WORLD TRADE ÜRGANIZATION 
ÜRGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
Council for Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights IP/N/1/ECU/C/l 
IP/N/1/ECU/1/1 
17 July 1998 
(98-2835) 
Original: Spanish/ 
Espagnol/ 
Español 
MAIN DEDICATED INTELLECTUAL PROPERTY LA WS AND REGULATIONS 
NOTIFIED UNDER ARTICLE 63.2 OF THE AGREEMENT 
Ecuador 
The present document reproduces1 the Intellectual Property Act, promulgated by the President 
of the Republic on 8 May 1998 and published in Official Register No. 320 of 19 May 1998, as 
notified by Ecuador under Article 63.2 ofthe Agreement (see document IP/N/l/ECU/1). 
Conseil des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
PRINCIPALES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS CONSACRÉES 
Á LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NOTIFIÉES 
AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD 
Équateur 
Le présent document contient le texte1 de la Loi sur la propriété intellectuelle, promulguée par 
le Président de la République le 8 mai 1998, et publiée dans le Registre officiel nº 320 
du 19 mai 1998, notifiée par l'Équateur au titre de l'article 63:2 de l'Accord (voir le 
document IP/N/l/ECU/1). 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS A LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL NOTIFICADOS EN VffiTUD 
DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO 
Ecuador 
En el presente documento se reproduce1 la Ley de Propiedad Intelectual, promulgada por el 
Presidente de la República el 8 de mayo de 1998, y publicada en el Registro Oficial Nº 320 
del 19 de mayo de 1998, notificada por el Ecuador en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 63 del Acuerdo (véase el documento IP/N/l/ECU/1). 
1 In Spanish only/En Espagnol seulement/En español solamente. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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El Ecuador ha sido, es 
y será Pals Amez6nico Administración del Sr. Dr. Fabián Alarcón Rivera 
Presidente Constitucional Interino de la República 
Año II Quito, Martes 19 de Mayo de 1998 Nº 320 
EDMUNDO ARIZALA ANDRADE 
DIRECTOR ENCARGADO 
83 Teléfonos: Dirección: 282 -564 
Distribución (Almacén): 583 -227 
4.500 ejemplares 48 
SUMARIO: 
FUNCION LEGISLATIVA 
LEY: 
Ley de Propiedad Intelectual ...................... . 
FUNCION JUDICIAL 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
PRIMERA SALA DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL: Págs. 
1 
266-98 Recurso de casación en el juicio seguido por 
la Compafiía Derivados del Petróleo Javar 
S.A. en contra de Obra Social y Cultural 
Sopefia OSCUS ............................. 46 
Nº 83 
CONGRESO NACIONAL 
EL PLENARIO DE LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS 
Cqnsiderando: 
Que la protección de las creaciones intelectuales es un 
derecho fundamental, así concebido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU en 1948; 
Que es función del Estado asumir la defensa de los derechos 
intelectuales; 
Que la protección de la propiedad intelectual es vital para el 
desarrollo tecnológico y económico del País, fomenta 
inversión en investigación y desarrollo, estimula la producción 
tecnológica nacional y confiere al Ecuador una ventaja 
comparativa en el nuevo orden económico mundial; 
Que la falta de una adecuada protección a los derechos de 
propiedad intelectual restringe la libre competencia y Suscripción 
Impreso en 
páginas anual: s/. 378.000 
la Editora Nacional 
Valor s/. 1.100 
obstaculiza el crecimiento económico respecto de la más 
amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos 
intangibles; 
Que la competitividad de la industria y el comercio 
ecuatorianos en el mercado internacional depende cada vez 
más de su capacidad de incorporar avances tecnológicos a la 
producción y comercialización de sus bienes y servicios; 
Que la protección de los derechos intelectuales debe responder 
a los principios de universalidad y armonización 
internacional; 
Que el Ecuador se ha adherido a la Organización Mundial de 
Comercio· y ha ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC); 
Que están vigentes en el Ecuador varias normas de aplicación 
internacional que implican una reformulación integral de la 
legislación en materia de Propiedad Intelectual, como la 
protección a los derechos de autor, especialmente el Convenio 
de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 
Acta de París, la Convención de Roma sobre la Protección de 
los Artistas; Interpretes o Ejecutantes, los Productores de 
Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que a pesar 
de su ratificación en 1963 no fue reflejada en nuestra 
legislación, la Convención Universal sobre Derechos de 
Autor, el Régimen Común sobre Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, regulado en la Decisión Nº 351 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para todos los 
países de la Comunidad Andina; y, la protección a la 
Propiedad Intelectual; 
Que el Estado debe optimizar los recursos humanos, 
tecnológicos y económicos, unificando la aplicación 
administrativa de las leyes sobre Propiedad Industrial, 
Obtenciones Vegetales y Derechos de Autor; y, 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
expide la siguiente: 
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
TITULO PRELIMINAR 2 Registro Oficial Nº 320 
Art. l. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 
intelectual adquirida de conformidad con la ley, las 
Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 
convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 
La propiedad intelectual comprende: 
1. Los derechos de autor y derechos conexos. 
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, 
los siguientes: 
a. Las invenciones; 
b. Los dibujos y modelos industriales; 
c. Los esquemas de trazado (topograflas) de circuitos 
integrados; 
d. La información no divulgada y los secretos 
comerciales e industriales; 
e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los 
lemas comerciales; 
f. Las apariencias distintivas de los negocios y 
establecimientos de comercio; 
g. Los nombres comerciales; 
h. Las indicaciones geográficas; e, 
i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un 
uso agrícola, industrial o comercial. 
3.Las obtenciones vegetales. 
Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los 
derechos consagrados por el Convenio de Diversidad 
Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la 
materia. 
Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por 
igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el 
Ecuador 
Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
(IEPI), es el Organismo Administrativo Competente para 
propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a 
nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad 
intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 
convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles 
y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 
Función Judicial. 
LIBRO I 
TITULO I 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y 
DERECHOS CONEXOS 
CAPITULO I 
DEL DERECHO DE AUTOR 
SECCION I 
PRECEPTOS GENERALES 
Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores 
y los derechos de los demás titulares sobre sus obras. 
Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo 
hecho de la creación de la obra, independientemente de su 
mérito, destino o modo de expresión. 
Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 
producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/l/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o 
titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que 
sea el lugar de publicación o divulgación. 
El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos 
conexos no está sometido a registro, depósito, ni al 
cumplimiento de formalidad alguna. 
El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la 
protección de los derechos de los artistas, intérpretes o 
ejecutantes y de los productores de fonogramas. 
Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y 
acumulable con: 
a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la 
cosa material a la que esté incorporada la obra; 
b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir 
sobre la obra; y, 
c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos 
por la ley. 
Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a 
continuación tendrán los siguientes significados: 
Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 
Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, 
canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una 
obra. 
Ambito doméstico: Marco de las reuniones familiares, 
realizadas en la casa de habitación que sirve como sede 
natural del hogar. 
Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en 
forma impresa, en una unidad de almacenamiento de 
ordenador o de cualquier otra forma. 
Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cual-quier 
titulo ha adquirido derechos reconocidos en este Título. 
Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma 
clase o género. 
Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o 
literario de las distintas leyes, noticias o materias. 
Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o 
producción, incluyendo tanto el que resulta de la fijación 
original como el que resulta de un acto de reproducción. 
Derechos conexos: Son los derechos económicos por 
comunicación pública que tienen los artistas, intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de 
radio-difusión. 
Distribución: Puesta a disposición del público, del original o 
copias de la obra, mediante su venta, arrendamiento, préstamo 
público o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de 
transferencia de la propiedad, posesión o tenencia de dicho 
original o copia. 
Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la 
obra al público, con el consentimiento del autor, por cualquier 
medio o procedimiento conocido o por conocerse. 
Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato 
escrito con el autor o su causahabiente se obliga a asegurar la 
publicación y divulgación de la obra por su propia cuenta. IP/N/1/ECU/C/l 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 3 
Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de 
ambos, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por 
conocerse, con o sin la utilización de satélites, para su 
recepción por el público. Comprende también la producción 
de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de 
radiodifusión o de telecomunicación. 
Expresiones del folklore: Producciones de elementos 
característicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas 
por el conjunto de obras literarias y artísticas, creadas en el 
territorio nacional, por autores no conocidos o que no se 
identifiquen, que se presuman nacionales del País, de sus 
comunidades étnicas y se transmitan de generación en 
generación, de manera que reflejen las expectativas artísticas 
o literarias tradicionales de una comunidad. 
Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su 
representación digital, sobre una base material que permita su 
lectura, percepción, reproducción, comunicación o utilización. 
Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los 
sonidos de una ejecución o de otros sonidos o de sus 
representaciones digitales. Las grabaciones gramofónicas, 
magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas. 
Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual 
de una representación o ejecución o de una emisión de 
radiodifusión, realizada por un organismo de radiodifusión 
utilizando sus propios medios y empleada en sus propias 
emisiones de radiodifusión. 
Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de 
los derechos al usuario de la obra u otra producción protegida, 
para utilizarla en la forma determinada y de conformidad con 
las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la 
titularidad de los derechos. 
Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser 
divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por 
conocerse. 
Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad 
del autor por su voluntad. 
Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una 
serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización 
incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada 
a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de 
comunicación de la imagen y de sonido, independientemente 
de las características del soporte material que la contenga. 
Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones 
utilitarias o incorporada en un artículo últil, ya sea una obra de 
artesanía o producida en escala industrial. 
Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o 
más personas naturales. 
Obra colectiva: Es la creada por varios autores, por 
iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona natural o 
jurídica, que la publica o divulga con su propio nombre, y en 
la que no es posible identificar a los autores o individualizar 
sus aportes. 
Obra por encargo: Es el producto de un contrato para la 
realización de una obra determinada, sin que medie entre el 
autor y quien la encomienda una relación de empleo o trabajo. 
Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el 
consentimiento del autor o sus derechohabientes. Obra plástica o de bellas artes: Creación artística cuya 
finalidad apela al sentido estético de la persona que la 
contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografias. 
No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la 
presente ley, las fotografias, las obras arquitectónicas y las 
audiovisuales. 
Obra póstuma: Además de las no publicadas en vida del 
autor, las que lo hubiesen sido durante ésta, si el mismo autor, 
a su fallecimiento, las deja refundidas, adicionadas, anotadas o 
corregidas de manera que merezcan reputarse como obras 
nuevas. 
Organismo de radiodifusión: Persona natural o jurídica que 
decide las emisiones y que determina las condiciones de 
emisión de radio o televisión. 
Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, 
la coordinación y la responsabilidad en la producción de una 
obra, por ejemplo, de la obra audiovisual, o del programa de 
ordenador. 
Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo 
cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por 
primera vez los sonidos de una ejecución, u otros sonidos o 
sus representaciones digitales. 
Programa de ordenador (software): Toda secuencia de 
instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa 
o indirectamente, en un dispositivo de lectura automatizada, 
ordenador, o aparato electrónico o similar con capacidad de 
procesar información, para la realización de una función o 
tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 
fuere su forma de expresión o fijación. El programa de 
ordenador comprende también la documentación preparatoria, 
planes y diseños, la documentación técnica, y los manuales de 
uso. 
Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del 
público con el consentimiento del titular del respectivo 
derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares 
permita satisfacer las necesidades razonables del público, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 
Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión 
inalámbrica. La radiodifusión incluye la realizada por un 
satélite desde la inyeccción de la señal, tanto en la etapa 
ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta 
que el programa contenido en la señal se ponga al alcance del 
público. 
Reproducción: Consiste en la fijación de la obra en cualquier 
medio o por cualquier procedimiento, conocido o por 
conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal o 
definitivo, y la obtención de copias de toda o parte de ella. 
Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa 
recibido de otra fuente, efectuada por difusión de signos, 
sonidos o imágenes, ya sea difusión inalámbrica, o a través de 
cable, hilo, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, 
conocido o por conocerse. 
Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de 
titular de los derechos reconocidos por el presente Libro. 
Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación 
normal de la obra ni causan un perjuicio a los intereses 
legítimos del autor. 4 Registro Oficial Nº 320 
Videograma: Fijación de una obra audiovisual. 
SECCION 11 
OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 
Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas 
las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, 
cualquiera que sea su género, fonna de expresión, mérito o 
finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 
son independientes de la propiedad del objeto material en el 
cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 
supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de 
cualquier otra fonnalidad. 
Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 
a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, 
novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, 
misivas, guiones para teatro, cinematografia, televisión, 
conferencias, discursos, lecciones, sennones, alegatos en 
derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 
expresadas en cualquier fonna; 
b) Colecciones de obras, tales como antologías o 
compilaciones y bases de datos de toda clase, que por la 
selección o disposición de las materias constituyan 
creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de 
autor que subsistan sobre los materiales o datos; 
c) Obras dramáticas y dramático musicales, las 
coreografias, las pantomimas y, en general las obras 
teatrales; 
d) Composiciones musicales con o sin letra; 
e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras 
audiovisuales; 
f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, 
litografia y las historietas gráficas, tebeos, comics, así 
como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas; 
g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras 
arquitectónicas y de ingeniería; 
h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la 
geografia, la topografia, y en general a la ciencia; 
i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos 
análogos a la fotografia; 
j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no 
pueda ser disociado del carácter industrial de los objetos 
a los cuales estén incorporadas; 
k) Programas de ordenador; y, 
1) Adaptaciones, traducciones, arreglos, rev1s10nes, 
actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y 
extractos; y, otras transfonnaciones de una obra, 
realizadas con expresa autorización de los autores de las 
obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los 
títulos de programas y noticieros radiales o televisados, de 
diarios, revistas y otras publicaciones periódicas, quedan 
protegidos durante un año después de la salida del último 
número o de la comunicación pública del último programa, 
salvo que se trate de publicaciones o produccciones anuales, 
en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años. IP/N/1/ECU/C/l 
IP/N/1/ECU/1/1 
Page 5 
l\tlartes 19 de l\tlayo de 1998 
Art. 9. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la 
obra originaria y de la correspondiente autorización, son 
también objeto de protección como obras derivadas, siempre 
que revistan características de originalidad, las siguientes: 
a. Las traducciones y adaptaciones; 
b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones; 
c. Los resúmenes y extractos; 
d. Los arreglos musicales; y, 
e. Las demás transformaciones de una obra literaria o 
artística. 
Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, 
expresada en un grupo de individuos que reflejan las 
expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores 
transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, ya 
sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, mitología, 
rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, 
deberán respetar los derechos de las comunidades de 
conformidad a la Convención que previene la exportación, 
importación, transferencia de la propiedad cultural y a los 
instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la 
protección de las expresiones en contra de su explotación 
ilícita. 
Art. 1 O. El derecho de autor protege también la forma de 
expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, 
explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. 
No son objeto de protección: 
a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, 
métodos de operación o conceptos matemáticos en sí; los 
sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras 
científicas, ni su aprovechamiento industrial o 
comercial; y, 
b. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones 
judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y 
dictámenes de los organismos públicos, así como sus 
traducciones oficiales 
SECCION III 
TITULARES DE LOS DERECHOS 
Art. 11. Unicamente la persona natural puede ser autor. Las 
personas jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, 
de confonnidad con el presente Libro. 
Para la determinación de la titularidad se estará a lo que 
disponga la ley del país de origen de la obra, confonne con los 
criterios contenidos en el Convenio de Berna, Acta de París de 
1971. 
Art. 12. Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba 
en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, 
sigla o cualquier otro signo que lo identifique aparezca 
indicado en la obra. 
Art. 13. En la obra en colaboración divisible, cada 
colaborador es titular de los derechos sobre la parte de que es 
autor, salvo pacto en contrario. 
En la obra en colaboración indivisible, los derechos 
pertenecen en común y proindiviso, a los coautores, a menos 
que se hubiere acordado otra cosa. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
Page 6 
Registro Oficial Nº 320 
Art. 14. El derecho de autor no forma parte de la sociedad 
conyugal y podrá ser administrado libremente por el cónyuge 
autor o derechohabiente del autor. Sin embargo, los beneficios 
económicos derivados de la explotación de la obra forman 
parte del patrimonio de la sociedad conyugal. 
Art. 15. Salvo pacto en contrario, se reputará como titular de 
los derechos de autor de una obra colectiva a la persona 
natural o jurídica que haya organizado, coordinado y dirigido 
la obra, quien podrá ejercer en nombre propio los derechos 
morales para la explotación de la obra. 
Se presumirá como titular de una obra colectiva a la persona 
natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la obra. 
Art. 16. Salvo pacto en contrario o disposición especial 
contenida en el presente libro, la titularidad de las obras 
creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al 
empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos 
morales para la explotación de la obra. 
En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá 
al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor 
conservará el derecho de explotarlas en forma distinta a la 
contemplada en el contrato, siempre que no entrafle 
competencia desleal. 
Art. 17. En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca 
en la obra será considerado representante del autor, y estará 
autorizado para ejercer y hacer valer sus derechos morales y 
patrimoniales, hasta que el autor revele su identidad y 
justifique su calidad. 
SECCION IV 
CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR 
PARAGRAFO PRIMERO 
DE LOS DERECHOS MORALES 
Art. 18. Constituyen derechos morales irrenunciables, 
inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor: 
a) Reivindicar la paternidad de su obra; 
b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato 
o exigir que se mencione su nombre o seudónimo cada 
vez que sea utilizada; 
c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o 
modificación de la obra que pueda perjudicar el honor o 
la reputación de su autor; 
d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se 
encuentre en posesión de un tercero, a fin de ejercitar el 
derecho de divulgación o cualquier otro que Je 
corresponda; y, 
e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos 
en los literales anteriores dará lugar a la indemnización 
de daflos y perjuicios independientemente de las otras 
acciones contempladas en esta Ley. 
Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra 
y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma 
que ocasionen menos incomodidades al poseedor, a quien se 
indemnizará, en su caso, por los daflos y perjuicios que se le 
irroguen. 
A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos 
mencionados en los literales a) y c) corresponderá, sin límite 
de tiempo, a sus causahabientes. Martes 19 de Mayo de 1998 5 
Los causahabientes podrán ejercer el derecho establecido en el 
literal b ), durante un plazo de setenta aflos desde la muerte del 
autor. 
PARAGRAFO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 
Art. 19. El autor goza del derecho exclusivo de explotar su 
obra en cualquier forma y de obtener por ello beneficios, salvo 
las limitaciones establecidas en el presente Libro. 
Art. 20. El derecho exclusivo de explotación de la obra 
comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o 
prohibir: 
a) La reproducción de la obra por cualquier forma o 
procedimiento; 
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio 
que sirva para difundir las palabras, los signos, los 
sonidos o las imágenes; 
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la 
obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; 
d) La importación; y, 
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transfor-
mación de la obra. 
La explotación de la obra por cualquier forma, y 
especialmente mediante cualquiera de los actos enumerados 
en este artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular 
de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en 
esta Ley. 
Art. 21. La reproducción consiste en la fijación o réplica de la 
obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento, 
conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento 
digital, temporal o definitivo, de modo que permita su 
percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o 
parte de ella. 
Art. 22.-Se entiende por comunicación pública todo acto en 
virtud del cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un 
mismo lugar y, en el momento en que individualmente 
decidan, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución 
de ejemplares a cada una de ellas, como en los siguientes 
casos: 
a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y 
ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático -
musicales, literarias y musicales, mediante cualquier 
medio o procedimiento; 
b) La proyección o exhibición pública de las obras 
cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; 
c) La radiodifusión o comunicación al público de 
cualesquiera obras por cualquier medio que sirva para 
difundir, sin hilo, los signos, los sonidos o las imágines, o 
la representación digital de éstos, sea o no simultánea. 
La transmisión de señales codificadas portadoras de 
programas es también un acto de comunicación pública, 
siempre que se ponga a disposición del público por la 
entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de 
decodificación. 
A efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se 
entenderá por satélite cualquiera que opere en bandas de 
frecuencia reservadas por la legislación de 6 Registro Oficial Nº 320 
telecomunicaciones a la difusión de señales para la 
recepción por el público o para la comunicación 
individual no pública, siempre que en este último caso las 
circunstancias en que se lleve a efecto la recepción 
individual de las señales sean comparables a las que se 
aplican en el primer caso; 
d) La transmisión al público de obras por hilo, cable, fibra 
óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante 
abono; 
e) La retransmisión de la obra radiodifundida por radio, 
televisión, o cualquier otro medio, con o sin hilo, cuando 
se efectúe por una entidad destinta de la de origen; 
f) La emisión, transmisión o captación, en lugar accesible al 
público, mediante cualquier instrumento idóneo de la obra 
radiodifundida; 
g) La presentación y exposición públicas; 
h) El acceso público a bases de datos de ordenador por 
medio de telecomunicación, cuando estas incorporen o 
constituyan obras protegidas; e, 
i) En fin, la difusión por cualquier procedimiento conocido o 
por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos, las 
imágenes de su representación, u otras formas de 
expresión de las obras. 
Se considerará pública toda comunicación que exceda el 
ámbito estrictamente doméstico. 
Art. 23. Por el derecho de distribución el titular de los 
derechos de autor tiene la facultad de poner a disposición del 
público el original o copias de la obra mediante venta, 
arrendamiento, préstamo público o cualquier otra forma. 
Se entiende por arrendamiento la puesta a disposisición de los 
originales y copias de una obra para su uso por tiempo 
limitado y con un beneficio económico o comercial directo o 
indirecto. Quedan excluidas del concepto de alquiler, para los 
fines de esta norma la puesta a disposición con fines de 
exposición y las que se realice para consulta in situ. 
Se entiende por préstamo la puesta a disposición de los 
originales y copias de una obra a través de establecimientos 
accesibles al público para su uso por tiempo limitado sin 
beneficio económico o comercial directo o indirecto. Las 
exclusiones previstas en el inciso precedente se aplicarán 
igualmente al préstamo público. 
El derecho de distribución mediante venta se agota con la 
primera y, únicamente respecto de las sucesivas reventas 
dentro del país, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo 
para autorizar o prohibir el arrendamiento y préstamo público 
de los ejemplares vendidos. 
El autor de una obra arquitectónica u obra de arte aplicada no 
puede oponerse a que el propietario arriende la obra o 
construcción. 
Art. 24. El derecho de importación confiere al titular de los 
derechos de autor la facultad de prohibir la introducción en el 
territorio ecuatoriano, incluyendo la transmisión analógica y 
digital, del original o copias de obras protegidas, sin perjuicio 
de obtener igual prohibición respecto de las copias ilícitas. 
Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso 
del original y copias en fronteras, como para obtener el retiro 
o suspender la circulación de los ejemplares que ya hubieren IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/l/ECU/1/1 
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l.V[artes 19 de l.V[ayo de 1998 
ingresado. Este derecho no afectará los ejemplares que 
formen parte del equipaje personal. 
Art. 25. El titular del derecho de autor tiene el derecho de 
aplicar o exigir que se apliquen las protecciones técnicas que 
crea pertinentes, mediante la incorporación de medios o 
dispositivos, la codificación de señales u otros sistemas de 
protección tangibles o intangibles, a fin de impedir o prevenir 
la violación de sus derechos. Los actos de importación, 
fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios, puesta 
en circulación o cualquier otra forma de facilitación de 
aparatos o medios destinados a descifrar o decodificar las 
señales codificadas o de cualquier otra manera burlar o 
quebrantar los medios de protección aplicados por el titular 
del derecho de autor, realizados sin su consentimiento, serán 
asimilados a una violación del derecho de autor para efectos 
de las acciones civiles así como para el ejercicio de las 
medidas cautelares que corresponda, sin perjuicio de las penas 
a que haya lugar por el delito. 
Art. 26. También constituyen violación de los derechos 
establecidos en este libro cualquiera de los siguientes actos: 
a) Remover o alterar, sin la autorización correspon­
diente, información electrónica sobre el régimen de 
derechos; y, 
b) Distribuir, importar o comunicar al público el original o 
copias de la obra sabiendo que la información 
electrónica sobre el régimen de derechos ha sido 
removida o alterada sin autorización; 
Se entenderá por información electrónica aquella incluida en 
las copias de obras, o que aparece en relación con una 
comunicación al público de una obra, que identifica la obra, el 
autor, los titulares de cualquier derecho de autor o conexo, o 
la información acerca de los términos y condiciones de 
utilización de la obra, así como número y códigos que 
representan dicha información. 
Art. 27. El derecho exclusivo de explotación, o 
separadamente cualquiera de sus modalidades, es susceptible 
de transferencia y, en general, de todo acto o contrato previsto 
en esta Ley, o posible bajo el derecho civil. En caso de 
transferencia, a cualquier título, el adquirente gozará y 
ejercerá la titularidad. La transferencia deberá especificar las 
modalidades que comprende, de manera que la cesión del 
derecho de reproducción no implica la del derecho de 
comunicación pública ni viceversa, a menos que se 
contemplen expresamente. 
La enajenación del soporte material no implica cesión o 
autorización alguna respecto del derecho de autor sobre la 
obra que incorpora. 
Es válida la transferencia del derecho de explotación sobre 
obras futuras, si se las determina particularmente o por su 
género, pero en este caso el contrato no podrá durar más de 
cinco años. 
