RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/M/22
9 de julio de 2003
(03-3705)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de Competencia
INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DE 2003
Nota de la Secretaría
1. La vigésima segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y
Política de Competencia se celebró los días 26 y 27 de mayo de 2003 bajo la presidencia del
Profesor Frédéric Jenny.
2. Conforme a lo convenido en la reunión informal del Grupo de Trabajo celebrada el 17 de
enero de 2003, el orden del día de la reunión constaba de los siguientes puntos:
- elementos contenidos en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha,
incluidas las cuestiones y preguntas planteadas durante el año 2002 que las
delegaciones deseen volver a abordar;
- la naturaleza y el alcance de los mecanismos de observancia que podrían aplicarse en
virtud de un marco multilateral sobre política de competencia;
- posibles elementos en materia de progresividad y flexibilidad que podrían incluirse en
un marco multilateral sobre política de competencia;
- asistencia técnica y creación de capacidad, de conformidad con el párrafo 24 de la
Declaración Ministerial de Doha;
- otros asuntos, incluido el inventario de las experiencias y legislaciones nacionales.
I. ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL PÁRRAFO 25 DE LA DECLARACIÓN
MINISTERIAL DE DOHA, INCLUIDAS LAS CUESTIONES Y PREGUNTAS
PLANTEADAS DURANTE EL AÑO 2002 QUE LAS DELEGACIONES DESEEN
VOLVER A ABORDAR
3. Los representantes de Australia, Kuwait , Kenya , Malasia  y China  presentaron
comunicaciones por escrito relativas a este punto del orden del día (documentos WT/WGTCP/W/232,
237, 238, 239 y 241, respectivamente).  Además, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí el texto definitivode un estudio que se había preparado bajo la responsabilidad de la Secretaría, con la asistencia de un
consultor, sobre las cuestiones relativas a un posible marco multilateral sobre política de competencia
(documento WT/WGTCP/W/228).  El Grupo de Trabajo tuvo también ante sí una nota de
antecedentes preparada por la Secretaría sobre la cuestión de la equidad procesal en los Acuerdos de
la OMC en vigor (documento WT/WGTCP/W/231).  Hicieron declaraciones orales o plantearoncuestiones sobre este tema los representantes de la Comunidad Europea y sus Estados miembros;
Hong Kong, China;  Marruecos ;  Nigeria ;  el Canadá ;  Suiza ;  la India ;  Egipto ;  Cuba ;  Venezuela ;
Tailandia;  Noruega ;  Taipei Chino ;  Tanzanía  e Indonesia .  Los representantes de la UNCTAD y el
Banco Mundial informaron sobre las actividades pertinentes de sus organizaciones.
4. El representante de Australia, al presentar el documento WT/WGTCP/W/232, dijo que la
Declaración de Doha reconocía los argumentos en favor de un marco multilateral destinado a mejorarWT/WGTCP/M/22
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la contribución de la política de competencia al comercio y al desarrollo (párrafo 23) y que Australia
respaldaba esa posición.  La experiencia de Aust ralia ponía de manifiesto que la política y la ley de
competencia habían contribuido de manera importante al bienestar del país al mejorar la eficiencia, la
productividad y la protección de los consumidores.  La mejora del marco de su política de
competencia en la década de los 90 había sido un factor importante en los excelentes resultadoseconómicos registrados en un momento en el que muchos países del mundo habían tenido que
afrontar graves problemas económicos.  Las principales organizaciones internacionales, entre ellas
el FMI y la OCDE, habían reconocido la importancia de la política de competencia en los resultados
de Australia.  Eso corroboraba la conclusión de que la política de competencia era compatible con el
crecimiento económico y el desarrollo y reforzaría un sistema multilateral de comercio abierto que
aumentaba el potencial de crecimiento y desarrollo de todos los participantes en el sistema.
5. El representante añadió que en el estudio preparado por la Secretaría sobre las cuestiones
relativas a un posible marco multilateral sobre política de competencia (documento
WT/WGTCP/W/228, que se examina más adelante) se estudiaban de forma sistemática los costos y
beneficios de un posible marco multilateral sobre política de competencia y se ofrecían pruebas
fehacientes de que de ese marco se derivarían beneficios netos significativos.  En él se demostraba la
inexistencia de incompatibilidades manifiestas entre el marco y las políticas industriales nacionales,incluso el logro de una mayor eficiencia.  Por otra parte, las intervenciones de expertos que habían
tenido lugar en el Simposio organizado por la Secretaría conjuntamente con la reunión del Grupo de
Trabajo de los días 20 y 21 de febrero habían ofrecido perspectivas complementarias.  A juicio del
representante, de las intervenciones de los expertos en el Simposio se desprendían algunas
observaciones básicas:  en primer lugar, el perjuicio que causaban los cárteles y otras prácticasanticompetitivas era considerable y sus costos eran aún mayores en los países en desarrollo que en los
países desarrollados, por cuanto aquéllos carecían a menudo de los instrumentos necesarios para hacer
frente a tales prácticas.  Ésa era una consideración esencial que ponía de relieve la necesidad de una
actuación multilateral en esa esfera.  En segundo lugar, los costos de la aplicación de una legislación
en materia de competencia eran ínfimos en comparación con los beneficios.  En tercer lugar, lacooperación en un marco multilateral permitiría abreviar considerablemente los plazos que los países
en desarrollo necesitarían para establecer e incorporar leyes y políticas en materia de competencia que
propiciaran sus objetivos de desarrollo;  una consideración esencial en ese sentido era que establecería
un entorno más propicio para llevar a cabo actividades de asistencia y creación de capacidad mejor
orientadas.  No obstante, para el establecimiento de ese marco era necesario actuar con flexibilidad y
progresividad.  Por otra parte, nunca se insistiría suficientemente en la necesidad de la asistencia
técnica y de promover la creación de capacidad en esa esfera, necesidad que desbordaba la capacidadexistente;  a las instituciones multilaterales les correspondía un papel destacado en ese aspecto, con el
apoyo de los países desarrollados a título individual.
6. En cuanto a los temas principales que se habían debatido hasta la fecha en el seno del Grupo
de Trabajo en relación con el marco multilateral propuesto, señaló que la cuestión de los compromisos
vinculantes o no vinculantes en un marco multilateral era una consideración básica de importanciaque tendría repercusiones respecto del grado de garantía de flexibilidad y progresividad necesarios en
relación con dicho marco.  Según lo entendía Australia, la propuesta de la Comunidad Europea y sus
Estados miembros era que los principales elementos de las disposiciones relativas a los principios
fundamentales y a los cárteles intrínsecamente nocivos serían de carácter vinculante, pero con la
importante salvedad de que el marco solamente abordaría los casos de discriminación de jure .
De todos modos, los Miembros habían planteado una serie de cuestiones sobre la idoneidad de asumir
compromisos vinculantes en esa esfera.  En relación con ese punto, Australia compartía la opinión que
había expresado Hong Kong, China de que era nece sario que los Miembros conocieran en toda su
amplitud las posibles obligaciones que se les pidiera que asumieran.  En cuanto a si un marco
multilateral entrañaría el compromiso de dotarse en algún momento de una ley sobre competencia yde la capacidad de imponer su cumplimiento, cada vez eran más los países que habían adoptado o
estaban adoptando leyes y políticas de competencia y las medidas necesarias para imponer su
cumplimiento;  por otra parte, ningún Miembro avanzaba en la dirección contraria, en el sentido deWT/WGTCP/M/22
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suprimir ese tipo de legislación.  Entre las razones que justificaban esa tendencia cabía mencionar el
aumento de bienestar que podían conseguir los países mediante la adopción de ese tipo de legislación,
como se señalaba por ejemplo en el estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateral
sobre política de competencia (documento WT/WGTCP/W/228, que se examina más adelante).
Diversos Miembros y organizaciones internacionales ya habían expresado un apoyo decidido a laadopción de esa legislación.  La propuesta de un marco multilateral sobre política de competencia
daba la oportunidad de refrendar y reforzar esa tendencia.  En el caso de los Miembros que aún no
contaban con esos instrumentos legislativos, la cuestión era si existían datos que indicaran que su
adopción podría tener efectos negativos y que les llevaran a oponerse a un compromiso en esa esfera,
particularmente si se preveía la flexibilidad y progresividad necesarias en su aplicación.
7. Con respecto a los elementos propuestos en relación con los principios fundamentales y los
cárteles intrínsecamente nocivos, aunque todavía estaban por definir las modalidades concretas,ningún Miembro había afirmado que la legislación y la política de competencia fueran esencialmente
incompatibles con dichos elementos;  bien al contrario, todos las consideraban fundamentales en
cualquier régimen eficaz de competencia.  También se reconocía en general que esos elementos
podían suponer una carga administrativa para los países en desarrollo que aún no disponían de esos
instrumentos.  La solución estaría en adoptar un marco pertinente de progresividad y flexibilidadsustentado en compromisos permanentes en materia de asistencia técnica y creación de capacidad.
Un aspecto esencial de la actual propuesta de marco multilateral que limitaría cualquier repercusión
imprevista consistía en que se ocuparía únicamente de las leyes y reglamentos generales y no limitaría
la discrecionalidad de los Miembros respecto de cada caso particular.  En cuanto a los cárteles
intrínsecamente nocivos, Australia apoyaba una prohibición explícita de tales mecanismos que fueralo bastante amplia para incluir los cárteles naci onales y los internacionales.  Debería aplicarse el
criterio de racionalidad (caso por caso) a cualquier práctica que pudiera generar beneficios
sustanciales en materia de eficiencia.  La Recomendación de la OCDE relativa a los cárteles
intrínsecamente nocivos proporcionaba a los Miembros de la OMC una buena orientación a ese
respecto.
8. En cuanto al tipo de información que se intercambiaría en un marco multilateral, Australia
coincidía con otros Miembros en que un marco de la OMC no exigiría compartir información
confidencial, pues ello sería contraproducente y posiblemente causaría un perjuicio a los mecanismos
de observancia.  Recopilando los puntos anteriores, sugirió que a la fórmula ya consagrada en el
Grupo de Trabajo de que la "competencia es positiva" habría que añadir la de que la "cooperación
[en la aplicación de la legislación y la política en materia de competencia] es positiva".  A ese
respecto, Australia deseaba plantear si los países desarrollados Miembros podían dar seguridades a losMiembros en desarrollo de que en el ejercicio de su capacidad en materia de observancia se otorgaría
atención preferente a la dimensión internacional de las decisiones adoptadas, por ejemplo, en el
contexto de los programas de indulgencia existentes.
9. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que el documento de
Australia (WT/WGTCP/W/232) planteaba varias cuestiones pertinentes, algunas de ellas en la misma
línea de las que se suscitaban en la comunicación que había presentado Hong Kong, China
(WT/WGTCP/W/224) en la reunión del Grupo de Trabaj o de los días 20 y 21 de febrero.  En cuanto a
las diferentes cuestiones referentes a la cooperación internacional que se abordaban en el documento,
reiteró para que constara en acta que a juicio de su delegación las modalidades de cooperación que se
mencionaban en el párrafo 25 de la Declaración Mini sterial de Doha debían ser de carácter voluntario.
Por otra parte, su delegación no proponía que un marco multilateral debía prever el intercambio de
información confidencial, lo que sería contraproducente e inapropiado en el contexto de la OMC.Tal como se había señalado en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, el mero intercambio de
información de carácter no confidencial reportaría beneficios importantes.  Por otra parte, la
protección de la información confidencial era un valor reconocido en varios de los Acuerdos dela OMC en vigor, por ejemplo el AGCS y el  Acuerdo sobre los ADPIC, y en caso de que
determinados Miembros estuvieran dispuestos a intercambiar información confidencial sería unaWT/WGTCP/M/22
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cuestión que deberían abordar en sus relaciones bilaterales con otros Miembros interesados en esa
posibilidad.  Con respecto a los costos de aplicación de un régimen eficaz de competencia, aunque
estaba de acuerdo con la observación del representante de Australia de que probablemente los costos
serían ínfimos en comparación con los beneficios, reconocía también la necesidad de actuar con
flexibilidad y progresividad para que fuera posible afrontar adecuadamente los costoscorrespondientes.
10. Otro representante de la misma delegación dijo  que la comunicación de Australia (documento
WT/WGTCP/W/232) resultaba de utilidad porque presentaba ejemplos concretos sobre la forma en
que se complementaban la política de competencia y la política industrial y contribuía a demostrar,
por tanto, que no estaban justificadas las preocupaciones que se habían expresado en muchas
ocasiones en el Grupo de Trabajo acerca de posibles conflictos entre ambos tipos de política.
En particular, los ejemplos que se mencionaban en  el documento ponían de manifiesto que era posible
conseguir objetivos específicos de política industrial y desarrollo del mercado sin conceder a
determinados sectores una exclusión total del ámbito de la política de competencia.  De hecho, la
competencia era un estímulo importante para mejorar la eficiencia dinámica y la productividad.
La experiencia de la Comunidad Europea también confirmaba esos puntos.
11. El representante de Hong Kong, China afirmó  que para que los Miembros pudieran decidir
con conocimiento de causa sobre la iniciación de negociaciones en esa esfera era necesario que
conocieran en toda su amplitud las obligaciones que asumirían.  Asimismo, Australia había
argumentado que si se daban las garantías apropiadas en materia de asistencia técnica, así como la
progresividad y flexibilidad necesarias para asegurar que nadie se viera obligado a introducir cambios
sin estar preparado para ello, el compromiso de adoptar una legislación en materia de competencia yun organismo encargado de su observancia en un momento determinado no resultaría demasiado
exigente.  Si bien Hong Kong, China estaba de acuerdo en que en un posible marco multilateral
debían existir garantías adecuadas de flexibilidad y progresividad, deseaba subrayar que la decisión de
un Miembro de no adoptar una ley de competencia no siempre respondía a consideraciones tales como
las limitaciones de capacidad.  Podía deberse a otras consideraciones válidas de política públicarelacionadas con la situación económica u otras circunstancias del Miembro en cuestión.  Por ello, las
políticas y preocupaciones internas de los distintos Miembros debían ser plenamente respetadas al
determinar las posibles obligaciones multilaterales.  En ese sentido, preguntó si la frase "una mayor
flexibilidad de los compromisos" que figuraba en el párrafo 31 del documento de Australia
(WT/WGTCP/W/232) supondría que se daría flexibilidad a todos los Miembros o solamente a un
grupo determinado de ellos.  El representante de Australia respondió que su delegación no tenía una
idea concreta al respecto;  solamente trataba de estimular el debate exponiendo distintas posibilidades
y consideraciones pertinentes.
12. El representante de Marruecos dijo que la contribución de Australia (WT/WGTCP/W/232)
adoptaba un enfoque pragmático que tenía en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Refrendó en particular la importancia que concedía a la flexibilidad y progresividad y a la necesidad
de brindar asistencia técnica permanente y a largo plazo como elementos básicos de un marcomultilateral.  Como había señalado Australia, no existía un "enfoque único válido para todos" en ese
campo y quienes propugnaban un marco multilateral sobre política de competencia no era eso lo que
buscaban.  Era esencial establecer vínculos adecuados con la sociedad civil y los consumidores para
crear una cultura de la competencia que fuera viable.
13. Refiriéndose a las observaciones de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, el
representante de Australia convino en que la cooperación en un marco multilateral no debía llegar a
exigir el intercambio de información confidencial.  En ese contexto, planteó si sería posible establecer
mecanismos para asegurar que en el curso de determinadas acciones encaminadas a exigir el
cumplimiento, como los programas de indulgencia, sería posible tomar en consideración las
repercusiones internacionales de determinadas decisiones.  En otras palabras, ¿era posible establecermecanismos para asegurar al menos que no se eliminara la información relativa a los efectos de lasWT/WGTCP/M/22
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prácticas anticompetitivas sobre otros países? Reconocía que esa cuestión merecía una atenta
reflexión, pues los programas de indulgencia eran un instrumento de observancia importante que
quienes propugnaban la adopción de un marco multilateral no deseaban menoscabar.
14. En relación con el párrafo 19 de la comunicación de Australia (WT/WGTCP/W/232), el
representante de Nigeria manifestó que eran muchas las razones que explicaban la reticencia de
algunos países en desarrollo a adoptar una legislación sobre competencia y establecer organismos
encargados de observancia.  Entre ellas, además del hecho de que para algunos países había otras
cuestiones a las que se daba mayor prioridad que a la política de competencia, había que señalar la
preocupación sobre si las propuestas actuales permitirían preservar un espacio normativo en relación
con los objetivos de desarrollo frente a los objetivos relativos al acceso a los mercados, la presencia
en el mercado o la armonización;  las dificultades derivadas de las disparidades existentes entre los
países y/o sus empresas en los niveles de desarrollo y competitividad, la experiencia en la adopción oaplicación de la legislación sobre competencia y la capacidad para aplicarla;  y la falta de claridad y
las dificultades operativas de las actuales propuestas referentes a los principios fundamentales, los
cárteles intrínsecamente nocivos y otras cuestiones conexas.  Además, existían distintas cuestiones
acerca de la relación entre los principios de transp arencia, no discriminación y equidad procesal de
la OMC y el marco multilateral propuesto sobre política de competencia.  También se planteabancuestiones similares sobre la relación entre las disposiciones vigentes de la OMC en materia de
confidencialidad, consultas y salvaguardias y las disposiciones pertinentes de un marco multilateral.
Era necesario aclarar aspectos relacionados con la naturaleza y el trato de la discriminación de jure  y
de facto , la función de las excepciones y las repercusiones del principio de no discriminación sobre el
trato de las empresas nacionales en comparación con las empresas transnacionales y las políticasindustriales de los países en desarrollo.  También había que aclarar la responsabilidad de los países
exportadores de adoptar medidas en relación con los cárteles de exportación o internacionales;
el alcance de las disposiciones en materia de confidencialidad;  las modalidades y experiencias
relativas a la cooperación voluntaria;  la relación entre la cooperación en un marco multilateral y las
iniciativas para facilitar la cooperación en los planos bilateral y regional;  el equilibrio y secuencia delos compromisos referentes a la adopción de legislación sobre competencia y a la cooperación
internacional en materia de exportaciones, importaciones y la función de la competencia bilateral o las
presiones comerciales;  los mecanismos de observancia en un marco multilateral, incluidos el
procedimiento de solución de diferencias y los exámenes por homólogos;  las repercusiones para la
soberanía nacional y el equilibrio de derechos y obl igaciones de los Miembros de la OMC;  el alcance
y contenido de las posibles disposiciones relativas al trato especial y diferenciado, la flexibilidad y la
progresividad;  y la idoneidad de la OMC como foro para la cooperación en esas esferas.El representante de Australia había señalado que un número creciente de países en desarrollo habían
adoptado leyes nacionales de competencia o habían iniciado el proceso para adoptarlas, pero aunque
eso fuera cierto, parecía necesario contar con un plazo de tal vez 10 años para establecer los
organismos pertinentes de observancia.  Durante ese período sería imposible asumir las obligaciones
que comportaría un marco multilateral sobre política de competencia.  El orador dijo que el marcomultilateral que se contemplaba en la comunicación de Australia (WT/WGTCP/W/232) buscaría
imponer tan sólo un conjunto mínimo de principios en relación con leyes y reglamentos generales,
desentendiéndose de los casos particulares;  en ese sentido, un conjunto de principios generales que
orientaran la aplicación de la legislación y la política de competencia sería más apropiado que un
marco multilateral.
15. El representante de Malasia se refirió a los párrafos pertinentes de la comunicación de
Australia (WT/WGTCP/W/232), señalando que indicaba la necesidad de un mecanismo de
observancia en cualquier marco multilateral y subrayaba la importancia de que existiera flexibilidad y
progresividad.  Sería necesario aclarar la relación entre esos dos aspectos del marco propuesto.
16. Respondiendo a las observaciones anteriores, el representante de Australia dijo que las
cuestiones que había planteado el representante de Nigeria eran importantes y legítimas y eran
precisamente el tipo de asuntos que debían aclararse en la reunión del Grupo de Trabajo.WT/WGTCP/M/22
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El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros manifestó que los puntos que se
habían abordado en las distintas intervenciones eran razonables y era necesario dar seguridades al
respecto.  De hecho, en las comunicaciones que habían distribuido su delegación y otras delegaciones
para la reunión se aclaraban en buena medida la mayor parte de esas cuestiones.  A su parecer, el
problema estribaba en la dificultad de dar una seguridad definitiva y categórica sobre esos aspectosfuera del ámbito de una negociación, pues para hacerlo sería necesario examinar propuestas concretas.
El orador pidió a sus colegas que tuvieran en cuenta la fase del proceso en el que se encontraban los
Miembros y las limitaciones intrínsecas de esa fase.  Reconoció que en el curso de las negociaciones
los defensores de un marco multilateral deberían dar una respuesta clara y convincente a las
cuestiones que se habían planteado y que en tanto no se produjera esa respuesta los Miembros no
estarían en condiciones de alcanzar un acuerdo.
17. Con respecto al estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateral sobre
política de competencia (documento WT/WGTCP/W/228), el representante de la Secretaría recordó
que lo había solicitado el Grupo de Trabajo en la reunión celebrada los días 1º y 2 de julio de 2002(documento WT/WGTCP/M/18, párrafos 96 a 98), se había distribuido con carácter preliminar antes
de la reunión del Grupo de Trabajo de los días 20 y 21 de febrero (JOB(03)/31), distribuido el 18 de
febrero de 2003) y había sido objeto de un debate inicial en esa reunión (WT/WGTCP/M/21,párrafos 51 a 60).  En cuanto a las principales diferencias entre las dos versiones del estudio, aunque
la versión actual (y definitiva) era más amplia que la anterior, tenía la misma estructura general.  En el
texto revisado se habían tenido en cuenta las observaciones formuladas durante el debate inicial de la
reunión de febrero, así como las observaciones escritas y orales que se habían recibido con
posterioridad a la reunión.  Además, el consultor que había preparado el estudio (elDr. Simon Evenett, director de investigaciones económicas en el Instituto de Comercio Mundial,
Universidad de Berna) había podido prestar mayor atención a las publicaciones existentes y a la
evolución de los acontecimientos, particularmente en la parte III del estudio.
18. Los representantes del Canadá, la Comunidad Europea y sus Estados miembros
, Suiza ,
Hong Kong, China y Australia  afirmaron que el estudio contenía información de gran utilidad y
abordaba muchas de las cuestiones que se habían planteado en el Grupo de Trabajo.  Seguidamente, el
representante del Canadá dijo que consideraba muy positivo el análisis que se hacía en el estudio de
las formas en que la política de competencia y un posible marco multilateral sobre la política decompetencia podrían contribuir a conseguir mejoras en la eficiencia dinámica.  Para complementar el
contenido del estudio, era necesario señalar que la política de competencia, además de reflejar las
consideraciones de política que en él se establecían, se basaba en métodos empíricos y análisis de
datos.  La historia de la política de competencia, particularmente en los 20 últimos años, había estadomuy influida por la rama de la economía conocida co mo organización industrial;  sin esa base teórica
y empírica, la política de competencia sería simplemente un régimen jurídico o reglamentario más.
En particular, la utilidad de esa política consistía en su orientación empírica en relación con los
efectos anticompetitivos, su capacidad de adaptarse a los avances conseguidos en el conocimiento del
funcionamiento de los mercados y su fundamentado criterio de racionalidad.  Sería deseable concedermayor atención a esas cuestiones metodológicas tanto en el curso de los debates del Grupo de Trabajo
como en las actividades conexas de creación de capacidad.  Desde esa perspectiva, el estudio podía
ser considerado como un documento inacabado;  cuando las delegaciones tuvieran conocimiento de
información y estudios pertinentes podrían señalarlos a la atención del Grupo de Trabajo,
enriqueciendo sus conocimientos.  A título de ejemplo se refirió a un estudio reciente que habíapreparado el Banco Mundial
1, en el que se examinaban los beneficios que obtenían las economías
nacionales de la aplicación de la legislación sobre competencia.  Básicamente, el estudio señalaba que
la legislación sobre competencia y su aplicación rinde beneficios que tienen al menos la misma
                                                     
1 Hoekman, B. y H.L. Kee, Imports, Entry and Competition Law as Market  Disciplines  (Banco
Mundial, 2003);  también se aborda en el Estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateralsobre política de competencia (documento WT/WGTCP/W/228), párrafos 278 a 281.WT/WGTCP/M/22
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magnitud que su costo.  Más concretamente, las conclusiones fundamentales del estudio eran, entre
otras, las siguientes:  primero, la aplicación de la política de competencia se traduce generalmente en
precios más bajos para los consumidores y las industrias usuarias;  esto se confirma en gran número
de países desarrollados y en desarrollo.  Además, la política de competencia fomenta la existencia de
un número más elevado de empresas y, en consecuencia, una mayor posibilidad de elección para elconsumidor en la mayoría de los mercados.  Por lo general, la legislación sobre competencia es
también más eficaz en cuanto al costo que los regímenes de reglamentación relativos a sectores
concretos para conseguir esos objetivos.  De todos modos, los productores advierten de que esos
regímenes pueden ser, sin embargo, necesarios en las denominadas situaciones de monopolio natural
(en mercados que funcionan de manera más eficiente cuando existe un único proveedor).
19. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros observó que aunque en
los debates del Grupo de Trabajo se había subrayado la función de las excepciones de la legislación
sobre competencia como instrumento para solucionar los posibles conflictos entre la política de
competencia y la política industrial, en el estudio (documento WT/WGTCP/W/228) se señalaban
cinco formas distintas en que se habían afrontado históricamente tales conflictos:  i) el empleo de
instrumentos de política industrial, que, aun cuando tendieran a restringir la competencia en los
mercados, no eran recurribles con arreglo a la legislación sobre competencia de la mayoría de lospaíses (aranceles, subvenciones, programas de capacitación, la propiedad pública);
ii) la incorporación explícita de esos objetivos a las leyes nacionales sobre competencia;  iii) que los
funcionarios responsables, al aplicar las leyes pertinentes, atendieran de forma explícita a
consideraciones de eficiencia dinámica, así como de eficiencia estática, y lo estaban haciendo en
medida creciente en los países en los que existía ese tipo de legislación;  iv) prever la posibilidad deestablecer exenciones, excepciones y exclusiones de la legislación sobre competencia cuando se
considerara necesario;  y v) facultar a un órgano gubernamental para anular decisiones adoptadas por
el organismo de protección de la competencia cuando afectaran a las prioridades nacionales de
desarrollo.  Por otra parte, el estudio ponía de manifiesto que la adopción de un marco multilateral
sobre política de competencia de acuerdo con los criterios que se habían propuesto era compatible conla posibilidad de que los Miembros siguieran utilizando esos cinco instrumentos mediante los cuales
se podían afrontar todos los posibles conflictos entre los objetivos de la política de competencia y la
política industrial y no la menoscababan.  Ciertamente, el estudio también ponía de manifiesto que en
términos generales la política de competencia contribuía con toda probabilidad a la consecución de
mejoras de eficiencia dinámica y otros objetivos de desarrollo.
20. Otro representante de la misma delegación afirmó que, como se señalaba en el estudio, la
política de competencia se podía integrar con la política industrial en muchas formas distintas.  Unade las formas en que ello no debía hacerse era la de tolerar la existencia de cárteles intrínsecamente
nocivos, habida cuenta de sus efectos perjudiciales sobre los consumidores y las industrias usuarias yde que no reportaban beneficios significativos en materia de bienestar.  El orador añadió que en la
terminología de la política de competencia de la Comunidad Europea, el término "exención"
correspondía al de "autorización" en otras jurisdicciones, en la medida en que se refería a la decisiónde permitir un acuerdo o práctica a pesar de sus posibles efectos anticompetitivos, porque producía
beneficios desde el punto de vista del bienestar como los que se señalaban en el párrafo 150, que
compensaban sus efectos anticompetitivos.  Una "exención" de tal naturaleza nunca se otorgaría a un
cártel intrínsecamente nocivo, pues por definición sus efectos perjudiciales superaban cualquier
posible beneficio en materia de bienestar.  En cuanto a las exclusiones totales de la legislación decompetencia, en la Comunidad existían algunos ejemplos.  Incluso en el sector agrícola, determinados
acuerdos contrarios a la competencia solamente quedaban excluidos del ámbito de aplicación del
artículo 81 del Tratado si resultaban necesarios para la aplicación de la política agrícola común.
