RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOS/WPGR/W/11/Add.22
3 de abril de 1998
(98-1399)
Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS Original:  español
COMUNICACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Respuesta al cuestionario sobre la contratación pública de servicios
Addendum
La siguiente comunicación se distribuye a lo s miembros del Grupo de Trabajo sobre las
Normas del AGCS a petición de la República de Costa Rica.
___________
I. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EXISTENTES
Definición
1. ¿Cuál es la definición de contratación pública empleada al complementar este
cuestionario?
En el caso de Costa Rica, la contratación pública abarca toda la actividad contractual
desarrollada por las entidades públicas. Comprende no sólo la adquisición de todo tipo de bienes y
servicios, sino también la construcción de obras, la concesión de instalaciones de la Administración,la concesión de gestión de servicio público, la concesión de obra pública - regulada por una ley
especial - y la venta y arrendamiento de bienes de la administración.
Estructura Administrativa
2. ¿Cómo se administran las actividades de contratación pública?  ¿En qué medida están
centralizadas esas actividades? Especifíquese la identidad de los organismos de contrataciónpública y sus respectivos cometidos.
Cada institución administra su propia actividad de contratación. Únicamente en el caso del
Poder Ejecutivo, la actividad se encuentra centralizada en una Dependencia del Ministerio de
Hacienda denominada Proveeduría Nacional, aunque en la actualidad se encuentra en proceso un
plan de desconcentración de los Ministerios.
Leyes y reglamentos vigentes
3.a) Especifíquense las leyes, reglamentos, normas, directrices, decretos, decisiones y otras
medidas por las que se rige la contratación pú blica.  ¿Cuál es el alcance de su aplicación?
Expónganse, en particular, las posibles exencion es.  Hágase una breve síntesis del contenido de
cada una de esas medidas.
En materia de contratación pública el artículo 182 de la Constitución Política señala:S/WPGR/W/11/Add.22
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“Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las
Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas
entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán
mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.”
Las leyes que desarrollan el precepto constitucional antes citado son la Ley de la
Contratación Administrativa  (Ley Nº 7494 del 2 de mayo de 1995), que comenzó a regir a partir del
día 1º de mayo de 1996 y el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa  (Decreto Ejecutivo
N. 25038- H) publicado en el Diario Oficial del día 28 de marzo de 1996.
Esta ley rige la actividad de contratación desplegada por:
- Los órganos del Poder Ejecutivo
- El Poder Judicial
- El Poder Legislativo
- El Tribunal Supremo de Elecciones- La Contraloría General de la República
- La Defensoría de los Habitantes
- Sector descentralizado territorial e institucional
- Empresas Públicas (cuyo capital social no pertenezca mayoritariamente a
particulares)
- Entes públicos no estatales cuyo financiamiento se origine en más de un 50%  de
recursos públicos.
Otras leyes que tienen relación con la actividad  contractual de entes públicos, son las
siguientes:
- Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, que en su artículo 171 establece la
regulación para la actividad contractual desplegada por los Bancos Comerciales del
Estado y el propio Banco Central. De acuerdo con esta disposición, cada Banco debe
emitir su propio reglamento de contratación, el cual debe ser aprobado por la  Junta
Directiva y por la Superintendencia General de Entidades Financieras.
- Código Municipal, en cuanto a ciertas regulaciones, principalmente atinentes a venta
y donación de bienes de las Municipalidades.
- Ley General de Concesión de Obra Pública y su Reglamento, que es la que regula lo
atinente a esta figura contractual.
- Ley Nacional de Emergencia, que es la que establece cómo se actúa en los casos
decretados como Emergencia Nacional.
- Ley de Sociedades Anónimas Laborales y su Reglamento, que es una figura jurídica
creada para facilitar la movilización de personal del sector público al sector privado,
para prestar servicios  auxiliares.
- Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, que regula lo relativo a los procedimientos
para otorgar concesiones de explotaciones mineras y de hidrocarburos.
