RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/NZL/1
5 de agosto de 1998
(98-3083)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE OBSERVANCIA
NUEVA ZELANDIA1
El presente documento reproduce la declarac ión introductoria hecha por la delegación de
Nueva Zelandia, las preguntas formuladas y las respue stas dadas en el examen de la legislación sobre
observancia en la reunión del Consejo de los días 17 a 21 de noviembre de 1997.2
_______________
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
Nueva Zelandia ha aplicado la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a la observancia,
mediante una combinación de sistemas vigentes, en el  caso de procedimientos y recursos judiciales, y de
nuevos procedimientos, en el caso de me didas para la observancia en frontera.
Procedimientos y medidas judiciales
Nueva Zelandia tiene un sistema jurídico bien desarrollado y completo que combina el sistema
inglés de common law  con la legislación.  La estructura judicial, las facultades de los tribunales y los
medios de que disponen aseguran la  consideración de los asuntos tanto civiles como penales de manera
equitativa y expedita.  Así es también con los casos referentes a derechos de propiedad intelectual.
En el caso de acciones civiles, los tribunales disponen de una serie de medidas para proteger
debidamente a los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Algunas de estas medidas se
especifican en la legislación pertinente, co mo la Ley de Derechos de Autor de 1994.
Medidas ejecutivas en frontera
En la nueva legislación que entró en vigor el 1º  de enero de 1995 se prevén medidas ejecutivas
en frontera respecto a mercancías de marca de fábri ca o de comercio falsificadas o mercancías lesivas
del derecho de autor.  Esta legislación resulta de:
- la adición de una nueva parte sobre Medida s de Protección en Frontera, agregada a la
Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio  de 1953, en caso de marcas ilegales;  y
                                                     
1 En cuanto a las leyes y los reglamentos relativos al sector examinado y notificados por Nueva
Zelandia de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, véanse los documentos IP/N/1/NZL/2 e
IP/N/6/NZL/1.
2 El acta de esta reunión se ha distribuido como documento IP/C/M/16.IP/Q4/NZL/1
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- la inclusión en la Ley de Derechos de Autor de 1994 de una Parte VII relativa a
Medidas de Protección en Frontera (que ha sido objeto después de algunas
modificaciones técnicas menores en 1996 y 1997).
Ambas partes de los textos legislativos son de redacción muy similar.Tanto la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio como la relativa a Derechos de Autor se
aplican mediante sus correspondientes reglamentos, a saber:
- Reglamento sobre Marcas de Fábrica o de Co mercio (Protección en fronteras y medidas
transitorias), 1994;
- Reglamento sobre Derechos de Autor (Protección en Frontera), 1994;
- Reglamento sobre Derechos de Autor (P rotección en frontera), 1994, Enmienda Nº 1.
Además, respecto a ciertas marcas ilegales, la Aduana de Nueva Zelandia tiene alguna
posibilidad de actuar de oficio en virtud de la  Orden de la Administración de Aduanas sobre la
prohibición de las importaciones (designaciones come rciales) de 1991.  El efecto de esta orden se
explica en la página 10 de las respuestas de Nuev a Zelandia a la Lista de cuestiones sobre observancia.
3
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
1. ¿Es cierto que conforme a la ley neozelandesa la simple retirada de la marca de fábrica o
de comercio apuesta ilícitamente basta generalmen te para que se permita la colocación de los
bienes en los circuitos comerciales (a rtículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC)?
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio  de Nueva Zelandia de 1953 dispone que cuando
los bienes importados lleven una marca ilegal:
a) los tribunales dictarán una or den para que tales bienes sean:
i) confiscados en favor de la Cor ona (Gobierno de Nueva Zelandia);  o
ii) destruidos;  o
iii) tratados de otra manera que el tribunal estime pertinente;  o
b) en caso de que los bienes importados con marca de fábrica o de comercio ilegales sean
confiscados en favor de la Corona (Gobier no de Nueva Zelandia), el Jefe del Servicio
de Aduanas de Nueva Zelandia podrá eliminarlos.
La decisión respecto al método de eliminación de ta les bienes por los tribunales o las aduanas se
tomará en consulta con el titular de los derechos.
No ha habido casos en que los tribunales o las autoridades de aduanas hayan permitido al
importador retirar la marca de fábrica o de comercio ilegales para que los bienes entren en los circuitos
comerciales de Nueva Zelandia.
                                                     
3 Documento IP/N/6/NZL/1.IP/Q4/NZL/1
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[Pregunta complementaria de las CE]
¿Cuál es la base legal (sírvanse especificar) en  virtud de la cual no es suficiente retirar una
marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente para que las autoridades aduaneras de Nueva
Zelandia permitan la colocación de los bien es en los circuitos comerciales del país?
El artículo 54F de la Ley de Marcas de Fábr ica o de Comercio de 1953 dispone que cuando la
Aduana estima que los bienes pueden infringir una marca protegida por un título de propiedad
presentado por el titular del derecho, la Aduana deberá retener los bienes durante 10 días laborables.
Durante el período de retención el titular del derecho podrá incoar el procedimiento ante el
Tribunal Superior para establecer que los bienes infr ingen su derecho a la marca. Los bienes quedarán
retenidos en la Aduana en espera de la decisión del Tribunal.
Si la Aduana no recibe, durante el perí odo de retención de 10 días, notificación del
procedimiento incoado por el titular del derecho an te el tribunal, los bienes serán entregados al
importador.
El artículo 54F de la Ley de Marcas de Fábr ica o de Comercio de 1953 estipula que la Aduana
debe retener los bienes infractores, y no concede a la Aduana la facultad de permitir que el importador
retire la marca ilegal y ponga los bienes en los circuitos comerciales de Nueva Zelandia.
2. ¿Se concede protección conforme a la ley neoz elandesa a la información confidencial en el
contexto de una inspección en cumplimiento del artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC y, si es
así, sobre qué base? Sírvanse explicar (artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC).
La Ley de Derechos de Autor de 1994 y la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1953
disponen que un oficial de Aduana permitirá que las personas que tengan interés en las mercancías
investigadas por la Aduana o que sean objeto de  un procedimiento ante un tribunal inspeccionen tales
mercancías.
Los procedimientos aduaneros requieren que la parte interesada tenga acceso solamente a las
mercancías.  No se le permite el acceso a los docum entos relativos al envío ni al nombre del importador
o el consignatario.  La Ley de Información Ofic ial de Nueva Zelandia de 1982 dispone que cuando se
presenta una solicitud de información, la Aduana podrá retener la información que pueda perjudicarcomercialmente la posición de la parte que facilitó la información.
[Pregunta complementaria de las CE]
La Ley de Información Oficial de Nueva Ze landia de 1982 dispone que cuando se presenta
una solicitud de información, la Aduana podrá retener la información que pueda perjudicar
comercialmente la posición de la parte que facilitó  la información.  ¿Puede confirmar el Gobierno
que esta protección se extiende a:
a) la información suministrada en el cont exto de una inspección de conformidad con
el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC;
b) la información sobre terceros (es decir, no limitada a la parte que suministra la
información);  y
c) cualquier tipo de información confidencial?
La decisión de retener la comunicación de información con arreglo a la Ley de Información
Oficial de Nueva Zelandia de 1982 se considera cas o por caso.  Deberá tomarse una decisión en cadaIP/Q4/NZL/1
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caso si la información suministrada en las siguie ntes situaciones pudiera perjudicar de manera no
razonable la posición comercial de quien suministra o es objeto de:
- información en el contexto de una inspec ción de conformidad con el artículo 55 del
Acuerdo sobre los ADPIC;
- información sobre terceros;- cualquier tipo de información confidencial.
3. ¿Permitiría un tribunal o una autoridad de Aduanas de Nueva Zelandia que las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas fueran reexportadas en el mismo
estado o sometidas a un procedimiento aduanero dist into, habida cuenta de la sección 142 b) de la
Ley de Derecho de Autor de 1953 y del artículo 7, párrafo 2, del Reglamento sobre Marcas de
Fábrica o de Comercio de 1994 (Protección en Fr onteras y Medidas Transitorias) (artículo 59 del
Acuerdo sobre los ADPIC)?
La sección 142 b) de la Ley de Derecho de Autor de 1953 y del artículo 7, párrafo 2, del
Reglamento sobre Marcas de Fábrica o de Come rcio de 1994 (Protección en Fronteras y Medidas
Transitorias) estipulan que el tribunal o el Director  General de la Aduana deben cuidar de que ninguna
mercancía con una falsa marca de fábrica o de comercio o lesiva para los derechos de autor sea
despachada de manera que perjudique al titular del derecho.
La reexportación de Nueva Zelandia de mercancías  con falsa marca de fábrica o de comercio o
infractoras de los derechos de autor sólo podría hacerse con el consentimiento del titular de los derechos.
Véase también la respuesta a la pregunta 17 del Japón.
4. A los efectos de este examen, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros han
tenido en cuenta, entre otras, las disposiciones de  la Ley neozelandesa de Indicaciones Geográficas
de 1994. Sin embargo, aunque la Ley ha sido aprobada, todavía no ha sido promulgada por el
Gobernador General mediante Orden del Cons ejo.  ¿Podría aclarar el Gobierno de Nueva
Zelandia cuándo se prevé la entrada en vigor de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1994?
Para que la Ley entre en vigor, debe ir acompañada del reglamento de aplicación.  Tal
reglamento es complejo y su terminación requiere tiempo.  Actualmente está en la fase final deredacción.  Se espera, por consiguiente, que  la Ley pueda entrar en vigor en 1998.
5. Respecto a los casos de infracción de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno de
Nueva Zelandia a facilitar datos sobre el número de:
- procedimientos incoados, con sus resul tados respectivos y duración media del
procedimiento desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia final;
- mandamientos judiciales dictados (tal como  los define el artículo 44 del Acuerdo
sobre los ADPIC), con explicación de cómo se ejecutan tales mandamientos;
- medidas provisionales (como las define el artículo 50 del Acuerdo sobre los
ADPIC) que se han concedido y plazo medio para la obtención de las mismas
(desde la solicitud);
- suspensiones en la frontera de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o piratas, o en relación co n mercancías que infrinjan otros derechos de
propiedad intelectual;IP/Q4/NZL/1
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- casos penales, con las sentencias aplicadas;  indicación de si han sido ejecutadas;
sírvanse explicar también qué tipo de infracciones de un derechos de propiedad
intelectual se considerarían delitos;
- decomisos y/o destrucción de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.
