ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS155/10 
31 de agosto de 2001 
 (01-4175) 
  
  
 
     
 
    
 
   
ARGENTINA - MEDIDAS QUE AFECTAN A LA EXPORTACIÓN 
DE PIELES DE BOVINO Y A LA  IMPORTACIÓN DE CUEROS 
ACABADOS 
 
 
     
 
  
Arbitraje de conformidad con el  párrafo 3 c) del artículo 21 
del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias 
 
 
 
    
 
 
Laudo del Árbitro 
Florentino P. Feliciano WT/DS155/10 
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 I. Introducción 
1. El 16 de febrero de 2001, el Órgano de Solu ción de Diferencias ("OSD") adoptó el informe 
del Grupo Especial1 en el asunto Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de 
bovino y a la importación de cueros acabados  ("Argentina - Pieles y cueros ").2  En la reunión que 
celebró el OSD el 12 de marzo de 2001, la Argentina,  de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 
del Entendimiento relativo a las normas y procedim ientos por los que se rige la solución de 
diferencias ("ESD"), informó al OSD de que aplicar ía las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
esa diferencia y de que necesitaría un "plazo prudencia l" para hacerlo, conforme a lo estipulado en el 
párrafo 3 del artículo 21 del ESD. 
2. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo c on la Argentina sobre el plazo prudencial 
necesario para cumplir dichas recomendaciones y r esoluciones, las Comunidades Europeas solicitaron 
que ese plazo se determinara mediante arbitraje vinc ulante de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD.3 
3. En una comunicación conjunta de fecha 12 de junio de 2001, la Argentina y las Comunidades 
Europeas notificaron al OSD que habían acordado que  la duración del "plazo prudencial" para la 
aplicación se determinara mediante arbitraje vincul ante, de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD, y que yo actuara como árbitro.4  Las partes indicaban además en esa 
comunicación que habían acordado pr orrogar el plazo del arbitraje, que se terminaría a más tardar 
90 días después de la fecha de designación del árbitro.5  A pesar de esta prórroga del plazo, las partes 
declaraban que el laudo del árbitro se considerar ía el laudo a los efectos del párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD.  Mediante carta de fecha 12 de junio de 2001 se comunicó a las partes que aceptaba mi designación como árbitro. 
4. El 3 de julio de 2001 se recibieron de la Argentina y las Comunidades Europeas sendas 
comunicaciones escritas, y el 18 de julio de 2001 se celebró una audiencia. 
                                                     
