ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/86
22 de septiembre de 1998
(98-3632)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  español
COMUNICACIÓN DE VENEZUELA
Se ha recibido de la Misión Permanente de Venezuela la siguiente comunicación, de fecha
23 de julio de 1998, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
_______________
Informe sobre la Política de Competencia en Venezuela
I. MARCO GENERAL
I.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (en adelante, la
"LPPLC") fue promulgada el 1º enero del año 1992.  Esta ley regula la materia de libre competenciaen Venezuela.
La LPPLC desarrolla el derecho a la libertad económica (extensión moderna tradicional de la
libertad de industria y comercio) consagrada en la Constitución de la República de 1961.  En efecto,
dicha norma constitucional otorga a cualquier individuo el derecho de escoger, participar y dedicarse
a la actividad económica de su preferencia.  Por su parte, el artículo 97 de la Carta Magna prohíbe la
creación de monopolios, salvo los que el Estado resuelva constituir por razones de interés público.
No obstante, la garantía que protege el derecho a la libertad económica fue suspendida apenas
un día después de promulgada la Constitución, y permaneció de esa manera hasta el año 1991, año en
el cual se inició el proceso de apertura económica en Venezuela.  La suspensión de la garantía fue
vista como un paso necesario para legitimar toda la intervención del Estado que tuvo lugar durante lasdécadas de 1960, 1970, y 1980.
Con la restitución plena de la garantía a la libertad económica a partir de 1991, se hizo
necesario desarrollar un marco normativo dentro del cual los agentes pudieran desarrollar sus
habilidades y capacidades empresariales dentro de una economía social de mercado, y que para ello,pudieran conocer mejor sus obligaciones en el Estado de Derecho.  En este contexto fue concebida la
política venezolana de promoción a la libre comp etencia y eficiencia económica, instrumentada a
través de la LPPLC.
I.2. LA SUPERINTENDENCIA COMO ÓRGANO DE POLICÍA ADMINISTRATIVA
DEL MERCADO
La LPPLC prevé la creación de un órgano encargado de su aplicación;  es decir, la
Superintendencia para la Promoción y Protecci ón de la Libre Competencia (en adelante "PRO-
COMPETENCIA"), (artículo 19º).WT/WGTCP/W/86
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PRO-COMPETENCIA es un organismo unipersonal, presidido por un Superintendente,
encargado de aplicar la Ley y de imponer las sanciones que procedan a los agentes que cometan
infracciones, (artículo 21º).  Este órgano tiene potestades amplias de investigación y de decisión, de
manera tal que los administrados están en obligación de satisfacer los requerimientos de información
solicitados por ella, (artículo 31º).
Si bien PRO-COMPETENCIA está adscrita para fines presupuestarios y administrativos al
Ministerio de Industria y Comercio, es un organi smo funcionalmente independiente, lo que supone
que ningún poder administrativo puede revisar sus decisiones, quedando abierta sólo la vía
jurisdiccional a tal efecto, (artículo 19º).
En consecuencia, la LPPLC otorga a PRO-COMPETENCIA fundamentalmente dos
atribuciones de supervisión de los mercados, a saber:  La protección y la promoción de la libre
competencia.  En efecto, el objetivo perseguido con la aplicación de las disposiciones de la LPPLC es
el de proteger y promover la libre competencia y la eficiencia en beneficio de los consumidores y
productores, (artículo 1º).
En relación con la primera función, esto es, la protección de la competencia, "PRO-
COMPETENCIA" posee una función de policía administrativa, por la cual debe vigilar el correcto
funcionamiento de los mercados, procurando sa ncionar aquellas prácticas que distorsionan el
comercio;  ello supone establecer las atribuciones propias de los organismos antimonopolios tales
como la supervisión de la competencia en los mercados, y del control y prevención sobre las prácticasque pudieran comprometer su realización efectiva (por ejemplo, la realización de colusiones o la
monopolización de los mercados).
Esta función cobra especial relevancia en el contexto venezolano por la influencia de las
políticas públicas ejecutadas en el pasado sobre las prácticas corporativas de las empresas, lo que hatendido a propiciar restricciones a la competencia.  En efecto, tales políticas generalmente generaron
incentivos para cartelizar sectores industriales enteros, a fin de dar soporte al modelo de sustitución de
importaciones, cuyas principales herramientas fueron el levantamiento de barreras al comercio y la
fijación de tipos de cambio sobrevaluados.
