RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/PRT/1
7 de junio de 1999
(99-2283)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  francés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA
PORTUGAL1
El presente documento reproduce las preguntas formuladas a la delegación de Portugal en la
reunión del Consejo celebrada del 17 al 21 de noviembre de 1997 y las respuestas que recibieron
mediante comunicaciones de 19 de abril, 20 de mayo y 28 de mayo de 1999.2
_______________
I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
La autoridad competente es la Dirección General de Aduanas.  Puede presentarse una
solicitud de intervención, fundada en el Reglamento  (CE) Nº 3295/94, ante esa Dirección General, en
Lisboa, o en sus delegaciones en el país.
2. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.
Se trata de una materia de competencia de las autoridades judiciales (tribunales judiciales
ordinarios).
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará re ferencia en adelante como "Demanda"), por el
que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan eldespacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que se
sospeche que los infringen?
En cuanto a los procedimientos que deben aplicarse en frontera por las autoridades aduaneras
contra las mercancías de las que se sospecha que son falsificadas o piratas, únicamente a través de los
mecanismos previstos en los artículos 51 y 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
                                                     
1 En lo que respecta a las leyes y reglamentos correspondientes a las materias en examen que Portugal
notificó con arreglo al párrafo 2 del artículo 63 del Ac uerdo, corresponde hacer referencia a los documentos
IP/N/1/PRT/1 e IP/N/6/PRT/1.
Lista de las abreviaturas empleadas:
CPC - Código de Procedimiento CivilCPP - Código de Procedimiento PenalCPI - Código de la Propiedad IndustrialCC - Código Civil.
2 Las actas de la reunión se han distribuido en el documento IP/C/M/16.IP/Q4/PRT/1
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4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda",
conforme a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Reglamento Nº 3295/94 dispone que el servicio aduanero al que se haya presentado una
demanda informará inmediatamente al solicitante si hace lugar o no a su demanda.  Esta informacióndebe suministrarse por escrito con la mayor rapidez posible.
5. Sírvanse explicar cuál es el plazo de vigencia de la Demanda.
La demanda es válida durante seis meses, prorrogables a solicitud del titular de los derechos o
de su representante.
6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
Se aplica un impuesto que varía en función del plazo de validez de la demanda.
7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y resumir el contenido de esas disposiciones.
Las decisiones sobre el fondo del asunto son de competencia de los tribunales ordinarios
(civiles y penales).  Véanse las respuestas de Portugal a la Lista de cuestiones sobre la observancia.
3
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las m ercancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En el plano administrativo, las autoridades aduaneras, en caso de duda, deben ponerse en
comunicación con el titular de los derechos o su representante en Portugal a fin de permitirleconfirmar si las mercancías en cuestión son o no mercancías falsificadas.
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho
para libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en
relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en elartículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Los funcionarios y agentes de la administración central y local pueden incurrir en
responsabilidad fundada en que sus actos u omisiones violan sus obligaciones, régimen previsto por el
Decreto-Ley Nº 24/84, de 16 de enero.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para librecirculación, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio
prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 9.
                                                     
3 Documento IP/N/6/PRT/1.IP/Q4/PRT/1
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11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de de rechos cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58
del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 9.
12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y
consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" las mercancías que infringen
derechos de propiedad intelectual, o de las que se  sospecha que los infringen, así como en el caso
en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores
según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
Al titular de derechos, a su solicitud, se le informa por la Oficina de Aduanas o el servicio que
se ha ocupado de la demanda del nombre y dirección de l declarante, si son conocidos, del destinatario,
a fin de que pueda someter el asunto a las autoridades competentes en cuanto al fondo.  Esas
informaciones deben ajustarse a las disposiciones relativas a la protección de los datos personales, el
secreto comercial e industrial y el secreto profesional y administrativo.
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
La protección de la información confidencial se rige por las disposiciones relativas a la
protección de los datos personales, el secreto comercial e industrial y el secreto profesional y
administrativo.
14. Sírvanse explicar los procedimientos para las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competentes sobre la ba se de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
En un procedimiento seguido de oficio, las autoridades aduaneras deben:  i) suspender el
despacho de aduana;  o ii) retener las mercancías durante un plazo de tres días hábiles.  Durante eseplazo el titular de los derechos debe presentar una solicitud de intervención.
Si la autoridad competente ha actuado sobre la base de una solicitud de intervención, debe
notificarlo al titular de los derechos.
Si en los diez días hábiles siguientes a la notificación de la medida no se informa a la
autoridad aduanera de que el asunto ha sido sometido a la autoridad judicial competente respecto del
fondo, o de que esa autoridad judicial ha adoptado medidas provisionales, se otorga el despacho de las
mercancías.
15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La denegación de la solicitud de intervención por las autoridades aduaneras puede ser objeto
del recurso jerárquico.
Si se ha promovido un procedimiento acerca de l fondo, cabe el recurso de apelación conforme
a las disposiciones del derecho penal portugués.  Toda persona jurídica a la que cause agravio la
decisión dictada en primera instancia puede interponer apelación.IP/Q4/PRT/1
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16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equivalente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al
demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
No existe un método particular de cálculo.
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
Los gastos son de cargo del titular de los derechos.
18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales"
en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca
de fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
En virtud del Reglamento (CE) Nº 3295/94, la reexportación de mercancías con usurpación de
marca nunca es posible sin modificarlas.
19. Sírvanse designar las leyes y ordenanzas, indicando sus disposiciones, en que se
prescribe la suspensión del despacho de las mercancías que infringen derechos de propiedad
intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, como lo estipula el artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase el Reglamento Nº 3295/94, que es directamente aplicable en Portugal, y el Decreto-Ley
Nº 161/95, de 24 de enero, por el que se aprobó el Código de la Propiedad Industrial.
20. Sírvanse indicar qué derechos de propiedad intelectual se protegen sobre la base de la
Demanda presentada por un titular de derechos.
Se protegen los siguientes derechos de propiedad intelectual:  derecho de autor y derechos
conexos, derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio, logotipos, denominaciones de
origen e indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales.
21. Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar el
solicitante al presentar una Demanda.
La demanda presentada por el titular de derechos o su causahabiente debe contener un
fundamento de su titularidad y una descripción de las mercancías.  En los casos de demandas
presentadas por un mandatario debe agregarse también un poder.
22. Sírvanse explicar las medidas que las autoridades judiciales pueden disponer en relación
con el derecho de autor y los derechos conexos, las patentes, los dibujos y modelos industriales,
las marcas de fábrica o de comercio y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos
integrados, incluyendo los mandamientos judiciales, la indemnización de daños y perjuicios, la
condena al pago de los gastos y la destrucción u otra forma de eliminación de las mercancíasinfractoras y los materiales y accesorios utilizados para su producción.
En aplicación de los artículos 382 a 392 del Código de Procedimiento Civil, las autoridades
judiciales pueden disponer medidas provisionales.  Además, y también en los casos relativos a la
observancia de los derechos, las autoridades judiciales pueden ordenar medidas de reparación:IP/Q4/PRT/1
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- Mandamientos judiciales (Decreto-Ley Nº 409/93, de 10 de diciembre, aplicable
también a los derechos de propiedad intelectual);
- Indemnización de daños y perjuicios (artículos 566 y siguientes del Código Civil);
- Destrucción de las mercancías infractoras de un derecho de propiedad intelectual y de
los materiales y accesorios utilizados para su producción (artículos 178 y 186 delCódigo de Procedimiento Civil y artículo 201 del Código de Derecho de Autor y
Derechos Conexos).
23. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
constituye una reparación adecuada del daño sufrido por éste, y qué criterios y método de
cálculo determinan la cuantía de la indemnización.