- Ley de transporte remunerado de personas, que establece los procedimientos para
otorgar concesiones en esta materia y en vehículos taxi.S/WPGR/W/11/Add.22
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- Jurisprudencia de la Contraloría General de  la República,  que es el Órgano que posee
la competencia en sede administrativa, para emitir criterios de interpretación sobre las
normas reguladoras de la materia.
b) ¿Distingue el sistema de contratación públ ica entre la adquisición de bienes y servicios?
En caso afirmativo ¿cómo se determina la aplicación de las normas en los casos de contrataciónmixta que incluya bienes y servicios?
En nuestro sistema no se distingue entre el sistema de contratación de bienes y el de servicios.
Los procedimientos son los mismos y las normas  para determinar cuál procede, también.
Procedimientos de contratación pública aplicados
4.a) ¿Qué procedimientos se siguen en el proceso de contratación pública?
Los procedimientos de contratación existentes en Costa Rica, son:
i) La licitación pública o abierta, a la cual puede concurrir cualquier interesado;ii) La licitación por registro, a la cual puede presentar oferta cualquier interesado, haya
sido invitado o no, siempre que al momento de la apertura de las propuestas, figure en
el registro de oferentes que debe llevar cada Institución;
iii) La licitación restringida, a la cual puede presentar oferta, al igual que en el caso
anterior, cualquier interesado siempre que figure en el correspondiente registro deoferentes antes de que tenga lugar la apertura, aunque no sea invitado directamente a
participar.
iv) La contratación directa, según la cual la Administración puede seleccionar
directamente al contratista, previa consulta de precios y en ocasiones lo hace con un
solo proveedor.
v) El remate, que es un procedimiento esencialmente verbal, utilizado para la venta o el
arrendamiento de bienes de la Administración
b) ¿En qué circunstancias se utilizan procedimientos diferentes?  Por ejemplo, si el método
utilizado depende del valor de la contrata ción, deberá indicarse su valor máximo.
En cuanto a las licitaciones, su utilización depende del presupuesto anual ordinario de la
Institución que promueve el concurso y de la estimación del negocio concreto. El sector público se
encuentra dividido en diez categorías de entes, de acuerdo con el monto de su presupuesto; para cada
categoría se estable los márgenes a partir de los que debe aplicarse el procedimiento de licitación
pública, así como los montos por debajo de los cuales pueden aplicarse otros procedimientos. Existen
algunos casos expresamente dispuestos, en que la ley indica que únicamente se puede utilizar lalicitación pública.
c) ¿Cuáles son los plazos de presentación de ofertas?
En el caso de las licitaciones públicas, el plazo mínimo establecido para presentación de
ofertas, es de 30 días hábiles si el contrato es de obra o versa sobre suministros importados o para
importar; y 15 días hábiles para todo otro tipo de bien o servicio.S/WPGR/W/11/Add.22
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En el caso de las licitaciones por registro, el plazo mínimo para presentación de ofertas es de
10 días hábiles, independientemente del objeto de que se trate.
En las licitaciones restringidas, el plazo mínimo es de 3 días hábiles.
En las contrataciones directas no está establecido un plazo mínimo.
En el remate, el plazo mínimo entre la publicación de la invitación a participar y la fecha en
que tenga lugar el remate, está establecido en  10 días hábiles.
En las licitaciones públicas para concesión de obra pública, el plazo mínimo establecido es de
60 días calendario.
Publicidad para las llamadas a licitación
5.a) ¿Cómo se publican las contribuciones previs tas? ¿Se publican las llamadas a licitación?
En caso afirmativo, ¿dónde y en qué idiomas?
En el caso de las licitaciones públicas, el llamado a licitación se debe publicar
obligatoriamente, en el Diario Oficial y facultativamente en diarios de circulación nacional o
internacional.
En el caso de las licitaciones por registro, la Administración puede optar, si son más de diez
los oferentes registrados, por publicar la invitación en el Diario Oficial o invitarlos a participar
directamente. Si son menos de 5 los registrados, obligatoriamente debe publicar en el Diario Oficial.En ambos supuestos, facultativamente puede la Administración publicar avisos de invitación a
participar en diarios de circulación nacional o internacional, pero dichas publicaciones no sustituyen
la del Diario Oficial.
