ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/GTM/1
10 de noviembre de 2000
(00-4760)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Guatemala
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
De acuerdo con el artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial, los juzgados del ramo civil
son competentes para conocer de las acciones civiles promovidas con fundamento en lo establecido en
dicha ley.
Por su parte, el artículo 133 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, los procesos de
naturaleza civil se tramitarán de acuerdo con el pr ocedimiento del juicio oral, establecido en el Código
Procesal Civil y Mercantil, cuyas disposiciones generales establecen la competencia de los juzgados
del ramo civil para conocer de ese tipo de proceso.
En caso de apelación de las decisiones de primera instancia son competentes para conocer las
Salas de la Corte de Apelaciones, o bien, los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil en el
supuesto que en primera instancia haya conocido un Juzgado de Paz del Ramo Civil, competentes en
razón de la cuantía.  En este último aspecto, los juzgados de paz son competentes para conocer en
aquellos asuntos que no excedan de una cuantía de treinta mil quetzales, en el Municipio de
Guatemala (incluyendo la capital de la República);  en los restantes municipios del país, esta cuantía
se fija en veinte mil quetzales y diez mil quetzales, dependiendo de lo que en ese sentido establecemediante acuerdo la Corte Suprema de Justicia.
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
Legitimación
Cualquier persona que sea titular de un derecho de propiedad intelectual se encuentra
legitimada para promover las acciones de naturaleza civil haciendo valer sus derechos.
Debe mencionarse que, de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Propiedad Industrial,
salvo que exista una expresa estipulación contractual en contrario, el licenciatario exclusivo de un
derecho de propiedad industrial se encuentra legitimado para promover las acciones judiciales
                                                     
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establecidas en dicha ley, con el objeto de proteger sus derechos como tal.  En el caso del licenciatario no
exclusivo, si el contrato de licencia no le autoriza para actuar judicialmente, éste podrá iniciar las acciones
respectivas sólo si comprueba haber requerido al titular del derecho que las ejerciera y que han
transcurrido más de dos meses, contados a partir de la fecha del requerimiento, sin que se hubiesen
promovido.  No obstante, antes de transcurrir ese plazo el licenciatario podrá solicitar y obtener lasprovidencias precautorias establecidas en esta ley.  El titular del derecho infringido podrá en cualquier
tiempo apersonarse en el proceso iniciado por el licenciatario.
Asimismo, de conformidad con el artículo 180 de la Ley de Propiedad Industrial citada, en caso
de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares estará legitimado para promover la acción
judicial con motivo de una infracción, sin que sea necesario el consentimiento de los demás cotitulares,
salvo que exista acuerdo o pacto en contrario.
Igualmente, la citada Ley de Propiedad Industrial en su artículo 204 dispone que toda persona
que se considere afectada  podrá pedir a la autoridad  competente la constatación y declaración del carácter
ilícito de un presunto acto de competencia desleal.  En ese sentido, según dicho artículo, cualquier
persona, la persona directamente afectada y, también, cualquier asociación u organización representativade algún sector profesional, empresarial o de los consumidores, siempre que resulten afectados los
intereses de sus miembros,  podrán iniciar directamente  una acción contra un acto de competencia desleal.
Para el ejercicio de esta acción no es indispensable comprobar ser titular de un derecho de propiedad
industrial y, en consecuencia, al demandante únicamente corresponderá probar la existencia del acto de
competencia desleal por parte del demandado.
En materia de derecho de autor y derechos conexos, si bien no existen expresas disposiciones
equivalentes a las de la Ley de Propiedad Industrial, sí se encuentran algunas disposiciones que
implícitamente reconocen la legitimación en los autores, sus derecho habientes o los titulares
derivados.  Tal es el caso del artículo 20 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos,conforme el cual al fallecimiento del autor se transmite a sus herederos el ejercicio de los derechos
morales de paternidad y de integridad, reconocidos en los literales a) y b) del artículo 19, así como del
artículo 21 de la Ley, que reconoce en cabeza del titular del derecho de autor o de quienes estuvieren
expresamente autorizados por él (licenciatarios), el ejercicio de los derechos patrimoniales o
pecuniarios que dicho artículo reconoce, lo que incluye obviamente el promover las acciones
judiciales de naturaleza civil.
Por otra parte, según lo establece el artículo 115 literal a) de la mencionada Ley de Derecho
de Autor y Derechos Conexos, es atribución de las sociedades de gestión colectiva, entre otras,  el
representar a sus socios ante las autoridades judiciales y administrativas del país, en todos los asuntos
de interés general y particular para los mismos, salvo que los socios decidieran ejercer por su parte las
acciones que correspondan por la infracción de sus derechos.
Es importante mencionar que, entre las disposiciones generales del Código Procesal Civil y
Mercantil, normativa aplicable a los procesos de naturaleza civil en materia de propiedad intelectual,
se encuentra el artículo 51 conforme el cual la persona que pretenda hacer efectivo un derecho, o que
se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en dicho Código.  Agregael segundo párrafo de dicha norma, que para interponer una demanda o contrademanda es necesario
tener interés en la misma.
Representación
Según el artículo 7 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando el solicitante o el titular de un
derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o su sede fuera del país, deberá ser representado por
un mandatario domiciliado en Guatemala, el que deberá ser abogado colegiado activo;  todo mandatario
deberá tener facultades suficientes para representar al mandante en todos los asuntos y accionesIP/N/6/GTM/1
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relacionadas con la adquisición, mantenimiento y protección de los derechos normados por esta ley.  Para
esos fines, debe ser investido de las facultades especiales de los mandatarios judiciales, de conformidad
con lo que al efecto establece la Ley del Organismo Judicial.  Si el mandatario no tuviere esas facultades,
se le considerará investido de ellas por ministerio de la ley.
La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos no contempla disposiciones equivalentes,
por lo que rigen las disposiciones generales del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley del
Organismo Judicial.  Únicamente se encuentra el artículo 114 de dicha Ley que establece que para la
defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados, las sociedades de gestión colectiva se
consideran mandatarias de éstos por el simple acto de afiliación a las mismas.
De conformidad con el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil, tendrán capacidad
para litigar todas las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos; quienes no lo tengan,
podrán actuar representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad;
en el caso de las personas jurídicas, litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus
estatutos o la escritura social.
Según los artículos 45 y 50 del Código Procesal Civil y Mercantil, los representantes deberán
justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación,
así como comparecer auxiliadas por abogado colegiado, salvo cuando se trate de asuntos calificados
de ínfima cuantía (menores a un mil quetzales) o cuando en la población donde radique el tribunal
haya menos de cuatro abogados hábiles.
Es importante tener presente que, de conformidad con el artículo 188 de la Ley del
Organismo Judicial, las personas hábiles para gestionar ante los tribunales, que por cualquier razón no
quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por
medio de sus presidentes, gerentes o directores pueden comparecer a cualquier diligencia judicial pormedio de mandatarios judiciales, siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso.
Según la citada norma, en el caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes
que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado, para comparecer a juicio, si es
que no tienen esa profesión.
