ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/REG155/1
8 de julio de 2003
(03-3677)
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales Original:  inglés
COMUNIDAD Y MERCADO COMÚN DEL CARIBE
En el texto que figura a continuación se reproduce el Tratado de Chaguaramas revisado por el
que se establece la Comunidad del Caribe que incluye el mercado único y la economía de
la CARICOM.1.
_______________
TRATADO DE CHAGUARAMAS REVISADO POR EL QUE SE ESTABLECE
LA COMUNIDAD DEL CARIBE CON INCLUSION DEL MERCADO UNICO
Y LA ECONOMÍA DE LA CARICOM
PREÁMBULO
Los Estados que son parte en el Tratado por el que  se establece la Comunidad y el Mercado
Común del Caribe, firmado en Chaguaramas el 4 de julio de 1973,
Recordando la Declaración de Grand Anse y las demás decisiones de la Conferencia de Jefes
de Gobierno, y en particular el compromiso de profundizar la integración económica regional
mediante el establecimiento del Mercado Único y la Economía de la CARICOM para conseguir el
desarrollo económico sostenido sobre la base de la competitividad internacional, unas políticaseconómicas y exteriores coordinadas, la cooperación funcional y el fomento de las relaciones
comerciales y económicas con terceros Estados;
Reconociendo  que la globalización y la liberalización tienen importantes consecuencias para
la competitividad internacional;
Decididos a impulsar la efectividad de la adopción de decisiones y los procesos de puesta en
marcha de la Comunidad;
Deseosos de reestructurar los Órganos e Instituciones de la Comunidad y Mercado Común del
Caribe y redefinir sus relaciones funcionales con el fin de fomentar la participación de sus
poblaciones y, en particular, de los interlocutores sociales en el movimiento de integración;
Conscientes  de la necesidad de fomentar en la Comunidad el más alto nivel de eficiencia en la
producción de bienes y servicios, especialmente para maximizar los ingresos en divisas sobre la basede la competitividad internacional, conseguir la seguridad alimentaria, lograr la diversificación
estructural y mejorar el nivel de vida de su población;
                                                     
1 El texto completo del Acuerdo, con sus anexos y protocolos, está disponible, para que puedan
consultarlo los Miembros interesados, en la Secretaría de la OMC (despacho 1174) y en el sitio web de la
CARICOM ( www.caricom.org ).WT/REG155/1
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Conscientes de que para optimizar la producción de las empresas de la Comunidad es precisa
la integración estructurada de la producción en la Región y, en particular, la circulación sin
restricciones del capital, la mano de obra y la tecnología;
Decididos  a establecer condiciones que faciliten el acceso de sus nacionales a los recursos
colectivos de la Región sobre una base no discriminatoria;
Convencidos de que el desarrollo industrial de la producción de bienes y servicios impulsado
por el mercado es esencial para el desarrollo social y económico de los pueblos de la Comunidad;
Conscientes de que en un mercado interno plenamente integrado y liberalizado se crearán las
condiciones favorables para la producción de bienes y la prestación de servicios sostenidas eimpulsadas por el mercado, sobre la base de la competencia en el plano internacional;
Deseosos además  de establecer y mantener un entorno macroeconómico sólido y estable que
favorezca las inversiones, inclusive a través de las fronteras, y la producción competitiva de bienes y
servicios en la Comunidad;
Convencidos  de que las diferencias en la dotación de recursos y en los niveles de desarrollo
económico de los Estados Miembros pueden influir en la aplicación de la Política Industrial de la
Comunidad;
Reconociendo por otra parte las posibilidades que ofrece el desarrollo de microempresas y de
empresas pequeñas y medianas de contribuir a la expansión y a la viabilidad de las economías
nacionales de la Comunidad, y de la importancia que tienen las grandes empresas para conseguir
economías de escala en el proceso de producción;
Teniendo presente  que la cooperación y la acción conjunta para fomentar las relaciones
comerciales con Estados terceros y para establecer procedimientos y servicios reglamentarios y
administrativos adecuados son esenciales para el desarrollo del comercio internacional e intrarregional
de los Estados Miembros;
Decididos además  a llevar a cabo una transformación fundamental del sector agropecuario de
la Comunidad mediante la diversificación de la producción agropecuaria, la intensificación deldesarrollo agroindustrial, la ampliación de las empresas agropecuarias, el fortalecimiento de los
vínculos entre el sector agropecuario y los demás sectores del Mercado Unico y la Economía de la
CARICOM y, en general, desarrollando la producción agropecuaria de manera orientada hacia el
mercado y sobre una sólida base de competencia internacional y de respeto del medio ambiente;
Reconociendo la vital importancia del transporte terrestre, aéreo y marítimo para mantener los
vínculos económicos, sociales y culturales y para facilitar la ayuda de urgencia entre los Estados
Miembros de la Comunidad;
Reconociendo por otra parte  la importancia de establecer y desarrollar de manera
estructurada relaciones de transporte con Estados terceros para el desarrollo acelerado y sostenido del
Mercado Unico y la Economía de la CARICOM (MUEC);
Conscientes también de la importancia de mantener unos servicios de transporte aéreo y
marítimo adecuados para que la industria del turismo siga siendo viable, y de reducir la vulnerabilidadde la región de la CARICOM a que da lugar su dependencia de transportistas de fuera de la región;WT/REG155/1
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Convencidos también de que una política viable de transporte para la Comunidad contribuirá
en medida importante a satisfacer las demandas de movimiento intrarregional de personas y de
productos en el Mercado Unico y Economía de la CARICOM;
Reconociendo además que algunos Estados Miembros, especialmente los países en desarrollo,
entran en el MUEC en desventaja por motivos de tamaño, estructura y vulnerabilidad de sus
economías;  y
Convencidos además  de que la persistencia de la desventaja, cualquiera que sea el modo en
que se produzca, puede tener efectos adversos para la cohesión económica y social de la Comunidad;
Conscientes además  de que los países, regiones y sectores desfavorecidos necesitarán un
período de transición que facilite su ajuste a la competencia en el MUEC;
Decididos  a establecer medidas, programas y mecanismos eficaces para ayudar a los países,
regiones y sectores desfavorecidos de la Comunidad;
Deseando además  que los beneficios esperados del establecimiento del MUEC no se vean
frustrados por conductas empresariales anticompetitivas cuyo objeto o efecto es impedir, restringir o
distorsionar la competencia;
Convencidos por otra parte  de que la aplicación y la convergencia de las políticas nacionales
de competencia y la cooperación de las autoridades nacionales de competencia en la Comunidad
fomentarán los objetivos del MUEC;
Afirmando que con el empleo de modos internacionalmente aceptados de solución de
diferencias en la Comunidad se facilitará la consecución de los objetivos del Tratado;
Considerando que con un sistema eficiente, transparente y autorizado de solución de
diferencias en la Comunidad se fomentarán las actividades económicas, sociales y otras formas de
actividad en el MUEC, lo que dará lugar a confianza en el clima para las inversiones y a un mayor
crecimiento y desarrollo económico en el MUEC;
Afirmando también  que la jurisdicción original del Tribunal de Justicia del Caribe es esencial
para el eficaz funcionamiento del MUEC;
Recordando por otra parte  la Carta de la Sociedad Civil, adoptada por la Conferencia de
Jefes de Gobierno el 19 de febrero de 1997, en la que se reafirman los derechos humanos de sus
pueblos,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Empleo de los términos
En el presente Tratado, salvo que el contexto exija lo contrario:
"Acuerdo" significa el Acuerdo por el que se es tablece el Tribunal de Justicia del Caribe;
"conducta empresarial anticompetitiva" tiene el significado que se asigna a esta expresión en
el artículo 173;WT/REG155/1
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Por "Comité del Presupuesto" se entiende el Órgano de la Comunidad establecido en virtud
del párrafo 1 del artículo 18;
"Empresa" significa cualquier actividad que se realiza con fines lucrativos o en el curso de la
cual se producen, fabrican o suministran bienes o servicios, según los casos;
Por "Comisión" se entiende la Comisión de Competencia establecida en virtud del
artículo 167;
El "Comité de Gobernadores del Banco Central" es el Órgano de la Comunidad al que se hace
referencia en el párrafo 2 del artículo 18;
Por "Comunidad" se entiende la Comunidad del Caribe establecida en virtud del artículo 2 e
incluye el MUEC establecido en virtud de las disposiciones del presente Tratado;
El "Consejo de Ministros de la Comunidad" o "Consejo de la Comunidad" es el Órgano
comunitario así designado en el párrafo 1 b) del artículo 10;
"Origen comunitario" significa un origen que cumple las Normas de origen establecidas en el
artículo 78;
"Trato comunitario" es el acceso a los mercados de los Estados Miembros que se concede a
las mercancías de origen comunitario sin aplicarles derechos de importación ni restricciones
cuantitativas;
"Autoridad competente" es la autoridad legalmente facultada para desempeñar una función y,
para los fines del capítulo V, significa el Ministro del gobierno designado a tal efecto por un Estado
Miembro;
"Conferencia de Jefes de Gobierno" o "la Conferencia" es el Órgano así designado en el
párrafo 1 a) del artículo 10;
"Parte Contratante" es toda parte en el Acuerdo;
El "Consejo de Desarrollo Humano y Social" o "CDHS" es el Órgano de la Comunidad así
designado en el párrafo 2 del artículo 10;
El "Consejo de Finanzas y Planificación" o "COFYP" es el Órgano de la Comunidad así
designado en el párrafo 2 a) del artículo 10;
El "Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias" o "CREYC" es el Órgano así
designado en el párrafo 2 c) del artículo 10;
El "Consejo de Comercio y Desarrollo Económic o" o "CCDE" es el Ór gano de la Comunidad
así designado en el párrafo 2 b) del artículo 10;
El "Tribunal" es el Tribunal de Justicia del Caribe establecido en virtud del presente Acuerdo;
El "MUEC" es el régimen establecido en virtud  de las disposiciones del presente Tratado que
sustituyen a los capítulos III a VII del anexo del Tratado por el que se establece la Comunidad y elMercado común del Caribe, firmado en Chaguaramas el 4 de julio de 1973;
por "países desfavorecidos" se entiende:WT/REG155/1
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a) los países menos adelantados en el sentido del artículo 4;  o
b) los Estados Miembros que puedan necesitar medidas especiales de apoyo de carácter
transitorio o temporal, por motivos de:
i) menoscabo de sus recursos a consecuencia de catástrofes naturales;  o
ii) por los efectos adversos del funcionamiento del MUEC en sus economías;  oiii) los niveles transitoriamente bajos de desarrollo económico;  o
iv) ser uno de los países pobres fuertemente endeudados, así designado por el
organismo intergubernamental competente;
"regiones desfavorecidas" son:
a) las regiones interiores de los Estados Miembros, que experimentan perturbaciones
económicas por causa del funcionamiento del MUEC;  o
b) las regiones que requieran medidas especiales de apoyo de carácter temporal o
transitorio, por motivos de:
i) menoscabo de sus recursos por catástrofes naturales;  o
ii) niveles transitoriamente bajos de desarrollo económico;
por "sectores desfavorecidos" se entiende:
a) los sectores de las economías de los Estados Miembros en los que las empresas
económicas experimentan perturbaciones por causa del funcionamiento del MUEC, o
b) los sectores que quizá precisen de medidas especiales de apoyo, de carácter temporal
o transitorio, por motivos de catástrofes naturales en las que las pérdidas del sector
son causa de perturbación social y económica;
"litigio" significa cualquier diferencia en el sentido de lo dispuesto en el artículo 183;por "empresas económicas" se entienden las empresas económicas en el sentido de lo
dispuesto en el párrafo 5 b) del artículo 32;
por "empresa" se entiende cualquier persona o tipo de organización, que no sea una
organización sin fines lucrativos, dedicada a la producción o al comercio de mercancías, o a la
prestación de servicios;
por "mercancías" se entiende cualquier clase de propiedad distinta de la propiedad
inmobiliaria, el dinero, los valores o los objetos de propiedad personal;
"derechos de importación" significa todo impuesto o recargo aduanero y cualesquiera otras
cargas de efecto equivalente, fiscales, monetarias o cambiarias, que se perciben sobre las
importaciones, excepto las notificadas en virtud del artículo 85 y las demás cargas comprendidas en el
ámbito de ese artículo;
"Comité de Asuntos Jurídicos" es el Órga no establecido en virtud del párrafo 1 del
artículo 18;WT/REG155/1
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por "Estado Miembro" se entiende un Esta do que es Miembro de la Comunidad, con
exclusión de los Miembros Asociados en el sentido del artículo 231;
por "Consejos Ministeriales" se entiende lo s siguientes:  COFYP, CREYC, CDHS y CCDE;
"nacional" significa ciudadano del país, en el sentido del párrafo 5 a) del artículo 32;
"Presidente" es el Presidente del Tribunal;"práctica recomendada" significa cualquier especificación de las características físicas, la
configuración, los materiales, los resultados, el personal o los procedimientos, cuya aplicación
uniforme se reconoce, en la región o en general, que es conveniente para la prestación eficiente de los
servicios de transporte;
las "normas de competencia" incluyen las normas establecidas en el inciso a) i) del párrafo 1
del artículo 166 y en los artículos 176, 177, 178 y 179;
la "Secretaría" es la Secretaría de la Comunidad, a la que se hace referencia en el artículo 23;El "Secretario General" es el Secretario General de la Comunidad;
por "servicios" se entiende los servicios prestados contra remuneración distinta de los salarios
en un sector aprobado y " prestación de servicios" significa el suministro de los servicios:
a) desde el territorio de un Estado Miembro al territorio de otro Estado Miembro;
b) en el territorio de un Estado Miembro a un consumidor de servicios de otro Estado
Miembro;
c) por un proveedor de servicios de un Estado Miembro, mediante presencia comercial
en el territorio de otro Estado Miembro, y
d) por un proveedor de servicios de un Estado Miembro, mediante la presencia de
personas físicas de un Estado Miembro en el territorio de otro Estado Miembro;
"norma" significa cualquier especificación de características físicas, configuración,
materiales, resultados, personal o procedimientos cuya aplicación uniforme la comunidad
internacional reconoce, en el plano regional o en general, que es necesaria para la eficiente prestación
de los servicios de transporte;
el término "subvenciones" comprende las subvenciones incluidas en la Lista V y sólo se
aplicará en relación con las mercancías;
el término "comercio" abarca cualquier empres a, industria, profesión u ocupación relacionada
con el suministro o la adquisición de bienes o servicios;
El "Acuerdo sobre la OMC" es el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994.WT/REG155/1
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CAPÍTULO I :  PRINCIPIOS
Artículo 2
Establecimiento de la Comunidad
La Comunidad queda establecida en virtud del pr esente documento y, en el Protocolo anexo
al mismo, se la reconoce como sucesora de la Comunidad y el Mercado Común del Caribe.
Artículo 3
Miembros
1. Los Miembros de la Comunidad son:
a) Antigua y Barbuda
b) Las Bahamas
c) Barbados
d) Belice
e) Dominica
f) Granada
g) Guyana
h) Jamaica
i) Montserrat
j) Saint Kitts y Nevis
k) Santa Lucía
l) San Vicente y las Granadinas
m) Suriname
n) Trinidad y Tobago.
2. Podrá ser Miembro de la Comunidad cualquier otro Estado o Territorio de la Región del
Caribe que, a juicio de la Conferencia, pueda ejercer los derechos y asumir las obligaciones de la
afiliación y esté dispuesto a hacerlo.
Artículo 4
Países menos adelantados y países más desarrollados
Para los fines del presente Tratado, serán países desarrollados los Estados que se mencionan
en los apartados b) , c), g), h), m) y n) del párrafo 1 del artículo 3 y el resto de ellos enumerado en
dicho párrafo serán países menos adelantados.WT/REG155/1
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Artículo 5
Modificación de la condición de los Estados Miembros
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el párrafo 1 del artículo 28, la Conferencia
podrá, por decisión mayoritaria, modificar la condición de un Estado Miembro.
Artículo 6
Objetivos de la Comunidad
La Comunidad tendrá los siguientes objetivos:a) mejorar los niveles de vida y las normas de trabajo;
b) el pleno empleo de la mano de obra y los otros factores de producción;
c) desarrollo económico y convergencia acelerados, coordinados y sostenidos;
d) expansión del comercio y las relaciones económicas con Estados terceros;
e) niveles más elevados de competitividad internacional;
f) organización para una mayor producción y productividad;
g) consecución de un mayor poder multiplicador y efectividad económicos de los
Estados Miembros en sus relaciones con Estados terceros, grupos de Estados y
entidades de cualquier clase;
h) mayor coordinación de las políticas exteriores y de las políticas económicas
(exteriores) de los Estados Miembros;  y
i) mayor cooperación funcional, que incluye:
i) un funcionamiento más eficiente de los servicios y actividades comunes en
beneficio de sus poblaciones;
ii) la promoción acelerada de un mejor entendimiento entre sus poblaciones y el
fomento de su desarrollo social, cultural y tecnológico;
iii) la intensificación de las actividades en sectores tales como la salud, la
educación, el transporte, las telecomunicaciones.
Artículo 7
No discriminación
1. Dentro del ámbito de aplicación del presente Tratado y sin perjuicio de ninguna de las
disposiciones especiales en él contenidas, queda pr ohibida toda discriminación fundada en motivos de
nacionalidad exclusivamente.
2. Previa consulta con los Órganos competentes, el Consejo de la Comunidad establecerá las
normas para prohibir toda discriminación de esa índole.WT/REG155/1
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Artículo 8
Trato de la nación más favorecida
Sin perjuicio de las disposiciones del presente Tratado, cada uno de los Estados Miembros
concederá a los demás Estados Miembros, en relación con los derechos en él estipulados, un trato no
menos favorable que el que conceda a:
a) un tercer Estado Miembro;  o a
b) terceros Estados.
Artículo 9
Entendimiento general sobre la aplicación
Los Estados Miembros adoptarán todas las medidas adecuadas, de carácter general o
particular, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del presente Tratado o que
resulten de decisiones adoptadas por los Órganos u Organismos de la Comunidad.  Facilitarán laconsecución de los objetivos de la Comunidad.  Se abstendrán de adoptar cualquier medida que pueda
poner en peligro la consecución de los objetivos del presente Tratado.
CAPÍTULO II :  DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
Artículo 10
Órganos de la Comunidad
1. Los principales Órganos de la Comunidad son:
a) la Conferencia de Jefes de Gobierno;  y
b) el Consejo de Ministros de la Comunidad, que será el segundo órgano por orden
jerárquico.
2. En el cumplimiento de sus funciones, los Órganos principales contarán con la asistencia de
los siguientes Órganos:
a) el Consejo de Finanzas y Planificación;
b) el Consejo de Comercio y Desarrollo Económico;
c) el Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias, y
d) el Consejo de Desarrollo Humano y Social.
Artículo 11
Composición de la Conferencia
1. La Conferencia de Jefes de Gobierno estará integrada por los Jefes de Gobierno de los
Estados Miembros.WT/REG155/1
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2. Cualquiera de los Jefes de Gobierno podrá designar a un Ministro u otra persona para que le
represente en cualquiera de las reuniones de la Conferencia.
Artículo 12
Funciones y facultades de la Conferencia
1. La Conferencia será el Ór gano supremo de la Comunidad.
2. La Conferencia establecerá y dará la orientación de la política general de la Comunidad.
3. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado, la Conferencia será la autoridad de
última instancia para la concertación de tratados en nombre de la Comunidad y para la iniciación de
relaciones entre la Comunidad y los Estados y los organismos internacionales.
4. La Conferencia podrá adoptar decisiones para los fines de establecer los arreglos financieros
necesarios para sufragar los gastos de la Comunidad y será la autoridad suprema en las cuestiones de
carácter financiero que se planteen a la Comunidad.
5. Con sujeción a las disposiciones pertinentes del presente Tratado, la Conferencia ejercerá las
facultades que se le otorguen en virtud o al amparo de cualquier Instrumento elaborado por la
Comunidad o bajo sus auspicios.
5. La Conferencia podrá establecer los Órganos u Organismos que considere necesarios para la
consecución de los objetivos de la Comunidad.
7. La Conferencia podrá dictar a los Órganos u Organismos de la Comunidad directrices de
carácter general o especial referentes a las políticas que hayan de aplicarse para la consecución de los
objetivos de la Comunidad y esas directrices se llevarán a efecto.
8. No obstante cualquier disposición en contrario en el presente Tratado, la Conferencia podrá
considerar y resolver los litigios que surjan entre los Estados Miembros.
9. La Conferencia podrá celebrar consultas con entidades de la Región del Caribe o con otros
organismos y, para este fin, podrá establecer los mecanismos que considere necesarios.
10. Con sujeción a lo dispuesto en el presente capítulo, la Conferencia regulará sus propios
procedimientos y podrá decidir que admite a sus deliberaciones, como observadores, a representantes
de Estados y otras entidades que no sean Miembros de la Comunidad.
11. La Mesa, integrada por el Presidente actual y los Presidentes inmediatamente anterior e
inmediatamente siguiente de la Conferencia, desempeñará las siguientes funciones:
a) presentar propuestas para su elaboración y aprobación por los Consejos Ministeriales,
según considere necesario;
b) mantener actualizado el consenso de los Estados Miembros sobre las cuestiones que
habrá de decidir la Conferencia;
c) facilitar la aplicación de las decisiones de la Comunidad, en los planos regional y
local, de manera rápida e informada;
d) dar a la Secretaría orientaciones sobre cuestiones de política general.WT/REG155/1
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Artículo 13
El Consejo de Ministros de la Comunidad
1. El Consejo de la Comunidad estará integrado por los Ministros encargados de los asuntos de
la Comunidad y por cualquier otro Ministro que designen los Estados Miembros a su total discreción.
2. El Consejo de la Comunidad, siguiendo las directrices de política general que establezca la
Conferencia, tendrá la responsabilidad primordial del desarrollo de la planificación estratégica y la
coordinación de la Comunidad en los sectores de la integración económica, la cooperación funcional y
las relaciones exteriores.
3. En cumplimiento de lo dispuesto en el anterior párrafo 2, el Consejo de la Comunidad:
a) aprobará los programas de la Comunidad sobre la base, inter alia , de las propuestas
dimanantes de otros Órganos de la Comunidad;
b) con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 20, modificará las propuestas
elaboradas por los Consejos Ministeriales o les pedirá que elaboren propuestas para la
consecución de los objetivos comunitarios,
y tendrá la responsabilidad de promover y vigilar la aplicación de las decisiones de la Comunidad en
los Estados Miembros.
4. Sin perjuicio de la generalidad de las anteriores disposiciones, el Consejo de la Comunidad:
a) examinará y aprobará, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 12, el
presupuesto de la Comunidad;
b) movilizará y asignará los recursos para la ejecución de los planes y programas de la
Comunidad;
c) establecerá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 26, un sistema de consultas
regionales y nacionales para impulsar los procesos comunitarios de adopción y
aplicación de las decisiones;
d) promoverá, impulsará, vigilará y evaluará los procesos regionales y nacionales de
aplicación y, para tal fin, establecerá un servicio regional de asistencia técnica;
e) hará las veces de órgano encargado de la preparación de las reuniones de la
Conferencia;
f) asegurará el funcionamiento eficiente y el desarrollo ordenado del MUEC, en
particular tratando de resolver los problemas que se planteen en su funcionamiento,
tomando en consideración los trabajos y las decisiones del Consejo de Comercio y
Desarrollo Económico (COTED);
g) recibirá y examinará las alegaciones de incumplimiento de obligaciones que se
planteen en el marco del presente Tratado, con inclusión de los litigios entre losÓrganos de la Comunidad;WT/REG155/1
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h) siguiendo instrucciones de la Conferencia preparará, para los Órganos y la Secretaría,
directrices encaminadas a conseguir la oportuna ejecución de las decisiones de la
Comunidad;
i) desempeñará cualesquiera otras funciones resultantes del presente Tratado, que le
encomiende la Conferencia.
Artículo 14
El Consejo de Finanzas y Planificación
1. El Consejo de Finanzas y Planificación (C OFYP) estará formado por Ministros designados
por los Estados Miembros.  Cada Estado Miembro tendrá derecho a designar suplentes que lo
representen en el COFYP.
2. Con sujeción a las disposiciones pertinen tes del artículo 12, incumbirá al COFYP la
responsabilidad primordial de la coordinación de la política económica y de la integración financieray monetaria de los Estados Miembros y, sin perjuicio de todo lo anterior,
a) aplicará y promoverá medidas para la coordinación y convergencia de las políticas
macroeconómicas nacionales de los Estados Miembros y para la ejecución de una
política armonizada de inversiones extranjeras;
b) promoverá y facilitará la adopción de me didas para la cooperación fiscal y monetaria
entre los Estados Miembros, y establecerá mecanismos para los pagos;
c) recomendará medidas para que las Administraciones de los Estados Miembros
puedan conseguir y mantener la disciplina fiscal;
d) en espera del establecimiento de una unión monetaria en la Comunidad, recomendará
las disposiciones para la libre convertibilidad de las monedas de los EstadosMiembros sobre una base de reciprocidad;
e) promoverá el establecimiento y la integración de los mercados de capitales en la
Comunidad, y
f) desempeñará cualesquiera otras funciones dimanantes del presente Tratado, que le
encomiende la Conferencia.
3. Bajo la dirección del COFYP, el Comité de Gobernadores del Banco Central cooperará en el
desempeño de las funciones que se mencionan en el párrafo 2 del presente artículo.
Artículo 15
El Consejo de Comercio y Desarrollo Económico
1. El Consejo de Comercio y Desarrollo Económico (CCDE) estará integrado por Ministros
designados por los Estados Miembros.  Cada Estado Miembro tendrá derecho a designar suplentes
que lo representen en el CCDE.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, el CCDE se encargará de la promoción del
desarrollo comercial y económico de la Comunidad.  En particular, el CCDE:WT/REG155/1
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a) promoverá el desarrollo y supervisará el funcionamiento del Mercado Unico y
Economía de la Caricom (MUEC);
b) evaluará, promoverá y establecerá medidas de fomento de la producción, el control de
la calidad y la comercialización de los productos industriales y agropecuarios para
conseguir su competitividad internacional;
c) establecerá y promoverá medidas encaminadas a acelerar la diversificación
estructural de la producción industrial y agropecuaria sobre una base sostenible y
regionalmente integrada;
d) establecerá y promoverá medidas para el desarrollo acelerado y la comercialización
de los servicios;
e) promoverá y elaborará políticas y programas para facilitar el transporte de personas y
de mercancías;
f) promoverá medidas para el desarrollo de los recursos energéticos y naturales sobre
una base sostenible;
g) establecerá y promoverá medidas para el desarrollo acelerado de la ciencia y la
tecnología;
h) impulsará y elaborará políticas para la preservación y protección del entorno y para el
desarrollo sostenible;
i) en colaboración con el Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias, promoverá
y desarrollará políticas coordinadas de fomento de las relaciones exteriores
económicas y comerciales de la Comunidad, y
j) desempeñará cualesquiera otras funciones resultantes del presente Tratado, que le
encomiende la Conferencia.
Artículo 16
El Consejo de Relaciones Exteriores y con la Comunidad
1. El Consejo de Relaciones Exteriores y con la  Comunidad (COFCOR) estará integrado por los
Ministros encargados de los Asuntos Exteriores de los Estados Miembros.  Cada Estado Miembroestará facultado para designar un sustituto que le represente en el COFCOR.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1 2, el COFCOR se encargará de determinar las
relaciones entre la Comunidad y los organismos internacionales y los estados terceros.
3. Sin perjuicio del sentido general del párrafo 2, el COFCOR:
a) promoverá el desarrollo de relaciones amistosas y mutuamente beneficiosas entre los
Estados Miembros;
b) establecerá medidas para coordinar las políticas exteriores de los Estados Miembros
de la Comunidad, con inclusión de propuestas de representación conjunta, y tratará de
conseguir, en la medida de lo posible, que se adopten las posiciones de la Comunidad
sobre los principales problemas del hemisferio e internacionales;WT/REG155/1
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c) coordinará las posiciones de los Estados Miembros en los organismos
intergubernamentales en cuyas actividades participen esos Estados;
d) colaborará con el CCDE para promover y desarrollar políticas coordinadas de
fomento de las relaciones exteriores, económicas y comerciales, de la Comunidad;
e) en estrechas consultas con los Estados Miembros, coordinará la política de la
Comunidad sobre cuestiones internacionales con las políticas de los Estados de toda
la Región del Caribe para llegar a posiciones comunes en relación con Terceros
Estados, grupos de Estados y organismos intergubernamentales pertinentes, y
f) desempeñará cualesquiera otras funciones resultantes del presente Tratado, que le
encomiende la Conferencia,
4. Sólo los Estados Miembros que tengan la necesaria competencia en las materias que se
consideren podrán participar, de vez en cuando, en las deliberaciones del COFCOR.
Artículo 17
El Consejo de Desarrollo Humano y Social
1. El Consejo de Desarrollo Humano y Social (CDHS) estará constituido por Ministros
designados por los Estados Miembros.  Cada Estado Miembro tendrá derecho a designar suplentes
que lo representen en el CDHS.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 12, el Consejo de Desarrollo Humano y Social se
encargará de la promoción del desarrollo humano y so cial en la Comunidad.  En particular, el CDHS:
a) promoverá el mejoramiento de la salud, con inclusión del desarrollo y la organización
de servicios de salud eficientes y económicos en la Comunidad;
b) promoverá el desarrollo de la educac ión mediante la organización eficiente de
instalaciones educativas y de formación en la Comunidad, con inclusión de
instalaciones de formación profesional, elemental y avanzada, y de instalaciones
técnicas;
c) promoverá y elaborará políticas y programas coordinados para mejorar las
condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y adoptará las medidas adecuadaspara facilitar la organización y el desarrollo de relaciones laborales e industriales
armoniosas en la Comunidad;
d) establecerá políticas y programas destinados a fomentar el desarrollo de la juventud y
de la mujer en la Comunidad con el fin de alentar y fomentar su participación en las
actividades sociales, culturales, políticas y económicas;
e) promoverá y establecerá programas de desarrollo de la cultura y el deporte en la
Comunidad;
f) promoverá la elaboración de programas especiales que favorezcan el establecimiento
y mantenimiento de un entorno humano sano en la Comunidad, y
g) se encargará de cualesquiera otras funciones que le encomiende la Conferencia, en el
marco del presente Tratado.WT/REG155/1
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3. Sin perjuicio de los requisitos que imponga cualquiera otra de las disposiciones del presente
Tratado, el CDHS promoverá la cooperación entre lo s Estados Miembros en los sectores establecidos
en la lista anexa al mismo para la consecución de los objetivos que se fijan en el artículo 5.
Artículo 18
Órganos de la Comunidad
1. Por el presente Tratado se establecen los siguientes Órganos de la Comunidad:
a) el Comité de Asuntos Jurídicos;  y
b) el Comité del Presupuesto.
2. El Consejo de Gobernadores del Banco Central recibirá el nombre de "Comité de
Gobernadores del Banco Central" y estará  reconocido como Órgano de la Comunidad.
3. Los Órganos de la Comunidad podrán establecer, si así lo consideran necesario, otros
Órganos de la Comunidad.
Artículo 19
Composición y Funciones de los Órganos de la Comunidad
1. El Comité de Asuntos Jurídicos estará integrado por los Ministros encargados de las
cuestiones jurídicas, por los Fiscales Generales de los Estados Miembros, o por unos y otros, y se
encargará de facilitar a los Organismos y Órganos, previa petición o por propia iniciativa,asesoramiento sobre los tratados, los asuntos jurídicos internacionales, la armonización de las leyes de
la Comunidad y otras cuestiones legales.
2. El Comité del Presupuesto estará integrado por funcionarios principales de los Estados
Miembros, que sean capaces de desempeñar sus funciones de manera profesional.  Este Comité
examinará el proyecto de presupuesto y el programa  de trabajo de la Comunidad preparados por la
Secretaría, y presentará recomendaciones al Consejo de la Comunidad.
3. El Comité de Gobernadores del Banco Central estará integrado por los Gobernadores o
Directores de los Bancos Centrales de los Estados Miembros o por personas por ellos designadas.  El
Comité hará recomendaciones al COFYP sobre las cuestiones relativas a la cooperación monetaria, a
las disposiciones para los pagos, a la libre circulación de los capitales, la integración de los mercadosde capitales, la unión monetaria y otros asuntos afines que le sometan los Órganos de la Comunidad.
4. Los procedimientos de los Órganos se regirán, mutatis mutandis, por las disposiciones
pertinentes de los artículos 27 y 29.
Artículo 20
Cooperación de los Órganos de la Comunidad
1. Los Órganos de la Comunidad cooperarán entre sí para conseguir los objetivos de la
Comunidad.
2. La Oficina y el Consejo de la Comunidad podrán incoar propuestas, para su desarrollo por los
Consejos Ministeriales, en sus respectivos sectores de competencia.WT/REG155/1
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3. Cuando un Órgano de la Comunidad se proponga elaborar una propuesta que probablemente
vaya a tener una incidencia importante en actividades de la esfera de competencia de otro Órgano de
la Comunidad, el Órgano primeramente menciona do transmitirá esa propuesta a los demás Órganos
de la Comunidad interesados para que ellos la examinen y respondan, antes de llegar a una decisión
final sobre tal propuesta.
4. Las propuestas aprobadas por los Consejos Ministeriales se trasladarán al Consejo de la
Comunidad para que él establezca las prioridades y asigne los recursos para su ejecución.
5. Las propuestas aprobadas por los Consejos Ministeriales y transmitidas al Consejo de la
Comunidad para el establecimiento de prioridades y la asignación de recursos para su ejecución
podrán se devueltas por el Consejo de la Comunidad al Órgano que las ha iniciado, para que las
modifique.  El Consejo de la Comunidad podrá modifi car la propuesta en la medida y de la manera
acordadas con el Órgano en que ha iniciado la propuesta.
6. La Secretaría vigilará la elaboración y la aplicación de las propuestas para la consecución de
los objetivos de la Comunidad y mantendrá al Consejo de la Comunidad debidamente informado.
Artículo 21
Instituciones de la Comunidad
Se reconocerán como Instituciones de la Comunidad las siguientes entidades establecidas por
la Comunidad o bajo sus auspicios:
• Agencia de Respuesta en casos de Catástrofes Naturales, del Caribe (CDERA);
• Instituto Meteorológico del Caribe (IMC);
• Organización Meteorológica del Caribe (CMO);
• Instituto de Salud Medioambiental, del Caribe (ISMC);
• Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe (IIDAC);
• Centro Regional del Caribe para la Formaci ón y Capacitación de Ayudantes de Salud
Animal y Veterinaria (REPAHA);
• Asamblea de Parlamentarios de la Comunidad del Caribe (ACCP);
• Centro del Caribe para la Administración del Desarrollo (CARICAD);
• Instituto de Alimentación y Nutrición, del Caribe (CFNI);
y las demás entidades que designe la Conferencia.
Artículo 22
Instituciones asociadas de la Comunidad
Las entidades siguientes, con las que la Comunidad tiene importantes relaciones de
funcionamiento y que contribuyen a la consecución de los objetivos de la Comunidad se reconocerán
como Instituciones asociadas de ésta:WT/REG155/1
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• Banco de Desarrollo del Caribe (BDC);
• Universidad de Guyana (UG);
• Universidad de las Indias Occidentales (UWI);
• Instituto Jurídico del Caribe / Centro del Instituto Jurídico del Caribe (CLI/CLIC);
• la Secretaría de la Organización de Estados del Caribe Oriental;
y las demás entidades que designe la Conferencia.
Artículo 23
La Secretaría
1. La Secretaría será el principal órgano administrativo de la Comunidad.  La Sede de la
Comunidad estará situada en Georgetown, Guyana.
2. La Secretaría estará integrada por un Secretario General y el personal que la Comunidad
necesite.  En la contratación de ese personal, se procurará conseguir los niveles más elevados de
eficiencia, competencia e integridad, teniendo en cuenta el principio de distribución geográfica
equitativa.
