RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/CAN/1
28 de julio de 1998
(98-2983)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE OBSERVANCIA
CANADÁ1
El presente documento reproduce la declaración introductoria realizada por la delegación del
Canadá, las preguntas que se le formularon y las respuestas ofrecidas en el examen de la legislación
sobre observancia, durante la reunión del Consejo celebrada del 17 al 21 de noviembre de 1997.2
_______________
I. INTRODUCCIÓN
Señora Presidenta, nos ha pedido usted que hagamos tres cosas:  en primer lugar que
declaremos qué cambios, si los hubiere, se han realizado en nuestra legislación o en otras medidas deobservancia, como consecuencia del Acuerdo sobre los ADPIC;  en segundo lugar, que ofrezcamos un
panorama de nuestro sistema de observancia;  y, en tercer lugar, que demos lectura a una muestra
representativa de las respuestas a las preguntas formuladas.
Respecto del primer punto, antes de la conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC, el Canadá
había finalizado recientemente una actualización de su legislación sobre propiedad intelectual.  En lo
que atañe a las medidas sobre observancia, esas modificaciones fueron bastante limitadas y nomodificaron en forma sustantiva ninguna de nuestras leyes en materia de propiedad intelectual.  No
fue necesario realizar nuevos cambios para poner en práctica las obligaciones relativas a la
observancia que surgen del Acuerdo sobre los ADPIC.
Respecto del segundo punto, nuestro sistema de propiedad intelectual gira alrededor de un eje
principal, que consiste en que los derechos de propiedad intelectual son derechos de acción privada,
que cada parte administra iniciando una acción judicial, por oposición a los derechos de acción
pública, cuya observancia se cumple mediante una  acción del Estado.  Este principio fundamental
tiene varias consecuencias, tales como el hecho de que la observancia de los derechos de propiedad
intelectual no compete de oficio a los funcionarios  gubernamentales, ni siquiera a nuestros tribunales
administrativos principales -la Junta de Derecho de Autor, la Junta de Oposición en materia de
Marcas, y la Junta de Apelaciones en materia de Patentes.
Otra consecuencia consiste en que las medidas en frontera no son impuestas por las acciones
de las autoridades aduaneras del Canadá, por cuenta propia.  Antes bien, se imponen únicamente
                                                     
1 Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes al ámbito en examen, y notificados por el
Canadá en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acue rdo, se remite a los documentos IP/N/1/CAN/1/Add.1 e
IP/N/6/CAN/1.
2 El acta de esta reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/16.IP/Q4/CAN/1
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como consecuencia de un mandamiento judicial, de conformidad con los procedimientos establecidos
en el párrafo 1 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, o en el párrafo 1 del
artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor.
En la mayoría de los casos, entiende en esos derechos de acción privada la Corte Federal del
Canadá, cuya jurisdicción es compartida con la de los tribunales superiores de las provincias en todas
las esferas de la propiedad intelectual, excepto los secretos comerciales.  Ello se debe a que las
decisiones de la Corte Federal son obligatorias en todo el territorio del Canadá, mientras que las de los
tribunales superiores son obligatorias únicamente en sus provincias respectivas.
Señora Presidenta, espero que el eje principal que acabo de describir ayude a comprender la
trama de nuestras respuestas, de las cuales se leerá a continuación una selección y, que, esperamos,resultarán de interés para las delegaciones que nos formulan las preguntas.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
1. ¿Permiten las disposiciones canadienses sobre protección interlocutoria (provisional) que
el titular de una patente, una marca de fábr ica o de comercio o unos derechos de autor pueda
adoptar "medidas eficaces" para defender y pr oteger sus intereses a corto plazo (artículo 41,
párrafo 1, y artículo 50 del Acuerdo sobre los ADP IC)?  ¿No es exacto afirmar que las normas
actuales escritas y/o consuet udinarias para obtener protección provisional, tal como las
interpretan los tribunales canadienses competentes, hacen sumamente difícil que los titulares depatentes, en particular, obtengan medidas provis ionales para proteger sus intereses?  Si esto es
así, ¿cómo cumple la actual legislación canadi ense la obligación de facilitar recursos que sean
"ágiles" y que disuadan de nuevas infracciones?
Los tribunales superiores de las provincias, así como la Corte Federal, tienen competencia para
dictar las medidas provisionales eficaces previstas en el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 50 del
Acuerdo sobre los ADPIC.  En el interés de la justicia, esas medidas son excepcionales y exigen que se
pruebe un perjuicio irreparable a los efectos de de cidir, en una etapa provisional o interlocutoria,
cuestiones que, normalmente, no se resolverían hasta la sentencia.
[Pregunta complementaria de las CE]
Sírvanse especificar el fundamento jurídico de la competencia de los tribunales superiores
de las provincias, así como de la Corte Federal,  para dictar las medidas provisionales eficaces
previstas en el párrafo 1 del artículo 41 y en  el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En el Canadá, los mandamientos judiciales por la infracción de derechos de propiedad
intelectual, dictados ex parte , ya sea con carácter provisional, interlocutorio o en situaciones que exigen
intervención inmediata, caen dentro de la jurisdicción inherente, fundada en la equidad, de los tribunales
superiores de las provincias y, por extensión, de la Corte Federal.  Esos son los tribunales que, de
conformidad con las distintas normas de propiedad  intelectual, tienen competencia en materia de
acciones por la infracción de derechos de propiedad intelectual (párrafo 1 del artículo 5 de la Ley dePatentes;  párrafo 2 del artículo 42 de la Ley de Derechos de los Fitogenetistas;  párrafo 2 del artículo 53
de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio;  artículo 37 de la Ley de Derecho de Autor;  párrafos 1
y 2 del artículo 15 de la Ley de Dibujos y Modelos I ndustriales;  y artículo 9 de la Ley de Topografías
de los Circuitos Integrados.  No existe una norma que rija los secretos comerciales).
Desde hace tiempo se ha reconocido que esos tr ibunales siguen ejerciendo los poderes que se
ejercían en la época de la confederación, es decir,  toda la competencia, el poder y la autoridad que
ejercían históricamente los tribunales del  common law y del derecho de equidad en virtud del derechoIP/Q4/CAN/1
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de Inglaterra y de cada provincia canadiense (Ley de los Tribunales de Justicia, Leyes Revisadas de
Ontario, R.S.O. 1990, cap. C 43, artículo 11).  En su  carácter de tribunales superiores de jurisdicción
general, cuentan con los poderes necesarios para hacer justicia entre las partes.  Salvo que se disponga
específicamente lo contrario, la jurisdicción del tribunal es ilimitada y no tiene restricciones en el
derecho sustantivo, en materia civil ( Giffen v. Simonton  (1920), 47 O.L.R. 2d) 92 (H.C.)).  Esa
jurisdicción supone el poder de dictar el recurso adecu ado, si tal recurso no existe, e incluye la facultad
de conceder una reparación con carác ter interlocutorio, si corresponde ( R. v. Consolidated Fastfrate
Transport Inc.  (1995), 22 O.R. (3d) 1 72 (Ont. Crt.(Gen. Div.)).
En sentido estricto, la Corte Federal no es un tribunal superior, como lo son los tribunales
superiores provinciales, y su jurisdicción se limita a la “mejor administración de las Leyes del Canadá”,
de conformidad con el artículo 101 de la Ley de  Constitución de 1867.  Sin embargo, la Corte Federal
goza de una jurisdicción inherente, fundada en la equidad, similar a la de los tribunales superiores
provinciales, en lo que respecta a la interpretación y aplicación de las leyes federales, incluyendo las
normas sobre propiedad intelectual ( Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd.,  (1988)
2 F.C. 305, en 314 y siguientes (Fed. C.A.)).
2. ¿Ofrecen las disposiciones canadienses de "j uicio sumario" una op ortunidad realista para
obtener un recurso ágil contra las infracciones de d erechos de propiedad intelectual, en particular
los derechos de patente?  Sírvanse explicar (a rtículo 41, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC).
Las disposiciones de juicio sumario se aplican  únicamente si, como consecuencia de los hechos
admitidos o la información contenida en los documento s presentados ante al tribunal, no hay elementos
controvertidos en la acción y, por lo tanto, el derec ho de la parte al juicio procede como una cuestión de
derecho.
3. Cuando la ley no reconoce un derecho de apel ación contra una decisión administrativa
relativa a patentes, marcas de fábrica o de comerci o o derechos de autor (como en el caso del
Copyright Board), ¿ha incumplido el Canadá su obligación de permitir la revisión de una decisión
administrativa por una autoridad judicial?  ¿Sostiene el Canadá que cumple lo dispuesto en el
párrafo 4 del artículo 41 puesto que es posible una "revisión judicial", independientemente de los
límites impuestos a esa revisión por las leyes o la jurisprudencia?
El Canadá cumple con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre
los ADPIC.  En el artículo 18, en el párrafo 1 del mismo artículo y en el artículo 28 de la Ley de la
Corte Federal, se prevé la revisión judicial de las decisiones de la Junta de Derecho de Autor
(Copyright Board)  y de otros tribunales federales, por la vía de denuncia.  Sin embargo, dichos
cuerpos no hacen cumplir los derechos de propiedad intelectual.  Ello compete a los tribunales.
4. ¿Qué procedimiento siguen la Corte Federal del Canadá y los tribunales superiores de
provincias para identificar y proteger la info rmación confidencial?  ¿Hay un procedimiento
similar para las autoridades administrativas cana dienses?  ¿Hay reglas prácticas o de algún tipo
que determinen ese procedimiento (art ículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC)?
El artículo 452 del Reglamento de la Corte Federal exige que una parte permita el acceso a
todos los documentos indicados en su declaración jurada de documentos.  El tribunal puede dictar una
providencia precautoria si una parte establece, por ejemplo, que su interés legítimo en no perder su
ventaja competitiva supera el interés antagónico de la otra parte en obtener información pertinente al
litigio.  Sin embargo, las providencias precautorias se dictan sólo en circunstancias excepcionales.Otros tribunales siguen normas similares.  (En el Canadá, los tribunales administrativos no hacen
cumplir los derechos de propiedad intelectual.)IP/Q4/CAN/1
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[Pregunta complementaria de las CE]
Sírvanse describir los motivos que se considerarían como “circunstancias excepcionales”
para las que podrían dictarse providencias precautorias, y dar algunos ejemplos.
En algunas provincias, los tribunales han reconocido la existencia de un compromiso
implícito, asumido por la parte que recibe la información facilitada en la etapa de indagación, de no
valerse de esa información en una causa penal iniciada ulteriormente.  Este compromiso implícito
deriva del derecho general a no incriminarse a sí mismo.  Por lo tanto, a veces, no es necesario que el
tribunal dicte una providencia precautoria.  Sin embargo, en los casos en que se dictan providencias
precautorias, su objetivo sería el de abarcar toda información muy delicada, cuya divulgación podría
perjudicar la situación de competitividad o la reputación de la parte que la facilita.  Así pues, en unademanda por infracción de una patente se ordenó que únicamente el asesor jurídico nombrado para la
causa y los representantes designados de la parte receptora, que intervienen directamente en el litigio,
podrían tener acceso a los elementos presentados en la etapa de indagación, y que esos elementos
podrían utilizarse sólo a los efectos del litigio ( Procter & Gamble v. Kimberly-Clark  (1989), 25
C.P.R. 3d) 12).