El régimen de indemnización está previsto en el Código Civil (artículos 562 y siguientes),
cuyo principio fundamental establece la restitución de la situación tal como si no hubiera tenido lugar
el perjuicio.
24. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
incluye los gastos de investigación y los honorarios de los abogados que sean procedentes.
La indemnización no comprende los gastos de los procedimientos ni los honorarios de los
abogados.
25. Sírvanse indicar en qué grado han estimado los tribunales la cuantía de la
indemnización por daños y perjuicios desde el 1º  de enero de 1996.  Sírvanse explicar si la
cuantía de la indemnización constituye una repar ación adecuada del daño sufrido por el titular
de los derechos, y en qué forma se ajustan esos procedimientos civiles al artículo 45 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
A esta altura carecemos de datos disponibles para responder a la pregunta.  No obstante, esta
cuestión es de competencia exclusiva del juez del tribunal que actúa en cada procedimiento, conforme
a los límites impuestos por el Código Civil.
26. Sírvanse explicar la naturaleza y la cuantía de las sanciones (penas de prisión o multas)
en los asuntos penales.  Sírvanse explicar igualmente si esas sanciones están en conformidad con
el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la imposición de sanciones
suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por
delitos de gravedad correspondiente.
Estimamos que las sanciones penales previstas -penas de prisión (de hasta tres años de
duración) y multa- cumplen las exigencias del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
1. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos
de propiedad intelectual a que se refiere el Acu erdo.  Sírvanse describir la estructura de losIP/Q4/PRT/1
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procedimientos judiciales y administrativos4 de Portugal en que las partes pueden hacer valer
su derecho de propiedad intelectual a nivel local, provincial y nacional, indicando la
competencia de cada tipo de tribunal u órgano administrativo y explicar las relaciones, si las
hubiere, entre los diversos tipos de tribunales y órganos administrativos.  Sírvanse citar las leyes
y otras disposiciones por las que se establece la estructura, con referencia a cada tipo detribunal y órgano administrativo.
Los procedimientos judiciales y administrativos para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual se aplican por la Inspección General de Actividades Económicas
(procedimientos administrativos), y por los fiscales y tribunales (procedimientos judiciales).
La legislación aplicable en esta materia es la siguiente:
- Código de Derecho de Autor y Dere chos Conexos, Decreto-Ley Nº 63/85,
de 14 de marzo, con las modificaciones del Decreto-Ley Nº 114/91, de 3 deseptiembre;
- Código de la Propiedad Industrial, Decretos-Leyes Nº 15/95 y 16/95, de 24 de enero;
- Régimen general de las infracciones, Decreto-Ley Nº 433/82, de 27 de octubre, y
Decreto-Ley Nº 244/95, de 14 de septiembre;
- Infracciones contra la economía y la salud pública, Decreto-Ley Nº 28/84, de
20 de enero;
- Organización interna de la Inspección General de Actividades Económicas,
Decreto-Ley Nº 269-A/95, de 19 de octubre;
- Organización interna del Ministerio Público, Ley Nº 47/86, de 15 de octubre;
- Organización interna de los tribunales judiciales, Ley Nº 38/87, de 23 de diciembre;- Código de Procedimiento Civil, Decreto-Le y Nº 239-A/95, de 12 de diciembre, con
las modificaciones del Decreto-Ley Nº 180/96, de 25 de septiembre;
- Código de Procedimiento Penal, Decreto- Ley Nº 78/87, de 17 de febrero, con las
modificaciones del Decreto-Ley Nº 317, de 28 de noviembre;
- Código de Gastos Judiciales, Decret o-Ley Nº 224/96, de 11 de noviembre.
2. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia en cada uno de los tribunales y órganos
administrativos mencionados en la respuesta a la pregunta 1 y citar las disposiciones legales por
las que se han establecido esos procedimientos.
Los procedimientos son los mismos con independencia de la nacionalidad de la parte, y las
leyes aplicables son las mencionadas.
3. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales y órganos administrativos mencionados en la
                                                     
4 Estas preguntas se refieren tanto a la observancia ju dicial como a la administrativa de los derechos de
propiedad intelectual, habida cuenta del artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/PRT/1
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respuesta a la pregunta 1 que no se exija de un nacional de Portugal, o de un residente en él, y
citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.
La legislación procesal portuguesa no establece ninguna distinción en lo relativo a la
nacionalidad de las partes.
4. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula el establecimiento de sa lvaguardias contra el abuso de los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia, previéndose que se indemnizará adecuadamente por el daño
sufrido a causa de tal abuso.  Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes de
Portugal a fin de evitar el abuso de los procedimientos judiciales y administrativos y de
indemnizar por los daños sufridos como resultado de tal abuso y citar las disposiciones legales
relativas a dichos medios.
Los funcionarios y agentes de la administración central y local pueden incurrir en
responsabilidad fundada en violación de sus obligaciones, por acción o por omisión (régimen previsto
en el Decreto-Ley Nº 24/84, de 16 de enero).  Las sanciones aplicables se determinan en función de la
naturaleza de la infracción y la responsabilidad del agente, sin perjuicio de la aplicabilidad de las
sanciones previstas en el Código Penal.
5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entre otras cosas, al costo de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sí rvanse informar acerca de cualesquiera tasas
cobradas por las autoridades judiciales y administrativas para iniciar las acciones legales en
materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar
las disposiciones legales en las que se establecen dichas tasas y suministrar copias de los
documentos utilizados para informar al público acerca de ellas.
No existen disposiciones específicamente referentes al costo de los procedimientos, que varía
especialmente según la complejidad del asunto y el número de partes interesadas.
Los artículos 1 y 32 del Decreto-Ley Nº 224-A/96, de 26 de noviembre (Código de Gastos
Judiciales) y los artículos 446 a 459 del CPC (Código de Procedimiento Civil) establecen las reglas
generales en esta materia.
En particular, el pago de los gastos del asunto corresponde por regla general a la parte
perdedora, conforme al artículo 446 del CPC.  Los gastos correspondientes a honorarios de los
mandatarios judiciales también pueden imponerse por la sentencia judicial, cuando así lo solicita la
parte vencedora (artículo 454 del CPC).
La garantía de pago de los gastos se rige por el artículo 455 del CPC.
6. En el párrafo 2 del artículo 41 se trata asimismo de la rapidez de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sírvanse citar las disposiciones legales por las quese establecen los plazos para los procedimientos judiciales y administrativos y, si aún no se ha
hecho, proporcionar copias de las leyes o reglamentos pertinentes.
Puede incoarse un procedimiento judicial durante todo el plazo de validez de los derechos de
propiedad intelectual.
Las leyes mencionadas en la respuesta a la pregunta 1 establecen otros plazos.
7. Sírvanse explicar cualesquiera disposicione s del sistema de observancia de Portugal que
garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sí rvanse explicar qué disposiciones existen a finIP/Q4/PRT/1
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de evitar las demoras deliberadas en que incurr an las partes en un procedimiento e indicar las
circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
El artículo 266 del CPC consagra un principio general de cooperación, que determina una
obligación de celeridad de los procedimientos.
En particular, en materia de procedimientos penales, la ley establece desde 1988 un
mecanismo de aceleración del procedimiento en los artículos 108 y 109 del CPP (Código de
Procedimiento Penal), conforme al cual la víctima puede pedir, cuando no se cumplen los plazos
legales, que la instancia superior establezca una fecha para que se dicte la sentencia correspondiente.
8. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las
decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar
mejor el razonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo
de tribunal u órgano administrativo mencionado en la pregunta 1, si los jueces o funcionariosadministrativos deben presentar sus decisiones por escrito y citar las disposiciones legales en
que se requieren esas opiniones escritas.
