ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/BRB/1
6 de julio de 2001
(01-3377)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
LISTA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Barbados
Observaciones introductorias
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio comprende ocho (8) normas internacionales relativas a la disponibilidad, ámbito de
aplicación y uso de los derechos de propiedad intelectual.  Las normas mínimas exigidas se recogen
en las secciones 1 a 8 de la Parte II del Acuerdo.  Con arreglo a la legislación de Barbados, estos
derechos pueden clasificarse generalmente en las dos (2) categorías siguientes:
Derechos concedidos por el Registrador tras un proceso de inscripción, a saber:
- patentes (concedidas en virtud de la Ley de Patentes de 1981 y el proyecto de Ley de
patentes de 2001)2;
- marcas de comercio y de servicios (registradas en virtud de la Ley de marcas
de 1981);
- dibujos y modelos industriales (registrados en virtud de la Ley sobre dibujos y
modelos industriales de 1981);
- indicaciones geográficas (registradas en virtud de la Ley sobre indicaciones
geográficas de 1998);
- esquemas de trazado de circuitos integrados (registrados en virtud de la Ley sobre
circuitos integrados de 1998);
- los derechos sobre obtenciones vegetales (registrados en virtud del proyecto de Ley
sobre la protección de las nuevas obtenciones vegetales de 2001).3
                                                     
1 Documento IP/C/5.
2 Véase en el anexo I del documento IP/N/1/BRB/2  una breve descripción.  Se espera que el proyecto
de Ley sobre patentes de 2001 entre en vigor el 30 de junio de 2001.
3 Véase en el anexo I del documento IP/N/1/BRB/2 una  breve descripción.  Se espera que el proyecto
de Ley sobre protección de las nuevas obtenciones vege tales de 2001 entre en vigor el 30 de junio de 2001.IP/N/6/BRB/1
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Derechos creados o que surgen automáticamente mediante la aplicación de la legislación, a
saber:
- derechos de autor (y derechos conexos) regulados por la Ley sobre derechos de autor
de 1998;
- derechos de acción u otros derechos a entablar procedimientos civiles por motivos de
violación y observancia derivados del "common law"4 o en virtud de lo dispuesto en
la Ley sobre protección contra la competencia desleal de 1998, la Ley sobre patentes,
la Ley de marcas, la Ley sobre dibujos y modelos industriales, la Ley sobre circuitos
integrados u otras normativas en materia de propiedad intelectual.
Al ser una antigua colonia británica, Barbados heredó su ordenamiento jurídico del Reino
Unido.  Lo mismo que muchas otras antiguas colonias británicas, el ordenamiento jurídico de
Barbados se basa en el ordenamiento jurídico inglés que recibió en el momento de su independencia,en el derecho legislado, la jurisprudencia y una constitución escrita que constituye la ley suprema y
establece el marco en el que se fundamenta toda la legislación de Barbados.
La Constitución establece y garantiza diversos derechos y libertades fundamentales, entre
ellos la protección de la propiedad privada, y recoge asimismo los principales órganos y funciones del
Estado, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia.
En Barbados, los derechos de propiedad intelectual registrados son concedidos o registrados
por la Oficina del Registrador de Asuntos Empresariales y Propiedad Intelectual (el Registrador).  Las
normativas en materia de derechos de propiedad intelectual conceden al Registrador amplias
competencias administrativas para la concesión o registro de los derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, algunas normativas en materia de derechos de propiedad intelectual limitan lasfunciones judiciales del Registrador para conocer y resolver determinadas cuestiones y litigios que
pueden surgir entre el solicitante y terceras personas durante un proceso de solicitud 
5 de registro de
un derecho de propiedad intelectual.  Todas las decisiones, actos u omisiones del Registrador pueden
ser recurridos ante el Tribunal Superior, existiendo la posibilidad de recurrir al Tribunal de Apelación
e incluso al Consejo Privado Británico, en tanto que  órgano judicial dotado de la máxima competencia
en cuestiones civiles y penales en Barbados.
La legislación en materia de propiedad intelectual de Barbados concede derechos privados al
titular de los derechos.  Al igual que sucede con todos los demás derechos privados, la
responsabilidad de la observancia de los derechos de propiedad intelectual corresponde en primer
lugar al titular de los mismos.  Además de la posibilidad de entablar acciones civiles para la
protección de sus derechos, el titular de los derechos también está facultado a presentar denuncias
formales u otros informes a las autoridades policiales señalando que se ha cometido un delito contrasus derechos de propiedad intelectual.  En esos casos, se investiga la denuncia y pueden presentarse
acusaciones penales contra el presunto autor de la infracción.
                                                     
4 Por ejemplo, la acción del "common law" británico  en casos de imitación fraudulenta (que ofrece un
recurso en contra de la indicación falsa del origen de los productos y servicios, concediendo así protección
contra el uso no autorizado de las marcas no registra das que hayan adquirido notoriedad en el mercado como
consecuencia de su uso).
