RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/GBR/1
7 de agosto de 1998
(98-3111)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE OBSERVANCIA
REINO UNIDO1
El presente documento reproduce la declaración preliminar formulada por la delegación del
Reino Unido, las preguntas que se le plantearon y las respuestas que se dieron en el curso del examen
de la legislación sobre la observancia en la reunión que celebró el Consejo los días 17 a 21 de
noviembre de 1997.2
I. DECLARACIÓN PRELIMINAR
En el Reino Unido los derechos de propiedad intelectual son derechos privados y, en
consecuencia, la observancia de esos derechos es de la incumbencia del titular de los mismos. El
papel del Estado consiste en proporcionar un ordenamiento legal amplio y bien desarrollado que
permita a los titulares de los derechos el ejercicio de los mismos.  Ese ordenamiento jurídico se
estructura en el Reino Unido mediante una comb inación del sistema de "common law" y de leyes
específicas.  En el marco de ese ordenamiento, ca be emprender acciones judiciales tanto civiles como
penales en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual.
Procedimientos y recursos judiciales civiles
En el Reino Unido la jurisdicción civil está divi dida entre el Tribunal Superior (High Court) y
un sistema de tribunales de primera instancia "de condado" (county courts) encargados de resolverasuntos de menor importancia.  Dentro de la estructura del Tribunal Superior existe un Tribunal de
Patentes especializado, con competencia exclusiva para entender en controversias relacionadas con las
patentes y los dibujos y modelos registrados.  Los magistrados de este Tribunal de Patentes suelen ser
personas que han adquirido una amplia experiencia como abogados en controversias sobre derechos
de propiedad intelectual.  Esos magistrados son también por lo general magistrados del Tribunal
Superior y, como tales, se les asignan frecuentemente casos relacionados con la observancia de los
derechos que confieren las marcas de fábrica o de comercio (registradas o no) y el derecho de autor yderechos conexos.
En el sistema de tribunales de condado existe también un tribunal de patentes (Patents County
Court) al que se pueden someter controversias re lativas a patentes, dibujos y modelos registrados y
derechos de dibujos y modelos no registrados.
Se dispone de la gama completa de recursos civiles para hacer frente a las infracciones de los
derechos de propiedad intelectual, a saber:  mandamientos judiciales, resarcimiento de daños y
perjuicios, órdenes de entrega o destrucción y una liquidación de beneficios.
                                                     
1 En lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera que se examina y que han sido
notificadas por el Reino Unido de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, véanse losdocumentos IP/N/1/GBR/1 e IP/N/6/GBR/1.
2 El acta de esa reunión se ha distribuido como documento IP/C/M/16.IP/Q4/GBR/1
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Procedimientos penales
Los delitos por infracción de los derechos de marcas de fábrica o de comercio y del derecho
de autor pueden juzgarse en juicio con jurado ante el Tribunal de la Corona (Crown Court) o mediante
un procedimiento sumario ante un tribunal de magistrados (Magistrates’ Court).  Entre las sanciones
que se aplican a esos delitos están las multas de cuantía indefinida y las penas de prisión hasta unmáximo de 10 años.
Observancia en frontera
Las prescripciones de la sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican en
el Reino Unido principalmente me diante el Reglamento del Consejo (CE) Nº 3295/94, que es de
aplicación directa en el Reino Unido.
Pueden verse más detalles de la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el
Reino Unido en las respuestas del Reino Unido a la lista de cuestiones sobre la observancia 3, así
como en las respuestas que se dan en el presente examen, una selección de las cuales se presenta a
continuación.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR HONG KONG, CHINA
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
1. ¿Es correcto decir que los casos de infracción de la propiedad intelectual terminan a
menudo en la fase previa interlocutoria?  Si es así, ¿cuáles parecen ser las razones?  ¿Es ello
deseable en interés de la justicia?
Los casos que concluyen en la fase previa interlocutoria son generalmente aquellos en los que
el demandado estima improbable que en un juicio fuese a cambiar el sentido de la decisión.  Ello va
en interés de la justicia, en el sentido de que no se deben desperdiciar los esfuerzos y los gastos en queincurrirían las partes para una acción que se podría considerar meramente ritualista.  Además, en el
Reino Unido es insólito (aunque posible) que el tribunal ordene a la parte perdedora en una acción
previa interlocutoria que se le calculen las costas y que éstas se hagan efectivas "inmediatamente".
Por lo general se ordena que las actuaciones preliminares se consideren "costas de la causa", es decir,
que se calculen y sean satisfechas por la parte perdedora solamente al concluir el juicio formal.  Asípues, puede ser conveniente para la parte perdedora en la fase preliminar interlocutoria no llevar
adelante el asunto, ya que, excepto en el caso de que el tribunal decida que la decisión alcanzada en la
fase preliminar ha sido errónea, puede evitarse el pagar a la parte ganadora costa alguna de la fase
interlocutoria.
Por otra parte, cuando el demandante obtiene un mandato interlocutorio (cautelar) es muy
común que no le interese insistir en una reclamación de daños y perjuicios, ya que éstos pueden ser de
escasa cuantía en esa etapa y el mandato judicial va a satisfacer sus objetivos comerciales.  Así pues,el demandante no tendrá incentivo alguno para llevar adelante el asunto y corresponderá al
demandado decidir si desea dar un vuelco al mandato cautelar en juicio.  Eso es lo que no sucede a
menudo, ya que el efecto del mandato judicial obligará al demandado a modificar el producto
infractor de tal manera que, por lo menos en ese momento, se evite la infracción.  Si el demandante
está conforme con que el producto modificado no es infractor, ni el demandado ni el demandante
tienen interés alguno en someter el asunto a juicio.  Así ocurre en particular en casos de infracción de
marcas de fábrica o de comercio.  Si el demandado está obligado por un mandato judicial cautelar a
                                                     
3 Documento IP/N/6/GBR/1.IP/Q4/GBR/1
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no utilizar una marca de fábrica o de comercio porque es la misma, o muy similar, a la marca de
fábrica o de comercio registrada del demandante, la realidad es que, para poder seguir en el mercado,
el demandado empezará a utilizar una marca de fábri ca o de comercio diferente.  Si el demandante no
pone objeción a ello, ninguna de las dos partes tien e interés alguno en llevar el asunto a juicio, dando
por supuesto que el mandato cautelar se haya dictado en una fase temprana de la comercialización deldemandado, por lo que la indemnización por daños y perjuicios sería pequeña.
Hay que añadir que en el Reino Unido los tri bunales no insisten en un juicio sobre el fondo
del asunto.  Los tribunales solo actúan a instancia de una de las partes en un litigio.  Como resultado
de ello, una elevada proporción de los casos planteados ante los tribunales del Reino Unido quedan
inactivos sin que se adopte una resolución formal al respecto, simplemente porque cada una de las
partes estima que no conviene a sus intereses económicos generales llevar el asunto a su conclusión
formal.  En ocasiones, el arreglo del litigio puede consistir en que se registre la desestimación delasunto.
En cualquier caso, sea cual fuere la razón, sólo un 5 por ciento aproximadamente de las
acciones iniciadas ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales llegan a la fase del juicio:  así pues,
lo normal es que se llegue a un arreglo extrajudicial formal o informal.  No obstante, se debe subrayar
que la decisión de someter el caso a juicio corresponde enteramente a los litigantes y que, si uno delos litigantes insiste en ello, el juicio tendrá lugar.
2. ¿Hay en los procedimientos civiles disposiciones para facilitar las pruebas que puedan
crear presunciones legales de subsistencia y titu laridad de la propiedad intelectual dispensando
así al titular de los derechos de la necesidad de  comparecer ante el tribunal y dar testimonio de
estas cuestiones?  En caso negativo, ¿por qué no?
Para iniciar en el Reino Unido un litigio, el demandante debe presentar al demandado una
exposición de los fundamentos de la demanda (Stateme nt of Case).  En litigios civiles en materia de
propiedad intelectual, se afirmará en la exposición que el demandante es el propietario del derecho de
propiedad intelectual de que se trate (o es un licenciatario exclusivo facultado para iniciar una acción
relativa a ese derecho) y que dicho derecho subsiste (o subsistía en el momento de los hechos objetode la demanda, es decir, ocurridos en el período que determina la Ley de Prescripción de 1980
(capítulo 58) para que se pueda iniciar una acción).  Si el demandado desea litigar, deberá presentar al
demandante una réplica (Defence) en el plazo que permiten las normas procesales.  En el caso de que
el demandado no lo haga, o de que previamente no haya registrado ante el tribunal el obligado "acuse
de recibo de la demanda" que se le ha presentado, el demandante puede pedir al tribunal que dicte un
fallo sumarial en su favor.  En tal caso, el tribunal dictará una orden en los términos solicitados en el
mandato u otro alegato en virtud del cual se inició el procedimiento.
Cuando se presenta al demandante la réplica, el demandado está obligado a exponer en ella
los argumentos de la exposición de los fundamentos de la demanda que se disputan o se niegan.  A
menos que se impugne positivamente, o se niegue, una alegación, ésta queda aceptada y en
consecuencia ya no será necesario probarla.  Ulteriormente, en el curso de las actuaciones, cada parte
probablemente presentará a la otra "peticiones de reconocimiento de hechos".  De igual manera, si laparte a la que se le pide reconoce un hecho, ese reconocimiento obligará a la parte durante todo el
desarrollo del litigio a menos que el tribunal permita su retiro.  Una vez que no se disputa un hecho en
la réplica del demandado, o éste lo admite específicamente, ese hecho ya no es objeto de controversia
y en consecuencia no es necesario probarlo ante el tribunal.  Si ese hecho es una cuestión de
propiedad o subsistencia de un derecho, así quedará establecido para el posterior desarrollo del litigiode que se trate.
Por otra parte, la presentación de una copia certificada del asiento en el registro pertinente de
un derecho de propiedad intelectual es prueba razonable de la propiedad o subsistencia de ese derecho
de propiedad intelectual registrado, aunque ello no impide al demandado alegar que el registro no daIP/Q4/GBR/1
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constancia de la auténtica situación, acompañando presumiblemente esa alegación con una petición de
que se rectifique el asiento que figura en el registro.  Así pues, la prueba de subsistencia de un derecho
de propiedad intelectual registrado consiste normalmente en la presentación de una copia certificada
del pertinente asiento en el registro, pero incluso eso no sería necesario si el demandado ya ha
aceptado (explícita, o implícitamente al no haberlas impugnado) las alegaciones de propiedad ysubsistencia.
En lo que se refiere a los derechos no registrados, la ley pertinente establece algunos
supuestos legales que tienen el mismo efecto de demostración razonable que tiene una copia del
asiento registrado en el caso de un derecho de propiedad intelectual registrado, según se ha señalado
en el párrafo anterior.  Por ejemplo, los supuestos legales respecto de la propiedad y subsistencia
figuran en la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988 (capítulo 48, en su
forma enmendada):  en los artículos 104 a 106, respecto del derecho de autor;  en los artículos 93Ay 93B en lo relativo a los derechos de arrendamiento de películas cinematográficas y grabaciones de
sonido, y en el artículo 191C en lo que se refier e a los derechos de los ejecutantes o intérpretes.
En otros casos, que son aquellos en los que no parecen evidentes la propiedad y la
subsistencia del derecho, debe presentarse al tribunal prueba suficiente de los mismos para
convencerlo de esas cuestiones según el cálculo de probabilidades.  La cantidad de pruebas que seexigirá dependerá de la complejidad de la situación y, especialmente, del grado en que esas cuestiones
constituyan el objeto de la impugnación presentada en la réplica.  Si el tribunal estima que la
impugnación carece de credibilidad, o que de alguna otra manera es extravagante, puede desestimar la
impugnación, tal vez en una vista preliminar o como parte de la solicitud de fallo sumarial que haya
presentado el demandante sobre la base de que no se aprecia ninguna impugnación de la acción.  Unejemplo al respecto es el reciente asunto  Microsoft Corporation vs. Electro-Wide Ltd. and Atlantic
Business Systems Ltd. (no publicado, pero cuya transc ripción puede consultarse en la British Library,
referencia SRIS C/30/97), en el que el demandado afirmaba que no debía darse por supuesto que el
demandante era forzosamente propietario del derecho de autor del programa de ordenador que
suministraba y el tribunal decidió que esa alegación carecía de fundamento en los hechos.
En consecuencia, no es probable que un tribunal tenga que dictar un fallo (por lo menos, en
medida importante) en cuestiones de propiedad y subsistencia de un derecho de propiedad intelectual,
excepto en circunstancias excepcionales y por consiguiente justificables.