5. ¿Están los tribunales canadienses facultados por la ley para impedir la entrada en los
circuitos comerciales de mercancías que infrinjan d erechos de patente, es decir, contiene la Patent
Act disposiciones equivalentes a la sección 53 de  la Trade-marks Act o a la sección 44 de la
Copyright Act, o el titular del derecho tiene que  depender del arbitrio general del tribunal para
que dicte un mandamiento de prot ección en virtud de la sección 57 de la Patent Act o de la
sección 18 de la Federal Court Act?  En este último caso, ¿pueden los tribunales canadienses
detener efectivamente mercancías en la frontera  con arreglo a la prueba actual de protección
provisional (artículo 44, párrafo 1,  del Acuerdo sobre los ADPIC)?
La aduana retiene las mercancías en la frontera por orden de los tribunales únicamente con
arreglo a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la Ley de Derecho de Autor.  Si bien en virtud
de la Ley de Topografías de los Circuitos Integrados (artículo 14) se dispone la retención de las
importaciones de mercancías infractoras, de momento esa disposición no ha dado origen a ninguna
acción emprendida por los funcionarios de aduanas.
El artículo 57 de la Ley de Patentes, además de la autoridad inherente, fundada en la equidad
de los tribunales superiores, facultaría a dichos tribunales, si correspondiera, para ordenar que no se
importaran al Canadá las mercancías infractoras.
[Pregunta complementaria de las CE]
Sírvanse explicar en detalle qué disposiciones asignan a los tribunales canadienses una
autoridad reglamentaria específica para impedir el ingreso en los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras de los derechos de patente.  ¿En qué circunstancias se consideraría
“adecuado” que los tribunales ordenaran que dichas mercancías infractoras no se importaran
al Canadá?
En la Ley de Patentes no figura una disposición expresa que reconozca al titular de una
patente el derecho a impedir que terceros importen una invención patentada.  Sin embargo, el
artículo 42 de la Ley reconoce “el derecho, el privilegio y la libertad exclusivos de realizar, construir
y utilizar la invención y de venderla a terceros para su utilización”.  En la interpretación de lostribunales, estos derechos abarcan la importación de un producto patentado, es decir que la
importación para fines que infrinjan esos derechos constituiría también una infracción.  La
jurisdicción inherente, fundada en la equidad, de los tribunales superiores y de la Corte FederalIP/Q4/CAN/1
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incluiría la facultad de dictar un mandamiento judicial para impedir el despacho de ese producto
importado en los circuitos comerciales del Canadá.
6. ¿Qué disposición legal o norma de jurisprudencia asegura que los tribunales canadienses
no dispondrán el despacho de las mercancías po r simple retirada de la marca de fábrica o de
comercio apuesta ilícitamente (salvo en casos excepcionales) (artículo 46 del Acuerdo sobre
los ADPIC)?
El párrafo 2 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio dispone que el
“tribunal podrá dictar toda orden que considere adecuada según las circunstancias, incluida una orden
que disponga … la destrucción … u otro tipo de eliminación de las mercancías, los embalajes, las
etiquetas y el material publicitario que contravengan a la presente Ley …”.
[Pregunta complementaria de las CE]
Por lo tanto, en virtud del párrafo 2 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio, ¿ordenarán los tribunales el despacho de las mercancías por la simple retirada de lamarca apuesta ilícitamente sólo en casos excepcionales?
Sí.
De no ser así, ¿en qué forma se da cumplimiento al requisito del artículo 46 del Acuerdo
sobre los ADPIC?
No es pertinente.
7. ¿En qué circunstancias estarían las autoridades judiciales canadienses facultadas para
ordenar al infractor de los derechos de propieda d intelectual que informe al titular del derecho
sobre la identidad de los terceros que hayan partic ipado en la producción y distribución de los
bienes o servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución (artículo 47 del Acuerdo sobre
los ADPIC)?
Al entender en los litigios por infracción de los derechos de propiedad intelectual, la Corte
Federal y los tribunales superiores de las provincias gozan de su facultad inherente para dictar lasórdenes que sean necesarias para administrar justicia.  (Cabe observar que el artículo 47 del Acuerdo
sobre los ADPIC es de carácte r facultativo y no obligatorio.)
[Pregunta complementaria de las CE]
¿Podría el Gobierno del Canadá especificar qué disposiciones facultan a la Corte
Federal y a los tribunales superiores de las provincias a dictar esas órdenes?
Véase la respuesta a la pregunta complementaria a la pregunta 1.
8. ¿En virtud de qué disposiciones legales son responsables "las autoridades y los
funcionarios públicos" como los miembros del Copyright Board, el Trademark Opposition Board
o el Patented Medicine Prices Review Board por las acciones, salvo las realizadas de buena fe,
para la administración de las leyes de propiedad intelectual?  ¿Interpreta el Canadá el párrafo 1
del artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de imponer una responsabilidad a lasautoridades judiciales como "autoridades públicas"?  En este caso, ¿cuál es la responsabilidad de
los jueces por acciones realizadas de mala fe  (artículo 48, párrafo 2, del Acuerdo sobre
los ADPIC)?IP/Q4/CAN/1
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El Copyright Board, el Trademark Opposition Bo ard y el Patented Medicine Prices Review
Board no intervienen en la observancia de los derechos de propiedad intelectual.  De ello se ocupan
los tribunales.
9. Dado que el Copyright Board del Canadá puede ordenar un resarcimiento civil (como el
pago de una compensación por infracción del d erecho de autor), ¿están la ley constitutiva del
Copyright Board, su reglamento y sus normas de procedimiento en consonancia con la obligación
del Canadá de asegurar que las autoridades administrativas tienen las siguientes facultades?
a) identificar y proteger información conf idencial (artículo 49 en conjunción con
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC);
b) ordenar a una parte que aporte pruebas pertinentes (artículo 49 en conjunción
con artículo 43, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);
c) ordenar al infractor que pague un resa rcimiento "adecuado para compensar el
daño" que ha sufrido el titular del derecho (artículo 49 en conjunción conartículo 45, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);
d) ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho (artículo 49 en
conjunción con artículo 45, párrafo 2, del Acuerdo sobre los ADPIC);
e) dictar mandamientos judiciales (artículo 49 en conjunción con artículo 44 del
Acuerdo sobre los ADPIC).
La Junta de Derecho de Autor (Copyright Board) no puede ordenar un resarcimiento civil.
Antes bien, establece aranceles.  Una vez establecido un arancel, el titular de un derecho puederecurrir a los tribunales, por la vía judicial, para hacer valer sus derechos.  Así pues, no sería de
aplicación el artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Por la vía de denuncia, la Junta:
a) está facultada para proteger la información confidencial, en el ejercicio de los poderes
generales de un tribunal administrativo;
b) está facultada para ordenar a una parte que presente las pruebas pertinentes, en el
ejercicio de los poderes generales de un tribunal administrativo;
c) no puede imponer daños y perjuicios;d) no puede imponer costas; ye) no puede dictar mandamientos judiciales.Los tribunales estarían facultados para conceder las reparaciones indicadas en c), d) y e)
10. Dadas las normas vigentes sobre protección interlocutoria (provisional) en el derecho
canadiense, ¿están facultadas las autoridades judiciales canadienses para ordenar medidas
provisionales eficaces, en particular en materia de patentes?  ¿En qué medida deben los tribunales
canadienses revocar las medidas provisionales si el procedimiento por denuncia de infracción nose inicia prontamente (artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)?
La Corte Federal y los tribunales superiores de las provincias gozan de autoridad propia,
fundada en la equidad, para dictar las medidas provisionales o interlocutorias que sean necesarias para
administrar justicia, en las causas relativas a patentes y otros derechos de propiedad intelectual.IP/Q4/CAN/1
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Dichas medidas podrán incluir mandamientos quia timet  y órdenes Anton Piller.  De producirse una
demora en las etapas de una acción por infracción, la doctrina de laches , en el sistema de equidad,
permitiría que los tribunales revocaran esas medidas, a instancias del solicitante.
[Pregunta complementaria de las CE]
Sírvanse especificar qué disposiciones facultan a la Corte Federal y a los tribunales
superiores de las provincias a dictar dichas medidas provisionales o interlocutorias.
Véase la respuesta a la pregunta complementaria a la pregunta 1.
11. ¿Están las disposiciones sobre medidas en fr ontera de la Trade-marks Act canadiense en
consonancia con el artículo 51 del Acuerdo so bre los ADPIC por cuanto  limitan el derecho a
solicitar una medida en frontera a las personas que tengan interés en una marca de fábrica o de
comercio registrada?  Sírvanse explicar.
Cabe observar que el párrafo a) de la nota 14 del Acuerdo sobre los ADPIC aclara que
“mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” se refiere a la infracción de una marca de
fábrica o de comercio registrada.
12. ¿Discrepan las disposiciones sobre medidas en  frontera de la Copyright Act canadiense
del artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC por cuanto limitan el derecho a solicitar una medida
en frontera a los titulares o concesionarios exclus ivos del derecho de autor?  Sírvanse explicar.
En el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, se considera que los “titulares de derechos”
gozan del dominio (en lo que atañe al derecho de autor, gozan del dominio también los autores de las
obras en cuestión).  De hecho, al incluir los licenciatarios exclusivos, la legislación del Canadácumple con creces con las obligaciones que derivan del artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.
13. En el contexto de las medidas en frontera con respecto a mercancías de marca de fábrica o
de comercio falsificadas, ¿cómo protege la ley ca nadiense el derecho de un importador a ser oído
"en un plazo razonable" (sobre si la suspensión  ha de ser modificada, revocada o confirmada)
(artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC)?
En virtud del apartado 6) del párrafo 1 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio, las autoridades aduaneras canadienses deberán despachar las mercancías importadas en un
plazo de dos semanas a partir de su suspensión, a menos que se entregue al Ministro de la Renta
Nacional la notificación de que se ha entablado una acción para que un tribunal emita una decisión
final sobre la licitud de la importación.  Tras haber entablado esa acción, en el contexto del proceso, el
importador tendría derecho a ser oído, en su calidad de parte interesada.  Además, tras la notificación
de la retención y aun antes de que se entable la acción, el importador podrá tener derecho a una
audiencia judicial, en las circunstancias adecuadas.
14. Respecto de los casos de infracción de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno del
Canadá a facilitar datos sobre el número de:
- procedimientos incoados, con sus resul tados respectivos y duración media del
procedimiento desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia final;
- mandamientos judiciales dictados (tal como  los define el artículo 44 del Acuerdo
sobre los ADPIC), con explicación de cómo se ejecutan tales mandamientos;IP/Q4/CAN/1
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- medidas provisionales (como las defi ne el artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC) que se han concedido y plazo medio para la obtención de las mismas
(desde la solicitud);
- suspensiones en la frontera de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o piratas, o en relación co n mercancías que infrinjan otros derechos de
propiedad intelectual;
- casos penales, con las sentencias aplicadas;  indicación de si han sido ejecutadas;
sírvanse explicar también qué tipo de infracciones de un derecho de propiedad
intelectual se considerarían delitos;
- decomisos y/o destrucción de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.