5 Capítulo 319 de la Ley de marcas, capítulo 22 de la Ley sobre indicaciones geográficas de 1998 y
capítulo 21 de la Ley sobre circuitos integrados.IP/N/6/BRB/1
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Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Indíquense los tribunales que tienen jurisdic ción en los casos de violación de derechos de
propiedad intelectual.
En Barbados no existen tribunales dedicados exclusivamente a la resolución de asuntos de
propiedad intelectual.  Por consiguiente, la jurisdicción general sobre todos los asuntos civiles
(incluidos los asuntos de derechos de propiedad intelectual) corresponde al Tribunal Supremo de
Justicia (Supreme Court of Judicature), integrado por el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación.
Por debajo del Tribunal Supremo se encuentra todo un sistema de Tribunales de Primera Instancia
(Magistrates’ Courts) que tienen jurisdicción sobre las cuestiones civiles menos relevantes.  El
derecho de recurso final del Tribunal Supremo corresponde al Comité Judicial del Consejo Privado
Británico.
2. ¿Qué personas están facultadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas?  ¿E xisten disposiciones que exijan la
comparecencia personal del titular del derecho ante el tribunal?
¿Qué personas están facultadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
Los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus concesionarios autorizados pueden
hacer valer sus derechos de propiedad intelectual entablando acciones ante los tribunales civiles.  El
titular de los derechos o el concesionario puede hacer valer derechos sobre marcas6, patentes, dibujos
y modelos industriales, indicaciones geográficas, obtenciones vegetales y esquemas de trazado de
circuitos integrados siempre que dicha persona esté registrada como titular o concesionario en el
registro correspondiente del Registrador de Asuntos Empresariales y Propiedad Intelectual.
Los derechos de autor y sus derechos conexos pueden ser reivindicados por el "primer titular"
de los derechos sobre la obra.  A diferencia de todos los derechos de propiedad intelectual antes
mencionados que pueden ser registrados, en Barbados no existe un registro formal de derechos de
autor y sus derechos conexos.  Los titulares de los derechos pueden entablar acciones por violación de
derechos de autor, independientemente de que la titularidad provenga de la creación de la obra, de laaplicación posterior de la legislación o de la asignación de una cesión de otro tipo del derecho.  Los
titulares de licencias exclusivas sobre una obra también pueden entablar acciones civiles contra el
infractor.
En el caso de los derechos de propiedad intelectual que pueden ser objeto de registro, los
titulares o concesionarios de esos derechos están obligados a inscribir sus derechos en el Registro.  La
legislación correspondiente al registro de las categorías de derechos de propiedad intelectual que
figuran en la primera parte de las observaciones introductorias, en el apartado "Derechos concedidospor el Registrador tras un proceso de inscripción", permite a cualquier parte interesada entablar
acciones contra cualquier persona que utilice de forma ilícita tales derechos.
En lo que respecta a las marcas, la acción contemplada en la acción de  common law  cuando
hay imitación fraudulenta constituye una opción en aquellos casos en que se viola una marca no
registrada.
                                                     
6 Véase en el anexo I del documento IP/N/1/BRB/2 una breve descripción del capítulo 319 de la Ley de
marcas.  El término "marca" comprende las "marcas de servicio".IP/N/6/BRB/1
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¿Cómo pueden estar representadas?
Las personas físicas están facultadas a comparecer personalmente ante los Tribunales de
Primera Instancia o el Tribunal Supremo;  sin embargo, las personas jurídicas deben estar
representadas por un abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Barbados (Barbadian Bar),
facultado para ejercer la abogacía en el país.  En Barbados, a diferencia del Reino Unido, la profesiónjurídica esta "unificada", lo que significa que un profesional del derecho inscrito en el Colegio de
Abogados puede actuar ante cualquier tribunal, sin que el litigante tenga que contratar conjuntamente
a un procurador y a un abogado para la presentación del caso ante el tribunal correspondiente
(barrister-at-law).
¿Existen disposiciones que exijan la comparecencia personal del titular del derecho ante el
tribunal?
No existen disposiciones que exijan comparecencias personales obligatorias;  no obstante, el
titular debe identificarse en tanto que tal, y la persona que represente al titular del derecho debe
comparecer en nombre de éste y demostrar su derecho a presentar el asunto de que se trate en nombre
del titular del derecho.
3. ¿Qué competencias tienen las autoridades judi ciales para ordenar, a solicitud de la parte
oponente, que la otra parte en el procedimiento presente las pruebas que obre en supoder?
Con arreglo al Reglamento del Tribunal Su premo y la Ley sobre pruebas, el Tribunal
Supremo está facultado para ordenar la presentación de documentos ante el tribunal.  Las partes en un
litigio están obligadas legalmente a acceder a la "revelación" de todos los documentos pertinentes en
su poder.  Durante la "revelación", se establecen sendas listas de documentos para ambas partes yestas listas se entregan a la parte contraria para su inspección, facilitándose copias de los documentos
a dicha parte.  La única excepción a esta norma la constituyen aquellos documentos para los que se
reivindica un carácter confidencial por motivos legales o profesionales, como los documentos
relacionados con las comunicaciones entre cliente y abogado.  En caso de que una parte no revele los
documentos, los alegatos de demanda o defensa de dicha parte, según el caso, pueden ser"desestimados" con arreglo al reglamento procesal aplicable.
