ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/78
7 de julio de 1998
(98-2702)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y DE SUS ESTADOS MIEMBROS
Se ha recibido de la Delegación Permanente de la Comunidad Europea la siguiente
comunicación, de fecha 29 de junio de 1998, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
_______________
Introducción
La presente comunicación de la Comunidad Eur opea y de sus Estados miembros trata de las
dos cuestiones que se estudiarán en la reunión de ju lio del Grupo de Trabajo:  a) la repercusión de los
monopolios estatales, los derechos exclusivos y las políticas en materia de reglamentación sobre lacompetencia y el comercio internacional, y b) la repercusión de la política comercial sobre la
competencia.  Hay que señalar que estas cuestiones son potencialmente muy amplias y pueden abarcar
la casi totalidad de las actividades actuales de la OMC.  Por consiguiente, es particularmente
importante centrarse en la interacción entre el comercio y la política de competencia y evitar la
duplicación de los trabajos que se realizan en otros órganos de la OMC.  Aunque las cuestiones
relativas al examen y el funcionamiento de las actuales disciplinas de la OMC han de estudiarse en
otros órganos específicos de la OMC, este Grupo puede contribuir a una mejor comprensión de lainteracción entre los diferentes tipos de intervención de los poderes públicos en la economía y la
competencia.
Los monopolios estatales, los derechos exclusivos y las políticas en materia de
reglamentación tienen frecuentemente un efecto muy real sobre el comercio y sobre la competencia.Análogamente, la competencia puede verse afectada por diferentes tipos de medidas de política
comercial.  Esta comunicación se centrará en tales interacciones.  Asimismo se expondrá la
experiencia de la Unión Europea.  Aunque esa experiencia es singular en muchos aspectos, tales
conocimientos pueden ser útiles para la labor del Grupo, teniendo en cuenta el gran alcance de los
objetivos en materia de integración de los mercados y el amplio campo de aplicación previsto para lalegislación sobre la competencia.
La aplicación de la legislación y la política en materia de competencia podría complementar
las disciplinas de la OMC y contribuir a la consecución de los objetivos de la liberalización del
comercio.  Como se afirma acertadamente en el capítulo relativo al comercio y la política decompetencia del Informe Anual de la OMC correspondiente a 1997, "cualquier posición con respecto
a la legislación sobre la competencia o a la aplica ción de esa legislación, incluyendo la decisión de no
promulgar leyes sobre la competencia o de no aplicar las leyes vigentes, es una opción de política.
Esto significa que muchas veces es difícil separar de la política gubernamental las restricciones
introducidas por el sector privado, puesto que el hecho de que existan esas restricciones puede
atribuirse a la decisión del gobierno de no intervenir o de no aplicar leyes con arreglo a las cuales
podría intervenir".  Así pues, la cuestión no es si las normas de la OMC deben imponer obligaciones aWT/WGTCP/W/78
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las empresas privadas, pues no deben hacerlo, sino más bien si los gobiernos deben aceptar unas
disciplinas básicas, basadas en unos principios o normas comunes, relativas a la promulgación de
leyes sobre la competencia y a su aplicación a fin de coadyuvar al logro de los objetivos de la OMC
en lo que se refiere a la liberalización del comercio.
I. REPERCUSIÓN DE LOS MONOPOLIOS ESTATALES, LOS DERECHOS
EXCLUSIVOS Y LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN SOBRE
LA COMPETENCIA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL
I.1 Razones en favor de la liberalización de los monopolios y la reforma de la
reglamentación
a) Razones en favor de la liberalización de ciertos sectores monopolísticos
En algunos sectores que tradicionalmente han desempeñado una función clave en las
sociedades, los poderes públicos han concedido privilegios especiales o exclusivos a
determinadas empresas o han autorizado otras restricciones de la competencia.  Muchas
veces, a cambio de esas ventajas, las empresas designadas prestan un servicio a todos losciudadanos en ciertas condiciones y a precios asequibles.
Por ejemplo, en todos los Estados Miembros de la UE, los servicios postales básicos, es decir,
la recogida, clasificación, transporte y entrega de correspondencia, han estado a cargo de
monopolios.  Esa organización de los servicios de correos ha permitido cumplir ciertasprescripciones específicas.  Los servicios se prestan en todo el territorio nacional, a quienes
los solicitan, a un nivel uniforme de calidad o mediante el pago de una tasa única (es decir,
independiente de la distancia que se haya de recorrer y de la ubicación de los lugares de
expedición y de destino) fijada a un nivel asequible para todos.
Ahora bien, en los últimos años ha habido considerables progresos técnicos y han
evolucionado las necesidades de los consumidores.  En consecuencia, han perdido fuerza las
razones que militaban en favor del mantenimiento de los monopolios.  Paralelamente, la
reglamentación promulgada específicamente para esos servicios ha perdido gran parte de su
justificación.
A veces también se presenta la protección de los monopolios estatales, incluso en los países
en desarrollo, como medio de elevar la competitividad de las empresas nacionales o de hacer
que mejore la situación del empleo.  Esa protección puede también socavar seriamente la
asignación óptima de los recursos.  En general, los problemas que suscita la protección de los
monopolios estatales son los siguientes:
- Ineficiencia.  Las empresas con poder en el mercado cuyo comportamiento no se vea
cortado por una competencia real o potencial tendrán menos incentivos estáticos para
producir con la mayor eficiencia y menos incentivos dinámicos para innovar.
- Pérdida por "peso muerto".  Los precios más altos percibidos por los monopolios
hacen que se produzca una transferencia de recursos de los consumidores a los
productores, pero los productores no obtienen todas las ganancias resultantes de esos
precios más elevados.  Por lo tanto, parte de esa ganancia la pierden tanto los
productores como los consumidores, como resultado de la falta de incentivos para
producir con la máxima eficiencia, por lo que constituye una pérdida por "peso
muerto".WT/WGTCP/W/78
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- Pérdida de competitividad de la economía.  La existencia de un monopolio, por
ejemplo en el suministro de electricidad, puede hacer que suban los precios de la
energía y que, en consecuencia, se eleven los costos de producción de las empresas y
se reduzca la competitividad de la economía en su conjunto.
En consecuencia, la existencia de un mercado competitivo que haga que los precios sean más
bajos es conveniente en general y hace que aumente el bienestar, a menos que se pueda
demostrar claramente la necesidad de mantener unas estructuras monopolísticas.
Hay que señalar también que la existencia de un monopolio no constituye un requisito previo
para el cumplimiento de la obligación de prestar determinados servicios a todos los
ciudadanos.  Tal obligación puede imponerse a compañías expuestas a la competencia.
b) Razones en favor de la desreglamentación
La reglamentación en sí misma es ambivalente:  es necesaria, pero también puede surtir
efectos nocivos.  Por una parte, puede servir para colocar a las empresas en condicionesequivalentes, por ejemplo mediante la adopción de unas prescripciones técnicas, de unas
normas y de unas políticas en materia de contratación pública que sean transparentes y no
discriminatorias, o mediante la promulgación de normas que afecten al establecimiento (por
ejemplo, restricciones basadas en la planificación urbana) o al funcionamiento (por ejemplo,
restricciones de la publicidad) de las empresas competidoras.  La reglamentación puedetambién ser necesaria en el caso de los monopolios naturales o de las externalidades de la
producción.  Asimismo puede ser necesario informar a los consumidores o atender intereses
sociales o de otra índole.
Por otra parte, al igual que ocurre con la política económica en general, la reglamentación
puede constituir un obstáculo al comercio.  Como se observa en el capítulo relativo al
comercio y la política de competencia del Informe Anual de la OMC correspondiente a 1997,
las razones aducidas para justificar la reglamentación pueden ser coartadas destinadas a
proteger a las empresas ya establecidas:  "existe una diferencia importante entre el fin
declarado de las leyes y reglamentos que se promulgan y los fines para los que sirven en la
práctica.  A veces se comprueba que las políticas económicas, entre ellas la política de
competencia y la política comercial, están al servicio de ciertos grupos de interés bienorganizados y no del conjunto de la población de un país".
1
El carácter inadecuado de la reglamentación puede también afectar a la competencia, por
ejemplo reduciendo la exposición a la libre concurrencia en el mercado.  Puede surtir efectos
negativos similares a los causados por el mantenimiento de monopolios inadecuados (véasemás arriba), frenando el crecimiento económico y del desarrollo.  Además, hay que tener en
cuenta la reglamentación al determinar el mercado pertinente, tanto en sus dimensiones
geográficas como desde el punto de vista de los productos abarcados.
La OCDE ha emprendido amplios trabajos sobre la reforma de la reglamentación.  Los
debates han demostrado, entre otras cosas, que las medidas de reglamentación deben estar en
consonancia con los principios de la transparencia y de la no discriminación y no deben ser
más onerosas de lo estrictamente necesario.
                                                     
1 Página 52.WT/WGTCP/W/78
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c) Aumento de la eficiencia económica debido a las reformas encaminadas a intensificar
la competencia
Los análisis recientes han demostrado que cabe suponer que la liberalización y la
desreglamentación lleven a grandes aumentos de la productividad, a la baja de los precios y alcrecimiento económico.  Por ejemplo:
- En Europa, la productividad de la mano de obra aumentó dos veces más rápidamente
en los sectores manufactureros más afectados por las reformas que para intensificar la
competencia se introdujeron en virtud del programa del Mercado Único que en los
demás sectores.
