RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q/VEN/1
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31 de agosto de 2001
(01-4185)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
VENEZUELA1
En el presente documento se reproduce la declaración introductoria realizada por la delegación
de Venezuela, las preguntas que le fueron formuladas y las respuestas correspondientes con motivo del
examen de la legislación que se llevó a cabo en la re unión del Consejo celebrada los días 2 al 5 de abril
de 2001.2
_______________
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
A. GENERAL
Venezuela, mediante una combinación de disposiciones internacionales, regionales y
nacionales, otorga una adecuada y eficaz protección a los derechos de propiedad intelectual.  La
oportunidad de este examen de legislación nos permite reiterar nuestro fuerte propósito de continuartrabajando activamente en el desarrollo de normas e infraestructuras que permitan garantizar cada
vez mas el reconocimiento, protección y respeto de esos derechos.
En ese sentido, no sólo hemos adecuado nuestra normativa a lo regulado en el Acuerdo
sobre los ADPIC sino que estamos comprometidos en la tarea de seguir desarrollando una cultura de
respeto y observancia de los derechos de propiedad intelectual a nivel interno e internacional.
Es así que en el pasado reciente Venezuela introdujo ajustes legislativos en normas
subregionales y nacionales y ha adelantado esfuerzos continuados de adaptación legal
complementaria, en el contexto de una amplia transformación institucional, política y social, que
incluye, entre otros aspectos positivos, la nueva carta magna que robustece el reconocimiento y
adecuada protección que merecen los derechos de propiedad intelectual.
En efecto, la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 incorpora en su artículo 98 una
disposición donde se garantiza la libertad de creación cultural, científica, tecnológica y humanística
y se garantiza el reconocimiento y protección por parte del estado, de la propiedad intelectual.
El ordenamiento jurídico de Venezuela relevante a protección de los derechos de propiedad
intelectual, está integrado, además de por su par fundamental que es la Constitución, por las
                                                     