Se ruega además al Gobierno de  Nueva Zelandia que explique y dé ejemplos prácticos de:
- cómo se calcula la compensación del daño por infracción de los derechos de
propiedad intelectual (artículo 45, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);
- cuáles serían los "gastos del titular de l derecho" que deberían pagarse según el
párrafo 2 del artículo 45, primera parte de la primera frase, del Acuerdo sobre los
ADPIC, y cómo se calcularían;
- si son reembolsables los honorarios de lo s abogados y cómo se calcularían tales
honorarios;
- si se ha aplicado en Nueva Zelandia la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45
del Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían tales "perjuicios".
Nueva Zelandia no reúne datos estadísticos sobre número de procedimientos iniciados,
mandamientos judiciales, medidas provisionales o casos penales en relación con la propiedad
intelectual.
Desde el 1º de enero de 1995 ha habido 29 suspen siones en frontera por marcas de fábrica o de
comercio falsas y mercancías usurpadoras del derecho de autor. Se destruyeron 16 de los envíos de
mercancías con marcas falsas y usurpadoras del derecho de autor.
Las infracciones de un derecho de propiedad  intelectual que pueden considerarse como
violación de la ley penal son la reproducción de obras amparadas por el derecho de autor, incluidas las
grabaciones ilícitas, la fabricación o posesión de un objeto a sabiendas de que se utiliza para fabricar
copias ilícitas de una obra protegida por el derecho de autor, o los delitos de falsificación y aplicación o
uso falso de marcas de fábrica o de comercio.
El cálculo de los daños por infracción de los derechos de propiedad intelectual depende de los
hechos en cada situación, las disposiciones legales pertinentes y las reglas del common law  que Nueva
Zelandia ha adoptado del derecho inglés.
A manera de ejemplo, la legislación dispone en el párrafo 2 del artículo 121 de la Ley de
Derecho de Autor de 1994 que el tribunal podrá:
"habida cuenta de todas las circunstancias y en particular de
a) el carácter flagrante de la infracción;  y
b) el provecho que obtenga el acu sado por razón de la infracción
reconocer los daños adicionales que requiera la justicia del caso."
La jurisprudencia ha sostenido que "la medida del daño es la depreciación causada por la
infracción en el valor del derecho de autor como crédito":  Hemingway v Mercer (No 2) (1984) 441
NZIPR 273.  En Crystal Glass Industries Ltd v Alwinco Products Ltd, (High Court, Hamilton, A236/78,IP/Q4/NZL/1
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15 de abril de 1983), el tribunal decidió que la medida de la disminución en el valor del derecho de autor
causada por la infracción del acusado era el provecho que el demandante habría obtenido de la venta de
los artículos producidos a partir de los diseños amparados por el derecho de autor que dejaron de
venderse a consecuencia de la infracción del acusado. En Hemingway v Mercer , en cuyo caso los
demandantes habían permitido al acusado imprimir los diseños de pared infractores y aplicar al producto
su propia marca evitando así el perjuicio en su clientela, el demandante recibió una relación de
beneficios que cubría los daños por pérdida de ventas.
Puede considerarse en general el precio de una licencia.  Por ejemplo, cuando un arquitecto
hubiese cobrado una cantidad determinada por una licen cia para el uso de unos planos, esa cantidad se
fijaría en concepto de daños.  Para calcular el preci o de la licencia, el tribunal considerará el tiempo
requerido para realizar un trabajo similar y la tarifa usual para una persona de experiencia equivalente.
El caso ejemplar en Nueva Zelandia sobre daños  en situaciones de derecho de autor es Feltex
Furnishings of New Zealand Ltd v Brintons Limited (1992) 4 NZBLC 102, 913 (Tribunal de Apelación,
Cooke P, Hardie Boys y McKay JJ).  Estando el titular del derecho de autor y el infractor en
competición directa respecto a un proyecto, se cons ideró improbable que el titular del derecho hubiese
dado licencia al infractor para permitirle obtener el c ontrato.  La manera correcta de medir los daños fue
calcular el valor de la oportunidad de obtener el  contrato, que se había perdido por razón de la
infracción.  Al calcular los daños el tribunal podía c onsiderar la totalidad del beneficio derivado de la
infracción, por ejemplo el benefici o monetario y el valor de clientela derivados de la infracción.  El
tribunal tuvo en cuenta también la pérdida del factor  "prestigio y fama" en la realización de un negocio
importante, llegando así a una medida de daños indemnizables.
En el caso Interfirm Comparison (Aust) Pty Lt d v Law Society of New South Wales
(1975) 6 ALR 445 se estableció que cuando era difícil calcular el valor de la información confidencial
indebidamente utilizada o la depreciación del valo r del derecho de autor, la compensación por daños
debía hacerse en forma de una suma razonable por el uso no autorizado de las obras por parte de los
acusados.  Cuando el negocio del demandante resulte probablemente afectado de manera directa por la
venta ilegal del acusado, se le compensarán los beneficios que hubiera obtenido a no ser por lasactividades del acusado.  El tribunal adoptó un criterio flexible en el caso  Columbia Picture Industries v
Robinson [1986] FSR 367 referente a la venta de copias pirateadas.
Puede concederse una compensación equivalent e cuando se reconocen daños por un porcentaje
del valor total del artículo infractor.
Los "gastos del titular del derecho" (a que se refiere el párrafo 2 del artículo 45) comprenderían
los costos del titular del derecho para incoar un pr ocedimiento contra el infractor.  La determinación
normal de los costos se hace repartiéndolos entre las partes y no pretende cubrir todos los gastos de la
parte ganadora.  La medida estándar de los costos, establecida por la ley, es el punto de partida de la
decisión del tribunal.  En casos apr opiados, el tribunal puede reconocer costos a un nivel más alto que el
de la escala.
Se reembolsarán los costos reales del procurador y el cliente que sean razonables y procedentes.
Se facilitará al tribunal una minuta suficienteme nte pormenorizada para acreditar que los costos son
razonables y procedentes.  Se hará el desglose  entre honorarios de procurador y de abogado:  Perry
Dines Corp Ltd v London Pacific Ltd  (17 de abril de 1997, Barker J,  High Court, Auckland CP2320/88) .
Nueva Zelandia ha optado por la primera de las dos posibilidades previstas en la segunda frase
del párrafo 2 del artículo 45, es decir la reparación por concepto de beneficios.  Un tribunal puede
ordenar una reparación en Nueva Zelandia en concepto de cuenta de beneficios.  En virtud del párrafo 1
del artículo 121 de la Ley de Derecho de Autor de 1994  "cuando, en los procesos por infracción del
derecho de autor, quede probado o admitido que en el momento de la infracción el acusado no sabía y
no tenía motivos para creer que existiese un derecho de autor sobre la obra a la que se refiere el proceso,IP/Q4/NZL/1
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el demandante no podrá reclamar indemnización por daños pero, si n perjuicio de cualquier otra
reparación, tendrá derecho a una cuenta de beneficios".
Cuando el infractor haya emprendido a sabiendas una actividad infractora los tribunales podrán
ordenar una cuenta de beneficios.  Se trata al infractor como si hubiera realizado las operaciones
infractoras en nombre del titular del derecho y se le exige que entregue los beneficios obtenidos.  Eldemandante que gane el pleito podrá elegir entre la indemnización por daños y la cuenta.  Una vez
solicitada y concedida una cuenta, el demandante pi erde su derecho a obten er indemnización por daños
o compensación equivalente:  Caxton Publishing Co v Sutherland Publishing [1993] AC 178.
El tribunal está facultado para ordenar la indemnizaci ón por daños en lugar de la cuenta de beneficios si
considera que la cuenta no toma debidamente en consideración las pérdidas experimentadas por el
demandante a consecuencia de la infracción:  Television Broadcasts Ltd v Tu (1990) 19 IPR 307.
No se admiten en Nueva Zelandia los "perjuicios reconocidos previamente".
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR HONG KONG, CHINA
1. Nueva Zelandia tiene una experiencia de un ca so de medidas en frontera.  Nos interesaría
saber qué organización de defensa de la propiedad intelectual presentó la solicitud y cuáles eran la
cantidad y la naturaleza de las mercancías en cuestión.  También querríamos saber si la Aduana
neozelandesa tuvo dificultades para resolver el caso.
Hasta la fecha el Servicio de Aduanas de Nueva Zelandia ha tenido un solo caso en que el titular
del derecho ha ejercitado una acción ante el Tri bunal Superior contra la importación de mercancías
infractoras.
El caso se refería al aviso aceptado por la A duana de NationalPak NZ Ltd sobre los diseños
artísticos del envase de las bolsas frigoríficas "Glad".  El titular del derecho cursó el aviso para impedir
la importación del envase de bolsas frigoríficas "Clean ", que a su juicio infringía su derecho de autor.
Aceptado el aviso, la Aduana interceptó un envío de 34.200 paquetes de bolsas frigoríficas
"Clean" importadas por Bazyantine Holdings Ltd.  Tras recibir los alegatos del titular del derecho y del
importador, la Aduana decidió que el envío podía viol ar el derecho de autor del envase de las bolsas
frigoríficas "Glad" poseído por NationalPak NZ Ltd.
El Tribunal Superior estableció que el envase de  las bolsas frigoríficas "Clean" infringían el
derecho de autor de NationalPak sobre el envase "Glad".  El envase infractor fue destruido por la
Aduana.
La Aduana no tuvo dificultades indebidas para resolver este caso;  las alegaciones del titular del
derecho sobre las razones por las que las bolsas "Clean" infringían el derecho de autor fueron muy útiles
para la Aduana cuando estableció que las bolsas podían constituir infracción del derecho de autor.
2. Observamos que una persona privada puede incoar un procedimiento penal en caso de
que las autoridades competentes decidan archivar un caso por considerar improbable que hayapruebas conducentes a una condena.  Desearíamos saber cómo puede incoarse tal procedimiento.
¿Hay precedentes de ello?
La iniciativa privada para incoar un procedimiento funciona de la misma manera que la
incoación por un organismo público.  El  primer paso es presentar una denuncia a tenor del artículo 12 de
la Ley de Procedimiento de 1957 (el artículo 13 de esta Ley dispone expresamente que cualquier
persona puede presentar una denuncia).  En los procedimientos penales, el denunciante privado puede
pasar a presentar una acusación.  El procedimiento es el mismo en los casos incoados por iniciativaIP/Q4/NZL/1
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privada y por iniciativa pública.  Un acusador pr ivado podrá actuar en persona o por medio de un
abogado.
