ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTGP/3
12 de octubre de 1999
(99-4277)
INFORME (1999) AL CONSEJO GENERAL
1. El Grupo de Trabajo sobre la Transparencia de la  Contratación Pública se estableció en virtud
de una decisión adoptada en la Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en diciembre de 1996,
de "establecer un grupo de trabajo encargado de realizar un estudio sobre la transparencia de las
prácticas de contratación pública, que tenga en cuenta las políticas nacionales, y, sobre la base de eseestudio, elaborar elementos para su inclusión en un acuerdo apropiado".
2. Este informe abarca el período comprendido entre noviembre de 1998 y octubre de 1999.
La labor realizada por el Grupo de Trabajo hasta noviembre de 1998 figura descrita en los informes
del Grupo de Trabajo de 1997 y 1998 al Consejo General (documento WT/WGTGP/1 y 2).  El Grupo
de Trabajo celebró reuniones informales los días 24 y 25 de febrero, 28 de junio y 6 de octubrede 1999 bajo la Presidencia del Embajador Ronaldo Saborío Soto (Costa Rica).  Los informes de estas
reuniones han sido distribuidos en los documentos WT/WGTGP/M/7-9.
1
3. En su reunión de los días 24 y 25 de febrero de 1999, el Grupo de Trabajo examinó
detenidamente las disposiciones relacionadas con la transparencia contenidas en los instrumentos
internacionales existentes sobre contratación pública y los procedimientos y prácticas nacionales.Para el examen de este punto, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí la Nota informal de la Presidencia
titulada "Lista de las cuestiones planteadas y de las observaciones formuladas", donde se enumeran
las cuestiones planteadas, junto con las observaciones formuladas a su respecto, sobre cada uno de los
puntos debatidos por el Grupo en las reuniones celebradas desde el mes de noviembre de 1997.  En las
secciones pertinentes de la Nota se presentan las comunicaciones escritas de las delegaciones de la
Comunidad Europea sobre los métodos de contrata ción (documento sin signatura Nº 699), Noruega,
sobre la publicación de información sobre la legislación y los procedimientos nacionales (documentosin signatura Nº 1067), los Estados Unidos, sobre los criterios para la evaluación y [las]
especificaciones técnicas (documento sin signatura Nº 1027) y Australia, sobre los derechos y
obligaciones del Gobierno como comprador, [la] obtención de la mejor calidad posible por el precio
pagado en la contratación pública y [la] responsabilidad y [las] garantías procesales (documento sin
signatura Nº 1043).  También dispusieron las delegaciones de un documento informal auxiliardestinado a los Miembros eventualmente interesados en consultarlo, que constituye una revisión de la
Nota informal de la Secretaría titulada "Lista de propuestas relativas a los puntos III a VII de la lista
recapitulativa", donde se recogen las propuestas formuladas sobre los puntos III a VII en forma
sucinta, se identifica el origen de las diferentes propuestas, y se resumen de los comentarios escritos y
orales sobre las mismas.  También en el marco de este punto el representante de Venezuela presentóun documento no oficial sobre la transparencia de la contratación pública y la lucha contra la
corrupción (documento sin signatura Nº 481).  En respuesta a las solicitudes formuladas por algunas
delegaciones, se acordó que la Secretaría pondría a la disposición de las delegaciones, a petición suya,
los textos de la Convención interamericana contra  la corrupción, de la OEA, así como del Convenio
de la OCDE sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en lastransacciones comerciales internacionales.  Durante la reunión del Grupo, algunas delegaciones
                                                     
1 El documento WT/WGTGP/M/9 se distribuirá en breve.WT/WGTGP/3
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formularon declaraciones generales manifestando sus opiniones sobre los debates sostenidos en las
reuniones de enero y febrero de 1999 del Consejo General celebradas entre períodos de sesiones sobre
el tema de la contratación pública, el mandato de Singapur y la relación entre el contenido de la labor
del Grupo de Trabajo sobre la Transparencia y las disposiciones del Acuerdo plurilateral sobre
Contratación Pública.
4. En su reunión del 28 de junio de 1999, el Grupo de Trabajo volvió a abordar su examen de las
disposiciones relacionadas con la transparencia contenidas en los instrumentos internacionales
existentes relativos a la contratación pública y los procedimientos y prácticas nacionales, sobre la base
de una nueva revisión de la Nota informal titulada "Lista de las cuestiones planteadas y de las
observaciones formuladas", actualizada habida cuenta de los debates de la reunión anterior y de los
nuevos documentos presentados.  En las secciones pertinentes de la Nota se presentaron las
comunicaciones escritas de las delegaciones de Polonia, sobre los plazos (documento sinsignatura Nº 3777), Australia, sobre la transparencia de las decisiones en materia de calificación
(documento sin signatura Nº 1781), el Canadá, sobre la información relativa a la adjudicación de los
contratos (documento sin signatura Nº 3131), y los Estados Unidos, sobre los mecanismos nacionales
de examen (WT/WGTGP/W/23).  Las observaciones formuladas aparecieron reflejadas en una
revisión de ese documento, así como en una versión revisada del documento "Lista de propuestasrelativas a los puntos III a VII de la lista recapitulativa".  El Grupo dispuso asimismo de una
comunicación de la Presidenta del Grupo de Expertos en Contratación Pública del APEC relativa a los
principios no vinculantes del APEC sobre la contratación pública:  responsabilización y debidas
garantías de procedimiento (documento WT/WGTGP/W/22).  En el contexto de los debates sobre el
punto "definición y alcance de la contratación pública", se acordó que la documentación del Grupo deTrabajo sobre las Normas del AGCS relacionada con el tema de las concesiones se pondría a la
disposición del Grupo (WT/WGTGP/W/25).  Además, se invitó a los Miembros interesados a
presentar comunicaciones en las que facilitaran información sobre su legislación y prácticas
nacionales con respecto a las concesiones desde el punto de vista de la contratación pública.
5. En su reunión celebrada el día 6 de octubre de 1999, el Grupo de Trabajo volvió a examinar
las cuestiones ante sí sobre la base de una nueva revisión de la Nota informal del Presidente titulada
"Lista de las cuestiones planteadas y de las observaciones formuladas" (cuya última versión figura
adjunta al presente documento:  documento sin si gnatura (99)/5534).  También obraron en poder del
Grupo los documentos no oficiales presentados por las delegaciones de la Comunidad Europea
(documento sin signatura Nº 4519);  Hungría,  Corea y los Estados Unidos (documento sin
signatura Nº 4510);  el Japón (documento sin sign atura (99)/5239);  y Australia (documento sin
signatura (99)/5803), que contenían proyectos de te xto de un acuerdo sobre la transparencia de la
contratación pública.  El Grupo recibió una comuni cación de la Presidenta del Grupo de Expertos en
Contratación Pública del APEC, con los principios  no vinculantes del APEC sobre la contratación
pública, recientemente elaborado por el  Grupo de Expertos (WT/WGTGP/W/24).
6. El FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas representadas por la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la UNCTAD y el CCI tienencondición de observador en el Grupo de Trabajo.  Durante el período a que se refiere el presente
informe, el Grupo de Trabajo examinó las solicitudes para obtener la condición de observador
presentadas por la OCDE, el SELA y la OCI (Organización de la Conferencia Islámica), y acordó que
abordaría nuevamente estas solicitudes a la luz de las consultas que el Presidente del Consejo General
sostiene actualmente sobre este tema.WT/WGTGP/3
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APÉNDICE
JOB(99)5534
Grupo de Trabajo sobre la Transparencia
de la Contratación Pública
24 de septiembre de 1999
LISTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS Y DE
LAS OBSERVACIONES FORMULADAS
Nota informal de la Presidencia
Quinta revisión
1. La intención de la presente nota es poner las cuestiones planteadas, junto con las
observaciones formuladas sobre estas cuestiones, en relación con cada uno de los temas que fueron
examinados por el Grupo de Trabajo en sus reuniones de los días 3 y 4 de noviembre de 1997,
19 y 20 de febrero, 22 de junio, 8 y 9 de octubr e de 1998, 24 y 25 de febrero y 28 de junio de 1999.
El presente documento no oficial no prejuzga la posición de ninguna delegación y, ni siquiera, si el
Grupo de Trabajo decidirá incluir o excluir cualquier aspecto particular de los que aquí se abordan deentre los elementos que desarrollará para incluirlos en el acuerdo pertinente.
_______________
ÍNDICE
Página
I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA  CONTRATACIÓN  PÚBLICA ................................4
A. ¿Q UIÉN ESTÁ HACIENDO LA CONTRATACIÓN ? ..............................................................5
B. ¿Q UÉ SE ESTÁ CONTRATANDO ?.....................................................................................6
C. ¿Q UÉ TIPOS DE TRANSACCIONES SE INCLUYEN ? ...........................................................7
D. O TRAS CUESTIONES RELATIVAS A LA DEFINICIÓN Y AL ALCANCE ................................9
II. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN ......................................................................................9
III. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LOS
PROCEDIMIENTOS  NACIONA LES.................................................................................14
IV. INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE CONTRATACIÓN,
PRESENTACIÓN DE OFER TAS Y CALIF ICACIÓN .....................................................16
A. P UBLICACIÓN ..............................................................................................................19
B. C ONTENIDO DE LA INFORMACIÓN ...............................................................................20
C. C RITERIOS DE EVALUACIÓN ........................................................................................22
D. A CLARACIONES Y MODIFICACIONES ...........................................................................23
E. I DIOMA ........................................................................................................................24WT/WGTGP/3
Página 4
Página
V. PLAZOS....................................................................................................................... ...........24
VI. TRANSPARENCIA DE LAS DECISIONES EN MATERIA DE
CALIFI CACIÓN ................................................................................................................... 25
VII. TRANSPARENCIA DE LAS DECISIONES SOBRE ADJUDICACIÓN
DE CONT RATOS..................................................................................................................2 7
VIII. PROCEDIMIENTOS NACI ONALES DE RECURSO ......................................................31
IX. OTRAS CUESTIONES RELACIO NADAS CON LA T RANSPARENCI A....................36
A. M ANTENIMIENTO O REGISTRO DE ACTUACIONES .......................................................36
B. T ECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN .............................................................................37
C. I DIOMA ........................................................................................................................38
D. L A LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN ..................................................38
X. INFORMACIÓN QUE HA DE FACILITARSE A OTROS GOBIERNOS
(NOTIFICACIÓN)................................................................................................................. 39
XI. PROCEDIMIENTO S DE SOLUCIÓN DE DIFE RENCIAS DE LA OMC.....................41
XII. COOPERACIÓN TÉCNICA Y TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO
PARA LOS PAÍSES EN  DESARRO LLO ...........................................................................42
I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
2. Se recordó que el mandato del Grupo se limita a cuestiones de transparencia en las prácticas
de contratación pública.  Se expresó la opinión de que hay que establecer una distinción entre las
obligaciones en materia de transparencia y los compromisos sobre acceso a los mercados en la esfera
de la contratación pública.  En lo que respecta a las prácticas nacionales que limitan el acceso a losmercados, debe abordarse su transparencia pero no su esencia;  las normas que rigen la transparencia
en la contratación pública deberían aplicarse únicamente con carácter no discriminatorio y las
obligaciones en materia de transparencia deberían ser aplicables únicamente en la medida en que la
legislación nacional permitiera el acceso a los mercados a los suministros y a los proveedores
extranjeros.  Por ejemplo, habría que distinguir las adquisiciones efectuadas en los mercados locales,
pagaderas en moneda local, de las compras hechas en mercados internacionales, para las que se
dispone de divisas.  Se preguntó si la transparencia de los procesos de contratación revestiría algúninterés para los proveedores extranjeros en el caso de que el acceso estuviera reservado
exclusivamente a los proveedores nacionales.  Se dijo además que la aplicación de las normas de un
acuerdo sobre transparencia a las contrataciones que estuvieran abiertas sólo a proveedores nacionalessería excesivamente gravosa.
3. Otro punto de vista expuesto a este respecto fue que las disciplinas en materia de
transparencia se deberían aplicar lo más ampliamente posible a las prácticas de contratación pública.Uno de los objetivos de formular normas sobre transparencia era crear sistemas nacionales de
contratación que fueran no sólo transparentes, sino que se percibiera que lo eran;  si el alcance de los
requisitos en materia de transparencia se limitara a los mercados de contratación libre, los sistemas de
contratación no se verían como transparentes.  Redundaba en interés de todos, de los proveedores y
entidades tanto nacionales como extranjeros, que se pudiera obtener con facilidad la información
relativa a cuáles eran las transacciones de contratación que estaban abiertas a la competencia
internacional y cuáles no lo estaban.  Otra opinión fue que la distinción que se había sugerido daríalugar a un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones por cuanto las obligaciones en materia
de transparencia se aplicarían en mayor medida en los Miembros cuyos mercados de contrataciónWT/WGTGP/3
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estuvieran más abiertos a la competencia internacional y que reduciría el alcance del acuerdo sobre
transparencia.  Por otra parte, se señaló asimismo que, dada la variedad de formas en que las prácticas
nacionales limitaban el acceso a los mercados, por ejemplo en forma de la exclusión absoluta de
proveedores y suministros extranjeros, las preferencias de precios o la concesión de contratos a
proveedores extranjeros únicamente en el caso de que la licitación de los proveedores nacionales nofuera competitiva, sería técnicamente difícil determinar cuáles eran las prácticas oficiales que
deberían ser exoneradas de las obligaciones en materia de transparencia.  Se señaló también que, si la
razón subyacente de sugerir un límite a la aplicación de las disciplinas de transparencia a los
mercados de contratación abierta era la preocupación por las cargas excesivas, esa cuestión debería
abordarse lógicamente en el curso de los trabajos del Grupo.
4. En lo que respecta a la cuestión de la definición y alcance de la contratación pública, se ha
hecho una distinción entre la definición y el alcance que el Grupo de Trabajo debería utilizar en el
desempeño de su labor y los que se podría utilizar para determinar el alcance de la aplicación de loselementos a desarrollar para su inclusión en un acuerdo apropiado.  En lo que respecta al primero de
estos aspectos, se observó que debería utilizarse un amplio enfoque, sin limitaciones preconcebidas y
suficientemente extenso para abarcar los diferentes conceptos y niveles de detalle que encierra la
expresión "contratación pública" en la legislación nacional y en las prácticas de los diferentes
Miembros y que además sea compatible con los innovadores procedimientos de contratación y losnuevos tipos de estructuras estatales.  El Grupo podía estudiar así la serie completa de cuestiones
relativas a un posible acuerdo sobre transparencia en la contratación pública y, en lo que hace al
segundo aspecto antes mencionado, formular una definición más exacta a efectos del alcance de un
posible acuerdo sobre transparencia.  Otra opinión fue que había una interrelación entre el alcance de
un acuerdo de transparencia y el nivel de detalle que contendrían sus elementos.  Un acuerdo detransparencia que incluyera principios fundamentales simples y directos podría tener un alcance muy
amplio.  También se dijo que la labor del Grupo sobre esta cuestión debería reflejar las realidades de
las prácticas de contratación de los distintos países, a fin de garantizar la eficaz aplicación de un
acuerdo eventual.  A este respecto, se ha determinado ya una gama de cuestiones que habría que tener
en cuenta y que se resumen a continuación.
5. Se ha estimado también que una forma útil de abordar esas materias sería establecer una
distinción entre las cuestiones siguientes:
- ¿Quién está haciendo la contratación?
- ¿Qué se está contratando?- ¿Qué tipos de transacciones se incluyen?
A. ¿Q
UIÉN ESTÁ HACIENDO LA CONTRATACIÓN ?
6. Acerca de la primera de estas preguntas, quién está haciendo la contratación, se han expuesto
los siguientes puntos de vista:
- en un acuerdo sobre transparencia se podrían incluir entidades de todos los niveles de
gobierno, como niveles subcentrales de gobierno y empresas de propiedad del Estado
o bajo la influencia de éste;
- las normas de un acuerdo sobre transparencia se aplicarían a las contrataciones
efectuadas por entidades pertenecientes a los niveles central y subcentral del
gobierno;
- el grado de inclusión de las entidades subfederales debería tener en cuenta las
diferencias de estructuras de gobierno;WT/WGTGP/3
Página 6
- las normas de un acuerdo sobre transparencia se aplicarían únicamente a la
contratación por entidades a nivel de Gobierno central o federal.  Sería difícil
formular normas internacionales que garantizaran la transparencia a nivel subcentral
en países con complejas estructuras de gobierno.  En los países que se rigen por un
sistema de administración federativo, la Constitución podría restringir la autoridad delos gobiernos federales para aceptar obligaciones en materia de transparencia respecto
de las entidades provinciales o locales equivalentes a las del Gobierno central.  Según
otro punto de vista, el hecho de circunscribir una obligación dimanante de un acuerdo
de transparencia sólo al nivel del Gobierno central provocaría un conflicto de equidad
entre países con diferentes estructuras de gobierno.  También se señaló que varias
disposiciones contenidas en diversos Acuerdos de la OMC, como el párrafo 3 a), i)
del artículo I del AGCS, se ocupaban de la cuestión de las obligaciones asumidasrespecto de los niveles subcentrales de gobierno;
- la inclusión de empresas estatales debería depender de la forma en que fueran
gestionadas.  Se expuso el punto de vista de que las empresas obligadas a funcionar
con sujeción a las mismas consideraciones económicas que las empresas privadas no
deberían estar sometidas a las prescripciones en materia de transparencia, al menoscuando no entraran en el ámbito del artículo XVII del GATT.  También se afirmó que
habría que establecer una distinción entre empresas estatales que funcionaban en un
régimen de competencia y las demás, aun cuando las segundas fueran gestionadas
atendiendo a consideraciones comerciales;
- podría examinarse, a la luz de la experiencia, la posibilidad de ampliar más aún el
ámbito de aplicación, por ejemplo, a las empresas públicas.
7. Se sugirió también que, al definir el alcance de un acuerdo sobre transparencia, el Grupo
tendría que definir los criterios aplicables para determinar si una entidad lleva a cabo actividades de
contratación pública a los efectos de un acuerdo sobre transparencia.  Así, por ejemplo, se propuso la
exclusión de las entidades en cuyo capital la participación del Estado fuera inferior al 50 por ciento.También se sugirió que se debería asimismo tener en cuenta la legislación nacional que otorgaba
legalmente a las entidades el derecho a llevar a cabo actividades de contratación pública o al gobierno
el poder para ejercer un control sobre las decisiones que adoptasen las entidades y las empresas en
materia de contratación.
8. Otra sugerencia fue que se determinase en una disposición el ámbito de aplicación de las
prescripciones específicas del acuerdo sobre transparencia.  Por ejemplo, las prescripciones en materia
de promulgación de leyes y procedimientos podrían aplicarse de forma general a las entidades detodos los niveles de gobierno.
