ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/COL/1
29 de septiembre de 2000
(00-3959)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Colombia
Declaración Introductoria
Las disposiciones en materia de propiedad intelectual en Colombia se rigen a nivel andino por
la Decisión 344/93 y la Decisión 351 del mismo año.  En cuanto a derecho de autor, está regulada por
la Ley 44 de 1993 y la Ley 23 de 1982.
La Decisión 344 está conforme con las dis posiciones del Acuerdo sobre ADPIC, dado que su
negociación se realizó posterior al año 1992.  Actualmente los países andinos llevan a cabo unproceso de modificación de la Decisión 344, con el fin de alcanzar los estándares del Acuerdo sobre
los ADPIC.
En el marco de la Decisión 344, existen algunos temas como las patentes de segundo uso, que
su interpretación se hace confusa.  El Consejo Superior de Comercio Exterior conceptuó sobre eltema, en el sentido de no otorgar patentes de segundo uso, posición que Colombia defiende ante los
países andinos.
En relación con las patentes para los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de
la Salud, Colombia cumple con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, en el
sentido de no otorgar patentes para esos productos.  Así mismo, se permite la patentabilidad en
biotecnología.
En cuanto a marcas, va más allá del Acuerdo sobre los ADPIC y se protegen también los
secretos industriales.
Se han implementado nuevas medidas de observancia en el campo civil y penal para proteger
los bienes relacionados con la propiedad intelectual.
En los temas siguientes aún no contamos con una debida protección.  Sin embargo, el
proyecto de modificación de la Decisión 344 subsana esta situación:
- circuitos integrados;
- diseños industriales (período de vigencia);
- indumentarias (protección de derecho de autor o derechos de propiedad industrial);
- licencias obligatorias.
                                                     
1 Documento IP/C/5.IP/N/6/COL/1
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Finalmente, cabe resaltar que recientemente el Congreso de la República aprobó la Ley 603
del 27 de julio de 2000 "por la cual se modifica el Artículo 47 de la Ley 222 de 1995".  Esta norma
obliga a los gerentes o administradores de las sociedades comerciales y civiles, a rendir un informe de
su gestión en el cual deberán dar cuenta, entre otros aspectos, del estado de cumplimiento de las
normas sobre propiedad intelectual y derecho de autor por parte de la sociedad.  En segundo término,esta ley faculta a las autoridades tributarias colombianas para verificar el estado de cumplimiento de
las normas sobre derecho de autor por parte de las sociedades para impedir que, a través de su
violación, también se evadan tributos.
Dentro de las obligaciones de observancia contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, el
Artículo 41 numeral 1 contempla la obligación de establecer en su legislación nacional recursos ágiles
para prevenir las infracciones, así como recursos ágiles que constituyan un medio eficaz para evitarnuevas infracciones.
_______________
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
En derecho de autor
Los Jueces Civiles Municipales conocen en única instancia de las cuestiones civiles que se
presenten con motivo del pago de los honorarios por representación y ejecución pública de obras y de
las obligaciones a cargo de los directores o responsables de las entidades o establecimientos donde se
ejecuten obras musicales de que trata el Artículo 163 de la misma Ley 23 de 1982.
Los Jueces Civiles Municipales conocen en primera instancia de las controversias de menor
cuantía que se presenten sobre los derechos (de autor y conexos) reconocidos en la Ley 23 de 1982
(Artículo 242), que no correspondan a las autoridades administrativas.
Los Jueces Civiles del Circuito conocen en primera instancia de las controversias de mayor
cuantía que se presenten sobre el derecho de autor y los derechos conexos de que trata el Artículo 242
de la Ley 23 de 1982, que no correspondan a las autoridades administrativas.  También conocen enprimera instancia de los procesos de expropiación de los derechos patrimoniales de una obra.
En propiedad industrial
Los jueces civiles de circuito especializados2, de conformidad con el Artículo 17 del Código
de Procedimiento Civil, son competentes para conocer en primera instancia, de los procesos relativos
a "patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás
relativos a la propiedad industrial" que no se encuentren atribuidos a las autoridades administrativas o
la jurisdicción contencioso administrativa.
                                                     
2 Teniendo en cuenta que los jueces civiles de circuito especializados en asuntos de comercio no han
sido designados por el órgano correspondiente, la comp etencia a ellos asignada le corresponde a los jueces
civiles de circuito.  (Corte Suprema de Justicia, Casación Civil.  Auto de 25 de junio de 1992.  Magistrado
Ponente Eduardo García Sarmiento.)IP/N/6/COL/1
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Los mismos jueces conocen de los recursos de reposición interpuestos contra las sentencias
que profieran.  De los recursos de apelación contra las mismas y de los de queja interpuestos contra
las providencias mediante las cuales sean  rechazados los recursos de apelación, conocen los
tribunales superiores de distrito judicial.3
De otra parte los jueces civiles de circuito y la Superintendencia Industria y Comercio son
competentes a prevención, para decidir los asuntos relacionados con competencia desleal de
conformidad con lo previsto en la Ley 256 de 1996 y la Ley 446 de 1998, cuando sean iniciadas las
acciones respectivas ante los mismos.  Cabe señalar en todo caso, que las resoluciones proferidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con asuntos de competencia desleal en
ejercicio de funciones jurisdiccionales, no tienen control judicial por regla general, salvo en el evento
en que se incurra en vías de hecho, caso en el cual cabe la acción de tutela contra estas decisiones.
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
- Autores, causahabientes y los titulares de derechos conexos o su representante;
- titulares de registros de marcas, lemas comerciales y denominaciones de origen;
- titulares de nombres y enseñas comerciales;
- titulares de patentes de invención y de modelo de utilidad;- titulares de registros de diseños industriales;
- los licenciatarios y causahabientes de los anteriores.
Es importante señalar que, los solicitantes de registros de marcas, lemas comerciales,
denominaciones de origen y diseños industriales o, patentes de invención o de modelo de utilidad, sibien tienen una expectativa de derecho que solamente se consolida con el otorgamiento des mismo
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pueden iniciar acciones por competencia
desleal con fundamento en la mala fe en la imitación o usurpación y la confusión o engaño en que,
como resultado de la misma, pueden incurrir los consumidores.
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?
- De forma individual
El Código de Procedimiento Civil, establece al respecto:"Artículo 63.-  Derecho de postulación.  Las personas que hayan de comparecer al
proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en
que la ley permite su intervención directa."
Excepción a esta regla la constituyen las demandas por competencia desleal presentadas ante
la Superintendencia de Industria y Comercio que, pueden también ser iniciadas directamente por elinteresado en ejercicio del derecho de petición consagrado en los Artículos 23 de la Constitución
Política y 9 del Código Contencioso Administrativo, sin necesidad de abogado.
                                                     