Comparecencia obligatoria
En los procesos de naturaleza civil no se requiere la comparecencia personal obligatoria del
titular del derecho ante los tribunales, salvo aquellos casos en que una parte en el proceso solicite
expresamente a su contraparte que comparezca personalmente a absolver posiciones en la prueba de
declaración de parte, o bien, cuando el mandatario o representante ignore los hechos, según lo
establecido en el artículo 132 del Código Procesal Civil y Mercantil;  o bien, cuando una de las partesen el proceso realice una confesión en la demanda o en otro estado del proceso, en cuyo caso la parte
interesada puede pedir que el Juez  decrete la presencia de la persona para efectos de la ratificación de
lo confesado, citación que se hace bajo apercibimiento de que si éste dejare de asistir a la diligencia
sin justa causa, se tendrá por consumada la ratificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 141
del propio Código Procesal Civil y Mercantil.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
Ni la Ley de Propiedad Industrial ni la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
contienen disposiciones al respecto.  Sin emba rgo, el artículo 182 del Código Procesal Civil y
Mercantil, de aplicación supletoria, sí contempla esta facultad pero limitada a la prueba documental.
En efecto, la citada norma establece que cuando una de las partes en el proceso deba servirse de unIP/N/6/GTM/1
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documento que, según su manifestación, se halle en poder de su adversario, deberá presentar copia del
mismo o, al menos, todos los datos que conozca acerca de su contenido y, además, probar que el
documento lo tiene o la ha tenido el adversario.
Según la misma norma citada, en tal caso el juez ordenará que se prevenga a la parte contraria
para entregar el documento dentro del plazo que el propio juez señalara, bajo apercibimiento de que si
no lo entrega y no produjera contrainformación, el juez resolverá tener por exacto el texto del
documento mencionado por la parte que solicitó la entrega, o bien, declarará que los datos
suministrados sobre su contenido se tendrán por exactos en la sentencia.
Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder de la parte fuere contradictoria, el
juez se reservará el pronunciamiento anterior para el momento del fallo definitivo, en cuyaoportunidad podrá extraer de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las
presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
En principio, la Constitución Política de la República, al reconocer la garantía fundamental de
la publicidad de los actos administrativos, igualmente aplicable en materia de actuaciones judiciales,
contempla como una excepción la circunstancia que la persona hubiere suministrado datos bajo
garantía de confidencialidad.
En el artículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial se encuentra una expresa referencia a la
obligación de brindar protección a la información confidencial, en el caso que las autoridades
judiciales que ordenaren una medida en frontera autoricen a quien las obtuvo el libre a las mercancías
o a los productos retenidos, con el fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales deprueba en apoyo de su reclamo.
Igualmente, el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial, que recoge el principio de la
inversión de la carga de la prueba en los casos de demandas o reclamaciones por infracción a un
procedimiento protegido por patente, reconoce que en la presentación de cualquier  prueba en contrario,se deberá tener en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos
empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de probar que utiliza un procedimiento distinto al
protegido por patente.
Por otra parte, en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil se encuentra la norma
general que prescribe la posibilidad de practicar la diligencia de una prueba de manera reservada
cuando, por su naturaleza, la autoridad judicial lo estime conveniente.
Asimismo, el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, cuando recoge el principio de que
los actos y diligencias de los tribunales de la República son públicos, admite como excepciones a
dicho principio los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública,
deban mantenerse en forma reservada. En ese mismo sentido, dicha norma faculta al juzgador paracalificar la reserva de actos o diligencias en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad.IP/N/6/GTM/1
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5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos
utilizados para su producción;
- otras medidas.
Mandamientos judiciales
El artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial, prescribe que en la sentencia que declare con
lugar alguna de las acciones previstas en dicha ley, además de resolver sobre el fondo del asunto, el juez
podrá:
- ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, retiradas de los
circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que seandestruidos como objetos de ilícito comercio, principalmente cuando afecten o puedan afectar
la salud o la vida de las personas o de los animales, la preservación de los vegetales, o bien
cuando pudiesen causar daños graves al medio ambiente;
- disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la
producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitos comerciales o
destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para su propietario,
como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones;
- prohibir que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales;
- disponer que las mercancías infractoras, previa eliminación o retiro de los signos distintivos,
puedan ser entregadas gratuitamente por el juez a entidades no lucrativas, privadas o
públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia
social;
- disponer que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas
necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el
resarcimiento de los daños y perjuicios.
En la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el artículo 134 bis establece la posibilidad
que los jueces, en la sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en esta ley, ademásde resolver sobre el fondo del asunto, según el caso y teniendo en cuenta la necesidad de que haya
proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los derechos de terceros, deberá:
- Ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas del
comercio de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidascomo objetos de ilícito comercio.  Cuando se trate de prendas de vestir de las que pueda
eliminarse el elemento violatorio, el Juez podrá ordenar una vez haya sido retirado éste y si
lo estima conveniente, que sean entregadas gratuitamente a entidades no lucrativas, privadas
o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia
social, debiendo quedar constancia escrita de la entrega.IP/N/6/GTM/1
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- Disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la
producción de las mercancías infractoras, sean apartados del comercio y, cuando así se
estime conveniente, que sean entregadas gratuitamente por el Juez a entidades no lucrativas,
privadas o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de
beneficencia social, sin indemnización alguna para su propietario, debiendo quedarconstancia escrita de la entrega.
- Prohibir que las mercancías infractoras ingresen al comercio.
- Disponer que cesen los actos infractores y que se tomen las medidas necesarias para impedir
sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y
perjuicios.
Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
El artículo 1645 del Código Civil establece la norma general de que toda persona que cause
daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a
repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable
de la víctima.  En la Ley del Organismo Judicial se encuentra, asimismo, la disposición general que
establece que cuando hubiere condena de daños y perjuicios se fijará en la sentencia su importe en
cantidad líquida;  agrega dicha norma que, de no ser posible ello, en la sentencia se establecerá por lomenos, según hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación en el
procedimiento de los incidentes, o bien, fijar su importe por expertos.
La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 185 literal e), establece que en la sentencia que
declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá disponer sobre elresarcimiento de los daños y perjuicios.  Por su parte, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
contempla una norma similar en el literal d) del artículo 134 bis.
En cuanto a los gastos y  honorarios de los  abogados, el artículo 572 del Código Procesal Civil y
Mercantil dispone la norma general de que cada parte en el proceso es responsable directamente de los
gastos que se ocasionen por los actos que se lleve a cabo y por los que pida. Sin embargo, la misma
norma establece que en caso de condena en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos losgastos necesarios que hubiere hecho.  En efecto, el artículo 573 del mismo Código establece la obligación
general del juez de que, en la sentencia que termine un proceso que ante él se tramita, deba condenar a la
parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte.  Esta obligación de condena al pago de
las costas tiene como excepciones cuando se haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o
contrademanda comprenda pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de laspretensiones fundamentales de la demanda o contrademanda,  cuando se admitan defensas de importancia
invocadas por el vencido y, asimismo, cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento.
Por otra parte, el artículo 578 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil determina que son
costas reembolsables:  el valor de los timbres fiscales, los honorarios del abogado director, de losnotarios, procuradores, expertos, depositarios e interventores;  así como los gastos causados por
embargos, despachos, edictos, publicaciones, certificaciones, inventarios, inscripciones en registros e
indemnización a testigos por el tiempo invertido y gastos de viaje.  Esta norma aclara que las diligencias
judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viaje, pago de vehículos, de
transporte o comunicaciones, así como por las compras de sustancias u otros artículos que fuerennecesarios para la averiguación de un hecho.IP/N/6/GTM/1
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Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
El artículo 185 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial establece que en la sentencia que
declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá, según el caso, ordenarque las mercancías infractoras sean destruidas como objetos de ilícito comercio, principalmente cuando
afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas o de los animales, la preservación de los
vegetales, o bien cuando pudiesen causar daños graves al medio ambiente.
