ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS184/13 
19 de febrero de 2002 
 (02-0823) 
  
 
   
 
 
 
  
 
ESTADOS UNIDOS - MEDIDAS ANTIDUMPING SOBRE 
DETERMINADOS  PR ODUCTOS DE ACERO LAMINADO EN 
CALIENTE PROCEDENTES DEL JAPÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias 
 
  
 
 
 
 
Laudo del Árbitro 
Florentino P. Feliciano 
 WT/DS184/13 
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I. Introducción 
1. El 23 de agosto de 2001, el Órgano de Soluci ón de Diferencias ("OSD" ) adoptó el informe del 
Órgano de Apelación1 y el informe del Grupo Especial2 modificado por el informe del Órgano de 
Apelación en el asunto Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de 
acero laminado en caliente procedentes del Japón ("Estados Unidos - Acero laminado en caliente ").3  
En la reunión que celebró el OSD el 10 de septie mbre de 2001, los Estados Unidos informaron, de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD"), de que aplicarían las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en esta dife rencia y de que, conforme a lo previsto en el 
párrafo 3 del artículo 21 del ESD, necesita rían un "plazo prudencial" para hacerlo.4 
2. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos sobre el plazo prudencial 
necesario para aplicar dichas recomendaciones y re soluciones, el Japón solicitó que ese plazo fuera 
determinado mediante arbitraje vinculante conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 c) del artículo 21 
del ESD.5 
3. Mediante una comunicación conjunta de fecha 6 de diciembre de 2001, los Estados Unidos y 
el Japón notificaron al OSD que habían convenido en  que la duración del "plazo prudencial" para la 
aplicación fuese determinado mediante arbitraje vinc ulante, de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD, y en que yo actuara como árbitro.6  En una comunicación anterior las partes 
habían indicado que habían convenido en prorrogar el plazo para el arbitraje hasta el 19 de febrero 
de 2002.7  Las partes declararon que, a pesar de esa prórroga, el laudo arbitral se consideraría el laudo 
dictado de conformidad con el párrafo 3 c) del ar tículo 21 del ESD.  Mediante una comunicación de 
fecha 10 de diciembre de 2001 se informó a las partes de que aceptaba mi designación como árbitro.8 
                                                      
1 Informe del Órgano de Apelación, WT/DS184/AB/R. 
 
2 Informe del Grupo Especial, WT/DS184/R. 
 
3 WT/DS184/8. 
 
4 WT/DSB/M/109. 
 
5 WT/DS184/9. 
 
6 WT/DS184/11. 
 
7 WT/DS184/10. 
 
8 WT/DS184/12. WT/DS184/13 
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4. El 4 de enero de 2002 se recibieron sendas comunicaciones escritas de los Estados Unidos y 
del Japón, y el 18 de enero de 2002 se celebró una audiencia. 
II. Argumentos de las partes 
A. Estados Unidos  
5. Los Estados Unidos me piden que determine que el "plazo prudencial" debe ser de 18 meses, 
con lo que ese plazo expirará el 23 de febrero de 2003. 
6. Los Estados Unidos sostienen que la aplicación entrañará un proceso multifacético, que puede 
incluir amplias consultas con el Congreso, medidas legislativas, el análisis y revisión internos de 
determinadas políticas y prácticas y un nuevo cálculo  de los márgenes de dumping.  Los Estados 
Unidos prevén que ese proceso requerirá 14 meses para la promulgación de la enmienda legislativa y 
otros 4 meses más para aplicar esa legislaci ón a la investigación antidumping en litigio. 
7. Los Estados Unidos aducen, en el presente caso , que la forma jurídica de la aplicación y la 
complejidad técnica de las medidas necesarias son circ unstancias del caso que jus tifican la fijación de 
un "plazo prudencial" superior a 15  meses, conforme a lo previsto en  el párrafo 3 c) del artículo 21. 
8. Los Estados Unidos explican que el presente caso requiere que se combinen sucesivamente 
diversas formas de aplicación.  La primera etapa cons iste en la promulgación de una norma legislativa 
que modifique el artículo 735(c)(5)(A) de la Le y Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, 
modificada, que se refiere al cálculo de la tasa correspondiente a "todos los demás".  Esa tasa se define en esa ley como la tasa del derecho por dumping que se impone a las empresas que no han sido 
objeto de una investigación individual.  Una vez prom ulgada la enmienda legislativa, el Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos habrá de formular una nueva determinación en la investigación antidumping en litigio.  Según los Estados Unidos, sólo puede pasarse a esta segunda etapa una vez 
que haya sido promulgada la legislación correspondi ente, dado que la autoridad administradora ha de 
aplicar la norma legislativa modificada. 
9. Los Estados Unidos añaden que, además de  modificar la norma relativa a la tasa 
correspondiente a "todos los demás" y aplicar la nueva norma, es preciso aplicar otras 
recomendaciones y resoluciones.  Esas otras recomendaciones y resoluciones están ya en proceso de aplicación, y ésta terminará de llevarse a cabo dentro del plazo necesario para aprobar la modificación 
legislativa a que se ha hecho referencia.  Los Es tados Unidos mencionan como ejemplo la necesidad 
de modificar la práctica administrativa con respecto a la exclusión de ventas en el mercado interno en  WT/DS184/13 
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virtud de la "prueba del 99,5 por ciento" o de la "plena competencia".  Para modificar esa práctica no 
se solicita un período adicional. 
10. Los Estados Unidos sostienen que un plazo de 14 meses para introducir los cambios 
legislativos necesarios es un plazo prudencial, te niendo presentes el ordenamiento jurídico de los 
Estados Unidos y las anteriores experiencias.  Según los Estados Unidos, el fin de ese plazo coincidiría con el término del actual período de sesiones (2002) del Congreso de los Estados Unidos, 
momento en que es más probable que se promulgue la legislación de aplicación. 
11. Según los Estados Unidos, un plazo de 14 meses pa ra la aplicación de la legislación necesaria 
es acorde con anteriores laudos arbitrales dictados de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 
del ESD.  Los Estados Unidos se remiten, a este respecto, a los plazos fijados por los árbitros en 
varias diferencias anteriores.
9 
12. Al describir el procedimiento para la presentación y debate de textos legislativos en el 
Congreso de los Estados Unidos y el calendario de ese procedimiento, los Es tados Unidos aclaran que 
la fecha más temprana en que puede presentarse un proyecto de ley es en el mes de enero, cuando se 
reúne el Congreso de los Estados Unidos.  Se trat a de un proceso complejo, y el proyecto debe pasar 
por varias etapas, ninguna de las cuales tiene plazos bien definidos.  Para poner de manifiesto el volumen de la actividad legislativa, los Estados Un idos señalan que en el primer período de sesiones 
de la 106ª legislatura del Congreso se presentaron en  total 5.514 proyectos de ley, de los que sólo se 
convirtieron en ley 170.  Los Estados Unidos indican que en cada etapa del proceso, los legisladores 
pueden controlar la marcha de un proyecto o pedir más tiempo para su debate.  La mayoría de los 
proyectos de ley que se convierten en leyes no se  promulgan hasta las últimas semanas o los últimos 
meses de un período legislativo de sesiones.  Quince de las 25 principales leyes comerciales 
promulgadas desde 1930 se convirtieron en leyes al término de un período de sesiones del Congreso 
de los Estados Unidos o posteriormente. 
                                                     