2
- En el sector de las telecomunicaciones, la eliminación de los monopolios contribuyó a
estimular las nuevas tecnologías y a elevar el número de propietarios de teléfonos
móviles en los países de la OCDE, que pasó de 700.000 en 1985 a 71 millones
en 1995.  Tras la reforma, los precios medios de los servicios de teléfonos bajaron un
63 por ciento en el Reino Unido y un 41 por ciento en el Japón, y los precios de lascomunicaciones interurbanas e internacionales bajaron un 66 por ciento en Finlandia.
3
I.2 Enfoque adoptado actualmente por la OMC con respecto a las políticas en materia de
reglamentación, los monopolios estatales y las empresas con derechos exclusivos
En esta sección se examina el enfoque adoptado en la OMC hasta la fecha en lo que se refiere
a las políticas en materia de reglamentación, los monopolios estatales y las empresas con derechos
exclusivos.
En cuanto a las políticas en materia de reglamentación, la normativa de la OMC tiene por
objetivo dar las  mismas oportunidades de competir a los productos y los servicios de las empresas,
sea cual fuere su origen, una vez que se han pagado unos aranceles o, en el sector de los servicios, una
vez que un Estado ha aceptado un compromiso en la esfera del acceso a los mercados.  En el sector de
las mercancías, por ejemplo, las disposiciones del GATT sobre la no discriminación (NMF y trato
nacional) tienen por finalidad lograr que los Estados no promulguen disposiciones legislativas ni
adopten otras medidas o políticas que puedan restringir la oferta de productos extranjeros o
discriminar entre ellos.  Las posteriores rondas de negociación han reforzado aún más lasdisposiciones conexas y han reducido los obstáculos no arancelarios al comercio, por ejemplo
mediante la elaboración de disposiciones en la esfera de los obstáculos técnicos al comercio.
4
Para los efectos de la labor de este Grupo, la interacción entre la política de competencia y el
comercio incluiría, en particular, cualquier situación en que los poderes públicos exigieran, aprobarano apoyaran prácticas anticompetitivas privadas cuyo efecto pudiera ser impedir la entrada de
mercancías, servicios o proveedores de servicios extranjeros.  De la solución de una serie de
diferencias sometidas al GATT y a la OMC parece desprenderse que tales medidas de los poderes
públicos, sean de carácter formal o informal, estarían sometidas a las disciplinas de la OMC.  Las
normas de la OMC no parecen, en principio, abarcar los casos en que esas prácticas anticompetitivas
                                                     
2 Fuente:  OCDE, C/MIN(97)10.
3 Fuente:  OCDE, C/MIN(97)10.
4 El Código OTC incluye disposiciones que obligan a los poderes públicos a tomar medidas para que
los órganos no oficiales (es decir, privados) que se ocup an de la normalización no adopten reglamentos técnicos
ni normas cuyo efecto sea crear obstáculos al comercio.WT/WGTCP/W/78
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sean adoptadas por las empresas de forma autónoma, sin suficiente participación de los poderes
públicos, incluso si tales prácticas surten efectos restrictivos iguales o mayores.
En relación con las actividades de las empresas comerciales del Estado que tienen derechos
exclusivos o especiales o monopolios, las normas de la OMC también  tienen por finalidad abarcar las
actividades autónomas de las empresas en la medida en que puedan llevar a la creación de obstáculos
al comercio internacional de bienes y servicios.   En la sección IV.I.C del capítulo relativo al
comercio y la política de competencia del Informe Anual de la OMC correspondiente a 1997 se hace
un excelente análisis del enfoque adoptado actualmente por la OMC y se ponen de relieve tres tipos
de problemas de acceso al mercado que pueden surgir como resultado de las actividades de las
empresas que disfrutan de una posición dominante en el mercado.  Tales problemas de acceso a los
mercados se refieren a lo siguiente:  a) las dificultades de acceso a los mercados que son objeto demonopolios o de privilegios especiales o exclusivos;  b) el acceso a los mercados de productos
elaborados, en particular cuando tal acceso depende de la utilización de instalaciones que son objeto
de un monopolio o de una posición dominante en el mercado;  y c) el acceso a los mercados de
insumos destinados a la producción de bienes y servicios por una empresa dominante o privilegiada.
El estudio de la forma en que la OMC ha tratado de hacer frente a tales problemas de acceso a losmercados ilustra la importancia que tiene el establecimiento de una estrecha relación entre la
liberalización del comercio y la aplicación de las disciplinas de la legislación sobre la competencia.
El GATT reconoció hace largo tiempo que las empresas comerciales del Estado a las que se
han concedido derechos especiales o exclusivos (tales como un derecho monopolístico a importar unproducto dado) pueden, como resultado de sus actividades, influir en la medida en que los productos
extranjeros tienen acceso al mercado.  El artículo XVII del GATT se redactó para que los derechos de
los interlocutores comerciales a tener acceso a los mercados no se vieran menoscabados por el
comercio de Estado;  ese artículo exige que las empresas que disfruten de derechos especiales o
exclusivos operen exclusivamente de acuerdo con "consideraciones de carácter comercial" y prohíbelas compras o ventas discriminatorias.
5  Además se alienta a las Partes en el GATT a proceder a
negociaciones para reducir los obstáculos creados por el comercio de Estado, por ejemplo limitando la
naturaleza exclusiva de los derechos otorgados a la empresa comercial del Estado.
Con todo, el artículo XVII del GATT adolece de deficiencias fundamentales, y generalmente
se estima que ha ejercido muy poca influencia sobre el comportamiento de los comerciantes
monopolistas.  Es interesante observar que el Tratado constitutivo de la CEE, que se redactó 10 añosdespués que el Acuerdo General, incluye efectivame nte la obligación de que los Estados miembros de
la CE reduzcan gradualmente los derechos exclusivos de importación o de exportación en el comercio
interior de la CE.
6  Hay argumentos convincentes para considerar con ánimo favorable en los órganos
competentes el futuro reforzamiento del artícu lo XVII del GATT, por ejemplo reduciendo (si es
necesario, gradualmente) el comercio monopolista y autorizando a los comerciantes a que, en todomomento, puedan dedicarse al comercio paralelo.
                                                     
5 Todavía no se ha aclarado si la obligación de no  discriminar enunciada en el artículo XVII es una
obligación NMF o constituye asimismo una obligación de co nceder el trato nacional.  Sin embargo, hay sólidos
argumentos para estimar que el artículo XVII también impone una obligación de otorgar el trato nacional, ya
que esa es la única forma de que una empresa comercial del Estado pueda operar con arreglo a "consideracionesde carácter comercial", y también porque, de otro m odo, ese artículo permitiría a los países incumplir una
obligación que hubieran asumido en re lación con el acceso a los mercados, por ejemplo si hubi eran contraído un
compromiso arancelario.
6 Artículo 37 del Tratado constitutivo de la CEE.WT/WGTCP/W/78
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Desde un primer momento, las normas de la OMC sobre el comercio de servicios han
reconocido que los proveedores monopolistas y exclusivos, así como otros proveedores, pueden
restringir el comercio internacional de servic ios si incurren en prácticas anticompetitivas.7  El AGCS
impone a los poderes públicos obligaciones vinculantes sobre el comportamiento de tales
proveedores.  Además, el AGCS incluye explícitamen te conceptos propios de la legislación sobre la
competencia, por ejemplo al disponer que los Miembros de la OMC se asegurarán de que los
monopolios y los proveedores exclusivos de servicios, al prestar un servicio que no esté comprendido
en el ámbito de sus derechos, no abusen de su posición dominante para actuar de manera incompatible
con tales obligaciones en materia de acceso a los mercados (artículo VIII, párrafo 2).  A este respecto,
el AGCS va visiblemente más lejos que el GATT, lo que refleja tanto el hecho de que se redactó
posteriormente como la mayor existencia de monopolios y de proveedores exclusivos, en el sector de
los servicios.
La idea de que la liberalización internacional de los servicios tiene que complementarse
mediante disposiciones destinadas a proteger el carácter abierto del mercado contra las posibles
prácticas anticompetitivas del sector privado se reconoció de la forma más explícita en las
negociaciones sobre las telecomunicaciones básicas, que se concluyeron en febrero de 1997.  Desde
luego, el sector de las telecomunicaciones ha estado dominado tradicionalmente por proveedores
monopolistas.  De los principios del denominado documento de referencia, que constituyeron la base
de las negociaciones, se desprende, entre otras cosas, que es necesario adoptar las medidas pertinentes
para prevenir las prácticas anticompetitivas en las telecomunicaciones, particularmente en lo que se
refiere a las subvenciones cruzadas, al acceso a instalaciones esenciales, a la interconexión a tarifasbasadas en los costos y no discriminatorias y a la transparencia, así como para establecer un órgano
independiente encargado de la reglamentación al que puedan presentarse las reclamaciones.
Evidentemente, tales disciplinas son específicas del sector de las telecomunicaciones y de los
Miembros de la OMC que han incluido en sus Listas los compromisos del documento de referencia.
