ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  IP/Q/TUN/1 
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2 de junio de 2004 
 
(04-2330) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio  Original:   francés 
 
  
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN  
 
TÚNEZ
1 
 
 
 El presente documento contiene la declaración introductoria de la delegación de Túnez, las 
preguntas que se formularon a ese país y las respuest as que facilitó en relaci ón con el examen de la 
legislación llevado a cabo en la reunión del Con sejo de los días 27 y 28 de noviembre de 2001.2 
 
_______________  
 
 
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA 
 Es para mí un honor y un privilegio dirigirm e al Consejo de los ADPIC en ocasión de esta 
importante reunión dedicada al examen de la legi slación de algunos países Miembros de la OMC, 
entre ellos Túnez.   En primer término, deseo reiterar la importancia que mi país atribuye a este ejercicio;  la 
presencia de nuestra importante delegación testim onia la adhesión de Túnez al sistema comercial 
multilateral y a sus normas.   Asimismo, deseo agradecer a todas las delegaciones de los países Miembros su presencia en esta reunión del Consejo de los ADPIC, que demuestra su  interés por la legislac ión de mi país en esta 
materia, así como a las delegaciones que han hec ho preguntas muy pertinentes a las que Túnez espera 
haber respondido en forma satisfactoria.   Presentamos excusas a las delegaciones que hayan considerado incompletas nuestras respuestas a sus preguntas.  Al tiempo que agrad ezco su participación, deseo asegurarles que les 
facilitaremos respuestas completas lo antes posible. 
 
 Túnez posee un rico historial en lo que se refier e a la protección de los derechos de propiedad 
intelectual.  
                                                     
 
1 En referencia a las leyes y reglamentos pertinentes notificados por Túnez de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, véanse los documentos IP/N/1/TUN/1;  IP/N/TUN/2 y 
Add.1;  IP/N/1/TUN/D/1 a 3;  IP/N/1/TUN/E/1 a 3;  IP/N/1/TUN/G/1;  IP/N/1/TUN/L/1 a 3;  IP/N/1/TUN/P/1 
a 6, y IP/N/1/TUN/T/1 a 3. 
 
2 El acta de esta reunión figur a en el documento IP/C/M/34. 
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  En Túnez, la protección de los derechos de propiedad industrial se remonta al Convenio de 
París de 20 de marzo de 1883, del que mi país es miembro fundador junto con varios otros.  Esta 
legislación establece en particular las normas general es de la protección de las patentes de invención, 
las marcas de fábrica, de comercio y de ser vicios y los dibujos y modelos industriales. 
 
 En lo que respecta a los derechos de autor, cabe recordar que Túnez es uno de los 10 países 
fundadores del Convenio de Berna de 1886, y que su scribió la Convención Universal sobre Derecho 
de Autor en 1969 y la Convención de Brazaville para  la protección de las expresiones del folklore, 
de 1963. 
 
 En el plano nacional, se han promulgado una  serie de leyes que constituyen un importante 
arsenal jurídico de protección del derecho de autor.   La ley más reciente, de fecha 24 de febrero 
de 1994, constituye un punto de inflexión en la historia de la protección de los derechos de autor. 
 
 En efecto, además de las esferas tradicionales que gozan de protección, como las obras 
cinematográficas, la producción literaria, las com posiciones musicales, las obras fotográficas, etc., 
ahora también están protegidos los soportes lógicos.   Dicha ley confiere al autor el derecho exclus ivo a autorizar la utilización de su obra y prevé 
medidas preventivas y correctivas contra los infract ores, que van desde sanciones pecuniarias hasta 
penas de prisión. 
  Esta misma ley asegura la protección de los diversos derechos de propiedad literaria y 
artística previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC y garantiza el respeto al principio fundamental del 
trato nacional. 
 
 Por otra parte, gracias a esta ley se ha establ ecido un sistema de gestión colectiva de los 
derechos de autor.  En efecto, en 1968 se creó  la primera institución tunecina autónoma que 
representa a los intereses de los autores nacionales y ex tranjeros;  se trata de la Sociedad de Autores y 
Compositores de Túnez (SODACT) que fue reemplazada por la Oficina Africana de Derechos de Autor que, a su vez, fue sustituida en febrero de 1994 por el Organismo Tunecino de Protección de los 
Derechos de Autor (OTPDA). 
  Recién creado, ese Organismo elaboró un plan de acción que permite actuar y proteger mejor los derechos de autor, mediante la organización de  programas de cooperación y la concertación de 
acuerdos de representación recíproca con varias so ciedades de gestión de derechos de autor. 
 
 A raíz de la conclusión del Acuerdo por el  que se establece la Organización Mundial del 
Comercio y, en especial, del Acuerdo sobre los Asp ectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio, la propiedad intel ectual ha adquirido mayor importancia en el mundo 
de la empresa y en los mercados mundiales.  
 En consecuencia, y con miras a armonizar la legislación nacional con ese nuevo Acuerdo, se 
ha hecho un esfuerzo para respetar los co mpromisos suscritos por Túnez en esa esfera. 
  Por ello, tras haber sido adoptado por el Consej o de Ministros y el Consejo Constitucional, se 
ha presentado un proyecto de ley a la Cámara de Di putados que será aprobado en los próximos días. 
 
 El objeto fundamental de ese texto consiste, por una parte, en adaptar las disposiciones de la 
Ley Nº 94-36 relativas a los derechos de autor a las del Acuerdo sobre los ADPIC y al Tratado de 
la OMPI de diciembre de 1996, y, por otra parte, en introducir en esta ley especial las disposiciones  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 relativas a los derechos conexos de conformidad c on el Acuerdo sobre los ADPIC, la Convención de 
Roma y el Tratado de la OMPI de diciembre de 1996.   Permítanme ahora exponer algunos breves antece dentes de las nuevas leyes aprobadas por 
Túnez de conformidad con sus obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC. 
  En lo que se refiere a la protección de las pate ntes de invención, la Ley Nº 2000-84 de 24 de 
agosto de 2000 ha hecho extensiva la patentabilidad de las invenciones a todos los sectores de la 
tecnología, tales como los medicamentos y los productos químicos para 1a agricultura;  con 
anterioridad estos sectores estaban excluidos del ámbi to de las invenciones patentables en la mayoría 
de los países en desarro llo, entre ellos Túnez. 
  La mencionada ley ha impuesto una innovación  en el procedimiento de concesión de las 
patentes al prever un examen del fondo de la solicit ud de patente, además de l examen de la forma. 
 
 Por otra parte, la ley ha instituido un sistem a de licencias contractuales libremente convenidas 
entre las partes.  Asimismo, se ha previsto un sistema de licencias obligatorias si lo exige el interés de 
la salud pública, y de conformidad con lo s criterios del Acuerdo sobre los ADPIC. 
  Con respecto a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, la Ley 
Nº 2001-20 de 6 de febrero de 2001 ha establecido, por primera vez en Túnez, un instrumento jurídico 
que permite la protección de las creaciones e innovaciones en la esfera de la electrónica y las tecnologías de la información, como los chips y los componentes semiconductores. 
  En el sector de los dibujos y modelos industr iales, la Ley Nº 2001-21, de 6 de febrero 
de 2001, aportó novedades en cuanto al tipo de  protección previsto cuando un objeto presenta 
características nuevas en los planos técnico y ornamental simultáneamente. 
  Si los elementos constitutivos de la nove dad del dibujo o del modelo industrial son 
inseparables de los de la invención, el objeto co rrespondiente queda protegid o de conformidad con las 
disposiciones relativas a las patentes de invención. 
 
 En cuanto a la protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, la Ley 
Nº 2001-36, de 17 de abril de 2001, ha disociado la fase de la solicitud de la fase del registro, 
mediante el establecimiento de un sistema de oposición al registro de una marca. 
 
 La referida ley consagra tamb ién la obligación de usar la marc a.  En lo sucesivo, la marca 
registrada deberá destinarse a la explotación de al  menos uno de los productos o servicios indicados 
en el registro.   Esa misma ley prohíbe toda reproducción, cualqui era sea la forma que revista, de una marca 
protegida. 
 
 Por último, el ordenamiento jurídico inte rno también protege las indicaciones geográficas, 
que en Túnez se rigen por la Ley de 28 de junio de 1999.   Puedo agregar con agrado que en todos esos textos se prevén medidas en frontera con la 
finalidad de impedir la importación de productos falsificados y luchar contra la circulación de estas 
mercancías en el territorio tunecino.   Esas medidas ofrecen un estímulo con miras a crear un clima atractivo para las inversiones de los operadores económicos extranjeros en nuestro país. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 Asimismo, y con el propósito de velar por los der echos de propiedad intelectual, la legislación 
tunecina contempla acciones judiciales que comp renden sanciones civiles y penales contra las 
personas que infrinjan esos derechos. 
 
 En efecto, cualquier infracción de esos der echos da lugar a una acción civil destinada a 
obtener el resarcimiento del daño sufrido.   El tribunal también puede ordenar el decomiso y la destrucción de los objetos falsificados, así 
como de los accesorios utilizados para cometer la falsificación. 
  Además, cualquier infracción deliberada contra los derechos de los propietarios de una marca, de una patente de invención, de  un dibujo o modelo industrial o de un esquema de trazado será 
sancionada con una multa de un máximo de 50.000 dinares. 
 
 En caso de reincidencia, la multa podrá multip licarse por dos, sin perjuicio de la pena de 
prisión.   Para finalizar, permítanme referir las principa les acciones emprendidas por nuestro país en el 
marco de la aplicación de las dispos iciones del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 
 Se han realizado varias actividades de sen sibilización y de divulgación con diversos 
interlocutores, entre ellos el poder judicial, el cuer po de aduanas, los especialistas del Ministerio de 
Salud Pública y todos los actores económicos competentes.  
 De igual modo, cabe señalar que en el año académico de 1999-2000 se creó un diploma de 
estudios superiores especializados en propiedad in telectual a fin de capacitar, todos los años, un 
núcleo de especialistas en la materia.   Por otra parte, con objeto de facilitar la presentación de solicitudes de patentes a nivel 
internacional y habida cuenta de nuestras obligaci ones con nuestros interlocutores extranjeros, el 
10 de septiembre de 2001 Túnez se adhirió al Tr atado de Cooperación en materia de Patentes. 
  Procede observar también que, en la actualidad , nuestro país está preparando su adhesión al 
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento In ternacional del Depósito de Microorganismos a los 
fines del Procedimiento en Materia de Patentes. 
 
 Desearía insistir, en particular, en el hec ho de que Túnez es plenamente consciente de la 
importancia que reviste una legislación de la propied ad intelectual moderna y eficaz para el desarrollo 
económico.   Por esa razón, Túnez no ha escatimado esfuerzos  para elaborar un nuevo marco jurídico que 
adopta, como ámbito de referencia, las dispos iciones del Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC. 
  De este modo, Túnez trabajará con el propósito de reunir todas las condiciones necesarias para la aplicación integral y efectiva de esa legislación, en la esfera tanto reglamentaria como institucional. 
 
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ 
 
1. Sírvanse indicar cómo se han cumplido las obligaciones relativas a los medios de hacer 
respetar los derechos de propiedad intelectual (a rtículos 41 a 46 del Acuerdo sobre los ADPIC).  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 En Túnez la propiedad intelectual, en su asp ecto de propiedad literaria y artística (derecho de 
autor y derechos conexos), queda protegida mediante: 
 
 - los tratados internacionales legalmente ratificados, en virtud del artículo 32 de la 
Constitución, que son de rango superior a la  ley (los acuerdos de la Ronda Uruguay 
(ADPIC), el Convenio de Berna, etc); 
  - el derecho común:  la legislación ge neral, tanto civil como penal (Código de 
Obligaciones y Contratos, Código de Comercio , Ley relativa a la competencia y a los 
precios, Código de Enjuiciamiento Cr iminal, Código de Aduanas, etc); 
  - la legislación especial ( sui generis );  en este caso, la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero 
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística (derecho de autor) y los textos 
adoptados para su aplicación,  en particular el Decreto Nº 96-2230 de 11 de noviembre 
de 1996, relativo a la organización admini strativa y financiera del Organismo de 
Protección de los Derechos de Autor de Túnez y a sus modalidades de funcionamiento. 
  Cabe destacar que existe un proyecto de ley que se encuentra actualmente en la Cámara de 
Diputados, tras haber sido adoptado por el Consejo de Ministros y el Consejo Constitucional.  El 
objetivo esencial de este texto es adaptar las dispos iciones de la Ley Nº 94-36 antes mencionada, 
relativas a los derechos de autor, a las del Acuer do sobre los ADPIC y del Tratado de la OMPI de 
diciembre de 1996, por un lado, e introducir en esta Ley especial las disposiciones relativas a los derechos conexos de conf ormidad con lo estipulado en el Ac uerdo sobre los ADPIC, la Convención 
de Roma y el Tratado de la OMPI  de diciembre de 1996, por otro. 
  Por lo que se refiere a la observancia de los de rechos de conformidad c on lo dispuesto en la 
tercera parte del Acuerdo sobre los ADPIC, la le gislación de Túnez establece procedimientos de 
observancia de los derechos de autor y los dere chos conexos que permiten la adopc ión de medidas 
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos. 
 
Artículo 42
 
  De esta manera, y de conformidad con lo di spuesto en el artículo 42 del Acuerdo sobre 
los ADPIC, relativo a los procedimientos justos y equitativos: 
 
 1) Se autoriza a las partes a estar representadas por un abogado independiente.  Además, "el concurso de abogado resulta obligatorio ante el tribunal de primera instancia.  El bufete del 
abogado se considera como el domicilio fijado por el cliente por lo que se refiere al grado de 
jurisdicción de que se ocupa" (artículo 68 del Código de Procedimiento Civil y Comercial). 
 
 2) Los demandados tienen derecho a recibi r aviso por escrito en tiempo oportuno, con 
inclusión del fundamento de la r eclamación.  En el artículo 70 de l Código de Procedimiento Civil y 
Comercial se prevé lo siguiente:  "la demanda introductoria de instancia debe contener el nombre, apellido, profesión, domicilio y legitimación de todas las partes, así como la relación de los hechos ...  Debe además contener la invitación formulada al  demandado para que presente sus conclusiones en 
réplica". 
  3) En la legislación de Túnez existe un pr ocedimiento para identificar y proteger la 
información confidencial.  En efecto,  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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  - En el artículo 253 del Código Penal se prevé lo siguiente:  "Quien, sin estar 
autorizado a ello, divulgare el contenido de  una carta, de un telegrama o de cualquier 
otro documento que perteneciere a otra pers ona, será castigado con pe na de prisión de 
una duración de tres meses." 
 
 - En el artículo 254 del Código Penal se estipul a lo siguiente:  "los médicos, cirujanos y 
otros funcionarios de sanidad, así co mo los farmacéuticos, las comadronas, y 
cualesquiera otras personas depositarias, por su situación o profesión, de secretos que 
les fueren confiados, que, fuera de los ca sos en los cuales la ley les obligare u 
autorizare a formular denuncias, hubieren revelado dichos secretos, serán castigados 
con pena de prisión de seis meses de duración y multa ...". 
  Los diferentes estatutos generales del pers onal del sector público han sometido a éste a la 
obligación del secreto y la discreción profesional;  cabe mencionar los siguientes: 
 
 - el estatuto general del personal del Esta do, de las colectividades públicas locales y de 
los establecimientos públicos administrativos; 
  - el estatuto general de los funcionarios  de los organismos paraestatales, de los 
establecimientos públicos industriales y come rciales y de las sociedades cuyo capital 
pertenece directamente por completo al  Estado o a las colectividades públicas; 
  - el estatuto general de los magistrados;   - el estatuto general del personal de aduanas; 
 
 - el estatuto general del personal de las fuerzas de seguridad interior.   Además, en el artículo 168 del Código de Tr abajo se estipula que "los miembros de la 
Comisión consultiva de empresa y los delegados de  personal quedan obligados al secreto profesional 
con respecto a toda la información de  carácter confidencial de que te ngan conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones y con respecto a todas las cues tiones relacionadas con los procedimientos de 
fabricación.  En caso de infracción, quedan sujetos a las sanciones previstas en los artículos 138 y 254 
del Código Penal".   En el artículo 138 del Código Penal se prevé "ade más de la multa, una pe na de prisión de dos 
años de duración para el direct or, empleado u obrero de una fábri ca que revelare o comunicare los 
secretos de fabricación de la misma;  la  tentativa resulta igualmente punible". 
 Artículo 43
 
  La legislación de Túnez, de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo sobre 
los ADPIC por lo que se refiere a las pruebas, facu lta a las autoridades judiciales para ordenar a una 
de las partes en el procedimiento, a solicitud de la  parte contraria, que apor te pruebas que se hallen 
bajo su control.   En virtud de los artículos 213 a 223 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, el 
presidente del tribunal está facultado para emitir, prev ia petición, providencias dirigidas a una u otra 
de las partes en el procedimiento con el fin de perm itir la salvaguardia de los derechos e intereses que 
no se pueden dejar sin protección.  En caso de extrema urgencia, el juez puede resolver en su domicilio sobre las peticiones que le sean presentadas.   IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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  La ejecución de las providencias así dictad as no está subordinada a la estampación del sello 
del tribunal ni a la inscripción en el registro ad hoc .  Estas formalidades se cumplirán ulteriormente. 
  Las providencias a petición de parte quedan disp ensadas de la formalidad de registro;  los 
fedatarios-notarios las ejecutan inmediatamente. 
  La petición de revocación de la providenci a no suspende su ejecución.  En virtud del 
artículo 101 del mismo Código, "si resultare necesar io proceder a un peritaje y no existiere acuerdo 
entre las partes sobre la elección del perito, será designado por el juez". 
 
Artículo 44
 
  Por lo que se refiere al artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a los mandamientos judiciales, la legislación de Túnez prevé que las autoridades judiciales están facultadas para 
pronunciar diferentes tipos de decisiones, a saber, las providencias de urgencia, el mandamiento de 
pago y la sentencia definitiva u otra sentencia.   Conforme al artículo 86 del C ódigo de Procedimiento Civil y Co mercial, "el tribunal puede, si 
lo estima necesario, hacer que el juez ponente proced a a adoptar cualquier diligencia de instrucción, 
como la indagatoria, la inspección ocular, el peritaje , la tacha de falsedad o cualquier otra diligencia 
que resulte útil para la manifestación de la verdad". 
  Puede, en la vista y en presencia de las partes,  fijar la fecha para la diligencia de instrucción 
prescrita, precisando el día y la hora de la compar ecencia de las partes en el despacho del juez ponente 
o en el lugar del litigio o en cualquier otro lugar. 
 
 En el artículo 225 del mismo Código se estipula que "de todas formas, el tribunal puede ordenar de oficio la intervención de un tercero en  el procedimiento, cuando considere que la presencia 
de este último resulta indispensable  para la apreciación del litigio".  Si resultare necesario proceder a 
un peritaje y no existiere acuerdo entre las partes sobre la elección del perito, será designado por el 
juez. 
 
El procedimiento de urgencia
 
  En virtud del artículo 201 del Código de Pro cedimiento Civil y Comercial:  "En todos los 
casos de urgencia, se resolverá mediante el proced imiento de urgencia de manera precautoria y sin 
prejuzgar en cuanto a lo principal."  "Resuelven en urgencia el Presidente del tribunal de primera 
instancia o la persona en quien éste delegare, así co mo el juez cantonal en lo s casos en los que la ley 
le otorgare competencia" (artículo 202 del Código de Procedimiento Civil y Comercial). 
  "Las providencias de urgencia se hacen ejecutorias transcurridas 24 horas desde su 
notificación personal, excepto cuando el ju ez hubiere concedido un plazo de gracia." 
 
 La ejecución se lleva a cabo sin garantía si el juez no ha ordenado que se constituya una 
(artículo 207 del Código de Pro cedimiento Civil y Comercial). 
 La orden de pago
 
 
 En virtud del artículo 59 del Código de Pro cedimiento Civil y Comercial, toda demanda de 
pago de crédito puede transmitirse según el pro cedimiento de orden de pago cuando ésta, con 
independencia de su naturaleza, sea de una cu antía determinada y tenga una causa contractual. 
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 La sentencia
 
  La sentencia no tiene carácter definitivo si es ap elable.  No obstante, siempre puede ordenarse 
su cumplimiento provisional, con o sin depósito de fianza, según las circunstancias de la causa 
(artículos 126 y 286 del Código de Procedimiento Civil y Comercial). 
  Para la ejecución de las sentencias:   El fedatario-notario puede: 
 
 - penetrar en el lugar donde deba llevars e a cabo la ejecución de la sentencia, colocar 
un guarda en las puertas para impedir la apr opiación indebida, exigir al instante la 
ayuda del jefe del puesto de policía o de la guardia nacional en cuya presencia se 
procederá a la apertura de las puertas ...  así como de los muebles ...; 
 
 - proceder a una ejecución por embargo de bienes muebles con respecto a los bienes de 
la parte vencida en juicio. 
  El tribunal puede:  
 - ordenar la publicación parcial o completa de la sentencia a expensas de la parte 
vencida en juicio. 
 La sentencia definitiva
 
 
 La sentencia definitiva pone término a la acci ón al resolver la cuestión que ha sido objeto del 
proceso.  Artículo 45
 
  Con respecto al resarcimiento previsto en el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, las 
disposiciones de los artículos 82 y 83 del Código de Obligaciones y Contrato s obligan al autor de 
cualquier daño material o moral causado a tercero,  a sabiendas o voluntariamente, a reparar dicho 
daño, cuando quede establecido que este hecho constituye la causa directa del mismo.   De manera similar, en el artículo 51 de la Le y Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la 
propiedad literaria y artística, se prevé que "quien hubier e infringido el derecho de autor previsto en la 
presente Ley, quedará obligado a abonar al titu lar de dicho derecho un resarcimiento por los 
perjuicios materiales y morales que le hubieren si do causados, y cuyo importe será determinado por la 
jurisdicción competente".  El proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 indicada ha 
ampliado estas mismas disposici ones a los derechos conexos. 
 
Artículo 46
 
  En cuanto a los otros recursos  previstos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, cabe 
mencionar lo siguiente:  
 Por lo que se refiere a las diligencias cautelares
: 
  1) El Código de Procedimiento Penal faculta  al juez de instrucción y en determinados 
casos a los agentes de la policía judicial a llevar a cabo:   IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 • registros
 en todos los lugares donde puedan en contrarse objetos cuyo descubrimiento 
fuere necesario para la manifestación de la verdad; 
• confiscaciones  de documentos o efectos que puedan ser vir para la manifestación de la 
verdad ...; 
• peritajes , cuando lo exijan las circunstancias para proceder a comprobaciones de 
carácter técnico ...;  se concede un plazo a lo s peritos para presentar sus informes ...; 
• el Código de Procedimiento Civil y Comercial autoriza a cualquier persona que 
justifique un interés legítimo para obrar a solicitar al tribunal que ordene cualesquiera 
medidas que sirvan para salvaguardar los derechos e intereses que no deben dejarse 
sin protección ... 
 2) El artículo 55 de la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad 
literaria y artística, autoriza a la jurisdicción compet ente a ordenar de oficio o a petición de parte la 
confiscación o la destrucción de las copias fraudulentas y el cierre temporal o definitivo del 
establecimiento donde se hubiere grabado el objeto de la infracción.   El propietario del establecimiento donde se hubiera cometido la infracción será considerado responsable solidario del autor principal de la  infracción para la reparación de perjuicios. 
 
Artículo 47
 
  Por lo que se refiere al derecho de informaci ón previsto en el artículo 47 del Acuerdo sobre 
los ADPIC, y con motivo de un procedimiento penal,  la autoridad judicial y sus auxiliares están 
facultados para solicitar al acusado cualquier información o precisión referente a sus cómplices, los 
beneficiarios del acto objeto de acusación, así como sobre el destino de los objetos a los que se refiere 
el acto delictivo.  Evidentemente, el acusado goza de l derecho a mantener silencio y puede abstenerse 
de responder a cualquiera de las preguntas, pero el  juez penal tomará en consideración este silencio 
para la apreciación de la pena que ha de imponer. 
  Los datos establecidos como resultado de la i ndagatoria penal sirven de elementos de apoyo 
para la acción civil, ya se entable ésta de manera  independiente de la acción penal o de manera 
concomitante . 
 Artículo 48
 
 
 En cuanto a la indemnización al demandado me ncionada en el artícul o 48 del Acuerdo sobre 
los ADPIC, el derecho común (el Código de Obli gaciones y Contratos) autoriza en general la 
reparación de los perjuicios morales y materiales sufridos y se puede incoar un procedimiento para 
solicitar la reparación del perjuicio causado por una  acción que constituya abuso y sea injustificada. 
  Los funcionarios de la administración que cometieren abusos y faltas profesionales quedan 
sujetos, en virtud de sus estatutos, a sanciones administrativas y pueden ser perseguidos en justicia 
civil e incluso penalmente, según la na turaleza de la falta y su grado. 
  En el artículo 50-4 del proyecto de ley que m odifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, se prevé que "a reserva del cumplim iento de todas las formalidades aduaneras, queda 
anulada de pleno derecho la medida consistente en la retención de los productos, si el autor titular de IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 los derechos conexos o su representa nte no han justificado a los servicios de aduanas, en el plazo de 
10 días contados desde la notificación de la retención de los productos:  
• La consignación de un depósito de fianza su ficiente para cubrir su responsabilidad 
con respecto a las personas concernidas, en el caso de que quedase establecido 
posteriormente que los productos objeto de litigio no infringen el derecho de autor o 
los derechos conexos .  Es el tribunal competente quien fija este depósito de fianza. 
  Igualmente, en último párrafo del artículo 54 (nuevo) del mismo proyecto de ley, se prevé 
que:  "las actas de comprobación y de confiscación se remiten en un plazo de siete días al Fiscal, 
quien las transmite al tribunal competente para resolver sobre la aprobación o anulación de la 
confiscación en un plazo que no debe exceder de un mes, contado desde la fecha en que se hubiere 
realizado la confiscación.   En caso de que el tribunal no resuelva sobr e la confiscación en los plazos prescritos, la 
confiscación queda anulada de pleno derecho". 
 Artículo 49
 
  Por lo que se refiere a los procedimientos ad ministrativos mencionados en el artículo 49 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, en la legislación de Túnez no se han previsto procedimientos 
administrativos referentes al fondo de un caso.  La s autoridades judiciales son las únicas facultadas 
para tratar de la cuestión.  Artículo 50
 
 
 Por lo que se refiere a las medidas provisionales mencionadas en el artículo 50 del Acuerdo 
sobre los ADPIC (la legislación general), el derecho común faculta para actuar mediante el procedimiento de urgencia y las providencias a pe tición de parte, como se ha indicado, a fin de 
adoptar las medidas provisionales adecuadas.   En el artículo 54-1 del proyecto de ley que m odifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, se prevé que "el titular del derecho o su 
representante pueden, a título preventivo y en virt ud de una providencia a pe tición de parte dictada 
por el Presidente del tribunal competente, hacer que el fedatario-notario, ayudado por un perito, 
proceda a la descripción pormenorizada, con o sin confiscación real, de los productos supuestamente 
falsificados y que supongan una vi olación de los derechos de auto r o de los derechos conexos". 
 
 Estas medidas pueden ordenarse "en todos los casos de urgencia de manera precautoria y sin 
prejuzgar en cuanto a lo principal" (artículo 2 01 del Código de Procedimiento Civil y Comercial). 
 Artículos 51-60
 
 
 Por lo que se refiere a las prescripciones especi ales relacionadas con las medidas en frontera 
mencionadas en los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC, además del Código de Aduanas 
que protege las fronteras contra toda infracción de la propiedad intelectual, y el artículo 50 de la Ley 
Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la pr opiedad literaria y artísti ca, que prohíbe importar 
obras que infrinjan el derecho de autor, en los ar tículos 50-1 a 50-5 del proyecto de ley que modifica y 
completa la Ley Nº 94-36, relativa a la propiedad  literaria y artística, se prevén disposiciones 
conformes a los requisitos estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC.   IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 11 
 
 
  1. Así, en el artículo 50-1 del proyecto de  ley se prevé que:  "los servicios de aduanas 
pueden dejar en suspenso los procedimientos de d espacho de aduanas relativos a los productos para 
los cuales existen pruebas manifiestas de infracción de l derecho de autor y los derechos conexos.  Los 
servicios de aduanas pueden solicitar al autor y a los titulares de los derechos conexos o a su 
representante cualquier información que pudiera ayud arles en el ejercicio de su autoridad". 
  2. En cuanto a los procedimientos relativos  a la suspensión del despacho de aduana de 
las mercancías por las autoridades aduaneras, en el párrafo 2 del artículo 50-1 se estipula que "los 
servicios de aduanas informan en un plazo breve al autor o a los titulares de los derechos conexos o a 
su representante de esta suspensión;  en un plaz o de siete días a contar desde la fecha de la 
notificación estos últimos deben presentar la demanda prevista en el artículo 50-2". 
  En el artículo 50-3 del mismo proyecto se pr evé lo siguiente:  "los servicios de aduanas 
informan inmediatamente de la retención al auto r o a los titulares de los derechos conexos o a su 
representante, así como al propietario, al importador o al destinatario, concediéndoles la posibilidad 
de examinar esos productos retenidos de conformida d con lo dispuesto en el Código de Aduanas.  
Mediando una providencia a petición de parte y con el fin de perm itir al autor y a los titulares de los 
derechos conexos o a su representante incoar un pr ocedimiento judicial, los servicios de aduanas 
quedan obligados a informarles de los nombres y direcciones del propietario, el importador o el 
destinatario, si se conoce". 
 
