ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/1/POL/1/Rev.1
29 de enero de 1998
(98-0317)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD
CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO
Polonia
Revisión
Por medio de una comunicación de la Misión Permanente de Polonia, de fecha 24 de
diciembre de 1997, se ha recibido de Polonia la  siguiente comunicación de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo.
_______________
Tengo el honor, en nombre de las autoridades competentes de la República de Polonia, de
anunciar y comunicar al Consejo de los ADPIC la in tención de Polonia de hacer uso del derecho, de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, de aplazar la fecha de
aplicación de las disposiciones de este Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5, más allá del
1º de enero de 1996.
Se adjunta la lista de las leyes y reglamentos principales de Polonia que se relacionan con la
materia de dicho Acuerdo y que se han puesto ya en consonancia con las disposiciones del mismo,junto con su traducción al inglés.
1
Polonia no está obligada, no obstante, a notificar las leyes y reglamentos mencionados;  esta
notificación se hace con mucha anticipación para dar al Consejo de los ADPIC la posibilidad de
proceder a su examen en mayo de 1998.
Tengo además el honor de informarle de que los trabajos preparatorios sobre una nueva Ley
polaca de propiedad industrial están muy adelantados y se espera su aprobación en la primera mitad
de 1998.  La entrada en vigor de una nueva Ley de Propiedad Industrial se notificará oportunamenteal Consejo de los ADPIC.
                                                     
1 La presente notificación de Polonia iba acompañad a también de cuatro anexos, que se reproducen a
continuación (páginas 4 y siguientes), titulados:
- Descripción del procedimiento civil aplicado en el  examen de casos relativos a la protección del
derecho de autor;
- Principios de la Legislación Polaca sobre Procedimiento Civil;- Descripción del procedimiento administrativo aplicado en el examen de casos relativos al derecho
de autor;
- Descripción del procedimiento penal aplicado en los casos relativos a violación del derecho de
autor.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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Al mismo tiempo, quisiera aclarar el texto de la comunicación de 21 de diciembre de 1995
(contenida en el documento IP/N/1/POL/1 de la Secretaría de la OMC, de 19 de febrero de 1996),
mediante la cual Polonia notificó sus leyes y reglamentos sobre propiedad industrial con arreglo al
párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, declarando que se habían puesto ya en
consonancia con las disposiciones del Acuerdo.  Esta comunicación debe entenderse en el sentido deque las leyes y los reglamentos presentados se han puesto en consonancia con los artículos 3, 4 y 5 del
Acuerdo.
NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD
CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Las autoridades polacas desean anunciar y comunicar al Consejo de los ADPIC su intención
de hacer uso del derecho que les confiere el párrafo 3 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC deaplazar más allá del 1º de enero de 1996 la fecha de aplicación de las disposiciones de dicho Acuerdo,
con excepción de los artículos 3, 4 y 5.
Polonia presenta la lista adjunta de sus leyes y reglamentos principales que se relacionan con
la materia del Acuerdo susodicho y que se han puesto ya en consonancia con las disposiciones del
mismo, junto con su traducción al inglés.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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NOTIFICACIÓN ANTICIPADA DE LA REPÚBLICA DE POLONIA,
DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63
DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, SOBRE LAS LEYES
RELATIVAS A LA MATERIA DE DICHO ACUERDO
1. Ley de 4 de febrero de 1994 sobre Derecho de  Autor y Derechos Conexos, publicada en el
Diario Oficial Nº 24/1994, texto 832;
2. Reglamento del Ministro de Cultura y Arte sobre las tasas pagaderas al Fondo para la
Promoción de la Actividad Creativa por la venta de obras cuyo plazo de protección respecto a los
derechos económicos del autor haya expirado, junto con normas detalladas de pagos con cargo al
Fondo y concesión de becas y asistencia social, de 22 de diciembre de 1994, publicado en el Diario
Oficial Nº 138/1994, texto 7353;
3. Reglamento del Ministro de Cultura y Arte sobre normas y procedimientos detallados de la
Comisión de Derecho de Autor, remuneración de sus miembros y escala de tasas pagaderas en los
procedimientos ante la Comisión, así como reglas de exención de éstas, de 22 de diciembre de 1994,
publicado en el Diario Oficial Nº 138/1994, texto 7363;
4. Reglamento del Ministro de Cultura y Arte sobre la cuantía, normas detalladas para la
recaudación y la exención de tasas sobre soportes y dispositivos vacíos para registrar o grabar obrascon fines de uso personal y designación de organizaciones administrativas colectivas competentes
para recaudar tales tasas, de 5 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial Nº 1/1996,
texto 5.
3
                                                     
2 El texto de esta ley puede verse en el documento IP/N/1/POL/C/1.
3 El texto de este reglamento puede verse en el documento IP/N/1/POL/C/2.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CIVIL APLICADO EN EL
EXAMEN DE CASOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN
DEL DERECHO DE AUTOR
La jurisdicción material de los tribunales se especifica en el artículo 17 del Código de
Procedimiento Civil (en adelante "CPC").  Según esta disposición, los casos relativos a protección delderecho de autor incumben a los tribunales de voivodía (provincia) como tribunales superiores de
primera instancia.
Los tribunales de apelación son competentes para examinar los casos en segunda instancia.
Si el valor de la demanda es superior a 5.000 Zl, podrá interponerse recurso de casación contra la
sentencia del tribunal de apelación, debiendo resolver la Corte Suprema.
La jurisdicción territorial de un tribunal se especifica con arreglo a los principios generales,
es decir que será competente el tribunal del lugar donde resida el demandado (artículo 27 del CPC).En caso de que el demandado haya cometido un acto ilegal, también podrá considerarse competente
un tribunal en cuya jurisdicción se haya cometido el acto lesivo (artículo 35 del CPC).  El artículo 80,
Sección 1, de la Ley de 4 de febrero de 1994 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
(Dz. U. Nº 24, poz. 83) dispone que los casos de infracción de los derechos económicos de un autor
serán examinados por el tribunal de la jurisdicción competente respecto al lugar en que el infractorrealice sus negocios o donde radiquen sus propiedades.
La protección del tribunal se extiende tanto a los derechos morales del autor (artículo 78 de la
Ley de Derecho de Autor) como a los económicos (artículos 79 y 80 de la Ley de Derecho de Autor).
Las demandas relativas a la propiedad intelectual deberán ser interpuestas por el autor de la obra, el
autor de la adaptación de una obra (traductor, autor de modificaciones y adaptaciones) o el intérpreteo ejecutante (cantante, recitador).
Un procurador, un abogado o una organización de gestión de derechos de autor y derechos
conexos podrán actuar en representación de una parte perjudicada (artículo 87 del CPC y artículo 78,
Sección 4, de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).  Generalmente, una parte no está
obligada a asistir en persona a la vista del juicio, pero en un caso particular el tribunal podrá admitirpruebas obtenidas como resultado de las declaraciones de las partes, y podrá requerir a una parte para
que asista en persona a la vista del juicio (artículos 216 y 199 del CPC).  También es posible,
siguiendo la opinión del abogado, hacer que las partes presten declaración ante otro tribunal ante el
que la parte pueda comparecer más fácilmente y con menos gastos (artículo 235 del CPC).  El tribunal
puede obligar a una persona que haya lesionado los derechos económicos de un autor a facilitar
información y dar acceso a los documentos que especifique el tribunal y sean importantes para la
reclamación de un autor (artículo 80, Sección 1, párrafo 2 de la Ley de Derecho de Autor).
El tribunal puede ordenar el secreto del sumario para proteger la índole confidencial de la
información revelada durante el proceso (artículos 153 y 154 del CPC).
En caso de que el tribunal considere justificada la demanda, podrá emitir sentencia en la que,
según las circunstancias, se obligue al demandado a reparar daños y perjuicios o se le prohíba o
imponga una determinada conducta.  El tribunal decidirá el decomiso, en beneficio del TesoroPúblico, de los objetos utilizados directamente para la producción ilegal de copias de obras, o de los
objetos utilizados con el fin de infringir la ley (artículo 80 de la Ley de Derecho de Autor).IP/N/1/POL/1/Rev.1
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Las costas del proceso, es decir las costas judiciales y honorarios de los abogados y de los
expertos, correrán a cargo de la parte perdedora, y el tribunal ordenará al demandado que las pague al
demandante (artículo 98 del CPC).
Si se reclamase a una parte sin razón justificada compensación por daños en relación con la
violación del derecho de autor, el tribunal dese stimará la reclamación y condenará al demandante al
pago de las costas procesales del demandado (artículo 98 del CPC).
Las costas procesales de tales casos se especifican en el párrafo 31 de la Ley de 13 de junio
de 1967 sobre Tasas Judiciales en Casos Civiles (Dz.U. Nº 24, poz. 110, modificada).  Según esta
disposición, en los casos de derechos inmateriales o en casos relacionados con derechos inmateriales
cuyo valor no pueda determinarse al comienzo del procedimiento, se determinará una tasa temporal de
registro (es decir, un tipo de tasa judicial).
En la decisión que pone fin al procedimiento en primera instancia, el tribunal determina la
cuantía de la tasa final, en los casos de derechos inmateriales, teniendo en cuenta la posición
financiera de la parte que ha de pagar las costas y, en los casos de derechos materiales, con arreglo al
valor de que se trate, determinado en el curso del proceso.
En casos similares, se determina una tasa temporal de registro por una cuantía variable
entre 30 y 600 Zl (artículo 11 de la Ordenanza del Ministro de Justicia de 17 de diciembre de 1996,sobre especificación de la cuantía de las tasas en los casos civiles - Dz.U. Nº 154, poz. 753)
El artículo 6 del CPC y el artículo 80 de la Ley sobre Derecho de Autor contienen
disposiciones que rigen las actuaciones del tribunal.  En particular, ordenan realizar el examen de la
moción para preservar cautelarmente las pruebas y los derechos en el plazo de tres días, y de la
apelación en el plazo de siete días.
En cuanto a las medidas temporales que puede dictar el tribunal, comprenden la preservación
de las pruebas, sin que sea necesario que exista el temor de que su análisis llegue a resultar imposible
o muy difícil.
Además, el tribunal puede preservar el ejercicio de los derechos dictando una orden temporal
restrictiva cuando resulte probable que, a falta de tal medida, podría ser imposible satisfacer talesderechos.
