RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/DSB/COM/5/Rev.1
30 de mayo de 2000
(00-2174)
Original:  español
NICARAGUA - MEDIDAS QUE AFECTAN A LAS IMPORTACIONES
PROCEDENTES DE HONDURAS Y COLOMBIA
Declaraciones de Nicaragua
Revisión
Las siguientes declaraciones formuladas por la delegación de Nicaragua en las reuniones
del OSD de 18 de mayo y 7 de abril de 2000 se distribuyen a los Miembros a petición de dichadelegación.
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Declaración formulada el 18 de mayo de 2000
Quisiera iniciar mi intervención reconociendo el derecho de Colombia de solicitar el
establecimiento de un grupo especial.
Habiendo dejado claro este principio mi delegación quisiera referirse a dos aspectos
fundamentales para el sistema de solución de diferencias de esta Organización.  El primero estárelacionado con los procedimientos para el establecimiento de los grupos especiales;  el segundo
concierne a la esencia misma de la OMC:  su institucionalidad.
Nicaragua considera que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por
Colombia adolece de vicios de forma y fondo, y que la misma no responde a lo estipulado en el
párrafo 2 del artículo 6 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige
la solución de diferencias.
En primer lugar, la solicitud que presenta Colombia el día de hoy, difiere de la solicitud
presentada como punto de agenda en la reunión anterior del Órgano de Solución de Diferencias
(OSD) y por consiguiente, Nicaragua considera que esta es la primera vez que Colombia somete su
solicitud de establecimiento de grupo especial a consideración del OSD, por lo que mi país solicita
que el establecimiento del grupo especial sea diferido para la próxima reunión.
En segundo lugar, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial Colombia
fundamenta su reclamación en disposiciones sobre las cuales las consultas no versaron y por
consiguiente Nicaragua considera que el grupo especial que se establezca para evaluar la Ley Nº 325
y su Reglamento deberá hacerlo únicamente a la luz de las disposiciones de los artículos I y II del
GATT de 1994, mencionados por Colombia en el documento WT/DS188/1.
En el documento WT/DS188/2/Corr.1 Colombia solicita que el Grupo Especial encargado de
examinar las medidas aplicadas por Nicaragua que afectan las importaciones procedentes deWT/DSB/COM/5/Rev.1
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Honduras y Colombia se establezca con el mandato uniforme previsto en el artículo 7 del
Entendimiento.
Sobre este particular quiero dejar constancia  que es posición del Gobierno de Nicaragua que
por la naturaleza de las disposiciones del artículo XXI del GATT de 1994 invocado por mi país en la
presente diferencia, las cuales confirman el derecho inherente de un Estado para salvaguardar suseguridad y constituyen una excepción a la normativa comercial multilateral, las mismas no pueden
ser objeto de examen por un grupo especial.
Esta posición de principio ha sido avalada por la práctica del GATT y está consagrada en la
Decisión de las PARTES CONTRATANTES relativa al artículo XXI del Acuerdo General del 30 de
noviembre de 1982.
Debe considerarse de valor normativo el entendimiento a que llegó el Consejo el 10 de
octubre de 1985 de que el Grupo Especial no podría ex aminar ni juzgar la validez ni los motivos del
recurso de los Estados Unidos al inciso iii) del apartado b) del artículo XXI por constituir una decisión
avalada por las PARTES CONTRATANTES del GATT.
El párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC y el apartado b) iv) del artículo 1 del
texto del Anexo 1A por el que se incorpora el GATT de 1994 al Acuerdo sobre la OMC  traen la
historia y experiencia jurídicas adquiridas en el GATT de 1947 al nuevo ámbito de la OMC, de unamanera que garantiza la continuidad y coherencia en una transición fluida a partir del sistema
del GATT de 1947.  Con esto se afirma la importancia que tiene para los Miembros de la OMC la
experiencia adquirida por las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947, y se reconoce la
importancia constante de esta experiencia para el nuevo sistema comercial al que sirve la OMC.
La Decisión de noviembre de 1982 relativa al Artículo XXI del GATT reconoce la facultad
exclusiva de las PARTES CONTRATANTES respecto a la interpretación del Artículo XXI del GATT
la que se reafirma en el párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC  que dispone que:
"La Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad exclusiva de adoptar
interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales".  El párrafo 2 del
artículo IX prevé además que estas decisiones "se tomarán por mayoría de tres cuartos de losMiembros".  El hecho de que el Acuerdo sobre la OMC  haya establecido de manera tan específica
esta "facultad exclusiva" de interpretar el Acuerdo, es razón suficiente para concluir que esta facultad
no se concede tácitamente o por inadvertencia en ninguna otra parte a ningún otro órgano.
