ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/218
6 de noviembre de 2002
(02-6115)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
A continuación se reproduce el texto defini tivo del documento remitido por la Misión
Permanente de los Estados Unidos, cuya versión pr eliminar se distribuyó para la reunión del Grupo de
Trabajo celebrada los días 26 y 27 de septiembre de 2002.
_______________
TRANSPARENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN
Los Estados Unidos abordaron anteriormente los principios fundamentales de transparencia y
no discriminación de la OMC (tanto el trato nacional como el trato de la nación más favorecida
(NMF)) en su comunicación de julio de 1999, titulada  "Pertinencia de los principios fundamentales de
la OMC con respecto a la política de competencia".1  Dicha comunicación proporcionaba
antecedentes sobre cada uno de estos principios, incluyendo su tratamiento en el contexto de la OMC
y de la legislación antimonopolio de los Estados Unidos.  Basándose en esos antecedentes, la presente
comunicación aborda algunas cuestiones fundamentales que plantea la aplicación de estos principios a
las políticas y la observancia de la legislación antimonopolio.  Abordamos las preocupaciones
relativas a la equidad procesal en un documento independiente y complementario.
Si bien tanto la legislación comercial como las leyes antimonopolio fomentan un entorno
competitivo para los productores y proveedores de servicios nacionales y extranjeros, se diferencian
considerablemente en su aplicación.  La legislación comercial tiene la finalidad de reducir los
aranceles y otros obstáculos al comercio abordando la actuación gubernamental más que la privada,
con limitadas excepciones (por ejemplo, en materia antidumping).  En cambio, la legislación
antimonopolio prevé por lo general la evaluación de las transacciones y/o acuerdos individuales y
privados para determinar si fomentan los objetivos básicos de la eficiencia económica y el bienestarde los consumidores.
2  Las autoridades antimonopolísticas suelen examinar cada caso
individualmente, sopesando una amplia variedad de factores como parte del complejo análisis
                                                     
1 Comunicación de los Estados Unidos de 13 de julio de 1999 (WT/WGTCP/W/131).
2 Como se observa en el documento de la Secretaría sobre los principios fundamentales de la política de
competencia, las metas de promover la eficiencia eco nómica y el bienestar de los consumidores son objetivos
centrales de la política de competencia en muchas, sino en todas las jurisdicciones que disponen de leyes
antimonopolio.  Nota documental de la Secretaría (W T/WGTCP/W/127), de 7 de junio de 1999, sección III.
Entre otros objetivos mencionados en diversas normas antimonopolio figuran, entre otros, el fomento de larivalidad comercial y las oportunidades empresariales, la protección de la pequeña empresa, la creación de
empresas nacionales ejemplares, el empleo y la asiste ncia a las ramas de producción en situación de crisis.
Numerosas jurisdicciones emplean también las normas an timonopolio para tratar las ayudas estatales y otras
actuaciones gubernamentales.WT/WGTCP/W/218
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realizado para evaluar si un determinado acuerdo o transacción persigue estos objetivos.  Como se
examina más ampliamente infra , muchas cuestiones relativas a la aplicación de los principios
fundamentales de transparencia y no discriminaci ón de la OMC a la legislación antimonopolio y su
observancia derivan del hecho de que la legislación antimonopolio se centra en casos individuales de
actuaciones privadas y no en actos gubernamentales.
I. NO DISCRIMINACIÓN (TRATO NACIONAL Y TRATO NMF)
A. RESUMEN DE ANTECEDENTES
Resumen de antecedentes
Los principios fundamentales de no discriminación de la OMC incluyen el trato nacional y el
trato NMF.  Como cuestión general, el trato nacional exige que los Miembros de la OMC den a los
bienes y servicios similares procedentes de otros Miembros de la OMC un trato no menos favorable
que el concedido a sus propios nacionales.3  Si bien las condiciones del principio NMF difieren en los
distintos documentos de la OMC, el principio básico exige que un Miembro de la OMC trate a los
bienes, servicios y personas similares de otro Miembro de modo no menos favorable que el concedido
a cualquier otro país, principio que anteriormente hemos denominado "reciprocidad general
(global)".4  En conjunto, estos principios de no discriminación de la OMC tienen la finalidad de
promover la igualdad de oportunidades competitivas para los bienes, servicios y empresas de losMiembros, a fin de evitar distorsiones en el proceso competitivo.  Es importante el hecho de que estos
principios se aplican en el contexto de la OMC tanto a la discriminación  de jure  como a la  de facto ,
respectivamente, contra las disposiciones legislativas abiertamente discriminatorias y la aplicación
discriminatoria de disposiciones legislativas aparentemente neutrales.