Procedimientos penales
3. ¿Está algún organismo de defensa de la propiedad intelectual facultado legalmente para
confiscar y decomisar las mercancías presuntamente infractoras, aunque no se haya presentado
una denuncia?  En caso negativo, ¿por qué no?
La defensa de la propiedad intelectual es fundamentalmente una cuestión que depende del
propietario del derecho (o, en algunos casos, de un concesionario exclusivo, incluida una sociedad
recaudadora).  El Estado como tal no interviene en la defensa de los derechos de propiedad intelectual
ya que éstos son de propiedad privada.  La función del Estado consiste en prestar asistencia a los
propietarios de derechos de propiedad intelectual a ejercitar esos derechos cuando así lo deseen.  Noobstante, como se indica a continuación, existen algunas disposiciones que prevén que un organismo
estatal actúe de oficio.
Por lo que se refiere a la utilización no autorizada de una marca de fábrica o de comercio,
toda autoridad de pesas y medidas (que normalmente será un departamento de la administración local)
está facultada legalmente a aplicar en su jurisdicción las disposiciones penales de la Ley de Marcas deFábrica o de Comercio de 1994 (capítulo 26, artículo 92).  Esas disposiciones (que se detallan en
el artículo 92) pueden resumirse diciendo que se refieren a la utilización de una marca de fábrica o deIP/Q4/GBR/1
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comercio registrada de manera que pueda considerarse como falsificación o a la comisión de un acto
de una manera específica, o a la fabricación o posesión de un artículo, en una situación que facilite la
utilización de aquella falsificación por otra persona.
Por otra parte, en lo que se refiere a infracciones del derecho de autor o de las marcas de
fábrica o de comercio, la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales está facultada pararetener temporalmente mercancías que estén en su posesión destinadas a su entrada para libre
circulación, exportación o reexportación cuando "parezca evidente en opinión de la oficina de aduanas
que las mercancías están falsificadas o son mercancías pirata", y a notificar seguidamente al titular del
derecho, cuando se tenga conocimiento de una posible infracción del mismo.  En ese caso, las
mercancías se retienen durante tres días laborables para que el titular del derecho tenga tiempo de
presentar una petición de retención de las mercancías en espera de que se realice una inspección y se
inicie un procedimiento judicial ante un tribunal, tal como se prevé en la sección 4 de la Parte IIIdel Acuerdo sobre los ADPIC.
A continuación, la autoridad aduanera deberá actuar (de manera análoga en respuesta a una
solicitud de inspección presentada previamente por un titular de derechos, de acuerdo con el
procedimiento previsto en la sección 4) y retener las mercancías, a condición de que la oficina
aduanera esté convencida de que las mercancías de que se trata "corresponden a la descripción de lasmercancías falsificadas o mercancías pirata" presentada por el demandante al solicitar la retención.
También en este caso, las mercancías se despacharán si, al vencer el período que se especifica en
el artículo 55, el propietario del derecho no ha presentado una petición al tribunal.
4. ¿Existe un órgano especializado para imponer por vía penal la observancia de la
propiedad intelectual?  En caso negativo, ¿por qué razones?
Sírvanse ver la respuesta a la pregunta anterior.  En general, el Estado no es propietario de
derechos de propiedad intelectual y se considera que la defensa de esos derechos incumbe
primordialmente a sus respectivos propietarios.  En consecuencia, no hay un órgano especializado
para imponer por vía penal la observancia de la propiedad intelectual.  No obstante, las brigadas
antifraude de la policía y las autoridades locales de pesas y medidas (a petición o en nombre de unpropietario de derechos) emprenderán investigaciones que pueden conducir a la iniciación de acciones
penales por el Estado a solicitud de una de esas autoridades cuando a ésta le conste que se han
cometido hechos delictivos de tal magnitud que es de interés público iniciar un procedimiento penal
ante un tribunal penal respecto de esos hechos.
Por otra parte, el Estado como tal proporciona servicios para ayudar a los propietarios de
derechos de propiedad intelectual en la defensa de esos derechos, en particular facilitando la actuación
de tribunales competentes para alcanzar decisiones y emitir las pertinentes órdenes de observancia delos derechos, sin demora, aunque solamente después de que se haya dado al presunto infractor tiempo
y oportunidad suficientes para recurrir las alegaciones que se hacen contra él, inclusive su audiencia
en una vista oral si así se solicita.  No cabe presumir que una persona acusada de infracción de un
derecho de propiedad intelectual es forzosamente culpable de la alegación que se hace contra ella.
Los principios de la justicia natural se aplican en todas las acciones iniciadas ante un tribunal, tanto sison civiles como penales.IP/Q4/GBR/1
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5. ¿Hay en los procedimientos penales disposiciones para facilitar las pruebas que puedan
crear presunciones legales de subsistencia y titu laridad de la propiedad intelectual dispensando
así al titular de los derechos de la necesidad de comparecer ante el tribunal y dar testimonio de
estas cuestiones?  En caso negativo, ¿por qué no?
Sírvanse consultar la respuesta a la pregunta 2 supra .  Las disposiciones que en ella se
explican se aplican por lo general tanto a las acciones civiles como a las penales, salvo que
normalmente se exigirá la presentación de las pruebas razonables citadas porque un demandado en
una causa penal rara vez reconoce un hecho, lo cual obliga al fiscal a probar todos los hechos
pertinentes.  Además, en causas penales, esos hechos deberán probarse "más allá de toda duda
razonable", pero las mencionadas pruebas razonables y las presunciones legales serán con frecuencia
suficientes para determinar cuestiones de propiedad y subsistencia, particularmente en el caso de los
registros de marcas de fábrica o de comercio.
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades competentes " estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC .
La autoridad competente es  la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales del
Gobierno del Reino Unido y las facultades que determina el artículo 55 son ejercidas por sus oficiales(funcionarios de aduanas) tal como se explicó en la respuesta a la pregunta 16 de la lista de cuestiones
sobre la observancia.
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2. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.
En primer lugar, las autoridades de aduanas, que actúan en calidad de encargados del
cumplimiento de la ley, retienen las mercancías para su inspección. Una vez convencidas las
autoridades aduaneras de que las mercancías pueden ser objeto de decomiso, proceden a confiscarlas.
Normalmente, se procede a destruir las mercancías, a menos que se impugne su confiscación antes de
transcurrido un mes de plazo.  Si se impugna la confiscación, la autoridad aduanera deberá iniciar un
procedimiento en virtud del artículo 3 de la Ley de la Administración de Aduanas e ImpuestosEspeciales de 1979 con miras a la expropiación de las mercancías.  Ese procedimiento se inicia ante
un tribunal que debe juzgar el asunto.  Si el trib unal ordena el decomiso, se comunica esa orden a la
autoridad aduanera, la cual procede a destruir las mercancías.  Así pues, es el tribunal, como órgano
judicial, el que adopta la decisión sustantiva.
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará  referencia en adelante como "Demanda"  ), por el
que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan eldespacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que se
sospeche que los infringen?
La situación es tal como se explicó en la respuesta del Reino Unido a la pregunta 15 de la lista
de cuestiones sobre la observancia.
5  Aparte de las disposiciones del Reglamento, hay algunas
disposiciones residuales en leyes anteriores a la entrada en vigor del reglamento, pero tienen escasa oninguna trascendencia, como se explicó en la mencionada respuesta a la lista de cuestiones.
                                                     
4 Documento IP/N/6/GBR/1.
5 Documento IP/N/6/GBR/1.IP/Q4/GBR/1
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4. Sírvanse explicar cuál consider a su país el "plazo razonable"  dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda",
conforme a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Reglamento (CE) Nº 3295/94 del Consejo no establece ningún plazo determinado. La
única disposición que aborda esta cuestión se encuentra en el párrafo 5) del artículo 3, que estipulaque la autoridad competente, que en el caso del Reino Unido es la Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales, informará inmediatamente (subrayado añadido) por escrito al solicitante acerca
de su resolución.
5. Sírvanse explicar cuál es el pl azo de vigencia de las Demandas.
Según se explicó en la respuesta del Reino Unido a la pregunta 16 de la lista de cuestiones
sobre la observancia5 el solicitante deberá abonar una tasa para pagar el servicio de vigilancia
administrativa proporcionado por la autoridad aduanera.  La tasa especial se refiere a un período de unmes, pero pueden pagarse sucesivas tasas si se prorroga ese período.  Esas tasas por prórroga son
pagaderas mensualmente y no hay límite para los períodos de prórroga que se puedan solicitar.
6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
No se paga gravamen alguno para poder presentar una demanda de conformidad con el
Reglamento (CE) Nº 3295/94 del Consejo;  ahora bien, habrá que pagar una tasa si se acepta la
demanda.  La cuantía se especifica en el Reglamento (de Aduanas) sobre mercancías falsificadas y
mercancías pirata de 1995 (SI 1995 Nº 1430) y actualmente asciende a 185 libras más impuestos por
el primer mes del período y a 165 libras más impuestos por cada mes sucesivo.
7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, y resumir el contenido de esas disposiciones.
Los procedimientos que cabe iniciar respecto de mercancías retenidas por las autoridades
aduaneras como sospechosas de falsificación o de mercancías pirata pueden ser de carácter civil o
penal.
Las acciones civiles se inician ante el tribunal (que puede ser el Tribunal Superior o un
tribunal de condado de primera instancia, o en el caso de Escocia el Court of Session o un Sheriff
Court) con el fin de reclamar:  daños y perjuicios (para indemnizar al propietario de los derechos por
las pérdidas que haya sufrido a causa de los actos cometidos en infracción del derecho de autor o del
registro de la marca de fábrica o de comercio), o una "liquidación de beneficios" (es decir, obligar al
infractor a entregar los beneficios que el infractor haya percibido por los actos de infracción);  junto
con un interdicto contra futuros actos de infracción (cuya violación sería un desacato al tribunal quepuede ser castigado con multas de cuantías indefinidas, confiscación de haberes y encarcelamiento de
los responsables de esa violación);  entrega de las mercancías infractoras para su destrucción o
utilización por una persona que el tribunal especi fique (cuando entre esas mercancías se incluyen
artículos "específicamente diseñados o adaptados para hacer copias de una determinada obra
protegida por derecho de autor", a condición de que la persona en su posesión "sepa o tenga razonespara creer" que el artículo ha sido utilizado, o estaba a punto de serlo, para hacer copias infractoras de
la obra protegida por un derecho de autor), y el reembolso de las costas del titular del derecho.
Los procedimientos penales pueden iniciarse ante un tribunal de magistrado (en Escocia, un
Sheriff Court) en primera instancia, pero pueden se r elevados al tribunal superior (en Escocia, el
Court of Session) que está facultado para imponer penas más elevadas.IP/Q4/GBR/1
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En el caso de  la falsificación de marcas de fábrica o de comercio, las disposiciones
pertinentes (resumidas más arriba) figuran en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1994
(capítulo 26, artículos 14 a 20 para los procedimientos civiles, y artículo 92 en el caso de los
procedimientos penales).  Por lo que se refiere a mercancías pirata que infringen el derecho de autor o
el derecho de un ejecutante o  intérprete, las disposiciones pertinentes figuran en la Ley de Derecho deAutor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988 (capítulo 48, artículos 96 a 102 en el caso de los
procedimientos civiles y artículos 107 a 111, en el de los procedimientos penales).
Las acciones iniciadas ante cualquiera de esos tribunales se ajustarán a otros procedimientos
civiles o penales, según sea pertinente, y el demandante sólo ganará el caso si puede convencer al
tribunal, según el cálculo de probabilidades basado en  las pruebas presentadas al tribunal, de que se ha
cometido una infracción de alguna de las leyes de que se trate.
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las m ercancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica exclusivamente a las mercancías
falsificadas que infringen un derecho de  marca de fábrica o de comercio o a las mercancías pirata que
lesionan un derecho de autor o un derecho conexo .  Cuando las autoridades aduaneras suspenden el
despacho de las mercancías bajo sospecha de que incurren en una de esas categorías, el demandante
de la suspensión deberá tener oportunidad de inspeccionar las mercancías.  Para obtener protección
respecto de las mercancías retenidas, el demandante deberá demostrar ante el tribunal, según un
cálculo de probabilidades, que las mercancías son de naturaleza infractora.  El grado de pruebas
necesario para convencer al tribunal dependerá de la fuerza de la réplica positiva de no infracción queel demandado decida presentar ante el tribunal, tal vez con alegaciones corroboradas por pruebas
fácticas, por ejemplo, que las mercancías en cuestión proceden del titular del derecho o fueron
producidas con autorización suya, o cuando se demuestra que son erróneas las deducciones obtenidas
mediante inspección de las mercancías retenidas.