En este orden de ideas, la apertura económica, en forma de reducción o eliminación de las
barreras al comercio, no ha sido suficiente por sí sola.  La continuación de prácticas estimuladas por elEstado ha representado un riesgo constante de privatización del arancel, esto es, que los agentes
privados puedan contrarrestar las sinergias derivadas de la apertura.  Ello es particularmente notable
en la persistencia de una elevada concentración de mercados y de la limitada competitividad que aún
acusan varios sectores industriales y de servicios.
La segunda de las funciones que la LPPLC atribuye a PRO-COMPETENCIA es la promoción
del sistema de mercado como forma de ordenamiento social para las actividades económicas en
Venezuela.  Bajo esta segunda función la Superintendencia asume la facultad de participar en el
diseño de marcos institucionales adecuados al sistema de mercados en libre competencia, mediante la
elaboración de informes o dictámenes para orientar la actividad regulatoria de otros organismospúblicos que pudiera afectar la competencia en los mercados.  A continuación se examinan en detalle
ambas funciones.WT/WGTCP/W/86
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II. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA EN MATERIA DE
CONDUCTAS PROHIBIDAS, RÉGIMEN DE EXCEPCIONES Y ASPECTOS
PROCEDIMENTALES
La LPPLC es aplicable a toda persona natural o jurídica, pública o privada que realice
actividades económicas en el territorio de la República de Venezuela (artículo 4º).  Ello comprendecualquier actuación que pudiera tener efectos anticompetitivos en el mercado venezolano, aún cuando
la práctica se haya celebrado fuera de Venezuela.  Por ello dicha Ley pudiera llegar a tener un efecto
extraterritorial.
Igualmente, las normas sobre materia de competencia contemplan la aplicación de dichos
principios a aquellas actuaciones que tengan efectos en más de un mercado en el ámbito del Pacto
Andino, caso en el cual le será aplicado el ordenamiento del Acuerdo de Cartagena, esto es, laDecisión 285 la Comisión del Acuerdo de Cartagena, órgano supranacional competente en estas
materias (artículo 2º).
II.1. CONDUCTAS PROHIBIDAS
Ahora bien, la LPPLC contiene dos tipos de pr ohibiciones.  En primer lugar, establece una
prohibición general que caracteriza la conducta por sus efectos y, en segundo lugar, realiza un listado
de prohibiciones particulares, las cuales describen ciertas formas de asociación entre agentes
económicos independientes, susceptibles de eliminar la rivalidad empresarial entre ellas.
La prohibición general (artículo 5º) de la LPPLC contempla toda conducta o contrato que
tenga por efecto la limitación de la libre competencia.  Esta norma tiene un carácter residual, esto es,
que las conductas no tipificadas en el capítulo de prohibiciones particulares y que puedan dar lugar alimitaciones a la libre competencia deben ser evaluadas a la luz de esta disposición.
Por otra parte, las prohibiciones particulares (artículos 6º al 17º) tipifican las prácticas
empresariales de manera precisa.  Ellas pueden clasificarse en cuatro grandes categorías:  prácticas
colusivas, prácticas exclusionarias, abuso de posición de dominio y concentraciones económicas.
(a) Prácticas colusivas
La LPPLC prohíbe diversas estructuras de asociación que restringen la rivalidad entre
competidores.  Tales asociaciones pueden adoptar formas diversas, por ejemplo, la colusiónpuede producirse a través de acuerdos que se gestan del seno de una asociación gremial o
corporación (artículo 9º).  La racionalidad detrás de la prohibición de estos acuerdos obedece
a que cuando son vinculantes, ellos afectan a todos los miembros agremiados teniendo, por
tanto, un efecto semejante al de una ley que crea monopolios en los cuales se impide a ciertos
individuos ejercer sus derechos económicos, dando privilegios a otros.
Por su parte, la normativa sobre competencia prohíbe los acuerdos o conciertos de
voluntades que expresa o tácitamente celebran dos agentes económicos con miras a restringir
la competencia entre ellos.  En efecto, la aplicación de la prohibición se extiende a cualquier
forma de asociación para restringir la oferta, repartir mercados o limitar la producción conmiras a elevar los precios por encima de su nivel competitivo, (artículo 10º).