No es obligatorio publicar los llamados a las licitaciones restringidas en el Diario Oficial. De
igual forma, existe la facultad de publicar avisos en diarios nacionales.
Los avisos o invitaciones se publican en idioma español, que es el oficial.
b) ¿Difieren el alcance y la forma de publicidad con arreglo a los procedimientos de licitación
aplicados y/o el valor de la contratación?
De acuerdo con la explicación anterior, sí difieren.
c) ¿Qué detalles de la contratación prevista se publican normalmente?  ¿Hay una serie de
informaciones mínimas que se debe publicar?  En caso afirmativo, especifíquense.
Lo que resulta obligatorio publicar en la invitación, es:
- Identificación de la Administración licitante;
- Tipo y número de licitación;
- Breve pero clara descripción del objeto del negocio;- Oficina que brinda información;
- Costo del pliego de condiciones y dónde se puede obtener;
- Día, hora límite y dirección para la presentación de ofertas.S/WPGR/W/11/Add.22
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d) ¿Se han de abonar tasas por obtener la serie completa de documentos de licitación?  En
caso afirmativo, especifíquense e indíquese cómo se fijan.
Dependiendo del objeto del concurso y de lo extenso y complejo del cartel, puede ser que la
Administración lo entregue sin costo alguno, o cobrando una suma que cubra los gastos en que
incurrió por la reproducción de los documentos.
e) ¿Se utilizan medios electrónicos para anunciar las oportunidades de contratación pública?
¿Cuál es la naturaleza de los sistemas emple ados?  ¿Se aplican disposiciones de licitación
diferentes a los contratos anunciados de ese modo?  En caso afirmativo, descríbase.
Hasta el momento no han sido utilizados medios electrónicos para anunciar las oportunidades
de contratación  pública.
Requisitos estipulados para los posibles proveedores
6.a) ¿Se imponen requisitos de inscripción en un registro, residencia u otros a los proveedores
potenciales?
Para cierto tipo de procedimientos (licitación por registro, restringida y contratación directa),
sí se impone el requisito de inscripción en un registro para presentar oferta. Sin embargo, la
inscripción puede darse una vez que se encuentre en curso el procedimiento respectivo. En cuanto a
residencia no existen requisitos, salvo en el caso de concesión de obra pública. En Costa Rica,
cualquier firma extranjera puede realizar negocios, siempre que lo haga apegada a la legislaciónvigente.
El artículo 108 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que “En cada proveeduría
institucional, se llevará un registro de los proveedores interesados en contratar con la Administración
(…) Para formar parte de estos registros, deberá acreditarse ante la Administración la existencia de la
persona física o jurídica, su nacionalidad, los poderes de sus representantes, la calidad en quepotencialmente participaría, sea como proveedor directo o intermediario.”
De acuerdo al artículo 5.4 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa,  el
oferente extranjero puede concurrir a través de un representante de casas extranjeras. En estos casos el
oferente debe hacer indicación expresa de tal circunstancia en la propuesta original.  El representante
de casas extranjeras podrá concurrir directamente  a nombre de un tercero, cuando acredite en formafidedigna la existencia de un contrato de representación, aportando una copia certificada del mismo.
También se puede concurrir a través de cualquiera de las formas de representación reconocidas por el
derecho común.  El cartel establecerá los requisitos que deberán aportar los oferentes nacionales y
extranjeros para establecer la certeza en cuanto a la existencia, representación y capital social de estos.
Para complementar lo anterior, debe señalarse que el artículo 366 del Código de Comercio
dispone que todas las firmas extranjeras pueden hacer libremente sus negocios en Costa Rica por
medio de distribuidores, concesionarios, apoderados o factores y representantes de casas extranjeras,
los que deberán ser costarricenses o extranjeros, excepción hecha de agencias y sucursales de
compañías extranjeras cuyos productos se elaboren  en nuestro país, las cuales pueden ejercer directa
y libremente la distribución y representación de sus propias líneas y de las de origen centroamericano
debidamente comprobado.