1 Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados
por Venezuela en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentosIP/N/1/VEN/1; IP/N/1/VEN/C/1 a 4; IP/N/1/VEN/I/1 a 4; IP/N/1/VEN/P/1 y 2 e IP/N/6/VEN/1.
2 El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/30.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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decisiones comunitarias adoptadas en el seno de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los demás
tratados internacionales de los cuales es parte la República y las leyes y normas nacionales que
regulan aspectos complementarios a la normativa indicada.
En cuanto se refiere al ordenamiento jurídico, comunitario, las principales decisiones de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) relevant es en materia de propiedad intelectual son:
• la Decisión 486, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2000, relativa al "Régimen
Común de propiedad industrial";
• la Decisión 351 "Régimen Común de derecho de autor y derechos conexos";
• la Decisión 345 "Régimen Común sobre derechos de obtentores de variedades
vegetales"; y
• la Decisión 391 "Régimen Común de acceso a los recursos genéticos".
Todas estas Decisiones fueron notificadas por Venezuela ante la OMC.
Adicionalmente, Venezuela es parte de otros  tratados internacionales que regulan la
propiedad intelectual, tales como la Convención Internacional sobre la protección de los artistas einterpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión
("Convención de Roma"); y de la Revisión de Parí s del año 1971, de la Convención Universal sobre
derecho de autor; así como del Convenio de la Unión de París para la Protección de la propiedad
industrial.
Por lo que se refiere a las normas de contenido nacional para la regulación de la propiedad
intelectual destacan, entre otras:
• la Ley de propiedad industrial de 1955;
• la Ley sobre derecho de autor de 1993; y
• el Reglamento de la Decisión 351 de la Comunidad Andina;
• el Reglamento de la Decisión 345 sobre obtentores de variedades vegetales y
• la Ley sobre diversidad biológica del año 2000.
Quisiéramos destacar que dentro del proceso de transformación, actualización,
modernización y ajuste legislativo, nuestro país ha alcanzado elevados niveles de protección para elderecho de autor constituyendo una de las áreas de la propiedad intelectual en las cuales los
estándares de protección de Venezuela se encuentran entre los más avanzados.
Del mismo modo, es necesario destacar el gran esfuerzo realizado conjuntamente con los
demás países andinos, que luego de un consciente proceso de revisión de la Decisión 344, adoptaronla Decisión 486 relativa al "Régimen Común sobre propiedad industrial" la cual viene a completar la
adecuación de la normativa andina en materia de propiedad industrial a los requerimientos del
Acuerdo sobre los ADPIC, al tiempo que perfecciona algunas figuras jurídicas en esta materia.
Como un complemento a esta declaración, que haremos del conocimiento de todos los
Miembros por escrito, hacemos algunas puntualiz aciones en relación a los aspectos más destacadosIP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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en las distintas áreas de la propiedad intelectual en Venezuela, las cuales obviaremos en esta
presentación oral.
Venezuela se encuentra comprometida con el fomento de la innovación y la creación de
bienes intangibles de valor económico y comercial que incidan en el fortalecimiento de nuestraindustria y el desarrollo y optimización de la pequeña y mediana empresa (PYME).  Por ello,
además de los avances y logros en el área de la protección y observancia de los derechos de
propiedad intelectual que acabamos de reiterar, se han hecho esfuerzos específicos en la promoción
de la propiedad intelectual, destacando en este sentido, las campañas masivas de difusión de las
normas sobre denominaciones de origen, institución que permite reconocer y fortalecer productos
con alto valor agregado nacional, la promoción de productos nacionales y la ordenación del
comercio.
En el mismo sentido, hemos iniciado trabajos interinstitucionales que conllevan al
reconocimiento y protección adecuada de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas,
rurales y locales.  Sin embargo, somos conscientes de que no es suficiente la protección en el ámbito
nacional de tales conocimientos, por lo que consideramos que su reconocimiento internacional comoelementos especiales de protección de propiedad intelectual conferirá a los beneficiarios la necesaria
seguridad de su derecho, así como la posibilidad legal de hacerlos valer en otros países.
Esas comunidades abrigan un interés legítimo y una expectativa de reconocimiento legal que
no es menor a la que en su momento justifico el reconocimiento de nuevos objetos de propiedadintelectual como las variedades vegetales, los esquemas de trazados de circuitos integrados, el
material biológico, el software y las bases de datos.
El reconocimiento internacional de los conocimientos tradicionales constituye un tema de
fundamental importancia para muchos países en desarrollo y desarrollados, y en especial paraVenezuela.  En ese sentido, abrigamos grandes expectativas con respecto a la próxima reunión del
Cmité Intergubernamental de la OMPI sobre propiedad intelectual, recursos genéticos,
conocimientos tradicionales y folklore, en cuya ocasión esperamos se produzca una discusión franca
y fructífera sobre estos temas.
Quisiéramos agradecer el interés demostrado por los Miembros en el examen de legislación
de Venezuela.  Específicamente, quisiéramos manifestar nuestro aprecio por las preguntas
formuladas por Canadá, los Estados Unidos, Japón, Suiza y la Unión Europea.  Las respuestas a esas
numerosas e interesantes preguntas, así como las respuestas a la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia (documento IP/C/5) fueron entregadas a la Secretaría para conocimiento de todos los
miembros.
Esperamos haber satisfecho con estas respuestas las inquietudes de los Miembros que
formularon preguntas y nos encontramos a disposición de estos o cualquier otros Miembros para
responder a solicitudes de aclaratoria adicionales.
B. D
ERECHO DE AUTOR
Se protegen las bases de datos y programas de ordenador como obras literarias y se
contempla el derecho de alquiler para las mismas.  La protección prevista para las obras es de
sesenta años, a partir de la muerte del autor.
C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
La protección mediante marcas se encuentra disponible para signos que identifiquen
productos y servicios. se contempla la protección del segundo significado o significado secundarioIP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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con respecto a signos intrínsecamente no distintivos que adquieran tal carácter mediante su uso.  No
se incorpora la figura de licencias obligatorias con respecto a las marcas.  Las marcas notoriamente
conocidas gozan de una protección especial.  El perí odo de protección de una marca es de 10 años y
el registro se renueva de forma automática, sin necesidad de presentar prueba de su uso.
D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Se protegen las indicaciones geográficas mediante las figuras de indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen.  Se refuerza la protección para las indicaciones geográficas
de vinos y bebidas espirituosas, prohibiéndose su uso no autorizado independientemente de que cree
confusión en el público.
E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Se brinda protección a los diseños textiles en la forma de diseños industriales.  La
protección del diseño industrial se extiende a 10 años.
F. PATENTES
Tal como lo exige el Acuerdo sobre los ADPIC, pueden ser objeto de patentes todas las
invenciones, bien sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología,
incluyendo el farmacéutico, que cumplan con los criterios de patentabilidad.  Se protege mediante
patentes los microorganismos, mientras se halle en curso el examen del Articulo 27.3(b) del Acuerdo
sobre los ADPIC y como resultado de este se adopten medidas distintas.  Se contempla el
otorgamiento de licencias obligatorias, pero sujetas a a los requisitos establecidos por el Acuerdosobre los ADPIC.  Se invirtió la carga de la prueba en las patentes de procedimiento.  La protección
de la patente se extiende a 20 años a partir de la presentación de la solicitud.
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS
Se protegen los esquemas de trazado de circuitos integrados, brindándoseles protección en el
campo de la propiedad industrial.  Se adoptan definiciones y se fijan los requisitos de protección y
los derechos conferidos por el registro.
H. INFORMACIÓN NO DIVULGADA
La protección de los secretos empresariales se extiende por el plazo que se mantengan las
condiciones que permitieron su protección.  Los datos de prueba presentados a autoridades
gubernamentales para la tramitación de autorizaciones de comercialización de productos químicos
agrícolas y farmacéuticos, se encuentran protegidos contra el uso comercial desleal.
I. OBSERVANCIA
Los titulares de derechos de propiedad intelectual tienen recursos a las vías administrativa,
civil y penal para hacer valer, sus derechos.  Además de multas, las penas pueden conllevar prisión.Existe una brigada especial para la prevención y represión contra la infracción de derechos de
propiedad intelectual (COMANPI), que opera por convenio interinstitucional entre instituciones
públicas y privadas con competencia en todo el territorio nacional.  El objetivo es coordinar
esfuerzos en el combate de la piratería, la falsificación y la adulteración en el país, con el fin de
establecer una estrategia conjunta no solo en materia de fiscalización sino también de promoción deuna cultura de respeto de la propiedad intelectual.  Del mismo modo, la Guardia Nacional esta
incorporada a los planes de prevención y represión indicados.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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Existe dentro de la Fiscalía General de la República, fiscales especiales con competencia a
nivel nacional en materia de propiedad intelectual.  Desde sede administrativa se practican
inspecciones y notificaciones para prevenir infracciones a derechos intelectuales, las cuales pueden
dar lugar a la imposición de sanciones (multas).
Se ofrece en sede administrativa un mecanismo de conciliación y mediación para la
resolución de conflictos relativos a derechos de propiedad intelectual que redunda en beneficio de
los titulares de derechos y conlleva considerables ahorros de inversión y de tiento.  Este mecanismo
ha venido funcionando con óptimos resultados.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR CANADÁ
1. Se ruega que describan de qué manera se han aplicado las obligaciones en materia de
observancia (artículos 41-61 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Sección 1:  Obligaciones generales
- Artículo 41
Los principios y garantías establecidos en el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se
encuentran recogidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Entre ellos figuran:  la tutela efectiva de los derechos subjetivos de los particulares así como una
justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
De igual forma, el artículo 49, numeral 1º establece la posibilidad de permitir que cualquier
persona declarada culpable en un procedimiento administrativo o judicial pueda recurrir del fallo
condenatorio.
Sección 2:  Procedimientos y recursos civiles y administrativos
- Artículo 42:  Procedimientos justos y equitativos
El ordenamiento jurídico venezolano prevé dentro de sus disposiciones constitucionales el
derecho de toda persona a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las
pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa según se desprende
del artículo 49, numeral 1º.
Igualmente consagra nuestra carta magna el derecho a ser oído en cualquier proceso con las
debidas garantías dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente,independiente e imparcial establecido con anterioridad (artículo 49, 3º de la Constitución Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela).
Con respecto a la posibilidad de que las partes puedan delegar su defensa en apoderado, el
artículo 49, 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que la defensa y
la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del
proceso.  En tal sentido, el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil consagra la facultad de
los particulares de poder obrar en juicio por sí mismas o por medio de apoderados.
- Artículo 43:  Pruebas
De conformidad con el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, la parte que deba
servirse de un documento que, según su manifestación, se halle en poder de su adversario podráIP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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pedir su exhibición.  A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en
su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un
medio de prueba que constituya por lo menos pres unción grave de que el instrumento se halla o se
ha hallado en poder de su adversario.  El Tribunal intimará al adversario la exhibición o entrega del
documento dentro de un plazo que le señalará bajo apercibimiento.  Si el instrumento no fuereexhibido en el plazo indicado, y no apareciere de autos prueba alguna de no hallarse en poder del
adversario, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada
por el solicitante y en defecto de ésta, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante
acerca del contenido del documento.
Este medio de prueba puede ser utilizado, igualmente, en el proceso penal venezolano y en
el procedimiento civil, en los cuales existe el principio de la libertad de prueba, que admite la
posibilidad de utilizar medios probatorios que estén establecidos en cualquier cuerpo legislativo.
Con respecto a la protección de la información confidencial, debemos señalar que en el
proceso penal todos los actos de la investigación son reservados para los terceros, de manera que
sólo las partes directamente relacionadas con el asunto, además de las autoridades judiciales y del
Ministerio Público, tienen acceso a las actas procesales y, en consecuencia, a las pruebas aportadas,
y por esta razón los funcionarios que participen en la investigación y las personas que por cualquiermotivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas están obligadas a guardar reserva
(Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal).
En el proceso civil rige el Principio de la Publicidad, según el cual todos los actos procesales
son públicos.  La única excepción a este principio es que el Tribunal determine lo contrario por
razones de decencia pública, según la naturaleza de la causa (Artículo 24 del Código deProcedimiento Civil).
En el procedimiento administrativo existe la libertad de pruebas, según la cual pueden
utilizarse los medios de prueba establecidos en cualquier cuerpo legislativo (Artículo 58 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos).  En consecuencia, es posible que la autoridad judicial
ordene a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas queestén bajo su control, a través de la prueba de "exhibición de documentos" que se explica en este
mismo cuestionario.
Asimismo en el procedimiento administrativo es posible, mediante acto motivado, calificar
de confidenciales alguno o todos los documentos existentes en el expediente administrativo
(Artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).
- Artículo 44:  Mandamientos Judiciales
i) Derecho de autor:
El titular de cualquiera de los derechos de explotación sobre alguna obra, producto o
producción protegidos por el derecho de autor puede pedir al Juez que declare su derecho y prohíba
a la otra persona su violación.  Para la efectividad de la prohibición el Juez conminará en la
sentencia con multa al ocurrir una contravención (Artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de
Autor).
El titular de cualquiera de los derechos de explotación sobre alguna obra, producto o
producción protegidos por el Derecho de Autor puede pedir al Juez que ordene la destrucción o
retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la
reproducción (Artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor).IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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Para el ejercicio de las acciones descritas en los párrafos anteriores, el Juez puede ordenar
inspecciones judiciales y experticias, así como cualquier otro medio de prueba previsto en el Código
de Procedimiento Civil (Artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor).
El Tribunal puede ordenar, a solicitud de la parte interesada, que el dispositivo de la
sentencia sea publicado a costa de la parte vencida en uno o varios periódicos que indicará el Juez(Artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor).
La autoridad nacional competente (Tribunal) puede ordenar el retiro definitivo de los canales
comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho (literal c) del artículo 57 de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos").
Los Tribunales competentes en materia penal pueden condenar a prisión desde seis (6)
meses y hasta cuatro (4) años a quien incurra en alguno de los delitos establecidos en la Ley sobre elDerecho de Autor (Título VII de la  Ley sobre el Derecho de Autor).
ii) Propiedad industrial:
El Tribunal competente puede anular una patente por declararla expedida en perjuicio de
mejor derecho de terceros (literal a) del artículo 17 y artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial).
El Tribunal competente puede anular el registro de una marca por declararlo expedido en
perjuicio de mejor derecho de terceros, o cuando promovida una cuestión sobre validez de una marca
el fallo haya declarado que la marca no ha debido ser concedida (literal c) del artículo 36 y
artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial).
La autoridad nacional competente (Tribunal), a solicitud de la persona afectada, puede
ordenar transferir la solicitud en trámite o el derecho concedido sobre una patente o un registro dediseño industrial, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho, cuando una
patente o registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a
obtenerlo.  Igualmente, cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de
otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la
autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular delderecho (Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni dad Andina de Naciones
"Régimen Común sobre Propiedad Industrial").
La autoridad nacional competente puede ordenar el cese de los actos que constituyen la
infracción;  el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción;  la
prohibición de la importación o de la exportación de los productos;  la adjudicación en propiedad delos productos;  la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la
infracción, incluyendo la destrucción de los productos o el cierre temporal o definitivo del
establecimiento demandado o denunciado;  la publicación de la sentencia condenatoria y su
notificación a las personas interesadas, a costa del infractor (Artículo 241 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina de Naciones  "Régimen Común sobre Propiedad Industrial").
Los Tribunales competentes en materia penal pueden condenar a prisión desde un (1) mes y
hasta doce (12) meses a quien incurra en alguno de los delitos establecidos en la Sección II,Capítulo XII de la Ley de Propiedad Industrial.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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- Artículo 45:  Perjuicios
El Derecho Común venezolano establece el prin cipio según el cual "El que con intención, o
por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo"
(Artículo 1185 del Código Civil), estando comprendido dentro de ello cualquier situación en la cual
exista un daño comprobado, situación en la cual el Tribunal competente expedirá una sentenciacondenatoria al pago de una cantidad de dinero por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios,
independientemente de la materia que se trate.  El titular de un derecho de Propiedad Intelectual
también se beneficia de ese principio.
El sistema procesal venezolano establece varias disposiciones relativas a los gastos del juicio
y los honorarios de los abogados, lo que nuestro legislador ha denominado "costas procesales", que
incluyen los gastos hechos por cada parte en la formación del proceso y los honorarios pagados a
abogados, peritos y demás profesionales que hayan intervenido en el proceso.  De acuerdo con esasprevisiones, como principio general, el Tribunal condenará a la parte que resulte vencida en un
proceso o una incidencia al pago de las costas procesales (Artículos 274 al 287 del Código de
Procedimiento Civil).
Sin embargo existen algunas previsiones particulares:
i) Derecho de autor:La autoridad nacional competente podrá ordenar el pago al titular del derecho infringido de
una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con
motivo de la violación de su derecho, así como que el infractor asuma el pago de las costas del
proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido (literales a) y b) del artículo 57 de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena  "Régimen Común sobre Derecho de Autory Derechos Conexos").
ii) Propiedad industrial:
La Decisión 486 dispone en su artículo 239 que el titular de una patente podrá ejercer acción
judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad
durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda serconsultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.
La autoridad nacional competente puede ordenar la indemnización de daños y perjuicios
(literal b) del artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones
"Régimen Común sobre Propiedad Industrial").  A los fines de calcular la indemnización de daños y
perjuicios, se deben seguir los criterios establecidos en el artículo 243 del "Régimen Común sobrePropiedad Industrial", que son los siguientes:  el  daño emergente y el lucro cesante sufrido por el
titular del derecho como consecuencia de la infracción;  el monto de los beneficios obtenidos por el
infractor como resultado de los actos de infracción;  o el precio que el infractor habría pagado por
concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y
las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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- Artículo 46:  Otros recursos
Los jueces pueden ordenar el retiro de los canales comerciales de aquellas mercancías que
violen derechos de propiedad intelectual, así como la destrucción de las mismas, ello bien como
medida provisional decretada por un tribunal o como sanción en una sentencia condenatoria, a saber:
En materia de medidas en frontera el órgano competente en materia de Propiedad Intelectual
podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, impedir el desaduanamiento de la
mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular
del derecho en cualquier caso de infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.
Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la
mercancía cuestionada la retención de la misma.  (Artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas.)
En este mismo sentido la norma comunitaria Decisión 486 del Régimen Común Sobre
Propiedad Industrial, en el TÍTULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DEDERECHOS, CAPÍTULO III, De las Medidas en frontera, establece un procedimiento a tales fines,
en los artículos 250 al 255 de la referida Decisión.
En materia de propiedad industrial la Ley establece en el artículo 105 que en:
"Toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la
destrucción de los elementos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión deldelito, así como los objetos que provengan del mismo."
En el caso de la Ley Sobre Derecho de Autor (Artículo 97), se contempla una acción o
pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente
reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.
El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos
empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción o
comunicación diferente (Artículo 110).
Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el
aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en el
cual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a unmuseo público.  La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios
(artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor y artículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos").
- Artículo 47:  Derecho de información
La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece en el artículo 242 que los
países miembros podrán disponer, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la
infracción, que las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del
derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la distribución y producción de
los bienes y servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.  Esta norma contempla el
mismo espíritu del artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En nuestro derecho es una garantía constitucional el que nadie está obligado a reconocer
culpabilidad contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni contra sus familiares hasta el cuarto grado deconsanguinidad y segundo de afinidad (Artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela).IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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Cuando se trata de terceros, la confesión que se produzca en este sentido de parte de un
indiciado respecto de otro, es valorada como indicio en un procedimiento penal y no como plena
prueba.
Sin embargo existe una prerrogativa para el infractor que informa acerca de los hechos
enunciados en la pregunta, es el caso de la absolución en juicio de unas posiciones juradas(Artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, prueba de la confesión), lo que dependería en todo
caso, de las preguntas y de la asertividad con que estén formuladas.
Otra forma de lograr que el infractor informe sobre las circunstancias enunciadas en la
pregunta, aunque no implica una orden impuesta por  la autoridad judicial, es el supuesto de
suspensión del ejercicio de la acción penal cuando se trate de hechos producto de la delincuencia
organizada y el imputado, en este caso el infractor de algún derecho de Propiedad Intelectual,
colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe eldelito o se realicen otros (Artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal).
- Artículo 48:  Indemnización al demandado
La acción por daños y perjuicios no sólo la tiene el demandante o el titular del derecho de
propiedad intelectual, la indemnización por daños y perjuicios también es posible para aquel que
haya sido víctima de la temeridad del demandante, de tal manera que el principio citado en elartículo 1185 del Código Civil venezolano aplica en estos casos.
Cuando es acordada por un Tribunal la realización de alguna medida preventiva,
normalmente se exige al demandante una caución de acuerdo con la legislación procesal, lo que
funge como garantía para el demandado por los daños que se le pudieran causar.  Asimismo es
importante señalar que el juez podrá solicitar al demandante que caucione suficientemente antes deacordar la ejecución de una medida cautelar (Artículo 247 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina de Naciones).
Como apoyo a lo expuesto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
reconoce la obligación del Estado venezolano de indemnizar a las víctimas de violaciones de
derechos humanos que le sean imputables, incluido el pago de daños y perjuicios (Artículo 30), loque es la norma general sobre la responsabilidad del Estado por actuaciones indebidas, lo que
incluye la actuación de sus funcionarios.  Igualmente, es la base de la responsabilidad extra-
contractual de la Administración Pública al hacer factible la reclamación de indemnizaciones por
daños ocasionados por su actuación.
- Artículo 49:  Procedimientos administrativos
En el procedimiento administrativo existe la libertad de pruebas, según la cual pueden
utilizarse los medios de prueba establecidos en cualquier cuerpo legislativo (Artículo 58 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos).  En consecuencia, es posible que la autoridad judicial
ordene a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que
estén bajo su control, a través de la prueba de "exhibición de documentos" que se explicó en este
mismo informe.
En el procedimiento administrativo es posible, mediante acto motivado, calificar de
confidenciales alguno o todos los documentos existentes en el expediente administrativo (Artículo
59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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No está previsto en nuestra legislación que el órgano administrativo pueda ordenar medidas
tales como destrucción de las mercancías infractoras o cierre temporal o definitivo del
establecimiento.
Sección 3:  Medidas provisionales
- Artículo 50
i) Derecho de autor
El Juez puede ordenar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de
explotación, así como el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre
que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama
(Artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor).
La autoridad nacional competente puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato
de la actividad ilícita;  la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, segúncorresponda, de los ejemplares producidos con infracción;  la incautación, embargo, decomiso o
secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito (Artículo 56 de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos").
ii) Propiedad industrialPueden ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan
la presunta infracción;  el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
presunta infracción;  la suspensión de la importación o de la exportación de los productos;  la
constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;  y el cierre temporal del
establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación orepetición de la presunta infracción (Artículo 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común de Propiedad Industrial").
Puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una
patente o de una marca, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la ley o la
suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por ladefinitiva, para lo cual el Tribunal podrá exigir caución suficiente (Artículo 136 de la Ley Orgánica
de la Corte Suprema de Justicia).
Puede solicitarse por vía de amparo constitucional ante el Tribunal competente como medida
provisional, la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una
marca por razones de inconstitucionalidad y siempre que se cumplan los requisitos para las medidaspreventivas, el fumus boni juris  y el pericullum in mora  (Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales).
Para ambos casos, el del Derecho de Autor y el de la Propiedad Industrial, es posible
solicitar cualquier clase de medidas preventivas o "medidas innominadas", siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en la ley (Parágrafo Primero del Artículo 588 del Código de
Procedimiento Civil).
En materia de Propiedad Intelectual las medidas provisionales o preventivas pueden pedirse
antes de iniciar la acción (sólo en materia de derecho de autor), conjuntamente con ella o con
posterioridad a su inicio.  Para que el Tribunal ordene alguna de las medidas provisionales oIP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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preventivas, es necesario que el solicitante consigne algún medio probatorio que haga presumir la
existencia de alguna infracción o su inminencia.
Las medidas provisionales se mantendrán hasta el final del juicio, salvo que el demandado
solicite al Tribunal la suspensión de la misma mediante el otorgamiento de una caución o garantía
suficiente, lo que quedará a juicio del Tribunal.
El demandado tiene el derecho de oponerse a la medida preventiva acordada en el tercer día
siguiente a la ejecución de la misma, para lo cual se abrirá una articulación probatoria de ocho días
para que sean promovidas y evacuadas las pruebas que consideren pertinentes las partes, lo que será
decidido por el Tribunal mediante sentencia que debe rá dictar dentro de los dos días siguientes de
haber expirado la articulación probatoria.
Como protección para el demandado, en determinadas circunstancias el Tribunal solicitará
caución al solicitante para decretar la medida preventiva.
La medida provisional o preventiva existente en nuestro procedimiento administrativo es la
suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido en el caso de que su ejecución pudiera
causar grave perjuicio al interesado.
Sección 4:  Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
- Artículos 51 al 60
Sin menoscabar la potestad aduanera, la cual está orientada a facultar a las autoridades
competentes para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo 7°, autorizar o impedir su
desaduanamiento, ejercer los privilegios fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las
sanciones procedentes y en general, ejercer los controles previstos en la legislación aduanera
nacional.  (Artículo 6 de la Ley Orgánica de Aduanas), las autoridades aduaneras deberán, a solicituddel órgano competente en materia de propiedad intelectual, impedir el desaduanamiento de bienes
que presuntamente violen derechos marcarios obtenidos en el país o derivados de acuerdos
internacionales de los que la República sea parte.
El órgano competente en materia de propiedad intelectual podrá solicitar a la autoridad
aduanera, mediante acto motivado, impedir el desaduanamiento de la mercancía en cualquiermomento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho marcario, la
cual deberá ser fijada por el órgano competente.
Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la
mercancía cuestionada, la retención de la misma (Artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas).
En este mismo sentido la norma comunitaria Decisión 486 - Régimen Común Sobre
Propiedad Industrial, contiene en el TÍTU LO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE
DERECHOS, CAPÍTULO III, De las Medidas en Frontera un procedimiento a tales fines,
establecido en los artículos 250 al 255 de la referida Decisión.
Este régimen no es aplicable cuando se trate de pequeñas cantidades de mercancías sin
carácter comercial, que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en
pequeñas partidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina de Naciones.
También es importante señalar que el titular de un registro marcario no podrá impedir a
terceros realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, luego de laIP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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introducción del mismo en el comercio en cualquier país por su titular o por un tercero con
consentimiento del mismo o económicamente vinculado a él, inclusive cuando los productos,
envases o embalajes que estuvieren en contacto directo con ellos no hubieren sufrido ninguna
modificación, alteración o deterioro (Artículo 1 58 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de
Naciones).  Ello, porque tal y como lo expresamos en las preguntas de observancia referidas a lamateria penal, ello está tipificado como delito de conformidad con el artículo 338 del Código Penal.
En este sentido Venezuela reconoce las importaciones paralelas.
Las normas y procedimientos en esta materia deben ser complementadas con la legislación
nacional, sin embargo la Decisión 486 en el TÍTULO XV Capítulo III MEDIDAS EN FRONTERA,
artículos 250 al 255 establece normas adjetivas al respecto.  En este sentido, corresponde al titular de
un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación
o la exportación de productos que infringen ese registro, solicitar a la autoridad nacional competentesuspender esa operación aduanera.  Para ello deberá suministrar a dicha autoridad la información
necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la
presunta infracción para que puedan ser reconocidos (Artículo 250 de la Decisión 486.)
Podrá permitirse al titular de la marca, a efectos de fundamentar sus reclamaciones,
participar en la inspección de las mercancías retenidas.  Igual derecho corresponderá al importador oexportador de las mercancías.
Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para
proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente (Artículo 251 de la Decisión 486).
Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará
o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.
En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del
consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de
las mercancías objeto de la suspensión.  Asimismo, notificará la suspensión al importador o
exportador de los productos.  (Artículo 252 de la Decisión 486.)
Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la
operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la
autoridad nacional competente hubiere prolonga do la suspensión, la medida se levantará y se
procederá al despacho de las mercancías retenidas (Artículo 253 de la Decisión 486).  Una vez
determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que se hubieren incautado, no
podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casosdebidamente calificados, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca
(Artículo 255 de la Decisión 486).
Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá presentar
oposición a ésta y el juez competente procederá a modificar, revocar o confirmar la suspensión
(Artículo 254 de la Decisión 486).
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del
derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podráordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.
En Venezuela en principio, las medidas de oficio por parte de un Tribunal Civil no son
aplicables, sino que deben solicitarse dentro de un procedimiento judicial.  Estas pueden ejecutarse
de oficio si en virtud de una acción penal son solicitadas por el Ministerio Público, caso en el cual
esas mercancías deben ser objeto de depósito hasta tanto se determine o no la comisión de un hechoIP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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punible.  Si estamos frente a un hecho que constituya contrabando, las mismas pueden ser objeto de
destrucción.  Estas medidas pueden ser ejecutadas por las autoridades de Resguardo, es decir, la
Guardia Nacional en operativos de contrabando, por supuesto de drogas y por denuncias que se
hayan practicado en virtud del Código Penal y de la comisión de delitos.
Es importante señalar que según el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas corresponde a
la autoridad aduanera la ejecución de medidas en frontera, pero como éstas son solicitadas en juicio
en virtud de un proceso de investigación por denuncia o demandas, es la autoridad judicial la
competente para dictarlas.
Se pueden solicitar todas las medidas que a continuación se señalan de conformidad con el
artículo 241 de la Decisión 486 de  la Comunidad Andina de Naciones:
a) Cese de los actos que constituyen la infracción;
b) Indemnización de daños y perjuicios;c) Retiro de los circuitos comerciales;
d) Prohibición de importación o exportación;
e) Adjudicación en propiedad de los productos;
f) Destrucción de los productos;
g) Cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado;h) Publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas
a costa del infractor.
Además de lo antes expuesto el Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de
solicitar medidas innominadas previo establecimiento de los supuestos contenidos en el artículo 588
del mismo.
Tal y como lo establece el artículo 247 de la Decisión 486 de la CAN, para la solicitud de
dichas medidas, quien las pida debe acreditar su legitimación para actuar, la existencia del derecho
infringido, pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su
inminencia.  En materia de Aduanas, de conf ormidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica de
Aduanas, se exigirá caución o garantía suficiente.
Sección 5:  Procedimientos penales
- Artículo 61
En materia penal y conforme a lo dispuesto en  el Código Orgánico Procesal Penal (COPP),
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5.208
(extraordinario) de fecha 23 de Enero de 1998, el cual derogó al Código de Enjuiciamiento Criminal,la competencia está determinada desde el punto de vista territorial de acuerdo al lugar donde el delito
o falta se haya consumado (Artículo 53 COPP).  Los tribunales penales se organizan en cada
circunscripción judicial en dos instancias:  una primera instancia, integrada por tribunales
unipersonales, mixtos y de jurados;  y otra de apelaciones, integrada por tribunales colegiados de
jueces profesionales.  El control de la investigación y la fase intermedia están a cargo de un tribunal
unipersonal que se denomina tribunal de control y la fase de juzgamiento corresponde a los
tribunales de juicio (Artículo 103 del COPP), en el entendido de que cuando el Código Orgánico
Procesal Penal se refiere al Tribunal o juez de Control, al tribunal o juez de juicio y al tribunal o juez
de ejecución, debe entenderse que se refiere  siempre al Juez de primera Instancia en Función de
control, juicio o ejecución de sentencia,  respectivamente (Artículo 104 del COPP).
En el caso que nos ocupa, corresponde a los tribunales unipersonales tanto de control como
de ejecución, el conocimiento de los delitos de propiedad industrial establecidos tanto en el CódigoIP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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Penal como en la Ley de Propiedad Industrial ya que los delitos establecidos en los artículos 338 al
340 del Código Penal y 98 al 101 de la Ley de Propiedad Industrial, prevén penas menores de cuatro
años.
El Código Penal establece sanciones a la infracción de derechos tanto de Propiedad
Industrial como de Derecho de Autor.  En tal sentido el artículo 338 del Código Penal establece penade prisión de 1 a 12 meses a quien hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos
distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera, así como a quien
haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados,
aunque la falsedad proviniere de un tercero.  La misma pena se aplicará a quien hubiere contrahecho
o alterado los dibujos o modelos industriales y a quien haya hecho uso de los mismos así
contrahechos o alterados aunque la falsedad proviniere de un tercero.
El artículo 339 del mismo Código Penal castiga con prisión de uno (1) a doce meses (12) a
quien con el objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra
manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o
signos distintivos falsificados o alterados capaces de inducir a error al comprador respecto de su
origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente
registrada en Venezuela.
El artículo 340 del referido Código castiga con prisión de quince días (15) a tres meses (3) a
quien hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones
industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su
posición o empleo o en razón de su profesión, arte o industria y con prisión de quince días (15) a seis
meses (6) si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo.
En el mismo orden de ideas la Ley de Propiedad Industrial castiga con prisión de uno (1) a
doce meses (12) a quien atente contra los derechos del legítimo titular o poseedor de una patente,
fabricando, ejecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro, sin el
consentimiento bien expreso o tácito del titular, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la
patente y a quien para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor use, fabrique oejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan (Arts. 98 y 99).
Asimismo serán castigados con prisión de uno (1) a doce meses (12) quienes designen un
establecimiento como sucursal de otro que tenga denominación comercial registrada y quien
dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el
esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la Ley de Propiedad Industrial (Arts. 100 y101 respectivamente).
En materia de Derecho de Autor se considera delito el empleo sin consentimiento del titular
del respectivo derecho, del título de una obra, la comunicación en forma original o elaborada íntegra
o parcialmente de obras del ingenio, ediciones de obras ajenas, textos, fotografías o productos
obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas
cinematográficas, equiparadas a  la fotografía, así  como la distribución de obras del ingenio
inclusive ejemplares de fonogramas y la retransmisión o emisión no autorizada  por los organismosde radiodifusión con prisión de seis (6) a dieciocho (18) meses (Artículo 119 de la Ley sobre el
Derecho de Autor).
Asimismo se castiga con prisión de uno (1) a cuatro (4) años a quien intencionalmente
reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente obras del ingenio, ediciones de
obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a lafotografía, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación
reproducciones ilícitas de las mismas.  (Artículo 120 de la Ley sobre el Derecho de Autor).  Con laIP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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misma pena se castiga a quien copie por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante,
un fonograma o emisión de radiodifusión en todo o en parte, o quien introduzca en el país, almacene,
distribuya, venda o ponga en circulación dichas reproducciones o copias (Artículo 121 de la Ley
sobre el Derecho de Autor).
La autoridad pública en Venezuela competente para la iniciación de los procedimientos
penales es el Ministerio Público al cual, de co nformidad con el artículo 105 del Código Orgánico
Procesal Penal, le corresponde en el proceso penal:
1º Dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de
policía de investigaciones para establecer la identidad de sus autores y partícipes.
2º Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en
cuanto se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción.
3º Formular la acusación y ampliarla, cuando haya lugar, y solicitar la aplicación de la
penalidad correspondiente.
4º Ordenar el archivo de los recaudos, mediante resolución fundada, cuando no existan
elementos suficientes para proseguir la investigación.
5º Prescindir, en los casos permitidos por la Ley, del ejercicio de la acción penal.
6º Solicitar, cuando corresponda, el sobreseimiento de la causa o la absolución del
imputado.
7º Proponer la recusación contra los funcionarios judiciales, así como la de los
escabinos y jurados.
8º Ejercer la acción civil derivada del delito, cuando así lo disponga este Código.
9º Requerir del tribunal competente las medidas cautelares pertinentes.10º Actuar en todos aquellos actos del proceso que según la Ley requieran de su
presencia.
11º Ejercer los recursos contra las decisiones que recaigan en los juicios en que
intervenga.
12º Velar por los intereses de la víctima en el proceso,13º Requerir del tribunal competente la separación del proceso del querellante, cuando
éste con su intervención obstruya reiteradamente la acción fiscal.
14º Las demás que le sean atribuidas por este Código u otras leyes.
En efecto el Ministerio Público puede iniciar de oficio el procedimiento o hacerlo a instancia
de la parte agraviada.  En el caso de los artículos 338 y 339 del Código Penal los delitos allícontemplados son de acción pública de tal manera que corresponde al Ministerio Público iniciar la
acción de oficio, aunque ello no obsta que un particular denuncie el hecho ante el Ministerio Público
o un funcionario público de conformidad con el artículo 92 del Código Penal.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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En los casos referidos en los artículos 340 del Código Penal y 98 al 101 de la Ley de
Propiedad Industrial la acción no podrá iniciarse sino a instancia de la parte agraviada.  Este tipo de
delitos son denominados en nuestra legislación de acción privada.
Los delitos establecidos en los artículos 119 al 122 contenidos en el TÍTULO VII
SANCIONES PENALES de la Ley Sobre Derecho de Autor sólo se iniciarán mediante denuncia dela parte agraviada (Artículo 123 de la Ley sobre el Derecho de Autor).
Los titulares de derechos de propiedad industrial, los licenciatarios o sus apoderados.
En el caso de derecho de autor puede intentar la acción cualquier titular de uno de los
derechos de explotación reconocidos por el propio texto legal, sea titular originario, derivado o por
efecto de la Ley, bien de un derecho de autor, de un derecho afín o de un derecho conexo al derecho
de autor.  En este sentido debe entenderse que entre los titulares se encuentran el autor y sus
derechohabientes (bien por transferencia mortis causa o acto entre vivos) conforme a los artículos 5,29 y 50 de la Ley sobre Derecho de Autor, el productor de la obra audiovisual (Artículo 15 de la Ley
sobre el Derecho de Autor), de la radiofónica (Art ículo 16 de la Ley sobre el Derecho de Autor) o
del programa de computación (Artículo 17 de la Ley sobre el Derecho de Autor), así como el
patrono o el comitente, en los casos en que la obra se haya creado bajo relación de trabajo o por
encargo (Artículo 59 de la Ley sobre el Derecho de Autor) en virtud de la presunción de cesión delos derechos patrimoniales establecida en los dispositivos pertinentes, el editor o divulgador de la
obra anónima, como representante legal del autor (Artículo 8 de la Ley sobre el Derecho de Autor),
el fotógrafo (Artículo 38 de la Ley sobre el Derecho de Autor), el editor de una obra que represente
el resultado de una labor científica (Artículo 36 de la Ley sobre el Derecho de Autor) y el divulgador
de una obra póstuma (Artículo 37 de la Ley sobre el Derecho de Autor), estos tres últimos comotitulares de derechos afines;  y los titulares de derechos conexos, es decir, los artistas, intérpretes o
ejecutantes (Artículo 92 de la Ley sobre el Derecho de Autor), los productores de fonogramas
(Artículos 95 y 96 de la Ley sobre el Derecho de Autor) y los organismos de radiodifusión
(Artículo 101 de la Ley sobre el Derecho de Autor), o sus respectivos derechohabientes.
Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona
jurídica, cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan y las asociaciones, fundaciones
y otros entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la
agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la
perpetración del delito (Ordinales 3º y 4º del Artículo 116 del Código Orgánico Procesal Penal).
Tal como lo contemplan  la Ley de Propiedad Industrial, el Código Penal y la Ley Sobre
Derecho de Autor, existe pena de prisión que puede ir según los casos contemplados en dichas
legislaciones, de un mes a cuatro años para castigar las conductas que infringen derechos de
propiedad intelectual.
i) Sanciones pecuniarias
Además de la pena de prisión establecida en el Código Penal y en la Ley de Propiedad
Industrial se castiga con multa de cincuenta a mil bolívares:
1) Los que sin haber obtenido una patente o sin gozar de los privilegios de la misma, la
invoquen como si disfrutasen de ella.
2) Los que usen una marca, dibujo o modelos industriales sin tener el correspondiente
certificado de registro e indiquen que la marca, dibujo o modelo, están registrados.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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3) Los que tengan una marca para determinada clase de productos y la apliquen como
marca registrada para productos pertenecientes a una clase diferente, y
4) Los que en forma dolosa, pretendan mantener como válido un registro que haya
perdido sus efectos de acuerdo con la declaración pública de la autoridad
competente.  En caso de reincidencia, la pena señalada en el presente artículo seconvertirá en prisión proporcional (Artícul o 102 de la Ley de Propiedad Industrial).
En materia de derecho de autor, la resolución judicial que declare con lugar la pretensión del
cese de la actividad infractora, puede estar acompañada de una sanción pecuniaria, independiente de
la que se aplique en el ámbito penal.  En la reforma de la Ley sobre el Derecho de Autor de 1993 se
establece una multa, no ya en caso de una futura violación como lo establecía la Ley de 1962, sino
como consecuencia de haberse comprobado en el proceso instaurado con motivo de la pretensión
inhibitoria, la ocurrencia de una contravención al derecho del accionante.
Quiere decir entonces que si en el proceso se prueba la violación, el Juez, a solicitud de la
parte agraviada, debe conminar al demandado con una multa no mayor del equivalente a veinte (20)
salarios mínimos, convertible en arresto a razón de quinientos bolívares por cada día de arresto y, en
caso de reincidencia, dicha sanción puede duplicarse.  Además de lo establecido, la modificación del
artículo 95 de la derogada Ley sobre el Derecho de Autor, ahora 109, faculta al juez para imponer alinfractor la multa una vez que dé por comprobada la violación del derecho, sin tener que esperar una
nueva contravención como lo exigía el antiguo texto.
Es evidente que la sanción de multa es independiente de una eventual condena por
resarcimiento por daños y perjuicios.
ii) Confiscación, decomiso, y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción
En materia de propiedad industrial, la Ley sobre la materia establece en el artículo 105 que
en:
"Toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la
destrucción de los elementos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión deldelito, así como los objetos que provengan del mismo."
En el caso de la Ley sobre el Derecho de Autor (Artículo 97), se contempla una acción o
pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente
reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.
El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos
empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción o
comunicación diferente (Artículo 110).
Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el
aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en el
cual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a un
museo público.  La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios.
iii) Otras medidasEn Venezuela el artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor dispone que el tribunal
puede, a solicitud de la parte interesada, ordenar que el dispositivo de la sentencia dictada conIP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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motivo de cualesquiera de las acciones contempladas en su texto, sea publicado a costa de la parte
vencida, en uno o varios periódicos indicados por el juez.
Si bien se trata de una atribución facultativa de la autoridad judicial, la orden de publicar la
parte dispositiva de la sentencia ha sido práctica corriente en los casos tramitados en nuestro país por
la vía jurisdiccional civil, siempre que por supuesto, haya sido solicitada por la parte reclamante.
En materia penal nuestro Código Penal establece en el artículo 338 como facultativo del juez
penal el disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa del reo.  Ello a
diferencia de lo que sucede en materia civil ha sido poco frecuente.
También en materia de Derecho de Autor el Juez podrá decretar la publicación por la prensa
de la sentencia condenatoria o absolutoria, a costa del reo  o del denunciante, según los casos.
(Artículo 124 de la Ley sobre el Derecho de Autor)
Como medidas correctivas que también pueden solicitarse de conformidad con el artículo 11
de la de la Ley sobre el Derecho de Autor, se encuentran el embargo de los proventos que
correspondan al titular del derecho de explotación litigioso y el secuestro de todo lo que constituya
violación del derecho de explotación, medidas esta s que sólo pueden decretarse de conformidad con
el mismo artículo cuando se acompañe un medio pr obatorio que constituya presunción grave del
derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunos de los mediosprobatorios, pero además de las regulaciones específicas que sobre la materia contiene el derecho
autoral, son siempre aplicables, por vía supletoria las disposiciones del Código de Procedimiento
Civil, de suerte que las medidas indicadas no impiden la práctica de otras, como por ejemplo, la
prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, o que se tomen con fundamento al parágrafo
primero del artículo 588 del mismo Código, las providencias adecuadas (medidas innominadas), deexistir el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación
al derecho de la otra, ello funciona también para los derechos de propiedad industrial.
Además de todo lo expuesto el Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de
aplicar otro tipo de medidas de las establecidas en las leyes, previo cumplimiento de determinados
requisitos, denominadas medidas innominadas.  (Artículo 588)
La reforma del antiguo Código de Enjuiciami ento Criminal por el nuevo Código Orgánico
Procesal Penal versó entre otras cosas en el diseño de un nuevo procedimiento penal que garantizara
los principios de:  dualidad, audiencia, igualdad, celeridad procesal, oficialidad, oportunidad y
legalidad entre otros, principios éstos además de orden constitucional.
En este sentido el principio de dualidad se refiere a la existencia de dos partes en el proceso
en posiciones contrapuestas:  acusador y acusado donde el juez actúa como un tercero imparcial.
Según el de Audiencia (" Audiatur et altera pars "), nadie puede ser condenado sin ser oído,
pero esto no significa que funcione sólo para el acusado, también el acusador debe ser oído bien
cuando formule su imputación o cuando solicite una resolución jurisdiccional, es el caso de la
práctica anticipada de pruebas irrepetibles (Artículo 316), la decisión sobre la apertura a juicio
(Artículo 334) y el debate en el juicio oral (Art ículos 347 y siguientes) todos del Código Orgánico
Procesal Penal.
El de igualdad supone que las partes dispongan de los mismos derechos, oportunidades y
cargas para la defensa de sus intereses.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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El de Oficialidad:  a través de él se obtiene la ventaja, desde la perspectiva de los intereses
públicos, de controlar la persecución penal a través de órganos estatales naturalmente diferentes, que
deberán ocuparse de aquella y del enjuiciamiento.
Los de Oportunidad y Legalidad:  El de oportunidad se contrapone al de legalidad.  Según
este último el Ministerio Público estará obligado a ejercitar la acción por todo hecho que revista loscaracteres de delito, siempre que de la investigación practicada resulten elementos de cargo
suficientes para mantener la acusación.
El principio de oportunidad se concreta en constituir una excepción al de legalidad.  Supone
la posibilidad de abstenerse de perseguir determinadas conductas delictivas, o de suspender el
procedimiento en curso, con o sin condiciones para ello, lo cual en el derecho anglosajón se traduce
en las figuras del plea of guilty , confesión dirigida a evitar el juicio, y del plea bargaining ,
negociación entre el fiscal y el imputado que supone pactar la acusación con toda su extensión y, deeste modo, reducir o mutar a conveniencia, si es el caso, el hecho penal en sí mismo considerado.
Es de acuerdo a estos principios que la reforma del proceso penal en Venezuela se encamina
hacia la agilización y modernización de los procesos, pero mal puede señalarse un tiempo preciso de
la duración del proceso o los costos, pues ello dependerá en gran medida del monto de los bienes
objeto de litigio y de la estimación de los daños ocasionados bien por lucro cesante o dañoemergente, lo cual es particular en cada caso.  En algunos casos en la fase preparatoria e
investigativa donde ya ha sido posible la identificación del presunto indiciado, el Ministerio Público
puede demorar seis meses y solicitar una prórroga a los fines de conseguir elementos para la
solicitud del enjuiciamiento.
Además, y en función de la celeridad procesal y de la eficacia de la justicia es posible para el
agraviado ejercer la acción civil por daños y perjuicios derivada del delito, la cual además puede ser
apreciada y decidida por el Juez Penal, opción ésta que tiene el titular y que contribuye a la
agilización del procedimiento y a la satisfacción de su derecho.  Este es el espíritu de la acción por
daños y perjuicios contemplada el artículo 1185 del Código Civil Venezolano y los artículos 241
literal b) y 243 de la novísima Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, así como lodispuesto en nuestra legislación ya contemplado en otras partes del cuestionario.
2. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de
su país?
La República Bolivariana de Venezuela es uno de los países signatarios y ratificantes del
"Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas" del 9 de septiembre
de 1886 y de su Apéndice, siendo en consecuencia Ley de la República.  En ese sentido, el
mencionado Convenio consagra en su artículo 3 los criterios para la protección, siendo el mismo del
tenor siguiente:
"1) Estarán protegidos en virtud del presente Convenio:
a) Los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras,
publicadas o no;
b) Los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por
las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o,
simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la
UniónIP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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2) Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su
residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho
país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio.(…)"
En lo que respecta a los Derechos Conexos, la "Convención Internacional sobre la
Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y losOrganismos de Radiodifusión" (Roma, 1961), ha sido, igualmente, suscrita y ratificada por la
República Bolivariana de Venezuela.  La Convención mencionada en su artículo 2 establece el
principio del trato nacional:
"1. A los efectos de la presente Convención se entenderá por 'mismo trato que a los
nacionales' el que conceda el Estado Contratante en que se pida protección, en
virtud de su derecho interno:
a) a los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado,
con respecto a las interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por
primera vez o radiodifundidas en su territorio;
b) a los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho Estado, con
respecto a los fonogramas publicados o fijados por primera vez en su
territorio;
c) a los organismos de radiodifusión que tengan su domicilio legal en el
territorio de dicho Estado, con respecto a las emisiones difundidas desde
emisoras situadas en su territorio.(…)"
Por su parte, el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
reconoce de forma expresa la vigencia de los Tratados Internacionales en materia de PropiedadIntelectual, de la forma siguiente:
"Artículo 98.  (…) El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras
científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes,
marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los
tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia." (Subrayado
nuestro)De tal forma que en nuestra legislación se encuentra incluido el principio del trato nacional
referido en los tratados internacionales sobre derecho de autor, lo que es de obligatorio
cumplimiento por parte de las autoridades administrativas y judiciales.
El derecho interno venezolano sobre derecho de autor (Ley sobre el Derecho de Autor y su
Reglamento) recoge todos los principios sustantivos y adjetivos que se encuentran consagrados en
los tratados internacionales relacionados con la materia.
Las obras extranjeras en Venezuela tienen la misma protección que las obras nacionales y
ella se realiza en los términos enunciados por los principios establecidos en los Tratados
Internacionales.
3. ¿Cuáles son las mejoras fundamentales que introduce la Decisión 486 sobre la
propiedad intelectual, que entró en vigor el 1º de diciembre de 2000, con respecto a lasobligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC?IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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La nueva norma subregional recoge dentro de su texto y de conformidad con el Acuerdo
sobre los ADPIC:
• Cláusula de trato nacional y nación más favorecida
• Mecanismo de protección de esquemas de trazado (topografías) de circuitos
integrados
• Medidas de observancia o de tutela de los derechos de propiedad industrial (medidas
cautelares, civiles, administrativas, y en frontera)
• Regulación de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial
• Plazo de duración para los diseños industriales
• Campo de patentabilidad (materia patentable y exclusiones de patentabilidad)
• Patentes de segundo uso
• Secretos empresariales
A continuación se presenta un breve comentario concerniente a los aspectos precitados, los
cuales responden a la adecuación del régimen andino al Acuerdo sobre los ADPIC.  De la misma
forma se comentan algunos otros cambios que responden al mejoramiento técnico del régimen
común de propiedad industrial:
Se incorporan dentro de la nueva Decisión Disposiciones Generales, referidas al trato
nacional mediante el cual se dispone que para la protección de la propiedad industrial cada país
Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la CAN, de la OMC y del Convenio
de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), un trato no menos favorable que el que
otorgue a sus propios nacionales.  Este mismo tratamiento podrá concederse a un tercer país, bajo las
condiciones que prevea la legislación interna del respectivo país Miembro.
Se incorpora una norma sobre el trato de la nación más favorecida, relativa a la extensión de
toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concerniente a la propiedad industrial que conceda un
país Miembro a los nacionales de otro país Miembro de la CAN, a los nacionales de cualquier
miembro de la OMC o del CUP.
En relación con la materia que no puede ser objeto de protección mediante el sistema de
patentes se clarifican cada uno de los supuestos y se armonizan con el Acuerdo sobre los ADPIC
(artículos 27.2 y 27.3).  A tales efectos, se excluyen de patentabilidad:
a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.
A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará
contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición
legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
b) las invenciones cuya explotación comercial en el país Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los
animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.  A  estos efectos la
explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la
vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o delmedio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que
prohíba o que regule dicha explotación;
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la
producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o
microbiológicos;IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 23
d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así
como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
Se elimina la prohibición que existía para el patentamiento de los medicamentos esenciales
contenidos en la lista de la Organización Mundial de la Salud.
Se mantuvo la redacción contenida en el artículo 16  "Protección a los Segundos Usos" de la
derogada Decisión 344, el cual dispone:
"Que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica,
de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente,
por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente
inicial".
Se establece en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 27.3 b) del Acuerdo sobre
los ADPIC la Protección de los Microorganismos mediante el sistema de patentes.
Se elevan los Lapsos de Tramitación de Patentes de Invención de 30 días con posibilidad de
prórroga a 30 días adicionales, a un plazo de 60 días con prórroga de 60 días más, lo cual había sidouna petición de los solicitantes de patente dada la necesidad de recabar información técnica a nivel
internacional y de contar con el tiempo necesario para presentar la solicitud en otros países para
obtener protección.
Se introduce la protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 al 38 del Acuerdo sobre los ADPIC, con lo cual
damos cumplimiento a una exigencia que teníamos vencida desde el 1º de enero del año 2000.
En armonía con los artículos 25 y 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, se introducen ajustes en
el régimen de los Diseños Industriales, permitiéndose la protección de los diseños textiles, los cuales
estaban excluidos de protección en la Decisión 344 y se eleva la protección de todo diseño de 8 a
10 años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, al tiempo que se dispone un
procedimiento mucho más breve para su tramitación.
Se incluye un Título especial para los signos notorios, delimitando su alcance sólo para los
casos en los que en el mercado se pudieran producir riesgos de confusión o asociación entre el
público consumidor y en consecuencia, riesgo de dilución del signo distintivo para el titular de la
marca.
Se amplían los criterios que pueden ser tenidos en consideración a los fines de la
determinación de la notoriedad de un signo distintivo, lo cual redundará en beneficio de los
solicitantes a los fines de la interposición de oposiciones o demostración de la notoriedad de unsigno y coadyuva en la ampliación de los criterios que pueden ser tomados en consideración por la
oficina a los fines de motivar debidamente sus resoluciones otorgando mayor seguridad al sistema
marcario.
Ante la problemática surgida por la asignaci ón de nombres de dominio sin el conocimiento
previo acerca de la existencia de derechos preexistentes sobre signos notoriamente conocidos, lo cual
esta generando gran inseguridad y un clima de competencia desleal, se autoriza a la autoridad
nacional competente para que cancele o solicite la modificación del nombre de dominio o de unadirección de correo electrónico a pedido del titular o legítimo poseedor del signo notoriamente
conocido, siempre que dicha asignación sea susceptible de causar confusión, asociación, daño
económico o comercial o aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 24
Esta norma viene a significar la primera que intenta buscar un equilibrio entre el sistema de
asignación de nombres de dominio y el sistema mar cario, especialmente, en lo referido a los signos
notoriamente conocidos y que coadyuvará en la solución de los problemas existentes en la
actualidad.  Adicionalmente, sienta bases para estrechar canales de información y cooperación entre
el CNIT y el SAPI en busca de mayor seguridad y garantía de respeto a derechos marcariospreexistentes, sin que ello signifique la interposición de barreras a la dinámica con la que debe
mantenerse el régimen de asignación de nombres de dominio, lográndose el equilibrio necesario
entre los dos sistemas.
Ante la insuficiencia de normas en resguardo de los derechos de propiedad industrial
válidamente adquiridos y siendo este uno de los aspectos de mayor relevancia y exigencia dentro del
Acuerdo sobre los ADPIC, se introduce en armonía con este último, la posibilidad de reivindicar un
derecho de patente o diseño industrial cuando este hubiere sido obtenido por quien no tenía derecho
a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho.  En el mismo sentido, seregula la acción reivindicatoria para cuando la infracción sea respecto de una marca.  Se establecen
los lapsos de prescripción para el inicio de dichas acciones y se dispone explícitamente que no habráprescripción de la acción cuando se compruebe que hubo mala fe.
Esta norma constituye un gran avance en defensa y resguardo de los derechos de propiedad
industrial debidamente adquiridos y genera un clima de mayor seguridad, al tiempo que
complementa uno de los objetivos de todo sistema de propiedad industrial:  la concesión efectiva de
derechos, la cual estaba carente del necesario resguardo y de las acciones defensivas que los mismos
deben tener.
Como complemento a lo anteriormente expresado, este Título de "Las Acciones por
Infracción de Derechos" constituye otro aspecto novedoso dentro de la normativa subregional, en el
sentido de que por primera vez en el Régimen Com unitario Andino se regulan aspectos relacionados
con las acciones necesarias en defensa de derechos de propiedad industrial.
El Acuerdo sobre los ADPIC exige de parte de  los miembros de la OMC el establecimiento
de normas para tales fines y esta significaba una de las mayores deficiencias de las que sufría laDecisión 344.  Ahora bien, no obstante su regulación en la nueva Decisión 486, se hace necesario
complementar con una norma nacional el procedimiento para llevar a la práctica estas acciones, a fin
de tener perfectamente delimitado lo relacionado con la observancia y dar cumplimiento total a las
normas de la OMC.
Adicionalmente, es oportuno resaltar que en materia de derecho de autor ya existen en
disposiciones nacionales en la Ley de Derecho de Autor para resguardar las infracciones a tales
derechos, sólo faltaba tal protección para los derechos de propiedad industrial, los cuales tienen una
incidencia directa en el desarrollo del aparato productivo y en la ordenación del comercio interno y
la promoción de las exportaciones.  En este orden de ideas, es imprescindible impulsar una Ley
Nacional de Propiedad Industrial que permita consolidar los procedimientos en defensa de los
derechos de propiedad industrial y que complemente lo dispuesto en la nueva Decisión en relación
con:  medidas cautelares;  medidas en frontera y medidas penales.
En relación con éstas últimas, la Decisión 486 tan sólo se limita a disponer como obligatorio
que los países Miembros deben establecer los procedimientos y sanciones para los casos de
falsificación de marcas.  En la actualidad, esto esta recogido en los artículos 338 y 339 del Código
Penal y de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 con sanciones para el tipo de perjuicio que en la
industria o en el mercado puedan originar tal tipo de infracciones.
Otro aspecto novedoso es la incorporación en la norma subregional de una regulación para
los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, como complemento al régimenIP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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de competencia desleal que existe en nuestro país y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 10 bis
del CUP.
En tal sentido, la nueva Decisión dispone cuáles son los actos precisos de competencia
desleal vinculados a la propiedad industrial a los fines de que no se produzcan confusiones o
interferencias de competencias con la autoridad nacional en esta materia.
Del mismo modo, se establece que las acciones de competencia desleal  pueden interponerse
sin perjuicio de otras acciones y que en la medida que la legislación interna lo permita, éstas podrán
iniciarse de oficio por parte de la autoridad nacional competente.
Dentro del mismo Título, se incluye la regulación sobre "Los Secretos Empresariales",
anteriormente denominados en la Decisión 344 como "Secretos Industriales".
La inclusión de los "Secretos Empresariales" dentro del Título de la "Competencia Desleal
vinculada a la Propiedad Industrial", es consonante con el tratamiento y ubicación que los mismosdeben tener, dado que esta no es una figura propia de los derechos industriales, sino que por lo
general se encuentra regulada por la competencia desleal.
Otro aspecto relevante es el hecho de que la nueva Decisión viene a consolidar los niveles de
protección de los Secretos Empresariales con las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC y a
establecer una norma mucho más clara para su interpretación y aplicación por parte de losorganismos encargados de la concesión de autorización para la comercialización de productos
farmoquímicos o agroquímicos.
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. D
ISPOSICIONES GENERALES
1. Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud
pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de
importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el
artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas seacomodan a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
Toda la legislación de carácter económico y social actualmente vigente en Venezuela tiende
hacia promover y realizar el interés público y el bienestar general de la nación venezolana.  No es
posible identificar ninguna ley en particular en los términos de la pregunta planteada, pues se trata de
un principio de carácter general, inherente a la función de todo Estado moderno.  Sin embargo,podrían citarse a título de ejemplo, en el ámbito de la propiedad intelectual, las disposiciones del
Artículo 65 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prevén la posibilidad
de conceder licencias obligatorias por razones calificadas de interés público.
Las disposiciones especiales contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC (Partes II a VII)
están sujetas a las Disposiciones Generales y Principios Básicos contenidos en la Parte I del
Acuerdo, incluyendo su artículo 8.  La disposición del artículo 8 del Acuerdo prevé ciertos
principios , y reconoce la facultad que tienen los Miembros de la OMC de salvaguardar esos
principios en su legislación interna.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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La coherencia de las eventuales disposiciones contenidas en la legislación nacional respecto
de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC estaría asegurada por lo previsto en el artículo 8
de ese Acuerdo, que legitima las medidas que pudiera tomar un Miembro de la OMC conforme a sus
disposiciones.
B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Se ruega indicar cómo su legislación estipu la la protección de los derechos exclusivos
de los autores en relación con sus obras literarias  y artísticas, en el sentido del artículo 9 del
Acuerdo sobre los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del
Convenio de Berna y el Apéndice del mismo (1971).
Venezuela desde el 11 de mayo de 1982 se encuentra adherida al Convenio de Berna para la
protección de las Obras Literarias y Artísticas.  No obstante, tanto la Ley sobre el Derecho de Autor
Venezolana como la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y DerechosConexos comprenden dentro de su articulado disposiciones que recogen íntegramente las normas
establecidas en el Convenio de Berna, y en ta l sentido se da cumplimiento en su totalidad a la
remisión contemplada en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Con respecto a la excepción contemplada en el artículo 11 referente al artículo 6 bis del
Convenio de Berna, la ley venezolana se aparta de esta exclusión por recoger en la Ley sobre elDerecho de Autor el alcance de los derechos morales establecidos en los artículos 18 al 20;  y
artículos 11 y 12 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador,
bases de datos o compilaciones de datos.
El artículo 2
3 de la Ley sobre el Derecho de Autor incluye entre las obras del ingenio que
están bajo su tutela a los programas de computación.  Asimismo, el artículo 17 ejusdem4 establece lo
que se entiende por programa de computación y prevé el régimen de titularidad del mismo, en lo que
respecta a la relación entre el productor del programa y los autores del mismo.
El artículo 105 del Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor establece de forma
expresa que los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obrasliterarias.
                                                     