En similar sentido, el literal b) del artículo citado de la Ley de Propiedad Industrial prescribe
que en la sentencia también deberá el juez, según el caso, disponer que los materiales e instrumentos
que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartadosde los circuitos comerciales o bien destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna
para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones.  Igualmente,
el artículo 187 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial dispone que el juez puede ordenar "las
medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de
competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en elliteral b) cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida
humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente...".
En similares términos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su
artículo 134 bis que, en la sentencia que declare con lugar una acción prevista en dicha ley, el juez
además de resolver sobre el fondo del asunto debe ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas
como objetos de ilícito comercio.  En el artículo 133 bis de dicha Ley, igualmente se establece que el juez
puede ordenar como medida cautelar cualquier medida necesaria para evitar la continuación o repetición
de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos infractores, incluyendo los envases,
empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, equipos, maquinaria y otros materialesresultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran para realizar la
infracción, cuando los mismos causen un daño o constituyen un riesgo que atente contra la salud o la vida
humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente.
Otras medidas
El artículo 185 literal c) de la Ley de Propiedad Industrial establece que en la sentencia que
declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá, según el caso, prohibir
que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales.
Asimismo, el literal d) del citado artículo también prescribe que en la sentencia el juez podrá
disponer que las mercancías infractoras, previa eliminación o retiro de los signos distintivos, puedan serentregadas gratuitamente  a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para que puedan utilizarlas
exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social.
En similares términos establece estas medidas la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos en sus artículos 133 bis y 134 bis.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobresus circuitos de distribución?
Ni la Ley de Propiedad Industrial ni la de Derecho de Autor y Derechos Conexos, contempla
esa posibilidad. En igual sentido, ninguna de las disposiciones procesales que aplican supletoriamenteIP/N/6/GTM/1
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o que desarrollan los procedimientos civiles y penales reconoce facultad en los jueces para emitir una
orden en ese sentido.
Sin embargo, de acuerdo a la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas
Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, se establece, entre otros, protección a testigos,peritos, consultores, querellantes adhesivos y otras personas que estén expuestos a riesgos por su
intervención en procesos penales. Esta protec ción puede comprender seguridad personal, cambio de
residencia, cambio de identidad y cualesquiera otros que el Consejo Directivo de este sistema
determine.  Para recibir alguno de los beneficios a que se refiere la mencionada Ley, se realiza un
estudio previo que debe tomar en cuenta, entre otros, aspectos tales como el riesgo a que está expuesto
el solicitante del beneficio, la gravedad del hecho punible y la trascendencia social del mismo, así
como el valor probatorio de la declaración para incriminar a los partícipes, tanto intelectuales comomateriales, del hecho delictivo y que la declaración pueda conducir a la identificación de partícipes en
otros hechos delictivos que tengan relación con que el que es objeto de investigación.
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsableslas autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Según lo establece el artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, quien obtenga una
medida o providencia cautelar quedará obligado a pagar costas y daños y perjuicios, si no presenta su
demanda dentro del término legal (quince días), si la providencia fuere revocada y, asimismo, si sedeclara improcedente su demanda.
En particular, la Ley de Propiedad Industrial contiene una norma similar en su artículo 195,
relativo al caso en que se otorgue una medida en frontera, al igual que la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, en su artículo 132.
En cuanto a la responsabilidad de las autoridades y/o funcionarios públicos, la Ley del
Organismo Judicial establece la obligación de los jueces de leer y estudiar las actuaciones por sí
mismos y determina que son responsables de los daños que causen por omisión, ignorancia o
negligencia.  Asimismo, dicha Ley en su artículo 56 establece la supervisión de todos los tribunales de
la República como función de la Presidencia del Organismo Judicial y también de cada tribunal
respecto a los de grado inferior que le estén directamente subordinados.  Esta supervisión se deberealizar mediante visitas de inspección periódicas y, asimismo, cuando se presentaren quejas por la
forma en que se tramita un expediente o bien respecto a la conducta de los miembros de un tribunal,
así como sobre expedientes en trámite o ya fenecidos, para determinar la recta y cumplida
administración de justicia, la imparcialidad con que deben ser tratados los negocios judiciales y, entre
otros, la observancia de los plazos y formalidades esenciales del proceso.
De conformidad con el citado artículo 56 de la Ley del Organismo Judicial, las sanciones a
los funcionarios judiciales objeto de supervisión son, según el caso, las sanciones por faltas, la
suspensión o la remoción.  En caso que la conducta señalada consistiere en delito, la Corte Suprema
de Justicia a través de la Cámara respectiva debe conocer previamente del antejuicio contramagistrados o jueces.
Particularmente deben señalarse las disposiciones del artículo 186 de la Ley de Propiedad
Industrial y del artículo 133 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, conforme las
cuales en todo caso en que se solicite una medida o providencia cautelar, si el juez lo consideraconveniente, podrá en la  misma resolución en la que decrete tales medidas requerir  que previamente a
su ejecución se preste fianza u otra garantía suficiente para proteger no solo a la parte afectada por la
medida y a la propia autoridad, sino asimismo para impedir abusos.IP/N/6/GTM/1
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Igualmente, en la Ley de Propiedad Industrial se establece en el último párrafo del
artículo 193 que los funcionarios judiciales que ordenaren o ejecutaren medidas en frontera, quedan
exentos de toda responsabilidad, salvo que se comprobare que actuaron de mala fe o sin observar el
estricto apego a las normas contenidas en dicho capítulo.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.
El procedimiento del juicio oral, por el cual deben ventilarse las acciones de naturaleza civil
que procedan de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, se encuentra regulado en los artículos del 199 al 210 del Código Procesal Civil yMercantil.  Igualmente resultan aplicables las disposiciones del juicio ordinario establecidas en dicho
Código, en tanto no se opongan a lo preceptuado en particular sobre el juicio oral.
Según dicha normativa, la demanda puede presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario
del juzgado levantará el acta respectiva, o bien por escrito.  En ambos casos el actor debe fijar conclaridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de
derecho y la petición, así como acompañar los documentos en que funde su derecho.
Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez procede a señalar día y hora para
que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajoapercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere.  Entre el
emplazamiento del demandado y la audiencia debe me diar por lo menos tres días, término que puede
ser ampliado en razón de la distancia.
En la primera audiencia, al inicio de la diligencia el juez debe procurar avenir a las partes,
proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que
convinieren, siempre que no contraríe las leyes.  Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará
en cuanto a lo no comprendido en el acuerdo.
A continuación, si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar
con claridad en la audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto
reconvenir al actor y presentar las excepciones que tenga.  El juez tiene la obligación de resolver en laprimera audiencia las excepciones previas que pudiere, pero puede también resolverlas por separado.
Las excepciones perentorias se resolverán en sentencia.
Si en la audiencia señalada no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará una nueva
audiencia en un plazo no mayor de los quince días siguientes.  Extraordinariamente y siempre que por
circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el
juez puede señalar una tercera audiencia exclusivamente para tal fin, la cual se practicará dentro del
término de los diez días siguientes.  En todo caso, los jueces están facultados para señalar términos
extraordinarios cuanto algún medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la República.
Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente, se
decidirán en sentencia, al igual que las nulidades que se planteen. En todo caso se oirá por
veinticuatro horas a la otra parte.IP/N/6/GTM/1
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Si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, el
juez dictará sentencia dentro de tercero día de la última audiencia .  Cuando el demandado no
compareciere a la primera audiencia sin causa que lo justifique, el juez fallará siempre que haya
recibido la prueba ofrecida por el actor.  En todo caso la sentencia deberá dictarse dentro de los cinco
días siguientes a la verificación de la última audiencia.
Aún y cuando la duración real de un juicio oral depende del cúmulo de expedientes que en un
momento dado se encuentren en trámite en los juzgados, así como de la disposición de personal en
éstos, puede estimarse la duración real de un proceso de esta naturaleza entre 9 a 12 meses.
En cuanto al costo de un juicio oral debe tenerse presente, en primer lugar, que de
conformidad con lo establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 57 de la Ley delOrganismo Judicial, la administración de justicia es  gratuita e igual para todos.  En ese sentido, el
segundo párrafo del artículo 578 del Código Procesal Civil y Mercantil prescribe que las diligencias
judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viajes, pago de vehículos,
de transporte o comunicaciones, compra de sustancias u otros artículos que fueren necesarios para la
averiguación de algún hecho.
En segundo lugar, existe la norma contenida en el artículo 572 del Código Procesal Civil y
Mercantil que cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos
que lleve a cabo y por los que pida, incluyendo timbres fiscales, honorarios de los abogados, notarios,
procuradores, expertos, depositarios e interventores, entre otros.  No obstante, el artículo 573 delcitado Código establece la obligación del juzgado de condenar a la parte vencida al reembolso de las
costas a favor de la otra parte, salvo algunas excepciones contenidas en los artículos 574 y 575 del
mismo Código.
En cuanto a los honorarios, en Guatemala se cuenta con el Arancel de Abogados, Arbitros,
Procuradores, Mandatarios Judiciales, Expertos, Interventores y Depositarios, aprobado por el
Decreto 11-96 del Congreso de la República. No obstante, dicho Arancel no excluye que los
honorarios de los abogados sean establecidos en forma convencional.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios quepuedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
La legislación guatemalteca en materia de observancia de los derechos de propiedad
intelectual no establece procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
De conformidad con el artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial, el juez puede ordenar,
según el caso, las providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho del actor opeticionario, tales como:
- que cese en forma inmediata el uso, aplicación, colocación y comercialización de los
productos infractores y de los actos desleales;IP/N/6/GTM/1
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- el comiso de los productores infractores, incluyendo envases, empaques, embalajes,
etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de
la infracción  o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente
para realizar la infracción;
- prohibir la importación u ordenar la confiscación y traslado a los depósitos judiciales de
los productos, materiales o medios referidos anteriormente;
- toda medida que sea necesaria para evitar la continuación o la repetición de la infracción o
de los actos de competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos,
materiales o medios antes referidos, cuando los mismos causen un daño o constituyan unriesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal o contra el medio
ambiente;
- La suspensión de registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza que resulten
necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productosinfractores.
El párrafo final del citado artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial aclara que el simple
retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá que las medidas establecidas en
dicho artículo continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos seintroduzcan en los circuitos comerciales.
Por su parte, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos en su artículo 133 bis
prescribe, en similares términos que la Ley de Propiedad Industrial, que el juez  deberá ordenar las
providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho del actor o peticionario, tales como:
- el cese inmediato de la violación que se alegue por parte del titular del derecho;
- el comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, embalajes,
etiquetas, material impreso o de publicidad, equipos, maquinaria y otros materiales
resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran para
realizar la infracción;
- la prohibición de importar y  la orden de confiscación y traslado a los depósitos judiciales de
los productos, materiales o medios referidos anteriormente;
- toda medida necesaria para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo
la destrucción de los productos, materiales, equipos o medios referidos anteriormente
cuando los mismos causen un daño o constituyen un riesgo que atente contra la salud o la
vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente;  y
- la suspensión o cancelación de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que
resulten necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los
productos infractores.
Debe mencionarse que, de conformidad con el artículo 530 del Código Procesal Civil y
Mercantil, de aplicación supletoria en esta materia, quien tenga fundado motivo para temer quedurante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en dicho
Código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por
escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para
asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo.IP/N/6/GTM/1
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11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
Según lo establece el párrafo cuarto del artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial y el
segundo párrafo del artículo 133  ter de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, todas las
providencias cautelares se tramitarán y ejecutarán sin notificación ni intervención de la parte
demandada, pero deben notificarse a ésta en el momento de su ejecución o inmediatamente después
de ello.  Adicionalmente se prescribe en dicho párrafo que los tribunales están obligados a tomar las
medidas necesarias para asegurar que la solicitud de providencias cautelares sea mantenida en reserva.
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
De acuerdo con el primer párrafo del artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial, quien
inicie o pretenda iniciar una acción relativa a los derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo
de la comisión de actos de competencia desleal, puede pedir al juez que se ordenen providenciascautelares.  El juez, sin trámite alguno, y siempre que le hubiesen acompañado prueba de la titularidad
del derecho infringido y evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir
la infracción o la inminencia de ésta, tiene facultades para decretar las medidas que le solicitasen
dentro del improrrogable plazo de dos días de presentada la solicitud y, si así lo estima conveniente,
en la misma resolución puede requerir que previamente a la ejecución de tales medidas el solicitantepreste fianza u otra garantía suficiente para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia
autoridad y asimismo para impedir abusos.  En este último caso, el plazo para ejecutar la medida es de
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la garantía.
Según el último párrafo del citado artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando una
medida cautelar sea decretada antes de iniciarse la acción principal, la misma quedará sin efecto de
pleno derecho si quien las obtuvo no presenta su demanda dentro del plazo de los quince días
siguientes a la fecha en que aquella fue ejecutada.
Importante resulta mencionar que, de acuerdo con el artículo 188 de la Ley de Propiedad
Industrial, una vez que ha sido concedida una medida o providencia cautelar que tienda a asegurar las
resultas del proceso en cuanto a una pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, la mismano podrá ser dejada sin efecto mediante una caución o garantía, misma que solamente podrá ser
otorgada para levantar medidas que tienda n a asegurar una pretensión indemnizatoria.
En materia de derechos de autor y derechos conexos, la Ley sobre la materia establece
disposiciones similares en sus artículos 133 bis, 133 ter y 133 quater , con la diferencia que cuando el
juez requiera fianza o garantía suficiente, previamente a la ejecución de las medidas, el plazo de dos
días se inicia a partir de que el interesado cumpla con presentar la garantía respectiva.