En el sistema jurídico portugués todas las decisiones judiciales deben dictarse por escrito.
9. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de
un caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes laoportunidad de ser oídas.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal u órgano
administrativo mencionado en la pregunta 1, qué factores pueden ser tenidos en cuenta por un
juez o un funcionario administrativo al adoptar una decisión y citar las disposiciones legales que
establecen la base sobre la cual pueden adop tar sus decisiones los jueces y funcionarios
administrativos.
Conforme al CPC (párrafo 2 del artículo 659), la decisión del juez debe fundarse en los
hechos y el derecho, bajo pena de nulidad de lo resuelto (apartado b) del párrafo 1 del artículo 668).
10. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán
obligados a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judiciales y
administrativas en los procedimientos de obser vancia de los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse describir qué limitaciones jurídicas, si las hubiere, se imponen a la capacidad de una
de las partes en un procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual para
lograr que otra autoridad judicial proceda a la revisión tanto de las decisiones en materia de
procedimiento como de las decisiones finales, y citar las disposiciones legales en que se estipulan
dichas revisiones.
En lo referente a la protección de los derechos de propiedad intelectual no existen
restricciones a la posibilidad de recurrir contra las decisiones judiciales o administrativas.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
11. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los procedimientos seguidos en cada tipo de tribunal y órgano
administrativo mencionado en la pregunta 1 para notificar a las partes demandadas losprocedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información comunicada acerca
del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen estos
procedimientos.IP/Q4/PRT/1
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Las disposiciones sobre comunicación y notificación a los demandados figuran en los
artículos 228 a 263 del CPC.
12. En el artículo 42 se estipula también que las partes en los procedimientos de observancia
de los derechos de propiedad intelectual podrán  estar representadas por un abogado y no se les
impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales.
Sírvanse describir cualesquiera limitaciones que existen con arreglo a las leyes de Portugal a la
capacidad de una de las partes en dicho procedimiento para estar representada por un abogado
independiente y cualquier obligación que se imponga a la parte para que comparezca
personalmente en un procedimiento.  Sírvanse citar las disposiciones legales por las que se
establecen dichas limitaciones y se imponen esas obligaciones.
Posibilidad de representación (mandatario):  artículos 72 a 74 del Código de Derecho de
Autor y Derechos Conexos y artículo 35 del CPC.
Obligación de hacerse representar por un abogado en la mayor parte de los asuntos
(artículos 32, 43 y 44 del CPC).
Las normas de procedimiento civil permiten la representación de las partes.  En este sentido,
no es obligatoria la comparecencia personal del titular de derechos ante el tribunal.
En materia penal, por el contrario, se encuentra establecido el principio de la presencia
obligatoria del acusado ante el tribunal.
13. Con arreglo al artículo 42, las partes estarán facultadas para sustanciar sus alegaciones
y presentar las pruebas pertinentes.  Sírvanse describir cualesquiera limitaciones previstas en
las leyes de Portugal a la capacidad de una de las partes de sustanciar una alegación o de
presentar pruebas pertinentes y citar las disposiciones legales que establecen dichaslimitaciones.
En determinadas condiciones, la autoridad judicial puede limitar el acceso a los elementos de
prueba presentados (CPC y Código de Sociedades Comerciales).
El artículo 3 del CPC establece el principio del procedimiento contradictorio, conforme al
cual el juez no puede resolver las cuestiones de derecho ni de hecho a menos que las partes hayantenido posibilidad de pronunciarse respecto de ellas, y sólo establece limitaciones con carácter
excepcional.
El artículo 2 del mismo Código establece garantías de acceso de las partes a los tribunales.
14. En el artículo 42 se estipula, con una pequeña excepción, que deberán preverse medios
para identificar y proteger la información confid encial durante los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.  Sírvanse describir los
medios previstos en las leyes de Portugal para que las partes identifiquen y protejan lainformación confidencial que debe presentarse a fin de probar sus alegaciones y citar las
disposiciones legales en que se establece dicha identificación y protección.
El párrafo 3 del artículo 618 del CPC consagra la posibilidad de que las personas se excusen
de prestar testimonio ante la justicia cuando estén obligadas al secreto profesional, al secreto de los
funcionarios y al secreto de Estado, en lo re lativo a los hechos alcanzados por el secreto.
15. En el párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que las
autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que una de las partes en unIP/Q4/PRT/1
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procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual aporte la prueba
pertinente que se encuentre bajo su control y que  haya sido identificada por la parte contraria
cuando esta última haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga para
sustentar sus alegaciones.  Sírvanse describi r cómo, y en qué condiciones, los jueces y
funcionarios administrativos pueden ordenar que se aporten pruebas pertinentes en losprocedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual y citar las disposiciones
legales relativas a dichas órdenes.
A la luz de los principios aplicables, en los que se inspiran varias disposiciones del CPC
(artículos 3 A, 158, 266, 266-A, 266-B y 519), el juez que entiende en el asunto está facultado para
ordenar la presentación de los elementos de prueba considerados necesarios para el buen desarrollo
del procedimiento y la dilucidación de la verdad.
Con ese fin, las partes están obligadas a colaborar aportando al juez los elementos solicitados.
16. La información cuya aportación puede ordenarse, a que se hace referencia en la
pregunta 15, debe estar protegida si tiene un carácter confidencial.  Sírvanse describir los
medios existentes en las leyes de Portugal a fin de proteger dicha información y citar la
disposición legal en la que se establece dicha protección, si esos medios difieren de los que se han
descrito en la respuesta a la pregunta 14.
El principio general indicado en la respuesta 15 tiene una excepción en el artículo 533
del CPC, que establece la posibilidad de rehusarse a presentar determinadas pruebas por un "motivo
legítimo".
Conforme a los artículos 168 y 659 del CPC puede limitarse el acceso a los elementos del
expediente y el acceso de la sala de audiencias.
El Código de Comercio contiene también una limitación respecto del principio de la
confidencialidad, relativo a la presentación de los libros de contabilidad (artículos 43 y 44).
17. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue
el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales o administrativas, esas
autoridades estarán facultadas para formular determinaciones preliminares y definitivascontrarias a dicha parte.  Sírvanse describir qué sanciones puede imponerse a una parte que se
ha negado a aportar la información como se había ordenado y en qué condiciones se imponen
las sanciones mencionadas, citando la disposición legal en que se prescriben dichas sanciones.
La negativa de aportar informaciones por la parte a la que se han solicitado, sin motivo
válido, puede dar lugar conforme al artículo 533 del CPC a la incautación de los documentos o a la
aplicación de una multa, conforme al párrafo 2 del artículo 519 y los artículos 532 y 537 del CPC.
18. En el párrafo 1 del artículo 44 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción o
para conseguir este resultado de otra manera, entre otras cosas impidiendo que los productos
infractores entren en los circuitos comerciale s de su jurisdicción.  Sírvanse describir la
autoridad de que disponen los jueces y los funcio narios administrativos a que se hace referencia
en la pregunta 1 para ordenar a las partes que desistan de sus infracciones y para impedir quelos productos infractores entren en los circuitos  comerciales de su jurisdicción, inmediatamente
después del despacho de aduana de los mismos.  Además, sírvanse citar las disposiciones legales
por las que se autorizan estas medidas.IP/Q4/PRT/1
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El poder judicial puede ordenar, a solicitud de parte interesada o de oficio, que se ponga fin
de inmediato o en un plazo establecido a la realización de actos ilícitos contra la propiedad industrial,
conforme al artículo 11 del Decreto-Ley Nº 28/84, de 20 de enero, cuya aplicación se encuentra
dispuesta en el artículo 258 del Código de la Propiedad Industrial.