SECCION V 
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE 
CIERTAS OBRAS 
PARAGRAFO PRIMERO 
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 
Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras 
literarias y se protegen como tales. Dicha protección se 
otorga independientemente de que hayan sido incorporados en 
un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 lVlartes 19 de lVlayo de 1998 7 
expresados, ya sea en forma legible por el hombre ( código 
fuente) o en forma legible por máquina ( código objeto), ya 
sean programas operativos y programas aplicativos, 
incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 
general, aquellos elementos que conformen la estructura, 
secuencia y organización del programa. 
Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, 
esto es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 
responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará 
titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 
conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre 
propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la 
facultad para decidir sobre su divulgación. 
El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar 
o prohibir la realización de modificaciones o versiones 
sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo. 
Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 
mediante acuerdo entre los autores y el productor. 
Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de 
ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su 
propietario a realizar exclusivamente: 
a) Una copia de la versión del programa legible por 
máquina (código objeto) con fines de seguridad o 
resguardo; 
b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya 
sea que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con 
el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 
programa; y, 
c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 
exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso 
normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 
transferir a ningún título el soporte que contenga el 
programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna 
otra forma sin autorización expresa, según las reglas 
generales. 
Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 
cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines 
de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 
personas, a través de redes u otros sistemas análogos, 
conocidos o por conocerse. 
Art. 31. No se considerará que existe arrendamiento de un 
programa de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial 
de dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto 
esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 
contrato, dependa direct.amente del programa de ordenador 
suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 
ordenador con programas de ordenador instalados 
previamente. 
Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en 
los artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los 
programas de ordenador. 
Las normas contenidas en el presente Parágrafo se 
interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la 
normal explotación de la obra o los intereses legítimos del 
titular de los derechos. 
PARAGRAFO SEGUNDO 
DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES Art. 33. Salvo pacto en contrario, se presume coautores de la 
obra audiovisual: 
a) El director o realizador; 
b) Los autores del argumento, de la adaptación y del guión 
y diálogos; 
c) El autor de la música compuesta especialmente para la 
obra; y, 
d) El dibujante, en caso de diseflos animados. 
Art. 34. Sin perjuicio de los derechos de autor de las obras 
preexistentes que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, 
la obra audiovisual se protege como obra original. 
Los autores de obras preexistentes podrán explotar su 
contribución en un género diferente, pero la explotación de la 
obra en común, así como de las obras especialmente creadas 
para la obra audiovisual, corresponderán en exclusiva al 
titular, conforme al artículo siguiente. 
Art. 35. Se reputa titular de una obra audiovisual al productor, 
esto es la persona natural o jurídica que asume la iniciativa y 
la responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará 
productor, salvo prueba en contrario, a la persona natural o 
jurídica cuyo nombre apareza en dicha obra en la forma usual. 
Dicho titular está, además, legitimado para ejercer en nombre 
propio los derechos morales sobre la obra incluyendo la 
facultad para decidir sobre la divulgación. 
Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las estipulaciones y 
reservas expresas entre los autores y el productor. 
PARAGRAFO TERCERO 
DE LAS OBRAS ARQUITECTONICAS 
Art. 36. El autor de las obras de arquitectura podrá oponerse a 
las modificaciones que alteren estética o funcionalmente su 
obra. 
Para las modificaciones necesarias en el proceso de 
construcción o con posterioridad a ella, se requiere la simple 
autorización del arquitecto autor del proyecto, quien no podrá 
negarse a concederla a no ser que considere que la propuesta 
modificatoria altere estética o funcionalmente su obra. 
La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el 
derecho del adquirente para ejecutar la obra proyectada, pero 
se requiere el consentimiento escrito de su autor en los 
términos que él señale y de acuerdo con la Ley de Ejercicio 
Profesional de la Arquitectura, para utilizarlo en otras obras. 
PARAGRAFO CUARTO 
DE LAS OBRAS DE ARTES PLASTICAS 
Y DE OTRAS OBRAS 
Art. 37. El adquirente de un objeto material que contiene una 
obra de arte tiene, salvo pacto en contrario, el derecho de 
exponer públicamente la obra, a cualquier título. 
Art. 38. Si el original de una obra de arte plástico, o el 
manuscrito original del escritor o compositor fuere revendido 
en pública subasta, o si en dicha reventa interviniera directa o 
indirectamente un comerciante de tales obras en calidad de 
comprador, vendedor o agente, el vendedor deberá pagar al 
autor o a sus herederos, según corresponda, una participación 
equivalente al cinco por ciento del precio de venta, salvo 
pacto en contrario. Este derecho es irrenunciable e inalienable. 8 Registro Oficial Nº 320 
Art. 39. Los responsables de establecimientos mercantiles, el 
comerciante o cualquier otra persona que haya intervenido en 
la reventa serán solidariamente responsables con el vendedor 
por el pago de este derecho y deberán notificar la reventa a la 
sociedad de gestión correspondiente, o en su defecto, al autor 
o sus derechohabientes, en el plazo de tres meses, 
acompañando la documentación pertinente para la práctica de 
la liquidación. 
Art. 40. El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto 
en el comercio sin el consentimiento de la misma persona y, 
luego de su muerte, de sus causahabientes. Sin embargo la 
publicación del retrato es libre, cuando se relacione, 
únicamente, con fines científicos, didácticos o culturales o con 
hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren 
desarrollado en público. 
Art. 41. El autor de una obra fotográfica o el realizador de 
una mera fotografia sobre una persona, deberá contar con la 
autorización de la persona fotografiada, y a su muerte, de sus 
causahabientes, para ejercer sus derechos de autor o conexos, 
según el caso. La autorización deberá constar por escrito y 
referirse específicamente al tipo de utilización autorizada de la 
imagen. No obstante, la utilización de la imagen será lícita 
cuando haya sido captada en el curso regular de 
acontecimientos públicos y responda a fines culturales o 
informativos, o se realice en asociación con hechos o 
acontecimientos de interés público. 
Las excepciones establecidas en el inciso precedente no 
afectan los derechos de autor sobre la obra que incorpore la 
imagen. 
SECCION VI 
TRANSMISION Y TRANSFERENCIA 
DE DERECHOS 
PARAGRAFO PRIMERO 
DE LA TRANSMISION POR CAUSA DE MUERTE 
Art. 42. Los derechos de autor se transmiten a los herederos y 
legatarios conforme a las disposiciones del Código Civil. 
Art. 43. Para autorizar cualquier explotación de la obra, por el 
medio que sea, se requerirá del consentimiento de los 
herederos que representen la cuota mayoritaria. 
Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá del 
rendimiento económico total, los gastos efectuados y 
entregará la participación que les corresponda a quienes no 
hubieren podido expresar su consentimiento. 
PARAGRAFO SEGUNDO 
DE LOS CONTRATOS DE EXPLOTACION 
DE LAS OBRAS 
PRIMERO 
DE LOS CONTRA TOS EN GENERAL 
Art. 44. Los contratos sobre autorización de uso o explotación 
de obras por terceros deberán otorgarse por escrito, serán 
onerosos y durarán el tiempo determinado en el mismo, sin 
embargo podrán renovarse indefinidamente de común acuerdo 
de las partes. 
Art. 45. Las diversas formas de explotación de una obra son IP/N/l/ECU/C/1 
IP/N/l/ECU/1/1 
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l\1artes 19 de l\1ayo de 1998 
independientes entre si, y en tal virtud, los contratos se 
entenderán circunscritos a las formas de explotación 
expresamente contempladas y al ámbito territorial establecido 
en el contrato. Se entenderán reservados todos los derechos 
que no hayan sido objeto de estipulación expresa, y en defecto 
de disposición sobre el ámbito territorial, se tendrá por tal el 
territorio del país en donde se celebró el contrato. 
La cesión del derecho de reproducción implicará la del 
derecho de distribución mediante venta de los ejemplares cuya 
reproducción se ha autorizado, cuando ello se deduzca 
naturalmente del contrato o sea indispensable para cumplir su 
finalidad. 
Art. 46. La cesión exclusiva de los derechos de autor confiere 
al cesionario el derecho de explotación exclusiva de la obra, 
oponible frente a terceros y frente al propio autor. También 
confiere al cesionario el derecho a otorgar cesiones o licencias 
a terceros, y a celebrar cualquier otro acto o contrato para la 
explotación de la obra, sin perjuicio de los derechos morales 
correspondientes. 
En la cesión no exclusiva, el cesionario está autorizado a 
explotar la obra en la forma establecida en el contrato. 
Art. 47. Sin perjuicio de lo prescrito respecto de las obras 
creadas bajo relación laboral de dependencia, es nula la cesión 
de derechos patrimoniales sobre el conjunto de las obras que 
el autor pueda crear en el futuro, a menos que estén 
claramente determinadas en el contrato y que éste no exceda 
de cinco años. 
Es igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor 
se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. 
Art. 48. El titular de los derechos de autor puede igualmente 
conceder a terceros licencias de uso, no exclusivas e 
intransferibles. La adquisición de copias de obras que se 
comercializan junto con la licencia correspondiente, implicará 
el consentimiento del adquirente a los términos de tales 
licencias. 
Art. 49. La persona natural o jurídica que hubiere encargado 
artículos periodísticos, trabajos, fotografias, gráficos u otras 
obras susceptibles de publicación a través de periódicos, 
revistas u otros medios de difusión pública, tiene el derecho 
de publicar dichas obras por el medio de difusión previsto en 
el encargo, así como de autorizar o prohibir la utilización de la 
obra por medios similares o equivalentes a los de su 
publicación original. Queda a salvo los derechos de 
explotación del autor en medios de difusión diferentes, que no 
entrañen competencia con la publicación original. 
Si tales obras se hubieren realizado bajo relación laboral de 
dependencia, el autor conservará el derecho a realizar la 
edición independiente en forma de colección. 
Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 
mediante acuerdo entre las partes. 
SEGUNDO 
DE LOS CONTRATOS DE EDICION 
Art. 50. Contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus 
derechohabientes ceden a otra persona llamada editor el 
derecho de publicar y distribuir la obra por su propia cuenta y 
riesgo, en las condiciones pactadas. 
Art. 51. Si el autor ha celebrado con anterioridad contrato de 
edición sobre la misma obra, o si ésta ha sido publicada con su IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 9 
autorización o conocimiento, deberá dar a conocer estas 
circunstancias al editor antes de la celebración del contrato. 
De no hacerlo, responderá de los daños y perjuicios que 
ocasionare. 
Art. 52. El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, 
adiciones, supresiones o cualesquiera otras modificaciones, 
sin el consentimiento escrito del autor. 
Art. 53. El autor conservará el derecho de hacer a su obra las 
correcciones, enmiendas, adiciones o mejoras que estime 
convenientes antes de su impresión. 
Cuando las modificaciones hagan más onerosa la edición, el 
autor estará obligado a resarcir los gastos que por ese motivo 
se originen, salvo convenio en contrario. 
Si las modificaciones implicaren cambios fundamentales en el 
contenido o forma de la obra y éstas no fueren aceptadas por 
el editor, se considerará retiro de la obra, debiendo el autor 
indemnizar por daños y perjuicios que se causaren a terceros. 
Art. 54. Si no existe convenio respecto al precio de venta de 
cada ejemplar, el editor estará facultado para establecerlo. 
Art. 55. Si el contrato de edición tuviere plazo fijo para su 
terminación y al expirar el editor conservare ejemplares no 
vendidos de la obra, el autor podrá comprarlos a precio de 
costo más el diez por ciento. Este derecho podrá ejercitarse 
dentro de treinta días contados a partir de la expiración del 
plazo, transcurridos los cuales el editor podrá continuar 
vendiéndolos en las mismas condiciones. 
Art. 56. El contrato de edición terminará, cualquiera que sea 
el plazo estipulado para su duración, al agotarse la edición. 
Art. 57. El derecho de editar separadamente una o varias 
obras del mismo autor, no confiere al editor el derecho para 
editarlas en conjunto. Así mismo, el derecho de editar en 
conjunto las obras de un autor no confiere al editor la facultad 
de editarlas separadamente. 
Art. 58. Toda persona que publique una obra está obligada a 
consignar en lugar visible, en todos los ejemplares, al menos 
las siguientes indicaciones: 
a) Título de la obra y nombre del autor o su seudónimo, o 
la expresión de que la obra es anónima, compilador, 
adaptador o autor de la versión, cuando lo hubiere; 
b) La mención de reserva, con indicación del nombre del 
titular de los derechos del autor, y siempre que éste lo 
requiera, de las siglas de la sociedad de gestión que lo 
represente y del año y lugar de la primera publicación; 
c) Nombre y dirección del editor y del impresor; y, 
d) El número de registro del Intemational Standard Book 
Number (ISBN), de conformidad con el artículo 7 de la 
Ley de Fomento del Libro. 
Art. 59. Está prohibido al editor publicar un mayor número de 
ejemplares que el convenido con el autor, y si lo hiciere el 
autor podrá exigir el pago por el mayor número de ejemplares 
efectivamente editados, sin perjuicio de las sanciones e 
indemnizaciones a que hubiere lugar. 
Art. 60. El editor deberá presentar al autor o a quien lo 
represente, en los términos del contrato, las liquidaciones que 
correspondan. En todo caso, el autor o quien lo represente, 
tendrá derecho de examinar los registros y comprobantes de 
venta de quienes editen, distribuyan o vendan dichas obras 
impresas; información que obligatoriamente deberán llevar los editores, distribuidores y vendedores. 
Art. 61. La quiebra del editor no produce la resolución del 
contrato, salvo en el caso en que no se hubiera iniciado la 
impresión de la obra. Los derechos del editor quebrado no 
pueden ser cedidos si se ocasiona perjuicio al autor o a la 
difusión de su obra. 
Art. 62. Las disposiciones anteriores se aplicarán, salvo que 
la naturaleza de la explotación de la obra lo excluya, a los 
contratos de edición de obras musicales. 
Art. 63. Salvo pacto expreso en contrario, el editor o los 
subeditores o licenciatarios según el caso, estarán facultados 
para autorizar o prohibir la inclusión de la obra en 
fonogramas, su sincronización con fines publicitarios o 
cualquier otra forma de explotación similar a las autorizadas 
por el contrato de edición; sin perjuicio de los derechos del 
autor y de la obligación de abonar en su favor la remuneración 
pactada en el contrato, una vez descontada la participación 
editorial. 
Art. 64. Es obligación del autor, garantizar la autoría y la 
originalidad de la obra. 
TERCERO 
DE LOS CONTRA TOS DE INCLUSION 
FONOGRAFICA 
Art. 65. El contrato de inclusión fonográfica es aquel en el 
cual el autor de una obra musical o su representante, el editor 
o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, autoriza a 
un productor de fonogramas, a cambio de una remuneración, a 
grabar o fijar una obra para reproducirla sobre un disco 
fonográfico, una banda magnética, un soporte digital o 
cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de 
reproducción y venta de ejemplares. 
Art. 66. Salvo pacto en contrario, la remuneración del autor 
será proporcional al valor de los ejemplares vendidos y será 
pagada periódicamente. 
Art. 67. Los productores de fonogramas deberán consignar en 
el soporte material de los fonogramas, lo siguiente: 
a) El título de la obra, nombres de los autores o sus 
seudónimos y del autor de la versión, cuando lo hubiere; 
b) El nombre de los intérpretes. Los conjuntos orquestales 
o corales serán mencionados por su denominación o por 
el nombre de su director, según el caso; 
c) La mención de reserva de derecho con el símbolo (P) (la 
letra P inscrita dentro de un círculo) seguido del año de 
la primera publicación; 
d) La razón social del productor fonográfico, o la marca 
que lo identifique; 
e) La frase: "Quedan reservados todos los derechos del 
autor y productor del fonograma. Esta prohibida la 
reproducción, alquiler o préstamo público, o cualquier 
forma de comunicación pública del fonograma"; y, 
f) En el fonograma, obligatoriamente deberá ir impreso el 
número de orden del tiraje. 
Las indicaciones que por falta de lugar adecuado no fuere 
posible consignarlas en las etiquetas de los ejemplares, serán 
obligatoriamente impresas en el sobre, cubierta o folleto 10 Registro Oficial Nº 320 
adjunto. 
Art. 68. Las disposiciones contenidas en los artículos 64 y 66 
serán aplicables, en lo pertinente, a la obra literaria que fuere 
empleada como texto de una obra musical o como 
declamación o lectura para su fijación en un fonograma, con 
fines de reproducción y venta. 
CUARTO 
DE LOS CONTRATOS DE REPRESENTACION 
Art. 69. Contrato de representación es aquel por el cual el 
titular de los derechos sobre una creación intelectual cede o 
autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de 
representar la obra en las condiciones pactadas. 
Estos contratos pueden celebrarse por tiempo determinado o 
por un número determinado de representaciones o ejecuciones 
públicas. 
Las disposiciones relativas al contrato de representación son 
aplicables a las demás modalidades de comunicación pública, 
en lo pertinente. 
Art. 70. Cuando la participación del autor no hubiere sido 
determinada contractualmente, le corresponderá como 
mínimo, el diez por ciento del valor total de las entradas de 
cada función y, el veinte por ciento de la función de estreno. 
Art. 71. Si el empresario dejare de abonar la participación que 
corresponde al autor, la autoridad competente, a solicitud del 
titular o de quien lo represente, ordenará la suspensión de las 
representaciones de la obra o la retención del producto de las 
entradas. 
En caso de que el mismo empresario represente otras obras de 
autores diferentes, la autoridad dispondrá la retención de las 
cantidades excedentes de la recaudación, después de 
satisfechos los derechos de autor de dichas obras y los gastos 
correspondientes, hasta cubrir el total de la suma adeudada al 
autor impago. En todo caso, el autor tendrá derecho a que se 
resuelva el contrato y a retirar la obra de poder del empresario, 
así como a ejercer las demás acciones a que hubiere lugar. 
Art. 72. A falta de estipulación contractual, se presume que el 
empresario adquiere el derecho exclusivo para la 
representación de la obra durante seis meses a partir de su 
estreno y, sin exclusividad, por otros seis meses. 
Art. 73. El empresario podrá dar por terminado el contrato, 
perdiendo los anticipos que hubiere hecho al autor, si la obra 
dejara de representarse por rechazo del público durante las 
tres primeras funciones, o por caso fortuito, fuerza mayor o 
cualquiera otra circunstancia ajena al empresario. 
Art. 74. Los funcionarios públicos competentes no permitirán 
audiciones y espectáculos públicos sin la presentación de la 
autorización de los titulares de las obras. 
QUINTO 
DE LOS CONTRA TOS DE RADIODIFUSION 
Art. 75. Contrato de radiodifusión es aquel por el cual el 
titular de los derechos sobre una creación intelectual autoriza 
la transmisión de su obra a un organismo de radiodifusión. 
Estas disposiciones se aplicarán también a las transmisiones 
efectuadas por hilo, cable, fibra óptica, u otro procedimiento 
análogo. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
Art. 76. La autorización para la transmisión de una obra no 
comprende el derecho de volverla a emitir ni el de explotarla 
públicamente, salvo pacto en contrario. 
Para la transmisición de una obra hacia o en el exterior se 
requerirá de autorización expresa de los titulares. 
SEXTO 
DE LOS CONTRA TOS DE LA OBRA 
AUDIOVISUAL 
Art. 77. Para explotar la obra audiovisual en video-casettes, 
cine, televisión, radiodifusión o cualquier otro medio, se 
requerirá de convenio previo con los autores o los artistas 
intérpretes, o en su caso, el convenio celebrado con las 
sociedades de gestión correspondientes. 
Art. 78. No podrá negociarse la distribución ni la exhibición 
de la obra audiovisual si no se ha celebrado previamente con 
las sociedades de gestión colectiva y los artistas intérpretes, el 
convenio que garantice plenamente el pago de los derechos de 
exhibición que a ellos corresponde. 
SEPTIMO 
DE LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS 
Art. 79. Son contratos publicitarios los que tengan por 
finalidad la explotación de obras con fines de publicidad o 
identificación de anuncios o de propaganda a través de 
cualquier medio de difusión. 
Sin perjuicio de lo que estipulen las partes, el contrato 
habilitará la difusión de los anuncios o propaganda hasta por 
un período máximo de seis meses a partir de la primera 
comunicación, debiendo retribuirse separadamente por cada 
período adicional de seis meses. 
El contrato deberá precisar el soporte material en los que se 
reproducirá la obra, cuando se trate del derecho de 
reproducción, así como el número de ejemplares que incluirá 
el tiraje si fuere del caso. Cada tiraje adicional requerirá de un 
acuerdo expreso. 
Son aplicables a estos contratos de modo supletorio las 
disposiciones relativas a los contratos de edición, inclusión 
fonográfica y, producción audiovisual. 
SECCION VII 
DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LOS 
DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR 
PARAGRAFOPRIMERO 
DE LA DURACION 
Art. 80. El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y 
setenta aflos después de su fallecimiento, cualquiera que sea el 
país de origen de la obra. 
En las obras en colaboración, el período de protección correrá 
desde la muerte del último coautor. 
Cuando se trate de obras póstumas, el plazo de setenta aflos 
comenzará a correr desde la fecha del fallecimiento del autor. 
La obra anónima cuyo autor no se diere a conocer en el plazo 
de setenta aflos a partir de la fecha de la primera publicación 
pasará al dominio público. Si antes de transcurrido ese plazo 
se revelare el nombre del autor, se estará a Jo dispuesto en el 
inciso primero de este artículo. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 11 
Si no se conociere la identidad del autor de la obra publicada 
bajo un seudónimo, se la considerará anónima. 
Si una obra colectiva se diere a conocer por partes, el período 
de protección correrá a partir de la fecha de publicación del 
último suplemento, parte o volumen. 
Art. 81. Si la titularidad de una obra corresponde a una 
persona jurídica desde su creación, el plazo de protección será 
de setenta años contados a partir de la realización, divulgación 
o publicación de la obra, el que fuere ulterior. 
PARAGRAFO SEGUNDO 
DEL DOMINIO PUBLICO 
Art. 82. Fenecidos los plazos de protección previstos en esta 
Sección, las obras pasarán al dominio público y, en 
consecuencia, podrán ser aprovechadas por cualquier persona, 
respetando los derechos morales correspondientes. 
PARAGRAFO TERCERO 
EXCEPCIONES 
Art. 83. Siempre que respeten los usos honrados y no atenten 
a la normal explotación de la obra, ni causen perjuicios al 
titular de los derechos, son lícitos, exclusivamente, los 
siguientes actos, los cuales no requieren la autorización del 
titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna: 
a) La inclusión en una obra propia de fragmentos de otras 
ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así 
como la de obras aisladas de carácter plástico, 
fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de 
obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de 
cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal 
utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de 
investigación, en la medida justificada por el fin de esa 
incorporación e indicando la fuente y el nombre del 
autor de la obra utilizada; 
b) La ejecución de obras musicales en actos oficiales de las 
instituciones del Estado o ceremonias religiosas, de 
asistencia gratuita, siempre que los participantes en la 
comunicación no perciban una remuneración específica 
por su intervención en el acto; 
c) La reproducción, distribución y comunicación pública 
de artículos y comentarios sobre sucesos de actualidad y 
de interés colectivo, difundidos por medios de 
comunicación social, siempre que se mencione la fuente 
y el nombre del autor, si el artículo original lo indica, y 
no se haya hecho constar en origen la reserva de 
derechos; 
d) La difusión por la prensa o radiodifusión con fines 
informativos de conferencias, discursos y obras 
similares divulgadas en asambleas, reuniones públicas o 
debates públicos sobre asuntos de interés general; 
e) La reproducción de las noticias del día o de hechos 
diversos que tengan el carácter de simples 
informaciones de prensa, publicados por ésta o 
radiodifundidos, siempre que se indique su origen; 
f) La reproducción, comunicación y distribución de las 
obras que se encuentren permanentemente en lugares 
públicos, mediante la fotografia, la pintura, el dibujo o 
cualquier otro procedimiento audiovisual, siempre que se indique el nombre del autor de la obra original y el 
lugar donde se encuentra; y, que tenga por objeto 
estrictamente la difusión del arte, la ciencia y la cultura; 
g) La reproducción de un solo ejemplar de una obra que se 
encuentra en la colección permanente de bibliotecas o 
archivos, con el fin exclusivo de reemplazarlo en caso 
necesario, siempre que dicha obra no se encuentre en el 
comercio; 
h) Las grabaciones efimeras que sean destruidas 
inmediatamente después de su radiodifusión; 
i) La reproducción o comunicación de una obra divulgada 
para actuaciones judiciales o administrativas; 
j) La parodia de una obra divulgada, mientras no implique 
el riesgo de confusión con ésta, ni ocasione daño a la 
obra o a la reputación del autor, o del artista intérprete o 
ejecutante, según el caso; y, 
k) Las lecciones y conferencias dictadas en universidades, 
colegios, escuelas y centros de educación y capacitación 
en general, que podrán ser anotadas y recogidas por 
aquellos a quienes van dirigidas para su uso personal. 
Art. 84. La propiedad material de una carta pertenece a la 
persona a quien ha sido dirigida, pero su autor conserva sobre 
ella todos los derechos intelectuales. Las personas a quienes 
hayan sido dirigidas, si no obtuvieren la autorización del autor 
o sus herederos o causahabientes luego de haber empleado 
razonables esfuerzos para obtenerla, podrán solicitar al juez la 
autorización para divulgarlas, en la forma y extensión 
necesaria para defender su honor personal. 