Esta breve reseña de las normas de la OMC, en la medida en que se aplican a la
reglamentación de los poderes públicos y a las actividades de ciertas empresas que ocupan una
posición dominante en el mercado, muestra lo siguiente:  a) que la OMC ha elaborado una normativa
destinada a lograr que la reglamentación de los poderes públicos no altere la igualdad de
oportunidades de competir de los productos y servicios de otros Miembros de la OMC;  tal normativa
abarcaría, en principio, las medidas tomadas por los poderes públicos para facilitar o apoyar las
prácticas anticompetitivas del sector privado;  b) que las normas de la OMC han tratado también delograr que ciertos tipos de empresas que ocupan una posición de poder en el mercado no actúen de
manera que redunde en detrimento de los compromisos asumidos por los Miembros de la OMC en
materia de apertura de los mercados, y c) que, en el marco del AGCS, las obligaciones asumidas por
los Miembros en relación con las actividades de tales empresas hacen referencia explícita a los
principios o conceptos de la legislación en materia de competencia.
En consecuencia, las normas de la OMC reconocen que los compromisos en materia de
apertura de los mercados pueden verse socavados por las prácticas anticompetitivas adoptadas por
ciertas empresas que ocupan una posición de poder en el mercado.  Con todo, hay lagunas en la actual
normativa de la OMC.  Una práctica anticompetitiva puede tener un efecto de exclusión del mercadoincluso sin intervención de las autoridades.  El poder de mercado puede ser ejercido por empresas que
queden fuera del ámbito de aplicación del artículo XVII del GATT y del artículo VIII del AGCS o
como resultado de acuerdos anticompetitivos concertados entre empresas.  Aunque, en ciertos casos,
las disciplinas de la legislación sobre la competencia se han elaborado a nivel sectorial, se debe
considerar el alcance de un marco horizontal  apropiado de normas sobre la competencia.
                                                     
7 Véanse los artículos VIII y IX del AGCS.WT/WGTCP/W/78
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I.3 Los monopolios estatales y los sectores reglamentados:  la experiencia de la Unión
Europea
Plantea una serie de problemas la aplicación efectiva de la legislación sobre la competencia
en los sectores muy reglamentados o en los sectores en que hay empresas que con arreglo a la leyocupan una posición monopolista o gozan de derechos exclusivos o especiales.  En particular, habría
problemas desde el punto de vista tanto del comercio como de la política de competencia en los
siguientes casos:  a) si la legislación sobre la competencia no se aplicase en pie de igualdad a las
empresas privadas y a las empresas públicas;  b) si tales sectores estuvieran exentos en general de la
aplicación de la legislación sobre la competencia, y c) si, incluso aunque no existiese tal exención
general, una interpretación amplia de la doctrina de la "acción del Estado" implicase en la práctica que
las empresas no están sometidas a las disciplinas de la legislación sobre la competencia.
La liberalización efectiva del comercio sólo puede conseguirse combinando las disciplinas
aplicables a la reglamentación por los poderes públicos o a otras formas de intervención de las
autoridades y limitando en toda la medida de lo posible el margen para la concesión de exenciones a
las disciplinas de la legislación sobre la competencia.
La experiencia de la Unión Europea a este respecto es única, puesto que las disciplinas de la
legislación sobre la competencia también se aplican, en ciertas condiciones, a las medidas adoptadas
por los Estados miembros.  Evidentemente, esto está estrechamente vinculado al marco jurídico e
institucional de la Comunidad y a sus objetivos en materia de integración del mercado.  Porconsiguiente, no se afirma que la experiencia de la Unión Europea puede sencillamente trasladarse al
plano multilateral.  No obstante, esa experiencia pue de ser de interés para otros Miembros de la OMC,
en particular los que están participando en un proceso de integración económica regional.
Por otra parte, la OMC ha ido reconociendo cada vez más la importancia de avanzar
paralelamente en la desreglamentación y en el refuerzo de las disciplinas en materia de competencia.
Así pues, algunos elementos del enfoque adoptado por la Comunidad pueden ser de interés en el plano
multilateral.
I.3 i) Liberalización de los monopolios estatales
Desde el primer momento, los autores del Tratado constitutivo de la CEE reconocieron que
las empresas públicas o las empresas que tienen derechos especiales o exclusivos podían afectar al
comercio interior de la CE y a las condiciones de competencia existentes en el mercado europeo.  Por
consiguiente, el Tratado incluye disposiciones específicas aplicables a esas empresas y a sus
gobiernos.
La Comisión viene aplicando una política de liberalización de ciertos sectores que
tradicionalmente estaban sometidos a monopolios, tales como los de las telecomunicaciones, la
energía, los servicios de correos y los transportes.  Varias disposiciones del Tratado constitutivo de la
CEE constituyen instrumentos clave para esa política.8
                                                     
8 El artículo 90 se aplica a las medidas adoptadas por los Estados miembros, pero, evidentemente,
como los monopolios ocupan por definición una posición dominante, se les aplica el artículo 86 si abusan de esa
posición.WT/WGTCP/W/78
Página 8
a) Prohibición:  Artículo 5 y párrafo 1 del artículo 90 del Tratado constitutivo de la
CEE
Los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma se aplican a las prácticas anticompetitivas de las
empresas y no a las medidas tomadas por las autoridades de los Estados miembros.  Ahorabien, los artículos 5 y 90 del Tratado exigen que esas autoridades públicas se abstengan de
adoptar medidas que puedan hacer ineficaces las normas en materia de competencia
aplicables a las empresas.
9  La reglamentación nacional no puede requerir ni favorecer un
comportamiento anticompetitivo contrario a las normas de la CE sobre la competencia, y no
exime del cumplimiento de esas normas a las empresas.
El análisis siguiente se limitará a las disposiciones más específicas del párrafo 1 del
artículo 90, en virtud del cual es ilegal que los Estados miembros, en el caso de las empresas
públicas y de las empresas a las que los Estados miembros concedan derechos especiales o
exclusivos, adopten o mantengan en vigor ninguna medida contraria a las normas del Tratado.
En otras palabras, el párrafo 1 del artículo 90 se aplica siempre junto con otra disposición del
Tratado de Roma.  Por ejemplo:
- Párrafo 1 del artículo 90 aplicado junto con las normas sobre la competencia
En el caso de las empresas públicas o de las empresas a las que los Estados miembros
conceden derechos especiales o exclusivos, los Estados miembros no pueden recurrir aacuerdos restrictivos en el sentido del artículo 85 ni a un comportamiento abusivo en el
sentido del artículo 86.  Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 90 aplicado junto con el
artículo 86 prohíbe a los Estados miembros colocar a tales empresas en una situación en la
que, por mero ejercicio de los derechos exclusivos que se les han otorgado, no puedan evitar
el abuso de una posición dominante.  Así, los Estados miembros no pueden dar a las empresaspúblicas ni a las empresas que gocen de derechos especiales o exclusivos un poder de
reglamentación con respecto a los competidores.
- Párrafo 1 del artículo 90 aplicado junto con las normas sobre la libre circulación
de mercancías y de servicios
Los artículos 30, 34 y 59 prohíben a los Estados miembros conceder o mantener derechos
exclusivos o especiales que afecten al comercio dentro de la UE, a menos que ello sea
necesario para garantizar el respeto de ciertas prescripciones imperativas.  Como ya se ha
señalado, el artículo 37 del Tratado de la CEE se ha interpretado en el sentido de que obliga a
los Estados miembros a reducir gradualmente los derechos exclusivos de importación o de
exportación en el comercio interior de la CE.
Las obligaciones impuestas a los Estados miembros por el párrafo 1 del artículo 90 junto con
los artículos 30, 34, 59, 85 y 86 del Tratado constitutivo de las CEE surten efecto
directamente dentro de los Estados miembros y, por consiguiente, pueden ser impugnadas por
los particulares ante los tribunales nacionales.
b) Excepción:  Párrafo 2 del artículo 90
El párrafo 2 del artículo 90 contiene una excepción a las disposiciones del párrafo 1 de ese
mismo artículo, según la cual las normas sobre la competencia no son plenamente aplicables a
                                                     
9 Tribunal de Justicia de las Comunidades Eur opeas, 17 de noviembre de 1993, Meng C-2/91 (1993)
Rec. I-5791.WT/WGTCP/W/78
Página 9
las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan
el carácter de monopolio fiscal.
Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 90 puede utilizarse para justificar el mantenimiento de
ciertos derechos exclusivos cuando éstos sean necesarios para la gestión de determinadosservicios públicos;  por ejemplo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
10
admite que ciertos monopolios pueden estar justificados por la necesidad de garantizar laviabilidad financiera de la prestación de ciertos servicios a todos los ciudadanos.
Sin embargo, la excepción a la aplicación de la legislación sobre la competencia se admite
solamente si la restricción de la competencia es necesaria para asegurar el cumplimiento de la
misión específica asignada a esas empresas (artículo 90 párrafo 2, primera frase) y acondición de que el desarrollo de los intercambios no quede afectado en forma tal que sea
contraria al interés de la Comunidad (segunda frase).
El Tribunal de Justicia considera que la primera frase del párrafo 2 del artículo 90 surte efecto
directamente dentro de los Estados miembros.  En consecuencia, se puede solicitar suaplicación ante los tribunales nacionales.
El actual sistema permite alcanzar un equilibrio entre el interés en que haya un mercado
integrado y competitivo y el interés en mantener los servicios públicos.  Ese equilibrio es
expresión del principio de la proporcionalidad, es decir, que los medios utilizados por losEstados miembros no deben ser más restrictivos de lo necesario.
