ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/169
4 de julio de 2001
(01-3328)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  español
COMUNICACIÓN DEL URUGUAY
A continuación se reproduce la versión definitiva del documento transmitido por la Misión
Permanente del Uruguay cuya versión preliminar se distribuyó para la reunión del Grupo de Trabajo
que tuvo lugar los días 22 y 23 de marzo de 2001.
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El Uruguay, a través de la presente comunicación escrita, desea presentar al Grupo de Trabajo
sus consideraciones sobre 1) la experiencia y legislación del Uruguay en el campo de la política de
competencia, y 2) la dimensión del desarrollo ante un eventual escenario multilateral.
1. Legislación y experiencia uruguaya sobre la competencia
El Uruguay, en su mercado interno, ha debido enfrentarse recientemente al fenómeno de
concentración empresarial y al establecimiento de grandes superficies que no sólo instaló el tema de la
defensa de la competencia en la opinión pública sino que determinó a su vez la necesidad de encarar
dicho fenómeno con una normativa acorde a la nueva situación imperante en el país.
Como punto de partida es preciso señalar que el Uruguay carece, hasta el presente, de una ley
única sobre defensa de la competencia.  Sin emba rgo, el fenómeno de concentración empresarial en el
país determinó la promulgación de dos leyes en la materia, que serán comentadas a continuación.
Ellas son:  la Ley 17188 (del 20 de septiembre de 1999) relativa a establecimientos
comerciales de grandes superficies destinados a la venta de artículos alimenticios y de uso doméstico
y la Ley 17243 (del 21 de junio de 2000) relativa a Normas sobre Defensa de la Competencia.
La Ley 17188 regula los establecimientos comerciales de grandes superficies (que consten de
un área total destinada a la venta al público de un mínimo de 300 metros cuadrados), excluyéndose los
comercios de prestación de servicios.  A través de dicha ley se crean Comisiones Departamentales deProtección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal (integradas por un
representante del Poder Ejecutivo), un representante del Intendente del respectivo Gobierno
Departamental, un representante del sector privado designado por la Cámara Nacional de la
Alimentación y por la Confederación Empresarial del Uruguay y un representante de los
consumidores, que será designado por las asociaciones de defensa del consumidor de cadadepartamento.
Dichas Comisiones actúan con autonomía técnica asesorando preceptivamente al Intendente
del Gobierno Departamental correspondiente quien resolverá sobre los proyectos para instalar nuevos
emprendimientos comerciales o para realizar ampliaciones sobre los ya existentes, siempre que
excedan los 300 metros cuadrados.  La Comisión tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles paradictaminar y deberá fundamentar la decisión pron unciándose sobre la oferta y demanda global paraWT/WGTCP/W/169
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cada sector de actividad en la zona que se pretenda instalar o ampliar un establecimiento de gran
superficie así como sobre el impacto previsible del proyecto sobre la permanencia de los comerciantes
que venden artículos y productos similares.
Por su parte, la Ley 17243 consta de un capítulo específico sobre "Normas sobre defensa de la
competencia", estableciendo que las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquierafuere su naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las
limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general o que resulten del carácter
de servicio público de la actividad de que se trate.
Asimismo la Ley prohíbe los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes
económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o
más agentes económicos que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el
libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes yservicios.
Esta Ley considera prohibitivos actos tales como el hecho de imponer en forma permanente,
directa o indirectamente, precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera
abusiva para los consumidores;  restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el
desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores;  aplicar injustificadamente aterceros contratantes condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así
en desventaja importante frente a la competencia y subordinar la celebración de contratos a la
aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los
usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los
consumidores.
Complementariamente, la ley 17.296 del 21 de febrero de 2001, que aprueba el presupuesto
nacional para el actual período de gobierno, en su articulo 157 establece:  que "la reglamentación
dictada por el Poder Ejecutivo establecerá a qué repartición del Estado se le asigna competencia en el
control de los actos y conductas prohibidos por el articulo 14 de la Ley 17.243, que serán sancionados
de la siguiente forma:  a) apercibimiento, b) apercibimiento con publicación a costa del infractor,c) orden de cese definitivo de los actos o conductas prohibidos y la remoción de sus efectos y d) multa
(cuyo monto varía según la infracción se califique de leve, grave o muy grave)".
