RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/127
7 de junio de 1999
(99-2281)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de Competencia
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
Nota documental de la Secretaría
1. La presente nota se ha preparado en respuesta a la petición formulada por el Grupo, en la
reunión celebrada los días 19 y 20 de abril de 19991, de que la Secretaría proporcionara una nota en la
que se expusiesen los antecedentes de hecho relacionados con los principios fundamentales de la
política de competencia.  Su objetivo es ayudar al Grupo en el examen de la pertinencia de los
principios fundamentales de la OMC de trato nacional, transparencia y trato de la nación másfavorecida con respecto a la política de competencia y viceversa (primer elemento específico
incorporado en la decisión del Consejo General relativa a la labor del Grupo en 1999
2).  Según el
criterio utilizado en una nota documental anterior preparada por la Secretaría sobre los principios
fundamentales de la OMC de trato nacional, de  la nación más favorecida y transparencia3, la presente
nota no pretende analizar la pertinencia para la política comercial de los principios que en ella seexaminan.  Queda entendido, más bien, que esa tarea es de la incumbencia de los Miembros del
Grupo de Trabajo.
2. Siguiendo el criterio utilizado en deliberaciones anteriores del Grupo sobre cuestiones
conexas, se entiende que, a los efectos de la presente nota, el término "política de competencia"
comprende una amplia gama de medidas que pueden utilizarse para fomentar una estructura y un
comportamiento competitivos del mercado, que incluyen pero que no se limitan a una legislación
general en materia de competencia que aborde las prácticas anticompetitivas de las empresas.
4
3. En primer lugar, cabría señalar que, si bien los principios fundamentales de la OMC, objeto
de un documento anterior preparado para este punto del programa del Grupo de Trabajo, se habían
individualizado en dicho programa y se codificaron en la legislación y jurisprudencia multilateral (es
decir, la de la OMC), no ocurrió lo mismo con los principios fundamentales de la política de
competencia.  Existe un instrumento multilateral que aborda los principios relacionados con el controlde las prácticas comerciales restrictivas, principalmente desde la perspectiva de velar por que dichas
prácticas no impidan ni anulen la consecución de los beneficios de la liberalización comercial,
especialmente para el comercio y el desarrollo de los países en desarrollo.  Se trata del Conjunto de
principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas
comerciales restrictivas ("el Conjunto"), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidasel 5 de diciembre de 1980 (Resolución 35/63).  El Conjunto, que es de un interés evidente para el
Grupo de Trabajo, se resume en la Sección II del presente documento y se hace referencia a él en
otros lugares cuando se considera apropiado.  Por lo demás, al seleccionar los principios en los que
                                                     
1 WT/WGTCP/M/8 (pendiente de publicación).
2 WT/GC/M/32, página 52.
3 WT/WGTCP/W/114.
4 WT/WGTCP/2, párrafo 20;  véase también WT/WGTCP/M/3, párrafo 12.WT/WGTCP/W/127
Página 2
centrar su labor, la Secretaría trató de obtener orientaciones de fuentes tan diversas como las
observaciones formuladas por los Miembros en las reuniones del Grupo de Trabajo, las directrices, las
declaraciones de política y los análisis elaborados por otras organizaciones internacionales, así como
las leyes y directrices nacionales y estudios académicos.
4. Como ya se ha indicado, la diferencia de la situación relativa a los principios fundamentales
de la OMC, no existe a nivel multilateral una jurisprudencia unificada que se relacione con la
aplicación de los principios fundamentales de la legislación y la política en materia de competencia.
La jurisprudencia existente se ha elaborado más bien en relación con las diversas leyes y políticas
nacionales.  Además, la tendencia es interesarse en la aplicación de normativas concretas o en
doctrinas jurisprudenciales que consagran, en distinto grado, los principios fundamentales, más que en
la aplicación de los principios en sí.  Por consiguiente, en lugar de tratar de examinar
sistemáticamente la aplicación de los principios fundamentales de la legislación y la política de lacompetencia en la jurisprudencia nacional de los Miembros, la presente nota procura principalmente
determinar los principios fundamentales y presentar ejemplos de su aplicación, haciendo referencia a
los elementos de las políticas y legislaciones nacionales que los consagran.
5. Quizás sea necesario explicar qué se entiende por "principio fundamental" de la política de
competencia.  La expresión no se considera como sinónimo de componentes de la legislación ypolítica sobre la competencia.
5  Al elaborar el presente documento, se han individualizado más bien
los principios en materia de concepción y aplicación de la política, incluidos aunque sin limitarse a
ellos los objetivos fijados en las leyes nacionales en materia de competencia, cuyas repercusiones van
más allá de los sectores y las normas legales específicas y son comunes a una amplia gama de
jurisdicciones dotadas de políticas en materia de competencia.6
6. Desde esa perspectiva, en la presente nota se han individualizado tres categorías generales de
principios.  La primera guarda relación con los principios en el sentido de las metas u objetivos
principales de la política de competencia (por ejemplo, la promoción de la eficiencia y el desarrollo
económicos, la promoción del bienestar del consumidor y, posiblemente, otros objetivos).  Estos
objetivos constituyen pautas importantes para los funcionarios responsables en la aplicación de losdiversos aspectos de las leyes y políticas conexas.  La segunda categoría de principios está integrada
por principios operativos del diseño y la aplicación de la política.  Entre otros ejemplos de principios
de esta categoría cabe mencionar la promoción de medidas de apertura del mercado y la
determinación de situaciones en que es probable que se ejerza un poder en el mercado.  Otro de esos
principios es la distinción que se hace en prácticamente todos los sistemas de la ley sobre la
competencia entre acuerdos de carácter principalmente horizontal (es decir, los que entrañan
restricciones a la competencia entre empresas que, de otro modo, estarían en competencia directaentre sí) y los acuerdos de carácter principalmente vertical (es decir, aquellos que limitan la
competencia en cuanto a la elaboración de un determinado producto y a la cadena de distribución).
La tercera categoría importante de principios se relaciona con las instituciones y los procedimientos
                                                     
5 En la mayoría de las jurisdicciones dotadas de esas leyes, los elementos básicos de la legislación
sobre la competencia incluyen la prohibición estricta de los acuerdos de cártel (horizontales), una disposición
para hacer frente a la monopolización o a los abusos de una posición dominante, por lo general, tratándolos caso
por caso, y (posiblemente aunque no siempre) otras disposiciones que abordan los acuerdos anticompetitivos
verticales, las fusiones y la autorización de realizar activ idades de promoción de la competencia, además de las
disposiciones relativas a las facultades en materia de incumplimiento (véase Banco Mundial y OCDE (1999) yUNCTAD (1995).
6 De manera coherente con el enfoque adoptado en el Grupo hasta la fecha, en esta nota se entiende que
la expresión "política de competencia" incluye, aunque no se limita necesariamente a la ley sobre la
competencia en el sentido de una legi slación  amplia que aborde las prácticas anticompetitivas de las empresas.
Documento WT/WGTCP/M/3, párrafo 12.WT/WGTCP/W/127
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por medio de los cuales se aplica la política de competencia.7  En esta categoría un ejemplo
importante de principio fundamental es el de la observancia de las garantías procesales debidas en la
aplicación de la ley y la política de competencia.
7. Es preciso mencionar que, aunque al parecer, los principios examinados en el presente
documento son comunes a muchas jurisdicciones dotadas de políticas de competencia, esos principiosno están forzosamente presentes en todas las jurisdicciones en las que rigen dichas políticas, al menos
íntegramente.  Se los considera más bien como ideales que los legisladores y funcionarios encargados
de aplicarlos se esfuerzan en concretar en el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta otras metas
pertinentes y las restricciones y prioridades de interés público.  Esto se asemeja, en cierta medida, a la
situación predominante en relación con los principi os fundamentales de la OMC, de trato nacional,
trato de la nación más favorecida y transparencia, que en aspectos importantes también están sujetos a
una aplicación progresiva.
8
8. La estructura del presente documento es la siguiente:  en la Parte I se consignan algunas
observaciones formuladas por los Miembros en re uniones del Grupo de Trabajo pertinentes a los
principios fundamentales de la ley y la política de competencia.  En la Parte II se resume el contenido
del ya mencionado Conjunto de las Naciones Unidas.  Las Partes III, IV y V abordan,
respectivamente, las tres categorías de principios fundamentales de la ley y la política de competenciaindicados supra , a saber, los principios fundamentales en el sentido de los objetivos de la ley y la
política de competencia;  los principios operativos del diseño y la aplicación de la política y los
principios institucionales y de procedimiento que se consideran importantes para la aplicación
efectiva de la ley y la política de competencia.
I. OBSERVACIONES PERTINENTES FORMULADAS POR LOS MIEMBROS
9. En el curso de las diversas reuniones del Gr upo de Trabajo, los Miembros formularon varias
observaciones pertinentes a los principios fundamentales de la política de competencia.  Además de
las observaciones relativas punto I de la Lista de Cuestiones propuestas para su estudio, que insta a
examinar la relación de los objetivos, principios, conceptos, alcance e instrumentos de la política
comercial y la política de competencia con el desarrollo y el crecimiento económico
9, se han
formulado comentarios de importancia con respecto a la descripción de los regímenes nacionales en
materia de competencia y otros elementos del programa de trabajo del Grupo.  En muchos casos, las
observaciones hechas con respecto al punto I de la Lista de Cuestiones se referían a la relación general
entre el comercio y la política de competencia, más que a los principios de la política de competencia
en sí.  Los comentarios pertinentes a los principios que se examinan en las Partes III, IV y V del
presente documento se incluyen en esas secciones.  Además, esta sección se refiere sucintamente a
algunos temas principales de los comentarios más generales de los Miembros pertinentes a losprincipios fundamentales de la política de competencia.  Esos comentarios permiten hacerse una idea
                                                     