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho
para libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en
relación con la suspensión basada en una demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento, la autoridad aduanera sólo estará facultada
para retener las mercancías cuando "compruebe, en su caso, previa consulta al solicitante", que las
mercancías de que se trata corresponden a la descripción de mercancías con usurpación de marca opiratas contenida en la solicitud.  En lo que se refiere a la actuación de oficio prevista en el artículo 58
del Acuerdo sobre los ADPIC, sólo se procederá a las suspensión del despacho de las mercancías
cuando las autoridades aduaneras tengan la presunción de que las mercancías son falsificaciones o
mercancías pirata.  En consecuencia no se podrá demandar a la autoridad por incumplimiento de sus
deberes legales en el caso de que llegue a una decisión errónea en una de esas cuestiones, a menos queel demandante pueda demostrar ante el tribunal que la autoridad competente no tenía base para
"comprobar" la correspondencia con la descripción proporcionada o de que fuese "evidente" que las
mercancías en cuestión eran falsificaciones o mercancías pirata.  Todas las medidas que se requieren
de la autoridad son subjetivas, por lo que no es probable que, excepto en un caso muy evidente, un
tribunal pueda considerar que la autoridad no ha actuado de acuerdo con lo que a su buen saber yentender estimó en aquel momento.IP/Q4/GBR/1
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10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre
circulación, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio
prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Sírvanse consultar la respuesta a la pregunta anterior, que también se aplica a la situación que
plantea esta pregunta.
11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de de rechos cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58
del Acuerdo sobre los ADPIC.
Sírvanse consultar las respuestas a las preguntas 9 y 10.  Como se indica en ellas, es poco
probable que un importador pueda demostrar ante un tribunal que la oficina de aduanas no debería
haber "quedado satisfecha" de que las mercancías se correspondían con la descripción del
demandante, o de que no debería haberla considerado como "prueba" de que las mercancías eran
falsificaciones o mercancías pirata.  En cualquier caso, la oficina de aduanas actuará normalmente concautela antes de adoptar medidas de conformidad con el reglamento, lo cual es una salvaguardia
adicional para un importador contra la posibilidad de que una oficina de aduanas adopte una medida
inadecuada en virtud del Reglamento, y por en de en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.
12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y
consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden " las mercancías que infringen
derechos de propiedad intelectual, o de las que se  sospecha que los infringen, así como en el caso
en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores
según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
Según se prescribe en el Reglamento (artículo 6), cuando una oficina de aduana suspende la
libre circulación de mercancías, la oficina de aduana informará sin demora al importador y alsolicitante de la suspensión y, si así lo solicita, se informará al titular del derecho del nombre y
dirección del importador y, en caso de que se conozcan, también del nombre y dirección del
declarante.  Esta información se facilitará antes de cualquier inspección de las mercancías retenidas.
Además, cuando éste así lo solicite, el titular del derecho deberá ser informado de los nombres y
direcciones del expedidor, del importador o del exportador y del fabricante de las mercancías, pero
sólo después de que a las autoridades aduaneras les conste que las mercancías son falsificaciones o
mercancías pirata (párrafo 3) del artículo 8 del Reglamento) y las hayan confiscado.
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
En el artículo 6 del Reglamento se estipula que se comunicarán al titular del derecho los
nombres y direcciones del importador y del destinatario "de conformidad con las disposicionesnacionales relativas a la protección de los datos de carácter personal y del secreto comercial e
industrial, así como el profesional y administrativo".
Son numerosas las disposiciones legales del Reino Unido que protegen la información
confidencial en diversas circunstancias.  En general, la información confidencial está protegida por el
"common law" (es decir, por el derecho consuetudinario y la jurisprudencia establecida a lo largo delos siglos).  Esta protección se fundamenta en el principio general de equidad, según el cual las
personas deben conducirse con probidad y rectitud.  Por consiguiente, como la información seIP/Q4/GBR/1
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comunica en virtud de una disposición legal que exige la protección de la información, el demandante,
al recibir la información, queda obligado ante la autoridad aduanera a no utilizar dicha información
para otros fines que no sean aquel para el que se ha facilitado, es decir, para iniciar un procedimiento
de observancia en relación con las mercancías retenidas, si el titular del derecho lo estima procedente.
Si la información facilitada al titular del derecho por la autoridad aduanera se utilizase para cualquierotro fin, la autoridad aduanera podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios y un
mandamiento judicial contra toda futura utilización no adecuada de la información facilitada por la
autoridad.  En consecuencia, cualquier violación de la obligación de confidencialidad podría ser
punible como desacato al tribunal y castigada con multa de cuantía indefinida, embargo de bienes y
pena de prisión contra los culpables del abuso de confianza.
Cuando se inicia un procedimiento ante un tribunal sobre observancia de un derecho de
propiedad intelectual, el tribunal está facultado para imponer las restricciones que estime apropiadasrespecto de la divulgación de la información que se presente al tribunal, aun cuando las actuaciones
del tribunal sean públicas.  De esa manera, se puede impedir que los periodistas divulguen
información si se estima apropiado en interés de la justicia.  No obstante, el principio general respecto
de las actuaciones judiciales es que no sólo haga justicia el tribunal, sino que el público vea que se
hace justicia.  Ahora bien, el tribunal puede prohibir la divulgación de la información, en particularcuando se estime que puede prejuzgar otros procedimientos legales que se hayan iniciado o se tenga
intención de iniciar.
14. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competentes sobre la ba se de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Tras la suspensión del despacho por la autoridad aduanera, el titular del derecho dispone de
10 días laborables (con la posibilidad de prórroga durante otro 10 días) para inspeccionar las
mercancías, si así lo desea, y demostrar que la mercancías retenidas son efectivamente falsificaciones
o mercancías pirata.  Una vez que la autoridad aduanera comprueba que hay razones para decomisar
las mercancías, procederá a confiscarlas.  Normalmente, las mercancías se destruirán, a menos que seimpugne la confiscación en el plazo de un mes.  Si se impugna la confiscación, la autoridad aduanera
deberá iniciar un procedimiento ante un tribunal de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de 1979 relativo a la expropiación forzosa de las
mercancías.  Si el tribunal dicta orden de decomiso, esa orden se comunica a la autoridad aduanera, la
cual procede a la destrucción de las mercancías.  Véanse también las respuestas a las preguntas 15
a 18 en las respuestas del Reino Unido a la lista de cuestiones sobre la observancia.
6
15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Cabe apelar ante la autoridad aduanera cualquier decisión de rechazar una solicitud de
suspensión del despacho para su libre circulación de mercancías sospechosas de ser falsificaciones de
una marca de fábrica o de comercio o mercancías piratas que lesionan un derecho de autor.  Un
importador también puede apelar la decisión de una autoridad aduanera de confiscar mercancías.Sírvanse consultar la respuesta a la pregunta 2 supra .
                                                     
6 Documento IP/N/6/GBR/1.IP/Q4/GBR/1
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16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equivalente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al
demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
La autoridad aduanera calcula caso por caso la cuantía de la fianza requerida, dependiendo en
cada caso de la naturaleza de las mercancías y de su probable valor.  No existe una regla general, perola fianza debe ser suficiente para cubrir los previstos costos de almacenamiento, los costos legales y la
posible indemnización en el caso de que se determine que las mercancías no son infractoras, así como
cualquier reclamación en caso de arreglo extrajudicial.  El demandante puede agilizar los trámites si
voluntariamente da una garantía, preferiblemente de  un banco independiente, de que reembolsará a la
autoridad aduanera a ese respecto hasta un máximo determinado, cuando este máximo sea una
estimación generosa de la responsabilidad máxima ante la autoridad aduanera en relación con
cualquier reclamación de los tipos indicados.
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
La autoridad aduanera puede cargar gastos por el almacenamiento de las mercancías retenidas
en virtud del Reglamento y por su destrucción.  No rmalmente, es el importador el que paga los gastos
de almacenamiento cuando se retienen mercancías para su investigación por las aduanas.  Una vezque se confiscan, las mercancías pasan a ser propiedad de la Corona y la Administración de Aduanas
sufraga cualesquiera gastos ulteriores de almacenamiento y destrucción.  La Administración de
Aduanas puede también reclamar costas legales al titular del derecho por cualesquiera pérdidas
sufridas si el solicitante o los tribunales confirman que las mercancías no son infractoras, los costos
que entrañe la acción ante un tribunal para expropiar las mercancías, cualesquiera fallos contra laautoridad aduanera y cualesquiera reclamaciones por arreglos extrajudiciales.
18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales "
en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca
de fábrica o de comercio falsificadas, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, la norma general es que se destruyan las
mercancías si se reconoce que son falsificaciones o mercancías pirata.  Ahora bien, no se considerarán
como causantes de dicho efecto:  "la reexportación sin modificar de las mercancías con usurpación de
marca o mercancías piratas";  "la inclusión de las mercancías en otro régimen aduanero";  o, "salvo en
caso excepcional, la simple eliminación de las marcas que figuren indebidamente en las mercancías
con usurpación de marca".  Así pues, sólo puede darse un caso "excepcional" cuando se trata de
mercancías falsificadas (y no en las pirata), y la reexportación sólo se permitiría, si es que se permite,cuando se considerase que las mercancías constituyen un caso excepcional e incluso entonces sólo
tras la eliminación de las marcas infractoras.
No se tiene noticia de ningún caso "excepcional" en este sentido y es imposible especular con
grado alguno de realidad en qué circunstancias se podría considerar así.
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
1. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia en cada uno de los tribunales y órganos
administrativos mencionados en la respuesta a la pregunta 1 de la "lista de cuestiones sobre la
observancia"  y citar las disposiciones legales por las que se han establecido esos procedimientos.IP/Q4/GBR/1
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Las partes extranjeras deberán seguir los mismos trámites que las nacionales para iniciar un
procedimiento de observancia ante cualquiera de los tribunales y órganos administrativos. El
representante legal reconocido de la parte, la cual debe tener una dirección para servicios dentro de la
jurisdicción del tribunal u órgano, presentará una queja (en forma de mandato, requerimiento o
solicitud, según sea el tribunal o el órgano administrativo que se elija).  Se deberá pagar la misma tasaque paga una parte nacional.
Estas cuestiones están recogidas en las normas procesales correspondientes, es decir, las
normas procesales del Tribunal Supremo (en el caso de  acciones iniciadas en el Tribunal Superior de
Inglaterra y Gales, o en el Tribunal Superior de Irlanda del Norte), las normas procesales de los
tribunales de condado (en el caso de acciones iniciadas ante el tribunal de patentes de primera
instancia) y en la Ley de Sederunt (en el caso de acciones iniciadas ante el Court of Session en
Escocia).
2. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales y órganos administrativos que no se exija de un
nacional del Reino Unido, o de un residente en él, y citar las disposiciones legales en que se
prevén dichas diferencias.
Es posible que se exija a una parte extranjera -en caso de solicitud por la parte demandada y
sólo después de haberse iniciado el procedimiento- que deposite una fianza para cubrir las costas de la
parte demandada en el caso de que no prospere el procedimiento de observancia.  Esto es
consecuencia de que en el Reino Unido la parte perdedora debe por lo general pagar costas a la parte
ganadora y se requiere la fianza porque se sabe que es difícil ejecutar una orden de pago de costas
contra una parte residente fuera de la jurisdicción del tribunal que emite la orden.  En Inglaterra yGales la norma legal pertinente es la sección 23 de las normas procesales del Tribunal Supremo (con
las correspondientes disposiciones respecto de las actuaciones en otros tribunales).
No obstante, no se dicta de ordinario una orden de esa naturaleza:
a) cuando una parte nacional se suma a la acción iniciada por la parte extranjera (véase
Corfu Navigation Co. vs. Mobil Shipping Co., [1991] 2 Lloyd’s Reports 52) y;
b) cuando el demandante extranjero reside dentro de la Unión Europea, debido a la
existencia del Convenio de Bruselas sobre ejecución recíproca de sentencias (tras la
decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Hubbard
y Hamburger (Asunto C- 20/92, [1993] 1 ECR 3777).
Hay que añadir la posibilidad de que también se exija a una parte nacional que deposite una
fianza para cubrir las costas si el demandado puede demostrar que aquella parte no dispone
probablemente de recursos financieros suficientes para sufragar una posible orden de pagar las costas.Véase la Ley de Sociedades de 1985 (capítulo 6, artículo 726 1)).