B. ¿Q
UÉ SE ESTÁ CONTRATANDO ?
9. En cuanto a la pregunta, qué se contrata, se estimó que el alcance de un acuerdo sobre
transparencia podría abarcar todos los bienes y servicios, así como cualquier combinación de bienes y
servicios.  Se dijo además que el artículo I del Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública podríaser una referencia útil en el debate relativo a este aspecto del campo de aplicación.  Se expresó
también la opinión de que el ámbito del acuerdo de transparencia debería hacerse extensivo
únicamente al sector de bienes.
10. Con respecto a la utilización de valores de umbral en la determinación de la cobertura de un
acuerdo sobre transparencia, se opinó que, en pr incipio, el campo de aplicación de un acuerdo sobre
transparencia no debería limitarse a contratos de cuantía superior a un determinado umbral, si bien
ciertas disposiciones se podrían aplicar con mayor flexibilidad a contratos de valor reducido.WT/WGTGP/3
Página 7
Tampoco sería apropiado eximir los contratos de valor reducido de la obligación de proporcionar
información sobre legislación nacional o los procedimientos para la calificación de los proveedores
sobre la base de los valores de umbral.  Por otro lado, las prescripciones relativas a la publicación de
avisos de licitación, sobre todo en un idioma extranjero, podían ser relativamente menos estrictos para
los contratos de valor reducido.  Se sugirió asimismo que las obligaciones en materia de transparenciase aplicaran únicamente a la contratación que superara determinados niveles de umbral, con el fin de
evitar procedimientos gravosos y los costos relativos a la publicación de todas las oportunidades de
contratación, y que en sus trabajos el Grupo tuviera en cuenta las prácticas nacionales a este respecto.
Los valores mínimos podrían variar según el nivel de gobierno y utilizarse para definir el ámbito de
aplicación de las normas a las entidades de los niveles subcentrales de gobierno.  También se indicó
que los valores de umbral podrían ser distintos según el nivel de desarrollo de los Miembros.
C. ¿Q
UÉ TIPOS DE TRANSACCIONES SE INCLUYEN ?
11. En lo que respecta a qué tipos de transacciones se deberían abarcar, se sugirió que se
incluyera la adquisición por cualquier instrumento co ntractual, incluido por ejemplo, el arrendamiento
financiero o no financiero.  También se preguntó si habría que incluir y, en la afirmativa en qué
medida, las concesiones y los contratos de construcción, explotación y retrocesión.  Se señaló también
que en ese ámbito no debería incluirse la privatización.
12. En cuanto a las concesiones -en el sentido del otorgamiento de determinados derechos
exclusivos por un gobierno a un particular por un plazo fijo con el fin de proporcionar un producto u
ofrecer un servicio al público por cuenta del primero (por ejemplo para construir y explotar autopistas
o aeropuertos)- una opinión se manifestó diciendo que, el consumo gubernamental de determinados
servicios (por ejemplo, contratos adjudicados a empresas privadas para el suministro de servicios decafetería o de limpieza en edificios públicos), pese a que en ocasiones se le denominaba concesiones,
debería considerarse más correctamente como contratación pública y, por consiguiente, debía
abordarse en el examen de las definiciones y el alcance de un acuerdo sobre transparencia.
Otra opinión fue que aun cuando en sí no se consid eraran transacciones de contratación pública, las
concesiones deberían abordarse en el ámbito de un acuerdo sobre transparencia, puesto que eran losprincipios de transparencia los que deberían regir los procedimientos utilizados para otorgar las
concesiones.
13. Se planteó la cuestión de si las concesiones se tratarían más adecuadamente como una
inversión o una prestación de servicios por cuenta del Estado, en cuyo caso deberían entrar a formar
parte de otros acuerdos o iniciativas pertinentes.  Las concesiones que quedaban abarcadas en la
definición del modo tres, suministro de servicios, del AGCS podrían estar sujetas a las disciplinas del
artículo III de este Acuerdo.  A este respecto, se ha dicho también que el artículo III del AGCS no seaplicaría a las concesiones que no estuvieran abarcadas por el artículo I del AGCS.
14. Se expresó la opinión de que las concesiones no deberían incluirse en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre transparencia.  Las normas que rigen las concesiones y la contratación pública eran
distintas en la práctica nacional.  La legislación nacional en materia de contratación pública no se
aplicaba a la contratación llevada a cabo por empresas privadas que explotaban concesiones otorgadaspor un gobierno.  A este respecto, se hicieron las siguientes comparaciones entre la contratación
pública, por una parte, y el otorgamiento de concesiones, la adjudicación de contratos de
construcción, explotación y retrocesión y las privatizaciones, por otra:
- respecto a las definiciones, la contratación pública era un procedimiento destinado a
regular la selección de contratistas para el suministro de bienes, la ejecución de obrasy la prestación de servicios.  El otorgamiento de una concesión adoptaba la forma de
una decisión unilateral del Estado que cedía a un particular el derecho a administrar,
en su nombre, instalaciones, propiedades, obras públicas o recursos que fueranWT/WGTGP/3
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propiedad del gobierno o a ofrecer un servicio público que es competencia exclusiva
de un gobierno, como por ejemplo la minería o la explotación del gas natural.  En la
esfera de la contratación pública, no se otorgó ninguna autorización de ese tipo a
ninguna parte privada que suministrara el servicio.  La privatización implicaba la
venta de una empresa estatal o de sus activos;
- en cuanto a la forma jurídica, la contratación pública se hacía efectiva mediante
una decisión administrativa de la entidad contratante.  Las concesiones y las
privatizaciones se hacían efectivas mediante un decreto del poder ejecutivo a nivel del
jefe de gobierno o del Estado, con sujeción, en algunos casos, a la autorización del
poder legislativo;
- respecto al objeto de las tres modalidades, la contratación pública afectaba a las
mercancías, las obras públicas y los servicios;  las concesiones, a las obras públicas olos servicios;  y la privatización, a las empresas, la propiedad y los activos de Estado;
- en el caso de las concesiones, el Estado regulaba el funcionamiento de los servicios
de conformidad con las concesiones, fijaba y supervisaba los precios pagados por el
público por esos servicios, definía los derechos de los usuarios y aseguraba la eficacia
y continuidad de los servicios proporcionados.  En lo que respecta a la contrataciónpública, los proveedores ofrecían precios de licitación basados en su propio cálculo
de los costos y beneficios;
- se consideraba a los concesionarios como titulares de los bienes que permiten la
explotación de los servicios durante el período de concesiones, mientras que los
contratistas no tenían la titularidad de los bienes, servicios u obras realizadasefectuados;
- en lo que respecta a los métodos, en la contratación pública se utilizaban métodos de
licitación abiertos, restrictivos o limitados.  El otorgamiento de concesiones se
realizaba mediante licitaciones abiertas, restrictivas o limitadas o subastas.
Los métodos utilizados en la privatización eran la venta o subasta públicas y laliquidación de la deuda a cambio de participaciones en la empresa;
- en cuanto a la aplicación del Acuerdo sobre Contratación Pública, éste abarcaba las
contrataciones efectuadas por los concesionarios enumerados en el Apéndice I, pero
no el otorgamiento de una concesión.  La privatización no entraba en su ámbito de
competencia y podían verse excluidas del mismo las empresas a las que se había
retirado el control o la influencia estatal a través de la privatización;
- en lo que respecta al gasto de fondos, los concesionarios eran responsables de
proporcionar los recursos económicos necesarios para los gastos relacionados con el
funcionamiento y la explotación de concesiones, y las autoridades gubernamentales
desembolsaban los fondos del Estado relacionados con las transacciones sobre
contratación pública o la ejecución de contratos de obras públicas;
- los gobiernos no concluían forzosamente contratos con particulares en el
otorgamiento de concesiones;
- un contrato de construcción, explotación y retrocesión podía considerarse como una
forma de concesión.  Debía aclararse la distinción entre estos dos tipos de medidas
gubernamentales;WT/WGTGP/3
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- en general, las concesiones adoptaban la forma de monopolios.  No obstante, podía
concederse más de una concesión para la explotación de un servicio público, por
ejemplo para los distintos usuarios finales, regiones o tipos de explotaciones.
La contratación de bienes, servicios y obras se concedía a proveedores, quienes
podían contratar los servicios de subcontratistas para efectuar partes del contrato;
- se debía establecer una distinción entre el otorgamiento de concesiones o la
conclusión de un contrato de construcción, explotación y retrocesión y las
transacciones realizadas por los concesionarios a los titulares de contratos de
construcción, explotación y retrocesión c on posterioridad al otorgamiento de las
concesiones o a la adjudicación de contratos de esa índole;
- en determinados países, únicamente se permitía a las empresas nacionales explotar las
concesiones.
15. Se propuso que los Miembros facilitasen información sobre la legislación y práctica
nacionales respecto a las concesiones.  Asimismo, se dijo que la cuestión de las concesiones planteaba
complejos interrogantes difíciles de responder en este momento.  Se indicó que algunas concesiones
podrían no estar comprendidas en el ámbito de la contratación pública.  No obstante, el Grupo debería
mantener en esta fase unos criterios amplios respecto a la inclusión de las concesiones dado que lacuestión continúa siendo objeto de examen.  En este punto se hizo referencia a las actividades de
recopilación de información realizadas por el Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS.
D. O
TRAS CUESTIONES RELATIVAS A LA DEFINICIÓN Y AL ALCANCE
16. Se suscitó la cuestión de las excepciones que cabría permitir en la cobertura básica de un
acuerdo sobre transparencia.  Una de las sugerencias fue que podría haber motivos para permitir laexclusión de las esferas objeto de excepciones generales en el GATT de 1994, como las excepciones
por motivos de seguridad nacional.  Se dijo asimismo que podrían preverse excepciones por razones
de desarrollo.  También se expuso el punto de vista de que sería preferible dejar las cuestiones de las
exenciones permisibles para debatirlas en una fase en que se tuviera una idea más clara de la
definición general que pudiera emplearse.
17. En lo tocante a los aspectos de desarrollo, además de los puntos antes expuestos, se suscitó la
cuestión de carácter general de que en la definición de contratación pública que se fuera a emplear en
un acuerdo sobre transparencia se debería tener en cuenta la función de las legislaciones nacionales en
la atención de las necesidades sociales y el de sarrollo, por ejemplo, la promoción de empresas
pequeñas y medianas y el desarrollo regional o tecnológico equilibrado.  En este sentido, se dijo que
en un acuerdo sobre transparencia no se deberían incluir disposiciones en las que se expusieran los
objetivos que se habrían de alcanzar mediante las políticas en materia de contratación pública.  Elpropósito de un acuerdo sobre transparencia debería ser, en cambio, velar por que los Miembros
dieran transparencia a los objetivos nacionales que pretendían alcanzar merced a la aplicación de sus
distintas políticas en materia de contratación pública.  Por otro lado, se dijo que un Miembro no
debería estar obligado a dar transparencia a los objetivos que se pretendía alcanzar con una
contratación que estaba abierta únicamente a proveedores nacionales.  Un acuerdo sobre transparenciano debería tener disposiciones que pudieran restringir el alcance de los objetivos o decisiones de las
políticas en materia de contratación.
II. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN
18. Se señaló que, desde la perspectiva de la transparencia, el método de contratación empleado
es menos importante que asegurarse de que ese método se ajusta a los principios básicos en materia detransparencia y eleva al máximo el nivel factible de la competencia en determinadas circunstancias.WT/WGTGP/3
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También se observó que el método de contratación pública utilizado no debía ser contrario a los
principios y objetivos de un acuerdo de transpar encia encaminado a fomentar sistemas abiertos y
competitivos.  Un posible acuerdo sobre transparencia debería orientarse a lograr la transparencia en
relación con los métodos empleados en los distintos países, en lugar de tratar de limitar o modificar
esos métodos.  Según estas opiniones, las circunstancias peculiares que se daban en una contratacióndada imponían la elección de un método determinado entre los distintos disponibles.  En lugar de
prescribir el método preferido, un acuerdo sobre transparencia debería permitir a las autoridades de
contratación optar por el mejor método para el logro de los objetivos de la entidad contratante y
también en interés de la eficacia, la competencia y la transparencia. Deberían elaborarse principios
generales de transparencia con respecto a la elección y aplicación de métodos de contratación.  Podría
ser necesario elaborar nuevas disciplinas a fin de prever las circunstancias específicas de los métodos
individuales.  Si bien los métodos usados por los Miembros de la OMC -por lo menos en el caso de
los contratos de mayor valor- parecían basarse en su mayoría en el principio de licitación (abierta,
selectiva, restringida) no estaban necesariamente limitados a este principio (por ejemplo, tarjetas de
compra, catálogos electrónicos).  En este sentido se dijo que si se estipularan disposiciones en las que
se especificaran las diferencias inherentes entre los distintos métodos de contratación en lo relativo a
la transparencia, se podría tener mayor flexibilidad para utilizarlos.
19. Se expresó la opinión de que el Grupo debería examinar la cuestión de los métodos de
contratación pública desde el punto de vista de la transparencia.  El estudio que efectuaría el Grupo
sobre esta cuestión podría centrarse en tres tipos de categorías:  cuando la información sobre la
oportunidad de la contratación pública y los criterios de selección se ponía públicamente a disposición
de todos los proveedores interesados;  cuando se llevaba a cabo una selección previa de proveedorescalificados y se transmitía la información solamente a esos proveedores;  y cuando la información no
se divulgaba públicamente sino que la entidad contratante llevaba a cabo una negociación en forma
separada con un determinado proveedor.  La utilización de estas categorías, centradas en los aspectos
de transparencia, ahorraría entrar en los detalles de los métodos de contratación.  Se dijo también que
el método que se habría de utilizar en un proceso de contratación debería especificarse de antemano,por ejemplo mediante una remisión a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo de
la CENUDMI.  A este respecto, se afirmó asimismo que este requisito podría ser demasiado
preceptivo puesto que sólo unos cuantos países habían adoptado la ley modelo.
20. En cuanto a los principales métodos de contratación utilizados, una de las opiniones expuestas
fue que el método más transparente era el de la licitación abierta o internacional en la que no existe
límite al número de licitantes potenciales;  los procedimientos selectivos eran justificables cuando no
era factible ni eficaz considerar y evaluar un amplio número de ofertas potenciales, a condición de quea todos los proveedores potenciales interesados se les diera idéntica oportunidad de intentar acceder a
la información relativa a una contratación y de tratar de ser invitados a una licitación.  También se
expuso la opinión de que la licitación abierta y la selectiva debían considerarse transparentes por
igual, siempre que la licitación selectiva se llevara a cabo de conformidad con los principios
pertinentes.  Se dijo asimismo que, si bien la licitación abierta era el método más transparente, noresultaba necesariamente el más rentable, sobre todo en el caso de contrataciones complejas).
Respecto del tercer método, la licitación restringida (individual, de fuente exclusiva, de fuente única o
directa), se sugirió que, dado que los medios de obtener la información pertinente y los criterios de
selección no se dieron a conocer públicamente, este método sólo se utilizara y justificara en
circunstancias excepcionales.  Tanto los instrumentos internacionales como la práctica nacionalaceptaban por lo general una serie de circunstancias y condiciones en las que se justificaba la
utilización de la licitación restringida.  Otro aspecto que debe destacarse es que tal vez no sea posible
proporcionar información sobre oportunidades de contratación de conformidad con cada tipo de
método de licitación.  Se ha sugerido que deberían perfeccionarse los principios generales de
transparencia con respecto a la selección y aplicación de métodos de contratación.  En caso de queesos procedimientos se considerasen inadecuados podrían elaborarse nuevos elementos sobre la
transparencia a fin de adaptarse a las circunstancias específicas de cada método de contratación.WT/WGTGP/3
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21. Tomando como base las propuestas por escrito y orales se han formulado las siguientes
opciones y enfoques alternativos para tratar la cuestión de los métodos de contratación.  Las diversas
opciones y las observaciones formuladas acerca de ellas son las siguientes:
- Opción 1 - Debería existir flexibilidad suficiente para incorporar los distintos
métodos de contratación utilizados en la práctica nacional, y debería existir tambiénla posibilidad de utilizar métodos que no estén basados en la licitación.  Por lo tanto,
no debería existir limitación a la opción de escoger el método de contratación excepto
limitaciones ya existentes en la legislación nacional.
Se ha dicho que el ámbito de la opción 1 era demasiado extenso y no contribuiría al
objetivo de mejorar la transparencia en la contratación pública.
- Opción 2 - primera alternativa.  Aunque teniendo presente el objetivo de asegurar la
flexibilidad y garantizar el uso de métodos que no estén basados en la licitación,debería existir una prescripción de que el método de contratación utilizado no socave
los principios y los objetivos de un régimen transparente de contratación.
- Opción 2 - segunda alternativa.  Aunque teniendo presente el objetivo de asegurar la
flexibilidad y garantizar el uso de métodos que no estén basados en la licitación,
debería existir una prescripción:  i) que el método de contratación utilizado se ajuste alos principios básicos de transparencia [aún sin definir];  y/o ii) que se otorgue la
máxima prioridad a la transparencia en cada etapa del proceso de contratación según
el método específico utilizado.
Se han expresado opiniones que avalan esta opción.  Se ha dicho también que
el objetivo de las disposiciones del acuerdo de transparencia no debería serdeterminar la validez de los métodos de contratación escogidos por las entidades sino
garantizar que, cuando se utilicen métodos inherentemente menos transparentes, las
circunstancias que justifican su utilización se den a conocer a todas las partes
interesadas.  Según una opinión, esta opción tomaría también en consideración las
prácticas nacionales que determinaban la opción o los métodos de contrataciónbasados en valores de umbral.
- Opción 3 - primera alternativa.  Como en el caso de la segunda opción, es la primera
o la segunda alternativa.  Además, debería existir una nueva prescripción de que los
métodos considerados como inherentemente menos transparentes (tales como
contratación de una única fuente o licitación limitada) deberían utilizarse únicamente
en casos excepcionales y justificables.
Se han manifestado opiniones de apoyo a esta alternativa.
- Opción 3 - segunda alternativa.  Como en el caso de la tercera opción, la primera
alternativa, pero la prescripción adicional se impulsaría mediante el uso de una lista
ilustrativa (en el párrafo 24 infra  se exponen ejemplos que podrían incluirse en esa
lista) de esos casos excepcionales.
Se ha manifestado que este enfoque seguido con respecto a esta alternativa era
suficientemente flexible para tomar en consideración las prácticas de contratación
existentes y futuras.  Ésta estipulaba también salvaguardias para hacer frente a las
lagunas en relación con la transparencia mediante la selección del método utilizado.
Desde esta perspectiva, esta opción debería ser la forma preferida de ocuparse de la
cuestión de los métodos de contratación. La utilización de métodos distintos deWT/WGTGP/3
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licitación debería permitirse únicamente en determinadas circunstancias concretas
puesto que ésta puede constituir un obstáculo potencial para la transparencia.  Se han
expresado otras opiniones que apoyan esta opción.