CAPITULO 11 
DE LOS DERECHOS CONEXOS 
PARAGRAFO PRIMERO 
DISPOSICION GENERAL 
Art. 85. La protección de los derechos conexos no afectará en 
modo alguno la protección del derecho de autor, ni podrá 
interpretarse en menoscabo de esa protección. 
Art. 86. Los titulares de derechos conexos podrán invocar 
para la protección de los derechos reconocidos en esta 
Sección todas las disposiciones de este Libro, excepto 
aquellas cuya naturaleza excluya dicha aplicación, o respecto 
de las cuales esta Sección contenga disposición expresa. 
PARAGRAFO SEGUNDO 
DE LOS ARTISTAS, INTERPRETES Y 
EJECUTANTES 
Art. 87. Independientemente de los derechos patrimoniales y 
aún después de su transferencia, los artistas, intérpretes o 
ejecutantes gozarán, respecto de sus ejecuciones en vivo o 
ejecuciones fijadas en fonogramas, del derecho de ser 
identificados como tales, salvo que la omisión esté 
determinada por el modo en que se use la ejecución; asi como 
del derecho de oponerse a toda distorsión, mutilación u otra 
modificación de su ejecución, en la medida en que tales actos 
puedan ser perjudiciales para su reputación. Estos derechos 
morales no se extinguen con la muerte de su titular. 
Art. 88. Los artistas, intérpretes y ejecutantes tienen el 
derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público de 
sus interpretaciones o ejecuciones en directo, así como la 12 Registro Oficial Nº 320 
fijación de sus interpretaciones y la reproducción de tales 
ejecuciones, por cualquier medio o procedimiento. 
Art. 89. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, 
los artistas, intérpretes y ejecutantes no podrán oponerse a la 
comunicación pública de sus ejecuciones o representaciones 
cuando éstas constituyan en sí mismas una ejecución 
radiodifundida, o se haga a partir de una fijación realizada con 
su previo consentimiento y publicada con fines comerciales. 
Sin perjuicio del derecho exclusivo que les corresponde por el 
artículo anterior, en los casos establecidos en el inciso 
precedente, los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el 
derecho a percibir una remuneración por la comunicación 
pública de un fonograma que contenga sus interpretaciones o 
ejecuciones. 
Salvo pacto en contrario, la remuneración que se recaude 
conforme con el inciso anterior será compartida en forma 
equitativa entre los productores de fonogramas y los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, independientemente de los derechos 
económicos del autor ya establecidos en los artículos 
referentes a los Derechos Patrimoniales del autor, en 
concordancia con los convenios internacionales. 
Art. 90. Los artistas, intérpretes y ejecutantes que participen 
colectivamente en una misma ejecución deberán designar un 
representante para el ejercicio de los derechos reconocidos por 
el presente Parágrafo. A falta de tal designación, serán 
representados por el director del grupo vocal o instrumental 
que haya participado en la ejecución. 
Art. 91. La duración de la protección de los derechos de los 
artistas, intérpretes y ejecutantes, será de setenta años, 
contados a partir del primero de enero del año siguiente a 
aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su 
fijación, según el caso. 
PARAGRAFO TERCERO 
DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS 
Art. 92. Los productores de fonogramas son titulares del 
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 
a) La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, 
por cualquier medio o forma; 
b) La distribución al público; y, 
c) La importación por cualquier medio de reproducciones 
de fonogramas, lícitas e ilícitas; 
Art. 93. Las licencias exclusivas que otorgue el productor de 
fonogramas deberán especificar los derechos cuyo ejercicio se 
autoriza al Iicenciatario, a fin de legitimar la intervención de 
este último ante las autoridades administrativas y judiciales 
que corresponda. 
Art. 94. Los productores de fonogramas tienen también el 
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 
comunicación pública con o sin hilo. 
Art. 95. Se podrá constituir una sociedad de gestión común 
para recaudar las remuneraciones que correspondan a los 
autores, a los productores de fonogramas y a los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, por la comunicación pública de sus 
obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, 
respectivamente. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
Art. 96. La duración de la protección de los derechos del 
productor de fonogramas, será de setenta años contados a 
partir del primero de enero del año siguiente a la fecha de la 
primera publicación del fonograma. 
PARAGRAFO CUARTO 
DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSION 
Art. 97. Los organismos de radiodifusión son titulares del 
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 
a) La retransmisión de sus emisiones, por cualquier medio 
o procedimiento; 
b) La fijación y la reproducción de sus emisiones, incluso 
la de alguna imagen aislada, cuando ésta se haya hecho 
accesible al público por primera vez a través de la 
emisión de radiodifusión; y, 
c) La comunicación al público de sus emisiones cuando 
estas se efectúen en lugares accesibles al público 
mediante el pago de un derecho de admisión. 
Art. 98. La emisión referida en el artículo anterior comprende 
la producción de señales portadoras de programas con destino 
a un satélite de radiodifusión, así como la difusión al público 
por una entidad que emita o difunda emisiones de otras, 
recibidas a través de cualquiera de los mencionados satélites. 
Art. 99. Sin la autorización del organismo de radiodifusión 
respectivo, no será lícito decodificar señales de satélite 
portadoras de programas, su recepción con fines de lucro o su 
difusión, ni importar, distribuir, vender, arrendar o de 
cualquier manera ofrecer al público aparatos o sistemas 
capaces de decodificar tales señales. 
Art. 1 OO. A efectos del goce y el ejercicio de los derechos 
establecidos en este Parágrafo, se reconoce una protección 
análoga, en cuanto corresponda, a las estaciones que 
transmitan programas al público por medio de hilo, cable, 
fibra óptica u otro procedimiento similar. 
Art. l O 1. La duración de la protección de los derechos de los 
organismos de radiodifusión, será de setenta años contados a 
partir del primer día del año siguiente a la fecha de la emisión 
o transmisión. 
PARAGRAFO QUINTO 
OTROS DERECHOS CONEXOS 
Art. l 02.-El productor de imágenes en movimiento, con o sin 
sonido, que no sean creaciones susceptibles de ser calificadas 
como obras audiovisuales, tendrá el derecho exclusivo de 
realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación 
pública o distribución, inclusive de las fotografias realizadas 
en el proceso de producción de la grabación audiovisual. Este 
derecho durará setenta años contados a partir del primer día 
del año siguiente a la fecha de su realización, divulgación o 
publicación, según el caso. 
Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, que no sean 
susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales. 
Art. 103. Quien realice una mera fotografia u otra fijación 
obtenida por un procedimiento análogo, que no tenga el 
carácter de obra fotográfica, gozará del derecho exclusivo de 
realizar, autorizar o prohibir su reproducción, distribución y 
comunicación pública, en los mismos términos que los autores IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/l/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 13 
de obras fotográficas. Este derecho durará veinte y cinco años 
contados a partir del primer día del año siguiente a la fecha de 
su realización, divulgación o publicación, según corresponda. 
Art. 104. Quien publique por primera vez una obra inédita 
que esté en el dominio público, tendrá sobre ella los mismos 
derechos de explotación que hubieren correspondido al autor, 
por un período de veinticinco años contados a partir del 
primer día del año siguiente a la publicación. 
PARAGRAFO SEXTO 
DE LA REMUNERACION POR COPIA PRIVADA 
Art. 105. La copia privada de obras fijadas en fonogramas o 
videogramas, así como la reproducción reprográfica de obras 
literarias impresas estará sujeta a una remuneración 
compensatoria de conformidad con las disposiciones de este 
Parágrafo. Esta remuneración se causará por el hecho de la 
distribución de soportes susceptibles de incorporar una 
fijación sonora o audiovisual o de equipos reproductores de 
fonogramas o videogramas, o de equipos para reproducción 
reprográfica. 
La remuneración corresponderá por partes iguales a los 
autores, a los artistas, intérpretes o ejecutantes y, a los 
productores de fonogramas en el caso de fonogramas y 
videogramas y, corresponderá así mismo, por partes iguales a 
los autores y editores en el caso de obras literarias. 
La remuneración compensatoria por copia privada de 
fonogramas y videogramas será recaudada por una entidad 
recaudadora única y común de autores, intérpretes y 
productores de fonogramas y videogramas, cuyo objeto social 
será exclusivamente la recaudación colectiva de la 
remuneración compensatoria por copia privada. Igualmente, la 
recaudación de los derechos compensatorios por reproducción 
reprográfica corresponderá a una entidad recaudadora única y 
común de autores y editores. 
Estas entidades de gestión serán autorizadas por el IEPI y 
observarán las disposiciones de esta Ley. 
Art. 106. La remuneración compensatoria prevista en el 
artículo anterior será pagada por el fabricante o importador en 
el momento de la puesta en el mercado nacional de: 
a) Las cintas u otros soportes materiales susceptibles de 
incorporar una fijación sonora o audiovisual; y, 
b) Los equipos reproductores. 
La cuantía porcentual de la remuneración compensatoria por 
copia privada deberá ser calculada sobre el precio de los 
soportes o equipos reproductores, la misma que será fijada y 
establecida por el Consejo Directivo del IEPI. 
Art.107. La persona natural o jurídica que ofrezca al público 
soportes susceptibles de incorporar una fijación sonora o 
audiovisual o de equipos reproductores que no hayan pagado 
la remuneración compensatoria, no podrá poner en circulación 
dichos bienes y responderá solidariamente con el fabricante o 
importador por el pago de dicha remuneración, sin perjuicio 
de que el IEPI, o los jueces competentes, según el caso, retiren 
del comercio los indicados bienes hasta la solución de la 
remuneración correspondiente. 
La falta de pago de la remuneración compensatoria será 
sancionada con una multa equivalente al trescientos por ciento 
de lo que debió pagar. Los productores de fonogramas o los titulares de derechos 
sobre las obras a que se refiere este parágrafo, o sus 
licenciatarios, no están sujetos a esta remuneración, por las 
importaciones que realicen. 
Art. 108. Se entenderá por copia privada la copia doméstica 
de fonogramas o videogramas, o la reproducción reprográfica 
en un solo ejemplar realizada por el adquirente original de un 
fonograma o videograma u obra literaria de circulación lícita, 
destinada exclusivamente para el uso no lucrativo de la 
persona natural que la realiza. Dicha copia no podrá ser 
empleada en modo alguno contrario a los usos honrados. 
La copia privada realizada sobre soportes o con equipos 
reproductores que no hayan pagado la remuneración 
compensatoria constituye una violación del derecho de autor 
y de los derechos conexos correspondientes. 
CAPITULO III 
DE LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA 
Art. 109. Son sociedades de gestión colectiva las personas 
jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto 
social es la gestión colectiva de derechos patrimoniales de 
autor o derechos conexos, o de ambos. 
La afiliación de los titulares de derechos de autor o de 
derechos conexos a una sociedad de gestión colectiva es 
voluntaria. 
Art. 11 O. Las sociedades de gestión colectiva están obligadas 
a administrar los derechos que les son confiados y estarán 
legitimadas para ejercerlos en los términos previstos en sus 
propios estatutos, en los mandatos que les hubieren otorgado y 
en los contratos que hubieren celeb!ado con entidades 
extranjeras, según el caso. 
La representación conferida de acuerdo con el inciso anterior, 
no menoscabará la facultad de los titulares de derechos para 
ejercitar directamente los derechos que se les reconocen en 
este Libro. 
Art. 111. Si existieren dos o más sociedades de gestión 
colectiva por genero de obra, deberá constituirse una entidad 
recaudadora única, cuyo objeto social sea exclusivamente la 
recaudación de derechos patrimoniales por cuenta de las 
constituyentes. Si las entidades de gestión no acordaren la 
formación, organización y representación de una entidad 
recaudadora, su designación y conformación corresponderá a 
la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
Art. 112. Las sociedades de gestión colectiva serán 
autorizadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y 
estarán sujetas a su vigilancia, control e intervención. La 
Dirección Nacional de Derechos de Autor podrá, de oficio o a 
petición de parte, intervenir una sociedad de gestión colectiva, 
si ésta no se adecúa a las prescripciones de este Capítulo y del 
Reglamento. Producida la intervención, los actos y contratos 
deberán ser autorizados por el Director Nacional de Derechos 
de Autor para su validez. Son requisitos para la autorización 
de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva: 
a) Que el estatuto de la entidad solicitante cumpla los 
requisitos establecidos en este Capítulo; y, 
b) Que de los datos aportados y de la información 
practicada se desprenda que la entidad solicitante reúne 
las condiciones necesarias para asegurar la eficaz 14 Registro Oficial Nº 320 
administración de los derechos cuya gestión le va a ser 
encomendada. 
Art. 113. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones 
legales aplicables, el estatuto de las sociedades de gestión 
deberá, en especial, prescribir: 
a) Las condiciones para la admisión como socios a los 
titulares de derechos que lo soliciten y acrediten su 
calidad de tales; y, 
b) Que la asamblea general, integrada por los miembros de 
la sociedad, es el órgano supremo de gobierno y, estará 
previamente autorizada para aprobar reglamentos de 
tarifas y resolver sobre el porcentaje que se destine a 
gastos de administración. Este porcentaje en ningún 
caso podrá superar el treinta por ciento de las 
recaudaciones, debiendo la diferencia necesariamente 
distribuirse en forma equitativa entre los diversos 
titulares de derechos, en forma proporcional a la 
explotación real de las obras, interpretaciones o 
ejecuciones, o fonogramas, según el caso. 
Art. 114. Las sociedades de gestión colectiva estarán 
obligadas a publicar anualmente sus estados financieros, en un 
medio de comunicación de amplia circulación nacional. 
Art. 115. Si la sociedad de gestión no cumpliere con sus 
objetivos o con las disposiciones de éste Capítulo, la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor podrá suspender la 
autorización de funcionamiento, en cuyo caso la sociedad de 
gestión conservará su personería jurídica únicamente al efecto 
de subsanar el incumplimiento. Si la sociedad no subsanare el 
incumplimiento en un plazo máximo de seis meses, la 
Dirección revocará la autorización de funcionamiento de la 
sociedad. 
Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos de suspensión 
de la autorización de funcionamiento, la sociedad podrá, bajo 
control de la Dirección Nacional de derechos de Autor 
recaudar los derechos patrimoniales de los autores 
representados por dicha sociedad. 
El fruto de la recaudación será depositado en una cuenta 
separada a nombre de la Dirección Nacional de derechos de 
Autor y, será devuelto a la sociedad una vez expedida la 
resolución por la cual se le autoriza nuevamente su 
funcionamiento. 
Art. 116. Las sociedades de gestión colectiva establecerán las 
tarifas relativas a las licencias de uso sobre las obras o 
producciones que conformen su repertorio. Las tarifas 
establecidas por las sociedades de gestión colectiva serán 
publicadas en el Registro Oficial por disposición de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, siempre que se 
hubieren cumplido los requisitos formales establecidos en los 
estatutos y en este Capítulo para la adopción de las tarifas. 
Art. 117. Las sociedades de gestión colectiva podrán negociar 
con organizaciones de usuarios y celebrar con ellas contratos 
que establezcan tarifas. Cualquier interesado podrá acogerse a 
estas tarifas si así lo solicita por escrito a la entidad de gestión 
correspondiente. 
Art. 118. Todos los organismos de radiodifusión y en general 
quien realice cualquier acto de comunicación pública de 
manera habitual, deberán llevar catálogos, registros o planillas 
mensuales en el que se registrará por orden de difusión, título 
de las obras difundidas y el nombre de los autores o titulares 
de los derechos de autor y conexos que correspondan y, IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
remitirlas a cada una de las sociedades de gestión y a la 
entidad única recaudadora de los derechos por comunicación 
pública, para los fines establecidos en esta Ley. 
Las autoridades administrativas, policiales o municipales, que 
ejerzan en cada caso las funciones de vigilancia e inspección 
con ocasión de las cuales conozcan sobre las actividades que 
puedan dar lugar a las remuneraciones indicadas en el artículo 
anterior, están obligadas a informar a las entidades de gestión. 
Art. 119. Quien explote una obra o producción sin que se le 
hubiere cedido el derecho correspondiente o se le hubiere 
otorgado la respectiva licencia de uso, debe pagar, a título de 
indemnización, un recargo del cincuenta por ciento sobre la 
tarifa, calculada por todo el tiempo en que se haya efectuado 
la explotación. 
Igual disposición se aplicará a las sociedades de gestión 
colectiva en caso de que hubieren otorgado licencias sobre 
obras que no representan, debiendo en todo caso garantizar al 
licenciatario el uso y goce pacífico de los derechos 
correspondientes. 
LIBRO 11 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
CAPITULO I 
DE LA PROTECCION DE LAS INVENCIONES 
Art. 120. Las invenciones, en todos los campos de la 
tecnología, se protegen por la concesión de patentes de 
invención, de modelos de utilidad. 
Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela 
del patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la 
concesión de patentes de invención o de procedimientos que 
versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamen­
tarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente. 
CAPITULO 11 
DE LAS PATENTES DE INVENCION 
SECCION I 
DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 
Art. 121. Se otorgará patente para toda invención, sea de 
productos o de procedimientos, en todos los campos de la 
tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea 
susceptible de aplicación industrial. 
Art. 122. Una invención es nueva cuando no está 
comprendida en el estado de la técnica. 
El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido 
accesible al público, por una descripción escrita u oral, por 
una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la 
prioridad reconocida. 
Solo para el efecto de la determinación de la novedad, 
también se considerará, dentro del estado de la técnica, el 
contenido de una solicitud de patente en trámite ante la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de 
presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de 
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese 
examinando. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
Page 16 
Registro Oficial Nº 320 l\fartes 19 de l\fayo de 1998 15 
Para determinar la patentabilidad, no se tomará en 
consideración la divulgación del contenido de la patente 
dentro del afio precedente a la fecha de la presentación de la 
solicitud en el País o, dentro del afio precedente a la fecha de 
prioridad, si esta ha sido reinvindicada, siempre que tal 
divulgación hubiese provenido de: 
a) El inventor o su causahabiente; 
b) Una oficina encargada de la concesión de patentes en 
cualquier país que, en contravención con las 
disposiciones legales aplicables, publique el contenido 
de la solicitud de patente presentada por el inventor o su 
causahabiente; 
c) Un tercero, inclusive funcionarios públicos u 
organismos estatales, que hubiese obtenido la 
información directa o indirectamente del inventor o su 
causahabiente; 
d) Una orden de autoridad; 
e) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; 
y, 
f) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren 
exhibido la invención en exposiciones o ferias 
reconocidas oficialmente o, cuando para fines 
académicos o de investigación, hubieren necesitado 
hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este 
caso, el interesado deberá consignar, al momento de 
presentar su solicitud, una declaración en la cual señale 
que la invención ha sido realmente exhibida y presentar 
el correspondiente certificado. 
La solicitud de patente en trámite que no haya sido publicada 
será considerada como información no divulgada y protegida 
como tal de conformidad con esta Ley. 
Art. 123. Se considerará que una invención tiene nivel 
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada 
en la materia técnica correspondiente, esa invención no 
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera 
evidente del estado de la técnica. 
Art. 124. Se considerará que una invención es susceptible de 
aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o 
utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los 
servicios. 
Art. 125. No se considerarán invenciones: 
a) Los descubrimientos, principios y teorías científicas y 
los métodos matemáticos; 
b) Las materias que ya existen en la naturaleza; 
c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación 
estética; 
d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de 
actividades intelectuales, para juegos o para actividades 
económico-comerciales, así como los programas de 
ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte 
de una invención susceptible de aplicación industrial; y, 
e) Las formas de presentar información. 
Art. 126. Se excluye de la patentabilidad expresamente: 
a) Las invenciones cuya explotación comercial deba 
impedirse necesariamente para proteger el orden público 
o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los 
vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente 
o ecosistema; 
b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos 
para el tratamiento de personas o animales; y, 
c) Las plantas y las razas animales, así como los 
procedimientos esencialmente biológicos para 
obtenciones de plantas o animales. 
Para efectos de lo establecido en el literal a), se consideran 
contrarias a la moral y, por Jo tanto, no son patentables: 
a) Los procedimientos de clonación de seres humanos; 
b) El cuerpo humano y su identidad genética; 
c) La utilización de embriones humanos con fines 
industriales o comerciales; y, 
d) Los procedimientos para la modificación de la identidad 
genética de animales cuando les causen sufrimiento sin 
que se obtenga ningún beneficio médico sustancial para 
el ser humano o los animales. 
SECCION 11 
DE LOS TITULARES 
Art. 127. El derecho a la patente pertenece al inventor. Este 
derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por 
causa de muerte. 
Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o 
jurídicas. 
Si varias personas han inventado conjuntamente, el derecho 
corresponde en común a todas ellas o a sus causahabientes. 
No se considerará como inventor ni como coinventor a quien 
se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la 
invención, sin aportar una actividad inventiva. 
Si varias personas realizan la misma invenc10n, 
independientemente unas de otras, la patente se concederá a 
aquella que presente la primera solicitud o que invoque la 
prioridad de fecha más antigua, o a su derechohabiente. 
Art. 128. Quien tenga legítimo interés podrá reivindicar y 
reclamar la calidad de verdadero titular de una solicitud de 
patente ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de 
conformidad con el procedimiento establecido para las 
oposiciones; y, ante el juez competente, en cualquier momento 
y hasta tres años después de concedida la patente. 
Art. 129. El derecho a la patente sobre una invención 
desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al 
mandante o al empleador, salvo estipulación en contrario. 
La misma disposición se aplicará cuando un contrato de 
trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad 
inventiva, si dicho empleado ha efectuado la invención 
utilizando datos o medios puestos a su disposición en razón de 
su empleo. 
En el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor 
tendrá derecho a una remuneración única y equitativa en la 
que se tenga en cuenta la información y medios brindados por 
la empresa y la aportación personal del trabajador, así como la 
importancia industrial y comercial de la invención patentada, 
la que en defecto de acuerdo entre las partes será fijada por el 
juez competente, previo informe del IEPI. En las 16 Registro Oficial Nº 320 
circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo, 
el empleado inventor tendrá un derecho similar cuando la 
invención sea de importancia excepcional y exceda el objeto 
implícito o explícito del contrato de trabajo. El derecho a la 
remuneración prevista en éste inciso es irrenunciable. 
A falta de estipulación contractual o de acuerdo entre las 
partes sobre el monto de dicha retribución, será fijada por el 
juez competente previo informe del IEPI. Dicha retribución 
tiene el carácter de irrenunciable. 
En el caso de que las invenciones hayan sido realizadas en el 
curso o con ocasión de las actividades académicas de 
universidades o centros educativos, o utilizando sus medios o 
bajo su dirección, la titularidad de la patente corresponderá a 
la universidad o centro educativo, salvo estipulación en 
contrario. Quien haya dirigido la investigación tendrá derecho 
a la retribución prevista en los incisos anteriores. 
En las invenciones ocurridas bajo relación laboral cuando el 
empleador sea una persona jurídica del sector público, ésta 
podrá ceder parte de los beneficios económicos de las 
innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para 
estimular la actividad de investigación. Las entidades que 
reciban financiamiento del sector público para sus 
investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que 
reciben por la comercialización de tales invenciones, con el 
propósito de generar fondos continuos de investigación y 
estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los 
rendimientos de las innovaciones. 
Art. 130. El inventor tendrá derecho a ser mencionado como 
tal en la patente o podrá igualmente oponerse a esta mención. 
SECCION III 
DE LA CONCESION DE PATENTES 
Art. 131. La primera solicitud de patente de invención 
válidamente presentada en un país miembro de la 
Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad 
Andina, del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, así como de otro tratado o convenio que 
sea parte el Ecuador y, que reconozca un derecho de prioridad 
con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de 
París o en otro país que conceda un trato recíproco a las 
solicitudes provenientes de los países miembros de la 
Comunidad Andina, conferirá al solicitante o su causahabiente 
el derecho de prioridad por el término de un año, contado a 
partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar en el Ecuador 
una patente sobre la misma invención. 
La solicitud presentada en el Ecuador no podrá reivindicar 
prioridades sobre materia no comprendida en la solicitud 
prioritaria, aunque el texto de la memoria descriptiva y las 
reivindicaciones no necesariamente deben coincidir. 
Art. 132. La solicitud para obtener una patente de invención 
se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial y contendrá los requisitos que establezca el 
Reglamento. 
Art. 133. A la solicitud se acompañará: 
a) El título o nombre de la invención con la descripción de 
la misma, un resumen de ella, una o más 
reivindicaciones y los planos y dibujos que fueren 
necesarios. b) IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
Cuando la invención se refiera a material biológico, que 
no pueda detallarse debidamente en la descripción, se 
deberá depositar dicha materia en una institución 
depositaria autorizada por el IEPI; 
El comprobante de pago de la tasa correspondiente; 
c) Copia de la solicitud de patente presentada en el 
exterior, en el caso de que se reivindique prioridad; y, 
d) Los demás requisitos que determine el Reglamento. 
Art. 134. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al 
momento de la recepción, salvo que no se hubieran 
acompañado los documentos referidos en los literales a) y b) 
del artículo anterior, certificará la fecha y hora en que se 
hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de 
orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltaren dichos 
documentos, no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de 
presentación. 
Art. 135. La descripción deberá ser suficientemente clara y 
completa para permitir que una persona capacitada en la 
materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. 
Art. 136. La solicitud de patente solo podrá comprender una 
invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal 
manera que conformen un único concepto inventivo. 
