RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/REG39/M/2
17 de junio de 1998
(98-2456)
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales
Decimoséptima reunión
EXAMEN DE LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS
DE LA UNIÓN EUROPEA, SERVICIOS
Nota sobre la reunión del 5 de mayo de 1998
Presidente: Sr. Claude Bouah-Kamon (Côte d'Ivoire)
1. El Comité de Acuerdos Comerciales Regional es abordó el examen del punto C.V del orden
del día de su decimoséptima reunión, que fi gura en el aerograma WTO/AIR/831: Tratados
constitutivos de la Unión Europea, servicios. El examen se llevó  a cabo ajustándose al modelo
uniforme para la presentación de información sobre acuerdos de integración económica en la esfera de
los servicios y, por lo tanto, adoptó su formato.  Se examinaron los siguientes temas:
A. Observaciones generales
B. Sección I Información básica sobre el Acuerdo
I.4 Datos económicos y comerciales
C. Sección II Disposiciones que afectan al comercio de servicios
II.1 Sectores o subsectores y modos de suministro
II.4 Trato aplicable a los servicios y proveedores de servicios de terceros países
II.5 Normas de origen para las sociedades de la Comunidad
II.7 Salvaguardias
II.8 Subvenciones y ayuda estatal
II.9 Contratación pública
A. Observaciones generales
2. El Presidente señaló que el 4 de noviembre de 1997 se había celebrado una primera reunión
dedicada al examen del punto del orden del día:  Tratados constitutivos de la Unión Europea,
servicios. A petición de algunas delegaciones, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros
habían hecho una presentación general de estos Tratados ajustándose al modelo uniforme (documento
WT/REG39/1, distribuido a mediados de abril).  Antes de abrir el debate, el Presidente recordó que elTratado por el que se establecieron las Comunidades Europeas (CE) estaba en vigor desde hacía
40 años, es decir, desde mucho antes de que entrasen en vigor las normas de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en materia de servicios.
3. La representante de las Comunidades Europeas dijo que le resultaba extraño tener que hacer
una presentación de las CE de los 12 en momentos en que las CE ya contaban con 15 Estados
miembros. Además, pese a que las CE ya habían negociado como un solo país sus compromisos de
liberalización y sus compromisos específicos, se les había pedido que presentaran información sobre
la naturaleza de su acuerdo de integración. No obstante, tendría mucho gusto en demostrar que, en el
curso del tiempo, las CE se habían convertido en un acuerdo de integración económica de plena
vigencia en los multiples aspectos previstos en el Tratado de Roma. Esto también se aplicaba aWT/REG39/M/2
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las CE de los 15.  De hecho, las CE no sólo eran una entidad económica, ya que también abarcaban
una unión monetaria.  En el documento WT/REG39/1 se explicaba en qué casos debían emplearse las
distintas denominaciones de las CE.  El Comité tenía que determinar si las CE eran un acuerdo de
integración en el sentido del artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)
y si sus Partes habían asumido compromisos recíprocos en materia de  statu quo  y desmantelamiento.
Tras confirmar que se cumplían esos requisitos, la oradora señaló que las CE no eran únicamente un
acuerdo de integración económica. Las CE abarcaban un volumen sustancial de servicios y, en
general, su acuerdo se aplicaba a todos los sectores de los servicios comprendidos en el AGCS, aun
cuando algunas definiciones de las CE relativas a los servicios o al comercio de servicios no
coincidieran con las del AGCS. Ningún sector de servicios estaba excluido, con la sola excepción del
de los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales;  estos servicios, que no
eran comerciables, también estaban parcialmente excluidos del AGCS en virtud de su artículo I.Todos los modos de suministro previstos en el AGCS estaban abarcados; no obstante, los conceptos
jurídicos de las CE eran diferentes. Por ejemplo, al concepto de presencia comercial, que se utilizaba
en el AGCS, le correspondía el concepto comunitari o de derecho de establecimiento;  para las CE, el
suministro de servicios abarcaba el suministro transfronterizo más el movimiento del proveedor del
servicio para su suministro, lo cual correspondía a los modos 1, 2 y 4 del AGCS. El conceptocomunitario de libertad de circulación de personas también abarcaba al modo 4 del AGCS. Así pues,
una vez aclarado que el acuerdo abarcaba a todos los servicios y modos de suministro, aún era preciso
determinar cómo se abordaban las medidas discriminatorias.