(b) Prácticas exclusionarias
Las prácticas exclusionarias tienen por efecto impedir a algún agente económico
ejercer su derecho a participar en un mercado.  En la legislación venezolana no es necesario
que una empresa detente una posición de dominio para ser sancionada por realizar una
práctica exclusionaria.  Por otra parte, igualmente, la LPPLC enumera una variedad de formasWT/WGTCP/W/86
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de exclusión consideradas sospechosas de encubrir una intención monopolística.  Por
ejemplo, se prohíben las conductas que obstaculicen o impidan la entrada o permanencia de
empresas en los mercados, salvo las que se ejecuten en virtud de un derecho protegido por la
ley.  Esto es, casos donde la protección legal confiere un monopolio de derecho, como es el
caso de la protección dada a las patentes de invención y otros derechos de propiedadintelectual, (artículo 6º)
La LPPLC prohíbe, igualmente, aquellas conductas restrictivas exclusionarias como
el boicot.  En este caso la exclusión del mercado requiere el concurso de dos agentes;  uno
que efectivamente despliega la práctica y, otro, que incita al primero a que la realice, (artículo
7º).
Por otra parte, la LPPLC prohíbe toda manipulación de los factores de producción,
distribución o desarrollo tecnológico que genere limitaciones a la libre competencia con miras
a impedir el ingreso o permanencia de algún agente económico en el mercado, (artículo 8º).
Finalmente la normativa sobre competencia también condena las conductas que
eliminen a los competidores como consecuencia de una práctica desleal.  Al respecto, es
importante señalar que dicha prohibición ofrece una descripción enumerativa de las prácticas
que la LPPLC considera desleales;  dichas prácticas están relacionadas con el uso ilícito de la
publicidad, la simulación de productos, la violación de secretos industriales y, en general,
toda conducta o iniciativa que distorsione las expectativas legítimas de los agentes en elmercado, (artículo17º).
(c) Abuso de Posición Dominante
La LPPLC no prohíbe los monopolios o posiciones de dominio que detenten las
empresas en el mercado.  No obstante la Ley in comento sanciona el abuso de esa posición en
el mercado.  Dicha prohibición es semejante a la existente en el artículo 86 del Tratado de
Roma relativo a las prácticas que constituyen un abuso de posición dominante en el mercado.
De esta manera, ninguna empresa en posición dominante puede abusar de su posición de
dominio en el mercado, imponiendo condiciones abusivas, discriminatorias o negándose
injustificadamente a negociar con alguno de sus clientes, (artículo 13º).
En la interpretación dada por PRO-COMPETENCIA a este dispositivo es importante
observar que la posesión de una posición dominante en el mercado no constituye en sí misma
una transgresión de las normas de competencia.  Para que la posición de dominio constituya
una violación, tiene que estar atada a la realización de un abuso específico, es decir, a una
conducta injuriosa tipificada en la Ley que no ocurriría de haber una competencia efectiva enel mercado relevante.
(d) Control de Concentraciones Económicas
Otro tipo de práctica regulada por la LPPLC se refiere a las fusiones o adquisiciones
de empresas que generen efectos restrictivos sobre la competencia o que creen una posición
dominante en el mercado relevante, particularmente las que se producen dentro de una misma
actividad económica, (artículo 11º).
Sin embargo, es importante acotar con respecto a esta prohibición que la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo, instancia encargada de revisar los actos emanados
de PRO-COMPETENCIA, consideró la necesidad de reglamentar dicho dispositivo.1  En tal
                                                     
1 Sentencia de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo de fecha 6 de marzo de 1997, caso
Consorcio Inversionista Fabril CIF.WT/WGTCP/W/86
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sentido, fue dictado por el Ejecutivo Nacional  el Reglamento Nº 2, sobre Evaluaciones de
Operación de Concentración Económica.2  Este Reglamento desarrolla los elementos de
evaluación, así como el concepto de mercado relevante y competencia efectiva, los cuales son
indispensables para establecer las consecuencias de las fusiones o adquisiciones en los
mercados.
II.2. RÉGIMEN DE EXCEPCIONES
La propia LPPLC otorga la facultad al Ejecutivo Nacional para fijar las normas dentro de las
cuales podrá permitirse la realización de actividades en principio contrarias a las disposiciones de
LPPLC, (artículo 18º).  Este dispositivo, desarrollado en el Reglamento Nº 1 de la Ley3, establece el
régimen de excepción para ciertas prácticas que a pesar de restringir formalmente la competencia,
aportan eficiencias económicas y otras ventajas que merecen ser preservadas para la sociedad.
Sin embargo, no toda práctica es susceptible de ser autorizada.  En tal sentido, el artículo 8º
del Reglamento Nº 1 indica la siguiente lista taxativa de prácticas susceptibles de ser autorizadas por
PRO-COMPETENCIA:
1. Los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas concertadas, entre
competidores a los que se refieren los artículos 9º y 10º de la Ley;
2. Los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas concertadas, entre
no competidores a los que se refieren los artículos 9º y 12º de la Ley, que impidanuna competencia efectiva y tengan efectos significativos en el mercado relevante;  y
3. Las prácticas o conductas unilaterales a que se refieren los artículos 6º, 7º y 8º de la
Ley.