¿Qué significa la discriminación en el contexto antimonopolio?
Según la experiencia de los Estados Unidos, las normas antimonopolio y su aplicación
respaldan los principios básicos de no discriminación de la OMC y son compatibles con ellos.
La observancia de la legislación antimonopolio debe estar encaminada hacia la protección de la
competencia y no de los competidores considerados individualmente.
5  Por lo tanto, la discriminación
basada en la nacionalidad, para favorecer a un competidor individual o un grupo de competidores, esincompatible con la finalidad de las normas antimonopolio.  Así sucede claramente en los Estados
Unidos, donde las Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations del Departamento de
Justicia y la Comisión Federal de Comercio establecen explícitamente que "los organismos no [deben]
                                                     
3 Véanse , por ejemplo, el artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(1947);  el artículo XVII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (1994) (aplicable sólo a lasesferas sujetas a compromisos relativos a sectores especí ficos), y el artículo 3 del Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectua l relacionados con el Comercio ( 1994).  La comunicación de los Estados
Unidos titulada "Pertinencia de los principios fundamentales de la OMC con respecto a la política decompetencia", WT/WGTCP/W/131, de 13 de julio de 1999, y la Nota documental de la Secretaría titulada
"Principios fundamentales de la OMC de trato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia",
WT/WGTCP/W/114, de 14 de abril de 1999, ofrecen de talles adicionales con respecto a estas disposiciones.
4 Véanse , por ejemplo, el artículo I del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(1947);  el artículo II del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (1994) y el artículo 4 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994).  Hemos
hecho referencia a este principio como reciprocidad ge neral o global en la comunicación de los Estados Unidos
titulada "Pertinencia de los principios fundamentales de la OMC con respecto a la política de competencia",WT/WGTCP/W/131, de 13 de julio de 1999, párrafo 19.
5 Véase supra , nota 1.WT/WGTCP/W/218
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discriminar en la aplicación de las leyes antimonopolio por causa de la nacionalidad de las partes".6
Además, esto se ve corroborado de modo más general por el objetivo perseguido por la legislación
antimonopolio de los Estados Unidos, tendiente al bienestar de los consumidores, de conformidad con
la cual la nacionalidad de una empresa carece de importancia porque las empresas extranjeras aportan
una rivalidad saludable, estimulando la baja de precios y las innovaciones.
No obstante, la aplicación de los principios de trato nacional y trato NMF de la OMC plantea
cuestiones complejas.
Como asunto preliminar, los principios de trato nacional y trato NMF de la OMC se aplican
en general con respecto a los productos o servicios similares.7  De conformidad con estas normas, sólo
se puede determinar que existe discriminación cuando dos productos o servicios se consideran
suficientemente comparables y cuando la ley, el reglamento u otra medida gubernamental trata a un
bien o servicio importado de modo menos favorable, sea de jure  o de facto .  Las controversias
planteadas en la OMC con respecto al trato discriminatorio pueden suscitar numerosas cuestiones de
hecho, pero raramente suponen el examen de decisiones individuales de iniciar procedimientos, o de
carácter judicial, por haberse alegado la existencia de parcialidad.  Sin embargo, el análisis y la
observancia de la competencia se refieren a casos y hechos específicos, y nunca dos situaciones serán
enteramente similares.