Asimismo, según el artículo 189 de la citada Ley de Propiedad Industrial, en la petición de
medidas cautelares o en la propia demanda, se puede solicitar la práctica de un reconocimientojudicial en lugares, documentos o cosas que guarden relación con el derecho infringido, o bien, en donde
presuntamente se estén cometiendo o preparando actos tendientes a la realización de la infracción de
derechos de propiedad industrial o actos de competencia desleal, en cuyo caso el juez lo ordenará y
ejecutará sin requerir garantía alguna.  Para los efectos consiguientes, según lo establece la propia norma
citada, la resolución que ordene la práctica del reconocimiento judicial llevará implícita la orden deallanamiento.IP/N/6/GTM/1
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Este reconocimiento judicial puede complementarse con la presencia de peritos designados por la
parte actora o por el propio tribunal;  asimismo el juez podrá ordenar  la exhibición de cosas muebles o
documentos.  A petición de parte y a  juicio del juez, podrá asimismo practicarse medios científicos de
prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sonido los objetos o los lugares inspeccionados y,
en el caso de los documentos, se podrán examinar y copiar por cualquier medio.
En la diligencia del reconocimiento judicial, el juez puede ordenar las providencias cautelares
que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijar el monto de la garantía correspondiente, de conformidad
con lo establecido en el ya mencionado artículo 186 de la misma Ley.  Si en el plazo de cinco días
siguientes el solicitante no presta o constituye la garantía fijada, el juez ordenará levantar las medidas
decretadas.
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?  Sírvanse facilitar
los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
Como ya se mencionó, una vez que la autoridad judicial recibe una solicitud de providencias
cautelares, debe decidir sobre las mismas y ejecutarlas en un plazo improrrogable de los dos días
siguientes.  En el supuesto que el juez estime conveniente que, previamente a la ejecución de lamedida, se preste fianza o garantía suficiente para proteger a la parte afectada por la medida, a la
propia autoridad y asimismo para impedir abusos, el plazo para ejecutar la medida será de cuarenta y
ocho horas a partir de la presentación de la fianza o garantía en el caso de derechos de propiedad
industrial y, de dos días, a partir de la presentación de la fianza o garantía en el caso de derechos de
autor y derechos conexos.  En ambos casos, las medidas quedarán sin efecto si quien las obtuvo nopresenta la demanda correspondiente dentro de un plazo de quince días, contado desde la fecha en que se
hayan ejecutado las medidas.
Aún y cuando la duración real de un procedimiento para obtener medidas o providencias
cautelares depende del cúmulo de expedientes que en un momento dado se encuentren en trámite enlos juzgados, así como de la disposición de personal en éstos, puede estimarse la duración real de este
procedimiento entre una a dos semanas.
En cuanto al costo de estas diligencias cautelares, debe tenerse presente, en primer lugar, que
de conformidad con lo establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 57 de la Ley del
Organismo Judicial, la administración de justicia es  gratuita e igual para todos.  En ese sentido, el
segundo párrafo del artículo 578 del Código Procesal Civil y Mercantil prescribe que las diligenciasjudiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viajes, pago de vehículos,
de transporte o comunicaciones, compra de sustancias u otros artículos que fueren necesarios para la
averiguación de algún hecho.
En segundo lugar, existe la norma contenida en el artículo 572 del Código Procesal Civil y
Mercantil cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que
lleve a cabo y por los que pida, incluyendo timbres fiscales, honorarios de los abogados, notarios,
procuradores, expertos, depositarios e interventores, embargos, despachos, edictos, etc.  No obstante,
el artículo 573 del citado Código establece la obligación del juzgado de condenar a la parte vencida al
reembolso de las costas a favor de la otra parte, salvo algunas excepciones contenidas en los artículos574 y 575 del mismo Código.
En cuanto a los honorarios, en Guatemala se cuenta con el Arancel de Abogados, Arbitros,
Procuradores, Mandatarios Judiciales, Expertos, Interventores y Depositarios, aprobado por el
Decreto 11-96 del Congreso de la República.  No obstante, dicho Arancel no excluye que loshonorarios de los abogados sean establecidos en forma convencional.IP/N/6/GTM/1
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b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
La legislación guatemalteca en materia de observancia de los derechos de propiedad
intelectual no establece la posibilidad de obtener medidas provisionales de carácter administrativo.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata quelesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable
el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro paíspor el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
De conformidad con los artículos 190 de la Ley de Propiedad Industrial y 129 de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, respectivamente, únicamente los titulares de derechos de
propiedad intelectual relativos a marcas de fábrica o de comercio y a derechos de autor y derechosconexos pueden solicitar a la autoridad competente la suspensión por las autoridades aduaneras del
despacho e internación de mercancías o el proceso de exportación de las mismas.  En ambos casos, las
disposiciones respectivas concuerdan con el sentido de la nota a pie de página del artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
El segundo párrafo del artículo 190 de la Ley de Propiedad Industrial excluye de la
posibilidad de ser afectadas por dichas medidas en frontera la importación de mercancías en tránsito,
la importación de mercancías que hayan sido comercializadas en otro país por el propio titular del
derecho, o por un tercero con su consentimiento y, asimismo, excluye a las importaciones no
comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros.
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización alimportador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
Según los artículos 190 y 191 de la Ley de Propiedad Industrial, las medidas en frontera que
infrinjan los derechos del titular de marcas de fábrica o de comercio, deben solicitarse a la autoridad
judicial, específicamente, al juez de primera instan cia que tenga jurisdicción en el territorio en donde
se ubique la aduana correspondiente.  En la solicitud el peticionario deberá aportar las pruebas de las
que se desprendan indicios razonables de la supuesta infracción y describir en forma suficientementeIP/N/6/GTM/1
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detallada las mercancías ilegítimas y la naturaleza de las que se presume serán importadas o
exportadas, a fin de que estas puedan ser reconocidas fácilmente por las autoridades aduaneras.  En
todo caso, el juez puede requerir, previamente a resolver, que el solicitante presente pruebas o
informaciones adicionales.
Conforme el artículo 193 de la Ley de Propiedad Industrial la suspensión de importaciones o
exportaciones tendrá vigencia por el plazo de diez días, contado a partir de la fecha de la notificación
al solicitante de la resolución respectiva.  Este plazo puede ser prorrogado una sola vez por diez días
más, únicamente si dentro del plazo original el solicitante de la medida comprueba que ha iniciado
acción judicial sobre el fondo del asunto, o bie n, que ha obtenido de la autoridad judicial la
confirmación de la suspensión como una medida cautelar.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 195 de la Ley de Propiedad Industrial, quien solicita
la medida en frontera será responsable ante el importador, el consignatario y el propietario de las
mercancías retenidas, por los daños y perjuicios causados en caso que no presente la demanda dentro
de los quince días siguientes a la fecha en que se ejecutó la medida en frontera, si dicha medida es
revocada y, asimismo, si en sentencia se declara improcedente la demanda.
Resulta asimismo aplicable el artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial, conforme cuyo
primer párrafo el juez en la misma resolución que decrete una medida cautelar, incluso una medida en
frontera, puede requerir al solicitante que previamente a su ejecución preste fianza u otra garantía
suficiente para proteger a la parte afectada y a la propia autoridad a efecto de impedir abusos.
Según el artículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial, sin perjuicio de la obligación de
brindar protección a la información confidencial, las autoridades judiciales que ordenen una medida
en frontera, pueden autorizar a quien las promovió el libre acceso a las mercancías o productos
retenidos, a fin de poder inspeccionarlos y obtener medios o elementos adicionales de prueba enapoyo a su reclamo. Igual derecho se reconoce al importador y exportador.  En todo caso, esta
inspección debe ser realizada en presencia de la autoridad judicial y con citación de la parte contraria.
En materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, encontramos normas similares a las
antes descritas en los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, con las siguientes diferencias:
a) en esta materia el titular del derecho afectado puede solicitar la medida en frontera
directamente a la autoridad aduanera, la que puede ordenar la suspensión de la
importación o exportación de que se trate, por un plazo no mayor de diez días hábiles;
b) si transcurren diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación al solicitante,
sin haber recibido orden del juez competente para mantenerla vigente, la propia autoridad
aduanera levantará de oficio la suspensión y ordenará el despacho de las mercancías
retenidas;  y
c) si transcurren diez días sin que se inicie la acción por la supuesta infracción cometida,
contados a partir de la notificación de la suspensión de la importación o exportación,
quien las promovió quedará sujeto a la obligación de pago de daños y perjuicios.IP/N/6/GTM/1
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17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?
Según el artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial, relativo a medidas cautelares y
aplicable en lo pertinente a las medidas en frontera, este tipo de medidas pueden solicitarse como
medidas cautelares, junto con la demanda o posteriormente a la presentación de ésta.
El juez debe ordenar y ejecutar las medidas dentro del improrrogable plazo de dos días,
siempre que el actor hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia
de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o la inminencia deésta.  En el caso de que se requiera fianza o garantía, el plazo establecido será de cuarenta y ocho
horas contadas a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.  La misma norma
establece la obligación del juez de tramitar y ejecutar las medidas sin notificación ni intervención de
la parte demandada y de tomar las medidas necesarias para asegurar que la solicitud respectiva sea
mantenida en reserva.
Similar disposición se encuentra prevista en el artículo 133  ter de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, conforme el cual el  juez deberá ordenar y ejecutar las medidas que le solicitasen
dentro del improrrogable plazo de dos días, plazo el cual, cuando las medidas se soliciten previamente a
la demanda, se contará a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.  Esa norma prescribeasimismo que todas las providencias cautelares se tramitarán y ejecutarán sin notificación, ni intervención
de la parte demandada,  así como que los tribunales tomarán las medidas necesarias para asegurar que la
solicitud de medidas cautelares sea mantenida en reserva.
Siendo que es muy reciente la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial y de las reformas a
la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, aún no se cuenta con referencia en cuanto a la
duración real de un procedimiento para obtener medidas en frontera.  Sin embargo, al igual que para
el caso de otro tipo de medidas cautelares, ello dependerá del cúmulo de expedientes que en un
momento dado se encuentren en trámite en los juzgados, así como de la disposición de personal en
éstos.  Por ello, puede estimarse que la duración real de este procedimiento será entre una a dos
semanas.
En cuanto al costo de estas diligencias, debe tenerse presente, en primer lugar, que de
conformidad con lo establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 57 de la Ley del
Organismo Judicial, la administración de justicia es  gratuita e igual para todos.  En ese sentido, el
segundo párrafo del artículo 578 del Código Procesal Civil y Mercantil prescribe que las diligencias
judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viajes, pago de vehículos,de transporte o comunicaciones, compra de sustancias u otros artículos que fueren necesarios para la
averiguación de algún hecho.
En segundo lugar, existe la norma contenida en el artículo 572 del Código Procesal Civil y
Mercantil que cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actosque lleve a cabo y por los que pida, incluyendo timbres fiscales, honorarios de los abogados, notarios,
procuradores, expertos, depositarios e interventores, embargos, despachos, edictos, etc.  No obstante,
el artículo 573 del citado Código establece la obligación del juzgado de condenar a la parte vencida al
reembolso de las costas a favor de la otra parte, salvo algunas excepciones contenidas en los artículos
574 y 575 del mismo Código.IP/N/6/GTM/1
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En cuanto a los honorarios, en Guatemala se cuenta con el Arancel de Abogados, Arbitros,
Procuradores, Mandatarios Judiciales, Expertos, Interventores y Depositarios, aprobado por el
Decreto 11-96 del Congreso de la República.  No obstante, dicho Arancel no excluye que los
honorarios de los abogados sean establecidos en forma convencional.
El período o plazo de validez de las decisiones de las autoridades competentes por las que se
suspende el despacho de las mercancías para libre circulación es, en ambos casos, de diez días
prorrogables a diez días más si antes de vencer el plazo original el interesado acredita que ha iniciado
una acción judicial sobre el fondo del asunto o que ha obtenido la confirmación judicial de la
suspensión.
18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
No.  Ni las autoridades aduaneras ni las autoridades judiciales se encuentran facultadas para
disponer u ordenar medidas en frontera de oficio.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Como ya se expresó, a solicitud del titular o licenciatario de los derechos relativos a marcas
de fábrica o de comercio, las autoridades judiciales pueden ordenar a la aduana respectiva suspender
el despacho e internación o el proceso de exportación de las mercancías que lesionen o infrinjanaquellos derechos.
Como criterios que regulen su aplicación, tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos establecen que el solicitante de medidas en frontera debe
aportar las pruebas de las que se desprendan indicios razonables de la supuesta infracción y,asimismo, describir en forma detallada las mercancías ilegítimas y la naturaleza de las que se presume
serán importadas o exportadas, a fin de que las mismas puedan ser reconocidas fácilmente por las
autoridades aduaneras.  En todo caso, la autoridad judicial puede, previamente a resolver, requerir al
solicitante que presente pruebas o informaciones adicionales.
La resolución que ordene la suspensión debe notificarse inmediatamente al solicitante y, una
vez ejecutada, al importador, consignatario o exportador.  En este último caso, la notificación puedeválidamente realizarse a los agentes aduanales acreditados ante la aduana.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
Son competentes para conocer de estas infracciones los juzgados de primera instancia penal
de instrucción, pero al igual que para todos los casos de delitos perseguibles de oficio la intervención
del Ministerio Público también resulta pertinente.  Posteriormente a la investigación, si se determina
que existen elementos suficientes para el juicio, las actuaciones son remitidas a los juzgados de
primera instancia de sentencia penal para diligenciar el debate.IP/N/6/GTM/1
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21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones
penales?
De conformidad con la tipificación de conductas infractoras contenida en los artículos 274
y 275 del Código Penal, las infracciones que afecten todos los derechos de propiedad intelectualreconocidos en las leyes de la materia se encuentran afectadas a los procedimientos y sanciones
penales establecidos.
