RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/ZAF/1
30 de abril de 1999
(99-1768)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE OBSERVANCIA
SUDÁFRICA1
En el presente documento figuran la declaración introductoria realizada por la delegación de
Sudáfrica, las preguntas que se le formularon y las respuestas dadas en el examen de su legislaciónsobre la observancia, durante las reuniones del Consejo celebradas el 24 de febrero y el 12 de mayo
de 1998.
2
_______________
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
La respuesta de Sudáfrica con respecto a la observancia prevista en los artículos 41 a 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC ha permitido dar cumplimiento a dichos artículos, tal como se exige.
Las normas sudafricanas en materia de propiedad intelectual prevén varios medios de
desagravio en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, principalmente en el ámbito
civil.  Las Leyes pertinentes son las siguientes:
- la Ley de Patentes Nº 57, de 1978 (modificada);- la Ley de Derecho de Autor Nº 98, de 1978 (modificada);
- la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio Nº 194, de 1993 (modificada);
- la Ley de Dibujos y Modelos Industriales Nº 195, de 1993 (modificada).Esas Leyes prevén mandamientos judiciales para hacer cesar la infracción (interdictos), daños
y perjuicios o, en lugar de éstos, el pago de una regalía razonable en caso de infracción, así como la
entrega de las mercancías infractoras.  Además, el artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor de 1978
prevé sanciones penales por ciertos actos de infracción del derecho de autor.
Por lo que hace a los aspectos procesales, la observancia efectiva de las disposiciones civiles
de esas leyes de propiedad intelectual puede lograrse fácilmente mediante las divisiones provinciales
del Tribunal Supremo de Sudáfrica, a los fines de obtener, entre otras cosas:
                                                     
1 Por lo que respecta a las leyes y los reglamentos pertinentes al ámbito en examen y que Sudáfrica
notificó en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se remite al documento IP/N/6/ZAF/1.
2 Las actas de esas reuniones se distribuyeron en los documentos IP/C/M/17 e IP/C/M/18,
respectivamente.IP/Q4/ZAF/1
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- una reparación temporal, en particular mandamientos judiciales provisionales,
mediante una solicitud de carácter urgente;
- una decisión definitiva, mediante solicitud o demanda;
- daños y perjuicios y órdenes de entrega de las mercancías;
- un mandamiento, sin previa notificación a la otra parte, destinado a incautarse de la
prueba, si es probable que el demandado la oculte o destruya (es decir, un
mandamiento Anton Piller ).
En el ámbito penal, el artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor de 1978, y las disposiciones
de la Ley sobre las Marcas de Mercancías de 1941, han permitido al Servicio de Policía de Sudáfrica
adoptar medidas contra los fabricantes y los importadores/vendedores de mercancías (incluidos el
decomiso y la retención) en casos de piratería o falsificación.
Asimismo, la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales faculta a las autoridades aduaneras
sudafricanas a aprehender y retener las mercancías en los puertos de entrada, en los casos de
infracción del derecho de autor.
Tras reconocer ciertas desventajas procesales y de índole afín de las disposiciones sobre
observancia en vigor, en el ámbito penal, el Parlamento sudafricano promulgó la Ley de MercancíasFalsificadas Nº 37, de 1997.  Esta Ley, que entró en vigor el 1º de enero de 1998, mejora
considerablemente la facultad de los titulares de derechos de propiedad intelectual de hacer valer sus
derechos en casos de piratería lesiva del derecho de autor y falsificación de marcas.
Más claros resultan los procedimientos de incautación y retención por los inspectores.  En
virtud de esta Ley, la facultad de adoptar medidas corresponde no sólo al Servicio de Policía de
Sudáfrica y las autoridades aduaneras de este país, sino también a los inspectores especiales que podrá
nombrar el Ministro de Comercio e Industria.  Se han agravado considerablemente las sanciones por
la comisión de delitos y, en general, la nueva Ley permite a Sudáfrica dar cumplimiento a las
disposiciones en materia de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC.
Además, actualmente la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 reconoce jurídicamente en
forma expresa los mandamientos sin previa notificación que ofrecen un remedio procesal claro
asimilable al que estaba disponible hasta ese momento (mandamiento Anton Piller ).
En cuanto a la celeridad de los procedimientos de observancia, puede afirmarse que el
Servicio de Policía de Sudáfrica, por conducto de su Unidad de Delitos Comerciales, está encondiciones de brindar asistencia inmediata, y así lo hace, en particular en las zonas metropolitanas
principales.  En casos de urgencia, también el Tribunal Supremo responde prontamente a las
solicitudes de mandamientos provisionales.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
1. En virtud del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros deben asegurarse
de:
a) que en sus leyes existan procedimientos de observancia que permitan la
adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos
de propiedad intelectual;  y
b) que tales procedimientos incluyan recursos ágiles, a condición deIP/Q4/ZAF/1
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c) que tales procedimientos prevean salvaguardias contra su abuso.
Así, con respecto al apartado c) en particul ar, las salvaguardias van incorporadas a las
obligaciones procesales especificadas en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Por ejemplo, el párrafo 4
del artículo 41 dispone que las partes en el procedimiento tendrán la oportunidad de unarevisión por una autoridad judicial de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales
iniciales sobre el fondo del caso.  Las Comunida des Europeas y sus Estados miembros entienden
que un mandamiento interlocutorio (o, como se le llama en el derecho sudafricano, un interdicto
temporal) ordenado por la Corte Suprema no es revisable ni apelable.
- ¿Es correcto nuestro entendimiento de la ac tual situación legal en Sudáfrica?  Sírvanse
explicar.
- De ser así, y en ausencia de la oportunidad de una revisión o una apelación, ¿qué
salvaguardias están contenidas en los procedimientos disponibles contra el abuso por un
demandante de interdicto temporal?
El párrafo 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que exista la oportunidad de
revisión de, entre otras cosas, al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales
sobre el fondo del caso.  Respondiendo concretament e a la pregunta formulada, se confirma que en la
situación jurídica actual de Sudáfrica, un mandamiento interlocutorio (interdicto temporal) no será
objeto de revisión ni apelación.  Se sostiene que esa situación no está en conflicto con el párrafo 4 delartículo 41, puesto que la decisión respecto de un mandamiento interlocutorio no es una decisión
sobre el fondo de un caso.  Un mandamiento interlocutorio se basa en un equilibrio entre ventajas y
desventajas, y la decisión sobre el fondo del caso queda expresamente excluida.  Para que se le
conceda un interdicto temporal, el solicitante simplemente deberá demostrar que se presume un
derecho respecto del cual se comete o se está por cometer una infracción, y que el equilibrio entre lasventajas y las desventajas privilegia la concesión de un interdicto temporal hasta la finalización del
procedimiento principal.
Además, un mandamiento interlocutorio es precisamente eso, es decir, una orden temporal
que se dicta en espera de las medidas judiciales siguientes;  si esas medidas no se dictan en un plazo
razonable, el mandamiento interlocutorio podrá revocarse.  Por lo general, la orden indica un plazo
para demostrar las razones por las que el interdicto temporal no debería pasar a ser permanente, y creaasí una oportunidad para que el demandado fundamente su pretensión.
El sistema incluye una salvaguardia contra su abuso, pues el tribunal deberá cerciorarse de
que el equilibrio entre las ventajas y las desventajas privilegia la concesión de dicho interdicto y, al
examinar este aspecto, tendrá en cuenta, entre otras cosas, la condición y la situación financiera deambas partes, y tomará la decisión sobre la base de la menor injerencia en las actividades de una
parte.
2. Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros entienden que varias decisiones del
Registro de Marcas de Fábrica y de Comercio están pendientes desde hace más de un añodespués de haber sido impugnadas.  ¿Cómo se compagina esto con el párrafo 3 del artículo 41
del Acuerdo sobre los ADPIC?
Actualmente, existe un ligero atraso en las decisiones del Registro de Marcas de Fábrica o de
Comercio, a saber, siete de ellas se encuentran pendientes y sólo una lo ha estado durante un períodoconsiderable.  Ello se debe a la escasez de personal y a un aumento imprevisto en el número de causas
iniciadas respecto de las marcas;  ello causó un in cremento considerable en el número de audiencias
en esa materia ante el Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio.IP/Q4/ZAF/1
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Sin embargo, cabe tener en cuenta que la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio dispone
(por ejemplo, en el apartado 1) del artículo 24 y en los artículos 26 y 27) que el solicitante podrá optar
entre entablar la acción ante el Registro o ante el tribunal.  Ello significa que, en muchos casos, el
demandante podría evitar la demora que se sufre actualmente en lo relativo a las cuestiones ventiladas
ante el Registro, entablando la acción ante el tribunal (es decir, el Tribunal Supremo).
En virtud del artículo 59 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, si el procedimiento
previsto en determinados artículos se ventila ante el Registro, quedará a discreción de éste remitir la
causa al tribunal;  deberá hacerlo así por petición escrita de todas las partes interesadas.  Esta
disposición crea un mecanismo por el cual las partes que exigen decisiones aceleradas podrán
dirigirse al Tribunal Supremo, antes que al Registro.
3. El artículo 45 del Acuerdo sobre los ADP IC dispone que las autoridades judiciales
estarán facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho.  En
virtud del mismo principio, pero en circunstancias opuestas, el artículo 48 del Acuerdo sobre los
ADPIC dispone que las autoridades judiciales es tarán facultadas para ordenar al demandante
que pague los gastos del demandado.  En ambos casos, estos gastos pueden incluir "loshonorarios de los abogados que sean procedentes".
¿Podría aclarar el Gobierno de Sudáfrica si los "gastos" comprenderían los gastos
efectivos de la parte ganadora (como honorarios, viajes, alojamiento, etc. de asesores y
expertos).  Sírvanse explicar.
La competencia propia de los tribunales de Sudáfrica los faculta a imponer costas y costos a
la parte vencida, y los costos comprenderían, normalmente, los honorarios de los abogados y los
desembolsos y gastos.
Los costos cuyo pago el tribunal podrá imponer serían gastos preestablecidos, es decir, los
que se permiten en virtud del arancel aplicable en el Tribunal Supremo.  La cuantía pagadera se
basará en lo que permita el arancel pertinente del Tribunal Supremo;  es posible que ello no incluya
todos los gastos efectivos, sino sólo los que son razonables y están permitidos en esas circunstancias.
En general, se recuperarán los honorarios de los expertos, y no los gastos de viaje y alojamiento.
4. Entendemos que, en una acción por infracción de un derecho sudafricano de propiedad
intelectual, la presentación de documentos por la s partes litigantes se limita a los "documentos y
grabaciones relativos a cualquier cuestión pertinente en esa acción".
¿Significa esto que una autoridad judicial que tramite la acción no estaría,
normalmente, facultada para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre laidentidad de los terceros que hayan participado en  la producción y distribución de los bienes o
servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución (artículo 47 del Acuerdo sobre los
ADPIC)?
Esta interpretación de la situación jurídica de Sudáfrica en lo que hace a los procedimientos
destinados a obtener la prueba documental es correcta.  Por lo que respecta al Tribunal Supremo de
Sudáfrica y al Tribunal del Delegado de Patentes, se ocupa de esos procedimientos, y de la
producción de la prueba documental y las grabaciones, el artículo 35 del Reglamento Procesal
Uniforme.
3  Los procedimientos para la obtención de la prueba sólo pueden ordenarse después de la
iniciación del proceso y, por lo general, sólo se ordenan después de concluida la sustanciación.
En casos especiales (como las situaciones " Anton Piller ") el tribunal podrá ordenar, a petición
de parte y sin notificar a la contraria, que determinados elementos de prueba se pongan en poder de un
                                                     
3 El artículo 35 figura en el anexo 1 del documento IP/N/6/ZAF/1.IP/Q4/ZAF/1
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Oficial de Justicia para su conservación hasta la iniciación del proceso civil.  Las disposiciones
legales para las órdenes de tipo Anton Piller  figuran en el artículo 114 de la Ley de Mercancías
Falsificadas, Nº 37, de 1997.
Las disposiciones del artículo 47 no son obligatorias.  Los Miembros podrán disponer que las
autoridades judiciales gocen de la facultad de ordenar al infractor que facilite información sobre la
identidad de los terceros involucrados.  Conforme a la legislación sudafricana, un titular de derecho
que tenga razones fundadas para sospechar que el infractor posee información, por ejemplo, sobre la
identidad de terceros, que podría ser pertinente al proceso en cuestión, podría basarse en una orden
Anton Piller , fundada en nuestros principios generales o en el artículo 11 de la Ley de Mercancías
Falsificadas, si corresponde, para obtener la divulgación de la información en cuestión.
5. La Sala de Apelación de la Corte Suprema de Sudáfrica (actualmente Corte Suprema de
Apelación) determinó recientemente, en términos claros y sucintos, lo que tiene que establecer
un solicitante de una orden Anton Piller ;  puede ésta denominarse una "orden Anton Piller
jurisprudencial".  En el proyecto de ley sobre mercancías falsificadas, actualmente sometido al
proceso parlamentario sudafricano, se formulan disposiciones relativamente detalladas para laconcesión de una orden Anton Piller ;  ésta puede denominarse, a su vez, "orden Anton Piller
legislativa".
¿Podría aclarar el Gobierno de Sudáfrica los siguientes puntos?
- Dado que se dispone de una orden Anton Piller  jurisprudencial, ¿qué necesidad hay de
una orden Anton Piller  legislativa?
- Ya que los requisitos para obtener una orden Anton Piller  jurisprudencial parecen
menos estrictos que para una orden Anton Piller  legislativa, ¿no preferirá normalmente
un solicitante pedir una orden Anton Piller  jurisprudencial, y no legislativa?
- ¿Son los requisitos de una orden Anton Piller  jurisprudencial y de una orden
Anton Piller  legislativa conformes al artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC?  Sírvanse
explicar .
Tradicionalmente, los tribunales sudafricanos han adoptado un enfoque conservador en lo
relativo a las órdenes Anton Piller  jurisprudenciales y, hasta la decisión reciente de la Corte Suprema
de Apelación, existían diferencias entre los enfoques adoptados en las distintas divisiones
provinciales.
La inclusión de la orden Anton Piller  legislativa en el marco de la Ley de Mercancías
Falsificadas aporta certeza a este procedimiento en el contexto de una acción por falsificación, para
garantizar medidas eficaces destinadas a luchar contra el aumento constante de las actividades de
falsificación.
En los casos que no caen dentro del marco de la Ley de Mercancías Falsificadas, el solicitante
deberá valerse de una orden Anton Piller  jurisprudencial.  En las circunstancias que caen dentro del
marco de esa Ley, el solicitante podrá escoger entre valerse de la orden Anton Piller  jurisprudencial o
legislativa.
Ambas órdenes dan pleno cumplimiento al artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.
                                                     
4 El artículo 11 de la Ley de Mercancías Fals ificadas figura más adelante en el anexo 2.IP/Q4/ZAF/1
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6. Respecto a los casos de infracción de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno de
Sudáfrica a facilitar datos sobre el número de:
- procedimientos incoados, con sus resultados respectivos y duración media del
procedimiento desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia final;
- mandamientos judiciales dictados (tal como los define el artículo 44 del Acuerdo sobre
los ADPIC), con explicación de cómo se ejecutan tales mandamientos;
- medidas provisionales (como las define el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC) que
se han concedido y plazo medio para la obtención de las mismas (desde la solicitud);
- suspensiones en la frontera de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o piratas, o en relación con mercancías que infrinjan otros derechos de
propiedad intelectual;
- casos penales, con las sentencias aplicadas;  indicación de si han sido ejecutadas;
sírvanse explicar también qué tipo de infracciones de un derecho de propiedad
intelectual se considerarían delitos;
- decomisos y/o destrucción de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas
y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.
Los datos solicitados en la primera parte de la pregunta 6 no están disponibles por no ser de
fácil acceso.  La recopilación de los hechos y las cifras necesarios supondría la aplicación de recursos
de que actualmente no se dispone.
Se ruega además al Gobierno de Sudáfrica que explique y dé ejemplos prácticos de:
- cómo se calcula la compensación del daño por infracción de los derechos de propiedad
intelectual (artículo 45, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);
- cuáles serían los "gastos del titular de l derecho" que deberían pagarse según el
párrafo 2 del artículo 45, primera parte de la primera frase, del Acuerdo sobre losADPIC, y cómo se calcularían;
- si son reembolsables los honorarios de los abogados y cómo se calcularían tales
honorarios;
- si se ha aplicado en Sudáfrica la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo
sobre los ADPIC, y cómo se calcularían tales "perjuicios".
Por lo que respecta a la segunda parte de la pregunta 6, la situación es la siguiente:
- Los perjuicios por infracción consistirían en la pérdida efectiva que se demuestra haber
sufrido o, a elección del demandante, un importe calculado sobre la base de la regalía
razonable que debería pagar un licenciatario.
Véanse: Ley de Patentes - artículo 65;
Ley de Derecho de Autor - artículo 24;Ley de Marcas de Fábrica
o de Comercio - artículo 34;IP/Q4/ZAF/1
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Ley de Dibujos y
Modelos Industriales - artículo 35.
- Los "gastos del titular del derecho" serían los que efectivamente se generan en el transcurso
del proceso por infracción, y consisten en los honorarios de los abogados que sean
procedentes y los gastos efectivos, como los de realización de copias, el pago de los
honorarios de los asesores jurídicos, etc.
- Por lo tanto, los honorarios de los abogados podrán reembolsarse;  el importe por pagar se
fijará sobre la base del arancel que aplica el Tribunal Supremo.
- La disposición del párrafo 2 del artículo 45 no es obligatoria.  En general, en los casos de
infracción involuntaria (es decir, si el infractor no sabía ni tenía motivos razonables para
saber) no se concederá una reparación por los "beneficios" o los "perjuicios reconocidos
previamente".
Véanse: Ley de Patentes - artículo 66.1);
Ley de Derecho de Autor - artículo 24.2);Ley de Dibujos y
Modelos Industriales - artículo 35.6).
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
La nueva Ley de Mercancías Falsificadas Nº 37, de 1997, que entró en vigor el 1º de enero
de 1998, es la que se ocupa especialmente de las mercancías falsificadas que llevan marcas
falsificadas, de las obras de derecho de autor o de las marcas prohibidas en virtud de la Ley sobre las
Marcas de Mercancías de 1941.
Con arreglo a la Ley de Mercancías Falsificadas se crea una Inspección, cuyos inspectores
son:
- funcionarios de la policía con grado de sargento, o superior;- el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales y los funcionarios designados con
arreglo a la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964;
- inspectores nombrados por el Ministro de Comercio e Industria (párrafo 1) del
artículo 1 y artículo 22).
Por lo general, los inspectores ejercerán sus facultades sobre la base de una orden judicial
emitida por un magistrado del Tribunal Supremo o un juez, es decir, una autoridad judicial
(artículos 4 y 6).
El artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas trata expresamente de la retención de
mercancías falsificadas que se importen a Sudáfrica.
5  Con arreglo a ese artículo, la autoridad
                                                     