Estos procedimientos pueden terminar de tres ma neras principales.  Primeramente, el Secretario
(Registrar ) del tribunal está facultado para no proceder a una citación judicial en relación con una
denuncia.  Con ello queda concluido el asunto.  Esta  facultad se aplica también a los procedimientos
incoados públicamente.  El ejercicio de esta f acultad discrecional puede ser revisado por un juez
(Daemar v Soper  [1981] 1 NZLR 66).  En segundo lugar, en  algunos casos se precisa la venia del
ministerio público ( Attorney-General  o Solicitor-General ), o más raramente de un juez del Tribunal
Superior, para incoar un procedimiento.  Finalm ente, el ministerio público puede poner fin a un
procedimiento decidiendo su sobreseimiento (art ículo 378, Ley Penal 1961, artículos 77A y 173 de la
Ley de Procedimiento Penal 1957).  Ambas facultade s se aplican también a procedimientos incoados
públicamente.
La iniciativa privada en la incoación de un procedimiento es rara.  Los funcionarios de Nueva
Zelandia no tienen noticia de tales casos en tiempos recientes.
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las autoridades competentes estipuladas en el  artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC son el
Servicio de Aduanas de Nueva Zelandia (Aduana).
2. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acu erdo sobre los ADPIC, es j udicial o administrativo.
El procedimiento conducente a una decisión s obre el fondo de la cuestión estipulado en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC es judicial.
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del Acuerdo
sobre los ADPIC (a la que se hará referencia en adelante como "Demanda"), por el que un titular
de derechos pueda solicitar a las autoridade s competentes que suspendan el despacho de
mercancías que infrinjan derechos de propiedad in telectual, o de las que se sospeche que los
infringen?
Otro medio por el que un titular de derechos puede solicitar a la Aduana que suspenda el
despacho de mercancías resulta de la Orden de A duana de Prohibición de Im portaciones (Descripciones
Comerciales) de 1991 que prohíbe la importación de:
a) Las mercancías que lleven o a las que esté apuesta de cualquier manera una declaración
o indicación, sea con palabras, números, marcas, imágenes o símbolos, o una
combinación de ellos, que sea incorrecta o equívoca en cuanto a:
i) el tipo particular o la clase, la calid ad, el grado, la cantidad, la composición, el
estilo, el modelo, la historia particular  o el uso previo particular de las
mercancías;  o
ii) las mercancías que sean nuevas, o renovadas, o fabricadas, producidas,
elaboradas, o reacondicionadas en un lugar o un tiempo determinados;  o
iii) el país o el lugar de origen de las mercancías.IP/Q4/NZL/1
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b) Las mercancías a cuyo envase, tapadera, etiqueta, envoltorio, marbete, bobina o
elemento en los cuales o con los cuales se  suministren las mercancías se aplique una
declaración o indicación, sea con palabras, números, marcas, imágenes o símbolos, o
una combinación de ellos, que sea incorrecta o equívoca en cuanto a:
i) el tipo particular o la clase, la calid ad, el grado, la cantidad, la composición,
el estilo, el modelo, la historia partic ular o el uso previo particular de las
mercancías;  o
ii) las mercancías que sean nuevas, o renovadas, o fabricadas, producidas,
elaboradas, o reacondicionadas en un lugar o un tiempo determinados;  o
iii) el país o el lugar de origen de las mercancías.
La Aduana puede suspender el despacho de las me rcancías que infrinjan derechos de propiedad
intelectual, o de las que se sospeche que los infringen, cuando puede constatar que la marca de fábrica ode comercio ilegal presenta de manera incorrecta o equívoca la calidad, etc., a tenor de la Orden de
Aduana de Prohibición de  Importaciones (Descripciones Comerciales) de 1991.
4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda", conforme
a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 54B de la Ley de Marcas de Fábr ica o de Comercio de 1953 y el artículo 136 de la
Ley de Derecho de Autor de 1994 disponen que el Director General de la Aduana notificará al
denunciante, en un plazo razonable tras recibir la  denuncia, si ésta ha sido aceptada o no.  Aunque la
legislación no fija un plazo en el que la Aduana debe aceptar o desestimar una denuncia, ésta deberá
considerarse sin demora injustificada.
5. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la demanda.
Nueva Zelandia no impone gravamen alguno para la presentación de denuncias sobre marcas de
fábrica o de comercio o derechos de autor.  El denunciante deberá dar las garantías necesarias a la
Aduana al presentar la denuncia.
6. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una deci sión sobre el fondo del asunto", estipulado en el artículo 55
del Acuerdo sobre los ADPIC;  y resumir el contenido de esas disposiciones.
El titular del derecho debe solicitar al tribunal un mandato provisional para que las mercancías
sean retenidas en la Aduana en espera de que se establezca si infringen una marca de fábrica o de
comercio o un derecho de autor.  Esta acción se realiza en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio de 1953 o de la Ley de Derecho de Au tor de 1994, cuyos textos se han comunicado a la
Secretaría de la OMC y se han distribuido a los Miembros.
7. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las me rcancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Los procedimientos aduaneros para la retenci ón de mercancías que puedan infringir  derechos
de propiedad intelectual comprenden la consulta con el titular del derecho o el abogado de patentes para
recabar su opinión por escrito sobre si las mercancías infringen o no el  derecho de propiedad intelectual.IP/Q4/NZL/1
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La Aduana no ha tenido caso alguno en que el t itular del derecho o el abogado de patentes no
hayan podido probar que las mercancías no infrin gen el derecho de propiedad intelectual.
En caso de que haya pruebas suficientes a juicio de la Aduana de que las mercancías infringen
un derecho de propiedad intelectual, se retienen la s mercancías.  La legislación de Nueva Zelandia
requiere entonces que el titular del derecho demuestr e ante el tribunal que las mercancías infringen una
marca de fábrica o de comercio o un derecho de autor.
8. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de d erechos cuando omiten susp ender el despacho para
libre circulación de mercancías que infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
La observancia de los derechos de propiedad  intelectual en la frontera es un método muy
efectivo de asegurar que las mercancías infractoras no penetren en los circuitos comerciales de Nueva
Zelandia.  Al desempeñar esta función, la Aduana tiene clara conciencia de la necesidad de cuidar de
que la intervención aduanera no entorpezca el fluj o normal del comercio en mercancías auténticas.
Al aceptar una denuncia, la Aduana notifica al titular del derecho que, dado el gran volumen de
mercancías importadas en Nueva Zelandia, no puede garantizar que interceptará y retendrá todas lasmercancías infractoras, pero que tomará las medidas n ecesarias para interceptarlas.  Los titulares de los
derechos y los abogados de patentes entienden y apoyan este planteamiento.
La Aduana tiene el deber de procurar que  no se importen en Nueva Zelandia mercancías
infractoras.  En caso de que pueda establecerse que la Aduana actuara con negligencia en el
cumplimiento de este deber, los titulares de derechos tienen la posibilidad, con arreglo a las leyesneozelandesas, de recurrir a los tribunales para  reclamar a la Aduana indemnización por daños y
perjuicios.
La Aduana no puede actuar de oficio contra una marca de fábrica o de comercio ilegal o
mercancías que usurpen el derecho de autor.
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de d erechos cuando examinan mercancías que infringen
derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre circulación, en
relación con la suspensión basada en una demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En caso de que pueda establecerse que la Aduana actuara con negligencia y despachara
mercancías a sabiendas de que eran objeto de una denuncia e infringían un derecho de propiedad
intelectual, los titulares de dere chos tienen la posibilidad, con arreglo a las leyes neozelandesas, de
recurrir a los tribunales para reclamar a la  Aduana indemnización por daños y perjuicios.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de d erechos cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 delAcuerdo sobre los ADPIC.
En caso de que pueda establecerse que la Aduana actuara con negligencia al retener mercancías
que no infringen derecho alguno de propiedad intelectua l, el importador tiene la posibilidad de presentar
una reclamación ante un tribunal contra la Aduana  por los daños y perjuicios experimentados.IP/Q4/NZL/1
Página 11
11. ¿Se informa al titular de d erechos sobre la identidad de lo s importadores y consignadores
cuando las autoridades competentes "suspende n" las mercancías que infringen derechos de
propiedad intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, así como en el caso en que se
informa al titular de derechos so bre la identidad de los import adores y consignadores según lo
estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
El nombre del importador y del consignatario se comunican al titular de derechos en el
momento en que la Aduana determina que las mercancías pueden infringir o infringen un derecho y
suspende tales mercancías durante 10 días laborables.
12. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el ar tículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
La legislación de Nueva Zelandia dispone que el  titular de derechos y el importador pueden
inspeccionar las mercancías retenidas por la Aduana.  Durante el período de inspección, se permite a las
partes únicamente inspeccionar las mercancías.  No se les da acceso a documentos como la factura del
importador.
La Ley de Información Oficial de Nueva Zela ndia de 1982 dispone que, cuando se formula una
solicitud de información, la información puede retenerse cuando su difusión pueda perjudicar laposición comercial de la parte que proporcionó la información.
13. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competente s sobre la base de los artículo s 51 y 55 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
Los principales elementos de los procedimientos relativos a retención de mercancías por
la Aduana se esbozan a continuación.
Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras (artículo 51)
La Aduana puede suspender la puesta en circulac ión de las mercancías de marca de fábrica o de
comercio falsificadas o mercancías pirata que lesiona n el derecho de autor cuando el titular de derechos
haya presentado una denuncia pidiendo a la Aduana que  retenga las copias pirateadas o infractoras de
las mercancías en posesión de la Aduana o que pue dan en cualquier momento ser controladas por ésta.
Demanda (artículo 52)
En las denuncias referidas el titular de derechos debe acreditar la propiedad de la obra protegida
por el derecho de autor o de una marca de fábrica o de comercio registrada en Nueva Zelandia.  Los
reglamentos dictados en virtud de la Ley de Mar cas de Fábrica o de Comercio de 1953 y la Ley de
Derechos de Autor de 1994 requieren que se pruebe la titularidad del derecho;  toda persona que
presente una denuncia en virtud del artículo 54B de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1953
o del artículo 136 de la Ley de Derechos de Auto r de 1994 deberá presentar a la Aduana pruebas que
demuestren que las mercancías infringen la marca o el derecho de autor;  y la Aduana puede disponer
que tales pruebas se faciliten en el momento de la presentación de la denuncia o en un momento ulterior.
La información de la denuncia y las eventuales pruebas adicionales requeridas permiten que la
Aduana tenga datos suficientes para identificar las mercancías infractoras en el momento de la
importación.
Las denuncias son válidas por un plazo máximo de cinco años desde la fecha de su
presentación.  En el caso de:IP/Q4/NZL/1
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- Marcas de fábrica o de comercio, si el registro de la marca a la que se refiere la
denuncia ha de expirar antes de cinco años desde la presentación de la denuncia, ésta no
será válida más allá del período cubierto por la legislación vigente.
- Derecho de autor, si el derecho de autor sobre la obra a la que se refiere la denuncia ha
de expirar antes de cinco años desde la presentación de la denuncia, ésta no será válidamás allá del período que dure el derecho de autor.