El tribunal podrá tomar medidas temporales antes de que se interponga la demanda.
Una orden temporal restrictiva de un tribunal para preservar el ejercicio de los derechos
adopta la forma de una decisión.  Antes de tomar una decisión, el tribunal no está obligado a escuchar
a la otra parte.  El tribunal puede dictar la decisión a puerta cerrada y comunicarla sólo al acreedor.
La comunicación al deudor se hará por una autoridad ejecutiva juntamente con el comienzo de la
ejecución de la decisión (artículo 740, párrafo 1, del CPC).  La decisión del tribunal podrá serrecurrida por las partes (artículo 711 del CPC).
Podrán preservarse las pruebas antes de incoarse el proceso a instancias de una parte.
Durante el proceso, las pruebas podrán preservarse de oficio.  El tribunal convocará a todas las
personas interesadas para que asistan a la sesión en la que se han de examinar las pruebas
(artículo 314 del CPC).
En los artículos 230 a 246 del CPC se especifican los procedimientos para solicitar, dictar y
mantener órdenes temporales restrictivas, aunque se excluyen, como constitutivas de una lex specialis ,
las disposiciones del CPC referentes a materias reguladas de distinta manera en la Ley sobre DerechoIP/N/1/POL/1/Rev.1
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de Autor.  Se trata, por ejemplo, del plazo para el examen de una moción de protección cautelar de un
derecho.  La Ley sobre Derecho de Autor fija al respecto un plazo de tres días, mientras que el CPC
concede siete días.  Una moción que solicite una orden temporal restrictiva debe invocar argumentos
que acrediten de manera probable que la moción está justificada.  Es posible también indicar en la
moción una cantidad cuyo pago por el deudor se considere garantía suficiente (artículo 237 del CPC).Al dictar una orden temporal restrictiva, el tribunal mismo establece la forma y la cuantía de la
garantía (artículo 239 del CPC).
PRINCIPIOS DE LA LEGISLACIÓN POLACA SOBRE
PROCEDIMIENTO CIVIL
Después de 1989 y en relación con las reformas en los sistemas político y económico, en
Polonia ha habido cambios en la organización de los tribunales y en las normas de procedimiento
civil.  Se ha abolido el arbitraje económico del Estado que resolvía las disputas entre entidadeseconómicas e industriales bajo la economía dirigida y controlada.  Los llamados pleitos económicos
(pleitos en materia de negocios) se ha transferido a la competencia de los tribunales ordinarios, en los
que son examinados mediante procedimientos especiales por departamentos especializados de esos
tribunales, llamados tribunales económicos.  Los procedimientos ante esos tribunales tienen algunas
características especiales;  siendo la finalidad de esas disposiciones especiales agilizar y simplificarlos procedimientos en atención  a las necesidades de la economía.
En 1990 se crearon los tribunales de apelación con la misión de considerar las apelaciones
interpuestas a las decisiones de los tribunales provinciales, competencia que anteriormente incumbía a
la Corte Suprema.
El procedimiento civil está regulado en Pol onia por el Código de Procedimiento Civil
de 17 de noviembre (Diario de Leyes - Dziennik Ustaw - Nº 43, texto 296), modificado por la Ley
de 11 de marzo de 1996 (Diario de Leyes - Dziennik Ustaw - Nº 43, texto 189).
El Código (en adelante CPC) se divide en tr es partes dedicadas al examen de los casos de
derecho civil, los procedimientos reivindicativos y ejecutorios y el procedimiento civil internacional.
En el examen inicial de los casos civiles, el tribunal establece los derechos y obligaciones de
las partes;  en los procedimientos ejecutorios el tribunal ordena la ejecución forzosa de las decisiones
judiciales;  y las disposiciones relativas al procedimiento civil internacional regulan la jurisdicción
nacional, la asistencia jurídica y el reconocimiento y la ejecución de las decisiones de tribunales
extranjeros, dándose prioridad a los acuerdos internacionales.
El procedimiento civil ante un tribunal polaco es conforme al párrafo 1 del artículo 6 del
Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, ratificada por Polonia
(Diario de Leyes - Dziennik Ustaw - de 1993, Nº 61, texto 284).  Los asuntos civiles son resueltos portribunales independientes e imparciales establecidos por la legislación, en juicios públicos y en un
plazo razonable.  Las partes tienen derecho a ser oídas en juicio público y a utilizar su derecho de
defensa.  Existe la posibilidad de apelar a un tribunal de segunda instancia.
En la resolución de 12 de junio de 1992, la Corte Suprema declaró que un acto del
Parlamento por el que se aprueba la ratificación de un acuerdo internacional lo introduce en el sistemajurídico con el mismo efecto que una ley del Parlamento.  El Convenio Europeo sobre Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales no requiere transformación y sus normas pueden aplicarse
directamente en el ámbito del derecho interno (I PRN 54/93, Paÿstwo i Prawo 1994, Nº 2, p. 107).
Los procesos se incoan a solicitud de una parte interesada.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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La pertinencia de los procesos judiciales y la posibilidad de examinar la cuestión dependen
de que se den o no ciertas circunstancias.
Cada una de las partes debe tener capacidad para personarse en un proceso civil y en un
asunto civil determinado.  Además, la demanda debe ser formalmente admisible ante el tribunal y ante
la jurisdicción nacional.  Las actuaciones han de realizarse ante un tribunal competente y con arregloal procedimiento adecuado.  El proceso puede detenerse si el asunto hubiese sido ya juzgado
(res iudicata ), o cuando un asunto relativo a la misma demanda entre las mismas partes esté en
tramitación ( lis pendens ) o sometido a arbitraje.
Competencia del tribunal
Los asuntos civiles incumben a tribunales ordinarios, que pueden ser tribunales de distrito, de
provincia y de apelación.  La Corte Suprema es el tribunal de casación.
Los tribunales de distrito entienden en todos los casos excepto los reservados a la
competencia de los tribunales provinciales.  Sólo estos dos tipos de tribunales juzgan en primera
instancia (artículo 16 del CPC).
Los tribunales provinciales entienden en los casos civiles a partir de determinado valor del
objeto de litigio (desde el 1º de julio de 1996, por encima de 15.000 Zl), así como de la mayoría de los
casos de carácter no financiero:  protección del derecho de autor, derechos de patente sobreinvenciones, dibujos registrados prácticos o decorativos y también marcas de fábrica o de comercio,
así como de las demandas en virtud de las leyes de prensa (artículo 17 del CPC).
La competencia territorial del tribunal puede ser general, alternativa o exclusiva.  Con la
competencia general, el asunto se ve en el tribunal de primera instancia, en el lugar de residencia del
demandado o, si se trata de una persona jurídica, donde tenga su sede.  El lugar de residencia de unapersona natural es la localidad en la que vive con intención de estabilidad.
En caso de competencia alternativa, el demandante puede escoger el tribunal.  Una demanda
de reparación de daños causados por un acto ilícito puede presentarse en el lugar de residencia del
demandado o en lugar donde se realizó el acto que originó el daño (artículos 31-37 del CPC).
La competencia exclusiva del tribunal se refiere, entre otros casos, a aquellos en que se
reivindica la propiedad u otros derechos patrimoniales sobre bienes raíces.  En tales casos, el único
tribunal competente es el del lugar donde están radicados los bienes (artículos 38-42 del CPC).
El tribunal que se declara incompetente en una caso no devuelve la demanda ni la rechaza,
sino que transfiere el sumario a un tribunal compet ente (artículo 200, párrafo 1, del CPC).  El tribunal
al que se ha transferido el sumario queda obligado por esta decisión.  Estas disposiciones no se
aplican cuando se transfiere un sumario a un tribunal de instancia superior (artículo 200, párrafo 2,
del CPC).
Composición del tribunal
En primera instancia el tribunal, compuesto por un juez presidente y dos jueces legos,
entiende en los casos del código de trabajo y los relativos a seguridad social, así como en los
derivados de relaciones de familia, excepto los de pensiones alimenticias (artículo 47, párrafo 1, del
CPC).  El Presidente del tribunal está facultado, no obstante, para ordenar que es caso sea examinadopor tres jueces de carrera si lo considera aconsejable por la complejidad excepcional del caso
(artículo 47, párrafo 4, del CPC).IP/N/1/POL/1/Rev.1
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El tribunal de apelación actúa integrado por tres jueces.
Recusación del juez
Según la Constitución de Polonia, el juez es independiente en sus decisiones y sólo está
sujeto a la ley.  El juez puede entender en un caso determinado si no está descalificado por las
disposiciones de la ley o si no se inhibe por propia iniciativa o es impugnado por una de las partes enel litigio.  No debe haber duda alguna sobre la imparcialidad del juez.
El juez es descalificado por la ley de aquellos casos en que es parte;  de los casos en que
intervengan su cónyuge, parientes en línea directa y por matrimonio, parientes colaterales hasta el
cuarto grado y parientes por matrimonio hasta el segundo grado;  de los casos de personas con las que
tenga una relación de adopción, custodia o tutoría;  cuando haya sido o sea todavía representante o
asesor jurídico de una de las partes;  cuando haya participado, en una instancia inferior, en dictar una
sentencia que sea objeto de apelación;  en los litigios relativos a la validez de un instrumento jurídicopreparado con su participación o examinado por él;  y en los casos en que haya actuado como fiscal
(artículo 48 del CPC).
Independientemente de estar razones, el tribunal recusará a un juez a petición propia o a
petición de una parte cuando exista entre él y una de las partes una relación personal de tipo tal que
pueda suscitar dudas respecto a la imparcialidad del juez (artículo 49 del CPC).
La participación de un juez descalificado por la ley invalida las actuaciones (artículo 379,
párrafo 4, del CPC).  También puede apelarse contra una decisión vinculante si el juez que la dictó
estaba descalificado por la ley.
Partes calificadas en el procedimiento civil y en casos civiles
Cualquier persona natural o jurídica tiene capacidad para ser parte en un procedimiento civil.
Las organizaciones comunales cuyo funcionamiento esté autorizado por la ley pueden ser
partes en procedimientos civiles aunque no sean personas jurídicas (artículo 64 del CPC).
Las entidades económicas que no sean personas jurídicas pueden igualmente ser partes en los
procedimientos de los tribunales económicos si se constituyeron conforme a la ley, siempre que en su
ámbito de actividades estén las actividades de negocios (artículo 479 del CPC).