En caso de peligro de lesión de derechos de propiedad industrial es aplicable el artículo 45 del
CPI.  Este artículo, junto con los artículos 381 y siguientes del mismo Código, establece medidas
cautelares destinadas a prevenir o impedir los peligros de retraso de la acción principal tramitada
judicialmente.
El artículo 274 del CPI dispone la incautación por las aduanas de los bienes que constituyen
infracción de derechos de propiedad industrial.  Paralelamente, el artículo 47 del Decreto-Ley
Nº 24/84 establece que los bienes pueden destruirse de manera que no den lugar a nuevas infracciones
de los derechos de propiedad industrial.
El CPP (artículo 178) otorga a las autoridades judiciales la facultad de disponer la incautación
de los objetos que hayan servido o hayan estado destinados a utilizarse para cometer infracciones
contra derechos de propiedad industrial.
En lo que respecta al derecho de autor y los derechos conexos, el párrafo 1 del artículo 201
del Código de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece que el poder judicial debe ordenar laincautación de los ejemplares de las obras usurpadas o falsificadas, así como de sus respectivas
envolturas materiales, y las máquinas u otros instrumentos o documentos de los que se sospeche que
han servido o han estado destinadas a la realización del acto que constituye la infracción.
El destino de todos los objetos incautados se determina en la sentencia definitiva y, cuando se
acredita que estaban destinados a la realización del acto constitutivo de infracción o que se utilizaroncon ese fin, su propiedad pasa al Estado.  En ese caso, las copias o ejemplares deben destruirse
obligatoriamente sin que ello dé lugar a indemnización.
En caso de delito flagrante son competentes para disponer la incautación las autoridades
administrativas y de policía, es decir, la Policía Judicial, el Servicio de Seguridad Pública, la Guardia
Republicana Nacional, las aduanas y la Dirección General de Inspección Económica.  La incautacióndebe haber ser sido precedida necesariamente de la comisión de un delito.
19. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1
con referencia a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno,
limitándose el recurso contra la infracción  al pago de una compensación adecuada de
conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las
limitaciones a los recursos de esta clase que existen en las leyes de Portugal y citar las
disposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.
El artículo 108 del CPI permite que, por razones de interés público, pueda obligarse al titular
de una patente a conceder una licencia para la explotación de la invención respectiva.  El Gobierno
tiene competencia para otorgar una licencia evaluando la oportunidad de la solicitud y disponiendo
por decreto la decisión, estableciendo en ella las remuneraciones adecuadas, de conformidad con el
párrafo h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
20. En el párrafo 1 del artículo 45 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un
resarcimiento adecuado para compensar el daño que  éste haya sufrido debido a una infracción.
Sírvanse describir la autoridad de los jueces y de los funcionarios administrativos a que se hace
referencia en la pregunta 1 para ordenar a una parte considerada como infractora que pague alIP/Q4/PRT/1
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titular del derecho un resarcimiento adecuado pa ra compensar el daño que éste haya sufrido
debido a una infracción.  Sírvanse explicar los fact ores que se tienen en cuenta al fijar el monto
del resarcimiento y citar las disposiciones legales que autorizan las órdenes sobre el pago de
resarcimientos.
El artículo 483 del Código Civil dispone que quien haya violado ilícitamente un derecho de
propiedad industrial de un tercero está obligado a indemnizar al perjudicado por los daños resultantes
de la violación, por lucro cesante y por perjuicios, restituyendo la situación tal como existiría si no se
hubiera producido la violación (artículo 562 del CC).
La indemnización de daños y perjuicios puede demandarse en procedimiento civil o en un
procedimiento vinculado con la acción penal.
Si la restitución de la situación anterior es imposible, corresponde una reparación por
equivalente, que se traduce en un pago de cuantía equivalente al importe de los perjuicios(artículo 566 del CC).
21. En el párrafo 2 del artículo 45 se estipula que los jueces y los funcionarios
administrativos estarán facultados para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho,
que pueden incluir los honorarios de los abogados.  Sírvanse describir la autoridad de los jueces
y funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar el pagode los gastos del titular del derecho, las condiciones en que puede dictarse dicha orden, los
factores que se tienen en cuenta al fijar el mo nto de los gastos, y citar las disposiciones legales
por la que se autorizan dichos pagos.
En lo que respecta a los gastos, por regla general se condena a la parte perdedora a su pago
(artículo 446 del CPC y artículos 1 y 32 del Código de Gastos Judiciales), salvo decisión diferente deltribunal.
En virtud del artículo 457 del CPC, los tribunales deben establecer el pago de los gastos,
incluidos los honorarios de los mandatarios.  Las circunstancias según las cuales se ordena el pago
varían en función de la importancia de la acción judicial y la labor de los mandatarios.
La Ley de creación de la Asociación de Abogados define principios generales sobre este
tema.  El artículo 76 del CPC establece una acción de cobro de honorarios cuando no los paga
voluntariamente la parte perdedora.
22. En el artículo 46 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán
facultados para ordenar, en ciertas circunsta ncias, otros recursos, en particular que las
mercancías sean apartadas de los circuitos come rciales, o que sean destruidas así como que se
destruyan los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la
producción de los bienes infractores.  Sírvanse describir los demás recursos disponibles conarreglo a las leyes de Portugal, las condiciones en que puede ejercerse dicha autoridad, los
factores que se tienen en cuenta al determinar el  carácter de los recursos disponibles, y citar las
disposiciones legales relativas a dichos recursos.
La destrucción de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual y de los
materiales e instrumentos utiliza dos para su producción está prevista en el CPP (artículo 178 y
párrafo 2 del artículo 186), así como en el Código de Derecho de Autor y Derecho Conexos
(artículos 201 y 202).IP/Q4/PRT/1
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La ley (Decreto-Ley Nº 433/82, de 27 de octu bre, modificado por el Decreto-Ley Nº 244/95,
de 14 de septiembre, y los artículos 204 y 205 del Código de Derecho de Autor y Derechos Conexos)
establece multas con carácter de sanciones administrativas.
23. En el artículo 47 se estipula que los Miembros de la OMC podrán autorizar a los jueces
y a los funcionarios administrativos para que ordenen a los infractores que informen a lostitulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la
producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución.  Sírvanse describir toda autoridad de que dispongan los jueces y funcionarios
administrativos con arreglo a las leyes de Portugal para ordenar a los infractores que informen
a los titulares de los derechos sobre la identi dad de los terceros que hayan participado en la
producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución, y describir las condiciones en que pue de ejercerse esa autoridad.  Sírvanse citar las
disposiciones legales relativas a dichos recursos.
No existe esa posibilidad en nuestro régimen jurídico.
24. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto a
las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a
medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas debuena fe para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.  Sírvanse explicar toda exención
de las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad por abuso en los
procedimientos de observancia, describir las circunstancias en que no se aplicarían dichas
limitaciones, y citar las disposiciones legales  con arreglo a las cuales se conceden esas
exenciones.
Los funcionarios y agentes de la administración pueden incurrir en responsabilidad conforme
al régimen establecido por el De creto-Ley 24/84, de 16 de enero.
Medidas provisionales
25. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y
eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad
intelectual.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados en
el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse informar acerca de las
medidas provisionales de que se dispone a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse citar la disposición legal pertinente por la que se establecen estos recursos
provisionales.
El CPC (artículo 381) dispone que la autoridad judicial (el juez o el fiscal, según la etapa del
proceso) puede disponer medidas provisionales a solicitud del interesado.
Las medidas provisionales deben ser apropiadas y adecuadas al objeto perseguido:  evitar que
durante el desarrollo del proceso principal la parte que las solicita sufra un perjuicio grave e
irreparable.