No era ése el caso de los cárteles intrínsecamente nocivos en ese sector;  así lo ilustraba el hecho de
que la Comisión hubiera impuesto recientemente una sanción a un cártel de fijación de precios entre
los productores de carne de bovino de un Estado miembro.WT/WGTCP/M/22
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21. El representante de Suiza dijo que el estudio (documento WT/WGTCP/W/228) presentaba de
forma sistemática los costos y beneficios de un posible marco multilateral sobre política de
competencia.  Como se señalaba claramente en el estudio no era posible evaluar con exactitud el costo
de dicho marco sin tener en cuenta al mismo tiempo los beneficios que produciría.  Los ejemplos y
otros datos que se presentaban particularmente en la parte III del estudio ponían de manifiesto laposibilidad de combatir los cárteles, incluso en los países en desarrollo, y los importantes beneficios
que ello reportaba desde el punto de vista económico y del consumidor.  El reciente cártel de las
vitaminas era un ejemplo particularmente elocuente de los costos que los cárteles suponían tanto en
las economías desarrolladas como en desarrollo, particularmente en aquellas en las que no existían
leyes eficaces en materia de competencia.
2 Para obtener los beneficios potenciales de un marco
multilateral era necesario que el marco se aplicara de manera eficaz.  Para ello un elemento esencial
sería la asunción de un compromiso en materia de asistencia técnica y creación de capacidad a largoplazo.  No se podían subestimar las necesidades de asistencia técnica.
22. El representante de Hong Kong, China dijo que tal como se había indicado en la reunión del
Grupo de Trabajo de los días 20 y 21 de febrero (documento WT/WGTCP/M/21, párrafos 52 y 54), el
examen de la situación de Hong Kong, China en lo referente a la competencia que se hacía en el
estudio se basaba en gran medida en un documento reciente del FMI.3  El enfoque conceptual que se
adoptaba en ese documento era discutible.  En particular, los diferentes sistemas de medición de los
márgenes de beneficio que se utilizaban arrojaban resultados que no eran plenamente coherentes.
Por ello, su delegación disentía de la afirmación del FMI de que la competencia había disminuido en
Hong Kong, China como consecuencia de la orientación hacia los servicios durante el último decenio.
La versión revisada del estudio seguía basándose en el documento del FMI e incluso parecía indicarque podían existir prácticas anticompetitivas privadas en Hong Kong, China que suponían
impedimentos a la entrada en el mercado.  Sin embargo, en el documento no se aportaba prueba
alguna que demostrara esa conclusión.  Ciertamente, los colegas que se ocupaban de la política de
competencia en Hong Kong, China no habían encontrado ninguna prueba concreta de la existencia de
cárteles amplios u otras prácticas anticompetitivas privadas que obstaculizaran la entrada en elmercado.  De todas formas, Hong Kong, China mantenía una actitud vigilante contra la existencia de
ese tipo de prácticas.
23. En respuesta a una sugerencia del representante de Australia, el Grupo de Trabajo pidió a la
Secretaría que publicara una versión revisada de los cuadros en los que se sintetizaban las
contribuciones de los Miembros (documen to WT/WGTCP/W/228, anexos II (A-D)).
24. En respuesta a una sugerencia del representante del Canadá (párrafo 18, supra ), el
representante de la Secretaría dijo que en caso de que las delegaciones tuvieran conocimiento de
estudios u otro tipo de documentación que pudiera ser de interés para el Grupo, deberían comunicarlo
a la Secretaría, que señalaría las referencias apropiadas a la atención de los Miembros.
25. Al presentar la nota de antecedentes relativa a las disposiciones sobre la equidad procesal en
los Acuerdos de la OMC en vigor (WT/WGTCP/W/231), el representante de la Secretaría indicó que
la nota pretendía resumir varias disposiciones sobre equidad procesal existentes en Acuerdos de
la OMC en vigor.  Tal como se señalaba en los párrafos 5 y 16 de la nota, se había considerado
conveniente agrupar las diferentes disposiciones en dos categorías amplias.  En primer lugar, en los
tres Acuerdos principales de la OMC (el GATT , el AGCS y el Acuerdo sobre los ADPIC) existían
algunos principios amplios de equidad procesal;  en el apartado a) del párrafo 16 del documento se
                                                     
2 Véase Estudio de las cuestiones relativas a un posible marco multilateral sobre política de
competencia (documento WT/WGTCP/W/228), párra fos 299 a 302 y cuadro III.T7 "Recargos estimados
resultantes del cártel de las vitaminas, 1990-1999, en dólares EE.UU. de 2000, por economías importadoras".
3 Fondo Monetario Internacional (Hong Kong, China): Selected Issues  (Washington, D.C.: 2000).WT/WGTCP/M/22
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resumían las principales características de esos principios.  En segundo lugar, en algunos Acuerdos de
la OMC existían disposiciones más detalladas en materia de equidad procesal, particularmente en el
Acuerdo Antidumping, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre
Salvaguardias, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo sobre Contratación Pública.  Una gran parte
del documento se dedicaba a resumir esas disposiciones más detalladas.  La atención se centrabaparticularmente en disposiciones que eran pertinentes en situaciones en las que se alegaba que una
parte privada mantenía una conducta que ocasionaba perjuicios (por ejemplo, la infracción de los
derechos de propiedad intelectual) o era de otro modo recurrible (por ejemplo, la práctica del dumping
o la concesión de subvenciones) y daba lugar a la búsqueda de soluciones.  Como se señalaba en el
párrafo 5 de la nota, aunque dichas disposiciones se sintetizaban en el documento con cierto detalle,
era importante no generalizarlas de modo excesivo en el sistema general de los Acuerdos de la OMC.
En particular, tales disposiciones se habían negociado en respuesta a necesidades específicas dedeterminados acuerdos y materias, más que como parte de un diseño o modelo general.
26. Los representantes de Suiza, la Comunidad Europea y sus Estados miembros
 y Hong Kong,
China manifestaron que la nota de la Secretaría (WT/WGTCP/W/231) contenía una síntesis completa
de los debates mantenidos anteriormente por los Miembros sobre la equidad procesal y señalaba y
clasificaba las disposiciones pertinentes de los Acuerdos de la OMC en vigor.  La nota indicaba queno existía un modelo único de equidad procesal en la OMC aplicable a todos los temas.  Antes bien,
en cada uno de los acuerdos que se examinaban en la nota se habían adaptado principios básicos de
equidad procesal cuando los Miembros lo habí an considerado necesario, en función de las
necesidades de la materia objeto del acuerdo.  A continuación, el representante de Suiza dijo que la
nota (WT/WGTCP/W/231) ponía de manifiesto que se habían incorporado disposiciones sobre
equidad procesal en varios Acuerdos vigentes que se ocupaban de cuestiones tan complejas como la
política de competencia.  Dichas disposiciones establecían algunas directrices básicas teniendo en
cuenta la realidad de las diversas culturas jurídicas y políticas y sin intentar imponer un enfoque
armonizado en los diferentes sistemas jurídicos.  En segundo lugar, las cuestiones concretas que se
abordaban en los diversos acuerdos eran similares a las que podían plantearse en el contexto de unmarco multilateral sobre po lítica de competencia.  Se trataba, por ejemplo, de cuestiones relativas al
acceso a la justicia por partes privadas;  procedimientos para establecer los objetivos de una
investigación;  protección de la información confidencial y otros intereses legítimos de las partes;  y
derechos de los demandados en los procedimientos correspondientes.  A ese respecto, parecía que los
mismos elementos que tendrían que considerarse al ofrecer garantías de equidad procesal en un marco
multilateral sobre política de competencia ya se habían considerado al formular las disposiciones
pertinentes de los Acuerdos de la OMC en vigor;  en otras palabras, existían ya puntos de referenciaapropiados y no era necesario partir de cero.  Lo que quedaba por hacer era identificar los elementos
pertinentes y adaptarlos en la medida necesaria a la política de competencia.  Otro aspecto que había
que señalar era que los elementos que se analizaban en la nota eran en esencia elementos de buen
gobierno, que debían tener cabida de una u otra forma en cualquier sistema jurídico, con
independencia de su especificidad.  En ese sentido, no parecía que para garantizar elementosadecuados de equidad procesal en los regímenes nacionales de competencia fuera necesario revisar el
sistema jurídico general, al menos en la mayoría de los casos.
27. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que la nota
(WT/WGTCP/W/231) demostraba con toda claridad que las cuestiones relativas a la equidad procesal
se podían abordar adecuadamente en un Acuerdo de la OMC (existían amplios precedentes al respectoen los diferentes Acuerdos que se examinaban en la nota).  Además, ello podía hacerse incluso en
ámbitos complejos del derecho sin interferir de forma indebida en el funcionamiento de los sistemas
jurídicos nacionales.  Dado que la nota mostraba que en cada uno de los acuerdos examinados se
habían adaptado los principios de equidad procesal a los requisitos de la materia objeto del acuerdo,
no parecía existir ningún obstáculo para adaptar también esos principios a las necesidades yexigencias operativas de la política de competencia.WT/WGTCP/M/22
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28. El representante de Hong Kong, China dijo que no estaba claro que algunas de las
disposiciones de los Acuerdos de la OMC en vigor que se señalaban en la nota fueran pertinentes y
que era necesario estudiarlas detenidamente en el contexto de la labor del Grupo de Trabajo.  Como
había señalado repetidamente su delegación, la diversidad de la infraestructura jurídica o legislativa
de los Miembros exigía que un posible marco multilateral sobre política de competencia evitaradisposiciones prescriptivas y mantuviera la discrecionalidad de los Miembros al decidir el instrumento
apropiado en el cumplimiento de sus obligaciones.  A ese respecto, la nota (párrafo 31) indicaba que
el GATT y el AGCS requerían la existencia de "t ribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o
administrativos" para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a los
asuntos aduaneros y a las cuestiones que afectaban al comercio de servicios, respectivamente.
El hecho de que esas disposiciones no especificaran la manera en que los distintos Miembros debían
cumplir sus obligaciones no menoscababa la eficacia de su aplicación.  Otros Acuerdos como elAcuerdo sobre Contratación Pública, de carácter pl urilateral, el Acuerdo An tidumping y el Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, también eran flexibles en relación con las
características, judiciales o de otra índole, de los órganos o procedimientos nacionales pertinentes.
Su delegación confiaba en la viabilidad y conveniencia de tales obligaciones multilaterales no
prescriptivas respecto de la equidad procesal.  Por otra parte, consideraba que algunas de lasdisposiciones más específicas de los Acuerdos de la OMC en vigor serían excesivamente prescriptivas
y onerosas si se aplicaban en un posible marco multilateral sobre política de competencia.  Tal era el
caso, por ejemplo, de las disposiciones que determinaban la información que debían contener los
avisos públicos de iniciación de investigaciones, que especificaban los factores que debían tomarse en
consideración y los criterios que debían seguirse al determinar la magnitud del daño, y que exigían lapreparación de resúmenes no confidenciales de la información confidencial.  Su delegación se
opondría a la adopción de disposiciones de ese tipo en un marco multilateral.  Desde una perspectiva
general, dijo que, en vista de las grandes diferencias existentes entre los Miembros en cuanto al nivel
de desarrollo socioeconómico, la cultura de la competencia y la infraestructura jurídica e institucional,
era importante prever la suficiente flexibilidad respecto de las posibles obligaciones relativas a laequidad procesal en esa esfera, y respetar plenamente las políticas y preocupaciones internas de los
distintos Miembros.
29. Los representantes de la India, Egipto
, Kenya  y Cuba  dijeron que pese a las opiniones que
había expresado el representante de la Comuni dad Europea y sus Estados miembros acerca de la
dificultad de precisar con mayor exactitud el alcance y contenido de un posible marco multilateral
sobre política de competencia fuera del marco de una negociación, esa aclaración era un requisito
imprescindible para fomentar la confianza.  Seguidamente, el representante de la India afirmó que la
aplicación del trato nacional en el ámbito de la política de competencia suscitaba varias cuestiones
que debían ser aclaradas.  Algunos de los que propugnaban un marco multilateral habían sugerido que
una disposición relativa a la no discriminación se aplicaría solamente a la discriminación de jure , pero
no a la discriminación de facto .  No obstante, incluso con esa limitación seguía habiendo cuestiones
que era necesario abordar.  Por ejemplo, la compatibilidad entre el trato nacional y la aplicación dedeterminadas políticas económicas o de otra índole, particularmente cuando se estructuraban de
manera que aparentemente no eran discriminatorias, pero se podían aplicar de facto  de tal forma que
sólo beneficiaran a las empresas nacionales, por ejemplo los regímenes especiales para las pequeñas y
medianas empresas basados en umbrales de ventas.  Uno de los principales proponentes había
reaccionado anteriormente a este respecto aceptando que las cuestiones planteadas debían ser objetode atención y que se podrían abordar más eficazmente cuando se conociera mejor la naturaleza de las
obligaciones que sería necesario asumir.
30. El orador añadió que la política de competencia respecto de las fusiones y cárteles podía tener
efectos diferentes sobre el bienestar de los diversos países dependiendo del lugar donde se
encontraran ubicados los productores y los consumidores.  Dado que los países en desarrollo contabancon muy pocos productos, que se exportaban en condiciones de competencia imperfecta, era muy
probable que se encontraran casi todos en el lado perdedor en el caso de fusiones y de prácticas
comerciales restrictivas con efectos transfronterizos y que tuvieran muy poco que ganar con laWT/WGTCP/M/22
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aplicación del principio del trato nacional.  En el contexto de la atención de las necesidades de los
países en desarrollo, era más adecuado adoptar el concepto de no discriminación, entendido como la
necesidad de tratar de forma distinta a países con diferentes capacidades, y como la necesidad y
responsabilidad de proporcionar asistencia, medidas positivas y políticas de acción afirmativa a las
empresas e instituciones locales de los países en desarrollo para garantizar su viabilidad ycompetitividad.  Por esas y otras razones, podía ocurrir que se abusara del principio de no
discriminación si no se aplicaba correctamente.  Además, muchos sistemas jurídicos interpretaban el
concepto de no discriminación en el sentido de permitir políticas de acción afirmativa en favor de los
desfavorecidos, con el fin de fomentar la igualdad en los resultados.  Los países en desarrollo
necesitaban flexibilidad para recurrir a una serie de instrumentos de desarrollo, en particular los que
se encuadraban en el capítulo de "política industrial".  En consecuencia, la resolución de conflictos
entre políticas de competencia y políticas de desarrollo debería dejarse a cada Miembro y se debíaevitar un enfoque excesivamente prescriptivo o intrusivo.  Todas esas cuestiones no habían sido
suficientemente aclaradas y por ello subsistía una gran preocupación de que un compromiso
multilateral vinculante en relación con el trato nacional pudiera limitar gravemente la flexibilidad y el
espacio normativo de los países en desarrollo.  Por todo ello, la India consideraba que el principio del
trato nacional era inadecuado y probablemente tendría efectos no deseados si se aplicaba en elcontexto de un marco multilateral sobre política de competencia.
31. El representante de Egipto dijo que las diferencias legítimas entre los objetivos sociales,
culturales, políticos y económicos de los países exigirían medidas y mecanismos normativos
específicos y flexibles para poder conseguirlos.  Las diferencias de las políticas de competencia eran
importantes y con frecuencia se reflejaban en los objetivos de la legislación sobre competencia.Por otra parte, en el intento de conseguir sus objetivos de política, los países podían mantener
opiniones diferentes respecto a si era necesario, y en qué medida, tener en cuenta objetivos distintos
de la eficiencia (como la equidad, la integración de las PYME en el mercado, etc.) en el contexto de la
política de competencia.  En esa esfera, los distintos países debían tener libertad para decidir las
normas y el ámbito de su aplicación y, por consiguiente, no todos los países debían tener normasidénticas en materia de competencia.  Con ese telón de fondo, el orador expresó una serie de
preocupaciones y cuestiones sobre los principios fundamentales mencionados en los párrafos
pertinentes de la Declaración de Doha.  Con respecto al principio de no discriminación, la aplicación
uniforme de ese principio podría dar lugar a grandes desigualdades entre los países en desarrollo y
desarrollados Miembros.  La esencia del principio de no discriminación radicaba en dispensar a todos
los nacionales un trato no menos favorable que a los demás, ya fuera sobre la base del principio de la
nación más favorecida (NMF) o del trato nacional.  Si se aplicaba a las normas de competencia, eseúltimo principio daría a las grandes empresas multinacionales un acceso ilimitado a los mercados
internos de los países en desarrollo y, por tanto, la aplicación uniforme de ese principio en relación
con la competencia iría en detrimento de las empresas nacionales del país de establecimiento, que en
caso de no poder vender y producir de forma competitiva se verían en último extremo fuera del
mercado.  Otra dificultad con la que se encontraban los países en desarrollo en relación con elprincipio de no discriminación era la falta de capacidad, en algunos casos, para adoptar una
legislación sobre competencia, ya fuera por falta de recursos o por la preocupación de que un régimen
de competencia pudiera cercenar o limitar la capacidad de los países en desarrollo para aplicar
políticas industriales favorables al desarrollo, es decir, la preocupación relativa al "espacio
normativo".  De todas formas, los principios fundamentales eran esenciales y debían reflejarse en elrégimen de competencia de cualquier jurisdicción que decidiera adoptarlo.  Su delegación tenía la
convicción de que en cualquier régimen de competencia se debía aplicar el principio NMF y que el
gobierno no debía imponer una discriminación " de jure " entre empresas extranjeras en situaciones
similares, en tanto que la discriminación " de facto " estaba justificada en muchos casos.WT/WGTCP/M/22
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32. El orador añadió que como había señalado la Cámara de Comercio Internacional (CCI)4, la
discriminación de jure  no debía considerarse desde la perspectiva general de que todos los países
debían atenerse a normas comunes.  Era necesario distinguir entre la discriminación basada en la
nacionalidad o la propiedad de las empresas, lo que era inaceptable, y la discriminación basada en la
ubicación de las actividades de la empresa y la naturaleza del mercado en el que se aplicaba unrégimen de competencia.  La finalidad de esa distinción era que los países pudieran tener en cuenta
sus necesidades y niveles de desarrollo al aplicar un régimen de competencia.  Por otra parte,
quedaban por responder interrogantes importantes antes de que se pudiera adoptar algún principio
vinculante, incluso con respecto a la discriminación de jure , como los referentes al trato de los
acuerdos de cooperación bilaterales y regionales en virtud de los cuales dos o más gobiernos podían
establecer condiciones favorables de cooperación mutua que no fueran la de un futuro marco
multilateral sobre política de competencia.
33. La aplicación de una norma contra la discriminación de facto  podía suscitar cuestiones
complejas como las relacionadas con las facultades de investigación de los organismos encargados de
la competencia (que variaban de un país a otro) y la disponibilidad de datos.  Por otra parte, no
existían "transacciones comerciales" idénticas, pues las circunstancias y los hechos de cada
transacción no eran plenamente comparables ni análogos.  Por otra parte, si se exigía justificar ladiscriminación de facto  eso crearía grandes dificultades a los países en desarrollo.  Justificar la
discriminación caso por caso obligaría a los países a aplicar un criterio de racionalidad (que exigiría
un complejo análisis de cada caso) y por tanto pondría a los países en desarrollo en el dilema de
sacrificar cuantiosos recursos a la labor de análisis y demostración o de incumplir sus obligaciones.
Los países en desarrollo bien podrían optar por una norma más sencilla y directa porque su aplicaciónexigiría menos costo, menos personal y menos tiempo.  En ese contexto, el Grupo de Trabajo tendría
que estudiar si debería permitirse la discriminación de facto  y en caso afirmativo, según qué criterios.
En cuanto al principio del trato nacional, los países en desarrollo podrían verse en la necesidad de
discriminar en favor de las empresas nacionales , especialmente las pequeñas y medianas empresas,
para lograr sus objetivos de política.  (En Egipt o, las PYME representaban el 90 por ciento de las
empresas existentes en el mercado y en consecuen cia eran la principal fuente de sustento de la
mayoría de los ciudadanos.)  La aplicación del principio de no discriminación de manera uniforme
daría lugar a una "discriminación de facto" relativa entre las empresas nacionales y las empresas
multinacionales, simplemente porque estas últimas eran económicamente más poderosas.  Por
consiguiente, para tomar en consideración las preocupaciones de los países en desarrollo era necesario
concederles el derecho a ayudar a sus empresas nacionales, ya fuera directamente, por ejemplo
mediante la concesión de subvenciones, o indirectamente, permitiendo las fusiones, adquisiciones,cárteles de exportación, mecanismos de explotación común de recursos u otras fórmulas que cada país
considerara apropiadas para alcanzar sus objetivos de política.  Por lo que concernía a otras cuestiones
relacionadas con el principio de no discriminación, muchos países en desarrollo consideraban que un
futuro marco multilateral sobre competencia -si ll egara a existir- debería incluir disposiciones
relativas a la obligación de los gobiernos de origen de impedir las prácticas comerciales restrictivas delas empresas multinacionales que desarrollaran actividades en países en desarrollo, así como las
prácticas comerciales restrictivas que se realizaran dentro de su jurisdicción y que tuvieran
repercusiones sobre los países en desarrollo (por ejemplo, los cárteles de exportación).  Tales
obligaciones deberían estar sujetas al principio de no discriminación y a otros principios
fundamentales.
34. A continuación, el orador añadió que la aplicac ión del principio fundamental de transparencia
de la OMC a la legislación y la política de competencia debería abordarse con todo esmero.  Los
Miembros tenían sistemas jurídicos y administrativos diferentes.  Los defensores de un marco
multilateral consideraban que la transparencia debía aplicarse a todos los aspectos del régimen de
                                                     
4 Competition policy in the WT O: Doha Declaration issues  (Cámara de Comercio Internacional, 9 de
abril de 2003).WT/WGTCP/M/22
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competencia, pero tal cosa era una fuente de inquietud ya que podría dar lugar a que se ejercieran
presiones sobre los Miembros en desarrollo para que modificaran su legislación o sus prácticas de
observancia, o incluso el alcance de las exenciones en su legislación interna.  Además, algunos
Miembros en desarrollo no tenían políticas, leyes o reglamentos relacionados directamente con la
competencia, lo cual aumentaba la complejidad que suponía aplicar las disposiciones de transparenciaen esa esfera.  No se había dado todavía respuesta a las siguientes preguntas concretas:  i) ¿cuál era la
naturaleza y el alcance de los compromisos u obligaciones de transparencia de los países en los que no
existía un régimen de competencia?;  ii) ¿cómo y en qué medida se cumplirían los compromisos de
transparencia relativos a las obligaciones de los países de origen, teniendo en cuenta que esas
obligaciones eran una petición básica de los países en desarrollo en ese ámbito? Si no se daban
respuestas satisfactorias a esas preguntas sería difícil calibrar hasta qué punto era necesario que
existieran obligaciones de transparencia vinculantes en el contexto de un futuro acuerdo sobre políticade competencia;  además, la naturaleza y el alcance de cualquier obligación de transparencia
dependían de la naturaleza y el alcance de las disposiciones sustantivas del acuerdo que se estaba
considerando.  Por otra parte, era necesario que los países en desarrollo se convencieran de que el
requisito propuesto de transparencia les ofrecía más ventajas que inconvenientes.
35. Con respecto a la posible aplicación del principio de equidad procesal en esa esfera, la teoría
de la política de competencia sostenía que las "garantías procesales" o "administración equitativa" de
esa política o legislación era esencial para dar a los colectivos interesados, los consumidores, el
público y los competidores la seguridad de que el régimen de competencia produciría resultados
equitativos.  Se trataba, pues, de un instrumento de observancia, en virtud del cual se exigía a las
autoridades pertinentes que al adoptar una decisión aplicaran procedimientos equitativos;  si no lohacían, la justicia podía intervenir y anular una decisión.  Más concretamente, la equidad procesal
consistía en un conjunto de normas que los tribunales incluían en los sistemas legislativos.  Los
distintos países tenían su propio sistema jurídico, que respondía a su diferente realidad económica,
social, política y cultural.  Teniendo eso en cuenta, los países en desarrollo deberían tener el derecho
de adoptar el sistema jurídico que se adecuara a sus condiciones y necesidades.  Quienes propugnabanla adopción de un marco multilateral habían hecho propuestas para abordar los siguientes aspectos
concretos de la equidad procesal:  mecanismos para plantear cuestiones ante un organismo encargado
de la competencia;  derecho de las partes a que se les notificaran las investigaciones;  derecho de las
partes a conocer la situación y los motivos de las decisiones;  derecho a presentar comunicaciones;
derecho a acceder a un sistema de recursos y/o revisión;  oportunidad de las decisiones;  y posibilidad
de impugnar las medidas de investigación.  Al considerar cómo se podrían aplicar esos elementos en
el contexto de un marco multilateral sobre política de competencia podrían plantearse variascuestiones complejas, como las siguientes:  si se propusiera que cada país estableciera su propio
mecanismo, ¿en qué medida estaría sujeto a la disposición de transparencia, es decir, qué se exigiría
que cada país publicara o notificara? Con respecto al derecho de las partes a que se les notificaran las
investigaciones, ¿cuál sería la definición de "partes" y qué información se incluiría en la notificación?
¿Sería diferente el contenido de la notificación en función de la naturaleza y el grado de interés de laspartes afectadas? ¿Podría considerarse discriminatoria la disposición del derecho diferente de las
partes a acceder al sistema? ¿Cuáles serían los parámetros que, si se satisfacían, indicarían que se
había respetado o infringido el derecho de las partes a conocer la situación y los motivos de las
decisiones? En cuanto al derecho de presentar comunicaciones, ¿sería posible que los organismos
encargados de la competencia establecieran normas relativas al contenido de las comunicaciones delas distintas partes? ¿Qué se consideraría por "decisión oportuna"?  En relación con la posibilidad de
impugnar las medidas de investigación, ¿se podría acusar a un organismo encargado de la
competencia de actuar de forma injusta o discriminatoria si decidiera no adoptar medidas cuando una
reclamación de una empresa extranjera no encajara en sus prioridades en materia de observancia,
teniendo en cuenta sus recursos? Los países podrían establecer procedimientos equitativos sinespecificar su contenido sustantivo o su forma de aplicación, lo que daría lugar a una discriminación
de facto .  ¿Cómo se abordaría esa cuestión en un marco multilateral?  Por último, aunque no por ello
menos importante, los países en desarrollo Miembros que carecían de una política o legislación en
materia de competencia cuestionaban la pertinencia de la disposición de equidad procesal para suWT/WGTCP/M/22
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situación.  Finalmente, el orador subrayó que, al igual que muchos otros países en desarrollo, su
delegación consideraba el trato especial y diferenciado como el cuarto elemento en el debate sobre los
principios fundamentales.  Ese elemento adicional era necesario para equilibrar los costos y beneficios
de cualquier futuro acuerdo de la OMC sobre política de competencia.
36. El representante de Kenya, en una intervención cuyo texto se publicó posteriormente con la
signatura WT/WGTCP/W/238, dijo que la prescripci ón que figuraba en el párrafo 25 del mandato de
Doha de que "se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos
adelantados participantes y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas" comportaba la
necesidad de preservar el derecho de cualquier país a decidir si debía dotarse, y cuándo, de una
legislación sobre competencia, así como el tipo de política de competencia que debía adoptar.
En particular, debería otorgarse a los distintos países el derecho a adoptar un enfoque progresivo en
cuanto al examen, adopción y aplicación de una ley de competencia, asegurando al mismo tiempo unafunción apropiada a las políticas industriales nacionales.  No se había aclarado suficientemente si las
propuestas de los defensores del marco multilateral en ese ámbito permitirían mantener esa
flexibilidad o la restringirían en aras de promover el acceso a los mercados de las empresas de los
países desarrollados, así como de la armonización de los regímenes de competencia.  Los principios
fundamentales de transparencia, no discriminación y equidad procesal que habían sido formulados en
el marco de la política comercial no habían sido concebidos como principios universales aplicables a
todas las cuestiones, incluida la política de competencia.  De hecho, no era evidente que resulta
apropiado o conveniente aplicar esos principios a la política de competencia.  Era esencial aclarar la
forma en que se aplicarían en la práctica los denominados principios fundamentales en relación con la
política de competencia, para poder evaluar sus efectos sobre el desarrollo.
37. Refiriéndose a la transparencia, dijo que la aplicación de ese principio exigía considerar
atentamente las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales, así como el alcance y naturaleza de
las obligaciones.  Le preocupaba especialmente que las prescripciones en materia de transparencia
pudieran suponer una carga innecesaria para los países en desarrollo.  No sería posible hacer una
evaluación realista de la transparencia hasta que se hubieran aclarado satisfactoriamente todas lascuestiones sustantivas, permitiendo a los países en desarrollo establecer con mayor precisión los
costos y beneficios de las propuestas en esa esfera.  Por ejemplo, era necesario aclarar la aplicabilidad
de la transparencia a la información relacionada con casos concretos en posesión de organismos
nacionales o regionales de competencia.  Por otra parte, en algunos países se mantenían registros
secretos de cárteles de exportación en aras de la confidencialidad.  Al parecer, los órganos de
reglamentación podían estar sujetos al principio de transparencia, pero no así las empresas que
supuestamente debían regular.  En otras palabras, las pruebas esenciales sobre las prácticas de lasempresas extranjeras estaban "protegidas" por sus gobiernos por razones de confidencialidad
comercial.  Esa posible contradicción debía ser aclarada.