5 El artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsif icadas figura en el anexo 3, más adelante.IP/Q4/ZAF/1
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competente que deberá examinar y tramitar las demandas es el Delegado de Aduanas e Impuestos
Especiales.
2. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.
Los procedimientos son judiciales, en el ámbito penal o civil (artículo 9).
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará re ferencia en adelante como "Demanda"), por el
que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan el
despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que sesospeche que los infringen?
a) El artículo 28 de la Ley de Derecho de Autor Nº 98, de 1978, prevé un mecanismo
que faculta al titular de derechos a solicitar al Delegado de Aduanas e Impuestos
Especiales que determinadas mercancías (que son mercancías infractoras) seantratadas como mercancías prohibidas.
6
b) El inciso g) del apartado 1) del artículo 113 de la Ley de Aduanas e Impuestos
Especiales Nº 91, de 1964, prohíbe la importación de reproducciones de obras de
derecho de autor que infrinjan la legislación en la materia.  A este respecto elapartado 2) del artículo 23 y el apartado 1) del artículo 27 de la Ley de Derecho de
Autor de 1978 son pertinentes.
7
4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante … si han aceptado la demanda",conforme a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Ley de Mercancías Falsificadas no establece un plazo para que un inspector informe al
demandante de que se ha aceptado la demanda y se procederá en consecuencia.
El apartado 3) del artículo 15 prevé que el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales
deberá examinar y tramitar la demanda "sin demora".
5. Sírvanse explicar cuál es el pl azo de vigencia de las Demandas.
Con arreglo al apartado 1) del artículo 15, el demandante deberá fijar un plazo durante el cual
tendrá efecto la retención de las mercancías importadas en cuestión.  Este plazo no deberá exceder delde vigencia del derecho de propiedad intelectual sobre el que se basa.
6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
En la Ley no se prevé el pago de gravamen alguno, y aún no se ha promulgado el reglamento
de aplicación correspondiente.
                                                     
6 El artículo 28 de la Ley de Derecho de Autor figura más adelante en el anexo 6.
7 El inciso g) del apartado 1) del artículo 113 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, así como el
apartado 2) del artículo 23 y el apartado 1) del artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor figuran en el anexo 5,más adelante.IP/Q4/ZAF/1
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7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y resumir el contenido de esas disposiciones.
El procedimiento que se expone a continuación se refiere a las disposiciones de la Ley de
Mercancías Falsificadas.  La responsabilidad por la observancia en frontera de los derechos de
propiedad intelectual incumbe al Delegado de A duanas e Impuestos Especiales.  El demandante
deberá facilitar al Delegado una muestra de las mercancías protegidas que contengan el objeto del
derecho de propiedad intelectual cuya protección se procura, o bien información suficiente que
permita comprobar sus características distintivas esenciales, materiales u otras;  informaciones y
detalles suficientes sobre la existencia y el alcance del derecho de propiedad intelectual, así como
sobre la titularidad respecto del derecho en cuestión.  Sin embargo, el Delegado sólo podrá incautarsede esas mercancías durante un plazo que no se extenderá más allá del último día de vigencia del
derecho de propiedad intelectual de que se trate.  El Delegado no estará obligado a incautarse de las
mercancías infractoras a menos que se le ofrezca la garantía necesaria, en la forma y cuantía que
establezca, para indemnizar a las autoridades aduaneras y sus funcionarios por cualquier
responsabilidad en que pudieran incurrir como consecuencia de la incautación y retención de lasmercancías.
No se prevé indemnización alguna para el importador y el propietario de las mercancías cuyo
despacho se ha suspendido.  Sin embargo, si esa suspensión tiene lugar por iniciativa de un
demandante, cualquier persona que haya sufrido un daño o perjuicio debido a la suspensión de lasmercancías que se presumen infractoras, o a cualquier medida adoptada por un inspector al llevar a
cabo la incautación, tendrá derecho a reclamar al demandante una indemnización.  Sólo se podrá
solicitar una indemnización al Delegado si éste o sus funcionarios han incurrido en culpa grave en la
incautación de las mercancías o en su retención o almacenamiento, o si esas personas actuaron de
mala fe en el cumplimiento de sus obligaciones.
El demandante está facultado a obtener una copia de cualquier declaración tomada o cualquier
otro documento de prueba obtenido por un inspector de aduanas en el ejercicio de sus facultades de
inspección, incautación y retención.  El demandante o el presunto infractor tendrán derecho a
inspeccionar cualquier mercancía incautada por el Delegado.
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las m ercancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las mercancías incautadas deberán restituirse a la persona sospechosa si el interesado no
formula denuncia penal ni promueve demanda civil en los tres días siguientes a la notificación de esaincautación.  Si se formula denuncia penal, las mercancías se restituirán a la persona sospechosa a
menos que el Estado le informe por escrito de su propósito de promover acusación contra él por haber
cometido un delito de comercio de mercancías falsificadas, en los 10 días siguientes a la notificación
de la incautación de las mercancías por el inspector.
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho
para libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en
relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
No existen disposiciones expresas sobre indemnización.  Sin embargo, si una persona (aunque
sea una autoridad pública o un funcionario público) es demandada indebidamente o se le impone
indebidamente una obligación en procedimientos judiciales civiles, podrá obtener que los
procedimientos se archiven y que se condene al promotor a pagarle sus costas judiciales (según laIP/Q4/ZAF/1
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escala punitiva, si corresponde) y la indemnización de cualquier perjuicio que haya sufrido.  Además,
en ciertos casos, el tribunal podrá exigir que el demandante constituya garantía respecto de las costas,
los perjuicios o ambos conceptos.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre
circulación, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio
prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 9 supra .
11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los importadores cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 9 supra .
12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y
consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" las mercancías que infringenderechos de propiedad intelectual, o de las que se  sospecha que los infringen, así como en el caso
en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores
según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
El inciso d) del apartado 1) del artículo 10 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo
siguiente:
que el acusado o el demandado (según el caso) haga conocer la fuente de la que se han
obtenido esas mercancías, si se comprueba que son falsificadas, así como la identidad de las
personas involucradas o aparentemente involucradas en la importación, exportación,
fabricación, producción o elaboración y distribución de las mercancías falsificadas, y las vías
de distribución de esas mercancías.
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
Si durante un registro efectuado por un inspector alguna persona aduce que cualquier
mercancía, documento, artículo o elemento presente contiene información reservada, y se niega a su
inspección o a su retiro, el inspector deberá actuar con circunspección.  Si estima que las mercancías,
documentos, artículos o elementos pueden ser pe rtinentes y necesarios para la investigación de
cualquier denuncia o de actos que se presume o sospecha constituyen comercio de mercancíasfalsificadas, deberá solicitar al Actuario o al Actuario Adjunto de la división competente del Tribunal
Supremo la incautación y el secuestro de los materiales controvertidos para su depósito hasta que el
tribunal dicte resolución acerca de si la información de que se trata es o no reservada (apartado 8) del
artículo 6 de la Ley de Mercancías Falsificadas).
14. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competentes sobre la ba se de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.IP/Q4/ZAF/1
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Los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC exigen a los Miembros que dispongan
procedimientos para la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de las mercancías en el
circuito comercial, siempre y cuando un titular de derechos tenga motivos válidos para sospechar que
se trata de la importación de mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías
pirata que lesionan el derecho de autor.
En Sudáfrica, dichos procedimientos se contemplan en la Ley de Mercancías Falsificadas
Nº 37, de 1997.
Con arreglo al artículo 15 de esa Ley, el titular de un derecho de propiedad intelectual (cuya
definición del artículo 1 abarca los derechos de marcas y el derecho de autor), podrá presentar una
demanda ante el Delegado (de Aduanas e Impuestos Especiales) para la incautación y retención de lasmercancías falsificadas que contengan el objeto de ese derecho de propiedad intelectual y que se estén
importando a la República (de Sudáfrica).
El demandante podrá facilitar al Delegado una muestra de las mercancías protegidas, e
información suficiente sobre la vigencia del derecho de propiedad intelectual, y sobre su titularidadrespecto de ese derecho.
El Delegado deberá tramitar la demanda sin demora, si tiene motivos razonables para estar
convencido, en principio, de la vigencia de un derecho de propiedad intelectual, de que el demandante
es su titular y de que se trata de mercancías protegidas.
8
La Ley sobre las Marcas de Mercancías Nº 17, de 1941 (modificada recientemente) también
prevé ciertos procedimientos a ese respecto.
En el artículo 1 de esa Ley, la definición de "inspector" abarca el Delegado de Aduanas e
Impuestos Especiales y algunos de sus funcionarios.  Si sospechan que se ha cometido o es probable
que se cometa una violación de dicha ley (por ejemplo, se ha aplicado a las mercancías una
descripción comercial falsa;  dichas mercancías se venderán o arrendarán o se ofrecerán en venta o
arrendamiento;  se venderán o distribuirán mercancías importadas que llevan el nombre de un
fabricante o comerciante sudafricano, sin haber sido producidas en Sudáfrica y sin contar con una
indicación de origen) los inspectores están facultados, entre otras cosas, a incautar los artículos
relacionados con la violación de la ley.
También en la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales figuran disposiciones pertinentes.  El
inciso g) del apartado1) del artículo 113 prohíbe la importación de las reproducciones ilícitas de obras
de derecho de autor.9
15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada porlas autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Conforme al artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas, las decisiones del Delegado
son decisiones administrativas sujetas a revisión de conformidad con los principios del derechoadministrativo.
Además, el apartado 6) del artículo 15 dispone que cuando cualquier funcionario de aduanas
actúa de conformidad con el apartado 4) del artículo 15 para aprehender y retener determinadas
                                                     
8 El artículo 15 de la Ley de Mercancías Fals ificadas figura más adelante en el anexo 3.
9 El inciso g) del apartado 1) del artículo 113 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales figura más
adelante en el anexo 5.IP/Q4/ZAF/1
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mercancías, se considerará que ejerce las mismas facultades conferidas a los inspectores por las
disposiciones de la Ley de Mercancías Falsificadas.  Ello abarca el requisito de que las facultades de
incautación y retención de las mercancías deberán ejercerse (salvo en ciertos casos) conforme a una
orden judicial emitida con arreglo al artículo 6 de la Ley de Mercancías Falsificadas, a saber, por
cualquier magistrado del Tribunal Supremo o por un juez.  Ello supone que el demandado podrá
iniciar una acción para que se revoque dicha orden judicial.
16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equivalente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al
demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
Con arreglo al apartado 7) del artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas, podrá
exigirse al titular del derecho de propiedad intelectual que constituya una fianza ante el Delegado, en
la forma y la cuantía que éste fije, para indemnizar a las autoridades aduaneras por cualquier
responsabilidad en que pudieran incurrir como consecuencia de la incautación y la retención, y para
cubrir los gastos generados al llevarlas a cabo.
La legislación es reciente y este artículo aún no ha sido interpretado por un tribunal.  Se prevé
que, en un futuro próximo, el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales emitirá unas instrucciones
sobre los criterios de cálculo de la fianza.
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
El artículo 8 de la Ley de Mercancías Falsificadas prevé que las mercancías falsificadas
incautadas por un inspector deberán almacenarse y custodiarse en un depósito de mercancías
falsificadas.  El artículo 23 establece que el Ministro (de Comercio e Industria), mediante aviso en laGaceta Oficial, podrá designar cualquier lugar como depósito de mercancías falsificadas, mientras que
el artículo 24 faculta al Ministro a dictar las normas que sean necesarias para el control, la gestión y la
administración adecuados y eficaces de los depósitos de mercancías falsificadas.
Aún no se han publicado dichos avisos y normas.Si el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales debe incautarse de las mercancías a su
ingreso en el país, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas, las
autoridades aduaneras que lleven a cabo esa incautación deberán ejercer sus funciones con arreglo a la
Ley de Aduanas e Impuestos Especiales Nº 91, de  1964.  Esta Ley dispone el establecimiento de
almacenes en los cuales el Delegado podrá permitir, como prevé expresamente el artículo 23, el
almacenamiento de las mercancías cuya importación o enajenación esté prohibida o restringida porcualquier ley.  La Ley de Aduanas e Impuestos Especiales contiene disposiciones amplias sobre la
gestión y administración de dichos almacenes y las mercancías contenidas en ellos.
18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales"
en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marcade fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
En el artículo 10 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura una disposición que da
cumplimiento al artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, en lo relativo a la reexportación demercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada.  El apartado 2) del artículo 10 prohíbe,
entre otras cosas, la exportación de mercancías importadas en el estado en que se encuentren si las
mercancías, entre otras cosas, llevan una marca o una imitación de ella tan bien lograda como para
que pueda estimarse que podría inducir a error o confundirse con las mercancías protegidas, a menos
que un tribunal disponga con justa causa otra cosa.IP/Q4/ZAF/1
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Los tribunales aún no han interpretado este artículo, para indicar qué se considerará como
justa causa.
El artículo 4 de la Ley de Mercancías Falsificadas Nº 17, de 1941, también contiene una
disposición que da cumplimiento al principio relativo a la reexportación de mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificada, que figura en el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El
apartado 15) del artículo 14 dispone que si un tribunal decretó la incautación de mercancías
importadas por considerarlas objeto de una contravención de conformidad con la Ley (por ejemplo,
por la aplicación de una descripción comercial falsa), el tribunal no permitirá la exportación de esas
mercancías en el estado en que se encuentran, salvo si considera pertinente permitir la exportación,
teniendo debidamente en cuenta las circunstancias relativas a la violación de la ley.
Esta disposición se incorporó a la Ley sobre las Marcas de Mercancías mediante la Ley de
Modificación de las Leyes de Propiedad Intelectual Nº 38, de 1997, y nuestros tribunales aún no la
han interpretado.
19. Sírvanse indicar las leyes y las ordenanzas, así como las disposiciones correspondientes,
en que se prescribe la suspensión del despacho de las mercancías infractoras de los derechos de
propiedad intelectual o de las que se sospecha que los infringen, tal como establece el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Ley de Mercancías Falsificadas Nº 37, de 1997 (por ejemplo, el artículo 15).
La Ley de Aduanas e Impuesto Especiales Nº 91, de 1964 (por ejemplo, el artículo 23).La Ley sobre las Marcas de Mercancías Nº 17, de 1941 (por ejemplo, el artículo 4).
20. Sírvanse indicar qué derechos de propiedad intelectual se protegen sobre la base de la
Demanda presentada por un titular de derecho.
La Ley de Mercancías Falsificadas se refiere a los derechos de marcas, el derecho de autor y
los derechos conferidos con arreglo al artículo 15 de la Ley sobre las Marcas de Mercancías, por
ejemplo en lo que hace a toda marca, palabra, letra, etc., que ha de utilizarse en relación con cualquieractividad comercial, negocio, profesión, ocupación o circunstancia, o en relación con una marca o
descripción comercial de mercancías.
La Ley sobre las Marcas de Mercancías se refiere a:
- las descripciones comerciales falsas aplicadas a las mercancías en sí mismas o a
cualquier embalaje, etiqueta o carrete en o con los que se vendan las mercancías;
- la venta o la oferta en venta o arrendamiento de las mercancías a las que se ha puesto
una descripción comercial falsa;
- las modificaciones (por ejemplo, la supresión) de las marcas;- los derechos conferidos en virtud del artículo 15 de la Ley, por ejemplo, qué derechos
podrán corresponder a una marca, palabra, letra o cifra o combinaciones de ellas, parasu utilización en relación con cualquier actividad comercial, negocio, profesión,
ocupación o circunstancia;
- la venta o la distribución de mercancías importadas producidas fuera de Sudáfrica,
pero que llevan el nombre de un fabricante o comerciante sudafricano, sin unaIP/Q4/ZAF/1
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indicación de origen, o que llevan una marca o descripción comercial en un idioma
oficial de Sudáfrica, sin indicación de origen;
- el uso no autorizado de ciertos emblemas, incluido el escudo de armas de Sudáfrica,
el título, nombre, retrato o efigie del Presidente o el Vicepresidente o de un Ministro,la reproducción de cualquier monumento o reliquia;
- la compra o venta de cualquier contenedor o su cierre, que indique el nombre del
propietario, o de cualquier mercancía que se encuentre en dicho contenedor.
La Ley de Aduanas e Impuestos Especiales Nº  91, de 1964 prohíbe (en el inciso g) del
apartado 1) del artículo 113) la importación de reproducciones ilícitas de obras de derecho de autor.
10
21. Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar elsolicitante al presentar una demanda.
La información que debe facilitar el titular de los derechos de propiedad intelectual para la
incautación y retención de las mercancías falsificadas importadas figura en el apartado 2) del artículo
15 de la Ley de Mercancías Falsificadas.
11
22. Sírvanse explicar las medidas que las autoridades judiciales pueden disponer en relación
con el derecho de autor y los derechos conexos, las patentes, los dibujos y modelos industriales,las marcas de fábrica o de comercio y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos
integrados, incluyendo los mandamientos judiciales, la indemnización de daños y perjuicios, la
condena al pago de los gastos y la destrucción u otra forma de eliminación de las mercancías
infractoras y los materiales y accesorios utilizados para su producción.
Con arreglo a la Ley de Patentes de 1978 (modificada), la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio de 1993 (modificada), la Ley de Derecho de Autor de 1978 (modificada) y la Ley de
Dibujos y Modelos Industriales de 1993 (modificada), así como al Reglamento sobre los
procedimientos ante el Tribunal Supremo y el Tr ibunal del Delegado de Patentes, pueden disponerse
varias medidas en los procedimientos promovidos tanto en vía principal como en vía incidental:
- mandamientos judiciales (interdictos):  pueden ordenarse con carácter provisional o por
sentencia definitiva (en vía incidental o principal);
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios:  todas las Leyes citadas prevén la
indemnización (cuya base normal consiste en la pérdida patrimonial efectivamente sufrida) o,
en su lugar, el pago de la regalía razonable que un licenciatario habría tenido que pagar por lautilización del derecho de propiedad intelectual en cuestión.  La Ley de Derecho de Autor
también contiene disposiciones sobre la condena a un resarcimiento punitivo.  Estas medidas
sólo pueden obtenerse en vía principal;
- honorarios de los abogados y gastos:  de conformidad con el Reglamento sobre los
Procedimientos ante los Tribunales, se impone invariablemente la condena a su pago en favor
del litigante vencedor, según la escala fijada por un arancel.  En ciertos casos, el tribunal
podrá imponer el pago de costas judiciales punitivas de mayor cuantía para expresar su
desaprobación ante la forma en que se ha conducido un litigante;
                                                     