4. Prosiguiendo con su declaración general, la representante de las Comunidades Europeas dijo
que los países que ingresaban a las CE debían aplicar una prohibición general de toda discriminación
basada en la nacionalidad.  Se habían suprimido en forma gradual todas las restricciones cuantitativas
o medidas equivalentes con efectos de discriminación;  la iniciativa más importante a este respecto
había sido la creación del mercado único, establ ecido en 1987 y confirmado posteriormente por el
Tratado de la Unión Europea.  En esa etapa las CE habían emprendido un proceso de facilitación del
comercio basado en la aproximación de las legislaciones ya sea mediante su armonización o, con másfrecuencia, mediante el reconocimiento mutuo de las normas.  Puesto que las CE ya habían
establecido plenamente su mercado único, no tenían un calendario para la eliminación de las medidas
discriminatorias en el sentido del artículo XVII.  No obstante, la legislación relativa a la facilitación
del comercio era objeto de actualización permanente.  En el caso de las medidas discriminatorias
de facto , que como tales no eran previsibles, sus efectos podían repararse mediante la adopción de
nuevas medidas legislativas o mediante la presentación de recursos ante el Tribunal de Justicia.  El
alcance de las medidas de integración que aplicaban las CE era muy amplio comparado con el de lasdisposiciones de los artículos XVI y XVII del AGCS, así como de otros artículos de dicho Acuerdo.
Las CE habían establecido en gran número de disposiciones legislativas con miras al reconocimiento
de los títulos de aptitud profesional de otras Partes, en particular en la esfera de los servicios
profesionales.  También aplicaban disciplinas muy estrictas en materia de subvenciones y ayuda
estatal para evitar que éstas tuvieran efectos de distorsión en el comercio entre los Estados miembros.En relación con el párrafo 6 del artículo V del AGCS, las normas de origen aplicables a las sociedades
comunitarias entrañaban que una sociedad de un Estado miembro establecida en otro Estado miembro
recibiría el trato de sociedad comunitaria.  Este trato se aplicaba asimismo a proveedores de terceros
países, que una vez establecidos en las CE también podían gozar de los beneficios del Acuerdo.
Además, las CE habían establecido normas que garantizaban el trato no discriminatorio y el accesojusto, abierto y transparente para los servicios suministrados en el marco de la contratación pública.
Asimismo, existían disposiciones institucionales para garantizar que los Estados miembros respetasen
las cuatro libertades, así como los derechos y obligaciones de las CE.  Esos eran, en resumen, los
resultados de más de 40 años de integración y el Comité debía determinar si se trataba de un acuerdo
de integración en el sentido del artículo V del AGCS.  Los Tratados objeto de examen no establecíanúnicamente un compromiso en materia de statu quo  y desmantelamiento, sino también una
eliminación total de las restricciones.WT/REG39/M/2
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5. El representante de los Estados Unidos agradeció a las Comunidades Europeas por la
información facilitada, pero dijo que, debido al retraso con que se había presentado esa información,
reservaba sus observaciones para la siguiente reunión del Comité.
B. Información básica sobre el Acuerdo
6. Tras agradecer a las CE por la información que habían facilitado ajustándose al modelo
uniforme, los representantes del Canadá y del Japón  preguntaron cuándo se presentarían los datos
relativos al comercio de servicios.  La representante de las Comunidades Europeas respondió que esa
información se facilitaría cuando se encontrase un formato adecuado para presentar de una manera
integrada todos los datos disponibles.
C. Disposiciones que afectan al comercio de servicios
7. Tras agradecer a las CE por la información que habían presentado ajustándose a las
indicaciones del modelo uniforme, el representante de Australia se refirió al hecho de que los
servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales no estuviesen incluidos en las
normas de integración y preguntó si ello correspondía a lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 3
del artículo I, puesto que se trataba de servicios que no se suministraban en condiciones comerciales
ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios.  También preguntó si algunos de esos
servicios eran susceptibles de ulterior privatización y si en las CE existía una tendencia a desprivatizaralgunos de estos sectores.  La representante de las Comunidades Europeas respondió que el sector
excluido correspondía a los servicios descritos en el apartado b) del párrafo 3 del artículo I del AGCS,cuyo alcance era menos amplio que el del apartado c) de dicho párrafo.