38. A continuación, manifestó que en el ámbito de la política comercial se consideraba
comúnmente que la "no discriminación" suponía la aplicación de los principios de la nación más
favorecida (NMF) y el trato nacional a productos y servicios "similares";  sin embargo, no estaba clarala aplicación de esos conceptos al análisis y la observancia en el ámbito de la competencia, que se
referían a casos concretos.  Por ejemplo, se habían señalado las dificultades para determinar si existía
discriminación de facto  con respecto a las medidas de observancia de la legislación antimonopolio,
debido a que giraban alrededor de situaciones individuales.  Incluso en el caso de que la aplicación de
los principios de no discriminación se limitara a la discriminación de jure,  tal como habían propuesto
los defensores del marco multilateral, seguían planteándose problemas.  Por ejemplo, ¿de qué modo se
debían tratar las exenciones sectoriales de las normas de competencia?  ¿Se aplicarían en ese ámbito
las excepciones previstas en el artículo XX del GATT?  En cuanto al trato nacional, era necesario
aclarar cómo se aplicaría en los países en desarrollo en relación con las prácticas anticompetitivas o
las fusiones entre productores en pequeña y mediana escala que podían realizarse para conseguir unamayor eficiencia, frente a las fusiones entre empresas de gran tamaño y multinacionales en países
desarrollados, que podían dar lugar a prácticas anticompetitivas y al dominio del mercado.  Además,WT/WGTCP/M/22
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la aplicación del principio del trato nacional podía trascender fácilmente a otros ámbitos y provocar
distorsiones en otras esferas de la formulación de política económica como las políticas industriales y
las estrategias de desarrollo.  Con respecto a la aplicación de principio NMF, no estaba claro en qué
situación quedarían los acuerdos bilaterales y regionales de cooperación en relación con la
administración de la legislación sobre competencia.
39. En lo concerniente a la equidad procesal, ya se había señalado en anteriores debates del
Grupo de Trabajo que no existía un amplio consenso sobre el significado de ese concepto en el marco
de la observancia de la legislación sobre competencia.  Eso se debía a que existían conceptos distintos
de equidad fundamental, en los que también influían la cultura política y jurídica de los diferentes
países.  Se habían formulado algunas preguntas concretas sobre la manera en que se aplicaría en la
práctica ese principio, especialmente por lo que se refería a sus repercusiones para los países en
desarrollo y a las necesidades de recursos que comportarían.  Ya se había señalado que se necesitabanmás estudios y deliberaciones para que los países en desarrollo pudieran evaluar con mayor precisión
los costos y beneficios de esas disposiciones;  entre otras cuestiones, sería útil aclarar si el artículo X
del GATT era una referencia apropiada para el examen de esa cuestión en el Grupo de Trabajo o si
habría que formular un concepto más específico de equidad procesal para la política de competencia.
40. En relación con las disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos, existía un
reconocimiento creciente entre los Miembros de que sus efectos perjudiciales socavaban los
beneficios que podían derivarse del sistema de comercio multilateral, por lo que esa cuestión debía
afrontarse con carácter prioritario.  Sin embargo, no se había alcanzado un consenso sobre la
definición y el alcance de las posibles obligaciones en esa esfera, y ese punto debía ser aclarado.
En particular, era necesario un análisis detallado de la definición de los cárteles intrínsecamentenocivos con objeto de establecer su pertinencia en el caso de los países en desarrollo.  Si no se
aclaraba esa cuestión ello causaría importantes problemas operativos y costos a los países en
desarrollo e impediría obtener los beneficios potenciales.  También era necesario aclarar si la OMC
era el foro adecuado para una actuación internacional en esa cuestión, teniendo en cuenta que ya se
abordaba en varios acuerdos bilaterales, regionales y plurilaterales.
41. Con respecto a las modalidades de cooperación voluntaria, se había observado muy
acertadamente que un marco puramente voluntario sería ineficaz, pues las autoridades más avanzadas
en materia de competencia que disponían de más información y capacidades, tendrían pocos
incentivos para proporcionar información o asistencia a autoridades menos avanzadas que no estaban
en condiciones de corresponder en la misma medida.  Además, en tanto que los países en desarrollo
no podrían imponer el intercambio de información con países desarrollados en el marco de acuerdos
voluntarios de cooperación, dadas las diferencias de poder entre los dos grupos de países, lacooperación voluntaria de los organismos de competencia de los países en desarrollo sería obligatoria
en la práctica.  Ante esa situación, correspondía a los defensores de un marco multilateral aclarar los
instrumentos concretos de cooperación que se utilizarían y la naturaleza de las obligaciones que se
establecerían a ese respecto.  Al mismo tiempo, había que aclarar mejor cómo participarían en
acuerdos de cooperación voluntaria de carácter multilateral los países en desarrollo que carecían delegislación y organismos en materia de competencia.  Otra cuestión de carácter más general que, a
juicio del orador, no se había examinado suficientemente era la manera en que un marco multilateral
sobre política de competencia abordaría las necesidades de desarrollo y las inquietudes de los países
en desarrollo.  El Grupo de Trabajo debía seguir trabajando para aclarar adecuadamente esas
importantes cuestiones.
42. La representante de Cuba, en una intervención cuyo texto se publicó posteriormente con la
signatura WT/WGTCP/W/242, recordó a las delegaciones que el párrafo 25 del mandato de Doha se
refería concretamente a las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados participantes
y establecía que se debía prever la flexibilidad apropiada para tratarlas.  Era necesario abordar
tres cuestiones concretas:  i) clarificación de los efectos de la política de competencia sobre elcomercio y el desarrollo económico, indispensable para que los Miembros pudieran evaluarWT/WGTCP/M/22
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adecuadamente las propuestas que se habían presentado al Grupo de Trabajo;  ii) solución de las
necesidades e intereses de los países en desarrollo en relación con el desarrollo;  y iii) aclaración de la
flexibilidad necesaria para tener en cuenta esas necesidades e intereses.  Un elemento básico de
flexibilidad era la necesidad de preservar la soberanía de cada país en desarrollo, permitiéndoles
decidir la manera y el momento en que debían adoptar una política de competencia y el tipo depolítica de competencia que necesitaban.  También era importante la capacidad de adaptar políticas y
medidas para reforzar y proteger la fortaleza internacional de las empresas nacionales y para
modificar esas políticas en la medida necesaria.  En ese aspecto quedaban todavía muchas cuestiones
sin responder;  por ejemplo, no se había alcanzado un consenso sobre la aplicación de los principios
fundamentales de la OMC en esa esfera, asunto de importancia capital para evaluar sus efectos sobre
el desarrollo.  Además, en ausencia de una definición concreta de la equidad procesal y del alcance y
significado de la transparencia, no se habían aclarado las necesidades de los países que tenían unaexperiencia limitada en la esfera de la política de competencia.  La falta de experiencia de muchos
países y la situación de desventaja en que se encontrarían si se iniciaran negociaciones en esa esfera
hacían necesario un estudio de la Secretaría sobre esa cuestión.  La oradora añadió que lo que podría
considerarse como conducta anticompetitiva por un país podría ser en otro país (en desarrollo) un
medio necesario para conseguir objetivos fundamentales.  Eso agravaba la dificultad de introducirnormas multilaterales uniformes en ese ámbito.  El volumen de asistencia técnica que se brindaba era
insuficiente, considerando que más de 50 países carecían de legislación y de regímenes de
competencia.  Era necesario estudiar cada una de esas cuestiones para que el Grupo de Trabajo
pudiera tomar decisiones sobre las modalidades de las negociaciones.
43. El representante de China, en una intervención cuyo texto se publicó posteriormente con la
signatura WT/WGTCP/W/241, dijo que su delegación consideraba que no se podría alcanzar una
solución multilateral eficaz al problema de los cárteles intrínsecamente nocivos hasta que se
definieran con claridad las prácticas anticompetitivas que abarcaba ese término.  En relación con esa
cuestión, algunos países en desarrollo como China no tenían todavía una legislación completa sobre
competencia.  Aunque algunas prácticas anticompetitivas se abordaban en el marco de diferentesleyes en vigor, no existía una definición única de cartel intrínsecamente nocivo.  Se necesitaba, pues,
una mayor reflexión antes de que los Miembros pudieran decidir, por ejemplo, si se podía incorporar
en el futuro marco multilateral sobre política de competencia la definición que figuraba en la
Recomendación de la OCDE sobre los cárteles intrínsecamente nocivos.
5  E n  l a  ó p t i c a  d e  l a s
economías en desarrollo, también era importante señalar que una competencia excesiva en
determinados sectores podía tener efectos negativos.  Por ello, como ya habían subrayado varios
Miembros, era importante que en el futuro marco multilateral sobre política de competencia seincorporara la flexibilidad necesaria en las decisiones relativas a los cárteles.  Por ejemplo, se debían
prever exenciones para las pequeñas y medianas empresas por razones de desarrollo industrial.
44. El orador añadió que solamente cuando los Miembros hubieran comprendido el perjuicio que
causaban los cárteles intrínsecamente nocivos, establecido sistemas nacionales adecuados de
reglamentación y acumulado suficiente experiencia administrativa sería posible una cooperaciónplena a nivel multilateral.  En ese sentido, se sumó a las opiniones contenidas en la contribución de
Hong Kong, China a la reunión de Grupo de Trabajo de los días 20 y 21 de febrero (documento
WT/WGTCP/W/224).  Por esa razón, era esencial que en el futuro marco multilateral sobre política de
competencia se tuviera en cuenta la situación actual de los países en desarrollo, especialmente la
diversidad de experiencias en esa esfera.  De hecho, una de las principales funciones del marcomultilateral sería promover el intercambio de información y experiencia entre los Miembros mediante
actividades de creación de capacidad, facilitar la consecución de un consenso y sentar una base sólida
para una mayor cooperación.  Dicho en otros términos, la creación de capacidad no era tan sólo un
método importante, sino parte integral del futuro marco multilateral.
                                                     
5 Recomendación del Consejo de la OCDE sobre medidas eficaces contra los cárteles intrínsecamente
nocivos (adoptada por el Consejo de la OCDE en su 921ª reunión el 25 de marzo de 1998 [C/M(98)7/PROV]).WT/WGTCP/M/22
Página 17
45. Refiriéndose a continuación a determinados asuntos específicos, dijo que los países en
desarrollo se veían afectados negativamente por la debilidad de su posición respecto del acceso a los
mercados y la transferencia internacional de tecnología, que obstaculizaba su participación efectiva en
la globalización económica.  Si los países desarrollados seguían permitiendo la existencia de cárteles
de exportación, la posición de los países en desarrollo Miembros en el comercio internacional seríaaún peor.  Por ello, compartía el punto de vista de Tailandia de que en el futuro marco multilateral
sobre política de competencia se deberían establecer restricciones respecto del mantenimiento de
cárteles de exportación en los países desarrollados Miembros.  En cuanto a los cárteles
intrínsecamente nocivos internacionales, era indudable que tenían efectos negativos tanto sobre los
países en desarrollo como sobre los países desarrollados Miembros.  También compartía la opinión de
otros Miembros en desarrollo de que dichos cárteles eran en gran medida un fenómeno de los países
desarrollados, por cuanto en los países de ingresos bajos y en los PMA no existía ninguno de losdestacados cárteles internacionales a los que se había hecho referencia en el Grupo de Trabajo.
Por ello, China hacia un llamamiento a los Miembros desarrollados para que hicieran un mayor
esfuerzo para combatir los cárteles internacionales, pues a menudo los Miembros en desarrollo no
disponían de la legislación y la experiencia en materia de observancia necesarias para ello.  Sin duda,
el intercambio de experiencias y la prestación de asistencia técnica en esa esfera era importante paraque los Miembros en desarrollo pudieran poner en marcha sus propios programas contra los cárteles.
China también creía que el Grupo de Trabajo debía prestar atención a las prácticas anticompetitivas
relacionadas con los derechos de propiedad intelectual (DPI).  El Acuerdo sobre los ADPIC preveía,
en principio, el control del abuso de dichos derechos por los titulares.  El futuro marco multilateral
sobre competencia también podía contribuir en ese aspecto, en consonancia con una mejor protecciónde los DPI, la realización de intereses sociales y públicos y el equilibrio de los derechos y
obligaciones en esa esfera.
46. Otro representante de la misma delegación dijo que, con la globalización, eran más evidentes
los efectos negativos de las prácticas anticompetitivas transfronterizas sobre el desarrollo económico
y comercial de los Miembros de la OMC, especialmente los Miembros en desarrollo.  Por ello, losMiembros de la OMC tenían que fortalecer su capacidad para emprender una cooperación sustancial
en ese ámbito.  La cooperación tenía dos dimensiones:  en primer lugar, cooperación en la
observancia de la legislación sobre competencia;  en segundo lugar, cooperación en materia de
creación de capacidad y formación de una cultura de la competencia.  Como ya se había señalado, la
cooperación para la observancia de la legislación sobre competencia sólo sería posible cuando los
Miembros participantes hubieran establecido su propia legislación y sistema de cumplimiento;  en
consecuencia, los dos aspectos de la cooperación estaban estrechamente relacionados.Las experiencias bilaterales o regionales en materia de cooperación serían útiles para fomentar la
cooperación en el plano multilateral.  De todos modos, al determinar los compromisos en materia de
cooperación en la OMC era necesario tener en cuenta la diversidad existente entre los Miembros
respecto de la legislación y su observancia, especialmente entre Miembros desarrollados y en
desarrollo.  Por ejemplo, la aplicación de la "cortesía positiva" en un marco multilateral plantearíamuchas dificultades.  El orador dijo que China se estaba esforzando en la elaboración de su propia
legislación antimonopolio y atribuía gran importancia a la obtención de colaboración y asistencia en
ese sentido.  De hecho, ya se había beneficiado de la cooperación bilateral con algunos Miembros de
la OMC.  En su mayor parte, esa cooperación se había centrado en la creación de capacidad y el
intercambio de información, por ejemplo, en la realización de estudios conjuntos y consultas deexpertos sobre la preparación de la legislación antimonopolio y otras leyes pertinentes.
47. En vista de lo anterior, China proponía que se incorporara la cooperación voluntaria en el
futuro marco multilateral sobre política de competencia en la OMC.  El objetivo central de la
cooperación sería la creación de capacidad y el establecimiento de una cultura de la competencia.
Al desarrollar la cooperación voluntaria, los Miembros debían tener en cuenta los siguientes puntos.Primero, la cooperación debía ser progresiva, con el fin de no sobrecargar a los Miembros en
desarrollo.  Gradualmente se podría ampliar el ámbito de la cooperación a medida que los Miembros
en desarrollo tuviera mayor capacidad.  Segundo, los futuros arreglos en materia de cooperaciónWT/WGTCP/M/22
Página 18
debían ser suficientemente flexibles para reflejar la diversidad de enfoques de la política de
competencia y de la cultura jurídica.  En particular, el establecimiento de un organismo único en
materia de competencia no debería ser un requisito para la cooperación internacional, aunque se
considerara que sería la mejor opción.  Antes bien, los Miembros en desarrollo deberían tener
flexibilidad para establecer sus propios organismos de competencia, considerando la diversidadexistente entre los Miembros en cuanto al nivel de desarrollo económico, la cultura jurídica y las
condiciones de competencia en el mercado.  Terc ero, China consideraba como elemento fundamental
de la cooperación el intercambio de información y experiencias sobre legislación, reglamentación y
observancia a nivel multilateral, de manera voluntaria y sobre la base de la confianza mutua.
Cuarto, sería conveniente examinar la posibilidad de una cooperación internacional más estrecha, por
ejemplo en casos específicos, pero al abordar esa cuestión deberían tenerse muy en cuenta las distintas
experiencias de los Miembros y, en cualquier caso, la cooperación no debería ser obligatoria, demanera que si un Miembro no estuviera preparado todavía para cooperar con otros Miembros no
debería obligársele a hacerlo por ningún motivo.
48. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, al dar respuesta a las
preocupaciones que se habían expresado, reiteró la dificultad de alcanzar un mayor grado de
concreción que el que ya se había introducido en el debate en la actual fase.  Reconoció que lascuestiones que habían planteado y los puntos de vista que habían expresado las delegaciones eran
legítimos, aunque en algunos casos no compartía las conclusiones.  De todas formas, precisar cómo se
aplicarían las disposiciones sobre equidad procesal y determinar su alcance supondría concretar los
elementos de un acuerdo provisional, lo cual realment e sólo se podría hacer en la fase de negociación.
Respondiendo a las preguntas que se habían planteado sobre la aplicación del trato nacional en esaesfera, afirmó que su delegación reconocía las preocupaciones que habían expresado varias
delegaciones sobre una interferencia injustificada en la aplicación de sus políticas nacionales de
competencia.  De ningún modo se pretendía que los principios que se adoptaran en un marco
multilateral sobre política de competencia constriñeran las opciones nacionales en materia de política
industrial.  El enfoque que proponía su delegación y, concretamente, la distinción que se habíaestablecido entre las infracciones de jure  y de facto , trataba de dar respuesta a esa inquietud.
En particular, según lo entendía su delegación, el principio del trato nacional se aplicaría solamente a
la discriminación que resultara evidente en el marco de la legislación nacional de competencia.  Ello
limitaría el alcance de la solución de diferencias y evitaría la intromisión en las prácticas de
observancia en el plano nacional.
49. Paralelamente, recordó a los Miembros que no discriminación no implicaba
"no diferenciación".  Concretamente, la jurisprudencia de la OMC determinaba con claridad que eltrato diferenciado basado en circunstancias objetivas no relacionadas con la nacionalidad era
perfectamente aceptable.  Por ejemplo, el trato diferenciado basado en el tamaño de las empresas nada
tenía que ver con la discriminación según se abordaba en la OMC.  Además, como había resaltado su
delegación, no se proponían otras limitaciones que no fueran la transparencia a la capacidad de los
Miembros para aplicar excepciones y exclusiones de la legislación sobre competencia.  En particular,ningún acuerdo de la OMC sobre competencia o de cualquier otra índole debía interferir en las
políticas de acción afirmativa.  En términos más generales, compartía la observación de otras
delegaciones de que un marco multilateral no debería intentar imponer planteamientos uniformes
respecto de la legislación y la política de competencia.  Así se señalaba en el documento de su
delegación sobre flexibilidad y progresividad (WT/WGTCP/W/234;  se examina más adelante en laparte III).  La razón de ser de un marco multilateral no era imponer la uniformidad ni la armonización,
sino hacer posible que los Miembros de la OMC se ayudaran mutuamente en un ámbito en el que
afrontaban problemas que habían sido bien documentados y en el que tenían muchos intereses en
común.
50. El orador añadió que a juicio de su delegación los distintos países podían cumplir los
requisitos del marco multilateral propuesto a través de un régimen nacional o regional de
competencia.  Ciertamente, el marco contemplaría la posibilidad de una aplicación gradual de laWT/WGTCP/M/22
Página 19
legislación sobre competencia, estableciéndose el  calendario de aplicación en función del nivel de
desarrollo.  En cuanto a si sería necesaria una ley global sobre competencia, estaba abierto a la
posibilidad de encontrar la manera de dar efectividad a los principios de competencia sin la existencia
de una ley, pero en ese momento no veía la forma de hacerlo.  En cuanto a la preocupación sobre el
programa de acceso a los mercados, la propuesta de negociación de un marco multilateral sobrepolítica de competencia era diferente de la labor que se estaba desarrollando en la Organización en
materia de acceso los mercados.  La política de competencia era importante no tanto por razones
relacionadas con el acceso a los mercados, como para asegurar que los mercados funcionaran de
forma eficiente y que prácticas tales como los cárteles no menoscabaran los beneficios de la
liberalización en pro del desarrollo y el crecimiento.  No obstante, era cierto que las prácticas
anticompetitivas podían restringir el acceso a los mercados.  En ese sentido, un marco multilateral
sobre política de competencia no comportaría nuevos compromisos en materia de acceso a losmercados, sino que contribuiría a garantizar que los compromisos existentes no resultaran
menoscabados a causa de la generalización de las prácticas anticompetitivas.  Por último, aceptaba
que un acuerdo de la OMC no sería la panacea, sino un elemento más en las iniciativas en curso
destinadas a promover la cooperación internacional sobre política de competencia.  Aunque otras
iniciativas tenían también su importancia, la labor de la OMC tenía la ventaja de que se llevaba a caboen una organización plenamente multilateral y de que concitaba el apoyo de los gobiernos nacionales
en la lucha contra prácticas anticompetitivas que socavaban el bienestar económico.
51. Los representantes de Venezuela, Nigeria
, Tailandia , Malasia  y Tanzanía , haciendo suyas las
opiniones que habían expresado la India, Kenya y otras delegaciones, afirmaron que se necesitaban
más aclaraciones acerca del alcance y contenido de un posible marco multilateral sobre política decompetencia, tomando en consideración las necesidades de los países en desarrollo y menos
adelantados y la flexibilidad que necesitaban en esa esfera.  Refiriéndose a los principios
fundamentales y las modalidades de cooperación voluntaria, el representante de Venezuela dijo que la
pertinencia y los beneficios de esos principios en el caso de la competencia no se apreciaban con tantaclaridad como en relación con el comercio.  Además, se planteaban cuestiones más complejas en eseproceso, por ejemplo, la creciente incertidumbre respecto del principio de la no discriminación.
En cambio, la dimensión de la cooperación internacional, incluso las modalidades de cooperación
voluntaria, se veía como algo necesario e importante.  Refiriéndose a las declaraciones de otras
delegaciones, el representante dijo que no estaba claro cómo se aplicaría el principio de no
discriminación en relación con las exenciones sectoriales en los países en desarrollo que desearan
establecer ese tipo de exenciones.  Con frecuencia, el proceso de desarrollo era lento, a veces desigual
e irregular, y en ese contexto, aunque las políticas de competencia podrían desempeñar sin duda unafunción positiva en el plano nacional, se podrían suscitar preocupaciones sobre el mantenimiento de
un espacio normativo apropiado para los países en desarrollo.  En particular, un marco multilateral
podía bloquear a los Miembros en desarrollo en los principios fundamentales e impedirles utilizar en
el futuro instrumentos de política necesarios, instrumentos en los que no cabía pensar en la actualidad
debido a la evolución de las estructuras productivas.  Por ejemplo, podría darse el caso de que lospaíses en desarrollo necesitaran recurrir a la aplicación de políticas industriales;  en su opinión, era a
esos países a quienes correspondía la decisión sobre la pertinencia de esos instrumentos.  En cuanto a
los cárteles intrínsecamente nocivos, no había consenso sobre la definición de ese concepto en el
Grupo de Trabajo.  Era necesario tener en cuenta los intereses de todos los Miembros de la OMC,
incluidos los países en desarrollo (a ese respecto se mencionó la cuestión de las actividades de lasPYME relacionadas con las importaciones).  Además, se expresó la necesidad de que en cualquier
marco multilateral sobre po lítica de competencia se incluyera la exención explícita de los acuerdos
entre Estados y de las prácticas anticompetitivas conexas (véanse los párrafos 66 a 68, infra ).
52. El representante de Nigeria dijo que el Programa de Doha para el Desarrollo contenía toda
una sección sobre las cuestiones relativas a la aplicación, que al parecer habían sido en gran medida
ignoradas.  El contenido del párrafo 25 reflejaba que se había acordado que en el período que
transcurriera hasta el quinto período de sesiones, la  labor ulterior en el Grupo de Trabajo sobre la
Interacción entre Comercio y Política de Competencia se centraría en la aclaración de las siguientesWT/WGTCP/M/22
Página 20
cuestiones relacionadas con la interacción entre comercio y política de competencia:  i) principios
fundamentales de transparencia;  ii) no discriminación y equidad procesal;  iii) disposiciones sobre los
cárteles intrínsecamente nocivos;  iv) modalidades de cooperación voluntaria;  y v) apoyo para el
fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en
desarrollo mediante la creación de capacidad.  Asimismo, el párrafo 25 determinaba de formaexplícita que se tuvieran plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos
adelantados participantes y se previera la flexibilidad apropiada para tratarlas.  Sobre esa base, el
orador mencionó tres aspectos que era necesario ab ordar:  i) un proceso de clarificación de esas
cuestiones y sus repercusiones sobre el comercio, la política de competencia y el desarrollo con objeto
de que los Miembros pudieran evaluar de forma eficaz y satisfactoria las propuestas que se habían
presentado al Grupo de Trabajo;  ii) como parte del punto i), la manera de lograr el objetivo de
atender las necesidades en materia de desarrollo y los intereses de los países en desarrollo debía seruno de los ejes principales de acción;  y iii) determinar las formas que debía adoptar la flexibilidad
que era necesaria para tener en cuenta esas necesidades e intereses.  Refiriéndose a otras
intervenciones que habían tenido lugar anteriormente en el curso de la reunión, manifestó que era
necesario que los Miembros conocieran pormenorizadamente las posibles obligaciones, así como la
flexibilidad para asumirlas, a fin de evaluar los intereses de los países en desarrollo y menosadelantados.
53. Con respecto a la transparencia, dijo que en vista de las diferencias existentes en los sistemas
jurídicos nacionales y las cuestiones relativas al ámbito de aplicación, el alcance y la naturaleza de las
obligaciones, era necesaria una atenta reflexión y no era posible evaluar de forma realista la
transparencia hasta que no se hubieran aclarado las cuestiones sustantivas.  El orador expresó lapreocupación de su delegación sobre la carga que podrían comportar los requisitos de transparencia.
En cuanto a la no discriminación, en el marco del GATT ese concepto abarcaba normalmente los
principios de la nación más favorecida y el trato nacional.  El elemento principal en ese contexto era
la aplicación del trato nacional, que suscitaba varias cuestiones que debían ser aclaradas.  Se refirió a
algunas de ellas diciendo que no creía que se hubieran aclarado suficientemente en las respuestas quese habían dado a las preguntas formuladas anteriormente.  Persistían, pues, preocupaciones
importantes:  el establecimiento de compromiso multilaterales vinculantes en relación con el trato
nacional podía limitar notablemente la flexibilidad y el espacio normativo de los países en desarrollo.
En conclusión, parecía que el principio del trato nacional era inapropiado y presumiblemente su
aplicación en el ámbito de la competencia y la política de competencia tendría efectos negativos.  Tras
mencionar la similitud de los puntos de vista de Nigeria sobre la equidad procesal, las disposiciones
sobre los cárteles intrínsecamente nocivos y las modalidades de cooperación voluntaria con los que sehabían expresado anteriormente, el orador deci dió no exponerlos con el fin de ahorrar tiempo.
Subrayó que esas cuestiones sólo se podían considerar de forma adecuada en el contexto global del
examen de todos los elementos del proceso de clarificación.  Con el fin de tomar en consideración las
necesidades especiales de los países en desarrollo y darles la flexibilidad necesaria, debía permitirse a
esos países que decidieran el enfoque de la legislación y la política de competencia que mejor seajustara en su opinión a sus necesidades en materia de desarrollo y a los objetivos nacionales, sin
sentirse constreñidos por obligaciones asumidas en un marco multilateral.  Considerando que aún
estaba por aclarar la pertinencia y aplicabilidad de dicho marco a los países en desarrollo Miembros
de la OMC que no habían adoptado leyes en materia de competencia, Nigeria se oponía a que se
limitaran las opciones de esos países en ese ámbito en razón de unas obligaciones multilateralesasumidas antes de que hubieran sido objeto de un estudio pormenorizado a la luz de los intereses y
preocupaciones nacionales.  Debía darse a los países en desarrollo la posibilidad de decidir si debían
adoptar o no una legislación sobre competencia, así como la naturaleza de esa legislación y su
calendario de adopción, sin que esa flexibilidad resultara restringida por un marco multilateral.
54. Al abordar la cuestión de los intereses de los países en desarrollo, se planteaban
seis cuestiones y/o principios adicionales:  i) las obligaciones de las empresas extranjeras en relación
con el país de establecimiento;  ii) las obligaciones de los gobiernos de origen de asegurar que las
empresas extranjeras cumplieran sus obligaciones;  iii) las medidas que debían adoptar las empresas yWT/WGTCP/M/22
Página 21
los gobiernos nacionales para que esas empresas , especialmente las de pequeño tamaño, siguieran
siendo viables, llegaran a ser competitivas y pudieran desarrollarse, particularmente en el contexto de
la liberalización y la globalización;  iv) los obstáculos a la competencia derivados de la actuación de
los gobiernos, por ejemplo medidas antidumping y subvenciones a la agricultura;  v) obstáculos a la
competencia derivados de la protección de los derechos de propiedad intelectual;  vi) obstáculos a lacompetencia derivados de los monopolios y oligopolios de alcance mundial y sus efectos sobre las
empresas nacionales de los países en desarrollo;  y vii) las grandes fusiones y adquisiciones por parte
de empresas transnacionales, y sus efectos sobre los países en desarrollo.  El orador concluyó su
intervención informando al grupo de que Nigeria había iniciado el proceso de adopción de una
legislación sobre competencia y solicitaba la asistencia de otras delegaciones a esos efectos.