En consecuencia, hasta tanto no exista una interpretación normativa del artículo XXI
del GATT que invalide el entendimiento al que llegó el Consejo en octubre de 1985 el mandato
uniforme previsto en el artículo 7 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
que se rige la solución de diferencias deberá excluir la posibilidad de examinar y/o juzgar la validez nilos motivos del recurso de Nicaragua al inciso iii) del apartado b) del artículo XXI del GATT.
En conclusión, mi Gobierno solicita que el Grupo Especial no sea establecido en esta reunión
y que el mandato para el mismo inhiba a dicho Grup o Especial de examinar y/o juzgar la validez ni
los motivos del recurso de Nicaragua al inciso iii) del apartado b) del artículo XXI del GATT de 1994.
Nicaragua ha solicitado que su intervención en la reunión del OSD, celebrada el 7 de abril del
año en curso, se considere documento oficial y se distribuya a los Miembros junto al texto de la
presente intervención.WT/DSB/COM/5/Rev.1
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Declaración formulada el 7 de abril de 2000
El 2 de agosto de 1986, en un escenario caracterizado por la guerra fría, Honduras y
Colombia suscribieron un Tratado de delimitación marítima en el mar Caribe (en adelante Tratado
Ramírez - López), motivados por las circunstancias coyunturales que predominaban en la región
centroamericana, como consecuencia del conflicto este-oeste.  La suscripción de dicho Tratado seproduce inmediatamente después de que Nicaragua demandara a Honduras ante la Corte Internacional
de Justicia de La Haya (caso concerniente a acciones armadas fronterizas y transfronterizas).
Nicaragua desde el primer momento presentó su más enérgica protesta ante la suscripción del
Tratado colombiano - hondureño de delimitación en el Caribe, tras considerar que violaba sus
derechos soberanos.
Con el advenimiento del proceso de paz en la región centroamericana, se da inicio a una
nueva etapa en Centroamérica en la que Nicaragua, mostrando su voluntad manifiesta de paz y enseñal de buena fe, inicia un proceso de diálogo con Honduras y accede a retirar la demanda que había
interpuesto contra Honduras en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a la vez que Honduras
se comprometía a no ratificar el Tratado Ramírez - López, suscrito entre dicho país y Colombia.
Sorpresivamente, el 30 de noviembre de 1999, las autoridades de Honduras y posteriormente
las de Colombia anuncian la ratificación del Tratado Ramírez - López.
El Tratado Ramírez - López lesiona los derechos soberanos de Nicaragua en el mar Caribe, al
pretender imponer a nuestro país, límites de manera unilateral, ilegal y arbitraria, a través de un
reconocimiento recíproco de Honduras y Colombia de sus intenciones expansionistas en el mar
Caribe, en perjuicio de los derechos territoriales de Nicaragua, pretendiendo despojar a nuestro país
de más de 130 mil kilómetros de plataforma marítima en el mar Caribe, particularmente rica en peces,tortugas de carey, camarones y langostas y con un gran potencial en hidrocarburos.
Este Tratado de delimitación marítima en el mar Caribe, suscrito entre Colombia y Honduras,
ignora por completo los derechos de un tercer país, en este caso Nicaragua, constituyendo para
nosotros, lo que en términos jurídicos se define, como " res inter alios acta " es decir, no crea ningún
derecho para Colombia, ni para Honduras, con respecto a Nicaragua.  "También es norma del derechointernacional consuetudinario y del derecho de los tratados que un instrumento jurídico no crea
obligaciones, ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento."
Nicaragua considera y plantea que la ratificación del Tratado Ramírez - López viola su
soberanía e independencia política y crea un grave tensionamiento internacional, el que se ha
manifestado en el desplazamiento inmediato de tropas y de material bélico hondureño a la frontera
norte de nuestro país, en las denuncias presentadas por comunidades Miskitas fronterizas con
Honduras, en el aumento del presupuesto por part e del Honorable Congreso de la República de
Honduras, para la defensa de la Nación, y en las maniobras militares realizadas en la región, por
aviones de guerra y una corbeta militar colombiana en la plataforma continental nicaragüense.