 
1 WT/DS155/R, WT/DS155/R/Corr.1. 
 
2 WT/DS155/5. 
 
3 WT/DS155/6. 
 
4 WT/DS155/8. 
 
5 Ibid. WT/DS155/10 
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 II. Argumentos de las partes 
A. Argentina 
5. La Argentina solicita que el árbitro fije co mo "plazo prudencial" un plazo de 46 meses y 
15 días, con lo que dicho plazo expirará el 31 de diciembre de 2004. 
6. La Argentina sostiene que a pa rtir del texto del párrafo 3 c)  del artículo 21 del ESD resulta 
claro que el plazo de 15 meses indicado como direct riz es meramente indicativo.  Dicho párrafo se 
refiere a la posibilidad de fijar un plazo más lar go que el de 15 meses pa ra la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  Según la Argentina, las circunstancias que concurren en 
esta diferencia concreta ameritan el otorgamiento de un plazo mayor que el de 15 meses para la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
7. Desde 1992, la Argentina ha venido desarrollando un programa de lucha contra la evasión 
fiscal y de reforma de su sistema impositivo.  Una pi eza fundamental de ese programa es el sistema de 
percepciones y retenciones aplicables al Impuest o al Valor Agregado ("IVA") y al Impuesto de 
Ganancias ("IG").  Este program a está relacionado tanto desde el punto de vista económico como 
desde el punto de vista legal con el objetivo de redu cción del déficit fiscal.  El programa ha recibido el 
apoyo expreso de diversos organism os de crédito internacionales, y en particular del Fondo Monetario 
Internacional ("FMI").  Los acuerdos concertados con el FMI establecen una serie de metas cuantitativas, de déficit fiscal, gasto primario y e ndeudamiento público, entre otras, que son objeto de 
una supervisión trimestral durante el  período de vigencia del programa.  El hecho de que la Argentina 
no alcanzara esas metas impediría el desembolso de los fondos a los que este país puede acceder en 
virtud de los acuerdos. 
8. La Argentina destaca que su situación fiscal se ha deteriorado significativamente en los 
últimos años, debido fundamentalmente a la caída de los recursos tributarios ocasionada por la 
recesión económica que comenzó en el tercer trimestre  de 1998 tras la "crisis de Asia" de 1997.  En 
este contexto de recesión económica, la Argentin a trató de reducir el déficit aumentando los 
impuestos y reduciendo el gasto primario.  Estos esf uerzos continuaron durante el presente año y en 
los próximos años. 
9. La Argentina aduce que, en tales circunstanci as, la eliminación de la carga financiera 
adicional impuesta a los importadores, derivada de la aplicación de adelantos del IVA y el IG a tasas 
superiores a las aplicadas a las transacciones en el mercado interno, mediante una "equiparación hacia WT/DS155/10 
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 abajo" de las alícuotas aplicadas a las importaciones pl antearía dificultades jurídicas en el plano legal 
y fiscal. 
10. La Argentina, sostiene, al mismo tiempo, que a unque en teoría sería posible cumplir con las 
constataciones del Grupo Especial procediendo a una "equiparación hacia arriba" de las alícuotas de 
dichos pagos a cuenta, es decir, aumentando los tipos aplicados a las tr ansacciones internas, los 
efectos de una medida de esa naturaleza en la situ ación actual de la Argentina, en un momento en el 
que el país trata de recuperarse de la recesión, la  harían política y económicamente inviable.  De la 
misma manera, la introducción de un sistema de de volución de intereses a los importadores requeriría 
el establecimiento de un mecanismo administrativo mu y complejo para garantizar el cálculo exacto de 
los intereses debidos y abriría además la puerta a reclamaciones de los sectores nacionales correspondientes, lo que complicaría aún más la situación fiscal. 
11. La Argentina sostiene que la estructura de su sistema impositivo justifica el plazo solicitado.  
En el ámbito interno, existe en el ordenamiento  jurídico de la Argentina un conjunto de normas que 
regulan las condiciones y plazos de la actuación de las autoridades nacionales.  En el ámbito externo, 
hay un conjunto de obligaciones y compromisos de pago asumidos por la Argentina que sólo pueden 
cumplirse respetando rigurosamente la normativa vigente:  la Ley de Presupuesto Nacional, 
Nº 25.401, de fecha 12 de diciembre de 2000 y la Le y de Solvencia Fiscal Nº 25.152, de fecha 15 de 
septiembre de 1999. 
12. La Argentina describe en los siguientes térm inos el proceso de promulgación de su 
presupuesto anual.  El Poder Ejecutivo remite al Congreso de la Nación en septiembre de cada año el 
proyecto de presupuesto para el ejercicio financie ro siguiente, que contiene las previsiones de 
ingresos y las autorizaciones de gastos.  En primer término, el proyecto es examinado por la Comisión 
de Presupuesto y Hacienda de la  Cámara de Diputados.  Una vez que la Comisión ha emitido su 
dictamen, el proyecto de presupuesto es examinado po r la Cámara, y una vez aprobado por la Cámara 
de Diputados se remite a la Comisión de Presupuest o y Hacienda del Senado y en última instancia se 
debate en el Senado.  Una vez aprobado por am bas Cámaras, el presupuesto es promulgado por el 
Poder Ejecutivo, que tiene un derecho de veto parcial.  Una vez finalizado este proceso, el 
presupuesto nacional es una ley de la Nación, que só lo puede ser modificada por otra ley nacional. 
13. El texto de la ley va acompañado, entre otras cosas, de varios cuadro s anexos en los que se 
desglosa la información presupuestaria (ingresos, gastos, financiación, etc.) en función de la 
estructura de la administración nacional y sus organismos descentralizados.  La proyección de los recursos tributarios está desagregada por impuestos (IG, IVA, Impuesto a los Bienes Personales, etc.) WT/DS155/10 
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 y se detalla en el mensaje de presentación al Co ngreso Nacional que el Poder Ejecutivo realiza 
anualmente. 
14. Las sumas proyectadas se vuelcan por último en la estimación final de recursos que aprueba 
en última instancia el Congreso.  Dichas sumas, una vez incorporadas al presupuesto, forman parte de 
la Ley e integran la estimación de recursos para todo el ejercicio fi nanciero;  dicho de otra forma, 
dichas sumas sólo pueden modificarse mediante otra ley, en la medida en que cualquier modificación 
lleva aparejados cambios en la ecuación gastos/r ecursos y en el nivel de déficit aprobado. 
15. La Argentina añade que, por otro lado, el sistema impositivo está vinculado a la Ley de 
Solvencia Fiscal, que establece, entr e otras cosas, la reducción progresiva del déficit público nacional 
hasta llegar a un resultado equilibrado en el presupu esto del año 2005.  Esta Ley fija objetivos en 
cuanto a los niveles de déficit para cada año, y cualquier modificación de los niveles de déficit 
indicados requiere también una modificación legislativa.  La relación entre la Ley de Solvencia Fiscal 
y la Ley de Presupuesto, es tal que la estimación de r ecursos y gastos deberá ser  ajustada para reducir 
el déficit al nivel fijado.  El procedimiento ha brá de establecerse por ley en cada uno de los sucesivos 
ejercicios fiscales hasta que se complete el proceso en el año 2005. 
16. La Ley de Solvencia Fiscal establece además la obligación de incorporar al mensaje de 
presentación del presupuesto anual un presupuesto pluria nual para tres años por  lo menos.  Dicho de 
otro modo, el Poder Ejecutivo debe presentar al C ongreso, juntamente con el presupuesto del ejercicio 
siguiente, una proyección plurianual con estimaciones de  ingresos basados en los tipos existentes de 
los impuestos, lo que lleva aparejada la necesidad de  calcular los adelantados en forma de retenciones 
y percepciones necesarios para cumplir los objetivos  de la Ley de Solvencia Fiscal hasta el 31 de 
diciembre de 2004. 
17. A consecuencia de ello, en opinión de la Ar gentina, no es posible modificar el presupuesto 
actualmente en curso sin alterar su objetivo de déficit, ni el objetivo de déficit de la Ley de Solvencia 
Fiscal.  Tampoco es posible, en la situación actual, modificar el régimen de percepciones en aduana, 
que no sólo está vinculado a las importaciones, si no que es parte de un esquema integral de lucha 
contra la evasión fiscal, que incluye las percepciones sobre las compras en el mercado interno y el régimen de retenciones.  Este régimen permite ej ercer un control mayor sobre las obligaciones de los 
contribuyentes y genera los incentivos adecuados  para que éstos declaren y regularicen sus 
operaciones. 
18. La Argentina considera que una única e inmedi ata modificación de este régimen que lleve 
aparejada una reducción de los tipos de las percepciones sobre las importaciones chocaría con el WT/DS155/10 
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 objetivo de la Ley de Solvencia Fiscal, ya que implicaría una significativa pérdida de recursos 
tributarios.  Además, el acuerdo en vigor con el  FMI prevé la reducción del déficit durante los 
próximos años, en consonancia con la Ley de Solvencia Fiscal.  Dicho acuerdo es vinculante para el 
Gobierno argentino, está actualmente en vigor, y en él se asumen expresamente los compromisos de 
reducción del déficit contenidos en la Ley de Solvencia Fiscal.  Cualquier modificación del acuerdo 
con el FMI exigiría una renegociación, y los objeti vos fiscales se han establecido de conformidad con 
la Ley de Solvencia Fiscal. 
19. La estructura de la deuda pública de la Argen tina abarca compromisos de pago de intereses y 
capital a corto, medio y largo plazo.  La Argentin a efectuó una importante operación de conversión de 
la deuda en capital para aliviar la carga que le imponía la sucesión de vencimientos.  Una vez 
realizada esta operación, reviste especial importancia  para la reprogramación de los vencimientos, que 
tiene un costo fiscal considerable a medio plazo, aseg urar la solvencia durante el período abarcado por 
la Ley de Solvencia Fiscal, que se extiende hasta el año 2005. 
20. La Argentina sostiene que el párrafo 2 del artíc ulo 21 del ESD, en el que se hace referencia a 
los "intereses" de los países en desarrollo, compleme nta las disposiciones generales del párrafo 3 c) 
del artículo 21.  En las "circunstancias del caso" con las que se enfrenta la Argentina se combinan 
obligaciones legales que sólo pueden modificarse median te una ley del Congreso de la Nación, como 
ocurre en el caso de la Ley de Presupuesto y la Ley de Solvencia Fiscal, con obligaciones 
internacionales, como los compromisos contraídos con el FMI.  
21. La Argentina recuerda que, según anteriores laudos arbitrales, el párrafo 2 del artículo 21 del 
ESD "[...] cumple la función de exigir al árbitro [ ...], entre otras cosas, que tenga presente en general 
las grandes dificultades que puede enfrentar un pa ís en desarrollo Miembro, en determinado caso, 
cuando procede a aplicar las recomendaciones del OSD".6  En el presente caso, están en juego los 
intereses económicos de la Argentina como país en desarrollo y su solvencia fiscal, como pone 
claramente de manifiesto el calendario de vencimie ntos de pagos de capital de la deuda durante todo 
el período solicitado como plazo prudencial (hasta el  año 2005).  Asimismo, debido a la magnitud de 
la deuda de que se trata, y en particular a las re percusiones de un posible incumplimiento del acuerdo 
concertado con el FMI, la Argentina se enfrentaría con grandes dificultades de financiación en caso de 
un incremento de su déficit presupuestario. 
                                                      