8. El representante del Canadá dijo que la cuestión clave del párrafo 4 de la sección II consistía
en determinar si la constitución misma de las CE había supuesto un aumento de los obstáculos para
los terceros países.  En consecuencia, pidió que se confirmase que la conclusión a la que se llegaba en
el párrafo 3 se basaba en un análisis de las disposiciones de los Tratados constitutivos de las CE y no
en la argumentaciones expuestas en los párrafos 1 y 2.  La representante de las Comunidades
Europeas dijo que comprendía perfectamente esa pregunta y que posteriormente presentaría una
respuesta por escrito, pero indicó que era difícil responder sin hacer referencia a la Lista.  Alprofundizar la integración del mercado comunitario, las CE habían establecido una apertura mayor sin
adoptar disposiciones legislativas que afectasen a proveedores de terceros países.  En consecuencia,
las CE habían facilitado el acceso para los proveedores de terceros países, ya que estos se
beneficiaban de la ampliación del mercado interior, de la concesión de trato comunitario en muchas
esferas y de la existencia de un régimen normativo único.  Los casos en que otorgaba un trato
diferente a los terceros países se habían indicado en la Lista, puesto que las CE de los 12 ya existía
antes de las negociaciones y ya había establecido determinadas medidas en materia de liberalización yde trato aplicables a los terceros países.  Toda la información pertinente figuraba en la Lista, que era
posterior al establecimiento de las CE.  Esto también se había confirmado con la adhesión de los tres
nuevos Miembros y los Miembros de la OMC habían podido comprobar que la ampliación no había
supuesto un aumento de los obstáculos para los terceros países.  El representante de Canadá dijo que
sólo deseaba que se confirmase lo expresado en el párrafo 3, ya que algunas partes del
documento WT/REG39/1 podían dar pie para extraer otra conclusión;  por ejemplo, las condiciones
para la armonización de los derechos de establecimiento inicial podían repercutir de alguna manera en
las obligaciones relativas al control mayoritario de las compañías aéreas como condición para su
acceso al mercado interior. Recordó que el objetivo del examen consistía en determinar si la
constitución de las CE de los 12 había supuesto algún aumento de los obstáculos para los tercerospaíses y dijo que la respuesta que se había dado confirmaba que los obstáculos no habían aumentado a
raíz del establecimiento de dicho acuerdo de integración.WT/REG39/M/2
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9. Al referirse a las normas de origen, la representante del Japón pidió a las CE que aclarasen
mejor la relación existente entre el concepto de persona jurídica en el contexto del artículo 58 del
Tratado de la CE y el de proveedor de servicios en el contexto del párrafo 6 del artículo V del AGCS;
también solicitó aclaraciones sobre los conceptos de "vínculo efectivo y continuo" y de "operaciones
comerciales sustantivas", así como sobre las diferencias entre sucursales y filiales.  Asimismo,preguntó cómo podía reconocerse la existencia de un vínculo efectivo y continuo entre una empresa y
un Estado miembro.  En respuesta a estas preguntas, la representante de las Comunidades Europeas
dijo que cuando se había negociado el texto del artículo V del AGCS se había llegado a una soluciónde transacción que permitía garantizar que las sociedades de terceros países establecidas en un país
que fuese parte en un acuerdo de integración económica tuviesen acceso a los beneficios de
dicho acuerdo.  En las CE, esa disposición se aplicaba siempre que la empresa tuviese un vínculo
efectivo y continuo en cuanto a la realización de operaciones comerciales sustantivas;  ésa era la reglageneral.  Pese a que existía alguna jurisprudencia relativa al artículo 58, la representante de las
Comunidades Europeas no podía demostrar que los criterios aplicables a esa disposición coincidiesen
con los aplicables al párrafo 6 del artículo V, puesto que acerca de este último no existía
jurisprudencia.  En las CE, el concepto de "vínculo efectivo y continuo" se interpretaba en el sentido
de que las sociedades "buzón" no podían tener acceso a esos beneficios, lo cual coincidía con elprincipio establecido en el párrafo 6 del artículo V.  Esas sociedades eran las que, aunque cumpliesen
las condiciones de establecimiento, de hecho realizaban sus actividades fuera de las partes en
el acuerdo correspondiente.  Por ejemplo, no bastaba con que una sociedad estuviese establecida en un
Estado miembro de las CE y que la mayoría de los miembros de su consejo de administración y de sus
accionistas perteneciesen a ese Estado miembro:  la sociedad también debía comerciar con Estadosmiembros de las CE.  Añadió que facilitaría información adicional por escrito.  El trato otorgado a la
sucursales se había indicado en la Lista, puesto que las condiciones para el establecimiento con una
sucursal, que se basaban en reglamentaciones cautelares y en normas similares, diferían según los
Estados miembros y no existían acuerdos de reconocimiento o de armonización de las legislaciones en
esa esfera.  Si una sucursal establecida en un Estado miembro deseaba establecerse en otro Estadomiembro, debía hacerlo con arreglo a las condiciones vigentes en este último.  El artículo 58 no se
aplicaba a las sucursales, pero sí a las filiales, puesto que en este caso las condiciones mínimas de
establecimiento eran las mismas para todos los Estados miembros.  El representante de los
Estados Unidos preguntó si una sucursal con presencia comercial establecida en un Estado miembro
podía utilizar los otros tres modos de suministro para proveer servicios en otro Estado miembro sinestar obligada a establecer otra sucursal en ese país.  La representante de las Comunidades Europeas
respondió que podía utilizarlos, siempre que se tratase de un sector abarcado por un compromiso
incluido en la Lista de las CE.
