ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS207/13 
17 de marzo de 2003 
 (03-1520) 
  
   
 
     
 
    
 
CHILE - SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS Y MEDIDAS  
DE SALVAGUARDIA APLICAD OS A DETERMINADOS  
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 
  
ARB-2002-2/15 
 
 
  
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias 
 
 
 
     
 
 
Laudo del Árbitro 
John Lockhart 
  WT/DS207/13 
 Página i 
 
 
ÍNDICE 
 
Página   
I. Introducción................................................................................................................ ..................1 
II. Argumentos de las partes................................................................................................... ...........2 
A. Chile ............................................................................................................................... ....2 
1. El proceso de aplicación en Chile
............................................................................3 
2. Plazo prudencial propuesto por Chile ......................................................................6 
B. Argentina ............................................................................................................................8 
III. Plazo prudencial .......................................................................................................... ...............12 
IV. Laudo...................................................................................................................... ....................25 
 
 
 WT/DS207/13 
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ARBITRAJES CITADOS EN EL PRESENTE LAUDO 
  
Título abreviado Título y referencia completos del arbitraje 
Australia - Salmón Laudo del Árbitro, Australia - Medidas que afectan a la importación de 
salmón - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS18/9, 23 de febrero de 1999, DSR 1999:I, 267. 
Argentina - Pieles y cueros Laudo del Árbitro, Argentina - Medidas que afectan a la exportación de 
pieles de bovino y a la importación de cueros acabados - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS155/10, 
31 de agosto de 2001. 
Canadá - Automóviles Laudo del Árbitro, Canadá - Determinadas medidas que afectan a la 
industria del automóvil - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS139/12, WT/DS142/12, 4 de octubre 
de 2000. 
Canadá - Período de protección 
mediante patente Laudo del Árbitro, Canadá - Período de protección mediante patente - 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS170/10, 28 de febrero de 2001. 
Canadá - Patentes para 
productos farmacéuticos Laudo del Árbitro, Canadá - Protección mediante patente de los 
productos farmacéuticos - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) 
del artículo 21 del ESD , WT/DS114/13, 18 de agosto de 2000. 
Chile - Bebidas alcohólicas Laudo del Árbitro, Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas - 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS87/15, WT/DS110/14, 23 de mayo de 2000, DSR 2000:V, 2589. 
CE - Banano III Laudo del Árbitro, Comunidades Europeas - Régimen para la 
importación, venta y distribución de bananos - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS27/15, 7 de enero 
de 1998, DSR 1998:I, 3. 
Indonesia - Automóviles Laudo del Árbitro, Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la 
industria del automóvil - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) 
del artículo 21 del ESD , WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, 
WT/DS64/12, 7 de diciembre de 1998, DSR 1998:IX, 4029. 
Corea - Bebidas alcohólicas Laudo del Árbitro, Corea - Impuestos a las bebidas alcohólicas - 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS75/16, WT/DS84/14, 4 de junio de 1999, DSR 1999:II, 937. 
Estados Unidos - Acero laminado 
en caliente Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Medidas antidumping sobre 
determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del 
Japón - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del 
ESD, WT/DS184/13, 19 de febrero de 2002. 
Estados Unidos - Artículo 110(5) 
de la Ley de Derecho de Autor Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de 
Derecho de Autor de los Estados Unidos - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS160/12, 15 de enero 
de 2001. 
Estados Unidos - Ley de 1916 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 - 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS136/11, WT/DS162/14, 28 de febrero de 2001. 
 WT/DS207/13 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO  
LAUDO DEL ÁRBITRO  
 
 
Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de 
salvaguardia aplicados a determinados productos 
agrícolas ARB-2002-2/15 
Partes: Árbitro: 
Argentina 
Chile John Lockhart 
 
 
I. Introducción 
1. El 23 de octubre de 2002 el Órgano de Soluci ón de Diferencias ("OSD") adoptó el informe 
del Órgano de Apelación1 y el informe del Grupo Especial2, modificado por el informe del Órgano de 
Apelación, en el asunto Chile - Sistema de bandas de precios  y medidas de salvaguardia aplicados a 
determinados productos agrícolas ("Chile - Sistema de bandas de precios ").3  En la reunión que 
celebró el OSD el 11 de noviembre de 2002, de c onformidad con el párrafo  3 del artículo 21 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos  por los que se rige la solución de diferencias 
("ESD"), Chile informó al OSD de  que estaba celebrando consultas c on la Argentina para encontrar 
una solución mutuamente satisfactoria y de que necesitaría un "plazo prudencial", conforme a lo 
previsto en el párrafo 3 del artículo 21, para apli car las recomendaciones y resoluciones del OSD en la 
presente diferencia.4 
2. El 6 de diciembre de 2002 Chile notificó al  OSD que las consultas celebradas con la 
Argentina no habían permitido llegar a un acuerdo s obre la duración del plazo prudencial para la 
aplicación y que, en consecuencia, solicitaba que ese plazo se determinara mediante arbitraje 
vinculante, de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.5  Mediante una comunicación 
conjunta, de fecha 16 de diciembre de 2002, Chile y la Argentina solicitaron que yo actuara como 
                                                      
1 Informe del Órgano de Apelación, WT/DS207/AB/R, adoptado el 23 de octubre de 2002. 
 
2 Informe del Grupo Especial, WT/DS207/R, 3 de mayo de 2002, adoptado el 23 de octubre de 2002, 
modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS207/AB/R. 
 
3 WT/DS207/8. 
 
4 WT/DSB/M/136. 
 
5 WT/DS207/9. 
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Página 2  
 
árbitro.
6  En esa comunicación indicaban también que ha bían acordado prorrogar el plazo para el 
arbitraje de manera que terminara 90 días después de la fecha de designación del árbitro.7  Convenían 
además en que, a pesar de esta prórroga del plazo de  90 días previsto en el párrafo 3 c) del artículo 21 
del ESD, el laudo del árbitro se consideraría el la udo a los efectos del párrafo 3 c) del artículo 21 
del ESD.8  En carta de fecha 17 de diciembre de 2002 se comunicó a las partes mi aceptación de la 
designación como árbitro.9 
3. El 27 de enero de 2003 se recibieron sendas co municaciones de Chile y de la Argentina, y 
el 17 de febrero de 2003 se celebró una audiencia.  Tanto Chile como la Argentina presentaron en la 
audiencia documentación adicional.  Ninguna de las partes formuló ninguna objeción a la presentación por la otra de esa documentación adic ional.  Se permitió a las partes que presentaran 
observaciones por escrito respecto de las comunicaciones de la otra parte hasta el jueves 20 de febrero 
a más tardar.  Ambas partes presentaron observaci ones, pero no se opusieron a que yo tomara en 
consideración la nueva documentación.  En consecu encia, se ha incorporado dicha documentación al 
expediente del presente arbitraje. 
II. Argumentos de las partes 
A. Chile  
4. Chile solicita que determine que el "plazo prude ncial" sea de 18 meses a contar desde la fecha 
de la adopción de los informes del Grupo Especi al y del Órgano de Apelación en la presente 
diferencia, con lo que ese plazo expiraría el 23 de abril de 2004.
10 
5. Según Chile, la aplicación de las recomendaci ones y resoluciones del OSD requerirá la 
aprobación de una nueva ley que modifique adecuadam ente el sistema de bandas de precios ("SBP") 
cuya incompatibilidad con la OMC han constatado el  Grupo Especial y el Órgano de Apelación en la 
presente diferencia.11  Chile manifiesta que, al tratarse de una medida arancelaria, el SBP tiene 
normativamente la calidad de un tribut o en el ordenamiento jurídico chileno.12  El establecimiento y la 
                                                      