3 Artículo 2 LSDA.-  Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se refiere el
artículo anterior, especialmente las siguientes:  los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y
científicos, incluidos los programas de computación, as í como su documentación técnica y manuales de uso;
las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;  las obras dramáticas odramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado porescrito o en otra forma;  las composiciones musicales con o sin palabras;  las obras cinematográficas y demásobras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;  las obras de dibujo, pintura, arquitectura,
grabado o litografía;  las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales y cartas
geográficas;  los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o alas ciencias;  y, en fin, toda producción literaria, cien tífica o artística susceptible de ser divulgada o publicada
por cualquier medio o procedimiento.
4 Artículo 17.-  Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo, lenguaje,
notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleva a cabo una tarea
o una función determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya
realizado la fijación.  (Ley sobre el Derecho de Autor).
5 Artículo 10.-  Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras
literarias.(…)" (Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena).IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 27
La Decisión 351 del Régimen Común sobre De recho de Autor y Derechos Conexos define
en su artículo 36 lo que es un programa de ordenador (software) ;  y el artículo 47 de la misma
Decisión Andina incluye a los programas de ordenador dentro del objeto de protección de la misma.
De igual forma el artículo 238 establece el programa de ordenador como objeto de protección al
establecer que estos se protegen en los mismos términos que las obras literarias.
Con respecto a las bases de datos, la Ley Sobre el Derecho de Autor consagra en el
artículo 39 de forma expresa las bases de datos como objeto de protección.
El Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor define en el numeral 3° del artículo 210
lo que se entiende por base de datos.  Asimismo, el artículo 12 ejusdem11, reconoce la protección a
las bases de datos siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones
personales.
El artículo 412, literal II) de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos incluye a las bases de datos dentro del objeto de protección.  Igualmente,
el artículo 2813 de la Decisión Andina reconoce la protección a las bases de datos, siempre que la
selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual.
4. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (grabaciones de so nido) y organismos de radiodifusión en virtud
de su legislación.
                                                     
6 Artículo 3 LSDA:  Programa de Ordenador (software):  Expresión de un conjunto de instrucciones
mediante palabras, códigos, planes o en cualquier forma que, al ser incor poradas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador - un aparato electrónico o similar capaz de elaborar
informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.  El programa de ordenadorcomprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
7 Artículo 4, literal i) LSDA:  La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las
obras literarias, artísticas y científi cas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio
conocido o por conocerse, y que incluye, entre otras las siguientes:
i) Los programas de ordenadores.
8 Artículo 23 D-351:  Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras
literarias.  Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya
sea en forma de código fuente o código objeto.
9 Artículo 3°.-  Son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones,
transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversasy las bases de datos, que por la selección o disposic ión de las materias constituyan creaciones personales.
10 Artículo 2.-  (…) 3.-  Base de datos:  es la compilación de obras, hechos o datos en forma impresa,
en unidades de almacenamiento de computador o de cualquier otra forma.
11 Artículo 12.-  Las bases de datos estarán protegid as siempre que por la selección o disposición de
las materias constituyan creaciones personales.  La protección concedida no se extiende a los datos o
información compilados, pero no afecta los derechos que existan sobre las obras o materiales que la
conforman.
12 Artículo 4 D-351:  La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras
literarias, artísticas y científicas qu e puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o
por conocer, y que incluye, entre otras:
II) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la
selección o disposición de las materi as constituyan creaciones personales.
13 Artículo 28 D-351:  Las bases de datos son protegid as siempre que la selección o disposición de las
materias constituyan una creación intelectual.  La protección concedida no será extensiva a los datos o
información compilados, pero no afectará los derechos qu e pudieran subsistir sobre las obras materiales que la
conforman.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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De acuerdo a lo establecido en el encabezado del artículo 9214 de la Ley sobre el Derecho de
Autor, los artistas intérpretes o ejecutantes15 tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación,
la reproducción o la comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento, de sus
interpretaciones o ejecuciones.
El término de protección para el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes, es de
sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate
de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en
un soporte sonoro o audiovisual, según lo estipula el artículo 94 16 de la Ley sobre el Derecho de
Autor.
En este mismo sentido la Decisión 351del  Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos consagra  a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes similares derechos
establecidos en los artículos 3417, 3518 y 3619 de la mencionada Decisión.
En lo que respecta a los productores fonográficos, el artículo 95 de la Ley sobre el Derecho
de Autor establece que éstos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la reproducción de sus
fonogramas, así como la importación, distribución al público, alquiler u otra utilización, por
cualquier forma o medio, de las copias de sus fonogramas.
De acuerdo con el artículo 96 de la Ley sobre el Derecho de Autor, los productores de
fonogramas tienen el derecho a recibir una remuneración por la comunicación del fonograma al
público.
De igual forma se establece en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena el derecho de
remuneración para los productores de fonogramas por la comunicación publica de sus producciones
en el artículo 3720 literal d.
                                                     
14 Artículo 92.-  Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus derechohabientes, tienen el derecho
exclusivo de autorizar o no la fijación, la reproducción o la comunicación al público, por cualquier medio o
procedimiento, de sus interpretaciones o ejecuciones .  Sin embargo, no podrán oponerse a la comunicación
cuando ésta se efectúe a partir de una fijación reali zada con su previo consenti miento, publicada con fines
comerciales.
15 Artículo 2. -  (…) 2.-  Artista intérprete o ejecutante:  Es la persona que representa, canta, lee, recita,
interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.  (Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).
16 Artículo 94.-  La duración de la protección conced ida a los artistas intérpretes o ejecutantes, será de
sesenta años, contados a partir del primero de ener o del año siguiente a la actuación, cuando se trate de
interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la pu blicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte
sonoro o audiovisual.
17 Artículo 34 D-351:  Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir
la comunicación al público en cualquier forma de sus in terpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la
fijación y la reproducción de su s interpretaciones o ejecuciones.
Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su
interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mi smas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir
de una fijación previamente autorizada.
18 Artículo 35 D-351:  Además de los Derechos reconocidos en el artículo anterior, los artistas
intérpretes tienen el derecho de :
Exigir que su nombre figure o esté asociado a cad a interpretación o ejecución que se realice;  y
Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o
ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.
19 Artículo 36 D-351:  El término de protección de  los derechos patrimoniales de los artistas
intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de cincuenta años, contados  a partir del primero de enero del año
siguiente a  aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuese el caso.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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En lo que respecta a los organismos de radiodifusión el artículo 101 de la Ley sobre el
Derecho de Autor establece que los mismos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación,
la reproducción o la retransmisión de sus emisiones.
En el caso de los organismos de radiodifusión los derechos mencionados están previstos en
el artículo 39.
Las limitaciones y excepciones a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas y organismos de radiodifusión están previstos en los Artículos 3421
segundo párrafo y 4222de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.  El artículo 42 de la
Decisión 351 remite a las excepciones permitidas por el Tratado de Roma referido en la pregunta.
5. Sírvanse especificar si su legislación esti pula alguna limitación o excepción en relación
con cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio de Berna y la Convenci ón de Roma y a la luz del artículo 13 y del
párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Ley sobre el Derecho de Autor en su artículo 43 establece las comunicaciones públicas
lícitas o permitidas sin autorización del autor:  1) las verificadas en el ámbito doméstico
2) las realizadas con fines de utilidad general, en el curso de actos oficiales y ceremonias religiosas;
y 3) las efectuadas con fines exclusivamente científicos y didácticos.
El artículo 44 de la Ley sobre el Derecho de Autor prevé cuáles son las reproducciones
lícitas:  1) La realizada por el interesado (una sola copia) utilizando sus propios medios;
2) Las reproducciones fotomecánicas para exclusivo uso personal, siempre que se limiten a pequeñas
partes de una obra protegida o a obras agotadas;  3) La reproducción por medios reprográficos para
la enseñanza o la realización de exámenes en institutos educativos;  4) La reproducción de obras enBibliotecas y Archivos con fines de preservación o de sustitución;  5) Reproducir una sola copia del
programa de computación con fines de resguardo o de seguridad;  6) Introducción del programa a la
memoria del equipo a los solos efectos de su utilización por el usuario lícito;  7) La reproducción de
una obra para actuaciones judiciales o administrativas;  8) La copia de obras de arte a los fines de un
estudio;  9) La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en sitios públicos, porun medio diverso del empleado para el original.
De igual forma, la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena prevé estas limitaciones en el
artículo 22.
6. Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho
descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.
                                                                                                                                                                  
20 Artículo 37 literal d)  D-351:Los productores de fonogramas tiene el derecho de:  d) Percibir una
remuneración por cada utilización del fonograma o copi as del mismo con fines comerciales, que podrá ser
compartida con los artistas, intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas
de los países Miembros.
21 Artículo 34, Parágrafo segundo:  "(...) embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán
oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una
ejecución radiodifundida o se hagan a  partir de una fijación previamente autorizada (...).
22 Artículo 42 D-351:  En los casos permitidos por la  Convención de Roma para la Protección de los
Artistas Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las
legislaciones internas de los países Miembros podrán  establecer límites a los derechos reconocidos en el
presente capítulo.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 30
La Ley sobre el Derecho de Autor establece en el artículo 2523  que el  derecho durará  toda
la vida del autor y se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año
siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida.
Con respecto a las fotografías, establece el artículo 38 de la Ley sobre el Derecho de Autor
que:
"(…) El derecho del fotógrafo y de sus derechohabientes se extingue a los sesenta años de la
divulgación de la obra.  No obstante, se extinguirá a los sesenta años de su realización si no
hubiere sido divulgada durante ese período.  Dichos lapsos se contarán a partir del primero
de enero del año siguiente a la divulgación o a la realización, respectivamente."
Las obras de arte aplicado estarían regidas, en cuanto a la duración del término de
protección, por la regla general establecida en el artículo 25 de la Ley sobre el Derecho de Autor.
El término de protección para el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes es de
sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate
de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en
un soporte sonoro o audiovisual, según lo estipula el artículo 94 24de la Ley sobre el Derecho de
Autor.
Con respecto a los productores de fonogramas, la duración del término de protección
señalada en el artículo 10025 de la Ley sobre el Derecho de Autor es de sesenta años, contados a
partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.
El artículo 10226 de la Ley sobre el Derecho de Autor, establece que la protección concedida
a los organismos de radiodifusión será de 60 años contados a partir del 1º de enero del año siguiente
al de la emisión radiodifundida.
Igualmente la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena establece los lapsos de protección
para:  las obras en el artículo 1827;  a los artistas, intérpretes o ejecutantes en el artículo 3628;  para
                                                     
23 Artículo 25.-  El derecho de autor durará toda la vida de éste y se extiende a los sesenta años
contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no
divulgadas durante su vida.
24 Artículo 94.-  La duración de la protección conced ida a los artistas intérpretes o ejecutantes, será de
sesenta años, contados a partir del primero de ener o del año siguiente a la actuación, cuando se trate de
interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la pu blicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte
sonoro o audiovisual.
25 Artículo 100.-  La protección concedida al producto r de fonogramas será de sesenta años, contados
a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.
26 Artículo 102.-  La protección concedida a los orga nismos de radiodifusión será de sesenta años,
contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la emisión radiodifundida.
27 Artículo 18:  Sin perjuicio de lo dispuesto en el  artículo 59, la duración de la protección de los
derechos reconocidos en la presente decisión, no será inferior a la vida del autor y 50 años después de su
muerte.
Cuando la titularidad de los derechos correspondan a una persona jurídica, el plazo de protección no
será inferior a 50 años contados a partir de la reali zación, divulgación o publicación  de la obra, según el caso.
28 Articulo 36  D-351:   El término de protección de los derechos patrimoniales de los artistas
intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de 50 años, contados a partir del primero de enero del año
siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuere el caso.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 31
los productores de fonogramas en el artículo 3829 y para los organismos de radiodifusión en el
artículo 41.30
7. Sírvanse describir cómo y en virtud de  qué disposiciones prevé la legislación
venezolana un derecho de arrendamiento de conformidad con el artículo 11 y el párrafo 4 del
artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC y, en tal caso, las categorías de titulares del derecho ylas obras a las que se aplica.
La Ley sobre el Derecho de Autor garantiza para el autor con respecto a su obra,
independientemente de la naturaleza de ella, el derecho de autorizar o no autorizar la puesta a
disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma de
transmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso.  El derecho de
distribución se encuentra establecido en el artículo 41 de la Ley sobre el Derecho de Autor.
31
La Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
consagra conforme al artículo 13, literal c)32 el derecho de  distribuir a favor del autor con respecto a
su obra, el cual comprende el derecho de autorizar o prohibir, entre otros, el arrendamiento o alquiler
de la obra.
En este sentido, la legislación venezolana al pr ever el derecho de distribución al público sin
limitación en cuanto a su alcance, es consistente con el Acuerdo y, aún más, provee una protecciónmás amplia que aquél.
8. Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva
de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna y el párrafo 6 del artículo 14 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
La República Bolivariana de Venezuela es signataria del Convenio de Berna, como
consecuencia los principios consagrados en el artículo 18
33 del mencionado Convenio son Ley para
la República en concordancia con los artículos 14234 y 14335 de la Ley sobre el Derecho de Autor.
                                                     
29 Artículo 38 Decisión 351:  El término de prot ección de los derechos de los productores de
fonogramas, no podrá ser menor a cincuenta años, contados  del primero de enero del año siguiente al que se
realizó la fijación.
30 Artículo 41 Decisión 351:  El término de pr otección de los derechos de organismos de
radiodifusión, no podrá ser menor a cincuenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a
aquél en que se haya realizado la emisión.
31 Artículo 41.-  (…) El derecho de reproducción comprende también la distribución, que consiste en
la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma detransmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso.  (Ley sobre el Derecho deAutor)
32 Artículo 13, literal c) Decisión 351:  El autor o, en  su caso, sus derechoshabientes, tiene el derecho
exclusivo de autorizar o prohibir:
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o
alquiler.
33 Artículo 18, 1)  El presente Convenio se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada
en vigor, no hayan pasado al dominio público en su país  de origen por expiración de los plazos de protección.
2)  Sin embargo, si una obra, por expiración del pl azo de protección que le haya sido anteriormente
concedido hubiese pasado al dominio público en el país  en que la protección se reclame, esta obra no será
protegida allí de nuevo.
   3)   La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones contenidas en los
convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto entre países de la Unión.  En defecto de tales
estipulaciones, los países respectivos regularán, cada uno en lo que le concierne, las modalidades relativas a
esa aplicación.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 32
C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
9. Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación
nacional y explicar en qué condiciones es objeto de protección.
La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece en el
artículo 13436 las condiciones necesarias que debe poseer un signo para que sea susceptible de ser
registrado como marca así como un listado enunciativo que de forma ejemplificativa  enumera un
conjunto de signos registrables.
De acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 48 6 de la Comisión de la Comunidad Andina,
"(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado (...)".  De acuerdo con el mismo artícu lo, podrán ser registrados como marca "(...) los
signos susceptibles de representación gráfica (...)".
10. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la
legislación sobre marcas de su país.  Agradeceríamos que confirmasen también si puede
otorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales.  Se ruega indicar si puede
otorgarse protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.
Efectivamente, y como puede colegirse del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, una marca puede distinguir, no sólo productos, sino servicios.
De igual manera, debe indicarse que, de acuerdo con el articulado contenido en el Título X
de la Decisión 486, los nombres comerciales se encuentran protegidos de acuerdo con el
artículo 191.37
Con relación a si elementos como los sonidos, perfumes y envases pueden ser protegidos, la
respuesta es afirmativa.  Además de la noción de marca recogida en el artículo 134, anteriormente
                                                                                                                                                                  
4)  Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas adhesiones a la
Unión y en el caso en que la protección sea ampliada  por aplicación del Artículo 7 o por renuncia a reservas.
34 Artículo 142.-  Los derechos sobre las obras protegidas de conformidad con las disposiciones de la
Ley anterior, gozarán de los lapsos de pr otección más largos fijados por esta Ley.
35 Artículo 143.-  Los derechos sobre las obras que no gozaban de protección conforme a la Ley de
Propiedad Intelectual del 13 de julio de 1928 por no habe r sido registradas, que ingresaron al dominio privado
de acuerdo al artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor del 29 de noviembre de 1962, gozan tambiénautomáticamente de la protección que concede esta Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros
con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.
36 Artículo 134.-  A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado.  Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica.  La naturaleza del producto o serv icio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso
será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
las palabras o combinación de palabras;
las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas yescudos;los sonidos y los olores;las letras y los números;un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
la forma de los productos, sus envases o envolturas;
cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
37 Artículo 191.-  El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimientoque lo usa.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 33
mencionado, este contiene a su vez un listado enunciativo de signos registrables que de manera
ilustrativa complementa la noción de marca, entre los cuales se encuentran incluidos los signos,
olores y los envases de los productos.38
11. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para elregistro de una marca de fábrica o de comercio.  Agradeceríamos que nos facilitasen ladefinición de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.
De acuerdo con lo establecido en la Decisión 48 6 de la Comisión de la Comunidad Andina,
el uso previo no es una condición para el registro de una marca.  No obstante, registrada una marca,
deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 166, de acuerdo con el cual "Se entenderá que una
marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y lasmodalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado."  Las condiciones del
mantenimiento del registro marcario, con respecto de su uso, se encuentran desarrolladas en el
Capítulo V de la Decisión 486, referido a la Cancelación del Registro.
Es oportuno indicar que para la renovación de un registro marcario no se exige prueba de
uso sino que es automática al vencimiento de los diez (10) años de duración del registro, el cual secuenta desde la fecha de su concesión o dentro de los seis (6) meses anteriores a dicho vencimiento o
de los seis (6) meses posteriores al mismo como períodos de gracia.
12. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece un lapso inicial
de protección  para las marcas de diez (10) años contados a partir de la fecha de su concesión, según
lo dispone el artículo 152.
39
No obstante, podrá tener una duración ilimitada en el tiempo, en virtud de la posibilidad de
ser renovada indefinidamente por nuevos períodos de diez (10) años, siempre y cuando se cumplan
los requisitos de tiempo y pago de tasas establecidos para ello consagrados en el artículo 153, todavez que no se exige prueba de uso para la renovación del derecho.
40
                                                     
38 Artículo 134.-  A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado.  Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica.  La naturaleza del producto o serv icio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso
será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:las palabras o combinación de palabras;las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas yescudos;
los sonidos y los olores;
las letras y los números;un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;la forma de los productos, sus envases o envolturas;cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
39 Artículo 152.-  "El registro de una marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la
fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años".
40 Artículo 153.-  "El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la
renovación del registro ante la oficina nacional competen te, dentro de los seis meses anteriores a la expiración
del registro.  No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazode gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 34
13. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación
de su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.
Véase la respuesta a la pregunta 11, en lo que respecta a la definición de uso y las
condiciones bajo las cuales se considera usada una marca.  Además, el Artículo 166, último párrafo,
de la Decisión 486 estipula que el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fueregistrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la
cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
14. Se ruega indicar si el organismo encargad o del registro de marcas de su país rechaza o
no una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.
La Decisión 486 sólo prevé dentro de sus disposiciones prohibitivas marcarias, las causales
absolutas contenidas en el artículo 13541 ejusdem y de las cuales los literales j), k) y l) se refieren
expresamente a indicaciones geográficas.
En virtud de estas disposiciones prohibitivas, la Oficina Nacional competente tiene la
potestad de denegar toda solicitud de registro de marca que contenga indicaciones geográficas y
encuadre dentro los supuestos de los literales antes indicados, todos los cuales están condicionados a
la existencia del riesgo de confusión.  Lo que nos lleva a la conclusión de que un derecho marcariopuede estar constituido por un nombre geográfico siempre y cuando no genere confusión.
15. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la
legislación de su país.
La figura de indicación geográfica es entendida en el régimen común sobre propiedad
industrial -Decisión 486- como un término genérico usado de manera amplia para abarcar tanto a lasdenominaciones de origen como a las indicaciones de procedencia.  en este sentido, nuestra
legislación define y distingue a las indicaciones geográficas de la siguiente forma:
La Decisión 486 trata sobre las indicaciones geográficas en su Título XII, reconociendo dos
categorías:  las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.
Denominaciones de origen:
"Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica
constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o
                                                                                                                                                                  
A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo
correspondiente si así lo permiten las normas internas de los países Miembros.  Durante el plazo referido, el
registro de marca mantendrá su plena vigencia.
A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera
automática, en los mismos términos del registro original.  Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar losproductos o servicios indicados en el registro original".
41 "Artículo 135.-  No podrán registrarse como marcas los signos que:
reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o
para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la
denominación;  o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión
respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;"IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 35
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar
determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico en  el cual se produce, incluidos los factores
naturales y humanos."
Indicaciones de procedencia:
"Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o
signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado."
16. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece
un vínculo, en caso existente, entre las caracterís ticas de una indicación y su origen geográfico.
No existe dentro de la de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
disposición alguna que disponga algún vinculo entre las características de una indicación y su origengeográfico toda vez que dentro de la expresión Indicación geográfica se regulan las figuras de las
Indicaciones de procedencia y de las Denominaciones de origen.  Es dentro de ésta última que
dispone la Decisión 486 claramente el vínculo entre las cualidades y características que
particularizan un producto y su origen geográfico o zona geográfica que involucra su denominación.
En este sentido, establece el artículo 201 lo siguiente:
"Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica
constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar
determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se debanexclusiva o esencialmente al medio geográfico en  el cual se produce, incluidos los factores
naturales y humanos."
17. Se ruega explicar cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país para
los vinos y bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que
existan, abarcados por esa protección adicional.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé en el artículo 215
42 un
grado de protección mas elevado o sistema de protección adicional para las denominaciones de
origen de vinos y bebidas espirituosas, como resultado de la adecuación de sus normas al Acuerdo
sobre los ADPIC, específicamente al artículo 23.
Asimismo, esta protección preferente se verifica de igual manera en el régimen relativo a las
marcas, toda vez que en una de las disposiciones prohibitivas absolutas de registro de marca
(literal k43 del artículo 135 ejusdem  de la Decisión 486), se encuentra expresamente establecido la
imposibilidad de registrar como marca este tipo de signo.
                                                     
42 Artículo 215.-  Los países Miembros prohibirán la  utilización de una denominación de origen que
identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar
designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del
producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase","tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.
43 "k) contengan una denominación de origen protegida para vino y bebidas espirituosas".IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 36
18. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción.  Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las
excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.
La Decisión 486 recoge las siguientes excepciones permitidas por el artículo 24 del Acuerdo
sobre los ADPIC:  El artículo 215, segundo párrafo, de la Decisión 486, recoge la excepción previstaen el artículo 24 párrafo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El artículo 202 inciso b) de la
Decisión 486, recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 6, primera oración, del Acuerdo
sobre los ADPIC.  El artículo 223 de la Decisión 486 recoge la excepción prevista en el artículo 24
párrafo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El artículo 219 de la Decisión 486 recoge la excepción
prevista en el artículo 24 párrafo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES .
19. Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos
guiándose básicamente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega explicar de qué
modo se protegen los dibujos y modelos textiles.
No, la protección conferida por la figura jurídica del Diseño Industrial está dirigida a la
apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración,textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Artículo 113
44
Decisión 486).
No serán registrables los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente
por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore
ningún aporte arbitrario del diseñador.
Los diseños textiles reciben la misma protección dada para cualquier producto que se ajuste
a la definición de diseño industrial dada en el artículo 113 de la Decisión 486.
Conforme al Artículo 120 de la Decisión 486, la protección conferida a un diseño industrial
no se extiende a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones
de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aportearbitrario del diseñador.  La protección no comprende aquellos elementos o características cuya
reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea
montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.  Esta limitación no se
aplica tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el
montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.
20. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.
De acuerdo con el artículo 129
45 de la Decisión 486, el registro de un diseño industrial
confiere  a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño.  En
                                                     
44 Artículo 113.-  Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que
resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de
dicho producto.
45 Artículo 129.-  El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a
terceros de la explotación del correspondiente diseño.  En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a
actuar contra cualquier tercero que sin su consentimien to fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio
o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 37
tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su
consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente
productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
21. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.
La Decisión 486 no contempla el régimen de licencias obligatorias para la figura jurídica del
diseño industrial.
22. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga
protección a los dibujos y modelos industriales.
La Decisión 486 en su artículo 12846 establece un período de protección de un diseño
industrial de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en Venezuela.
F. PATENTES
23. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de:  novedad,
invención y aplicación industrial.
De acuerdo con el artículo 1647 de la Decisión 486, una invención se considerará nueva
cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica según lo referido en el
artículo 1848 de la Decisión 486.
Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto
pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida
                                                                                                                                                                  
El registro también confiere el derecho de act uar contra quien produzca o comercialice un producto
cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con re specto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual
a ésta.
46 Artículo 128.-  El registro de un diseño industrial tendrá una duración de 10 años, contados desde la
fecha de presentación de la solicitud en el país Miembro.
47 Artículo 16.-  Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la
técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción
escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier ot ro medio antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente en tr ámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior
cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.
48 Artículo 18.-  Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni sehubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 38
a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios de acuerdo a lo establecido en el artículo
1949 de la Decisión 486.
24. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente
se otorgan sin ningún tipo de exclusión.  En caso de que existan exclusiones, descríbase
detalladamente la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.
Las exclusiones a la patentabilidad están incluidas en los artículos 1550 y 2051 de la
Decisión 486 de la Comuni dad Andina de Naciones.
25. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la
patentabilidad basándose en el orden público  o la moralidad.  En ese caso, les rogamos
expliquen el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.  Desearíamos
también saber si éste se ha aplicado en la práctica.
La Decisión 486 en su artículo 20(a) excluye de patente a las invenciones cuya explotación
comercial en Venezuela deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.
26. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están
excluidos de la patentabilidad en su legislación.  Si es así, sírvanse explicar la sección
pertinente de su legislación así como su formulación.
                                                     
49 Artículo 19.-  Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su
objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a
cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.
50 Artículo 15.-  No se considerarán invenciones:
los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en  la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el
material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma
de cualquier ser vivo natural;
las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o  actividades
económico-comerciales;
los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;  y,las formas de presentar información.
51 Artículo 20.-  No serán patentables:
las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.  A estos efectos la explotación comercial
de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de unadisposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
las invenciones cuya explotación comercial en el país Miembro respectivo deba impedirse
necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los
vegetales o el medio ambiente.  A estos efectos la expl otación comercial de una invención no se considerará
contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del
medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dichaexplotación;
las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas
o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de
diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
Artículo 21.-  Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica,
de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simplehecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 39
El artículo 20(d) de la Decisión 486 excluye de patentabilidad a las invenciones que versen
sobre  métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los
métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
27. Sírvanse explicar si las plantas, los anim ales y esencialmente los procesos biológicos
están o no excluidos de la patentabilidad en su  legislación.  En caso afirmativo, les rogamos
aclaren el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.
Los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, las plantas
y animales están excluidos de patentabilidad, según el artículo 20(c) de la Decisión 486, asimismo
los procesos biológicos naturales no se consideran invenciones según el artículo 15(b) de la
Decisión 486, tal y como lo permite el artículo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.
28. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los
microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos y las obtenciones vegetales estánprotegidos en su legislación.  Sírvanse explic ar a este respecto los artículos pertinentes de su
legislación.
La disposición transitoria segunda de la Decisión 486 señala que los microorganismos
(siempre que no sean materia existente en la naturaleza-artículo 15 inciso (b)) serán patentables.
La protección de las variedades vegetales se c ontempla en la Decisión 345 de la Comunidad Andina
de Naciones.
Los procedimientos no-biológicos y microbiológicos (siempre que no sean procesos
biológicos naturales, Artículo 15(b)) son objeto de patente de acuerdo al artículo 14 de la Decisión
486.
29. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de
derechos de patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de una
invención patentada.
El artículo 52
52 de la Decisión 486 en su ordinal a.ii establece el derecho que tiene el titular
de una patente de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, ofrecer en venta,
vender o usar el producto;  o importarlo para alguno de estos fines.
30. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante
patente de productos químicos farmacéuticos y agrícolas.  Si su respuesta es afirmativa,
sírvanse indicar la referencia jurídica.
El artículo 1453 de la Decisión 486 prevé el otorgamiento de patentes para  todas las
invenciones sean de procedimientos o de productos.  Dentro de ello por supuesto se encuentran
                                                     
