RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/326/Add.1
24 de enero de 2002
(02-0359)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
Respuestas de la India a las preguntas formuladas por las Comunidades Europeas
y sus Estados miembros, el Japón y los Estados Unidos
Addendum
Mediante una comunicación de la Misión Permanente de la India, de fecha 27 de noviembre
de 2001, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, el Japón y los Estados Unidos, distribuidas en los
documentos IP/C/W/320/Add.1, 322 y 316, respectivamente.
_______________
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Sírvanse confirmar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud
pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia
vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el
Acuerdo sobre los ADPIC).  Sírvanse explicar si esas medidas se acomodan a las disposiciones delAcuerdo sobre los ADPIC.
[No se ha recibido respuesta.]
B. D
ERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - LEY DE DERECHO DE AUTOR DE 1957,
MODIFICADA POR LA LEY DE DERECHO DE AUTOR (MODIFICACIÓN ) DE 1999 ( LA "LEY");
ORDEN INTERNACIONAL SOBRE DERECHO DE AUTOR DE 1999 MODIFICADA POR LA ORDEN
INTERNACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (MODIFICACIÓN ) DE 2000 ( LA "ORDEN ")
2. Sírvanse definir con más detalle el significado de la expresión "base de datos literarios", que
figura en el artículo 2 o) de la Ley.
De conformidad con el artículo 2 o) de la Ley de Derecho de Autor de la India, de 1957, las
obras literarias también incluyen las bases de datos de ordenador.  No se define la expresión base de
datos.  Sin embargo, los tribunales de la India han reconocido la compilación de bases de datos en
formato electrónico y les confieren protección en el marco de la Ley de Derecho de Autor.  Véase
Burlington home shopping Pvt. Ltd., v. Rajnish Chibber & Anr. 1996 Patent and Trade Mark
Reporter , 40 (Tribunal Superior de Delhi).
3. ¿Abarca la protección de las bases de datos las compilaciones "en forma legible por máquina
o en otra forma", como prescribe el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC?IP/C/W/326/Add.1
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Sí, la expresión utilizada en el artículo 2 o) de la Ley de Derecho de Autor de la India,
de 1957 es "compilaciones que incluyen bases de datos de ordenador".  La definición de ordenador
que figura en el artículo 2 ffb) incluye todo aparato electrónico o similar con capacidad de
procesamiento de la información.  Esta definición incluye las bases de datos legibles por máquina u
otras formas de bases de datos.
4. Sírvanse confirmar si se concede el mismo nivel de protección a los derechos de autor
registrados (artículo 44 de la Ley) y a los derechos de autor no registrados.  Sírvanse explicar toda
diferencia existente en el nivel de protección.
En virtud de la Ley de Derecho de Autor de la India de 1957 el registro no es obligatorio.  El
artículo 44 contiene una disposición que sólo es facultativa.  La palabra utilizada es "podrá" y no
"deberá".  Por ese motivo, la protección no está basada en el registro y tanto las obras registradascomo las no registradas obtienen la misma protección.  El registro sólo es una prueba prima facie  en
caso de litigio.
5. Sírvanse explicar en qué forma se protegen los derechos de los productores de fonogramas,
como establece el artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En el artículo 13 de la Ley de Derecho de Autor de la India, de 1957, se reconocen las
grabaciones de sonidos como una obra protegida por el derecho de autor.  En el artículo 14 e) i) se
prevé el derecho de reproducción y en el artículo 14 e) ii) los derechos de arrendamiento.
6. Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva de
conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9
del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 16 del mencionado Acuerdo.
La Ley de Derecho de Autor de la India de 1957 reconoció desde un principio que las
grabaciones sonoras estaban amparadas por el derecho de autor.  Por ese motivo no fue necesario
invocar las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna.
Por lo que respecta al derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes, la legislación india fue
modificada en 1994 para conceder protección a los artistas intérpretes o ejecutantes, de conformidad
con lo previsto en la Convención de Roma (véase el artículo 38 de la Ley).  Este derecho corresponde
a los artistas intérpretes o ejecutantes desde el 10 de mayo de 1995.
7. Sírvanse explicar en qué forma aplica la legislación de su país el artículo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
Los tipos de medidas provisionales que pueden dictar las autoridades judiciales y el
fundamento jurídico de esa facultad son los siguientes:
Mandamientos provisionales
Los mandamientos judiciales pueden dictarse con carácter preventivo, antes del juicio, o con
carácter permanente, es decir, después del juicio.  Se dictan mandamientos provisionales cuando el
tribunal considera que existe una presunción prima facie  favorable a la adopción de la medida cautelar
solicitada, que la evaluación de los intereses de las partes es favorable al demandante, y que de nodictarse la medida cautelar, se causaría un daño irreparable al demandante.  Los mandamientos
provisionales pueden permanecer en vigor hasta que el tribunal adopte una decisión al respecto o
pronuncie una sentencia definitiva.  Si el resultado del juicio es favorable al demandante, éste tendrá
derecho a que se dicte un mandamiento permanente.  Los principios están regidos por las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil de 1908 relativas a los mandamientos provisionales.IP/C/W/326/Add.1
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Otras medidas provisionales
i) El tribunal, a petición del demandante, podrá autorizar a un representante del tribunal,
por lo general un comisionado de ese órgano (un abogado independiente) a que
ingrese en los locales del demandado para proceder a la búsqueda e incautación dedocumentos y pruebas.  La orden puede incluso dictarse a solicitud de parte ( inaudita
altera parte ).  Esta medida se basa en las disposiciones del Código de Procedimiento
Civil de 1908.  Es similar al mandamiento Anton Piller del Reino Unido.
ii) El tribunal puede emitir un mandamiento destinado a impedir que los demandados
enajenen su patrimonio dentro de la jurisdicción hasta que tenga lugar el proceso o se
dicte la sentencia.  Esta medida se basa en las disposiciones del Código deProcedimiento Civil, de 1908, y puede dictarse a solicitud de parte.  Esta medida es
similar al interdicto Mareva en el Reino Unido.
8. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías
falsificadas.
[No se ha recibido respuesta.]
9. Sírvanse explicar en qué forma aplica la Ley los artículos 51 a 58 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Derecho de Autor leído junto con la Ley de
Aduanas, la persona que solicite la aplicación de medidas en frontera a las mercancías que, de
importarse en la India, violarían el derecho de autor, deberá presentar una solicitud en debida forma y
pagar la tasa correspondiente al Director del Registro del Derecho de Autor.  Tienen derecho a
presentar una solicitud de esa índole el titular del derecho de autor o su representante debidamente
autorizado.  El Director del Registro del Derecho de Autor, una autoridad cuasi judicial, una vezrecibida la solicitud y después de realizar las investigaciones que considere necesarias, podrá ordenar
que se prohíba la importación de las copias.  El Director del Registro del Derecho de Autor o la
persona que éste haya autorizado para realizar una investigación podrá ingresar en cualquier buque,
dársena o locales donde pudieran encontrarse esas copias y examinarlas a los efectos de emitir la
mencionada orden.  Todas las copias de las mercan cías incluidas en la orden emitida por el Jefe del
Registro se considerarán mercancías cuya importación está prohibida o restringida, de conformidad
con el artículo 11 de la Ley de Aduanas de 1962 y, en consecuencia, se aplicarán las disposiciones deesa Ley.
No obstante, no se atribuirá al Gobierno la propiedad sobre las copias decomisadas de
conformidad con la Ley de Aduanas, sino que deberán entregarse a los titulares del derecho de autor
sobre la obra.
10. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones de
minimis .
Sí.  En virtud de la salvedad establecida en el artículo 51 b) iv) de la Ley de Derecho de Autor
de 1957 se autoriza la importación de una copia de cualquier obra para uso doméstico y privado delimportador.IP/C/W/326/Add.1
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C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO - LEY DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
DE 1999
11. Sírvanse explicar el alcance de la expresión "material escandaloso u obsceno" y en qué
forma se utilizará como motivo para prohibir el registro de determinadas marcas de fábrica o de
comercio, de conformidad con el párrafo 2 c) del artículo 9 de la Ley.
De conformidad con el párrafo 2 c) del artículo 29 de la Ley, la expresión "material
escandaloso u obsceno" incluye:
1) la ofensa a los sentimientos públicos;2) el agravio a la susceptibilidad religiosa;
3) la prohibición de las insignias de todas las religiones;
4) las marcas difamatorias;5) las marcas que constituyan una amenaza a la paz social.
12. Sírvanse confirmar si puede otorgarse protección a signos tales como los nombres
comerciales.  Se ruega indicar si puede otor garse protección a elementos tales como sonidos,
perfumes y envases.
Los nombres comerciales pueden ser objeto de protección en virtud de la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio de 1999.  No se confiere protección a los sonidos y perfumes (olor).
Si bien la forma de las mercancías o su acondicionamiento en envases están comprendidos en
la definición de marcas de fábrica o de comercio, los envases en sí no pueden ser objeto de registro.
13. Sírvanse explicar el significado de la palabra "identidad", que figura en el párrafo 1 a) del
artículo 11 y el párrafo 2 c) del artículo 29 de la Ley.  Sírvanse confirmar si tales disposiciones se
refieren a marcas de fábrica o de comercio que sean idénticas a marcas registradas.
De conformidad con el párrafo 1 a) del artículo 11 y el párrafo 2 c) del artículo 29 de la Ley
de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, la palabra "identidad" hace referencia a una marca
idéntica, igual, similar o engañosamente similar.
14. Sírvanse explicar más en detalle la definición de "marca de fábrica o de comercio
notoriamente conocida, que figura en el artículo 2 (zg) y explicar de forma detallada el ámbito de
protección que se concederá a una marca de fábr ica o de comercio notoriamente conocida y las
condiciones necesarias para su protección.
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 confiere protección a las marcas de
fábrica o de comercio notoriamente conocidas, en virtud del párrafo 1 del artículo 9.  La Ley contiene
disposiciones sobre la protección de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida que
incluyen la definición de esa marca [párrafo 1) (zg) del artículo 2];  el examen de los factores que el
Director del Registro deberá tener en cuenta para determinar si una marca de fábrica o de comercio es
o no notoriamente conocida.  [Párrafo 6 del artículo 11];  de conformidad con el párrafo 9 delartículo 11, no se exige que la marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida se haya
utilizado o registrado en la India o que se haya presentado una solicitud de registro en ese país, en
virtud del párrafo 10 del artículo 11, mediante un procedimiento contradictorio se concede protección
a una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida frente a otra marca de fábrica o de
comercio idéntica o similar;  de conformidad con el párrafo 2 del artículo 27, se reconocen losIP/C/W/326/Add.1
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derechos que concede el common law  al titular de la marca de fábrica o de comercio para iniciar
acciones contra cualquier persona que imitara fraudulentamente las mercancías o los servicios de otra.
En la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 existen disposiciones específicas que
protegen al titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida y le permiten iniciaracciones contra su utilización por terceros.
En el caso de una marca de fábrica o de comercio registrada, reconocida como notoriamente
conocida, el titular puede interponer una demanda por infracción en virtud del artículo 134 y obtener
la reparación prevista en el artículo 135.  Cuando se trate de una marca de fábrica o de comercio
notoriamente conocida y no registrada, puede presentarse una demanda por imitación fraudulenta,
derivada del uso por el demandado de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, deconformidad con el párrafo 2 del artículo 27 y el apartado c) del artículo 134.  El artículo 135 también
prevé que un tribunal expida un mandamiento, a petición de parte, en los casos en que ello se
justifique.
Con arreglo al párrafo 5 del artículo 29, se prohíbe que una persona adopte la marca de
fábrica o de comercio de otra (incluida una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida)
como parte del nombre comercial o de negocios, y se tipifica ese acto como infracción.
En virtud de la salvedad establecida en el párrafo 1 del artículo 9 las causales absolutas de
denegación del registro no se aplicarán en el caso de las marcas notoriamente conocidas.  Deconformidad con el párrafo 2 del artículo 11 si una marca de fábrica o de comercio:
1) es idéntica o similar a una marca de fábrica o de comercio anterior;  y2) se pretenda registrarla para mercancías o servicios no similares a aquéllos para los
que una marca de fábrica o de comercio anterior está registrada a nombre de un
propietario diferente;
no se la podrá registrar cuando la marca de fábrica o de comercio anterior sea notoriamente conocida
en la India y la utilización de la marca posterior suponga obtener ventajas indebidas o menoscabar el
carácter distintivo o la reputación de la marca de fábrica o de comercio anterior.
15. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
Sí.  El párrafo 1 del artículo 25 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999
establece que una marca de fábrica o de comercio podrá ser registrada durante un plazo de 10 años,
que puede renovarse periódicamente a perpetuidad.
16. Sírvanse explicar en qué forma aplica la legislación de su país el artículo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
Se observan las disposiciones del párrafo 1) a) del artículo 50 mediante un mandamiento
judicial, incluido un mandamiento a petición de parte en virtud del párrafo 2 del artículo 67 de la Ley.
Las obligaciones estipuladas en el párrafo 1 b) del artículo 50 se cumplen mediante el
párrafo 2 b) del artículo 67 de la Ley, que prevé que la conservación de las mercancías infractoras, los
documentos y otras pruebas relacionadas con el objeto del litigio.
La emisión de un mandamiento judicial se rige por los principios siguientes:
1) que la demanda haya establecido una presunción prima facie ;IP/C/W/326/Add.1
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2) que la evaluación de los intereses de las partes resulte favorable al solicitante.
No obstante, no puede solicitarse la emisión ipso jure  de un mandamiento provisional.  Debe
acreditarse que, de ser denegado, se producirá un daño y una pérdida irreparables.
Sírvanse también remitirse a la respuesta a la pregunta Nº 10 de la Lista de cuestiones sobre la
observancia.1
17. Sírvanse individualizar las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los
titulares de derechos peticiones de solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades
aduaneras de mercancías falsificadas.
La autoridad competente para recibir solicitudes de titulares de derechos para que suspenda el
despacho de las mercancías falsificadas es el Comisionado de Aduanas, según se establece en el
artículo 140 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999.
18. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías
falsificadas.
[No se ha recibido respuesta.]
19. Sírvanse indicar si la legislación de su país contempla o no una excepción para las
importaciones de minimis .
[No se ha recibido respuesta.]
D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS - LEY DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE LAS MERCANCÍAS
(REGISTRO Y PROTECCIÓN ) DE 1999
20. Sírvanse confirmar la duración de la protección garantizada a las indicaciones geográficas
en virtud de la ley, tanto si están registradas como si no .
La Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999 otorga
protección legal a una indicación geográfica registrada durante un período de 10 años renovable
periódicamente a perpetuidad.  No obstante, si la indicación geográfica no está registrada no puede
invocarse infracción alguna.