3 Artículo 26, Código de Procedimiento Civil.IP/N/6/COL/1
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Así mismo el Código de Procedimiento Civil prescribe, respecto a la comparecencia personal
lo siguiente:
"Artículo 101.-  Modificado D.E. 2282/89, art. 1 num. 51.  Procedencia, contenido y
trámite.  Cuando se trata de procesos ordinarios y abreviados, salvo norma encontrario, luego de contestada la demanda principal y la reconvención si la hubiere, el
juez citará a demandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin
apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las excepciones
previas y fijación del litigio."
(…)
"Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor
para que una de las partes pueda comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentredomiciliada en el exterior, ésta se celebra con su apoderado, quien tendrá facultad
para conciliar, admitir hechos y desistir."
(…)
- De forma colectiva
La Decisión Andina 351 de 1993, establece:"Artículo 40.-  Las Sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los
términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren conentidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a sus administrativos y
judiciales."
¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del
derecho ante el tribunal?
No existen disposiciones por las cuales se obligue al titular de derechos de propiedad
intelectual a comparecer personalmente ante las instancias judiciales o administrativas respectivas.
Por el contrario, en estos eventos, la persona debe siempre, hacerse representar por intermedio de
abogado, con excepción de las denuncias por competencia desleal que se presentan ante la
Superintendencia de Industria y Comercio en las que pueden también comparecer personalmente para
presentar la denuncia respectiva y para efectos de las demás actuaciones dentro del proceso.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
El Código de Procedimiento Civil establece:
"Artículo 283.-  Procedencia de la exhibición.  La parte que pretenda utilizar documentos
privados originales o en copia, que se hallen en poder de otra o de un tercero, deberá solicitar,
en la oportunidad para pedir pruebas, que se ordene su exhibición.  También podrá pedir que
una de las partes o un tercero exhiba copia auténtica de un documento público que se halle en
su poder, si el original no se encuentra o ha desaparecido y no le fuere posible aportar copia
auténtica."
Del mismo modo, el Artículo 288 establece que, de officio  o a solicitud de parte  puede
ordenarse la exhibición parcial de los libros y papeles del comerciante que tengan relación necesariacon el objeto del proceso.
4
                                                     
4 Concordante con el Artículo 65 del Código de Comercio.IP/N/6/COL/1
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Por su parte, el Artículo 2855 del mismo estatuto dispone que, si la parte a quien se ordena la
exhibición se opone a ello, el juez debe apreciar los motivos de su oposición y, en el evento que no los
encuentre justificados, tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar,
salvo que tales hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará comoindicio en contra del opositor.  La misma norma dispone, de otra parte, que se procederá de la misma
forma cuando la parte no habiendo formulado oposición se abstenga de exhibir el documento, a
menos que oportunamente pruebe causa justificativa de su renuencia y posteriormente exhiba el
documento cuando el juez se lo señale.
Así mismo el "Artículo 244.-  Establece:  Procedencia de la inspección".  Para la verificación
o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio  o a petición de
parte , el examen judicial de personas, lugares, cosas o documentos."
"Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él como medida
anticipada con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sede de los
mismos puntos, a menos que el juez la considere conveniente para aclararlos."
"El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que para la verificación de los
hechos es suficiente el dictamen de peritos, o que es innecesaria en virtud de otras pruebas
que existen en el proceso;  así mismo podrá aplazar la decisión sobre tal prueba hasta cuando
se hayan practicado las demás que versen sobre los mismos hechos, y en este caso, si eltérmino probatorio está vencido, la practicará durante el indicado en el Artículo 180.  Contra
estas decisiones del juez no habrá recurso alguno."
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
El Código de Procedimiento Civil establece:
"Artículo 127.-  Examen de los expedientes.  Los expedientes sólo podrán ser examinados.
1. Por las partes.2. Por los abogados inscritos.
3. Por los dependientes de éstos, debidamente autorizados, pero sólo en relación con los
asuntos en que intervengan aquéllos.
4. Por los auxiliares de la justicia.
5. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo.6. Por las personas autorizadas por el juez, con fines de docencia o de investigación
científica."
"Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o su
apoderado, ni aquélla, ni éste, ni su dependiente, podrán examinar la actuación sino después
de cumplida la notificación de aquélla."
                                                     
5 Concordante con el Artículo 67 del Código de Comercio que dispone:  "si el comerciante no presenta
los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrán como
probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar, si pare esos hechos es admisible la
confesión" (…).IP/N/6/COL/1
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Por vía positiva, existen normas que señalan informaciones que no tienen carácter reservado y
son de acceso público.6  Igualmente, el Artículo 61 del Código de Comercio señala que los libros y
papeles del comerciante no pueden examinarse por personas distintas de sus propietarios o las
personas que estos autoricen, a menos que ello se haga mediante orden de autoridad competente.
Igualmente, la información aportada como prueba y que involucre un secreto comercial, se
aplica el Artículo 73 de la Decisión 344.
Así mismo, la ley establece mecanismos de protección de la información confidencial, vía
prohibición de su divulgación y el establecimient o de mecanismos de represión de conductas que
vulneren el derecho a mantener reservada tal información. El Artículo 16 de la Ley 256 de 1992
considera desleal la "divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industrialeso de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente
pero con deber de reserva";  por su parte, de conformidad Artículo 38 de la Ley 200 de 1995,
constituye falta disciplinaria que da lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, el
incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos o funciones o la incursión
en prohibiciones, por parte de los funcionarios públicos.
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentosutilizados para su producción;
- otras medidas.
Mandamientos judiciales
En el marco de los procesos que se surten en materia de derecho de autor y derechos conexos,
adicionalmente a otras medidas el juez puede decretar la sanción de la actividad infractora.
- Legislación sobre competencia desleal
Considerando que la violación de los derechos de propiedad industrial puede implicar
actos de confusión7, engaño8 y/o explotación de la reputación ajena9 que son constitutivos de
competencia desleal de conformidad con la Ley 256 de 1996, puede ser reprimida mediante las
acciones correspondientes previstas en la mencionada ley.
                                                     
6 Por ejemplo, los libros y archivos que se encuentren en el registro mercantil de conformidad con el
Artículo 26 del Código de Comercio.
7 Artículo 10, Ley 256 de 1996.
8 Artículo 11, Ley 256 de 1996.
9 Artículo 15, Ley 256 de 1996.IP/N/6/COL/1
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La Ley 256 de 1996, regula en su Artículo 20, las acciones que pueden ser iniciadas
(ante los jueces10 competentes o la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo
previsto en los Artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998) con ocasión de conductas constitutivas de
competencia desleal, señalando que pueden ser de dos clases:  declarativa y de condena, para solicitar
que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y como consecuencia de ello seordene al infractor remover los efectos producidos por los mismos e indemnizar los perjuicios
causados y, preventiva o de prohibición para solicitar al juez que evite la realización de un acto de
competencia desleal que aún no se haya perfeccionado, o que lo prohiba aunque aún no se haya
producido daño alguno.
- Prohibición de uso de marca, lema, nombre o enseña comercial
Por virtud de los Artículos 607 y 609 del Código de Comercio, el perjudicado por el
uso de una marca, lema, nombre o enseña comercial, puede acudir ante los jueces civiles de circuito
para impedir tal uso y reclamar la correspondiente indemnización de perjuicios, acción que de
prosperar, conlleva las correspondientes prohibición de uso y condena de indemnización de
perjuicios.
Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
La reclamación de perjuicios puede hacer parte de una acción civil de carácter declarativo, tal
como la que se contempla en los Artículos 242 y 243 de la Ley 23 de 1982.  Si bien el Artículo 45 del
Acuerdo sobre los ADPIC se enmarca en la Sección 2 "Procedimientos y recursos civiles y
administrativos", cabe señalar que en materia penal, también existe la posibilidad de obtener la
indemnización de los perjuicios derivados de una infracción al derecho de autor, que se encuentre
tipificada como delito.  En efecto, el Artículo 13 del Código de Procedimiento Penal consagra, dentrode sus normas rectoras, el restablecimiento del derecho.  En su virtud, cuando sea posible, las
autoridades judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por
la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan al estado anterior, de modo que se restablezcan los
derechos quebrantados.
La Decisión Andina 351 de 1993 establece:
"Artículo 57.-  La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:"
"a)  El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en
compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;"
(…)
La Decisión Andina 351 de 1993 prescribe:"Artículo 57.-  La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:"
(…)
                                                     