 Por último, en el artículo 50-5 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36, de 24 de febrero de 1994, se estipula que "el propi etario, el importador o el destinatario pueden 
obtener del tribunal la anulación de la retenci ón de los productos objeto de litigio consignando un 
depósito de fianza suficiente para proteger los inte reses del autor o de los titulares de los derechos 
conexos, a condición de que: 
  - los servicios de aduanas hayan sido informados en el plazo contemplado en el 
artículo 50-4 de la presente Ley del derec ho que asiste al tribunal competente para 
resolver sobre el fondo; 
 
 - al vencimiento de este plazo, el tri bunal competente no haya acordado diligencias 
cautelares; 
  - se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras.  
 3. Por lo que se refiere a la duración efectiva de los procedimientos de aduanas, en el 
artículo 50-4 del proyecto de ley que modifica y comp leta la Ley Nº 94-36 de  24 de febrero de 1994, 
relativa a la propiedad literaria y artística, se estipula que:   "A reserva del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, queda anulada de pleno derecho la medida cons istente en la retención de los productos, si el autor, los titulares de los derechos 
conexos o su representante no han justificado a los servicios de aduanas, en el plazo de 10 días 
contados desde la notificación de la retención de los productos: 
  - o bien la existencia de medidas cautelares adecuadas adoptadas por el tribunal 
competente; 
 
 - o bien la incoación de acciones civiles o penales;   - o bien la consignación de un depósito  de fianza suficiente para cubrir su 
responsabilidad con respecto a las personas c oncernidas, en el caso de que quedase IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 12 
 
 
 establecido posteriormente que los productos objeto de litigio no infringen el derecho 
de autor o los derechos conexos .  Es el tribunal competente  quien fija este depósito de 
fianza. 
 
 En los casos adecuados, el tribunal competente puede prorrogar 10 días como máximo el 
plazo mencionado en el primer párrafo del presente artículo.   La retención de los productos adoptada en vi rtud del artículo 50-1 también queda anulada de 
pleno derecho si el autor titular de los derec hos conexos o su represen tante no han presentado la 
demanda indicada en el presente artículo en un plazo de siete días contados a partir de la fecha de la 
notificación por parte de los servicios de aduanas."   Los servicios de aduanas pueden suspender por  su propia iniciativa los procedimientos de 
despacho de aduanas relativos a los productos pa ra los cuales existan pruebas manifiestas de 
infracción de los derechos de autor o los derech os conexos (artículo 50-1 del proyecto de ley 
indicado).  Artículo 61
 
  Por lo que se refiere a los procedimientos pe nales previstos en el artículo 61 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, junto a la reparación de perjuicios  en el ámbito civil, en el artículo 52 de la 
Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994 se prevé una  multa de 50 a 5.000 dinares, que se duplica en 
caso de reincidencia, con la posibilidad de  pena de prisión de uno a seis meses. 
  El artículo 52 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística ha agravado la multa y la ha fijado 
en 1.000-50.000 dinares.   Esta multa se duplicará en caso de reincidencia , y la posibilidad de la pena de prisión se ha 
fijado en 1-12 meses.  
 Estas sanciones pueden ir acompañadas del decomiso de los bienes objeto de la infracción, de 
su destrucción y del cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se haya cometido la infracción. 
 Por lo que se refiere a las autoridades públi cas encargadas de comprobar las infracciones y de 
incoar el procedimiento penal, en el primer pá rrafo del nuevo artículo 54 del proyecto de ley que 
modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de fe brero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística, se estipula lo siguiente:  "la comprobación de las infracciones a la presente Ley, así como la redacción de los atestados confiados a las autoridad es de la policía judicial y a los funcionarios 
jurados del Ministerio de Cultu ra habilitados a tal fin ...". 
 El nuevo artículo 54 del proyecto de ley que  modifica y completa la Ley Nº 94-36 ha 
ampliado estas mismas prerrogativas a los funcionari os de aduanas, de c ontrol económico y de la 
regulación municipal. 
 Las autoridades públicas pueden incoar los procedimientos penales por su propia iniciativa.  
Así, en los párrafos 2 y 3 del nuevo artículo 54 de l proyecto de ley que modifica y completa la 
Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, se estipula lo 
siguiente:  "los funcionarios mencionados pue den confiscar los documentos necesarios y tomar 
muestras de los productos falsificados en función de las necesidades de la indagatoria y con el fin de 
probar la infracción, extendiendo un resguardo.  Pueden igualmente, con carácter preventivo,  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 13 
 
 
 confiscar los productos de los que se sospeche que s on una falsificación y que no resulten conformes a 
las normas en vigor". 
2. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su 
país?  
 Con arreglo a lo dispuesto en el último párra fo del nuevo artículo 56 del proyecto de ley que 
modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de fe brero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística "las disposiciones de la presente Ley, re lativa al derecho de autor, son de aplicación a las 
obras que tienen derecho a la protección en virtud de un convenio internacional en el cual sea parte el 
Estado de Túnez";  téngase en cuenta que en el artículo 32 de la Constitución de Túnez se prevé que 
los convenios legalmente ratificados  ocupan un rango superior a las leyes nacionales en la jerarquía 
normativa, siempre que sean aplicados por la otra parte (principio de reciprocidad). 
 Túnez ratificó los Acuerdos de la Ronda Urugua y mediante la Ley Nº 95-6 de 23 de febrero 
de 1995.  De esta manera, las dispos iciones de esta Ley benefician a los nacionales de todos los países 
Miembros. 
III. RESPUESTAS DE TÚNEZ A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS 
A. D
ISPOSICIONES GENERALES  
1. Se ruega explicar si su legislación incluy e medidas necesarias pa ra proteger la salud 
pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de 
importancia vital para su desarrollo socioeco nómico y tecnológico, de conformidad con el 
artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC .  En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas son 
conformes a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  
 De conformidad con lo dispuesto en el artíc ulo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y con miras a 
proteger la salud pública y la nutrición, y promover el interés público, el capítulo XI de la Ley N° 2000-84 de 24 de agosto de 2000 relativa a la s patentes de invención ha previsto el régimen de 
licencias de oficio. 
 En efecto, a tenor del párrafo 4 del artículo 78 de la citada Ley, "si el interés de la salud 
pública lo exigiere, las patentes concedidas en rel ación con medicamentos y productos necesarios para 
su elaboración, o con procedimientos de fabricaci ón de medicamentos, podrán  someterse, a petición 
del Ministro encargado de la salud pública y previo decreto del Ministro de Industria, al régimen de 
licencias de oficio en caso de que el público sólo  disponga de medicamentos en cantidad o de calidad 
insuficientes, o a precios anormalmente elevados". 
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  
2. Se ruega indicar cómo su legislación estipula la protección de los derechos exclusivos de 
los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del 
Acuerdo sobre los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del 
Convenio de Berna y el apéndice del mismo (1971).  
 La legislación tunecina protege los derechos exclusivos de los autores sobre sus obras 
literarias y artísticas.  Por ejemplo, la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad 
literaria y artística, consagra derechos patrimoniales y morales. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 14 
 
 
  En cuanto a los derechos patrimoniales, el artículo 2 de la Ley N°  94-36 de 24 de febrero 
de 1994 prevé que:  "El derecho de autor comprende el derecho exclusivo a realizar o autorizar que se 
realice cualquiera de los actos siguientes: 
 a) Reproducir la obra en cualquier forma material, con inclusión del fonograma, el 
medio audiovisual y otras formas. 
 b) Comunicar la obra al público por todos los medios y en particular a través de 
representaciones públicas, tales como las que  se efectúan en hoteles y restaurantes 
mediante: 
  - medios de difusión de obras grabadas; 
  - medios de radiodifusión; 
  - la transmisión por cable o por satélite.  c) Comunicar al público la obra radiodifundida :   - por medios alámbricos, por altoparl ante o por cualquier otro instrumento 
transmisor de signos, sonidos o imágenes. 
 d) Hacer cualquier traducción o adaptación de la obra." 
 Este artículo será modificado y completado c on el fin de aclarar más algunos conceptos y 
adaptarlo mejor a la evolución del derecho de auto r y, en especial, al Tratado de la OMPI sobre 
Derecho de Autor (WCT), de diciembre de 1996, y al Acuerdo sobre los ADPIC. 
 El proyecto de ley que modifica y completa la  Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994 prevé 
en su artículo 9-1 que "los derechos patrimoniales  del autor son los derechos exclusivos que se le 
reconocen para explotar su obra o autorizar su e xplotación por un tercero, mediante la realización de 
cualquiera de los actos siguientes: 
 a) Reproducir la obra mediante toda clase de procedimientos y en particular mediante la 
imprenta, el dibujo, la grabación sonora o audiovisual en banda magnética, discos, 
discos compactos o mediante cualquier sistema informático o de otra índole. 
 b) Comunicar la obra mediante toda clase de procedimientos y en particular mediante: 
  - la representación en lugares públicos como hoteles, restaurantes, medios de 
transporte terrestre, marítimo y aéreo, así como festivales y salas de espectáculos; 
  - la representación dramática o ejecución pública;   - medios de difusión por medios alám bricos o inalámbricos de obras grabadas; 
  - los medios de transmisión y recepción de radiodifusión y otros;  altoparlantes 
y todos los demás instrumentos transm isores de signos, sonidos o imágenes;  
satélites, cables, redes informátic as o por otros medios similares.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 15 
 
 
  c) Cualquier forma de explotación material de la obra en general, con inclusión del 
arrendamiento del original y sus copias. 
 d) La traducción, adaptación, arreglo y de más transformaciones de la obra consideradas 
como obras derivadas en virtud de la presente Ley. 
 En lo que se refiere a los derechos morales, el  artículo 9 de la Ley N° 94-36 de 24 de febrero 
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artísti ca, dispone que los der echos morales del autor 
comprenden en particular: 
 a) el derecho de paternidad de la obra; 
 b) el derecho a conservar el anonimato; 
 c) el derecho a adoptar un seudónimo; 
 d) el derecho a oponerse a cualquier modificación, deformación o mutilación de la obra;  e) el derecho a presentar su obra al público por cualquier medio;  f) el derecho a retirar su obra de la circulación." 
 Las disposiciones del citado artículo serán enme ndadas en el proyecto de ley que modifica y 
completa la Ley N° 94-36, de 24 de febrero de 1994,  relativa a la propiedad literaria y artística, a fin 
de aportar más precisiones sobre algunas cuestiones de carácter práctico, como las siguientes: 
 - la indicación del nombre del autor de conf ormidad con las prácticas usuales cada vez 
que la obra se comunique al público y en  cualquier ejemplar que reproduzca el 
contenido de la obra sobre una base material; 
 - la exigencia del consentimiento escr ito del autor para efectuar cualquier 
modificación, añadido, transformación o mutilación en una obra o cualquier otro 
cambio en la misma que sea perjudicial al honor o la reputación del autor; 
 - la indemnización del empresario autorizado en  el caso de que el retiro de la obra de la 
circulación le hubiera causado un perjuicio. 
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, 
bases de datos o compilaciones de datos.  
 En lo que concierne a la protección de programas de ordenador: 
 El artículo 1 de la Ley N° 94-36 de 24 de fe brero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística, cita los "soportes lógicos" (que se han de  interpretar como programas de ordenador según lo 
establecen los trabajos preparatorios de la Ley) en tre las obras comprendidas por el derecho de autor. 
 De ese modo, todas las disposiciones de carácte r general relativas al derecho de autor, a las 
prerrogativas que éste confiere, a las obligaciones que genera, a los procedimientos de comprobación 
de infracciones y sus respectivas sanciones son aplicab les a los programas de ordenador en la medida 
en que no sean contrarias a las disposiciones del capítulo VII de la Ley especial sobre los "soportes 
lógicos". 
 A ese respecto, se puede mencionar a título indi cativo que el derecho de autor se ejerce en 
relación con los programas de ordenador tanto en su forma original como en su forma derivada.  El 
presunto autor del programa de ordenador es aquel en cuyo nombre se ha divulgado el programa.  El 
programa elaborado en el ejercicio de sus funciones por los asalariados de un organismo empleador le pertenece a este último. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 16 
 
 
  En lo que concierne a los asalariados del sector  público, la ley relativa a la investigación 
científica (Ley N° 96-6 de 31 de enero de 1996, modi ficada por la Ley 2000-68 de 17 de julio de 2000 
y sus textos de aplicación), permite a los asalar iados beneficiarse de algunas ventajas y estímulos 
durante la explotación de los resultados de sus investigaciones. 
 El programa de ordenador y su documentaci ón pertenecen al productor.  El autor del 
programa de ordenador goza del derecho exclusivo a realizar, autorizar o prohibir ciertos actos que 
atañen a su obra (su reproducción, su comunicación al  público, su transmisión y su adaptación).  El 
programa de ordenador confiere a su autor los derechos patrimoniales y morales vinculados al 
derecho de autor.  La autorización concedida por el autor debe adoptar la forma de un contrato escrito 
que comprenda algunas estipulaciones obligatorias.  Los derechos patrimoniales pueden cederse en 
todo o en parte.  La cesión de obras que aún no se han realizado es nula. 
 La adaptación de los programas de ordenador sólo puede efectuarse dentro del límite de los 
derechos cedidos por el autor. 
 Salvo autorización expresa y con excepción de una  copia de salvaguardia, el usuario de un 
programa adquirido lícitamente no pue de producir copias del mismo. 
 La duración de la protección de los programas de  ordenador establecida en la Ley N° 94-36 
de 24 de febrero de 1994 es de 25 años.  De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo sobre 
los ADPIC, ratificado por la Ley N° 95-6 de 23 de enero de 1995, el proyecto de ley que modifica la 
Ley N° 94-36 ha ampliado ese plazo a 50 años. 
 En lo referente a la protección de las compilaciones de datos (o bases de datos), la 
Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994 (en su s artículos 1 y 6) protege implícitamente las 
compilaciones de datos.  En el proyecto de ley, modificatorio de esa Ley, se han previsto expresamente disposiciones sobre esta  materia en virtud de la enmienda  al párrafo 2 del artículo 6 que 
ahora establece que los autores de obras, tales co mo enciclopedias o antologías, colecciones de 
expresiones del folklore o bases de datos, que por  razones de la selección o disposición de sus 
contenidos constituyan creaciones de carácter intelect ual, gozarán de la protección sin perjuicio de los 
derechos del autor de la obra original. 
4. Se ruega especificar si su legislación estipul a el derecho de arrendamiento y, en caso 
afirmativo, las obras abarcadas por éste.  
 El artículo 9-1 del proyecto de ley que modifica  y completa la Ley N° 94-36 de 24 de febrero 
de 1994, artículo que se aplica a todos los autor es de obras protegidas, prevé que "los derechos 
patrimoniales del autor son los derechos exclusi vos que se le reconocen para explotar su obra o 
autorizar su explotación por un tercero, mediante la realización de cualquiera de los actos siguientes: 
 1) reproducir la obra;  2) comunicar la obra al público;  3) explotar materialmente, en cualquier forma, la obra en general con inclusión del 
arrendamiento del original y sus copias". 
5. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, 
productores de fonogramas (grabaciones de sonido ) y organismos de radiodifusión en virtud de 
su legislación.   IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 17 
 
 
  La Ley N° 94-36 de 24 de febr ero de 1994 no ha regulado los dere chos conexos.  Túnez se ha 
adherido a la protección de esos derechos al ratificar el Acuerdo sobre los ADPIC (Ley N° 95-6 de 23 de enero de 1995 que ratifica los Acuerdos de la Ronda Uruguay).  El proyecto de ley que modifica y 
completa la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 19 94, relativa a la propiedad literaria y artística, ha 
dedicado el capítulo 7 bis (nuevo) a los derechos conexos (derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión) de conformidad 
con el Acuerdo sobre los ADPIC. 
 Los derechos reconocidos a los titulares de  los derechos conexos son los siguientes: 
 A los artistas intérpretes o ejecutantes (párrafo 3 del artículo 47): 
Los derechos morales
: 
 1) El derecho a ser mencionados, en re lación con sus interpretaciones o ejecuciones 
sonoras o audiovisuales en vivo o fijadas en fonogramas, como artistas intérpretes o ejecutantes, salvo cuando la forma de utili zación de la interpretación o de la ejecución 
imponga que se prescinda de esa mención. 
 2) El derecho a oponerse a cualquier deform ación, mutilación u otra modificación de sus 
interpretaciones o ejecuciones que resulte perjudicial para su reputación. 
 Esos derechos son inalienables,  imprescriptibles e irrenunciables. 
Los derechos patrimoniales
: 
 1) El derecho a radiodifundir y comunicar al público sus interpretaciones o ejecuciones 
no fijadas, excepto cuando la interpretaci ón o la ejecución ya sea una interpretación o 
ejecución radiodifundida. 
 2) El derecho a fijar sus ejecuciones no fijadas.  3) El derecho a reproducir directa o indi rectamente sus interp retaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas o videogramas de cualquier manera y en la forma que sea. 
 4) El derecho a distribuir al público el original y las copias de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas mediante la venta o cualquier otra 
forma de transferir la propiedad. 
 5) El derecho a arrendar co mercialmente al público el original o las copias de sus 
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas, aun después de 
la distribución de éstos por los pr opios artistas o con su autorización. 
 6) El derecho a poner a disposición del púb lico, por medios alámbricos o inalámbricos, 
sus interpretaciones o ejecuciones fijad as en fonogramas o videogramas de modo que 
cualquiera pueda tener acceso a ellas en el lugar y el momento que elija individualmente. 
 Esos derechos patrimoniales constituyen der echos exclusivos reconocidos a los artistas 
intérpretes o ejecutantes para autorizar la explotaci ón parcial de sus interpretaciones o ejecuciones. 
 Derechos de los productores de fonogramas o videogramas (párrafo  5 del artículo 47): IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 18 
 
 
  - el derecho a reproducir directa o indi rectamente sus fonogramas o videogramas de 
cualquier manera y en la forma que sea; 
 - el derecho a distribuir al público el original y las copias de sus fonogramas o 
videogramas mediante la venta o cualquier otra forma de transferir la propiedad; 
 - el derecho a arrendar comercialmente al  público el original y las copias de sus 
fonogramas o videogramas, aun después de la  distribución de éstos por los propios 
productores o con su autorización; 
 - el derecho a poner a disposición del públic o, por medios alámbr icos o inalámbricos, 
sus fonogramas o videogramas de modo que cu alquiera pueda tener acceso a ellos en 
el lugar y el momento que elija individualmente. 
 Esos derechos, reconocidos  a los productores de fonogram as o videogramas, constituyen 
derechos exclusivos para autorizar la expl otación en todo o en parte de sus fonogramas o 
videogramas. 
 Derechos de los organismos de ra diodifusión (párrafo 8 del artículo 47): 
 - el derecho a fijar o grabar sobre una base  material sus emisiones o la reproducción de 
estas grabaciones; 
 - el derecho a retransmitir sus emisiones;  - el derecho a comunicar al público sus emisiones cuando la comunicación se efectúe 
en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. 
 Esos derechos constituyen derec hos exclusivos reconocidos a lo s organismos de radiodifusión 
para autorizar la explotación en todo o en parte de sus emisiones. 
6. Sírvanse especificar si su legislación estipul a alguna limitación o excepción en relación 
con cada uno de los derechos descritos anterior mente, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Convenio de Berna y la Convenci ón de Roma y a la luz del artículo 13 y del 
párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.  
 El artículo 47-10 del proyecto de ley que modi fica y completa la Ley N° 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, prevé que las limitaciones y excepciones 
en relación con los derechos de autor son aplicab les a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los 
productores de fonogramas o videogramas y a los or ganismos de radiodifusi ón, consisten en la 
utilización de la obra sin la autorizaci ón del autor en los casos siguientes: 
 - a título personal y privado; 
 - con fines educativos y escolares; 
 - a título de información, 
siempre que en esos casos no se atente contra la e xplotación normal de la obra ni se cause un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 19 
 
 
 7. Les rogamos indiquen la duración de la pr otección en lo concerniente a cada derecho 
descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.  
 En lo concerniente a los derechos de autor
 
 El proyecto de ley que modifica y completa  la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, 
relativa a la propiedad literaria y artística, ha unificad o el plazo de la protección en materia de derecho 
de autor.  Su duración es de 50 años. 
 El nuevo artículo 18 del proyecto de ley que m odifica y completa la Ley N° 94-36, de 24 de 
febrero de 1994, prevé que "la protección de los dere chos patrimoniales del autor dura toda su vida y 
50 años después, a contar del 1º de enero del año siguiente al de su fallecimiento o, en caso de 
ausencia o desaparición, desde la fecha establecida  en la sentencia declarativa de su deceso". 
 En lo que atañe a las obras realizadas en co laboración, la protección dura 50 años a contar del 
1º de enero del año siguiente al del fallecimiento del último autor sobreviviente o, en caso de ausencia 
o desaparición, desde la fecha establecida en la sentencia declarativa de su deceso. 
 En cuanto a las obras anónimas o seudónimas, la  protección dura 50 años a contar del 1º de 
enero del año siguiente al de la primera publicación de la obra.  En ese caso el derecho de autor lo 
ejerce el editor o el distribuidor de la obra. 
 Si el seudónimo no oculta al público la identidad  del autor, o si el autor de una obra anónima 
o seudónima revela su verdadera identidad, la duración de la protección es la prevista en el párrafo 2 
del citado artículo. 
 Con respecto a las obras publicadas después de la  muerte de su autor, la protección dura 50 
años a contar del 1º de enero del año siguiente al de la primera publicación de la obra.  En tal caso, el 
derecho de autor es ejercido sucesivamente por el albacea testamentario, los descendientes, el 
cónyuge o cualquier otro heredero a quien corresponda el derecho. 
 En lo concerniente a las obras fotográficas, el nuevo artículo 19 estipula una protección de 50 
años a contar de la fecha de la realización de la  obra.  La misma duración se prevé para los soportes 
lógicos (nuevo artículo 47). 
 En cuanto a las obras cinematográficas o audi ovisuales, la protección también dura 50 años a 
contar de la primera represen tación pública lícita de la obra. 
 A falta de representación, la protección es de 50 años a contar de la fecha de realización de la 
primera copia de referencia (párra fo 1 del artículo 42 del proyecto de  ley que modifica y completa la 
Ley N° 94-36 de 24 de febrer o de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística). 
 En lo concerniente a los derechos conexos  
 El plazo de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes es de 50 años a 
contar del 1º de enero del año siguiente al de la  fijación de la interpretación o la ejecución en un 
fonograma o en un videograma. 
 La duración de la protección de los derechos de los productores de fonogramas o videogramas 
es de 50 años a contar del año siguiente al de la  publicación del fonograma o el videograma o, a falta 
de dicha publicación, un plazo de 50 años a contar del 1º de enero del año siguiente al de la fijación 
del fonograma o del videograma. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 20 
 
 
  La protección de los derechos de los organismos de radiodifusión dura 20 años a contar del 1º 
de enero del año siguiente al de: 
 - la fijación, respecto de los fonogramas o los videogramas y las ejecuciones fijadas en 
ellos; 
 - la ejecución, respecto de las ejecuci ones no fijadas en fonogramas o videogramas; 
 - la emisión, respecto de las emisiones de radiodifusión. 8. Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva 
de conformidad con el artículo 18 del Convenio de  Berna (obligación que tiene su origen en el 
artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el pá rrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.  
 El artículo 18 del Convenio de Berna prevé un efecto retroactivo en favor de las obras que 
existan al momento de la entrada en vigor del C onvenio, las cuales podrán ser protegidas cuando los 
plazos de protección no hayan expirado aún en  su país de origen (párrafo 1). 
 El párrafo 2 del mismo artículo dispone una ex cepción a ese principio, pues estipula que:  "si 
una obra, por expiración del plazo de protección que  le haya sido anteriormente concedido hubiese 
pasado al dominio público en el país en que la  protección se reclame, esta obra no será protegida allí 
de nuevo". 
 En la legislación tunecina el principio de la no retroactividad de las leyes constituye un 
principio general de derecho que regula el problema de los conflictos de leyes en el tiempo.  El 
principio significa que la ley nueva no se aplica a los actos y hechos que estaban regidos por una ley anterior. 
 La Constitución de Túnez menciona  ese principio en materia penal.  En efecto, el artículo 13 
de la Constitución prevé que la sanción es persona l y que sólo es aplicable en virtud de una ley 
anterior. 
 Asimismo, el artículo 1 del Código Penal pr escribe que "nadie puede ser condenado si no es 
en virtud de una ley anterior.  Si, después de los hechos, pero antes de la sentencia definitiva, se 
dictara una ley más favorable para el inculpado, sólo se aplicará esta ley". 
 El principio de la no retroactividad de las le yes admite excepciones en materia civil y, entre 
estas excepciones, la existencia de un texto que prevea expresamente  la retroactividad, es decir, un 
texto que permita su aplicación en el pasado.  Por ello, cabe considerar que el artículo 18 del 
Convenio de Berna (párrafo 1), debidamente ratific ado por Túnez (que forma parte de los 10 países 
fundadores del Convenio de Berna), constituye una de esas excepciones en que se ha admitido la 
retroactividad (en materia civil). 
9. Sírvanse explicar si el "droit de suite" prev isto en el artículo 14 ter del Convenio de 
Berna está protegido en su legislación.  
 El artículo 25 de la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística, prevé el "droit de suite" concedido a los autores de manuscritos y obras plásticas. 
 Ese artículo dispone que "los autores de ma nuscritos y de obras plásticas gozarán, no obstante 
cualquier cesión de la obra original, de un derecho in alienable a participar en el producto de cualquier 
venta de esa obra efectuada en subastas públi cas o por intermedio de un comerciante.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 21 
 