En Barbados, existen disposiciones que establecen que los tribunales deben ordenar la
protección de los documentos u otros materiales del procedimiento si existe un temor justificado de
que esos documentos o materiales sean destruidos antes de su presentación ante el tribunal.  Esta
cuestión se expone más detenidamente en la respuesta a la pregunta 10.
4. ¿Qué medios existen para identificar y proteger la información confidencial presentada
como prueba?
La legislación de Barbados no contempla el trato de la información confidencial presentada
como prueba en los tribunales.  El tribunal cuenta con poderes discrecionales por lo que se refiere al
trato y seguridad de esa información.  Corresponde a la parte que reivindique la confidencialidad de la
información comunicar al tribunal el carácter de la información y solicitar que el tribunal se pronuncie
sobre esta cuestión.  En caso necesario, el tribunal puede dictar órdenes en relación con el tipo y laforma de protección de esa información.
Si bien la mayor parte de los litigios en Barbados se celebran en audiencias públicas a las que
pueden asistir el público y la prensa, algunos asuntos in limine  y procedimientos in camera  se
celebran a puerta cerrada.  En estos supuestos, no está permitida la presencia del público y los
periodistas tienen prohibido publicar cualquier cosa relacionada con las pruebas del caso.IP/N/6/BRB/1
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5. Descríbanse los recursos que pueden ordena r las autoridades judiciales y los criterios
legislativos o jurisprudenciales para su uso:
- mandamientos judiciales;
- daños y perjuicios, incluida la indemn ización por beneficios perdidos, y gastos,
incluida la minuta de abogados;
- destrucción o puesta fuera de circulación de las mercancías infractoras y de los
materiales e instrumentos para su producción;
- cualquier otro recurso.
Mandamientos judiciales
Con arreglo a la legislación de Barbados, incluida la relativa a la propiedad intelectual, los
tribunales están facultados para dictar un mandamiento judicial contra el demandado, prohibiéndole
toda nueva comisión del acto objeto de denuncia o reclamación.  Los mandamientos judiciales puedentener carácter permanente o interlocutorio.
En general, los mandamientos judiciales interlocutorios se conceden antes de juzgar el caso, si
el tribunal considera que
- la cuestión es grave, y
- los daños que pueda sufrir el titular del derecho o el demandante no puedan
compensarse adecuadamente mediante indemnización pecuniaria en caso de no
dictarse el mandamiento judicial.
La parte que solicite el mandamiento judicial temporal debe comprometerse a compensar a la
otra en caso de que se determine posteriormente que el mandamiento judicial no estaba justificado.
Los mandamientos permanentes se dictan tras la vista del caso si el tribunal considera que los
actos del demandado constituyen una violación de un derecho de propiedad intelectual.
Daños y perjuicios, incluida la indemnización por beneficios perdidos, y gastos, incluida la
minuta de abogados
Los tribunales de Barbados ejercen una jurisdicción general para conceder daños y perjuicios
por violación de derechos.  Si un tribunal determina que se ha cometido una violación de un derechode propiedad intelectual, el titular del derecho o el demandado tiene derecho automáticamente al pago
de daños y perjuicios.  Los daños y perjuicios consisten en gran parte en las pérdidas comerciales
provocadas por la violación de los derechos de propiedad intelectual del demandante.  El tribunal
puede concederlos basándose en las pruebas presentadas por el titular de las pérdidas directas que ha
sufrido como resultado de los actos infractores del demandado que se consideren demostrados durante
el juicio.
Asimismo, el tribunal puede ordenar que la parte infractora pague las costas legales del
procedimiento sufragadas por la otra parte.  En relación con las costas judiciales y la minuta del
abogado, normalmente el tribunal ordena que dichas costas se valoren o acuerden entre las partes.  En
caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la cuantía de las costas, el Secretario del Tribunal
Supremo establecerá las costas a pagar.  Las costas calculadas son aquellas que el Secretario
considere razonables según las circunstancias del caso.IP/N/6/BRB/1
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Destrucción o puesta fuera de circulación de las mercancías infractoras y de los materiales
e instrumentos  para su producción
Los tribunales están facultados para ordenar a las partes infractoras que entreguen los
artículos infractores (incluidas las copias), así como los medios para crear dichos artículos y
materiales infractores.  Con arreglo a lo dispuesto en la Ley sobre derechos de autor, los tribunalespueden ordenar la entrega, decomiso y destrucción o puesta fuera de circulación de los materiales
infractores.