10 El Código de Procedimiento Civil establece en su Artículo 17 que los jueces civiles de circuito
especializados, son competentes para conocer en primera in stancia de los procesos relativos a "patentes, dibujos
y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial"que no se encuentren atribuidos a las autoridades admini strativas o la jurisdicción contencioso administrativa,
pudiendo solicitarse para efectos de impedir la continuación de la violación de tales derechos, las medidas
cautelares previstas en los Artículos 678, 681, 682 y 690 del Código de Procedimiento Civil.IP/N/6/COL/1
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"b)  Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular
del derecho infringido."
(…)
El Código de Procedimiento Civil, por su parte, establece:"Artículo 304.-  Modificado.  D.E. 2282/89, ar t. 1 num. 134.  Contenido de la Sentencia."
(…)
"La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley";  deberá contener decisión expresa y clara
sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolversobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que
corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto en este Código."  (negrilla fuera del texto)
(…)
El Código de Comercio:  Artículo 571, en concordancia con las normas mencionadas de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que el titular o licenciatario de una
patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema, nombre o enseña comercial, puede
intentar la acción de indemnización de los perjuicios causados por la usurpación, sin necesidad de
solicitar las medidas cautelares correspondientes, o cuando éstas hubieren sido negadas.
De otra parte, las costas, correspondientes a los gastos del proceso (impuestos de timbre,
honorarios de los auxiliares de la justicia, de las diligencias y agencias en derecho
11)12 deben ser
impuestas de oficio por el juez en cabeza de la parte vencida.
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
La Ley 44 de 1993 prescribe:"Artículo 55.-  Las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices,
negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautadas serán sometidos a inspección judicial con la
ayuda del perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidas porlas autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial y con citación de la
defensa y la parte civil."
"Artículo 56.-  Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la producción,
reproducción, distribución, transporte o comercialización de los ejemplares ilícitos, seránembargados y secuestrados o decomisados de oficio y, previo avalúo, los que no deban ser
destruidos se adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados en el hecho punible,
a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin."
                                                     
11 Las agencias en derecho corresponden a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento …
representan una contraprestación por los gastos en que la  parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus
intereses …   Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por laparte vencedora a su apoderado".  Corte Constitucional , sentencia C-539 del 28 de julio de 1999.  Magistrado
Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
12 Número 2, Artículo 393, Código de Procedimiento Civil.IP/N/6/COL/1
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Teniendo en consideración que no existe una enunciación taxativa de las medidas cautelares
que pueden solicitarse durante el desarrollo de procedimientos civiles, puede solicitarse la aplicación
de medidas cautelares que, si bien no se encuentran expresamente previstas en la legislación civil, ésta
tampoco excluye.  Dentro de éstas se encuentran:
El comiso13 de los instrumentos y efectos con que se haya cometido un hecho punible doloso
o que provengan de su ejecución y no tengan libre comercio, los cuales deben pasar al poder de la
Fiscalía General de la Nación o la Entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su
destrucción, de conformidad con lo previsto en el Artículo 338 del Código de Procedimiento Penal.
El nuevo Código de Procedimiento Penal, procederá al comiso14 de los productos o
mercancías, publicaciones ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices, negativos, cintas,carátulas o etiquetas incautados en las investigaciones por delitos contra la propiedad intelectual y
siempre que sea demostrada su ilegitimidad, la destrucción de conformidad con lo previsto en el
Artículo 67.
El decomiso de las sustancias, aparatos y demás objetos destinados a la comisión de hechos
relacionados con el señalamiento de mercancías con distintivos de marcas que induzcan a error sobre
su procedencia o contenido
15, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4316 del Decreto 1355
de 1970 y el Artículo 42 que dispone que, si el hecho es cometido por comerciantes personalmente o
mediante interpuesta persona en establecimiento de su propiedad, se impondrá la clausura del
respectivo establecimiento hasta por 6 meses.
El comiso y decomiso de los elementos destinados a la realización de la infracción u objeto de
ésta, pueden ser solicitados como medida cautelar en procesos surtidos ante los jueces civiles de
circuito y la Superintendencia de Industria y Comercio, considerando que, si bien se encuentran
previstos en la legislación penal y de policía, puede solicitarse su aplicación en los procedimientosciviles habida cuenta que no existe enunciación taxativa de las medidas cautelares que pueden
solicitarse.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobresus circuitos de distribución?
No existen disposiciones legales que faculten a una autoridad judicial para ordenar a un
infractor que de informaciones en relación con la identidad de los terceros participantes en la
producción o distribución de bienes o servicios que se haya determinado constituyen infracciones.
Sin perjuicio de ello mediante la práctica de pruebas como los interrogatorios de parte en los
                                                     
13 El Artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, establece que si no se ha pagado o garantizado
el pago de los perjuicios, cuando fuere procedente la condena al pago de los mismos, el funcionario judicial
debe ordenar el comiso de los instrumentos o efectos con que se haya cometido el hecho punible doloso o queprovengan de su ejecución, para efectos  de la indemnización correspondiente.
14 Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000.
15 La anterior conducta constituye una contravenció n especial que afecta la economía nacional, prevista
en el Artículo 41 del Decreto 522 de 1971.
16 El Artículo 194 del Decreto 1355 de 1970, establ ece con respecto a los bienes objeto de decomiso
que debe ser ordenada su venta en pública subasta, o su entrega a un establecimiento de asistencia pública, amenos que pertenezcan a un tercero ajeno a los hechos que constituyen la falta, en cuyo caso le deben ser
entregados.  La misma norma prevé que en tratándose de bebidas, comestibles y víveres en general, que se
encuentren en mal estado, la policía debe pro ceder a destruirlos en presencia de su tenedor.IP/N/6/COL/1
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procedimientos civiles o las indagatorias en los procedimientos penales, podría llegar a conseguirse
esta información de contarse con la colaboración correspondiente.
Es importante señalar que en materia penal, sin embargo, se prevén rebajas de penas por
colaboración eficaz con la justicia, entre otras por contribuir exitosamente con la investigación encuanto a la determinación de los autores o partícipes de  los delitos;  contribuir para la desarticulación
o mengua de organizaciones delictivas o para la captura de uno o varios de sus miembros;  colaborar
en la efectiva prevención de delitos o en la disminución de delitos ya cometidos o en curso;  delatar
dirigentes de organizaciones delictivas acompañando pruebas eficaces de su responsabilidad e,
identificar las fuentes de financiación de las organizaciones delictivas.
17
El Código de Procedimiento Penal prescribe:
"Artículo 25.-  Deber de denunciar.  Todo habitante del territorio colombiano mayor de
dieciocho años, debe denunciar a la autoridad los hechos punibles de cuya comisión tenga
conocimiento y que deban investigarse de oficio."
"El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de un hecho punible que
deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para
ello;  en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad
competente."
El nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que entrará en vigencia el día
25 de julio de 2001, dispone al respecto:
"Artículo 27.-  Deber de denunciar.  Toda persona debe denunciar a la autoridad las conductas
punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio."
"El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible
que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia
para ello;  en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad
competente."
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Si por virtud de un fallo judicial se impone al demandado, de manera errada o indebida, una
obligación (v.g. pago por indemnización de perjuici os), éste puede demandar por error jurisdiccional
mediante la instauración de una acción por reparación directa18, buscando la correspondiente
indemnización de perjuicios como resultado del pago de lo no debido.
De otra parte, en desarrollo del principio constitucional19 de conformidad con el cual los
servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución o las leyes opor hacer caso omiso o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, estos en el evento de aplicar
                                                     