Además, para que una práctica sea susceptible de ser autorizada deberá cumplir con las
condiciones que impone el artículo 18º de la LPPLC y el artículo 10º del Reglamento Nº 1, que son
las siguientes:
1. La autorización de dichas actividades deberá tener por objeto contribuir a mejorar la
producción, la comercialización y la distribución de bienes y la prestación de
servicios o a promover el progreso técnico o económico;
2. Las actividades que se autoricen deberán aportar ventajas para los consumidores o
usuarios;
3. La autorización previa de las actividades que se permitan, así como el control de su
ejecución, por la Superintendencia;  y
4. La autorización sólo contendrá lo indispensable para lograr el objeto que se persigue.El Reglamento Nº 1 desarrolla un régimen legal de autorizaciones globales y particulares de
prácticas contrarias a la LPPLC en los términos anteriormente expuestos.  Bajo este régimen se
permite que una conducta, en principio contraria a las normas sobre competencia, no sea sancionada.
La diferencia entre las autorizaciones globales y las particulares es que las primeras son excepciones
                                                     
2 Decreto 1.311 de fecha 2 de mayo de 1996.  Pu blicado en la Gaceta Oficial 35.963 de fecha 21 de
mayo de 1996.
3 Decreto 2.775 de fecha 21 de enero de 1993.  Publicado en la Gaceta Oficial 35.202 de fecha 3 de
mayo de 1993.WT/WGTCP/W/86
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de tipo general que permiten excluir categorías de prácticas restrictivas del ámbito de la prohibición
legal, mientras que la autorización particular tiene un carácter individual, con lo que queda en manos
del administrado la carga de la prueba;  es decir, de demostrar que la práctica está sujeta a los
beneficios de la excepción.
Respecto a la autorización global, existe en la actualidad una excepción de este tipo para
contratos de distribución exclusiva4, entendiendo como tales a aquellos contratos celebrados entre un
proveedor y un distribuidor, en los que el provee dor se compromete a suministrarle o venderle en
exclusiva al distribuidor determinados productos para su reventa en un territorio determinado.  En
efecto, en dicha excepción se exceptúan de la prohibic ión establecida en el artículo 10, ordinal 3º de la
LPPLC los contratos de distribución exclusiva.  Sin embargo, es necesario observar que existen
ciertos contratos no amparados por la excepción global prevista en el artículo referido;  entre ellos lossiguientes:
(a) Los contratos de distribución exclusiva donde el distribuidor sea a su vez competidor
del proveedor en la producción de los productos identificados.
(b) Los contratos referidos a productos que sólo puedan ser obtenidos por los clientes a
través del distribuidor, y además que no puedan proveerse de productos competidores
fuera o dentro del territorio asignado.
(c) Cuando los productos identificados en el contrato no se encuentren sometidos, en el
territorio concedido, a la competencia efectiva de productos competidores, es decir, se
trata de productos idénticos o similares por razón de sus propiedades, sus usos y sus
precios.
(d) Las distribuciones exclusivas donde el acceso al mercado relevante de otros
proveedores de productos competidores sea restringido.
(e) Los contratos donde el proveedor determine de modo directo o indirecto los precios o
condiciones de contratación para la reventa a terceros de los productos identificados
en el contrato.
(f) Cuando el contrato se celebre por duración indeterminada o por duración superior a
cinco años.
II.3. ASPECTOS PROCEDIMENTALES
La LPPLC establece un trato diferente para las diversas actuaciones de PRO-
COMPETENCIA frente a los administrados.  Así, se consagran diversos procedimientos según se
trate de una práctica de las directamente tipificadas en la normativa de competencia como restrictivas
de la competencia, de una operación de concentración o de una conducta que pueda ser tratada bajo el
Régimen de Excepciones.
En cuanto a los primeras, PRO-COMPETENCIA, bien de oficio bien a instancia de parte,
podrá abrir un procedimiento administrativo.  En efecto, la Superintendencia puede actuar de oficio
como instructor y al mismo tiempo como una especie de juez administrativo, dictando actos de
naturaleza cuasi - jurisdiccional.  Igualmente, el procedimiento puede iniciarse por denuncia, y en
estos casos PRO-COMPETENCIA actuaría de la mi sma manera que actuaría un juez colocándose por
encima de los intereses del demandado y el demandante.
