RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/M/32
23 de agosto de 2001
(01-4090)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio
ACTA DE LA REUNIÓN
Celebrada en el Centro William Rappard
del 18 al 22 de junio de 2001
Presidente:  Embajador Boniface Chidyausiku (Zimbabwe)
Asuntos tratados: Párrafos Página
A. NOTIFICACIONES PREVISTAS EN DISPOSICIONES DEL ACUERDO .............. 1-7 2
i) Notificaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 63 .............. 1-6 2
ii) Notificaciones previstas en el artículo 69 .................................... 7 3
B. EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN ................................................................... 8-41 4
i) Cuestiones iniciales pendientes del examen de la legislación
de Kuwait que comenzó en noviembre de 2000 .......................... 8-12 4
ii) Cuestiones iniciales pendientes de los exámenes que
comenzaron en abril de 2001 ....................................................... 13-21 4
iii) Seguimiento de los exámenes ya realizados ................................ 22-30 5
iv) Legislación de los Miembros cuyo examen estaba previsto
para junio de 2001 ....................................................................... 31-40 6
v) Legislación de los Miembros cuyo examen está previsto para
noviembre de 2001 ....................................................................... 41 9
C. APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 8 Y 9 DEL ARTÍCULO 70.......................... 42 9
D. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 66....................................... 43-51 9
E. INFORMACIÓN SOBRE CREACIÓN DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA ............. 52-56 12
F. COOPERACIÓN TÉCNICA ............................................................................ 57-67 12
G. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 23....................................... 68-88 14
H. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 24....................................... 89-115 24IP/C/M/32
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Asuntos tratados: Párrafos Página
I. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN
SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS CON ARREGLO AL PÁRRAFO 2
DEL ARTÍCULO 24...................................................................................... 116-121 42
J. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO 3 b) DEL
ARTÍCULO 27 ........................................................................................ 122-144 44
K. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE CONFORMIDAD CON
EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 71 .............................................................. 145-150 57
L. RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE NO EXISTE INFRACCIÓN Y
RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN ................. 151-161 58
M. COMERCIO ELECTRÓNICO ......................................................................... 162-169 61
N. PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACCESO A LOS MEDICAMENTOS ................... 170 64
O. INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS REGISTRADOS
EN OTROS FOROS DE LA OMC................................................................... 171-173 64
i) Adhesiones ................................................................................... 171-172 64
ii) Solución de diferencias ................................................................ 173 64
P. CONDICIÓN DE OBSERVADOR DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
INTERGUBERNAMENTALES ........................................................................ 174-181 65
Q. OTROS ASUNTOS ....................................................................................... 182 66
_______________
A. NOTIFICACIONES PREVISTAS EN DISPOSICIONES DEL ACUERDO
i) Notificaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 63
- Notificaciones procedentes de Miembros cuyos períodos transitorios con arreglo a
los párrafos 2 y 3 del artículo 65 expiraron el 1° de enero de 2000, o que se
adhirieron a la OMC después de esa fecha
1. El Presidente señala a la atención del Consejo la nota actualizada de la Secretaría en la que se
indica la situación en cuanto a las notificaciones recibidas de los Miembros en cuestión, distribuida
con anterioridad a la presente reunión (JOB(01)/88 de 18 de junio de 2001).  En esa nota se indicacuáles son los Miembros de que se trata de los que se habían recibido notificaciones hasta el miércoles
13 de junio de 2001, inclusive.  Con posterioridad a esa fecha se han recibido nuevas notificaciones de
Bahrein, Botswana, Côte d'Ivoire y Marruecos.  Aun cuando se han recibido algunas notificaciones
más que las que se tenían en la anterior reunión del Consejo, todavía no han presentado notificación
alguna acerca de su legislación aplicadora muchos Miembros cuya legislación debe ser objeto deexamen en el año 2001.  Insta a esos Miembros a que presenten sin demora la documentación faltante.
Recuerda que en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo se estipula que esos Miembros debenIP/C/M/32
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notificar las leyes y reglamentos referentes a la materia del Acuerdo aplicables al 1° de enero de 2000.
Insta a las delegaciones en cuestión a que, si no tienen pronta todavía la totalidad de la documentación
notificable, presenten la que pueda ser notificada ya y complementen la notificación tan pronto como
tengan disponible para su presentación el resto de ella.  Recuerda a las delegaciones que, con arreglo
al Acuerdo de Cooperación entre la OMPI y la OMC y a las decisiones adoptadas por los órganosrectores de la OMPI, la Oficina Internacional de la OMPI se encuentra en condiciones de prestar
asistencia a las delegaciones por lo que respecta a la traducción de sus principales leyes y reglamentos
que traten específicamente de propiedad intelectual, según sea necesario.
2. El Consejo toma nota de lo manifestado.
- Notificaciones procedentes de otros Miembros
3. El Presidente informa al Consejo de que, después de la anterior reunión de éste, se recibieron
enmiendas a la legislación notificada anteriormente por parte de Alemania; Eslovenia; Guatemala;
Hong Kong, China; el Japón; Mongolia; Panamá; la República Kirguisa; Rumania y Turquía.  Dice
que se darán a conocer esas enmiendas, a la mayor brevedad posible, en la serie de documentos que
lleva la signatura IP/N/1/-.
4. Informa a continuación al Consejo de que se ha recibido una notificación en la cual Burundi
pone en conocimiento del Consejo su observancia de los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo sobre
los ADPIC por lo se refiere al trato nacional y al trato de la nación más favorecida.  Dice que Burundi
notificó también los textos de su legislación vigente sobre patentes y sobre dibujos y modelos
industriales, pero indicó que, habida cuenta de que esas leyes estaban siendo objeto de revisión y de
que no se habían reglamentado todavía en Burundi otros aspectos del Acuerdo sobre los ADPIC,deseaba acogerse a la posibilidad que ofrece el párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo a los países
menos adelantados Miembros en el sentido de demora r la aplicación de las disposiciones del Acuerdo,
a excepción de las de los artículos 3, 4 y 5, hasta el 1° de enero de 2006.  Esa notificación se ha
distribuido con la signatura IP/N/1/BDI/1.  Seña la que Burundi, en su calidad de país menos
adelantado Miembro, tiene derecho al período de transición previsto en el párrafo 1 del artículo 66, ysugiere que la Secretaría podría ponerse en contacto con la delegación de Burundi para aclarar ese
aspecto.
5. El representante del Senegal recuerda que el examen de la legislación de su país está previsto
para la reunión de noviembre de 2001.  Han tenido lugar, por otra parte, dos acontecimientos que
afectan a esta cuestión.  En primer lugar, ha sido elegido un nuevo Gobierno y, en segundo lugar, el
Senegal ha a pasado a ser país menos adelantado Miembro.  Por consiguiente, la cuestión de la
presentación de su legislación está siendo examinada todavía en la capital, y su delegación se reservael derecho de invocar las disposiciones aplicables a su nueva condición de país menos adelantado.
Dice que el Senegal hará saber al Consejo, antes de la reunión de noviembre, si estará en condiciones
de someterse al examen en dicha reunión.
6. El Consejo toma nota de esas declaraciones.
ii) Notificaciones previstas en el artículo 69
7. El Presidente informa al Consejo de que, después de la anterior reunión de éste, se han
recibido notificaciones de cuáles son los servicios de información para los efectos del artículo 69 del
Acuerdo, procedentes de Albania, Burundi, Gu atemala, Panamá y la República Kirguisa.  Esas
notificaciones se han distribuido con la signatur a IP/N/3/Rev.5.  Son ahora 101 los Miembros que han
notificado servicios de información para los efectos del artículo 69.IP/C/M/32
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B. EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
i) Cuestiones iniciales pendientes del examen de la legislación de Kuwait que comenzó
en noviembre de 2000
8. El Presidente recuerda que el Consejo, en su reunión de noviembre de 2000, examinó la
legislación de ocho Miembros, entre los que se contaba Kuwait.  Kuwait no había contestado a
algunas preguntas iniciales a finales de la reunión de noviembre de 2000, ni tampoco en la de abril
de 2001, pero, con posterioridad a ésta, ha presentado respuestas a algunas de las preguntas iniciales,
las cuales se dieron a conocer en el documento distribuido con la signatura IP/C/W/232/Add.1 y su
corrigendum.  Señala el Presidente que Kuwait no ha respondido todavía a algunas de las preguntas
iniciales del Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Suiza y los Estados Unidos.
9. El representante de Kuwait acoge con agrado la oportunidad de que prosiga el examen de la
legislación de su país.  Dice que su delegación ha facilitado 18 respuestas más a preguntas formuladas
por el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y Suiza (distribuidas en el
documento IP/C/W/232/Add.1), y manifiesta que ha  recibido preguntas complementarias de las dos
últimas de las delegaciones citadas en febrero de 2001.  Afirma que su delegación ha hecho todo lo
posible por obtener respuesta de las autoridades competentes de la capital a la mayor brevedadposible.  Ha dado respuesta a preguntas pendientes durante la semana pasada, pero algunas de éstas no
pudieron ser contestadas en esa ocasión por razones técnicas.  Facilitó también su delegación un
memorándum explicativo de la Ley del Derecho de Autor Nº 64/1999 (cuyo texto puede verse en el
anexo al documento IP/C/W/232/Add.2), así como una lista de los logros alcanzados por el Ministerio
de Información en materia de derecho de autor (recogida en el anexo al documentoIP/C/W/232/Add.1).  Además, su delegación proporcionó, en la misma fecha, respuestas a las
preguntas formuladas por los Estados Unidos por lo que respecta a marcas de fábrica o de comercio y
a patentes (documento IP/C/W/232/Add.3).  Añade que su delegación agradecería que se le hiciesen
llegar preguntas complementarias por escrito y respondería en breve a los Miembros en cuestión, con
copia a la Secretaría.
10. Los representantes de las Comunidades Europeas y de los Estados Unidos
 dicen que están
examinando las respuestas recibidas de Kuwait, algunas de las cuales han llegado durante la reunión.
11. El Presidente dice que el Consejo espera con interés recibir antes de su próxima reunión las
respuestas de Kuwait a las preguntas iniciales pendientes.  Propone que el Consejo tome nota de las
declaraciones formuladas y vuelva a ocuparse de este asunto en su próxima reunión.
12. El Consejo así lo acuerda.
ii) Cuestiones iniciales pendientes de los exámenes que comenzaron en abril de 2001
13. El Presidente recuerda que el Consejo, en su anterior reunión, que tuvo lugar en abril de 2001,
había examinado la legislación de cinco Miembros.  Al final de esa reunión, cuatro de esos Miembros
no habían dado respuesta todavía a algunas de las preguntas iniciales.  Más adelante, se recibieron las
respuestas de Jordania y de Santa Lucía a las preguntas iniciales hasta entonces pendientes, y dichasrespuestas se dieron a conocer en los do cumentos IP/C/W/250/Add.1 e IP/C/W/237/Add.3,
respectivamente;  pero no se han recibido todavía las respuestas pendientes de Bolivia y de Namibia a
las preguntas iniciales.
14. El representante de Bolivia dice que espera poder facilitar en los próximos días las dos
respuestas pendientes a las preguntas iniciales.IP/C/M/32
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15. El representante de Namibia dice que facilitará en el curso de la reunión las respuestas
pendientes a las preguntas formuladas por el Canadá y los Estados Unidos.1  Añade que presentará en
el curso de la reunión las respuestas a la lista de cuestiones sobre la observancia.2
16. Volviendo a los Miembros cuyas legislaciones fueron examinadas en la sesión anterior, en
abril de 2001, pero que no dieron entonces respuesta a ninguna pregunta, a saber el Camerún, elCongo, Granada, Guyana, Papua Nueva Guinea y Suriname, el Presidente informa al Consejo de que
Granada y Suriname han hecho notificaciones parciales de su legislación de aplicación conanterioridad a la presente reunión, pero ninguno de esos Miembros ha facilitado respuestas a la lista
de cuestiones sobre la observancia (documento IP/C/5).  Las preguntas formuladas a esos Miembros
por el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, el Japón, Suiza y los
Estados Unidos, se recibieron antes de la reunión y figuran en los documentos IP/C/W/245, 244, 238,
239 y 240.  El Congo y Suriname respondieron durante la reunión, o poco antes, a algunas de laspreguntas formuladas, y sus respuestas constan en los documentos IP/C/W/283 y su Add.1 e
IP/C/W/300, respectivamente.
17. Con arreglo al procedimiento que se sigue en los exámenes de legislación, las delegaciones
del Congo y Suriname
 hicieron una sucinta exposición general de la estructura de sus respectivas
legislaciones en las esferas que abarca el Acuerdo, así como también de las modificaciones que
habían tenido que efectuar para hacerlas compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC.  Los textos de
esas declaraciones iniciales, junto con las preguntas formuladas al respecto y las correspondientes
respuestas se consignarán en los documentos con las siguientes signaturas:
Congo IP/Q/COG/1;   IP/Q2/COG/1;  IP/Q 3/COG/1;  IP/Q4/COG/1;
Suriname IP/Q/SUR/1;  IP/Q2/SUR/1;   IP/Q3/SUR/1;   IP/Q4/SUR/1.
18. Se han recibido también respuestas de las delegaciones del Camerún, Granada  y Papua Nueva
Guinea a las preguntas que les habían sido formuladas, y esas respuestas constan en los documentos
IP/C/W/302, 301 y 292, respectivamente.
19. La representante de Santa Lucía pone en conocimiento del Consejo que estaba previsto que
asistiese a esta reunión un representante de Guyana , pero que, evidentemente, no había sido posible la
asistencia de dicho representante.
20. El Presidente insta a las delegaciones de los Miembros cuya legislación procede examinar y
que no han respondido todavía a algunas preguntas iniciales, a que lo hagan sin demora, y propone
que el Consejo vuelva a ocuparse de este punto en su próxima reunión.
21. El Consejo así lo acuerda, y toma nota  de las declaraciones formuladas.
iii) Seguimiento de los exámenes ya realizados
- Examen de junio de 2000
22. El Presidente recuerda que se ha suprimido del orden del día el punto relativo al seguimiento
de los exámenes realizados en la reunión de junio de 2000.  Sin embargo, la Comunidad Europea y
sus Estados miembros plantearon posterior mente algunas preguntas a Indonesia en el
                                                     
1 Las respuestas de Namibia a esas preguntas iniciales se han dado a conocer en el documento
IP/C/W/248/Add.2.
2 Las respuestas de Namibia a la lista recapitulativa de cuestiones sobre la observancia se han dado a
conocer en el documento IP/N/6/NAM/1.IP/C/M/32
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documento IP/C/W/220.  Indonesia ha respondido a esas preguntas y sus respuestas constan en el
documento IP/C/W/270.
23. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación está estudiando aún las
respuestas de Indonesia y tal vez desee que se vuelva a tratar de este punto en otra ocasión.
- Examen de noviembre de 2000
24. El Presidente recuerda que Kuwait y el Paraguay tienen pendientes de respuesta todavía
algunas preguntas complementarias de la sesión de examen de noviembre de 2000.  Con posterioridad
a esa reunión, Kuwait ha facilitado respuestas a algunas de las preguntas complementarias formuladas
por las Comunidades Europeas y sus Estados miembr os, y esas respuestas constan en el documento
IP/C/W/232/Add.2.  No ha respondido, sin embargo, a otras preguntas complementarias formuladas
también por la Comunidad Europea y sus Estados miembros y por Suiza, que figuran en losdocumentos IP/C/W/219/Add.3 e IP/C/W/207/Add.3, respectivamente.  Paraguay no ha dado
respuesta a las preguntas complementarias formuladas por las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros en el documento IP/C/W/219/Add.3.
25. El representante de Kuwait dice que espera poder facilitar las respuestas pendientes a las
preguntas complementarias antes de la próxima sesión de examen.
26. El Presidente informa al Consejo de que Estonia ha presentado algunas aclaraciones a la
declaración introductoria que había formulado en la reunión de referencia, aclaraciones que se harán
constar en su momento en los documentos de la serie que lleva la signatura IP/Q/-.
- Examen de abril de 2001
27. El Presidente recuerda que, con posterioridad a la reunión de abril de 2001, Jordania y
Santa Lucía han facilitado respuestas a las preguntas formuladas por Suiza, y que esas respuestas
constan en los documentos IP/C/W/250/Add.2 e IP/C/W/237/Add.3, respectivamente.  Así pues, se
han recibido las respuestas de Jordania, Santa Lucía y Venezuela a todas las preguntas.
28. El representante de Suiza indica que su delegación tal vez tenga que hacer una pregunta más a
Santa Lucía por lo que respecta a indicaciones geográficas.
29. El Presidente recuerda que Bolivia y Namibia no han respondido todavía a las preguntas
complementarias del Japón y de los Estados Unidos, respectivamente, y propone que el Consejo inste
a ambos Miembros a facilitar sin demora esas respuestas pendientes a las preguntas complementarias.3
Propone que se suprima del orden del día el punto relativo a los exámenes de Jordania y Venezuela,quedando entendido que toda delegación puede volv er a plantear en cualquier momento cuestiones
dimanantes de esos exámenes.
30. El Consejo acuerda proceder con arreglo a lo propuesto por la Presidencia.
v) Legislación de los Miembros cuyo exa men estaba previsto para junio de 2001
31. Volviendo a los 24 Miembros cuya legislación ha de examinar el Consejo en la presente
reunión, conforme a lo previsto, el Presidente pone en conocimiento del Consejo que 15 de esos
24 Miembros han hecho notificaciones de su legislación de aplicación con anterioridad a la reunión, si
                                                     
3 Bolivia y Namibia facilitaron, en el curso de la reunión, sus respuestas pendientes a las cuestiones
complementarias.  Constan esas respuestas en los documentos IP/C/W/251/Add.1 e IP/C/W/248/Add.2,
respectivamente.IP/C/M/32
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bien no todas las notificaciones fueron completas.  Nueve han facilitado respuestas a la lista de
cuestiones sobre la observancia (IP/C/5).  Los Miembros en cuestión han recibido preguntas del
Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, los Estados Unidos, el Japón y Suiza ,y
esas preguntas figuran en los docume ntos IP/C/W/261, 261/Add.1, 274, 268, 258 y 263,
respectivamente.  Antes de la reunión o en el curso de ésta se han recibido algunas respuestas deAlbania, la Argentina, Botswana, Costa Rica, Côte  d'Ivoire, Croacia, Dominica, Egipto, los Emiratos
Árabes Unidos, Filipinas, Georgia, Honduras, Jamaica, Marruecos, Nicaragua, Omán y la
República Dominicana.  Esas respuestas constan en los documentos IP/C/W/267, 271, 295, 269, 287,
262, 275, 285, 278, 290, 277, 266, 294, 265, 288, 282, 272, 291 y su addendum, respectivamente.
32. Con arreglo al procedimiento para el examen de legislación, las delegaciones de Albania, la
Argentina, Bahrein , Botswana , Costa Rica , Côte d'Ivoire , Croacia , Dominica , Egipto , los Emiratos
Árabes Unidos, Fiji , Filipinas , Georgia , Honduras , Jamaica , Kenya , Marruecos , Mauricio , Nicaragua ,
Omán y la República Dominicana  facilitan breves resúmenes introductorios de su respectiva
legislación en las esferas que abarca el Acuerdo, así como también de las modificaciones que habían
tenido que efectuar para hacer compatible su legislación con el Acuerdo sobre los ADPIC.  Los textos
de esos resúmenes introductorios, las preguntas formuladas al respecto y las respuestas
correspondientes (con inclusión de las respuestas a preguntas complementarias que se den después dela reunión) se harán constar en los documentos con las signaturas siguientes:
Albania IP/Q/ALB/1;   IP/Q2/ALB/1;  IP/Q 3/ALB/1;  IP/Q4/ALB/1;
Argentina IP/Q/ARG/1;  IP/Q2/ARG/1;  IP/Q3/ARG/1;  IP/Q4/ARG/1;
Bahrein IP/Q/BHR/1;  IP/Q2/BHR/1;   IP/Q3/BHR/1;  IP/Q4/BHR/1;
Botswana IP/Q/BWA/1;  IP/Q2/BWA/1;  IP/Q3/BWA/1;  IP/Q4/BWA/1;Costa Rica IP/Q/CRI/1;  IP/Q2/CRI/1;  IP/Q3/CRI/1;  IP/Q4/CRI/1;
Côte d'Ivoire IP/Q/CIV/1;  IP/Q2/CI V/1;  IP/Q3/CIV/1;  IP/Q4/CIV/1;
Croacia IP/Q/HRV/1;  IP/Q2/ HRV/ 1;  IP/Q3/HRV/1;  IP/Q4/HRV/1;
Dominica IP/Q/DMA/1;  IP/Q2/DMA/1;  IP/Q3/DMA/1;  IP/Q4/DMA/1;
Egipto IP/Q/EGY/1;  IP/Q2/EGY/1;   IP/Q3/EGY/1;  IP/Q4/EGY/1;
Emiratos Árabes Unidos IP/Q/ARE/1;  IP/Q 2/ARE/1;  IP/Q3/AR E/1;  IP/Q4/ARE/1;
Fiji IP/Q/FJI/1;  IP/Q2/FJI/1;  IP/Q3/FJI/1;  IP/Q4/FJI/1;
Filipinas IP/Q/PHL/1;  IP/Q2/PHL/ 1;  IP/Q3/PHL/1;  IP/Q4/PHL/1;
Georgia IP/Q/GEO/1;  IP/Q2/GEO/1;   IP/Q3/GEO/1;  IP/Q4/GEO/1;
Honduras IP/Q/HND/1;  IP/Q2/HND/1;  IP/Q3/HND/1;  IP/Q4/HND/1;
Jamaica IP/Q/JAM/1;  IP/Q2/JAM/1;  IP/Q3/JAM/1;  IP/Q4/JAM/1;
Kenya IP/Q/KEN/1;  IP/Q2/KEN/1;   IP/Q3/KEN/1;  IP/Q4/KEN/1;
Mauricio IP/Q/MUS/1;  IP/Q2/MUS/1;  IP/Q3/MUS/1;  IP/Q4/MUS/1;
Marruecos IP/Q/MAR/1;  IP/Q2/MAR/1;  IP/Q3/ MAR/1;  IP/Q4/MAR/1;
Nicaragua IP/Q/NIC/1;  IP/Q2/NIC/1;   IP/Q3/NIC/1;   IP/Q4/NIC/1;
Omán IP/Q/OMN/1;  IP/Q2/OMN/1;  IP/Q3/OMN/1;  IP/Q4/OMN/1;
República Dominicana IP/Q/DOM/1;  IP/Q2/ DOM/1;  IP/Q3/DOM/1;  IP/Q4/DOM/1.
33. Por lo que respecta al examen de la legislación de Antigua y Barbuda, el Presidente informa
al Consejo de que el Embajador de Antigua y Barbud a, que no reside en Ginebra, se ha dirigido a él
por escrito el 31 de mayo de 2001 para explicar que había habido algunas modificaciones en las
oficinas del Ministro de Justicia, en virtud de los cuales habían sufrido demoras los preparativos parael examen.  Añade el Presidente que ha contestado a esa comunicación el 14 de junio de 2001,
proponiendo que el Embajador enviase a alguna otra persona a esta reunión para explicar lo que
ocurría.  El Embajador ha respondido el 14 de juni o de 2001, diciendo que no era posible que asistiese
ningún representante a la reunión, pero que deseaba asegurar al Consejo que se estaba haciendo todo
lo posible en Antigua para que su delegación estuviese pronta para que se llevase a cabo un examenen los meses venideros.  El Presidente propone que el Consejo vuelva a ocuparse del examen de la
legislación de Antigua y Barbuda en su próxima reunión de examen, es decir en noviembre de 2001.IP/C/M/32
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34. Por lo que respecta al examen de la legislación de Saint Kitts y Nevis, la representante de
Santa Lucía pone en conocimiento del Consejo que, en el reciente Examen de las Políticas
Comerciales de los Estados del Caribe Oriental Miembros de la OMC, el Secretario Permanente de
Saint Kitts y Nevis (Estado que tiene 44.000 habitantes) informó a la División de Examen de las
Políticas Comerciales de la Secretaría de la OMC de que una persona, que era la única que tenía a sucargo estas cuestiones en su departamento, había dimitido con efecto inmediato y que, por
consiguiente, sería difícil que Saint Kitts y Nevis respondiese a pregunta alguna.
35. La representante de Santa Lucía encomia los esfuerzos realizados por Dominica y Jamaica en
cuanto al examen, a pesar de la limitación de los recursos con que cuentan.  Dice que el Consejo tiene
que tener presente la excesiva carga que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC imponen a
los Miembros, y que debería darse en los procedimientos unos plazos más adecuados para las
administraciones más reducidas.
36. El representante de Ghana dice que su delegación había accedido a que el examen de su
legislación se efectuase en diciembre de 2000.  Había quedado en claro, sin embargo, que la
legislación de aplicación no estaría pronta para ser examinada, aun cuando hubiese llegado a la fase
de estudio en el correspondiente comité parlamentario.  Su delegación había solicitado, por lo tanto,
que el citado examen tuviese lugar en junio de 2001, esperando que para esa fecha estaría pronta lalegislación.  No fue posible, sin embargo, aprobar esa legislación antes de que el Parlamento fuese
disuelto al convocarse elecciones para diciembre de 2000, tras las cuales Ghana tiene ahora un nuevo
Gobierno y un nuevo Parlamento.  Así pues, tuvo que  comenzar de nuevo el proceso legislativo, con
la consiguiente demora de la aprobación de esa legislación.  Si bien se encuentra ésta en primer lugar
del programa legislativo del nuevo Parlamento, no ha sido aprobada todavía.  Se está haciendo todo loposible, no obstante, para aprobarla con arreglo a un certificado de urgencia.  Añade que las
autoridades de Ghana le han encargado que pida al Consejo que aplace una vez más el examen, hasta
noviembre de 2001, fecha en la que ya se habrá aprobado la legislación.  Al formular esa petición, las
autoridades de su país son conscientes de que Ghana debía haber cumplido sus obligaciones a este
respecto hace ya más de un año.  Por ese motivo, reiteran al Consejo que harán todo lo posible paraque la legislación esté aprobada a tiempo para su examen en noviembre de 2001.  Indica que su
delegación ha recibido preguntas de algunas otras delegaciones.  Agradece esas preguntas, que
recibirán la adecuada respuesta.
37. El Presidente propone que el Consejo tome nota de las dificultades en que se ha visto Ghana y
añada ese Miembro a la lista de aquellos cuya legislación será examinada en noviembre de 2001.
38. El Consejo así lo acuerda.
39. El Presidente propone que se proceda para la continuación como sigue:
- que las respuestas pendientes a las preguntas iniciales se presenten al país de que se
trate y a la Secretaría a más tardar el 13 de julio de 2001;
- que los textos de las demás preguntas complementarias que puedan formularse se
presenten al país de que se trate y a la Secretaría a más tardar el 3 de agosto de 2001;
- que se fije como objetivo la fecha del 17 de agosto de 2001 para que los países
sujetos a examen presenten sus respuestas a las preguntas complementarias ya
formuladas, sus respuestas más completas a preguntas a las que ya hayan dado
respuestas preliminares, y, en la medida de lo posible, sus respuestas a las nuevaspreguntas complementarias que hayan podido formularse antes del 3 de agosto
de 2001;  yIP/C/M/32
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- que el Consejo vuelva a ocuparse de este asunto por lo que respecta al examen de la
legislación de esos 24 Miembros en su próxima reunión.
40. El Consejo acuerda proceder con arreglo a lo propuesto por el Presidente.
v) Legislación de los Miembros cuyo exa men está previsto para noviembre de 2001
41. El Presidente recuerda que está previsto para la reunión que el Consejo celebrará en
noviembre de 2001 el examen de la legislación de 18 Miembros, entre los que se cuenta Lituania,
Miembro cuya adhesión ha tenido lugar recientemente.4  Señala que el Consejo acordó, en su reunión
de abril, que, por lo que respecta a los exámenes que hayan de efectuarse en la semana del 26 de
noviembre de 2001, las preguntas a los Miembros de que se trata deben presentarse el 14 de
septiembre de 2001 a más tardar, y las respuestas a las preguntas formuladas dentro de ese plazodeben presentarse el 26 de octubre de 2001 a más tardar.  Hace notar también que ha recibido una
comunicación de uno de los Miembros en cuestión, Gabón, cuyo texto figura, para información, en el
documento IP/C/W/276.
C. A
PLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 8 Y 9 DEL ARTÍCULO 70
42. El Presidente informa al Consejo de que Omán, en su notificación de legislación nacional de
aplicación, ha manifestado que no le son aplicables las disposiciones de los párrafos 8 y 9 del
artículo 70, puesto que concede protección mediante patente a las invenciones de productos
farmacéuticos y de productos químicos para la agricultura.5  Burundi ha notificado que "la legislación
vigente no comporta ningún obstáculo a la aplicación de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del
Acuerdo".  Esa notificación se ha dado a conocer en el documento IP/N/1/BDI/1, que se menciona enel punto A ii) del orden del día.
D. A
PLICACIÓN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 66
43. El Presidente recuerda que la aplicación del párrafo 2 del artículo 66 viene siendo objeto de
deliberaciones en el Consejo desde diciembre de 1998, y que el Consejo ha recibido información de
20 países Miembros desarrollados acerca de la forma en que se aplica en sus respectivos territorios lareferida disposición.  El Consejo tiene ante sí, desde junio de 2000, una nota de la Secretaría
(IP/C/W/169), elaborada por encargo del Consejo, en la que se indican los tipos de medidas de
incentivo notificadas, con referencias a los lugares en que pueden encontrarse más detalles, así como
también una propuesta de la delegación de Zambia acerca del trato especial y diferenciado en lo
referente a transferencia de tecnología (IP/C/W/199).  Por lo que respecta al párrafo 2 del artículo 66,
el Consejo General, en su reunión extraordinaria del 18 de octubre de 2000, acordó invitar al Consejo
de los ADPIC a que, con miras a propiciar la mayor facilidad de aplicación de las disposiciones delpárrafo 2 del artículo 66, estudiase la posibilidad de elaborar una lista ilustrativa de incentivos del tipo
de los que se contemplan en dichas disposiciones;  a que sistematizase y regularizase su
procedimiento de notificación y seguimiento de medidas con arreglo a las disposiciones del párrafo 2
del artículo 66 y que, al hacerlo, pensase en evitar cargas innecesarias en el procedimiento de
notificación;  y a que, a su vez, el Consejo de los ADPIC invitase a otras organizacionesintergubernamentales a facilitar información acerca de sus actividades encaminadas a la creación de
capacidad tecnológica (a la que se refiere infra el punto E del orden del día).  Recuerda también que,
en la reunión anterior, los representantes de los países menos adelantados indicaron que necesitaban
más tiempo para concretar sus ideas y elaborar una propuesta acerca de cómo debían llevarse a cabo
                                                     
4 El Presidente se refiere a la adhesión de Lituania, de la que se ocupa el tema O i) del orden del día.
5 Esa notificación se distribuirá como doc umento con la signatura IP/N/1/OMN/1.IP/C/M/32
Página 10
las tareas a este respecto.  Se ha recibido una comunicación de Zambia (documento IP/C/W/298), con
referencia a este punto del orden del día y también a los puntos E ("Información sobre creación de
capacidad tecnológica") y K ("Examen de la aplicación del Acuerdo de conformidad con el párrafo 1
del artículo 71").
44. El representante de Zambia expresa su agradecimiento a los países desarrollados Miembros
que han facilitado información por lo que respecta a este artículo y dice que esa información resulta
especialmente útil cuando se centra en los países menos adelantados (PMA), con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 66.  Sin em bargo, su delegación querría que se diese información
más amplia sobre los tipos de incentivo que se conceden.  Eso ayudaría a determinar cuáles son los
incentivos más adecuados para alcanzar el objetivo del citado artículo.  Dice que su delegación se da
cuenta de que señalar directamente los objetivos no es tarea fácil, dado que puede haber muchas
instituciones, planes y participantes interesados en los respectivos países.  De todos modos, sudelegación desea que, en este proceso de tratar de encontrar medios eficaces de aplicar el párrafo 2 del
artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC, se recoja más información de los países desarrollados
acerca del desempeño de ese mandato.  La información que han facilitado ya en el documento
IP/C/W/132 y su addendum constituye un recurso útil que debe ser analizado para ver cómo podría
aplicarse el párrafo 2 del artículo 66 de la mejor manera para fomentar la transferencia de tecnología alos PMA y coadyuvar al logro de los objetivos y los principios del Acuerdo sobre los ADPIC,
estipulados, respectivamente, en sus artículos 7 y 8.  Pide a los países desarrollados Miembros que
faciliten amplia información y, en especial, que indiquen hasta qué punto ha tenido lugar la
transferencia de tecnología a los PMA.   Dice que, al facilitar esa información, deben indicar cómo
funcionaron en la práctica los incentivos que notificaron.  Se les pide, concretamente, que facilitencuanta información tengan sobre:  i) las esferas tecnológicas a las que se aplicó cada incentivo en las
transferencias de tecnología a los PMA;  ii) las formas en que se transfirió tecnología a los PMA con
cada uno de los incentivos (por ejemplo, capacitación de personal, acuerdos sobre concesión de
licencias, establecimiento de presencia comercial, compraventa de mercancías, etc.);  iii) todos los
factores que se estime que han hecho que determinados factores fuesen más eficaces que otros encuanto a la transferencia de tecnología a los PMA;  y iv) en qué forma intervinieron los PMA en la
elección de las esferas a las que les fue transferida tecnología con cada uno de los incentivos.  Su
delegación espera la respuesta de sus países desarrollados interlocutores, y sobre todo las
contestaciones correspondientes concretamente a esos cuatro puntos.  Concluye señalando que
agradecería que las respuestas a esas preguntas se facilitasen por escrito y también verbalmente, y
asegura que, por su parte, tratará de responder a todas las preguntas que suscite su intervención, en
esta reunión o después de ella.
45. El representante de las Comunidades Europeas agradece a la delegación de Zambia que haya
hecho partícipe al Consejo de los resultados de sus reflexiones sobre la aplicación del párrafo 2 del
artículo 66, referente a los incentivos encaminados a lograr la transferencia de tecnología.  Dice que
su delegación atribuye gran importancia a este asunto y reflexiona acerca de la mejor manera de dotar
de sentido a esa disposición del Acuerdo.  Las propuestas a que se ha referido el Presidente en sudeclaración introductoria merecen ser objeto de ulterior examen y más consultas.  Entiende que
Zambia está en lo cierto al señalar la dificultad de facilitar información adicional y pormenorizada,
dado que en muchos países son tantas las instituciones y los participantes que hay que tener en cuenta.