17 Artículo 3269A, Código de Procedimiento Penal.
18 Artículo 86, Código Contencioso Administrativo.
19 Artículo 6, Constitución Política.IP/N/6/COL/1
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dolosamente20 de manera indebida la ley en perjuicio de una de las partes pueden incurrir en
prevaricato21 y consecuentemente ser objeto de las acciones penales y disciplinarias correspondientes.
La Ley 600 de 2000, en el Artículo 413, aumenta la pena pecuniaria de cincuenta (50) salarios
dispuesta en el tipo penal vigente, a un margen entre cincuenta (50) y doscientos (200) SMLMV ymodifica la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones que partía de un mínimo de tres
años, aumentándolo a un mínimo de cinco (5) años y un tope de ocho (8) años.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.
Según informe de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO y de la
Cámara Colombiana del Libro:
- Proceso civil por infracción al derecho de autor y/o derechos conexos:  duración
promedio 3 años;  costo entre $1.000.000 y $2.000.000.
- Proceso penal por infracción al derecho de autor y/o derechos conexos:  duración
promedio 4 años y un costo entre $1.500.000 y $4.000.000.
- Procedimiento de medidas provisionales por infracción al derecho de autor y/o
derechos conexos:  duración de 2 a 6 semanas a partir de la solicitud y un costo de$300.000 a $500.000.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios quepuedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
El Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo dispone:
"Artículo 267.-  Aspectos no regulados.  En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que corresponden a la jurisdicción en lo contencioso administrativo."
Autoridad administrativa encargada del trámite de registro y depósito de derechos de
propiedad industrial
Como quiera que los procedimientos relativos a la observancia son aquellos que permiten la
adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedadintelectual, conforme a lo dispuesto en el Artículo 41 del Acuerdo suscrito entre la OMPI y la OMC
de 1995, debe contemplarse dentro del marco de este tipo de procedimientos, la posibilidad de
                                                     
20Artículo 77, Código Contencioso Administrativo.  "Sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o las privadas que cumplan funciones
públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio desus funciones".
21Artículo 149, Código Penal:  "Prevaricato por acción.  El servidor público que profiera resolución o
dictamen manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el
mismo tiempo de la pena impuesta.IP/N/6/COL/1
Página 12
impugnación de actos que vulneren los derechos de propiedad por conductas que se originen incluso
desde la tramitación de una solicitud de registro.
El trámite administrativo de registro de obtención de marcas y patentes surtido ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, consta usualmente de tres pronunciamientos que puedenreducirse a uno o dos, así:  se produce un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud ya sea
otorgándola o denegándola y existen decisiones adic ionales en el caso de los recursos de reposición
y/o apelación, cuando estos sean posibles e interpuestos por la parte en desacuerdo con la decisión.
Adicionalmente, de ser procedente puede solicitarse la revocatoria directa de actos
administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad
industrial, de conformidad con lo previsto en el  Artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.
Una vez terminada la etapa administrativa o vía gubernativa ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, la parte en desacuerdo con la decisión final puede acudir ante la jurisdicción
contencioso administrativa – Consejo de Estado, con el fin de obtener un pronunciamiento favorable
mediante el cual se revoque la decisión de la Admi nistración, mediante la instauración de las acciones
de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho previstas en el Artículo 113 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cart agena y el Artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo, respectivamente.
¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?  ¿Cómo
pueden estar representadas esas personas?
Los solicitantes y titulares de derechos de propiedad industrial que pretendan oponerse a la
concesión de derechos a favor de terceros, pueden acudir directamente ante la administración o por
intermedio de apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo previsto en el Artículo 63del Código de Procedimiento Civil.
¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del
derecho ante el tribunal?
No existen disposiciones por las cuales se obligue al titular o solicitante de derechos de
propiedad industrial a comparecer personalmente ante la autoridad administrativa – Superintendenciade Industria y Comercio.  Sin embargo, por regla general, para efectos de la comparecencia ante los
tribunales (Consejo de Estado), las personas deben estar representadas por apoderado debidamente
constituido, de conformidad con lo previsto en el  Artículo 63 del Código de Procedimiento Civil.
¿Qué facultades tienen las autoridades administrativas o judiciales para ordenar a una parte en
un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
De conformidad con el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, la parte que pretenda
utilizar documentos que se hallen en poder de la otra parte, debe solicitar en la oportunidad para pedirpruebas, que se ordene su exhibición.  Del mismo modo, el Artículo 288 establece que, de oficio o a
solicitud de parte puede ordenarse la exhibición parcial de los  libros y papeles del comerciante que
tengan relación necesaria con el objeto del proceso.
22
                                                     
22 Concordante con el Artículo 65 del Código de Comercio.IP/N/6/COL/1
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Por su parte, el Artículo 28523 del mismo estatuto dispone que si la parte a quien se ordena la
exhibición se opone a ello, el juez debe apreciar los motivos de su oposición y, en el evento que no los
encuentre justificados, tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar,
salvo que tales hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como
indicio en contra del opositor.  La misma norma dispone, de otra parte que, se procederá de la mismaforma cuando la parte no habiendo formulado oposición, se abstenga de exhibir el documento, a
menos que oportunamente pruebe causa justificativa de su renuencia y posteriormente exhiba el
documento cuando el juez se lo señale.
¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como
prueba?
Nos remetimos a lo señalado en la respuesta a la pregunta 4 de este documento.Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización.
El Consejo de Estado realiza el control de legalidad de los actos proferidos por la
Superintendencia de Industria y Comercio y en esta medida puede mantenerlos en tanto se encuentren
de acuerdo con la ley, o declarar su nulidad total o parcial cuando sean contrarios a ésta.  En estos
eventos, se puede ordenar a la autoridad administrativa que actúe de una determinada manera, por
ejemplo cancelando un registro de marca o certificado de patente, volviendo a efectuar un estudio deregistrabilidad de un signo o patentabilidad de una invención, etc.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
La Decisión Andina 351 de 1993 establece:
"Artículo 56.-  La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares
siguientes:"
"a)  El cese inmediato de la actividad ilícita;
b)  La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los
ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la
presente Decisión;
c)  La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la
comisión del ilícito."
"Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el
exclusivo uso personal."
                                                     