En el caso de la concesión de obra pública, se tiene especificaciones  para el caso de
sociedades oferentes extranjeras, a las que se le exige presentar, antes de la firma del contrato, una
declaración jurada ante notario en donde se compromete, irrevocablemente, a cumplir con lo que seS/WPGR/W/11/Add.22
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exige en el párrafo cuarto del artículo 8 de la ley N. 7404, el cual dispone: “Si la licitación se adjudica
a una persona jurídica extranjera, esta debe trasladar su sede social al territorio costarricense, antes de
firmar el contrato respectivo. Sin embargo, si decide no trasladar su sede, debe constituir una sociedad
anónima nacional, cuyo capital le pertenecerá íntegramente, para que sea la concesionaria. Las
acciones de la concesionaria deben ser nominativas.”
Es importante anotar además que en igualdad de condiciones, según dispone el artículo 14 de
la ley, se le debe prioridad a los nacionales.  Este artículo señala que, en el proceso de selección del
concesionario, cada vez que un eventual concesionario no vaya a construir directamente la obra
pública, sino que subcontrataría la construcción de la misma a otra empresa, se le dará preferencia a
aquellas ofertas que indiquen que tal subcontrato sería realizado por empresas nacionales.
La declaración jurada y el contrato, debe ser suscritos por quien tiene la capacidad para
contratar y obligar a la sociedad a los compromisos que asumirá, lo que debe demostrarse mediante
documento público, emitido conforme a la legislación de su país y autenticado por el respectivoCónsul de Costa Rica y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  También la certificación en que
se acredite que la sociedad está válidamente constituida en su domicilio principal deberá pasarse por
esas dos instancias.
Se exige que entre los objetos de la sociedad, sea costarricense o extranjera, expresamente
indique que puede ejecutar concesiones de obra pública,  para lo cual se pide que el pacto social defina
las facultades sociales y otorgará los poderes necesarios para celebrar, ejecutar y cumplir la
contratación en todos sus extremos y responsabilidades legales y económicas ante la Administración y
ante terceros. Dicho plazo social debe ser cuando menos diez años mayor al de la concesión.-
b) ¿Qué tipo de condiciones de participación se exige a los proveedores; por ejemplo,
garantías financieras, solvencia comercial y calificación técnica?  ¿Varían las condiciones departicipación con arreglo a la naturaleza del proceso de licitación y/o el valor de la contratación
prevista?
En la ley de Contratación administrativa y su reglamento, se indica que hay dos tipos de
garantías. La primera, que es la de participación, puede ser de 1 a 5% del monto de la propuesta, lo
que debe definirse en el cartel. Esta es el medio por el que se legitima la oferta, y a partir de entoncesse permite que se corrijan los errores que sean subsanables. La determinación exacta del monto la fija
la Administración dependiendo de la complejidad del objeto, y de la necesidad de respaldar los daños
que pueda causar el incumplimiento del oferente. En caso de obviarse la especificación en el cartel, se
aplica el monto mínimo indicado.  También se le autoriza a la Administración a que establezca un
monto fijo de garantía (en casos como de cuantía inestimable o que no represente una erogación paraaquella).  Para mayor detalle, referirse al  artículo 33 del Reglamento mencionado.
Esta garantía es exigible en las licitaciones públicas y por registro, y es facultativa su
exigencia en los demás procedimientos.
También se autoriza el establecimiento de la denominada garantía flotante, que es la que
respalda a un mismo oferente en diversos concursos (artículo 34 del reglamento citado).
La segunda garantía es la de cumplimiento, que es del 5 al 10% del monto de la contratación,
lo que también debe ser definido en el cartel.  Esta garantía se ejecuta si deben resarcirse daños yperjuicios imputables al contratista.  Si hay cl áusula penal por demora, solo puede ejecutarse la
garantía si el contratista se niega a cancelar el monto correspondiente.
La garantía de cumplimiento se exige en las licitaciones públicas y por registro, y es
facultativa para el resto de los procedimientos.  Esta debe indicarse en el cartel de licitación.  En caso
de obviarse, se entiende que se exige el 5%.  Si en el cartel no se indica el plazo en que esta garantíaS/WPGR/W/11/Add.22
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debe rendirse, se entenderá que ello debe hacerse en los 10 días hábiles siguientes a la firmeza del
acto.  También se autoriza a la Administración a fijar  montos fijos (ver artículo 34 y 35 del
reglamento en comentario).