10 El inciso g) del apartado 1) del artículo 113 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales figura más
adelante en el anexo 5.
11 El artículo 15 de la Ley de Mercancías Fals ificadas figura más adelante en el anexo 3.IP/Q4/ZAF/1
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- las leyes citadas también contienen disposiciones sobre la entrega de los materiales o
mercancías en infracción;
- ninguna de las leyes citadas fija con carácter exclusivo las medidas que podrán disponerse.
Los tribunales gozan de facultades propias para imponer otras formas de reparación, según las
circunstancias de cada asunto.
23. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
constituye una reparación adecuada del daño sufrido por éste, y qué criterios y método de
cálculo determinan la cuantía de la indemnización.
La base del resarcimiento de los daños y perjuicios es la pérdida patrimonial que el titular del
derecho efectivamente sufrió.  Al decidir la cuantía de los daños y perjuicios, el tribunal tendrá en
cuenta los principios sobre los delitos establecidos por la jurisprudencia sudafricana.  En lugar de
reclamar los daños y perjuicios, el titular del derecho podrá también solicitar el pago de una regalíarazonable equivalente a la que un licenciatario habría tenido que pagar.
24. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
incluye los gastos de investigación y los honorarios de los abogados que sean procedentes.
Los tribunales gozan de competencia genérica para dictar una orden de imposición de costas y
costos distinta de la imposición del resarcimiento de daños y perjuicios;  ello abarcaría los honorarios
de los abogados, así como los desembolsos y gastos efectivos, tales como los gastos de investigación.
Salvo acuerdo en contrario entre las partes, evaluará las costas un funcionario del tribunal(Taxing Master ).
25. Sírvanse indicar en qué grado han estimado los tribunales la cuantía de la
indemnización por daños y perjuicios desde el 1º  de enero de 1996.  Sírvanse explicar si la
cuantía de la indemnización constituye una repar ación adecuada del daño sufrido por el titular
de los derechos, y en qué forma se ajustan esos procedimientos civiles al artículo 45 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
Tal como se expresó anteriormente respecto de la pregunta 23, la cuantía del resarcimiento
por daños y perjuicios se basará en la pérdida efectiva que el titular de los derechos haya sufrido, y
cuyo importe deberá demostrar.  Además, la cuantía del resarcimiento que se impondrá quedará a
discreción del tribunal, que tendrá en cuenta los principios mencionados en la respuesta a la pregunta23.
26. Sírvanse explicar la naturaleza y la cuantía de las sanciones (penas de prisión o multas)
en los asuntos penales.  Sírvanse explicar igualmente si esas sanciones están en conformidad con
el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la imposición de sancionessuficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por
delitos de gravedad correspondiente.
El artículo 19 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:
"1) Toda persona condenada por uno de los delitos mencionados en el apartado 2) del
artículo 2, será pasible:
a) en el caso de la primera condena, de una multa, respecto de cada artículo o
elemento utilizado en el comercio de mercancías falsificadas a las que el delitoIP/Q4/ZAF/1
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se refiere, no superior a 5.000 rand por artículo o elemento, o de una pena
máxima de prisión de tres años, o de ambas;
b) en el caso de la segunda condena, o subsiguientes, de una multa, por cada uno
de esos artículos o elementos, no superior a 10.000 rand por artículo oelemento, o de una pena máxima de prisión de cinco años, o de ambas.
2) Toda persona condenada por uno de los delitos mencionados en el artículo 18, será
pasible de una multa o de una pena máxima de prisión de seis meses.
3) a) El tribunal que haya impuesto una condena por un delito previsto en el
apartado 2) del artículo 2 deberá tener en cuenta, al considerar la sancióncorrespondiente, entre otras cosas, cualquier riesgo para la vida de las personas
o los animales, la salud o la seguridad, o peligro para la propiedad (mueble o
inmueble), que pudiera derivarse de la presencia o el uso de las mercancías
falsificadas en cuestión.
b) Sin disminuir la facultad discrecional de los tribunales en lo que hace a la
sentencia, un tribunal que haya impuesto una condena por uno de los delitos
mencionados en el apartado 2) del artículo 2, podrá tener en cuenta, como
circunstancias atenuantes, el hecho de que el condenado haya revelado de
manera íntegra, veraz y en toda la medida de sus posibilidades lasinformaciones y detalles que estaban a su alcance a un inspector que cumplía
contra él una medida de conformidad con el apartado 1) del artículo 4, o a un
funcionario del Servicio de Policía de Sudáfrica que investigaba el delito, en
relación con una o más de las cuestiones siguientes (la que pudiera haber
correspondido a las circunstancias):
i) la fuente de la que se obtuvieron las mercancías falsificadas objeto del
delito;
ii) la identidad de las personas involucradas en la importación, exportación,
fabricación, producción o realización de esas mercancías;
iii) la identidad de las personas participantes en la distribución de esas
mercancías y, si se le ha solicitado razonablemente, su domicilio o
paradero;
iv) las vías de distribución de esas mercancías.
4) a) Mediante la publicación de un aviso en la Gaceta Oficial, el Ministro podrá
aumentar periódicamente la cuantía de las multas mencionadas en los incisos a)
y b) del apartado 1).
b) Ese aviso deberá presentarse a la Asamblea Nacional para su examen y
aprobación dentro de los 14 días siguientes a la publicación en la Gaceta
Oficial o, si la Asamblea no se encuentra en período de sesiones, dentro de
los 14 días siguientes al comienzo de su siguiente período de sesiones."
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA
1. Sírvanse explicar si, de acuerdo con el  sistema vigente en su país, los tratados
internacionales que contienen disposiciones detalladas dirigidas directamente a las autoridades
(judiciales) y no al Estado se consideran efectivas inmediatamente.  En caso contrario, cuandoIP/Q4/ZAF/1
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en su país se presenta una divergencia entre la legislación o las prácticas relativas a la
propiedad intelectual y el acuerdo internacional, ¿prevalece automáticamente este último?  De
no ser así, sírvanse explicar qué medios permiten a su país cumplir las obligaciones
internacionales.  Sírvanse citar los textos o la jurisprudencia pertinentes.
El artículo 231 de la Constitución de la República de Sudáfrica dispone lo siguiente:
"1) Incumben al Poder Ejecutivo Nacional la negociación y la firma de todos los
acuerdos internacionales.
2) La República estará obligada por un acuerdo internacional sólo tras su aprobación
mediante resolución de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Provincias,excepto si se trata de uno de los acuerdos mencionado en el apartado 3).
3) La República estará obligada por un acuerdo internacional de naturaleza técnica,
administrativa o ejecutiva, o un acuerdo que no exija ratificación ni adhesión,
celebrado por el Poder Ejecutivo Nacional, sin necesidad de aprobación por laAsamblea Nacional ni el Consejo Nacional de Provincias;  sin embargo, el acuerdo
deberá presentarse ante la Asamblea y el Consejo en un plazo razonable.
4) Todo acuerdo internacional cobrará fuerza de ley en la República cuando se sancione
como ley mediante legislación nacional;  sin embargo, las disposiciones de aplicaciónautomática de un acuerdo aprobado por el Parlamento tendrán fuerza de ley en la
República a menos que sean contrarias a la Constitución o una ley del Parlamento.
5) Seguirán en vigor los acuerdos internacionales que obligaban a la República en el
momento de entrada en vigor de la presente Constitución."
2. En el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que "… en los casos en que
proceda, el plazo mencionado [de 10 días] podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles".
¿Está prevista esta prórroga en la legislación de su país?  En caso afirmativo, sírvanse citar las
disposiciones pertinentes.  Si la respuesta es negativa, sírvanse explicar de qué modo un
solicitante puede valerse de esta posibilidad que prevé el Acuerdo sobre los ADPIC.
Actualmente no existe disposición alguna sobre esta cuestión.
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
1. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos
de propiedad intelectual a que se refiere el Acu erdo.  Sírvanse describir la estructura de los
procedimientos judiciales y administrativos12 de Sudáfrica en que las partes pueden hacer valer
su derecho de propiedad intelectual a nivel local, provincial y nacional, indicando la
competencia de cada tipo de tribunal u órgano administrativo y explicar las relaciones, si las
hubiere, entre los diversos tipos de tribunales y órganos administrativos.  Sírvanse citar las leyes
y otras disposiciones por las que se establece la estructura, con referencia a cada tipo de
tribunal y órgano administrativo.
                                                     
12 Estas preguntas se refieren tanto a la observancia judicial como a la administrativa de los derechos de
propiedad intelectual habida cuenta del artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/ZAF/1
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En Sudáfrica, la observancia de los derechos de propiedad intelectual podrá lograrse mediante
juicio por infracción ante un tribunal competente.
Los tribunales competentes en las causas por infracción de la propiedad intelectual son los
siguientes:
a) Las diversas divisiones provinciales y locales del Tribunal Supremo de Sudáfrica son
competentes en las causas sobre infracción de marcas de fábrica o de comercio,
derecho de autor y dibujos y modelos industriales.  Los juicios ante los Tribunales
Supremos se rigen por la Ley de la Corte Suprema Nº 59, de 1959 y los artículos del
Reglamento de la Corte Suprema.
b) El Tribunal del Delegado de Patentes es competente en las causas sobre infracción de
patentes (artículo 8 de la Ley de Patentes Nº 57, de 1978, artículos 76 a 100 del
Reglamento de Patentes).
c) Los juzgados de paz locales y regionales de Sudáfrica son competentes en las causas
por infracción del derecho de autor cuando la cuantía en litigio no supera
los 100.000 rand.  Sin embargo, estos tribunales "inferiores" actúan muy pocas veces,
o ninguna, en asuntos civiles sobre derechos de propiedad intelectual.  Los juicios de
los juzgados de paz se rigen por la Ley de Juzgados de Paz Nº 32, de 1944.
d) En Sudáfrica no existen órganos administrativos con competencia para la observancia
de los derechos de propiedad intelectual .
2. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia en cada uno de los tribunales y órganosadministrativos mencionados en la respuesta a la pregunta 1 y citar las disposiciones legales por
las que se han establecido esos procedimientos.
Procedimientos para las acciones por infracción
N. B. Nótese que antiguamente, en Sudáfrica, se utilizaba la denominación Corte Suprema para los
tribunales superiores;  actualmente se los de nomina Tribunales Supremos.  El tribunal de
apelaciones se denomina Corte Suprema de Apelación.
El procedimiento en las causas por infracción se ajusta a la Ley y al Reglamento sobre los
Procedimientos ante el Tribunal Supremo.
a) Con arreglo al Reglamento del Tribunal Supremo, las etapas procesales de las causas
por infracción del derecho de autor y de los dibujos y modelos industriales son las
siguientes:
1) La acción se entabla mediante emplazamiento conjunto respaldado por un
poder y una declaración (si el demandante es una empresa).  Si el poder se
otorga fuera de la República de Sudáfrica, deberá ser legalizado.  El
emplazamiento conjunto deberá ajustarse a la forma prescrita;  habrá que
adjuntarle una declaración acerca de los hechos que fundamenten la pretensión
del demandante.
2) En el plazo de 10 días hábiles (que excluyen los sábados, domingos y feriados)
a partir de la notificación al demandado del emplazamiento conjunto, o en el
plazo de 21 días si el demandado reside a más de 80 kilómetros de la estaciónIP/Q4/ZAF/1
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de ferrocarril más cercana, el demandado deberá manifestar su propósito de
contestar la demanda.
3) Tras la presentación del propósito de contestar la demanda, el demandado
dispone de un plazo de 20 días hábiles para contestar la demanda yeventualmente deducir reconvención.  Si el demandado omite contestar la
demanda y deducir reconvención dentro del plazo prescrito, el demandante
estará facultado a notificarle la exigencia de contestar la demanda en el plazo
de cinco días hábiles;  de no hacerlo, al demandado le estará prohibido
contestar.
4) Dentro del plazo de 15 días hábiles después de presentada la contestación de la
demanda y deducida la reconvención, el demandante deberá presentar su
réplica y/o contestación de la reconvención.
5) En el plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación de la réplica del
demandante y/o la contestación de la reconvención, el demandado deberápresentar su réplica a la reconvención.
6) Cualquier otra alegación deberá presentarse en un plazo de 10 días hábiles a
partir de la presentación de toda alegación precedente.
7) En el Reglamento se prevé la posibilidad, si corresponde, de obtener un
interdicto temporal (es decir, un mandamiento judicial interlocutorio), solicitar
que se anulen ciertas partes de lo actuado u oponer excepciones.
8) Tras la clausura de la sustanciación, tendrán lugar los autos interlocutorios, por
ejemplo, las declaraciones de examen judicial, por las que las partes deberán
exhibir todos los libros y documentos que pudieran ser pertinentes a la causa, la
inspección de los documentos exhibidos, la inspección de los locales o los
procedimientos, de ser necesario, el mandato para recoger la prueba en el
exterior, etc.  Conforme al Reglamento del Tribunal Supremo, es fundamental
que antes de que el abogado del demandante someta la cuestión a audiencia,
celebre una reunión previa al juicio con el abogado del demandado y con mirasa reducir la duración de la vista, por ejemplo, mediante los reconocimientos
apropiados, la exhibición de documentos, etc.  Antes del juicio, cada una de las
partes deberá presentar a la contraria un resumen de las opiniones de los peritos
en las que prevé basarse y los fundamentos de dichas opiniones, así como las
copias de todos los planos, diagramas, modelos, fotografías, etc., de que prevévalerse en el juicio.
9) Finalmente, la cuestión se somete a juicio ante el tribunal, durante el cual
declaran los testigos que serán sometidos a interrogatorio, repregunta y nuevo
interrogatorio.
Los plazos mencionados más arriba podrán ampliarse con el consentimiento de las partes, lo
que en la práctica es habitual;  en ausencia de ese consentimiento, el tribunal está facultado a
ampliarlos, cuando corresponda.
Las disposiciones pertinentes figuran en el artículo 6 del Reglamento Procesal Uniforme (para
los procedimientos incidentales) y en los artículos 17 y 19 a 29 del Reglamento, respecto de las
acciones.
13
                                                     