6 WT/DS207/11. 
 
7 Ibid. 
 
8 Ibid. 
 
9 WT/DS207/12. 
 
10 Comunicación de Chile, párrafo 61. 
 
11 Ibid. , párrafo 18. 
 
12 Ibid., párrafo 19. WT/DS207/13 
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modificación de tributos están sujetos a limitaci ones sustantivas y de procedimiento establecidas por 
la Constitución de Chile, que dis pone que todo tributo (incluidas su imposición y su modificación) 
debe ser regulado por ley aprobada por el Congreso Nacional.13  Esta prerrogativa del poder 
legislativo no puede ser delegada en el Presidente,  lo que excluye la posibilidad de que el SBP sea 
modificado por un simple acto del Poder Ejecutivo.14 
1. El proceso de aplicación en Chile  
6. Chile describe una etapa "pre-legislativa" que es la etapa inicial por la que ha de pasar 
cualquier proyecto de ley.  Esta etapa no está regulada ni impuesta por la ley en Chile.15  E n  l a  
práctica, tienen lugar en ella amplias consultas "e ntre las autoridades y representantes y entidades y 
agentes tanto públicos como privados, particularmente de todas aquellas organizaciones o gremios que representan los intereses que serán afectados por la nueva legislación".
16  E n  e l  c a s o  d e  u n a  
medida que modifique el SBP, intervendrá en esas c onsultas el Comité Interministerial de Relaciones 
Económicas Internacionales, integrado por diversos ministerios cuyas competencias se relacionan con 
los asuntos financieros, agrícolas y/o exteriores.17  Las consultas en esta etapa incluyen la realización 
de "estudios técnicos, políticos, sociales y legales"  sobre la cuestión que ha de ser objeto de la 
legislación, así como el análisis y la preparación del texto de una nueva medida.18 
7. Chile afirma que la etapa pre-legislativa con cerniente a la aplicación que se requiere en la 
presente diferencia entraña especiales dificultades,  y subraya que el SBP ha sido uno de los "pilares 
más fundamentales" de la política agraria chilena durante casi 20 años.19  Según Chile, con el SBP se 
pretende dar una respuesta a las fluctuaciones de precios derivadas de las intervenciones en el 
mercado por parte de los países exportadores de pr oductos agropecuarios.  Chile sostiene que la 
consiguiente dependencia del sector agrícola chile no del SBP hace que la etapa pre-legislativa sea 
sumamente crítica, como ponen de manifiesto i) la s aprensiones que han hecho presentes distintos 
agentes públicos y de sectores productivos important es frente a una eventual modificación del SBP, y 
                                                      
13 Ibid. 
14 Ibid., párrafo 20. 
 
15 Ibid., párrafo 23. 
 
16 Ibid., párrafo 24. 
 
17 Ibid., párrafo 27. 
 
18 Ibid., párrafos 24 y 26. 
 
19 Ibid., párrafo 7. 
 WT/DS207/13 
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ii) "en general, las molestias por las conclusiones de los informes [d el Grupo Especial y el Órgano de 
Apelación]" en este asunto.
20 
8. Dado lo anterior, Chile señala que "todos los Ministerios y reparticiones públicas 
comprometidos han estado efectuando una labor de sensibilización hacia dichos sectores en el sentido de que Chile requiere efectuar algunos ajuste s al SBP como parte de sus compromisos 
internacionales".
21  A tal fin, el Ministerio de Agricultura  ha mantenido un diálogo constante con las 
asociaciones de agricultores sobre las consecuencias que tienen los informes del Grupo Especial y el 
Órgano de Apelación en la presente diferencia para el actual SBP.22  Además, según Chile, hasta fines 
de 2002, Chile y la Argentina siguieron celebrando c onsultas para tratar de  alcanzar una solución 
mutuamente satisfactoria, no sólo en cuanto al pl azo prudencial para la ap licación de los informes, 
sino también en cuanto a los cambios que di cha aplicación exigiría introducir en el SBP.23  En ese 
mismo período, el Comité Interminis terial ha iniciado los debates sobr e lo que requiere la aplicación y 
sobre la naturaleza de las modificaciones que  puede ser preciso introducir en el SBP.24  Chile 
manifiesta que esta etapa pre-legislativa de consultas sobre la medida necesaria para modificar el SBP no ha terminado aún.
25 
9. En relación con la etapa legislativa, Chile aclar a que todas las medidas tributarias han de ser 
aprobadas por el Congreso Nacional, pero la "inicia tiva" legislativa en materia tributaria corresponde 
exclusivamente al Presidente.26  El proyecto de ley se remite a la primera Cámara del Congreso 
Nacional, la Cámara de Diputados.27  La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados "analiza 
los aspectos generales e ideas principales [del proyecto de ley]".28  Las conclusiones de la Comisión 
                                                      
20 Ibid., párrafo 25. 
21 Ibid., párrafo 26. 
 
22 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
23 Comunicación de Chile, párrafo 26. 
 
24 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
25 Ibid. 
 
26 Comunicación de Chile, párrafos 19 y 30. 
 
27 Ibid., párrafo 31. 
 
28 Ibid., párrafo 34. 
 WT/DS207/13 
Página 5 
 
 
se remiten al plenario de la Cámara.29  La Cámara procede entonces a una "discusión general" del 
proyecto de ley para decidir "si aprueba o rechaza la idea de legislar" en la materia de que se trate.30 
10. Una vez aprobado por la Cámara de Diputados en discusión general, el proyecto de ley se 
remite a las diversas comisiones legislativas competentes.31  En el caso de una medida que modifique 
el SBP, examinarán el contenido concreto del pr oyecto de ley las Comisiones de Hacienda, Economía, 
y Relaciones Exteriores.32  Tras su examen en comisiones, el pleno de la Cámara estudia de forma 
más detallada la ley durante la "discusión particular".33  Una vez aprobada por la Cámara, el proyecto 
de ley se remite a la segunda Cámara  del órgano legislativo, el Senado, donde el proyecto de ley es 
sometido a un proceso de examen idéntico.34 
11. Una vez aprobado por ambas cámaras del Congreso  Nacional, el proyecto de ley es remitido 
al Presidente para su aprobación.35  Al "sancionar" el proyecto de ley36, el Presidente dicta un Decreto 
Promulgatorio y lo envía a la Contraloría Ge neral para que examine su constitucionalidad.37  Una vez 
que la Contraloría General ha declarado que el proyecto de ley se ajusta a la Constitución38, el 
                                                      
29 Ibid., párrafo 35. 
30 Ibid. 
 
31 Ibid., párrafo 36. 
 
32 Ibid., párrafo 33. 
 
33 Ibid., párrafo 36.  En el curso de la discusión pa rticular, la Cámara puede  introducir modificaciones 
en el proyecto de ley o devolverlo a las comisiones pa ra que continúen su estudi o.  (Comunicación de Chile, 
párrafo 36.) 
 
34 Comunicación de Chile, párrafo 36 .  Si el Senado aprueba una ve rsión modificada del proyecto de 
ley, las dos versiones son debatidas por una comisión mixta Cámara-Senado y se procede a votar en cada una de las cámaras una versión acordada.  (Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia.) 
 
35 Comunicación de Chile, párrafo 38.  Si el Presiden te no aprueba el proyecto de ley, lo devuelve al 
Congreso Nacional con las observaciones  pertinentes, dentro del término de 30 días.  El Congreso Nacional 
puede entonces aprobar las observaciones o, con una mayorí a especial, desechar todas o algunas de ellas.  Puede 
también rechazar el proyecto de ley en su integridad.  En  caso de que el proyecto sea aprobado por el Congreso, 
se vuelve a remitir al Presidente para su pr omulgación.  (Comunicación de Chile, párrafo 38.) 
 
36 La sanción puede ser expresa o tácita, presumiéndose si el Presidente no devuelve el proyecto dentro 
de los 30 días contados desde la fecha de su  remisión.  (Comunicación de Chile, párrafo 39.) 
 
37 Comunicación de Chile, párrafos 40 y 42. 
 
38 Chile señala también que en cualquier etapa legisl ativa anterior puede requerirse que el Tribunal 
Constitucional examine la cuestión de constitucionalidad, pero que "el requerimiento no suspende la tramitación 
del proyecto [de ley]".  (Comuni cación de Chile, párrafo 46.) 
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Página 6  
 
Presidente dispone su publicación como ley en el Diario Oficial.
39  La publicación de la ley es el 
último trámite que requiere el proceso legislativo. 
12. Chile afirma que el plazo promedio para  la aprobación de leyes "regulatorias"40 es de 
aproximadamente 24 meses41, y que el período correspondiente en el caso de la legislación tributaria 
es de aproximadamente 19 meses.42  Los procedimientos de "urgencia"43 no son pertinentes al "plazo 
prudencial" para la aplicación, ya que, de conf ormidad con la legislación chilena, el recurso a esos 
procedimientos queda al arbitrio del Presidente y, en todo caso, cualquiera de las cámaras puede 
rechazar la solicitud de tramitación urgente.44  Y lo que es aún más importante, como reconocieron los 
árbitros en los asuntos Chile - Bebidas alcohólicas  y Corea - Bebidas alcohólicas , los Miembros que 
han de proceder a la aplicación no están obligados a recurrir a procedimientos distintos del proceso 
legislativo normal al aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD.45 
2. Plazo prudencial propuesto por Chile  
13. Chile aduce que el "plazo prudencial" para la aplicación a que se refiere el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD debe interpretarse a la luz de l artículo 22, que trata de las consecuencias del 
incumplimiento por un Miembro de las recomend aciones y resoluciones del OSD dentro del plazo 
prudencial determinado de  conformidad con el pá rrafo 3 del artículo 21.46  En concreto, Chile sostiene 
que al determinar el "plazo prudencial" el árbitr o debe dejar al Miembro que  ha de proceder a la 
aplicación tiempo suficiente para adoptar aquellas medidas necesarias para la "aplicación plena y 
                                                      
39 Comunicación de Chile, párrafos 43 y 44. 
 
40 Leyes "regulatorias" son aquellas que regulan dir ecta o indirectamente las instituciones públicas, 
incluidos su establecimiento , sus actividades y funcionamiento, sus derechos y obligaciones con respecto a los 
ciudadanos y algunas otras cuestiones.  (Respuesta de  Chile a preguntas formuladas en la audiencia.) 
 