                                                     
4 Resolución SPPLC/036-95 de fecha 28 de agosto de  1995.  Publicado en la Gaceta Oficial 35.081 de
fecha 21 de septiembre de 1995.WT/WGTCP/W/86
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Igualmente, la Superintendencia posee la facultad para imponer sanciones u ordenar
comportamientos de los agentes económicos que restri njan el funcionamiento del mercado.  El fin
perseguido con dicho procedimiento es el de determinar la existencia de prácticas restrictivas de la
competencia, y si fuere el caso sancionarlas y ordenar su cese.  Dos órganos internos intervienen en el
procedimiento administrativo:  El Despacho del Superintendente y la Sala de Sustanciación.  Elprimero tiene la facultad de pronunciarse sobre los hechos probados a través de las pruebas
presentadas por las partes u obtenidas de oficio por requerimiento del Sustanciador.
El procedimiento administrativo previsto en la LPPLC consta de tres fases.  En primer lugar,
la iniciación del procedimiento como resultado de una orden emitida por el Superintendente a la Sala
de Sustanciación.  Seguidamente, y una vez notificadas las partes se inicia el lapso de Sustanciación o
lapso para la promoción y evacuación de pruebas.  La duración de este lapso es de quince días hábiles,susceptibles de ser prorrogados por un periodo igual, (artículo 36º).  Una vez concluido el lapso
anterior el Superintendente decidirá lo pertinente en un término de treinta días hábiles, (artículo 37º).
Durante la fase de sustanciación, PRO-COMPET ENCIA está facultada para dictar medidas
preventivas;  es decir dictar ciertas órdenes provisionales que protejan el mercado hasta tanto se dictela decisión final.  El principio general en ésta materia exige como requisito para su procedencia la
demostración de los siguientes extremos:  En primer lugar, una presunción de "buen derecho" y en
segundo lugar, la sospecha presunción de que se haga ilusoria la ejecución de la decisión de no
dictarse la medida.
Es importante señalar que la LPPLC no contiene disposiciones en materia de pruebas.  Sin
embargo, según las normas sobre pruebas establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, PRO-COMPETENCIA puede utilizar todos los medios de pruebas establecidos en la
legislación venezolana para alcanzar una decisión administrativa, (artículo 58 Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos).
Bajo el régimen de autorizaciones, contemplado en el Régimen de Excepciones, el
procedimiento es diferente al señalado anteriormente, para evaluar la existencia de una práctica
restrictiva a la LPPLC, deben distinguirse las conductas que eventualmente gozarán de una excepción
global de aquéllas sometidas a autorizaciones individuales, las cuales requerirían de un análisis
individual para ser autorizadas por la Superintendencia.
La LPPLC prevé que el procedimiento para las autorizaciones y demás asuntos no
establecidos expresamente por la Ley se regirán por lo previsto, al respecto, en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, (artículo 42º).  Esta ley establece un lapso de cuatro (4) meses, con
posibilidad de prórroga, para la tramitación de cualquier solicitud ante la administración (artículo 60
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).  Este lapso es aplicable al régimen de controlde operaciones de concentración económica.
También en dichas operaciones, es menester señalar que existe una "regla de mínimos", por la
cual se exceptúan de la aplicación, del régimen en esta materia, a ciertas operaciones cuyo monto sea
inferior al anunciado anualmente por la Superintendencia;  de manera que únicamente aquellasfusiones que excedan ese límite son susceptibles de ser evaluadas.
5
En el caso de las operaciones de concentración, es importante señalar que los administrados
no tienen la obligación de notificar la realización de la operación.  No obstante, el Régimen de
                                                     
5 Resolución SPPLC/14-96 de fecha 24 de mayo de 1996, Publicada en Gaceta Oficial No. 295287 del
15 de julio de 1996;  Artículo Unico:  "El Reglamento No. 2 de la ley para Promover y Proteger el Ejercicio de
la Libre Competencia se aplicará a todas las operaci ones de concentración económica cuando el volumen de
negocios total de las empresas participantes en dicha operación supere la cantidad equivalente a ciento veinte
mil (120.000) unidades tributarias …".WT/WGTCP/W/86
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Evaluación de Operaciones de Concentración Económ ica contemplado en el Reglamento Nº 2 permite
que los agentes soliciten evaluaciones ex-ante, es decir, antes de realizar la operación.  Sin embargo,
pese a que no existe obligación expresa en dicho Reglamento impone sobre ellos una carga, pues en
caso de que la concentración genere efectos restrictivos sobre la competencia, PRO-COMPETENCIA
podrá abrir un procedimiento después de realizada la operación, aplicando las normas delprocedimiento sancionatorio.