Cualquier persona natural que tenga plena capacidad para participar en transacciones
jurídicas, las personas jurídicas y las organizaciones con capacidad para ser partes en casos civiles
pueden actuar en los procedimientos judiciales, es decir, pueden actuar en casos civiles.
Representación de las partes en los procedimientos
Aparte del procedimiento de casación (anulación), en el procedimiento civil polaco no hay
obligación de contar con la asistencia de un abogado.  Las partes o sus representantes autorizados o
estatutarios pueden comparecer ante el tribunal en persona o mediante un representante.  Elrepresentante puede ser un abogado, un asesor jurídico, un copartícipe en el litigio, así como los
padres, el cónyuge, los hermanos o descendientes del interesado, así como personas relacionadas por
adopción (artículo 87, párrafo 1, del CPC).
Un empleado de una empresa, o su autoridad superior, pueden actuar como representantes de
la misma.  La persona jurídica que, con arreglo a disposiciones específicas, desempeña funciones deasesoramiento jurídico de una empresa, puede conferir en nombre de esa empresa la capacidad paraIP/N/1/POL/1/Rev.1
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representarla a un abogado o a un asesor jurídico, si la entidad le ha autorizado a hacerlo (artículo 87,
párrafo 2, del CPC).
La Ley de 1º de marzo de 1996 dio a los abogados y a los asesores jurídicos iguales derechos
en los procedimientos civiles.
Obligación del tribunal de informar a las partes
La ausencia de una obligación de ser asistido por un abogado o un asesor jurídico en las
comparecencias ante los tribunales de primera y segunda instancia justifica la existencia de
disposiciones que obligan al tribunal a informar a las partes sobre las disposiciones que rigen el
procedimiento civil.
El tribunal deberá dar a las partes y los participantes que no cuenten con la asistencia de un
abogado o asesor jurídico todas las explicaciones necesarias respecto a las actuaciones procesales y
deberá explicarles las consecuencias jurídicas de las mismas y las consecuencias de la negligencia(artículo 5 del CPC).  Siempre que las circunstancias del caso lo requieran, el tribunal indicará al
demandante la inadmisibilidad formal o una ausencia evidente de fundamento para un pleito.
Esta obligación del tribunal se limita a facilitar información sobre las disposiciones de la ley
procesal y no incluye el ofrecimiento de consejos.
Esta disposición refleja el principio de igualdad de trato para las partes, por cuanto se dan
oportunidades iguales a la parte que actúa sin abogado.
En ausencia de una parte en el juicio, el juez presidente o un juez informante designado por
él presentará las mociones, declaraciones y pruebas de esa parte incluidas en el sumario.
Durante las actuaciones, antes de considerar las pruebas, el juez presidente da a las partes las
instrucciones y la orientación debidas y, según las circunstancias, señala a su atención la convenienciade designar un procurador para el procedimiento.
Cuando una parte actúe sin abogado o asesor jurídico y esté presente en el momento de
hacerse pública la sentencia, el juez presidente le informará sobre los métodos y los plazos para
recurrir en apelación.  Cuando una parte actúe sin abogado o asesor jurídico y esté ausente en el
momento de hacerse pública la sentencia por encontrars e en prisión, el tribunal, actuando de oficio, le
comunicará en el plazo de una semana una copia de la sentencia y su conclusión, con instrucciones
sobre plazos y procedimientos para recurrir en apelación.
El pago de costas procesales se concederá sólo a petición de parte, pero el pago de costas
debidas a una parte que actúe sin abogado ni asesor jurídico se concederá de oficio por el tribunal.
El principio de determinación adecuada de la situación de hecho como base de la sentencia del
tribunal
La finalidad de este principio es asegurar que en el juicio que pone fin al procedimiento se
aplica una norma legal que corresponde a las relaciones de hecho.  Cada juicio debe derivar de
conclusiones que correspondan a la verdadera situación de hecho.
La Ley de 1º de marzo de 1996 cambió la manera de llegar al establecimiento adecuado de la
situación de hecho como base para el juicio limitando la capacidad del tribunal para actuar de oficio y
subrayando que sobre todo las partes debían adoptar una actitud activa en la reivindicación de susintereses y la defensa de sus derechos.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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El artículo 3 del CPC se modificó suprimiendo la disposición que obligaba al tribunal a
examinar exhaustivamente todos los aspectos esenciales del caso y a aclarar el contexto de todas las
relaciones de hecho y de derecho.  Antes de esta modificación, el tribunal podía emprender de oficio,
según la situación de un caso, cualquier acción que estimara necesaria para completar el material y las
pruebas presentados por las partes y los participantes en el proceso.
También se derogó el párrafo 1 del artículo 381 del CPC, según el cual el tribunal de segunda
instancia debía tomar en consideración toda ausencia de aclaración sobre circunstancias esenciales
para tomar una decisión en el caso.
La disposición que obliga a las partes a aclarar las circunstancias conforme a la verdad y sin
ocultar nada y a presentar pruebas permaneció en vigor (artículo 3 del CPC).
En la nueva redacción del artículo 232 del CPC, las partes tienen obligación de indicar las
pruebas para el establecimiento de los hechos de los que se derivan consecuencias jurídicas.  Eltribunal puede admitir pruebas no indicadas por una parte, actuando de oficio.  Pero se ha suprimido
la disposición según la cual el tribunal podía ordenar una investigación para establecer la prueba;  en
su lugar, el tribunal facilita la obtención de las pruebas necesarias por las partes, ya que con arreglo al
párrafo 1 del artículo 208 del CPC el juez presidente puede recabar de una entidad estatal o un
servicio administrativo de un gobierno local las pruebas de que dispongan cuando la parte por sí solano pueda obtener tales pruebas.
Incluso antes de examinar las pruebas, el juez presidente, mediante preguntas a las partes,
deberá determinar cuáles son las circunstancias esenciales del caso que se discuten y tratar de
aclararlas (artículo 212 del CPC).
Para explicar mejor la situación, el tribunal puede ordenar a las partes o a una parte que
comparezcan en persona o por medio de un representante (artículo 216 del CPC).
El párrafo 1 del artículo 224 del CPC no se ha modificado;  con arreglo a esta disposición, el
juez presidente cierra el sumario cuando considera que el caso está satisfactoriamente aclarado.  Para
una parte, el caso queda aclarado sólo cuando se han examinado todas las pruebas presentadas por esa
parte.  Las pruebas presentadas por la parte pueden omitirse únicamente cuando la parte deseaestablecer un hecho que el tribunal considera ya probado.  A este respecto, el párrafo 2 del
artículo 217 del CPC estipula que el tribunal omitirá las pruebas cuando las circunstancias discutidas
hayan sido suficientemente aclaradas o cuando la parte presente pruebas con el objeto exclusivo de
producir demoras.
Al pronunciar una sentencia en incomparecencia del demandado, el tribunal acepta como
verdaderas las declaraciones del demandante sobre las circunstancias del caso si no surgen dudas
razonables en cuanto a su conformidad con la situación real (artículo 339, párrafo 2, del CPC).
Principio de concentración de los elementos del sumario
El principio de concentración de los elementos del sumario es de importancia básica para la
eficacia y la rapidez de las actuaciones, que son esenciales para la economía del procedimiento
judicial.  El tribunal debe combatir la lentitud de las actuaciones y tratar de llegar a una decisión en la
primera sesión, si es posible, sin perjudicar por ello la aclaración del caso (artículo 6 del CPC).Incluso en el caso de una moción conjunta de ambas partes, el tribunal sólo podrá aplazar la vista por
una razón importante (artículo 156 del CPC).
El juez presidente tiene atribuciones para co ntribuir a aplicar el principio de determinación
adecuada de la situación de hecho.  Antes de la vista, el juez presidente, en atención a lasIP/N/1/POL/1/Rev.1
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circunstancias, dicta órdenes para prepararla, sobre la base de la demanda y de otras declaraciones
escritas.  El juez puede así convocar ante el tribunal a los testigos y expertos indicados por las partes y
a las personas designadas como expertos por las partes, y ordenar la presentación de documentos u
objetos para su inspección.
En los asuntos económicos las actuaciones serán expeditivas por las necesidades de la vida
económica.  Por esta razón, el llamado tribunal económico tiene la obligación de pronunciarse sobre
un caso en el plazo de tres meses desde la presentación de la demanda.
El principio de la rapidez del procedimiento tiene expresión asimismo en las disposiciones
sobre apelación.  Aparte de los casos de invalidez de las actuaciones, el tribunal de segunda instancia
suspenderá la ejecución de la sentencia apelada sólo cuando una decisión sobre la cuestión central
hiciese necesario iniciar de nuevo todo el procedimiento o una parte considerable de éste.
Publicidad
La vista de los juicios es pública, en presencia del público a menos que disposiciones
específicas dispongan otra cosa, por ejemplo en casos de divorcio.  El tribunal ordena de oficio la
actuación a puerta cerrada si el examen público del caso entraña un peligro para el orden público o la
moralidad, o cuando pudieran revelarse circunstancias que entran en la categoría de secretos de estado
u oficiales.
El tribunal puede también celebrar una sesión a puerta cerrada a instancia de parte si estima
que las razones presentadas así lo justifican, o cuando se sacan a la luz detalles de la vida familiar.
La decisión que pone fin a la instrucción del sumario se anuncia públicamente
(artículos 152-154 del CPC).
El principio de libre ejercicio de sus derechos por las partes
La Ley de 1º de marzo de 1996 proclamó el principio de libre ejercicio de sus derechos por
las partes, limitando las posibilidades de intervención del tribunal en el ejercicio de estos derechos en
lo que se refiere a las demandas.  Según el párrafo 2 del artículo 213 del CPC, el tribunal no quedaba
obligado por la admisión de una demanda, sino que podía contentarse con esa admisión si lo
justificaban as circunstancias del caso.
Según la Ley de 1º de marzo de 1996, el tribunal está siempre obligado por la admisión de la
demanda, a menos que tal admisión infrinja o burle la ley.