52 Artículo 52.-  La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no
tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) cuando en la patente se reivindica un producto:
fabricar el producto;ofrecer en venta, vender o usar el producto;  o importarlo para alguno de estos fines;  y,
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
emplear el procedimiento;  o
ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido
directamente mediante el procedimiento.
53 Artículo 14.-  Los países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y seansusceptibles de aplicación industrial.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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incluidos los productos agrícolas y farmacéuticos, siempre que sean nuevos, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicación industrial.
31. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado
en su legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.
Sí, conforme al Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:
"Artículo 14.- Los países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."
32. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su
legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de  justificación en lo que respecta al acceso a
material genético o consentimiento previo a su utilización).  Si esas condiciones adicionalesexisten, indíquese la legislación pertinente y descríbanse las condiciones adicionales
detalladamente.
Cónsono con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
(artículos 124 y 127), la Decisión 486 recoge en sus artículos 26(h) y 26(i) la obligación que tienen
los Países de la Comunidad Andina de Naciones de asegurar que la protección conferida a loselementos de la propiedad industrial se conceda salvaguardando y respetando el patrimonio
biológico y genético de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales así como sus
conocimientos tradicionales.
El artículo 26(h) reza que de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los
productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir derecursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países Miembros es
país de origen;  y
El 26(i) establece que de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o
autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas,
afroamericanas o locales de los países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuyaprotección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que
cualquiera de los países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391
y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.
Las disposiciones del Artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 establecen requisitos de
legalidad que se vinculan al trámite de concesión de una patente.  Al igual que otros requisitosexigibles para la concesión de una patente, ellos no están tratados en el Acuerdo sobre los ADPIC,
quedando librados a la legislación interna de los Miembros de la OMC.
33. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de
licencias obligatorias.  En caso afirmativo, se ruega explicar exhaustivamente las condiciones
en las cuales puede concederse una licencia obligatoria.  Especialmente, sírvanse indicar de
qué forma su legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa
utilización.
Sí, el régimen de licencias obligatorias está contemplado en los artículos 61 al 69 de la
Decisión 486, los cuales se transcriben a continuación:
                                                                                                                                                                  IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 41
Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o
de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina
nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria
principalmente para la producción industrial  del producto objeto de la patente o el uso
integral del procedimiento  patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no sehubiere  explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el país Miembro
donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida
por más de un año.
La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con
excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las
normas internas de cada país Miembro.
Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado
previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y
condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo
prudencial.
Artículo 62.- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo
anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta
días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.
La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia,
especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el
monto y las condiciones de la compensación económica.  Esta compensación deberá ser
adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valoreconómico de la autorización.
La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna
influencia en los plazos que estuvieren corriendo.  Su interposición no impedirá al titular de
la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la oficina
nacional competente, en la parte no reclamada .
Artículo 63.- A petición del titular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las
licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así
lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra
licencia en condiciones más favorables que las establecidas.
Artículo 64.-  El licenciatario estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos
años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su
inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor.  En caso contrario, a solicitud del
titular de la patente, la oficina nacional competente  revocará la licencia obligatoria .
Artículo 65.- Previa declaratoria de un país Miembro de la existencia de razones de interés
público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan,
en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria.  En tal caso, la
oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten.  El titular de la patenteobjeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.
La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria,
especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el
monto y las condiciones de la compensación económica.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 42
La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el
derecho del titular de la patente a seguir explotándola.
Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa
calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias
obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular,cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de
la patente.
En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en
cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.
La oficina nacional competente denegará  la revocación de la licencia obligatoria si resulta
probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.
Artículo 67.- La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta
es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del
empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia
contractual en condiciones comerciales razonables.  Dicha licencia estará sujeta, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:
a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico
importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención
reivindicada en la primera patente;
b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones
razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente;  y,
c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda
patente.
Artículo 68.- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias
obligatorias están sujetas a lo siguiente:
no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;
sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que
permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la
oficina nacional competente.  Caso contrario, no surtirá efectos legales;
podrán revocarse, a reserva  de la protección adecuada de los intereses legítimos de
las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que
les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;
el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se
concedieran;
tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la
licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para
remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la
autoridad nacional competente conforme a los artículos 65 y 66;IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 43
contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso,
habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66;  y,
los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.
Artículo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente
Capítulo no surtirán efecto legal alguno.
34. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario
propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos
y condiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados
previstos en un período de tiempo razonable.  En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período
de tiempo razonable"?  Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el
uso de una licencia obligatoria será autorizado pr incipalmente en lo que respecta al suministro
del mercado interno del Miembro que autoriza ese uso.
En la actualidad no existe un parámetro fijo para definir el término de "tiempo razonable",
dado que en Venezuela sólo se ha solicitado una licencia obligatoria la cual fue abandonada.
35. Se ruega indicar si su legislación otorga pr otección adicional a las innovaciones una vez
transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.
La Decisión 486 no contempla un plazo de protección adicional a los 20 años establecidos
en el artículo 50.
36. Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección
mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.
La Decisión 486 no contempla esta protección adicional.
37. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la
prueba en lo que respecta a las patentes de procesos.
La Decisión 486 prevé la inversión de la carga de la prueba para los procesos de patente en
el artículo 240.54
38. Sírvanse explicar qué consecuencias tiene para el solicitante de una patente el que nopresente la información requerida en virtud del párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
                                                     
54 Artículo 240.-  En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un
procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento
que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuyainfracción se alegue.  A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico
producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimientopatentado, si:
a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo;  o
b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento y el titular de la patente de éste  no puede establecer mediante esfuerzos razonables
cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del
demandado o denunciado en cuanto a la pr otección de sus secretos empresariales.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 44
Dentro de los requisitos indispensables para que una solicitud sea admitida a trámite y reciba
fecha de presentación deberá presentarse entre otros "la descripción" de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 33 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, a saber:
"Artículo 33. -  Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción
por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera
contenido al menos lo siguiente:
a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente;
b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o
que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
c) la descripción de la invención;
d) los dibujos, de ser éstos pertinentes;  y,
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que
la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y
no se le asignará fecha de presentación."
En caso de haberse presentado la descripción, la oficina nacional competente realiza dentro
de los treinta (30) días siguientes un examen de forma y de encontrar alguna insuficiencia, requeriráal solicitante sea subsanada.  Caso contrario, procederá a declarar abandonada la solicitud y perderá
su prelación.  En ese caso, la oficina nacional competente debe guardar la confidencialidad de la
solicitud de conformidad con lo establecido en los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina.
Durante la tramitación la oficina nacional competente podrá requerir que se hagan
aclaraciones dentro de la descripción presentada y el solicitante deberá responder so pena de que sea
denegada la patente, tal y como dispone el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina
de Naciones.
39. Se ruega expliquen si en su legislación se disfrutan o no, sin excepciones ni exclusiones,
las patentes o, de otro modo, los derechos de patentes.  Si se prevén exclusiones o excepciones(que no sean las licencias obligatorias), rogamos describan con detalle cómo se aplican en
términos jurídicos y prácticos estas exclusiones. En caso afirmativo, se ruega mencionar la
legislación pertinente.
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 53 y 54 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina el derecho conferido por una patente encuentra, además de las limitacionesimpuestas por el régimen de licencias obligatorias (Artículos 61 al 69 de esa Decisión), la
imposibilidad de que el titular pueda impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento,
comercializar en su sentido más amplio luego que éste ha colocado el producto en el mercado por
primera vez, o emplear el procedimiento objeto de una patente o el producto en el ámbito privado, de
experimentación, con fines de enseñanza, investigación científica o con fines no comerciales.
"Artículo 53. -  El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo
anterior respecto de los siguientes actos:
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 45
b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de
la invención patentada;
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica
o académica;
d) actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial;
e) cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, usar ese material
como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal
obtención requiera el uso repetido del material patentado."
Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de
comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se
hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otrapersona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia
decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal
influencia sobre ambas personas.
Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se
extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del
material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la
reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a
los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso nose emplee para fines de multiplicación o propagación."
40. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la
prueba en lo que respecta a las patentes de procesos.
Véase la respuesta a la pregunta no. 37.
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
41. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.
La Decisión 486 de la Comisión de la Co munidad Andina de Naciones, siguiendo los
lineamientos establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC, incorpora los Esquemas de Trazado de
Circuitos Integrados como una figura jurídica especial, y la regula en el Título IV, a través de
ocho capítulos (artículos 86-11255) intitulados:  Definiciones;  De los Requisitos de Protección de los
                                                     
55 Artículo 86.-  A efectos del presente Título se entenderá por:
circuito integrado:  un producto, en su forma fina l o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al
menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de
la superficie de una pieza de material, y que es té destinado a realizar una función electrónica;
esquema de trazado:  la disposición tridimensional , expresada en cualquier forma, de los elementos,
siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposicióntridimensional preparada para un circu ito integrado destinado a ser fabricado.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 46
                                                                                                                                                                  
CAPÍTULO II
De los Requisitos de Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos IntegradosArtículo 87.-  Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.
Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de
su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.
Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la
industria de los circuitos integrados, se le considerar á original si la combinación de tales elementos, como
conjunto, cumple con esa condición.
CAPÍTULO IIIDe los TitularesArtículo 88.-  El derecho al registro de un esquem a de trazado de circuito integrado corresponde a su
diseñador.  Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria .
En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la
protección les corresponderá en común.
Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese
fin, o en el marco de una relación la boral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección
corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en
contrario.
CAPÍTULO IVDe la Solicitud de RegistroArtículo 89.-  La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante
la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:
el petitorio;
una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado
comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
de ser el caso, una declaración indicando la fech a de la primera explotación comercial del circuito
integrado, en cualquier lugar del mundo;
de ser el caso, una declaración indicando el  año de la creación del circuito integrado;
una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora
el esquema de trazado;
copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en
el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema detrazado objeto de la solicitud presentada en el país Miembro;
los poderes que fuesen necesarios;  y,
el comprobante de pago de la tasa establecida.
Artículo 90.-  El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado
estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:
el requerimiento de concesión del registro;el nombre y la dirección del solicitante;
la nacionalidad o domicilio del solicitante.  Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse
el lugar de constitución;
el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro
título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su
causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en
el país Miembro;  y,
la firma del solicitante o de su representante legal.Artículo 91.-  Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto
empresarial, el solicitante presentará, además de la re presentación gráfica requerid a, una representación del
esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desf igurado las partes que contuvieran ese secreto.  Las
partes restantes deberán ser suficientes para permitir  en todo caso la identificación del esquema de trazado.
Artículo 92.-  Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la
oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los
siguientes elementos:
una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que
permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita;  yel comprobante de pago de la tasa correspondiente.La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud
sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de
presentación.
CAPÍTULO VDel Trámite de la SolicitudArtículo 93.-  La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un
esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos
indicados en los artículos 89, 90 y 91.  La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad
del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada .
En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la
corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses,  bajo apercibimiento de considerarse abandonada la
solicitud y archivarse de oficio.  Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficina
nacional competente hará efectivo el aperci bimiento mediante resolución fundamentada.
Artículo 94.-  Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se
anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa delinteresado.
Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de
patente de invención.
Artículo 95.-  Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente
oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la
registrabilidad de un esquema de trazado.
Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de
invención.
Artículo 96.-  Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente
registrará el esquema de trazado, expedirá un certifica do de registro que contendrá los datos incluidos en el
registro correspondiente.
CAPÍTULO VIDe los Derechos que confiere el RegistroArtículo 97.-  En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier
lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del país
Miembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del
esquema.  Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.
Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo
podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del país Miembro dentro de un plazo de15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.  Si la solicitud se presentara después de
vencido ese plazo, el registro será denegado.
Artículo 98.-  El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de 10
años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:
el último día del año en que se haya realiza do la primera explotación comercial del esquema de
trazado en cualquier lugar del mundo, o
la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del
respectivo país Miembro.
La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15
años contado desde el último día del año  en que se creó el esquema.
Artículo 99.-  La protección se aplicará independ ientemente de que el circuito integrado que
incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que
el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado .
El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a
terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:
reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de
trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme alartículo 87;IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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comercializar, importar, ofrecer en venta, vender  o distribuir de cualquier forma el esquema de
trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema;  o
comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o di stribuir de cualquier forma un artículo en el que
se encuentre incorporado el circuito integrado protegido,  sólo en la medida en que éste siga conteniendo un
esquema de trazado ilícitamente reproducido.
La protección conferida por el registro sólo  atañe al esquema de trazado propiamente, y no
comprende ningún concepto, proceso, sistema, técn ica o información codificados o incorporados en el
esquema de trazado.
Artículo 100.-  El derecho conferido por el registro  del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer
contra actos realizados con fines industriales o comerciale s.  El registro no confiere el derecho de impedir los
siguientes actos:
actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;actos realizados exclusivamente con fines de en señanza o de investigación científica o académica;
actos referidos en el Artículo 5 ter del Convenio de París para la Prot ección de la Propiedad Industrial.
Artículo 101.-  El registro de un esquema de traza do no dará el derecho de impedir a un tercero
realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los
incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en elcomercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamentevinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas
cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobr e la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas
personas.
Artículo 102.-  El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar
actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediantela evaluación o el análisis del esquema de trazado pr otegido, siempre que el esquema de trazado así creado
cumpla la condición de originalidad conforme al Artículo 87.  Tampoco podrá impedir esos actos respecto de
los circuitos integrados que incorporen el esquema de  trazado así creado, ni de los artículos que incorporen
tales circuitos integrados.
Artículo 103.-  El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar
los actos mencionados en el artículo 99 respect o de otro esquema de trazado original creado
independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.
Artículo 104.-  No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado
la realización de alguno de los actos  referidos en el artículo 99 respecto de  un circuito integrado que incorpore
ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona quelos realizara no supiera, y no tuviera motivos razona bles para saber, que ese esquema de trazado se había
reproducido ilícitamente.  Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema detrazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que
hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación
equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.
Artículo 105.-  Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser
transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.
Deberá registrarse ante la oficina nacional compet ente toda transferencia del registro de esquema de
trazado.  La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá  solicitar el registro de una transferencia.CAPÍTULO VIIDel Régimen de licenciasArtículo 106.-  El titular de un registro de esquem a de trazado concedido o en trámite de concesión
podrá dar licencia a uno o más terceros para la  explotación del esquema de trazado respectivo.
Deberá registrarse ante la oficina nacional comp etente toda licencia de explotación del esquema de
trazado.  La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro la licencia  deberá constar por escrito.Cualquier persona interesada podrá  solicitar el registro de una licencia.En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de esquema de
trazado durante el plazo de vigencia del contrato de li cencia, el titular del registro deberá informarlo a laIP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados;  De los Titulares;  De la Solicitud de Registro;
Del Trámite de la Solicitud;  De los Derechos que confiere el Registro;  Del Régimen de Licencias;
y De la Nulidad del Registro.
                                                                                                                                                                  
oficina nacional competente.  En caso contrario, cual quier notificación realizada conforme a los datos que
figuren en el registro, se reputará válida.
Artículo 107.-  Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de
emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la
autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer encualquier tiempo:
a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotadoindustrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o
privado designadas al efecto;  o
b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias,en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a lascondiciones establecidas.Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las
condiciones establecidas para la concesión de licenci as obligatorias respecto de patentes de invención.
CAPITULO VIIIDe la Nulidad del registroArtículo 108.-  La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:
el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86;
el registro no cumpliese con los requisitos  de protección previstos en el artículo 87;
el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de
los plazos estipulados en el artículo 97;  o,
se configuren las causales de nulidad absoluta pr evistas en la legislación nacional para los actos
administrativos.
Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado
registrado, la nulidad se declarará solamente con resp ecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro
vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previstoen el artículo 87.
El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún
valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.
Artículo 109.-  Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta,
de conformidad con el artículo precedente, quedarán afecta dos de nulidad relativa.  En estos casos la autoridad
nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de lafecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.
Artículo 110.-  La autoridad nacional competente  podrá anular un registro de esquema de trazado
cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo.  La acción de anulación sólo podrá ser
iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obt ener el registro.  Esta acción prescribirá a los cinco
años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que lapersona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento  de la comercialización del producto que incorpora
el esquema de trazado en el país Miembr o, aplicándose el plazo que venza primero.
Artículo 111.-  La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del
registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.
Cuando en razón de la legislación interna de un país Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional
competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el  artículo anterior, se presentarán dentro de los dos
meses siguientes a la notificación.
Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una
prórroga por 2 meses adicionales.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo,  la oficina nacional competente decidirá sobre la
nulidad del registro, lo cual notificar á a las partes mediante resolución.
Artículo 112.-  Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad
nacional competente podrá pedir al titular del registro que presente uno o más de los documentos referidos en
el artículo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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42. Sírvanse explicar qué protección otorga la  legislación de su país a los titulares de
derechos frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de
topografías comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito
integrado en el sentido del artícu lo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 99 de la Decisión 486 anteriormente citada, confiere al titular de un esquema de
trazado protegido, impedir los actos realizados por terceros con fines comerciales o industriales, que
consistan en:  la reproducción por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo,
del esquema de trazado protegido en su totalidad o en parte, siempre que tal parte sea la que
contenga el requisito de originalidad;  y comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir
de cualquier forma:  1.- el esquema de trazado protegido;  2.- un circuito integrado que incorpore ese
esquema y;  3.-un artículo que incorpore ese circuito integrado siempre que siga conteniendo un
esquema de trazado incorporado ilícitamente.
43. Se ruega explicar cómo prevé su legislació n la derogación del artículo 36 del Acuerdo
sobre los ADPIC como se especifica en el artí culo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que
realice esos actos no supiera o no tuviera motivos  razonables para saber, al adquirir el circuito
integrado o el artículo que incorpora tal ci rcuito integrado, que incorporaba un esquema de
trazado reproducido ilícitamente.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 10456
de la Decisión 486 establece tal excepción.
44. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las
topografías.
De conformidad con el artículo 98 ejusdem,  el registro confiere al titular derechos sobre un
esquema de trazado por un lapso de diez (10) años, contados a partir de la fecha más antigua de las
siguientes:  el último día del año de la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo;
o desde la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional
competente del país Miembro;  no obstante, el esquema de trazado caducará a los quince (15) años
siguientes al último día del año de su creación.  (Artículo 97 ejusdem. )
H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
45. Sírvanse explicar si su le gislación otorga o no un período de tiempo definido para la
protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, se ruega especificar la
duración.
No, el artículo 26357 de la Decisión 486 establece que la protección del secreto empresarial
se mantiene mientras perduren las condiciones establecidas en el artículo 260.58
                                                     
56 Artículo 104.-  No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado
registrado la realización de alguno de  los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que
incorpore ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando lapersona que los realizara no supiera, y no tuviera moti vos razonables para saber, que ese esquema de trazado
se había reproducido ilícitamente.  Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud delesquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en
existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una
compensación equivalente a una regalía razonable basa da en la que correspondería pagar por una licencia
contractual.
57 Artículo 263.-  La protección del secreto empresar ial perdurará mientras existan las condiciones
establecidas en el artículo 260.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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46. Sírvanse explicar cómo define su legislac ión el término "información no divulgada".
El artículo 260 de la Decisión 486 define el secreto empresarial como cualquier información
no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero en la
medida que dicha información sea:
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de
sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes
se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
b) tenga un valor comercial por ser secreta;  y
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características
o finalidades de los productos;  a los métodos o procesos de producción;  o a los medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
47. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u
organismos gubernamentales.
El artículo 266 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual
establece que los países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización
de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades
químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un
esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal.  Además, los países
Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario paraproteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra
todo uso comercial desleal.  Los países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la
protección consagrada en este artículo.
I. O
BSERVANCIA
48. Sírvanse exponer cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la infracción
de los derechos de propiedad intelectual.
                                                                                                                                                                  
58 Artículo 260.-  Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que
una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y que sea susceptible de transm itirse a un tercero, en la medida que dicha información
sea:
secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes,
no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos quenormalmente manejan la información respectiva;
tenga un valor comercial por ser secreta;  y
haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.
La información de un secreto empresarial podrá es tar referida a la naturaleza, características o
finalidades de los productos;  a los métodos o procesos de producción;  o, a los medios o formas dedistribución o comerciali zación de productos o pr estación de servicios.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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En materia de Propiedad industrial:
1.- Acción Reivindicatoria:  Título XIV, artículo 23759 de la Decisión 486 - Régimen Común Sobre
Propiedad Industrial.
2.- Acción por Infracción de Derechos:  Título XV, artículos del 238 al 24460 de la Decisión 486
- Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
                                                     
59 Artículo 237.-  Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u
obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal
derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo  ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea
transferida la solicitud en trámite o el derecho conced ido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular
del derecho.
Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que
también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente
pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.
Si la legislación interna del país Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá
demandarse la indemnización de daños y perjuicios.
Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos
años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotar se o usarse en el país por quien
obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes.  No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho
lo hubiese solicitado de mala fe.
60 Artículo 238.-  El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción
ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.  También podrá actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar
de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera  de los cotitulares podrá entablar la acción contra
una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre loscotitulares.
Artículo 239.-  El titular de una patente tendrá der echo a ejercer acción judicial por daños y perjuicios
por el uso no autorizado de la invención o del mode lo de utilidad durante el período comprendido entre la
fecha en que adquiera carácter  público y pueda ser consu ltada  la  solicitud respectiva y la fecha de concesión
de la patente.  El resarcimiento sólo procederá con resp ecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se
calculará en función de la explotación efectivamen te realizada por el demandado durante el período
mencionado.
Artículo 240.-  En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un
procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento
que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya
infracción se alegue.  A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico
producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimientopatentado, si:
a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo;  ob) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento y el titular de la patente de éste no pu ede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido
el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del
demandado o denunciado en cuanto a la pr otección de sus secretos empresariales.
Artículo 241.-  El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se
ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:
el cese  de los actos que constituyen la infracción;
la indemnización de daños y perjuicios;el retiro de los circuitos comerciales de los produ ctos resultantes de la infracción, incluyendo los
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de pu blicidad u otros materiales, así como los materiales y
medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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3.- Medidas cautelares:  Título XV, Capítulo II, artículos 245 al 24961 de la Decisión 486 del
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
                                                                                                                                                                  
la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos
en el literal anterior;
la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal  c), en cuyo
caso el valor de los bienes se imputará al impor te de la indemnización de daños y perjuicios;
la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción,
incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medi os referidos en el literal  c) o el cierre temporal o
definitivo del establecimiento del demandado o denunciado;  o,
la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del
infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la  supresión o remoción de la marca deberá
acompañarse de acciones encaminadas a impedir  que se introduzcan esos productos en el comercio.Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos aun procedimiento aduanero diferente.
Quedarán exceptuados los casos debidamente califica dos por la autoridad nacional competente, o los
que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
Artículo 242.-  Los países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la
gravedad de la infracción, las autoridades judiciales pu edan ordenar al infractor que informe al titular del
derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes oservicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.
Artículo 243.-  Para efectos de calcular la indemnizaci ón de daños y perjuicios se tomará en cuenta,
entre otros, los criterios siguientes:
el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la
infracción;
el monto de los beneficios obteni dos por el infractor como resultado de los actos de infracción;  o,
el precio que el infractor habría pagado por concep to de una licencia contractual, teniendo en cuenta
el valor comercial del derecho infringido y las licen cias contractuales que ya se hubieran concedido.
Artículo 244.-  La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el
titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió lainfracción por última vez.
61 Artículo 245.-  Quien inicie o vaya a iniciar un a acción por infracción podrá pedir a la autoridad
nacional competente que ordene medidas cautelares inme diatas con el objeto de impedir la comisión de la
infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el
resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con
posterioridad a su inicio.
Artículo 246.-  Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
el cese  inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;el retiro de los circuitos comerciales de los product os resultantes de la presunta infracción, incluyendo
los envases, embalajes, etiquetas, ma terial impreso o de publicidad u otro s materiales, así como los  materiales
y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en
el literal anterior;
la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;  y,
el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para
evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.
Si la norma nacional del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de
oficio, la aplicación de medidas cautelares.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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4.- Medidas en frontera:  Título XV, Capítulo III, artículos 250 al 256 de la Decisión 486 del
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.62
                                                                                                                                                                  
Artículo 247.-  Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación
para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la
comisión de la infracción o su inminencia.  La autori dad nacional competente podrá requerir que quien pida la
medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de pr oductos determinados deberá suministrar las
informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productospresuntamente infractores puedan ser identificados.
Artículo 248.-  Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella
se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución.  La parte afectada podrá recurrir antela autoridad nacional competente pa ra que revise la medida ejecutada.
Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte
quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infr acción no se iniciara dentro de los 10 días siguientes
contados desde la ejecución de la medida.
La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.
Artículo 249.-  Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta
infracción y de los materiales o medios qu e sirvieran principalmente para cometerla.
62 De las Medidas en frontera
Artículo 250.-  El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se
va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la
autoridad nacional competente suspen der esa operación aduanera.  Son aplicables a esa solicitud y a la orden
que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan  las normas internas del país Miembro.
Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional
competente la información necesaria y una descripció n suficientemente detallada y precisa de los productos
objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.
Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar
de oficio, la aplicación de medidas en frontera.
Artículo 251.-  A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente
permitirá al titular de la marca participar en la in spección de las mercancías retenidas.  Igual derecho
corresponderá al importador o exportador de las mercancías.
Al realizar  la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la
información confidencial, en lo que fuese pertinente.
Artículo 252.-  Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente
ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera  y la notificará al solicitante.
En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador,
importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto dela suspensión.  Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.
Artículo 253.-  Transcurridos 10 días hábiles contados  desde la fecha de notificación de la suspensión
de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la
autoridad nacional competente hubiere prolongado la su spensión, la medida se levantará y se procederá al
despacho de las mercancías retenidas .
Artículo 254.-  Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la  medida podrá recurrir a
la autoridad nacional competente.  La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la
suspensión.
Artículo 255.-  Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera
incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimientoaduanero diferente, salvo en  los casos debidamente calif icados por la autoridad nacional competente, o los que
cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho
del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la
destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.
Artículo 256.-  Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las
cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal delos viajeros o se envíen en pequeñas partidas.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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5.- Actos de competencia desleal:
a) Título XVI, Capítulo I, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 del Régimen Común
sobre Propiedad Industrial.63
b) Título II, artículo 1764;  y Títulos IV, V, VI y VII, artículos 32 al 56 de la Ley para
Promover y Proteger el Ejerci cio de la Libre Competencia.
6.- Medidas penales:
a) Título XV, Capítulo IV, artículo 257 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre
Propiedad Industrial Venezolana.65
b) Capítulo VII, artículos 97 al 105 de la Ley de Propiedad Industrial.
c) Título VI, Capítulo V, artículos 338 y 33966 del Código Penal Venezolano.
                                                     
63 Artículo 258.-  Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.-  Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre
otros, los siguientes:
cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
las aseveraciones falsas, en el ejercicio del come rcio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;  o,
las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabri cación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.
64 Artículo 17
Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de loscompetidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:1.  La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;2.  La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a
desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores;  y
3.  El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.
65 Artículo 257.-  Los países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales  para los
casos de falsificación de marcas.
66 Artículo 338.-  Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos
de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera;  y, asimismo, todo el que haya hecho
uso de los nombres, marcas o signos legalmente registra dos así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea
proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses.
La misma pena será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos
industriales y al que haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados, aunque la falsedad sea obrade un tercero.
La autoridad judicial podrá disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa
del reo.
Artículo 339.-  El que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de
cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres,
marcas o signos distintivos falsificados o alterados, o con nombres, marcas o signos distintivos capaces de
inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas osignos ha sido legalmente registrada en Venezuela, será castigado con prisión de 1 a 12 meses.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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En materia de Derecho de autor:
a) La acción declarativa:  Título VI, Artículo 10967 de la Ley sobre el Derecho de Autor la cual
se dirige a obtener un pronunciamiento judicial que confirme la existencia del derecho
alegado por el promovente.
b) La acción inhibitoria, prohibitoria o de condena:  Título VI, Artículo 109 de la Ley sobre el
Derecho de Autor, la cual dispone que el titular de un derecho que tuviere razón para temer
el desconocimiento de sus derechos o de que se continúe o reincida en una violación ya
realizada, puede pedir al juez que prohíba a la otra persona su violación.
c) La acción de remoción o destrucción.  Título VI, Artículo 11068 de la Ley sobre el Derecho
de Autor.  En este mismo sentido en el Capítulo VIII, artículo 57, literal c de la Decisión 351
se contempla esta posibilidad.
d) La acción de daños y perjuicios:  Título VI, artículo 109 encabezado;  artículo 110
encabezado y artículo 6469 de la Ley sobre el Derecho de Autor.  De igual forma la
Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos –
Capítulo VIII, artículo 57, literales a) y b) contienen la facultad para que las autoridades
competentes ordenen al infractor de uno cualquiera de los derechos protegidos un
resarcimiento adecuado con el fin de compensar los daños y perjuicios sufridos por el titularaccionante, además de la costas procesales.
                                                     