41 Comunicación de Chile, párrafo 48. 
 
42 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
43 La Argentina aduce que cabe pedir a Chile que re curra a las "modalidades de urgencia" autorizadas 
constitucionalmente, con las que el Presidente puede tratar  de que se proceda a un examen más rápido de los 
proyectos de ley.  El Presidente, al prescribir para un proyecto de ley la "simple urgencia", "suma urgencia" o la 
"discusión inmediata" cuando lo presenta al Congreso Nacional, puede solicitar que el plazo para el trámite 
concreto del proceso legislativo se reduzca respectivamen te a 30, 10 ó 3 días.  (C omunicación de la Argentina, 
párrafo 36.) 
 
44 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
45 Intervención de Chile en la audiencia. 
 
46 Comunicación de Chile, párrafo 54. 
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Página 7 
 
 
eficaz" de las recomendaciones y resoluciones del OSD, que según declara el artículo 22 es la opción 
preferida.47 
14. Chile afirma también que el párrafo 3 c) de l artículo 21 no establece un período de 15 meses 
como máximo  para que un árbitro establezca el "plazo prudencial" para la aplicación.48  En lugar de 
ello, la razonabilidad del plazo para la aplicaci ón obliga al árbitro a tomar en consideración las 
circunstancias específicas del caso.49  Chile considera que en el presente caso justifican un "plazo 
prudencial" superior a 15 meses las siguientes circunstancias:  i)  la importancia del SBP como uno de 
los "pilares fundamentales" de la política agraria chilena durante casi 20 años y las consiguientes 
repercusiones significativas de una modificación del SBP50;  ii) la intensidad de la oposición política, 
tanto en el órgano legislativo como en el sector privado, a la reforma del SBP51;  y iii) el hecho de que 
la aplicación exige la aprobación de una nueva ley (y  no simplemente una medida administrativa) y el 
"proceso" que entraña esa aprobación, en concreto  las consultas pre-legislativas y las etapas del 
proceso legislativo descritas por Chile en su comunicación.52 
15. Chile señala que lo que plantea no es simpleme nte la "conflictividad" de la modificación del 
SBP o la posible necesidad de un ajuste estructur al del sector agropecuario como aspectos que sea 
pertinente tener en cuenta al establecer el "pla zo prudencial", por cuanto reconoce que árbitros 
anteriores han descartado aspectos de esa naturaleza.  Chile considera que la repercusión de cualquier 
modificación del SBP en los sectores afectados es pertinente a mi determinación desde el punto de vista de la evaluación de la complejidad inherente a las etapas pre-legislativa y legislativa, que influye 
en la evaluación del plazo prudencial para la aplicación.
53 
16. Chile subraya que, según el párrafo 2 del artíc ulo 21 del ESD, "[s]e prestará especial atención 
a las cuestiones que afecten a los intereses de los países en desarrollo Miembros con respecto a las 
medidas que hayan sido objeto de solución de difere ncias".  Habida cuenta de la importancia que 
reviste la agricultura para la economía chilena y de la función que ha venido cumpliendo durante un 
período dilatado el SBP en la política agraria y comerc ial chilena, Chile aduce que yo debería tener en 
                                                      
47 Ibid. 
 
48 Ibid., párrafo 52. 
 
49 Ibid. 
 
50 Ibid., párrafo 51. 
 
51 Ibid. 
 
52 Ibid., párrafo 53. 
 
53 Intervención de Chile en la audiencia. WT/DS207/13 
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cuenta sus intereses específicos como país en desa rrollo Miembro al determinar un "plazo prudencial" 
para la aplicación.
54 
17. Chile rechaza la tesis de la Argentina de que en  el presente caso bastaría para la aplicación la 
eliminación del SBP.  Aunque aún no ha determin ado exactamente qué forma adoptará su nueva ley 
para aplicar las resoluciones formuladas en la presente diferencia, Chile afirma que la determinación de la "mejor" o incluso de la "única" forma de ap licación excede de mi competencia como árbitro de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21  del ESD.  Chile sostiene  que, como han observado 
anteriores árbitros, la determinación de la forma de la aplicación corresponde exclusivamente al 
Miembro que ha de proceder a ella, y que mi úni ca función consiste en evaluar qué plazo sería 
"prudencial" para la forma de aplicación identificada por el Miembro.
55 
18. Además, Chile considera que la comparación que hace la Argentina con los breves plazos que 
fueron necesarios para la aprobación de las Leyes 19. 772 (que modificó el arancel consolidado en la 
OMC para el azúcar) y 19.716 (que dio apli cación a las recomendaciones y resoluciones de Chile - 
Bebidas alcohólicas ) es errónea.  La Ley 19.772 no redujo, sino que aumentó  la protección de la 
industria azucarera, y fue precedida además por una serie de negociaciones bilaterales con los 
interlocutores comerciales, factores ambos que facilitaron la etapa pre-legislativa.56  E n  l o  q u e  
respecta a la Ley 19.716, Chile había mant enido negociaciones durante 10 meses con las 
Comunidades Europeas cuando la medida se presentó al Congreso Nacional, y el Presidente recurrió 
al procedimiento de urgencia.57  Chile aduce, en consecuencia, que la experiencia relativa a la 
aprobación de esas dos leyes no es pertinente a la determinación de un "plazo  prudencial" para la 
aplicación en el presente asunto. 
B. Argentina  
19. La Argentina solicita que yo determine que un plazo de nueve meses y seis días es un "plazo 
prudencial" en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD para la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en el presente caso. 
                                                      
54 Comunicación de Chile, párrafos 55 a 59. 
 
55 Intervención de Chile en la audiencia. 
 
56 Ibid. 
 
57 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia.  Chile añadió que de no haber estado 
próximo a finalizar el "plazo prudencial" no habría sido preciso recurrir al procedimiento de urgencia. 
 WT/DS207/13 
Página 9 
 
 
20. La Argentina señala que, de conformidad c on el párrafo 1 del artículo 21 del ESD, el 
cumplimiento de las recomendaciones y r esoluciones del OSD ha de ser "pronto".58  Como declaró el 
Árbitro en Chile - Bebidas alcohólicas , "de la lectura conjunta de los párrafos 1 y 3 del artículo 21 se 
deduce que el 'pronto' cumplimiento es, en principio, el cumplimiento 'inmediato'".59  La Argentina 
aduce que a la luz de esta exigen cia fundamental de pronto, o inmediato, cumplimiento, el "plazo 
prudencial" que concede para la aplicación el párra fo 3 del artículo 21 constituye una "excepción" al 
principio general de pronto cumplimiento, en  el sentido de cumplimiento inmediato. 
21. En consecuencia, la Argentina coincide con Chile en que el plazo de 15 meses indicado en el 
párrafo 3 c) del artículo 21 es una "directriz [que] resulta sólo de carácter indicativo" y en que el árbitro debe centrarse en las circunstancias del caso.
60  La Argentina, recordando que árbitros 
anteriores han constatado que la apli cación debe producirse en el plazo más breve posible en el marco 
del ordenamiento jurídico del Miembro61, sostiene que corresponde a Chile  la carga de la prueba de 
que el plazo propuesto por ese país, que excede del "plazo más breve posible" en su ordenamiento, 
está justificado por las circunstancias del caso.62 
22. La Argentina aduce que "la única forma de implementación apropiada de la recomendación 
del OSD consiste en la eliminación del sistema de ba ndas de precios, ya que el mismo lleva a percibir 
en aduana, respecto de los productos objeto de la di sputa, gravámenes que no constituyen derechos de 
aduana propiamente dichos".63  A la luz del razonamiento del Ór gano de Apelación en esta diferencia, 
según la Argentina, la única medida que Chile puede  aplicar para otorgar protección a los productores 
de los productos agrícolas de que se trata consiste en  la aplicación de derechos  de aduana propiamente 
dichos, como permite el Acuerdo sobre la Agricultura .64 
23. La Argentina sostiene que Chile no ha defini do suficientemente los métodos de aplicación 
que se propone adoptar en el presente caso.  Aunque  Chile ha declarado que será necesaria una ley 
tributaria, la inexistencia de más detalles específicos en cuanto al alcance o al texto de la medida que 
                                                      
58 Comunicación de la Argentina, párrafo 21. 
 
59 Comunicación de la Argentina, párrafo 23 (e n el que se cita el Laudo del Árbitro, Chile - Bebidas 
alcohólicas , párrafo 38). 
 