55. La representante de Tailandia afirmó que las posiciones sobre un posible marco multilateral
de competencia no eran suficientemente convergentes y ello hacía difícil conseguir en ese momento
un consenso explícito sobre las modalidades de las negociaciones.  Consideraba también que por el
momento no se habían abordado y atendido adecuadamente las preocupaciones de los países en
desarrollo.  Por ello, el Grupo de Trabajo debía proseguir su labor hasta que se hubiera determinado
en qué forma se beneficiarían los países en desarrollo del marco multilateral sobre política de
competencia que se proponía y hasta qué punto se habían tenido "plenamente en cuenta las
necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados", según se indicaba en el párrafo 25 de la
Declaración Ministerial de Doha.  Tal como se señalaba en el párrafo 17 del informe de la reunión de
los días 20 y 21 de febrero de 2003 (WT/WGTCP/M/21), "Los debates sobre la cuestión de los
cárteles intrínsecamente nocivos han revelado una gran divergencia de opiniones".  Por ejemplo, se
habían planteado preocupaciones respecto a si la Recomendación de la OCDE sobre los cártelesintrínsecamente nocivos, que prescribía un marco de cooperación voluntaria para combatir los cárteles
internacionales, también sería eficaz en los países en desarrollo.  Algunos Miembros en desarrollo
creían que no podían ofrecer beneficios recíprocos en la cooperación, por lo cual podrían recibir un
trato discriminatorio.  Se habían hecho propuestas para suprimir en las leyes nacionales de
competencia las exenciones relativas a los cárteles de exportación.  Con respecto a la cuestión de losprincipios fundamentales, la mayoría de los Miembros en desarrollo veían con recelo que una norma
multilateral exigiera adoptar un régimen de competencia, pues no se había realizado un análisis a
fondo y completo de los costos y beneficios que comportaba el establecimiento de un régimen de
competencia, teniendo en cuenta las necesidades de países de tamaños, estructuras y características
económicas y sociales distintos.  También se habían planteado inquietudes acerca del costo del
cumplimiento de un acuerdo de esas características, habida cuenta de que algunos Miembros tendrían
que promulgar una legislación sobre competencia y establecer procedimientos administrativos y deobservancia que cumplieran los principios de no discriminación y las garantías procesales.
En cambio, la mayor parte de los Miembros desarrollados ya cumplirían los principios prescritos y,
por consiguiente, no afrontarían costos de cumplimiento o éstos serían mínimos.
56. En cuanto a la progresividad y flexibilidad, no consideraba que pudieran constituir una
ventaja para los Miembros en desarrollo.  Progresividad significaba la existencia de períodostransitorios para cumplir una obligación, pero un período transitorio, de cualquier duración, no
serviría de nada si la obligación impuesta, como los requisitos de contar con una legislación nacional
sobre competencia, no beneficiaba a los países en desarrollo.  Por otra parte, flexibilidad suponía la
posibilidad de eximir a determinados sectores o industrias del cumplimiento de las leyes nacionales de
competencia.  En realidad, eso suponía un "trato equitativo" más que un "trato especial", pues losMiembros desarrollados continuarían concediendo exenciones a determinados sectores, como los
cárteles de exportación o de transporte marítimo.  Un auténtico trato especial y diferenciado debería
comprender el principio de no reciprocidad por parte de los Miembros desarrollados.  Por ejemplo, se
había propuesto que los Miembros desarrollados pudieran ofrecer compromisos vinculantes
unilaterales respecto de los principios fundamentales o la cooperación, pero hasta la fecha el debate sehabía limitado a las cuestiones de la política de competencia relacionadas con el "acceso a los
mercados", mientras que se había concedido escasa atención a las cuestiones de la competencia
relacionadas con el comercio, más importantes, en particular los cárteles transfronterizos.WT/WGTCP/M/22
Página 22
Esa orientación se reflejaba claramente en el mecanismo de observancia propuesto, en el que se daba
gran importancia a la aplicación de los principios fundamentales a la reglamentación nacional y muy
escasa a los cárteles transfronterizos, que debían abordarse a través de la cooperación voluntaria.
A medida que avanzaban los trabajos, el debate debería concentrarse en las cuestiones relativas a la
"interacción entre el comercio y la política de competencia" y no en la política de competencia en símisma.  También debería examinarse el tema de las modalidades de las negociaciones y la
formulación de dichas modalidades.
57. El representante de Noruega dijo que la finalidad de su intervención era ilustrar la forma en
que los países nórdicos habían desarrollado gradualmente la cooperación en el ámbito de la
competencia.  La cooperación nórdica en ese campo se remontaba a finales del decenio de 1970 y
comienzos del de 1980, en el momento en que comenzaron a aplicar una legislación moderna en
materia de competencia.  Durante muchos años, los máximos representantes de los organismos decompetencia de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia se habían reunido dos veces al año
para examinar cuestiones de interés común.  Más recientemente, se les habían unido las Islas Feroe y
Groenlandia.  A partir de esa plataforma se había establecido una cooperación mucho más amplia y
estructurada.  Eso se había debido, por ejemplo, al hecho de que en los últimos años del decenio
de 1990 se había registrado un aumento constante del número de fusiones y adquisiciones queafectaban a los mercados de varios países nórdicos.  Asimismo, las empresas nórdicas constituían
cada vez más cárteles con otros socios nórdicos, que en muchos casos tenían repercusiones fuera de
los mercados nacionales.  Gradualmente, se llegó, pues, a la convicción de que debía existir una base
más oficial de cooperación para afrontar con mayor eficacia las prácticas anticompetitivas de
cualquier país nórdico que pudieran afectar a los mercados de otros países de la región.  En esecontexto, aunque la legislación de todos los Países  Nórdicos preveía el intercambio de información
confidencial con la Comisión Europea y su hom ólogo del Espacio Económico Europeo (EEE), el
Órgano de Vigilancia de la AELC, en ese momento no existían en sus legislaciones nacionales
disposiciones que permitieran intercambiar ese tipo de información entre los Países Nórdicos.
En 1998 se estableció un comité integrado por representantes de los cinco países nórdicos con elmandato de intensificar la cooperación entre los organismos nacionales encargados de la competencia
en la aplicación de la legislación nacional.  A corto plazo, el comité formuló sus recomendaciones
basándose en lo que se podía conseguir con arreglo a la legislación vigente.  Como primera medida,
propuso que sus recomendaciones se formalizaran en un conjunto de directrices no vinculantes, que
fueron adoptadas por los cinco países en el año 2000.  En dichas directrices, las partes acordaron el
intercambio de información no confidencial de interés general o relativa a asuntos concretos en
proceso de investigación.  Cuando la legislación nacional prohibía el intercambio de informaciónconfidencial, éste estaba sujeto al consentimiento de quienes facilitaban la información.  Las
directrices recomendaban también intensificar las consultas y la coordinación entre los organismos
competentes con el fin de que las investigaciones fueran más eficaces y de evitar decisiones
contradictorias.  En la medida en que lo permitiera la legislación nacional, una parte podía realizar
investigaciones (visitas de inspección por sorpresa) en nombre de otro país nórdico.  Las directricescontenían procedimientos para realizar consultas y para el intercambio de información relacionados
con la cortesía negativa y positiva.  El comité constituido en 1998 propuso que, a más largo plazo, los
Países Nórdicos concertaran un acuerdo internacional vinculante en las esferas abarcadas por las
directrices y sugirió que en virtud del acuerdo la legislación nacional debería prever el intercambio de
información confidencial sin el consentimiento de la persona afectada.  Se propuso también laasistencia obligatoria en las investigaciones para la obtención y preservación de pruebas en nombre de
otro país nórdico.  El 16 de marzo de 2001, Dinamarca, Islandia y Noruega suscribieron un acuerdo
que contenía disposiciones a tal efecto y que entró en vigor el 1º de abril de 2001.  Por su parte,
Suecia firmó el acuerdo el 10 de abril de 2003.  Hasta la fecha, la experiencia de la cooperación
nórdica era alentadora.  En todos los asuntos importantes relacionados con la competencia quepresentaban interés para los Países Nórdicos se establecía contacto en la fase más temprana posible
para intercambiar opiniones y, cuando procedía, información específica.  Además, las actividades
relacionadas con el cumplimiento, incluso las investigaciones, se coordinaban sistemáticamente.  Los
resultados habían sido positivos, particularmente con respecto a los asuntos relativos a los cártelesWT/WGTCP/M/22
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intrínsecamente nocivos.  Por consiguiente, tanto las directrices como el acuerdo habían comportado
un uso más eficiente de los recursos.  Por último, de la experiencia nórdica se desprendían las
siguientes observaciones:  i) cualquier acuerdo de cooperación debía desarrollarse gradualmente;
ii) para poder participar eficazmente en una red de intercambio de cualquier tipo de información en
materia de competencia, un país necesitaba unas estructuras de cumplimiento mínimas a nivelnacional, así como la voluntad política de utilizarlas;  iii) el intercambio de información no
confidencial podía dar frutos importantes.  Podía tratarse de información de carácter general o en
relación con asuntos o sectores concretos.  Hasta dos años atrás, prácticamente toda la información
que intercambiaban los países nórdicos era no confidencial;  iv) todo acuerdo de cooperación debía
basarse en una confianza mutua ilimitada;  v) la cooperación en materia de cumplimiento en el ámbito
regional era un complemento importante de los sistemas nacionales de observancia, que a su vez
contribuían a una observancia global más eficaz.
58. El representante de Malasia, al presentar el documento WT/WGTCP/W/239, dijo que se había
tomado conciencia de la importancia del control reglamentario para hacer frente a las conductas
anticompetitivas de las empresas y las compañías multinacionales, pues esas prácticas suponían una
carga innecesaria para los consumidores al elevar los precios de los bienes y servicios, y afectaban
negativamente al entorno comercial.  Por ello era necesario adoptar iniciativas concertadas paracontrarrestar los efectos de esas prácticas en los países en desarrollo.  El principal objetivo de una
política o legislación nacional de competencia era aumentar la eficiencia del mercado y el bienestar
del consumidor.  A Malasia, sin embargo, le preocupa ba la aplicación de los principios fundamentales
de la OMC a la política de competencia.  El párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha había
conferido el siguiente mandato al Grupo de Trabajo:  "[la labor] se centrará en la aclaración de losiguiente:  principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad
procesal, y disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos;  modalidades de cooperación
voluntaria;  y apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la
competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad.  Se tendrán plenamente en
cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados participantes y se preverá laflexibilidad apropiada para tratarlas." Lo que planteaba la Conferencia de Doha era, pues, solamente
que se aclararan las cuestiones mencionadas supra , pero no establecer negociaciones.  Para convenir
en que los principios fundamentales propuestos eran los que se habían debatido en el Grupo de
Trabajo, era necesario impedir que dichos principios impusieran una carga adicional a los países en
desarrollo.  En relación con el principio de no discriminación, el Grupo de Trabajo había considerado
en qué forma se podía aplicar el principio del trato nacional en el contexto de las normas de
competencia.  Se habían suscitado una serie de cuestiones.  Con respecto a la equidad procesal,Malasia consideraba que cada Miembro debía tener derecho a formular, establecer y mantener su
propio sistema de equidad procesal, compatible con los contrapesos y equilibrios inherentes a la
estructura jurídica de la economía en cuestión.  Por otra parte, había que otorgar la debida
consideración y una mayor importancia a la cuestión del trato especial y diferenciado.  Las
exenciones, incluso permanentes, eran absolutamente necesarias para los países en desarrollo en sulucha por conseguir un mayor desarrollo económico.  El entorno normativo tan necesario para
conseguir objetivos de desarrollo, incluso los programas de acción afirmativa, debían ser un elemento
integral de la estructura de un posible acuerdo.  Las consideraciones relativas a la transparencia
debían aplicarse gradualmente en función de las necesidades de desarrollo, pues los requisitos
relativos al trato especial y diferenciado eran variables y a menudo específicos de cada país.
59. Seguidamente, manifestó que los argumentos relativos al examen y consenso multilateral
sobre los cárteles intrínsecamente nocivos eran de mayor peso.  Se aceptaba que en ningún país, con
independencia de su nivel de desarrollo económico, debían tener cabida ese tipo de cárteles.  Así pues,
era más apropiado que el Grupo de Trabajo centrara su actividad en las prácticas anticompetitivas,
particularmente las relacionadas con los cárteles intrínsecamente nocivos.  Malasia sostenía que esoscárteles eran un fenómeno propio de los países desarrollados que había impuesto costos excesivos a
los países en desarrollo.  Por el momento no existía una definición de cártel intrínsecamente nocivo
que gozara de la aceptación general.  Aunque la OCDE sí la tenía, se necesitaba una definición clara yWT/WGTCP/M/22
Página 24
precisa.  Dada la ingente carga que habían supuesto los cárteles intrínsecamente nocivos, Malasia
consideraba que era necesario realizar una acción concertada para luchar contra esas prácticas, pero
muchos países en desarrollo, o la mayoría de ellos, incluso algunos países que habían adoptado una
legislación en materia de competencia en los últimos años, carecían de la experiencia y de la
capacidad necesarias para hacer frente a esas prácticas.  En ese sentido, era necesario examinar lasmodalidades de cooperación voluntaria y su repercusión sobre los países en desarrollo.  Las
deliberaciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos no debían prejuzgar la configuración final
de un acuerdo, ya se tratara de un marco multilateral, regional o bilateral.  La cooperación a través de
un marco multilateral no era el único procedimiento adecuado para combatir los cárteles
intrínsecamente nocivos.  En ese momento también era necesario potenciar la capacidad mediante la
adopción de una legislación y un mecanismo de cooperación eficaces.  La cooperación bilateral y
regional de los organismos encargados de la competencia para luchar contra los cártelesintrínsecamente nocivos había sido positiva.  La cooperación bilateral podía ser el punto de partida de
la cooperación voluntaria en un contexto más amplio y un paso adelante en la creación de capacidad.
La creación de capacidad y la asistencia técnica a los países en desarrollo no debían tener una
limitación temporal.  Los países con regímenes y órganos de competencia consolidados se
beneficiaban de decenios, e incluso de un siglo de experiencia en la política de competencia y laobservancia de la legislación.  En cambio, muchos países en desarrollo como Malasia carecían de una
política y una legislación completas en materia de competencia.  Una serie de problemas
obstaculizaban la puesta en marcha del proceso, que resultaba difícil de administrar, y existía una gran
limitación de capacidad en ese momento en que los gobiernos y el sector privado se enfrentaban a la
perspectiva de un nuevo entorno comercial.  Por ello, la comunidad internacional debía seguirotorgando una atención prioritaria a la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo.
60. A continuación, el ora dor subrayó que las negociaciones sobre las cuestiones relativas a la
legislación sobre competencia no formaban parte de l programa de trabajo de Doha.  La política y
legislación nacionales en materia de competencia podían ser o no una consideración importante para
los países en desarrollo, pues las prioridades nacionales y una capacidad limitada podían exigir quelos escasos recursos se asignaran a la aplicación de otras políticas.  Podría ser necesario adoptar otros
enfoques para potenciar la competencia, en forma de una reforma de la reglamentación.  Teniendo eso
presente, los países en desarrollo debían gozar del tiempo y la flexibilidad necesarios para aplicar
políticas de competencia.  Según habían señala do algunos oradores, en ese momento era prematuro
asumir que todos los Miembros de la OMC adoptarían finalmente una legislación sobre competencia.
En la aplicación de la política de competencia, factores tales como las exenciones y excepciones en la
economía nacional exigían un debate y un estudio en profundidad antes de establecer una conclusión.También había que aclarar los principios fundamentales y las modalidades de cooperación voluntaria,
para garantizar que las deliberaciones del Grupo de Trabajo tuvieran en cuenta las necesidades
especiales de los países en desarrollo.  Aunque se habían planteado ideas y sugerencias, el Grupo de
Trabajo no había adoptado todavía decisiones concretas que fueran la expresión de un consenso.
Malasia no deseaba verse integrada en un acuerdo cuyas repercusiones no estaban claras y en el que laaplicación de normas y disciplinas concretas podía menoscabar los esfuerzos destinados a construir
industrias nacionales para afrontar la globalización.  Al concluir su intervención señaló que Malasia
estaba preparando una política de competencia y una ley sobre comercio equitativo y necesitaba
ayuda internacional a tal efecto.
61. El representante del Taipei Chino dijo que el "consenso explícito" al que se hacía referencia
en el párrafo 23 de la Declaración de Doha era la clave para el marco multilateral sobre política de
competencia.  Se necesitaba un "consenso explícito" para determinar las "modalidades de las futuras
negociaciones" tras la Conferencia Ministerial de Cancún.  Su delegación apoyaba el inicio de
negociaciones para la adopción de un marco multilateral sobre política de competencia en Cancún con
el fin de facilitar el comercio y el desarrollo de las economías de los Miembros y confiaba en que sepudiera alcanzar un "consenso explícito" al respecto en la siguiente Conferencia Ministerial.  En
cuanto a las modalidades de las negociaciones sobre la política de competencia, éstas podían ser
multilaterales o plurilaterales.  Un sistema plurilateral para la política de competencia se habíaWT/WGTCP/M/22
Página 25
propuesto, por ejemplo, en el informe sobre "La polí tica de competencia en el nuevo orden comercial:
refuerzo de la cooperación y normas a nivel internacional"6, que había preparado en 1995 el grupo de
expertos de la Unión Europea.  Según se indicaba en ese informe, también se podía incluir en el
Anexo de la OMC un acuerdo plurilateral sobre competencia y comercio abierto a todos los países,
que facilitara la integración complementaria entre el comercio y las normas de competencia.Sin embargo, un enfoque plurilateral podría tropezar con un problema:  en caso de que un país
comerciante importante se negara a participar, socavaría las iniciativas de reglamentación relativas a
las prácticas anticompetitivas en otros países.  En cambio, si se adoptaba un enfoque multilateral,
podría ser difícil adoptar una reglamentación más extensa debido a las diferentes estructuras
comerciales y a las diferencias jurídicas existentes entre los distintos países.  Para resolver esas
preocupaciones, se proponía un enfoque en dos niveles:  i) establecimiento de un conjunto de
principios que fueran aceptables para todos los Miembros (principios fundamentales, prohibición delos cárteles intrínsecamente nocivos, asistencia técnica etc.) en un acuerdo multilateral.
Se establecerían unas normas mínimas y todos los Miembros participarían en la negociación;  ii) un
marco más completo de reglamentación y cooperación, que se ocupara, por ejemplo, de reglamentar
las fusiones de empresas de países diferentes, la cooperación voluntaria, el examen por homólogos y
la solución de diferencias, se podría abordar en una negociación plurilateral.  La existencia delegislación sobre competencia en una economía Miembro no sería un requisito indispensable para
participar en esa negociación.
62. El orador añadió que era importante reducir al mínimo la carga que pudiera suponer, en costo
y tiempo, para los países Miembros un compromiso en materia de transparencia.  En ese orden de
cosas, la OMC debía considerar la posibilidad de establecer una base de datos sobre política decompetencia para facilitar las investigaciones, reducir el costo de la información y ofrecer los
servicios de una "ventanilla única".  La Comisión de Comercio Leal del Taipei Chino había tenido
una experiencia positiva en la creación de una base de datos sobre política y legislación de
competencia para los países del APEC y estaba dispuesta a compartirla con la OMC.  Teniendo
presente la experiencia del AGCS, sugirió que la OMC podría pedir a todos los Miembros queestablecieran centros de información que se encargaran de las notificaciones y de dar respuesta a las
preguntas que pudieran formular los países Miembros sobre las medidas relativas a la política de
competencia.  Con respecto a los principios de no discriminación (trato nacional y nación más
favorecida), dijo que el requisito básico era la existencia de procedimientos no discriminatorios, es
decir, que los procedimientos de investigación y de recurso debían ser idénticos para todos los
afectados y no ser diferentes en función de la nacionalidad.  A los países en desarrollo y menos
adelantados se les debía aplicar un trato especial y diferenciado, que, no obstante, debía sertransparente para todos los Miembros y estar sujeto a exámenes periódicos.  En cuanto a los cárteles
intrínsecamente nocivos, formuló las siguientes propuestas:  i) todos los Miembros debían tener muy
en cuenta la Recomendación de la OCDE, que era un modelo adecuado de referencia;  ii) se había de
utilizar una lista clara y sencilla de comportamientos para definir los cárteles intrínsecamente nocivos,
y ampliar gradualmente el alcance de la lista.  Era necesario estudiar la aplicación de una "normamínima", incluso la adopción de un criterio de racionalidad;  iii) cada país debía tener flexibilidad
para afrontar la cuestión de los cárteles intrínsecamente nocivos con arreglo a su nivel de desarrollo
social y económico, pero las exenciones deberían ser transparentes y ser objeto de un examen
periódico para determinar si seguían siendo necesarias;  iv) todos los Miembros debían mejorar su
capacidad nacional para imponer el cumplimiento de la legislación en relación con los cártelesintrínsecamente nocivos.  Debería promoverse la cooperación internacional, mediante la aplicación
del principio de cortesía positiva y el intercambio de documentos o información.  Por su parte, los
países desarrollados deberían prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y proporcionarles los
recursos necesarios para posibilitar la lucha contra los cárteles intrínsecamente nocivos.  En relación
con la cooperación voluntaria, el orador propuso que se adoptara un enfoque asimétrico, con arreglo al
                                                     
6 Competition Policy in the New Trade Order:  Report of the Group of Experts  (Bruselas: 1995;
http://europa.eu.int/comm/competition/international/strengh_en.pdf).WT/WGTCP/M/22
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cual los países desarrollados asumirían más obligaciones que los países en desarrollo.  De esa forma,
estos últimos se sentirían inducidos a adherirse a la estructura multilateral de competencia y se
sentarían las bases de la cooperación regional.  A corto plazo, la asistencia técnica y las actividades de
creación de capacidad contribuirían a que los países en desarrollo y menos adelantados adquirieran la
capacidad necesaria para participar en los beneficios derivados del marco multilateral de competencia.A largo plazo, se debería poner el acento en ayudar a los países a aplicar de forma eficaz una
legislación y política de competencia mediante el establecimiento de una "cultura de la competencia"
y la adopción de una legislación ajustada a las circunstancias concretas.  Para conseguir esos
objetivos, debería darse a los países en desarrollo y menos adelantados una garantía de "flexibilidad"
(aplicación de exenciones y exclusiones, posibilidad de disponer de un período de adaptación, etc.) y
exhortarles a adherirse al marco comercial internacional.  En cuanto a los mecanismos de observancia,
el sistema de examen por homólogos era más apropiado para un marco de la OMC sobre política decompetencia y facilitaría el intercambio de experiencias entre los Miembros.  A largo plazo, el
reforzamiento de la cooperación internacional era esencial para la observancia de la legislación en
materia de competencia.  Un sistema de examen por homólogos voluntario contribuiría a ese objetivo
al ayudar a todos los Miembros a fortalecer su capacidad en materia de observancia y establecer una
cultura de la competencia.  Por último, el orador observó que las políticas comerciales que promovíala OMC se centraban en cuestiones relativas al acceso a los mercados;  la política de competencia se
orientaba al objetivo conexo de crear y mantener un mercado abierto, equitativo y competitivo.
La atención de la OMC se dirigía a las políticas de competencia relacionadas con el comercio y no
sería realista esperar que la OMC resolviera todos los problemas de la política de competencia.
63. El representante de Tanzanía se sumó a las opiniones que habían expresado las delegaciones
de la India, Egipto, Kenya, Cuba, China, Nigeria y Venezuela y dijo que era necesario que el Grupo
de Trabajo dispusiera de más tiempo para aclarar las diferentes cuestiones que se habían planteado,
especialmente respecto de las consecuencias prácticas que tendría para los países en desarrollo
Miembros la aplicación de los principios fundamentales de la OMC (transparencia, no discriminación
y equidad procesal) en un marco multilateral sobre política de competencia.  Al igual que otrasdelegaciones, no le parecía aceptable la propuesta de que esas cuestiones se podrían aclarar cuando
hubieran comenzado las negociaciones.  Los países en desarrollo necesitaban comprender los efectos
a largo plazo de un posible marco multilateral, y adquirir confianza al respecto, antes de iniciar un
proceso de negociación que, casi con toda seguridad, estaría dominado por quienes conocieran más a
fondo todas las cuestiones y tuvieran una mayor capacidad institucional para las negociaciones.
El orador se preguntó si todo el  proceso no suponía duplicar un marco que ya existía bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, es decir, el Conjunto de las Naciones Unidas.  Una cuestión que sedebía abordar era, por tanto, cuáles eran las deficiencias de ese Conjunto, especialmente en la medida
en que proporcionaba un mecanismo para afrontar las prácticas comerciales restrictivas.  Una
respuesta clara a esa pregunta revelaría con toda claridad la necesidad y eficacia de un acuerdo de
la OMC.  Otra cuestión importante era también la del procedimiento, que había puesto en evidencia la
intervención del representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros al presentar elproyecto de marco multilateral sobre política de competencia.  A su juicio, el mandato de Doha era
que la decisión de poner o no en marcha las negociaciones se basaría en la consideración de sus
modalidades, que deberían definir el alcance y amplitud de las negociaciones, así como las cuestiones
de procedimiento.  Dado que las modalidades no se habían acordado todavía y no estaba claro qué
proceso se seguiría para formularlas, proponer que se estudiara un proyecto de marco multilateralsobre política de competencia suponía apartarse del mandato del Grupo de Trabajo.
64. El representante de Indonesia dijo que los principios mencionados en el párrafo 25 de la
Declaración Ministerial de Doha eran básicos para la credibilidad y eficacia de cualquier política de
competencia.  En su país, se consideraba que esos principios eran parte esencial del proceso de
democratización en curso.  En ese proceso, la principal obligación de las autoridades nacionales eraestablecer el clima que garantizara que se respetarían los derechos de la población en general y ello
implicaba numerosos ajustes y reformas en el sistema administrativo, así como medidas didácticas
para corregir algunos desequilibrios existentes en la comunidad.  Se trataba de un proceso complejoWT/WGTCP/M/22
Página 27
que exigía mucho tiempo y recursos.  En el contexto de la política de competencia cabía aplicar las
mismas consideraciones.  Con respecto a un posible marco multilateral, la situación era aún más
complicada.  A la luz de la experiencia nacion al de Indonesia, se creía que un acuerdo de esas
características no debía suponer una carga adicional para las autoridades.  Tal cosa sería
contraproducente para las economías en desarrollo y, en última instancia, pondría en peligro losderechos de la población.  No se veía, pues, en qué forma podría resultar beneficiosa la existencia de
un marco multilateral.
65. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, al responder a una
observación del representante de Tanzanía, dijo que su delegación no se ofrecía a presentar un
proyecto de acuerdo porque los Miembros no lo permitirían.  Por otra parte, sin emprender
negociaciones era difícil conseguir el grado de precisión en las aclaraciones que solicitaba un gran
número de Miembros.  De todas formas, si el co njunto de los Miembros no ofrecía a determinados
Miembros como Tanzanía las seguridades que solicitaba, siempre tendrían la opción de oponerse a
que se iniciaran negociaciones.  Ahora bien, era contradictorio exigir al mismo tiempo una mayor
precisión sobre la forma que adoptarían en la práctica determinados elementos y que el debate se
limitara a un estudio y una reflexión de carácter general.  Además, iniciar una negociación no suponía
concluirla.
66. Los representantes de Venezuela y Kuwait  pidieron que se excluyeran explícitamente del
ámbito de un posible marco multilateral sobre política de competencia los acuerdos
intergubernamentales y las prácticas comerciales restrictivas aplicadas en virtud de dichos acuerdos.