23 Concordante con el Artículo 67 del Código de Comercio que dispone:  "si el comerciante no presenta
los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrán como
probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar, si pare esos hechos es admisible la
confesión" (…).IP/N/6/COL/1
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Por su parte el Decreto 26624 de 2000, en cuanto a la legitimación para solicitar la medida
cautelar, dispuso:
"Artículo 77.-  Secuestro preventivo.  Modifícase el Artículo 244 de la Ley 23 de 1982, el
cual quedará así:"
"Artículo 244.-   El autor, el editor, el productor de fonogramas, de programas de ordenador,
de obras audiovisuales, los artistas intérpretes o ejecutantes, los organismos de radiodifusión
o los causahabientes de éstos, y quien tenga la representación legal o convencional con ellos,
pueden pedir al juez el secuestro preventivo:"
"1.  De toda obra, producción, edición y ejemplares;
2.  Del producido de la venta y alquiler de tales obras, producciones, edición o ejemplares;  y
3. Del producido de la venta y alquiler de los espectáculos teatrales, cinematográficos,
musicales y otros análogos".
La Ley 23 de 1982 establece:"Artículo 245.-  Las mismas personas señaladas en el primer inciso del Artículo anterior
pueden pedir al juez que interdice o suspenda la representación, ejecución, exhibición de una
obra teatral, musical, cinematográfica y obras semejantes, que se van a representar, ejecutar o
exhibir en público sin la debida autorización del titular o titulares del derecho de autor."
La Ley 44 de 1993 prescribe:"Artículo 54.-  Las autoridades de policía harán cesar la actividad ilícita, mediante:"
"1.  La suspensión de la actividad infractora.
2.  La incautación de los ejemplares ilícitos, de los moldes, planchas, matrices, negativos,
soportes, cintas, carátulas, diskettes, equipos de telecomunicaciones, maquinaria y demás
elementos destinados a la producción o reproducción de ejemplares ilícitos o a su
comercialización.
3.  El cierre inmediato del establecimiento, si se trata de local abierto al público y la
suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento."
La Ley 44 de 1993, dispone:"Artículo 55.-  Las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices,
negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautadas serán sometidos a inspección judicial con laayuda del perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidas por
las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial y con citación de la
defensa y la parte civil."
Así mismo, la Ley 44 de 1993 establece:"Artículo 56.-  Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la producción,
reproducción, distribución, transporte o comercialización de los ejemplares ilícitos, serán
embargados y secuestrados o decomisados de oficio y, previo avalúo, los que no deban ser
destruidos se adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados en el hecho punible,a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin."
                                                     
24 Decreto 266 de 2000 modifica los Decretos 2150 y 1122.IP/N/6/COL/1
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Por su parte el Código de Procedimiento Penal dispone:
"Artículo 52.-  Embargo y secuestro de bienes.  En la providencia en la que se imponga
medida de aseguramiento, o con posterioridad, el  fiscal o el juez decretarán el embargo y
secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado, en cuantía que consideresuficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, y designará
secuestre."
(…)
"Si no se conocieren en concreto bienes, o los embargados no fueren suficientes, la parte civil
podrá denunciarlos en cualquier momento y el funcionario decretará su embargo y secuestro
en la medida que considere necesaria, previa prestación de caución.  La caución se cancelará
una vez el demandante pague el valor de los perjuicios causados con las medidas cautelares, oconsigne el valor de la caución a órdenes del despacho o el de dichos perjuicios, si fuere
inferior."
(…)
El nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que entrará en vigencia el día
25 de julio de 2001, dispone al respecto:
"Artículo 60.-   Embargo y secuestro de bienes.  Simultáneamente a la providencia en la que
se imponga medida de aseguramiento o con posterioridad, el funcionario judicial decretará el
embargo y secuestro de los bienes de propiedad del sindicado."
"En los eventos en que no haya lugar a resolver la situación jurídica, el funcionario judicial,
con posterioridad a la vinculación, de oficio o a solicitud de la parte civil, ordenará el
embargo y secuestro de bienes de propiedad del sindicado cuando obre en el proceso la
prueba a que se refiere el Artículo 356 de este código."
"El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el
pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución que se debe prestar de
acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil.  Esta decisión se
adoptará mediante providencia de sustanciación."
"Tanto la solicitud como la orden de decreto y práctica de las medidas cautelares reales
tendrán tratamiento reservado hasta que sean practicadas y con ellas se abrirá cuaderno
independiente de la actuación principal."
"El funcionario judicial, una vez decretado el embargo y el secuestro, designará secuestre y
adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código deProcedimiento Civil."
"Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el sindicado,
se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso de entregarlo a un
secuestre o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria en su contra."
"La providencia que revoque las medidas cautelares es apelable en el efecto diferido.""Parágrafo.  En los procesos en que sean víctimas los menores de edad o los incapaces, el
Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del sindicado en lasmismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución."IP/N/6/COL/1
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"Las medidas cautelares de naturaleza probatoria, que atienden a la necesidad de preservar las
pruebas que puedan ser destruidas o simplemente desaparecer, corresponderían en la
legislación procesal civil colombiana a la posibilidad de solicitar y practicar pruebas
anticipadas, reguladas en los Artículos 294 y ss. del Código de Procedimiento Civil, dentro de
las cuales se encuentra la contemplada en el Artículo 300 que se transcribe a continuación:"
Al respecto, el Código de Procedimiento Civil establece:"Artículo 300.-  Modificado D.E. 2282/89, art.1, num. 131.  Inspecciones judiciales y
peritaciones.  Con citación de la presenta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba
anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que
hayan de ser materia de un proceso, cuando exista fundado temor de que el transcurso deltiempo pueda alterar su situación o dificultar su reconocimiento."
Los Artículos 568, 581 y 597 del Código de Comercio, en concordancia con los Artículos 56,
71, 122 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el titular o licenciatario
de una patente, modelo de utilidad, diseño indust rial, marca, lema, denominación de origen, nombre o
enseña comercial, puede solicitar a los jueces competentes que tomen las medidas cautelares