También ha cambiado el tratamiento dado por el tribunal al desistimiento, el abandono o la
reducción de la demanda.  Según lo dispuesto anteriormente por el párrafo 4 del artículo 203 del CPC,
el tribunal tenía que desautorizar el desistimiento, el abandono o la reducción de la demanda cuando
tales acciones estuvieran en contradicción con la ley o los principios de la vida comunitaria o
perjudicaran de manera flagrante los intereses legítimos de otras personas.  Se consideraban nulas ysin valor las acciones, incluidas las del tribunal, realizadas para eludir los efectos de tal
desautorización.
A partir del 1º de julio de 1996, el párrafo 4 del artículo 203 del CPC dice así:
"El tribunal podrá desautorizar el desistimiento, el abandono o la reducción de la demanda
solamente cuando las circunstancias indiquen que esta acción está en contradicción con la leyo los principios de la vida comunitaria o si su propósito es burlar la ley.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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En los casos económicos el tribunal podrá desautorizar el desistimiento, el abandono o la
reducción de la demanda solamente cuando las circunstancias indiquen que esta acción
resulta de prácticas monopolística prohibidas o prácticas que limitan la independencia de las
empresas (artículo 479 (13), párrafo 1, del CPC).
En los casos económicos el tribunal podrá desautorizar el acuerdo concertado entre las
partes solamente cuando su contenido esté en contradicción con la ley o los principios de la
vida comunitaria o su objeto sea burlar la ley , y también cuando así se requiera para
proteger el medio ambiente  o la calidad debida de la producción (artículo 479 (13),
párrafo 2, del CPC)."
El principio del libre ejercicio de sus derechos por las partes se manifiesta también en el
hecho de que el tribunal no puede decidir sobre un a cuestión que no haya sido incluida en la demanda,
ni puede adjudicar más de lo demandado (principio de ne eat iudex ultra petita partium ).  Entre las
excepciones están los casos de demandas de pensión alimentaria o reparación de daños resultantes de
actos ilícitos.  Pero en estos casos, el tribunal decide sobre la base de los hechos presentados por el
demandante (artículo 321 del CPC).
El tribunal no puede ir más allá del alcance de las circunstancias de hecho en que se apoya la
demanda de una parte.  La razón es que el tribunal no puede modificar de oficio las bases de hecho dela demanda.
La función de los principios de vida comunitaria a que se refieren las disposiciones del
código de procedimiento se ha expuesto en el artículos 5 y 58, párrafo 2 del Código Civil.  Según
estas disposiciones, un derecho no puede ejercerse de manera que entre en contradicción con las
intenciones sociales y económicas de la ley ni con los principios de la vida comunitaria.  Actos comoel desistimiento del titular de un derecho no se consideran como ejercicio de un derecho y no son
protegidos.  Un acto jurídico que contradiga la ley es inválido.
La legislación polaca no define el concepto de los principios de la ley comunitaria, que se
introdujo en la legislación después de la segunda guerra mundial.  El contenido de estos principios se
explica en la jurisprudencia de los tribunales, seg ún la cual estos principios son análogos al concepto
de moralidad contenido en el Código de Comercio de 1934 y en la Ley de 1993 sobre lucha contra la
competencia desleal.
Derecho a negarse a declarar
En el procedimiento civil polaco nadie tiene derecho a negarse a declarar como testigo salvo
los cónyuges de las partes, sus descendientes, ascendientes y hermanos y parientes en la misma línea
y grado, así como las personas que tengan una relación de adopción.
Un testigo puede negarse a responder a las preguntas que se le hacen si tal testimonio supone
un peligro de responsabilidad penal para él o sus parientes antes mencionados o es para ellos
infamante, directa y gravemente perjudicial para sus bienes, o puede quebrantar la confidencialidad
relacionada con el ejercicio de una profesión  (artículo 261 del CPC).
Principio de libertad en la evaluación de las pruebas
El tribunal aprecia la credibilidad y la importancia de las pruebas según su propio criterio,
sobre la base de la consideración global de los materiales reunidos (artículo 233, párrafo 1, del CPC).
Para hacer posible la comprobación de esta evaluación ante el tribunal de segunda instancia, las
actuaciones ante el tribunal de primera instancia se registran en actas.  Estas actas contienen los
resultados del examen de las pruebas.  La evaluación de las pruebas por el tribunal debe recogerse enIP/N/1/POL/1/Rev.1
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la decisión (incluida la justificación) que se prepara a petición de una parte que se proponga apelar
contra la decisión del tribunal.
El principio de libertad en la evaluación de las pruebas es un medio necesario para garantizar
que el tribunal juzga de conformidad con los hechos.
El procedimiento civil polaco tiene pocas reglas y limitaciones respecto a las pruebas.Los hechos generalmente conocidos no requieren prueba;  el tribunal los tiene en cuenta aun
cuando las partes no hagan referencia a ellos (artículo 213, párrafo 1, del CPC).
Cuando una parte no responde a la declaración de los hechos de la parte opuesta, el tribunal,
teniendo en cuenta los resultados del conjunto de las actuaciones, puede considerar que se han
reconocido esos hechos (artículo 230 del CPC).
El tribunal puede reconocer como establecidos los hechos que puedan derivarse de otros
hechos reconocidos.
Las presunciones legales son vinculantes ante el tribunal;  sin embargo, pueden ser
impugnadas siempre que no lo prohíba la ley.
Los documentos oficiales establecidos en la forma prescrita por las autoridades estatales
pertinentes en el ámbito de su competencia son prue ba de lo que se certifica oficialmente en ellos
(Artículo 244, párrafo 1, de CPC).
Si la ley o el acuerdo entre las partes exigen que una transacción legal se realice por escrito,
serán admisibles la prueba testifical o la audiencia de las partes en caso de que se discuta entre ellas el
hecho de haberse realizado la transacción, cuando el documento se haya perdido, destruido, o lo haya
sustraído un tercero, o cuando la forma escrita fuese exigida solamente con fines de prueba.
La prueba testifical o la audiencia de las partes que vayan en contra o más allá de lo esencial
de un documento que contenga una transacción legal pueden ser admitidas entre las partes en esa
transacción siempre que no se opongan a las normas sobre la forma estipulada so pena de invalidez, y
siempre que el tribunal lo crea necesario en atención a circunstancias especiales del caso (artículo 247
del CPC).
Un tribunal civil está vinculado por las conclusiones de una sentencia firme dictada en
proceso penal respecto a la comisión de un delito.
Derecho a la defensa
El derecho a la defensa es uno de los principios fundamentales del procedimiento civil polaco
y toda violación de este derecho produce la nulidad del proceso.
El proceso puede instruirse sólo con la participación de la parte afectada por el proceso y a la
que se habrá notificado debidamente la audiencia.  La parte deberá estar debidamente representada y
podrá contar con la asistencia de un abogado o un asesor jurídico.
Si la parte es una persona natural, la notificación se le hará personalmente.  Las partes y sus
representantes tienen la obligación de notificar al tribunal cualquier cambio en el lugar de residencia.
En caso de incumplimiento de esta obligación, se considerará notificado el auto judicial, a
menos que el tribunal conozca la nueva dirección.  En la primera comparecencia, el tribunal notificaráIP/N/1/POL/1/Rev.1
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a la parte esta obligación y los efectos del incumplimiento (artículo 136 del CPC).  La notificación
indirecta es sólo una presunción que puede impugnarse.
En caso de que una persona cuyo lugar de residencia temporal se desconozca deba ser
notificada de una demanda u otro acto que conlleve la necesidad de defender sus derechos, hasta que
esa persona o su representante o abogado se manifieste, la notificación sólo podrá depositarse enmanos de un custodio designado por el tribunal a petición de la parte interesada.
La Ley de 1º de marzo de 1996 introdujo nuevas normas en este sector.
Según el párrafo 2a del artículo 133 del CPC, la notificación a las empresas de autos,
citaciones y otros documentos relativos al procedimiento se hace a la dirección indicada en el registro,
a menos que la parte indique otra dirección para ello.
Según la nueva redacción del artículo 139 del CPC, la notificación de autos, citaciones y
otros documentos a personas jurídicas y organizaciones sujetas a inscripción en registro, cuando nosea posible hacerlas de la manera dispuesta en los artículos anteriores por haberse incumplido aquella
obligación, se considerará realizada a menos que el tribunal conozca la nueva dirección.
Tras el anuncio o la decisión de la primera inscripción en registro, el tribunal advertirá a la
parte de los efectos del incumplimiento de la obligación de comunicar al registro las modificaciones.
La audiencia debe aplazarse cuando el tribunal descubre una irregularidad en la notificación
o si la ausencia de una parte se debe a un acontecimiento extraordinario o a otro obstáculo insuperable
conocido por el tribunal (artículo 214 del CPC).
Las disposiciones sobre incumplimiento del plazo y fijación de un nuevo plazo contienen una
garantía del derecho a la defensa.  Una acción de procedimiento civil emprendida por una parte fuera
de plazo no tiene efecto.  Cuando una parte no ha actuado a tiempo sin tener culpa, el tribunal decidiráfijar un nuevo plazo para su moción (artículos 167-172 del CPC).
Podrá dictarse sentencia sin contar con el demandado únicamente cuando éste, pese a haber
sido citado debidamente, no haya comparecido a la audiencia pública o cuando, aunque comparezca,
no participe en las actuaciones.
El derecho a la defensa se ejercita interponiendo apelaciones.Todas las sentencias apelables del tribunal deben apoyarse en datos de hecho y en referencias
a los preceptos legales aplicables.  Las decisiones válidas de los tribunales de segunda instancia deben
ser razonadas.
Arreglo amistoso de las disputas
Los asuntos justiciables pueden ser resueltos por disposición del tribunal antes de que se
presente la demanda.  El tribunal desautorizará un acuerdo al que lleguen las partes sólo cuando su
contenido infrinja la ley o los principios de la vida comunitaria o se oponga flagrantemente a losjustos intereses de una de las partes (artículo 184 del CPC).
Aparte de esto, el tribunal debe alentar a las partes, en cada fase del procedimiento, a arreglar
amistosamente la disputa.  Durante la audiencia, el juez presidente invitará a las partes a la
conciliación, en especial durante la primera sesión después de las explicaciones iniciales de las
posiciones respectivas.  El acuerdo alcanzado ante el tribunal se hace constar en el acta del proceso yes firmado por las partes.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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El acuerdo ante el tribunal es un documento ejecutorio.
El principio de las dos instancias
Los tribunales comunes en Polonia están organizados según un sistema de dos instancias.