Fianza o garantía equivalente (artículo 53)
Los reglamentos dictados en virtud de la Ley de  Marcas de Fábrica o de Comercio de 1953 y de
la Ley de Derechos de Autor de 1994 estipulan fianzas e indemnizaciones respecto a las marcas de
fábrica o de comercio falsificadas o mer cancías que usurpan el derecho de autor.
- Toda persona que presente una denuncia en vi rtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio de 1953 y de la Ley de Derechos de Autor de 1994 respecto a una marcailegal o mercancías que usurpen el derecho de autor deberá aportar una fianza o una
indemnización, o ambas, a las personas determinadas por la Aduana y por la cuantía y
en las condiciones determinadas por la Aduana.
- La Aduana puede disponer que una fianza o una indemnización, o ambas, se aporten en
el momento de presentar la denuncia o en cualquier otro momento ulterior.
- Toda persona en cuyo beneficio se levante la retención de un artículo con arreglo a
las leyes deberá aportar una fianza o indemnización, o ambas, a la Aduana por la
cuantía y en las condiciones que determine la Aduana.
La Aduana ha determinado que las personas que presenten denuncias de conformidad con las
leyes citadas deberá aportar:
- una fianza de 5.000 dólares de Nueva Zelandia,  que se deposita en la cuenta fiduciaria
de la Aduana (esta cifra puede elevarse o reducirse si se considera necesario);  y
- formularios cumplimentados de indemnización.
Se garantiza así la protección de la Aduana contra las medidas tomadas en virtud de una
denuncia y se impide el abuso de las disposiciones legales por los titulares de derechos.
Duración de la suspensión (artículo 55)
La Aduana puede aplicar las disposiciones de observancia en la frontera respecto a la Ley de
Marcas de Fábrica o de Comercio de 1953 y la Ley de Derechos de Autor de 1994 cuando:
- una denuncia ha sido aceptada por la Aduana;  y
- las mercancías han sido importadas y están bajo el control de la Aduana.
En tales casos, la Aduana puede realizar una in vestigación para establecer si hay o no indicios
de que las mercancías infrinjan los derechos de los titulares de una marca o los derechos de autor.
Al emprender esta investigación, la Aduana puede requerir al titular de derechos o a cualquier
persona que tenga un interés en las mercancías para que suministre la información que la Aduana
especifique con objeto de determinar si los bienes infringen  la marca o el derecho de autor de los
titulares de derechos.  Esta información debe facilitarse a la Aduana en el plazo de 10 días laborables.IP/Q4/NZL/1
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La Aduana deberá entonces, en un período de tiempo razonable, tomar una determinación sobre
si hay o no indicios de que las mercancías infrinja n una marca registrada o un derecho de autor.  Debe
darse entonces notificación escrita de la determinaci ón al titular de derechos o a cualquier otra persona
que tenga interés en las mercancías, indicando el resultado de la investigación.
Las mercancías que según la notificación de la Aduana infringen un derecho de autor o una
marca de fábrica o de comercio pueden ser retenida s (no decomisadas) durante 10 días laborables.  Si
durante el período de retención la Aduana no ha tenido conocimiento de que una persona que no sea el
importador o el consignatario ha incoado un proced imiento en el tribunal para establecer que las
mercancías vulneran sus derechos, las mercancí as serán puestas a disposición del importador.
Durante el período de retención cualquier pers ona que tenga interés en las mercancías, por
ejemplo un importador, puede solicitar al tribunal que dicte una orden para que:
- se ejecute la notificación;  o- se levante la retención de las mercancías;  o
- se determine que las mercancías no infringen marca alguna ni son fraudulentas y no les
afecta la notificación.
La Aduana tratará las mercancías de conformidad con la decisión del tribunal.
Los 10 días laborables del período de retención pueden prorrogarse, solicitándolo a la Aduana,
hasta veinte días laborables.
En el caso de mercancías infractoras de una ma rca de fábrica o de comercio, el importador o
consignatario puede, notificándolo por escrito  a la Aduana, aceptar que las mercancías sean confiscadas
por el Estado.
14. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los ar tículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El importador de las mercancías debe incoar  un procedimiento en el Tribunal Superior de
Nueva Zelandia para demostrar que las mercancías no infringen ninguna marca de fábrica o de comercio
ni derechos de autor.
15. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equi valente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al
demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
El Director General de la Aduana ha determ inado que las personas que presenten denuncias en
virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comerc io de 1953 y de la Ley de Derechos de Autor de 1994
deberán aportar a la Aduana:
- una fianza de 5.000 dólares de Nueva Zelandia,  que se depositará en la cuenta fiduciaria
de la Aduana.  Esta cifra podrá elevarse o reducirse cuando se considere necesario.
- un formulario de indemnizaci ón debidamente cumplimentado.
Se ha adoptado un criterio flexible en la aplicación de los requisitos de la fianza.  No hay límites
en el número de denuncias que pueden cubrirse con una  fianza aportada por un titular de derechos.  Una
fianza puede también cubrir denuncias presentadas por un titular de derechos durante cierto tiempo.IP/Q4/NZL/1
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Los requisitos de fianza se establecieron por la Aduana en un nivel que cubriría razonablemente
los costos que pudiera producir la retención de las me rcancías infractoras, lo que podría incluir costos de
transporte y almacenamiento de las mercancías.
16. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la de strucción estipulada en su artículo 59.
Los gastos de retenciones, por ejemplo, los ga stos de almacenamiento y transporte realizados
por la Aduana con arreglo al artículo 51 y los gast os de destrucción con arreglo al artículo 59, serán
pagados por el titular de derechos.
La Aduana no exige al titular de derechos que pague el tiempo invertido por su personal para
investigar si las mercancías infringen o no una marca o un derecho de autor.
17. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales" en
que las autoridades competentes pueden autoriza r la reexportación de mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
La Aduana no ha permitido que los importadores de mercancías infractoras la reexporten de
Nueva Zelandia a otro país.
El artículo 54H de la Ley de Marcas de Fábr ica o de Comercio de 1953 permite que la Corona
(el Gobierno de Nueva Zelandia) confisque a los impor tadores las mercancías con marca de fábrica o de
comercio falsa.
El Director General de la Aduana puede disponer de tales mercancías en virtud del artículo 7 del
Reglamento de 1994 sobre Marcas de Fábrica o de  Comercio (Protección en Fronteras y Medidas
Transitorias).  Al tomar la decisión sobre el dest ino que se ha de dar a las mercancías, el Director
General tendrá en cuenta las condiciones del titular de derechos.
La única circunstancia excepcional en la que el Director General de la Aduana ha permitido la
reexportación de mercancías con marca de fábrica o de  comercio falsificada ha sido la aceptación por el
titular de la marca de que las mercancías sean objeto de donación como ayuda a otro país.  La Aduana y
el titular de la marca dan las mercancías a condición de que éstas sean regaladas y no vendidas.
18. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe der echos de propiedad intelectual en  favor del titular de los derechos
constituye una reparación adecuada del daño sufrid o por éste, y qué criterios y método de cálculo
determinan la cuantía de la indemnización.  ¿Se incluyen en los gastos los honorarios de los
abogados que sean procedentes?4
Hasta la fecha, la Aduana ha tenido un solo caso en el que el titular del derecho ha interpuesto
una demanda judicial contra un importador de mer cancías fraudulentas.  En este caso las mercancías
fueron destruidas.  El tribunal no concedió indemn ización por daños.  En todos los demás casos los
importadores aceptaron la incautación de  las mercancías por la Corona.
Véase también en la respuesta a la pregunta 5 de la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros una indicación sobre la forma en que proba blemente resolverán los tribunales de Nueva
Zelandia la cuestión de los daños derivados de la  infracción de derechos de propiedad intelectual.
                                                     
4 Se hace referencia a la respuesta de Nueva Zelandia a la pregunta 5 de la Lista de cuestiones sobre
observancia, documento IP/N/6/NZL/1.IP/Q4/NZL/1
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[Pregunta complementaria del Japón]
1. En respuesta a la pregunta 18 del Japón, Nu eva Zelandia se refiere a la respuesta a la
pregunta 5 de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros sobre daños derivados de la
infracción de derechos de autor.  Sírvanse descri bir los daños derivados de la infracción de otros
derechos de propiedad intelectual, incluida la manera de calcular  la cuantía de la compensación
respecto a marcas de fábrica o de comercio, así co mo patentes, dibujos y modelos industriales y
esquemas de trazado de circuitos integrados.
Como se indicó en la respuesta a las Comunida des Europeas, el cálculo de los daños derivados
de la infracción de derechos de propiedad intelectual depende de los hechos de cada situación, las
disposiciones legales pertinentes y las reglas del common law  sobre daños que Nueva Zelandia ha
adoptado del common law  inglés.
En la página 5 de las respuestas de Nueva Zelandia a la Lista de cuestiones sobre observancia5,
se señala que los tribunales tienen amplios poderes para la determinación de los daños y perjuicios, así
como los gastos, incluidos los honorarios de los abogados.  Estos poderes pueden derivar del
common law  o de los textos legales.
En cuanto a las disposiciones legales, a cont inuación se citan ejemplos de disposiciones
relativas a la concesión por los tribunales de indemnizaciones por daños.
Patentes
Un demandante puede optar por una cuenta de beneficios en lugar de indemnización por daños
(artículo 69 de la Ley de Patentes de 1953).
Hay varias situaciones en que no pueden con cederse indemnización por daños o cuenta de
beneficios, por ejemplo cuando el acusado en la fecha de la infracción no sabía ni tenía motivos
razonables para suponer que existía una patente (párrafo 1 del artículo 68 de la Ley de Patentes
de 1953);  cuando una parte ha dejado de pagar la tasa  de renovación en el plazo prescrito y antes de una
prórroga de ese plazo (párrafo 2 del artículo 68);  y cuando hay una modificación en la especificación de
la patente y se ha utilizado el invento antes de la  fecha de la decisión que autorizó la modificación, a
menos que a juicio del tribunal la especificación original se haya establecido de buena fe y con
conocimiento y pericia razonables (párrafo 3 del artículo 68).
Dibujos y modelos industriales
Respecto a los dibujos y modelos industriales,  la Ley de Dibujos y Modelos de 1953 dispone
que no pueden concederse indemnización por daños ni cuenta de benefici os contra un infractor inocente,
es decir un acusado que pruebe que en la fecha de la  infracción no sabía ni tenía motivos razonables para
suponer que el dibujo o modelo estaba registrado en Nueva Zelandia (artículo 13).