necesarias para proteger sus derechos de propiedad industrial, siempre que éstos sean objeto de
usurpación o desconocimiento.
Dichas medidas cautelares, según el mencionado Artículo 568, pueden consistir en obligar al
usurpador a prestar caución como garantía de que se abstendrá de realizar los actos por los cuales fue
denunciado, el comiso de los artículos fabricados con violación del derecho de propiedad industrial y
la prohibición de hacerles propaganda, el secuestro de la maquinaria o elementos que sirven para
fabricar los artículos con que se infringe el derecho de propiedad industrial, o cualquier otra medida
equivalente.  Dentro de las medidas cautelares previstas en los Artículos 678, 681, 682 y 690 delCódigo de Procedimiento Civil se encuentran el embargo y secuestro de bienes sometidos o no a
registro;  la inscripción de la demanda y el embargo y secuestro de créditos, entre otras.
Las anteriores medidas pueden solicitarse igualmente, en el desarrollo de los procesos que por
competencia desleal o infracción de derechos de propiedad industrial se surtan ante los jueces
competentes o la Superintendencia de Industria y Comercio.
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
Al respecto, el Código de Procedimiento Civil establece:
"Artículo 327.-  Modificado D.E. 2282/89, art. 1º., num.153.  Cumplimiento y notificación de
medidas cautelares.  Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente, antes de la
notificación a la parte contraria del auto que las decrete.  Si fueren previas al proceso, se
entenderá que dicha parte queda notificada el día en que se apersona en aquél o actúe en ellas
o firme la respectiva diligencia."
"Los oficios y despachos para el complimiento de las mencionadas medidas solamente se
entregarán a la parte interesada cuando se le haya notificado el auto que admitió la demanda o
libró mandamiento ejecutivo."
"Artículo 690.-  Modificado. D.E. 2282/89, art.1, num. 346.  Medidas cautelares en procesos
ordinarios.  En el proceso ordinario se aplicarán las reglas que a continuación se indican:"IP/N/6/COL/1
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"1.  En el auto admisorio de la demanda que  verse sobre dominio u otro derecho real
principal, en bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una
pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes, de hecho o de
derecho, a petición del demandante el juez decretará las siguientes medidas cautelares:"
(…)"b)  El secuestro de los bienes muebles, la designación del secuestre y el señalamiento de
fecha y hora para la diligencia, que podrá practicarse antes de la notificación al demandado
del auto admisorio si así lo pide el demandante, quien para obtener que se decrete la medida
deberá prestar caución que garantice los perjuicios que con ella puedan causarse.  (negrilla
fuera del texto)"
Las medidas cautelares pueden ordenarse por los jueces competentes o la Superintendencia de
Industria y Comercio solamente a petición de parte , en los procedimientos civiles, esto es, en los
eventos de infracción o competencia desleal.
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
Al respecto, la Ley 23 de 1982 establece:
"Artículo 247.-  Las medidas a que se refieren los Artículos 244 y 245, se decretan
inmediatamente por el juez siempre que el que la solicita preste caución suficiente que
garantice los perjuicios que con ella puedan causarse al organizador o empresario del
espectáculo teatral, cinematográfico, musical, y presente una prueba sumarial del derecho que
lo asiste.  Esta medida puede ser decretada por el Juez Municipal o del Circuito del lugar del
espectáculo, a prevención, aún cuando no sean competentes para conocer el juicio.  Elespectáculo será suspendido sin admitir recurso alguno;  en lo demás se dará cumplimiento a
las normas pertinentes."
Así mismo, la Ley 23 de 1982 dispone:"Artículo 249.-  El que ejercita las acciones consagradas por los artículos anteriores no está
obligado a presentar con la demanda la prueba de la personería ni de la representación queincoa en el libelo."
Por su parte, el Código de Procedimiento Civil prescribe:"Artículo 678.-  Clases, cuantía y oportunidad para constituirlas.  Las cauciones que ordena
prestar este código pueden ser en dinero, reales, bancarias u otorgadas por compañía de
seguros o entidades de crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones.  Si el
juez considera necesario un dictamen de peritos para fijar la cuantía de la caución, podrá
decretarlo y las expensas serán de cargo de quien deba prestarla."
"En la providencia que ordene prestar la caución se indicarán su cuantía y el plazo en que
debe constituirse, cuando la ley no las señale.  Si no se presta oportunamente, el juez
resolverá sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este código."
"Las cauciones en dinero deberán consignarse en la cuenta de depósitos judiciales del
respectivo despacho."IP/N/6/COL/1
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"Podrá reemplazarse por dinero cualquier caución ya constituida, consignando su importe en
la cuenta judicial, o por otra de las indicadas en el inciso primero cuando el concepto del juez
ofrezca igual garantía y facilidad para hacerla efectiva."
El Código de Comercio prescribe:En desarrollo del proceso de medidas cautelares de que trata el Artículo 568 del Código de
Comercio, el titular de un derecho de propiedad industrial puede solicitar al juez que tome las medidas
cautelares pertinentes para evitar que sus derechos sean infringidos.  Para el efecto, debe acreditarse
de manera sumaria la existencia de la usurpación y prestarse caución para garantizar la indemnización
de perjuicios que puedan sufrir el presunto infractor o terceros.
Con la presentación de la denuncia por competencia desleal de que trata la Ley 256 de 1996 o
previa a la misma, el titular de los derechos de propiedad industrial puede solicitar al juez competente
o la Superintendencia de Industria y Co mercio, la orden de medidas cautelares
25de tramitación
preferente (pueden ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud) en
caso de peligro grave e inminente.
Sin perjuicio de las anteriores medidas cautelares de tramitación preferente, también pueden
ser solicitadas medidas cautelares de tramitación normal, tendientes a ordenar la cesación provisional
del acto de competencia desleal, entre otras.
Durante los procesos relacionados con derechos de propiedad industrial instaurados ante los
jueces competentes y cuyo objeto no gira en torno a la comisión de actos de competencia desleal, el
demandante puede solicitar la orden de medidas cautelares tendientes a prevenir un daño o evitar que
este se continúe dando.
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?  Sírvanse facilitar
los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
Se remite a la repuesta a la pregunta 8.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
Los procedimientos relacionados con medidas cautelares están referidos a los procesos de
carácter civil y penal. (Ley 44/93 Artículo 54/44)
No obstante el Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece que "en los
aspectos no contemplados en este Código de seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que seacompatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresponden a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo."
                                                     