La implementación de este Tratado crea una situación marítima más compleja, puesto que Nicaragua
mantiene regularmente patrullajes marítimos para reprimir el narcotráfico y preservar sus recursos
pesqueros.  Ello implica que si Colombia y Honduras pretenden iniciar por su parte una presencianaval en la región, se pueden producir lamentables incidentes de alcances impredecibles, capaces de
comprometer la paz y la estabilidad regional.
Por tal razón, y haciendo uso de los mecanismos que brinda el Derecho Internacional,
Nicaragua ha planteado y denunciado la situación creada en los foros idóneos.  El grave
tensionamiento internacional ha sido reconocido a nivel hemisférico, culminando con la aprobaciónpor consenso, en una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la Organización de losWT/DSB/COM/5/Rev.1
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Estados Americanos (OEA) -del cual Colombia y Honduras son miembros-, del nombramiento de un
Enviado Especial, con el mandato específico de "evaluar la situación, facilitar el diálogo y formular
recomendaciones conducentes a eliminar tensiones y a prevenir actos que puedan afectar la paz
hemisférica", resolución con la que la OEA reconoce el estado de grave tensión internacional.
Es en este contexto, que debido al grave tensionamiento internacional provocado por los
hechos enunciados anteriormente, mi país se vio obligado a adoptar medidas que consideró necesarias
para salvaguardar su seguridad, entre las cuales se encuentra la Ley Nº 325 de fecha 6 de diciembre de
mil novecientos noventa y nueve, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 237 del día trece de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por la cual se establece un impuesto calculado sobre la
sumatoria del valor CIF más los aranceles preexistentes, de un 35 por ciento sobre cualquier bien y
servicio importado, manufacturado y ensamblado de origen y procedencia, tanto de la República de
Colombia como la de Honduras y el Acuerdo Ministerial Nº 041-99 del Ministerio de Fomento,Industria y Comercio (MIFIC) de fecha 15 de diciembre de 1999, por medio del cual se cancelan los
permisos de pesca de todas las embarcaciones de bandera hondureña y colombiana, que operen al
amparo de cualquier Licencia de Explotación de Pesca Comercial otorgada por dicho Ministerio.
Nicaragua considera que esta medida está acorde con el Derecho Internacional, Regional y
Comercial y se fundamenta en lo establecido en el artículo XXI del Acuerdo General sobre ArancelesAduaneros y Comercio (GATT de 1994) y el artículo XIV bis del Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (GATS/AGCS), los cuales son un reflejo de los derechos inherentes de un Estado para
salvaguardar su seguridad y constituyen una excepción general a la normativa multilateral comercial.
Nicaragua ha considerado que el Tratado Ramírez - López, al pretender cercenar sus espacios
marítimos:  plataforma continental y zona económica exclusiva, así como las islas, cayos, bancos,arrecifes y demás accidentes geográficos que están en ella ubicados o de ellas emergen, y pretender
que parte de los mismos pertenecen a un tercer Estado, es violatorio a las normas del derecho
internacional y constituyen una agresión a la soberanía de nuestro país, por lo que Nicaragua ha
acudido a foros como el Consejo Permanente de la OEA.
Las medidas adoptadas por Nicaragua no persiguen fines comerciales ni están destinadas a
proteger la industria nacional, sino que están dirigidas a salvaguardar los intereses esenciales de la
seguridad de nuestro país.
Por otra parte, al aplicar este artículo, Nica ragua ha tomado en cuenta lo establecido en la
Decisión del 30 de noviembre de 1982 relativa al artículo XXI del Acuerdo General, en cuyos
considerandos se dispone que "las excepciones contempladas en el artículo XXI constituyen un
elemento importante para preservar los derechos de las partes contratantes cuando éstas estimen que
median razones de seguridad" y que "al tomar medidas al amparo de las excepciones previstas en elartículo XXI del Acuerdo General, las partes contratantes deben tomar en consideración los intereses
de terceras partes que puedan resultar afectadas".
En efecto, cabe destacar que, a pesar de la amplitud de la excepción, Nicaragua ha ejercido su
derecho con prudencia y responsabilidad.  Las medidas adoptadas no afectan el comercio de terceros
países ni obstaculizan el tránsito de las mercancías por el territorio nacional.
Con respecto a los productos originarios y pr ocedentes de Honduras y Colombia, las medidas
son igualmente de alcance limitado ya que con el impuesto creado no se sobrepasa el techo
consolidado por Nicaragua ante la Organización Mundial del Comercio, en consideración a las
expectativas que razonablemente los países afectados podrían hacerse en virtud del Acuerdo General.