67 Artículo 109.-  El titular de cualquiera de los der echos de explotación previstos en esta Ley, que
tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación
ya realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación, sin perjuicio
de la acción por resarcimiento de daños morales y ma teriales que pueda intentar contra el infractor.
Para la efectividad de la prohibición del Juez conminará en la sentencia con multa al ocurrir una
contravención.  El Juez impondrá la sanción a solicitud  de la parte agraviada.  La multa no excederá del
equivalente a veinte veces el salario mínimo urbano fijado por el Ejecutivo Nacional, conforme a la Ley
Orgánica del Trabajo, y es convertible en arresto propo rcional a razón de quinientos bolívares por cada día de
arresto.
En caso de reincidencia, se podrá imponer el doble de la multa.
68 Artículo 110.-  El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta Ley y que resulte
lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias
ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos últimos, por sunaturaleza, no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente.  Queda a salvo, en su
caso, la acción por la indemnización de los daños y perj uicios causados al titular de uno de los derechos de
explotación indicados.
Si una parte del aparto de que se trata puede ser empleado para una reproducción o comunicación
diferente, el interesado puede exigir que a sus expensas se haga la separación de esta parte, para salvarla de la
destrucción a remoción.  Si el ejem plar o el aparato cuya remoción o destrucción se pidiere tiene especial
mérito artístico o científico, no podrá ser destruido, y el Juez podrá ordenar de oficio, su entrega a un museo
público.
En todo caso el perjudicado puede pedir que le sean adjudicados los ejemplares, copias o aparatos
cuya destrucción se ordene.  El Juez determinará el precio de la adjudicación, el  cual se deducirá de la
estimación de los daños y perjuicios causados.
Las medidas a que se refiere este artículo no surtir án efectos contra quienes hayan adquirido de buena
fe y para su uso personal un ejemplar o copia ilícitamente reproducidos.
69 Artículo 64.-  Quien explote una obra, producto o producción administrados por una entidad de
gestión colectiva, sin que se le hubiere cedido el derecho correspondiente o se le hubiere otorgado la respectivalicencia de uso, debe pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre laremuneración en la tarifa, aplicada durante todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación, siempreque no se pruebe un daño superior en el caso concreto.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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49. Sírvanse explicar si su legislación contempla o no un mecanismo para recurrir contra
decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.
En Venezuela se respeta y aplica el principio de la doble jurisdicción a través del cual las
decisiones administrativas pueden ser revisadas por los órganos jurisdiccionales competentes.  En tal
sentido la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contempla los recursos dereconsideración (Artículo 94), jerárquico (Artículo 95) y revisión, pero además existe la vía
contencioso administrativa para dirimir en vía judicial las decisiones finales tomadas por los órganos
administrativos.
De las decisiones emanadas del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual se oye el
recurso de reconsideración ante el mismo Servicio Autónomo y el Jerárquico ante el Ministro de
Adscripción y de la decisión emanada del Ministro ante la cual se agota la vía administrativa, se
puede interponer el correspondiente recurso Contencioso Administrativo ante la Corte Primera de loContencioso Administrativo y de esta decisión se podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 134 de la Ley Orgánica de la Coste Suprema de
Justicia.
50. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces orden la presentación
de pruebas por la parte contraria. Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidasque se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.
En el sistema procesal venezolano se encuentra estipulado un medio de prueba denominado
"exhibición de documentos", el cual tiene su fundamento en el artículo 436 del Código de
Procedimiento Civil, el cual reza así:
"Artículo 436.  La parte que deba servirse de un documento que según su manifestación, se
halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición.
A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en su defecto, la
afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un
medio de prueba que constituya por lo menos  presunción grave de que el instrumento se
halla o se ha hallado en poder de su adversario plazo que le señalará bajo apercibimiento.
Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo indicado, y no apareciere de autos pruebas
alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento,
tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y en defecto de ésta, se tendrán
como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento.
(…)" (Subrayado nuestro)
Este medio de prueba puede ser utilizado, igualmente, en el proceso penal venezolano y el
procedimiento civil, en los cuales existe el principio de la libertad de prueba, que admite la
posibilidad de utilizar medios probatorios que estén establecidos en cualquier cuerpo legislativo.
Además de lo antes expuesto la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones
establece en el artículo 240 la inversión de la carga de la prueba al demandado en los casos de la
infracción de una patente de procedimiento para obtener un producto.  A estos efectos opera una
presunción iuris tantum  en contra del demandado, a quien le corresponderá en juicio demostrar que
el procedimiento para la obtención del producto no es  el protegido por la patente.  Deberán tenerse
en consideración en cuanto al demandado la protección de sus secretos empresariales.
En relación a los mecanismos para mantener la confidencialidad debemos señalar que en el
proceso penal todos los actos de la investigación son reservados para los terceros, de manera queIP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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sólo las partes directamente relacionadas con el asunto, además de las autoridades judiciales y del
Ministerio Público, tienen acceso a las actas procesales y, en consecuencia, a las pruebas aportadas,
y por esta razón los funcionarios que participen en la investigación y las personas que por cualquier
motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, están obligadas a guardar reserva
(Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal).
En el proceso civil rige el Principio de la Publicidad, según el cual todos los actos procesales
son públicos.  La única excepción a este principio es que el Tribunal determine lo contrario por
razones de decencia pública, según la naturaleza de la causa (Artículo 24 del Código de
Procedimiento Civil).
51. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a
un demandado que desista de una infracción.
La autoridad nacional competente puede ordenar el cese de los actos que constituyen la
infracción;  el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción;
la prohibición de la importación o de la exportación de los productos;  la adjudicación en propiedad
de los productos;  la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición
de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos o el cierre temporal o definitivo del
establecimiento demandado o denunciado;  la publicación de la sentencia condenatoria y sunotificación a las personas interesadas, a costa del infractor (Artículo 241 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina de Naciones  "Régimen Común sobre Propiedad Industrial").
La destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción está
establecida en el artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor y en el artículo 56 de laDecisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos".
En materia de propiedad Industrial, esta medida está establecida en el artículo 241 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común sobre
Propiedad Industrial".
52. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el
pago al titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el
perjuicio sufrido.
La Decisión 486 dispone en su artículo 239 que el titular de una patente podrá ejercer acción
judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidaddurante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser
consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.
El derecho venezolano, específicamente el Código Civil, Artículo 1185, establece el
principio según el cual "El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un
daño a otro, está obligado a repararlo" principio de responsabilidad civil por hecho ilícito, caso en el
cual establecida la responsabilidad del agente y el daño causado se determinará una indemnización
según la disminución del patrimonio de la víctima (daño emergente), o por habérsele privado de unaganancia a la cual tenía derecho (lucro cesante), derivada del hecho ilícito en materia civil o de la
comisión de un delito (acción civil derivada de delito) en materia penal.  En ese mismo orden de
ideas se expresa el literal b) del Artículo 241  de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de
Naciones "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" y el artículo 243 ejusdem  el cual establece
los criterios para el cálculo de la misma.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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En el mismo sentido la Ley sobre Derecho de Autor prevé la acción de daños y perjuicios
(Artículos 109 enc. 110 y enc. 64 de la LSDA).
53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el
pago de los gastos al titular del derecho por parte del infractor.
El Derecho Común venezolano establece el prin cipio según el cual "El que con intención, o
por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo"
(Artículo 1185 del Código Civil), estando comprendido dentro de ello cualquier situación en la cual
exista un daño comprobado, situación en la cual el Tribunal competente expedirá una sentencia
condenatoria al pago de una cantidad de dinero por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios,
independientemente de la materia que se trate.  El titular de un derecho de Propiedad Intelectual
también se beneficia de ese principio.
El sistema procesal venezolano establece varias disposiciones relativas a los gastos del juicio
y los honorarios de los abogados, lo que nuestro legislador ha denominado "costas procesales", que
incluyen los gastos hechos por cada parte en la formación del proceso y los honorarios pagados a
abogados, peritos y demás profesionales que hayan intervenido en el proceso.  De acuerdo con esas
previsiones, como principio general, el Tribunal condenará a la parte que resulte vencida en un
proceso o una incidencia al pago de las costas procesales (Artículos 274 al 287 del Código deProcedimiento Civil).
54. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las
mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.
Los jueces pueden ordenar el retiro de los canales comerciales de aquellas mercancías que
violen derechos de propiedad intelectual, así como la destrucción de las mismas, ello bien comomedida provisional decretada por un tribunal o como sanción en una sentencia condenatoria, a saber:
En materia de medidas en frontera el órgano competente en materia de propiedad intelectual
podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, impedir el desaduanamiento de la
mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular
del derecho en cualquier caso de infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.
Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la
mercancía cuestionada, la retención de la misma (Artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas).
En este mismo sentido la norma comunitaria Decisión 486 del Régimen Común Sobre
Propiedad Industrial, contiene en el TÍTU LO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE
DERECHOS, CAPÍTULO III De las Medidas en frontera un procedimiento a tales fines, establecidoen los artículos 250 al 255 de la referida Decisión.
En materia de propiedad industrial la Ley establece en el artículo 105 que en:
"Toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la
destrucción de los elementos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del
delito, así como los objetos que provengan del mismo."
En el caso de la Ley Sobre Derecho de Autor (Artículo 97), se contempla una acción o
pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamentereproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos
empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción o
comunicación diferente.  (Artículo 110)
Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el
aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en elcual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a un
museo público.  La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios.
55. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a
un demandado en caso de abuso por parte del demandante.
La acción por daños y perjuicios no sólo la tiene el demandante o el titular del derecho de
propiedad intelectual, la indemnización por daños y perjuicios también es posible para aquel que
haya sido víctima de la temeridad del demandante, de tal manera que el principio citado en elartículo 1185 del Código Civil venezolano se aplica en estos casos y todo lo referido a la respuesta a
la pregunta 51 de este cuestionario.
Asimismo es importante señalar que el juez podrá solicitar al demandante que caucione
suficientemente antes de acordar la ejecución de una medida cautelar (Artículo 247 de la Decisión
486 de la Comunidad Andina de Naciones).  Ello es una facultad del juez el cual para ordenar laejecución de una medida provisoria solicita al demandante caución o fianza para de tal manera
garantizar que no existe temeridad por parte del demandante en la solicitud de la medida.
56. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Medidas provisionales:
MEDIDAS JUDICIALES
Derecho de autor:
El Juez puede ordenar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de
explotación, así como el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre
que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama(Artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor).
La autoridad nacional competente puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato
de la actividad ilícita;  la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según
corresponda, de los ejemplares producidos con infracción;  la incautación, embargo, decomiso o
secuestro de los aparatos o medios utilizados;  embargo, decomiso o secuestro de los aparatos omedios utilizados para la comisión del ilícito (Art ículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobr e Derecho de Autor y Derechos Conexos").
Propiedad industrial:
Pueden ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan
la presunta infracción;  el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
presunta infracción;  la suspensión de la importación o de la exportación de los productos;  la
constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;  y el cierre temporal delestablecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación oIP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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repetición de la presunta infracción (Artículo 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común de Propiedad Industrial").
Puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una
patente o de una marca, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la ley o la
suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por ladefinitiva, para lo cual el Tribunal podrá exigir caución suficiente (Artículo 136 de la Ley Orgánica
de la Corte Suprema de Justicia).
Puede solicitarse por vía de amparo constitucional ante el Tribunal competente como medida
provisional, la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una
marca por razones de inconstitucionalidad y siempre que se cumplan los requisitos para las medidas
preventivas, el fumus boni juris  y el pericullum in mora  (Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales).
Para ambos casos, el del Derecho de autor y el de la Propiedad industrial, es posible solicitar
cualquier clase de medidas preventivas o "medidas innominadas", siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en la ley (Parágrafo Primero del Artículo 588 del Código de Procedimiento
Civil).
57. Sírvanse exponer las autoridades competente s en su jurisdicción que reciben de los
titulares de derechos peticiones de solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades
aduaneras de mercancías falsificadas.
Es importante señalar que según el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas corresponde a
la autoridad aduanera la ejecución de medidas en frontera, pero como éstas son solicitadas en juicio
en virtud de un proceso de investigación por denuncia o demandas, es la autoridad judicial lacompetente para dictarlas.
Si estamos frente a una denuncia penal el tribunal competente es el Tribunal de Primera
Instancia en lo Penal y si estamos ante una demanda civil ordenará la medida el Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil de la Jurisdicción de que se trate.
Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la
mercancía cuestionada, la retención de la misma.  (Artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas).
58. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de
mercancías falsificadas.
En efecto el artículo 250 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones referido
al "Régimen Común de Propiedad Industrial", faculta al titular de un registro de marca que tuvieremotivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o exportación de productos que
infringen ese registro, solicitar a la autoridad competente suspender esa operación aduanera.
Asimismo determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas incautados por la
autoridad competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero
diferente, salvo que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
En este orden de ideas cuando las mercancías hubieren sido retiradas de la zona aduanera,
sin que se hubieren satisfecho todos los requisitos establecidos en la Ley o las condiciones a quequedó sometida su introducción o extracción, o no se hubiere pagado el crédito fiscal respectivo, el
Fisco Nacional podrá perseguirlas y aprehenderlas.  (Artículo 11 de la Ley Orgánica de Aduanas.)
Esta facultad además se extiende a la posibilidad de ingresar a los almacenes, patios, oficinas,IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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vehículos y demás lugares privados o públicos, sujetos a la potestad aduanera, sin necesidad de
autorización especial.  (Artículo 10 de la Ley Orgánica de Aduanas)
59. Sírvanse indicar qué disposiciones de su legislación autorizan a las autoridades
competentes a ordenar la destrucción o eliminación de mercancías infractoras.
Sin menoscabo de la respuesta a la pregunta número 52 del presente cuestionario, en materia
de medidas en frontera, el artículo 255 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones
establece que la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las
mercancías infractoras, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y
a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial.
60. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones
de minimis .
En efecto el régimen descrito para la aplicación de medidas en fronteras no es aplicable
cuando se trate de pequeñas cantidades de mercancías sin carácter comercial, que formen parte del
equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas partidas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 256 de la Decisi ón 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
61. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
El Código Penal establece sanciones a la infracción de derechos tanto de propiedad
industrial como de derecho de autor, en tal sentido el artículo 338 del Código Penal establece pena
de prisión de 1 a 12 meses a quien hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos
distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera, así como a quien
haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados,aunque la falsedad proviniere de un tercero.  La misma pena se aplicará a quien hubiere contrahecho
o alterado los dibujos o modelos industriales y a quien haya hecho uso de los mismos así
contrahechos o alterados aunque la falsedad proviniere de un tercero.
El artículo 339 del mismo Código Penal castiga con prisión de uno a doce meses a quien con
el objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera encirculación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos
distintivos falsificados o alterados capaces a inducir a error al comprador respecto de su origen o
calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en
Venezuela.
El artículo 340 del referido Código castiga con prisión de quince días a tres meses a quien
hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones
industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su
posición o empleo o en razón de su profesión, arte  o industria y con prisión de quince días a seis
meses si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo.
En el mismo orden de ideas la Ley de Propiedad Industrial castiga con prisión de 1 a
12 meses a quien atente contra los derechos del legítimo titular o poseedor de una patente,
fabricando, ejecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro, sin elconsentimiento bien expreso o tácito del titular, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la
patente y a quien para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor use, fabrique o
ejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan (Artículos 98 y
99).IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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Asimismo serán castigados con prisión de 1 a 12 meses quienes designen un establecimiento
como sucursal de otro que tenga denominación comercial registrada y quien dolosamente se
aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro
que tenga su propiedad al amparo de la Ley de Propiedad Industrial (Artículos 100 y 101
respectivamente).
En materia de derecho de autor se considera delito el empleo sin consentimiento del titular
del respectivo derecho, del título de una obra, la comunicación en forma original o elaborada íntegra
o parcialmente de obras del ingenio, ediciones de obras ajenas, textos, fotografías o productos
obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas
cinematográficas, equiparadas a  la fotografía, así como la distribución de obras del ingenio inclusive
ejemplares de fonogramas y la retransmisión o emisión no autorizada por los organismos de
radiodifusión con prisión de 6 a 18 meses (Artículo 119 LSDA).
Asimismo se castiga con prisión de uno a cuatro años a quien intencionalmente reproduzca
en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o
de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía, o quien
introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación reproducciones ilícitas de
las mismas (Artículo 120 LSDA).Con la misma pena se castiga a quien copie por cualquier medio, laactuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o emisión de radiodifusión en todo o en parte,
o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación dichas
reproducciones o copias (Artículo 121 LSDA).
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
A. G
ENERAL
1. Sírvanse explicar cómo se aplican en su país las Decisiones 344, 345, 351, 391 y 486 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena e indicar si se cumplen directamente o por medio de la
legislación nacional.
La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - Régimen Común de Propiedad
Industrial, que sustituyó a la Decisión 344 de la misma Comisión;  la Decisión 345 del Régimen
Común de Protección a los Derechos de los Obtent ores de Variedades Vegetales;  la Decisión 351
del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Dere chos Conexos;  y la Decisión 391 el Régimen
Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, son aplicadas de forma directa a nuestra legislación,
toda vez que así lo consagra el artículo 153 de la Constitución Bolivariana de la República deVenezuela.
70
                                                     
70Artículo 153.-  "(...)La República podrá atribuir  a organizaciones supranacionales, mediante
tratados, el ejercicio de las competencias necesarias pa ra llevar a cabo estos procesos de integración.  Dentro
de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones conIberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina.  Las normas que se adopten
en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente
y de aplicación directa y preferente a la  legislación interna."(Subrayado nuestro)IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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De igual forma el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
establece en el artículo 371 que las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los
países Miembros.
Resulta conveniente subrayar que esta normativa comunitaria ha de regir por igual en el
territorio de la subregión, es decir, debe tener vigencia simultánea y uniforme en los cinco paísesMiembros del Acuerdo.  De allí que la supranacionalidad en el derecho comunitario se manifieste
mediante la aparición de dos principios fundamentales que deben servir de base a la estructura
jurídica de la integración como lo es la Aplicación directa
72 y la Preeminencia.73
En tal virtud, las normas comunitarias se integran en el sistema jurídico-positivo nacional sin
instancias intermedias, ni legislativas ni ejecutivas.
B. D ERECHO DE AUTOR
2. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de
la nación más favorecida que habría en la legislación sobre derecho de autor y derechos
conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Nuestra legislación interna vigente en materia de derecho de autor y derechos conexos
(Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos), no ha previsto
excepciones con respecto a la aplicación de los principios de trato nacional y trato de la nación másfavorecida previstos en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente.
En tal sentido, los principios de trato nacional y nación mas favorecida tal como lo
establecen los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), son concedidos a los nacionales de los países
miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir del momento de la ratificaciónpor parte de nuestro país de los Acuerdos de la Ronda Uruguay;  y como consecuencia tales
principios forman parte de nuestra legislación.
Sin embargo, Venezuela al formar parte del Acuerdo de Cartagena que entró en vigencia
antes de la ratificación del Acuerdo por el que se establece la OMC queda exento en relación con el
principio de la nación más favorecida de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 literal d) delAcuerdo sobre los ADPIC por haber sido notificado al Consejo respectivo antes de la entrada en
vigor del mencionado acuerdo.
C. P
ATENTES
3(1) Sírvanse describir cómo la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en
el caso de ser aplicable, la legislación nacional  venezolana definen el concepto de "invención",
en función del párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula que las
patentes podrán obtenerse por todas las "invenciones", en todos los campos de la tecnología,
siempre que sean nuevas, entrañen una activida d inventiva y sean susceptibles de aplicación
                                                     
71Artículo 3:  "Las Decisiones de la Comisión será n directamente aplicables en los países Miembros a
partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen un fecha
posterior".
72 Aplicación directa:  Es la capacidad que tiene la  norma para producir efectos jurídicos en un país
miembro sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia.
73 Preeminencia:  Es la posibilidad que tiene una norma del derecho comunitario de primar sobre una
norma de derecho interno que se le oponga, cualquiera que sea el rango de ésta última.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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industrial.  ¿Por qué razones las materias prescr itas en el apartado b) del artículo 15 de la
Decisión 486 no se estiman invenciones?  ¿Se debe ello a que existen en la naturaleza o porque
se relacionan con cosas vivas o material biológico?
La Decisión 486 en el Artículo 14 define en los mismos términos dispuestos en el
artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC que se entiende por campo de patentabilidad a pesar deno contemplar una definición expresa de invención, la cual tampoco esta prevista en la legislación
interna.  Sin embargo, en la doctrina y jurisprudencia pertinente se reconoce como invención para
efectos de la legislación de patentes de invención a una solución técnica a un problema técnico.  A
su vez, se entiende que es "técnico" aquello que conlleva la utilización de las fuerzas de la naturaleza
(materia, energía) por el hombre para satisfacer sus necesidades materiales.  La intervención del
hombre sobre la naturaleza es esencial al concepto de invención.  Estos criterios están implícitos en
las normas sobre patentes de invención contenidas en la Decisión 486.
La materia referida en la Decisión 486 Artículo 15 inciso b) no se considera invención
porque se trata de productos de la naturaleza, y no de invenciones hechas por el hombre.  El material
existente en la naturaleza no puede ser reivindicado como invención por ninguna persona.  Para que
haya una invención es necesario que aquello que ya existe en la naturaleza sea transformado por el
hombre.
3(2) Si una cosa viva, parte de ella o material biológico, cuya existencia no se haya
reconocido con anterioridad, ha sido, por primera vez, aislado o purificado artificialmente de
su entorno natural (es decir, si ello entraña "intervención humana"), ¿se ha de considerar una
invención de conformidad con el artículo 15 de la Decisión 486?  En caso contrario, ¿se
estimará, automáticamente, que no es una invención, no obstante la amplitud de laintervención humana que ello implica?
El material biológico existente en la naturaleza no se considera una invención por el simple
hecho de no haberse conocido su existencia previamente.  El reconocimiento de la existencia de un
material o fenómeno de la naturaleza constituye un descubrimiento, no una invención.
La intervención humana en la naturaleza hecha por un descubridor no es asimilable a la intervenciónhecha por un inventor.  El descubridor simplemente identifica algo que ya existe en la naturaleza, y
puede separarlo o aislarlo de su medio para conocerlo mejor.  El inventor va más allá, pues
transforma lo que encuentra en la naturaleza para resolver un problema técnico, el cual es repetible y
aplicable en la práctica.  El simple aislamiento o purificación de una materia preexistentes en la
naturaleza no la hace patentable, sea la materia viva o inerte.  Por ejemplo, purificar la arena dellecho de un río para separar o aislar de ella algún mineral en polvo contenido en esa arena (por
ejemplo oro) no haría patentable al mineral aislado o purificado.  Asimismo, el simple hecho de
encontrar o descubrir un animal, planta o microorganismo en la naturaleza no lo hace patentable, aún
cuando no fuese conocido anteriormente.  Un producto de la naturaleza necesita ser transformado
por el hombre para que pueda considerarse como una invención.
Sin perjuicio de lo anterior, todo procedimiento de separación, aislamiento o purificación
que cumpla con los requisitos de patentabilidad podrá ser objeto de una patente de procedimiento.
3(3) Cuando exista en la naturaleza un tipo especial de sustancia química, que no sea una
parte o la totalidad de una cosa viva ni material biológico (como perlas de carbón aisladas del
residuo oleoso que se produce por el procedimiento de refinamiento del aceite, cuando los
aceites pesados y los aceites livianos se extraen del petróleo crudo), ¿se considerará que esa
sustancia constituye una invención, según lo disp uesto en el artículo 15 de la Decisión 486, si
primero se aísla o purifica artificialmente de su entorno?IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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Es aplicable lo indicado en la respuesta a la pregunta 3(2).  La labor del descubridor, por
intensa que fuese, no es asimilable a la del inventor.  La separación, aislamiento o purificación de
materias existentes en la naturaleza no hace patentables a las materias separadas, aisladas o
purificadas, a menos que ellas hubiesen sido transformadas intrínsecamente.  Queda a salvo la
patentabilidad de los procedimientos de separación, aislamiento o purificación, si cumplen lascondiciones previstas por la ley.
4. Sírvanse explicar si las materias que figu ran en la lista que aparece a continuación se
consideran o no una invención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486 y ,
en caso de aplicarse, la legislación nacional de Venezuela.  Si se juzga que alguna de esas
materias no es una invención, sírvanse fundamentar la razón.  Sírvanse suponer que las
materias mencionadas en las letras a), h), i), l), m), n) y o) no hayan tenido con anterioridad
una existencia reconocida y, que por primera vez, hayan sido aisladas o purificadasartificialmente de su entorno natural, y que toda s las materias que figuran en la lista cumplen
con otros requisitos para obtener la patente, como la novedad (en el sentido que no eran
conocidas por el público), entrañan una activida d inventiva y son susceptibles de aplicación
industrial:
a) Insulina aislada y purificada de las células beta del páncreas humano.
No se considera como invención.  Véanse las respuestas a las preguntas 3(2) y 3(3).
b) Un gene que codifica la insulina humana.
En caso de tratarse de un gen ya existente en el cuerpo humano, es decir, descubierto y
aislado del cuerpo humano, no se considera como una invención.  En caso de tratarse de un
gen creado por el hombre (por ejemplo, por ingeniería genética) y que introducido en elcuerpo humano, o en un medio apropiado, codifica y se expresa en la producción de insulina
humana, sí se consideraría como una invención.
c) Un vector expresión que lleva al mencionado gene.
En caso de tratarse de un vector de expresión ya existente en el cuerpo humano o en la
naturaleza, no se considera como una invención.  En caso de tratarse de un vector deexpresión creado por el hombre, sí se consideraría como una invención.
d) La Escherichia coli  transformada por el mencionado vector expresión.
Los microorganismos modificados por el hombre se consideran como invenciones.
El Escherichia coli  transformado mediante el referido vector de expresión (o por cualquier
otro método) se considera como una invención, pues no se trata del Escherichia coli
existente en la naturaleza.
e) Un procedimiento para producir insulina humana mediante el cultivo de la
Escherichia coli ..
Sí se considera como invención.
f) Insulina humana recombinante obtenida por el referido procedimiento.
Sí se considera como invención.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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g) Un mutante obtenido por la modificación genética de la insulina humana
recombinante.
Sí se considera como invención.
h) Levadura de panadero aislada o purificada artificialmente a partir de su
entorno natural.
No se considera como invención.  Véanse las respuestas a las preguntas 3(2) y 3(3).
i) Un microorganismo aislado o purificado artificialmente a partir de su entorno
natural que produce el antibiótico micina X.
En caso que el microorganismo no se hubiese modificado por el hombre, se trataría de un
producto de la naturaleza, y no se consideraría como invención.  Véanse las respuestas a las
preguntas 3(2) y 3(3).
j) El antibiótico micina X producido por el citado microorganismo.
En caso de que el microorganismo produjera naturalmente el antibiótico antes que ese
microorganismo fuese aislado o purificado, el antibiótico se consideraría un producto de la
naturaleza y no sería una invención.  Sin embargo, si por efecto de la intervención del
hombre, a través del aislamiento o purificación del microorganismo, éste produce algo
(un antibiótico) que no producía normalmente en su estado natural, podría considerarse queel antibiótico es resultado de una interferencia del hombre sobre la naturaleza.  En su caso,
tal antibiótico podría considerarse como una invención.
k) Un mutante obtenido por la mutación artificial de dicho microorganismo con
rayos UV.
Sí se considera como invención.
l) Un hibridoma que produce un anticuerpo que reconoce al antígeno A.
Sí se considera como invención.
m) Hepatocito humano Y.
En caso de tratarse de un hepatocito ya existente en el cuerpo humano (o en la naturaleza),
no se considera como una invención.  En caso de tratarse de un hepatocito creado por elhombre, sí se consideraría como una invención.
n) Tejido hepático humano Z, y
En caso de tratarse de tejido hepático ya existente en el cuerpo humano (o en la naturaleza),
no se considera como una invención.  En caso de tratarse de tejido hepático creado por el
hombre, sí se consideraría como una invención.
o) Perlas de carbón aisladas del residuo oleoso que se produce por el
procedimiento de refinamiento del aceite, cuando los aceites pesados y los
aceites livianos se extraen del petróleo crudo.
No se considera como invención.  Véanse las respuestas a las preguntas 3(2) y 3(3).IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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5. Sírvanse explicar la relación que existe entre el párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo
sobre los ADPIC y los apartados h) e i) del artículo 26 de la Decisión 486 que obligan a los
solicitantes de patentes a presentar un ejemplar del contrato para tener acceso a recursos
genéticos y un ejemplar de los documentos que certifican la autorización para utilizar el
conocimiento tradicional.  ¿Considera su país que la referida obligación del solicitanteconstituye un requisito de habilitación que está claramente estipulado en el párrafo 1 del
artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC, o como un requisito adicional que no está estipulado
en dicho artículo?
No hay relación entre el artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Artículo 26 incisos
(h) e (i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.  El artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC
se refiere al requisito de divulgación suficiente de la invención.  Esta materia está atendida en los
Artículos 28 y 29 de la Decisión 486.
Las disposiciones del Artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 no se refieren al
requisito de divulgación de la invención.  Ellas tienen mas bien la finalidad de coadyuvar al respeto
y cumplimiento de disposiciones legales nacionales, comunitarias andinas e internacionales
(por ejemplo  el Convenio sobre Diversidad Biológica) relativas al acceso a los recursos genéticos y
a los conocimientos tradicionales.  El acceso a los recursos genéticos y a los conocimientostradicionales atañe a la propiedad industrial en la medida en que el recurso genético o conocimiento
tradicional diera lugar a un desarrollo tecnológico patentable.  En previsión de tales casos, las
normas de la Decisión 486, concordantes en lo pertinente con lo dispuesto en la Decisión 391 sobre
acceso a recursos genéticos, tienden a impedir que una invención que se hubiese generado a partir de
un recurso genético o conocimiento tradicional ilícitamente obtenido sea objeto de una patente deinvención.  Las patentes de invención son concedidas por el Estado como un estímulo o aliciente
para la realización de una actividad lícita, cual es el desarrollo de nuevas tecnologías.  Si tal
actividad se realizara con base en materias o informaciones obtenidas ilícitamente (acceso ilegal a un
recurso genético o a un conocimiento tradicional) el Estado tiene la potestad de no hacer extensiva a
ella el beneficio de una patente de invención.  Ello se hace en aras de una coherencia dentro de lapolítica estatal de protección de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales, que se
manifiesta simultáneamente en diferentes planos.
Las disposiciones del Artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 establecen requisitos de
legalidad que se vinculan al trámite de concesión de una patente.  Al igual que otros requisitos
exigibles para la concesión de una patente, ellos no están tratados en el Acuerdo sobre los ADPIC,quedando librados a la legislación interna de los Miembros de la OMC.
6. Sírvanse explicar los fundamentos del artículo 21 de la Decisión 486 que prevé que un
producto ya patentado y comprendido en el estado actual de la técnica no debe ser objeto de
una patente nueva por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al contemplado en la
patente inicial.  Sírvanse explicar también en  qué forma el artículo 21 de la Decisión 486
cumple con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC que
estipula que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, en todos los campos de latecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicación industrial.  ¿La falta de novedad, es el fundamento del artículo 21?  En la
afirmativa, ¿se puede estimar que constituye una nueva invención una solicitud de patente
cuyo objetivo consista en un "uso" nuevo (y no en el "producto" como tal)?  ¿Qué otros tipos
de solicitudes de patentes, para usos nuevos, pueden ser patentables?
El artículo 21 de la Decisión 486 estipula que un producto o procedimiento patentado y
comprendido en el estado de la técnica, no puede ser patentado nuevamente por el simple hecho de
atribuirse a ese producto o procedimiento un uso dist into al original.  Esta disposición aclara que no
puede patentarse nuevamente un invento (producto o procedimiento) que no cumple con laIP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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condición de novedad requerida por el derecho de patentes.  El requisito de novedad no podría
obviarse aduciendo que el producto o procedimiento en cuestión es objeto de un nuevo uso.  Si un
producto o procedimiento ya conocido fuese susceptible de un uso o aplicación distinto de los
conocidos, y tal uso cumpliese con los requisitos de patentabilidad (aplicación industrial, novedad
absoluta y actividad inventiva), el uso constituiría una solución técnica patentable.
Queda entendido que en tal patente sólo podrá reivindicarse el nuevo uso, mas no el
producto mismo, pues éste no cumple con la condición de novedad.
Toda invención, sea de producto o de procedimiento, puede patentarse si cumple con las
condiciones de patentabilidad (aplicación industrial, novedad absoluta y nivel inventivo).
Los procedimientos comprenden procesos, métodos, aplicaciones y usos, entre otros.  En principio,
no hay limitación respecto del tipo de procedimiento que se puede reivindicar en una patente,
siempre que se cumpla con las condiciones de patentabilidad mencionadas, y los demás requisitosprevistos por la legislación pertinente.
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA
A.P ATENTES
1. Sírvanse indicar si, en lo que se refiere a las patentes, los artículos correspondientes de
la Decisión 486 de la Comisión de la Com unidad Andina -el Régimen Común de Propiedad
Industrial- son aplicables directamente en su ordenamiento jurídico interno o si han aprobado
disposiciones legales internas de aplicación.  En este último caso, sírvanse señalar de qué
disposiciones se trata.
La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la
Comunidad Andina de Naciones se aplica de forma directa a nuestra legislación, toda vez que así lo
consagra el artículo 153 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.74
De igual forma el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
establece en el artículo 375 que las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los
países Miembros.
Resulta conveniente subrayar que esta normativa comunitaria ha de regir por igual en el
territorio de la subregión, es decir, debe tener vigencia simultánea y uniforme en los cinco países
Miembros del Acuerdo.  De allí que la supranacionalidad en el derecho comunitario se manifieste
                                                     