 
9 Los Estados Unidos se remiten a los laudos arbitrales en Japón - Impuestos sobre las bebidas 
alcohólicas - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD  ("Japón - Bebidas 
alcohólicas II "), WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13, 14 de febrero de 1997, DSR 1997:I, 3;  
Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos - Arbitraje de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD  ("CE - Bananos III "), WT/DS27/15, 7 de enero 
de 1998, DSR 1998:I, 3;  Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos 
(Hormonas) - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD  ("CE - Hormonas "), 
WT/DS26/15, WT/DS48/13, 29 de mayo de 1998;  Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 - Arbitraje de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD  ("Estados Unidos - Ley de 1916 "), WT/DS136/11, 
WT/DS162/14, 28 de febrero de 2001;  y Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de 
los Estados Unidos - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD   
("Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor "), WT/DS160/12, 15 de enero de 2001. WT/DS184/13 
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13. Según los Estados Unidos, los actos que deben realizarse en la investigación antidumping en 
litigio tras la promulgación de la enmienda le gislativa comprenden:  el cálculo de la tasa 
correspondiente a "todos los demás" sobre la base  de la nueva metodología;  la elaboración de un 
proyecto de nueva determinación para que las part es interesadas puedan formular observaciones, 
como exige la legislación nacional;  la publicación  de una nueva determinaci ón definitiva;  y por 
último, la rectificación de errores materiales. 
14. Los Estados Unidos sostienen que el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994  ("Acuerdo Antidumping ") incluye 
varias obligaciones con respecto a las debidas garant ías de procedimiento y a la transparencia que se 
deben tener en cuenta al determinar el tiempo nece sario para emitir la nueva determinación relativa al 
dumping.  Se ha hecho, por ejemplo, referencia a los párrafos 2 y 4 del artículo 6 y al artículo 12 del 
Acuerdo Antidumping .  Los Estados Unidos subrayan que esas garantías de procedimiento no son 
menos importantes en el contexto de una nueva determinación basada en las recomendaciones y resoluciones del OSD y aducen que, en consecuencia, el  laudo del árbitro debe respetar esas garantías 
tal como están recogidas en la legislaci ón y los reglamentos de los Estados Unidos. 
15. Por ello, los Estados Unidos sostienen que el plazo mínimo para que sea posible volver a 
calcular la tasa correspondiente a "todos los demá s" y preparar un proyecto de nueva determinación 
para ponerla en conocimiento de las partes interesadas es un período de 30 días como mínimo 
contados desde la fecha de la promulgación de la en mienda legislativa.  A ello seguiría un período de 
30 días para que las partes interesadas pudieran form ular observaciones.  A continuación, se precisa 
otro período de 30 días para elaborar una nueva de terminación definitiva.  Por último, hay que añadir 
30 días para hacer, en su caso, las rectificaciones necesarias.  Estos períodos suponen otros 4 meses además de los 14 necesarios para promulgar la enmi enda legislativa.  En consecuencia, los Estados 
Unidos solicitan que se fije un "plazo prudencial" de 18 meses. 
B. Japón  
16. El Japón sostiene que un "plazo prudencial" para la aplicación por los Estados Unidos de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD es un plazo de 10 meses contado a partir de la fecha de la 
adopción del informe del Grupo Especial, modificado  por el Órgano de Apelación, que finalizaría 
el 23 de junio de 2002. 
17. Según el Japón, para aplicar las resoluciones y recomendaciones del OSD, los Estados Unidos 
deben:  WT/DS184/13 
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 i) modificar la disposición legislativa relativa a la tasa correspondiente a "todos los 
demás", para suprimir la prescripción de que de las tasas queden únicamente 
excluidos los márgenes basados "totalmente" en los hechos de que se tenga 
conocimiento; 
 ii) adoptar un criterio imparcial "de plena competencia" para determinar si las ventas 
efectuadas a filiales en el mercado interno son ventas realizadas en el curso de 
operaciones comerciales normales; 
 iii) volver a calcular el margen de dumping de Kawasaki Steel Corporation ("KSC") 
utilizando el nuevo criterio de la "plena competencia", sin recurrir a los hechos 
adversos de que se tenga conocimiento con respecto a las ventas efectuadas por KSC 
en los Estados Unidos a través de su filial en ese país; 
 iv) volver a calcular el margen de dumping de Nippon Steel Corporation ("NSC") 
utilizando el nuevo criterio de la "plena comp etencia", sin recurrir a los hechos de que 
se tenga conocimiento (es decir, utilizando el  factor de conversión del peso facilitado 
por NSC); 
 v) volver a calcular el margen de dumpin g de NKK Corporation ("NKK") utilizando el 
nuevo criterio de la "plena competencia", sin recurrir a los hechos de que se tenga conocimiento (es decir, utilizando el fa ctor de conversión del peso facilitado 
por NKK); 
 vi) volver a calcular el margen de dumping correspondiente a "todos los demás" teniendo 
en cuenta la enmienda de la disposición legislativa;  y 
 vii) volver a determinar si las importaci ones de que se trata han producido un daño 
importante a la rama de producción nacional, asegurándose de que se examinen de la misma forma o de forma comparable el mercado comercial y el mercado cautivo y de 
que se aplique la norma adecuada para evitar que se atribuyan a las importaciones los efectos de otras causas. 
18. El Japón aduce que el párrafo 1 del artículo 21 del ESD exige el "pronto cumplimiento" de las 
resoluciones y recomendaciones del OSD.  Añade que incumbe al Miembro que ha de proceder a la aplicación la carga de probar que no es "factible" el cumplimiento "pronto" o "inmediato".  El Japón 
se remite en este punto al laudo del árbitro en Canadá - Protección mediante patente de los productos 
farmacéuticos - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD  WT/DS184/13 
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("Canadá - Patente de los productos farmacéuticos ")
10 y afirma que esa carga es mayor cuanto mayor 
es la duración del plazo propuesto para la aplicación.   El Japón sostiene que los Estados Unidos no 
han satisfecho esa carga. 
19. Remitiéndose al laudo del árbitro en Canadá - Patente de los productos farmacéuticos11, el 
Japón aduce que, como regla general, en un arbi traje de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD sólo pueden tenerse en cuenta fa ctores relacionados con la aplicación efectiva en 
el marco del ordenamiento jurídico interno del Miem bro.  En anteriores arbitrajes, los árbitros han 
considerado pertinentes circunstancias tales como  la forma de aplicación, la complejidad de las 
medidas y la existencia de plazos obligatorios para los procedimientos en el ordenamiento jurídico interno, y se han negado a tener en cuenta otras, como  la "conflictividad" de la aplicación, el reajuste 
estructural en curso o los efectos desfavorables para los productores y consumidores nacionales en el Miembro que ha de proceder a la aplicación.  Basándose en ello, el Japón sostiene que los eventuales 
obstáculos internos extrajurídicos con que puedan enfrentarse los actos de aplicación de los Estados 
Unidos no son pertinentes al análisis de c onformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21. 
20. Según el Japón, un período de 10 meses es el plazo máximo en el que los Estados Unidos 
deberían proceder a aplicar las resoluciones y recomendaciones del OSD.   Los Estados Unidos 
deberían poder completar la modificación de su norma legislativa en un período de 7 meses contado a 
partir de la fecha en que el OSD adoptó el info rme del Grupo Especial modificado por el Órgano de 
Apelación.  El Japón manifiesta que las enmiendas a la legislación sobre "empresas de ventas en el 
extranjero" se promulgaron dentro de los 3 meses y medio siguientes a la fecha de presentación del 
proyecto de modificación y que la Enmienda Byrd fue promulgada en menos de 1 mes contado desde 
la fecha en que fue incorporada a otro proyecto de ley.  La única modificación necesaria en el presente asunto para poner la norma legislativa en conformidad con el Acuerdo Antidumping  consiste en la 
supresión de un término:  "totalmente".  El Japón aclara, además, que, en lo que respecta al criterio de la "plena competencia", los Estados Unidos no necesitan modificar sus reglamentaciones vigentes, 
sino únicamente rectificar su práctica administrativa.  A juicio del Japón, los Estados Unidos pueden 
completar esta rectificación de la práctica administrativa en los 7 meses que el Japón propone que se 
destinen a la promulgación de la enmienda legislativa.  
21. El Japón sostiene que una vez modificada la norma legislativa, los Estados Unidos pueden 
completar los nuevos cálculos de todos los márgenes de dumping en un período de 1 mes.  
Este período es análogo al empleado por los Estado s Unidos en la investigación inicial relativa al 
                                                     