3. El Secretario General, además de los poderes que le son conferidos por el presente tratado o
en virtud de él, será el Director Ejecutivo de la Comunidad y actuará en tal capacidad en todas las
reuniones de los Organismos u Órganos de la Comunidad.  Presentará a la Conferencia un informe
anual sobre los trabajos de la Comunidad.
4. En el desempeño de sus funciones, el Secretario General y el personal no pedirán ni recibirán
instrucciones de ningún Gobierno de los Estados Miembros ni de ninguna otra autoridad externa a la
Comunidad.  Se abstendrán de toda actuación que pueda dar una imagen desfavorable de su posición
de funcionarios de la Comunidad y sólo serán responsables ante la Comunidad.
5. Los Estados Miembros se comprometen a respetar el carácter exclusivamente internacional de
las responsabilidades del Secretario General y del personal y, en el cumplimiento de sus obligaciones,
no tratarán de influir en ellos.
6. La Conferencia aprobará el Reglamento del Pers onal por el que se rige el funcionamiento de
la Secretaría.
7. El Consejo de la Comunidad aprobará el re glamento financiero por el que se rige el
funcionamiento de la Secretaría.
8. El Secretario General establecerá el Reglamento del Personal para el funcionamiento de la
Secretaría.WT/REG155/1
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Artículo 24
El Secretario General
1. Previa recomendación del Consejo de la Comunidad, el Secretario General será nombrado por
la Conferencia para un período no superior a cinco años y podrá ser nombrado de nuevo por la
Conferencia.
2. El Secretario General será el Director Ejecutivo de la Comunidad y, con sujeción a las
decisiones de los Órganos competentes de la Comunidad y de conformidad con los reglamento
financiero y otros desempeñará las siguientes funciones:
a) representará a la Comunidad;
b) según le sea encomendado, convertirá en propuestas aplicables las decisiones de los
Órganos competentes de la Comunidad;
c) identificará y movilizará los recursos externos que sean necesarios para ejecutar las
decisiones en el plano regional y realizará estudios y transformará las decisiones
adoptadas sobre cuestiones importantes en propuestas que puedan aplicarse;
d) según le sea encomendado, aplicará las decisiones en el plano regional para conseguir
los objetivos de la Comunidad;
e) con el consentimiento del Estado Miembro interesado, aplicará las decisiones de la
Comunidad que no requieran actos legislativos o administrativos de las autoridades
nacionales;
f) vigilará la aplicación de las decisiones de la Comunidad e informará sobre ella, como
se le encomiende;
g) iniciará o elaborará propuestas para que los Órganos competentes las consideren y
adopten a fin de alcanzar los objetivos de la Comunidad, y
h) las demás funciones que le asigne la conferencia u otros Órganos competentes.
Artículo 25
Funciones de la Secretaría
Además de las funciones que le asignen los Órganos de la Comunidad, la Secretaría:
a) se encargará de los servicios de las reuniones de los Órganos de la Comunidad e
iniciará las adecuadas medidas de seguimiento de las determinaciones adoptadas en
esas reuniones;
b) iniciará, organizará y llevará a cabo estudios de los problemas que plantee la
consecución de los objetivos de la Comunidad;
c) previa petición, prestará a los Estados Miembros de la Comunidad servicios en
asuntos relacionados con la consecución de los objetivos de ésta;WT/REG155/1
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d) reunirá, almacenará y distribuirá a los Estados Miembros de la Comunidad
información pertinente para la consecución de sus objetivos;
e) prestará asistencia a los Órganos de la Comunidad en la elaboración y aplicación de
propuestas y programas para la consecución de los objetivos de la Comunidad;
f) coordinará en relación con la Comunidad las actividades de los organismos donantes
y de las instituciones internacionales, regionales y nacionales para la consecución de
los objetivos de la Comunidad;
g) preparará el proyecto de presupuesto de la Comunidad para su examen por el Comité
del Presupuesto;
h) previa petición, prestará asistencia técnica a las autoridades nacionales para facilitar
la aplicación de las decisiones de la Comunidad;
i) según se le encomiende, llevará a cabo misiones de estudio de la situación en los
Estados Miembros, e
j) iniciará o elaborará propuestas para que los Órganos competentes las consideren y
adopten las decisiones que convenga para conseguir los objetivos de la Comunidad.
Artículo 26
El proceso consultivo
1. Para mejorar el proceso de adopción de decisiones en la Comunidad, el Consejo de la
Comunidad, con la ayuda del Secretario General y en colaboración con las autoridades competentes
de los Estados Miembros, establecerá y mantendrá un sistema de eficiente consultas en los planos
nacional y regional.
2. El sistema de consultas tendrá por objeto conseguir que las determinaciones de los Órganos y
del Comité de Asuntos Jurídicos de la Comunidad estén adecuadamente informadas mediante
aportaciones de información pertinente y se vean reforzadas por las consultas celebradas en niveles
cada vez más bajos del proceso de adopción de decisiones.
Artículo 27
Procedimientos de votación comunes en los órganos de la Comunidad
1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, cada Estado Miembro
representado en los Organismos y Órganos de la Co munidad tendrá un solo voto.  Constituirá quórum
la mayoría simple de los Estados Miembros.
2. Los Estados Miembros cuyas contribuciones al presupuesto ordinario de la Comunidad
tengan atrasos de más de dos años no tendrán derecho de voto, salvo en cuestiones relacionadas con el
MUEC, pero podrán participar en las deliberaciones de los Órganos y Organismos de la Comunidad.
Ello no obstante, la Conferencia podrá permitir que esos Miembros voten si considera que la falta decontribución obedece a condiciones que no dependen de ellos.
3. En los Órganos de la Comunidad, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se
adoptarán por mayoría simple de los Estados Miembros.WT/REG155/1
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4. A reserva del acuerdo de la Conferencia, un Estado Miembro podrá eludir obligaciones
resultantes de decisiones de los Órganos competentes, siempre que con ello no se perjudiquen los
objetivos fundamentales de la Com unidad, establecidos en el Tratado.
5. Antes de adoptar sobre cualquier asunto decisiones que incumban a los Órganos de la
Comunidad, la Secretaría señalará a la atención de la reunión las consecuencias financieras de esasdecisiones y cualesquiera otros aspectos que puedan ser de importancia.
6. Las recomendaciones de los Órganos de la Comunidad se harán por mayoría de dos tercios de
los Estados Miembros y no serán jurídicamente vinculantes.  Los Estados Miembros que no cumplan
las recomendaciones informarán de ello, por escrito, a la Secretaría en el plazo de seis meses,
exponiendo las razones de su incumplimiento.
7. Sin perjuicio de las disposiciones pertinentes del presente Tratado, los Órganos y Organismos
de la Comunidad establecerán sus propias normas de procedimiento.
Artículo 28
Votación en la Conferencia
1. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado y con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 2 de este artículo y a las disposiciones pertinentes del artículo 27, la Conferencia adoptará sus
decisiones por voto afirmativo de la totalidad de sus miembros y esas decisiones serán vinculantes.
2. Para los fines del presente artículo no se considerará que las abstenciones menoscaban la
validez de las decisiones de la Conferencia siempre que vote a favor de tales decisiones un número de
Estados Miembros que constituya las tres cuartas partes de los Miembros de la Comunidad.
3. La falta de participación de un Estado Miembro en la votación se considerará una abstención
en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo.
4. Las partes en un litigio o contra las cuales esté considerándose la aplicación de sanciones no
tendrán derecho de voto sobre el asunto que ha de decidirse.
Artículo 29
Votación en el Consejo de la Comunidad y en los Consejos Ministeriales
1. Salvo disposición en contrario en este Tratado y con sujeción a lo dispuesto en el presente
artículo y en el artículo 27, los Consejos Ministeriales adoptarán sus decisiones por mayoría
cualificada y esas decisiones serán vinculantes.
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo un voto por mayoría cualificada es el
resultado afirmativo de una votación de los Estados Miembros en la que hayan participado como
mínimo las tres cuartas partes de los miembros de la Comunidad.
3. Cuando se determine que los asuntos son de importancia crítica para el bienestar nacional de
un Estado Miembro, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, esasdecisiones deberán tomarse por el voto afirmativo de la totalidad de los Estados Miembros.
4. Para las decisiones de que una cuestión es de importancia crítica para el bienestar nacional de
uno de los Estados Miembros se precisará una mayoría de dos tercios de los Estados Miembros.WT/REG155/1
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5. A los efectos del párrafo 3 del presente artículo, se considerará que las abstenciones no
menoscaban la validez de las decisiones que hayan de adoptarse por unanimidad, siempre que vote a
favor de tales decisiones un número de Estados Miembros que constituya no menos de las tres cuartas
partes de los Miembros de la Comunidad.
CAPÍTULO III :  ESTABLECIMIENTO, SERVICIOS, CAPITAL Y
MOVIMIENTO DE LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD
Artículo 30
Ámbito de aplicación
1. Salvo disposición en contrario en el presente artículo y en el artículo 31, las disposiciones de
este capítulo se aplicarán al derecho de establecimiento, al derecho de prestar servicios y al derecho
de circulación de capitales en la Comunidad.
2. Quedarán excluidas del ámbito del presente capítulo las actividades de todo Estado Miembro
que implican el ejercicio de la autoridad de gobierno, en la medida en que afecten a ese Estado
Miembro.
3. Para los fines del presente capítulo, "actividades que implican el ejercicio de la autoridad de
gobierno" son las actividades que no se realizan sobre una base comercial ni en competencia con una
o más empresas económicas, y comprenden:
a) las actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria o cualquier
otra entidad pública, en aplicación de políticas monetarias o cambiarias;
b) las actividades que forman parte de un sistema reglamentario de seguridad social o de
planes de jubilación públicos;
c) las actividades que forman parte de un sistema de seguridad nacional o para el
establecimiento o el mantenimiento del orden público;  y
d) otras actividades que realice una entidad pública por cuenta del Estado, con la
garantía del Estado o utilizando recursos financieros estatales.
Artículo 31
Trato de los monopolios
1. Los Estados Miembros podrán establecer que el interés publico exige la exclusión o la
restricción del derecho de establecimiento en cualquier sector industrial o en un determinado sector de
una industria.
2. Cuando se haya tomado esa determinación:
a) si la determinación da lugar a la continuación o establecimiento de un monopolio
estatal, el Estado Miembro adoptará las medidas adecuadas para que ese monopolio
no discrimine entre los nacionales de los Estados Miembros, salvo disposición encontrario en el presente Tratado, y esté sujeto a las normas de competencia acordadas
para las empresas económicas de la Comunidad.WT/REG155/1
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b) si la determinación da lugar a la continuación o establecimiento de un monopolio del
sector privado, el Estado Miembro, a reserva de las disposiciones del presente
Tratado, adoptará las medidas adecuadas para que el trato nacional se conceda a los
nacionales de los demás Estados Miembros que participen en sus operaciones.
Artículo 32
Prohibición de nuevas restricciones del derecho de establecimiento
1. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado, los Estados Miembros no introducirán
en sus territorios ninguna restricción nueva del derecho de establecimiento de los nacionales de otros
Estados Miembros.
2. Los Estados Miembros notificarán al CCDE las restricciones vigentes del derecho de
establecimiento que afecten a los nacionales de otros Estados Miembros.
3. 1) El derecho de establecimiento en el sentido que tiene en el presente capítulo incluirá
el derecho a:
a) dedicarse a cualquier actividad no remunerada de carácter comercial,
industrial, agrícola, profesional o artesanal;
b) establecer y gestionar las empresas económicas a que se hace referencia en el
párrafo 5 b) del presente artículo.
2) Para los fines de este capítulo, por "actividades no remuneradas" se entiende las
actividades realizadas por personas independientes.
4. Con la aprobación de la Conferencia y prev ia recomendación del CCDE o del COFYP, según
los casos, el Consejo de la Comunidad podrá ampliar el conjunto de los derechos previstos en el
párrafo 3 del presente artículo.  El Órgano competente establecerá los criterios básicos para que losEstados Miembros puedan impedir toda manipulación o abuso de esos derechos destinada a conseguir
una ventaja injusta sobre otros Estados Miembros, por ejemplo en cuanto a los criterios de
nacionalidad y en el funcionamiento de las compañías.
5. A los efectos del presente capítulo:
a) se considerará que una persona es nacional de un Estado Miembro si esa persona:
i) es ciudadano de ese Estado;
ii) tiene con ese Estado un vínculo de tal naturaleza que permite que se
considere que pertenece a él o, por así decirlo, que es ciudadano o residente
de ese Estado a los efectos de las leyes de éste relacionadas con la
inmigración, o
iii) es una compañía u otra entidad jurídica constituida en el Estado Miembro de
conformidad con la legislación de éste y que ese Estado considera que lepertenece, siempre que esa compañía o entidad jurídica se haya formado para
fines lucrativos, posea su sede y administración central registrada, realice una
actividad importante dentro de la Comunidad y su propiedad y control
efectivo esté sustancialmente en manos de las personas que se mencionan en
los apartados i) y ii) del presente párrafo,WT/REG155/1
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b) la expresión "empresas económicas" incluye todo tipo de organización destinada a la
producción o al comercio de mercancías o a la prestación de servicios (que no sea una
organización sin fines lucrativos) que sea propiedad de cualquiera de las personas o
entidades mencionadas en el apartado a) del presenta párrafo, o esté controlada por
ella.
c) una compañía u otra entidad jurídica:
i) es sustancialmente propiedad de alguien si más del 50 por ciento de los
intereses de su capital social son usufructuados por los nacionales que se
mencionan en los apartados a) i) o ii) del presente párrafo;
ii) está efectivamente controlada si los nacionales a los que se hace referencia en
el apartado a) del presente párrafo tienen capacidad para nombrar a una
mayoría de sus directores o para dirigir legalmente sus actos,
Artículo 33
Supresión de las restricciones del derecho de establecimiento
1. A reserva de lo dispuesto en los artículos 221 y 222, los Estados Miembros eliminarán las
restricciones del derecho de establecimiento de los nacionales de un Estado Miembro en el territorio
de otro Estado Miembro.
2. La supresión de las restricciones del derecho de establecimiento, a la que se hace referencia
en el párrafo 1 del presente artículo será también de aplicación a las restricciones del establecimiento
de agencias, sucursales o empresas subsidiarias por los nacionales de un Estado Miembro en el
territorio de otro Estado Miembro.
3. A reserva de su aprobación por la Conferencia, el CCDE, en consulta con el CDHS y
el COFYP, establecerán, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente
Tratado, un programa en el que se prevea la supresión de las restricciones del derecho de
establecimiento de los nacionales de un Estado Miembro en el territorio de otro Estado Miembro.  En
el programa, entre otras cosas,
a) se identificarán las actividades respecto de las cuales no será de aplicación el derecho
de establecimiento;
b) se fijarán las condiciones en las que ha de lograrse el derecho de establecimiento;  y
c) se establecerán las condiciones, fases y plazos para la supresión de las restricciones
del derecho de establecimiento.
4. El Consejo de la Comunidad podrá autorizar  a un Estado Miembro cuyos nacionales han sido
perjudicados por la violación de obligaciones a la que se hace referencia en el presente artículo y en
los artículos 32, 36 y 37, a que adopte las medidas previstas en el presente Tratado.WT/REG155/1
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Artículo 34
Gestión de la supresión de la restricciones del derecho de establecimiento
Al realizar las tareas previstas en el artículo 33, el CCDE , entre otras cosas:a) concederá prioridad a la supresión de las restricciones impuestas a las actividades
respecto de las cuales el derecho de establecimiento fomenta el desarrollo de:
i) la producción o el comercio de bienes;
ii) la prestación de servicios,
que generan ingresos en divisas;
b) exigirá que los Estados Miembros supriman las prácticas y procedimientos
administrativos cuyo mantenimiento impide el ejercicio del derecho de
establecimiento;
c) exigirá que los Estados Miembros eliminen todas las restricciones que pesan sobre el
movimiento de personal directivo, técnico y supervisor de las empresas económicas y
sobre el establecimiento de agencias, sucursales y filiales de compañías y demás
entidades establecidas en la Comunidad;
d) aplicará medidas para conseguir la supresión de las restricciones impuestas al derecho
de establecimiento respecto de las actividades a las que se concede trato prioritario deconformidad con el párrafo a) del presente artículo en la medida en que guardan
relación con:
i) el establecimiento, en los territorios de los Estados Miembros, de agencias,
sucursales o filiales pertenecientes a una empresa económica;  y
ii) las condiciones que rigen la entrada de personal directivo, técnico o
supervisor empleado en esas agencias, sucursales o filiales, con inclusión de
los cónyuges y los miembros dependientes de las familias de ese personal;
e) adoptará las medidas adecuadas para conseguir una estrecha colaboración entre las
autoridades nacionales competentes para mejorar su conocimiento de la situación
concreta de las correspondientes actividades en la Comunidad;
f) exigirá que los Estados Miembros garanticen que los nacionales de otro Estado
Miembro pueden tener acceso a la tierra, los edificios y demás propiedades situados
en el territorio de otro Estado Miembro, para fines que no sean especulativos o que
puedan desestabilizar la economía, sobre una base de no discriminación, y teniendo
presente la importancia de la agricultura para muchas economías nacionales;
g) se cerciorará de que los Estados Miembros coinciden en cuanto a la protección que
conceden a los intereses de los socios, los miembros y demás personas que tienenintereses en las compañías y otras entidades.WT/REG155/1
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Artículo 35
Aceptación de diplomas, certificados, y otros justificantes de cualificaciones
1. El CDHS, en consulta con el Órgano compet ente, establecerá normas y medidas comunes de
acreditación o, cuando sea necesario, para el reco nocimiento recíproco de diplomas, certificados y
otras pruebas de cualificaciones de los nacionales de los Estados Miembros, con el fin de facilitar elacceso y la dedicación al empleo y a actividades no remuneradas en la Comunidad.
2. Los Estados Miembros fijarán o emplearán, según los casos, mecanismos adecuados para
establecer normas comunes para determinar la equivalencia o conceder la acreditación de diplomas,
certificados y otras pruebas de cualificaciones conseguidas por nacionales de otros Estados Miembros.
3. El CDHS establecerá asimismo medidas de coordinación de los requisitos legislativos y
administrativos de los Estados Miembros para la participación de los ciudadanos de la Comunidad en
el empleo y para el desempeño de actividades no lucrativas en la Comunidad.
Artículo 36
Prohibición de nuevas restricciones de la prestación de servicios
1. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado, los Estados Miembros no introducirán
ninguna nueva restricción de la prestación de servicios en la Comunidad por los nacionales de otros
Estados Miembros.
2. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al derecho de establecimiento, las personas que
presten servicios podrán, a los efectos de tal prestación, ocuparse temporalmente de las actividades
aprobadas en el Estado Miembro en el que han de prestarse los servicios, en las mismas condiciones
de que disfrutan los nacionales de ese Estado Miembro.
3. Los Estados Miembros notificarán al CCDE las restricciones que se aplican a la prestación de
servicios en relación con los nacionales de los demás Estados Miembros.
4. A los efectos del presente capítulo, por "servicios" se entiende los servicios prestados contra
remuneración distinta del salario en cualquier sector aprobado, y "la prestación de servicios" significa
el suministro de los servicios:
a) desde el territorio de un Estado Miembro al territorio de otro Estado Miembro;b) en el territorio de un Estado Miembro al consumidor de servicios de otro Estado
Miembro;
c) por un proveedor de servicios de un Estado Miembro mediante presencia comercial
en el territorio de otro Estado Miembro;  y
d) por un proveedor de servicios de un Estado Miembro mediante la presencia de
personas físicas de un Estado Miembro en el territorio de otro Estado Miembro.WT/REG155/1
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Artículo 37
Supresión de las restricciones aplicadas a la prestación de servicios
1. A reserva de lo dispuesto en el presente Tratado, los Estados Miembros suprimirán, respecto
de los ciudadanos de la Comunidad, las restricciones discriminatorias impuestas a la prestación de
servicios en la Comunidad.
2. A reserva de aprobación por la Conferencia, el CCDE, el consulta con otros Órganos
competentes, establecerá, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente
Tratado, un programa para la supresión de las restricciones impuestas a la prestación de esos servicios
en la Comunidad por ciudadanos comunitarios.
3. Al establecer el programa a que se hace referencia en el anterior párrafo 2 del presente
artículo, el CCDE:
a) concederá prioridad a los servicios que influyan directamente en los costos de
producción o faciliten el comercio de mercancías y servicios que genera ingresos en
divisas;
b) exigirá a los Estados Miembros que supriman las prácticas y procedimientos
administrativos cuyo mantenimiento impide el ejercicio del derecho a prestar
servicios;
c) aplicará medidas para conseguir que se supriman las restricciones del derecho a
prestar servicios respecto de actividades a las que se haya concedido un trato
prioritario de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del presente párrafo,
tanto en los términos y condiciones para la prestación de los servicios en los
territorios de los Estados Miembros como en las condiciones que rigen la entrada depersonal, con inclusión de sus cónyuges y miembros de su familia inmediatamente
dependientes, para la prestación de los servicios;
d) adoptará las medidas adecuadas para conseguir una estrecha colaboración entre las
autoridades nacionales competentes con el fin de que mejoren su conocimiento de las
condiciones relativas a las correspondientes actividades en la Comunidad, y
e) exigirá que los Estados Miembros se cercioren de que los nacionales de un Estado
Miembro tienen acceso, de manera no discriminatoria, a la tierra, los edificios y
demás propiedades situadas en el territorio de otro Estado Miembro para fines
directamente relacionados con la prestación de servicios, teniendo presente la
importancia de la agricultura para muchas economías nacionales.
Artículo 38
Supresión de las restricciones aplicadas los servicios bancarios, los de seguros
y los demás servicios financieros
1. A reserva de lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados Miembros suprimirán las
restricciones discriminatorias que se aplican los servicios bancarios, los de seguros y los demás
servicios financieros.WT/REG155/1
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2. A reserva de la aprobación por la Conferenci a, el COFYP, en consulta con los demás órganos
competentes de la Comunidad, podrá excluir ciertos servicios financieros del ámbito de aplicación de
las disposiciones del presente artículo.
Artículo 39
Prohibición de nuevas restricciones a los movimientos de capital
y a las transacciones corrientes
Los Estados Miembros no introducirán ninguna nueva restricción de los movimientos de
capital ni de los pagos relacionados tales movimientos, ni de los pagos y transferencias corrientes, ni
harán más restrictivos los reglamentos vigentes salvo en la medida de lo previsto en el artículo 43 y en
el artículo 46.
Artículo 40
Supresión de las restricciones de los movimientos de capital
y de las transacciones corrientes
1. Para conseguir el funcionamiento adecuado del MUEC, los Estados Miembros suprimirán
entre sí:
a) las restricciones de los pagos de capital;
b) las restricciones de todos los pagos corrientes, con inclusión de los pagos por
mercancías y servicios y otras transferencias por cuenta corriente.
2. A reserva de la aprobación de la Conferencia, el COFYP establecerá, en colaboración con el
Comité de Gobernadores del Banco Central, un programa para la supresión de las restricciones
mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.
3. A los efectos del presente artículo, los pagos de capital y los pagos y transferencias con ellos
relacionados incluyen los siguiente:
a) las inversiones en renta variable y las inversiones de cartera;
b) las transacciones bancarias y crediticias a corto plazo;
c) el pago de intereses sobre préstamos y la amortización de éstos;
d) los dividendos y otros ingresos sobre inversiones, después del pago de impuestos;e) la repatriación de fondos procedentes de la venta de activos;  y
f) otras transferencias y pagos relacionados con las corrientes de inversiones.
Artículo 41
Autorización para facilitar los movimientos de capital
1. Siempre que sea necesario, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, los
Estados Miembros concederán, sobre una base no discriminatoria, las autorizaciones que sean
necesarias para los movimientos de capital que se mencionan en el artículo 40.WT/REG155/1
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2. En el caso de un préstamo destinado para fines estatales, puede ser necesaria su notificación
previa al Estado en que el préstamo va a hacerse o en el que va a invertirse.
Artículo 42
Coordinación de las políticas cambiarias e intercambio de información
1. Los Estados Miembros adoptarán las medidas que sean necesarias para coordinar sus políticas
cambiarias en relación con los movimientos de capitales entre ellos y terceros Estados.
2. Los Estados Miembros mantendrán a las autoridades competentes de los demás Estados
Miembros informadas de los movimientos de capital importantes e inusuales, desde o hacia terceros
Estados, de los que tengan conocimiento.
Artículo 43
Restricciones para preservar la balanza de pagos
1. En caso de graves dificultades financieras exteriores y de balanza de pagos, o de amenaza de
ellas, todo Estado Miembro podrá, de conformidad con sus obligaciones internacionales y con
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 5 del presen te artículo, adoptar o mantener restricciones para
resolver esas dificultades.
2. Las restricciones que se adopten o mantengan de  conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del presente artículo podrán ser restricciones cuantitativas de las importaciones, restricciones delderecho de establecimiento, restricciones del derecho de prestar servicios, restricciones del derecho de
trasladar capitales o restricciones de los pagos y transferencias por transacciones con ellos
relacionadas.  Sin embargo, esas restricciones:
a) con sujeción a las disposiciones del presente Tratado, no discriminarán entre los
Estados Miembros ni contra los Estados Miembros a favor de terceros Estados;
b) tratarán en todo momento de minimizar los daños a intereses comerciales,
económicos o financieros de cualquier otro Estado Miembro;
c) no serán mayores de lo necesario para resolver las circunstancias que se describen en
el párrafo 1 del presente artículo, y
d) serán de carácter transitorio y en ningún caso se prolongarán más de un período de
dieciocho (18) meses y se eliminarán de manera progresiva a medida que mejore la
situación descrita en el párrafo 1.
3. Para determinar la incidencia de esas restricciones, el Estado Miembro de que se trate podrá
conceder prioridad a las actividades que sean esenciales para su estabilidad económica.  Esas
restricciones no se adoptarán ni mantendrán para los fines de proteger un sector determinado en contra
de las disposiciones pertinentes del presente Tratado, prestando la debida atención, en cualquier caso,
a cualesquiera factores especiales que puedan afectar a las reservas o a la necesidad de reservas de eseEstado Miembro.
4. Las restricciones adoptadas o mantenidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo, o cualesquiera modificaciones de ellas, se notificarán con prontitud, dentro de los
tres (3) días laborables siguientes, al COFYP y al CCDE y, en cualquier caso, el Estado Miembro de
que se trate consultará inmediatamente con el Órgano competente si así se le pide y cuando se le pida.WT/REG155/1
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5. El COFYP establecerá, para las consultas periódicas y, cuando sea posible y conveniente,
para las consultas previas, procedimientos destinados a hacer, al Estado Miembro de que se trate,
recomendaciones para la eliminación de las restricciones.
6. Las consultas a las que se refiere el párrafo 5 del presente artículo:
a) estarán destinadas a ayudar al Estado Miembro de que se trate a superar sus
dificultades financieras exteriores y de balanza de pagos;
b) evaluarán la situación de la balanza de pagos del Estado Miembro de que se trate y
las restricciones adoptadas o mantenidas al amparo de las disposiciones del presente
artículo, teniendo en cuenta, entre otras cosas:
i) la naturaleza y amplitud de las dificultades de balanza de pagos y de las
dificultades financieras exteriores;
ii) el entorno exterior económico y comercial del Estado Miembro que aplica las
restricciones, y
iii) las medidas correctoras alternativas de que pueda disponerse.
7. En las consultas se abordará la conformidad de las restricciones con lo dispuesto en el
párrafo 2 del presente artículo y, en particular, las supresión progresiva de las restricciones de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d).
8. En esas consultas, se aceptarán todas las constataciones de datos estadísticos y de otra índole
que presente el Comité de Gobernadores del Banco Central referentes a divisas, reservas monetarias y
balanza de pagos, y las conclusiones se basarán en la evaluación, hecha por el Comité, de la situación
de la balanza de pagos y de la situación financiera exterior del Estado Miembro de que se trate.
Artículo 44
Medidas para facilitar el establecimiento, la prestación de servicios
y los movimientos de capitales
1. Con el fin de facilitar el ejercicio de los dere chos previstos en el presente capítulo, el CCDE y
el COFYP adoptarán, con sujeción a la aprobación de la Conferencia, las medidas adecuadas para:
a) el establecimiento de sistemas de inteligencia e información del mercado en la
Comunidad;
b) el establecimiento de requisitos jurídicos y administrativos armonizados para el
funcionamiento de sociedades, compañías u otras entidades;
c) la supresión de los controles de cambios en la Comunidad, y la libre convertibilidad
de las monedas de los Estados Miembros;
d) el establecimiento en la Comunidad de un mercado de capitales integrado;
e) la convergencia de los resultados y políticas macroeconómicos mediante la
coordinación o armonización de las políticas monetarias y fiscales y, en particular, de
las políticas de tipos de interés, tipos de cambio, estructuras fiscales y déficit
presupuestarios nacionales;WT/REG155/1
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f) el establecimiento de servicios eficientes de transporte por tierra, mar y aire en toda la
Comunidad, y
g) el establecimiento de servicios eficientes de comunicaciones.
2. El COFYP y el CCDE establecerán, para su  aprobación por la Conferencia, un conjunto
completo de normas en relación con los sectores enumerados en párrafo 1 del presente artículo.
Artículo 45
Movimiento de nacionales de la Comunidad
Los Estados Miembros se comprometen a conseguir el objetivo de la libre circulación de sus
nacionales en la Comunidad.
Artículo 46
Movimiento de nacionales de la Comunidad capacitados
1. Sin perjuicio de los derechos que han reconocido y han acordado otorgarse entre sí y a los
nacionales de la Comunidad en los artículos 32, 33, 37, 38 y 40, los Estados Miembros acuerdan y se
comprometen, como primer paso para conseguir la meta establecida en el artículo 45, a conceder el
derecho de buscar empleo en sus jurisdicciones a las siguientes categorías de nacionales de la
Comunidad:
a) titulados universitarios;b) empleados de los medios de comunicación;
c) deportistas;
d) artistas;  y
e) músicos,
reconocidos como tales por las autoridades competentes de los Estados Miembros de acogida.2. Los Estados Miembros adoptarán las disposiciones legislativas, administrativas y de
procedimiento adecuadas para:
a) facilitar el movimiento de las capacidades contempladas en el ámbito del presente
artículo;
b) tomar disposiciones para el movimiento de los nacionales de la Comunidad dentro de
sus jurisdicciones y hacia ellas sin hostigamiento ni imposición de impedimentos;
con inclusión de:
i) la supresión del requisito de pasaporte para los nacionales de la Comunidad
que viajen a sus jurisdicciones;
ii) la supresión del requisito de permisos de trabajo para los nacionales de la
Comunidad que busquen un empleo aprobado en sus jurisdicciones;WT/REG155/1
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iii) el establecimiento de mecanismos para certificar y establecer la equivalencia
de títulos y para acreditar a las instituciones;
iv) la armonización y posibilidad de transferencia de las prestaciones de la
seguridad social.
3. Ninguna de las disposiciones del presente Tratado se interpretará en el sentido de que impide
a los Estados Miembros conceder a los nacionales de la Comunidad acceso sin restricciones a sus
jurisdicciones y capacidad de movimiento dentro de ellas con sujeción a las condiciones que el interés
público pueda exigir.
4. La Conferencia mantendrá en examen las disposiciones del presente artículo al objeto de:
a) ampliar, según proceda, las clases de personas que tienen derecho a trasladarse y
trabajar libremente en la Comunidad;  y
b) vigilar y conseguir el cumplimiento de esas disposiciones.
Artículo 47
Restricciones para resolver dificultades o privaciones
que surjan del ejercicio de los derechos
1. Cuando el ejercicio de los derechos otorgados en virtud del presente capítulo cree problemas
graves en cualquier sector de la economía de uno de los Estados Miembros u ocasione dificultadeseconómicas en una región de la Comunidad, t odo Estado Miembro perjudicialmente afectado por
ellos podrá, con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, aplicar las restricciones del ejercicio de
sus derechos que considere adecuadas para resolver los problemas o aliviar las dificultades.
2. Si un Estado Miembro:
a) tiene el propósito de aplicar restricciones de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo, antes de aplicar esas restricciones notificará al Órgano
competente tal intención y la naturaleza de las restricciones;
b) no puede cumplir lo dispuesto en el apartado a) del presente párrafo, notificará al
Órgano competente, inmediatamente después de aplicar las restricciones de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, que aplica esas restricciones y cuál es lanaturaleza de ellas.
3. El Estado Miembro, en el momento de la aplicación de las restricciones a que se hace
referencia en el párrafo 1, someterá al CCDE o al  COFYP, según los casos, un programa en el que se
establezcan las medidas que ese Estado Miembro ha de tomar para resolver las dificultades o aliviar lo
problemas.
4. El Órgano competente examinará el programa a la mayor brevedad posible, y:
a) adoptará una determinación en cuanto a la adecuación de las restricciones y si deben
mantenerse, y
b) si decide que las restricciones han de continuarse, determinará:
i) que el programa es adecuado;  yWT/REG155/1
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ii) el período durante el cual deben mantenerse las restricciones.
Cuando adopte una determinación de conformidad con el apartado b) del presente párrafo, el
Órgano competente podrá imponer las condiciones que considere necesarias.
5. Las restricciones que aplique un Estado Miembro de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo se limitarán a las que sean necesarias para:
a) resolver la dificultades en los sectores afectados;
b) aliviar las dificultades económicas en una determinada región.
6. Al aplicar las restricciones a que se hace referencia en el párrafo 5, los Estados Miembros:
a) reducirán la mínimo los perjuicios que se causen a los intereses comerciales o
económicos de cualquier otro Estado Miembro;  o
b) impedirán el ejercicio no razonable de los derechos concedidos en virtud del presente
capítulo, cuya exclusión podría poner en peligro el desarrollo del MUEC.
7. Los Estados Miembros, al aplicar las restricciones de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo, no harán ninguna discriminación y:
a) las irán suprimiendo progresivamente a medida que mejoren las condiciones
pertinentes;
b) podrán mantenerlas sólo en la medida en que su aplicación siga justificándose por las
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo.
8. Si el CCDE o el COFYP, según los casos, no queda satisfecho de que los Estados Miembros
que aplican las restricciones actúan de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del presente
artículo, podrá recomendar a los Estados Miembros perjudicialmente afectados por esas restricciones
que adopten otras disposiciones para los mismos fines.
Artículo 48
Exención de las obligaciones de conceder derechos
1. Sin perjuicio de ninguna de las disposiciones del presente capítulo, cualquier Estado podrá
solicitar al Consejo de la Comunidad una exención del requisito de conceder cualquiera de los
derechos a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 30, respecto de cualquier industria,sector o empresa.
2. Toda solicitud de exención en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo
deberá:
a) hacerse antes de establecer el correspondiere programa para la supresión de las
restricciones de los derechos que se mencionan en el párrafo 1;
b) identificar los derechos respecto de los cuales se pide la exención;
c) establecer las circunstancias que justifican la concesión de la exención;  ed) indicar el período para el cual se requiere la exención.WT/REG155/1
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3. El Consejo de la Comunidad podrá pedir al solicitante que facilite la información adicional
que el propio Consejo especifique.
4. Cuando el Consejo de la Comunidad esté convencido de que la exención debe otorgarse, la
concederá para un período no superior a cinco años, con sujeción a los términos y condiciones que
establezca el Consejo de la Comunidad.
5. Todo Estado Miembro al que se haya concedido una exención en el sentido del párrafo 1 del
presente artículo:
a) mientras la exención esté en vigor, no tendrá derecho a favorecer una reclamación de
sus nacionales contra otro Estado Miembro en relación con los derechos para los que
se concedió esa exención;
b) y:
i) al concluir el período de la exención, suprimirá las restricciones y lo
notificará al Consejo de la Comunidad;  o
ii) si el Estado Miembro suprime las restricciones antes de terminar el período de
la exención, lo notificará al Consejo de la Comunidad..