6 Laudo del Árbitro de conformidad con el  párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, Chile – Impuestos a las 
bebidas alcohólicas  ("Chile – Bebidas alcohólicas "), WT/DS87/15, WT/DS110/14, 23 de mayo de 2000, 
párrafo 45. 
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 22. La Argentina mantiene que la  repercusión de cualquier modificación de los tipos sería 
considerable.  Las retenciones y percepciones cons tituyen una pieza fundamental en el mantenimiento 
de un nivel adecuado de recaudación fiscal.  Con este mecanismo se recaudaron en el año 2000 
1.600 millones de dólares, es decir, más del 18 por ci ento del total de los impuestos relacionados con 
el comercio exterior.  En ese mismo año, las percepciones en aduana de IVA e IG representaron más del 7 y el 6 por ciento del total recaudado por cad a impuesto, respectivamente.  Para amortiguar el 
impacto de esta merma de ingresos, hace falta un procedimiento de equiparación progresiva por 
sectores.  En consecuencia el "interés" de la Argen tina como país en desarrollo estriba en evitar que 
una aplicación brusca y sin transición, en un solo ej ercicio fiscal, ponga en peligro el objetivo de 
reducción del déficit.  
23. Ante esta situación, la Argentina solicita que se tenga en cuenta su "interés" en que se le 
conceda un plazo que le permita aplicar "progresiva mente" (de forma escalonada), en tres ejercicios 
fiscales a partir del 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2004, las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia. 
B. Comunidades Europeas  
24. Las Comunidades Europeas señalan que las me didas en litigio se recogen en una serie de 
resoluciones generales publicadas por la Dirección General Impositiva ("DGI").  En 1997 la DGI y la 
Dirección General de Aduanas se refundieron en la  Administración Federal de Ingresos Públicos 
("AFIP").  La AFIP es una "entidad autárquica", que funciona de forma autóno ma, bajo la supervisión 
y el control general del Ministro de Economía.  El Director de la AFIP tiene competencia para dictar 
nuevas resoluciones generales y modificar las vigentes. 
25. Las Comunidades Europeas sostienen que, pa ra cumplir las recomendaciones y resoluciones 
del OSD, la Argentina debe adoptar  una de las dos medidas siguientes:   equiparar los tipos aplicados a 
las importaciones y a las ventas efectuadas en el mercado interno (incluidos los tipos nulos);  y/o 
disponer la devolución a los importadores de los gast os adicionales ocasionados por la aplicación a las 
importaciones de tipos más altos o establecer un sistema de compensación similar.  Las medidas indicadas exigirán la modificación de las resoluci ones generales en vigor o la adopción de nuevas 
resoluciones generales, respectivamente. 
26. Las Comunidades Europeas observan que la adopción o modificación de una resolución 
general de la AFIP no ha de ajustarse a trámites de procedimiento preestablecidos, a excepción de la 
consulta previa (intervención) de dos unidades admi nistrativas de la AFIP, ni está sujeta a plazos,  WT/DS155/10 
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 vinculantes o voluntarios.  Las r esoluciones generales pueden adoptarse o modificarse y, de hecho se 
adoptan muy frecuentemente, en breve plazo. 
27. La última modificación de la Resolución Genera l Nº 3431/91 se recoge en la Resolución 
General Nº 1021/2001, de 7 de juni o de 2001, que reduce al 5 por ciento el tipo del adelanto del IVA 
aplicado a los bienes de capital.  Esta reducci ón se decidió por razones generales de política 
económica.  No obstante, según las Comunidades Eu ropeas, la consiguiente reducción del tipo del 
adelanto del IVA sobre las importaciones de esos productos tuvo el efecto marginal de suprimir 
parcialmente uno de los aspectos de las medida en litigio incompatibles con el GATT, lo que pone de 
manifiesto que es factible a la AFIP adoptar el ti po de medidas que serían necesarias para cumplir las 
demás recomendaciones del OSD en un plazo igualmente breve.  
28. El párrafo 1 del artículo 21 del ESD establece el principio general de que "para asegurar la 
eficaz solución de las diferencia s en beneficio de todos los Miembros, es esencial el pronto 
cumplimiento de las recomendaciones o resolucion es del OSD".  La obligación correspondiente se 
precisa en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, en el que se estipula que "en caso de que no sea 
factible cumplir inmediatamente las recomendaci ones y resoluciones, el Miembro afectado dispondrá 
de un plazo prudencial para hacerlo".  Así pu es, los Miembros deben tratar de cumplir 
"inmediatamente" las recomendaciones y resoluci ones del OSD.  Sólo cuando "no sea factible" 
hacerlo, tiene derecho el Miembro de que se trate o a disponer de un "plazo  prudencial" para la 
aplicación. 
29. Las Comunidades Europeas sostienen que el plazo de 15 meses indicado en el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD es una "directriz" para el árbitro y no un plazo medio o usual.  Como se declaró en Australia – Medidas que afectan a la importación de salmón ("Australia – Salmón ") "esto no 
significa, sin embargo, que el árbitro esté oblig ado a conceder esos 15 meses en todos los casos".
7  
Según el laudo dictado en Comunidades Europeas – Medidas que afectan a la carne y los productos 
cárnicos (hormonas)  ("Comunidades Europeas – Hormonas "), el "plazo prudencial" debe ser "el 
plazo más breve posible, en el marco del ordenami ento jurídico del Miembro, para aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD".8  En consecuencia, las "circunstancias del caso" a que 
hace referencia el párrafo 3 del artículo 21 son aq uellas circunstancias que pueden influir en cuál 
                                                      