Una autoridad antimonopolio que evalúe empresas nacionales y extranjeras con arreglo a las
mismas normas y procedimientos puede adoptar decisiones diferentes con respecto a una conducta
similar, basándose en los hechos del caso y no con un propósito discriminatorio.  Por ejemplo, los
Estados Unidos pueden denegar la petición de fusión de dos empresas extranjeras si esa fusión puede
tener repercusiones contrarias a la competencia en los Estados Unidos aunque creen eficiencia sólofuera de este país.  No obstante, una transacción nacional similar que crease eficiencia en los Estados
Unidos podría ser autorizada.  De modo análogo, los Estados Unidos podrían exigir una solución
menos restrictiva con respecto a una transacción en la que participasen empresas extranjeras del
país A en comparación con empresas extranjeras del país B porque la autoridad antimonopolio del
país A aplica sus normas antimonopolio nacionales con respecto a la primera transacción.  Aunqueestas dos medidas pueden parecer discriminatorias, el trato diferenciado debería ser considerado en
realidad compatible con los principios de trato nacional y trato NMF de la OMC, respectivamente,
basándose en las diferencias de las situaciones fácticas de ambos casos.
En la práctica, resulta sumamente difícil determinar si existe discriminación de facto  con
respecto a medidas de aplicación de la legislación antimonopolio, debido a que giran alrededor de
situaciones individuales.  Por ejemplo, un Miembro que aplique sus disposiciones relativas a la
competencia con la intención de proteger a la pequeña y mediana empresa puede afectar de mododiferente a las empresas extranjeras, que no suelen pertenecer al sector de la pequeña y mediana
empresa.  ¿Se debería esto considerar discriminatorio en el marco de un acuerdo sobre competencia
de la OMC?  Estas dificultades se ven agravadas por la amplia discrecionalidad de procedimiento
8
                                                     
6 Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations, emitidas por el Departamento de
Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, abril de 1995, que se pueden consultar enhttp://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/internat.htm, sección 2.
7 Véanse , por ejemplo, los artículos I y III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(1947) y los artículos II y XVII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (1994).  Véanse, sin
embargo , los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (1994) (que se aplica a los nacionales de los Miembros y no a los productos).
8 La expresión "discrecionalidad de procedimiento" se refiere por lo general a la libertad concedida a
un organismo investigador para decidir cuáles son los casos o asuntos civiles, penales o administrativos de los
que corresponde ocuparse.WT/WGTCP/W/218
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concedida a las autoridades antimonopolio en numerosos países, tema que se examina más
detalladamente en nuestra comunicación complementaria sobre la equidad procesal.9  Esto plantea
cuestiones fundamentales con respecto a la aplicación de las disposiciones sobre no discriminación de
la OMC a la discriminación de facto .  Por ejemplo, ¿es posible determinar si existe discriminación
de facto  en el contexto antimonopolio?  Si esto se puede determinar, ¿con arreglo a qué criterio se
debe formular tal determinación?
Incluso suponiendo que la posible aplicación futura de los principios de trato nacional y
trato NMF de la OMC ha de limitarse a la discriminación  de jure , seguirán planteándose cuestiones
como las que se examinan infra .
¿De qué modo se deben tratar las exencione s sectoriales de las normas antimonopolio?
La mayor parte, si no todos los países, eximen a determinados sectores de la aplicación de las
normas antimonopolio o las regulan mediante una legislación sectorial que sustituye o complementalas normas antimonopolio ordinarias.  Las exenciones nacionales en materia antimonopolio reflejan
importantes decisiones de política de cada Miembro de la OMC.  Ahora bien, ¿qué sucede si las
exenciones de un Miembro no se aplican a las empresas que operan fuera de su territorio y las normas
de ese Miembro se impugnan alegándose que son discriminatorias?  ¿Debería un posible acuerdo en
materia de competencia abordar estas cuestiones?  Por ejemplo, ¿existen factores que haríanaceptables algunas exenciones de las normas antimonopolio que en otros casos serían
discriminatorias, por ejemplo la necesidad de una supervisión reglamentaria nacional eficaz?  Dada la
multitud de exenciones nacionales respecto de las normas antimonopolio y su observancia, así como
de las opciones de política que reflejan, ¿resulta viable o incluso conveniente adoptar normas sobre no
discriminación en el marco de la OMC con respecto a dicha legislación?  En caso contrario, ¿podría lapublicación y notificación obligatorias de esa legislac ión bastar para reducir al mínimo el propósito
discriminatorio y/o la aplicación de tales exenciones?