 
  Después del fallecimiento del autor persiste el "droit de suite" durante el año civil en curso y 
los 50 años siguientes, en los que se deduce el 5 por ciento del producto de la venta en beneficio del 
autor o de sus herederos." 
C. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO  
10. Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación 
nacional y explicar en qué condiciones es objeto de protección.  
 En virtud de las disposiciones del artículo 2 de  la Ley N° 2001-36 de 17 de abril de 2001, 
relativa a la protección de las marcas de fábrica, de  comercio y de servicios, la marca es un signo 
visible que permite distinguir los productos ofreci dos en venta o los servicios prestados por una 
persona física o jurídica. 
 Las marcas constituidas por las denominaciones en todas sus formas, los signos figurativos y 
los signos sonoros pueden ser objeto de protección (artículo 2). 
 Sin embargo, de conformidad c on lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la referida Ley, 
quedan excluidos de la protección los signos que ca rezcan de un carácter distintivo, los signos que 
infrinjan los derechos anteriores y las marcas notor iamente conocidas, o que sean contrarios al orden 
público y las buenas costumbres. 
 Por otra parte, el artículo 6 de la misma Le y precisa que la propiedad de la marca se adquiere 
mediante el registro que ha de efectuarse en el  Organismo encargado de la propiedad industrial. 
11. Se ruega confirmar si los servicios constitu yen una materia objeto de protección en la 
legislación sobre marcas de su país .  Agradeceríamos que confir masen también si puede 
otorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales .  Se ruega indicar si puede 
otorgarse protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.  
 En Túnez, la Ley Nº 2001-36 de 17 de abril de 2001 protege a las marcas de servicios, del 
mismo modo que a las marcas de fábrica y de comercio.  Además, el artículo 1 prevé que "la presente Ley tiene por objeto fijar las normas relativas a la pr otección de las marcas de fábrica, de comercio y 
de servicios". 
 En virtud de la Ley relativa al registro de comercio, en Túnez el nombre comercial goza de 
protección y también puede depositarse en calidad de marca de fábrica o de comercio si el titular lo 
utiliza como marca. 
 Por otra parte, en el apartado c) del artícu lo 5 de la Ley de 17 de abril 2001 sobre marcas se 
dispone que un signo que infrinja un nombre comercia l no podrá adoptarse como marca si se corre el 
riesgo de provocar confusión en el público. 
 A tenor de la Ley antes citada, sólo los sonidos (apartado c) del artículo 2) y las formas de los 
productos (apartado b) del artículo 2) podrán  gozar de protección en calidad de marcas. 
12. Les rogamos expliquen si existen prescripcion es de utilización como condición para el 
registro de una marca de fábrica o de comercio .  Agradeceríamos que nos facilitasen la 
definición de utilización y las condiciones de  mantenimiento de un registro a ese respecto.  
 Según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N°  2001-36 de 17 de abril de 2001, el titular de 
una marca puede ser privado de sus derechos cuando, sin motivo justo y durante un período IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 ininterrumpido de cinco años, no haya utilizado ser iamente al menos uno de los productos o servicios 
comprendidos en el registro. 
 No obstante, la utilización no constituye una condición necesaria para el registro de una 
marca. 
 En cuanto a la definición de utilización, el  párrafo 2 del referido artículo señala que "se 
considerarán como utilizaciones serias de una marca, entre otras: 
 - la colocación de la marca en los producto s, en sus envases o embalajes destinados a 
su comercialización; 
 - la utilización de la marca en una form a modificada que no altere su carácter 
distintivo; 
 - la utilización de la marca con el consen timiento del titular o por cualquier persona 
facultada para utilizar una marca colectiva." 
13. Sírvanse confirmar si la legislación de su pa ís permite o no que el registro de marcas de 
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.  
 El registro de una marca de fábrica, de comercio o de servicios podrá renovarse 
indefinidamente después de la expiración del plazo de protección de 10 años, a contar del día en que 
se presentó la solicitud de registro (artícul o 16 de la Ley de 17 de abril de 2001). 
14. Describan, en caso afirmativo, las prescripcione s especiales existentes en la legislación de 
su país en lo concerniente al uso de  una marca de fábrica o de comercio.  
 Las prescripciones especiales concernientes al uso de una marca de fabrica o de comercio 
son: 
 Según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 2001-36 de 17 de abril de 2001, no podrá 
invocarse la caducidad de los derechos del titular de la marca si, entre la expiración del plazo de cinco 
años y la presentación de la demanda de caducidad , se comenzó o requirió la utilización seria de la 
marca. 
 Sin embargo, esa utilización seria no impide pedi r la caducidad si se ha emprendido en los 
tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad y después de  que el titular haya 
tenido conocimiento de su eventual presentación.  La prueba de la explotación de la marca incumbe al 
titular de la marca cuya caducidad se ha solicitado. 
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS  
15. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o 
no una solicitud de marcas en caso de que  ésta contenga una indicación geográfica.  
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 99-57 de 28 de junio de 1999, 
relativa a las denominaciones de origen controla das y a las indicaciones de procedencia de los 
productos agrícolas, el organismo encargado de la  propiedad industrial no podrá conceder ninguna 
marca de fábrica, de comercio o de servicios a una denominación de origen controlada o a una 
indicación de procedencia cuando la solicitud de la  marca se presente después de publicarse la 
delimitación de la denominación de origen cont rolada o de la indicación de procedencia.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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  Si la marca se ha presentado antes de publicar se la delimitación de la denominación de origen 
controlada o de la indicación de procedencia, el Ministerio de Agricultura podrá oponerse al registro 
de esa marca en virtud de las disposiciones de la Le y N° 2001-36, de 17 de abril de 2001, relativa a la 
protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios. 
16. Les rogamos que proporcionen la definición  de indicación geográfica a tenor de la 
legislación de su país.  
 La Ley N° 99-57 de 28 de junio de 1999, re lativa a la protección de las denominaciones de 
origen, define la denominación de origen controlada como el nombre  de un país, de una región natural 
o de parte de la región de donde procede cual quier producto, que adquiere su valor y sus 
particularidades en relación con su entorno geogr áfico constituido por elementos naturales y humanos. 
 Los elementos naturales comprenden de modo general el medio geográfico de procedencia 
del producto y sus particularidades relacionadas con el suelo, el agua, la cobertura vegetal y el clima. 
 Los elementos humanos abarcan en particular los métodos de producción, de fabricación o de 
transformación, y las técnicas específicas adquiridas por los productores o fabricantes en la respectiva 
región. 
 Los métodos de producción han de emanar de  tradiciones locales, antiguas, estables y 
notorias. 
 El artículo 3 de la Ley citada define la i ndicación de procedencia como la que designa el 
nombre del país, de una región na tural o de partes de regiones de los que el producto extrae su 
particularidad y su prestigio y donde se produce, transforma o fabrica. 
17. Sírvanse describir y explicar las disposicion es de su legislación por las que se establece 
un vínculo, en caso existente, entre las característ icas de una indicación y su origen geográfico.  
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la  Ley N° 99-57 de 28 de j unio de 1999, relativa a 
las denominaciones de origen controladas y a las indicaciones de procedencia de los productos 
agrícolas, el vínculo que existe entre las car acterísticas de una indicación geográfica y su origen 
geográfico consiste en que el pr oducto procedente de una determin ada región adquiere su valor y sus 
particularidades en relación con su entorno geogr áfico constituido por elementos naturales y humanos. 
18. Se ruega explicar cómo se otorga protección adic ional en la legislación de su país para 
los vinos y bebidas espirituosas .  Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que 
existan, abarcados por esa protección adicional.  
 En Túnez se protege a los vinos y bebidas espirituosas en virtud de la Ley N° 99-57 de 28 de 
junio de 1999, relativa a las denominaciones de orig en controladas y a las indicaciones de procedencia 
de los productos agrícolas.  Dicha Ley no prevé una protección adicional para los vinos y bebidas 
espirituosas. 
19. Les rogamos expliquen de qué forma las ex cepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre 
los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción .  Sírvanse proporcionar ej emplos del uso de las 
excepciones por tribunales o listas de nombres co nsiderados genéricos en su jurisdicción.  
 Las excepciones previstas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se contemplan en el 
artículo 20 de la de la Ley N° 99-57 de 28 de juni o de 1999.  En efecto, ese artículo dispone que el 
organismo encargado de la propiedad industrial no puede conceder ninguna marca de fábrica o de IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 24 
 
 
 comercio similar a una indicación de procedencia cu ando la solicitud de la marca se presente después 
de publicarse la delimitación de la denominación de origen controlada o de la indicación de 
procedencia. 
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES  
20. Sírvanse explicar si su legislación abarca  la protección de los dibujos y modelos 
guiándose básicamente por consider aciones técnicas o funcionales .  Se ruega explicar de qué 
modo se protegen los dibujos y modelos textiles.  
 La Ley N° 2001-21 de 6 de fe brero de 2001, relativa a la protección de los dibujos y modelos 
industriales, precisa en su artículo 2 que se aplica a "cualquier dibujo nuevo, a cualquier forma 
plástica nueva, a cualquier producto industrial que se diferencie de sus similares, ya sea por una 
configuración distinta y reconocible  que le confiera un carácter de nove dad, o por uno o varios efectos 
exteriores que le den un fisonomía propia y nueva". 
 Ese mismo artículo estipula en su párrafo 2 que "si un mismo objeto se considera a la vez 
como un dibujo o modelo industrial nuevo y como una invención patentable, y si los elementos 
constitutivos de la novedad del dibujo o del modelo son inseparab les de los de la invención, dicho 
objeto sólo puede protegerse de conformidad con la s disposiciones de la Ley sobre las patentes de 
invención". 
 Los dibujos y modelos textiles gozan de la misma protección que los demás productos, pero 
tienen además las ventajas previstas en: 
 - el artículo 15:  la posibilidad de postergar la publicación; 
 - el artículo 10:  el plazo de protección es de libre elección del solicitante, ya sea de 
cinco, 10 ó 15 años; 
 - el depósito colectivo. 
21. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o 
modelo frente a la importación de artículo s con un dibujo o diseño incorporado o copiado.  
 El artículo 4 de la Ley N° 2001-21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección de los 
dibujos y modelos industriales, dispone que todo creador de un dibujo o modelo industrial o sus 
derechohabientes tienen la facultad exclusiva de expl otar o de vender ese dibujo o modelo industrial, 
sin perjuicio de los derechos que  les corresponderían en virtud de otras disposiciones legales, en 
particular de la legislación relativa a la propiedad literaria y artística. 
 Se prohíbe a los terceros, que actúen sin el c onsentimiento del titular de un dibujo o de un 
modelo industrial o de sus derechohabientes, fa bricar, vender o importar mercancías con un dibujo o 
un modelo industrial que sea, en todo o en parte, una copia del dibujo o del m odelo protegido, cuando 
esos actos se emprendan con fines comerciales. 
 A fin de facilitar la aplicación de esos derechos , la Ley dedica todo un capítulo (capítulo V) a 
las medidas en frontera a fin de suspender la libre  circulación de los dibujos y modelos industriales 
falsificados.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 25 
 
 
 22. Se ruega indicar si la legislación de su pa ís proporciona o no el derecho a otorgar una 
licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.  
 La Ley N° 2000-21 de 6 de fe brero de 2000, relativa a la protección de los dibujos y modelos 
industriales, no contempla el derecho a otorgar un a licencia obligatoria para los dibujos y modelos 
industriales. 
23. Se ruega indicar durante qué período de ti empo la legislación de su país otorga 
protección a los dibujos y modelos industriales.  
 Conforme al artículo 10 de la Ley antes citada , el plazo de protección de un dibujo o de un 
modelo industrial es, según la opción del solicita nte, de cinco, 10 ó 15 años como máximo. 
F. P
ATENTES  
24. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de  novedad, 
invención y aplicación industrial.  
 Con arreglo a las disposiciones del artículo 4 de la Ley N° 2000-84 de 24 de agosto de 2000, 
relativa a la protección de las patentes de invenc ión, "es nueva la invención que no se encuentra 
comprendida en el estado de la técnica". 
 El estado de la técnica está constituido por to do lo que ha pasado a ser accesible al público, 
desde antes de la fecha de presentación de la solic itud de la patente o de la fecha de prioridad 
válidamente reivindicada respecto de esa solicitud,  mediante una descripción escrita u oral, una 
utilización o por cualquier otro medio. 
 A tenor del artículo 5 de la Le y relativa a la protección de l as patentes, la invención debe 
implicar también una actividad inventiva;  es deci r, que ésta no debe derivarse, para la persona 
capacitada en la técnica de que se trate, de manera evidente del estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente. 
 Según el artículo 6 de la Ley antes citada, se considera que una invención es susceptible de 
aplicación industrial si su objeto puede fabricarse o utilizarse en toda clase de industrias o en la 
agricultura. 
25. Sírvanse especificar si en la legislación de su  país las patentes o los derechos de patente 
se otorgan sin ningún tipo de exclusión .  En caso de que existan exclusiones, descríbase 
detalladamente la forma en que éstas se ap lican en términos legales y prácticos.  
 La Ley N° 2000-84 de 24 de a gosto de 2000, relativa a la prot ección de las invenciones, prevé 
la existencia de exclusiones que se aplican a la pos ibilidad de gozar de derechos sobre las patentes.  
Esas exclusiones se mencionan en los artículos 47, 48 , 49 y 50 de esa Ley.  Los derechos exclusivos 
otorgados por una patente no se hacen extensivos a: 
 - los actos efectuados en un marco privado y con fines no comerciales;  - los actos realizados a título experimental  referentes a la materia de la invención 
patentada; IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 26 
 
 
  - la preparación de medicamentos efectuada en el acto y por unidades en el laboratorio 
de una farmacia, según una prescripción faculta tiva, ni a los hechos que conciernen a 
los medicamentos así preparados. 
 - a la oferta, la importación, la tenencia  o la utilización del producto patentado o del 
producto obtenido mediante un procedimient o patentado en el territorio tunecino, 
después de que ese producto se haya comerc ializado de manera lícita en cualquier 
país, por el titular de la patent e o con su consentimiento expreso; 
 - los actos necesarios para la fabricación de medicamentos genéricos.  Sin embargo, la 
explotación de los productos derivados de esas actividades con fines comerciales sólo 
se podrán llevar a cabo después de expirado el plazo de protección de la patente; 
 - la utilización de objetos a bordo de aeronaves, vehículos terrestres o buques 
extranjeros que penetren temporal o accidentalmente en el espacio aéreo, el territorio o las aguas territoriales de la República de Túnez. 
26. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la 
patentabilidad basándose en el orden público o la moralidad .  En ese caso, les rogamos 
expliquen el artículo pertinente de su  legislación así como su formulación .  Desearíamos 
también saber si éste se ha aplicado en la práctica.  
 El párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de 24 de  agosto de 2000, relativo a la protección de las 
invenciones, prevé que:  "no puede concederse  una patente de inve nción cuya publicación o 
aplicación sea contraria a las buenas costumbres, el orden público, la salud pública o la protección del 
medio ambiente". 
 Sin embargo, cabe precisar que ese mismo artícul o estipula que "la aplicación de la patente no 
podrá considerarse como tal por el solo hecho de estar limitada por una disposición legal o 
reglamentaria". 
 A título de ejemplo, y en la práctica, se prohíbe a cualquiera fabricar cigarrillos o vinos.  No 
obstante, cualquiera puede solicitar patentes en esas esferas. 
27. Les rogamos expliquen si los métodos de di agnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están 
excluidos de la patentabilidad en su legislación .  Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente 
de su legislación, así como su formulación.  
 Conforme al apartado d) del artículo 2 de la  Ley de 24 de agosto de 2000, los métodos de 
diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos del cu erpo humano y animal están excluidos de la 
patentabilidad. 
 No obstante, cabe indicar que esas disposici ones no se aplican a las preparaciones y sobre 
todo a los productos y pruebas utilizados con fines de aplicación de algunos de esos métodos. 
28. Sírvanse explicar si las plantas, los animales y los procesos esencialmente biológicos 
están o no excluidos de la patentabilidad en su legislación .  En caso afirmativo, les rogamos 
aclaren el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.  
 Según el artículo 3 de la Ley, las plant as, los animales y los procesos esencialmente 
biológicos de producción de animales y pl antas están excluidos de la patentabilidad.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 27 
 
 
  Sin embargo, esa disposición no se aplica a los procedimientos biológicos médicos ni a los 
productos obtenidos mediante esos procedimientos. 
29. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los 
microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las 
obtenciones vegetales están protegidos en su legislación .  Sírvanse explicar a este respecto los 
artículos pertinentes de su legislación.  
 Los procedimientos biológicos médicos, c on inclusión de los microorganismos y los 
productos obtenidos mediante esos procedimientos son susceptibles de protección mediante patente 
(artículo 3 de la Ley N° 2000-84 de 24 de agosto de 2000 relativa a las invenciones). 
 Por otra parte, las obtenciones vegetales están protegidas en Túnez por la Ley N° 99-42 de 10 
de mayo de 1999, relativa a las sem illas, plantas y obtenciones vegetales. 
30. Les rogamos que expliquen de qué forma su  legislación protege a los titulares de 
derechos de patentes frente a la importación y f rente al ofrecimiento para la venta de una 
invención patentada.  
 El artículo 46 de la Ley N° 2000-84, de 24 de a gosto de 2000, dispone que  la patente confiere 
a su titular o a sus derechohabientes un derecho excl usivo de explotación, lo que implica prohibir a 
terceros, sin el consentimiento del titular de la patente o de sus derechohabientes: 
 - la fabricación, la oferta, la comercialización, la utilización, o bien la importación o la 
tenencia para los fines antes citados  del producto objeto de la patente; 
 - la utilización del procedimiento de fabricación que es objeto de la patente; 
 - la oferta, la comercialización o la utilizaci ón, o bien la importación o la tenencia para 
los fines antes citados del producto obtenido directamente mediante el procedimiento 
que es objeto de la patente. 
 Para la aplicación de esos derechos, la Ley dedica todo un capítulo, el capítulo XIII relativo a 
las medidas en frontera destinadas a suspender la  libre circulación de los productos falsificados. 
31. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente 
de productos químicos farmacéuticos y agrícolas .  Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar 
la referencia jurídica.  
 A tenor del artículo 1 de la Ley relativa a l as patentes, cualquier invención de un producto o 
de un procedimiento de fabricación podrá proteger se mediante la patente de invención.  Por 
consiguiente, los productos químicos farmacéutic os y agrícolas pueden ser objeto de protección 
mediante patente. 
32. Les rogamos aclaren si la protección de pa tentes de un proceso, según está estipulado en 
su legislación, abarca el producto ob tenido directamente mediante ese proceso.  
 Según el artículo 1 de la Ley relativa a l as patentes de invención "toda invención de un 
producto o de un procedimiento de fabricación puede  ser protegida por un título, denominado patente 
de invención". IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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  Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 85 es tipula que:  "si la patente tiene por objeto el 
procedimiento de fabricación de un producto, el tr ibunal estará facultado para ordenar al demandado 
que pruebe que el procedimient o utilizado para obtener un produc to idéntico es diferente del 
procedimiento patentado.  Si el demandado no apor ta esa prueba, se presumirá que cualquier producto 
idéntico, fabricado sin el consentimiento del titu lar de la patente, se ha obtenido mediante el 
procedimiento patentado en el caso en que ese producto sea nuevo". 
33. Les rogamos que expliquen las condiciones adic ionales, si las hay, existentes en su 
legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del 
Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a 
material genético o consentimiento previo a su utilización) .  Si esas condiciones adicionales 
existen, indíquese la legislación pertinen te y descríbanse las condiciones adicionales 
detalladamente.  
 La legislación tunecina no prevé condiciones adicionales, además de la divulgación 
suficientemente clara y completa de la invención pa ra que las personas capacitadas en la tecnología de 
que se trate puedan llevar a efecto la invenci ón (artículo 21 de la Ley de patentes). 
34. Se ruega indiquen si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos 
exclusivos concedidos por una patente .  Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionen la 
legislación pertinente.  
 La legislación de Túnez prevé excepciones a los derechos exclusivos concedidos por una 
patente.  Esas excepciones se definen en los artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley relativa a las patentes 
de invención. 
 En efecto, los derechos exclusivos otorga dos por una patente no se hacen extensivos a: 
 - los actos efectuados en un marco privado y con fines no comerciales;  - los actos realizados a título experimental  referentes a la materia de la invención 
patentada; 
 - la preparación de medicamentos efectuada en el acto y por unidades en el laboratorio 
de una farmacia, según una prescripción faculta tiva, ni a los hechos que conciernen a 
los medicamentos así preparados. 
 - la oferta, la importación, la tenencia  o la utilización del producto patentado o del 
producto obtenido mediante un procedimient o patentado en el territorio tunecino, 
después de que ese producto se haya comerc ializado de manera lícita en cualquier 
país, por el titular de la patent e o con su consentimiento expreso; 
 - los actos necesarios para la fabricación de medicamentos genéricos.  Sin embargo, la 
explotación de los productos derivados de esas actividades con fines comerciales sólo se podrán llevar a cabo después de expirado el plazo de protección de la patente; 
 - la utilización de objetos a bordo de aeronaves, vehículos terrestres o buques 
extranjeros que penetren temporal o accidentalmente en el espacio aéreo, el territorio 
o las aguas territoriales de la República de Túnez. 
35. Se ruega expliquen si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de 
licencias obligatorias .  En caso afirmativo, se ruega expli quen exhaustivamente las condiciones  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 29 
 
 
 en las cuales puede concederse una licencia obligatoria .  Especialmente, sírvanse indicar de qué 
forma su legislación nacional considera los mé ritos individuales en la autorización de esa 
utilización.  
 La legislación tunecina prevé un régimen de lic encias obligatorias en materia de patentes de 
invención.  Conforme al artículo 69 de la Ley rela tiva a las patentes, después de expirado el plazo de 
cuatro años contado desde la presentación de la so licitud o de tres años contado desde la concesión de 
la patente, si este último plazo es más largo, sin que el titular de la patente proceda a explotarla, 
cualquier persona interesada podrá obtener, en todo mo mento, una licencia obligatoria si la invención 
que es materia de la patente no se ha comenzado a explotar industrialmente o no ha sido objeto de 
preparativos efectivos y serios con miras a su explotación en Túnez en el plazo antes citado. 
 La licencia obligatoria puede concederse tamb ién cuando la materia de la invención no se ha 
comercializado en cantidad suficiente para satisf acer las necesidades del mercado tunecino y cuando 
la explotación industrial o comercia l de la invención objeto de la  patente se ha abandonado durante 
más de tres años en Túnez. 
 Las licencias obligatorias sólo  pueden concederse previa presen tación de una solicitud ante el 
tribunal competente, que debe ir acompañada de la prueba de la solicitud de  una licencia contractual 
al titular de la patente, licencia que no pudo obtenerse en condiciones y plazos razonables. 
 El solicitante también debe aportar la prueba  de que está en condiciones de explotar la 
invención en forma efectiva y seria (artículo 70). 
 Por lo demás, el tribunal debe examinar las ci rcunstancias invocadas con el fin de autorizar la 
utilización, de conformidad con las disposiciones de lo s artículos 74, 75 y 76 de la Ley antes citada. 
36. Se ruega expliquen de qué forma su legisl ación asegura explícitamente que un usuario 
propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos y 
condiciones comerciales razonables y que esos es fuerzos no han logrado los resultados previstos 
en un período de tiempo razonable .  En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiempo 
razonable"?  Sírvanse también explicar de qué fo rma su legislación garanti za que el uso de una 
licencia obligatoria será autorizado principalmente en lo que respecta al suministro del mercado interno del Miembro que autoriza ese uso.  
 Conforme al artículo 70 de la Ley N° 2000- 84 relativa a las patentes de invención, el 
solicitante de una licencia obligatoria debe aporta r la prueba de que previamente envió una carta 
certificada con aviso de recepción al titular de la patente, solicitándole una licencia contractual, pero 
que no la pudo obtener en términos y condiciones comerciales razonables y en un plazo prudencial. 
 Para acreditar esos hechos, se admiten todos los medios de prueba y los jueces competentes 
en cuanto al fondo tienen facultades soberanas para apreciar los elem entos de prueba aportados como 
fundamento de una solicitud de licencia obligatoria. 
 Según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley antes citada, cualquier persona interesada 
podrá, después de expirado el plazo de cuatro años  contado desde la presentación de la solicitud o de 
tres años contado desde la concesión de la patente,  obtener en todo momento una licencia obligatoria 
en alguno de los casos siguientes: 
 - cuando la invención que es materia de la patente no se ha comenzado a explotar 
industrialmente o no ha sido objeto de preparativos efectivos y serios con miras a su explotación en Túnez, en el plazo previsto en el artículo 51; IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 30 
 
 
  - cuando el producto materia de la inve nción no se ha comercializado en cantidad 
suficiente para satisfacer las necesidades del mercado tunecino; 
 - cuando la explotación industrial o comercial de la invención materi a de la patente se 
ha abandonado durante más de tres años en Túnez; 
 - con esos antecedentes, el tribunal se pronuncia sobre la solicitud de licencia 
obligatoria después de haber oído a las partes (artículo 73 de la Ley de patentes) y fija 
las condiciones de la licencia y sobre todo su vigencia, su ámbito de aplicación y el importe que se ha de pagar al titular, que de be estar en relación con la importancia de 
la explotación de la invención (ar tículo 74 de la Ley de Patentes). 
 Las licencias destinadas únicamente al sumi nistro del mercado interno se rigen por el 
capítulo XI, titulado "Licencias de oficio".  Además, el artículo 78 de la Ley de Patentes estipula que 
"El Ministro encargado de la industria podrá reque rir a los titulares de patentes de invención que 
emprendan su explotación a fin de satisfacer las necesidades de la economía nacional o de 
salvaguardar el medio ambiente." 
37. Se ruega indicar si su legislación otorga pr otección adicional a las innovaciones una vez 
transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.  
 La legislación tunecina no otorga protección adicional a las innovaciones una vez transcurrido 
el plazo de 20 años concedido por la patente. 
38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación p revé la inversión de la carga de la prueba 
en lo que respecta a las patentes de procedimientos.  
 Según se dispone en el artículo 85 de la Ley relativa a la protección de las invenciones, 
cuando la materia de la patente es el procedimient o de fabricación del producto, el tribunal estará 
facultado para ordenar al demanda do que pruebe que el procedimie nto utilizado para obtener un 
producto idéntico es diferente del procedimiento patentado. 
 No obstante, si el demandado no aporta esa prueba, se presumirá que cualquier producto 
idéntico, fabricado sin el consentimiento del titular de  la patente, se ha obtenido por el procedimiento 
patentado en el caso de que el producto sea nuevo. 
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS  
39. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.  
 La Ley Nº 2001-20 de 6 de febrero de 2001 protege los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados en la medida en que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean 
corrientes en el momento de su creación en el sector de los circuitos integrados (artículo 3 de la Ley). 
 Por otra parte, la solicitud de los esquemas de trazado de los circuitos integrados debe 
presentarse en el Organismo encargado de la propiedad industrial (artículo 8). 
40. Sírvanse explicar qué protección otorga la le gislación de su país a los titulares de 
derechos frente a la importación ilícita, la vent a o la distribución para fines comerciales de 
topografías comprendidos los circuitos integr ados o un artículo que incorpore un circuito 
integrado en el sentido del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.   IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 31 
 
 
  Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de l Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 17 de la 
Ley N° 2001-20 relativa a la protección de los es quemas de trazado de los circuitos integrados 
prohíbe a los terceros "explotar comercialmente una reproducción de un esquema de trazado de los 
circuitos integrados o importar, con ese propósito , una reproducción de cualquier producto que 
incorpore dicho esquema". 
 Por otra parte, la Ley dedica todo un capítulo, el  capítulo VII, a las medidas en frontera, a fin 
de suspender la libre circulación de los productos que  incorporen esquemas de trazado de los circuitos 
integrados reproducidos. 
41. Se ruega explicar cómo prevé su legislació n la derogación del artículo 36 del Acuerdo 
sobre los ADPIC como se especifica en el artícu lo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que 
realice esos actos no supiera o no tuviera motivos  razonables para saber, al adquirir el circuito 
integrado o el artículo que incorpora tal circu ito integrado, que incorporaba un esquema de 
trazado reproducido ilícitamente.  
 De conformidad con lo dispuesto en el artíc ulo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevé 
una derogación del artículo 36 de dich o Acuerdo, la prohibición previs ta en el artículo 17 de la Ley 
N° 2001-20 relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados no puede 
aplicarse a la persona que haya adquirido de buena fe  un circuito integrado;  sin embargo, esta última 
deberá dar una indemnización adecuada si desea pr oseguir la explotación comercial del circuito de 
que se trate. 
42. Se ruega indicar la duración de la pr otección otorgada por su legislación a las 
topografías.  
 La protección de un esquema de trazado de los circuitos integrados rige desde el día de la 
presentación de la solicitud o desde la fecha de su primera explotación comercial, siempre que esta explotación no exceda el plazo de dos años cua ndo sea anterior a la presentación de la solicitud. 
 No obstante, la duración de la protección otorga da a las topografías se extingue al término del 
segundo año civil que siga a la fecha de su entrada en vigor (artículo 18). 
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA  
43. Sírvanse explicar si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la 
protección de la información no divulgada .  En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.  
 La legislación de Túnez prevé un procedimiento para identificar y proteger las informaciones 
confidenciales. 
44. Sírvanse explicar cómo define su legislación la información no divulgada.  
 Según el artículo 168 del Código del Trabajo, la información no divulgada es una información 
de carácter confidencial sobre materias que se re lacionan con los procedimientos de fabricación 
adquiridos durante el ejercicio de funciones laborales. 
 Asimismo, de conformidad con el artículo  61 del Código Penal, esa información puede 
referirse a una invención que interese a la defensa nacional o a informaciones, estudios o 
procedimientos de fabricación relacionados con una invención de  interés para la defensa. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 32 
 
 
 45. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u 
organismos gubernamentales.  
 Los productos farmacéuticos se rigen por las Le yes 73-55 de 3 de agosto de 1973 y 85-91 de 
22 de noviembre de 1985.  Se han promulgado textos de aplicación de esas Leyes, en particular: 
 - el Decreto 90-1400 de 3 de septiembre de 1990, que fija normas respecto de las 
prácticas adecuadas de fabricación de los medicamentos destinados a seres humanos, del control de su calidad, su acondicionamie nto, su etiquetado, su denominación y la 
publicidad correspondiente; 
 - el Decreto 90-1401 de 3 de septiembre de 1990 que fija las modalidades de la 
experimentación médica o científica relativa a los medicamentos destinados seres 
humanos; 
 - la Resolución del Ministro de Salud Púb lica de 10 de septiembre de 1996 que fija las 
modalidades para otorgar una autorizaci ón de comercialización de medicamentos 
destinados a seres humanos, su renovación y su transferencia. 
 Esos textos, en conformidad con las ley es que les dieron origen, comprenden sanciones 
disciplinarias, civiles y penales contra cualquier persona que los transgreda. 
 La tramitación de los expedientes de me dicamentos se rige por procedimientos y 
disposiciones que garantizan la seguridad de las informaciones que contienen y se puede detallar en la 
forma siguiente: 
 Recepción de expedientes:  Un inspector fa rmacéutico atiende en forma directa la recepción 
del expediente que le presenta la  persona designada para ello por  el respectivo laboratorio.  A 
continuación, el inspector envía una copia refrendada al interesado, quien obtiene así constancia de la 
fecha de presentación de su expediente. 
 Evaluación de los expedientes:  Al inspector  farmacéutico le incumbe la responsabilidad de 
conservar los expedientes.  El expediente farmac éutico se remite al Laboratorio Nacional de Control 
de Medicamentos a fin de que se pronuncie sobre la conformidad del produc to con su expediente, 
según el estado de los conocimientos  de farmacia.  El expediente clínico se confía a un perito 
designado por resolución del Ministro para que el abore un informe detallado, que se somete a una 
comisión especializada. 
 Evaluación de productos similares a los registrados :  en esta evaluación la confidencialidad de 
los datos es fundamental para evitar la utilización de  los elementos contenidos en otro expediente. 
 El procedimiento establecido en Túnez, al igua l que en la mayor parte de los países que tienen 
un sistema de registro fiable, se basa en los siguientes elementos: 
 - no se exigen los datos clínicos de la mo lécula que es objeto de la segunda solicitud 
porque la molécula ya se ha evaluado; 
 - la reglamentación exige que el producto haya obtenido en su país de origen un 
derecho de comercialización (autorización pa ra comercializar el producto).  Cuando 
se trate de un país signatario de los Acuer dos de la OMC, la responsabilidad por la 
observancia de las patentes incumbe al país  de origen, pero, si no se ha solicitado una 
patente específica, corresponderá a otro pa ís.  Si el país no es signatario de los  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 33 
 