Para las concesiones de obra pública se exigen tres tipos de garantías.  La primera es la de
participación en la licitación pública, la segunda de cumplimiento para la ejecución de la obra, y la
tercera, de cumplimiento para la explotación de la obra.
La garantía de participación respalda el mantenimiento y la seriedad de la oferta hasta que se
haya otorgado la correspondiente escritura pública, y se rinda la siguiente garantía.  Su valor varía
entre el 1% y el 5%, dependiendo del monto asignado en la oferta al costo de la obra nueva, o al costo
de la reparación, ampliación, conservación o rest auración de la obra pública preexistente.
La garantía de ejecución de la obra corresponde a un 5% del costo asignado en la oferta a la
construcción de la obra nueva, o del costo de la reparación, ampliación, conservación o restauración
de la obra preexistente.  Con la autorización de la Contraloría General de la República, y en lossupuestos expresamente indicados en el artículo 28 del Reglamento a Ley 7404, puede exigirse un
monto mayor.  Si en el cartel no se indica el momento para rendirla, se entiende que debe hacerse
dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de la escritura pública que debe suscribirse.
La garantía de explotación de la obra debe rendirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a
la fecha en que la Administración recibe la obra a plena satisfacción. El monto lo fija laAdministración mediante un porcentaje basado en el promedio anual de los gastos que se estimen
necesarios para cuidar, reparar y mantener los bienes de la concesión.
c) ¿Existen listas de proveedores aprobados?  En caso afirmativo,  ¿cuáles son los
procedimientos empleados para comprobar la capacidad de las empresas que solicitan su inclusión
en las listas de direcciones de licitadores? ¿Se revisan o actualizan periódicamente las listas deproveedores aprobados?
En los registros de proveedores no se evalúan aspectos como la capacidad financiera de la
empresa ni su experiencia. En los registros se solicitan datos más generales sobre los potenciales
oferentes, como por ejemplo, las direcciones, los dueños, los representantes y el  origen de la firma.
Estas listas se deben actualizar por lo menos una vez al año, pero cualquier interesado puede
solicitar su incorporación al registro respectivo en cualquier momento, cumpliendo con los requisitos
establecidos por la respectiva Institución.
La capacidad financiera de la empresa se valora más bien a la hora de revisar las ofertas de
conformidad con el cartel de la licitación.  De acuerdo al Artículo 45 del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa se dispone que “El cartel de la licitación deberá contener al menos losiguiente … indicación precisa de los documentos que se deberán aportar para la evaluación de la
idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos u otros, cuando así lo demande la naturaleza
o complejidad del negocio.”
Criterios para evaluar las ofertas y adjudicar los contratos
7.a) ¿Qué criterios se aplican para adjudicar los contratos? ¿Se comunican esos criterios por
adelantado a los posibles proveedores?
De acuerdo con los criterios indicados en los documentos de licitación se adjudica el contrato
a la oferta que alcance la mejor ponderación.S/WPGR/W/11/Add.22
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En el caso de las licitaciones públicas, el artículo 56, inciso 2 del Reglamento de la ley de
contratación administrativa señala que la Administración debe proceder al estudio y valoración de las
ofertas, en relación con las condiciones y especificaciones del cartel y con las normas que regulan la
materia.  Se dejarán fuera del concurso a aquellas que incumplan aspectos esenciales de las bases de
licitación o sean substancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico.  También se deben
rechazar las ofertas que presenten un precio inaceptable, determinándose esos casos en el artículo 56,inciso 3 de este Reglamento.
Además, con relación al contenido del cartel, el Reglamento de la ley de Contratación
administrativa (Artículo 45.1.10)  señala que deberá contener el sistema de valoración y comparación
de las ofertas, con expresa indicación de los factores a considerar, el grado de importancia de cada
uno de ellos en la comparación global de las ofertas, así como el método para valorar y comparar las
ofertas en relación con cada factor.