Las decisiones de los tribunales de primera instancia pueden ser apeladas.  Si el tribunal de primera
instancia es de distrito, el de segunda instancia es el tribunal provincial.  Si un tribunal provincial ha
decidido en primera instancia, el tribunal de apelación constituye la segunda instancia.
La Corte Suprema examina en casación (anulaciones) y considera las cuestiones de derecho
presentadas por los tribunales de segunda instancia en los casos en que no puede pedirse la casación
(artículo 390, párrafo 1, del CPC).  La resolución de la Corte Suprema sobre una cuestión de derecho
es vinculante en un caso determinado.
En una apelación pueden alegarse cualquier tipo de reservas.  El tribunal de segunda
instancia examina el caso en el ámbito de la apelac ión, pero anula la sentencia de oficio si el proceso
ante el tribunal de primera instancia ha sido inválido o si ese tribunal no ha examinado la esencia del
caso (Artículo 378 del CPC).
El proceso es inválido inter alia  cuando se ha privado a una parte de la oportunidad de
defender sus derechos;  cuando se ha incoado anteriormente un proceso por la misma demanda entre
las mismas partes, o cuando se ha tomado ya una decisión final sobre esa demanda (en violación delos principios de lis pendens  y res iudicata ;  cuando en la composición del tribunal se han violado las
disposiciones aplicables o cuando un juez descalificado por la ley ha participado en el proceso
(artículo 379 del CPC):
El tribunal de apelación decide sobre la base de los elementos obtenidos en el proceso ante el
tribunal de primera instancia (artículo 382 del CPC).  El tribunal de segunda instancia puede omitirnuevos hechos y pruebas su una parte había podido presentarlos en el proceso ante el tribunal de
primera instancia, a menos que la necesidad de referirse a ellos haya surgido más tarde (artículo 381
del CPC).
En el procedimiento de apelación, no puede ampliarse el contenido de la demanda ni se
admiten nuevas demandas.  Sin embargo, si surgen nuevas circunstancias, en lugar del objeto originalde la disputa puede pedirse su valor u otro objeto, y en los casos relativos a contraprestaciones
repetibles, la demanda puede cubrir contraprestaciones para períodos subsiguientes (artículo 383
del CPC).
El tribunal no puede anular ni modificar una decisión en perjuicio de la parte que interpone la
apelación, a menos que la parte contraria haya apelado igualmente (artículo 384 del CPC).
La Ley de 1º de marzo de 1996 limitó la posibilidad de anular las sentencias y devolver los
sumarios para repetir su examen.  El tribunal de segunda instancia sólo puede anular la sentencia ydevolver el sumario para un nuevo examen cuando pa ra dictar sentencia sobre el fondo del caso sea
preciso repetir totalmente o en parte importante el examen de las pruebas (artículo 386, párrafo 4, del
CPC).
El tribunal que procede al nuevo examen del caso ha de estar compuesto por jueces distintos.
Las consideraciones y orientaciones jurídicas sobre nuevas actuaciones contenidas en la
decisión del tribunal de segunda instancia obligan al tribunal al que se ha devuelto el sumario, y
también al tribunal de segunda instancia en el nuevo examen del caso (artículo 386, párrafo 6,
del CPC).IP/N/1/POL/1/Rev.1
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Para mejorar la protección judicial de las partes, la Ley de 1º de marzo de 1996 suprimió la
apelación extraordinaria que no podían interponer las partes sino únicamente algunas autoridades,
como el Ministro de Justicia.
A partir del 1º de julio de 1996, sólo una parte puede presentar recurso de casación de la
sentencia o decisión de un tribunal de segunda instancia, cerrando el sumario correspondiente(artículo 392 del CPC).  El derecho de casación no se aplica únicamente a casos de menor cuantía
(artículo 393 del CPC).
La casación puede solicitarse sólo cuando:
- se ha violado la ley sustantiva por mala interpretación o aplicación incorrecta;
- se han violado las disposiciones de procedimiento, si esta irregularidad puede afectar
esencialmente al resultado del proceso (artículo 393, párrafo 1), del CPC).
La casación sólo puede ser solicitada por un abogado acreditado ante el tribunal o por un
asesor jurídico, a menos que la parte interesada sea un abogado, juez, fiscal, asesor jurídico, notario, o
profesor de derecho o doctor en derecho (con alta titulación académica) en una universidad polaca
(artículo 393, párrafo 2), del CPC).
La Corte Suprema examina el caso en lo tocante a la casación, pero considera de oficio la
invalidez del procedimiento (artículo 393, párrafo 11), del CPC).
La Corte Suprema rechaza la casación cuando no hay motivo justificado para ella o cuando la
sentencia considerada es conforme a derecho, peso a los defectos en su justificación (artículo 393,
párrafo 12), del CPC).
Al admitir la casación la Corte Suprema devuelve la sentencia apelada y transfiere el sumario
para que sea nuevamente examinado al tribunal de segunda instancia que tomó la decisión o a otrotribunal del mismo nivel.
Cuando la Corte Suprema decide que no ha habido violación de la ley procesal sino sólo de la
ley sustantiva, puede dictar sentencia sobre el fondo del asunto;  en tal caso, la Corte Suprema tiene
que aceptar la situación de hecho que constituye la base de la sentencia apelada (artículo 393,
párrafo 15), del CPC).
El tribunal al que se ha transmitido el sumario está obligado por la interpretación dada por la
Corte Suprema.  La solicitud de casación de la sentencia dictada después del nuevo examen del caso
no puede basarse en motivos que contradigan la interpretación hecha para este caso por la Corte
Suprema (artículo 393, párrafo 17), del CPC).
Firmeza de la sentencia
Una decisión es firme cuando ya no hay medios de apelación o impugnación.  Una sentencia
firme obliga no sólo a las partes y al tribunal que la ha dictado sino también a los demás tribunales y alas autoridades del Estado (artículos 363 y 365 del CPC).
Reapertura de un sumario
Puede pedirse la reapertura de un sumario por causa de invalidez si una persona no
autorizada formaba parte del tribunal, o si el juez instructor estaba descalificado por la ley;  cuando
una parte no tenía capacidad para participar en transacciones jurídicas, o no estaba debidamenteIP/N/1/POL/1/Rev.1
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representada;  o cuando, con infracción de la ley, se hubiese privado a una parte de la oportunidad
para actuar (artículo 401 del CPC).
La reapertura del sumario puede pedirse también por razón de que la sentencia se haya
basado en un documento falso o falsificado o en una sentencia en un proceso penal que haya sido
anulada después, y también por razón del descubrimiento posterior de circunstancias de hecho opruebas que pudieran haber influido sobre el proceso y que una parte no pudo utilizar en actuaciones
anteriores (artículo 403 del CPC).
La reapertura del sumario puede pedirse también por haberse descubierto más tarde una
sentencia firme relativa a la misma relación jurídica.  En tal caso, el tribunal examina no sólo la
sentencia impugnada sino también, de oficio, otras sentencias firmes relativas a la misma relación
jurídica (artículo 403 del CPC).
La solicitud de reapertura del sumario sólo puede hacerse dentro de los tres meses siguientes
al día en que la parte interesada ha descubierto los hechos en que basa la solicitud.
Procedimientos especiales
Los casos derivados de ciertos tipos de relaciones jurídicas deben ser examinados con arreglo
a un procedimiento modificado.  El Código de Procedimiento Civil establece procedimientos
especiales en casos matrimoniales, litigios entre padres e hijos, cuestiones del código de trabajo y deseguridad social, casos de violación del derecho de propiedad y casos económicos.
Los casos económicos son los derivados de relaciones de derecho civil entre entidades
económicas que actúen dentro de su ámbito empresarial.  Son también casos económicos:
- las disputas relativas a relaciones en virtud de un acuerdo de sociedad;
- las denuncias contra entidades económicas por daños al medio ambiente y para que
restablezcan la situación anterior o reparen los daños causados, o las acciones para
que se prohíban o limiten actividades nocivas para el medio ambiente;
- los asuntos que son competencia de los tribunales en virtud de la legislación contra
las prácticas monopolistas (artículo 479, párrafo 1), del CPC).
La Oficina Antimonopolio se estableció para combatir las prácticas monopolistas en la
economía.  Puede apelarse de las decisiones de esta oficina ante el Tribunal Antimonopolio (que es el
Tribunal Provincial de Varsovia) (artículo 479, párrafos 28) a 35), del CPC).
Procedimiento para las órdenes de pago
A solicitud del demandante, el tribunal dictará la orden de pago si a su parecer las
circunstancias invocadas en la demanda están plenamente justificadas por la documentación oficial o
los documentos privados.  Cuando no haya motivos para tal orden, el procedimiento seguirá el curso
ordinario (artículo 485 del CPC).
El tribunal dictará también orden de pago contra una persona cuyas obligaciones resulten de
una letra de cambio o un cheque cuya autenticidad y cuyo contenido no ofrezcan dudas (artículo 486
del CPC).IP/N/1/POL/1/Rev.1
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Una vez dictada, la orden obliga a ejecutar la demanda y, si se ha dictado sobre la base de
una letra de cambio o un cheque, es ejecutiva inmediatamente después de que expire el plazo de
satisfacción de la demanda.
Pueden oponerse objeciones a la orden de pago, aplicándose entonces el procedimiento
ordinario.
Costas procesales
La parte perdedora debe reembolsar a la parte contraria, a petición de ésta, las costas
correspondientes al ejercicio razonable de los derechos y a una defensa adecuada.
En casos particularmente justificados, el tribunal puede imponer sólo una parte de las costas a
la parte perdedora, o puede no imponerlas en absoluto.
La solicitud de reembolso de las costas caduca si el solicitante no presenta al tribunal una
lista de los gastos realizados antes de que se levante la sesión inmediatamente anterior a la lectura dela sentencia.
Procedimiento civil internacional
La ley polaca de procedimiento judicial dispone que los convenios internacionales tienen
precedencia.  Las disposiciones del código de procedimiento relativas a procedimiento civil
internacional que discrepen de los convenios internacionales en los que Polonia sea parte no sonaplicables.  En lugar de tales disposiciones del código, se aplican las disposiciones correspondientes
de los convenios internacionales.
El código de procedimiento civil regula la jurisdicción nacional, la exención de la
jurisdicción nacional, la garantía de costas procesales por ciudadanos extranjeros, la asistencia y los
servicios jurídicos, la presentación de pruebas, la herencia de propiedades inmuebles de extranjeros, elreconocimiento y la ejecución de decisiones de tribunales extranjeros.