Se ruega además al Gobierno del Canadá que  explique y dé ejemplos prácticos de:
- cómo se calcula la compensación del daño por infracción de los derechos de
propiedad intelectual (artículo 45, pá rrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);
- cuáles serían los "gastos del titular de l derecho" que deberían pagarse según el
párrafo 2 del artículo 45, primera parte de la primera frase, del Acuerdo sobrelos ADPIC, y cómo se calcularían;
- si son reembolsables los honorarios de lo s abogados y cómo se calcularían tales
honorarios;
- si se ha aplicado en el Canadá la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían tales "perjuicios".
El artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC no parece exigir la información solicitada en los
primeros seis apartados de la pregunta;  además, esa información no se halla disponible de inmediato.
Tal como se observa en las respuestas del Canadá a la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia
3, los tribunales canadienses imponen daños y perjuicios cuando determinan que un
perjuicio admite reparación pecuniaria, y el objeto de este resarcimiento es el de poner al demandante
en la situación en que se encontraría de no haber ocurrido el perjuicio.  Los daños y perjuicios
generales son los que, si bien son consecuencia directa y natural del acto que causó el perjuicio, no
pueden probarse con precisión.  Por otra parte, los daños y perjuicios especiales, son susceptibles deser probados con facilidad, por ejemplo, los desembolsos en efectivo.  Los daños y perjuicios
punitivos podrán imponerse si el demandado ha actuado en desconocimiento pertinaz de los derechos
del demandante.  Su propósito consiste en disuadir a terceros para que no actúen de manera similar.
El párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes faculta al titular de una patente, y todas las
personas que ejercen sus facultades, a entablar una demanda por los daños y perjuicios que derivan de
la infracción.  El párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y el artículo 9
de la Ley de Topografías de los Circuitos Integrados facultan a solicitar daños y perjuicios, incluidos
el lucro cesante y los daños y perjuicios punitivos (y, en el caso de las topografías, el pago de las
regalías).  Sin embargo, si el demandado tuviera conocimiento de que un dibujo o modelo o unatopografía habían sido registrados, y no tenía motivos razonables para sospecharlo, las reparaciones
                                                     
3 Documento IP/N/6/CAN/1.IP/Q4/CAN/1
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en beneficio del demandante se limitan a un mandamiento judicial (artículo 17 de la Ley de Dibujos y
Modelos Industriales;  artículo 10 de la Ley de Topografías de los Circuitos Integrados).  El párrafo 2
del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio faculta a dictar órdenes destinadas a “el
resarcimiento de los daños y perjuicios y de los beneficios obtenidos”.  El párrafo 1) del artículo 41 de
la Ley de Derechos de los Fitogenetistas dispone que un tribunal podrá dictar una orden para reparar
los daños sufridos por una persona, y el párrafo 2) del artículo 42 faculta al tribunal a fijar las costas.
El artículo 34 de la Ley de Derecho de Autor permite al titular de un derecho de autor entablar una
demanda por daños y perjuicios.  Sin embargo, con arreglo al artículo 39, si el demandado no tenía
conocimiento de la existencia del derecho de autor respecto de la obra, la reparación se limitará a un
mandamiento judicial.  Además, el artículo 35 faculta al titular del derecho de autor a entablar una
demanda por lucro cesante y sólo le exige que demuestre los ingresos o entradas que derivan de la
publicación, la venta u otra forma de utilización de la obra en cuestión.
Los tribunales canadienses imponen las costas como indemnización por los gastos del litigio,
es decir, los honorarios y otros desembolsos.  Por ello, la parte ganadora podrá tener derecho a una
compensación de los gastos derivados de entablar o llevar adelante la acción.  Sin embargo, dicha
imposición queda a discreción del tribunal y nunca es automática (párrafo 2) del artículo 34 de la Leyde Derecho de Autor).  Asimismo, las normas de procedimiento de los tribunales pueden prever
elementos independientes del resultado del proceso.  Por ejemplo, si corresponde, el tribunal podrá
imponer también las costas a la parte actora (a saber, cuando el procedimiento era innecesario o
temerario).  Sin embargo, por lo general, los honorarios de los abogados no constituyen parte de los
daños y perjuicios especiales, ni se incluyen, normalmente, en una orden de imposición de costas.Cuando se imponen, se limitan al baremo de honorarios que figura en las normas de procedimiento
del tribunal que, generalmente, se basa únicamente en los días de asistencia al tribunal.
Por lo que atañe a la segunda frase del párrafo 2 del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC,
en el contexto de la Fase II de sus revisiones principales de la Ley de Derecho de Autor, el 25 de abrilde 1997, el Canadá aprobó el Proyecto de ley C- 32, que contiene una disposición sobre daños y
perjuicios prefijados.  (Obsérvese que este artículo aún no ha entrado en vigor.)
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR HONG KONG, CHINA
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
1. ¿Es correcto decir que los casos de infracción  de la propiedad intelectual terminan a
menudo en la fase previa interlocutoria?  Si es así, ¿cuáles parecen ser las razones?  ¿Es ello
deseable en interés de la justicia?
En virtud de los costos relativos a un litigio, y de otros elementos prácticos, puede ocurrir que
un mandamiento judicial interlocutorio, desde el punto de vista práctico, ponga fin a una acción porinfracción de derechos de propiedad intelectual.
2. ¿Hay en los procedimientos civiles disposiciones para facilitar las pruebas que puedan
crear presunciones legales de subsistencia y titu laridad de la propiedad intelectual dispensando
así al titular de los derechos de la necesidad de comparecer ante  el tribunal y dar testimonio de
estas cuestiones? En caso negativo, ¿por qué no?
Existen varias disposiciones, tales como el párrafo 1 del artículo 55 de la Ley de Patentes y el
párrafo 2) del artículo 53 de la Ley de Derecho de Autor, que prevén únicamente presunciones
refutables.  No producirían el efecto de dispensar al titular de los derechos de comparecer ante eltribunal.IP/Q4/CAN/1
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Procedimientos penales
3. ¿Está algún organismo de defensa de la pr opiedad intelectual facultado legalmente para
confiscar y decomisar las mercancías presuntamen te infractoras, aunque no se haya presentado
una denuncia?  En caso negativo, ¿por qué no?
En el Canadá, la supervisión de los procedimientos penales relativos a la observancia de los
derechos de propiedad intelectual compete a los tribunales.  El párrafo 3) del artículo 42 de la Ley de
Derecho de Autor faculta al tribunal, en el contexto de una causa penal por un delito previsto en el
párrafo 1) del artículo 42, a disponer de los ejemplares o los clisés infractores de la manera que
considere más oportuna, con independencia de que se condene o no al presunto delincuente.  Por lo
que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, tras la condena deldelito en virtud de los artículos 407 a 411 del Código Penal, se decomisará todo elemento que una
persona haya utilizado para cometer dicho delito.
4. ¿Existe un órgano especializado para impo ner por vía penal la observancia de la
propiedad intelectual?  En caso negativo, ¿por qué razones?
No.
5. ¿Hay en los procedimientos penales disposiciones para facilitar las pruebas que puedan
crear presunciones legales de subsistencia y titu laridad de la propiedad intelectual dispensando
así al titular de los derechos de la necesidad de comparecer ante  el tribunal y dar testimonio de
estas cuestiones? En caso negativo, ¿por qué no?
Véase la respuesta a la pregunta 2, más arriba.
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
Con arreglo a la Ley de Derecho de Autor y la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, el
titular del derecho solicitará a los tribunales que dicten una orden a efectos de que los funcionarios de
aduanas retengan las mercancías presuntamente infractoras.  Por lo tanto, en el Canadá, las“autoridades competentes” a los efectos del artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC son los
tribunales.
2. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acu erdo sobre los ADPIC, es j udicial o administrativo.
El "procedimiento conducente a una decisión s obre el fondo de la cu estión" es judicial.
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del Acuerdo
sobre los ADPIC (a la que se hará referencia en adelante como "Demanda"), por el que un titular
de derechos pueda solicitar a las autoridade s competentes que suspendan el despacho de
mercancías que infrinjan derechos de propiedad in telectual, o de las que se sospeche que los
infringen?
Sí, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Topografías de los Circuitos Integrados.IP/Q4/CAN/1
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4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante … si han aceptado la demanda",
conforme a lo estipulado en el artí culo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Por lo general, si el demandante prueba que existe la presunción de que se ha cometido una
infracción, el tribunal emitirá una orden sin demora.  Normalmente, esas demandas se presentan y se
deciden prontamente, es decir, en pocos días.
5. Sírvanse explicar cuál es el plazo de vigencia de las Demandas.
El plazo durante el cual las mercancías que dan retenidas temporalmente tiene por objetivo
permitir al titular del derecho entablar una acción destinada a que se emita una decisión definitivasobre la licitud de la importación y, por lo tanto, generalmente, sería acorde con los plazos
mencionados en la respuesta a la pregunta 4.
6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
Antes de dictar una orden en nombre de un solicitante de protección contra mercancías
presuntamente infractoras de un derecho de autor o de una marca, el tribunal podrá exigir al
demandante que constituya una fianza, cuyo importe fijará el tribunal, para cubrir los impuestos, los
gastos o los daños y perjuicios que recaigan sobre el propietario, importador o consignatario de lasmercancías como consecuencia de la medida.
7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una deci sión sobre el fondo del asunto", estipulado en el artículo 55
del Acuerdo sobre los ADPIC;  y resumir el contenido de esas disposiciones.
Con arreglo al párrafo 1 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y al
párrafo 1 del artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor, se reconoce el derecho a entablar una acción
destinada a obtener una “decisión judicial definitiva sobre la licitud de la importación o la
distribución”.
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las me rcancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Cuando una orden judicial prescribe que ciertas mercancías presuntamente infractoras sean
retenidas por los funcionarios de aduanas, éstos intentarán detectar y retener esas mercancías.  Unavez realizada una retención, se notificará al demandante y al importador.  El demandante cuenta con
dos semanas, a partir de la notificación, para notificar a su vez a los funcionarios de aduanas que ha
dado comienzo a un procedimiento destinado a obtener una decisión judicial definitiva sobre esas
cuestiones.  Si los funcionarios de aduanas no han recibido dicha notificación dentro del plazo de dos
semanas (o cualquier plazo que el tribunal pueda fijar), las mercancías se incorporarán nuevamente ala corriente normal de tráfico aduanero.
Cabe observar que, antes de ordenar la suspensión de las mercancías, el tribunal deberá estar
convencido de que se ha cometido la infracción.  Por lo tanto, debe probarse que existe presunción de
que la infracción se ha producido.
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de d erechos cuando omiten susp ender el despacho para
libre circulación de mercancías que infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con laIP/Q4/CAN/1
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suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
En el Canadá, las autoridades aduaneras no actúan por iniciativa propia, sino únicamente por
orden judicial dictada en virtud del párrafo 1 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o deComercio, o el párrafo 1 del artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor.  Si las autoridades aduaneras
adoptan medidas razonables para retener las mercancías, no serán responsables, por lo general, si se
permite inadvertidamente que algunas mercancías ingresen en los circuitos comerciales.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de d erechos cuando examinan mercancías que infringen
derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre circulación, en
relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Tanto la Ley de Derecho de Autor como la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio exigen
que los funcionarios de aduanas, en virtud de una orden judicial, adopten medidas razonables pararetener las mercancías, sobre la base de la información solicitada congruamente por ellos y facilitada
por el demandante.  Los funcionarios de aduanas no toman decisiones sobre la infracción de los
derechos de propiedad intelectual, ello compete a los tribunales.  Al recibir la orden judicial de retener
ciertas mercancías, los funcionarios de aduanas detectarán las mercancías por la descripción, el
origen, el importador, etc.  Señalar que las mercancías son falsificadas o piratas no constituye unadescripción útil a los efectos de la detección de las mercancías en la aduana.  Una vez que los
funcionarios de aduanas están seguros de que las mercancías son el objeto del mandamiento judicial,
no las despacharán sin una orden judicial al respecto (o sin que haya transcurrido el plazo de dos
semanas indicado con anterioridad).