El titular de un interés puede apoyarse en un derecho ya existente, o en el derivado de una
sentencia que haya de dictarse en la acción ya incoada o que vaya a incoarse.
El artículo 20 del CPI también permite que se someta a inspección el establecimiento
industrial, o cualquier otro local, a fin de respaldar o precisar las alegaciones formuladas por las
partes.IP/Q4/PRT/1
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26. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán autorizadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas
y eficaces destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infracción.  Sírvanse determinar las medidas provisionales de que se dispone para preservar las
pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción y citar la disposición legalpertinente.
La autoridad aduanera puede, por su propia iniciativa, incautar las mercancías que tengan
indicios de infracción prevista en el CPC (artícul o 274).  La autoridad judicial competente, por
iniciativa del fiscal o a solicitud de la parte perjudicada, puede confirmar la incautación o disponerla
nuevamente.
Del mismo modo, el Código de Derecho de Au tor y Derechos Conexos (artículo 201) dispone
la incautación de los ejemplares o copias de obras usurpadas o falsificadas.
En el caso de delito flagrante son competentes para proceder a la incautación las autoridades
administrativas y de policía, es decir:  la Policía Judicial, el Servicio de Seguridad Pública, la Guardia
Republicana Nacional, la aduana y la Di rección General de Inspección Económica.
27. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se esti pula que los Miembros podrán facultar a las
autoridades judiciales y administrativas para que adopten medidas provisionales sin haber oídoa la otra parte.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados
en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir brevemente las
circunstancias en que las autoridades judiciales y administrativas están facultadas para adoptar
medidas provisionales sin haber oído a la otra parte y citar la disposición legal pertinente.
La IGAE (Inspección General de Actividades Económicas) debe promover acciones de
naturaleza preventiva y represiva en materia de infracciones contra la economía.
En virtud del Decreto-Ley Nº 269-A/95, de 19 de oc tubre, la IGAE es un servicio central del
Ministerio de Economía que tiene por objetivo la aplicación de las leyes, reglamentos, instrucciones,
decisiones internas y otras disposiciones que rigen las actividades económicas.
La IGAE (con arreglo a los artículos 3 y 6 del mismo Decreto-Ley) tiene, entre otras, las
siguientes atribuciones:
- promover acciones de naturaleza preventiva y represiva en materia de infracciones
contra la economía y la salud pública;
- prestar asistencia a las autoridades judiciales;
- efectuar investigaciones y la instrucción de los procedimientos por infracción a cuyo
respecto tiene competencia otorgada legalmente, incluida la facultad de disponer su
archivo;
- divulgar la legislación referente a los diversos sectores de la economía cuya
fiscalización está a su cargo entre las asociaciones de empresas, organizaciones
sindicales y demás agentes económicos.IP/Q4/PRT/1
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La IGAE puede ejercer su actividad:
- en forma preventiva, para impedir la práctica de determinadas infracciones
económicas;
- en forma represiva, para anular los actos ilícitos y evitarlos en el futuro.
Según el Decreto-Ley citado, los funcionarios  de la Inspección pueden proceder a la
incautación inmediata de todos los bienes en situación de infracción, en particular de falsificación o
de otra índole, o en violación de las reglas que protegen los derechos de propiedad intelectual.  Según
el Código de Procedimiento Penal, las incautaciones deben ser juzgadas y confirmadas por la
autoridad judicial competente.
Tratándose de infracciones penales por violación de derechos de propiedad intelectual
(descritos en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC), identificadas durante
procedimientos regulares de inspección o en virtud de denuncia, se somete a la autoridad judicial (o alMinisterio Público) una solicitud de confiscación de los productos, objetos, máquinas, etc.,
relacionados con la infracción.
La autoridad judicial debe confirmar, posteriormente, la confiscación y ordenar un peritaje
conforme a los artículos 151 y siguientes del CPP.
28. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se es tipula que las autoridades judiciales y los
órganos administrativos estarán facultados pa ra adoptar medidas provisionales cuando haya
probabilidad de que cualquier retraso cause "d año irreparable" al titular de los derechos.
Sírvanse describir brevemente los elementos que requieren las autoridades mencionadas en las
respuestas de las preguntas 25, 26 y 27 para establecer la existencia del "daño irreparable" al
titular de los derechos.
La adopción de medidas provisionales debe pedirse al tribunal conforme a la legislación sobre
procedimiento civil.  Por consiguiente, será el juez la autoridad competente para evaluar los
eventuales daños irreparables para el titular del derecho y determinar, en cada caso, las medidas
necesarias y notificar a las partes interesadas.
Por otra parte, en caso de embargo de mercancías, éstas permanecen a la orden del tribunal.
Su destino (o las modificaciones de él que tengan lugar durante el proceso) se establece por el juez o
el magistrado del Ministerio Público en el orden penal, según la etapa del procedimiento;  y en caso
de infracción, por la autoridad que ha de decidir sobre la conclusión del proceso (que, en materia de
propiedad industrial, en ningún caso puede ser la Inspección General de Actividades Económicas,
IGAE).
En consecuencia, son estas autoridades las que, teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso, han de decidir si existe posibilidad de evitar daños irreparables o hay peligro dedestrucción de pruebas que requieran una intervención para evitar esos peligros y, llegado ese
momento, aprecian la viabilidad de las medidas que han de adoptarse y las dictan seguidamente.
29. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales y
los órganos administrativos estarán facultados para adoptar medidas provisionales cuando haya
un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas".  Sírvanse describir brevemente quéfactores tienen en cuenta las autoridades comp etentes para determinar si existe un "riesgo
demostrable de destrucción de pruebas".
Véase la respuesta a la pregunta 28.IP/Q4/PRT/1
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30. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin de
establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y
que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción.  Con respecto a cada
derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los
ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer su
carácter de titular del derecho.
El titular del derecho puede acreditar su carácter de tal mediante un certificado de registro
(artículo 6 del CPI) expedido por el Instituto de la Propiedad Industrial.
31. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar que se aporte una fianza o garantía
equivalente para proteger al demandado.  Con respecto a cada derecho de propiedad intelectualdeterminado en el párrafo 2 del artículo 1 de l Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar la
disposición legal por la que se establece una fianza o garantía equivalente.
Conforme al artículo 387 del CPC, el tribunal puede disponer una medida provisional siempre
que exista probabilidad seria de existencia de un derecho y exista una posibilidad, suficientemente
acreditada, de lesión de ese derecho.
La medida provisional puede reemplazarse por una garantía adecuada, a solicitud del
demandado, siempre que la garantía ofrecida, después de haber oído al demandante, se considere
suficiente para evitar los daños o repararlos plenamente.
El juez también puede, si lo estima conveniente, aun sin haber oído al demandado, supeditar
el otorgamiento de la medida provisional al pago de una garantía adecuada por el demandante(artículo 390 del CPC).
32. En el párrafo 4 del artículo 50 se estipula que se notificará a las partes cuando se hayan
adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte.  Sírvanse describir brevemente
los procedimientos seguidos por cada autoridad que pueda adoptar dichas medidas a fin de
notificar a las partes afectadas y señalar el plazo en que debe efectuarse la notificación.
Las medidas provisionales deben notificarse al interesado conforme a los términos generales
del artículo 166 del CPC.
Esos procedimientos son de carácter urgente y deben disponerse con arreglo al párrafo 2 del
artículo 382 del CPC.
Véanse también las respuestas a las preguntas 28 y 29.
33. En el párrafo 4 del artículo 50 se requiere también que, a petición del demandado, se
proceda a una revisión con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse lasmedidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente los procedimientos que debe seguir un
demandado para iniciar los procedimientos de revisión ante cada una de las autoridades que
pueden adoptar dichas medidas y precisar el plazo en que deben iniciarse esos procedimientos.