7 Un trabajo reciente sobre los "principios básicos" de la política de competencia (distintos de las
"normas y criterios comunes") realizado en la OCDE se  ha centrado en principios de esta índole.  Véase
OCDE (1999).
8 Por ejemplo, en virtud del AGCS, el principio de trato nacional no es  un principio de aplicación
general sino que más bien sólo tiene que aplicarse en la medida en que se haya contraído un compromiso
específico, consignado en las listas nacionales que forman  parte del Acuerdo.  Como se indica claramente en el
artículo XIX del AGCS, se ampliará paulatinamente el alcance de las listas mediante sucesivas rondas denegociaciones comerciales, con miras a lograr un nive l de liberalización progresivamente más elevado, del
mismo modo en que el comercio de mercancías se ha liberalizado progresivamente mediante sucesivasnegociaciones arancelarias.
9 Lista de cuestiones propuestas para su estudio, WT/WGTCP/2, anexo 1, punto I.WT/WGTCP/W/127
Página 4
general del enfoque general y de la categorización de los principios fundamentales de la política de
competencia que se desarrolla más adelante.
10. En lo que respecta a los objetivos de la política de competencia, varios Miembros subrayaron
que, en esencia, eran los mismos que los de la liberalización del comercio, es decir, están relacionados
con la promoción de la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.10  Otro punto conexo que
se ha suscitado es el de que tanto la política de la competencia como la política comercial pueden
contribuir directamente a garantizar a los Miembros una igualdad real de oportunidades de
competencia en el sistema multilateral de comercio en su conjunto.11  También se indicó que en el
diseño y la aplicación de las políticas nacionales de la competencia se reflejaban, en distinto grado,
algunos otros objetivos.  Entre éstos cabe mencionar, por ejemplo, la promoción de oportunidades
para las pequeñas y medianas empresas, la integración del mercado y (en algunos casos), objetivos de
política industrial relacionados con el empleo en el ámbito nacional y otras cuestiones.
11. En lo que respecta al diseño y aplicación de las políticas nacionales en materia de
competencia, se señaló que en lo esencial, la política de la competencia trata de identificar situaciones
en las que se puede ejercer el poder del mercado en detrimento de los consumidores.12  Se observó la
relación de este concepto con las técnicas analíticas de la política de competencia, incluida la
definición del mercado.13  Se hizo hincapié en la distinción entre relaciones horizontales y verticales14,
al igual que en la importancia de lograr un equilibrio entre las actividades encaminadas a la
observancia de la ley sobre la competencia y las actividades de promoción de la competencia, así
como en que dichas actividades, dada su naturaleza, se reforzaban mutuamente.15  Otra importante
cuestión que se puso de relieve se refería a los posibles efectos de una reglamentación económica que
fuese favorable o desfavorable a la competencia16, y a la necesidad de que existiese coherencia entre
las funciones de la política de competencia y la reglamentación.17
12. En lo que respecta a las cuestiones de diseño institucional y procedimiento, en varias
oportunidades se subrayó la importancia de la adhesión a los principios de las garantías procesales
debidas y del imperio del derecho.18  Además, se indicó que, por lo menos en algunas jurisdicciones,
la ley y la política de competencia reflejaban y, al parecer, en general eran compatibles con losprincipios fundamentales de la OMC de trato nacional, trato de la nación más favorecida y
transparencia.
19  También observó que cuando se estableciera cualquier vinculación entre la política
de competencia y los principios de la OMC, sería necesario que dichos principios se adaptasen a la
                                                     
10 WT/WGTCP/M/2, párrafo 7; WT/WGTCP/M/3, párrafo 4.
11 WT/WGTCP/M/3, párrafo 4.
12 WT/WGTCP/M/3, párrafo 6.
13 WT/WGTCP/M/2, párrafo 22.
14 WT/WGTCP/M/3, párrafo 54.
15 WT/WGTCP/M/4, párrafos 68 a 74.
16 WT/WGTCP/M/5, párrafos 17 a 29.
17 WT/WGTCP/M/5, párrafos 20 y 24.
18 Véase, por ejemplo, WT/WGTCP/M/6, párrafo 63.
19 WT/WGTCP/M/3, párrafo 14.WT/WGTCP/W/127
Página 5
materia y procedimientos específicos de la política de competencia.20  En varias ocasiones también se
hizo hincapié en el papel importante que puede tener la cooperación internacional en la aplicación
efectiva de la ley y política de competencia.21
13. En la reunión más reciente del Grupo de Trabajo (celebrada los días 19 y 20 de abril de 1999),
además de observaciones sobre la pertinencia de los principios fundamentales de la OMC conrespecto a la política de competencia, algunos Miembros formularon comentarios en relación con los
principios de la política de competencia que podrían ser pertinentes para la política comercial.  A este
respecto, Hong Kong, China, señaló en su contribución (WT/WGTCP/W/118) los tres "principios
generales" de la política de competencia, que consisten en promover los mercados abiertos, las
condiciones no discriminatorias para competir y el bienestar del consumidor.
22  En su comunicación
(WT/WGTCP/W/115), la Comunidad Europea y sus Estados miembros se refirieron a tres elementos
que se deben tener en consideración en las actividades futuras sobre el desarrollo de los principiosbásicos de la política de competencia, a saber:  la adopción de una legislación general sobre la
competencia, la administración y la aplicación de dicha legislación y los derechos de partes privadas,
además de varios elementos y subelementos conexos.  Este enfoque trata de centrarse en los aspectos
de la legislación y la política de la competencia considerados más pertinentes para el sistema
multilateral de comercio, a la vez que reconoce plenamente la dimensión del desarrollo y lasdiferencias de los marcos jurídicos e institucionales internos.
23  Una comunicación del Japón
(WT/WGTCP/W/119) hace referencia al "principio basado en la libre competencia", considerado un
concepto fundamental de la legislación sobre la competencia.  En la comunicación se indica que este
principio "se basa en la idea de no impedir el funcionamiento del mercado.  Implica que hay que
prohibir las prácticas competitivas que distorsionan ese mecanismo (por ejemplo, los cárteles, losboicoteos) y los sistemas que se refieren a la legislación sobre competencia y que restringen los
sectores o ámbitos donde se permite el funcionamiento del mecanismo del mercado (por ejemplo,
sistemas de exenciones)".
II. CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS DE PRINCIPIOS Y NORMAS
EQUITATIVOS CONVENIDOS MULTILATERALMENTE PARA EL CONTROLDE LAS PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS
14. El Conjunto de las Naciones Unidas de 1980 contiene principios y normas para el control de
las prácticas comerciales restrictivas, que adoptan la forma de recomendación a los Estados.  Está
centrado específicamente en las prácticas comerciales restrictivas que impiden o anulan los beneficios
que se derivan del comercio internacional y, por consiguiente, el desarrollo económico y social, en
particular el de los países en desarrollo.  Insta a que se adopten medidas a nivel nacional, regional e
internacional para eliminar las prácticas comerciales restrictivas que produzcan tales efectos o parahacerles frente con eficacia.  Recomienda a los Estados a que, al adoptar esas medidas, tengan en
cuenta las necesidades de desarrollo, financieras y comerciales de los países en desarrollo.  Contiene
principios y normas en las que se insta a las empresas, incluidas las empresas transnacionales, a
abstenerse de aplicar restricciones horizontales de distinto tipo y del abuso o la adquisición y el abuso
de una posición dominante en el mercado.  Cont iene además principios y normas dirigidos a los
Estados, en particular para que éstos, en el plano nacional o mediante agrupaciones regionales,
adopten, mejoren y hagan cumplir con eficacia la legislación adecuada y apliquen procedimientos
judiciales y administrativos para el control de las prácticas comerciales restrictivas.  Asimismo, el
                                                     