11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los importadores cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 10, más arriba.
12. ¿Se informa al titular de d erechos sobre la identidad de lo s importadores y consignadores
cuando las autoridades competentes "suspende n" las mercancías que infringen derechos de
propiedad intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, así como en el caso en que se
informa al titular de derechos so bre la identidad de los import adores y consignadores según lo
estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
Cuando las autoridades aduaneras retienen las mercancías, de conformidad con una orden
judicial, se notifica al demandante que las mercancías descritas en la orden han sido retenidas.  Si el
nombre del importador o el consignatario figuraba en la orden, esa identidad pasa a formar parte de ladescripción, de no ser así, se considera que la identidad de los importadores o los consignatarios
constituye una información confidencial a los efectos de los procedimientos aduaneros (salvo que el
tribunal ordene la divulgación de los nombres).
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el ar tículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.IP/Q4/CAN/1
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Véase la respuesta a la pregunta 12.  Asimismo, la Ley de Aduanas dispone que, a menos que
exista una orden judicial en ese sentido o que el  Ministro de la Renta Nacional decida que las
circunstancias así lo exigen, no se permite la divulgación de la información recibida a los efectos de
realizar procedimientos aduaneros.
14. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competente s sobre la base de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 8, más arriba.
15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los ar tículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Canadá da cumplimiento al artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Con arreglo al
párrafo 1 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, generalmente las medidas de
suspensión quedan anuladas y sin efecto después de dos semanas, a menos que se haya entablado unaacción para establecer la licitud de la importación y se haya notificado de ello al Ministro de la Renta
Nacional.  Una vez entablada una acción, en el contexto del proceso, el importador, en calidad de
parte interesada, tendría derecho a una audiencia.  Cabe observar que, antes de ordenar la suspensión
de las mercancías, debe demostrarse, a satisfacción del tribunal, que se cometió la infracción.  Por lo
tanto, debe probarse de que existe presunción de qu e la infracción se ha producido.  En virtud del
párrafo 1 del artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor, se aplica un procedimiento similar a las
mercancías que se importan, si existe una pres unción de infracción del derecho de autor.  De
conformidad con el artículo 27 de la Ley de la Corte Federal, una apelación por toda decisión final o
interlocutoria de la Corte Federal será de competencia de la Cámara Federal de Apelaciones.
16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equi valente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al
demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
El apartado 3) del párrafo 1 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio dispone lo
siguiente:
“Antes de dictar una orden en virtud del apartado 1), el tribunal podrá exigir que el
demandante constituya una fianza, cuyo importe fijará el tribunal,
a) para cubrir los gastos generados por impuestos, almacenamiento y manipulación, y
cualquier otro importe que pueda surgir con cargo a las mercancías;  y
b) para responder por cualesquiera daños y perjuicios que puedan sufrir el propietario, el
importador o el consignatario de las mercancías como consecuencia de la orden.”
La redacción del apartado 5) del párrafo 1 del artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor es
similar.
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
La persona que solicita una orden para la retención y la destrucción de las mercancías
infractoras en virtud del párrafo 1 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio
respondería, prima facie , por los gastos relativos a ellas, de conformidad con la fianza que esa personaIP/Q4/CAN/1
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constituyó.  Sin embargo, cuando corresponda, el tribunal también podrá ordenar que el demandado
sufrague esos gastos.
18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales" en
que las autoridades competentes pueden autoriza r la reexportación de mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
No tenemos conocimiento de ninguna causa en que los tribunales hayan examinado esta
cuestión.
19. Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar el
solicitante al presentar una Demanda.
Suponemos que, en esta pregunta, por “Demanda” se entiende la demanda de retención
temporal de las mercancías infractoras, con arreglo al párrafo 1 del artículo 53 de la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio o el párrafo 1 del artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor.  En la CorteFederal, dichas demandas tendrían inicio cuando se presenta al demandado la notificación del escrito
de demanda, si bien, de corresponder, pueden iniciarse sin notificar al demandado.  Generalmente,
dichas demandas se fundamentan mediante la presentación del certificado de registro de la marca o
del título de derecho de autor, así como mediante una declaración jurada en que se compara la marca,
o la obra protegida por derecho de autor, con el producto infractor, si la infracción es evidente.  Sinembargo, si la infracción no es obvia, podrá ser necesaria la declaración de un experto.  Además,
generalmente, se exigiría una prueba de la inminencia de la importación del producto infractor.
20. El artículo 75 de la Ley de Patentes del Canadá establece que la pena máxima por los
delitos es una multa de 200 dólares, una pena de  prisión de tres meses de duración, o ambas
sanciones.  Sírvanse explicar si estas sanciones penales están en conformidad con el artículo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC, que exige disposic iones suficientemente disuasorias que sean
coherentes con el nivel de las sanciones aplic adas por delitos de gravedad correspondiente.
4
Cabe observar que las sanciones penales por infracción de una patente previstas en el
artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC son sólo facultativas y no obligatorias.  En el Canadá, el
elemento principal de disuasión es la imposición de sanciones civiles.
21. Sírvanse explicar si la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Canadá establece los
procedimientos penales.  Sírvanse explicar si esa Ley del Canadá está en conformidad con el
artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Canadá da cumplimiento al artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Las sanciones
penales por delitos relativos a las marcas figuran en el Código Penal.  El artículo 406 dispone lo
siguiente:
“A los efectos de la presente Parte, falsificará una marca toda persona quea) sin el consentimiento del titular de la marca, realice o reproduzca de alguna manera
esa marca o una marca tan similar a ella que pueda considerarse que induce a error;  o
b) de alguna manera falsifique una marca auténtica.”
                                                     
4 Se remite la respuesta del Canadá a la pregunta 24 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia
(documento IP/N/6/CAN/1).IP/Q4/CAN/1
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El artículo 407 establece que:
“Cometerá un delito toda persona que falsifique una marca con la intención de engañar o
defraudar al público o a cualquier persona, determinada o indeterminada.”
Este último artículo tipifica el delito de falsificación de una marca.  Ese delito se comete cuando los
actos descritos en el artículo 406 se ejecutan con la intención de engañar o defraudar a cualquier
persona o al público en general.  En los artículos 407 a 411 figuran otros delitos conexos.  El
artículo 412 dispone que por ese delito podrá entablarse bien una acción mediante acusación formal
ante un jurado, que supondrá una pena máxima de dos años de prisión, bien un procedimiento
sumario.  Salvo decisión judicial en contrario, tras la condena se decomisará todo elemento utilizadopara cometer cualquiera de esos delitos o relacionado con ella.
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA
1. Sírvanse explicar si en el sistema jurídico del Canadá los tratados internacionales que
contienen disposiciones detalladas dirigidas a las autoridades (judiciales) y no al Estado en símismo se consideran de ejecución automática.  De no ser así, en el caso de producirse en su país
una discrepancia entre la legislación/las prácticas en materia de propiedad intelectual y un
acuerdo internacional ¿prevalece  automáticamente este último?  En caso negativo, sírvanse
explicar cuáles medios permiten que su país  cumpla con sus obligaciones internacionales.
Sírvanse indicar los textos o la jurisprudencia pertinentes.
El Canadá sigue la posición tradicional británica en lo que respecta a que sus leyes están
separadas de las obligaciones que derivan de los tratados, y que los tratados no modifican las leyes en
forma automática.  Si para dar cumplimiento a una obligación dimanada de un tratado fuese necesario
modificar las leyes canadienses, esa modificación debería realizarse por la vía legislativa.  Así pues, siexistiera una discrepancia entre la legislación canadiense sobre propiedad intelectual y el Acuerdo
sobre los ADPIC, dicha legislación debe ría ser modificada por el Parlamento.
2. El artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que “… en los casos en que
proceda, el plazo mencionado [de 10 días] podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles”.
¿Prevén las leyes canadienses dicha prórroga del plazo?  En caso afirmativo, sírvanse indicar
las disposiciones pertinentes.  En caso negat ivo, sírvanse explicar en qué forma puede un
demandante valerse de esta posibilidad que brinda el Acuerdo sobre los ADPIC.
No existe referencia expresa a un plazo adicional de 10 días hábiles ni en la Ley de Derecho
de Autor ni en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.  Sin embargo, el apartado 3) del párrafo 1
del artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor y el inciso c) del apartado 1) del párrafo 1 delartículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Co mercio facultan al tribunal a dictar una orden que
“disponga toda otra medida que el tribunal considere adecuada”.  Estas disposiciones, además de la
jurisdicción inherente, fundada en la equidad, a los tribunales superiores provinciales y, en lo que
respecta a la propiedad intelectual, a la Corte Federal, facultarían al tribunal a disponer un plazo
adicional de 10 días hábiles, en los casos en que corresponda.
VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
1. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artí culo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula
que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos de
propiedad intelectual a que se refiere el Acuerd o.  Sírvanse describir la estructura de losIP/Q4/CAN/1
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procedimientos judici ales y administrativos5 del Canadá en que las partes pueden hacer valer sus
derechos de propiedad intelectual a nivel local, prov incial y nacional y explicar, si las hubiere, las
relaciones entre los diversos tipos de tribunales y órganos administrativos.  ¿Cómo se resuelven
las diferencias sobre la in terpretación de las leyes?
Desde el punto de vista judicial, las cuestiones de observancia de los derechos de propiedad
intelectual en materia civil se deciden, en la mayoría de los casos, en la Corte Federal o en los
tribunales superiores de las provincias (que tienen jurisdicción compartida).  En los casos en que los
daños y perjuicios patrimoniales que se solicitan tengan un importe limitado, también  pueden
entablarse las acciones ante los tribunales provinciales (es decir, con jurisdicción sobre las
controversias de cuantía menor) de las provincias.  Las diferencias relativas a la interpretación se
resolverían mediante la aplicación del principio de stare decisis  (atenerse a los precedentes), y la
autoridad máxima en la materia sería la Corte Suprema del Canadá.  (Puesto que los derechos de
propiedad intelectual son derechos de acción privada, su observancia no compete a los tribunales
administrativos.)
2. Sírvanse determinar todo requisito que de ba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento ante los tribunales y ór ganos administrativos a que se hace referencia en
la respuesta a la pregunta 1 que no se exija de un nacional del Canadá, o de un residente en él, y
citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.
No existen requisitos que una parte extranjera deba cumplir además de los que se exigen a un
nacional del Canadá o a un residente en el país, al iniciar los procedimientos.
3. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artí culo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula
el establecimiento de salvaguardias contra el  abuso de los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia, previéndose que  se indemnizará adecuadamente por el daño
sufrido a causa de tal abuso.  Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes del
Canadá a fin de evitar el abuso de los procedimientos judiciales y administrativos y de indemnizar
por los daños sufridos como resultado de tal abuso y citar las disposiciones legales relativas a
dichos medios.