7 Laudo del Árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS18/9, 23 de 
febrero de 1999, párrafo 30. 
 
8 Laudo del Árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS26/15, 
WT/DS48/13, 29 de mayo de 1998, párrafo 26. WT/DS155/10 
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 pueda ser el plazo más breve posible para la aplicac ión, en el marco del ordenamiento jurídico del 
Miembro que procede a ella. 
30. Las Comunidades Europeas, remitiéndose al laudo dictado en Canadá - Protección mediante 
patente de productos farmacéuticos ("Canadá - Patentes de productos farmacéuticos" ), sostienen que 
entre esas "circunstancias del caso" pueden citarse, por ejemplo, las siguientes:  si son necesarias 
medidas legislativas o administrativas;  el grado de complejidad de las medida s que han de adoptarse;  
y si los trámites de procedimiento para la aplicación y los plazos correspondientes están impuestos por 
una disposición legislativa o tienen carácter discrecionales.
9 
31. Las Comunidades Europeas sostienen que las repercusiones de las medidas de aplicación en 
la rama de producción nacional no constituyen un fact or pertinente.  Como indicó el árbitro en 
Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil ("Indonesia - Industria 
del automóvil" ), "en casi todos los casos en los que se haya constatado que una medida es 
incompatible con las obligaciones de un Miembro en virtud del GATT de 1994 o de cualquier otro 
acuerdo abarcado y, por consiguiente, debe ponerse en  conformidad con el acuerdo de que se trate, 
será necesario algún grado de reajuste de la ra ma de producción nacional del Miembro en cuestión 
[…] en consecuencia, el reajuste estructural para adaptarse a la retirada o modificación de una medida 
incompatible no constituye una "circ unstancia del caso" que pueda tener se en cuenta al determinar el 
plazo prudencial de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21".10 
32. De forma análoga, el mero hecho de que las medidas de aplicación necesarias puedan ser 
polémicas y susciten probablemente oposición en el ám bito interno tampoco es un factor pertinente.  
Como indicó el árbitro en el asunto Canadá - Patentes de productos farmacéuticos , ninguna 
disposición del párrafo 3 c) del artículo 21 indica que  la supuesta conflictividad en el ámbito interno 
de un país de una medida adoptada para cumplir  una resolución de la OMC sea de algún modo uno de 
los factores que hayan de considerarse para determ inar el "plazo prudencial" para la aplicación.11 
33. Las Comunidades Europeas aducen que aunque , de conformidad c on el párrafo 2 del 
artículo 21 del ESD, al determinar el "plazo prudencial" el árbitro debe tener en cuenta los  "intereses" 
de la Argentina como país en desarrollo, ello  no quiere decir que haya de tener en cuenta 
"circunstancias" que sean "cualitativ amente diferentes" de las que sería n pertinentes en el caso de un 
                                                      