Por otra parte, el Uruguay, a nivel subregional, aprobó el Protocolo de Defensa de la
competencia del MERCOSUR (Decisión del Consej o Mercado Común N° 18/96 del 17 de diciembre
de l996) cuyo artículo 4 establece que constituyen infracciones al Protocolo "independientemente de
la culpa, los actos individuales concertados, de cualquier forma manifestados, que tengan por objeto o
efecto, limitar, restringir, falsear o distorsionar  la competencia o el acceso al mercado, o que
constituyan abuso de posición dominante en el mercado relevante de bienes o servicios en el ámbito
del MERCOSUR y que afecten al comercio entre los Estados Parte".  Corresponde aclarar que
Uruguay aún no ha procedido a la ratificación de dicho Protocolo.
Por otra parte, por Decisión del Consejo Mercado Común N° 15/96 se creó un Grupo Ad Hoc
sobre Tratamiento de Políticas Públicas que distorsionan la competitividad, cuyo objetivo esgarantizar condiciones equitativas de competencia a la producción de todos los Estados Partes, para
que la liberalización del comercio constituya efectivamente un espacio económico ampliado en el cual
se pueda obtener una asignación más eficiente de los recursos regionales y un mejor aprovechamiento
de las economías de escala.
A nivel hemisférico, y en el marco del Area de  Libre Comercio de las Américas (ALCA), el
Uruguay también participa activamente en el Grupo de Negociación sobre Política de Competencia,
cuyo objetivo es garantizar que los beneficios del proceso de liberalización del ALCA, no seanWT/WGTCP/W/169
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menoscabados por prácticas empresariales anticompetitivas así como avanzar hacia el establecimiento
de una cobertura jurídica e institucional a nivel nacional, subregional o regional que proscriba la
ejecución de esa prácticas empresariales anticompetitivas.
2. La política de la competencia y la dimensión del desarrollo
La dimensión del desarrollo ha sido objeto de algunos análisis en las distintas reuniones del
Grupo de Trabajo.  El documento de síntesis  elaborado por la Secretaría de la OMC1 recopila una
serie de inquietudes y sugerencias de varias delegaciones acerca de la necesidad de tener presente en
las deliberaciones del Grupo de Trabajo las distintas realidades económicas y legislativas de los países
miembros, sus experiencias nacionales, las excepciones nacionales al ámbito de aplicación de la ley,
etc.
Al Grupo se le han presentado una serie de sugerencias2 que también constituyen parte de su
programa de trabajo.  Se destaca fundamentalmente la de celebrar un debate más concreto sobre la
dimensión de desarrollo  en la materia, incluyendo los beneficios, dificultades y aspectos negativos
de aplicar una política de competencia en países en desarrollo así como los problemas relacionados
con el establecimiento de organismos encargados de la competencia.
Como punto de partida, es necesario subrayar que ha sido reconocido que la liberalización del
comercio y la inversión dentro y fuera del marco de la OMC ha acelerado el proceso demundialización, lo cual, unido a los procesos tecnológicos ha permitido que las trasnacionales
apliquen estrategias mundiales.  Por tanto, estas trasnacionales ahora proyectan su actividad a la
totalidad del mercado mundial y tratan de alcanzar posiciones dominantes en ese mercado a través de
fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, inversiones u operaciones comerciales.  En ese
contexto, a algunos países en desarrollo les resulta difícil formular y aplicar normas nacionales decompetencia para proteger a las fuerzas de mercado y salvaguardar el libre acceso a éste.