En virtud del Reglamento de la Corte Federal (y los reglamentos similares de los tribunales de
las provincias), existen tres medios comunes para impedir el abuso del proceso judicial por eldemandante:
a) la terminación del proceso judicial;b) la fianza, mediante garantía por los daños y perjuicios;  yc) las costas.a) el artículo 419 dispone la supresión de las alegaciones, cuya consecuencia es la de
poner fin a la validez del proceso para la acción de observancia.  Dispone losiguiente:
                                                     
5 Estas preguntas se refieren tanto a la observancia judicial como a la administrativa de los derechos de
propiedad intelectual habida cuenta del artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/CAN/1
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“1) En cualquier etapa de una acción, el tr ibunal podrá ordenar que se suprima, con
o sin posibilidad de rectificación, toda alegación o todo elemento de una
alegación que
a) no revele un fundamento razonable para la acción o la defensa, según el
caso;
b) no sea pertinente o sea redundante;c) sea escandaloso, frívolo o temerario;d) pueda perjudicar, entorpecer o demorar la decisión imparcial respecto de
la acción;
e) constituya una desviación con respecto a una alegación, anterior of) de otra manera constituya un abuso del proceso ante el tribunal,y podrá ordenar que se suspenda o se desestime la acción o que se inscriba la
sentencia en consecuencia.”
Cabe observar que el tribunal suprimirá una alegación sólo en los casos claros y
obvios, por ej., si no revela un fundamento razonable para la acción.  ( Operation
Dismantle Inc. v. The Queen , [1985] 1.S.C.R. 411).  Se considera que una acción es
temeraria si la pretensión no revela suficientemente los hechos en que se funda la
acción, de manera tal que el demandado no pueda responder ni el tribunal regular la
acción.  Un ejemplo de abuso del proceso es una acción surgida de los mismos hechosque dieron origen a una acción entablada cuatro años antes, y que supondría la
repetición de una cantidad significativa de pruebas y argumentos correspondientes a
la causa precedente.
b) El artículo 469 permite dictar mandamientos provisionales e interlocutorios,
incluyendo órdenes Anton Piller.  Generalmente, estos mandamientos se dictan
únicamente si el demandante ofrece una garantía al demandado por los daños yperjuicios y, si el demandante no está en condiciones financieras de hacer efectiva su
garantía por los daños y perjuicios, el tribunal denegará el mandamiento.  Además, el
tribunal está facultado a ordenar que se cubran los intereses sobre los daños y
perjuicios sufridos como consecuencia de un mandamiento judicial interlocutorio.
(Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Can. Ltd. , [1988] 2 F.C. 305
(Fed. C.A.)).
c) Los tribunales canadienses imponen las costas como indemnización por los gastos del
litigio, es decir, los honorarios y otros desembolsos.  Por ello, la parte ganadora podrá
tener derecho a una compensación de los gastos derivados de entablar o defender laacción.  Sin embargo, dicha imposición queda a discreción del tribunal y nunca es
automática.  Las reglas de procedimiento del tribunal indican los elementos que se
deben considerar en la imposición de las costas, por ejemplo, el tribunal podrá
imponer costas a la parte actora, si el procedimiento era innecesario o temerario.  Los
honorarios de los abogados, si se imponen, se limitan al baremo indicado en losreglamentos de los tribunales, basado, por lo general, únicamente en los días de
asistencia al tribunal.  (Véase también la respuesta a la pregunta 13.)IP/Q4/CAN/1
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4. Sírvanse explicar cualesquiera disposicione s del sistema de observancia del Canadá que
garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sír vanse explicar qué disposiciones existen a fin de
evitar las demoras deliberadas en que incurran las partes en un procedimiento e indicar las
circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
El artículo 469 del Reglamento de la Corte Federal dispone lo siguiente:
“1) Cualquiera de las partes podrá solicitar un mandamiento judicial interlocutorio, antes
o después del comienzo de la acción, con independencia de la inclusión de una
solicitud de mandamiento judicial en la pretensión o declaración, la reconvención o
contrademanda de esa parte, o en la notificación a un tercero, según el caso;  y toda
petición de esa índole deberá estar respaldada por una declaración jurada que indiquelos hechos que justifican la necesidad del mandamiento judicial, y se realizará ante el
tribunal y con notificación de la petición a todas las partes interesadas.
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), en caso de urgencia, podrá realizarse
una petición en virtud de ese párrafo sin notificación y, ante tal petición, el tribunalpodrá dictar un mandamiento judicial provisional por un plazo que no supere
los 10 días.
3) El demandante no podrá realizar una petición en virtud del mencionado artículo antes
de iniciarse la acción, excepto en caso de urgencia y, en dicho caso, podrá dictarse elmandamiento judicial con las condiciones que dispongan el inicio de la acción y toda
otra condición conforme a derecho, si la hubiera.
4) A discreción del tribunal podrá denegarse la solicitud de una medida interlocutoria o
provisional, siempre que la parte contra la cual se pide la medida se comprometa acumplir ciertas condiciones.
5) Toda medida interlocutoria o provisional, con independencia de que contenga una
condición expresa en tal sentido, podrá dejarse sin efecto, suspenderse o modificarse
mediante una orden del tribunal (que, en caso de urgencia, podrá ser dictada sin
notificar a la otra parte, en cualquier momento después de que se dicte la orden que
dispone el mandamiento judicial).”
Los reglamentos similares de los tribunales superiores de las provincias también permiten
dictar medidas provisionales e interlocutorias, incluyendo órdenes Anton Piller y mandamientos
judiciales Mareva.  En caso de producirse demoras, los tribunales podrán imponer sanciones a la parte
que las causó.
5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entr e otras cosas, al costo de los procedimientos
judiciales y administra tivos de observancia.  Sírvanse in formar acerca de cualesquiera tasas
cobradas por las autoridades judiciales y admini strativas para iniciar las acciones legales en
materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar lasdisposiciones legales en las que se establecen di chas tasas y suministrar copia de los documentos
utilizados para informar al público acerca de ellas.
Las tasas exigidas para iniciar las acciones previstas por la ley en materia de propiedad
intelectual figuran en el baremo de tasas del Reglamento de la Corte Federal (y en los baremos de losreglamentos de los tribunales de las provincias).  El Reglamento de la Corte constituye legislación
subordinada y, por lo tanto, tiene fuerza de ley en el Canadá (o, en el caso de los reglamentos de los
tribunales provinciales, en las provincias).  Para la Corte Federal, las tasas figuran en el Baremo A,
que dispone lo siguiente:IP/Q4/CAN/1
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“2.1) Las tasas siguientes serán pagaderas al Registro por la parte indicada en el momento
indicado:
a) por la parte que entabla un procedimiento ante la División de Primera
Instancia, en el momento de entablar el procedimiento: … 150 dólares…;
b) por la parte que realiza gestiones para obtener una audiencia por un
procedimiento (que no sea una petición de medida interlocutoria) ante la
División de Primera Instancia, en el momento de inscribir la cuestión en el
calendario de audiencias de una sesión general o de presentar la petición de
que se dicte una orden que fije la fecha y el lugar de la audiencia:… 300 dólares y, en el caso de que dicha audiencia durase más de tres días,
por cada una de las partes que intervienen en la audiencia, desde la conclusión
de la audiencia, un importe equivalente a la mitad de la cuantía indicada
anteriormente por cada día adicional …;
(…)
“3) Una parte pagará las tasas indicadas, al presentar los documentos siguientes:
a) un escrito de apelación de una decisión final o interlocutoria de la División de
Primera Instancia … 50 dólares …
c) un escrito de petición de autorización para apelar o para iniciar una petición
de revisión judicial… 50 dólares …
3.1) Un testigo, excepto el que compareciere para testimoniar en calidad de experto,
tendrá derecho a recibir de la parte que tramitó su comparecencia 20 dólares por día,
además de gastos de traslado y dietas razonables o, si fueren más ventajosas, la tasa o
las dietas otorgadas, en circunstancias similares, por un tribunal superior de provincia
ante el cual compareciere el testigo.”
6. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerd o sobre los ADPIC se requiere que las decisiones
sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar mejor el
razonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal
u órgano administrativo a que se hace referencia en  la pregunta 1, si los jueces o funcionarios
administrativos deben presentar sus decisiones po r escrito y citar las disposiciones legales en que
se requieren esas opiniones escritas.
Todas las decisiones y las órdenes de la Corte Federal, a excepción de las interlocutorias,
deberán dictarse en un documento aparte, firmado por el juez que entiende en la causa (artículo 337.2)
del Reglamento).  Las decisiones y órdenes interlocutorias podrán inscribirse en el escrito de petición
o en otro documento del expediente del tribunal (artículo 337.7)).  Existen reglas similares en lostribunales superiores de las provincias.  Puesto que los derechos de propiedad intelectual son derechos
de acción privada, no compete a los órganos administrativos hacer cumplir su observancia.  (Cabe
observar que la disposición del párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a la
formulación por escrito de los fundamentos de una decisión, es indicativa y no obligatoria.)
7. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de un
caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad
de ser oídas.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal u órgano administrativo a
que se hace referencia en la pregunta 1, qué fact ores pueden ser tenidos en cuenta por un juez oIP/Q4/CAN/1
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un funcionario administrativo al adoptar una d ecisión y citar las disposiciones legales que
establecen la base sobre la cual pueden adop tar sus decisiones los jueces y funcionarios
administrativos.
Es un principio general del derecho que los jueces formularán sus decisiones sobre la base del
derecho y los hechos, tales como figuran en las pruebas de que disponen.  Asimismo, los principios
del derecho imponen que una persona cuyos derechos se ven perjudicados por una decisión judicial
deberá tener derecho a ser oída.  Actuar de otra manera constituiría un error susceptible de revisión.
8. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán obligados
a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judici ales y administrativas
en los procedimientos de observancia de los derechos  de propiedad intelectual.  Sírvanse describir
qué limitaciones jurídicas, si las hubiere, se impo nen a la capacidad de una de las partes en un
procedimiento de observancia de los derechos de  propiedad intelectual para lograr que otra
autoridad judicial proceda a la revisión tanto de las decisiones en materia de procedimiento como
de las decisiones finales, y citar las disposicio nes legales en que se es tipulan dichas revisiones.
Constituye también un principio general del derecho que las decisiones judiciales sean
susceptibles de revisión, mediante apelación, por errores de derecho o de jurisdicción.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
9. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos
judiciales y administrati vos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los procedimientos seguidos en cada tipo de tribunal y órgano
administrativo a que se hace referencia en la p regunta 1 para notificar a las partes demandadas
de los procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información comunicadaacerca del procedimiento y citar las disposicio nes legales por las que se establecen esos
procedimientos.
Por lo que respecta a la mayoría de los derechos de propiedad intelectual, en las causas por
infracción, la Corte Federal tiene jurisdicción compartida con los tribunales superiores de las
provincias (párrafo 2) del artículo 20 de la Ley de la Corte Federal;  párrafo 1 del artículo 54 de la Ley
de Patentes;  párrafo 2 del artículo 15 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales;  artículo 55 de laLey de Marcas de Fábrica o de Comercio;  párrafo 1 del artículo 42, y párrafo 1 del artículo 43 de la
Ley de Derechos de los Fitogenetistas.  Por otra parte, los secretos comerciales se protegen mediante
la aplicación del derecho contractual y de los daños y perjuicios, así como los principios de la equidad
o, en Quebec, mediante los artículos 1472, 1612 y 2088 del Código Civil de Quebec;  por lo tanto, su
observancia podrá hacerse valer únicamente ante los tribunales superiores de las provincias.