Artículo 49
Disposiciones especiales para los países menos adelantados
Siempre que en el presente capítulo se pida a los Estados Miembros o los órganos
competentes que supriman las restricciones del ejercicio de los derechos mencionados en el párrafo 1
del artículo 30, se tomarán en cuenta las especiales necesidades y circunstancias de los países menos
adelantados.
Artículo 50
Aplicación acelerada
Ninguna de las disposiciones del presente capítulo se interpretará en el sentido de que impide
a los Estados Miembros adoptar medidas para suprimir las restricciones impuestas al derecho de
establecimiento, al derecho de prestar servicios o al derecho de trasladar capitales en el interior de la
Comunidad, antes que lo requieran estas disposiciones.
CAPÍTULO IV:  POLÍTICAS DE DESARROLLO SECTORIAL
PARTE PRIMERA:  POLÍTICA INDUSTRIAL
Artículo 51
Objetivos de la política industrial de la Comunidad
1. La meta de la Política industrial de la Comunidad será la producción de bienes y servicios
impulsada por el mercado, competitiva en el plano internacional y sostenible, para la promoción del
desarrollo económico y social de la Región.WT/REG155/1
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2. Para alcanzar la meta que se establece en el párrafo 1 del presente artículo, la comunidad
perseguirá los objetivos siguientes:
a) empleo transfronterizo de los recursos naturales, los recursos humanos, el capital, la
tecnología y las capacidades de gestión para la producción de bienes y servicios sobre
una base sostenible;
b) vinculaciones entre los sectores económicos y las empresas de la Comunidad dentro
de los Estados Miembros de MUEC y entre ellos;
c) promoción de empresas económicas regionales capaces de conseguir escalas de
producción que faciliten la competencia eficaz en los mercados internos y
extrarregionales;
d) establecimiento de un sector viable de pequeñas empresas y de microempresas.
e) incremento y diversificación de las producción de bienes y servicios para la
exportación y para los mercados internos;
f) colaboración sostenida entre los sectores público y privado para conseguir una
producción segura de bienes y servicios impulsada por el mercado;
g) aumento de la producción industrial sobre una base ecológicamente sostenible;
h) desarrollo económico y social equilibrado en el MUEC teniendo presentes las
necesidades especiales de los países, regiones y sectores desfavorecidos en el sentido
del artículo I, y
i) relaciones industriales estables.
Artículo 52
Aplicación de la política industrial de la Comunidad
1. Para conseguir los objetivos de su política industrial, la Comunidad promoverá, entre otras
cosas, lo siguiente:
a) la coordinación de las políticas industriales nacionales de los Estados Miembros;
b) el establecimiento y mantenimiento de un entorno favorable a las inversiones, con
inclusión de un proceso administrativo que las facilite;
c) la diversificación de los productos y de los mercados de productos y servicios con el
fin de ampliar la gama y aumentar el valor de las exportaciones;
d) la organización y desarrollo de los mercados de productos y factores;
e) la preparación de los necesarios apoyos institucionales, jurídicos, técnicos,
financieros.  administrativos y otros para el establecimiento y desarrollo de
microempresas y pequeñas empresas en la Comunidad;  y
f) en colaboración con los interlocutores sociales, el fomento de la integración de la
producción.WT/REG155/1
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2. La Comunidad establecerá un régimen especial para los países, regiones y sectores
desfavorecidos.
3. El CCDE, en colaboración con los organismos  y órganos competentes de la Comunidad y del
sector privado, establecerá los criterios para conceder una especial consideración a determinadas
industrias y sectores.  Esos criterios incluirán, en particular, disposiciones sobre las perspectivas deintegración eficaz de la producción, que ofrece la industria.
4. El CCDE colaborará con los organismos competentes para ayudar a los Estados Miembros a
preparar instrumentos de política adecuados para prestar apoyo a las industrias;  entre esos
instrumentos pueden figurar políticas eficaces de promoción de las exportaciones, políticas de
financiación, incentivos y políticas en materia de tecnología.
5. Al aplicar la Política Industrial de la Comunidad, el CCDE tomará en consideración las
disposiciones sobre protección del medio ambiente, recogidas en el presente Tratado.
6. Los Estados Miembros se comprometen a establecer y mantener políticas macroeconómicas
adecuadas que favorezcan la producción eficiente en la Comunidad.  Por otra parte, se comprometerán
a aplicar disposiciones para, entre otras cosas:
a) instaurar mecanismos de pago eficaces;
b) evitar la doble imposición;c) armonizar la legislación en los sectores pertinentes;
d) suprimir los obstáculos burocráticos que frenan las inversiones en las empresas
industriales;
e) mejorar la infraestructura y la cooperación en los sectores del transporte aéreo y
marítimo;
f) los sistemas de comunicaciones.
7. Con el fin de facilitar la aplicación de la Política Industrial de la Comunidad, el CCDE, en
colaboración con los órganos y organismos competentes:
a) elaborará estrategias para preparar y difundir información sobre los mercados, y
mecanismos adecuados para facilitar la adquisición, el almacenamiento y larecuperación de esa información;
b) promoverá el establecimiento y el desarrollo de los mercados de capitales en los
Estados Miembros;  y
c) alentará a los Estados Miembros a que establezcan y desarrollen mercados de
exportación, especialmente en sectores no tradicionales, aplicando incentivos e
instrumentos de política adecuados, específicos para cada sector.
8. Para los fines del presente artículo, la "integración de la producción" comprende lo siguiente:
a) la organización directa de la producción en más de un Estado Miembro por una única
empresa económica;WT/REG155/1
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b) la producción complementaria que implica la colaboración entre varias empresas
económicas que operan en uno o más Estados Miembros para producir y utilizar los
insumos necesarios en la cadena de producción;  y
c) la cooperación entre empresas económicas en sectores tales como las compras, la
comercialización, y la investigación y desarrollo.
Artículo 53
Desarrollo de microempresas y pequeñas empresas económicas
1. La Comunidad adoptará las medidas de política adecuadas para fomentar el desarrollo de
microempresas y pequeñas empresas económicas competitivas en los Estados Miembros.
2. Sin perjuicio de todo lo que antecede, el Órgano competente fomentará iniciativas de política
general y la preparación de programas eficaces para impulsar en los Estados Miembro un marco
jurídico, económico y administrativo destinado a impulsar el desarrollo de microempresas y pequeñasempresas económicas, y promoverá:
a) el desarrollo de las capacidades de los organismos nacionales y regionales de apoyo a
las microempresas y a las pequeñas empresas económicas, con inclusión de la
creación de centros empresariales, organizando la asistencia técnica y la
planificación, prestación y evaluación de servicios de apoyo al sector;
b) el acceso a la formación y capacitación, y el mejoramiento de su calidad y de las
oportunidades para ella en sectores tales como las capacidades técnicas, la
competencia empresarial y la gestión de las empresas, para empresarios de
microempresas y pequeñas empresas;
c) el acceso de las microempresas y las pequeñas empresas económicas a la asistencia
técnica que prestan los organismos de apoyo;
d) el establecimiento, desarrollo o modernización, según las necesidades de cada caso,
de las instituciones financieras para prestar servicios a las microempresas y a las
pequeñas empresas económicas, mediante instrumentos adecuados e innovadores;
e) la innovación en el sector de las microempresas y las pequeñas empresas;  yf) el establecimiento de redes de información comercial y tecnológica, y el acceso a
ellas.
3. Para los fines de presente artículo.  microempresas y pequeñas empresas económicas serán las
empresas económicas en el sentido de lo dispuesto en el artículo 32, que satisfagan los demás criterios
que determinen las autoridades competentes.
Artículo 54
Desarrollo del sector de servicios
1. El CCDE, en colaboración con los Consejos ad ecuados, promoverá el desarrollo del sector de
servicios en la Comunidad para estimular los aspectos económicos complementarios entre los Estados
Miembros y acelerar en ellos el desarrollo económico.  En particular;  el CCDE promoverá medidas
para conseguir:WT/REG155/1
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a) mayores inversiones en los servicios;
b) un mayor volumen, valor y variedad del comercio de servicios en la Comunidad y
con terceros Estados;
c) competitividad en las modalidades de prestación de los servicios;  y
d) mayor desarrollo de las empresas y de las infraestructuras, inclusive de las
microempresas y las pequeñas empresas de servicios.
2. Con el fin de conseguir los objetivos establecidos en el anterior párrafo 1, los Estados
Miembros.  a través de los Consejos adecuados, colaborarán en:
a) la elaboración de programas para el desarrollo de los recursos humanos, con el fin de
conseguir la competitividad en la prestación de servicios;
b) el establecimiento de un régimen de incentivos para el desarrollo de los servicios y
del comercio de servicios;  y
c) la adopción de medidas encaminadas a promover el establecimiento de un marco
institucional y administrativo adecuado y, en colaboración con el Comité de Asuntos
Jurídicos, promoverán el establecimiento del marco jurídico adecuado para prestar
apoyo al sector de los servicios en la Comunidad.
3. Al establecer los programas y políticas la Comunidad para el desarrollo del sector de los
servicios, los correspondientes Consejos darán prioridad a:
a) la eficiente prestación de servicios de infraestructura, entre ellos los de
telecomunicaciones, los de transporte rodado, marítimo, aéreo y fluvial, la generación
de datos estadísticos y los servicios financieros;
b) el desarrollo de servicios para el incremento de las capacidades, como los servicios de
formación y los servicios de investigación y desarrollo;
c) el desarrollo de los servicios que hacen que aumente la competitividad de los
sectores;
d) la facilitación del suministro, a través de las fronteras, de servicios por los que se
incrementa la competitividad del sector de servicios;  y
e) el desarrollo de los servicios de informática y otros servicios basados en el
conocimiento.
Artículo 55
Desarrollo sostenible del turismo
1. En colaboración con los organismos internacionales competentes, la Comunidad formulará
propuestas para el desarrollo sostenible del turismo.  En esas propuestas se reconocerá la importancia
del subsector del turismo para el desarrollo económico de la Región y la necesidad de conservar susrecursos culturales y naturales y de mantener un equilibrio entre una sana ecología y el desarrollo
económico.WT/REG155/1
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2. El programa para el desarrollo sostenible del turismo perseguirá los siguientes objetivos:
a) una mejor imagen de la región como destino turístico;
b) una oferta turística diversificada y siempre de gran calidad;
c) una base de mercado más amplia;
d) programas de formación para conseguir que los proveedores de servicios sigan las
prácticas adecuadas;
e) vinculaciones con otros sectores de la economía;
f) la conservación de los recursos naturales y culturales de la Región mediante una
gestión adecuada;  y
g) una infraestructura y otros servicios adecuados de apoyo al turismo, teniendo en
cuenta la capacidad natural y social de los Estados Miembros.
PARTE SEGUNDA:  POLÍTICA AGROPECUARIA
Artículo 56
La política agropecuaria de la Comunidad
1. La política agropecuaria de la Comunidad perseguirá los objetivos siguientes:
a) la transformación fundamental del sector para la producción de productos
agropecuarios orientada al mercado, competitiva en el plano internacional y favorablepara el medio ambiente;
b) el mejoramiento de los ingresos y de las oportunidades de empleo, la seguridad
alimentaria y nutricional, y el alivio de la pobreza en la Comunidad;
c) el cultivo y producción eficientes de productos agrícolas primarios tradicionales y no
tradicionales;
d) una mayor producción y diversificación de productos agropecuarios elaborados;
e) una cuota mayor de los mercados mundiales de productos agropecuarios primarios y
elaborados;  y
f) la gestión eficiente y la explotación sostenible de los recursos naturales de la Región,
con inclusión de los bosques y los recursos vivientes de la zona económica exclusiva,
teniendo en cuenta las diferencias de la dotación de recursos y el desarrollo económico de los Estados
Miembros.WT/REG155/1
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Artículo 57
Aplicación de la política agropecuaria de la Comunidad
1. Para la consecución de la meta establecida en el artículo 56, la Comunidad, a través de sus
organismos y órganos competentes, promoverá y favorecerá:
a) la producción, diversificación, elaboración y comercialización de los productos
agropecuarios;
b) el establecimiento de sistemas eficaces de financiación agrícola, con inclusión de los
seguros, teniendo presentes las especiales necesidades de los pescadores artesanales,
y los pequeños agricultores, silvicultores y elaboradores agropecuarios.
c) el establecimiento de vínculos entre los Estados Miembros cuyos recursos naturales,
industrias, y capacidades agropecuarias y técnicas son complementarios;
d) el desarrollo de los recursos humanos y de sistemas de prestación que respondan a las
necesidades del sector agropecuario;
e) la elaboración de políticas adecuadas para el uso del espacio terrestre y marítimo con
vistas a incrementar la producción agropecuaria;
f) sistemas adecuados de tenencia de la tierra para dar al agricultor la seguridad de esa
tenencia;
g) el establecimiento de servicios eficaces de datos e información de los mercados;
h) investigación y desarrollo para adaptar difundir y aplicar tecnologías adecuadas en
todos los planos del sector y en todas las fases de la producción;
i) la adopción de medidas eficaces para el desarrollo de empresas rurales.
j) educación pública para mejorar los perfiles económico y social de los agricultores, en
particular entre los jóvenes;
k) el establecimiento de un régimen eficaz de medidas sanitarias y fitosanitarias;
l) el establecimiento de un entorno de política general destinado a atraer inversiones al
sector agropecuario;  y
m) la cooperación técnica y la difusión de los conocimientos agrícolas.
2. Para los fines de ayudar a los Estados Miembros a aplicar la política agropecuaria que se
describe en el párrafo 1, el CCDE establecerá medidas eficaces de apoyo, entre ellas las siguientes:
a) fortalecer el marco administrativo e institucional correspondiente para modernizar la
agricultura y mejorar su competitividad por los medios siguientes:
i) mejorando la capacidad de los Estados Miembros para analizar, formular,
planificar y ejecutar la política general y para movilizar recursos para el
desarrollo del sector;
ii) investigando y analizando los acontecimientos en el sector agroalimentario;  yWT/REG155/1
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iii) mejorando el acopio, el análisis y la difusión de datos empíricos y otra
información pertinente;
b) mejorar las capacidades nacionales y regionales en los sectores de la gestión
sostenible los recursos naturales;
c) mejorar las capacidades de los Estados Miembros en los sectores del análisis y las
negociaciones sobre el comercio agropecuario;
d) promover un mecanismo para que colaboren en el desarrollo agropecuario los
agricultores, los pescadores, y los interlocutores sociales.
3. La Comunidad:
a) fomentará la colaboración entre los Estados Miembros y los organismos regionales
competentes en los sectores de la formulación de la política general y en la aplicación
de las políticas agropecuarias regionales;
b) establecerá un régimen eficaz para proteger la producción agropecuaria regional
contra el dumping, las subvenciones y otras prácticas comerciales desleales.
4. La Comunidad, como cuestión prioritaria y en colaboración con las agencias y organismos
nacionales, regionales e internacionales, promoverá y adoptará medidas para, entre otras cosas:
a) hacer las aportaciones adecuadas;  yb) desarrollar infraestructuras tales como instalaciones portuarias, sistemas de drenaje y
de riego, carreteras de acceso, instalaciones de tratamiento y comercialización de las
cosechas.
Artículo 58
Gestión de los recursos naturales
1. La Comunidad adoptará medidas eficaces para ayudar a los Estados Miembros a gestionar sus
recursos naturales en apoyo de la transformación y el desarrollo sostenible del sector agropecuario.
2. Sin perjuicio del sentido general del anterior párrafo 1 ni de las obligaciones contraídas por
los Estados Miembros en virtud de los acuerdos internacionales vigentes, la Comunidad adoptará
medidas para:
a) la gestión eficaz de los recursos terrestres, aéreos e hídricos, de la zona económica
exclusiva y de todas las demás zonas marítimas que estén bajo la jurisdicción
nacional de los Estados Miembros;  y para
b) la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos
biológicos de los Estados Miembros, especialmente los que tienen un valor medicinal
y tradicional importante.WT/REG155/1
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Artículo 59
Comercialización de los productos agropecuarios
1. La Comunidad, en colaboración con los organismos nacionales, regionales e internacionales
competentes, promoverá la implantación de sistemas eficaces de comercialización de los productos
agropecuarios para responder a la demanda del mercado de productos agropecuarios de los EstadosMiembros, y para generar esa demanda e influir en ella.
2. Al hacer la promoción a que se refiere el anterior párrafo 1, la Comunidad prestará especial
atención:
a) a la información, los datos y la planificación de los mercados;
b) al mejoramiento de la tecnología empleada después de las cosechas;
c) al seguro contra los riesgos;  y
d) a la eficiencia de los servicios de distribución.
3. Para alcanzar los objetivos a que se hace referencia en el párrafo 1, la Comunidad adoptará
medidas para promover:
a) el establecimiento de un sistema regional de información del mercado;
b) el mejoramiento de los sistemas de producción y de información del mercado de los
Estados Miembros con el fin de facilitar, entre otras cosas, la eficiente coordinaciónde las estrategias y sistemas de comercialización;
c) arreglos institucionales, como asociaciones de productores y empresas conjuntas de
comercialización, para responder a las condiciones del mercado actuales y nuevas;
d) la comercialización de productos específicos;
e) los vínculos entre la agricultura y otros sectores, en particular el sector del turismo;f) la identificación y utilización de fuentes de insumos alternativos de bajo coste.
g) el establecimiento y adopción, para los productos que son objeto de comercio, de
normas y especificaciones regionales compatibles con las normas internacionales;
h) una mayor productividad y calidad de los alimentos;
i) la cobertura de seguros para los productos agrícolas primarios;  yj) el desarrollo de servicios de distribución eficientes para facilitar la comercialización
dentro y fuera de la región.
4. Con el fin de satisfacer la necesidad de generar demanda del mercado para los productos
agropecuarios de los Estados Miembros y para promover el desarrollo agrícola de los Países menos
adelantados, los Estados Miembros aceptarán las disposiciones para la comercialización de los aceites
y grasas incluidos en la Lista III.WT/REG155/1
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Artículo 60
Gestión y desarrollo de las pesquerías
1. La Comunidad, en colaboración con las agencias y organismos nacionales, regionales e
internacionales competentes, promoverá el desarrollo, la gestión y la conservación de los recursos
pesqueros en los Estados Miembros y entre ellos, sobre una base sostenible.
2. La Comunidad llevará a cabo la promoción y facilitación a que se hace referencia en el
anterior párrafo 1:
a) aumentando las capacidades institucionales de los Estados Miembros en sectores tales
como la formulación de la política general, los sistemas de registro y gestión, la
vigilancia y evaluación los recursos, y las tecnologías para las capturas y para
después de las capturas;
b) estableciendo mecanismos para prestar asistencia en :
i) el desarrollo, la gestión y la conservación de los recursos pesqueros;
ii) el cumplimiento de las obligaciones relativas a los recursos pesqueros, que se
derivan de los artículos 62, 63 y 64 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (1982).
c) mediante la representación eficaz de la región en los foros internacionales;d) estableciendo programas de desarrollo para la acuicultura;
e) fomentando el establecimiento de hábitats acuáticos protegidos y zonas terrestres y
poblaciones de peces con ellos relacionadas, para el desarrollo sostenible de los
recursos pesqueros de los Estados Miembros;  y
f) estableciendo, facilitando y fortaleciendo la investigación y el desarrollo de los
recursos humanos en los planos profesional, técnico y ocupacional.
3. La Comunidad colaborará con los Estados Miembros en:
a) la gestión de las reservas pesqueras inestables y muy migratorias;
b) la vigilancia constante de sus zonas económicas exclusivas;
c) la delimitación de los límites marítimos;  yd) la preservación de su entorno marino de agentes contaminantes y desechos
peligrosos.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  56, el COFCOR promoverá el establecimiento de
un régimen para la eficaz gestión, conservación y utilización de los recursos vivos de las zonas
económicas exclusivas de los Estados Miembros.
5. A los efectos del presente artículo, la expresión "recursos pesqueros" abarca todos los
recursos de pesca, naturales o de hidrocultivos, en las aguas interiores, en los mares territoriales y enlas zonas económicas exclusivas de los Estados Miembros.WT/REG155/1
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Artículo 61
Gestión y desarrollo forestal
1. En colaboración con las agencias y organismos nacionales, regionales e internacionales
competentes, la Comunidad promoverá, sobre una base sostenible, el desarrollo, la gestión y la
conservación de los recursos forestales de los Estados Miembros.
2. La Comunidad llevará a cabo la promoción y facilitación a que se hace referencia en el
anterior párrafo 1, mediante la formulación de políticas y programas para:
a) la gestión de sus recursos forestales;
b) la integración del desarrollo forestal en las comunidades rurales;
c) ampliando las capacidades institucionales de los Estados Miembros para preparar y
aplicar sistemas de gestión forestal;
d) estableciendo, facilitando y fortaleciendo programas de investigación y de desarrollo
de los recursos humanos en los planos profesional y técnico;
e) fomentando la participación de los sectores público y privado en el desarrollo y la
aplicación de la tecnología;
f) dando incentivos al desarrollo forestal para estimular las inversiones nacionales,
regionales y extranjeras en el subsector forestal;
g) armonizando las normas de garantía de la calidad y haciéndolas compatibles con las
especificaciones internacionales;
h) promoviendo la comercialización de lo productos forestales naturales de manera
sostenible;  y
i) haciendo inventarios de los bosques nacionales.
3. Para los fines del presente artículo, "recursos forestales" son los activos naturales de las
tierras ocupadas por bosques, que incluyen la madera y otros productos forestales, la biodiversidad, el
recreo, un hábitat para peces y animales salvajes, terrenos en barbecho, la flora y la fauna, el aire el
agua y el suelo.
Artículo 62
Exención
Las disposiciones del presente capítulo no prejuzgan las obligaciones contraídas por los
Estados Miembros en virtud de acuerdos internacionales vigentes.WT/REG155/1
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PARTE TERCERA:  MEDIDAS COMUNES DE APOYO
Artículo 63
Desarrollo de los recursos humanos
1. Sin perjuicio de ninguna otra de las disposiciones del presente Tratado relativas al desarrollo
de los recursos humanos, el CCDE, en colaboración con el CDHS, adoptará medidas para desarrollarlos recursos humanos de la Comunidad en los que, entre otras cosas, se basará su esfuerzo para
conseguir la competitividad internacional en el desarrollo, la producción y entrega de bienes y la
prestación y servicios.
2. Las medidas a las que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo, estarán
destinadas a tratar los aspectos económicos, sociales y culturales del desarrollo de los recursos
humanos, e incluirán lo siguiente:
a) elaboración de programas que ayuden a los ciudadanos de la Comunidad a adoptar las
actitudes y adquirir la competencia necesarias para actuar eficazmente;
b) desarrollo de las capacidades y actitudes necesarias para fomentar una cultura
empresarial;
c) establecimiento y fortalecimiento de las instituciones de educación y formación para
que ofrezcan modalidades formales e informales de prestación de sus servicios ymodalidades alternativas de educación a distancia;
d) preparación de planes de estudios orientados al sector industrial, para mejorar la
competitividad de las empresas regionales;  y
e) promoción del dominio de idiomas en todos los niveles para mejorar la formación
general, insistiendo en especial en las necesidades del sector de los servicios.
3. En particular y de manera continuada, la Comunidad adoptará medidas eficaces para el
desarrollo de los recursos humanos con el fin de satisfacer en todos los planos las necesidades de
mandos de personal agrícola capacitados en los Estados Miembros.
4. A los efectos de lo dispuesto en el anterior párrafo 3, se adoptarán disposiciones para:
a) vigilar y evaluar de manera continua la demanda de formación y capacitación agrícola
y la adecuación de esa formación;
b) establecer programas de formación en el sector agropecuario;
c) impartir eficazmente formación sobre el terreno a los agricultores, silvicultores y
pescadores;  y
d) mejorar las instalaciones y fortalecer las capacidades de las instituciones de
formación regionales y de las administraciones nacionales para favorecer el desarrollo
agrícola.
5. En el desempeño de las funciones enumeradas en el párrafo 4 del presente artículo, la
Comunidad colaborará con las instituciones de formación y capacitación y con los organismos
regionales e internacionales pertinentes para preparar programas de formación agrícola armonizados,WT/REG155/1
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materiales de formación y estudios de casos en sectores importantes de la agricultura, la pesca y la
silvicultura, recurriendo a la tecnología de la formación a distancia cuando convenga.
Artículo 64
Investigación y desarrollo
1. El CCDE promoverá en la Comunidad la in vestigación, el desarrollo tecnológico y la
adaptación de la tecnología impulsados por el mercado, para favorecer la producción sostenible de
bienes y servicios en los Estados Miembros con miras a diversificar esa producción e impulsar su
competitividad internacional.
2. En el cumplimiento de su mandato estipulado en el párrafo 1 del presente artículo, el CCDE
adoptará medidas para impulsar, entre otras cosas, las invenciones y la innovación, y la adquisición,
transferencia, asimilación, adaptación y difusión de tecnologías en la Comunidad.  Sin perjuicio de la
generalidad de lo que antecede, el CCDE:
a) alentará a los organismos del sector público y del sector privado, a las instituciones de
investigación y a las instituciones del sector terciario en sus actividades de
investigación y desarrollo tecnológico, y contribuirá a identificar fuentes de
financiación para esas actividades;
b) promoverá la cooperación en la investigación y en el desarrollo tecnológico entre los
Estados Miembros y con terceros Estados y con los organismos internacionales
competentes;
c) facilitará la cooperación:
i) en la formación;
ii) en el intercambio de información científica y técnica entre las instituciones
competentes;
iii) en la libre circulación de los investigadores en la Comunidad;
iv) entre las empresas del sector privado, para integrar los resultados de la
investigación y el desarrollo en el proceso de producción;
d) elaborará y aplicará políticas y estrategias en materia de tecnología, teniendo
debidamente en cuenta la importancia de la gestión de la tecnología y la protección de
los derechos de propiedad intelectual;
e) facilitará el acceso de los ciudadanos de la Comunidad a las instalaciones
tecnológicas y de investigación de los Estados Miembros;  y
f) promoverá el desarrollo de los servicios de formación tecnológica.
3. En particular, el CCDE promoverá y alentará la  investigación y el desarrollo y la adaptación,
difusión y transferencia de las tecnologías adecuadas, para conseguir una mayor producción yproductividad agrícolas, teniendo presente la necesidad de proteger la independencia y los derechos
humanos de la comunidad de los agricultores.WT/REG155/1
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4. El CCDE, en colaboración con las instituciones competentes de investigación y desarrollo de
los sectores público y privado, alentará y ayudará a los Estados Miembros:
a) a facilitar el acceso a tecnologías nuevas y adecuadas y el empleo de esas tecnologías
en el sector agropecuario;
b) a desarrollar:
i) sistemas eficientes para la generación y transferencia de tecnologías
adecuadas;  y
ii) capacidades tecnológicas e institucionales en los sectores público y privado,
que sean compatibles con la producción agropecuaria competitiva y sostenible,
5. En el cumplimiento de las funciones que se le encomiendan en este artículo, el CCDE
animará al sector privado a desempeñar una función de vital importancia en:
a) el desarrollo, adaptación y transferencia de tecnologías adecuadas en el sector
agropecuario;
b) el desarrollo de asociaciones de productores como base para actuaciones autónomas y
para la transferencia intrarregional de tecnologías y de conclusiones de investigación.
6. El CCDE cooperará con los Estados Miembros y los organismos competentes para preparar
medios de proteger, desarrollar y comercializar los conocimientos que tienen los distintos países delvalor y el uso de la biodiversidad de la Región en  beneficio de sus poblaciones, especialmente de sus
pueblos indígenas.
Artículo 65
Protección medioambiental
1. Las políticas de la Comunidad se aplicarán de manera que se haga una gestión prudente y
racional de los recursos de los Estados Miembros.  En particular, la Comunidad impulsará la adopción
de medidas para conseguir:
a) que se preserve, proteja y mejore la calidad del medio ambiente;
b) que se proteja la vida y la salud de las personas, de los animales y de las plantas;  y
c) que se adopten en el plano de la Comunidad iniciativas para resolver los problemas
medioambientales de la región.
2. Al formular medidas relacionadas con el  medio ambiente, la Comunidad tomará en
consideración:
a) los datos científicos y técnicos disponibles y accesibles;
b) las condiciones medioambientales de los Estados Miembros;
c) los costos y los beneficios que pueden resultar de actuar o de no actuar;WT/REG155/1
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d) el desarrollo económico y social del conjunto de la Comunidad y el desarrollo
equilibrado de los Estados Miembros;
e) el principio de precaución y los principios relativos a la acción preventiva, la
rectificación en la fuente de los daños causados al medio ambiente y el principio de
que "el que contamina, paga";  y
f) la necesidad de proteger la Región de los efectos perjudiciales de los materiales
peligrosos que se transportan, se generan, se eliminan o se envían a través de la
Comunidad o dentro de ella.
3. En el cumplimiento de las funciones que se le encomiendan en el presente Tratado, el CCDE
asegurará el equilibrio entre las necesidades del desarrollo industrial y la protección y preservación
del medio ambiente.
4. Al dar efecto a las disposiciones del presente artículo, la Comunidad y los Estados Miembros
cooperarán, en sus respectivas esferas de competencia, con terceros Estados y con los organismos
medioambientales competentes.
Artículo 66
Protección de los derechos de propiedad intelectual
El CCDE promoverá la protección de los derechos de propiedad intelectual dentro de la
Comunidad mediante, entre otras cosas:
a) el fortalecimiento de los regímenes de protección de los derechos de propiedad
intelectual y la simplificación de los procedimientos de registro en los Estados
Miembros;
b) el establecimiento de una administración regional para los derechos de propiedad
intelectual, excepto el derecho de autor;
c) la identificación y establecimiento, por los Estados Miembros, de mecanismos para
conseguir:
i) que las obras protegidas se usen para mayor beneficio de los Estados
Miembros;
ii) que se preserve la cultura indígena del Caribe;  y
iii) que se protejan jurídicamente las expresiones de folklore, otros conocimientos
tradicionales y la herencia nacional, especialmente los de las poblaciones
indígenas de la Comunidad;
d) una mayor difusión y empleo de la documentación de patentes como fuente de
información tecnológica;
e) la educación pública;f) medidas para impedir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por los
titulares de esos derechos, o el recurso a prácticas que restringen de manera excesivaWT/REG155/1
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el comercio o afectan de manera perjudicial a la transferencia internacional de
tecnología;  y
g) la participación de los Estados Miembros en regímenes internacionales de protección
de los derechos de propiedad intelectual.
Artículo 67
Normas y reglamentos técnicos
1. El CCDE, en colaboración con los organismos competentes, elaborará un programa de
normalización para conseguir los objetivos del presente capítulo y que sea compatible con las
obligaciones internacionales de los Estados Miembros.
2. Al ejecutar ese programa, los Estados Miembros no utilizarán las normas, los reglamentos
técnicos ni los procedimientos de evaluación de la conformidad como obstáculos al comercio.
3. El programa perseguirá los objetivos siguientes:
a) la facilitación del comercio;
b) una mayor eficiencia en la producción de bienes y en la prestación de servicios;
c) una mayor calidad de los bienes y servicios que son objeto de comercio en la
Comunidad y con terceros Estados;  y
d) la protección del consumidor y del medio ambiente.
4. El programa incluirá los siguientes elementos:
a) armonización de normas y reglamentos técnicos, y transparencia en la elaboración y
promulgación de las normas y los reglamentos técnicos;
b) reconocimiento de los procedimientos de evaluación de la conformidad mediante
acuerdos de reconocimiento mutuo o por otros medios;
c) facilitación del desarrollo de la infraestructura para las normas en los planos nacional
y regional;
d) facilitación del desarrollo de la infraestructura para la metrología;  y
e) arreglos para el intercambio de información sobre la elaboración y la aplicación de las
normas y reglamentos técnicos entre las partes en el presente Tratado.
5. La Comunidad promoverá el establecimiento de un órgano regional de normalización que,
entre otras cosas:
a) facilitará la aplicación del programa de normalización;
b) ayudará a los Estados Miembros a comprender y a cumplir las obligaciones para ellos
dimanantes del presente Tratado y de otros acuerdos internacionales;
c) promoverá el desarrollo de órganos nacionales de normalización en los Estados
Miembros;  yWT/REG155/1
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d) facilitará el acceso a la asistencia técnica disponible en el los Estados Miembros y en
Estados terceros.
6. Para los fines del presente artículo, serán de aplicación las definiciones siguientes:
a) "reglamentos técnicos" son los reglamentos en los que se establecen las
características de los productos o los procesos y métodos de producción con ellosrelacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, cuyo
cumplimiento es obligatorio.  La expresión puede incluir también o referirse
exclusivamente a requisitos de terminología, símbolos, embalaje, marcado o
etiquetado aplicables a un produc to, proceso o método de producción.
b) "norma" es una directriz aprobada por un órgano reconocido que prevé, para su uso
común y repetido, reglas, directrices o características de los productos o los procesos
con ellos relacionados, y cuyo cumplimiento no es obligatorio.  La norma puedeincluir también términos, símbolos, requisitos de embalaje, marcado o etiquetado
aplicables a un producto, proceso o método de producción, o referirse exclusivamente
a ellos.
c) la expresión "procedimientos de evaluación de la conformidad" abarca todo
procedimiento utilizado directa o indirectamente para determinar que se cumplen losrequisitos pertinentes establecidos en los reglamentos técnicos o en las normas.
Artículo 68
Política de Inversiones de la Comunidad
El CCDE, en colaboración con el COFYP con el CDHS, establecerá una Política de
Inversiones de la Comunidad, que incluirá unas políticas macroeconómicas nacionales sanas, un
sistema armonizado de incentivos a la inversión, unas relaciones industriales estables, instituciones y
disposiciones financieras adecuadas, una infraestructura jurídica y social favorable y la modernización
de la función de las autoridades públicas.
Artículo 69
Armonización de los incentivos a la inversión
1. Los Estados Miembros armonizarán los incentivos nacionales que conceden a las inversiones
en los sectores agrícola, industrial y de servicios.
2. El COFYP, de manera coherente con los acuerdos internacionales pertinentes, formulará
propuestas para el establecimiento de regímenes para la concesión de incentivos a las empresas de los
sectores que se mencionan en el párrafo 1.  En particular, esas propuestas apoyarán a las industrias
que se consideren de valor estratégico para la Comunidad.
3. Al formular las propuestas a que se hace referencia en el párrafo 2, COFYP prestará la debida
consideración a las particularidades de las empresas de que se trate y, sin perjuicio de la generalidad
de lo que antecede, preverá:
a) incentivos nacionales para las inversiones destinadas a fomentar el desarrollo
industrial sostenible e impulsado por las exportaciones y orientado al desarrollo de
los servicios;WT/REG155/1
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b) la facilitación de las inversiones suprimiendo los impedimentos burocráticos;  y
c) la ausencia de toda discriminación entre los nacionales de la Comunidad al conceder
los incentivos.
Artículo 70
Políticas macroeconómicas
1. El COFYP formulará las propuestas y adoptará las medidas adecuadas para promover en los
Estados Miembros un sano entorno macroeconómico, compatible con las obligaciones de éstos en
virtud del presente Tratado y de los acuerdos internacionales aplicables.
2. El COFYP, en colaboración con otros Órga nos competentes, promoverá el desarrollo
económico en los Estados Miembros elaborando y aplicando políticas macroeconómicas convergentes
para conseguir la disciplina fiscal, una balanza de pagos favorable, la estabilidad de las monedas y la
moderación de los precios, sin perjuicio de unos altos niveles de empleo.
3. El COFYP colaborará con el CO FCOR y el CCDE para coordinar:
a) las políticas económicas de los Estados Miembros;  y
b) las posiciones y las presentaciones de los Estados Miembros en todas las reuniones
internacionales de carácter económico financiero y comercial en las que estén
representados.
4. Para favorecer la elaboración de las políticas macroeconómicas, la Comunidad preverá la
armonización de los resultados de los servicios estadísticos de los Estados Miembros.
Artículo 71
Infraestructura financiera
El COFYP adoptará propuestas para el establecimiento de una estructura financiera que
favorezca las inversiones en la Comunidad.  En particular, el COFYP ayudará a los Estados Miembros
a establecer mercados de capitales, instituciones financieras y los instrumentos financieros adecuados,
sobre una base sostenible.