25 Artículo 31, Ley 256 de 1996.IP/N/6/COL/1
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Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable
el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país
por el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
Según la Instrucción Administrativa número 0022 de 1998 de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), las mercancías de las que puede solicitarse la inspección por las
autoridades aduaneras de su despacho para su libre circulación, son las mercancías protegidas por el
derecho de autor y derechos conexos, particularmente los casetes, discos compactos y, en general,fonogramas, videogramas, soporte lógico (software) y obras cinematográficas.
Este procedimiento no es aplicable cuando se trata del ingreso de mercancías que no
constituye una operación de comercio internacional (v.gr. equipaje personal de pasajeros).
En virtud del derecho de importación, consagrado en el Artículo 13, literal d), de la Decisión
Andina 351 de 1993, el titular del derecho de autor tiene la facultad de impedir la importación al
territorio de cualquier país miembro de la Comunidad Andina, de copias hechas sin autorización del
titular del derecho.  Contrario sensu  no resulta posible oponerse a la importación de ejemplares que
han sido reproducidos en otro país al amparo de una autorización por parte del titular del derecho.
El procedimiento consagrado en la citada Instrucción Administrativa, resulta aplicable tanto a
operaciones de importación como de exportación.
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), losrequisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
Cuando en desarrollo de sus funciones la autoridad aduanera encuentre mercancías que se
denuncien o sobre las cuales se tengan indicios fundados de que son piratas, tales hechos se pondrán
en conocimiento de la fiscalía General de la Nación, para lo cual se procederá así:
En lugar de arribo:  La carga consistente en mercancías protegidas por el derecho de autor y
derechos conexos, particularmente los casetes, discos compactos, y, en general, fonogramas,
videogramas, soporte lógico (software), obras cinematográficas serán consideradas de alto perfil de
riesgo para efectos de lo previsto en el numer al 3 de la Orden Administrativa Nº 001 de 1992.  En
estos casos se tendrá en cuenta la calidad de importador, estableciendo si se trata de empresas
reconocidas del sector, o si fueron reconocidas como usuarios aduaneros permanentes, en el caso depersonas jurídicas.IP/N/6/COL/1
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Adicionalmente, cuando hubiere sido formalmente denunciada como pirata o existían indicios
de tal circunstancia, como medida cautelar la mercancía se retendrá con el fin de colocarla a
disposición de la Fiscalía General de la Nación.
En estos casos el funcionario levantará un acta dejando constancia de los hechos y de la
circunstancia que la mercancía se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
En el depósito:  En el momento de la entrega de la declaración de importación al depósito o la
Administración de Aduanas, según sea el caso, y antes de la incorporación al Sistema Informático
Aduanero, se solicitará, además de los documentos de que trata el Artículo 32 del Decreto 1909
de 1992, la presentación de la autorización del titular del derecho de autor o del documento en virtuddel cual se establezca la procedencia legítima de la mercancía.  En el evento de no presentarse, o
alegarse no existir tal requisito en el país de compra, como medida cautelar la mercancía será retenida
con el fin de colocarla a disposición de la Fiscalía General de la Nación.  Cuando se trate de un
Depósito habilitado conectado, se informará en lo posible telefónicamente o vía fax a la
Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduana s con el fin de que efectúe la retención de la
mercancía.  En estos casos la declaración de importación no se incorporará al sistema informático,
debiendo el funcionario que practica la retención, levantar un acta en la que consten los hechos y la
circunstancia de colocar la mercancía a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Cuando la mercancía se hubiere denunciado como pirata, o se tengan indicios para presumir
tal circunstancia, como medida cautelar la mercancía será retenida y puesta a disposición de la
Fiscalía General de la Nación.  En estos casos el funcionario de la Administración de Aduanas o de
Impuestos y Aduanas de la jurisdicción, levantará un acta en que se relacionen los hechos y la
circunstancia que la mercancía se encuentre a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
En acciones de control:  En desarrollo de sus acciones de control, incluido el que se realiza
sobre los tránsitos aduaneros, también se informará a la Fiscalía sobre la aprehensión de mercancías
de procedencia extranjera que, adicionalmente a las causales de aprehensión se presuma pirata o se
hubiere denunciado como tal.  En este evento, el proceso de definición de la situación jurídica
continuará hasta su conclusión.
Cuando se trate de mercancías que hayan obtenido el levante con anterioridad a la fecha de
expedición de esta instrucción, en el proceso de control posterior se constatará que en la Declaración
Andina del Valor se haya incluido el valor de los cánones y derechos de licencia, esto es, las regalías
ocasionadas por la importación, y que finalmente ellas hagan parte del valor aduanero declarado como
la base gravable.
Destrucción de mercancía decomisada:  La mercancía de que trata esta instrucción, que sea
objeto de abandono o decomiso, una vez en firme el correspondiente acto administrativo, será
destruida si existe prueba de ser pirata.
Lo anterior significa que respecto de esta clase de bienes no es posible su venta, donación o
asignación, no sólo por su naturaleza misma de la mercancía pirata, sino por que tal medida se
desprende de lo dispuesto por el Artículo 55 de la Ley 44/93.IP/N/6/COL/1
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17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?
Nota:  Se ha formulado una consulta a los gremios del sector privado, en procura de obtener
esta información.
18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
Para la autoridad aduanera es una obligación dar cumplimiento al procedimiento citado,
cuando en desarrollo de sus funciones encuentre mercancías que se denuncien o sobre las cuales se
tengan indicios fundados de que son piratas.
El procedimiento contemplado en la Instru cción Administrativa 0022 de 1998, contempla la
actuación adelantada de oficio por las autoridades aduaneras, así como el case en que existe unadenuncia sobre el carácter infractor de la mercancía.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Acorde con el procedimiento antes referido, las mercancías infractoras pueden ser objeto de
retención con el fin de colocarlas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y respecto de las
mercancías objeto de abandono o decomiso, una vez en firme el correspondiente acto administrativo,
pueden ser destruidas si existen pruebas de su carácter de piratas.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
En la etapa de la instrucción del sumario, el Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal
establece que corresponde a la Fiscalía General de la Nación dirigir, realizar y coordinar la
investigación en materia penal.  Esta disposición se recoge igualmente en el Artículo 26 del nuevo
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) que empezará a regir a partir del día 25 de julio
de 2001.  Cabe mencionar que al interior de la Fiscalía General de la Nación existe una UnidadEspecializada en delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos.
En la etapa del juzgamiento, los Jueces Penales Municipales conocen en primera instancia de
los procesos por infracción al derecho de autor, cuando la cuantía no excede de 50 salarios mínimos
mensuales.  En este caso la segunda instancia corresponde a los Jueces Penales de Circuito.
En los procesos por infracción al derecho de autor cuya cuantía sea superior a 50 salarios
mínimos, la competencia en primera instancia la tienen los Jueces Penales de Circuito, y la segunda
instancia corresponde los Tribunales Superiores del Distrito Judicial.
La Corte Suprema de Justicia, en su Sala Penal, tiene competencia para conocer de recurso
extraordinario de casación, respecto de las sentencias proferidas en los procesos por infracción al
derecho de autor.IP/N/6/COL/1
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La competencia en la etapa de juzgamiento, la tienen en primera instancia los jueces del
circuito en segunda instancia, los tribunales superiores de distrito, y la Corte Suprema de Justicia
cuando se trate del recurso de casación.
21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones
penales?
Las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos están penalizadas en virtud de los
Artículos 51 y 52 de la Ley 44 de 1993.  El texto de estos Artículos es el siguiente:
"Artículo 51.-  Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a
veinte (20) salarios legales mínimos mensuales:"
1. "Quien publique una obra literaria o artística inédita, o parte de ella, por cualquier
medio, sin la autorización previa y expresa del titular del derecho."
2. "Quien inscriba en el registro de autor una obra literaria, científica o artística a
nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o
con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente
el nombre del editor, productor fonográfico, cinematográfico, videográfico o de
soporte lógico."
3. "Quien de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, compendie,
mutile o transforme una obra literaria, científica o artística, sin autorización previa y
expresa de sus titulares."
4. "Quien reproduzca fonogramas, videogramas, soporte lógico y obras
cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular, o transporte, almacene,
conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución o
suministre a cualquier título dichas reproducciones."
"Parágrafo.-  Si en el soporte material, carátula o presentación de la obra literaria, fonograma,
videograma, soporte lógico u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social,
logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, las penas anteriores se aumentarán hastaen la mitad."
"Artículo 52.-  Incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de tres (3) a diez (10)
salarios legales mínimos mensuales:"
1. "Quien represente, ejecute, o exhiba públicamente obras teatrales, musicales,
fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o cualquier otra obra literaria o
artística, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos
correspondientes."
2. "Quien alquile o de cualquier otro modo comercialice fonogramas, videogramas,
soportes lógicos u obras cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular
de los derechos correspondientes."
3. "Quien fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras
teatrales o musicales, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos
correspondientes."IP/N/6/COL/1