Existe siempre la posibilidad de recurso conforme a las modalidades previstas en el
artículo 676 del CPC, debiendo respetarse las reglas fijadas en los artículos 771 y 772 del mismoCódigo, relativas a los fundamentos y a los plazos.IP/Q4/PRT/1
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34. En el párrafo 5 del artículo 50 se estipula que se facultará a las autoridades competentes
para que exijan a los demandantes que presenten cualquier otra información necesaria para la
identificación de las mercancías en relación con las cuales la autoridad debe poner en ejecución
las medidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente qué otra información pueden
requerir las autoridades y citar la disposición legal por la que se establece la base de estainformación complementaria.
Aunque el artículo 384 del CPI permite decretar una medida provisional sobre la base de
pruebas sumarias del derecho amenazado presentadas por el solicitante, el tribunal podrá exigir a éste
informaciones complementarias que considere pertinentes, conforme al artículo 519 del mismo
Código.
35. En los párrafos 6 y 8 del artículo 50 se estipula que si el procedimiento conducente a una
decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, las medidas provisionalesadoptadas por las autoridades competentes se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a
petición del demandado.  Sírvanse indicar las disposiciones pertinentes de las leyes de Portugal
por las que se autoriza la revocación o la suspensión de las medidas provisionales si los
procedimientos de revisión no se inician dentro de un plazo razonable y especifiquen lo que
constituye un "plazo razonable" para iniciar los procedimientos.
Las medidas provisionales se dictan siempre en relación con una acción principal.  El
apartado c) del párrafo 1 del artículo 389 del CPC establece un plazo de 30 días para promover la
acción principal, contado desde la notificación al solicitante de las medidas provisionales dispuestas
por el tribunal, bajo pena de caducidad de éstas.
36. En los párrafos 7 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado una
indemnización adecuada por cualquier daño causado por la adopción de las medidas
provisionales cuando dichas medidas hayan sido revocadas o hayan caducado, o cuando se haya
determinado que no hubo infracción o amenaza de infracción.  Sírvanse describir cómo
determinan las autoridades competen tes la "indemnización adecuada".
Si la medida se considera injustificada (o ha caducado), el solicitante responde de los
perjuicios causados a la persona contra la que se aplicó, si no ha actuado con adecuada prudencia y no
puede pedir otra medida relacionada con la misma acción (artículos 389 y 390 del CPC).  El juez debe
evaluar la cuantía de la indemnización teniendo en cuenta el valor de los perjuicios causados y la
cuantía del lucro cesante, a fin de restituir al perjudicado en la situación económica y jurídica en que
se encontraría antes de la violación (artículo 564 del CC).  Si no es posible la restitución de la
situación anterior, corresponde una reparación por equivalente, que se traduce en un pago de cuantíaque corresponda al importe de los perjuicios (artículo 566 del CC).
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
37. En el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los países adoptarán
procedimientos para que el titular de un derecho pueda presentar una demanda con objeto de
que se suspenda la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas omercancías piratas que lesionan el derecho de autor.  Sírvanse precisar las autoridades
competentes de Portugal facultadas para recibir demandas de que se suspenda el despacho de
las mercancías o el reglamento pertinente relativa a dicha autoridad.
Las solicitudes de suspensión de la importación de mercancías de las que se sospecha que son
de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías piratas -solicitud de intervención de lasautoridades aduaneras- deben dirigirse al Director General de Aduanas y pueden presentarse en losIP/Q4/PRT/1
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servicios aduaneros existentes en el territorio nacional o directamente ante la Dirección de Servicios
de Regulación Aduanera ( Direcção de Serviços de Regulação Aduaneira ), Rua da Alfândega, Nº 2,
1194 Lisboa Codex.
Este procedimiento está en conformidad con el reglamento (CE) Nº 3295/94 del Consejo,
de 22 de diciembre, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica,la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con
usurpación de marca y las mercancías piratas.
38. Sírvanse describir los procedimientos que debe seguir el titular de un derecho para
obtener que las autoridades competentes le otor guen protección en frontera, por ejemplo si
deben presentar formalmente una solicitud a la autoridad judicial o administrativa competente,
así como la información que debe contener la solicitud de suspensión del despacho, y citar la ley
o los reglamentos que rigen estos procedimientos.
El titular del derecho es quien tiene legitimación para formular la solicitud de intervención de
las autoridades aduaneras.  Debe hacerlo por escrito, en tres ejemplares, dirigiendo la solicitud a las
autoridades ya mencionadas en la respuesta anterior.
El fundamento jurídico de este procedimiento se encuentra previsto en el artículo 3 del
Reglamento (CE) Nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre.
39. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación de mercancías que se
sospecha son causa de infracciones en materia de derechos de autor y/o marcas de fábrica o de
comercio.
Como ya se indicó en las respuestas anteriores, el titular del derecho debe formular una
solicitud de intervención aduanera.
40. En el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que el titular de un derecho
que desee suspender la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor presentará pruebas a las
autoridades competentes de que existe presunción de infracción de su derecho a una marca defábrica o de comercio o de su derecho de au tor.  Sírvanse explicar qué pruebas pueden
demostrar la presunción de infracción en Portugal.
La solicitud de intervención aduanera debe presentarse con el documento mediante el cual el
solicitante acredite su titularidad de un derecho protegido.
En lo que respecta a los derechos que son objeto de registro o, en su caso, de depósito
(derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio o relativos a los dibujos y modelos industriales
registrados), la solicitud debe estar acompañada del documento probatorio del registro o depósito,expedido por el organismo competente.
En las situaciones de presunción de infracción se tienen en cuenta las similitudes existentes
entre las marcas, símbolos, logotipos, etc., de las mercancías sospechosas de infracción y las
mercancías de la misma clase registradas.
Los servicios aduaneros notifican al representante del titular del derecho en Portugal, o bien a
un experto designado por ese titular, a fin de que se dirija a la aduana en que se ha suspendido el
despacho para reconocer si se trata de una mercancía falsificada o pirata.  Para ello debe realizarse un
examen pericial.IP/Q4/PRT/1
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41. En el artículo 52 se estipula también que el titular de un derecho ofrecerá "una
descripción suficientemente detallada de las mercancías" cuyo despacho debe suspenderse.
Sírvanse explicar lo que se exige del titular del derecho en Portugal para que la descripción que
ofrece sea "suficientemente detallada".
Será preciso indicar si se trata de mercancías falsificadas o de mercancías piratas.  También
deberá indicarse la denominación comercial o efectuar una descripción suficientemente precisa que
permita a las autoridades aduaneras su reconocimiento.
42. En el artículo 52 se estipula que las autoridades competentes comunicarán al titular del
derecho, dentro de un plazo razonable, si han aceptado su demanda.  Sírvanse explicar dentro
de qué plazo la autoridad competente responde a una solicitud de suspensión del despacho de
las mercancías y, en caso de que se acepte su  demanda, el plazo en que se adoptará la medida
coercitiva.
Las solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras deben presentarse ante las
oficinas de aduana existentes en el territorio nacional o directamente a los servicios centrales (DGA),
donde se someten a un examen formal para determinar si se las admite o no.
Después de haber recibido una solicitud de intervención aduanera, la autoridad administrativa
debe informar al solicitante, sin demora, si acepta o rechaza su solicitud.  Esta información debecomunicarse por escrito y con la mayor rapidez posible.
La solicitud de intervención es válida durante seis meses, renovables a solicitud del titular de
los derechos.
43. En el párrafo 1 del artículo 53 se estipula que las autoridades competentes estarán
facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que seansuficientes para proteger al demandado e impedir abusos.  Sírvanse verificar si las autoridades
competentes antes mencionadas están facultadas pa ra exigir una fianza o garantía equivalente y
citar las disposiciones legales o los reglamentos que les otorgan esta facultad.