60 Ibid., párrafo 27. 
 
61 Ibid., párrafos 28 y 29. 
 
62 Ibid., párrafos 29 y 30;  intervención de la Argentina en la audiencia. 
 
63 Comunicación de la Argentina, párrafo 18. 
 
64 Ibid., párrafos 19 a) a 19 e). 
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Página 10  
 
se propone adoptar no puede respaldar el plazo de 18 meses solicitado por Chil e, especialmente dado 
que para la aplicación de las recomendaciones y r esoluciones del OSD basta el acto relativamente 
sencillo de eliminar el SPB.
65  La Argentina aduce que esta inexistencia de más aclaraciones de Chile 
acerca de la forma de aplicación debería tener como consecuencia la determinación de un "plazo prudencial" para la aplicación no más dilatado, sino más breve.
66 
24. La Argentina reconoce que, según lo dispuesto en  la Constitución de Chile y la Ley Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional, la aprobaci ón de una norma legal requiere la iniciativa 
presidencial y la discusión del proyecto en el C ongreso Nacional, seguidas de la sanción presidencial 
y la promulgación y publicación.67  Según la Argentina, la legislación chilena establece que la 
duración de este proceso legislativo puede "extenderse hasta cinco meses".68  Sin embargo, con 
respecto a la etapa "pre-legislativa" descrita por  Chile, la Argentina aduce que esa etapa no es 
obligatoria en virtud de la legislación chilena, por  lo que no debe ser tenida en cuenta en mi 
determinación del "plazo pr udencial" para la aplicación.69  La Argentina solicita que en caso de 
considerar que esa etapa es pertinente a mi determ inación, no conceda demasiado peso a esta fase del 
proceso legislativo. 
25. La Argentina señala también que el artícul o 52 de la Constitución de Chile establece 
"modalidades de urgencia" con las que el Presidente puede tratar que se examine más rápidamente el 
proyecto de ley.70  Conforme a este procedimiento de urgenc ia, el Presidente puede prescribir para un 
proyecto de ley la "simple urgencia ", "suma urgencia", o "discusión inmediata" cuando lo presenta al 
Congreso Nacional.71  Esa atribución abrevia el plazo para el trámite concreto del proceso legislativo 
a 30, 10 ó 3 días respectivamente.72  La Argentina sostiene que cabe  exigir razonablemente a Chile 
que, al cumplir sus obligaciones internacionales, recu rra al procedimiento de urgencia, factor éste que 
debería tenerse en cuenta en mi determinaci ón del "plazo prudencial" para la aplicación.73 
                                                      
65 Intervención de la Argentina en la audiencia. 
 
66 Ibid. 
 
67 Comunicación de la Argentina, párrafo 35. 
 
68 Ibid. 
 
69 Intervención de la Argentina en la audiencia. 
 
70 Comunicación de la Argentina, párrafo 36. 
 
71 Ibid. 
 
72 Ibid. 
 
73 Ibid., intervención de la Argentina en la audiencia. WT/DS207/13 
Página 11 
 
 
26. A pesar de la denominación de "urgencia" que se da a este procedimiento, la Argentina indica 
que esta práctica constituye en realidad una parte "normal y habitual" del proceso legislativo de 
Chile.74  Tras referirse a las 23 leyes que, según afirma, se aprobaron en 2002 conforme al 
procedimiento de urgencia, la Argentina aduce que el Presidente recurre a esta opción de modo 
suficientemente regular, cuando se trata de agilizar los trámites legislativos, para que su utilización 
por Chile en el presente asunto esté justificada.75  La Argentina aduce que, en consecuencia, al 
establecer el "plazo prudencial" para la aplicaci ón de las recomendaciones y resoluciones del OSD yo 
debería tener en cuenta la posibilidad de  recurrir al procedimiento de urgencia. 
27. El examen de la aprobación de la Ley chilena  19.772 que, entre otras cosas, modificó el tipo 
arancelario de Chile consolidado en la OMC para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, hace patente, según la Argentina, que es posible apr obar legislación mucho más rápidamente de lo que 
indica Chile.
76  Entre la presentación del proyecto al Congreso Nacional y su publicación en el Diario 
Oficial de Chile sólo transcurrieron 69 días.77  Al tratarse de una medida arancelaria, esa Ley estaba 
sujeta a los mismos trámites legislativos a los que estaría sometido cualquier proyecto de ley que 
modifique el SBP y, en consecuencia, en la comuni cación de la Argentina se utiliza como elemento de 
comparación útil para evaluar cuál debería ser la dur ación de un "plazo prudencial" para la aplicación 
en el presente asunto. 
28. La Argentina destaca de forma análoga la rá pida aplicación por Chile de la legislación que 
modificó la legislación tributaria cuya incomp atibilidad con la OMC se había constatado en  Chile - 
Bebidas alcohólicas .  La nueva Ley fue aprobada un mes aproximadamente después de que hubiera 
sido presentada al Congreso Nacional, debido a que el Presidente recurrió al procedimiento de urgencia previsto en la Constitución de Chile.
78 
29. La Argentina niega que la importancia que ha tenido durante un período d ilatado el SBP para 
el sector agrario de Chile sea pertinente y aduce que árbitros anteriores han rechazado expresamente 
alegaciones análogas de dificultades derivadas de  la oposición política a la aplicación.  Según la 
comunicación de la Argentina, permitir que la eval uación del "plazo prudenci al" se base en ese hecho 
                                                      
74 Intervención de la Argentina en la audiencia. 
 
75 Ibid. 
 
76 Comunicación de la Argentina,  párrafo 38 y anexo ARG-3. 
 
77 Ibid., párrafo 35 y anexo ARG-3. 
 
78 Intervención de la Argentina en la audiencia. 
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retrasaría indefinidamente la aplicación, en cont ra de la obligación de pronto cumplimiento que 
impone el ESD.
79 
30. En lo que respecta a la pretensión de Chile de  que se tome en consideración su condición de 
país en desarrollo Miembro, la Argentina se sorpre nde de que se haya formulado esa alegación, ya 
que en el curso de la audiencia del Órgano de  Apelación ambas partes coincidieron en que su 
respectiva condición de país en desarrollo carecí a de relevancia en la presente diferencia.80  N o  
obstante, la Argentina afirma que el texto del párra fo 2 del artículo 21 no establece ninguna distinción 
entre reclamantes y demandados al prescribir que debe prestarse especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los países en desarrollo.  A este respecto, la Argentina sostiene que su propia 
condición de país en desarrollo merece especial atención en esta determinación, por cuanto la 
continuación de la aplicación del SBP ha anulado y menoscaba do derechos de la Argentina.
81  E n  
cualquier caso, según la Argentina, Chile no se encuentra en el presente  caso en dificultades 
económicas especiales como país en desarrollo, en contraste con la situación financiera de Indonesia 
cuya pertinencia de conformidad con el párrafo  2 del artículo 21 se constató en el asunto  Indonesia - 
Automóviles .82 
31. Por último, la Argentina afirma que Chile ha tenido conocimiento de que estaba sujeto a la 
obligación internacional de cumplir las recomendaci ones y resoluciones del OSD al menos desde el 
23 de octubre de 2002, fecha en que se adoptaron los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación.  Desde entonces han transcurrido más de cu atro meses y, según aduce la Argentina, Chile 
no ha hecho durante ese tiempo avances suficientes hacia la aplicación.  En consecuencia, la 
Argentina sostiene que esta ausencia de progresos,  especialmente en lo que respecta a las consultas 
pre-legislativas, debería tenerse en cuenta en mi  determinación, conforme a lo declarado por el 
Árbitro en Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor .
83 
III. Plazo prudencial 
32. Mi cometido en el presente arbitraje consiste en determinar el "plazo prudencial" (término 
utilizado en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD ) para la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en el asunto Chile - Sistema de bandas de precios .  Reconozco que no se me 
                                                      
