. /.ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/L/411
31 de agosto de 2001
(01-4176)
Original:  inglés/
francés
SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE PARLAMENTARIOS PARA
LA AGRICULTURA, LA SILVICULTURA Y LA
PESCA (IPAAF)
Seúl, República de Corea
11 a 13 de junio de 2001
Comunicación de Corea
Se ha recibido de la Misión Permanente de la República de Corea el siguiente comunicado
conjunto, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
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COMUNICADO CONJUNTO
La Segunda Asamblea General de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la
Agricultura, la Silvicultura y la Pesca (IPAAF) se celebró en Seúl, República de Corea, los días 11 a
13 de junio de 2001.  Asistieron a ella representantes de 35 delegaciones (incluidas ocho delegaciones
observadoras). *
La IPAAF, consciente de que las negociaciones sobre la agricultura celebradas en el marco de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen una gran influencia en la agricultura mundial y
haciendo hincapié en que las negociaciones en curso debían ser constructivas, adoptó por unanimidad
el siguiente comunicado conjunto relativo a la orientación básica de las negociaciones de la OMCsobre la agricultura.
1. La Asociación Internacional de Parlamentarios para la Agricultura, la Silvicultura y la Pesca
(IPAAF) se esfuerza por establecer un orden comercial equitativo entre todos los países Miembros de
la OMC y procura, en particular, coordinar armoniosamente los diversos puntos de vista de los
exportadores e importadores de productos agropecuarios.
2. Las negociaciones de la OMC deben contribuir al desarrollo sostenible de los diversos tipos
de agricultura.  Dado que los objetivos de las políticas nacionales y las condiciones de producción
                                                     
* Países participantes:  Argentina, Bélgica, Bo livia, Brasil, Camerún, Congo, Corea, Costa Rica, El
Salvador, Filipinas, Gabón, Indonesia, Israel, Japón, Jord ania, Kenya, Marruecos, México, Países Bajos, Papua
Nueva Guinea, Perú, Portugal, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza y Turquía.  Observadores:  RepúblicaCheca, Dinamarca, Francia, Hungría, Pakistán, Rusia, Tailandia y Túnez.WT/L/411
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agrícola difieren en cada país, sería conveniente, en vez de aplicar a todos los países una fórmula
uniforme, buscar una solución práctica que pueda adaptarse con flexibilidad a las circunstancias de
cada uno de ellos.
3. Se reconoce que la reforma agrícola es un objetivo común que debería realizarse mediante un
proceso continuo.  En este contexto, las negociaci ones en curso deben tender a establecer medidas
pertinentes que permitan aplicar las reformas de manera práctica y progresiva, en vez de tratar de
eliminar de una vez todos los problemas que existen en el comercio agropecuario.
4. En las negociaciones en curso, han de tomarse plenamente en consideración las experiencias
de cada país con respecto a la aplicación del Acuerdo de la Ronda Uruguay.
5. Los resultados de las negociaciones de la OMC deben alcanzar un equilibrio entre
preocupaciones comerciales y no comerciales que refleje los objetivos sociales.  En particular, han de
establecerse medidas concretas en el marco del desarrollo sostenible para abordar preocupaciones nocomerciales como la seguridad alimentaria, la información al consumidor, la conservación del medio
ambiente y el desarrollo rural, problemas comunes de toda la humanidad, que preocupan tanto a los
países desarrollados como a los países en desarrollo.
6. Una mayor liberalización del comercio de productos agropecuarios contribuirá al crecimiento
económico de los países desarrollados y en desarrollo.  Se ha de reconocer, en particular, que para lospaíses en desarrollo la agricultura es una actividad vital, imprescindible para la seguridad alimentaria,
la mitigación de la pobreza y la creación de empleo.
7. Se debe reforzar la cooperación internacional, como la asistencia financiera y técnica, para
ayudar a los países en desarrollo a mejorar la seguridad alimentaria, así como a promover el desarrollo
rural y agrícola y la ecología.
8. La OMC debe tener en cuenta los intereses de la sociedad civil, a la que los gobiernos que
participan en las negociaciones han de consultar.
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