Las excepciones previstas en el artículo XX del GATT, por ejemplo las relativas a la
protección de la moral pública, la observancia de las leyes y la salud de las personas
10, podrían ser
utilizadas por aquellas exenciones nacionales.  ¿E xisten elementos concretos a evaluar en el contexto
de un caso de competencia, por ejemplo, la situación de la liberalización del mercado, que podrían
tener una especial importancia en el análisis de una excepción prevista en el artículo XX en la esfera
de la competencia, y que se debería abordar en un posible acuerdo sobre competencia?
Además de estas cuestiones, se plantean algunas cuestiones fundamentales con respecto a la
aplicación del principio NMF de la OMC a los acuerdos de cooperación.
¿Se podría utilizar el principio NMF para impugnar acuerdos bilaterales o multilaterales de
cooperación?
En la reciente nota de la Secretaría titulada "Modalidades de cooperación voluntaria" se
señala que un acuerdo multilateral de cooperación voluntaria podría ser un instrumento eficiente para
facilitar la cooperación, y se añade que "[s]e podría establecer una cooperación más intensa con
interlocutores individuales [...]".11  Muchos países han celebrado acuerdos bilaterales y/o
                                                     
9 "Equidad procesal", comunicación de los Estados  Unidos preparada para la reunión del Grupo de
Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Políti ca de Competencia, 26 y 27 de septiembre de 2002.
10 Véanse , por ejemplo, el artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(1947) y el artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (1994).
11 WT/WGTCP/W/192, de 27 de junio de 2002, párrafo 29.WT/WGTCP/W/218
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multilaterales para fomentar la cooperación antimonopolio.  Los Estados Unidos resumieron sus
experiencias satisfactorias con esos acuerdos en su comunicación presentada a este Grupo de Trabajo
en julio de 2002.12  No obstante, la cooperación con un Miembro y no con otro podría probablemente
suscitar preocupaciones en materia de discriminación en un posible acuerdo sobre competencia de
la OMC.  Los Estados Unidos estiman que estas situaciones de cooperación no deberían considerarse"similares" y observan también que la discriminación contra un gobierno extranjero distinta de una
determinada aplicación comercial, como sucedería en el caso de los acuerdos de cooperación
antimonopolio, no se deberían considerar como violatorios del trato NMF.  No obstante, no resultaclaro si este criterio es compartido por otros Miembros.
Por consiguiente, incluso existiendo un sólido apoyo a la cooperación bilateral y multilateral
al margen del contexto de la OMC, no es seguro que tal cooperación se considere válida en un posible
acuerdo sobre competencia en el marco de la OMC, incluidas las disposiciones sobre trato NMF.
De modo análogo, ¿podría un país cooperar con un determinado Miembro, sin contar con el beneficio
de un acuerdo determinado, pero denegar una asistencia similar a un segundo Miembro?¿Necesitarían esas situaciones una excepción concreta del principio NMF?  Si fuese así, ¿cómo
debería formularse esta situación?  ¿Podría la adopción de directrices, según sugiere la Secretaría
13, en
lugar de una excepción, ser suficiente para corregir esta posible incongruencia?  Además, si tanto los
casos de observancia como los acuerdos bilaterales/multilaterales de cooperación se excluyeran del
alcance de un posible principio NMF antimonopolio de la OMC, ¿tendrían los elementos restantessujetos a tal disposición NMF una importancia suficiente para justificar la adopción de tal principio?
Se plantea un conjunto similar de cuestiones con respecto a la aplicación del principio de
transparencia de la OMC en el contexto antimonopolio.  Nos limitaremos a un examen de tres
cuestiones:  i) tipos de decisiones sometidas a la obligación de publicación;  ii) la transparencia y laprotección de la información confidencial;  y iii) la transparencia y la asignación de recursos.
II. TRANSPARENCIA
Resumen de antecedentes
En el contexto de la OMC, se considera en general que la transparencia abarca dos
componentes distintos:  i) la obligación de publica r o de dar a publicidad por otros medios las medidas
pertinentes de aplicación general, antes de su entrada en vigor;  y ii) la notificación de esas medidas a
un órgano de la OMC o a sus Miembros.
14  Es importante destacar que estos requisitos están sujetos a
una excepción para la protección de la información confidencial.15  C o m o  s e  s e ñ a l ó  e n  n u e s t r a
                                                     
12 Comunicación de los Estados Unidos, "Modalidades de cooperación voluntaria", 15 de agosto
de 2002 (WT/WGTCP/W/204).