En virtud del artículo 400 del Reglamento de la Corte Federal, las acciones ante la Corte
Federal se entablan mediante un escrito de demanda, cuyo objetivo es notificar al demandado los
fundamentos de hecho y de derecho de la causa entablada por el demandante.  De conformidad con el
artículo 304, el escrito de demanda deberá notificarse personalmente al demandado.  En virtud delartículo 469 podrá solicitarse un mandamiento judicial interlocutorio para el embargo provisional de
bienes inmuebles, etc.
10. En el artículo 42 se estipula también que las partes en los procedimientos de observancia
de los derechos de propiedad intelectual podrán  estar representadas por un abogado y no se les
impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales.
Sírvanse describir cualquiera obligación que se imponga a la parte para que comparezca
personalmente en un procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen
dichas obligaciones.IP/Q4/CAN/1
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No hay exigencias en cuanto a la comparecencia personal de las partes.  Podrá comparecer el
abogado en nombre de la parte que representa.
11. Con arreglo al artículo 42, las partes estarán facultadas para sustanciar sus alegaciones y
presentar las pruebas pertinentes.  Sírvanse des cribir cualesquiera limitaciones previstas en las
leyes del Canadá a la capacidad de una de las partes de sustanciar una alegación o de presentar
pruebas pertinentes y citar las disposiciones legales que establecen dichas limitaciones.
Respecto de la prueba, los tribunales aplican las normas de derecho consuetudinario y, en
Quebec, el Código Civil de Quebec y la legislación conexa.  El artículo 40 de la Ley de la Prueba en
el Canadá establece que, en la provincia en que se inicien los procedimientos, las normas sobre la
prueba se aplicarán a todas las acciones sobre las que el Parlamento tenga autoridad legislativa.  Elartículo 53 de la Ley de la Corte Federal reconoce la admisibilidad de la prueba y, además, dispone
una cláusula que exceptúa la prueba que, si bien no sería admisible en virtud de la Ley de la Prueba en
el Canadá, lo sería en virtud de la legislación provincial pertinente sobre la prueba.  Dispone lo
siguiente:
“1) La prueba ofrecida por un testigo podrá, por orden de la Corte y con sujeción a toda
norma u ordenanza que pudiera referirse a la cuestión, recibirse mediante comisión
rogatoria, interrogatorio o declaración jurada.
2) La prueba que de otra manera no sería admisible, lo será, a discreción de la Corte y
con sujeción a toda norma que pudiera referirse a la cuestión, si fuera admisible
respecto de una cuestión similar en el tribunal superior de una provincia, de
conformidad con las leyes en vigor en cualquier provincia, y con independencia de
que no sea admisible en virtud del artículo 40 de la Ley de la Prueba en el Canadá.”
También el Reglamento de la Corte Federal se ocupa de la prueba:  el artículo 332
(declaraciones juradas), el artículo 468 (admisión de hechos y documentos previa al juicio), los
artículos 477 a 479 (la prueba de bene esse ), el artículo 481A (planos, modelos y fotografías), y el
artículo 494 (el procedimiento de producción de la prueba en un juicio).
12. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una  excepción a las disposiciones del párrafo 1 con
referencia a la utilización por el gobierno, o po r terceros autorizados por el gobierno, limitándose
el recurso contra la infracción al pago de una  compensación adecuada de conformidad con lo
dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las limitaciones o recursos de esta
clase que existen en las leyes del Canadá y citar la s disposiciones legales en que se establecen esas
limitaciones.
En virtud del artículo 19 de la Ley de Patentes y del párrafo 2 del artículo 7 de la Ley de
Topografías de los Circuitos Integrados, no podrá sustanciarse una acción contra la utilización por el
gobierno de una invención patentada o de una topog rafía registrada, siempre y cuando esté autorizada
por el Comisionado de Patentes, quien concedería la compensación adecuada.
13. En el párrafo 2 del artículo 45 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos
estarán facultados para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho, que pueden incluir
los honorarios de los abogados.  En el documento IP/N/6/CAN/1, el Canadá indica que los
honorarios de los abogados no suelen incluirse en las costas y que, de ordenarse el pago, para
determinar el monto sólo se toman en cuenta los días de asistencia a los tribunales.   Sírvansedescribir las condiciones en que puede dictarse una orden en tal sentido, y los factores que se
tienen en cuenta al  fijar las costas.IP/Q4/CAN/1
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El artículo 344 del Reglamento de la Corte Federal dispone lo siguiente:
“1) La Corte gozará de pleno poder discrecional en lo que respecta al pago de las costas
de todas las partes que intervienen en cualquier procedimiento, al importe y la
asignación de esas costas y a la determinación de las personas que deberán pagarlas.
(…)3) Al ejercer su poder discrecional, de co nformidad con el párrafo 1), la Corte podrá
tener en cuenta
a) el resultado del procedimiento;b) los importes reclamados y los importes resarcidos;c) la importancia de las cuestiones en litigio;
d) la responsabilidad correspondiente a cada parte; …
f) toda consignación de dinero hecha ante la Corte … y el importe de dicha
consignación;
g) todo ofrecimiento de conciliación, realizado por escrito;
h) todo ofrecimiento de contribución …;i) el volumen de trabajo;j) la complejidad de las cuestiones en litigio;k) la conducta de cualquiera de las partes con miras a abreviar o prolongar
innecesariamente la duración de los procedimientos;
l) la negativa por cualquiera de las partes, a admitir todo hecho que debería
haberse admitido, así como su negligencia en admitirlo o su oposición a ello;
m) si cualquier etapa del procedimiento fue
i) impropia, temeraria o innecesaria, o
ii) realizada en forma negligente, por error o con cautela excesiva;
n) si debería adjudicarse o no más de una porción de las costas a dos o más
partes, si estuvieron representadas en los procedimientos por abogados
distintos o si, aunque hayan sido representadas por el mismo abogado,
separaron su defensa en forma innecesaria;
o) si dos o más partes, representadas por el mismo abogado, iniciaron
procedimientos por separado en forma injustificada;  y
p) toda otra cuestión pertinente a la imposición de las costas.”
14. En el artículo 46 se estipula que los jueces  y los funcionarios administrativos estarán
facultados para ordenar, en ciertas circunsta ncias, otros recursos, en particular que las
mercancías sean apartadas de los circuitos comerc iales, o que sean destruidas, así como que seIP/Q4/CAN/1
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destruyan los materiales e instrumentos que se hayan utilizado pred ominantemente para la
producción de los bienes infractores.  En el documento IP/N/6/CAN/1, el Canadá describe las
disposiciones existentes en relación con los dibujos y modelos industriales, los circuitos integrados,
las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de los fitogenetistas y los derechos de autor.
Sírvanse describir qué otros recursos existen en relación con las patentes y los secretos
comerciales y describir las condici ones en que pueden ejercerse las facultades a que se ha hecho
referencia, así como los factores que se tienen en  cuenta al determinar el carácter de los recursos
disponibles.
Los tribunales superiores de las provincias gozan de jurisdicción inherente, fundada en la
equidad, para dictar las órdenes necesarias para administrar justicia, en lo que respecta a la infracción
de una patente y el incumplimiento de las obligaciones en materia de secretos comerciales.  (La CorteFederal tiene jurisdicción compartida en materia de infracción de las patentes, pero no de secretos
comerciales.)
15. En el artículo 47 se estipula que los Miembr os de la OMC podrán autorizar a los jueces y
a los funcionarios administrativos para que ordenen a los infractores que informen a los titularesde los derechos sobre la identi dad de los terceros que hayan part icipado en la producción y
distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.  En el
documento IP/N/6/CAN/1, el Canadá indica que no existe ninguna disposición específica a este
respecto.  En vista de la amplia  discreción de que disponen los jueces, ¿pueden ordenar que dicha
información se comunique a los titulares de los de rechos a fin de permitir que estos últimos hagan
valer sus derechos?  En caso afirmativo, indique qué factores se tendrían en cuenta para decidir si
se dicta esta orden.
Una orden de esta índole podría dictarse de ser necesaria para administrar justicia.
Dependería de los hechos de cada caso.  (Cabe observar que el requisito del artículo 47 del Acuerdosobre los ADPIC es facultativo y no obligatorio.)
16. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto las
autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas
correctoras adecuadas sólo en el caso de actuac iones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe
para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.  Sírvanse explicar toda exención de las
autoridades y de funcionarios públicos de la res ponsabilidad por abuso en los procedimientos de
observancia, describir las circunstancias en que no  se aplicarían dichas limitaciones, y citar las
disposiciones legales con arreglo a las cuales se conceden esas exenciones.
En el Canadá, las autoridades públicas no disponen de procedimientos de observancia
aplicables de oficio.  Antes bien, por tratarse de derechos de acción privada, los titulares de derechosde propiedad intelectual hacen valer esos derechos por sí mismos, por la vía judicial.
Medidas provisionales
17. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50, se estipula que los Miembros podrán facultar a las
autoridades judiciales y administrativas para que adopten medidas provisionales sin haber oído a
la otra parte.  En el documento IP/N/6/CAN/1, el Canadá indica que estas acciones son posibles en
situaciones de emergencia a fin de poder presentar los materiales de una demanda.  Sírvanse
describir las condiciones que de ben existir para que un tribunal considere que se trata de una
situación de "emergencia".
Una declaración de urgencia dependerá de las circunstancias de cada caso.  Es raro el caso
que suponga una urgencia tal como para dictar un mandamiento judicial sin notificar a la contraparte
(M.C.A. Can. Ltd. v. Robert Simpson Productions  [1971] F.C. 445, 3 C.P.R. (2d) 240 (Fed. Ct. T.D.)).IP/Q4/CAN/1
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18. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula que los Miembros podrán facultar a las
autoridades judiciales y los ór ganos administrativos para que  adopten medidas provisionales
cuando haya probabilidad de que cualquier retraso  cause "daño irreparable" al titular de los
derechos.  En el documento IP/N/6/CAN/1 el Canadá confirma que existe esta facultad.  Sírvansedescribir brevemente qué factores tienen en cu enta las autoridades para determinar si se ha
causado un "daño irreparable" al titular de los d erechos.  De manera semejante, sírvanse explicar
qué factores se tienen presente para de terminar la "evaluación de los intereses".
Un daño irreparable no podrá resarcirse adecuadamente mediante la imposición de daños y
perjuicios, por ejemplo, si cabe dudar seriamente de que el demandado estará en condiciones de pagar
los daños y perjuicios que pudieran imponerse;  si el perjuicio a la actividad comercial causara laruina del demandante y no fuese adecuado dictar una medida de resarcimiento por el enriquecimiento
ilícito de la otra parte;  si el demandado gozaba de un dominio particular en el mercado;  o si los
perjuicios fueran incalculables.
Al determinar la evaluación de los intereses, el tribunal podrá tener en cuenta elementos
adicionales de equidad, tales como los efectos que un mandamiento judicial tendría con respecto a
terceros.  Si la desventaja para el demandante es igual a la desventaja para el demandado, debería
mantenerse el status quo .
19. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula también que los Miembros autorizarán a
las autoridades judiciales y los órganos admini strativos para que adopten medidas provisionales
cuando haya un "riesgo demostrable de destrucció n de pruebas".  Sírvanse describir brevemente
qué factores tienen en cuenta las autoridades co mpetentes para determinar si existe un "riesgo
demostrable de destrucción de pruebas".
En virtud del artículo 469 del Reglamento de la Corte Federal, ésta, en el marco de la
autoridad de que goza sobre un proceso que se lleva a cabo en su ámbito, tiene competencia para
dictar un mandamiento judicial Mareva si existe un riesgo verdadero de sustracción o enajenación de
los activos del demandado, antes de la decisión.  Una orden de esa índole exige la presentación de una
declaración jurada que respalde la conclusión prima facie  de que, de no dictarse ese mandamiento
judicial, las órdenes subsiguientes del tribunal se verían malogradas.
En virtud del artículo 470, el tribunal podrá dictar una orden Anton Piller si el demandante
entabla la acción con pruebas evidentes e incontestables de que, en ausencia de una orden, el perjuicio
potencial sería muy grave y de que los demandados destruirían la prueba;  por ejemplo, ante la
inminencia de que el demandado venda a posibles compradores cierta cantidad de mercancías
infractoras.
20. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas con el fin
de establecer con un grado suficiente de certidumbr e que el demandante es el titular del derecho y
que su derecho es objeto o va a ser objeto inmi nentemente de infracción.  Con respecto a cada
derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los
ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe ap ortar el titular a fin de establecer su carácter
de titular del derecho.
Por lo general, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual se prueba mediante los
certificados de registro, que son admisibles ante el tribunal (artículo 14 de la Ley de Patentes;
artículo 65 de la Ley de Derechos de los Fitogenetistas;  artículo 54 de la Ley de Marcas de Fábrica o
de Comercio;  artículo 53 de la Ley de Derecho de Autor;  artículo 7 de la Ley de dibujos y ModelosIP/Q4/CAN/1
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Industriales;  y artículo 15 de la Ley de Topografías de los Circuitos Integrados).  Dichos certificados
constituyen una prueba refutable de que la información que figura en ellos es fehaciente.
21. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar que  se aporte una fianza o garantía equivalente a
fin de proteger al demandado cuando se solicita que se dicten medidas provisionales.  Sírvanse
describir las facultades de que disponen los ju eces canadienses para exigir que se aporte una
fianza u otra garantía cuando dictan una medida provisional.
La competencia de la Corte Federal (y de los tribunales superiores de cada provincia) para
exigir una fianza por los daños y perjuicios o una garantía equivalente, forma parte de la autoridad del
tribunal sobre el proceso que se lleva a cabo en su ámbito.
22. En el párrafo 4 del artículo 50 se estipula que se notificará a las partes cuando se hayan
adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte.  Sírvanse describir brevemente los
procedimientos seguidos por cada autoridad a fin de notificar a las partes afectadas y señalar el
plazo en que debe efectuarse la notificación.
Sírvanse ver la respuesta a la pregunta 4, en que figura la cita completa del artículo 469 del
Reglamento de la Corte Federal.  El párrafo 2) de ese artículo establece que toda orden dictada sin
notificación de la contraparte caducará en el plazo de  10 días.  Además, en el párrafo 5) se establece
que el tribunal podrá dejar sin efecto, suspender o modificar esas órdenes, en caso de urgencia, aunsin notificar a la contraparte.
Por lo general, la parte para la que se dicta una orden sin notificación de la contraparte deberá
notificar a esta última inmediatamente.  Con arreglo al párrafo 2) del artículo 469 del Reglamento de
la Corte Federal, los mandamientos judiciales dictados sin notificar a la  contraparte tiene una validezde 10 días, únicamente.
23. En el párrafo 4 del artículo 50 se requiere también que, a petición del demandado, se
proceda a una revisión con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse las
medidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente los procedimientos que ha de seguir un
demandado para iniciar los procedimientos de revisión y precisar el plazo en que las autoridades
deben tomar una medida sobre la petición.
En virtud del artículo 330 del Reglamento de la Corte Federal, el tribunal podrá dejar sin
efecto ab initio  una orden dictada por el tribunal sin notificar a la otra parte, si la parte que solicita
dicha orden demuestra la pertinencia de dejarla sin efecto.  Dichos actos se realizan con notificación
de la otra parte y se respaldan mediante la presentación de una declaración jurada.  Además, conarreglo al artículo 27 de la Ley de la Corte Federal, podrá plantearse un recurso de apelación ante la
Corte Federal de Apelación por cualquier decisión interlocutoria de la Corte Federal (División de
Primera Instancia).  Dicho recurso de apelación se plantearía mediante la presentación de un escrito
de apelación dentro de un plazo de 10 días a partir de la decisión de la División de Primera Instancia.
24. En los párrafos 7 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado una
indemnización adecuada por cualquier daño causado por la adopción de las medidas
provisionales cuando dichas me didas hayan sido revocadas o hayan caducado, o cuando se haya
determinado que no hubo infracción o amenaza de infracción.  Sírvanse determinar lasautoridades judiciales y admini strativas, a nivel nacional y lo cal, que están facultadas para
conceder a los demandados una indemnización adecuada por los daños causados por las medidas
provisionales y describir cómo determinan la s autoridades competentes la "indemnización
adecuada".IP/Q4/CAN/1
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Generalmente, las medidas provisionales, tales como los mandamientos judiciales
provisionales o interlocutorios, se ordenan sólo una vez que el demandante haya ofrecido una garantía
al demandado por los daños y perjuicios.  Dichos da ños y perjuicios se evalúan de la misma manera
en que se evalúan otros daños y perjuicios, es decir, mediante la prueba del perjuicio sufrido.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
25. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación a partir del Canadá de
mercancías que se sospecha son causa de infraccion es en materia de derechos de autor y/o marcas
de fábrica o de comercio.
La aduana no aplica medidas en frontera contra la exportación de mercancías que se sospecha
infringen derechos de propiedad intelectual.  Cabe observar que la disposición que figura en la última
frase del artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC es facultativa y no obligatoria.
26. En el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADP IC se estipula que los titulares de derechos
que deseen suspender la importación de mercancías  de marca de fábrica o de comercio falsificada
o mercancías pirata que lesionan el derecho de  autor presentarán pruebas a las autoridades
competentes de que existe presunción de infracci ón de su derecho de una marca de fábrica o de
comercio o de su derecho de autor.  Sírvan se explicar qué pruebas pueden demostrar la
presunción de infracción en el Canadá.
Un certificado de registro de una marca o un título de derecho de autor, junto con una
declaración jurada en que se compara la mercancía presuntamente infractora con esa marca o título de
derecho de autor, si la infracción es evidente por sí misma, constituirían por lo general una presunciónde infracción.  Si la infracción no resulta evidente por sí misma, podrá ser necesaria la prueba pericial.
27. En el artículo 52 se estipula tambié n que el titular de un derecho ofrecerá "una
descripción suficientemente detallada de las mercancías" cuyo despacho debe suspenderse.
Sírvanse explicar lo que se exige del titular de l derecho en el Canadá para que la descripción que
ofrece sea "suficientemente detallada".
Tanto la Ley de Derecho de Autor como la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio exigen
que los funcionarios de aduana, en virtud de una orden judicial, adopten medidas razonables para
retener las mercancías, sobre la base de la información solicitada congruamente por ellos y facilitada
por el demandante.  Los funcionarios de aduanas no toman decisiones sobre la infracción de los
derechos de propiedad intelectual, ello compete a los tribunales.  Al recibir la orden judicial de retenerciertas mercancías, los funcionarios de aduanas detectarán las mercancías por la descripción, el
origen, el importador, etc.  Señalar que las mercancías son falsificadas o piratas no constituye una
descripción útil a los efectos de la detección de las mercancías en la aduana.  Una vez que los
funcionarios de aduanas están seguros de que las mercancías son el objeto del mandamiento judicial,
no las despacharán sin una instrucción judicial al respecto (o sin que haya transcurrido el plazo de dossemanas indicado con anterioridad).
Además, para facilitar la detección de los cargamentos de cualquier mercancía en virtud de
una orden judicial, los funcionarios de aduana podrán solicitar al demandante que ofrezca parte de la
información siguiente, o la totalidad de ella:
a) la descripción completa de las mercancías;b) la clasificación de las mercancías en virtud del Sistema Armonizado;IP/Q4/CAN/1
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c) la cantidad y el valor de las mercancías;
d) la identidad del importador, por ejemplo, el nombre, la dirección (la ubicación), el
número de teléfono comercial;
e) la identidad del exportador y el vendedor;f) el país de exportación;g) el país de origen;
h) el lugar de importación/la declaración detallada de las mercancías;
i) la fecha aproximada de llegada;j) medio de transporte (por ejemplo, marítimo, ferroviario, terrestre).
28. En el párrafo 2 del artículo 53 se esti pula que el propietari o, el importador o el
consignatario de mercancías que comporten dibujos  o modelos industriales, patentes, esquemas de
trazado o información no divulgada, que hayan si do suspendidas por las autoridades aduaneras,
tendrá derecho, en ciertas condicion es, a obtener que se proceda al despacho de aduana de las
mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular
del derecho en cualquier caso de infracción.  Sí rvanse determinar qué formas de propiedad
intelectual, si las hubiere, están sujetas a las disp osiciones del párrafo 2 del artículo 53 y citar las
disposiciones de la ley o reglamentos pertinentes.
La facultad de los tribunales de ordenar el despacho de las mercancías retenidas, con sujeción
a la condición descrita en la pregunta, caería dentro de lo que prescriben el párrafo 1 del artículo 53 de
la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, el párrafo 1 del artículo 44 de la Ley de Derecho de
Autor, y el artículo 14 de la Ley de Topografías de los Circuitos Integrados, según el caso.  No
tenemos conocimiento de casos en que los tribunales hayan examinado esta cuestión como elemento
de una decisión.
29. En el artículo 54 se estipula que se notificará prontamente al importador y al demandante
la suspensión o el despacho de las mercancías.  Sí rvanse describir la manera como se notifica a las
partes y el plazo dentro del cu al debe hacerse la notificación.
Cuando una orden judicial prescribe que ciertas mercancías presuntamente infractoras sean
retenidas por los funcionarios de aduanas, éstos intentarán detectar y retener esas mercancías.  Una
vez realizada una retención, se notificará al demandante y al importador.  El demandante cuenta con
dos semanas, a partir de la notificación, para notificar a su vez a los funcionarios de aduanas que ha
dado comienzo a un procedimiento destinado a obtener una decisión judicial definitiva sobre esas
cuestiones.  Si los funcionarios de aduanas no han recibido dicha notificación dentro del plazo de dossemanas (o cualquier plazo que el tribunal pueda fijar), las mercancías se incorporarán nuevamente a
la corriente normal de tráfico aduanero.
30. En el artículo 55 se estipula que se procederá a una revisión en un plazo razonable, a
petición del demandado, con objeto de decidir si las medidas de suspensión deben modificarse,revocarse o confirmarse mientras se llega a un resultado del procedimiento sobre el fondo.