A continuación, el representante de Kuwait, al presentar el documento WT/WGTCP/W/237, dijo que
los cárteles intrínsecamente nocivos eran una seria amenaza para la competencia y no debían ser
permitidos.  La Recomendación de la OCDE sobre los cárteles intrínsecamente nocivos era un punto
de referencia apropiado al respecto.  Sin embargo, por motivos relacionados con el desarrollo y otras
cuestiones conexas, sería importante que en un posible marco multilateral sobre política de
competencia se excluyeran explícitamente del ámbito de dicho acuerdo y de la definición de los
cárteles intrínsecamente nocivos los acuerdos intergubernamentales y las prácticas comercialesrestrictivas aplicadas en virtud de dichos acuerdos.  Además, el marco multilateral sobre competencia
debería ocuparse de los efectos negativos de las fusiones y adquisiciones sobre la competencia,
especialmente en los países en desarrollo y menos adelantados.  Las normas sobre fusiones vigentes
en los países desarrollados tenían como finalidad impedir abusos en sus mercados nacionales, pero
raramente tenían en cuenta las repercusiones de dichas fusiones y adquisiciones en los mercados
extranjeros.  Algunas empresas, una vez fusionadas, eran tan poderosas que en algunos países en
desarrollo y menos adelantados ninguna empresa nacional, y ni siquiera el gobierno, podían competircon ellas.  La comunicación de su delegación ofrecía datos cuantitativos a ese respecto.
El representante de Venezuela dijo que en el Conjunto de las Naciones Unidas podía encontrarse un
precedente apropiado respecto de la exclusión de los acuerdos intergubernamentales y las prácticasanticompetitivas conexas.  En particular, una disposición del Conjunto (párrafo B.9) especificaba que
el Conjunto no se aplicaba a los acuerdos intergubernamentales ni a las prácticas comercialesrestrictivas a que dieran lugar directamente tales acuerdos.  Tal exclusión era particularmente
importante para la comercialización de mercancías.  No siempre se podía permitir que los mercados
de mercancías funcionaran libremente según las fuerzas del mercado porque la naturaleza del
producto exigía una participación de los gobiernos y una coordinación internacional más activas.
La estabilización de esos precios, señaló el orador, estaba estrechamente vinculada a objetivos
legítimos de desarrollo como la diversificación de la producción, el apoyo a regiones deprimidas y el
desarrollo sostenible.
67. El representante de Hong Kong, China reiteró que la imposición de obligaciones en virtud de
un posible marco multilateral sobre la competencia exigía el consenso de los Miembros, y solamente
se conseguiría la adhesión de todos los Miembros si se garantizaba la necesaria flexibilidad.  Seríanecesario un examen más a fondo de los cárteles intrínsecamente nocivos para determinar si se podían
establecer obligaciones, y en qué forma, a ese respecto.  Una de las posibles opciones era que lasWT/WGTCP/M/22
Página 28
obligaciones fueran no vinculantes o voluntarias.  Con respecto a la comunicación de Kuwait, se pedía
que se aclarara la expresión "prácticas comerciales restrictivas relacionadas con acuerdos
intergubernamentales" que Kuwait proponía que quedaran excluidas de la definición de cárteles
intrínsecamente nocivos.  El representante de Kuwait respondió insistiendo en que en la definición de
cárteles intrínsecamente nocivos deberían quedar excluidos los acuerdos entre gobiernos y estados,
aun cuando las actividades comerciales las realizaran empresas privadas en nombre de tales gobiernos
y estados.
68. El observador del Banco Mundial dijo que los principales objetivos del Grupo del Banco
Mundial eran ayudar a los países miembros a reducir y erradicar la pobreza, y promover un amplio
desarrollo económico sostenible.  En ese orden de cosas, el comercio, la inversión y la competencia
eran elementos interrelacionados y desempeñaban una función esencial.  Basándose en el análisis
empírico contenido en el informe sobre las perspectivas económicas mundiales para 2003(el "Informe GEP")
7 y otros estudios realizados por el Grupo del Banco Mundial, hizo las siguientes
observaciones:  i) si bien la IED era importante porque con frecuencia comportaba la introducción de
nuevos productos, aptitudes, tecnologías y métodos de organización, suponía en promedio la quinta
parte de la inversión nacional en los distintos países.  Tanto la inversión extranjera como nacional
tendían a producirse de forma paralela y estaban estrechamente relacionadas entre sí.  Las condicionescomerciales existentes que determinaban la inversión en la economía nacional eran tan importantes
para las empresas nacionales como para las extranjeras;  ii) el nivel y el índice de crecimiento del PIB
per cápita de los países guardaba una relación positiva con el grado de competencia:  cuanto mayor
era la competencia en la economía nacional, mayores eran los niveles y los índices de crecimiento de
la renta per cápita;  iii) el nivel y crecimiento del PIB per cápita también estaba relacionado con laentrada de nuevas empresas en el mercado.  En otros términos, la formación de nuevas empresas, que
se traducía en mayores niveles de ingresos y de riqueza, dependía del grado de competencia existente;
iv) los estudios realizados sobre determinadas empresas (incluso empresas nacionales) indicaban que
muchos de los obstáculos a la entrada en el mercado y los costos de la actividad empresarial tenían su
origen en las políticas gubernamentales, la corrupción asociada y los trámites burocráticos.  Cuantomayores eran los obstáculos derivados de la política gubernamental menor era la productividad de las
empresas.  Además, cuanto más elevados eran los costos regulatorios de la entrada en el mercado (en
forma de tiempo y número de procedimientos necesarios para conseguir las licencias) más reducido
era el nivel de IED;  v) las economías que podían calificarse como más abiertas a la competencia
solían estar más integradas en el sistema de comercio mundial en lo que se refería a las exportaciones
e importaciones.  Cuanto mayor era la exposición relativa al comercio internacional, mayores eran los
niveles de ingresos per cápita.
69. El Grupo del Banco Mundial, en colaboración con los países miembros, estaba realizando
"evaluaciones del clima inversor" y estableciendo "indicadores de la actividad empresarial", que
presentaban medidas normalizadas que identificaban las limitaciones y los cambios en las condiciones
del clima inversor existentes en los distintos países .  Los indicadores eran útiles para determinar los
principales obstáculos a la inversión y la competencia y se podían utilizar para formular iniciativas depolítica como la promoción de la competencia.  Sin embargo, los países en desarrollo también se
enfrentaban a importantes problemas relacionados con las prácticas anticompetitivas internacionales,
en algunos casos refrendadas "legalmente" por naciones industriales.  En el Informe GEP
correspondiente a 2003 se establecía que:  i) los exportadores de los países en desarrollo tropezaban
con mayores obstáculos al exportar a países industrializados que los que encontraban los exportadoresde estos últimos países en su actividad exportadora a los países en desarrollo;  ii) los cárteles
intrínsecamente nocivos internacionales, ilegales, formados por empresas radicadas principalmente en
países industrializados, habían incrementado de forma sustancial los costos de las importaciones de
los países en desarrollo;  y iii) las leyes de competencia de los países industriales contenían
exenciones relativas a los cárteles de exportación y las conferencias marítimas que también afectaban
                                                     
7 Banco Mundial, Global Economic Prospects an d the Developing Countries  (Washington DC:  2003).WT/WGTCP/M/22
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al bienestar de los países en desarrollo.8 Por último, se subrayaba que los países industrializados
podían contribuir notablemente a fomentar el desarrollo económico de los países en desarrollo
haciendo frente a esas prácticas anticompetitivas.  El Grupo del Banco Mundial había prestado
asistencia a varios países miembros para formular su legislación y política de competencia.
La asistencia había ido desde el asesoramiento sobre la configuración apropiada de la ley y la políticade competencia a la organización de cursillos y seminarios de formación.  En muchos casos,
la asistencia se brindaba en colaboración con otras organizaciones multilaterales como la OMC,
la OCDE y la UNCTAD, así como con donantes bilaterales.
70. Refiriéndose a la cuestión de los exámenes por homólogos, el observador de la UNCTAD
señaló a la atención el Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia de las Naciones Unidas,
que en la Sección F, párrafo 4, establecía procedimientos para las consultas que se celebraban
anualmente durante el período de sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho yPolítica de la Competencia de la UNCTAD.  A ese respecto, en el caso de que hubiera países en
desarrollo interesados en realizar exámenes voluntarios por homólogos de sus organismos de
competencia, la UNCTAD podía organizar tales exámenes, a solicitud de dichos países, de manera
similar a como los efectuaba la OCDE.
II. LA NATURALEZA Y EL ALCANCE DE LOS MECANISMOS DE OBSERVANCIA
QUE PODRÍAN APLICARSE EN VIRTUD DE UN MARCO MULTILATERAL
SOBRE POLÍTICA DE COMPETENCIA
71. Los representantes de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, Australia
, los Estados
Unidos, Corea  y el Japón  presentaron comunicaciones por escrito relativas a este punto del orden del
día (documentos WT/WGTCP/W/229, 232, 233, 235 y 236, respectivamente).  Hicieron declaraciones
orales o plantearon cuestiones sobre este tema los representantes del Canadá, la India , Suiza , el Brasil ,
los Estados Unidos, Egipto , Corea , Túnez , la Comunidad Europea y sus Estados miembros , Nigeria ,
Venezuela, Hong Kong, China  y Kuwait .  Los representantes de la UNCTAD y la OCDE informaron
sobre las actividades pertinentes de sus organizaciones.
72. Al presentar el documento WT/WGTCP/W/229, el  representante de la Comunidad Europea y
sus Estados miembros dijo que trataba de dos cuestiones -la solución de diferencias y el examen por
homólogos-, aunque tenía dudas de que el examen por homólogos pudiera clasificarse acertadamente
como un mecanismo de observancia, pues su alcance y finalidad eran mucho más amplios.
Su delegación había propuesto la inclusión de ambos mecanismos en un marco multilateral sobre
competencia.  La solución de diferencias se había propuesto porque el marco debería contener una
serie de normas básicas, estrictamente formuladas pero jurídicamente vinculantes.  Era normal que si
contenía esa clase de obligaciones, su cumplimiento se impusiera mediante un procedimiento desolución de diferencias.  Muchas de las cuestiones que se habían planteado en el Grupo sobre la
solución de diferencias guardaban relación con las obligaciones jurídicas subyacentes.  Existía una
clara correspondencia entre el alcance de las obligaciones jurídicas que los Miembros de la OMC
decidieran asumir en el marco de un acuerdo sobre la competencia y el hecho de que sus actuaciones
estuvieran sujetas a un procedimiento de solución de diferencias.  El examen por homólogos era unconcepto que tenía su origen en la OCDE pero no era nuevo en la OMC.  Se trataba de un instrumento
que ayudaría a los Miembros a comprender mejor las formas de redactar sus leyes, llevar a término
sus políticas y conseguir que fueran más eficaces.  En la comunicación escrita se describía este
procedimiento sin proponer un modelo concreto, sino formulando preguntas y respuestas a partir de
las cuales los Miembros podrían elaborar un m odelo de examen por homólogos para la OMC.
73. Un segundo representante de la misma delegación dijo que la finalidad de la contribución
escrita que había presentado su delegación era estimular el debate sobre la solución de diferencias.
                                                     
8 Banco Mundial, ibid., capítulo 4.WT/WGTCP/M/22
Página 30
La OMC contaba con un mecanismo de solución de diferencias bien conocido y eficaz.  Solamente los
gobiernos tenían acceso al mismo y la propuesta relativa a la competencia no se apartaría de ese
modelo.  Dicho de otra forma, las empresas privadas no podrían acceder al mecanismo de solución de
diferencias.  En segundo lugar, en cuanto al ámbito de aplicación del procedimiento de solución de
diferencias, estaría determinado por los compromisos que se negociaran y las obligaciones vinculantesde un posible acuerdo y el procedimiento únicamente abarcaría la discriminación de jure , pero no la
discriminación de facto .  En otras palabras, la función de un mecanismo de solución de diferencias de
la OMC sería meramente la de determinar si un régimen nacional de legislación en materia de
competencia estaba en conformidad con las obligaciones dimanantes de los principios fundamentales
y con la prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos.  El mecanismo no abarcaría, en cambio,
las decisiones concretas de los organismos nacionales de competencia.  Esa garantía se podía incluir
expresamente en el acuerdo, que también comprendería las disposiciones habituales sobre lacelebración de consultas, que contribuirían a limitar el recurso a los procedimientos formales de
solución de diferencias.  En cuanto a la participación de expertos en competencia, el artículo 13
del ESD contenía una autorización general para que los grupos especiales recabaran la información
necesaria y tal disposición se podía aplicar sin problemas a los asuntos relativos a la competencia.
Sin embargo, para proporcionar una garantía adic ional de que se dispondría de los conocimientos
especializados necesarios, se podía considerar la posibilidad de establecer un grupo permanente de
expertos en política de competencia.  Este tipo de planteamientos se aplicaban también en otros
acuerdos vigentes de la OMC que se ocupaban de otras cuestiones técnicas complejas, por ejemplo, el
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.  En relación con el mandato de un grupo
especial de solución de diferencias, el artículo 7 del ESD contenía un mandato uniforme.  Por otraparte, como se indicaba en el párrafo 23 de la co municación de su delegación, todo grupo especial que
entendiera en una diferencia relacionada con un acuerdo de la OMC sobre competencia estaría
obligado a interpretar el mandato a la luz de las disposiciones sustantivas de dicho acuerdo.  Ello
excluiría la intervención de un grupo especial sobre decisiones concretas y sobre episodios de
discriminación de facto .  En lo concerniente a la función del órgano de apelación, de conformidad con
las prácticas vigentes de la OMC toda posible revisión se limitaría estrictamente a las cuestiones
jurídicas abarcadas en el informe del grupo especial y a la interpretación jurídica que hubiera hecho el
grupo.  Por consiguiente, el órgano de apelación no podría examinar ni reunir nuevas pruebas porque
estaría vinculado por el procedimiento inicial del grupo especial.
74. La tercera representante de la misma delegación dijo que el examen por homólogos también
cumpliría una función importante en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia.
El documento no era prescriptivo sobre ese aspecto, sino que presentaba posibles opciones.En particular, su delegación no deseaba establecer norma alguna sobre la frecuencia con que se debía
llevar a cabo el examen por homólogos, la manera en que se debía poner en marcha en un
determinado país, quién debía realizar el examen y qué seguimiento debía tener.  Sin embargo, el
examen por homólogos podía abarcar un conjunto de cuestiones más amplio que las que serían objeto
del procedimiento de solución de diferencias, es decir que abarcaría incluso aspectos en los que noexistieran compromisos.  En particular, podía examinar los éxitos y dificultades que había
experimentado un país al aplicar su régimen de competencia, con el fin de identificar prácticas que se
pudieran difundir y aspectos susceptibles de mejora r.  Ahora bien, el examen por homólogos, al igual
que el procedimiento de solución de diferencias, no debía ocuparse de las decisiones relativas a
asuntos concretos de competencia, que comportaban juicios sobre cuestiones legales y económicas, nide cuestiones que concernían a la discrecionalidad de procedimiento.
75. Una cuestión importante era la forma de distinguir el examen por homólogos en la OMC del
que se llevaba a cabo en la OCDE, para evitar una posible superposición.  En cierta forma, la
respuesta era que se podía centrar en los elementos vinculados a un acuerdo de la OMC sobre
competencia.  Por ejemplo, en el caso de los países desarrollados, eso podía incluir el grado decooperación con los organismos de competencia de otros países, particularmente los países en
desarrollo, y su prestación de asistencia técnica y de ayuda a la creación de capacidad a esos países en
el ámbito de la competencia.  En cuanto a los país es en desarrollo, el examen podía referirse al éxitoWT/WGTCP/M/22
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en la implantación de una cultura de la competencia y si se había difundido adecuadamente en los
sectores público y privado el conocimiento de la legislación y el régimen de competencia.  La oradora
dijo que había escuchado con interés la indicación del representante de la UNCTAD de que esa
organización podía encargarse del examen por homólogos para los países en desarrollo, y la del
representante de la OCDE de que podía hacerlo para los países desarrollados.  Se podía estudiar esapropuesta con la finalidad de aprovechar posibles sinergias.  El examen por homólogos podía cumplir
un papel importante en la determinación de las necesidades de asistencia técnica y creación de
capacidad y en el fomento de la cooperación.  Dado que dicho examen estaba exento de conflictos y
no estaba vinculado a ningún proceso de solución de diferencias, podía ser una experiencia positiva
tanto para los países desarrollados como en desarrollo.
76. Al presentar el documento WT/WGTCP/W/232, el representante de Australia dijo que su
delegación convenía en que un mecanismo de observancia de algún tipo sería un elemento importante
de un marco multilateral sobre competencia.  En anteriores deliberaciones del Grupo había quedado
patente una cierta divergencia de opiniones sobre la posible aplicación del ESD y en principio
Australia tenía reservas al respecto, aunque en última instancia su posición dependería de la propuesta
negociada que se estaba estudiando para incluirla en un marco multilateral sobre política de
competencia.  Sería importante conocer mejor las características del mecanismo de solucióndiferencias que se proponía para que los Miembros pudieran perfilar sus puntos de vista sobre esa
cuestión.  Australia también consideraba que un mecanismo de examen por homólogos podía ser un
componente útil de un marco multilateral sobre política de competencia, que impulsaría la adopción
de prácticas idóneas y facilitaría la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo
Miembros.  Al poner en marcha ese mecanismo había una serie de cuestiones que debíanconsiderarse, tales como la definición de homólogo, la frecuencia de los exámenes y si éstos debían
ser voluntarios u obligatorios.  Naturalmente, también habría que tener en cuenta las repercusiones
respecto de los recursos.  Australia apoyaba la propuesta de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros de que se excluyeran del examen por homólogos decisiones o cuestiones concretas relativas
a la estrategia o prioridad de un órgano determinado de observancia de la competencia.  En cuanto a ladefinición de homólogo, para Australia era indiferente que el examen de los países lo efectuaran todos
los Miembros o solamente un grupo seleccionado de ellos, aunque en ese último caso sería necesario
determinar cómo se hacía la selección de homólogos.  En el grupo de homólogos deberían figurar
expertos en asuntos de competencia, ya que un marco multilateral sobre política de competencia
abarcaría las diferentes esferas de la competencia y el comercio y sería importante que existiera una
coherencia entre todas ellas.  Cuando se llevara a cabo el examen de un país en desarrollo, deberían
figurar en el grupo otros países en desarrollo.  Australia también consideraba que podían existirventajas en un sistema de examen que recurriera a un asesor independiente para que preparara las
líneas generales del examen de acuerdo con un modelo preestablecido.  A condición de que se dotaran
los recursos necesarios, la Secretaría de la OMC podía ser un participante básico en ese proceso.
En cuanto a la secuencia de los exámenes, Australia compartía la posición de la Comunidad Europea
y sus Estados miembros de que en un principio, tras la implantación de un posible marco multilateralsobre política de competencia, podría ser conveniente aplicar un proceso de selección voluntaria,
aunque, si así lo deseaban, se podría dar prioridad a los Miembros que hubieran adoptado
recientemente un marco nacional de legislación y políticas de competencia, o estuvieran en proceso de
adoptarlo.  Australia preferiría un mecanismo de examen por homólogos en el que se llegara
progresivamente a la participación de todos los Miembros.  Una cuestión conexa era si se deberíadeterminar que las reclamaciones o diferencias pusieran en marcha un mecanismo de examen.
La frecuencia de los exámenes habría que establecerla en la fase apropiada.  El Mecanismo de
Examen de las Políticas Comerciales (MEPC) no podía constituir un modelo adecuado para los
exámenes en el ámbito de la competencia.  En el caso de los países desarrollados de mayor tamaño, el
sistema del MEPC de efectuar un examen cada dos años parecía excesivo ya que normalmente elmarco de competencia apenas se modificaba durante un período de esa duración.  En cambio,
mientras que en el marco del MEPC se examinaba actualmente a la mayoría de los países en
desarrollo cada seis años, podría ser conveniente un examen más frecuente de las cuestiones de
competencia en los casos en los que se pusieran marcha por primera vez un marco de competencia.WT/WGTCP/M/22
Página 32
Para facilitar la participación de los países en desarrollo en el proceso sería necesario hacer hincapié
en los vínculos con los fondos de asistencia técnica y las actividades de creación de capacidad.
77. Al presentar el documento WT/WGTCP/W/233,  el representante de los Estados Unidos
señaló que a medida que se aproximaba la Quinta Conferencia Ministerial, el Grupo debía considerar
cuál era la mejor manera de proseguir la labor que ya se había hecho, teniendo en cuenta las diferentesnecesidades y niveles de experiencia y capacidad institucional de los Miembros de la OMC.  La mejor
forma de proceder en ese momento, para contribuir a promover la cultura mundial de la competencia
en beneficio de todos los Miembros era comenzar con un proceso de examen de la competencia por
homólogos de la OMC.  El orador se congratuló de la comunicación que había presentado el Canadá
después de la reunión de febrero del Grupo de Trabajo (documento WT/WGTCP/W/226), y de las
recientes comunicaciones de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, Corea, el Japón y
Australia, así como de las observaciones formuladas anteriormente en la reunión por el Taipei Chino,
que reflejaban el interés de otros Miembros en el proceso de examen de la competencia por
homólogos en la OMC.  En la comunicación de su  delegación se exponían las ventajas de un sistema
de examen por homólogos, basándose en la experiencia en otros foros sobre competencia en que se
había aplicado satisfactoriamente ese sistema.  i) el examen por homólogos facilitaba el proceso de
aprendizaje a través del intercambio de experiencia y conocimientos especializados.  El sistema deleyes de competencia existente se desarrollaba orgánicamente a través de un intercambio fructífero de
ideas en el que al elaborar sus leyes muchas jurisd icciones estudiaban los modelos utilizados en otras,
para adaptarlos luego a las necesidades específicas de su jurisdicción.  Del mismo modo, los
organismos que se ocupaban de la aplicación y la observancia de la legislación podían aprovechar las
experiencias de los organismos de otras jurisdicciones.  El examen por homólogos era un mecanismoque permitía que los participantes conocieran regularmente las reacciones que suscitaban su
legislación y sus políticas, al tiempo que aprendían de las experiencias de otros.  Ello no sólo
mejoraba el sistema interno de observancia sino que, dado que los organismos de competencia se
ocupaban frecuentemente de cuestiones transfronterizas, también podían beneficiar al sistema de
comercio internacional;  ii) el examen por homólogos podía contribuir a la transparencia de lalegislación y las políticas de competencia y de su aplicación;  iii) el examen por homólogos
fomentaba la convergencia y ponía de manifiesto si los diferentes enfoques adoptados respecto de la
política y la observancia de la competencia habían sido o no satisfactorios.  Los participantes
adquirían una base de conocimientos compartidos que presumiblemente les ayudaría a configurar la
forma de enfocar las cuestiones de competencia en sus jurisdicciones.  Aunque la armonización de
enfoques no era viable ni deseable, probablemente, esa experiencia compartida se traduciría a largo
plazo en una mayor convergencia en la aplicación de la legislación sobre competencia, con losconsiguientes beneficios para el sistema de comercio internacional;  iv) el examen por homólogos
fomentaba la cooperación internacional.  La participación en esos exámenes permitía a los
funcionarios encargados de la política de competencia de diferentes países no sólo conocer mejor las
políticas de los demás, sino también establecer nuevos contactos personales que podían facilitar la
cooperación internacional para la aplicación de las leyes y políticas de competencia;  v) el examen porhomólogos impulsaba un sistema constructivo de solución de los problemas.  Ofrecía un foro para que
los Miembros que sentían inquietudes acerca de las leyes o las prácticas del Miembro sometido a
examen pudieran expresarlas, y además no solamente propiciaba la identificación de los problemas,
sino también la posibilidad de encontrar soluciones, porque entre los participantes podía haber países
que habían afrontado problemas similares anteriormente y que podían recomendar solucionesprácticas a partir de su experiencia.  En tales condiciones, los Miembros se mostrarían receptivos,
probablemente, y aceptarían propuestas constructivas para abordar los problemas identificados;
vi) el examen por homólogos contribuía a conseguir los objetivos de creación de capacidad
establecidos en el mandato de Doha.
78. El orador añadió que si el examen por homól ogos podía ser positivo para todos los Miembros,
eran los países en desarrollo los que más se podían beneficiar, tanto al ser objeto de un examen como
al participar en el examen de otras jurisdicciones.   Habida cuenta de la gran coincidencia en los
problemas que afrontaban los organismos encargados de la competencia -por ejemplo, la estructuraWT/WGTCP/M/22
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institucional, la independencia, el establecimiento de prioridades con recursos escasos, las cuestiones
transfronterizas, etc.- la mayor parte de las cuestiones pertinentes para los organismos de los países
desarrollados lo serían también para los de los países  en desarrollo.  Presumiblemente, la participación
en exámenes por homólogos sería para los países en desarrollo una forma muy eficaz de incrementar
su base de conocimientos sin unas necesidades onerosas de recursos.  Al participar en las sesiones deexamen, los países en desarrollo estarían en condiciones de ampliar y profundizar sus conocimientos
sobre la competencia y de utilizar esos conocimientos para mejorar sus sistemas internos.  Con el
tiempo, el proceso de examen por homólogos propiciaría el logro de un objetivo básico de los países
en desarrollo que trataban de establecer una política de competencia:  la difusión de una cultura de la
competencia.  Un mecanismo de examen por homólogos podía ser flexible, reconociendo las
necesidades de los países en desarrollo.  Podía establecer diferencias entre los Miembros basándose,
por ejemplo, en sus niveles de desarrollo o su experiencia en la legislación y política de competencia.La experiencia del examen por homólogos de los organismos de competencia en el Comité de
Competencia de la OCDE era que las recomendaciones que se formulaban en el proceso y el apoyo
internacional consiguiente podían ser un estímulo positivo para que un miembro sometido a examen
introdujera las modificaciones necesarias y deseadas en su régimen nacional de competencia.  En la
comunicación de los Estados Unidos se consideraba el ejemplo de Grecia, que había refrendado lasmejoras de su régimen de competencia que recomendaba la OCDE y había acometido cambios
sustanciales basándose en el informe de la organización.  El examen por homólogos de la OCDE se
había aplicado recientemente a dos países en desarrollo que no eran miembros de la organización:
Sudáfrica y Chile.  La experiencia satisfactoria de esos dos exámenes, tanto desde el punto de vista de
los examinadores como de las partes sometidas al examen, había llevado a otros países nopertenecientes a la OCDE a expresar su interés en someterse al examen.  La implantación del examen
por homólogos en la OMC permitiría a un número mucho más amplio de países, y particularmente a
los países en desarrollo, obtener los beneficios derivados de esos exámenes.  Eran muchos los
aspectos a considerar sobre la forma de estructurar un sistema de examen por homólogos, pero la
comunicación de los Estados Unidos se centraba en los beneficios del mecanismo en general.En conclusión, el orador dijo que el examen por homólogos podía ser un instrumento eficaz para
perfeccionar los regímenes nacionales de competencia, y al contribuir a difundir la cultura de la
competencia entre todos los Miembros, podía beneficiar también al sistema de comercio mundial.
79. Al presentar el documento WT/WGTCP/W/235, el representante de Corea dijo que en la
comunicación que había presentado anteriormente al Grupo de Trabajo (documento
WT/WGTCP/W/225), Corea había propuesto la introducción del examen por homólogos como
mecanismo de observancia en el Comité de Competencia de la OMC.  Como complemento, eldocumento que presentaba en ese momento proporcionaba directrices concretas de aplicación del
examen por homólogos en un marco multilateral sobre política de competencia en la OMC.
Considerando que la OMC era una organización internacional basada en normas vinculantes, sería
más apropiado que el examen por homólogos fuera en la OMC de carácter vinculante, en lugar de ser
voluntario, a semejanza de lo que ocurría en otras organizaciones internacionales como la OCDE.En el marco multilateral sobre política de competencia de la OMC, el examen por homólogos debería
tener como objetivos facilitar el intercambio de información y experiencia entre los países Miembros
y promover la transparencia en la aplicación de la  legislación y política de competencia, fomentando
así la cooperación internacional.  El proceso debería tener las siguientes características:  i) estar
dirigido a todos los países Miembros;  en principio, todos ellos deberían someterse al examen,potenciando de esa forma la función del examen de mecanismo de observancia.  Sin embargo, a los
países en desarrollo que aún no hubieran establecido instituciones o medidas para abordar las
cuestiones relativas a la política de competencia o en las que éstas estuvieran en las fases iniciales de
desarrollo, debería concedérseles un período de gracia;  ii) examen periódico de la aplicación de las
recomendaciones formuladas en el examen por homólogos:  el examen periódico del nivel y grado deaplicación de las recomendaciones formuladas en  el examen por homólogos por parte los países
Miembros sujetos a examen podría contribuir a propiciar la observancia;  iii) incrementar la presión
por los homólogos dando publicidad a informes definitivos e información mediante su publicación y
en Internet podría fortalecer la observancia.  Corea no se oponía a la aplicación del mecanismo deWT/WGTCP/M/22
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solución de diferencias de la OMC a las obligaciones derivadas de un acuerdo sobre competencia de
la OMC para complementar el proceso de examen por homólogos.  Ahora bien, teniendo en cuenta las
grandes diferencias existentes en cuanto a las instituciones normativas de competencia y los niveles
de experiencia respecto de la política de competencia, consideraba que podría resultar más práctico
comenzar con un examen por homólogos centrado es pecíficamente en la política de competencia.