Art. 137. El solicitante antes de la publicación a que se refiere 
el artículo 141 podrá fraccionar, modificar, precisar o corregir 
la solicitud, pero no podrá cambiar el objeto de la invención ni 
ampliar el contenido de la divulgación nacional. 
Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de 
presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la 
solicitud dividida. 
Art. 138. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial o el 
solicitante de una patente de invención podrá sugerir que el 
petitório se convierta en una solicitud de patente de modelo de 
utilidad o viceversa. 
La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de 
la solicitud inicial y se sujetará al trámite previsto para la 
nueva modalidad. 
Art. 139. Si se desistiere de la solicitud antes de su 
publicación, el expediente se mantendrá en reserva. 
Art. 140. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
examinará dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
presentación, si la solicitud se ajusta a los aspectos formales 
indicados en éste Capítulo. 
Si del examen se determina que la solicitud no cumple con 
tales requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
lo hará saber al solicitante para que la complete dentro del 
plazo de treinta días contados desde la fecha de notificación. 
Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un 
período igual, sin que pierda su prioridad. Transcurrido dicho 
plazo sin respuesta del solicitante, la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial declarará abandonada la solicitud. 
Art. 141. Un extracto de la solicitud se publicará en la Gaceta 
de la Propiedad Intelectual correspondiente al mes siguiente a 
aquel en que se hubiere completado la solicitud, salvo que el 
solicitante pidiera que se difiera la publicación hasta por 
dieciocho meses. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 17 
Mientras la publicación no se realice, el expediente será 
reservado y sólo podrá ser examinado por terceros con el 
consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiere 
iniciado acciones judiciales o administrativas contra terceros 
fundamentado en la solicitud. 
Art. 142. Dentro del término de treinta días hábiles siguientes 
a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá 
presentar por una sola vez, oposiciones fundamentadas que 
puedan desvirtuar la patentabilidad o titularidad de la 
invención. 
El término sefialado en el inciso anterior podrá ser ampliado 
por uno igual, a petición de parte interesada en presentar 
oposición, si manifestare que necesita examinar la 
descripción, reinvindicaciones y los antecedentes de la 
solicitud. 
Quien presente una oposición sin fundamento responderá por 
los dafios y perjuicios, que podrán ser demandados ante el 
juez competente. 
Art. 143. Si dentro del plazo previsto en el articulo anterior se 
presentaren oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial notificará al peticionario para que dentro de treinta 
días hábiles contados a partir de la notificación, término que 
podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, 
haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, 
presente documentos o redacte nuevamente las 
reivindicaciones o la descripción de la invención. 
Art. 144. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
efectuará obligatoriamente un examen sobre la patentabilidad 
de la invención, dentro del término de sesenta días contados 
a partir del vencimiento de los plazos contenidos en los 
artículos 142 y 143. Para dicho examen, podrá requerir el 
informe de expertos o de organismos científicos o 
tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan 
opinión sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación 
industrial de la invención. Así mismo, cuando lo estime 
conveniente, podrá requerir informes de oficinas nacionales 
competentes de otros países. Toda la información será puesta 
en conocimiento del solicitante para garantizar su derecho a 
ser escuchado en los términos que establezca el Reglamento. 
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá 
reconocer los resultados de tales exámenes como dictamen 
técnico para acreditar el cumplimiento de las condiciones de 
patentabilidad de la invención. 
Los dictámenes técnicos emitidos por las oficinas competentes 
de países u organismos internacionales, con los cuales el IEPI 
haya suscrito convenios de cooperación y asistencia técnica, 
serán admitidos por la· Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial a los efectos de conceder la patente. 
Art. 145. Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará 
el título de concesión de la patente. Si fuere parcialmente 
desfavorable, se otorgará la patente solamente para las 
reivindicaciones aceptadas, mediante resolución debidamente 
motivada. Si fuere desfavorable se denegará, también 
mediante resolución motivada. 
Art. 146. La patente tendrá un plazo de duración de veinte 
años, contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud. 
Art. 147. Para el orden y clasificación de las patentes, se 
utilizará la Clasificación Internacional de Patentes de Invención del Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971 
y sus actualizaciones y modificaciones. 
La clase o clases a que corresponda una determinada 
invención será determinada por la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial en el título de concesión, sin perjuicio de 
la indicación que pudiera haber realizado el solicitante. 
SECCION IV 
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE 
LA PATENTE 
Art. 148. El alcance de la protección conferida por la patente 
estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La 
descripción y los dibujos o planos y cualquier otro elemento 
depositado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
servirán para interpretar las reivindicaciones. 
Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección 
conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos 
directamente por dicho procedimiento. 
Art. 149. La patente confiere a su titular el derecho a explotar 
en forma exclusiva la invención e impedir que terceras 
personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los 
siguientes actos: 
a) Fabricar el producto patentado; 
b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o 
importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines; 
c) Emplear el procedimiento patentado; 
d) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los 
literales a) y b) respecto a un producto obtenido 
directamente mediante el procedimiento patentado; 
e) Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la 
invención patentada; y, 
f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a 
disposición del público todo o parte de la invención 
patentada o sus efectos. 
Art. I 50. El titular de una patente no podrá ejercer el derecho 
prescrito en el artículo anterior, en cualquiera de los siguientes 
casos: 
a) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a 
escala no comercial; 
b) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a 
nivel exclusivamente experimental, académico o 
científico; o, 
c) Cuando se trate de la importación del producto patenta­
do que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier 
país, con el consentimiento del titular de una licencia­
tura o de cualquier otra persona autorizada para ello. 
SECCION V 
DE LA NULIDAD DE LA PATENTE 
Art. 151. A través del recurso de revisión, el Comité de 
Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, 
podrá declarar la nulidad del registro de la patente, en los 
siguientes casos: 18 Registro Oficial Nº 320 
a) Si el objeto de la patente no constituye invención 
conforme al presente Capitulo; 
b) Si la patente se concedió para una invención no 
patentable; 
c) Si se concedió a favor de quien no es el inventor; 
d) Si un tercero de buena fe, antes de la fecha de 
presentación de la solicitud para concesión de la patente 
o de la prioridad reivindicada, se hallaba en el país 
fabricando el producto o utilizando el procedimiento 
para fines comerciales o hubiere realizado preparativos 
serios para llevar a cabo la fabricación o uso con tales 
fines; y, 
e) Si se hubiere concedido la patente con cualquier otra 
violación a la Ley que substancialmente haya inducido a 
su concesión o se hubiere obtenido en base a datos, 
información o descripción erróneos o falsos. 
Art. 152. El juez competente podrá declarar la nulidad de la 
patente que se hallare en cualquiera de los casos previstos en 
el artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de 
transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejerci-cio 
del recurso de revisión y antes de que hayan transcurrido diez 
años desde la fecha de la concesión de la patente, salvo que 
con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y 
éste hubiese sido definitivamente negado. 
SECCION VI 
DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE 
Art. 153. Para mantener vigente la patente o en su caso, la 
solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas 
establecidas de conformidad con esta Ley. 
Antes de declarar la caducidad de la patente, la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial concederá un plazo de seis 
meses a fin de que el interesado cumpla con el pago de las 
tasas a que hace referencia el inciso anterior. 
SECCION VII 
DEL REGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 
Art. 154. Previa declaratoria del Presidente de la República 
acerca de la existencia de razones de interés público de 
emergencia o de seguridad nacional y, solo mientras estas 
razones permanezcan, el Estado podrá someter la patente a 
licencia obligatoria en cualquier momento y en tal caso, la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar las 
licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del 
titular de la patente a ser remunerado conforme lo dispone esta 
Sección. El titular de lá patente será notificado en forma 
previa a la concesión de la licencia, a fin de que pueda hacer 
valer sus derechos. 
La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá 
el alcance o extensión de la misma, especificando en 
particular el período por el que se concede, el objeto de la 
licencia y el monto y las condiciones de pago de las regalías, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 156 de esta Ley. 
La concesión de una licencia obligatoria por razones de 
interés público no menoscaba el derecho del titular de la 
patente a seguir explotándola. 
Art. 155. A petición de parte y previa sentencia judicial, la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar 
licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
sido declaradas judicialmente como contrarias a la libre 
competencia, en particular cuando constituyan un abuso de la 
posición dominante en el mercado por parte del titular de la 
patente. 
Art. 156. El otorgamiento de licencias obligatorias estará en 
todo caso sujeto a lo siguiente: 
a) El potencial licenciatario deberá probar que ha intentado 
obtener la autorización del titular de los derechos en 
términos y condiciones comerciales razonables y, que 
esos intentos no han sido contestados o lo han sido 
negativamente, dentro de un plazo no inferior a seis 
meses contados a partir de la solicitud formal en que se 
hubieren incluido tales términos y condiciones en forma 
suficiente para permitir al titular de la patente formarse 
criterio; 
b) La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá 
transferirse ni ser objeto de sublicencia sino con la parte 
de la empresa que permite su explotación industrial y 
con consentimiento del titular de la patente; ello deberá 
constar por escrito y registrarse ante la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial; 
c) La licencia obligatoria será concedida principalmente 
para abastecer el mercado interno, cuando no se 
produjeren o importaren a éste, o al territorio de un país 
miembro de la Comunidad Andina o de cualquier otro 
país con el cual el Ecuador mantenga una unidad 
aduanera u otro acuerdo de efecto equivalente; 
d) El licenciatario deberá reconocer en beneficio del titular 
de la patente las regalías por la explotación no exclusiva 
de la patente, en los mismos términos comerciales que 
hubieran correspondido en el caso de una licencia 
voluntaria. Estos términos no podrán ser inferiores que 
los propuestos por el potencial licenciatario conforme 
con el literal a) de este artículo y, en defecto de acuerdo 
de las partes, luego de notificada la decisión de la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre la 
concesión de la licencia, serán determinados por ésta; 
e) La licencia será revocada inmediatamente si el 
licenciatario incumpliere con los pagos y demás 
obligaciones; y, 
f) La licencia obligatoria deberá revocarse, de oficio o a 
petición motivada del titular de la patente, si las 
circunstancias que le dieron origen desaparecen, sin 
perjuicio de la protección adecuada de los intereses 
legítimos del Jicenciatario. 
Art. 157. A petición del titular de la patente, o del 
licenciatario, las condiciones de las licencias podrán ser 
modificadas por la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y en 
particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia 
en condiciones más favorables que los de la licencia 
obligatoria. 
Art. 158. No surtirán efecto alguno las licencias que no 
cumplan con las disposiciones de esta Sección. 
En lo referente a las licencias voluntarias se estará a lo 
previsto en el Libro III, Sección V, De los Actos y Contratos 
sobre Propiedad Industrial y las Obtenciones Vegetales. 
CAPITULO III IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 19 
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD 
Art. 159. Se concederá patente de modelo de utilidad a toda 
nueva forma, configuración o disposición de elementos de 
algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro 
objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o 
diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto 
que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja 
o efecto técnico que antes no tenía; así como cualquier otra 
creación nueva susceptible de aplicación industrial que no 
goce de nivel inventivo suficiente que permita la concesión de 
patente. 
Art. 160. Los procedimientos y materias excluidos de 
protección como patentes de invención no podrán patentarse 
como modelos de utilidad. Tampoco se considerarán modelos 
de utilidad, las esculturas, obras de arquitectura, pinturas, 
grabados, estampados o cualquier otro objeto de carácter 
puramente estético. 
Art. 161. Son aplicables a los modelos de utilidad las 
disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fuere 
pertinente. 
Art. 162. El plazo de protección de los modelos de utilidad 
será de diez años contados desde la fecha de presentación de 
la solicitud de la patente. 
CAPITULO IV 
DE LOS CERTIFICADOS DE PROTECCION 
Art. 163. Cualquier inventor que tenga en desarrollo un 
proyecto de invención y que requiera experimentar o construir 
algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, 
puede solicitar un certificado de protección que le conferirá 
directamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 
por el término de un afio precedente a la fecha de presentación 
de la solicitud de patente. 
El titular de un certificado de protección gozará del derecho 
de prioridad para presentar la solicitud de patente dentro del 
año siguiente a la fecha de concesión del certificado. 
Art. 164. La solicitud se presentará ante la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos 
que determine el Reglamento. A la solicitud se acompañará 
una descripción del proyecto de invención y demás 
documentos necesarios para su interpretación. 
Siempre que la solicitud cumpla con los requisitos exigidos, la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial otorgará el 
certificado de protección en la misma fecha de su 
presentación. 
CAPITULO V 
DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 
Art. 165. Serán registrables los nuevos dibujos y modelos 
industriales. 
Se considerará como dibujo industrial toda combinación de 
líneas, formas o colores y como modelo industrial toda forma 
plástica, asociada o no a líneas o colores, que sirva de tipo 
para la fabricación de un producto industrial o de artesanía y 
que se diferencie de los similares por su configuración propia. 
No serán registrables los dibujos y modelos industriales cuyo 
aspecto estuviese dictado enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, que no incorporen ningún aporte 
del diseflador para otorgarle una apariencia especial sin 
cambiar su destino o finalidad. 
Art. 166. Los dibujos y modelos industriales no son nuevos si 
antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad válidamente 
reivindicada, se han hecho accesibles al público mediante una 
descripción, una utilización o por cualquier otro medio. 
No existe novedad por el mero hecho que los dibujos o 
modelos presenten diferencias secundarias con respecto a 
realizaciones anteriores o porque sean destinados a otra 
finalidad. 
Art. 167. La solicitud de registro de un dibujo o modelo 
industrial deberá contener los requisitos señalados por el 
reglamento y a ella se acompañará una reproducción gráfica o 
fotográfica del dibujo o modelo industrial y los demás 
documentos que determine el Reglamento. 
El procedimiento para el registro de dibujos o modelos 
industriales será el establecido en esta Ley para la concesión 
de patentes, en lo que fuere aplicable. El examen de novedad 
solo se efectuará si se presentaren oposiciones. 
Art. 168. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
conferirá un certificado de registro de dibujo o modelo 
industrial. El registro tendrá una duración de diez años, 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud. 
Art. 169. Para el orden y clasificación de los dibujos o 
modelos industriales, se utilizará la Clasificación 
Internacional establecida por el Arreglo de Locamo de 8 de 
octubre de 1968, sus modificaciones y actualizaciones. 
Art. 170. La primera solicitud válidamente presentada en un 
país miembro de la Organización Mundial del Comercio, del 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial, de la Comunidad Andina o de otro tratado o 
convenio que sea parte el Ecuador y que reconozca un derecho 
de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el 
Convenio de París o en otro país que conceda un trato 
recíproco a las solicitudes provenientes de los países 
miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o 
su causahabiente el derecho de prioridad por el término de 
seis meses, contados a partir de la fecha de esa petición, para 
presentar la solicitud de registro en el Ecuador. 
Art. 171. El registro de un dibujo o modelo industrial otorga a 
su titular el derecho a excluir a terceros del uso y la 
explotación del correspondiente dibujo o modelo. El titular del 
registro tendrá derecho a impedir que terceros sin su 
consentimiento fabriquen, importen, ofrezcan en venta, 
vendan, introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente 
productos que reproduzcan el dibujo o modelo industrial, o 
produzcan o comercialicen artículos con dibujos o modelos 
industriales que presenten diferencias secundarias con 
respecto al dibujo o modelo protegido o cuya apariencia sea 
similar. 
Art. 172. A través del recurso de revisión, el Comité de 
Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, 
podrá declarar la nulidad de la concesión del registro del 
dibujo o modelo industrial, en los siguientes casos: 
a) Si el objeto del registro no constituye un dibujo o 
modelo industrial conforme a la presente Ley; o, 
b) Si el registro se concedió en violación de los requisitos 
previstos en esta Ley. 20 Registro Oficial Nº 320 
Art. 173. El juez competente podrá declarar la nulidad de un 
dibujo o modelo industrial que se hallare en cualquiera de los 
casos previstos en el artículo anterior en virtud de demanda 
presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la 
Ley para el ejercicio del recurso de revisión y antes de que 
hayan transcurrido cinco años desde la fecha de la concesión 
del correspondiente registro, salvo que con anterioridad se 
hubiere planteado el recurso de revisión y este hubiese sido 
definitivamente negado. 
CAPITULO VI 
DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO 
(TOPOGRAFIAS) DE CIRCUITOS 
SEMICONDUCTORES 
Art. 17 4. Se protegen los circuitos integrados y los esquemas 
de trazado (topografia), en los términos del presente capítulo. 
Para el efecto se estará a las siguientes definiciones: 
a) Se entiende por "circuito integrado" un producto, 
incluyendo un producto semiconductor, en su forma 
final o en una forma intermedia, en el que los elementos, 
de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, 
alguna o todas las interconexiones formen parte 
integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de 
material y que esté destinado a realizar una función 
electrónica; 
b) Se entiende por "esquema de trazado (topografia)" la 
disposición tridimensional de los elementos, expresada 
en cualquier forma, de los cuales uno por lo menos sea 
un elemento activo y, de alguna o todas las 
interconexiones de un circuito integrado, o dicha 
disposición tridimensional preparada para un circuito 
integrado destinado a ser fabricado; y, 
c) Se entenderá que un esquema de trazado (topografia) 
está "ftjado" en un circuito integrado, cuando su 
incorporación en el producto es suficientemente 
permanente o estable para permitir que dicho esquema 
sea percibido o reproducido por un período mayor a una 
duración transitoria. 
Art. 175. Los derechos exclusivos de propiedad intelectual se 
aplicarán sobre los esquemas de trazado (topografia) que sean 
originales en el sentido de que resulten del esfuerzo intelectual 
de su creador y no sean corrientes entre los creadores de 
esquemas de trazado (topografia) y los fabricantes de circuitos 
integrados en el momento de su creación. 
Un esquema de trazado. (topografla) que consista en una 
combinación de elementos o interconexiones que sean 
corrientes, también estará protegido si la combinación, en su 
conjunto, cumple las condiciones mencionadas en el inciso 
anterior. 
No serán objeto de protección los esquemas de trazado 
(topografia) cuyo diseño esté dictado exclusivamente por las 
funciones del circuito al que se aplica. 
La protección conferida por éste Capítulo no se extiende a las 
ideas, procedimientos, sistemas, métodos de operación, 
algoritmos o conceptos. IP/N/1/ECU/C/l 
IP/N/l/ECU/1/1 
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l\fartes 19 de l\fayo de 1998 
El derecho del titular respecto a un circuito integrado es 
aplicable independientemente de que el circuito integrado esté 
incorporado en un producto. 
Art. 176. Tendrá derecho a la protección reconocida en éste 
Capítulo la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y 
responsabilidad se ha creado o desarrollado un esquema de 
trazado (topografia). Los titulares se hallan amparados desde 
el momento de la creación. 
Art. 177. Los esquemas de trazado (topografia) podrán 
registrarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 
Este registro tendrá carácter declarativo y constituirá una 
presunción de titularidad a favor de quien obtuvo el registro. 
Si no se halla registrado el esquema de trazado, la prueba de 
su titularidad corresponderá a quien la alega. 
Art. 178. Presentada la solicitud de registro, el Director 
Nacional de Propiedad Industrial analizará si se ajusta a los 
aspectos formales exigidos por el Reglamento y, en particular 
si la información proporcionada es suficiente para identificar 
el esquema de trazado (topografia) y otorgará sin más trámite 
el correspondiente certificado de registro. 
Art. 179. La protección, sea que el esquema de trazado 
(topografla) se hubiese o no registrado, se retrotrae a la fecha 
de su creación. 
La duración de la protección reconocida por éste Capítulo 
para los esquemas de trazado (topografia) será de diez años, 
contados a partir de la fecha de su primera explotación 
comercial en cualquier parte del mundo. No obstante, dicha 
protección no será inferior a quince años contados a partir de 
la fecha de la creación del esquema de trazado (topografia). 
Art. 180. El titular del registro de un esquema de trazado 
(topografia) tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar 
o prohibir: 
a) La reproducción por medios ópticos, electrónicos o por 
cualquier otro procedimiento conocido o por conocer, 
del esquema de trazado (topografia) o de cualquiera de 
sus partes que cumpla con el requisito de originalidad 
establecido en éste Capítulo; 
b) Explotar por cualquier medio, incluyendo la 
importación, distribución y venta del esquema de 
trazado protegido, o de un circuito integrado que 
incorpora el esquema de trazado (topografia) protegido, 
o un artículo que incorpore dicho circuito integrado en 
tanto y en cuanto éste contenga un esquema de trazado 
ilícitamente reproducido; y, 
c) Toda otra forma de explotación con fines comerciales o 
de lucro de los circuitos integrados y esquemas de 
trazado (topografia). 
Cualquiera de los actos mencionados anteriormente se 
considerarán ilícitos si no se realizan con el consentimiento 
previo y escrito del titular. 
Art. 181. No se considerarán ilícitos los siguientes actos 
realizados sin autorización del titular: 
a) La reproducción del esquema de trazado (topografia) 
realizado por un tercero con el único objetivo de 
investigación o enseñanza, o evaluación y análisis de los 
conceptos o técnicas, diagrama de flujo u organización 
de los elementos incorporados en el esquema de trazado IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 21 
b) 
c) 
d) (topografla) en el curso de la preparación de un esquema 
de trazado (topografla) que a su vez es original; 
La incorporación por un tercero de un circuito integrado 
de un esquema de trazado (topografla) o la realización 
de cualquiera de los actos mencionados en el artículo 
anterior, si el tercero sobre la base de la evaluación o el 
análisis del primer esquema de trazado (topografla) 
desarrolla un segundo esquema de trazado (topografla) 
que cumpla con, la exigencia de originalidad prevista en 
este Capítulo; 
La importación o distribución de productos 
semiconductores o circuitos integrados que incorporan 
un esquema de trazado (topografla), si tales objetos 
fueron vendidos o de otro modo introducidos lícitamente 
en el comercio por el titular del esquema de trazado 
protegido o con su consentimiento escrito; y, 
La importación, distribución o venta de un circuito 
integrado que incorpore un esquema de trazado 
(topografla) ilícitamente reproducido o en relación con 
cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, 
cuando la persona que realice u ordene esos actos no 
supiera o no tuviera motivos razonables para creer, al 
adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora 
tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de 
trazado (topografla) reproducido ilícitamente. Esta 
excepción cesará desde el momento en que la persona 
referida en éste literal haya recibido del titular o de 
quien le represente una comunicación escrita sobre el 
origen ilícito de dicha incorporación; caso en el cual 
podrá disponer del objeto que haya incorporado el 
esquema de trazado (topografla), con la obligación de 
pago al titular, de una regalía razonable que, a falta de 
acuerdo será establecida por el juez competente. 
Art. 182. El titular de derechos sobre un esquema de trazado 
(topografla) podrá transferirlo, cederlo u otorgar licencias, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
Para los efectos de este Libro, la venta, distribución o 
importación de un producto que incorpora un circuito 
integrado, constituye un acto de venta, distribución o 
importación de tal circuito integrado, en la medida en que 
contiene la reproducción no autorizada de un esquema de 
trazado (topografla) protegido. 
CAPITULO VII 
DE LA INFORMACION NO DIVULGADA 
Art. 183. Se protege la información no divulgada relacionada 
con los secretos comerciales, industriales o cualquier otro tipo 
de información confidencial contra su adquisición, utilización 
o divulgación no autorizada del titular, en la medida que: 
a) 
b) 
c) La información sea secreta en el entendido de que como 
conjunto o en la configuración y composición precisas 
de sus elementos no sea conocida en general ni 
fácilmente accesible a las personas integrantes de los 
círculos que normalmente manejan el tipo de 
información de que se trate; 
La información tenga un valor comercial, efectivo o 
potencial, por ser secreta; y, 
En las circunstancias dadas, la persona que legalmente 
la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables 
para mantenerla secreta La información no divulgada puede referirse, en especial, a la 
naturaleza, características o finalidades de los productos; a los 
métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas 
de distribución o comercialización de productos o prestación 
de servicios. 
También son susceptibles de protección como información no 
divulgada el conocimiento tecnológico integrado por 
procedimientos de fabricación y producción en general; y, el 
conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas 
industriales resultantes del conocimiento, experiencia o 
habilidad intelectual, que guarde una persona con carácter 
confidencial y que le permita mantener u obtener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros. 
Se considera titular para los efectos de este Capítulo, a la 
persona natural o jurídica que tenga el control legítimo de la 
información no divulgada. 
Art. 184. El titular podrá ejercer las acciones que se 
establecen en esta Ley para impedir que la información no 
divulgada sea hecha pública, adquirida o utilizada por 
terceros; para hacer cesar los actos que conduzcan en forma 
actual o inminente a tal divulgación, adquisición o uso; y, para 
obtener las indemnizaciones que correspondan por dicha 
divulgación, adquisición o utilización no autorizada. 
Art. 185. Sin perjuicio de otros medios contrarios a los usos o 
prácticas honestos, la divulgación, adquisición o uso de 
información no divulgada en forma contraria a esta Ley podrá 
resultar, en particular, de: 
a) El espionaje industrial o comercial; 
b) El incumplimiento de una obligación contractual o legal; 
c) El abuso de confianza; 
d) 
e) La inducción a cometer cualquiera de los actos 
mencionados en los literales a), b) y c); y, 
La adquisición de información no divulgada por un 
tercero que supiera, o que no supiera por negligencia, 
que la adquisición implicaba uno de los actos 
mencionados en los literales a), b), c) y d). 