Recuerda que cuando su delegación notificó, hace dos años, la información requerida en virtud del
párrafo 2 del artículo 66, indicó que los programas que estaban a disposición de los PMA los llevaba acabo tanto la Comunidad Europea como sus Estados miembros.  De ahí que no pueda asegurar al
Consejo que va a ser posible que las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros faciliten la
información en la forma que pide el representante de Zambia.  Tendrán que investigar en qué medida
está disponible esa información.  Dice que su delegación toma muy en serio esta cuestión porque la
transferencia de tecnología es un importante aspecto del debate en torno a la propiedad intelectual y aldesarrollo.IP/C/M/32
Página 11
46. El representante de los Estados Unidos agradece a Zambia su sustancial aportación por lo que
respecta al párrafo 2 del artículo 66, que ayuda al Consejo en su estudio de cómo seguir procediendo
en sus tareas sobre este punto del orden del día.  Dice que es probable que su delegación se vea en la
misma situación que las Comunidades Europeas, puesto que tiene muchos problemas relacionados
con el párrafo 2 del artículo 66.  Llevará a las autoridades de su capital la propuesta de Zambia, paraaveriguar si su delegación se encuentra o no en condiciones de facilitar información del tipo de la que
se pide.  En la próxima reunión dará alguna i ndicación de hasta qué punto es factible para su
delegación lo propuesto.
47. El representante del Japón se refiere, en primer lugar, a la cuestión general de la necesidad de
que los PMA Miembros puedan crear una base tecnológica sólida y viable mediante la transferencia
de tecnología por parte de los países desarrollados.  Que los PMA Miembros se beneficien de los
sistemas de propiedad intelectual es indispensable, no sólo para sí mismos, sino también para lafiabilidad y credibilidad de los sistemas de propiedad intelectual con arreglo al Acuerdo sobre
los ADPIC.  La inmensa mayoría de las transferencias de tecnología la lleva a cabo el sector privado,
y, por lo tanto, la cuestión clave es la de cómo dar incentivos a las empresas privadas.  Sin incentivos
al sector privado, que es el principal suministrador de tecnología, no se propiciará la transferencia
efectiva de tecnología.  Una protección adecuada de la propiedad intelectual de la tecnología es unode los factores más importantes para facilitar la transferencia de tecnología.  Volviendo al párrafo 2
del artículo 66, señala que la nota de la Secretaría (documento IP/C/W/169) ha refundido la
información presentada por los países desarrollados Miembros y proporciona ya información
suficiente.  Los nuevos procedimientos de notificación y el seguimiento de las medidas de incentivo
no deberían imponer una nueva carga excesiva ni a los países desarrollados Miembros ni a laSecretaría.  Si se va a dotar de regularidad a esos procedimientos, el Japón está dispuesto a actualizar
la información sobre las distintas medidas de incentivo que facilitó y que fueron presentadas en el
documento IP/C/W/132/Add.2.  El Japón ha venido  proporcionando diversas medidas de incentivo
que no se reseñan en el citado documento.  Comprenden esos incentivos no sólo la provisión de
asistencia y pericia técnicas, sino también otras medidas, tales como las de actividades de estudios ydesarrollo conjuntas con los países en desarrollo, el fomento de la utilización de determinadas
tecnologías, entre las que figuran las que benefician al medio ambiente, los proyectos de
infraestructura en los países en desarrollo y el fomento de las inversiones de las empresas de los
países desarrollados.  No se debe aspirar a que las listas ilustrativas sean completas, sino a que recojan
información, para que no afecten a las medidas de incentivo que estén adoptando o pensando adoptar
los países desarrollados Miembros.  Esto es importante, ya que existe una gran diversidad de opciones
en cuanto a incentivos, y los Miembros deben poder adoptar libremente cualquiera de esas opcionesque estimen apropiada.  Por último, y con respecto a las cuatro peticiones de información concreta
que ha formulado Zambia, dice que su delegación está analizando todavía la forma en que puede
responder a ellas.  Volverá a ocuparse de este asunto en la próxima reunión.
48. El representante de Australia agradece la comunicación de Zambia, y dice que responderá a
ella en la próxima reunión.
49. El representante del Brasil recuerda al Consejo que el párrafo 2 del artículo 66 constituye un
claro mandato de transferencia de tecnología a los PMA Miembros.  Debe interpretarse esa
disposición a la luz de los objetivos de transferencia de tecnología y de equilibrio de derechos y
obligaciones que se expresan en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Su delegación espera con
interés comunicaciones más sustanciales de los países desarrollados acerca de cómo están llevando ala práctica esa disposición y, en especial, acerca de su respuesta a la petición de información concreta
que formuló Zambia.
50. El representante de Zambia se da por enterado de que Australia, las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, el Japón y los Estados Unidos están examinando esta cuestión y espera una
dedicación positiva y fructífera a esa tarea.IP/C/M/32
Página 12
51. El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda  volver a ocuparse de este
asunto en su próxima reunión.
E. INFORMACIÓN SOBRE CREACIÓN DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA
52. El Presidente recuerda que el Consejo, en su reunión de noviembre de 2000, acordó invitar a
las secretarías de la UNCTAD, la OMPI, la ONUDI, el Banco Mundial y el CDB a que facilitasen
información por escrito acerca de sus actividades en cuanto a creación de capacidad tecnológica.  Se
ha recibido esa información de la OMPI, la ONUDI, la secretaría del CDB y la UNCTAD, y se ha
dado a conocer en el documento IP/C/W/243 y sus addenda.  Señala que también se refiere a este
punto la comunicación de Zambia (documento IP/C/W/298).
53. El representante de Zambia agradece a las secretarías del CDB, la UNCTAD, la ONUDI y
la OMPI la información que proporcionaron acerca de la creación de capacidad tecnológica.  Se
desprende de esa información que todas ellas tienen programas de asistencia técnica a la creación decapacidad tecnológica.  A juicio de su delegación, lo importante es ver cómo podrían ser más útiles
esas organizaciones para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC por los países en desarrollo y, en
especial, los PMA, en forma equilibrada que atribuya igual importancia, por una parte, a los derechos
y beneficios de esos países y, por la otra, a sus obligaciones.  Pregunta, por ejemplo, cómo podría
servir para esto la cooperación técnica de la OMC.
54. El representante de la Secretaría, respondiendo al representante de Zambia, dice que se
ocupará de esta cuestión con el Director de la División de Cooperación Técnica de la Secretaría.
Señala que la Secretaría de la OMC cuenta con unos recursos limitados, pero, dentro de esa
limitación, trata de centrar de nuevo sus actividades de cooperación técnica, con inclusión de las que
realiza junto con otras organizaciones.  En la esfe ra de los ADPIC significa esto no solamente ayudar
a los países a que cumplan las obligaciones que les impone el Acuerdo, sino también ayudarles a que
se beneficien del sistema de propiedad intelectual como instrumento de fomento de su desarrollo.
Dice que, al tratar del siguiente punto del orden del día, rendirá informe acerca de la nueva iniciativa
conjunta de la OMPI y la OMC que se orienta hacia esos objetivos conjuntos.
55. El representante de las Comunidades Europeas dice que la explicación de la Secretaría
corresponde en todo a las reflexiones de su delegación acerca de la asistencia técnica.  Conviene en
que es necesario centrar de nuevo la asistencia técnica de manera tal que ésta no se consagre
únicamente a la aplicación puramente técnica del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que además ayude a
los países en desarrollo y a los PMA a aprovechar las ventajas del Acuerdo.  Reitera lo manifestado a
propósito del punto N del orden del día ("La propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos")
en el sentido de que, al prestar asistencia técnica, los expertos deben dedicar mayor atención a la
necesidad de que los países en desarrollo y los PMA puedan tener en cuenta los problemas de saludpública en el proceso de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.  Insta a una cooperación más
estrecha entre las pertinentes organizaciones internacionales.
56. El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda
 volver a ocuparse de esta
cuestión en su próxima reunión.
F. COOPERACIÓN TÉCNICA
57. El Presidente informa al Consejo de que, después de la anterior reunión, Corea notificó el
servicio de información para asistencia técni ca sobre notificaciones de ADPIC entre Miembros de
la OMC con arreglo al párrafo 11 del documento IP/C/W/241.  Ese servicio de información se ha
dado a conocer en el documento IP/N/7/Rev.2/Add.5.  La lista actualizada de Miembros que ofrecen
asistencia técnica sobre notificaciones de ADPIC con arreglo a este sistema se ha dado a conocer en eldocumento IP/C/W/256/Rev.1.  Portugal ha faci litado información actualizada acerca de susIP/C/M/32
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actividades de cooperación técnica y financiera pertinentes a la aplicación del Acuerdo sobre
los ADPIC en la esfera de la propiedad industrial.  Esa información se ha dado a conocer en el
documento IP/C/W/203/Add.4/Supp.2 y complement a la del documento IP/C/W/203/Add.4/Suppl.1,
en el que consta información acerca de las actividades de cooperación financiera y técnica de Portugal
en la esfera del derecho de autor y derechos conexos y en la de la observancia de los derechos depropiedad intelectual.
58. El Presidente, volviendo al tema de los preparativos para el examen anual de la cooperación
técnica, que el Consejo suele llevar a cabo en su reunión de septiembre, propone que el Consejo
invite, una vez más, a los países desarrollados Miembros a que faciliten información acerca de sus
actividades en virtud del artículo 67 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Se alienta a los demás Miembros
que facilitaron cooperación técnica a que informen sobre sus actividades en ese sentido, si así lo
desean.  Propone que el Consejo invite, también esta vez, a las organizaciones intergubernamentalesque tienen la calidad de observador en el Consejo de los ADPIC a que faciliten información acerca de
las pertinentes actividades y que, además, se den instrucciones a la Secretaría para que informe sobre
sus propias actividades.  Propone también que el Consejo pida que esa información se facilite antes
del final del mes de agosto, con el fin de que pueda ser distribuida antes de la reunión del Consejo,
cuya celebración está prevista para las fechas del 19 al 21 de septiembre de 2001.
59. El Consejo acuerda proceder de conformidad con lo propuesto por el Presidente.
60. La representante de Rumania informa al Consejo de que la Secretaría, en cooperación con
la OMPI, organizó un seminario nacional sobre observancia en Rumania, que tuvo lugar del 6 al 8 de
junio de 2001.  El seminario se orientó a los jueces competentes en materia de derechos de propiedad
intelectual, a los funcionarios de aduanas y a la policía, y asistieron a él unas 130 personas.  Larepresentante agradece a las Secretarías de la OMC y de la OMPI sus excelentes aportaciones a ese
seminario, en especial en lo que se refiere a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.  Pone de
relieve la importancia que Rumania atribuye a la ejecución de esos derechos.
61. El Consejo toma nota de esa información.
62. El Presidente dice a continuación que la Secretaría informó al Consejo, en reuniones
anteriores, de sus conversaciones con la Oficina Internacional de la OMPI acerca de cómo coordinar y
mejorar la cooperación entre las respectivas secretarías en cuanto a la provisión de asistencia a
los PMA, teniendo presente que el período de transición concedido a los PMA Miembros de la OMC
expira el 1° de enero de 2006.
63. El representante de la Secretaría informa al Consejo de que el 14 de junio de 2001, en una
ceremonia en la sede de la OMPI a la que asistieron representantes de los PMA, los respectivos
Directores Generales de la OMC y de la OMPI habían puesto en marcha una iniciativa conjuntaencaminada a facilitar asistencia técnica a los PMA.  Esa iniciativa conjunta tiene por objeto ayudar a
los PMA Miembros a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Acuerdo sobre
los ADPIC.  Tienen acceso a ella también los demás PMA, y se orienta a ayudar a los PMA a que
hagan el mejor uso del sistema de propiedad intelectual para su desarrollo económico, social y
cultural.  La nueva iniciativa conjunta se adopta en el ámbito del Acuerdo de Cooperación entrela OMPI y la OMC que entró en vigor el 1° de enero de 1996 y en el que se estipula la cooperación en
la esfera de la provisión de asistencia técnica, entre otras.  Parte de la base de la cooperación que ya
existe entre la OMPI y la OMC en sus respectivos programas de cooperación técnica, y de la
experiencia obtenida por ambas organizaciones en la iniciativa conjunta de cooperación técnica que se
adoptó en julio de 1998 para prestar asistencia a los países en desarrollo Miembros para quecumpliesen hasta el año 2000 los compromisos contraídos a tenor del Acuerdo sobre los ADPIC.  Con
arreglo a la iniciativa conjunta en favor de los PMA, las dos organizaciones, junto con los países
solicitantes de asistencia y, en su caso, los países donantes, se esforzarán por utilizar al máximo losIP/C/M/32
Página 14
recursos disponibles en el período crítico que se avecina, haciendo para ello que los programas de
cooperación técnica sean planificados y coordinados de forma eficaz.  La iniciativa conjunta
contempla dos fases de asistencia:  en la primera fase, la OMPI y la OMC organizarán en 2002 dos
talleres regionales, uno de ellos para los PMA del África subsahariana, y el otro para los PMA de la
región de Asia y el Pacífico.  Esos talleres tendrán como objetivo hacer que los funcionarios de esospaíses estén plenamente familiarizados con los conceptos básicos, los principios y las obligaciones
dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, con miras, sobre todo, a facilitar la aplicación de éste y
determinar los problemas críticos a ese respecto.  Se invitará a participar en esos talleres también a
los PMA que no son Miembros de la OMC ni de la OMPI.  En una segunda fase, los talleres y los
contactos bilaterales que se establezcan servirán de ayuda para elaborar una lista de las formas de
asistencia que tendrán carácter prioritario para su provisión en forma de planes de actividad para un
país en concreto con arreglo a la iniciativa conjunta.  Los PMA podrá dirigir sus solicitudes decooperación técnica en virtud de la iniciativa conjunta a la OMC o a la OMPI.
64. La representante de la OMPI dice que esa iniciativa conjunta se encamina en particular a
ayudar a los PMA Miembros de la OMC en el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de ADPIC, pero que se han cursado invitaciones a todos los PMA, que son en total 49 y comprenden
30 Miembros de la OMC y seis países que están negociando actualmente su afiliación, así comotambién 41 PMA que son Estados miembros de la OMPI.  Por ese motivo, se ha determinado y
enumerado en el anexo a la comunicación conjunta la asistencia que puede obtenerse de la OMPI.
Abarca esa asistencia, dicho en forma sucinta, as istencia legislativa, no solamente en cuanto a
compatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC sino también para la elaboración de otros proyectos
de ley;  traducción;  asistencia en cuanto a las obligaciones de notificación en virtud del Acuerdosobre los ADPIC;  y amplia formaci ón mediante cursos, viajes de estudio, becas, y formación en el
curso del trabajo en todas las esferas de la propiedad intelectual, con inclusión de la transferencia de
tecnología y los trámites de licencias.  La OMPI presta asistencia también a las actividades de
creación de instituciones cuando se trata de modernizar o establecer desde un principio oficinas de
propiedad intelectual, y esa asistencia abarca la referente a tecnología de la información,automatización e informatización.  Esas son tan sólo unas cuantas de las formas de asistencia amplia
que ofrece la OMPI.  Desde enero de 1996, la OMPI ha proporcionado asistencia legislativa a unos
90 países y oficinas regionales por lo que respecta a la aplicación de los ADPIC, y son más de 130 los
países y las oficinas regionales que se han beneficiado de las actividades de cooperación técnica de
la OMPI.  La OMPI ha tomado nota de las expresiones de aprecio de su asistencia técnica que recibió
de los Miembros, sobre todo en el curso de los exámenes de la legislación.  Reitera la dedicación de
la OMPI a la asistencia a los países en desarrollo y a los PMA, en el marco de la iniciativa conjunta ymás allá de ese marco, para todo lo relativo a la propiedad intelectual.
65. El representante de las Comunidades Europeas agradece a la Secretaría de la OMC y a la de
la OMPI la puesta en marcha de esa iniciativa conjunta.  Recuerda que ya hizo notar anteriormente la
importancia que tiene el que ambas Organizaciones cooperen en la provisión de asistencia técnica a
los países en desarrollo y a los PMA por lo que respecta a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.
66. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación se suma a los comentarios
formulados por las Comunidades Europeas y dice que sería conveniente que se hiciese llegar al
Consejo con regularidad información actualizada acerca del avance logrado a tenor de la iniciativa
conjunta.
67. El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas.
G. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 23
68. El Presidente informa al Consejo de que, conforme a lo previsto en la anterior reunión, las
Comunidades Europeas han aportado un cuadro compar ativo de las propuestas presentadas al ConsejoIP/C/M/32
Página 15
por lo que respecta al sistema de notificación y registro de las indicaciones geográficas que ha de ser
negociado en virtud del párrafo 4 del artículo 23.  Ese cuadro figura en el documento distribuido con
la signatura IP/C/W/259.  El Consejo ha recibi do una segunda comunicación de las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, la cual figura en el documento IP/C/W/260.
69. El representante de las Comunidades Europeas, refiriéndose al cuadro comparativo
(documento IP/C/W/259), dice que, hasta el momento, existen en ese cuadro dos propuestas
completas:  la propuesta de las Comunidades Europeas y la "propuesta conjunta".  Hay, además,
algunas propuestas de texto sobre aspectos concretos y, en particular, sobre posibles procedimientos
de oposición e impugnación, presentadas por Hungrí a.  Se observan en el cuadro comparativo
bastantes elementos comunes a las diversas propuestas, pero también algunos puntos de divergencia.
Con respecto a los términos "notificación" y "registro", como se utilizan en la propuesta conjunta,
"notificación" supone únicamente transparencia de  la información en un sistema voluntario y de
administración sencilla, mientras que la expresión "registro" no conlleva efectos jurídicos.  En
consecuencia, todo parece indicar que las disposiciones sobre notificación y registro son idénticas en
la propuesta conjunta.  En numerosos aspectos, el objetivo de la propuesta conjunta parece limitarse a
establecer una simple base de datos.  Su delegación no ve con claridad de qué forma la facilitación de
la protección de las indicaciones geográficas, requerida por el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdosobre los ADPIC, se aseguraría mediante un sistema consistente en una mera base de datos.  A ese
respecto, la propuesta conjunta no hace referencia a una legislación nacional en que se prevea la
protección ni a la fecha de protección inicial de las distintas indicaciones geográficas.  Hace notar que
las propuestas presentadas por Hungría y por las CE, respectivamente, sugieren diversos modos y
medios para hacer posibles el examen y las consultas destinados a alcanzar una solución aceptable encaso de discrepancia entre los Miembros.  Según parece, la propuesta conjunta no contiene nada
comparable.  Hace además, las siguientes observaciones acerca de otros aspectos de la propuesta
conjunta:
- La expresión " vinos y bebidas espirituosas " se ha sustituido por las palabras
"productos abarcados ".  Según lo expuesto en la introducción, entendemos que el
debate sobre la naturaleza del sistema ha de separarse del análisis de su ámbito de
aplicación.  Su delegación comparte ese criterio y ha adoptado el mismo enfoque en
su propia propuesta revisada.  Sin embargo, habida cuenta de la constante renuencia
de los Estados Unidos y los copatrocinadores de su propuesta a entablar un debate
sobre otros productos, desearíamos que los Estados Unidos y esos copatrocinadores
aclarasen su postura al respecto.
- No está claro por qué notificar las indicaciones geográficas " semestralmente "
reduciría la carga administrativa de la Secretaría.
- La propuesta conjunta deja también abierta la posibilidad de que los Miembros
puedan retirarse o interrumpir su participación en el sistema.
- No están claras las medidas previstas para asegurar un verdadero sistema multilateral
de registro, en lugar de una simple recopilación de listas nacionales.  Pedir a la
Secretaría que recopile listas nacionales resultará un esfuerzo excesivo si no se
obtienen otras ventajas, por lo que la medida debería limitarse al establecimiento deenlaces a los distintos sitios Web nacionales.
- En la propuesta conjunta no está claro si los Miembros no participantes están o no
obligados a dispensar protección con arreglo al artículo 23 del Acuerdo sobre
los ADPIC y a facilitar esa protección en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 4 deese artículo.  Asimismo, todo parece indicar que las " l i s t a s  d e  l a  O M C " no se
diferenciarían de la " lista de indicaciones geográficas nacionales ".  ConcluyeIP/C/M/32
Página 16
diciendo que, habida cuenta de los anteriores comentarios, la propuesta conjunta no
puede considerarse plenamente conforme con el mandato establecido en el párrafo 4
del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular en lo que respecta a los
diferentes elementos que constituyen un sistema multilateral de notificación y
registro.
70. El representante de los Estados Unidos, respondiendo a las Comunidades Europeas, dice que
los términos "notificación" y "registro", tal y como se utilizan en la propuesta conjunta, no son
idénticos.  "Notificación" se refiere a las medidas que adopten los Miembros de la OMC que deseen
participar en un sistema multilateral para la notificación y el registro.  Los Miembros que deseen
participar habrían de notificar a la Secretaría de la OMC una lista de sus indicaciones geográficas
nacionales reconocidas por lo que se refiere a los productos abarcados.  Los Miembros participantesestarían obligados, además, a mantener al día sus notificaciones, en especial por lo que se refiere a
retirar las de indicaciones que no gocen ya de protección en el territorio del Miembro.  Se ha
observado que en la propuesta conjunta no se hace referencia expresa a la fecha en que se ha otorgado
el reconocimiento de las indicaciones geográficas.  Esa información contribuiría a facilitar la
protección y podría incluirse, ciertamente, en el modelo de las notificaciones, cuando los Miembrosprocedan a elaborarlo.  "Registro" se refiere a la compilación por la Secretaría de la base de datos de
las indicaciones geográficas notificadas, en la que se indicarán los productos a que se aplican las
indicaciones, el país de origen y, si los Miembros así lo acuerdan, la fecha en que se otorgó el
reconocimiento en el país de origen.  Una vez establecida la base de datos, la Secretaría no tendría que
hacer nada más que ir añadiendo las nuevas indicaciones notificadas y suprimiendo las retiradas porlos Miembros.  El registro tendría efectos jurídicos, pero éstos estarían de conformidad con la
legislación compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC de cada uno de los Miembros que participen
en el sistema.  Los Miembros acudirían a la base de datos, al igual que a las demás fuentes de
información que habitualmente utilizan para adoptar decisiones que afecten a la protección de las
indicaciones geográficas de los productos abarcados con arreglo a su legislación nacional.  Con esareferencia a la base de datos se conseguiría que se tuviese en cuenta en las citadas decisiones la
información relativa a las indicaciones geográficas de los demás Miembros en cuanto a los productos
abarcados.  La idea de que las decisiones que afecten a las indicaciones geográficas se hagan de
conformidad con la legislación nacional de cada Miembro está en consonancia con la protección que
se otorga a otras formas de propiedad intelectual abarcadas por la Parte II del Acuerdo sobre
los ADPIC.  En respuesta a las observaciones concretas de las Comunidades Europeas, dice lo
siguiente:
- No es acertada la caracterización que hacen las Comunidades Europeas de la posición
de los Estados Unidos por lo que respecta al empleo del término "productos
abarcados" en lugar de "vinos y bebidas espirituosas".  El término "productos
abarcados" se empleó en la propuesta conjunta en atención a la propuesta de Australia
de que el sistema de notificación y registro se tratase por separado de la cuestión delámbito y la cobertura de dicho sistema.  Sin embargo, los Estados Unidos han
manifestado en repetidas ocasiones que, puesto que no existía en el Acuerdo sobre
los ADPIC mandato alguno para ocuparse de la ampliación de lo dispuesto en el
artículo 23 de manera que alcanzase a productos distintos de los vinos y las bebidas
espirituosas, sólo sería posible ocuparse de esa cuestión en el marco de una nuevaronda de negociaciones comerciales multilaterales.  Los Estados Unidos no apoyan
que haya negociaciones acerca de esa cuestión.
- En cuanto a la frecuencia con que deberían los Miembros actualizar sus
notificaciones, la propuesta conjunta indica que se fijaría una periodicidad, con objetode que la Secretaría pudiese programar sus recursos de manera adecuada.  Si las
notificaciones se presentasen cuando le pareciera a cada Miembro, sería menor laIP/C/M/32
Página 17
posibilidad de esa programación.  En todo caso, según la propuesta conjunta, una vez
establecida la base de datos, sería mínima la carga impuesta a la Secretaría.
- Los Estados Unidos creen que es muy valiosa la creación de una base de datos de
informaciones geográficas reconocida por los Miembros de la OMC, puesto que esainformación no se encuentra actualmente en ninguna compilación única de fácil
consulta a la que puedan acudir los Miembros de la OMC que tienen que adoptar
decisiones relativas a indicaciones geográficas.  Los enlaces por Internet con sitios de
carácter nacional no ofrecen el mismo valor, ya que cada uno de los Miembros que
mantienen información sobre indicaciones geográficas la presenta en forma diferente
y, en muchos casos, hay que buscar esa información en más de una localización en
sus territorios nacionales.  Además, es posible que algunos Miembros que deseenparticipar en el sistema no tengan la información pertinente a disposición del público
en sitios Web.
- Por lo que respecta a los Miembros no participantes, los Estados Unidos hacen notar,
en primer lugar, que en la sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC seestablecen criterios de protección de las indicaciones geográficas que todos los
Miembros de la OMC tienen que respetar.  Sin embargo, no se exige en la sección 3
que se protejan determinadas indicaciones geográficas, sino que, al igual que ocurre
con otras formas de propiedad intelectual, las decisiones acerca de la protección de
las distintas indicaciones geográficas se dejan a la legislación nacional compatiblecon el Acuerdo sobre los ADPIC.  La propuesta conjunta adopta ese enfoque al
contemplar que se alentaría a los Miembros no participantes a que consultasen la base
de datos de la OMC, al mismo tiempo que las demás fuentes de información, para la
adopción de decisiones con arreglo a su legislación nacional, cerciorándose así de que
utilizan la información más completa de que se dispone.  Se prevé que la mayoría lohará así, de todos modos, precisamente por ser la base de datos una fuente de
información útil que tal vez no puedan encontrar los Miembros en otros lugares.  Lo
que no tendrían que hacer los Miembros participantes es adoptar un régimen jurídico
que proteja expresamente determinadas indicaciones geográficas notificadas por otros
Miembros, sin tomar en consideración si cuentan con los recursos necesarios para
seguir los cientos de notificaciones de los demás Miembros y oponerse a las que
juzguen que no deben ser protegidas.
- Los Estados Unidos no están de acuerdo con la opinión de las CE en cuanto a si la
propuesta conjunta responde al mandato del párrafo 4 del artículo 23.  Es más, creen
que las propuestas de las CE y de Hungría no son compatibles con el mandato del
párrafo 4 del artículo 23, puesto que impondrían obligaciones adicionales a todos losMiembros, sin que los Miembros recibiesen por ello concesiones equivalentes por
parte de los Miembros que obtuviesen los mayores beneficios.
71. El representante de Hungría dice que el cuad ro comparativo (documento IP/C/W/259) es una
aportación útil.  El cuadro es neutral y su estructura hace posible un análisis objetivo de las diferentes
propuestas.  Insta a las demás delegaciones a que utilicen ese cuadro en el examen de las propuestas
formuladas dentro de este punto del orden del día.  Pasando a ocuparse del otro documento presentado
por las Comunidades Europeas (documento IP/C/W /260), dice que su delegación comparte en todo
los comentarios y conclusiones que figuran en dicho documento por lo que respecta a la propuesta
conjunta (IP/C/W/133/Rev.1).  Señala que el regist ro no tendría, según la propuesta conjunta, ningún
efecto jurídico y, por consiguiente, cabe decir que no se distinguiría de la notificación.  No parece, por
consiguiente, que el resultado final constituyese otra cosa que una simple base de datos y, por lo tanto,
no parece estar en consonancia con el párrafo 4 del artículo 23, que prescribe unas negociaciones
sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicacionesIP/C/M/32
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geográficas.  Respondiendo a los Estados Unidos, dice que Hungría no ve con claridad cuál sería el
efecto jurídico del registro con arreglo al sistema que proponen los Estados Unidos y los
copatrocinadores de la propuesta.  Es importante tomar nota de que el párrafo 4 del articulo 23
prescribe que el establecimiento del sistema multilateral de notificación y registro ha de facilitar la
protección de las indicaciones geográficas.  Pide a los Estados Unidos y a los copatrocinadores de la
propuesta que se refieran a cómo se conseguiría eso de forma efectiva con el sistema que proponen.
Sin entrar a debatir si sería necesario un procedimiento para la solución de diferencias entre Miembros
por lo que respecta al registro de las indicaciones geográficas notificadas, se limita a señalar que la
propuesta conjunta no contempla un mecanismo de esa naturaleza.  Le parecen pertinentes los
aspectos señalados en el párrafo 5 del documento de las Comunidades Europeas (documento
IP/C/W/260) y espera con interés nuevos comentarios y respuestas a ese respecto.
72. La representante del Canadá da una breve respuesta de carácter preliminar al documento de
las Comunidades Europeas distribuido con la si gnatura IP/C/W/260.  El Acuerdo sobre los ADPIC
deja claramente a la discreción de cada Miembro la determinación de la mejor manera de cumplir las
normas mínimas del Acuerdo.  Está claro que las CE y sus Estados miembros no dieron valor alguno
en su comunicación a las ventajas de un sistema vo luntario y están urgiendo a los delegados a que se
comprometan a algo que va mucho más allá de lo que exige el Acuerdo sobre los ADPIC.  El Canadáapoya las iniciativas encaminadas a elaborar una base de datos con miras a lograr un mejor
entendimiento por parte de los Miembros de las diversas interpretaciones de esa disposición.  Da su
pleno apoyo el Canadá a un enfoque como el que se perfila en la propuesta conjunta, que no sea
gravoso y que sea verdaderamente voluntario.  A ese respecto, dice que su delegación se suma a
muchos de los comentarios formulados por el representante de los Estados Unidos en su anteriorintervención.
73. El representante del Japón dice que, en su calidad de copatrocinador de la propuesta colectiva
o conjunta (documento IP/C/W/133/Rev.1), desea expresar su opinión acerca de algunas de las
cuestiones que se plantean en el documento de la s CE (documento IP/C/W/260).  El Japón entiende
que el sistema multilateral de notificación y registro con arreglo al párrafo 4 del artículo 23 no debecrear nuevas obligaciones que vayan más allá del texto actual del Acuerdo sobre los ADPIC.  En la
tercera oración del párrafo 1 del artículo 1 se estipula que "los Miembros podrán establecer libremente
el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio
sistema y práctica jurídicos".  De conformida d con esa estipulación, los Miembros habrán ya
cumplido en sus respectivos sistemas y prácticas jurídicos nacionales la obligación de protección
adicional prescrita en los párrafos 1 al 3 del artículo 23.  Lo mismo podría decirse de la naturaleza y
alcance de la obligación resultante del sistema multilateral de notificación y registro, si viniere a serestablecido ese sistema.  El efecto jurídico resultante del sistema multilateral de notificación y registro
debería venir determinado por la legislación nacional de cada Miembro, con arreglo a las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  Refiriéndose al apartado 1) del documento de las CE, el
Japón entiende de otro modo el significado del término "registro".  El Japón no cree que el término
"registro" dé a entender por sí mismo que el sistema multilateral tiene que producir un nuevo tipo deefecto jurídico.  En realidad, la protección adicional se encuentra ya en la legislación nacional de los
Miembros que han aplicado los párrafos 1 al 3 de l Acuerdo sobre los ADPIC.  Carece de fundamento
el dotar de un nuevo efecto jurídico al sistema actual de protección adicional.  En el apartado 2) del
documento de las CE se dice que la propuesta colectiva se limita a establecer una simple base de datos
y no facilita la protección de las indicaciones geográficas requerida por el párrafo 4 del artículo 23.  ElJapón cree, sin embargo, que la propuesta colectiva haría más fácil la protección adicional de las
indicaciones geográficas.  El principal problema que encuentran los Miembros es el de la dificultad de
averiguar cuáles son las indicaciones geográficas concretas que gozan de protección en los territorios
de otros Miembros.  La propuesta conjunta haría que los Miembros encontrasen con mayor facilidad
esas indicaciones geográficas y propiciaría la protección de éstas.  En el apartado 4) del documento delas CE se dice que la propuesta conjunta no sugiere modos y medios para hacer posible el examen y
las consultas destinados a alcanzar una solución aceptable en caso de discrepancia entre losIP/C/M/32
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Miembros.  Ello se debe a que la propuesta conjunta no aspiró a crear un sistema multilateral de
carácter vinculante.  Los modos y medios de solucionar discrepancias entre los Miembros figuran ya
en el sistema actual de la OMC.  El Japón no cree que haga falta crear un nuevo sistema jurídico de
solución de diferencias distinto del que ya existe.  Tampoco es partidario el Japón de la idea de
arbitraje multilateral que propone Hungría.  Las Comunidades Europeas, en el primer inciso delapartado 5) de su documento, pidieron a los copatrocinadores que aclarasen su postura con respecto a
los productos que habrían de ser objeto del sistema multilateral.  El Japón cree que, en los momentos
actuales, el Consejo debe centrar sus debates en los productos ya abarcados por el párrafo 4 del
artículo 23, es decir los vinos y, tal vez, las bebidas espirituosas.  En el segundo inciso del apartado 5)
se hace referencia a una periodicidad semestral de las notificaciones.  El Japón no tiene ideas
preconcebidas acerca de la periodicidad de las notificaciones, pero, como quiera que sea, la carga
administrativa debe reducirse al mínimo.  Con respecto al cuarto inciso del apartado 5), no le parececlaro al Japón lo que ha de entenderse por "un verdadero sistema multilateral de registro".  El sistema
multilateral de notificación y registro que se formula en la propuesta colectiva o conjunta es el sistema
multilateral más apropiado, si se tiene en cuenta que el Consejo, al facilitar la protección adicional de
las indicaciones geográficas, debe evitar la creación de nuevas obligaciones que vayan más allá de las
estipuladas en el Acuerdo sobre los ADPIC.  En el quinto inciso del apartado 5) se pregunta si losMiembros no participantes están o no obligados a dispensar protección con arreglo al artículo 23.  El
representante responde que lo están, sin duda.  Todos los Miembros de la OMC están obligados a
dispensar protección adicional con arreglo al artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, y los
Miembros deben hacerlo por el método adecuado en el marco de su propio sistema y práctica
jurídicos, como se prescribe en la tercera oración del párrafo 1 del artículo 1.  Cree, en resumen, queel sistema multilateral formulado en la propuesta colectiva o conjunta responde al mandato del
párrafo 4 del artículo 23.