Esquemas de trazado de circuitos integrados
La sección IV de la Ley de Esquemas de Tr azado de Circuitos Integrados de 1994 prevé
compensaciones por infracción. Estas compensacione s comprenden el pago de indemnizaciones por
daños o una cuenta de beneficios.
                                                     
5 Documento IP/N/6/NZL/1.IP/Q4/NZL/1
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V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA
1. Sírvanse explicar si los tratados internacionales que contienen disposiciones detalladas
destinadas a las autoridades (judiciales) y no al Estado mismo se consideran ejecutables por sí
mismos en el sistema del país.  De no ser así,  cuando hay en el país una divergencia entre la
legislación o las prácticas de propiedad intele ctual y un acuerdo internacional, ¿prevalece este
último automáticamente?  En caso negativo, sírvan se explicar de qué medios dispone el país para
cumplir las obligaciones internacionales.  Sírvanse citar los textos o la jurisprudencia pertinentes.
Los tratados no tienen fuerza de ley en Nueva Zelandia mientras no son incorporados a la
legislación.  Antes de ratificar o aceptar un instrume nto internacional, el Gobierno se asegura de su
capacidad para observar las obligaciones derivadas de l instrumento.  Si es preciso, se modifica la
legislación nacional.
El Gobierno de Nueva Zelandia no suscribe co mpromisos internacionales vinculantes (o no
vinculantes) que sean incompatibles con sus leyes nacionales.  Antes de concertar un tratado, el
Gobierno de Nueva Zelandia se asegura de que sus leyes y su política nacionales le permiten dar efecto
a las obligaciones asumidas en el tratado.  Esto puede hacerse en parte mediante las leyes, reglamentos y
políticas vigentes, o puede requerir la promulgación de  nuevas leyes o reglamentos.  Cuando se requiere
una nueva legislación para dar efecto a las obligaciones internacionales de Nueva Zelandia, la
legislación puede no repetir necesariamente la redacción específica del texto, pero tendrá que recoger
cabalmente las obligaciones derivadas del acuerdo.
2. El artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "... en los casos en que proceda,
el plazo mencionado [de 10 días] podrá ser prorr ogado por otros 10 días hábiles".  ¿Se prevé esta
prórroga en las leyes del país?  ¿Si es así, sírvan se citar las disposicione s pertinentes.  En caso
negativo, sírvanse explicar cómo puede un demanda nte acogerse a esta posibilidad prevista en el
Acuerdo sobre los ADPIC.
El párrafo 2 del artículo 140 de la Ley de Derecho de Autor de 1994 y el párrafo 2 del
artículo 54F de la Ley de Marcas de Fábrica o de  Comercio de 1953 disponen que el Director General
del Servicio de Aduanas de Nueva Zelandia (o un oficial de aduanas por delegación) pueden prorrogar
de 10 a 20 días laborables el período de retenc ión de artículos falsificados o impresos.
Las solicitudes de prórroga del período de retención otros 10 días laborables son consideradas
por la Aduana caso por caso.  El solicitante debe alegar razones válidas para pedir un período
suplementario de retención.  La única solicitud que ha  recibido la Aduana se refería al cierre del
Tribunal Superior durante el período de fiesta s navideñas.  Esta solicitud fue aprobada.
VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
1. Sírvanse describir brevemente el procedimie nto que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia en cada uno de los tribunales mencionados en el
documento IP/N/6/NZL/1 y citar las disposiciones legales por las que se han establecido
esos procedimientos.
El Reglamento de los Tribunales de Distrito de 1992 ( District Court Rules , DCR), en
cumplimiento del artículo 122 de la Ley de Tribunales Federales, regula la práctica y el procedimiento
de los tribunales de distrito.  La práctica y el procedimiento del Tribunal Superior en todos los
procedimientos civiles se regulan en el Reglamento del Tribunal Superior de 1985 ( High Cour
Rules , HCR) según lo dispuesto en la Sección Segunda  de la Ley de Judicatura de 1908.  Ninguno de
estos reglamentos establece reglas diferentes para los demandantes extranjeros que incoen un
procedimiento en Nueva Zelandia.IP/Q4/NZL/1
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Las actuaciones en la jurisdicción civil pueden comenzar en el Tribunal de Distrito o en el
Tribunal Superior.  Que un asunto vaya a uno u otro  tribunal dependerá de la clase de infracción
(puramente penal, penal susceptible de procedimie nto sumario, o propia de pr ocedimiento sumario) y de
la pena máxima que pida la acusación.  Pueden inco arse acciones civiles en el Tribunal de Distrito por
una cuantía máxima de 200.000 dólares de Nueva Zelandi a, y en el Tribunal Superior por una suma más
alta.  Las infracciones más graves (es decir las puramente penales) sólo pueden ser juzgadas en el
Tribunal Superior por vía penal.  Algunos otros delito s pueden ser juzgados en el Tribunal Superior o el
de Distrito (artículo 6 de la Ley de Procedimie nto Sumario de 1961 y Primer a Sección) según decida la
acusación.
El denunciante, nacional o extranjero, ejercita las acciones civiles en el Tribunal de Distrito o en
el Tribunal Superior presentando una denuncia en la que se exponen los hechos que dan lugar a la
acción (artículo 112 del DCR;  artículo 106 del HCR).  El  formulario de la denuncia figura en la Primera
Sección del Reglamento.  Con la denuncia debe pres entarse un aviso de incoación del procedimiento
(artículo 126 del DCR;  artículo 120 del HCR).  Ese aviso irá firmado por el denunciante o por su
abogado, en él se exponen el lugar y los plazos para presentar la defensa y se informa al denunciado de
que, si el alegato de defensa no se presenta dentro del plazo, el denunciante puede proceder al juicio de
su denuncia y el juicio puede celebrarse en ausencia del denunciante (artículo 127 del DCR;
artículo 121 del HCR).  La oficina judicial en la que  han de presentarse los documentos es en general la
más cercana a la residencia o sede de negocios del acusado (artículo 113 del DCR;  artículo 107
del HCR).  Los documentos presentados al tribunal pa ra incoar la acción deben comunicarse también al
acusado (artículo 131 del DCR:  artículo 125 del HCR).
El artículo 725ZF (HCR) dispone que una solicit ud al Tribunal Superior para la revocación de
una patente se hace en forma de solicitud inicial conforme a los artículos 458D-M.  En virtud del
artículo 725 ZK del HCR el demandante en un proced imiento por infracción debe dar detalles de los
delitos y especificar los aspectos de la patente sobre los que se supone versa la infracción, dando
ejemplos de cada tipo de infracción.
En virtud del artículo 60 del HCR el  tribunal puede ordenar el depósito de una fianza para las
costas cuando el demandante reside fuera de Nueva Zelandia.
La incoación de un procedimiento penal suele hacerse mediante una información o una
denuncia de la policía en el Tribunal de Distrit o, aunque cualquier persona puede hacerlo (artículo 13 de
la Ley de Procedimiento Sumario de 1957).  La Comisi ón de Comercio es la principal responsable de la
información sobre marcas de fábrica o de comercio fa lsificadas o indebidamente aplicadas o utilizadas.
Una información contiene una declaración jurada del informante (generalmente un funcionario de
policía) de que el acusado es sospechoso de haber cometido la infracción que se especifica.  Debepresentarse en la forma prescrita en la Sección Se gunda de la Ley de Procedimiento Sumario de 1957.
El tribunal ante el que se presente la informaci ón será normalmente el más cercano al lugar donde se
haya cometido la presunta infracción o donde el informante crea que puede hallarse el acusado
(artículo 18, Ley de Proced imiento Sumario de 1957).
Cuando el acusado haya sido detenido en virt ud de una acusación sin haberse presentado una
información, se harán constar los detalles de la acusación en un escrito de acusación que se presentará al
tribunal de la misma manera que una información.
Cuando la acusación desee proceder por vía pe nal en el Tribunal Superior (después de una
audiencia preliminar, detención preventiva, etc.), se  presenta una acusación formal ante un juez en el
sentido de que el acusado ha cometido un delito tipificado (generalmente delitos más graves).  El acto deacusación ha de hacerse en la forma prescrita en la Sección Segunda de la Ley Penal de 1961.
Pueden presentarse acusaciones por iniciativa pr ivada (Ley de Procedimiento Sumario de 1957;
artículo 345, párrafo 2, de la Ley Penal de 1961).  Sin embargo, a veces se requiere la venia  delIP/Q4/NZL/1
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ministerio público ( Attorney-General  o Solicitor-General ), el cual puede poner fin a un procedimiento
decidiendo su sobreseimiento (artículo 378, Ley Penal 1961, artículos 77A y 173 de la Ley de
Procedimiento Penal 1957).
El Reglamento del Tribunal de Apelación de 1955 a tenor de la Ley de Judicatura de 1908 se
refiere a las apelaciones civiles.  Con arreglo a lo s artículos 6 y 10 la solicitud al Tribunal de Apelación
se presenta en forma de instancia.  El solicitante pr esentará un escrito de instancia, una copia del fallo y
una copia del sumario del caso apelado.
Respecto a las apelaciones ante el Privy Council , el apelante incoa el procedimiento normal de
apelación en Nueva Zelandia con arreglo a la Orden de Nueva Zelandia (Apelaciones al Privy Council )
1910 (Imp) y concluye la apelación en Inglaterra con arreglo a la Orden del Reglamento del Comité
Judicial (Jurisdicción General de Apelación) de 1982.  Las solicitudes al tribunal (Tribunal de Apelación
o Tribunal Superior) de venia para apelar adoptan la forma de instancia.  La instancia puede presentarse
oralmente en el momento del fallo o por escrito del que se dará conocimiento a la parte contraria en el
plazo de 21 días desde la fecha del fallo.
2. Sírvanse determinar todo requisito que de ba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales que no se exija de un nacional de Nueva Zelandia, o de
un residente en el país, y citar las disposicione s legales en que se prevén dichas diferencias.
Hay límites jurisdiccionales para el ejercicio de acciones en Nueva Zelandia.  En el ámbito civil,
el Tribunal Superior sólo tiene la jurisdicción nece saria para administrar las leyes de Nueva Zelandia
(artículo 16 de la Ley de Judicatura de 1908).  En el  ámbito penal, los delitos no son punibles en Nueva
Zelandia a menos que lo sean con arreglo a las leyes del país, y no puede procesarse a nadie en Nueva
Zelandia por delitos cometidos fuera del país (artículos 9 y 6 de la Ley Penal de 1961).
No hay trámites especiales que deba seguir una parte extranjera para iniciar un procedimiento
en Nueva Zelandia.  No obstante, una vez iniciado el procedimiento se dan algunas facilidades a las
partes extranjeras.  Por ejemplo, el artículo 316 de l Reglamento de Tribunales de Distrito dispone que
una parte que deba presentar documentos en su poder dispondrá para hacerlo de 42 días en lugar de 28 si
su residencia está fuera de Nueva Zelandia.