20 WT/WGTCP/M/5, párrafo 78 y WT/WGTCP/M/8 (pendiente de publicación).
21 WT/WGTCP/M/4, párrafo 39 y  WT/WGTCP/M/8 (pendiente de publicación).
22 WT/WGTCP/W/118, párrafo 7.
23 WT/WGTCP/W/115, páginas 12 a 13.WT/WGTCP/W/127
Página 6
Conjunto trata de alentar diversas formas de colaboración destinadas a eliminar las prácticas
comerciales restrictivas o a ocuparse efectivamente de ellas.24
III. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
15. Está muy generalizada la afirmación de que el objetivo más esencial de la política de
competencia es fomentar y mantener en los mercados, cuando sea viable, una rivalidad saludableentre las empresas.
25  Hay dos maneras principales para lograrlo:  en primer lugar, las estructuras
anticompetitivas del mercado y las prácticas de las empresas que impidan la competencia pueden
abordarse mediante la aplicación de una ley de competencia y/o la utilización de una reglamentación
favorable a la competencia, en los casos apropiados;  en segundo lugar, cabe atenuar o suprimir las
medidas gubernamentales que creen obstáculos innecesarios al comercio y a la competencia.
16. Además del objetivo general de fomentar una rivalidad saludable en el mercado, se suele
considerar a la política de competencia con referencia a objetivos más concretos, que sirven deorientación y a los que se puede hacer referencia, específicamente, cuando se trata de la aplicación de
políticas.  Los dos objetivos que, al parecer, constituyen principios básicos en la política de
competencia en muchas jurisdicciones, en la medida que sirven de orientación a los funcionarios a la
hora de aplicar los diversos aspectos de sus leyes y políticas respectivas son:  i) la eficiencia
económica;  y ii) el bienestar del consumidor.
26  Al enunciar esos objetivos, la política de competencia
también puede contribuir al proceso general de desarrollo económico.27  Además, las leyes y políticas
nacionales incluyen algunos otros objetivos que, en diversas circunstancias, pueden afectar la
aplicación de dichas leyes y políticas.
A. P ROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA
17. La promoción de la eficiencia económica es un objetivo de la política de competencia
indicado expresamente en numerosas, si no en todas las jurisdicciones dotadas de esas políticas.28  De
hecho, el concepto de eficiencia tal como se aplica en la ley sobre la competencia tradicionalmente
abarca tres aspectos independientes.  En primer lugar, la "eficiencia en la asignación de los recursos",
se logra cuando los recursos escasos de una sociedad se asignan a la producción de bienes y serviciosmás deseados por los consumidores.  Esto exige que, desde una perspectiva social, el precio sea igual
a los costos marginales de producción y distribución.  La "productividad" se alcanza cuando se
producen bienes utilizando la combinación más rentable de recursos productivos disponibles con
                                                     
24 En la comunicación de la UNCTAD al Grupo de Trabajo (documento WT/WGTCP/W/17), puede
encontrarse información adicional sobre el Conjunto, incluido sus objetivos, alcance y ámbito de aplicación y
disposiciones básicas.
25 OCDE y Banco Mundial (1999) y UNCTAD (1995).  Los responsables de la política económica
reconocen que la competencia puede no ser viable en situaciones de "monopolio natural" (por ejemplo, los
mercados que son abastecidos más eficazmente por una sola empresa).  En dichos mercados tal vez seanecesario adoptar una reglamentación económica direct a de los proveedores monopolísticos.  La cuestión se
examina más detalladamente en la sección IV, infra .
26 En las deliberaciones del Grupo de Trabajo reiteradamente se han puesto de relieve los objetivos de
eficiencia y bienestar del consumidor.  WT/WGTCP/M/2, párrafo 7; WT/WGTCP/M/3, párrafo 4.  Véasetambién Banco Mundial y OCDE, supra , nota 1 y UNCTAD (1995).  Los objetivos de eficiencia y bienestar del
consumidor también se subrayan en el Conjunto UNCTAD, Parte A, "Objetivos".
27 Véase Parte III C), infra .
28 WT/WGTCP/2, párrafo 22.  Véase también Banco Mundial y OCDE (1999); UNCTAD (1995);
Graham y Richardson, eds. (1996).WT/WGTCP/W/127
Página 7
arreglo a la tecnología existente.  La "eficiencia dinámica" se obtiene mediante la invención, el
desarrollo y la difusión óptima de nuevos productos y procesos productivos.29
B. P ROMOCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS CONSUMIDORES
18. El bienestar del consumidor es un objetivo que generalmente se considera como una finalidad
central de la política de competencia y que en varias de las jurisdicciones más importantes, se utiliza
como la guía general principal para la aplicación de la ley sobre la competencia.30  Con arreglo a este
enfoque, un criterio fundamental para la aplicación de esa política a acuerdos comerciales
determinados consiste en determinar si los acuerdos en cuestión tienen un efecto negativo en los
precios aplicados y en la serie de opciones ofrecidas a los consumidores, o sobre ambas cosas a la
vez.31  Incluso en las jurisdicciones en las que la política de competencia persigue también la
consecución de otros objetivos económicos y sociales, se reconoce generalmente que la protección delconsumidor es una meta importante o incluso central de esa política.  Cuando se considere que el
bienestar del consumidor es el objetivo principal de la política de competencia, dicho enfoque será
diferente del basado en la eficiencia "pura", en que se ponderará la eficiencia en la medida en que
exista una expectativa razonable de que sus beneficios recaigan finalmente en los consumidores y no
sean retenidos por los productores.
32
C. P ROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
19. Tal como se ha expuesto ampliamente en el Grupo de Trabajo33, la política de competencia
también debe contribuir al proceso de desarrollo económico, para lo cual puede, en particular34:
i) promover una asignación eficiente de los recursos;  ii) proteger el bienestar de los consumidores;iii) prevenir/enfrentar los niveles de concentración excesivos y la consiguiente rigidez estructural;
iv) enfrentar las prácticas anticompetitivas de las empresas (incluidas las multinacionales) que poseen
una dimensión comercial y afectan particularmente a los países en desarrollo;  v) aumentar la
capacidad de atracción de una economía respecto de la inversión extranjera y apoyar al máximo los
beneficios que dicha inversión aporta;  vi) ampliar los beneficios de la privatización y de lasiniciativas de reforma reglamentaria y desregulación;  vii) establecer un centro institucional de
coordinación para la promoción de las reformas de política en favor de la competencia y de una
cultura de la competencia.  El objetivo de promover el desarrollo económico se subraya también en el
Conjunto de las Naciones Unidas, uno de cuyos objetivos básicos es "lograr que las prácticas
comerciales restrictivas no impidan ni anulen la consecución de los beneficios a que debería dar lugar
la liberación de las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan al comercio mundial, en
particular al comercio y al desarrollo de los países en desarrollo".
35
                                                     