3. Sírvanse explicar cualesquiera disposicione s y sistemas de observancia del Reino Unido
que garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sírvanse explicar qué disposiciones existen a
fin de evitar las demoras deliberadas en que incurran las partes en un procedimiento e indicar
las circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
En los casos que requieran una reparación urgente, el tribunal celebrará la vista sin demora
alguna, de ser necesario en el plazo de pocas horas, e incluso fuera de las horas de trabajo normales
del tribunal.  Puede incluso concederse un mandato cautelar ex parte , aunque sea o bien durante un
corto tiempo mientras no se escuche a todas las partes o (en Escocia) con la posibilidad de que el
demandado pueda recabar su anulación, en caso necesario como asunto de urgencia, o (en Escocia)IP/Q4/GBR/1
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cuando el demandante presente pruebas muy convincentes.  No obstante, la reparación urgente sólo se
otorgará normalmente si al tribunal le consta que la imposición de un mandato en espera de que se
celebre un juicio sobre el fondo del asunto va a causar una injusticia menor al demandado que al
demandante.
Las normas procesales establecen los plazos en que deben concluir las actuaciones anteriores
al juicio, pero de ordinario las partes pueden convenir entre sí prorrogarlos.  El tribunal sólo
interviene cuando una parte le pide que establezca plazos en firme y una fecha para la vista de la
causa.  No obstante, cuando una parte desea rapidez en las actuaciones, el tribunal normalmente
accede a ello, con sujeción a la urgencia de otros casos que tenga ante sí y a su propia consideración
de las prioridades. Ahora bien, una vez dicho est o, el objetivo primordial de los tribunales es
garantizar que se pueda hacer justicia, por lo que, cuando un demandado puede demostrar que
necesita más tiempo para presentar su réplica, se tendrá en cuenta esta circunstancia al fijar elcalendario del proceso.  Dicho en pocas palabras:  se considera que la justicia rápida no es justicia.
Cuando se pide la incoación rápida de un proceso, normalmente será posible que el proceso se
complete entre nueve y doce meses después de haberse iniciado las actuaciones, a condición de que el
propio demandado actúe con diligencia.
Cuando el tribunal estima que una parte trata deliberada e injustificablemente de demorar el
procedimiento, dictará un auto (unless order) en virtud del cual, a menos que se adopten las medidas
prescritas en el plazo establecido por el tribunal, las medidas (o la defensa, si ese es el caso) quedarán
desestimadas, con lo que automáticamente se falla en favor de la otra parte.  Desobedecer un
mandamiento del tribunal representa también un "desacato", por lo que el tribunal puede imponer la
sanción que estime adecuada, inclusive el embargo de bienes y el ingreso en prisión de la personaculpable del desacato.  No obstante, rara vez se aplican medidas tan draconianas porque su mera
existencia hace que se obedezcan por rutina los mandatos del tribunal.
4. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entre otras cosas, al costo de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sí rvanse informar acerca de cualesquiera tasas
cobradas por las autoridades judiciales y administrativas para iniciar las acciones legales enmateria de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar
las disposiciones legales en las que se establecen dichas tasas y suministrar copias de los
documentos utilizados al informar al público acerca de ellas.
La tasa exigida para iniciar un procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Inglaterra y
Gales o ante el Tribunal de Patentes de primera instancia es de 500 libras, en el supuesto de que la
suma reclamada en concepto de daños y perjuicios no se especifique o no sea superior a
100.000 libras.  Se deberá abonar otra tasa de 50 libras cuando se pida que el tribunal dé directricesprevias al juicio o se le pida un mandamiento cautelar, y otra tasa de 150 libras cuando se fija una
fecha para la vista de la causa.  Por lo demás, no hay que pagar otras tasas.  Las tasas mencionadas (en
el caso del Tribunal Superior) están determinadas en la Orden del Tribunal Supremo relativa a las
tasas (Statutory Instrument 1980, Nº 821, en su forma enmendada).
Hay que señalar que esas tasas son fundamentalmente de carácter nominal si se las compara
con los costos que normalmente entraña la representación legal en el procedimiento, aunque es
posible que un litigante privado (a diferencia de cuando se trata de una sociedad) comparezca sin
representación legal.  Así pues, los costos administrativos de los tribunales se sufragan en gran
medida con cargo a fondos públicos.IP/Q4/GBR/1
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5. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las
decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente por escrito, para determinar
mejor el razonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo
de tribunal u órgano administrativo, si los jueces o funcionarios administrativos deben
presentar sus decisiones por escrito y citar las disposiciones legales en que se requieren esas
opiniones escritas.
Desde hace por lo menos 200 años, ha sido práctica consuetudinaria constante en el Reino
Unido (no una prescripción legal formal) que las decisiones de los tribunales (a diferencia de las
decisiones de un jurado, que no se aplican en el Reino Unido a procedimientos de observancia de los
derechos de propiedad intelectual) vayan acompañadas de una completa exposición de motivos.  Si un
juez se aparta de esa costumbre en un caso particular, puede estar seguro de que será severamente
criticado por un tribunal de apelación.  Actualme nte, es costumbre que, tras un corto período de
reflexión del tribunal, se emita una resolución por escrito en audiencia pública.  Los miembros del
público pueden obtener copia de la resolución mediante pago del costo de la transcripción.  Esa
transcripción será necesaria para poder apelar aquella resolución.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
6. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia inic iados contra ellos.  Sírvanse describir los
procedimientos seguidos en los tribunales para notificar a las partes demandadas de los
procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información comunicada acerca
del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen estos
procedimientos.
En todos los casos, excepto cuando se solicita reparación urgente a instancia de parte (que
ocurre sólo en circunstancias muy excepcionales, como ya se señaló en la respuesta a la pregunta 3
supra ), los procedimientos judiciales se inician mediante la obtención de un mandato del tribunal que
se entrega personalmente o por correo a la parte demandada en su domicilio, que en el caso de una
empresa registrada en el Reino Unido es la dirección de su oficina que consta en el registro deempresas.  En otro caso, el demandado puede convenir en que se entregue el mandato a su abogado o
en alguna otra dirección que se especifique.  A continuación, el demandado (en un plazo determinado)
deberá presentar un formulario al tribunal en el que se da por enterado de que se ha iniciado un
procedimiento.  La parte que lo inicie debe también presentar al demandado una declaración detallada
de sus alegaciones, en cuyo momento se inicia el plazo dentro del cual el demandado debe hacer
llegar al demandante su réplica.  De no producirse esa réplica, el demandante puede pedir un juicio
sumarial al tribunal, pero éste lo denegará a me nos que esa parte demuestre al tribunal que se ha
entregado a cada uno de los demandados copia del ma ndato y de su declaración, o que el tribunal no
haya recibido del demandado reconocimiento de que se le ha hecho entrega del mandato.
Las disposiciones pertinentes, en lo que se refiere al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales,
figuran en las Órdenes 10 a 13 de las normas procesales del Tribunal Supremo, junto con las
disposiciones sobre procedimientos contra una empresa registrada, que figuran en la Ley deSociedades de 1985 (capítulo 6, artículo 725).
Así pues, es la notificación del procedimiento a los demandados lo que inicia en realidad el
procedimiento, y no existe iniciación efectiva de un procedimiento sin esa notificación.  Por su parte,
el tribunal (a diferencia de sus oficinas administrativas) sólo interviene cuando una parte le pida que
emita una resolución, la cual (excepto en casos excepcionales) sólo servirá para demostrar que se hanentregado al demandado los documentos del procedimiento, de conformidad con las normas
procesales o la disposición legal antes mencionada.IP/Q4/GBR/1
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7. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue
el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales o administrativas, esas
autoridades estarán facultadas para formular determinaciones preliminares y definitivas
contrarias a dicha parte.  En el documento IP/N/6/GBR/1 se indica que el hecho de no presentar
documentos puede castigarse como desacato al tribunal.  Sírvanse indicar si las autoridadespueden formular determinaciones contrarias a una parte que se ha negado a presentar la
información como se había ordenado y en qué condiciones puede aplicarse una sanción.
Un tribunal no formulará determinaciones de esa naturaleza sin que antes tenga constancia de
que una parte se ha negado contumazmente a obedecer debidamente una orden del tribunal que se le
haya comunicado y de que esa parte tenga oportunidad de explicar al tribunal su conducta.  En otro
caso, un tribunal puede dictar juicio sumarial contra una parte que no cumpla una orden del tribunal,
pero también en este caso debe constarle al tribunal que el incumplimiento es injustificable y que esaparte ha tenido oportunidad de explicar su incumplimiento.  La existencia de esas facultades actúan de
disuasivo y normalmente cabe esperar que la parte demandada cumpla las condiciones de la orden del
tribunal o trate en primer lugar de apelar contra esa orden ante un tribunal superior.  Así pues, es raro
que se ejerzan esas facultades en la práctica.
8. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1
con referencia a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno,
limitándose el recurso contra la infracción  al pago de una compensación adecuada de
conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las
limitaciones o recursos de esta clase que existen en las leyes del Reino Unido y citar las
disposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.
En el caso de las patentes, la utilización para fines gubernamentales de servicios a la Corona
de una invención patentada no se considera una infracción de la patente, pero esa utilización está
sujeta al pago de una compensación por el gobierno al titular de la patente.  Las facultades para ese"uso de la Corona" se encuentran definidas en la Ley de Patentes de 1977 (capítulo 37, artículos 55
a 57A).  El ejercicio de esas facultades exige autorización por escrito de un departamentogubernamental.  La autorización puede otorgarse retroactivamente (véase Dory vs. Sheffield Health
Authority, [1991] FSR 221).  La autorización sólo se puede conceder para actos realizados "para
servicios a la Corona".  Esta expresión abarca la utilización por cualquier departamento
gubernamental e incluye la utilización por una persona a la que un departamento gubernamental haya
autorizado por escrito para:  el suministro de algo con fines de defensa nacional;  la producción o
utilización de energía atómica o la realización de investigaciones relacionadas con ella, cuando así lo
estime necesario o conveniente el Secretario de Estado (artículo 52 2)).  Cuando se ejercen esasfacultades, éstas se extienden a cualquier derecho de dibujos y modelos o derecho de autor
relacionado con la patente de que se trate.  Cuando no exista acuerdo al respecto, la compensación por
la utilización autorizada de una invención patentada para servicios a la Corona (definidos como antes
se ha indicado) será calculada por el Tribunal de Patentes (Ley de Patentes, artículo 598).  Análogas
facultades existen en relación con la utilización gubernamental de un dibujo o modelo registrado (Leyde Dibujos y Modelos Registrados de 1949, capítulo 88, artículo 12 y anexo 1, en su forma
enmendada) y de derechos sobre dibujos y modelos  (Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y
Patentes de 1988, capítulo 48, artículo 240).  El Gobierno no está facultado para utilizar sin
autorización del propietario marcas de fábrica o de comercio.  En la práctica, es muy raro que se
ejerzan las facultades de utilización en relación con dibujos y modelos.
De conformidad con la Ley de Procedimiento de la Corona de 1947 (capítulo 44, artículo 21),
la Corona (bajo los auspicios de la cual funciona el Gobierno del Reino Unido) no puede ser objeto de
un mandato judicial, ya que el poder judicial (que también emana de la Corona) no se puede ordenar a
sí mismo.  Ahora bien, consideradas conjuntamente la  Ley de Procedimiento de la Corona (artículo 3,
enmendado) y la Ley de Patentes de 1977 (artículo 129), la Corona (excepto en lo que se refiere alIP/Q4/GBR/1
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Monarca en su capacidad privada) puede ser sujeto de un mandato judicial cuando se haya utilizado
una invención fuera de las condiciones de esas disposiciones o sin autorización.
En el caso de declaración de guerra o estado de excepción, el Gobierno dispondría de
facultades más amplias para utilizar con mayor libertad invenciones patentadas y otros derechos de
propiedad intelectual, en virtud de la Ley de Patentes de 1977 (artículo 59) y/o la Ley de Patentes,Dibujos y Modelos, Derecho de Autor y Marcas de Fábrica o de Comercio (Estado de excepción)
de 1939 (capítulo 107).  Sin embargo, esas facultad es no están vigentes en el momento actual y
existen sólo en estado latente, aunque rápidamente pueden hacerse efectivas si se plantea una
situación de emergencia.
Medidas provisionales
9. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin deestablecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y
que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción.  Con respecto a cada
derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre
los ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer su
carácter de titular del derecho.
El tribunal u órgano administrativo asumirá que el demandante es el auténtico titular del
derecho si no existe opinión en contra o no lo impugna el demandado.  Así pues, sólo se exigen
pruebas cuando el demandado impugna o niega que el titular del derecho esté facultado para iniciar un
procedimiento en su contra.