 
10 Laudo del árbitro, WT/DS114/13, 18 de agosto de 2000. 
 
11 Ibid. 
  WT/DS184/13 
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precio inferior al justo valor.  El Japón no considera que haya razones para que los Estados Unidos 
necesiten recopilar nueva información para lle var a cabo los nuevos cálculos;  las únicas 
modificaciones que se precisan son simples cambios en el código de programación correspondiente. 
22. El Japón sostiene además que la nueva determinación sobre la existencia de daño puede 
llevarse a cabo dentro de los 45 días siguientes a la publicación del nuevo cálculo del dumping.  
La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos ("USITC"), entidad encargada de 
realizar el análisis del daño, pue de comenzar inmediatamente su labor, sin esperar a que los demás 
organismos lleven a cabo las tareas que les corresponden.  Los hechos y análisis necesarios a tal 
efecto han sido ya establecidos.  Un período de 45 dí as es el que normalmente se da a la USITC para 
que tome en consideración los márgenes de dumping. 
23. Por último el Japón sostiene que los demás trámites, incluidos los exigidos por la legislación 
estadounidense, pueden completarse en las dos se manas siguientes a la fecha en que la USITC 
complete su nueva determinación so bre la existencia de daño.  Esos  trámites incluyen las consultas 
con el Congreso de los Estados Unidos exigidas por  la Ley sobre los Acuerdos de la Ronda Uruguay y 
la publicación de las nuevas determinaciones en el Federal Register .  La legislación estadounidense 
no establece plazos máximos o mínimos para llevar a cabo esos trámites.  En  consecuencia, el Japón 
solicita que se fije como "plazo prudencial" pa ra la aplicación por los Estados Unidos de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD un plazo de  10 meses contado desde la fecha de la adopción 
del informe del Órgano de Apelación. 
III. Plazo prudencial 
24. Mi función en el presente arbitraje consiste en determinar el "plazo prudencial", en el sentido 
en que se utiliza esta expresión en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, para la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en Estados Unidos - Acero laminado en caliente . 
25. Es conveniente recordar que, como principio y norma esencial, los Miembros de la OMC se 
han comprometido al "pronto cumplimiento" de  las recomendaciones y resoluciones del OSD12 y que 
ese "pronto cumplimiento" se traduce en un a obligación de cumplirlas "inmediatamente".13  
No obstante, en caso de que no le sea " factible " cumplirlas "inmediatamente", el Miembro obligado al 
cumplimiento tiene derecho a "un plazo prudencial" para hacerlo.14  Conviene asimismo recordar que 
el plazo de 15 meses indicado en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD se califica expresamente de 
                                                      