Artículo 72
Acuerdos sobre doble imposición
1. Los Estados Miembros concertarán entre sí un acuerdo destinado a evitar la doble imposición,
con el fin de facilitar la libre circulación de capitales en la Comunidad.
2. Los Estados Miembros concertarán sus acuerdos sobre doble imposición con terceros Estados
sobre la base de principios mutuamente aceptados que establecerá el COFYP.WT/REG155/1
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Artículo 73
Relaciones industriales
El CDHS, en consulta con el CCDE, formular á propuestas y adoptará las medidas adecuadas
para promover unas relaciones industriales armoniosas, estables y modernas en la Comunidad.  Al
formular esas medidas y propuestas, el  CDHS promoverá, entre otras cosas:
a) los objetivos del pleno empleo, unas mejores condiciones de vida y de trabajo;
políticas y programas adecuados de seguridad social;  consultas tripartitas entre
administraciones, organizaciones de trabaj adores y organizaciones de empleadores, y
la movilidad de los trabajadores a través de las fronteras;
b) el reconocimiento del principio de trato no discriminatorio entre los trabajadores de la
Comunidad cuando buscan empleo en ésta;
c) el establecimiento y mantenimiento de mecanismos eficaces para mejorar las
relaciones industriales, especialmente los de la negociación colectiva;
d) la conciencia, entre los trabajadores y los empleadores comunitarios, de que la
competitividad internacional es esencial para el desarrollo social y económico de los
Estados Miembros y exige la colaboración de empleadores y trabajadores para
incrementar la producción y la productividad en las empresas de la Comunidad.
Artículo 74
Infraestructura jurídica
1. El Comité de Asuntos Jurídicos cooperará con los Órganos competentes de la Comunidad
para asesorar a los Estados Miembros sobre la infraestructura jurídica necesaria para fomentar las
inversiones en los Estados Miembros y las inversiones transfronterizas, teniendo presente lo dispuestoen el artículo 68.
2. Los Estados Miembros armonizarán sus leyes y sus prácticas administrativas relacionadas,
entre otras cosas, con lo siguiente:
a) las compañías u otras entidades de derecho;
b) los derechos de propiedad intelectual;c) las normas y reglamento técnicos;
d) el etiquetado de los alimentos y medicamentos;
e) las medidas sanitarias y fitosanitarias;
f) la política de competencia;
g) el dumping;
h) las subvenciones y medidas compensatorias;  y
i) el arbitraje comercial.WT/REG155/1
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Artículo 75
Desarrollo de la infraestructura social
1. Al establecer su política industrial, la Comunidad promoverá medidas adecuadas para
establecer una infraestructura social adecuada, mitigar la pobreza y conseguir la estabilidad social en
los Estados Miembros.
2. Sin perjuicio de todo lo que antecede, la Comunidad promoverá en los Estados Miembros:
a) el establecimiento y mejoramiento de las instituciones y las instalaciones de salud,
educación, deportes y seguridad social;
b) la concertación de acuerdos de seguridad social entre los Estados Miembros con el fin
de facilitar la circulación de las capacidades;  y
c) la formación y actualización de los trabajadores, la movilidad de los instructores y de
los que han recibido formación, la cooperación entre las instituciones de formación ycapacitación, y el desarrollo de la formación a distancia.
3. Los Estados Miembros favorecerán la comprensión y aprecio de la Comunidad mediante unas
eficaces relaciones públicas y mediante programas de formación, culturales y de intercambios
juveniles.
Artículo 76
Función de las autoridades públicas
El CCDE promoverá la modernización de las actividades administrativas, entre otras cosas:a) fomentando contactos más estrechos entre las administraciones públicas, la industria
y otros interesados, para que se entiendan los problemas que plantea el entorno global
y se llegue a soluciones en cooperación;
b) eliminando los impedimentos y mejorando el marco reglamentario para las empresas
económicas en los planos nacional y regional;
c) fomentando la economía de los costos de la prestación de los servicios al público;  y
d) proponiendo arreglos adecuados para resolver los cambios del entorno empresarial y
futuros problemas del sector.
Artículo 77
Disposiciones especiales para los países en desarrollo
Siempre que las disposiciones del presente capítulo exijan que los Estados Miembros o los
Órganos competentes adopten medidas para aplicar la Política Industrial de la Comunidad, se tomarán
en consideración las necesidades y circunstancias especiales de los países en desarrollo.WT/REG155/1
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CAPÍTULO V:  POLÍTICA COMERCIAL
PARTE PRIMERA:  ASPECTOS PRELIMINARES
Artículo 78
Objetivos de la política comercial de la Comunidad
1. El objetivo de la política comercial de la Comunidad será el crecimiento sostenido del
comercio intracomunitario e internacional y el intercambio recíprocamente beneficioso de bienes y
servicios entre los Estados Miembros y entre la Comunidad y terceros Estados.
2. Para alcanzar la meta establecida en el párrafo 1 del presente artículo, la Comunidad
perseguirá los objetivos siguientes:
a) la plena integración de los mercados nacionales de todos los Estados Miembros de la
Comunidad en una única zona de mercado unificado y abierto;
b) la ampliación de la zona del mercado de la Comunidad;c) la promoción activa de la exportación de bienes y servicios originarios de la
Comunidad, que sean competitivos en el plano internacional;
d) la consecución de la relación de intercambio más favorable para los bienes y servicios
de la Comunidad exportados a terceros Estados y grupos de Estados.
3. Para alcanzar los objetivos de su política comercial, la Comunidad:
a) iniciará:
i) el establecimiento de instrumentos comunes, servicios comunes y la
reglamentación, operación y eficiente administración conjuntas del comercio
interior y exterior del MUEC;
ii) el empleo, siempre que sea posible, de estrategias comunes de negociación
para elaborar acuerdos de comercio recíprocamente beneficiosos con terceros
Estados y grupos de Estados;
iii) la participación y la representación conjunta, según convenga, en los
organismos regionales e internacionales que negocian, establecen y aplican
las disciplinas por las que se rige el comercio internacional y regional;
b) prohibirá que los Estados Miembros impongan nuevas restricciones a las
importaciones y a las exportaciones de los productos de origen comunitario.
4. Los Estados Miembros eliminarán las restricciones que actualmente aplican a las
importaciones y a las exportaciones de los bienes originarios de la Comunidad, que no sean las que
autoriza el presente Tratado.WT/REG155/1
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Artículo 79
Disposiciones generales sobre liberalización del comercio
1. Los Estados Miembros establecerán y mantendrán un régimen de libre circulación de las
mercancías y los servicios en el MUEC.
2. Cada uno de los Estados Miembros se abstendrá de las políticas y prácticas comerciales cuyo
objeto o efecto sea distorsionar la competencia, impedir la libre circulación de mercancías o servicios.
o anular o menoscabar de otro modo las ventajas a las que los Estados Miembros tienen derecho en
virtud del presente Tratado.
3. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado, los Estados Miembros no introducirán
en sus territorios ninguna nueva restricción de las importaciones o de las exportaciones de origen
comunitario.
Artículo 80
Coordinación de la política de comercio exterior
1. Los Estados Miembros coordinarán sus políticas de comercio exterior con Estados terceros o
grupos de Estados terceros.
2. La Comunidad llevará adelante la negociación de acuerdos económicos y de comercio
exterior de manera conjunta y de conformidad con los principios y mecanismos que establezca laConferencia.
3. Los acuerdos bilaterales que negocien los Estados Miembros según sus intereses estratégicos
nacionales:
a) serán sin perjuicio de las obligaciones que les corresponden en virtud del presente
Tratado;  y
b) antes de su concertación, la Secretaría de la CARICOM habrá de certificar que los
acuerdos no prejuzgan ni menoscaban la posición de otros Estados de la CARICOM
con respecto al Tratado.
4. Cuando se negocien acuerdos comerciales que conlleven concesiones arancelarias, se
precisará la aprobación previa del CCDE.
5. Ninguna de las disposiciones del presente Tratado impedirá a Belice concertar acuerdos con
grupos económicos vecinos siempre que se conceda a los Estados Miembros de la Comunidad un trato
no menos favorable que el concedido a los terceros Estados incluidos en esos grupos, y que se
prevean las disposiciones adecuadas para impedir que el comercio de esos grupos de países hacia el
resto de la CARICOM se desvíe a través de Belice.
Artículo 81
Depósito de los Acuerdos con terceros países
Los Estados Miembros depositarán en la Secretaría los acuerdos relativos al comercio o a la
ayuda, que concierten con terceros países.WT/REG155/1
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PARTE SEGUNDA:  LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO
Artículo 82
Establecimiento de un arancel exterior común
Los Estados Miembros establecerán y mantendrán un arancel exterior común para todas las
mercancías que no sean acreedoras al trato comunitario de conformidad con los planes y listasestablecidos en las correspondientes determinaciones del CCDE.
Artículo 83
Funcionamiento del Arancel exterior común
1. Toda modificación o suspensión del Arancel exterior común aplicado a cualquier producto
habrá de ser decidida por el CCDE.
2. En caso de que:
a) un producto no se fabrique en la Comunidad;b) la cantidad del producto que se fabrique en la Comunidad no satisfaga la demanda de
la Comunidad;  o
c) la calidad del producto que se fabrique en la Comunidad sea inferior a la norma
comunitaria o a una norma cuyo empleo esté autorizado por el CCDE,
el CCDE podrá decidir que autoriza la reducción o suspensión del Arancel Exterior Común respecto
de las importaciones de ese producto en los términos y condiciones que él establezca, con tal de que
en ningún caso se conceda al producto importado de Estados terceros un trato más favorable que el
concedido a productos similares producidos en los Estados Miembros.
3. El Secretario General podrá ejercer en nombre del CCDE, durante cualquier período entre las
reuniones de éste órgano, la autoridad de suspender el Arancel Exterior Común, mencionada en elanterior párrafo 2.  Todo ejercicio de esa autoridad por el Secretario General será comunicado
al CCDE en su siguiente reunión.
4. Para los fines de administrar el Arancel Exterior Común, cada uno de los Estados Miembros
nombrará una autoridad competente, que se notificará al CCDE.
5. El CCDE mantendrá en examen permanente la totalidad o una parte del Arancel Exterior
Común, para evaluar sus efectos en la producción y en el comercio y para conseguir que se aplique
uniformemente en toda la Comunidad, principalmente reduciendo la necesidad de una aplicación
discrecional en la administración diaria del mismo.
Artículo 84
Normas de origen de la Comunidad
1. Con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, las mercancías consignadas de un Estado
Miembro a un consignatario de otro Estado Miembro serán tratadas como si fueran de origencomunitario cuando tales mercancías:WT/REG155/1
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a) hayan sido producidas totalmente en la Comunidad;  o
b) hayan sido producidas total o parcialmente en la Comunidad a partir de materiales
importados de fuera de ella o de materiales de origen indeterminado mediante un
proceso que realice una transformación sustancial caracterizada:
i) por el hecho de que las mercancías estaban clasificadas en un partida
arancelaria distinta de aquella en la que cualquiera de los materiales se
clasifica ahora;  o
ii) si se trata de mercancías que figuran enumeradas en la Lista I del presente
Tratado (denominada en adelante "la Lista"), sólo por el hecho de que
satisfacen las condiciones especificadas para ello.
2. Las mercancías consignadas a partir de un Estado Miembro a un consignatario situado en otro
Estado Miembro para fines de reparación, renovación o mejoramiento serán tratadas , a su vuelta alEstado Miembro del que fueron exportadas y sólo a los efectos de reimportación, de igual manera que
las mercancías de origen comunitario, siempre que esas mercancías se consignen de nuevo
directamente al Estado Miembro del que se exportaron y que el valor de los materiales importados de
fuera de la Comunidad o de origen indeterminado que se han utilizado en el proceso de reparación,
renovación o mejoramiento no supere:
a) en el caso de que las mercancías hayan sufrido el proceso de reparación, renovación o
mejoramiento en un país desarrollado, el 65 por ciento del costo de la reparación,
renovación o mejoramiento;
b) en el caso de que las mercancías hayan sufrido el proceso de reparación, renovación o
mejoramiento en un país en desarrollo, el 80 por ciento del costo de la reparación,renovación o mejoramiento.
3. En caso de interrupción o insuficiencia de los suministros de materiales regionales, y si el
fabricante de las mercancías para las cuales la condición que les cualifica como de origen comunitario
es que sean "producidas en su totalidad" en ella o "producidas a partir de materiales de la región" no
puede, por circunstancias que no dependen de él, obtener suministros de los materiales regionales,informará de ello a la autoridad competente.
4. La autoridad competente:
a) después de recibir información del fabricante, hará que se investigue la cuestión y, si
acepta que la representación del fabricante está justificada, presentará al Secretario
General, en el instrumento prescrito, una solicitud del certificado previsto en el
presente artículo;
b) al presentar la solicitud, informará a los demás Estados Miembros de que el
fabricante no puede obtener dentro de la Comunidad el suministro de los materiales
en las cantidades y según las especificaciones que necesita, ni en el período en que
los necesita.
5. Al recibir la solicitud de la autoridad competente, el Secretario General:
a) hará inmediatamente, por los medios más rápidos que sea posible, ante las
autoridades competentes de los otros Estado Miembros las averiguaciones pertinentes
sobre su capacidad para suministrar los materiales que precisa el fabricante;  yWT/REG155/1
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b) pedirá a la autoridad competente que responda a su petición de información dentro de
los siete días naturales siguientes al envío de su petición de información.
6. La autoridad competente responderá a la petición de información a que se refiere el anterior
párrafo 5 dentro del plazo especificado.
7. Si, sobre la base de sus averiguaciones, el Secretario General considera que la solicitud
recibida de la autoridad competente merece una consideración favorable, aun cuando no haya recibido
de uno o más Estados Miembros respuesta a su petición de información dentro de los catorce días
naturales siguientes a la recepción de la solicitud de la autoridad competente expedirá, en nombre
del CCDE, un certificado a la autoridad competente para autorizar el uso de materiales similares
procedentes de fuera de la Comunidad, con sujeción a las condiciones que considere adecuado
imponer.
8. El Secretario General informará a los Estados Miembros de la expedición de su certificado y
de las condiciones a él anexas y que, no obstante cualquier elemento en contrario en las disposiciones
del presente artículo, se considerará que las mercancías fabricadas a partir de los materiales
importados de fuera de la Comunidad son de origen comunitario.
9. Cualquier Estado Miembro podrá tratar como de origen comunitario las importaciones
consignadas a partir de otro Estado Miembro, siempre que se conceda el mismo trato a lasimportaciones similares consignadas a partir de cualquier otro Estado Miembro.  Los Estados
Miembros informarán con prontitud al CCDE de cualesquiera acuerdos comerciales que se hayan
concertado con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo y el CCDE podrá, según considere
adecuado, recomendar a los Estados Miembros de que se trate que adopten acuerdos comerciales
alternativos.
10. Las disposiciones de la Lista I serán de aplicación y tendrán efecto para los fines del presente
artículo.  El CCDE mantendrá la Lista en examen  constante y podrá modificarla para cerciorarse de
que se consiguen los objetivos de la Comunidad.
11. El Secretario General notificará al CCDE la expedición de cualquier certificado de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7, en la reunión de éste órgano inmediatamente siguiente aesa expedición .
Artículo 85
Promoción de las exportaciones
1. El CCDE adoptará las medidas adecuadas para la  promoción de las exportaciones de bienes y
servicios.
2. Al aplicar las medidas para promover las e xportaciones, el CCDE tomará en consideración lo
siguiente:
a) el establecimiento y mantenimiento de sistemas y servicios eficaces de información
comercial;
b) el diseño y aplicación de programas de facilitación del comercio con inclusión del
estudio de los mercados y la organización de misiones comerciales;WT/REG155/1
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c) la coordinación de la participación activa de los Estados Miembros en los foros de
promoción del comercio internacional, inclusive en las ferias y exposiciones, y el
apoyo a esa participación.
Artículo 86
Libertad de tránsito
1. Los Estados Miembros concederán la libertad de tránsito dentro de la Comunidad a todas las
mercancías y a los buques y demás vehículos que transporten esas mercancías.
2. Para los fines de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, tránsito significa el paso de
las mercancías y de los buques, las aeronaves y los vehículos que transporten esas mercancías:
a) a través de la frontera de un Estado Miembro;
b) con o sin reexpedición, almacenamiento, fraccionamiento de la carga o cambio de
modalidad de transporte,
cuando el paso es sólo una parte del viaje que comienza y termina más allá de su frontera.
3. Al conceder la libertad de tránsito en el sentido del párrafo 2, los Estados Miembros:
a) se cerciorarán de que no hay retrasos ni restricciones innecesarios y de que las
mercancías, y los buques, aeronaves y vehículos que las transportan solamente están
sujetos solamente a los cargos adeudados por el transporte, la manipulación y losdemás servicios prestados;
b) no discriminarán sobre la base de la bandera de los buques, su lugar de origen, salida,
entrada, partida o destino, ni de ninguna otra circunstancia que guarde relación con la
propiedad de las mercancías, los buques, las aeronaves o los vehículos;
c) con respecto a los reglamentos, formalidades, tasas y otros cargos por servicios
relacionados con el tránsito, se cerciorarán de que el trato concedido a cualquiera de
los Estados Miembros es, en cuanto a las condiciones, no menos favorable que el que
se concede a todos los demás Estados Miembros.
Artículo 87
Derechos de Importación
1. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado, los Estados Miembros no impondrán
derechos de importación a los productos originarios de la Comunidad.
2. Ninguna de las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se interpretará en el sentido
de que es extensiva a la imposición de gravámenes internos no discriminatorios a ningún producto o
sustituto de él que no se produzca en el Estado Miembro importador.
3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a los derechos y cargas similares
proporcionados al costo de los servicios prestados.WT/REG155/1
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4. Ninguna de las disposiciones del párrafo 3 del presente artículo se interpretará en el sentido
de que excluye del ámbito de aplicación del párrafo 1 del mismo ningún impuesto ni recargo aduanero
sobre ningún producto o sucedáneo que no se produzca en el Estado importador.
Artículo 88
Prohibición de los derechos de exportación
1. Los Estados Miembros no aplicarán derechos de exportación a las mercancías de origen
comunitario que sea objeto de comercio dentro de la Comunidad.
2. Ninguna de las disposiciones del presente artículo impedirá a un Estado Miembro adoptar las
medidas que sean necesarias para impedir la evasión de los derechos de exportación que se aplican a
los productos destinados al exterior de la Comunidad, cuando tales productos se reexporten a través
de otro Estado Miembro.
3. Para los fines del presente artículo, "derechos de exportación" son cualesquiera derechos o
cargas de efecto equivalente que se impongan a la exportación de mercancías o en relación con ella.
Artículo 89
Devolución de los derechos a la exportación
1. Los Estados Miembros podrán negarse a conceder el trato del origen comunitario a las
mercancías que se beneficien de una devolución de los derechos a la exportación, concedida por otrosEstados Miembros.  Al aplicar lo dispuesto en el presente párrafo, todo Estado Miembro concederá el
mismo trato a esas mercancías consignadas a partir de cualquiera de los demás Estados Miembros.
2. Siempre que un Estado Miembro tenga intención de aplicar una devolución de derechos de
exportación en el sentido del párrafo 6, lo notificará al CCDE.
3. En el momento de la notificación, el Estado Miembro expondrá las circunstancias que
justifican la necesidad de aplicar una devolución de los derechos a la exportación, los productos que
se beneficiarán de ella, la naturaleza de las medidas y su duración propuesta, y toda otra información
que el CCDE pueda prescribir.
4. El CCDE examinará sin demora la notificación a que se hace referencia en el párrafo 3 y
adoptará una determinación sobre la adecuación de la s medidas y, si no le satisface, podrá recomendar
que modifique su programa el Estado Miembro que tienen la intención de aplicar una devolución de
los derechos de exportación.
5. El CCDE examinará cada año todos los programas de devolución de los derechos a la
exportación que mantienen los Estados Miembros.
6. Para los fines del presente artículo:
a) "devolución de los derechos a la exportación" significa cualquier arreglo para
devolver o condonar, en su totalidad o en parte, los derechos aplicables a laimportación de los materiales:  siempre que ese arreglo, expresamente o en la
práctica, permita la devolución o remisión si se exportan ciertos bienes o materiales,
pero no si se retienen para su uso en el país;WT/REG155/1
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b) la "remisión" incluye la exención para los materiales transportados a puestos francos
u otros lugares que tienen privilegios aduaneros similares;
c) "derechos" significa:
i) todas las cargas a la importación o relacionadas con la importación, excepto
las cargas fiscales a las que se aplica lo dispuesto en el artículo 80;  y
ii) cualquier elemento de protección que incluyan esas cargas fiscales;
d) el término "materiales" tendrá el significado que se le asigna en la Regla I de la
Lista I del presente Tratado.
Artículo 90
Impuestos internos y otras cargas fiscales
1. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado, los Estados Miembros:
a) no aplicarán directa ni indirectamente a las mercancías importadas de origen
comunitario ninguna carga fiscal que exceda de las aplicadas directa o indirectamente
a las mercancías nacionales similares, ni aplicarán tales cargas para dar protección a
productos nacionales similares;  ni
b) aplicarán cargas fiscales a productos importados de origen comunitario, de un tipo
que ellos no produzcan, o no produzcan en cantidades sustanciales, para proteger laproducción nacional de sustitutos que entran en competencia directa con ellos y que
no soportan, directa ni indirectamente, en el país de importación, cargas fiscales de
una incidencia equivalente.
2. Todo Estado Miembro notificará al CCDE todas las cargas fiscales que aplique siempre que,
aunque los tipos de la carga o las condiciones por las que se rige la imposición o la recaudación de esacarga fiscal no sean idénticas en relación con las mercancías importadas y con las mercancías
nacionales similares, el Estado Miembro que la aplica considere que la carga está o se ha impuesto en
conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del presente artículo.  Todo Estado Miembro, a petición
de cualquier otro Estado Miembro, facilitará información sobre la aplicación de lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo.
3. Para los fines del presente artículo, "cargas fiscales" significa los impuestos internos y demás
cargas internas de efecto equivalente que gravan a las mercancías.
Artículo 91
Restricciones cuantitativas
1. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado y en particular en sus artículos 88, 89 y
90 y en las Listas II, III y IV, ningún Estado Miembro aplicará restricciones a la importación de
mercancías que sean de origen comunitario.
2. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado y en particular en sus artículos 89 y 90,
y en la Lista III, ningún Estado Miembro aplicará restricciones cuantitativas a las exportaciones hacia
ningún otro Estado Miembro.WT/REG155/1
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3. Lo dispuesto en el presente artículo no impedirá a ningún Estado Miembro adoptar las
medidas que sean necesarias para impedir la elusión de las prohibiciones o restricciones que aplique a
las importaciones procedentes de terceros países o a las exportaciones enviadas a ellos, siempre que el
trato que conceda a los Estados Miembros no sea menos favorable que el concedido a los países que
no pertenecen a la Comunidad.
4. Las "Restricciones cuantitativas" son prohibiciones o restricciones de las importaciones
enviadas a, o de las exportaciones procedentes de, cualquier otro Estado Miembro, según los casos,
que se hacen efectivas mediante contingentes, licencias de importación u otras medidas de efecto
equivalente, con inclusión de medidas y requisitos administrativos por los que se restringen las
importaciones o las exportaciones.
Artículo 92
Dificultades que ocasionan determinadas importaciones
1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 150, siempre que en un Estado Miembro las
importaciones de cualquier producto, inclusive las de un producto agrícola primario, causen perjuicio
grave o amenaza de perjuicio grave a los productores nacionales de productos similares o
directamente competidores, de cualquier rama de producción o sector concreto de una rama de
producción, el Estado Miembro importador podrá imponer restricciones en relación con ese productosi:
a) las importaciones del producto de que se trata dan lugar a una importante diminución
de la demanda del producto similar o directamente competidor producido dentro de
su jurisdicción;  y
b) la disminución de la demanda está directamente vinculada con un aumento de las
importaciones consignadas a partir de otro Estado Miembro.
2. Cuando un Estado Miembro decida ejercer los derechos que le confiere lo dispuesto en el
párrafo 1 podrá, de manera provisional hasta que el CCDE adopte una determinación:
a) limitar las importaciones del producto originarias de la Comunidad, aplicando
restricciones cuantitativas, a un ritmo no inferior al ritmo de esas importacionesdurante cualquier período de 12 meses que haya terminado 12 meses antes de la fecha
de entrada en vigor de las restricciones;
b) adoptar, en vez de las restricciones cuantitativas o además de ellas, otras medidas de
conformidad con lo dispuesto en el apartado a), que autorice el CCDE.
3. Al aplicar las restricciones de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, los Estados
Miembros no discriminarán entre las fuentes de suministro ni entre las nacionalidades de los
proveedores, y tendrán en cuenta la parte proporcional de mercado que antes correspondía a cada unode los Estados Miembros.
4. Cuando un Estado Miembro:
a) desee actuar de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, entablará previamente
consultas con el Estado Miembro afectado y notificará al CCDE esa intención y la
naturaleza de su actuación;WT/REG155/1
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b) no pueda cumplir lo dispuesto en el apartado a) del presente párrafo, al actuar
comunicará inmediatamente al CCDE la solicitud y la naturaleza de su actuación.
5. El Estado Miembro, en el momento de esa actuación de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 2, presentará al CCDE:
a) la información de que racionalmente disponga, con inclusión de lo siguiente:
i) la identidad de los productores y el tiempo que llevan en la producción los
productores del producto similar o directamente competidor;
ii) una descripción completa del producto y el volumen anual de la producción;
iii) una estimación del volumen del mercado interno, la cuota, por volumen, en el
mercado interno del producto nacional, las importaciones procedentes de
otros Estados Miembros y de terceros Estados;
iv) información sobre los cambios del nivel de las ventas y del empleo en
períodos comparables a los períodos en que las importaciones han aumentado;
y
v) cualquier otra información que, de vez en cuando, ordene el CCDE;
b) un programa en el que se recojan las medidas que se adoptarán para ayudar a los
productores nacionales a paliar las dificultades a que se enfrentan y a restablecer suposición en el mercado interno.
6. El CCDE examinará a la mayor brevedad la comunicación a que se hace referencia en el
párrafo 5, y:
a) adoptará una decisión sobre si las restricciones son adecuadas y deben mantenerse;
b) si decide que las restricciones deben mantenerse, determinará si el programa es o no
adecuado y establecerá el período durante el cual deben mantenerse las restricciones.
7. Las restricciones que aplique un Miembro de c onformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 se
limitarán a las necesarias para detener una amenaza de perjuicio grave o eliminar de otro modo el
daño.
8. El Estado Miembro, al aplicar las restricci ones de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 2, no discriminará y:
a) las levantará de manera progresiva a medida que mejoren las condiciones;
b) podrá mantenerlas sólo en la medida en que las condiciones que se mencionan en el
párrafo 1 del presente artículo sigan justificando su aplicación.
9. Si un Estado Miembro ha demostrado que la aplicación de medidas por otro Estado Miembro
en virtud del párrafo 2 ha causado daño o amenaza de daño grave a los productores nacionales de su
jurisdicción, el Estado Miembro primeramente mencionado podrá solicitar consultas con el EstadoMiembro que mantiene las restricciones, y así lo notificará al CCDE.WT/REG155/1
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10. Si de las consultas no resulta una solución mutuamente convenida, al asunto podrá remitirse
al CCDE para que decida.
11. Si el CCDE no ve claramente que los Estados Miembros que aplican las restricciones estén
actuando de conformidad con las disposiciones del párrafo 7, podrá recomendar al Estado Miembro
perjudicialmente afectado por ellas que tome otras disposiciones para el mismo fin.
Artículo 93
Ayuda oficial para el desarrollo económico
1. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado, ningún Miembro mantendrá ni
introducirá:
a) las formas de asistencia a las exportaciones de mercancías a ninguna otra parte de la
Comunidad, que se describen en la Lista V;  ni
b) ninguna otra forma de asistencia, cuyo principal fin o efecto sea anular los beneficios
esperados de la supresión o ausencia de derechos y de restricciones cuantitativas, que
prescribe el presente Tratado,
2. Si la aplicación de cualquier tipo de asistencia por un Estado Miembro, aun sin ser contraria a
lo dispuesto en el apartado 1 b) del presente artículo, frustrase los beneficios esperados de la supresión
o ausencia de derechos y restricciones cuantitativas que requiere el presente Tratado, el CCDE podráautorizar a cualquier Estada Miembro a suspender, en relación con el Estado Miembro que concede la
asistencia, la aplicación de las obligaciones dimanantes del presente Tratado, que el CCDE considere
adecuadas.
3. El CCDE tendrá facultades para modificar las disposiciones de la Lista V.
Artículo 94
Compromisos públicos
1. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado, los Estados Miembros se cerciorarán de
que en las prácticas de las empresas públicas se elimina lo siguiente:
a) las medidas cuyo efecto sea conceder protección a la producción nacional y que
serían incompatibles con el presente Tratado si su efecto se lograra mediante laaplicación de un derecho o recargo de efecto equivalente o mediante restricciones
cuantitativas o ayuda del Estado;  o
b) la discriminación comercial por motivos de origen territorial en tanto en cuanto anula
los beneficios esperados de la supresión o ausencia de las cargas, derechos y
restricciones cuantitativas, que exige el presente Tratado.
2. En la medida en que las disposiciones del artículo 92 sean pertinentes para las actividades de
las empresas públicas, ese artículo será de aplicación a ellas de la misma manera que se aplica a lasdemás empresas.
3. Si una empresa pública introduce una medida o práctica que:
a) es incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1;  oWT/REG155/1
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b) de hecho o de derecho tiene como resultado limitar el acceso a cualquier mercado,
distorsiona la competencia o el comercio leal, o anula o menoscaba de otro modo las
ventajas esperadas del establecimiento del MUEC,
en ese caso, el Estado Miembro perjudicado podrá solicitar consultas con el Estado Miembro infractor
y notificar sin demora al CCDE esa solicitud.
4. El Estado Miembro que supuestamente ha introduc ido una medida o práctica en el sentido del
párrafo 3 considerará favorablemente cualquier petición de consultas que le haga el Estado Miembro
perjudicado con el fin de resolver las diferencias y llegar a una solución aceptable para ambos.
5. Si no se llega a una solución mutuamente aceptable en el plazo de 30 días contados a partir de
la fecha de solicitud de las consultas, el Estado Miembro perjudicado podrá remitir la cuestión
al CCDE, el cual hará que se lleve a cabo una investigación de la circunstancia que ha dado origen a
la reclamación;  la investigación se terminará en el plazo de 60 días contados a partir de la fecha enque el CCDE recibió la reclamación.
6. Al recibir el informe de la investigación, el CCDE lo pondrá a disposición de los Estados
Miembros interesados, para facilitar las consultas y permitirles que lleguen a una solución aceptable
para ambos.
7. Si no se llega a tal solución después de 15 días contados a partir de la fecha en que el CCDE
presentó el informe a las partes interesadas y el CCDE considera que se han denegado
injustificadamente los derechos de los Estados Miembros agraviados a los que se refiere el párrafo 1,
el CCDE pedirá al Estado Miembro demandado que reti re la medida o la práctica de que se trate.
8. Si el Estado Miembro demandado a que se hace referencia en el párrafo 7 no accede a la
petición del CCDE en el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de esa petición, el CCDE podráautorizar a los Estados Miembros a que suspendan, en relación con el Estado Miembro que ha
impuesto la medida o la práctica, la aplicación de aquellas disposiciones del presente Tratado que
el CCDE decida.
9. Los Estados Miembros se asegurarán de que no se introducen nuevas prácticas del tipo de las
que se describen en el párrafo 3 del presente artículo.
10. A los efectos del presente artículo, por "empresas públicas" se entiende las autoridades de la
administración central, regional o local, las empresas públicas y cualquier otro organismo por cuyo
medio un Estado Miembro, en virtud de legislación o en la práctica, controla o influye
apreciablemente en las importaciones procedentes de cualquier otra parte de la Comunidad o en las
exportaciones enviadas a cualquier otra parte de la Comunidad.
Artículo 95
Cooperación en la administración de las aduanas
1. Los Estado Miembros cooperarán entre sí para conseguir que su interpretación y aplicación de
los artículos 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93 y de la Lista I se apliquen de manera efectiva y
armoniosa, especialmente en lo que respecta a las disposiciones para conseguir:
a) unos sistemas y procedimientos aduaneros eficaces por los que se rija la circulación
de las mercancías y de las personas y los envíos a través de las fronteras aduaneras;WT/REG155/1
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b) una eficacia máxima en la cooperación entre las administraciones aduaneras y con los
organismos internacionales para combatir los delitos aduaneros y otros que se
cometen en las fronteras.
2. Los Estados Miembros se comprometen a establecer una legislación aduanera y
procedimientos aduaneros armonizados de conformi dad con lo dispuesto en el presente capítulo.
3. El CCDE establecerá procedimientos para la cooperación en la administración aduanera como
se describe en el párrafo 1 del presente artículo.
PARTE TERCERA:  SUBVENCIONES
Artículo 96
Determinación de la existencia de una subvención
Para los fines de esta Parte, se considerará que existe subvención si hay contribución
financiera de la Administración o de cualquier organismo público del territorio de un Estado Miembro(denominados en adelante "la administración") en la que:
a) una práctica de la administración implica transferencia directa de fondos (por
ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o una posible transferenciadirecta de fondos o de pasivo exigible (por ejemplo, garantías de préstamos);
b) ingresos debidos al Estado se condonan o no se perciben (por ejemplo, incentivos
fiscales, tales como las bonificaciones);
c) una administración compra bienes o suministra bienes o servicios distintos de los de
infraestructura general;
d) una administración hace pagos a un mecanismo de financiación, o da instrucciones o
encarga a un órgano privado la realización de las actividades mencionadas en losapartados a), b) y c) que normalmente realizan las propias administraciones;
e) hay alguna forma de apoyo de los ingresos o de los precios,
y con ello se confiere una ventaja.
Artículo 97
Tipos de subvenciones
1. La subvención en el sentido del artículo 96 se dividirá en las categorías siguientes:
a) subvención prohibida;
b) subvención que:
i) causa daño a una producción nacional, o
ii) da lugar a anulación o menoscabo de ventajas directamente o indirectamente
resultantes para un Estado Miembro;  o
iii) perjudica gravemente los intereses de cualquier Estado Miembro;  oWT/REG155/1
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c) subvención que causa efectos perjudiciales graves a una producción nacional de
cualquiera de los Estados Miembros de manera que causa un daño que es difícil de
reparar:
siempre que la subvención sea específica para una empresa, sector industrial o grupo de empresas o
industrias de la jurisdicción del Estado Miembro que la concede.
2. Para los fines del presente capítulo, la determinación de si una subvención en el sentido del
artículo 92 es específica se regirá por lo siguiente:
a) para determinar si una subvención en el sentido del párrafo 1 del presente artículo es
específica para una empresa, sector o grupo de empresas o industrias (a las que se
hace referencia en la presente Parte con la expresión "determinadas empresas") de la
jurisdicción de la autoridad que concede esa subvención, se aplicarán los criterios
siguientes:
i) si la autoridad que la otorga, o la legislación conforme a la cual actúa la
autoridad que concede la subvención, limita explícitamente el acceso a una
subvención a determinadas empresas, esa subvención será específica;
ii) si la autoridad que la otorga, o la legislación conforme a la cual actúa la
autoridad que concede la subvención establecen criterios o condicionesobjetivas por los que se rige la posibilidad de acceso a la subvención y la
cuantía de ésta, no habrá especificidad siempre que la posibilidad de acceso
sea automática y que esos criterios y condiciones se respeten de manera
estricta.  Los criterios y condiciones han de estar claramente establecidos en
la ley, reglamento u otro documento oficial, de manera que puedanverificarse;
iii) si, no obstante alguna apariencia de no especificidad resultante de la
aplicación de los principios establecidos en los anteriores apartados i) y ii),
hubiere motivos para creer que la subvención puede, de hecho, ser específica,
podrán considerarse otros factores.  Esos factores son los siguientes:  elempleo de un programa de subvenciones por un limitado número de
empresas, el uso predominante de determinadas empresas, la concesión de
subvenciones de una cuantía desproporcionada a ciertas empresas, y la
manera en que la autoridad que otorga las subvenciones ha ejercido la
discreción en la decisión de concederlas.  Al aplicar este apartado se tendrá en
cuenta la medida de la diversificación de las actividades económicas en la
jurisdicción de la autoridad que concede las subvenciones, y el tiempodurante el cual ha operado el programa de subvenciones;
b) toda subvención que se limita a ciertas empresas situadas en una región geográfica
determinada dentro del a jurisdicción de la autoridad concesionaria será específica.