El proyecto de enmienda de 2001 de la Ley de marcas
7 contiene igualmente disposiciones que
incluyen las sanciones penales que deben imponerse en caso de falsificación deliberada y establece las
circunstancias en que deben decomisarse, confiscarse y destruirse las mercancías y materiales
infractores.
Cualquier otro recurso
De conformidad con el Reglamento del Tribunal Supremo8, los titulares de derechos pueden
solicitar una "liquidación de beneficios", en lugar del pago de daños y perjuicios, tras descubrir la
violación de sus derechos.
6. ¿En qué circunstancias están facultadas las autoridades judiciales a ordenar al infractor
que comunique al titular del derecho la identidad de las terceras personas que hayanparticipado en la producción y distribución de los productos y servicios infractores y sus
canales de distribución?
Esta cuestión nunca se ha planteado ante los tribunales locales, pero es probable que, al igual
que en el Reino Unido, los tribunales consideren que tienen una competencia inherente para dictar
dichas órdenes, incluso para ordenar al demandado que facilite información sobre la identidad dequienes le hayan suministrado artículos infractores.
7. Descríbanse las disposiciones relativas a la indemnización de los demandados que hayan
sido objeto de una orden judicial no justificada.  ¿Hasta qué punto son responsables las
autoridades y funcionarios públicos en dichas situaciones y qué "medidas de recurso"
les son aplicables?
Como ya hemos mencionado, los tribunales sólo dictan mandamientos judiciales contra la
parte infractora previo compromiso de la parte solicitante del mandamiento judicial de indemnizar a la
otra parte si ésta es declarada inocente o ha sido objeto de un mandamiento judicial no justificado.  En
esta situación, la práctica habitual consiste en que la parte solicitante del mandamiento judicial dé una
"garantía de costes", ya sea mediante un depósito en efectivo en la Secretaría del Tribunal Supremo o
mediante una garantía bancaria.  Otro tanto sucede en el caso de los recursos de apelación.
                                                     
7 Véase en el anexo I del documento IP/N/1/BRB/2 una breve descripción del proyecto de enmienda
de 2001 de la Ley de marcas, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de julio de 2001.
8 Véase en el anexo II del documento IP/N/1/BRB/2 una breve descripción del Reglamento del
Tribunal Supremo de 1982.  El artículo 43 del Reglamento regula el procedimiento para obtener una valoracióno investigación.IP/N/6/BRB/1
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¿Hasta qué punto son responsables las autoridades y funcionarios públicos en dichas
situaciones y que "medidas de recurso" les son aplicables?
De conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, el poder judicial de Barbados goza de
inmunidad contra litigios derivados de sus resoluciones, tanto cuando sus resoluciones son anuladas
por una instancia superior como cuando un tribunal llega a una conclusión distinta en otro caso.
El Registrador goza generalmente de inmunidad (de conformidad con las normativas en
materia de propiedad intelectual relativas a los derechos registrados) respecto a las responsabilidades
resultantes de sus actuaciones en el cumplimiento de sus funciones.
8. Descríbanse las disposiciones que regulan la duración y las costas de los procedimientos.
Facilítese la información disponible sobre la  duración efectiva de los procedimientos y
sus costas.
Descríbanse las disposiciones que regulan la duración y las costas de los procedimientos
Si bien algunos procedimientos preliminares deben llevarse a cabo en plazos determinados en
el Reglamento del Tribunal Supremo (a menos que dichos períodos sean "prorrogados" por mutuo
consentimiento de las partes), la duración efectiva de los procedimientos judiciales depende en gran
parte de la complejidad de las cuestiones jurídicas y de si las partes están dispuestas a resolver la
cuestión antes de que finalice el litigio.  Además, existe la posibilidad de que una parte solicite altribunal que dicte una orden para que, si ésta no es cumplida en un plazo determinado, la cuestión se
falle en contra de la parte que no la haya cumplido.
Antes del inicio de la vista sobre el fondo, las partes deben intercambiar sus alegatos, así
como los alegatos de defensa y contrademanda o respuesta a la demanda que sean necesarios.  De
conformidad con determinadas enmiendas del derecho civil de Barbados, antes del inicio de la vistadebe presentarse un esbozo de los alegatos que se usarán en la misma.
Como ya mencionamos en la respuesta a la pregunta 3, también existe el proceso de
"revelación" de los documentos correspondientes a las cuestiones en litigio.  Una vez concluidas todas
las cuestiones preliminares, el Secretario del Tribunal Supremo establece la fecha para la vista.
Facilítese la información disponible sobre la duración efectiva de los procedimientos y sus
costas
Como ya hemos indicado, la duración efectiva de los juicios depende en gran parte de la
complejidad de las cuestiones jurídicas y del volumen de las pruebas que debe examinar el juez de
sentencia en cada caso.  Por ello, no existen datos significativos en los que basar una opinión sobre la
duración y las costas de los procedimientos, incluidos los procedimientos en materia de derechos de
propiedad intelectual.
b) Procedimientos y recursos administrativos
9. Respóndase a las preguntas precedentes en relación con los procedimientos
administrativos sobre los méritos y recursos que pueden resultar de dichos
procedimientos.