En el caso de un derecho de propiedad intelectual registrado (es decir, una patente, una marca
de fábrica o de comercio registrada, o un dibujo o modelo industrial registrado), una entidad (sea
propietario o titular exclusivo de una licencia) sólo podrá llevar adelante un procedimiento de
observancia respecto del derecho de su propiedad que conste asentado en el pertinente registro de la
Oficina de Patentes del Reino Unido.  No obstante, puede iniciar el procedimiento previamente y
luego hacer efectivo ese registro antes de la celebración del juicio.  La prueba razonable de propiedad(o de derecho a iniciar procedimientos de observancia en calidad de concesionario exclusivo)
consistirá en la presentación al tribunal o al órgano administrativo de un certificado emitido por el
Contralor de Patentes en el que se certifique que ese derecho está registrado, pero el demandado
puede impugnar esa prueba y se puede reducir el grado de responsabilidad para obtener
indemnización por daños y perjuicios cuando se ha retrasado el registro del derecho (Ley de Patentes
de 1977, artículo 68).
En el caso de un derecho de autor y de algunos derechos conexos, hay varios supuestos
legales relativos a la propiedad de esos derechos (establecidos en la Ley de Derecho de Autor,
Dibujos y Modelos y Patentes de 1988, capítulo 48, en su forma enmendada;  véanse los artículos 104
a 106 sobre derecho de autor y los artículos 93A y 93B respecto de los derechos de arrendamiento de
una película cinematográfica o de una grabación de sonido).  Esas disposiciones permiten al tribunal
presumir que el demandante que defiende un derecho de autor es el propietario del derechoreivindicado en las circunstancias previstas en alguna de dichas disposiciones, a reserva de su
impugnación por el demandado.  Así, por ejempl o, cuando el demandante en un procedimiento de
observancia de un derecho de autor puede identificarse con el nombre del autor que figura en la obra
protegida, prevalece aquella presunción.
Todo cambio ulterior de propiedad deberá probarse presentando al tribunal el instrumento de
la transmisión de derechos y de igual manera en el caso de un procedimiento iniciado por el presunto
concesionario exclusivo del derecho.  No obstante, el tribunal puede aceptar una prueba menor y noIP/Q4/GBR/1
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estimar una impugnación formulada por un demandado que parezca de carácter totalmente
especulativo;  véase Microsoft Corporation vs. Elec tro-Wide Ltd. And Atlantic  Business Systems Ltd .
(no publicado, pero se puede consultar la transcripc ión en la British Library, referencia SRIS/30/97),
asunto en el que el demandado afirmaba que no se debía presumir que el demandante fuera
forzosamente propietario del derecho de autor del programa de ordenador que suministraba,afirmación que el tribunal estimó sin fundamento.
En el caso de un derecho de dibujo o modelo no registrado, la propiedad reside en el autor del
dibujo o modelo (a menos que éste sea creación de una comisión o se haya creado en una situación de
empleo, en cuyo caso el comisionado o el empleador son los propietarios), a condición de que esa
persona esté cualificada para obtener un derecho de dibujo o modelo, o en otro caso por derecho de
equidad, que haya sido la primera en comercializar el dibujo o modelo en el Reino Unido (véase la
Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988, artículos 214 a 221), pero a reservade cualquier transmisión ulterior de esa propiedad.  En lo que se refiere a los dibujos y modelos no
hay una presunción legal de propiedad, por lo que se debe aportar al tribunal pruebas que demuestren
a su satisfacción la propiedad.  En la práctica, la acción se inicia con una reivindicación de propiedad
por parte del demandante, cuyo reconocimiento se exige al demandado.  Si el demandado no lo
reconoce, el demandante debe aportar prueba suficiente que demuestre la propiedad, prueba cuyaimportancia dependerá del demandado. Si le consta al tribunal que no es razonable el hecho de no
admitir la propiedad, normalmente el tribunal ordenará que el demandado pague las costas en que
haya incurrido el demandante para aportar las pruebas.  Aunque la prueba testimonial del autor del
dibujo o modelo, del empleador o del comisionado puede ser suficiente, la existencia de documentos
que la corroboren facilitará que el tribunal acepte la reivindicación de propiedad.  Cuando se hubieretransmitido ulteriormente la propiedad del derecho sobre el dibujo o modelo, se deberá presentar el
instrumento que acredite esa transmisión, si bien el tribunal puede aceptar que se le presente una copia
del mismo.  También en este caso de lo que se trata, fundamentalmente, es de que el demandante
demuestre a satisfacción del tribunal, por un cálculo de probabilidades, su reivindicación y, en
consecuencia, el grado de prueba necesario dependerá del grado, y probidad, de la pretensión deinexistencia de propiedad actual que se presente en nombre del demandado.
La situación es análoga en lo que respecta a la observancia de derechos de esquemas de
trazado (topografías) de los circuitos integrados, de los derechos de los intérpretes o ejecutantes, de
los derechos relativos a la protección de indicaciones geográficas y de los derechos de protección de
la información no divulgada.  Es decir, que no existe presunción legal respecto de esos derechos, los
cuales deberán demostrarse a satisfacción del tribunal sobre la base del cálculo de probabilidades.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
10. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación de mercancías que se
sospecha son causa de infracciones en materia de derechos de autor y/o marcas de fábrica o de
comercio.
Como se ha expuesto en las respuestas del Reino Unido a las preguntas 15 y 16 de la lista de
cuestiones sobre la observancia7, la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales tiene
facultades para suspender el despacho de mercancías que lleguen a su posesión de las que se sospeche
que son falsificaciones o mercancías pirata, por cuanto son mercancías que infringen un derecho de
autor (o derecho conexo) o una marca de fábrica o de comercio registrada.  Esas facultades (de
acuerdo con la legislación aplicable, que es el Reglamento (CE) Nº 3295/94 del Consejo ("elReglamento") se extienden a mercancías que "se declaren para su despacho a libre práctica, la
                                                     
7 Documento IP/N/6/GBR/1.IP/Q4/GBR/1
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exportación o la reexportación" (véase el artículo 1 a) del Reglamento).  Así pues, son aplicables esos
procedimientos.
11. En el artículo 54 se estipula que se notificará prontamente al importador y al
demandante la suspensión o el despacho de las me rcancías.  Sírvanse especificar el plazo en el
cual la autoridad competente debe notificar que se ha suspendido el despacho de las mercancías.
Esta cuestión se ha explicado adecuadamente en las respuestas del Reino Unido a las
preguntas 15 a 17 de la lista de cuestiones sobre la observancia.7  A título de reiteración, de
conformidad con el artículo 4 del Reglamento, cuando una autoridad aduanera retiene mercancías
porque le resulta evidente que esas mercancías son falsificaciones o mercancías pirata, la autoridad
aduanera podrá informar, siempre que esté identificado, al titular del derecho del riesgo de infracción
y en ese caso la autoridad aduanera estará autorizada a suspender el levante o proceder a la retención
de la mercancía de que se trate durante un plazo de tres días laborables, para que el titular del derechopueda presentar una solicitud de intervención con arreglo al artículo 3, en el que se prescribe que el
titular del derecho podrá solicitar la retención de las mercancías que se determinen.  Cuando se
retengan mercancías en virtud de los artículos 3 ó 4, el declarante de las mercancías y su destinatario
(si se conoce) deberán ser informados "sin demora", iniciándose entonces un plazo de 10 días
laborables (que se puede prorrogar por otros 10 días) para que el titular del derecho pueda iniciar unaacción ante el tribunal por infracción de su derecho (artículo 6 del Reglamento).  En el caso de que no
se inicie esa acción, las mercancías podrán liberarse siempre que se hayan cumplido todas las
formalidades aduaneras, y también podrán liberarse mediante el depósito de una garantía suficiente
para proteger los intereses del titular del derecho (artículo 7 del Reglamento).
12. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para
dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar
sus reclamaciones, las mercancías retenidas.  Sír vanse explicar cómo se da al titular del derecho
oportunidades para que haga inspeccionar las me rcancías sospechosas que han sido retenidas
por las autoridades aduaneras.
De conformidad con el párrafo 1) del artículo 6 del Reglamento, la oficina de aduana
concederá al solicitante y a las personas a las que concierna una operación de las previstas en el
Reglamento "la posibilidad de inspeccionar las mercancías en relación con las cuales se haya
suspendido la concesión del levante o que hayan sido retenidas" y "al examinar las mercancías, la
oficina de aduana podrá recoger muestras con el fin de facilitar la continuación del procedimiento".
No existe prohibición de que esas muestras se hagan llegar al titular del derecho para su análisis ni de
que el análisis se realice a instancias del titular del derecho, pero esto queda al arbitrio de la autoridad
aduanera o del tribunal ante el que se haya presentado una queja.
13. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las
disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no
tengan carácter comercial y formen parte del equi paje personal de los viajeros o se envíen en
pequeñas partidas.  Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a las leyes del Reino Unido,
una importación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.
En el artículo 10 del Reglamento se estipula que "quedan excluidas ... las mercancías
desprovistas de carácter comercial contenidas en el equipaje personal de los viajeros dentro de los
límites establecidos para la concesión de franquicia aduanera".
No obstante, a menos que las mercancías importadas entren en el ámbito de esa disposición
del artículo 10, se procederá a retener mercancías cuando previamente se haya solicitado esa retencióna la autoridad aduanera a tenor del artículo 3 del Reglamento, según se indicó en la respuesta a la
pregunta 11 supra ;  en tal caso, son obligatorias las disposiciones del Reglamento de la CE, aIP/Q4/GBR/1
Página 19
condición de que las mercancías de que se trate puedan ser localizadas e identificadas
razonablemente.
Procedimientos penales
14. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marca de fábrica o decomercio o de piratería lesiva al derecho de autor.  Sírvanse explicar en qué forma las sanciones
previstas en las leyes del Reino Unido cumplen con esta obligación.
En el caso de mercancías que infrinjan un derecho de marca de fábrica o de comercio, no sólo
se pueden decomisar las mercancías (de conformidad con el artículo 97, capítulo 26, de la Ley de
Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995 (en el caso de Escocia, el artículo 98)), sino que, en virtud
del párrafo 6) del artículo 92 de la Ley un tribunal de magistrados (en Escocia, un Sheriff Court)
puede imponer una multa no mayor de 5.000 libras ("el máximo legal") y/o una pena de prisión deseis meses como máximo.  Cabe también que el caso se eleve a un tribunal de la Corona, que tiene
potestad para imponer una multa de cuantía ilimitada y/o una pena de privación de libertad de 10 años
como máximo.
El mismo grado de sanciones puede aplicarse a los delitos de piratería de derecho de autor (en
virtud del artículo 107, capítulo 48, de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentesde 1988), con obligación (en cumplimiento del artículo 108 de esa ley) de entregar los artículos
infractores al titular del derecho o a alguna otra persona que el tribunal designe.  A tenor del
párrafo 2) del artículo 108, la definición de "artículo infractor" a este efecto se amplía a los artículos
"específicamente diseñados o adaptados para hacer copias de una determinada obra protegida por un
derecho de autor", a condición de que la persona que los tenga en su posesión "sepa o tenga razónpara creer" que los artículos han sido o iban a ser utilizados para hacer copias infractoras de la obra
protegida por el derecho de autor.
Se estima que esas sanciones penales proporcionan el necesario disuasivo.
[Preguntas suplementarias de los Estados Unidos]
1. Sírvanse proporcionar información estadística acerca de las acciones judiciales civiles de
observancia iniciadas en materia de derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio,
indicaciones geográficas, dibujos y modelos i ndustriales, patentes, esquemas de trazado
(topografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada, en los
años 1996 y 1997, con indicación del número de acciones registradas ;  mandamientos judiciales
emitidos;   productos infractores decomisados ;  equipo infractor decomisado ;  casos resueltos
(inclusive los resueltos mediante arreglo extrajudicial);   y la cuantía de las indemnizaciones
concedidas.
En el Reino Unido los derechos de propiedad intelectual son derechos privados y, en
consecuencia, la observancia de esos derechos incumbe fundamentalmente al titular de los mismos.
El Gobierno no interviene normalmente en litigios civiles relativos a la propiedad intelectual y, por
consiguiente, no reúne datos amplios sobre esos litigios.
No obstante, los tribunales registran datos parciales. Seguidamente se detallan los
correspondientes a 1996, ya que todavía no se dispone de los datos correspondientes a 1997.