Queda entendido que, para los fines de esta Parte, el establecimiento o la
modificación de los tipos impositivos de aplicación general, por los niveles de laadministración autorizados, no se considerará una subvención específica;
c) se considerará que cualquier subvención comprendida en el ámbito de las
disposiciones del artículo 99 es específica;
d) toda determinación de especificidad en virtud de las disposiciones del presente
artículo estará claramente substanciada sobre la base de pruebas positivas.WT/REG155/1
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Artículo 98
Derecho a actuar contra los productos subvencionados
1. Todo Miembro podrá tomar medidas contra los productos subvencionados, cuando:
a) los productos se hayan beneficiado de una subvención prohibida;
b) la subvención sea específica y haya causado alguno de los efectos a que se hace
referencia en el artículo 112;  y
c) la subvención sea específica y no conforme con las disposiciones del artículo 108.
2. No obstante las disposiciones del anterior párrafo 1, ningún Estado Miembro tomará medidas
definitivas contra los productos que, según se cree, están beneficiándose de las subvenciones a que se
refiere el artículo 97, si el Estado Miembro perjudicado no ha:
a) promulgado legislación que permita introducir contramedidas o derechos
compensatorios en contra de las importaciones subvencionadas;
b) celebrado consultas con el Estado Miembro que, según se dice, ha introducido o
mantiene las subvenciones identificadas en el artículo 97;
c) notificado al CCDE la subvención supuesta sobre la base de investigaciones
preliminares y la ausencia de consultas;  y
d) recibido autorización del CCDE para aplicar derechos compensatorios o
contramedidas tras una determinación definitiva de la existencia de subvenciones
prohibidas que causan anulación y menoscabo, perjuicio grave o efectos adversos.
3. En las consultas para los fines de esta Parte se seguirán los procedimientos establecidos en el
anexo II.
Artículo 99
Subvenciones prohibidas
1. A reserva de las disposiciones del presente Tratado, ningún Estado Miembro concederá ni
mantendrá las subvenciones a que se hace referencia en el párrafo 2.
2. Quedan prohibidas la siguientes subvenciones en el sentido del artículo 96:
a) las subvenciones supeditadas, de hecho o de derecho, exclusivamente o con varias
otras condiciones, a los resultados de las exportaciones, incluidas las enumeradas en
la Lista V, y
b) las subvenciones supeditadas, exclusivamente, o con varias otras condiciones, al
empleo de bienes nacionales con preferencia a los importados.
3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se interpretará en el sentido de que se
aplica a los productos básicos agropecuarios producidos en la Comunidad.WT/REG155/1
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Artículo 100
Investigación preliminar de las subvenciones prohibidas
1. La solicitud de una investigación podrá hacerla, por escrito, una producción nacional, o podrá
hacerse en nombre de ésta, a una autoridad competente cuando la producción tenga motivos para creer
que otro Estado Miembro concede o mantiene una subvención prohibida de las que se mencionan enel artículo 99.  La autoridad examinará la solicitud y decidirá, sobre la base de los datos de que
disponga, si debe iniciar una investigación.
2. Se considerará que toda investigación iniciada de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo es una investigación preliminar.  La autoridad dará aviso público de la
investigación preliminar para informar al Estado Miembro interesado, a los demás Estados Miembros
y a las partes interesadas, a todos los cuales se concederá un plazo adecuado para que presenten la
información requerida y formulen observaciones.
3. La autoridad adoptará una determinación preliminar de si se ha concedido o mantenido una
subvención prohibida y, si la determinación es afirmativa, invitará a los Estados Miembros de que se
trate y a las partes interesadas a defender sus intereses.
4. Toda solicitud de una investigación, hecha por la producción nacional al amparo del presente
artículo o de los artículos 106 ó 112 irá acompañada de la información que se indica en la ListaIlustrativa del anexo III a).
5. Siempre que en el presente capítulo se utilice la expresión "producción nacional" tendrá el
significado de la producción nacional que se define en el anexo I.
Artículo 101
Solicitud de consultas sobre subvenciones prohibidas
1. Siempre que un Estado Miembro tenga motivos para pensar, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 99, que otro Estado Miembro ha concedido o mantiene una subvención prohibida, el Estado
Miembro perjudicado o cualquiera otro podrá solicitar consultas con el Estado Miembro que, según se
cree, ha concedido o mantiene la subvención.  El Estado Miembro perjudicado notificará al CCDE la
solicitud de consultas.  Toda solicitud de consultas incluirá una exposición de las pruebas de que sedisponga sobre la existencia y naturaleza de la supuesta subvención prohibida.
2. Cuando reciba una solicitud de consultas con arreglo al anterior párrafo 1, el Estado Miembro
que supuestamente concede o mantiene la subvención responderá en un plazo de 10 días y aportará la
información pertinente solicitada y entablará sin dilación consultas que concluirán dentro de los
30 días siguientes a la fecha de la solicitud de las mismas, salvo que las Partes acuerden ampliarlas
hasta una fecha convenida entre ambas.  Las consultas tendrán la finalidad de esclarecer los hechos
relativos a la existencia y tipo de la supuesta subvención y llegar a una solución acordada entre ambasPartes.
Artículo 102
Remisión al CCDE para que investigue las Subvenciones prohibidas
1. Si no se llega a una solución mutuamente convenida en el plazo de 30 días contados a partir
de la fecha de la solicitud de las consultas a que se hace referencia en el artículo 101, o en la fecha enque convengan las partes, o si el Estado Miembro que, según se cree, está concediendo o manteniendoWT/REG155/1
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las subvenciones se niega a cooperar, el Estado Miembro que solicita las Consultas, o cualquier otro
Estado Miembro interesado en ellas, podrá remitir el asunto al CCDE que hará una investigación para
establecer si la subvención de que se trata es una subvención prohibida.
2. La remisión del asunto al CCDE para que ha ga una investigación no impedirá al Miembro
perjudicado adoptar de manera provisional, no antes de los 60 días contados a partir de la fecha delinicio de las investigaciones de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 103,
contramedidas para detener el daño a su producción nacional o impedir que se le cause otro mayor.
Artículo 103
Investigación, por el CCDE, de las subvenciones prohibidas
1. Cuando el CCDE decida llevar a cabo una investigación conforme a lo dispuesto en el
artículo 102, esa investigación del CCDE se hará  con toda la rapidez posible.  El CCDE podrá
nombrar expertos competentes para que le asesoren de si la subvención puede clasificarse comosubvención prohibida, en cuyo caso el CCDE establecerá un plazo para que los expertos competentes
examinen las pruebas.  El CCDE adoptará su determinación y emitirá su informe en un plazo que,
salvo circunstancias que lo impidan, no superará los 90 días contados a partir de la fecha de recepción
de la solicitud de investigación.
2. Los resultados de la investigación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 102 se pondrán a disposición de todos los Estados Miembros para su información y para que
los Estados Miembros interesados tengan la posibilidad de llegar a una solución recíprocamente
convenida dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión del informe;  de no llegarse a esa
solución el CCDE adoptará las recomendaciones del informe.
3. Si, sobre la base de los resultados de la investigación, el CCDE acepta que la subvención de
que se trata es una subvención prohibida y los Estados Miembros interesados no pueden llega a una
solución mutuamente acordada, exigirá al Estado infractor, con sujeción a dispuesto en el
artículo 104, que retire la subvención dentro de un plazo especificado.  Si el Estado Miembro infractor
no cumple lo exigido, el CCDE autorizará al Estado Miembro perjudicado a que aplique
contramedidas a los productos que se benefician de esa subvención.
Artículo 104
Retirada de las subvenciones prohibidas
1. Aun cuando la investigación confirme la existencia de una de las subvenciones prohibidas a
que se refiere el párrafo 3 del artículo 103, el CCDE no impondrá a los Estados Miembros el requisito
de que retiren esa subvención antes de lo especificado en el presente párrafo, de la manera siguiente:
a) con respecto a las subvenciones vinculadas a los resultados de las exportaciones:
i) los Estados Miembros cuyo PNB por habitante sea inferior a
1.000 dólares EE.UU. podrán mantener esas subvenciones;  y
ii) los demás Estados Miembros podrán mantener esas subvenciones hasta el
1º de enero de 2003;
b) en cuanto a las subvenciones supeditadas al empleo de insumos nacionales con
preferencia a los importados, los Estados Miembros cuyo PNB por habitante seaWT/REG155/1
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inferior a 1.000 dólares EE.UU. podrán mantener esas subvenciones hasta el
año 2003.
2. Cuando los resultados de una investigación hecha por el CCDE demuestren que la subvención
aducida no es una subvención prohibida, se retirarán sin dilación todas las medidas compensatorias
provisionales que se hayan impuesto y se liberará o reembolsará cualquier fianza o garantía.  según seel caso.  Si las medidas provisionales a que se hace referencia en el presente párrafo han causado un
retraso importante de las exportaciones del Estado Miembro erróneamente acusado de haber
introducido o mantenido subvenciones prohibidas, el CCDE, al recibir la solicitud de ese Estado
Miembro, evaluará los efectos de las medidas aplicadas con carácter provisional y determinará la
naturaleza y el alcance de la compensación que se precisa y recomendará esa compensación con
arreglo a su evaluación.
3. Desde la entrada en vigor del presente Tratado hasta la expiración de las fechas que se
mencionan en el párrafo 1, no se impondrá ninguna medida provisional cuando las investigaciones
preliminares hayan establecido que se mantienen subvenciones prohibidas.
Artículo 105
Subvenciones causantes de daño, anulación, menoscabo o perjuicio grave
1. Todo Miembro podrá tomar medidas contra las importaciones subvencionadas procedentes de
cualquier otro Estado Miembro cuando pueda establecerse, sobre la base de una investigación, que las
subvenciones han causado:
a) un daño a su producción nacional;
b) anulación o menoscabo de ventajas que espera obtener del presente Tratado;  o
c) un perjuicio grave a sus intereses.
2. Se considerará que hay perjuicio grave cuando:
a) la subvención total ad valorem de un producto sea superior al 5 por ciento;
b) las subvenciones cubran pérdidas de explotación sufridas por una producción;
c) las subvenciones cubran pérdidas de explotación sufridas por una producción y no
sean medidas no recurrentes que no pueden repetirse para esa empresa y que seconceden únicamente para dar tiempo a elaborar soluciones de largo plazo y para
evitar problemas sociales graves;  o
d) las subvenciones se concedan en forma de condonación de deudas al Estado o de
donaciones de éste para cubrir reembolsos de deuda.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, no se constatará la existencia de perjuicio
grave si el Estado Miembro que concede la subvención de que se trate demuestra que ésta no ha
tenido por efecto:
a) desplazar o impedir las importaciones de productos similares enviadas por el Estado
Miembro exportador hacia el Estado Miembro que ha introducido o mantiene la
subvención:WT/REG155/1
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b) desplazar o impedir las exportaciones de un producto similar enviadas a partir del
país exportador afectado hacia el mercado de un tercer Estado Miembro;
c) una importante reducción de los precios por el producto subvencionado en
comparación con el precio de un producto similar de otro Estado Miembro en el
mismo mercado, o una importarte contención de la subida de los precios o reducciónde éstos;
d) pérdida de ventas de otro Estado Miembro en el mismo mercado;  o
e) un aumento de su cuota de mercado en el MUEC.
4. Las disposiciones del presente artículo no serán de aplicación a la Parte Tercera.
Artículo 106
Investigación preliminar de las subvenciones que causan daño,
anulación, menoscabo o perjuicio grave
1. La solicitud de investigación podrá hacerla, por escrito, una producción nacional o podrá
hacerse en nombre de ésta a la autoridad nacional, siempre que la producción tenga motivos para creer
que la subvención a que se hace referencia en el artículo 105 la ha concedido o la mantiene otro
Estado Miembro y ha causado daño, o ha producido anulación, menoscabo o perjuicio grave a sus
intereses.
2. Toda solicitud hecha en el marco del anterior párrafo 1 incluirá información suficiente acerca
de la existencia de una subvención y, si es posible, su cuantía, el daño y el nexo causal entre los
productos subvencionados y el supuesto daño.
3. Se considerará que una solicitud de iniciación de una investigación ha sido hecha por una
producción nacional o en nombre de ella si ti ene el apoyo, o la oposición, de los productores
nacionales cuya producción colectiva constituye más del 50 por ciento de la producción total del
producto similar.  No se iniciará la investigación si los productores nacionales que expresamente
apoyan la solicitud representan menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar
por la producción nacional.
4. Al recibir una solicitud de que se inicie una investigación, la autoridad la examinará y
determinará, sobre la base de los datos de que disponga, si inicia o no la investigación.  Si la autoridad
decide iniciar una investigación, publicará un aviso en ese sentido, invitará al Estado Miembro de que
se trate, a otros Estados Miembros interesados y a las partes interesadas a que presenten la
información requerida y sus observaciones.
5. Se considerará que toda investigación iniciada de conformidad con las disposiciones del
párrafo 1 es una investigación preliminar.  La autoridad informará de los resultados de la
investigación al Estado Miembro interesado y a todas las partes interesadas.
6. Para los fines de esta Parte, se interpretará que "producto similar" significa un producto que es
idéntico, es decir, similar en todos los respectos al producto que se considera o, en ausencia de tal
producto, a otro producto que, si bien no es similar en todos los respectos, tiene características muy
semejantes a las del producto que se considera.WT/REG155/1
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Artículo 107
Solicitud de consultas sobre subvenciones que causan daño,
anulación, menoscabo o perjuicio grave
1. Si un Estado Miembro tiene motivos para creer que otro Estado Miembro ha concedido o
mantiene una subvención en el sentido del artículo 96, y que las importaciones procedentes de eseEstado Miembro han producido cualquiera de los efectos que se mencionan en el apartado b) del
párrafo 1) del artículo 97, el Estado Miembro primeramente mencionado podrá dirigirse al Estado
Miembro del que se cree que concede una subvención, para solicitar la celebración de consultas.
2. Toda solicitud de consultas incluirá una exposición de las pruebas de que se disponga
respecto de:
a) la existencia y naturaleza de la subvención;  y
b) el daño causado a la producción nacional;  oc) el menoscabo o anulación de las ventajas de exportar a otros Estados Miembros de la
Comunidad;  o
d) el perjuicio grave a sus intereses.
3. Al recibir una solicitud de celebración de consultas en virtud del párrafo 1, el Estado
Miembro del que se cree que está concediendo o manteniendo la subvención responderá en un plazode 10 días, y facilitará información pertinente e iniciará las consultas dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de la solicitud.  Las consultas tendrán por finalidad esclarecer los hechos relativos a la
existencia, tipo y efecto de la supuesta subvención y llegar a una solución mutuamente convenida.
Artículo 108
Remisión al CCDE para que investigue las subvenciones que causan daño,
anulación, menoscabo o perjuicio grave
1. Si al término de los 60 días de la fecha de la solicitud de celebración de las consultas, o en
una fecha mutuamente convenida, no se llega a una solución recíprocamente acordada, el Estado
Miembro que ha solicitado las consultas podrá remitir el asunto al CCDE que iniciará una
investigación, emitirá una determinación para resolver la diferencia y publicará un informe dentro delos 120 día siguientes a la fecha de la solicitud de investigación presentada por el Estado Miembro
perjudicado.
2. Ninguna decisión del CCDE de iniciar una investigación impedirá al Estado Miembro
perjudicado adoptar contramedidas provisionales, lo que no se hará antes de los 60 días contados
desde la fecha de iniciación de la investigación preliminar por la autoridad nacional o para impedir
otros efectos adversos.WT/REG155/1
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Artículo 109
Investigación por el CCDE de las subvenciones causantes de daño,
anulación, menoscabo o perjuicio grave
1. Para llegar a una determinación de la existencia, el grado y el efecto de las subvenciones, y de
las medidas correctoras que pueden adoptarse después de remitir una reclamación de supuestasubvención, a la que se hace referencia en el artículo 108, el CCDE:
a) llevará a cabo una investigación de las circunstancias relacionadas con la supuesta
concesión o mantenimiento de la subvención por el Estado Miembro infractor;  la
investigación se terminará en el plazo de los 120 días siguientes a la fecha de
recepción de la reclamación contra la supuesta concesión de subvenciones por un
Estado Miembro, y
b) al recibir el informe de la investigación, lo pondrá sin demora a disposición de los
Estados Miembros interesados para facilitar las consultas y permitir a esos Estados
Miembros llegar a una solución aceptable para todos.
Artículo 110
Consecuencias del mantenimiento de las subvenciones que causan daño,
anulación, menoscabo o perjuicio grave
1. Si no se llega a una solución aceptable para todos en el plazo de 30 días contados a partir de
la fecha de emisión del informe por el CCDE, y el CCDE comprueba a su satisfacción:
a) la existencia de una subvención en el sentido de lo dispuesto en el artículo 105;  y
b) que la subvención ha causado daño a la empresa del Estado Miembro perjudicado;  o
c) que la subvención a menoscabado o anulado ventajas que preveía el Estado Miembro
perjudicado en relación son sus exportaciones a la Comunidad;  o
d) que la subvención ha tenido por efecto perjudicar gravemente los intereses del Estado
Miembro,
en tal caso, el CCDE pedirá al Estado Miembro que ha concedido o mantiene la subvención, que
adopte las medidas apropiadas para poner remedio a los efectos de la subvención, dentro de los seismeses siguientes a la fecha de publicación del informe del CCDE.
2. Si al final del período de seis meses conced ido por el CCDE al Estado Miembro que otorga o
mantiene la subvención para que ponga remedio a los efectos de ésta, el Estado Miembro no cumple y
no ha habido acuerdo ni compensación, el CCDE au torizará al Estado Miembro perjudicado a que
imponga derechos compensatorios a un tipo equivalente a la cuantía de la subvención durante el
tiempo y en las condiciones que el CCDE prescriba.
Artículo 111
Tipos de subvenciones que causan efectos perjudiciales graves
1. En general, los Estados Miembros no impondrán ni aplicarán derechos compensatorios ni
adoptarán medidas contra los productos que se beneficien de:WT/REG155/1
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a) subvenciones que no sean específicas en el sentido del artículo 97;  o
b) subvenciones que sean específicas en el sentido del artículo 97 pero que satisfacen
todas las condiciones establecidas en el inciso siguiente:
i) subvenciones concedidas para actividades de investigación que realizan
empresas o establecimientos de educación superior o de investigación sobreuna base contractual con empresas, si la asistencia cubre, como máximo, el
75 por ciento de los costos de la investigación industrial o el por ciento de la
actividad de desarrollo precompetitiva y siempre que esa asistencia se limite
exclusivamente a:
aa) costos de personal (investigadores, técnicos y demás personal de apoyo
empleado exclusivamente en la actividad de investigación);
bb) costos de instrumentos, equipos, terrenos y edificios empleados de
manera exclusiva y permanente (salvo cuando se eliminen sobre una
base no comercial), para la actividad de investigación;
cc) costos de consultoría y otros servicios equivalentes empleados
exclusivamente para la actividad de investigación, con inclusión de la
investigación, los conocimientos técnicos y las patentes adquiridos porcuenta de otro;
dd) otros costos generales en los que se ha incurrido directamente por la
actividad de investigación;
ee) otros costos de explotación (como los de los materiales, suministros y
similares) en que se ha incurrido directamente por la actividad deinvestigación.
c) subvenciones concedidas para ayudar a regiones desfavorecidas del territorio de un
Estado Miembro de conformidad con un marco general de desarrollo regional y que
no sean específicas dentro de las regiones acreedoras a ellas, siempre que:
i) cada una de las regiones desfavorecidas sea una región geográfica contigua
claramente designada, con una identidad económica y administrativa
identificable;
ii) la Región se considere desfavorecida sobre la base de criterios neutrales y
objetivos que indiquen que las dificultades de la región tienen su origen en
circunstancias que no son transitorias;  esos criterios han de enunciarse
claramente en el texto legal, el reglamento u otro documento oficial, de
manera que puedan verificarse;
iii) entre los criterios debe incluirse una medida del desarrollo económico que
estará basada, como mínimo, en uno de los siguientes factores:
aa) los ingresos por habitante o los ingresos familiares por habitante, o el
PNB por habitante, que no deben superar el 85 por ciento del promedio
para el territorio de que se trate;WT/REG155/1
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bb) la tase de desempleo, que debe ser, como mínimo, el 110 por ciento del
promedio para el territorio del que se trate;
d) subvenciones concedidas para ayudar a la entidades en la adaptación de sus actuales
instalaciones a los nuevos requisitos medioambientales que imponen la legislación y/o
los reglamentos y que dan lugar a mayores limitaciones y cargas financieras para lasempresas, siempre que las subvenciones:
i) sean medidas de una sola vez, no iterativas;  y
ii) se limiten al 20 por ciento del costo de adaptación;  y
iii) no cubran el costo de sustitución y utilización de las inversiones objeto de la
asistencia, que ha de ser soportado en su totalidad por las empresas;  y
iv) estén directamente vinculadas y guarden proporción con la reducción prevista
de los inconvenientes y de la contaminación, y no cubran ningún posibleahorro de costos de producción;  y
v) estén al alcance de todas las empresas que puedan adoptar los nuevos equipos
y/o procesos de producción.
e) subvenciones concedidas para ayudar a las empresas a impartir formación o readaptar
a sus empleados, sea nueva o no la empresa, y para mejorar las instalaciones actualescon el fin de llegar a una situación competitiva en la Comunidad, siempre que esas
subvenciones no sean específicas.
2. Los Estados Miembros notificarán al CCDE cualquiera de las subvenciones que se mencionan
en el párrafo 1.  Cualquier Estado Miembro podrá solicitar más información acerca de un programa de
subvenciones notificado y el CCDE examinará cada año todas las subvenciones notificadas a las quese refiere el párrafo 1.
Artículo 112
Investigación preliminar de las subvenciones que causan efectos perjudiciales graves
1. Toda producción nacional podrá presentar a la autoridad competente una solicitud de que se
haga una investigación para comprobar que las importaciones que se benefician de las subvenciones aque se refiere el artículo 111 han causado efectos perjudiciales graves.
2. Al recibir una solicitud de investigación para que se compruebe la existencia de efectos
perjudiciales, la autoridad examinará esa solicitud y, sobre la base de los datos de que disponga,
decidirá si debe iniciar la investigación.
3. Se considerará que la investigación a que se hace referencia en el anterior párrafo 2 es una
investigación preliminar.  La autoridad dará aviso público de su decisión de iniciar una investigación
preliminar y se invitará al Estado Miembro interesado, a otros Estados Miembros afectados, y a laspersonas interesadas a que aporten información pertinente y formulen observaciones.
4. Los resultados de la investigación preliminar se pondrán a disposición del Estado Miembro
interesado, de otros Estados Miembros interesados y de las personas interesadas, para que puedan
defender sus intereses.WT/REG155/1
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Artículo 113
Solicitud de consultas sobre la subvenciones que tienen efectos perjudiciales graves
1. Siempre que un Estado Miembro tenga motivos para creer que las importaciones de otro
Estado Miembro se han beneficiado de subvenciones en el sentido del artículo 111 y que esas
importaciones han causado a una producción nacional efectos perjudiciales graves que son difícilesreparar, el Estado Miembro perjudicado podrá solicitar consultas con el Estado Miembro que concede
o mantiene la subvención,
2. El Estado Miembro que, supuestamente, conc ede la subvención que ha causado efectos
perjudiciales responderá en el plazo de 10 días contados a partir de la fecha de la solicitud de las
consultas e iniciará las consultas solicitadas por el Estado Miembro perjudicado.  Si no se llega a
acuerdo en el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de las consultas o en una fecha
posterior mutuamente acordada, o si el Estado Miembro se niega a cooperar, el Estado Miembroperjudicado podrá remitir el asunto al CCDE y pedirle que haga una investigación.
Artículo 114
Investigación por el CCDE de las subvenciones que causan efectos perjudiciales graves
1. La remisión del asunto al CCDE para que ha ga una investigación no impedirá al Miembro
perjudicado adoptar, de manera provisional 60 días después de la fecha de iniciación de lainvestigación preliminar a que se hace referencia en el artículo 106, medidas encaminadas a detener o
impedir otros efectos perjudiciales.
2. Si la investigación solicitada se justifica a satisfacción del CCDE, éste llevará a cabo la
investigación, tomará una determinación y publicará un informe dentro de los 120 días siguientes a la
fecha en que la solicitud le fue remitida.
3. Si los resultados de la investigación realizada por el CCDE demuestran que las importaciones
subvencionadas han causado efectos perjudiciales graves a la producción nacional del Miembro
perjudicado que ha solicitado la investigación, el CCDE recomendará que el Estado Miembro
infractor modifique el programa de subvenciones de manera que elimine los efectos adversos que
motivaron la reclamación.
Artículo 115
Consecuencias de no eliminar o establecer los efectos
perjudiciales de las subvenciones
1. Si el Estado Miembro infractor no aplica las recomendaciones del CCDE dentro de los 6
meses siguientes a la fecha de publicación del informe al que se hace referencia en el párrafo 2 del
artículo 114, el CCDE autorizará al Estado Miembro perjudicado a imponer derechos compensatorios
adecuados y proporcionados a la naturaleza y la intensidad de los efectos perjudiciales graves que,según se ha determinado, existen.
2. Si los resultados de una investigación realizada por el CCDE demuestran que los efectos
perjudiciales graves han sido causados por las importaciones subvencionadas a las que se refiere el
párrafo 1 del artículo 111, el Estado Miembro que alegue que su producción nacional ha sufrido
efectos gravemente perjudiciales reembolsará sin demora cualesquiera derechos que se hayanimpuesto a título provisional y, si esos derechos provisionales han retrasado en medida importante las
exportaciones del Estado Miembro objeto de la reclamación, el CCDE, previa solicitud formulada porWT/REG155/1
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ese Estado, evaluará los efectos de los derechos provisionalmente aplicados y establecerá la
naturaleza y la cuantía de la compensación que se precisa y exigirá una compensación de acuerdo con
su valoración.
Artículo 116
Imposición de medidas y derechos compensatorios provisionales
1. No obstante cualquier disposición en contrario en el presente capítulo, todo Estado Miembro
al que perjudique la aplicación o el mantenimiento de  subvenciones prohibidas o de subvenciones que
causan daño o dan lugar a anulación, menoscabo o perjuicio grave, o tienen efectos perjudiciales
graves, según los casos, aplicará medidas provisionales solamente sobre la base de las normas
siguientes:
a) Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si:
i) se ha iniciado una investigación preliminar de conformidad con lo dispuesto
en el presente capítulo;  se ha dado aviso público en ese sentido y se han
brindado a las personas interesadas las oportunidades adecuadas para
presentar información y formular observaciones;
ii) se ha emitido una determinación preliminar afirmativa de la existencia de una
subvención prohibida, o de una subvención que causa daño, anulación,menoscabo o perjuicio grave, o de una subvención que causa efectos
gravemente perjudiciales, según los casos;
iii) se han solicitado e iniciado consultas, se han notificado al CCDE y se le ha
pedido que haga investigaciones, y las autoridades interesadas consideran que
esas medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante lainvestigación;
b) las medidas provisionales pueden adoptar la forma de derechos compensatorios
provisionales garantizados mediante depósitos en efectivo o fianzas por un monto
igual al de la subvención.  calculado de manera provisional;
c) las medidas provisionales no se aplicarán antes de 60 días contados a partir de la
fecha de iniciación de la investigación preliminar;
d) la aplicación de las medidas provisionales se limitará al período más breve que sea
posible, y no excederá de los 120 días.
2. Si las investigaciones que realiza el CCDE se prolongan más allá del período permitido para
el mantenimiento de las medidas provisionales con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 d), el
Estado Miembro que impone las medidas podrá continuar aplicándolas hasta que el CCDE llegue a
una determinación definitiva.
3. Los Estado Miembros que son parte en una investigación para verificar la existencia y los
efectos de una supuesta subvención podrán buscar o aceptar, según los casos, compromisos de parte
del Estado Miembro que supuestamente ha concedido o mantiene la subvención.  Los compromisos
pueden adoptar la forma de:WT/REG155/1
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a) una retirada de la subvención, o una limitación de la cuantía de ésta en la medida en
que el daño, la anulación, el menoscabo, el perjuicio grave o los efectos perjudiciales
graves, según los casos, queden eliminados;  o
b) una garantía del exportador que se ha beneficiado de la subvención para elevar su
precio, de tal cuantía que el efecto perjudicial quede eliminado.
4. Si un Estado Miembro acepta una garantía voluntaria de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3 b), el Estado Miembro que la acepta lo notificará al CCDE y suspenderá sin demora el
procedimiento;  y cualesquiera medidas provisionales que se hayan impuesto se suprimirán con
efectos inmediatos.
5. En caso de que las investigaciones para establecer la existencia de subvenciones hayan
concluido y las pruebas demuestren que hay daño, anulación, menoscabo o perjuicio grave, o efectos
perjudiciales graves, según los casos, el Estado Miembro podrá imponer derechos compensatorios concarácter retroactivo para abarcar el período completo durante el que han estado en vigor las medidas
provisionales.  En esos derechos retroactivamente aplicados se tomarán en consideración los derechos
compensatorios aplicados con carácter definitivo y su cuantía se garantizará mediante un depósito o
una fianza en efectivo y:
a) si los derechos compensatorios definitivos son más elevados que los derechos
provisionales, no se recaudará la diferencia;
b) si los derechos compensatorios definitivos son inferiores a los derechos provisionales,
el excedente del depósito se reembolsará o la garantía se liberará sin demora.
6. Ningún Estado Miembro impondrá derechos compensatorios distintos de los derechos
compensatorios provisionales sin autorización previa del CCDE y la fijación e imposición de losderechos compensatorios definitivos se regirá por las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias, de la OMC.
7. El CCDE mantendrá en examen todas las co ntramedidas que impongan los Estados Miembros
y se cerciorará de que los Estados Miembros respetan las condiciones y el calendario para el examen y
la retirada de las contramedidas que él pueda haber autorizado.
8. Los Estados Miembros se comprometen a cooperar en el establecimiento de una legislación y
procedimientos armonizados de conformidad con las disposiciones del presente capítulo.
PARTE CUARTA:  LAS SUBVENCIONES A LA AGRICULTURA
Artículo 117
Definición
1. Para los fines de esta Parte, subvención a la agricultura significa cualquier forma de apoyo
interno, financiero o de otra índole, incluida la condonación de rentas fiscales, prestado por laAdministración o cualquier organismo público a los productores de un determinado producto
agropecuario o al sector agrícola en su conjunto.  Ese apoyo abarca:
a) la asistencia prestada por la Administración o cualquier entidad pública para fomentar
el desarrollo agrícola y rural o para ayudar a los productores de bajos ingresos o a los
agricultores de escasos recursos;WT/REG155/1
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b) las concesiones financieras hechas por la Administración o por un organismo público
para compensar el costo de los insumos agrícolas o para fomentar las inversiones en
la agricultura;
c) cualesquiera otras concesiones financieras que tengan por efecto prestar apoyo a los
ingresos de los productores o a los precios a la producción de los productosagropecuarios, y que se administran mediante pagos directos a los productores o
elaboradores de un producto agropecuario o indirectamente a través de programas de
la Administración u otros programas financiados por el sector público;
d) los pagos en especie a los productores agropecuarios.
2. Por "productos agropecuarios" se entiende los productos enumerados en el anexo IV.
Artículo 118
Derechos
Habida cuenta del empleo generalizado de subvenciones en los Estados Miembros para
impulsar el desarrollo agrícola y rural, para promover las inversiones en la agricultura en general y
para ayudar a los productores de bajos ingresos o escasos recursos, los Estados Miembros podrán
conceder subvenciones para alcanzar esos objetivos, de manera compatible con las obligaciones por
ellos contraídas en virtud de acuerdos internacionales y con sujeción a las disposiciones de la presenteParte.
Artículo 119
Obligaciones
1. No obstante el derecho a conceder subvenciones estipulado en el artículo 118, ningún Estado
Miembro utilizará esas subvenciones de manera que perturben la producción o el comerciointrarregional del producto o productos que se benefician de ellas.
2. Por consiguiente, las subvenciones concedidas por un Estado Miembro a la agricultura no
implicarán transferencias de los consumidores, ni pagos directos a los productores o a los
elaboradores, que tengan por efecto conceder a los productores una forma de sostenimiento de los
precios.
3. Las subvenciones de los Estados Miembros a la agricultura se concederán mediante
programas públicamente financiados que beneficien al sector agropecuario en general en aspectos
tales como la investigación, la capacitación, las servicios de formación y asesoramiento, la lucha
contra las plagas y enfermedades, los servicios de inspección, los servicios de comercialización y de
promoción y los servicios de infraestructura.
4. Si un Estado Miembro hace pagos directos de subvenciones a los productores o elaboradores
de productos agropecuarios mediante planes tales como seguros de las cosechas, programas deseguridad de los ingresos para alivio de catástrofes naturales, o programas de asistencia regional, o
programas de asistencia para el reajuste estructural, ese Estado Miembro se cerciorará de que tales
pagos, financieros o de otra índole, tienen unos efectos nulos, o mínimos, de distorsión de la
producción y del comercio y no constituyen una forma de sostenimiento de los precios pagados a los
productores del producto o productos que se benefician de esos planes.WT/REG155/1
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Artículo 120
Reglamentación
1. Ninguna subvención que conceda cualquier Estado Miembro en favor de la producción de un
producto agropecuario objeto de comercio regional, excepto para la prestación de programas de
servicios generales o pagos directos que cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 119,excederá del 10 por ciento del valor total de la producción anual de cualquier año, en ese Estado
Miembro, del producto agrícola objeto de comercio.
2. Ninguna subvención que conceda un Estado Miembro en favor de los productores o
elaboradores de productos agrícolas en general, salvo para la ejecución de programas de servicios
generales o de pagos directos que satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 119, será
superior al 10 por ciento del valor total de la producción agrícola anual de ese Estado Miembro en
cualquier año.
3. Si un Estado Miembro concede una subvención , excepto para la ejecución de programas de
servicios generales o de pagos directos que satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 119,
que supere los niveles establecidos en los anteriores párrafos 1 y 2, se considerará que esa subvención
causa daño, anulación, menoscabo o perjuicio grave.
Artículo 121
Disciplina
1. Cada uno de los Estados Miembros se cerciorará de que toda subvención concedida en favor
de los productores agropecuarios se ajusta a lo dispuesto en los artículos 119 y 120.
2. Toda subvención concedida en favor de los productores agropecuarios de la que no pueda
demostrarse que se ajusta a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 estará sujeta a las disposiciones delos artículos 106 a 110 inclusive.
3. Todo programa de subvenciones aplicado de conformidad con las disposiciones de la presente
Parte estará sujeto a medidas basadas en las disposiciones de los artículos 106 a 110 inclusive cuando
la determinación de existencia de daño o de amenaza de daño se haga con arreglo a lo dispuesto en
esta Parte.