74. Prosiguiendo su intervención, pasa a formular comentarios sobre el cuadro comparativo
elaborado por las Comunidades Europeas (documento IP/C/W/259).  El Japón cree que ese cuadro
comparativo sería más útil si abarcase no solamente esas tres propuestas sino también todas lasopiniones y comentarios formulados por los Miembros, y si se estructurase con neutralidad.  Reitera
luego las opiniones de su delegación acerca de la propuesta de las CE (documento
IP/C/W/107/Rev.1).  En primer lugar, el sistema multilateral de notificación y registro que se
establezca no debe imponer a los Miembros obligación alguna que vaya más allá de lo estipulado en
el vigente Acuerdo sobre los ADPIC.  El sistema multilateral que proponen las CE parece introducir
nuevas obligaciones jurídicas que van más allá de lo que actualmente dispone el Acuerdo sobre
los ADPIC, ya que requiere que el registro tenga un efecto jurídico uniforme.  El efecto jurídico delregistro debe corresponder a lo que decidan las autoridades judiciales o administrativas de cada
Miembro, con arreglo a lo prescrito en la tercera oración del párrafo 1 del artículo 1.  Se debe permitir
que las medidas administrativas a que se refiere la nota de pie de página 4 al párrafo 1 del artículo 23
sigan siendo un medio apropiado para lograr la observancia.  En segundo lugar, la carga
administrativa y los costos conexos que ocasione el sistema multilateral deben reducirse al mínimo.El sistema multilateral que proponen las CE encierra un procedimiento de examen y un sistema de
oposición basado en impugnaciones y negociaciones entre los Miembros.  El sistema multilateral que
propone Hungría encierra un nuevo sistema de arbitraje multilateral, además de los elementos
propuestos por las CE.  Si el sistema multilateral va a llevar consigo esos elementos de examen,
oposición y arbitraje, será muy caro y gravoso, porque podrían verse sometidas a examen y oposiciónpor todos los Miembros participantes miles de indicaciones geográficas en el breve plazo de
18 meses.  En tercer lugar, el sistema multilateral debe basarse en la voluntariedad de la participación.
La propuesta de las CE se dice ser de carácter voluntario, pero de hecho podría dar lugar a un sistema
no voluntario, si el registro tiene efectos jurídicos erga omnes  para los Miembros no participantes.  Si
el registro aprobado obligase a los Miembros no participantes, éstos desearían también poderimpugnar el registro dentro de un plazo de 18 meses contados desde su publicación.  Ello quiere decir
que todos los Miembros se verían obligados a participar en el sistema multilateral.IP/C/M/32
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75. La representante de Australia da su apoyo a lo manifestado por el Canadá, el Japón y los
Estados Unidos.  El cuadro comparativo (documento IP/C/W/259) proporciona una compilación útil
de las características de las propuestas que han sido presentadas al Consejo de los ADPIC, pero es
lástima que no haga referencia alguna al Registro Internacional de Denominaciones de Origen
establecido en virtud del Arreglo de Lisboa (el llamado "registro de Lisboa").  El registro de Lisboa esun ejemplo de registro ya establecido que puede servir de referencia práctica para los Miembros en
cuanto a la naturaleza del registro que se establecería en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.  Si bien
el Arreglo de Lisboa fue concluido en 1958, sólo cuenta con 20 partes contratantes y no ha llegado a
conseguir amplio apoyo.  El registro de los ADPIC sólo podría cumplir su obligación de facilitar la
protección de las indicaciones geográficas si consiguiese el amplio apoyo y la extensa participación
de los Miembros.  Es de decisiva importancia, por ello, que los Miembros lleven a cabo un examen
práctico de los puntos débiles del Arreglo de Lisboa que ocasionaron su limitada aceptación.  El queel Arreglo de Lisboa no haya logrado amplio apoyo y el carácter voluntario del registro a que se
refiere el párrafo 4 del artículo 23 revelan la importancia de que los Miembros examinen
cuidadosamente hasta qué punto es capaz de dar cabida cada propuesta a la diversidad de los sistemas
nacionales de protección de las indicaciones geográficas.  Las respuestas de las Comunidades
Europeas a las preguntas de Australia en reuniones anteriores confirman que la propuesta de las CEencierra un registro que vendría a añadirse a las actuales obligaciones en materia de ADPIC, al crear
un sistema preferente que tendría efectos directos en las jurisdicciones nacionales.  Así se ve con
especial claridad en el cuadro comparativo pr esentado por las CE (documento IP/C/W/259).  La
propuesta de las CE, al proponer que se creen nue vas obligaciones, excede evidentemente el mandato
que otorga el párrafo 4 del artículo 23, que consiste en establecer un registro para facilitar elcumplimiento de las obligaciones ya existentes.  Con arreglo a la propuesta de las CE, si no se
formula oposición a una determinada indicación geográfica dentro de un plazo determinado, se da
lugar a su protección automática en una jurisdicción nacional.  En el Acuerdo sobre los ADPIC, en
cambio, no figura ninguna prescripción incondicional de protección de indicaciones geográficas
específicas  que se anticipe a un proceso judicial o administrativo;  lo único que se exige es que seproporcionen medios jurídicos de protección.  Goza de aceptación, en general, por lo que respecta a
otros tipos de propiedad intelectual, que la protección se dispense a nivel nacional, pero según la
propuesta de las CE, la falta de oposición al registro de una determinada indicación geográfica daría
lugar a la protección de esa indicación en la esfera nacional.  Su delegación echa en falta una
explicación de las CE que aclare por qué debe darse un trato especial a las indicaciones geográficas,
en comparación con los demás derechos de propiedad intelectual.
76. La representante de la Argentina dice que el cuadro comparativo de las CE (IP/C/W/259) es
muy útil para dar a conocer las diferencias fundamentales en la propuesta de las CE y la propuesta
colectiva o conjunta.  La Argentina ve con agrado que las CE hayan tratado por separado la propuesta
de Hungría(IP/C/W/255), sin incorporarla por el mo mento a la propuesta de las CE.  A la Argentina le
resultaría muy difícil, poco menos que imposible, aceptar un sistema de solución de diferencias como
el que propone Hungría para un determinado tipo de derechos de propiedad intelectual.  Esoconstituiría una obligación adicional a las previstas en el párrafo 4 del artículo 23.  El registro y sus
trámites debían, en realidad, facilitar el sistema de protección de las indicaciones geográficas, sin
crear nuevas obligaciones que podrían crear un obstáculo injustificable al comercio de vinos y bebidas
espirituosas.  La Argentina cree que la propuesta colectiva o conjunta es compatible con los
parámetros básicos de un sistema de notificación y registro.  Con respecto a la propuesta formuladapor Hungría, señala algunos elementos que plantean a su delegación problemas y serias reservas.  No
sólo crearía esa propuesta obligaciones adicionales, sino que, además, privaría a los Miembros de
algunos derechos, tales como los de utilizar las excepciones de los párrafos 4 a 6 del artículo 24.
Parece que, a tenor de los párrafos 4 y 5 de la propuesta de Hungría, no tendría efecto alguno, para los
Miembros que no hubiesen impugnado un registro, el hecho de que otros Miembros la hubiesenimpugnado, ni siquiera cuando esa impugnación haya tenido resultado favorable.  La propuesta indica
que se registraría la indicación geográfica, y la única diferencia consistiría en que el Miembro que
hubiese impugnado el registro con resultado favorable no estaría obligado a protegerla.  Se desprendeIP/C/M/32
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del párrafo 3 que las únicas indicaciones geográficas que, habiendo sido impugnadas con resultado
favorable, no se registrarían ni originarían obligaciones para ningún Miembro, serían aquellas cuya
impugnación con resultado favorable se hubiese basado en el párrafo 1 del artículo 22 (definición y
condiciones para la protección de una indicación geográfica) o en el párrafo 4 del artículo 22
(indicación que, aunque literalmente verdadera, dé al público una idea falsa de que los productos seoriginan en otro territorio).  Es motivo de preocupación para la Argentina el que, si un Miembro
desease ejercitar sus derechos invocando los párrafos 4 a 6 del artículo 24, sólo pudiese hacerlo
mediante un procedimiento de impugnación en el marco de un arbitraje internacional.  Parece que no
le sería posible ejercitar sus derechos en virtud del Acuerdo en fecha posterior, ya sea acudiendo a su
legislación nacional o a cualquier otra instancia.  Dicho de otro modo, parece que con la propuesta se
suprimirían importantes derechos que están ya consignados en el Acuerdo.  Relacionando esto con las
propuestas de ampliación de la protección adicional con arreglo al párrafo 1 del artículo 4, recuerdaque algunos Miembros han asegurado que la ampliación no sería tan espectacular, ya que se podría
seguir utilizando las excepciones.  Es posible, sin embargo, que el registro multilateral viniese a
suprimir algunas de ellas.  Preocupa mucho también a la Argentina lo relativo al párrafo 9 del
artículo 24, que exime a los Miembros de la obligación de proteger las indicaciones geográficas que
no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en esepaís.  En el párrafo 7 de la propuesta de Hungría y en el párrafo D.5 de la propuesta de las CE, tal y
como están formulados actualmente, sólo se dice que "quedará en suspenso" la obligación.  Ello
parece constituir una limitación del derecho establecido en el párrafo 9 del artículo 24.
77. El representante de Corea dice que en el cuadro comparativo de las CE (documento
IP/C/W/259) se establece cierta comparación de las propuestas.  El resumen de la Secretaría
(documento IP/C/W/253) muestra que los Miembros protegen las indicaciones geográficas por medios
diferentes, como son, por ejemplo, las leyes sobre prácticas comerciales o sobre marcas de fábrica o
de comercio, o el establecimientos de sistemas de protección especiales.  Esa variedad de sistemas de
protección por parte de los Miembros debe respetarse, en consonancia con el párrafo 1 del artículo 1
del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual "los Miembros podrán establecer libremente el métodoadecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y
práctica jurídicos".  Corea cree que las propuestas de las CE y de Hungría impondrían una carga y una
obligación adicionales a los Miembros que tengan un sistema de registro aparte para las indicaciones
geográficas.  En el párrafo 4 del artículo 23 se menciona específicamente el establecimiento de un
sistema multilateral de notificación y registro para los vinos que sean susceptibles de protección,
participantes en ese sistema, con el fin de facilitar la protección de las indicaciones geográficas.
Pueden deducirse un par de corolarios de la interpretación de ese artículo.  En primer lugar, no se creaen él derecho alguno, sino que se trata de facilitar la protección ya existente.  En segundo lugar, deben
reconocerse los derechos de participación de los Miembros, ya que se trata de un sistema para los
Miembros participantes.  En la práctica, el concepto de las indicaciones geográficas no ha sido
plenamente entendido todavía, a no ser en algunos países europeos.   En esas circunstancias, los
Miembros necesitarán cierto tiempo para crear la capacidad necesaria para examinar las notificacionesde los demás Miembros y para formular objeciones dentro del plazo de 18 meses, como proponen
las CE.  En el resumen de la Secretaría pueden verse también algunos casos de utilización mixta de las
indicaciones de procedencia y las denominaciones de  origen.  En el párrafo 39 de ese resumen se
alude a que algunos países incluso adoptan indicaciones geográficas sin relacionarlas directamente
con la calidad del producto.  Recuerda que los Estados Unidos indicaron en una reunión anterior quehabían sido notificadas más de 6.000 indicaciones geográficas referentes a vinos y bebidas
espirituosas mediante una serie de acuerdos bilaterales o regionales.  Sería bastante costoso examinar
todas esas notificaciones y formular objeciones dent ro del plazo prescrito.  Corea no puede acceder a
que se extiendan los derechos y obligaciones más allá de lo consignado en el Acuerdo sobre
los ADPIC.  Su oposición se basa en lo aprendido con el Arreglo de Lisboa, que creó un sistemademasiado gravoso.  Dada la breve historia de la protección de las indicaciones geográficas en
muchos de los Miembros, Corea cree que hacer partícipes a los demás Miembros de las bases de datos
de cada uno de ellos en mayor medida, y ampliarlas en su día, prestaría a los Miembros un servicioIP/C/M/32
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más eficaz y adecuado.  Si así se hiciera, el Consejo podría facilitar la participación voluntaria de los
Miembros en el sistema.
78. El representante de Malasia, hablando en nombre de los Estados miembros de la ASEAN,
dice que la ASEAN viene siguiendo con interés este debate desde hace algún tiempo.  Señala que las
expresiones utilizadas en el párrafo 4 del artículo 23 revelan una serie de elementos relativos a laformación del sistema multilateral, a saber los elem entos de notificación, registro y participación
voluntaria.  Conforme a la redacción del párrafo 4 del artículo 23, un sistema multilateral sería aquel
en que los Miembros tuviesen la oportunidad de notificar y registrar sus indicaciones geográficas
aplicables a los vinos y a las bebidas espirituosas.  La ASEAN entiende que notificar significa
informar, y que un registro connota la idea de una lista o catálogo de esa información.  El párrafo 4
del artículo 23 se propone establecer un sistema que permita que los Miembros que en él participan
notifiquen indicaciones geográficas aplicables a los vinos y a las bebidas espirituosas y las inscribanen un registro, sin que ese sistema deba surtir efectos jurídicos en los que hayan decidido no
participar.  Un sistema que encerrase esos tres elementos satisfaría las condiciones del párrafo 4 del
artículo 23.  Añadir elementos podría exceder de lo prescrito en ese artículo y hacer aumentar las
obligaciones que el Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros.
79. La representante de Nueva Zelandia, comentando, con carácter meramente preliminar, los
documentos que ha recibido, dice que su delegación continúa apoyando la propuesta conjunta
(IP/C/W/133/Rev.1), por creer que es la que mejor cumple el mandato del párrafo 4 del artículo 23 y
la que ocasionaría unos costos administrativos más moderados.  Su delegación se suma a las
observaciones formuladas por los copatrocinadores de la propuesta conjunta, Australia y Malasia en
nombre de la ASEAN, en el sentido de que precisamente el hecho de que esa propuesta no lleveconsigo efectos jurídicos y administrativos gravosos que vayan más allá de las obligaciones actuales
de los Miembros y del propio mandato del párrafo 4 del artículo 23 no quiere decir que la propuesta
conjunta no tenga un efecto de registro.  Dice que no entiende la crítica consistente en afirmar que la
propuesta conjunta no desempeña las funciones de notificación y de registro.  En algunos de los
aspectos señalados en el documento de las CE (documento IP/C/W/260) se subestima el valor quepodría venir a añadirse con las funciones de transparencia y notificación de toda propuesta formulada
con arreglo al párrafo 3 del artículo 24.  Es importante atender al valor que se da a algunas bases de
datos comerciales y el gran valor que podría obtenerse con ese tipo de compilación, sobre todo para
quienes cuenten con recursos limitados.
80. El representante de las Comunidades Europeas dice que ha escuchado con atención las
intervenciones formuladas en respuesta a la suya acerca de este punto del orden del día.  Dice que no
le han convencido los argumentos expuestos por los Estados Unidos y por otras delegaciones queintervinieron en el mismo sentido.  No ha oído grandes novedades.  Encuentra interesante haber
escuchado la definición que aportaron los Estados Unido del registro como compilación de una base
de datos, ya que él no encuentra tal definición en el diccionario.  A juicio de su delegación, la mera
compilación de una base de datos no constituye un registro y no se cumple con ella la obligación de
establecer un sistema multilateral de notificación y registro, impuesta por el párrafo 4 del artículo 23.Lamenta que algunas delegaciones, al tiempo que expresaron su aprecio por la tarea de elaboración
del cuadro comparativo por las CE, hayan indicado que hubieran deseado que se hiciese referencia en
ese cuadro al registro de Lisboa.  El cuadro comparativo no se refiere al registro de Lisboa porque es
una comparación de las propuestas presentadas con respecto a este punto del orden del día, y ninguna
delegación indicó que el registro de Lisboa satisficiese las prescripciones del párrafo 4 del artículo 23.Las CE no se propusieron iniciar un estudio académico, puesto que el Consejo había superado ya la
fase de aportación de posibles textos.  Una delegación había indicado que el cuadro sería más útil si
las CE hubieran añadido a éste las opiniones y los comentarios que se formularon en anteriores
reuniones.  Dice que no está convencido de que es o hubiera añadido gran cosa a este proceso, puesto
que, al comenzar las negociaciones, las delegaciones recordarán qué posiciones se adoptaron acercade las diferentes propuestas.  Le parece desanimador que, a pesar de que su delegación ha presentadoIP/C/M/32
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sus comunicaciones con antelación a la reunión, una delegación, por lo menos, haya manifestado que
no había tenido tiempo suficiente para examinarla a fondo.  No le es posible llegar a otra conclusión
sino la de que ello se debe, probablemente, a que carecían de buenos argumentos para refutar lo que
se expone en esas comunicaciones.  La elaboración del cuadro comparativo representa un intento de
proporcionar una base objetiva que permita a todas las delegaciones iniciar auténticas negociaciones.Lamenta que hasta ahora no se haya demostrado disposición alguna de dar comienzo a esas
negociaciones.
81. El representante de Suiza dice que las aportaciones tanto de las Comunidades Europeas como
de sus Estados miembros, contienen elementos muy interesantes, que propician el avance hacia el
establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro.  Su delegación sigue apoyando
las propuestas de las Comunidades Europeas y de H ungría.  El cuadro comparativo y el documento de
las CE hacen posible, al menos, que las delegaciones comparen las diversas propuestas que se hanhecho y planteen cuestiones que merecen ser estudiadas con miras a un debate fructífero.
82. El representante de los Estados Unidos, respondiendo a la petición de Hungría de que se
expliquen los efectos jurídicos que tendría el registro con arreglo a la propuesta colectiva o conjunta,
expone un ejemplo del efecto jurídico de la propuesta conjunta en virtud del derecho estadounidense.
Al revisar los Estados Unidos una solicitud de marca de fábrica o de comercio que contenga unaexpresión geográfica, el funcionario jurídico encargado de examinarla estaría obligado a consultar la
base de datos de la OMC sobre indicaciones geográficas, para determinar si existe conflicto con las
indicaciones geográficas preexistentes.  Si la marca propuesta contuviese una indicación geográfica
preexistente, y los productos a que se refiere la solicitud no procediesen del lugar indicado en la
marca, se rechazaría la solicitud por contener un término geográfico engañoso.  La base de datos quese describe en la propuesta colectiva aseguraría determinaciones más exactas en los asuntos de marcas
de fábrica o de comercio e impediría el registro de indicaciones geográficas que puedan inducir a
error, puesto que proporcionaría una fuente de información fiable y de fácil uso.  Queda aclarado así
que, con arreglo al sistema de los Estados Unidos, el funcionario encargado del examen estaría
obligado a consultar la base de datos y utilizar esa información para formular una determinaciónjurídica con respecto a la solicitud.
83. El representante de Bulgaria dice que sería muy útil el cuadro comparativo de las CE
(documento IP/C/W/259).  Su delegación apoya la s propuestas de las CE y de Hungría por lo que
respecta al establecimiento de un registro.
84. El representante de Hungría responde a la Argentina por lo que se refiere a las excepciones de
los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 24.  Esas excepciones sólo pueden examinarse caso por caso y país
por país.  El párrafo 4 del artículo 24 se refiere al uso continuado y de buena fe de una indicacióngeográfica, el párrafo 5 del artículo 24 se refiere al uso de buena fe de una marca de fábrica o de
comercio, y el párrafo 6 del artículo 24 se refiere a los términos genéricos.  Hungría trató de señalar,
en los párrafos 4 y 5 de este documento, que esas excepciones deben examinarse caso por caso.  Por
ejemplo, un término que sea genérico en un país puede no serlo en otro, y ese mismo tipo de
argumentación podría aplicarse a las otras dos excepciones.   No se propone su delegación eliminar laposibilidad de utilizar las excepciones que se estipulan en el artículo 24.  Desea, por el contrario, que
se mantengan esas excepciones y que se incorporen al registro.  Ya las ha mencionado en párrafo
aparte, al tiempo que manifestaba que las impugnaciones con resultado favorable sólo se aplicarían al
Miembro que las formulase, con el fin de dejar en claro que esas excepciones han de examinarse caso
por caso.  En cuanto al párrafo 7 del documento de  Hungría y al párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo,
cree que el párrafo 7 del documento está redactado de plena conformidad con el párrafo 9 del
artículo 24 del Acuerdo, que no excluye la posibilidad de que una indicación geográfica que haya
dejado de estar protegida en su país de origen pueda obtener en fecha posterior los beneficios de la
protección como indicación geográfica.  El párraf o 7 trató de garantizar que si una indicación
geográfica del registro multilateral no reunía las condiciones de la sección 3, no se beneficiaría de laIP/C/M/32
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protección.  Respondiendo a los Estados Unidos, ag radece al representante el útil ejemplo que ha
proporcionado del efecto jurídico de la propuesta colectiva.  Ruega a los demás copatrocinadores de
esa propuesta que den más explicaciones de los efectos que se seguirían para los Miembros que no
protegen las indicaciones geográficas con marcas de certificación sino, por ejemplo, con leyes sobre
competencia desleal.
85. El representante de la India expresa su apoyo a las intervenciones de Hungría y de Suiza.
86. La representante de Sri Lanka recuerda que en la página de presentación del cuadro
comparativo de las CE (documento IP/C/W/259) se dice que éste fue preparado para permitir una
comparación objetiva de las principales propuestas y facilitar los futuros debates.  Insta a los
Miembros a que emprendan esos debates.
87. El representante de Turquía  apoya la propuesta de las CE en cuanto al establecimiento de un
sistema multilateral de notificación y registro.
88. El Consejo toma nota de todo lo manifestado y acuerda  volver a ocuparse de este punto en su
próxima reunión.
H. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 24
89. El Presidente recuerda que el Consejo, en su anterior reunión, examinó una propuesta
conjunta de varias delegaciones.  Algunos Miembros manifestaron entonces que pensaban presentar
ulteriores comentarios, una vez que hubiesen exam inado más a fondo esa propuesta.  La propuesta en
cuestión se refiere, en concreto, a la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de los
vinos y las bebidas espirituosas a las indicaciones geográficas de otros productos, y la patrocinan
actualmente 17 delegaciones, a saber las de Bulgaria, Cuba, Egipto, Eslovenia, Irlanda, India,
Jamaica, Kenya, Liechtenstein, Mauricio, Nigeria,  Pakistán, la República Checa, Sri Lanka, Suiza,
Turquía y Venezuela, según puede verse en el documento IP/C/W/247/Rev.1.  Se ha recibido un
nuevo documento relativo a este punto, presentado conjuntamente por las delegaciones de Argentina,
Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Nueva Zelandia y Paraguay
(documento IP/C/W/289).
90. La representante de Australia hace una presentación del documento conjunto (documento
IP/C/W/289).  Recuerda que han sido presentados al Consejo varios documentos en los que se
defienden posiciones diversas en cuanto a la protección de las indicaciones geográficas.
Concretamente, sostienen algunos Miembros que se amplíe a todos los productos el ámbito de
aplicación del párrafo 1 del artículo 23.  Como ya han manifestado anteriormente su delegación y
otras, no existe en ninguna de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC nada que autorice la
ampliación del alcance del párrafo 1 del artículo 23.  Alegan algunos que en el párrafo 1 del
artículo 24 figura tal autorización, pero, como ya se dejó indicado, el párrafo 1 del artículo 24 serefiere explícitamente a las "indicaciones geográficas determinadas" según lo dispuesto en el
artículo 23.  El párrafo 1 del artículo 24 no trata de sectores o industrias de productos en su conjunto,
sino de negociaciones concretas sobre determinadas indicaciones geográficas de vinos y bebidas
espirituosas que están ya protegidas con arreglo al artículo 23.  El documento conjunto no supone un
apoyo tácito por parte de sus copatrocinadores al argumento de que en el párrafo 1 del artículo 24 seautoriza la ampliación del alcance del artículo 23.  Lo que sí supone el documento conjunto es una
demostración apreciable de la disposición de los copatrocinadores a entrar en un debate serio,
constructivo y sustancial sobre la ampliación y un intento de hacer que los Miembros puedan proceder
a una evaluación cabal y equilibrada de las ventajas y los costos que podría llevar consigo la
modificación de las vigentes disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  Hasta la fecha no ha
habido en el debate sobre la ampliación una evaluación seria de las consecuencias que se derivarían
de una propuesta que recomiende modificaciones sustanciales de las vigentes disposiciones delIP/C/M/32
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Acuerdo sobre los ADPIC, y en especial de las propuest as de aumentar el nivel de la protección de las
indicaciones geográficas de todos los productos.  El documento conjunto aspira a corregir ese
desequilibrio.  Las peticiones de ampliación del alcance se han fundamentado en la hipótesis de que la
protección "adicional" daría lugar a mejores oportunidades de comercio para los Miembros y los
productores, y mayor protección para los consumidores.  Una cuestión previa que se examina en lapropuesta conjunta es la de si el aumento del alcance daría lugar realmente a un aumento de la
protección.  El artículo 22 obliga ya a los Miembros a facilitar la protección de las indicaciones
geográficas de todos los productos.  Todo Miembro pue de, por lo tanto, aplicar ya ahora la protección
de una indicación geográfica, siempre que ésta esté protegida en su país de origen, como lo exige el
párrafo 9 del artículo 24.  La protección que otorga el artículo 23 no es absoluta, y es probable que
algunas de las expresiones que los Miembros deseen proteger no respondan a la definición de la
"indicación geográfica" que da el Acuerdo, o constituyan una de las excepciones a la protección quese indican en el artículo 24.  En el documento conjunto se reseñan varios de esos problemas y se llega
a la conclusión de que la ampliación del alcance tal vez no sea, como creen algunos, la panacea para
la protección más eficaz.  Cabe hacer notar que, si se ampliase a otros productos el párrafo 1 del
artículo 23, habría que ampliar también a otros productos la cláusula de anterioridad del párrafo 4 del
artículo 24, de manera que si los Miembros hubiesen estado usando ya un término durante los 10 añosanteriores, por lo menos, antes de la fecha en cuestión, o de buena fe antes de esa fecha, no estarían
obligados a abandonarlo.  Es probable que estuviesen en ese caso muchos de los términos más
conocidos que algunos Miembros querrían proteger  a nivel más elevado.  En el apresuramiento por
buscar mayor protección, no se han planteado, y ya no digamos debatido, algunas cuestiones
importantes.  No se ha examinado en absoluto en el debate el envés del aumento de la protección delas indicaciones geográficas, que es el aumento de los costos para los consumidores, los productores y
los Miembros.  Se trata de costos tales como los de la nueva legislación y los nuevos procedimientos
administrativos nacionales necesarios para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones en materia
de ADPIC, que, cuando se trate de Miembros sin sistema alguno de protección adicional de las
indicaciones geográficas en términos de ADPIC, serían considerables, tanto en efectivo como enrecursos;  la carga administrativa y financiera de proteger, a nivel mejorado, un gran número de
indicaciones geográficas de otros Miembros, incluso cuando el Miembro no tenga indicaciones
geográficas nacionales que proteger, o sólo tenga muy pocas;  la posible privación de oportunidades
de acceso al mercado en el futuro para sectores incipientes, y la creación de incertidumbre en los
mercados existentes que resultaría de la pérdida del derecho a utilizar términos a los que los
consumidores estaban ya acostumbrados, incluso cu ando esos términos no indujesen a error en cuanto
al origen del producto, aspecto que afectaría con mayor agudeza a los productores de las industriasnuevas e incipientes de productos lácteos y de alimentos elaborados, entre otros;  los costos que
supondría, para los productores, el reenvasado y la comercialización de sus productos, al perder el
derecho a utilizar determinadas expresiones;  los costos en confusión del consumidor al desaparecer
los términos con que conocían habitualmente los productos;  y el mayor riesgo de diferencias entre
Miembros de la OMC y entre productores de los territorios de esos Miembros acerca de la utilizaciónde determinadas indicaciones geográficas.  Han estado notoriamente ausentes del debate también los
ejemplos de incapacidad del nivel de protección del artículo 22 para proteger una indicación
geográfica.  Si estuviese tan clara esa insuficiencia del artículo 22, tendría que haber habido
abundantes ejemplos de cómo los productores no conseguían hacer efectivos sus legítimos derechos.
Los copatrocinadores del documento conjunto reconocen que las indicaciones geográficasproporcionan un instrumento de fomento de las oportunidades comerciales.  Los productores podrían
comercializar sus bienes y servicios de manera tal que no crease impedimentos al comercio ni
redujese el valor intrínseco de las indicaciones geográficas.   Es de interés común para los Miembros
de la OMC que sus indicaciones geográficas tengan una protección eficaz.  Por eso es necesario y
urgente examinar a fondo las disposiciones existentes.  Los Miembros sólo estarán en condiciones deponderar los costos y beneficios relativos de la ampliación si se ha llegado a una comprensión general
de lo que hace falta para aplicar las disposiciones existentes.  Los copatrocinadores del documento
conjunto invitan a los países que abogan por la modificación de las actuales disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC a que aborden concretamente las tres cuestiones siguientes:  i) ¿Qué costosIP/C/M/32
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llevaría consigo para los Miembros la modificación de las disposiciones actuales?, ii) ¿cómo afectaría
al comercio la modificación de las disposiciones actuales?, y iii) ¿cómo afectaría a los consumidores
la modificación de las disposiciones actuales?  Recae claramente sobre quienes solicitan cambios la
carga de esforzarse por crear un consenso, puesto que ellos son quienes proponen que se modifiquen
las disposiciones actuales.
91. La representante de Nueva Zelandia dice que su delegación había decidido copatrocinar el
documento conjunto presentado por Australia (documento IP/C/W/289) acerca de los costos y
repercusiones potenciales de la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas por dos
motivos fundamentales.  En primer lugar, su dele gación apoya decididamente los argumentos lógicos,
analíticos y fácticos de ese documento.  En segundo lugar, el documento constituye una valiosa
aportación a las deliberaciones del Consejo, al hacer que los Miembros cuenten con información
completa antes de adoptar decisión alguna sobre este asunto.  En la historia de la OMC tal vez sehayan negociado a veces determinados resultados sin que los Miembros tuviesen un conocimiento
cabal de las consecuencias prácticas o una información completa a ese respecto.  Su delegación no
quiere que se repita esa situación.  Señala algunos aspectos del documento a los que su delegación
otorga especial importancia.  Es necesario que en todo debate sobre este tema se examine si la
ampliación del alcance proporcionaría en realidad alguna protección adicional en el sentido en que seplantea.  Toda expresión susceptible de ser protegida tendría que responder, en primer lugar, a la
definición de la indicación geográfica, en especial en cuanto a la prueba de que determinada calidad,
reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
Habría que tener en cuenta, a continuación, las diversas excepciones:  la cláusula de anterioridad del
párrafo 4 del artículo 24;  la cláusula de carácter "genérico" del párrafo 6 del artículo 24;  y lanecesidad de contar con la previa protección en el país de origen, estipulada en el párrafo 9 del
artículo 24.  Habría que evaluar, además, las proyecciones actuales en virtud del Acuerdo
confrontándolas con la realidad.  A juicio de su delegación, no se ha demostrado que la protección que
actualmente dispensa el artículo 22 sea inadecuada, por lo que respecta a proteger el equilibrio de
intereses entre los productores, los consumidores, los gobiernos y el público en general.  No se hademostrado, a juicio de su delegación, que sean deficientes los diferentes mecanismos de los distintos
Miembros para llevar a cabo la protección en consonancia con los derechos de flexibilidad que les
otorga el Acuerdo.  No se ha demostrado por qué razón habría de modificarse el enfoque de normas
mínimas de propiedad intelectual inherente al Acuerdo sobre los ADPIC para sustituirlo por una
mayor protección que pueden ya adoptar ahora los Miembros que así lo deseen, pero que les sería
impuesta a todos ellos.  En toda evaluación de una política hay que contrapesar los costos y los
beneficios.  En el documento conjunto se habla de costos administrativos adicionales, derepercusiones comerciales para los productores y de costos para los consumidores.  La representante
insiste en que su delegación no se opone a la ampliación por el único motivo de que aumente los
costos de administración, sino porque no arroja un saldo neutral ni favorable a los beneficios, es decir,
que sus costos son mayores que sus beneficios.   No ve cuál sería el objetivo legítimo de la ampliación
–habida cuenta de la protección que ya existe– ni cómo sería la ampliación proporcional o necesariapara alcanzar el objetivo legítimo, cualquiera que éste sea.  En el documento conjunto sólo se hace
una breve referencia a la cuestión del mandato jurídico para una posible extensión, por haberse
juzgado que era importante contar con información para que el debate fuese bien informado y
constructivo.  Recuerda, sin embargo, cuál es la posición de Nueva Zelandia acerca de la ausencia de
mandato para este asunto.  El documento conjunto reta a los partidarios de la extensión a que seocupen directamente de una serie de cuestiones relativas a los costos que supondría ampliar el alcance
del párrafo 1 del artículo 23, con inclusión de la falta de pruebas de que el nivel de protección que
dispensa actualmente el artículo 22 sea inadecuado y los posibles inconvenientes de la ampliación del
alcance de la protección.