9 Laudo del Árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS114/13, 18 de 
agosto de 2000. 
 
10 Laudo del Árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS54/15, 
WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12, 7 de diciembre de 1998, párrafo 23. 
11 Supra , nota 9 a pie de página. WT/DS155/10 
Página 9 
 
 
 país desarrollado, sino que ha de aplicar el mism o tipo de criterios a los países desarrollados y en 
desarrollo, sin perjuicio de tener presentes las gr andes dificultades con que  puede encontrarse la 
Argentina como país en desarrollo. 
34. Las Comunidades Europeas sostienen que en el presente caso la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD no requie re ningún acto legislativo, sino únicamente 
medidas administrativas a nivel subministerial , en concreto la adopción o modificación de 
resoluciones generales de la AFIP.  La práctica ante rior pone de manifiesto que es factible adoptar o 
modificar una resolución general de la AFIP en poc os meses, cuando no en semanas o incluso en días. 
35. Las Comunidades Europeas afirman que la estim ación del "plazo prudencial" propuesto en su 
comunicación ha sido generosa, para tener en cuenta  los "intereses" de la Argentina como país en 
desarrollo.  En caso de que la Argentina hubiera sido un país desarrollado, el "plazo prudencial" 
habría sido mucho más breve, habida cu enta de las consideraciones expuestas. 
36. En consecuencia, las Comunidades Europeas, por su parte, solicitan al árbitro que determine 
que el plazo prudencial para que la Argentina ap lique las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
el presente caso es un plazo de ocho meses contados  desde la fecha de la adopción del informe del 
Grupo Especial por el OSD. 
III. Plazo prudencial 
37. Mi función en el presente arbitraje consiste en determinar el "plazo prudencial", en el sentido 
en que se utiliza esta expresión en el párrafo 3 de l artículo 21 del ESD, para la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en el asunto Argentina - Pieles y cueros . 
38. El OSD, como ya se ha señalado, adoptó la recomendación del Grupo Especial en Argentina 
- Pieles y cueros .  El Grupo Especial recomendó que la Argentina pusiera la Resolución (ANA) 
Nº 2235/96, así como las Resoluciones Generales (DGI) Nos 3431/91 y 3543/92 en conformidad con 
las obligaciones que incumben a ese país en virtud de l párrafo 3 a) del artículo X del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 199 4 ("GATT de 1994") y de la primera frase del 
párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994, respectiv amente.  En la reunión que celebró el OSD el 
12 de marzo de 2001, la Argentina informó al OS D de que necesitaría un "plazo prudencial" para 
aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en lo que respecta a las Resoluciones Generales 
(DGI) Nos 3431/91 y 3543/92 y, al mismo tiempo,  anunció que había cumplido ya las 
recomendaciones y resoluciones relativas a la Resolución (ANA) Nº 2235/96.12  En consecuencia, la 
                                                      
12 Informe del Grupo Es pecial, párrafo 12.7. WT/DS155/10 
Página 10  
 
 solicitud de arbitraje de las Comunidades Europ eas no abarca las medidas ya adoptadas por la 
Argentina para cumplir sus obligaciones con respecto a la Resolución (ANA) Nº 2235/96.
13 
39. Así pues, el presente arbitraje se refiere únicamente a la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD con respecto a las Resoluciones Generales Nos 3431/91 y 3543/92. 
40. Conviene remontarnos a los aspectos básicos, y ta l vez el más básico de  todos ellos sea la 
naturaleza del acto o actos de cumplimiento o aplicación que un Miembro de la OMC que, como la 
Argentina, ha sido parte en un procedimiento de solu ción de diferencias, está obligado a realizar.  En 
síntesis, la aplicación consiste en poner la medi da que se ha declarado incompatible con las 
obligaciones que imponen al Miembro de la OMC en  cuestión determinadas disposiciones de un 
determinado acuerdo abarcado en conformidad con esas disposiciones.  El párrafo 7 del artículo 3 del 
ESD destaca que "el primer objetivo del mecanismo de solución de diferencias será en general 
conseguir la supresión [de la medida incompatible con la OMC]" .  (sin cursivas en el original)  El 
ESD añade que no se debe recurrir a la compensaci ón sino en el caso de que "no sea factible suprimir  
inmediatamente las medidas incompatibles", y ello solamente como "solución provisional  hasta su 
supresión".  (sin cursivas en el original)  Calific a expresamente a la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados de  una forma de cumplimiento que constituye un 
"último recurso  [...] siempre que el OSD autorice la adopc ión de esas medidas", y que sigue, además, 
siendo un recurso " temporal " que, a tenor del párrafo 8 del artículo 22 del ESD sólo está permitido 
hasta que se haya "suprimido" la medida no conforme o se llegue a una " solución mutuamente 
satisfactoria ".  Además, y en cualquier caso, el párrafo 1 del artículo 22 del ESD advierte que ni la 
compensación ni la suspensión de concesiones u otras obligaciones son "preferibles a la aplicación 
plena de una recomendación de poner una medida en  conformidad con los acuerdos abarcados".  Así 
pues, no cabe duda de que es preciso poner la medida no conforme en conformidad con las 
disposiciones específicas del acuerdo ya sea mediante la supresión  total de la medida o mediante su 
modificación , para eliminar o rectificar sus aspectos l esivos.  Cuando la medida no conforme es una 
norma legal, suele ser necesaria otra norma legal que la derogue o modifique .  Cuando la medida en 
cuestión es un reglamento administrativo, puede o no ser necesario una nueva norma legal, pero 
generalmente es necesario un reglamento  que derogue o modifique el primero.14 
                                                      