3
Las tendencias y características de las Fusiones y Adquisiciones transfronterizas en la
actualidad no hacen otra cosa que convalidar lo afirmado en el párrafo anterior.  El valor de las
fusiones y adquisiciones en el mundo (ya sea a través de operaciones concertadas entre empresas
nacionales o entre empresas nacionales y extranjera s) ha crecido espectacularmente en el período
1980-1999, a una tasa anual del 42 por ciento.  En 1999 el valor fue de 2,3 trillones de dólares.4
Los países desarrollados son los vendedores y compradores más importantes en las fusiones y
adquisiciones transfronterizas.  Entre el 90 y 95 por ciento de esas fusiones y adquisiciones (durante el
período 1980-1999) intervinieron los países desarrollados, mientras que sólo entre el 5 y 10 por ciento
de las fusiones y adquisiciones participan los países en desarrollo (1980-1999).  Pero algo importante
a tener en cuenta es que la mayor parte de esas fusiones y adquisiciones que se dan entre países en
desarrollo, más concretamente el 70 por ciento de las mismas, tiene su origen en América Latina y elCaribe.
5
                                                     
1 WT/WGTCP/W/80.
2 WT/WGTCP/M/11, párrafo 2.
3 UNCTAD, Plan de Acción (párrafos 69 y 70).
4 "Reunión de expertos en Fusiones y Adquisiciones transfronterizas", junio de 2000.  Documento
TD/B/COM.2/EM.7/2.
5 Idem .WT/WGTCP/W/169
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Entre los sectores que han registrado más fusiones y adquisiciones en los últimos años
figuran:  el sector automotriz, productos farmacéuticos, productos químicos, alimentos, bebidas,
tabaco, telecomunicaciones, energía, servicios financieros, la banca.  Como señala el documento,
todos estos sectores son propicios desde hace tiempo a las fusiones y adquisiciones en gran escala a
causa, en parte, de la liberalización y desregulación que tienen lugar en ellos.
Actualmente existe una situación cercana al monopolio en los sectores que han sido descritos
en el párrafo anterior, donde sólo opera una cantidad muy limitada de empresas cuyas estrategias
apuntan al mercado internacional.
Por tanto, ante un escenario internacional de tales características y teniendo presente la
diversidad y alcance de las leyes nacionales de competencia, el Uruguay entiende oportuno acudir a
un debate más concreto sobre la dimensión del desarrollo en su relación con las prácticas comerciales
restrictivas.
El Trato Especial y Diferenciado en el sistema GATT/OMC.  Es uno de los principios
fundamentales del sistema multilateral de comercio que permea a toda la organización.  No es
propósito de esta comunicación escrita discutir el alcance de este principio pues el mismo ha sido
recogido en los distintos Acuerdos de la OMC y es uno de los pilares del sistema multilateral de
comercio.
En la órbita de la Organización, el Comité de Comercio y Desarrollo analiza detalladamente
todas las disposiciones sobre Trato Especial y Diferenciado establecidas en los acuerdos y
disposiciones de la OMC.6
Como puede desprenderse de los trabajos del Comité de Comercio y Desarrollo, el trato
especial y diferenciado obedece a razones de oportunidad comerciales para los países en desarrollo, alinterés de salvaguardar los intereses de este tipo de países, a flexibilidad de los compromisos, a
períodos de transición, a razones de asistencia técnica y a la problemática estructural de los países
menos adelantados.
El Trato Especial y Diferenciado y las normas multilaterales de competencia:  En la década de
los setenta, la UNCTAD aprobó el Conjunto de principios y normas equitativos convenidos
multilateralmente para el control de las prácticas come rciales restrictivas (el Conjunto), es cual es el
único instrumento multilateral en materia de competencia.7
                                                     
6 OMC.  Documento WT/COMTD/W/77, del 25 de octubre de 2000.  En dicho documento la
Secretaría de la OMC señala que existen 145 disposiciones diseminadas entre los distintos AcuerdosMultilaterales sobre el Comercio de Mercaderías, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Entendimiento relativo a
las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, así como diversas Decisiones
Ministeriales.  De las 145 disposiciones, 107 fueron adoptadas en la Ronda Uruguay y 22 de ellas se aplican alos países menos adelantados.
El documento clasifica las normas sobre trat o especial y diferenciado en seis categorías:
a) disposiciones cuya finalidad es aumentar las oportunidades comerciales de los países en desarrollo Miembros,
b) disposiciones en virtud de las cuales los Miembros deben salvaguardar los intereses de los países en
desarrollo Miembros, c) flexibilidad de los compromisos, las medidas y la utilización de instrumentos depolítica, d) períodos de transición, e) asistencia té cnica y f) disposiciones relativas a los países menos
adelantados Miembros.