4. En la determinación de existencia de una amenaza de daño, las autoridades investigadoras
considerarán, entre otras cosas, factores como los siguientes:
i) la naturaleza de la subvención o subvenciones de que se trate y los efectos
que probablemente cause o causen en el comercio;
ii) una considerable tasa de aumento de las importaciones subvencionadas en el
mercado nacional, que indica que probablemente las importaciones han
aumentado en medida sustancial;
iii) una suficiente capacidad del exportador para hacer exportaciones de libre
disposición, o un aumento sustancial inminente de la capacidad del
exportador, que indiquen que es probable que aumenten en medida sustancial
las exportaciones subvencionadas que se envían al mercado del país
importador, teniendo en cuenta también la disponibilidad de otros mercadosde exportación para absorber las exportaciones adicionales;WT/REG155/1
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iv) si las importaciones entran a precios que tendrán el importante efecto de hacer
bajar los precios nacionales o contener su subida, y probablemente harán que
aumente la demanda de nuevas importaciones;
v) los inventarios de los productos que son objeto de investigación.
Artículo 122
Debida moderación
Cuando se haya establecido que una subvención causa daño o amenaza causarlo, según las
disposiciones de la presente Parte, el Estado Miembro perjudicado ejercerá la debida moderación al
iniciar cualquier acción de retorsión.
Artículo 123
Notificación
1. Los Estados Miembros notificarán al CCDE, antes de aplicarlo, cualquier programa de
subvenciones, de los mencionados en el artículo 117.
2. Además de la notificación que habrá de presentarse en virtud de lo dispuesto en el presente
artículo, se notificará sin demora toda nueva subv ención o modificación de una medida vigente.  En
esa notificación se harán constar los detalles de la subvención nueva o modificada y su conformidad
con los criterios acordados que se establecen en los artículos 116 y 120.
3. Cualquier Estado Miembro podrá señalar a la atención del CCDE toda medida que considere
que debía haber sido notificada por otro Estado Miembro.
Artículo 124
Examen
El CCDE hará un examen de la aplicación de las disposiciones sobre subvenciones a la
agricultura sobre la base de las notificaciones de los programas de subvención presentadas por los
Estados Miembros y sobre la base de cualquier otra documentación que el CCDE pueda pedir que se
prepare para facilitar su examen.
PARTE QUINTA:  DUMPING
Artículo 125
Medidas contra el dumping
Todo Estado Miembro podrá adoptar medidas c ontra las importaciones objeto de dumping si
tales importaciones causan daño o amenazan causar un daño grave a una producción nacional.
Artículo 126
Determinación de la existencia de dumping
1. A los efectos de la presente Parte, se considerará que un producto importado es objeto de
dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal,WT/REG155/1
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cuando su precio de exportación al exportarse de un Estado Miembro a otro Estado Miembro sea
menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto
similar destinado al consumo en el Estado Miembro exportador.
2. Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales
normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial delmercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no
permitan una comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación
con un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a
condición de que este precio sea representativo, o con el costo de producción en el país de origen más
una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así
como por concepto de beneficios.
3. Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la autoridad competente, el
precio de exportación no sea fiable por existir una asociación o un arreglo compensatorio entre el
exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación podrá reconstruirse sobre la base del
precio al que los productos importados se revendan por vez primera a un comprador independiente o,
si los productos no se revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en
que se importaron, sobre una base razonable que la autoridad determine.
4. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal.  Esta
comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fabrica", y sobre la base
de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.  Se tendrán debidamente en cuenta en cada
caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los
precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en losniveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, o cualesquiera otras diferencias
de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.  En los casos
previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos
e impuestos en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios
correspondientes.  Cuando, en esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios,las autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al
precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente
párrafo permite tomar en consideración.  Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué
información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga
probatoria que no sea razonable.
5. En caso de que los productos no se importen directamente del país de origen, sino que se
exporten al Miembro importador desde un tercer país, el precio a que se vendan los productos desde elpaís de exportación al Miembro importador se compar ará, normalmente, con el precio comparable en
el país de exportación.  Sin embargo, podrá hacerse la comparación con el precio del país de origen
cuando, por ejemplo, los productos transiten simpleme nte por el país de exportación, o cuando esos
productos no se produzcan en el país de exportación o no exista un precio comparable para ellos en el
país de exportación.
6. Para los fines de esta Parte, se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product")
significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate,
o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga
características muy parecidas a las del producto considerado.WT/REG155/1
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Artículo 127
Determinación de la existencia de daño
1. Para los fines de la presente Parte, se entenderá por "daño", salvo indicación en contrario, un
daño importante causado a una rama de producción nacional, una amenaza de daño importante a una
rama de producción nacional o un retraso importante en la creación de esa rama de producción.
2. La determinación de la existencia de daño a los efectos del párrafo 1 se basará en pruebas
positivas y comprenderá un examen objetivo:
a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los
precios de los productos similares en el mercado interno;  y
b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales
de tales productos.
3. Al llevar a cabo una determinación de la existencia de una amenaza de daño importante, las
autoridades competentes deberán considerar, entre otros, los siguientes factores:
a) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping en el
mercado interno que indique que probablemente han aumentado en medida
substancial las importaciones;
b) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento
inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento
sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro
importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación que
puedan absorber el posible aumento de las exportaciones;
c) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los mercados
internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, y
que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones;  y
d) las existencias del producto objeto de investigación.
Artículo 128
Definición de "rama de producción nacional"
Para los fines de la presente Parte, la expresión "rama de producción nacional" tiene el
significado de la definición que figura en el anexo 1.
Artículo 129
Iniciación de las investigaciones preliminares
1. Si una rama de producción nacional de un Estado Miembro tiene motivos para creer que está
siendo objeto de un daño o que se enfrenta a una amenaza de daño a consecuencia de importaciones
que han sido objeto de dumping, podrá presentar por sí misma, o podrá presentarse en su nombre poruna asociación que la represente o por empleados de los productores del producto similar, a la
autoridad competente, una solicitud por escrito para que inicie una investigación destinada aWT/REG155/1
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comprobar si ha habido importaciones objeto de dumping y si se ha causado daño, o si hay amenaza
grave de daño, según los casos.
2. Se considerará que la solicitud ha sido hecha por la rama de producción nacional o en nombre
de ella si cuenta con el apoyo de un número de  productores nacionales cuya producción conjunta
constituya más del 50% de la producción total del producto similar producida por la parte de losproductores nacionales que apoyan la solicitud o se oponen a ella.  Sin embargo, no se iniciará
investigación alguna cuando los productores nacionales que apoyan expresamente la solicitud
representen menos del 25 por ciento de la producción del producto similar producido por la rama de
producción nacional.
3. La autoridad examinará la solicitud y determinará si la investigación está justificada y, si lo
está a su satisfacción, publicará un aviso en ese sentido y pedirá al Estado Miembro de que se trate, a
los otros Estados Miembros interesados y a las partes interesadas que aporten la información y lasobservaciones necesarias, y se les proporcionará la ocasión para ello.
4. Se considerará que la decisión tomada por la autoridad de iniciar una investigación es una
decisión de iniciar una investigación preliminar cuyos resultados se pondrán a disposición mediante
aviso público.
5. En caso de que una investigación preliminar aporte pruebas suficientes de que importaciones
que han sido objeto de dumping han entrado en el comercio del Estado Miembro y que esas
importaciones amenazan gravemente o han causado daño a una rama de producción nacional, ésta
podrá someter a la autoridad competente del Estado Miembro exportador una solicitud de celebración
de consultas, que se notificará al CCDE.
6. La solicitud de consultas tendrá la finalidad de establecer si las importaciones han sido objeto
de dumping y si se ha causado daño o hay amenaza grave de daño y si el daño o la amenaza grave de
él es consecuencia directa de las importaciones objeto de dumping.
7. A las partes interesadas a las que se ha solicitado que faciliten información se concederá, para
responder, un plazo de 30 días contados desde la fecha de presentación de la solicitud por una rama de
producción nacional o en nombre de ella en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2, salvo que las
autoridades interesadas acepten un plazo más largo.
8. Para los fines de la presente Parte, "partes interesadas" serán:
a) el exportador o productor extranjero, o el importador de un producto sujeto a
investigación, o una asociación profesional o mercantil cuyos miembros son, en su
mayoría, productores, exportadores o importadores del producto de que se trate;
b) la Administración del Estado Miembro exportador;  y
c) el productor del producto similar en el Estado Miembro importador o una asociación
comercial o mercantil que tenga una mayoría de miembros que producen el producto
similar en el territorio del Estado Miembro importador.
9. Toda solicitud de una investigación que haya de hacer la autoridad competente de un Estado
Miembro o el CCDE incluirá, aunque sin limitarse necesariamente a ella, la información indicada en
la Lista Ilustrativa que figura en el anexo 111 b).  No obstante, si el Estado Miembro perjudicadoconsidera que la parte transgresora no ha tratado en medida satisfactoria de facilitar consultas o de
aportar la información solicitada, o que obstaculiza de otro modo irrazonable una investigación ya
iniciada, la autoridad competente del Estado Miembro perjudicado podrá imponer medidasWT/REG155/1
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antidumping provisionales y podrá remitir al CCDE una solicitud de investigación.  El Estado
Miembro que haya aplicado esas medidas deberá publicar un aviso de la imposición de medidas
antidumping provisionales.
Artículo 130
Medidas provisionales
1. Solamente podrán aplicar se medidas provisionales si:
a) se ha iniciado una investigación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
artículo 129, se ha dado aviso público de ello y se ha concedido a las partes una
posibilidad adecuada de presentar información y formular observaciones;
b) se ha hecho una determinación preliminar afirmativa de la existencia de dumping y
del consiguiente daño a una producción nacional;  y
c) las autoridades interesadas consideran que esas medidas son necesarias para impedir
que se cause daño durante la investigación.
2. Las medidas provisionales podrán adoptar la forma de un derecho provisional o,
preferentemente, de un depósito en efectivo o una fianza – de cuantía igual a la del derecho
antidumping calculado a título provisional, que no será superior al margen de dumping
provisionalmente calculado.  La suspensión de la liquidación de los derechos será una medidaprovisional adecuada, siempre que se indiquen el derecho normal y la cuantía estimada del derecho
antidumping y la suspensión de la liquidación esté sujeta a las mismas condiciones que las demás
medidas provisionales.
3. La medidas provisionales no se aplicarán antes de 60 días contados a partir de la fecha de
iniciación de la investigación por una autoridad competente.
4. La aplicación de medidas provisionales se limitará al período más breve que sea posible, que
no será superior a los 120 días o, por decisión de las autoridades competentes a petición de
exportadores que representen un porcentaje importante de la rama de que se trate, a un período no
superior a los 180 días.  Cuando, en el curso de una investigación, las autoridades examinen si un
derecho inferior al margen de dumping sería suficiente para eliminar el daño, esos períodos podrán serde 180 y 270 días, respectivamente.
Artículo 131
Realización de una investigación conducente a una determinación
definitiva de existencia de daño
1. Cuando reciba una solicitud de investigación que le haya sido remitida en virtud de lo
dispuesto en el párrafo 9 del artículo 126, el CCDE decidirá si la información que la acompaña
justifica la continuación de las investigaciones y, si así lo estima, hará que la investigación seconcluya en el plazo de 12 meses, y en cualquier caso en un plazo no superior a los 18 meses,
contados a partir de la fecha de la solicitud.  Si el CCDE no considera a su satisfacción que hay
justificación suficiente para iniciar una investigación, informará por escrito al solicitante de su
negativa a investigar.
2. Las investigaciones iniciadas por una autoridad competente de un Estado Miembro o
emprendidas por el CCDE se concluirán en breve siempre que:WT/REG155/1
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a) se determine que el margen de dumping es inferior al 2 por ciento, y
b) el volumen de las importaciones objeto de dumping enviadas desde un determinado
país sea inferior al 3 por ciento de las importaciones del producto similar realizadas
por el Estado Miembro importador, salvo que los países que individualmente
representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similarrealizadas por el Estado Miembro importador representen en conjunto más del 7 por
ciento de las importaciones del producto similar realizadas por el Estado Miembro
importador,
y el Estado Miembro que termine las investigaciones o el CCDE, según los casos, dará aviso público
de la terminación de las investigaciones a que se refiere el presente párrafo.
3. Los Estados Miembros reconocen que, para una investigación de las circunstancias del
supuesto dumping basada en una petición hecha por otro Estado Miembro en nombre de unaproducción nacional, se necesitará la plena cooperación de la autoridad competente y de las partes
que, según se aduce, son responsables de las importaciones objeto de dumping, en el Estado Miembro
del que esas importaciones son originarias, todos los cuales facilitarán información pertinente en el
plazo especificado en el presente artículo.
4. Al hacer la investigación para determinar la existencia y los efectos de las importaciones
objeto de dumping, las autoridades competentes de los Estados Miembros y de las partes interesadas
respetarán los derechos de las partes que facilitan la información en cuanto al carácter confidencial de
la totalidad de ésta y no desvelarán ninguno de sus aspectos sin la aprobación previa y por escrito de
las partes que la facilitan.
5. Si una rama de producción del MUEC ha sufrido daño o se enfrenta a una amenaza de daño
grave basada en pruebas de que terceros Estados han realizado importaciones en condiciones de
dumping, la autoridad competente para solicitar una investigación en nombre de la rama de
producción afectada será el CCDE.
6. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se interpretará en el sentido de que impide
que una parte o un Estado Miembro perjudicado inicie y lleve adelante una investigación del supuestodumping teniendo en cuenta los derechos que corresponden a esas partes en virtud de los acuerdos
internacionales de los que sean signatarias.
Artículo 132
Cooperación de las autoridades competentes y de las partes interesadas
1. Si el solicitante de una investigación que recibe información después de las investigaciones de
la existencia de dumping exige que se verifique esa información, la autoridad competente y las partes
de las que se alega que son responsables de las importaciones objeto de dumping cooperarán parapermitir al solicitante que lleva a cabo las verificaciones en el Estado Miembro infractor.
2. Los resultados de cualesquiera investigaciones realizadas por una autoridad competente del
Estado Miembro perjudicado o por el CCDE se comunicarán sin demora a la autoridad competente y
a las partes que, según se alega, son responsables de las importaciones objeto de dumping en el Estado
Miembro infractor.  El Estado Miembro o el CCDE, según los casos, publicarán un aviso con lasconclusiones de las investigaciones.WT/REG155/1
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3. La publicación a que se hace referencia en el anterior párrafo 2 tendrá por finalidad presentar
los hechos del caso y permitir que las partes supuestamente responsables de las importaciones objeto
de dumping puedan defender sus intereses.
Artículo 133
Imposición de medidas antidumping
1. El CCDE, previa consideración de las prueba s de que disponga y cuando se hayan probado a
su satisfacción la existencia de importaciones objeto de dumping, el daño causado por esas
importaciones o la amenaza de daño grave proveniente de las mismas, autorizará al Estado Miembro
perjudicado a que tome medidas antidumping:
a) si las partes supuestamente responsables de las importaciones objeto de dumping se
niegan a cooperar dentro del plazo especificado, para frustrar o impedir de otro modo
una investigación;
b) si hay una grave amenaza de daño o si el daño ya se ha producido.
2. Al autorizar la imposición de medidas antidumpi ng, el CCDE establecerá la fecha, la duración
y las condiciones para la imposición de las medidas, según requiera el caso.
3. Las medidas antidumping adoptadas de conformi dad con lo dispuesto en el presente artículo
se basarán en el margen de dumping calculado y podrán aplicarse de la manera siguiente:
a) si las pruebas resultantes de las investigaciones definitivas del dumping demuestran la
existencia de dumping y que el daño ha  sido causado por el dumping, el Estado
Miembro podrá imponer derechos antidumping que sean suficientes para eliminar el
margen de dumping.  El CCDE podrá autorizar a todos los Estados Miembros
afectados para que impongan derechos antidumping similares durante el tiempo y enlas condiciones que prescriba el CCDE;
b) al imponer los derechos antidumping, los Estados Miembros que los impongan no
discriminarán entre las fuentes de las importaciones objeto de dumping, sobre la base
del país de origen o de la nacionalidad de los exportadores;
c) todo exportador a cuyas exportaciones se hayan impuesto derechos antidumping
podrá pedir en cualquier momento al Estado que impone los derechos que los revise
comparándolos con las correspondientes exportaciones;
d) si el solicitante de un examen de los derechos antidumping aplicados a sus
exportaciones, que se menciona en el anterior apartado c), no está satisfecho de que
las autoridades competentes de los Estado Miembros importadores han considerado
adecuadamente la petición de examen dentro de los 30 días siguientes a la recepción
de ésta, podrá remitirla al CCDE que r ecomendará al Estado Miembro que mantiene
el derecho antidumping que tome las medidas adecuadas si considera a su
satisfacción que la solicitud del examen está justificada;
e) en el caso de que las investigaciones hayan concluido y las pruebas demuestren que
se ha causado daño, el Estado Miembro podrá imponer derechos antidumping con
carácter retroactivo que abarquen todo el período durante el que han estado en vigorlos derechos antidumping provisionales antes de la fecha de imposición de los
derechos antidumping definitivos.  Sin embargo, si los derechos antidumpingWT/REG155/1
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definitivos son más elevados que los derechos provisionales pagados o pagaderos o
que la cantidad estimada para los fines del depósito, la diferencia no se recaudará.  Si
los derechos definitivos son inferiores a los derechos provisionales pagaderos o a la
cantidad estimada para los fines del depósito, la diferencia se reembolsará o los
derechos se calcularán de nuevo, según requiera el caso;
f) sin embargo, si las investigaciones revelan que el daño no ha sido causado, como se
alega, por las importaciones objeto de dumping pero las medidas provisionales han
retardado considerablemente las exportaciones del Estado Miembro contra el que se
reclama, el CCDE, previa solicitud de ese Estado, evaluará los efectos de los
derechos provisionalmente aplicados, determinará la naturaleza y la cuantía de la
compensación que se precisa, y pedirá al Estado Miembro que aplica las medidas
provisionales que retire la medida y pague una compensación de acuerdo con suevaluación;
g) todo Estado Miembro podrá aceptar de un exportador del que estime que está
exportando productos objeto de dumping, una garantía voluntaria de que elevará los
precios de las exportaciones en medida suficiente para eliminar toda amenaza grave
de daño o para eliminar el daño causado por las importaciones que han sido objeto dedumping;
h) si un Estado Miembro ha iniciado investigaciones sobre la base de pruebas de
dumping de las importaciones y había impuesto medidas provisionales, podrá, al
recibir una garantía voluntaria de parte del exportador a que se hace referencia en el
apartado g), suspender inmediatamente la investigación y retirar las medidasprovisionales que pueda haber impuesto, según proceda.
4. El CCDE mantendrá en examen todas las medidas antidumping impuestas por los Estados
Miembros y se cerciorará de que éstos observan las condiciones y el calendario para el examen y la
retirada de las medidas antidumping que él pueda haber autorizado.
5. Los Estados Miembros se comprometen a cooperar para el establecimiento de legislación y
procedimientos antidumping armonizados de conformidad con las disposiciones del presente
Protocolo.
CAPÍTULO VI:  POLÍTICA DE TRANSPORTES
Artículo 134
Objetivos de la política de transportes de la Comunidad
1. La política de transportes de la Comunidad perseguirá el objetivo de prestar servicios de
transporte adecuados, seguros y competitivos en  el plano internacional para el desarrollo y la
consolidación del MUEC.
2. Para alcanzar la meta que se establece en el párrafo 1 del presente artículo, la Comunidad
perseguirá los objetivos siguientes:
a) la organización de servicios de transporte eficientes, fiables y económicos en toda la
Comunidad;
b) el desarrollo y la ampliación de las capacidades de transporte aéreo y marítimo en la
Comunidad;WT/REG155/1
Página 89
c) la promoción de arreglos de cooperación para la prestación de servicios de transporte;
d) el desarrollo de servicios auxiliares de transporte eficientes y competitivos en el plano
internacional;
e) el desarrollo de los recursos humanos para su empleo en todos los sectores y niveles
del sector del transporte;
f) la aplicación de normas para una mayor seguridad de los servicios de transporte por
carretera, fluvial, marítimo y aéreo.
Artículo 135
Aplicación de la política de transportes de la Comunidad
1. Para conseguir los objetivos de la política de transportes de la Comunidad, el CCDE, en
colaboración con los Órganos de la Comunidad adecuados, promoverá, entre otras cosas, lo siguiente:
a) la coordinación de las políticas nacionales de transportes de los Estados Miembros;b) la aplicación de reglamentos y procedimientos uniformes, compatibles con las normas
y con las prácticas recomendadas, para el desarrollo de un sistema de transporte
multimodal eficiente, especialmente en lo referente a las operaciones, la seguridad, la
concesión de licencias y la certificación;
c) el desarrollo del necesario apoyo institucional, jurídico, técnico, financiero y
administrativo para el desarrollo equilibrado y sostenible del sector del transporte;
d) el establecimiento de medidas:
i) para conseguir que el desarrollo del sector del transporte no tenga
consecuencias adversas para el medio ambiente de los Estados Miembros y,
en especial, para el Mar del Caribe;
ii) para la adquisición y la transferencia de tecnología en el sector del transporte;
y
iii) para el desarrollo de los recursos humanos de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 63;
e) las inversiones en el sector del transporte y en los servicios auxiliares de ese sector
mediante, por ejemplo, empresas conjuntas;
f) la supresión de los obstáculos contrarios a la prestación de los servicios de transporte
por los nacionales de los Estados Miembros de conformidad con las disposiciones
pertinentes del capítulo III.
2. El CCDE elaborará un programa para facilitar la consecución de los objetivos establecidos en
el artículo 134.
3. Los Estados Miembros coordinarán sus actuaciones para conseguir los mejores términos y
condiciones para los servicios de transporte que les presten los dispensadores de esos servicios.WT/REG155/1
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Artículo 136
Búsqueda y rescate
1. El CCDE promoverá la cooperación en las op eraciones de búsqueda y rescate aéreas y
marítimas en la Comunidad, teniendo presentes todos los medios que puedan existir para la
coordinación general de los servicios de búsqueda y rescate.
2. Los Estados Miembros notificarán al CCDE los equipos y medios aéreos y marítimos de que
dispongan para su empleo en operaciones de búsqueda y rescate.
3. Los Estados Miembros colaborarán con terceros Estados y con los organismos internacionales
competentes en las operaciones de búsqueda y rescate.
Artículo 137
Servicios de transporte intracomunitario
1. Los Estados Miembros adoptarán normas uniformes y prácticas recomendadas para la
prestación de los servicios de transporte.
2. Los Estados Miembros notificarán al CCDE las disposiciones legislativas, reglamentarias o
administrativas que sean aplicables a la prestación de los servicios de transporte en sus jurisdicciones
nacionales, cuando esas disposiciones sean distintas de las normas uniformes y de las prácticas
recomendadas.
3. Los Estados Miembros perjudicialmente afectados por esas disposiciones reglamentarias o
administrativas podrán notificar al CCDE sus efectos perjudiciales, y recurrirán a los procedimientos
de solución de diferencias previstos en el Tratado.
Artículo 138
Desarrollo de los servicios de transporte aéreo
1. Los Estados Miembros cooperarán en:
a) el desarrollo de los servicios de transporte aéreo en la Comunidad y, para tal fin,
podrán concertar entre sí acuerdos de transporte aéreo encaminados a facilitar la
prestación de esos servicios;
b) el establecimiento de medidas encaminadas a conseguir que de la prestación de los
servicios internacionales de transporte aéreo en la Comunidad se encarguen
transportistas y operadores financieramente viables y técnicamente cualificados, y
que no se vean perjudicados los intereses de seguridad, fiabilidad y economía de la
Comunidad.
2. El CCDE promoverá la cooperación entre los Estados Miembros en lo que se refiere al
registro de aeronaves y en la aplicación de las normas vigentes en el sector del transporte aéreo.
3. Los Estados Miembros cooperarán para conseguir en la Comunidad la uniformidad de los
procedimientos de licencia y certificación y las equivalencias para el personal de aviación, de
conformidad con las normas internacionales.WT/REG155/1
Página 91
4. El CCDE promoverá la cooperación entre los operadores de servicios de transporte aéreo de
los Estados Miembros, especialmente en la compra de equipos y suministros, en la gestión de
inventarios, en las operaciones entre las líneas e intermodales, en el reparto de códigos, en las
reservas, en los seguros, en las operaciones de leasing y otras operaciones similares.
Artículo 139
Investigación de los accidentes e incidentes de aeronaves
1. Los Estados Miembros se comprometen a llevar a cabo investigaciones eficaces y completas
de los accidentes e incidentes de aeronaves con el fin de mejorar las condiciones técnicas para prestar
con seguridad los servicios de transporte aéreo.
2. En la medida de lo posible, los Estados Miembros pondrán a disposición equipos,
instalaciones y personal adecuados para contribuir a la investigación de los accidentes o incidentes de
aeronaves que ocurran en la Comunidad y adoptarán medidas eficaces para proteger contra cualquierinterferencia o entrada no autorizada las propiedades de las víctimas, las pruebas pertinentes y el lugar
del accidente aéreo.
3. Los Estados Miembros colaborarán con terceros Estados y con los organismos internacionales
competentes para llevar a cabo las investigaciones de los accidentes de aeronaves.
Artículo 140
Desarrollo de los servicios de transporte marítimo
1. Los Estados Miembros cooperarán en el desarrollo de los servicios de transporte marítimo en
la Comunidad.  En particular, los Estados Miembros cooperarán para lo siguiente:
a) fomentar en la Región las actividades de control de los pabellones y de los puertos
por el Estado;
b) preparar y aportar capacidad técnica en el sector del transporte marítimo, con
inclusión de los servicios y la infraestructura necesarios para el crecimiento del sector
del transporte marítimo;
c) proteger el entorno marino de los efectos de la contaminación por los buques y
combatir las consecuencias de esa contaminación;  y
d) adoptar cualquiera otra medida que sea necesaria para el desarrollo sostenible del
sector del transporte marítimo.
2. La Comunidad cooperará con los organism os competentes, nacionales, regionales e
internacionales, para establecer las condiciones para la prestación de servicios de transporte marítimo
eficientes y accesibles entre los Estados Miembros.
3. El CCDE promoverá la cooperación entre los Estados Miembros para implantar los
instrumentos internacionales pertinentes para la seguridad marítima, la protección del medio marino,la investigación de los accidentes en el mar y la facilitación del tráfico marítimo.
4. El CCDE promoverá y coordinará el desarrollo de los servicios de transporte marítimo en la
Comunidad por los medios siguientes, entre otros:WT/REG155/1
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a) la elaboración de propuestas para establecer y mejorar las pequeñas empresas
navieras en la Comunidad;
b) el establecimiento de un régimen de incentivos para fomentar el desarrollo de
empresas de navegación en la Comunidad;
c) medidas para establecer, mejorar y racionalizar las instalaciones portuarias de la
Comunidad con el fin de responder a las demandas del transporte en contenedores, la
refrigeración y almacenamiento de productos agropecuarios, el turismo náutico y en
cruceros, y otros servicios especiales y especializados;
d) la cooperación y los intercambios periódicos entre administraciones para promover
un sistema armonizado para el desarrollo del transporte marítimo en la Comunidad;
e) la promoción de empresas conjuntas entre ciudadanos de la Comunidad y con
empresas de transporte marítimo de fuera de la Región, para facilitar la transferenciade la tecnología adecuada e incrementar la participación de los Estados Miembros en
el transporte marítimo internacional;
f) la organización y armonización de prog ramas de formación en la Comunidad, el
fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de formación y la facilitación
del acceso de los ciudadanos de la Comunidad a todos los aspectos de la formación yel desarrollo en el sector del transporte marítimo;  y
g) medidas para el desarrollo de servicios auxiliares del sector del transporte marítimo,
entre ellos los de transportistas generales que no gestionan buques, los de seguros
marítimos, los de transitarios, los de reexpedición y otros.
5. Los Estados Miembros promoverán el desarrollo de los servicios de transporte marítimo en la
Comunidad mediante, entre otros, los medios siguientes:
a) el establecimiento y mejoramiento de las instalaciones portuarias;
b) el establecimiento de administraciones marítimas eficaces para la regulación del
transporte marítimo en las respectivas jurisdicciones de la seguridad marítima y la
protección del medio marino;
c) la aplicación de los instrumentos marítimos internacionales pertinentes en relación
con la seguridad de la navegación y la prev ención de la contaminación por los navíos;
y
d) el fomento de una mayor eficiencia de los puertos y de los servicios portuarios para
reducir los costos del transporte marítimo.
Artículo 141
Situación especial del Mar Caribe
Los Estados Miembros cooperarán para conseguir que en el ámbito internacional se
reconozca al Mar Caribe como Zona Especial que ha de protegerse contra los posibles efectos
perjudiciales del tránsito o del depósito de desechos nucleares y otros desechos y desperdicios
peligrosos, de la contaminación por petróleo o por cualquier otra sustancia transportada por mar, y deWT/REG155/1
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la contaminación por desperdicios y desechos generados durante la realización de operaciones en
navíos.
CAPÍTULO VII:  PAÍSES, REGIONES Y SECTORES DESFAVORECIDOS
PARTE PRIMERA:  ASPECTOS PRELIMINARES
Artículo 142
Ámbito de aplicación
1. Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación para los fines de establecer un
régimen para los países, regiones o sectores desfavorecidos en el marco del presente Tratado y unrégimen especial para los Países en desarrollo, con el fin de mejorar sus perspectivas de competencia
eficaz dentro del ámbito de la Comunidad, y reparar, en la medida de lo posible, cualquier
consecuencia negativa del establecimiento del MUEC.
2. Lo antes posible después de la entrada en vigor del presente Tratado, la Conferencia, previa
recomendación del Consejo de la Comunidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,designará cuáles son los países, regiones y sectores desfavorecidos y podrá renovar, de vez en cuando,
esa designación e incluir en ella o excluir de ella a algunos países, según las circunstancias.
3. Siempre que, en el presente Tratado se haga referencia a los países, regiones y sectores
desfavorecidos o a los Países en desarrollo, los órganos de la Comunidad adoptarán las medidas
necesarias para dar efecto al espíritu e intención del presente capítulo.
Artículo 143
Objetivo de los regímenes
1. Los regímenes mencionados en el artículo 142 persiguen el objetivo de ayudar a los países,
regiones y sectores desfavorecidos a conseguir la viabilidad económica y la competitividad mediante
intervenciones adecuadas de carácter transitorio o temporal.
2. Las intervenciones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo pueden incluir las
siguientes:
a) asistencia técnica y financiera para resolver las perturbaciones económicas resultantes
del funcionamiento del MUEC;
b) medidas especiales para atraer inversiones e industrias;
c) arreglos transitorios o provisionales para mejorar o detener las consecuencias
económicas y sociales adversas resultantes del funcionamiento del MUEC;
d) medidas especiales para ayudar a las empresas a ser más eficientes y competitivas;
e) ayuda destinada a conseguir la diversificación estructural y el desarrollo de las
infraestructuras;
f) ayuda a las empresas económicas desfavorecidas mediante la supresión de los
obstáculos intrarregionales;WT/REG155/1
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g) establecimiento de mecanismos para vigilar y ayudar a cumplir las obligaciones
adquiridas en virtud del presente Tratado y de otros acuerdos comerciales
internacionales.
Artículo 144
Aplicación de medidas
Con sujeción a la autoridad de la Conferen cia, el CCDE y el COFYP, según convenga,
establecerán, administrarán y vigilarán las medidas que se identifican en el artículo 143.
Artículo 145
Examen de las medidas
1. El Consejo de la Comunidad examinará, según proceda, la eficacia de las medidas adoptadas
de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo y seguirá el curso de acción que sea necesario
para conseguir el objetivo que se establece en el artículo 143, y presentará a la Conferencia uninforme al respecto.
2. En ese examen se pasará revista a los programas y a las medidas de apoyo pertinentes, con el
fin de determinar su eficacia con objeto de modificarlas o suprimirlas, según los casos.
PARTE SEGUNDA:  RÉGIMEN PARA LOS PAISES, REGIONES
Y SECTORES DESFAVORECIDOS
Artículo 146
Medidas para reparar las desventajas resultantes de las perturbaciones económicas
1. Los Estados Miembros convienen en que, cuando del funcionamiento del MUEC resulten
perturbaciones económicas, y no obstante cualesquiera disposiciones en contrario en el presente
Tratado, el CCDE podrá, según el caso requiera, de manera transitoria y con sujeción a lo dispuestoen el artículo 144, adoptar medidas eficaces para detener o mitigar los efectos adversos que se ejerzan
sobre la actividad económica.  Entre esas medidas podrá figurar la concesión de incentivos para
reparar la perturbación y serán sin perjuicio de cualesquiera de los incentivos previstos en los
artículos 52 y 69.
2. No obstante cualesquiera disposiciones en contrario en este Tratado, la medida que se
menciona en el presente artículo podrá, en caso necesario, prever exenciones transitorias de los
derechos y obligaciones establecidos en el presente Tratado.
3. El CCDE examinará periódicamente los efectos de las medidas a que se hace referencia en el
anterior párrafo 2, con el fin de determinar si son adecuadas y establecer un calendario para su
derogación.
4. Los Estados Miembros cooperarán con los Órganos  de la Comunidad en la aplicación de las
medidas que se mencionan en el párrafo 2 del presente artículo y adoptarán el curso de acción que seanecesario para conseguir su cumplimiento.WT/REG155/1
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Artículo 147
Fomento de las inversiones
El COFYP promoverá las inversiones en los países desfavorecidos, entre otras cosas
facilitando:
a) el establecimiento de empresas conjuntas entre los nacionales de los países
desfavorecidos y entre los nacionales de éstos países y los nacionales de los otros
Estados Miembros;
b) el establecimiento de empresas conjuntas entre los nacionales de los países
desfavorecidos y los nacionales de terceros países;
c) las inversiones para la diversificación de la economía, con inclusión de la
diversificación del sector agropecuario;
d) la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología para el desarrollo de los
países desfavorecidos;  y
e) las corrientes de capitales desde los demás Estados Miembros hacia los países
desfavorecidos, mediante la concertación de acuerdos sobre doble imposición y los
instrumentos de política adecuados.
Artículo 148
Medidas relativas al sector de los servicios
1. Al establecer el programa para la supresión de las restricciones impuestas por los Estados
Miembros a la prestación de servicios en la Comunidad, supresión a la que se hace referencia en el
párrafo 2 del artículo 37, el CCDE tendrá debidamente presente la particular vulnerabilidad
económica de los países desfavorecidos habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 49.
2. Sin perjuicio de todo lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, el CCDE, al establecer
ese programa, fijará lo siguiente respecto de los países desfavorecidos:
a) una lista de los servicios en relación con los cuales no se aplicará el trato nacional
durante un período de tiempo determinado;
b) la manera en que se suprimirán las restricciones impuestas a los servicios, que no se
mencionan en el anterior apartado a) del presente párrafo:
3. A condición de que esos países desfavorec idos concedan a los Estados Miembros unos
derechos que no sean más restrictivos que los que conceden a otros miembros de la OMC en el marco
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Artículo 149
Medidas relativas al derecho de establecimiento
1. El CCDE adoptará las medidas adecuadas para que, al establecer el programa de supresión de
las restricciones que aplican los Estados Miembros al derecho de establecimiento en la Comunidad y a
las que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 33, se tome en consideración la especialWT/REG155/1
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vulnerabilidad económica de los países desfavorecidos de la Comunidad, habida cuenta de las
disposiciones del artículo 49.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en general en el párrafo 1 del presente artículo, el CCDE, al
elaborar dicho programa, establecerá lo siguiente respecto de los países desfavorecidos:
a) una lista de las actividades económicas respecto de las cuales no puede concederse el
trato nacional a las personas que ejercen el derecho de establecimiento durante un
tiempo especificado;
b) la manera en que se suprimirán las restricciones del derecho de establecimiento
aplicadas respecto de actividades económicas que no se mencionan en el anterior
apartado a) del presente párrafo,
siempre que esos países desfavorecidos otorguen a los Estados Miembros unos derechos de
establecimiento que no sean más restrictivos que los concedidos a terceros Estados.