11
Asunto Rodby, de 13 de abril de 199412 - Ilustración de la aplicación del párrafo 1 del
artículo 90 en combinación con el artículo 86:  el principio de las instalaciones esenciales
La DSB es una empresa pública que tiene el derecho exclusivo a organizar el transporte por ferrocarril
en Dinamarca.  Es también propietaria del puerto de Rodby y está encargada de su gestión.
Las autoridades danesas se negaron a permitir que un competidor construyera un puerto comercial
privado en las inmediaciones del puerto de Rodby o que operase a partir del puerto de Rodby.
La Comisión, con arreglo al párrafo 1 del artículo 90 y al artículo 86, condenó esa negativa después
de declarar que una empresa que posee o gestiona y utiliza unas instalaciones esenciales, es decir,unas instalaciones o una infraestructura sin las que sus competidores no pueden prestar sus servicios a
los clientes, y niega a sus competidores el acceso a tales instalaciones en condiciones comerciales
razonables está abusando de su posición dominante.
La Comisión consideró asimismo que la aplicación de las normas relativas a la competencia no
impedía que la DSB desempeñase la función particular que se le había encomendado, a saber,
organizar los servicios ferroviarios y encargarse de la gestión de las instalaciones portuarias de
Rodby.
                                                     
10 TJCE, 13 de mayo de 1993, asunto Nº C-320/91 (1993) REC. 2563 (servicio de correos), TJCE,
27 de abril de 1994, asunto Nº C-393/92, Almelo (1994) REC. 1477 (energía).
11 Véase el Aviso de la Comisión de 11 de septiembre de 1996 sobre los servicios de interés general en
Europa, DO C 281, 26 de septiembre de 1996.
12 Decisión de la Comisión de la CE Nº 94/272, 13 de abril de 1994, DO L 117, 7 de mayo de 1994,
página 30.WT/WGTCP/W/78
Página 10
c) Aplicación del párrafo 1 del artículo 90
Para la aplicación del párrafo 1 del artículo 90, el párrafo 3 del artículo 90 del Tratado
constitutivo de la CEE faculta a la Comisión para adoptar decisiones y directivas que son
vinculantes para los Estados miembros.
* Decisiones
Si un Estado miembro infringe lo dispuesto en  el párrafo 1 del artículo 90, la Comisión puede,
conforme al artículo 16913, recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidad Europeas para
que éste resuelva que el Estado miembro no ha cumplido sus obligaciones, o, conforme al
párrafo 3 del artículo 90, adoptar una decisión por la que se exija al Estado miembro queponga fin a la infracción.
Esta última posibilidad es específica para las infracciones del párrafo 1 del artículo 90.  La
decisión es vinculante, y el Estado de que se trate puede impugnarla ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas si considera que es infundada.
La mayoría de los problemas se resuelven de forma oficiosa entre la Comisión y los Estados
miembros (tal procedimiento oficioso se ha aplicado en relación con las telecomunicaciones,
los transportes y los servicios de correos).
Aeropuerto Nacional de Bruselas
14
La Comisión adoptó, conforme al párrafo 3 del artículo 90, una decisión sobre el sistema de
descuentos aplicable a los derechos de aterrizaje percibidos en el Aeropuerto Nacional de Bruselas
con arreglo al Real Decreto de 22 de diciembre de 1989.  La compañía British Midland, que había
presentado la reclamación, consideraba que ese sistema permitía que Sabena, su principal competidor
en la ruta Bruselas-Londres, se beneficiase de un descuento del 18 por ciento de sus derechos de
aterrizaje, mientras que ninguna otra compañía de líneas aéreas tenía derecho a una reducción.
Después de examinar la reclamación, la Comisión concluyó que ese sistema constituía una medida
estatal en el sentido del párrafo 1 del artículo 90, interpretado junto con el artículo 86, ya que tenía el
efecto de aplicar a las compañías de líneas aéreas condiciones diferentes para transacciones
equivalentes relacionadas con el aterrizaje y el despegue y, por consiguiente, distorsionaba la
competencia.  La Comisión estimó que tal sistema no podía justificarse más que por las economías de
escala logradas por la entidad que tuviese que explotar el aeropuerto.  Esta razón no era aplicable al
asunto que se examinaba.  En consecuencia, la Comisión pidió a las autoridades belgas que pusieran
fin al sistema.
                                                                                                                                                                    
13 "Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le
incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido adicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.  Si es Estado de que se trate no se atuviere a este
dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia."
14 Aeropuerto Nacional de Bruselas, DO L 216, 12 de septiembre de 1995. Todavía esta pendiente ante
el Tribunal de Justicia la petición de Bélgica de que se anule la decisión (asunto C-291/95).WT/WGTCP/W/78
Página 11
*Directivas
El párrafo 3 del artículo 90 también faculta a la Comisión para adoptar directivas.  Una
directiva es una disposición que obliga a obtener determinado resultado a cada uno de los
Estados miembros a los que se dirige, pero que deja a las autoridades nacionales de losEstados miembros en libertad para determinar la forma y los métodos de lograrlo.
La Comisión ha adoptado directivas en el sector de las telecomunicaciones.  Esta política de
liberalización seguida en la Unión Europea también contribuyó a la tendencia general a la
liberalización de las telecomunicaciones en todo el mundo y a la adopción del Acuerdo sobre
Telecomunicaciones de la OMC de 15 de febrero de 1997.
Telecomunicaciones
El 1º de enero de 1998 se abrió a la competencia el mercado de las telecomunicaciones en la Unión
Europea.  Esa liberalización se ha logrado mediante dos grupos de instrumentos jurídicos:  una
directiva de la Comisión basada en el párrafo 3 del artículo 90, relativa al establecimiento de la plena
competencia en el mercado de las telecomunicaciones15, y varias directivas del Consejo basadas en el
artículo 100A del Tratado constitutivo de la CEE16 y destinadas a armonizar las normas relativas a la
interconexión17, a las licencias18 etc.  Este conjunto de medidas demuestra la necesidad de que la
política en materia de competencia se elabore en estrecha coordinación con los aspectos más
generales de la política seguida por la Comunidad en la esfera de las telecomunicaciones.
I.3 ii) Política europea relativa al Mercado Único
A fin de fomentar la integración económica, la Unión Europea ha elaborado un marco para la
convergencia y el reconocimiento mutuo de la legislación (sobre, por ejemplo, información y
etiquetado de las mercancías, especificaciones técnicas) y de los procedimientos.  Como
resultado de ello, por ejemplo, las mercancías legalmente comercializadas en el territorio de
un Estado miembro pueden circular por toda la Unión Europea sin tener que proceder a
nuevas formalidades o cumplir prescripciones repetitivas.  Las excepciones a esos principios
se limitan a una lista de prescripciones obligatorias de interés general (por razones de salud
pública, seguridad, protección de los consumidor es, medio ambiente, etc.) y están sometidas a
rigurosas condiciones (por ejemplo, la proporc ionalidad).  La Comisión Europea también ha
establecido un procedimiento de notificación para hacer que las reglamentaciones nacionales
estén en consonancia con las prescripciones del mercado único.  Las personas naturales y
jurídicas pueden, en ciertas circunstancias, reclamar ante los tribunales nacionales una
indemnización de daños y perjuicios cu ando un Estado miembro no ha cumplido sus
obligaciones.
Seguidamente se dan algunos ejemplos de la forma en que se ha aplicado en diferentes
sectores la política del mercado único, que se basa en las disposiciones del Tratado:
                                                     
15 Directiva 96/19 de la CE, de 13 de marzo de 1996, DO L 74, 22 de marzo de 1996, página 13.
16 El artículo 100A constituye la base jurídica para la adopción de la legislación de la Comunidad
destinada a completar el programa relativo al mercado interno.
17 Directiva 97/33 de la CE, de 30 de junio de  1997, DO L 199, 26 de julio de 1997, página 32.
18 Directiva 97/13 de la CE, de 10 de abril de  1997, DO L 117, 7 de mayo de 1997, página 15.WT/WGTCP/W/78
Página 12
En el sector de los productos alimenticios, la Comisión ha condenado en muchos casos
algunos procedimientos nacionales con arreglo a los cuales determinado producto sólo puede
venderse si se ha obtenido previamente una autorización.  Tales procedimientos tienen a
veces por finalidad regular la composición de los productos alimentarios y, en particular, la
presencia de complementos alimentarios (nutrientes, vitaminas) o de aditivos alimentarios.
En el sector de los productos farmacéuticos se han condenado otros obstáculos, consistentes
por ejemplo en ciertos procedimientos por los que se requería una autorización para la
comercialización.  Esos procedimientos son legítimos cuando están destinados a comprobar,
por ejemplo, que un producto no es nocivo.  Lo s Estados miembros tienen la obligación de
adoptar todas las medidas necesarias para proteger la salud pública.  Sin embargo, esas
medidas no deben constituir un medio indirecto de proteger los mercados internos.  Enconsecuencia, la Comisión estudia muy atentamente si de hecho son necesarias y si son
proporcionadas al objetivo que se pretende alcanzar.
También es motivo de preocupación para las autoridades europeas la utilización inadecuada
de las normas.  Las autoridades europeas se cercioran de que las normas no se utilizan comomedio de excluir de un mercado o de reforzar una posición dominante.
La política del mercado único es un elemento clave del libre comercio y de la competencia
dentro de la Unión Europea.  Los terceros países también se benefician de las disposiciones
de la Unión Europea.  Por ejemplo, las mercancí as importadas de un tercer país por cualquier
Estado miembro pueden circular libremente por toda la Unión Europea.
II. REPERCUSIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL SOBRE LA COMPETENCIA
II.1 Relación entre la liberalización del comercio y la legislación y la política en materia de
competencia
La competencia en un mercado puede verse afectada por toda una serie de medidas de política
comercial.  Son motivo de particular preocupación los aranceles elevados, las restricciones
cuantitativas, las reglamentaciones internas destinadas a favorecer a los productos nacionales con
respecto a los importados, las restricciones del acceso a los mercados por empresas comerciales del
Estado, la discriminación en la contratación pública o los casos en que las medidas correctivas enmateria de política comercial no se aplican de conformidad con las normas multilaterales.  La
existencia de una gran protección externa, que aísle efectivamente de la competencia exterior a los
mercados nacionales, puede contribuir a que se alcance una elevada concentración en el mercado
interno y facilitar los acuerdos de tipo cártel entre las empresas nacionales o los abusos de una
posición dominante.  Ciertos tipos de intervenciones de política comercial, en particular cuando losexportadores extranjeros se benefician de rentas contingentarias, pueden también fomentar la
connivencia implícita o explícita entre las empresas nacionales y las extranjeras.  Es probable que la
repercusión de las medidas de política comercial sobre la competencia sea perjudicial en el caso de las
restricciones de larga data al comercio, tales como los aranceles elevados o los contingentes, en
particular si no existe un claro compromiso de reducirlas progresivamente o de eliminarlas.
De lo que antecede se desprende que el sistema de la OMC/GATT, mediante sucesivas rondas
de negociaciones comerciales destinadas a reducir los obstáculos al comercio y establecer unas
disciplinas claras y susceptibles de aplicación sobre los diferentes tipos de medidas de política
comercial, ha contribuido mucho a intensificar la competencia y lograr que los mercados quedenabiertos.  Aunque es esencial que se cumplan los compromisos adquiridos, es evidente que hay que
mantener el impulso dado a la liberalización del comercio.  Esta es la razón por la que la UE defiende
firmemente la necesidad de iniciar, en la Reunión Ministerial de 1999 de la OMC, una nueva ronda deWT/WGTCP/W/78
Página 13
amplias negociaciones comerciales.  La labor de este Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de Competencia tiene que considerarse dentro de ese marco más amplio.
A este respecto, una cuestión clave que hay que tener presente es que, si bien la reducción de
los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio y el mantenimiento de unas disciplinasclaras sobre las medidas de política comercial contribuyen de forma esencial al fomento de un entorno
competitivo, una política de activa aplicación de la legislación sobre la competencia continúa siendo
indispensable para asegurar una competencia efectiva y el acceso a los mercados sobre la base de la
igualdad de las oportunidades de competir.
Una cuestión cuyo estudio es de importancia clave para este Grupo de Trabajo es la forma de
complementar efectivamente las actuales disciplinas de la OMC en materia de medidas de los poderespúblicos mediante el compromiso de los gobiernos de adoptar y aplicar unas disciplinas en materia de
legislación sobre la competencia a fin de hacer frente más eficazmente a las prácticas anticompetitivas
que tienen considerables repercusiones sobre el comercio y la inversión.  El informe recientemente
adoptado del Grupo Especial que examinó el asunto Kodak-Fuji ha dejado claramente sentado que las
normas de la OMC pueden aplicarse a toda una serie de medidas de los poderes públicos, incluyendomedidas no vinculantes o medidas tomadas por entidades privadas cuando hay una participación
suficiente de los poderes públicos.  Ahora bien, la repercusión sobre el comercio de una práctica
anticompetitiva que surta el efecto de excluir del mercado no depende del grado de intervención de
los poderes públicos.  De hecho, sería paradójico que ciertas prácticas pudieran dar lugar a recursos en
el marco de la OMC por el hecho de que los poderes públicos hubieran tenido alguna participación enellas, en tanto que unas prácticas igualmente restrictivas o más restrictivas quedasen totalmente fuera
de las disciplinas de la OMC si los poderes públicos hubieran optado por no intervenir a causa de la
inexistencia de una legislación sobre la competencia o porque no se considerase que la lucha contra
esas prácticas tuviera carácter prioritario.  También sería evidentemente deplorable que tales
cuestiones hubieran de abordarse basándose en las normas generales para casos en que no hubierainfracción o sin que se hubiera llegado a un entendimiento común entre los Miembros de la OMC
sobre el tipo de disciplinas que deberían aplicarse en materia de legislación sobre la competencia.  Un
enfoque multilateral podría basarse en el compromiso de los Miembros de la OMC de adoptar unos
regímenes nacionales en materia de competencia basados en unos principios comunes acordados en
relación tanto con la legislación sustantiva como con su aplicación y mediante unos instrumentos de
colaboración internacional destinados a hacer frente   a las prácticas anticompetitivas que tuvieran una
dimensión internacional considerable.  Tal enfoque reforzaría el sistema multilateral de comercio ycontribuiría a salvar las diferencias existentes entre los Miembros acerca de la repercusión de las
prácticas anticompetitivas en el comercio internacional.  Asimismo debería complementar y apoyar
los esfuerzos por estrechar la colaboración bilateral entre las autoridades en materia de competencia y
permitir la flexibilidad y el apoyo apropiados en favor de los países en desarrollo.
II.2 Relación entre las medidas de política comercial y la competencia
En esta sección del documento se hace una descripción general de la relación entre la
competencia y los diferentes tipos de intervenciones por razones de política comercial.  En todo
análisis de la relación entre las medidas de política comercial y la competencia habría que tener encuenta la naturaleza y la finalidad de los diferentes tipos de medidas de política comercial.  A este
respecto, este análisis se basa en los siguientes tipos de medidas de política comercial:  a) medidas en
la frontera (aranceles y restricciones cuantitativas);  b) reglamentaciones internas (reglamentos
técnicos, contratación pública, subvenciones);  c) medidas de salvaguardia;  y d) medidas destinadas a
luchar contra las prácticas comerciales desleales (medidas antidumping y derechos compensatorios).
19
                                                     
19 La normativa de la OMC en lo que se refiere al comercio estatal ya se ha analizado en la parte I de
este documento y no se expondrá de nuevo.  Se debe señalar que varias de las intervenciones de política
comercial general estudiadas en esta sección  pueden ta mbién tener particular incidencia en relación con lasWT/WGTCP/W/78
Página 14
Al considerar las diferentes medidas de política comercial se pone también de relieve su relación con
la legislación sobre la competencia.  Tales interacciones se examinan en la siguiente sección de este
documento.
2.1 Aranceles y restricciones cuantitativas
Tanto los aranceles como las restricciones cuantitativas hacen normalmente que suban los
precios internos y afectan a la estructura de la competencia en el mercado.  Si el mercado
interno está concentrado, una restricción cuantitativa puede tener un efecto más restrictivo
que su equivalente arancelario, puesto que el aumento de las importaciones puede no coartar
las subidas de los precios de los productores nacionales.  Además, existe un mayor riesgo de
connivencia, ya que los productores extranjeros pueden beneficiarse de la asignación derentas contingentarias.  Aparte de tales diferencias, los factores clave que determinan el efecto
de los aranceles y de las restricciones cuantitativas sobre la competencia son el nivel de la
protección externa que se dispense y la existencia de un claro compromiso de reducir o
eliminar tales medidas en la frontera.
La OMS prohíbe claramente la aplicación de restricciones cuantitativas, que sólo pueden
ponerse en práctica en circunstancias claramente definidas, y ha contribuido sobremanera a la
reducción de los aranceles mediante sucesivas rondas de negociaciones comerciales.  Con
todo, se debe observar que muchos países ma ntienen todavía un elevado nivel de protección
arancelaria en muchos sectores diferentes.  Además, muchos países no han consolidado susaranceles en algunos sectores o los han consolidado a un tipo máximo muy superior a los
tipos aplicados.  Esto implica que se pueden incrementar considerablemente los aranceles sin
rebasar las limitaciones de la OMC.  Incluso si no se aumentan efectivamente los aranceles, la
incertidumbre sobre el nivel de la protección externa puede limitar la repercusión de las
importaciones favorable a la competencia.
2.2 Reglamentaciones internas
En el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se han establecido
disciplinas específicas para lograr que todos los reglamentos técnicos y normas, así como los
procedimientos de evaluación de la conformidad, cumplan los principios clave de la
transparencia y de la no discriminación, y que tales medidas no restrinjan el comercio más delo que sea necesario para alcanzar un objetivo legítimo.  Otra importante finalidad del
Acuerdo es promover la utilización de normas internacionales.  El cumplimiento de los
reglamentos técnicos y de las normas, así como de los procedimientos de evaluación de la
conformidad, pueden entrañar unos costos innecesariamente altos para los productores
extranjeros, limitando así la competencia.  Las disposiciones de la OMC desempeñan, porconsiguiente, una función esencial al limitar el riesgo de que los reglamentos técnicos y las
normas, que pueden adoptarse para alcanzar una serie de objetivos de política, se utilicen
como instrumento de protección y para limitar la competencia de los proveedores extranjeros.
El Comité OTC ha establecido un programa de trabajo destinado a mejorar la transparencia de
los regímenes nacionales y a aclarar diversas disposiciones del Acuerdo OTC.