79 Ibid. 
 
80 Ibid. 
 
81 Ibid. 
 
82 Ibid. 
 
83 Ibid. WT/DS207/13 
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pide que al hacerlo determine, ni siquiera que s ugiera, la forma en que un Miembro debería cumplir 
sus obligaciones internacionales.  Mi función consiste  en fijar un "plazo prudencial" adecuado a la 
forma propuesta por el Miembro que ha de proceder a la aplicación.84  En consecuencia, estoy de 
acuerdo con la declaración del Árbitro en Corea - Bebidas alcohólicas  de que "la elección de la forma 
de aplicación es, y debe ser, prerrogativa del Miembro que  ha de proceder a ella, en la medida en que 
los medios elegidos sean compatibles con las recomendaciones y resoluciones del OSD y con las 
disposiciones de los acuerdos abarcados".85 
33. El párrafo 1 del artículo 21 del ESD, que es un c ontexto pertinente para la interpretación de 
los demás párrafos de dicho artículo, declara que "[p]ara asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los Miembros, es esencial  el pronto cumplimiento de las recomendaciones o 
resoluciones del OSD".  No obstante, la parte intr oductoria del párrafo 3 de l artículo 21, reconociendo 
que es posible que el "pronto cumplimiento" no siempre puede ser cumplimiento "inmediato", 
establece que "[e]n caso de que no sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y resoluciones [del OSD], el Miembro afectado dis pondrá de un plazo prudencial para hacerlo".  Por 
consiguiente, la premisa de la c oncesión de un "plazo prudencial" para la aplicación es el hecho de 
que al Miembro no le sea factible cumplir las recomendaciones y resoluciones "inmediatamente".
86 
34. El párrafo 3 c) del artículo 21 establece como "d irectriz" para el Árbitro que determine un 
"plazo prudencial" para la aplicación que ese plazo no deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha 
de adopción de los informes del Grupo Especial o del Órgano de Apelación.  A pesar de esa 
"directriz", debo atender en última instancia, como  dispone el párrafo 3 c) del artículo 21, a las 
"circunstancias del caso", que pueden aconsejar el  establecimiento de un plazo más corto o más 
largo.87  Como han observado anteriores árbitros, el prin cipio rector es que el "plazo prudencial" debe 
ser "el más breve plazo posible en el cual, dentro del sistema jurídico del Miembro de que se trate, 
                                                      
84 Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para productos farmacéuticos , párrafo 43. 
 
85 Laudo del Árbitro, Corea - Bebidas alcohólicas , párrafo 45. 
 
86 Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para productos farmacéuticos , párrafo 45;  Laudo del Árbitro, 
Australia - Salmón , párrafo 30;  Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Acero laminado en caliente , párrafo 25.  
Hay que señalar que las dos partes en el presente arbitraje aducen que es necesaria nueva legislación para aplicar 
las recomendaciones y resoluciones del OSD, por lo que parecen convenir en que no es f actible para Chile el 
cumplimiento "inmediato".  No se ha  planteado como cuestión que haya que decidir en el pres ente arbitraje el 
hecho de que el cumplimiento inmediato por Chile no es factible. 
 
87 Laudo del Árbitro, Canadá - Período de prot ección mediante patente , párrafo 36;  Laudo del 
Árbitro, Corea - Bebidas alcohólicas , párrafo 36. 
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puedan aplicarse las recomendaciones y resoluciones pertinentes del OSD"
88, a la luz de las 
"circunstancias del caso" que c oncurran en la diferencia. 
35. En el presente arbitraje se plan tean las siguientes cuestiones: 
a) si Chile, en su calidad de Miembro que ha de proceder a la aplicación, sólo puede 
seguir una vía posible para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD, en concreto la eliminación del SBP con respecto a los productos en litigio; 
b) si las consultas pre-legislativas, iniciadas por Chile, pero no impuestas por la 
legislación chilena, son pertinentes y, de serlo, en qué aspectos y en qué medida; 
c) si las disposiciones adoptadas por Ch ile para aplicar esas recomendaciones y 
resoluciones o su retraso en adoptar tales me didas, desde la adopción de los informes 
del Grupo Especial y el Órgano de Apelación,  deben tenerse en cuenta al fijar el 
plazo prudencial; 
d) si la oposición política y empresarial existente en Chile a la modificación del SBP es 
pertinente, y de serlo, en qué medida; 
e) el grado de pertinencia y de importancia  que debe atribuirse a los procedimientos 
existentes en el ordenamiento jurídico de Chile para agilizar la tramitación de 
legislación cuya aprobación es necesaria para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD;  y 
f) la significación en el presente arbitraje de los intereses de los países en desarrollo, 
categoría a la que pertenecen tanto Chile como la Argentina. 
36. La Argentina aduce que "la única forma de implementación apropiada de la recomendación 
del OSD consiste en la eliminación del sistema de ba ndas de precios, ya que el mismo lleva a percibir 
en aduana, respecto de los productos objeto de la di sputa, gravámenes que no constituyen derechos de 
aduana propiamente dichos".
89  El carácter sencillo de este acto, según la comunicación de la 
Argentina, contradice la alegación de Chile de que es necesario un plazo considerable para elaborar 
una ley que reemplace a esa medida tras manten er un diálogo con otros organismos y grupos de 
interés y recibir su aportación.  Si la eliminación del SBP, en la medida en que afecta a los productos 
                                                      
88 Véase, por ejemplo, Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916 , párrafo 32 (en el que se cita, 
entre otros el Laudo del Árbitro en Canadá - Patentes para productos farmacéuticos , párrafo 47). 
 
89 Comunicación de la Argentina, párrafo 18. 
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Página 15 
 
 
de que se trata (y no su modificación), constituye o no la "única" forma "apropiada" de aplicación no 
es una cuestión sobre la que deba adoptarse una decisión en el presente arbitraje.90  Como se ha 
expuesto antes, mi examen y mi determinación han de centrarse en el  plazo  necesario para aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD y no en la forma  en que Chile se propone aplicarlas.91  En 
consecuencia, no acepto el ar gumento de la Argentina. 
37. No obstante, el hecho de que el arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 se 
centre en el plazo para la aplicación no priva de importancia, desde la perspectiva del árbitro, al 
contenido de la aplicación, es decir a la forma o medi o concreto de aplicación.  De hecho, cuanta más 
información se tenga acerca de los detalles de la medida de aplicación, con más orientación contará un 
árbitro para elegir un plazo prudencial y más probable será que ese plazo responda a un equilibrio 
equitativo entre las necesidades legítimas del Miembro que ha de proceder a la aplicación y las del 
Miembro reclamante.  No obstante, el árbitro debe  abstenerse de decidir lo que debe hacer un 
Miembro para proceder a una adecuada aplicación.92  Acepto el propósito manifestado por Chile de 
aprobar una nueva legislación que modifique el SBP para hacerlo compatible con sus obligaciones en 
el marco de la OMC.  La determinación de la forma de hacerlo corresponde a Chile. 
38. Chile describe una etapa "pre-legislativa" a la que sigue un dilatado procedimiento de 
elaboración legislativa al que debe someterse cual quier ley destinada a aplicar las recomendaciones y 
resoluciones del OSD.93  El proceso legislativo en varias et apas, que entraña la participación de 
diversas comisiones legislativas, con dos rondas de exámenes al menos ("discusión general" y 
"discusión particular", en palabras de Chile) no só lo en esas comisiones, sino también en cada una de 
las cámaras del Congreso, pone de relieve la complejidad del  proceso  que Chile ha de llevar a cabo 
en el curso de la aplicación.  Considero que la co mplejidad del proceso de elaboración de las leyes es 
pertinente a mi determinación94 y estoy de acuerdo con la observación de anteriores árbitros de que es 
                                                      
90 En Canadá - Patentes para productos farmacéuticos  el Árbitro rechazó una reclamación análoga de 
las Comunidades Europeas, que habían alegado que el Canadá estaba obligado a derogar una disposición de su 
Ley de Patentes y no a poner en vigor nuevos reglamentos para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Laudo del Árbitro, párrafos 37 a 40. 
 
91 Véase, supra , párrafo 32 del presente Laudo. 
 
92 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Acero laminado en caliente , párrafo 30. 
 
93 Véanse, supra , párrafos 37 a 43 del presente Laudo. 
 
94 Laudo del Árbitro, CE - Banano III , párrafo 19;  Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916 , 
párrafos 38 y 39. 
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probable que la aplicación por medios legisla tivos requiera más tiempo que la adopción de 
reglamentos administrativos u otro acto que sea competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
95 
39. No obstante, una vez dicho esto, soy también con sciente de que la mayoría de los trámites del 
procedimiento de elaboración de le yes de Chile, aunque exigidos por la  ley, no están sujetos a límites 
legales o constitucionales.  En consecuencia, pa rece existir un cierto grado de "flexibilidad"  96 dentro 
del proceso legislativo normal, especialmente en lo que respecta a trámites tales como las 
"discusiones generales" y la sanción presidencial, flexibilidad que cabe justificadamente esperar que 
Chile utilice de buena fe para poder elaborar pront amente una nueva ley que elimine o modifique el 
SBP y garantice por lo demás la conformidad del si stema con las obligaciones de Chile en el marco de 
la OMC. 
40. Según Chile, en el período transcurrido desde el 23 de octubre de 2002, fecha de adopción de 
los informes del Grupo Especial y del Órgano de  Apelación, Chile ha comenzado a aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  En su r espuesta a preguntas formuladas en la audiencia, 
Chile citó como disposiciones adoptadas por ese país pa ra promover la aplicación las siguientes:  i) la 
celebración de consultas con la Argentina, así como  con otros interlocutores comerciales, sobre el 
plazo prudencial para la aplicación y sobre posibles medidas necesarias para la aplicación;  ii) la 
celebración de conversaciones entre el Ministerio  chileno de Agricultura y las asociaciones de 
agricultores;  iii) las deliberaciones del Comité Interministerial sobr e las modificaciones que puede ser 
necesario introducir en el SBP en virtud de lo s informes del Grupo Especial y del Órgano de 
Apelación. 
41. Esas disposiciones adoptadas por Chile en los últimos meses forman parte de la etapa 
"pre-legislativa" del proceso de elaboración de le yes de Chile.  Chile aduce que esta etapa es un 
componente de la aplicación por ese país de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  La Argentina sostiene que, dado que la legislación ch ilena no impone esa etapa, puede exigirse a Chile 
que aproveche la "flexibilidad" de que goza para eliminar o reducir al mínimo el tiempo necesario 
para ella.  Por tanto, la Argentina sugiere que el tiempo solicitado por Chile para la etapa 
pre-legislativa no debe considerarse pertinente a mi  determinación del "plazo  prudencial" para la 
aplicación. 
                                                     
 
95 Véanse, por ejemplo, Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de 
Autor , párrafo 34;  Laudo del Árbitro, Australia - Salmón , párrafo 38;  Laudo del Árbitro, Canadá - Período de 
protección mediante patente , párrafo 41. 
 