13 Los artículos figuran en el anexo 3 del documento IP/N/6/ZAF/1.IP/Q4/ZAF/1
Página 20
b) El procedimiento en las causas por infracción de patentes se ajusta a la legislación
sobre procedimiento civil de la Divisi ón Provincial de Transvaal del Tribunal
Supremo o, en su defecto, y si no existe disposición pertinente en la Ley de Patentes
Nº 57, de 1978, a las instrucciones ofrecidas por el Delegado de Patentes.
En virtud de los artículos pertinentes del Reglamento del Tribunal Supremo, las
etapas procesales de las acciones por infracción de patentes son las siguientes:
1) La acción se entabla mediante un emplazamiento conjunto respaldado por un
poder y una declaración (si el demandante es una empresa).  Si el poder se
otorga fuera de la República de Sudáfrica, deberá ser legalizado.  Elemplazamiento conjunto deberá ajustarse a la forma prescrita;  habrá que
adjuntarle una declaración acerca de los hechos que fundamenten la pretensión
del demandante.
2) En el plazo de 10 días hábiles (que excluyen los sábados, domingos y feriados),
a partir de la notificación al demandado del emplazamiento conjunto, o en el
plazo de 20 días si el demandado reside a más de 80 kilómetros de la estación
de ferrocarril más cercana, el demandado deberá manifestar su propósito de
contestar la demanda.
3) Tras la presentación del propósito de contestar la demanda, el demandado
cuenta con un plazo de 20 días hábiles para contestar la demanda, por ejemplo,
alegar la ausencia de infracción y la invalidez de la patente, además de deducir
eventualmente reconvención, por ejemplo, para la revocación de la patente.  Si
el demandado omite contestar la demanda y/o deducir reconvención dentro delplazo prescrito, el demandante estará facultado a notificarle la exigencia de
contestar la demanda en el plazo de cinco días hábiles;  de no hacerlo, le estará
prohibido contestar.
4) Dentro del plazo de 15 días hábiles después de presentada la contestación de la
demanda y/o deducida la reconvención, el demandante deberá presentar su
réplica y/o contestación de la reconvención.
5) En el plazo de 10 días a partir de la presentación de la réplica del demandante
y/o la contestación de la reconvención, el demandado deberá presentar su
réplica a la reconvención.
6) Cualquier otra alegación deberá presentarse en un plazo de 10 días hábiles a
partir de la presentación de toda alegación precedente.
7) En el Reglamento se prevé la posibilidad, si corresponde, de obtener un
interdicto temporal (es decir, un mandamiento judicial interlocutorio), solicitarque se anulen ciertas partes de lo actuado u oponer excepciones.
8) Una vez concluida la sustanciación, tendrán lugar los autos interlocutorios, por
ejemplo, las declaraciones de examen judicial, por las que las partes deberán
exhibir todos los libros y los documentos que pudieran ser pertinentes a lacausa, la inspección de los documentos exhibidos, la inspección de los locales o
los procedimientos, de ser necesario, el mandato para recoger la prueba en el
exterior, etc.  Conforme al Reglamento del Tribunal Supremo, es fundamental
que antes de que el abogado del demandante someta la cuestión a audiencia,
celebre una reunión previa al juicio con el abogado del demandado y con mirasIP/Q4/ZAF/1
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a reducir la duración de la vista, por ejemplo, mediante los reconocimientos
apropiados, la exhibición de documentos, etc.  Antes del juicio, cada una de las
partes deberá presentar a la contraria un resumen de las opiniones de los peritos
en las que prevé basarse y los fundamentos de dichas opiniones, así como las
copias de todos los planos, diagramas, modelos, fotografías, etc., de que prevévalerse en el juicio.
9) Finalmente, la cuestión se somete a juicio ante el Delegado de Patentes, durante
el cual declaran los testigos que serán sometidos a interrogatorio, repregunta y
nuevo interrogatorio.
Los plazos mencionados más arriba podrán ampliarse con el consentimiento de las partes, lo
que en la práctica es habitual;  en ausencia de ese consentimiento, el tribunal estará facultado a
ampliarlos, cuando corresponda.
c) Por lo general, podrán iniciarse ante el tribunal dos tipos de procedimientos en
materia de patentes, a saber, solicitudes (procedimientos incidentales) y acciones(juicios).
1) Solicitudes (procedimientos incidentales)- Una solicitud de mandamiento se presenta mediante escrito de pedimento
respaldado por declaración jurada.
- Las copias del escrito y todos los anexos se notificarán a cada uno de los
demandados.
- Si dentro del plazo previsto el demandado no da aviso de su intención de
oponerse, el solicitante podrá someter la cuestión a audiencia y procurar la
orden en la fecha determinada.
- Si el demandado tiene intención de oponerse a la solicitud, deberá notificarlo y
presentar una declaración jurada de contestación junto con los documentos que
la respaldan, de haberlos.
- Una vez presentada la declaración jurada de contestación, el solicitante podrá
presentar una declaración jurada de réplica.
- Se solicitará entonces una fecha para la vista y la cuestión se someterá a debate.- Si la solicitud no puede decidirse en forma adecuada sobre la base de las
declaraciones juradas, el tribunal podrá desestimarla o dictar cualquier orden
que considere apropiada, con miras a garantizar una decisión justa y rápida.
2) Acciones (juicios)
- La acción se inicia mediante un emplazamiento y, normalmente, va
acompañada de los detalles de la reclamación, que incluyen una declaración de
los hechos en que el demandante funda su pretensión.
- Si el demandado prevé contestar la demanda, deberá presentar el aviso
correspondiente dentro del plazo previsto.IP/Q4/ZAF/1
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- Si el demandado es extranjero, en primer lugar el demandante podrá considerar
necesario obtener un embargo preventivo sobre la propiedad de aquél en
Sudáfrica, para establecer o confirmar la jurisdicción.  En la Ley figuran
disposiciones expresas para el embargo con este fin de las marcas registradas.
- Si no se presenta el aviso de intención de contestar la demanda, el demandante
podrá solicitar que se dicte una orden sin oposición.
- Tras la presentación del aviso de intención de contestar la demanda, el
demandado deberá contestar la demanda y presentar cualquier contrademanda.
- Si el demandado no contesta la demanda en el plazo prescrito, el demandante
estará facultado a notificarle la exigencia de contestar dentro de un plazo
determinado (apercibimiento);  si omite contestar dentro del plazo, ya no le
estará permitido hacerlo.
- Tras la presentación por el demandado de la contestación de la demanda y/o de
la reconvención, podrá el demandante presentar una réplica y contestación de la
reconvención.
- Tras la presentación por el demandante de la réplica y/o la contestación de la
reconvención, deberá el demandado presentar una réplica con reconvención.
- Una vez concluida la sustanciación, existen ciertos procedimientos, incluyendo
el examen judicial (en que las partes deberán exhibir todos los documentos o
grabaciones que pudieran resultar pertinentes a la causa), la inspección de los
documentos así exhibidos, la inspección de los locales o los procedimientos, deser necesario, la solicitud de detalles pertinentes al juicio y los mandatos de
recolectar la prueba en el exterior.
- Antes de someter el asunto a audiencia, el abogado del demandante deberá
celebrar una reunión con el demandado, con miras a reducir la duración de la
audiencia.
- Antes del juicio, cada parte deberá presentar a la contraria un resumen de las
opiniones de los peritos en las que prevé basarse y los fundamentos de dichas
opiniones, así como copias de todos los planos, diagramas, modelos,
fotografías, etc., de que prevé valerse en el juicio.
- Finalmente, la cuestión se someterá a juicio, durante el cual declararán los
testigos, que serán sometidos a interrogatorio, repregunta y nuevo
interrogatorio.  Ambas partes podrán fundamentar las pretensiones respectivas,
que el juez escuchará y tendrá en cuenta para pronunciar su dictamen.
3. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales y órganos administrativos mencionados en la
respuesta a la pregunta 1 que no se exija de un nacional de Sudáfrica, o de un residente en ella,
y citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.
Para iniciar los procedimientos destinados a hacer efectiva la observancia no se exige a una
parte extranjera el cumplimiento de requisito alguno que no se aplique a un nacional o residente en
Sudáfrica, excepto en el caso en que la parte local está facultada a solicitar que se constituya una
garantía (bancaria) para el pago de las costas en caso de que éstas se impongan a la parte extranjera.IP/Q4/ZAF/1
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4. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula el establecimiento de sa lvaguardias contra el abuso de los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia, previéndose que se indemnizará adecuadamente por el daño
sufrido a causa de tal abuso.  Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes de
Sudáfrica a fin de evitar el abuso de los procedimientos judiciales y administrativos y deindemnizar por los daños sufridos como resultado de tal abuso y citar las disposiciones legales
relativas a dichos medios.
No existen disposiciones expresas sobre indemnización en caso de abuso de los
procedimientos de observancia.  Sin embargo, si una parte es demandada indebidamente o se le
impone indebidamente una obligación en procedimie ntos judiciales civiles, podrá obtener que los
procedimientos se archiven y que se condene al promotor a pagarle sus costas judiciales (según laescala punitiva, si corresponde) y la indemnización de cualquier perjuicio que haya sufrido.  Además,
en ciertos casos, el tribunal podrá exigir que el demandante constituya garantía respecto de las costas,
los perjuicios o ambos conceptos.
5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entre otras cosas, al costo de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sí rvanse informar acerca de cualesquiera tasas
cobradas por las autoridades judiciales y administrativas para iniciar las acciones legales en
materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar
las disposiciones legales en las que se establecen dichas tasas y suministrar copias de los
documentos utilizados para informar al público acerca de ellas.
No se prevén tasas judiciales para iniciar o continuar las acciones relativas a los derechos de
propiedad intelectual, con excepción de la tasa de justicia, pagadera al emitirse el emplazamiento (y
que es la misma para todas las causas, también las que no versan sobre propiedad intelectual).
6. En el párrafo 2 del artículo 41 se trata asimismo de la rapidez de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sírvanse citar las disposiciones legales por las que
se establecen los plazos para los procedimientos judiciales y administrativos y, si aún no se ha
hecho, proporcionar copias de las leyes o reglamentos pertinentes.
a) No existen disposiciones expresas que rijan la duración ni el costo de los
procedimientos judiciales.  El Reglamento Procesal fija plazos precisos para lasdiferentes etapas del procedimiento civil.  Podrán acordarse prórrogas convenidas
entre las partes, o el tribunal podrá concederlas o convalidar el cumplimiento tardío
de determinados actos cuando las circunstancias lo justifiquen, lo que prolonga la
duración de los procedimientos.
b) Los plazos fundamentales están fijados en el artículo 6 del Reglamento Procesal
Uniforme (para los procedimientos incidentales) y en los artículos 17 y 19 a 29 del
Reglamento, respecto de las acciones.
14  No se dispone de datos estadísticos sobre la
duración real de los procedimientos y su costo.
7. Sírvanse explicar cualesquiera disposiciones del sistema de observancia de Sudáfrica
que garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sírvanse explicar qué disposiciones existen a
fin de evitar las demoras deliberadas en que incurran las partes en un procedimiento e indicar
las circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
Véase la respuesta a la pregunta 6, supra .
                                                     
14 Esos artículos figuran en el anexo 3 del documento IP/N/6/ZAF/1.IP/Q4/ZAF/1
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8. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las
decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar
mejor el razonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo
de tribunal u órgano administrativo mencionado en la pregunta 1, si los jueces o funcionarios
administrativos deben presentar sus decisiones por escrito y citar las disposiciones legales enque se requieren esas opiniones escritas.
Los procedimientos ante el Tribunal Supremo se registran electrónicamente y los litigantes
podrán solicitar transcripciones de esos registros.  Generalmente las decisiones se emiten por escrito.
9. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de
un caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes laoportunidad de ser oídas.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal u órgano
administrativo mencionado en la pregunta 1, qué factores pueden ser tenidos en cuenta por un
juez o un funcionario administrativo al adoptar una decisión y citar las disposiciones legales que
establecen la base sobre la cual pueden adop tar sus decisiones los jueces y funcionarios
administrativos.
Tal como se indica en la respuesta a la pregunta 2, más arriba, por lo general en los
procedimientos incidentales la prueba se presenta mediante declaración jurada, a menos que el
Tribunal indique otra cosa.  En los juicios la prueba se presenta verbalmente.  La prueba pericial, al
igual que las copias de planos, diagramas, etc., deberá ponerse a disposición de la otra parte antes deljuicio.  Los testigos que declaren verbalmente serán sometidos a repregunta.
Para emitir su dictamen, en primer lugar el juez evaluará la prueba producida, pero podrá
tener en cuenta otras leyes del país, por ejemplo, las disposiciones de la Constitución de Sudáfrica.
10. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán
obligados a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judiciales y
administrativas en los procedimientos de obser vancia de los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse describir qué limitaciones jurídicas, si las hubiere, se imponen a la capacidad de una
de las partes en un procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual para
lograr que otra autoridad judicial proceda a la revisión tanto de las decisiones en materia de
procedimiento como de las decisiones finales, y citar las disposiciones legales en que se estipulandichas revisiones.
Todos los fallos y decisiones definitivas de los tribunales sudafricanos sobre el fondo de una
cuestión podrán ser objeto de revisión y/o apelación, con la excepción de los interdictos temporales
(mandamientos interlocutorios).
En la situación jurídica actual de Sudáfrica, un mandamiento interlocutorio (interdicto
temporal) no será objeto de revisión ni apelación.  Esta situación no está en conflicto con el párrafo 4
del artículo 41, puesto que la decisión relativa a un mandamiento interlocutorio no es una decisión
sobre el fondo de una cuestión.  Un mandamiento interlocutorio se basa en el equilibrio entre lasventajas e inconvenientes, y no hay decisión sobre el fondo de una cuestión.  Para que se le conceda
un interdicto temporal, el demandante simplemente deberá demostrar que existe prima facie  un
derecho respecto del cual se comete o se está por cometer una infracción, y que el equilibrio entre las
ventajas e inconvenientes privilegia la concesión de un interdicto temporal hasta la conclusión del
procedimiento principal.
Además, un mandamiento interlocutorio es precisamente eso, es decir una orden temporal que
se dicta en espera de las medidas siguientes del tribunal;  si esas medidas no se dictan dentro de un
plazo razonable, el mandamiento interlocutorio podrá revocarse.  Por lo general, la orden indica unIP/Q4/ZAF/1
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plazo dentro del cual deberán demostrarse las razones por las que el interdicto temporal no debería
pasar a ser permanente, y crea así una oportunidad para que el demandado fundamente su pretensión.
El sistema incluye una salvaguardia contra su abuso, pues el tribunal deberá estar convencido
de que el equilibrio entre las ventajas e inconvenientes privilegia la concesión de dicho interdicto y, alconsiderar este aspecto, el tribunal tendrá en cuenta, entre otras cosas, la condición y la situación
financiera de ambas partes, y tomará la decisión sobre la base de la menor injerencia en las
actividades de una parte.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
11. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los procedimientos seguidos en cada tipo de tribunal y órgano
administrativo mencionado en la pregunta 1 para notificar a las partes demandadas los
procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información comunicada acerca
del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen estosprocedimientos.
En los casos de procedimientos por infracción, mediante solicitud o acción, el
solicitante/demandante deberá notificar a cada demandado el escrito de pedimento o el
emplazamiento conjunto.  Deberá demostrarse al tribunal que se ha efectuado la notificación en ladebida forma.  Por lo general, el acuse de recibo de la notificación se efectuará en el aviso original del
escrito de pedimento/emplazamiento, mediante la firma del demandado o su representante.
12. En el artículo 42 se estipula también que las partes en los procedimientos de observancia
de los derechos de propiedad intelectual podrán  estar representadas por un abogado y no se les
impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales.
Sírvanse describir cualesquiera limitaciones que existen con arreglo a las leyes de Sudáfrica a la
capacidad de una de las partes en dicho procedimiento para estar representada por un abogado
independiente y cualquier obligación que se imponga a la parte para que comparezca
personalmente en un procedimiento.  Sírvanse citar las disposiciones legales por las que se
establecen dichas limitaciones y se imponen esas obligaciones.
Las partes podrán representarse por sí mismas ante el Tribunal Supremo, o podrán hacerse
representar por un abogado (con derecho de comparecencia) o un defensor del Tribunal Supremo de
Sudáfrica.
No se exige la comparecencia personal.  Si el titular del derecho debe presentar una prueba
fundamental en un juicio, deberá comparecer en persona a ese efecto.
Véanse también: el apartado 3) del artículo 19 de la Ley de Patentes Nº 57, de 1978;
el artículo 13 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales Nº 195,
de 1993.
13. Con arreglo al artículo 42, las partes estarán facultadas para sustanciar sus alegaciones
y presentar las pruebas pertinentes.  Sírvanse describir cualesquiera limitaciones previstas en
las leyes de Sudáfrica a la capacidad de una de las partes de sustanciar una alegación o depresentar pruebas pertinentes y citar las disposiciones legales que establecen dichas
limitaciones.
En el campo del derecho de la propiedad intelectual, no existen las limitaciones previstas en
la presente pregunta.  Sin embargo, figuran algunas disposiciones de protección, tales como las delIP/Q4/ZAF/1
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apartado 3) del artículo 67 de la Ley de Patentes Nº 57, de 1978, que prescriben que una persona no
deberá divulgar información secreta sobre procedimientos, si el Delegado de Patentes considera que
no sería razonable que lo hiciese, en los casos de una mercancía presuntamente infractora elaborada
según un procedimiento destinado a obtener un nuevo producto.15
14. En el artículo 42 se estipula, con una pequeña excepción, que deberán preverse mediospara identificar y proteger la información confid encial durante los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.  Sírvanse describir los
medios previstos en las leyes de Sudáfrica para que las partes identifiquen y protejan la
información confidencial que debe presentarse a fin de probar sus alegaciones y citar las
disposiciones legales en que se establece dicha identificación y protección.
El Tribunal Supremo y el Tribunal del Delegado de Patentes, en ejercicio de las facultades
que les son propias, pueden disponer la protección de las informaciones confidenciales aportadas
como prueba.
El litigante que quiera proteger esa información podrá solicitar al Tribunal (si no logra un
acuerdo con la contraparte) que adopte las disposiciones del caso.  La experiencia indica que los
tribunales generalmente respaldan tales gestiones en los casos pertinentes.
En el artículo 67 de la Ley de Patentes de 1978, también figuran ciertas disposiciones sobre la
no divulgación de los procedimientos secretos.
15
15. En el párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que lasautoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que una de las partes en un
procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual aporte la prueba
pertinente que se encuentre bajo su control y que  haya sido identificada por la parte contraria
cuando esta última haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga para
sustentar sus alegaciones.  Sírvanse describi r cómo, y en qué condiciones, los jueces y
funcionarios administrativos pueden ordenar que se aporten pruebas pertinentes en los
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual y citar las disposiciones
legales relativas a dichas órdenes.
El examen judicial y la presentación de los documentos y las grabaciones ante el Tribunal
Supremo de Sudáfrica y el Tribunal del Delegado de Patentes, se rigen por el artículo 35 del
Reglamento Procesal Uniforme.
16
Sólo se ordenará el examen judicial tras el comienzo de los procedimientos y generalmente
sólo después de concluida la sustanciación.
En los casos especiales (tales como la situación " Anton Piller "), el tribunal podrá ordenar, a
petición de parte y sin notificar a la contraria, que determinados elementos de prueba se pongan en
posesión de un Oficial de Justicia para su conservación hasta la instauración de demanda civil.
Las normas relativas a las órdenes del tipo Anton Piller  están incluidas en el artículo 1117 de
la Ley de Mercancías Falsificadas Nº 37, de 1997.
                                                     