 
 Acuerdos de la OMC, la observancia de las disposiciones relativas a la propiedad 
intelectual incumbe a Túnez; 
 - el solicitante de una autorización para comercializar un produc to debe proporcionar 
un expediente farmacéutico que comprenda mé todos de análisis que deben insertarse 
en alguno de los criterios siguientes: 
  a) si el producto se describe en el marco de una farmacopea internacional, la 
referencia a ésta equivale a la validación de sus métodos; 
  b) a falta de ese dato, el proveedor debe proporcionar, por sus propios medios, 
un método válido sin que pueda remitirse a los datos del primer titular de la 
autorización para comercializar el producto. 
 Sin embargo, cabe señalar que pueden utilizarse las publicaciones científicas, ya que la 
administración considera que los resultados que fi guran en ellas han pasado al dominio público por 
iniciativa del titular de la patente o de  la comunidad científica internacional. 
 El procedimiento adoptado por Túnez está vi gente desde hace más de dos décadas y ha 
permitido evitar los conflictos de intereses y asegurar la  confidencialidad de los datos.  Gracias a ese 
procedimiento, la administración ha adquirido el est atuto de centro colaborador de la OMS en materia 
de registro de medicamentos y reglamentación farmacéutica. 
 En cuanto a la aplicación de la Ley Nº 2 000-84 de 24 de agosto de  2000, relativa a los 
productos farmacéuticos, se ha previs to una disposición en el artículo 103 para diferir su aplicación en 
consonancia con el período de  gracia fijado por la OMC. 
 Sin embargo, Túnez garantiza la admisibilidad  de las solicitudes de patente según el mismo 
acuerdo internacional. 
 Todos los datos antes citados y las referencias relativas a la reglamentación se publican en el 
sitio web:  www.dpm.tn. 
I. O
BSERVANCIA  
46. Sírvanse exponer qué medidas eficaces prescribe su legislación contra la infracción de 
los derechos de propiedad intelectual.  
 En cuanto a los actos que infringen los derechos  de autor, la Ley N° 94-36 de 24 de febrero 
de 1994 prevé una multa de 500 a 5.000 dinares, que se duplica en caso de reincidencia, además de la 
posibilidad de que se imponga al reincidente una pena de prisión de uno a seis meses. 
 El artículo 52 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y ar tística, ha incrementado la multa que ahora va de 
1.000 a 50.000 dinares.  Esa multa se duplica en caso de reincidencia, además de la posibilidad de que 
se imponga al reincidente una pena de prisión no mayor de 12 meses. 
 Esas sanciones pueden ir acompañadas de la confiscación de los bienes objeto de la 
infracción, de su destrucción y del cierre temporal  o definitivo del establecimiento donde se cometió 
la infracción. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 34 
 
 
  En lo que respecta a las au toridades públicas encargadas de comprobar las infracciones y de 
incoar el procedimiento penal, cabe precisar lo siguiente: 
 El artículo 54 de la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística, dispone en su párrafo 1 que "el atestado de las infracciones a la presente Ley, así como la 
redacción de las actas, estará a cargo de las autoridades de la policía judicial y de los funcionarios del 
Ministerio de la Cultura juramentados y autorizados para esos efectos." 
 El artículo 54 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94-36 ha 
ampliado esas mismas prerrogativas a los funcionarios  de aduanas, del control económico y de la 
reglamentación municipal. 
 Las autoridades públicas pueden entablar accion es penales por iniciativa propia.  De este 
modo, el artículo 54 (nuevo) del proyecto de ley que  modifica y completa la Ley N° 94-36 de 24 de 
febrero de 1994 prevé en sus párrafos 2 y 3 que "l os funcionarios antes citados pueden, previo 
comprobante, incautarse de los documentos necesar ios y sacar muestras de los productos falsificados 
de acuerdo a las necesidades de la investigación y para  establecer la prueba de la infracción.  También 
pueden incautarse, a título preventivo, de los pr oductos de los que se sospecha ser resultado de 
falsificación y no ser conformes a las reglas vigentes." 
 La legislación de Túnez relativa a la propied ad industrial permite iniciar una acción eficaz 
contra las infracciones de los derechos de propied ad industrial, entre ella s las que constituyan un 
delito de falsificación que comprometa la r esponsabilidad civil y penal de su autor. 
 Además existen sanciones adicionales, ya que  el tribunal puede ordenar, por cuenta del 
condenado, la fijación del fallo en carteles en lo s lugares que determine y su inserción íntegra o 
resumida en los diarios que designe, así como la destrucción y la confiscación de los productos 
falsificados. 
47. Sírvanse explicar si su legislación contem pla o no un mecanismo para recurrir contra 
decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.  
 La legislación de Túnez relativa a la propied ad industrial prevé un mecanismo para apelar 
contra decisiones administrativas finales ante los trib unales competentes.  El recurso consiste en una 
solicitud por escrito dirigida o remitida a la secretaría  del tribunal competente dentro del plazo legal. 
 El recurso de apelación contra decisiones admi nistrativas finales ante los órganos judiciales 
está previsto en los artículos 27 a 33 de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados, en los artículos 37 a 43 de la Ley rela tiva a las marcas de fábrica, de comercio y de 
servicios, en los artículos 17 a 23 de la Ley rela tiva a los dibujos y modelos industriales y en los 
artículos 39 a 45 de la Ley relativ a a las patentes de invención. 
48. Sírvanse describir cómo autoriza su legislac ión a los jueces a ordenar la presentación de 
pruebas por la parte contraria .  Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas 
que se adoptan para garantizar la prot ección de la información confidencial.  
 La legislación de Túnez faculta a las autoridad es judiciales para ordenar, a solicitud de una de 
las partes, que la parte contraria en el litigio a porte pruebas que se encuentren bajo su control. 
 En virtud de los artículos 213 a 223 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, el 
presidente del tribunal está facultado para dictar prov idencias, a instancia de cualquiera de las partes  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 35 
 
 
 en el litigio, con el fin de permitir la salvaguardia  de los derechos e intereses que no se pueden dejar 
sin protección. 
 En caso de extrema urgencia, el juez puede reso lver en su domicilio las peticiones que se le 
formulen.  La ejecución de las providencias así dictadas no requiere la formalidad de estampar el sello 
del tribunal ni la inscripción en el registro ad hoc.  Esas formalidades se cumplen ulteriormente. 
 Según el artículo 101 del mismo Código, "si es necesario proceder a un peritaje y no existe 
acuerdo entre las partes sobre la elección del perito, éste será designado por el juez".  En la legislación tunecina se contempla el procedimiento siguiente para proteger las informaciones confidenciales: 
 El artículo 253 del Código Penal dispone que "el que sin estar auto rizado para ello divulgue el 
contenido de una carta, un telegrama o cualquier otro documento que pertenezca a otra persona será 
condenado a una pena de prisión de tres meses". 
 El artículo 254 del Código Penal dispone que "los médicos, cirujanos y miembros de la 
profesión médica, así como los farmacéuticos, l as comadronas y todas las demás personas que sean 
depositarias, por su situación o profesión, de secretos  que les fueren confiados, que, fuera de los casos 
en que la ley los obliga o autoriza a formular denunc ias, revelen esos secret os, serán sancionados con 
pena de prisión de seis meses y multa de 500 francos." 
 Los diversos estatutos generales del personal del sector público someten a éste a la obligación 
del secreto y la discreción profesional;  entre ellos cabe citar: 
 - el estatuto general del personal del Esta do, de las colectividades públicas locales y de 
los establecimientos públicos de carácter administrativo; 
 - el estatuto general de los funciona rios públicos, de los funcionarios de 
establecimientos públicos de carácter industrial y comercial y de las sociedades cuyo capital pertenece directa e indirectamente al Estado o a las colectividades públicas; 
 - el estatuto general de los magistrados ;  - el estatuto general del personal de aduanas; 
 - el estatuto general del personal de las fuerzas de seguridad interior. 
 Por otra parte, el artículo 168 del Código del Trabajo dispone que:  "Los miembros de la comisión consultiva de empresa y los delegados del personal están 
obligados a guardar el secreto profesional con respecto a todas las informaciones de carácter confidencial que conozcan durante el desempe ño de sus funciones y con respecto a todas las 
cuestiones relacionadas con los procedimientos de fabricación. 
 En caso de infracción, esas personas incurren en  las sanciones previstas en los artículos 138 
y 254 del Código Penal." 
 El artículo 138 del Código Penal prevé "ademá s de una multa, una pena  de prisión de dos 
años para sancionar al director, al empleado o al obrero de una fábrica que divulgue o comunique los 
secretos de fabricación.  La tentativa de  cometer ese delito es igualmente punible". IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 36 
 
 
  El artículo 254, tal como se indicó anterior mente, sanciona a los depositarios de documentos 
pertenecientes a terceros que no respeten su car ácter secreto con pena de prisión de seis meses y 
multa. 
 A tenor del artículo 85 de la Ley Nº 2000-84 de 24 de agosto de 2000, relativa a la protección 
de las invenciones, los jueces están facultados para ordenar que la parte contraria en el litigio presente 
los elementos de prueba cuando el objeto de la patente sea el procedimiento de fabricación del 
producto. 
 En efecto, en ese caso el tribunal está faculta do para ordenar al demandado que pruebe que el 
procedimiento utilizado para obtener un producto id éntico es distinto del procedimiento patentado. 
 De ese modo, y en caso en que se aporte la prue ba en contrario, el artículo 85 de la Ley antes 
citada prevé en su párrafo 3 que "se tomarán en consideración los intereses legítimos del demandado a 
fin de proteger sus secretos de fabricación y de comercio". 
49. Sírvanse citar las disposiciones de su legisl ación que autorizan a los jueces a ordenar a 
un demandado que desista de una infracción.  
 La legislación de Túnez prevé que las autorida des judiciales están facultadas para ordenar al 
demandado que desista de infringir un derecho mediante  distintos tipos de resoluciones, a saber, los 
autos provisionales, mandamientos de pago y sentencias definitivas. 
 Según el artículo 86 del Código de  Procedimiento Civil y Comercial, "el tribunal podrá, si lo 
estima necesario, disponer que el  juez informante proceda a efect uar cualquier diligencia de 
instrucción, como la indagatoria, la inspección ocular, el peritaje, la tacha de falsedad o cualquier otra 
diligencia útil para poner en evidencia la verdad." 
 El juez informante puede, durante la vista y en presencia de las partes, fijar la fecha de la 
diligencia de instrucción prescrita, y precisar el día y la hora de la comparecencia de las partes en su 
despacho o en el lugar del litigio o en cualquier otro lugar. 
 El artículo 225 del mismo Código dispone que  "el tribunal podrá ordenar de oficio, en 
cualquier caso, la intervención de un tercero en el procedimiento cuando juzgue que la presencia de 
éste es indispensable para la apreciación del litigio". 
 Si es necesario proceder a un peritaje y no existe acuerdo entre las partes sobre la elección del 
perito, éste será designado por el juez. 
El procedimiento de urgencia
 
 El artículo 201 del Código de Procedimiento Ci vil y Comercial (CPCC) dispone lo siguiente: 
 "En todos los casos urgentes se adoptarán medid as precautorias, sin prejuzgar en cuanto a lo 
principal". 
 "El Presidente del Tribunal de primera instanci a o su delegado, así como el juez cantonal 
cuando sea competente con arreglo a la ley, están  facultados para dictar medidas precautorias" 
(artículo 202 del Código de Pro cedimiento Civil y Comercial). 
 "Las providencias de urgencia se hacen ejecuto rias transcurridas 24 horas de su notificación 
personal, excepto en el caso en que el juez conceda un plazo de gracia".  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 37 
 
 
  "La ejecución se lleva a cabo sin garantía, a menos que el juez haya ordenado que se 
constituya una" (artículo 207 del Código  de Procedimiento Civil y Comercial). 
El mandamiento de pago
 
 Con arreglo a lo previsto en el artículo 59 del CPCC, toda demanda de pago de un crédito 
puede tramitarse según el procedimiento del mandami ento de pago cuando ésta, con independencia de 
su naturaleza, sea de una cuantía determinada y tenga una causa contractual. 
La sentencia  
 (La ley prevé tres grados de jurisdicción:  la primera instancia, la apelación y la casación.)  La sentencia no tiene carácter definitivo si es ap elable.  No obstante, siempre puede ordenarse 
su cumplimiento provisional con o sin depósito de fianza, según las circunstancias de la causa 
(artículos 126 y 286 del CPCC). 
La sentencia definitiva
 
 La sentencia definitiva (después de que se agot an los recursos y se extinguen los plazos para 
entablar recursos) pone fin a la acción al resolver  la cuestión controvertida que ha sido objeto del 
litigio. 
 Los jueces están facultados para ordenar a un de mandado que desista de infringir un derecho 
dictando un auto provisional. 
 En efecto, y debido a la urgencia que reviste cualquier dificultad relativa al cumplimiento de 
las resoluciones dictadas o de un título ejecutivo, el presidente del tribunal competente o su delegado, 
que resuelve en calidad de juez de recursos de urgencia, pueden adoptar me didas de conformidad con 
las disposiciones de los artículos 201 y 210 del Có digo de Procedimiento Civil y Comercial (CPCC). 
 Asimismo, el artículo 87 de la Ley Nº 2000-84 relativa a las patentes dispone en particular 
que "cuando el tribunal conoce una ac ción por falsificación de una inve nción materia de una patente, 
su Presidente, al conocer y resolver recursos de  urgencia, puede prohibir,  a título provisional y 
obligatorio, la continuación de los presuntos actos de falsificación, o supeditar su continuación a la 
constitución de garantías con el fin de asegurar la indemnización del titular de la patente".  Esta 
disposición existe también en la Ley relativa a las marcas, en especial en su artículo 49. 
50. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el 
pago al titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el 
perjuicio sufrido.  
 Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 82 y 83 del Código de las Obligaciones y de los 
Contratos (COC), cualquier perjuicio material o moral, causado intencional o voluntariamente a otro, 
obliga a su autor a compensar dicho perjuicio cu ando quede establecido que ese hecho es su causa 
directa. 
 Con ese espíritu, en los artículos 82 de la Ley re lativa a las patentes, 34 de la Ley relativa a la 
protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, 24 de la Ley relativa a la protección 
de los dibujos y modelos industriales y 44 de la Le y relativa a la protección de las marcas de fábrica, 
de comercio y de servicios se dispone que la fals ificación compromete la responsabilidad civil de su 
autor. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 38 
 
 
 51. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el 
pago de los gastos al titular del derecho por parte del infractor.  
 Por regla general, el derecho común (el C ódigo de las Obligaciones y de los Contratos) 
permite el resarcimiento de los perjuicios sufri dos, incluidos por ejemplo los honorarios de los 
abogados. 
 Asimismo, conforme al artículo 191 del Código de Procedimiento Penal (CPP), "el 
condenado debe pagar las costas procesales." 
52. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las 
mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.  
 El artículo 55 de la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística, faculta a la jurisdicción competente para ordenar de oficio o a instancia de parte la confiscación o la destrucción de las copias fraudulentas y el cierre temporal o definitivo del establecimiento en el que se cometió la infracción. 
 En lo que concierne a la propiedad industr ial, y además del decomiso, los jueces están 
facultados para ordenar que las mercancías infractoras  se aparten de los circuitos comerciales o sean 
destruidas o confiscadas.  Esas medida s se prevén en el artículo 26 de la Ley de 6 de febrero de 2001, 
relativa a la protección de los dibujos y modelos industria les, el artículo 36 de la Ley de 6 de febrero 
de 2001, relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, y el 
artículo 55 de la Ley de 17 de abril de 2001, relativ a a la protección de las marcas de fábrica, de 
comercio y de servicios. 
53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a 
un demandado en caso de a buso por parte del demandante.  
 Corresponde al demandado entablar una acción de  resarcimiento por todos los perjuicios que 
le habría causado un procedimiento abusivo e injustif icado incoado en su contra.  El derecho común 
faculta al demandado para ejercer esa acción ante las autoridades judiciales. 
 Por otra parte, el artículo 50-4 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94-36, 
de 24 de febrero de 1994, dispone que:  "A r eserva del cumplimiento de todas las formalidades 
aduaneras, queda anulada de pleno derecho la medida de retención de los productos si el autor, el 
titular de los derechos conexos o su representante no justifican ante los servicios aduaneros, en el 
plazo de 10 días contado desde la notificación de la  retención de los productos que:  "es el tribunal 
competente quien fija el depósito de fianza"." 
 Se trata de consignar un depósito de fianza sufi ciente para cubrir su responsabilidad frente a 
las personas afectadas, en caso de que se estableci era más tarde que los productos en cuestión no 
infringen el derecho de autor o los derechos cone xos.  Esa fianza sirve para garantizar, al menos 
parcialmente, la indemnización de l demandado fijada por los tribunales en virtud del derecho común y 
tiene por propósito desalentar a priori  los recursos abusivos e injustificados. 
 En materia de propiedad industrial, la legisl ación tunecina faculta a los jueces para ordenar 
que se indemnice a un demandado en caso de uso abusi vo de los procedimientos de observancia de los 
derechos del demandante.  Esa facultad se contempla en los artículos 86 y 87 de la Ley relativa a las 
patentes de invención, el artículo 38 de la Ley rela tiva a la protección de los esquemas de trazado de 
los circuitos integrados, el artículo 28 de la Le y relativa a la protección de los dibujos y modelos 
industriales, y el artículo 50 de la Le y relativa a la protección de las marcas.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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  Esos artículos prevén que cuando el tribuna l conoce de una acción por falsificación, el juez 
puede prohibir, a título provisional y bajo pena de multa, la continuación de los presuntos actos de 
falsificación, o supeditar su c ontinuación a la constitución de gara ntías destinadas a asegurar la 
eventual indemnización por los daños y perjuicios que sufra el demandado si, con posterioridad, la 
acción incoada por falsificación se considera infundada. 
54. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  
 De conformidad con las dis posiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular su 
artículo 50, que faculta a las autoridades judiciales para ordenar la adopción de medidas provisionales, 
rápidas y eficaces, la legislación general (el derecho común) permite actuar por la vía del 
procedimiento de urgencia y mediante resoluciones dictadas a instancia de parte, como se ha indicado 
antes, a los efectos de adoptar las medidas provisionales adecuadas. 
 Para impedir que se cometa un acto que infrinj a un derecho de propiedad intelectual, los 
artículos 213 a 223 del Código de Procedimiento Civi l y Comercial facultan al Presidente del tribunal 
para dictar providencias, a instancia de cualquiera de  las partes en el litigio, con el fin de permitir la 
salvaguardia de los derechos e inter eses que no se pueden dejar sin protección. 
 En caso de extrema urgencia, el juez puede reso lver en su domicilio las peticiones que se le 
formulen.  La ejecución de las providencias así dictadas no requiere la formalidad de estampar el sello del tribunal ni a la inscripción en el registro ad hoc .  Esas formalidades se cumplen ulteriormente. 
 Las providencias que se dictan a petición de parte quedan dispensadas de la formalidad de 
registro y los fedatarios-notarios las ejecutan de  inmediato.  La solicitud de revocación de la 
providencia no suspende su ejecución. 
 Para salvaguardar los elementos de prueba  pertinentes, el artículo 86 del Código de 
Procedimiento Civil y Comercial (CPCC) dispone que "el tribunal podrá, si lo estima necesario, 
disponer que el juez informante proceda a efectua r cualquier diligencia de instrucción, como la 
indagatoria, la inspección ocular, el peritaje, la tach a de falsedad o cualquier otra diligencia útil para 
poner en evidencia la verdad".  Las autoridades están facultadas para adoptar medidas provisionales 
sin oír a la otra parte en los casos que juzguen apr opiados.  Por consiguiente, el artículo 207 del CPCC 
prevé que:  "en caso de extrema urgencia, el juez pod rá ordenar la ejecución de la medida con base en 
la minuta y antes de su registro.  Asimismo, podrá ordenar esa ejecución sin previa notificación personal".  Las autoridades judiciales también tie nen atribuciones para exigir al demandante que 
aporte todos los elementos probatorios de que pueda razona blemente disponer. 
 El artículo 12 del CPCC dispone además que  "el tribunal no está obligado a constituir, 
completar o aducir los medios de prueba que sirvan  de apoyo a las pretensiones de las partes".  Esa 
obligación incumbe al demandante que debe aportar todos los elementos probatorios. 
 Las autoridades judiciales pueden ordenar que se constituya previamente una caución para 
proteger al demandado contra cualquier abuso.  El artículo 54-1 del proyecto de ley que modifica y 
completa la Ley N° 94-36,  de 24 febrero de 1994, prevé en su pá rrafo 5 que "el presidente del tribunal 
competente podrá, en virtud de una resolución dictad a a instancia de parte, ordenar que el demandante 
constituya previamente una caución." 
 En caso de que se hayan adoptado las medidas provisionales sin oír a la otra parte, se 
procederá a notificar a las partes afectadas.  Esas medidas podrán revocarse si no se dicta, en un plazo 
razonable, una resolución sobre el fondo en el sen tido previsto en el artículo 54 (nuevo) del proyecto IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 de ley que modifica y completa la Ley N° 94-36 de  24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad 
literaria y artística, que dispone:  "el atestado de be comprender la fecha y el lugar del acta de 
comprobación o de la incautación, y de la informac ión del contraventor o su representante acerca del 
objeto de la infracción comprobada o de la incautaci ón si se encontrare presente, o se le ha de enviar 
una copia del atestado por carta certificada en caso de ausencia". 
 Los atestados del acta de comprobación y de la incautación se envían en un plazo de siete días 
al Procurador de la República, quien los transmite al tribunal competente para que resuelva sobre la 
aprobación o el alzamiento de la incautación en  un plazo que no debe ex ceder de un mes contado 
desde la fecha en que se efectúe la incautación.  En el caso en que el tribunal no disponga la 
incautación en los plazos prescritos, la incautación se alza de pleno derecho." 
 En caso de que se compruebe posteriormente que no hubo infracción o amenaza de infracción 
de un derecho, el derecho común permite, por regla general, la indemnización de los perjuicios 
morales y materiales sufridos y se puede entablar una acción para exigir el resarcimiento del perjuicio consecutivo a una acción abusiva e injustificada. 
 El tribunal que conoce de una acción por fals ificación de una inve nción materia de una 
patente puede prohibir, a título provisional y bajo pena de multa, la continuación de los presuntos 
actos de falsificación, o supeditar su continuación a la constitución de garantías con el fin de asegurar 
la indemnización del titular de la  patente (artículo 87 de la Ley relativa a las patentes).  Esta 
disposición existe también en la Ley relativa a la  protección de las marcas de fábrica y de comercio 
(artículo 49). 
 Además, la demanda de prohibición o de constitu ción de garantías antes citada sólo se admite 
si la acción aparece revestida de seriedad en cuanto al fondo y se entabla en un plazo de un mes contado desde el día en que el titular de un derec ho de propiedad industrial tuvo conocimiento de los 
hechos que sirven de fundamento a la acción. 
 El juez también puede supeditar la prohibi ción a la constitución de garantías por el 
querellante destinadas a asegurar la eventual indemn ización de perjuicios sufridos por el querellado si 
posteriormente se juzga infundada la acción por falsificación. 
55. Sírvanse indicar las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los 
titulares de derechos solicitudes de que se suspen da el despacho por la s autoridades aduaneras 
de mercancías falsificadas.  
 Según la legislación tunecina sobre la propied ad industrial relacionada con las medidas en 
frontera, los titulares de derechos pueden presentar a las autoridades aduaneras una solicitud para que 
suspendan el despacho de mercancías falsificadas.  (De conformidad con el artículo 39 de la Ley 
relativa a las topografías, el artículo 91 de la Le y relativa a las patentes, el artículo 56 de la Ley 
relativa a las marcas y el artículo 31 de la Le y relativa a los dibujos y modelos industriales.) 
 En la resolución del Ministro de Finanzas de 3 de diciembre de 2001, que fija la forma de la 
solicitud por escrito de que se suspenda el despacho de aduana de la importación de los productos que 
comprendan une marca de fábrica, de comercio y de servicios falsificada y las modalidades de su presentación a los servicios de aduanas, se precisa que la solicitud debe presentarse en la sede de la Dirección General de Aduanas de Túnez. 
 No obstante, la medida de retención de lo s productos se levanta de pleno derecho si el 
demandante no justifica ante la Administración de A duanas, en el plazo de 10 días hábiles contado 
desde la notificación de la retención de los producto s, que recurrió por la vía civil o correccional al  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 tribunal competente, que el presidente de ese tri bunal dictó medidas precautorias y que consignó una 
caución suficiente para cubrir su respon sabilidad respecto de las personas afectadas. 
56. Sírvanse indicar si existen o no procedimie ntos para suspender la exportación de 
mercancías falsificadas.  
 Las disposiciones relativas a las medidas en frontera contempladas en todas las leyes 
tunecinas que versan sobre propiedad industrial no prevén procedimientos para suspender la 
exportación de mercancías falsificadas. 
57. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones 
de minimis . 
 La legislación de Túnez relativa a la propiedad industrial, en particular los artículos 99 de la 
Ley de patentes, 47 de la Ley relativa a la prot ección de los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados, 39 de la Ley relativa a la protección de los dibujos y m odelos industriales y 64 de la Ley 
relativa a la protección de las marcas, prevé e xpresamente que las disposiciones relativas a las 
medidas en frontera no se aplican a las mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte 
del equipaje personal de los viaj eros, siempre que no excedan las can tidades fijadas por las leyes y los 
reglamentos vigentes. 
58. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  
 En lo que concierne a los derechos de autor, ap arte de la indemnizaci ón por daños y perjuicios 
en materia civil, el artículo 52 de la Ley N° 94- 36 de 24 de febrero de 1994 dispone una multa 
de 500 a 5.000 dinares, que se duplica en caso de reincidencia, además de la posibilidad de que se 
aplique al reincidente una pena de prisión de uno a seis meses. 
 El artículo 52 (nuevo) del proyecto de Ley que modifica y completa la Ley N° 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artí stica, ha aumentado la multa y la ha fijado entre 
1.000 y 50.000 dinares.  En caso de reincidenc ia, la multa se duplica y es posible sancionar al 
reincidente con una pena de prisi ón de uno a 12 meses.  Además de estas sanciones, se puede ordenar 
la incautación de los bienes infractores, su destrucción y el cierre temporal o definitivo del establecimiento en que se cometió la infracción. 
 El párrafo 1 del artículo 54 de la Ley Nº 94-36 del 24 de febrero de 1994, relativa a la 
propiedad literaria y artística, indica las autoridad es públicas encargadas de verificar las infracciones e 
incoar el procedimiento penal, al disponer que:  "e l atestado de las infracciones a la presente Ley, así 
como la redacción de la actas, estará a cargo de las autoridades de la policía judicial y de los 
funcionarios del Ministerio de la Cultura ju ramentados y autorizados para esos efectos". 
 El artículo 54 (nuevo) del proyecto de Ley que modifica y completa la Ley N° 94-36 ha 
conferido esas mismas prerrogativas a los funcionarios encargados de las aduanas, la fiscalización económica y la reglamentación municipal. 
 Las autoridades públicas pueden incoar procedim ientos penales a iniciativa propia.  A este 
respecto, los párrafos 2 y 3 del artículo 54 (nuevo) del proyecto de Ley que modifica y completa la 
Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 199 4, relativa a la propiedad literaria y artística, estipulan que:  "los 
funcionarios antes citados pueden, previo compr obante, incautarse de los documentos necesarios y 
sacar muestras de los productos falsificados de acuerdo a las exigencias de la investigación y para establecer la prueba de la infracción.  Tambié n pueden incautarse, a título preventivo, de los IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 productos de los que se sospeche ser resultado de  falsificación y no ser conformes a las reglas 
vigentes". 
 Todo el que infrinja los derechos comprendidos en la esfera de la propiedad industrial será 
sometido a proceso e incurrirá en  sanciones civiles y penales. 
 El delito de falsificación se sanciona con una multa de 5.000 a 50.000 dinares (artículo 51 de 
la Ley N° 2001-36 de 17 de abril de 2001, relativa  a la protección de las marcas de fábrica, de 
comercio y de servicios;  artículo 24 de la Ley N° 2001-21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la 
protección de los dibujos y modelos industriales;  artíc ulo 83 de la Ley N° 2 000-84 de 24 de agosto 
de 2000, relativa a las patentes de invención) y un a multa de 1.000 a 50.000 dinares (artículo 34 de la 
Ley N° 2001-20 de 6 de febrero de  2001, relativa a la protección de los esquemas de trazado de los 
circuitos integrados), además de una multa de 500 a 2.000 dinares que se aplicará a cualquiera que 
haga figurar en sus documentos comerciales, su s anuncios o sus productos una mención destinada a 
hacer creer que se ha presentado una solicitud de esq uema de trazado de los circuitos integrados. 
 Asimismo, cabe señalar que la reincidencia en todas esas infracciones se sanciona con una 
pena de prisión de uno a seis meses, además de la multa que se duplica. 
 Asimismo el tribunal puede, en caso de dictar condena, ordenar la destrucción o la 
eliminación de los circuitos comerciales y la conf iscación de los productos incriminados (artículo 36 
de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, artíc ulo 26 de la Ley relativa 
a los dibujos y modelos industriales, artículo 55 de  la Ley relativa a las marcas de fábrica, de 
comercio y de servicios). 
 La legislación de Túnez también contempla la incautación de los productos falsificados 
(artículo 86 de la Ley relativa a las patentes, artíc ulo 38 de la Ley relativa a los esquemas de trazado 
de los circuitos integrados, artículo 28 de la Ley relativa a los dibujos y modelos industriales y 
artículo 50 de la Ley relativa a las marcas de  fábrica, de comercio y de servicios). 
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 
A. D
ISPOSICIONES GENERALES  
1. Sírvanse describir, en relación con cada una  de las formas de propiedad intelectual 
comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones 
vegetales, de qué modo se aplica el trato nacion al y el trato de la nación más favorecida a los 
nacionales de los otros Miembros de la OMC.  
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos  101 de la Ley de pate ntes, 17 y 18 de la Ley 
de Marcas, 5 de la Ley de dibujos  y modelos industriales y 6 de la Ley relativa a los esquemas de 
trazado de los circuitos integrados, los extranjeros,  al igual que los nacionales, pueden exigir la 
protección de todos los aspectos de la propiedad indus trial, siempre que se aplique el principio de la 
reciprocidad. 
 Esas mismas disposiciones figuran también en el  párrafo 2 del artículo 15 de la Ley N° 99-42 
de 10 mayo de 1999, relativa a las semillas, plantas y obtenciones vegetales. 
 El artículo 57 de la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística, dispone que "las obras extranjeras podrán gozar de protección siempre que los respectivos 
países acuerden una protección equivalente a las obras de los nacionales tunecinos".  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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  En ese sentido, se señala igualmente que el último párrafo del artículo 56 (nuevo) del 
proyecto de ley que modifica y complementa la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la 
propiedad literaria y artística, prescribe que "las di sposiciones de la presente Ley sobre derecho de 
autor se aplican a las obras que gozan de protección en virtud de una convención internacional en la 
que el Estado de Túnez sea parte". 
 Asimismo, el último párrafo del artículo 57 ( nuevo) del proyecto de ley antes citado estipula 
que "las disposiciones de la presente Ley se aplican  también a las interpretaciones o ejecuciones, a los 
fonogramas o videogramas y a las emisiones de radi odifusión protegidos en virtud de una convención 
internacional en la que el Estado de Túnez sea parte". 
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  
2. Sírvanse explicar si la legislación sobre derecho de autor de Túnez cumple y en qué 
forma lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que los Miembros 
observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971), excepto el artículo 6 bis, ya que ningún Miembro tiene derechos ni obligaciones respect o de este último en el marco del Acuerdo 
sobre los ADPIC.  
 Túnez es uno de los 10 países fundadores del Convenio de Berna de 1886 y también es 
Miembro de la OMC.  El artículo 9 del Acue rdo sobre los ADPIC dispone:  "Los Miembros 
observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el apéndice del mismo. 
 No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones 
respecto de los derechos conferidos por el artíc ulo 6 bis de dicho Convenio ni respecto de los 
derechos que se derivan del mismo." 
 El artículo 6 bis del Convenio de Berna trata de los derechos morales del autor (derecho a 
reivindicar la paternidad de la obra;  derecho a oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros 
atentados a la misma;  duración de la protección;  me dios procesales para la defensa de sus derechos).  
Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 2 de l Acuerdo sobre los ADPIC dispone que:  "Ninguna 
disposición de las Partes I a IV del presente Acue rdo irá en detrimento de las obligaciones que los 
Miembros puedan tener entre sí en virtud del C onvenio de París, el Convenio de Berna, la 
Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados." 
 De este modo, un Miembro de la OMC que no sea parte en el Convenio de Berna no está 
obligado a observar las disposiciones de éste sobre lo s derechos morales, en tanto que un Miembro de 
la OMC que sí sea parte en el Convenio de Berna (c omo es el caso de Túnez) está obligado a aplicar 
esas disposiciones concernientes a los derechos morales. 
3. Sírvanse explicar cómo protege la legisl ación sobre derecho de autor de Túnez los 
programas de ordenador como obras literarias y la s compilaciones de datos, tal como lo exige el 
artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.  
En lo que respecta a la protección de los programas de ordenador
 