96 Laudo del Árbitro, Canadá - Período de prot ección mediante patente , párrafo 64;  Laudo del 
Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916 , párrafo 39;  Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Artículo 110(5) de la 
Ley de Derecho de Autor , párrafos 38 y 39. 
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42. La inexistencia de una obligación impuesta por las leyes de Chile de entablar consultas 
pre-legislativas no basta, a mi parecer, para descarta r la pertinencia de esas consultas a los efectos del 
presente arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21.  Como han indicado otros 
árbitros97, y ha subrayado Chile, la etapa de consultas es importante para establecer la base que 
permite que un proyecto de ley sea aprobado en el proceso legislativo.  Las consultas tanto con instituciones públicas como con los sectores afecta dos de la sociedad, aunque no sean legalmente 
obligatorias, suelen formar parte del proceso de elaboración de las leyes en las comunidades políticas 
contemporáneas, y esas consultas deben ser tenidas en cuenta al fijar un "plazo prudencial" para la 
aplicación. 
43. La Argentina solicita además que, aun en el caso  de que se considere pertinente la etapa 
"pre-legislativa", yo interprete que los actos realiz ados hasta ahora por Chile reflejan una ausencia de 
progresos en el proceso de aplicación por parte de ese país, ya que han transcurrido más de cuatro 
meses desde la adopción por el OSD de los info rmes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación 
en la presente diferencia y parecen haberse h echo escasos progresos positivos.  La obligación de un 
Miembro de aplicar las recomendaciones y resoluci ones del OSD nace en el momento de la adopción 
por el OSD de los informes pertinentes del Grupo Especial y/o del Órgano de Apelación.  En mi 
opinión, aunque el párrafo 3 del artículo 21 recono ce que hay circunstancias en las que la aplicación 
inmediata  no es "factible", el proceso de aplicación no debe dilatarse debido a la pasividad (o a la 
insuficiente actividad) de un Miembro en los primeros  meses posteriores a la adopción.  Dicho de otro 
modo, con independencia de  que un Miembro pueda o no completar  prontamente la aplicación, debe 
como mínimo iniciar  y seguir adoptando prontamente medidas concretas tendientes a la aplicación.  
De lo contrario, la pasividad o la conducta dilato ria del Miembro que ha de proceder a la aplicación 
agravaría la anulación o menoscabo de los derec hos de otros Miembros causada por la medida 
incompatible.  Por esta razón en los laudos arb itrales de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 el "plazo prudencial" se calcula a partir de la fecha de adopción de los informes del Grupo 
Especial y/o del Órgano de Apelación. 
44. En consecuencia, habida cuenta de la importancia del pronto cumplimiento en el 
procedimiento de solución de diferencias de la OMC, coincido con la declaración del Árbitro en 
Estados Unidos - Artículo 110(5) de  la Ley de Derecho de Autor : 
[...] el Miembro que procede a la aplicación debe aprovechar el período posterior a la 
adopción al informe de un grupo especial y/ o del Órgano de Apelación para iniciar la 
aplicación de las recomendaciones y resolucion es del OSD.  Los árbitros examinarán 
                                                     
 
97 Laudo del Árbitro, Chile - Bebidas alcohólicas , párrafo 43;  Laudo del Árbitro, Estados Unidos - 
Acero laminado en caliente , párrafo 38. 
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concienzudamente los actos relacionados con la aplicación realizados por el Miembro 
que ha de proceder a ella en el período qu e media entre la adopción del informe de un 
grupo especial o del Órgano de Apelación y la iniciación de un arbitraje.  Hay que esperar que el árbitro, en caso de advertir que el Miembro que ha de proceder a la aplicación no ha dado comienzo de forma adecuada a ésta con miras al "pronto 
cumplimiento" tras la adopción del informe te nga en cuenta ese hecho al determinar 
el "plazo prudencial".
98 
45. Sobre la base de la descripción que hace Chile de las disposiciones que ha tomado con miras a 
la aplicación, no puedo formarme una idea clara de cuáles son los resultados que se han logrado con 
las diversas consultas celebradas hasta ahora.  Entr e la adopción de los informes del Grupo Especial y 
del Órgano de Apelación y la emisión del presente  Laudo han transcurrido casi cinco meses.  Chile 
afirma que la etapa pre-legislativ a no "está en modo alguno terminada".99  Como se ha expuesto antes, 
soy consciente de la utilidad de actividades pre-le gislativas minuciosas, especialmente para garantizar 
la aprobación del texto legal final y c onseguir con ello la "aplicación plena".100  Reconozco también 
que las consultas, conversaciones y deliberaciones s on, por su propia naturaleza, indeterminadas y no 
pueden estar sujetas a plazos arbitrarios, especialmen te debido a que la extensión de esas actividades 
puede variar en función de la medida en litigio.  No obstante, a efectos del cálculo de un "plazo 
prudencial" en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 21 no debe suponerse que esas actividades no 
estén sujetas a límites razonables.101  No pretendo indicar que las act ividades pre-legislativas de Chile 
en el presente caso deberían necesariamente haber c oncluido ya, pero, en mi opinión, cabría esperar 
razonablemente que esta etapa hubiera av anzado más de lo que lo ha hecho. 
46. Chile subraya que el SBP ha constituido uno de los "pilares"102 más fundamentales de su 
política agraria durante casi 20 años y ha tenido por finalidad mitigar las fluctuaciones de precios de 
determinados productos chilenos en  el mercado mundial.  Esas fluctuaciones de precios, según Chile, 
son imputables a las políticas intervencionistas de otros Estados exportadores de productos agropecuarios.  Además, Chile al ega que la existencia del SBP er a perfectamente conocida por los 
interlocutores comerciales de ese país cuando tuvo lu gar la Ronda Uruguay, y que esos interlocutores 
aseguraron que el SBP era compatible con los comp romisos contraídos por Chile en el marco del 
Acuerdo sobre la Agricultura .  En consecuencia, Chile señala que hay en ese país una amplia 
oposición que se resiste a la modificación del SBP porque, según manifiesta Chile, esa oposición 
                                                     
 
98 Laudo del Árbitro, párrafo 46. 
 
99 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
100 Párrafo 1 del artículo 22 del ESD. 
 
101 Laudo del Árbitro, Canadá - Automóviles , párrafo 49. 
 
102 Comunicación de Chile, párrafo 7. 
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considera que el SBP es una medida de defensa pa ra contrarrestar las políticas distorsionadoras de 
otros países y un mecanismo plenamente transparente que los demás Miembros de la OMC 
anteriormente habían comprendido y aceptado.103 
47. La Argentina no pone en tela de juicio la exis tencia en Chile de una oposición importante a la 
eliminación o reforma del SBP, ni niega las consecue ncias que tiene esa oposición para la aprobación 
de una medida de aplicación compatible con la OMC.  En cambio, se remite a las declaraciones de 
árbitros anteriores que han descartado como base pa ra conceder plazos de aplicación más largos la 
"conflictividad" interna de una medida propuesta.104  A este respecto se ha declarado acertadamente 
que "[t]odas las diferencias que se plantean en la OMC son 'conflictivas' en el ámbito interno de los 
países, al menos hasta cierto punto;  si no lo fueran, los Miembros de la OMC no tendrían necesidad de recurrir al mecanismo de solución de diferencias".
105  Por lo tanto, la simple conflictividad no 
puede ser, de conformidad c on el párrafo 3 c) del artículo 21, razón suficiente para establecer un plazo 
más largo. 
48. No obstante, de los elementos de hecho de la  presente diferencia, según la descripción de 
Chile, que no ha sido impugnada por la Argentina,  se derivan preocupaciones especiales que merecen 
ser tenidas en cuenta en mi determinación.  En mi  opinión, el SBP está tan esencialmente integrado en 
las políticas de Chile que la oposición interna a la eliminación o modificación de esas medidas refleja, no simplemente la oposición de grupos de interés a la pérdida de protección, sino también un serio 
debate, dentro y fuera del órgano le gislativo de Chile, sobre la forma de elaborar una medida de 
aplicación ante una resolución del OSD contraria a la le y original.  Dada la permanencia a lo largo del 
tiempo del SBP, la integración esencial de ese si stema en las políticas agrícolas fundamentales de 
Chile, su posición reguladora de la  determinación de los precios en la política agrícola chilena y su 
complejidad, considero que su función singular y su repercusión en la socied ad chilena constituyen un 
factor pertinente a mi determinación del "plazo prudencial" para la aplicación. 
49. Anteriores árbitros han señalado que "cabe ra zonablemente esperar que [un Miembro que 
haya de proceder a la aplicación] recurra a toda  la flexibilidad de que dispone dentro de sus 
procedimientos legislativos normales para apro bar la legislación necesaria lo más rápidamente 
                                                     