Una vez que se tengan escogidas las ofertas que son elegibles desde los puntos de vista legal,
financiero y  técnico, la Administración procede a su calificación.  Esta se hace de acuerdo con lo que
se haya establecido en el cartel, procurando determinar lo que mejor se ajusta a la satisfacción del
interés público perseguido.
En los casos de la licitación por registro y la licitación restringida, el Reglamento establece
que la Administración aplicará los principios y normas de la licitación pública, particularmente en loque concierne a las condiciones de selección y adjudicación, en la medida que sea compatible con la
naturaleza de cada una de estas licitaciones.
En el caso de la concesión de obra pública se establece que para cada licitación, la
Administración debe nombrar una Comisión de Eval uación.  Esta es la encargada de analizar y
evaluar las ofertas.  El estudio de aquellas comprenderá una cuidadosa confrontación de las ofertascon las condiciones y especificaciones del cartel y las comparaciones deben hacerse  de acuerdo con
la metodología que se defina en aquel.  Se les prohibe excluir las ofertas, por el hecho que no se
ajusten a los valores estimados por la Administración en sus estudios previos.
El resultado del análisis debe establecer la o las ofertas que resulten más convenientes para el
interés general, atendiendo a lo que respecta al instituto de la concesión y las característicasparticulares de la obra y el servicio que prestará.
Los criterios substanciales sobre precio del bien o del servicio, calidad, historial de proveedor,
servicios posventa o cualquier otro elemento que se tomará para el acto de adjudicación deberá ser
debidamente señalado en el cartel. Este deberá especificar cuáles criterios se utilizarán, así como el
peso específico de cada uno.
b) ¿Está la contratación sujeta a alguna disposición compensatoria, como, por ejemplo,
contenido nacional, transferencia de tecnología o exigencias de comercio de compensación?
No existen medidas compensatorias.
c) ¿Se da preferencia a determinadas empresas o grupos de empresas?  En caso afirmativo,
especifíquense.
No se dan preferencias a determinadas empresas o grupos de empresas. Uno de los principios
que informan las compras del Estado en Costa Rica es el principio de no discriminación.S/WPGR/W/11/Add.22
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d) ¿Difieren los criterios de contratación con arreglo al sector o región de la economía?
No hay diferencia en la contratación por sector o región de la economía.
e) ¿Cuál es el margen de elección o de discre cionalidad permitido a la autoridad adquirente?
¿De qué depende, en su caso, el grado de discrecionalidad concedido?
El grado de discrecionalidad se ubica únicamente en la posibilidad de definir los factores y
elementos que componen el sistema de calificación de una determinada licitación y su peso oincidencia para el caso específico; pero una vez definido esto, la discrecionalidad no existe para la
Administración, puesto que se considera que un sistem a de evaluación bien estructurado y equilibrado
debe llevar necesariamente a seleccionar la mejor oferta, que será la que alcance la mayor puntuación.
Divulgación de las ofertas recibidas y de los contratos adjudicados
8.a) ¿Cómo se reciben, registran y abren las ofertas?
Las ofertas se reciben en la oficina que tramita el procedimiento de contratación
(normalmente en la proveeduría de esa oficina), hasta antes de que se cumpla la hora y fechaestablecidas como límite para su presentación, en sobre cerrado. Una vez vencido este plazo, se
procede a abrirlas en un acto al cual pueden asistir los interesados y sus representantes. En ese acto se
levanta un acta, denominada acta de apertura de ofertas, en la que queda constancia de las ofertas
recibidas y los aspectos fundamentales de éstas, así como de las observaciones que realicen los
asistentes.
b) ¿Deben las entidades publicar los pormenores de los contratos adjudicados y/o informar a
los licitadores cuya oferta no haya sido elegida?
En Costa Rica, es obligatorio que las Instituciones informen a los participantes (no sólo al
adjudicatario) en un determinado procedimiento de contratación, el resultado del concurso. Esta
información se hace utilizando el mismo medio usado para cursar la invitación a participar; así, si lainvitación se hizo a través de publicación en el Diario Oficial, la comunicación de la adjudicación
debe hacerse por esa misma vía; si la invitación se hizo en forma directa, la comunicación se hará
también en forma directa
c) ¿Están obligadas las entidades públicas a comu nicar la razón pertinente del rechazo a los
licitadores cuya oferta no haya sido elegida?