 El artículo 1 de la Ley N° 94-36 de 24 de fe brero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística cita a los "soportes lógicos" (que se han de interpretar como programas de ordenador según 
los trabajos preparatorios de la Ley) entre las obr as comprendidas por el derecho de autor.  De este 
modo, todas las disposiciones de carácter general re lativas al derecho de auto r, a las prerrogativas que 
éste confiere, a las obligaciones que genera, a los pr ocedimientos de comprobación de infracciones y a IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 sus respectivas sanciones son aplicables a los prog ramas de ordenador en la medida en que no 
contradigan las disposiciones del capítulo VII de la  Ley especial sobre los "soportes lógicos".  A este 
respecto, se puede mencionar a título indicativo que: 
 1) El derecho de autor se ejerce en relación con los programas de ordenador tanto en su 
forma original como en su forma derivada. 
  El autor  presunto del programa de ordenador es aquel en cuyo nombre se ha 
divulgado el programa. 
 2) El programa elaborado en el ejercicio de sus funciones por los asalariados de un 
organismo empleador pertenece a este último.  En lo que concierne a los asalariados 
del sector público, la Ley relativa a la investigación científica (Ley N° 96-6 de 31 de 
enero de 1996, modificada por la Ley Nº 20 00-68 de 17 de julio de 2000 y sus textos 
de aplicación), permite a los asalariados beneficiarse de algunas ventajas y estímulos durante la explotación de los resultados de sus investigaciones. 
 3) El programa de ordenador realizado por encargo y su documentación pertenecen al 
productor. 
 4) El autor del programa de ordenador goza del derecho exclusivo a realizar, autorizar o 
prohibir ciertos actos que atañen a su obra (reproducción, comunicación al público, transmisión y adaptación). 
 5) El programa de ordenador confiere a su  autor los derechos patrimoniales y morales 
vinculados al derecho de autor. 
 6) La autorización concedida por el autor de be adoptar la forma de un contrato escrito 
que comprenda algunas estipulaciones obligatorias. 
 7) Los derechos patrimoniales pueden cederse en  todo o en parte.  La cesión de las obras 
que aún no se han realizado es nula. 
 8) La adaptación de los programas de orde nador sólo puede efectuarse dentro del límite 
de los derechos cedidos por el autor. 
 9) Salvo autorización expresa y con excepción de una copia de salvaguardia, el usuario 
de un programa adquirido lícitamente no puede producir copias del mismo. 
 10) La duración de la protección de los pr ogramas de ordenador establecida en la 
Ley N° 94-36, de 24 de febrero de 1994 es de 25 años.  De conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC,  ratificado por la Ley N° 95-6 de 23 de 
enero de 1995, el proyecto de ley que m odifica la Ley N° 94-36 ha ampliado ese 
plazo a 50 años. 
En lo referente a la protección de las compilaciones de datos (o bases de datos
) 
 La Ley N° 94-36 de 24 de febr ero de 1994 (en sus artículos 1 y 6) protege implícitamente las 
compilaciones de datos.  En el proyecto de enmienda de esa Ley, se han previsto expresamente 
disposiciones sobre esta materia en virtud de la enmi enda al párrafo 2 del artículo 6 que prevé que los 
autores de obras, tales como enciclopedias o anto logías, colecciones de expresiones del folklore o 
bases de datos, que, por razones de la selección o la disposición de su s contenidos constituyan  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 creaciones de carácter intelectual, gozarán de la pr otección sin perjuicio de los derechos del autor de 
la obra original. 
4. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC  establece que se conferirán derechos de 
arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas .  
Sírvanse citar la correspondiente disposición de la  legislación sobre derecho de autor de Túnez.  
 La Ley N° 94-36 de 24 de febrer o de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, rige esa 
materia.  No obstante, esa Ley no se refiere en form a expresa al derecho de a rrendamiento, sin que por 
ello éste quede excluido. 
 En virtud de la legislación general de Túnez, el "derecho de arrendamiento forma parte de los 
derechos conferidos al titular del derecho de propiedad de una cosa, quien tiene el derecho exclusivo 
de usar, gozar y disponer de ella" (artículo 17 del Código de Derechos  Reales).  En consecuencia, "el 
propietario" del programa de ordena dor o de la obra cinematográfica está facultado para arrendarlos.  
Esa disposición fue expresamente contemplada en el marco de la legislación especial relativa al derecho de autor y los derechos c onexos.  En efecto, el párrafo 1 de l artículo 9 del proyecto de ley que 
modifica y completa la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, que se aplica a todas las obras 
protegidas, reconoce al autor el derecho exclusivo de explotar su obra o de autorizar a terceros a 
hacerlo, mediante la realización de cualquiera de los siguientes actos: 
 a) reproducir la obra;  b) comunicar la obra al público;  c) explotar materialmente la obra en general y en cualquiera de sus formas, con 
inclusión del arrendamiento del original y de sus copias. 
5. Sírvanse indicar la duración y las condi ciones de la protección que establece la 
legislación sobre derecho de autor de Túnez para  una obra que no sea fotográfica o de arte 
aplicado, y citar la disposición legal pertinente.  
 El artículo 18 de la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994 protege el derecho de autor 
durante toda la vida del autor y 50 años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su 
fallecimiento o de la sentencia decl arativa de su deceso o desaparición. 
 En cuanto a las obras anónimas, ese plazo se cuenta a partir de la fecha de divulgación de la 
obra.  El plazo de protección es de 25 años para l as obras fotográficas y los programas de ordenador, a 
contar de la fecha de creación de la obra. 
 El proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, 
relativa a la propiedad literaria y artística, ha unifi cado el plazo de protección del derecho de autor.  
Su duración es de 50 años.  El artículo 18 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la 
Ley N° 94-36, de 24 de febrero de 1994, prevé que "la protección de  los derechos patrimoniales del 
autor dura toda su vida y 50 años después, a cont ar del 1º de enero del año siguiente al de su 
fallecimiento o, en caso de ausen cia o desaparición, desde la fech a establecida en la sentencia 
declarativa de su deceso". 
 En lo que atañe a las obras realizadas en co laboración, la protección dura 50 años a contar del 
1º de enero del año siguiente al del fallecimiento del último autor sobreviviente o, en caso de ausencia 
o desaparición, desde la fecha establecida en la sentencia declarativa de su deceso. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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  En cuanto a las obras anónimas o seudónimas, la  protección dura 50 años a contar del 1º de 
enero del año siguiente al de la primera publicación de la obra.  En ese caso el derecho de autor lo 
ejerce el editor o el distribuidor de la obra si el  seudónimo no oculta al público la identidad del autor o 
cuando el autor de una obra anónima o seudónima reve le su verdadera identidad.  Durante el período 
ya indicado, la duración de la protección es la pr evista en el párrafo 2 del citado artículo. 
 Con respecto a las obras publicadas después de la muerte de su autor, la protección dura 
50 años a contar del 1º de enero del año siguiente al de la primera publicación de la obra.  En tal caso el derecho de autor será ejercido sucesivamente por el albacea testamentario, los descendientes, el 
cónyuge o cualquier otro heredero a quien corresponda el derecho. 
 En lo concerniente a las obras fotográficas, el nuevo artículo 19 estipula una protección de 
50 años a partir de la fecha de la  realización de la obra.  La mism a duración se prevé para los soportes 
lógicos (programas de ordenador) (nuevo artículo 47).  En cuanto a las obras cinematográficas o audiovisuales, la protección también dura 50 años a contar de la primera representación pública lícita 
de la obra.  A falta de representación, la protección es de 50 años a partir de la fecha de realización de 
la primera copia de referencia (p árrafo 1 del artículo 42 del proyecto  de ley que modifica y completa 
la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística). 
6. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de 
Túnez a los artistas intérpretes o ejecutantes y la duración de la protección.  
 Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan de la protección que les brindan la legislación 
general de Túnez y los Acuerdos de la Ronda Uruguay  ratificados por la Ley N° 95-6 de 23 de enero 
de 1995. 
 El proyecto de ley que modifica y completa  la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, 
relativa a la propiedad literaria y artística, ha previsto disposiciones especiales en materia de 
protección para los artistas intérpretes o ejecutantes.  Por consiguiente, en el párrafo 3 del artículo 47 
del proyecto de ley se dispone que "los artistas intérpretes o ejecutantes gozan de los siguientes 
derechos morales y patrimoniales: 
 Los derechos morales
: 
 El derecho a ser mencionados, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones sonoras o 
audiovisuales en vivo o fijadas en fonogramas, como artistas intérpretes o ejecutantes, salvo cuando la 
forma de utilización de la interpretación o de la ejecución imponga que se prescinda de esa mención.  
El derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus 
interpretaciones o ejecuciones que resulte perjudicial a su reputación.  Esos de rechos son inalienables, 
imprescriptibles e irrenunciables. 
 Los derechos patrimoniales : 
 - El derecho a emitir por radiodifusión y comunicar al público sus interpretaciones o 
ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o la ejecución ya sea una 
interpretación o ejecución radiada; 
 - el derecho a fijar sus ejecuciones no fijadas;  - el derecho a reproducir directa o indire ctamente sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas o videogramas de cualquier manera y en la forma que sea;  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 47 
 
 
  - el derecho a distribuir al público el orig inal y las copias de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fonogramas o videogram as mediante la venta y todas las otras 
formas de transferir la propiedad: 
 - el derecho a arrendar comercialmente al  público el original y las copias de sus 
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas, aun después de 
la distribución de éstos por los pr opios artistas o con su autorización; 
 - el derecho a poner a disposición del públic o, por medios alámbr icos o inalámbricos, 
sus interpretaciones o ejecuciones fijad as en fonogramas o videogramas de modo que 
cualquiera pueda tener acceso a ellas en el lugar y en el momento que elija 
individualmente." 
 Esos derechos patrimoniales constituyen der echos exclusivos reconocidos a los artistas 
intérpretes o ejecutantes para autorizar la explot ación integral o parcial de sus interpretaciones o 
ejecuciones. 
 El plazo de protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes 
es de 50 años a contar del 1º de enero del año siguiente a aquél en que quedó fijada la interpretación o 
la ejecución en un fonograma o en un videograma. 
7. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo so bre los ADPIC dispone que los productores 
de fonogramas tendrán derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de 
sus fonogramas .  El referido párrafo dispone que los pr oductores de fonogramas tienen derecho 
a autorizar o prohibir el arrendamiento comercial  al público de los originales o copias de sus 
fonogramas .  Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de Túnez da 
cumplimiento a esas obligaciones e i ndicar la duración de la protección.  
 Además de lo que ya se ha dicho respecto de l derecho de arrendamiento consagrado en la 
legislación general para los progr amas de ordenador y que también es válido para los productores de 
fonogramas, procede señalar que el párrafo 5 del artículo 47 del proyecto de ley, que modifica y 
completa la Ley N° 94-36 de 24 de  febrero de 1994, ha reconocido a los productores de fonogramas o 
de videogramas los siguientes derechos: 
 - El derecho a reproducir directa o indirectamente sus fonogramas o videogramas de 
cualquier manera y en la forma que sea; 
 - el derecho a distribuir al público el original y las copias de sus fonogramas o 
videogramas mediante la venta o cualquier otra forma de transferir la propiedad; 
 - el derecho a arrendar comercialmente al  público el original y las copias de sus 
fonogramas o videogramas, aun después de la  distribución de éstos por los propios 
productores o con su autorización; 
 - el derecho a poner a disposición del públic o, por medios alámbr icos o inalámbricos, 
sus fonogramas o videogramas de modo que cu alquiera pueda tener acceso a ellos en 
el lugar y en el momento que elija individualmente. 
 Esos derechos, reconocidos  a los productores de fonogram as o videogramas, constituyen 
derechos exclusivos para autorizar la expl otación en todo o en parte de sus fonogramas o 
videogramas. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 48 
 
 
  El plazo de la protección de los derechos de  los productores de fonogramas o videogramas es 
de 50 años a contar del año siguiente al de la pub licación del fonograma o el videograma o, a falta de 
dicha publicación, un plazo de 50 años a contar del 1º de enero del año siguiente al de la fijación del 
fonograma o del videograma. 
C. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO  
8. Sírvanse describir las materias que pueden constituir marca de fábrica o de comercio de 
conformidad con la legislac ión tunecina sobre marcas.  
 De conformidad con las disposiciones del ar tículo 2 de la Ley N° 2001-36 de 17 de abril 
de 2001, relativa a la protección de las marcas de fa brica, de comercio y de servicios, los signos 
susceptibles de ser registrados como marcas de fábrica o de comercio son: 
 - las denominaciones en todas sus formas, como las palabras, los conjuntos de palabras, 
los patronímicos, los nombres geográficos, los seudónimos, las letras, las cifras y las siglas; 
 - los signos figurativos, tales como los dibujos , los relieves, las formas, en especial las 
del producto o de su envase o embalaje, o las que caracterizan a los servicios, las 
disposiciones, las combinaciones o los matices de los colores; 
 - los signos sonoros, como los sonidos y las frases musicales. 9. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en Túnez para registrar una 
marca de fábrica o de comercio, citando las disp osiciones pertinentes de la ley, y describir los 
derechos que puede ejercer el titular de una marca registrada.  
 Según el artículo 7 de la Ley de Marcas, la solicitud de registro de una marca se presenta al 
organismo encargado de la propiedad industrial.  Es ta solicitud debe ir acom pañada de un expediente 
que contenga diversos documentos e indicaciones (a rtículo 1 del Decreto N° 2001-1603 de 11 de julio 
de 2001). 
 Una vez que se reúnan todos los documentos exig idos, se procede a admitir, validar y publicar 
el expediente de presentación en un plazo máximo de 12 meses, a contar de la fecha de su 
presentación en el boletín oficial del organismo (artículo 9 de la Ley). 
 En los dos meses posteriores a la publicación, el  interesado puede oponerse a la solicitud de 
registro de una marca.  Como consecuencia de  su oposición, se inicia un procedimiento de 
conciliación. 
 Si no se presenta oposición, la  marca será registrada y publicada en un plazo máximo de 12 
meses a contar desde la fecha del registro (artículo 13). 
 En virtud de los artículos 6, 21, 22 y 23 de la cita da Ley, el registro de la marca confiere a su 
titular el derecho de propiedad de la misma.  Como  corolario de ese derecho, el titular de la marca 
podrá prohibir a terceros los siguientes actos: 
 - la reproducción, el uso o la fijación de la marca protegida; 
 - la supresión o la modificación de la marca protegida;  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 49 
 
 
  - la imitación y el uso de una marca imita da para productos o servicios idénticos o 
similares a los designados en el registro. 
10. Sírvanse indicar la duración y las modalidades de la protección que prevé la legislación 
sobre marcas de fábrica y de comercio de T únez para una marca de fábrica o de comercio.  
 Con arreglo a las disposiciones del artículo 6 de  la Ley de Marcas, el registro de la marca 
surte efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud, que se extiende por un plazo de 10 años renovable en forma indefinida. 
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS  
11. Sírvanse describir en detalle cómo dispone la legislación tunecina el reconocimiento y la 
protección de las indicaciones geogr áficas exigidos por el párraf o 2 del artículo 22 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, citando las disposiciones pe rtinentes de las leyes y reglamentos, y dar 
ejemplos de indicaciones geográficas así protegidas.  
 El artículo 4 de la Ley N° 2001-36 de 17 de abril de 2001, relativa a la protección de las 
marcas de fábrica, de comercio y de servicios pr evé, como exige el párrafo 2 del artículo 22 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, que no podrá adoptarse co mo marca o elemento de una marca cualquier 
signo que induzca al público a error, sobre todo en cu anto a la calidad o el origen geográfico del 
producto o servicio. 
 El artículo 5 de la Ley antes citada dispone  también que no podrá adoptarse como marca un 
signo que infrinja derechos anteriores y, en especial, una denominación de origen protegida. 
 Asimismo, el artículo 20 de la Ley N° 99-57 de 28 de junio de 1999, relativa a las 
denominaciones de origen, prevé que los organism os de propiedad industrial no podrán conceder 
ninguna marca de fábrica o de comercio a una de nominación de origen controlada o a una indicación 
de procedencia cuando la solicitud de la marca se pr esente después de publicarse la delimitación de la 
denominación de origen controlada o de la indicación de procedencia. 
12. Sírvanse describir en detalle la forma en que se aplica el nivel superior de protección 
requerido para vinos y bebidas espirituosas en  virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citando las disposiciones pertinentes de las leyes y 
reglamentos, y dar ejemplos de indicaci ones geográficas para dichos productos.  
 La Ley N° 99-57 de 28 de junio de 1999, rela tiva a las denominaciones de origen controladas 
y a las indicaciones de procedencia de los productos agrícolas, así como la Ley Nº 2001-36 de 17 de 
abril de 2001, relativa a la protección de las mar cas de fábrica, de comercio y de servicios no 
estipulan expresamente una protección adicional pa ra las indicaciones geográficas de los vinos y 
bebidas espirituosas. 
 No obstante, el artículo 5 de la Ley de Ma rcas dispone que "no podrá adoptarse como marca 
un signo que infrinja derechos anteriores y, en especial, una denominación de origen protegida". 
E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES  
13. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los 
dibujos y modelos industriales, citando las disposic iones de la legislación tunecina, y describir la 
naturaleza de la protección acordada.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 50 
 
 
  Según el artículo 9 de la Ley N° 2001-21 de 6 de febrero de 2001, rela tiva a la protección de 
los dibujos y modelos industriales, la presentación de un dibujo o modelo industrial debe efectuarse 
ante el organismo encargado de la propiedad industrial. 
 De este modo, todo dibujo o modelo industrial  presentado regularmente ha de inscribirse en el 
Registro nacional de dibujos y modelos industrial es y publicarse en el boletín oficial del organismo 
encargado de la propiedad industrial en un plazo que no exceda de nueve meses contados desde la 
fecha de la presentación. 
 Por otra parte, en virtud del artículo 15, el solicitante podrá pedir que se postergue la 
publicación de sus dibujos y modelos industriales duran te un plazo de 12 meses contados a partir del 
día siguiente a la fecha de la presentación. 
 En definitiva, y de conformidad con lo dispuest o en el artículo 8 de la Ley, la propiedad de 
los dibujos o modelos industriales pertenece a su crea dor, es decir, la presentación sólo constituye una 
presunción de la propiedad que se puede impugnar mediante prueba en contrario. 
14. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los 
dibujos y modelos textiles, citando las disposic iones pertinentes de las leyes o reglamentos.  
 Los dibujos y modelos textiles no gozan de disposiciones especiales de protección.  No 
obstante, la legislación de Túnez prevé el ap lazamiento de la publicación de las solicitudes 
correspondientes a todos los dibujos y modelos industr iales, entre ellos los relativos a la industria 
textil, aplazamiento que dura 12 meses, a contar del día siguiente a la fecha de la presentación.  Esta 
misma legislación prevé el sistema de presentación colectiva que se aplica tanto a los dibujos como a 
los modelos textiles. 
F. P
ATENTES  
15. Sírvanse describir en detalle la forma en que la legislación de patentes de Túnez aplica el 
artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indica ndo, en su caso, las excepciones previstas e 
incluyendo detalles sobre la protección de los microorganismos, los procedimientos no 
biológicos y microbiológicos y las obtenciones vegetales .  Sírvanse citar las disposiciones legales 
pertinentes.  
 Las disposiciones de los artículos 1, 2 y 3 de  la Ley N° 2000-84 de 24 de agosto de 2000, 
relativa a las patentes de invención, concuerdan con las normas del artículo 27 del Acuerdo sobre 
los ADPIC. 
 El artículo 1 estipula que cualquier invenc ión de un producto o de un procedimiento de 
fabricación podrá protegerse mediante un título, denomi nado patente de invenci ón, expedido por el 
organismo encargado de la propiedad industrial. 
 Según el artículo 2, no se consideran invenc iones los métodos de tratamiento terapéutico y 
quirúrgico del cuerpo humano o animal ni los mét odos de diagnóstico aplica dos al cuerpo humano o 
animal. 
 Por lo demás, a tenor del artíc ulo 3 de la Ley antes citada, no podrán concederse patentes para 
las obtenciones vegetales, las razas animales o los procedimientos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas o animales, con excepción, sin embargo, de los procedimientos biológicos médicos, comprendidos los microorganismos, y los productos obtenidos por estos procedimientos que 
podrán gozar de la protección conferida por las patentes.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 51 
 
 
  Quedan también excluidas de la protección mediante patentes las invenciones cuya 
publicación o aplicación sean contrarias a las buenas co stumbres, al orden público, a la salud pública 
o a la protección del medio ambiente. 
16. Sírvanse describir en detalle los derechos  conferidos a los titulares de patentes con 
arreglo a la legislación de patentes de Túnez,  y citar las disposiciones legales pertinentes.  
 En virtud del artículo 46 de la Ley N° 2000-84 de 24 de agosto de 2000, relativa a las patentes 
de invención, la patente confiere a su titular o a sus derechohabientes un derecho exclusivo de 
explotarla.  Como corolario de ese derecho, el titu lar de la patente puede prohibir a terceros los 
siguientes actos: 
 - la fabricación, la oferta, la comercialización, la utilización, o bien la importación o la 
tenencia, para los fines antes citados , del producto objeto de la patente; 
 - la utilización del procedimiento de fabricación que es objeto de la patente;  - la oferta, la comercialización o la utilizaci ón, o bien la importación o la tenencia, para 
los fines antes citados, del producto obtenido directamente mediante el procedimiento 
objeto de la patente. 
17. Sírvanse describir en detalle las disposiciones de la legislación tunecina que permitan el 
uso no autorizado de una patente, citando las di sposiciones pertinentes de la ley, y describir en 
detalle la condiciones en que pueda ocurrir este uso.  
 Según el artículo 47 de la Ley relativa a las pate ntes de invención, los derechos otorgados por 
la patente no se hacen extensivos a: 
 - los actos efectuados en un marco privado y con fines no comerciales; 
 - los actos realizados a título experimental  referentes a la materia de la invención 
patentada; 
 - la preparación de medicamentos efectuada en el acto y por unidades en el laboratorio 
de una farmacia, según una prescripción faculta tiva, ni a los hechos que conciernen a 
los medicamentos así preparados; 
 - la oferta, la importación, la tenencia  o la utilización del producto patentado o del 
producto obtenido mediante un procedimient o patentado en el territorio tunecino, 
después de que ese producto se haya comerc ializado de manera lícita en cualquier 
país, por el titular de la patent e o con su consentimiento expreso; 
 - los actos necesarios para la fabricación de medicamentos genéricos.  Sin embargo, la 
explotación de los productos derivados de esas actividades con fines comerciales sólo 
se podrán llevar a cabo después de expirado el plazo de protección de la patente; 
 - la utilización de objetos a bordo de aer onaves, de vehículos terrestres o de buques 
extranjeros que penetren temporal o acci dentalmente en el espacio aéreo, en el 
territorio o en las aguas territoriales de la República de Túnez. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 52 
 