15 El artículo 67 de la Ley de Patentes figura en el anexo  2 del documento IP/N/6/ZAF/1.
16 El artículo 35 figura en el anexo 1 del documento IP/N/6/ZAF/1.
17 El artículo 11 de la Ley de Mercancías Fals ificadas figura más adelante en el anexo 2.IP/Q4/ZAF/1
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16. La información cuya aportación puede ordenarse, a que se hace referencia en la
pregunta 15, debe estar protegida si tiene un cará cter confidencial.  Sírvanse describir los
medios existentes en las leyes de Sudáfrica a fin de proteger dicha información y citar la
disposición legal en la que se establece dicha protección, si esos medios difieren de los que se han
descrito en la respuesta a la pregunta 14.
Véase la respuesta a la pregunta 14, más arriba.
17. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue
el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales o administrativas, esas
autoridades estarán facultadas para formular determinaciones preliminares y definitivas
contrarias a dicha parte.  Sírvanse describir qué sanciones puede imponerse a una parte que seha negado a aportar la información como se había ordenado y en qué condiciones se imponen
las sanciones mencionadas, citando la disposición legal en que se prescriben dichas sanciones.
Las autoridades judiciales de Sudáfrica vacilan mucho antes de ordenar a las personas que
revelen, verbalmente o por declaración escrita, información privada (a diferencia de la exhibición dedeterminados documentos y pruebas, por examen judicial, o en situaciones especiales en que se
disponen medidas sin conocimiento previo de la parte contraria).  Generalmente esa práctica, aplicada
en los procedimientos civiles, es inconstitucional con arreglo a la Constitución de Sudáfrica.  En el
ámbito penal, la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 contiene ciertas disposiciones sobre la
revelación de informaciones por el demandado.
18. En el párrafo 1 del artículo 44 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción o
para conseguir este resultado de otra manera, entre otras cosas impidiendo que los productos
infractores entren en los circuitos comerciale s de su jurisdicción.  Sírvanse describir la
autoridad de que disponen los jueces y los funcio narios administrativos a que se hace referencia
en la pregunta 1 para ordenar a las partes que desistan de sus infracciones y para impedir que
los productos infractores entren en los circuitos  comerciales de su jurisdicción, inmediatamente
después del despacho de aduana de los mismos.  Además, sírvanse citar las disposiciones legales
por las que se autorizan estas medidas.
Los tribunales sudafricanos correspondientes están facultados a conceder un interdicto
(mandamiento judicial) destinado a poner fin a la infracción y a impedir que las mercancías
infractoras entren en el mercado y, en general, en los circuitos comerciales, mediante la prohibición
de la venta y/o la oferta en venta de dichas mercancías.  Asimismo, los tribunales podrán ordenar la
entrega de las mercancías infractoras;  en el caso de infracción de una marca, la eliminación de la
marca infractora de todos las mercancías o, si ello es imposible, la entrega de dichas mercancías.
Véanse, por ejemplo: el apartado 3) del artícul o 65 de la Ley de Patentes Nº 57, de 1978;
el apartado 3) del artículo 34 de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio Nº 194, de 1993;
el apartado 1) del artículo 24 de la Ley de Derecho de Autor Nº 98,
de 1978;
el apartado 3) del artículo 35 de la Ley de Dibujos y Modelos
Industriales Nº 195, de 1993.IP/Q4/ZAF/1
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19. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1
con referencia a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno,
limitándose el recurso contra la infracción  al pago de una compensación adecuada de
conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las
limitaciones a los recursos de esta clase que existen en las leyes de Sudáfrica y citar lasdisposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.
Las disposiciones siguientes de la legislación sudafricana sobre propiedad intelectual son
pertinentes a la materia en cuestión:
Ley de Patentes Nº 57, de 1978:
- artículo 4 el uso con fines de interés público por un Ministro (de momento, aún
no se ha invocado este artículo);
- artículo 55 una licencia obligatoria en el caso de una patente dependiente (no se
dispone de registros de solicitudes concedidas en virtud de esteartículo);
- artículo 56 una licencia obligatoria en el caso de abuso de los derechos de
patente (no existen registros de solicitudes concedidas);
- artículo 78 el Ministro (de Comercio e Industria) podrá adquirir una invención o
una patente en nombre del Estado (aún no se ha invocado).
- artículo 79 El Ministro de Defensa podrá adquirir en nombre del Estado una
invención o una patente respecto de armamentos o definida en la Leyde desarrollo y producción de armamentos de 1968 (aún no se ha
invocado).
- El inciso C) del artículo 15 de la Ley de control de medicamentos y sustancias afines
Nº 101, de 1965:  el Ministro de Salud podrá decidir que ciertos derechos de patente
no se aplicarán a determinados medicamentos (la Ley se aprobó, pero aún no entró en
vigor).
Ley de Dibujos y Modelos Industriales Nº 195, de 1993:
- artículo 21 una licencia obligatoria en el caso de abuso de los derechos de un
dibujo o modelo (aún no se ha invocado);
Ley de Derecho de Autor Nº 98, de 1978:
- artículo 45 el Ministro (de Comercio e Industria) podrá dictar normas que
prohíban o autoricen la distribución, presentación o exhibición deciertas obras (aún no se ha invocado);
- artículo 45A el Ministro podrá dictar normas relativas a la reproducción o
adaptación de ciertas obras de arte (este artículo aún no ha entrado en
vigor).IP/Q4/ZAF/1
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20. En el párrafo 1 del artículo 45 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un
resarcimiento adecuado para compensar el daño que  éste haya sufrido debido a una infracción.
Sírvanse describir la autoridad de los jueces y de los funcionarios administrativos a que se hace
referencia en la pregunta 1 para ordenar a una parte considerada como infractora que pague altitular del derecho un resarcimiento adecuado pa ra compensar el daño que éste haya sufrido
debido a una infracción.  Sírvanse explicar los fact ores que se tienen en cuenta al fijar el monto
del resarcimiento y citar las disposiciones legales que autorizan las órdenes sobre el pago de
resarcimientos.
De conformidad con la Ley de Patentes de 1978 (modificada), la Ley de Marcas de Fábrica o
de Comercio de 1993 (modificada), la Ley de Derecho de Autor de 1978 (modificada) y la Ley deDibujos y Modelos Industriales de 1993 (modificada) y el Reglamento Procesal del Tribunal Supremo
y del Tribunal del Delegado de Patentes, estos tribunales están facultados, en casos de infracción, a
imponer el resarcimiento de los daños y perjuicios a la parte que cometió la infracción.  Todas las
leyes citadas prevén la indemnización de los daños y perjuicios (cuya base normal consiste en la
pérdida patrimonial efectivamente sufrida) o, en su lugar, el pago de la regalía razonable que unlicenciatario habría tenido que pagar por la utilización del derecho de propiedad intelectual en
cuestión.  La Ley de Derecho de Autor también contiene disposiciones (el apartado 3) del artículo 24)
sobre la condena a un resarcimiento punitivo.  Estas medidas sólo pueden obtenerse en vía de acción.
Asimismo, los tribunales están facultados a ordenar que se realice una investigación de los
daños sufridos, con el fin de determinar la cuantía de la indemnización o la regalía que habrá de
imponerse.
21. En el párrafo 2 del artículo 45 se estipula que los jueces y los funcionarios
administrativos estarán facultados para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho,que pueden incluir los honorarios de los abogados.  Sírvanse describir la autoridad de los jueces
y funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar el pago
de los gastos del titular del derecho, las condiciones en que puede dictarse dicha orden, los
factores que se tienen en cuenta al fijar el mo nto de los gastos, y citar las disposiciones legales
por la que se autorizan dichos pagos.
La competencia propia de los tribunales los faculta a condenar en costas y costos a favor de la
parte vencedora, y los costos comprenderían, normalmente, los honorarios de los abogados y los
desembolsos o gastos.  En virtud del Reglamento sobre los procedimientos ante los tribunales, se
impone invariablemente la condena a su pago en favor del litigante ganador, según la escala fijada por
un arancel.  En ciertos casos, el tribunal podrá imponer el pago de costas judiciales punitivas de
mayor cuantía para expresar su desaprobación ante la forma en que se ha conducido un litigante.
22. En el artículo 46 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán
facultados para ordenar, en ciertas circunsta ncias, otros recursos, en particular que las
mercancías sean apartadas de los circuitos come rciales, o que sean destruidas así como que se
destruyan los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para laproducción de los bienes infractores.  Sírvanse describir los demás recursos disponibles con
arreglo a las leyes de Sudáfrica, las condiciones en que puede ejercerse dicha autoridad, los
factores que se tienen en cuenta al determinar el  carácter de los recursos disponibles, y citar las
disposiciones legales relativas a dichos recursos.
La Ley de Patentes, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, la Ley de Dibujos y
Modelos Industriales y la Ley de Derecho de Autor de Sudáfrica prevén los recursos siguientes, que
podrán ordenarse en los procedimientos por infracción, a saber:IP/Q4/ZAF/1
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- interdictos (mandamientos judiciales);
- daños y perjuicios (véase la respuesta a la pregunta 20);- entrega de las mercancías infractoras (véase la respuesta a la pregunta 18, más arriba).En esas cuatro normas de propiedad intelectual no se prevé expresamente que el propósito de
la orden de entrega de las mercancías infractoras sea su destrucción.
23. En el artículo 47 se estipula que los Miembros de la OMC podrán autorizar a los jueces
y a los funcionarios administrativos para que ordenen a los infractores que informen a los
titulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en laproducción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución.  Sírvanse describir toda autoridad de que dispongan los jueces y funcionarios
administrativos con arreglo a las leyes de Sudáfrica para ordenar a los infractores que informen
a los titulares de los derechos sobre la identi dad de los terceros que hayan participado en la
producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos dedistribución, y describir las condiciones en que pue de ejercerse esa autoridad.  Sírvanse citar las
disposiciones legales relativas a dichos recursos.
Los tribunales sudafricanos, especialmente en las situaciones en que se disponen medidas sin
conocimiento de la parte contraria, gozan de competencia propia para conceder una orden Anton
Piller  destinada a obtener la exhibición de determinados documentos y pruebas.  En el ámbito penal,
la Ley de Mercancías Falsificadas Nº 37, de 1997, contiene ciertas disposiciones relativas a la
divulgación de información por un demandado, incluida la referente a la identidad de quien suministró
las mercancías falsificadas en cuestión o la fuente de la que se obtuvieron.  Esta Ley prescribe ciertas
salvaguardias para impedir el abuso de esas facultades.  A este respecto, véase la disposición delartículo 5 de la Ley de Mercancías Falsificadas.
18
Esa Ley también prevé la concesión de una orden de tipo Anton Piller  para autorizar la
realización de registros para el embargo de elementos de prueba, antes de la demanda civil.  Dicha
orden podrá dictarse sin noticia previa de la contraparte.  A este respecto, véase el artículo 11 de la
Ley de Mercancías Falsificadas.19
24. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto alas autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a
medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de
buena fe para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.  Sírvanse explicar toda exención
de las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad por abuso en losprocedimientos de observancia, describir las circunstancias en que no se aplicarían dichas
limitaciones, y citar las disposiciones legales  con arreglo a las cuales se conceden esas
exenciones.
En la Ley de Mercancías Falsificadas Nº 37, de 1997, figuran disposiciones sobre ciertas
exenciones respecto de los inspectores (tal como se define el concepto).  Esos inspectores o el Estado
serán responsables sólo si actuaron con culpa grave o de mala fe.  A este respecto, véase el artículo
17.
20
                                                     
18 El artículo 5 de la Ley de Mercancías Fals ificadas figura más adelante en el anexo 1.
19 El artículo 11 de la Ley de Mercancías Fals ificadas figura más adelante en el anexo 2.
20 El artículo 17 de la Ley de Mercancías Fals ificadas figura más adelante en el anexo 4.IP/Q4/ZAF/1
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Medidas provisionales
25. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y
eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad
intelectual.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados en
el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse informar acerca de las
medidas provisionales de que se dispone a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse citar la disposición legal pertinente por la que se establecen estos recursos
provisionales.
En Sudáfrica, no existen disposiciones provisionales ni procedimientos administrativos sobre
el fondo de los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual.
Respecto de todos los derechos de propiedad intelectual indicados en el párrafo 2 del
artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, están disponibles las siguientes medidas judicialesprovisionales:
a) el otorgamiento de mandamientos urgentes y provisionales en casos de infracción de
derechos de propiedad intelectual en que exista urgencia.  La facultad de dictar tales
medidas deriva de las facultades propias del Tribunal Supremo y del Tribunal delDelegado de Patentes;
b) la realización de registros y el embargo de elementos de prueba, antes de la demanda
civil, para preservar tales pruebas en relación con la infracción de derechos de
propiedad intelectual.  Estas medidas pueden otorgarse a pedido de parte y sinnotificación de la contraria conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de
Mercancías Falsificadas de 1997.
19  Del mismo modo pueden otorgarse medidas
análogas fundadas en el common law  y en las facultades y la competencia propias de
los tribunales.
c) el examen judicial de documentos y grabaciones antes de darse por clausurada la
sustanciación, mediante autorización del tribunal, si se acredita fundamento
suficiente.
26. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán autorizadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas
y eficaces destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presuntainfracción.  Sírvanse determinar las medidas provisionales de que se dispone para preservar las
pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción y citar la disposición legal
pertinente.
Tampoco existen disposiciones relativas a la concesión por las autoridades administrativas de
medidas destinadas a preservar la prueba en caso de infracción de los derechos de propiedad
intelectual.
a) El artículo 35 del Reglamento Procesal Uniforme
21 se ocupa del examen judicial y
presentación de documentos y grabaciones ante el Tribunal Supremo de Sudáfrica yel Tribunal del Delegado de Patentes.  El examen judicial sólo podrá ordenarse
                                                     
21 El artículo 35 del Reglamento figura en el anexo 1 del documento IP/N/6/ZAF/1.IP/Q4/ZAF/1
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después de la iniciación de los procedimientos y, por lo general, sólo se ordena
después de clausurada la sustanciación.
b) En casos especiales (como las situaciones " Anton Piller "), el tribunal podrá ordenar a
pedido de parte y sin notificar a la contraria que determinados elementos de prueba sepongan en poder de un Oficial de Justicia para su conservación hasta la instauración
de demanda civil.  El tribunal goza de esta prerrogativa en virtud de la competencia y
las facultades que le son propias.
c) En los casos de mercancías falsificadas que infringen el derecho de autor y el derecho
de marcas, el artículo 11
22 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 prevé ciertas
facultades en las situaciones de tipo Anton Piller .
27. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se esti pula que los Miembros podrán facultar a las
autoridades judiciales y administrativas para que adopten medidas provisionales sin haber oído
a la otra parte.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados
en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir brevemente lascircunstancias en que las autoridades judiciales y administrativas están facultadas para adoptar
medidas provisionales sin haber oído a la otra parte y citar la disposición legal pertinente.
Las medidas que se toman sin haber oído a la otra parte están previstas en el artículo 11 de la
Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 (la denominada "orden Anton Piller  legislativa");
22  podrá
también dictarlas el tribunal, en virtud de las facultades y la competencia que le son propias (la
denominada "orden Anton Piller  jurisprudencial").  Las medidas provisionales previstas en la Ley
sobre Mercancías Falsificadas podrán invocarse en los casos de comercio de mercancías falsificadas;
los procedimientos previstos en el derecho anglosajón no se limitan a los derechos de propiedad
intelectual y, por lo general, podrán utilizarse si se teme que la prueba se oculte o destruya.
Estas órdenes (tanto la legislativa como la jurisprudencial) se describen detalladamente en
una sección de un artículo redactado por un abogado sudafricano de la propiedad intelectual.23
28. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se es tipula que las autoridades judiciales y los
órganos administrativos estarán facultados pa ra adoptar medidas provisionales cuando haya
probabilidad de que cualquier retraso cause "d año irreparable" al titular de los derechos.
Sírvanse describir brevemente los elementos que  requieren las autoridades mencionadas en las
respuestas de las preguntas 25, 26 y 27 para establecer la existencia del "daño irreparable" al
titular de los derechos.
La legislación sudafricana establece una distinción clara entre los interdictos/mandamientos
judiciales interlocutorios y definitivos.  En general, se acepta que deberán cumplirse los requisitos
siguientes para poder obtener un interdicto interlocutorio o provisional:
a) la presunción de un derecho, aunque quepa alguna duda;
b) el temor fundado de que se produzca un daño irreparable si no se concede el
mandamiento interlocutorio y, finalmente, se concede la reparación definitiva;
c) la ponderación de ventajas e inconvenientes deberá privilegiar la concesión del
mandamiento interlocutorio;  y
                                                     
22 El artículo 11 de la Ley de Mercancías Fals ificadas figura más adelante en el anexo 2.
23 El artículo figura en el anexo 5 del documento IP/N/6/ZAF/1.IP/Q4/ZAF/1
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d) la falta de cualquier otra medida satisfactoria.
En las causas sobre propiedad intelectual, generalmente el daño irreparable será de índole
económica.  El temor del daño irreparable deberá ser objetivamente razonable.
29. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales y
los órganos administrativos estarán facultados para adoptar medidas provisionales cuando haya
un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas".  Sírvanse describir brevemente qué
factores tienen en cuenta las autoridades comp etentes para determinar si existe un "riesgo
demostrable de destrucción de pruebas".
En el contexto de la concesión de una orden Anton Piller  legislativa, de conformidad con el
artículo 11 de la Ley sobre Mercancías Falsificadas, el tribunal deberá estar convencido de que:
a) es probable que se frustre el derecho del solicitante al examen judicial de los
documentos en los procedimientos normales, ya sea por la naturaleza de lasmercancías falsificadas o por otras circunstancias;  o
b) en caso de seguirse o aplicarse los procedimientos judiciales normales, es probable
que las mercancías correspondientes a las cuestiones planteadas en ellos, o pruebas
relacionadas con operaciones o actos de comercio con esas mercancías, se destruyan,alteren, coloquen o retiren de tal manera que el solicitante se vea efectivamente
impedido de tener acceso a ellas.
En el contexto de la concesión de una orden Anton Piller  jurisprudencial, el solicitante deberá
demostrar que existe un temor real y fundado de que se oculte o destruya la prueba pertinente, o quedesaparezca de alguna forma para el momento en que el asunto o llegue a la etapa en que podría
exigirse su presentación para el examen judicial.
Véase Shoba  contra OC, Temporary Police Camp , Wagindrift Dam  1995 (4) SA 1 (A), en
fojas 15;  el dictamen es del Juez Corbett.
30. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin de
establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y
que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción.  Con respecto a cada
derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los
ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer sucarácter de titular del derecho.
Para conceder un mandamiento judicial temporal o provisional, nuestros tribunales exigen al
solicitante que demuestre prima facie su pretensión, es decir, que demuestre la presunción de un
derecho y que es probable que la decisión final le sea favorable, aunque quepa considerar que esaprobabilidad no es fuerte.  Véase Ferreira  contra Levin NO  1995 (2) SA 813 (W), en fojas 832.
31. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar que se aporte una fianza o garantía
equivalente para proteger al demandado.  Con respecto a cada derecho de propiedad intelectualdeterminado en el párrafo 2 del artículo 1 de l Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar la
disposición legal por la que se establece una fianza o garantía equivalente.
Entre las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado en
estas situaciones figura el requisito aplicado generalmente de que el solicitante de esas medidasIP/Q4/ZAF/1
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constituya garantía respecto de las costas y los eventuales perjuicios.  Además, en el caso de los
procedimientos correspondientes al artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 (y los
procedimientos equivalentes fundados en el régi men común) el acusado o demandado tendrá derecho
a que se adelante la fecha de comparecencia en re lación con cualquier orden dispuesta por el tribunal,
mediante solicitud formulada con 24 horas de anticipación, con miras a dejar sin efecto la orden.
32. En el párrafo 4 del artículo 50 se estipula que se notificará a las partes cuando se hayan
adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte.  Sírvanse describir brevemente
los procedimientos seguidos por cada autoridad que pueda adoptar dichas medidas a fin de
notificar a las partes afectadas y señalar el plazo en que debe efectuarse la notificación.
Si se obtiene una medida provisional a petición de parte y sin haber oído a la contraria, sobre
la base del régimen común (por ejemplo, mediante un mandamiento Anton Piller  o en caso de
urgencia), el tribunal dispondrá, en el propio mandamiento, la forma de notificar al demandado.  Por
ejemplo, podrá tratarse de un mandamiento condicional que ordene que el demandado manifieste el
día de comparecencia las razones por las que un interdicto provisional no debería mantenerse en vigor
hasta la decisión sobre la acción principal.  La fecha de comparecencia para un mandamiento apetición de parte y sin notificar a la contraria podrá anticiparse mediante aviso previo con 24 horas de
antelación.
En la causa Shoba  (véase más arriba), el tribunal incluyó en su mandamiento los párrafos
siguientes:
a) que el abogado del solicitante presente ante este tribunal una declaración jurada
exponiendo de qué manera se ejecutó la orden, qué parte de los locales se inspeccionó
y las observaciones del abogado del solicitante durante el transcurso de esa
inspección;  y que se dé traslado a los demandados de una copia de esa declaraciónjurada, junto con los documentos presentados en ese procedimiento, así como del
mandamiento del tribunal;
b) que cualquier parte interesada está autorizada a solicitar ante este tribunal, mediante
un aviso por escrito con 24 horas de antelación, como mínimo, que se modifique o
deje sin efecto la orden, o que se conceda cualquier otra medida pertinente;  y a
presentar las declaraciones juradas que pudieran ser necesarias a ese respecto.
En lo relativo al mandamiento Anton Piller  legislativo, se ocupa de esos aspectos el
apartado 5) del artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas.
24
33. En el párrafo 4 del artículo 50 se requiere también que, a petición del demandado, seproceda a una revisión con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse las
medidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente los procedimientos que debe seguir un
demandado para iniciar los procedimientos de revisión ante cada una de las autoridades que
pueden adoptar dichas medidas y precisar el plazo en que deben iniciarse esos procedimientos.
Véase la respuesta a la pregunta 32, más arriba.
34. En el párrafo 5 del artículo 50 se estipula que se facultará a las autoridades competentes
para que exijan a los demandantes que presenten cualquier otra información necesaria para la
identificación de las mercancías en relación con las cuales la autoridad debe poner en ejecución
las medidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente qué otra información pueden
                                                     