Los objetivos de dicho examen eran los siguientes:  i) fomentar la observancia del marco multilateral
sobre competencia por parte de los países Miembros podría ser el objetivo prioritario;  ii) compartir e
intercambiar sus experiencias e información sobre la aplicación de la política de competencia
permitiría que los países Miembros consiguieran una mayor eficacia en la aplicación de dicha política;
iii) el propio proceso de examen por homólogos podría reforzar la capacidad de imponer el
cumplimiento de los países en desarrollo y menos adelantados, que tenían menos o ninguna
experiencia en la aplicación de la política de competencia.  El examen se podría llevar a cabo entres fases:  i) en la fase de investigación, se podría pedir al país Miembro al que se estuviera
examinando que elaborara un informe con una breve descripción de su legislación y sus mecanismos
de observancia en materia de competencia, de conformidad con una lista preliminar y uniforme de
cuestiones confeccionada para el examen, y que lo presentara a la Secretaría.  Ésta prepararía su
propio informe basado principalmente en el informe del gobierno;  ii) en la fase de examen, todos lospaíses Miembros integrantes del Comité de Competencia considerarían la legislación sobre
competencia y los mecanismos de observancia del país Miembro en cuestión basándose en el informe
del gobierno y en el de la Secretaría.  Después de recabar y reflejar las opiniones y recomendaciones
de los países Miembros, la Secretaría elaboraría el informe definitivo mediante la revisión de su
informe anterior;  iii) en la fase de difusión, se establecería y publicaría el informe definitivo,distribuyéndose el informe del gobierno, el informe definitivo de la Secretaría y las actas;  de esa
forma se fortalecería la transparencia y la confianza en el mecanismo de examen por homólogos.
80. Refiriéndose a otras cuestiones conexas, el orador dijo que teniendo en cuenta los efectos
positivos del mecanismo de examen por homólogos sobre la asistencia técnica a los países en
desarrollo, era conveniente seleccionar primero para el examen a países que tuvieran experienciasuficiente en la aplicación de la política de competencia.  De esa forma, los países más
experimentados podrían facilitar a los países en desarrollo información de utilidad sobre su
experiencia en la aplicación de la legislación y política de competencia, lo cual contribuiría a disipar
las inquietudes de esos países sobre la introducción y aplicación de una legislación y una política
nacionales de competencia.  Los elementos que deberían analizarse en el examen por homólogos
deberían ser, cuando menos, los principios fundamentales, los cárteles intrínsecamente nocivos, la
cooperación voluntaria y la asistencia técnica, a los que se hacían referencia en el Programa de Dohapara el Desarrollo.  El MEPC era un mecanismo de examen por homólogos que abarcaba un amplio
conjunto de aspectos de la política comercial de un determinado Miembro de la OMC.
En consecuencia, su finalidad y su alcance eran diferentes de los del examen por homólogos relativo a
la legislación y la política de competencia.  El MEPC perseguía una mayor transparencia en las
políticas y prácticas comerciales globales de los países Miembros.  El examen por separado del sectorde la competencia permitiría llevar a cabo de forma eficaz un detallado examen por homólogos de la
competencia, aumentaría la transparencia en la aplicación de la legislación y la política de
competencia y propiciaría la observancia de un marco multilateral sobre política de competencia.
81. Al presentar el documento WT/WGTCP/W/236, el representante del Japón señaló que al
examinar la cuestión de la observancia había que tener en cuenta los cuatro puntos siguientes:
i) en las negociaciones sería preciso considerar el enfoque que debería adoptarse para garantizar la
observancia en el contexto de un MMC;  ii) así pues, en la reunión en curso del Grupo de Trabajo era
conveniente examinar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de observancia que se
aplicaban en relación con las normas de la OMC y otras normas multilaterales.  Esa labor sería una
contribución de gran valor para las futuras negociaciones;  iii) el examen por homólogos era uno delos posibles sistemas que se podía adoptar en materia de observancia y su carácter polivalente
favorecía que pudiera ser un mecanismo útil para promover la observancia de un posible MMC;
iv) sin embargo, en relación con la aplicación del procedimiento de solución de diferencias a laWT/WGTCP/M/22
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política de competencia había en ese momento distintas opiniones.  Como señalaban la Comunidad
Europea y sus Estados miembros en su comunicación, la solución de diferencias era uno de los
elementos esenciales del sistema multilateral basado en normas.  El orador dijo que compartía los
puntos de vista de esta última delegación sobre la importancia de la solución de diferencias, pero en el
MMC no deberían someterse asuntos concretos a un procedimiento de solución de diferencias.  Detodas formas, los enfoques relativos a la observancia se deberían determinar de conformidad con las
normas y principios que negociarían y acordarían los Miembros de forma multilateral.
82. La representante del Canadá dijo que las comunicaciones de la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, los Estados Unidos, el Japón, Corea y Australia permitían ser optimista respecto
de la existencia de puntos de convergencia y constituían un buen punto de partida para avanzar en la
esfera de los mecanismos de observancia.  La comunicación de los Estados Unidos exponía
acertadamente las principales ventajas del examen  por homólogos.  El Canadá propugnaba desde
hacía tiempo la adopción de ese mecanismo en el contexto de un acuerdo de la OMC sobre
competencia y en la reunión que había mantenido el  Grupo los días 20 y 21 de febrero de 2003 había
descrito los principales beneficios de ese enfoque.  Las ventajas del examen por homólogos
trascenderían los límites específicos de cualquier metodología.  Su delegación consideraba que la
labor que habían hecho el Japón, Corea y Australia sobre esa cuestión sería un excelente punto departida para formular un mecanismo de examen por homólogos cuando comenzaran las
negociaciones.  Como se señalaba en la com unicación de los Estados Unidos, el examen por
homólogos en la OMC serviría como base para lograr el objetivo de implantar la cultura mundial de la
competencia, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diferentes necesidades y experiencia de los
Miembros de la OMC.  Ahora bien, su delegación consideraba que un sistema de examen porhomólogos en la OMC debía basarse en un conjunto  bien definido de disposiciones u obligaciones no
vinculantes, de acuerdo con las cuales los Miembros pudieran configurar sus respectivos sistemas de
competencia.  Los elementos que se señalaban en la Declaración de Doha, particularmente los
principios fundamentales de no discriminación, transparencia y equidad procesal, así como las
disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos, la cooperación voluntaria y la creación decapacidad, deberían ser la base de ese marco o conjunto de disposiciones de orientación.
Consideraba, pues, que las negociaciones que se entablaran después de Cancún no deberían centrarse
únicamente en los aspectos concretos de un sistema sólido y vigoroso de examen por homólogos
como lo había expuesto la delegación de los Estados Unidos, sino en la aclaración y estructuración
bien definida de esos importantes elementos de orientación, que serían una parte imprescindible de un
marco multilateral sobre competencia.
83. Con respecto a la comunicación de la Comunidad Europea y sus Estados miembros
(WT/WGTCP/W/229), le parecían acertadas muchas de sus sugerencias sobre los objetivos y
procedimientos del mecanismo de examen por homólogos, especialmente que sería un valioso sistema
de verificación de la legislación y política de competencia de los Miembros de la OMC y contribuiría
a determinar qué aspectos eran susceptibles de mejora.  En cuanto al alcance, aunque su delegación
había propugnado un marco multilateral sobre política de competencia basado en una serie deobligaciones no vinculantes, convino en que el examen por homólogos debería abarcar un conjunto
más amplio de cuestiones que las que serían objeto de obligaciones en el marco multilateral.
El documento de la Comunidad Europea y sus Estados miembros también hacía referencia a la
eficacia de un mecanismo de consulta y cooperación, distinto de las consultas previstas en el
artículo 4 del ESD, que podría considerar una gama de cuestiones.  La oradora estuvo de acuerdotambién con la eficacia de un proceso consultivo o diálogo de esas características al margen del ESD
existente, reconociendo que sería un complemento esencial de los procesos de deliberación más
públicos del examen por homólogos.  De hecho, el Canadá apoyaría un sistema complementario del
examen por homólogos con un proceso consultivo o diálogo, cuya finalidad colectiva sería atender las
preocupaciones concretas de los Miembros y facilitar el intercambio de información, la creación decapacidad y la observancia, promoviendo al mismo tiempo los objetivos de establecer una cultura de
la competencia y fomentar la convergencia en el tiempo sobre las cuestiones relativas a la política de
competencia.  Un mecanismo de examen por homólogos, unido a disposiciones en materia deWT/WGTCP/M/22
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consultas o diálogo entre los Miembros podía suponer una presión eficaz en pro de la observancia,
especialmente si se asentaba en un sistema de seguimiento muy desarrollado.  En cuanto al
procedimiento de solución de diferencias, a su delegación se le hacía difícil ver su conveniencia o
necesidad en esa fase en el contexto de la compet encia, particularmente si se tenían en cuenta las
grandes diferencias entre los Miembros en el ámbito de la competencia, por lo que se refería a suexperiencia y necesidades.  En suma, su delegación era partidaria de un enfoque de no confrontación
encaminado a la creación de capacidad y el intercambio de información y experiencia para crear una
cultura de la competencia y un foro para conseguir en último extremo una convergencia general,
complementado con un mecanismo para abordar las preocupaciones concretas de los Miembros en un
clima de cooperación.
84. El representante de la India, refiriéndose a la eficacia de la cooperación voluntaria, manifestó
que al igual que otras delegaciones, la India temía que el examen por homólogos y otros
procedimientos de presión impusieran a los países económicamente débiles el cumplimiento de los
elementos de un marco multilateral, en tanto que no existiría mecanismo alguno que impusiera la
observancia a los participantes más poderosos.  En cuanto a la propuesta de la Comunidad Europea y
sus Estados miembros de aplicar el procedimiento de solución de diferencias en relación con la
legislación nacional de competencia de los Miembros, se había expresado la preocupación de que unsistema de esas características penalizaría a los Miembros que hubieran adoptado una legislación
completa en materia de competencia de forma autónoma.  Los Miembros cuyas leyes abarcaran un
mayor número de disposiciones legales sobre competencia, más concretamente acuerdos, tanto
horizontales como verticales, la posición dominante y las fusiones y adquisiciones, tendrían que
aplicar de forma vinculante el principio de no discriminación a todas las disposiciones de lalegislación nacional sobre competencia.  Refiriéndose a la observación que había hecho anteriormente
la CE de que el marco propuesto de la OMC no abarcaría la política de competencia per se , sino
únicamente los aspectos de la misma relacionados con el comercio, parecía que la Comunidad
Europea y sus Estados miembros propugnaran la aplicación de los principios fundamentales no sólo a
disposiciones relacionadas con los cárteles intrínsecamente nocivos, sino a la legislación nacional decompetencia en su conjunto.  En relación con el mecanismo de examen por homólogos y el proceso
general de consulta a semejanza del MEPC, la India no consideraba que fuera necesario contar con un
mecanismo general de examen de esa índole, pues supondría ejercer una presión sobre los recursos
escasos de los Miembros.  Existían otros foros, como la UNCTAD, donde se llevaban a cabo ese tipo
de exámenes y la formulación de una legislación moderna.  Cuestiones tales como una legislación
global sobre competencia per se , especialmente las cuestiones relativas a la posición dominante, las
fusiones y las adquisiciones, no correspondían al ámbito de la OMC y no era fácil comprender lapropuesta de que se abordaran tales cuestiones en los exámenes que se llevaran a cabo en la OMC.
El orador añadió que no sería posible afrontar las prácticas anticompetitivas de carácter
transfronterizo sin intercambio de información entre los organismos competentes.  La prohibición en
la jurisdicción nacional no tendría efectos reales si no existían procedimientos eficaces de aplicación,
incluso la prescripción relativa al intercambio de información, especialmente información yadisponible.  Debería haber un elemento de obligatoriedad incluso para intercambiar información
confidencial.  Las limitaciones de recursos y de capacidad que aquejaban a los países en desarrollo
debían ser tenidas en cuenta y era necesario permitir la necesaria flexibilidad.
85. Respondiendo a las observaciones anteriores, el representante de la Comunidad Europea y sus
Estados miembros indicó que en la aplicación de un mecanismo de solución de diferencias había dos
elementos básicos:  a qué se aplicaba y cómo se aplicaba.  En los Acuerdos de la OMC existían varios
ejemplos de la existencia de disposiciones especiales para adaptar el ESD a un ámbito específico, y en
ese sentido la competencia no sería una excepción.  Con respecto al argumento de que los países que
ya habían adoptado una legislación resultarían penalizados, cuando existía un acuerdo debía haber
coincidencia sobre las obligaciones sustantivas contenidas en dicho acuerdo.  Si se convenía en lautilidad de los principios fundamentales en un acuerdo de esa índole, deberían ser de aplicación
general.  En ese contexto, la propuesta de la Comunidad Europea y sus Estados miembros de no
aplicar el procedimiento de solución de diferencias a asuntos concretos ni a la discriminación de factoWT/WGTCP/M/22
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no constituía una variación del mecanismo del ESD, sino una extensión del hecho de que la propia
obligación estaba formulada con ciertas condici ones.  La Comunidad Europea y sus Estados
miembros consideraban que si el acuerdo se formulaba de tal forma que se aplicara solamente a la
discriminación de jure , un grupo especial no estaría en condiciones de aplicarlo a la discriminación
de facto .  Sin embargo, si se consideraba necesario, sería posible añadir un elemento de seguridad a
esa disposición.  Con respecto a la sanción, aunque  era especialmente difícil aplicar contramedidas o
calcular el número de contramedidas fuera de las cuestiones de acceso a los mercados, no se trataba
de un fenómeno nuevo en la OMC.  Problemas similares se planteaban en los ámbitos de los servicios
y la propiedad intelectual.
86. Incidiendo en el tema de la solución de diferencias, el representante de Hong Kong, China
dijo que no se debía asumir que había de aplicarse en un posible MMC.  El hecho de que en la
Declaración Ministerial de Doha se utilizara la expresión "marco multilateral" en lugar de "acuerdomultilateral" ofrecía la posibilidad de adoptar un enfoque distinto.  Ello respondía a la preocupación
de la CE de que la no aplicación del procedimiento de solución de diferencias en un marco
multilateral sobre política de competencia era una anomalía desde el punto de vista sistémico e
institucional.  El término "marco" era menos definido y no incluía necesariamente normas vinculantes
y exigibles, a diferencia de un "acuerdo".  El sistema de solución de diferencias del marco multilateralsobre política de competencia que proponían la Comunidad Europea y sus Estados miembros también
podía ser considerado una anomalía, ya que insistía en que sólo debía aplicarse a la letra de la ley y no
a la aplicación de ésta.  El profesor Ehlermann, anterior Presidente del Órgano de Apelación, había
señalado en un documento reciente que ya en las normas comerciales existentes la legislación y las
prácticas nacionales sobre competencia no estaban exentas de la aplicación del sistema de solución dediferencias, sino sujetas al mismo.  Tanto las leyes sobre competencia como su aplicación en casos
concretos debían atenerse a las normas sustantivas del Acuerdo sobre la OMC (por ejemplo, el
artículo III.4 del GATT relativo al trato nacional) y se podían presentar reclamaciones respecto de
ambos aspectos.
9  Si se elaboraban nuevas normas en el marco de un posible MMC, sería lógico que
la aplicación de las leyes, reglamentos y directrices estuviera sujeta a dichas normas.  La aplicaciónimpondría a los Miembros obligaciones considerables y de gran alcance, razón por la que Hong Kong,
China mantenía fuertes reservas a la aplicación del mecanismo de solución de diferencias en ese
contexto.  La propuesta de la Comunidad Europea y sus Estados miembros de establecer un grupo
permanente de expertos podría tener como consecuencia que se ampliara el alcance del procedimiento
de solución de diferencias.  Ya se había indicado que el artículo 13 del ESD facultaba a los grupos
especiales a recabar asesoramiento técnico en caso necesario.  El establecimiento de un grupo
permanente de expertos sólo podía justificarse si las obligaciones sustantivas de un marco multilateralsobre política de competencia abarcaban la aplicación de leyes y reglamentos en casos concretos que
exigieran tener en cuenta muchos hechos y fueran complejos y de carácter técnico.  En otras palabras,
no se entendía por qué la Comunidad Europea y sus Estados miembros querían que se estableciera un
grupo permanente de expertos si su delegación no deseaba abordar asuntos concretos.
87. A continuación, el orador pidió aclaracion es sobre las propuestas que figuraban en el
apartado b) del párrafo 11 de la comunicación de  la Comunidad Europea y sus Estados miembros, que
planteaba que algunas disposiciones de un régimen interno de competencia que no eran requisitos
sustantivos del marco (como las disposiciones sobre los monopolios o las fusiones) podrían estar
sujetas a los principios fundamentales primordiales, como la no discriminación y la transparencia.
Si esos principios fundamentales fueran vinculantes y estuvieran sujetos al procedimiento de soluciónde diferencias, no sometería la propuesta a esas disposiciones nacionales a examen en el marco del
procedimiento de solución de diferencias?  ¿Cuáles serían los derechos y obligaciones de los
Miembros respecto de dichas disposiciones?  Los Miembros estaban obligados a definir con claridad
los límites de un acuerdo.  En relación con la idea de un mecanismo general de consulta, en el
párrafo 41 del documento de la CE se decía que "en el marco de las disposiciones sobre consultas de
                                                     
9 Claus-Dieter Ehlermann y Lothar Ehring, WTO Dispute Settlement and Co mpetition Law (European
University Institute Florence, Policy Paper 02/12 (2002)) .WT/WGTCP/M/22
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tal acuerdo pueden plantearse diversas cuestiones", entre ellas la determinación de si la legislación
nacional de un Miembro cumplía las normas establecidas en el MMC.  Además, la disposición
relativa a la consulta se referiría a "cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del Acuerdo
o la consecución de sus objetivos".  Era necesario aclarar si el mecanismo de consulta se limitaría a
las obligaciones del posible marco multilateral sobre política de competencia o se extendería a otrosasuntos no incluidos en dicho marco.  En tal caso, ¿qué derechos y obligaciones tendría el Miembro
que solicitara la consulta y aquél al que se le solicitara y cómo se evitaría la duplicación con el
mecanismo de examen por homólogos que se había propuesto?
88. En relación con el examen por homólogos, sin duda podía reportar ventajas a los Miembros,
con independencia de su nivel de desarrollo y sus experiencias en la aplicación de políticas o leyes de
competencia, pero era de vital importancia que los Miembros supieran exactamente lo que se
pretendía conseguir con ese sistema y cuáles serían sus derechos y obligaciones.  En cuanto al MEPC,estaba claro que "la finalidad ...  es coadyuvar a una mayor adhesión de todos los Miembros a las
normas y disciplinas de los Acuerdos Comerciales Multilaterales.  No tiene, sin embargo, por
finalidad servir de base ni para hacer cumplir obligaciones específicas contraídas en el marco de los
Acuerdos, ni para los procedimientos de solución de diferencias, ni tampoco para imponer a los
Miembros nuevos compromisos en materia de políticas." En relación con la comunicación de Corea,sus propuestas sobre el examen periódico por homólogos, cuyas recomendaciones de política serían
vinculantes para el Miembro objeto de examen, no coincidían, al parecer, con lo que Corea había
dicho en la reunión de Grupo de Trabajo de los días 20 y 21 de febrero de 2003, cuando había
propuesto que los Miembros no tuvieran que modificar sus políticas en función de los resultados del
examen.  En cuanto a la comunicación del Japón, se aceptaba que el mecanismo de examen porhomólogos debería basarse en una petición voluntaria, pero al parecer el Japón preveía que se
ejerciera presión sobre los Miembros sujetos a examen mediante recomendaciones de política y un
proceso de seguimiento para evaluar la aplicación de dichas recomendaciones.  En el documento de la
Comunidad Europea y sus Estados miembros se subrayaban los siguientes aspectos:  " eficacia de la
aplicación  de la legislación interna sobre competencia durante un período de tiempo";  tratar de
"identificar modos de mejorar el marco jurídico " y "la consecución de una mayor convergencia
internacional en la esfera de la política de competencia respecto de diversas cuestiones".  La cuestión
a ese respecto era qué normas o puntos de referencia se establecerían.  Los Miembros en desarrollo
temían que el marco multilateral sobre política de competencia se utilizara para ejercer presión sobre
ellos con el fin de que armonizaran sus políticas con las de los Miembros desarrollados.
89. A continuación, indicó que la enorme diversidad existente entre los Miembros de la OMC en
materia de desarrollo socioeconómico, así como las necesidades adicionales de recursos quecomportaría un mecanismo de examen por homólogos dedicado exclusivamente a la competencia,
ponían en duda su conveniencia.  Tal vez, el examen por homólogos de la política comercial y de
competencia podría formar parte del MEPC vigente.  Se habían planteado otras preguntas, como las
siguientes:  ¿sobre qué base garantizaba un posible marco multilateral sobre política de competencia
el trato especial en comparación con otros Acuerdos  de la OMC?  ¿Cómo se evitaría la duplicación de
tareas con el MEPC?  ¿Cuál sería la relación costo-eficacia del establecimiento de un mecanismo
específico dado que el MEPC no prohibía a los Miembros interesados plantear cuestiones y facilitar
información sobre cuestiones relacionadas con el comercio y la política de competencia?  ¿Cómo
conseguiría el Comité de Política de Competencia propuesto la eficacia del proceso en materia de
recursos?  ¿Cómo se plasmaría en la práctica la idea de aprovechar la labor pertinente realizada enotros foros, especialmente el Foro Mundial de la OCDE sobre Competencia, la International
Competition Network y la UNCTAD?  Por último, el orador dijo que algunos Miembros podrían
mostrarse renuentes a facilitar información a un extraño y a ser examinado por éste, salvo por la
Secretaría u otros Miembros.
90. El representante de Suiza convino en que el procedimiento de solución de diferencias y los
exámenes por homólogos no debían ser considerados como sistemas alternativos, sino
complementarios.  Ciertamente, un marco sobre competencia de la OMC debía tener un mecanismoWT/WGTCP/M/22
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de observancia similar al de los restantes acuerdos.  Excluir determinados aspectos del sistema basado
en normas de la solución de diferencias, que era una de las funciones básicas del sistema, sería un
precedente no deseable.  En relación con la observación de Hong Kong, China sobre las expresiones
"marco sobre competencia" y "acuerdo de competenci a" lo que sería decisivo era el contenido más
que la fórmula utilizada.  La existencia de disposiciones vinculantes exigiría un mecanismo parasolucionar posibles diferencias.  Con toda seguridad, el recurso al procedimiento de solución de
diferencias en relación con la política nacional de competencia sería un último recurso, que se
restringiría a los incumplimientos más flagrantes de un acuerdo de la OMC, que serían extraños.  Ese
enfoque sería compatible con el objetivo principal del acuerdo de promover la cultura mundial de la
competencia mediante la cooperación y la transferencia de conocimientos técnicos, y evitar las
controversias.  La obligación relativa a los principios fundamentales sólo se infringiría en caso de que
la legislación se redactara en contradicción con esos principios.  Tal cosa parecía improbable encualquier legislación sobre competencia.  En cualquier caso, no se considerarían casos concretos.
En tercer lugar, el reconocimiento de la función de la discrecionalidad de procedimiento y el derecho
de los organismos a establecer prioridades ante la disponibilidad de unos recursos limitados reduciría
la eventualidad de que se plantearan diferencias sobre los cárteles intrínsecamente nocivos.
91. Refiriéndose a determinados puntos contenidos en las comunicaciones de otras delegaciones,
afirmó la utilidad del examen por homólogos como el mecanismo de observancia más importante en
un marco multilateral sobre política de competencia para facilitar el intercambio de información y
experiencias sobre las prácticas idóneas, así como los beneficios que comportaría en términos
didácticos.  Los países que se sometieran al examen tendrían la posibilidad de que se evaluara la
calidad y eficacia de sus políticas, leyes e instituciones, lo cuál contribuiría a conseguir laconvergencia voluntaria de las leyes sobre competencia y de las prácticas en materia de observancia.
Se trataba de un mecanismo de observancia flexible porque no era vinculante.  Por ello, la eficacia del
proceso de examen por homólogos dependía en gran medida de la participación.  Ésa era una cuestión
clave que debería abordarse en la negociación sobre los exámenes por homólogos, teniendo en cuenta
las limitaciones presupuestarias y políticas.  Una posible solución podría ser la de realizar exámenespor homólogos por grupos de varios países, en los que se examinaría a varios países al mismo tiempo.
92. El representante del Brasil dijo que sería más fácil considerar la aplicación de los
procedimientos de solución de diferencias una vez se conocieran las obligaciones concretas que
asumirían los Miembros.  Sin prejuzgar la posición del Brasil al respecto, dijo que era importante que
no se aplicara a casos concretos, sino que se evaluara la conformidad general de la legislación y se
determinaran posibles disposiciones sustantivas que se deberían adoptar, por ejemplo, sobre los
cárteles intrínsecamente nocivos.  En principio, valoraba positivamente la propuesta de los exámenespor homólogos.  Era preferible un mecanismo voluntario en cuanto a la decisión del país de someterse
al examen.  Un posible sistema de examen por homólogos de la OMC podría ajustarse a distintos
modelos y los detalles del proceso se podrían decidir en un momento posterior.  El Brasil era
partidario de que se diera prioridad al examen de los mecanismos de examen por homólogos.
También consideraba importantes a) la futura aplicación de un sistema de intercambio deinformación;  b) la posibilidad de prever análisis conjuntos de casos en las disposiciones de
cooperación;  y c) las disciplinas relativas a la represión de los cárteles internacionales.
93. El representante de los Estados Unidos hizo constar su acuerdo con aspectos esenciales de la
Sección 2 de la comunicación de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, relativa al examen
por homólogos.  En particular, los Estados Unidos coincidían en que el examen por homólogos debía
aplicarse a la labor de la OMC relativa a la competencia y, más concretamente, como instrumento que
ayudara a los Miembros a elaborar y aplicar su legislación y política de competencia.  Compartía
también la idea de que el examen por homólogos podía promover la convergencia internacional en la
política de competencia y contribuir a las iniciativas de la OMC y de otras organizaciones
encaminadas a la creación de capacidad en esa esfera.  Las comunicaciones de la Comunidad Europeay sus Estados miembros y de otras delegaciones iban más allá que la de los Estados Unidos por cuanto
proponían procedimientos concretos para organizar un examen por homólogos en materia deWT/WGTCP/M/22
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competencia.  Los Estados Unidos mantenían una actitud abierta sobre esas cuestiones prácticas.
Le parecía positiva la propuesta de que el examen  por homólogos se organizara en el marco de un
Comité de Política de Competencia de la OMC, según se indicaba también en el documento de la
delegación de los Estados Unidos.  El examen debería abarcar todas las leyes y políticas nacionales de
competencia de los Miembros, en lugar de circunscribirse a las cuestiones concretas de la Declaraciónde Doha.  El estudio del proceso de examen por homólogos de la competencia que se aplicaba en
la OCDE avalaba la conclusión de que esos exámenes podrían ser una aportación valiosa para un
amplio conjunto de cuestiones relacionadas con la competencia, tales como el marco legislativo y
reglamentario, el diseño institucional y las políticas y prácticas de observancia.  Con respecto a la idea
de que los exámenes se podrían llevar acabo sobre la base de un informe del país objeto de examen,
según se indicaba en las comunicaciones de Corea y el Japón, de cualquier forma sería útil contar con
un informe independiente preparado por la Secretaría de la OMC.  En tal caso, cabía preguntarse siseguiría siendo útil basarse en un sistema de autoinformes para el examen por homólogos.  En cuanto
a la solución de diferencias, que se abordaba en la parte 1 de la comunicación de la CE, lo más
apropiado era que la OMC se centrara en un mecanismo de examen por homólogos.  Establecer un
mecanismo de solución de diferencias para la competencia planteaba una serie de problemas.