Además, se exceptúan de la aplicación del impuesto las importaciones por montos menores a los500,00 dólares EE.UU. y aquellos bienes que estén exonerados de impuestos de acuerdo a  nuestraWT/DSB/COM/5/Rev.1
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Constitución Política tales como medicamentos, insumos y materias primas para las actividades
relacionadas con la educación y la cultura, etc.
Si bien es prematuro sacar conclusiones sobre la incidencia de las medidas adoptadas por
Nicaragua sobre los flujos comerciales de Colombia, las cifras disponibles para los meses diciembre
de 1999, enero y febrero de 2000 parecen indicar que el comercio se ha mantenido a los nivelesanteriores:  las importaciones originarias de Colombia realizadas por Nicaragua durante dichos meses
sumaron un total de un millón ochocientos mil dólares, cifra que se compara con las importaciones
totales realizadas en los dos años anteriores, las cuales ascendieron aproximadamente a 8 millones de
dólares.
Colombia ha solicitado el establecimiento de un grupo especial para examinar las medidas
adoptadas por Nicaragua.  Nuestro país reconoce el derecho que asiste a Colombia.  No obstante no
queda claro qué podría hacer dicho grupo especial.
No es la primera vez que un Estado invoca el artículo XXI del Acuerdo General.  Cabe
recordar que esta excepción general figuraba ya entre las disposiciones de la Carta de La Habana y
desde su inclusión como artículo XXI en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT de 1947) ha sido práctica consuetudinaria de esta Organización que la parte contratante que
aplica la medida sea el único juez en lo que concierne a los intereses esenciales de su seguridad y queéstos puedan verse amenazados por cualquier peligro, actual o potencial.
Por otra parte, la jurisprudencia sobre medidas adoptadas por razones de seguridad es
prácticamente inexistente.  El único Grupo Especial establecido en el marco del GATT que concluyó
sus labores y presentó un informe, el cual no fue adoptado, se refiere al caso del embargo comercial
impuesto a Nicaragua en 1985 y tenía un mandato que no lo facultaba para "examinar o juzgar lavalidez o motivación de la invocación del artículo XXI."  Este Grupo Especial señaló en el
párrafo 5.2 de su informe que "en virtud tanto de lo dispuesto en el artículo XXI como de su
mandato, no podía examinar la validez del recurso de los Estados Unidos al artículo XXI".
En el numeral 5.18 del informe del Grupo Especial , Estados Unidos - Medidas comerciales
que afectan a Nicaragua , el Grupo Especial observa que "...  en 1982 las PARTES
CONTRATANTES habían tomado una "decisión relativa al artículo XXI del Acuerdo General" que
se refería a la posibilidad de una interpretación normativa del artículo XXI y a una posterior
consideración de esta cuestión por el Consejo (IBDD) 29S/24-25).  Nicaragua estaría de acuerdo
conque el Consejo General de la OMC procediera a dicha interpretación.
Un grupo especial con un mandato uniforme como lo solicita Colombia, establecido en las
condiciones actuales, no podría concluir sino lo obvio:  que los derechos de Colombia bajo el
artículo I del GATT y el artículo II del AGCS se han visto reducidos a consecuencia de las medidasaplicadas por Nicaragua.  En efecto, si el grupo especial se arrogase facultades que sólo corresponden
a los foros políticos, ello podría desembocar en el establecimiento de un precedente peligroso e
inaceptable.
Para concluir, mi país considera:
1) que las medidas adoptadas por Nicaragua se deben a razones de seguridad nacional y
están plenamente respaldadas por el artículo XXI, párrafo b) iii) del GATT y el
artículo XIV bis, párrafo l b) iii) del AGCS;
2) que el artículo XXI constituye una excepción de efecto global a las disposiciones del
Acuerdo General, por lo que las medidas tomadas a su amparo en ningún caso pueden
constituir una violación del Acuerdo General;WT/DSB/COM/5/Rev.1
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3) que no existe anulación ni menoscabo de los derechos de Colombia dimanantes del
artículo II del Acuerdo General, puesto que las medidas aplicadas por Nicaragua, no
sobrepasan los techos arancelarios consolidados en su Lista de concesiones ni del
artículo XVI del AGCS dado que la pesca no forma parte de los compromisos
específicos suscritos por Nicaragua;  y
4) que previo al establecimiento de un grupo especial para examinar este asunto, el
Consejo General de la OMC debería pronunc iarse sobre la competencia de cualquier
grupo especial establecido en el seno de esta Organización sobre cuestiones
eminentemente políticas y proceder a la interpretación normativa del artículo XXI del
Acuerdo General.
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