Artículo 150
Medidas de salvaguardia
1. En caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 92, un país
desfavorecido establezca que tiene motivos para limitar las importaciones de mercancías procedentes
de otros Estados Miembros, el país desfavorecido podrá, no obstante cualesquiera otras disposicionesen contrario en el presente Tratado, limitar esas importaciones durante un período de hasta tres (3)
años salvo que el CCDE autorice esa limitación durante un período más prolongado, y podrá adoptar
otras medidas que autorice el CCDE.
2. Todo país desfavorecido que aplique restricciones con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1
del presente artículo las notificará al CCDE, si es posible, antes de que entren en vigor.  El CCDEpodrá, en cualquier momento, examinar esas restricciones y, como consecuencia de ese examen, hará
recomendaciones para moderar cualquier efecto perjudicial de ellas o para ayudar al país
desfavorecido a superar sus dificultades.
3. Ninguna de las disposiciones del presente Tratado se interpretará en el sentido de que autoriza
a un Estado Miembro a aplicar medidas de salvaguardia contra los productos de origen comunitario deun país desfavorecido cuando tales productos no superen el 20 por ciento del mercado del Estado
Miembro importador.
Artículo 151
Apoyo a las ramas de producción sensibles
1. El CCDE podrá autorizar a un Estado Miembro que tenga una rama de producción sensible
que pueda verse perjudicada por el funcionamiento del MUEC a que suspenda el trato comunitario
para los productos de otros Estados Miembros.
2. La suspensión que se autoriza en el párrafo 1 del presente artículo se concederá previa
solicitud al CCDE en ese sentido cuando el solici tante establezca que el producto procede de una
rama de producción sensible,
3. Para los fines de lo dispuesto en el presente artículo, se considerará que una rama de
producción es sensible porque es vulnerable y por:WT/REG155/1
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a) la importancia de su contribución, entre otras cosas:
i) al Producto Interno Bruto;
ii) al empleo;
iii) a los ingresos en divisas;  o
b) su designación como vital en la política industrial nacional.
4. Sin perjuicio de ninguna otra de las disposiciones del presente Tratado, todo país
desfavorecido podrá, durante el período que decida  el CCDE, suspender el trato comunitario a las
importaciones de designación similar procedentes del Estado Miembro al que se ha concedido la
suspensión.
5. El CCDE, al autorizar la suspensión que se menciona en el párrafo 1 del presente artículo,
podrá imponer términos y condiciones para concederla.
6. El CCDE vigilará los progresos de la rama de producción de que se trate y realizará un
examen periódico.
Artículo 152
Empresas públicas
Sin perjuicio de ninguna de las disposiciones en contrario estipuladas en el presente Tratado,
los países desfavorecidos podrán, previa aprobación por el CCDE, mantener, respecto de las empresaspúblicas, medidas que tengan por efecto prestar apoyo a la producción nacional, siempre que tales
medidas adopten la forma de:
a) un derecho, o un recargo de efecto equivalente;  o
b) restricciones cuantitativas.
Artículo 153
Empleo de las instalaciones tecnológicas y de investigación de los Estados Miembros
1. Los Estados Miembros se comprometen a dar oportunidades de acceso a sus instalaciones
tecnológicas y de investigación a los nacionales de los países desfavorecidos.
2. El CCDE fomentará la estrecha colaboración entre las instituciones e instalaciones de
investigación situadas en los países desfavorecidos y las situadas en los otros Estados Miembros.
Artículo 154
Promoción del desarrollo
1. El CCDE promoverá el establecimiento de la infraestructura en los países, regiones o sectores
desfavorecidos, con el fin de fomentar o estimular la actividad económica.
2. Asimismo el CCDE podrá adoptar medidas pa ra el establecimiento de nuevas ramas de
producción o para la reorganización o expansión de  ramas de producción existentes en un país, región
o sector desfavorecidos.WT/REG155/1
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Artículo 155
Disposiciones especiales para Guyana
No obstante cualquier disposición en contrario estipulada en el presente Tratado, se permitirá
a Guyana, imponer restricciones cuantitativas a las importaciones de harina de trigo mientras siga
beneficiándose de las importaciones de trigo en el marco de los acuerdos concertados con losEstados Unidos de América en virtud de la Ley General 480.
Artículo 156
Aplicación del Régimen Especial a los países muy endeudados
En la medida en que sea necesario y durante el período que se determine, el CCDE aplicará a
los países muy endeudados las disposiciones del Régimen Especial para los países en desarrollo.
Artículo 157
Asistencia técnica y financiera
1. En cuanto sea posible después de la entrada en vigor del presente Tratado, el Consejo de la
Comunidad, en colaboración con otros Órganos competentes de ésta, tomará las disposiciones
adecuadas para hacer extensiva a los países, regiones y sectores desfavorecidos la asistencia técnica y
financiera que se precise para que puedan participar eficazmente en el MUEC y administrar los
acuerdos comerciales internacionales.
2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo  1 del presente artículo, el CCDE evaluará la
necesidad de asistencia técnica y financiera a los países, regiones y sectores desfavorecidos y
promoverá y facilitará programas y proyectos adecua dos.  Esa asistencia podrá adoptar, entre otras,
las formas siguientes:
a) donaciones o acceso a financiación de bajo costo;b) preparación de propuestas de proyectos para su financiación;
c) garantías de resultados y otras garantías a las empresas;
d) acceso a tecnología, incluida la tecnología de la información;
e) diseño de productos o mejoramiento de la calidad;
f) diseño de fábricas y desarrollo de mercados.
3. La asistencia técnica, en el sentido del presente artículo, puede incluir también:
a) asistencia para establecer o mejorar los órganos nacionales de normalización;
b) asistencia a los países para llevar adelante sus programas de diversificación;
c) asistencia profesional para cumplir las obligaciones dimanantes de los acuerdos
comerciales;
d) asistencia para establecer instituciones o centros para la formación o el reciclaje de
los empleados, según los casos;WT/REG155/1
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e) aportación de la capacidad técnica necesaria para formular un marco jurídico para la
política general que dé lugar al comercio y competencia leales;
f) capacidad y pericia profesional para aceptar y defender las reclamaciones que se
planteen en relación con el Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos comerciales con
él relacionados;
g) asistencia profesional para prepararse para la solución de las diferencias que se
planteen en relación con los acuerdos comerciales;
h) asistencia profesional para preparar legislación.
4. El CCDE podrá hacer la evaluación que se menci ona en el párrafo 2 del presente artículo, por
propia iniciativa o en respuesta a una solicitud de ayuda proveniente de un Estado Miembro.
5. El CCDE examinará de vez en cuando las consecuencias de las medidas que se mencionan en
el anterior párrafo 2, con el fin de determinar si son adecuadas y establecer un calendario para susupresión.
Artículo 158
El Fondo para el Desarrollo
1. Por el presente instrumento se establece un Fondo para el Desarrollo destinado a prestar
asistencia técnica y financiera a los países, regiones y sectores desfavorecidos.
2. Sin perjuicio de las disposiciones del presente artículo y demás disposiciones pertinentes de
este Tratado, el Consejo de la Comunidad, en colaboración con el COFYP:
a) establecerá el estatus, la composición y las funciones del Fondo para el Desarrollo;
b) determinará las contribuciones de los Estados Miembros al Fondo para el Desarrollo.
3. El Fondo para el Desarrollo podrá aceptar subvenciones de entidades de los sectores público y
privado de los Estados Miembros o de otras entidades externas a la Comunidad.  El Fondo para el
Desarrollo no aceptará ni concederá subvenciones en condiciones que sean discriminatorias en contra
de regiones o sectores de los Estados Miembros excepto de conformidad con las disposiciones del
presente Tratado.
Artículo 159
Excepción
Ninguna de las disposiciones del presente capítulo se interpretará en el sentido de que priva a
ningún país, región o sector desfavorecidos, que s ea beneficiario de cualquier otro programa de
asistencia técnica, del derecho a beneficiarse al mismo tiempo de asistencia técnica de conformidad
con las disposiciones en él estipuladas.WT/REG155/1
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PARTE TERCERA:  RÉGIMEN ESPECIAL PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Artículo 160
Derechos de importación
Cuando un país en desarrollo haya sufrido o probablemente vaya a sufrir pérdidas de ingresos
a consecuencia de la importación de bienes acreedores al trato comunitario, el CCDE podrá, previasolicitud en ese sentido hecha por el país en desarrollo, autorizar la imposición de derechos de
importación a las mercancías durante el tiempo y en los términos y condiciones que el propio CCDE
decida.
Artículo 161
Origen comunitario
Los Estados Miembros acuerdan que al determinar y aplicar el criterio de transformación
sustancial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, se tomarán en consideración lasnecesidades especiales de los países en desarrollo.
Artículo 162
Regímenes de incentivos
Los Estados Miembros convienen en que, al establecer en la Comunidad cualquiera de los
programas de incentivos previstos en los artículos 52 y 69, se tomarán en consideración lasnecesidades especiales de los países en desarrollo.
Artículo 163
El Arancel exterior común
Los Estados Miembros convienen en que al aplicar el Arancel exterior común previsto en el
artículo 82 se tendrán en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo.
Artículo 164
Promoción del desarrollo industrial
1. Previa solicitud hecha en ese sentido por los países en desarrollo, el CCDE podrá, si fuera
necesario, como medida transitoria para promover el desarrollo de una industria en cualquiera de esos
Estados, autorizarles a suspender el trato de origen comunitario a las importaciones de cualquierdesignación que sean acreedoras a él, por razones de que se producen en uno o más países en
desarrollo.
2. Al adoptar sus decisiones de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo, el CCDE podrá establecer los términos y condiciones, con inclusión de un período para su
eliminación gradual, en que los Estados Miembros y la Comunidad aplicarán medidas de apoyo y el
sector aplicará los programas necesarios para conseguir la competitividad.
3. La concesión de la autorización de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo se hará mediante una decisión tomada con los votos afirmativos de todos los países en
desarrollo y, como mínimo, dos de los países desarrollados.WT/REG155/1
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Artículo 165
Empresas públicas
Lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 94 no será de aplicación a los países en desarrollo.
Artículo 166
Uso de instalaciones tecnológicas y de investigación
Los países desarrollados se comprometen a dar a los países en desarrollo oportunidades de
uso de sus instalaciones tecnológicas y de investigación.
Artículo 167
Disposiciones especiales para Belice
Se permitirá a Belice que imponga, a la cerveza y a los cigarrillos producidos en la
Comunidad, derechos de importación o restricciones cuantitativas durante un período que finalizará el
31 de diciembre de 2000.
CAPÍTULO VIII:  POLÍTICA DE COMPETENCIA Y PROTECCIÓN
DEL CONSUMIDOR
PARTE PRIMERA:  NORMAS DE COMPETENCIA
Artículo 168
Ámbito del capítulo
Las normas de competencia no serán de aplicación a:a) las uniones o actividades de los empleados para su propia protección razonable en
tanto que empleados;
b) las negociaciones colectivas, en nombre de los empleadores o de los empleados, para
los fines de fijar los términos y condiciones de empleo;
c) el desempeño de las actividades a que se refiere el artículo 177 debidamente
notificadas al CCDE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170;
d) las decisiones negativas de aprobación en el sentido del artículo 180, ni a las
exenciones en el sentido de los artículos 181 y 183;
e) las actividades de las asociaciones profesionales destinadas a elaborar o aplicar
normas profesionales de competencia que sean razonablemente necesarias para la
protección del público y estén aprobadas por la Comisión.WT/REG155/1
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Artículo 169
Objetivos de la Política de competencia de la Comunidad
1. El objetivo de la Política de competencia de la Comunidad será conseguir que los beneficios
que se esperan del establecimiento del MUEC no se vean frustrados por la conducta empresarial
anticompetitiva.
2. Para conseguir el objetivo establecido en el párrafo 1 del presente artículo, la Comunidad
perseguirá las metas siguientes:
a) la promoción y el mantenimiento de la competencia y el fomento de la eficiencia
económica en la producción, en el comercio interior y en el comercio exterior;
b) con sujeción a las disposiciones del presente Tratado, la prohibición de la conducta
empresarial anticompetitiva que impide, limita o distorsiona la competencia o que
constituye abuso de posición dominante en el mercado;  y
c) la promoción del bienestar del consumidor y la protección de sus intereses.
Artículo 170
Aplicación de la política de competencia de la Comunidad
1. Para conseguir los objetivos de su política de competencia,
a) la Comunidad:
i) con sujeción a lo dispuesto en los artículos 164, 177, 178 y 179 del presente
Tratado, establecerá normas y disposiciones institucionales adecuadas para
prohibir y penalizar la conducta empresarial anticompetitiva;  y
ii) establecerá y mantendrá sistemas de información que permitan tener a las
empresas y a los consumidores informados del funcionamiento de losmercados dentro de MUEC;
b) los Estados Miembros:
i) adoptarán las medidas legislativas necesarias para conseguir el respeto y
cumplimiento de las normas de competencia y preverán penalizaciones para
la conducta empresarial anticompetitiva;
ii) adoptarán medidas para difundir la información pertinente para dar
posibilidades de elección a los consumidores;
iii) establecerán y mantendrán disposiciones institucionales y procedimientos
administrativos para el cumplimiento de las leyes de competencia;  y
iv) adoptarán medidas eficaces para conseguir el acceso de los nacionales de los
demás Estados Miembros a las autoridades de ejecución competentes,
incluidos los tribunales, sobre una base equitativa, transparente y nodiscriminatoria.WT/REG155/1
Página 103
2. Cada uno de los Estados Miembros establecerá y mantendrá una autoridad nacional de
competencia para los fines de facilitar la aplicación de las normas de competencia.
3. Cada uno de los Estados Miembros exigirá a su autoridad nacional de la competencia que:
a) coopere con la Comisión para conseguir que se respeten las normas de competencia;
b) investigue cualesquiera alegaciones de conducta comercial anticompetitiva que la
Comisión o un Estado Miembro remitan a la autoridad;
c) coopere con otras autoridades nacionales de competencia para detectar y prevenir
cualquier conducta empresarial anticompetitiva, e intercambiar información sobre tal
conducta.
4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se interpretará en el sentido de que exige
que un Estado Miembro revele información confidencial que resultaría perjudicial para el interés
público o para los legítimos intereses comerciales de empresas, del público o de personas privadas.La información confidencial o de dominio privado que se desvele en el curso de una investigación se
tratará sobre la misma base en que se facilitó.
5. Dentro de los 24 meses siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado, los Estados
Miembros notificarán al CCDE la legislación, los acuerdos y las prácticas administrativas vigentes
que sean incompatibles con las disposiciones del presente capítulo.  Dentro de los 36 meses siguientesa la entrada en vigor del presente Tratado, el CCDE establecerá un programa para la derogación de
esa legislación y la terminación de los acuerdos y las prácticas administrativas.
Artículo 171
Establecimiento del Comité de la Competencia
Para los fines de la aplicación de la Política de Competencia de la Comunidad, se establece en
virtud del presente artículo un Comité de la Competencia (denominado en adelante "el Comité") que
tendrá la composición, funciones y poderes que se establecen a continuación.
Artículo 172
Composición del Comité
1. El Comité estará integrado por siete miembros nombrados por la Comisión Regional de
Servicios Jurídicos y Legales.  La Comisión Regional de Servicios Jurídicos y Legales nombrará un
Presidente de entre los miembros nombrados para el Comité.
2. El Comité estará integrado por personas que, colectivamente, tengan competencia y
experiencia en las cuestiones de comercio, finanzas, economía, derecho, política y práctica de
competencia, comercio internacional y en los demás sectores en que pueda ser necesario.
3. Se nombrará un Comisario para un manda to de cinco años y ese nombramiento podrá
renovarse por un nuevo período de cinco años como máximo, según decida la Comisión Regional deServicios Jurídicos y Legales.
4. El Comisario solamente podrá ser depuesto de su cargo por motivos de incapacidad para
cumplir sus funciones o por mala conducta y estará sujeto al procedimiento disciplinario de la
Comisión Regional de Servicios Jurídicos y Legales.WT/REG155/1
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5. El Comisario solamente será depuesto de su cargo mediante votación de la Comisión de
Servicios Jurídicos y Legales, en la que estén representadas como mínimo las tres cuartas partes de los
Miembros de la Comisión.
6. El Comisario podrá dimitir de su cargo en cualquier momento, mediante documento
manuscrito dirigido al Presidente de la Comisión de Servicios Jurídicos y Legales.
7. El Comisario no entrará en funciones antes de haber pronunciado y suscrito ante el Presidente
de la Comisión de Servicios Jurídicos y Legales el Juramento profesional que figura en el anexo de
este Tratado.
8. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores del presente artículo, la Conferencia ejecutará,
previa recomendación del CCDE, las funciones que haya de desempeñar la Comisión Regional de
Servicios Jurídicos y Legales cuando las partes en el Acuerdo por el que se establece el Tribunal de
Justicia del Caribe sean menos de siete.
Artículo 173
Funciones del Comité
1. El Comité:
a) aplicará las normas de competencia respecto de cualquier conducta anticompetitiva
transfronteriza;
b) promoverá y protegerá la competencia en la Comunidad y coordinará la aplicación de
la Política de Competencia de la Comunidad;  y
c) desempeñará cualquier otra función que le encomiende cualquier órgano competente
de la Comunidad.
2. En el cumplimiento de las funciones que se mencionan en el párrafo 1, el Comité:
a) vigilará las prácticas anticompetitivas de las empresas que operen en el MUEC, e
investigará y arbitrará los litigios transfronterizos;
b) mantendrá en examen la Política de Competencia de la Comunidad y asesorará y hará
recomendaciones al CCDE para que sea más eficaz;
c) promoverá el establecimiento de instituciones y la elaboración y aplicación por los
Estados Miembros de leyes y practicas de competencia armonizadas, para conseguir
la uniformidad en la administración de las normas aplicables;
d) examinará los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación del
marco jurídico e institucional para la observancia;
e) cooperará con las autoridades competentes de los Estados Miembros;
f) prestará apoyo a los Estados Miembros para promover y proteger el bienestar de los
consumidores;
g) facilitará el intercambio de información y capacidades pertinentes;  yWT/REG155/1
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h) elaborará y difundirá información sobre la política de competencia y sobre la política
de protección de los consumidores.
3. El Comité podrá, mediante directivas por escrito y con sujeción a las condiciones que
considere adecuadas, delegar cualquiera de sus funciones en uno o más de sus miembros.
Artículo 174
Facultades del Comité
1. A reserva de lo dispuesto en los artículos 175 y 176, El Comité podrá, respecto de las
transacciones transfronterizas o de las transacciones que tengan efectos transfronterizos, vigilar,
investigar, detectar, tomar decisiones o intervenir para frenar y penalizar a las empresas cuya gestión
empresarial perjudique al comercio o impida, restrinja o perturbe la competencia en el marco
del MUEC.
2. El Comité, de conformidad con las legislaciones nacionales, podrá durante las
investigaciones:
a) asegurar que se presentará ante ella cualquier persona para dar testimonio;
b) exigir que se presente o se prepare cualquier documento o parte de documento;  y
c) adoptar las medidas que sean necesarias para llevar adelante la investigación.
3. Sobre la base de sus investigaciones, El Comité podrá emitir determinaciones acerca de la
compatibilidad de la conducta empresarial con las normas de competencia y demás disposiciones del
presente Tratado con ellas relacionadas.
4. En la medida que sea necesario para remediar o penalizar la conducta empresarial
anticompetitiva a que se refiere el artículo 177, el Comité:
a) ordenará la terminación o anulación, según los casos, de acuerdos, conducta,
actividades o decisiones prohibidos en virtud del artículo 170;
b) dará directrices a las empresas para que cesen en la conducta empresarial
anticompetitiva y adopten las medidas que sean necesarias para superar los efectos
del abuso de su posición dominante en el mercado, o de cualquier otra conducta
empresarial incompatible con los principios de competencia leal que se establecen elpresente capítulo;
c) ordenará un pago de compensación a las personas afectadas;  e
d) impondrá multas por el quebrantamiento de las normas de competencia.
5. El Comité podrá concertar los acuerdos de prestación de servicios que considere necesarios
para el eficiente cumplimiento de sus funciones.
6. Los Estados Miembros promulgarán legislación para conseguir que las decisiones del Comité
sean de obligado cumplimiento en sus jurisdicciones.
7. El Comité podrá establecer sus propias normas de procedimiento.WT/REG155/1
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Artículo 175
Determinación de conducta empresarial anticompetitiva:
Procedimiento del Comité previa petición
1. Todo Estado Miembro podrá solicitar la investigación a que se hace referencia en el párrafo 1
del artículo 174 cuando tenga motivos para pensar que la conducta empresarial de una empresasituada en otro Estado Miembro perjudica al comercio e impide, restringe o distorsiona la
competencia en el territorio del Estado Miembro solicitante.
2. Cuando el CCDE tenga motivos para creer que la conducta de una empresa del MUEC es
perjudicial para el comercio e impide, restringe o distorsiona la competencia en el MUEC y tiene o es
probable que tenga efectos transfronterizos, el CCDE podrá solicitar una investigación de las que se
mencionan en el párrafo 1 del artículo 174.
3. Las solicitudes a que se refieren los anteriores párrafos 1 y 2 se harán por escrito y contendrán
información suficiente para que el Comité haga una evaluación preliminar de si debe llevar adelante la
investigación.
4. Al recibir una de las solicitudes que se mencionan en el anterior párrafo 3, el Comité
celebrará consultas con las partes interesadas y, sobre la base de esas consultas, establecerá si:
a) la investigación corresponde a la jurisdicción del Comité;  yb) la investigación está justificada por todas las circunstancias del caso.
5. Las consultas concluirán dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud de
investigación, salvo que las partes acuerden continuar las consultas durante un período más
prolongado.
6. En caso de que el Comité decida llevar a cabo la investigación, el Comité:
a) lo notificará a las partes interesadas y al CCDE;
b) terminará la investigación dentro de los 120 días siguientes a la fecha de recepción de
la solicitud de la investigación;  y
c) si las circunstancias así lo exigen, ampliará el plazo para la terminación de la
investigación y lo notificará a las partes interesadas.
7. Si el Comité decide hacer unas averiguaciones después de una investigación, concederá a
cualquier parte que haya sido objeto de una reclamación la oportunidad de defender sus intereses.
8. Al terminar sus averiguaciones, el Comité comunicará su determinación a las partes
interesadas.
9. Si el Comité determina que una parte ha incurrido en conducta empresarial anticompetitiva,
pedirá a esa parte que tome las disposiciones necesarias para eliminar los efectos de tal conducta.
10. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 9 se precise un curso de acción
determinado, la empresa de que se trate lo tomará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la
notificación.  Si la empresa de que se trata no puede tomarlo, así lo notificará al Comité y solicitará
una prórroga.WT/REG155/1
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11. En caso de que la empresa no pueda tomar ese curso de acción en el plazo especificado y no
informe al Comité, éste podrá solicitar una orden al Tribunal.
12. Toda parte perjudicada en cualquier aspecto por una determinación del Comité, de las que se
mencionan en el párrafo 4 del artículo 174, podrá solicitar del Tribunal una revisión de esa
determinación.
Artículo 176
Determinación de conducta empresarial anticompetitiva.
Procedimiento del Comité Motu Proprio
1. En el caso de que el Comité tenga motivos para pensar que la conducta de una empresa
del MUEC perjudica al comercio e impide, restringe o distorsiona la competencia en el interior
del MUEC y tiene efectos transfronterizos, el Comité pedirá a la autoridad nacional de la competencia
que haga un examen preliminar de la conducta de esa empresa.
2. Cuando se presente una petición al amparo de lo dispuesto en el anterior párrafo 1, la
autoridad nacional de la competencia examinará la cuestión y comunicará sus conclusiones al Comité
en el plazo que éste establezca.
3. Si el Comité no queda satisfecho de los resultados de su petición, podrá iniciar su propio
examen preliminar de la conducta empresarial de la empresa a que se hace referencia en el párrafo 1.
4. Si las conclusiones del examen preliminar mencionado en los párrafos 2 y 3 exigen una
investigación, el Comité y el Estado Miembro de que se trate celebrarán consultas para establecer y
acordar quién ha de tener jurisdicción para investigar.
5. Si hubiese diferencias de opinión entre el Comité y el Estado Miembro acerca de la naturaleza
y los efectos de la conducta empresarial o de la jurisdicción de la autoridad investigadora, el Comité:
a) abandonará el examen del asunto;  y
b) remitirá el asunto al CCDE para que éste decida.
6. Ninguna de las disposiciones del presente artículo prejuzgará el derecho de un Estado
Miembro a iniciar un procedimiento ante el Tribunal en cualquier momento.
7. Si se llega a la conclusión de que el Comité tiene jurisdicción para investigar el asunto, el
Comité seguirá el procedimiento establecido en los párrafos 5, 6, 7 y 8 del artículo 175.
Artículo 177
Prohibición de la conducta empresarial anticompetitiva
1. Dentro de su jurisdicción, todo Estado Miembr o prohibirá lo siguiente en tanto que conducta
empresarial anticompetitiva:
a) los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas, y las
prácticas empresariales concertadas, que tienen por objeto o efecto prevenir, restringiro distorsionar la competencia en la Comunidad;WT/REG155/1
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b) los actos por los que una empresa abusa de su posición dominante en la Comunidad;
o
c) cualquier otro comportamiento similar de las empresas, cuyo objeto o efecto sea
frustrar los beneficios esperados del establecimiento del MUEC
2. La conducta empresarial anticompetitiva en el sentido del párrafo 1 incluye lo siguiente:
a) la fijación, directa o indirecta, de precios de compra o de venta;
b) la limitación o el control de la producción, de los mercados, de las inversiones o del
desarrollo técnico;
c) el reparto artificial de los mercados o la restricción de las fuentes de suministros;
d) la aplicación de condiciones desiguales a partes que aceptan compromisos
equivalentes en las transacciones comerciales, lo que da lugar a una desventaja
comparativa;
e) someter la conclusión de un contrato a la aceptación, por la otra parte, de obligaciones
adicionales que, por su naturaleza o según la práctica comercial, no guardan relación
ninguna con el asunto del contrato;
f) la denegación infundada del acceso a las redes o a la infraestructura esencial;
g) la fijación de precios predatorios;h) la discriminación en los precios ;
i) los descuentos o concesiones por motivos de fidelidad;
j) las restricciones verticales exclusivas;  y
k) las licitaciones colusorias.
3. A reserva de lo dispuesto en el artículo 168, todo Estado Miembro se cerciorará de que todos
los acuerdos y decisiones en el sentido del párrafo 1 del presente artículo serán nulos en su
jurisdicción.
4. No se considerará que una empresa ha incurrido en conducta empresarial anticompetitiva si
establece que la actividad denunciada:
a) contribuye a:
i) mejorar la producción o la distribución de bienes y servicios;  o
ii) impulsar el progreso técnico o económico,
al tiempo que concede a los consumidores una parte equitativa del beneficio
resultante;
b) impone a las empresas de que se trate solamente las restricciones indispensables para
conseguir los objetivos que se mencionan en el apartado a);  oWT/REG155/1
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c) no concede a la empresa dedicada a esa actividad la posibilidad de eliminar la
competencia respecto de una parte sustancial del mercado de bienes o servicios de
que se trate.
Artículo 178
Determinación de la posición dominante
Para los fines del presente capítulo:
a) una empresa tiene una posición dominante en un mercado cuando por sí misma o
junto con otra empresa relacionada ocupa una posición de fortaleza económica tal que
le permite operar en el mercado sin limitaciones efectivas de parte de sus
competidores actuales o posibles;
b) dos empresas serán tratadas como empresas interconectadas si una de ellas es filial de
la otra o ambas son filiales de la misma compañía matriz.
Artículo 179
Abuso de posición dominante
1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, una empresa abusa de su
posición dominante en un mercado si impide, restri nge o distorsiona la competencia en ese mercado y,
en particular aunque sin perjuicio de todo lo que antecede:
a) restringe la entrada de cualquier otra empresa en el mercado;
b) impide a otra empresa competir en un mercado o la disuade de hacerlo;
c) elimina o saca a una empresa de un mercado;
d) directa o indirectamente impone precios de compra o de venta injustos o ejerce otras
prácticas restrictivas;
e) limita la producción de bienes o de servicios para un mercado en perjuicio de los
consumidores;
f) en tanto que parte en un acuerdo, somete la concertación de ese acuerdo a la
condición de que la otra parte acepte otras obligaciones que, por su naturaleza o
según los usos comerciales, no tienen relación ninguna con el objeto del acuerdo;
g) practica una conducta empresarial que da lugar a la explotación de sus clientes o
proveedores,
de manera que frustra los beneficios esperados del establecimiento del MUEC.
2. Para determinar si una empresa ha abusado de su posición dominante, deberá tomarse en
consideración lo siguiente:
a) el mercado pertinente definido en términos del producto y el contexto geográfico;WT/REG155/1
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b) el nivel de concentración antes y después de la actividad correspondiente de la
empresa, medida en términos del volumen anual de las ventas, el valor de los activos
y el valor de la transacción;
c) el nivel de la competencia entre los participantes en términos del número de
competidores, la capacidad de producción y la demanda del producto;
d) los obstáculos contrarios a la entrada de competidores;  y
e) los antecedentes de competencia y rivalidad entre los participantes en el sector de
actividad.
3. Ninguna empresa será tratada como si hubiera abusado de su posición dominante si establece
que:
a) su comportamiento tenía exclusivamente la  finalidad de incrementar la eficiencia en
la producción, provisión o distribución de bi enes o servicios o promover el progreso
técnico o económico y que se ha concedido a los consumidores una parte equitativa
del beneficio resultante;
b) aplica o trata de aplicar razonablemente un derecho existente en virtud de un derecho
de autor, de una patente, de una marca de comercio registrada o de un dibujo o
modelo;  o
c) el efecto cierto o probable de su comportamiento en el mercado se debe a unos
resultados competitivos superiores de la empresa de que se trate.
Artículo 180
Decisiones negativas de aprobación
1. Si un Estado Miembro no sabe con certeza si un comportamiento empresarial está prohibido
en virtud de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 177, podrá solicitar del Comité una decisión al
respecto.  Si el Comité determina que tal conducta no está prohibida por las disposiciones del
párrafo 1 del artículo 177, emitirá una decisión negativa de aprobación en ese sentido.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3, una decisión negativa de aprobación será
definitiva para los asuntos a los que afecte en cualquier procedimiento judicial en la Comunidad.
3. El Tribunal, previa solicitud del Comité, podrá revisar una decisión de éste cuando tal
decisión se haya conseguido dolo samente o por medios impropios.
Artículo 181
Norma de minimis
El Comité podrá eximir de las disposiciones de la presente Parte cualquier conducta
empresarial que se le someta, si considera que las repercusiones de esa conducta en la competencia y
en el comercio en el MUEC son mínimas.WT/REG155/1
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Artículo 182
Facultades del CCDE en lo referente a la política y las normas
de competencia de la Comunidad
Con sujeción a las disposiciones del presente Tr atado, el CCDE elaborará y establecerá en la
Comunidad políticas y normas de competencia adecuadas, con inclusión de normas especiales paralos distintos sectores.
Artículo 183
Exenciones
1. Si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182, el CCDE determina que deben
aplicarse normas especiales a determinados sectores de la Comunidad, podrá suspender o excluir la
aplicación del artículo 177 a esos sectores hasta que se adopten los reglamentos pertinentes.
2. Por propia iniciativa o atendiendo a una solicitud presentada por un Estado Miembro a tal
efecto, el CCDE podrá excluir o suspender la aplica ción del artículo 177 a cualquier sector, empresa o
grupo de empresas, por interés público.
PARTE SEGUNDA:  PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Artículo 184
Promoción de los intereses del consumidor en la Comunidad
1. Los Estados Miembros promoverán en la Comunidad los intereses de los consumidores
mediante medidas adecuadas:
a) en las que se prevea la producción y el suministro de bienes y la prestación de
servicios para garantizar la protección de la vida, la salud y la seguridad de los
consumidores;
b) por las que se consiga que los bienes suministrados y los servicios prestados en
el MUEC satisfagan los requisitos de los reglamentos, normas, códigos, sistemas de
licencias establecidos o aprobados por los órganos competentes de la Comunidad;
c) en las que se prevea su establecimiento y aplicación cuando no existan los
reglamentos, normas, códigos y requisitos de licencias a los que se hace referencia enel apartado b);
d) por las que se favorezcan altos niveles de conducta ética de las personas dedicadas a
la producción y distribución de bienes y servicios a los consumidores;
e) por las que se fomente la competencia leal y eficaz para dar a los consumidores una
mayor posibilidad de elección de bienes y servicios, a un menor costo;
f) por las que se impulse la transmisión de información adecuada para los
consumidores, que les permita hacer opciones informadas;
g) por las que se consiga que los consumidores y los proveedores tengan a su alcance
programas adecuados de información y de formación;WT/REG155/1
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h) por las que se protejan los intereses de los consumidores prohibiendo la
discriminación contra los productores y los proveedores de bienes producidos en la
Comunidad y contra los prestatarios de servicios, que sean nacionales de los demás
Estados Miembros de la Comunidad;
i) por las que se fomente la constitución de organizaciones independientes de
consumidores;
j) en las que se prevea un resarcimiento adecuado y eficaz para los consumidores.
2. A los efectos de esta Parte,
por "consumidor" se entiende toda persona:
a) a la que se suministran, o se desea suministrar, bienes o servicios en el curso de
operaciones comerciales realizadas por un proveedor actual o potencial;  y
b) que no recibe los bienes o servicios en el curso de una operación comercial realizada
por ella misma.
Artículo 185
Protección de los intereses de los consumidores en la Comunidad
Los Estados Miembros promulgarán legislación armonizada que prevea, entre otras cosas, lo
siguiente:
a) los términos fundamentales de un contrato de suministro de bienes y servicios y las
correspondientes obligaciones de las partes en ese contrato;
b) la prohibición de que se incluyan términos abusivos en los contratos de venta y
suministro de bienes o servicios a los consumidores;
c) la prohibición de prácticas comerciales desleales, especialmente las prácticas
relacionadas con la conducta falaz, engañosa o fraudulenta;
d) la prohibición de la producción y suministro de mercancías dañinas y defectuosas y la
adopción de medidas para impedir el sumini stro o la venta de esas mercancías, y
medidas que exijan la retirada del mercado de las mercancías defectuosas;
e) que en la prestación de servicios se cumplan los correspondientes reglamentos,
normas, códigos y requisitos de licencias;
f) que las mercancías suministradas a los consumidores vayan etiquetadas de
conformidad con las normas y especificaciones prescritas por las autoridades
competentes;
g) que las mercancías peligrosas y otras cuya distribución y consumo están regulados
por la legislación se vendan o suministren de conformidad con los reglamentos
aplicables;WT/REG155/1
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h) que las mercancías o materiales cuya producción o utilización pueda tener efectos
medioambientales perjudiciales, se etiqueten y suministren de conformidad con las
normas y reglamentos aplicables;
i) que los productores y proveedores sean responsables de los defectos de las
mercancías y de la infracción de las normas de los productos y de las normas deseguridad de los consumidores, que ocasionan pérdidas o daños a éstos;
j) que las infracciones de las normas de seguridad del consumidor por los productores o
los proveedores se sancionen adecuadamente y que los demandados tengan a
disposición la adecuada defensa civil o penal.