29 Carlton y Perloff (1995).
30 Banco Mundial y OCDE (1999);  Graham y Richardson, eds. (1996).
31 Departamento de Justicia y Comisión Federal de  Comercio de los Estados Unidos (1992;  revisado
en 1997).
32 Crampton (1995).
33 WT/WGTCP/W/80, "Documento de síntesis sobre la relación de la política comercial y la política de
competencia con el desarrollo y el crecimiento económico" y actas de las diferentes reuniones del Grupo de
Trabajo en él mencionadas.
34 Idem .
35 Naciones Unidas (1980), Parte A, "Objetivos", párrafo 1.WT/WGTCP/W/127
Página 8
D. O TROS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
20. En la aplicación de las leyes y políticas de competencia de los Miembros figuran otras metas
y objetivos (explícitos e implícitos).  Si bien no puede aseverarse que sean comunes a una serie lobastante amplia de jurisdicciones o sirvan de orientación política de manera suficientemente
sistemática para constituir "principios fundamentales" de la política de competencia, resulta claro que
esos objetivos pueden ser significativos desde el punto de vista de las autoridades encargadas de su
cumplimiento y de las políticas y legislaciones nacionales, por lo que pueden revestir particular
importancia según las circunstancias económicas de cada país.  Algunos de esos objetivos son los
siguientes
36:  i) promoción de la equidad y la justicia;  ii) promoción de oportunidades para las
pequeñas y medianas empresas;  iii) integración del mercado;  iv) promoción del desarrollotecnológico y de la producción y el empleo nacional;  v) protección del pluralismo económico y
político.
IV. PRINCIPIOS DEL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
21. La segunda categoría de principios fundamentales de política de competencia que se han
individualizado al elaborar el presente documento está integrada por principios más operacionales deldiseño y la aplicación de la política.  Se reitera que la selección de esos principios se basa en que sus
efectos van más allá de las normas jurídicas específicas y afectan el diseño o la aplicación de la ley y
la política de competencia de manera sistemática, en una amplia categoría de jurisdicciones.
A. P
RESUNCIÓN A FAVOR DE LOS MERCADOS COMPETITIVOS
22. Un principio fundamental o premisa que se ha generalizado en la aplicación de la política de
competencia es la creencia de que en la mayor parte de las situaciones, el funcionamiento libre de los
mercados competitivos, no distorsionados por la intervención estatal, generará resultados económica y
socialmente eficaces.37  Aunque tal vez no sea necesario que los mercados sean perfectamente
competitivos para lograr esos resultados, deben ser "razonablemente competitivos".  Algunas de lascaracterísticas de los mercados razonablemente competitivos que se han señalado a la atención del
Grupo son las siguientes
38:  i) un nivel mínimo de desarrollo económico y una cultura de la calidad y
de la competencia;  ii) mecanismos de regulación mejorados constantemente, teniendo en cuenta las
prácticas y los usos establecidos;  iii) libertad de precios y su fijación mediante el libre juego de la
competencia (mecanismo de competencia de la oferta y la demanda).  Esto supone la presencia de
múltiples agentes económicos;  iv) supervisión de las estructuras de los mercados y de las prácticas
anticompetitivas, incluidos cárteles, acuerdos de convivencia exclusividades y abuso de posicionesdominantes;  v) transparencia y lealtad de las transacciones a fin de garantizar una cierta fluidez;
vi) libertad de entrada y salida de las mercancías;  vii) neutralidad del Estado en sus relaciones con los
agentes económicos.
23. El funcionamiento eficaz de los mercados competitivos puede verse afectado por deficiencias
del mercado de diverso tipo, que pueden hacer necesaria la intervención estatal.
39  Esas deficiencias
son, entre otras:  i) el problema de los monopolios y de otros comportamientos y estructuras del
                                                     
36 Véase Conjunto de Naciones Unidas (1980);  UNCTAD (1995);  Graham y Richardson (1998) y
Banco Mundial y OCDE (1999).
37 Banco Mundial y OCDE (1999);  Carlton y Perloff (1994) y Brander (1992).
38 Contribución de Marruecos (WT/WGTCP/W/43).
39 Brander (1992), capítulo 3.WT/WGTCP/W/127
Página 9
mercado que permiten que se ejercite el "poder del mercado"40;  ii) "externalidades", como la
contaminación del medio ambiente;  y iii) situaciones en las que los agentes económicos disponen de
información asimétrica en relación con las características del producto u otros aspectos de
determinadas transacciones.  Cada una de ellas puede tener consecuencias para la política de
competencia.41
24. La presunción a favor de los mercados abiertos y competitivos presenta algunos aspectos que
entrañan consecuencias adicionales para la política de competencia.  En primer lugar, según se ha
debatido ampliamente en el Grupo de Trabajo, destaca la pertinencia de la liberalización del comercio
y la inversión y la privatización y la desreglamentación para los objetivos de la política de
competencia.42  En segundo lugar, se señaló el carácter complementario de la relación entre la ley
sobre la competencia y la reglamentación favorable a la competencia, así como también se subrayó la
importancia de las actividades en defensa de la competencia en relación con los aspectos de lareglamentación que traspasan los límites de lo necesario para dar respuesta a deficiencias concretas de
funcionamiento del mercado.
43  En tercer lugar, se destaca la importancia de los distintos instrumentos
para la evaluación de las posibilidades de ejercer el poder del mercado.  Por último, la presunción
favorable a la competencia proporciona el fundamento del principio o axioma, según el cual "la
política de competencia protege la competencia y no a los competidores", un principio que orienta la
aplicación de las políticas de competencia en varias esferas.  Cada uno de esos aspectos se examina
detalladamente, más adelante.
B. F OMENTO DE MEDIDAS EXTERNAS E INTERNAS DE APERTURA DEL MERCADO
25. Como se ha señalado, la presunción a favor de los mercados competitivos pone de relieve la
relación directa que existe entre las medidas de apertura del mercado y las medidas de otra índole para
alcanzar los objetivos de la política de competencia.  En el Grupo de Trabajo se ha señalado que la
liberalización del comercio puede tener efectos positivos en la competencia en dos maneras
principales:  i) puede suprimir los obstáculos impuestos por los gobiernos que afectan directamente a
la situación de la competencia en el mercado de bienes y servicios;  y ii) en consecuencia, puederesultar más difícil para los agentes del sector privado concertar acuerdos destinados a facilitar el
ejercicio del poder del mercado, ampliando el alcance del mercado geográfico correspondiente y
potenciando la función de la competencia extranjera.
44  Se ha señalado que la liberalización de la
inversión puede producir efectos similares.  La privatización y la reforma de la reglamentación
también pueden servir para crear las condiciones estructurales necesarias para una competencia
saludable.  La relación entre política de competencia y reglamentación presenta múltiples aspectos
que se examinan en la subsección siguiente.
C. F OMENTO DE LA COMPETENCIA MEDIANTE UNA REGLAMENTACIÓN FAVORABLE A LA
COMPETENCIA Y LA REFORMA DE LA REGLAMENTACIÓN
26. Las deliberaciones en el Grupo de Trabajo señalaron a la atención tres esferas principales de
interacción entre la política de competencia y la reglamentación económica.  En primer lugar, se
                                                     