13 No obstante las Comunidades Europeas han manifestado que esa exclusión no implica una admisión 
de que las medidas ya adoptadas po r la Argentina constituyan una aplicaci ón suficiente de las recomendaciones 
y resoluciones del OSD.  Las Comunidades Europeas se han reservado el derecho a recurrir en caso necesario al 
procedimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 
 
14 La medida no conforme puede asumir también otras formas:  puede tratarse, por ejemplo de una 
práctica del Poder Ejecutivo o de la Administración aplicada de hecho pero no impuesta o autorizada WT/DS155/10 
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 41. Se pone por consiguiente de manifiesto que el concepto de cumplimiento o aplicación 
prescrito en el ESD es un concepto técnico que  tiene un contenido especí fico:  la supresión o 
modificación de una medida o de parte de una medida, cuya adopción o aplicación por un Miembro 
de la OMC haya supuesto la violación de una  disposición de un acuerdo abarcado.  Conviene 
distinguir el cumplimiento, en el sentido del ESD, de la eliminación o modificación de las condiciones económicas, sociales o de otra naturaleza, subyacent es, cuya existencia es probable que haya dado 
lugar o contribuido en primer término a la pr omulgación o aplicación de la medida gubernamental 
incompatible con la OMC.  Esas condiciones económicas o de otra naturaleza pueden, en 
determinadas situaciones, sobrevivir a la supresión o modificación de la medida no conforme, a pesar 
de lo cual, el Miembro de la OMC de que se trate habrá cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD y las obligaciones que le impone  el acuerdo abarcado pertinente.  A mi juicio, es, entre otras, 
por esa razón por lo que se ha considerado generalm ente, en anteriores arbitrajes de conformidad con 
el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, que la necesida d de un reajuste estructural de la rama o ramas 
de producción con respecto a las cuales se promulgó y aplicó la medida incompatible con la OMC  no 
influye en la determinación de un "plazo prudenc ial" para la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD.
15 
42. En el presente arbitraje, se ha debatido si  el cumplimiento de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD por la Argentina requiere la  promulgación de una norma legislativa por el 
órgano legislativo federal de ese pa ís o si bastaría una nueva reso lución general de la AFIP.  Las 
Comunidades Europeas sostienen que lo único que resulta necesario es adoptar una nueva resolución 
general que modifique las actuale s Resoluciones Generales (DGI) Nos 3431/91 y 3543/92 (relativas a 
las percepciones a cuento o retenciones por el IVA y el IG sobre las importaciones ), o modificar las 
actuales Resoluciones Generales Nos 3337/91, 18/97 y 2784/84 (relativ as a las percepciones a cuenta o 
retenciones por el IVA y el IG sobre las ventas en el mercado interno ).  La nueva resolución general 
podría "equiparar" los tipos de las percepciones o retenciones correspondientes a las importaciones y 
los de las correspondientes a las ventas en el me rcado interno, o disponer el reembolso a los 
importadores de los costos adicionales derivados  de la aplicación de tipos superiores a las 
importaciones o establecer un programa de "compe nsación" similar.  Las Comunidades Europeas 
                                                                                                                                                                     
expresamente por una norma legal o un reglamento administrativo, o de una determinación "cuasijudicial" de un 
órgano administrativo.  Dado que las medidas de la Argentina a que se refiere el presente arbitraje no pertenecen 
a esas categorías, no es necesario ex aminar las obligaciones de cumplimiento  en el caso de que se trate de una 
medida de esa índole.  
 