Como ya se ha explicado en las respuestas del Reino Unido a la lista de cuestiones sobre
observancia
8, la mayoría de las controversias en materia de derechos de propiedad intelectual entran
                                                     
8 Documento IP/N/6GBR/1.IP/Q4/GBR/1
Página 20
dentro del ámbito de competencia de la Chancery Division del Tribunal Superior.  En 1996, las
demandas y emplazamientos emitidos por la Chancery Division en la esfera de la propiedad
intelectual fueron los siguientes:
- Información confidencial   28
- Imitaciones fraudulentas y
marcas de fábrica o de comercio 288
- Patentes y dibujos y modelos registrados 132
- Derecho de autor y derecho de dibujos
y modelos 796
Dentro de la Chancery Division existe un Tribunal de Patentes especializado, con
competencia exclusiva para entender en controversias relacionadas con las patentes y los dibujos y
modelos registrados.  En 1996 el Tribunal de Patentes conoció de 221 asuntos (entre juicios yactuaciones interlocutorias), en tanto que otros 64 fueron objeto de arreglos o se retiraron.
El Reino Unido lamenta que, en el momento actual, no puede proporcionar más información
en respuesta a la pregunta de los Estados Unidos.  Seguiremos consultando otras fuentes para obtener
la información requerida.  Entre tanto, en el caso de que los Estados Unidos o algún otro Miembro de
la OMC tengan alguna preocupación específica respecto de la observancia en el ámbito civil de losderechos de propiedad intelectual en el Reino Unido, tendremos mucho gusto en darles respuesta.
2. Sírvanse proporcionar información estadística relativa a procedimientos penales
iniciados en los años 1996 y 1997 en materia de piratería de derecho de autor e infracciones de
marcas de fábrica o de comercio, con inclusión del número de redadas, procesamientos,
sentencias condenatorias y cuantía de las multas y/o penas de prisión (indicando si las multas sepagaron y si se cumplieron las sentencias de pr isión o se suspendieron), así como cualquier otra
información que demuestre que su sistema penal funciona eficazmente como disuasivo de actos
de piratería del derecho de autor y falsificación de marcas de fábrica o de comercio.
El Gobierno del Reino Unido no reúne a título rutinario la información en la forma que se
solicita.  No obstante, se recoge información limitada de conformidad con el párrafo 2) del artículo 5del Reglamento (CE) Nº 1367/95 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) Nº 3295/94 del Consejo que trata de las medidas de observancia en
frontera aplicables a las mercancías falsificadas y mercancías pirata.  Según esos datos, en el año
natural 1996 la Administración de Aduanas del Reino Unido practicó 210 confiscaciones en
aplicación del Reglamento Nº 3295/94, con un total de más de 250.000 artículos decomisados.
Además de esos datos, también tenemos conocimiento de los datos (que se reproducen en
el anexo 1) procedentes de un estudio de investigación privado sobre falsificación de productosemprendido por el Dr. Andrew Clark, de la Universidad de Warwick (Reino Unido).
9  P e s e  a  l a
dificultad de que el Gobierno del Reino Unido verifique los resultados de esa investigación, creemos
que las cifras en ella recogidas proporcionan una evaluación razonable de la observancia penal de los
derechos de propiedad intelectual en el Reino Unido.
                                                     
9 De próxima publicación:  "Regulation of Trade in Counterfeit Goods", por el Dr. Andrew Clark,
Facultad de Derecho, Universidad de Warwick.  Investigación financiada por el Consejo de Investigaciones
Económicas y Sociales, subvención H53627502395.IP/Q4/GBR/1
Página 21
En el curso de la investigación se constató también que, en el período del 1º de abril de 1996
al 31 de marzo de 1997, las autoridades locales del Reino Unido practicaron más de
1.500 confiscaciones de mercancías falsificadas o mercancías pirata y de equipo utilizado para
producción de esas mercancías.  El precio callejero de los artículos confiscados se calcula en
30 millones de libras esterlinas y su valor auténtico en 78,5 millones de libras.
Esas cifras parecen demostrar que el ordenamiento jurídico penal del Reino Unido funciona
eficazmente para combatir la piratería del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de
comercio.
3. En su respuesta a la pregunta 10.2 de la "lista de cuestiones sobre la observancia "10, el
Reino Unido describe la posibilidad de utilizar las denominadas órdenes Anton Piller.  Sírvanse
describir los requisitos específicos y el costo estimado de obtener una orden de esa naturaleza y
cualesquiera limitaciones que puedan existir a su ejecución.
En las directrices del Tribunal Superior (que se reproducen en el anexo 2), para cumplimiento
por todas las salas del Tribunal Superior, se dan orientaciones para ayuda de las personas que soliciten
órdenes Anton Piller e interdictos Mareva (confiscación de bienes) y también para los jueces a los que
se solicitan dichos autos.  Se adjunta también a las directrices el formulario que se debe utilizar, a
menos que el juez estime que hay buenas razones para no hacerlo respecto de alguna de esos autos.
Solicitud de una orden Anton Piller
Por lo que respecta a esa solicitud, las directrices sugieren que, cuando sea factible, se
presenten al juez los documentos que vayan a utilizarse para la solicitud por lo menos dos horas antes
de la vista de la causa.  Se sugiere además que , en el caso que corresponda, se exija al solicitante que
garantice su responsabilidad recíproca por daños y perjuicios mediante la constitución de una fianzaante el tribunal o de una garantía de una compañía de seguros.
La tasa oficial del tribunal para una orden Anton Piller es de 30 libras, aunque, naturalmente,
deberán tenerse en cuenta los honorarios de los abogados, etc., al considerar el costo de obtener una
orden de ese tipo.  En el tiempo de que hemos disp uesto desde la recepción de esta pregunta no hemos
podido encontrar datos estadísticos relativos a órdenes Anton Piller, pero nos esforzaremos por incluircualquier dato disponible en las respuestas que proporcionamos a las otras dos preguntas
suplementarias de los Estados Unidos.
Ejecución de la orden
En la parte B de las directrices se indican los requisitos relativos a la ejecución de órdenes
Anton Piller, de conformidad con las sugerencias fo rmuladas en el caso Universal Thermosensors Ltd .
vs. Hibben [1992] WLR;  [1992] FSR 361.  Son, entre otras, las siguientes:
a) debe encargarse del traslado de la orden solamente un abogado experimentado que
esté familiarizado con el funcionamiento de las órdenes Anton Piller;
b) cuando sea probable que los locales estén ocupados por una mujer no acompañada y
el abogado notificador sea un hombre, deberá haber por lo menos una mujer entre las
personas que asistan a la entrega de la orden;
c) cuando la naturaleza de los artículos que hayan de retirarse en virtud de la orden lo
aconseje, el solicitante deberá asegurarlos;
                                                     
10 Documento IP/N/6/GBR/1.IP/Q4/GBR/1
Página 22
d) el solicitante no deberá utilizar sin permiso del tribunal ninguna información ni
documentos obtenidos como resultado de la ejecución de la orden, excepto para fines
relacionados con la orden.
No se considera que éstas y las demás condiciones prescritas en las directrices representen
una carga excesiva para el solicitante y se consideran necesarias para evitar abusos de las órdenesAnton Piller y para salvaguardar los legítimos intereses de la parte a la que se notifica la orden.
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR NUEVA ZELANDIA
1. ¿Es correcto deducir de las observaciones pr eliminares (páginas 1 y 2) de las respuestas
del Reino Unido a la lista de cuestiones sobre la observancia
11 que el "common law" aplicable en
caso de "imitación fraudulenta " es el mecanismo jurídico con el que se protegen las indicaciones
geográficas de los vinos?
El "common law" aplicable en caso de imitación fraudulenta es uno de los mecanismos
legales para proteger las indicaciones geográficas de los vinos.  También se dispone de protección de
las indicaciones geográficas en la legislación de la Comunidad Europea12 y legislación conexa del
Reino Unido, en particular el Reglamento sobre Política Agrícola Común (Vino) de 1996, en su forma
enmendada.
2. En la respuesta del Reino Unido a la pregunta 9 de la lista de cuestiones sobre la
observancia se indica que "en la práctica no existe en el Reino Unido ningún remedio
administrativo relacionado con los DPI ".  ¿Podría el Reino Unido confirmar que esta
declaración se aplica también a las indicaciones geográficas de los vinos?  ¿Podría el Reino
Unido explicar también la relación entre esta declaración y la referencia en el cuadro 2 del
documento IP/C/W/75 de 14 de julio de 1997 al "Wine Standard Board " y a la autoridad local en
la columna titulada "Presentación de la reclamación "?  ¿Se encargan estos organismos de
recibir las reclamaciones presentadas por las partes privadas o son responsables de oficio de la
observancia de las indicaciones geográficas de los vinos?
Si bien es cierto que para la mayoría de los derechos de propiedad intelectual no existen
remedios administrativos, hay una o dos excepciones.  Una de ellas se refiere a la protección otorgadaa las indicaciones geográficas de los vinos en el sentido de que, de conformidad con el Reglamento
sobre Política Agrícola Común (Vino) de 1996, la Wine Standard Board, las autoridades locales y los
Comisionados de Aduanas e Impuestos Especiales están obligados a actuar administrativamente para
garantizar la ejecución y observancia de las disposiciones de la Comunidad relativas a las
indicaciones geográficas de los vinos.  Esas acciones pueden emprenderse en respuesta a una queja
formulada por una parte privada o, con más frecuencia, emprenderse ex oficio .
3. En la respuesta del Reino Unido a la pregunta 15 1) de la lista de cuestiones sobre la
observancia
13 se indica que, en lo concerniente a la infracción de los DPI, las únicas
disposiciones concretas que prevén la suspensión del despacho de mercancías por las
autoridades aduaneras se refieren a productos que llevan marcas de fábrica o de comercio
falsificadas y mercancías pirata.  ¿Significa esto que no hay disposiciones concretas sobre puesta
en práctica de la protección de las indicaciones geográficas de los vinos en frontera?
                                                     
11 Documento IP/N/6/GBR/1.
12 Véase documento IP/N/1/EEC/G/1-2.
13 Documento IP/N/6/GBR/1.IP/Q4/GBR/1
Página 23
El párrafo 4) del artículo 3 del Reglamento sobre Política Agrícola Común (Vinos) de 1996
estipula que el Ministro, los Comisionados de A duanas e Impuestos Especiales y la Wine Standards
Board garantizarán la observancia y ejecución de las pertinentes disposiciones de la Comunidad en
cuanto se refieren a la importación y exportación de cualquier producto del sector del vino desde el
Reino Unido.
4. En la respuesta del Reino Unido a la pregunta 21 de la lista de cuestiones sobre la
observancia13 se indica que no se puede considerar que ha habido delito con arreglo al
artículo 92 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio a menos que "las mercancías de que
se trate sean mercancías objeto de la marca registrada o que la marca de fábrica o de comercio
tenga tal fama en el Reino Unido que su ut ilización no autorizada permita aprovecharse
indebidamente del carácter distintivo o la fama de esa marca o pueda ir en detrimento de una u
otra".  ¿Cómo se aplica esta disposición, y puede preverse una intervención del Estado para
evitar el uso de las indicaciones geográficas de los vinos de forma que induzcan a error?
De conformidad con el artículo 93 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1994,
toda autoridad de pesas y medidas local está obligada a hacer observar las disposiciones del
artículo 92 (utilización no autorizada de una marca de fábrica o de comercio, etc., en relación con
mercancías).  Para ayudar a la autoridad local de pesas y medidas en el cumplimiento de su deber, seamplía, con objeto de abarcar la observancia del artículo 92, el ámbito de aplicación de algunas
facultades de observancia de que ya disponen esas autoridades en virtud de la Ley de Designaciones
Comerciales de 1968, como son la facultad de hacer compras de prueba y la facultad de entrar en
locales e inspeccionar y decomisar mercancías y documentos.
Cuando la indicación geográfica de un vino es objeto de una marca de fábrica o de comercio
registrada, o cuando tiene tal fama en el Reino Unido que su utilización permita aprovecharse
indebidamente del carácter distintivo o la fama de esa marca o pueda ir en detrimento de una u otra,
son aplicables los artículos 92 y 93.
VI. RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR SINGAPUR
1. La delegación del Reino Unido ha declarado que el artículo 92 de la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio de 1994 es compatible con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Parecería, no obstante, que el artículo 92 de la mencionada Ley dispone que sólo es delito la
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio en el caso de las mercancías.  Guarda
silencio, sin embargo, respecto de si también constituye delito la falsificación dolosa de marcas
registradas relativas a servicios.  Sírvanse aclarar si este es efectivamente el caso y,  de ser así,
explicar los fundamentos de ello y decir si existen planes para modificar el artículo 92.