Se han formulado preguntas en relación con el tratamiento de esas circunstancias que
podrían contemplarse en la legislación nacional pero no incluirse en la listailustrativa;  asimismo, acerca de si la lista ilustrativa establecería determinadas
directrices que justificasen la utilización de una licitación limitada o si consistiría en
una lista exhaustiva de todas las circunstancias posibles excepcionales;  y la
diferencia en la práctica entre la primera y la segunda alternativas de la opción 3.
- Opción 4 - Las exigencias deberían ser mayores en cuanto al tipo de método de
contratación que puede utilizarse.  Por ejemplo, podría existir una prescripción de que
se utilicen los métodos basados en los denominados procedimientos de licitaciónpública y selectiva y de que la licitación limitada se utilice únicamente en casos
excepcionales y justificados (utilizando o no la lista ilustrativa como se sugiere en la
opción 3, segunda alternativa).
Según una opinión, este enfoque tenía carácter demasiado preceptivo en lo tocante
a los tipos de métodos de contratación que podían utilizarse y no tomabasuficientemente en consideración la diversidad en las prácticas existentes nacionales.
22. También se manifestaron opiniones afirmando que  sería prematuro apoyar cualquiera de las
opciones anteriores antes de que se definiesen con claridad los principios y objetivos de un acuerdo de
transparencia.
23. Se sugirieron los siguientes enfoques para abordar una licitación en un acuerdo sobre
transparencia:
- como quiera que la utilización del método permitía a las autoridades de contratación
prescindir de gran parte de las garantías de procedimiento propias de la transparencia,
en el acuerdo sobre transparencia se debería incluir una lista ilustrativa de las
circunstancias y condiciones específicas que justificaban la utilización de ese método;
- las disposiciones de un acuerdo de transparencia no deberían menoscabar el derecho
de las entidades contratantes a utilizar este método si así lo exigieran las
circunstancias.  La exposición de las circunstancias y condiciones exactas que
justificaban el recurso a este tipo de método podría ir más allá del alcance de un
acuerdo sobre transparencia.  Convenía tener en cuenta que los gobiernos perseguían
otros objetivos en su política además de la transparencia;
- aun sin limitar las circunstancias en las que cabría permitir una licitación restringida,
el Grupo debería establecer disciplinas que se incluirían en un acuerdo sobre
transparencia para garantizar que, cuando se utilizaran, en las debidas circunstancias,
los procedimientos de licitación restringida se emplearan de modo que ofrecieran la
máxima transparencia en cada fase del proceso de contratación;
- en lugar de describir en detalle las circunstancias en que estaría justificado el recurso
a la licitación restringida, se deberían establecer disciplinas que garantizaran la
transparencia en la utilización de este método;
- cabría establecer una distinción entre una situación en que la finalidad de utilizar este
método fuera precisamente la de evitar la transparencia, por ejemplo:  razones deWT/WGTGP/3
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seguridad nacional, y casos en que el recurso a la licitación restringida tuviera por
objeto hacer frente a las necesidades que pudieran surgir debido a las circunstancias
especiales de la contratación;
- un acuerdo de transparencia no debería abarcar la contratación no abierta a la
licitación.
24. Se ha señalado ya una serie de circunstancias que podrían figurar en una lista ilustrativa o
determinar los casos generales en que se justificaría el recurso a la licitación restringida.  Entre éstas
se cuentan:
- en situaciones de extrema urgencia provocadas por circunstancias que la autoridad
adjudicataria no haya podido prever (por ejemplo, en caso de desastres naturales) y
que no tengan su origen en la propia entidad contratante como resultado, por ejemplo,
de su negligencia;
- a falta de ofertas convenientes, en el marco de procedimientos de licitación que no
restrinjan la competencia;
- cuando las ofertas recibidas resulten de una colusión;
- cuando desde el principio de una licitación esté claro que únicamente un proveedor o
un grupo limitado de proveedores tiene el derecho real de las mercancías o serviciosofrecidos, como, por ejemplo, las contrataciones que implican la protección de
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, o cuando intervienen otras
consideraciones técnicas o artísticas;
- en mercados de productos en que no haya proveedores particulares, porque el
mercado sea el proveedor;
- en la llamada "guerra de precios" donde la autoridad contratante puede lograr
economías excepcionales en una ocasión excepcional (por ejemplo, ventas de
liquidación);
- cuando un proveedor suministra un producto o un servicio con una posición
monopolista en el mercado;
- cuando un producto o un servicio sólo se pueden obtener en un determinado lugar
geográfico o de producción;
- cuando la contratación tiene fines de investigación o de experimentación y no
comerciales;
- por motivos de seguridad nacional;
- por otras razones que deberían publicarse en forma de leyes o reglamentos.
25. Se han hecho referencias asimismo a las circunstancias que justifican la utilización del
método de la licitación restringida que figura en los apartados a) - j) del párrafo 1 del artículo XV del
Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública.
26. En lo que respecta a garantizar que la licitación restringida, caso de emplearse, se utilice con
la máxima transparencia, se hicieron las sugerencias siguientes:WT/WGTGP/3
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- la entidad contratante debería tratar por lo general de obtener más de una oferta si las
circunstancias lo permiten;
- la entidad contratante debería documentar las circunstancias específicas que hacen
necesaria esa licitación restringida;
- las notificaciones públicas de adjudicación de contratos deberían revelar las
circunstancias y motivos específicos por los que se seleccionó a un determinado
proveedor.
III. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LOS
PROCEDIMIENTOS NACIONALES
27. Se señaló que la transparencia significaba garantizar que la información relativa a las normas,
prácticas y oportunidades de contratación pública se encontrasen en una forma utilizable al alcance de
todas las partes interesadas (en particular los proveedores potenciales), así como asegurar el derechode acceso a dicha información.  Un componente esencial de la transparencia era la publicación de
información sobre el entorno general en que tuvo lugar la contratación pública y en que se esperaba
que las partes interesadas llevasen a cabo la transacción.  La publicación de la legislación nacional no
sólo facilitaba a los proveedores potenciales unas directrices claras, sino que también constituía un
medio para controlar las prácticas arbitrarias del régimen de contratación.  La exactitud de losprocedimientos que se derivaba de ello reducía también los costos de la contratación.
28. También se señaló que a este respecto se planteaban dos cuestiones:  el alcance de la
información que debería darse a conocer y la forma en que se debería publicar.
29. En cuanto al primer punto se dijo que aparentemente había dos criterios para establecer el
alcance de la información que se debería publicar.  Con arreglo a un criterio formal deberíanpublicarse, por ejemplo, todas las leyes, órdenes ministeriales, directrices administrativas o normas y
procedimientos internos;  el otro criterio consistiría en determinar el contenido sustancial de la
información que se debería publicar, independientemente de su forma legal.  Este segundo enfoque
puede ser más conveniente dado que lo importante es el contenido sustancial de la información que se
publique.  Esa información esencial es la relativa a las normas de alcance general que rigen laparticipación en la licitación y la adjudicación de contratos, y que determinan asimismo qué
elementos quedan a discreción de la entidad contratante.  El segundo criterio presentaría ventajas dado
que el objetivo de la transparencia no se lograría si las publicaciones en las que figuraran las leyes y
reglamentos pertinentes no abarcaran los aspectos importantes de las prácticas y procedimientos
nacionales en materia de contratación pública.
30. Según otra sugerencia, todas las leyes, reglamentos, decisiones judiciales, directrices
administrativas y otros procedimientos de contratación pública deberían publicarse cuanto antes enuna forma que fuera pronta y fácilmente accesible para las partes interesadas, como los proveedores y
otros Miembros.  También debería publicarse cualquier cambio de esas leyes y reglamentos con
prontitud o facilitarlos en términos generales mediante una fuente accesible.  Respecto a la
publicación de directrices administrativas, se dijo que quizá no conviniese publicar información sobre
los procedimientos internos de los organismos oficiales porque podría perjudicar al organismocontratante en, por ejemplo, sus negociaciones con los proveedores;  sólo debería ser obligatoria la
publicación de guías administrativas de los sistemas de contratación.  También se señaló que la
publicación de los reglamentos de cada una de las entidades contratantes representaría un
procedimiento administrativo oneroso.
31. En lo que respecta a la segunda cuestión, es decir, cómo debe darse a conocer la información,
se hicieron las observaciones siguientes:WT/WGTGP/3
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- la importancia residía en que la información se pusiera a disposición del público, y no
en la forma en que se publicara;
- debería hacerse una distinción entre la publicación de la información y el acceso a la
misma.  Se sugirió que deberían publicarse las leyes, reglamentos y otras medidas que
tuvieran fuerza y efecto de ley.  Respecto de las decisiones judiciales, se señaló quelas prescripciones en cuanto a su publicación que figuraran en un acuerdo deberían
tener en cuenta la diversidad de los mecanismos de elaboración de las leyes y
procedimientos nacionales.  Así, por ejemplo, en los sistemas judiciales en los que las
leyes se elaboraban a partir de la jurisprudencia, las decisiones judiciales podrían
tener gran importancia en el establecimiento de la legislación y los procedimientos
nacionales;
- la publicación de información relativa a las decisiones judiciales, orientaciones
políticas y directrices administrativas podría ser gravosa.  No obstante, en cada país
debería facilitarse el acceso a las decisiones judiciales que tuvieran relación con las
prácticas de contratación y que no se publicaran en forma habitual;
- puede darse cumplimiento a las prescripciones de publicación utilizando medios
impresos o electrónicos.  La decisión debería quedar a discreción de los Miembros.No debería prescribirse el uso obligatorio de medios electrónicos.  También se dijo
que las dos formas de publicación no deberían excluirse mutuamente.
32. Se señaló que las obligaciones en materia de publicación, incluso en el terreno de la
contratación pública, ya existían en la esfera de las mercancías en virtud del artículo X del GATT
de 1994 y en la esfera de los servicios en virtud del artículo III del AGCS.  Se observó que lasdisposiciones de esos dos Acuerdos que eximían la contratación pública de ciertas obligaciones
derivadas del GATT y del AGCS (artículos III.8 a) y XVII.2 del GATT de 1994 y el artículo XIII
del AGCS) no eran de aplicación a es as disposiciones de transparencia.
33. También se sugirió que la información sobre legislación y procedimientos nacionales se
facilitase al precio de costo de su publicación.  Se señaló que la cuestión de las tasas que se cobran porla información se salían del ámbito de un estudio sobre la transparencia.  Las entidades estatales
deberían tener la posibilidad discrecional de cobrar tasas por encima del precio de costo.  No obstante,
las tasas por el suministro de información sobre la legislación y los procedimientos nacionales, no
deberían tener carácter discriminatorio.
34. Se señaló que la obligación de publicar leyes y reglamentos debería limitarse al idioma
nacional y no debería acarrear onerosas obligaciones de traducción.  Se afirmó que organismos
públicos de algunos países facilitaban información sobre legislación en un idioma extranjero o unresumen de una legislación en concreto en un idioma de la OMC.
35. Se observó que las partes interesadas deberían saber, bien dónde localizar esa información,
bien a quién dirigirse. Un acuerdo sobre transparencia podría estipular la obligación de que los
Miembros notificasen su fuente de información y/o estableciesen y comunicasen la existencia de
servicios de información (por ejemplo, un espacio en Internet), en los que otros Miembros o quizásproveedores interesados pudieran obtener explicaciones acerca de la legislación y los procedimientos
nacionales, incluso información sobre las medidas prácticas que entraña una licitación, sobre
cualquier trato preferencial para los proveedores nacionales así como sobre los mecanismos
nacionales de examen.  A este respecto, se hizo referencia a la disposición del párrafo 4 del
artículo III del AGCS y también a la del párrafo 2 del artículo IV del mismo Acuerdo que disponenque los Miembros que sean países desarrollados, y en la medida posible los demás Miembros,
establecerán puntos de contacto para facilitar a los proveedores de servicios de los países en desarrolloWT/WGTGP/3
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Miembros la obtención de información.  Se afirmó que debería estudiarse cuidadosamente la
posibilidad de proporcionar servicios de información en relación con los sistemas de contratación
descentralizada, sobre todo en los Estados federales.  Todas las obligaciones deberían establecerse sin
perjuicio de los sistemas de contratación descentralizada.  A este respecto, se sugirió que en los
sistemas de contratación nacional descentralizada se designara una oficina central para llevar una listade los lugares de contacto a nivel subcentral.  En este sentido se expresó la opinión de que podría
resultar oneroso establecer servicios de información en los niveles subcentrales.
36. Al debatir este tema, se recordó la pertinencia de la cobertura global de un acuerdo sobre
transparencia.  A este respecto, se sugirió que la obligación en materia de publicación debería referirse
únicamente a situaciones en que el acceso estuviera abierto a los productos y los proveedores
extranjeros.  También se expresó la opinión contraria, con el argumento de que sería indispensable
disponer de información sobre cualquier política, incluso de preferencias a favor de los proveedoresnacionales, con el fin de determinar si los mercados de contratación estaban abiertos a los proveedores
extranjeros.  Con respecto a la expresión "proveedores extranjeros", se observó que con arreglo a
algunas prácticas nacionales se utilizaba la contratación pública como instrumento de promoción de
los productos y proveedores nacionales y que en es os casos no se otorgaría el trato nacional a los
proveedores que no tuvieran una presencia comercial en el país de la entidad contratante.
37. Se señaló el vínculo entre ese tema y el de la sección X, relativo a las disposiciones en
materia de notificación de la información a otros gobiernos en virtud de un acuerdo sobre
transparencia adecuado.
38. Se hicieron varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos IIIa VII de la Lista Recapitulativa".
39. Un documento extraoficial resumiendo los enfoques alternativos sugeridos por el Grupo de
Trabajo se ha distribuido como documento sin signatura Nº 1067.
IV. INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE CONTRATACIÓN,
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CALIFICACIÓN
40. Se señaló que el suministro de información previa sobre las oportunidades de contratación
pública favorecía la participación de licitantes potenciales en el proceso de contratación.  Una amplia
participación de licitantes en el proceso de contratación contribuía a mejorar la eficacia de la
contratación pública.  A fin de lograr el mejor nivel de participación del mercado, deberá facilitarse
información sobre las oportunidades de contratación en los avisos de licitación y en los pliegos de
condiciones.
41. Se indicó asimismo que la información sobre oportunidades de contratación en los avisos de
invitación a licitar debería ser suficientemente completa para permitir a los proveedores potenciales
evaluar su interés en participar en la contratación propuesta y tratar de obtener pliegos de condiciones,
y la información de los pliegos de condiciones lo bastante específica para que los proveedores
pudieran preparar ofertas en consecuencia si participaban en el proceso de contratación.
42. Se reconoció que las prácticas nacionales relativas a la cantidad de detalles incluidos,
respectivamente, en los avisos de licitación iniciales y en los subsiguientes pliegos de condiciones
diferían considerablemente y que podría no ser necesario establecer unos requisitos mínimos precisos
sobre su contenido específico o tratar de armonizar ese punto.  Bastaría que en el acuerdo sobre
transparencia se desarrollara una serie de elementos en forma de principios generales.WT/WGTGP/3
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43. A este respecto, se formularon observaciones en las que se sugería que el grado de detalle de
la información que debía facilitarse podría asimismo variar en las diferentes fases de la licitación y
según los métodos de contratación utilizados.  Mientras que en los procedimientos de contratación
abierta debería proporcionarse información detallada en el marco de un procedimiento selectivo, las
prescripciones en materia de publicación de info rmación sobre licitación en un medio de amplia
difusión deberían ser flexibles para posibilitar el envío directo de pliegos de condiciones a
proveedores registrados.  La información que se suministrase a los proveedores precalificados podría
ser más detallada que la difundida en los avisos públicos que se hallasen al alcance de todos los
proveedores.  También se dijo que, sin perjuicio de la flexibilidad relativa a la cantidad de detalles que
habría que facilitar en los avisos de licitación, se debería proporcionar, en relación con todos los
métodos, información básica de determinado tipo para lograr así la máxima transparencia con
cualquiera de ellos.  A todos los métodos de contratación se les deberían aplicar por igualdeterminadas prescripciones uniformes mínimas en las que se reflejaran los principios fundamentales
de la transparencia.
44. En cuanto a los pliegos de condiciones, se dijo que habrían de facilitar toda la información
necesaria para presentar una oferta válida que no se hubiese suministrado en los avisos de licitación.
Los pliegos deberían establecer las pautas de evaluación de las ofertas y la adjudicación del contrato,en particular las prescripciones respecto de las especificaciones técnicas, además de cualquier
preferencia de que disfruten los suministros y los proveedores nacionales y cualquier otro criterio de
evaluación basado en consideraciones socioeconómicas.  También se dijo que la información
facilitada en los pliegos de condiciones debería ser lo suficientemente general para que la
presentación de ofertas permitiera a las entidades contratantes la comparación y la asignación eficazde recursos.
45. Se observó que las normas relativas a la información sobre oportunidades de licitación que se
establecieran en el acuerdo sobre transparencia deberían aplicarse con carácter no discriminatorio y
únicamente en los casos en que los mercados nacionales estuvieran abiertos a los proveedores
extranjeros;  en  caso contrario, se aplicarían los procedimientos nacionales.