15 Laudo del Árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, Indonesia - Industria 
del automóvil , WT/DS54/15, supra , nota 10 de pie de página, párrafo 23 y Laudo del Árbitro de conformidad 
con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, Canadá - Patentes de productos farmacéuticos , supra , nota 9 de pie 
de página, párrafo 52. WT/DS155/10 
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 sostienen que tanto en caso de que la medida  correctiva o rectificativa adoptada disponga la 
"equiparación" de los tipos como en el de que establezca un sistema de reembolso o "compensación", 
no es necesaria la promulgación de nueva legislación en la Argentina. 
43. Las comunicaciones de la Argentina son, a este respecto, mucho más complejas.  La 
Argentina parece reconocer que las resoluciones ge nerales cuya incompatibilidad con la OMC se ha 
constatado pueden ser derogadas o modificadas por otra resolución general que la AFIP tiene 
competencia para dictar y que, desde el punt o de vista del derecho público o del derecho 
administrativo no es necesario que el órgano legislati vo federal promulgue una nor ma legal a tal fin.  
En la audiencia del presente arbitraje, la Argen tina ha confirmado este extremo.  No obstante, al 
mismo tiempo, la Argentina pone de relieve su pr ofunda preocupación por la posibilidad de que la 
revocación o modificación de las resoluciones generales en cuestión tenga una serie de consecuencias  
financieras y fiscales que obliguen, a su vez, a m odificar la Ley de Presupuesto Nacional Nº 25.401 y 
la Ley de Solvencia Fiscal Nº 25.152.  Según la  comunicación de la Argentina, esas dos normas 
legales están de tal modo interrelacionadas que cualquier modificación de los ingresos fiscales estimados llevaría aparejados ca mbios plurianuales (al menos en un período de tres años) en las 
prescripciones específicas de ambas normas legislativas,  así como cambios en los coeficientes fiscales 
y los compromisos establecidos en los actual es acuerdos de la Argentina con el FMI. 
44. La Argentina sostiene que una "equiparación" a la baja -es decir, mediante una reducción de 
los tipos de las percepciones a cuenta o retencion es sobre las importaciones al nivel de las aplicadas a 
las ventas en el mercado interno, daría lugar a una disminución significativa de los recursos tributarios 
realmente obtenidos por IVA e IG.  Esa disminución de los recursos tributarios, según la Argentina, 
agravaría sustancialmente los serios problemas de liqui dez del país.  Por otra parte, la "equiparación" 
al alza, es decir el incremento de las percepcion es o retenciones aplicadas a las ventas en el mercado 
interno hasta el nivel de las prescritas con respecto a las importaciones, aumentaría las dificultades 
para controlar la tendencia económi ca recesiva que sufre actualmente el país.  Además, se ha alegado 
que el reembolso por la Argentina a los importado res de los gastos adicionales derivados de las 
mayores percepciones o retenciones sobre las import aciones no sólo exigiría nuevos desembolsos del 
Tesoro Nacional, lo que afectaría al nivel estimado de déficit, sino también el establecimiento de un 
complejo mecanismo administrativo para garantizar la corrección y equidad de los reembolsos. 
45. Con respecto a las comunicaciones citadas de la Argentina es preciso hacer algunas 
consideraciones.  En primer lugar, la Argen tina no aduce que necesite 46 meses para elaborar, 
redactar y poner en vigor una o varias resoluci ones generales con objeto de poner sus actuales 
resoluciones generales incompatibles con la OMC en conformidad con las prescripciones de la WT/DS155/10 
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 primera frase del párrafo 2) del artículo III del GATT de 1994.  Considero que, en realidad, la 
Argentina sostiene que necesita 46 meses para cont rolar y contrarrestar determinadas consecuencias 
económicas y financieras que entiende que se derivará n de la promulgación legal de una resolución 
general modificativa apropiada para aplicar l as recomendaciones y resoluciones del OSD en la 
presente diferencia. 
46. En segundo lugar, en el curso de este procedim iento arbitral no se ha demostrado que haya 
una relación causal entre la adopción de una r esolución general modificativa apropiada y las 
consecuencias económicas y sociales que teme la Argentina.16  Es patente que al menos una de las 
consecuencias que provocan la intranquilidad de la Argentina, la disminución de los ingresos 
recaudados no está vinculada a una resolución general m odificativa que, por ejemplo, "equiparara" a 
la baja las percepciones a cuenta o retenciones sobr e las importaciones hasta el nivel de las aplicadas a 
las ventas en el mercado interno.  Dado que los tipos fiscales reales o finales  siguen siendo los 
mismos independientemente del nivel de los tipos de las percepciones a cuenta  o retenciones , 
cualquier disminución de los impuestos efectivamente recaudados será imputable directamente a las deficiencias del sistema de recaudación en vigor y a los elevados niveles de evasión fiscal que se 
afirma que existen actualmente.  Esas deficiencias y esos niveles de evasión fiscal han existido desde 
hace algunos años y desde luego mucho antes de que se adopte y ponga en vigor una resolución 
general modificativa. 
47. Una tercera consideración es que no hay nada que impida a la Argentina promulgar, en el 
mismo momento en que adopte una resolución gene ral modificativa o poco después, nuevas normas 
legales o reglamentos administrativos destinados, por ejemplo, a reforzar los sistemas actuales de 
recaudación y a ofrecer nuevos incentivos para in crementar el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales por parte de determinados sectores de la comunidad nacional.  En la audiencia del presente arbitraje, la Argentina indicó que exis tían ya leyes que establecían graves penas para la 
evasión de impuestos.  Los tipos de estrategias que pueden preverse para garantizar el logro de esos 
objetivos son múltiples y muy distintos, y es facultad soberana de la Argentina determinar cuáles son 
                                                     