La jurisdicción del tribunal polaco puede establecerse en un tratado internacional, y en
ausencia de ello la jurisdicción se define por las disposiciones del código de procedimiento civil.
En virtud de este código, la jurisdicción nacional es aplicable cuando:
- el demandado se encuentra, reside o tiene su sede en Polonia en el momento en que se
presenta la demanda;
- el demandado tiene bienes raíces en Polonia o tiene derecho a ellos;
- el asunto hace referencia a una cuestión litigiosa en Polonia, a una sucesión originada
en Polonia o a una obligación que ha nacido o tiene que cumplirse en Polonia.
Los tribunales polacos tienen jurisdicción exclusiva en unos pocos casos, por ejemplo en
cuestiones de derecho sustantivo, propiedad de bienes raíces situados en Polonia y contratos de
arrendamiento o alquiler sobre esos bienes, excepto los litigios sobre el pago de las rentas.
Las partes pueden convenir por escrito en someter un litigio a la jurisdicción de los tribunales
polacos en lo que se refiere a la propiedad.  En materia de obligaciones contractuales, las empresas
pueden convenir en excluir la jurisdicción de los tribunales polacos en favor de los tribunales de un
país extranjero, si tal cambio es válido para la ley del país de que se trate.  Las partes puedenIP/N/1/POL/1/Rev.1
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igualmente convenir por escrito en excluir la jurisdicción de los tribunales polacos en favor de un
tribunal de arbitraje con sede en el extranjero, si por lo menos una de las partes reside o tiene su sede
en el extranjero o gestiona la empresa interesada en el extranjero y siempre que tal acuerdo sea válido
con arreglo a la ley del país en que tal tribunal de arbitraje debe actuar.
En general, la ley polaca permite que las cuestiones se sometan a la decisión de un tribunal
arbitral.  Las partes pueden someter a arbitraje un litigio sobre derechos de propiedad excepto si se
trata de pensiones alimenticias y de relaciones de laborales.  Mientras esté en vigor tal acuerdo, no
puede pedirse que un tribunal estatal examine el asunto.  No hay apelación a un laudo arbitral;  sin
embargo, puede presentarse una queja en un tribunal para que anule un laudo arbitral, pero sólo en
casos estrictamente enumerados, inter alia  cuando se ha privado a una parte de la oportunidad de
defender sus derechos ante el tribunal arbitral.
El laudo de un tribunal arbitral y el acuerdo concertado ante él tienen la misma fuerza legal
que una decisión de un tribunal estatal o el acuerdo concertado ante éste, una vez que el tribunal
decida que es ejecutorio.
En Polonia se reconocen, a condición de reciprocidad, las decisiones no ejecutorias de los
tribunales extranjeros.
Sobre la base de la Ley de 1º de marzo de 1996, es ahora más fácil la ejecución de sentencias
de tribunales extranjeros y de acuerdos concertados ante ellos.  Antes de esta ley, la existencia de un
convenio internacional era un requisito previo para la ejecución de tales sentencias y acuerdos.
Después del 1º de julio de 1996, las decisiones de tribunales extranjeros en asuntos civiles que son
objeto de procedimientos judiciales en Polonia son documentos ejecutorios y se aplican en Polonia a
condición de reciprocidad, siempre que:
- la decisión sea ejecutoria en el país donde se dictó;
- el asunto en consideración no esté sujeto a la jurisdicción exclusiva de los tribunales
polacos o de los tribunales del país extranjero, con arreglo a la ley polaca o a un
convenio internacional;
- la parte no haya sido privada de la oportunidad de defenderse;- el asunto no haya sido objeto de una decisión firme de un tribunal polaco, o no se
haya llevado a un tribunal polaco antes de que la decisión del tribunal extranjero sea
firme;
- la decisión no contravenga los principios básicos del ordenamiento jurídico de
Polonia;
- se aplique en la decisión la ley polaca cuando ésta sea aplicable, a menos que la ley
extranjera aplicada no difiera esencialmente de la polaca.
El mismo reconocimiento que a las decisiones de tribunales extranjeros se concede a los
laudos arbitrales dictados en el extranjero (artículo 1150 del CPC).
El acuerdo concertado ante un tribunal extranjero constituye un documento ejecutorio en
Polonia, en condiciones de reciprocidad, si es aplicable en el país en que se concertó y no contraviene
los principios básicos del ordenamiento jurídico de Polonia (artículo 1152 del CPC).IP/N/1/POL/1/Rev.1
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Procedimiento ejecutorio
La segunda parte del Código de Procedimiento Civil regula los procedimientos para asegurar
el ejercicio de los derechos y ejecutar las sentencias.  Con arreglo al procedimiento para asegurar el
ejercicio de los derechos, el tribunal dicta órdene s provisionales cuando sea necesario para garantizar
la observancia de una decisión en otros procedimientos ejecutivos.
1. Comisario judicial
El comisario judicial es un funcionario estatal asignado al tribunal de distrito.  Su superior
inmediato es el presidente del tribunal de distrito, el cual está facultado únicamente para ejercer la
supervisión general respecto a la eficiencia de los procedimientos ejecutorios y no puede intervenir en
el ámbito en que el comisario judicial es autónomo como autoridad de ejecución.  En cuanto a esta
actividad, el tribunal ejerce su supervisión examinando las quejas contra las acciones del comisario
judicial.  Aparte de esto, el tribunal puede dar órdenes al comisario judicial con objeto de asegurar ladebida ejecución y puede ordenarle que corrija las irregularidades (artículo 759, párrafo 2, del CPC).
2. Autoridades ejecutivas y su jurisdicción
Los asuntos de ejecución incumben a los tribunales de distrito y al comisario judicial.El comisario judicial realiza las acciones ejecutorias a menos que éstas incumban a la
jurisdicción del tribunal (artículos 758-759 del CPC).
3. Documento de ejecución
La ejecución sólo puede realizarse sobre la base del mandamiento de ejecución, es decir, el
documento con una fórmula ejecutoria (cláusula fieri facias ) emitido por el tribunal (artículo 776
del CPC).
Conllevan mandamientos de ejecución:  una sentencia judicial y un acuerdo concertado ante
el tribunal;  un laudo de un tribunal arbitral o un acuerdo concertado ante el mismo;  un acta notarial
en la que el deudor acepte la ejecución e incluya la obligación de pagar una suma de dinero o entregar
otros bienes fungibles definidos por la cantidad, o que incluya la obligación de entregar un artículo
concreto en la fecha de pago o entrega especificada en el acta (artículo 777 del CPC).
En virtud del artículo 53 de la Ley Bancaria de 31 de enero de 1989, se faculta a los bancos
para dictar documentos ejecutorios relativos al ejercicio de los derechos resultantes de los registros
bancarios sin necesidad de obtener autorización judicial.  El deudor puede defenderse contra tal
ejecución presentando en el tribunal una demanda para que se interrumpa la ejecución, si el derecho a
que se refiere el documento de ejecución no existe o si su cuantía es inferior a la indicada en él.
4. Incoación de la ejecución
El procedimiento de ejecución se incoa a petición del acreedor, el cual indica el tipo de
ejecución.  Cuando son posibles varias formas de ejecución, el acreedor deberá seleccionar la queproduzca menos molestias al deudor.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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5. Ejecución de pagos
Las decisiones judiciales se refieren muy a menudo a pagos debidos, que se obtienen por
ejecución sobre bienes muebles, rentas del trabajo, depósitos bancarios u otras sumas debidas, así
como sobre derechos de propiedad.
6. Ejecución sobre bienes muebles
El comisario judicial realiza la ejecución sobre bienes muebles mediante confiscación y
subasta. La venta de esos bienes muebles por el  deudor no afecta al procedimiento ejecutorio, pues
éste puede continuar contra el comprador.
7. Ejecución sobre depósitos bancarios
La ejecución sobre depósitos bancarios se realiza mediante su confiscación, en la que se
incluyen las sumas no depositadas en la cuenta bancaria en el momento de la confiscación sino
transferidas más tarde a la cuenta.  Un banco que infringe las disposiciones sobre ejecución respondede los daños causados al acreedor.
8. Declaración del patrimonio
A solicitud de un acreedor que haya probado que, a pesar de la ejecución, no ha recibido la
totalidad de lo que se le debía, el deudor puede ser obligado a presentar una relación de su patrimonio
especificando sus bienes y su ubicación, así como las sumas de que sea acreedor y otros derechospatrimoniales.  El deudor podrá ser obligado asimismo a prometer que su relación es verdadera y
exacta.  La relación y la promesa se realizan ante el tribunal.
9. Ejecución sobre bienes raíces
La incoación de la ejecución sobre bienes raíces se inscribe en el registro permanente de la
propiedad territorial.  La venta u otra forme de enajenación de la propiedad no afecta a lacontinuación del procedimiento ejecutorio.  La acc ión ejecutoria es efectiva tanto contra el deudor
como contra el comprador de la propiedad.
La propiedad confiscada se vende en pública subasta bajo la supervisión de un juez.  El
tribunal dicta una decisión adjudicando la titularidad de la propiedad.
10. Distribución de las sumas obtenidas de la ejecución
Cuando muchos acreedores participan en la distribución de la suma obtenida de la ejecución y
cuando ésta no es suficiente para satisfacer todas las demandas, el comisario judicial prepara un plan
de distribución.  El Código de Procedimiento Civil establece la siguiente prelación en la satisfacción
de las demandas:  costas de ejecución, pensiones alimenticias, demandas sobre remuneración del
trabajo y pago de pensiones, impuestos, devolución de préstamos bancarios, sumas garantizadas por
hipotecas, otras deudas.
11. Ejecución de demandas no pecuniarias
La ejecución de demandas no pecuniarias comprende, por ejemplo, el decomiso de ciertos
bienes del deudor y su entrega al acreedor, o la realización de las medidas necesarias que permitan al
acreedor tomar posesión de un edificio o un terreno, en particular retirando los bienes muebles
pertenecientes al deudor.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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Con arreglo al procedimiento de ejecución judicial, el tribunal puede obligar al deudor a
realizar ciertas acciones o a desistir de otras acciones.