Como se indica en el penúltimo párrafo de las observaciones introductorias, algunas
normativas en materia de propiedad intelectual (a saber, el capítulo 319 de la Ley de marcas, elcapítulo 22 de la Ley sobre indicaciones geográficas de 1998 y el capítulo 21 de la Ley sobre circuitos
integrados de 1998) otorgan funciones judiciales muy limitadas al Registrador de la Oficina deIP/N/6/BRB/1
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Asuntos Empresariales y Propiedad Intelectual para conocer y determinar cuestiones concretas y
resolver los litigios que puedan surgir entre el solicitante y terceras personas durante el proceso de
solicitud de registro de derechos de propiedad intelectual.  No obstante, el Registrador no está
facultado para dictar mandamientos judiciales, conceder daños y perjuicios u ordenar la destrucción
de las mercancías y materiales infractores, algo que sólo puede ser ordenado por los magistrados delTribunal Supremo.
El Registrador está facultado para imponer el pago de las costas a la parte vencida en los
procedimientos de oposición ante él celebrados, así como para solicitar una garantía que cubra los
gastos derivados de dichos procedimientos.
9  En los procedimientos relativos a marcas10, el
Registrador está facultado igualmente para ordenar la comparecencia de testigos, el interrogatorio de
éstos bajo juramento, la revelación de documentos y la presentación de documentos sobre los
procedimientos ante él celebrados.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Descríbanse los tipos de medidas judiciales que pueden dictar las autoridades judiciales
y el fundamento jurídico de dichas facultades.
El ordenamiento jurídico nacional y las distintas normativas en materia de propiedad
intelectual facultan a los tribunales a:
- Arbitrar sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual y, a solicitud
de la parte afectada, dictar mandamientos judiciales interlocutorios (véase la
respuesta a la pregunta 5).
- Otorgar la medida conocida como "Orden de Anton Piller", que recibe este nombre
por un caso británico de nombre similar.  Con arreglo a esta orden, la parte afectada,
el representante designado por la misma o un funcionario del tribunal pueden entrar
en los locales del presunto infractor, buscar y llevarse cualquier documento o artículo
mencionado en la orden que pudiera utilizarse como posible prueba en un juicio con
el fin de conservar dicho documento o artículo.  Esta orden puede redactarse
igualmente de manera que el presunto infractor no pueda seguir violando el derecho
en cuestión.
- Dictar el mandamiento judicial denominado "Mareva", destinado a bloquear la
utilización de los activos monetarios de un presunto infractor hasta la conclusión del
juicio.
- Dictar una orden prohibiendo al presunto infractor abandonar la jurisdicción del
tribunal hasta la conclusión del caso.
- Ordenar el pago de una cantidad provisional en concepto de daños y perjuicios si el
tribunal considera que la parte afectada ha demostrado que se le concederá una
cantidad considerable en concepto de daños y perjuicios a la conclusión del caso.
Asimismo, puede ordenar a la parte afectada que conserve esta cantidad provisional
                                                     
9 Véase el artículo 36C del proyecto de enmienda de 2001 de la Ley de marcas, cuya entrada en vigor
está prevista para el 15 de julio de 2001.
10 Véase el artículo 36B del proyecto de enmienda de 2001 de la Ley de marcas.IP/N/6/BRB/1
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para indemnizar a la otra parte en caso de que no se le conceda el pago de daños y
perjuicios o si la cuantía de dicho pago es inferior al pago provisional.
11. ¿En qué circunstancias se pueden dictar estas órdenes inaudita altera  parte ?
Si el tribunal considera que el mandamiento judicial solicitado debe dictarse de inmediato,
generalmente en casos de especial urgencia y debido a la gran probabilidad de que se causen dañosgraves e irreparables al solicitante si no se dicta dicho mandamiento, éste se dictará  ex parte .  Dicha
reparación ex parte  se concede a corto plazo y el solicitante debe pedir un mandamiento judicial
posterior, esta vez en presencia del presunto infractor, por motivos adecuados.
Los mandamientos especiales, como las órdenes Anton Piller y Mareva generalmente se
dictan ex parte  debido a la necesidad de evitar que la otra parte conozca de antemano las medidas que
se adoptarán en su contra, pues esto podría darle tiempo para destruir o retirar las pruebas o activos
cruciales.
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
Normalmente, el solicitante debe presentar una demanda para iniciar la acción antes de
solicitar un mandamiento judicial.  Sin embargo, en circunstancias extremas, los tribunales admiten
las solicitudes de mandamientos judiciales  ex parte .  En tales circunstancias se pide al solicitante que
se comprometa ante el tribunal a presentar lo antes posible la demanda.
Durante cualquier vista en presencia del presunto infractor se aplica el Reglamento Judicial y
se consideran igualmente las medidas para proteger los intereses del presunto infractor que figuran enla respuesta a la pregunta 5.