74Artículo 153.-  "(...)La República podrá atribuir  a organizaciones supranacionales, mediante
tratados, el ejercicio de las competencias necesarias pa ra llevar a cabo estos procesos de integración.  Dentro
de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones conIberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina.  Las normas que se adopten
en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente
y de aplicación directa y preferente a la  legislación interna." (Subrayado nuestro)
75Artículo 3:  "Las Decisiones de la Comisión será n directamente aplicables en los países Miembros a
partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen un fecha
posterior."IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
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mediante la aparición de dos principios fundamentales que deben servir de base a la estructura
jurídica de la integración como lo es la Aplicación directa76 y la Preeminencia.77
En tal virtud, las normas comunitarias se integran en el sistema jurídico-positivo nacional
sin instancias intermedias, ni legislativas ni ejecutivas.
Igualmente, vale mencionar con lo que respecta al Acuerdo mismo, sus Protocolos y los
Tratados complementarios igualmente rigen directamente, puesto que tienen rango de normas
constitucionales en los países que  los han ratificado libremente conforme a su propia Constitución
Nacional.  En este sentido, un país miembro no pue de evadir la plena e inmediata aplicabilidad de
las normas comunitarias en normas de su constitución.
En el sentido expuesto, debemos entender que el país miembro debe expedir todas las leyes,
decretos, resoluciones o reglamentos que resulten necesarios para la cabal aplicación en su territorio
del derecho comunitario.
B.P ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
2. Por lo que respecta a la cuestión del uso comercial desleal de datos comunicados por unsolicitante a las autoridades competentes en el marco del procedimiento prescrito para
autorizar la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la
agricultura, sírvanse indicar si, y de qué modo, su legislación impide que las autoridadescompetentes o un segundo solicitante se funden en los datos originales del primer solicitante o
se remitan a ellos en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización
de un segundo producto equivalente al prod ucto del primer solicitante.  ¿Establece su
legislación algún plazo antes de cuyo vencimiento las autoridades o un segundo solicitante no
pueden fundarse en esos datos ni remitirse a ellos?
La Decisión 486 dispone que los países Miembros, cuando exijan, como condición para
aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que
utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya
elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial
desleal.  Además, los países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, exceptocuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la
protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.
VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
A. D
ISPOSICIONES GENERALES
1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual
comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones
vegetales, de qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los
nacionales de los otros miembros de la OMC.
                                                     
76 Aplicación directa:  Es la capacidad que tiene la  norma para producir efectos jurídicos en un país
miembro sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia.
77 Preeminencia:  Es la posibilidad que tiene una norma del derecho comunitario de primar sobre una
norma de derecho interno que se le oponga, cualquiera que sea el rango de ésta última.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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Los principios de trato nacional y nación más favorecida tal como los establecen los
artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), son concedidos a los nacionales de los países Miembros de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir del momento de la ratificación por parte de
nuestro país de los Acuerdos comprendidos en la Ronda Uruguay;  y como consecuencia talesprincipios forman parte de nuestra legislación.
Sin embargo, Venezuela al formar parte del Acuerdo de Cartagena que entró en vigencia
antes de la ratificación del Acuerdo por el que se establece la OMC queda exento en relación con el
principio de la nación más favorecida de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 literal d) del
Acuerdo sobre los ADPIC por haber sido notificado al Consejo respectivo antes de la entrada en
vigor del mencionado acuerdo.
En tal sentido, la nueva Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial
reproduce dentro de las Disposiciones Generales los principios del trato nacional
78 y el trato de la
nación más favorecida.79
B. D ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse explicar si la legislación sobre derecho de autor de Venezuela cumple y en qué
forma con lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que losMiembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971), excepto el artículo
6
bis, ya que ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto del referido artículo en
el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.
Venezuela desde el 11 de mayo de 1982 se encuentra adherida al Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas.  No  obstante, tanto la Ley sobre el Derecho de Autor
Venezolana como la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos comprenden dentro de su articulado disposiciones que recogen íntegramente las normas
establecidas en el Convenio de Berna, y en ta l sentido se da cumplimiento en su totalidad a la
remisión contemplada en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Con respecto a la excepción contemplada en el artículo 11 referente al 6 bis del Convenio de
Berna, la ley venezolana se aparta de esta exclusión por recoger en la Ley sobre el Derecho de Autor
el alcance de los derechos morales establecidos en los artículos 18 al 20;  y artículos 11 y 12 de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3. Sírvanse explicar cómo la legislación sobre derecho de autor de Venezuela protege los
programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos tal como lo exige elartículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.
                                                     
78 Articulo 1.-  "Con respecto a la propiedad indust rial, cada país Miembro concederá a los nacionales
de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio
de París para la Protección de la Pr opiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que se otorgue a sus
propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de losDerechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("ADPIC"), y el artículo 2 del Convenio de
París para la Protección de  la Propiedad Industrial".
79 Artículo 2.-  "Con respecto a la protección de la  propiedad industrial, privilegio o inmunidad que
conceda un país Miembro a los nacionales de otro país Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a
los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la
Protección de la Pr opiedad Industrial".IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 72
El artículo 280 de la Ley sobre el Derecho de Autor incluye entre las obras del ingenio que
están bajo su tutela a los programas de computación.  Asimismo, el artículo 17 ejusdem81 establece
lo que se entiende por programa de computación y prevé el régimen de titularidad del mismo, en lo
que respecta a la relación entre el productor del programa y los autores del mismo.
El artículo 1082 del Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor establece de forma
expresa que los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras
literarias.
La Decisión 351 del Régimen Común sobre De recho de Autor y Derechos Conexos define
en su artículo 383 lo que es un programa de ordenador (software) ;  y el artículo 484 de la misma
Decisión Andina incluye a los programas de ordenador dentro del objeto de protección de la misma.
De igual forma el artículo 2385 establece el programa de ordenador como objeto de protección al
establecer que estos se protegen en los mismos términos que las obras literarias.
Con respecto a las bases de datos, la Ley Sobre el Derecho de Autor consagra  en el
artículo 386 de forma expresa las bases de datos como objeto de protección.
El Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor define en el numeral 3° del artículo 287
lo que se entiende por base de datos.  Asimismo, el artículo 12 ejusdem  88, reconoce la protección a
                                                     
80 Artículo 2 LSDA °.-  Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se refiere el
artículo anterior, especialmente las siguientes:  los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y
científicos, incluidos los programas de computación, as í como su documentación técnica y manuales de uso;
las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;  las obras dramáticas odramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado porescrito o en otra forma;  las composiciones musicales con o sin palabras;  las obras cinematográficas y demásobras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;  las obras de dibujo, pintura, arquitectura,
grabado o litografía;  las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales y cartas
geográficas;  los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o alas ciencias;  y, en fin, toda producción literaria, cien tífica o artística susceptible de ser divulgada o publicada
por cualquier medio o procedimiento.
81 Artículo 17.-  Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo,
lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleva a cabo
una tarea o una función determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se
haya realizado la fijación.  (Ley sobre el Derecho de Autor)
82 Artículo 10.-  Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras
literarias.(…)" (Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena).
83 Artículo 3 LSDA:  Programa de Ordenador (software):  Expresión de un conjunto de instrucciones
mediante palabras, códigos, planes o en cualquier forma que, al ser incor poradas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador - un aparato electrónico o similar capaz de elaborar
informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.  El programa de ordenadorcomprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
84 Artículo 4, literal i) LSDA:  La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las
obras literarias, artísticas y científi cas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio
conocido o por conocerse, y que incluye, entre otras las siguientes:
i) Los programas de ordenadores.
85 Artículo 24 D-351:  Los programas de ordenadores se protegen en los mismos términos que las
obras literarias.  Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programasaplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.
86 Artículo 3 °.-  Son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones,
transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas
y las bases de datos, que por la selección o disposic ión de las materias constituyan creaciones personales.
87 Artículo 2.-  (…) 3.-  Base de datos:  es la compilación de obras, hechos o datos en forma impresa,
en unidades de almacenamiento de computador o de cualquier otra forma.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 73
las bases de datos siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones
personales.
El artículo 489, literal II) de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos incluye a las bases de datos dentro del objeto de protección.  Igualmente,
el artículo 2890 de la Decisión Andina reconoce la protección a las bases de datos, siempre que la
selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual.
4. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirán derechos de
arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas.
Sírvanse citar la correspondiente disposición de la legislación sobre derecho de autor de
Venezuela.
La Ley sobre el Derecho de Autor garantiza para el autor con respecto a su obra,
independientemente de la naturaleza de ella, el derecho de autorizar o no autorizar la puesta adisposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma de
transmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso;  derecho que es
aplicable a la explotación de un programa de ordenador y a la de una obra cinematográfica.  El
derecho de distribución se encuentra establecido en el artículo 41 de la Ley sobre el Derecho de
Autor.
91
La Decisión 351del Régimen Común sobre Der echo de Autor y Derechos Conexos consagra
conforme al artículo 13, literal c)92 el derecho de  distribuir a favor del autor con respecto a su obra,
el cual comprende el derecho de autorizar o prohibir, entre otros, el arrendamiento o alquiler de la
obra.
En este sentido, la legislación venezolana al prever el derecho de distribución al público sin
limitación en cuanto a su alcance, es consistente con el Acuerdo y, aún más, provee una protección
más amplia que aquél.
5. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que se prevén en la
legislación sobre derecho de autor de Venezuela para una obra que no sea fotográfica o de arte
aplicado y citar la disposición jurídica pertinente.
                                                                                                                                                                  
88 Artículo 12.-  Las bases de datos estarán protegid as siempre que por la selección o disposición de
las materias constituyan creaciones personales.  La protección concedida no se extiende a los datos o
información compilados, pero no afecta los derechos que existan sobre las obras o materiales que laconforman.
89 Artículo 4 D-351:  La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras
literarias, artísticas y científicas qu e puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o
por conocer, y que incluye, entre otras:
II) Las antologías o compilaciones de obras diversas  y las bases de datos, que por la selección o
disposición de las materias constituyan creaciones personales.
90 Artículo 28 D-351:  Las bases de datos son protegid as siempre que la selección o disposición de las
materias constituyan una creación intelectual.  La protección concedida no será extensiva a los datos o
información compilados, pero no afectará los derechos qu e pudieran subsistir sobre las obras materiales que la
conforman.
91 Artículo 41.-  (…) El derecho de reproducción comprende también la distribución, que consiste en
la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma detransmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso.  (Ley sobre el Derecho de
Autor).
92 Artículo 13, literal c) Decisión 351:  "El autor o, en su caso, sus derechoshabientes, tiene el derecho
exclusivo de autorizar o prohibir:
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta , arrendamiento oalquiler.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 74
La Ley sobre el Derecho de Autor establece en el artículo 2593 que el derecho durará toda la
vida del autor y se extingue a los 60 años contados a partir del primero de enero del año siguiente al
de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida.  De igual forma la ley
establece un conjunto de obras las cuales son calculadas a partir de la primera publicación o
realización en cuyo caso será igualmente de sesenta años a partir de cualquiera de los supuestos(artículos 26 y 27
94 de la Ley sobre el Derecho de Autor).
Con respecto a las fotografías, establece el artículo 3895 de la Ley sobre el Derecho de Autor
que el derecho del fotógrafo y de sus derechohabientes se extingue a los 60 años de la divulgación de
la obra.  No obstante, se extinguirá a los sesenta años de su realización si no hubiere sido divulgada
durante ese período.  Dichos lapsos se contarán a partir del primero de enero del año siguiente a la
divulgación o a la realización, respectivamente.
Las obras de arte aplicado estarían regidas, en cuanto a la duración del término de
protección, por la regla general establecida en el artículo 2596 de la Ley sobre el Derecho de Autor.
6. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de
Venezuela a los artistas intérpretes o ejecutantes y el plazo de la protección.
De acuerdo a  lo establecido en el encabezado del artículo 9297 de la Ley sobre el Derecho
de Autor, los artistas intérpretes o ejecutantes98 tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la
                                                     
93 Artículo 25.-  El derecho de autor durará toda la vida de éste y se extiende a los sesenta años
contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no
divulgadas durante su vida.
94 Artículo 26.-  Para las obras hechas en colaboración, los sesenta años a que se refiere el artículo
anterior comenzarán a contarse a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del colaborador
que sobreviva a los demás.
No obstante el derecho de explotación de una obra audiovisual, de una obra radiofónica o de un
programa de computación, se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del añosiguiente al de su primera publicación o, en defecto de ésta, al de su terminación.  Esta limitación no afecta a
los derechos morales de cada uno de los coautores ni al  derecho establecido en el último aparte del artículo 10
de esta Ley.
Artículo 27.-  El derecho de autor sobre obras anónimas o seudónimas se extingue a los sesenta años
contados a partir del primero de enero del año siguient e al de su primera publicación.  La fecha de ésta se
determinará por cualquier medio de prueba y especialmente por el depósito legal de la obra.
No se aplica tal limitación en los casos previstos en el aparte único del artículo 7° ni cuando, dentro
del plazo indicado, el autor o sus derechohabientes revelen la identidad de aquél conforme al artículo 8° deesta Ley.
Respecto de las obras anónimas o seudónimas publicadas en forma escalonada, el plazo comienza a
correr el primero de enero del año siguiente al de la pu blicación de cada elemento.  No obstante, si se publica
la totalidad de la obra dentro de los veinte años sigu ientes al de la publicación de su primer elemento, el
derecho sobre la totalidad de la misma se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero delaño que sigue al de la publicación del último de sus elementos.
95 Artículo 38.-  Las fotografías y las reproducciones e impresiones obtenidas por un procedimiento
análogo, están protegidas en igual forma a las obras del ingenio señaladas en al artículo 1° de esta Ley.El derecho del fotógrafo y de sus derechohabientes se extingue a los sesenta años de la divulgación de la obra.No obstante, se extinguirá a los sesenta años de su  realización si no hubier e sido divulgada durante ese
período.  Dichos lapsos se contarán a partir del primero de enero del año siguiente a la divulgación o a larealización, respectivamente.
96 Artículo 25 LSDA.  Ob.cit.
97 Artículo 92.-  Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus derechohabientes, tienen el derecho
exclusivo de autorizar o no la fijación, la reproducción o la comunicación al público, por cualquier medio o
procedimiento, de sus interpretaciones o ejecuciones .  Sin embargo, no podrán oponerse a la comunicación
cuando ésta se efectúe a partir de una fijación reali zada con su previo consenti miento, publicada con fines
comerciales.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 75
fijación, la reproducción o la comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento, de sus
interpretaciones o ejecuciones.
El término de protección para el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes, es de
60 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate de
interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en unsoporte sonoro o audiovisual, según lo estipula el artículo 94
99 de la Ley sobre el Derecho de Autor.
En este mismo sentido la Decisión 351del  Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos consagra  a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes similares derechos
establecidos en los artículos  34100, 35101 y 36102 de la mencionada Decisión.
7. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores
de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta
de sus fonogramas.  El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen elderecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o
copias de sus fonogramas.  Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de
Venezuela da cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de protección.
El artículo 95
103 de la Ley sobre el Derecho de Autor reproduce textualmente lo establecido
en el artículo 14.2 del Acuerdo sobre los ADPIC al afirmar que los productores fonográficos tienenel derecho exclusivo de autorizar o no la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas así
como la importación, distribución al público, alquiler u otra utilización, por cualquier forma o
medio, de las copias de sus fonogramas.  En tal sentido la excepción establecida en el artículo 14.4
del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a Venezuela, pues en la Decisión 351del Régimen
Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos  y en la Ley sobre el Derecho de Autor se
reconocen al productor derechos exclusivos para autorizar o prohibir el alquiler, sea o no comercial.
                                                                                                                                                                  
98 Artículo 2 .-  (…) 2.-  Artista intérprete o ejecutante:  Es la persona que representa, canta, lee, recita,
interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.  (Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).
99 Artículo 94.-  La duración de la protección conced ida a los artistas intérpretes o ejecutantes, será de
60 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate de
interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la pu blicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte
sonoro o audiovisual.
100 Artículo 34 D-351:  Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir
la comunicación al público en cualquier forma de sus in terpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la
fijación y la reproducción de su s interpretaciones o ejecuciones.
Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su
interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mi smas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir
de una fijación previamente autorizada.
101 Artículo 35 D-351:  Además de los Derechos reconocidos en el artículo anterior, los artistas
intérpretes  tienen el derecho de :
Exigir que su nombre figure o esté asociado a cad a interpretación o ejecución que se realice;  y
Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación oejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.
102 Artículo 36 D-351:  El término de  protección de protección de los derechos patrimoniales de los
artistas intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de 50 años, contados a partir del primero de enero del año
siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuese el caso.
103 Artículo 95.-  Los productores fonográficos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la
reproducción de sus fonogramas, así como la importación, distribución al público, alquiler u otra utilización,
por cualquier forma o medio, de las copias de sus fonogramas.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 76
Con respecto a la duración del término de protección, señala el artículo 100104 de la misma
Ley que será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera
publicación del fonograma.
En este mismo sentido, el artículo 37 de la Decisión 351del Régimen Común sobre Derecho
de Autor y Derechos Conexos consagra el derecho que tienen los productores de fonogramas deautorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;  impedir la importación
de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;  y autorizar o prohibir la distribución
pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de
distribución al público.  Y por último, el artícu lo 38 de la Decisión 351del Régimen Común sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos comprende el lapso de protección al establecer que no podrá
ser mayor de 50 años del año siguiente a su fijación.
C. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
8. Sírvanse describir las materias comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio
de conformidad con la respectiva legislación de Venezuela.
La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece en el artículo 134105
las condiciones necesarias que debe poseer un signo para que sea susceptible de ser registrado como
marca así como un listado enunciativo que de forma ejemplificativa enumera un conjunto de signosregistrables.
9. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en Venezuela para registrar
una marca de fábrica o de comercio, citar las disposiciones pertinentes de la ley y describir los
derechos que puede ejercer el titular de una marca registrada de fábrica o de comercio.
El procedimiento necesario que debe ser seguido para solicitar una marca en Venezuela se
encuentra establecido en las disposiciones comprendidas  en el Capítulo II, artículos 138 al 151
106 de
la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
                                                     
104 Artículo 100 LSDA  "La protección concedida al productor de  fonogramas será de sesenta años,
contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma."
105 Artículo 134.-  A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado.  Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica.  La naturaleza del producto o serv icio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso
será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:las palabras o combinación de palabras;las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas yescudos;los sonidos y  los olores;
las letras y los números;
un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;la forma de los productos, sus envases o envolturas;cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
106 Artículo 138.-  La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional
competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes
requisitos:
el petitorio;la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o
de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
los poderes que fuesen necesarios;IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 77
                                                                                                                                                                  
el comprobante de pago de las tasas establecidas;
las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese
aplicable;  y de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lootorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando elsolicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.
Artículo 139.-  El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y
comprenderá lo siguiente:
el requerimiento de registro de marca;el nombre y la dirección del solicitante;la nacionalidad o domicilio del solicitante.  Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse
el lugar de constitución;
de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
la indicación de la marca que se pretende regi strar, cuando se trate de una marca puramente
denominativa, sin grafía, forma o color;
la indicación expresa de los productos o servicios para  los cuales se solicita el registro de la marca;
la indicación de la clase a la cual co rresponden los productos o servicios;  y,
la firma del solicitante o de su representante legal.
Artículo 140.-  Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la
oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo
siguiente:
la indicación que se solicita el registro de una marca;los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la
oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas
con grafía, forma o color especiales, o de marcas figu rativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca;  y,
el comprobante de pago de las tasas establecidas.La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud
sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de
presentación.
Artículo 141.-  Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de  registro de  marca
aquella en que dicha marca haya distinguido  productos o servicios en una exposición reconocida oficialmentey realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día enque tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca.  En ese caso, se podrá tener por
presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.
Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la
autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primeravez con  relación a  los productos o servicios de que se trate.
Artículo 142.-  Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el
Artículo 6quinquies del Convenio de París para la Prot ección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el
certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha depresentación de la solicitud.
Artículo 143.-  El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del trámite.  Del mismo modo podrá pedir la corrección de cu alquier error material.
Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en
cualquier momento del trámite.  Dicha propuesta de  modificación se tramitará de conformidad con lo
establecido en el artículo 144.
En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la
ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.
Artículo 144.-  La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de
la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en losartículos 135 y 136.
Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el
párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará  al solicitante  para que complete  dichosrequisitos dentro del plazo de  sesenta días siguientes a la fecha de notificación.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 78
Con respecto a las disposiciones legales con que cuentan los titulares para ejercer sus
derechos, la Decisión 486 prevé en los artículos 155 y 156107 los derechos exclusivos que confiere un
registro.
                                                                                                                                                                  
Si a la expiración del término señalado, el solicita nte no completa los requisitos indicados, la solicitud
se considerará abandonada y perderá su prelación.
Artículo 145.-  Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente
Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.
Artículo 146.-  Dentro del plazo de treinta días sigu ientes a la fecha de la publicación, quien tenga
legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de
la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo  adicional  de
treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al
vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que
hubieren coexistido con la solicitada.
Artículo 147.-  A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen
legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países Miembros, tanto el titular de una marcaidéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público
a error, como quien primero solicitó el registro de es a marca en cualquiera de los países Miembros.  En ambos
casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país Miembro donde interponga la
oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los
países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente adenegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente
presentada en cualquiera de los países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la
suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.  En tal eventoserá de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
Artículo 148.-  Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al
solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, silo estima conveniente.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente  otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de
treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.
Artículo 149.-  La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que
estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se
interpone la oposición;
que la oposición fuere presentada extemporáneamente;que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.Artículo 150.-  Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.  En caso se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la
concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
Artículo 151.-  Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de lasMarcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus  modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud
ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.
107 Artículo 155.-  El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
aplicar o colocar la marca o un signo distintivo id éntico o semejante sobre productos para los cuales
se ha registrado la marca;  sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;  osobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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De igual forma este mismo cuerpo normativo consagra un conjunto de acciones tendientes a
hacer valer los derechos arriba mencionados entre las cuales vale destacar:  La Acción de Nulidad,
Acción Reivindicatoria;  Acción  por infracción de Derechos;  Medidas Cautelares;  Medidas en
Fronteras y Actos de Competencia Desleal.
10. Sírvanse indicar la duración y los plazos de protección que la legislación sobre marcas
de fábrica y de comercio de Venezuela contempla para una marca.
La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece un lapso inicial
de protección para las marcas de diez (10) años contados a partir de la fecha de su concesión, según
lo dispone el artículo 152.108
No obstante, podrá tener una duración ilimitada en el tiempo, en virtud de la posibilidad de
ser renovada indefinidamente por nuevos períodos de diez (10) años, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos para ello consagrados en el artículo 153.109
11. Sírvanse explicar cómo la legislación venezolana prevé la protección de marcas de
fábrica o de comercio notoriamente conocidas para productos que no sean similares, como lo
                                                                                                                                                                  
suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado
sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;  sobre los productos vinculados a los serviciospara los cuales ésta se ha registrado;  o sobre los e nvases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;
fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalaje s u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.Tratándose  del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de
confusión;
usar en el comercio un signo idéntico o simila r a una marca notoriamente conocida respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudies e causar al titular del registro un daño económico o
comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de lamarca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
usar públicamente un signo idéntico o similar a una  marca notoriamente conocida, aun para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artículo 156.-  A efectos de lo previsto en los litera les e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de
un signo en el comercio por parte de un te rcero, entre otros, los siguientes actos:
introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese  signo;
importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese  signo;  o,
emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u
orales, independientemente del medio de comunicaci ón empleado y sin perjuicio de las normas sobre
publicidad que fuesen aplicables.
108 Artículo 152.-  "El registro de una marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la
fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años".
109 Artículo 153.-  "El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la
renovación del registro ante la oficina nacional competen te, dentro de los seis meses anteriores a la expiración
del registro.  No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazode gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación.A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargocorrespondiente si así lo permiten las normas internas de los países Miembros.  Durante el plazo referido, el
registro de marca mantendrá su plena vigencia.
A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera
automática, en los mismos términos del registro original.  Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar losproductos o servicios indicados en el registro original."IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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prescribe el párrafo 3 del artículo 16 del Ac uerdo sobre los ADPIC.  Sírvanse citar las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
Tal como lo recoge el artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Decisión 486 dispone
en el artículo 226110 la regulación a la prohibición del uso no autorizado de los signos notoriamente
conocidos para los productos o servicios no similares que aplican este tipo de signo.
12. Sírvanse explicar si la legislación venezo lana permite registrar términos genéricos, que
pertenecen al idioma español o inglés.  y citar las leyes o reglamentos pertinentes.
Dentro del Título VI, Capítulo I contentivo de los Requisitos para el Registro de Marcas
comprendidos en la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial se establece la
prohibición de signos genéricos en el artículo 135, literales f)111 y g).112
No obstante lo anterior, el último parágrafo del artículo 135113 contempla la posibilidad de
que los signos genéricos accedan al registro cuando por efectos del uso, el signo hubiese adquiridoaptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
A esta clase de distintividad adquirida o devenida con el uso que en la doctrina marcaria se
ha denominado "segundo significado o significado secundario" ("Secondary meaning" en el idioma
inglés), comporta  la adquisición de un nuevo significado de un signo en la mente del público
consumidor para identificar un producto.
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
13. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación de Venezuela dispone el
reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas previstas en el párrafo 2 del
artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los
reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas así protegidas..
                                                     
110 Artículo 226.-  Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del
mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del
signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios
idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo
en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo,
aun respecto de establecimientos, actividades, productos  o servicios diferentes a los que se aplica el signo
notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si  tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:
(subrayado nuestro)
riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades,
productos o servicios;
daño económico o comercial injusto al titular de l signo por razón de una dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario del signo;  o,
aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
111 f) consistan exclusivamente en un signo o indi cación que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se trate;
112 g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;"
113 Último parágrafo:  (omissis) "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo
podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usandoconstantemente en el país Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto delos productos o servicios a los cuales se aplica."IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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La Decisión 486 dispone en su artículo 214114 el reconocimiento y protección requerido en
el artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En tal sentido, esta disposición es concordante con lo previsto en el artículo 22.2 literal a)
del Acuerdo sobre los ADPIC y los medios legales con que cuentan las partes interesadas para
impedir tales acciones se encuentran desarrollados en el capítulo XV de la misma Decisión que tratalas acciones por infracción de derechos, medidas cautelares, medidas en frontera y medidas penales.
Con respecto al literal b) del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC de manera
complementaria la Decisión 486 en sus artículos 258
115 y 259116 reprime todo acto de competencia
desleal vinculado con la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a
los usos y prácticas honestas en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 222117 de la Decisión 486, no podrá usarse en el
comercio una indicación de procedencia cuando fuese falsa o engañosa respecto de, entre otros, elorigen del producto.  En caso de realizarse tal uso, cualquier persona interesada podría iniciar las
acciones administrativas y civiles que la legislación prevé.  A estos efectos, se observa que el
concepto de indicación de procedencia definido en el artículo 221
118 de la Decisión 486 es más
amplio que el concepto de indicación geográfica previsto en el artículo 22.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC y por tanto, el primero abarca al segundo.
14. Sírvanse describir, en detalle, la forma en qué se aplica el nivel superior de protección
requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los
reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas para dichos productos,
La protección requerida por el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC para vinos y
bebidas espirituosas se prevé en el artículo 215119 de la Decisión 486.
                                                     
114 Artículo 214.-  "El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será
considerado una infracción al derecho de propiedad indu strial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que
vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión
en el consumidor".
115 Artículo 258.-  Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
116 Artículo 259.-  Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial,
entre otros, los siguientes:
cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
las aseveraciones falsas, en el ejercicio del come rcio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;  o,
las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabri cación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.
117 Artículo 222.-  Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un
producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen  o cuando su uso pudiera
inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cual quier otra característica del
producto o servicio.
118 Artículo 221.-  Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo
que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.
119 Artículo 215.-  Los países Miembros prohibirán la  utilización de una denominación de origen que
identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar
designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen delIP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 82
E. D IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
15. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de
los dibujos y modelos industriales, citar las disposiciones de la legislación de Venezuela y
describir la naturaleza de la protección acordada.
El procedimiento necesario que debe ser seguido para solicitar un diseño industrial en
Venezuela se encuentra establecido en las disposiciones comprendidas en los  artículos 117 al 127120
de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
                                                                                                                                                                  
producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase",
"tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.
Los países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen
de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno desus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismosproductos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo país Miembro durante 10 años como
mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.
120 Artículo 117.-  La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la oficina
nacional competente y deberá contener:
a) el petitorio;b) la representación gráfica o fotográfica de l diseño industrial.  Tratándose de diseños
bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del
producto que incorpora el diseño;
c) los poderes que fuesen necesarios;d) el comprobante del pago de las tasas establecidas;e) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de diseño
industrial al solicitante;  y,
f) de ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección
que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por  el mismo solicitante o su causante y que se refiera al
mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país Miembro.
Artículo 118.-  El petitorio de la solicitud de regist ro de diseño industrial estará contenido en un
formulario y comprenderá lo siguiente:
a) el requerimiento de registro del diseño industrial;
b) el nombre y la dirección del solicitante;
c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.  Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá
indicarse el lugar de constitución;
d) la indicación del tipo o género de productos a lo s cuales se aplicará el diseño y de la clase y
subclase de estos productos;
e) el nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo solicitante;
f) de ser el caso, la fecha, el número y la indicaci ón de la oficina de presentación de toda solicitud de
registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjeropor el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentadaen el país Miembro;
g) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;  y,
h) la firma del solicitante o de su representante legal.
Artículo 119.-  Se considerará como fecha de present ación de la solicitud, la de su recepción por la
oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los
siguientes elementos:
a) la indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial;b) datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la
oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
c) la representación gráfica y fotográfica de l diseño industrial.  Tratándose de diseños
bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra delmaterial que incorpora el diseño;  y,
d) el comprobante de pago de las tasas establecidas.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 83
El alcance y naturaleza de los derechos que confiere el registro de un diseño industrial y las
limitaciones a esos derechos están previstos en los artículos 128 a 133121 de la Decisión 486.
                                                                                                                                                                  