12 Párrafo 1 de artículo 21 del ESD. 
 
13 Párrafo 3 del artículo 21 del ESD. 
 
14 Ibid. WT/DS184/13 
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"directriz  para el árbitro" (sin cursivas en el origin al):  el "plazo prudenc ial" para aplicar las 
recomendaciones del grupo especial o del Órgano de Apelación "no deberá exceder de 15 meses" a 
partir de la fecha de adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación;  no obstante, 
este plazo podrá ser "más corto o más largo", "según las circunstancias del caso".
15  No considero que 
haya ninguna base para interpretar que la direct riz de los 15 meses establece el límite máximo o 
"superior " del "plazo prudencial".  Tampoco, establece  esa directriz, por supuesto, su límite " inferior " 
o mínimo .  En el informe sobre Estados Unidos - Acero laminado en caliente , a cuya aplicación se 
refiere el presente procedimiento, el Órgano de  Apelación tuvo oportunidad de interpretar la 
expresión "plazo prudencial" del párrafo 8 del artículo 6 del  Acuerdo Antidumping  y del párrafo 1 del 
Anexo II de dicho Acuerdo.  Según declaró el Órgano de Apelación, el término "prudencial": 
[…] entraña un cierto grado de flexibilidad, e implica que es preciso tener en cuenta 
todas las circunstancias que concurren en un caso concreto.  Lo que es "prudencial" 
en una serie de circunstancias puede no serlo en otras.  De ello se desprende que es 
necesario definir caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de 
cada investigación, lo que constituye un plazo prudencial en el sentido del párrafo 8 
del artículo 6 y del Anexo II del Acuerdo Antidumping . 
En síntesis, es necesario interpretar la  expresión "plazo prudencial" de forma 
coherente con las nociones de flexibilidad y equilibrio inherentes al concepto de "lo 
prudencial" y de una forma que permita tener en cuenta las circunstancias específicas 
de cada caso.16 
26. Aunque este pasaje del Órgano de Apelación se refiere al  Acuerdo Antidumping  y no al ESD, 
a mi parecer, la esencia de "lo prudencial", tal como en él se establece, es pertinente también para un 
árbitro que se enfrente a la tarea de determinar lo  que constituye un "plazo prudencial" en el marco 
del ESD. 
27. Como ya se ha indicado, el OSD adoptó las recomendaciones del Grupo Especial modificadas 
por el Órgano de Apelación en Estados Unidos - Acero laminado en caliente .  La recomendación 
general era la de que los Estados Unidos pusie ran las medidas, cuya incompatibilidad con el Acuerdo 
Antidumping  y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio  ("Acuerdo sobre la OMC ") se había constatado, en conf ormidad con las obligaciones que 
imponían a los Estados Unidos esos Acuerdos.  Las medidas estadounidenses pertinentes a los fines 
del presente arbitraje cuya incompatibilidad con las normas de la OMC se había constatado son las 
siguientes: 
                                                      
15 Párrafo 3 del artículo 21 del ESD. 
 
16 Informe del Órgano de Apelación, supra , nota 1, párrafos 84 y 85. 
  WT/DS184/13 
 Página 9 
 
 
 a) la aplicación de los "hechos de que se tenga conocimiento" a la NSC, la NKK y la 
KSC en la determinación de los márgenes de dumping correspondientes a esas 
empresas; 
 b) el artículo 735(c)(5)(A) de la Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, 
modificada, y la aplicación en este caso por los Estados Unidos de esa disposición en relación con la determinación de la tasa  del derecho antidumping aplicable a los 
exportadores que no fueron objeto de una investigación individual (la tasa correspondiente a "todos los demás"); 
 c) la exclusión del cálculo del valor normal, como ventas no efectuadas "en el curso de 
operaciones comerciales normales", de determinadas ventas hechas en el mercado 
interno a partes vinculadas a un exportador investigado, sobre la base de la "prueba 
del 99,5 por ciento" o de la "plena competencia";  y 
 d) la aplicación del artículo 771(7)(C)(iv) de  la Ley Arancelaria de 1930 de los Estados 
Unidos, modificada, conocido como disposición sobre producción cautiva, en la 
determinación en este caso del daño sufrido por la rama estadounidense de 
producción de acero laminado en caliente. 
28. En Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación 
de cueros acabados:  arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD ("Argentina - Pieles y cueros "), el árbitro declaró lo siguiente: 
Es preciso poner la medida no conforme  en conformidad con las disposiciones 
específicas del Acuerdo ya sea mediante la supresión  total de la medida o mediante 
su modificación , para eliminar o rectificar sus aspectos lesivos.  Cuando la medida no 
conforme es una norma legal, suele ser ne cesaria otra norma le gal que la derogue o 
modifique.  Cuando la medida en cuestión es un reglamento administrativo, puede o 
no ser necesaria una nueva norma legal, pero generalmente es necesario un 
reglamento que derogue o modifique el primero.
* WT/DS184/13 
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Se pone por consiguiente de manifiesto que el concepto de cumplimiento o aplicación 
prescrito en el ESD es un concepto técnico que tiene un contenido específico:  la 
supresión o modificación de una medida o parte de una medida, cuya adopción o 
aplicación por un Miembro de la OMC haya supuesto la violación de una disposición 
de un acuerdo abarcado.  (las cursivas figuran en el original)
17 
_______________________ 
* La medida no conforme puede asumir también otras formas:  puede tratarse, por ejemplo de 
una práctica del Poder Ejecutivo o de la Administración aplicada de hecho pero no impuesta o autorizada expresamente por una norma legal o un reglamento administrativo, o de una 
determinación "cuasijudicial" de un órgano administrativo.  Dado que las medidas de la 
Argentina a que se refiere el presente arbitraje no pertenecen a esas categorías, no es necesario examinar las obligaciones de cumplimiento en el caso de que se trate de una medida de esa 
índole. 
29. En el presente caso, los Estados Unidos y el Japón coinciden en la necesidad de una norma 
legislativa que modifique apropiadamente el artíc ulo 735(c)(5)(A) de la Ley Arancelaria de 1930 de 
los Estados Unidos, modificada, para poner en co nformidad con el párrafo 4 del artículo 9 del 
Acuerdo Antidumping  tanto a) la disposición como b) la aplicación, en el presente caso, de esa 
disposición para determinar la tasa del derecho antidumping correspondiente a "todos los demás". 
30. En cambio, no hay coincidencia entre las partes sobre el contenido que debería tener la 
enmienda legislativa.  El Japón sostiene que basta que esa norma suprima de la disposición legislativa 
actualmente vigente, el artículo 735(c)(5)(A) de la  Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, 
modificada, un solo término:  "totalmente".  Los Es tados Unidos consideran que la tesis del Japón es 
excesivamente simplista y que puede ser necesaria o conveniente una enmienda legislativa más compleja, pero hasta este momento no han determinado el ámbito adecuado y el contenido concreto 
de la legislación necesaria.  Los Estados Unidos  se refieren también a la existencia de la laguna  del 
párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping  señalada por el Órgano de Apelación, sugiriendo de 
hecho, según me parece, que con la enmienda legislativa estadounidense podría tratarse también de salvar esa laguna  de forma compatible con las normas de la OMC.
18  No considero que un árbitro que 
actúe en virtud del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD tenga competencia para formular una determinación acerca del ámbito y contenido adecuados de la legislación de aplicación, por lo que no 
tengo el propósito de ocuparme de esa cuestión.  Aun que el grado de complejidad de la legislación de 
aplicación prevista puede ser pertinente para el árbitro, en la medida en que su complejidad influya en la duración del plazo que puede destinarse razonabl emente a la promulgación de la legislación de que 
                                                     