21. Sírvanse explicar el alcance de la disposición que aplica la definición de indicación
geográfica a la fabricación de mercancías cuando "una de las actividades de producción,elaboración o preparación de mercancías se realiza en ese territorio, región o localidad"
(artículo 2  e)).  Sírvanse presentar, de ser posible, ejemplos sobre los casos en que la definición se
ha aplicado a las mercancías manufacturadas.
En la producción de un artículo manufacturado, pueden existir varias etapas de elaboración de
las materias primas y/o los productos intermedios.  En la actualidad, no se dispone de ejemplosrelativos a las indicaciones geográficas registradas.
22. Se ruega explicar cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país para los
vinos y bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otro tipo de productos, en caso de que existan,
abarcados por esa protección adicional.
                                                     
1 Documento IP/N/6/IND/1.IP/C/W/326/Add.1
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El párrafo 2 del artículo 22 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro
y Protección) de 1999, faculta al Gobierno central a conceder protección adicional a determinadas
mercancías o clases de mercancías mediante notificación en la Gaceta Oficial, indicando las
mercancías o clase/clases de mercancías a los efectos de la protección.  Esta disposición también
abarca los vinos y las bebidas espirituosas.  Hasta la fecha, no hay otros productos amparados envirtud de la ley.
23. Les rogamos que expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción.  Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las
excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.
El artículo 9 f) de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, establece que las indicaciones geográficas respecto de las cuales se hayadeterminado que son nombres genéricos o indicaciones de mercancías y, en consecuencia, no sean
objeto de protección o se los haya dejado de proteger en su país de origen o hayan caído en desuso en
ese país, no se registrarán como indicaciones geográficas.
La explicación I del artículo 9 establece además que "A los efectos de este artículo, se
entiende por nombres genéricos o indicaciones relativas a las mercancías, los nombres de las
mercancías que, pese a estar relacionados con el lugar o región en el que las mercancías se producían
o elaboraban originariamente, han perdido su significado original, pasando a ser el nombre común de
esas mercancías y sirven como designación de la clase, naturaleza, tipo u otra propiedad o
característica de las mercancías.
24. Sírvanse confirmar si, en virtud de la Ley, se otorga la misma protección a las indicaciones
geográficas registradas que a las no registradas.  Sírvanse explicar cualquier diferencia.  Sírvanse
explicar, en particular, el alcance del párrafo 1 del artículo 20 y el párrafo 2 del artículo 23 de la
Ley.
[No se ha recibido respuesta.]
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
25. Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos guiándose
básicamente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega explicar de qué modo se protegen
los dibujos y modelos textiles.
[No se ha recibido respuesta.]
26. Sírvanse explicar el alcance de la expresión "material escandaloso u obsceno" y en qué
forma se utilizará como motivo para prohibir el registro de determinados dibujos y modelos
(artículo 4 d) de la Ley).
[No se ha recibido respuesta.]
27. Sírvanse describir con mayor detalle el concepto de novedad y originalidad de dibujos y
modelos industriales a efectos de la Ley.
[No se ha recibido respuesta.]
28. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.
[No se ha recibido respuesta.]IP/C/W/326/Add.1
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29. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta  a los dibujos y modelos industriales.
[No se ha recibido respuesta.]
F. PATENTES
30. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de:  novedad, invención
y aplicación industrial.
[No se ha recibido respuesta.]
31. Sírvanse explicar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se
otorgan sin ningún tipo de exclusión (por ejemplo, exclusiones basadas en razones relativas al orden
público o a la moralidad, o relativas a los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, a losanimales, a los procedimientos esencialmente biol ógicos y los productos químicos farmacéuticos y
agrícolas).  En caso de que existan exclusiones, descríbase detalladamente la forma en que éstas se
aplican en términos legales y prácticos.
[No se ha recibido respuesta.]
32. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los
microorganismos, los procedimientos no esencialme nte biológicos, los procedimientos biológicos y
las obtenciones vegetales están protegidos en su legislación.  Sírvanse explicar a este respecto los
artículos pertinentes de su legislación.
[No se ha recibido respuesta.]
33. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un procedimiento, según estipula su
legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese procedimiento.
[No se ha recibido respuesta.]
34. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su
legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a
material genético o consentimiento previo a su utilización).  Si esas condiciones adicionales existen,
indíquese la legislación pertinente.
[No se ha recibido respuesta.]
35. Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos
concedidos por una patente.  Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la legislación
pertinente.
[No se ha recibido respuesta.]
36. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias
obligatorias.  En caso afirmativo, se ruega expli car exhaustivamente las condiciones en las cuales
puede concederse una licencia obligatoria.  Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su
legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.
[No se ha recibido respuesta.]IP/C/W/326/Add.1
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37. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la inversión de la carga de la prueba en
lo que respecta a las patentes de procedimientos.
[No se ha recibido respuesta.]
G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS - LEY SOBRE LOS
ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS DE SEMICONDUCTORES , 2000
38. Sírvanse explicar qué medidas efectivas contempla la legislación de su país contra la
infracción de los derechos que protegen las topografías.
De conformidad con el artículo 18 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos
Integrados de Semiconductores de 2000 se infringe el derecho sobre un esquema de trazado registrado
cuando una persona que no sea propietaria ni usuaria registrada del esquema de trazado:
- efectúa cualquier acto de reproducción, por la incorporación a un circuito integrado
de semiconductores u otro medio, de la totalidad o una parte del esquema de trazado
registrado, excepción hecha de la reproducción de una parte del mismo que no sea
original;
- efectúa cualquier acto de importación o venta o de otro modo distribuya con fines
comerciales un esquema de trazado registrado o un circuito integrado desemiconductores que incorpore ese esquema de trazado o un artículo que incorpore
un circuito integrado de semiconductores que contenga el esquema de trazado
registrado para cuya utilización esa persona no estuviera autorizada en virtud de esta
Ley.
El artículo 56 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de
Semiconductores de 2000, establece que la persona que infrinja, a sabiendas o deliberadamente,
cualquiera de las disposiciones del artículo 18 indicadas supra , será sancionada con una pena de
prisión de hasta tres años o con una multa de 50.000 a un 1 millón de rupias, o ambas penas a la vez.
Cuando una persona sea condenada por un delito previsto en el artículo 56, el tribunal que
haya pronunciado la condena podrá disponer el decomiso en favor del Gobierno de todas lasmercancías y objetos mediante los cuales, o en relación con los cuales se haya cometido el delito.
39. Sírvanse explicar cómo su legislación aplica el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[No se ha recibido respuesta.]
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
40. Sírvanse explicar si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la
protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.
[No se ha recibido respuesta.]
41. Sírvanse explicar cómo define su legislación la "información no divulgada".
[No se ha recibido información.]IP/C/W/326/Add.1
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42. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u organismos
gubernamentales.
[No se ha recibido respuesta.]
I. OBSERVANCIA
43. Sírvanse exponer cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la infracción de
los derechos de propiedad intelectual.
La Ley sobre medidas correctivas específicas de 1963, establece que puede librarse, ya sea
expresa o tácitamente, un mandamiento judicial permanente en beneficio del demandante para
prevenir el incumplimiento de una obligación existente en su favor.  En el marco de esa Ley el
demandante que solicite un mandamiento judicial permanente podrá reclamar, además de ese
mandamiento o en lugar del mismo, el resarcimiento de los daños y perjuicios;  el tribunal, de
estimarlo pertinente, podrá conceder ese resarcimiento.
El Código de Procedimiento Civil de 1908, esta blece que en todo proceso destinado a impedir
que el demandado infrinja un contrato o cause otro perjuicio de cualquier naturaleza, se reclame o no
una indemnización, el demandante podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación del proceso,
antes o después de la sentencia, solicitar al tribunal que se dicte un mandamiento provisional
destinado a impedir que el demandado infrinja el contrato o cause el perjuicio indicados en lademanda, o cualquier infracción del contrato o perjuicio semejante derivado del mismo contrato o
relacionado con el mismo bien o derecho.  El tribunal podrá librar ese mandamiento, fijando
condiciones tales como el plazo, la dación de cuentas, el otorgamiento de una fianza u otra
disposición que estime pertinente.  El mandamiento es una medida correctiva que puede ser dictada
discrecionalmente por el tribunal, que debe tener en cuenta si existe una presunción prima facie  que lo
justifique y si la evaluación de los intereses de las partes es favorable al demandado, así como la
posibilidad de que se produzca un daño irreparable.
Las atribuciones de los tribunales no se limitan a la posibilidad de ordenar un mandamiento o
conceder una indemnización por daños y perjuicios, indicados supra .  Con sujeción a esas
condiciones, los tribunales tienen la facultad inherente de dictar toda resolución relacionada con lascircunstancias y la índole del litigio destinado a impar tir justicia y, en definitiva, a proteger el interés
público.
Además de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil de 1908, la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio de 1999, la Ley de Dibujos y Modelos de 2000, la Ley de Indicaciones
Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999, la Ley de Derecho de Autor de 1957
y la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los Obtentores de 2001, también
establecen concretamente las medidas correctivas que las autoridades judiciales pueden ordenar.
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 prevé recursos en los procesos por
infracción o atribución engañosa.  Al respecto, dis pone que la resolución de un tribunal de distrito o
un tribunal superior en apelación, podrá incluir un mandamiento a petición de parte o una providencia
cautelar sobre las cuestiones siguientes:
- la exhibición de documentos;- la conservación de las mercancías infractoras, los documentos y otras pruebas
relacionadas con el objeto del litigio;IP/C/W/326/Add.1
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- la prohibición de que el demandado enajene o administre sus bienes de una manera
que pueda afectar negativamente a las posibilidades de que el demandado obtenga
una indemnización por daños y perjuicios, el resarcimiento de los gastos u otras
reparaciones pecuniarias que puedan concedérsele en definitiva.
De ese modo, la legislación reconoce expresamente la facultad de los tribunales de dictar
resoluciones del tipo "mandamiento Anton Piller" o "interdicto Mareva", utilizados en el Reino Unido
en los procedimientos de marcas.  La medida de reparación que un tribunal puede conceder en un
litigio por infracción o por imitación fraudulenta, incluye un mandamiento judicial y, a elección del
demandado, una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de los beneficios;  puede
incluir o no una orden de entrega de las etiquetas y marcas infractoras con objeto de proceder a su
destrucción o borrado.
De conformidad con la Ley de Dibujos y Modelos de 2000, las reparaciones en caso de
infracción pueden consistir en sanciones pecuniarias, mandamientos permanentes e indemnizaciones
de daños y perjuicios.  La liquidación de los beneficios es una solución alternativa a la indemnización
por daños y perjuicios y no una reparación adicional.
En virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección)
de 1999, la resolución de un tribunal de distrito o de  un tribunal superior de apelación, puede incluir
un mandamiento judicial, a petición de parte, o una providencia cautelar respecto de las cuestiones
siguientes:
- la exhibición de documentos;
- la conservación de las mercancías infractoras, los documentos y otras pruebas
relacionadas con el objeto del litigio;
- la prohibición de que el demandado enajene o administre sus bienes de una manera
que pueda afectar negativamente a las posibilidades de que el demandado obtenga
una indemnización por daños y perjuicios, los gastos incurridos u otras reparaciones
pecuniarias que puedan concedérsele en definitiva.
De conformidad con la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, la reparación que un tribunal pu ede ordenar en todo litigio por infracción o por
imitación fraudulenta, incluye un mandamiento judicial y, a elección del demandado, una
indemnización de daños y perjuicios o una liquidación de los beneficios;  la medida puede o no incluir
una orden de entrega de las etiquetas y marcas infractoras con objeto de proceder a su destrucción o
borrado.
De conformidad con la Ley de Derecho de Autor de la India de 1957, en un litigio civil, el
titular del derecho de autor tiene derecho a obtener distintos tipos de reparación, que pueden consistiren mandamientos judiciales, una indemnización por daños y perjuicios, una liquidación de los
beneficios u otros recursos que otorgue o pueda otorgar la legislación por la infracción de un derecho.
El titular del derecho de autor podrá reclamar asimismo, el pago de los gastos incurridos, incluidos las
costas compensatorias y los honorarios de los abogados.  En caso de infracción del derecho de autor el
titular también tiene derecho a las copias infractoras y a una acción por usurpación del derecho depropiedad.
En virtud de la Ley de Patentes de 1970, la reparación que podrá conceder un tribunal en un
litigio por infracción incluye un mandamiento judicial y, a elección del demandante, una
indemnización de daños y perjuicios o la liquidación de los beneficios.IP/C/W/326/Add.1
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De conformidad con la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los
Obtentores, de 2001, las medidas que un tribunal podr á conceder en un litigio por infracción incluye
un mandamiento judicial y, a elección del demandante, una indemnización por daños y perjuicios y
una participación en los beneficios.  La medida puede consistir en un mandamiento, a petición de
parte, o una providencia cautelar respecto de las cuestiones siguientes, a saber:
- la exhibición de documentos;
- la conservación de las obtenciones infractoras o los documentos u otras pruebas
relacionadas con el objeto del litigio;
- el embargo de los bienes del demandado que el tribunal estime necesarios para la
indemnización por daños y perjuicios, la recuperación de los gastos u otras
reparaciones pecuniarias que puedan concedérsele en definitiva.
44. Sírvanse explicar si su legislación contem pla o no un mecanismo para recurrir contra
decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.
La jurisdicción sobre los casos de infracción a los derechos de propiedad intelectual
corresponde a los tribunales de distrito.  Las decisiones del tribunal de distrito pueden recurrirse ante
el Tribunal Superior y posteriormente ante el Tribunal Supremo.
45. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación que los jueces ordenen la presentación de
pruebas por la parte contraria.  Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas que se
adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 y la  Ley sobre Elementos de Prueba de la India,
de 1872, facultan a los tribunales civiles, en cualquier etapa del proceso, a ordenar a las partes la
presentación bajo juramento de los documentos que tengan en su posesión o en su poder relacionadoscon alguna de las cuestiones en litigio.  El Código de Procedimiento Civil de 1908 establece que, en
todo momento, ya sea de oficio o a petición de parte el Tribunal puede:
- ordenar las medidas que sean necesarias o razonables en todas las cuestiones relativas
a las preguntas y respuestas de los interrogatorios, la admisión de documentos y
hechos, así como exhibición, inspección, presentación, secuestro y devolución de losdocumentos u otros objetos materiales que puedan presentarse como prueba;
- ordenar la comparecencia de las personas cuya presencia se exija para la presentación
de pruebas, documentos u otros objetos, según se ha mencionado anteriormente;
- ordenar que la prueba de un hecho se efectúe por declaración jurada.