24 El artículo 11 de la Ley de Mercancías Fals ificadas figura más adelante en el anexo 2.IP/Q4/ZAF/1
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requerir las autoridades y citar la disposición legal por la que se establece la base de esta
información complementaria.
Si se dicta un mandamiento interlocutorio, habitualmente los tribunales especificarán en la
orden que el emplazamiento para responder a la acción principal se emita según el orden prescrito.
Al ejercer sus facultades discrecionales para dictar una medida provisional, los tribunales
podrán imponer ciertas condiciones razonables, como, por ejemplo, que si no se inicia la acción
principal o el demandante omite probar sus alegaciones en ésta, se asuma la responsabilidad hacia el
demandado por los daños y perjuicios sufridos.
Véase Hillman Bros (West Rand) Pty Ltd  contra Van den Heuvel  1937 WLD 41;  Chopra
contra  Sparks Linemas (Pty) Ltd  1973 (4) SA 372 (D);  y Stellenbosch Wine Trust Ltd contra Oude
Meester Group Ltd  1977 (2) SA 221 (C).
35. En los párrafos 6 y 8 del artículo 50 se estipula que si el procedimiento conducente a una
decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, las medidas provisionalesadoptadas por las autoridades competentes se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a
petición del demandado.  Sírvanse indicar las disposiciones pertinentes de las leyes de Sudáfrica
por las que se autoriza la revocación o la suspensión de las medidas provisionales si los
procedimientos de revisión no se inician dentro de un plazo razonable y especifiquen lo que
constituye un "plazo razonable" para iniciar los procedimientos.
Véase la respuesta a la pregunta 34, más arriba.
36. En los párrafos 7 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado unaindemnización adecuada por cualquier daño causado por la adopción de las medidas
provisionales cuando dichas medidas hayan sido revocadas o hayan caducado, o cuando se haya
determinado que no hubo infracción o amenaza de infracción.  Sírvanse describir cómo
determinan las autoridades competen tes la "indemnización adecuada".
Véase la respuesta a la pregunta 34, más arriba.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
25
37. En el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los países adoptarán
procedimientos para que el titular de un derecho pueda presentar una demanda con objeto de
que se suspenda la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas omercancías pirata que lesionan el derecho de autor.  Sírvanse precisar las autoridades
competentes de Sudáfrica facultadas para recibir demandas de que se suspenda el despacho de
las mercancías que se sospecha son causa de una infracción y citar la ley o el reglamento
pertinente relativo a dicha autoridad.
El procedimiento que se expone a continuación se refiere a las disposiciones de la Ley de
Mercancías Falsificadas.  La responsabilidad de imponer en la frontera los derechos de propiedad
intelectual corresponde al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales.  El demandante deberá
proporcionar al Delegado una muestra de las mercancías protegidas que contengan el objeto de los
                                                     
25 Nota relativa a las respuestas 37 a 54:  la Ley de Mercancías Falsificadas Nº 37, de 1997, entró en
vigor en Sudáfrica el 1º de enero de 1998.  En esa Ley figuran disposiciones extensas sobre las medidas
destinadas a prevenir la falsificación;  también se ocupa de la importación y exportación de mercancías
falsificadas.IP/Q4/ZAF/1
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derechos de propiedad intelectual cuya protección se procura, o bien información suficiente que
permita comprobar sus características distintivas esenciales, materiales u otras;  informaciones y
detalles suficientes acerca de la vigencia y el alcance del derecho de propiedad intelectual, así como
sobre la titularidad de ese derecho.  Sin embargo, el Delegado sólo podrá incautarse de esas
mercancías durante un plazo que no se extenderá más allá del último día de vigencia del derecho depropiedad intelectual en cuestión.  El Delegado no estará obligado a aprehender las mercancías
infractoras a menos que se le proporcione la garantía necesaria, en la forma y cuantía que establezca,
para indemnizar a las autoridades aduaneras y a sus funcionarios de cualquier responsabilidad en que
puedan incurrir como consecuencia de la incautación y retención de las mercancías.
No se establece una indemnización determinada al importador y propietario de las mercancías
cuyo despacho se haya suspendido.  Sin embargo, si dicha suspensión se lleva a cabo por iniciativa deun denunciante, cualquier persona que haya sufrido daños o perjuicios por la suspensión del despacho
de las mercancías denunciadas como falsificadas, o por cualquier medida adoptada por un inspector al
llevar a cabo la incautación, tendrá derecho a reclamar al denunciante daños y perjuicios.  Sólo podrá
reclamarse indemnización al Delegado si éste o sus funcionarios han incurrido en culpa grave en la
incautación de las mercancías o en su retención o almacenamiento, o han actuado de mala fe en elcumplimiento de sus obligaciones.
El denunciante tendrá derecho a recibir copia de cualquier declaración formulada y de
cualquier otro documento de prueba obtenido por los inspectores de aduanas en el ejercicio de sus
facultades de registro, incautación y retención.  El denunciante y la persona sospechosa tendránderecho a examinar cualquier mercancía incautada por el Delegado.
Otras informaciones acerca de las disposiciones de la nueva Ley de Mercancías Falsificadas
podrán recabarse de un artículo de un abogado sudafricano especializado en temas de propiedad
intelectual que se publicará en breve en una revista jurídica sudafricana.
26
38. Sírvanse describir los procedimientos que debe seguir el titular de un derecho paraobtener que las autoridades competentes le otor guen protección en frontera, por ejemplo si
deben presentar formalmente una solicitud a la autoridad judicial o administrativa competente,
así como la información que debe contener la solicitud de suspensión del despacho, y citar la ley
o los reglamentos que rigen estos procedimientos.
De conformidad con la Ley de Mercancías Falsificadas, la solicitud de incautación de
mercancías infractoras por un inspector o el Delegado constituye un procedimiento administrativo
sencillo y breve.  La Ley de Mercancías Falsificadas sólo entró en vigor el 1º de enero de 1998 y, en
consecuencia, no se dispone de información alguna que pueda dar más indicaciones acerca de la
puesta en práctica de dichos procedimientos.
Las mercancías incautadas deberán restituirse a la persona sospechosa si el interesado no
formula denuncia penal ni promueve demanda civil en los tres días siguientes a la notificación de
dicha incautación.  Si se formula denuncia penal, las mercancías se restituirán a la persona
sospechosa, en los 10 días siguientes a la notificación de la incautación de las mercancías por elinspector, a menos que el Estado le informe por escrito de su propósito de promover acusación contra
él por haber cometido un delito de comercio de mercancías falsificadas.
El Delegado tiene facultades para actuar por iniciativa propia en relación con cualquier acto o
comportamiento del que considere o sospeche que constituye comercio de mercancías falsificadas.
                                                     
26 El artículo figura en el anexo 5 del documento IP/N/6/ZAF/1.IP/Q4/ZAF/1
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Sin embargo, cuando el Delegado o sus funcionarios han actuado por iniciativa propia, éste
deberá hallar un denunciante interesado en las mercancías, sin lo cual deberán liberarse.
Los inspectores están facultados para entrar en cualquier local, efectuar registros e incautarse
de cualquier mercancía falsificada.  Antes de hacer uso de tales facultades, el inspector debecerciorarse de que, presumiblemente, el denunciante o la persona que formula la acusación tenga
derecho a actuar de ese modo, de que las mercancías que se aduce que son "bienes protegidos" lo
sean, y de que estén vigentes los derechos de propiedad intelectual de los que se alega que han sido
aplicados a las mercancías infractoras;  y también de que la sospecha en que se funda la denuncia
parezca razonable a la luz de las circunstancias.
En respuesta a las preguntas indicadas más abajo, se remite a las disposiciones expresas de la
Ley de Mercancías Falsificadas.
39. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación de mercancías que se
sospecha son causa de infracciones en materia de derechos de autor y/o marcas de fábrica o decomercio.
a) No existen prohibiciones ni exclusiones expresas con respecto a las mercancías
procedentes de otro miembro de una unión aduanera, las mercancías en tránsito o las
importaciones insignificantes.
Con respecto a las mercancías que contienen obras objeto de derecho de autor, puede
ocurrir que, aunque hayan sido colocadas en el mercado en otro país por el titular del
derecho o con su consentimiento, estén sujetas a decomiso si ese titular ha cedido su
derecho de autor sobre las mercancías, o respecto de su embalaje, a una empresalicenciataria y distribuidora sudafricana.  En otras palabras:  las denominadas
"mercancías grises", en algunos casos, pueden dar lugar a la suspensión de su
despacho por las autoridades aduaneras.  Nuestra Ley de Derecho de Autor establece
un mecanismo por el cual el licenciatario o distribuidor local puede ser cesionario del
derecho de autor respecto de una obra o de mercancías que la contienen, impidiendo
en consecuencia su importación a Sudáfrica aun cuando procedan de su verdadero
fabricante.  La cuestión jurídica que se plantea en estos casos consiste en si lafabricación de tales mercancías en Sudáfrica habría constituido una infracción del
derecho de autor que contienen.
Las disposiciones en frontera están destinadas específicamente a impedir la
importación a Sudáfrica de mercancías falsificadas, si bien esas disposiciones sonigualmente aplicables a las exportaciones en el sentido de que, si se identifican
mercancías falsificadas, se decomisan igualmente.
b) El artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo que figura más
adelante en el anexo 3.
27
40. En el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que el titular de un derechoque desee suspender la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor presentará pruebas a las
autoridades competentes de que existe presunción de infracción de su derecho a una marca defábrica o de comercio o de su derecho de au tor.  Sírvanse explicar qué pruebas pueden
demostrar la presunción de infracción en Sudáfrica.
                                                     