13 Véase  la Nota de antecedentes de la Secretaría, "M odalidades de cooperación voluntaria", de 27 de
junio de 2002 (WT/WGTCP/W/192), párrafo 29.
14 Véanse  la comunicación de los Estados Unidos, "Per tinencia de los principios fundamentales de
la OMC con respecto a la política de competencia", WT/WGTCP/W/131, de 13 de julio de 1999, y la Notadocumental de la Secretaría, "Principios fundamentales de  la OMC de trato nacional, trato de la nación más
favorecida y transparencia", WT/WGTCP/W/114, de 14 de abril de 1999.
15 Véanse , por ejemplo, el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (1947);  el artículo III bis del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (1994);  y el artículo
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994).La comunicación de los Estados Unidos, "Pertinencia de los principios fundamentales de la OMC con respecto a
la política de competencia", WT/WGTCP/W/131, de 13 de julio de 1999, y la Nota documental de la Secretaría,"Principios fundamentales de la OMC de trato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia",
WT/WGTCP/W/114, de 14 de abril de 1999, proporcionan otros detalles con respecto a esas disposiciones.WT/WGTCP/W/218
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comunicación anterior, los Estados Unidos preconizan la transparencia de las normas, leyes y
procedimientos de observancia.  La transparencia reviste importancia para la aplicación correcta de la
legislación antimonopolio y el mantenimiento de la eficacia, imparcialidad y credibilidad de esa
legislación.  No obstante, existen diversas cuestiones relativas a la aplicación de los principios de
transparencia en un posible acuerdo sobre competencia de la OMC.  Como sucede en el contexto de lano discriminación, estas preocupaciones se plantean por lo general en el punto en que las normas y los
principios fundamentales de la OMC se examinan en su aplicación a acciones coercitivas
individuales.
A. ¿Q
UÉ ES LO QUE DEBE PUBLICARSE Y NOTIFICARSE ?
Las obligaciones de transparencia previstas en la OMC se refieren por lo general a las leyes,
reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administrativas de aplicación general.  El Grupo
Especial que examinó el asunto Japón - Películas  constató que las decisiones administrativas dictadas
en casos individuales se deben considerar como decisiones de aplicación general cuando esas
decisiones individuales establecen o revisan principios o criterios susceptibles de aplicación en casosfuturos.
16  Las disposiciones de la OMC en materia de transparencia exigen la publicación y
notificación de esas decisiones administrativas.17
La legislación antimonopolio suele tener una redacción de carácter general.  Como se observó
anteriormente, muchas, si no la mayor parte, de las leyes de las distintas jurisdicciones tienen como
objetivos centrales el fomento de la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.18
Al determinar si una transacción o acuerdo cumple estos objetivos, las autoridades antimonopolioevalúan cada caso individualmente, lo que puede suponer un complejo análisis de diversos factores.Cada una de estas evaluaciones individuales puede plantear cuestiones que pueden dar pie al
establecimiento de principios o criterios aplicables a casos futuros (por ejemplo, el análisis de la
definición de mercado).  En consecuencia, si el principio de transparencia de la OMC existente se
debiera adoptar en un posible acuerdo sobre competen cia de la OMC, los gobiernos podrían tratar de
basarse en el asunto Japón - Películas  para impugnar el hecho de que un Miembro no hubiera
publicado decisiones individuales antimonopolio.  ¿Se deberían aplicar las disposiciones sobre
transparencia de un posible acuerdo sobre competencia de la OMC a casos antimonopolio
individuales?  ¿Podrían las evaluaciones administrativas que no dieran lugar a decisiones formales,
por ejemplo la determinación de no llevar adelan te una reclamación sobre fusiones o una reclamación
planteada por un tercero o las decisiones de aplicar un procedimiento obligatorio en el curso de unainvestigación, quedar sujetas potencialmente a requisitos de publicación con arreglo a este
razonamiento?
También se tendría que examinar la función, en su caso, de las personas privadas en la
aplicación de las disposiciones sobre transparencia de la OMC.  A fin de cumplir las disposiciones
sobre transparencia en un acuerdo sobre competencia de la OMC, ¿se exigiría a los Miembros quepromulgasen legislación o reglamentos que dieran a las partes privadas, con inclusión de los
competidores de quienes son objeto de la investigación, la posibilidad de impugnar ante los tribunales
nacionales las decisiones de no divulgación del organismo antimonopolio?  ¿Qué límites deben
establecerse en esta materia para impedir la "burla" del sistema y otros abusos por parte de las
personas privadas?