 
103 Ibid., párrafos 8, 9, 51, 57 y 58. 
 
104 Véanse, por ejemplo, Laudo del Árbitro, Canadá - Período de pr otección mediante patente , 
párrafo 58;  Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor , párrafo 42. 
 
105 Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para productos farmacéuticos , párrafo 60. 
 WT/DS207/13 
Página 20  
 
posible".
106  La Argentina se refiere al "procedimiento de urgencia" previsto en la Constitución de 
Chile como la "flexibilidad" a la que cabe esperar que Chile recurra en el presente caso para así 
conseguir con mayor prontitud la aplicación.107  Ambas partes coinciden en que el artículo 71 de la 
Constitución de Chile autoriza al Presidente a in dicar al Congreso Nacional "la urgencia en el 
despacho de un proyecto"108 y en que este procedimiento se regula más detalladamente en la 
Ley 18.918.109  Este "procedimiento de ur gencia" permite al Presidente  (aunque no le obliga a ello) 
expresar, en cada etapa del proceso legislativo, la  calificación "simple urgencia", "suma urgencia" o 
"discusión inmediata" para un proyecto de ley110 y, con ello, reducir el plazo para el examen del 
proyecto de ley en cada etapa a 30, 10 ó 3 días, respectivamente.111  A pesar de ello, cada una de las 
cámaras del Congreso Nacional puede rechazar la so licitud del Presidente de que el proyecto de ley se 
examine en un plazo más breve y volver a disponer de un plazo ilimitado para analizar el proyecto.112  
Si la cámara del Congreso Nacional de que se trate ac epta la calificación del Presidente, el examen del 
proyecto de ley en cada una de las etapas estará sujeto a esos límites temporales, en contraste con la falta de limitaciones temporales aplicables en general a cada etapa del proceso legislativo.
113  Por lo 
tanto, la legislación chilena prevé el "procedimie nto de urgencia" como un examen legislativo más 
rápido, que se diferencia del proceso habitual por las limitaciones adicionales aceptadas por el órgano 
legislativo. 
50. La Argentina aduce que aunque la Constitución de Chile se refiere a ella como una medida de 
"urgencia" la calificación por el Presidente de un pr oyecto de ley como "urgente" es en realidad en el 
ordenamiento jurídico chileno un "procedimie nto normal" al que el Presidente recurre 
                                                      
106 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916 , párrafo 39.  Véanse también, Laudo del Árbitro, 
Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor , párrafos 38 y 39;  Laudo del Árbitro, Canadá 
- Período de protección  mediante patente , párrafo 64. 
107 Intervención de la Argentina en la audiencia. 
 
108 Constitución de Chile, artículo 71, que se adj unta como anexo ARG-2 a la comunicación de la 
Argentina. 
 
109 Según la Argentina la Constitución Chilena y la Ley 18.918 constituyen la base del procedimiento 
de urgencia.  Chile acepta esa descripción.  Declaraci ones de la Argentina y de Chile en la audiencia y 
respuestas de la Argentina y Chile a preguntas formuladas en ella. 
 
110 Artículo 26 de la Ley 18.918, adjunto como anexo ARG-4 a la intervención de la Argentina en la 
audiencia. 
 
111 Artículo 27 de la Ley 18.918, adjunto como anexo ARG-4 a la intervención de la Argentina en la 
audiencia. 
 
112 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
113 Ibid. 
 WT/DS207/13 
Página 21 
 
 
"regularmente".114  En apoyo de su argumento, la Argentina cita 23 leyes promulgadas en Chile 
en 2002 después de que el Presidente recu rriera al procedimiento de urgencia.115  Sobre la base de los 
datos de que dispongo no es posib le determinar si esas 23 leyes ponen de manifiesto una práctica 
sistemática de recurrir al "procedimiento de urgenc ia" que convierta a ese pr ocedimiento en una parte 
normal de facto  del proceso legislativo chileno.  No es posible evaluar la regularidad del 
"procedimiento de urgencia" sin saber, entre otr as cosas, cuántas leyes se promulgaron en total en 
Chile en 2002, ya que el argumento de la Arge ntina parte de la premisa tácita de que el 
"procedimiento de urgencia" se utilizó con respecto a un porcentaje estadísticamente significativo de 
leyes.  Además, es posible que la imagen estática que  resulta de un examen de las leyes aprobadas en 
un período legislativo no proporcione una base suficiente  para inferir de ella el carácter normal de la 
práctica del Poder Ejecutivo en el proceso de elaboración de leyes en Chile. 
51. Me he referido ya a la condición especial de l SBP en la política agraria de Chile y a las 
consiguientes dificultades que impone a la formulac ión de una norma legal destinada a aplicar las 
recomendaciones y resoluciones de l OSD en el presente caso.116  He reconocido la necesidad de un 
debate minucioso de cualquier medida de aplic ación que modifique el SBP y por tanto no sería 
apropiado que esperara  que el Presidente de Chile vaya necesariamente a recortar el examen de una 
medida de esa naturaleza en el propio órgano legislativo encargado de deliberar sobre él y debatirlo en 
nombre de la opinión pública a la que representa.  Esa significativa reducción de la deliberación legislativa es precisamente lo que la Argentina pret ende cuando propone que al determinar el "plazo 
prudencial" para la aplicación tenga en cuenta los estrictos plazos del "proced imiento de urgencia".  
Por tanto, no considero razonable suponer o contar con  que Chile aproveche necesariamente la 
"flexibilidad" que supuestamente permite el "proced imiento de urgencia" extraordinario al poner en 
vigor una ley que modifique el SBP.  En realidad , hay un grado suficiente de flexibilidad en el 
proceso legislativo ordinario  de Chile para que ese país pue da aplicar las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en el presente caso dentro de  un plazo inferior al de 18 meses que solicita. 
52. No obstante, las leyes pertinentes de Chile, en concreto la Constitu ción y la Ley 18.918, 
parecen permitir a Chile la utilización de este proced imiento legislativo "extra ordinario" al presentar 
una ley destinada a modificar el SBP.  Habida cu enta del considerable lapso de tiempo transcurrido 
desde la adopción de los informes del Grupo Especial  y el Órgano de Apelación en el presente caso, y 
de que hasta ahora no se han realizado progresos en la aplicación de las recomendaciones y 
                                                     