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costas de los
procedimientos.  Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de
los procedimientos y su costo.
No existen disposiciones que regulen la duración o las costas de los procedimientos judiciales
por lo que se refiere a las medidas provisionales, ya que dichas cuestiones dependen de la complejidad
de las cuestiones jurídicas y de la discreción del juez de sentencia.  A fin de limitar las posibles
pérdidas del solicitante, el tribunal puede acelerar la vista del caso, de ser necesario.
En tales cuestiones, cualquier orden relativa a las costas se dicta a discreción del juez de
sentencia y generalmente son tratadas como "costas de la causa" que deben calcularse o acordarse y
pagarse al final del juicio.  El juez tiene poderes discrecionales para ordenar el pago de las costas
entre las partes en cualquier fase del juicio.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
En Barbados, los órganos administrativos no están facultados para conceder esas reparaciones
provisionales o interlocutorias.  Sin embargo, el Departamento de Aduanas tiene determinadascompetencias de carácter no judicial, como se expone en las respuestas relativas a las medidas en
frontera que figuran más adelante.IP/N/6/BRB/1
Página 10
Disposiciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho a libre práctica, y especialmente si cabe también
recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que violen derechos de
propiedad intelectual distintas de las marcas de fábrica o de comercio falsificadas o lasmercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre
los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los
criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento
(mercancías de otro miembro de una unión aduanera, mercancías en tránsito o
importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de
mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su
consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?
Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho a libre práctica, y especialmente si cabe también
recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que violen derechos de propiedad
intelectual distintas de las marcas de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata
que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51)
De conformidad con el ordenamiento jurídico de Barbados, los tribunales pueden admitir
solicitudes de los titulares de derechos de autor que tengan motivos razonables para sospechar que se
están importando mercancías infractoras a Barbados, a fin de que se dicte una orden de restricción de
dichas importaciones.  La legislación en materia de derechos de propiedad intelectual relativa amarcas y derechos de autor también incluye disposiciones que facultan al Departamento de Aduanas a
decomisar e inmovilizar las mercancías con marcas falsificadas y las mercancías que violen derechos
de autor en los puntos de entrada a Barbados, previa solicitud del titular del derecho.
11
El artículo 49 de la Ley sobre derechos de autor faculta al Departamento de Aduanas a
decomisar las copias importadas de materiales publicados protegidos por derechos de autor, previasolicitud del titular del derecho o cualquier otra persona autorizada ante el Interventor de Aduanas.
12
Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es
aplicable ese procedimiento (mercancías de otro miembro de una unión aduanera, mercancías
en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones
de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su
consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?
Se permite la importación por cualquier persona para su uso personal durante un período no
superior a cinco (5) días de los productos mencionados en la notificación realizada de conformidad
con el artículo 53A del proyecto de enmienda de 2001 de la Ley de marcas, y el Interventor de
Aduanas puede permitir la importación de un número mayor de productos si considera que dichas
mercancías están destinadas al uso personal de esa persona.13
                                                     
11 Véanse los artículos 53A a 53L del proyecto de enmienda de 2001 de la Ley de marcas, cuya entrada
en vigor está prevista para el 15 de julio de 2001.
12 Véase el artículo 49 del capítulo 4 de la Ley sobre derechos de autor de 1998.
13 Véase el artículo 53L del proyecto de enmienda de 2001 de la Ley de marcas, cuya entrada en vigor
está prevista para el 15 de julio de 2001.IP/N/6/BRB/1
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16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
Como se establece en los artículos 207 y 210 de la Ley sobre derechos de autor, el Interventor
de Aduanas es la autoridad competente en materia de suspensión del despacho de aduana de las
mercancías.
El titular debe iniciar el procedimiento notificando por escrito al Interventor de Aduanas sus
objeciones a la importación de las mercancías, junto con los documentos que pueda requerir el
Interventor.  La notificación tiene una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de su
comunicación.  El titular del derecho de autor, su concesionario exclusivo o cualquier otra persona
autorizada deben ofrecer una garantía para cubrir los gastos en que pueda incurrir el Interventor para
decomisar e inmovilizar las mercancías.
En el caso de las marcas, el Interventor está facultado para decomisar las mercancías
infractoras importadas a Barbados bajo el control del Departamento de Aduanas de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de aduanas.  Si las mercancías llevan una marca que, en opinión del
Interventor, es idéntica o engañosamente idéntica a la marca registrada en Barbados y pertenecen a la
clase para la que se ha registrado la marca, el Interventor decomisa las mercancías a menos queconsidere que no existen motivos razonables para su decomiso e inmovilización por motivos de
violación de marca.
El Interventor debe notificar el decomiso al importador de las mercancías, así como a la parte
contraria.