Cualquiera de las partes puede, sin presentar una declaración jurada, solicitar al tribunal que
se dicte una orden destinada a que las demás partes interesadas ofrezcan, bajo juramento, los
documentos relacionados con el objeto de litigio que estén o hayan estado en su posesión.
Al considerar esa petición el tribunal puede, si lo  estima conveniente, dictar esa resolución, ya sea de
una manera general o limitada a determinadas categorías de documentos que, según su criterio,considere pertinentes.
46. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a un
demandado que desista de una infracción.
Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 43 relativa a la facultad de los tribunales de
librar mandamientos judiciales.IP/C/W/326/Add.1
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47. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago al
titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el perjuicio sufrido.
Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 43.
48. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago de
las costas al titular del derecho por parte del infractor.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 establece que la determinación de las costas de
todo litigio e incidentes estará sujeta a las facultades discrecionales del tribunal, que tendrá plenas
atribuciones para determinar quién deberá pagar las costas, con cargo a qué bienes y en qué medida,
así como para adoptar todas la medidas necesarias al respecto.
49. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las
mercancías infractoras sean retiradas de los circuitos comerciales o sean destruidas.
[No se ha recibido respuesta.]
50. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a un
demandado en caso de abuso por parte del demandante.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 establece que si en un litigio u otra actuación
judicial una parte objeta la pretensión alegando que el demandante la presentó a sabiendas de que es
falsa o temeraria y si, con posterioridad, esa demanda es desestimada, desistida o retirada en todo o enparte, el tribunal, si lo estima pertinente, podrá ordenar que la parte demandante pague a la parte
contraria las costas, como compensación, con sujeción a determinados límites pecuniarios.  Los
tribunales tienen facultades inherentes para adoptar las resoluciones que considere necesarias a los
fines de impartir justicia o con objeto de evitar abusos en el procedimiento judicial.
La Ley de Derecho de Autor de 1957 establece que cuando una persona, que alega ser el
titular de un derecho de autor sobre una obra, amenace por medio de circular, anuncios u otros medios
a cualquier otra persona con iniciar acciones judiciales o de responsabilidad por una supuesta
infracción del derecho de autor, la persona agraviada por esa amenaza podrá entablar una acción
declarativa para demostrar que la supuesta infracción a que se refieren las amenazas no constituye en
realidad una infracción de los derechos de la persona que las ha proferido.  La persona agraviadapodrá obtener en ese proceso un mandamiento judicial para impedir la continuación de esas amenazas
u obtener indemnización por los daños y perjuicios que pudiera haber sufrido con motivo de las
mencionadas amenazas.  No se puede recurrir a esas medidas si la persona que ha proferido las
amenazas entabla, con la debida diligencia, una demanda por infracción.  Esta disposición permite a
una persona recurrir también ante la amenaza de que se le imponga indebidamente una prohibición.
51. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
Véase también la respuesta a la pregunta 43.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 prevé medidas de reparación provisionales en
favor de las partes, a efectos de garantizar los fines de la justicia en el período posterior al inicio de
una acción civil.  Durante el proceso, los tribunales tienen facultades de conceder medidas de
reparación provisionales a las partes, que consisten en mandamientos ad interim , interlocutorios o
provisionales.  Esas resoluciones también pueden dictarse con objeto de proteger el interés público.
Los mandamientos pueden concederse en forma provisional, antes del proceso, o con carácter
permanente, con posterioridad al juicio.  El tribunal dicta mandamientos interlocutorios cuando
considera que existe una presunción prima facie  para conceder la medida solicitada cuando laIP/C/W/326/Add.1
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evaluación de los intereses de las partes resultaría favorable al demandante si no se concede y se
causaría un perjuicio irreparable al demandante.  Los mandamientos judiciales podrán mantenerse
hasta que el tribunal adopte una decisión al resp ecto o cuando resuelva la causa definitivamente.
Cuando la sentencia resulte favorable al demandado, éste podrá solicitar un mandamiento permanente.
El tribunal, a petición del demandante, podrá autorizar a un representante del tribunal, por lo
general, un comisionado de ese órgano (un abogado independiente del tribunal) que ingrese en los
locales de los demandados para inspeccionarlos e incautarse de documentos y pruebas.  La orden
puede ser dictada a petición de parte ( inaudita  altera parte ).  Es similar al mandamiento Anton Piller
del Reino Unido.  El tribunal puede librar un mandamiento destinado a impedir que los demandados
enajenen sus bienes dentro de la jurisdicción hasta que tenga lugar el proceso o se pronuncie la
sentencia.  Puede dictarse a petición de parte.  Es  similar al interdicto Mareva en el Reino Unido.
52. Sírvanse indicar las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los titulares
de derechos peticiones de que se suspenda el despacho por las autoridades aduaneras de mercancías
falsificadas.
El titular o el licenciatario de una marca de fábrica o de comercio registrada puede notificar
por escrito al Comisionado de Aduanas para que prohíba la importación de las mercancías si esto
constituye una infracción prevista en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, con objetode que las autoridades aduaneras adopten las medidas adecuadas.  El titular del derecho de propiedad
intelectual sobre una obra o su representante debidamente autorizado pueden solicitar al Director del
Registro del Derecho de Autor que prohíba la importación de las copias que pudieran infringir el
derecho de autor en el sentido de la Ley de Derecho de Autor de 1957.
53. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías
falsificadas.
Las medidas en frontera son aplicables tanto a las importaciones como a las exportaciones.
54. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las exportaciones
de minimis.
[No se ha recibido respuesta.]
55. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
Ni la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 2000 ni la Ley de Patentes de 1970 prevén
recursos penales.
Los procedimientos y sanciones penales y otros recursos en caso de infracción de los diversos
derechos de propiedad intelectual previstos por las leyes pertinentes son los siguientes:
Ley de Derecho de Autor de la India, 1957
En virtud del artículo 63 de la Ley de Derecho de Autor de 1957, toda persona que, a
sabiendas, infrinja o colabore en la infracción:
- del derecho de autor sobre una obra;  o
- de cualquier otro derecho conferido en virtud de esta Ley, excepción hecha del
derecho establecido en el artículo 53A,IP/C/W/326/Add.1
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será sancionada con una pena de prisión de seis meses a tres años y con una multa de 50.000 a
200.000 rupias;  cuando la infracción no se haya cometido con fines de lucro y en el curso de
operaciones comerciales o empresariales normales, el tribunal, cuando existan motivos fundados y
concretos que han de mencionarse en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de
seis meses o una multa inferior a 50.000 rupias.
La persona ya condenada por un delito previsto en el artículo 63 que sea objeto de una nueva
condena por un delito similar será sancionada, por el segundo delito y por cada delito posterior, con
una pena de prisión de uno a tres años y con una multa de 100.000 a 200.000 rupias;  cuando la
infracción no se hubiere cometido con fines de lucro y en el curso de actividades comerciales o
empresariales normales, el tribunal, cuando existan motivos fundados y concretos que han de
mencionarse en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de un año o una multa
inferior a 100.000 rupias.
Toda persona que, a sabiendas, utilice en un ordenador una copia infractora de un programa
de ordenador será sancionada con una pena de prisión de siete días a tres años, y con una multa de
50.000 a 200.000 rupias.  Sin embargo, cuando el programa no sea utilizado con fines de lucro o en el
curso de operaciones comerciales o empresariales, el tribunal podrá no imponer una pena de prisión y
fijar una multa de hasta 50.000 rupias.
Toda persona que, a sabiendas, fabrique o tenga en su posesión una plancha destinada a la
elaboración de copias de una obra protegida por el derecho de autor será sancionada con una pena de
prisión de hasta dos años y, asimismo, podrá ser condenada al pago de una multa.
Toda persona que publique una grabación sonora o una película de vídeo en violación de las
disposiciones del artículo 52A de la Ley de Derecho de Autor de 1957, podrá ser condenada a unapena de prisión de hasta tres años y, asimismo, al pago de una multa.
Todo funcionario de policía de categoría no inferior a la de subinspector tiene facultades para
proceder a la búsqueda e incautación de los materiales utilizados para la infracción de un derecho de
autor.  Esos materiales deben presentarse ante el juez.  El propietario puede tomar posesión de las
mercancías.  De no ser así, el tribunal, al finalizar el proceso dispondrá de la propiedad deconformidad con el procedimiento establecido en  el Código de Procedimiento Penal de 1973.
Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los Obtentores, 2001
El párrafo 1 del artículo 68 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos
de los Obtentores de 2001, establece que sólo el obtentor de una variedad registrada con arreglo a esta
Ley o el licenciatario registrado o un agente registrado en virtud de esa disposición podrá utilizar la
denominación de esa variedad, de la manera que eventualmente se establezca.
El párrafo 1 del artículo 69 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos
de los Obtentores de 2001 establece que se considerará que una persona utiliza fraudulentamente la
denominación de una obtención registrada en virtud de esa Ley cuando, sin el consentimiento del
obtentor de esa variedad, aplica a una obtención o a un envase que la contenga esa denominación o
una denominación engañosamente similar o utilice un embalaje que ostente una denominación
idéntica o engañosamente similar a la denominación de esa variedad registrada en virtud de esta Ley,para su envasado, llenado o empaquetado con una obtención distinta de la variedad registrada de
conformidad con esta Ley.
El párrafo 2 del artículo 69 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos
de los Obtentores de 2001 establece que toda denominación de una obtención registrada en virtud de
esa Ley que se utilice fraudulentamente, según se menciona en el párrafo 1, se califica en esta Leycomo denominación falsa.IP/C/W/326/Add.1
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En virtud del artículo 70 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de
los Obtentores de 2001, toda persona que aplique una denominación falsa a una variedad;  o indique
falsamente el nombre de un país o lugar o el nombre y dirección falsos del obtentor de una variedad
registrada de conformidad con esta Ley en el curso de operaciones comerciales con esa obtención,
será sancionada, salvo que demuestre que procedió sin intención de defraudar, con una pena deprisión de tres meses a dos años o con una multa de 50.000 a 500.000 rupias o con ambas penas a la
vez.
De conformidad con el artículo 71 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y
Derechos de los Obtentores de 2001, toda persona que venda o exponga para la venta o tenga en su
posesión para la venta o cualquier otra finalidad comercial o de producción una obtención a la que se
haya aplicado una denominación falsa o sobre la que se haya aplicado fraudulentamente una
indicación relativa al país o lugar en el que esa variedad fue obtenida o producida o el nombre ydirección del obtentor de esa variedad registrada de conformidad con esta Ley, a menos que
demuestre que:
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión de un delito previsto en este artículo, no tuvo, en el momento de cometerse
el supuesto delito ningún motivo para sospechar de la autenticidad de ladenominación de la obtención vegetal o de que se hubiera cometido algún delito
respecto de la indicación relativa al país o lugar en que esa obtención registrada de
conformidad con esta Ley fue obtenida o producida o respecto del nombre y dirección
del obtentor de esa variedad;
- a requerimiento del fiscal o de su representante, haya proporcionado toda la
información que poseía sobre la persona de la que ha obtenido esa variedad;  o
- por lo demás, ha obrado de buena fe,
será sancionada con una pena de prisión de seis meses a dos años;  o con una multa de 50.000 a
500.000 rupias, o con ambas penas a la vez.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y
Derechos de los Obtentores de 2001, cuando la persona que ya haya sido condenada por un delito en
virtud de esta Ley, sea condenada nuevamente por la comisión de ese delito, será sancionada por el
segundo delito y por cada delito posterior con una pena de prisión de uno a tres años, o con una multa
de 200.000 a dos millones de rupias, o con ambas penas a la vez.
Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 1999
De conformidad con el artículo 103 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999,
toda persona que:
- falsifique una marca de fábrica o de comercio;  o
- aplique fraudulentamente una marca de fábrica o de comercio a mercancías o
servicios;  o
- fabrique, transfiera o tenga en su poder un troquel, una matriz, una máquina, una
plancha u otro instrumento con el propósito de falsificar una marca de fábrica o decomercio o de utilizarlos para su falsificación;  o
- aplique a mercancías o servicios una descripción comercial falsa;  oIP/C/W/326/Add.1
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- aplique, a mercancías respecto de las cuales se exige, en virtud del artículo 139, que
lleven una indicación del país o del lugar de fabricación o producción o el nombre y
dirección del fabricante o de la persona para la que se fabrican las mercancías, una
indicación falsa respecto del país, el lugar, el nombre o la dirección;  o
- altere, modifique o borre una indicación de origen que se haya aplicado a las
mercancías de conformidad con el artículo 139;  o
- realice alguno de los actos mencionados en este artículo,
será condenada, a menos que demuestre haber que procedió sin intención fraudulenta, a una pena de
prisión de seis meses a tres años y a una multa de 50.000 a 200.000 rupias;  el tribunal, toda vez que
existan motivos fundados y concretos que han de mencionarse en la sentencia, podrá imponer una
condena de prisión de menos de seis meses o una multa inferior a 50.000 rupias.
De conformidad con las disposiciones del artículo 104, la persona que venda o alquile,
ofrezca o exponga para la venta o el alquiler o tenga en su poder para la venta, mercancías u objetos o
suministre o arriende servicios, a los que haya aplicado una marca de fábrica o de comercio o una
descripción comercial falsa o a los cuales, en virtud del artículo 139, se exige la aplicación de una
indicación del país o del lugar de fabricación o prod ucción o el nombre y dirección del fabricante o de
la persona para la que se fabrican las mercancías o prestado los servicios, según el caso, y no constenen ellos las indicaciones exigidas, a menos que demuestre que:
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión de un delito previsto en estas disposiciones, no tuvo, en el momento de
cometerse el supuesto delito, motivo alguno para sospechar de la autenticidad de la
marca de fábrica o de comercio o de la descripción de la marca o de que se hubieracometido un delito respecto de las mercancías o servicios;  o
- a requerimiento del fiscal o de su representante, haya proporcionado toda la
información que poseía sobre las personas que le han entregado las mercancías u
objetos, o
- por lo demás, ha obrado de buena fe,
será sancionada con una pena de prisión de seis meses a tres años y con una multa de 50.000 a
200.000 rupias;  el tribunal, toda vez que existan motivos fundados y concretos, que han de
mencionarse en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de seis meses o una multa
inferior a 50.000 rupias.
En virtud del artículo 105 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, cuando una
persona ya condenada por un delito previsto en el artículo 103 o en el artículo 104 sea condenada
nuevamente por uno de esos delitos, será sanciona da, por el segundo delito y por cada delito posterior,
con una pena de prisión de uno a tres años y con una multa de 100.000 a 200.000 rupias;  el tribunal,
toda vez que existan motivos fundados y concretos, que han de mencionarse en la sentencia, podrá
imponer una pena de prisión de menos de un año o una multa inferior a 100.000 rupias.