No es obligación de la Administración  comunicar o publicar la razón del rechazo de una
oferta o su no selección en un determinado concurso.  Sin embargo, esas razones pueden ser
consultadas por los interesados en el expediente administrativo del caso, el cual es de acceso público.
Trato concedido a los servicios y/o proveedores nacionales y extranjeros
9. ¿Qué leyes, reglamentos, procedimientos o prácticas conceden a los servicios y/o
proveedores nacionales un trato más favorable que el concedido a los servicios y/o proveedores
extranjeros, o conceden a los servicios y/o proveedores de un Miembro un trato más favorable que
al de otro Miembro?  Especifíquese, en su caso, cómo se concede un trato más favorable.
Indíquese también la definición de trabajo de  “nacional” en relación con los servicios y
proveedores nacionales.S/WPGR/W/11/Add.22
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Tratamiento de la Nación Más Favorecida
En Costa Rica el principio de Tratamiento de la Nación más Favorecida se aplica a toda la
legislación en materia de Compras del Sector Público con las siguientes reservas y observaciones:
i) El principio de Tratamiento de la Nación más Favorecida está sujeto al principio de
reciprocidad.
Como principio general, el artículo 5 de la Ley de contratación administrativa señala
que en los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad de
participación de todos los oferentes potenciales.  Se indica también que los
reglamentos de esta ley o las disposiciones que rijan los procedimientos específicos
de cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre
competencia entre los oferentes potenciales.
La participación de los oferentes extranjeros, según esta misma disposición, se rige
por el principio de reciprocidad , según el cual a ellos se les brindará el mismo trato
que reciban los costarricenses en el país de origen de aquellos.  El artículo 5 del
reglamento de la ley establece que se impide a los extranjeros la obtención de
ventajas de participación, si los costarricenses no tienen estas ventajas en su país de
origen.  Para facilitar esa reciprocidad se establece que la Administración puede
solicitar, como condición para participar en un concurso, la demostración de losaspectos que considere pertinentes.
ii) El principio de Trato Nacional en materi a de selección de las ofertas se contempla
para los países Centroamericanos y Panamá tratándose de bienes; y para México,
tratándose de bienes y servicio..  Lo anterior en virtud de los tratados suscritos con
esos países y sin perjuicio de la aplicación del principio de trato nacional para otrospaíses en caso de demostrarse la existencia de reciprocidad con ellos.
El artículo 12 de la Ley de Incentivos a la Producción Industrial, Ley N. 7017 del
16 de diciembre de 1985 establece que “ al efectuarse cualquier compra por parte del
Gobierno de la República, las instituciones autónomas, las semiautónomas, las
municipalidades o cualesquiera otras entidades oficiales, obligatoriamente se darápreferencia a los productos manufacturados por la industria nacional, cuando la
calidad sea equiparable, el abastecimiento adecuado y el precio igual o inferior al de
los importados.
Esta misma disposición se le aplica a los países centroamericanos, en razón del
artículo III (que establece el principio de trato nacional) del Tratado General deIntegración Económica Centroamericana y a México en virtud del artículo 12.4 (Trato
Nacional y No discriminación) del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y
México (Ley Nº7474 de 20 de diciembre de 1994) y a Panamá de conformidad con el
artículo 12 (Tratamiento Nacional) del Tratado de Libre Comercio y de Intercambio
Preferencial (Ley N. 5252 del 31 de Julio de 1973).
Igualmente, si se demuestra la reciprocidad, la ley autoriza otorgar el trato nacional a
aquellos países que apliquen este principio a las ofertas de origen costarricense.S/WPGR/W/11/Add.22
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iii) El principio de Trato Nacional tiene una excepción en el caso de la subcontratación
de empresas constructoras nacionales, cuando el oferente en un concurso de
concesión de obra pública no vaya a construir él la obra.