3. En el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula el establecimiento
de salvaguardias contra el abuso de los procedim ientos judiciales de ob servancia, previéndose que
se indemnizará adecuadamente por el daño sufrid o a causa del tal abuso.  Sírvanse describir los
medios de que se dispone en las leyes de Nu eva Zelandia a fin de evitar el abuso de los
procedimientos judiciales y de indemnizar por los daños sufridos como resultado de tal abuso y
citar las disposiciones legales relativas a dichos medios.
Las costas para el demandante pueden disuadir  del abuso de los procedimientos.  Según
el artículo 46 de su Reglamento, el Tribunal Superi or tiene una amplia discrecionalidad respecto a las
costas, pero con sujeción a disposiciones expresas.  Es ta discrecionalidad se enmarca en la regla general
de que "las costas siguen a las actuaciones" exce pto cuando el tribunal considera que hay razones para
ordenar otra cosa.  Esto significa que la parte perde dora tendrá que pagar las costas de la ganadora.  Los
tribunales, como medida disciplinaria, pueden privar a la parte ganadora del cobro de parte o la totalidadde sus costas.  El tribunal puede incluso ordenar a la parte ganadora que pague las costas de la
perdedora:  Verna Trading Pty Ltd v New India Assurance Co [1991] 1 VR 129.  La medida de las
costas establecida en el Cuadro Segundo del Reglam ento del Tribunal Superior es el punto de partida
para una decisión del tribunal sobre las costas.  No obs tante, el Tribunal Superior  puede decidir sobre las
costas sin tener en cuenta la escala cuando ésta no conduzca a una contribución razonable:  Morton v
Douglas Homes Ltd (No 2) [1984] 2 NZLR 620.  Al conceder i ndemnización por daños, el Tribunal
Superior puede considerar si se han esgrimido ar gumentos vacíos, si la presentación de un caso haIP/Q4/NZL/1
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prolongado indebidamente su dur ación y si se ha abusado del procedimiento judicial:  DFC NZ v Bielby
[1990] 3 PRNZ 405.
Según el artículo 477, si el Tri bunal Superior estima que ha habido un abuso del procedimiento
judicial, podrá ordenar que sea sobreseído o archivado el asunto en general o en relación con cualquier
reclamación por daños.  El equivalent e para los Tribunales de Distrito es el artículo 481 del Reglamento
de éstos.
Véase también la respuesta a la pregunta 4.
4. Sírvanse explicar cualesquiera disposicio nes del sistema de observancia de Nueva
Zelandia que garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sírvanse explicar qué disposiciones
existen a fin de evitar las demoras deliberadas en que incurran las partes de un procedimiento e
indicar las circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
En lo civil
En lo que se refiere a recursos rápidos, en el ám bito de lo civil, los procedimientos de juicio
sumario y en incomparecencia de parte son maneras expeditas para que los demandantes obtengan
satisfacción sin necesidad de juicio oral pleno.
El juicio en incomparecencia de parte puede  producirse cuando el demandado no presenta su
contestación en el plazo especificado en la comuni cación del procedimiento, y el objeto del litigio es una
suma líquida de dinero. Una vez expirado el plazo, el demandante puede aceptar un fallo final por una
suma que no exceda de la reclamada en la demanda, más intereses y costas (artículo 463 del DCR;
artículo 460 del HCR).
El procedimiento de juicio sumario tiene lugar cuando el demandante solicita el juicio sumario
y el tribunal considera que el demandado no tiene una defensa verosímil ni razonable frente a la acción
(artículo 152 del DCR;  artículo 13 6 del HCR).  La opción se realiza cuando se presenta la denuncia y la
notificación del procedimiento.  La solicitud ha de ir  acompañada de una declaración jurada en apoyo de
lo afirmado en la denuncia y para hacer constar la creencia del demandante de que el demandado no
tiene defensa (artículo 154 del DCR;  artículo 138 de l HCR).  El procedimiento evita la necesidad de un
juicio oral pleno, aunque la solicitud se escucha en audiencia pública (artículo 262, párrafo 2 del DCR;
artículo  238, párrafo 3 del HCR) y se pronuncia el fallo en el acto. Una denuncia por infracción del
derecho de autor puede presentarse en una solicitud de juicio sumario (Horticultural Automation Ltd v
ATI Engineering Ltd  (5 de septiembre de 1996, Master T homson, High Court,  Napier CP10/96).
La principal manera de evitar o contrarrestar tácticas dilatorias de una de las partes en el
procedimiento es la condena en costas al final de  las actuaciones en el procedimiento civil, o el
sobreseimiento o anulación del caso.
Respecto a la condena en costas, el tribunal tiene una amplia discrecionalidad (artículo 45
del DCR;  artículo 46 del HCR).  La regla general es  que las costas siguen a las actuaciones, pero el
tribunal puede condenar en costas a una parte por falt a contra el procedimiento. Este concepto incluye:
incoar un procedimiento con una finalidad colateral, adoptar tácticas dilatorias para cansar a la otra
parte, no respetar el Reglamento o una orden del tri bunal,  desobedecer requerimientos y órdenes previas
al juicio, hacer alegatos inconsistentes, negarse irracionalmente a un acuerdo y presentar solicitudesinnecesarias.
Los intereses son pagaderos en los juicios por deudas desde el momento del fallo hasta el
cumplimiento del mismo según el párrafo 1 del artículo 538 del Reglamento del Tribunal Superior.
También se pagará intereses sobre las costas, aunque no se ha decidido claramente en Nueva Zelandia siIP/Q4/NZL/1
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estos intereses cuentan desde la fecha en que se dicta la condena en costas o desde el momento en que se
precisa la cuantía de las costas.
En los procedimientos civiles, el artículo 477 del Reglamento del Tribunal Superior confiere al
tribunal la facultad de dictar el sobreseimiento  cuando, entre otras cosas, se ha abusado del
procedimiento.  El equivalente en el Reglamento  de Tribunales de Distrito es el artículo 481.
El artículo 186 del Reglamento del Tribunal Superior prevé la anulación de la totalidad o
parte del procedimiento en cualquier momento y sin perjuicio de la jurisdicción propia del tribunal en
varias situaciones como:
- cuando un alegato pueda causar demora en el procedimiento;  o
- cuando un alegato constituya otra manera de  abusar del procedimiento del tribunal.
En los tribunales de distrito, el artículo pertinente es el 209.
En lo penal
En los procedimientos penales, las disposic iones que autorizan el sobreseimiento por el
ministerio público son los artículos 77A y 173 de  la Ley de Procedimiento Sumario de 1957 y el
artículo 378 de la Ley Penal de 1961.  Además, un sumario puede cerrarse cuando el tribunal así lo
decide en aplicación del artículo 347 de la Ley Penal de 1961.  Esto puede ocurrir cuando la
continuación del procedimiento sería injusta u opresiva o perjudicial para la confianza pública en laadministración de justicia.  En cierta medida, esta disposición confirma la facultad del Tribunal Superior
de sobreseer el procedimiento por abuso de los mecanismos procesales.
5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entr e otras cosas, al costo de los procedimientos
judiciales y administrati vos de observancia:  sírvanse in formar acerca de cualesquiera tasas
cobradas por las autoridades judiciales para iniciar las acciones legales en materia de propiedadintelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar las disposiciones legales
en las que se establecen dichas tasas y suministrar copia de los documentos utilizados para
informar al público acerca de ellas.
Se aplicarán las tasas judiciales normales.  Las tasas se establecen en las tarifas del Reglamento
de Tasas de Tribunales de Distrito de 1992 y el Regl amento de Tasas del Tribunal Superior, cuyo texto
se presenta en los anexos (en inglés solamente).
6. En el párrafo 2 del artículo 41 se trata asimismo del carácter oportuno de los
procedimientos judiciales y admi nistrativos de observancia.  Sírvanse citar las disposiciones
legales por las que se establecen los plazos para  los procedimientos judi ciales y administrativos.
En lo civil
En virtud del Reglamento de Tribunales de Distr ito relativo a procedimientos civiles, algunos de
los plazos más importantes del procedimiento son:
- Si un demandado desea oponerse a una acción civil, deberá presentar una contestación
en el tribunal dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se le haya comunicado
la demanda. Si no se presenta tal documento, el demandante podrá solicitar que se
juzgue en ausencia de parte (artículo 147).
- Si el demandante ha solicitado un juicio su mario, el demandado dispone de 21 días para
notificar su oposición y de 30 días desde la recepción del auto de procedimiento paraIP/Q4/NZL/1
Página 21
presentar una contestación (artículo 181).  Se celebra entonces una vista oral para
determinar si hay contestación.  Si no hay oposición al juicio sumario, el demandante
comparece y se le concede un juicio sumario.
- El plazo para presentar una contestación cuando se ha denegado una solicitud de juicio
sumario es de 30 días desde la denegación (artículo 164).
- La parte requerida para responder a un interrogatorio (preguntas) deberá hacerlo en los
14 días (28 días si reside fuera de Nueva Zelandia) siguientes al día en que se le
comunicó el requerimiento (artículo 301).  El mismo plazo se aplica a la presentación
de pruebas o documentos a instancias de la otra parte (artículo 316).
La Civil Caseflow Management Practice Note  de los Tribunales de Distrito, que es una nota
sobre prácticas judiciales para el Tribunal Piloto de Distrito de Auckland, empezó a aplicarse en
septiembre de 1995.  Junto a otras iniciativas procesal es, establece plazos para la tramitación de asuntos
civiles en los Tribunales de Distrito.  Los plazos normales son los siguientes:
1. En los 28 días siguientes a la presen tación y comunicación de la contestación, cada
parte presentará y comunicará a las otras partes en el procedimiento una lista
comprobada de documentos.
2. En los 14 días siguientes a la comuni cación de las listas comprobadas, las partes
realizarán la inspección.
3. Las solicitudes de cualquier otra medida  provisional se presentarán y comunicarán
en los 14 días siguientes a la inspección.
4. Cuando se sumen terceros u otras partes sin necesidad de que medie permiso entre el
demandado o demandados y los terceros y demás partes, se aplicarán estos plazos desdela presentación y comunicación de la contestación de la tercera parte.
El Reglamento de Tribunales Superiores pres cribe en todo el procedimiento civil plazos
similares a los aplicables en los Tribunales de  Distrito.  En el Tr ibunal Superior, la Civil Caseflow
Management Practice Note  del Presidente regula la tramitación de todos los asuntos, salvo los
procedimientos de los tribunales de la marina. La Nota incorpora las modificaciones introducidas en el
procedimiento civil por los Tribunales Superiores de  Auckland y Napier desde el 1º de mayo de 1994.