12. Reclamaciones contra la ejecución y quejas contra las acciones del comisario judicial
En el procedimiento judicial el deudor puede pedir que se suprima la cláusula ejecutoria de un
mandamiento de ejecución en atención a un acontecimiento del que resulte la anulación de lademanda o de su ejecutoriedad.  Un tercero que sea propietario de un bien confiscado puede hacer
valer sus derechos pidiendo que se elimine ese bien del alcance de la ejecución (artículos 840-841
del CPC).
Ambas partes, acreedor y deudor, pueden quejarse ante el tribunal de las acciones del
comisario judicial si consideran que éstas violan la ley o si el comisario ha omitido ciertas acciones
(artículo 767 del CPC).  La decisión del tribunal sobre procedimiento ejecutorio puede ser recurrida
ante el tribunal de segunda instancia.
13. Responsabilidad del comisario judicial
El comisario judicial tiene la obligación de reparar los daños causados intencionadamente o
por negligencia, cuando la persona perjudicada no haya podido impedir ese daño por los medios que
se prescriben en el código.  El Tesoro Público es conjunta y solidariamente responsable con el
comisario judicial de la reparación del daño.  El derecho a la reparación del daño se extingue a los dosaños de la fecha en que la parte afectada haya tenido conocimiento de la acción o la omisión del
comisario judicial que haya causado el daño (artículo 769, párrafo 1, del CPC).
14. Costas del procedimiento ejecutorio
El acreedor que solicite la ejecución debe pagar las tasas y realizar otros pagos prescritos
reglamentariamente por el Ministro de Justicia respecto a las acciones ejecutorias realizadas por loscomisarios judiciales, y pagar anticipadamente los gastos necesarios.  Las tasas dependen de la
cuantía de la demanda pecuniaria o del tipo de acción ejecutoria que se haya de realizar.
El comisario judicial no emprenderá acción alguna antes de que se realicen los pagos.  Los
acreedores que están exentos por la ley o por una decisión judicial del pago de tasas judiciales están
también exentos de las tasas y anticipos al comisario judicial.  Las costas de la ejecución se cobranentonces al deudor.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICADO
EN EL EXAMEN DE CASOS RELATIVOS AL
DERECHO DE AUTOR
El procedimiento administrativo polaco está regulado en la Ley del Código de Procedimiento
Administrativo (Dz.U. z 1980 r, Nº 9, poz. 26, modifi cada), llamada en adelante CPA.  El Código
regula el procedimiento ante las autoridades administrativas centrales o locales en casos individuales
que son de la competencia de esas autoridades y se resuelven mediante decisiones administrativas.
El CPA se aplicará en los siguientes casos en el ámbito de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos:
1) procedimiento de licencia:  relativo a la concesión de un permiso a las organizaciones
en que están asociados los autores, los artistas intérpretes y ejecutantes, los
productores de fonogramas y videogramas y los organismos de radiodifusión para lagestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos de conformidad con el
artículo 104 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, llamada en
Adelante Ley de Derecho de Autor;
2) procedimiento ante el Comité de Derecho de Autor, dentro del ámbito especificado en
el párrafo 4 del artículo 108 de la Ley de Derecho de Autor:
a) en los casos de aprobación de tarifas de remuneración presentadas para la
gestión colectiva, pagaderas por el uso de obras, interpretaciones o
ejecuciones artísticas sometidas a una gestión colectiva (párrafo 3 del artículo
108 de la Ley de Derecho de Autor);
b) para el caso de indicar una organización competente para la gestión de los
derechos de un autor o un artista intérprete o ejecutante que no pertenezca a
ninguna organización o no revele su autoría (párrafo 3 del artículo 108).
El procedimiento administrativo se incoará a petición de parte o de oficio.  El órgano de la
administración pública debe adoptar una decisión sin demora indebida.  La decisión en un caso que
requiera un procedimiento explicativo se tomará en el plazo máximo de un mes, y la decisión sobre uncaso particularmente complicado en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de incoación del
procedimiento;  en el procedimiento de apelación, el plazo será de un mes desde la fecha en que se
recibió la apelación.
El órgano de la administración pública hará publicas sus decisiones.  En los procedimientos
administrativos, las decisiones se tomarán por escrito (artículo 14, párrafo 1, del CPA).  La decisión
se comunica a las partes por escrito.  Debe contener una justificación basada en hechos, indicando los
hechos que la administración considera probados, las pruebas en que se apoya la decisión y lasrazones por las que la autoridad niega credibilidad y fuerza a otras pruebas.  La decisión debe
contener también una justificación de derecho, indicando la base jurídica de la decisión y las
disposiciones legales aplicables.
El procedimiento se realiza ante los tribunales en dos instancias.  La decisión del tribunal de
primera instancia puede ser apelada únicamente en segunda instancia.  La apelación será examinadapor un tribunal superior.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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La decisión dictada en primera instancia por la Autoridad Administrativa Superior no puede
ser objeto de apelación, aunque la parte no satisfecha puede presentar ante esa autoridad una moción
para pedir que reconsidere el caso.  Las disposiciones relativas a la apelación (artículo 127, párrafo 3,
del CPA) serán aplicables a esa moción.
En los casos regulados por la ley de derecho de autor y derechos conexos, se aplicará el
párrafo 3 del artículo 127 al procedimiento de concesión de licencia.  Las decisiones del Ministro de
Cultura y Artes, que es la suprema autoridad administrativa para la concesión de permisos de gestión
colectiva de derechos de autor y derechos conexos, son firmes.  La parte puede presentar una moción
para la reconsideración del caso.
En los casos sometidos al Comité de Derecho de Autor, que es la autoridad de primera
instancia en el sentido del CPA, puede apelarse ante el Ministro de Cultura y Artes (artículo 108,
párrafo 4, de la Ley de Derecho de Autor).
La apelación no requiere una justificación particular.  Debe basarse únicamente en que una de
las partes no queda satisfecha con la decisión dictada.
La apelación se presentará en el plazo de 14 días desde la fecha de comunicación de la
decisión, a través del órgano que dictó la decisión.
El órgano que recibe la apelación dictará una decisión en la que:1) mantenga en vigor la decisión apelada;  o
2) revoque total o parcialmente la decisión apelada y, en ese ámbito, decida sobre el
fondo del asunto o, al revocar la decisión, dé por terminado el procedimiento en
primera instancia;  o
3) dé por terminado el procedimiento de apelación.Además, el órgano que recibe la apelación puede revocar totalmente la decisión apelada y
transferirla para su nuevo examen al tribunal de primera instancia, si la solución del asunto requiere
que se realicen procedimientos previos explicativos, en todo o en parte.
La decisión administrativa puede ser apelada ante la Corte Suprema Administrativa con
arreglo a un procedimiento y según las normas prescritas en la Ley de 11 de mayo de 1995 sobre laCorte Suprema Administrativa (Dz.U. Nº 74, poz. 368, modificada).
El procedimiento ante la Corte Suprema Administrativa se incoará sobre la base de una queja
de una persona facultada para presentarla, que puede ser:
a) toda persona que tenga un interés legítimo en la queja;
b) el ministerio público;
c) el Ombudsman;
d) una organización social en el ámbito de su actividad reglamentaria, en los casos
relativos a los intereses legítimos de otras personas.
La queja puede interponerse una vez agotadas las medidas de apelación en el plazo de 30 días
desde la fecha de comunicación de una decisión a la parte demandante.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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La Corte decidirá dictando una sentencia o una decisión.  Se comunicará a las partes en el
procedimiento la sentencia con su justificación.  Las sentencias de la Corte son firmes.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL APLICADO EN LOS CASOS RELATIVOS A
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR
En virtud de los artículos 16 y 21 del Código de Procedimiento Penal, en los casos de
infracciones contra la propiedad intelectual, dictarán sentencia los tribunales de distrito competentes
por razón del lugar en que se cometió la infracción.  En virtud del párrafo 1 del artículo 14 y del
párrafo 1 del artículo 16 del Código de Procedimiento aplicado en los casos de faltas o infracciones
menores, las secciones de faltas establecidas en los tribunales de distrito competentes por razón del
lugar donde se cometió la falta dictarán sentencia en los casos de faltas contra los derechos de
propiedad intelectual.
Existen disposiciones que castigan los actos contrarios al derecho de autor en la Ley de 16 de
julio de 1987 sobre Cinematografía (Dz.U. Nº 22, poz. 127, modificada) y en la Ley de 4 de febrero
de 1994 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Dz.U. Nº 24, poz. 83, modificada).
Disposiciones análogas se encuentran también en el Código Penal aprobado el 6 de junio
de 1997 (Dz.U. Nº 88, poz. 553) que entrará en vigor el 1º de septiembre de 1998.
En virtud del párrafo 1 del artículo 58 de la Ley sobre Cinematografía antes citada,
quienquiera que, sin el permiso a que se refieren el párrafo 2 del artículo 51 y el párrafo 4 del
artículo 52 u otras disposiciones de la Ley, realice:
1) la producción o la adaptación de una película;
2) la distribución de una película,
será castigado con pena de prisión de hasta un año y una multa, o una de estas dos penas.
En virtud del párrafo 1 del artículo 115 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
quienquiera que pretenda atribuirse la autoría o engañe a otras personas sobre la autoría, en todo o en
parte, de la obra de otra persona o de una interpretación o ejecución artística, será castigado con pena
de prisión de hasta dos años o una multa.
El párrafo 2 del citado artículo 115 dispone que la misma pena se impondrá a una persona que
difunda, sin indicar el nombre o el seudónimo del autor, una obra ajena en versión original o derivada,
o desfigure públicamente tal obra, una interpretación o ejecución artística, un fonograma, un
videograma o una emisión radiofónica o televisiva.  Con arreglo al párrafo 3 de este artículo 115,
quienquiera que, para obtener provecho material de manera distinta a la especificada en los
artículos 16, 17, 18, 86, 94 (párrafo 2) y 97, será castigado con pena de prisión de hasta un año o una
multa.