El artículo 92 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Reino Unido sólo se aplica
actualmente a la utilización no autorizada de marcas de fábrica o de comercio registradas en el caso de
las mercancías.  Se está estudiando la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de esta disposición
para que incluya la utilización no autorizada de marcas de fábrica o de comercio registradas en el caso
de los servicios.IP/Q4/GBR/1
Página 24
Annex I
Criminal Statistics 1996
Table 1:  Number of prosecutions at magistrates' courts for offences under Sections 107 and 198 of
the Copyright, Designs and Patents Act 1988 by type of prosecution and result:  England and
Wales 1996
Type of proceedings
Apprehension Summons by
policeSummons other
than by policeTotal
Total prosecutions 30 9 115 154
Committed for trial 8 1 7 16
Total found guilty 17 5 78 100
Total sentenced 17 5 78 100
Disposal given:
Conditional discharge - - 1 1
Fine 12 3 60 75
Probation order 1 - 4 5
Community service order 1 1 10 12
Combination order 1 - 2 3
Immediate custody 2 1 1 4IP/Q4/GBR/1
Página 25
Table 2:  Number of defendants tried and/or sentenced at the Crown Court for offences under
Sections 107 and 198 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 by result:  England and
Wales 1996
Total
Total for trial 27
Acquitted 2
Found guilty 25
Total sentenced 25
Disposal given:
Conditional discharge 3
Fine 5
Community service order 3
Fully suspended sentence 1
Immediate custody 13
Table 3:  Number of offenders sentenced to i mmediate custody under Section 107 of the Copyright,
Designs and Patents Act 1988 by length of sentence and type of court:  England and Wales 1996
Length of sentence Magistrates' Court Crown Court Total
One month 2 - 1
Two months 2 - 1
Four months - 1 1
Six months - 2 …
Eight months - 1 3
Nine months - 2 3
Twelve months - 3 3
Fifteen months - 3 3
Eighteen months - 1 1IP/Q4/GBR/1
Página 26
Table 4:  Number of offenders sentenced to a fine under Section 107 of the Copyright, Designs and
Patents Act 1988 by amount of fine and type of court:  England and Wales 1996
Amount of fine Magistrates' Court Crown Court Total
Up to and including £25 2 - 2
Over £25 up to £50 5 - 5
Over £50 up to £100 10 - 10
Over £100 up to £150 6 1 7
Over £150 up to £200 11 1 12
Over £200 up to £250 7 1 8
Over £250 up to £300 6 - 6
Over £300 up to £500 7 2 9
Over £500 up to £750 9 - 9
Over £750 up to £1000 6 - 6
Over £1000 6 - 6
Table 5:  Number of prosecutions at magistrates courts for offences under Sections 92 and 94 of the
Trade Marks Act 1994 by type of prosecution and result:  England and Wales 1996
Type of proceedings
Apprehension Summons by
policeSummons other
than by policeTotal
Total prosecutions 154 36 289 479
Committed for trial 20 2 20 42
Total found guilty 101 23 185 309
Total sentenced 101 23 184 308
Disposal given:
Absolute discharge - - 1 1
Conditional discharge 9 3 17 29
Fine 66 11 133 210
Probation order 3 - 4 7
Community service order 13 5 22 40
Combined order 2 3 1 6
Fully suspended sentence 1 - 2 3
Young offenders institution - - 1 1
Immediate custody 6 1 2 9
Otherwise dealt with 1 - 1 2IP/Q4/GBR/1
Página 27
Table 6:  Number of defendants tried and/or sentenced at the Crown Court for offences under
Sections 92 and 94 of the Trade Marks Act 1994 by result:  England and Wales 1996
Total
Total for trial 62
Not tried 1
 Acquitted 11
Found guilty 50
Total sentenced 52
Disposal given:
Conditional discharge 6
Fine 18
Probation order 3
Community service order 10
Combined order 1
Fully suspended sentence 2
Immediate custody 11
Otherwise dealt with 1
Table 7:  Number of offenders sentenced to imme diate custody under Sections 92 and 94 of the Trade
Marks Act 1994 by length of sentence and type of court:  England and Wales 1995
Length of sentence Magistrates' Court Crown Court Total
One month 1 -
Two months 4 - 1
Three months 2 3 1
Four months 2 - 1
Five months - 1 1
Six months 1 2 1
Nine months - 1 1
Ten months - 1 ?
Twelve months - 1 ?
Eighteen months - 2 2IP/Q4/GBR/1
Página 28
Table 8:  Number of offenders sentenced to a fine under Sections 92 and 94 of the Trade Marks
Act 1994 by amount of fine and type of court:  England and Wales 1995
Amount of fine Magistrates' Court Crown Court Total
Up to and including £25 5 - 5
Over £25 up to £50 24 2 26
Over £50 up to £100 65 2 67
Over £100 up to £150 23 1 24
Over £150 up to £200 16 1 17
Over £200 up to £250 17 1 18
Over £250 up to £300 12 - 12
Over £300 up to £500 24 5 29
Over £500 up to £750 7 - 7
Over £750 up to £1000 9 4 13
Over £1000 8 2 10
The above tables are taken from a forthcoming publication "Regulation of Trade in
Counterfeit Goods", by Dr . Andrew Clark, School of Law, Univer sity of Warwick.  Research funded
by Economic Social Research Council, Award No. H53627502395.IP/Q4/GBR/1
Página 29
ANEXO 2
617
[Nº 18] 29 de diciembre de 1994           [1994] R.P.C.
Tribunal Superior de Justicia
Directrices
Interdictos Mareva y Órdenes Anton Piller
Interdicto - Interdicto Mareva :  Modelo de formulario
Responsabilidad recíproca por daños y perjuicios
Directrices - Exhibición de documentos - Orden Anton Piller
Directrices - Modelo de formulario - Ejecución
1. La concesión de un interdicto Mareva o de una orden Anton Piller queda al arbitrio del juez
que entiende de la solicitud.  No obstante, es conveniente que se adopte en general un procedimientocoherente en lo que respecta al formulario y a la ejecución de esos autos judiciales, ya que constituyen
graves restricciones de los derechos de las personas a las que se les aplican tras haber oído tan sólo los
argumentos del solicitante a instancia de parte.  Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a
los jueces y a quienes solicitan que se dicten esos autos.
2. Anexos a las presentes directrices figuran los modelos de formulario para los autos siguientes:
anexo 1 - Orden Anton Piller;  anexo 2 - Interdicto Mareva de ámbito mundial;  anexo 3 - Interdicto
Mareva limitado a los bienes ubicados en la jurisdicción.  Es inevitable que los formularios sean
complicados, pero su lenguaje y estructura tienen por objeto que las personas a las que se les entregan
puedan comprender su significado.  Estos modelos de formulario son los que deberán utilizarse, salvo
cuando el juez que entienda de una determinada solicitud considere que hay razones para utilizar unformulario diferente.
3. Cuando se solicite uno de esos mandamientos judiciales a instancia de parte deberán tenerse
en cuenta las cuestiones siguientes:
A. PARA LA SOLICITUD DE UN INTERDICTO MAREVA O UNA ORDEN ANTON  PILLER
1) Siempre que sea factible, los documentos que se utilicen en la solicitud deberán
presentarse al juez por lo menos dos horas antes de la vista.
2) Cuando sea pertinente, el solicitante deberá confirmar su responsabilidad recíproca
por daños y perjuicios mediante un depósito pecuniario ante el tribunal o la
constitución de una fianza por mediación de una compañía de seguros.  Otra
posibilidad es que el juez ordene que el abogado del solicitante tenga a buen recaudo
la fianza en calidad de oficial del tribunal hasta nueva orden.
3) En la medida de lo posible, toda solicitud de anulación o modificación del auto se
verá en la fecha de la comparecencia del demandado.IP/Q4/GBR/1
Página 30
618
Directrices:  Interdictos Mareva y R.P.C. [1994]
Órdenes Anton Piller
B. SOLICITUD DE UNA ORDEN ANTON PILLER
1) a) Como se sugiere en el asunto Universal Thermosensors Ltd. vs. Hibben [1992]
1 W.L.R. S40.861 *, la orden que sirve de ejemplo dispone que haga su entrega un
abogado supervisor y que se ejecute en su presencia y bajo su supervisión.  El
abogado supervisor deberá ser un profesional con experiencia que esté de algún modo
familiarizado con las órdenes Anton Piller y que no sea miembro ni empleado del
despacho de abogados que representa al solicitante.  En la documentación en apoyo
de la solicitud debe constar la identidad y experiencia del abogado supervisor.
     b) Cuando en un determinado asunto el juez no estime oportuno que la orden sea
entregada por un abogado supervisor, deberán constar sus razones en la misma orden.
2) Cuando exista la probabilidad de que los locales estén ocupados por una mujer no
acompañada y el abogado supervisor sea un hombre, entre las personas que asistan a
la entrega de la orden deberá haber por lo menos una mujer.
3) Cuando la naturaleza de los artículos que se retiren en virtud de la orden así lo
aconseje, el solicitante deberá asegurarlos.
4) El solicitante deberá comprometerse a no informar a terceros acerca del
procedimiento hasta después de la fecha de comparecencia del demandado.
5) En lo sucesivo, las solicitudes presentadas a la Queen’s Bench Division ya no serán
oídas por un juez a puerta cerrada.  Tanto en la Chancery Division como en la Queen’Bench Division, siempre que sea factible, se someterán las solicitudes a un juez de
manera que tenga tiempo suficiente para leer y estudiar la solicitud por anticipado.
6) Cuando se trate de otros distritos judiciales, las solicitudes se someterán a un juez del
Tribunal Superior o a un juez comarcal que actuará en calidad de juez del Tribunal
Superior designado por el Juez Presidente para entender de dichas solicitudes.
4. Cuando se anule una orden Anton Piller o un interdicto Mareva en la fecha de la
comparecencia del demandado, el juez siempre deberá considerar si es conveniente evaluar
inmediatamente los daños y perjuicios y ordenar al solicitante que pague en el acto la cuantía.
5. Dadas estas directrices por el Presidente del Tribunal Supremo (Lord Chief Justice ), con el
concurso del Presidente de la Sala de Asuntos de la Familia (Family Division) y el Vicecanciller, que
serán de aplicación por todas las salas del Tribunal Superior.
Lord Taylor of Gosforth C.J.
Sir Stephen Brown P.
Sir Donald Nocholls V.-C
28 de julio de 1984
______________
* [1992] F.S.R 361 .IP/Q4/GBR/1
Página 31
ANEXO 1
[ASUNTO Nº:  ]
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
CHANCERY DIVISION
JUEZENTRE
Demandante
y
Demandado
ORDEN DE ENTRADA Y REGISTRO DE LOCALES
IMPORTANTE:
A LA ATENCIÓN DEL DEMANDADO
1) Por la presente Orden queda usted obligado a permitir que las personas que se mencionan más
adelante puedan entrar en los locales que se describen en la Orden y practiquen un registro y a
que examinen y retiren o copien los artículos que se especifican en la Orden.  Esta parte de la
Orden está sujeta a restricciones.  La Orden también le obliga a que haga entrega de
cualesquiera de los artículos que usted tenga en su poder y a que proporcione información alos abogados del Demandante, y le prohíbe que ejecute ciertos actos.  Debe leer
cuidadosamente las condiciones de la presente Orden y se le aconseja que consulte a un
abogado a la mayor brevedad posible.
2) Antes de que usted, el Demandado, o la persona que parezca encargada de los locales permita
que alguien entre en los locales para ejecutar la presente Orden, tiene usted derecho a que elabogado que le entrega la presente Orden le explique su significado en lenguaje llano.
3) Está usted en su derecho a exigir que no haya presente nadie [o nadie excepto ... ] que pueda
obtener beneficio comercial alguno de lo que pueda leer o ver en sus locales.
4) Está usted en su derecho a negarse a permitir la entrada antes de las 9.30 horas de la mañana o
de las 5.30 horas de la tarde y en cualquier momento de un sábado o un domingo.
5) Tiene usted derecho a recabar asistencia letrada y a pedir al Tribunal que anule o modifique la
presente Orden, a condición de que lo haga us ted inmediatamente y siempre que entre tanto
permita usted que el Abogado Supervisor (que es un abogado que actúa independientemente
del Demandante) y el abogado del Demandante entren en los locales, pero sin iniciar el
registro:  véase el párrafo 3.
6) En el caso de que usted ... el Demandado desobedezca la presente Orden, será culpable de
desacato al Tribunal y ser sancionado con [pena de prisión] multa o embargo de sus bienes.
14
                                                     
14 Suprímanse las palabras "pena de prisión" cuando el Demandado sea una empresa.  Esta notificación
no sustituye al acuse de recibo de una notificación penal.IP/Q4/GBR/1
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CONTENIDO DE LA ORDEN
En el día de hoy [fecha] el abogado de ..., el Demandante, ha presentado al Sr. Juez [nombre
del juez] una solicitud.  El [nombre del juez] ha tenido conocimiento de la solicitud y ha leído las
declaraciones juradas que se enumeran en el apéndice 6 de la presente Orden.