 
114 Observaciones de la Argentina sobre el documento presentado por Chile en la audiencia, 20 de 
febrero de 2003. 
 
115 Anexo ARG-5 a la intervención de  la Argentina en la audiencia. 
 
116 Véanse supra , párrafos 46 a 48 del presente Laudo. WT/DS207/13 
Página 22  
 
resoluciones del OSD
117, el propio Chile puede decidir recurrir al "procedimiento de urgencia" en 
determinadas etapas del proceso legislativo.  Ch ile reconoce que debe aplicar esas recomendaciones y 
resoluciones de buena fe con respecto a los demás Miembros de la OMC.  Por consiguiente, debe 
hacer todo lo que esté razonablemente a su alcance para actuar de forma rápida en ese proceso de 
aplicación.  Tal vez este hecho lleve a Chile a recurrir al "procedimiento de urgencia".  Basándome en los elementos de hecho del presente caso y en lo s datos de que dispongo, considero que corresponde 
al propio Chile decidir si utiliza el "procedimiento de urgencia" y en qué etapas.  Pero, cualquiera que 
sea su decisión, Chile debe aplicar las reco mendaciones y resoluciones del OSD prontamente. 
53. La Argentina cita la aprobación de las Ley es 19.772 y 19.716 como ejemplo de situaciones 
análogas en las que el órgano legislativo chileno  actuó prontamente cuando se vio suficientemente 
impulsado a hacerlo.  La Ley 19.772 estableció, en tre otras cosas, un nuevo tipo consolidado del 
arancel sobre el azúcar.  La Ley fue aprobada por el Congreso Nacional tras una serie de consultas 
celebradas con interlocutores comerciales de Chile al haber recurrido este país al artículo XXVIII del 
GATT.
118  De conformidad con esas consultas, Chile aumentó  su arancel consolidado sobre el azúcar 
con respecto al establecido en la Ronda Uruguay como  parte de las consolid aciones arancelarias de 
Chile de conformidad con el artículo II del GATT.119  A este respecto, la Ley 19.772 se refería a un 
producto determinado (el azúcar) y otorgaba  a los productores de azúcar una protección mayor , al 
aumentar el arancel máximo que Chile podía aplicar a las importaciones de azúcar.  Por el contrario, 
el cumplimiento de las recomendaciones y resoluci ones del OSD en el presente caso, como señala 
Chile, exigirá introducir modificaciones en el sistema de bandas de precios, lo que es posible que 
afecte a una parte mucho mayor del sector agr opecuario, y es poco probable que otorgue una 
protección mayor que la que otorga el statu quo .120  Por ello, no considero que la aprobación de la 
Ley 19.772 pueda servir de orientación para calcular el plazo para la aprobación de una medida que 
modifique el SBP a los efectos de la presente diferencia. 
                                                                                                                                                                     
 
117 Véanse supra , párrafos 43 a 45 del presente Laudo. 
 
118 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en  la audiencia.  El artículo XXVIII del GATT 
establece, en la parte pertinente, lo siguiente: 
 
... toda parte contratante ... po drá modificar o retirar una concesión incluida en la lista 
correspondiente anexa al presen te Acuerdo, previos una negociación y un acuerdo con toda 
otra parte contratante con la que haya negociado originalmente dicha concesión, así como con 
cualquier otra parte contratante cuyo interés como abastecedor principal sea reconocido por 
las PARTES CONTRATANTES ... y a reserva de que haya entablado consultas con cualquier 
otra parte contratante cuyo interés sustancial en la concesión de referencia sea reconocido por 
las PARTES CONTRATANTES.  (se omiten las notas de pie de página) 
 
119 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia. 
 WT/DS207/13 
Página 23 
 
 
54. La Ley 19.716 fue promulgada para modifica r los impuestos de Chile sobre las bebidas 
alcohólicas de conformidad con las constataciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en 
Chile - Bebidas alcohólicas .  El arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 en esa 
diferencia estableció como "plazo prudencial" para la aplicación un plazo de 14 meses y 9 días.121  
Chile mantuvo consultas con las Comunidades Eur opeas, parte reclamante en ese asunto, durante 
10 meses aproximadamente, en el marco de la etapa pre-legislativa antes descrita.122  Además, habida 
cuenta del poco tiempo que quedaba del "plazo  prudencial" determinado por el Árbitro en Chile - 
Bebidas alcohólicas , el Presidente utilizó el procedimiento de  urgencia para que el examen de la 
legislación de aplicación propuesta fuera especialmente rápido.123  Como se ha indicado antes, la 
utilización del procedimiento de urgencia en un caso anterior no me parece una  razón convincente por 
la que haya de esperarse que Chile utilice la mi sma forma de examen abreviado al aprobar una ley 
destinada a modificar lo que considero que constitu ye una medida considerablemente más compleja y 
sistémica -el SBP- que la medida en litigio en Chile - Bebidas alcohólicas .  En consecuencia, 
considero inadecuada la analogía con la aprob ación de la Ley 19.716 a los efectos de mi 
determinación del "plazo prudencial" para la aplicaci ón en la presente diferencia.  No obstante, lo que 
la aprobación de dicha Ley pone de manifiesto es que los procesos legislativos de Chile son lo 
suficientemente flexibles como para  que ese país pueda adoptar el procedimiento de urgencia en un 
asunto en el que resulte apropiado. 
55. Por último, en virtud del ESD la condición de  países en desarrollo de los Miembros que 
intervienen en el procedimiento de solución de dife rencias resulta pertinente a mi determinación.  El 
párrafo 2 del artículo 21 del ESD establece lo siguiente: 
Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los países 
en desarrollo Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de solución 
de diferencias. 
Coincido con la declaración del árbitro en el asunto Chile - Bebidas alcohólicas  de que ese párrafo 
exige "al árbitro que actúa en virtud del párrafo  3 c) [del artículo 21], entre otras cosas, que tenga 
presentes en general  las grandes dificultades que puede enfrentar un país en desarrollo Miembro, en 
                                                                                                                                                                     
120 Intervención de Chile en la audiencia. 
 
121 Laudo del Árbitro, Chile - Bebidas alcohólicas , párrafo 46. 
 
122 Respuesta de Chile a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
123 Ibid.  Chile notificó la utilización del procedimiento de urgencia por su Presidente en su informe de 
situación sobre la aplicación presentado al OSD.  Véase Informe de situación presentado por Chile:  Addendum , 
WT/DS87/17/Add.1, WT/DS110/16/Add.1, 19 de enero de 2001. 
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Página 24  
 
determinado caso, cuando procede a aplicar l as recomendaciones y resoluciones del OSD".
124  N o  
obstante, el presente arbitraje es el primer arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 
en el que tanto el reclamante como  el demandado son países en desarro llo.  En consecuencia, el plazo 
para la aplicación de las recomendaciones y resolu ciones del OSD en el presente caso es una cuestión 
"que afecta a los intereses" de ambos Miembros:  las dificultades generales con las que se enfrenta Chile como país en desarrollo para revisar su SB P, que ha estado largo tiempo en vigor, y la carga 
impuesta a la Argentina como país  en desarrollo cuyo acceso al merc ado agrícola chileno impide el 
SBP, en contra de las normas de la OMC. 
56. Además, Chile no ha indicado obstáculos adicionales específicos  a los que como país en 
desarrollo  se enfrenta en las presentes circunstancias.  Es ésta una cuestión que yo debería tener en 
cuenta al evaluar la posibilidad de que sea nece sario un plazo más largo para la aplicación.  La 
inexistencia de dificultades concre tas, que concurran actualmente en la posición de Chile como país 
en desarrollo contrasta con la situación en anteriores arbitrajes, en los que los Miembros identificaron, 
no simplemente su posición como países en desarrollo , sino también la existencia de una situación 
económica y financiera "grave"
125 o "extremadamente grave"126 en el momento del plazo de 
aplicación propuesto.  En cambio, las desalentadoras dificultades financieras con las que se enfrenta 
actualmente la Argentina agravan aún más la carga  que pesa sobre ese país como país en desarrollo 
reclamante que ha logrado establecer la incompa tibilidad con las normas de la OMC de una medida 
impugnada.  En consecuencia, reconozco que Chile puede efectivamente enfrentarse con obstáculos 
como país en desarrollo en su aplicación de las recomendaciones y resolucion es del OSD, y que, de 
forma análoga, la Argentina sigue enfrentándose a di ficultades como país en desarrollo en tanto que 
se mantenga el SBP incompatible con las normas de la  OMC.  Por consiguiente, en las circunstancias 
poco habituales del presente caso, la "especial atención"127 que presto a los intereses de los países en 
desarrollo no me inclina a establecer un plazo más largo o más corto. 
57. Analizando la cuestión de forma sensata, razona ble y equitativa, tras examinar el plazo más 
breve posible en el que cabe esperar que Chile ap lique las recomendaciones y resoluciones del OSD, y 
evaluando las circunstancias del caso alegadas por la s partes en la presente diferencia, no considero 
que el plazo de 18 meses propuesto por Chile se a necesario, ni que el plazo propuesto por la 
                                                      
124 Laudo del Árbitro, Chile - Bebidas alcohólicas , párrafo 45 (sin cursivas en el original). 
 
125 Laudo del Árbitro, Argentina - Pieles y cueros , párrafo 51. 
 
126 Laudo del Árbitro, Indonesia - Automóviles , párrafo 24. 
 
127 Párrafo 2 del artículo 21 del ESD. 
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Argentina de 9 meses y 6 días sea un plazo "prudencial"  suficiente dentro del cual Chile deba llevar a 
término la aplicación. 
IV. Laudo 
58. Por las razones expuestas, determino que el "p lazo prudencial" para que Chile aplique las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en el pre sente caso es un plazo de 14 meses contados a 
partir de la fecha de la adopción de los informes  del Grupo Especial y del Órgano de Apelación por el 
OSD, es decir, del 23 de octubre de 2002.  En cons ecuencia, el "plazo prudencial" expirará el 23 de 
diciembre de 2003. 
 
 Firmado en el original en Ginebr a, el 28 de febrero de 2003 por: 
 
   
 
____________________ 
John Lockhart 
Árbitro