40 Como se ha expuesto en la Parte IV D), el "poder del mercado" es un concepto técnico que se refiere
a la capacidad de una empresa (o grupo de empresas que actúan conjuntamente) para mantener en su beneficioprecios por encima de los niveles competitivos durante un período de tiempo considerable.
41 Véase Parte IV C), infra .
42 WT/WGTCP/2, párrafos 19 a 31, 72 a 80, y 97 a 111.
43 Véase Parte IV C), infra .
44 WT/WGTCP/W/2, párrafo 22.WT/WGTCP/W/127
Página 10
señaló que la reglamentación puede desempeñar una función favorable a la competencia para abordar
situaciones de deficiencias del mercado causadas por la existencia de un monopolio natural.45  A
juicio de algunos observadores, la reglamentación puede ser un instrumento más efectivo que la ley de
la competencia para hacer frente a dichas situaciones, en la medida que entrañan el requisito de
fijación y control de los precios.46  En segundo lugar, se ha sugerido que, algunas veces, la
reglamentación sectorial puede entrañar restricciones a la entrada de mercancías y/o a la fijación de
precios en determinados sectores, no fundadas en consideraciones relacionadas con el funcionamiento
deficiente del mercado.  En tercer lugar, se afirmó en el Grupo que, hasta cierto punto, determinadas
formas de reglamentación que pueden considerarse necesarias para responder a determinadas
deficiencias del mercado (por ejemplo, normas sobre productos relacionadas con la salud y otras
normas de productos y prescripciones reglamentarias), en algunos casos pueden ir más allá de lo
necesario para dar respuesta a esas exigencias y, por consiguiente, pueden crear obstáculosinnecesarios al comercio y a la competencia.  Se sugirió en el Grupo
47 que individualizar
prescripciones y reglamentos técnicos "excesivos" contribuye significativamente a fomentar el
comercio y la competencia.  Se añadió que convendría que la política de competencia se centrase en el
segundo y tercer sector de interacción entre la política de competencia y la reglamentación, por
ejemplo mediante actividades de promoción de la competencia elaboradas para fomentar el
funcionamiento libre y eficaz de las fuerzas del mercado.48
27. Las actividades llevadas a cabo recientemente en la OCDE sobre la reforma de la
reglamentación se han concretado en la adopción de varias recomendaciones que responden a las
preocupaciones antes mencionadas.49  Algunas de ellas reflejan los principios de la política de
competencia.  En las siete recomendaciones principales se invita a los gobiernos miembros de laOCDE a:  i) adoptar, a nivel político, amplios programas de reforma de la reglamentación que
establezcan objetivos claros y marcos precisos para su aplicación;  ii) reexaminar sistemáticamente las
reglamentaciones para velar por que los objetivos perseguidos se sigan cumpliendo con eficiencia y
eficacia;  iii) garantizar que las reglamentaciones y los procedimientos de reglamentación sean
transparentes, no discriminatorios y se apliquen con eficiencia;  iv) reexaminar y reforzar, cuando seanecesario, el ámbito de aplicación, la eficacia y la política de competencia y los medios de hacer
respetar las obligaciones que entraña, a menos que haya pruebas de que no hay otros medios para
servir mejor el interés público general, mediante la eliminación de disparidades sectoriales en la ley
sobre la competencia, aplicando estrictamente la ley sobre la competencia cuando el comportamiento
colusivo, el abuso de la posición dominante y las fusiones anticompetitivas pongan en peligro la
reforma, y proporcionando a las autoridades encargadas de la competencia las facultades y la
capacidad para propugnar la reforma;  v) reformar las reglamentaciones económicas en todos lossectores para incentivar la competencia y suprimirla, esas reglamentaciones, a menos que la
experiencia demuestre claramente que constituyen el mejor medio de servir al interés público general,
incluidos el examen, con carácter prioritario, de los aspectos de la reglamentación económica que
limiten la entrada y salida del mercado, la fijación de precios, la producción, las prácticas comerciales
normales y distintas formas de organización de la actividad empresarial;  vi) suprimir los obstáculosreglamentarios innecesarios al comercio y a la inversión, mejorando la aplicación de los acuerdos
internacionales y consolidando los principios internacionales, con inclusión de las normas y principios
destinados a liberalizar el comercio y la inversión (como la transparencia, la no discriminación, la
                                                     
45 WT/WGTCP/M/5, párrafos 18, 22 y 23.  Los monopolios naturales son industrias servidas más
eficazmente por un solo proveedor.
46 Carlton y Perloff (1994).
47 WT/WGTCP/M/5, párrafos 20 y 24.
48 WT/WGTCP/2, párrafo 109 y párrafos de las actas en él mencionadas.
49 OCDE (1997).WT/WGTCP/W/127
Página 11
evitación de restricciones innecesarias del comercio y el respeto de los principios de la competencia);
y vii) determinar los vínculos importantes con otros objetivos de la acción gubernamental y elaborar
políticas encaminadas a la consecución de esos objetivos de manera favorable a la reforma.50  El texto
completo de las recomendaciones figura en el apéndice I.
28. Las recomendaciones de la OCDE coinciden, en aspectos esenciales, con observaciones
formuladas por los Miembros en el Grupo de Trabaj o.  A este respecto, se comentó ampliamente en el
Grupo la importante función que pueden desempeñar las actividades de promoción de la competencia
en relación con las políticas en materia de reglamentación y sus repercusiones sobre la competencia y
el comercio.51  Se informó al Grupo de que dichas actividades habían servido de catalizador para que
se adoptaran reformas de los regímenes reglamentarios favorables a la competencia.  Además, se
formularon varias sugerencias para la realización de nuevas actividades que podrían emprenderse al
respecto.52
D. E VALUACIÓN DE LAS POSIBILIDADES PARA EJERCER EL PODER DE MERCADO
29. Un principio analítico básico de la política de competencia pertinente a las cuestiones
relativas al marco reglamentario53 y a la aplicación de las leyes sobre la competencia54 es la
evaluación de las posibilidades para ejercer el poder de mercado.  La expresión "poder de mercado" esun concepto técnico que se refiere a la capacidad de una empresa (o grupo de empresas que actúen
conjuntamente) a mantener en su beneficio precios por encima de los niveles competitivos durante un
período considerable.  Las preocupaciones por la capacidad de las empresas para ejercer el poder de
mercado derivan directamente de:  i) el esfuerzo para individualizar deficiencias concretas del
mercado y ii) los objetivos de la política de competencia relacionados con el fomento de la eficienciay el bienestar del consumidor (examinado en la Parte III supra ).  Centrarse expresamente en las
posibilidades de ejercicio del poder de mercado es esencial para el análisis de las fusiones y alianzas
estratégicas que se llevan a cabo en la mayoría de las jurisdicciones en la que esos acuerdos entran en
el ámbito de la política de competencia.
55  Por lo general, también ocupa un lugar prominente en el
examen de los casos en los que se alegan restricciones anticompetitivas verticales, abuso de laposición dominante o monopolización y otras prácticas.  Entre los factores que se vinculan con la
capacidad de ejercer el poder de mercado cabe mencionar un alto grado de concentración del
mercado, la existencia de obstáculos a la entrada en el mercado y la falta de sustitutos de un producto
suministrado por empresas cuyo comportamiento es objeto de examen.  Además de la existencia de
                                                     