92. El representante de Hungría dice que el documento conjunto presentado por Australia
(documento IP/C/W/289) es un estímulo para la reflexión y contribuirá a la mayor vitalidad del
debate.  Se pone de manifiesto en ese documento lo importante que es esta cuestión incluso paraIP/C/M/32
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aquellos que no están convencidos todavía de que sea necesario ampliar a otros productos el alcance
del artículo 23.  Ve con agrado que los copatrocinadores del documento conjunto se hayan mostrado
dispuestos a desplazar la atención de la cuestión del mandato a la de los aspectos sustantivos, y ofrece
algunas observaciones preliminares.  Dice que no entiende lo manifestado en el primer inciso del
párrafo 5 del documento conjunto en el sentido de que los costos resultantes de ampliar el ámbito deaplicación del artículo 23 serían elevados e impondrían una carga desproporcionada para los
Miembros que no tienen aún en vigor disposiciones legales y mecanismos administrativos más
estrictos que los previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Todo Miembro que está obligado ya a
aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC tiene que proporcionar protección, a nivel del artículo 23, a los
vinos y las bebidas espirituosas.  Por lo tanto, deben ya estar en vigor las disposiciones legales y
administrativas que dispensen protección a ese nivel.  No se trata del establecimiento de un nuevo
sistema, que a menudo entraña costos cuantiosos, sino de ampliar a otros productos los sistemas queya funcionan actualmente.  En todo caso, hay que valorar siempre los costos en función de los
beneficios.  Dice, además, que no recuerda que cuando se debatió la ampliación de la protección de
las patentes de productos en la Ronda Uruguay los Miembros en los que no existía tal protección,
como Hungría, adujesen que los costos de aplicación serían desproporcionados.  Dice no entender
tampoco el argumento del documento conjunto según el cual la ampliación del alcance del artículo 23daría lugar a la pérdida de oportunidades futuras de acceso a los mercados para los sectores
emergentes, en especial en la esfera de la agricultura.  Si un fabricante utiliza una determinada
indicación geográfica para etiquetar un producto que no es originario del territorio que se menciona y
cuya calidad, reputación u otras características no son naturalmente imputables a la zona geográfica
que se indica en la etiqueta, ese fabricante ha incurrido simplemente en apropiación indebida de losderechos de los productores de la localidad a la que se refiere la indicación geográfica y de los activos
intangibles y la reputación del producto en cuestión, que son muy valiosos.  Si el tipo de argumento
que se emplea en el documento conjunto se emplease en relación con las patentes, las marcas de
fábrica o de comercio o el derecho de autor, podría calificarse de peligroso.  Significaría que debía
permitirse que las industrias farmacéuticas copiasen medicamentos patentados, que las industriasalimentarias incipientes podrían utilizar marcas de fábrica o de comercio dotadas de reputación, y que
los fabricantes recién establecidos de discos compactos podrían copiar música o programas
informáticos que son objeto del derecho de autor.  Señala asimismo que la ampliación del alcance del
artículo 23 no impediría en modo alguno la producción ni la comercialización de bienes.
Sencillamente, habría que etiquetar esos bienes de otro modo y llamarlos por el nombre que indique lo
que de verdad son.  Está seguro de que, si los productos tienen la calidad adecuada, encontrarán su
lugar en el mercado.  Desea que se hable más de esos "términos comercialmente significativos" que semencionan en el documento conjunto y de su relación con las indicaciones geográficas.  Afirma no
entender el argumento del documento conjunto seg ún el cual la ampliación de la protección del
artículo 23 causaría confusión a los consumidores.  La idea en que asienta la protección de las
indicaciones geográficas es la de evitar que se den situaciones en que los consumidores sean
inducidos a error acerca del origen geográfico de un producto.  No le parece que la protecciónadicional en virtud del párrafo 1 del artículo 23, es decir, la prohibición de la utilización de
indicaciones geográficas traducidas o acompañadas de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo",
"imitación" u otras análogas, pueda aumentar la confusión de los consumidores acerca de si el
producto es verdaderamente originario del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate
y tiene la calidad, reputación u otra característica imputables fundamentalmente a ese origengeográfico.  En el apéndice del documento conjunto  se afirma, en la sección dedicada a la protección
adicional otorgada por el artículo 23, que puede haber términos que no respondan a la definición de
indicación geográfica establecida en el párrafo 1 del artículo 22, y cita tres ejemplos procedentes del
artículo 24, para llegar a la conclusión de que no está claro si la ampliación del ámbito de aplicación
del artículo 23 a otros productos daría por resultado una protección más eficaz.  Subraya eldesacuerdo de su delegación con esa conclusión.  Por lo que él sabe, ningún defensor de la ampliación
propuso jamás que se ampliase la protección a términos que no se ajusten a la definición del párrafo 1
del artículo 22.  Como quiera que sea, esos términos no gozan de protección en virtud del artículo 22.
En segundo lugar, las excepciones no dejan completamente vacío de contenido al artículo 22.  Lo queIP/C/M/32
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ocurre es que, como se ha señalado en el documento presentado por muchos patrocinadores
(documento IP/C/W/247/Rev.1), existe una diferencia de nivel de protección entre el artículo 22 y el
artículo 23.  Efectivamente, en los párrafos 10 y 13 del documento conjunto presentado por Australia
se pone de manifiesto que, mientras que el artículo 22 crea el mejor equilibrio, el artículo 23 confiere
derechos exclusivos y crea un desequilibrio.  Si bien el representante no cree que exista desequilibrioalguno, le parece extraño que en el documento conj unto se afirme, por un lado, que hay una diferencia
de nivel de protección que crea un desequilibrio, y, por el otro, que no está claro que la protección
resultaría más eficaz si se ampliase el alcance del artículo 23.  En la última oración del párrafo 8 del
apéndice del documento conjunto se dice que la imitación libre y leal del producto suele aumentar el
valor intrínseco y el precio adicional de la indicación geográfica auténtica.   No le parece que eso sea
cierto.  Cita el ejemplo del vino de Tokay, cu ya fama se remonta a haber sido el preferido de
Luís XIV de Francia, y dice que no ve cómo las imitaciones de ese vino podrían aumentar su valorintrínseco.  Por el contrario, las imitaciones se llevan una parte del mercado de los productos
auténticos de considerable reputación.  Pide a los copatrocinadores de la propuesta que aclaren su
afirmación y digan si sostendrían el mismo tipo de argumento con respecto a otras formas de
protección de la propiedad intelectual.  La última oración del párrafo 9 del apéndice del documento
conjunto parece dar a entender que la ampliación de la protección del artículo 23 a otros productospodría poner en tela de juicio la disposición del párrafo 1 del artículo 1 según la cual los Miembros
podrán establecer libremente el procedimiento adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en
el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.  No ve cómo podría ocurrir tal cosa, sobre todo
porque la obligación de otorgar protección adicional ya se aplica a los vinos y las bebidas espirituosas.
Pide a los copatrocinadores que aclaren esa cuestión.  Deja constancia del desacuerdo de sudelegación con las conclusiones formuladas en el párrafo 30 del apéndice del documento conjunto.
Los argumentos que se formularon no constituyen fundamento suficiente para llegar a las citadas
conclusiones.
93. La representante del Canadá dice que su delegación, como copatrocinadora del documento
conjunto presentado por Australia (documento IP/C/W/289), está de acuerdo, por supuesto, con las
ideas y los argumentos que en él se formulan.  Pasa a exponer la justificación racional de su
participación en la redacción del documento conjunto.  En primer lugar, su delegación no cree que los
que propugnan la ampliación de la protección del artículo 23 a otros productos diferentes de los vinos
y las bebidas espirituosas hayan demostrado que es inadecuada la protección actual del artículo 22,
que abarca todas las indicaciones geográficas.  En el documento se citan, por cierto, ejemplos de
indicaciones geográficas que no son vinos ni bebidas espirituosas, procedentes de países en desarrollo
y de países desarrollados, que gozan de protección en el Canadá.   Dicho en pocas palabras, sudelegación cree que el artículo 22 está funciona ndo muy bien.  Además, su delegación no cree que en
el párrafo 1 del artículo 24 exista el mandato jurídico de iniciar una negociación encaminada ampliar
a otros productos una protección del tipo de la del artículo 23.  En segundo lugar, incluso si los
Miembros se consagrasen a la tarea de ampliar a otros productos una mayor protección, su delegación
cree que los Miembros deberían tener presente que muchas de las indicaciones geográficas para lasque pueden desear mayor protección serían objeto de las exenciones del artículo 24, es decir a la
cláusula de continuidad y a las excepciones a favor de las que han pasado a tener carácter genérico en
diferentes jurisdicciones nacionales.  Así pues, su delegación, además de no ver en qué sentido sería
inadecuada la protección del vigente artículo 22, teme que los Miembros puedan tener una impresión
exagerada de lo que cambiaría si el artículo 23 abarcase todas las indicaciones geográficas.  Quieredecir esto que los beneficios que los Miembros pueden esperar del cambio, más aún, los beneficios
que algunos de los que lo propugnan les han dicho que obtendrían, serían insignificantes en
comparación con los costos que ocasionarían, es de cir, la confusión de los consumidores, los costos
para los sectores locales, la carga administrativa y el costo de establecer nuevos procedimientos
reglamentarios y, por supuesto, los costos comerciales de obtener una mayor protección que, a juiciode su delegación, ni siquiera es necesaria.  Dice, para concluir, que el documento se propuso dotar de
mayor transparencia al debate, de manera tal que todos los Miembros entiendan bien lo que está en
juego, con inclusión de los costos ocultos, antes de lanzarse a una revisión radical de las disposicionesIP/C/M/32
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sobre indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC.  En realidad, en el curso de la
elaboración del documento, su propia delegación se había hecho más consciente de que la
modificación de ese sistema que está funcionando bi en acarrearía unos costos demasiado elevados y
un evidente desequilibrio de beneficios entre los Miembros.  Su delegación espera con interés también
las respuestas a las tres preguntas que formuló Australia.
94. El representante de Suiza cree que merecen estudio las perspectivas concretas que se ofrecen
en el documento conjunto presentado por Australia (documento IP/C/W/289) en cuanto a los posibles
costos y las repercusiones de la ampliación de la protección.  Comenta, con carácter preliminar, las
tres cuestiones que se plantean en ese documento.  Por lo que respecta a los costos para los Miembros,
señala que no es ese un aspecto específico de la protección de las indicaciones geográficas, sino que la
aplicación de todos los derechos de propiedad intelectual lleva consigo costos.  Admite, sin embargo,
que es necesario examinar cuidadosamente los costos reales de esa ampliación, por una parte, y, por laotras, las ventajas que ésta podría tener.  Recuerda que todos los Miembros tienen ya medidas, o las
están adoptando, para garantizar la protección de las indicaciones geográficas de otros Miembros
(como se contempla en el artículo 22), además de la protección "adicional" de las indicaciones
geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas.  Hace notar que la diferencia entre los artículos 22
y 23 reside, sobre todo, en los criterios para el otorgamiento de protección a una indicacióngeográfica.  A diferencia del artículo 22, el artículo 23 no impone la condición de que se induzca a
error al público o de que haya un acto de competencia desleal para impedir el uso de una indicación
geográfica para un producto que no sea originario de la región indicada.  La ampliación de la
protección, y por ende la eliminación de esas condiciones, no significaría de suyo la creación de un
nuevo sistema de protección, sino que prescribiría, simplemente, que no serían pertinentes para elexamen de la licitud o ilicitud del uso de una indicación geográfica los criterios adicionales de que
indujese a error al público o hubiese competencia desleal.  La determinación se basaría en el futuro en
criterios objetivos y previsibles, como, por ejemplo, el uso correcto o incorrecto de una indicación
geográfica.  Acudir al consumidor (o al "público", en la expresión del Acuerdo sobre los ADPIC),
como propone Australia, para determinar el riesgo de inducción a error, y por lo tanto para determinarel derecho a la protección, no puede considerarse medio de protección suficiente, a juicio de su
delegación.  Conllevaría eso un elemento subjetivo e imprevisible, si se utilizase el criterio del
conocimiento del público, dado que las percepciones de éste varían de un país a otro.  Conduciría a
diferencias de protección para una misma indicaci ón geográfica según cuál fuera el país en que se
impugnase.  La utilización del criterio de la existencia de un "acto de competencia desleal" llevaría a
un grado de imprevisibilidad análogo.  La inseguridad y la falta de transparencia inherentes a la
protección con arreglo al artículo 22 dejarían de existir si se ampliara a otros productos las protecciónde las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas.  Indica también que, en casos
de litigio ante los tribunales, ahorrarían tiempo y dinero tanto los demandantes como las autoridades
judiciales.  Quedarían más que compensados con ello los costos que pudiere ocasionar la ampliación.
Si algunas delegaciones tienen dudas todavía acerca de esos costos de la ampliación, deben
reflexionar sobre lo manifestado por Australia y otros copatrocinadores (en el párrafo 5 del apéndiceal documento IP/C/W/289) al decir que "los gobiernos Miembros no están directamente obligados por
el artículo 23 a aplicar la protección de las indicaciones geográficas, sino simplemente a asegurar la
disponibilidad de los medios legales".  En opinión de su delegación, esa afirmación contradice el
tenor general del documento, es decir el debate sobre los costos de la ampliación.  Recuerda que los
Miembros podrán elegir libremente la forma en que apliquen el nivel mínimo de protección conarreglo al Acuerdo sobre los ADPIC.  La representación geográfica de los países que han
copatrocinado las comunicaciones que figuran en los documentos IP/C/W/204/Rev.1 e
IP/C/W/247/Rev.1 indica que el valor que añadiría la ampliación interesaría a todos los Miembros.
Algunos de los copatrocinadores son países en desarrollo que, a pesar de los costos de la ampliación,
ven con claridad las ventajas que les reportaría la comercialización de sus productos a escala mundial.Debe, por lo tanto, reducirse a sus justas proporciones la cuestión de los costos que la ampliación
llevaría consigo.  Las ventajas que podrían derivarse de la ampliación para los interesados –los
Miembros, los productores y los consumidores– parecen suficientes para contrarrestar en bastanteIP/C/M/32
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medida los costos.  En cuanto a los efectos que tendría en el comercio la ampliación de la protección,
dice que la protección de las indicaciones geográficas, al igual que cualquier otro derecho de
propiedad intelectual, no tiene por objeto servir de obstáculo al comercio de mercancías entre los
países.  Fuese como fuese, las disposiciones del GATT impedirían tales obstáculos.  Una vez
ampliada la protección, las mercancías seguirían circulando libremente, pero los consumidorespodrían estar seguros de que las indicaciones geográficas que llevasen los productos corresponderían
al origen geográfico de éstos.  Al contrario de lo que se dio a entender en la comunicación de
Australia y sus copatrocinadores, la protección de las indicaciones geográficas no tiene por objeto
crear un "derecho exclusivo" para un grupo de productores, sino dar a los productores de
determinadas regiones un "derecho legítimo" a utilizar para sus productos el nombre de la región que
dota a esos productos de sus cualidades especiales y singulares, e impedir que usen la indicación los
competidores que no procedan de esa región.  Pregunta por qué habría de permitirse que loscompetidores se aprovechasen de la reputación vinculada a una indicación geográfica.  La delegación
de Suiza sostiene que las indicaciones geográficas son un instrumento de comercialización igual que
lo son las marcas de fábrica o de comercio.  Ese instrumento es útil para muchos países, entre los que
figuran economías emergentes que tratan de colocar sus productos en el mercado mundial y no
podrían emplear otros instrumentos de comercialización que son más caros.  La ampliación de laprotección les permitiría ser los únicos "usuarios legítimos" de una indicación geográfica e impedir
toda apropiación indebida por los productores de otros países.  Por lo que respecta a los efectos que
tendría en los consumidores la ampliación de la pr otección, dice no estar de acuerdo con el argumento
formulado por Australia y sus copatrocinadores de que esa ampliación induciría a error a los
consumidores.  Cree que tendría, en cambio, el efecto contrario.  Daría una evidente ventaja en cuantoa claridad y seguridad a los consumidores, que conocerían el origen exacto de los productos que
lleven una indicación geográfica.   Su elección de producto no se vería influida –como ocurre ahora–
por el uso de una indicación geográfica en un producto que en realidad no procede del lugar indicado;
aunque tal uso se considerase lícito al amparo de elementos correctores o "deslocalizadores", no por
ello deja de ser indebido.  Los consumidores tienen derecho a una elección auténtica, con base enindicaciones ciertas e inequívocas.  Señala que si se permitiese la utilización de una indicación
geográfica acompañada de una expresión correctora o "deslocalizadora", esa indicación geográfica
acabaría por perder su valor y se convertiría, con el tiempo, en una designación genérica.  Australia y
otros Miembros han afirmado lo contrario, sorprendentemente, al decir en el párrafo 8 del apéndice al
documento IP/C/W/289, que "en realidad, lejos de quitar valor de mercado a una indicación
geográfica auténtica, la imitación libre y leal del producto suele aumentar el valor intrínseco (y el
precio adicional) de la indicación geográfica auténtica".  Dice que su delegación, teniendo presentesesos elementos, está más convencida que nunca de que la protección que otorga el artículo 22 dista
mucho de ser suficiente, y de que la ampliación de la protección en términos del artículo 23 daría
respuesta a muchos problemas actuales y, sobre todo, futuros.  Debe existir, por lo menos a escala
internacional, un nivel mínimo uniforme de protección, al igual que existe para otros derechos de
protección intelectual en el Acuerdo sobre los ADPIC.   Ese objetivo puede alcanzarse mediante laampliación de la protección de manera tal que, pese a la gran diversidad de sistemas de los Miembros,
sea posible saber que, en cada país, están protegidas las indicaciones geográficas de todos los demás
países contra su utilización de forma que no corresponda a la realidad, sin tener que pasar para ello
por las pruebas de inducción a error o de existencia de un acto de competencia desleal.  La ampliación
de la protección a otros productos debía verse como una oportunidad para todos los países,desarrollados y en desarrollo, como se indicó ya en las comunicaciones copatrocinadas por Suiza
(documentos IP/C/W/204/Rev.1 e IP/C/W/247/Rev.1).  Los países tendrían, por lo tanto, los medios
de proteger en el mercado mundial los productos originados partiendo de sus propias tradiciones y
métodos de producción, y cuya cualidad es imputable a su origen geográfico.
95. El representante de Bolivia aporta comentarios de carácter preliminar al documento conjunto
presentado por Australia (documento IP/C/W/289) acerca de la ampliación a otros productos de la
protección de las indicaciones geográficas.  Comp lace mucho a su delegación que el documento
propicie un debate sustantivo acerca de esa ampliación y deje a un lado las cuestiones deIP/C/M/32
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procedimiento acerca de si existe o no un mandato.  El documento es sustantivo y revela grave
preocupación acerca de la ampliación de la protección.  La primera cuestión que en él se plantea es
muy pertinente, y su delegación lamenta que no se haya planteado en el curso de la Ronda Uruguay.
Debía haber sido planteada en aquella ocasión por algunos países desarrollados y, si así hubiera
ocurrido, el Acuerdo sobre los ADPIC sería ahora co mpletamente distinto.  Su delegación insta a los
patrocinadores de ese documento a que lo presenten no solamente al Consejo de los ADPIC sino
también a otros órganos de la OMC, y en especial a los preparativos de la Conferencia Ministerial de
Doha.  Bolivia dedicará toda su atención a esa propuesta.  Volviendo al párrafo 24 del apéndice al
documento conjunto, que se refiere a la posible relación entre la protección de las indicaciones
geográficas y el proteccionismo comercial, dice que Bolivia, con su pequeña economía, tiene una
política comercial fiel a los principios de liberalización del sistema multilateral y no aplica ninguna
medida de distorsión del comercio, como pudo verse en el examen de las políticas comerciales deBolivia en julio de 1999.  Bolivia pide la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a
productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, pero no daría nunca su apoyo a una
propuesta proteccionista.  Retornando a la sección de la propuesta conjunta que se ocupa de la
evolución de las negociaciones, en la que se dice que existen desequilibrios en el Acuerdo sobre
los ADPIC, su delegación está de acuerdo en que existe discriminación por lo que respecta a laprotección de la propiedad intelectual, y un desequilibrio en cuanto a protección de las indicaciones
geográficas entre los vinos y las bebidas espirituosas, por una parte, y los demás productos, por la
otra, igual que existe desequilibrio también entre la protección de la propiedad intelectual individual y
la de la propiedad intelectual de las comunidades indígenas, que va directamente unida a la protección
de las indicaciones geográficas.  Agradece a los patrocinadores de la propuesta conjunta las cuestionesque han planteado, y dice que su delegación tratará de responder a ellas en ulteriores reuniones.
96. El representante de Chile dice que su delegación ha copatrocinado el documento conjunto
presentado por Australia (documento IP/C/W/289) por ir éste más allá de la simple cuestión de si
existe o no en el Acuerdo una clara disposición que permita unas negociaciones encaminadas a la
ampliación a todos los demás productos de la protección de las indicaciones geográficas de los vinosy las bebidas espirituosas.  Reitera que la diferencia de niveles de protección en la sección 3 de la
Parte II no había sido ni un error ni un descuido, sino que respondía a la intención de los
negociadores, y que todos los Miembros habían asentido a ella al firmar el Acuerdo.  Fue una solución
de compromiso.  Los diferentes niveles de protección nos sólo formaban parte de la arquitectura de la
sección 3 sino de la del Acuerdo en su totalidad.  El documento conjunto se ocupa también de los
efectos negativos que pudiere tener la ampliación.  El representante espera que estos argumentos
coadyuven al logro de puntos de consenso que permitan avanzar en esta cuestión.
97. La representante de la Argentina dice que su delegación ha sido uno de los copatrocinadores
del documento conjunto presentado por Australia (documento IP/C/W/289) , y pide atención al hecho
de que hay países en desarrollo que apoyan las opiniones que se exponen en ese documento.  Para no
prolongar el debate sobre los elementos que figuran en ese documento, que ya ha explicado Australia,
se limita a destacar los aspectos que le parecen más importantes.  En el documento conjunto seexponen en forma equilibrada los aspectos jurídicos y los prácticos.  Algunas delegaciones se han
referido a ellos en anteriores reuniones sin aportar elementos adicionales o sustantivos.  En el
párrafo 3 se indica claramente que la ampliación de la protección a otros productos requeriría la
revisión del Acuerdo, lo que equivale a decir que la ampliación de la protección adicional sólo podría
negociarse en una nueva ronda con el consentimiento de todos los Miembros.  El documento hacereferencia a las consecuencias prácticas y los costos de toda ampliación, a sus efectos en el comercio
y en los consumidores, y a elementos detallados que supondrían aportaciones a un debate serio y
sustantivo encaminado al análisis y a la comprensión del asunto y sus consecuencias.  Se ofrece en el
documento una lista de algunas de las consecuencias prácticas, es decir de los efectos que podría
acarrear al comercio y a los consumidores la ampliación de la protección.  En el análisis se enumeranlas cuestiones que habría que tener en cuenta en todo debate acerca de este punto.  La representante
pasa a ocuparse de los aspectos jurídicos, aun cuando algunas delegaciones opinen que no esIP/C/M/32
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procedente hacerlo, ya que, en toda organización asentada en disposiciones normativas y con un
mecanismo de solución de diferencias, nunca pueden olvidarse ni dejarse de lado esos aspectos.  En el
párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que "los Miembros podrán prever en
su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el
presente Acuerdo" y que "los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado paraaplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y practica jurídicos".
Resulta sorprendente, por ello, que en el párrafo 17 de la anterior propuesta conjunta formulada en el
documento IP/C/W/247/Rev.1, se afirme que el hecho de que los Miembros hayan cumplido su
obligación de proteger las indicaciones geográficas con diversos sistemas de protección ha creado una
situación de desequilibrio e incertidumbre jurídica.  La existencia de la diversidad de sistemas fue un
elemento fundamental que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC tuvieron en cuenta al
redactar el Acuerdo.  El objetivo del Acuerdo fue establecer unos niveles de protección mínimos, y no
un sistema armonizado.  No sólo fue así en cuanto a las indicaciones geográficas, sino también en
cuanto a otros derechos, entre ellos los de patente.  Nadie puede poner en duda la diversidad de
sistemas nacionales de protección de esos otros derechos.  En el anterior documento conjunto se
afirmaba que esa situación creaba incertidumbre.  Si así fuese, ello afectaría no sólo a las indicaciones
geográficas sino al Acuerdo en su totalidad.  La admisibilidad de la protección de una indicación
geográfica es asunto de cada legislación nacional, y eso es uno de los importantes elementos de
flexibilidad, o de derechos adquiridos, propios del Acuerdo, de los que tanto se ha hablado, por
ejemplo al ocuparse del punto N, y que no se debe dejar que se pierdan.  La regla general de
protección de las indicaciones geográficas de todos los productos figura en el artículo 22, es decir, que
ese artículo 22 constituye el principio general que determina la protección de todos los productosamparados por indicaciones geográficas.  El derecho que se otorga en el artículo 22 es explícito.  En
el artículo 23 se circunscribe la protección adicional a dos tipos de producto solamente:  los vinos y
las bebidas espirituosas, y, constituye, por consiguiente, una excepción a la regla general, que es la de
la protección otorgada en el artículo 22.  Entiende su delegación, por lo tanto, que ampliar a todos los
productos la protección concedida como excepción a dos de ellos supone una alteración del sistema deprotección establecido en el Acuerdo.  En otras palabras, ampliar la protección significa crear nuevos
derechos, y eso no puede hacerse sin mandato y si n renegociar el Acuerdo.  Está claro, para la
Argentina, que la creación de nuevos derechos sólo puede darse en el marco de una nueva ronda de
negociaciones, si los Miembros conviniesen en incluir ese tema, y tal creación de nuevos derechos no
podría referirse a una sola sección del Acuerdo En una reunión del Comité de Programas y
Presupuesto de la OMPI en abril de 2001, la Argentina expresó su preocupación ante el hecho de que
las delegaciones que impulsan este asunto en la OMC se niegan sistemáticamente a debatir losaspectos técnicos y reducen los foros de debate.  No cabe duda de que no contribuye a llegar a un
entendimiento común el reducir los foros de debate, sobre todo si se tiene en cuenta que es en esos
foros donde resulta posible ocuparse de los asuntos con una perspectiva que permita que los
Miembros que no estén familiarizados con esa clase de derechos entiendan y se hagan cargo de las
cuestiones.  Volviendo al debate en la presente reunión acerca del documento conjunto quecopatrocina la Argentina, dice haber observado en las críticas una tendencia general a proporcionar
ejemplos del uso de mala fe de indicaciones geográficas.  El objetivo del documento conjunto ha sido,
por el contrario, ocuparse de los usos legítimos de las indicaciones geográficas.  Hace notar a esas
delegaciones que, además de las utilizaciones de mala fe y las falsificaciones de indicaciones
geográficas, que nadie defiende, están también en uso continuo términos genéricos e indicacionesgeográficas homónimas que son usos perfectamente legítimos de las indicaciones geográficas de otros
países.
98. El representante de Guatemala dice que su delegación copatrocinó el documento conjunto
presentado por Australia (documento IP/C/W/289) porque la argumentación que en él se expone era la
más convincente.  Se habían tenido en cuenta debidamente los costos que ocasionaría la ampliaciónde la protección adicional a otros productos.  Guatemala, como país en desarrollo, se da cuenta de los
costos que ocasionaría la ampliación y tiene que contrapesarlos cuidadosamente con los posibles
beneficios.  Además, la ampliación que se pide conllevaría la aceptación de ulteriores obligaciones.IP/C/M/32
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Su delegación está dispuesta a proseguir el diál ogo con objeto de ocuparse de todos los pormenores
que todavía están pendientes de aclaración.
99. La representante del Uruguay dice que, por lo que respecta a la ampliación de la protección
adicional de las indicaciones geográficas en virtud del Acuerdo a las indicaciones geográficas de
todos los productos, su delegación desea repetir lo que manifestó ya en anteriores reuniones delConsejo.  El equilibrio del Acuerdo sobre los ADPIC es resultado de un difícil debate y representa
una solución de compromiso.  Además, el párrafo 1 del artículo 23 se aplica exclusivamente a los
vinos y las bebidas espirituosas, y no hay en el Acuerdo mandato alguno para considerar la
posibilidad de ampliar a otros productos la protección que establece.  Dice que se está estudiando en
su capital el documento conjunto, que parece tener la virtud de contener nuevos elementos de análisis
para su utilización por el Consejo.  Pone en conocimiento del Consejo que la Dirección Nacional de la
Propiedad Intelectual de su país y la OMPI están organizando conjuntamente un simposio sobre eltema de la protección de las indicaciones geográficas que tendrá lugar en Montevideo en noviembre
de 2001 y que se espera que dará una valiosa oportunidad a todas las regiones para debatir ese tema y
que contribuirá a la mayor toma de conciencia de éste y a la difusión de información, experiencia y
actitudes de los diversos protagonistas nacionales a ese respecto.
100. El representante del Paraguay dice que su delegación copatrocinó el documento conjunto
presentado Australia (documento IP/C/W/289).  A unque no participó en la redacción del documento,
el Paraguay concuerda en todo con su contenido.  Expresa su apoyo a todos los argumentos
formulados por los demás copatrocinadores del documento que han hecho uso ya de la palabra en la
presente reunión.  Con referencia a la intervención de Suiza, cita la definición de "indicación
geográfica" que figura en el párrafo 1 del artículo 22.  Señala que el delegado de Suiza se refirió a losmétodos de producción, que son la aplicación  del conocimiento humano a la producción de un
artículo.  En todas las Américas, los inmigrantes europeos trajeron con ellos sus métodos de
producción.  En el Paraguay, por ejemplo, los inmigrantes procedentes de Suiza fabrican queso
Gruyère, aun cuando no existe en el Paraguay ninguna localidad llamada Gruyère.  Lo que hacen es
aplicar sus métodos de producción a la producci ón de ese queso (que, por cierto, es muy bueno).
Pregunta al delegado de Suiza si cree que esa característica del producto es "imputable a su origen
geográfico", como dijo en su intervención.  En otro orden de cosas, el delegado de Suiza no ha
hablado solamente de la ampliación de la protección adicional a productos distintos de los vinos y las
bebidas espirituosas, sino también de los costos que supondrá para los Miembros la aplicación de
todos los derechos de propiedad intelectual del Acue rdo.  La aplicación de todos los Acuerdos de la
Ronda Uruguay ha ocasionado ciertos costos, y puede  asegurar al Consejo que el costo que recayó en
el Paraguay ha sido muy alto, en términos políticos, legislativos y económicos.  Está de acuerdo enque ha habido costos de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, y el Paraguay no está dispuesto a
pagar costos adicionales para la ampliación de la protección adicional de las indicaciones geográficas
a productos que no sean los vinos y las bebidas espirituosas.  La ampliación de esa protección a otros
productos conllevaría la adquisición de nuevos derechos y la admisión de nuevas obligaciones.  Eso
sólo puede ocurrir en el marco de una nueva ronda de negociaciones, a falta de la cual duda que sudelegación pueda apoyar en momento alguno la ampliación de la protección adicional a otros
productos.
101. La representante de Venezuela cree que el documento conjunto presentado por Australia
(documento IP/C/W/289) contribuye al avance del debate.  Sin embargo, está de acuerdo con las
delegaciones que han manifestado que el nivel de protección que dispensa el artículo 22 no essuficiente, y que es necesario implantar, a nivel in ternacional, un nivel de protección uniforme.  En
cuanto a los costos que ocasione el modificar las disposiciones existentes, hay que tener en cuenta
también los beneficios.  La relación pertinente es entre costos y beneficios, no entre unos costos y
otros.  La ampliación de la protección podría hacer posible que los productores venezolanos de
diferentes partes del país aumentasen el valor añadido de sus productos y tuviesen mejor protección,observando las normas de calidad para competir mejor en un mercado abierto y sin restricciones.  PorIP/C/M/32
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lo que se refiere a los posibles efectos en el comercio, la protección podría significar el comienzo de
un proceso más amplio de aparición de pequeñas y medianas empresas en el sector de la elaboración,
que hiciese posible crear puestos de trabajo y mejores condiciones de vida para los trabajadores, así
como también diversificar las exportaciones.  Partiendo de esos supuestos, el Ministerio de Comercio
de Venezuela juzga que las indicaciones geográficas tienen una importante dimensión social yeconómica y espera fomentarlas como instrumento del desarrollo industrial, comercial, económico,
cultural y tecnológico.  Ese instrumento permite la recuperación y el fomento de los productos y los
procesos de producción indígenas que actualmente co rren riesgo de perderse.  Podrían incluso servir
para la promoción de rutas de turismo como, por ejemplo, la Ruta del Cacao de Chuao.  Las
indicaciones geográficas propician una mejor y más fácil percepción de la calidad de determinados
productos en los mercados exigentes.  Tanto en el mercado nacional como en el exterior, las
indicaciones geográficas harían destacar las características especiales de los productos y reservaríansu utilización a los productores con derecho a utilizarlas, con lo que se evitarían abusos por terceros.
La experiencia de Venezuela en cuanto al cacao de Chuao revela que los productores se están
organizando, que se están dando cuenta del valor de sus productos y del potencial de éstos, y
empiezan a indagar cómo podrían hacerlos aumentar de valor.  Esos productores han descubierto que
es más fácil dar publicidad a sus productos y están avanzando en la gestión colectiva de sucomercialización.  Todo ello exige un gran esfuerzo, por supuesto, pero rendirá grandes beneficios.
Se espera que otros productores se organicen también y registren indicaciones geográficas para sus
productos.  Por lo que se refiere a los efectos en los consumidores, esperan que el auténtico origen de
las mercancías y los servicios y las indicaciones geográficas les ayudarán a establecer diferencias y
acceso al mercado para un grupo muy específico.  No se debe engañar al consumidor y, si éste deseapagar más por un producto, ese producto debe ser el que quiso elegir.  Las indicaciones geográficas
hacen posible acreditar a los productores y hacer saber a los consumidores las cualidades de los
productos, con lo cual se protegen los intereses del consumidor.  El consumidor espera que el
producto que se le ofrece tenga las cualidades propias de la región a la que se refiere su indicación
geográfica.  Por citar el ejemplo del cacao de Venezuela, los expertos han manifestado que elemplazamiento geográfico de Chuao y ciertos factores naturales y humanos, tales como el clima, la
topografía, el medio ambiente y la mano de obra, son las razones a que obedece el que ese cacao tenga
una calidad reconocida a escala internacional.  Si no fuera así, no habría habido tanto interés por
registrar ese nombre en otros países.  Este debate ha despertado mucho interés.  Muchos países en
desarrollo han encontrado ya un gran número de productos que podrían ser protegidos por medio de
indicaciones geográficas y, por lo tanto, el debate habrá de proseguir.  Su delegación espera que esta
forma de protección dé a los productores el legítimo derecho a utilizar en sus productos el nombre dela región que les confirió sus cualidades especiales y singulares, y que impida que las indicaciones
geográficas sean utilizadas por competidores de fuera de la región correspondiente.