Art. 186. Serán responsables por la divulgación, adquisición o 
utilización no autorizada de información no divulgada en 
forma contraria a los usos y prácticas honestos y legales, no 
solamente quienes directamente las realicen, sino también 
quien obtenga beneficios de tales actos o prácticas. 
Art. 187. La protección de la información no divulgada 
prevista en el artículo 173 perdurará mientras existan las 
condiciones allí establecidas. 
Art. 188. No se considera que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal, aquella información que 
sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos 
de autoridad. 
La autoridad respectiva estará obligada a preservar el secreto 
de tal información y adoptar las medidas para garantizar su 
protección contra todo uso desleal. 
Art. 189. Quien guarde una información no divulgada podrá 
transmitirla o autorizar su uso a un tercero. El usuario 
autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún 
medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o 
autorizó el uso de dicho secreto. 22 Registro Oficial Nº 320 
Art. 190. Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, 
cargo, puesto, desempeiío de su profesión o relación de 
negocios, tenga acceso a una información no divulgada, 
deberá abstenerse de usarla y de divulgarla, sin causa 
justificada, calificada por el juez competente y sin 
consentimiento del titular, aún cuando su relación laboral, 
desempeiío de su profesión o relación de negocios haya 
cesado. 
Art. 191. Si como condición para aprobar la comercialización 
de productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas 
que utilizan nuevas entidades químicas productoras de 
químicos, se exige la presentación de datos de pruebas u otra 
información no divulgada cuya elaboración suponga un 
esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos 
contra todo uso desleal, excepto cuando sea necesario para 
proteger al público y se adopten las medidas necesarias para 
garantizar la protección de los datos contra todo uso desleal. 
El solicitante de la aprobación de comercialización podrá 
indicar cuales son los datos o información que las autoridades 
no pueden divulgar. 
Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a 
que se refiere el inciso anterior podrá, sin autorización de ésta 
última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para 
aprobación de un producto, mientras la información reúna las 
características previstas en éste Capítulo. 
Art. 192. Para los fines indicados en el artículo anterior, las 
autoridades públicas competentes se abstendrán de requerir 
información no divulgada si el producto o compuesto goza de 
un registro o certificación previa para su comercialización en 
otro país. 
Art. 193. La información no divulgada podrá ser objeto de 
depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado, 
quien notificará al IEPI sobre su recepción. 
Dicho depósito, sin embargo, no constituirá prueba contra el 
titular de la información no divulgada si ésta le fue sustraída, 
en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha 
información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier 
relación contractual. 
CAPITULO VIII 
DE LAS MARCAS 
SECCION I 
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO 
Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva 
para distinguir productos o servicios en el mercado. 
Podrán registrarse como marcas los signos que sean 
suficientemente distintivos y susceptibles de representación 
gráfica. 
También podrán registrarse como marca los lemas 
comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos 
o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a 
dichos productos o marcas. 
Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de 
servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente 
establecidos, podrán registrar marcas colectivas para IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
Page 23 
I\1artes 19 de I\1ayo de 1998 
distinguir en el mercado los productos o servicios de sus 
integrantes. 
Art. 195. No podrán registrarse como marcas los signos que: 
a) No puedan constituir marca conforme al artículo 184; 
b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus 
envases, o en formas o características impuestas por la 
naturaleza de la función de dicho producto o del servicio 
de que se trate; 
c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o 
técnica al producto o al servicio al cual se aplican; 
d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 
pueda servir en el comercio, para calificar o describir 
alguna característica del producto o servicio de que se 
trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a 
ellos; 
e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 
sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio 
de que se trate; o sea una designación común o usual del 
mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial 
del país; 
f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que 
se encuentre delimitado por una forma específica, salvo 
que se demuestre que haya adquirido distintividad para 
identificar los productos o servicios para los cuales se 
utiliza; 
g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público; 
h) Puedan engaiíar a los medios comerciales o al público 
sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de 
fabricación, las características o la aptitud para el 
empleo de los productos o servicios de que se trate; 
i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen 
protegida, consistan en una indicación geográfica 
nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión 
respecto a los productos o servicios a los cuales se 
aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a 
error con respecto al origen, procedencia, cualidades o 
características de los bienes para los cuales se usan las 
marcas; 
j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, 
banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o 
abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o 
de cualquier organización internacional, que sean 
reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad 
competente del estado o de la organización internacional 
de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos 
signos cuando no induzcan a confusión sobre la 
existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u 
organización de que se trate; 
k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones 
oficiales de control o de garantía, a menos que su 
registro sea solicitado por el organismo competente; 
1) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el 
territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y 
otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, 
timbres o especies fiscales en general; y, IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 23 
m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal 
protegida en el país o en el extranjero, o de una 
denominación esencialmente derivada de ella; a menos 
que la solicitud la realice el mismo titular. 
Cuando los signos no sean intrinsicamente capaces de 
distinguir los productos o servicios pertinentes, la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial podrá supeditar su registro al 
carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para 
identificar los productos o servicios del solicitante. 
Art. 196. Tampoco podrán registrarse como marca los signos 
que violen derechos de terceros, tales como aquellos que: 
a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan 
provocar confusión en el consumidor, con una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un 
tercero, para proteger los mismos productos o servicios, 
o productos o servicios respecto de los cuales su uso 
pueda causar confusión o asociación con tal marca; o 
pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza 
distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento 
injusto del prestigio de la marca o de su titular; 
b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial 
protegido de forma tal que puedan causar confusión en 
el público consumidor; 
c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial 
solicitado previamente para registro o registrado por un 
tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el 
público consumidor; 
d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, 
transliteración o transcripción, total o parcial, de un 
signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, 
independientemente de los productos o servicios a los 
que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de 
causar confusión o asociación con tal signo, un 
aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución 
de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 
Se entenderá que un signo es notoriamente conocido 
cuando fuese identificado por el sector pertinente del 
público consumidor en el país o internacionalmente. 
Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante 
sea el legítimo titular de la marca notoriamente 
conocida; 
e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto 
renombre, independientemente de los productos o 
servicios para los cuales se solicita el registro. 
f) Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando 
fuese conocido por el público en general en el país o 
internacionalmente. 
Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante 
sea el legítimo titular de la marca de alto renombre; 
Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, 
título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una 
persona natural, distinta del solicitante, o que sea 
identificado por el sector pertinente del público como 
una persona distinta de éste, salvo que se acredite el 
consentimiento de esa persona o de sus herederos; g) Consistan en un signo que suponga infracción a un 
derecho de autor salvo que medie el consentimiento del 
titular de tales derechos; y, 
h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, 
diplomas u otros galardones, salvo por quienes los 
otorguen. 
Art. 197. Para determinar si una marca es notoriamente 
conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
criterios: 
a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente 
del público como signo distintivo de los productos o 
servicios para los cuales se utiliza; 
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la 
publicidad o promoción de la marca; 
c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y, 
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o 
servicios que distinguen la marca. 
Art. 198. Para determinar si una marca es de alto renombre se 
tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del 
artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en 
general. 
Art. 199. Cuando la marca consista en un nombre geográfico, 
no podrá comercializarse el producto o rendirse el servicio sin 
indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar de 
fabricación del producto u origen del servicio. 
Art. 200. La primera solicitud de registro de marca 
válidamente presentada en un país miembro de la 
Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad 
Andina, del Convenio de París para la protección de la 
Propiedad Industrial, de otro tratado o convenio que sea parte 
el Ecuador y que reconozca un derecho de prioridad con los 
mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en 
otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes 
provenientes de los países miembros de la Comunidad 
Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el 
derecho de prioridad por el término de seis meses, contados a 
partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar el registro 
sobre la misma marca en el Ecuador. Dicha solicitud no podrá 
referirse a productos o servicios distintos o adicionales a los 
contemplados en la primera solicitud. 
Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una 
marca en una exposición reconocida oficialmente, realizada en 
el país. El plazo de seis meses se contará desde la fecha en que 
los productos o servicios con la marca respectiva se hubieren 
exhibido por primera vez, lo cual se acreditará con una 
certificación expedida por la autoridad competente de la 
exposición. 
SECCION 11 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 
Art. 201. La solicitud de registro de una marca deberá 
presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial, comprenderá una sola clase internacional de 
productos o servicios y contendrá los requisitos que determine 
el Reglamento. 
Art. 202. A la solicitud se acompañará: 
a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente; 24 Registro Oficial Nº 320 
b) Copia de la primera solicitud de registro de marca 
presentada en el exterior, cuando se reivindique 
prioridad; y, 
c) Los demás documentos que establezca el reglamento. 
Art. 203. En el caso de solicitarse el registro de una marca 
colectiva se acompañará, además, lo siguiente: 
a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o 
grupo de personas que solicite el registro de la marca 
colectiva; 
b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca 
colectiva utiliza para el control de los productos o 
servicios; 
c) La indicación de las condiciones y la forma como la 
marca colectiva debe utilizarse; y, 
d) La lista de integrantes. 
Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, 
organización o grupo de personas, deberá informar a la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre cualquier 
modificación que se produzca. 
Art. 204. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al 
momento de la recepción, salvo que no se hubiere 
acompañado el documento referido en el literal a) del artículo 
202, certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la 
solicitud y Je asignará un número de orden que deberá ser 
sucesivo y continuo. Si faltare el documento referido en el 
literal a) del artículo 202, no se la admitirá a trámite ni se 
otorgará fecha de presentación. 
Art. 205. El solicitante de un registro de marca podrá 
modificar su solicitud inicial en cualquier estado del trámite, 
antes de su publicación, únicamente con relación a aspectos 
secundarios. Así mismo, podrá eliminar o restringir los 
productos o servicios especificados. Podrá también ampliar 
los productos o servicios, dentro de la misma clase 
internacional, hasta antes de la publicación de que trata el 
artículo 207. 
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá, en 
cualquier momento de la tramitación requerir al peticionario 
modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de 
modificación se tramitará de conformidad con Jo establecido 
en el artículo siguiente. 
En ningún caso podrá modificarse la solicitud para cambiar el 
signo. 
Art. 206. Admitida la solicitud, la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial examinará, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los 
aspectos formales exigidos por éste Capítulo. 
Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los 
requisitos formales, la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial notificará al peticionario para que en un plazo de 
treinta días, siguientes a su notificación, subsane las 
irregularidades. 
Si dentro del plazo señalado no se hubieren subsanado las 
irregularidades, la solicitud será rechazada. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/l/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
Art. 207. Si la solicitud de registro reúne los requisitos 
formales, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de la 
Propiedad Intelectual. 
Art. 208. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, 
podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra 
el registro solicitado. Quien presuma tener interés legítimo 
para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de 
treinta días hábiles para presentar la oposición. 
Art. 209. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial no 
tramitará las oposiciones que estén comprendidas en alguno 
de los siguientes casos: 
a) Que fuere presentada extemporáneamente; 
b) Que se fundamente exclusivamente en una solicitud 
cuya fecha de presentación o de prioridad válidamente 
reivindicada sea posterior a la petición de registro de la 
marca a cuya solicitud se oponga; y, 
c) Que se fundamente en el registro de una marca que 
hubiere coexistido con aquella cuyo registro se solicita, 
siempre que tal solicitud de registro se hubiere 
presentado por quien fue su último titular, durante los 
seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia, 
para solicitar la renovación del registro de la marca. 
Att. 21 O. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la notificación, haga valer sus alegatos, de 
estimarlo conveniente. 
Vencido el plazo a que se refiere éste artículo, la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial resolverá sobre las 
oposiciones y la concesión o denegación del registro de la 
marca que constará en resolución debidamente motivada. 
En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las 
partes podrán llegar a un acuerdo transaccional que será 
obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la 
coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos 
productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés 
general de los consumidores. 
Art. 211. Vencido el plazo establecido en el artículo 198 sin 
que se hubieren presentado oposiciones, la Dirección Nacional 
de Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de 
registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. 
La resolución correspondiente será debidamente motivada. 
Art. 212. El registro de una marca tendrá una duración de 
diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá 
renovarse por períodos sucesivos de diez años. 
Art. 213. La renovación de una marca deberá solicitarse ante 
la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los 
seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, 
el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis 
meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro 
para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el 
registro de marca mantendrá su plena vigencia. IP/N/1/ECU/C/l 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 1\1:artes 19 de 1\1:ayo de 1998 25 
Para la renovación bastará la presentación de la respectiva 
solicitud y se otorgará sin más trámite, en los mismos 
términos del registro original. 
Art. 214. El registro de la marca caducará de pleno derecho si 
el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, 
incluido el período de gracia. 
Art. 215. Para determinar la clase internacional en los 
registros de marcas, se utilizará la Clasificación Internacional 
de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones y 
modificaciones. 
La Clasificación Internacional referida en el inciso anterior no 
determinará si los productos o servicios son similares o 
diferentes entre sí. 
SECCION III 
DE LOS DERECHOS CONFERIDOS 
POR LA MARCA 
Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se 
adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial. 
La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se 
admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o 
alteraciones secundarias del signo registrado. 
Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el 
derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su 
consentimiento y, en especial realice, con relación a productos 
o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido 
registrada la marca, alguno de los actos siguientes: 
a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la 
marca registrada, con relación a productos o servicios 
idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha 
registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar 
confusión o producir a su titular un daño económico o 
comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza 
distintiva. 
Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando 
se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos 
productos o servicios; 
b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio 
productos con la marca u ofrecer servicios con la 
misma; 
c) Importar o exportar productos con la marca; y, 
d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda 
considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los 
literales anteriores. 
El titular de la marca podrá impedir todos los actos 
enumerados en el presente artículo, independientemente de 
que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a 
través de otros canales de comunicación conocidos o por 
conocer. 
Art. 218. Siempre que se haga de buena fe y no constituya 
uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento 
del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su 
propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre 
geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 
época de producción de sus productos o de la prestación de 
sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal 
uso se limite a propósitos de identificación o de información y 
no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia 
de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de 
prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en 
venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o 
servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para 
indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio 
o de accesorios utilizables con los productos de la marca 
registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el 
propósito de información al público para la venta y no sea 
susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen 
empresarial de los productos respectivos. 
Art. 219. El derecho conferido por el registro de la marca no 
concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país 
de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o 
alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido 
vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el 
comercio nacional de cualquier país. 
SECCION IV 
DE LA CANCELACION DEL REGISTRO 
Art. 220. Se cancelará el registro de una marca a solicitud de 
cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la 
marca no se hubiese utilizado por su titular o por su 
licenciatario en al menos uno de los países miembros de la 
Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el 
Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, 
durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en 
que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un 
registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse 
como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición 
o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. 
Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de 
la marca los siguientes: 
a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad 
y la cantidad de comercialización con anterioridad a la 
iniciación de la acción de cancelación por falta de uso 
de la marca; 
b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la 
marca, cuya existencia se encuentre certificada por una 
firma de auditores que demuestre regularidad en la 
producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha 
de iniciación de la acción de cancelación por no uso de 
la marca; y, 
c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la 
utilización de la marca. 
La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del 
registro. 
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre 
que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o 
restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de 
efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos 
por la marca. 26 Registro Oficial Nº 320 
Art. 221. No habrá Jugar a la cancelación del registro de una 
marca, cuando se la hubiere usado solamente con respecto a 
alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por 
el respectivo registro. 
Art. 222. Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a 
petición del titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar 
a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que 
hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el 
registro. 
Art. 223. Recibida una solicitud de cancelación, se notificará 
al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de 
treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga 
valer los alegatos y presente los documentos que estime 
convenientes a fin de probar el uso de la marca. 
Vencido el plazo al que se refiere este articulo, se decidirá 
sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante 
resolución debidamente motivada. 
Art. 224. Se entenderá que una marca se encuentra en uso 
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido 
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el 
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que 
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de 
los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se 
efectúa su comercialización en el mercado. 
Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se 
considerará que una marca se encuentra en uso, en los 
siguientes casos: 
a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios 
destinados exclusivamente a la exportación; 
b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente 
autorizado, aunque dicha autorización o licencia no 
hubiese sido inscrita; y, 
c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el 
mercado productos genuinos con la marca registrada, 
por personas distintas del titular del registro. 
No será motivo de cancelación del registro de una marca, el 
que se la use de un modo que difiera de la forma en que fue 
registrada solo en detalles o elementos que no alteren su 
carácter distintivo original. 
Art. 225. La persona que obtuviere la cancelación de una 
marca tendrá derecho preferente a su registro, si lo solicita 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede 
firme o cause estado, según corresponda, la resolución que 
disponga tal cancelación. 
Art. 226. El titular de un registro de marca podrá renunciar, 
total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total 
se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el 
registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales 
no verse la renuncia. 
No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos 
inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento 
expreso de los titulares de dichos derechos. 
La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se 
haya anotado tal acto al margen del registro original. IP/N/1/ECU/C/l 
IP/N/l/ECU/1/1 
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lVIartes 19 de lVIayo de 1998 
SECCION V 
DE LA NULIDAD DEL REGISTRO 
Art. 227. A través del recurso de revisión, el Comité de 
Propiedad Intelectual del IEPI, podrá declarar la nulidad del 
registro de una marca, en los siguientes casos: 
a) Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o 
documentos falsos que fueren esenciales para su 
concesión; 
b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención 
a los artículos 194 y 195 de ésta Ley; 
c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención 
al articulo 196 de ésta Ley; y, 
d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se 
considerarán casos de mala fe, entre otros, los 
siguientes: 
1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del 
titular de una marca registrada en el extranjero, 
solicite y obtenga el registro a su nombre de esa 
marca u otra confundible con aquella, sin el 
consentimiento expreso del titular de la marca 
extranjera; y, 
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido 
presentada o el registro hubiere sido obtenido por 
quien desarrolla como actividad habitual el registro 
de marcas para su comercialización; y, 
e) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al 
procedimiento establecido o con cualquier otra violación 
de la Ley que sustancialmente haya influido para su 
otorgamiento. 
Art. 228. El juez competente podrá declarar la nulidad del 
registro de una marca que se hallare comprendida en los casos 
previstos en los literales a), c), d) y e), del articulo anterior, en 
virtud de demanda presentada Juego de transcurrido el plazo 
establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión 
y, antes de que haya transcurrido diez añ.os desde la fecha de 
la concesión del registro de la marca, salvo que con 
anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste 
hubiese sido definitivamente negado. 
En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la 
demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de 
transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del 
recurso de revisión y siempre que éste no hubiese sido 
definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad 
puede ser planteada por cualquier persona. 
La declaración de nulidad de un registro se notificará a la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote 
al margen del registro. 
CAPITULO VII 
NOMBRES COMERCIALES IP/N/1/ECU/C/l 
IP/N/l/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 l\1artes 19 de l\1ayo de 1998 27 
Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o 
denominación que identifica un negocio o actividad 
económica de una persona natural o jurídica. 
Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación 
de registro. 
El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de 
su uso público y continuo y de buena fé en el comercio, por al 
menos seis meses. 
Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso 
exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en 
el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una 
presunción de propiedad a favor de su titular. 
Art. 231. No podrá adoptarse como nombre comercial un 
signo o denominación que sea confundible con otro utilizado 
previamente por otra persona o con una marca registrada. 
Art. 232. El trámite de registro de un nombre comercial será 
el establecido para el registro de marcas, pero el plazo de 
duración del registro tendrá el carácter de indefinido. 
Art. 233. Los titulares de nombres comerciales tendrán 
derecho a impedir que terceros sin su consentimiento usen, 
adopten o registren nombres comerciales, o signos idénticos o 
semejantes que puedan provocar un riesgo de confusión o 
asociación. 
Art. 234. Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán 
aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las 
normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto 
renombre se aplicarán a nombres comerciales que gocen de 
similar notoriedad o alto renombre. 
CAPITULO VIII 
DE LAS APARIENCIAS DISTINTIVAS 
Art. 235. Se considera apariencia distintiva todo conjunto de 
colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños 
característicos y particulares de un establecimiento comercial, 
que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios 
o venta de productos. 
Art. 236. Las apariencias distintivas serán protegidas de 
idéntica manera que los nombres comerciales. 
CAPITULO IX 
INDICACIONES GEOGRAFICAS 
Art. 237. Se entenderá por indicación geográfica aquella que 
identifique un producto como originario del territorio de un 
país, de una región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad, reputación u otra característica del 
producto sea imputable fundamentalmente a su origen 
geográfico, incluidos los factores naturales y humanos. 
Art. 238. La utilización de indicaciones geográficas, con 
relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o 
industriales, queda reservada exclusivamente para los 
productores, fabricantes y artesanos que tengan sus 
establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o evocada por dicha indicación o 
denominación. 
Art. 239. El derecho de utilización exclusiva de las 
indicaciones geográficas ecuatorianas se reconoce desde la 
declaración que al efecto emita la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial. Su uso por personas no autorizadas, será 
considerado un acto de competencia desleal, inclusive los 
casos en que vayan acompañadas de expresiones tales como 
"género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" y otras 
similares que igualmente creen confusión en el consumidor. 
Art. 240. No podrán ser declaradas como indicaciones 
geográficas, aquellas que: 
a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 
237; 
b) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden 
público o puedan inducir a error al público sobre la 
procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las 
características o cualidades de los respectivos productos; 
y, 
c) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir 
el producto de que se trate, cuando sean consideradas 
como tales por los conocedores de la materia o por el 
público en general. 
Art. 241. La declaración de protección de una indicación 
geográfica se hará de oficio o a petición de quienes 
demuestren tener legítimo interés, teniéndose por tales a las 
personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a 
la extracción, producción o elaboración del producto o de los 
productos que se pretendan amparar con la indicación 
geográfica. Las autoridades públicas de la administración 
central o seccional, también se considerarán interesadas, 
cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas 
circunscripciones. 
Art. 242. La solicitud de declaración de protección de una 
indicación geográfica se presentará ante la Dirección Nacional 
de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos señalados 
en el Reglamento. 
Art. 243. Admitida la solicitud a trámite, se aplicará el 
procedimiento previsto para el registro de marcas. 
Art. 244. La vigencia de la declaración que confiera derechos 
exclusivos de utilización de una indicación geográfica, estará 
determinada por la subsistencia de las condiciones que la 
motivaron. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
podrá dejar sin efecto dicha declaración en el evento de que se 
modifiquen las condiciones que la originaron. Los interesados 
podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han 
restituido las condiciones para su protección. 
Art. 245. La solicitud para utilizar una indicación geográfica 
deberá ser presentada ante la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial, por personas que directamente se dediquen a la 
extracción, producción o elaboración de los productos 
distinguidos por la indicación geográfica y realicen dicha 
actividad dentro del territorio determinado en la declaración. 
Art. 246. El Director Nacional de Propiedad Industrial, de 
oficio o a petición de parte, cancelará la autorización para el 
uso de una indicación geográfica, luego de escuchar a quien la 
obtuvo, si fue concedida sin que existan los requisitos 
previstos en este Capitulo o si estos dejaren de existir. 28 Registro Oficial Nº 320 
Art. 247. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 
podrá declarar la protección de indicaciones geográficas de 
otros países, cuando la solicitud la formulen sus productores, 
extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo 
interés, o las autoridades públicas de los mismos. Las 
indicaciones geográficas deben haber sido declaradas como 
tales en sus países de origen. 
Las indicaciones geográficas protegidas en otros países no 
serán consideradas comunes o genéricas para distinguir algún 
producto, mientras subsista dicha protección. 
LIBRO III 
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 
SECCION I 
DEFINICIONES Y REQUISITOS 
Art. 248. Se protege mediante el otorgamiento de un 
certificado de obtentor a todos los géneros y especies 
vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal 
heredable de las plantas, en la medida que aquel cultivo y 
mejoramiento no se encuentren prohibidos por razones de 
salud humana, animal o vegetal. 
No se otorga protección a las especies silvestres que no hayan 
sido mejoradas por el hombre. 
Para la protección de las obtenciones vegetales se acatarán las 
disposiciones de tutela al patrimonio biológico y genético del 
país constantes en el inciso segundo del artículo 120. 
Art. 249. Para los efectos de este Libro los términos 
seftalados a continuación tendrán los siguientes significados: 
OBTENTOR: La persona que haya creado o descubierto y 
desarrollado una variedad, el empleador de la persona antes 
mencionada o que haya encargado su trabajo, o el 
derechohabiente de la primera o de la segunda personas 
mencionadas, según el caso. Se entiende por crear, la 
obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de 
conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las 
plantas. 
DESCUBRIMIENTO: Se entenderá por tal, la aplicación del 
intelecto humano a toda actividad que tenga por finalidad dar 
a conocer características o propiedades de la nueva variedad o 
de una variedad esencialmente derivada en tanto ésta cumpla 
con los requisitos de novedad, distinguibilidad, homogeneidad 
y estabilidad. No se comprende el mero hallazgo. No serán 
sujetas de protección las especies que no hayan sido plantadas 
o mejoradas por el hombre. 
MUESTRA VIVA: La muestra de la variedad suministrada 
por el solicitante del certificado de obtenciones vegetales, la 
cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, 
distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. 
VARIEDAD: Conjunto de individuos botánicos cultivados 
que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, 
fisiológicos, citológicos y químicos, que se pueden perpetuar 
por reproducción, multiplicación o propagación. 
VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA: Se 
considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, 
aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez 
se desprenda principalmente de la primera, conservando las 
expresiones de los caracteres esenciales que resulten del IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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I\1artes 19 de I\1ayo de 1998 
genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad 
original y, aún cuando pudiéndose distinguir claramente de la 
inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres 
esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de 
genotipos de la primera variedad, o es conforme a la variedad 
inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten 
del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera 
variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes 
del proceso de derivación. 
MATERIAL: El material de reproducción o de multiplicación 
vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, 
incluido plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo 
producto fabricado directamente a partir del producto de la 
cosecha. 
Art. 250. La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales 
otorgará certificados de obtentor, siempre que las variedades 
sean nuevas, distinguibles, homogéneas y estables; y, se les 
hubiere asignado una denominación que constituya su 
designación genérica. 
Art. 251. Una variedad será considerada nueva si el material 
de reproducción o de multiplicación, o un producto de su 
cosecha no hubiese sido vendido o entregado de otra manera 
lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente, o con su 
consentimiento, para su explotación comercial. 
La novedad se pierde en los siguientes casos: 
a) Si la explotación en el territorio nacional ha comenzado 
por lo menos un afio antes de la fecha de presentación de 
la solicitud o de la prioridad reivindicada; 
b) Si la explotación en el exterior ha comenzado por Jo 
menos cuatro años antes de la fecha de presentación de 
la solicitud o de la prioridad reivindicada; y, 
c) En el caso de árboles y vides, si la explotación en el 
exterior ha comenzado por lo menos seis años antes de 
la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad 
reivindicada. 
Art. 252. La novedad no se pierde por venta o entrega de la 
variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos: 
a) Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor 
o de su derechohabiente; 
b) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre 
la variedad; 
c) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero 
incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del 
material de reproducción o de multiplicación, siempre y 
cuando las existencias multiplicadas vuelvan a estar bajo 
control del obtentor o de su derechohabiente y, de que 
dichas existencias no sean utilizadas para producir ótra 
variedad; 
d) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero 
realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de 
procedimiento en pequeña escala para evaluar la 
variedad; 
e) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese 
obtenido como producto secundario o excedente de la 
variedad o de las actividades mencionadas en los 
literales c) y d) del presente artículo, a condición de que 
ese producto sea vendido o entregado de manera 
anónima; IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/l/ECU/1/1 
Page 30 
Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 29 
f) Se realicen en cumplimiento de una obligación jurídica, 
en particular, por lo que atañe a la seguridad biológica o 
a la inscripción de las variedades en un registro oficial 
de variedades admitidas para la comercialización; o, 
g) Se realicen bajo cualquier forma ilícita. 
Art. 253. Una variedad es distinta, si se diferencia claramente 
de cualquier otra cuya existencia fuese notoriamente conocida, 
a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad 
reivindicada. 
La presentación en cualquier país de una solicitud para el 
otorgamiento del derecho de obtentor hará notoriamente 
conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto 
condujera a la concesión del derecho o la inscripción de la 
variedad, según fuere el caso. 
La notoriedad de la existencia de otra variedad podrá 
establecerse por diversas referencias, tales como: explotación 
de la variedad ya en curso, inscripción de la variedad en un 
registro de variedades mantenido por una asociación 
profesional reconocida, o presencia de la variedad en una 
colección de referencia. 
Art. 254. Una variedad es homogénea si es suficientemente 
uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las 
variaciones previsibles según su forma de reproducción, 
multiplicación o propagación. 
Art. 255. Una variedad es estable si sus caracteres esenciales 
se mantienen inalterados de generación en generación y al 
final de cada ciclo particular de reproducción, multiplicación 
o propagación. 
Art. 256. Ningún derecho relativo a la designación registrada 
como denominación de la variedad obstaculizará su libre 
utilización, incluso después del vencimiento del certificado de 
obtentor. 
La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como 
marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a 
otras denominaciones anteriormente registradas. 
El Reglamento determinará los requisitos para el registro de 
las designaciones. 
Art. 257. Tendrá derecho a solicitar un certificado de 
obtentor, el obtentor o su derechohabiente o causahabiente, 
sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
En el caso de que varias personas hayan creado y desarrollado 
en común una variedad, el derecho a la protección les 
corresponderá en común. Salvo estipulación en contrario entre 
los coobtentores, sus cuotas de participación serán iguales. 
Cuando el obtentor sea un empleado, el derecho a solicitar un 
certificado de obtentor se regirá por el contrato de trabajo en 
cuyo marco se ha creado y desarrollado la variedad. A falta de 
estipulación contractual se aplicará lo dispuesto en el artículo 
129 de la presente Ley en cuanto fuere aplicable. 
Art. 258. Quien tenga legítimo interés podrá reclamar la 
calidad de verdadero titular de una solicitud de obtención 
vegetal ante la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales 
de conformidad con el procedimiento establecido para las 
oposiciones; y, ante el juez competente, en cualquier momento 
y hasta diez años después de concedido el certificado de 
obtentor. SECCION 11 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 
Art. 259. La solicitud para el otorgamiento de un certificado 
de obtentor de una nueva variedad vegetal deberá presentarse 
ante la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y 
contendrá los requisitos que establezca el Reglamento. 
Art. 260. A la solicitud se acompañará: 
a) El comprobante de pago de la tasa respectiva; 
b) La descripción exhaustiva del procedimiento de 
obtención de la variedad; 
c) La indicación del lugar en donde se encuentren las 
muestras vivas de la variedad, de manera tal que la 
Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales pueda 
verificarlas en el momento que lo desee o el documento 
que acredite su depósito ante una autoridad nacional 
competente de un país miembro de la Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV); y, 
d) Los demás documentos que determine el Reglamento. 
La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales no exigirá el 
depósito de la muestra viva cuando se hubiere acreditado 
dicho depósito ante una autoridad nacional competente de un 
país miembro de la UPOV, salvo en el caso que fuere 
necesario para resolver una oposición, o sea requerida para 
pruebas de visibilidad, homogeneidad y estabilidad. 
Art. 261. La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, al 
momento de la recepción de la solicitud, certificará la fecha y 
hora en que se la hubiera presentado y le asignará un número 
de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltaren los 
documentos referidos en los literales a) y b) del artículo 
anterior, no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de 
presentación. 
Art. 262. Admitida la solicitud, la Dirección Nacional de 
Obtenciones Vegetales examinará, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los 
aspectos formales exigidos por este Libro. 
Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los 
requisitos referidos, la Dirección Nacional de Obtenciones 
Vegetales formulará las observaciones correspondientes a fin 
de que el peticionario presente respuesta a las mismas o 
complemente los antecedentes dentro del plazo de los tres 
meses siguientes a la fecha de notificación. 
Art. 263. El obtentor gozará de protección provisional 
durante el período comprendido entre la presentación de la 
solicitud y la concesión del certificado. En consecuencia, el 
solicitante tendrá la facultad de iniciar las acciones legales 
correspondientes a fin de evitar o hacer cesar los actos que 
constituyen una infracción o violación de sus derechos, 
excepto la acción para reclamar daños y perjuicios que solo 
podrá interponerse una vez obtenido el correspondiente 
certificado de obtentor. El establecimiento de las 
indemnizaciones a que haya lugar, podrá abarcar los daños 
causados por el demandado desde que tuvo conocimiento de 
la solicitud. La solicitud se presume de derecho conocida 
desde su publicación. 
Art. 264. El titular de una solicitud para el otorgamiento de 
un certificado de obtentor presentada en un país miembro de 
la UPOV, en un país miembro de la Comunidad Andina o en 
otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes 30 Registro Oficial Nº 320 
provenientes de los países miembros de la Comunidad 
Andina, gozará de un derecho de prioridad por un plazo de 
doce meses, para solicitar la protección de la misma variedad 
en el Ecuador. Este plazo se contará a partir de la fecha de 
presentación de la primera solicitud. 
Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor deberá 
reivindicar en la solicitud la prioridad de la primera solicitud. 
La Dirección Nacional de las Obtenciones Vegetales podrá 
exigir que en el plazo de tres meses contados a partir de la 
fecha de su presentación de la segunda solicitud proporcione 
una copia de la primera solicitud. 
Art. 265. Si la solicitud de registro reúne los requisitos 
formales, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales 
ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de la 
Propiedad Intelectual. 
Mientras la publicación no se realice, el expediente será 
reservado y sólo podrá ser examinado por terceros con el 
consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiere 
iniciado acciones judiciales o administrativas contra terceros 
fundamentado en la solicitud. 
Dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la fecha 
de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar 
oposiciones fundamentadas relativas a la concesión del 
certificado de obtentor. 
El término seflalado en el inciso anterior podrá ser ampliado 
por uno igual, a petición de parte interesada en presentar 
oposición, si manifestare que necesita examinar los 
antecedentes de la solicitud. 
Las opos1c10nes se substanciarán conforme con las 
disposiciones pertinentes del Libro II, Capítulo II, Sección III, 
en lo que fuere pertinente. 
Las oposiciones podrán basarse en cuestiones relacionadas 
con la novedad, distinguibilidad, homogeneidad o estabilidad, 
en cuestiones que el solicitante no tiene derecho a la 
protección, así como en razones de bioseguridad de atentar al 
orden público, la moral de protección de la salud humana o la 
vida de personas, animales o vegetales o de evitar graves 
daflos al medio ambiente. 
Art. 266. La Dirección de Obtenciones Vegetales emitirá 
dictamen técnico sobre la novedad, dintinguibilidad, 
homogeneidad y estabilidad en todos los casos. En aquellos 
casos que se presenten oposiciones, la Dirección Nacional de 
Obtenciones Vegetales adicionalmente deberá proceder a un 
examen técnico de la Obtención Vegetal. La Dirección 
Nacional de Obtenciones ,Vegetales podrá requerir el informe 
de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, 
públicos o privados, que se consideren idóneos para que 
realicen dicho examen sobre las condiciones de distinción, 
homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal. Así 
mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes 
de oficinas nacionales competentes de otros países. Toda la 
información será puesta en conocimiento del solicitante para 
garantizar su derecho a ser escuchado. 
Las condiciones de distinción, homogeneidad y estabilidad 
son de naturaleza esencialmente técnica y serán evaluadas 
sobre la base de criterios internacionalmente reconocidos para 
cada especie vegetal. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
Art. 267. Cumplidos los requisitos establecidos en el presente 
Libro, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales 
procederá a otorgar o negar el certificado de obtentor. 
Art. 268. El término de duración del certificado de obtentor 
será de veinticinco aflos para el caso de las vides, árboles 
forestales, árboles frutales, incluidos sus portainjertos; y, 
veinte aflos para las demás especies; contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. 
Para aquellas variedades que aún no hayan sido 
comercializadas en el país, el plazo de duración del certificado 
de obtentor, registrado inicialmente en el país de origen, 
durará el tiempo que falte para completar el período de 
vigencia del primer registro de aquel país. 
SECCION III 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS 
DEL OBTENTOR 
Art. 269. El titular de una obtención inscrita tendrá la 
obligación de mantener o reponer el depósito efectuado 
durante la vigencia del certificado de obtentor. 
Art. 270. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 263, el 
certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar 
las acciones administrativas o judiciales previstas en esta Ley, 
a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una 
infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de 
compensación o de indemnización correspondientes. 
En especial, el titular tendrá derecho de impedir que terceros 
realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del 
material de reproducción, propagación o multiplicación de la 
variedad protegida: 
a) 
b) 
c) Producción, 
propagación; reproducción, multiplicación o 
Preparación con fines de reproducción, multiplicación o 
propagación; 
Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que 
implique la introducción en el mercado del material de 
reproducción, propagación o multiplicación, con fines 
comerciales; 
d) Exportación o importación; 
e) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en 
los literales precedentes; 
f) Los actos indicados en los literales anteriores respecto al 
producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y 
partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del 
material de reproducción o multiplicación de la variedad 
protegida, a menos que el titular hubiese podido 
razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación 
con dicho material de reproducción o de multiplicación; 
y, 
g) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes 
de plantas como material de multiplicación con el objeto 
de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de 
plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas. 
Art. 271. Las disposiciones del artículo precedente se 
aplicarán también: IP/N/l/ECU/C/1 
IP/N/l/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 31 
a) A las variedades derivadas esencialmente de la variedad 
protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad 
esencialmente derivada; y, 
b) A las variedades cuya producción necesite el empleo 
repetido de la variedad protegida. 
Art. 272. No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y 
siembre para su propio uso, o venda como materia prima o 
alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad 
protegida. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial 
del material de multiplicación, reproducción o propagación, 
incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies 
frutícolas ornamentales y forestales. 
Art. 273. El derecho del obtentor no confiere a su titular el 
derecho de impedir que terceros usen la variedad protegida, 
cuando tal uso se realice: 
a) En el ámbito privado y sin fines comerciales; 
b) A título experimental; y, 
c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, 
salvo que se trate de una variedad esencialmente 
derivada de una variedad protegida. 
Art. 274. El derecho del obtentor no se extenderá a los actos 
relativos al material de su variedad, o a una variedad prevista 
en el artículo 272 que haya sido vendida o comercializada de 
otra manera en el territorio nacional por el titular o con su 
consentimiento, o material derivado de dicho material, a 
menos que esos actos: 
a) Impliquen una nueva reproducción o multiplicación de 
la variedad en cuestión; o, 
b) Impliquen una exportación del material de la variedad, 
que permita reproducirla, a un país que no proteja las 
variedades de género o del espécimen de escala a que 
pertenezca la variedad, salvo si el material exportado 
está destinado al consumo. 
Para los fines de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por 
"material", en relación con una variedad: 
l. 
2. El material de reproducción o de multiplicación 
vegetativa, en cualquier forma; 
El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y 
las partes de plantas; y, 
3. Todo producto fabricado directamente a partir del 
producto de la cosecha. 
Art. 275. Con el objeto de asegurar una adecuada explotación 
de la variedad protegida, en casos excepcionales de seguridad 
nacional o de interés público, el Gobierno Nacional podrá 
declarar de libre disponibilidad, sobre la base de una 
compensación equitativa para el obtentor. 
La autoridad nacional competente determinará el monto de las 
compensaciones, previa audiencia a las partes y peritazgo, 
sobre la base de la amplitud de la explotación de la variedad 
objeto de la licencia. 
SECCION IV 
DE LA NULIDAD Y CANCELACION Art. 276. A través del recurso de revisión, el Comité de 
Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, 
podrá declarar la nulidad del certificado de obtentor, en los 
siguientes casos: 
a) Si la variedad no cumplía con los requisitos de novedad, 
distinguibilidad, estabilidad y homogeneidad, al 
momento de la concesión del certificado de obtentor; 
b) Si el certificado de obtentor fue conferido a favor de 
quien no es el obtentor; y, 
c) Si se hubiere concedido con cualquier otra violación a la 
Ley que substancialmente haya inducido a su concesión 
o se hubiere obtenido en base a datos, documentos, 
información o descripción erróneos o falsos. 
Art. 277. El Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, 
declarará la cancelación del certificado de obtentor en los 
siguientes casos: 
a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha 
dejado de cumplir con las condiciones de novedad, 
homogeneidad, distinguibilidad y estabilidad; y, 
b) Cuando el obtentor no presente la información o 
documentos que demuestren el mantenimiento o la 
reposición de la variedad registrada. 
Art. 278. El Estado reconoce el derecho de los agricultores, 
que proviene de la contribución pasada, presente y futura por 
la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos 
fitogenéticos. Estos derechos incluyen el derecho a conservar 
sus prácticas tradicionales, a conservar, mejorar e 
intercambiar sus semillas, acceder a tecnología, créditos y al 
mercado y, a ser recompensados por el uso de las semillas que 
ellos han desarrollado. 
Para este efecto, la Ley Especial regulará los casos de 
aplicación de éste principio. 
SECCION V 
DE LOS ACTOS Y CONTRATOS SOBRE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Y LAS OBTENCIONES VEGETALES 
Art. 279. Los derechos de propiedad industrial y sobre 
obtenciones vegetales son transferibles por acto entre vivos o 
transmisibles por causa de muerte, antes o después de su 
registro o concesión. 
Art. 280. Los titulares de derechos de propiedad industrial y 
de obtenciones vegetales podrán otorgar licencias a terceros 
para su explotación o uso, mediante contratos escritos. Tales 
contratos no podrán contener cláusulas restrictivas del 
comercio o crear competencia desleal. 
Las sublicencias requerirán autorización expresa del titular de 
los derechos. 
Art. 281. Las transferencias, licencias, modificaciones y otros 
actos que afecten derechos de propiedad industrial y sobre 
obtenciones vegetales, se inscribirán en los registros 
respectivos en la misma fecha en que se presente la 
correspondiente solicitud. Los efectos de la inscripción se 
retrotraen a la fecha en que hubiere sido solicitada. Tales actos 
surtirán efectos frente a terceros, a partir de su inscripción. Sin 
embargo, la falta de inscripción no invalida el acto o contrato. 32 Registro Oficial Nº 320 
Art. 282. Los derechos sobre una marca o nombre comercial 
podrán ser transferidos con o sin el negocio al cual identifica. 
La marca colectiva podrá transferirse siempre y cuando exista 
la autorización de la asociación, organización o grupo de 
personas que la hubiere solicitado o registrado y de la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En cualquier 
caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la 
asociación, organización o grupo de personas. 
La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de 
personas distintas a aquellas autorizadas a usarla, de acuerdo 
con el reglamento para su empleo. 
No se requerirá inscripción cuando dichos actos o contratos se 
refieran al derecho de propiedad industrial cuyo registro no es 
obligatorio. 
Art. 283. Los derechos de propiedad industrial y sobre 
obtenciones vegetales se reputan bienes muebles 
exclusivamente para la constitución de gravámenes sobre 
ellos. Sin embargo, podrá decretarse la prohibición de 
enajenar de tales derechos con sujeción a lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento Civil, así como su embargo y 
remate o venta en pública subasta. 
LIBRO IV 
DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
Art. 284. Se considera competencia desleal a todo hecho, acto 
o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el 
desarrollo de actividades económicas. 
La expresión actividades económicas, se entenderá en sentido 
amplio, que abarque incluso actividades de profesio-nales 
tales como abogados, médicos, ingenieros y otros campos en 
el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio. 
Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del 
comercio nacional; no obstante cuando se trate de actos o 
prácticas realizados en el contexto de operaciones 
internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de 
un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos 
prevalezcan en el comercio internacional. 
Art. 285. Se consideran actos de competencia desleal, entre 
otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del 
medio utilizado, respecto del establecimiento, de los 
productos, los servicios o la actividad comercial o industrial 
de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del 
comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los 
productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial 
de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de 
dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la 
empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el 
ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error 
sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, 
la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la 
prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición o uso 
de información secreta sin el consentimiento de quien las 
controle. 
Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no 
registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; 
apariencias de productos o establecimientos; presentaciones 
de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios 
notoriamente conocidos; procesos de fabricación de 
productos; conveniencias de productos o servicios para fines IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
específicos; calidades, cantidades u otras características de 
productos o servicios; origen geográfico de productos o 
servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren 
productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o 
denigre al competidor o sus productos o servicios y la 
publicidad comparativa no comprobable; y, boicot. 
Se entenderá por dilución del activo intangible el 
desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario 
de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de 
la apariencia de un producto o de la presentación de productos 
o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio 
notoriamente conocido. 
Art. 286. Se considera también acto de competencia desleal, 
independientemente de las acciones que procedan por 
violación de información no divulgada, todo acto o práctica 
que tenga lugar en el ejercicio de actividades económicas que 
consista o tenga por resultado: 
a) El uso comercial desleal de datos de pruebas no 
divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración 
suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido 
presentados a la autoridad competente a los efectos de 
obtener la aprobación de la comercialización de 
productos farmacéuticos o de productos químicos, 
agrícolas o industriales; 
b) La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea 
necesario para proteger al público y se adopten medidas 
para garantizar la protección de los datos contra todo 
uso comercial desleal; y, 
c) La extracción no autorizada de datos cuya elaboración 
suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial 
en forma desleal. 
Art. 287. Sin perjuicio de otras acciones legales que sean 
aplicables, toda persona natural o jurídica perjudicada podrá 
ejercer las acciones previstas en esta Ley, inclusive las 
medidas preventivas o cautelares. 
Las medidas a que se refiere el inciso anterior podrán ser 
solicitadas también por asociaciones gremiales o de 
profesionales que tengan legítimo interés en proteger a sus 
miembros contra los actos de competencia desleal. 
TITULO I 
DE LA PROTECCION Y OBSERVANCIA DE LOS 
DERECHOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 
Art. 288. La violación de cualquiera de los derechos sobre la 
propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al 
ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de 
las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese 
tipificado como delito. 
La tutela administrativa de los derechos de propiedad 
intelectual se regirá por lo previsto en el Libro V de la 
presente Ley. 
Art. 289. En caso de infracción de los derechos reconocidos 
en esta Ley, se podrá demandar: IP/N/1/ECU/C/l 
IP/N/l/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 33 
a) La cesación de los actos violatorios; 
b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos 
resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los 
canales comerciales de las mercancías que constituyan 
infracción, así como su destrucción; 
c) El comiso definitivo de los aparatos y medios 
empleados para el cometimiento de la infracción; 
d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para 
almacenar las copias; 
e) La indemnización de daños y perjuicios; 
t) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos 
generados por la violación del derecho; y, 
g) El valor total de las costas procesales. 
Podrán exigirse también los derechos establecidos en los 
convenios internacionales vigentes en el Ecuador, 
especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los 
Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del 
Comercio. 
Art. 290. Para que el titular de los derechos de autor y 
derechos conexos reconocidos en esta Ley, sea admitido como 
tal ante cualquier autoridad judicial o administrativa, bastará 
que el nombre o seudónimo, o cualquiera otra denominación 
que no deje dudas sobre la identidad de la persona natural o 
jurídica de que se trate, conste en la obra, interpretación o 
ejecución, producción o emisión de radiodifusión, en la forma 
usual. 
Art. 291. Ninguna autoridad, ni persona natural o jurídica 
podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, 
producción fonográfica o emisión de radiodifusión o de 
cualquier otra prestación protegida por esta Ley, o prestar 
apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la 
autorización expresa y previa del titular del derecho o de su 
representante. En caso de incumplimiento será solidariamente 
responsable. 
Art. 292. Si la violación de los derechos se realiza a través de 
redes de comunicación digital, tendrá responsabilidad 
solidaria el operador o cualquier otra persona natural o 
jurídica que tenga el control de un sistema informático 
interconectado a dicha red, a través del cual se permita, 
induzca o facilite la comunicación, reproducción, transmisión 
o cualquier otro acto violatorio de los derechos previstos en 
ésta Ley, siempre que tenga conocimiento o haya sido 
advertido de la posible infracción, o no haya podido ignorarla 
sin negligencia grave de su parte. 
Se entenderá que ha sido advertido de la posibilidad de la 
infracción cuando se le ha dado noticia debidamente 
fundamentada sobre ella. 
Los operadores u otras personas naturales o jurídicas referidas 
en esta norma, estarán exentos de responsabilidad por los 
actos y medidas técnicas que adopten a fin de evitar que la 
infracción se produzca o continúe. 
Art. 293. El titular de un derecho sobre marcas, nombres 
comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la 
Superintendencia de Compañías o de Bancos, hubiere 
aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a 
dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, 
podrá solicitar al IEPI a través de los recursos 
correspondientes la suspensión del uso de la referida 
denominación o razón social para eliminar todo riesgo de 
confusión o utilización indebida del signo protegido. 
El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de 
Compañías o de Bancos con la resolución correspondiente; la 
sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de 
la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra 
denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por 
una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas 
justificadas. 
En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o 
razón social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, 
la Superintendencia procederá a disolver o a liquidar la 
compañía. 
CAPITULO 11 
DE LOS PROCESOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
SECCION I 
DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO 
Art. 294. Serán competentes para el conocimiento de las 
controversias sobre esta materia, en primera instancia, los 
Jueces Distritales de Propiedad Intelectual y, en segunda 
instancia los Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual. 
Los recursos de casación que se dedujeren en ésta materia 
serán conocidos por la Sala Especializada en Propiedad 
Intelectual de la Corte Suprema de Justicia. 
Art. 295. El Juzgado Distrital de Propiedad Intelectual No. 1, 
así como el Tribunal Disrital de Propiedad Intelectual No. 1, 
tendrán como su sede a la ciudad de Quito; y, jurisdicción en 
las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Napo y 
Sucumbí os. 
El Juzgado Distrital de Propiedad Intelectual No. 2 y el 
Tribunal Distrital de Propiedad Intelectual No. 2, tendrán 
como su sede a la ciudad de Guayaquil; y, jurisdicción en las 
provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos. 
El Juzgado Distrital de Propiedad Intelectual No. 3 y el 
Tribunal Distrital de Propiedad Intelectual No. 3, tendrán 
como su sede a la ciudad de Cuenca y, jurisdicción en las 
provincias del Azuay, Loja, Cañar, Morona Santiago y 
Zamora Chinchipe. 
El Juzgado Distrital de Propiedad Intelectual No. 4 y el 
Tribunal Distrital de Propiedad Intelectual No. 4, tendrán 
como su sede a la ciudad de Portoviejo; y, jurisdicción en las 
provincias de Manabf y Esmeraldas. 