Sírvanse indicar la autoridad que está facultad a para llevar a cabo esa revisión y describir el
procedimiento utilizado.  Sírvanse citar la ley o los reglamentos en los que se establecen estos
procedimientos.IP/Q4/CAN/1
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En virtud del apartado 6) del párrafo 1 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio y del párrafo 1 del artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor, generalmente, las medidas de
suspensión quedan anuladas y sin efecto después de dos semanas, a menos que se haya entablado una
acción para establecer la licitud de la importación y se haya notificado de ello al Ministro de la RentaNacional.  Además, si correspondiera, una parte perjudicada por una medida de suspensión podría
solicitar al tribunal que la anule o la modifique, mediante un escrito del que se deberá notificar a la
otra parte.
31. En el artículo 56 se estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar al
demandante que indemnice a la parte demandada por cualquier daño causado por la retención
infundada de las mercancías.  Sírvanse indicar la manera en que las autoridades competentes
pueden ordenar la indemnización y los factores que se tienen en cuenta al decidir el monto de la
misma.
Con arreglo al apartado 3) del párrafo 1 del artículo 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio y el párrafo 1 del artículo 44 de la Ley de Derecho de Autor, el tribunal podrá exigir unagarantía al demandante.  Además, en el contexto de una acción prevista en el párrafo 1 del artículo 53
o en el párrafo 1 del artículo 44, o en relación con una acción contra la persona responsable de la
retención indebida de las mercancías por infracción del derecho de autor, el tribunal podrá ordenar
una indemnización por daños y perjuicios.  Entre los elementos relativos a la cuantía de esos daños y
perjuicios cabe tener en cuenta toda pérdida de valor de las mercancías entre el momento de suretención y el de su despacho, o la conducta del demandante.
32. En el artículo 57 se estipula también que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto sea
favorable al titular del derecho, las autoridades competentes podrán asim ismo estar facultadas
para comunicar al titular del derecho informació n acerca del importador, el consignador y el
consignatario.  Si las autoridades competentes del Canadá pueden comunicar información relativa
al importador, el consignador o el consignatario al titular del derecho, sí rvanse explicar cómo se
proporcionan al demandante las informacione s acerca de los nombres y dirección de los
consignadores, importadores y consignatarios y de  la cantidad de mercancías de que se trata,
después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la infracción, es decir, si las autoridades
comunican automáticamente la información o lo hacen previa presentación de una solicitud por
escrito del titular del derecho, etc.  Sírvanse ci tar la ley o los reglamentos relativos a estas
facultades.
No existen requisitos relativos a que el tribunal ordene al titular del derecho la divulgación de
la información sobre el importador, el consignatario o el remitente.  Cabe observar que la disposición
de la segunda frase del artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC es facultativa y no obligatoria.
33. En el artículo 59 se determinan los recursos  que deben estar disponibles, entre los cuales
la destrucción o el apartamiento de los circu itos comerciales de las mercancías infractoras.
Sírvanse explicar lo que está permitido por ley en el Canadá en cuanto a las mercancías
infractoras, es decir si la ley permite la destrucció n, el apartamiento o ambas cosas.  Sírvanse citar
la ley o los reglamentos pertinentes.
Con arreglo al apartado 7) del párrafo 1 y al párrafo 2 del artículo 53 de la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio, así como al artículo 34 y al párrafo 1 del artículo 44 de la Ley de Derecho de
Autor, el tribunal podrá ordenar la destrucción o la eliminación de las mercancías infractoras.
34. En el artículo 60 se permite a los Miembr os que excluyan de la aplicación de las
disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no
tengan carácter comercial y formen parte del equi paje de los viajeros o se envíen en pequeñasIP/Q4/CAN/1
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partidas.  Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a la leyes del Canadá, una importación
insignificante que está excluida de las medidas en frontera.
La aduana no cuenta con disposiciones sobre cuestiones insignificantes relativas a los
derechos de propiedad intelectual.  Los funcionarios de aduana retendrán lo que el tribunal les ordeneque retengan.  Sin embargo, en el caso de las obras protegidas por derecho de autor, se aplican ciertas
excepciones limitadas, con arreglo al artículo 45 de la Ley de Derecho de Autor.
[Pregunta complementaria de los EE.UU.]
El Gobierno del Canadá expresa que, con respecto a la retención por las autoridades
aduaneras de mercancías infractoras que lesion an el derecho de autor, “se aplican ciertas
excepciones limitadas, con arreglo al artículo 45 de la Ley de Derecho de Autor”.  Sírvanse
describir esas excepciones limitadas.
El artículo 45 de la Ley de Derecho de Autor dispone lo siguiente:
“1. Sin perjuicio de otras disposiciones de la presente Ley, toda persona podrá
legalmente:
a) importar, para su uso personal, no más de dos ejemplares de una obra u otro
objeto de derecho de autor realizados con el consentimiento del titular delderecho de autor en el país de producción;
b) importar, para el uso de un departamento del Gobierno del Canadá o de una
provincia, ejemplares de una obra u otro objeto de derecho de autor realizados
con el consentimiento del titular del derecho de autor en el país de producción;
c) en cualquier momento precedente a la producción en el Canadá de una obra u
otro objeto de derecho de autor, importar los ejemplares, a excepción de los
ejemplares de un libro, realizados con el consentimiento del titular del derecho
de autor en el país de producción, cuyo uso sea necesario en una biblioteca,
archivo, museo o instituto de enseñanza;
d) importar, para el uso de una biblioteca, archivo, museo o instituto de enseñanza,
no más de un ejemplar de un libro, realizado con el consentimiento del titular del
derecho de autor en el país de producción del libro;  e
e) importar los ejemplares, realizados con el consentimiento del titular del derecho
de autor en el país de producción, de libros usados, a excepción de los libros de
texto de carácter científico, técnico o académico, para su uso como manual de
instrucción en un instituto de enseñanza.
2. Un funcionario de aduana podrá, a su discreción, exigir que una persona que procura
importar un ejemplar de una obra u otro objeto de derecho de autor, con arreglo al
presente artículo, ofrezca una prueba satisfactoria de los hechos necesarios para
determinar el derecho de esa persona a importar el ejemplar.”
Procedimientos penales
35. En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros establecerán
procedimientos y sanciones penales, en particular la  pena de prisión y/o la imposición de sanciones
pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos en los casos de falsificación dolosa de marca deIP/Q4/CAN/1
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fábrica o de comercio o de piratería lesiva al derecho de autor a escala comercial.  En el
documento IP/N/6/CAN/1, el Canadá se refiere a las disposiciones penales de sus leyes de
propiedad intelectual, en particular las aplicabl es al derecho de autor, pero no se tratan las
disposiciones penales en relación con la falsificac ión de marcas de fábrica.  Sírvanse describir las
disposiciones legales del Canadá en las que se prevé la acción penal en relación con la falsificación
de marcas de fábrica.
Véase la respuesta a la pregunta 36, más abajo.
36. En el artículo 61 se estipula asimismo que, cuando proceda, entre lo s recursos disponibles
figurará también la confiscación , el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de
todos los materiales y accesorios utilizados pred ominantemente para la comisión del delito.  El
documento IP/N/6/CAN/1 contiene información acerca de las sanciones penales en relación con los
derechos de autor pero no se trata la falsificac ión de marcas de fábrica o de comercio.  Sírvanse
explicar las disposiciones de las leyes del Canadá en las que se establecen sanciones penales para la
falsificación de marcas de fábrica o de comercio, describir las condiciones en que se imponen
dichas sanciones y citar las disposiciones legales pertinentes.
El artículo 406 del Código Penal dispone lo siguiente:
“A los efectos de la presente parte, falsificará una marca toda persona que
a) sin el consentimiento del titular de la marca, realice o reproduzca de alguna
manera esa marca o una marca tan similar a ella que pueda considerarse que
induce a error;  o
b) de alguna manera falsifique una marca auténtica.”
El artículo 407 establece que:
“Cometerá un delito toda persona que falsifique una marca con la intención de
engañar o defraudar al público o a cualquier persona, determinada o indeterminada.”
Este artículo tipifica el delito de falsificación de una marca.  El delito se comete si los actos
descritos en el artículo 406 se ejecutan con la intención de engañar o defraudar a cualquier persona o
al público.  En los artículos 407 a 411 figuran otros delitos conexos.
El artículo 412 dispone que por ese delito podrá entablarse bien una acción judicial mediante
acusación formal ante un jurado, que supondrá una pena máxima de dos años de prisión, bien unprocedimiento sumario.  Salvo decisión judicial en contrario, tras la condena se decomisará todo
elemento utilizado en la comisión de cualesquiera de esos delitos o relacionado con ellos.
37. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marca de fábrica o decomercio o de piratería lesiva al derecho de autor.  Sírvanse explicar en qué forma las sanciones
previstas en las leyes del Canadá cumplen con esta obligación.
Por lo que respecta a las marcas, véase la respuesta a la pregunta 36.  Una persona condenada
por un delito previsto en el artículo 42 de la Ley de Derecho de Autor será pasible:
“f) en caso de condena por procedimiento sumario, de una multa por un importe máximo
de 25.000 dólares o de una pena máxima de prisión de seis meses, o de ambas, oIP/Q4/CAN/1
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g) en caso de condena por acusación formal ante un jurado, de una multa por un importe
máximo de 1 millón de dólares o de una pena máxima de prisión de cinco años, o de
ambas.”
[Preguntas complementarias de los EE.UU.]
1. Sírvanse brindar información estadística sobre la observancia en materia civil del
derecho de autor, las marcas, las indicaciones geog ráficas, los dibujos o modelos industriales, las
patentes, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y los secretos comerciales, relativa
a los años 1996 y 1997, con inclusión de los juicios entablados;  los mandamientos judiciales
emitidos;  los productos infractores confiscados;  los equipos infractores confiscados;  los juicios
resueltos (incluidos los arreglos de conciliación);  y la cuantía de los daños y perjuiciosimpuestos.
En 1996, en el Canadá, se entablaron 641 juicios que responden a la descripción que figura en
la pregunta;  en 1997 se entablaron 273 (hasta el 30 de junio).  La media de tiempo transcurrido desde
que se incoaron las acciones hasta la resolución, en 1996 fue de 24 meses (hasta la sentencia), o de4 meses (hasta el arreglo de conciliación);  en 1997 (hasta el 30 de junio), 17 meses, o 7 meses,
respectivamente.  Aparte de lo expuesto, no se dispone, en el Canadá, de información estadística de la
índole de la que se solicita.
2. Sírvanse brindar información estadística sobre la observancia en materia penal, en el
ámbito de la piratería lesiva del derecho de autor y de la infracción de las marcas de fábrica o
de comercio, relativa a los años 1996 y 1997, respectivamente, con inclusión del número de
allanamientos, enjuiciamientos, condenas, y la cu antía de las multas y/o los plazos de las penas
de prisión (aclarando si las multas se paga ron y si las penas de prisión se cumplieron
efectivamente o se suspendieron) y cualesquiera otras informaciones que demuestren que elsistema penal funciona eficazmente para disuadir de la comisión de actos de piratería lesiva del
derecho de autor y de falsificación de las marcas.
No se dispone de una compilación de las acusaciones por infracciones en materia penal
presentadas en las provincias o territorios, en 1996 y 1997, ante la Real Policía Montada del Canadá
(RCMP).
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