102. El representante de Turquía cree que el documento conjunto presentado por Australia
(documento IP/C/W/289) aporta un elemento positivo para el debate acerca de las indicaciones
geográficas, aun cuando su delegación no concuerda con las opiniones que en él se exponen.  Diceque en el documento se recogen algunas de las bien conocidas opiniones y argumentos de sus
patrocinadores.  Su delegación responderá a esos argumentos en su oportunidad.  Comenta que el
debate sobre la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas ha ido más allá del ámbito
del Consejo de los ADPIC y se ha convertido en una especie de toma de posiciones de negociación
para la Conferencia Ministerial que se avecina.  Los debates en el Consejo de los ADPICproporcionan aportaciones útiles para los que tendrán lugar sobre el mismo tema en el Consejo
General como preparativos de la Conferencia de Doha.  Su delegación se suma a lo manifestado por
Hungría y por Suiza.
103. El representante de Singapur, hablando en nom bre de los Estados miembros de la ASEAN,
hace notar que existen opiniones divergentes en cuanto a si el debate sobre una ampliación de la
protección adicional de las indicaciones geográficas a productos distintos de los vinos y las bebidas
espirituosas forma parte del mandato del Consejo de los ADPIC.  Sin expresar su opinión a eseIP/C/M/32
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respecto, y simplemente para los fines de la presente intervención, da por supuesto que existe tal
mandato.  Señala que la propuesta de ampliar la protección cuenta con el apoyo de una amplia
variedad de Miembros, tanto de países en desarrollo como de países desarrollados y de economías en
transición.  Indica que quienes proponen la ampliación creen que ésta es compatible con los objetivos
del Acuerdo sobre los ADPIC y con los principios generales de la OMC.  Ello significa, tácitamente,que es también beneficiosa para todos los Miembros y, por serlo, merece la máxima atención y una
concienzuda evaluación.  Dado que los Miembros dedican a la propuesta la atención que merece, les
incumbe examinar la cuestión básica de qué es lo que ganarían con una modificación del statu quo ;
es decir qué es lo que está mal en el statu quo  y por qué habría que modificarlo.  En la actualidad,
todos los productos quedan abarcados por la protección de las indicaciones geográficas que otorga el
párrafo 2 del artículo 22.  Los vinos y las bebidas espirituosas cuentan con protección adicional,
especialmente en virtud del párrafo 1 del artículo 23.  Podría decirse, por lo tanto, que el párrafo 1 delartículo 23 se ocupa de la protección incondicional de los derechos del particular, mientras que el
artículo 22 establece un equilibrio entre la protección de los derechos del particular y el interés
público.  Las delegaciones en cuyo nombre interviene entienden que el Acuerdo sobre los ADPIC se
propuso establecer un equilibrio entre los derechos del particular y el interés público.  Entienden
también que los Miembros no convinieron en someter a un régimen multilateral los derechos de losparticulares, que por lo demás están sometidos, en lo sustancial, a sus respectivas jurisdicciones
exclusivas.  Parece que una de las consecuencias posibles, aunque no buscadas, de la propuesta sería
que la protección adicional gozaría de derechos privados per se , mientras que se atenuaría la
prescripción del interés público.  Expresa su preocupación por el hecho de que, al prescindir del
elemento del interés público, los Miembros puedan, sin proponérselo, alterar el equilibrio que parecíahaberse logrado con el Acuerdo sobre los ADPIC.  Se refiere a ese equilibrio como cuestión de
principio, ya que es un elemento decisivo con respecto a otros derechos de propiedad intelectual , y en
especial al equilibrio entre derechos privados e interés público con respecto a las patentes de
medicinas y a los derechos de los Miembros en cuanto a fomento de la salud pública.  Podría
argumentarse que esa preocupación es meramente teórica, puesto que el párrafo 1 del artículo 23dispensa ya protección incondicional a los vinos y las bebidas espirituosas sin referencia alguna al
interés público.  No quiere llegar a decir que el párrafo 1 del artículo 23 sea una aberración.  Se limita,
en cambio, a afirmar que, para bien o para mal, ese fue el equilibrio alcanzado en la Ronda Uruguay.
Podrían plantearse otros problemas, entre ellos las posibles consecuencias imprevistas de la
protección, muchas de las cuales tal vez no fuesen positivas.  Esos problemas se plantearán a su
debido tiempo.  Se refiere a ellos como aportación a un debate franco, ya que las delegaciones en
nombre de las que habla dejan abierta la posibilidad de que se amplíe a otros productos la protecciónde las indicaciones geográficas en virtud del párrafo 1 del artículo 23.
104. La representante de México reitera la tesis de su delegación de que no cabe interpretar
ninguna de las disposiciones de la sección 3 de la  Parte II del Acuerdo como si otorgasen un mandato
para negociaciones sobre la ampliación de la protección establecida en el artículo 23 a productos
distintos de los vinos y las bebidas espirituosas.  No se trata de un asunto "fútil", ni de procedimiento,ni hipotético, sino de una realidad que se encuentra en el texto del Acuerdo.  Cuanto más escucha su
delegación los debates, mayores son sus dudas acerca de las graves consecuencias que podría acarrear
esa ampliación.  Dice que ha presentado argumentos a ese respecto en varias ocasiones, y recuerda
cuáles son las preocupaciones de su delegación.  El documento conjunto presentado por Australia es
útil en cuanto que sitúa en una perspectiva más clara las consecuencias legislativas, económicas (entérminos de efectos en el comercio y los consumidores), administrativas y de otro orden que podrían
seguirse de la ampliación.  Presenta cuestiones fundamentales que no se habían aclarado ni analizado
a fondo ni de manera satisfactoria para muchos de los Miembros.  Su delegación concuerda con las
conclusiones generales del documento conjunto.  Está de acuerdo en que no se ha demostrado todavía
de forma convincente por qué es inadecuado para otros productos el nivel de protección previsto en elartículo 22.  Conviene en que la ampliación de la protección adicional del artículo 23, si llegare a
acordarse, no tendría por qué llevar consigo una protección mayor o más eficaz, dadas varias
circunstancias que los que propugnan la ampliación deberían evaluar rigurosamente.  Está de acuerdoIP/C/M/32
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también con que los costos de la ampliación serían, según parece, mucho mayores que los beneficios
que se prevén, sobre todo por lo que se refiere a los Miembros que no tienen productos que proteger, o
tienen muy pocos, y para los cuales quizá no exista, a nivel internacional, un valor económico que
justifique los costos que ocasionaría la ampliación de la protección adicional a cientos de miles de
indicaciones en las que probablemente piensen otros Miembros, aun cuando el Consejo no sabetodavía cuál sería el total de esas indicaciones.  Conviene en que la ampliación ocasionaría costos
también a los Miembros que no tienen en la actualidad sistemas nacionales capaces de proporcionar
esa protección adicional a productos que no sean los vinos y las bebidas espirituosas.  En cuanto a
costos, el Consejo ha escuchado en esta reunión lo manifestado acerca de los grandes gastos y
esfuerzos de muchos Miembros para aplicar el Acuerdo en diversas esferas, con inclusión de la que
ahora se está debatiendo.  Dice que no puede imaginar se la situación que se produciría si el Consejo
tratase de ampliar las obligaciones existentes conforme a lo propuesto sin tener presente lo que esollevaría consigo.  Su delegación cree, por consiguiente, que es indispensable aclarar y analizar estas
cuestiones, y que se haga una evaluación de benefici os en función de los costos, ya que sin eso no se
puede examinar con seriedad la propuesta.  La opinión de su delegación difiere en algunos aspectos de
la expresada en el documento conjunto presentado por Australia acerca de la historia de las
negociaciones y la interpretación de esa historia.  Concuerda, sin embargo, en que las disposiciones dela sección 3 fueron resultado de un delicado equilibrio al que se llegó en la Ronda Uruguay en un
marco de negociación muy especial.  Pero eso pertenece ya al pasado.  Ahora los Miembros se
encuentran con lo que dice el Acuerdo tal como fue redactado, y sus trabajos tienen que partir de esa
base.  Toda modificación del texto y toda iniciativa de abrir ese texto a una renegociación tiene que
derivarse de un mandato basado en el consenso de los Miembros, el cual es posible en otro marco,pero no en el Consejo de los ADPIC.  Su delegación sigue dispuesta a participar de forma
constructiva en el cumplimiento del mandato que el Consejo tiene, que es el que figura en el párrafo 4
del artículo 23 y en la Declaración Ministerial de Singapur.
105. El representante de la República Checa hace algunas observaciones de carácter preliminar
acerca del documento conjunto presentado por Australia (documento IP/C/W/289).  Su delegación no
comparte ni las opiniones ni el enfoque que en ese documento se expresan acerca de este punto.  Su
delegación se suma a lo manifestado por el representante de Suiza.  Comentando la metodología del
documento conjunto, dice que en él se indica como objetivo "una evaluación seria de las
consecuencias resultantes de cualquier propuesta que recomiende la introducción de cambios
sustanciales en las vigentes disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC".  No es eso, sin embargo, lo
que su delegación y otras han propuesto en su comunicación conjunta (documento
IP/C/W/247/Rev.1).  Su propuesta se había ocupado, por el contrario, del diferente trato que se daba alos productos, lo cual constituía una anomalía en el sistema de propiedad intelectual del Acuerdo
sobre los ADPIC.  Procede del Acuerdo mismo, pero en el documento conjunto se la describe como si
fuese un elemento extraño que los proponentes tratan de hacer entrar en el Acuerdo.  En segundo
lugar, es inapropiado, desde el punto de vista metodológico, comparar la ampliación de los niveles de
protección de una ampliación de la protección adicional de las indicaciones geográficas con lasfuturas oportunidades de mercado de los sectores emergentes.  Está de acuerdo con las observaciones
del representante de Hungría a ese respecto.  Tien e dudas acerca de la solidez del argumento que se
formula en el documento conjunto.  Un debate en una reunión no oficial dista de ser una salida de la
presente situación y carece de utilidad.  En el documento conjunto se hacen preguntas, suposiciones y
afirmaciones.  Responder a las preguntas es un princi pio básico del diálogo, y su delegación lo hará en
su momento para disipar las dudas que pudiere haber.  Sin embargo, dado que el documento conjunto
se ha presentado en perjuicio del derecho a rebatir los argumentos de sus patrocinadores sobre la
cuestión del mandato, no está claro si, en resumidas cuentas, se espera que los patrocinadores vuelvan
a empezar desde el principio.  Pide a los copatrocinadores que aclaren esa cuestión.
106. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación copatrocina el documento
conjunto presentado por Australia (documento IP/C/W/289) y da las gracias a las delegaciones queIP/C/M/32
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han expresado apoyo a ese documento.  Asegura a Suiza y a otras delegaciones que se esforzará por
ocuparse de sus preguntas y preocupaciones en la próxima reunión.
107. El representante de Bulgaria, comentando con carácter preliminar el documento conjunto
presentado por Australia (documento IP/C/W/289), dice que, a juicio de su delegación, no está
justificada ninguna de las cuestiones y preocupaciones que en él se expresan.  En la mayoría de loscasos, lo cierto es lo contrario de lo que se dice en el documento conjunto.  A diferencia de lo que
afirma el documento, los costos administrativos que ocasionaría la ampliación de la protección de las
indicaciones geográficas, serían, de haber alguno, insignificantes y, en todo caso, podrían compararse
favorablemente con los correspondientes a otros tipos de propiedad intelectual.  Todo lo que haría
falta sería un instrumento legislativo en virtud del cual se enmendase la protección actual, si ésta se
limita a los vinos y las bebidas espirituosas.  Es diferente, por ejemplo, lo que ocurre en la esfera de
los derechos de autor, como Bulgaria ha visto a raíz de su adhesión a la OMC.  Por lo que respecta alas consecuencias para el comercio, cree que es importante tener presente que, cuando llegue el
momento de las negociaciones auténticas, tendrá que haber un intercambio en el que las delegaciones
habrán de comparar lo que cada parte va a ganar o a perder.  Por eso no carece de significado, ni
mucho menos, la opinión de los patrocinadores del documento conjunto acerca de esos costos y esos
beneficios.  Si los países que apoyan la ampliación no fuesen a obtener beneficios apreciables, esosería una ventaja para quienes apoyan la ampliación, porque no sería mucho lo que tendrían que pagar
en el referido intercambio.  Al modo de ver de su delegación se daría en realidad una situación en la
que todos ganan, que no permitiría tampoco que los patrocinadores del documento conjunto
(documento IP/C/W/289) pidiesen mucho.  Pasando a la página 9 del documento conjunto, tiene la
impresión de que los costos consisten, en definitiva, en la renovación de nombre y etiquetado y lasacciones judiciales.  Admite que habría costos de renovación de nombres y etiquetas, pero en cuanto a
las acciones judiciales hará sus comentarios más adelante.  Varias delegaciones han señalado que
habría que comparar los costos con los beneficios, y que las indicaciones geográficas crearían
importantes mercados especializados para los pequeños y medianos empresarios.  Esos empresarios
no tendrían que invertir en el derecho de propiedad intelectual como tal, puesto que ya lo tendrían.Sólo tendrían que invertir en la producción del artículo propiamente dicha.  Esto resulta positivo, en
comparación con otros derechos de propiedad intelectual No es probable, por ejemplo, que las
pequeñas empresas estén en condiciones de invertir en investigaciones farmacéuticas complejas y
costosas.  En cuanto a la confusión del consumidor, su delegación está de acuerdo con las que han
dicho que la ampliación a otros productos de la protección adicional haría disminuir, en realidad, esa
confusión.  Parece como si el propio documento conjunto tratase de crear confusión.  No entiende la
frase del párrafo 25 del apéndice al documento conjunto que dice que "esa confusión aumentará loscostos de búsqueda y transacción resultantes para los consumidores, al menos a corto y medio plazo, y
es posible que incremente también los precios".  No se da ningún ejemplo, y al representante tampoco
se le ocurre ninguno, excepto, tal vez, el de un consumidor confuso en Alaska que busque gruyère
paraguayo o queso blanco "al estilo búlgaro" y, al no encontrarlos, tenga que hacer un largo viaje con
elevado costo de gasolina y creando un peligro para el medio ambiente.  En cuanto a las mayoresocasiones para litigios entre los productores y diferencias entre Miembros de la OMC, dice que en
todas las reglamentaciones hay siempre riesgos de conflictos.  Ello no quiere decir que no deba haber
reglamentaciones.  Pregunta a los copatrocinadores del documento conjunto si quieren decir que las
diferencias entre Miembros de la OMC son algo malo, y si están dispuestos a aplicar esa misma lógica
a otras cuestiones.  Objeta al ejemplo que aparece en la página 10 del documento conjunto, con el quese quiere demostrar que es suficiente la protección del artículo 22 y que no es necesaria la del
artículo 23, poniendo en duda que "feta" sea una indicación geográfica como tal y no un nombre
genérico.  Los productores búlgaros no venden su producto en el extranjero como "feta", sino como
"queso blanco búlgaro".  Los consumidores entendidos juzgan que el queso blanco búlgaro es mejor
que otros, cualquiera que sea su nombre.  Como ejemplo de la insuficiencia de la protección delartículo 22 y la necesidad de ampliar la protección del artículo 23, se refiere a una conversación en la
que a un consumidor que pregunta si un determinado queso es búlgaro, le contestan que, aunque ese
queso no es búlgaro, es "como" el queso búlgaro.  Esa es, exactamente, la situación que sería objetoIP/C/M/32
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de la protección del artículo 23.  El nivel de protección del artículo 22 no impide que otros vendan sus
productos como "feta de tipo búlgaro".  Por último, y en cuanto a la cuestión del mandato, se llegó
hace algún tiempo a un compromiso en el sentido de no discutir sobre mandatos, sino pasar a un
debate sustantivo de las propuestas de negociación, tanto sobre indicaciones geográficas como en las
negociaciones sobre agricultura.  Si el Consej o de los ADPIC sigue debatiendo lo referente al
mandato como obstáculo para el debate sustantivo sobre la ampliación de la protección adicional de
las indicaciones geográficas, habrá que ver si las distintas propuestas de negociación en el Comité de
Agricultura responden al mandato del artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura.  Dice que se ha
reservado el derecho de volver sobre ese asunto en el Comité de Agricultura.  El mandato del
artículo 20 del citado Acuerdo es bastante lacónico, y podría dar lugar a problemas análogos a los que
otros Miembros encontraron en el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.
108. El representante del Japón dice que el documento conjunto presentado por Australia
(documento IP/C/W/289) es una valiosa aportación al debate.  A juicio de su delegación, el
artículo 22 ya proporciona protección general de las indicaciones geográficas de todos los productos
contra la utilización que induzca a error al público.  En ese sentido, la protección adicional de los
vinos y las bebidas espirituosas en virtud del artículo 23 sin necesidad del elemento de inducción a
error, constituye un trato preferencial excepcional para determinados productos.  Si esa protección seva a ampliar a otros productos, los Miembros tienen que examinar cuidadosamente si existe o no
justificación suficiente para esa ampliación.  Si bien el Japón se ha reservado su posición con respecto
a la ampliación, está dispuesto a participar en el debate.  El documento conjunto presentado por
Australia proporciona muchos elementos útiles para su examen por los Miembros.  La ampliación de
la protección podría tener efectos positivos, tales como dar mejor protección a los consumidores, ofomentar la producción de determinados sectores en algunas regiones geográficas.  Por otra parte,
podrá también tener efectos negativos, tales como el de imponer una carga que tal vez sea excesiva a
las transacciones normales de algunos sectores industriales, con inclusión de la incertidumbre acerca
del uso continuado y la renovación de nombres y etiquetas de los productos.  El Japón desea, por lo
tanto, examinar cuidadosamente esta cuestión, evaluando sus aspectos positivos y negativos.  Hay queanalizar varias opciones, para llegar a la mejor solución.  En el documento de resumen de la Secretaría
se pone de manifiesto que los Miembros cuentan con diferentes medios de protección de las
indicaciones geográficas.  No debe descartarse de  antemano ningún medio de protección determinado.
El Japón cree que los Miembros deben examinar varias opciones en cuanto a política antes de
centrarse en un enfoque concreto.  Debe llevarse a término a la mayor brevedad posible la operación
de recopilación de la información que está en curso, para lo cual deben recibirse las aportaciones de
los Miembros que no han facilitado todavía sus respuestas.  Es importante examinar cómo aplica cadaMiembro las disposiciones de la sección 3 de la Parte II del Acuerdo.  La información sobre las
diversas formas de aplicación sería una base muy útil para el detenido examen de si sería apropiada
una posible ampliación de la protección adicional del artículo 23 a productos distintos de los vinos y
las bebidas espirituosas.
109. La representante de Sri Lanka da las gracias a los copatrocinadores del documento conjunto
(documento IP/C/W/289) por haber entrado en un debate constructivo acerca de este tema, pero
lamenta que hayan planteado la cuestión del mandato, ya que creía que se había dado por entendido
que se dejaría a un lado esa cuestión.  Dice que su delegación está dispuesta a entrar en el debate con
los copatrocinadores, y pasa a formular comentarios de carácter preliminar acerca del documento
conjunto.  Su delegación se suma a lo manifestado en las intervenciones de Suiza, Venezuela,Hungría, Bulgaria y otras delegaciones.  En el primer inciso del párrafo 5 del documento conjunto se
hace referencia a los costos resultantes de la ampliación de las disposiciones actuales y se parte del
supuesto básico de que los Miembros tendrán que adoptar disposiciones más estrictas que las del
Acuerdo sobre los ADPIC.  Ello obedece a lo que los copatrocinadores opinan acerca del mandato y
lo que ya establece el Acuerdo sobre los ADPIC.  En cambio, los copatrocinadores de una anteriorcomunicación (documento IP/C/W/247/Rev.1), entre los que figura Sri Lanka, manifestaron su
creencia de que ya existe un mandato y que, por consiguiente, los compromisos no serían másIP/C/M/32
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estrictos que los establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC.  En el segundo inciso del párrafo 5 del
documento conjunto (documento IP/C/W/289) se alega que no hay pruebas de la insuficiencia de la
protección prevista en el artículo 22.  Los copatrocinadores del documento conjunto quieren que los
que impulsan la ampliación señalen claramente los productos para los que desean protección
adicional.  Sin embargo, ampliar la protección a algunos productos solamente no haría otra cosa quehacer más acusado el actual desequilibrio entre los niveles de protección.  Lo que esos impulsores
desean, por el contrario, es ampliar la protección adicional a todos los productos, con lo cual se haría
desaparecer por completo el desequilibrio.  En las propuestas que han formulado se explica ya con
amplitud la justificación racional de la protección adicional.  En el inciso 3 del párrafo 5 del
documento conjunto se afirma que no ha existido un debate sobre los posibles inconvenientes de la
ampliación.  Se hace referencia también a la carga administrativa adicional que conllevaría la
ampliación.  La aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC exige, sin embargo, que todos los Miembrosqueden sujetos a una carga administrativa adicional.  En el caso de Sri Lanka esa carga es enorme.  Si
esa es la razón por la que no admitimos la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas,
tendremos que dejar a un lado el Acuerdo sobre los ADPIC en su totalidad.  Se refiere también el
documento a la confusión causada a los consumidores, pero la verdad es que, por el contrario, la
ampliación ayudaría a los consumidores en su elección y haría que escogiesen lo que de verdadquieren.  A ese respecto, cita el resumen y las conclusiones del informe de la OCDE sobre las
denominaciones de origen, donde se dice que "El hecho de que todo mercado se caracteriza por una
asimetría de información entre productores y consumidores coloca a estos últimos en situación de
desventaja.  Los consumidores no pueden tener la seguridad de que los productos que compran son los
que verdaderamente preferirían.   Una solución consiste en utilizar instrumentos de comunicaciónpara aumentar la información del consumidor sobr e la calidad de los productos.  Otra solución
consiste en que los productores inviertan en la construcción de una sólida reputación entre los
consumidores.  Esa reputación se asienta en la calidad del producto y en los instrumentos con que se
facilita información sobre esa calidad.[…] Las indicaciones geográficas son, precisamente, uno de los
instrumentos de comunicación que emplean los gobier nos y las empresas para difundir ese mensaje".
En el párrafo 10 del documento conjunto se dice que el artículo 23 permite otorgar derechos
exclusivos sobre determinada expresión.  Sin embargo, todo el Acuerdo sobre los ADPIC permite
otorgar derechos exclusivos.  No ve por qué tiene que ser eso un problema nada más que para las
indicaciones geográficas.  Concuerda con la observación de la representante de la Argentina de que
los Miembros tienen diversas opciones acerca de cómo proteger sus derechos de propiedad
intelectual, pero dice que cabe a los Miembros decidir cuál es el método más adecuado y oportuno
que ha de utilizarse en cada esfera de los derechos de propiedad intelectual.   Sri Lanka cree quealgunas de sus indicaciones geográficas no pueden ser protegidas con marcas de fábrica o de
comercio, por lo cual la protección de las indicaciones geográficas concretas es el único modo de
proteger algunas de ellas.  Así pues, el problema no reside en elegir entre posibles métodos de
protección.  En cuanto al análisis de costos y beneficios, dice que los copatrocinadores del documento
conjunto están queriendo empezar la casa por el tejado.  Por ejemplo, el Acuerdo sobre ObstáculosTécnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
imponen una pesada carga a los productores.  Pregunta a los copatrocinadores si desean que se haga
también una ponderación entre los costos y los beneficios de esos y otros Acuerdos, o si sólo quieren
plantear la cuestión con respecto a las indicaciones geográficas.
110. El representante de la India comparte las opiniones expresadas por Suiza, la República Checa
y Sri Lanka.  Su delegación se suma a lo manifestado por Hungría y Suiza sobre el documento
conjunto (documento IP/C/W/289) y dice que dará a conocer sus observaciones al respecto en otra
oportunidad.
111. El representante de las Comunidades Europeas hace, en primer lugar, algunos comentarios de
carácter general.  Dice que, aunque su delegación ha tratado de mantenerse al margen de la cuestión
del mandato, ésta ha surgido.  Los Miembros que no desean la ampliación invocan ese argumento
para que no tenga lugar.  Espera que esa cuestión pueda resolverse en la Conferencia Ministerial deIP/C/M/32
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Doha, pues en caso contrario el Consejo se verá frente a ella una y otra vez.  Está a favor de un debate
equilibrado, pero no cree que el documento conjunto (documento IP/C/W/289) haya contribuido a que
lo haya.  Es inexacto, injusto y parcial decir que la ampliación de la protección geográfica sólo tiene
que ver con los costos y no con los beneficios Esa insistencia en los costos indica una falta de
comprensión de las dificultades que encuentran muchos Miembros para aplicar el Acuerdo sobrelos ADPIC.  Su delegación aprecia la esforzada labor de muchos Miembros para cumplir el Acuerdo.
Los costos de ampliar la protección de las indicaciones geográficas no harían cambiar la situación, en
realidad.  Suscribe los muchos argumentos aducidos por Bulgaria, Hungría, Suiza y otras
delegaciones.  Volviendo al documento conjunto, su delegación lamenta que éste se haya centrado
exclusivamente en la crítica del enfoque adoptado por el considerable número de Miembros que
propugnan la ampliación, y no haya atendido a las ventajas que podría tener la ampliación en
comparación con su alternativa, que es el statu quo .  El documento apunta a un blanco equivocado
cuando dice que no se ha probado que sea insuficiente la protección del artículo 22.  Lo que se debate
no es la aplicación del artículo 22 sino la mejora del nivel de protección que ofrece ese artículo.
No sería exacto afirmar que, hasta la fecha, las aportaciones se han consagrado exclusivamente
al artículo 23.  Resulta, por el contrario, que en la comunicación anterior (documento
IP/C/W/247/Rev.1) se hace un análisis completo del artículo 23 y su evidente insuficiencia.  No se
confirmaron las preocupaciones expresadas en el documento conjunto (documento IP/C/W/289) por
lo que respecta a los costos.  Parece que, si los países están ya facilitando o procediendo a facilitar una
mejor protección de las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas, representaría
tan sólo un pequeño esfuerzo ampliar esa protección a otros productos.  Una pequeña modificación de
las disposiciones de las leyes vigentes en materia de vinos y bebidas espirituosas haría posible que losjueces de los respectivos países dispensasen esa mejor protección también a otros productos.  Resulta
sorprendente para su delegación la afirmación de que el aumento del nivel de protección de las
indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas pueda privar de oportunidades a los
sectores emergentes y causar incertidumbre a los mercados existentes.  En cuanto a los mercados
emergentes, la protección simplificada de las indicaciones geográficas que ofrece el párrafo 1 delartículo 23 no haría sino dar impulso al desarrollo de industrias de calidad incipientes o en formación
que funcionaría, de una vez para siempre, en un marco jurídico estable y claro.  Ello haría posible, a
su vez, que los titulares de indicaciones geográficas repeliesen todo intento de aprovechamiento ajeno
de sus inversiones, embriónicas pero sustanciales, para conseguir entrar en el mercado.  En cuanto a
los mercados existentes, el auténtico sector de la alimentación de calidad que esté dispuesto a
emprender una expansión internacional recibirá como una bendición la ampliación de la claridad del
párrafo 1 del artículo 23 a su esfera y el poder prescindir de los resultados, a veces caprichosos, de la"prueba de inducción a error" que exige el artículo 22.   El argumento de que la ampliación de la
protección adicional crearía confusión en los consumidores es muy difícil de seguir.  Su delegación
cree que, por el contrario, con la protección a tenor del artículo 23 ganarían en claridad los
consumidores.  Es fundamental el desacuerdo de su delegación con la interpretación de los objetivos
de la sección 3 de la Parte II del Acuerdo que se da en el documento conjunto.  Parece bastanteevidente que los objetivos de la sección 3 son los de establecer, en primer lugar, una definición de las
indicaciones geográficas que sea aceptada internacionalmente y, en segundo lugar, un enfoque en dos
frentes de los derechos conexos de los titulares de las indicaciones geográficas, para su protección.
Concuerda con los copatrocinadores del documento conjunto en que eso crea un desequilibrio que hay
que resolver, pero no entiende su enfoque, ya que éste no haría más que perpetuar el desequilibrio, amenos que los copatrocinadores estén proponiendo que se reduzca el nivel de protección de los vinos
y las bebidas espirituosas al del artículo 22.  A la inversa, lo lógico sería restablecer el equilibrio
haciendo subir el nivel de protección de todos los productos al que tienen ahora los vinos y las
bebidas espirituosas en virtud del artículo 23, que es más elevado y más eficaz.  Por último, no se
deben evaluar los beneficios de la protección adicional del artículo 23 desde un punto de vistahistórico únicamente, sino también en una perspectiva de futuro.   Lo que importa, por encima de
todo, son los beneficios que esa protección podría reportarles a los países en desarrollo y a otros
países en cuanto a nuevas indicaciones geográficas.IP/C/M/32
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112. La representante de Mauricio reconoce que no todos los Miembros opinan lo mismo sobre
este tema, pero hace notar que el enfoque adoptado en esta reunión es positivo y se ha trasladado de
las cuestiones de procedimiento a las sustantivas.  Apoya lo manifestado por Suiza, así como también
las demás declaraciones favorables a la ampliación de la protección adicional de las indicaciones
geográficas.  Pasa luego a comentar el documento conjunto (documento IP/C/W/289).  Por lo querespecta a los costos, está de acuerdo con la afirmación del representante del Paraguay de que la
aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay es costosa.  Si bien cree que son pocos los Miembros
que se han beneficiado de esos Acuerdos, no por ello dejaron los Miembros de aplicarlos.  No es
tampoco válido decir que los Miembros deben tener cuidado por lo que respecta a los costos que
ocasionaría la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas porque sólo unos cuantos se
beneficiarían de ellas, mientras que otros, que no tienen indicaciones geográficas para sus productos,
podrían no beneficiarse.  Concuerda con las delegaciones que han dicho que los costos de ampliar laprotección adicional de las indicaciones geográficas deben evaluarse en función de los beneficios que
ello podría reportar a algunos Miembros.  No hay razón alguna por la cual la ampliación de la
protección adicional tenga que ser más costosa que la protección adicional de los vinos y las bebidas
espirituosas que ya existe.   En cuanto a la confusión del consumidor, cree que la ampliación de la
protección adicional aumentaría, por el contrario, la claridad para el consumidor, al permitir escoger
con mayor fundamento, y aumentaría, por ende, su capacidad de elección, en lugar de reducirla.
Informar a los consumidores de que un producto no contiene gluten u organismos genéticamente
modificados no es diferente de informarlos de que un producto es queso búlgaro.  Como quiera que
sea, la elección del consumidor no se guía siempre por el nombre, que no es sino un factor pertinente
más que se añade a otros de carácter económico.  La ampliación de la protección adicional no privaríade ventas a los demás ni impediría tampoco que obtuviesen beneficios quienes tienen una razón
auténtica para utilizar una indicación geográfica.  Por lo que se refiere a los efectos en el comercio,
cree que el número de Miembros que se oponen a la ampliación de la protección adicional indica que
existen beneficios comerciales que se derivarían de las indicaciones geográficas y de la reputación
basada en la localización geográfica.
113. El representante de Suiza, respondiendo a la Argentina, dice que no se ha propugnado una
armonización de los sistemas nacionales de protección de las indicaciones geográficas ni en la
anterior comunicación (documento IP/C/W/247/Rev.1) ni en ninguna otra ocasión en el curso de las
tareas del Consejo acerca de la ampliación.  Lo que se defendía en aquella comunicación era que se
ampliase el nivel de protección del artículo 23 a productos distintos de los vinos y las bebidas
espirituosas y que se proporcionase así un mismo nivel de protección, a nivel multilateral, a las
indicaciones geográficas, con lo cual se pondría re medio a la incertidumbre jurídica acerca del nivel
de protección que otorgan los Miembros de la OMC a una determinada indicación geográfica.  Ese
nivel de protección uniforme podría ser aplicado por los Miembros, a escala nacional, mediante el
sistema de protección que cada uno de ellos decidiese utilizar.  Aumentaría de ese modo la
previsibilidad, la transparencia y la seguridad jurídica de la protección de las indicaciones geográficas
en el marco de la OMC.  Se refiere, en espe cial, al párrafo 18 del documento IP/C/W/247/Rev.1.
114. La representante de Australia da las gracias a todas las delegaciones que comentaron el
documento por ella presentado (documento IP/C/W/289) y espera con interés respuestas a las
preguntas que se plantean en ese documento.  Pa sa a responder a algunos comentarios, y dice que
responderá a otros en la próxima reunión.   Respondiendo a lo manifestado por Hungría acerca del
acceso al mercado de las industrias nuevas e incipientes, con respecto a lo cual indicó Hungría que lautilización de una expresión geográfica por otro productor equivaldría a una apropiación indebida de
un derecho ajeno, y que si ese mismo argumento se aplicase a las patentes llevaría a un terreno
peligroso, dice que al afirmar eso se hace caso omiso de la existencia del artículo 22, cuyas
disposiciones fueron acordadas por todos los Miembros al concluir la Ronda Uruguay.  En el
documento que presentó su delegación se dice que el artículo 22 representa el mejor equilibrio entrevarios intereses encontrados, que lleva en su núcleo los objetivos legítimos de impedir el engaño del
consumidor y la competencia desleal.  No se propone en el documento que se atenúe el nivel deIP/C/M/32
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protección del artículo 22.  Se reafirma, por el contrario, el valor intrínseco de las indicaciones
geográficas.  Habida cuenta del artículo 22, su delegación no ve cómo se puede afirmar que la
utilización de expresiones geográficas en forma compatible con esa disposición sería una apropiación
indebida, o podrá ser análoga, de algún modo, a la infracción de una patente.  El mismo razonamiento
puede aplicarse a toda sugerencia de que es inapropiada la imitación libre y leal de los productos.Respondiendo a la petición de Hungría de que se facilite información acerca de la aplicación de ese
principio a otros derechos de propiedad intelectual, hace notar, por ejemplo, que las excepciones de
uso leal se admiten desde hace mucho tiempo en la esfera del derecho de autor.  Señala que en los
artículos 13, 17 y 30 se establecen limitaciones y excepciones en cada uno de los principales tipos de
propiedad intelectual, en atención a la necesidad de lograr el apropiado equilibrio entre los intereses
en competencia.  Respondiendo a las delegaciones que han dicho que la ampliación del artículo 23 a
otros productos es necesaria para cosechar los beneficios que ofrece la protección de las indicacionesgeográficas, hace destacar los párrafos 11 y 12 del documento conjunto y el párrafo 3 del apéndice, en
los que se deja constancia de la eficacia de la protección que se ofrece en el artículo 22 a todos los
productos, y subraya que esa disposición, lejos de menoscabar el valor de las indicaciones
geográficas, actúa de modo equilibrado para hacer posible que los Miembros fomenten sus
oportunidades comerciales.  El artículo 22 permite que los Miembros comercialicen activamente susproductos de manera tal que no obstaculice el comercio ni menoscabe la autenticidad de las
indicaciones geográficas.  El documento que ha presentado alienta a los Miembros a que examinen
muy cuidadosamente si, analizando los costos en función de los beneficios, vale la pena, en realidad,
ampliar a otros productos el alcance del artículo 23.  La opinión bien fundada de los copatrocinadores
del documento es que no vale la pena hacerlo.  No quieren que otros Miembros se comprometan a unamodificación de las actuales disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que no va a producir las
ventajas que se alegan.