Artículo 186
Actuación del Comité para favorecer la promoción del bienestar
del consumidor y la protección de sus intereses
1. Para los fines de prestar apoyo a los Estados Miembros en el fomento de la formación y del
bienestar de los consumidores, el Comité:
a) promoverá en la Comunidad la elaboración, la publicación y la adopción de términos
contractuales justos entre los proveedores y los consumidores de bienes y servicios
producidos o que son objeto de comercio en el MUEC;
b) adoptará las medidas que considere necesarias para conseguir que los Estados
Miembros desalienten y eliminen las prácticas de comercio desleal, entre ellas los
comportamientos engañosos o que puedan inducir a error, la publicidad falsa o
engañosa, las ventas por referencia y las ventas piramidales;
c) promoverá en los Estados Miembros normas de seguridad de los productos como
parte de un programa de formación de los consumidores, para ayudar a éstos a hacer
elecciones informadas en la compra de bienes de consumo;
d) mantendrá en examen el ejercicio, en los Estados Miembros, de actividades
comerciales relacionadas con mercancías que se suministran a los consumidores en
esos Estados o que se producen para ese suministro, o de actividades que guardanrelación con servicios prestados a los consumidores con el fin de identificar prácticas
que puedan afectar perjudicialmente a los intereses de éstos;
e) formará y orientará a los consumidores en general para que solucionen de manera
práctica sus problemas y utilicen del mejor modo posible sus ingresos y su crédito,
empleando las técnicas y medios de comunicación de que disponga;
f) dialogará, previa petición, con las organizaciones de consumidores de los Estados
Miembros y ofrecerá el asesoramiento y la información adecuados para la solución delos problemas de consumo;
g) establecerá la coordinación que sea necesaria con los organismos y departamentos
gubernamentales para formar y orientar eficazmente a los consumidores, teniendo en
cuenta los programas, actividades y recursos de cada organismo o departamento;
h) llevará a cabo investigación y reunirá y comparará la información relativa a los
asuntos que afecten a los intereses de los consumidores;WT/REG155/1
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i) recopilará, evaluará y publicará los textos legales aprobados para la protección de los
consumidores en esos Estados y recomendará al CCDE que publique la legislación
que considere necesaria o conveniente para la protección de los consumidores;
j) previa consulta con el organismo competente de normalización y otros organismos u
organizaciones públicos y privados, pr omoverá el establecimiento de normas de
calidad para productos de consumo;
k) previa consulta con los organismos y departamentos competentes del Estado,
promoverá y vigilará la aplicación de la legislación que afecta a los intereses de los
consumidores, con inclusión de, aunque no sólo, la legislación sobre los pesos y
medidas, la adulteración de alimentos y me dicamentos, el control de las normas, los
controles de precios, y otros aspectos;
l) hará recomendaciones al CCDE para que los Estados Miembros promulguen
legislación para defender eficazmente los derechos de los consumidores.
2. El Comité:
a) señalará a la atención del CCDE toda conducta empresarial que perjudique al
bienestar de los consumidores;
b) colaborará con los Órganos de la Comunidad para promover la formación y el
bienestar de los consumidores.
CAPÍTULO IX:  SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
Artículo 187
Ámbito del capítulo
Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a la solución de las diferencias que
surjan acerca de la interpretación y aplicación del Tratado, como:
a) alegaciones de que una medida adoptada, o propuesta, por otro Estado Miembro es, o
sería, incompatible con los objetivos de la Comunidad;
b) alegaciones de que se ha causado o probablemente va a causarse un daño grave,
anulación o menoscabo de ventajas esperadas del establecimiento y funcionamientodel MUEC;
c) alegaciones de que un organismo u órgano de la Comunidad se ha extralimitado en el
uso de sus atribuciones;  o
d) alegaciones de que el propósito o el objeto del Tratado está siendo frustrado o
perjudicado.
Artículo 188
Modalidades de la solución de diferencias
1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Tratado, las diferencias que se mencionan en el
artículo 187 se solucionarán únicamente recurriendo a cualquiera de las siguientes modalidades deWT/REG155/1
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solución de ellas, a saber, los buenos oficios, la mediación, las consultas, la conciliación, el arbitraje y
la resolución judicial.
2. En caso de que una diferencia no se haya resuelto mediante el recurso a una de las
modalidades a las que se hace referencia en el párrafo 1, que no sea el arbitraje o la resolución
judicial, cualquiera de las partes podrá recurrir a otra modalidad.
3. Sin perjuicio de las normas de procedimiento aplicables para el arbitraje o la resolución
judicial, las partes podrán acordar, en espera de una solución, recurrir a los buenos oficios, a la
mediación o a la conciliación para llegar a esa solución.
4. Sin perjuicio de la exclusividad y obligatoriedad de la jurisdicción del Tribunal en la
interpretación y aplicación del presente Tratado en virtud de lo dispuesto en el artículo 211, las partes,
para resolver una diferencia, podrán recurrir a cualquiera de las modalidades voluntarias de solución
de diferencias, previstas en el presente artículo,
Artículo 189
Solución rápida de las diferencias
En caso de que surja una diferencia entre los Estados Miembros, las partes procederán sin
demora a un intercambio de opiniones con el fin de ponerse de acuerdo sobre lo siguiente:
a) una modalidad de solución y, si la modalidad acordada se ha agotado, acordar otra
modalidad de solución;  o
b) un método recíprocamente satisfactorio de aplicación cuando se haya llegado a una
solución y las circunstancias exijan consultas acerca de su aplicación.
Artículo 190
Notificación de la existencia y solución de diferencias
1. Los Estados Miembros que sean parte en una diferencia notificarán al Secretario General lo
siguiente:
a) la existencia y naturaleza de la diferencia;  y
b) la modalidad de solución de diferencias que se haya convenido o iniciado.
2. Cuando se llegue a una solución, los Estados Miembros de que se trate notificarán al
Secretario General esa solución y la modalidad empleada para llegar a ella.
3. El Secretario General, una vez recibida la información a que se refieren los anteriores
párrafos 1 y 2, la notificará lo antes posible a los demás Estados Miembros.
Artículo 191
Buenos oficios
1. Los Estados Miembros que sean parte en una diferencia podrán acordar, para resolverla,
recurrir a los buenos oficios de una tercera persona que puede ser el Secretario General.WT/REG155/1
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2. Los buenos oficios podrán empezar a utilizarse o darse por terminados en cualquier momento.
A reserva de las normas de procedimiento que sean aplicables para el arbitraje o la resolución judicial,
los buenos oficios podrán continuar durante ellos.
Artículo 192
Mediación
1. En caso de que los Estados Miembros que sean parte en una diferencia acuerden resolverla
recurriendo a la mediación, las partes podrán desi gnar un mediador por mutuo acuerdo o podrán pedir
al Secretario General que nombre un mediador de entre las personas que figuran en la lista de
conciliadores que se menciona el artículo 196.
2. La mediación podrá iniciarse o darse por terminada en cualquier momento.  Con sujeción a
las normas de procedimiento aplicables para el arbitraje o la resolución judicial, la mediación podrá
continuar durante el transcurso del arbitraje o la resolución judicial.
3. El procedimiento que conlleve mediación y, en particular, las posiciones adoptadas por las
partes durante el procedimiento serán confidenciales y sin perjuicio de los derechos que correspondan
a las partes en cualesquiera procedimientos posteriores.
Artículo 193
Obligación de entablar consultas
1. Todo Estado Miembro entablará consultas a petición de otro Estado Miembro cuando éste
último alegue que una medida adoptada por el Estado Miembro al que se piden las consultas
constituye incumplimiento de obligaciones resultantes de las disposiciones del presente Tratado o en
virtud de ellas.
2. Cuando se haga una solicitud de consultas con arreglo a lo dispuesto en el anterior párrafo 1,
el Estado Miembro al que se piden las consultas las iniciará dentro del plazo de 14 días contados a
partir de la recepción de la solicitud o en un período mutuamente acordado.
3. En caso de que:
a) las consultas no se hayan entablado en el período que se menciona en el párrafo 2;  o
b) en las consultas no se llegue a resolver la diferencia en un plazo de 45 días contados a
partir de la fecha de recepción de la solicitud de las consultas o en las fechas
mutuamente acordadas,
el Estado Miembro que ha solicitado las consultas podrá recurrir a cualquiera de las modalidades de
solución de diferencias incluidos el arbitraje y la resolución judicial.
4. Las solicitudes de celebración de consultas se harán por escrito.  En la solicitud se harán
constar los motivos de las consultas y se identificará la medida de que se trate y el fundamento
jurídico de la reclamación.
5. Toda solicitud de consultas se notificará al Secretario General.WT/REG155/1
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6. Las consultas serán confidenciales y sin perjuicio de los derechos de los Estados Miembros en
procedimientos posteriores.  No obstante, antes de recurrir a un nuevo procedimiento, los Estados
Miembros pondrán todos los medios a su alcance para resolver la diferencia.
7. En casos de urgencia, inclusive los que afecten a bienes perecederos, el Estado Miembro al
que se soliciten las consultas las iniciará dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la solicitudy, si tales consultas no se inician, el Estado Miembro que las ha solicitado podrá recurrir al arbitraje o
a la resolución judicial.
8. Cuando en las consultas a que se hace referencia en el párrafo 7 la diferencia no llega a
resolverse en un plazo de 7 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de tales
consultas, el Estado Miembro que las ha solicitado podrá recurrir al arbitraje o a la resolución judicial.
9. Siempre que un Estado Miembro, distinto de los que celebran las consultas, considere que
tiene un interés legítimo en las consultas que se celebran de conformidad con lo dispuesto en elpresente artículo, ese Estado Miembro podrá notificar a los Estados Miembros que celebran las
consultas y al Secretario General, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de distribución de la
solicitud de las consultas, que desea participar en ellas.  Ese Estado Miembro será admitido a
participar en las consultas siempre que el Estado Miembro al que se ha hecho la petición acepte que la
reclamación de interés legítimo está bien fundada y se basa en datos y circunstancias similares.  Enese caso, los Estados Miembros de que se trate lo notificarán al Secretario General.  Si la petición de
que se le permita participar en las consultas no se acepta, el Estado Miembro peticionario podrá
solicitar consultas al amparo de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
Artículo 194
Obligaciones de las Partes que celebran las consultas
Si los Estados Miembros que son parte en una diferencia acuerdan resolverla mediante
consultas, procurarán llegar a una solución mutuamente acordada de la diferencia mediante consultas
y para ello:
a) facilitarán información suficiente que permita un examen completo de la manera en
que la medida objeto de la reclamación constituye incumplimiento de las obligacionesresultantes de las disposiciones del presente Tratado a las que se hace referencia en el
artículo 193;  y
b) tratarán toda información confidencial o de dominio privado intercambiada durante
las consultas, de la misma manera que la trate el Estado Miembro que la ha facilitado.
Artículo 195
Iniciación del procedimiento de conciliación
Si los Estados Miembros que son parte en una diferencia acuerdan someterla a conciliación
con arreglo a las disposiciones de la presente Parte, cualquiera de ellos podrá iniciar el procedimiento
mediante notificación dirigida a la otra parte o partes en la diferencia.WT/REG155/1
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Artículo 196
Establecimiento de una Lista de Conciliadores
1. El Secretario General establecerá y mantendrá una Lista de Conciliadores.  Cada uno de los
Estados Miembros tendrá derecho a designar dos conciliadores, que serán personas que gocen de la
más elevada reputación de justicia, competencia e integridad.  Los nombres de las personasdesignadas constituirán la Lista.  Si, en cual quier momento, el número de conciliadores designados
por un Estado Miembro es inferior a dos, ese Estado Miembro tendrá derecho a hacer las
designaciones que sean necesarias.  El nombre de cada conciliador permanecerá en la Lista hasta que
lo retire el Estado Miembro que lo designó y, si un conciliador ha sido nombrado para formar parte de
una comisión de mediación o conciliación, seguirá formando parte de esa comisión hasta que
concluya el procedimiento de que se trate.
2. El mandato de un conciliador, aun cuando haya sido nombrado para llenar una vacante, será
de cinco (5) años y podrá renovarse.
Artículo 197
Constitución de la Comisión de Conciliación
Se constituirá de vez en cuando una comisión de conciliación, de la manera siguiente:a) a reserva de lo dispuesto en el presente artículo, la Comisión de Conciliación constará
de tres miembros;
b) salvo que las partes acuerden otra cosa, la parte que instituya el procedimiento
nombrará un conciliador, que será elegido de la Lista que se menciona en el artículo
196.  El conciliador nombrado podrá ser ciudadano de la parte que haga el
nombramiento.  Ese nombramiento se incluirá en la notificación mencionada en elartículo 195;
c) la otra parte en la diferencia nombrará un conciliador, de la manera establecida en el
apartado b), dentro de los diez días siguientes a la notificación a que se hace
referencia en el artículo 195.  Si el nombramiento no se hace en ese plazo, la parte
que ha incoado el procedimiento podrá, dentro de la semana siguiente a la expiraciónde dicho plazo, dar por terminado el procedimiento mediante notificación dirigida a la
otra parte o pedir al Secretario General que haga el nombramiento de conformidad
con lo dispuesto en el apartado e);
d) dentro de los 10 días siguientes al nombramiento de ambos conciliadores, éstos
nombrarán un tercer conciliador eligiéndolo de la Lista a que se hace referencia en el
artículo 196, y que será el Presidente.  Si el nombramiento no se hace dentro de ese
plazo cualquiera de las partes podrá, dentro de la semana siguiente a la expiración deese período, pedir al Secretario General que haga el nombramiento de conformidad
con lo dispuesto en el apartado e);
e) dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la petición a que se hace referencia
en los apartados c) y d), el Secretario General hará los nombramientos necesarios de
entre la Lista a que se hace referencia en el artículo 196, en consulta con las partes enla diferencia.WT/REG155/1
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f) cualquier puesto vacante en una comisión de conciliación se llenará de la manera
prescrita para el nombramiento inicial;
g) cuando dos o más Estados Miembros que sean parte en la diferencia acuerden que
tienen los mismos intereses, nombrarán conjuntamente un conciliador.
h) en las diferencias en que participen más de dos partes que tengan intereses diferentes,
o cuando haya desacuerdo en cuanto a si tienen el mismo interés, las partes aplicarán
las disposiciones de los apartados a) a f) en la mayor medida posible.
Artículo 198
Solución amigable
La Comisión de Conciliación podrá señalar a la  atención de los Estados Miembros que son
parte en el litigio cualquier medida que pueda facilitar una solución amigable de la diferencia.
Artículo 199
Funciones de la Comisión del Conciliación
La Comisión de Conciliación oirá a los Estados Miembros que son parte en la diferencia,
examinará sus pretensiones y objeciones y hará propuestas a las partes con el fin de que lleguen a una
solución amistosa.
Artículo 200
Procedimiento
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes en la diferencia, la Comisión de Conciliación
establecerá su propio procedimiento.  Con el consentimiento de las partes en la diferencia la Comisión
de Conciliación podrá invitar a cualquier Estado Miembro a presentar, de palabra o por escrito, sus
opiniones a la Comisión.  El informe y las recomendaciones y decisiones de la Comisión acerca de lascuestiones de procedimiento se harán por mayoría de votos de sus miembros.
2. Los Estados Miembros que sean parte en la diferencia podrán, mediante acuerdo aplicable
exclusivamente a ese litigio, modificar el procedimiento al que se hace referencia en el párrafo 1.
Artículo 201
Informe
1. La Comisión de Conciliación rendirá informe en el plazo de los tres meses siguientes a su
constitución.  En su informe se recogerán cualesquiera acuerdos alcanzados y, si no ha habido
acuerdo, sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho o de derecho que sean pertinentes para
el asunto en litigio y las recomendaciones que una comisión de conciliación pueda considerar
adecuadas para una solución amigable.
2. Las conclusiones o recomendaciones de una comisión de conciliación no serán vinculantes
para las partes.WT/REG155/1
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Artículo 202
Terminación
Se considerará que el procedimiento de conciliación ha terminado cuando se haya llegado a
una solución, cuando las partes hayan aceptado o una parte haya rechazado las recomendaciones del
informe mediante notificación dirigida al Secretario General, o cuando haya transcurrido el plazo deun mes desde la fecha de comunicación del informe a las partes.
Artículo 203
Derecho y gastos
Los derechos y los gastos de la Comisión de Conciliación correrán por cuenta de los Estados
Miembros que sean parte en el litigio.
Artículo 204
Arbitraje
Todo Estado Miembro que sea parte en un litigio podrá, con el consentimiento de la otra
parte, someter el asunto a un tribunal de arbitraje constituido de conformidad con las disposiciones del
presente capítulo.
Artículo 205
Constitución de la Lista de Árbitros
1. Para los fines de constituir el tribunal de arbitraje a que se hace referencia en el artículo 206,
el Secretario General establecerá y mantendrá una Lista de Árbitros integrada por personas
seleccionadas estrictamente sobre la base de su imparcialidad, fiabilidad, y sólido juicio, y que:
a) tengan capacidad o experiencia en derecho, comercio internacional, otras cuestiones
comprendidas en el ámbito del presente Tratado, o en la solución de diferencias quesurjan en el ámbito de los acuerdos de comercio internacional;
b) sean independientes de todo Estado Miembro y no estén afiliados ni reciban
instrucciones de ninguno de ellos;  y
c) cumplan lo dispuesto en el Código de Conducta Judicial por el que se rige el
comportamiento de los jueces del Tribunal.
2. El período de mandato de todo árbitro, aunque haya sido designado para llenar una vacante,
será de cinco años y podrá renovarse.
Artículo 206
Constitución del Tribunal de arbitraje
1. Cada uno de los Estados Miembros que sea parte en un litigio tendrá derecho a nombrar un
árbitro de entre la Lista de Árbitros.  Los dos árbitros elegidos por las partes serán nombrados dentro
de los quince días siguientes a la fecha de la decisión de someter el asunto a arbitraje.  Dentro de losquince días siguientes a su nombramiento, los dos árbitros nombrarán de entre la Lista un tercerWT/REG155/1
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árbitro que será el Presidente.  En la medida de lo posible, los árbitros no serán nacionales de ninguna
de las partes en la diferencia.
2. Si una de las partes en la diferencia no nombra a su árbitro con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 1, el Secretario General lo nombrará en el plazo de diez días.  En caso de que los árbitros no
nombren al Presidente dentro del plazo prescrito, el Secretario General nombrará un Presidente en elplazo de 10 días.
3. En los casos en que sean parte en una diferencia más de dos Estados Miembros, las partes de
que se trate se pondrán de acuerdo sobre los dos árbitros que han de nombrarse de la Lista de Arbitros
dentro de los 15 días siguientes a la decisión de someter el asunto a arbitraje, y los dos árbitros, dentro
de los 15 días siguientes a su nombramiento, nombrarán  un tercer árbitro de entre los que figuran en la
Lista y que será el Presidente.
4. De no llegarse a acuerdo según lo dispuesto en el párrafo 3, el Secretario General hará el
nombramiento en un plazo de diez días y, si los árbitros no nombran al Presidente en el plazo
prescrito, el Secretario General hará ese nombramiento en el plazo de 10 días.
5. No obstante lo dispuesto en los anteriores párrafos 1, 2, 3 y 4, los Estados Miembros que sean
parte en una diferencia podrán someter el asunto a arbitraje y aceptar que el Secretario General
nombre, de entre la Lista, un único árbitro que no será ciudadano de ninguna de las partes en ladiferencia.
Artículo 207
Normas de procedimiento del Tribunal de arbitraje
1. A reserva de las disposiciones pertinentes del presente capítulo, el Tribunal de arbitraje
establecerá sus propias normas de procedimiento.
2. En el procedimiento se garantizará el derecho, como mínimo, a una audiencia ante el Tribunal
de arbitraje y la posibilidad de presentar escritos iniciales y escritos de réplica.
3. Las audiencias, las deliberaciones y el informe inicial del Tribunal de arbitraje, y todas las
presentaciones por escrito y comunicaciones a él dirigidas, tendrán carácter confidencial.
4. El Tribunal de arbitraje podrá invitar a cualquiera de los Estados Miembros a presentar sus
opiniones de palabra o por escrito.
5. El dictamen del Tribunal de arbitraje se limitará al asunto del litigio y en él se expondrán los
motivos en que se basa.
6. Si las partes no pueden convenir en la interpretación o en la aplicación del dictamen,
cualquiera de las partes podrá recurrir al Tribunal de arbitraje para que éste emita un fallo dentro de
los 30 días siguientes al dictamen.  El mandato del Tribunal de arbitraje terminará a menos que se
haya recibido una solicitud de dictamen, en cuyo caso seguirá en funciones durante el plazorazonable, no superior a treinta días, que pueda ser necesario para emitir el dictamen.
7. Las decisiones del Tribunal de arbitraje se adoptarán por voto mayoritario de sus miembros y
serán definitivas y vinculantes para los Estados Miembros que sean parte en el litigio.WT/REG155/1
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Artículo 208
Intervención de terceros
Todo Estado Miembro que no sea parte en una diferencia podrá, previa entrega de una
notificación a las partes en litigio y al Secretario General, asistir a todas las audiencias y recibir las
presentaciones por escrito hechas por las partes en litigio y podrá ser autorizado a hacerpresentaciones orales o por escrito al Tribunal de arbitraje.
Artículo 209
Información adicional proveniente de los expertos
Cuando el procedimiento haya comenzado, el Tribunal de arbitraje podrá, por propia
iniciativa o a petición de una de las partes en la diferencia, buscar información y asesoramiento
técnico de cualquier experto u órgano que él considere adecuado, siempre que las partes en la
diferencia así lo acuerden y con sujeción a los términos y condiciones que las parte acuerden.
Artículo 210
Gastos del Tribunal de arbitraje
1. Los gastos del Tribunal de arbitraje, con inclus ión de los emolumentos y dietas de los árbitros
y expertos contratados para los fines de un litigio, correrán, a partes iguales, por cuenta de los Estados
Miembros que son parte en la diferencia, salvo que el Tribunal de arbitraje, habida cuenta de lascircunstancias del caso, decida otra cosa.
2. Si en el procedimiento interviene un tercero, él mismo correrá con los gastos relacionados con
su intervención.
Artículo 211
Competencia del Tribunal en los procedimientos contenciosos
1. A reserva de lo dispuesto en el presente Tratado, el Tribunal tendrá competencia obligatoria y
exclusiva para oír y decidir las diferencias relativas a la interpretación y aplicación del Tratado, como
por ejemplo:
a) las diferencias entre los Estados Miembros que son parte en el Acuerdo;
b) las diferencias entre los Estados Miembros de partes en el Acuerdo y la Comunidad;c) las referencias provenientes de los tribunales nacionales de los Estados Miembros que
son parte en el Acuerdo;
d) las solicitudes de personas físicas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222,
relativas a la interpretación y aplicación del presente Tratado.
2. Para los fines del presente capítulo, en la expresión "tribunales nacionales" se incluye el
Tribunal Supremo del Caribe Oriental.WT/REG155/1
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Artículo 212
Opiniones consultivas del Tribunal
1. El Tribunal tendrá jurisdicción exclusiva para emitir opiniones consultivas acerca de la
interpretación y aplicación del Tratado.
2. Las opiniones consultivas se emitirán sólo previa petición de los Estados Miembros que sean
parte en una diferencia, o de la Comunidad.
Artículo 213
Institución de un procedimiento
Cualquiera de las partes en un litigio podrá instituir un procedimiento de conformidad con las
Normas del Tribunal por las que se rige la Competencia.
Artículo 214
Remisión al Tribunal
Si se presenta a una corte o tribunal nacional  de uno de los Estados Miembros un asunto cuya
resolución implique una cuestión de interpretación o aplicación del presente Tratado, la corte o
tribunal de que se trate, si considera que es necesaria una decisión sobre el asunto que le permita
emitir el juicio, remitirá la cuestión al Tribunal para que haga una determinación antes de emitir
juicio.
Artículo 215
Cumplimiento de las sentencias del Tribunal
Los Estados Miembros, Organismos y Órganos de  la Comunidad, y las entidades o personas a
quienes sea de aplicación una sentencia del Tribunal cumplirán esa sentencia sin demora.
Artículo 216
Jurisdicción obligatoria del Tribunal
1. Los Estados Miembros acuerdan que reconocen como obligatoria, ipso facto y sin acuerdo
especial, la jurisdicción original del Tribunal, a la que se hace referencia en el artículo 211.
2. En caso de litigio acerca de si el Tribunal tiene jurisdicción, el asunto se resolverá por
decisión del Tribunal.
Artículo 217
Derecho aplicable por el Tribunal en el ejercicio de su competencia
1. Al ejercer su competencia en virtud del artículo 211, el Tribunal aplicará las normas de
derecho internacional que resulten aplicables.
2. El Tribunal estará facultado para no aportar una conclusión de non liquet  por motivos de
silencio o de oscuridad de la ley.WT/REG155/1
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3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no prejuzgarán la capacidad del Tribunal para decidir
un litigio en equidad y justicia si las partes convienen en ello.
Artículo 218
Solicitud de medidas transitorias
El Tribunal tendrá facultades para imponer, si considera que las circunstancias así lo exigen,
las medidas transitorias que hayan de adoptarse para preservar los derechos de cualquiera de las
partes.
Artículo 219
Revisión de las sentencias del Tribunal en el ejercicio de su competencia
1. El Tribunal, en el ejercicio de su competencia, podrá revisar su sentencia, previa solicitud en
ese sentido.
2. Una solicitud de revisión de una sentencia del Tribunal en el ejercicio de su competencia sólo
podrá hacerse cuando se funde en el descubrimiento de algún hecho de tal naturaleza que resulte ser
un factor decisivo que, cuando se dictó sentencia, er a desconocido para el Tribunal y para la parte que
reclamaba la revisión:  a condición siempre de que la ignorancia de ese hecho no se debiera a
negligencia de parte del solicitante.
3. El procedimiento de revisión deberá abri rse por sentencia del Tribunal en la que
expresamente conste la existencia del hecho nuevo y se reconozca que es de tal naturaleza que deja el
caso abierto a revisión, y declare que la solicitud es admisible sobre esta base.
4. El Tribunal podrá exigir que se cumplan los términos de la sentencia, antes de admitir el
procedimiento de revisión.
5. La solicitud de revisión se hará dentro de los seis meses siguientes al descubrimiento del
hecho nuevo.
6. No podrá hacerse ninguna solicitud de revisión después de transcurrido el plazo de cinco años
contados a partir de la fecha de la sentencia.
Artículo 220
Normas del Tribunal por las que se rige la competencia
En el ejercicio de la competencia del Tribunal, serán de aplicación las Normas del Tribunal
establecidas por el Presidente de éste de conformidad con las disposiciones del artículo XXI del
Acuerdo.
Artículo 221
La sentencia del Tribunal constituirá " Stare Decisis "
Las sentencias del Tribunal constituirán precedentes jurídicamente vinculantes para las partes
en el procedimiento ante el Tribunal, salvo que tales sentencias hayan sido objeto de revisión conarreglo a las disposiciones del artículo 219.WT/REG155/1
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Artículo 222
Derecho de audiencia de las entidades privadas
Con permiso especial del Tribunal podrá permitirse a las personas, naturales o jurídicas de
una Parte Contratante que aparezcan como parte en  un procedimiento ante el Tribunal siempre que:
a) el Tribunal haya determinado en un caso concreto que en este Tratado se pretende que
todo derecho o ventaja conferidos por él o en virtud de él a una Parte Contratante han
de redundar directamente en beneficio de esas personas;  y
b) las personas interesadas hayan establecido que esas personas han sido perjudicadas en
cuanto al disfrute del derecho o la ventaja mencionados en el párrafo a) del presente
artículo;  y
c) la Parte Contratante que tiene derecho a patrocinar la reclamación en un
procedimiento ante el Tribunal haya:
i) omitido o declinado patrocinar la reclamación, o
ii) convenido expresamente en que las personas interesadas pueden patrocinar la
reclamación en vez de la Parte Contratante que tiene derecho a ello;  y
d) el Tribunal haya constatado que el interés de la justicia requiere que se permita a las
personas patrocinar la reclamación.
Artículo 223
Solución alternativa de diferencias
1. Los Estados Miembros alentarán y facilitarán, en la mayor medida posible, el recurso al
arbitraje y otros modos de solución alternativa de diferencias para resolver los litigios comerciales
privados entre los ciudadanos de la Comunidad y entre ciudadanos de la Comunidad y ciudadanos de
terceros Estados.
2. Cada uno de los Estados Miembros preverá en su legislación procedimientos adecuados para
conseguir el respeto de los acuerdos de arbitraje y el reconocimiento y observancia de los dictámenes
arbitrales obtenidos en esas diferencias.
3. Se considerará que todo Estado Miembro que aplique la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Reconocimiento y Aplicación de Laudos Arbitrales Extranjeros o las Normas de Arbitraje de
la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional cumple las disposiciones
del párrafo 2 del presente artículo.
Artículo 224
Compromiso general
Cada uno de los Estados Miembros se compromete a poner el máximo empeño para
completar lo antes posible los procedimientos constitucionales y legislativos que sean necesarios parasu participación en el régimen por el que se establece el Tribunal.WT/REG155/1
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CAPÍTULO X:  DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
Artículo 225
Excepciones por motivos de seguridad
Ninguna de las disposiciones del presente Tratado se interpretará en el sentido de que:a) exige que un Miembro facilite información cuya publicación considere contraria a sus
intereses esenciales de seguridad;
b) impide que un Estado Miembro adopte alguna medida que considere necesaria para
proteger sus intereses esenciales de seguridad:
i) en relación con el suministro de servicios prestados directa o indirectamente
para aprovisionar a un establecimiento militar;
ii) en tiempos de guerra u otra situación de urgencia en las relaciones
internacionales;  o
c) impide que un Estado Miembro adopte alguna medida en cumplimiento de sus
obligaciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Artículo 226
Excepciones generales
1. Ninguna de las disposiciones del presente capítulo se interpretará en el sentido de que impide
que un Estado Miembro adopte o aplique medidas:
a) para proteger la moral pública o para mantener el orden y la seguridad públicos;
b) para proteger el bienestar y la vida de las personas y de los animales y la vida de las
plantas;
c) necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes o reglamentos de aplicación de
medidas aduaneras, o para la clasificación, el control de calidad,, o la
comercialización de las mercancías, o para el funcionamiento de monopolios por
medio de empresas estatales o de empresas a las que se conceden privilegios
exclusivos o especiales;
d) necesarias para proteger la propiedad intelectual o impedir prácticas que puedan
inducir a error;
e) relacionadas con el oro o la plata;
f) relacionadas con productos del trabajo de prisioneros;
g) relacionadas con el trabajo infantil;
h) impuestas para la protección de tesoros nacionales de valor artístico, histórico o
arqueológico;WT/REG155/1
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i) necesarias para impedir o aliviar escaseces críticas de alimentos en un Estado
Miembro exportador;
j) relacionadas con la conservación de recursos naturales o la preservación del medio
ambiente;
k) para conseguir el cumplimiento de leyes o reglamentos que no sean incompatibles
con las disposiciones del presente Tratado, con inclusión de las relativas a:
i) la prevención de prácticas engañosas o fraudulentas, y de las consecuencias
de los defectos en los contratos;
ii) la protección de la privacidad de las personas en las operaciones de
procesamiento y distribución de los datos personales, y la protección del
secreto de los registros y las cuentas de las personas;  y
l) para dar efecto a las obligaciones internacionales, incluidos los tratados tendentes a
evitar la doble imposición fiscal,
aunque solamente si esas medidas no constituyen discriminación arbitraria e injustificable entre
Estados Miembros en que prevalecen condiciones análogas, o una restricción oculta del comercio
dentro de la Comunidad.
2. Las medidas que adopten los Estados Miembros de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 se notificarán al CCDE.
3. El Consejo de la Comunidad adoptará las medidas adecuadas para coordinar la legislación,
los reglamentos y las prácticas administrativas aplicables que se hayan establecido de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 44.
Artículo 227
Notificación
Siempre que en el presente Tratado se estipule alguna notificación a un órgano de la
Comunidad, esa notificación se hará por medio de la Secretaría.
Artículo 228
Capacidad jurídica de la Comunidad
1. La Comunidad tendrá personalidad jurídica plena.
2. Cada uno de los Estados Miembros concederá en su territorio a la Comunidad la capacidad
jurídica más amplia que en virtud de sus leyes se conceda a las personas jurídicas, con inclusión de la
capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos y para demandar y ser
demandada en su propio nombre.  En todo procedimiento legal, la Comunidad estará representada por
la Secretaría.
3. La Comunidad podrá asimismo concertar acuerdos con los Estados y con los Organismos
Internacionales.WT/REG155/1
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4. Los Estados Miembros acuerdan tomar las medidas que sean necesarias para dar efecto en sus
territorios a lo dispuesto en el presente artículo e informarán sin demora de esas medidas a la
Secretaría.
Artículo 229
Privilegios e inmunidades de la Comunidad
1. Las relaciones entre la Comunidad y el país de sede continuarán rigiéndose por el Acuerdo de
Sede concertado el 23 de enero de 1976 entre la Comunidad y Mercado Común del Caribe, por una
parte, y el Gobierno de Guyana, por otra parte.
2. Las relaciones entre la Comunidad y sus Estados Miembros se regirán por el Protocolo sobre
Privilegios e Inmunidades, concertado por los Estados Miembros en relación con la Comunidad y el
Mercado Común del Caribe.
Artículo 230
Negociación y concertación de los acuerdos
1. La Conferencia podrá designar un Órgano o Instrumento de la Comunidad encargado de
negociar acuerdos encaminados a la consecución de los objetivos de la Comunidad.
2. La Conferencia podrá delegar en el Secretario General la concertación de acuerdos,
especialmente acuerdos de asistencia técnica, en nombre de la Comunidad.
Artículo 231
Miembros asociados
La Conferencia podrá admitir a cualquier Estado o Territorio del Caribe como miembro
asociado de la Comunidad en los términos y condiciones que la Conferencia considere adecuados.
Artículo 232
Firma
El presente Tratado quedará abierto el día 5 del mes de julio del año 2001 para su firma por
los Estados que se mencionan en el párrafo 1 del artículo 3.
Artículo 233
Ratificación
El presente Tratado y cualesquiera modificaciones del mismo estarán sujetos a ratificación
por los Estados signatarios de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.  Los
instrumentos de ratificación se depositarán en poder de la Secretaría, que transmitirá a los Estados
signatarios copia certificada de tales instrumentos.WT/REG155/1
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Artículo 234
Entrada en vigor
El presente Tratado entrará en vigor en cuanto depositen el último instrumento de ratificación
los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 3.
Artículo 235
Registro
El presente Tratado y sus modificaciones se registrarán en la secretaría de las Naciones
Unidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 236
Modificaciones
1. El presente Tratado podrá modificarse por decisión unánime de las Partes.2. Toda modificación entrará en vigor un mes después de la fecha en que el último instrumento
de ratificación se deposite en poder de la Secretaría.
Artículo 237
Reservas
Podrán inscribirse reservas al presente Tratado con el consentimiento de los Estados
signatarios.
Artículo 238
Adhesion
1. Después de la entrada en vigor del presente Tratado, podrán adherirse a él los Estados o
Territorios del Caribe que la Conferencia determine.
2. La adhesión se hará en los términos y condiciones que la Conferencia decida y surtirá efecto
un mes después de que el instrumento de adhesión se deposite en poder de la Secretaría.
Artículo 239
Compromiso
Los Estados Miembros se comprometen a elaborar un Protocolo relativo entre otras cosas, a
lo siguiente:
a) el comercio electrónico;
b) las compras del sector público;
c) el trato de las mercancías producidas en zonas de libre comercio y jurisdicciones
análogas;WT/REG155/1
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d) la libre circulación de las mercancías en el MUEC;  y
e) los derechos concomitantes al establecimiento, la prestación de servicios y la
circulación de capitales en la Comunidad.
Artículo 240
Cláusula de excepción
1. Las decisiones adoptadas por los Órganos competentes en el marco del presente Tratado
estarán sujetas a los correspondientes procedimientos constitucionales de los Estados Miembros antes
de crear derechos y obligaciones jurídicamente vinculantes para los nacionales de esos Estados.
2. Los Estados Miembros se comprometen a actuar de manera expedita para dar efecto a las
decisiones de los Órganos competentes en su ordenamiento jurídico.
3. El CCDE vigilará y mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones del presente
artículo y reunirá para su revisión una conferencia de los Estados Miembros dentro de los cinco añossiguientes a la entrada en vigor del presente Tratado.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Jefes de Gobierno abajo firmantes han estampado sus
firmas en el presente Tratado.
HECHO en ______ el día _____ del mes de ______ del año 2001 en un único ejemplar que se
depositará en poder del Secretario General de la Comunidad, que remitirá ejemplares autenticados a
todos los signatarios.
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