III. LA EXPERIENCIA VENEZOLANA EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y ABOGACÍA
POR LA COMPETENCIA
La actividad de promoción de la competencia a través de la reformulación de reglas
institucionales tiene una importancia crucial en la política de PRO-COMPETENCIA, dada la
convicción de que las restricciones a la competencia en Venezuela, al igual que en otros países en vías
de desarrollo, es fundamentalmente el resultado de la intervención gubernamental antes que de la
propia dinámica del mercado.  Por ello, el desmonte de  las barreras institucionales a la competencia es
una labor esencial en las actividades de PRO-CO MPETENCIA.  Estas barreras provienen, no sólo de
la excesiva actividad regulatoria del Estado, sino eventualmente, de la tendencia de los propiosagentes económicos por seguir las mismas tradiciones que inhiben la creación y explotación de
nuevas oportunidades en el mercado.
En efecto, las actividades sancionadoras en protección de la competencia serían inútiles o
insuficientes si no se cuenta simultáneamente con mecanismos inductivos que permitan incidir en laconfiguración institucional, que es a la sazón la que en última instancia determina el ánimo de los
agentes económicos por competir o coaligarse para restringir la competencia.  Una clara evidencia de
ello es la continuación de formas de interacción entre empresas en el seno de asociaciones gremiales o
corporaciones profesionales;  dichas formas de negociación, anteriormente propiciadas y fomentadas
por el propio Estado, han continuado hasta el presente, pese a que en la actualidad el Estado ha dejado
de intervenir de manera proactiva en su realización.  De ahí la importancia de una política dirigida a
procurar incidir desde las mismas fuentes institucionales, sobre el comportamiento de los agentes
económicos.
Por esto se hace necesaria una activa participación de la Superintendencia en el marco
institucional de las actividades económicas, pues sólo en un marco institucional que incentive la
actividad empresarial tiene sentido un sistema de protección a la competencia.
En el análisis antimonopolios se interpreta convencionalmente que la intensidad de la
competencia en un mercado está relacionada con su nivel de concentración.  Esta medida, sin más,
puede ser peligrosamente sesgada para juzgar la conveniencia de sancionar prácticas empresariales en
países en vía de desarrollo que, como Venezuela, han emprendido procesos de apertura económica.En efecto, ante la evidente elevada concentración de los mercados en los países en desarrollo, surge
inevitablemente la impresión de que en estos mercados la política antimonopolios debe ser
particularmente severa.  No obstante, esto representa una visión sesgada del problema, ya que el
marco institucional, ignorado en dicho análisis convencional, tiene una influencia decisiva en la
configuración concentrada o desconcentrada de las estructuras de mercado;  de manera que el análisisde las instituciones debe anteceder al de la concentración en los mercados.  La actuación en el marco
institucional supone cambios en el grado de competitividad de los mercados, pues afecta la estructura
de incentivos que enfrentan los agentes, y el nivel de información capaz de generarse en el sistema, lo
que permite "desconcentrar" mercados establecidos a través del desarrollo de nuevos mercados.
Es esta la razón por la que Pro-Competencia ha hecho un énfasis especial en las actividades
de promoción a la competencia.  Una política de protección a la competencia en países caracterizados
por mercados concentrados, basada en un enfoque tradicional que no considera el entorno
institucional en el cual las empresas interactúan, y que por el contrario centra su atención en lasWT/WGTCP/W/86
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características de los mercados correría el riesgo de convertirse en una coartada permanente para la
intervención estatal, que es precisamente lo contrario de lo que se persigue con las políticas de
apertura económica.
La potestad de Pro-Competencia para realizar actividades de abogacía por la competencia,
provienen de diversas fuentes.  En primer lugar, el mismo objeto de la ley asigna claras
responsabilidades institucionales para desarrollar estas funciones.  En segundo lugar, Pro-competencia
tiene atribuída expresamente la facultad de emitir dictámenes a otros organismos de la administración
pública o de la judicatura (artículo 29, ordinal 1).
En desarrollo de esas facultades, la actividad de abogacía de la competencia ha tenido en la
experiencia venezolana varias vertientes fundamentales, a saber:  en los procesos de privatización;  enel análisis de leyes sectoriales susceptibles de restringir la competencia;  en la formulación de
propuestas de política pública para promover la competencia en sectores específicos;  en la
divulgación de sus experiencias a través de la creación de cátedras en universidades y finalmente, a
través de los intercambios de experiencias de regulación con otras agencias de promoción a la
competencia.
III.1.  LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS PROCESOS DE
PRIVATIZACIÓN
La actividad tradicional de la Superintendencia en la promoción de la competencia en los
procesos de privatización había consistido en la aplicación del análisis de concentraciones económicasa la venta de empresas públicas, tal como se ejercita esta actividad en otras jurisdicciones.