 
 18. ¿Qué duración de la protección prevé para las patentes la legislación de patentes de 
Túnez?  Sírvanse describir las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo de 
protección y citar las disposiciones legales pertinentes.  
 En virtud del artículo 36 de la Ley de patent es, la duración de la protección para las patentes 
de invención es de 20 años a contar de la  fecha de presentación de la solicitud. 
 Por otra parte, la legislación de Túnez no pr evé ninguna prórroga del plazo de protección para 
las patentes de invención. 
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS  
19. Sírvanse describir en detalle la protección de los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados prevista en la legisl ación tunecina, incluida la durac ión de la protección, y citar las 
disposiciones pertinentes de la ley.  
 Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 2001- 20 de 6 de febrero de 2001, los esquemas de 
trazado de los circuitos integrados pueden presen tarse al organismo encargado de la propiedad 
industrial. 
 Se concede la protección si la topografía es el  resultado del esfuerzo intelectual de su creador 
y no es corriente en el momento de su creación en el sector de los circuitos integrados (artículo 3 de la 
Ley). 
 La presentación de una solicitud de topografía confiere a su titular el derecho exclusivo de 
explotación y le permite prohibir a terceros, sal vo autorización, su reproducción, explotación o 
importación (artículo 17 de la Ley). 
 La protección concedida a un esquema de trazado de  los circuitos integrados rige desde el día 
de la presentación de la solicitud, o desde la fecha de la primera explotación comercial de los circuitos 
integrados cuando dicha explotación sea anterior a la presentación. 
 El plazo de protección de una topografía, previsto  en el artículo 18 de la Ley, es de 10 años, a 
contar desde el día de la presentación de la solicitud o de la fecha de la primera explotación comercial 
de los circuitos integrados cuando dicha explotación sea anterior a la presentación. 
H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA  
20. Sírvanse describir en detalle cómo establecen  las leyes tunecinas la protección de la 
información no divulgada exigida por el párrafo  2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, 
y citar las disposiciones legales pertinentes.  
 Las siguientes disposiciones garantizan dicha protección:  El artículo 168 del Código del Trabajo, que dispone que los miembros de la comisión 
consultiva de la empresa y los delegados del pers onal están obligados a guardar el secreto profesional 
con respecto a todas las informaciones de carácter confidencial que conozcan durante el desempeño 
de sus funciones y con respecto a todas las cues tiones relacionadas con los procedimientos de 
fabricación.  En caso de infracción, esas personas incurren en las sanciones previstas en los 
artículos 138 y 254 del Código Penal.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 53 
 
 
  El artículo 138 del Código Penal prevé, además de una multa, una pena de  prisión de dos años 
para sancionar al director, al empleado o al obr ero de una fábrica que divulgue o comunique los 
secretos de fabricación.  La tentativa de co meter ese delito resulta igualmente punible. 
 El artículo 61 ter del Código Penal dispone que:  "Será culpable de atentar contra la seguridad 
exterior del Estado el tunecino o extranjero que, si n previa autorización de la autoridad competente, 
entregue o comunique a una persona que actúe por cuenta de una potencia o una empresa extranjera 
una invención de interés para la  defensa nacional, o informaciones, estudios o procedimientos de 
fabricación relacionados con una invenc ión de interés para la defensa." 
21. Sírvanse describir en detalle cómo protege la  legislación tunecina los datos de prueba 
relativos a productos farmacéuticos y a produc tos químicos agrícolas presentados al Gobierno a 
fin de aprobar la comercialización de esos produc tos en Túnez, y citar las disposiciones legales 
pertinentes.  
 Los productos farmacéuticos se rigen por las Le yes 73-55 de 3 de agosto de 1973 y 85-91 de 
22 de noviembre de 1985.  Se han promulgado textos de aplicación de esas Leyes, entre otros: 
 - el Decreto 90-1400 de 3 de septiembre de 1990, que fija normas respecto de las 
prácticas adecuadas de fabricación de los medicamentos destinados a seres humanos, el control de su calidad, su acondicionamie nto, su etiquetado, su denominación y la 
publicidad correspondiente; 
 - el Decreto 90-1401 de 3 de septiembre de  1990, que fija las modalidades de la 
experimentación médica o científica relativa a los medicamentos destinados a seres 
humanos; 
 - la Resolución del Ministro de Salud Púb lica de 10 de septiembre de 1996, que fija las 
modalidades para otorgar una autorizaci ón de comercialización de medicamentos 
destinados a seres humanos, su renovación y su transferencia. 
 Esos textos, en conformidad con las ley es que les dieron origen, comprenden sanciones 
disciplinarias, civiles y penales contra cualquier persona que los transgreda. 
 La tramitación de los expedientes de me dicamentos se rige por procedimientos y 
disposiciones que garantizan la seguridad de l as informaciones que contienen y que se pueden detallar 
en la forma siguiente: 
 Recepción de los expedientes
:  Un inspector farmacéutico se encarga directamente de recibir 
el expediente que le presenta la persona designa da para ello por el respectivo laboratorio.  A 
continuación, el inspector envía una copia refrendada al interesado, quien obtiene así constancia de la 
fecha de presentación de su expediente. 
 Evaluación de los expedientes :  Al inspector farmacéutico le  incumbe la responsabilidad de 
conservar los expedientes.  El expediente farmac éutico se remite al Laboratorio Nacional de Control 
de Medicamentos a fin de que se pronuncie sobre la conformidad del produc to con su expediente 
según el estado de los conocimientos  de farmacia.  El expediente clínico se confía a un perito 
designado por resolución del Ministro para que el abore un informe detallado, que se somete a una 
comisión especializada. 
 Evaluación de productos similares a los registrados :  En esta evaluación la confidencialidad 
de los datos es fundamental para evitar la utilización de los elementos contenidos en otro expediente. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 54 
 
 
  El procedimiento establecido en Túnez, al igua l que en la mayor parte de los países que tienen 
un sistema de registro fiable, se basa en los siguientes elementos: 
 - no se exigen los datos clínicos de la mo lécula que es objeto de la segunda solicitud, 
porque la molécula ya se ha evaluado; 
 - la reglamentación exige que el producto haya obtenido en su país de origen un 
derecho de comercialización (Autorización pa ra comercializar el producto).  Cuando 
se trate de un país signatario de los Acuer dos de la OMC, la responsabilidad por la 
observancia de las patentes incumbe al país  de origen, pero, si no se ha solicitado una 
patente específica, corresponderá a otro pa ís.  Si el país no es signatario de los 
Acuerdos de la OMC, la observancia de las disposiciones relativas a la propiedad 
intelectual incumbe a Túnez; 
 - el solicitante de una autorización para co mercializar un producto  ha de proporcionar 
un expediente farmacéutico que comprenda mé todos de análisis que deben insertarse 
en alguno de los criterios siguientes: 
  a) si el producto se describe en una farmacopea internacional, la referencia a 
ésta equivale a la validación de sus métodos; 
  b) a falta de ese dato, el proveedor debe proporcionar, por sus propios medios, 
un método válido sin que pueda remitirse a los datos del primer titular de la 
autorización para comercializar el producto. 
 Sin embargo, cabe señalar que pueden utilizarse las publicaciones científicas, ya que la 
administración considera que los resultados que fi guran en ellas han pasado al dominio público por 
iniciativa del titular de la patente o de  la comunidad científica internacional. 
 El procedimiento adoptado por Túnez está vi gente desde hace más de dos décadas y ha 
permitido evitar los conflictos de intereses y asegurar la  confidencialidad de los datos.  Gracias a ese 
procedimiento, la administración ha adquirido la  condición de centro colaborador de la OMS en 
materia de registro de medicamentos y reglamentación farmacéutica. 
 Todos los datos antes citados y las referencias relativas a la reglamentación se publican en el 
sitio web:  www.dpm.tn. 
22. ¿Se faculta a quienes soliciten posteriormente la aprobación de la comercialización de 
sus propias versiones de productos farmacéutico s y de productos químicos agrícolas aprobados 
con anterioridad, para que utilicen datos present ados por el solicitante anterior?  En caso 
afirmativo, ¿qué plazo de exclusividad se otorga al  solicitante anterior antes de que sea posible 
la utilización de sus datos?  
 Los expedientes presentados son distintos si se trata de un producto original o genérico.  Sólo 
en el caso del primer producto (original) es necesario  presentar todos los datos clínicos exigidos por la 
ley. 
 Esos datos son evaluados por peritos obliga dos por ley al secreto profesional.  La propia 
administración queda obligada a guardar secret o y ninguna documentación presentada puede ser 
comunicada o utilizada con ocasión de la presentación de una segunda solicitud.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 55 
 
 
  Los productos genéricos pueden quedar e xonerados de la docum entación clínica y 
farmacotoxicológica si la administración considera que  existe perspectiva sufi ciente y que la patente 
ha expirado.  Si la administración considera necesaria esa documentación, el laboratorio interesado está obligado a reconstruir personalmente todos los datos requeridos, sin poder remitirse a la 
documentación del producto original. 
 No obstante, cabe señalar que, por tradición, los artículos científicos publicados en revistas 
pueden utilizarse en la documentación de un primer  o segundo producto, ya que esos elementos se han 
hecho públicos por iniciativa de l titular del producto original. 
I. O
BSERVANCIA  
23. Sírvanse describir en detalle de qué modo la legislación tunecina prevé medidas eficaces 
contra cualquier acción infractora de los derech os de propiedad intelectual, como exige el 
párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.  
 Existen procedimientos y sanciones civiles y pe nales para reprimir a todo aquel que infrinja 
los derechos de propiedad industrial. 
 El delito de falsificación se sanciona con una multa de 5.000 a 50.000 dinares (artículo 51 de 
la Ley N° 2001-36 de 17 de abril de 2001, relativa  a la protección de las marcas de fábrica, de 
comercio y de servicios;  artículo 24 de la Ley N° 2001-21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la 
protección de los dibujos y modelos industriales;  artíc ulo 83 de la Ley N° 2 000-84 de 24 de agosto 
de 2000, relativa a las patentes de invención) y multa de 1.000 a 50.000 dinares cuando el delito 
afecta a los esquemas de trazado de los circuitos inte grados, de conformidad c on el artículo 34 de la 
Ley N° 2001-20 de 6 de febrero de 2001;  adem ás de aplicarse una multa de 500 a 2.000 dinares a 
cualquiera que haya hecho figurar en sus documento s de comercio, sus anuncios o sus productos una 
mención destinada a hacer creer que se ha pre sentado un esquema de trazado de los circuitos 
integrados. 
 Por otra parte, cabe señalar que  toda reincidencia en esas infra cciones se sanciona con pena 
de prisión de uno a seis meses, además de duplicarse la multa. 
 Además, en caso de condena el tribunal est á facultado para ordenar la destrucción, el 
apartamiento de los circuitos comerciales y la in cautación de los productos infractores (artículo 36 de 
la Ley relativa a la protección de los esquemas de tr azado de los circuitos inte grados, artículo 26 de la 
Ley relativa a la protección de los dibujos y modelos i ndustriales, y artículo 55 de la Ley relativa a la 
protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios). 
 Asimismo, se prevé la incautación de los producto s falsificados (artícul o 86 de la Ley relativa 
a las patentes de invención, artículo 38 de la Le y relativa a la protección de los esquemas de trazado 
de los circuitos integrados, artículo 28 de la Le y relativa a la protección de los dibujos y modelos 
industriales, y artículo 50 de la Ley relativa a la pr otección de las marcas de fábrica, de comercio y de 
servicios). 
 En Túnez, el aspecto literario y artístico de la propiedad intelectual (derecho de autor y 
derechos conexos) está protegido por: 
 - el derecho común:  la legislación gene ral civil y penal (Código de las Obligaciones y 
los Contratos, Código de Comercio, Ley relativa a la competencia y a los precios, Código de Procedimiento Civil y Comercial,  Código Penal, Código de Procedimiento 
Penal y Código de Aduanas); IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 56 
 
 
  - la legislación especial ( sui generis ), en este caso, la Ley N° 94-36 de 24 de febrero 
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, que prevé especialmente:  Se 
presume la infracción cuando el usuario de la obra no justifica poseer una autorización idónea.  El infractor del derecho de autor está obligado a pagar una 
indemnización por daños y perjuicios fija da por el tribunal competente, además de 
incurrir en sanciones penales (multa y prisión en caso de reincidencia). 
 La jurisdicción competente puede ordenar de of icio, o a solicitud del autor, la incautación de 
las copias ilícitas de las obras y su destrucción, así como el cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se cometió la infracción. 
 Se considerará que el propietario del estab lecimiento abierto al público en que se haya 
cometido una infracción (representación pública, venta, arrendamiento de ejemplares), si actuaba con conocimiento de causa, es solidariamente responsable del resarcimiento de los perjuicios materiales y 
morales derivados de la explotación de las obras ilícitas. 
 La verificación de las infracciones corresponde a lo s funcionarios de la policía judicial y los 
agentes jurados del Ministerio de la Cultura au torizados para estos efectos por el Ministro. 
 El proyecto de ley se propone fundamentalmente re forzar los medios y procedimientos que se 
han de aplicar para luchar contra las infracciones de  los derechos de autor y los derechos conexos, en 
conformidad con la letra y el espíritu del Acuerdo sobre los ADPIC y los dos tratados de la OMPI 
(WCT y WPPT) de diciembre de 1996.  Esos medios y procedimientos son: 
 - La adopción de medidas concretas en front era y el establecimiento de procedimientos 
que garanticen los derechos de las partes interesadas. 
 - La ampliación de la facultad de leva ntar atestados a otros órganos de la 
Administración. 
 - La agravación de las sanciones penales.  En lo que respecta a la observancia, la legi slación general de Túnez comprende disposiciones 
destinadas a permitir una acción eficaz contra cualquier  acto que infrinja los derechos, y a garantizar 
los derechos de la defensa. 
 En efecto, la legislación tunecina dispone que las autoridades judiciales están facultadas para 
dictar distintos tipos de decisiones, a saber:  me didas precautorias, mandamientos de pago, sentencias 
definitivas y otros fallos. 
 Según el artículo 86 del Código de  Procedimiento Civil y Comercial, "el tribunal podrá, si lo 
estima necesario, disponer que el  juez informante proceda a efect uar cualquier diligencia de 
instrucción, como la indagatoria, la inspección ocular, el peritaje, la tacha de falsedad o cualquier otra 
diligencia útil para poner en evidencia la verdad.  El juez informante puede, durante la vista y en 
presencia de las partes, fijar la fecha de la dilig encia de instrucción prescrita, y precisar el día y la 
hora de la comparecencia de las partes en su desp acho o en el lugar del litigio o en cualquier otro 
lugar". 
 El artículo 225 del mismo Código dispone que  "el tribunal podrá ordenar de oficio, en 
cualquier caso, la intervención de un tercero en el procedimiento cuando juzgue que la presencia de 
éste es indispensable para la apreciación del litigio".  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 57 
 
 
  Si es necesario proceder a un peritaje y no existe acuerdo entre las partes sobre la elección del 
perito, éste será designado por el juez. 
El procedimiento de urgencia
 
 En virtud de lo dispuesto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil y Comercial 
(CPCC), "en todos los casos urgentes se adoptarán medi das precautorias, sin prej uzgar en cuanto a lo 
principal".  "El Presidente del Tribunal de primera instancia o su delegado, así como el juez cantonal 
cuando sea competente con arreglo a la Ley, están  facultados para dictar medidas precautorias" 
(artículo 202 del Código de Procedimiento Civil y Comercial).  "Las providencias de urgencia se 
hacen ejecutorias transcurridas 24 horas después de su notificación personal, excepto en el caso en 
que el juez conceda un plazo de gracia.  La ejecución se lleva a cabo sin garantía, a menos que el juez 
haya ordenado que se constituya una " (artículo 207 del Código de Pr ocedimiento Civil y Comercial). 
La orden de pago  
 Con arreglo a lo previsto en el artículo 59 del CPCC, toda demanda de pago de un crédito 
puede tramitarse según el procedimiento de orden de pago cuando ésta, con independencia de su 
naturaleza, sea de una cuantía determ inada y tenga una causa contractual. 
La sentencia  
 La Ley prevé tres grados de jurisdicción:  la primera instancia, la apelación y la casación.  La 
sentencia no tiene carácter definitivo si es apelab le.  No obstante, siempre puede ordenarse su 
cumplimiento provisional con o sin depósito de  fianza, según las circunstancias de la causa 
(artículos 126 y 286 del CPCC). 
La sentencia definitiva  
 La sentencia definitiva, después de que se a gotan los recursos y se extinguen los plazos para 
entablar recursos, pone fin a la acción al resolver  la cuestión controvertida que ha sido objeto del 
litigio. 
24. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces 
estarán facultados a ordenar que se aporten las pruebas necesarias para justificar las 
alegaciones de una parte cuando ésta no haya podi do obtener esa prueba de la parte contraria .  
Sírvanse describir cómo otorgan esa facultad la s leyes o reglamentos de Túnez, y citar las 
disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.  
 La legislación de Túnez, de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo sobre 
los ADPIC en relación con los elementos de prueba, faculta a las autoridades judiciales para ordenar, 
a solicitud de una de las partes, que la parte contrari a en el litigio aporte las pruebas que se encuentren 
bajo su control. 
 En virtud de los artículos 213 a 223 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, el 
Presidente del Tribunal está facultado para dictar provi dencias, a instancia de cualquiera de las partes 
en el litigio, con el fin de permitir la salvaguardia  de los derechos e intereses que no se pueden dejar 
sin protección. 
 En caso de extrema urgencia, el juez puede reso lver en su domicilio las peticiones que se le 
formulen.  La ejecución de las providencias así dictadas no requiere la formalidad de estampar el sello del tribunal ni la inscripción en el registro ad hoc .  Esas formalidades se cumplirán ulteriormente. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 58 
 
 
  Las providencias que se dictan a petición de parte quedan dispensadas de la formalidad de 
registro y los fedatarios-notarios las ejecutan de  inmediato.  La solicitud de revocación de la 
providencia no suspende su ejecución. 
 Según el artículo 101 del mismo Código, "si es necesario proceder a un peritaje y no existe 
acuerdo entre las partes sobre la elección del perito, éste será designado por el juez". 
25. Sírvanse describir en detalle todos los recursos  civiles de que disponen los titulares de 
derechos en la legislación tunecina, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.  
 Las disposiciones de los artículos 82 y 83 del Código de Obligaciones y Contratos (COC) 
obligan al autor de cualquier perjuicio material o moral, causado intencional o voluntariamente a otro, 
a repararlo cuando se demuestre que este hecho es la causa directa del mismo. 
 Con ese mismo criterio, el artículo 51 de la Le y Nº 94-36 de 24 de febr ero de 1994, relativa a 
la propiedad literaria y artística, dispone que "cualqui era que infrinja el derecho de autor previsto en la 
presente Ley estará obligado a abonar al titular de dicho derecho un resarcimiento por los daños y 
perjuicios materiales y morales causados, cuyo importe será determinado por la jurisdicción 
competente".  El proyecto de ley que modifica y co mpleta la referida Ley Nº 94-36 ha ampliado estas 
mismas normas a los derechos conexos. 
 Asimismo, los recursos civiles que las leyes de Túnez estipulan para proteger a los titulares de 
derechos son las siguientes: 
 - mandamientos judiciales;  - órdenes de resarcimiento de daños y perj uicios, con inclusión de la reparación por 
concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados; 
 - destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de 
las mercancías infractoras y de los materi ales e instrumentos utilizados para su 
producción; 
 - otras medidas. 
Los mandamientos judiciales
 
 Las autoridades judiciales pueden dictar dis tintos tipos de resoluciones, entre ellas autos 
provisionales, órdenes de pago y sentencias. 
El procedimiento de urgencia  
 En virtud de lo dispuesto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil y Comercial 
(CPCC), "en todos los casos urgentes se dictan medi das precautorias, sin prejuzgar en cuanto a lo 
principal". 
 El Presidente del Tribunal de primera instancia o su delegado, así como el juez cantonal 
cuando sea competente con arreglo a la Ley, es tán facultados para dictar autos provisionales 
(artículo 202 del CPCC ). 
 Las medidas precautorias se hacen ejecuto rias transcurridas 24 horas después de su 
notificación personal, excepto en el caso en que el juez conceda un plazo de gracia.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 59 
 
 
  La ejecución se lleva a cabo sin garantía, a menos que el juez haya ordenado que se 
constituya una (artículo 207 del CPCC). 
La orden de pago
 
 Con arreglo a lo previsto en el artículo 59 del CPCC, toda demanda de pago de un crédito 
puede tramitarse según el procedimiento de orden de pago cuando ésta, con independencia de su 
naturaleza, sea de una cuantía determ inada y tenga una causa contractual. 
La sentencia  
 La sentencia no tiene carácter definitivo si es ap elable.  No obstante, siempre puede ordenarse 
su cumplimiento provisional con o sin depósito de fianza, según las circunstancias de la causa 
(artículos 126 y 286 del CPCC). 
La sentencia definitiva  
 La sentencia definitiva pone fin a la acción al resolver la cuestión controvertida que ha sido 
objeto del litigio. 
Las órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios , con inclusión de la re paración por concepto de 
beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados  
 De conformidad con las disposiciones de lo s artículos 82 y 83 del Código de Obligaciones y 
Contratos (COC), cualquier perjuicio material o moral causado intencional o voluntariamente a otro 
obliga a su autor a reparar dicho perjuicio, cua ndo quede establecido que ese hecho es causa directa 
del mismo. 
 Por otra parte, con ese mismo criterio el artículo 82 de la Ley de Patentes, el artículo 34 de la 
Ley relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, el artículo 24 de la 
Ley relativa a la protección de los dibujos y modelo s industriales y el artículo 44 de la Ley relativa a 
la protección de las marcas de fábrica, de comerc io y de servicios disponen que la falsificación 
compromete la responsabilidad civil de su autor. 
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías 
infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción  
 Según el artículo 55 de la Ley relativa a la pr otección de las marcas, el artículo 36 de la Ley 
relativa a la protección de los esquemas de trazado de  los circuitos integrados y el artículo 26 de la 
Ley relativa a la protección de los dibujos y modelo s industriales, el tribuna l puede, en la sentencia 
condenatoria, ordenar la destrucción o el apartamien to de los circuitos comerciales de los productos y 
mercancías infractores, así como la confiscación de lo s instrumentos utilizados para su fabricación. 
Otras medidas  
 En virtud del artículo 34 de la Ley relativa a la protección de los esquemas de trazado de los 
circuitos integrados, el artículo 24 de la Ley relativa a la protección de los dibujos y modelos 
industriales y el artículo 54 de la Ley relativa a la  protección de las marcas, el tribunal podrá ordenar 
en todos los casos pertinentes, a expensas de la pa rte vencida en el juicio, la publicación íntegra o 
parcial del fallo en los diarios que designe, como as imismo su fijación en carteles en los lugares que 
determine, sobre todo en las puertas principales de l as fábricas y talleres de la parte vencida y en el 
escaparate de sus tiendas. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 26. Sírvanse describir en detalle los procedimientos y recursos provisionales al alcance de 
los titulares de derechos de conformidad con la legislación tunecina, citando las disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes, e indicar cualquier condición establecida para que el 
titular del derecho pueda valerse de esos procedimientos y recursos.  
 En lo que respecta a los derechos de autor,  el derecho común perm ite actuar conforme al 
procedimiento de urgencia y dictar providencias a petición de parte, como ya se indicó (en la 
respuesta a la pregunta sobre la obser vancia de los derechos  de propiedad intelectual), a fin de adoptar 
las medidas provisionales adecuadas. 
 El artículo 55 de la Ley N° 94-36, de 24 de  febrero de 1994, faculta a la jurisdicción 
competente a actuar de oficio o a solicitud del auto r.  Asimismo, puede ordenar el decomiso o la 
destrucción de las copias o el cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se cometió la 
infracción. 
 El artículo 54-1 del proyecto de ley que modi fica y completa la Ley N° 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, dispone que "el titular del derecho o su 
representante podrá, a título preventivo, en virtud de una resolución dictada a petición de parte por el 
Presidente del tribunal competente, hacer que el feda tario-notario, asistido por un perito, proceda a la 
descripción detallada, con o sin confiscación real, de  los productos presuntamen te falsificados y que 
constituyan una violación del derecho de autor o de los derechos conexos". 
 Las medidas antes citadas podrán ordenarse "e n todos los casos de urgencia, de manera 
precautoria y sin perjuicio de lo que se resuelva  en lo principal" (artículo 201 del Código de 
Procedimiento Civil y Comercial). 
 En lo que concierne a los derechos de propied ad industrial, la Ley N° 2000-84 de 24 de 
agosto de 2000, relativa a las patentes de invención,  estipula que, en virtud de una resolución dictada 
a instancia de parte por el presidente del tribuna l competente, un fedatario-notario, asistido por un 
perito, procederá a la descripción detallada, con o sin confiscación real, de los productos o 
procedimientos presuntamente falsificados.  Cuando se lleve a cabo una confiscación real, la 
resolución puede imponer al solicitante que consigne, antes de la incautación, una fianza. 
 Medidas similares a las reseñadas se contemplan también en:  - la Ley N° 2001-20 de 6 de febrero 2001 re lativa a la protección de los esquemas de 
trazado de los circuitos integrados (artículo 38); 
 - la Ley N° 2001-21 de 6 de febrero de 2001 relativa a la protección de los dibujos y 
modelos industriales (artículo 28); 
 - la Ley N° 2001-36 de 17 de abril de 2001 relativa a la protección de las marcas de 
fábrica, de comercio y de servicios (artículo 50). 
 Por otra parte, esas medidas se pueden ordenar por el carácter urgente de cualquier dificultad 
relativa al cumplimiento de las re soluciones dictadas o de un título ejecutivo.  La adopción de esas 
medidas corresponde al presidente del tribunal competen te o su delegado, que resuelve en calidad de 
juez de recursos de urgencia (artículos 201 y 210 del CPCC). 
 En el aspecto procesal, la acción se entabla mediante una demanda ante el presidente del 
tribunal competente quien, conforme al procedimie nto de urgencia, puede im pedir a título provisional 
y coercitivo la prosecución de los actos tipificados de falsificación o subordi narla a la constitución de  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 garantías, que se destinen a asegurar la inde mnización del titular de la  marca o de un derecho 
exclusivo (artículo 49 de la Ley relativa a las marcas). 
 Esa disposición existe también en los textos rela tivos a las patentes de invención (artículo 87), 
a los esquemas de trazado de los circuitos inte grados (artículo 38) y a los dibujos y modelos 
industriales (artículo 28). 
J. P
RESCRIPCIONES ESPECIALES RELACI ONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA  
27. Sírvanse describir en detalle los procedimient os establecidos en la legislación tunecina 
que prevean medidas en frontera para lograr la observancia, por lo menos, con respecto a la 
falsificación de marcas de fábrica o de comerc io y la piratería lesiva del derecho de autor, 
identificando la autoridad competente y cita ndo las disposiciones pertinentes de leyes o 
reglamentos.  
Formas de propiedad intelectual protegidas con las medidas en frontera  
 La demanda interpuesta con objeto de que l as autoridades aduaneras suspendan el despacho 
para libre circulación de las mercancías infractoras de  los derechos de propiedad intelectual, además 
de abarcar los productos de marca de fábrica, de comercio o de servicios protegida que hayan sido 
falsificados y las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor (hay un proyecto de ley en curso 
de aprobación), también abarcará a: 
 - las mercancías infractoras de una patente;  - las mercancías que incorporen un di bujo o un modelo industrial falsificado; 
 - las mercancías que incorporen un esquema de  trazado de un circuito integrado que se 
haya copiado. 
Autoridades competentes
 
 El titular de una patente, el creador de un esquema de trazado de circuitos integrados, el 
titular de un dibujo o de un modelo industrial proteg ido y el titular de una marca registrada y sus 
derechohabientes podrán, si tienen motivos fundados  para sospechar que se prepara una importación 
de mercancías lesiva para sus derechos, presentar a los servicios de aduanas una solicitud por escrito 
con objeto de que suspendan el despac ho de la importación de esos productos. 
Prescripciones que rigen la presentación de la solicitud  
 A tenor de las disposiciones legislativ as vigentes, la solicitud debe contener: 
 - el nombre y apellidos o la razón social del solicitante, su domicilio o su sede social;  - una acreditación que establezca que el solic itante es titular de un derecho sobre los 
productos que son objeto del litigio; 
 - una descripción de los productos suficiente mente precisa para que los servicios de 
aduanas los puedan reconocer. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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  El solicitante debe proporcionar todas las de más informaciones útiles de que disponga para 
que los servicios aduaneros pueda n adoptar una decisión con conoc imiento de causa, sin que la 
presentación de esas informaciones constituya una condi ción para la admisibilidad de la demanda. 
 Dichas informaciones versan, entre otras cosas, sobre: 
 - el lugar donde se encuentren los prod uctos o su lugar de destino previsto; 
 - la identificación del envío o de los bultos;  - la fecha de llegada o de depó sito prevista de los productos; 
 - el medio de transporte utilizado;  - la identificación del importador, del expo rtador o del tenedor de los productos. 
 La demanda debe contener además el compromiso del solicitante de asumir su 
responsabilidad con respecto al importador si se pr ueba formalmente que los productos retenidos por 
los servicios de aduanas no constituyen una infracción del derecho de propiedad industrial protegido. 
 El solicitante está obligado a informar a los ser vicios aduaneros cuando su derecho ya no se 
encuentre válidamente registrado o haya vencido. 
 Una resolución del Ministro de Finanzas de 3 de diciembre de 2001 (texto reglamentario) 
contiene disposiciones precisas sobre el lugar de la presentación de la solicitud (la sede de la 
Dirección General de Aduanas), el momento de su presentación (antes de la llegada de los productos 
en cuestión a la Oficina de Aduanas o antes de que  sean retirados de ésta) y las personas facultadas 
para presentar la solicitud (el titular del derecho o sus derechohabientes).  El solicitante domiciliado 
en el extranjero debe designar un mandatario establecido en Túnez. 
 Esa resolución determina asimismo el formulario impreso de la solicitud.   El plazo de validez 
de la solicitud es de un año a partir de la fecha de  notificación de la aceptación de la solicitud por la 
aduana. 
 Además de las informaciones citadas, la so licitud debe comprender, en la medida de lo 
posible, una descripción detallada de los producto s que son objeto del litigio, acompañada de una 
fotografía de los productos o cualquier otra re producción gráfica de ellos y una muestra de los 
mismos. 
 La resolución estipula que, en caso de retenc ión de los productos objeto de la solicitud, los 
servicios de aduanas informarán de ello al solicita nte por vía postal, fax o cualquier otro medio de 
telecomunicación. 
Diversas prescripciones sobre el plazo de la suspensión
 