46. También se dijo que para la transparencia de la contratación era indispensable proporcionar
información sobre oportunidades de contratación, independientemente del derecho de los proveedores
extranjeros a participar, y que esa información previa era beneficiosa tanto para los proveedores
nacionales como para los extranjeros.  A este respecto se hicieron las siguientes observaciones:
- las obligaciones de un acuerdo sobre transparencia deberían aplicarse a todos los
tipos de contratación pública incluidos en su alcance, independientemente de que los
proveedores tuvieran o no acceso a las oportunidades de contratación.  Deberíaobservarse el principio de acceso no discriminatorio a la información
independientemente de cualquier medida que excluyera a los proveedores extranjeros
de acceder a las oportunidades de contratación o de la existencia de trato preferencial
para los proveedores nacionales.  Era esencial crear condiciones de competencia y
transparencia en los mercados nacionales para lograr la transparencia en el planointernacional;
- el acceso a la información sobre las políticas existentes, incluidas las preferencias a
favor de los proveedores nacionales, permitiría a los proveedores saber si,
efectivamente, los mercados de contratación están abiertos a los proveedores
extranjeros.  Desde el punto de vista estatal, la transparencia respecto del grado deapertura de los mercados evitaría nuevas solicitudes de información de los
proveedores extranjeros sobre el acceso al mercado.  Ese tipo de información también
beneficiaría a los proveedores, quienes podrían decidir con antelación la utilidad o
inutilidad de preparar ofertas;WT/WGTGP/3
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- si las obligaciones en materia de transparencia se aplicaran solamente en la medida en
que los licitantes extranjeros tuvieran acceso a los mercados de contratación, surgiría
una falta de equidad entre los Miembros del acuerdo de transparencia.  El resultado
sería un acuerdo que impondría muchas más obligaciones en materia de transparencia
a los países cuyos mercados estuvieran plenamente abiertos a los proveedoresextranjeros y que no aplicaran medidas de preferencia nacional.  En cambio, los
países con mercados relativamente cerrados y que excluyeran a los proveedores
extranjeros en un gran número de sectores se verían sometidos a menos obligaciones;
- habida cuenta de que un acuerdo de transparencia no impediría limitar la contratación
pública a los proveedores nacionales, un Miembro no vulneraría los derechos de otros
Miembros si limitara sus obligaciones en materia de transparencia a la contratación
pública abierta a la competencia internacional, ya que los proveedores extranjeros nose interesarían en obtener información sobre una contratación a la que no tuvieran
acceso;
- una prescripción en materia de transparencia en la contratación pública, que no
tuviera en cuenta el grado de apertura de los mercados, resultaría en la transposición
de las obligaciones sobre el acceso a los mercados a un acuerdo sobre transparencia.Los argumentos a favor de la transparencia en todas las contrataciones públicas
implicarían la exigencia de que todos los Miembros otorgaran asimismo el acceso a
sus mercados dado que, al mantenerlos cerrados, asumirían menos obligaciones en
materia de transparencia.  Todos los países eran libres de asumir mayores
obligaciones en materia de transparencia abriendo sus mercados si así lo desearan;
- la decisión de un país de abrir sus mercados era independiente de las prescripciones
de un acuerdo en materia de transparencia.  En un acuerdo de esta naturaleza el
equilibrio debe buscarse en las obligaciones en materia de transparencia y no en las
obligaciones en materia de acceso a los mercados.  Al aceptar las obligaciones en
materia de transparencia, los países debían tener en cuenta sus prácticas nacionalesindividuales;
- sería más adecuado tratar de esta cuestión en el contexto del alcance global de un
acuerdo (véase la sección I);
- se debía alentar a los participantes del Grupo de Trabajo a que informaran sobre sus
prácticas nacionales en materia de suministro de la información relativa a las
contrataciones que no estaban abiertas a la competencia internacional.
47. Se planteó la cuestión de si la apertura dependería solamente de los criterios generales que
estableciera la ley o si podría depender de una decisión caso por caso de la autoridad encargada de la
contratación.  A este respecto, se expresaron los siguientes puntos de vista:
- en la medida en que los contratos se decidieran caso por caso, sería prerrogativa de la
autoridad estatal no abrir una determinada oportunidad de contratación a los
proveedores extranjeros;
- el objetivo de un acuerdo sobre transparencia se frustraría si la participación de
proveedores extranjeros en una determinada contratación se decidiera según los
méritos de cada caso individual;WT/WGTGP/3
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- en los países en los que las decisiones de abrir la competencia a proveedores
extranjeros se adoptaran caso por caso las decisiones se podrían adoptar bien al
comienzo del procedimiento de licitación o en el momento de la adjudicación del
contrato.  Con esta última opción habría una falta evidente de transparencia si la
autoridad estatal decidiera adjudicar los contratos sólo a proveedores nacionales.Deberían elaborarse disciplinas para dar la mayor transparencia posible a las
situaciones en las que las decisiones se adoptaran caso por caso.
A. P
UBLICACIÓN
48. En cuanto al suministro previo de información sobre las oportunidades de licitación, se
mencionaron dos cuestiones fundamentales:  dónde encontrar la información (publicación) y el
contenido de esa información.  Respecto a dónde pueden encontrar los proveedores potenciales la
información (publicación), se formularon  las siguientes observaciones:
- deberían darse a conocer a las partes interesadas, así como al público en general y a
otros Miembros, las oportunidades de contratación y los requisitos de procedimiento
conexos, poniéndolos a su alcance a través de una fuente fácilmente accesible;
- la decisión sobre la fuente utilizada para poner a disposición de todos los interesados
la información acerca de las oportunidades de contratación debería dejarse en manosde los Miembros de la OMC, pero su grado de disponibilidad debería ser
proporcional al del interés que se estime suscitará la contratación.  Es decir, cuando
fuese probable que una oportunidad de contratación fuera a atraer el interés
internacional, debería publicarse a través de una fuente a la que tuvieran acceso los
proveedores y los prestatarios de servicios extranjeros potenciales en lugar de, porejemplo, poner un aviso en un ayuntamiento.  También se señaló que no parecía
necesario establecer el requisito de que los avisos de licitación aparecieran en una
publicación internacional;  más bien, debería esperarse que los proveedores
interesados se mantuviesen informados de lo publicado en el país;
- las oportunidades de licitación deberían publicarse en medios impresos y/o
electrónicos.  En el primer caso, los medios podrían ser el boletín oficial o un
periódico nacional de amplia difusión;
- la publicación electrónica debería utilizarse cuando fuera posible, teniendo en cuenta
el nivel de desarrollo de los distintos Miembros de la OMC.  Podría facilitarse
la dirección Internet de las publicaciones electrónicas.  También se dijo que la
publicación electrónica ofrecía importantes ventajas en cuanto al tiempo y los costos
y, habida cuenta de la tendencia actual, su utilización iría en aumento en los próximosaños (véase también la sección IX B);
- la decisión sobre el medio utilizado para la publicación debería dejarse a la discreción
de cada uno de los Miembros de la OMC y la publicación electrónica debería
constituir una opción y no una obligación.  Esto permitiría que se tuvieran en cuenta
las diferencias en la capacidad de utilización de los medios electrónicos depublicación entre los Miembros de la OMC, entre las regiones de un Miembro de
la OMC y, entre los proveedores;
- se deberían tener debidamente en cuenta los sistemas en los que la información era
facilitada por proveedores de servicios del sector privado que actuaban en nombre de
las entidades de contratación pública;WT/WGTGP/3
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- en los procedimientos de licitación restringida en que la entidad contratante se pone
en contacto directamente con los proveedores precalificados, no parecía necesaria la
publicación previa de avisos de licitación;
- en el marco de procedimientos selectivos también se publicaban algunos avisos de los
Miembros de invitación a licitar y de precalificación;
- las prescripciones en materia de publicación de avisos de licitación podrían ser menos
estrictas para las contrataciones de escasa cuantía con el objeto de evitar cargasadministrativas onerosas;
- la publicación de las oportunidades de licitación no debería circunscribirse a los
contratos de cuantía superior a un determinado nivel (véase también la sección I).
49. Se formuló la observación de que la exención a la obligación de publicar las oportunidades
de contratación (por ejemplo, para tener en  cuenta el sistema de licitación restringida de algunas
prácticas nacionales) sólo debería permitirse en casos excepcionales y justificados.  Estascircunstancias deberían ser las mismas que las establecidas para la utilización de métodos de
contratación que restringen gravemente la competencia.  Se emitieron algunas sugerencias sobre
situaciones en que no se debería exigir la publicación.  Podría ser el caso, por ejemplo, de las compras
por una cuantía inferior a los niveles del umbral y de las adquisiciones que no se efectuaran mediante
procedimientos de licitación abierta sino, por ejemplo, de licitación restringida.  Se señaló que, en elsegundo caso, sería importante que se facilitase información adecuada sobre las condiciones
requeridas para participar en los procedimientos de licitación selectiva y que se publicasen avisos con
posterioridad a la adjudicación de los contratos.  Otra opinión fue que, por motivos de transparencia,
la publicación de las oportunidades de contratación no deberían circunscribirse en principio a los
contratos de cuantía superior a un determinado nivel de umbral.
B. C
ONTENIDO DE LA INFORMACIÓN
50. En relación con los requisitos mínimos sobre la información que debe publicarse acerca de las
oportunidades de contratación, se señaló que, aunque las prácticas nacionales difieran en cuanto a la
cantidad de información que ha de facilitarse, en los avisos de invitación a licitar y en los pliegos decondiciones ésta deberá ser suficientemente amplia para permitir a los proveedores potenciales
evaluar su interés en participar en la contratación propuesta o en el sistema de selección y preparar
ofertas o propuestas para la selección en consecuencia.  Los Miembros deberían poder decidir si esta
información o su disponibilidad para las partes interesadas a través de una fuente accesible debería
facilitarse sólo a través de los avisos de licitación o si el grueso de la información deberíasuministrarse en los pliegos de condiciones o por otros medios.
51. Se sugirió la posibilidad de elaborar una lista ilustrativa del tipo de información que debieran
contener estos documentos.  Al menos, debería facilitarse la siguiente información:
en relación con la entidad contratante:
- nombre y dirección completos de la entidad contratante (el departamento o servicio
de compras, la ubicación de la oficina responsable y la división o sección del
departamento o servicio);
- dirección completa del centro de documentación o del servicio al que se puede
solicitar información adicional, en particular sobre las prescripciones técnicas y
comerciales, y cualquier otra información o documentos pertinentes, el plazo límite
para hacer la solicitud y, en su caso, el costo de la información;  y el número dereferencia que identifica la solicitud en el registro del departamento o el servicio,WT/WGTGP/3
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en relación con los proveedores:
- cualquier requisito en relación con el proveedor o prestatario de servicios, por
ejemplo, los requisitos económicos y de selección,
en relación con la contratación:
- una descripción identificable (naturaleza) de los bienes y/o servicios suministrados,
indicando su cantidad o la duración de la prestación;
- el lugar de entrega de los productos o de prestación del servicio y, en su caso, el plazo
de entrega y de finalización o de duración del contrato,
en relación con la evaluación de las licitaciones:
- el procedimiento de contratación que se prevé utilizar (abierto, selectivo, con
negociaciones, etc.);
- los criterios de adjudicación del contrato, incluidos factores distintos del precio, que
se consideran en la evaluación de las licitaciones (oferta económicamente más
ventajosa);
- información sobre la existencia de condiciones favorables a los proveedores
nacionales en la adjudicación de los contratos, tales como preferencias en materia de
precios, prescripciones en materia de contenido local o cualquier otra políticadiscriminatoria.  A este respecto, se dijo asimismo que si en el boletín oficial ya se
hubiese publicado información detallada sobre las preferencias nacionales o de las
políticas discriminatorias no sería necesario facilitar dicha información;
- cualquier especificación técnica requerida;- cuando proceda, el lugar, la fecha y la hora de cualquier reunión informativa pública
sobre los requisitos que se celebre,
en relación con la presentación, recepción y apertura de las licitaciones:
- el plazo límite para la presentación/recepción de las licitaciones o de las solicitudes
de invitación a participar en un sistema de selección;
- la dirección a la que deben enviarse las ofertas o las solicitudes de invitación a
participar en un sistema de calificación;
- los detalles sobre los requisitos respecto al idioma o a los idiomas en que deben
presentarse las licitaciones;
- la fecha y el lugar de apertura de las licitaciones.
52. Se expresó la opinión de que una lista de esa naturaleza sería excesivamente gravosa, sobre
todo en los países en los cuales las entidades estatales convocaban un gran número de licitaciones.
53. Asimismo, se sugirió que las entidades publicaran voluntaria y periódicamente un resumen de
la información sobre las contrataciones que tienen previsto realizar.  Se propuso que sólo las entidades
que pudiesen planificar con suficiente antelación sus actividades de contratación tuviesen acceso a
estos procedimientos.WT/WGTGP/3
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C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
54. En lo que respecta a la especificación de los criterios para la evaluación de las ofertas y la
adjudicación de los contratos en los avisos públicos y/o los pliegos de condiciones, según una opinión,
los proveedores interesados deberían tener acceso a todos los criterios pertinentes de evaluación, bien
mediante la publicación de oportunidades de contratación, de especificaciones contenidas en ladocumentación de licitación o haciendo referencias a las leyes y reglamentos aplicables.  Se recordó
que la cuestión de si las preferencias nacionales u otras políticas que sirven de base a las prácticas de
carácter discriminatorio deberían formar parte de esos criterios no incumbía a la labor del Grupo.  Sin
embargo, se insistió en la importancia de dar a conocer por anticipado la información sobre esas
preferencias nacionales y otras medidas a favor de los productos y de los proveedores nacionales tales
como transacciones de compensación en los pliegos de condiciones y/o los anuncios de licitación
pública.  Se indicó que la transparencia en lo que hace a la existencia de preferencias u otrasprescripciones discriminatorias permitiría a los licitadores extranjeros potenciales determinar si tenían
interés en participar en un determinado proceso de contratación a pesar de las políticas
discriminatorias nacionales.  Los proveedores inte resados sólo podrían distinguir entre oportunidades
de compra reservadas para los proveedores nacionales y las que estaban abiertas a la competencia
internacional si se les proporcionara por anticipado información relativa a cualesquiera políticasdiscriminatorias.  La comunicación de información fidedigna sobre preferencias en materia de precios
o prescripciones para la calificación que favorecen a los proveedores nacionales permitiría a los
proveedores calcular su interés y evaluar la oportunidad real de conseguir un contrato.  Además, esa
información permitiría a los proveedores interesados adoptar decisiones con conocimiento de causa al
preparar ofertas que respondieran a las condiciones fijadas a este respecto en el pliego de condiciones.Al evitar la participación en procesos de contratación en que sus ofertas acabarían por ser desechadas,
los proveedores no sólo economizarían sus recursos sino también los de las entidades de contratación.
Además, una clara especificación de los requisitos basados en consideraciones socioeconómicas
contenidos en los pliegos de condiciones facilitaría la aplicación de esas políticas al proporcionar
transparencia en lo que respecta al carácter de las necesidades socioeconómicas aplicables acontrataciones específicas.
55. Según una opinión, la información relativa a las preferencias para los productos y los
proveedores nacionales sólo debería incluirse en los avisos de licitación y/o pliegos de condiciones
cuando no pudiera obtenerse adecuadamente de las leyes o reglamentos de aplicación general, bien
exponiendo la información pertinente o bien mediante una referencia explícita a la legislación
aplicable.  Según otra opinión, de conformidad con la práctica nacional en un país, se proporcionaba
información sobre las preferencias nacionales u otras políticas discriminatorias en respuesta apeticiones de proveedores individuales.  Según otra opinión, era evidente que en los avisos de
licitación y/o los pliegos de condiciones deberían figurar siempre referencias claras a cualesquiera
políticas nacionales, así como a las preferencias aplicadas.  A este respecto se señaló que el
establecimiento de vínculos entre los pliegos de condiciones publicados por medios electrónicos y las
leyes y reglamentos pertinentes permitiría a los proveedores buscar fácilmente complementos deinformación sobre cualesquiera políticas discriminatorias aplicables.
56. En lo que respecta a las transacciones de compensación, por ejemplo el contenido nacional, la
transferencia de tecnología, los ingresos de exportación o prescripciones similares, se manifestó la
opinión de que, si bien las políticas de contratación existentes en muchos países incluían esas
prescripciones, como resultado de éstas se producía una alteración de las decisiones en materia decontratación.  Era importante asegurarse de que se aplicasen tales prescripciones de forma
transparente.  En caso de que fuesen utilizadas, deberían formar parte del criterio de cualificación y no
de los criterios para la evaluación de las licitaciones.  Debería informarse a los proveedores de las
prescripciones de compensación establecidas por la entidad de contratación desde el principio,
debiéndose definir cómo podrían cumplirse esas prescripciones, por ejemplo, un determinadoporcentaje del contenido nacional de la contratación total o un determinado valor de los ingresos deWT/WGTGP/3
Página 23
exportación, antes de que éstos participasen en la licitación.  Las prescripciones de compensación
utilizadas como parte de los criterios de evaluación eran inherentemente no transparentes puesto que
no proporcionaban a los proveedores una indicación clara desde el principio de las prescripciones que
debían cumplir a fin de que pudiesen preparar licitaciones adecuadas.
57. Según otra opinión la prescripción relativa a las compensaciones podría traspasar el ámbito de
las cuestiones relativas a la transparencia y no parecía constituir un elemento principal de ésta.
También se formuló la observación de que, en lugar de ser un elemento de un acuerdo de
transparencia, las disposiciones relativas a las compensaciones debían contemplarse como medidas
contrarias a la elusión del principio de no discri minación.  No obstante, dado que un acuerdo sobre
transparencia conferiría a los Miembros un derecho explícito a la utilización de medidas
discriminatorias, especialmente condiciones tales como  las prescripciones sobre el contenido local, no
estarían justificadas cualesquiera de las disposiciones contrarias a la elusión.  Un resultado paradójicodel establecimiento de obligaciones más vinculantes en un acuerdo de transparencia podría ser alentar
a los países Miembros a hacer sus mercados de contratación menos accesibles en lugar de estar
obligados a cumplir obligaciones que podrían ser demasiado estrictas.
58. Se señaló que las especificaciones técnicas eran un elemento importante de los criterios de
evaluación.  Únicamente aquellos precios de oferta que se ajustasen a las especificaciones técnicasincluidas en la documentación sobre licitación se consideraban ofertas adecuadas.  El cometido de las
especificaciones técnicas en los procesos de contratación sería aún más importante en el futuro al
existir contrataciones cada vez más complejas.  Las especificaciones técnicas deberían evitar la
especificación de una tecnología con respecto a otras y no deberían elaborarse de forma que
requiriesen la utilización de tecnología únicamente disponible para un número limitado deproveedores.  A este respecto, según otra opinión, en determinadas circunstancias, por ejemplo en
relación con la tecnología médica avanzada utilizada en hospitales, debería permitirse a las entidades
especificar su tipo preferido de tecnología a fin de cumplir los objetivos de una contratación
determinada siempre que ello se efectuase con anterioridad a los avisos de invitación a licitación.
Se expusieron también puntos de vista en el sentido de que el acuerdo sobre transparencia deberíafomentar la utilización de especificaciones basadas en el cumplimiento con preferencia a
especificaciones basadas en diseños y que, siempre que fuera posible, las especificaciones técnicas se
deberían basar en normas convenidas internacionalm ente o en otras pertinentes.  Asimismo, se dijo
que cualquier modificación que se introdujera en las especificaciones técnicas debería darse a conocer
a todos los proveedores interesados.
59. También se dijo que toda modificación introducida en los criterios de evaluación durante el
transcurso de la contratación debería comunicarse a todos los proveedores interesados, o en el caso delicitación selectiva o limitada, a todos los proveedores que participan en el proceso de contratación.