En tal sentido, la Ley que rige la materia de privatizaciones impone la obligación al Ejecutivo
Nacional de prevenir la formación de monopolios en los mercados afectados por la subasta de
empresas.  Cuando una empresa es privatizada, es decir, cuando se traspasa la propiedad de losactivos desde el sector público al privado, es común que se introduzcan modificaciones en la
estructura de los mercados.  De hecho, es razonable que los principales interesados en una empresa a
ser privatizada sean empresas que ya participan en ese mercado.  Aunque en la política de
privatizaciones existen objetivos de diversa índole, es necesario garantizar que la situación que se
genere en el mercado a consecuencia de ella, sea una estructura sustentable.
La labor de la Superintendencia en los procesos de privatización no se limita a la subasta de
empresas.  De hecho, el proceso de subasta es un mercado en sí mismo, por lo que la
Superintendencia tiene la atribución de velar por el  correcto funcionamiento en el mismo proceso de
privatización, entendiendo éste como la competencia de las empresas por resultar ganadoras en los
procesos de subasta.
Otro campo de actuación en materia de privatizaciones lo representa el análisis de esquemas
de integración vertical que caracterizan una empresa determinada.  Un ejemplo de ello lo constituye la
subasta de las empresas estatales de las industrias del aluminio y del acero, donde se requirió, como
punto previo,  estudiar si las relaciones de integración  existentes  podían dar lugar a estructuras de
mercado anticompetitivas después del proceso de privatización.WT/WGTCP/W/86
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El cuadro presentado a continuación muestra las operaciones de privatización que han sido
analizadas por la Superintendencia:
Fecha Caso Evaluado Ente Encargado Modalidad de
Evaluación
22/10/93 Aeropostal Fondo de Inversiones de
VenezuelaSubasta de empresas
26/05/95 Indulac Fondo de Inversiones de
VenezuelaLicitación de
empresas
21/02/96 Corporación Venezolana de
Guayana (aluminio)Fondo de Inversiones de
VenezuelaEvaluación de
esquemas deintegración
Evaluación de
contratos de compra
venta
12/04/96 Telecomunicaciones Bantel, C.A.Fondo de  Garantía de Depósitos Subasta de empresas
23/04/96 Aeropostal Juzgado Décimo de Primero en
lo Civil, Mercantil y Tránsito de
la circunscripción judicial del
área metropolitana de Caracas6Subasta de activos
11/06/96 Agencias del Banco Latino Fondo de Garantía de Depósitos Subasta de activos
06/08/96 Seguros Nuevo Mundo Fondo de Gara ntía de Depósitos Subasta de empresas
07/11/96 Banvalor Fondo de Garantía de Depósitos Subasta de empresas
13/11/96 Seguros Profesional Fondo de Garantía de Depósitos Subasta de empresas
29/11/96 S.A., Alucasa Fondo de Garantía  de Depósitos Subasta de empresas
16/12/96 Custodia y Traslado de Valores Fondo de Garantía de Depósitos Subasta de empresas
26/5/97 Agencias del Banco Latino Fondo de Garantía de Depósitos Subasta de activos
05/97 Corporación Venezolana de
Guayana (siderúrgica)Fondo de Inversiones de
VenezuelaEvaluación de
esquemas de
integración
Evaluación de
contratos de compra
venta
10/97 Emisoras de Radio Fondo de Garant ía de Depósitos Subasta de empresas
11/97 Siderpro Fondo de Garantía de Depósitos Subasta de empresas
                                                     
6 En este caso, fue solicitado la participación de la Superintendencia para incorporarse en la Comisión
para precalificación de interesados en adquirir los act ivos pertenecientes a la Línea Aeropostal Venezolana,
C.A..  En esta oportunidad, los síndicos definitivos en el proceso de quiebra de la sociedad mercantil LíneaAeropostal Venezolana C.A. solicitaron al Tribunal encargado de llevar el proceso de quiebra, de conformidadcon lo establecido en el artículo 975 del Código de Co mercio, autorización judicial para vender los activos
operacionales aeronáuticos de la fallida.WT/WGTCP/W/86
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III.2.  LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL ANÁLISIS DE PROYECTOS DE
LEY SECTORIALES
Otro campo importante de actuación de la Superintendencia en la promoción de la
competencia ha sido el análisis de proyectos de Ley para la regulación de sectores específicos.  En tal
sentido, la Superintendencia debe analizar si las disposiciones de los proyectos de Ley bajo discusióncontravienen las normas vigentes en materia de libre competencia.  El énfasis de PRO-
COMPETENCIA en estos casos ha sido esencialmente preventivo, al intentar anticipar posibles
restricciones introducidas al funcionamiento de los mercados, a través de procesos legislativos.