27 Únicamente en inglés.IP/Q4/ZAF/1
Página 38
Véase la respuesta a la pregunta 39 supra .
41. En el artículo 52 se estipula también que el titular de un derecho ofrecerá "una
descripción suficientemente detallada de las mercancías" cuyo despacho debe suspenderse.Sírvanse explicar lo que se exige del titular del derecho en Sudáfrica para que la descripción
que ofrece sea "suficientemente detallada".
Véase la respuesta a la pregunta 38 supra .
42. En el artículo 52 se estipula que las autoridades competentes comunicarán al titular del
derecho, dentro de un plazo razonable, si han aceptado su demanda.  Sírvanse explicar dentrode qué plazo la autoridad competente responde a una solicitud de suspensión del despacho de
las mercancías y, en caso de que se acepte su  demanda, el plazo en que se adoptará la medida
coercitiva.
La disposición pertinente del artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone que el
titular del derecho de propiedad intelectual deberá solicitar al Delegado de Aduanas e Impuestos
Especiales la incautación y la retención de las mercancías falsificadas.  Esta disposición obliga al
Delegado a notificar por escrito al denunciante, dentro de un plazo razonable, si se ha concedido o
denegado la solicitud.  Resultan pertinentes las observaciones sobre la determinación de un plazo
razonable que se exponen en la respuesta a la pregunta 45 infra .
43. En el párrafo 1 del artículo 53 se estipula que las autoridades competentes estarán
facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sean
suficientes para proteger al demandado e impedir abusos.  Sírvanse verificar si las autoridades
competentes antes mencionadas están facultadas pa ra exigir una fianza o garantía equivalente y
citar las disposiciones legales o los reglamentos que les otorgan esta facultad.
El apartado 4) del artículo 7 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:
"a) Cualquier persona perjudicada por la incautación de mercancías efectuada de
conformidad con el apartado 1) del artículo 4 podrá solicitar en cualquier momento al
tribunal, mediante pedimento, que se declare que las mercancías incautadas no sonmercancías falsificadas y se ordene su restitución.
b) El tribunal podrá otorgar o denegar la medida solicitada o dictar la orden que estime
justa y apropiada conforme a las circunstancias, incluida una indemnización de daños
y perjuicios y la condena al pago de costas y costos, si procede.
c) Si el tribunal que no hace lugar a un pedimento de esta clase lo considera justo y
apropiado según las circunstancias, podrá disponer que el denunciante constituya
garantía a favor del solicitante respecto de las mercancías, por la cuantía y en la forma
que el tribunal determine, siempre y cuando las mercancías se hayan aprehendido deconformidad con una denuncia presentada según lo dispuesto en el apartado 1) del
artículo 3."
Además, el apartado 7) del artículo 15 dispone lo siguiente:
"Las autoridades aduaneras no estarán obligadas a actuar de conformidad con el apartado 4), a
menos que el titular de los derechos de propiedad intelectual, de los que se presume que las
mercancías son objeto, constituya ante el Delegado una fianza en la forma y la cuantía que
éste determine para indemnizar a las autoridades aduaneras y a sus funcionarios por cualquier
responsabilidad en que puedan incurrir como consecuencia de la incautación y retención deIP/Q4/ZAF/1
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las mercancías o de cualquier acto relacionado con ellas, realizado efectiva o presuntamente
en virtud del presente artículo y para cubrir cualquier gasto que pudiera haber generado la
incautación y la retención de las mercancías."
44. En el párrafo 2 del artículo 53 se esti pula que el propietario, el importador o el
consignatario de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas
de trazado o información no divulgada, cuyo despacho haya sido suspendido por las autoridades
aduaneras, tendrá derecho, en ciertas condiciones, a obtener que se proceda al despacho de
aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para
proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción.  Sírvanse determinar qué formas
de propiedad intelectual, si las hubiere, están sujetas a las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 53 y citar las disposiciones de la ley o reglamentos pertinentes.
La expresión "derecho de propiedad intelectual" mencionada más arriba, se refiere a los
derechos respecto de una marca conferidos por la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1993,
al derecho de autor respecto de cualquier obra, de conformidad con la Ley de Derecho de Autor de
1978, o a un derecho exclusivo de uso, en relación con las mercancías, conferido por un avisopublicado conforme al artículo 15 de la Ley sobre Marcas de Mercancías.  Este significado de la
expresión "propiedad intelectual" es más limitado que el significado que normalmente se le atribuye.
Por lo general, la "propiedad intelectual" engloba también las patentes y los dibujos o modelos
industriales.  Sin embargo, a los efectos de la Ley, esas dos formas de propiedad intelectual quedan al
margen.
45. En el artículo 54 se estipula que se notificará prontamente al importador y al
demandante la suspensión o el despacho de las me rcancías.  Sírvanse especificar el plazo en el
cual la autoridad competente debe notificar que se ha suspendido el despacho de las mercancías.
La ley no impone plazos, salvo la disposición del inciso d) del apartado 1) del artículo 7 de la
Ley de Mercancías Falsificadas (Nº 37 de 1997) que establece que el inspector deberá notificar por
escrito a la persona cuyas mercancías falsificadas se incautan, e informarle de la ejecución de la
medida por el inspector y de la dirección del depósito de mercancías falsificadas en que éstas se
guardan.  Con arreglo al régimen común anglosajón de aplicación en Sudáfrica, la notificación deberá
entregarse dentro de un plazo razonable;  quedará a discreción del tribunal que entiende en la causa,
tras el examen de los hechos y las circunstancias de cada asunto, determinar si el cumplimiento dedichos plazos es razonable o no.
"7.1) Un inspector que, en el cumplimiento de sus funciones con arreglo al apartado 1) del
artículo 4, se hubiese incautado de cualesquiera mercancías que se sospeche son falsificadas,
deberá:
d) notificar por escrito e informar a las siguientes personas de la ejecución de la medida
por el inspector, conforme al apartado 1) del artículo 4 y de la dirección del depósito
de mercancías falsificadas en que éstas se guarden:
i) la persona cuyas mercancías se aprehendieron;  y
ii) asimismo:
aa) el denunciante, si el inspector hizo uso de sus facultades con arreglo
al apartado 1) del artículo 4 como consecuencia de una denuncia
presentada en virtud del apartado 1) del artículo 3;  o
bb) toda persona que, en relación con esas mercancías, cumpla con las
condiciones establecidas en el apartado 1) del artículo 3 para serIP/Q4/ZAF/1
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denunciante, aunque todavía no hubiese presentado la denuncia en el
momento del ejercicio de esas facultades por el inspector, por su
propia iniciativa, tal como se prevé en el apartado 4) del artículo 3."
46. En el artículo 55 se establece claramente que el titular de un derecho que solicita la
suspensión del despacho de las mercancías infractoras debe iniciar un procedimiento
conducente a una decisión sobre el fondo ante la autoridad apropiada en un plazo razonable o
bien se procederá al despacho de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades ante las
cuales un demandante/una parte puede iniciar un procedimiento sobre el fondo del caso que
permita a las autoridades aduaneras suspender el despacho de las mercancías durante más de
10 días hábiles.
Los tribunales competentes serían el Tribunal Supremo y los juzgados de paz.  Por lo general,
los tribunales competentes para entender en la causa se determinarían según el valor de las mercancías
que constituyesen el objeto de cualquier acción ante esos tribunales.
47. En el artículo 55 se estipula que se procederá a una revisión en un plazo razonable, a
petición del demandado, con objeto de decidir si las medidas de suspensión deben modificarse,
revocarse o confirmarse mientras se llega a un resultado del procedimiento sobre el fondo.
Sírvanse indicar la autoridad que está facultada para llevar a cabo esa revisión, describir el
procedimiento utilizado y citar la ley o los reglamentos aplicables.
Si no se inicia una acción judicial dentro del plazo prescrito de tres o 10 días, las mercancías
falsificadas incautadas por un inspector deberán liberarse.  Si el demandante inicia una acción por
infracción y su demanda es desestimada por el tribunal, éste podrá disponer, a pedido del demandado
o de toda otra persona interesada que alegue derechos respecto de las mercancías, que éstas se
entreguen al demandado o la persona interesada que haya demostrado tener derecho a ello.  Larevisión o la modificación de un mandamiento podrán realizarse mediante los procedimientos
judiciales normales.  Se refiere a ello el artícul o 4 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997.
48. En el artículo 56 se estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar al
demandante que indemnice a la parte demandada por cualquier daño causado por la retención
infundada de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades que pueden ordenar al
demandante que pague al importador, al consignatario o al propietario de las mercancías unaindemnización por el daño causado por la retención infundada de las mercancías o por la
retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, y
citar la ley y los reglamentos aplicables.
El apartado 1) del artículo 17 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:
"Toda persona que haya sufrido un perjuicio o pérdida causados por la incautación, retiro o
retención indebidos de mercancías de las que se ha aducido que eran falsificadas, o por
cualquiera de las medidas previstas en los incisos a), b), o c) del apartado 1) o en el
apartado 2) del artículo 7, adoptada indebidamente por un inspector en virtud de ese artículoen combinación con el inciso a) del artículo 4, o causados durante la incautación, retiro o
retención de esas mercancías, o como consecuencia de ellos, de conformidad con la presente
Ley, tendrá derecho a reclamar una indemnización por esos perjuicios o pérdidas.  De
conformidad con el apartado 2), la indemnización deberá reclamarse al denunciante y no
podrá dirigirse contra el Estado, el inspector ni el encargado del depósito de mercancíasfalsificadas en que estén o hubiesen estado retenidas las mercancías."
49. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para
dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar
sus reclamaciones, las mercancías retenidas.  Sír vanse explicar cómo se da al titular del derechoIP/Q4/ZAF/1
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oportunidades para que haga inspeccionar las me rcancías sospechosas que han sido retenidas
por las autoridades aduaneras.
El artículo 8 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:
"1) Las mercancías incautadas de conformidad con el apartado 1) del artículo 4 deberán
depositarse en condiciones de seguridad en un depósito de mercancías falsificadas
hasta que el encargado de ese depósito:
a) reciba la orden de un tribunal competente de restituir, liberar o destruir esas
mercancías o proceder con ellas en otra forma indicada en esa orden;  o
b) reciba instrucciones del inspector correspondiente, en los casos previstos en el
inciso b) del apartado 1) o en los incisos a), b), o c) del apartado 2) del
artículo 9, a los efectos de restituir las mercancías al sospechoso.
2) Las mercancías incautadas de conformidad con el apartado 1) del artículo 4 podrán
ser inspeccionadas por el denunciante o, de ser el caso, la persona con derecho a
serlo, (de haberlo) el sospechoso y cualquier otra persona interesada, en el depósito
de mercancías falsificadas, durante el horario normal de cualquier día hábil.
3) El encargado del depósito de mercancías falsificadas, a petición del denunciante o la
persona con derecho a serlo (según el caso) o el sospechoso, deberá permitir el acceso
a las mercancías retenidas, para la realización de pruebas o análisis por el denunciante
o el sospechoso o en nombre de ellos, si se ha cerciorado de que la solicitud es
razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de las mercancías confiscadas, la
naturaleza de las pruebas o análisis que se han de realizar y la competencia eidoneidad de la persona que ha de llevar a cabo las pruebas o análisis.
4) El encargado de un depósito de mercancías falsificadas que no esté dispuesto a
permitir el acceso del sospechoso a las mercancías retenidas colocadas bajo su
custodia, para la realización de pruebas o análisis por cualquier persona o por una
persona determinada, deberá dar cuenta del asunto al denunciante o la persona con
derecho a serlo (según el caso), que a su vez deberán confirmar o revocar esa decisiónen 48 horas.
5) a) Si el denunciante confirma la decisión de no permitir el acceso del sospechoso
a las mercancías retenidas para realizar pruebas o análisis, deberá comunicar
esa decisión por escrito al sospechoso y éste podrá solicitar una orden altribunal para que la revoque y autorice el acceso solicitado a las mercancías.
b) El tribunal deberá hacer lugar a esa solicitud si considera que la decisión no es
razonable, a la luz de las circunstancias."
Las mercancías incautadas deberán liberarse si no se presenta una denuncia penal ni se
entablan acciones penales ni civiles contra el sospechoso.
50. En el artículo 57 se estipula también que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto
sea favorable al titular del derecho, las auto ridades competentes podrán asimismo estar
facultadas para comunicar al titular del d erecho información acerca del importador, el
consignador y el consignatario.  Si las autoridades competentes de Sudáfrica pueden comunicar
información relativa al importador, el consignador o el consignatario al titular del derecho,
sírvanse explicar cómo se proporcionan al de mandante las informaciones acerca de los nombres
y direcciones de los consignadores, importadores y consignatarios y de la cantidad deIP/Q4/ZAF/1
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mercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la
infracción, es decir, si las autoridades comuni can automáticamente la información o lo hacen
previa presentación de una solicitud por escrito de l titular del derecho, etc.  Sírvanse citar la ley
o los reglamentos relativos a estas facultades.
El inciso d) del apartado 1) del artículo 10 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo
siguiente:
"…que el acusado o demandado (según el caso) haga conocer la fuente de la que se han
obtenido esas mercancías, si se comprueba que son falsificadas, así como la identidad de las
personas involucradas o aparentemente involucradas en la importación, exportación,
fabricación, producción o distribución de las mercancías falsificadas, y las vías dedistribución de esas mercancías."
51. En el artículo 58 se especifican los procedimientos que deben seguirse cuando las
autoridades competentes pueden actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las autoridades
competentes de Sudáfrica están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo,determinar las esferas de propiedad intelectual en las que puede llevarse a cabo una actuación
de oficio.
El apartado 4) del artículo 3 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:
"Las disposiciones precedentes del presente artículo no impiden a los inspectores adoptar
cualquier medida adecuada con arreglo al apartado 1) del artículo 4, por propia iniciativa, en
relación con cualquier acto o comportamiento que se considera o se sospecha que constituye
comercio de mercancías falsificadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo."
Los ámbitos de la propiedad intelectual afectados son las marcas de fábrica o de comercio y el
derecho de autor.
52. En el artículo 59 se determinan los recursos que deben estar disponibles, entre los cuales
la destrucción o apartamiento fuera de los circ uitos comerciales de las mercancías infractoras.
Sírvanse explicar lo que está permitido por ley en Sudáfrica en cuanto a las mercancíasinfractoras, es decir si la ley permite la destru cción, el apartamiento o ambas cosas.  Sírvanse
citar la ley o los reglamentos pertinentes.
El apartado 1) del artículo 20 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:
"Con sujeción al artículo 10, el tribunal que condene a una persona por un delito previsto en
el apartado 2) del artículo 2 podrá ordenar que las mercancías falsificadas en cuestión sean
decomisadas por el Estado o que se destruyan esas mercancías y sus embalajes y, en su caso,
cualquier instrumento utilizado por la persona condenada, o en su nombre, para la
fabricación, producción o realización de esas y cualesquiera otras mercancías falsificadas, opara aplicar ilícitamente en las mercancías el objeto de cualquier derecho de propiedad
intelectual."
53. Sírvanse determinar:
a) la autoridad competente que decide cómo se dispondrá de las mercancías, es
decir si las mercancías serán destruidas o apartadas de los circuitos comerciales;
yIP/Q4/ZAF/1
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b) la autoridad competente que procede a la destrucción o apartamiento de las
mercancías.
a) El apartado 1) del artículo 20 de la Ley de Mercancías Falsificadas prevé que el
tribunal ordenará la destrucción de las mercancías o su apartamiento de los circuitoscomerciales.
b) Por lo general, la destrucción o apartamiento de las mercancías quedará a discreción
del demandante que haya obtenido una decisión favorable.
54. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las
disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no
tengan carácter comercial y formen parte del equi paje personal de los viajeros o se envíen en
pequeñas partidas.  Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a las leyes de Sudáfrica,
una importación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.
Los tribunales sudafricanos reconocen el principio de las importaciones insignificantes.  La
legislación faculta a los tribunales a determinar qué constituye una pequeña cantidad de poca
importancia.
Procedimientos penales
55. En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros
establecerán procedimientos y sanciones penales, en particular la pena de prisión y/o la
imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de
autor a escala comercial.  Sírvanse describir las disposiciones legales de Sudáfrica que cumplencon esta obligación y citar los textos pertinentes.
Los tribunales inferiores, los juzgados de paz, y el Tribunal Supremo son competentes
respecto de los hechos delictivos que suponen infracción de los derechos de propiedad intelectual.
Corresponden procedimientos y sanciones penales en caso de infracción del derecho de autor.
El artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor dispone lo siguiente:
"27.1) Cometerá un delito toda persona que, sin autorización del titular del derecho de autor
y mientras esté vigente ese derecho respecto de una obra, realice cualquiera de los
siguientes actos con artículos de los que sepa que constituyen copias infractoras de la
obra:
a) fabricar para la venta o el arrendamiento;b) vender o arrendar los artículos u ofrecerlos o exhibirlos comercialmente para su
venta o arrendamiento;
c) exhibirlos comercialmente en público;d) importarlos a la República con fines distintos de los que corresponden a su uso
privado o doméstico;
e) distribuir los artículos con fines comerciales;f) distribuir los artículos con cualquier otro fin en una medida que cause
perjuicios al titular del derecho de autor.IP/Q4/ZAF/1
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2) Cometerá un delito toda persona que, estando en vigencia el derecho de autor
respecto de una obra, fabrique o tenga en su poder un clisé sabiendo que habrá de
utilizarse para fabricar copias infractoras de la obra.
3) Cometerá un delito toda persona que haga interpretar o ejecutar en público una obra
literaria o musical sabiendo que está vigente a su respecto el derecho de autor, y que
la interpretación o ejecución constituye infracción de ese derecho.
4) Cometerá un delito toda persona que haga retransmitir una transmisión o la haga
emitir por un servicio de difusión sabiendo que está vigente el derecho de autor
respecto de la transmisión y que ésta constituye una infracción de ese derecho.
5) Cometerá un delito toda persona que haga distribuir señales portadoras de programas
por un distribuidor al que no estaban destinadas sabiendo que está vigente respecto de
las señales el derecho de autor y que esa distribución constituye una infracción de ese
derecho.
6) Toda persona declarada culpable de los delitos correspondientes al presente artículo
será pasible de las siguientes sanciones:
a) en caso de primera condena, una multa no mayor de 5.000 rand  o una pena de
prisión por un período no mayor de tres años, o ambas penas, por cada artículo
objeto del delito;
b) en cualquier otro caso, una multa no mayor de 10.000 rand o una pena de
prisión por un período no mayor de cinco años, o ambas penas, por cadaartículo objeto del delito."
Cualquier inspector, es decir, cualquier persona designada para esa función con arreglo a la
Ley de Mercancías Falsificadas, los funcionarios  de policía y el Delegado de Aduanas e Impuestos
Especiales podrán promover procedimientos penale s.  Cualquiera de esos funcionarios podrá actuar
por su propia iniciativa, así como respondiendo a denuncias de personas que estén facultadas para
formularlas.
Sin embargo, si un funcionario ha actuado por su propia iniciativa, deberá hallar un
denunciante, pues de lo contrario las mercancías deberán ser liberadas.
De conformidad con la Ley de Mercancías Falsificadas, los particulares están legitimados
para entablar procedimientos penales.  La Ley otorga ese derecho a cualquier persona que tenga
interés respecto de los bienes protegidos, ya sea como titular o licenciatario de los derechos de
propiedad intelectual, importador, exportador y distribuidor, o como mandatario o abogado autorizado
de dichas personas.
La condena por infracción penal del derecho de autor podrá dar lugar a la imposición de
penas de prisión y de multa.  En caso de primer delito, la Ley de Derecho de Autor impone una pena
máxima de prisión de tres años de duración o una pena de multa de 5.000 rand, o ambas penas, por
cada artículo infractor;  en caso de reincidencia esos máximos aumentan a cinco años de prisión
y 10.000 rand por cada artículo infractor.IP/Q4/ZAF/1
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56. En el artículo 61 se estipula asimismo que, cuando proceda, entre los recursos
disponibles figurarán también la confiscación, el  decomiso y la destrucción de las mercancías
infractoras y de todos los materiales y acce sorios utilizados predominantemente para la
comisión del delito.  Sírvanse explicar las disposiciones de las leyes de Sudáfrica en que se
prescriben estas sanciones, describir las condiciones en que pueden imponerse y citar los textoslegales pertinentes.
Véase la respuesta a la pregunta 55 supra .
57. En el artículo 61 se indica también que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de derechos de
propiedad intelectual.  Sírvanse describir toda disposición de las leyes de Sudáfrica queprescriba dichos procedimientos y sanciones y citar los textos legales pertinentes.
Véase la respuesta a la pregunta 55 supra .
58. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de
comercio o de piratería lesiva del derecho de autor.  Sírvanse explicar en qué forma las
sanciones previstas en las leyes de Sudáfrica cumplen con esta obligación.
Véase la respuesta a la pregunta 55 supra .
[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]
1. Sírvanse brindar información estadística sobre la observancia en materia civil del
derecho de autor, las marcas, las indicaciones geog ráficas, los dibujos o modelos industriales, las
patentes, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y los secretos comerciales, relativa
a los años 1996 y 1997, respectivamente, con inclusión de los juicios entablados;  los
mandamientos judiciales emitidos;  las mercanc ías infractoras confiscadas;  los equipos
infractores confiscados;  las causas resueltas (incluidos los arreglos de conciliación);  y la
cuantía de los daños y perjuicios impuestos.
Los datos estadísticos solicitados sobre los aspectos indicados no están disponibles en
recopilación ordenada.
2. Sírvanse brindar información estadística sobre la observancia en materia penal, en el
ámbito de la piratería lesiva del derecho de autor y de la infracción de las marcas de fábrica o
de comercio, relativa a los años 1996 y 1997, respectivamente, con inclusión del número deallanamientos, enjuiciamientos, condenas, y la cu antía de las multas y/o los plazos de las penas
de prisión (aclarando si las multas se paga ron y si las penas de prisión se cumplieron
efectivamente o se suspendieron) y cualesquiera otras informaciones que demuestren que el
sistema penal funciona eficazmente para disuadir de la comisión de actos de piratería lesiva del
derecho de autor y de falsificación de las marcas.
Los datos estadísticos solicitados sobre los aspectos indicados no están disponibles en