Asimismo, la Ley de aduanas establece que la notificación debe indicar que las mercancías
decomisadas e inmovilizadas serán despachadas de aduana y entregadas al importador si la parte
contraria no entabla una acción judicial por la presunta infracción e informa al Interventor de la
existencia de esa acción días después de la presentación de la notificación, a menos que el Interventor
prorrogue el período para la presentación de dicha información.
Si no se notifica al Interventor la acción ante los tribunales, despachará de aduana las
mercancías y las entregará al importador o propietario.  Si durante ese período el Interventor tiene
conocimiento de cualquier información que indique que las mercancías no violan derechos depropiedad intelectual, despachará de aduana las mercancías y las entregará al importador o
propietario.  El Interventor está facultado para permitir a ambas partes inspeccionar las mercancías
decomisadas a efectos probatorios.
El Tribunal Supremo está facultado para ordenar que las mercancías sean despachadas de
aduana y entregadas al importador si considera que no se ha producido una infracción.  Por otra parte,el tribunal puede igualmente ordenar, previa solicitud del titular del derecho, el licenciatario exclusivo
o el representante autorizado que las mercancías infractoras sean entregadas, confiscadas a favor del
solicitante, destruidas o tratadas de otra manera según considere oportuno el tribunal.
En cualquier caso, si el tribunal decide que no existe infracción, puede ordenar al solicitante
que indemnice al importador o propietario.IP/N/6/BRB/1
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17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y las costas de los
procedimientos  Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de
los procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las
autoridades competentes por las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?
Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y las costas de los
procedimientos.  Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y sus costas
La Ley sobre derechos de autor de 1998 y el proyecto de enmienda de 2001 de la Ley de
marcas establecen medidas en frontera destinadas a evitar la importación de mercancías infractoras;
como se expone en las respuestas a las preguntas 8 y 13, la duración y las costas de esos
procedimientos dependen de la complejidad de las cuestiones que se aborden y de si se ha facilitado lainformación necesaria para que intervenga el Interventor de Aduanas.  Estas cuestiones dependen
igualmente de la magnitud de la presunta infracción y de la cantidad de mercancías infractoras que
deban decomisarse.  Sin embargo, puesto que no se han presentado solicitudes de decomiso, no
disponemos de datos y la respuesta precedente es meramente hipotética.
¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes por las que se
suspende el despacho a libre circulación de las mercancías?
La demanda presentada ante el tribunal para el decomiso e inmovilización o suspensión de
despacho de aduana de las mercancías debe presentarse en un plazo de diez (10) días laborables a
partir de la notificación del Interventor al solicitante de la suspensión del despacho de aduana o del
decomiso.  Durante este "período de acción" de diez (10) días o durante la prórroga de este período, eltitular del derecho debe solicitar al tribunal una orden para evitar el despacho a libre circulación de las
mercancías.
Si transcurridas tres (3) semanas a partir del día en que se haya entablado la acción, el tribunal
no ha dictado una orden para evitar el despacho de las mercancías, el Interventor de Aduanas
despachará las mercancías y las entregará al propietario designado.
18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Existen dispos iciones especiales aplicables a la actuación
de oficio?
¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en
qué circunstancias?
En Barbados, todas las acciones relativas a derechos de propiedad intelectual deben ser
entabladas por los titulares de los derechos, los concesionarios exclusivos o un representanteautorizado o el titular registrado del derecho.  Generalmente, las autoridades no inician acciones,
salvo a instancias del titular o propietario del derecho o a menos que se viole un derecho del Estado.
¿Existen disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?
No.
19. Sírvanse describir los recursos cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.IP/N/6/BRB/1
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Los tribunales son los que adoptan los recursos aplicables a los derechos de propiedad
intelectual.  Véanse las respuestas a la pregunta 5.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de violación penal de los
derechos de propiedad intelectual.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación en materia de propiedad intelectual y la
Ley sobre los Tribunales de Primera Instancia, éstos son competentes para conocer las faltas.  En
cuanto a los casos enjuiciables mediante el procesamiento solemne, la Ley sobre el Tribunal Supremo
de Justicia faculta al Tribunal Superior a ejercer esta jurisdicción.  La jurisdicción de apelación
corresponde primero al Tribunal de Apelación de Barbados, y el examen de los recursos finales
corresponde al Comité Judicial del Cons ejo Privado, con sede en el Reino Unido.
21. ¿En relación con qué violaciones de derechos de propiedad intelectual y con qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones
penales?
La Ley sobre derechos de autor establece en su artículo 46 los delitos de violación de los
derechos contemplados en la Ley.  Las violaciones de cualquier derecho de autor o derecho conexos
definidos en la Ley, ya sea con fin de lucro o no, dará lugar a la presentación de cargos penales contrael infractor.
La reproducción, elaboración, importación, venta o distribución no autorizadas de circuitos
integrados constituye un delito con arreglo a la Ley sobre circuitos integrados.  La Ley sobre dibujos
y modelos industriales tipifica como delito penal la reproducción, venta o importación no autorizadas
con fines comerciales y la copia de un dibujo o modelo industrial registrado.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa o a raíz de reclamaciones?