III.3.  LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS
INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA EN DISTINTOS
SECTORES
Finalmente, la Superintendencia ha iniciado más recientemente la elaboración de Informes de
Políticas Públicas orientados a promover la competencia en sectores específicos.  En estos informes se
analiza la situación de mercados o industrias particulares, y se proponen alternativas de política
adecuadas al mecanismo de mercado.  Estos trabajos hacen énfasis en el marco institucional vigente
en esos sectores para presentarlos ante la opinión pública, en un esfuerzo por orientar la discusión depolíticas públicas hacia un terreno conceptual.  Ello ha probado ser crucial en los procesos de
discusión de leyes y reglamentos ante el Congreso y los distintos órganos del Ejecutivo.
III.4.  CENTRO DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA EMPRESARIAL
Una iniciativa incipiente en materia de promoción de la competencia, que complementa las
anteriores, es la de crear un cuerpo encargado de la promoción de la actividad empresarial.  Como tal,
se está diseñando la posibilidad de crear una red de organismos, en especial los vinculados con el
desarrollo de la pequeña y mediana industria, en la cual la Superintendencia llevaría a cabo la
elaboración de informes técnicos y sugerencias de fomento a la competencia en sectores específicos.
Este proyecto se apoya también en los convenios celebrados con instituciones académicas de estudiosde posgrado en áreas administrativas.  Esta iniciativa está diseñada con varios objetivos simultáneos:
Por un lado se busca complementar, desde un punto de vista práctico, la labor que se desarrolla con la
elaboración de informes de políticas públicas en sectores específicos y, por otro lado, se utiliza como
herramienta para publicitar y promover la importancia del libre mercado como sistema de
organización de las actividades económicas.
III.5.  ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Finalmente, dos actividades que merecen especial consideración en el campo de la
divulgación de las actividades y de difusión de la disciplina de la competencia tienen que ver con la
creación de cátedras y seminarios sobre aspectos relacionados con la política de competencia y la
economía regulatoria en diferentes universidades y el diseño de programas de entrenamiento para
funcionarios de otras agencias de promoción a la competencia establecidas o en proceso de creación
en Latinoamérica.
En este sentido, PRO-COMPETENCIA ha promov ido la creación de cátedras relacionadas
directa o indirectamente con el estudio de la competencia empresarial en la Facultad de Derecho y la
Escuela de Economía, respectivamente, de la Universidad Católica Andrés Bello;  así como también,en la Escuela de Economía y la Maestría en Teoría y Política Económica de la Universidad Central de
Venezuela y finalmente, en el Instituto de Estudios Superiores en Administración, tanto en la
especialidad de Políticas Públicas como en la de Administración de Empresas, todas ellas dictadas por
funcionarios o ex - funcionarios de la Superintendencia.WT/WGTCP/W/86
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Una actividad similar se ha desarrollado en las relaciones con otras agencias de competencia
de otros países.  En tal sentido, los programas de entrenamiento y capacitación para funcionarios de
competencia incluyen tanto la capacitación de los funcionarios de la Superintendencia en otras
agencias, como la capacitación en PRO-COMPETENCIA de funcionarios de otras agencias de
promoción a la competencia, en países con experiencia aún incipiente en la materia.
Los programas de entrenamiento de los funcionarios de la Superintendencia han tenido como
principal objetivo el conocer la labor de otras oficinas en lo relativo a la política de competencia, con
el objeto de establecer marcos comparativos de análisis basados en la experiencia recíproca, que
puedan ser incorporados a los desarrollos de elaboración propia.  Los entrenamientos del personal de
la Superintendencia se realizan tanto mediante visitas a organismos extranjeros como a través la
contratación de expertos para dictar programas de entrenamiento en Venezuela.  En este sentido,PRO-COMPETENCIA ha tenido intercambios con Cana dá, los Estados Unidos y España y Alemania.
Más recientemente, la Superintendencia ha emprendido un programa de entrenamiento a
funcionarios de algunos países centroamericanos .  En este sentido, existen dos programas de
pasantías, uno de carácter multilateral para funcionarios de Gobierno de los países miembros de laSecretaría de Integración Económica Centroamericana (S.I.E.C.A), y el otro, dirigido a funcionarios
del Gobierno de Nicaragua, con motivo de las nuevas iniciativas en ese país para la creación de una
normativa para la promoción a la competencia.
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