115. El Consejo toma nota de todo lo manifestado y acuerda
 volver a ocuparse de este asunto en su
próxima reunión.
I. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSIC IONES DE LA SECCIÓN SOBRE INDICACIONES
GEOGRÁFICAS CON ARREGLO AL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 24
116. El Presidente recuerda que el Consejo, en su anterior reunión, prosiguió su minucioso examen
de la experiencia y la práctica resultantes de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC en materia de indicaciones geográficas.  El Presidente insta a los Miembros a que utilicen,
para organizar los debates y sus aportaciones, los principales epígrafes del documento de la Secretaría
(documento IP/C/W/253) en el que se resumen las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas
relativas al párrafo 2 del artículo 24.  Pone en conocimiento del Consejo que, después de la reuniónanterior, se han recibido las respuestas de Estonia a la lista recapitulativa de preguntas y que esas
respuestas se han distribuido en el documento que lleva la signatura IP/C/W/117/Add.22.
117. La representante de Australia dice que su delegación ve con agrado el enfoque que ha
propuesto el Presidente en la anterior reunión para que el examen del párrafo 2 del artículo 24 se lleve
a cabo siguiendo el orden de los epígrafes de las principales secciones del documento de resumen dela Secretaría.  Dice que en la reunión que el Consejo celebró en abril de 2001 su delegación planteó
una serie de preguntas y peticiones de aclaración que resultaban de su examen de la información que
figura en el documento de resumen de la Secretaría (documento IP/C/W/253), con objeto de que su
delegación y otros Miembros lograsen un mejor entendimiento de la aplicación de la sección 3 de la
Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC en las legislaciones nacionales y los efectos que ésta habíatenido en los australianos que son titulares de los derechos de que se trata.   Con miras a que el
examen del párrafo 2 del artículo 24 resulte tan constructivo y útil como sea posible, su delegación
alienta a las demás delegaciones a que penetren más a fondo en la información que consta en ese
documento y respondan a las preguntas, comentarios y peticiones de aclaración que Australia planteó
en la reunión anterior.  Este punto del orden del día proporciona la oportunidad para plantear losIP/C/M/32
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problemas, y mejorar así la comprensión de los Miembros en conjunto.  Su delegación espera que los
Miembros aborden también las cuestiones relativas a disposiciones concretas de la sección 3 de la
Parte II del Acuerdo que se indican en el documento de Australia (documento IP/C/W/211).  Con ese
documento se trató de que los Miembros entablasen debate acerca de las cuestiones que subyacen a la
protección de las indicaciones geográficas que los Miembros deben tener en cuenta en el curso de suexamen del párrafo 2 del artículo 24.  Dice que en la sección 7 de ese documento se plantean
cuestiones concretas que, a su juicio, cabría tener en cuenta por lo que se refiere a los sistemas
nacionales existentes y al gran interés que han expresado algunos Miembros por una mejor protección
de las indicaciones geográficas.  Abordar esas cuestiones sería una gran ayuda para que los Miembros
alcancen una mejor comprensión de cómo aplicar la sección 3 de la Parte II del Acuerdo en su
legislación nacional.  Pasa a poner de relieve algunas de las cuestiones que figuran en el documento
de Australia y espera que los Miembros examinen cuidadosamente ese documento.  Por lo querespecta al párrafo 1 del artículo 22, Australia preguntó si sería posible invocar la condición de
indicación geográfica para un término cuando el consumidor pertinente no es consciente de ninguna
connotación geográfica.  Por lo que se refiere al párrafo 1 del artículo 23, preguntó qué significa que
una indicación geográfica identifica un producto, qué limitaciones impone esto en la práctica a la
utilización de un término que tiene cualidades descriptivas, y cómo interactúa esta disposición con lasdisposiciones del párrafo 6 del artículo 24 sobre términos descriptivos y nombres de variedades.  Se
formularon esas preguntas con objeto de lograr un entendimiento más amplio de la naturaleza del
presente debate.
118. El representante de los Estados Unidos responde a los comentarios de algunas delegaciones
en la anterior reunión con respecto a la diferencia entre marcas de fábrica o de comercio e
indicaciones geográficas.  Dice que, si bien las marcas de fábrica o de comercio identifican, por regla
general, los productos o servicios de un determinado fabricante, productor o proveedor de servicios,
para diferenciarlos de los de otros fabricantes, productores o proveedores de servicios, las marcas
colectivas identifican, entre otras cosas, los productos y servicios de asociaciones, entre las que se
cuentan las que supervisan la utilización de las indicaciones geográficas.  No está de acuerdo con laopinión, expresada en la anterior reunión, de que las indicaciones geográficas se refieren solamente a
la topografía, las obras del hombre, el clima u otros factores, y están desprovistas, por lo tanto, de
creatividad humana.  Hay unos cuantos casos en los que la calidad de un producto proviene
exclusivamente de su origen geográfico, como ocurre con algunos minerales semipreciosos que
resultan de determinadas condiciones geológicas.  Incluso la madera de árboles característicos de un
región determinada tiene que ser cuidadosamente elaborada para que se conserven sus mejores
cualidades, y eso exige creatividad, además de trabajo.  Vuelve a señalar que tanto las marcas defábrica o de comercio como las indicaciones geográficas son designaciones de origen en las que los
consumidores acaban confiando al adquirir los productos que las llevan.  Las indicaciones geográficas
registradas como marcas colectivas o de certificación otorgan derechos de observancia en frontera y
ejecución penal para su protección contra falsificaciones de marcas, con arreglo a lo prescrito en las
secciones 4 y 5 de la Parte III del Acuerdo, que, en  cambio, tienen carácter voluntario cuando se trata
de indicaciones geográficas que no fueron registradas de ese modo.  Su delegación opina, por lo tanto,
que interesa a las asociaciones que supervisan la utilización de determinadas indicaciones geográficas
registrar éstas como marcas colectivas o de certificación.   Sería de la incumbencia de la asociación o
entidad que supervisa la utilización de la indicación geográfica asegurarse de que se respetan de hecho
los elementos de la indicación.  El no hacerlo así y no garantizar las normas daría motivo paraimpugnar el registro de la indicación geográfica.  Concuerda con la opinión expresada por Australia
en la anterior reunión en el sentido de que el examen del párrafo 2 del artículo 4 proporciona una
oportunidad para que los Miembros adquieran una mejor comprensión colectiva de las disposiciones
de la sección 3 de la Parte II del Acuerdo mediante un análisis sistemático de esas disposiciones en la
legislación nacional de los Miembros, que se recoge en el documento en que la Secretaría resume lasrespuestas a ese respecto.  Ese análisis sistemático aclararía las respuestas de los Miembros a la lista
recapitulativa, ya que, como señala la Secretaría en su resumen, los Miembros han interpretado de
manera diferente las preguntas, en algunas ocasiones.  Su delegación espera que, para alcanzar unaIP/C/M/32
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verdadera comprensión de la aplicación de la sección 3 de la Parte II, todos los países en desarrollo
Miembros faciliten respuestas a las preguntas de la lista recapitulativa, como han hecho ya muchos de
ellos.  Ofrece las siguientes observaciones y conclusiones provisionales con respecto al documento de
resumen de la Secretaría, aunque sabe que todavía no está completo.  En primer lugar, su delegación
cree que la Secretaría ha obrado con cordura al elegir la expresión "indicaciones de origen geográfico"en lugar de "indicaciones geográficas" en todo su resumen, por la razones que en él se indican.  Los
Miembros del Consejo son expertos en la cuestión y no les creará confusión el empleo de ese término,
puesto que saben que no todas las indicaciones de origen geográfico responden a la definición de
indicación geográfica que figura en el párrafo 1 del artículo 22.  Del examen del resumen se
desprende con claridad más que suficiente que, a diferencia de lo que ocurre con otras formas de
propiedad intelectual abarcadas por la Parte II, es enorme la diversidad de la legislación con que los
Miembros cumplen las obligaciones que les impone la sección 3.  En el documento de resumen de laSecretaría (documento IP/C/W/253) puede verse que, incluso dentro de cada tipo de legislación, reina
la diversidad.  Por ejemplo, dentro de la protección especial que dispensan algunos Miembros a las
indicaciones geográficas, unos exigen la aprobación previa de las indicaciones y otros no.   En el
cuadro 2 se observa que los Miembros propor cionan protección especial a las indicaciones
geográficas de diferentes productos.  En las respuestas de los Miembros queda en claro que en ciertoscasos se prescriben métodos de producción y especificaciones del producto como condición para
poder utilizar una indicación de origen geográfico protegida, y existen sistemas para comprobar la
observancia de esas prescripciones, mientras que en otros casos puede otorgarse protección especial a
las indicaciones de origen geográfico sin especificaciones de calidad o reputación, sino centrándose
en la identificación de los productos de un determinado lugar.  La Secretaría ha hecho notar que seaprecia diversidad incluso en los calificativos que emplean los Miembros para describir la naturaleza
de las calidades que deben reunir los productos objeto de indicaciones geográficas concretas para
tener derecho a la protección.  No está claro si esa diversidad responde a una auténtica diferencia de
criterios o si se trata simplemente de variaciones terminológicas En el documento de resumen de la
Secretaría se hace notar también que, por lo que respecta a los regímenes de protección especial de lasindicaciones geográficas y ejercicio de los derechos de tales indicaciones, algunos Miembros no
aplican el trato no menos favorable a las indicaciones geográficas de otros Miembros o condicionan
esa aplicación a que el otro Miembro tenga un régimen de protección especial equivalente.
119. El Presidente recuerda que, en la reunión anterior, Australia ha planteado varias cuestiones
bajo los epígrafes "Definiciones y criterios de reconocimiento" y "Procedimientos de
reconocimiento", entre ellas algunas preguntas dirigidas concretamente a las Comunidades Europeas,
Suiza y Turquía.
120. El representante de las Comunidades Europeas dice que, en la reunión anterior, su delegación
respondió a varias preguntas formuladas por Australia.  No tiene nada que añadir en la presente
reunión, pero ampliará sus respuestas en la próxima.
121. El Consejo toma nota de todo lo manifestado y acuerda  volver a ocuparse de este punto en su
próxima reunión.
J. EXAMEN DE LA DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO 3 b) DEL ARTÍCULO 27
122. El Presidente recuerda que el Consejo, en su reunión anterior, había recibido tres nuevas
aportaciones, a saber las procedentes de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, el Perú y
los Estados Unidos (documentos IP/C/W/254, 246 y 257, respectivamente), que vinieron a añadirse a
las ya presentadas anteriormente por el Brasil, la India, el Japón, Mauricio (en nombre del GrupoAfricano), Singapur y los Estados Unidos (documentos IP/C/W/164, 161, 236 y 206, JOB(00)/7583 e
IP/C/W/209, respectivamente).  Los Miembros han proseguido sus debates acerca de varias cuestiones
sustantivas y algunas cuestiones de procedimiento relativas a cómo debían orientarse las ulteriores
labores del Consejo acerca de este punto.  El Consejo debatió también la cuestión de hasta qué puntoIP/C/M/32
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debía seguir ocupándose de todos los asuntos planteados con respecto al apartado b) en ese contexto o
si sería más adecuado que algunos de ellos formasen parte de los temas que se abordarán en el marco
del examen de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 71.  El
Consejo había acordado que la Secretaría volviese a publicar la lista ilustrativa de preguntas que había
distribuido en diciembre de 1998 en atención a lo solicitado por el Consejo, y había invitado a losMiembros, y en especial a los países en desarrollo, a que remitiesen sus respuestas, si no lo habían
hecho ya.  Informa al Consejo de que la Secretaría ha vuelto a publicar esa lista de preguntas, con la
signatura IP/C/W/273, en un documento en el que figuran también los cuadros sinópticos elaborados
en mayo de 1999 para recoger las respuestas al cuestionario que se habían recibido a aquella fecha.
La Secretaría ha recibido una respuesta más a ese cuestionario, a saber la procedente de Estonia, que
se ha dado a conocer en el documento IP/C/W/125/Add.20.  Se han recibido nuevos documentos de
Suiza y de Noruega (documentos IP/C/W /284 e IP/C/W/293, respectivamente).
123. El representante de Suiza presenta la comunicación de su delegación
(documento IP/C/W/284).  A juicio de su delegación, el examen del apartado b) del párrafo 3 del
artículo 27 debe centrarse en el alcance de las exclusiones de la patentabilidad que se establecen en la
primera frase de esa disposición, y en el sistema sui generis  de protección de las obtenciones
vegetales al que se refiere la segunda frase de la misma.  Dice que otros Miembros han expresadoopiniones acerca de otras cuestiones que, al modo de ver de Suiza, quedan fuera del alcance del
examen del párrafo 3 b) del artículo 27 como tal, pero, cuando se han puesto en relación con este
examen, se abordan también en las comunicación de su delegación.  A juicio de Suiza, el examen
debe centrarse, en primer lugar, en la primera oración del párrafo 3 b) del artículo 27, que tiene
importantes consecuencias para el alcance de la protección de las invenciones biotecnológicas.  Esasinvenciones merecen la misma protección mediante patente que se dispensa a las invenciones en otras
esferas de la tecnología.  Por consiguiente, el examen no debe conducir a rebaja alguna de la
protección de la propiedad intelectual relativa a las innovaciones biotecnológicas.  Su delegación no
defiende que se suprima la primera oración del párrafo 3 b) del artículo 27, porque, como parte de un
Acuerdo en el que se establecen normas mínimas a nivel multilateral, es una disposición equilibrada,que mantiene la flexibilidad necesaria para que los Miembros decidan si han de excluir o no de la
patentabilidad a las plantas y los animales, habida cuenta de los intereses y necesidades específicos de
cada país.  En segundo lugar, el examen debe centrarse en la protección sui generis de las obtenciones
vegetales.  El sistema de la UPOV se sitúa en primer plano como sistema eficaz sui generis  de
protección de las obtenciones vegetales, pero el representante está de acuerdo en que pueda haber
otros que respondan a las prescripciones de esa disposición, con inclusión de los sistemas sui generis
de protección de las obtenciones de los agricultores.  Se han expresado preocupaciones acerca de larepercusión del sistema de la UPOV en los agricultores y de quienes se dedican a actividades
fitogenéticas, sobre todo en los países en desarrollo, pero su delegación cree que el sistema de
la UPOV es lo suficientemente flexible para permitir que los Miembros aborden como sea apropiado
esos problemas.  El privilegio de los agricultores y la exención de los fitogeneticistas son dos
importantes características del sistema de la UPOV.  Se refiere, a ese respecto, a los párrafos 26 y 27de su comunicación.
124. En cuanto a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales correspondientes en el
ámbito de la concesión de patentes a las invenci ones biotecnológicas, el representante se refiere a
debates en diversos foros internacionales en los que Suiza toma parte activa.  Existe, por ejemplo, la
idea de una base de datos de conocimientos tradicionales relativos a recursos genéticos.  Una base dedatos de esa naturaleza tendría importancia decisiva para determinar la novedad y la actividad
inventiva de una invención que utilizase conocimientos tradicionales relativos a recursos genéticos.
Uno de los mayores problemas con que tropiezan las autoridades que otorgan patentes y las
autoridades judiciales es la posibilidad de acceso a la situación precedente de esos conocimientos.  Es
frecuente que los conocimientos de ese tipo se transmitan por tradición oral y que las autoridades notengan acceso alguno a ellos.  Si los conocimientos están documentados por escrito, puede ocurrir que
lo estén en lenguas que esas autoridades no conocen.  Con una base de datos de conocimientosIP/C/M/32
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tradicionales podría mejorar sustancialmente esa situación.  En el párrafo 17 de su documento
(documento IP/C/W/284), su delegación ha enumerado varias características que podría tener esa base
de datos de conocimientos tradicionales.  Por ejemplo, habría que establecer la base de datos a nivel
internacional, ya que sólo así se garantizaría que todas las autoridades de patentes, nacionales,
regionales e internacionales, y las autoridades judiciales competentes tengan el debido accesoa la información sobre conocimientos tradicionales;  dado que hacer constar los conocimientos
tradicionales en una sola base de datos internacional sería probablemente muy costoso, podría
juzgarse preferible enlazar por medios electrónicos las bases de datos regionales, nacionales y locales
que ya existen y crear un portal de acceso a esas bases de datos, en lugar de inscribir los
conocimientos en una sola base de datos;  esa base de datos internacional debía ser establecida y
administrada por la OMPI, que ya tiene en curso proyectos de automatización similares;  la inserción
de los conocimientos tradicionales en la base de datos debería tener carácter voluntario;  losconocimientos incorporados a la base de datos deberían organizarse con arreglo a clasificaciones
normalizadas;  y, por último, los conocimientos tradicionales tendrían que ser actualizados con
regularidad, para cerciorarse de que aparezcan siempre en su forma más reciente.  Una base de datos
internacional de esa naturaleza haría posible integrar con eficacia la documentación de los
conocimientos tradicionales en las indagaciones de la situación anterior de la técnica y podría ser uninstrumento importante para abordar las cuestiones que se plantean en el ámbito del acceso a los
conocimientos tradicionales relativos a los recursos genéticos y al aprovechamiento en común de los
beneficios resultantes de su utilización.  Serviría de complemento a otras medidas tales como las del
proyecto de directrices que Suiza propuso en el CDB, ya que tan sólo un amplio conjunto de medidas
adoptadas en los foros internacionales competentes haría posible ocuparse debidamente de losproblemas que se presentan.  Suiza se propone seguir propugnando esa idea en la OMPI.
125. El representante de Noruega hace una reseña del documento de Noruega acerca de la relación
entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (documento
IP/C/W/293).  Varios Miembros de la OMC han manifestado su preocupación respecto a si existe un
conflicto entre los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC y los del CDB, y Noruega, que es parte enambos instrumentos, está interesada en el resultado del análisis de esa cuestión.  El CDB reconoce el
hecho de que pueden concederse patentes a recursos genéticos que el Convenio se propone proteger.
Los términos del párrafo 5 del artículo 16 del CDB reconocen claramente el hecho de que los
derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, pueden influir en los esfuerzos del CDB por
lograr sus objetivos.  Por lo tanto, el párrafo 5 del artículo 16 incluye un compromiso de colaboración
de las partes contratantes, con objeto de garantizar que los derechos de propiedad intelectual apoyen
los objetivos del CDB.  Dado que las patentes otorgan el derecho exclusivo a su titular para suexplotación comercial durante un período limitado, se ha afirmado que, en ciertos casos, ello puede
reducir el acceso a los recursos genéticos, como por ejemplo en el caso de los recursos genéticos de
plantas agrícolas.  Dice que se ha afirmado asimismo que las patentes pueden socavar los intentos de
garantizar una conservación eficaz y un uso sostenible de la diversidad biológica, que constituyen los
dos objetivos principales del CDB.  Se ha alegado, concretamente, que si los sistemas de derechos depropiedad intelectual tienen en cuenta las patentes de recursos genéticos y el conocimiento derivado
de los mismos, los países en desarrollo podrían otorgar menos importancia a la conservación de sus
recursos genéticos.  Eso podría ocurrir, especialmente, cuando no hay sistemas implantados que
garanticen un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de esos recursos.  Son
alegaciones difíciles de corroborar, pero Noruega no las rechaza rotundamente.  Esas cuestiones,unidas al hecho de que ambos instrumentos se ocupan de forma diferente de los recursos genéticos, no
indican de por sí que exista un conflicto jurídico entre ellos.  Existe, no obstante, un conflicto
potencial entre ambos instrumentos, y la salvaguardia de la diversidad biológica, que incluye las
cuestiones de acceso, transferencias y reparto de beneficios, considerada frente a los derechos de
propiedad intelectual, es un asunto complejo.  No parece existir aspecto alguno en ninguno de los dosinstrumentos que impida aplicar cada uno de ellos de tal forma que sean compatibles entre sí.  Aunque
el Acuerdo sobre los ADPIC establece unas normas mínimas, la redacción de las pertinentes
disposiciones de ambos instrumentos permite alcanzar la compatibilidad mediante una interpretaciónIP/C/M/32
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flexible.  No obstante, las partes deben ser conscientes de los principios subyacentes a ambos
instrumentos, a fin de garantizar el apoyo mutuo de las leyes nacionales que los apliquen.  En cierto
modo, sin embargo, las patentes pueden mejorar la transparencia, contribuyendo así al reparto de
beneficios.  Cuando se solicita una patente, la información que contiene acabará siendo de
conocimiento público.  Eso permitirá que otros se beneficien de la invención, mediante, por ejemplo,ulteriores investigaciones.  Se refiere a la co municación de las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros (documento IP/C/W/254), en la que se destacaron varios aspectos útiles de la protección de
recursos genéticos mediante patentes.  En opinión de Noruega, el elemento clave para garantizar la
compatibilidad de ambos instrumentos sería la aplicación del CDB y del Acuerdo sobre los ADPIC de
manera tal que se presten mutuo apoyo.  A tal efecto, debería garantizarse el cumplimiento de las
disposiciones pertinentes del CDB mediante una aplicación eficaz de la legislación nacional de las
partes.  Dice que su delegación cree que la aplicación de uno de los instrumentos puede afectar a laaplicación del otro.  Es importante que los países sean conscientes de ello cuando procedan a aplicar
los dos instrumentos.  Hasta el momento, no son muchas las partes que han aplicado ambos
instrumentos plenamente.  Por lo tanto, es importante otorgar un grado de prioridad suficiente a la
incorporación de ambos a la legislación nacional.  Reviste especial importancia que se apliquen
medidas eficaces con las que se consiga el reparto justo y equitativo de los beneficios procedentes delos materiales a los que se haya tenido acceso y de los que se hayan transferido.  Menciona, a ese
respecto, que actualmente Noruega está formulando un plan de acción para aplicar el CDB.  Se ha
nombrado, además, un comité encargado de elaborar la legislación sobre diversidad biológica.
126. En cuanto a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura, dice que es importante observar que los diferentes sectores puedenrequerir sistemas diferentes de acceso y reparto de beneficios.  Aun cuando el CDB establece algunas
condiciones básicas para esos sistemas, existe un alto grado de flexibilidad.  Los "términos
convenidos de común acuerdo" que estipula el CDB no tienen por qué ser siempre términos
bilaterales.  Sobre todo en la esfera de los recursos  fitogenéticos para la agricultura y la alimentación,
los acuerdos de carácter bilateral sobre el intercambio de recursos genéticos serían muy pocoprácticos.  Esto se debe al alto grado de interdependencia entre países en lo que a dicho material se
refiere.  Por consiguiente, el acceso a los recursos en cuestión y el intercambio de éstos requieren un
sistema multilateral, y esa es la razón por lo cual están en curso en la FAO negociaciones
encaminadas a la revisión del Compromiso Internacional.
127. Con respecto a la opción que se ofrece a los Miembros de establecer, como alternativa a la
protección mediante patentes, un sistema eficaz sui generis que proteja las obtenciones vegetales, es
importante conseguir una interpretación suficientemente flexible de esa opción de sistema "eficazsui generis ".  Por lo que se refiere a la necesidad de que se indique en la solicitud de patente el origen
de los recursos genéticos, según el CDB, todos los Estados que proporcionen recursos genéticos
tienen derecho al acceso a dichos recursos, siempre que exista un consentimiento fundamentado
previo.  No obstante, en el Acuerdo sobre los ADPIC no hay ninguna disposición que establezca la
condición del consentimiento fundamentado previo para la protección de las patentes.  Si existiera envirtud del Acuerdo sobre los ADPIC una obligación de revelar el origen de los recursos genéticos al
solicitar la protección mediante patente, se podría garantizar la transparencia del origen de los
materiales biológicos que se vayan a patentar y que fuese más fácil para las partes hacer valer sus
derechos a sus recursos genéticos que sean objeto de una solicitud de patente.  Una obligación de esa
naturaleza podría ser un paso en la dirección adecuada para hacer efectiva la disposición del párrafo 5del artículo 16 del CDB.  Por consiguiente, debe profundizarse el debate y el análisis de la posibilidad
de establecer tal obligación.  Se remite a la referencia de Noruega a esta cuestión en su comunicación
anterior (documento IP/C/W/167), y señala que las Comunidades Europeas han indicado que están
dispuestas a tratar de ese asunto (documento IP/C/W/254).
128. El representante del Brasil acoge con agrado la distribución de las comunicaciones de las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Noruega, Suiza y los Estados Unidos, que sonIP/C/M/32
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muestra de la disposición de las respectivas delegaciones a entrar en un debate constructivo del
examen del párrafo 3 b) del artículo 27.  Por lo que respecta a la comunicación de los Estados Unidos
(documento IP/C/W/257), su delegación espera que ésta sea una señal de que los Estados Unidos no
tardarán en pasar a ser Parte Contratante del CDB.  Cree que el interés de los Estados Unidos por las
relaciones entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el  CDB está en contradicción con su oposición al
consenso reinante entre otros Miembros en cuanto a que se conceda al CDB la condición de
observador en el Consejo.  El enfoque general de los Estados Unidos con respecto a la aplicación
del CDB parece ser el de que los contratos son el medio más adecuado para regular el acceso a los
recursos genéticos y conseguir el reparto de beneficios entre los propietarios y los usuarios de
recursos genéticos.  El CDB es claro, sin embargo, en cuanto a la necesidad de que el acceso a los
recursos genéticos se reglamente en la legislación nacional y no simplemente por contratos bilaterales,
para lograr que se cumplan efectivamente los objetivos del CDB relativos a reparto de los beneficios yconsentimiento fundamentado previo.  Los Estados  Unidos han expresado su preocupación por el
objetivo de que se aclaren los derechos y las obligaciones de acceso a los recursos genéticos y de que
se formulen disposiciones claras, para evitar malentendidos y confusión.  El Brasil ha propuesto, en el
documento IP/C/W/228, que se incluyan en el párrafo 3 b) del artículo 27 las siguiente condiciones:
a) la identificación de la fuente del material genético;  b) los conocimientos tradicionales relacionadoscon ese materia utilizados para obtenerlo;  c) la prueba de un reparto justo y equitativo de los
beneficios;  y d) la prueba del consentimiento fundamentado previo del gobierno o la comunidad
tradicional para la explotación de la patente.  El Brasil ha dicho, en el citado documento que "la
enmienda propuesta tendría la ventaja evidente de proporcionar a los gobiernos, los inversores, las
comunidades tradicionales y los investigadores un marco previsible.  Como consecuencia de ello, sefomentaría la investigación y el desarrollo en biotecnología en los países en desarrollo, lo que sería
conforme a los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC de promover la innovación tecnológica y la
transferencia y difusión de la tecnología".  La modificación del párrafo 3 b) del artículo 27 en ese
sentido podría responder a las preocupaciones en cuanto a previsibilidad y fomentar la biotecnología
al mismo tiempo que el reparto de beneficios.  Además, en el primer párrafo de la página 7 de lacomunicación de los Estados Unidos se dice que "es posible que algunos particulares pudiesen hacer
caso omiso de los requisitos legales y limitarse a sacar partido de la situación, del mismo modo que
otros falsifican marcas de fábrica o de comercio o realizan copias pirata de obras protegidas por el
derecho de autor …".  Además de parecer un reconocimiento de la biopiratería, ese ejemplo resulta
contradictorio con los argumentos de los propios Estados Unidos.  La legislación nacional e
internacional prescribe que deben ser protegidos tanto los recursos biológicos como los derechos de
propiedad intelectual, y que los gobiernos deben hacer efectiva esa protección.  No hay razón algunapara pensar que los recursos genéticos merecen niveles de protección y efectividad más bajos que los
que reciben los derechos de propiedad intelectual.  La otra cara de la analogía de los Estados Unidos
consistiría en aceptar que los derechos de propiedad intelectual, tales como las patentes y las marcas
de fábrica o de comercio, podrían protegerse y hacerse efectivos simplemente mediante contratos
bilaterales, sin necesidad de la protección específica que proporciona la legislación nacional.  LosEstados Unidos han mencionado también el artículo 19 del CDB, que se titula "Gestión de la
biotecnología y distribución de sus beneficios", y dice que "esas obligaciones se cumplen también
mejor mediante acuerdos contractuales".  Se hace caso omiso con ello de la letra y el espíritu del
artículo 19, en el que se dice que "cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas,
administrativas o de política, según proceda, para asegurar la participación efectiva en las actividadesde investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo,
y, cuando sea factible, en esas Partes Contratantes".  Ello va más allá del simple establecimiento de
acuerdos contractuales.  Los Estados Unidos hacen caso omiso también de que esa disposición
prescribe la participación efectiva de los países en desarrollo en las actividades de investigación
biotecnológica in situ .
129. Por lo que respecta al documento de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros
(documento IP/C/W/254), el Brasil aprecia el enfoque flexible de éste, si bien cree que contiene
algunos elementos descorazonadores, desde el punto de vista de hacer que se apoyen mutuamente elIP/C/M/32
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Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB.  Por ejempl o, las Comunidades Europeas manifiestan que "los
objetivos principales del Acuerdo sobre los ADPIC consisten en establecer unas normas mínimas de
protección de la propiedad intelectual en el seno de los Miembros de la OMC y lograr que los Estados
proporcionen a los titulares de derechos procedimientos judiciales y/o administrativos destinados a
hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual".  Sin embargo, en el artículo 7 del Acuerdosobre los ADPIC se dice que los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC son "la promoción de la
innovación tecnológica", "la transferencia y difusión de la tecnología", el "beneficio recíproco de los
productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos de modo que favorezca el bienestar
social y económico", y "el equilibrio de derechos y obligaciones".  El defectuoso entendimiento por
parte de las Comunidades Europeas de los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC afecta a su enfoque
general de la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB.  Si se tiene en cuenta al leer el
artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC el artículo 1 del CDB, en el que se exponen los objetivos deéste, se ve con claridad que ambos instrumentos tienen varios elementos en común.  La transferencia
y difusión de la tecnología es uno de los objetivo s del Acuerdo sobre los ADPIC y, según el CDB, la
transferencia de tecnología es uno de los medios para alcanzar la participación justa y equitativa en
los beneficios.  El objetivo de "equilibrio de derechos y obligaciones" del Acuerdo sobre los ADPIC
guarda estrecha relación con el objetivo de participación en los beneficios.  Esas disposicionesrevelan, y eso es lo más importante, que el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB pueden prestarse
mutuo apoyo.  El Consejo debe velar por que, a nivel de aplicación, se haga efectiva esa relación de
mutuo apoyo.  Su delegación no está de acuerdo con lo que se afirma en el párrafo 11 del documento
de las CE en cuanto a que "el Acuerdo sobre los ADPIC no hace referencia directa al contenido
del CDB.  Sin embargo, el Preámbulo y el artículo 8 hacen referencia a principios tales como losobjetivos de desarrollo, y el párrafo 2 del artículo 66 hace referencia a la transferencia de tecnología".
Se prescinde en esa afirmación de los objetivos que se estipulan en el artículo 7 del Acuerdo sobre
los ADPIC.  Además, el párrafo 3 b) del artículo 27 tiene por objeto las plantas, los animales y los
microorganismos, que constituyen el conjunto de los "recursos genéticos".  Así pues, están muy
próximos los objetivos del párrafo 3 b) del artículo 27 y los del CDB, hasta el punto de ser los mismosen muchos casos.  Su delegación está de acuerdo en general con el análisis que se hace en el
párrafo 14 del documento de las CE de la interacción entre patentes de invenciones efectuadas
partiendo de un recurso biológico y de la participación en los beneficios.  Está de acuerdo también
con que el Consejo debe conceder a la secretaría del CDB la condición de observador ad hoc .  En
cuanto a las prescripciones de divulgación, el párrafo 14 del documento de las CE dice que los
derechos de propiedad intelectual no se proponen reglamentar el acceso a los recursos genéticos y el
uso de éstos, las condiciones de prospección biológica ni la comercialización de los bienes y serviciosprotegidos por derechos de propiedad intelectual.  Ciertamente nada de eso es objetivo del Acuerdo
sobre los ADPIC.  Sin embargo, su delegación concuerda con la de Noruega en que los derechos de
propiedad intelectual pueden tener efectos positivos o negativos en el acceso sostenible a los recursos
genéticos y en la utilización de éstos.  Es motivo de preocupación para el Brasil que, a falta de
prescripciones de divulgación, los derechos de propiedad intelectual puedan tener efectos negativos enla protección de la biodiversidad, ya que podría ha cerse un uso indebido de recursos biológicos en
invenciones patentadas en otro país.  Insertar prescripciones de divulgación en el párrafo 3 b) del
artículo 27, como ha propuesto el Brasil, sería una solución adecuada, con la que se lograría que los
derechos de propiedad intelectual tuviesen efecto positivo en cuanto a acceso a los recursos genéticos
y utilización sostenible de éstos.  Las prescripciones de divulgación no suponen una "carga" para lostitulares de patentes.  Los derechos de patente tienen que ejercitarse en debida forma y teniendo en
cuenta el objetivo del Acuerdo sobre los ADPIC de lograr un "equilibrio de derechos y obligaciones",
que está relacionado muy estrechamente con los objetivos del CDB.  De no haber tales prescripciones,
la auténtica carga recaería sobre los países que tienen escasos medios de impedir que sean patentados
fuera de ellos sus plantas, animales y microorganismos.
130. Por lo que se refiere al establecimiento de bases de datos para proteger los conocimientos
tradicionales, al que se han referidos las comunicaciones de las Comunidades Europeas, Suiza y los
Estados Unidos (documentos IP/C/W/254, 284 y 257, respectivamente), el Brasil está de acuerdo enIP/C/M/32
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que las bases de datos pueden ser una manera útil de proteger los conocimientos tradicionales,
siempre que se gestione debidamente la utilización de los conocimientos que se encuentren en ellas.