En virtud del párrafo 1 del artículo 116, quienquiera que, sin autorización o incumpliendo las
condiciones de ésta, difunda una obra ajena en la forma original o en una adaptación, así como una
interpretación o ejecución artística, un fonograma, un videograma o una emisión radiofónica o
televisiva de otra persona, será castigado con pena de prisión de hasta dos años, restricción de libertad
o una multa.  El párrafo 2 del artículo 116 dispone que si el infractor comete el acto especificado en el
párrafo 1 para obtener un beneficio material será castigado con pena de prisión de hasta tres años.Según el párrafo 3 del mismo artículo, si el infractor hace de la infracción especificada en el párrafo 1
una fuente regular de ingresos o una actividad delictiva tal como se describe en dicho párrafo, u
organiza o gestiona tal actividad, será castigado con pena de prisión de seis meses a cinco años.IP/N/1/POL/1/Rev.1
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Además, el párrafo 4 del artículo 116 dispone que si el que comete el acto especificado en el párrafo 1
actúa sin intención, será castigado con pena de prisión de hasta un año, una restricción o una multa.
En virtud del párrafo 1 del artículo 117 de la citada Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, quienquiera que sin autorización o incumpliendo las condiciones de ésta grabe o reproduzca
una obra ajena en su forma original o como adaptación, o una interpretación o ejecución de una obrade arte, un fonograma, un videograma o una emisión de radio o televisión ajenos, y consienta su
difusión, será castigado con pena de prisión de hasta dos años, restricción de la libertad o multa.  El
párrafo 2 del artículo 117 dispone que si el infractor hace de la infracción especificada en el párrafo 1
una fuente regular de ingresos o una actividad delictiva tal como se describe en dicho párrafo, u
organiza o gestiona tal actividad, será castigado con pena de prisión de hasta tres años.
El párrafo 1 del artículo 118 de la citada Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
dispone que quienquiera que para obtener beneficios materiales compra, ayuda a vender, acepta oayuda a ocultar objetos que constituyen soportes de una obra, interpretación o ejecución artística,
fonograma, videograma o emisión radiofónica o televisiva, difundida o reproducida sin autorización o
contra las condiciones de ésta, será castigado con pena de prisión de hasta dos años, restricción de la
libertad o una multa.  Según el párrafo 2 del artículo 118, si el infractor hace de la infracción
especificada en el párrafo 1 una fuente regular de ingresos o una actividad delictiva tal como sedescribe en dicho párrafo, u organiza o gestiona tal actividad, será castigado con pena de prisión de
hasta tres años.
En virtud del artículo 119 de la citada Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
quienquiera que impide u obstaculiza el ejercicio de un derecho de supervisar el uso de una obra,
interpretación o ejecución artística o se niega dar la información a que se refiere el artículo 47 serácastigado con una multa.
El Código Penal aprobado el 6 de junio de 1997 entrará en vigor el 1º de septiembre de 1998.
En virtud del párrafo 2 del artículo 278 de este Có digo, quienquiera que, sin el consentimiento de una
persona autorizada, entre en posesión de un programa informático para obtener beneficio material será
castigado con multa de prisión de tres meses a cinco años.  El párrafo 1 del artículo 278 del Códigodispone que quienquiera que, para obtener beneficio material o para causar daño a otra persona,
influye sin autorización sobre el tratamiento automático, el acopio o la transmisión de información o
altera, elimina o introduce nuevos archivos en un disco de computadora será castigado con pena de
prisión de tres meses a cinco años.  De conformidad con el párrafo 1 del artículo 293 de este Código,
las disposiciones de los artículos 291 y 292 se aplicarán asimismo a programas de computadoras en
cuanto penalizan tanto la reaceptación deliberada de bienes robados imponiendo una pena de prisión
de tres meses a cinco años como la recepción no intencionada de bienes robados, que se castiga conpena de prisión de hasta dos años, restricción de libertad o una multa.
Los procedimientos resultantes de infracciones especificadas en el artículo 58 de la citada Ley
de Cinematografía y en los artículos 116 (párrafo 3), 117 (párrafo 2) y 118 (párrafo 2) de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos se incoan de oficio.  En tales casos, la policía o el fiscal
iniciarán las actuaciones preparatorias.  En los casos de infracciones en virtud de los artículos 278(párrafo 2), 287 (párrafos 1 y 2) y 293 (párrafo 1) del nuevo Código Penal se seguirá un
procedimiento similar, pero si el acto especificado en el artículo 287 se comete en detrimento de la
persona más próxima, el procesamiento se incoará a instancia de la parte perjudicada.
El procedimiento penal por actos especificados en los artículos 115, 116 (párrafos 1, 2 y 4),
117 (párrafo 1), 118 (párrafo 1) y 119 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se incoaráuna vez interpuesta una acusación privada.  No obstante hay que señalar aquí que, según el párrafo 1
del artículo 50 del Código de Procedimiento Penal, en los casos de delitos procesables previa
acusación privada, el fiscal puede iniciar el procedimiento o sumarse al procedimiento iniciado si, enIP/N/1/POL/1/Rev.1
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su opinión, así lo requiere el interés público.  Una solución similar se prevé en el Código de
Procedimiento Penal aprobado el 6 de junio de 1997, que entrará en vigor el 1º de septiembre de 1998
(véase el artículo 60, párrafo 1).
En virtud del párrafo 1 del artículo 55 del Código de Procedimiento Penal, en los casos de
delitos procesables previa acusación privada, si el fiscal dicta por segunda vez una decisión por la quese niega a incoar el procedimiento o lo cancela y si esta decisión es apoyada por un fiscal superior, la
persona perjudicada puede ejercer por sí misma la acusación ante el tribunal.
Independientemente de las penas antes indicadas para los delitos mencionados, en caso de
condena por un delito especificado en los artículos 115, 116, 117 ó 118 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos, el tribunal decidirá sobre el decomiso de los bienes que son objeto del
delito, aun cuando tales bienes no pertenezcan al infractor.
El tribunal podrá también decidir sobre el decomiso de los objetos utilizados con el fin de
cometer la infracción, aun cuando no pertenezcan al infractor, en caso de condena por un delito
especificado en los artículos 115, 116, 117 ó 118 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
o en el párrafo 1 del artículo 58 de la citada Ley sobre Cinematografía.
Una vez que haya entrado en vigor la nueva legislación penal, el tribunal podrá también
decidir sobre el decomiso de los programas de computadora a que hace referencia el párrafo 1 delartículo 293 del nuevo Código Penal, aun cuando tales programas no pertenezcan al infractor.
La instrucción preparatoria en casos de delitos contra la propiedad intelectual se suele realizar
en forma de investigación.  En virtud del párrafo 1 del artículo 266 del Código de Procedimiento
Penal, la investigación deberá terminarse en el plazo de un mes desde su iniciación.  El párrafo 2 del
citado artículo 266 dispone que el fiscal podrá prolongar este período hasta tres meses.  En virtud delpárrafo 3 del artículo 266, en caso de que no se termine la investigación en tres meses, se trasladará el
sumario al fiscal que supervise la investigaci ón, el cual podrá prolongarla durante un período
determinado o aceptar lo investigado, si no hay motivos para cancelar el procedimiento.
El Código de Procedimiento Penal actualment e aplicable no contiene disposiciones sobre la
duración de los procedimientos legales.
En el nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigor el 1º de septiembre
de 1998, la solución es similar, aunque según el párrafo 3 de su artículo 310 la duración de la
investigación no podrá exceder de seis meses.
Con arreglo al artículo 542 del Código de Procedimiento Penal aplicable, a menos que la Ley
disponga otra cosa, todos los gastos realizados en la instrucción del procedimiento penal serán
costeados temporalmente con cargo al Tesoro Público.  En los artículos 543 y 544 (párrafo 1) del
Código se contienen excepciones.  El artículo 543 dispone que los honorarios del abogado y delprocurador que intervengan en el procedimiento correrán a cargo de la parte que los designe, y según
el párrafo 1 del artículo 544 un acusador privado presentará al tesorero del tribunal una factura de una
suma global equivalente a los costos del procedimiento, junto con el acta de acusación o una
declaración de unirse a la acusación, o con una declaración de mantener la acusación que haya sido
retirada por el fiscal.
En virtud del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal, al dictar su decisión
definitiva, debe especificar siempre sobre quién recaen las costas del procedimiento.  El párrafo 1 del
artículo 547 del Código citado dispone que el tribunal ordenará a la persona condenada el pago de las
costas procesales en beneficio del Tesoro Público.  Estas costas incluyen los gastos realizados durante
la instrucción del sumario.  Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 547 dispone que, en unIP/N/1/POL/1/Rev.1
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procedimiento incoado a partir de una acusación privada, el tribunal ordenará al condenado, en
beneficio del acusador privado, que pague los gastos procesales realizados por éste.  Además, en
virtud del párrafo 4 del artículo 547, las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán asimismo en caso de
cancelación condicional del procedimiento.  El párrafo 1 del artículo 549 del Código de
Procedimiento Penal dispone que, cuando el acusado haya sido absuelto o se haya cancelado elprocedimiento las costas procesales recaerán, en caso de acusación privada sobre el acusador privado
y, en caso de que las partes lleguen a un acuerdo, sobre el acusado y el acusador o sobre uno de ellos
conforme a la regla de equidad, a menos que convengan otra cosa en el acuerdo.  En otros casos, las
costas correrán a cargo del Tesoro Público, excepto los honorarios pagados a los bufetes de abogados,
si han intervenido en los procedimientos abogados o procuradores especialmente escogidos.
El nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigor el 1º de septiembre de 1998,
mantiene en general la situación jurídica actual respecto a las costas procesales.  La modificación másimportante está en el artículo 622 del Código, que dispone que, en los procedimientos basados en una
acusación privada, en caso de que se llegue a un acuerdo antes de la incoación del procedimiento, o de
cancelación condicional del procedimiento, o de cancelación del procedimiento por trastorno mental
del infractor o por la escasa nocividad social del acto, o porque se hayan descubierto elementos de un
delito perseguido de oficio en el acto denunciado, o un cambio del procedimiento penal debido a queun acusador se haya unido al procedimiento iniciado por un acusador privado y la terminación de este
procedimiento según las normas aplicables a las denuncias públicas, el presidente del tribunal
ordenará el reembolso de una suma global de los gastos realizados por el acusador privado en su
totalidad, y en caso de que las partes lleguen a un acuerdo después de iniciado el procedimiento, en
parte.
Tanto el Código de Procedimiento Penal actualmente aplicable (véase el artículo 545) como
el nuevo Código de Procedimiento Penal (véanse los artículos 623 y 624) prevén la posibilidad de que
el tribunal decida la exención de las costas procesales.
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