La conveniencia de aplicar el procedimiento de solución de diferencias a la política de competenciadebía evaluarse atendiendo a sus propios méritos con un criterio abierto, sin conclusiones
preconcebidas basadas en la experiencia en otras esferas.  Como habían señalado el Canadá y otras
delegaciones, la gran disparidad de experiencias de los Miembros en relación con la legislación y la
política de competencia, así como las deficiencias de sus capacidades institucionales, ponían en
cuestión la utilidad y viabilidad del procedimiento solución de diferencias en ese ámbito.  En relación
con la importancia que otorgaba la CE a la idea de que la solución de diferencias se limitaría a las
infracciones de jure , los Estados Unidos ponían en duda la posibilidad de incluir en el mandato
salvaguardias suficientes sobre ese punto.  Además, en la comunicación de la CE no se abordaban las
consecuencias que tendría el hecho de que un grupo especial de la OMC determinara que un Miembro
había incumplido las obligaciones contraídas en el marco de un acuerdo de la OMC sobrecompetencia.  A ese respecto, sería importante que las sanciones que pudieran aplicarse en un marco
multilateral sobre política de competencia tuvieran efec tos favorables a la competencia.  En conjunto,
consideraba que la aplicación de un mecanismo de examen por homólogos como siguiente fase de la
labor relativa al comercio y la competencia en la OMC suscitaba un apoyo amplio, en tanto que
seguían planteadas interrogantes importantes sobre la posible función de la solución de diferencias en
esa esfera.
94. El representante de Egipto dijo que al igual que otros países en desarrollo tenía reservas
acerca de si la aplicación del procedimiento de solución de diferencias a los principios fundamentales
era beneficiosa para los países en desarrollo, partic ularmente por el hecho de que esos países estaban
elaborando su legislación sobre competencia y porque existían grandes disparidades entre ellos.
Por otra parte, Egipto deseaba que se detallara con más precisión cómo se aplicaría el ESD a las
obligaciones de los Miembros desarrollados en un marco de la OMC.  Añadió que al considerar elexamen por homólogos era necesario tener en cuenta los intereses de los países en desarrollo, por
ejemplo con respecto al MEPC.  Los países en desarrollo tenían limitaciones de recursos y de otra
índole que podían impedirles participar realme nte en el proceso de examen por homólogos y
beneficiarse de él.  En ese orden de cosas habían tomado nota de la sugerencia de conceder períodos
de gracia a aquellos países que no contaban con instituciones competentes bien desarrolladas.Por último, en relación con la naturaleza voluntaria del examen de la OCDE que habían planteado los
Estados Unidos, consideraba que ése era el camino correcto, mientras que tenía dudas sobre la
conveniencia de que la OMC asumiera esa responsabilidad.
95. El representante de Corea identificó tres objetivos en el proceso de examen por homólogos
propuesto:  i) promover la observancia;  ii) intercambiar información y experiencias y
iii) la prestación de asistencia técnica.  Corea puso de relieve la necesidad de que la adopción del
marco multilateral sobre la competencia no resultara excesivamente onerosa para los Miembros de
la OMC, sobre todo para los países en desarrollo.  El sistema de exámenes por homólogos que seWT/WGTCP/M/22
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proponía era compatible con ese objetivo y sería una contribución importante a la aplicación del
marco multilateral y la promoción de una cultura de la competencia a escala internacional.
La incorporación efectiva del marco multilateral sobre la competencia en la estructura nacional
también era una cuestión importante.  Desde ese punto de vista, un sistema obligatorio de examen por
homólogos era una medida equilibrada.  Todos los Miembros se someterían al examen, con algún tipo
de flexibilidad como los períodos de gracia.  Corea también era consciente de las dificultades que
afrontaban los países en desarrollo y estaba dispuesta a considerar la aplicación de un trato especial
que se considerara necesario con el fin de garantizar la aplicación sin contratiempos del marco
multilateral en la legislación nacional.  El orador concluyó preguntando cómo se podría controlar la
aplicación del marco multilateral sin un determinado tipo de mecanismo de examen.
96. En respuesta a la observación que había formulado Hong Kong, China sobre las declaraciones
anteriores de Corea, dijo que el ESD era un sólido mecanismo legal de observancia, en tanto que elexamen por homólogos era un mecanismo diferente.  Era no vinculante, en el sentido de que un
Miembro no podía sancionar a otro por no aplicar las recomendaciones del examen.  Por consiguiente,
el examen por homólogos tenía una entidad inferior a la del ESD, pero era mejor que nada.
Con respecto al punto que habían planteado los Estados Unidos sobre la preparación de un informe de
la Secretaría basado principalmente en la información facilitada por el propio país, la propuesta deCorea reflejaba la limitación de recursos de la Secretaría.  Por tanto, el informe de la Secretaría
debería basarse en la información del país sujeto a examen.
97. El representante de Túnez observó que en ninguna de las declaraciones anteriores se había
hecho referencia al Conjunto de normas sobre la legislación y la política de competencia convenidas
multilateralmente, de la UNCTAD, que no eran obligatorias pero que estaban en vigor desde hacíamás de 20 años, y preguntó si sería posible aprovecharlas y en qué forma, en particular con miras a su
aplicación.  La pertinencia de esas normas había si do acreditada en la labor de la UNCTAD, que había
puesto de manifiesto su importancia para promover una cultura de la competencia a nivel
internacional, además de contribuir a mejorar la legislación y aplicación a escala nacional.  Aun
reconociendo las ventajas de un sistema de examen  por homólogos, muchas de esas cuestiones debían
ser objeto de una más atenta consideración.  Por ejemplo, el mecanismo de examen por homólogos se
centraría en los sistemas nacionales, en tanto que los problemas tenían una dimensión internacional.
El orador admitía que el fortalecimiento de la capacidad nacional para aplicar las normas de la
competencia favorecería el desarrollo y el logro de una economía de mercado más saludable, pero no
resolvería todos los problemas, especialmente los relacionados con la extraterritorialidad y la
dificultad de investigar las prácticas anticompetitivas transfronterizas, especialmente porque la
cooperación entre las autoridades nacionales era de carácter voluntario.  En vista de ello, se sugeríaque las autoridades de competencia que evaluaran las prácticas anticompetitivas con una dimensión
internacional (en particular los cárteles intrínsecamente nocivos) deberían considerar no solamente el
perjuicio causado a su mercado interior, sino también los efectos sobre los mercados de otros países,
particularmente en la imposición de sanciones.
98. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que la OMC se
basaba en normas vinculantes, que exigían la aplicación del procedimiento de solución de diferencias.
Todos los Acuerdos de la OMC estaban sujetos a la solución de diferencias, aunque con ligeras
modificaciones.  En la reflexión sobre el alcance apropiado de los mecanismos de observancia en el
ámbito de la política de competencia se planteaban algunos interrogantes importantes:  ¿Observancia
de qué?  ¿Era necesaria?  ¿Cómo se debía adoptar?  Al tratar de dar respuesta a esas preguntas, eldocumento de su delegación había recurrido a los acuerdos existentes, especialmente el ESD y varios
acuerdos específicos que se ocupaban de áreas temáticas concretas, que habían superado la prueba del
paso del tiempo.  En respuesta a una observación del representante de Suiza, el orador reconoció que
la jurisprudencia relativa a las disposiciones generales de los Acuerdos de la OMC ponía en evidencia
que se podían aplicar a los procedimientos de observancia de la legislación, así como a las leyes yprescripciones sustantivas, y, de hecho, podían dar lugar a procesos de solución de diferencias en
casos concretos referentes a la administración o aplicación de la legislación de competencia.WT/WGTCP/M/22
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Sin embargo, por definición, los asuntos planteados en el marco de los Acuerdos vigentes de la OMC,
a diferencia de un posible marco multilateral sobre política de competencia, se decidirían
principalmente con arreglo a los principios consagrados en esas disposiciones generales y a la
jurisprudencia conexa.  En cambio, un marco multilat eral como el que había propuesto su delegación
tenía la ventaja de que tenía en cuenta de forma explícita las exigencias operativas de la legislaciónsobre la competencia.  En respuesta a la preocupación que había expresado la delegación de los
Estados Unidos sobre la posibilidad de que se produjera una "desviación" en los procedimientos de
solución de diferencias, consideraba que se evitaría si el acuerdo se redactaba en la forma apropiada.
Refiriéndose a las cuestiones que había planteado Hong Kong, China, señaló que los mecanismos de
observancia en esa esfera debían basarse en los elementos necesarios para conseguir la observancia y
no en distinciones semánticas.  En cuanto a si había precedentes en los Acuerdos de la OMC para
centrarse únicamente en las infracciones de jure  pero no de facto , citó el Acuerdo sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias, en el que figuraban los términos " de jure " o " de facto " en el
artículo 3.1 a), pero no en el artículo 3.1 b);  en consecuencia, se había interpretado siempre que esa
última disposición se aplicaba únicamente a las infracciones de jure .  En cuanto a la finalidad de una
disposición de consulta general que se incluiría en el marco multilateral, permitiría a los Miembros de
la OMC mantener consultas bilaterales y privadas sobre cuestiones importantes para ellos queconsideraran que no se debían examinar en el contexto más amplio de un Comité de Política de
Competencia.  Como ejemplo de una cláusula de consulta general de esas características, el delegado
mencionó el artículo 17.2 del Acuerdo Antidumping.
99. Otro representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros se refirió a la
preocupación de que el recurso a un grupo permanente de expertos en competencia podría significar
que los grupos especiales abordaran decisiones específicas de las autoridades nacionales en materia de
competencia.  En primer lugar, en el documento de la CE no se prescribía la fórmula exacta que
adoptaría la participación de expertos en competencia en el proceso de solución de diferencias;  una
lista permanente de expertos era una de las varias opciones posibles.  En segundo término, dada la
especificidad de la política de competencia en comparación con otros temas de la OMC, laparticipación de expertos en competencia sería útil incluso para la solución de diferencias sobre las
"infracciones de jure  únicamente".  Por último, la participación de expertos en competencia sería
también una salvaguardia contra la "desviación", por cuanto esos expertos eran quienes mejor
comprendían cuán delicados eran los procedimientos de observancia y las numerosas cuestiones de
hecho que comportaban las decisiones sobre asuntos concretos.  A título de ejemplo, si un grupo
especial deseaba examinar la no discriminación de facto  tendría que considerar dos asuntos de
competencia diferentes, uno relativo a una empresa nacional y otro a una empresa extranjera, en losque los hechos eran idénticos pero las interpretaciones diferentes (eso sería difícil o imposible en el
contexto de un grupo especial).  El segundo ejemplo se refería a una situación en que la empresa A
solicitara a la empresa B un documento y ésta última lo negara alegando que se trataba de un secreto
comercial.  Los expertos en competencia se mostrarían sensibles a esa situación;  por consiguiente su
participación sería una salvaguardia contra la "desviación".
100. El representante de Nigeria afirmó que pese al debate que se había producido quedaban por
aclarar cuestiones importantes.  Las medidas correctivas que decidiera un grupo especial en el
contexto de un acuerdo sobre competencia podrían ser contrarias a la competencia en lugar de
favorecerla.  La aplicación parcial de la solución de diferencias podía alterar el equilibrio de derechos
y obligaciones de los diferentes Miembros y reducir los incentivos para cooperar.  Los paísessometidos al examen por homólogos corrían el ri esgo de ser criticados y de que su régimen de
competencia no obtuviera la aprobación, lo que provocaría presiones multilaterales o bilaterales para
que suprimieran exenciones que tenían derecho a mantener.  Subsistían preocupaciones sobre las
consecuencias del marco multilateral propuesto para la política industrial.  Eran muchas las cuestiones
que se debían aclarar, especialmente los efectos de la política de competencia del país objeto deexamen sobre otros países, las repercusiones de las políticas de otros países sobre el país sometido a
examen y las experiencias relativas a la cooperación internacional en ese contexto, así como las
posibles presiones unilaterales o bilaterales en materia de comercio o competencia.WT/WGTCP/M/22
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101. El observador de la UNCTAD expresó su  apoyo a los exámenes por homólogos,
especialmente porque parecían ser un medio excelente para intercambiar experiencias y para la
creación de capacidad, así como para difundir una cultura de la competencia, uno de los objetivos de
la UNCTAD a largo plazo.  En cuanto a la utilización de los exámenes por homólogos como
procedimiento de observancia, consideraba que debían servir más bien como medio flexible deconvergencia, especialmente por lo que se refería a los países en desarrollo, que estaban dando los
primeros pasos en ese ámbito.  El observador reiteró la propuesta de que la UNCTAD pudiera servir
de foro para los exámenes por homólogos, junto con la OCDE y la OMC, pues ello era conforme a las
disposiciones existentes en el Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia de las Naciones
Unidas.  El orador señaló también a la atención el próximo período de sesiones anual del Grupo
Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia de la UNCTAD, que tendría
lugar del 2 al 4 de julio de 2003, en el que se examinaría un documento de la secretaría sobre"Los papeles de los posibles mecanismos de mediación en las controversias y los arreglos
alternativos, incluidos los exámenes voluntarios por otros expertos en la esfera del derecho y la
política de competencia".
102. El observador de la OCDE presentó tres comunicaciones (publicadas posteriormente como
documentos WT/WGTCP/W/240, 243, y 244) que había examinado el Grupo Conjunto de la OCDE
sobre Comercio y Competencia y en las que se abordaban varias cuestiones relativas al examen por
homólogos y los mecanismos de observancia.  El primer documento, titulado "El examen por
homólogos:  elementos positivos y enfoques en el contexto del comercio y la competencia",
examinaba los elementos positivos del examen por homólogos como medio para promover la
convergencia, la transparencia, el intercambio de información y experiencia y la mejora de laformulación de la política nacional, y como mecanismo de examen de políticas y de determinación de
las necesidades de asistencia técnica y creación de capacidad de los países en desarrollo.  En la
segunda parte del documento se examinaban los aspectos positivos y negativos de diferentes
mecanismos de examen por homólogos, incluidos el MEPC y las actividades de reforma de la
reglamentación de la OCDE.  Esas técnicas eran la esencia del enfoque del comité de la OCDE sobrelas esferas de la política gubernamental.  El segundo documento, titulado "Modalidades prácticas del
examen por homólogos en un marco multilateral sobre competencia", analizaba varias opciones para
aplicar un mecanismo de examen por homólogos en un posible marco multilateral futuro.  En la
primera parte del documento se hacía un análisis comparativo abordando un conjunto de criterios y
cuestiones en relación con un mecanismo de examen de la política de competencia, comprendidos
i) la frecuencia de los exámenes;  ii) criterios de examen adecuados para un mecanismo de examen de
la política de competencia;  iii) trato de las recomendaciones anteriores;  iv) composición del grupo dehomólogos;  v) función de los examinadores principales;  vi) participación voluntaria u obligatoria;
vii) consecuencias en materia de costos y recursos;  viii) función y responsabilidades de la Secretaría
y de los Miembros;  ix) relación con el MEPC.  La segunda parte del documento contenía información
detallada sobre cada una de esas cuestiones y criterios para una gama más amplia de mecanismos
existentes.
103. El orador añadió que el Grupo Conjunto, tras examinar los mecanismos de examen por
homólogos, deseaba abordar la cuestión más general de los mecanismos de observancia.  Por ello, el
tercer documento presentaba una serie de mecanismos genéricos de observancia y/o aplicación
existentes en acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales.  Se planteaba si se podían adaptar o
transponer a un conjunto multilateral de normas negociadas en la OMC.  El documento abarcabacuatro conjuntos generales de mecanismos de observancia:  i) los mecanismos de observancia
"flexible" de los buenos oficios, la consulta, la mediación y la conciliación;  ii) el arbitraje;  iii) el
examen por homólogos y iv) el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC.  Esos
sistemas no eran excluyentes y se podían combinar.  El análisis indicaba que tal vez sería necesario
adaptar los mecanismos de observancia en función de las cuestiones de cumplimiento que pudieranplantearse.  Sin sugerir que existía un consenso, podrían ser pertinentes los siguientes tipos de
cuestiones:  i) la inexistencia de una legislación nacional de competencia;  ii) la insuficiencia de una
legislación nacional de competencia (por ejempl o, por no haberse incluido principios fundamentalesWT/WGTCP/M/22
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acordados);  iii) la no aplicación/no observancia de una legislación de competencia;  iv) la aplicación
discriminatoria o no transparente de una legislación de competencia;  y v) la no aplicación de la
prohibición relativa a los cárteles intrínsecamente nocivos.
104. En respuesta a una sugerencia del Presidente, el Grupo de Trabajo acordó que las
tres comunicaciones que había presentado el  observador de la OCDE se publicarían como
documentos "W".
III. POSIBLES ELEMENTOS EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD Y FLEXIBILIDAD
QUE PODRÍAN INCLUIRSE EN UN MARCO MULTILATERAL SOBRE POLÍTICA
DE COMPETENCIA
105. Los representantes de Australia y la Comunidad Europea y sus Estados miembros  presentaron
comunicaciones por escrito relativas a este punto del orden del día (documentos WT/WGTCP/W/232
y 234, respectivamente).  Hicieron declaraciones orales o plantearon cuestiones sobre este tema losrepresentantes de Hong Kong, China, Brasil,
 India , Filipinas , la Comunidad Europea y sus Estados
miembros y la Secretaría .
106. Al presentar la parte correspondiente del documento WT/WGTCP/W/232, el representante de
Australia opinó que en el Grupo de Trabajo se había convenido claramente que en la esfera de la
política de competencia "la talla única no sentaba bien a todo el mundo".  Los conceptos de
progresividad y flexibilidad serían un elemento básico de un posible marco multilateral sobre política
de competencia, particularmente en relación con los países en desarrollo y con aquellos otros que
carecían de una legislación o de una estructura de observancia.  El principio de flexibilidad y la
posibilidad de establecer exenciones se aplicarían a todos los Miembros que tuvieran una legislación
sobre competencia, con sujeción a los requisitos de transparencia y examen periódico.  En cuanto a sila progresividad y la flexibilidad serían un principio fundamental, se trataba de conceptos distintos de
los elementos que habían sido considerados principios fundamentales en el Grupo de Trabajo.
El documento de Australia consideraba los prin cipios fundamentales como elementos absolutos,
mientras que la progresividad y la flexibilidad se referían a cuestiones transitorias y relativas.
Sin embargo, ello no menoscababa su importancia.  Con respecto a la relación entre la política decompetencia y las prioridades de política social e industrial, en el apéndice del documento de
Australia figuraban una serie de ejemplos prácticos sobre la manera en que se aplicaban.
En particular, se constataba que una política de competencia sólida podía coexistir sin problemas con
políticas concebidas para conseguir objetivos sociales e industriales concretos.
107. Al presentar la parte correspondiente del documento WT/WGTCP/W/234, la representante de
la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que desde la Conferencia de Doha, los Miembros
en desarrollo y menos adelantados habían hecho constar su intensa preocupación acerca de la
necesidad de hacer frente a la limitación de capacidad en relación con la aplicación de un acuerdo de
la OMC sobre política de competencia.  Admitió también que muchos Miembros consideraban
necesario buscar fórmulas para adaptar un marco de la OMC y la legislación nacional relacionada a
situaciones especiales.  Los conceptos de "flexibilidad" y "progresividad" atendían esas
preocupaciones.  Ese análisis se podía realizar también en el marco del "trato especial y diferenciado",lo cual no modificaría el contenido.  Se señaló que las cuestiones de la "flexibilidad" y la
"progresividad" afectaban de manera desproporcionada a los países en desarrollo y menos
adelantados.
108. Otro representante de la misma delegación, respondiendo a la observación que había hecho
Australia, convino en que había una diferencia esencial entre "flexibilidad" y "progresividad" por unlado y los tres principios fundamentales que se estaban debatiendo, por otro.  Su delegación también
mantenía reservas sobre la posibilidad de convertir el trato especial y diferenciado en un cuarto
principio fundamental;  se trataba de un concepto di ferente, aplicable a todo el sistema de la OMC, y
que, por otra parte, informaba en su totalidad la propuesta de la CE.  De hecho, la propuesta actualWT/WGTCP/M/22
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relativa a la adopción de un marco multilateral ya incorporaba un alto grado de flexibilidad.
En esencia, solamente propugnaba la incorporación de los tres principios fundamentales y de la
prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos en las legislaciones nacionales, junto con
sanciones que tuvieran el necesario efecto disuasorio.  Se trataba de una ambición modesta pero
importante.  En respuesta a la inquietud de la India de que un marco multilateral penalizaría a losMiembros por la adopción autónoma de una legi slación sobre competencia, el delegado de la CE
indicó que esas leyes de competencia adoptadas de forma autónoma cumplirían automáticamente las
normas establecidas en el marco propuesto, de manera que no cabía plantear la cuestión de la
penalización.  Las exclusiones y exenciones también formaban parte del debate sobre la flexibilidad y
la progresividad, aunque adoptaban una nomenclatura distinta según las jurisdicciones.  Como se
había señalado anteriormente, en el estudio de la Secretaría sobre cuestiones relativas a un posible
marco multilateral sobre po lítica de competencia se determinaban cinco formas distintas en las que
era posible incorporar los objetivos de política industrial en un marco normativo nacional y se podía
evitar cualquier conflicto con la legislación sobre competencia.  Eso reforzaba la convicción de su
delegación de que un marco multilateral sobre política de competencia no limitaría el espacio
normativo de los países en desarrollo para llevar a término otras políticas importantes que también
respondían a sus objetivos sociales, económicos y de desarrollo.
109. Seguidamente, el orador dijo que otra dimensión de la flexibilidad en el marco del acuerdo de
la OMC sería el uso de instrumentos jurídicos regionales en lugar de nacionales.  La Comunidad se
inclinaba de forma natural hacia ese enfoque, pues como era bien conocido las normas regionales de
competencia eran un elemento central del tratado original de la CE y no había sido hasta fecha
reciente cuando todos los estados miembros de la Comunidad habían adoptado su propio régimen decompetencia.  Otros dos ejemplos de acuerdos regionales innovadores eran la CARICOM y el
COMESA.  Las repercusiones de la adopción de un régimen de competencia desde el punto de vista
de los recursos se abordaban tanto en el estudio de Evenett como en el último informe GEP del Banco
Mundial correspondiente a 2003, que facilitaban cifras y argumentos y examinaban cuestiones
relativas al costo y los beneficios netos que se obtendrían a medio y largo plazo.  Ambos documentosindicaban que se conseguirían cuantiosos beneficios en ese horizonte temporal.  En cuanto a la
progresividad, se trataba de una forma concreta de trato diferenciado que se aplicaba a los países que
aún no habían adoptado una legislación nacional sobre competencia o un organismo conexo, o que
habían iniciado el proceso para adoptarlos.  El orador subrayó otras dos cuestiones:  sería necesario
establecer más períodos transitorios tradicionales y, asimismo, adoptar un enfoque nuevo y más
progresivo en relación con la asistencia técnica y la creación de capacidad para que fuera posible
obtener beneficios lo más pronto posible en el pr oceso.  En particular, el Comité de Política de
Competencia de la OMC desempeñaría una función crucial en la labor de generar y materializar el
apoyo para la asistencia técnica y la creación de capacidad.
110. El representante de Hong Kong, China se su mó a la opinión expresada por la Comunidad
Europea y sus Estados miembros (documento WT/WGTCP/W/234) en el sentido de que los principios
fundamentales debían ser de carácter general y que un marco multilateral no debería determinar cómose aplicarían en el marco nacional de competencia.  Se congratuló de la referencia que se hacía en el
documento a un conjunto mínimo de disposiciones multilaterales que influirían y orientarían las
políticas de los Miembros de la OMC en lugar de imponer prescripciones obligatorias.  Sin embargo,
ese criterio no se había seguido en todas las secciones del documento, pues en relación con los
cárteles intrínsecamente nocivos, la Comunidad Europea y sus Estados miembros sugerían quela OMC establecería la forma en que cada uno de los Miembros debería aplicar el marco nacional.
En particular, todos los Miembros deberían promulgar una legislación nacional que prohibiera los
cárteles intrínsecamente nocivos.  Lo cierto era, sin embargo, que el Grupo aún no había acordado
siquiera la definición de "cárteles intrínsecamente nocivos".  De hecho, el mismo enfoque no
prescriptivo debería aplicarse a todos los elementos del posible marco multilateral y los Miembrosdeberían tener libertad para elegir los medios apropiados, legislativos o de otra índole, para cumplir
las obligaciones dimanantes de ese marco, en función de su situación económica y sus objetivos de
política.WT/WGTCP/M/22
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111. El representante del Brasil dijo que los conceptos de progresividad y flexibilidad estaban
intrínsecamente vinculados con el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.
Ese concepto era un elemento central de la OMC y debía aplicarse en la esfera de la competencia.
Las cuestiones relativas a la limitación de capacidad y el alcance y aplicabilidad en el marco general
de la flexibilidad y progresividad afectaban de forma exclusiva o desproporcionada a los países endesarrollo.  En particular, en las deliberaciones sobre las excepciones era preciso tener en cuenta, de
forma equitativa, las diferentes necesidades de los países en desarrollo y desarrollados en materia de
flexibilidad.  Citando nuevamente el texto "(...) la s exclusiones y excepciones ...  [constituyen] una
cuestión muy delicada y compleja entre los países en desarrollo y algunos miembros de la OCDE,
incluida la CE", el representante dijo que esa cuestión era de especial importancia para los países en
desarrollo que no contaban todavía con una legislación nacional sobre competencia o en los que ésta
era relativamente reciente y sin experimentar.  Técnicamente, la progresividad podía entenderse comouna forma de flexibilidad.  Era esencial, por tanto, que se concediera a los países en desarrollo
períodos de transición para cumplir cualesquiera nuevas obligaciones que pudieran dimanar del
proceso.  En realidad, se trataba de una práctica común en la OMC y también debería aplicarse en la
esfera de la competencia.  No obstante, la concesión de períodos transitorios no debería ser el único
aspecto del trato especial y diferenciado.  Las excepciones sectoriales podían revestir especialimportancia para los países en desarrollo cuyas industrias podrían verse afectadas por
vulnerabilidades específicas.  El Grupo debía tener en cuenta que los países desarrollados, con una
larga tradición en el ámbito de la competencia, excluían con frecuencia determinados sectores de la
aplicación de su legislación.  En un trato adecuado de la cuestión había que tener en cuenta que los
países desarrollados y en desarrollo tenían necesidades diferentes en cuanto a las exclusiones.Refiriéndose a los cárteles de exportación, un punto que se había abordado anteriormente pero que
incidía en el debate en curso, equivalían a una licencia para perjudicar a otras economías,
especialmente a los países en desarrollo.  Por ello, el Grupo debía tener cuidado en que ese tipo de
prácticas no pudiera aplicarse al amparo de las excepciones.  El orador subrayó un supuesto básico en
el proceso:  la transparencia era el principio que debería orientar el establecimiento de excepciones.
El trato apropiado de esos conceptos sería fundamental para abordar adecuadamente la dimensión del
desarrollo de la política de competencia.
112. El representante de la India señaló que los documentos de la Comunidad Europea y Australia
contenían una referencia concreta a la India.  La India quería referirse en gran medida a la aplicación
del principio de no discriminación -si debía tratarse de un principio vinculante- a otras esferas de la
política nacional que un país pudiera haber abordado de forma autónoma.
113. El representante de Filipinas aceptó que la obligación básica que la Comunidad Europea y sus
Estados miembros proponían en relación con la flexibilidad era que los Miembros de la OMC
promulgaran en su legislación nacional sobr e competencia la prohibición de los cárteles
intrínsecamente nocivos, en tanto que cualesquiera otras disposiciones sustantivas adicionales serían
una opción de política de cada Miembro.  Había tomado nota de la propuesta de la CE de que las
disposiciones sustantivas de la legislación nacional se basaran en los tres principios fundamentales.Con respecto a la transparencia, se sumó a la afirmación de la CE de que ninguna obligación
multilateral podía determinar los medios para conseguirla.  El representante de la Unión Europea y
sus Estados miembros había dicho que la Comunidad solamente estaba interesada en que existieran
obligaciones respecto del contenido de la legislación.  No obstante, la Comunidad Europea y sus
Estados miembros debían perfilar más las cuestiones relativas a la transparencia en relación con lascuestiones de facto  de la política de competencia, la legislación y la observancia.  En cuanto a la no
discriminación, Filipinas apoyaba particularmente la afirmación de que ese principio no se aplicaría a
decisiones concretas de las autoridades nacionales encargadas de la competencia o de los gobiernos.
El orador pidió que se aclarara la relación de ese enfoque con el concepto más amplio de espacio de
política económica, industrial y de desarrollo, asunto de la mayor importancia para Filipinas.También era crucial la flexibilidad para la aplicación de la legislación sobre competencia.  Tanto si la
legislación se aplicaba mediante decisiones administrativas, o judicialmente, podía haber un costo
ingente y difíciles ajustes institucionales, especialmente en el caso de los países que se encontraban enWT/WGTCP/M/22
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la fase inicial de aplicación de una ley.  Se solicitaba, pues, a la Comunidad Europea y sus Estados
miembros que ofrecieran otros ejemplos que esclarecieran su posición respecto de los principios
fundamentales en un marco multilateral sobre competencia.