                                                                                                                                                                    
empresas estatales.  En cuanto a las reglamentaciones internas, esta sección se centra en los tipos de medidas
internas que están sometidas a disciplinas específicas de la OMC en la esfera del comercio de mercancías.  Nose analizan expresamente las disposiciones de la OMC en materia de derechos compensatorios, aunque seaplican a ellas consideraciones similares a las concernientes a las medidas antidumping.  No se analizan las
medidas adoptadas en relación con las inversiones ni co n la protección de la propi edad intelectual, dado que
tales cuestiones pueden estudiarse en la reunión de septiembre del Grupo de Trabajo.WT/WGTCP/W/78
Página 15
Las prácticas anticompetitivas de las entidades privadas que participan en el establecimiento
de normas y en los procedimientos de determinación de la conformidad son motivo de
particular preocupación para las autoridades competentes en materia de competencia, que
siguen al respecto una activa política en materia de aplicación.  Por ejemplo, en una serie de
asuntos sobre legislación de la competencia planteados en la CE y en sus Estados miembros,así como en otras jurisdicciones, se han condenado las actividades de entidades de
certificación privadas como resultado de las cuales las empresas nacionales han excluido del
mercado a competidores extranjeros.  Han surgido problemas similares en relación con el
acceso a los mercados de terceros países.  Las disciplinas del Acuerdo OTC también abarcan
las actividades de los órganos de normalización privados e incluyen un Código de Buena
Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas que está abierto a la
aceptación de tales entidades.  El Comité OTC está actualmente estudiando las razones por lasque muchas entidades de normalización no han aceptado el Código.  Por consiguiente, no
parece que haya margen para reforzar la complementariedad entre las actuales disciplinas de
la OMC sobre, por una parte, los reglamentos técnicos y las normas y, por otra, la legislación
sobre la competencia:  a)  la legislación sobre la competencia no se aplicaría normalmente a
los reglamentos y normas establecidos por las autoridades públicas;  de ahí la importancia deunas disciplinas efectivas de la OMC en esta esfera y del examen que está efectuando el
Comité OTC;  b) se deben aplicar unas disciplinas igualmente efectivas a las actividades de
las entidades de normalización privadas;  esto ya se reconoce en el Acuerdo OTC y asimismo
se está examinando en el estudio sobre los OTC, y c) además parece que existe la posibilidad
de complementar las disciplinas actuales con un compromiso de los poderes públicos en elsentido de aplicar la legislación sobre la competencia a las prácticas anticompetitivas de los
órganos de normalización o de certificac ión que impidan el acceso a un mercado.
La contratación pública está actualmente exenta de la aplicación tanto del principio del trato
nacional del GATT como de las disciplinas básicas del AGCS, aunque en relación con estas
últimas se proyecta celebrar negociaciones multilaterales.  En la Reunión Ministerial de
Singapur se estableció un grupo de trabajo para que estudiase la transparencia en la
contratación pública con miras a determinar los elementos que se debían incluir en un acuerdo
apropiado.  Esta situación implica que, en la actualidad, salvo en el caso de los Miembros de
la OMC que son partes en el Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública, una parte muy
considerable del mercado no está sometida a una competencia efectiva de los productos
importados.  Si los Miembros de la OMC aceptasen unas disciplinas en materia decontratación pública, es evidente que ello redundaría en beneficio tanto del comercio como de
la competencia.  De ahí la importancia del actual programa de trabajo de la OMC a este
respecto.
Aparte de esta repercusión estructural sobre la competencia, frecuentemente son motivo de
preocupación para las autoridades que se ocupan de la competencia las prácticas
anticompetitivas que pueden aparecer en relación con los procedimientos de licitación.  Tales
prácticas pueden incluir, por ejemplo, la manipulación de las licitaciones o las tentativas de
una empresa dominante de desacreditar productos que no estén en conformidad con normas
concretas.  Otra cuestión que suscita inquietud desde el punto de vista del comercio y de lacompetencia es la política seguida en materia de compras por las empresas de servicios
públicos que disfrutan de un monopolio o de una posición de poder en el mercado.  El
Acuerdo sobre Contratación Pública incluye cierto número de compromisos relativos a las
compras de las empresas públicas en una serie de sectores de servicios públicos.  Es
interesante señalar que el régimen aplicado en la Comunidad a la contratación públicarealizada por las entidades que operan en los sectores  del agua, la energía, los transportes y
las telecomunicaciones se aplica también a las empresas privadas que disfrutan de derechos
especiales o exclusivos, excepto en el caso de las actividades que estén directamente
expuestas a la competencia.WT/WGTCP/W/78
Página 16
Las subvenciones oficiales pueden distorsionar considerablemente la competencia tanto en los
mercados nacionales como en los mercados extranjeros.  En ciertos casos, las subvenciones
pueden ser un instrumento legítimo de la política gubernamental.  En consecuencia, en el
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC se ha establecido unamplio conjunto de disciplinas que abarcan diferentes tipos de subvenciones (prohibidas,
recurribles, no recurribles) y permiten la adopción de medidas correctivas específicas
consistentes en el recurso al mecanismo de solución de diferencias o en la aplicación de
derechos compensatorios.  En el Acuerdo se incluye una serie de excepciones y de
disposiciones transitorias para los países en desarrollo.  Un elemento esencial del sistema
multilateral de comercio es la existencia de unas disciplinas efectivas aplicables a las
subvenciones que distorsionen el comercio.  En los últimos años, muchos países hanprocedido a estudiar sus políticas con miras a limitar la utilización de subvenciones como
instrumento de política económica.
En la mayoría de las legislaciones sobre la competencia, las subvenciones no están sometidas
a la jurisdicción de las autoridades de defensa de la competencia.  Ahora bien, en el caso de laComunidad hay disciplinas específicas en materia de legislación sobre la competencia que se
aplican a la ayuda oficial concedida por los Estados miembros.  Son importantes
características de las disciplinas de la CE relativas a la ayuda oficial las siguientes:  a) las
nuevas ayudas de los poderes públicos son ilegales a menos que se hayan notificado a la
Comisión y que ésta las haya aprobado;  b) en el caso de las ayudas ilegales, la Comisiónrequiere que el Estado recupere la ayuda ya concedida, y c) se puede recurrir a los tribunales
nacionales para que se aplique la prescripción de que los Estados miembros notifiquen la
ayuda oficial y obtengan su aprobación antes de concederla.  Como resultado de un régimen
tan estricto, no se pueden aplicar derechos compensatorios en el comercio interno de la
Comunidad.
2.3 Salvaguardias
Desde un primer momento, en el sistema del GATT se admitió la posibilidad de que los
países adoptasen medidas temporales de salvaguardia.  Sin embargo, se ha tenido un gran
interés en someter esas medidas a claras disciplinas multilaterales.  Tales disciplinas se
reforzaron considerablemente al concertars e en la Ronda Uruguay el Acuerdo sobre
Salvaguardias.  La Comunidad ha puesto de relieve repetidamente, en el Comité de
Salvaguardias y, cuando ha sido necesario, en los procedimientos para la solución de
diferencias, la importancia que atribuye al estricto cumplimiento de los criterios multilaterales
aplicables a las medidas de salvaguardia.  Es importante señalar que las medidas de
salvaguardia son evidentemente unas restricciones limitadas en el tiempo que están destinadasa prevenir o remediar un daño grave y a facilitar el ajuste.  En el preámbulo del Acuerdo
sobre Salvaguardias se reconoce la necesidad de potenciar la competencia en los mercados
internacionales en lugar de limitarla.  En consecuencia, las medidas de salvaguardia deben
claramente ser de carácter excepcional.
Es de particular importancia para la labor de este Grupo la prohibición, establecida en el
artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias, de las "limitaciones voluntarias de las
exportaciones, acuerdos de comercialización ordenada u otras medidas similares respecto de
las exportaciones o las importaciones".  Tales medidas han sido motivo de particular
preocupación desde el punto de vista tanto del comercio como de la política de competencia,por su falta de transparencia y por los incentivos para que los productores nacionales y
extranjeros concierten acuerdos de tipo cártel.  A este respecto, es importante que, conforme
al párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias, los Miembros no deban alentar
ni apoyar las medidas equivalentes adoptadas o mantenidas por empresas públicas o privadas.WT/WGTCP/W/78
Página 17
No obstante, el Acuerdo sobre Salvaguardias no abarca, en principio, las disposiciones
concertadas por empresas privadas o públicas, sin participación de los poderes públicos, para
restringir las importaciones o las exportaciones.  Con todo, tales disposiciones infringirían las
disciplinas de la legislación sobre la competencia.  Por consiguiente, el Acuerdo sobreSalvaguardias ilustra claramente el interés que presenta el complementar las actuales normas
de la OMC con una normativa multilateral referente a la competencia.  Si los Miembros de
la OMC se comprometieran a considerar que los cárteles irreductibles constituyen una grave
infracción de la legislación sobre la competencia, se reforzaría considerablemente la
prohibición de las medidas de zona gris y se contribuiría a salvar una laguna potencial de las
actuales disciplinas en la esfera de las salvaguardias.
2.4 Medidas destinadas a contrarrestar las prácticas comerciales desleales
La legislación sobre medidas antidumping y sobre derechos compensatorios tiene por
finalidad poner fin a los efectos de distorsión del comercio que tienen las importaciones
objeto de dumping o subvencionadas y restablecer una competencia efectiva en el mercadocuando se estén causando daños a una rama de producción nacional.