De ningún modo debe utilizarse esa información para facilitar la biopiratería.  En todo caso, la simple
recopilación de información no equivale a la realización de los objetivos del apartado j) del artículo 8
del CDB, ya que no dará lugar a "que los beneficios derivados de la utilización de esosconocimientos, innovaciones y prácticas se compartan", como requiere esa disposición.  El Brasil
concuerda con los Estados Unidos en que "las disposiciones del apartado j) del artículo 8 del CDB y
las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, si se aplican correctamente, son mutuamente
complementarias".  No está seguro, sin embargo, de que la forma en que los Estados Unidos han
expuesto sus puntos de vista sobre la aplicación del apartado j) del artículo 8 sea ni siquiera
compatible con los objetivos del CDB.
131. El representante de los Estados Unidos dice que, tras haber sometido a un examen preliminar
el documento de Suiza (documento IP/C/W/284), es probable que su delegación se sume a la mayoría
de las conclusiones de ese documento.  Desea estudiar con más detenimiento el documento de
Noruega (documento IP/C/W/293) y toma nota de algunas de las observaciones que en él figuran.
Espera que los Miembros del Consejo estén de acuerdo con la observación de Noruega de que en
el CDB se reconoce que pueden concederse patentes con respecto a los recursos genéticos que el CDB
se propone proteger.  Su delegación coincide con la de Noruega en que no existe conflicto entre
el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC.  Por lo que respecta a la distribución de beneficios y a la
divulgación de la fuente de los recursos genéticos, remite a todos los Miembros del Consejo al
documento que los Estados Unidos presentaron en la reunión anterior (documento IP/C/W/257), en el
que se indica que podría establecerse mediante acuerdos contractuales un sistema que alcance eseobjetivo.  Dice que podría extenderse más en la próxima reunión acerca de por qué su delegación no
cree que el sistema de patentes sea un medio práctico de alcanzar ese objetivo ni de cumplir lo que se
proponen quienes lo recomiendan.  Respondiendo al Brasil, dice que los Estados Unidos creen que un
acuerdo de reparto de beneficios mediante contrato es más apropiado que la legislación, pero no
ofrece un medio de proteger los recursos genéticos menos eficaz que la propiedad intelectual.  Enrealidad, con miras a establecer un sistema jurídico de contratos para el acceso a los recursos
genéticos y a los conocimiento tradicionales, los Estados Unidos contemplan una legislación nacional
en la que se cree un marco jurídico que indique cuáles son las disposiciones que pueden incluirse en
cada contrato.  Los países podrían determinar libremente qué obligaciones tendrían que asumir las
partes al obtener acceso a los recursos genéticos de un país o a los conocimientos tradicionales de sus
comunidades indígenas.  Ya ha mencionado la posibilidad de que los particulares saquen partido de
los recursos genéticos, porque los Estados Unidos reconocen que tienen lugar en la realidadactividades de biopiratería y otras que generalmente se entienden como conexas con ese término.
132. La representante del Perú dice que la cantidad de documentos y declaraciones que han
formulado los países en desarrollo y los países desarrollados es prueba del interés cada vez mayor de
los Miembros por este tema.  Por lo que respecta al documento de las Comunidades Europeas
(documento IP/C/W/254), el Perú juzga que se trata de una valiosa aportación al debate del Consejosobre ese punto, y coincide con algunas de las posici ones que en él se adoptan.  El Perú conviene en
que la naturaleza jurídica y los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC y del CDB son bastante
diferentes entre sí.  De todo modos, y habida cuenta del funcionamiento recíproco de esos dos
instrumentos, es necesario garantizar que la aplicación de los distintos derechos de propiedad
intelectual, y en especial la concesión de patentes derivadas de recursos genéticos o basadas enconocimientos tradicionales, sea compatible con el CDB.  A ese respecto, el Perú concuerda con las
Comunidades Europeas en que el Consejo debe conceder la condición de observador ad hoc  a la
secretaría del CDB y fortalecer los enlaces entre la Secretaría de la OMC y la del CDB.  En cuanto a
la prescripción de incluir en las solicitudes de patentes copia del contrato que permita el acceso a los
recursos genéticos y copia, en su caso, de la licencia de uso de conocimientos tradicionales parainvenciones que lo incorporen, el Perú cree que son modalidades válidas que los gobiernos podrían
utilizar para aplicar determinadas disposiciones del CDB.  Su delegación aprecia el ofrecimiento deIP/C/M/32
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asistencia de las CE a los países en desarrollo para poner en vigor legislación efectiva y apropiada que
facilite el acceso a los recursos genéticos.  Esa asistencia no debe limitarse a lo que se refiera
exclusivamente al acceso a recursos genéticos, sino que debe alcanzar también a la protección de los
conocimientos tradicionales y a la creación de bases de datos que faciliten esa protección e impidan
utilizaciones indebidas.
133. Por lo que respecta al documento de los Estados Unidos (documento IP/C/W/257), la
representante formula algunos comentarios y plantea algunas cuestiones.  Los Estados Unidos dicen
que quienes busquen información acerca de conocimientos tradicionales tienen que obtener el permiso
y la asistencia de las comunidades locales e indígenas que posean esos conocimientos.  No es eso, sin
embargo, lo que ocurre en la práctica.  En el documento de los Estados Unidos se dice que "la
obtención de esa información constituiría una oportunidad para instruir a las comunidades que
desconozcan los elementos básicos de las negociaciones, los contratos, las diversas formas depropiedad intelectual, etc., lo que podría resultarles útil para la comercialización de sus
conocimientos, innovaciones y prácticas entre personas ajenas a sus comunidades y para la
participación equitativa en los beneficios resultantes de la utilización de esos conocimientos,
innovaciones y prácticas".   Pregunta cómo puede lograrse efectivamente ese objetivo cuando, en
muchos casos, quienes quieren obtener información de las comunidades son las mismas empresas quehacen las investigaciones, cuya finalidad es conseguir las mejores condiciones económicas y
comerciales, sin tener en cuenta los intereses de los poseedores de esos conocimientos tradicionales.
El Perú cree que la distribución justa y equitativa de los beneficios debe ser una obligación y no tener
carácter voluntario.  Dice el documento de los Estados Unidos que "la legislación o las disposiciones
de reglamentación nacionales o locales adecuadas permitirían establecer la base jurídica para loscorrespondientes acuerdos contractuales entre quienes tratan de aplicar los conocimientos,
innovaciones y prácticas a la obtención de productos comerciales y quienes proporcionan esos
conocimientos, innovaciones y prácticas".  Si bien es posible que ello sea así, la legislación nacional
no proporciona el marco jurídico internacional neces ario para su aplicación.  El documento de los
Estados Unidos resta importancia al problema del uso indebido o no autorizado de los conocimientostradicionales, pero ese problema es motivo de gran preocupación para los países en desarrollo.  La
representante reitera la opinión del Perú en el sentido de que el Consejo debe evaluar la posibilidad de
proteger los conocimientos tradicionales, ya sea mediante los regímenes actuales de propiedad
intelectual o mediante algún tipo de sistema sui generis .
134. La representante de Indonesia pasa a formular observaciones acerca de las comunicaciones
que se han recibido.  Con respecto a la comunicación del Perú (documento IP/C/W/246), Indonesia
comparte muchos de los puntos de vista del Perú acerca de la protección de los conocimientostradicionales y el acceso a los recursos genéticos.  Indonesia es un enorme centro de biodiversidad, ya
que cuenta con más de 30.000 familias vegetales y 940 especies con propiedades terapéuticas, pero las
empresas del país utilizan solamente 100 especies.  Ese potencial de recursos suele quedar
infrautilizado e infravalorado.  El desconocimiento de la propiedad intelectual por parte de los
interesados conduce, en Indonesia, a que se utilicen los conocimientos tradicionales sin autorizaciónde quienes los poseen.  Resulta de ello que la utilización comercial de los conocimientos tradicionales
no da lugar a una distribución equitativa de sus beneficios.  Por reconocer el potencial de sus recursos
naturales, Indonesia atribuye gran importancia al fomento de la protección de los recursos genéticos
contra su apropiación indebida y su explotación no autorizada.  Indonesia cree que merece la pena
establecer un régimen de protección de los recursos genéticos, a nivel nacional y regional.   Esaprotección tal vez no sea suficiente si no existe un acuerdo internacional que haga efectivos los
derechos de propiedad intelectual de las comunidades locales e indígenas y que reglamente el acceso a
los recursos genéticos.  A ese respecto, Indonesia está interesada en que se haga aumentar la
protección de la medicina tradicional derivada de conocimientos tradicionales.  El reconocimiento
internacional de los conocimientos tradicionales redu ciría la apropiación indebida y la explotación no
autorizada de esa medicina tradicional.  Aunque la protección no revistiese forma de patente, podría
ser igual a la proporcionada en el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo, es decir, que impediría queIP/C/M/32
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terceros, sin consentimiento del titular, realizasen actos de fabricación, uso, oferta para la venta,
venta, o importación para estos fines del producto o proceso, respectivamente.  Es importante
establecer un régimen de protección de los conocimientos tradicionales, con inclusión de los
conocimientos tradicionales médicos y la medicina tradicional,  mediante la aplicación de un sistema
sui generis , nuevas disposiciones en materia de derechos de propiedad intelectual, o una utilización
adecuada del sistema de propiedad intelectual ya existente.
135. En cuanto a los documentos presentados por las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, Noruega y los Estados Unidos (documentos IP/C/W/254, 293 y 257, respectivamente),
Indonesia aprecia el que esas delegaciones hayan aclarado sus respectivas posiciones acerca de la
relación entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC.  Ve con agrado las opiniones positivas de las
Comunidades Europeas acerca de la aplicación de l CDB y del Acuerdo sobre los ADPIC, y el hecho
de que hayan admitido que es necesario proteger los conocimientos tradicionales.  Concuerda conNoruega en que debe actuarse con la flexibilidad necesaria al aplicar la protección sui generis  de las
obtenciones vegetales, para hacer posible compartir realmente los beneficios con las comunidades de
cultivadores locales e indígenas.  Con el establecimiento del CDB se ha reconocido que a las
comunidades locales e indígenas que cultivaron la diversidad biológica y dependen de ella les
corresponde participar en el fomento de la conservación y de la utilización sostenible de labiodiversidad.  El CDB es un compromiso jurídicamente vinculante de impedir la explotación
excesiva y garantizar la conservación y la utilización sostenible de esa diversidad biológica.  A juicio
de Indonesia debe existir una relación de mutuo a poyo entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC.
La aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC no debe obstaculizar la aplicación del CDB para lograr la
conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad.  Dice que, para asegurar esacompatibilidad, es necesario pensar más a fondo y aclarar así las cuestiones que pasa a exponer,
referentes al proceso de aplicación de ambos instrumentos.  En primer lugar, la aplicación de
párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a la biodiversidad justificaría
derechos de propiedad intelectual de los particulares.  El Acuerdo sobre los ADPIC podría conferir
derechos a quienes alegasen haber inventado nuevas plantas, animales o microorganismos, o unautilización de los mismos.  Por otra parte, el CDB reconoce la soberanía nacional sobre los recursos
biológicos y, a continuación, los derechos inherentes a las comunidades indígenas y locales.  En
segundo lugar, con arreglo al CDB, la utilización o explotación de recursos biológicos y
conocimientos tradicionales da lugar a la distribución equitativa de los beneficios, mientras que, con
arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, es necesario otorgar patentes en todas las esferas de la
tecnología para que la utilización o explotación de los recursos biológicos esté protegida por el
derecho de propiedad intelectual, sin ninguna prescripción de existencia de un mecanismo de repartode beneficios.  En tercer lugar, el CDB reconoce que el acceso a los recursos biológicos requiere el
consentimiento fundamentado previo del país de origen.  En el Acuerdo sobre los ADPIC no hay
ninguna disposición que exija el consentimiento fundamentado previo para el acceso a los recursos
biológicos.  Tanto la aplicación del CDB como la del Acuerdo sobre los ADPIC debe realizarse con
una amplitud que tenga en cuenta la cohesión entre organizaciones internacionales relacionadas, conel fin de fomentar su compatibilidad y evitar posibles conflictos.
136. La representante de Venezuela recuerda que su país tiene enormes recursos genéticos y
conocimientos tradicionales.  Es miembro del CDB y del Acuerdo sobre los ADPIC y tiene
legislación en común con otros miembros de la Comunidad Andina en las esferas de la propiedad
intelectual, los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos.  La Constitución de Venezuelagarantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos tradicionales y las
innovaciones de los pueblos indígenas.  Todas las actividades relativas a recursos genéticos y
conocimientos tradicionales están sujetas a reparto de los beneficios.  Los conocimientos tradicionales
son indispensables para el descubrimiento, la conservación y la utilización de la diversidad biológica.
Van unidos a la tecnología moderna y al mayor uso de recursos genéticos para fines comerciales.  Losmedios de protección de los conocimientos tradicionales no son especialmente eficaces y, en la mayor
parte de los casos, se utilizan sin el correspondiente pago de beneficios a las comunidades que poseenIP/C/M/32
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esos conocimientos.  El Consejo debe buscar sistemas que hagan posible evitar la utilización ilegal de
los recursos genéticos y distribuir los beneficios.  Venezuela apoya la propuesta que formula el Perú
en los párrafos 28 y 29 de su documento (documento IP/C/W/246).  La legislación nacional de
Venezuela se aproxima mucho a la propuesta, como ocurre también con la legislación de la
Comunidad Andina.  Pasando a ocuparse del document o de las CE (documento IP/C/W/254), dice que
en su párrafo 4 se afirma del CDB y del Acuerdo sobre los ADPIC que "su naturaleza jurídica es
distinta".  Venezuela cree que, si así fuese, habría que buscar terreno común para hacer que ambos
instrumentos se apoyasen mutuamente.  El párrafo 8 trata de la protección de los recursos genéticos, y
Venezuela procura protección para los recursos genéticos ya se encuentren en estado natural o se
utilicen para fabricar otros productos.  El párrafo 9 trata del reparto de beneficios, y Venezuela cree
que esa distribución debe llevarse a cabo mediante mecanismos convenidos de mutuo acuerdo.  Se
han hecho avances en la búsqueda de formas de protección adecuadas.  En el párrafo 12 se afirma que"el CDB no prohíbe las patentes de invenciones que utilicen material genético", pero la representante
hace notar que en el CDB se indica que es necesario el consentimiento fundamentado previo para
tener acceso a los recursos con arreglo a la legislación nacional.  Venezuela ve con agrado que las CE
expresan, en el párrafo 14, su apoyo a que se conceda a la secretaría del CDB la condición de
observador en el Consejo de los ADPIC.  El párraf o 30 se refiere a la función que pueden desempeñar
las indicaciones geográficas en la protección de productos tradicionales, y Venezuela está de acuerdo
en que es ése un posible instrumento de protección de los conocimientos tradicionales, y que otro
podría ser una base de datos, como ha indicado Suiza en su documento (documento IP/C/W/284).  El
acceso a esa base de datos tendría que ser restringido, puesto que habría que prohibir el uso indebido
de los datos.  Venezuela sabe muy bien lo costosa que puede ser una base de datos, pues tieneconsiderable experiencia del asunto.  Dice que comentará en la próxima reunión lo relativo al
documento de Noruega (documento IP/C/W/293).  Se limita ahora a observar que en virtud del CDB
merecen trato especial y diferenciado los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura,
debido a la interdependencia entre los países a ese respecto.  Es importante mantenerse al tanto de eso
y seguir las negociaciones del Compromiso Internacional de la FAO.  Están en curso todavía, sinembargo, las negociaciones sobre las cuestiones de alcance, acceso y derechos de los cultivadores, y
no se ve todavía con claridad la naturaleza jurídica que vendrá a tener el Compromiso Internacional.
Venezuela comparte la opinión de Noruega de que debería ser obligatorio.
137. El representante de las Comunidades Europeas, refiriéndose a la nueva publicación de la lista
ilustrativa de cuestiones de la Secretaría (documento IP/C/W/273), insta al Presidente a que pida de
nuevo a los países en desarrollo Miembros que hagan llegar sus respuestas al Consejo, ya que serían
sumamente útiles para estas deliberaciones.  Acoge con agrado el documento de Suiza (IP/C/W/284).Se refiere en especial a la sección II de ese documento, en la que constan elementos útiles para efectos
de la definición del alcance de las exclusiones de la patentabilidad estipuladas en la primera oración
del párrafo 3 b) del artículo 27, y concuerda en que es necesario proteger adecuadamente las
invenciones biotecnológicas.  En el párrafo 4 se enumeran algunos ejemplos de situaciones en que
podría ser útil la biotecnología, con inclusión de la elaboración de nuevos productos farmacéuticosnecesarios para el tratamiento de enfermedades, que es pertinentes al punto N del orden del día:  "La
propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos".  La sección III se refiere al acceso, al reparto
de beneficios, a los conocimientos tradicionales y al estado de la técnica.  Se trata de cuestiones muy
pertinentes, de las que su delegación se ha ocupado en su propio documento (documento
IP/C/W/254).  La propuesta de una base de datos de conocimientos tradicionales no es una ideacompletamente nueva.  Los parámetros que Suiza indica para ocuparse de esa base de datos son útiles,
siempre que se juzgue que la base de datos sería ventajosa.  No constituiría un nivel de protección,
pero podría ser un instrumento útil para combatir la biopiratería, sobre todo cuando la información de
la base de datos estuviese a disposición de los examinadores de patentes.  La sección IV, que se ocupa
de la protección de las obtenciones vegetales, es una ampliación muy útil de algunos elementos claveen los que se hizo hincapié en anteriores debates de este punto del orden del día, en especial cuando se
inició el examen, hace dos años, al ocuparse el Consejo del alcance del párrafo 3 b) del artículo 27.
Su delegación concuerda con Suiza en que la Convención de la UPOV proporciona un sistema eficazIP/C/M/32
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sui generis .  Pasando a ocuparse del documento de Noruega (documento IP/C/W/293), dice que buena
parte de las opiniones que en él aparecen discurren en paralelo con las expresadas en el documento de
su delegación (documento IP/C/W/254), sobre todo por lo que respecta a la relación entre el Acuerdo
sobre los ADPIC y el CDB.  La sección 3 del documento de Noruega se refiere a la aplicación a
escala nacional y a lo que los países podrían hacer en su respectiva esfera legislativa.  A falta dedisposiciones internacionales, es ciertamente útil que los países que crean que es importante
proporcionar protección empiecen por proporcionarla en su legislación nacional.  La sección 4 se
ocupa de la relación entre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y el Acuerdo
sobre los ADPIC.  Se refiere a las negociaciones en curso en la FAO para el examen o la revisión del
Compromiso Internacional.  Se trata de un trabajo importante.  Las negociaciones no han concluido
todavía, pero su delegación insistirá en que los resultados sean compatibles en todo con el Acuerdo
sobre los ADPIC.  La sección 6 se refiere a la cuestión de si es necesario que la divulgación del origende los recursos genéticos se incluya en las solicitudes de patentes.  Su delegación ha explicado ya su
posición de equilibrio en esa cuestión.  Es indispensable seguir trabajado en ese terreno, y se propone
volver a referirse a este punto cuando se cuente con los resultados de ese trabajo.
138. Respondiendo a los comentarios del Brasil al párrafo 5 del documento de su delegación
(documento IP/C/W/254), no ve que haya contradicción alguna entre los objetivos del Acuerdo sobrelos ADPIC que en él se citan y los que se exponen en el artículo 7 del Acuerdo.  El documento de su
delegación pone de relieve algunos aspectos, pero no contradice el artículo 7.  Toma nota de los
comentarios positivos del Brasil, Indonesia y el Perú acerca de varios aspectos del documento.  Toma
nota asimismo del comentario del Brasil en el sentido de que merecen atención las ideas de Suiza
acerca de una base de datos.  Su delegación está dispuesta, sin duda, a cooperar con esas delegacionespara ver si es posible hacer avanzar más esa cuestión.  Como ha hecho notar el Perú, las Comunidades
Europeas están dispuestas a cooperar con los países interesados en obtener asistencia técnica y a tratar
de determinar qué tipo de asistencia técnica podría proporcionarse.  No se daría una interpretación
estrecha a sus expresiones de interés.
139. El representante de Singapur, refiriéndose a su nota no oficial sobre este punto
(JOB(00)/7583), dice que parece reinar la opinión general de que deben enfocarse de manera
armónica el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y que el Consejo debe pensar en cómo hacer que
operen conjuntamente.  En el documento de Noruega (documento IP/C/W/293) se hizo notar que el
enlace entre ambos instrumentos residía en la esfera de las patentes.  Evidentemente, el párrafo 3 b)
del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC es una disposición importante.  Su delegación cree que
debe conservarse esa disposición y que no deben reducirse los niveles de protección de la
biotecnología.  Otra cuestión muy importante para los países con mucha biodiversidad y abundantesrecursos genéticos es la de haya reparto de los beneficios, como se indica fundamentalmente en
el CDB.  Singapur es Parte en ambos instrumentos.  Existen muchas ideas que hay que seguir
explorando para encontrar la manera de que ambos instrumentos puedan aplicarse de forma tal que se
presten mutuo apoyo y que, al mismo tiempo que trat en de proteger la biotecnología, garanticen un
sistema equitativo de reparto de beneficios a los países de origen de esos recursos.  En cuanto a lacuestión de si debe exigirse la divulgación del origen de los recursos genéticos en las solicitudes de
patentes, Singapur desea tener más tiempo para estudiarla más a fondo.
140. El representante de Corea recuerda que su delegación se refirió en términos generales, en
anteriores reuniones, a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB.  Dice que desea
abordar en la presente reunión algunas cuestiones a ese respecto.  En primer lugar, y por lo que serefiere a la cuestión de los recursos genéticos y el reparto de beneficios, dice que esas nociones
parecen combinarse para constituir elementos esenciales de la utilización sostenible y de la
continuación del desarrollo del sector biotecnológ ico.  Es importante conseguir que los derechos de
propiedad intelectual, tales como los de las patentes, se basen en una utilización legítima de los
recursos genéticos, y que los beneficios resultantes de esos derechos de propiedad intelectual secompartan con quienes aportaron esos recursos genéticos.  Deben adoptarse medidas preventivas delIP/C/M/32
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posible abuso o uso indebido de recursos genéticos por parte de personas autorizadas, para proteger
así los derechos y los beneficios de los poseedores de esos recursos.  Todas esas iniciativas requieren
la cooperación de los Miembros y de las pertinentes organizaciones internacionales.  Es indispensable
recopilar y difundir lo más posible las medidas o reglamentaciones legislativas, administrativas o de
política relativas al acceso a los recursos genéticos y al reparto de los beneficios que están vigentes encada Miembro.  De ese modo, el Consejo podría orientarse hacia el respeto de los derechos tanto de
los poseedores de los recursos genéticos como de los inventores, y la determinación de la mejor
manera de lograr la facilitación, a nivel internacional, del acceso a los recursos genéticos y de la
distribución de beneficios en forma aceptable para todos los Miembros.  En cuanto a las cuestiones
técnicas relacionadas con la protección de las patentes, como son las definiciones de microorganismos
y de las materias patentables, dice que la distinción entre plantas, animales y microorganismos está ya
bien establecida en muchos acuerdos internacionales, entre ellos el CDB.   La definición demicroorganismos parece haber sido debidamente interpretada en términos de objetivos e intenciones.
Por lo que se refiere a la cuestión de si se debe exigir la divulgación del origen de los recursos
genéticos en las solicitudes de patentes, si bien con ello podría garantizarse la transparencia y el
reparto de beneficios, impondría, por otra parte, una carga adicional a los solicitantes de patentes y
haría necesario un reajuste del equilibrio de intereses entre los solicitantes y otros interesados que seestableció en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Hace falt a, por lo tanto, seguir estudiando esta cuestión
más minuciosamente, dados sus aspectos positivos y negativos.  En cuanto a la protección de las
obtenciones vegetales, señala que en el documento de resumen de la Secretaría (documento
IP/C/W/273) se indica que la mayoría de los Miembros que respondieron a la lista recapitulativa
cumplían las prescripciones de la Convención de la UPOV.  En cuanto a los conocimientostradicionales, el concepto que se expone en el apartado j) del artículo 8 del CDB es claro, pero no es
fácil de aplicar en la práctica.  Debe otorgarse prioridad a la cuestión del alcance de ese concepto, así
como también a mejorar el entendimiento por parte de los Miembros de casos concretos de protección
de los conocimientos tradicionales.  Corea cree que es útil que el Consejo tenga información acerca de
los sistemas y las experiencias de los países en materia de protección de los conocimientostradicionales.  La documentación y el establecimiento de una base de datos de conocimientos
tradicionales darían a los examinadores de patentes un acceso más fácil a la técnica anterior
correspondiente y mejorarían así la calidad de los exámenes de patentes.
141. El representante de Zimbabwe dice que el Grupo Africano está estudiando todavía los
comentarios que recibió de otras delegaciones acerca de su documento en que se trataba, entre otras
cosas, de la relación entre el CDB y el Acuerdo sobr e los ADPIC y lo dispuesto en el párrafo 3 b) del
artículo 27 (documento IP/C/W/206).  El Grupo Africano dará, en su momento, respuesta detallada aesos comentarios y comentará, además, los documentos presentados por otros Miembros.  Pasa a
reiterar los puntos de vista que siguen.  En primer lugar, su delegación está convencida de que la
distinción entre plantas, animales y microorganismos que se establece, para efectos de patentabilidad,
en el párrafo 3 b) del artículo 27 no es científica, y que dicho párrafo 3 b) del artículo 27 debe ser
enmendado del modo que se propone en su documento.  Existe en la actualidad un modelo de leyafricana de protección de las obtenciones vegetales, que el Grupo estima eficaz, y serían bien acogidas
nuevas ideas que sirvan de alternativa a los instrumentos de que actualmente se dispone para la
protección sui generis  de las obtenciones vegetales.  En segundo lugar, su delegación sigue
convencida de que el Acuerdo sobre los ADPIC, y en especial sus criterios para la patentabilidad,
contradicen y frustran las disposiciones del CDB, sobre todo por lo que respecta a la explotación delos recursos genéticos y biológicos.  Se dispondrá en breve de un desarrollo y ampliación con mayores
pormenores de esas ideas.
142. El representante del Japón comenta los documentos presentados por Suiza y Noruega.  Las
ideas y posiciones que Suiza expone en su documento (IP/C/W/284) parecen estar en consonancia con
las que el Japón expone en el suyo (IP/C/W/236).  El Japón concuerda con Suiza en que el examen delpárrafo 3 b) del artículo 27 debe centrarse en las dos cuestiones correspondientes a la primera y
segunda oraciones de esa disposición, y que parte de los debates de este punto del orden del díaIP/C/M/32
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quedan fuera del alcance del mandato de este examen.  El Japón concuerda con Suiza en que es
necesario proteger la tecnología adecuadamente por medio de patentes, y se opone a toda reducción
del nivel de protección.  Por lo que respecta a la base de datos internacional sobre recursos genéticos,
el Japón está de acuerdo con Suiza en que una base de datos de esa naturaleza podría hacer mejorar la
situación actual.  No es fácil para las autoridades que conceden patentes el acceso a los conocimientostradicionales transmitidos oralmente.  La base de datos debería utilizarse primordialmente para llevar
a cabo indagaciones sobre la técnica anterior, pero sin que vaya a constituir una condición previa para
la existencia de derechos sobre conocimientos tradicionales ni una base jurídica para el reparto de
beneficios.  Acerca de la clasificación normalizada que propone Suiza, el Japón cree que ese asunto
debe tratarse en el pertinente subforo de la OMPI, que se ha ocupado ya de él en debates preliminares.
Los expertos deben examinar varias opciones para determinar cuál sería la mejor manera de
normalizar la base de datos.  Pasando a ocuparse del documento de Noruega (documentoIP/C/W/293), formula las siguientes observaciones preliminares.  En primer lugar, el Japón concuerda
con Noruega en que no existe conflicto jurídico entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC, aunque
exista cierta interacción entre ambos instrumentos.  Está de acuerdo el Japón también en que hay que
lograr la compatibilidad entre los dos instrumentos a nivel de legislación y práctica nacionales.  En
cuanto a la divulgación del origen de los recursos genéticos, el Japón no está a favor de que se incluyaen el Acuerdo sobre los ADPIC una disposición que obl igue a los solicitantes de patentes a divulgar el
origen de los recursos genéticos.  Reitera la opinión, manifestada ya en el documento de su
delegación, de que una obligación de esa naturaleza excedería de las obligaciones del Acuerdo sobre
los ADPIC en su forma actual y haría necesario redactar de nuevo el Acuerdo.  Cree que los
Miembros deben obrar con cautela en materia de modificación del Acuerdo, porque en las actualesdisposiciones de éste se establece el debido equilibrio entre los derechos de los inventores o
solicitantes y los terceros, equilibrio que es resultado de una larga negociación que tuvo lugar en la
Ronda Uruguay.
143. La representante de Malasia dice que las nuevas aportaciones de la Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, de Noruega y de Suiza son muestra del interés de las respectivas delegaciones
por abordar las cuestiones que se han planteado dentro de este punto del orden del día.  Malasia
señala, en especial, el interés expresado en lo relativo a la patentabilidad de la biotecnología.  En el
documento de Suiza (documento IP/C/W/284) se ha planteado también esa cuestión.  Si bien
reconocen que es necesario mantener la flexibilidad del párrafo 3 b) del artículo 27 en cuanto a la
patentabilidad de plantas y animales, hay que aplicar también los criterios de patentabilidad del
párrafo 1 del artículo 27.  Esos criterios determinan si algo puede ser patentado o no.  En la esfera de
la biotecnología, el Consejo debe continuar deliberando para llegar a un entendimiento más claro deestas cuestiones, por ejemplo en lo relativo a qué fases del "desarrollo" de recursos genéticos y de
partes y componentes genéticos constituyen "descubrimientos" y cuáles son "invenciones".  En el
documento de las CE (documento IP/C/W/254) se dice que, para satisfacer los criterios de
patentabilidad, los recursos genéticos deben haberse aislado de su entorno natural o haberse producido
mediante un proceso técnico.  La representante pregunta si es esa una nueva versión de los criterios depatentabilidad o si es compatible con los que se establecen en el párrafo 1 del artículo 27.  En lo
referente al estudio de la relación entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC, eso se ha propuesto
primordialmente como enfoque para abordar el problema de la biopiratería y la protección de los
conocimientos tradicionales.  Algunas delegaciones creen que esos problemas pueden abordarse, en
buena parte, incluyendo en el trámite de patentes procedimientos reconocidos por el CDB, como sonel consentimiento fundamentado y el reparto de beneficios.  Otras delegaciones han propuesto que
esas prescripciones se incorporen a la legislación nacional.  Otro enfoque es el de crear una base de
datos, como se propone en el documento de Suiza.  Invita a las delegaciones a que expresen sus
opiniones acerca de la eficacia que crean que podrían tener esos diversos enfoques en cuanto a
reglamentar el acceso a los recursos genéticos y proteger los conocimientos tradicionales.
144. El Consejo toma nota de todo lo manifestado y acuerda
 volver a ocuparse de esta cuestión en
su próxima reunión.IP/C/M/32
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K. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 1 DEL
ARTÍCULO 71
145. El Presidente recuerda que en la reunión anterior su antecesor en la Presidencia se había
esforzado por hacer que fuese posible encontrar algún modo de iniciar este examen organizando bajo
determinados epígrafes las cuestiones que ha planteado.  Parece que se juzgó entonces prematurohacerlo así, al menos por parte de algunos Miembr os.  El Consejo, en su reunión informal del 21 de
mayo de 2001, instó a los Miembros a que expresasen más ideas al respecto, con miras a poder
hacerse una idea más completa y representativa de las cuestiones que los Miembros desean que sean
abordadas en este examen.  Sin embargo, sólo se ha recibido un nuevo documento, que es el de
Zambia (documento IP/C/W/298).
146. El representante de Zambia concuerda con lo manifestado por la India en la anterior reunión
en el sentido de que el examen del párrafo 1 del artículo 71 debe ser lo más amplio posible y no
limitarse a algunos artículos.  Lo que importa es evaluar de alguna manera las repercusiones que tiene
el Acuerdo sobre los ADPIC en el desarrollo y, en especial, en la transferencia de tecnología y la
creación de capacidad en los países en desarrollo en general y, en particular, en los PMA.  Enumera
algunas de las cuestiones y puntos importantes que han de tenerse en cuenta en el examen:  i) en qué
medida ha tenido lugar la transferencia de tecnología;  ii) en concreto, la repercusión del Acuerdo enla creación de una base tecnológica sólida y viable, como se prevé en el párrafo 2 del artículo 66.  De
hecho, si el Acuerdo está siendo aplicado como han indicado muchos países desarrollados en sus
notificaciones, el examen debería reflejar las repercusiones, para determinar qué beneficio están
obteniendo los países menos adelantados en lo que se refiere a una base tecnológica sólida y viable;
iii) los costos de la aplicación del Acuerdo en los países en desarrollo y, en particular, en los paísesmenos adelantados;  iv) las consecuencias que tiene la norma de la patente por 20 años para los países
en desarrollo y, en particular, para los países menos adelantados;  v) si el aumento de la protección de
los derechos de propiedad intelectual está poniendo en peligro el acceso de los países en desarrollo a
los medicamentos esenciales;  vi) si los titulares de los derechos de propiedad intelectual han abusado
de ellos, etc.;   y vii) aclarar si la aplicación del párrafo 2 del artículo 66 por los países desarrolladosno constituye, de hecho, una condición previa para la aplicación por parte de los países menos
adelantados de las obligaciones que les incumben en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.  Se debe
perfeccionar el texto del artículo 8 (Principios), con el fin de tener la seguridad de que no hay nada en
el Acuerdo que impida a los países adoptar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de
política general pública, incluida la protección de la salud pública.