D. A
CLARACIONES Y MODIFICACIONES
60. En lo que respecta a las aclaraciones relativas a los pliegos de condiciones que proporcionan
las entidades adjudicadoras a los proveedores potenciales, se dijo que la entidad adjudicadora debía
contestar de buena fe a cualquier pregunta de los proveedores interesados.  Toda informaciónproporcionada en respuesta a la solicitud de aclaración de un proveedor debía ser transmitida
simultáneamente a los demás proveedores que participaran en el proceso de contratación.  Asimismo,
se dijo también que no sería posible proporcionar las respuestas a peticiones de información de
proveedores recibidas en diferentes centros de información distribuidos en el país a todos los demás
proveedores que participaban en el proceso de contratación.  Ello podría ser únicamente posible en elcaso de contrataciones de elevado valor, por ejemplo, en el contexto de proyectos financiados
mediante préstamos del Banco Mundial, en los que el número de participantes habitualmente era
limitado.WT/WGTGP/3
Página 24
61. Asimismo, se dijo que se debería informar a todos los proveedores potenciales o a todos los
participantes en una licitación selectiva de cualquier cambio que se introdujera en la información
contenida en los avisos de licitación y en los pliegos de condiciones, incluidos aquellos relativos a los
criterios de evaluación y las especificaciones técnicas.  Según otra opinión, esa información debía
facilitarse a las partes interesadas a través de una fuente accesible.  A este respecto se dijo tambiénque un acuerdo sobre transparencia debería especificar claramente que los proveedores que hubieran
solicitado en un primer momento los pliegos de condiciones o hubieran mostrado interés en la
oportunidad de contratación deberían recibir cualquier información adicional por los mismos medios
utilizados para transmitirles la primera información.
E. I
DIOMA
62. Se sugirió que sólo fuese obligatorio publicar los avisos de invitación a licitar en un idioma
nacional oficial.  La traducción de toda la publicación a un idioma de la OMC podría resultardemasiado onerosa.  También se sugirió que, cuando fuera posible, los avisos de licitación se
publicasen en un idioma de la OMC.  Otra sugerencia fue dejar a la discreción de las autoridades
contratantes la decisión de si la traducción de los avisos de licitación debería circunscribirse a las
oportunidades de licitación que pudiesen interesar a proveedores internacionales.
63. Se propuso que, además de publicar la totalidad de la información en el idioma nacional
oficial del Miembro de la OMC interesado, se considerase la posibilidad de publicar, también en uno
de los idiomas oficiales de la Organización un resumen de los principales elementos de la información
contenida en las invitaciones a licitar.  Este resumen podría abarcar los siguientes elementos:
- nombre y dirección de la entidad contratante;
- naturaleza (objeto) del contrato;- plazos para la presentación de licitaciones o de solicitudes para recibir invitación a
participar en la licitación;
- dirección donde puede obtenerse mayor información.
64. Se sugirió asimismo la posibilidad de prever una limitación a la obligación de facilitar un
resumen de los avisos de licitación en uno de los idiomas oficiales de la OMC, en el caso, porejemplo, de los avisos de licitación de contrataciones de escaso valor que revistiesen poco interés para
los proveedores internacionales.  Se señaló que facilitar un resumen de todos los avisos de licitación
podría generar costos administrativos excesivos (véase también la sección IX C).
65. Se formularon varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos III
a VII de la Lista Recapitulativa".
V. PLAZOS
66. En lo que respecta a los plazos mínimos establecidos para que los proveedores potenciales
cumplan los requisitos de las diferentes fases del proceso de contratación, se señaló que los plazos
variaban considerablemente en los instrumentos internacionales y en la práctica nacional vigentes.
El Acuerdo sobre Transparencia no debería ser excesivamente preceptivo a este respecto.  Cualquier
disposición sobre plazos debería establecerse sólo  como recomendación.  Un gobierno Miembro o una
entidad contratante deberían estar facultados para establecer plazos adecuados según cada caso en
particular y a la luz de las respuestas del mercado.  Por otro lado, se dijo que en la legislación nacional
deberían especificarse los plazos para evitar que las entidades adoptaran medidas subjetivas en esteWT/WGTGP/3
Página 25
sentido.  En la legislación nacional se podría enunciar una serie de criterios referentes a los plazos en
que se definirían los parámetros de la facultad discrecional que las entidades podrían ejercer a este
respecto.  Las entidades contratantes tendrían así la flexibilidad necesaria para recurrir a plazos más
breves en determinadas circunstancias, por ejemplo, durante el procedimiento de licitación efectiva,
en el caso de que se hubiera publicado un aviso de licitación anterior con toda la informaciónpertinente.  Se sugirió que, en lugar de establecer plazos mínimos específicos en el Acuerdo sobre
Transparencia, el Grupo se pusiera de acuerdo sobre un principio general, como el de la Ley Modelo
de la CNUDMI o el párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo sobre Contratación Pública.
1
67. Se dijo que debería preverse un tiempo suficiente para la preparación, presentación y
recepción de ofertas que respondan a las diferentes oportunidades de contratación.  Los plazos
establecidos no deberían redundar en perjuicio de los principios y objetivos del Acuerdo sobre
Transparencia.  Deberían determinarse teniendo debidamente en cuenta las particulares circunstanciasde la contratación (incluido el grado de interés probable), el método de contratación utilizado y la
capacidad del mercado para actuar con respecto a la  información en los avisos de licitación, así como
la complejidad de la contratación.  En este sentido, se dijo que en la elaboración de prescripciones en
materia de plazos debería encontrarse un equilibrio;  con plazos más amplios, las entidades
contratantes podrían recurrir con mayor frecuencia a los procedimientos de licitación restringida.Se señaló a este respecto que no se debería exigir a los Miembros que fijaran plazos que fueran de la
conveniencia de los proveedores extranjeros, quienes debían recibir el trato nacional y de NMF.
Se señaló además que los plazos habrían de ser suficientemente amplios para dar a los proveedores,
tanto extranjeros como nacionales, una oportunidad significativa de aprovechar la información
pertinente y de presentar ofertas satisfactorias.  También se dijo que la prescripción propuesta deotorgar plazos adecuados podría hacerse de forma que permitiese a los proveedores, especialmente a
los proveedores extranjeros, preparar y presentar ofertas.  Debería utilizarse el término "razonable",
por ejemplo, para situaciones de emergencia en las que tal vez no es posible proporcionar plazos
adecuados o suficientes.  Además, se dijo que no debería haber discriminación entre posibles
proveedores con respecto a la aplicación de los plazos.  Otra opinión fue que los plazos previstos parala preparación y presentación de licitaciones deberían ser los mismos para todos los proveedores
calificados siempre que tuvieran acceso a la oportunidad de contratación.  Según otra opinión, toda
modificación introducida en los plazos debería darse a conocer a todos los proveedores o bien habría
que facilitar al público en general la información pertinente a través de una fuente disponible.
68. Se formularon varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos III
a VII de la Lista Recapitulativa".
VI. TRANSPARENCIA DE LAS DECISIONES EN MATERIA DE CALIFICACIÓN
69. Se señaló que los sistemas de registro y de calificación desempeñaban una función útil en la
licitación siempre que se aplicaran de manera por entero transparente.  Los procedimientos de
calificación permitían que las entidades compradoras evaluaran la capacidad de los proveedores
potenciales para cumplir los requisitos y agilizaban también el proceso de examen de las licitacionesal reducir los costos de compradores y proveedores.  Se dijo además que los procedimientos de
calificación facilitaban el logro de los objetivos globales de las políticas gubernamentales de la
                                                     
1 El apartado a) del párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo sobre Contratación Pública dice lo siguiente:
"Los plazos establecidos serán suficientes para que tanto los proveedores de las demás Partes
como los nacionales puedan preparar y presentar sus ofertas antes del cierre de la licitación.  Al
determinar esos plazos, las entidades tendrán en cuenta, de acuerdo con sus propias necesidades
razonables, factores tales como la complejida d del contrato previsto, el grado previsto de
subcontratación y el tiempo que normalmente se requiera para transmitir las ofertas por correo desde el
extranjero o dentro del territorio nacional."WT/WGTGP/3
Página 26
comunidad o el sector.  La transparencia de los criterios aplicables a la calificación habrían de reforzar
el objetivo de un proceso de selección abierto, transparente, eficaz y equitativo;  garantizar el
suministro uniforme de información a los proveedores potenciales;  y alentar la recepción de
información suficiente procedente de los proveedores.  A este respecto, el principio clave de la
transparencia es que las decisiones en materia de registro y calificación de los proveedores se adoptenbasándose sólo en criterios determinados al comienzo del proceso y previamente divulgados a los
proveedores.  Se deberá comunicar a todos los proveedores interesados cualquier modificación de los
requisitos de calificación.  Las decisiones en materia de calificación habrían de adoptarse de manera
tal que se estableciera una confianza mutua entre la entidad contratante y el mercado, incluidos los
proveedores potenciales.
70. Se ha señalado que los sistemas de precalificación no deberían ser exclusivos:  a los nuevos
proveedores que reúnan los criterios de calificación con antelación suficiente para participar en unalicitación debería dárseles la misma oportunidad (o , según una opinión, por lo menos una oportunidad
razonable) de figurar en una lista de calificación que se dio a los ya calificados.
71. Además, se hizo una distinción entre sistemas de calificación que podrían abarcar una serie de
contratos distintos y la calificación sobre una base contrato por contrato.  Se señaló igualmente que la
cuestión de la calificación de los proveedores podría desempeñar un mayor papel en la contratación deservicios que en la contratación de bienes.
72. Se dijo que la calificación de proveedores se habría de realizar con bastante antelación al
proceso de licitación de que se tratara con el fin de garantizar la eficacia y equidad del proceso de
contratación pública.  Se dijo además que entre los criterios de calificación se podrían incluir factores
como:  capacidad técnica;  satisfacción de los clientes;  capacidad financiera;  cuestiones referentes acontratos y asociaciones;  control de calidad;  prescripciones en materia de resultados en lo relativo a
la seguridad y salud en el trabajo;  cumplimient o de un código conexo de práctica para proveedores
potenciales;  gestión de recursos humanos (incluida la formación de personal calificado);
cumplimiento de las prescripciones de la legislación nacional;  y compromiso con la realización de
mejoras continuas.  Por otro lado, se expresaron opiniones en el sentido de que debería haber laflexibilidad suficiente para permitir la elaboración de criterios de calificación que se adecuaran a
diferentes tipos de contrataciones y sectores.  Se señaló que el establecimiento de criterios de
calificación armonizados en el plano multilateral no sería factible y que estaba fuera del ámbito de la
labor del Grupo.  La prescripción de criterios vinculantes o de una lista ilustrativa de criterios de
calificación en un acuerdo no guardaba relación alguna con el trabajo sobre la transparencia.
73. Se dijo además que las decisiones en materia de calificación deberían corresponder a órganos
de expertos constituidos al efecto dentro de las entidades contratantes.  Las bases para elegir a losmiembros de esos órganos y la manera en que se llevaría a cabo el proceso de adopción de decisiones
deberían ser puestas a disposición de todos los proveedores potenciales.  Por otro lado, se dijo que el
establecimiento de un órgano de expertos en materia de calificaciones era un asunto de la
incumbencia de las autoridades nacionales.  Otra cuestión a la que se prestó atención en relación con
la transparencia era la situación en la que el proveedor que había presentado una solicitud en virtud decriterios de calificación divulgados previamente no hubiera recibido decisión alguna respecto de su
solicitud.  A todos los solicitantes se les debería comunicar la decisión en materia de calificación con
antelación a la convocatoria a licitación.
74. También se señaló que, una vez fijados los criterios de calificación en las invitaciones a
precalificar o a presentar pliegos de condiciones, habría que aplicarlos en forma no discriminatoriarespecto a la transparencia.  Los criterios de precalificación deberían darse a conocer a todos los
proveedores potenciales de manera no discriminatoria.  Esto no evitaría la inclusión de elementos
preferenciales a favor de la oferta interna o de proveedores de otros países en los criterios mismos.WT/WGTGP/3
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75. Se señaló asimismo que la transparencia en materia de calificaciones abarcaba cuestiones
relativas a un proceso con las debidas garantías.  Los proveedores deberían tener el derecho de
impugnar las decisiones en materia de calificaciones si no se hubieran respetado las normas del
sistema.  Por otra parte, se expresó también la opinión de que la aplicación de los principios de
objetividad y no discriminación a los criterios de precalificación iba más allá del concepto detransparencia.  No debería haber discriminación respecto de la transparencia a pesar de la
discriminación a favor de los proveedores nacionales en el marco de preferencias u otros requisitos de
compra de fuentes nacionales.  Se dijo que todas las decisiones relativas a la calificación deberían
notificarse a todas las partes interesadas.  También se dijo que con arreglo a determinados métodos de
licitación no era posible revertir las decisiones en materia de calificación aún en el caso de que
pudiera considerarse a otros proveedores como calificados en virtud de los criterios publicados.
76. Se formularon varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos III
a VII de la Lista Recapitulativa".
VII. TRANSPARENCIA DE LAS DECISIONES SOBRE ADJUDICACIÓN DE
CONTRATOS
77. Se señaló también que una parte esencial de la transparencia en la adopción de decisiones
sobre la atribución de contratos públicos es que esas decisiones se adopten estrictamente sobre la base
de criterios de evaluación (inclusive en relación con las especificaciones técnicas) expuestos por
anticipado en los pliegos de condiciones y de conformidad con la información proporcionada acerca
de cómo se aplicarán esos criterios.  Además, a fin de garantizar la evidencia de que las decisiones se
adoptan de ese modo, habría que establecer criterios que permitiesen garantizar una aplicación lo másobjetiva posible.  Se observó asimismo que, como norma, el acuerdo sobre transparencia no
determinaría cuáles deberían ser esos criterios.  Se señaló que habría que tener en cuenta los casos en
que, por motivos de fuerza mayor, por ejemplo en el caso de la supresión o imposición de un
embargo, no fuera posible cumplir estrictamente los criterios establecidos en el pliego de condiciones.
78. En cuanto a la recepción y apertura de las licitaciones, se expresó la opinión de que, si bien
puede no ser necesario exigir la apertura pública de las ofertas para garantizar la transparencia, las
entidades adjudicadoras deberían disponer de procedimientos para garantizar la regularidad e
imparcialidad de la licitación y que no existió la posibilidad de manipular los elementos específicos de
las ofertas ni de proporcionar a un determinado ofertante información sobre otros licitantes.  A este
respecto se expuso el punto de vista de que los detalles relativos a los procedimientos acerca de la
forma en que las entidades adjudicadoras deberían tratar las ofertas recibidas no eran de la
incumbencia del Grupo de Trabajo.  Según otro punto de vista, habría que determinar si seríasuficiente incluir esos conceptos en principios generales o si habría que prever requisitos más
específicos.
79. Con respecto a la información a posteriori sobre las adjudicaciones de contratos, se dijo que el
derecho a esta información era un elemento crucial de la transparencia en la esfera de la contratación
pública.  Los procedimientos de contratación podrían prever cierta forma de aviso público de lasadjudicaciones de contratos y dar al mismo tiempo a los licitadores oportunidad de recibir
información, por ejemplo, a petición escrita de un licitador no adjudicatario.  El anuncio público de
los contratos adjudicados también interesaba a la industria en general (como futuros licitadores
potenciales) y a otros gobiernos que desearan ver funcionar en la práctica el acuerdo sobre
transparencia.  Se indicó asimismo que el suministro de información a posteriori revestía granimportancia en los casos en que una determinada información no se había suministrado previamente.
Se dijo también que las decisiones en materia de adjudicación de contratos no necesitaban incluir la
información que ya había figurado en las pertinentes llamadas a licitación, siempre que la información
a posteriori hiciera la correspondiente referencia a la información previa.WT/WGTGP/3
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80. En cuanto a la finalidad de la información a posteriori, se dijo que la información sobre la
adjudicación de contratos proporcionaba a los licitadores no adjudicatarios y a otros Miembros la
oportunidad de asegurarse de que habían sido tratados equitativamente según los requisitos
específicos y de cerciorarse de que los criterios fijados en el pliego de condiciones y las normas y los
procedimientos nacionales aplicables se habían seguido fielmente en la licitación;  este tipo deinformación también brindaba a los licitadores no adjudicatarios la oportunidad de mejorar sus ofertas
futuras.
81. Sobre la base de las propuestas escritas y orales, se ha determinado una serie de opciones y de
otros planteamientos disponibles para abordar la cuestión del suministro de información sobre la
adjudicación de contratos.  A continuación se exponen las distintas opciones y las observaciones
formuladas al respecto:
- Opción 1.  Conforme a lo previsto en la legislación nacional.  No habría ningún
requisito de que se diera a conocer la información sobre adjudicación de contratos,
salvo el que existiera en la legislación nacional.
Se dijo que las prácticas nacionales determinarían si la información a posteriori
acerca de las adjudicaciones de los contratos se debería proporcionar mediante la
publicación de avisos de adjudicación de contratos o bien, directamente, escribiendo alos distintos licitadores;  los licitantes no adjudicatarios deberían recibir la
información, pero sería gravoso publicar o dar a conocer esa información
públicamente.
Se dijo también que la práctica vigente en algunos países era la de enviar una carta
modelo a los licitadores no adjudicatarios y que únicamente cuando era posiblehacerlo se exponían las razones por las que sus ofertas fueron rechazadas.
Según otras opiniones, cabía la duda de que esta opción pudiera satisfacer
suficientemente los objetivos que se trataba de alcanzar con un acuerdo sobre
transparencia.  La obligación de suministrar información a posteriori  debería
considerarse como un fuerte incentivo para que el poder adjudicador acatara lasnormas y procedimientos de la legislación nacional.
- Opción 2.  Los distintos Miembros tendrían la posibilidad de optar entre el envío de
comunicaciones a los licitadores no adjudicatarios y la publicación de información
sobre adjudicación de contratos.  Se debería dar a conocer a las partes interesadas el
mecanismo elegido.  Habría que incluir una disposición para salvaguardar el carácter
confidencial de la información o de las comunicaciones cuya divulgación lesionaría
los intereses comerciales legítimos (ya sea del público en general o de empresasprivadas).
Se expresó la opinión de que las comunicaciones deberían ser una medida
complementaria en lugar de un sustituto de la disponibilidad pública de información
sobre adjudicación de contratos.  Otra opinión fue que sería lento y gravoso informar
a los distintos licitadores no adjudicatarios del resultado de sus ofertas.
Se dijo además que, con objeto de establecer un equilibrio entre la necesidad de
contar con normas sobre transparencia y la carga administrativa que representa el
suministro de información a posteriori , la información que se habría de suministrar
en los avisos de adjudicación de contratos debería ser menos detallada que la
facilitada en las comunicaciones.WT/WGTGP/3
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Con respecto a la protección del carácter confidencial de las licitaciones, se dijo que
la obligación de suministrar nueva información relacionada con las licitaciones, como
el nombre del proveedor elegido, el valor del contrato y cualquier detalle técnico, no
debería socavar por fuerza el carácter confidencial de la información.  Las entidades
podrían informar a los licitadores no adjudicatarios sin divulgar necesariamenteinformación confidencial proporcionada por los licitadores elegidos.  Otra opinión fue
que los requisitos sobre el envío de comunicaciones a los licitadores no adjudicatarios
no serían de utilidad puesto que la información sobre licitaciones era en su mayor
parte comercialmente sensible y no podría divulgarse sin el consentimiento del
licitador interesado.  Se señaló además que un punto de partida para el examen del
carácter confidencial de la información podrían ser las disposiciones de otros
Acuerdos de la OMC a este respecto.