10. La representante del Japón preguntó si el artículo 115 del Tratado de las CE, que, al parecer,
establecía restricciones para el suministro transfronterizo de servicios en caso de aplicación de
medidas de salvaguardia, abarcaba todos los modos de suministro previstos en el AGCS.  Preguntó si
su delegación estaba en lo cierto al entender que no se adoptarían medidas para restringir lasactividades de las empresas extranjeras a las que se aplicase el artículo 58.  También preguntó si en el
pasado se habían adoptado medidas de salvaguardia y, en caso afirmativo, cuáles habían sido su
alcance y su forma de aplicación.  La representante de las Comunidades Europeas respondió que
nunca se habían aplicado medidas de salvaguardia en la esfera del comercio de servicios.
11. Teniendo en cuenta que el artículo 115 del Tratado de la CE no se había aplicado a los
servicios y que el objetivo de un acuerdo de integración consistía en lograr que los miembros
pudiesen aprovechar sus ventajas comparativas, el  representante de Australia preguntó si las CE
tenían el propósito de excluir la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia en el sector de los
servicios.  Pidió que se aclarase en qué sentido cabía estudiar la posibilidad de adoptar medidas de
salvaguardia "con objeto de asegurar […] la aplicación de las medidas de política comercial adoptadaspor cualquier Estado miembro de conformidad con el Tratado [de las CE]". Según su interpretación,
esto significaba que existía la posibilidad de aplicar medidas de salvaguardia en relación con unaWT/REG39/M/2
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medida concreta adoptada por un Estado miembro, que estuviese en conformidad con medidas
aplicables en toda la Comunidad;  pidió que se aclarase qué sucedía en la práctica.  La representante
de las Comunidades Europeas hizo hincapié en que nunca se habían aplicado medidas de salvaguardia
y dijo que tomaba nota de la sugerencia de Australia.  En cuanto al pedido de aclaración, dijo que elEstado miembro interesado debía aplicar las medidas de salvaguardia de la manera que fuese máscompatible con las obligaciones comunitarias e internacionales.
12. La representante del Japón pidió que las CE aclarasen por escrito si la aplicación de medidas
de salvaguardia también afectaría a las sociedades de terceros países establecidas en un Estado
miembro, ya que se las consideraba sociedades comunitarias. Asimismo, solicitó más información
sobre la ayuda compatible con el mercado común en el contexto del artículo 92 del Tratado de las CE,
puesto que el texto contenía imprecisiones que podían dar lugar a restricciones de la libre circulación
de servicios. La representante de la Comunidades Europeas dijo que la mejor manera de responder a
esa pregunta era citando ejemplos e indicó que éstos se presentarían por escrito.
13. Al referirse a la afirmación de las CE en el sentido de que uno de los principios
fundamentales en que se basaban las directivas relativas a la contratación pública consistía en la
prohibición de las especificaciones técnicas que pudieran discriminar en perjuicio de los eventuales
ofertantes extranjeros, la representante del Japón preguntó cómo se aplicaba ese principio de no
discriminación. La representante de las Comuni dades Europeas respondió que la obligación de
cumplir una especificación técnica podía excluir de facto  a un ofertante extranjero y que las CE
simplemente no permitían que se establecieran condiciones que pudiesen tener efectos de
discriminación. Si un ofertante consideraba que había sido excluido de facto  debido a la existencia de
ese tipo de condiciones, podía recurrir a los mecanismos de control establecidos por las CE, como losprocedimientos de impugnación de ofertas, y, en último caso, al Tribunal de Justicia. La mejor manera
de evitarlo consistía en determinar con la mayor precisión posible qué tipo de especificaciones podían
incluirse; los encargados de elaborar las medidas legislativas y reglamentarias llevaban a cabo una
labor fiable.  Si se convocaba una licitación con sujeción a determinadas condiciones que excluían la
participación de otros ofertantes, existía el riesgo de que se presentara un recurso de impugnación y aveces resultaba más costoso volver a convocar la licitación que convocarla directamente de una
manera correcta y no discriminatoria. La representante del Japón dijo que, si la cuestión debía
resolverse en la legislación, entonces no se ejercía ningún control sobre el contenido efectivo de lasespecificaciones técnicas.  Esta cuestión también podía ser objeto de examen multilateral.
14. Tras observar que, si bien la información se había recibido con retraso, los participantes
habían podido formular una serie de preguntas, el Pr esidente dio por terminado el debate.  Indicó que
hasta el final de mayo de 1998 los Miembros podían presentar preguntas por escrito a la Secretaría y
que ésta debía recibir las respuestas de las CE a más tardar a  mediados de junio de ese año a fin de
que los documentos pertinentes pudieran distribuirse con suficiente antelación para que el Comité
pudiera retomar el examen del acuerdo en su siguiente reunión, que se celebraría en el mes de julio.
15. El Comité tomó nota de las observaciones formuladas.
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