El artículo VI del GATT reconoce el derecho de los Miembros de la OMC a aplicar derechos
antidumping cuando un producto de un país se introduce en el mercado de otro país a un
precio inferior a su valor normal, siempre que se pueda demostrar que como resultado de taldumping se está causando un daño importante a una rama de producción nacional.  Las
condiciones concretas para la aplicación del artículo VI se han formulado con gran detalle en
el Acuerdo Antidumping de la Ronda Uruguay, y tales disciplinas están sometidas a
vigilancia en el Comité de Prácticas Antidumping.  De todas formas, puede ser útil analizar en
términos amplios la relación existente entre la legislación antidumping y la legislación sobrela competencia.
La legislación antidumping y la legislación sobre la competencia se aplican en diferentes
contextos económicos, jurídicos e institucionales.  La legislación sobre la competencia
prohibe y somete a rigurosas penas ciertas formas de comportamiento de las empresas en lo
que se refiere a la fijación de los precios.  Así como la legislación sobre la competencia se
aplica en principio en el contexto de un mercado integrado, la legislación antidumping seaplica en un entorno económico que se caracteriza todavía por la adopción de medidas en la
frontera y por la existencia de otros obstáculos reglamentarios y de distorsiones del comercio.
En otras palabras, se aplica a las prácticas en materia de fijación de precios entre los
mercados, y no dentro de los mercados.  A esa diferencia económica básica hay que añadir el
marco jurídico e institucional diferente en que se aplica la legislación sobre la competencia.Para la aplicación efectiva de la legislación sobre la competencia es necesario que se
establezca una autoridad de defensa de la competencia con amplias facultades de
investigación y de aplicación coercitiva y que un órgano judicial o un árbitro común
interprete uniformemente esa legislación.  Evidentemente, al elaborar un marco multilateral
de normas sobre la competencia no se proyectaría atribuir tales facultades a un órganointernacional.
Por consiguiente, en el plano multilateral no se puede considerar la legislación sobre la
competencia como un medio de sustituir la legislación antidumping, y los conceptos
formulados en uno de esos marcos jurídicos no pueden simplemente trasladarse al otro.  Lamejor forma de evitar las inquietudes por la posible aplicación incorrecta del instrumento
antidumping es la estricta aplicación de las disciplinas del Acuerdo de la Ronda Uruguay.  No
obstante, es de suponer que con el tiempo, en la medida en que los países apliquen más
rigurosamente la legislación sobre la competencia y en que se continúe avanzando en laWT/WGTCP/W/78
Página 18
integración de los mercados, será menos necesario recurrir a la adopción de medidas
antidumping.
La experiencia de la Comunidad demuestra que las medidas antidumping pierden su razón de
ser en el contexto de un mercado plenamente integrado.20  Éste implica no sólo la eliminación
de todas las medidas adoptadas en la frontera, sino también el establecimiento de las
condiciones necesarias para asegurar la plena libertad de circulación de las mercancías, los
servicios, las inversiones y la mano de obra.  Al mismo tiempo, la legislación de la CE sobre
la competencia es aplicada efectivamente por una autoridad que posee facultades autónomas
de investigación y de aplicación, y existe una autoridad judicial encargada de asegurar la
interpretación uniforme de las normas comunes en materia de competencia.  Desde luego, en
cada acuerdo de integración económica regional habrá que tomar las decisiones pertinentessobre la medida de integración del mercado prevista y sobre las posibilidades de adoptar
estructuras comunes en la legislación sobre la competencia.  En este contexto, se puede
estudiar la cuestión de si las medidas antidumping son o no compatibles con el grado de
integración alcanzado.  La experiencia de la Comunidad no es más que una entre varias, y no
parece que sea ni realista ni conveniente pensar en adoptar un modelo único susceptible deaplicación general.
Hay que señalar que se alienta a los Miembros de la OMC a aplicar el Acuerdo Antidumping
de la OMC de manera que se reduzcan al mínimo las inquietudes relacionadas con la
competencia.  El párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping dispone que "es deseableque el establecimiento del derecho [antidumping] sea facultativo en el territorio de todos los
Miembros y que el derecho sea inferior al margen [de dumping] si ese derecho inferior basta
para eliminar el daño a la rama de producción nacional".  Con arreglo a la legislación
antidumping de la Comunidad, los derechos  antidumping no son superiores al mínimo
necesario para poner fin a los efectos lesivos del dumping, y antes de imponer cualquiera detales medidas hay que estudiar si éstas redundan en interés de la Comunidad.  A este respecto
se presta atención a los intereses de los consumidores, a la estructura de la competencia y al
restablecimiento de una competencia efectiva en el mercado.
II.3 Interacción entre las medidas de política comercial y la legislación sobre la competencia
Una cuestión de particular interés para el Grupo de Trabajo es la interacción entre las medidas
de política comercial y la aplicación de la legislación sobre la competencia.  Las medidas de política
comercial, al igual que otras formas de acción gubernamental, no están sometidas a la legislación
sobre la competencia.  Sin embargo, al considerar y aplicar esas medidas se deben tener debidamente
en cuenta las cuestiones relacionadas con la competencia.  Al mismo tiempo, la aplicación de las
medidas de política comercial no exime en modo alguno a las empresas de las disciplinas de lalegislación sobre la competencia.  Esta interacción se comprende mejor haciendo referencia a las
diferentes circunstancias en que las medidas de política comercial pueden tener repercusiones desde el
punto de vista de la política de la competencia:
a) Los acuerdos de restricción del comercio concertados entre productores nacionales y
productores extranjeros estarían plenamente sometidos a las disciplinas de la
legislación sobre la competencia, incluso si tales acuerdos se hubieran concertado
como alternativa a la posible aplicación de las medidas de política comercial o para
evitar esa posible aplicación.  La aplicación coercitiva de la legislación sobre la
competencia en tales casos es de particular importancia, ya que limita el riesgo de quelos productores nacionales amenacen con tomar medidas al amparo de la legislación
                                                     
20 Se aplica el mismo principio al  Espacio Económico Europeo, excepto en los sectores que quedan
fuera del ámbito de los acuerdos de integración de los mercados.WT/WGTCP/W/78
Página 19
nacional sobre medidas comerciales correctivas, o ejerzan presión de otro modo para
que se los proteja, a fin de inducir a los exportadores extranjeros a concertar acuerdos
restrictivos.  Asimismo hace que las autoridades públicas sólo puedan adoptar
medidas de política comercial con arreglo a los procedimientos nacionales y de
conformidad con las obligaciones contraídas en el marco de la OMC.
b) La legislación sobre la competencia es plenamente aplicable si, después de adoptarse
una medida de política comercial, los productores nacionales y/o extranjeros incurren
en prácticas anticompetitivas que restrinjan aún más el comercio o que tengan
repercusiones negativas sobre el bienestar de los consumidores.  Esto incluiría los
acuerdos y las prácticas concertadas entre los competidores, sean nacionales o
extranjeros, así como los posibles abusos de una posición dominante.  En talescircunstancias, la aplicación de la legislación sobre la competencia es una importante
garantía para limitar el riesgo de que las medidas de política comercial fomenten una
estructura anticompetitiva en el mercado o lleven al establecimiento de restricciones
no transparentes y permanentes de las corrientes comerciales.
c) La existencia de medidas de política comercial, así como de otras formas de
intervención de los poderes públicos, es un factor que se tiene en cuenta en los
análisis de la competencia, en particular para definir el mercado pertinente.  Las
autoridades encargadas de la defensa de la competencia definirán el mercado en
términos nacionales si la competencia real o potencial de las importaciones se limitacomo resultado de medidas comerciales o de otros obstáculos resultantes de las
reglamentaciones.  Como esto permitiría comprobar más fácilmente la existencia de
una posición dominante en el mercado, hay un mayor riesgo de que las empresas
nacionales sean objeto de medidas correctivas tomadas al amparo de la legislación
sobre la competencia o de que las autoridades de defensa de la competencia prohíbanuna fusión.  Los obstáculos resultantes de las reglamentaciones pueden también llevar
a una definición más estricta del mercado desde el punto de vista de los productos o
reforzar los efectos restrictivos de un acuerdo entre empresas, como en el caso de
ciertos tipos de restricciones verticales (por ejemplo, cuando la reglamentación
gubernamental hace más difícil establecer conductos alternativos para la
distribución).
d) Aparte de los casos en que se aplica la legislación sobre la competencia, las
autoridades de defensa de la competencia pueden también intervenir en materia de
política comercial promoviendo los principios de la libre competencia.  Tal labor de
promoción puede adoptar diferentes formas, y sus modalidades específicas dependen
del marco jurídico e institucional nacional.  En algunos casos, las autoridades quevigilan la competencia pueden desempeñar una función general de promoción en
apoyo de una política comercial global abierta poniendo de relieve los beneficios que
tal liberalización puede reportar para el bienestar de los consumidores y mejorando la
estructura de la competencia en el mercado.  Las autoridades encargadas de la defensa
de la competencia pueden participar directamente en medidas de liberalización delcomercio y de desreglamentación, en particular cuando las disciplinas
complementarias de la legislación sobre la competencia se consideran esenciales para
que las ventajas que reporte tal liberalización no se vean anuladas por las prácticas
anticompetitivas seguidas por las empresas dominantes.  También se puede consultar
a las autoridades de defensa de la competencia cuando, en el marco de la aplicaciónde la legislación sobre medidas comerciales correctivas, se plantean problemas en
relación con la estructura de la competencia en el mercado.WT/WGTCP/W/78
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Algunos ejemplos pueden ilustrar la interacción entre las medidas de política comercial y la
aplicación de la legislación sobre la competencia:
El asunto del aluminio21:  En esta decisión, la Comisión Europea condenó un acuerdo en virtud del
cual los principales productores occidentales de aluminio convinieron en comprar unas cantidades
limitadas de aluminio a las organizaciones de comercio exterior de ciertos países de Europa oriental a
cambio de que éstas se comprometieran a no vender aluminio a otros compradores potenciales de
Europa occidental.  Uno de los argumentos aducidos como defensa por las partes en el acuerdo
anticompetitivo era que la restricción estaba justificada porque las ventas de aluminio de las
organizaciones de comercio exterior se habían hecho a precios de dumping.  Este argumento fue
rechazado por la Comisión, que en su decisión declaró lo siguiente:  "Este argumento parte de la base
de que las entidades privadas pueden arrogarse funciones públicas y difumina la clara diferenciaexistente entre la reglamentación del comercio por las autoridades públicas y su reglamentación por
cárteles.  Las autoridades públicas han de tener en cuenta los derechos y los intereses de los terceros,
así como el interés público general.  En cambio, los cárteles suelen actuar en beneficio de los
participantes en ellos y no tienen en cuenta esos otros intereses".