147. El representante del Brasil expresa su apoyo, en términos generales, a lo manifestado en sus
intervenciones en la reunión anterior por la India y por Malasia, que habló en nombre de los
Miembros de la ASEAN.  El Brasil está de acuer do con la India en que el examen del artículo 71 es
un examen del Acuerdo sobre los ADPIC en sí, por lo cual no debe quedar fuera de su alcance
ninguna cuestión.  El Brasil apoya, en términos generales, la opinión expresada por la ASEAN de que
debe examinarse:  hasta qué punto las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC son compatibles
con los objetivos y principios del Acuerdo y fomentan esos objetivos y principios;  el fomento y latransferencia de tecnología, que están muy en consonancia con los objetivos del artículo 7 y guardan
relación también con el párrafo 2 del artículo 66, mencionado por Zambia (documento IP/C/W/298);
si existe el debido equilibrio entre los intereses públicos y los derechos privados en las diversas
esferas de la protección de la propiedad intelectual;  y cuáles son las medidas apropiadas mencionadas
en el artículo 8 que podrían utilizarse para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectualpor sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden
en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.  El Brasil coincide con la ASEAN en
que el debate de esos aspectos en el marco del examen contribuirá a determinar si el Acuerdo sobre
los ADPIC ha logrado los objetivos para los que fue concluido y si existe, en realidad, un equilibrio
de beneficios.IP/C/M/32
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148. El representante de los Estados Unidos agradece la aportación de Zambia al debate sobre el
párrafo 1 del artículo 27 en el Consejo.  Dice que su delegación examinará las propuestas que se han
hecho y dará su opinión al respecto en la próxima reunión.
149. La representante de Malasia, hablando en nombre de los miembros de la ASEAN, dice que
la ASEAN está de acuerdo con varios de los aspectos traídos a colación por Zambia en su documento
(documento IP/C/W/298), y concretamente en las cuestiones relativas a transferencia de tecnología.
Al igual que el Brasil, recuerda que, en la anteri or reunión, la ASEAN ha planteado la cuestión de si
debe examinarse o no hasta qué punto las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC son
compatibles con los objetivos y los principios del Acuerdo y fomentan esos principios y objetivos, en
especial la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología, en
mutuo interés de los productores y los usuarios.  Su delegación ha observado que existen algunas otras
cuestiones que podrían plantearse en el curso del examen y está interesada en ocuparse de ellas en otraocasión y conocer las respuestas de los demás Miembros.
150. El Consejo toma nota de todo lo manifestado y acuerda
 volver a ocuparse de este punto en su
próxima reunión.
L. RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE NO EXISTE INFRACCIÓN Y RECLAMACIONES EN CASOS EN
QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN
151. El Presidente recuerda que este punto del orden del día abarca tanto las reclamaciones en
casos en que no hay infracción como las reclamaciones motivadas por otras situaciones.  Se refiere a
la nota que ha distribuido, en la que se proponen, a raíz de las consultas celebradas al respecto con su
predecesor, algunos epígrafes que podrían utilizarse para organizar los debates futuros sobre este
punto (JOB(01)/70).
152. La representante del Canadá dice que la nota del Presidente (JOB(01)/70) proporciona un
método excelente y no exhaustivo para debatir las importantes cuestiones que plantea la medida
reparadora por anulación y menoscabo en casos en que no existe infracción.  Varias delegaciones han
planteado, en el Consejo de los ADPIC, cuestiones re lativas a la aplicación de esa medida reparadora.
El Canadá sigue pensando que se trata de una cuestión importante que debe ser objeto de debate.  LosMiembros han expresado su justificada preocupación ante la posibilidad de que, si no hay más
directrices a ese respecto, los gobiernos se vean verd aderamente restringidos en el desarrollo de sus
políticas.  Los Miembros deben tener pleno conocim iento de las obligaciones que asumen.  El Canadá
espera que, con un debate sobre esa medida reparadora en todos sus pormenores, el Consejo tendrá
una oportunidad de disipar buena parte de la incertidumbre que rodea a este tema.  Hasta la fecha, las
reclamaciones "sin infracción" se plantearon en la OMC en el ámbito del comercio de mercancías.
Estaría justificado, por lo tanto, tomar como punto de partida de todo análisis el examen de lassemejanzas y las diferencias entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT.  Por ejemplo, los
resultados de las negociaciones de la OMC sobre acceso al mercado se recogieron en listas de
concesiones de cada país, anexas al Protocolo de la Ronda Uruguay, que forma parte integrante del
Acta Final.  No ocurre así en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC.  Ese Acuerdo establece
disposiciones básicas para la protección de la propiedad intelectual, no se ocupa primordialmente decuestiones de acceso al mercado y no contempla compromisos a ese respecto.  El Consejo debe tener
eso en cuenta al evaluar el propósito de la medida reparadora por anulación y menoscabo en los casos
en que no existe infracción cuando se trata del Acuerdo sobre los ADPIC.  Se han planteado
cuestiones de ese género en los documentos presentados por el Canadá y por otros Miembros.  Si el
Consejo quiere avanzar en este punto, tiene que examinar cuidadosamente cada una de las cuestionesy llegar a algunas conclusiones acerca de la naturaleza de esa medida reparadora.  El Canadá
agradece, por consiguiente, las iniciativas de los Miembros encaminadas a hacer avanzar el debate
sobre este punto.  Además de lo mencionado en lo s cinco epígrafes que se proponen en la nota del
Presidente, cree que sería útil debatir también lo relativo a los artículos 7 y 8 y a las "excepciones".IP/C/M/32
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153. El representante del Brasil concuerda con el Canadá en que el Acuerdo sobre los ADPIC
establece disposiciones básicas que se proponen hacer que todos los Miembros se ajusten a unos
niveles universales mínimos de protección de la propie dad intelectual.  Si bien se transfieren derechos
concretos en virtud de licencias contractuales, no existe un verdadero comercio de derechos de
propiedad intelectual en el sentido en que existe un comercio de mercancías.  Se trata, ciertamente, deun acuerdo sui generis  de la OMC a ese respecto.  El Brasil comparte la opinión del Canadá de que
del mismo modo que una escasa protección de la propiedad intelectual puede obstaculizar la
innovación y el comercio, también puede hacerlo una pr otección excesiva.   El Brasil está de acuerdo,
en términos generales, con las observaciones del Canadá acerca de la determinación del alcance y las
modalidades de las medidas en casos en que no existe infracción y con los demás elementos de la lista
propuesta por el Presidente.  Está de acuerdo el Brasil, también en términos generales, con las
observaciones que México ha formulado acerca de esa cuestión en la anterior reunión.  El Brasil creeque la tarea de determinar el alcance y las modalidades de las reclamaciones en casos en que no existe
infracción no debe dejarse en manos de grupos especiales ni del Órgano de Apelación que, de
conformidad con el ESD, no están facultados para aumentar ni reducir las obligaciones de los
Miembros.  Concuerda con la opinión de la Indi a de que no está claro, ni mucho menos, si son
aplicables al Acuerdo sobre los ADPIC las reclamaciones en casos en que no existe infracción.   Laaplicación de esa medida reparadora al Acuerdo sobre los ADPIC podría dar lugar a gran
incertidumbre jurídica por lo que respecta a la aplicación del Acuerdo mismo.  El Brasil está de
acuerdo, por lo tanto, en términos generales, con los puntos de vista expresados por el Canadá y
Hungría en sus comunicaciones (documentos IP/C/W/249 and JOB(01)/43, respectivamente).
154. El representante de las Comunidades Europeas recuerda que, hace algún tiempo, su
delegación, junto con las de otros Miembros, propuso que el Consejo iniciase el debate y examen del
alcance y las modalidades de las posibles reclamaciones en casos en que no existe infracción.  Su
delegación agradece los documentos que se han presentado y los epígrafes que ha propuesto el
Presidente (JOB(01)/70).  Los epígrafes en cuestión tienen carácter ilustrativo y no son
necesariamente exhaustivos.
155. El representante de Corea da su apoyo a las opiniones expresadas por el Canadá en su
documento (documento IP/C/W/249) acerca de cuestiones entre las que figuran la naturaleza
excepcional de las reclamaciones en casos en que no existe infracción, el contraste entre el GATT y el
Acuerdo sobre los ADPIC y la necesidad de tener en cuenta los objetivos y los principios del Acuerdo
sobre los ADPIC al aplicar el concepto de no existencia de infracción.  Expresa su aprecio por las
reflexiones que hace el Canadá en su documento acerca del carácter singular del Acuerdo sobre
los ADPIC y el relieve que en éste adquieren las medidas reparadoras.  Está de acuerdo en que lasresoluciones o decisiones judiciales no pueden ser consideradas como medidas gubernamentales
sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC, ya que se adoptan independientemente
y de conformidad con las leyes nacionales únicamente.  No cabe, pues, creer que esas resoluciones o
decisiones del poder judicial estén sujetas a la solución de diferencias, a no ser que vayan seguidas de
medidas gubernamentales como la enmienda de las correspondientes leyes o reglamentos.  Concuerda
con el Canadá en el objetivo de prevenir en todo lo posible el abuso de las reclamaciones en casos en
que no existe infracción.  El ESD, en su texto actual, impone verdaderamente una pesada carga de
prueba en los casos en que no existe infracción.  Sin embargo, parece que para ocuparse de esos casos
en que no existe infracción mediante un consenso positivo sería necesario enmendar el ESD, ya que
en el vigente Acuerdo sobre los ADPIC no hay ning una disposición específica sobre ese particular.
156. El representante de Hungría recuerda que su delegación atribuye mucha importancia al
análisis a fondo de la aplicabilidad en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC de las medidas
reparadoras en casos en que no existe infracción.  Su delegación mantiene la argumentación que
formuló en anteriores reuniones, y se limita en la presente a referirse a las ventajas que los Miembros
pueden esperar fundadamente en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.  Hungría está de acuerdo conlos manifestado en el documento extraoficial de Corea (JOB(00)/6166) en el sentido de que, paraIP/C/M/32
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lograr la compatibilidad y la pr evisibilidad jurídicas es indispensable que haya un entendimiento
común entre los Miembros de la OMC en cuanto al significado del concepto de "ventajas" en el marco
del Acuerdo sobre los ADPIC.  Hungría concuerda con la mayoría de las delegaciones en que, por lo
que respecta a ventajas y expectativas razonables, el Acuerdo sobre los ADPIC difiere por completo
del GATT y del AGCS.  El Acuerdo sobre los ADP IC no es un acuerdo sobre acceso al mercado, sino
un acuerdo sobre niveles mínimos en el que se estipulan los derechos mínimos que caben a los
nacionales de cualquier Miembro en todos los demás Miembros para la protección de su propiedad
intelectual.  Los niveles mínimos que se establecen en el Acuerdo sobre los ADPIC no son semejantes
a las concesiones arancelarias que establece el GATT ni a los compromisos específicos en virtud
del AGCS.  Así pues, las ventajas que los Miembros pueden esperar razonablemente de aquel
Acuerdo son de naturaleza diferente de los que podrían esperar en virtud del GATT y del AGCS.  El
representante destaca a ese respecto la sección C del documento de Australia (documentoIP/C/W/212) en la que se dice que las ventajas resultantes de los criterios establecidos por el Acuerdo
han de ser las que beneficien a los Miembros, que no deben equipararse a los intereses de los
particulares que son titulares de derechos privados en la explotación de sus derechos de propiedad
intelectual.  Está de acuerdo con el párrafo III b) del documento del Canadá (documento IP/C/W/249)
en el que se dice que la ventaja otorgada es la capacidad de terceros para adquirir, mantener y ejercerlos derechos de propiedad intelectual, y no se aplica automáticamente a la explotación de esos
derechos.  Si bien los derechos de propiedad intelectual pueden ser objeto de transferencia o licencia
mediante contrato, la transferencia o licencia de derechos exclusivos no puede tratarse partiendo de
las mismas bases que cuando se trata del comercio de bienes o de servicios.  Hace notar que el
artículo XXIII:3 del AGCS, que es evidentemente un acuerdo con características más acusadas deacceso al mercado, sólo admite las reclamaciones en que no exista infracción cuando se trata de
ventajas resultantes de compromisos específicos contraídos por los Miembros.
157. La representante de Malasia dice que el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo sui generis .
Las reclamaciones en casos en que no existe infracción carecen de precedentes y no son comparables
a las reclamaciones sin infracción en la esfera del comercio de bienes y del comercio de servicios.Está de acuerdo con Hungría en que el Acuer do sobre los ADPIC es un acuerdo sobre niveles
mínimos en materia de protección de la propiedad intelectual, mientras que la base de las
disposiciones sobre casos en que no existe infracción son las disposiciones sobre acceso al mercado
del GATT de 1994.  Concuerda con el Brasil y el Canadá en que el Consejo debe avanzar en esta
cuestión, para no dejar la decisión en manos de los grupos especiales y lograr la mayor certidumbre de
la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.  En la nota del Presidente (JOB(01)/70) se enumeran
varios epígrafes para el debate, a saber:  la "naturaleza de la ventaja", la "medida", la "relación decausalidad", la "carga de la prueba de la anulación o el menoscabo " y las "medidas reparadoras".
Algunos de esos epígrafes se han utilizado ya en los documentos presentados por Australia, el Canadá
y otras delegaciones.  Contribuyeron esos epígrafes al debate sobre las reclamaciones en casos en que
no existe infracción, aunque Malasia concuerda con la opinión de las Comunidades Europeas de que
la labor en torno a este punto no debe limitarse a esos epígrafes sino desarrollarse en el marco másamplio del alcance y las modalidades de la no infracción.  Pasa a formular algunos comentarios de
carácter preliminar acerca de la definición de "medida".   En el documento del Canadá (documento
IP/C/W/249) se ha planteado la cuestión de si las medidas han de ser únicamente gubernamentales o
si han de incluirse también las decisiones y acciones judiciales.  Está de acuerdo con Corea en que las
decisiones o acciones judiciales no deben ser objeto de reclamaciones "sin infracción", aun cuandocabría estudiar la cuestión de la decisiones judiciales que den lugar a la adopción de medidas por el
gobierno.  Lo que interesa a Malasia es si las medidas adoptadas en cumplimiento de los artículos 7
y 8 pueden interpretarse como causantes de anulación de ventajas en casos en que no haya infracción.
Los artículos 7 y 8 deben constituir los objetivos supremos del Acuerdo.  Además, tampoco deben ser
objeto de reclamaciones en casos en que no exista infracción las medidas adoptadas en virtud de lasexcepciones autorizadas en el contexto de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/C/M/32
Página 61
158. El Presidente dice que las delegaciones pueden plantear cuestiones que no figuren en los
epígrafes de la nota que él ha hecho distribuir, y que el Consejo debatirá en su totalidad este punto del
orden día.
159. El representante de los Estados Unidos dice que la nota o lista ilustrativa de cuestiones del
Presidente (JOB(01)/70) ayudaría probablemente a encauzar el debate del Consejo acerca del alcance
y las modalidades de los casos en que no exista infracción.  Si bien está dispuesto a que continúe este
debate sobre ese alcance y esas modalidades, no tiene más comentarios concretos que formular, entre
otras cosas porque no comparte las preocupaciones e incertidumbres que algunos han expresado por
lo que respecta a la capacidad de los grupos especiales y del Órgano de Apelación para ocuparse de
las reclamaciones en casos en que no haya habido infracción en el ámbito del Acuerdo sobre
los ADPIC.  Entiende que la práctica del GATT y de la OMC con arreglo a las disposiciones del
artículo 26 del ESD da amplia orientación para esos órganos, orientación que, en realidad, es la mismaque para los demás acuerdos de la Ronda Uruguay, de manera que la incertidumbre que pudiere haber
en cuanto a reclamaciones "sin infracción" no tiene por que ser mayor que la relativa a esas
reclamaciones en otras esferas.  De todos modos, su delegación está decidida a que prosiga este
debate, con la esperanza de mitigar las preocupaciones e incertidumbres de los Miembros en esa
esfera.  Reconoce, por supuesto, que la moratoria para las reclamaciones "sin infracción" en virtud delAcuerdo sobre los ADPIC expiró el 1° de enero de 2000.
160. El representante de la India comparte las opiniones expresadas por el Canadá en su
documento (documento IP/C/W/249) y está de acuerdo con Hungría en que el Acuerdo sobre
los ADPIC es diferente del GATT y del AGCS.  El Consejo no debe dejar a los grupos especiales y al
Órgano de Apelación la interpretación de las medidas "sin infracción".  La India es partidaria de quecontinúe el debate sobre este punto, y presentará un documento y formulará comentarios antes de la
próxima reunión.
161. El Consejo toma nota de todo lo manifestado y acuerda
 volver a ocuparse de esta cuestión en
su próxima reunión.
M. COMERCIO ELECTRÓNICO
162. El Presidente recuerda que el Consejo General, tras haberse ocupado de la cuestión del
comercio electrónico el 8 y 9 de mayo de 2001, invitó a los diversos órganos subsidiarios interesados,
entre ellos el Consejo de los ADPIC, a que continuasen sus tareas y rindiesen informe al Consejo
General.6  Habida cuenta de que había tenido lugar el 15 de junio de 20017, bajo los auspicios del
Consejo General, un debate específico sobre el comercio electrónico para abordar las cuestiones
intersectoriales identificadas por las delegaciones, sugiere que el Consejo de los ADPIC se centre con
preferencia en las cuestiones relacionadas concretamente con los ADPIC.  Con posterioridad a suanterior reunión, el Consejo ha recibido dos comunicaciones acerca del comercio electrónico,
procedentes de Cuba y de Suiza (documento s IP/C/W/264 e IP/C/W/286, respectivamente).
163. La representante de Cuba presenta el documento de su delegación, titulado "Necesidad de un
comercio electrónico mundial sin restricciones" (documento IP/C/W/264).  En el párrafo 4.1 del
programa de trabajo sobre el comercio electrónico, adoptado por el Consejo el 25 de septiembrede 1998
8, se plantea la cuestión de "las nuevas tecnologías y el acceso a la tecnología", teniendo en
                                                     
6 WT/GC/M/65.
7 La Secretaría ha resumido las cuestiones planteadas en ese debate en el documento que lleva la
signatura WT/GC/W/436.
8 WT/L/274.IP/C/M/32
Página 62
cuenta los objetivos de promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la
tecnología, que se exponen en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Las prácticas que
restringen la competencia y que pueden tener efectos perjudiciales en el comercio y obstaculizar la
transferencia y la difusión de tecnología son contrarias a los objetivos y a los principios del sistema
multilateral entre los Miembros, con inclusión del trato no discriminatorio y del trato NMF.  Sudelegación reitera la necesidad de eliminar las restricciones de todo tipo, tanto comerciales como
tecnológicas, que se adopten por motivos políticos, incluidas las que se refieren a la difusión y el libre
uso de tecnología criptográfica y del equipo existente en el mercado, que limiten el desarrollo del
comercio electrónico mundial y la plena inclusión en él de todos los países en desarrollo.
164. El representante de Suiza presenta el documento de su delegación acerca del programa de
trabajo sobre el comercio electrónico (IP/C/W/286).  Se refiere a que el Consejo de los ADPIC viene
ocupándose del tema del comercio electrónico desde hace algún tiempo.  Los Miembros que hanpresentado comunicaciones por escrito convienen, fundamentalmente, en que es necesario que el
Consejo se ponga de acuerdo por lo que respecta a las cuestiones que, en lo relativo a la propiedad
intelectual, plantean las comunicaciones a través de Internet y otras redes.  Se conviene también, en
términos generales, en que no hace falta volver a inventar la rueda para aplicar el derecho de la
propiedad intelectual a esa nueva esfera de la tecnología, ni hace falta una nueva evaluación de losintereses en juego.  Se ha llegado a la conclusión preliminar de que lo que es válido sin conexión, es
válido con conexión.  Esa conclusión se aplica también a las disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC, pero, a juicio de su delegación, no basta con decir que las disposiciones del Acuerdo
sobre los ADPIC pueden aplicarse a la esfera del comercio electrónico.  Hay que preguntarse hasta
qué punto "deben" aplicarse esas disposiciones al comercio electrónico, y, lo que es más importantetodavía, qué nivel de protección ofrece este Acuerdo a ese respecto, y si ese nivel es o no suficiente.
En el documento de Suiza se aducen algunos ejemplos que los Miembros tal vez deseen examinar más
de cerca a ese respecto.  Destaca ahora, como ilustración, uno de esos ejemplos.  En el campo del
derecho de autor, Internet ha creado nuevas formas de explotación de una obra protegida, tales como
la comunicación al público, con inclusión del suministro de esa obra de manera tal que el públicopueda tener acceso a ella en el tiempo y el lugar que cada persona elija.  La cuestión reside en si el
Acuerdo sobre los ADPIC otorga la protección mí nima en todos los terrenos de la propiedad
intelectual, con inclusión del derecho de autor, y protege esas nuevas formas de explotación de obras
sujetas al derecho de autor como parte de éste, aunque el Acuerdo sobre los ADPIC ha sido negociado
antes de la revolución que ha supuesto la Internet.  Con miras a que el Consejo pueda dar respuesta a
cuestiones de ese género, Suiza ha sugerido que el Consejo encargue a la Secretaría que redacte un
documento acerca de cómo funciona el Acuerdo sobre los ADPIC en el contexto del comercioelectrónico.  Ese documento podría servir de base para futuros debates en el Consejo acerca de esa
cuestión y de si es necesario actuar y, en caso afirmativo, cuáles serían las medidas necesarias para
lograr el resultado a que se aspira.
165. El representante de los Estados Unidos aprecia que en los documentos presentados por
Australia y por Suiza se haya reconocido que el Acuerdo sobre los ADPIC es aplicable en un entorno
de transmisión en línea.  Dice que su delegación espera poder presentar antes de la próxima reunión
un documento en el que se tengan en cuenta las cuestiones planteadas por esas dos delegaciones.
166. El representante del Japón dice que la debida protección es el factor clave para estar seguros
de que los contenidos circulan en forma adecuada y segura en el comercio electrónico, ya sea tangible
o intangible.  Los términos en que están redactadas las pertinentes disposiciones del Acuerdo sobrelos ADPIC son neutrales con respecto a la tecnología, por regla general, por lo cual deben seguir
siendo aplicables en el nuevo entorno digital los derechos y las excepciones ya establecidos.  La
tecnología de las redes seguirá desarrollándose, y por eso habrá que seguir ocupándose también de las
cuestiones relativas a la propiedad intelectual que vayan surgiendo en ese terreno.  Pasando a
cuestiones más concretas, es muy probable que sea adoptada en septiembre de 2001 la propuesta derecomendación conjunta de la OMPI acerca de las disposiciones sobre protección de marcas y otrosIP/C/M/32
Página 63
derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.9 Podría pensarse en incorporar ese mismo
tipo de directrices al Acuerdo sobre los ADPIC para evitar el conflicto entre la utilización de marcas
de fábrica o de comercio en el ámbito cibernético y el marco actual de soberanías estatales que
otorgan por separado diferentes derechos de marcas basados en la territorialidad.   La recomendación
conjunta que propone la OMPI no sería jurídicamente vinculante, pero el Japón piensa esforzarse,teniendo presente esa recomendación, por encontrar soluciones a los problemas de marcas de fábrica o
de comercio que se presentan en las transacciones realizadas en el ámbito cibernético, y abogará por
que se estudien las repercusiones que tengan en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Por lo que respecta al
derecho de autor y derechos conexos, el Japón cree que el Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas, adoptados
en 1996, son instrumentos clave en el entorno de las redes digitales.  El Japón ha ratificado el Tratado
sobre Derecho de Autor en 2000 y está a punto de llevar a término la elaboración de la legislaciónnacional correspondiente al segundo de esos instrumentos.  Además, están siendo objeto de debate en
la OMPI unos cuantos instrumentos nuevos, tal como el tratado sobre interpretaciones o ejecuciones
audiovisuales, y sería conveniente que el Consejo siguiese de cerca esos debates para tenerlos en
cuenta en sus futuras tareas.  En cuanto a la jurisd icción y al derecho aplicables en lo internacional, si
bien es cuestión que está siendo estudiada en la Conferencia de La Haya sobre Derecho InternacionalPrivado, en la OMPI y en otros foros, debe ser también objeto de debate como un aspecto más de las
actividades de la OMC para dar un nuevo paso en el desarrollo del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto
que cabe prever que la expansión del comercio electrónico haga aumentar el número de litigios sobre
propiedad intelectual en los años venideros.  La Conferencia de La Haya tiene en estudio un
anteproyecto de convenio sobre jurisdicción y decisiones judiciales extranjeras en asuntos civiles ymercantiles.  Tendrán lugar en junio de 2001 y a comienzos de 2002 conferencias diplomáticas para
aprobar ese convenio.  Según que el convenio sea aprobado o no, el Consejo de los ADPIC podría
estudiar la cuestión y pasar a debatir la cuestión del derecho aplicable, que hasta la fecha no se ha
examinado debidamente.  Aun cuando el examen de las cuestiones relativas a la propiedad industrial
corresponde primordialmente al Consejo de los ADP IC, es necesario mantenerse en estrecho contacto
con otros foros de la OMC que examinan los problemas con una perspectiva general y más amplia.
Pide que se preste atención a la propuesta presenta da por el Japón al Consejo General en el sentido de
que se cree un foro, dependiente del Consejo General, en el que se debatan las cuestiones de comercio
electrónico con esa perspectiva general y más amplia.  Su delegación cree que, si se llegase a crear ese
organismo, el Consejo de los ADPIC debe ría mantenerse en comunicación con él.
167. El representante de las Comunidades Europe as dice que su delegación sigue reflexionando
acerca de la propuesta de Suiza de que el Consejo encargue un estudio a la Secretaría.
168. El representante del Uruguay pide que se  preste atención a la comunicación que
el MERCOSUR ha presentado en el programa so bre comercio electrónico del Consejo General,
titulada "Temas horizontales y sectoriales que requieren mayor análisis " (WT/GC/W/434).  Los
miembros del MERCOSUR trataron de proponer un método de trabajo basado en la distinción entre
temas sectoriales propios de los órganos subsidiarios y temas que cabe calificar de horizontales.  Porlo que respecta a la propiedad intelectual, determinaron, basándose en los documentos presentados a
este Consejo, dos cuestiones actuales:  una es la cuestión del denominado concepto de la neutralidad
tecnológica del Acuerdo, y la otra el seguimiento de la labor de la OMPI sobre la relación entre el
comercio electrónico y la propiedad intelectual.  Así se han determinado esas dos cuestiones en el
informe del Consejo de los ADPIC al Consejo Gene ral (documento IP/C/18).  Se han determinado
esas cuestiones sin prejuzgar las opiniones de lo s miembros del MERCOSUR al respecto, pero con
objeto de poner cierto orden y método en el programa de trabajo.  Posteriormente, el 8 de marzo
de 2001, determinaron cuestiones horizontales también otros Miembros en el Consejo General, y el
15 de junio de 2001 tuvo lugar un debate específico sobre el comercio electrónico y las cuestiones
                                                     
9 Documento A/36/8 de la OMPI.IP/C/M/32
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horizontales, bajo los auspicios del Consejo General.  Están siendo objeto de análisis ahora en el
Consejo General varias cuestiones horizontales, entre las que figuran, por ejemplo, las de la
clasificación y la neutralidad tecnológica.  Manifiesta que, sin perjuicio de que este Consejo siga
analizando esas cuestiones, deben ser éstas analizadas también en el Consejo General como
cuestiones horizontales, es decir, que son pertinentes también a otros acuerdos que se analizan enotros órganos subsidiarios.  En cuanto a la propuesta de Suiza, entiende que todo documento del
género del propuesto que elabore la Secretaría será de carácter fáctico, pero, como quiera que sea, otra
delegación ha indicado ya que desea reflexionar acerca de esa propuesta.  En cuanto a las
observaciones del Japón acerca de la jurisdicción y el derecho aplicables, cree que ni hay duda de que
se trata de un tema importante que interesaría analizar.  El Consejo General lo ha examinado también
en su reunión del 15 de junio de 2000.  El tema es interesante, pero se sale del ámbito de la OMC.
Como el Japón ha señalado, está siendo examinado en la Conferencia de la Haya sobre DerechoInternacional Privado y en otros foros internacionales.  Sin perjuicio de todo ello, puede ser
interesante debatir y analizar esa cuestión.  Sin prejuzgar los resultados del análisis por el Consejo de
los ADPIC de este punto del orden día que se refiere concretamente a la propiedad intelectual, está en
curso un proceso en el que se han determinado cuestiones horizontales que son pertinentes también a
la propiedad intelectual y que el Consejo de los ADPIC no debe perder de vista.  En el debateespecífico del Consejo General se ha decidido que la Secretaría redactaría un informe sobre esos
debates de cuestiones horizontales, y su delegación espera con interés ese informe.  Cree que es
importante también que el Consejo General decida cómo han de proseguir sus labores a nivel
horizontal, dado que algunas de esas cuestiones son pertinentes también a la propiedad intelectual.
169. El Consejo toma nota de todo lo manifestado y acuerda
 volver a ocuparse de esta cuestión en
su próxima reunión
N. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS
170. Las declaraciones formuladas con respecto a este punto del orden del día han sido distribuidas
en documento aparte con la signatura IP/C/M/31, de conformidad con lo acordado por el Consejo.
O. INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS REGISTRADOS EN OTROS FOROS DE
LA OMC
i) Adhesiones
171. El Presidente pone en conocimiento del Cons ejo que Lituania ha pasado a ser Miembro de
la OMC en 31 de mayo de 2001, con lo cual se eleva a 141 el número de Miembros de la OMC.
Lituania se ha comprometido a aplicar en todo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC a la
fecha de su adhesión a la OMC, sin valerse de un período de transición.  Con arreglo al procedimientode examen de la legislación nacional de aplica ción del Acuerdo sobre los ADPIC que el Consejo ha
venido siguiendo hasta la fecha con respecto a los Miembros cuya adhesión es reciente, propone que
se haga constar a Lituania en la lista de Miembros cuya legislación nacional de aplicación ha de ser
examinada, según lo previsto, en noviembre de 2001.
172. El Consejo así lo acuerda.
ii) Solución de diferencias
173. El Presidente informa al Consejo de que lo s Estados Unidos, Dinamarca y las Comunidades
Europeas, en una comunicación conjunta de fecha 7 de junio de 2001, han presentado una solución
alcanzada de mutuo acuerdo por lo que respecta al procedimiento de solución de diferencias entabladopor los Estados Unidos el 14 de mayo de 1997 en relación con la obligación de las Comunidades
Europeas y Dinamarca de permitir la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces sin haberIP/C/M/32
Página 65
oído a la otra parte en los procedimientos civiles relacionados con los derechos de propiedad
intelectual (IP/D/9).  Esa solución de mutuo acu erdo consta en el documento distribuido con la
signatura IP/D/9/Add.1.
P. CONCESIÓN DE LA CONDICIÓN DE OBSERVADOR A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
INTERGUBERNAMENTALES
174. El Presidente informa al Consejo de que se ha recibido una solicitud concreta del ONUSIDA
para que sea admitido en calidad de observador a la presente reunión, solamente por lo que respecta al
debate del punto N del orden del día.  Propone que el Consejo acuerde acceder a esa solicitud.
175. El Consejo así lo acuerda.
176. El Presidente recuerda que el Consejo tiene pendientes de decisión 15 solicitudes de
concesión de observador presentadas por organizaciones intergubernamentales.  En el documento
IP/C/W/52/Rev.9 figura una lista actualizada de esas solicitudes pendientes.  Recuerda que supredecesor en la presidencia había sugerido al Consejo un modo de proceder a este respecto.  Consiste
en que el Consejo podría pensar, como primer paso, en aceptar las solicitudes presentadas por:  i) las
organizaciones multilaterales que tengan ya la c ondición de observador en otros órganos de la OMC,
como ocurre, por ejemplo, con el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI);  la
secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB);  y el Programa de las Naciones Unidaspara el Medio Ambiente (PNUMA);  y ii) las organizaciones que tienen oficinas regionales de
propiedad industrial, como, por ejemplo, la Or ganización Regional Africana de la Propiedad
Industrial (ARIPO) y el Consejo de  Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (GCC).  Le parece
de especial importancia responder a las solicitude s de estas dos organizaciones (la ARIPO y el GCC),
habida cuenta de que están directamente relacionadas con la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.Recuerda también que en el debate específico del Consejo General el 18 de octubre de 2000 se instó
al Consejo, entre otras cosas, a que examinase favorablemente la concesión de la condición de
observador a la secretaría del CDB con carácter ad hoc en tanto que no llegasen a término los debates
en el Consejo General acerca de la concesión de  la condición de observador a las organizaciones
intergubernamentales, pero el Consejo de los ADPIC no ha logrado llegar a un consenso a eserespecto.
177. El representante de los Estados Unidos hace saber al Consejo que la posición de su delegación
con respecto a este asunto no ha variado desde el anterior debate que el Consejo ha mantenido sobre
este punto del orden del día.  Su delegación espera con interés que el Consejo General complete sus
tareas sobre esta cuestión y pueda dar orientación al Consejo de los ADPIC acerca de la aprobación de
solicitudes de la condición de observador ad hoc .
178. El representante del Brasil apoya la propuesta de que se conceda la condición de observador a
las organizaciones intergubernamentales que tienen ya esa condición en otros órganos de la OMC.
Dice que le parece muy lamentable la situación reinante en cuanto a las solicitudes de la condición de
observador.  No es nada positivo para la OMC denegar la condición de observador a algunas
organizaciones que son de interés crítico para sus debates.  En esta reunión, el Consejo ha sostenido
un debate positivo sobre cuestiones de salud pública, pero no ha podido hacer lo mismo sobre lassolicitudes de las condición de observador, que son una cuestión sencilla.  No es un problema
complicado permitir que asistan a las reuniones del Consejo representantes de otras organizaciones.
No se debe politizar esta cuestión.  Si preocupa a los Miembros la opinión pública y la imagen
positiva de la OMC, deben llegar a una conclusión sobre este asunto a la mayor brevedad posible y
conceder la condición de observador a otras organizaciones intergubernamentales, y en especial a lasecretaría del CDB.IP/C/M/32
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179. El representante de las Comunidades Europeas reitera la posición de su delegación en el
sentido de que vería con agrado que se concediese la condición de observador a la ARIPO, a la
secretaría del CDB, al IPGRI y a la OIV.
180. El Presidente concluye que no existe consenso en cuanto a su sugerencia.
181. El Consejo toma nota de todo lo manifestado y acuerda volver a ocuparse de este asunto en su
próxima reunión.
Q. OTROS ASUNTOS
182. No se plantean otros asuntos.
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