50 OCDE (1997).
51 WT/WGTCP/M/5, párrafos 19, 23, 25, 26 y 27.
52 Se apuntó la necesidad urgente de llevar a cabo investigaciones empíricas sobre las consecuencias
para el comercio y la competencia de las reglamentaci ones innecesarias, mal diseñadas y discriminatorias.  Se
sugirió también que el Grupo siguiera examinando los medi os con los que las disciplinas de la OMC trataban de
abordar los efectos en el comercio y la competencia de  las políticas en materia de reglamentación.  Asimismo,
se sugirió que el Grupo examinara la posibilidad de elaborar directrices de la OMC para un examen periódico y
sistemático de las políticas nacionales en materia de reglamentación a la luz de los principios de la política decompetencia.  Se indicó que esto ayudaría a mejorar la transparencia y eficacia de las iniciativas de reforma ysería un instrumento útil para promover un acceso más libre a los mercados. WT/WGTCP/M/5, párrafos 20a 24.
53 Las recomendaciones de la OCDE antes mencionadas indican específicamente que el Gobierno
debería "promover la eficiencia y la transición a una situación de competencia efectiva en los casos en que lasreglamentaciones económicas sigan siendo necesarias debido al riesgo de abus o del poder de mercado.
54 Banco Mundial y OCDE (1999);  Carlton y Perloff (1995);  Brander (1992).
55 Banco Mundial y OCDE (1999).WT/WGTCP/W/127
Página 12
precios más elevados que los precios competitivos, el ejercicio del poder de mercado puede
manifestarse por la disminución de la calidad del servicio o la falta de innovación en el mercado o los
mercados correspondientes.56
30. Como se ha señalado en el Grupo de Trabajo, la delimitación cuidadosa del producto
pertinente y los mercados geográficos, es una etapa importante en la evaluación del ámbito para elejercicio del poder de mercado en la mayoría, si no en la totalidad de los casos relacionados con la
legislación en materia de competencia.
57  En general, esto supone identificar la serie de sustitutos
cercanos de un producto y el alcance del espacio geográfico en el que los consumidores pueden
recurrir fácilmente a otros proveedores del producto.  En los casos relacionados con la ley de
competencia, los mercados geográficos pertinentes pueden ser locales, nacionales o incluso
mundiales, según el producto determinado que se examine, la índole de la rivalidad en el suministro
del producto y la presencia o ausencia de factores (por ejemplo, costos de transporte, aranceles y otrasmedidas) que impiden a las importaciones contrarrestar, en el ámbito interno, el ejercicio del poder de
mercado.
58  Además de la delimitación cuidadosa del mercado pertinente, la evaluación de las
posibilidades para el ejercicio del poder de mercado supondrá considerar cuestiones tales como los
obstáculos a la entrada de otros proveedores, la índole de todo acuerdo de cooperación entre los
proveedores y otros factores que pueden limitar la elección del consumidor.59
E. L A DISTINCIÓN ENTRE VÍNCULOS HORIZONTALES Y VERTICALES
31. Un principio básico de la política de competencia que puede ayudar a delimitar las
posibilidades para que se ejerza el poder de mercado y que se utiliza en diversos aspectos del análisis
de la política de competencia es la distinción entre acuerdos comerciales horizontales y verticales.  Seentiende por acuerdos horizontales los acuerdos e xpresos o tácitos entre empresas que, normalmente,
estarían en competencia recíproca en el abastecimiento de productos similares en un determinado
mercado.  Los acuerdos verticales son acuerdos entre empresas en diferentes etapas de la cadena de
producción y comercialización de un producto o productos determinados.  Esta distinción es
pertinente para la evaluación de los acuerdos entre empresas y de los acuerdos "estructurales", comoson las fusiones y empresas conjuntas.
32. La importancia de esta distinción estriba en lo siguiente:  por su propia naturaleza, es más
probable que los acuerdos horizontales tengan un efecto directo y negativo en la competencia (y,
potencialmente, en el comercio) que los acuerdos verticales y, por consiguiente, den lugar a que se
ejerza el poder de mercado.  Éste es el caso, en particular, de los acuerdos horizontales "flagrantes"
(por ejemplo, cárteles que fijan precios o reparten mercados entre empresas que, de otro modo,
estarían en competencia recíproca).  Esos acuerdos no tienen otro propósito que el enriquecimiento delos productores a expensas de los consumidores y entrañan "pérdidas de peso muerto" en excedentes
económicos.
60  En consecuencia, en algunos países, esos acuerdos son considerados ilegales " per se "
(por ejemplo, sin que sea necesaria una investigaci ón minuciosa de sus repercusiones en el mercado o
los mercados de que se trate).  Hay un acuerdo internacional cada vez mayor en que los cárteles
residuales o flagrantes deberían ser objeto de una prohibición más estricta con arreglo a legislación
                                                     
56 Departamento de Justicia y Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (1992;
revisión 1997) y Canadá (1993).
57 Banco Mundial y OCDE (1999);  Carlton y Perloff (1999).
58 Banco Mundial y OCDE (1999);  véase también WT/WGTCP/M/3.
59 Banco Mundial y OCDE (1999).
60 Banco Mundial y OCDE (1999).WT/WGTCP/W/127
Página 13
antimonopolio.61  A consecuencia de esto, en 1998, la OCDE adoptó una recomendación que instaba a
prohibir estrictamente dichos acuerdos.62  En el Conjunto de las Naciones Unidas también se señala la
importancia de establecer una clara prohibición de los cárteles horizontales.63  Ciertos acuerdos
horizontales de otro tipo (por ejemplo, alianzas estratégicas y empresas conjuntas) pueden o no ser
perjudiciales para la competencia, según la índole específica de cada acuerdo y de la situación delmercado.
33. Por otro lado, se reconoce generalmente que las restricciones verticales del mercado (o
fusiones verticales), suelen responder a objetivos legítimos, favorables a la competencia y sólo en
limitadas circunstancias constituyen una amenaza para ésta.  En consecuencia, es importante que esos
acuerdos se aprecien caso por caso o utilizando criterios razonables, que tengan en cuenta tanto sus
beneficios potenciales como sus costos.
64
F. P ROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA COMO PROCESO Y NO DE LOS DIVERSOS COMPETIDORES
34. Un principio básico de la política de competencia al que se ha hecho referencia en diversas
ocasiones en el Grupo de Trabajo es de que "la po lítica de competencia protege la competencia y no a
los competidores".65  El principio indica que, por lo general, la ley de competencia no tiene el
cometido de determinar si las empresas participan en un mercado o quedan excluidas de él en lamedida en que el proceso  de competencia en el mercado no resulte significativamente menoscabado.
El trato de las restricciones verticales del mercado proporciona aclaraciones útiles sobre este
principio.  A este respecto, se ha señalado en el Grupo de Trabajo que, según la situación de hecho y
la legislación nacional determinada, podría suceder que las limitaciones verticales del mercado por
parte de las empresas se considerasen aceptables desde el punto de vista de la política de competencia,incluso cuando resultaran en la exclusión de algunos competidores determinados (extranjeros o
nacionales), siempre que el proceso de rivalidad en el mercado no sufriera restricciones
considerables.
66
V. PRINCIPIOS DE DISEÑO Y PROCESO INSTITUCIONAL
35. Como se ha señalado, la tercera categoría importante de principios para la aplicación de la ley
y política de la competencia se relaciona con los principios de diseño y proceso institucional.  Dichos
principios se han puesto de relieve en, entre otros contextos, un trabajo sobre "principios básicos" de
política de competencia realizado en la OCDE67, además de las reuniones del Grupo de Trabajo.
Algunos de los principios pertinentes son los siguientes:
A. A DHESIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LAS GARANTÍAS PROCESALES DEBIDAS /JUSTICIA NATURAL
36. En el Conjunto de las Naciones Unidas se indica que "en el control de las prácticas
comerciales restrictivas, los Estados deberían asegurar a las empresas un trato que sea justo,
                                                     
61 Banco Mundial y OCDE (1999);  véase también OCDE (1997).
62 OCDE (1998).
63 Conjunto de las Naciones Unidas (1980), Parte D, párrafo 3.
64 OCDE y Banco Mundial (1999);  UNCTAD (1995).
65 WT/WGTCP/2, párrafo 26.
66 WT/WGTCP/M/3, párrafo 7.
67 OCDE (1999).WT/WGTCP/W/127
Página 14
equitativo y no discriminatorio, conforme a los procedimientos legales establecidos".68  D e  m a n e r a
análoga, un trabajo realizado recientemente en la OCDE subraya la importancia que tiene para la
aplicación efectiva de la política de competencia la adhesión a los principios, que en algunas
jurisdicciones se conocen por las garantías procesales debidas o "justicia natural".69  S i  b i e n  h a y
distintas formas de expresar este concepto, por lo general, se refiere a la observancia deprocedimientos justos y equitativos en las actuaciones administrativas y judiciales, incluido el derecho
a ser escuchado, el derecho de peticionar ante los organismos en materia de competencia y recabar
explicaciones por falta de actuación en cuestiones concretas, la posibilidad de revisión judicial de las
decisiones administrativas, el derecho de interponer recurso ante los tribunales superiores y cuestiones
conexas.
70  Además, algunos observadores consideran que el derecho de las empresas a presentar
peticiones directamente ante los tribunales en los casos en los que se alegue el incumplimiento de la
ley sobre la competencia ("acciones privadas") es un aspecto importante de las garantías procesalesdebidas.  Según se señala en el Conjunto de las Naciones Unidas, otro elemento importante de las
garantías procesales debidas, es el trato minucioso y la debida protección a la información
confidencial que puede proporcionarse a las autoridades en el marco de las investigaciones.
71
37. Según algunas formulaciones, los principios de las garantías procesales debidas también
exigen que la ley sobre la competencia sea administrada por organismos independientes encargadosde su cumplimiento.  No obstante, el grado de "independencia" que se considera apropiado puede
lograrse de diferente manera en los distintos países.  Por ejemplo, algunas jurisdicciones prefieren
organismos administrativos de estructura independiente y diferenciada;  en otras puede hacerse
hincapié en las garantías de no injerencia de los ministros en los procedimientos individuales de
aplicación.
72  Por último, a juicio de algunos Miembros, la cuestión de la adhesión al principio del
"imperio de la ley", es decir, la primacía de las normas sobre los procedimientos subjetivos de
adopción de decisiones en materia de aplicación de política incluso puede ser más esencial.73
B. O PTIMIZAR EL ALCANCE Y ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA Y GARANTIZAR LA
COHERENCIA ENTRE LAS FUNCIONES DE ESA POLÍTICA Y LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA
DIRECTA
38. Un principio de diseño institucional en la esfera de la política de competencia al que se ha
hecho referencia en diversas ocasiones en el Grupo de  Trabajo es el de aumentar al máximo el alcance
y ámbito de esa política en todas las jurisdicciones.74  Esto refleja una opinión de que se gana en
coherencia política y efectividad si se utiliza un criterio coherente, en la mayor medida posible, en
todas las economías nacionales.  Las ventajas de aplicar un criterio amplio de la política de
competencia también se señalan en el conjunto de las Naciones Unidas75, y se destaca su importancia
en un trabajo recientemente realizado en la OCDE sobre la interrelación entre comercio y política de
                                                     