 Cuando los servicios de aduanas verifiquen,  según el caso y después de consultar al 
solicitante, que las mercancías corresponden a las indi cadas en la demanda, procederán a su retención. 
 Los servicios de aduanas comunican de inmediat o la retención al solicitante y al importador y 
les ofrecen la posibilidad de examin ar las mercancías retenidas y obtener las muestras necesarias a fin 
de efectuar análisis y pruebas que  permitan pronunciarse sobre la efectiv idad de la falsificación.  Todo 
ello se efectuará de conformidad con las dispos iciones del Código de Aduanas y sin infringir el 
principio de la confidencialidad de la información. 
 Sin perjuicio del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, se procede a levantar de 
pleno derecho la medida de retenci ón de las mercancías si el solicitante no justifica ante los servicios  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 aduaneros, en el plazo de 10 días hábiles conta do desde la notificación de dicha retención, que 
recurrió por la vía civil o correccional ante el tribun al competente, que el presidente del tribunal dictó 
medidas precautorias y que él consignó una caución su ficiente para cubrir su  responsabilidad respecto 
de las personas afectadas. 
 El tribunal fija la cuantía de esa caución. 
 En los casos que proceda, el plazo inicial ant es citado puede prorrogarse, como máximo, otros 
10 días hábiles. 
 Por otra parte, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías están 
facultados para obtener el levantam iento de la retención de las respectivas mercancías mediante la 
consignación de una garantía, cuyo im porte fija el tribunal y que debe ser suficiente para proteger los 
intereses del solicitante, a condición de que se ha yan cumplido todas las formalidades aduaneras. 
 Los servicios de aduana deben informar, sin demora, al propietario, al importador o al 
destinatario, así como al solicitante, del leva ntamiento de la retención de las mercancías. 
Caución o garantía equivalente e indemnización al  importador y al propietario de las mercancías
 
 Se procede a levantar de pleno derecho la medida de retención de los productos si el 
solicitante no justifica ante los servicios aduaneros,  en el plazo de 10 días hábiles contado desde la 
notificación de dicha retención, que recurrió por la vía civil o correccional ante el tribunal competente, el cual dictó medidas precautorias, y qu e él consignó una caución suficiente para cubrir 
su responsabilidad respecto de las personas afectadas.   El tribunal fija la cuantía de esa caución. 
 El propietario, el importador o el destinatario de los productos están facultados para obtener el 
levantamiento de la retenc ión de los respectivos productos median te la consignación de una garantía, 
cuyo importe fija el tribunal y que ha de ser sufi ciente para proteger los intereses del solicitante, a 
condición de que se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras. 
 Los servicios de aduanas pueden exigir adem ás al solicitante, cuando su demanda haya sido 
acogida o cuando se hayan adoptado medidas de re tención, que consigne una caución a fin de 
garantizar el pago de los gastos  ocasionados por el mantenimient o de los productos bajo control 
aduanero. 
Derechos de inspección y de información
 
 Los servicios de aduanas a los que se ha presentado una solicitud de  conformidad con las 
disposiciones que la rigen, proceden a examinarla y de inmediato informan por escrito al solicitante la 
resolución adoptada, que debe estar debidamente fundamentada. 
 En el caso de que los servicios aduanero s comprueben, después de consultar con el 
solicitante, que los productos corresponden a los indica dos en la solicitud, proceden a su retención. 
 Los servicios de aduanas comunican de inmediat o la retención al solicitante y al importador y 
les dan la posibilidad de examinar los producto s retenidos y sacar de ellos las muestras necesarias 
para efectuar análisis y pruebas que permitan pronuncia rse sobre la efectividad de la falsificación.  
Todo ello se efectuará de conformidad con las disp osiciones del Código de Aduanas y sin infringir el 
principio de la confidencialidad de la información. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 64 
 
 
  Los servicios de aduanas comunican al solicitant e, a fin de que pueda solicitar una resolución 
a instancia de parte y entablar acciones judiciales, los nombres, apellidos y direcciones del exportador, 
el importador y el destinatario de los productos si obran en su conocimiento, además de la cantidad de 
los productos que sean objeto de la demanda. 
28. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual se benefician de 
una protección en frontera y, en caso afir mativo, sírvanse describir los procedimientos y 
recursos con que cuentan en relación con cada una  de las formas de propiedad intelectual, 
citando las disposiciones legales pertinentes.  
 La solicitud presentada con objeto de que las autoridades aduaneras suspendan el despacho 
para libre circulación de las mercancías infractoras de  los derechos de propiedad intelectual, además 
de abarcar los productos de la marca de fábrica, de  comercio o de servicios protegida que hayan sido 
falsificados y de las mercancías pirata que lesiona n el derecho de autor (en el parlamento hay un 
proyecto de ley en curso de aprobación), abarcará también: 
 - las mercancías infractoras de una patente; 
 - las mercancías que incorporen un di bujo o un modelo industrial falsificado; 
 - las mercancías que incorporen un esquema de trazado de un circuito integrado que 
haya sido copiado. 
 Los procedimientos relativos a las medidas en frontera, descritos en la respuesta a la 
pregunta 27, se aplican íntegramente a las distintas formas de propiedad intelectual. 
 Las disposiciones legislativas correspondient es a las medidas en frontera se prevén en: 
 - El capítulo VII de la Ley N° 2001-20 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección 
de los esquemas de trazado de los circ uitos integrados (artículos 39 a 48). 
 - El capítulo V de la Ley N° 2001-21 de 6 febrero de 2001, relativa a la protección de 
los dibujos y modelos industriales (artículos 31 a 40). 
 - El capítulo XIII de la Ley N° 2000-84 de 24 de agosto de 2000, re lativa a las patentes 
de invención (artículos 91 a 99). 
 - El capítulo VII de la Ley N° 2001-36 de 17 de abril de 2001, relativa a la protección 
de las marcas de fábrica, de comerc io y de servicios (artículos 56 a 65). 
29. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC especifica los procedimientos que se han de 
seguir cuando las autoridades competentes pueden actuar de oficio .  Sírvanse explicar si las 
autoridades competentes de Túnez están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo, 
sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de oficio.  
 Los servicios de aduanas podrán, por iniciativa propia, suspender el despacho de aduana de 
las mercancías que infrinjan un derec ho de propiedad industrial protegido. 
 En tal caso:  Los servicios de aduanas comunican de inmediato al titular del derecho o a sus 
derechohabientes que deben presentar una solicitu d de conformidad con las prescripciones antes 
mencionadas, en un plazo de tres días contado desde la fecha de la notificación efectuada por dichos servicios.  Cumplidos esos requisitos, la suspensión se aplica de pleno derecho.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 65 
 
 
  La medida de retención de las mercancías, r ealizada en el marco de una acción de oficio de 
los servicios de aduanas, se levanta de pleno derec ho si el titular del derecho de propiedad industrial 
protegido o sus derechohabientes no presentan una solic itud, conforme a las normas pertinentes, en el 
plazo de tres días contado desde la notificación efectuada por esos servicios. 
 Las esferas de propiedad intelectual que pueden ser objeto de una acción de oficio con 
respecto a las mercancías presuntamente falsificadas, son las siguientes: 
 - las patentes (artículo 97) de la Ley N° 2 000-84 de 24 de agosto de 2000 relativa a las 
patentes de invención; 
 - las marcas de fábrica, de comercio o de servicios (artículo 62) de la Ley N° 2001-36 
de 17 de abril de 2001, relativa a la protección de las marcas de fábrica, de comercio 
o de servicios; 
 - los esquemas de trazado de los circ uitos integrados (artículo 45) de la 
Ley N° 2001-20 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección de los esquemas de 
trazado de los circuitos integrados; 
 - los dibujos y modelos industriales (artícul o 37) de la Ley N° 2001-21 de 6 de febrero 
de 2001, relativa a la protección de los dibujos y modelos industriales. 
K. P
ROCEDIMIENTOS PENALES  
30. Sírvanse describir en detalle cómo aplican las leyes de Túnez el artículo 61 del Acuerdo 
sobre los ADPIC que prescribe que los Miembr os establecerán procedimientos y sanciones 
penales que comprendan penas de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias 
suficientemente disuasorias, al menos para los ca sos de falsificación dolosa de marcas de fábrica 
o de comercio y de infracción de derechos de propiedad intelectual a escala comercial .  Sírvanse 
citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.  
 En cuanto a los derechos de autor, además de la indemnización por daños y perjuicios en 
materia civil, el artículo 52 de  la Ley N° 94-36 de 24 de febr ero de 1994 prevé una multa de 500 
a 5.000 dinares, que se duplica en caso de reincide ncia, además de una posible pena de prisión de uno 
a seis meses para el reincidente. 
 El artículo 52 (nuevo) del proyecto de Ley que modifica y completa la Ley N° 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, ha incrementado la multa que ahora va 
de 1.000 a 50.000 dinares.  Esa multa se duplica en caso de reincidencia, además de la posible 
imposición al reincidente de  una pena de prisión, que ahora es de 12 meses. 
 En lo que respecta a las au toridades públicas encargadas de comprobar las infracciones y de 
incoar el procedimiento penal, el artículo 54 de la Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la 
propiedad literaria y artística, dispone en su párra fo 1 que "la comprobación de las infracciones a la 
presente Ley, así como la redacción de los atestados , estarán a cargo de las autoridades de la policía 
judicial y de los funcionarios jurados del Ministerio  de la Cultura y habilitados a tal fin".  El nuevo 
artículo 54 del proyecto de ley que modifica y comp leta la Ley N° 94-36 ha  ampliado esas mismas 
prerrogativas a los funcionarios de aduanas, de c ontrol económico y de la reglamentación municipal. 
 Las autoridades públicas pueden entablar acciones penales por iniciativa propia.  El 
artículo 54 (nuevo) del proyecto de ley que modifica  y completa la Ley N°  94-36 de 24 de febrero 
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, prevé en sus párrafos 2 y 3 que "los funcionarios IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 66 
 
 
 antes citados pueden, previa entrega de un compr obante, incautarse de los documentos necesarios y 
sacar muestras de los productos falsificados de acu erdo con las necesidades de la investigación y para 
establecer la prueba de la infracción.  Tambié n pueden incautarse, a título preventivo, de los 
productos que se sospeche son falsificados o no guardan conformidad con las reglas vigentes". 
 Incurrirán también en procedimientos y sancion es penales todos los que infrinjan los derechos 
del titular de la marca legalmente depositada. 
 Por otra parte, el artículo 51 de la Ley N°  2001-36 de 17 de abril de 2001, relativa a la 
protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, prevé una posible multa de 5.000 
a 50.000 dinares, que puede duplicarse en caso de re incidencia, además de una pena de prisión de uno 
a seis meses (artículo 53 de la Ley). 
31. El artículo 61 estipula que, cuando proceda,  entre los recursos disponibles figurará la 
confiscación, el decomiso y la destrucción de la s mercancías infractoras y de todos los materiales 
y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito .  Sírvanse describir las 
disposiciones de la legislación tunecina que prev én tales recursos y señalar las circunstancias en 
que éstos se aplicarían, citando las dispos iciones legales y reglamentarias pertinentes.  
 Con respecto a los derechos de autor, el artíc ulo 55 de la Ley N° 94-36 de 24 de febrero 
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, faculta a la jurisdicción competente para ordenar 
de oficio o a petición de parte el decomiso o la  destrucción de las copias fraudulentas y el cierre 
temporal o definitivo del establecimiento en el qu e se cometió la infracción.  El propietario de ese 
establecimiento se considerará, para los efectos de la indemnización de perjuicios, solidariamente 
responsable del autor principal de la infracción. 
 Las infracciones de los derechos de propi edad industrial se sancionan con penas que 
comprenden también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías de que se trate, así como de los materiales y accesorios utilizados en su producción. 
Disposiciones relativas a los esquemas de  trazado de los circuitos integrados
 
 Según el artículo 36 de la Ley de  6 de febrero de 2001, el tribunal podrá ordenar, en caso de 
condena, la destrucción o el apartamiento de los circ uitos comerciales de los productos incriminados y 
el decomiso de los accesorios utilizados para su fa bricación.  La parte perjudicada podrá pedir, incluso 
antes de la publicación de la solicitud, que se proc eda a efectuar la descripción detallada, con o sin 
confiscación de los objetos o accesorios incriminados, en virtud de una resolución dictada por el presidente del tribunal competente, previa presentación de una solicitud y de un certificado de registro 
(artículo 38). 
Disposiciones relativas a los dibujos y modelos industriales:
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de 6 de febrero de 2001, en caso 
de condena el tribunal podrá ordenar el decomiso de  los accesorios utilizados para la fabricación de 
los objetos incriminados. 
 La parte perjudicada podrá pedir que un fedatari o-notario proceda a efectuar la descripción 
detallada, con o sin incautación de los objetos o acceso rios incriminados, en virtud de una resolución 
dictada por el presidente del tribunal competente, pr evia presentación de una solicitud y de la prueba 
del registro (artículo 28).  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 67 
 
 
 Disposiciones relativas a las marcas de fábrica, de comercio y de servicios
 
 Cualquier persona que, de confor midad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 17 de 
febrero de 2001, entable una acción por falsificaci ón, tiene derecho a solic itar que un fedatario-
notario, asistido por un perito, en virtud de una reso lución dictada a petición de parte por el Presidente 
del tribunal competente, proceda, en cualquier lu gar, a la incautación efectiva de los productos o 
servicios que considere marcados, ofrecidos en vent a, entregados o suministrados en perjuicio suyo o 
en violación de sus derechos. 
 Cuando se autorice la incautación efectiva, ésta deberá limitarse a poner a disposición de los 
funcionarios judiciales las muestras necesarias para probar la falsificación.  El presidente del tribunal 
podrá supeditar la incautación efectiva a la constitu ción de garantías por parte del demandante para 
asegurar una eventual indemnización por los daño s y perjuicios que sufra el demandado si, con 
posterioridad, la acción incoada por falsifi cación se considera infundada (artículo 50). 
 El tribunal podrá ordenar el decomiso de lo s productos y los accesorios que sirvieron para 
cometer el delito.  También está facultado pa ra disponer la destrucción de esos productos 
(artículo 55). 
Disposiciones relativas a las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen  
 Los funcionarios encargados de controlar la s denominaciones de origen y las indicaciones de 
procedencia podrán incautarse de los productos pu estos en venta con denominaciones de origen 
controladas o de indicaciones de procedencia, de  las que se presume que no provienen del lugar 
geográfico de la denominac ión o de la indicación. 
 Esos funcionarios podrán asimismo incautar se de los productos procedentes de la zona 
geográfica de la denominación o de la indicación, pero que no respondan a las condiciones técnicas de 
producción fijadas en el pliego de condiciones, de conf ormidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley N° 99-57 de 28 de junio de 1999. 
Disposiciones relativas a las patentes de invención  
 Las personas facultadas para iniciar una acci ón por falsificación podrán, en virtud de una 
resolución dictada por el presidente del tribunal a instancia de parte, solicitar que un receptor judicial asistido por un perito efectúe la descripción detalla da, con o sin incautación efectiva, de los productos 
o de los procedimientos pr esuntamente falsificados. 
 Cuando se autorice la incautación efectiva, ésta debe limitarse a poner a disposición de los 
funcionarios judiciales las muestras necesarias para probar la falsificación.  Cuando haya lugar a esa 
incautación, el auto podrá imponer al demandante una caución que éste habrá de consignar antes de 
que se efectúe dicha incautación (artículo 86 de la Ley de 24 de agosto de 2000). 
32. El artículo 61 indica asimismo que los Mi embros podrán prever la aplicación de 
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de otras formas de la 
propiedad intelectual .  Sírvanse describir las disposiciones de la legislación tunecina que 
establezcan esa aplicación de procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.  
 En lo referente al derecho de autor y lo s derechos conexos, se aplican los mismos 
procedimientos y sanciones que se mencionan en la respuesta a la pregunta N° 30, letra K, titulada 
"Procedimientos penales". IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 68 
 
 
  La ley tunecina prevé, para todos los aspectos de la propiedad industrial, a saber, las patentes 
de invención, las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, los dibujos y modelos industriales, y 
los esquemas de trazado de los circuitos integrados, que el tribunal podrá ordenar que la parte vencida 
en el juicio publique, a su propia costa y en cartel es, el respectivo fallo en determinados lugares y su 
inserción íntegra o extractada en los diarios que el tr ibunal designe.  Estas disposiciones figuran en los 
siguientes textos legislativos: 
 - El artículo 34 de la Ley N° 2001-20 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección 
de los esquemas de trazado de los circuitos integrados. 
 - El artículo 24 de la Ley N° 2001-21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección 
de los dibujos y modelos industriales. 
 - El artículo 54 de la Ley N° 2001-36 de 17  de abril de 2001, relativa a la protección de 
las marcas de fábrica, de comercio y de servicios. 
L. I
NFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
33. Sírvanse proporcionar información estadístic a correspondiente al año 2000 relativa a los 
procedimientos civiles incoados para garantizar la observancia de derechos de autor, marcas de 
fábrica y de comercio, indicaciones geográficas , dibujos y modelos industriales, patentes, 
esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos comerciales, con indicación del número de casos incoados,  mandamientos pronunciados,  mercancías infractoras incautadas,  equipos 
infractores incautados,  y casos resueltos (incluidos los arreg los), así como el importe de las 
indemnizaciones por daños y perjuicios.  
 Se ha constituido una comisión, integrada por las diversas administraciones interesadas en el 
tema, para coordinar las acciones que deben lleva rse a cabo en la esfera del derecho de autor 
(Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Mini sterio de Comercio y Ministerio de Cultura).  Se 
han elaborado modelos de contra tos de explotación de las obras. 
 Se ha llevado a cabo una campaña de prensa pa ra la concienciación de los empresarios. 
 Muchos litigios se han resuelto mediante arreglos .  Se han entablado diversos procedimientos 
de derecho de autor, acerca de los cuales no se dispone aún de cifras. 
 No se dispone de estadísticas relativas a las medidas civiles adoptadas en el curso del 
año 2000. 
34. Sírvanse proporcionar información estadístic a correspondiente al año 2000 relativa a los 
procedimientos penales para garantizar la obser vancia en lo relativo a la piratería lesiva del 
derecho de autor y la infracción de marcas de fá brica o de comercio, incluido el número de 
allanamientos, procesamientos y condenas, el importe de las multas y/o las penas de prisión 
(indicando si las multas fueron pagadas y si las penas de prisión se cumplieron realmente o 
fueron suspendidas) y cualquier otra información que demuestre que el sistema penal es un factor eficaz de disuasión de la piratería.  
 No se dispone de estadísticas relativas a las sanciones penales impuestas durante el año 2000.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 69 
 
 
 V. RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL JAPÓN 
 
 D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  
 Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de 
la nación más favorecida que puedan existir en la  legislación sobre derecho de autor y derechos 
conexos, tal como autorizan los artícu los 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.  
 Túnez aplica esos principios, respeta sus compro misos internacionales y vela, en la práctica, 
por la observancia de esos principios, teniendo en cu enta el principio de reciprocidad prescrito en el 
artículo 32 de su Constitución, que prevé que las convenciones legalmente ratificadas son superiores a 
las leyes nacionales, siempre que la otra parte las aplique.  Ese mismo principio se ha ratificado en el 
marco del artículo 57 de la Ley N°  94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística, que dispone lo siguiente:  "las obras ex tranjeras pueden gozar de protección siempre que el 
país respectivo acuerde una protección equivale nte a las obras de los nacionales de Túnez". 
 El último párrafo del artículo 56 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la 
Ley N° 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, prevé asimismo 
que "las disposiciones de la presente Ley relativas al  derecho de autor se aplican a las obras que gocen 
de protección en virtud de una convención internaci onal en la que el Estado de Túnez sea parte". 
 Asimismo, el último párrafo del artículo 57 (nue vo), del mismo proyecto de ley, estipula que 
"las disposiciones de la presente Ley se aplican ta mbién a las interpretaciones o ejecuciones, a los 
fonogramas o videogramas y a las emisiones de radiodifusión protegidas en virtud de una convención 
internacional en la que el Estado de Túnez sea parte". 
VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE SUIZA 
 
A. PATENTES  
1. ¿Otorga su legislación protección mediante patente a las invenciones relacionadas con 
productos o procesos en todos los campos de la  tecnología, o hay excepciones?  De ser así, 
sírvanse indicar cuáles son esas excepciones y cómo se ajustan a lo dispuesto en el artículo 27 del 
Acuerdo sobre los ADPIC .  En particular, ¿se otorga protección mediante patente a todos los 
productos farmacéuticos?  
 La legislación relativa a la protección de las inve nciones, y en particular la Ley Nº 84-2000, 
de 24 de agosto de 2000, prevé en su artículo 1º  que "toda invención de un producto o proceso de 
fabricación puede quedar protegida mediante un título denominado pate nte de invención". 
 Con arreglo al artículo 2, basta con que la  invención cumpla un determinado número de 
condiciones, a saber:  ser nueva, entrañar una ac tividad inventiva y ser susceptible de aplicación 
industrial. 
 En otras palabras, se pueden otorgar patentes por todas las invenciones, sean de productos o 
de procedimientos, en todos los campos de la te cnología, incluidos los productos farmacéuticos y los 
productos químicos agrícolas. 
 Además, existe un determinado número de ex cepciones que se ajustan a lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 27.  En efecto, en el artículo 3 de la ley citada se prevé que la patente no puede 
otorgarse para las obtenciones vegetales, las r azas animales o los procedimientos esencialmente IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 70 
 
 
 biológicos para la producción de plantas o anim ales.  Sin embargo, esta disposición no es de 
aplicación a los procedimientos biológicos médicos y a los productos obtenidos de estos productos. 
Ampliación de la respuesta a la pregunta 1
: 
Ustedes dicen que su legislación excluirá de la protección mediante patente las obtenciones 
vegetales .  Sírvanse explicar cómo prevé su legislación la protección de las obtenciones vegetales .  
¿Lo hace mediante un sistema sui generis  de protección como el que se menciona en el 
párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC?  
 En relación a esta materia, Túnez ha promulga do la Ley N° 99-42 del 10 de mayo de 1999 
relativa a las semillas, plant ones y obtenciones vegetales. 
 Dicha Ley establece un sistema sui generis  de protección de las obtenciones vegetales que 
está en consonancia con la ley tipo de la UPOV. 
2. ¿Considera su legislación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto 
del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importación es una forma de "explotación" 
de una patente (y excluye por tanto el otorgamiento de una licencia obligatoria, si se importa un 
producto)?  
 La legislación considera, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto del 
artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importación es una forma de "explotación" de una 
patente. 
 En efecto, en el artículo 69 de la Ley Nº 2000-84 relativa a las patentes de invención se 
prevén, entre los casos de sometimiento de la patente al régimen de licencias obligatorias, los 
siguientes: 
 - "cuando el producto objeto de la invenc ión no ha sido comercializado en cantidad 
suficiente para satisfacer las necesidades del mercado de Túnez"; 
 - "cuando la explotación industrial o comercial de  la invención, objeto de la patente, ha 
sido abandonada durante más de tres años en Túnez". 
 De estos dos párrafos se desprende que la e xplotación de una patente no se interpreta de 
manera restrictiva, y que por ella se entiende ta nto una explotación industrial como comercial. 
 Lo esencial es que el producto objeto de la pa tente sea comercializado, ya sea a través de una 
explotación industrial o de su importación, de ma nera que queden satisfechas las necesidades del 
mercado nacional. 
3. ¿Están las licencias obligatorias sujetas en  su legislación a las condiciones enumeradas 
en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?  Sírvanse indicar las disposiciones 
correspondientes de la ley.  
 La Ley Nº 2000-84, de 24 de agosto de 2000,  sujeta las licencias obligatorias a las 
condiciones enumeradas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 En efecto, el artículo 69 de esta Ley prevé que  tras la expiración del plazo previsto (cuatro 
años contados desde la presentación de las solicitudes,  o tres años contados desde la concesión de la 
patente), cualquier persona interesada puede obtener , en cualquier momento, una licencia obligatoria:  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 71 
 
 
  - cuando la invención objeto de la patente no ha empezado a ser explotada 
industrialmente o no ha sido objeto de preparativos serios con vistas a esa explotación en Túnez; 
 - cuando el producto objeto de la invenc ión no ha sido comercializado en cantidad 
suficiente para satisfacer las necesidades del mercado de Túnez; 
 - cuando la explotación industrial o comercial de la invención objeto de la patente ha 
sido abandonada durante más de tres años en Túnez. 
 En el artículo 70 de la misma Ley se prevé que  toda solicitud tendiente a obtener una licencia 
obligatoria debe dirigirse al tribunal competente.  El solicitante de una licencia obligatoria debe 
probar que se ha dirigido al titular de la patente so licitándole una licencia contractual, pero que no ha 
podido obtenerla en términos y condiciones comerc iales razonables y en un plazo prudencial. 
 La licencia obligatoria por falta o insuficiencia de explotación no podrá otorgarse en ningún 
caso si el titular de la patente justifi ca la existencia de una excusa legítima. 
 La licencia obligatoria es de carácter no exclusivo. 
 Según el artículo 74, el tribunal establece las condiciones de la licencia obligatoria, y en 
particular, su duración, su ámbito de aplicación y el importe que se debe abonar al titular de la 
patente, que debe guardar correlación c on la importancia de la explotación. 
4. ¿Prevé su legislación el principio de la inversi ón de la carga de la prueba en los litigios 
relativos a patentes de procedimientos?  Sírvanse  indicar las disposiciones correspondientes de 
la ley.  
 En el artículo 85 de la Ley relativa a las patentes de invención se prevén disposiciones 
referentes a la inversión de la car ga de la prueba en los litigios rela tivos a patentes de procedimiento.  
En virtud de este artículo, "si la patente tiene por objeto el procedimient o de fabricación de un 
producto, el tribunal estará facultado para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento 
utilizado para obtener un producto idéntico es dife rente del procedimiento patentado.  Si el 
demandado no presenta esta prueba, se presumirá que  todo producto idéntico fabricado sin el 
consentimiento del titular de la patente ha sido obt enido mediante el procedimiento patentado, cuando 
este producto es nuevo". 
B. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA  
5. Sírvanse indicar de forma detallada si su legislación garantiza que los datos de pruebas 
u otros no divulgados presentados por un solicitan te al organismo oficial competente en el 
marco del procedimiento prescrito para auto rizar la comercialización de un producto 
farmacéutico o de un producto químico para la  agricultura quedan protegidos contra toda 
divulgación y contra todo uso comercial deslea l por un competidor, por ejemplo mediante la 
prohibición impuesta a un segundo solicitante de  fundarse en los datos originales del primer 
solicitante o de remitirse a ellos en el marco de su posterior solicitud de autorización de 
comercialización de su propio producto .  ¿Establece su legislación excepciones a tal respecto?  
De ser así, ¿con sujeción a qué condiciones resultarían éstas aplicables?  ¿Establece su 
legislación un plazo concreto de protección de lo s datos de pruebas u otros no divulgados del 
primer solicitante?  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 72 
 