El artículo 111 establece que cuando una persona sea condenada en virtud de lo dispuesto en
los artículos 103, 104 ó 105 o sea absuelta, el tribunal que haya pronunciado la condena o la
absolución podrá ordenar el decomiso por el Gobierno  de todas las mercancías y objetos mediante los
cuales o en relación con los cuales se hubiere come tido el delito.  El tribunal puede ordenar que los
productos decomisados sean destruidos o que se disponga de ellos de otro modo, según estime
pertinente.IP/C/W/326/Add.1
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Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección), 1999
En virtud del artículo 39 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, toda persona que:
- falsifique una indicación geográfica;  o
- aplique fraudulentamente a las mercancías una indicación geográfica;  o- fabrique, disponga, o tenga en su posesión un troquel, una matriz, una plancha, una
máquina u otro instrumento con el propósito de falsificar una indicación geográfica o
de utilizarlos para su falsificación;  o
- aplique a las mercancías respecto de las cuales, en virtud del artículo 71, se exige la
aplicación de una indicación del país o del lugar de fabricación o producción o el
nombre y dirección del fabricante o de la persona para la que se fabrican las
mercancías, una indicación falsa relativa al país, el lugar, el nombre o la dirección;  o
- altere, modifique o borre una indicación de origen que se haya aplicado a las
mercancías de conformidad con lo exigido en el artículo 71;  o
- realice algunos de los actos mencionados en este artículo,
será condenada, a menos que pruebe que procedió sin intención fraudulenta, a una pena de prisión de
seis meses a tres años y a una multa de 50.000 a 200.000 rupias;  el tribunal, toda vez que existan
motivos fundados y concretos, que han de mencionarse en la sentencia, podrá imponer una condena
de prisión de menos de seis meses o una multa inferior a 50.000 rupias.
En virtud del artículo 40 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, la persona que venda o alquile o exponga para la venta o el alquiler o tenga en su
posesión para la venta, mercancías o cosas a las que se aplique una indicación geográfica falsa o
respecto de las cuales, en virtud el artículo 71 se exige la aplicación de una indicación relativa al país
o al lugar de fabricación o elaboración o el nombre y dirección del fabricante o de la persona para la
que se fabrican las mercancías o no consten en ellas las indicaciones exigidas, a menos que pruebeque:
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión de un delito en relación con esta disposición, no tuvo, en el momento de
cometerse el supuesto delito, motivo alguno para sospechar de la autenticidad de laindicación geográfica o de que se hubiese cometido algún delito respecto de las
mercancías;  o
- a requerimiento del fiscal o en su representación, haya proporcionado toda la
información que poseía sobre las personas que le entregaron las mercancías u objetos;o
- por lo demás ha obrado de buena fe,
será condenada a una pena de prisión de seis meses a tres años y con una multa de 50.000 a
200.000 rupias;  el tribunal, toda vez que existan motivos fundados y concretos, que han de
mencionarse en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de seis meses o una multa
inferior a 50.000 rupias.IP/C/W/326/Add.1
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De conformidad con el artículo 41 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías
(Registro y Protección) de 1999, cuando una persona ya condenada por un delito previsto en el
artículo 39 o en el artículo 40, sea condenada nuevamente por cualquiera de esos delitos, será
sancionada por el segundo delito y por cada delito posterior, con una pena de prisión de uno a tres
años y con una multa de 100.000 a 200.000 rupias;  el tribunal, toda vez que existan motivos fundadosy concretos, que han de mencionarse en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de
un año o una multa inferior a 100.000 rupias.
Cuando una persona sea condenada por un delito previsto en los artículos 39, 40 ó 41 o sea
absuelta de la acusación de haber cometido un delito previsto en el artículo 39 o en el artículo 40,
habiéndose probado que procedió sin intención de defraudar, o en virtud del artículo 40, habiéndose
probado que se reúnen las condiciones previstas en los apartados a), b) o c) de ese artículo, el tribunalque la condene o absuelva podrá ordenar el decomiso por el Gobierno de todas las mercancías y
objetos mediante los cuales se haya cometido un delito o relacionadas con el mismo o que de no ser
por las pruebas mencionadas, se juzgaría que el delito se ha cometido.
Cuando en una sentencia condenatoria se ordene el decomiso, el tribunal que haya
pronunciado la condena podrá ordenar que los artículos decomisados sean destruidos o de otro modo
se disponga de ellos en la forma que estime pertinente.
Cuando una persona acusada del delito previsto en el artículo 39 demuestre que:
- en el curso normal de sus actividades está empleada por otra persona para aplicar
indicaciones geográficas o, según el caso, fabricar troqueles, matrices, máquinas,
planchas u otros instrumentos destinados a elaborar indicaciones geográficas o como
parte de dicho proceso;
- en el caso sobre el que versa la acusación, esa persona fue empleada para realizar las
actividades mencionadas, y no tuvo interés en las utilidades o comisiones derivadas
de la venta de esos productos;
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión del delito imputado, no tuvo, en el momento de cometerse el presunto
delito, motivo alguno para sospechar de la autenticidad de la indicación geográfica;  y
- a requerimiento del fiscal o de su representante, haya proporcionado toda la
información que poseía sobre la persona en cuyo nombre fue aplicada la indicación
geográfica,
será absuelta en la causa.
Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de Semiconductores, 2000
De conformidad con el artículo 18 Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos
Integrados de Semiconductores de 2000, se infringe el derecho sobre un esquema de trazado
registrado cuando una persona que no sea propietaria o usuaria registrada del esquema de trazado:
- efectúe cualquier acto de reproducción, sea por la incorporación en un circuito
integrado de semiconductores o por otro medio, de la totalidad o una parte delesquema de trazado registrado, excepción hecha de la reproducción de una parte del
mismo que no sea original;
- efectúe cualquier acto de importación o venta o de otro modo distribuya con fines
comerciales un esquema de trazado registrado o un circuito integrado deIP/C/W/326/Add.1
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semiconductores que incorpore ese esquema de trazado o un artículo que incorpore
un circuito integrado de semiconductores que contenga el esquema de trazado
registrado para cuya utilización esa persona no estuviere autorizada en virtud de esta
Ley.
El artículo 56 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de
Semiconductores de 2000, establece que la persona que infrinja, a sabiendas o intencionalmente,
cualquiera de las disposiciones del artículo 18, indicadas supra , será sancionada con pena de prisión
de hasta tres años o con una multa de 50.000 a 1 millón de rupias, o con ambas penas a la vez.
Cuando una persona sea condenada por un delito previsto en el artículo 56, el tribunal que
haya pronunciado la condena podrá disponer el deco miso por el Gobierno de todas las mercancías y
objetos mediante los cuales o en relación con los cuales se hubiese cometido el delito.
JAPÓN
A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
1. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de la
nación mas favorecida que puedan existir en la legislación sobre derecho de autor y derechos
conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las obras de los demás Miembros de la OMC reciben "trato nacional", tal como está previsto
en los artículos 40 y 40A de la Ley de Derecho de Autor de 1957, leídos con la Orden Internacional
sobre Derecho de Autor de 1999.  El derecho de autor sobre las obras creadas o publicadas por
primera vez en un país o cuyo autor fuera, a la fecha de esa publicación, nacional de un país miembro
del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas o del Convenio Universalde Derecho de Autor o de la Organización Mundial  del Comercio, goza de protección en la India
como si fueran obras indias, en virtud del artículo 40 de la Ley de Derecho de Autor de 1957, leído
con la Orden Internacional sobre Derecho de Autor de 1999.  En consecuencia, le serán aplicables
todas las disposiciones de la Ley de Derecho de Autor de 1957, como si fueran obras indias.
B. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
2. Con respecto a las "marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas", sírvanse
explicar de qué modo la legislación de su país da aplicación a los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC, según los cuales el artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis
mutandis  a ellas.  Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la legislación de su país.
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 confiere protección a las marcas de
fábrica o de comercio notoriamente conocidas en virtud del párrafo 1 del artículo 9.  La Ley contiene
disposiciones para la protección de las marcas notoriamente conocidas que incluyen la definición de
ese tipo de marca [párrafo 1 zg) del artículo 2];  el examen de los factores que el Jefe del Registro
deberá tener en cuenta al determinar si una marca de fábrica o de comercio es o no notoriamente
conocida [párrafo 6 del artículo 11];  de conformidad con el párrafo 9 del artículo 11, no se exige quela marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida se haya utilizado o registrado en la India o
que se haya presentado una solicitud de registro en ese país;  en virtud del párrafo 10 del artículo 11,
mediante un procedimiento contradictorio, se concede protección a una marca de fábrica o de
comercio notoriamente conocida frente a las marcas de fábrica o de comercio idénticas o similares;
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 27 se reconocen los derechos que otorga el common law
al propietario de una marca de fábrica o de comercio para iniciar acciones contra toda persona que
imite fraudulentamente las mercancías/los servicios de otro.IP/C/W/326/Add.1
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C. PATENTES
3. ¿Otorga la legislación de su país protección mediante patente a las invenciones relativas a
productos y procedimientos en todos los campos de la tecnología?  ¿Hay excepciones?  De ser así,
sírvanse exponer esas excepciones y cómo se ajustan a lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
De conformidad con la Ley de Patentes (India) de 1970, no se confiere protección mediante
patentes de productos a los alimentos, los productos medicinales o farmacéuticos y las sustancias
producidas mediante procedimientos químicos.  La India se ampara en el período transitorio previsto
en el párrafo 4 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC y, en este momento, no está obligada a
otorgar esa protección mediante patentes de productos.
4. ¿Están las licencias obligatorias sujetas en la legislación de su país a todas las condiciones
enumeradas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?  Sírvanse indicar las disposiciones
correspondientes de la legislación de su país.
Las disposiciones de la Ley de Patentes (India) de 1970 no abordan concretamente todas las
condiciones estipuladas en el artículo 31 del Acue rdo sobre los ADPIC.  Sin embargo, el proyecto de
Ley de Patentes (segunda modificación) de 1999, que se encuentra a consideración del Parlamento,
ofrece una protección adecuada a este respecto.
D. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
5. Sírvanse explicar cómo la legislación de su país establece la protección de la "información
no divulgada" como lo exigen los párrafos 1 y 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Sírvanse explicar detalladamente y citar las disposiciones pertinentes de la legislación de su país.
[No se ha recibido respuesta.]
6. Sírvanse indicar de forma detallada cómo, en su caso, garantiza la legislación de su país que
los datos de pruebas u otros no divulgados presentados por un solicitante al organismo oficial
competente en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de un
producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura quedan protegidos contra toda
divulgación y contra todo uso comercial desl eal por un competidor, por ejemplo mediante la
prohibición impuesta a un segundo solicitante de un producto similar de fundarse en los datosoriginales del primer solicitante en el marco de su posterior solicitud de autorización de
comercialización de un producto similar.  ¿Establece la legislación de su país excepciones a tal
respecto?  ¿Establece la legislación de su país un plazo concreto de protección por el organismo
oficial competente de los datos de pruebas u otros no divulgados por el primer solicitante?  De ser
así, sírvanse explicar de forma detallada tal plazo, indicando las disposiciones pertinentes de lalegislación.
El common law , los reglamentos sobre servicios y las disposiciones contra la divulgación de
datos que figuran en el Reglamento de medicamentos y cosméticos de 1945 y el Reglamento sobre
insecticidas de 1971, protegen los datos presentados a las autoridades reguladoras contra unadivulgación no autorizada y todo uso comercial desleal.  El procedimiento para la autorización de la
comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura está
regido por las disposiciones de la Ley de Medicamentos y Cosméticos, de 1940 y su reglamento, y la
Ley de Insecticidas, de 1968 y su reglamento, respectivamente.  El artículo 53 del Reglamento de
medicamentos y cosméticos de 1945 establece que, salvo a los efectos de actividades oficiales ocuando lo exija un tribunal, un inspector, en virtud de la Ley de Medicamentos y Cosméticos de 1940,
no divulgará a persona alguna, sin autorización escrita de su superior jerárquico, la información
obtenida en el desempeño de sus funciones oficiales.  El artículo 29 del Reglamento sobreIP/C/W/326/Add.1
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insecticidas, de 1971, establece que, salvo a los fines de actividades oficiales o cuando lo exija un
tribunal, un inspector de insecticidas no divulgará a persona alguna la información que haya obtenido
en el desempeño de sus funciones oficiales.
E. OBSERVANCIA
7. Sírvanse indicar los recursos que ordenan las autoridades judiciales con respecto a cada uno
de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos los
mandamientos judiciales, daños y perjuicios, gast os, destrucción o eliminación de las mercancías
infractoras  y de los materiales o instrumentos para su producción.  Sírvanse explicar cuáles son los
criterios y los métodos de cálculo para decidir el  importe de los perjuicios que las autoridades
judiciales ordenan que pague el infractor al titular de los derechos.
La Ley sobre Medidas Correctivas de 1963 establece que puede librarse, ya sea expresa o
tácitamente, un mandamiento judicial permanente en beneficio del demandante para impedir el
incumplimiento de una obligación existente en su favor.  En el marco de esa Ley, el demandante que
solicite un mandamiento judicial permanente podrá reclamar, además o en sustitución de ese
mandamiento, el resarcimiento de los daños y perjuicios;  el tribunal, de estimarlo pertinente, podráconceder ese resarcimiento.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 esta blece que en todo proceso destinado a impedir
que el demandado infrinja un contrato o cometa un perjuicio de cualquier naturaleza, se reclame o no
una indemnización, el demandante podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación del juicioantes o después de la sentencia, solicitar al tribunal que dicte un mandamiento provisional destinado a
impedir que el demandado infrinja el contrato o cause el perjuicio indicados en la demanda, o
cualquier infracción del contrato o perjuicio semejante derivado del mismo contrato o relacionado con
el mismo bien o derecho.  El tribunal podrá ordenar ese mandamiento fijando condiciones tales como
el plazo, la dación de cuentas, el otorgamiento de una fianza o cualquier otra disposición que estimepertinente.  El mandamiento es una medida correctiva que puede ser dictada discrecionalmente por el
tribunal, que debe tener en cuenta si existe una presunción prima facie  que lo justifique, y que la
evaluación de los intereses de las partes es favorable al demandado, así como la posibilidad de que se
produzca un daño irreparable.
Las atribuciones de los tribunales no se limitan a la posibilidad de ordenar un mandamiento o
conceder una indemnización por daños y perjuicios, indicados supra .  Con sujeción a esas
condiciones, los tribunales tienen la facultad inherente de dictar toda resolución relacionada con las
circunstancias y la índole del litigio, destinada a impartir justicia y, en definitiva, a proteger el interés
público.