 
16 Las Comunidades Europeas han manifestado que las comunicacione s de la Argentina en este 
procedimiento de arbitraje entrañan un esfuerzo de volver a debatir cuestiones sobre las que el Grupo Especial 
ya se pronunció en su informe.  En la audiencia, la Argentina ha negado que tuviera ningún propósito de reabrir 
cuestiones decididas en el informe del Grupo Especial.  No considero necesario abordar esta cuestión concreta.  
Por una parte, es evidente que un árbitro que actúe de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del OSD 
carece, en principio, de competencia, para volver a exam inar cuestiones que hayan sido  decididas en un informe 
de un Grupo Especial que haya adquirido carácter firme y vinculante por haber sido adoptado por el OSD.  Por otra parte, el hecho de formular declaraciones fácticas ante un grupo especial con el fin de justificar una medida 
objeto de una reclamación por supuesta incompatibilidad con la OMC no tiene por qué impedir, en principio, a 
un Miembro demandado formular las mismas o similares declaraciones fácticas ante un árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 en apoyo de la aleg ación de que hay circunstancias  del caso que justifican la 
concesión de un determinado "plazo pr udencial" a efectos de la aplicación. WT/DS155/10 
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 las estrategias más idóneas, en función de la situaci ón del país.  No obstante, habría que tener presente 
que la obligación de cumplimiento o aplicación que incumbe a la Argentina por razón de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en Argentina - Pieles y cueros,  no es la de llevar a cabo una 
reforma general de su régimen fiscal interno ni la de  eliminar o reducir al mínimo la evasión fiscal en 
toda la comunidad de la Argentina.  Como se ha destacado antes, esa obligación tiene un alcance mucho más reducido y concreto:  la Argentina est á obligada a revocar o modificar determinadas 
resoluciones generales que se identif ican expresamente, para ponerlas en conformidad con la primera 
frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994. 
48. Una cuarta consideración es que, aunque la a dopción oficial de una  resolución general 
modificativa pueda, en teoría, exigir menos tiempo que  la promulgación de una nueva ley, el debate 
en el Gobierno de la Argentina acerca de las políti cas que es más conveniente recoger en la resolución 
general modificativa requerirá seguramente tiempo y recursos administrativos adicionales. 
49. Una última observación que es necesario hacer es que la incorporación del momento o la 
oportunidad de controlar u ordenar condiciones económ icas o sociales anteriores a la adopción de la 
medida gubernamental incompatible con la OMC o coin cidentes en el tiempo con ella al concepto de 
"plazo prudencial" para cumplir las recome ndaciones y resoluciones del OSD podría, en la 
generalidad de los casos, posponer a un momento fu turo, que se retrasaría indefinidamente, la 
obligación de cumplimiento.  Las consecuencias que esa interpretación del "plazo prudencial" para el 
cumplimiento entrañaría para el sistema multilatera l de comercio, tal como lo conocemos hoy, son 
evidentes, importantes y graves.  Esa interpretaci ón tendería a convertir en puramente teórica la 
obligación fundamental de cumplimiento "inmediato" o "pronto". 
50. La Argentina hace hincapié asimismo en que es un país en desarrollo a los efectos del 
párrafo 2 del artículo 21 del ESD.  El ESD, inme diatamente después de destacar que el "pronto 
cumplimiento" de las recomendaciones o resoluciones del OSD es esencial para el sistema de solución 
de diferencias de la OMC, establece lo si guiente en el párrafo 2 de su artículo 21: 
Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los países 
en desarrollo Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de solución 
de diferencias. 
51. La Argentina sostiene que, al determinar el "plazo prudencial" para el cumplimiento deben 
tenerse en cuenta sus intereses como país en desarrollo cuyas medidas han sido objeto de un 
procedimiento de solución de diferencias.  No obstante, la Argentina no ha precisado demasiado en 
qué forma sus intereses como país en desarrollo Miem bro tienen una influencia real en la duración del 
"plazo prudencial" necesario para poner en vigor un a resolución general modificativa apropiada.  Al WT/DS155/10 
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 parecer, la Argentina asimila sus "intereses" co mo país en desarrollo Miembro a las graves 
dificultades económicas y financieras con las que se en frenta actualmente.  El párrafo 2 del artículo 21 
está redactado en términos muy generales.  No  obstante, en el laudo arbitral dictado en Chile –
 Bebidas alcohólicas , se declara que "el párrafo 2 del artículo 21 […] no ha de pasarse simplemente 
por alto, porque es una disposición que se encuentra en el ESD".  El laudo añade que "el párrafo 2 del 
artículo 21, independientemente de los otros significados  que pueda tener, cumple la función de exigir 
al árbitro que actúa en virtud del párrafo 3 c) del mismo artículo, entre otras cosas, que tenga presente 
en general las grandes dificultades que puede enfrentar un país en desarrollo Miembro, en 
determinado caso, cuando procede a aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD".  En 
Indonesia – Industria del automóvil , el árbitro tomó en consideración como "circunstancias 
sumamente especiales" la condición de país en desar rollo de Indonesia y el hecho de ese país que se 
encontraba "en ese momento en una situación económi ca y financiera extremadamente grave" y de 
que su economía estaba "al borde del colapso", para  conceder a continuación un período adicional 
considerable por encima allá del plazo "normal" necesario para completar el proceso normativo interno de Indonesia.  Comparto la  opinión de que, de conf ormidad con el párrafo 2 del artículo 21 del 
ESD, en conexión con el párrafo 3 c) de ese mismo ar tículo, puede tenerse debidamente en cuenta la 
circunstancia de que el Miembro de la OMC que ha de cumplir las recomendaciones y resoluciones 
del OSD sea un país en desarrollo que se enfrenta a graves problemas económicos o financieros.  En 
el caso de la Argentina no se pone en  tela de juicio la existencia real de eso s problemas, aunque puede 
caber discusión acerca de si la economía de la Argentina está "al borde del colapso". 
IV. Laudo  
52. Teniendo presentes las comunicaciones escritas y orales de las partes, las consideraciones 
expuestas supra  y las circunstancias que concurren en el  presente caso, determino que el plazo 
prudencial para que la Argentina cumpla l as recomendaciones y resoluciones del OSD en Argentina 
- Pieles y cueros , mediante la supresión o la modificación adecuada de sus Resoluciones Generales 
(DGI) N
os 3431/91 y 3543/92, o (en caso de que opte por la "equiparación al alza") de sus 
Resoluciones Generales Nos  3337/91, 18/97 y 2 784/84, no debe exceder de 12 meses y 12 días a partir 
del 16 de febrero de 2001.  En consecuencia,  ese plazo expirará el 28 de febrero de 2002. WT/DS155/10 
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 Firmado en el original en Ginebr a, el 15 de agosto de 2001 por: 
 
 
 
       ___________________ 
       Florentino P. Feliciano 
        Á r b i t r o