                                                     
16 Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de consumo , párrafo 10.388,
WT/DS44/R.
17 Véanse , por ejemplo, el artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(1947) y el artículo III del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (1994).
18 Nota documental de la Secretaría (WT/WGTC P/W/127), de 7 de junio de 1999, sección III.WT/WGTCP/W/218
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La posible aplicación de las normas de la OMC sobre transparencia a acciones coercitivas
individuales plantea también cuestiones relativas, entre otras cosas, a la protección de la información
confidencial y la asignación de recursos.
B. ¿SE PUEDE MANTENER A NIVEL NACIONAL EL EQUILIBRIO ENTRE LA TRANSPARENCIA Y LA
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ?
Como se observó anteriormente, el principio de transparencia de la OMC incluye una
importante excepción en el caso de la información confidencial.  Esta excepción establece que los
Miembros no están obligados a revelar la información confidencial cuya divulgación pueda constituir
un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o
pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas.19
Cada Miembro interpreta esta excepción de modo diferente, con arreglo a su cultura jurídica y
sus tradiciones.  Como se observó en la comunicación anterior de los Estados Unidos, la legislación olos reglamentos estadounidenses exigen que una gran parte de la información obtenida durante
procedimientos de observancia antimonopolio en los Estados Unidos sea tratada como estrictamente
confidencial.
20  Esto es particularmente así con respecto a la etapa de investigación de un
procedimiento de observancia, en que se protege la información comercial sensible, incluida la
identidad de los informantes y los testigos, y se aplican normas especiales de secreto a lasinvestigaciones penales.  Estas garantías de confidencialidad se adoptaron, en parte, para asegurar que
los demandados no se vean perjudicados por la presentación de información confidencial a los
organismos antimonopolio que aplican las normas antimonopolio.
21  Por lo tanto, estas disposiciones,
que claramente quedan abarcadas por la excepción de confidencialidad de la OMC, impedirían que los
organismos de los Estados Unidos publicasen información básica, incluidos los informes deaprobación, sobre las transacciones de fusión notificadas.
Dados los diferentes enfoques nacionales en materia de protección de la información
confidencial en los casos antimonopolio, ¿podrían exigirse de modo efectivo obligaciones de
publicación y notificación con respecto a casos individuales en un posible acuerdo sobre
competencia?  O bien, ¿podría tal disposición limitarse a la publicación y notificación de las leyes ydirectrices antimonopolio?  Si no fuese así, ¿debería un posible acuerdo sobre competencia de
la OMC exigir explícitamente que los Miembros adoptasen procedimientos que permitieran que las
partes privadas impugnaran la decisión de confidencialidad tomada por un organismo antimonopolio?
Por último, y con respecto a la notificación, ¿debería un posible acuerdo sobre competencia abordar
los recursos de que podría disponer un Miembro notificante cuando un Miembro receptor no hubiese
protegido adecuadamente la confidencialidad de esa información?
Es importante abordar estas cuestiones y otras cuestiones conexas antes de la adopción de un
acuerdo sobre competencia de la OMC que incluya disposiciones en materia de transparencia, a fin de
que tales disposiciones no obstaculicen los mecanismos nacionales existentes en materia de
                                                     
19 Véanse , por ejemplo, el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(1947) y el artículo III bis del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (1994).
20 Comunicación de los Estados Unidos, "Pertinencia de los principios fundamentales de la OMC con
respecto a la política de competencia", WT/WGTCP/W/131, de 13 de julio de 1999, párrafo 9, en la que se
destacan algunas leyes, como la Hart-Scott Rodino Pre-Merger Notification Statute, 15 U.S.C. párrafo 18a, la
Ley de Procedimiento Civil Antimonopolio, 15 U.S.C. párrafos 1311-14, y la Norma 6(e) de las NormasFederales del Procedimiento Penal.