68 Conjunto, Parte E, párrafo 3.
69 Banco Mundial y OCDE (1999).  Como se ha señalado, esto se ha puesto de relieve en diversas
contribuciones en el Grupo de Trabajo.  Véase WT/WGTCP/M/6, párrafo 63.
70 Banco Mundial y OCDE (1999).
71 Conjunto, Parte E, párrafo 5.
72 Organización Mundial del Comercio (1997).
73 WT/WGTCP/M/6, párrafo 63.
74 Véase OCDE (1997) y OCDE (1999).
75 Naciones Unidas (1980), párrafos del preámbulo.WT/WGTCP/W/127
Página 15
competencia.76  En el Grupo de Trabajo se ha sugerido que para la optimización del alcance de la
política de competencia tal vez sea necesario examinar las excepciones vigentes y las excepciones
derivadas de la aplicación de esa política.  Además, se sugirió que, en algunos casos, pueden resultar
ventajas de los esfuerzos para que sea más explícita la coordinación entre las funciones de la ley sobre
la competencia y las políticas de reglamentación específicas por sector.77  A este respecto, también se
observó que el grado deseado de coherencia entre política de competencia y reglamentación puede
alcanzarse de diferentes maneras en las distintas jurisdicciones.  Por lo que a esto se refiere, puede ser
un factor de importancia el diálogo permanente en tre funcionarios que se ocupan de la competencia.78
C. A DHESIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN Y TRANSPARENCIA
39. Un conjunto adicional de principios de diseño institucional cuya importancia han puesto de
relieve los Miembros en varias reuniones del Grupo de Trabajo79 lo constituyen los principios
fundamentales de la OMC de trato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia.80  En
las reuniones del Grupo de Trabajo se ha indicado que, en muchos casos, las leyes y políticas de
competencia de los Miembros ya han incorporado dichos principios en una medida considerable.81  En
el caso de los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida es, al parecer,
consecuencia de centrar la política de competencia en la protección de la competencia como proceso,más que de cada competidor, cualquiera sea su nacionalidad.  En el caso del principio de
transparencia, refleja el reconocimiento de que la publicación de las decisiones y directrices
administrativas y judiciales, así como otras actividades encaminadas a fomentar la transparencia y el
conocimiento del público contribuyen directamente a la efectividad de la ley y la política de
competencia.
82  No obstante la importancia intrínseca de esos principios, se ha sugerido que tal vez
sea necesario formalizar y adaptar su aplicación a la  esfera de la ley y política de competencia, como
se ha hecho para los sectores de los servicios y de la propiedad intelectual en la Ronda Uruguay.83
D. C OOPERACIÓN INTERNACIONAL
40. Otro principio que se ha destacado en las deliberaciones del Grupo de Trabajo y que se afirma
en el Conjunto de las Naciones Unidas84, en recomendaciones pertinentes de la OCDE85 y en diversos
                                                     
76 OCDE (1999).
77 Australia y Nueva Zelandia.
78 WT/WGTCP/M/6, párrafo 73.
79 WT/WGTCP/M/5, párrafo 78 y WT/WGTCP/M/8 (pendiente de publicación).
80 Para un panorama general de esos principios, véase Principios fundamentales de la OMC de trato
nacional, de la nación más favorecida y transparencia (WT/WGTCP/W/114).
81 WT/WGTCP/M/3, párrafo 14.
82 Observaciones de diversos representantes, recogidas en WT/WGTCP/M/8 (pendiente de
publicación).
83 Observaciones de distintos Miembros, recogida s en WT/WGTCP/M/8 (pendiente de publicación).
84 Conjunto de Naciones Unidas, Parte E, párrafos 7, 8 y 9 y Parte F, párrafo 4.  Véase también Parte C,
párrafo 7), que se refiere a la cuestión del trato preferen cial o trato diferenciado para los países en desarrollo.
85 OCDE (1995).WT/WGTCP/W/127
Página 16
instrumentos de la OMC86 es el de la cooperación internacional para la aplicación de la ley sobre la
competencia.  Como se ha señalado en el Grupo de Trabajo87, dicha cooperación puede adoptar
múltiples formas, entre las que cabe mencionar la ayuda en casos concretos de aplicación de leyes
sobre la competencia, los contactos oficiosos para intercambiar información dada a conocer
públicamente sobre técnicas de aplicación, cooperación técnica y formación, así como la revisión porfuncionarios de igual categoría y los procedimientos de intercambio de información destinados a
facilitar el desarrollo institucional e incrementar la transparencia.  La experiencia que se está
acumulando de países con experiencia en esta esfera parece confirmar las ventajas de esos diversos
enfoques de cooperación para facilitar la aplicación efectiva de las leyes y políticas de competencia.
88
La cuestión de los posibles enfoques para promover la cooperación y la comunicación entre losMiembros, en particular en la esfera de la cooperación técnica, es un elemento específico del
programa de trabajo del Grupo que se deberá examinar en 1999.
89
                                                     
86 En cada uno de los principales acuerdos que integran el Acuerdo sobre la OMC, a saber, el GATT, el
AGCS y el Acuerdo sobre los ADPIC, se establecen procedimientos de consulta y cooperación sobre prácticasanticompetitivas.  Esos procedimientos, y sus limitaciones, se examinan en Organización Mundial del Comercio
(1997).
87 WT/WGTCP/M/8 (pendiente de publicación).
88 Véase WT/WGTCP/M/8 (pendiente de publi cación) y UNCTAD (1999), en donde figura un útil
estudio sobre la experiencia en esa esfera.
89 WT/GC/M/32, página 52.WT/WGTCP/W/127
Página 17
APÉNDICE I
Recomendaciones de la OCDE sobre la reforma de la reglamentación90
1. Adoptar, a nivel político, amplios programas de reforma de la reglamentación que
establezcan objetivos claros y marcos precisos para su aplicación.
• Definir los principios de una "reglamentación idónea" para orientar a la reforma,
basándose en la recomendación de la OCDE de 1995 relativa al mejoramiento de la
calidad de la normativa gubernamental.  Una reglamentación idónea debería:  i) ser
necesaria para responder a objetivos políticos claramente definidos y capaz de
garantizar la consecución de dichos objetivos;  ii) basarse en un fundamento jurídicoracional;  iii) procurar ventajas que justifiquen los costos, teniendo en cuenta la
distribución de los efectos en el conjunto de la sociedad;  iv) reducir a un mínimo los
costos y las distorsiones del mercado;  v) fomentar la innovación mediante incentivos
del mercado y enfoques basados en los objetivos;  vi) ser clara, simple y práctica para
los usuarios;  vii) ser compatible con las demás reglamentaciones y políticas;y viii) ser compatible, en la medida de los posible, con los principios destinados a
facilitar la competencia, el comercio y la inversión, a nivel nacional e internacional.
• Crear, en el ámbito de la administración, mecanismos efectivos y creíbles para la
gestión y coordinación de la reglamentación y su reforma;  evitar la superposición ola duplicación de responsabilidades entre los organismos encargados de la
reglamentación y los diversos niveles de la administración.
• Alentar la reforma en todos los niveles de la administración y en los organismos
privados, como las organizaciones de normalización.
2. Reexaminar sistemáticamente las reglame ntaciones para velar por que los objetivos
perseguidos se sigan cumpliendo con eficiencia y eficacia.
• Reexaminar las reglamentaciones (económicas, sociales y administrativas) en
relación con los principios de la reglamentación idónea y desde el punto de vista del
usuario más que del encargado de la reglamentación.
• Centrar el reexamen en las reglamentaciones cuya modificación aporte las ventajas
más elevadas y visibles, en particular las reglamentaciones que limitan la
competencia y el comercio y afectan a las empresas, incluidas las PYME.
• Examinar tanto las propuestas relativas a las nuevas reglamentaciones como a las
reglamentaciones existentes.
• Integrar el análisis de impacto de la reglamentación en la elaboración, el examen y la
reforma de las reglamentaciones.
• Actualizar las reglamentaciones arbitrando métodos de revisión automática, como las
cláusulas de extinción.
                                                     