7 WT/WGTCP/W/17.  Comunicación de UNCTAD al Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre el
Comercio y la Competencia de la OMC.WT/WGTCP/W/169
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A pesar de su carácter voluntario , no debe dejar de destacarse que es a su vez un
instrumento multilateral que contiene una disposición específica para un "trato preferencial o
diferencial a favor de los países en desarrollo".  Se establece que a fin de asegurar la aplicación
equitativa del Conjunto de principios y normas, los Estados, en particular los de los países
desarrollados, deberían tener en cuenta, al controlar las prácticas comerciales restrictivas, lasnecesidades de desarrollo, financieras y comerciales de los países en desarrollo, en particular de los
países menos adelantados, especialmente para:  foment ar el establecimiento de industrias nacionales y
el desarrollo de otros sectores de la economía;  y favorecer su crecimiento económico mediante
acuerdos regionales o globales entre estos países.
En opinión de UNCTAD, todo acuerdo multilateral sobre competencia debería tener
plenamente en cuenta el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, que fuera recogido
en el Conjunto.  Ese trato podría abarcar el derecho a eximir sectores de las normas nacionales sobrecompetencia por motivos de desarrollo;  excepciones y exenciones que siguen existiendo en casi todos
los países desarrollados.
8
Lo que nos demuestra el derecho comparado.  Ahora bien, de conformidad a lo anteriormente
expuesto, ¿cómo definir la dimensión del desarrollo en un eventual acuerdo multilateral sobre el tema
en la OMC?  ¿Qué nos muestran las distintas leyes y reglamentaciones nacionales sobre defensa de lapolítica de la competencia?  ¿Cómo se ha previsto a nivel nacional los regímenes de exenciones
sectoriales al ámbito de aplicación de las disposiciones sobre competencia?
De conformidad a la legislación nacional en materia de defensa de la competencia de varios
países desarrollados y en desarrollo, se puede advertir que las excepciones a la aplicación nacional de
ley sobre defensa de la competencia varia considerablemente de un país a otro abarcando distintasactividades económicas, sectores y razones.
En cuanto a las actividades económicas que aparecen como exentas al ámbito de aplicación
de las leyes nacionales de competencia se observan:  empresas de telecomunicaciones, electricidad,
hidrocarburos, transportes, aguas, pesca, se esgrimen razones de defensa de la estabilidad de un sector
básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general, se señalan motivosde cooperación en investigación y desarrollo de nueva tecnología.
La existencia de exenciones a la aplicación de la legislación sobre la competencia que existe
en los países desarrollados se da por lo general en aquellos sectores que están sometidos a una
regulación estatal especial.
9  Estos sectores son la agricultura, silvicultura,  pesca, energía, transporte,
servicios de correo.  Asimismo, existen exenciones parciales o totales en la industria de la defensa, las
comunicaciones, los mercados financieros, (incluidos los seguros), los medios de información, la
industria editorial y el sector manufacturero.
3. Conclusión
La Delegación del Uruguay desea seguir prof undizando en el tema de la dimensión del
desarrollo en materia de defensa de la competencia, y entiende oportuno que, de conformidad a lo que
nos demuestra el derecho comparado así como las distintas experiencias de los países Miembros de
la OMC, este tema debería seguir recibiendo una alta prioridad en las labores futuras del Grupo deTrabajo.
                                                     
8 UNCTAD.  Informe sobre Comercio y Desarrollo de 1999.
9 OMC.  Informe Anual de 1997.  Capítulo Especial sobre el Comercio y la Política de la Competencia.WT/WGTCP/W/169
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En opinión de esta Delegación, la Secretaría de la OMC, conjuntamente con otras
organizaciones internacionales que participan como observadores en dicho Grupo de Trabajo podrían
complementar los trabajos ya presentados al Grupo en relación a cómo debería encararse la dimensión
del desarrollo en un eventual escenario multilateral, fundamentalmente a través de lo que nos
demuestra el derecho comparado y la experiencia de los países Miembros de la OMC en la materia.
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