21 Véase , por ejemplo, Lieberman v. FTC, 771 F.2d 32, caso resuelto el 20 de agosto de 1985, en el que
se citaron las observaciones del senador Hruska acerca de los antecedentes legislativos de la HSR Act, nota 14.WT/WGTCP/W/218
Página 8
observancia antimonopolio.  A fin de asegurar la cooperación de las partes privadas en los
procedimientos antimonopolio, se deberían aclarar las respuestas a estas preguntas y otras cuestiones
conexas como parte de los debates del Grupo de Trabajo.
C. ¿QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA OMC EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA ?
Entendemos que todos los países que disponen de leyes antimonopolio publican esas leyes y
los reglamentos complementarios.  Sin embargo, numerosos países, incluidos los Estados Unidos, no
publican y/o notifican a otros Miembros diversas evaluaciones en casos individuales, incluida la
decisión de llevar adelante el procedimiento de una reclamación y/o los exámenes pro forma de
control de fusiones, y el hacerlo representaría un importante gasto de recursos, tanto para el Miembro
obligado a realizar la publicación y notificación como para los posibles receptores de esa información.
Por ejemplo, en el ejercicio económico 2000, los organismos antimonopolio de los Estados Unidosrecibieron notificaciones de 4.926 transacciones propuestas sólo de conformidad con los requisitos de
notificación y archivo de la Hart-Scott- Rodino Antitrust Improvements (HSR) Act.
22  A esto deben
añadirse las numerosas investigaciones sobre observancia en casos distintos de las fusiones.  Si se
extrapolan estas estadísticas, el número de posibles publicaciones y notificaciones que podrían
exigirse con arreglo al principio de transparencia de la OMC en el contexto antimonopolio resultanotable.
Teniendo en cuenta estas preocupaciones, el Grupo de Trabajo podría desear examinar tanto
el costo como los beneficios que supone la aplicación del principio de transparencia en el contexto
antimonopolio, especialmente con respecto a los requis itos de publicación y notificación de decisiones
individuales de aplicación general.  ¿Qué costos supone esta publicación y notificación?Para responder a esta pregunta, los Miembros deben tener una idea clara acerca de las obligaciones
concretas exigidas por las normas de transparencia de la OMC.  Por ejemplo, ¿qué forma y contenido
se considerarían suficientes en las publicaciones y notificaciones?  ¿Se impondría a los Miembros
notificantes un calendario estricto para la publicación y notificación?  ¿Qué mecanismo se utilizaría o
debería utilizarse para asegurar la distribución adecuada de las notificaciones a los Miembros, tantolas obligatorias como las voluntarias?  Estas últimas cuestiones prácticas relativas a la forma y el
contenido de la publicación y notificación y de sus mecanismos se aplican también a las leyes,
reglamentos y decisiones judiciales antimonopolio.
Al ponderar estos costos y beneficios, resulta interesante observar que, de los 4.926 casos
comunicados con arreglo a la HSR Act en el ejercicio económico 2000, los organismos antimonopolio
de los Estados Unidos autorizaron más del 97 por ciento de dichas transacciones dentro del período
legal de espera de 30 días, y concedieron a más del 70 por ciento de esas transacciones la abreviacióndel período de espera legal.
23
                                                     
22 Véase  Comisión Federal de Comercio, Perfomance Report Fiscal Year 2000, 31 de marzo de 2001,
página 18, que se puede consultar en http://www.ftc.gov/opp/gpra/prfy2000.pdf.
23 Idem .WT/WGTCP/W/218
Página 9
III. CONCLUSIONES SOBRE LA TRANSPARENCIA Y LA NO DISCRIMINACIÓN
Del mismo modo que en nuestra comunicación complementaria sobre la equidad procesal, en
la presente comunicación sólo se plantean algunas de las numerosas cuestiones que rodean la
aplicación de los principios de transparencia y no discriminación de la OMC en el contexto
antimonopolio.  En el contexto de la transparencia y la no discriminación, numerosas cuestiones seoriginan en la cuestión general de la aplicación de esos principios a las evaluaciones y resoluciones de
observancia en casos individuales.  Si bien estas cuestiones no crean inevitablemente problemas
insolubles, deben ser tratadas adecuadamente como parte del debate sobre estos principios básicos, y
los Estados Unidos esperan con interés examinar y aclarar estas cuestiones en el Grupo de Trabajo.
__________