 
17 Laudo del árbitro, WT/DS155/10, 31 de agosto de 2001, párrafos 40 y 41. 
 
18 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Acero laminado en caliente , supra , nota 1, 
párrafo 126.  El Órgano de Apelación señaló que "el párrafo 4 del artículo 9, aunque prohíbe  la utilización de 
determinados márgenes para el cálculo de la tasa máxima correspondiente a 'todos los demás' no aborda expresamente la cuestión de la forma  en que debe calcularse esa tasa máxima en el supuesto de que todos  los 
márgenes hayan de ser excluidos  del cálculo en virtud de la prohibición".  El Órgano de Apelación no abordó 
esta cuestión, que no había sido planteada en la apelación.  WT/DS184/13 
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se trate, la determinación del ámbito y contenido ad ecuados de la legislación prevista corresponde, en 
principio, al Miembro de la OMC que ha de proceder a la aplicación. 
31. Hay también acuerdo entre los Estados Unidos y el Japón en que en el presente caso son 
necesarias medidas de aplicación de carácter administrativo.  Esa aplicación administrativa no parece 
requerir que se formulen y promulguen nuevos reglam entos administrativos para anular o modificar la 
reglamentación preexistente.  Ni el Grupo Espe cial ni el Órgano de Apelación constataron en 
Estados Unidos - Acero laminado en caliente  la incompatibilidad con la s normas de la OMC de un 
reglamento administrativo vigente en los Estados Unidos.  Las medidas de rectificación o aplicación 
que han de llevar a cabo los funcionarios de la  Administración de los Estados Unidos comprenderán 
la revisión de ciertos cálculos  o determinaciones de esos funcionarios, excluyendo de tales 
determinaciones o incluyendo en ellas ciertos datos o transacciones determinados.  Concretamente, en lo que respecta a la determinación del valor en el mercado interno de los productos de acero laminado 
en caliente de que se trata en el presente asunto, sería necesario que, al volver a determinar ese valor, se incluyeran determinadas transacciones de venta entre un exportador investigado y su empresa filial, 
excluidas antes con arreglo a la "prueba del 99,5 por ciento" o de la "plena competencia" aplicada por los funcionarios de la Administración estadounidense.  Asimismo, habría que volver a calcular o 
determinar los márgenes de dumping de la NSC, la NKK y la KSC, sustituyendo, entre otras cosas, 
los "hechos de que se tenga conocimiento" utilizados  anteriormente por los datos facilitados por esas 
empresas.  Es posible que esas nuevas determinaciones hagan a su vez necesarios cambios en las 
determinaciones consecutivas formuladas  en fases ulteriores por los mismos u otros funcionarios de la 
Administración u organismos de los Estados Unidos. 
32. La relación temporal entre las medidas de ap licación legislativas y administrativas es un 
importante aspecto en el presente arbitraje.  Los Estados Unidos y el Japón coinciden en que esa 
relación no tiene que ser necesariamente una relación lineal consecutiva y en que cabe perfectamente introducir, o al menos iniciar, algunas medidas admi nistrativas a la vez que se inician los actos de 
aplicación legislativa. 
33. En cambio, hay desacuerdo con respecto a cuáles son los actos o medidas administrativas que 
pueden realizar o aplicar los Estados Unidos al mismo tiempo que se pone en marcha el proceso 
legislativo de modificación.  Los Estados Unidos aducen que algunas de las medidas administrativas 
que es preciso adoptar en el proceso de aplicación deben aplicarse después de que haya sido 
promulgada la enmienda legislativa.  De forma más concreta, los Estados Unidos afirman que no 
pueden proceder, por ejemplo, a volver a calcular la tasa del derecho antidumping correspondiente a "todos los demás" antes de que se haya completado  la modificación del artículo 735(c)(5)(A) de la WT/DS184/13 
Página 12  
 
Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, modificada.
19  Al mismo tiempo, manifiestan que la 
modificación de la "prueba del 99,5 por ciento" o de la "plena competencia" aplicada en la práctica 
por los funcionarios de su Administración se ha iniciado ya y estará completada aun antes de que se 
lleve a cabo la modificación del artículo 735(c)(5)(A).20 
34. En apoyo de su petición de un período de 4 me ses para completar las medidas administrativas 
necesarias para la aplicación, además del período de  14 meses necesario para la etapa legislativa de 
dicha aplicación, los Estados Unidos destacan determinadas prescripciones del Acuerdo Antidumping  
relativas a las debidas garantías de procedimiento y a las normas de transparencia que es necesario 
cumplir en las investigaciones antidumping realizadas  por las autoridades de un Miembro de la OMC.  
Esas prescripciones abarcan por ejemplo, la obligación de dar a "todas las partes interesadas […] 
plena oportunidad de defender sus intereses"21, incluida la oportunidad de reunirse "con aquellas 
partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y argumentos 
refutatorios"22;  la obligación de dar "a su debido tiempo" a todas las partes interesadas "la 
oportunidad" de examinar la información pertinente  para la presentación de sus argumentos y de 
preparar su alegato sobre la base de esa información23;  y la obligación de dar aviso público de, por 
ejemplo, las determinaciones preliminares o definitivas de las autoridades de los Miembros y de 
explicar esas determinaciones.24  Los Estados Unidos subrayan que las normas citadas son aplicables 
en el caso de una nueva determinación basada en  las recomendaciones y resoluciones del OSD, y se 
remiten a las disposiciones de sus propias leyes y reglamentos que, según afirman, recogen esas 
normas de los Acuerdos.25  Teniendo en cuenta lo precedente, "y las circunstancias concretas del 
                                                      
19 Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
20 Ibid. 
 
21 Párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping . 
 
22 Ibid. 
 
23 Párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. 
 
24 Artículo 12 del Acuerdo Antidumping. 
 
25 Los artículos 129(c) y 129(d) de la Ley sobre los Acuerdos de la Ronda Uruguay disponen, en la 
parte pertinente, lo siguiente: 
 (c) EFECTOS DE LAS DETERMINACIONES:  AVISO DE APLICACIÓN 
 
[…] 
 
 (2) AVISO DE APLICACIÓN 
  (A) La autoridad administradora publicará en el Federal Register  un 
aviso de la aplicación de cualquier determinación formulada de conformidad con el presente 
artículo y que afecte al Título VII de la Ley Arancelaria de 1930.  WT/DS184/13 
 Página 13 
 
 
presente caso, en el que puede desarrollarse una considerable labor antes de la promulgación de 
cualquier norma legislativa", los Estados Unidos presentan el siguiente calendario detallado de la 
actividad administrativa que se proponen realizar tras la aprobación de la norma legislativa: 
Un plazo mínimo de 30 días a partir de la  aprobación de cualquier norma legislativa 
para formular una nueva determinación "pre liminar" que se pondrá a disposición de 
las partes (frente a los 140 días que requ iere una determinación preliminar en una 
investigación normal), otros 30 días para dar a las partes intere sadas posibilidad de 
formular comentarios (en comparación con los 50 días que se destinan a ello en una 
investigación normal), 30 días para elaborar una nueva determinación definitiva (con 
réplicas, audiencia y examen de los comentarios y opiniones expuestos en la 
determinación definitiva)  (un período to tal de 60 días desde la determinación 
"preliminar" a la "definitiva", frente a lo s 75 días necesarios en una investigación 
normal), y un último período de 30 días para hacer las rectificaciones que resulten 
necesarias (el mismo período que en una investigación normal).  Se requieren, por 
tanto, 120 días o 4 meses en total.26 
35. El Japón no abordó la cuestión de si las dispos iciones de los párrafos 2 y 4 del artículo 6 y del 
artículo 12 del Acuerdo Antidumping  son aplicables en el contexto de las nuevas determinaciones 
formuladas en el curso de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  
No considero necesario entrar a analizar esa cuestión en el presente arbitraje.  Parece suficiente 
                                                                                                                                                                     
  (B) El Representante para las Cuestiones Comerciales publicará en el 
Federal Register un aviso de la aplicación de cualquier determinación formulada de 
conformidad con el presente artículo y que afecte al Título II de la Ley de Comercio Exterior de 1974. 
(d) POSIBILIDAD DE COMENTARIO POR LAS PARTES INTERESADAS.  Antes 
de publicar una determinación con arreglo al pr esente artículo, la autoridad administradora o 
la Comisión, según corresponda, ofrecerán a las partes interesadas la posibilidad de presentar 
comentarios por escrito y, cuando proceda, podrán mantener una audiencia sobre la determinación.  (Prueba documental 12 de la comunicación de los Estados Unidos.) 
Véase, además, el artículo 123(g) de la Ley sobre lo s Acuerdos de la Ronda Uruguay, que establece, en 
la parte pertinente, lo siguiente: 
(g) PRESCRIPCIONES PARA LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS 
 (1) MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO O LA PRÁCTICA DEL 
ORGANISMO.  En cualquier caso en el que un grupo de solución de diferencias o el Órgano de Apelación constate en su informe que un reglamento o práctica de un departamento u 
organismo de los Estados Unidos es incompatible con cualquiera de los Acuerdos de la Ronda 
Uruguay, no podrá enmendarse, anularse o modificarse de otra forma dicho reglamento o práctica en el proceso de aplicación del informe hasta que  
[…] 
  (C) el jefe del departamento o el organismo de que se trate haya dado 
posibilidad de formular observaciones mediante la publicación en el Federal Register de la 
modificación propuesta y de la explicación de dicha modificación;   
[…] 
  (F) la norma definitiva o cualquier otra modificación haya sido publicada en 
el Federal Register .  (Prueba documental 1 de la comunicación de los Estados Unidos.) 
26 Comunicación de los Estados Unidos, párrafo 45. WT/DS184/13 
Página 14  
 
señalar que, en el supuesto de que sean aplicables, los párrafos 2 y 4 del artículo 6 y el artículo 12 no 
establecen plazos mínimos o máximos para realizar los actos previstos respectivamente en cada uno 
de esos preceptos.  Cabe también señalar que el artículo 123(g) de la Ley sobre los Acuerdos de la 
Ronda Uruguay de los Estados Unidos establece pres cripciones o condiciones para la modificación de 
una práctica administrativa que un grupo especial o el Órgano de Apelación haya constatado que es 
incompatible con la OMC, pero no plazos mínimos o máximos para cada etapa.
27  El artículo 129 del 
mismo texto legal estadounidense establece plazos  máximos para las medidas de la USITC y el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos (en su calidad de "autoridad administradora") 
destinadas a hacer compatibles con la OMC anteriores medidas o determinaciones.28  El plazo  para la 
                                                      
27 El artículo 123(g)(2) dispone que la resolución o modificación definitiva no podrá surtir efecto antes  
del término de un plazo de 60 días  contado a partir de la fecha en que comiencen las consultas previstas en el 
párrafo (1)(E), salvo que el Presidente determine que redunda en beneficio del interés nacional de los Estados 
Unidos que la fecha de efectividad sea anterior.  Las consultas previstas en el párrafo (1)(E) son consultas entre el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales y el jefe del departamento u organismo 
competente y los comités competentes del Congreso sobre el contenido previsto de la práctica modificada.  
(Prueba documental 1 de la comunicación de los Estados Unidos.) 
 