Se expresaron otras opiniones en el sentido de que no era necesario comunicar a
todos los licitadores no adjudicatarios las razones por las que no habían obtenido un
contrato.
- Opción 2 a).  La información suministrada estaría en consonancia con los
principios y objetivos de un régimen de contratación pública transparente y seproporcionaría dentro de un plazo establecido (que puede diferir entre los
distintos países).
Se expresaron opiniones que respaldaban esta subopción.
- Opción 2 b).  La información estaría basada en una lista ilustrativa
2 y se
proporcionaría dentro de un plazo establecido.
- Opción 2 c).  Debería informarse a los licitantes no adjudicatarios del
resultado de sus ofertas y, cuando lo soliciten, de los motivos por los que se
rechazaron sus propuestas y/o se seleccionó la oferta seleccionada.  La
información que se proporcionara a los licitadores no adjudicatarios sobre los
aspectos en que sus ofertas eran deficientes y los motivos por los que nofueron seleccionados les brindaría la certeza de que habían sido tratados justa
y equitativamente de conformidad con los requisitos y criterios del pliego de
condiciones, que se habían seguido los procedimientos y normas del caso y
que se indicaría en qué aspectos resultaba deficiente una oferta y por qué no
había sido elegida.  Ésta era una garantía importante de transparencia, en
particular en aquellas circunstancias en que se proporcionaba información
                                                     
2 Se han sugerido los siguientes elementos específicos para los avisos de adjudicación de contratos:  el
departamento u organismo adjudicador, el lugar de la oficina de tramitación o la división o rama del
departamento u organismo y su dirección;  una descripc ión de los suministros, así como el departamento u
organismo que los necesita, si es distinto del mencionado supra , suficientemente detallada para determinar su
carácter, cantidad y plazos aplicables;  el número de refere ncia que identifique el contrato, la compra o acuerdo
en los registros del departamento u organismo y la fecha de la compra o acuerdo;  la cuantía de la ofertaseleccionada o el valor total del contrato y la fecha de la celebración de éste;  o cuando no sea posible predecir
con precisión el valor total debido a la base del contrato, por ejemplo el aumento progresivo de los precios, de la
mano de obra y de los materiales, o de las tarifas, deberá publicarse la cuantía o el valor total estimado;  lacuantía de la oferta más baja y más alta, el tipo de método de contratación utilizado;  el nombre de losproveedores seleccionados, su direcci ón postal y la fecha de la adjudicación.  Cuando se haya concertado un
contrato colectivo deberán notificarse los detalles a todos los proveedores.  Sin embargo, si ese procedimientono resultara práctico, deberá publicarse una dirección de l organismo con la que entrar en contacto, destinada a
las personas que deseen un complemento de información, así como el código pertinente del producto y del
servicio.WT/WGTGP/3
Página 30
restringida sobre el contrato adjudicado.  Por otra parte, se dijo que las
comunicaciones dirigidas a los licitadores no adjudicatarios tenían una
función educativa en la medida en que les permitían comparar sus ofertas con
la oferta seleccionada y recibir información sobre los defectos de sus propias
ofertas.
- Opción 3.  Publicar información sobre la adjudicación de contratos.  Se requeriría que
la información sobre la adjudicación de contratos se publicara dentro de un plazo
establecido, con arreglo a las disposiciones para dar a conocer el mecanismo y las
relativas al carácter confidencial de la información incluidas en la Opción 2.
Se expresaron opiniones que respaldaban esta opción.
- Opción 3 a).  Se proporcionaría la información incluida en una lista (véase la
nota 2).
Se expresó una opinión que respaldaba esta subopción.
Según otra opinión, cabía la duda de que fuera necesaria una lista preceptiva
del tipo de información que habían de contener los avisos de adjudicación de
contratos.  El suministro de este tipo de información rebasaría el alcance de
un acuerdo sobre transparencia.  Se señaló además que cualquier listailustrativa que figurara como anexo de un acuerdo sobre transparencia
debería tener carácter no vinculante.  El Grupo necesitaría considerar si fijar
principios generales sería suficiente a este respecto o si habría que establecer
los tipos mínimos de información que se deberían proporcionar acerca de las
adjudicaciones de contratos en un acuerdo sobre transparencia.
- Opción 3 b).  Se requeriría que la información se suministrara sobre la base
de la lista (véase la nota 2) y, cuando el contrato se adjudicara en función de
un método que se considerara intrínsecamente menos transparente (por
ejemplo, contratación de una sola fuente o licitación restringida), había que
explicar el motivo por el que se recurría a este método, como también habría
que explicar, llegado el caso, el motivo por el que no se había facilitadoinformación al inicio del proceso de contratación pública.
Se expresó una opinión que respaldaba esta subopción.
Se formuló otra observación en el sentido de que habría que proporcionar
información a posteriori  sobre la adjudicación de contratos
independientemente del método de contratación utilizado.
Por otro lado, se dijo que las disposiciones sugeridas en esta subopción no
correspondían al ámbito de un acuerdo sobre transparencia.
82. Una observación con respecto a la gestión de la información a posteriori fue que habría que
proporcionar este tipo de información sobre la adjudicación de contratos independientemente del
método de adjudicación utilizado.
83. Se observó que una serie de Acuerdos de la OMC, por ejemplo el Acuerdo sobre Valoración
en Aduana y el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, contienen requisitos relativos a la
comunicación de información a posteriori a los agentes económicos.  Se mencionó el vínculo entre la
comunicación de información a posteriori y el te ma VII acerca del examen y el apartado a) del
tema VIII acer ca del mantenimiento de expedientes de licitación.WT/WGTGP/3
Página 31
84. Se formularon varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos III
a VII de la Lista Recapitulativa".
VIII.  PROCEDIMIENTOS NACIONALES DE RECURSO
85. Se dijo que, para lograr la transparencia en las prácticas de contratación pública, no bastaba
con establecer normas;  debía haber también un mecanismo nacional de recurso para introducir un
elemento de responsabilidad en el proceso y conseguir el respeto de las normas por todos los
participantes en el proceso de contratación.  La disponibilidad de una vía de recurso para los procesos
de contratación era un elemento clave de la transparencia.  El mecanismo de examen de las
reclamaciones de los proveedores o un sistema de impugnación de ofertas garantizaban la legitimidad
del procedimiento y la responsabilidad pública durante todo el proceso de contratación y permitía que
éste fuera visto como transparente.  La existencia de un mecanismo de recurso podría hacer que lasautoridades de contratación pública fueran más conscientes de la necesidad de garantizar la
coherencia de los procedimientos utilizados en una determinada licitación con las leyes y los
reglamentos aplicables.  También se formuló la opinión de que un mecanismo de refutación de
licitaciones bien definido y transparente además de la transparencia de todo proceso de adopción de
decisiones garantizaba que las decisiones sobre contratación se examinasen abiertamente y aumentabala confianza en el funcionamiento eficaz del sistema de contratación en general.  Se dijo además que
un sistema así constituiría el recurso último para los casos en que, a pesar de la excelencia y
transparencia de los procesos, y de la mayor de dicación posible, un proveedor potencial alegase que
los procedimientos no se habían aplicado correctamente y que había habido incumplimiento.
86. Se estimó que podían encontrarse precedentes de mecanismos de recurso o apelación en una
serie de Acuerdos de la OMC, por ejemplo lo s Acuerdos Antidumping, sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias, sobre Valoración en Aduana, sobre Licencias, sobre Normas de Origen,
sobre Inspección Previa a la Expedición y sobre los ADPIC.  Además, el apartado b) del párrafo 3 del
artículo X del GATT de 1994 relativo a la publicación y aplicación de los reglamentos comerciales
prevé el establecimiento de "tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativosdestinados, entre otras cosas, a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas
relativas a las cuestiones aduaneras" para garantizar que pudieran resolverse reclamaciones o recursos
en el marco de la jurisdicción de los distintos Miembros de la OMC de conformidad con las leyes
nacionales.  Según otras opiniones expresadas a este respecto, no cabía comparar las cuestiones
referentes a las prácticas sobre contratación pública con las cuestiones en las que podrían basarse las
disposiciones en materia de examen de otros Acuerdos de la OMC.  Tal vez no fuera factible
trasponer las disposiciones relacionadas con los mecanismos de recurso de otros Acuerdos de la OMCen un Acuerdo sobre la transparencia puesto que el campo de aplicación de las normas comprendidas
en dichos Acuerdos rebasaban las simples obligaciones sobre transparencia.
87. También en los principios no vinculantes del APEC sobre la contratación pública3 se hizo
referencia al aspecto de un proceso con todas las garantías.  Se dijo que, en el contexto del APEC, se
consideraba que la existencia de un mecanismo nacional de recusación de las ofertas era un elementoimportante de un sistema transparente de contratación pública.  Por otro lado, se dijo también que la
sustancia de los principios no vinculantes del APEC rebasaba las cuestiones relativas a la
transparencia.
88. Además, se expresó la opinión de que los gobiernos deberían velar por el establecimiento de
mecanismos de recurso que fuesen independientes, apropiados a sus circunstancias, ámbito, tema yobjetivos, especialmente el examen "interno" de medidas o decisiones adoptadas por un funcionario
                                                     
3 Distribuidos en el documento WT/WGTGP/W/11.WT/WGTGP/3
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de contratación o pertenecientes a una esfera dentro de una organización gubernamental adoptadas por
otro funcionario o esfera de esa organización, tal como una organización que investigue una
reclamación efectuada por un proveedor cuyos derechos hayan sido lesionados;  el recurso efectuado
por otras organizaciones gubernamentales "externas", ajenas o no a la influencia del gobierno, tales
como un mediador, o una organización gubernamental de auditoría;  o por representantes de unaasamblea libremente elegida;  o el examen por órganos judiciales, no gubernamentales independientes
de la influencia gubernamental.
89. También se sugirió que entre los elementos de un posible acuerdo sobre transparencia futuro
debía incluirse el establecimiento de mecanismos internos jurídicos, tanto de índole administrativa
como judicial, a los que pudiese tener acceso cualesquiera persona nacional o extranjera a fin de
oponerse a los procedimientos de contratación pública en los que haya existido soborno.
90. Se afirmó que toda obligación de prever procedimientos de recurso en un acuerdo sobre
transparencia debería referirse exclusivamente a acciones en el ámbito de ese acuerdo, y no al fondo
de las medidas preferenciales relativas al acceso a los mercados en la contratación pública.  Aunque
suele ser difícil disociar los aspectos de la transparencia en la contratación pública de otros aspectos,
el Grupo debe guiarse en su trabajo por su mandato, en esta cuestión como en las demás.
91. Asimismo, se señaló que el mecanismo nacional de recurso podía lograrse a través de
diferentes medios.  Se observó que los procedimientos de recurso administrativo o judicial en interés
de lograr un proceso con todas las garantías y la rendición de cuentas públicamente eran comunes en
la mayor parte de los regímenes nacionales, por lo que ya contenían las principales características que
podrían ser aplicables a los procedimientos nacionales de recurso en un acuerdo sobre transparencia.
Se expuso el punto de vista de que toda obligación de prever procedimientos nacionales de recurso enun acuerdo sobre transparencia debería tener en cuenta esas prácticas y procedimientos nacionales;
no se debería intentar crear mecanismos especiales de recurso cuando ya existieran procedimientos
administrativos o judiciales internos apropiados.  Se indicó asimismo que el acuerdo de transparencia
no debería contener disposiciones en virtud de las cuales los Miembros tuviesen que adaptar sus
sistemas nacionales a determinados criterios establecidos y que habrían de respetarse plenamente lossistemas nacionales vigentes.  El Grupo debería evitar formular abiertamente disposiciones
preceptivas acerca de las características específicas a las que deberían conformarse los sistemas
nacionales.  Las disposiciones deberían ser bastante flexibles para que los Miembros pudieran
designar sus mecanismos internos de recurso de conformidad con sus respectivas leyes nacionales y
confiar en los mecanismos de recurso administrativo o judicial que fueran compatibles con sus
ordenamientos jurídicos nacionales.  Esas disposiciones podrían adoptar la forma de una invitación a
que los Miembros de un acuerdo sobre transparencia previeran mecanismos nacionales de recurso o secomprometiesen a realizar todos los esfuerzos posibles.  La elección del procedimiento de recurso
debería dejarse en manos de los distintos Miembros, siempre que el mecanismo elegido fuera
transparente y ofreciese una garantía de independencia.  A este respecto, se sugirió que, como primera
medida, los Miembros comunicasen si sus sistemas nacionales administrativos y judiciales de recurso
abordaban cuestiones relacionadas con la contratación pública y, de ser así, en qué condiciones.
92. Según otra opinión, los procedimientos de recurso nacionales podrían utilizarse para examinar
tanto la conformidad de las prácticas de contratación como los procesos individuales de contratación
con las leyes o reglamentos nacionales en vigor o la conformidad de las prácticas de contratación con
las normas de un acuerdo sobre transparencia.  El examen de las reclamaciones u otros mecanismos
de solución de diferencias con frecuencia se iniciaba tras la concesión del contrato, lo queimposibilitaba anular una decisión en materia de contratación, cancelar un contrato e iniciar el proceso
de contratación de nuevo por completo.  Un mecanismo establecido de conformidad con los términos
de un acuerdo sobre transparencia podría estar limitado a examinar la conformidad de las leyes y si
éstas debían ser modificadas o eliminadas.  Mientras que el mecanismo de solución de diferencias de
la OMC estaba disponible para resolver controversias entre los Miembros de la OMC en lo relativo alWT/WGTGP/3
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cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Acuerdo, el establecimiento de mecanismos
nacionales de recurso tenía la finalidad de atender reclamaciones de proveedores sometidas a la
jurisdicción interna de un país en particular.  De conformidad con el sistema de aplicación de normas
de la OMC, las reclamaciones deberían hacer referencia únicamente al cumplimiento de los Miembros
de sus obligaciones de conformidad con un acuerdo sobre transparencia y los recursos nacionales ensu mayor parte hacían relación a decisiones específicas sobre concesiones.  Los procedimientos de
examen de la OMC no deberían plantear situaciones en las que pudiesen anularse decisiones sobre
contratación aceptadas por las autoridades gubernamentales.
93. También se expuso el punto de vista de que la cuestión del recurso iba más allá de la
transparencia y, por consiguiente, del mandato del Grupo de Trabajo.  Se dijo que los mecanismos
internos de recurso administrativo o judicial figuraban ya en los ordenamientos nacionales con el fin
de rendir cuentas públicamente a nivel nacional, cuestión que no era de la incumbencia de un acuerdosobre transparencia.  Se manifestaron preocupaciones de que algunas partes privadas discrepantes
pudieran utilizar las disposiciones de un acuerdo sobre transparencia relativas al recurso para crear
complicaciones en la escena política interna;  y, de que el aumento de los procedimientos de recurso
incrementara el número de problemas y causara gastos inútiles.  Como el objetivo de los
procedimientos internos de muchos países es examinar si la licitación se ha llevado a cabo deconformidad con la legislación y los procedimientos internos, aspecto que va más allá de las
obligaciones que pudieran convenirse en un acuerdo sobre transparencia, quizás no sea factible limitar
la aplicación de los procedimientos de recurso a obligaciones específicas de transparencia en un
Acuerdo de la OMC sobre transparencia.  Se estimó que convendría que, dentro del ámbito de un
acuerdo sobre transparencia, las prescripciones de transparencia respecto de los procedimientos derecurso se limitaran a la transmisión de información a los proveedores con respecto a los mecanismos
y procedimientos de recurso nacionales.
94. Se dijo que todos los proveedores potenciales, incluidos los procedentes de otros Miembros
de la OMC, deberían tener a su alcance un mecanismo de recurso.  Según otra opinión, todos los
proveedores que participasen en el proceso de contratación deberían poder efectuar un recurso.  A esterespecto, se planteó la pregunta de si las partes interesadas extranjeras podrían presentar demandas
contra las autoridades estatales nacionales en virtud de los mecanismos administrativos o judiciales
internos existentes, o si sería necesario prever procedimientos especiales en virtud de un acuerdo
sobre transparencia con el fin de garantizar la recepción de las demandas de proveedores extranjeros.
95. En tanto que algunas delegaciones indicaron que no habían concretado sus puntos de vista
sobre los aspectos específicos de un mecanismo de recurso, se llamó la atención sobre las siguientes
características de los mecanismos nacionales de recurso que podrían ser estudiadas por el Grupode Trabajo:
- alentar a los proveedores, en primer lugar, para que aborden la cuestión directamente
con la entidad adjudicadora para llegar a una pronta solución.  Los organismos
podrían disponer de procedimientos para atender directamente las reclamaciones;
- en algunos casos, cabría buscar la mediación o buenos oficios de una autoridad
independiente;
- si la cuestión no se resuelve a mutua satisfacción, disposiciones que permitan a los
proveedores incoar una acción contra la entidad adjudicadora ante una autoridad
judicial o administrativa u otro órgano independiente;  se señaló que las disposiciones
de recurso deberían proporcionar a los gobiernos Miembros flexibilidad para elegirentre designar órganos judiciales o administrativos, o ambos;WT/WGTGP/3
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- las disposiciones de recurso deberían exigir que los órganos de recurso fueran
imparciales e independientes del propio proceso de licitación.  Se señaló que el
apartado b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 proporcionaba cierta
orientación a este respecto;
- habría que tener en cuenta principios tales como la legalidad objetiva, las medidas de
oficio y la delegación material en los procedimientos de recurso;
- además de los procedimientos basados en demandas formales, habría que prever la
incoación de procedimientos de revisión, de oficio, por autoridades públicas
competentes o mecanismos nacionales para vigilar los procedimientos de licitación;
- el procedimiento de recurso deberá dar lugar a la publicación de una conclusión
argumentada, que se habrá de notificar por escrito a los proveedores interesados;
- los procedimientos de recurso deberían publicarse en un medio de comunicación
conocido del público.
96. En lo relativo al planteamiento que se habría de adoptar con respecto al mecanismo nacional
de examen en un acuerdo sobre transparencia se dijo que un acuerdo debería incluir una disposición
sencilla y flexible que pudiera abarcar los diferentes tribunales judiciales o administrativos
independientes y los procedimientos de examen en cada país Miembro.  Esta disposición deberíagarantizar que se tomarían con prontitud decisiones transparentes e independientes con respecto a las
reclamaciones o los recursos relativos a la transparencia de los procedimientos y las medidas de las
entidades de contratación.  El ámbito del examen previsto en esta disposición, en el marco de los
procedimientos de la OMC, debería limitarse a las medidas relativas a la aplicación de las
prescripciones del acuerdo sobre transparencia, a través de los procedimientos y la legislaciónnacionales.