Sólo se exige fianza o garantía en caso de efectiva intervención aduanera.
44. En el párrafo 2 del artículo 53 se esti pula que el propietario, el importador o el
consignatario de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas
de trazado o información no divulgada, cuyo despacho haya sido suspendido por las autoridades
aduaneras, tendrá derecho, en ciertas condiciones, a obtener que se proceda al despacho de
aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para
proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción.  Sírvanse determinar qué formas
de propiedad intelectual, si las hubiere, están sujetas a las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 53 y citar las disposiciones de la ley o reglamentos pertinentes.
Si se trata de mercancías de las que sospecha que infringen derechos relativos a dibujos o
modelos, el propietario, importador o destinatario de las mercancías tiene la facultad de obtener el
levantamiento del embargo o de la retención de las mercancías respectivas mediante el depósito de
una garantía suficiente para proteger los intereses del titular de derechos.
Esta cuestión se rige por el párrafo 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) Nº 3295/94 del
Consejo, de 22 de diciembre.IP/Q4/PRT/1
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45. En el artículo 54 se estipula que se notificará prontamente al importador y al
demandante la suspensión o el despacho de las me rcancías.  Sírvanse especificar el plazo en el
cual la autoridad competente debe notificar que se ha suspendido el despacho de las mercancías.
El Reglamento Nº 3295/94 dispone que la autoridad aduanera a la que se ha presentado una
solicitud debe informar al solicitante, sin demora, si la acepta o la rechaza.  Esta información debecomunicarse por escrito y con la mayor rapidez posible.
46. En el artículo 55 se establece claramente que el titular de un derecho que solicita la
suspensión del despacho de las mercancías infractoras debe iniciar un procedimiento
conducente a una decisión sobre el fondo ante la autoridad apropiada en un plazo razonable o
bien se procederá al despacho de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades ante las
cuales un demandante/una parte puede iniciar un procedimiento sobre el fondo del caso que
permita a las autoridades aduaneras suspender el despacho de las mercancías durante más de10 días hábiles.
La decisión sobre el fondo compete a los tribunales ordinarios.
47. En el artículo 55 se estipula que se procederá a una revisión en un plazo razonable, a
petición del demandado, con objeto de decidir si las medidas de suspensión deben modificarse,
revocarse o confirmarse mientras se llega a un resultado del procedimiento sobre el fondo.Sírvanse indicar la autoridad que está facultada para llevar a cabo esa revisión, describir el
procedimiento utilizado y citar la ley o los reglamentos aplicables.
La ley portuguesa, en el párrafo 3 del artículo 274 del CPI, permite la revisión de las medidas
que han dado lugar a la suspensión del despacho y la libre circulación de las mercancías.  En términos
generales, se admiten nuevos documentos y nuevas decisiones al respecto, incluyendo la confirmación(o no) de la medida de suspensión.  La autoridad competente para dictar esa decisión es el tribunal
judicial.
48. En el artículo 56 se estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar al
demandante que indemnice a la parte demandada por cualquier daño causado por la retención
infundada de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades que pueden ordenar aldemandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una
indemnización por el daño causado por la retención infundada de las mercancías o por la
retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, y
citar la ley y los reglamentos aplicables.
La única autoridad competente en esta materia, conforme a los artículos 66 y siguientes
del CPC, es la judicial.
49. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para
dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar
sus reclamaciones, las mercancías retenidas.  Sír vanse explicar cómo se da al titular del derecho
oportunidades para que haga inspeccionar las me rcancías sospechosas que han sido retenidas
por las autoridades aduaneras.
Conforme al párrafo 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) Nº 3295/ 94, la oficina de aduana
concede al solicitante y a las personas a las que concierna una operación de las contempladas en la
letra a) del apartado 1 del artículo 1 la posibilidad de inspeccionar las mercancías en relación con las
cuales se haya suspendido la concesión del levante o que hayan sido retenidas.IP/Q4/PRT/1
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Al examinar las mercancías, la oficina de aduana puede recoger muestras con el fin de
facilitar la continuación del procedimiento.
50. En el artículo 57 se estipula también que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto
sea favorable al titular del derecho, las auto ridades competentes podrán asimismo estar
facultadas para comunicar al titular del d erecho información acerca del importador, el
consignador y el consignatario.  Si las autoridades competentes de Portugal pueden comunicar
información relativa al importador, el consignador o el consignatario al titular del derecho,
sírvanse explicar cómo se proporcionan al de mandante las informaciones acerca de los nombres
y direcciones de los consignadores, importadores y consignatarios y de la cantidad de
mercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la
infracción, es decir, si las autoridades comuni can automáticamente la información o lo hacen
previa presentación de una solicitud por escrito de l titular del derecho, etc.  Sírvanse citar la ley
o los reglamentos relativos a estas facultades.
La oficina de aduana o el servicio competente informa al titular del derecho, cuando éste así
lo solicita, de los nombres y direcciones del expedidor, del importador o del exportador, del fabricante
y del destinatario de las mercancías reconocidas como mercancías con usurpación de marca o piratas,
así como de la cantidad de las mercancías en cuestión.  Esta información debe ajustarse a lasdisposiciones sobre la protección de los datos de carácter personal, el secreto comercial e industrial y
el secreto profesional y administrativo (párrafo 3 del artículo 8 del Reglamento (CE) Nº 3295/94).
51. En el artículo 58 se especifican los procedimientos que deben seguirse cuando las
autoridades competentes pueden actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las autoridades
competentes de Portugal están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo,determinar las esferas de propiedad intelectual en las que puede llevarse a cabo una actuación
de oficio.
Cuando se trata de delitos contra la propiedad industrial, las autoridades pueden actuar de
oficio (artículo 274 del CPI y artículo 4 del Reglamento (CE) Nº 3295/94).
52. En el artículo 59 se determinan los recursos que deben estar disponibles, entre los cuales
la destrucción o apartamiento fuera de los circ uitos comerciales de las mercancías infractoras.
Sírvanse explicar lo que está permitido por ley en Portugal en cuanto a las mercancías
infractoras, es decir si la ley permite la destru cción, el apartamiento o ambas cosas.  Sírvanse
citar la ley o los reglamentos pertinentes.
El CPI dispone la destrucción de las mercancías en infracción, conforme a las disposiciones
legales siguientes:  artículos 274 y 258 del CPI y artículos 46 a 51 del Decreto-Ley Nº 28/84, de 20 de
enero.
Del mismo modo, el Código de Derecho de Autor y Derechos Conexos (párrafo 2 del
artículo 201) estipula un régimen similar.  La autoridad competente es la judicial (artículo 16
del CPP).
53. Sírvanse determinar:
a) la autoridad competente que decide cómo se dispondrá de las mercancías, es
decir si las mercancías serán destruidas o apartadas de los circuitos comerciales;
y
b) la autoridad competente que procede a la destrucción o apartamiento de las
mercancías.IP/Q4/PRT/1
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Las mercancías quedan a disposición del tribunal, que decide acerca del destino que ha de
dárseles.
54. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las
disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no
tengan carácter comercial y formen parte del equi paje personal de los viajeros o se envíen en
pequeñas partidas.  Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a las leyes de Portugal, una
importación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.
En el marco particular del tránsito de viajeros, se excluyen del régimen sobre observancia en
frontera las mercancías que forman parte del equipaje personal (conforme a la definición que figura en
el apartado h) del artículo 190 del Reglamento Nº 2454/93 de la Comisión), las mercancías que no
tengan carácter comercial (conforme a la definición del párrafo 6 del artículo 1 del Reglamento
citado) y las mercancías sujetas a los límites (de valor y de cantidad) fijados para la concesión defranquicia aduanera (el límite de valor es de 175 ecus).