28 Los artículos 129(a) y 129(b) disponen, en su parte pertinente, lo siguiente: 
(a) MEDIDAS DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
[…] 
 (4) DETERMINACIÓN DE LA COMI SIÓN.  No obstante cualquier 
disposición de la Ley Arancelaria de 1930 o del Título II de la Ley de Comercio Exterior 
de 1974, si la mayoría de los miembros de la Comisión emiten un informe positivo con arreglo 
al párrafo (1), la Comisión, previa solicitud escrita del Representante para las Cuestiones Comerciales, formulará una determinación en relación con el procedimiento concreto para que 
las medidas de la Comisión a que se hace referencia en el párrafo (1) no resulten 
incompatibles con las conclusiones del grupo especial o del Órgano de Apelación.  La Comisión emitirá su determinación a más tardar 120 días después de que el Representante 
para las Cuestiones Comerciales haya presentado su solicitud. 
 (5) CONSULTAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
LA COMISIÓN.  El Representante para las Cuestiones Comerciales consultará a los comités 
del Congreso antes de que se aplique la determinación de la Comisión a que hace referencia el 
párrafo (4). 
 (6) REVOCACIÓN DE UNA ORDEN.  Si en virtud de una determinación 
adoptada por la Comisión con arreglo al párrafo (4) una orden de imposición de derechos 
antidumping o compensatorios con respecto a algunas o a todas las importaciones a que se 
refieren las medidas de la Comisión a que se hace referencia en el párrafo (1) deja de tener el respaldo de una determinación positiva de la Comisión de conformidad con el Título VII de la 
Ley Arancelaria de 1930 o el presente párrafo (a), el Representante para las Cuestiones 
Comerciales, tras mantener consultas con los co mités del Congreso con arreglo al párrafo (5), 
podrá ordenar a la autoridad administradora que revoque total o parcialmente, la orden de 
imposición de derechos antidumping o compensatorios. 
[…]  WT/DS184/13 
 Página 15 
 
 
USITC es de 120 días y para la "autoridad administradora" el plazo máximo  es de 180 días.  En ambos 
casos, los plazos máximos  se cuentan a partir del momento en el  que el Representante de los Estados 
Unidos para las Cuestiones Comerciales (el "UST R") solicite a la USITC o a la "autoridad 
administradora" que dicte una nueva determinación compatible con la OMC.  Asimismo, en ambos 
casos la norma legislativa exige que se celebren consultas con los comités correspondientes del 
Congreso y se ofrezca la posibilidad de formular comentarios. 
36. Los Estados Unidos no han precisado si formularían o no una nueva determinación sobre la 
existencia de un "daño importante" en la que se tuvieran en cuenta los resultados de los nuevos 
cálculos realizados por la Administración y se reevaluara la situación general de la rama de 
producción de acero laminado en caliente sobre la base de un análisis adecuado tanto del mercado "comercial" como del mercado de "producción cautiva", pero han ma nifestado claramente que, en 
caso de formular una nueva determinación sobre la existencia de daño, lo harían dentro del plazo 
de 18 meses que han solicitado para la  aplicación legislativa y administrativa.
29  Una hipótesis que 
surge naturalmente es que los Estados Unidos, al so licitar un plazo total de 18 meses para las medidas 
de aplicación, han tenido en cuenta en su petició n el tiempo que podrían necesitar en caso de llegar a 
la conclusión de que es necesario o conveniente formular una nueva determinación sobre la existencia de daño. 
                                                                                                                                                                    
 
b) MEDIDAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRADORA 
 (1) CONSULTAS CON LA AUTORIDAD ADMINISTRADORA Y LOS 
COMITÉS DEL CONGRESO.  Cuando un grupo especial de solución de diferencias o el 
Órgano de Apelación emitan un informe donde se concluya que una medida adoptada por la autoridad administradora en un procedimiento iniciado de conformidad con el Título VII de la 
Ley Arancelaria de 1930 no está en conformidad con las obligaciones de los Estados Unidos en 
virtud del Acuerdo Antidumping o el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 
el Representante para las Cuestiones Comerciales consultará sin dilación al respecto a la autoridad administradora y a los comités del Congreso. 
 (2) DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRADORA. No 
obstante cualquier disposición de la Ley Arancelaria de 1930, la autoridad administradora emitirá, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la recepción de la solicitud escrita del 
Representante para las Cuestiones Comerciales, una determinación relativa al procedimiento 
concreto para que las medidas adoptadas por la autoridad administradora a que se hace referencia en el párrafo (1) no resulten incompatibles con las conclusiones del grupo especial o 
del Órgano de Apelación. 
 (3) CONSULTAS PREVIAS A LA APLICACIÓN.  Antes de que la autoridad 
administradora proceda a aplicar una determinaci ón adoptada de conformidad con el párrafo (2), 
el Representante para las Cuestiones Comerciales consultará a la autoridad administradora y a 
los comités del Congreso sobre esa determinación. 
 (4) APLICACIÓN DE UNA DETERMINACIÓN.  El Representante para las 
Cuestiones Comerciales, tras haber mantenido consultas con la autoridad administradora y los 
comités del Congreso con arreglo al párrafo (3), podrá ordenar a la autoridad administradora que aplique, en su totalidad o en parte, la determinación formulada con arreglo al párrafo (2). 
(Prueba documental 12 de la comunicación de los Estados Unidos.
) 
29 Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia. WT/DS184/13 
Página 16  
 