El Código de Procedimiento Civil de 1908, establece que la determinación de las costas de
todos los litigios e incidentes estará sujeta a las facultades discrecionales del tribunal, que tendrá
plenas atribuciones para determinar quién deberá pagar las costas, con cargo a qué bienes y en qué
medida, y adoptar todas las medidas necesarias al respecto.
Además de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil de 1908, la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio de 1999, la Ley de Dibujos y Modelos de 2000, la Ley de Indicaciones
Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999, la Ley de Derecho de Autor de 1957
y la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los Obtentores de 2001, también
establecen medidas concretas de reparación que las autoridades judiciales pueden ordenar.
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 prevé el resarcimiento en los procesos
por infracción o por atribución engañosa.  Al respecto, dispone que la resolución de un tribunal de
distrito o un tribunal superior en apelación, podrá comprender un mandamiento ordenado a petición
de parte o una providencia cautelar sobre las cuestiones siguientes:IP/C/W/326/Add.1
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- la exhibición de documentos;
- la conservación de las mercancías infractoras, los documentos y otras pruebas
relacionadas con el objeto del litigio;
- la prohibición de que el demandado enajene o administre los bienes de una manera
que pueda afectar negativamente las posibilidades del demandante para obtener una
indemnización por daños y perjuicios, el pago de los gastos u otras reparaciones
pecuniarias que puedan concedérsele en definitiva.
De ese modo, la legislación reconoce expresamente la facultad de los tribunales de dictar
resoluciones del tipo "mandamiento Anton Piller" o "interdicto Mareva", utilizados en el Reino Unidoen el procedimiento de marcas.  La reparación que un tribunal puede conceder en un litigio por
infracción o por imitación fraudulenta, incluye un mandamiento judicial y, a elección del demandado,
una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de los beneficios.  Puede incluir o no una
orden de entrega de las etiquetas y marcas infractoras con objeto de proceder a su destrucción o
borrado.
En la Ley de Dibujos y Modelos de 2000, se prevén medidas de reparación en caso de
infracción, que pueden consistir en sanciones pecuniarias, mandamientos judiciales permanentes e
indemnización por daños y perjuicios.  La liquidación de los beneficios es una solución alternativa a
la indemnización por daños y perjuicios y no una reparación adicional.
En virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección)
de 1999, la resolución de un tribunal de distrito o de un tribunal superior de apelación, puede consistir
en un mandamiento judicial a petición de parte o una providencia cautelar respecto de las cuestiones
siguientes:
- la exhibición de las mercancías infractoras;- la conservación de las obtenciones infractoras, los documentos y otras pruebas
relacionadas con el objeto del litigio;
- la prohibición de que el demandado enajene o administre sus bienes de una manera
que pueda afectar negativamente las posibilidades de que el demandante obtenga una
indemnización por daños y perjuicios, el pago de las costas incurridas u otras
reparaciones pecuniarias que puedan concedérsele en definitiva.
De conformidad con la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, las medidas de reparación que puede dictar un tribunal en un litigio por
infracción o por imitación fraudulenta, incluyen un mandamiento judicial y, a elección del
demandado, una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de los beneficios;  la medida
puede o no incluir una orden para la entrega de las etiquetas y marcas infractoras con objeto de
proceder a su destrucción o borrado.
De conformidad con la Ley de Derecho de Autor de la India de 1957, en un litigio civil, el
titular del derecho de autor tiene derecho a obtener distintas medidas de reparación, que pueden
consistir en mandamientos judiciales, una indemnización por daños y perjuicios, una liquidación de
los beneficios u otros recursos que otorgue o pueda otorgar la legislación por la infracción de underecho.  El titular del derecho de autor podrá reclamar asimismo, el pago de los gastos incurridos,
incluidos los costos compensatorios y los honorarios de los abogados.  En caso de infracción del
derecho de autor, el titular también tiene derecho a las copias infractoras y a una acción por
usurpación del derecho de propiedad.IP/C/W/326/Add.1
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En virtud de la Ley de Patentes de 1970, las medidas de reparación que podrá conceder un
tribunal en un litigio por infracción incluyen un mandamiento judicial y, a elección del demandante,
una indemnización por daños y perjuicios o la liquidación de los beneficios.
De conformidad con la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los
Obtentores de 2001, las medidas de reparación que puede dictar un tribunal en todo litigio por
infracción, incluyen un mandamiento judicial y, a elección del demandante, una indemnización por
daños y perjuicios o una participación en los beneficios.  La medida puede consistir en un
mandamiento a petición de parte o una providencia cautelar respecto de las cuestiones siguientes, a
saber:
- la exhibición de documentos;- la conservación de las obtenciones infractoras, los documentos u otras pruebas
relacionadas con el objeto del litigio;
- el embargo de los bienes del demandado que el tribunal estime necesarios para la
indemnización por daños y perjuicios, la recuperación de los gastos u otras
reparaciones pecuniarias que puedan concedérsele en definitiva al demandante.
8. Sírvanse explicar el tipo y la cuantía de las sanciones penales, incluidas la pena de prisión y
las sanciones pecuniarias, relativas a los derechos de propiedad intelectual, citando las disposicionespertinentes de la legislación de su país.  En particular, ¿se persiguen los delitos sólo cuando la parte
perjudicada haya presentado una denuncia formal?  Sírvanse explicar si las sanciones son
compatibles con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige que las sanciones sean
suficientemente disuasorias, coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de
gravedad correspondientes.
En la Ley de Dibujos y Modelos de 2000 y en la Ley de Patentes de 1970 no se prevén
recursos penales.  Los procedimientos y sanciones penales, así como los demás recursos por
infracción de diversos derechos de propiedad intelectual contemplados en las demás leyes pertinentes
son los siguientes:
Ley de Derecho de Autor, 1957
En virtud del artículo 63 de la Ley de Derecho de Autor de 1957, toda persona que, a
sabiendas, infrinja o colabore en la infracción de:
- el derecho de autor sobre una obra;  o- cualquier otro derecho conferido en virtud de esta Ley, con excepción del derecho
establecido en el artículo 53A,
será sancionada con pena de prisión de seis meses a tres años y con una multa de 50.000 a
200.000 rupias;  cuando la infracción no se haya cometido con fines lucrativos y en el curso de
operaciones comerciales o empresariales normales, el tribunal, cuando existan motivos fundados y
concretos, que han de mencionarse en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de
seis meses o una multa inferior a 50.000 rupias.
La persona ya condenada por un delito previsto en el artículo 63 que sea objeto de una nueva
condena por un delito similar, será sancionada, por el segundo delito y por cada delito posterior, con
pena de prisión de uno a tres años, y con una multa de 100.000 a 200.000 rupias, cuando la infracción
no se haya cometido con fines lucrativos y en el curso de operaciones comerciales o empresariales
normales, el tribunal, basándose en motivos fundados y concretos, que han de mencionarse en laIP/C/W/326/Add.1
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sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de un año o una multa inferior
a 100.000 rupias.
Toda persona que, a sabiendas, utilice en un ordenador una copia infractora de un programa
de ordenador será sancionada con pena de prisión de siete días a tres años y con una multa de 50.000 a200.000 rupias.  Sin embargo, cuando el programa no sea utilizado con fines de lucro o en el curso de
operaciones comerciales o empresariales, el tribunal podrá o imponer una pena de prisión y fijar una
multa de hasta 50.000 rupias.
Toda persona que, a sabiendas, fabrique o tenga en su posesión una plancha destinada a la
elaboración de copias infractoras de una obra protegida por un derecho de autor será sancionada con
una pena de prisión de hasta dos años y, asimismo, podrá ser condenada al pago de una multa.
Toda persona que publique una grabación sonora o una película de vídeo en violación de las
disposiciones del artículo 52A de la Ley de Derecho de Autor de 1957, podrá ser condenada a una
pena de prisión de hasta tres años y, asimismo, al pago de una multa.
Todo funcionario de policía con una categoría no inferior a la de subinspector tiene facultades
para proceder a la búsqueda e incautación de los materiales usados para la infracción de un derecho de
autor, que deberán presentarse ante el juez.  El propietario puede tomar posesión de las mercancías.
De no ser así, el tribunal, al finalizar el proceso dispondrá de la propiedad de conformidad con el
procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal de 1973.
Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los Obtentores, 2001
El párrafo 1 del artículo 68 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos
de los Obtentores de 2001 establece que sólo el obtentor de una variedad registrada con arreglo a estaLey o el licenciatario registrado o un agente registrado en virtud de esa disposición podrá utilizar la
denominación de esa variedad en la manera que eventualmente se establezca.
El párrafo 1 del artículo 69 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos
de los Obtentores de 2001 establece que se considerará que una persona aplica fraudulentamente la
denominación de una obtención registrada en virtud de esta Ley cuando, sin el consentimiento del
obtentor de esa variedad, aplique a una obtención o a un envase que la contenga esa denominación ouna denominación engañosamente similar, o utilice un embalaje que lleve una denominación idéntica
o engañosamente similar a la denominación de la variedad registrada en virtud de esta Ley, para su
envasado, llenado o empaquetado con una variedad distinta de la variedad registrada de conformidad
con esta Ley.
El párrafo 2 del artículo 69 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos
de los Obtentores de 2001 establece que toda denominación de una variedad registrada en virtud de
esa Ley aplicada fraudulentamente, según se indica en el párrafo 1, se considera en esta Ley como
denominación falsa.
En virtud del artículo 70 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de
los Obtentores de 2001, toda persona que aplique una denominación falsa a una variedad;  o indique
falsamente el nombre de un país o lugar o el nombre y dirección falsos del obtentor de una variedad
registrada de conformidad con esta Ley en el curso de operaciones comerciales con esa obtención,
será sancionada, salvo que demuestre que no tuvo intención de defraudar, con una pena de prisión detres meses a dos años o con una multa de 50.000 a 500.000 rupias, con o ambas penas a la vez.
De conformidad con el artículo 71 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y
Derechos de los Obtentores, de 2001, toda persona que venda o exponga para la venta o tenga en su
posesión para la venta o cualquier otra finalidad comercial o de producción una obtención a la que seIP/C/W/326/Add.1
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haya aplicado una denominación falsa o respecto de la cual se haya aplicado fraudulentamente una
indicación relativa al país o al lugar en que esa variedad fue obtenida o producida o al nombre y
dirección del obtentor de esa variedad registrada de conformidad con esta ley, a menos que demuestre
que:
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión de un delito previsto en este artículo, no tuvo, en el momento de cometerse
el supuesto delito, motivo alguno para sospechar de la autenticidad de la
denominación de la obtención vegetal o de que se hubiera cometido algún delito
respecto de la indicación relativa al país o lugar en el que esa obtención registrada de
conformidad con esta Ley fue obtenida o producida o respecto del nombre y dirección
del obtentor;
- a requerimiento del fiscal o de su representante, haya suministrado toda la
información de que disponía sobre la persona de la que ha obtenido la variedad;  o
- por lo demás, ha obrado de buena fe,
será sancionada con pena de prisión de seis meses a dos años;  o con una multa de 50.000 a
500.000 rupias o con ambas penas a la vez.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y
Derechos de los Obtentores, de 2001, cuando la persona que haya sido condenada por un delito en
virtud de esa Ley, sea condenada nuevamente por la  comisión de ese delito, será sancionada por el
segundo delito y por cada delito posterior con una pena de prisión de uno a tres años;  o con una multa
de 200.000 a 2 millones de rupias, o con ambas penas a la vez.
Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999
De conformidad con el artículo 103 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999,
toda persona que:
- falsifique una marca de fábrica o de comercio;  o
- aplique fraudulentamente una marca de fábrica o de comercio a mercancías o
servicios;  o
- fabrique, transfiera o tenga en su poder un troquel, una matriz, una máquina, una
plancha u otro instrumento con el propósito de falsificar una marca de fábrica o decomercio o de utilizarlos para su falsificación;  o
- aplique una descripción comercial falsa a mercancías o servicios;  o- aplique a las mercancías respecto de las cuales se exige, en virtud del artículo 139,
que lleven una indicación del país o del lugar de fabricación o producción o el
nombre y dirección de la persona para la que se fabrican las mercancías, una
indicación falsa respecto del país, el lugar, el nombre o la dirección;  o
- altere, modifique o borre una indicación de origen que se haya aplicado a las
mercancías de conformidad con el artículo 139;  o
- realice alguno de los actos mencionados en este artículo,IP/C/W/326/Add.1
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será condenada, a menos que demuestre que procedió sin intención fraudulenta, a una pena de prisión
de seis meses a tres años y a una multa de 50.000 a 200.000 rupias;  el tribunal, toda vez que existan
motivos fundados y concretos, que han de mencionarse en la sentencia, podrá imponer una pena de
prisión de menos de seis meses o una multa inferior a 50.000 rupias.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104, la persona que venda o arriende, ofrezca o
exponga para la venta o arriendo o tenga en su poder para la venta, mercancías u objetos o suministre
o arriende servicios a los que haya aplicado una marca de fábrica o de comercio o una descripción
comercial falsa o si respecto de los cuales, en virtud del artículo 139, se exige la aplicación de una
indicación del país o del lugar de fabricación o prod ucción o el nombre y dirección del fabricante o de
la persona para la que se fabrican las mercancías o se prestan los servicios, según sea el caso, y no
consten en ellos las indicaciones exigidas, a menos que pruebe que:
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión de un delito previsto en este artículo, no tuvo, en el momento de cometerse
el supuesto delito, motivo alguno para sospechar de la autenticidad de la marca o de
la descripción comercial o de que se hubiera cometido un delito respecto de lasmercancías o servicios;  o
- a requerimiento del fiscal o de su representante, haya proporcionado toda la
información que poseía sobre las personas que le entregaron las mercancías o cosas o
prestado los servicios;  o
- por lo demás, ha obrado de buena fe,
será sancionada con pena de prisión de seis meses a tres años y con una multa de 50.000 a
200.000 rupias;  el tribunal, cuando existan motivos fundados y concretos, que han de mencionarse enla sentencia, podrá imponer una pena de prisión por un período de menos de seis años o una multa
inferior a 50.000 rupias.
En virtud del artículo 105 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, cuando una
persona ya condenada por un delito previsto en el artículo 103 o en el artículo 104 sea condenada
nuevamente por uno de esos delitos, será sanciona da, por el segundo delito y por cada delito posterior,
con una pena de prisión de uno a tres años y con una multa de 100.000 a 200.000 rupias;  el tribunal,cuando existan motivos fundados y concretos, que han de mencionarse en la sentencia, podrá imponer
una pena de prisión de menos de un año o una multa inferior a 100.000 rupias.