97. Se expresó la opinión que las decisiones en materia de licitación diferían de otras muchas
decisiones administrativas en que los mecanismos de recurso o de solución de diferencias tenían que
funcionar con frecuencia después de adjudicado el contrato.  Una disposición de recurso debería
garantizar que las demandas de los proveedores interesados se pudieran oír y decidir al respecto demanera que no perjudicara sus intereses en las adjudicaciones en cuestión.  Esas garantías se podrían
conseguir mediante decisiones rápidas acerca de las demandas o mediante la suspensión de la
licitación mientras las demandas estuvieran pendientes de decisión.  A este respecto se señaló que la
suspensión de una licitación ante la impugnación de  un proveedor podría detener todo el proceso de
contratación hasta que se llegara a una decisión relativa a la impugnación.  Como esta situación podría
ir en detrimento del interés público y crear dificultades en el caso de una contratación de carácter
urgente, la mayor parte de los procedimientos nacionales de examen y las disposiciones del Acuerdosobre Contratación Pública prevén excepciones que permiten, en determinadas circunstancias, que el
interés público prime sobre cualquier otro interés en el momento de suspender un proceso de
contratación.  En el caso de que se pudiera suspender ese proceso, podrían existir disposiciones en un
acuerdo sobre transparencia para continuar, aun así, la adjudicación de la licitación por motivos de
interés público.
98. En relación con los recursos que podrían existir en virtud de las disposiciones de revisión, se
expusieron los puntos de vista siguientes:
- la mayor parte de los sistemas nacionales de revisión prevén ya recursos para los
proveedores a los que se les han denegado sus derechos en virtud de las leyes y
reglamentos aplicables;WT/WGTGP/3
Página 35
- las disposiciones de revisión deberían prever recursos adecuados para proteger los
intereses de los proveedores y hacer desistir a las entidades adjudicadoras de incoar
futuras acciones incompatibles con las disposiciones de un posible acuerdo sobre
transparencia;
- entre los recursos debería figurar la posibilidad de efectuar correcciones como
modificar la licitación, volver a convocar la licitación con fines de contratación o la
compensación por daños en las demandas legítimas;
- un mecanismo de revisión independiente debería examinar las reclamaciones
relacionadas con los procedimientos de licitación a fin de determinar los posibles
daños o la responsabilidad administrativa;
- habría que tener en cuenta que los sistemas de revisión podrían prever recursos como
la compensación sólo después de que los procedimientos administrativos o judicialeshubieran determinado que se había seguido un daño o una pérdida económica debido
a la incompatibilidad de la licitación con la legislación aplicable.
99. Otro punto de vista expuesto en relación con los recursos fue que un acuerdo sobre
transparencia no los debería especificar por las razones siguientes:
- las disposiciones que exigieran la existencia de recursos adecuados quedarían
fuera del ámbito de los trabajos en materia de transparencia.  Bastaría contar con
disposiciones que exigieran el establecimiento de un procedimiento de revisión sin
especificar los recursos que estarían disponibles;
- las obligaciones relativas a los recursos podrían tener repercusiones
contraproducentes sobre las prácticas de licitación de las autoridades estatales;  enla medida en que esas autoridades tuvieran que responder a los recursos, podrían
tender a restringir el acceso de los proveedores extranjeros con el fin de reducir al
máximo esa clase de riesgos.
100. También se estimó que un acuerdo sobre transparencia debería exigir a las entidades
adjudicadoras que llevaran registros de las licitaciones con objeto de garantizar que los órganosexaminadores tuvieran una base adecuada basada en hechos para proceder al examen (véase la
sección IX A).  También se mencionó como otra posible forma de mecanismo de revisión el
suministro por las autoridades contratantes de información a posteriori y de aclaraciones sobre los
resultados a los proveedores no adjudicatarios (véase también la sección VII).
101. En lo tocante al contenido de una disposición relativa a un mecanismo nacional de examen en
un acuerdo sobre transparencia, se propuso el siguiente texto:  "Los Miembros mantendrán tribunales
o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la pronta revisión y rectificaciónde las medidas de contratación que puedan ser incompatibles con las prescripciones del presente
Acuerdo, cuando se aplican en la legislación de los Miembros.  Dichos tribunales o procedimientos
serán independientes de los organismos encargados de las contrataciones comprendidas en el presente
Acuerdo y establecerán decisiones rápidas que, según proceda, puedan modificar o revocar cualquier
medida incompatible."  Se formularon las siguientes observaciones en relación con este texto:
- cabría prever otros tipos de medidas correctivas como la imposición de multas o la
prohibición de que los proveedores participaran en contrataciones públicas futuras
durante un período determinado;WT/WGTGP/3
Página 36
- en la primera frase debería eliminarse la palabra "rectificación".  Se aplicaban
procedimientos administrativos vigentes para dar curso a las solicitudes de revisión
de errores formales o materiales;
- era necesario aclarar la expresión "según se aplican en la legislación de los
Miembros" al final de la primera frase;
- en la segunda frase, después de las palabras "según proceda", había que sustituir el
texto actual por "puedan proveer una reparación adecuada de conformidad con la
legislación o la práctica nacionales";
- el texto propuesto resultaba más complicado que el planteamiento adoptado en
relación con esta cuestión en otros Acuerdos de la OMC.
102. Se preguntó de qué manera podría preverse un recurso, una modificación o la inversión de
medidas incompatibles en el contexto de un acuerdo sobre transparencia en la esfera de lacontratación pública.  En este sentido, se dijo que con frecuencia era factible adoptar medidas
correctivas, pese a que en ocasiones resultaban poco prácticas o inadecuadas, como cuando ya se
habían adjudicado contratos o cuando el interés público exigía lo contrario.  Por ejemplo, cuando un
proveedor presentara una reclamación, se le podría pedir a la entidad contratante que no hubiera
publicado un aviso de contratación al inicio del procedimiento correspondiente que lo publicara otambién se podría pedir a una entidad contratante que hubiera comunicado a un proveedor cierta
información sobre una licitación que proporcionara la misma información a todos los proveedores
interesados.
IX. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TRANSPARENCIA
A. M
ANTENIMIENTO O REGISTRO DE ACTUACIONES
103. Se expresó la opinión de que la apertura y la transparencia, merced al acceso público
apropiado a la información para el examen externo, constituyen elementos esenciales que deben
tomarse en consideración.  La documentación e información sobre contratación pública y la
información y los mecanismos para la recopilación, evaluación y examen de esa documentación einformación debería permitir efectuar un examen eficaz externo.  La información registrada acerca de
las autorizaciones, los sistemas, medidas y decisiones relativos a la contratación debería bastar para
justificar decisiones adoptadas en el proceso de contratación y demostrar que la actividad decontratación era conforme a las prescripciones gubernamentales.
104. Se expresó también la opinión de que las autoridades adjudicadoras deberían mantener un
expediente de las decisiones y medidas adoptadas durante la licitación así como de las razones de esas
decisiones y medidas.  El mantenimiento de un expediente del proceso de contratación y el hecho de
que las partes interesadas tuvieran a su disposición la información no confidencial que en él figuraría
era uno de los principales mecanismos para garantizar la adhesión a las normas acordadas, de especialimportancia para el funcionamiento de un proceso de examen administrativo o judicial.
Ese expediente sería una pista de verificación y serviría de justificante de cualquier evaluación en la
licitación.
4 e introducirá así un elemento de responsabilidad en el proceso.  En cuanto al período
                                                     
4 Se han sugerido los detalles siguientes de los asuntos que deberían ser documentados:  aprobación
para proceder a la licitación;  criterios  de selección que sirvan de base para  la evaluación y la selección de las
decisiones;  discusiones con los licitadores potenciales an tes del cierre de las ofertas;  detalles de aclaración de
las ofertas durante las evaluaciones;  motivos para introducir variaciones en una licitación;  medidas paraproporcionar a todos los licitantes igualdad de oportunidades de revisar sus ofertas;  logro de acuerdos durante
las negociaciones;  autorización y firma del contrato;  detalles de las sesiones de información;  motivos para
modificar un contrato;  expediente del contratista.WT/WGTGP/3
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durante el cual se llevarían los expedientes del proceso de contratación, se dijo que las prescripciones
a este respecto podrían tener relación con el plazo que se diera a los proveedores nacionales en el
marco de la legislación nacional para impugnar una adjudicación y solicitar una revisión del proceso
de licitación.  Probablemente no fuera necesario mantener expedientes del proceso de contratación
más allá de ese período.  Otra opinión a este respecto fue que en un acuerdo sobre transparencia nodebería haber disposiciones en las que se "indicara  expresamente en qué forma y por cuánto tiempo
las entidades habrían de mantener los expedientes.  Se sugirió asimismo que se facilitase información
sobre las prácticas nacionales de los Miembros que exigiesen a las entidades contratantes mantenerexpedientes de los procesos de contratación.
105. Se preguntó si el mantenimiento del expediente debería considerarse como un elemento
separado que proporcionaría una garantía adicional de transparencia o si esa cuestión se abordaría con
la amplitud suficiente en el marco de otros elementos.
106. A título de observaciones generales relativas a esta sección, se dijo que la prescripción de
normas estrictas en materia de transparencia y recurso podría tener un efecto adverso en lo que
concierne el acceso a los mercados.  Al no tener obligaciones respecto del acceso a los mercados en la
esfera de la contratación pública, los gobiernos nacionales se sentirían inclinados a cerrar sus
mercados de contratación pública a los proveedores extranjeros para no correr el riesgo de transgredir
estas normas en materia de transparencia.
B. T
ECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
107. Se sugirió que la labor del Grupo en la preparación de un acuerdo sobre transparencia tuviera
plenamente en cuenta las innovadoras prácticas de contratación pública.  La tecnología de lainformación está siendo ya rápidamente adoptada por las comunidades de contratación y proporciona
oportunidades enormes de ofrecer igualdad de condiciones, puesto que aumenta la información a que
pueden acceder a bajo costo todos los proveedores.  Un acuerdo sobre transparencia debería alentar,
en la máxima medida posible, la utilización de los medios de la tecnología de la información para
difundir información sobre las oportunidades de contratación y los contratos adjudicados comoalternativa a métodos de comunicación más tradicionales (véase también la sección IV supra ).
También se dijo que, por el momento, las entidades contratantes deberían poder seguir utilizando el
medio impreso para los procedimientos de licitación.
108. Por otra parte, se ha estimado que cualquier restricción relativa al uso de la tecnología de la
información en la contratación pública debería tener carácter opcional, debido a la falta de
uniformidad entre las fases de desarrollo de los distintos países en esta esfera.  La utilización de los
adelantos que ofrece la tecnología de la información no debería atentar contra el principio básico de
transparencia consistente en garantizar a todos el acceso a la información, incluidos los pequeños y
medianos proveedores y los proveedores de los países menos avanzados en la utilización de latecnología de la información.  Habría que encontrar un equilibrio de modo que el acuerdo sobre
transparencia no constituyera un obstáculo innecesario al progreso en la esfera de la tecnología de la
información y que, además, se adaptara al uso cada vez mayor de esa tecnología en los procesos de
contratación pública de los Miembros,  asegurando al mismo tiempo que la utilización de esa
tecnología no acabara siendo una discriminación contra países que carecen de un margen decompetitividad en esta esfera.  La licitación electrónica mediante sistemas basados en Internet
facilitaba el acceso a proveedores de todo el mundo con un equipo y unos conocimientos técnicos
mínimos y constituía el medio más eficaz para garantizar un acceso no discriminatorio a lainformación sobre licitaciones.
109. Se dijo que uno de los aspectos que habría que abordar en relación con la licitación
electrónica sería el de los procedimientos para abrir las ofertas presentadas electrónicamente.
Se señaló que sobre este punto convendría lograr la cooperación internacional en la esfera de la
tecnología de la información, por ejemplo para la creación de bases electrónicas de datos o elWT/WGTGP/3
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mantenimiento de listas de proveedores calificados.5  Se señaló asimismo que debería permitirse a las
entidades contratantes cobrar una cantidad por el acceso electrónico a la información, los pliegos de
condiciones y demás documentación de licitación, en particular si quien facilita la información es un
suministrador de servicios privado.  Se dijo también que el Grupo necesitará estudiar en una fase
ulterior la conveniencia de abordar cuestiones específicas como la tecnología de la información en unacuerdo sobre transparencia.  A este respecto, se dijo que la tecnología de la información era unámbito en el que había margen para la cooperación técnica (véase la sección XII).
C. I
DIOMA
110. Se dijo que de la información sobre las prácticas nacionales se desprendía que los documentos
y otra información relativa a los procesos de contratación se proporcionaban generalmente en el
idioma o idiomas oficiales del país de la entidad contratante.  Como norma, debería permitirse que los
documentos y otra información relativa a los procedimientos de contratación y a contrataciones
concretas se facilitasen a los proveedores y suministradores de servicios potenciales en una lenguaoficial de la entidad contratante.  En general, los proveedores potenciales que desearan realizar
actividades comerciales en otro país dispondrían de los medios lingüísticos necesarios;  no debería
imponerse una obligación específica de suministrar dicha información en un idioma de la OMC.
No obstante, se podría instar a las entidades contratantes a facilitar información, en un idioma de la
Organización, siempre que fuera posible, cuando hubiese posibilidades de que una determinadaoportunidad de contratación fuese a atraer el interés internacional (véase también la sección IV).
D. L
A LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN
111. Según una opinión, todos los gobiernos estaban comprometidos en la lucha contra la
corrupción y desplegaban esfuerzos encaminados a atenuarla y, finalmente, eliminarla.  El soborno en
los procesos de contratación pública constituía actualmente una fuente de grave inquietud para la
comunidad internacional.  Éste implicaba no sólo co nsideraciones tales como la inseguridad jurídica,
el buen gobierno y problemas de índole ética sino también consideraciones de índole económica tales
como la eficacia de la gestión de los recursos, los efectos negativos del soborno para las inversiones ylas consiguientes distorsiones de las condiciones nacionales de la competencia.
112. Se sostuvo la opinión de que existía una importante relación entre transparencia en la
contratación pública y la reducción de la incidencia de la corrupción y el soborno en las prácticas de
contratación pública.  Dado que los gobiernos habían reconocido la importancia de esta cuestión, losMiembros habían otorgado al Grupo de Trabajo el mandato de elaborar elementos relativos a la
transparencia en esta esfera.  Se habían señalado a la atención instrumentos internacionales destinados
a la lucha contra la corrupción y el soborno establecidos por diversos foros internacionales,
comprendida la Organización de Estados Americanos y la OCDE.  Se había indicado que, si bien tales
iniciativas habían sido útiles para afrontar el problema desde diversos ángulos, hasta la fecha no sehabía realizado ningún estudio ni se habían celebrado negociaciones o elaborado acuerdos sobre la
relación existente entre la lucha contra el soborno y la transparencia en la contratación pública de
forma específica y sistemática.  Según otra opinión, la transparencia, en sí misma, no era suficiente y,
por consiguiente, debía ser complementada mediante acciones y medidas apropiadas, relativas entre
otros aspectos, al soborno de los funcionarios públicos, el soborno transfronterizo, la deducción deimpuestos en relación con los sobornos a funcionarios extranjeros, el mantenimiento de los registros
de los procedimientos de contratación, el establecimiento de sistemas de recusación de las
licitaciones, el levantamiento del secreto bancario, la asistencia mutua jurídica y la cooperacióntécnica y financiera.
                                                     
5 A este respecto se dijo que el Grupo de Expertos en contratación pública del APEC ha creado una
página de presentación que tiene interfaces con bases de datos ya existentes relativas a contratación pública en
economías de países Miembros (www.apecsec.org.sg/govtproc/gphome.html).WT/WGTGP/3
Página 39
113. Se habían manifestado opiniones en el sentido de que un acuerdo sobre transparencia en el
sector de la contratación pública constituiría una contribución importante y eficaz en la reducción de
las consecuencias del soborno y la corrupción en las prácticas de contratación pública así como en lo
que respecta a los esfuerzos más amplios en la lucha contra el soborno.  Existía una auténtica
necesidad de hacer frente al soborno en todas sus formas siempre que toda posible medidaperteneciese realmente al ámbito de las actividades de la OMC.  También se dijo que el resultado de
los trabajos emprendidos en otros foros internacionales así como en el Grupo de Trabajo podían
aportar cambios sistémicos que reducirían las oportunidades de corrupción.  La tarea del Grupo de
Trabajo era mejorar la transparencia creando un entorno basado en las normas y en los procedimientos
necesarios para tal fin.  Como un objetivo secundario, la lucha contra el soborno y la corrupción
podría llevarse a cabo mediante una mayor transparencia en los procedimientos de contratación
pública.  Los trabajos emprendidos en diversos órganos de la OMC dirigidos a lograr mejorassistémicas y un entorno basado en las normas en cuestiones comerciales habían ya efectuado una
contribución significativa en los progresos en la lucha contra la corrupción.  Se ha sugerido que, con
el objetivo de crear las salvaguardias necesarias contra la corrupción en esta esfera, el Grupo se
centrase en aquellos aspectos que se prestasen más fácilmente a abuso en la esfera de la contratación
pública.  Por ejemplo, deberían tomarse en consideración las prescripciones concernientes almantenimiento de registros sobre contratación pública durante un período mínimo preestablecido y al
establecimiento de medidas nacionales administrativas o judiciales a las que pudiese acceder
cualquier persona nacional o extranjera a fin de recusar los procedimientos sobre contratación pública
en los que existiese soborno.  Esas medidas constituían elementos comunes de los instrumentos
internacionales sobre contratación pública así como de la legislación nacional (véanse lassecciones IX A y VIII, respectivamente, supra).  Un acuerdo futuro sobre transparencia en lacontratación pública debería incluir medidas de ese tipo.
114. Se manifestaron opiniones que ponían en tela de juicio la conveniencia de ampliar el ámbito
de la tarea del Grupo de Trabajo a las cuestiones de soborno y corrupción.  Si bien sus efectos con
frecuencia eran muy graves en la contratación pública, la corrupción distaba mucho de estar
estrictamente limitada a este campo de la activ idad económica.  Aunque la transparencia en la
contratación pública contribuiría a luchar contra la corrupción y el soborno, la cuestión en sí no
formaba parte del mandato del Grupo y se situaba además fuera del ámbito de la OMC.  El objetivode la lucha contra la corrupción y el soborno no debería indicarse expresamente en un acuerdo sobre
transparencia en la contratación pública.  Para tratar estas cuestiones, los Miembros habrían de
recurrir a su propia legislación nacional aplicable a esta esfera.