114. A continuación, refiriéndose a la cuestión de las exclusiones y exenciones, dijo que la
matización relativa a la agricultura, el hecho de que se hablara de "autorización" en lugar de"exclusiones y exenciones", constituía una decepción para Filipinas.  La Comunidad Europea y sus
Estados miembros parecían minimizar la realidad de la competencia en ese sector.  El sector agrícola
no era sólo una excepción importante, sino también ingente, tal vez demasiado grande para justificar
el empleo de exclusiones como el cuarto procedimiento en el estudio de Evenett para afrontar la
tensión entre la política de competencia y la política industrial.  En consecuencia, se recomendaba al
Grupo que examinara las subvenciones como un instrumento importante de la política y la legislación
sobre competencia.  Con respecto a la progresividad, se hacía una referencia a la diferenciación de losMiembros de la OMC;  la CE utilizaba conceptos como "principalmente los Miembros de la OMC
que aún no han adoptado una ley sobre competencia o no han establecido un organismo encargado de
la competencia." El orador preguntó cómo consideraban la Comunidad Europea y sus Estados
miembros a aquellos Miembros que aunque ya contaban con instituciones, éstas estaban poco
desarrolladas, sin experimentar y necesitadas de experiencia y recursos.  La utilización de conceptoscomo "plazos individualizados" y "planes de aplicación " suscitaba inquietud.  A su parecer, era
prematuro abordar el tema de un Comité de Polí tica de Competencia de la OMC en ese momento.
Por último, señaló una contradicción conceptual existente en el documento.  Por un lado, la
Comunidad Europea y sus Estados miembros hablaban de principios fundamentales y disposiciones
que orientarían la actuación de los Miembros, pero, por otro, decían que no contemplaban laarmonización.  Ahora bien, si se consagraba un co njunto común de principios básicos, por mínimo
que fuera, tal cosa supondría que se habría impuesto un determinado grado de armonización en el
proceso.
115. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, respondiendo a las
preocupaciones que había expresado Hong Kong, China,  dijo que en el ejemplo de la revisión judicial,
su delegación no proponía que se adoptara un enfoque prescriptivo.  Ciertamente, su delegación
opinaba que de una forma u otra debería existir la revisión judicial, pero no proponía que se
determinara cómo habría de llevarse a cabo.  Esas consideraciones se aplicaban también a la cuestión
de la transparencia y reflejaban el enfoque que se había adoptado en otros Acuerdos de la OMC.
En otros términos, su delegación trataba simplemente de garantizar que en la legislación nacional
pertinente figuraran los elementos básicos de la transparencia y la equidad procesal, pero sin indicar la
forma que debían adoptar esos elementos y, desde luego, no perseguía imponer un criterioarmonizado.
116. Otra representante de la misma delegación, al responder a las observaciones de Hong Kong,
China, señaló tres posibles dimensiones de la flexibilidad en el contexto de la prohibición de los
cárteles intrínsecamente nocivos que se había propuesto:  en primer lugar, la aplicación de enfoques
horizontales en lugar de sectoriales;  en segundo lugar, la aplicación y la observancia;  y en tercerlugar, el enfoque legislativo en lugar del administrativo.  En cuanto al primer aspecto, no había razón
alguna por la que un Miembro de la OMC no pudiera aplicar una prohibición de los cárteles
intrínsecamente nocivos sector por sector.  Aunque desde luego eso supondría una mayor carga de
trabajo que una ley horizontal para el Miembro de la OMC, no existía en principio ninguna razón por
la que eso no fuera factible.  Si se decretaba la prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos endeterminados sectores antes que en otros, lógicamente los sectores que no estuvieran abarcados por la
prohibición serían exclusiones.  No obstante, esa cuestión se debía abordar en la fase de negociación;
si el Grupo comenzaba a hablar de exclusiones en ese momento, de hecho estaría iniciando las
negociaciones.  De igual modo, no había razón por la que la aplicación y la observancia debieran
llevarse a cabo mediante la creación de un organismo antimonopolio o de la competencia, aunque éseera para un número creciente de países un sistema eficiente.  Había, sin embargo, otras formas de
hacerlo, por ejemplo concediendo poderes adicionales a un determinado órgano o, también en esteWT/WGTCP/M/22
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caso, sector por sector.  En cuanto al enfoque legislativo frente al administrativo, se refirió a la
cuestión planteada por Hong Kong, China de si la prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos
debería ejecutarse siempre mediante actos legislativos.  A su vez, la representante preguntó cómo se
garantizaría a las partes y a otros Miembros de la OMC que se respetarían de forma indudable y
verificable los principios fundamentales en caso de que una prohibición de los cártelesintrínsecamente nocivos se aplicara por vía administrativa y no legislativa.  Más concretamente, si no
existía un documento legal que reconociera a las partes el derecho a interponer recurso, ¿cómo
podrían confiar las partes en que tenían ese derecho? Ese argumento se aplicaba también a otros
derechos procesales.  Realmente, era difícil concebir que esas garantías se pudieran ofrecer por otros
procedimientos distintos de los legislativos.
117. En relación con las observaciones del representante de Filipinas sobre el sector agrícola, la
oradora indicó que la Comunidad Europea preveía que se aplicaran las normas de la competencia aese sector excepto cuando existían reglamentos concretos que establecían limitaciones en su
aplicación.  Mencionó un ejemplo concreto en el que determinadas empresas habían sido sancionadas
por organizar un cártel respecto de un determinado producto agrícola.  Aclaró asimismo que en la
Comunidad el término "exenciones" no indicaba una "exclusión" total de la aplicación de las normas
de competencia, sino que se utilizaba más comúnmente en el sentido de una "autorización".
118. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, respondiendo a una
pregunta de Filipinas respecto del alcance concreto de la obligación de transparencia propuesta, dijo
que su delegación ya se había ocupado de esa cuestión de forma detallada en la comunicación que
había presentado en noviembre de 2002 (documento WT/WGTCP/W/222).  En términos generales, se
pretendía que se aplicara a las leyes, reglamentos y directrices de aplicación general.
119. En respuesta a una pregunta que había formulado Australia sobre las repercusiones del debate
más amplio que se estaba registrando en la OMC sobre la cuestión del trato especial y diferenciado, el
representante de la Secretaría dijo que el debate había profundizado en diferentes planteamientos
globales de la cuestión del trato especial y diferenciado en los Acuerdos de la OMC.  Además, sehabían abordado distintas propuestas o sugerencias concretas relativas al trato especial y diferenciadoen el marco de la OMC.  Al parecer, no se había formulado ninguna propuesta o sugerencia concreta
en la esfera del comercio y la política de competencia salvo en el contexto del Grupo de Trabajo.
120. El Presidente, al recapitular los debates que habí an tenido lugar sobre lo s puntos I, II y III del
orden del día señaló a la atención, entre otros, los siguientes aspectos, indicando que en ningún caso
pretendía ser una exposición exhaustiva y que se trataba simplemente de impresiones personales sin
valor oficial:
- se habían formulado varias peticiones de que se aclararan diversas cuestiones relativas
a la dimensión exacta de las posibles obligaciones dimanantes de un marco
multilateral sobre política de competencia y su compatibilidad con el programa de
desarrollo.  Se habían facilitado algunas explicaciones;
- se había mantenido un debate fructífero sobre distintos aspectos relacionados con la
discriminación, la transparencia y la equidad procesal, especialmente respecto de laaplicación de esos principios;
- aunque el debate se había centrado principalmente en los cuatro elementos de un
posible marco multilateral sobre política de competencia que se habían establecido
para su aclaración en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, también se
habían mencionado posibles enfoques alternativos respecto de un acuerdo de la OMCen esa esfera.  Por ejemplo, se había hecho referencia a la posibilidad de implantar un
sistema de exámenes por homólogos en la OMC para llevar adelante la labor de la
Organización en el ámbito de la legislación y la política de competencia.  También seWT/WGTCP/M/22
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había señalado la posibilidad de establecer sistemas no vinculantes de cooperación y
un comité de la OMC que promoviera, pero no exigiera, la adopción de leyes
nacionales de competencia.  También se había hecho referencia a la posibilidad de
adoptar un enfoque en dos niveles que comportara obligaciones asimétricas, a la
creación de una base de datos sobre política de competencia y a la integración de laasistencia técnica y la creación de capacidad en países que ya habían iniciado el
proceso de desarrollo;
- en relación con el objetivo de conseguir que el posible acuerdo fuera más eficaz se
había preguntado si la cooperación sería obligatoria (la heterogeneidad en el contexto
de la política de competencia y del desarrollo había dificultado el debate);
- en relación con posibles mecanismos de observancia en un marco multilateral sobre
política de competencia había tenido lugar un debate amplio y profundo.  Muchasdelegaciones se habían referido a los beneficios que podía reportar un sistema de
exámenes por homólogos en la OMC, no sólo como mecanismo de observancia, sino
también como instrumento que facilitara la creación de capacidad y el intercambio de
experiencias nacionales.  Se habían expresado algunas preocupaciones sobre la carga
que un sistema de esas características podría comportar para los países en desarrollo yse habían examinado diferentes sistemas de afrontar dicha carga.  Se habían
formulado distintas opiniones sobre la función y conveniencia de aplicar el
Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC en esa esfera.  Los países en
desarrollo, en particular, seguían mostrando su inquietud al respecto;
- en cuanto a la flexibilidad y la progresividad, todos los participantes en el debate
habían resaltado, como ya se había hecho en reuniones anteriores del Grupo, que el
enfoque único válido para todos no era apropiado en el ámbito de la legislación y la
política de competencia.  En cualquier posible acuerdo de la OMC se debería otorgar
atención preferente a la evidente diversidad de enfoques nacionales sobre esa cuestión
y a las diferencias en cuanto al desarrollo, la dotación institucional y las culturasjurídicas.  En ese contexto se habían expresado distintos puntos de vista sobre la
viabilidad y conveniencia de establecer (posibles) obligaciones vinculantes en
relación con los principios fundamentales, las disposiciones sobre los cárteles
intrínsecamente nocivos y otros posibles elementos de un marco multilateral;
- se habían examinado planteamientos concretos en torno a la flexibilidad y la
progresividad.  Se había señalado, por ejemplo, que la flexibilidad podría comportar
la adopción de enfoques regionales en el caso de los países que decidieran no adoptaruna política de competencia, tal vez para ayudar a afrontar el problema de los
recursos.  Un concepto de flexibilidad de mayor alcance la equiparaba con un enfoque
no preceptivo.  Se había reconocido que la flexibilidad era más urgente en los países
en desarrollo y que se necesitaban instrumentos específicos.
IV. ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD, DE CONFORMIDAD
CON EL PÁRRAFO 24 DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA
121. El representante de Australia presentó la parte correspondiente de una comunicación escrita
que resultaba pertinente para ese punto del orden del día (documento WT/WGTCP/W/232).  Por otra
parte, el Grupo tuvo ante sí una nota que había preparado la Secretaría sobre sus actividades de
asistencia técnica de conformidad con el párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Doha
(documento WT/WGTCP/W/230).  Formularon decl araciones orales o plantearon cuestiones sobre
este tema los representantes de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, el Japón , Egipto  y el
Brasil.WT/WGTCP/M/22
Página 50
122. El Grupo de Trabajo tomó nota de la Nota de la Secretaría sobre sus actividades de asistencia
técnica de conformidad con el párrafo 24 de la  Declaración Ministerial de Doha (documento
WT/WGTCP/W/230).  La nota abarcaba los siguientes aspectos:  i) alcance de las actividades
realizadas y cooperación con otras organizaciones intergubernamentales;  y ii) concepción y
contenido de los talleres y simposios organizados por la Secretaría en esa materia.  En el documentose indicaba que en el período posterior a la Conferencia Ministerial de Doha, la Secretaría había
organizado talleres regionales sobre la relación entre la política de competencia, el desarrollo y el
comercio y había presentado propuestas pertinentes ante la OMC;  además había participado en
talleres similares organizados por la UNCTAD en la mayoría de las regiones del mundo en desarrollo.
123. El representante de Australia, al presentar las partes correspondientes del documento
WT/WGTCP/W/232, indicó que en los párrafos 33 a 36 de dicho documento figuraba un resumen de
las actividades de asistencia técnica a cargo de la Comisión Australiana para la Competencia y elConsumo realizadas recientemente, o pendientes.  En el documento se reseñaban las actividades que
estaba llevando a cabo la Comisión sobre la labor relativa a la aplicación de la política de competencia
en Barbados, Fiji y Tailandia.
124. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que desde la
publicación de la Comunicación de la Comisión Europea sobre la asistencia técnica relacionada con el
comercio en septiembre de 2002, esas actividades de asistencia técnica (en cuyo ámbito figuraba la
asistencia relacionada con la competencia) se estaban integrando en la política de desarrollo de la
Comisión.  Eso significaba que la competencia formaba parte de las esferas prioritarias en la mayor
parte de los países y regiones que recibían asistencia de la Comunidad para el desarrollo.  Tal cosa
permitía a los países y regiones beneficiarios solicitar asistencia técnica en materia de política decompetencia, aunque no la imponía.  El orador señaló a la atención del Grupo de Trabajo que el
noveno Fondo Europeo de desarrollo para los países africanos, del Caribe y el Pacífico se estaba
haciendo efectivo, con un presupuesto plurianual de 13.500 millones de euros, y que ofrecía la
posibilidad de solicitar asistencia técnica para asuntos relacionados con la competencia.
125. El representante del Japón señaló que su país había presentado un orador en casi todos los
talleres organizados en Asia que se enumeraban en el anexo 1 de la Nota de la Secretaría (documento
WT/WGTCP/W/230).  El orador mencionó varias actividades de asistencia técnica que había
organizado recientemente su país, entre ellas cursos y talleres anuales de capacitación sobre
legislación y política de competencia con Viet Na m y Malasia, en 2003, a semejanza de un seminario
organizado en Tailandia en 2002.  La Comisión de Comercio Leal del Japón había establecido un sitio
Web sobre el tema "Foro de Asia Oriental sobre la política de competencia".10  El sitio contenía
diversos documentos en los que se reseñaban las novedades relativas a la aplicación de la política decompetencia en la región a nivel nacional, así como otras cuestiones de interés para el Grupo de
Trabajo.
126. El representante de Egipto expresó su agradecimiento a la Secretaría por haber organizado, en
cooperación con el Gobierno de Egipto, un taller regional sobre comercio y política de competencia
dirigido a los países de la región árabe y de Oriente Medio, que había tenido lugar en El Cairo acomienzos de mayo.  Habían participado 14 expertos de países árabes.  El nivel de participación de su
país en el taller reflejaba la importancia que atribuía a la política de competencia.  Ésta era necesaria
para el desarrollo y complementaba otros instrumentos de política social, económica, industrial y
cultural.  La asistencia técnica era fundamental para que los países árabes pudieran desarrollar su
capacidad en esa esfera y para promover la cultura de la competencia en el país, especialmente entrela comunidad empresarial.  El taller organizado por la Secretaría había contribuido a fomentar la
concienciación sobre la importancia de la política de competencia como instrumento para conseguir el
progreso económico.  Egipto estaba ultimando su legislación nacional sobre competencia y
                                                     
10 Véase http://www2.jftc.go.jp/eacpf/01_01.html.WT/WGTCP/M/22
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participaba activamente en la elaboración del marco regional de competencia del COMESA.  La
importancia de la legislación en materia de competencia también se había reconocido en el acuerdo
por el que se establecía la zona de libre comercio árabe.
127. A continuación, añadió que Egipto había establecido un grupo nacional de coordinación
interinstitucional sobre cuestiones relacionadas con la OMC, con un subcomité cuyo cometido eraexaminar las diversas cuestiones que se habían planteado durante las deliberaciones del Grupo de
Trabajo.  La conclusión general de Egipto era que un conjunto uniforme de normas de competencia no
respondería a las necesidades de los países en desarrollo.  En vista de ello, los debates deberían
centrarse en la forma de conseguir que la competencia pudiera contribuir al desarrollo económico de
los países en desarrollo, especialmente de aquellos que no contaban todavía con una legislación
nacional sobre competencia.  Las actividades permanentes de asistencia técnica y creación de
capacidad facilitarían la participación efectiva de Egipto y otros países en desarrollo en los debates
sobre ese tema.  El Programa de Doha para el Desarrollo había puesto de relieve que las actividades
de asistencia técnica y de creación de capacidad debían orientarse a ayudar a los Miembros en
desarrollo a conseguir los conocimientos técnicos necesarios para analizar más ajustadamente la
relación entre la política de competencia y el desarrollo económico del mercado y para evaluar las
repercusiones de un futuro marco multilateral sobre política de competencia en su propio desarrollo,antes de adoptar una decisión, por consenso explícito, sobre las modalidades de las negociaciones que
se iniciarían después de la Quinta Conferencia Ministerial.  En ese orden de cosas, Egipto se
congratulaba de que las actividades de asistencia técnica de la OMC, la UNCTAD y otras
organizaciones, así como las que llevaban a cabo otros Miembros de forma bilateral, estuvieran mejor
orientadas.
128. El observador de la UNCTAD recordó el mandato de Doha, que invitaba a "otras
organizaciones intergubernamentales pertinentes, in cluida la UNCTAD" a brindar asistencia técnica y
apoyo para la creación de capacidad a fin de que los países en desarrollo y menos adelantados
"puedan evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha".
Posteriormente, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia dela UNCTAD había solicitado a la Secretaría de la UNCTAD que estableciera una cooperación
estrecha con la Secretaría de la OMC en esa esfera.  En ese sentido, la UNCTAD ya había realizado el
año anterior una primera ronda de cuatro seminarios regionales en estrecha cooperación con la OMC,
cuyos resultados se sintetizaban en un informe consolidado que se había puesto a disposición del
Grupo de Trabajo en mayo de 2002 (documento WT/WGTCP/W/197).  Asimismo, había participado
en varios talleres organizados por la Secretaría de la OMC.  En 2002, ambas secretarías habían
seguido participando activamente en las reuniones y talleres de cada una de las dos organizaciones.Por su parte, la UNCTAD estaba organizando cuatro nuevas reuniones regionales "post Doha" sobre
legislación y política de competencia, tres de las cuales ya habían tenido lugar (en Kuala Lumpur,
Nairobi y Sao Paulo, dirigidas a países de Asia, África y América Latina, respectivamente).  La cuarta
de esas reuniones se celebraría en breve en Tashkent (Uzbekistán), y se dirigiría a países Miembros de
Europa Oriental y la CEI.  En el período de sesiones de julio del Grupo Intergubernamental deExpertos en Derecho y Política de la Compet encia de la UNCTAD (2-4 de julio de 2003) se
presentaría un informe consolidado de esas reuniones.
129. El observador de la OCDE dijo que en su mayor parte la asistencia que brindaba esa
Organización era a largo plazo y se centraba en lo indicado en el párrafo 25 de la Declaración
Ministerial de Doha (documento WT/MIN(01)/DEC /1), pero no se refería a los aspectos que se
contemplaban en el párrafo 24 de la Declaración.  La  asistencia que prestaba la OCDE para elaborar y
aplicar las leyes de competencia favorecía la eficiencia económica en los países beneficiarios,
preparándolos mejor para que pudieran llegar a ser protagonistas importantes en el comercio
internacional.  Se habían celebrado tres foros mundiales sobre la competencia (el último en febrero
del año en curso), en los que se habían abordado cuestiones relativas al desarrollo económico y a otrosasuntos pertinentes para la labor del Grupo.  Revestía particular pertinencia respecto del párrafo 24 el
reciente Foro Mundial sobre el Comercio y la Política de Competencia que había tenido lugar losWT/WGTCP/M/22
Página 52
días 15 y 16 de mayo y al que habían asistido 33 países no pertenecientes a la OCDE (así como las
delegaciones de los países integrados en la organización).  También habían participado la Secretaría
de la OMC, la UNCTAD y el Banco Mundial.  El pr ograma se había centrado en el mandato de Doha
relativo al comercio y la política de competencia y se habían celebrado sesiones específicas
relacionadas con los principios fundamentales, las disposiciones sobre los cárteles intrínsecamentenocivos, las modalidades de cooperación voluntaria, la creación de capacidad y los mecanismos de
observancia.  Otros dos temas habían informado los debates:  el trato especial y diferenciado y el
ámbito de aplicación de la legislación sobre competencia.  Se estaba preparando una amplia
documentación sobre el Foro Mundial que resultaría de interés a los miembros del Grupo para los
preparativos de la Conferencia de Cancún y que  se incluiría en el sitio Web de la OCDE
(www.oecd.org).  En el reciente Foro Mundial, los países en desarrollo habían pedido insistentemente
una mayor y mejor asistencia técnica en esa esfera.  La asistencia se debía prestar a largo plazo y paraser eficaz debía ir más allá de la formación de las autoridades de la competencia y tratar de educar a
las autoridades públicas en general (tribunales, medios de comunicación, empresas y organizaciones
de consumidores).  Finalmente, se había hecho referencia a la reciente publicación de un informe
importante dirigido al Consejo de la OCDE y que llevaba por título Hardcore Cartels: Recent Progress
and Challenges Ahead.
11
130. A continuación, respondiendo a una pregunta del re presentante de Australia, el observador de
la UNCTAD dijo que la Organización publicaría en breve dos estudios pertinentes para la labor del
Grupo de Trabajo, el primero sobre los principios  fundamentales a cargo del Profesor Mathis, y el
segundo sobre los intereses de los países en desarrollo en relación con las negociaciones sobre los
cárteles intrínsecamente nocivos y cuyo autor era el Dr. Simon Evenett.
131. El representante del Brasil expresó a la UNCTAD el agradecimiento de su delegación por la
organización del taller que había tenido lugar en abril de 2002 en Sao Paulo y en el que había
participado la Secretaría de la OMC.
V. OTROS ASUNTOS, INCLUIDO EL INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS Y
LEGISLACIONES NACIONALES
A. INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS NACIONALES
132. El Presidente recordó que en la reunión del Grupo de Trabajo celebrada los días 20 y 21 de
febrero se había pedido a la Secretaría (documento (WT/WGTCP/M/21, párrafo 136) que preparara
una versión actualizada del documento titulado "Reseña de la legislación nacional de los Miembros en
materia de competencia" (WT/WGTCP/W/128/Rev.2, de fecha 4 de julio de 2001).  La Secretaría
había comenzado a trabajar sobre la actualización y se pondría en contacto con algunos Miembros
para confirmar determinados detalles de su legislación nacional cuando ésta no estuviera clara.El documento se publicaría después de la reunión.  Para facilitar ese cometido, se invitaba a las
delegaciones que aún no lo hubieran hecho a que presentaran a la Secretaría su legislación nacional.
133. El representante de Australia manifestó que su país había llevado a cabo recientemente un
examen de las disposiciones relativas a la competencia contenidas en la Ley de Prácticas Comerciales
de 1974, la principal ley de la competencia en Australia.  El examen, que había sido encargado por elPrimer Ministro 18 meses antes, se ocupaba de una serie de cuestiones generales relativas a la
aplicabilidad e idoneidad de la ley, incluso sus repercusiones sobre la capacidad de las empresas
australianas para competir a escala mundial, a la luz de elementos tales como los efectos de la
globalización.  Se prestaba atención a los diferentes intereses afectados por las disposiciones en
materia de competencia, especialmente el sector de las grandes empresas, el sector de las pequeñasempresas y los consumidores.  El examen era un  estudio independiente dirigido por un antiguo
                                                     
11 OCDE, Hardcore Cartels:  Recent Progress and Challenges Ahead (París:  2003).WT/WGTCP/M/22
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magistrado del Tribunal Supremo de Australia y para su elaboración se había contado con numerosas
comunicaciones y aportaciones de representantes de grupos interesados.  El informe final basado en el
examen ponía de relieve que la finalidad de las disposiciones sobre competencia era proteger el
proceso competitivo más que a competidores particulares.  También resaltaba las ventajas de un
enfoque global de la legislación sobre competencia, que era y debía ser considerada como unelemento distinto de la política industrial o de la legislación orientada al sector industrial.
En conjunto, el informe concluía que la ley de la competencia de Australia había sido muy útil para la
población de Australia.  La Ley había mantenido un entorno competitivo en términos de servicio y
precios y había logrado un equilibrio adecuado entre la prohibición de conductas anticompetitivas y el
fomento de la competencia.  La mayor parte de las recomendaciones concretas que contenía el
informe se referían al perfeccionamiento de distintos aspectos de la legislación pero no sugerían
cambios fundamentales de orientación.
12
134. El representante de Marruecos dijo que la ley de competencia de su país (Ley Nº 06/99)
ilustraba el tipo de flexibilidad necesaria para la aplicación de la política de competencia en los países
en desarrollo y había permitido conseguir tres objetivos básicos:  i) crear un entorno favorable a la
inversión facilitando el acceso a todos los sectores y mercados.  Tal cosa se había conseguido
eliminando obstáculos públicos y privados a la entrada en el mercado y promoviendo el desarrollo delas pequeñas y medianas empresas;  ii) mejorar los resultados y la competitividad de las empresas
presentes en Marruecos para exhortarlas a competir en términos de igualdad con competidores
extranjeros en mercados exteriores.  Eso permitía a las empresas desarrollar una "masa crítica" para
poder conseguir economías de escala.  De todas formas, era importante vigilar la concentración de
operaciones y las tendencias a la monopolización, que podían dar lugar a un abuso de posicióndominante e incidir, por tanto, en la competencia libre y leal;  iii) proteger a los consumidores frente a
unos precios excesivos resultantes de los cárteles y del reparto del mercado.  Aunque esos objetivos
pudieran parecer contradictorios, no lo eran.  Por definición, los precios se determinaban por la
interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda y lo que era crucial era que esas fuerzas
funcionaran de forma legal, transparente y equitativa.  De hecho, debido a la diversidad de agenteseconómicos y la complejidad de las conductas, el funcionamiento de los mecanismos del mercado
estaba afectado en muchos casos por prácticas dudosas.  El modelo de competencia pura y perfecta no
era más que una visión mental y un ideal que se debía tratar de conseguir.  Para tener en cuenta todos
los objetivos que había mencionado (eficiencia, resultados, competitividad, promoción de las PYME y
bienestar del consumidor) era necesario que existiera una ley de competencia que persiguiera la
competencia perfecta y adoptar una política de competencia ajustada a las condiciones de cada
economía.  Ese planteamiento llevaba a las autoridades nacionales a establecer una lista deprioridades:  i) hacer frente a la fijación de precios y el reparto del mercado aplicando la legislación
sobre competencia;  ii) abrir los monopolios a la competencia eliminando los obstáculos al acceso a
los mercados y el abuso de la posición dominante;  iii) luchar contra las concentraciones económicas.
Promover un mercado competitivo aplicando al mismo tiempo una política industrial que diera lugar a
privilegios y protección para determinados sectores constituía un auténtico dilema.  El debate se habíacerrado mediante la adopción de una ley de fusiones con umbrales elevados de control del mercado
(el 40 por ciento).  La legislación también contenía una serie de exenciones de la prohibición de los
cárteles y del abuso de posición dominante cuando se basaban en el concepto del progreso económico
y el aumento de la eficiencia.  De esa forma se había conseguido un equilibrio apropiado entre la
prevención de las prácticas anticompetitivas y la necesidad de dejar un margen apropiado para lanecesaria reestructuración industrial.  Marruecos estaba interesado en intercambiar su experiencia con
otros países que habían iniciado el proceso de prep arar o introducir leyes nacionales de competencia.
                                                     
12 Se puede obtener una información más detallada en Internet, en la dirección
http://www.treasurer.gov.au/tsr/content/pressreleases/2003/021.asp.WT/WGTCP/M/22
Página 54
B. SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES INTERNACIONALES DE QUE SE
LES RECONOZCA LA CONDICIÓN DE OBSERVADORAS
135. El Grupo de Trabajo acordó volver a ocuparse de las solicitudes formuladas por el SELA, la
Organización de la Conferencia Islámica, el South Centre y la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEALC) en su próxima reunión, teniendo
presentes las novedades que pudieran registrarse en asuntos conexos en el marco del Consejo General.
C. PREPARACIÓN DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO AL CONSEJO GENERAL
CORRESPONDIENTE A 2003
136. Con respecto a la preparación del informe del Grupo de Trabajo al Consejo General
correspondiente a 2003, el Grupo decidió que el informe se elaborara a semejanza de los que se
habían preparado entre 1998 y 2002, es decir, que presentara una síntesis sustantiva de la labor
realizada por el Grupo a lo largo del año, pero sin formular conclusiones ni recomendaciones.La adopción del informe se efectuaría mediante un procedimiento escrito, con la posibilidad de que el
Presidente convocara una breve reunión si fuera necesario.
__________