El artículo 111 establece que cuando una persona sea condenada en virtud de los
artículos 103, 104 ó 105 o sea absuelta, el tribunal que haya pronunciado la condena o la absoluciónpodrá ordenar el decomiso por el Gobierno de todas las mercancías y objetos mediante los cuales o en
relación con los cuales se haya cometido el deli to.  El tribunal podrá ordenar que los productos
decomisados sean destruidos o que de otro modo se disponga de ellos, según estime pertinente.
Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección), 1999
En virtud del artículo 39 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, toda persona que:
- falsifique una indicación geográfica;  o- aplique fraudulentamente a las mercancías una indicación geográfica;  oIP/C/W/326/Add.1
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- fabrique, disponga, o tenga en su posesión un troquel, una matriz, una máquina, una
plancha u otro instrumento o disponga de los mismos con el propósito de falsificar
una indicación geográfica o de utilizarlos para su falsificación;  o
- aplique a las mercancías respecto de las cuales, en virtud del artículo 71, se exige la
aplicación de una indicación del país o del lugar de fabricación o producción o el
nombre y dirección del fabricante o de la persona para la que se fabrican las
mercancías, una indicación falsa relativa al país, el lugar, el nombre o la dirección;  o
- altere, modifique o borre una indicación de origen que se haya aplicado a las
mercancías de conformidad con lo exigido en el artículo 71;  o
- realice alguno de los actos anteriormente mencionados en este artículo,
será condenada, a menos que pruebe que procedió sin intención fraudulenta, a una pena de prisión de
seis meses a tres años y a una multa de 50.000 a 200.000 rupias;  el tribunal, cuando existan motivos
fundados y concretos, que han de mencionarse en la sentencia, podrá imponer una condena de prisiónde menos de seis meses o una multa inferior a 50.000 rupias.
En virtud del artículo 40 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, la persona que venda o arriende, o exponga para la venta o arriendo o tenga en
su posesión para la venta, mercancías o cosas a las que se aplique una indicación geográfica falsarespecto de las cuales, en virtud del artículo 71, se exige la aplicación de una indicación relativa al
país o lugar en que fueron fabricadas o producidas o el nombre y dirección del fabricante o de la
persona para la que se fabrican las mercancías o no consten en ellas las indicaciones exigidas, a
menos que pruebe que:
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión de un delito en relación con esta disposición, no tuvo, en el momento de
cometerse el supuesto delito, motivo alguno para sospechar de la autenticidad de la
indicación geográfica o de que se hubiese cometido algún delito respecto de las
mercancías;  o
- a requerimiento del fiscal o su representante, haya proporcionado toda la información
que poseía sobre las personas que le entregaron las mercancías u objetos;  o
- por lo demás, ha obrado de buena fe,
será condenada a una pena de prisión de seis meses a tres años y a una multa de 50.000
a 200.000 rupias;  el tribunal, cuando existan motivos fundados y concretos, que han de mencionarse
en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de seis meses o una multa inferior
a 50.000 rupias.
En virtud del artículo 41 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, cuando una persona ya condenada por un delito previsto en el artículo 39 o en el
artículo 40, sea condenada nuevamente por alguno de esos delitos, será sancionada por el segundo
delito y por cada delito posterior, con una pena de prisión de uno a tres años y con una multa
de 100.000 a 200.000 rupias;  el tribunal, cuando existan motivos fundados y concretos, que han de
mencionarse en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de un año o una multainferior a 100.000 rupias.
Cuando una persona sea condenada por un delito previsto en los artículos 39, 40 ó 41 o sea
absuelta de la acusación de haber cometido un delito previsto en el artículo 39 o en el artículo 40,
habiéndose probado que procedió sin intención de de fraudar, o en virtud del artículo 40 por haberseIP/C/W/326/Add.1
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probado que se reúnen las condiciones previstas en el apartado a) o en el apartado b) o en el
apartado c) de ese artículo, el tribunal que la condene o absuelva podrá ordenar el decomiso por el
Gobierno de todas las mercancías y objetos mediante los cuales se haya cometido el delito o
relacionadas con el mismo o que, de no ser por las pruebas mencionadas, se estimaría que se ha
cometido el delito.
Cuando en una sentencia condenatoria se ordene el decomiso, el tribunal que haya
pronunciado la condena podrá ordenar que los artículos decomisados sean destruidos o de otro modo
se disponga de ellos en la forma que estime apropiada.
Cuando una persona acusada de un delito previsto en el artículo 39 demuestre que:
- en el curso normal de sus actividades está empleada por otras personas, para aplicar
indicaciones geográficas o, según el caso, fabricar troqueles, matrices, máquinas,
planchas u otros instrumentos destinados a elaborar indicaciones geográficas, o como
parte de dicho proceso;
- en el caso sobre el que versa la acusación, fue empleada para realizar las actividades
mencionadas y no tuvo interés en las utilidades o comisiones derivadas de la venta de
las mercancías o productos;
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión del delito imputado no tuvo, en el momento de cometerse el presunto delito,
motivos para sospechar de la autenticidad de la indicación geográfica;  y
- que, a requerimiento del fiscal o de su representante, facilitó toda la información que
poseía sobre las personas en cuyo nombre fue aplicada la indicación geográfica,
será absuelta.Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de Semiconductores, 2000
De conformidad con el artículo 18 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos
Integrados de Semiconductores de 2000, se infringe el derecho sobre un sistema de trazado registradocuando una persona que no sea propietaria ni usuaria registrada del esquema de trazado:
- efectúa cualquier acto de reproducción, por la incorporación a un circuito integrado
de semiconductores u otro medio, de la totalidad o una parte del esquema de trazado
registrado, excepción hecha de la reproducción de una parte del mismo que no seaoriginal;
- efectúa cualquier acto de importación o venta o de otro modo distribuya con fines
comerciales un esquema de trazado registrado o un circuito integrado de
semiconductores que incorpore ese esquema de trazado o un artículo que incorporeun circuito integrado de semiconductores que contenga el esquema de trazado
registrado para cuya utilización esa persona no estuviera autorizada en virtud de esta
Ley.
El artículo 56 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de
Semiconductores de 2000 establece que la persona que infrinja, a sabiendas o intencionalmente,
cualquiera de las disposiciones del artículo 18 indicadas supra , será sancionada con pena de prisión de
hasta tres años o con una multa de 50.000 a 1 millón de rupias, o con ambas penas a la vez.IP/C/W/326/Add.1
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Cuando una persona sea condenada por un delito previsto en el artículo 56, el tribunal que
haya pronunciado la sentencia podrá ordenar el deco miso por el Gobierno de todas las mercancías y
objetos mediante los cuales o en relación con los cuales se hubiese cometido el delito.
El Código de Procedimiento Penal de 1973, Anexo Primero, establece que, en el caso de
delitos punibles en virtud de una ley especial, si no se establece expresamente que el delito será
enjuiciable o no en virtud de lo dispuesto en dicha ley, los delitos que merezcan una pena de prisión
de más de tres años serán enjuiciables en el marco de la ley especial, y los delitos que sean
sancionables con una pena de prisión inferior a tres años o sólo con una multa no serán enjuiciables en
virtud de dicha ley especial.  En el caso de los delitos tipificados en los artículos 103, 104 y 105 de la
Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, y los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de
Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999, y los delitos previstos enla Ley de Derecho de Autor de la India, 1957, las mencionadas leyes disponen expresamente que esos
delitos serán considerados enjuiciables.  El funcionario policial a cargo de una comisaria, cuando
tome conocimiento de la comisión de un delito enjuiciable en virtud de una ley especial, iniciará
investigaciones de oficio.  En cuanto a los delitos no enjuiciables en virtud de una ley especial, la
policía sólo podrá investigar por orden de un magistrado competente para conocer de esas causas.
En virtud de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de 1973, el funcionario
policial a cargo de una comisaría está obligado a iniciar acciones en el caso de un delito enjuiciable.
Los particulares podrán suministrar informaciones sobre la comisión de ese tipo de delito y el
funcionario policial estará obligado a adoptar medidas en esos casos.  Asimismo, un particular podráentablar una querella para iniciar el procesamiento.  Toda persona interesada podrá iniciar una acción
de conformidad con el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal de 1973 para que un
magistrado conozca del delito.  En el caso de delitos no enjuiciables de conformidad con una ley
especial, la acción sólo puede iniciarse mediante una resolución dictada por un magistrado en una
querella iniciada ante el magistrado competente para conocer de esas causas.
9. Sírvanse indicar títulos de leyes y reglamentos y las disposiciones de los mismos en que se
prescriba la suspensión del despacho de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o
mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, como se estipula en el artículo 51 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
La Ley de Derecho de Autor de la India de 1957 establece que el Director del Registro del
Derecho de Autor, a solicitud del titular del derecho de autor sobre una obra o de su representante
debidamente autorizado, previo pago de la tasa fijada y después de efectuar la investigación que
estime necesaria, podrá ordenar que se prohíba la importación de las copias infractoras del derecho de
autor en el sentido que le asigna la mencionada Ley.  El Director del Registro del Derecho de Autor o
la persona que éste haya autorizado para que actúe en su nombre, podrá ingresar en cualquier buque,dársena o locales donde pudieran encontrarse esas copias y examinarlas.  Todas las copias a las que se
aplique la orden del Director del Registro del Derecho de Autor se considerarán mercancías cuya
importación está prohibida o restringida, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Aduanas
de 1962;  en consecuencia, se aplicarán todas las disposiciones de la citada Ley, a condición de que no
se atribuya al Gobierno en propiedad la totalidad de las copias confiscadas con arreglo a lasdisposiciones de la Ley de Aduanas de 1962, sino que deberán entregarse al titular del derecho de
autor sobre la obra.
El titular o licenciatario de una marca de fábrica o de comercio registrada podrá notificar por
escrito al Comisionado de Aduanas a fin de que prohíba la importación de mercancías cuando éstasconstituyan una infracción a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999.  En la India se
prohíbe la importación de mercancías que utilizan engañosamente una marca de fábrica o de comercio
en el sentido que le atribuye la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 y, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Aduanas de 1962, de procederse a su importación, las mercancías estarán
sujetas a confiscación.  Cuando esas mercancías sean importadas en la India y, debido a unaIP/C/W/326/Add.1
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reclamación, el Comisionado de Aduanas tenga motivos para considerar que la marca de fábrica o de
comercio objeto de la reclamación se utiliza como una marca de fábrica o de comercio falsa, podrá
exigir al importador de las mercancías o a su representante que presente todo documento que posea en
relación con las mercancías y que proporcione el nombre y la dirección de las personas que han
enviado las mercancías a la India, así como el nombre y la dirección del destinatario de las mercancíasen el país.  El importador o su representante tendrán un plazo de 14 días para cumplir esa exigencia.
El Comisionado de Aduanas podrá facilitar al propietario o al usuario registrado de la marca de
fábrica o de comercio presuntamente utilizada como una marca de fábrica o de comercio falsa,
cualquier información obtenida del importador de las mercancías o su representante.
En virtud del apartado n) del párrafo 2 del artículo 11 de la Ley de Aduanas de 1962, el
Gobierno central está facultado para prohibir -totalmente o con sujeción a las condiciones que segúnel caso se estipulen-, la importación o la exportación de mercancías con objeto de proteger las
patentes, las marcas de fábrica o de comercio y el derecho de autor mediante la emisión de
notificaciones.  En ejercicio de esa facultad, el Gobierno ha emitido una notificación prohibiendo la
importación de mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual sobre marcas de fábrica o
de comercio y dibujos o modelos industriales.  Asimismo, el Gobierno ha emitido una notificaciónprohibiendo la exportación de mercancías infractoras de marcas de fábrica o de comercio.
El apartado d) del artículo 111 de la Ley de Aduanas de 1962 prevé la confiscación de las
mercancías que se importen, se traten de importar o se ingresen en aguas sometidas a la jurisdicción
aduanera de la India con el propósito de ser importadas, contraviniendo cualquier prohibiciónimpuesta por la Ley de Aduanas de 1962 o cualquier otra ley en vigor;  asimismo, se pueden imponer
sanciones a la persona que, en relación con cualquier mercancía, cometa un acto que, por acción u
omisión, tenga como consecuencia que esas mercancías quedan sujetas a confiscación.
De conformidad con la Ley de Aduanas de 1962, los funcionarios de aduana poseen plenas
facultades para incautarse de las mercancías cuando tengan motivos para considerar que se trata de
mercancías infractoras y sujetas a confiscación en virtud de lo dispuesto en la mencionada Ley;  a
estos efectos, notificarán al propietario de las mercancías.  Antes de proceder a confiscar las
mercancías infractoras se deberán notificar al importador los motivos que fundamentan esa medida o
la imposición de una pena.  Además, se proporcionará al importador una oportunidad razonable para
efectuar su descargo por escrito o verbalmente.
ESTADOS UNIDOS
A. D
ISPOSICIONES GENERALES
1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual
comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, de
qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de los
otros Miembros de la OMC.
[No se ha recibido respuesta.]
B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse explicar si la legislación sobre derecho de autor de la India cumple y en qué forma,
lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula que los Miembros observarán
los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971), excepto el artículo 6bis, ya que ningún Miembrotendrá derechos ni obligaciones respecto del referido artículo en el marco del Acuerdo sobre
los ADPIC.IP/C/W/326/Add.1
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En virtud de los artículos 13 y 14 de la Ley de Derecho de Autor de la India, de 1957, se
reconocen todas las obras y derechos protegidos en el marco del Convenio de Berna.  Respecto del
Convenio de Berna, el trato nacional está contemplado en el artículo 40 de la Ley, leído
conjuntamente con la Orden Internacional sobre Derecho de Autor de 1999.  En el artículo 52 de la
Ley se establecen excepciones limitadas, que se basan en las disposiciones del Convenio de Berna.Los derechos morales gozan de protección en virtud del artículo 57.  El artículo 53A prevé el pago al
autor de un derecho en caso de reventa del original de una obra.
3. Sírvanse explicar cómo la legislación sobre derecho de autor de la India protege los
programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos tal como lo exige el
artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 13 de la Ley de Derecho de Autor de la India, de 1957, leído con el
artículo 2 o), ffb) y ffc), confiere protección a los programas de ordenador y bases de datos.  La
definición de "programa de ordenador" que figura en el artículo 2 ffc) se encuentra en conformidad
con el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.
4. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirán derechos de
arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas.  Sírvanse
citar la correspondiente disposición de la legislación sobre derecho de autor de la India.
