugar en sectores
excluidos de la aplicación de las leyes sobre competencia en la jurisdicción en que se realizan, o si esa
conducta no es en general objeto de censura, es posible que la solicitud de aplicación del principio decortesía internacional positiva no dé lugar en definitiva a una solución legal.
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