Se distingue entre vía intermedia, rápida, ordinaria y compleja, cada una de las cuales tiene sus plazos,
desde la presentación de la demanda hasta que el as unto queda listo para sentencia.  Las vías son:
- Intermedia:  casos en que se señala fech a para la vista al presentarse la demanda.
- Rápida:  casos urgentes.
- Ordinaria:  casos que no están en otra vía.
- Compleja:  juicio probable en cinco días.En lo penal
En el procedimiento penal, hay notas sobre prácticas de tramitación judicial que regulan
la duración de los juicios con jurado en los Tribunale s Superiores y los Tribunales de Distrito.  En el
Tribunal Superior, la nota fue dictada por el Presidente del tribunal y empezó a aplicarse
experimentalmente en el Tri bunal Superior de Wellington el 1º de octubre de 1995. La nota
correspondiente para los Tribunales de Distrito fu e dictada por el Magistrado Presidente, empezó aIP/Q4/NZL/1
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aplicarse en el Tribunal de Distrito de Wellingt on y se extendió a los demás tribunales de Nueva
Zelandia el 7 de octubre de 1996. Las notas sobr e prácticas prevén los siguientes plazos:
- período entre la detención preventiva y la  primera comparecencia:  hasta 7 semanas;
- período entre la primera comparecencia y la fecha del juicio:  hasta 11 semanas;
- período entre la detención preventiva y la fecha del juicio:  hasta 18 semanas cuando no
hay cuestiones previas y 22 semanas cuando es precisa una segunda comparecencia
antes de la fijación de la fecha del juicio;
- el auto de procesamiento ha de dictarse en el plazo de 42 días desde la detención
preventiva.
Véase también la respuesta a la pregunta 4 supra .
7. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerd o sobre los ADPIC se requiere que las decisiones
sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar mejor elrazonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal
mencionado en el documento IP/N/6/NZL/1, si los jueces deben presentar sus decisiones por
escrito y citar las disposiciones legales en  que se requieren esas opiniones escritas.
En la práctica, los jueces en todos los tribunale s hacen notas de todas las cuestiones de hecho y
de derecho y de su determinación.
En los Tribunales de Distrito, el artículo 60 de la Ley de Tribunales de Distrito de 1947 dispone
que en cualquier audiencia del procedimiento en que haya derecho de apelación sin venia, el juez debe
hacer (u ordenar que se haga) una nota de:
- los hechos probados;
- cualquier cuestión de derecho o equidad que se plantee en la audiencia;  y
- su decisión sobre tales cuestiones y sobre la determinación del procedimiento.
La disposición se aplica a procedimientos civiles y penales.
En el procedimiento del Tribunal Superior , el artículo 353 de la Ley Penal dispone que
el Secretario llevará el "Libro de la Corona", que  equivale a las actas formales de las actuaciones. El
párrafo 8 estipula que esta disposición no dispensa de tomar notas al juez que presida el juicio.
El artículo 22 del Reglamento de Apelación Pena l autoriza al Tribunal de Apelación a ordenar
al juez competente que presente en un informe es crito su opinión sobre el caso o la cuestión que sean
objeto de apelación.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
8. En el artículo 42 se estipula que se notificará a los demandados de los procedimientos
judiciales y administrati vos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los proced imientos seguidos para notificar a las partes
demandadas los procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información
comunicada acerca del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen
estos procedimientos.IP/Q4/NZL/1
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En los procedimientos civiles, deben cumplirse ciertos requisitos cuando una parte presenta
documentos al tribunal, que se establecen en los Re glamentos del Tribunal Superior y de los Tribunales
de Distrito.  El artículo 131 del Reglamento de Tri bunales de Distrito dispone que, salvo que una ley o el
Reglamento dispongan otra cosa, todo escrito de  demanda y notificación de procedimiento deben
comunicarse al demandado nombrado en ellos.  Salvo que el tribunal disponga otra cosa, se requiere la
entrega personal (artículo 132 del DCR).  La entrega debe ser rápida y realizarse lo más pronto posible
tras la presentación de los documentos en el tribunal.  Si la entrega se demora más de 12 meses, el
procedimiento quedará suspendido (artículo 133 del D CR).  El plazo de entrega puede ampliarse hasta
seis meses si el demandante lo solicita al Secretario o al tribunal y éste último considera que se han
hecho esfuerzos razonables para hacer la entrega (a rtículo 134 del DCR). En el Tribunal Superior, las
disposiciones son básicamente iguales, siendo aplicables los artículos 125 a 128 de su Reglamento.
La respuesta a la pregunta 1 supra  se refiere a la información contenida en la notificación de
procedimiento y en el escrito de demanda.
En los procedimientos penales, cuando se presenta una información el tribunal puede dictar
una citación o una orden de detención del acusado o acusada y de comparecencia ante el tribunal
(artículo 19 de la Ley de Procedimiento Sumario de 1957).  La citación debe ordenar al acusado que
comparezca en el plazo de 21 días desd e el envío de la carta certificada.
9. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue el
acceso a la información que han ordenado las au toridades judiciales, esas autoridades estarán
facultadas para formular determinaciones prelim inares y definitivas contrarias a dicha parte.
Sírvanse describir qué sanciones pueden impon erse a una parte que se ha negado aportar la
información como se había ordenado y en qué condiciones se imponen la sanciones mencionadas,citando la disposición legal en que se prescriben dichas sanciones.
En lo civil
En Nueva Zelandia los tribunales pueden, median te una orden de "descubrimiento", disponer
que la información constitutiva de prueba sea aportada por una parte que la tenga bajo su control.  En los
procedimientos civiles, excepto que se alegue un privilegio legítimo sobre información particular,cuando una persona a la que se ha pedido que desc ubra documentos se niegue a hacerlo y a presentar
algunos o parte de los documentos, la otra parte podrá dictar una orden de cumplimiento (artículo 319
del DCR;  artículo 297 del HCR).  Esto puede hacerse ahora sin necesidad de solicitud provisional, y las
costas de la orden se impondrán a la parte no cumpli dora.  El artículo 317A del Reglamento del Tribunal
Superior dispone que el tribunal puede dar una or den de descubrimiento a una persona culpable de
incumplimiento.
En los procedimientos civiles en que un testigo se niegue a presentar un documento o a
responder a una pregunta, y no pueda ampararse en un privilegio válido para ello, el tribunal puede
considerar que el testigo ha cometido desacato al tribunal (artículo 112 de la Ley de Tribunales de
Justicia de 1947;  artículo 56C de la Ley de Judicatura de 1908).
En lo penal
En los procedimientos penales, pueden incautarse documentos y artículos en virtud de una
orden de registro dictada con arreglo al artícul o 198 de la Ley de Procedimiento Sumario de 1957.
También puede ser castigado un testigo que se niegue a aportar pruebas, a reserva del derecho del
acusado a guardar silencio y de cualquier privilegio válido del testigo.IP/Q4/NZL/1
Página 24
Medidas provisionales
10. En el párrafo 2 del artículo 50 se estipula que  las autoridades judiciales estarán facultadas
para adoptar medidas provisionales cuando h aya probabilidad de que cualquier retraso cause
"daño irreparable" al titular de  los derechos.  Sírvanse descri bir brevemente los elementos que
requieren las autoridades para establecer la existe ncia de "daño irreparable" al titular de los
derechos.
La situación en Nueva Zelandia respecto a la adopc ión de medidas provisionales se presenta en
las respuestas de Nueva Zelandia a la Lista de cuestiones sobre observancia6, página 3 sobre interdictos
y página 5 en respuesta a la pregunta 10.
Además, aunque no se consideren específicamente las palabras "daño irreparable", para apreciar
cómo tratan los tribunales de Nueva Zelandia este tipo de situaciones puede ayudar una decisión reciente
de un tribunal relativa a actuaciones a instancia de part e.  Refiriéndose al significado de las palabras
"detrimento grave", el tribunal dijo que la expresi ón abarca "los casos en que es urgentemente necesario
proteger el statu quo  material" ( Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd v Wilson Neil Ltd  [1993] 2
NZLR 617, at 629).
Prescripciones especiales relaciona das con las medidas en frontera
11. En el artículo 57 se estipula, entre otras di sposiciones, que, cuando la decisión sobre el
fondo del asunto sea favorable al titular de l derecho, las autoridades competentes podrán
asimismo estar facultadas para comunicar al titular del derecho información acerca del
importador, del consignador y del consignatario.  Si las autoridades competentes de Nueva
Zelandia pueden comunicar información relativa al importador, el consignador o el consignatario
al titular del derecho, sírvanse ex plicar cómo se proporcionan al demandante las informaciones
acerca de los nombres y direcciones de los consig nadores, importadores y consignatarios y de la
cantidad de mercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre
infracción, es decir, si las autoridades com unican automáticamente la información o previa
presentación de una solicitud por escrito del titular del derecho, etc.
Se comunica al titular del derecho el nombre del importador, el consignador y la cantidad de
mercancías en el momento en que la Aduana dete rmina que las mercancías pueden infringir o infringen
el derecho y las retiene durante 10 días laborables.
Procedimientos penales
12. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de
comercio o de piratería lesiva del derecho de autor.  Sírvanse explicar en que forma las sanciones
previstas en las leyes de Nueva Ze landia cumplen con esta obligación.
Una explicación de cómo las sanciones previstas en la legislación de Nueva Zelandia respecto a
la usurpación del derecho de autor se atiene a lo prescrito en el artículo 61 puede verse en las respuestas
de Nueva Zelandia a la Lista de cuestiones sobre observancia,6 en particular en las páginas 11 y 12 que
contienen la respuesta a la pregunta 24, y en la parte correspondiente del cuadro de la página 14.
En cuanto a las marcas de fábrica o de comercio, véase también la respuesta a la pregunta 24
antes citada.
                                                     
6 Documento IP/N/6/NZL/1.IP/Q4/NZL/1
Página 25
[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]
1. Sírvanse proporcionar información estadí stica sobre procedimientos civiles para la
observancia de derechos de autor, marcas de fá brica o de comercio, i ndicaciones geográficas,
dibujos industriales, patentes, esquemas de trazad o de circuitos integrados y secretos comerciales
para cada uno de los años 1996 y 1997, especi ficando el número de casos tramitados;
requerimientos judiciales;  productos ilegales incautados;  bienes de equipo infractores
incautados;  casos resueltos (incluidos acuerdos de las partes);  y cuantía de indemnizaciones por
daños.
Nueva Zelandia no reúne datos estadísticos detallados del tipo requerido para responder a la
pregunta.