En este caso, como se verá, se prefiere al constructor nacional. La Ley de Concesión
de Obra Pública, en su artículo 14, señala que en el proceso de selección delconcesionario, cada vez que un eventual concesionario no vaya a construir
directamente la obra pública, se le dará preferencia a aquellas ofertas que indiquen
que ésta será realizada por empresas nacionales subcontratadas.
Procedimientos para atender y examinar las reclamaciones/apelaciones
10. ¿Cuáles son, en su caso, los procedimientos de que disponen las partes, nacionales y
extranjeras, para presentar reclamaciones cont ra la adjudicación de un contrato? Detállense.
En Costa Rica existen dos recursos posibles para impugnar un acto de adjudicación: el
recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Ambos recursos son excluyentes uno del otro y no se
hace distinción, en cuanto a su utilización, entre nacionales y extranjeros.  Es decir, en esta materia se
aplican plenamente los principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida. Para determinar cuál
procede, se toma en cuenta el monto de la adjudicación que se pretende recurrir y el presupuesto de la
Institución que promueve el concurso.  También se establece una diferencia entre el monto necesariopara apelar contratos de obra y contratos de otra naturaleza.
Los recursos de revocatoria y apelación deben presentarse por escrito, detallando las razones
que fundamentan la inconformidad del recurrente, adjuntando u ofreciendo las pruebas del caso y
firmado por quien ostente la representación legal del oferente que se siente lesionado.
La interposición de cualquiera de los dos recursos, conlleva la suspensión del acto
adjudicatorio dictado.
Si por el monto de la adjudicación que se pretende impugnar, no procede la apelación,
entonces debe interponerse el recurso de revocatoria.  Este recurso debe presentarse ante la propia
Institución que promueve el concurso y es ésta la que lo tramita y resuelve.
El recurso de debe presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación
del acto de adjudicación y de éste se confiere un traslado al adjudicatario.  Se cuenta con un plazo de
quince días hábiles, una vez atendido ese traslado, para resolverlo.
El recurso de apelación se presenta ante la Contraloría General de la República,  dentro de los
diez días hábiles siguientes a la publicación del aviso de adjudicación en el Diario Oficial. La
Contraloría debe conceder dos audiencias como mínimo a las partes involucradas, y cuenta con unplazo de cuarenta días hábiles para resolverlo, plazo que puede ser prorrogado por veinte días hábiles
adicionales, en aquellos casos en que sea necesario recabar prueba que no pueda obtenerse dentro del
plazo inicial.
Las resoluciones, tanto del recurso de revocatoria, como del de apelación, agotan la vía
administrativa, y sólo pueden ser revisadas en sede judicial.S/WPGR/W/11/Add.22
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II. ADHESION A ACUERDOS PLURILATERALES, REGIONALES Y/O
BILATERALES
11. ¿Es el Miembro parte en acuerdos plurilaterales, regionales y/o bilaterales que contengan
disposiciones sobre la contratación publica?  En  caso afirmativo, indíquense las disposiciones
pertinentes.
Sí. Costa Rica es parte del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el
cual establece la aplicabilidad  del principio de trato nacional en materia de bienes contenido en el
artículo III de ese Tratado.
El Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial con Panamá (Ley N. 5252 del 31
de Julio de 1973), al igual que en el caso anterior, contiene una disposición (artículo XII) sobre trato
nacional en materia de bienes.
Finalmente, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y México (Ley N. 7474
del 20 de diciembre de 1994) contiene un capítulo expreso sobre Compras del Estado (Capítulo XII).
III. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA CONTRATACION PUBLICA DE
SERVICIOS
12.a) Faciliten estadísticas (si disponen de ellas) sobre el número y el valor de las contrataciones
publicas de servicios
- tanto en conjunto como por sectores;
- por origen de los servicios y proveedores.
b) Faciliten estadísticas (en su caso) sobre
- la proporción de servicios en el total de la contratación publica;
- la proporción de contratación de cada servicio en el total de la producción nacional
del servicio;
- la proporción de contratación de cada servicio en el total de consumo nacional del
servicio.
Más adelante se comunicará a la Secretaría de la OMC información estadística actualizada.
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