recopilación ordenada.IP/Q4/ZAF/1
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3. Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la
Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir las disposiciones de la legislación
sudafricana que permitan cualquier limitación de  la facultad del titular de derechos de hacer
valer sus derechos contra las importaciones no autorizadas.
El inciso c) del artículo 15 de la Ley de Modificación de la Ley de Control de Medicamentos
y Sustancias Afines faculta al Ministro de Salud a autorizar la importación paralela de medicamentos
patentados, en determinadas circunstancias.  Se trata de una disposición que confiere una facultad, y
cabe observar que el titular podrá hacer valer sus derechos y sólo se verá perjudicado si se invoca
dicha disposición.IP/Q4/ZAF/1
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ANEXO 1
(Ley de Mercancías Falsificadas)
Alcance de las facultades del inspector en relación con las mercancías falsificadas
5.1) Un inspector facultado por una orden judicial emitida en virtud del artículo 6 y que actúe de
conformidad con ella, podrá, en cualquier momento que se estime razonable:
a) entrar en cualquier lugar, local o vehículo e inspeccionarlos, si en los mismos
pudieran hallarse mercancías de las que se sospeche razonablemente que sonfalsificadas o si existiesen motivos razonables para sospechar que allí se encuentran o
se fabrican, producen o preparan esas mercancías;  llevar a cabo registros de esos
lugares, locales o vehículos y de toda persona que en ellos se encuentre, en busca de
las mercancías falsificadas y de cualquier otra prueba que confirme la presunción o la
sospecha de que se está cometiendo un acto de comercio de mercancías falsificadas.A los efectos de entrar, inspeccionar y registrar dicho vehículo, el inspector, que será
un oficial de la policía o estará asistido por él, podrá detenerlo, de ser necesario
haciendo uso de la fuerza, en el lugar en que se encuentre, incluida una calle o
cualquier otro lugar público;
b) tomar las medidas que sean razonablemente necesarias para hacer cesar la
fabricación, producción o preparación de mercancías falsificadas, o cualquier otro
acto de comercio de esas mercancías que se esté realizando en ese lugar, local o
vehículo, y para impedir la repetición en el futuro de cualquier acto de esa índole.
Esas medidas podrán ser de las que se prevén en los incisos c), d) y e), pero noabarcarán la destrucción o enajenación de las mercancías en cuestión, a menos que un
tribunal las autorice con arreglo a la presente Ley;
c) aprehender y retener y, de ser procedente, retirar a los efectos de su retención, todas
las mercancías en cuestión que se encuentren en dicho lugar, local o vehículo;
d) clausurar o inhabilitar el acceso a cualquier lugar, local o vehículo en que:
i) se encuentren, fabriquen, produzcan o preparen las mercancías en cuestión,
total o parcialmente;
ii) se aplique a esas mercancías cualquier marca, o marca exclusiva prevista en el
inciso c) de la definición de "falsificación" del apartado 1) del artículo 1, o
cualquier obra protegida por derecho de autor;
iii) se prepare el embalaje de esas mercancías;  o
iv) se realice el embalaje de esas mercancías;
e) aprehender y retener y, de ser procedente, retirar a los efectos de su retención,
cualesquiera instrumentos que pudieran haberse utilizado para la fabricación,
producción, preparación o embalaje de dichas mercancías o la aplicación a dichasmercancías de una marca o la marca exclusiva o la obra antes mencionadas;  y
f) si tiene motivos razonables para sospechar que una persona en dicho lugar, local o
vehículo podría brindar alguna información en referencia con cualquier acto de
comercio de mercancías falsificadas:IP/Q4/ZAF/1
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i) interrogarla y tomarle declaración;
ii) solicitarle y obtener de ella cualquier libro, documento, artículo, elemento u
objeto que de cualquier modo pudiera ser pertinente a la naturaleza, cantidad,ubicación, fuente o destino de las mercancías en cuestión, o la identidad y el
domicilio de cualquier persona involucrada efectiva o presuntamente, en
carácter de proveedor, fabricante, productor, realizador, distribuidor, mayorista,
minorista, importador, exportador o transitario o en cualquier otro carácter, en
los actos de comercio con las mercancías en cuestión.
2) Con sujeción al apartado 3), un inspector podrá, durante el día y sin que sea necesaria una
orden judicial, entrar en cualquier lugar, local o vehículo tras haberse identificado y, con
arreglo a los incisos a) a f) del apartado 1), ejercer las facultades de incautación, retiro,
retención, recolección de pruebas y registro previstas en los incisos a), b) y c) del apartado 1)
del artículo 4 (a excepción de la facultad de registrar a las personas), así como la facultad de
tomar las medidas previstas en el inciso d) del apartado 1) del artículo 4, siempre y cuando:
a) la persona a la que corresponde consentir la entrada y el registro, incautación, retiro y
retención mencionados otorgue ese consentimiento;  o
b) el inspector tenga motivos razonables para creer que:
i) de solicitar la orden judicial correspondiente, ésta se le otorgaría, con arreglo al
artículo 6;  y
ii) la demora que la obtención previa de la orden judicial supondría, anularía el
propósito de la entrada, registro, incautación, retiro, retención, recolección de la
prueba y demás medidas.
3) El inciso b) del apartado 2) no faculta a entrar ni registrar un domicilio privado, ni llevar a
cabo la incautación, el retiro, la recolección de pruebas ni la adopción de las medidas
mencionadas en él, ni podrá aplicarse a tales efectos.
4) No obstante lo dispuesto en los apartados 1) y 2):
a) cualquier medida tomada por un inspector de conformidad con los incisos a), b), c)
o d) del apartado 1), o las medidas similares tomadas en virtud del apartado 2) dejará
de tener efectos jurídicos a menos que las confirme un tribunal, mediante sentenciadefinitiva o interlocutoria, a petición del inspector o del denunciante interesado (de
corresponder), presentada al tribunal dentro del plazo de 10 días hábiles a partir del
día en que se tomaron dichas medidas;
b) las respuestas o declaraciones que cualquier persona ofrezca a un inspector en el
ejercicio de sus facultades conforme al párrafo i) del inciso f) del apartado 1) o de las
facultades similares previstas en el apartado 2), en caso de incriminar al propio
declarante, no serán admisibles como prueba contra esas personas en procedimientos
penales promovidos contra ellas ante cualquier tribunal, salvo que estén procesadas
por un delito tipificado en el párrafo ii) del inciso d) del artículo 18 y, en ese caso,únicamente en la medida en que dichas respuestas o declaraciones sean pertinentes
para probar el delito imputado.IP/Q4/ZAF/1
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5) Las disposiciones del apartado 4) del artículo 6 relativas al modo en que deberá llevarse a
cabo el registro, y el inciso b) del apartado 5) y los apartados 6), 7), 8) y 9) del artículo 6, se
aplicarán mutatis mutandis  a los actos que el inspector realice de conformidad con el
apartado 2) del presente artículo.IP/Q4/ZAF/1
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ANEXO 2
(Ley de Mercancías Falsificadas)
El tribunal podrá autorizar el registro y el embargo, hasta tanto se inicien los procedimientos civiles,
para preservar la prueba pertinente a la infracción del derecho de propiedad intelectual, etc.
11.1) El titular de un derecho de propiedad intelectual que esté en conocimiento o tenga motivos
razonables para creer que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa un
acto de comercio de mercancías falsificadas, sin perjuicio de cualquier otro recurso de que
disponga con arreglo a derecho, podrá formular una solicitud a un juez, fuera de audiencia,para que se expida sin previa notificación de la parte contraria un mandamiento que disponga:
a) una orden al Oficial de Justicia o a otra persona designada por el tribunal (a la que se
denomina "la persona designada") para que entre en cualquier lugar o local
determinados en compañía de las otras personas que el tribunal eventualmenteespecifique, y que efectúe allí un registro y, en caso de encontrarlos, aprehenda y
secuestre documentos, registros u otros materiales que el tribunal indique y
cualesquiera otras mercancías de las que se aduzca que son falsificadas según lo haya
estipulado el tribunal (denominadas "mercancías objeto de la medida") y que se
encuentren en ese lugar o locales, embargue esos documentos, archivos, materiales ymercancías;
b) una orden a la parte contraria para que señale al Oficial de Justicia o a la persona
designada todas las mercancías objeto de la medida y le presente y entregue todos los
documentos y materiales pertinentes a fin de determinar si las mercancías objeto de lamedida en cuestión son falsificadas o tienen relación con cualquier operación o acto
de comercio de mercancías falsificadas efectuado en el lugar o local de que se trate o
fuera de él y que permita al Oficial de Justicia o la persona designada embargar esas
mercancías, así como los documentos y materiales antes mencionados (denominados
en adelante "materiales secundarios"), y los retire para su retención y depósito en
lugar seguro;
c) la prohibición a la parte contraria de:
i) alterar el estado de las mercancías objeto de la medida o los materiales
secundarios durante el registro, embargo, secuestro y retiro;
ii) realizar o seguir realizando los actos de comercio de mercancías falsificadas
que dieron origen a la denuncia;
d) las medidas de reparación complementarias o sustitutivas que el tribunal estime
convenientes.
2) Las solicitudes en virtud del apartado 1) deberán resolverse fuera de audiencia a menos que el
tribunal se haya cerciorado de que la presencia del público o de cualquier categoría o grupo
integrante de él no hará que el solicitante sufra perjuicio alguno ni que lo sufra al procurar la
protección u observancia de sus derechos de propiedad intelectual, y de que esa presencia nohabrá de ir en desmedro de la eficacia de la orden que se dicte ni de su ejecución.
3) El tribunal no hará lugar a las solicitudes fundadas en el apartado 1) a menos que considere
que el solicitante tiene, a primera vista, acción contra el demandado por infracción de un
derecho de propiedad intelectual y que:IP/Q4/ZAF/1
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a) el derecho del solicitante al examen judicial de documentos en cualquier
procedimiento que haya de promover corre peligro de probable frustración, ya sea por
la naturaleza de las mercancías presuntamente falsificadas en relación con las cuales
se ha formulado la solicitud o por otras circunstancias;  o
b) en caso de seguirse o aplicarse los procedimientos judiciales normales, es probable
que las mercancías correspondientes a las cuestiones planteadas en ellos, o las
pruebas relacionadas con operaciones o actos de comercio con esas mercancías, se
destruyan, alteren, coloquen o retiren de tal manera que el solicitante se vea impedido
efectivamente de tener acceso a ellas.
4) El tribunal que reciba una solicitud así formulada podrá hacer lugar a las medidas solicitadas
con sujeción a las condiciones que imponga, o denegarla, o dictar cualquier otro mandamiento
que estime justo y adecuado a las circunstancias.
5) A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 4), el tribunal podrá:
a) disponer que el Oficial de Justicia o la persona designada puedan recurrir a la
asistencia de personas entendidas, indicadas en el mandamiento, para identificar las
mercancías objeto de la medida y los materiales secundarios;
b) disponer que el solicitante constituya garantía para responder al demandado, por una
suma adecuada igual a determinado porcentaje del valor de las mercancías
embargadas;
c) dictar un mandamiento que prohíba al demandado, hasta que se dicte sentencia,
infringir los derechos de propiedad intelectual del solicitante;
d) dictar un mandamiento condicional ordena ndo que el demandado alegue dentro de un
plazo determinado (no mayor de 20 días hábiles desde la fecha del mandamiento)
sobre las razones por las que no corresponde otorgar o confirmar un interdicto que le
prohíba infringir los derechos de propiedad intelectual del demandante ni cualquier
mandamiento que haga lugar a otras medidas a favor del demandante, incluida unaorden que disponga la entrega al demandante de las mercancías objeto de la medida;
e) disponer que el demandante, en caso de que desee promover procedimientos contra el
demandado por infracción de sus derechos de propiedad intelectual, deba hacerlo a
más tardar en una fecha fijada en el mandamiento.
6) Si el tribunal no ha dictado el mandamiento previsto en el inciso e) del apartado 5), el
solicitante que desee promover los procedimientos allí previstos deberá hacerlo dentro de
los 20 días hábiles siguientes a la fecha del mandamiento dictado de conformidad con el
párrafo 4) y en virtud del cual se hizo lugar a su solicitud.IP/Q4/ZAF/1
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ANEXO 3
(Ley de Mercancías Falsificadas)
Facultades de las autoridades aduaneras en relación con las mercancías falsificadas importadas a la
República
15.1) El titular de un derecho de propiedad intelectual podrá presentar una solicitud al Delegado de
Aduanas e Impuestos Especiales (denominado en adelante el Delegado), para que disponga la
incautación y retención de todas las mercancías que:
a) sean mercancías falsificadas que presenten, lleven, incluyan o incorporen el objeto de
ese derecho de propiedad intelectual o a las que se haya aplicado ese derecho;  y
b) se importen o entren en el país durante el período indicado en la solicitud.  Sin
embargo, ese período no podrá extenderse más allá del plazo de vigencia de laprotección del derecho de propiedad intelectual.
2) A los efectos del apartado 1), el solicitante podrá suministrar al delegado una muestra de las
mercancías protegidas (de haberlas), que sean de la índole expuesta en el inciso a), del
apartado 1) del artículo 1 que define las "mercancías protegidas", a las que se refiere el objetode su derecho de propiedad intelectual, así como informaciones y detalles suficientes sobre la
vigencia y el alcance del derecho de propiedad intelectual y de su título al respecto.
3) El Delegado deberá examinar y tramitar la solicitud sin demora, de conformidad con el
apartado 1), y deberá hacer lugar a ella si cuenta con fundamentos razonables de que,presuntamente:
a) se trata de mercancías protegidas, tal como se alega;b) sigue vigente el derecho de propiedad intelectual cuyo objeto se relaciona con las
mercancías protegidas;  y
c) el solicitante es el titular de ese derecho de propiedad intelectual.
4) Cuando se ha concedido una solicitud presentada conforme al apartado 1), y se ha efectuado
la notificación prevista en el apartado 5), todas las mercancías falsificadas del tipo
relacionado con aquellas a las que se refiere la solicitud (denominadas, en adelante,mercancías estipuladas) o de las que se sospecha fundadamente que lo son, que se importen o
entren en la República durante el plazo fijado por el Delegado (que podrá ser más breve que
el plazo de protección pedido por el solicitante) podrán ser incautadas y retenidas por las
autoridades aduaneras en cumplimiento de sus funciones con arreglo a la Ley de Aduanas e
Impuestos Especiales (Ley Nº 91 de 1964), con sujeción a lo dispuesto en los apartados 6)y 7) del presente artículo.
5) El Delegado deberá notificar por escrito al solicitante (en un plazo razonable después de su
decisión al respecto) si se ha hecho lugar o no a la solicitud, y:
a) si se hace lugar a la solicitud, deberá indicarse el plazo durante el cual las mercancías
falsificadas que se importen o entren en la República habrán de ser objeto de
incautación y retención con arreglo al apartado 4);IP/Q4/ZAF/1
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b) si no se hace lugar a la solicitud, deberán manifestarse los fundamentos de la
denegación.
6) A los efectos del desempeño de las funciones en virtud del apartado 4), en relación con las
que son mercancías estipuladas o que se sospecha con motivos razonables que lo son:
a) las autoridades aduaneras actuarán, mutatis mutandis , como si fueran inspectores que,
en relación con las mercancías falsificadas o las mercancías de las que se alega o
sospecha que lo son, ejerzan las facultades previstas en el apartado 1) del artículo 4,
por iniciativa propia con arreglo al apartado 4) del artículo 3;
b) las disposiciones siguientes de la presente Ley se aplicarán, mutatis mutandis , en
relación con cualquier funcionario de las autoridades aduaneras, a saber:
i) las disposiciones conforme a las cuales o con arreglo a las cuales un inspector
que actúe por iniciativa propia deberá ejercer las funciones previstas en el
apartado 1) del artículo 4;
ii) las disposiciones por las que se confiere o impone a un inspector en el
cumplimiento de sus funciones cualquier derecho, facultad, función, deber,
obligación, exoneración, inmunidad o responsabilidad.
Sin embargo, el Ministro, a petición del Ministro de Hacienda y por recomendación del
Delegado podrá, mediante aviso publicado en la Gaceta Oficial, exonerar a los funcionarios
de las autoridades aduaneras de cualquier disposición aplicable en virtud del presente
apartado, si se ha cerciorado de que existen disposiciones sustitutivas apropiadas en la Ley de
Aduanas e Impuestos Especiales de 1964 que abarcan el objeto de la disposición de la que seprocura la exoneración.
7) Las autoridades aduaneras no estarán obligadas a actuar de conformidad con el apartado 4) a
menos que el titular del derecho de propiedad intelectual cuyo objeto se alega que las
mercancías estipuladas presentan, llevan, incluyen o incorporan o se ha aplicado a las
mismas, ofrezca una garantía al Delegado, en la forma y la cuantía que éste establezca, para
indemnizar a las autoridades aduaneras y sus funcionarios por cualquier responsabilidad enque puedan incurrir como consecuencia de la incautación y retención de las mercancías o de
cualquier acto realizado en relación con las mercancías al desempeñar sus funciones efectiva
o presuntamente en virtud del presente artículo y para cubrir cualquier gasto que pudiera
haberse generado al efectuar la incautación y retención de las mercancías.
8) Las disposiciones de la presente Ley no se interpretarán en el sentido de responsabilizar a las
autoridades aduaneras o cualquiera de sus funcionarios por:
a) cualquier omisión en detectar o incautar mercancías estipuladas;
b) la liberación de cualquiera de esas mercancías efectuada inadvertidamente;  ni
c) ninguna medida adoptada de buena fe respecto de dichas mercancías.
9) A los efectos del presente artículo, se entenderá por "autoridades aduaneras" la División de
Aduanas e Impuestos Especiales del Servicio de Rentas de Sudáfrica, cuyos integrantes son el
Delegado y los funcionarios que son "oficiales" conforme a la definición pertinente del
apartado 1) del artículo 1 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964.IP/Q4/ZAF/1
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ANEXO 4
(Ley de Mercancías Falsificadas)
Responsabilidad por daños y perjuicios o pérdidas causados como consecuencia de la aplicación de la
Ley
17.1) Toda persona que haya sufrido perjuicios o pérdidas causados por la incautación, retiro o
retención indebidos de mercancías de las que se ha aducido que eran falsificadas, o por
cualquier medida de las previstas en los incisos a), b) o c) del apartado 1) y en el apartado 2)
del artículo 7, adoptada indebidamente por un inspector en virtud de ese artículo interpretadocon el apartado 1) del artículo 4, o causado durante la incautación, retiro o retención, o como
consecuencia de ello, de dichas mercancías conforme a la presente Ley, estará facultada a
reclamar una indemnización por esos perjuicios o pérdidas, con sujeción al apartado 2).  Ésta
deberá reclamarse al denunciante y no al Estado, el inspector, ni al encargado del depósito de
mercancías falsificadas en que se guarden o se hubiesen guardado esas mercancías.
2) El Estado, el inspector, o el encargado del depósito de mercancías falsificadas, según el caso,
serán responsables respecto de la reclamación prevista en el apartado 1) sólo si:
a) el inspector, al ejecutar la incautación y retiro de las mercancías que se alega son
infractoras, o el encargado del depósito, al retener y almacenar esas mercancías
(según las circunstancias), han incurrido en culpa grave;  o
b) el inspector o el encargado del depósito (según el caso) han actuado de mala fe en la
incautación, retiro, retención o almacenamiento de esas mercancías.
3) Se interpretará que cualquier referencia, en los incisos a) y b) del apartado 2), a un inspector o
encargado de un depósito de mercancías falsificadas (con independencia de la expresión
utilizada) abarcará cualquier persona que actúe cumpliendo instrucciones o bajo la
supervisión del inspector o el encargado del depósito, según el caso.IP/Q4/ZAF/1
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ANEXO 5
(Ley de Aduanas e Impuestos Especiales)
Prohibiciones y limitaciones
113.1) Por la presente Ley se prohíbe la importación de las mercancías siguientes, a saber:
g) las reproducciones ilícitas de cualquier obra si están prohibidas en virtud de una
norma sobre derecho de autor;
(Ley de Derecho de Autor)
Infracción
23.2) Sin apartarse de las generalidades del apartado 1), cometerá una infracción del derecho de
autor cualquier persona que, sin autorización del titular del derecho de autor y durante la
vigencia de éste respecto de una obra:
a) importe un artículo a la República con fines distintos de los que corresponden al uso
privado o doméstico;
b) venda, arriende u ofrezca o exhiba comercialmente cualquier artículo para su venta o
arrendamiento en la República;
c) distribuya en la República cualquier artículo con fines comerciales, o cualquier otro
fin, en una medida que pueda perjudicar al titular del derecho de autor en cuestión;
d) adquiera en la República un artículo relacionado con un programa informático;  ysi tiene conocimiento de que la fabricación de ese artículo constituyó una infracción de ese
derecho de autor o la habría constituido si el artículo se hubiera fabricado en la República.
Sanciones y procedimientos respecto del comercio que infringe el derecho de autor
27.1) Cometerá un delito toda persona que, sin autorización del titular del derecho de autor y
mientras este último esté vigente respecto de una obra, realice cualquiera de los siguientes
actos con artículos de los que sepa que constituyen copias infractoras de la obra:
a) fabricarlos para su venta o arrendamiento;b) venderlos o arrendarlos, u ofrecerlos o exhibirlos comercialmente para su venta o
arrendamiento;
c) exhibirlos comercialmente en público;d) importarlos a la República con fines distintos de los que corresponden a su uso
privado o doméstico;
e) distribuirlos con fines comerciales;  of) distribuirlos con cualquier otro fin en una medida que cause perjuicios al titular del
derecho de autor.IP/Q4/ZAF/1
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ANEXO 6
(Ley de Derecho de Autor)
Disposiciones destinadas a limitar la importación de copias
28.1) El titular del derecho de autor respecto de cualquier obra publicada podrá notificar por escrito
al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales (denominado en el presente artículo "el
Delegado") que:
a) es titular del derecho de autor respecto de la obra;  yb) solicita al Delegado que las copias de las obras a las que se aplica el presente artículo
sean tratadas como mercancías prohibidas, durante un período especificado en la
notificación;
el período especificado en la notificación prevista en el presente apartado no deberá
extenderse más allá del plazo de vigencia del derecho de autor;  además, el Delegado no
estará obligado a actuar de conformidad con dicha notificación a menos que el titular del
derecho de autor constituya una fianza en la forma y la cuantía que el Delegado establezca,
para garantizar la satisfacción de cualquier responsabilidad y el pago de cualquier gasto quepudiera generarse como consecuencia de la retención que efectúe de toda copia de la obra a la
que se refiera la notificación o como resultado de cualquier acto realizado por él en relación
con una copia retenida de ese modo.
2) El presente artículo se aplicará a toda copia de la obra en cuestión realizada fuera de la
República y que, de haberse realizado en la República, habría constituido una infracción con
respecto a la obra.
3) Si en virtud del presente artículo se ha presentado una notificación con respecto a una obra y
no se ha retirado, no se prohibirá la importación a la República de cualquier copia de la obra a
la que se aplique el presente artículo, en un momento anterior al final del plazo especificado
en la notificación.
4) No obstante cualquier disposición de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964 (Ley
Nº 91), una persona no será pasible de sanción alguna en virtud de esa Ley (además del
decomiso de las mercancías) en razón del hecho de que las mercancías serán tratadas como
mercancías prohibidas con arreglo al presente artículo.
5) El presente artículo se aplicará, mutatis mutandis , respecto de un licenciatario exclusivo que
goce del derecho de importar a la República cualquier obra publicada en otro lugar.
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