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4. "Quien disponga o realice la comunicación, fijación, ejecución, exhibición,
comercialización, difusión o distribución, representación o de cualquier modo o por
cualquier medio conocido o por conocer, utilice una obra sin autorización previa y
expresa de su titular."
5. "Quien presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente al pago o
distribución de derechos económicos de autor, alterando los datos referentes a la
concurrencia de público, clase, precio y número de entradas vendidas para un
espectáculo o reunión, número de entradas distribuidas gratuitamente, de modo que
pueda resultar perjuicio para el autor."
6. "Quien presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente al pago o
distribución de derechos económicos de autor, alterando el número de ejemplares
producidos, vendidos, o distribuidos gratuitamente de modo que pueda resultar
perjuicio para el autor."
7. "Quien presentare declaraciones falsas destinadas a la distribución de derechos
económicos de autor, omitiendo, sustituyendo o intercalando indebidamente los datos
de las obras respectivas."
8. "Quien realizare acciones tendientes a falsear los ingresos reales de un espectáculo o
reunión."
9. "Quien retransmita, fije, reproduzca o por cualquier medio sonoro o audiovisual
divulgue, sin la autorización previa y expresa del titular las emisiones de los
organismos de radiodifusión."
10. "Quien recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio, sin autorización previa
y expresa del titular, las emisiones de la televisión por suscripción."
"Parágrafo.-  En los procesos por los delitos previstos en este Artículo, la acción penal se
extinguirá por desistimiento del ofendido, cuando el procesado antes de dictarse sentencia de
primera instancia, indemnice los perjuicios causados."
El nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), que entrará en vigencia el día 25 de julio de 2001,
dispone al respecto:
"ARTÍCULO 270.-  Violación a los derechos morales de autor.  Incurrirá en prisión de dos
(2) a cinco (5) años y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legalesmensuales vigentes quien:"
"1.-  Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho,
una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o
fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.""2.-  Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con
título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o
mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario,
artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico."
"3.-  Por cualquier medio o procedimiento co mpendie, mutile o transforme, sin autorización
previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o
fonograma, programa de ordenador o soporte lógico."IP/N/6/COL/1
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"Parágrafo. -  Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter
literario, artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte
lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del
titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, modificación o
mutilación del título o del texto de la obra, las penas anteriores se aumentarán hasta en lamitad."
Así  mismo, el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), que entrará en vigencia el día 25 de
julio de 2001, dispone:
"ARTÍCUO 271.-  Defraudación a los derechos patrimoniales de autor.  Incurrirá en prisión
de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos legalesmensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley:"
"1.-  Por cualquier medio o procedimiento, sin autorización previa y expresa del titular,
reproduzca obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma,
videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o transporte, almacene, conserve,distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a
cualquier título dichas reproducciones."
"2.-  Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas,
videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico sin
autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes.""3.-  Alquile o de cualquier otro modo comercialice fonogramas, videogramas, programas de
ordenador o soportes lógicos u obras cinematogr áficas, sin autorización previa y expresa del
titular de los derechos correspondientes."
"4.-  Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o
musicales, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes.""5.-  Disponga, realice o utilice, por cual quier medio o procedimiento, la comunicación,
fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de
una obra de las protegidas en este título, sin autorización previa y expresa de su titular."
"6.-  Retransmita, fije, reproduzca o por cualquier medio sonoro o audiovisual divulgue, sin
autorización previa y expresa del titular, las emisiones de los organismos de radiodifusión."
"7.-  Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio, sin autorización previa y expresa
del titular, las emisiones de la televisión por suscripción."
"Parágrafo.-  Si como consecuencia de las c onductas contempladas en los numerales 1, 3 y 4
de éste Artículo resulta un número no mayor de cien (100) unidades, la pena se rebajará hasta
en la mitad."
Así mismo, el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), que entrará en vigencia el día
25 de julio de 2001, dispone:
"ARTÍCULO 272.-   Violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales
de autor y otras defraudaciones.  Incurrirá en multa quien:"
"1.-  Supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no
autorizados."
"2.-  Suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de derechos, o
importe, distribuya o comunique ejemplares con la información suprimida o alterada.""3.-  Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un
dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de
programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal, o de cualquier forma de
eludir, evadir, inutilizar o suprimir un dispositivo o sistema que permita a los titulares delIP/N/6/COL/1
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derecho controlar la utilización de sus obras o producciones, o impedir o restringir cualquier
uso no autorizado de éstos."
"4.-  Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago,
recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos,
alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estosefectos."
El Código Penal establece:En el Artículo 217 establece penas de prisión entre 1 y 5 años y multas encaminadas a
reprimir la violación de los derechos de propiedad industrial derivados de una marca usada
oficialmente, siempre que ésta sea falsificada o aplicada a un producto distinto de aquel para el queestaba destinada.
El Artículo 238 establece pena de prisión y multas para quienes empleen, divulguen o revelen
descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial llegados a su conocimiento por
razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, por lo que también, demanera eventual, las autoridades que revelaran tal información podrían ser objeto de una acción penal
de tipificarse la conducta descrita.
El Artículo 236 establece que, quien utilice fraudulentamente nombre, enseña, marca, rótulo,
dibujo, etiqueta, patente o modelo industrial, comercial o agropecuario protegido legalmente, incurriráen prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de dos mil a cien mil pesos.
Finalmente, el Artículo 237 castiga el uso ilegítimo de patentes, señalando que quien fabrique
producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida
autorización medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años ymulta de veinte mil a quinientos mil pesos.  En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o
saque de él, exponga, ofrezca en venta o enajene, producto fabricado con violación de patente.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
Los procesos penales se promueven ante la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada
de adelantar la instrucción del sumario en la etapa de la investigación.  En materia de los delitos porinfracción a los derechos de autor y los derechos conexos, la Fiscalía General de la Nación puede
actuar de oficio o mediante querella de parte .
Dentro de las normas del procedimiento penal no se halla que los delitos contra el orden
económico social (dentro de los cuales se encuentran la usurpación de marcas y patentes, el usoilegítimo de patentes y la violación de reserva industrial) requieran querella, por lo que procede
siempre la investigación de oficio.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
El Artículo 59 de la Ley 44 de 1993, establece que tratándose de delitos por infracción al
derecho de autor y los derechos conexos, la acción penal es pública, lo que significa que cualquier
persona que tenga conocimiento de una infracción penal en esta materia, puede promover un proceso
penal ante las autoridades competentes.IP/N/6/COL/1
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Los particulares titulares de derechos de propiedad industrial que se vean vulnerados
mediante la comisión de conductas tipificadas como delitos, se encuentran legitimados para entablar
los procedimientos penales correspondientes.
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Los delitos por infracción al derecho de autor y los derechos conexos, tipificados en el
Artículo 51 de la Ley 44 de 1993 contemplan, además de la pena privativa de la libertad, una pena de
multa de 5 a 20 salarios legales mínimos mensuales.
El Artículo 52 ibídem, contempla, además de la pena privativa de la libertad, una pena de
multa de 3 a 10 salarios legales mínimos mensuales.
Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y
accesorios utilizados para su producción
La Ley 44 de 1993, dispone lo siguiente:"Artículo 55.-  Las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices,
negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautadas serán sometidos a inspección judicial con la ayuda
del perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridadesde policía judicial, en presencia del funcionario judicial y con citación de la defensa y la parte civil."
"Artículo 56.-  Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la producción,
reproducción, distribución, transporte o comercialización de los ejemplares ilícitos, serán embargados
y secuestrados o decomisados de oficio y, previo avalúo, los que no deban ser destruidos se
adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados en el hecho punible, a título de
indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin."
Otras medidas
En el proceso penal, es posible demandar y obtener el resarcimiento de los perjuicios
económicos derivados de la infracción penal.  Para el efecto el titular de los derechoscorrespondientes, o la sociedad de gestión que lo representa, debe constituirse en parte civil dentro del
procedimiento penal y formular la demanda del caso.
Nos remitimos a las respuestas a las preguntas 5 y 20 anteriores.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
Nota:  Se ha formulado una consulta a los gremios del sector privado, en procura de obtener
esta información.
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