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud
sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de
presentación.
Artículo 120.-  La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de
la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en losartículos 117 y 118.
Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el
párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos
dentro del plazo de treinta días siguiente a la fecha de notificación.  A solicitud de parte, dicho plazo será
prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.
Si a la expiración del término señalado, el solicita nte no completa los requisitos indicados, la solicitud
se considerará abandonada y perderá su prelación.  Sin perjuicio de e llo, la oficina nacional competente
guardará la confidencialidad de la solicitud.
Artículo 121.-  Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina nacional competente
ordenará su publicación.
Artículo 122.-  Dentro del plazo de treinta días si guientes a la fecha de la publicación, quien tenga
legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del
diseño industrial.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de
treinta días para sustentar la oposición.
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.Artículo 123.-  Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al
solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presentedocumentos, si lo estima conveniente.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la
contestación.
Artículo 124.-  Vencido el plazo es tablecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado
oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los
artículos 113 y 116.
La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud,
salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del
diseño industrial.
Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina
nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.
Artículo 125.-  Una solicitud de registro de diseño industrial no podrá ser consultada por terceros
antes de culminado el plazo para que se ordene la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por
parte del solicitante.
Cualquiera que pruebe que el solicitante de un regist ro de diseño industrial ha pretendido hacer valer
frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente aún antes de su publicación aún
sin consentimiento de aquél.
Artículo 126.-  Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el
registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente.  Si tales requisitos no secumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro.
Artículo 127.-  Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los países Miembros
utilizarán la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo deLocarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes.
121 Artículo 128.-  El registro de un diseño industrial tendrá una duración de 10 años, contados desde
la fecha de presentación de la solicitud en el país Miembro.
Artículo 129.-  El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros
de la explotación del correspondiente diseño.  En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contracualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilicecomercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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16. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de
los dibujos y modelos textiles y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
El proceso a seguir para obtener protección sobre un diseño textil es el mismo utilizado para
los diseños industriales toda vez que los diseños textiles se encuentran comprendidos en el
artículo 113122 que define  los diseños industriales, lo cual esta en armonía con el Acuerdo sobre
los ADPIC ya que no obliga a los países Miembros a tener un procedimiento puntual.
F. P ATENTES
17. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que la legislación de patentes de Venezuela
aplica el artículo 27 del Acuerdo sobre los AD PIC, indicar las excepciones previstas e incluir
detalles sobre la protección de los microorganismos y los procedimientos no biológicos y
microbiológicos, y las obtenciones vegetales.  Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la
ley.
                                                                                                                                                                  
El registro también confiere el derecho de act uar contra quien produzca o comercialice un producto
cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con re specto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual
a ésta.
Artículo 130.-  La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o
características del diseño  dictados enteramente por co nsideraciones de orden técn ico o por la realización de
una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.
La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características
cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado
mecánicamente o conectado con otro producto del cual fo rme parte.  Esta limitación no se aplicará tratándose
de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiplede los productos, o su conexión dentro de un sistema modular .
Artículo 131.-  El registro de un diseño industrial
  no dará el derecho de impedir a un tercero realizar
actos de comercio respecto de un producto que inco rpore o reproduzca ese diseño, después de que ese
producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con suconsentimiento o económicamente vinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas
cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobr e la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas .
Artículo 132.-  La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando:
el objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113;
el diseño industrial no cumpliese con los requis itos de protección conforme a lo previsto en el
artículo 115;
el registro se hubiese concedido para una materi a excluida de protección como diseño industrial
conforme a lo previsto en el artículo 116;  o,
se configuren las causales de nulidad absoluta pr evistas en la legislación nacional para los actos
administrativos.
Artículo 133.-  Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53
literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79.
122 Artículo 113.-  Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que
resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de
dicho producto.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
Página 85
De conformidad con el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 14123 de la
Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial reproduce lo establecido en dicha
disposición.
Con respecto a las excepciones comprendidas en el artículo 27.2 y 27.3 del Acuerdo sobre
los ADPIC, el artículo 20124 de la Decisión 486 desarrolla qué no será patentable.
18. Sírvanse describir, en detalle, los derechos conferidos a los titulares de patentes con
arreglo a la legislación de patentes de Suriname y citar las disposiciones pertinentes de la ley.
Los derechos conferidos por una patente en Venezuela se encuentran establecidos en el
Título II, Capítulo V125, artículos 50 al 58 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad
Industrial.
                                                     
123 Artículo 14.-  Los países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicación industrial.
124 Artículo 20.-  No serán patentables:
a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.  A estos efectos la explotación comercial
de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una
disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
b) las invenciones cuya explotación comercial en el país Miembro respectivo deba impedirse
necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los
vegetales o el medio ambiente.  A estos efectos la expl otación comercial de una invención no se considerará
contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del
medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha
explotación;
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de
plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos
de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
125 Artículo 50.-  La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contados a partir de la fecha
de presentación de la respectiva solicitud en el país Miembro.
Artículo 51.-  El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de
las reivindicaciones.  La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológ ico depositado, servirán para
interpretarlas.
Artículo 52.-  La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan
su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto;ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto;   o importarlo para alguno de estos fines;  y,
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento;  o
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido
directamente mediante el procedimiento.Artículo 53.-  El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior
respecto de los siguientes actos:
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención
patentada;
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
d) actos referidos en el artículo 5ter del Conve nio de París para la Pr otección de la Propiedad
Industrial;IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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19. Sírvanse describir, en detalle, las disposiciones de la legislación de Venezuela que
permitan el uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la ley, y
describir, en detalle, la condiciones en que ese uso pueda ocurrir.
En el Capítulo VII126, artículos 61 al 69 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre
Propiedad Industrial- referente al régimen de licencias obligatorias se describe cuando y en que
                                                                                                                                                                  
e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como
base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de laentidad patentada.
Artículo 54.-  La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio
respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el
comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o
económicamente vinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas
cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobr e la otra, una influencia decisiva con respecto a la
explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.
Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al
material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en elcomercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuesenecesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el
material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.
Artículo 55.-  Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente
Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de
buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente,ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios parahacerlo.
En tal caso, esa persona tendrá el derecho de inic iar o de continuar la utilización o explotación de la
invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transf erirse junto con el establecimiento o la empresa en que
se estuviese realizando tal utilización o explotación.
Artículo 56.-  Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre
vivos o por vía sucesoria.
Deberá registrarse ante la oficina nacional compet ente toda transferencia de una patente concedida.
La falta de registro ocasionará que la tran sferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.
Artículo 57.-  El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o
más terceros para la explotación de la invención respectiva.
Deberá registrarse ante la oficina nacional compet ente toda licencia de explotación de una patente
concedida.  La falta de registro ocasionará qu e la licencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo
de vigencia del contrato de licencia, el titular del regi stro deberá informarlo a la oficina nacional competente.
En caso contrario, cualquier notificación realizada confor me a los datos que figuren en el registro, se reputará
válida.
Artículo 58.-  La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la
explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los
Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencia s y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones
comunitarias o nacionales sobre prácticas come rciales restrictivas de la libre competencia.
126 Artículo 59.-  El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier
país Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.
Artículo 60.-  A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la producción
industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la
distribución y comercialización de lo s resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del
mercado.  También se entenderá por explotación la im portación, junto con la dist ribución y comercialización
del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles
los requisitos de comercialización y distribución.
CAPÍTULO VIIDel régimen de Licencias obligatoriasArtículo 61.-  Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro
años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, asolicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrialdel producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de supetición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el paísMiembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más deun año.
La licencia obligatoria no será concedida si el titul ar de la patente justifica su inacción con excusas
legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada paísMiembro.
Sólo se concederá licenci a obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener
una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este
intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.
Artículo 62.-  La concesión de las licencias obligat orias a las que se refiere el artículo anterior,
procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer
sus argumentaciones si lo estima conveniente.
La oficina nacional competente establecerá el al cance o extensión de la licencia, especificando en
particular, el período por el cual se  concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la
compensación económica.  Esta compensación deberá se r adecuada, según las circunstancias propias de cada
caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.
La impugnación de la licencia obligatoria no impedi rá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en
los plazos que estuvieren corriendo.  Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto,
la compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.
Artículo 63.-  A petición del titular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las licencias
obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevoshechos y, en particular, cuando el titular de la patent e conceda otra licencia en condiciones más favorables que
las establecidas.
Artículo 64.-  El licenciatario estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años
contados a partir de la fecha de concesión de la licen cia, salvo que justifique su inacción por razones de caso
fortuito o fuerza mayor.  En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente
revocará la licencia obligatoria.
Artículo 65.-  Previa declaratoria de un país Miembro de la existencia de razones de interés público,
de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento sepodrá someter la patente a licencia obligatoria.  En tal caso, la oficina nacional competente otorgará laslicencias que se le soliciten.  El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea
razonablemente posible.
La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria,
especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y lascondiciones de la compensación económica.
La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del
titular de la patente a seguir explotándola.
Artículo 66.-  De oficio o a petición de parte, la of icina nacional competente, previa calificación de la
autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten
prácticas que afecten la libre competencia, en par ticular, cuando constituyan un abuso de la posición
dominante en el mercado por parte del titular de la patente.
En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la
necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.
La oficina nacional competente denegará la revocaci ón de la licencia obligatoria si resulta probable
que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.
Artículo 67.-  La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es
solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre ycuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables.
Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo  dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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términos, el Estado venezolano podrá conceder una licencia obligatoria, los cuales están encuadrados
dentro de lo dispuesto en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
20. ¿Qué plazo de protección para las patentes prevé la legislación de patentes de
Venezuela?  Sírvanse describir todas las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo
de protección y citar las normas pertinentes de la ley.
El término de la protección esta determinado en el artículo 50127 de la Decisión 486 del
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
La legislación venezolana no otorga ninguna posibilidad para la extensión del término de la
protección para esta figura.
G. E SQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS
21. Sírvanse describir, en detalle, la protección de los esquemas de trazado de los circuitos
integrados prevista en la legislación de Venezuela, incluido el plazo de protección, y citar lasdisposiciones pertinentes de la ley.
El tema de los circuitos integrados se trata en los artículos 86 al 107
128 de la Decisión 486
del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, a partir del Título IV, donde se manejan
                                                                                                                                                                  
a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una
importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables
para explotar la invención reivindicada en la segunda patente;  y,
c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.
Artículo 68.-  En adición de lo establecido en los ar tículos precedentes, las licencias obligatorias están
sujetas a lo siguiente:
a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su
explotación industrial, debiendo constar por escrito y re gistrarse ante la oficina nacional competente.  Caso
contrario, no surtirá efectos legales;
c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que
han recibido autorización para las mism as, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es
probable que vuelvan a surgir;
d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;e) tratándose de patentes de invención que proteg en tecnología de semiconductores, la licencia
obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica
declarada contraria a la libre compet encia por la autoridad nacional comp etente conforme a los artículos 65
y 66;
f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del
valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66;  y,
g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.
Artículo 69.-  Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo
no surtirán efecto legal alguno.
127 Artículo 50.-  La patente tendrá un plazo de duración de veinte años.
128 TÍTULO IV
De los Esquemas de trazado de circuitos integradosCAPÍTULO I
Definiciones
Artículo 86.-  A efectos del presente Título se entenderá por:
a) circuito integrado:  un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al
menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o dela superficie de una pieza de material, y que es té destinado a realizar una función electrónica;IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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b) esquema de trazado:  la disposición tridimen sional, expresada en cualquier forma, de los
elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esadisposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.
CAPÍTULO IIDe los Requisitos de protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados
Artículo 87.-  Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.
Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de
su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.
Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la
industria de los circuitos integrados, se le considerar á original si la combinación de tales elementos, como
conjunto, cumple con esa condición.
CAPÍTULO III
De los TitularesArtículo 88.-  El derecho al registro de un esquem a de trazado de circuito integrado corresponde a su
diseñador.  Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.
En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la
protección les corresponderá en común.
Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese
fin, o en el marco de una relación la boral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección
corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual encontrario.
CAPITULO IV
De la Solicitud de registro
Artículo 89.-  La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante
la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:
a) el petitorio;b) una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado
comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
c) de ser el caso, una declaración indicando la fech a de la primera explotación comercial del circuito
integrado, en cualquier lugar del mundo;
d) de ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;
e) una descripción que defina la función electróni ca que debe realizar el circuito integrado que
incorpora el esquema de trazado;
f) copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido
en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema
de trazado objeto de la solicitud presentada en el país Miembro;
g) los poderes que fuesen necesarios;  y,h) el comprobante de pago de la tasa establecida.Artículo 90.-  El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado
estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:
a) el requerimiento de concesión del registro;b) el nombre y la dirección del solicitante;c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.  Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá
indicarse el lugar de constitución;
d) el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo
solicitante;
e) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;f) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro
título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o sucausante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada enel país Miembro;  y,
g) la firma del solicitante o de su representante legal.
Artículo 91.-  Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto
empresarial, el solicitante presentará, además de la re presentación gráfica requerid a, una representación del
esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desf igurado las partes que contuvieran ese secreto.  Las
partes restantes deberán ser suficientes para permitir  en todo caso la identificación del esquema de trazado.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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Artículo 92.-  Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la
oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los
siguientes elementos:
a) una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;b) datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que
permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
c) una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita;  yd) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud
sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha depresentación.
CAPÍTULO V
Del Trámite de la solicitudArtículo 93.-  La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un
esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementosindicados en los artículos 89, 90 y 91.  La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad
del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.
En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la
corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses,  bajo apercibimiento de considerarse abandonada la
solicitud y archivarse de oficio.  Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficinanacional competente hará efectivo el aperci bimiento mediante resolución fundamentada.
Artículo 94.-  Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se
anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa delinteresado.
Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de
patente de invención.
Artículo 95.-  Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente
oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la
registrabilidad de un esquema de trazado.
Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de
invención.
Artículo 96.-  Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente
registrará el esquema de trazado, expedirá un certifica do de registro que contendrá los datos incluidos en el
registro correspondiente.
CAPÍTULO VI
De los Derechos que confiere el registroArtículo 97.-  En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier
lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del paísMiembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del
esquema.  Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.
Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo
podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del país Miembro dentro de un plazo de15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.  Si la solicitud se presentara después devencido ese plazo, el registro será denegado.
Artículo 98.-  El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de
10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:
a) el último día del año en que se haya reali zado la primera explotación comercial del esquema de
trazado en cualquier lugar del mundo, o
b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del
respectivo país Miembro.
La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15
años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.
Artículo 99.-  La protección se aplicará independ ientemente de que el circuito integrado que
incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que
el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.
El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a
terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de
trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme alartículo 87;
b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vend er o distribuir de cualquier forma el esquema de
trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema;  o
c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender  o distribuir de cualquier forma un artículo en el
que se encuentre incorporado el circuito integrado proteg ido, sólo en la medida en que éste siga conteniendo
un esquema de trazado ilícitamente reproducido.
La protección conferida por el registro sólo  atañe al esquema de trazado propiamente, y no
comprende ningún concepto, proceso, sistema, técn ica o información codificados o incorporados en el
esquema de trazado.
Artículo 100.-  El derecho conferido por el registro  del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer
contra actos realizados con fines industriales o comerciale s.  El registro no confiere el derecho de impedir los
siguientes actos:
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;b) actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
d) actos referidos en el Artículo 5ter del Conve nio de París para la Pr otección de la Propiedad
Industrial.
Artículo 101.-  El registro de un esquema de traza do no dará el derecho de impedir a un tercero
realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los
incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el
comercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente
vinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas
cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobr e la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambaspersonas.
Artículo 102.-  El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar
actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante
la evaluación o el análisis del esquema de trazado pr otegido, siempre que el esquema de trazado así creado
cumpla la condición de originalidad conforme al Artículo 87.  Tampoco podrá impedir esos actos respecto delos circuitos integrados que incorporen el esquema de  trazado así creado, ni de los artículos que incorporen
tales circuitos integrados.
Artículo 103.-  El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar
los actos mencionados en el artículo 99 respect o de otro esquema de trazado original creado
independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.
Artículo 104.-  No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado
la realización de alguno de los actos  referidos en el artículo 99 respecto de  un circuito integrado que incorpore
ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que
los realizara no supiera, y no tuviera motivos razona bles para saber, que ese esquema de trazado se había
reproducido ilícitamente.  Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema detrazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o quehubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensaciónequivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.
Artículo 105.-  Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser
transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.
Deberá registrarse ante la oficina nacional compet ente toda transferencia del registro de esquema de
trazado.  La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.
CAPÍTULO VII
Del Régimen de licenciasArtículo 106.-  El titular de un registro de esquem a de trazado concedido o en trámite de concesión
podrá dar licencia a uno o más terceros para la  explotación del esquema de trazado respectivo.
Deberá registrarse ante la oficina nacional comp etente toda licencia de explotación del esquema de
trazado.  La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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definiciones (Capítulo I);  de los requisitos de protección de los esquemas de trazado de circuitos
integrados (Capítulo II);  de los titulares (Capítulo III );  de la solicitud de registro (Capítulo IV);  del
trámite de la solicitud (Capítulo V);  de los derechos que confiere el registro (Capítulo VI);  del
régimen de licencias (Capítulo VII).
H. P ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
22. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación de Venezuela establece la protección
de la información no divulgada como lo exige el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los
ADPIC y citar las disposiciones pertinentes de la ley.
Los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial
(disposiciones que corresponden a lo establecido en el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC)
definen lo que debe ser considerado como secreto empresarial;  sobre qué podrá usarse esa
información;  las condiciones que deberá mantener la información no divulgada para merecer talprotección, así como un catálogo de actos realizados respecto a un secreto empresarial que
constituyen competencia desleal.
23. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación de Venezuela protege los datos de
prueba relativos a productos farmacéuticos y químicos agrícolas presentados al gobierno a fin
de aprobar la comercialización de esos productos en Venezuela y citar las disposicionespertinentes de la ley.
Conforme al artículo 266 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial
(que corresponde al artículo 39.3 del Acuerdo so bre los ADPIC), cuando se exija como condición
para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico o químico agrícola que utilice nuevas
entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboraciónsuponga un esfuerzo considerable, esos datos se protegerán contra todo uso comercial desleal.
Además, esos datos se protegerán contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para
proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra
todo uso comercial desleal.
24. ¿Se faculta a solicitantes posteriores, que tratan de aprobar la comercialización de sus
propias versiones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas aprobados con
anterioridad, para que dependan de datos presentados por el solicitante anterior?  En caso
                                                                                                                                                                  
A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.
En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de esquema de
trazado durante el plazo de vigencia del contrato de li cencia, el titular del registro deberá informarlo a la
oficina nacional competente.  En caso contrario, cual quier notificación realizada conforme a los datos que
figuren en el registro, se reputará válida.
Artículo 107.-  Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de
emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la
autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en
cualquier tiempo:
a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o
comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas alefecto;  o
b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en
cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las
condiciones establecidas.
Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las
condiciones establecidas para la concesión de licenci as obligatorias respecto de patentes de invención.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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afirmativo, qué plazo de exclusividad se otorga al solicitante anterior sin que se faculte a los
terceros para depender de sus datos.
Toda persona tiene el derecho de solicitar y obtener ante las autoridades competentes un
permiso de comercialización de su propia versión de un producto farmacéutico o agroquímico
previamente aprobado, siempre que cumpla con las disposiciones de la legislación pertinente.La autoridad que autoriza la comercialización no puede discriminar entre solicitantes anteriores y
posteriores, debiendo tratar a todos por igual conforme a la ley.  En virtud de lo dispuesto en el
artículo 266 de la Decisión 486, la autoridad que autoriza la comercialización no permitirá a terceros
acceder a los datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración hubiese supuesto un esfuerzo
considerable, y que se hubiesen suministrado por otra persona (salvo las excepciones previstas en el
mismo artículo 266, que corresponde al artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC).  Esta
protección tiene duración indeterminada, y se mantendrá mientras subsistan las condicionesrequeridas para ello.
I. O
BSERVANCIA - O BLIGACIONES GENERALES , PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y
ADMINISTRATIVOS Y MEDIDAS PROVISIONALES
25. Sírvanse describir, en detalle, de qué modo la legislación de Venezuela prescribe
medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual,como lo dispone el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la legislación nacional
establecen un conjunto de acciones y procedimientos contra las infracciones de los derechos de
propiedad intelectual, las cuales permiten  adoptar medidas eficaces así como prevenir infracciones.
En materia de Propiedad industrial:
1.- Acción reivindicatoria:  Título XIV, artículo 237129 de la Decisión 486 del Régimen Común
Sobre Propiedad Industrial.
2.- Acción de nulidad:  Título VI, Capítulo VII, artículo 172 de la Decisión 486 del Régimen
Común sobre Propiedad Industrial.
3.- Acción por infracción de derechos:  Título XV, artículos del 238 al 244130 de la Decisión
486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
                                                     
129 Artículo 237.-  Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u
obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal
derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le seatransferida la solicitud en trámite o el derecho conced ido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular
del derecho.
Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que
también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente
pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.
Si la legislación interna del país Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá
demandarse la indemnización de daños y perjuicios.
Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos
años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotar se o usarse en el país por quien
obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes.  No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho
lo hubiese solicitado de mala fe.
130 Artículo 238.-  El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción
ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.  También podrá actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar
de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera  de los cotitulares podrá entablar la acción contra
una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre loscotitulares.
Artículo 239.-  El titular de una patente tendrá der echo a ejercer acción judicial por daños y perjuicios
por el uso no autorizado de la invención o del mode lo de utilidad durante el período comprendido entre la
fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consu ltada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de
la patente.  El resarcimiento sólo procederá con respect o a la materia cubierta por la patente concedida, y se
calculará en función de la explotación efectivamen te realizada por el demandado durante el período
mencionado.
Artículo 240.-  En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un
procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento
que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuyainfracción se alegue.  A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico
producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento
patentado, si:
a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo;  ob) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento y el titular de la patente de éste no pu ede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido
el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del
demandado o denunciado en cuanto a la pr otección de sus secretos empresariales.
Artículo 241.-  El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se
ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:
el cese de los actos que constituyen la infracción;la indemnización de daños y perjuicios;el retiro de los circuitos comerciales de los produ ctos resultantes de la infracción, incluyendo los
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de pu blicidad u otros materiales, así como los materiales y
medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos
en el literal anterior;
la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal  c), en cuyo
caso el valor de los bienes se imputará al impor te de la indemnización de daños y perjuicios;
la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción,
incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medi os referidos en el literal  c) o el cierre temporal o
definitivo del establecimiento del demandado o denunciado;  o,
la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del
infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la  supresión o remoción de la marca deberá
acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio.Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos aun procedimiento aduanero diferente.
Quedarán exceptuados los casos debidamente califica dos por la autoridad nacional competente, o los
que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
Artículo 242.-  Los países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la
gravedad de la infracción, las autoridades judiciales pu edan ordenar al infractor que informe al titular del
derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes oservicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.
Artículo 243.-  Para efectos de calcular la indemnizaci ón de daños y perjuicios se tomará en cuenta,
entre otros, los criterios siguientes:
el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la
infracción;
el monto de los beneficios obteni dos por el infractor como resultado de los actos de infracción;  o,
el precio que el infractor habría pagado por concep to de una licencia contractual, teniendo en cuenta
el valor comercial del derecho infringido y las licen cias contractuales que ya se hubieran concedido.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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4.- Medidas cautelares:  Título XV, Capítulo II, artículos 245 al 249 131 de la Decisión 486 del
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
5.- Medidas en frontera:  Título XV, Capítulo III, artículos 250 al 256 de la Decisión 486 del
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.132
                                                                                                                                                                  
Artículo 244.-  La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el
titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la
infracción por última vez.
131 Artículo 245.-  Quien inicie o vaya a iniciar un a acción por infracción podrá pedir a la autoridad
nacional competente que ordene medidas cautelares inme diatas con el objeto de impedir la comisión de la
infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el
resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con
posterioridad a su inicio.
Artículo 246.-  Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
el cese  inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;el retiro de los circuitos comerciales de los product os resultantes de la presunta infracción, incluyendo
los envases, embalajes, etiquetas, ma terial impreso o de publicidad u otro s materiales, así como los  materiales
y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en
el literal anterior;
la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;  y,
el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para
evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.
Si la norma nacional del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de
oficio, la aplicación de medidas cautelares.
Artículo 247.-  Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación
para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente lacomisión de la infracción o su inminencia.  La autori dad nacional competente podrá requerir que quien pida la
medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de pr oductos determinados deberá suministrar las
informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productospresuntamente infractores puedan ser identificados.
Artículo 248.-  Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella
se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución.  La parte afectada podrá recurrir ante
la autoridad nacional competente pa ra que revise la medida ejecutada.
Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte
quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infr acción no se iniciara dentro de los 10 días siguientes
contados desde la ejecución de la medida.
La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.Artículo 249.-  Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta
infracción y de los materiales o medios qu e sirvieran principalmente para cometerla.
132 De las Medidas en frontera
Artículo 250.-  El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se
va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a laautoridad nacional competente suspen der esa operación aduanera.  Son aplicables a esa solicitud y a la orden
que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan  las normas internas del país Miembro.
Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional
competente la información necesaria y una descripció n suficientemente detallada y precisa de los productos
objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.
Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar
de oficio, la aplicación de medidas en frontera.
Artículo 251.-  A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente
permitirá al titular de la marca participar en la in spección de las mercancías retenidas.  Igual derecho
corresponderá al importador o exportador de las mercancías.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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6.- Actos de competencia desleal:
c) Título XVI, Capítulo I, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 del Régimen Común
sobre Propiedad Industrial133.
d) Título II, artículo 17134;  y Títulos IV, V, VI y VII, artículos 32 al 56 de la Ley para
Promover y Proteger el Ejerci cio de la Libre Competencia.
7.- Medidas penales:
d) Título XV, Capítulo IV, artículo 257 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre
Propiedad Industrial  Venezolana 135.
                                                                                                                                                                  
Al realizar  la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la
información confidencial, en lo que fuese pertinente.
Artículo 252.-  Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente
ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera  y la notificará al solicitante.
En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador,
importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto dela suspensión.  Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.
Artículo 253.-  Transcurridos 10 días hábiles contados  desde la fecha de notificación de la suspensión
de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la
autoridad nacional competente hubiere prolongado la su spensión, la medida se levantará y se procederá al
despacho de las mercancías retenidas .
Artículo 254.-  Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la  medida podrá recurrir a
la autoridad nacional competente.  La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la
suspensión.
Artículo 255.-  Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera
incautado  la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento
aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los quecuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho
del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la
destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.
Artículo 256.-  Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las
cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal delos viajeros o se envíen en pequeñas partidas.
133 Artículo 258.-  Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.-  Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre
otros, los siguientes:
cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
las aseveraciones falsas, en el ejercicio del come rcio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;  o,
las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabri cación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.
134 Artículo 17
Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a
través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:
1.  La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;2.  La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a
desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores;  y
3.  El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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e) Capítulo VII, artículos 97 al 105 de la Ley de Propiedad Industrial.
f) Título VI, Capítulo V, artículos 338 y 339136del Código Penal Venezolano
En materia de derecho de autor:
a) La acción declarativa:  Título VI, artículo 109137de la Ley sobre el Derecho de Autor
la cual se dirige a obtener un pronunciamiento judicial que confirme la existencia
del derecho alegado por el promovente.
b) La acción inhibitoria, prohibitoria o de condena:  Título VI, artículo 109 de la Ley
sobre el Derecho de Autor, la cual dispone que el titular de un derecho que tuviere
razón para temer el desconocimiento de sus derechos o de que se continúe o reincida
en una violación ya realizada, puede pedir al juez que prohíba a la otra persona su
violación.
c) La acción de remoción o destrucción.  Título VI, artículo 110138 de la Ley sobre el
Derecho de Autor.  En este mismo sentido, en el Capítulo VIII, artículo 57, literal c)
de la Decisión 351 –Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos–
se contempla esta posibilidad.
                                                                                                                                                                  
135 Artículo 257.-  Los países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales  para los
casos de falsificación de marcas.
136 Artículo 338.-  Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos
de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera;  y, asimismo, todo el que haya hecho
uso de los nombres, marcas o signos legalmente registra dos así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea
proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses.
La misma pena será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos
industriales y al que haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados, aunque la falsedad sea obrade un tercero.
La autoridad judicial podrá disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa
del reo.
Artículo 339.-  El que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de
cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres,marcas o signos distintivos falsificados o alterados, o con nombres, marcas o signos distintivos capaces de
inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas osignos ha sido legalmente registrada en Venezuela, será castigado con prisión de uno a doce meses.
137 Artículo 109.-  El titular de cualquiera de los der echos de explotación previstos en esta Ley, que
tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación
ya realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación, sin perjuiciode la acción por resarcimiento de daños morales y ma teriales que pueda intentar contra el infractor.
Para la efectividad de la prohibición del Juez conminará en la sentencia con multa al ocurrir una
contravención.  El Juez impondrá la sanción a solicitud  de la parte agraviada.  La multa no excederá del
equivalente a veinte veces el salario mínimo urbano fijado por el Ejecutivo Nacional, conforme a la Ley
Orgánica del Trabajo, y es convertible en arresto propo rcional a razón de quinientos bolívares por cada día de
arresto.
En caso de reincidencia, se podrá imponer el doble de la multa.
138 Artículo 110.-  El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta Ley y que resulte
lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copiasilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos últimos, por su
naturaleza, no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente.  Queda a salvo, en su
caso, la acción por la indemnización de los daños y perj uicios causados al titular de uno de los derechos de
explotación indicados.
Si una parte del aparato de que se trata pued e ser empleada para una reproducción o comunicación
diferente, el interesado puede exigir que a sus expensas se haga la separación de esta parte, para salvarla de laIP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 98
d) La acción de daños y perjuicios:  Título VI, artículo 109 encabezado;  artículo 110
encabezado y artículo 64139 de la Ley sobre el Derecho de Autor.  De igual forma la
Decisión 351 –Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos–
Capítulo VIII, artículo  57, literales a) y b) contienen la facultad para que las
autoridades competentes ordenen al infractor de uno cualquiera de los derechosprotegidos un resarcimiento adecuado con el fin de compensar los daños y perjuicios
sufridos por el titular accionante, además de la costas procesales.
26. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces
estarán facultados para ordenar que se aporte la prueba necesaria para sustanciar las
alegaciones de una parte cuando ésta no haya podido obtener esa prueba por encontrarse bajo
el control de la parte contraria.  Sírvanse describir cómo las leyes o reglamentos de Venezuela
otorgan esa facultad, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.
En el sistema procesal venezolano se encuentra estipulado un medio de prueba denominado
"exhibición de documentos", el cual tiene su fundamento en la Sección II, artículo 436 del Código de
Procedimiento Civil.
140
Esta disposición permite que la parte durante el  proceso tenga la facultad de solicitar al
Tribunal que exija a la otra la exhibición o entrega de un documento que se halle en su poder.Valorada la solicitud y el medio de prueba que al menos constituya una presunción grave de que la
otra parte se halla en poder del documento de que se trate, el Tribunal lo intimará, fijándole un plazo
para realizar la exhibición, con la consecuencia de que si no exhibe o entrega el documento se
tendrán como ciertos la copia presentada por el solicitante o los hechos por él afirmados.
Este medio de prueba puede ser utilizado, igualmente, en el proceso penal venezolano y el
procedimiento civil, en los cuales existe el principio de la libertad de prueba, que admite la
posibilidad de utilizar medios probatorios que estén establecidos en cualquier cuerpo legislativo.
                                                                                                                                                                  
destrucción o remoción.  Si el ejem plar o el aparato cuya remoción o destrucción se pidiere tiene especial
mérito artístico o científico, no podrá ser destruido, y el Juez podrá ordenar de oficio, su entrega a un museopúblico.
En todo caso el perjudicado puede pedir que le sean adjudicados los ejemplares, copias o aparatos
cuya destrucción se ordene.  El Juez determinará el precio de la adjudicación, el  cual se deducirá de la
estimación de los daños y perjuicios causados.
Las medidas a que se refiere este artículo no surtir án efectos contra quienes hayan adquirido de buena
fe y para su uso personal un ejemplar o copia ilícitamente reproducidos.
139 Artículo 64.-  Quien explote una obra, producto o producción administrados por una entidad de
gestión colectiva, sin que se le hubiere cedido el derecho correspondiente o se le hubiere otorgado la respectivalicencia de uso, debe pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre laremuneración en la tarifa, aplicada durante todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación, siempreque no se pruebe un daño superior en el caso concreto.
140 Artículo 436.  La parte que deba servirse de un documento que según su manifestación, se halle en
poder de su adversario podrá pedir su exhibición.
A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en su defecto, la
afirmación de los datos que conozca el solicitante acer ca del contenido del mismo y un medio de prueba que
constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de suadversario.
El Tribunal intimará al adversario la exhibición o entrega del documento dentro de un plazo que le
señalará bajo apercibimiento.
Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo in dicado, y no apareciere de autos pruebas alguna de
no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de lacopia presentada por el solicitante y en defecto de és ta, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el
solicitante acerca del contenido del documento.  (…)IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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Además de lo antes expuesto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones
establece en el artículo 240141 la inversión de la carga de la prueba al demandado en los casos de la
infracción de una patente de procedimiento para obtener un producto.  A estos efectos, opera una
presunción iuris tantum  en contra del demandado, a quien le corresponderá en juicio demostrar que
el procedimiento para la obtención del prod ucto no es el protegido por la patente.
27. Sírvanse describir, en detalle, todos los recu rsos civiles de que disponen los titulares de
derechos en el contexto de la legislación de Venezuela y citar las disposiciones legales o
reglamentarias pertinentes.
La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la legislación nacional,
establecen un conjunto de acciones y procedimientos contra las infracciones de los derechos de
propiedad intelectual las cuales permiten adoptar medidas eficaces así como prevenir infracciones.
En materia de Propiedad industrial:
1.- Acción reivindicatoria:  Título XIV, artículo 237142 de la Decisión 486 del Régimen Común
Sobre Propiedad Industrial.
2.- Acción por infracción de derechos:  Título XV, artículos del 238 al 244143 de la Decisión
486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
                                                     