El artículo 14 b) ii) de la Ley de Derecho de Autor de la India, de 1957, prevé el derecho de
arrendamiento de los programas de ordenador, y el artículo 14 d) ii) prevé el derecho de
arrendamiento de las obras cinematográficas.
5. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que se prevén en la legislación
sobre derecho de autor de la India para una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado y citar ladisposición jurídica pertinente.
Los artículos 22 a 29 de la Ley de Derecho de Autor de la India, de 1957, prevén
detalladamente la duración y las condiciones de protección de diversas obras.  La norma general es
que la duración se extiende a la vida del autor y 60 años más.  En el caso de las películas
cinematográficas y grabaciones sonoras el plazo es de 60 años contados a partir de la publicación.
6. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de la India
a los artistas intérpretes o ejecutantes y el plazo de la protección.
El artículo 38 de la Ley de Derecho de Autor de la India, de 1957, prevé la protección de los
artistas intérpretes o ejecutantes basándose en las disposiciones de la Convención de Roma.  Se otorgaprotección durante 50 años, contados desde el comien zo del año calendario que sigue al año en que se
efectuó la interpretación o ejecución.
7. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores de
fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de susfonogramas.  El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el derecho de
autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus
fonogramas.  Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de la India da
cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de protección.
El artículo 13 de la Ley de Derecho de Autor de la India, de 1957, reconoce las grabaciones
sonoras como obras objeto de protección mediante de recho de autor.  El artículo 14 e) i) contempla
los derechos de reproducción y el artículo 14 e) ii) los derechos de arrendamiento.IP/C/W/326/Add.1
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El artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor de la India, de 1957, establece que la duración
del derecho de autor respecto de las grabaciones sonoras se extenderá durante un plazo de 60 años
contados desde el comienzo del año calendario que sigue al año de exhibición de la película.
C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
8. Sírvanse describir, en detalle, cómo otorga la India prioridad a las solicitudes de marcas de
fábrica o de comercio basadas en una solicitud o en un registro de una marca de fábrica o de
comercio efectuados en el extranjero.
A efectos de tramitar las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio basadas en una
solicitud o en el registro de una marca de fábrica o de comercio efectuados en el extranjero, el
Gobierno de la India tenía que emitir una notificación en virtud del artículo 131 de la Ley de MarcasComerciales y de Mercancías, de 1958, declarando que todos los Miembros de la OMC son países
comprendidos por el Convenio respecto de la protección de los derechos que confiere la marca de
fábrica o de comercio, incluida la extensión del derecho de prioridad.  Esta notificación se ha
efectuado el 3 de diciembre de 1998.
9. Sírvanse describir, en detalle, cómo otorga la India protección a las marcas de servicios.
La legislación de la India confiere el mismo nivel de protección a las marcas de fábrica o de
comercio utilizadas en relación con mercancías o servicios.  La expresión "marca de fábrica o de
comercio" está definida en el párrafo 1 zb) del artículo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica o deComercio de 1999, con objeto de abarcar tanto las mercancias como los servicios o ambos.
10. Sírvanse describir, en detalle, cómo otorga la India protección a marcas notoriamente
conocidas que no han sido registradas.
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 confiere protección a las marcas
notoriamente conocidas en virtud del artículo 9 1).  La Ley contiene disposiciones destinadas a la
protección de las marcas notoriamente conocidas, que incluyen la definición de esa marca
[párrafo  1 zg) del artículo 2];  el detalle de los factores que el Director del Registro deberá tener en
cuenta para determinar si una marca es o no notoriamente conocida [párrafo 6 del artículo 11];  de
conformidad con el párrafo 9 del articulo 11 no se exige que la marca notoriamente conocida se haya
utilizado o registrado en la India o que se haya presentado una solicitud de registro en ese país;  envirtud del párrafo 10 del artículo 11, mediante un procedimiento contradictorio se concede protección
a una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida frente a las marcas de fábrica o de
comercio idénticas o similares;  de conformidad con el párrafo 2 del artículo 27 se reconocen los
derechos que concede el common law  al titular de la marca de fábrica o de comercio para iniciar
acciones contra toda persona que imitara fraudulentamente las mercancías o los servicios de otra.
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
11. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación de la India dispone el reconocimiento y la
protección de las indicaciones geográficas previstas en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre
los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y dar ejemplos de
indicaciones geográficas así protegidas.
La Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección), de 1999 ("Ley
de Indicaciones Geográficas") confiere protección a las indicaciones geográficas en la India.
En el párrafo 1 e) del artículo 2 de la Ley se define la expresión "indicación geográfica"
incluyendo los productos agrícolas, los productos naturales o manufacturados originados o
manufacturados en el territorio del país o en una región o localidad de ese territorio, en los que unaIP/C/W/326/Add.1
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calidad determinada, la reputación u otras características de esos productos son esencialmente
atribuibles a su origen geográfico;  y en el caso de que se trate de productos manufacturados, una de
las actividades de producción, elaboración o preparación de los productos de que se trate tiene lugar
en ese territorio, región o localidad.
La Ley establece que toda asociación de personas o productores o toda organización o
autoridad que represente los intereses de los productores de esos productos puede presentar una
solicitud para el registro de una indicación geográfica.  Una vez registrada, el propietario registrado y
todos los usuarios autorizados en virtud del registro, cuyos nombres constan en un registro
independiente (parte B) pueden obtener reparación en caso de infracción.  Sin embargo, sólo los
productores de las mercancías que ostentan la indicación geográfica tendrán el derecho exclusivo de
utilizar la indicación geográfica indicada.
Hasta la fecha no se ha conferido protección a indicación geográfica alguna en virtud de la
Ley.
12. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que se aplica el nivel superior de protección
requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 23
del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar
ejemplo de indicaciones geográficas así protegidas.
El párrafo 2 del artículo 22 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro
y Protección) de 1999, faculta al Gobierno cen tral a conceder protección complementaria a
determinadas mercancías y tipos de mercancías mediante aviso en el Boletín Oficial, indicando las
mercancías o tipos de mercancías a los efectos de esa protección.  Esta disposición también incluye
los vinos y las bebidas espirituosas.
13. Al parecer la Ley sobre Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Restricción y
Protección) de la India, no permite que las personas físicas registren indicaciones geográficas.
Sírvanse explicar por qué se prohíbe que las personas físicas obtengan el registro de indicaciones
geográficas.
De conformidad con la Ley sobre Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Restricción y
Protección) de la India, de 1999, la indicación ge ográfica de una mercancía se refiere a productos
agrícolas o manufacturados que se originan en una región geográfica determinada y que debe sus
características exclusivas a rasgos que son propios de esa región.  En virtud de la Ley se considera que
una indicación geográfica es propiedad o pertenece al patrimonio de todas las personas que
desempeñan la actividad de crear productos que ostentan la indicación geográfica.
14. Sírvanse describir, en detalle, la manera cómo puede presentarse una oposición a la
inscripción en el registro de una indicación geográfica.  ¿Pueden las personas físicas presentar
oposiciones?
La Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999 prevé
la forma de oponerse a una indicación geográfica publicada en el Boletín de Indicaciones Geográficas.
Toda persona, incluidas las personas físicas, pueden publicar un aviso de oposición.
Procedimientos:
1) Toda persona, dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de
publicación o de una nueva publicación de una solicitud de registro o dentro de un
período adicional que, en total, no sea superior a un mes, podrá respecto de una
solicitud presentada ante el Director del Registro en debida forma y previo pago deIP/C/W/326/Add.1
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las tasas aplicables, comunicar por escrito al Director del Registro, en la forma
establecida, su oposición al registro.
2) El Director del Registro deberá dar traslado al solicitante del registro de una copia del
aviso y, dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que elsolicitante haya recibido la copia del aviso de oposición, éste enviará al Director del
Registro, en la forma establecida, una réplica indicando los motivos en que funda su
solicitud;  de no cumplir este requisito, se considerará que ha desistido.
3) Si el solicitante envía esa declaración, el Director del Registro deberá dar traslado de
ella a la persona que haya presentado el aviso de oposición.
4) Las pruebas en que puedan fundarse la parte que se opone y el solicitante deberán
presentarse ante el Director del Registro en la forma establecida y en el plazo
previsto;  el Director del Registro deberá concederles la oportunidad de ser oídos, si
así lo desean.
5) Tras conceder audiencia a las partes, si así lo hubieren solicitado, el Director del
Registro, una vez examinadas las pruebas, decidirá si se autoriza el registro y con qué
condiciones o limitaciones, de imponerse alguna, y puede tener en cuenta un motivo
de impugnación que no haya sido invocado por la parte que se opone.
6) Cuando la persona que presenta un aviso de oposición o el solicitante que presenta
una declaración previa recepción de una copia de ese aviso no está domiciliado ni
lleva a cabo actividades comerciales en la India, el Director del Registro podrá
exigirle que deposite una fianza para cubrir las costas del procedimiento;  de no
depositarse esa fianza en debida forma, podrá considerar que se ha desistido de laoposición o de la solicitud, según sea el caso.
7) Previa solicitud, el Director del Registro podrá autorizar la rectificación de un error
en el aviso de oposición o en la réplica, así como toda modificación de los mismos
que considere pertinente.
15. Sírvanse describir, en detalle, la manera cómo puede impugnarse una indicación geográfica
inscrita en el registro y exponer las bases jurídicas pertinentes de la impugnación.
El párrafo 1 del artículo 27 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro
y Protección), de 1999, faculta al Director del Registro de Indicaciones Geográficas o a la Junta de
Apelación a dictar las resoluciones que estimen conven iente para anular o modificar el registro de una
indicación geográfica o de un usuario autorizado con motivo de alguna infracción o por no haber
observado las condiciones estipuladas en el registro a ese respecto.
El párrafo 2 del artículo 27 establece que "toda persona perjudicada por la ausencia u omisión
de algún dato en el registro, o por algún dato incluido en el registro sin motivo justificado o por undato que permanezca erróneamente en el registro o por algún error o defecto de cualquier dato
incluido en el registro, puede solicitar a la Junta de Apelación o al Director del Registro, en la forma
establecida, que se ingrese, suprima o modifique el dato, y el tribunal puede dictar las resoluciones
que estime conveniente a estos efectos".
En virtud del artículo 9 de la Ley, una indicación geográfica podrá ser impugnada debido a
que es probable que resulte engañosa o susceptible de provocar confusión o cuando su utilización
pueda resultar contraria a la legislación en vigor o cuando incluya o contenga material escandaloso u
obsceno o algún elemento que pueda herir la susceptibilidad religiosa de alguna clase o grupo de
ciudadanos de la India.IP/C/W/326/Add.1
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16. ¿Dónde puede consultarse la lista de las indicaciones geográficas registradas de la India?
¿Se encuentra disponible dicha lista en Internet?
Dado que hasta la fecha no se ha registrado ninguna indicación geográfica, aún no se cuenta
con una lista que incluya las referidas indicaciones.  En su momento se podrá consultar en el sitioWeb del Registro de Indicaciones Geográficas (www.patentindia.nic.in).
E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
17. Sírvanse describir en detalle la forma cómo la India otorga prioridad a las solicitudes de
dibujos y modelos industriales basados en una solicitud o registro de un dibujo o modelo industrial
efectuados en el extranjero.
En virtud del artículo 44 de la Ley de Dibujos y Modelos de 2000 se concede prioridad a las
solicitudes de dibujos y modelos industriales basados en una solicitud de registro en el extranjero, a
todos los países miembros del Convenio de París y a los Miembros de la Organización Mundial del
Comercio.
F. PATENTES
18. Sírvanse describir en detalle la forma en que la legislación de patentes de la India aplica el
artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicar las excepciones previstas e incluir detalles sobre la
protección de los microorganismos y los procedimientos no biológicos y microbiológicos, y las
obtenciones vegetales.  Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la Ley.
[No se ha recibido respuesta.]
19. Sírvanse describir, en detalle, los derechos conferidos a los titulares de patentes con arreglo
a la legislación de patentes de la India y citar las disposiciones pertinentes de la Ley.
[No se ha recibido respuesta.]
20. Sírvanse describir, en detalle, las disposiciones de la legislación de la India que permitan el
uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la Ley, y describir, en detalle,
las condiciones en que ese uso pueda ocurrir.
[No se ha recibido respuesta.]
21. ¿Qué plazo de protección para las patentes prevé la legislación de patentes de la India?
Sírvanse describir las disposiciones contempladas par a prorrogar el plazo de protección y citar las
normas pertinentes de la Ley.
[No se ha recibido respuesta.]
G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
22. Sírvanse describir en detalle la protección de los esquemas de trazado de los circuitos
integrados prevista en la legislación de la India, incluido el plazo de protección y citar lasdisposiciones pertinentes de la Ley.
La Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de Semiconductores de 2000
otorga diversos tipos de protección al propietario registrado de un esquema de trazado.  Entre ellos
cabe mencionar el derecho exclusivo de utilizar el esquema de trazado y obtener reparación en casode infracción en la manera prevista en los artículos 17 y 18 de la Ley.IP/C/W/326/Add.1
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Comprende los aspectos siguientes:
- Todo acto de reproducir o de incorporar total o parcialmente a un circuito integrado
de semiconductores un sistema de trazado registrado.
- La importación, venta o distribución con fines comerciales de un esquema de trazado
registrado o de un circuito integrado de semiconductores que incorpore un esquema
de trazado registrado o un artículo que incorpore un circuito integrado de
semiconductores cuya utilización sólo esté permitida a los usuarios registrados.  Los
derechos (protección) concedidos por el registro de un esquema de trazado podrán ser
invocados por el propietario registrado del esquema de trazado independientemente
del hecho de que el esquema de trazado se haya incorporado o no a un producto.
- El plazo (duración) de la protección de un esquema de trazado será de 10 años
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o a partir de la
fecha de la primera explotación comercial que se efectúe en la India o en cualquier
otro país (artículos 15 y 19 de la Ley).
H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
23. Sírvanse describir en detalle cómo la legislación de la India establece la protección de la
información no divulgada como lo exige el párrafo  2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y
citar las disposiciones pertinentes de la Ley.
[No se ha recibido respuesta.]
24. Sírvanse describir en detalle cómo la legislación india protege los datos de prueba relativos
a productos farmacéuticos y químicos agrícolas presentados al Gobierno a fin de aprobar lacomercialización de esos productos en la India y citar las disposiciones pertinentes de la Ley.