Las Fuerzas de la Policía Real de Barbados son responsables de la investigación, detección y
prevención de los delitos.  En virtud de las disposiciones mencionadas en la respuesta a la
pregunta 21, las Fuerzas de Policía también tienen que ocuparse de los delitos relativos a la propiedadintelectual.  Las decisiones de procesamiento penal son adoptadas por el Director del Ministerio
Fiscal.  La aplicación del derecho penal se produce, generalmente, tras la recepción de informes de
particulares por la policía.  Sin embargo, la legislación prevé el inicio de acciones penales por parte de
los particulares.
23. ¿Hay particulares legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser así,
quiénes?
Cualquier persona física o jurídica que tenga motivos para hacerlo puede entablar un
procedimiento para el cumplimiento del derecho penal.  Cabe señalar que es necesario obtener la
autorización del Director del Ministerio Fiscal (o su visto bueno) para iniciar una acusación particular.
24. Sírvanse indicar, por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de
infracción si es necesario, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden
imponerse:
- penas de prisión;IP/N/6/BRB/1
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- multas pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Con arreglo a la Ley de marcas, la colocación en mercancías o su embalaje de una marca
idéntica a una marca registrada o que pueda confundirse con ella constituye un delito.  Asimismo
constituye delito vender, arrendar, ofrecer o exhibir para su venta o arrendamiento, o distribuir
mercancías que lleven dicha marca infractora.  La posesión de esas mercancías con la intención de
cometer cualquiera de los actos antes mencionados constituye igualmente un delito.
Colocar una marca infractora en mercancías sin el consentimiento del titular registrado de la
marca con fines de lucro o para infligir pérdidas a otro constituye un delito.  Otro tanto se aplica al
uso de cualquier artículo para la reproducción de esa marca infractora.
Asimismo es un delito elaborar un artículo que permita hacer copias de una marca infractora.
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 49 de la Ley de marcas, la violación deliberada
de cualquier derecho sobre una marca registrada concedida a una persona con arreglo a esta Ley
constituye un delito.  La violación de marca con arreglo a la Ley ante un tribunal con competencia
sobre faltas se sanciona con una multa de 10.000,00 BDS$ o una pena de prisión de dos años o ambascosas;  en caso de delito continuado, se puede imponer una nueva multa de 1.000,00 BDS$ por cada
día que continúe la comisión del delito.
De conformidad con el artículo 46 de la Ley sobre derechos de autor, la sanción por
infracción con fines de lucro por parte de una persona que sepa o tenga motivos para creer que está
cometiendo una infracción en casos de falta es una multa de 25.000,00 BDS$ y/o una pena de prisiónde un año.  El acusado declarado culpable puede ser objeto de una multa de 100.000,00 BDS$ y/o una
pena de prisión de tres años.
Cuando no se hayan adoptado dichas medidas en los procedimientos civiles, el magistrado o
juez está facultado para ordenar la incautación de las copias de obras o grabaciones de sonido
sospechosas, así como de los accesorios que puedan utilizarse para elaborar dichas copias;  paraordenar la confiscación y decomiso de todas las copias de obras o grabaciones de sonido fabricadas,
reproducidas, distribuidas, vendidas o utilizadas de otro modo, destinadas a su uso o poseídas con la
intención de ser usadas para violar los derechos del titular, así como todas las placas, moldes,
grabaciones maestras, cintas, negativos fotográficos y otros artículos mediante los cuales puedan
reproducirse dichas copias de obras o grabaciones de sonido y todos los dispositivos electrónicos,
mecánicos o de otro tipo para la fabricación, reproducción o montaje de dichas copias de obras o
grabaciones de sonido, y para ordenar la destrucción o puesta fuera de circulación por otro mediorazonable de las copias infractoras.
Si se demuestra que un delito contemplado en el artículo 46 cometido por una persona
jurídica se ha llevado a cabo con el consentimiento o complicidad o como resultado de negligencia de
cualquier director, responsable, secretario o persona que actúe en dicha capacidad, esa persona, al
igual que la persona jurídica, podrá ser objeto de las sanciones antes mencionadas.
Con arreglo a este artículo, los tribunales están facultados para confiscar las mercancías
falsificadas a solicitud de una persona.  En caso de confiscación, el tribunal puede ordenar la
destrucción de dichas mercancías o que el signo infractor sea borrado u obliterado y dictar una orden
de imposición de costas.IP/N/6/BRB/1
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25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y las costas de los
procedimientos  Sírvanse facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la
duración real del procedimiento y sus costas.
No existen disposiciones que regulen la duración o las costas de los procedimientos penales.
Además, no disponemos de datos sobre la duración real de los procedimientos civiles y penales y suscostos.
Si dichos procedimientos son contestados, sus costas aumentan.  Por regla general, las costas
en los Tribunales de Primera Instancia son inferiores a las del Tribunal Superior y del Tribunal de
Apelación.
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