Efectivamente, el artículo 274 del Código Penal establece como delitos contra el derecho de
autor y los derechos conexos las siguientes conductas:
a) la atribución falsa de la calidad de autor y/o titular de un derecho de autor, de artista
intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo de
radiodifusión;
b) la deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a
la integridad de la obra o al honor y reputación del autor;
c) la reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución, de un fonograma
o de una emisión, sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;
d) la adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o de parte de ella, sin
autorización del autor o del titular del derecho;
e) la comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una obra
protegida o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho
correspondiente;
f) la distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra
protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el
alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra
forma;
g) la fijación, reproducción o comunicación al público, por cualquier medio o
procedimiento de una interpretación o ejecución artística, sin la autorización del
artista intérprete o ejecutante o del titular del derecho;
h) la fijación, reproducción o retransmisión de una emisión, transmitida por satélite,
radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, sinautorización del titular;
i) la comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al que
el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien, para
efectos de consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del titular delderecho correspondiente;
j) la publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin
alteración de la misma;
k) la decodificación de señales trasmitidas por satélite o cualquier otro medio de
telecomunicación, portadoras de programas de cualquier tipo, sin la autorización del
distribuidor legítimo;IP/N/6/GTM/1
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l) la realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica
implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un
derecho conexo, para evitar la utilización no autorizada de todo tipo de obra, de un
fonograma, de una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegidas;
m) la realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una infracción a
cualesquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, a los titulares
de un derecho de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de
fonogramas o a los organismos de radiodifusión;
n) la supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre la
gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos;
o) la distribución, comercialización, promoción, importación, emisión o comunicación
al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas,
producciones fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónicasobre la gestión colectiva de cualesquiera de esos derechos ha sido suprimida o
alterada sin autorización;
p) el transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares, en
cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, deinterpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones,  fabricadas sin el
consentimiento del autor o el titular del derecho correspondiente;
q) la recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de
interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones deorganismos de radiodifusión protegidos, o la realización de cualesquiera otras
actividades propias de una sociedad de gestión colectiva, sin estar facultado para tales
efectos;
r) la divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del
respectivo derecho;
s) la traducción total o parcial de una obra sin la autorización del autor o titular del
derecho correspondiente;
t) la distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra
protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, elarrendamiento con opción de compra, el préstamo o en cualquier otra forma;  y
u) la importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra protegida,
con fines de explotación comercial, en cualquier tipo de soporte o de fonogramas, sin
la autorización del titular del derecho respectivo.
En materia de propiedad industrial el artículo 275 del Código Penal establece como delitos
contra tales derechos las siguientes conductas:
a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o
servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación
de dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los
protegidos por el registro;IP/N/6/GTM/1
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b) usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de
propaganda protegidos;
c) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o
servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado,sustituido o suprimido, total o parcialmente;
d) usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca
registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya
emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca;
e) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que
reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo,
así como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;
f) rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven un
signo distintivo registrado;
g) usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o
empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de
copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o
confusión sobre el origen de los productos o servicios;
h) usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de
comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;
i) revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su trabajo,
puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso, después
de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información;
j) apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la
persona que lo guarda o de su usuario autorizado;
k) fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o
detentar productos amparados por una patente ajena;
l) emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los
actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por
ese procedimiento;
m) fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o
detentar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño
industrial protegido;
n) usar en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica
falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio,
o sobre la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que lo distribuye;  y
o) usar en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o
engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una
traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo",
"género", "manera", "imitación" u otras análogas.IP/N/6/GTM/1
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Adicionalmente, el artículo  358 del Código Penal establece lo siguiente "Quien realizare un
acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas
en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales,
excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en
el artículo 275 de este Código.”
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
De conformidad con lo prescrito en los artículos 206 de la Ley de Propiedad Industrial y 127
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos , corresponde al Ministerio Público el ejercicio de
la acción penal en contra de los delitos tipificados en materia de propiedad intelectual.
De conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República, el Ministerio
Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones
autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.  El jefe
del Ministerio Público es el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública.
De particular relevancia resulta mencionar las normas contenidas en los artículos 214 de la
Ley de Propiedad Industrial y 137 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, dentro del
plazo máximo de un año a partir de la vigencia de dicha normativa, es decir, a partir
del 1º de noviembre de 2000, el Fiscal General de la República deberá crear y organizar una Fiscalía
Especial de Delitos contra la Propiedad Intelectual.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
Los citados artículos 206 de la Ley de Propiedad Industrial y 127 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos, prescriben asimismo que el titular o licenciatario de los derechosinfringidos puede provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos, o bien,
adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público.  Pueden asimismo instar la persecución penal
cualquier asociación u organización representativa  de algún sector de la producción o de los
consumidores.
Adicionalmente, resulta del caso mencionar que de conformidad con el artículo 297 del
Código Procesal Penal, cualquier persona debe co municar, por escrito u oralmente, a la Policía, al
Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de
acción pública.  Asimismo se encuentran obligados a denunciar tales delitos los funcionarios y
empleados públicos que conozcan del hecho en ejercicio de sus funciones, salvo cuando pese sobre
ellos el deber de guardar secreto, según lo prescribe el literal uno del artículo 298 del Código Procesal
Penal.IP/N/6/GTM/1
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24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
 Prisión
Los artículos 274 y 275 del Código Penal establecen sanción de prisión de uno a cuatro años,
para los responsables de los delitos contra los distintos derechos de propiedad intelectual;  en elprimer caso contra los derechos de autor y derechos conexos y, en el segundo, contra los derechos de
propiedad industrial.
Sanciones pecuniarias
Los ya mencionados artículos 274 y 275 del Código Penal, además de establecer sanciones de
prisión, prescriben sanción pecuniaria mediante multa que será fijada por el juez entre
un mil quetzales, como mínimo, y quinientos mil quetzales, como máximo.
En materia de competencia desleal, el artículo 358 del citado Código Penal establece sanción
de multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, para quienes realizaren un acto calificado como de
competencia desleal, de conformidad con las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de
Propiedad Industrial, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de
propiedad industrial tipificados en el artículo 275 del Código Penal.
Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y
accesorios utilizados para su producción
De conformidad con lo que prescriben los artículos 185 de la Ley de Propiedad Industrial, en
sentencia los jueces deben, según el caso y teniendo en cuenta la necesidad de que exista proporción
entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los derechos de terceros, ordenar que las
mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, retiradas de los circuitos comerciales de formaque se evite causar daños al titular del derecho, o bien, que sean destruidas como objetos de ilícito
comercio, principalmente cuando afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas o de los
animales, la preservación de los vegetales o cuando pudiesen afectar el medio ambiente.  Igualmente
pueden ordenar los jueces que los instrumentos o materiales que se hayan utilizado
predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitoscomerciales o destruidos como objetos de ilícito comercio.
Por su parte, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su
artículo 134 bis, en similares términos, establece que en la sentencia que declare con lugar alguna de las
acciones previstas en esa ley, además de resolver sobre el fondo del asunto, según el caso y teniendo encuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y
los derechos de terceros, la autoridad judicial deberá ordenar que las mercancías infractoras sean, sin
indemnización alguna, apartadas del comercio de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o
que sean destruidas como objetos de ilícito comercio.  Sin embargo, aclara que cuando se trate de prendas
de vestir de las que pueda eliminarse el elemento violatorio, el juez podrá ordenar una vez haya sidoretirado éste y si lo estima conveniente, que sean entregadas gratuitamente a entidades no lucrativas,
privadas o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia
social, debiendo quedar constancia escrita de la entrega.IP/N/6/GTM/1
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Adicionalmente dicha norma establece el deber del juez de disponer que los materiales e
instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras,
sean apartados del comercio y, cuando así se estime conveniente, que sean entregadas gratuitamente por
el juez a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obraso actividades de beneficencia social, sin indemnización alguna para su propietario, debiendo quedar
constancia escrita de la entrega.
Otras medidas
El artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial obliga a las autoridades judiciales a que,
cuando se emita una sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley,además de resolver sobre el fondo del asunto, deben según el caso, teniendo en cuenta la necesidad de
que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los derechos de
terceros, ordenar cualquiera de las siguientes medidas:
- prohibir que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales;
- que las mercancías infractoras, previa eliminación o retiro de los signos distintivos, puedan
ser entregadas gratuitamente por el juez  a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para
que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social;
- que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas
necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el
resarcimiento de los daños y perjuicios.