37. El Japón considera que los períodos incluidos en los 4 meses solicitados por los Estados 
Unidos para la etapa administrativa, poslegislativa, de aplicación son excesivamente largos y que no 
son realmente necesarios teniendo en cuenta el tipo de operaciones que entraña el nuevo cálculo 
administrativo de datos discretos.  Habría que señalar a este respecto que los Estados Unidos no han 
indicado de forma demasiado clara cuáles son los actos administrativos (además del nuevo cálculo de 
la tasa de derecho antidumping correspondiente a "t odos los demás") que es necesario aplazar hasta la 
etapa poslegislativa, así como las razones para ello y la medida en que es necesario hacerlo.  Parece que, en algunos casos, el calendario de la nueva determinación administrativa podría responder no a 
prescripciones legales de los Estados Uni dos, sino a consideraciones de "eficiencia"
30, en el sentido de 
economizar esfuerzos, es decir, de elaborar simultáneamente varias determinaciones nuevas, en lugar de hacerlo de forma separada y consecutiva. 
38. En relación con la etapa legislativa de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones 
pertinentes del OSD, resultaría útil en particular de stacar dos manifestaciones de los Estados Unidos.  
La primera es que las consultas "prelegislativas " entre los funcionarios competentes del Poder 
Ejecutivo y de la Administración y los comités competentes del Congreso de los Estados Unidos son necesarias a efectos de generar y articular el am plio apoyo necesario para la adopción por ambas 
Cámaras del Congreso de un proyecto de ley destin ado a asegurar la confor midad con las normas de 
la OMC.  Según los Estados Unidos, estas consultas son distintas de las conversaciones formales que 
tienen lugar entre los organismos del Poder Ejecu tivo y de la Administración involucrados y los 
comités legislativos a los que podría asi gnarse un proyecto de ley una vez presentado
31, y no pueden 
reemplazar o sustituir a éstas.  Aun así, parece bastante raz onable inferir que es probable que el 
procedimiento formal se desarrolle con mayor rapidez gracias a las consultas informales 
"prelegislativas" ya mantenidas.  En Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas - Arbitraje de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD ("Chile - Bebidas alcohólicas ") el árbitro 
señaló que la etapa "prelegislativa" es "una etapa importante cuando el éxito del esfuerzo legislativo 
también lo es".32 
39. La segunda manifestación de los Estados Unidos que merece especialmente la pena destacar 
es que la alegación del Japón de que en el presente  caso un período de 10 meses constituye un "plazo 
prudencial" no toma en cuenta el hecho de que los proyectos importantes de leyes comerciales suelen 
ser aprobados hacia fines o al término del período ordinario de sesiones del Congreso de los Estados 
                                                      
30 Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia.  
 
31 Ibid. 
 
32 Laudo del árbitro, WT/DS87/15, WT/DS110/14, 23 de mayo de 2000, párrafo 43. 
  WT/DS184/13 
 Página 17 
 
 
Unidos.  Un plazo de 10 meses terminaría en j unio de 2002, en tanto que el segundo período de 
sesiones de la 107ª legislatura del Congreso  finalizaría probablemente en octubre de 2002.33  
El Japón, por su parte, aduce que, de hecho, importantes proyectos de ley han sido aprobados a mitad 
de un período legislativo del Congreso de los Estados Unidos.  Los Estados Unidos señalan además 
que, en dos procedimientos de solución de dife rencias que llegaron a la etapa del arbitraje de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, Estados Unidos - Ley de 1916  y 
Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor , los árbitros fijaron como plazo 
prudencial un período de 10 y 12 meses, respectivamente.34  Los Estados Unidos solicitaron el 12 de 
julio de 2001 al OSD que modificara los plazos prudenciales, fijados por los árbitros en esos dos casos, que expiraban respectivamente el 26 de julio de 2001 y el 27 de julio de 2001, a fin de que los nuevos plazos terminaran el 31 de diciembre de 2001 o en la fecha en la que se clausurara el período 
de sesiones de 2001 del Congreso de los Estados Un idos, si ésta era anterior.  En la reunión que 
celebró el 24 de julio de 2001, el OSD tomó nota de la petición de los Estados Unidos y dio su conformidad a ella.  En ambos casos, las partes demandantes -las Comunidades Europeas y el Japón 
en Estados Unidos - Ley de 1916 y las Comunidades Europeas en Estados Unidos - Artículo 110(5) de 
la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos -, habiendo llegado anteriormente a un 
entendimiento con los Estados Unidos sobre la cu estión, no se opusieron a las peticiones de los 
Estados Unidos.
35  Creo que caben serias dudas de que las decisiones del OSD en esos dos casos 
tengan algún valor como precedente en el presente procedimiento de arbitraje.  El hecho que ha precipitado el recurso al presente procedimiento ha sido precisamente la falta de acuerdo de las partes 
en la diferencia sobre un plazo prudencial para el  cumplimiento de conformidad con el párrafo 3 b) 
del artículo 21 del ESD. 
IV. Laudo 
40. Teniendo en cuenta las comunicaciones escritas y orales de las partes, las consideraciones 
antes expuestas y las circunstancias que concurre n en el presente caso, determino que el plazo 
prudencial para que los Estados Unidos cumplan las recomendaciones y resoluciones del OSD es un 
plazo de 15 meses en total, contado a partir del 23 de agosto de 2001.  En consecuencia, ese plazo, 
que abarca tanto la etapa legislativa como la etapa ad ministrativa de la aplicación, expirará el 23 de 
noviembre de 2002. 
                                                     
 
33 Comunicación de los Estados Unidos, párrafo 15. 
 
34 Laudo del árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916 , supra , nota 9 y Laudo del árbitro,  
Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor , supra , nota 9. 
 
35 WT/DSB/M/107, párrafos 64 y 69-70. WT/DS184/13 
Página 18  
 
Firmado en el original en Ginebra, el 4 de febrero de 2002, por 
 
 
 
 
 
 
 
 Florentino P. Feliciano 
Árbitro