El asunto de la ceniza de sosa :22  La Comisión condenó, como abuso de una posición dominante, la
política de rebajas de fidelidad progresivas y de contratos de suministro por los que vinculaba a sus
principales clientes seguida por la compañía Solvay, productor dominante de ceniza de sosa en parte
del mercado de la Comunidad.  Son de interés varios aspectos de este asunto.  En el momento de lainvestigación, se aplicaban derechos antidumping a los productores de los Estados Unidos y de
Europa oriental.  Al mismo tiempo, en la decisión de la Comisión se señala que, como resultado de los
cambios de las paridades, Solvay sabía perfectamente que los productores estadounidenses podían
vender en Europa a precios considerablemente inferiores a los precios medios de la CE sin incurrir en
dumping y que se estaban estudiando los derechos.  Uno de los factores que tuvo en cuenta laComisión para llegar a la conclusión de que Solvay tenía una posición dominante en el mercado fue la
aplicación de derechos antidumping.  Además, la  Comisión constató que el sistema de rebajas
progresivas aplicado por Solvay hacía que a los demás proveedores les resultase difícil o imposible
introducirse en el mercado para proporcionar el tonelaje marginal sin vender a precios no rentables o a
precios de dumping.  La Comisión dispuso que Solvay  abandonase su sistema de rebajas por fidelidad
y le aplicó una multa de 20 millones de ecus..
En consecuencia, la legislación sobre la competencia puede desempeñar una importante
función al limitar el riesgo de que las restricciones establecidas por entidades privadas puedansustituir a las medidas de política comercial o se desarrollen al amparo de tales medidas.  Una
cuestión que podría considerarse en un marco multilateral de normas sobre la competencia sería la
forma de promover en tales circunstancias la rigurosa aplicación coercitiva de la legislación sobre la
competencia.  Además, ese marco multilateral debería también contribuir al establecimiento de una
colaboración más estrecha entre las autoridades encargadas del comercio y las autoridades encargadasde la competencia, lo que es una importante condición para la eficacia de su función de defensa de los
principios de la competencia.
III. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Al estudiar esta comunicación, se deben tene r en cuenta las anteriores comunicaciones de
la CE y de sus Estados miembros, en las que se han expuesto las razones que militan a favor del
establecimiento de un marco multilateral de normas sobre la competencia dentro de la OMC como
complemento de las actuales disciplinas de la OM C.  En esta comunicación ponemos particularmente
de relieve las cuestiones siguientes:
                                                     
21 Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 1984, DO 1985  L/92/1.
22 Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 1990, DO 1991 L/152/21.WT/WGTCP/W/78
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- Para lograr que haya un acceso efectivo a los mercados, incluso en los sectores que estén
sometidos a amplias reglamentaciones de los poderes públicos y/o en que se hayan concedido
derechos especiales o exclusivos a las empresas, se reconoce en general que hay que
complementar la liberalización del comercio mediante la aplicación de las disciplinas de lalegislación sobre la competencia.
- Por lo que se refiere a la reglamentación de los poderes públicos, la interacción entre el
comercio y la política de competencia se produciría, en particular, cuando las autoridades
exigiesen, facilitasen o apoyasen prácticas anticompetitivas de las empresas que surtiesen un
efecto de exclusión del mercado.  Aunque la jurisprudencia de la OMC a este respecto está
evolucionando todavía, en principio parece que esas formas de intervención de los poderespúblicos están sometidas a las disciplinas de la OMC.  Una cuestión que ha de considerarse es
la forma en que un marco legislativo sobre la competencia podría reforzar y complementar
tales disciplinas.
- Ciertas actividades de las empresas que ocupan una posición dominante pueden entorpecer el
acceso a los mercados.  Por lo que se refiere a ciertas empresas que gozan de monopolios o de
derechos exclusivos, en la OMC se han establecido disciplinas específicas.  En cuanto al
comercio de Estado, la contribución de este Grupo podría centrarse en la labor de aclarar
cómo los compromisos de los poderes públicos de aplicar las disciplinas de la legislación
sobre la competencia podrían complementar la actual normativa aplicable a los monopolios ya las empresas que tienen derechos exclusivos.  Otra cuestión que ha de estudiarse es la de los
compromisos que los poderes públicos podrían asumir en lo que concierne a la aplicación de
la legislación sobre la competencia a las prácticas anticompetitivas que tienen por efecto
excluir del mercado y que son resultado de la actuación de otras empresas que ocupan una
posición dominante o de acuerdos anticompetitivos.
- Para alcanzar sus objetivos en materia de integración del mercado, la Unión Europea ha
establecido un marco único en el que las disciplinas de la legislación sobre la competencia se
aplican también, en ciertas condiciones, a las medidas adoptadas por los Estados miembros.
Ese marco puede ser de interés para otros Miembros de la OMC que están procediendo a la
integración regional.  Sin embargo, no se afirma que un marco similar sea susceptible de
aplicación en el plano multilateral.  Al estudiar la interacción entre el comercio y la política decompetencia, tal vez haya que prestar atención específicamente a las cuestiones siguientes:
a) la aplicación, en pie de igualdad, de la legislación sobre la competencia a las empresas
privadas y a las empresas públicas;  b) la posibilidad de reducir o eliminar las excepciones
sectoriales a la aplicación de la legislación sobre la competencia, y c) la aclaración de que la
intervención de los poderes públicos no justifica la concesión a las empresas de ampliasexcepciones de las disciplinas de la legislación sobre la competencia.  En este contexto,
quizás convenga también aclarar más a fondo la relación entre las disciplinas de la OMC y la
acción de los poderes públicos encaminada a fomentar y apoyar las prácticas anticompetitivas.
- En esta comunicación se ha estudiado la forma en que las repercusiones de la política
comercial sobre la competencia abarcan toda una serie de medidas de política comercial.
Entre ellas figuran los aranceles elevados, las restricciones cuantitativas, los reglamentos que
favorecen a los productos nacionales, las restricciones del acceso a los mercados por las
empresas comerciales del Estado, la discriminación en la contratación pública o los casos en
que las medidas correctivas de política comercial no se aplican de conformidad con lasnormas multilaterales.  Los Miembros de la OMC ha de asegurar un estricto respeto de las
disciplinas de la OMC, liberalizar aún más sus regímenes comerciales y tratar de evitar o de
reducir al mínimo los efectos perjudiciales sobre la competencia.WT/WGTCP/W/78
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- Las medidas destinadas a contrarrestar las prácticas comerciales desleales tienen por finalidad
restablecer una competencia efectiva en el mercado en las condiciones previstas en los
Acuerdos pertinentes de la OMC.  Si no hay una integración plena del mercado y si no existen
instituciones comunes para la aplicación de la legislación sobre la competencia, las disciplinas
de esa legislación y las medidas comerciales correctivas específicas tienen una clara funcióncomplementaria que desempeñar en la lucha contra la competencia desleal en el comercio
internacional.  El Acuerdo Antidumping alienta a los Miembros de la OMC a aplicarlo de
manera que se reduzcan al mínimo las inquietudes por la competencia.
- En cuanto a las medidas de política comercial, la  interacción entre el comercio y la legislación
sobre la competencia tendrá lugar en particular en los casos en que las restricciones privadas
sustituyan a las medidas de política comercial o se desarrollen al amparo de esas medidas.  Alestudiar más a fondo la posible elaboración de un marco multilateral de normas sobre la
competencia, tal vez convenga considerar cómo ese marco podría contribuir a una estricta
aplicación coercitiva de la legislación sobre la competencia en tales casos.
- Las autoridades de defensa de la competencia también tienen que intervenir en la esfera de la
política comercial mediante la promoción de los principios de la libre competencia.  Las
modalidades específicas de esa promoción dependen del marco jurídico e institucional
nacional de cada uno de los Miembros de la OMC.  Este Grupo de Trabajo ya ha contribuido
al establecimiento de un diálogo más estrecho entre las autoridades que se ocupan del
comercio y las autoridades de defensa de la competencia.  Es de esperar que tal diálogo y talcooperación se intensifiquen considerablemente mediante el establecimiento de un marco
multilateral sobre la competencia dentro de la OMC.
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