 
  La documentación presentada es diferente según se trate de un producto original o genérico.  
Sólo en el caso del primer producto (original) es n ecesario presentar todos los datos clínicos exigidos 
por la Ley. 
 Estos datos son evaluados por peritos obligados  por ley al secreto profesional.  La propia 
administración queda obligada a guardar secret o y ninguna documentación presentada puede ser 
comunicada o utilizada con ocasión de la presentación de una segunda solicitud. 
 Los productos genéricos pueden quedar e xonerados de la docum entación clínica y 
farmacotoxicológica si la administración considera que existen perspectivas suficientes y que la 
patente ha expirado.  Si la administración cons idera necesaria esa documentación, el laboratorio 
interesado está obligado a reconstruir personalmente  todos los datos requeri dos, sin poder remitirse a 
la documentación del producto original. 
 Sin embargo, cabe señalar que, por tradición,  se pueden utilizar en la documentación relativa 
a un primer o segundo producto las publicaciones científicas aparecidas en revistas, dado que estos elementos se han hecho públicos por iniciativ a del propietario del producto original. 
Ampliación de la respuesta a la pregunta 5
: 
Con respecto al uso comercial desleal de datos fac ilitados por un solicitante al organismo oficial 
competente en el marco del procedimiento pres crito para autorizar la comercialización de un 
producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura, sírvanse especificar si su 
legislación establece un plazo concreto de prot ección de los datos de pruebas u otros no 
divulgados del primer solicitante.  
 Los productos farmacéuticos se rigen por las ley es 73-55 de 3 de agosto de 1973 y 85-91 de 
22 de noviembre de 1985.  Se han promulgado textos de aplicación de esas leyes, entre otros: 
 - el Decreto 90-1400 de 3 de septiembre de 1990, que fija normas respecto de las 
prácticas adecuadas de fabricación de los medicamentos destinados a seres humanos, el control de su calidad, acondicionamiento , etiquetado, denominación y la publicidad 
correspondiente; 
 - el Decreto 90-1401 de 3 de septiembre de 1990 que fija las modalidades de la 
experimentación médica o científica relativa a los medicamentos destinados a seres humanos; 
 - la Resolución del Ministro de Salud Púb lica de 10 de septiembre de 1996 que fija las 
modalidades para otorgar una autorización a fin de comercializar medicamentos 
destinados a seres humanos, su renovación y su transferencia. 
 Esos textos, en conformidad con las ley es que les dieron origen, comprenden sanciones 
disciplinarias, civiles y penales contra cualquier persona que los transgreda. 
 La tramitación de los expedientes de me dicamentos se rige por procedimientos y 
disposiciones que garantizan la seguridad de las informaciones que contienen y se pueden detallar en 
la forma siguiente: 
 Recepción de los expedientes
:  un inspector farmacéutico se encarga directamente de la 
recepción del expediente que le presenta la persona d esignada para ello por el  respectivo laboratorio.   IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 73 
 
 
 A continuación, el inspector envía una copia refrendada  al interesado, quien obtiene así constancia de 
la fecha de presentación de su expediente. 
 Evaluación de los expedientes
:  al inspector farmacéutico le  incumbe la responsabilidad de 
conservar los expedientes.  El expediente farmac éutico se remite al Laboratorio Nacional de Control 
de Medicamentos a fin de que se pronuncie sobre la conformidad del produc to con su expediente 
según el estado de los conocimientos  de farmacia.  El expediente clínico se confía a un perito 
designado por el Ministro para que elabore un informe detallado que se somete a una comisión 
especializada. 
 Evaluación de productos similares a los registrados :  en esta evaluación la confidencialidad de 
los datos es fundamental para evitar la utilización de  los elementos contenidos en otro expediente. 
 El procedimiento establecido en Túnez, al igua l que en la mayor parte de los países que tienen 
un sistema de registro fiable, se basa en los siguientes elementos: 
 - No se exigen los datos clínicos de la molécula que es objeto de la segunda solicitud 
porque la molécula ya se ha evaluado. 
 - La reglamentación exige que el producto haya obtenido en su país de origen un 
derecho de comercialización (autorización pa ra comercializar el producto).  Cuando 
se trate de un país signatario de los Acuer dos de la OMC, la responsabilidad por la 
observancia de las patentes incumbe al país  de origen, pero, si no se ha solicitado una 
patente específica, corresponderá a otro pa ís.  Si el país no es signatario de los 
Acuerdos de la OMC, la observancia de las disposiciones relativas a la propiedad 
intelectual incumbe a Túnez. 
 - El solicitante de una autorización para comercializar un producto debe proporcionar 
un expediente farmacéutico que comprenda mé todos de análisis que deben insertarse 
en alguno de los criterios siguientes: 
  a) si el producto se describe en el marco de una farmacopea internacional, la 
referencia a ésta equivale a la validación de sus métodos; 
  b) a falta de ese dato, el proveedor de be proporcionar, por sus propios medios, un 
método válido sin que pueda remitirse a los datos del primer titular de la 
autorización para comercializar el producto. 
 Sin embargo, cabe señalar que pueden utilizarse las publicaciones científicas, ya que la 
administración considera que los resultados que fi guran en ellas han pasado al dominio público por 
iniciativa del titular de la patente o de  la comunidad científica internacional. 
 El procedimiento adoptado por Túnez está vi gente desde hace más de dos décadas y ha 
permitido evitar los conflictos de intereses y asegurar la  confidencialidad de los datos.  Gracias a ese 
procedimiento, la administración ha adquirido el est atuto de centro colaborador de la OMS en materia 
de registro de medicamentos y reglamentación farmacéutica. 
 En cuanto a la Ley Nº 2000-84 de 24 de agosto de 2000, relativa a los productos 
farmacéuticos, se ha previsto una disposición en  el artículo 103 para diferir su aplicación en 
consonancia con el período de  gracia fijado por la OMC. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 74 
 
 
  Sin embargo, Túnez garantiza la admisibilidad  de las solicitudes de patente según el mismo 
acuerdo internacional. 
 Todos los datos antes citados y las referencias relativas a la reglamentación se publican en el 
sitio web:  www.dpm.tn. 
C. O
BSERVANCIA  
6. Sírvanse indicar los recursos de su legislación que constituyen medios eficaces de 
disuasión de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.  
 Además de la respuesta a esta  pregunta que figuraba entre las respuestas de Túnez a la lista de 
preguntas relativas a la observancia (documento IP /N/6/TUN/1) y en particular a las preguntas Nos 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24, puede señalarse lo siguiente: 
 En Túnez, la propiedad intelectual, en su aspecto de propiedad literaria y artística (derecho de 
autor y derechos conexos) queda protegida mediante: 
 - los tratados internacionales legalmente ratificados, en virtud del artículo 32 de la 
Constitución, que son de rango superior a la  ley (los acuerdos de la Ronda Uruguay 
(ADPIC), el Convenio de Berna, etc); 
 - el derecho común:  la legislación ge neral, tanto civil como penal (Código de 
Obligaciones y Contratos, Código de Comercio , Ley relativa a la competencia y a los 
precios, Código de Procedimiento Pe nal, Código de Aduanas, etc); 
 - la legislación especial ( sui generis );  en este caso, la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero 
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística (derecho de autor) y los textos 
adoptados para su aplicación,  en particular el Decreto Nº 96-2230 de 11 de noviembre 
de 1996, relativo a la organización administ rativa y financiera del organismo de 
protección de los derechos de autor de Tún ez y a sus modalidades de funcionamiento. 
 Cabe destacar que existe un proyecto de ley que se encuentra actualmente en la Cámara de 
Diputados, tras haber sido adoptado por el Consejo de Ministros y el Consejo Constitucional.  El 
objetivo esencial de este texto es adaptar las dispos iciones de la Ley Nº 94-36 antes mencionada, 
relativas a los derechos de autor, a las del Acuer do sobre los ADPIC y el Tratado de la OMPI de 
diciembre de 1996, por un lado, e introducir en esta Ley especial las disposiciones relativas a los derechos conexos de conf ormidad con lo estipulado en el Ac uerdo sobre los ADPIC, la Convención 
de Roma y el Tratado de la OMPI de diciembre de 1996, por el otro. 
 Por lo que se refiere a la observancia de los de rechos de conformidad c on lo dispuesto en la 
tercera parte del Acuerdo sobre los ADPIC, la le gislación de Túnez establece procedimientos de 
observancia de los derechos de autor y los dere chos conexos que permiten la adopc ión de medidas 
eficaces contra cualquier infracción de esos derechos. 
Artículo 42
 
 De esta manera, y de conformidad con lo di spuesto en el artículo 42 del Acuerdo sobre 
los ADPIC, relativo a los procedimientos justos y equitativos: 
 1) Se autoriza a las partes a estar representadas por un abogado independiente.  Además, 
"el concurso del abogado es obligatorio an te el tribunal de primera instancia.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 75 
 
 
  El bufete del abogado se considera el domicilio f ijado por el cliente por lo que se refiere al 
grado de jurisdicción de que se ocupa" (artículo 68 del Código de Procedimiento Civil y Comercial). 
 2) Los demandados tienen derecho a recibi r aviso por escrito en tiempo oportuno, con 
inclusión del fundamento de la r eclamación.  En el artículo 70 de l Código de Procedimiento Civil y 
Comercial se prevé lo siguiente:  "la demanda introductoria de instancia debe contener el nombre, 
apellido, profesión, domicilio y legitimación de todas las partes, así como la relación de los hechos ...  Debe además contener la invitación formulada al  demandado para que presente sus conclusiones en 
réplica". 
 3) En la legislación de Túnez existe un pr ocedimiento para identificar y proteger la 
información confidencial.  En efecto, 
 - En el artículo 253 del Código Penal se prevé lo siguiente:  "Quien, sin estar 
autorizado a ello, divulgare el contenido de  una carta, de un telegrama o de cualquier 
otro documento que perteneciere a otra pe rsona, será sancionado con pena de prisión 
de una duración de tres meses". 
 - En el artículo 254 del Código Penal se estipul a lo siguiente:  "los médicos, cirujanos y 
otros funcionarios de sanidad, así co mo los farmacéuticos, las comadronas, y 
cualesquiera otras personas depositarias, por su situación o profesión, de secretos que 
les fueren confiados, que aparte de los casos en los cuales la ley les obligare u 
autorizare a formular denuncias, hubieren revelado dichos secretos, serán castigados con pena de prisión de seis meses de duración y multa de 500 dinares ...". 
 Los diferentes estatutos generales del pers onal del sector público sometan a éste a la 
obligación del secreto y la discreción profesional;  entre ellos están los siguientes: 
 - el estatuto general del personal del Esta do, de las colectividades públicas locales y de 
los establecimientos públicos de carácter administrativo; 
 - el estatuto general de los funcionarios  de los organismos paraestatales, de los 
establecimientos públicos industriales y come rciales y de las sociedades cuyo entero 
capital pertenece directamente al Estado o a las colectividades públicas; 
 - el estatuto general de los magistrados;  - el estatuto general del personal de aduanas;  - el estatuto general del personal de las fuerzas de seguridad interior ...  Además, en el artículo 168 del Código de Tr abajo se estipula que "los miembros de la 
comisión consultiva de empresa y los delegados de  personal quedan obligados al secreto profesional 
con respecto a toda la información de  carácter confidencial de que te ngan conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones y con respecto a todas las cues tiones relacionadas con los procedimientos de 
fabricación.  En caso de infracción, quedan sujetos a las sanciones previstas en los artículos 138 y 254 
del Código Penal". 
 En el artículo 138 del Código Penal se prevé "ade más de la multa, una pe na de prisión de dos 
años de duración para el direct or, empleado u obrero de una fábri ca que revelare o comunicare los 
secretos de fabricación de la misma;  la tentativa es igualmente punible". IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 76 
 
 
 Artículo 43
 
 La legislación de Túnez, de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo sobre 
los ADPIC por lo que se refiere a las pruebas, facu lta a las autoridades judiciales a ordenar a una de 
las partes en el procedimiento, a solicitud de la part e contraria, que aporte pruebas que se hallen bajo 
su control. 
 En virtud de los artículos 213 a 223 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, el 
presidente del tribunal está facultado para dictar provide ncias previa petición, dirigidas a una u otra de 
las partes en el procedimiento con objeto de perm itir la salvaguardia de los derechos e intereses que 
no se pueden dejar sin protección.  En caso de extrema urgencia, el juez puede resolver en su 
domicilio sobre las peticiones que le sean presentadas. 
 La ejecución de las providencias así dictad as no está subordinada a la estampación del sello 
del tribunal ni a la inscripción en el registro ad hoc .  Estas formalidades se cumplirán ulteriormente. 
 Las providencias a petición de parte quedan disp ensadas de la formalidad de registro;  los 
fedatarios-notarios las ejecutan inmediatamente. 
 La petición de revocación de la providenci a no suspende su ejecución.  En virtud del 
artículo 101 del mismo Código, "si resultare necesar io proceder a un peritaje y no existiere acuerdo 
entre las partes sobre la elección del perito, será designado por el juez". 
Artículo 44  
 Por lo que se refiere al artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a los mandamientos 
judiciales, la legislación de Túnez prevé que las autoridades judiciales están facultadas para tomar 
diferentes tipos de decisiones, a saber, las providenc ias de urgencia, la orde n de pago y la sentencia 
definitiva u otra sentencia. 
 Conforme al artículo 86 del C ódigo de Procedimiento Civil y Co mercial, "el tribunal puede, si 
lo estima necesario, hacer que el juez ponente proced a a adoptar cualquier diligencia de instrucción, 
como la indagatoria, la inspección ocular, el peritaje , la tacha de falsedad o cualquier otra diligencia 
que resulte útil para la manifestación de la verdad". 
 El tribunal puede también, en la vista y en presencia de las partes, fijar la fecha para la 
diligencia de instrucción prescrita, precisando el día y la  hora de la comparecencia de las partes en el 
despacho del juez ponente, en el lugar del litigio o en cualquier otro lugar. 
 En el artículo 225 del mismo Código se estipula que "de todas formas, el tribunal puede 
ordenar de oficio la intervención de un tercero en  el procedimiento, cuando considere que la presencia 
de éste último resulta indispensable  para la apreciación del litigio".  Si resultare necesario proceder a 
un peritaje y no existiere acuerdo entre las partes sobre la elección del perito, será designado por el 
juez. 
 Además, conforme al artículo 86 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, "el tribunal 
puede, si lo estima necesario, hacer que el juez po nente proceda a adoptar cualquier diligencia de 
instrucción, como la indagatoria, la inspección ocular, el peritaje, la tacha de falsedad o cualquier otra 
diligencia que resulte útil para la  manifestación de la verdad".  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
 IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1  Página 77 
 
 
 El procedimiento de urgencia
 
 En virtud del artículo 201 del Código de Pro cedimiento Civil y Comercial:  "En todos los 
casos de urgencia , se resolverá mediante el procedimiento de urgencia de manera precautoria y sin 
prejuzgar en cuanto a lo principal." 
 "Resuelven en urgencia el presidente del tribuna l de primera instancia o la persona en quien 
éste delegare, así como el juez cantonal en los casos en los que la ley le otorgare competencia" (artículo 202 del Código de Pro cedimiento Civil y Comercial). 
 "Las providencias de urgencia se hacen ejecuto rias transcurridas 24 horas de su notificación 
personal, excepto cuando el juez hubiere concedido un plazo de gracia." 
 La ejecución se lleva a cabo sin garantía si el juez no ha ordenado que se constituya una 
(artículo 207 del Código de Pro cedimiento Civil y Comercial). 
La orden de pago
 
 En virtud del artículo 59 del Código de Pro cedimiento Civil y Comercial, toda demanda de 
pago de crédito puede quedar su jeta al procedimiento de or den de pago cuando éste, con 
independencia de su naturaleza, alcance un impor te determinado y tenga una causa contractual. 
La sentencia  
 La sentencia no es definitiva si la decisión pu ede ser recurrida.  Sin embargo, siempre puede 
ordenarse la ejecución provisional de la misma, c on o sin depósito de fianza, según las circunstancias 
de la causa (artículos 126 y 286 del Código de Procedimiento Civil y Comercial). 
La sentencia definitiva  
 La sentencia definitiva pone término a la acci ón al resolver la cuestión que ha sido objeto del 
proceso. 
Artículo 45  
 Con respecto al resarcimiento previsto en el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, las 
disposiciones de los artículos 82 y 83 del Código de Obligaciones y Contrato s obligan al autor de 
cualquier daño material o moral causado a tercero,  a sabiendas o voluntariamente, a reparar dicho 
daño, cuando quede establecido que este hecho constituye la causa directa del mismo. 
 De manera similar, en el artículo 51 de la Le y Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la 
propiedad literaria y artística, se prevé que "quien hubier e infringido el derecho de autor previsto en la 
presente Ley, quedará obligado a abonar al titu lar de dicho derecho un resarcimiento por los 
perjuicios materiales y morales que le hubieren si do causados, y cuyo importe será determinado por la 
jurisdicción competente". 
 El proyecto de ley que modifica y completa  la Ley Nº 94-36 indicada ha ampliado estas 
mismas disposiciones a los derechos conexos. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 78 
 
 
 Artículo 46
 
 En cuanto a los otros recursos  previstos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, cabe 
mencionar lo siguiente: 
 Por lo que se refiere a las diligencias cautelares : 
 1) El Código de Procedimiento Criminal faculta al juez de instrucción  y en 
determinados casos a los agentes de la policía judicial  a llevar a cabo: 
• registros  en todos los lugares donde puedan en contrarse objetos cuyo descubrimiento 
sea necesario para la manifestación de la verdad; 
• confiscaciones  de documentos o efectos que puedan ser vir para la manifestación de la 
verdad ...; 
• peritajes , cuando lo exijan las circunstancias para proceder a comprobaciones de 
carácter técnico ...;  se concede un plazo a los peritos para presentar sus informes ... 
• El Código de Procedimiento Civil y Comercial autoriza a cualquier persona que 
justifique un interés legítimo en actuar a so licitar al tribunal que ordene cualesquiera 
medidas que sirvan para salvaguardar los derechos e intereses que no deben dejarse 
sin protección ... 
 2) El artículo 55 de la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad 
literaria y artística, autoriza a la jurisdicción compet ente a ordenar de oficio o a petición de parte la 
confiscación o la destrucción de las copias fraudulentas y el cierre temporal o definitivo del 
establecimiento donde se hubiere grabado el objeto de la infracción. 
 El propietario del establecimiento donde se hubiera cometido la infracción será considerado 
responsable solidario del autor principal de la  infracción para la reparación de perjuicios. 
 3) Para la ejecución de las sentencias: 
 El fedatario-notario puede: 
 - penetrar en el lugar donde deba llevars e a cabo la ejecución de la sentencia, colocar 
un guarda en las puertas para impedir la apr opiación indebida, exigir al instante la 
ayuda del jefe del puesto de policía o de la guardia nacional en cuya presencia se 
procederá a la apertura de las puertas ...  así como de los muebles ...; 
 - proceder a una ejecución por embargo de los bienes muebles de la parte vencida en 
juicio. 
 El tribunal puede:  - ordenar la publicación parcial o completa de la sentencia a expensas de la parte 
vencida en juicio.  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 Artículo 47
 
 En cuanto al derecho de información previsto  en el artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC, 
en ocasión de una causa penal, la autoridad judicial y sus auxiliares están facultados para solicitar al 
acusado cualquier información o precisión referente a sus cómplices, los beneficiarios del acto que es 
objeto de acusación y el destino de los objetos a que se refiere el acto delictivo.  Evidentemente, el 
acusado tiene derecho a guardar s ilencio y puede abstenerse de  responder a cualquiera de las 
preguntas, pero el juez penal tomará en consideraci ón este silencio para la ap reciación de la pena que 
ha de imponer, lo cual tiene por consecuencia l ógica desalentar la adopción de esta postura rebelde 
por parte del acusado. 
 Los datos establecidos como resultado de la i ndagatoria penal sirven de elementos de apoyo 
para la acción civil, ya se entable ésta de manera  independiente de la acción penal o de manera 
concomitante . 
Artículo 48  
 En cuanto a la indemnización al demandado me ncionada en el artícul o 48 del Acuerdo sobre 
los ADPIC, el derecho común (Código de Obligaciones y Contratos) autoriza en general la reparación 
de los perjuicios morales y materiales sufridos y permite incoar un procedimiento para solicitar la 
reparación del perjuicio causado por una acción que  constituya un abuso y sea injustificada. 
 Los funcionarios de la administración que cometieren abusos y faltas profesionales quedan 
sujetos, en virtud de sus estatutos, a sanciones administrativas y pueden ser perseguidos en justicia 
civil e incluso penalmente, según la na turaleza de la falta y su grado. 
 En el artículo 50-4 del proyecto de ley que m odifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, se prevé que "a reserva del cumplim iento de todas las formalidades aduaneras, queda 
anulada de pleno derecho la medida consistente en la retención de los productos, si el autor titular de 
los derechos conexos o su represen tante no han justificado a los servicios de aduanas, en el plazo 
de 10 días contados desde la notificación de la retención de los productos: 
 La consignación de una fianza suficiente para  cubrir su responsabilidad con respecto a las 
personas afectadas, en ca so de que se demuestre posteriorment e que los productos objeto de litigio no 
infringen el derecho de auto r o los derechos conexos .  Es el tribunal competente quien fija este 
depósito de fianza". 
 Igualmente, en último párrafo del artículo 54 (nuevo) del mismo proyecto de ley, se prevé 
que:  "las actas de comprobación y de confiscación se remiten en un plazo de siete días al Fiscal, 
quien las transmite al tribunal competente para que  resuelva sobre la aprobación o anulación de la 
confiscación en un plazo que no debe exceder de un mes, contado desde la fecha en que se hubiere 
realizado la confiscación.  En caso de que el tri bunal no resuelva sobre la confiscación en los plazos 
prescritos, la confiscación queda anulada de pleno derecho". 
Artículo 49  
 Por lo que se refiere a los procedimientos ad ministrativos mencionados en el artículo 49 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, la legislación de Túnez no prevé procedimientos administrativos referentes 
al fondo de un caso.  Las autoridades judiciales son las únicas facultadas para tratar de la cuestión. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
IP/Q3/TUN/1, IP/Q4/TUN/1 Página 80 
 
 
 Artículo 50
 
 Por lo que se refiere a las medidas provisionales mencionadas en el artículo 50 del Acuerdo 
sobre los ADPIC (la legislación general), el derecho común faculta para actuar mediante el procedimiento de urgencia y las pr ovidencias a petición de parte, como se ha indicado antes, a fin de 
adoptar las medidas provisionales adecuadas. 
 En el artículo 54-1 del proyecto de ley que m odifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, se prevé que "el titular del derecho o su 
representante pueden, a título preventivo y en virt ud de una providencia a pe tición de parte dictada 
por el presidente del tribunal competente, hacer que el fedatario-notario, ayudado por un perito, 
proceda a la descripción pormenorizada, con o sin confiscación real, de los productos supuestamente 
falsificados y que supongan una vi olación de los derechos de auto r o de los derechos conexos". 
 Estas medidas pueden ordenarse "en todos los casos de urgencia de manera precautoria y sin 
prejuzgar en cuanto a lo principal" (artículo 2 01 del Código de Procedimiento Civil y Comercial). 
Artículos 51-60
 
 En lo relativo a las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera 
mencionadas en los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC, además del Código de Aduanas 
que protege las fronteras contra toda infracción de la  propiedad intelectual, y el artículo 50 de la 
Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativ a a la propiedad literaria y artística, que prohíbe 
importar obras que infrinjan el derecho de autor, en  los artículos 50-1 a 50-5 del proyecto de ley que 
modifica y completa la Ley Nº 94-36, relativa a la propiedad literaria y artística, se prevén 
disposiciones conformes a los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 1. Así, en el artículo 50-1 del proyecto de  ley se prevé que:  "los servicios de aduanas 
pueden dejar en suspenso los procedimientos de  despacho de aduanas relativos a los productos 
respecto de los cuales existen pruebas manifiestas de  infracción del derecho de autor y los derechos 
conexos.  Los servicios de aduanas pueden solicitar al autor y a los titulares de los derechos conexos o 
a su representante cualquier información que pudier a ayudarles en el ejercicio de su autoridad". 
 2. Por lo que se refiere a los procedimient os de suspensión del despacho de aduana de 
las mercancías por las autoridades aduaneras, en el párrafo 2 del artículo 50-1 se estipula que "los 
servicios de aduanas informan en breve plazo al au tor o a los titulares de los derechos conexos o a su 
representante de esta suspensión;  en un plazo de si ete días a contar desde la fecha de la notificación 
estos últimos deben presentar la demanda prevista en el artículo 50-2". 
 En el artículo 50-3 del mismo proyecto se pr evé lo siguiente:  "los servicios de aduanas 
informan inmediatamente de la retención al auto r o a los titulares de los derechos conexos o a su 
representante, así como al propietario, al importador o al destinatario, concediéndoles la posibilidad de examinar esos productos retenidos de conformida d con lo dispuesto en el Código de Aduanas.  
Mediando una providencia a petición de parte y con el fin de perm itir al autor y a los titulares de los 
derechos conexos o a su representante incoar un pr ocedimiento judicial, los servicios de aduanas 
quedan obligados a informarles de los nombres y direcciones del propietario, el importador o el 
destinatario, si se conoce". 
 Por último, en el artículo 50-5 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36, 
de 24 de febrero de 1994, se estipula que "el propi etario, el importador o el destinatario pueden 
obtener del tribunal la anulación de la retenci ón de los productos objeto de litigio consignando una  IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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 fianza suficiente para proteger los intereses del au tor o de los titulares de los derechos conexos, a 
condición de que: 
 - los servicios de aduanas hayan sido informados en el plazo contemplado en el 
artículo 50-4 de la presente Ley del derec ho que asiste al tribunal competente para 
resolver sobre el fondo; 
 - al vencimiento de este plazo, el tri bunal competente no haya acordado diligencias 
cautelares; 
 - se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras.  3. En lo tocante a la duración efectiva de lo s trámites de aduanas, en el artículo 50-4 del 
proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº  94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la 
propiedad literaria y artística, se estipula que: 
 "A reserva del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, queda anulada de pleno 
derecho la medida cons istente en la retención de los productos, si el autor, los titulares de los derechos 
conexos o su representante no han justificado a los servicios de aduanas, en el plazo de 10 días 
contados desde la notificación de la retención de los productos: 
 - la existencia de medidas cautelares ad ecuadas adoptadas por el tribunal competente; 
 - o la incoación de acciones civiles o penales;  - o la consignación de una fianza suficiente  para cubrir su responsabilidad con respecto 
a las personas afectadas, en caso de que quedase establecido posteriormente que los 
productos objeto de litigio no infringen el de recho de autor o los derechos conexos.  
Es el tribunal competente quien fija este depósito de fianza. 
 Cuando procede, el tribunal competente puede prorrogar 10 días como máximo el plazo 
mencionado en el primer párrafo del presente artículo. 
 La retención de los productos adoptada en vi rtud del artículo 50-1 también queda anulada de 
pleno derecho si el autor titular de los derec hos conexos o su represen tante no han presentado la 
demanda indicada en el presente artículo en un plazo de siete días contados a partir de la fecha de la 
notificación por parte de los servicios de aduanas." 
 Los servicios de aduanas pueden suspender por  su propia iniciativa los trámites de despacho 
de aduanas de los productos respecto de los cual es existan pruebas manifiest as de infracción de los 
derechos de autor o los der echos conexos (artículo 50-1 del proyecto de ley indicado supra ). 
Artículo 61
 
 Por lo que se refiere a los procedimientos pe nales previstos en el artículo 61 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, además de la repar ación de perjuicios en el ámbito civil, en el artículo 52 de la 
Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994 se prevé una  multa de 50 a 5.000 dinares, que se duplica en 
caso de reincidencia, con la posibilidad de  pena de prisión de uno a seis meses. 
 El artículo 52 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de 
febrero de 1994, relativa a la pr opiedad literaria y artística, ha ag ravado la multa y la ha fijado 
en 1.000-50.000 dinares. IP/Q/TUN/1, IP/Q2/TUN/1,  
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  Esta multa se duplicará en caso de reincidenc ia, y es posible una pena  de prisión de uno 
a 12 meses. 
 Estas sanciones pueden ir acompañadas del decomiso de los bienes objeto de la infracción, de 
su destrucción y del cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se haya cometido la 
infracción. 
 En lo referente a las autoridades públicas encargadas de comprobar las infracciones y de 
incoar el procedimiento penal, en el primer pá rrafo del nuevo artículo 54 del proyecto de ley que 
modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de fe brero de 1994, relativa a la propiedad literaria y 
artística, se estipula lo siguiente:  "la comprobación de las infracciones a la presente Ley, así como la 
redacción de los atestados confiados a las autoridad es de la policía judicial y a los funcionarios 
jurados del Ministerio de Cultu ra habilitados a tal fin ...". 
 El nuevo artículo 54 del proyecto de ley que  modifica y completa la Ley Nº 94-36 ha 
ampliado estas mismas prerrogativas a los funcionari os de aduanas, de c ontrol económico y de la 
regulación municipal. 
 Las autoridades públicas pueden incoar los procedimientos penales por su propia iniciativa.  
Así, en los párrafos 2 y 3 del nuevo artículo 54 de l proyecto de ley que modifica y completa la 
Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, se estipula lo 
siguiente:  "los funcionarios mencionados pue den confiscar los documentos necesarios y tomar 
muestras de los productos falsificados en función de las necesidades de la indagatoria y con el fin de 
probar la infracción, extendiendo un resguardo.  Pueden igualmente, con carácter preventivo, 
confiscar los productos que se sospeche son una fa lsificación y no resulten conformes a las normas en 
vigor".  
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