No obstante, como se indicó antes en respue sta a una pregunta de Hong Kong, China, puede
decirse que el Servicio de Aduanas de Nueva Zelandia ha tenido un solo caso en que el titular dederechos se ha opuesto en el Tribunal Superior  a la importación de mercancías infractoras.
Este caso se refería a informaciones aceptadas por la Aduana de NationalPak NZ Ltd respecto a
dibujos artísticos para el envase de bolsas frigoríficas " Glad ".
Tras aceptar la información, la Aduana interceptó un envío de 34.200 envases de bolsas
frigoríficas "Clean" importadas por Bazyantine Holdings Ltd.
El Tribunal Superior dictaminó que los envases de las bolsas frigoríficas "Clean" infringían en
derecho de autor de NationalPak sobre los envases "Glad".  Los envases infractores fueron destruidos
por la Aduana.
2. Sírvanse proporcionar información estadí stica sobre procedimientos penales para la
observancia en materia de usurpa ción de derechos de autor e infracción de marcas de fábrica o de
comercio para cada uno de los años 1996 y 1997, especificando el número de allanamientos,
procesamientos, condenas y la cuantía de las multas y/o penas de prisión (con indicación de si las
multas se pagaron y las penas de prisión se cumplieron efectivamente o se suspendieron) y
cualquier otra información que muestre que el sistema penal del país es efectivo para disuadir de
los actos de usurpación de derechos de autor y falsificación de marcas de fábrica o de comercio.
Nueva Zelandia no reúne datos estadísticos detallados del tipo requerido para responder a la
pregunta.
No obstante, Nueva Zelandia tiene un sistema jurídico bien desarrollado y completo que
combina el sistema del common law  inglés con la legislación.  La estructura y las facultades de los
tribunales y los medios de que éstos disponen garantizan que tanto los asuntos civiles como los penales
se traten de manera equitativa y rápida.  Esto es aplicable a los casos de usurpación de derechos de autor
y falsificación de marcas de fábrica o de comerc io.  El sistema penal de Nueva Zelandia está en
consonancia con los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/NZL/1
Página 26
ANNEX
SCHEDULE
FEES PAYABLE IN RESPECT OF PROCEEDINGS IN DISTRICT COURTS
NZ$
1. Filing of the original document commencing any proceeding (other
than an interlocutory proceeding) to which these rules apply, unlessotherwise provided for
For the purposes of this paragraph the original document
commencing any proceeding is,--40.00
a) In the case of a proceeding commenced by statement of claim, the
statement of claim; and
b) In the case of an appeal or cross-appeal, the notice of appeal or other
document by which the appeal or cross-appeal is instituted; and
c) In every other case, the first document (other than a caveat or a
notice of motion for directions as to service) filed in the proceeding
by the plaintiff which gives to the Court and to the opposite party (if
any) particulars of the claim made or of the order or other reliefsought by the plaintiff.
2.  Filing an interlocutory application--
a) In the case of an interlocutory application for an interim injunction 140.00
b) In every other case(including an interlocutory application for
summary judgment)80.00
3. Filing--
a) Statement of defence; or
b) Amended statement of defence; orc) Counterclaim; ord) Statement of defence and counterclaim where both are included in
the one document; or
e) Amended statement of claim; orf) Appearance 50.00
4. Filing the first affidavit filed by a party in answer to an affidavit filed
in support of an interlocutory application for summary judgment60.00
5. Filing an application for a fixture for the hearing of any proceeding
(other than for an interlocutory proceeding or an appeal or cross-
appeal)130.00
6. Setting down appeal or cross-appeal for hearing 130.00
7. Hearing fee for each half day or part thereof, after the first half day
This paragraph applies, unless otherwise provided, in respect of the
hearing of every proceeding including--230.00
a) The hearing of every appeal and every cross-appeal; and
[b) The hearing of every interlocutory application.]IP/Q4/NZL/1
Página 27
8. Setting down for hearing an undefended demand for an unliquidated
amount40.00
9. Sealing the original copy of any document Provided that no sealing
fee shall be payable in respect of any order made in an interlocutory
proceeding, other than an order made on a summary judgment
application30.00
10. Attendance before Registrar in inquiry or reference or examination
of witnesses by Registrar under an order of the Court300.00
11. Filing application for an attachment order 70.00
12. Filing application under section 84B of the District Courts Act 1947
for an examination of judgment debtor70 00
13. Filing application for warrant of distress or warrant for recovery of
specific chattels or warrant for recovery of land50.00
14. Filing, pursuant to rule 378 of the District Courts Rules 1992*,
notice of desire to take evidence of witness otherwise than at thetime and place appointed for the hearing of the proceeding130.00
15. Filing, pursuant to rule 566of the District Courts Rules 1992*,
application for examination of party, for each party120.00
*S.R. 1992/109
16. Application for charging order nisi or charging order absolute 70.0017. Filing affidavit in support of garnishee summons 95.0018. Issue of certificate of judgment or order 25.0019. For search in any Court book or of any documents 15.0020. Copy of any document, other than a document specified in item 21
of this Schedule, per page4.00
21. Copy of notes of District Court Judge or Registrar, or of any
Judgment or order (other than a copy supplied to a party to theproceeding):
a) Not exceeding 5 pages 12.00b) Exceeding 5 pages but not exceeding 50 pages 25.00c) Exceeding 50 pages but not exceeding 75 pages 35.00
d) Exceeding 75 pages 45.00
22. For the transmission of documents at the request of a party, by the
use of a facsimile machine (other than a transmission required foroperational reasons), $2.00 plus, per page transmitted, $1.00
23. For expenses of execution of any warrant of committal or writ of
arrest: The actual expenses incurred by the bailiff or constable,
including the costs of conveyance and lodging in prison of the
person arrestedIP/Q4/NZL/1
Página 28
24. For storage, cartage, and removal of goods, or advertising of goods
for sale: Actual and reasonable disbursements
25. For each person left in possession of any premises: Fees, allowances,
and expenses as allowed to a witness in accordance with theWitnesses and Interpreters Fees Regulations 1974*
*S.R. 1974/124:
Amendment No. 1 (Revoked by S.R. 1984/268)
Amendment No. 2: (Revoked by S.R. 1987/193)Amendment No. 3: (Revoked by S.R. 1987/193)Amendment No. 4: (Revoked by S.R. 1988/147)Amendment No. 5: S.R. 1988/147IP/Q4/NZL/1
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ANNEX
SCHEDULE
FEES PAYABLE IN RESPECT OF PROCEEDINGS IN THE HIGH COURT
1. Filing (including sealing where necessary) the original  document
commencing any proceeding (other than an  interlocutory
proceeding) to which these regulations  apply, unless otherwise
provided for 100.00
For the purposes of this paragraph the original  document
commencing any proceeding is,--
a) In the case of a proceeding commenced by  statement of claim,
including an [application  to put a company into liquidation], the
statement  of claim; and
b) In the case of an appeal or cross-appeal, the  notice of appeal or other
document by which the  appeal or cross-appeal is instituted; and
c) In every other case (including a proceeding to  which Part IV or Part
IVA of the High Court Rules  applies), the first document (other than
a caveat  or a notice of motion for directions as to service)  filed in
the proceedings by the plaintiff which  gives to the Court and to theopposite party  (if any) particulars of the claim made or of the  order
or other relief sought by the plaintiff.
2. Filing an interlocutory application--
a) In the case of an interlocutory application for an  interim injunction 140.00
b) In every other case (including an interlocutory  application for
summary judgment)80.00
3. Filing--
a) Statement of defence; or e) Amended statement of claim; or
b) Amended statement of defence; or
c) Counterclaim; or
d) Statement of defence and counterclaim where both  are included in
the one document; or
e) Amended statement of claim; or
f) Appearance55.00
4. Filing, under rule 141 of the High Court Rules, the first  affidavit
filed by a party in answer to an affidavit filed  in support of an
interlocutory application for summary  judgment80.00
5. Setting down proceedings (other than interlocutory  proceedings or
an appeal or cross-appeal) for hearing530.00
6. Setting down appeal or cross-appeal for hearing 425.00IP/Q4/NZL/1
Página 30
7. Hearing fee for each half day or part thereof  after the first day 245.00
This paragraph applies, unless otherwise provided, in  respect of the
hearing of every proceeding including--
a) The hearing of every appeal and every cross-appeal;  and
b) The hearing of every interlocutory application  (other than
interlocutory application for summary  judgment in respect of which
an affidavit in  answer has been filed)
8. Hearing an interlocutory application for summary judgment  in
respect of which an affidavit in answer has been filed  (fee for each
half day or part thereof after the first half  day)245.00
9. Sealing the original copy of any judgment, order, rule,  memorial,
certificate, commission, letters of request,  or judgment not otherwiseprovided for30.00
Provided that no sealing fee shall be payable in  respect of--
a) Any order made in interlocutory proceedings; or
b) Any probate or letters of administration; or
c) Any order for admission as a barrister and solicitor.
10. Issue of certified copy of any document or any Registrar's certificate 30.00
11. Filing any application for admission as a barrister and solicitor 270.00
12. Filing any application for probate or letters of administration 80.00
Where a fee is paid under this paragraph, no fee shall be payable in
respect of any application for leave to swear death in respect of thetestator or other person in respect of whom the grant of
administration is sought
13. Sealing exemplifications or duplicates (probate or letters of
administration) or resealing pursuant to section 71 of the
Administration Act 196925.00
14. Filing any notice of appeal against a decision of a Land Valuation
Tribunal315.00
15. Filing any notice of appeal under section 148 of the Law
Practitioners Act 1982330.00
16. Attendance before Registrar in inquiry or reference, or examination
of witnesses by Registrar under order of the Court330.00
17. Copy of judgment (other than copy supplied to a party to the
proceedings),--
a) Not exceeding 5 pages 12.00
b) Exceeding 5 pages but not exceeding 50 pages 25.00
c) Exceeding 50 pages but not exceeding 75 pages 35.00
d) Exceeding 75 pages 45.00IP/Q4/NZL/1
Página 31
18. For the transmission of documents at the request of a party, by the
use of a facsimile machine (other than a transmission required for
operational reasons), $2.00 plus, per page transmitted, $1.00
19. Copy of any document, other than a judgment, per page 4.00
20. Search of Court records (including a search relating to one or more
files)--for each search20.00
21. Search of any register or file that relates to an application for a grant
of administration under the Administration Act 1969 or any
corresponding former Act or to proceedings for the recall of any
such grant--for each file searched35.00
The fee payable under this paragraph in respect of any file includes
the cost of obtaining a copy of any document on that file
22. Appointment of Commissioner to take affidavits
__________