Art. 296. La competencia en materia de propiedad intelectual 
se fija de conformidad con las reglas establecidas en los 
artículos 27, 28, 29 y 30 del Código de Procedimiento Civil y 
en el presente artículo. 34 Registro Oficial Nº 320 
Serán también competentes para conocer éstas causas los 
jueces del lugar en el que se hubiere cometido la infracción. 
Tratándose de transmisiones a través de un satélite, la 
infracción se entenderá cometida bien en el lugar en que se 
iniciare dicha transmisión, bien en el lugar en que la señal se 
hiciere accesible al público de forma predominante. 
En caso de infracciones cometidas a través de redes de 
comunicación digital, se entenderán cometidas las mismas, 
bien en el lugar en que se encuentren los sistemas 
informáticos referidos en el artículo 292, bien en el lugar en 
que la transmisión se hiciere accesible al público de forma 
predominante. 
Art. 297. Las demandas relacionadas con la propiedad 
intelectual se tramitarán en juicio verbal sumario, con las 
modificaciones constantes en el presente Capítulo. 
Art. 298. En los juicios sobre esta materia es admisible la 
reconvención conexa, la que será resuelta en sentencia, sin 
que por ello se altere el trámite de la causa. La reconvención 
será planteada en la audiencia de conciliación, luego de 
contestada la demanda. En la propia audiencia el actor deberá 
contestarla. De no hacerlo se tendrá como negativa pura y 
simple de los fundamentos de hecho y de derecho. 
Art. 299. Si durante el término de prueba se solicitare la 
actuación de prueba testimonial, el juez señalará día y hora 
para su recepción en audiencia oral, en la cual la parte que 
solicitó la prueba formulará sus preguntas pudiendo la otra 
parte repreguntar. 
Art. 300. Si hubiere necesidad de peritos, se designará uno 
por cada parte procesal, salvo que las partes estuvieren de 
acuerdo en la designación de un único perito. 
Sin perjuicio de que el o los peritos presenten su informe por 
escrito, cualquiera de las partes podrán solicitar al juez que 
éstos concurran a una audiencia para que informen oralmente 
sobre las cuestiones que les formularen las partes. 
Es causal de destitución de los Jueces Distritales de Propiedad 
Intelectual, además de otras previstas en la Ley, la violación 
del mandato contenido en ésta norma. 
Art. 301. Todas las pruebas solicitadas dentro del término 
respectivo deberán practicarse dentro de los treinta días 
siguientes a su conclusión, salvo que las partes de común 
acuerdo solicitaren una prórroga. 
Art. 302. El juez tendrá la facultad para ordenar que sea 
presentada la prueba que · se encontrare bajo el control de la 
parte contraria o en su posesión, a cuyo efecto señalará día, 
lugar y hora para su exhibición. Si la parte requerida no 
exhibiere la prueba, el juez, para resolver, podrá basarse en la 
información que le haya suministrado la parte que requirió la 
prueba. 
Si cualquiera de las partes no facilitare las informaciones, 
códigos de acceso o de cualquier modo impidiere la 
verificación de instrumentos, equipos u otros medios en los 
que pueda almacenarse reproducciones no autorizadas, éstos 
se presumirán violatorios de los derechos de propiedad 
intelectual. 
Si el juicio versare sobre violación de una patente de 
invención relacionada con procedimientos, la carga de la IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/1/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la 
fabricación del producto, le corresponderá al demandado. 
Art. 303. La indemnización de daños y perjuicios 
comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante, causadas 
por la infracción. La cuantía de los ingresos no obtenidos, se 
fijará teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios: 
a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no 
haberse producido la violación; 
b) Los beneficios obtenidos por el infractor como 
consecuencia de la violación; 
c) El precio, remuneración o regalía que el infractor 
hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación 
lícita de los derechos violados; y, 
d) Los gastos razonables, inclusive honorarios 
profesionales, incurridos por el titular con relación a la 
controversia. 
Art. 304. Las sentencias condenatorias de las acciones civiles 
por violación de los derechos de propiedad intelectual 
impondrán al infractor adicionalmente una multa de tres a 
cinco veces el valor total de los ejemplares de obras, 
interpretaciones, producciones o emisiones de radiodifusión, o 
de las regalías que de otro modo hubiere percibido el titular de 
los derechos por explotación legítima de éstas u otras 
prestaciones de propiedad intelectual. 
Las multas que conforme a esta disposición se recauden se 
destinarán en un tercio al IEPI; en un tercio al titular del 
derecho infringido y el tercio restante se distribuirá de la 
siguiente manera: 
a) Presupuesto de la Función Judicial; 
b) Fondo de Solidaridad; y, 
c) Fomento de Ciencia y Tecnología a través del IEPI. 
SECCION 11 
DE LAS PROVIDENCIAS PREVENTIVAS Y 
CAUTELARES 
Art. 305. Las providencias preventivas y cautelares 
relacionadas con la propiedad intelectual, se tramitarán en 
conformidad con la Sección Vigésima Séptima, Título 
Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, 
con las modificaciones constantes en esta Sección. 
Art. 306. El juez ordenará la medida al avocar conocimiento 
de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre 
indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente 
presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre 
la propiedad intelectual reconocidos en ésta Ley, o sobre 
información que conduzca al temor razonable y fundado sobre 
su violación actual o inminente, atenta la naturaleza 
preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que 
pueda tratarse. 
El juez comprobará si el peticionario es titular de los 
derechos, a cuyo efecto se estará a las presunciones 
establecidas en esta Ley. En defecto de información 
proporcionada con la demanda que permita presumir la 
titularidad, bastará la declaración juramentada que al efecto se 
incluya en la demanda. IP/N/1/ECU/C/1 
IP/N/l/ECU/1/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 35 
Art. 307. El juez exigirá al actor, atentas las circunstancias, 
que presente fianza o garantía suficiente para proteger al 
demandado y evitar abusos. 
Art. 308. A fin de evitar que se produzca o continúe la 
infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la 
presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los 
circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o 
bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la 
presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar; a 
petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, 
según las circunstancias, fueren necesarias para la protección 
urgente de tales derechos y, en especial: 
a) El cese inmediato de la actividad ilícita; 
b) La suspensión de la actividad de utilización, 
explotación, venta, oferta en venta, importación o 
exportación, reproducción, comunicación, distribución, 
según proceda; y, 
e) Cualquier otra que evite la continuación de la violación 
de los derechos. 
El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por 
la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la 
indemnización, sobre los productos o mercancías que violen 
un derecho de propiedad intelectual, así como sobre los 
equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la 
infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido 
para la reproducción o comunicación. 
La retención se ordenará sobre los valores debidos por 
concepto de explotación o remuneración. 
La prohibición de ausentarse del país se ordenará si el 
demandado no tuviere domicilio o establecimiento 
permanente en el Ecuador. 
Art. 309. El cese inmediato de la actividad ilícita podrá 
comprender: 
a) La suspensión de la actividad infractora o la prohibición 
al infractor de reanudarla, o ambas; 
b) La clausura provisional del local o establecimiento, la 
que se expedirá necesariamente cuando las mercancías 
infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte 
sustancial del comercio habitual del infractor; 
c) El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares 
ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial; 
d) La inutilización de los bienes u objetos materia de la 
infracción y, en caso necesario, la destrucción de 
moldes, planchas, matrices, instrumentos, negativos, 
plantas o partes de aquellas y demás elementos 
destinados al empleo de invenciones patentadas, a la 
impresión de marcas, a la reproducción o comunicación 
no autorizada, o de aquellos cuyo uso predominante sea 
facilitar la supresión o neutralización de cualquier medio 
de protección técnica o de información electrónica y que 
sirvan predominantemente para actos violatorios de 
cualquier derecho de propiedad intelectual; y, 
e) Cualquier otra medida que resulte necesaria para la 
protección urgente de los derechos sobre la propiedad 
intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la 
infracción. Art. 31 O. Las medidas serán ejecutadas en presencia del juez, 
si el actor así lo requiere, quien podrá asesorarse de los peritos 
necesarios o de funcionarios del IEPI, cuyo dictamen en la 
propia diligencia constará del acta correspondiente y servirá 
para la ejecución. La orden que expida el juez conforme con el 
artículo precedente implicará, sin necesidad de formalidad 
ulterior o providencia adicional, la posibilidad de adopción de 
cualquier medida práctica necesaria para la plena ejecución de 
la medida cautelar, incluyendo el descerrajamiento de 
seguridades, sin perjuicio de la facultad del juez de que al 
momento de la diligencia ordene cualquier otra medida 
cautelar que resulte necesaria para la protección urgente de los 
derechos, sea de oficio o a petición verbal de parte. 
Art. 311. Las demandas que se presenten a fin de obtener una 
medida cautelar, así como las providencias correspondientes, 
tendrán la categoría de reservadas y no se notificarán a la 
parte demandada si no hasta después de su ejecución. 
Art. 312. Si el actor indicare que para la prueba de la 
violación de los derechos se requiere de inspección judicial 
previa, el juez la dispondrá sin notificar a la parte contraria y 
podrá ordenar durante la diligencia las medidas cautelares 
pertinentes. Para este fin concurrirá con los funcionarios que 
deban cumplir tales medidas. 
Art. 313. En caso de obras fijadas electrónicamente en 
dispositivos de información digital o por procedimientos 
análogos, o cuya aprehensión sea dificil o pueda causar graves 
daños al demandado, el juez, previo consentimiento del actor 
y si lo considera conveniente, podrá ordenar que los bienes 
secuestrados permanezcan bajo la custodia del demandado, 
luego de identificados, individualizados e inventariados, sin 
perjuicio del secuestro de las fijaciones sobre soportes 
removibles. 
El juez deberá poner sellos sobre los bienes identificados, 
individualizados e inventariados. 
Art. 314. Cumplida la medida cautelar se citará la demanda al 
demandado y el juez dispondrá que comience a correr el 
término de prueba previsto en el artículo 917 del Código de 
Procedimiento Civil. 
Las medidas cautelares caducarán si dentro del término de 
quince días de ejecutadas no se propone la demanda en lo 
principal. 
En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas 
o caduquen por acción u omisión del demandante, o en 
aquellos casos en que posteriormente se determine que no 
hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de 
propiedad intelectual, el juez competente ordenará al actor, 
previa petición del demandado, la indemnización de daños y 
perjuicios. 
Art. 315. Los jueces que no cumplan con lo previsto en el 
artículo 73 del Código de Procedimiento Civil dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda 
o nieguen injustificadamente la adopción de una medida 
cautelar, serán responsables ante el titular del derecho por los 
perjuicios causados, sin perjuicio de la acción penal que 
corresponda. 
Art. 316. A fin de proteger secretos comerciales o 
información confidencial, en el curso de la ejecución de las 
medidas cautelares establecidas en esta Ley, únicamente el 
juez o el perito o peritos que él designe tendrán acceso a la 
información, códigos u otros elementos, en cuanto sea 36 Registro Oficial Nº 320 
indispensable para la práctica de la medida. Por parte del 
demandado podrán estar presentes las personas que éste 
delegue y por parte del actor su procurador judicial. Todos 
quienes de este modo tengan acceso a tales informaciones, 
quedarán obligados a guardar absoluta reserva y quedarán 
sujetos a las acciones que ésta y otras leyes prescriben para la 
protección de los secretos comerciales y la información 
confidencial. 
Art. 317. Ya sea en la práctica de medidas cautelares o en la 
actuación de pruebas, podrán intervenir como peritos los 
funcionarios designados por el IEPI. El juez estará obligado a 
requerir la intervención pericial de tales funcionarios, a 
solicitud de parte. 
Art. 318. Los jueces observarán adicionalmente los 
procedimientos y medidas establecidos en convenios o 
tratados internacionales sobre propiedad intelectual vigentes 
en el Ecuador, en cuanto sean aplicables. Los jueces estarán 
exentos de responsabilidad en los términos del artículo 48 
numeral 2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el comercio ADPIC. 
CAPITULO III 
DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS 
Art. 319. Será reprimido con prisión de tres meses a tres añ.os 
y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante 
(UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios 
ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad 
intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, 
oferte en venta, venda, importe o exporte: 
a) Un producto amparado por una patente de invención o 
modelo de utilidad obtenido en el país; 
b) Un producto fabricado mediante la utilización de un 
procedimiento amparado por una patente de invención 
obtenida en el país; 
e) Un producto amparado por un dibujo o modelo 
industrial registrado en el país; 
d) 
e) 
f) Una obtención vegetal registrada en el país, así como su 
material de reproducción, propagación o multiplicación; 
Un esquema de trazado (topografia) registrado en el 
país, un circuito semiconductor que incorpore dicho 
esquema de trazado (topografia) o un artículo que 
incorpore tal circuito semiconductor; 
Un producto o servicio que utilice una marca no 
registrada idéntica o similar a una marca notoria o de 
alto renombre, registrada en el país o en el exterior; 
g) Un producto o servicio que utilice una marca no 
registrada idéntica o similar a una marca registrada en el 
país; y, 
h) Un producto o serv1c10 que utilice una marca o 
indicación geográfica no registradas, idéntica o similar a 
una indicación geográfica registrada en el país. 
En los casos de los literales g) y h) los productos o servicios 
que utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o 
similares a los productos o servicios protegidos por las marcas 
o indicaciones geográficas registradas en el país. IP/N/1/ECU/C/l 
IP/N/l/ECU/1/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
Art. 320. Serán reprimidos con igual pena que la señalada en 
el articulo anterior, quienes en violación de los derechos de 
propiedad intelectual: 
1. Divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, 
secretos industriales o información confidencial; 
2. En productos o servicios o transacciones comerciales 
utilicen marcas o indicaciones geográficas no 
registradas en el país, que constituyan una imitación de 
signos distintivos notorios o de alto renombre, 
registrados en el país o en el exterior que pueden 
razonablemente confundirse con el original; y, 
3. En productos o servicios o transacciones comerciales 
utilicen marcas o indicaciones geográficas que 
constituyan una imitación de signos distintos registrados 
en el país, que pueden razonablemente confundirse con 
el original, para distinguir productos o servicios que 
puedan suplantar a los protegidos. 
Art. 321. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos añ.os 
y multa de doscientas cincuenta a dos mil quinientas unidades 
de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor 
de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los 
derechos de propiedad intelectual utilicen nombres 
comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que 
sean idénticos a nombres comeciales pública y notoriamente 
conocidos en el país o marcas registradas en el país, o a 
marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en 
el exterior. 
También se reprimirá con la pena señalada en el inciso 
anterior, a quienes en violación de los derechos de propiedad 
intelectual utilicen apariencias distintivas, idénticas o 
similares a apariencias distintivas pública y notoriamente 
conocidas en el país. 
Art. 322. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos añ.os 
y multa de doscientas cincuenta a dos mil quinientas unidades 
de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor 
de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los 
derechos de propiedad intelectual: 
a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos 
o envases que contengan marcas de alto renombre o 
notorias, registradas en el país o en el exterior; 
b) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos 
o envases que contengan marcas o denominaciones de 
origen registradas en el país; y, 
c) Separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, 
sellos o envases que contengan marcas legítimas, para 
utilizarlos en productos de distinto origen. 
Con igual sanción serán reprimidos quienes almacenen, 
fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, 
vendan, importen o exporten artículos que contengan 
indicaciones falsas acerca de la naturaleza, procedencia, modo 
de fabricación, calidad, características o aptitud para el 
empleo de los productos o servicios de que se trate; o, 
contengan informaciones falsas acerca de premios u otras 
distinciones. 
Art. 323. Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres 
añ.os y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor 
constante (UVC), tomando en consideración el valor de los 
perjuicios ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen IP/N/1/ECU/C/1 
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con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o 
exporten productos falsificados identificados con marcas de 
alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país 
o en el exterior, o con marcas registradas en el país. 
También se reprimirá con la pena señalada en el inciso 
anterior a quienes rellenen con productos espurios envases 
identificados con marca ajena. 
Art. 324. Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres 
años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor 
constante (UVC), tomando en consideración el valor de los 
perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos 
de autor o derechos conexos: 
a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la 
remoción o alteración de información electrónica sobre 
el régimen de derechos aplicables; 
b) Inscriban, publiquen, distribuyan, comuniquen o 
reproduzcan, total o parcialmente, una obra ajena como 
si fuera propia; 
c) Reproduzcan una obra; 
d) Comuniquen públicamente obras, videogramas o 
fonogramas, total o parcialmente; 
e) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, 
vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en 
circulación o a disposición de terceros reproducciones 
ilícitas de obras; 
t) Reproduzcan un fonograma o videograma y en general 
cualquier obra protegida, así como las actuaciones de 
intérpretes o ejecutantes, total o parcialmente, imitando 
o no las características externas del original, así como 
quienes introduzcan al país, almacenen, distribuyan, 
ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra 
manera pongan en circulación o a disposición de 
terceros tales reproducciones ilícitas; y, 
g) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, 
vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en 
circulación o a disposición de terceros reproducciones 
de obras, fonogramas o videogramas en las cuales se ha 
alterado o removido información sobre el régimen de 
derechos aplicables. 
Art. 325. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años 
y multa de doscientos cincuenta a dos mil quinientas unidades 
de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor 
de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los 
derechos de autor o derechos conexos: 
a) Reproduzcan un número mayor de ejemplares de una 
obra que el autorizado por el titular; 
b) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, 
vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en 
circulación o a disposición de terceros reproducciones 
de obras en número que exceda del autorizado por el 
titular; 
c) Retransmitan por cualquier medio las emisiones de los 
organismos de radiodifusión; y, 
d) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, 
vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros aparatos u otros 
medios destinados a descifrar o decodificar las señales 
codificadas o de cualquier otra manera burlar o 
quebrantar los medios técnicos de protección aplicados 
por el titular del derecho. 
Art. 326. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años 
y multa de doscientos cincuenta a dos mil quinientas unidades 
de valor constante (UVC), quienes ilícitamente obstaculicen, 
incumplan o impidan la ejecución de una providencia 
preventiva o cautelar. 
Art. 327. Son circunstancias agravantes, además de las 
previstas en el Código Penal, las siguientes: 
a) El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la 
violación del derecho; 
b) El que los productos materia de la infracción puedan 
provocar daños a la salud; y, 
c) El que las infracciones se cometan respecto de obras 
inéditas. 
Art. 328. Las infracciones determinadas en este Capítulo son 
punibles y pesquisables de oficio. 
Art. 329. Las acciones civiles y penales prescriben de 
conformidad con las normas del Código Civil y del Código 
Penal, respectivamente, salvo las acciones por violación a los 
derechos morales, que son imprescriptibles. 
Salvo prueba en contrario y, para los efectos de la 
prescripción de la acción, se tendrá como fecha de 
cometimiento de la infracción, el primer día del año siguiente 
a la última edición, reedición, reproducción, comunicación, u 
otra utilización de una obra, interpretación, producción o 
emisión de radiodifusión. 
Art. 330. En todos los casos comprendidos en este capítulo, 
se dispondrá el comiso de todos los objetos que hubieren 
servido directa o indirectamente para la comisión del delito, 
cuyo secuestro podrá ser ordenado por el juez penal en 
cualquier momento durante el sumario y obligatoriamente en 
el auto de apertura del plenario. 
Art. 331. El producto de las multas determinadas en éste 
Capítulo será destinado en partes iguales a la Función Judicial 
y al IEPI, el que lo empleará al menos en un cincuenta por 
ciento, en programas de formación y educación sobre 
propiedad intelectual. 
LIBRO V 
DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Art. 332. La observancia y el cumplimiento de los derechos 
de Propiedad Intelectual son de Interés Público. El Estado, a 
través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 
IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la 
propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y 
observancia. 
Art. 333. El IEPI a través de las Direcciones nacionales 
ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de 
inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir 
violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual. 38 Registro Oficial Nº 320 
Art. 334. Cualquier persona afectada por la violación o 
posible violación de los derechos de propiedad intelectual 
podrá requerir al !EPI la adopción de las siguientes medidas: 
a) Inspección; 
b) Requerimiento de información; y, 
c) Sanción de la violación de los derechos de propiedad 
intelectual. 
Art. 335. Las inspecciones se realizarán por parte de los 
Directores Nacionales o sus delegados, en la forma que 
determine el reglamento. Al momento de la inspección y, 
como requisito para practicarla válidamente, se entregará 
copia del acto administrativo en el que se la hubiere ordenado 
y, si fuese aplicable, la solicitud de la parte afectada. 
Las peticiones que se presenten para obtener medidas 
cautelares permanecerán en reserva hasta luego de ejecutadas 
y, aún con posterioridad deberán adoptarse por las autoridades 
las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la 
información no divulgada que haya debido suministrarse en el 
curso del procedimiento. 
Art. 336. Si durante la diligencia se comprobare, aún 
presuntivamente, (prima facie) la violación de un derecho de 
propiedad intelectual o hechos que reflejen inequívocamente 
la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la 
formación de un inventario detallado de los bienes, de 
cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal 
violación. Se dejará constancia de lo examinado por los 
medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de 
las cosas inspeccionadas. 
Esta medida podrá incluir la remoción inmediata de rótulos 
que claramente violen derechos de propiedad intelectual, sin 
perjuicio de la aprehensión y depósito de las mercancías u 
otros objetos que violen derechos sobre patentes, marcas u 
otras formas de propiedad intelectual. 
El !EPI, a través de las direcciones regionales competentes en 
razón de la materia, podrá adoptar cualquier medida cautelar 
de protección urgente de los derechos a que se refiere ésta 
Ley, si se acompaflan a la pretensión cautelar las pruebas a 
que se refiere el artículo 306. Estas medidas tendrán carácter 
provisional, y estarán sujetas a revocación o confirmación 
conforme se dispone en el artículo 339. 
Art. 337. Cuando se presuma la violación de derechos de 
propiedad intelectual, el !EPI podrá requerir que se le 
proporcione cualquier información que permita establecer la 
existencia o no de tal violación. Dicha información deberá ser 
entregada en un término no mayor de quince días, desde la 
fecha de la notificación. 
Art. 338. Salvo el caso de medidas cautelares provisionales 
que se adopten de conformidad con el artículo 336, previo a la 
adopción de cualquier resolución, se escuchará a la parte 
contra la cual se inició el procedimiento. Si se estimare 
conveniente, podrá convocarse a una audiencia en la que los 
interesados podrán expresar sus posiciones. 
Art. 339. Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará 
resolución motivada. Si se determinare que existió violación 
de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al 
infractor con una multa de entre veinte y setecientas unidades IP/N/1/ECU/C/1 
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de valor constante (UVC) y, podrá disponerse la adopción de 
cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o 
confirmarse las que se hubieren expedido con carácter 
provisional. 
Si existiere la presunción de haberse cometido un delito, se 
enviará copia del proceso administrativo al Juez Penal 
competente y al Ministerio Público. 
Art. 340. El !EPI impondrá igual sanción a la establecida en 
el artículo anterior a quienes obstaculizaren o dificultaren el 
cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos 
por el !EPI, o no enviaren la información solicitada dentro del 
término concedido. 
Art. 34 I. Anunciada o de cualquier modo conocida la 
comunicación publicada de una obra legalmente protegida sin 
que se hubiere obtenido la autorización correspondiente, el 
titular de los derechos podrá solicitar a la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor y Derechos Conexos que se la prohiba, 
lo cual será ordenado inmediatamente. Al efecto se presume 
que el organizador, empresario o usuario no cuenta con la 
debida autorización por la sola protesta de parte del titular de 
los derechos. 
Art. 342. Los Administradores de Aduana y todos quienes 
tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o 
desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen 
o se exporten productos que de cualquier modo violen los 
derechos de propiedad intelectual. 
Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o 
exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del 
delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa 
que corresponda. 
Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso 
o exportación de cualquier producto que viole los derechos de 
propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante 
informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el 
término de cinco días confirmará o revocará la medida 
tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a 
disposición de un juez de Jo penal. 
Si el Administrador de Aduanas o cualquier otro funcionario 
competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o 
no se hubiere pronunciado en el término de tres días, el 
interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, 
posteriores, al Presidente del IEPI para que la ordene. 
Quien ordene la medida podrá exigir caución de conformidad 
con el artículo siguiente. 
Art. 343. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
anterior, cualquiera de los Directores Nacionales, según el 
área de su competencia, podrán ordenar a petición de parte, la 
suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto 
que en cualquier modo viole los derechos de propiedad 
intelectual. 
La resolución se dictará en el término de tres días desde la 
petición. Si se estima necesario o conveniente, se podrá 
disponer que el peticionario rinda caución suficiente. Si ésta 
no se otorgare en el término de cinco días de solicitada, la 
medida quedará sin efecto. 
A petición de la parte afectada con la suspensión, el director 
Nacional del IEPI, según el caso, dispondrá la realización de 
una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere IP/N/1/ECU/C/l 
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procedente, revocar la medida. Si no la revocare, dispondrá 
que todo lo actuado se remita a un juez de lo penal. 
Art. 344. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, en 
materia de procedimientos administrativos se aplicará el 
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva. 
Art. 345. La fuerza pública y en especial la Polícía Judicial 
están obligadas a prestar a los funcionarios del IEPI el auxilio 
que éstos soliciten para el cumplimiento de sus funciones. 
DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) 
CAPITULO I 
FINES DEL INSTITUTO 
Art. 346. Créase el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual (IEPI), como persona jurídica de derecho público, 
con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, 
financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que 
tendrá a su cargo, a nombre del Estado, los siguientes fines: 
a) Propiciar la protección y la defensa de los derechos de 
propiedad intelectual, reconocidos en la legislación 
nacional y en los Tratados y Convenios Internacionales; 
b) Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su 
forma literaria, artística o científica, como en su ámbito 
de aplicación industrial, así como la difusión de los 
conocimientos tecnológicos dentro de los sectores 
culturales y productivos; y, 
c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la 
propiedad intelectual y la libre competencia, así como 
velar por el cumplimiento y respeto de los principios 
establecidos en esta Ley. 
CAPITULO 11 
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONES 
SECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 347. El IEPI tendrá los siguientes órganos: 
El Presidente; 
El Consejo Directiv.o; 
El Comité de la Propiedad Intelectual; 
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial; 
La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos; y, 
La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales. 
Art. 348. Las demás normas para la organización y 
funcionamiento del IEPI constarán en el reglamento a esta 
Ley y en su reglamento orgánico funcional. 
SECCION II DEL PRESIDENTE DEL IEPI 
Art. 349. El Presidente del IEPI será designado por el 
Presidente de la República y durará seis años en sus 
funciones. Será su representante legal y el responsable directo 
de la gestión técnica, financiera y administrativa. 
En caso de renuncia, ausencia definitiva o cualquier otro 
impedimento que le inhabilite para continuar desempeñando 
el cargo, el Presidente de la República procederá 
inmediatamente a la designación de su reemplazo, quien 
también durará seis años en sus funciones. En caso de falta o 
ausencia temporal será reemplazado por el Director Nacional 
que señale el Consejo Directivo. 
Art. 350. Para ser Presidente del IEPI será necesario tener 
título universitario, acreditar especialización y experiencia 
profesional en áreas de propiedad intelectual y cumplir los 
demás requisitos que se señale en el Reglamento. 
Art. 351. Los deberes y atribuciones del Presidente son los 
siguientes: 
a) Representar legalmente al !EPI; 
b) Velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes y 
convenios internacionales sobre propiedad intelectual; 
c) Formular el presupuesto anual del IEPI y someterlo a la 
aprobación del Consejo Directivo; 
d) Designar y remover a los Directores Nacionales, 
Secretario General y demás personal del IEPI; 
e) Proponer los lineamientos y estrategias para las 
negociaciones internacionales que el Gobierno Nacional 
realice en materia de propiedad intelectual, así como 
integrar los grupos de negociadores de esta materia, en 
consulta y coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores; 
t) Ordenar medidas en frontera, según lo dispuesto en esta 
Ley; 
g) Absolver las consultas que sobre aplicación de las 
normas sobre propiedad intelectual le sean planteadas. 
Las respuestas en la absolución de las consultas serán 
vinculantes para el IEPI en el caso concreto planteado. 
Las consultas no podrán versar sobre asuntos que a la 
fecha de su formulación se encuentren en trámite ante 
cualquier órgano del IEPI; y, 
h) Las demás que se establezcan en esta Ley y el 
Reglamento. 
SECCION III 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Art. 352. El Consejo Directivo es el órgano contralor y 
consultor del Instituto y tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 
a) Fijar y aprobar las tasas; 
b) Aprobar el Presupuesto del Instituto; 40 Registro Oficial Nº 320 
c) Dictaminar sobre los Proyectos de reforma a esta Ley, al 
Reglamento y a los Convenios Internacionales sobre 
Propiedad Intelectual; 
d) Proponer al Presidente de la República proyectos de 
reformas a la Ley o a los Reglamentos; 
e) Designar y remover a los Miembros del Comité de 
Propiedad Intelectual de conformidad con esta Ley y el 
reglamento; 
f) Dictar las normas que sean necesarias para el cabal 
cumplimiento de ésta Ley; y, 
g) Las demás que establezcan la Ley y el reglamento. 
Art. 353. El Consejo Directivo estará integrado por: 
a) El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual; el que lo presidirá; 
b) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y 
Pesca, o su delegado; 
c) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado; 
d) El Ministro de Educación y Cultura o su delegado; 
e) Un representante del Consejo de las Cámaras y 
Asociaciones de la Producción o su suplente; 
f) Un representante por las Sociedades de Gestión 
Colectiva y por las Organizaciones Gremiales de 
Derechos de Autor o Derechos Conexos o su suplente; 
y, 
g) Un representante designado por el Consejo de 
Universidades y Escuelas Politécnicas CONUEP o su 
suplente. 
Las resoluciones del Consejo Directivo deberán adoptarse con 
el voto favorable de al menos cinco de sus miembros. 
SECCION III 
DE LAS DIRECCIONES NACIONALES 
Art. 354. Los Directores Nacionales ejercerán la titularidad 
de las respectivas Direcciones Nacionales. Serán designados 
por un período de seis af!os y podrán ser reelegidos 
indefinidamente. En caso de falta o ausencia temporal de un 
Director Nacional, el Presidente del IEPI designará al 
funcionario que lo subrogue. 
Art. 355. Para ser Director Nacional se requiere ser Abogado 
o Doctor en Jurisprudencia, acreditar experiencia profesional 
en la materia y cumplir los demás requisitos que se señalen en 
el reglamento respectivo. 
Art. 356. Las Direcciones Nacionales tendrán a su cargo la 
aplicación administrativa de la presente Ley y demás normas 
legales sobre propiedad intelectual, dentro del ámbito de su 
competencia. 
Art. 357. Los actos administrativos definitivos y aquellos que 
impidan la continuación del trámite dictados por los 
Directores Nacionales, serán susceptibles de los siguientes 
recursos: 
Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo 
dictó; IP/N/1/ECU/C/1 
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Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad 
Intelectual; y, 
Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad 
Intelectual. 
La interposición de estos recursos no es indispensable para 
agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán 
plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos 
administrativos definitivos o que impidan la continuación del 
trámite, dictados por los Directores Nacionales. 
Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y 
devolutivo en sede administrativa. 
Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo 
podrán suspender de oficio o a petición de parte la ejecución 
del acto recurrido, en caso que dicha ejecución pudiera causar 
perjuicios de imposible o dificil reparación. 
Art. 358. La Dirección Nacional de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Organizar y administrar el Registro Nacional de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos; 
b) Administrar en materia de derechos de autor y derechos 
conexos los procesos administrativos contemplados en 
ésta Ley; 
c) Aprobar los estatutos de las sociedades de gestión 
colectiva de derechos de autor y derechos conexos, 
expedir su autorización de funcionamiento o 
suspenderla; así como ejercer la vigilancia, inspección y 
control sobre dichas sociedades, e intervenirlas en caso 
necesario; y, 
d) Ejercer las demás atribuciones que en materia de 
derechos de autor y derechos conexos se establecen en 
ésta Ley y en el reglamento. 
Art. 359. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Administrar los procesos de otorgamiento, registro o 
depósito, según el caso, de patentes de invención, 
modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas, 
nombres comerciales, apariencias distintivas, 
indicaciones geográficas, esquemas de trazado de 
circuitos semiconductores (topografias) y demás formas 
de propiedad industrial que se establezcan en la 
legislación correspondiente; 
b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los 
registros: 
c) Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren; 
d) Administrar en materia de propiedad industrial los 
demás procesos administrativos contemplados en ésta 
Ley;y, 
e) Ejercer las demás atribuciones que en materia de 
propiedad industrial se establecen en ésta Ley y en el 
reglamento. 
El registro de propiedad industrial es único y confiere un 
derecho de alcance nacional. En consecuencia, el Director IP/N/1/ECU/C/1 
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Nacional de Propiedad Industrial es la única autoridad 
competente para la resolución sobre el otorgamiento o 
denegación de registros de propiedad industrial a nivel 
nacional. 
Art. 360. La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales 
tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Administrar los procesos de depósito y reconocimiento 
de los derechos sobre nuevas obtenciones vegetales; 
b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los 
registros; 
c) Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren; 
d) Administrar en materia de obtenciones vegetales los 
demás procesos administrativos contemplados en ésta 
Ley; 
e) Organizar y mantener un centro nacional de depósito de 
obtenciones vegetales o delegar esta actividad a la 
iniciativa privada; y, 
f) Ejercer las demás atribuciones que en materia de 
obtenciones vegetales se establecen en ésta Ley y en el 
Reglamento. 
Art. 361. El Consejo Directivo podrá distribuir la 
competencia de las Direcciones Nacionales, en razón de la 
materia, respecto de las distintas formas de Propiedad 
Intelectual y, variar la denominación de las mismas en 
consecuencia. 
Igualmente, a efectos de garantizar el ejercicio de la tutela 
administrativa del IEPI, el Consejo Directivo podrá crear 
subdirecciones regionales y determinar los límites de su 
competencia administrativa. 
Los Directores Nacionales, según el área de su competencia, 
podrán ordenar medidas en frontera según lo dispuesto en el 
artículo 351 de ésta Ley. 
SECCION IV 
DE LOS COMITES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES 
VEGETALES; Y, DE DERECHOS DE AUTOR 
Art. 362. Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y 
Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, estarán 
integrados por tres miembros cada uno, designados por el 
Consejo Directivo del IEPI. 
Los miembros de éstos Comités durarán seis años en su cargo 
y deberán reunir los mismos requisitos para ser Ministro de 
Corte Superior. 
El Consejo Directivo designará también los correspondientes 
vocales suplentes quienes reemplazarán a los principales en 
caso de ausencia temporal o definitiva. 
Art. 363. A solicitud del Presidente del IEPI, el Consejo 
Directivo, podrá dividir los Comités de Propiedad Intelectual, 
Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor 
mediante la creación de salas especializadas en función de la 
materia y, en consecuencia aumentar el número de miembros 
de los Comités. Art. 364. Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y 
Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, tendrán las 
siguientes atribuciones: 
a) Tramitar y resolver las consultas que los Directores 
Nacionales formulen con respecto a las oposiciones que 
se presenten contra cualquier solicitud de concesión o 
registro de derechos de propiedad intelectual; 
b) Tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión; 
c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la 
concesión o registro de derechos de propiedad 
intelectual, con excepción de lo dispuesto en el artículo 
277; y, 
d) Las demás establecidas en esta Ley. 
Las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, 
Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor 
se adoptarán por mayoría de votos, debiendo necesariamente 
consignarse el voto salvado, en caso de haberlo. 
Art. 365. Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad 
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de 
Derechos de Autor, no podrá proponerse ningún recurso 
administrativo, salvo el de reposición que será conocido por 
los propios Comités que la expidieron, pero no será necesario 
para agotar la vía administrativa. Contra las resoluciones de 
los Comités se podrá plantear las acciones previstas en la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 
SECCION V 
DE LOS RECURSOS ECONOMICOS 
Y DE LAS TASAS 
Art. 366. El IEPI tendrá autosuficiencia financiera. Prohíbese 
a toda autoridad distraer para otros fines fondos recaudados 
por el IEPI o afectos a su funcionamiento. 
Art. 367. Constituyen el patrimonio y recursos del IEPI: 
a) Los bienes que adquiera a cualquier título; 
b) El producto de la recaudación de las tasas que se 
establecen en la presente Ley; 
c) El producto de las multas, según lo establecido en ésta 
Ley; 
d) El producto de la venta de la Gaceta de la Propiedad 
Intelectual u otras publicaciones que se efectuaren; y, 
e) Los demás establecidos en la Ley. 
Art. 368. Se establecerán tasas por los siguientes actos y 
servicios: 
a) La presentación de solicitudes de registro, inscripción o 
concesión de derechos; 
b) La presentación de solicitudes de renovación o 
modificación de los registros; 
c) La inscripción de contratos; 
d) Los certificados de concesión o registro de derechos; e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
1) 
m) 
n) 
ñ) 
o) 42 Registro Oficial Nº 320 
El otorgamiento de copias certificadas de cualquier 
documento o acto administrativo; 
El otorgamiento de certificados de búsquedas oficiales 
solicitados al IEPI; 
Los exámenes previos a la concesión de patentes de 
invención o modelos de utilidad y al registro de 
obtenciones vegetales; 
Los peritajes realizados por el IEPI; 
Los procedimientos que se conduzcan para el ejercicio 
de la tutela administrativa; 
La presentación de oposiciones; 
La interposición de recursos administrativos; 
Las solicitudes de cancelación; 
El otorgamiento de información en medios magnéticos; 
El mantenimiento de registros; 
Mantenimiento de muestras vivas; y, 
El uso de información tecnológica. 
Art. 369. Las tasas establecidas en el artículo anterior serán 
fijadas por el Consejo Directivo del IEPI en salarios mínimos 
vitales generales, teniendo en cuenta los criterios de 
proporcionalidad de la tasa con el costo del servicio y su 
eficiencia. Las tasas serán recaudadas y administradas por el 
!EPI. 
TITULO FINAL 
DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 3 70. En los casos en que la presente Ley prevé la 
posibilidad de ampliar o extender un plazo o término, se 
entenderá concedida dicha extensión por la autoridad 
administrativa competente, por el hecho de así haberlo 
solicitado el interesado. 
Los plazos que expiren en días feriados vencerán en el primer 
día laborable siguiente. 
Art. 371. No se exigirá la legalización ni autenticación de 
documentos en trámites o solicitudes de registro de cualquier 
modalidad de propiedad intelectual, cuando se reivindique 
prioridad. 
Art. 372. Sin perjuicio de Jo estipulado en la presente Ley, 
serán aplicables las disposiciones contenidas en los convenios 
o acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual 
vigentes en el Ecuador. 
En la aplicación e interpretación de las normas sobre 
propiedad intelectual tendrán preferencia aquellas que 
otorguen mayor protección. Por consiguiente, no podrá 
invocarse ni interpretarse ninguna disposición de la 
legislación nacional o de convenios internacionales en el 
sentido de menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el 
nivel de protección que se reconoce en beneficio de los 
titulares de derechos de propiedad intelectual. IP/N/1/ECU/C/1 
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Martes 19 de Mayo de 1998 
Art. 373. El IEPI tendrá jurisdicción coactiva para la 
recaudación de las multas y tasas previstas en ésta Ley. 
Art. 374. Toda controversia en materia de propiedad 
intelectual, podrá someterse a arbitraje o mediación, de 
conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación publicada 
en el Registro Oficial No. 145 de 4 de septiembre de 1997. 
Para tal efecto el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo 
convenio arbitral sin necesidad de consultar al Procurador 
General del Estado. 
Art. 375. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 
Orgánica de la Función Judicial, se establecen los jueces 
distritales de propiedad intelectual, quienes tendrán 
competencia para conocer de las materias de que trata ésta 
Ley. 
Art. 376. A fin de garantizar la tutela del patrimonio bioló­
gico y genético del país prevista por la Constitución y en esta 
Ley, se considerará adquisición legal aquella que cumpla los 
requisitos para el acceso a los recursos biológicos y genéticos 
señalados por la Constitución y esta Ley, las decisiones 
andinas y, los tratados y convenios internacionales. 
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 
Art. 377. Se establece un sistema sui generis de derechos 
intelectuales colectivos de las etnias y comunidades locales. 
Su protección, mecanismos de valoración y aplicación se 
sujetarán a una Ley especial que se dictará para el efecto. 
DEROGATORIAS 
Art. 378. Deróganse todas las disposiciones legales o 
reglamentarias que se opongan a la presente Ley y 
expresamente las siguientes normas: 
1. Ley de Derechos de Autor, publicada en el Registro 
Oficial No. 149, de 14 de agosto de 1976; 
a) Decreto Supremo No. 2821, publicado en el 
Registro Oficial No. 735, de 20 de diciembre de 
1978, así como su reforma mediante Ley No. 161, 
publicada en el Registro Oficial No. 984, de 22 de 
julio de 1992; y, 
b) El Reglamento a la Ley de Derechos de Autor, 
publicado en el Registro Oficial No. 495, de 30 de 
diciembre de 1977; y todos los demás Decretos 
Ejecutivos o Acuerdos Ministeriales relacionados 
con la materia que de cualquier forma se opongan o 
resulten incompatibles con las disposiciones de ésta 
Ley. 
2. Ley de Marcas de Fábrica, publicada en el Registro 
Oficial No. 194, de 18 de octubre de 1976; 
3. Ley de Patentes de Exclusiva Explotación de Inventos, 
publicada en el Registro Oficial No. 195, de 19 de 
octubre de 1976; y, 
4. Artículo 5 del Decreto Supremo No. 2241, de 6 de 
octubre de 1964, publicado en el Registro Oficial No. 
360, de 26 de octubre de 1964. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS IP/N/1/ECU/C/1 
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Registro Oficial Nº 320 Martes 19 de Mayo de 1998 43 
PRIMERA. Hasta que se expidan los reglamentos 
correspondientes, continuarán aplicándose los Reglamentos a 
las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, en 
cuanto no resulten incompatibles con las disposiciones de la 
presente Ley. 
SEGUNDA. Hasta cuando el Consejo Directivo del IEPI 
expida la resolución correspondiente, se aplicarán las tasas por 
servicios reguladas por el Acuerdo Ministerial No. 0106, de 
18 de abril de 1997, publicado en el Registro Oficial No. 48 
de 21 de abril de 1997. Dichas tasas serán recaudadas 
directamente por el IEP[ desde la fecha de vigencia de ésta 
Ley y, destinadas para su funcionamiento. 
Los ingresos, por aplicación del Acuerdo Ministerial referido 
en el inciso anterior, o de las tasas que por publicación de la 
Gaceta de la Propiedad Intelectual fijare el Consejo Directivo 
del IEP[, serán distribuidos sesenta por ciento en favor del 
IEP[ y cuarenta por ciento a favor del MICIP para efectos del 
Decreto Ejecutivo 386 de 10 de junio de 1997. 
TERCERA. Esta Ley se aplicará a todas las obras, 
interpretaciones o ejecuciones, producciones, emisiones u otro 
derecho de autor o derechos conexos, a los trazados de 
circuitos semiconductores a los que se refiere esta Ley, 
creadas con anterioridad a su vigencia, siempre que no 
hubieren pasado al dominio público. Para la determinación de 
la fecha en que pasarán al dominio público, una vez 
promulgada ésta Ley, se estará a los plazos de protección que 
ésta establece. 
Las solicitudes en trámite se resolverán de conformidad con 
ésta Ley. 
CUARTA. Todo derecho de propiedad industrial válidamente 
concedido de conformidad con la legislación existente con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
Ley, subsistirá por el tiempo para el que fue concedido. 
Las solicitudes en trámite ante la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial, deberán resolverse de conformidad con 
ésta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372. 
QUINTA. Dentro de los seis meses siguientes a la 
promulgación de ésta Ley, las sociedades de gestión existentes 
deberán adecuar sus estatutos y funcionamiento a las normas 
de ésta Ley y, presentar los documentos pertinentes ante el 
Director Nacional de Derechos de Autor del !EPI para su 
inscripción. Las entidades de gestión que hubieren obtenido la 
autorización de funcionamiento estarán facultadas a la fijación 
de tarifas. Hasta tanto regirán las tarifas autorizadas por el 
Ministerio de Educación y Cultura. 
SEXTA. El personal que actualmente presta sus servicios 
bajo la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de 
Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; en el Registro 
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Educación 
Pública y el correspondiente a Obtenciones Vegetales en la 
Dirección Nacional Agropecuaria del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, pasarán con todos sus derechos y 
obligaciones adquiridas a prestar sus servicios al IEPI. 
En cuanto al personal que trabaja mediante contratos de 
prestación de servicios, se estará a lo que estos dispongan. 
SEPTIMA. Los funcionarios y empleados que se encuentran 
laborando en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 
Derechos de Autor y Obtentores Vegetales y, que por no 
convenir al !EPI su continuación en esa Institución, recibirán una indemnización de treinta millones de sucres y, 
adicionalmente el equivalente a la remuneración mensual 
promedio de todos sus ingresos en el último año multiplicada 
por seis y por el número de años o fracción de años de 
servicio en el Sector Público, hasta un máximo de ciento 
sesenta millones de sucres. 
OCTAVA. Los bienes que actualmente se encuentran a 
disposición de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y 
el correspondiente a Variedades Vegetales en la Dirección 
Nacional Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y los del Registro Nacional de Derechos de Autor, 
pasarán a ser propiedad del !EPI. 
NOVENA. Las partidas presupuestarias destinadas a la 
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, al Registro 
Nacional de Derechos de Autor y a la Unidad Administrativa 
de Variedades Vegetales de la Dirección Nacional 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se 
asignarán al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
para el ejercicio económico de 1998. 
DECIMA. La Corte Suprema de Justicia, conforme con el 
numeral 17 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función 
Judicial, organizará los juzgados y tribunales distritales de 
propiedad intelectual, los que asumirán toda competencia en 
materia judicial conferida en la presente Ley. Hasta que sean 
creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad 
intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso 
Administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta 
materia de conformidad a las disposiciones y competencias 
atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias 
cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil. 
DECIMA PRIMERA. Independientemente de la recaudación 
de los derechos patrimoniales por la respectiva sociedad de 
gestión, la recaudación de los derechos económicos por 
comunicación pública realizado a través de cualquier medio, 
de obras musicales con o sin letra y dramático musicales, 
estará a cargo de una entidad única conformada por la 
Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SA YCE y 
la Asociación de Productores de Fonogramas del Ecuador 
ASOTEC, entidad única que recaudará a título de gestión 
colectiva. 
Hasta que entre en funcionamiento la entidad única 
recaudadora, la SA YCE continuará recaudando éstos 
derechos. 
La entidad recaudadora única se conformará dentro de los 
sesenta días posteriores a la constitución del Consejo 
Directivo del !EPI. 
DECIMA SEGUNDA. Las personas naturales o jurídicas 
que distribuyan públicamente videogramas mediante venta y/o 
arrendamiento o alquiler de copias, por si mismas o por las 
respectivas Asociaciones, tendrán el plazo de tres años 
contados a partir de la publicación de ésta Ley en el Registro 
Oficial para remitir al !EPI un inventario de todas las obras 
que estén distribuyendo, asi como las licencias y los 
comprobantes de pago de las regalías o de las franquicias 
aplicables. 
La legalización del objeto social mencionado en el inciso 
anterior no excluye de manera alguna el respeto, recaudación 44 Registro Oficial Nº 320 
y pago de los derechos de autor a partir de la vigencia de esta 
Ley. 
DECIMA TERCERA. La explotación de variedades 
vegetales realizada con anterioridad a la vigencia de ésta Ley, 
se sujetará a lo pactado y dará lugar al cobro de regalías. A 
falta de contrato escrito se observará: 
a) El valor de regalías fijadas en los contratos para la 
misma variedad y especie durante los últimos tres años 
precedentes; y, 
b) La liquidación de regalías pendientes de pago a que 
hubiere lugar, se la efectuará dentro de los ciento 
ochenta días a partir de la vigencia de esta Ley. 
DECIMA CUARTA. Los Derechos de Obtentorconcedidos 
de conformidad con la legislación existente anterior a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente Ley, subsistirán por el 
tiempo en que fueren concedidos. En lo relativo a su uso, 
goce, derechos, obligaciones, licencias y, regalías, se aplicarán 
las normas de la presente Ley. 
Las solicitudes pendientes de resolución para la obtención de 
variedades vegetales se resolverán de conformidad a esta Ley. 
DECIMA QUINTA. Las designaciones que determinan los 
literales e) y f) del artículo 353 se realizarán por sendos 
colegios electores dentro de los quince días de publicada ésta 
Ley. La integración del Consejo Directivo será dentro de los 
treinta días de vigencia de esta Ley. 
DECIMA SEXTA. Para hacer efectiva la descentralización 
y desconcentración, será indispensable que la Dirección 
Nacional y las Subdirecciones Regionales dispongan de todos 
los recursos presupuestarios, tecnológicos y humanos que 
permitan una administración eficaz de los procesos, 
especialmente en lo relacionado con el acceso por 
telecomunicación a la base de datos de la Dirección Nacional 
y, a la posibilidad de registrar "en línea" las horas exactas de 
presentación de las solicitudes. No podrán funcionar 
Subdirecciones Regionales hasta que no estén instalados los 
recursos informáticos y tecnológicos que permitan ingresar las 
solicitudes a la base de datos de la Dirección Nacional, en el 
mismo acto de la presentación. 
DISPOSICIONES FINALES 
1. El Presidente de la República dentro del plazo 
constitucional de noventa días, expedirá el 
correspondiente reglamento para la aplicación de la 
presente Ley. 
2. La presente Ley, por su carácter de especial prevalece 
sobre cualquier otra que se le oponga. 
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional 
del Ecuador, a los veintidos días del mes de abril de mil 
novecientos noventa y ocho. 
f.) Dr. Heinz Moeller Freile, Presidente del Congreso 
Nacional. 
f.) Dr. Jaime Dávila de la Rosa, Secretario del Congreso 
Nacional (E). IP/N/1/ECU/C/1 
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lVlartes 19 de lVlayo de 1998 
Palacio Nacional, en Quito, a ocho de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho. 
PROMULGUESE 
f.) Fabián Alarcón Rivera, Presidente Constitucional Interino 
de la República. 
Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO: 
f.) Dr. Wilson Merino M., Secretario General de la 
Administración Pública.