141 Artículo 240.-  En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un
procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento
que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya
infracción se alegue.  A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico
producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimientopatentado, si:
a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo;  ob) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento y el titular de la patente de éste no pu ede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido
el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del
demandado o denunciado en cuanto a la pr otección de sus secretos empresariales.
142 Artículo 237.-  Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u
obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal
derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo  ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea
transferida la solicitud en trámite o el derecho conced ido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular
del derecho.
Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que
también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competentepidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.
Si la legislación interna del país Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá
demandarse la indemnización de daños y perjuicios.
Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los
dos años contados desde que el objeto de protección hub iera comenzado a explotarse o usarse en el país por
quien obtuvo el derecho, aplicándose el  plazo que expire antes.  No prescribirá la acción si quien obtuvo el
derecho lo hubiese solicitado de mala fe.
143 Artículo 238.-  El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción
ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.  También podrá actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar
de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera  de los cotitulares podrá entablar la acción contra
una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre loscotitulares.
Artículo 239.-  El titular de una patente tendrá der echo a ejercer acción judicial por daños y perjuicios
por el uso no autorizado de la invención o del mode lo de utilidad durante el período comprendido entre la
fecha en que adquiera carácter  público y pueda ser consu ltada  la  solicitud respectiva y la fecha de concesión
de la patente.  El resarcimiento sólo procederá con resp ecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se
calculará en función de la explotación efectivamen te realizada por el demandado durante el período
mencionado.
Artículo 240.-  En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un
procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimientoque ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya
infracción se alegue.  A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico
producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimientopatentado, si:
a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo;  ob) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento y el titular de la patente de éste no pu ede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido
el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del
demandado o denunciado en cuanto a la pr otección de sus secretos empresariales.
Artículo 241.-  El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se
ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:
el cese de los actos que constituyen la infracción;
la indemnización de daños y perjuicios;el retiro de los circuitos comerciales de los produ ctos resultantes de la infracción, incluyendo los
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de pu blicidad u otros materiales, así como los materiales y
medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos
en el literal anterior;
la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal  c), en cuyo
caso el valor de los bienes se imputará al impor te de la indemnización de daños y perjuicios;
la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción,
incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medi os referidos en el literal  c) o el cierre temporal o
definitivo del establecimiento del demandado o denunciado;  o,
la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del
infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la  supresión o remoción de la marca deberá
acompañarse de acciones encaminadas a impedir  que se introduzcan esos productos en el comercio.Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a
un procedimiento aduanero diferente.
Quedarán exceptuados los casos debidamente califica dos por la autoridad nacional competente, o los
que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
Artículo 242.-  Los países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la
gravedad de la infracción, las autoridades judiciales pu edan ordenar al infractor que informe al titular del
derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o
servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.
Artículo 243.-  Para efectos de calcular la indemnizaci ón de daños y perjuicios se tomará en cuenta,
entre otros, los criterios siguientes:
el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la
infracción;
el monto de los beneficios obteni dos por el infractor como resultado de los actos de infracción;  o,
el precio que el infractor habría pagado por concep to de una licencia contractual, teniendo en cuenta
el valor comercial del derecho infringido y las licen cias contractuales que ya se hubieran concedido.
Artículo 244.-  La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el
titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió lainfracción por última vez.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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3.- Medidas cautelares:  Título XV, Capítulo II, artículos 245 al 249 144 de la Decisión 486 del
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
4.- Medidas en frontera:  Título XV, Capítulo III, artículos 250 al 256 de la Decisión 486 del
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.145
                                                     
144 Artículo 245.-  Quien inicie o vaya a iniciar un a acción por infracción podrá pedir a la autoridad
nacional competente que ordene medidas cautelares inme diatas con el objeto de impedir la comisión de la
infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el
resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con
posterioridad a su inicio.
Artículo 246.-  Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
el cese  inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;el retiro de los circuitos comerciales de los product os resultantes de la presunta infracción, incluyendo
los envases, embalajes, etiquetas, ma terial impreso o de publicidad u otro s materiales, así como los  materiales
y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en
el literal anterior;
la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;  y,el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para
evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.
Si la norma nacional del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de
oficio, la aplicación de medidas cautelares.
Artículo 247.-  Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación
para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente lacomisión de la infracción o su inminencia.  La autori dad nacional competente podrá requerir que quien pida la
medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de pr oductos determinados deberá suministrar las
informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productospresuntamente infractores puedan ser identificados.
Artículo 248.-  Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella
se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución.  La parte afectada podrá recurrir ante
la autoridad nacional competente pa ra que revise la medida ejecutada.
Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte
quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infr acción no se iniciara dentro de los 10 días siguientes
contados desde la ejecución de la medida.
La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.
Artículo 249.-  Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta
infracción y de los materiales o medios qu e sirvieran principalmente para cometerla
145 De las Medidas en frontera
Artículo 250.-  El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se
va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a laautoridad nacional competente suspen der esa operación aduanera.  Son aplicables a esa solicitud y a la orden
que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan  las normas internas del país Miembro.
Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional
competente la información necesaria y una descripció n suficientemente detallada y precisa de los productos
objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.
Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar
de oficio, la aplicación de medidas en frontera.
Artículo 251.-  A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente
permitirá al titular de la marca participar en la in spección de las mercancías retenidas.  Igual derecho
corresponderá al importador o exportador de las mercancías.
Al realizar  la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la
información confidencial, en lo que fuese pertinente.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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5.- Actos de competencia desleal:
a) Título XVI, Capítulo I, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 del Régimen Común
sobre Propiedad Industrial.146
b) Título II, artículo 17147;  y Títulos IV, V, VI y VII, artículos 32 al 56 de la Ley para
Promover y Proteger el Ejerci cio de la Libre Competencia.
Además, en materia de derecho de autor existen las siguientes acciones a saber:
a) La acción declarativa:  Título VI, artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor
la cual se dirige a obtener un pronunciamiento judicial que confirme la existencia
del derecho alegado por el promovente.
                                                                                                                                                                  
Artículo 252.-  Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente
ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera  y la notificará al solicitante.
En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador,
importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto dela suspensión.  Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.
Artículo 253.-  Transcurridos 10 días hábiles contados  desde la fecha de notificación de la suspensión
de la operación aduanera sin que el demandante hub iere iniciado la acción por infracción, o sin que  la
autoridad nacional competente hubiere prolongado la susp ensión, la medida se  levantará  y se procederá al
despacho de  las mercancías retenidas .
Artículo 254.-  Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la  medida podrá recurrir a
la autoridad nacional competente.  La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la
suspensión.
Artículo 255.-  Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera
incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento
aduanero diferente, salvo en  los casos debidamente calif icados por la autoridad nacional competente, o los que
cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho
del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la
destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.
Artículo 256.-  Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las
cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal delos viajeros o se envíen en pequeñas partidas.
146 Artículo 258.-  Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.-  Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre
otros, los siguientes:
cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
las aseveraciones falsas, en el ejercicio del come rcio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;  o,
las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabri cación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.
147 Artículo 17
Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a
través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:
1.  La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;2.  La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a
desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores;  y
3.  El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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b) La acción inhibitoria, prohibitoria o de condena:  Título VI, artículo 109 de la Ley
sobre el Derecho de Autor, la cual dispone que el titular de un derecho que tuviere
razón para temer el desconocimiento de sus derechos o de que se continúe o reincida
en una violación ya realizada, puede pedir al juez que prohíba a la otra persona su
violación.
c) La acción de remoción o destrucción.  Título VI, artículo 110 de la Ley sobre el
Derecho de Autor.  En este mismo sentido el Capítulo VIII, artículo 57, literal c de
la Decisión 351 contempla esta posibilidad.
d) La acción de daños y perjuicios:  Título VI, artículo 109 encabezado;  artículo 110
encabezado y artículo 64 de la Ley sobre el Derecho de Autor.  De igual forma la
Decisión 351 –Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos–
Capítulo VIII, artículo 57, literales a) y b) contienen la facultad para que lasautoridades competentes ordenen al infractor de uno cualquiera de los derechos
protegidos un resarcimiento adecuado con el fin de compensar los daños y perjuicios
sufridos por el titular accionante, además de las costas procesales.
28. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos y recursos provisionales al alcance de
los titulares de derechos en conformidad con la legislación de Venezuela, citar las disposicioneslegales y reglamentarias pertinentes e indicar cual quier condición en virtud de la cual el titular
del derecho podrá valerse de esos procedimientos y recursos.
Medidas judiciales:
Derecho de autor:
a) El artículo 111148 de la Ley sobre el Derecho de Autor contempla la posibilidad que el Juez
puede ordenar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación, así como
el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre que se acompañe un
medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama.
b) El artículo 56 de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos, literales a), b) y c) consagra que la autoridad nacional competente puede ordenar comomedidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita;  la incautación, el embargo, decomiso o
secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción;  la
incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del
ilícito.
                                                     
148 Artículo 111.-  A los efectos del ejercicio de las acciones previstas en los artículos precedentes, el
Juez podrá ordenar inspecciones judiciales y experticias, así como cualquier otro medio de prueba previsto en
el Código de Procedimiento Civil.
El Juez podrá decretar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación.
El Juez podrá ordenar también el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de
explotación litigioso.
Las medidas de secuestro y embargo sólo se decretarán si se acompaña un medio probatorio que
constituya presunción grave del derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunas
de las pruebas indicadas en el encabezamiento de este artículo.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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Propiedad industrial:
a) Pueden ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan
la presunta infracción;  el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
presunta infracción;  la suspensión de la importación o de la exportación de los productos;  la
constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;  y el cierre temporal delestablecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o
repetición de la presunta infracción según se establece en el Título XI, Capítulo II, artículo 246 de la
Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial.
b) Puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una
patente o de una marca, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la ley o la
suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la
definitiva, para lo cual el Tribunal podrá exigir caución suficiente (Artículo 136 de la Ley Orgánicade la Corte Suprema de Justicia).
c) Puede solicitarse por vía de amparo constitucional ante el Tribunal competente como medida
provisional la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una
marca por razones de inconstitucionalidad y siempre que se cumplan los requisitos para las medidas
preventivas, el fumus boni juris  y el pericullum in mora  (Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales).
d) Para ambos casos, el del derecho de autor y el de la propiedad industrial, es posible solicitar
cualquier clase de medidas preventivas o "medidas innominadas", siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en la ley (Parágrafo Primero
149 del Artículo 588 del Código de Procedimiento
Civil).
29. Sírvanse explicar si los recursos civiles que contempla la legislación de Venezuela se
están aplicando en la práctica a niveles "adecu ados para compensar el daño que haya sufrido"
el titular del derecho, como lo dispone el párrafo 1 del artículo 45 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
En Venezuela los titulares de derechos de propiedad intelectual cada vez son más
conscientes de sus derechos y de las posibilidades que el sistema venezolano ofrece para hacerlos
valer.  La acción por daños y perjuicios es una de las más demandadas, y éstos se estiman en función
del lucro cesante o del daño emergente sufrido por el titular del derecho.  Creemos que el ejercicio y
la aplicación efectiva de las acciones han obtenido un carácter disuasoria que ha ido permitiendo que
la transgresión en esta materia haya comenzado a disminuir.
J. O BSERVANCIA - PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN
FRONTERA
30. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos contemplados en la legislación de
Venezuela que establezcan prescripciones especiales en frontera para reprimir, al menos, la
falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor,
                                                     
Parágrafo primero:
Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los
requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares
que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes puedacausar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.  En estos casos para evitar
el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptarlas providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
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Página 105
identificar la autoridad competente y citar las disposiciones pertinentes de la ley o el
reglamento.
Las normas y procedimientos en esta materia deben ser complementadas con la legislación
nacional, la cual se encuentra en proceso de discusión en la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, en la reforma a la Ley Orgánica de Aduanas, donde se prevé un Título aeste respecto el cual está en armonía con el Acuerdo sobre los  ADPIC.
La Decisión 486 en el TÍTULO XV, Capítulo III, referente a las Medidas en Frontera
contempla en los artículos 250 al 255
150 un conjunto de normas adjetivas al respecto.  En este sentido
corresponde al titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va
a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, solicitar a la
autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.  Para ello deberá suministrar a
dicha autoridad la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de losproductos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos (Artículo 250 de la
Decisión 486).
Podrá permitirse a efectos de fundamentar sus reclamaciones al titular de la marca participar
en la inspección de las mercancías retenidas.  Igual derecho corresponderá al importador o
exportador de las mercancías.
                                                     
150 Artículo 250.-  El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que
se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la
autoridad nacional competente suspen der esa operación aduanera.  Son aplicables a esa solicitud y a la orden
que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan  las normas internas del país Miembro.
Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional
competente la información necesaria y una descripció n suficientemente detallada y precisa de los productos
objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.
Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar
de oficio, la aplicación de medidas en frontera.
Artículo 251.-  A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente
permitirá al titular de la marca participar en la in spección de las mercancías retenidas.  Igual derecho
corresponderá al importador o exportador de las mercancías.
Al realizar  la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la
información confidencial, en lo que fuese pertinente.
Artículo 252.-  Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente
ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera  y la notificará al solicitante.
En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador,
importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de
la suspensión.  Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.
Artículo 253.-  Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión
de la operación aduanera sin que el demandante hub iere iniciado la acción por infracción, o sin que  la
autoridad nacional competente hubiere prolongado la susp ensión, la medida se  levantará  y se procederá al
despacho de  las mercancías retenidas .
Artículo 254.-  Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la  medida podrá recurrir a
la autoridad nacional competente.  La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la
suspensión.
Artículo 255.-  Una vez determinada la infracción, los productos con marcas  falsificadas, que hubiera
incautado  la autoridad nacional competente, no podrán  ser reexportados  ni  sometidos a un procedimientoaduanero diferente, salvo en  los casos debidamente calif icados por la autoridad nacional competente, o los que
cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho
del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar ladestrucción o decomiso de las mercancías infractoras.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para
proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente (Artículo 251 de la Decisión 486).
Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará
o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.
En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del
consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de
las mercancías objeto de la suspensión.  Asimismo, notificará la suspensión al importador o
exportador de los productos (Artículo 252 de la Decisión 486).
Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la
operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la
autoridad nacional competente hubiere prolonga do la suspensión, la medida se levantará y se
procederá al despacho de las mercancías retenidas (Artículo 253 de la Decisión 486).
Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que se hubieren
incautado, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en
los casos debidamente calificados, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la
marca (Artículo 255 de la Decisión 486).
Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá presentar
oposición a ésta y el juez competente procederá a modificar, revocar o confirmar la suspensión
(Artículo 254 de la Decisión 486).
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del
derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá
ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.
Además de las mercancías antes indicadas las autoridades aduaneras deberán, a solicitud del
órgano competente en materia de propiedad intelectual, impedir el desaduanamiento de bienes que
presuntamente violen derechos de propiedad intelect ual obtenidos en el país o derivados de acuerdos
internacionales de los que la República sea parte.
El órgano competente en materia de propiedad intelectual podrá solicitar a la autoridad
aduanera, mediante acto motivado, el desaduanamiento de la mercancía en cualquier momento,
previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de
infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.
Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la
mercancía cuestionada, la retención de la misma (Artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas).
31. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden
recurrir a medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los
procedimientos y recursos con que cuentan en relación con cada una de las formas de
propiedad intelectual, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.
De conformidad con la Ley Orgánica de Aduanas vigente, el procedimiento establecido en el
artículo 87 es aplicable a cualquier derecho de propiedad intelectual.  En efecto, tal y como lo
expresamos en la pregunta anterior, la autoridad competente podrá impedir el desaduanamiento debienes que presuntamente violen derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados
de acuerdos internacionales de los que la República sea parte.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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32. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC determina los procedimientos que se han
de seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las
autoridades competentes de Venezuela están facu ltadas para actuar de oficio y, en caso
afirmativo, sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de
oficio.
En Venezuela en principio las medidas de oficio por parte de un Tribunal Civil no son
aplicables, las mismas deben solicitarse dentro de un procedimiento judicial, éstas pueden ejecutarse
de oficio si en virtud de una acción penal son solicitadas por el Ministerio Público, caso en el cual
esas mercancías deben ser objeto de depósito hasta tanto se determine o no la comisión de un hecho
punible.  Si estamos frente a un hecho que constituya contrabando, las mismas pueden ser objeto de
destrucción.  Estas medidas pueden ser ejecutadas por las autoridades de Resguardo, es decir la
Guardia Nacional en operativos de contrabando, por supuesto de drogas y por denuncias que envirtud del Código Penal y de la comisión de delitos se hayan practicado.
Es importante señalar que según el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas corresponde a
la autoridad aduanera la ejecución de medidas en frontera, pero como éstas son solicitadas en juicio
en virtud de un proceso de investigación por denuncia o demandas, es la autoridad judicial la
competente para dictarlas.
K. P
ROCEDIMIENTOS PENALES
33. Sírvanse describir, en detalle, cómo las leyes de Venezuela aplican el artículo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC que prescribe que los miembros establecerán procedimientos y
sanciones penales, que comprenderán penas de prisión y/o la imposición de sanciones
pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa demarcas de fábrica o de comercio y de infracción de derechos de propiedad intelectual a escala
comercial.  Sírvanse citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
El Código Penal establece sanciones a la infracción de derechos tanto de propiedad
industrial como de derecho de autor.  En tal sentido el artículo 338 del Código Penal establece pena
de prisión de 1 a 12 meses a quien hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signosdistintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera, así como a quien
haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados,
aunque la falsedad proviniere de un tercero.  La misma pena se aplicará a quien hubiere contrahecho
o alterado los dibujos o modelos industriales y a quien haya hecho uso de los mismos así
contrahechos o alterados aunque la falsedad proviniere de un tercero.
El artículo 339 del mismo Código Penal castiga con prisión de uno a doce meses a quien con
el objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en
circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos
distintivos falsificados o alterados capaces de inducir a error al comprador respecto de su origen o
calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en
Venezuela.
El artículo 340 del referido Código castiga con prisión de quince días a tres meses a quien
hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones
industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su
posición o empleo o en razón de su profesión, arte  o industria y con prisión de quince días a seis
meses si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo.IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
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Propiedad industrial:
En el mismo orden de ideas la Ley de Propiedad Industrial, en los artículos 98 y 99 castiga
con prisión de uno a doce meses a quien atente contra los derechos del legítimo titular o poseedor de
una patente, fabricando, ejecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro, sin el
consentimiento bien expreso o tácito del titular, copias dolosas y fraudulentas del objeto de lapatente y a quien para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor use, fabrique o
ejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan.
Igualmente disponen los artículos 100 y 101 de la Ley de Propiedad Industrial que serán
castigados con prisión de uno a doce meses quienes designen un establecimiento como sucursal de
otro que tenga denominación comercial registrada y quien dolosamente se aproveche de las ventajas
de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al
amparo de la Ley de Propiedad Industrial.
Derecho de autor:
La Ley sobre el Derecho de Autor opta por recoger las sanciones penales en el Título VII,
artículos 119 al 122 sin perjuicio de que el hecho punible pueda merecer una pena más grave de
acuerdo con el Código Penal.
El artículo 119 de la Ley sobre el Derecho de Autor considera delito el empleo sin
consentimiento del titular del respectivo derecho, del título de una obra, la comunicación en forma
original o elaborada íntegra o parcialmente de obras del ingenio, ediciones de obras ajenas, textos,
fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas
en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía, así como la distribución de obras del ingenio
inclusive ejemplares de fonogramas y la retransmisión o emisión no autorizada por los organismosde radiodifusión con prisión de seis a dieciocho meses.
Asimismo el artículo 120 de la Ley sobre el Derecho de Autor castiga con prisión de uno a
cuatro años a quien intencionalmente reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o
parcialmente obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos
obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía, o quien introduzca en el país, almacene,distribuya, venda o ponga en circulación reproducciones ilícitas de las mismas.
Con la misma pena el artículo 121 de la Ley sobre el Derecho de Autor  castiga a quien
copie por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o emisión de
radiodifusión en todo o en parte, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga
en circulación dichas reproducciones o copias.
34. El artículo 61 estipula que, cuando pro ceda, entre los recursos disponibles figurará
también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos
los materiales y accesorios utilizados predominan temente para la comisión del delito.  Sírvanse
describir las disposiciones de la legislación de Venezuela que establecen esos procedimientos y
recursos, y señalar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
a) Prisión
En la respuesta a la pregunta número 33 de este cuestionario se comentó en detalle cada uno
de los hechos considerados delitos en nuestra legislación.  Tal como lo contemplan la Ley de
Propiedad Industrial, el Código Penal y la Ley sobre el Derecho de Autor, existe pena de prisión que
puede ir según los casos contemplados en dichas legislaciones, de un mes a cuatro años para castigar
las conductas que infringen derechos de propiedad intelectual.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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Pero además de lo allí establecido, el Proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Industrial
prevé un capítulo donde se tipifican conductas como delitos de propiedad industrial, para los cuales
se establecen penas más severas que las actualmente establecidas en nuestro Código Penal.
b) Sanciones pecuniarias
En efecto además de la pena de prisión establecida en el Código Penal, la Ley sobre el
Derecho de Autor y en la Ley de Propiedad Industrial se castiga con multa  de cincuenta a un
mil bolívares:
1) Los que sin haber obtenido una patente o sin gozar de los privilegios de la misma, la
invoquen como si disfrutasen de ella.
2) Los que usen una marca, dibujo o modelos industriales sin tener el correspondiente
certificado de registro e indiquen que la marca, dibujo o modelo, están registrados.
3) Los que tengan una marca para determinada clase de productos y la apliquen como
marca registrada para productos pertenecientes a una clase diferente, y
4) Los que en forma dolosa, pretendan mantener como válido un registro que haya
perdido sus efectos de acuerdo con la declaración pública de la autoridad
competente.  En caso de reincidencia, la pena señalada en el presente artículo se
convertirá en prisión proporcional (Artícul o 102 de la Ley de Propiedad Industrial).
En materia de derecho de autor, la resolución judicial que declare con lugar la pretensión del
cese de la actividad infractora puede estar acompañada de una sanción pecuniaria, independiente de
la que se aplique en el ámbito penal.  En la reforma de la Ley sobre el Derecho de Autor de 1993 se
establece una multa, no ya en caso de una futura violación como lo establecía la Ley de 1962, sino
como consecuencia de haberse comprobado en el proceso instaurado con motivo de la pretensióninhibitoria la ocurrencia de una contravención al derecho del accionante.
Quiere decir entonces que si en el proceso se prueba la violación, el Juez a solicitud de la
parte agraviada, debe conminar al demandado con una multa no mayor del equivalente a veinte (20)
salarios mínimos, convertible en arresto a razón de quinientos bolívares por cada día de arresto y, en
caso de reincidencia, dicha sanción puede duplicarse.  Además de lo establecido, la modificación delartículo 95 de la derogada Ley sobre el Derecho de Autor, ahora 109, faculta al juez para imponer al
infractor la multa una vez que dé por comprobada la violación del derecho, sin tener que esperar una
nueva contravención como lo exigía el antiguo texto.
Es evidente que la sanción de multa es independiente de una eventual condena por
resarcimiento por daños y perjuicios.
En el mismo orden de ideas del literal anterior, en el Proyecto de Reforma a la Ley de
Propiedad Industrial se establecen multas y se faculta a la autoridad administrativa para aplicarlas.
c) Confiscación, decomiso, y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y
accesorios utilizados para su producción;
En materia de propiedad industrial, la Ley sobre la materia establece en el artículo 105 que en:
"Toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la
destrucción de los elementos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión deldelito, así como los objetos que provengan del mismo".IP/Q/VEN/1, IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1,  IP/Q4/VEN/1
Página 110
En el caso de la Ley sobre el Derecho de Autor (Artículo 97), se contempla una acción o
pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente
reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.
El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos
empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción ocomunicación diferente.  (Artículo 110).
Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el
aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en el
cual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a un
museo público.  La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios.
d) Otras medidas
En Venezuela el artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor dispone que el tribunal
puede, a solicitud de la parte interesada, ordenar que el dispositivo de la sentencia dictada con
motivo de cualesquiera de las acciones contempladas en su texto, sea publicado a costa de la parte
vencida, en uno o varios periódicos indicados por el juez.
Si bien se trata de una atribución facultativa de la autoridad judicial, la orden de publicar la
parte dispositiva de la sentencia ha sido práctica corriente en los casos tramitados en nuestro país porla vía jurisdiccional civil, siempre que, por supuesto, haya sido solicitada por la parte reclamante.
En materia penal, el Código Penal establece en el artículo 338 como facultativo del juez
penal el disponer que la condena se publique en un diario que él indique, a costa del reo.  Ello, a
diferencia de lo que sucede en materia civil, ha sido poco frecuente.
También en materia de derecho de autor el Juez podrá decretar la publicación por la prensa
de la sentencia condenatoria o absolutoria, a costa del reo o del denunciante, según los casos
(Artículo 124, Ley sobre el Derecho de Autor).
Como medidas correctivas que también pueden solicitarse, de conformidad con el
artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, se encuentran el embargo de los proventos que
correspondan al titular del derecho de explotación litigioso y el secuestro de todo lo que constituyaviolación del derecho de explotación, medidas esta s que sólo pueden decretarse de conformidad con
el mismo artículo cuando se acompañe un medio pr obatorio que constituya presunción grave del
derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunos de los medios
probatorios, pero además de las regulaciones específicas que sobre la materia contiene el derecho
autoral, son siempre aplicables, por vía supletoria, las disposiciones del Código de ProcedimientoCivil, de suerte que las medidas indicadas no impiden la práctica de otras, como por ejemplo, la
prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, o que se tomen con fundamento al parágrafo
primero del artículo 588 del mismo Código, las providencias adecuadas (medidas innominadas), de
existir el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación
al derecho de la otra.  Ello funciona también para los derechos de propiedad industrial.
35. Asimismo, el artículo 61 indica que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de otras formas de lapropiedad intelectual.  Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de Venezuela que
establezcan esos procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.IP/Q/VEN/1,  IP/Q2/VEN/1,
IP/Q3/VEN/1, IP/Q4/VEN/1
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Las sanciones y procedimientos penales fueron expresamente establecidos en la respuesta a
la pregunta número 33, en virtud de que en materia penal rige el principio de  "nullum crimen,
nulla poena sine lege " no hay delito, ni pena sin ley que la regule.
L. I NFORMACIÓN ESTADÍSTICA
36. Sírvanse proporcionar información estadística referente a derechos civiles de autor,
marcas de fábrica y de comercio, indicaciones  geográficas, dibujos y modelos industriales,
patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y la observancia de secretos comerciales
compilados durante el año 2000, incluyendo el número de casos presentados;  los
mandamientos expedidos;  las mercancías infractoras confiscadas;  los equipos infractores
confiscados;  los casos resueltos (incluidos los arreglos);  y el importe de los perjuicios
indemnizados.
No existe una compilación de estadísticas en forma puntual en lo referido a las medidas de
observancia, toda vez que las mismas son practicadas en distintas sedes (administrativa y judicial) y
por un número considerable de organismos.  Sin embargo, por lo que se refiere a las medidas de
prevención y de disuasión en materia de derecho de autor, desde el mes de febrero del presente año
se han realizado 102 notificaciones administrativas por parte de la autoridad administrativa nacional
competente.
Por lo que se refiere a sentencias condenatorias por infracción al derecho de autor, hasta
ahora no existen, dado que los casos se han resuelto por acuerdos conciliatorios entre las partes.
37. Sírvanse proporcionar información estadística referente a la observancia penal en la
esfera de la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica y de
comercio compiladas durante el año 2000, incluyendo el número de operativos, procesos,condenas, el importe de las multas y/o penas de prisión (con inclusión de las multas pagadas y
de las penas de prisión realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra información que
establezca que el sistema penal funciona eficazmente para disuadir la piratería lesiva del
derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica y de comercio.
En materia penal se han intentado sesenta y ocho (68) denuncias ante autoridades judiciales
por posible infracción de derechos de autor, de las cuales no ha habido formulación de cargos.
Tres (3) han concluido con acuerdos reparatorios en materia de vídeo;  un (1) acuerdo reparatorio en
materia de software.  Ha habido dos (2) sentencias civiles, una (1) en materia de vídeo y una (1) en
materia de computación.
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