En igual sentido, en materia de derecho de autor y derechos conexos, la Ley de la materia
prescribe en su artículo 134 bis que en la sentencia que declare con lugar alguna de las acciones
previstas en esta ley, además de resolver sobre el fondo del asunto, según el caso y teniendo en cuenta la
necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los
derechos de terceros, deberá:
- prohibir que las mercancías infractoras ingresen al comercio;
- disponer que cesen los actos infractores y que se tomen las medidas necesarias para impedir
sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y
perjuicios.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
El procedimiento aplicable a los delitos de acción pública, por el cual deben ventilarse las
acciones de naturaleza penal que procedan en casos de infracción a los derechos de propiedad
intelectual, se encuentra regulado en el Código Procesal Penal.
Según dicha normativa, todo proceso da inicio por denuncia, querella o conocimiento de
oficio en caso se cometa un hecho constitutivo de delito, correspondiendo el ejercicio de la acción
penal al Ministerio Público.IP/N/6/GTM/1
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Este procedimiento se sustancia en las siguientes fases:
Fase preparatoria
En esta etapa, el Ministerio Público cuenta con el plazo de tres meses para investigar si la
persona sindicada puede resultar responsable del delito de que se trate y, en su caso, presentar
acusación contra el mismo.  En caso este plazo no resulte suficiente, el Ministerio Público puede
solicitar al juez responsable de la instrucción una prórroga para continuar la averiguación del hecho
delictivo.  Agotados dicho plazo el Ministerio Público está obligado a solicitar al juez instructor
cualquier forma de suspensión de la investigación, incluso el archivo del expediente, cuando no
encontrare suficientes elementos probatorios, o bien, que se emita un auto de procesamiento en contra
del procesado, cuando efectivamente ha reunido los elementos de convicción pertinentes, para lo cualel Ministerio Público se constituye en formal acusador.
Fase intermedia
Esta fase se inicia con la acusación presentada por el Ministerio Público y constituye el
momento procesal para que se adhieran al proceso el  querellante adhesivo o las partes civiles.  De la
acusación presentada por el Ministerio Público, el juez instructor notifica al acusado y a las demás
partes para que dentro de los seis días siguientes puedan manifestarse sobre vicios formales, presentar
excepciones y formular objeciones frente a la solicitud del Ministerio Público.  Igualmente, al día
siguiente de recibir la acusación el juez instructor señala día y hora para la celebración de unaaudiencia oral, la cual debe llevarse a cabo en un plazo no menor de los diez días ni mayor de los
quince días siguientes, con el objeto de decidir sobre la procedencia o no de la solicitud de apertura a
juicio.  Finalizada esta audiencia, el juez instructor inmediatamente decide la apertura a juicio o, de lo
contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo.  Solamente que la
complejidad del asunto lo amerite, esta decisión puede ser diferida por veinticuatro horas.  En esamisma resolución, el juez cita a todas las partes  para que en un plazo no mayor de los diez días
siguientes comparezcan ante el tribunal de sentencia designado, constituyendo lugar para recibir
notificaciones y ofrecer pruebas.
Preparación para el debate
Esta etapa se realiza ante el juzgado de instancia penal de sentencia, el cual una vez recibidos
los autos procede a dar audiencia por seis días a las partes procesales para que se impongan de las
recusaciones y excepciones.  Posteriormente a resolver todos los incidentes, las partes tienen la
oportunidad de ofrecer en el plazo de ocho días la lista de testigos, peritos e intérpretes y señalar los
hechos acerca de los cuales serán examinados durante el debate.  De oficio o a instancia de parte, el
tribunal puede ordenar una investigación suplementaria dentro de los ocho días ya indicados. En lamisma resolución por la que se resuelven todas las cuestiones planteadas, el tribunal señalará lugar,
día y hora para la práctica del debate, el cual deberá tener lugar dentro de los quince días siguientes.
Debate
El proceso penal guatemalteco es oral y público y se realiza en presencia de los jueces
llamados a dictar sentencia.  En el debate se hace saber al acusado los motivos y los hechos que
constituyen el delito por el cual se le procesa.  Se da lectura al escrito de acusación del Ministerio
Público y al auto de procesamiento.  Se recibe la declaración del procesado y de los testigos y demás
pruebas propuestas por el Ministerio Público, por el querellante adhesivo y por la defensa.  Terminadala recepción de pruebas, se da la oportunidad a todas las partes para emitir de palabra sus
conclusiones.IP/N/6/GTM/1
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Extraordinariamente, el debate podrá interrumpirse pero debe reanudarse a más tardar el
undécimo día después.  Inmediatamente de terminado el  debate, los tres jueces que integran el tribunal
pasan a deliberar en sesión secreta.  La sentencia se pronunciará en esa misma oportunidad y será
leída en la sala de la audiencia.
Contra la sentencia procede el recurso de ap elación especial, que deberá ser interpuesto por
escrito dentro de los diez días siguientes.  Admitido el recurso se remiten los autos y se concede el
plazo de cinco días para que las partes se apersonen ante el tribunal de segunda instancia y señalen
lugar para ser notificados.  El tribunal pondrá a disposición de las partes el expediente por el plazo de
seis días para que pueda ser examinado. Vencido este plazo, el presidente del tribunal señala día y
hora para la audiencia de debate que debe tener lugar dentro de los diez días siguientes.  Terminada la
audiencia el tribunal pasa a deliberar y posteriormente a pronunciar la sentencia en forma pública.Únicamente cuando por lo avanzado de la hora, la importancia o complejidad de las cuestiones
planteadas fuere necesario diferir la deliberación o el pronunciamiento, el tribunal anunciará en la sala
el día y hora en que pronunciará la sentencia.
Aún y cuando la duración real de un juicio oral en materia penal depende del cúmulo de
expedientes que en un momento dado se encuentren en trámite en los juzgados, así como de la
disposición de personal en éstos, puede estimarse la duración real de un proceso penal de esta
naturaleza entre 9 a 12 meses.
En cuanto al costo de un juicio oral penal debe tenerse presente, en primer lugar, que de
conformidad con lo establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 57 de la Ley del
Organismo Judicial, la administración de justicia es  gratuita e igual para todos.  En ese sentido, el
segundo párrafo del artículo 578 del Código Procesal Civil y Mercantil prescribe que las diligencias
judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viajes, pago de vehículos,
de transporte o comunicaciones, compra de sustancias u otros artículos que fueren necesarios para laaveriguación de algún hecho.
En segundo lugar, existe la norma contenida en el artículo 507 del Código Procesal Penal,
según la cual toda decisión que ponga fin al proceso o a un incidente, se pronunciará igualmente sobre
el pago de costas procesales, las cuales serán impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal
encuentre razón suficiente para eximirla total o parcialmente.  Según el artículo 509 del citado
Código, las costas comprenden los gastos originados en la tramitación del proceso y el pago dehonorarios regulados conforme arancel de los abogados y demás profesionales que hubiesen
intervenido en el proceso.
En cuanto a los honorarios, en Guatemala se cuenta con el Arancel de Abogados, Arbitros,
Procuradores, Mandatarios Judiciales, Expertos, Interventores y Depositarios, aprobado por elDecreto 11-96 del Congreso de la República.  No obstante, dicho Arancel no excluye que los
honorarios de los abogados sean establecidos en forma convencional.
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