Procedimientos penales
55. En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros
establecerán procedimientos y sanciones penales, en particular la pena de prisión y/o la
imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos defalsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de
autor a escala comercial.  Sírvanse describir las disposiciones legales de Portugal que cumplen
con esta obligación y citar los textos pertinentes.
Los delitos de falsificación, imitación y utilización ilegal se sancionan en el CPI con una pena
de prisión de no más de dos años de duración o una pena de multa de un máximo de240 remuneraciones diarias.
En lo que respecta al derecho de autor y los derechos conexos, se consideran delitos la
usurpación (artículo 195 del Código de Derecho de Autor y Derechos Conexos) y la falsificación
(artículo 196 del Código), para los cuales se establece una pena de prisión de hasta tres años y una
pena de multa de entre 150 y 250 remuneraciones diarias.  Según la gravedad de la infracción, laspenas pueden duplicarse en caso de reincidencia, si el hecho que constituye la infracción no es un
delito susceptible de la aplicación de una pena más severa.  Estos delitos son punibles cuando se
cometen por negligencia.
56. En el artículo 61 se estipula asimismo que, cuando proceda, entre los recursos
disponibles figurarán también la confiscación, el  decomiso y la destrucción de las mercancías
infractoras y de todos los materiales y acce sorios utilizados predominantemente para la
comisión del delito.  Sírvanse explicar las disposiciones de las leyes de Portugal en que seprescriben estas sanciones, describir las condiciones en que pueden imponerse y citar de textos
legales pertinentes.
El artículo 201 del Código de Derecho de Autor y Derechos Conexos dispone la confiscación
y la pérdida de los ejemplares o copias de las obras usurpadas o falsificadas de las que se sospecha
que han servido para realizar el acto constitutivo de la infracción o han estado destinados a él.
También se confiscan en la aduana, en el momento de la importación o la exportación, todos
los productos o mercancías que llevan, directa o indirectamente, indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen falsas, marcas o nombres utilizados o apuestos ilegalmente o que presentan
los signos de una infracción prevista en el CPI.  Esta confiscación se efectúa por iniciativa de las
autoridades aduaneras (artículo 274).IP/Q4/PRT/1
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También está prevista la confiscación de las copias ilícitas de programas de ordenador
(artículo 13 del Decreto-Ley Nº 252/94, de 20 de octubre).
La utilización de la obra falsificada o usurpada y la venta o distribución de productos o
artículos de marca falsificada se castigan también por la ley portuguesa (artículo 199 del Código de
Derecho de Autor y Derechos Conexos y párrafo 2 del artículo 264 del CPI).
En la legislación de Portugal se establece también la confiscación punitiva en materia de
falsificaciones o utilización ilegal de marcas, a la que se aplica el régimen establecido por los
artículos 406 y 407 del CPC.
En lo que respecta a la destrucción de las mercancías infractoras y de los demás materiales y
accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito, corresponde hacer referencia a
las disposiciones legales de los artículos 258 y 274 del CPI, junto con los artículos 46 y 51 de
Decreto Nº 28/84, de 20 de enero.
57. En el artículo 61 se indica también que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de derechos de
propiedad intelectual.  Sírvanse describir toda disposición de las leyes de Portugal que prescriba
dichos procedimientos y sanciones y citar de los textos legales pertinentes.
Véase la respuesta a la pregunta 55.
En lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad industrial, están previstos
como delitos penales:
- Competencia desleal:  prevista en el artículo 260 del CPI y castigada con una pena de
prisión de no más de tres años o una pena de multa no mayor de 360 remuneraciones
diarias;
- Violación del derecho exclusivo sobre la invención:  prevista en el artículo 261
del CPI y castigada con una pena de prisión de no más de tres años o una pena de
multa no mayor de 360 remuneraciones diarias;
- Obtención de patente mediante mala fe:  prevista en el artículo 262 del CPI y
castigada con una pena de prisión de no más de un año o una pena de multa no mayorde 120 remuneraciones diarias;
- Violación de los derechos exclusivos correspondientes a los dibujos y modelos
industriales:  prevista en el artículo 263 del CPI y castigada con una pena de prisión
de no más de tres años o una pena de multa no mayor de 360 remuneraciones diarias;
- Mención o utilización ilegal de una distinción:  prevista en el artículo 267 del CPI y
castigada con una pena de prisión de no más de un año o una pena de multa no mayor
de 120 remuneraciones diarias;
- Violación de los derechos correspondientes a un nombre o emblema:  prevista en el
artículo 268 del CPI y castigada con una pena de prisión de no más de un año o una
pena de multa no mayor de 120 remuneraciones diarias.
En el Código de Derecho de Autor y Derechos  Conexos se castigan, además, la utilización de
la obra falsificada o usurpada (artículo 199) y la violación de los derechos morales (artículo 198).IP/Q4/PRT/1
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Además de los delitos ya mencionados, la ley portuguesa condena igualmente los delitos
relacionados con la informática en virtud de la Ley Nº 9/91, de 17 de agosto.
58. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de
comercio o de piratería lesiva del derecho de autor.  Sírvanse explicar en qué forma lassanciones previstas en las leyes de Portugal cumplen con esta obligación.
A la luz de nuestra exposición, no cabe dudar de que la legislación portuguesa está en
conformidad con lo estipulado en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]
1. Sírvanse facilitar información estadística referente a los años 1996 y 1997 sobre los
procedimientos judiciales civiles para la observancia del derecho de autor, las marcas de fábrica
o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, losesquemas de trazado de los circuitos integrados y los secretos comerciales, incluyendo el número
de demandas;  los mandamientos expedidos;  los productos infractores incautados;  los equipos
destinados a cometer infracciones que se incautaron;  el número de asuntos resueltos (incluso
mediante transacción);  y la cuantía de las indemnizaciones de daños y perjuicios impuestas.
Datos estadísticos correspondientes a 1996:
Número de asuntos promovidos ante los tribunales judiciales:
- 2 relativos a la violación del derecho de autor
- 205 relativos a la defensa de derechos de propiedad industrial.
Han quedado terminados 154 de estos asuntos.
La duración media de estos asuntos ha sido de 12 meses.
2. Sírvanse facilitar información estadística referente a los años 1996 y 1997 sobre las
medidas de represión penal en materia de piratería del derecho de autor y de infracciones de
marcas de fábrica o de comercio, incluyendo el número de batidas, enjuiciamientos y condenas,
la cuantía de las multas y las penas de prisión (precisando si las multas fueron pagadas y si las
penas de prisión se cumplieron efectivamente o fueron suspendidas), y cualquier otrainformación que determine que el sistema penal de Liechtenstein funciona eficazmente para
disuadir de la piratería del derecho de autor y de la falsificación de las marcas de fábrica o de
comercio.
Datos estadísticos correspondientes a 1996
1. Violación del derecho de autor
a) Procedimientos de investigación: 61b) Asuntos resueltos: 37c) Personas sometidas a la justicia: 41IP/Q4/PRT/1
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d) Personas condenadas: 22
Penas de multa: 8
Prisión sustituida por multa: 13
Prisión con suspensión: 1
e) Total de los daños y perjuicios: 2.431.000 escudos portugueses2. Falsificación de marcas
a) Procedimientos de investigación: 211b) Asuntos resueltos: 29
c) Personas sometidas a la justicia: 31
d) Personas condenadas: 17
Penas de multa: 13
Prisión sustituida por multa: 3Prisión con suspensión: 1
e) Total de los daños y perjuicios: 1.394.000 escudos portugueses
La duración media de los asuntos penales ha sido de 15 meses.
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