115. Según otras opiniones a este respecto, no debía recargarse la tarea del Grupo Trabajo con
demasiadas cuestiones que, si bien eran importantes, podían ser tratadas de forma más apropiada enotros foros.  El establecimiento de un vínculo entre las cuestiones de comercio y de corrupción en
la OMC podría otorgar a los Miembros la posibilidad de justificar medidas comerciales o sanciones
basándose en supuestas prácticas de corrupción existentes en otros países Miembros.
X. INFORMACIÓN QUE HA DE FACILITARSE A OTROS GOBIERNOS
(NOTIFICACIÓN)
116. Se estimó que era algo prematuro discutir a fondo este aspecto, que se podría abordar en
mejores condiciones una vez que se tuviera una idea más clara del acuerdo sobre transparencia que se
había conseguido.  Sin embargo, se plantearon una serie de preguntas relativas a los posibles acuerdos
de notificación en el marco de un acuerdo sobre transparencia y otros mecanismos por los que es
posible intercambiar información entre gobiernos Miembros.
117. Algunos de los puntos de vista expuestos insistían en la importancia de notificar la adecuada
información sobre las leyes nacionales pertinentes y sus enmiendas a otros Miembros en un acuerdo
sobre transparencia, pero otras voces señalaron las dificultades con que se tropezaría de entrar en eseWT/WGTGP/3
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terreno.  Se estimó que la notificación de todas las leyes, reglamentos y directrices administrativas,
incluso a nivel de gobierno subcentral y otros planos de gobierno abarcados, podría resultar
excesivamente onerosa.  Ese sería el caso si todas esas leyes y reglamentos hubieran de ser notificados
en un idioma de la OMC.  Por otra parte, era dudoso que los Miembros estuvieran dispuestos a
compartir información confidencial.  Se proponían diferentes formas posibles de superar esasdificultades:
- se podría esperar que los Miembros notificaran su ley básica en materia de
contratación pública, pero no todas y cada una de las leyes y reglamentos;
- se podría utilizar una lista de puntos, o cuestionario, para seleccionar información
básica acerca de la forma en que respondían las leyes y reglamentos nacionales de
cada miembro a los requisitos de un acuerdo sobre transparencia;
- se podría disponer que los Miembros atendieran las solicitudes de otros Miembros
relativas a información específica acerca de sus leyes, reglamentos, procedimientos y
prácticas relativas a la transparencia en la contratación pública.  Todos los Miembros
podrían establecer servicios de información con ese fin.  A este respecto, se mencionó
el debate de este punto que figura en la sección III de la presente nota;
- se podría hacer un mayor uso de las bases de datos electrónicas para difundir
información sobre procedimientos de contratación pública a niveles subcentrales;
- se podría autorizar al gobierno de un licitante no adjudicatario a recabar información
al gobierno adjudicador sobre el resultado del contrato en cuestión.  De ese modo se
podrían evitar controversias.  Se opinó asimismo que la información recabada debería
referirse a la forma en que se habían respetado los compromisos en materia detransparencia en el proceso de adjudicación de contratos.  Según otra opinión, la
comunicación de esa información después de la adjudicación del contrato podría no
ser necesaria en un acuerdo sobre transparencia, puesto que no abarcaría las
cuestiones de acceso a los mercados;
- se podría hacer un mayor uso de los actuales dispositivos de transparencia de la OMC
como el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales;
- se planteó la pregunta de si las disposiciones contenidas en el artículo X del GATT
de 1994 y en el artículo III del AGCS eran suficientes a efectos de un acuerdo
sobre transparencia sobre contratación pública o si había que prever normas
complementarias.  ¿Debería existir, por ejemplo, la obligación de especificar dónde se
publicaban las leyes pertinentes?  A este respecto, se manifestó la opinión de que las
mencionadas disposiciones del GATT de 1994 y del AGCS no serían suficientes aefectos de notificación en un posible acuerdo sobre transparencia.
118. También se sugirió que los Miembros proporcionasen información en la que constaran los
departamentos, organismos y empresas del gobierno sujetos a las normas de un acuerdo sobre
transparencia.  Se señaló que ese objetivo se podría lograr mediante la notificación de una lista
afirmativa de esas entidades o mediante la comunicación de una lista negativa de las entidades nosujetas al acuerdo.  Se estimó además, que este último enfoque tendría la ventaja de evitar el problema
de los frecuentes cambios de listas resultante de los cambios de naturaleza formal, como el cambio de
título o la reestructuración de los departamentos. La cuestión de la técnica más adecuada para
presentar las entidades incluidas dependería del resultado de los debates y del alcance del acuerdo,
sobre todo en lo que respecta a qué tipo de entidades quedarían incluidas.  Se dijo asimismo que eraprematuro examinar la forma en que deberían presentarse las entidades incluidas.WT/WGTGP/3
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119. Acerca de la presentación de informes estadísticos se hicieron las observaciones siguientes:
- esas disposiciones no deberían incluirse en un acuerdo sobre transparencia;
- aunque sin carácter obligatorio, se podía invitar a los gobiernos a presentar la
información de que dispusieran, por ejemplo, sobre el volumen de su mercado de
contratación;
- la cuestión se podría dejar en suspenso de momento.
120. Se expresó la opinión de que cualquier prescripción relativa a la comunicación de
información a otros Miembros y a la explicación de las normas y procedimientos de contratación
nacionales deberían ser de aplicación únicamente en la medida en que esas normas y procedimientos
entraran en el ámbito de un acuerdo sobre transparencia.  Sin embargo, las prescripciones sobre la
comunicación de información y explicaciones deberían limitarse a las cuestiones de transparencia y
no relacionarse de otro modo con las de acceso a los mercados.
XI. PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DE LA OMC
121. En lo que respecta a la solución de diferencias entre los gobiernos, la opinión generalizada fue
que sería prematuro examinar la aplicabilidad de las disposiciones relativas a la solución de
diferencias antes de que se hayan determinado más claramente los elementos de un acuerdo sobre
transparencia.  Sin embargo, también se expresó la opinión de que todo compromiso en materia detransparencia debería estar sujeto al ESD del mismo modo que las cláusulas existentes en relación con
la transparencia en otro Acuerdo de la OMC.  Otra opinión fue que sería discutible que el sistema de
solución de diferencias pudiera aplicarse, con resultados significativos, a obligaciones en materia de
transparencia a falta de compromisos relativos al acceso a los mercados.  Por ejemplo, se preguntó si
una decisión cualquiera resultante de una diferencia relativa a la inclusión de la transparencia en unproceso de contratación pública se podría aplicar retroactivamente.  Se dijo asimismo que el mandato
del Grupo era examinar los elementos de un acuerdo sobre transparencia adecuado, que podría
adoptar la forma de directrices o de un código;  únicamente se deberían someter a los procedimientos
de solución de diferencias de la OMC los acuerdos que contuvieran obligaciones vinculantes.
Bastaría con invocar el artículo X del GATT de 1994 en casos de diferencias que entrañaran lacontravención de las obligaciones sobre transparencia.  No se justificaba el establecimiento de un
vínculo entre un acuerdo sobre transparencia y los procedimientos de solución de diferencias de
la OMC.
122. Respecto de la relación entre los procedimientos de examen nacionales y el mecanismo de
solución de diferencias de la OMC, se dijo que habría que distinguir entre mecanismos nacionales de
examen que entrañaban atender las demandas de los proveedores contra las autoridades adjudicadoras
en virtud de la ley de un país y los procedimientos de solución de diferencias entre gobiernos envirtud de la legislación y los procedimientos de la OMC.  Los criterios jurídicos que regían los
exámenes nacionales y la solución de diferencias de la OMC eran distintos.  En el caso de los
procedimientos nacionales, el examen se refería a la compatibilidad del proceso de adjudicación con
las leyes y reglamentos nacionales, en tanto que en el caso de solución de diferencias de la OMC, los
motivos del litigio eran una presunta infracción de los compromisos contraídos en el marco de unAcuerdo de la OMC.  Se expuso el punto de vista de que la posibilidad de que los proveedores
extranjeros recurrieran a procedimientos de examen nacionales efectivos e independientes, como
primera medida para resolver demandas, reduciría al mínimo la posibilidad de que esas demandas
pudieran degenerar en una diferencia de gobierno a gobierno.WT/WGTGP/3
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123. En cuanto a la forma en que los procedimientos de examen nacionales y el procedimiento de
solución de diferencias de la OMC podrían influirse recíprocamente, se sugirió que el Grupo
examinara el enfoque adoptado a este respecto en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI
del GATT de 1994.  Otro punto de vista fue que no debería existir una relación particular entre un
proceso de examen nacional y la solución de dife rencias de gobierno a gobierno.  El procedimiento de
solución de diferencias de la OMC debería regir en cuestiones relativas a la compatibilidad de las
leyes de aplicación general con las normas de un acuerdo sobre transparencia y no se debería recurrir
a este procedimiento con respecto a las decisiones resultantes de los procedimientos de examen
nacionales relativos a una determinada licitación.  También se expresó la opinión de que las prácticas
nacionales no permitirían al proceso de solución de diferencias de la OMC invalidar una decisión
adoptada por un órgano judicial nacional.  A este respecto, otra opinión fue que en un acuerdo sobre
transparencia podría haber disposiciones en las que se establecieran normas mínimas en lo relativo almarco jurídico para los procedimientos de examen nacionales.  El objetivo del procedimiento de
solución de diferencias de la OMC debería ser la aplicación efectiva de esas disposiciones.
Este procedimiento se aplicaría solamente respecto de las obligaciones de los gobiernos en su
capacidad normativa.  Las decisiones en materia de contratación pública, incluidas las decisiones
sobre adjudicación de contratos, que ellos adoptaran en su capacidad de entidades compradoras nodeberían estar sometidas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.  Cualquier
reclamación en este sentido debería abordarse con arreglo a los procedimientos de examen nacionales.
Se preguntó si en la historia del GATT y la OMC se había presentado algún caso en que se hubiera
invocado el procedimiento de solución de diferencias sobre la base de presuntas infracciones de las
normas sobre transparencia.  Se formuló la observación de que era poco probable que se recusaran lasdecisiones sobre adjudicación de contratos con arreglo a las disposiciones de un acuerdo sobre
transparencia.  Sin embargo, los Miembros deberían estar en condiciones de acogerse al
procedimiento de solución de diferencias con el objetivo de lograr una mayor transparencia, en el caso
de que una entidad compradora hubiera infringido las normas de un acuerdo sobre transparencia, por
ejemplo si hubiera persistido en no publicar avisos de oportunidades de licitación.  También se dijoque las disposiciones deberían tener en cuenta el principio de que debían agotarse los mecanismos
nacionales de recurso judicial antes de recurrir al procedimiento de solución de diferencias de
la OMC.  Más aún, se observó que el recurso al procedimiento de solución de diferencias de la OMC,
al constituir una prerrogativa de los gobiernos, no podría iniciarse por proveedores que pudieran
impugnar los procedimientos de contratación de las entidades estatales.
XII. COOPERACIÓN TÉCNICA Y TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO PARA LOS
PAÍSES EN DESARROLLO
124. Se observó que la cooperación técnica era importante para lograr la aplicación satisfactoria de
un futuro acuerdo sobre transparencia.  También podría resultar de gran ayuda para los Miembros en
la creación de regímenes nacionales de contrataci ón y la adopción de medidas prácticas para aumentar
la transparencia de las políticas y las prácticas de contratación.  Se estimó que, al discutir un marco
para la cooperación técnica, cabría inspirarse en el artículo 67 del Acuerdo sobre los ADPIC.Según ese artículo, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, en términos y
condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o
países menos adelantados Miembros.  Ese artículo enumera también las esferas específicas en que
debería proporcionarse esa cooperación, como la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos y
la ayuda relativa al establecimiento de oficinas y entidades nacionales, y a la formación de personal.Se podrían elaborar programas de cooperación técnica en los cuales se identificaran las necesidades
de determinados países, adelantados o menos adelantados, en relación con el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud de un acuerdo sobre transparencia, y se fijaran los objetivos concretos de las
actividades de cooperación técnica como, por ejemplo, el establecimiento de servicios de información.
Se señaló que las disposiciones sobre cooperación técnica deberían ser compatibles con los requisitosespecíficos del acuerdo sobre transparencia;  el cumplimiento de las normas de este acuerdo podría
requerir cambios en la legislación y los procedimientos nacionales y la creación de nuevasWT/WGTGP/3
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instituciones en los distintos países.  Se estimó que la cooperación técnica podría resultar beneficiosa
en los siguientes ámbitos:
en relación con la elaboración de legislación y procedimientos nacionales:
- asesoramiento y asistencia jurídica en la elaboración de la legislación nacional;
- análisis y orientación en relación con las opciones administrativas y políticas;- elaboración de procedimientos sobre publicación;
- establecimiento y aplicación de sistemas de información de ofertas;
- adopción de medidas prácticas para simplificar los trámites del proceso de
contratación, elaborando formularios estándar para los avisos de licitación y
formularios de ofertas preimpresos, y estableciendo un vocabulario de contratación
común;
en relación con la formación:
- formación de las personas encargadas de aplicar, utilizar o hacer cumplir la nueva
legislación y los nuevos procedimientos y/o prácticas, formación del personal del
poder judicial y formación de capacitadores locales que proseguirían llevando a cabo
los programas de formación en, por ejemplo, escuelas o facultades de comercio de la
administración pública del país beneficiario;
- intercambio de funcionarios;
- formación de compradores y proveedores;
en relación con la creación de instituciones:
- cooperación administrativa para potenciar la creación de instituciones y el
intercambio de información;
en cuanto al acceso a la información por los proveedores:
- talleres, seminarios y elaboración de guías del usuario, incluida la creación de
espacios en Internet, dispositivos de búsqueda y bases de datos, para facilitar
información acerca de las oportunidades de realizar operaciones comerciales con los
gobiernos nacionales y extranjeros, y facilitar el acceso a dicha información;  enparticular, esta asistencia podría beneficiar a la pequeña y mediana empresa,
aumentando su eficacia y confianza en sus posibilidades de introducirse con éxito en
los mercados de cooperación nacionales y extranjeros;
respecto a la utilización de la tecnología de la información:
- el desarrollo de instrumentos de tecnología de la información que puedan servir para
divulgar información sobre oportunidades y prácticas de contratación y/o establecer
licitaciones totalmente electrónicas, así como facilitar el acopio de datos yestadísticas económicos pertinentes;WT/WGTGP/3
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- suministro de equipo ofimático, de tecnología de la información y/o de otro tipo
necesario para la aplicación y el cumplimiento de la legislación, los procedimientos
y/o las prácticas.
125. Se señaló que las prácticas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC también podrían ser
útiles para evaluar y controlar la asistencia de manera continua, evitando al mismo tiempo la creaciónde nuevas estructuras burocráticas y simplificando las formalidades administrativas.  También se
adujo que la cuestión de la cooperación técnica se debería discutir no sólo en términos de garantizar el
cumplimiento por los países en desarrollo de las prescripciones de un futuro acuerdo, sino también en
términos de las medidas prácticas que se pudieran adoptar para aumentar la transparencia en los países
desarrollados así como en los países en desarrollo.
126. Se sugirió también que las prescripciones similares a las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC se incluyan en un acuerdo sobre transparencia.  Se podríapedir a los países Miembros desarrollados que proporcionaran incentivos a las empresas e
instituciones de sus territorios con el fin de promover y alentar la transferencia de tecnología a los
proveedores de los países en desarrollo con objeto de permitirles participar en las licitaciones para la
obtención de contratos públicos en los países desarrollados.  En comparación con el artículo 67 de ese
Acuerdo, según el cual la cooperación técnica depende de su prestación, previa petición, y entérminos y en condiciones mutuamente acordados entre países desarrollados y países en desarrollo
Miembros, según el párrafo 2 del artículo 66, la cooperación técnica es proporcionada unilateralmente
y por iniciativa de los países desarrollados.  La cooperación técnica sería útil para conseguir el
objetivo de mejorar el rendimiento económico en la contratación pública.  Por ejemplo, a este respecto
sería útil proporcionar información a los países en desarrollo acerca de qué es lo que suelen contratarlos gobiernos así como datos sobre las fuentes mundiales de contratación.
127. Se señaló que las actividades de cooperación técnica de las organizaciones
intergubernamentales, internacionales y otras entidades, como las instituciones financieras
internacionales y los bancos regionales de desarrollo, dedicadas a la contratación pública supondrían
una importante contribución para elaborar la transparencia y la aplicación de un acuerdo sobretransparencia.  Se estimó conveniente establecer un marco bajo un acuerdo sobre transparencia para
racionalizar las diversas actividades en esta esfera a los niveles bilateral, regional y multilateral.
A este respecto, se propuso que la Secretaría preparase un documento de información sobre los
programas de cooperación técnica de las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales en relación con la contratación pública, a fin de ofrecer al Grupo una imagen lo más
completa posible de la cooperación técnica que se mantiene en este ámbito.
6
128. Se sugirió que se alentara a los posibles países beneficiarios y a los países donantes a
compartir sus puntos de vista acerca de determinadas necesidades y formas disponibles de
cooperación técnica en la esfera de la contratación pública.  Se recomendó además que se prestara
especial atención a los problemas que plantea la creación de instituciones, sobre todo en los países
menos adelantados.  La Presidencia invitó a los Miembros a proporcionar información por escrito al
Grupo de Trabajo acerca de sus necesidades así como acerca de la cooperación técnica ya disponible.
                                                     
6 La información presentada por la CNUDMI, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Asiático de
Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el FMI, el Grupo de Expertos en Contratación Pública del APEC,el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, el CCI y el PNUD acerca de sus respectivas actividades de
cooperación técnica en la esfera de la contratación pública se ha distribuido en los documentos
WT/WGTGP/W/20 y Addenda 1 a 8.WT/WGTGP/3
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129. En lo que respecta al trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, se expuso el
punto de vista de que esta cuestión se podría abordar una vez que estuvieran definidos con mayor
claridad los elementos de un eventual acuerdo.  A este respecto, se estimó que las disposiciones
sustantivas de un acuerdo sobre transparencia deberían reflejar en particular las circunstancias
especiales en los países en desarrollo Miembros.  La formulación de las disposiciones de un acuerdosobre transparencia no deberían ser demasiado ambiguas para que todos los Miembros puedan
adherirse a un posible acuerdo sin necesidad de prolongados períodos de transición.
130. También se estimó que deberían preverse períodos de transición para los países en desarrollo.
Por otro lado, se dijo que las disposiciones relativas a los períodos de transición no serían suficientes
para asegurar un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.  Habida cuenta de las
prácticas discrepantes entre los distintos Miembros en esta esfera, en las disposiciones significativas
en materia de un trato especial y diferenciado se debería estipular que los países en desarrolloacatarían las disposiciones en un acuerdo sobre transparencia únicamente en la medida en que fueran
capaces de asumir las obligaciones pertinentes.  Habría que elaborar determinados criterios objetivos
a tal efecto.
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