90 Extraído del Summary Report on Reglatory Reform , OCDE (1997).WT/WGTCP/W/127
Página 18
3. Garantizar que las reglamentaciones y los procedimientos de reglamentación sean
transparentes, no discriminatorios y se apliquen con eficiencia.
• Asegurarse de que se expliquen  claramente al público los objetivos y estrategias de la
reforma.
• Celebrar consultas con las partes interesadas, nacionales o extranjeras, al elaborar o
examinar las reglamentaciones, para velar por la transparencia de la consulta en sí.
• Crear y actualizar constantemente registros públicos de reglamentaciones y
formalidades impuestas a las empresas o utilizar otros medios para tener la seguridad
de que las empresas nacionales y extranjeras pueden informarse fácilmente de todoslos requisitos que les son aplicables.
• Velar por que los procedimientos de aplicación de las reglamentaciones sean
transparente, no discriminatorios, prevean un mecanismo de recurso y no retrasen
indebidamente las decisiones de las empresas.
4. Reexaminar y reforzar, cuando sea necesario, el ámbito de aplicación, la eficacia y la
política de competencia y los medios de hacer respetar las obligaciones que entraña.
• Eliminar las disparidades sectoriales en la cobertura de la ley de competencia, a
menos que se demuestre claramente que constituyen el mejor medio de servir al
interés público general.
• Aplicar estrictamente la ley sobre la competencia cuando el comportamiento
colusivo, el abuso de la posición dominante y las fusiones anticompetitivas pongan enpeligro la reforma.
• Dotar a los organismos encargados de la competencia de las facultades y la capacidad
para propugnar la reforma.
5. Reformar las reglamentaciones económicas en todos los sectores para incentivar la
competencia y suprimir esas reglamentaciones a menos que la experiencia demuestreclaramente que constituyen el mejor medio de servir al interés público general.
• Examinar prioritariamente las disposiciones de las reglamentaciones económicas que
limiten la entrada y salida del mercado, la fijación de precios, las prácticas
comerciales normales y distintas formas de organización de la actividad empresarial.
• Promover la eficiencia y la transición a una situación de competencia efectiva en los
casos en que las reglamentaciones económicas sigan siendo necesarias debido al
riesgo de abuso del poder de mercado.  En particular:  i) separar las actividades
potencialmente competitivas de las redes de servicios de utilidad pública sujetos areglamentación y llevar a cabo las demás reestructuraciones que sean necesarias para
reducir la influencia económica en el mercado de las empresas existentes;
ii) garantizar a todos los que ingresan en el mercado el acceso a las facilidades de las
redes esenciales, en condiciones de transparencia y de no discriminación;  iii) utilizar
precios máximos y otros mecanismos para incentivar las mejoras de eficiencia cuandosea necesario el control de los precios durante el período de transición hacia una
situación de competencia.WT/WGTCP/W/127
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6. Suprimir los obstáculos reglamentarios innecesarios al comercio y a la inversión
mejorando la aplicación de los acuerdos internacionales y consolidando los principios
internacionales.
• Aplicar las normas y principios internacionales destinados a la liberalización del
comercio y de la inversión (como la transparencia, la no discriminación, la evitación
de las restricciones innecesarias del comercio y el respeto de los principios de la
competencia), contenidos en los Acuerdos de la OMC, las recomendaciones y
directrices de política de la OCDE y en otros acuerdos, y colaborar con los demás
países para su consolidación.
• Reducir como cuestión prioritaria los obstáculos reglamentarios al comercio y a la
inversión derivados de requisitos exigidos por los países, divergentes y duplicados.
• Elaborar y utilizar cuando sea posible normas armonizadas internacionalmente,
colaborando al mismo tiempo con otros países en el examen y mejoramiento de las
normas internacionales para con miras a comprobar que siguen respondiendo coneficiencia y eficacia a los objetivos de política que se hayan fijado.
• Promover el reconocimiento de los procedimientos y resultados de evaluación de la
conformidad de otros países, por ejemplo, mediante acuerdos de reconocimiento
mutuo u otros medios.
7. Determinar los vínculos importantes con otros objetivos políticos de la acción
gubernamental y elaborar políticas encaminadas a la consecución de esos objetivos de manera
favorable a la reforma.
• Adaptar, según proceda, las políticas de previsión u otras políticas sociales, como por
ejemplo, en las esferas de la seguridad, la salud, la protección al consumidor y la
seguridad energética para que sigan siendo efectivas y tan eficientes como sea posible
en un entorno de mercados competitivos.
• Examinar las políticas no reglamentarias, como son las relativas a subvenciones,
impuestos y políticas de contratación pública, los instrumentos comerciales, comoaranceles y otras políticas de ayuda, y reformar esas políticas cuando distorsionen
innecesariamente la competencia.
• Esforzarse por que los programas designados para reducir los costos potenciales de la
reforma de la reglamentación sean ajustados, provisionales y estén encaminados afacilitar la reforma y no a retrasarla.
• Aplicar toda la serie de recomendaciones del Estudio de la OCDE sobre el empleo,
para mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas y
aprovechar las nuevas oportunidades que pueden presentarse para las empresas y elempleo.WT/WGTCP/W/127
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REFERENCIAS*
1. Brander, James A. (1992).  Government Poli cy Toward Business (Toronto:  Butterworths).
2. Carlton, Dennis W. y Jeffrey M. Perloff (1994)  Modern Industrial Organization (Harper
Collins, segunda edición).
3. Crampton, Paul (1994).  "Alternative Approaches  to Competition Law:  Consumers' Surplus,
Total Welfare and Non-Efficiency Goals", World Competition, volumen 17, Nº 3, marzo, páginas 55
a 86.
4. Graham, Edward M. y J. David Richardson (1997) .  Global Competition Policy (Washington,
D.C.:  Institute for International Economics).
5. OCDE (1995).  Recomendación revisada del Consejo acerca de la cooperación entre los
Estados miembros en materia de prácticas anticompetitivas que afectan al comercio internacional
(C(95)130/Final).
6. OECD (1997).  Summary Report on Regulatory Reform, julio.
7. OCDE (1998).  Recomendación del Consejo sobre medidas eficaces contra los cárteles
residuales (C(98)35/Final) ("Recomendación sobre cárteles residuales").
8. OECD (1999).  Joint Group on Trade and Competit ion, Outline of (A) Core Principles and
Minimum Standards and (B) Bilateral and Multilateral Approaches
(COM/TD/DAFFE/CLP/(98)97/REV1).
9. Naciones Unidas (1980).  Conjunto de principios y normas equitativos convenidos
multilateralmente para el control de las prácti cas comerciales restrictivas (Naciones Unidas,
Resolución 35/63, de 5 de diciembre de 1980).
10. UNCTAD (1995).  The basic objectives and main provisions of competition laws and polices
(UNCTAD/ITD/15).
11. UNCTAD (1999).  Experiencia adquirida hasta la fecha en materia de cooperación
internacional sobre cuestiones de política de la competencia y los mecanismos utilizados(TD/B/COM.2/CLP/11).
12. Estados Unidos, Departamento de Justicia y Comisión Federal de Comercio (1992;  revisada
en 1997).  Horizontal Merger Guidelines.
13. Banco Mundial y OCDE (1999).  A Framew ork for the Design and Implementation of
Competition Law and Policy (Washington, D.C.).
14. Organización Mundial del Comercio (1997).  "Special Study on Trade and Competition
Policy", en Informe Anual de 1997, capítulo IV.
__________
                                                     
*En la presente lista no se incluyen los numerosos documentos del Grupo de Trabajo de la OMC sobre
la Interacción entre Comercio y Política de Competencia citados íntegramente en el texto.