Como resultado de la solicitud el [nombre del juez] ORDENA LO SIGUIENTE:
Entrada en los locales y registro de los mismos y de los vehículos que en ellos se encuentren
1. 1) El Demandado debe permitir al Sr./a la Sra./Srta. .... ("Abogado Supervisor"), junto
con el Sr. ..., abogado del Tribunal Superior y socio del despacho de los abogados del
Demandante ...y hasta un máximo de ... otras personas [capacidad en que actúan] que
los acompañan, a que entren en los locales que se mencionan en el apéndice 1 de la
presente Orden y en cualquier vehículo que se encuentre en esos locales a fin de que
puedan registrarlos para buscar, inspeccionar, fotografiar o fotocopiar y depositar abuen recaudo en poder de los abogados del Demandante todos los documentos y
artículos que se enumeran en el apéndice 2 de la presente Orden ("los artículos
enumerados") o que el Sr. ... cree que son los artículos enumerados.  El Demandado
debe permitir que esas personas permanezcan en los locales hasta completar el
registro y si es necesario a volver a entrar en los locales ese mismo día o al díasiguiente para completar el registro.
2) La presente Orden debe ser obedecida por el Demandado o por un empleado del
Demandado debidamente habilitado para ello o por la persona que parezca estar
encargada de los locales.
3) La presente Orden obliga al Demandado, a su empleado o a la persona que parezca
estar encargada de los locales a permitir la entrada en los mismos inmediatamente
después de que se haga entrega de la Orden, excepto en las circunstancias que se
exponen en el párrafo 3 infra.
Limitaciones a la entrega y ejecución de lo dis puesto en el párrafo 1 de la presente Orden
2. El párrafo 1 de la presente Orden queda sujeto a las limitaciones siguientes:
1) La presente Orden sólo se podrá entregar entre las 9.30 horas y las 17.30 horas de un
día laborable.
2) No se podrá ejecutar la presente Orden al mismo tiempo que se ejecute una orden de
registro de la policía.
3) La presente Orden deberá ser entregada por el Abogado Supervisor, en cuya
presencia y bajo la supervisión del cual deberá ejecutarse la Orden. [Entre las
personas que lo acompañen de conformidad con el párrafo 1 de la Orden deberá haberpor lo menos una mujer.]
15
4) La presente Orden no obliga a la persona a la que se le entregue que permita la
entrada a nadie [o a nadie, excepto ...] que pueda obtener beneficio comercial de
                                                     
15 Se incluirán las palabras que figuran entre corchetes en el apartado 3) cuando exista la probabilidad
de que los locales estén ocupados por una mujer no acompañada y el Abogado Supervisor sea un hombre.IP/Q4/GBR/1
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cualquier cosa que pueda leer o ver en los locales, si la persona a la que se entrega la
Orden pone objeciones.
5) No se podrá retirar de los locales ningún artículo mientras no se elabore una lista de
los artículos que hayan de ser retirados y se haya proporcionado una copia de la lista
a la persona a la que se entregue la Orden y esa persona haya tenido oportunidadrazonable para comprobar la lista.
6) No se podrán registrar los locales, ni se podrá retirar de los mismos ningún artículo,
excepto en presencia del Demandado o de una persona que sea un empleado del
Demandado debidamente habilitado.
7) Si el Abogado Supervisor tiene la convicción de que no es factible la plena
observancia de lo dispuesto en los apartados 5) o 6) supra , podrá permitir que se
proceda al registro y a la retirada de artículos sin cumplimiento de las condiciones nofactibles.
Obtención de asistencia letrada y presentación de una solicitud al Tribunal
3. Antes de permitir la entrada a los locales a cualquier otra persona aparte del Abogado
Supervisor y los abogados del Demandante, el Demandado o la persona que parezca estar encargada
de los locales podrá recabar asistencia letrada y solicitar del Tribunal que modifique o anule lapresente Orden, a condición de que lo haga inmediatamente.  Entre tanto, puede negar la entrada a los
locales a cualquier otra persona y puede negarse a permitir que se inicie el registro durante un corto
período de tiempo (no superior a dos horas, a menos que el Abogado Supervisor convenga en un
período más largo).
Entrega de los artículos enumerados y de listados de computadora
4. 1) El Demandado debe entregar inmediatamente a los abogados del Demandante los
artículos enumerados que estén en su posesión o bajo su control.
2) Si alguno de los artículos solamente puede leerse en versión informática en
computadora, el Demandado deberá facilitar inmediatamente a los abogados del
Demandante acceso a las computadoras, con todas las claves necesarias, a fin depoder registrarlas e imprimir los artículos enumerados.  Se deberá proporcionar a los
abogados del Demandante un listado de los artículos o se exhibirán éstos en la
pantalla para que puedan ser leídos y copiados.  El Demandante deberá adoptar todas
las medidas necesarias para velar por que no sufran daño alguno las computadoras ni
los datos.  El Demandante y sus representantes no podrán registrar por sí mismos las
computadoras del Demandado a no ser que tengan conocimientos suficientes para ello
sin causar daños al sistema del Demandado.IP/Q4/GBR/1
Página 34
Divulgación de información por el Demandado
5. 1) El Demandado deberá revelar inmediatamente a los abogados del Demandante:
a) donde se encuentran los artículos enumerados;  y
b) en la medida en que lo sepa:
i) los nombres y direcciones de todos los que le hayan suministrado, o
hayan ofrecido suministrarle, los artículos enumerados;
ii) los nombres y direcciones de todas las personas a las que él haya
suministrado, o haya ofrecido suministrar, artículos enumerados;  y
iii) pormenores completos de las fechas y cantidades de cada suministro
y oferta de suministro.
2) En el plazo de ... días desde la fecha en que se le hace entrega de la presente Orden, el
Demandado deberá preparar una declaración jurada en la que se confirme lainformación antes indicada.
Actos prohibidos
6. 1) Excepto con el fin de obtener asesoramiento legal, el Demandado se abstendrá de
informar directa o indirectamente a nadie acerca de los procedimientos o del
contenido de la presente Orden, ni advertir a nadie de la posibilidad de que elDemandante pueda iniciar un procedimiento con él hasta [   ].
16
2) [Inclúyase aquí cualquier interdicto negativo.]
EFECTO DE LA PRESENTE ORDEN
1) Cuando el Demandado sea una persona física a la que se ordene que se abstenga de hacer
algo, queda obligada a no hacerlo ella misma ni de ninguna otra manera.  Tampoco lo harápor mediación de otras personas que actúen en su nombre o siguiendo sus instrucciones, ni a
instancias suyas.
2) Cuando el Demandado sea una empresa a la que se ordene que se abstenga de hacer algo,
quedan obligados a no hacerlo sus directores, funcionarios, empleados o agentes, ni de
ninguna otra manera.
COMPROMISOS
El Demandante, los abogados de éste y el A bogado Supervisor han asumido ante el Tribunal
los compromisos que figuran en los apéndices 3, 4 y 5, respectivamente, de la presente Orden.
PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE ORDEN
El apartado 2) del párrafo 6 de la presente Orden permanecerá en vigor hasta el día [... de ...
de 19..] (que es la fecha de comparecencia del demandado), a menos que con anterioridad se
                                                     
16 Deberá insertarse aquí la fecha de la comparecencia del Demandado o, si es anterior, la de siete días
después de la entrega de la Orden.IP/Q4/GBR/1
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modifique o anule mediante nueva Orden del Tribunal.17  La solicitud por la que se dicte esta Orden
volverá a presentarse al Tribunal para nuevo examen en la fecha de comparecencia del demandado.
MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN
El Demandado (o cualquier otra persona a la que se haya entregado la presente Orden) podrá
pedir en cualquier momento al Tribunal que modifi que o anule la presente Orden (o en lo que se
refiera a dicha persona), pero quien así quiera hacerlo deberá informar previamente a los abogados del
Demandante.
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS ABOGADOS DEL DEMANDANTE
Los abogados del Demandante son:[Consígnense el nombre, la dirección y números de teléfono tanto en horas de oficina como
fuera de éstas.]
[INTERPRETACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN
1) En la presente Orden el artículo y el posesivo masculino incluyen también el femenino y el
neutro.
2) Cuando los Demandados sean dos o más de dos (a menos que el contexto indique otra cosa),
a) Toda referencia a los "Demandados" afecta a ambos o a todos ellos.
b) Cuando la Orden obliga "a los Demandados" a que se abstengan de hacer algo o a que
lo hagan, cada uno de los Demandados debe abstenerse o hacerlo.
c) Toda prescripción relativa a la entrega de la presente Orden, o cualquier
procedimiento judicial contra "los Demandados" se entiende que afecta a todos y cada
uno de ellos.
d) Cualquier otra prescripción de que se haga algo a "los Demandados" o en presencia
de éstos significa que se hará a cada uno de ellos o en su presencia.]
APÉNDICE 1
Los locales
APÉNDICE 2
Los artículos enumerados
APÉNDICE 3
Compromiso contraído por el Demandante
1) Si ulteriormente el Tribunal determina que la presente Orden o su ejecución ha causado
pérdidas al Demandado y decide que se debe indemnizar por dichas pérdidas al Demandado,
el Demandante deberá cumplir cualquier mandamiento que el Tribunal pueda emitir.
                                                     
17 La fecha deberá ser la de comparecencia del Demandado.IP/Q4/GBR/1
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2) Tan pronto como sea posible, emitir un requerimiento [en el formulario del proyecto de
requerimiento presentado al Tribunal] [reclamando la apropiada reparación].
3) [Presentar y registrar una declaración jurada] [Hacer que se presente y registre una
declaración jurada] [sustancialmente en los términos del proyecto presentado al Tribunal] [en
la que se confirme la sustancia de lo que han manifestado ante el Tribunal losasesores/abogados del Demandante].
4) Entregar al Demandado, al mismo tiempo que la presente Orden, i) el requerimiento,
ii) notificación de citación a comparecer el día ... de 19, y iii) copias de la declaración jurada
y de las pruebas susceptibles de ser copiadas que el Demandado haya presentado. [No es
necesario entregar copias de las pruebas confidenciales ... [especifíquense], pero deben estar a
disposición de que el Demandado o alguien en su nombre las inspeccione en presencia de los
abogados del Demandante mientras se ejecuta la Orden.  Posteriormente, deberánproporcionarse a un abogado que represente al Demandado, pero debe comprometerse por
escrito a no permitir que el Demandado las vea ni vea copias de las mismas excepto en su
presencia, y a no permitir que el demandado tome o se lleve consigo nota alguna ni
reproducción de las pruebas.]
5) Entregar al Demandado copia del informe del Abogado Supervisor sobre la ejecución de la
presente Orden tan pronto como se reciba y hacer llegar copia del informe al Tribunal.
6) No utilizar sin permiso del Tribunal información o documento alguno obtenidos como
resultado de la ejecución de la presente Orden, excepto para los fines del procedimiento, ni
informar a ninguna otra persona acerca del procedimiento hasta la fecha de comparecencia del
Demandado.
7)
18
APÉNDICE 4
Compromisos asumidos por los abogados del Demandante
1) Responder sin demora y a su buen saber y entender toda pregunta relativa a si un determinado
artículo figura entre los artículos enumerados.
2) Devolver los originales de todos los documentos obtenidos como resultado de la presente
Orden (excepción hecha de los documentos que pertenezcan al Demandante) tan pronto como
sea posible y en cualquier caso antes de transcurridos dos días laborables desde que se
obtuvieron.
3) Cuando se discuta la propiedad de algún artículo obtenido como consecuencia de la presente
Orden, poner ese artículo en manos de los abogados que representen al Demandado antes de
transcurridos dos días laborables desde que se haya recibido de éstos una solicitud de poner abuen recaudo el artículo y presentarlo cuando el Tribunal así lo exija.
4) Mantener a buen recaudo todos los demás artículos obtenidos como resultado de la presente
Orden hasta que el Tribunal decida otra cosa.
                                                     
18 Cuando proceda, se incluirá el compromiso de as egurar los artículos que se retiren de los locales.IP/Q4/GBR/1
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APÉNDICE 5
Compromiso asumido por el Abogado Supervisor
1) Ofrecerse a explicar a la persona a la que se entregue la presente Orden, en sus justos
términos y con lenguaje ordinario, el significado y los efectos de la misma, e informar a esa
persona de su derecho a recabar asistencia letrada y a solicitar que se modifique o se anule laOrden, de acuerdo con lo que se indica en el párrafo 3 de la Orden.
2) Preparar y poner a disposición del abogado del Demandante un informe escrito sobre la
ejecución de la presente Orden.
APÉNDICE 6
El juez leyó las declaraciones juradas que se indican seguidamente antes de emitir la Orden.
1)
_____________
2)
__________