El common law , los reglamentos de servicio y las disposiciones contra la divulgación de datos
que figuran en el Reglamento de medicamentos y cosméticos de 1945 y el Reglamento sobre
insecticidas de 1971, protegen los datos presentados a las autoridades reguladoras de una divulgación
no autorizada y de todo uso comercial desleal.  El procedimiento para la autorización de la
comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura estáregido por las disposiciones de la Ley de Medicamentos y Cosméticos, de 1940 y la Ley sobre
Insecticidas, de 1968 y sus reglamentos, respectivamente.  La Regla 53 del Reglamento de
medicamentos y cosméticos, de 1945, estipula que, salvo a los efectos de actividades oficiales o
cuando lo exija un tribunal, un inspector, en virtud de la Ley de Medicamentos y Cosméticos,
de 1940, no divulgará, sin autorización por escrito de su superior jerárquico la información que hayaadquirido en el desempeño de sus funciones oficiales.  La Regla 29 del Reglamento sobre insecticidas,
de 1971, estipula que, salvo a los fines de actividades oficiales o cuando así lo exija un tribunal
judicial, un inspector de insecticidas no divulgará a persona alguna la información que hubiera
adquirido en el desempeño de sus funciones oficiales.
25. ¿Se faculta a solicitantes posteriores, que tratan de aprobar la comercialización de sus
propias versiones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas aprobados con anterioridad, para
depender de datos presentados por el solicitante anterior?  En caso afirmativo, qué plazo de
exclusividad se otorga al solicitante anterior sin que se faculte a los terceros para depender de sus
datos.
[No se ha recibido respuesta.]IP/C/W/326/Add.1
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I. OBSERVANCIA
26. Sírvanse describir en detalle de qué modo la legislación de la India prescribe medidas
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual como lo dispone
el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta Nº 28 que figura más adelante.
27. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces estarán
facultados para ordenar que se aporte la prueba necesaria para sustancias las alegaciones de una
parte cuando ésta no haya podido obtener esa prueba por encontrarse bajo el control de la parte
contraria.  Sírvanse describir cómo las leyes o reglamentos de la India otorgan esa facultad, y citar
las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.
El Código de Procedimiento Civil, de 1908 y la  Ley sobre Elementos de Prueba de la India,
de 1872, facultan a los tribunales civiles, en cualquier etapa del proceso, a ordenar a las partes la
presentación bajo juramento de los documentos que se encuentren en su posesión o en su poder,
relacionados con alguna de las cuestiones en litigio.  El Código de Procedimiento Civil de 1908,establece que, en todo momento, ya sea de oficio o a solicitud de parte, el Tribunal puede:
- ordenar las medidas que sean necesarias o razonables en todas las cuestiones relativas
a las preguntas y respuestas de los interrogatorios, la admisión de documentos y
hechos, así como la exhibición, inspección, presentación, secuestro y devolución delos documentos u otros objetos materiales que puedan presentarse como prueba;
- ordenar la comparecencia de las personas cuya presencia se exija, ya sea para la
presentación de pruebas, o para la exhibición de documentos u otros objetos, según se
ha mencionado anteriormente;
- ordenar que la prueba de un hecho se efectúe por declaración jurada.Cualquiera de las partes puede, sin presentar una declaración jurada, solicitar al tribunal que
se dicte una orden destinada a que las demás partes ofrezcan, bajo juramento, los documentos
relacionados con el objeto del litigio que estén o hayan estado en su posesión.  Al considerar esa
petición el tribunal puede, si lo estima conveniente, dictar esa resolución, ya sea de una manerageneral o limitada a determinadas categorías de documentos que, según su criterio, considere
pertinentes.
28. Sírvanse describir en detalle todos los recursos civiles de que disponen los titulares de
derechos en el contexto de la legislación india, y citar las disposiciones legales o reglamentariaspertinentes.
La Ley de medidas correctivas específicas, de 1963, establece que puede librarse, ya sea
expresa o tácitamente, un mandamiento judicial permanente en beneficio del demandante para
prevenir el incumplimiento de una obligación existente en su favor.  En el marco de esa Ley, eldemandante que solicite un mandamiento permanente podrá reclamar, además y en sustitución de ese
mandamiento el resarcimiento de los daños y perjuicios;  el tribunal, si lo estima pertinente, podrá
conceder ese resarcimiento.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 esta blece que en todo proceso destinado a impedir
que el demandado infrinja un contrato o cause un perjuicio de cualquier naturaleza, se reclame o no
una indemnización, el demandante podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación del proceso,
antes o después de la sentencia, solicitar al tribunal que se dicte un mandamiento provisional
destinado a impedir que el demandado infrinja el contrato o cause el perjuicio indicados en laIP/C/W/326/Add.1
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demanda o cualquier infracción del contrato o perjuicio semejante derivado del mismo contrato o
relacionado con el mismo bien o derecho.  El tribunal podrá librar ese mandamiento, fijando
condiciones tales como el plazo, la dación de cuentas, el otorgamiento de fianza u otra disposición
que estime pertinente.  El mandamiento es una medida de reparación que puede ser dictada
discrecionalmente por el tribunal que debe tener en cuenta si existe una presunción prima facie  que lo
justifique, si la evaluación de los intereses de las partes es favorable al demandado y si existe la
posibilidad de que se produzca un daño irreparable.
Las atribuciones de los tribunales no se limitan a la posibilidad de ordenar un mandamiento o
conceder una indemnización por daños y perjuicios, indicados supra .  Con sujeción a esas
condiciones, los tribunales tienen la facultad inherente de dictar toda resolución relacionada con las
circunstancias y la índole del litigio y destinada a impartir justicia y, en definitiva, a proteger el interéspúblico.
El Código de Procedimiento Civil de 1908 establece que la determinación de las costas de
todo litigio e incidentes estará sujeta a las facultades discrecionales del tribunal, que tendrá plenas
atribuciones para determinar quién deberá pagar las costas, con cargo a qué bienes y en qué medida,así como para adoptar todas las medidas necesarias al respecto.
Además de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil de 1908, la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio de 1999, la Ley de Dibujos y Modelos de 2000, la Ley de Indicaciones
Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección) de 1999, la Ley de Derecho de Autor de 1957y la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los Obtentores, de 2001, también
establecen concretamente las medidas de reparación que pueden ser ordenadas por las autoridades
judiciales.
La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, de 1999, prevé medidas de reparación en los
procesos por infracción o atribución engañosa.  Al  respecto, dispone que la resolución de un tribunal
de distrito o un tribunal superior en apelación, podrá comprender un mandamiento a petición de parte
o una providencia cautelar respecto de las cuestiones siguientes:
- la exhibición de documentos;- la conservación de las mercancías infractoras, los documentos y otras pruebas
relacionadas con el objeto del litigio;
- la prohibición de que el demandado enajene o administre los bienes de una manera
que pueda afectar negativamente a las posibilidades de que el demandado obtenga
una indemnización de daños y perjuicios, el pago de los gastos u otras reparacionespecuniarias que, en definitiva, puedan concedérsele.
De ese modo, la legislación reconoce expresamente la facultad de los tribunales de dictar
resoluciones del tipo "mandamiento Anton Piller" o "interdicto Mareva" utilizados en el Reino Unido
en el procedimiento de marcas.  Las medidas de reparación que un tribunal puede conceder en todolitigio por infracción o imitación fraudulenta, incluyen un mandamiento judicial y, a elección del
demandado, una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de los beneficios;  puede
incluir o no una orden para la entrega de las etiquetas y marcas infractoras con objeto de proceder a su
destrucción o borrado.
En la Ley de Dibujos y Modelos de 2000 se prevén medidas de reparación en caso de
infracción, que pueden consistir en sanciones pecuniarias, mandamientos judiciales permanentes e
indemnizaciones por daños y perjuicios.  La liquidación de los beneficios es una solución alternativa a
la indemnización por daños y perjuicios y no una reparación adicional.IP/C/W/326/Add.1
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En virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección),
de 1999, la resolución de un tribunal de distrito o de  un tribunal superior de apelación puede incluir un
mandamiento judicial a petición de parte o una providencia cautelar respecto de las cuestiones
siguientes:
- la exhibición de documentos;
- la conservación de la obtención infractora, los documentos y otras pruebas
relacionadas con el objeto del litigio;
- el embargo de los bienes del demandado que el tribunal estime necesario para que el
demandado obtenga una indemnización por daños y perjuicios, el pago de las costasincurridas u otras reparaciones pecuniarias que puedan concedérsele en definitiva.
De conformidad con la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, la medida de reparación que puede dictar un tribunal en todo litigio por
infracción o por imitación fraudulenta podrá incluir un mandamiento judicial y, a elección deldemandante, una indemnización por daños y perjuicios ;  la medida podrá o no incluir una orden para
la entrega de las etiquetas y marcas infractoras con objeto de proceder a su destrucción o borrado.
En virtud de la Ley de Derecho de Autor de la I ndia, de 1957, en un litigio civil, el titular del
derecho de autor tiene derecho a obtener distintas medidas de reparación, que pueden consistir enmandamientos judiciales, una indemnización por daños y perjuicios, una liquidación de beneficios u
otros recursos que la legislación otorgue o pueda otorgar en caso de infracción de un derecho.  El
titular del derecho de autor podrá reclamar asimismo, el pago de los gastos incurridos, incluidos las
costas compensatorias y los honorarios de los abogados.  En caso de infracción del derecho de autor,
el titular también tiene derecho a recibir las copias infractoras y a interponer una acción porusurpación del derecho de propiedad.
En virtud de la Ley de Patentes de 1970 la s medidas de reparación que podrá conceder un
tribunal en un litigio por infracción incluyen un mandamiento judicial y, a elección del demandante,
una indemnización por daños y perjuicios o la liquidación de los beneficios.
De conformidad con la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los
Obtentores de 2001, la reparación que puede otorgar un tribunal en los litigios por infracción,
incluyen un mandamiento y, a elección del demandante, una indemnización por daños y perjuicios o
una participación en los beneficios.  La medida puede consistir en un mandamiento a petición de parte
o una providencia cautelar respecto de las cuestiones siguientes, a saber:
- la exhibición de documentos;
- la conservación de las obtenciones infractoras, los documentos u otras pruebas
relacionadas con el objeto de litigio;
- o el embargo de los bienes del demandado que el tribunal considere necesario para el
resarcimiento de los daños y perjuicios, las costas y otras reparaciones pecuniarias
que puedan concederse en definitiva al demandante.
29. Sírvanse describir en detalle los procedimientos y recursos provisionales al alcance de los
titulares de derechos en conformidad con la legislación de la India, citar las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes e indicar cualquier condición en virtud de la cual el titular del derecho
podrá valerse de esos procedimientos y recursos.
Véase también la respuesta a la pregunta Nº 28.IP/C/W/326/Add.1
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El Código de Procedimiento Civil de 1908 prevé medidas de reparación provisionales en
favor de las partes, previstas a efectos de garantizar los fines de la justicia en el período posterior al
inicio de una acción civil.  Durante el procedimiento, los tribunales tienen facultades de conceder
medidas de reparación provisionales a las partes, que consisten en mandamientos ad interim,
interlocutorios o provisionales.  Esas resoluciones también pueden dictarse con objeto de proteger elinterés público.  Los mandamientos pueden concederse en forma provisional, antes del proceso, o con
carácter permanente, con posterioridad al juicio.  El tribunal dicta mandamientos interlocutorios
cuando considera que existe una presunción prima facie  favorable a la concesión de la medida
solicitada, cuando la evaluación de los intereses de las partes resulta favorable al demandante y, si no
se concede, se causaría un perjuicio irreparable al demandante.  Los mandamientos judiciales podrán
mantenerse hasta que el tribunal adopte una decisión al respecto o resuelva la causa definitivamente.
Cuando la sentencia resulte favorable al demandado, éste podrá solicitar un mandamiento permanente.
El tribunal, a petición del demandante, podrá autorizar a un representante del tribunal, por lo
general un comisionado de ese órgano (un abogado independiente del tribunal) a ingresar en los
locales de los demandados para inspeccionarlos e incautarse de documentos y pruebas.  La orden
puede ser dictada a petición de parte ( inaudita altera parte ).  Es similar al mandamiento Anton Piller
del Reino Unido.  El tribunal puede librar un mandamiento destinado a impedir que los demandados
enajenen sus bienes dentro de la jurisdicción hasta que tenga lugar el proceso o se pronuncie la
sentencia.  Puede dictarse a petición de parte.  Es  similar al interdicto Mareva en el Reino Unido.
Además de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil de 1908, la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio de 1999, la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999 y la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los
Obtentores de 2001, contienen disposiciones específicas que permiten a los tribunales dictar
mandamientos a petición de parte y, en particular, mandamientos del tipo Anton Piller.  Se trata de
órdenes de registro e incautación a pedido de parte (en casos urgentes cuando exista el riesgo de quese puedan alterar las pruebas) y resoluciones del tipo del interdicto Mareva, destinadas a conservar las
pruebas o documentos relacionados con el objeto del litigio para impedir que el demandado
administre los bienes de forma que pueda anular las posibilidades de que el demandante obtenga una
indemnización por daños y perjuicios u otras reparaciones pecuniarias antes de que se dicte la
resolución definitiva.  Estas medidas están destinadas a prevenir la comisión de infracciones.
J. P
RESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA
30. Sírvanse describir en detalle los procedimient os contemplados en la legislación de la India
que establezcan prescripciones especiales en frontera para reprimir, al menos, la falsificación de
marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor, identificar la autoridad
competente y citar las disposiciones pertinentes de la ley o el reglamento.
La Ley de Derecho de Autor de la India de 1957 establece que el Director del Registro de
Derecho de Autor, a solicitud del titular del derecho de autor sobre una obra o de su representante
debidamente autorizado, previo pago de la tasa fijada y después de efectuar la investigación que
considere necesaria podrá ordenar que se prohíba la importación de las copias infractoras del derecho
de autor en el sentido que le asigna la mencionada Ley.  El Director del Registro de Derecho de Autoro la persona que éste haya autorizado para que actúe en su nombre, podrá ingresar en cualquier buque,
dársena o locales donde pudieran encontrarse esas copias y examinarlas.  Todas las copias a las que se
aplique la orden del Director del Registro de Derecho de Autor se considerarán mercancías cuya
importación está prohibida o restringida de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Aduanas
de 1962;  en consecuencia, se aplicarán todas las disposiciones de la citada ley, a condición de que nose atribuya al Gobierno la propiedad de la totalidad de las copias confiscadas con arreglo a las
disposiciones de la Ley de Aduanas de 1962, sino que deberán entregarse al titular del derecho de
autor sobre la obra.IP/C/W/326/Add.1
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El propietario o licenciatario de una marca de fábrica o de comercio registrada podrá notificar
por escrito al Comisionado de Aduanas a fin de que prohíba la importación de las mercancías cuando
éstas constituyan una infracción en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999.  La
importación de mercancías que utilizan engañosamente una marca de fábrica o de comercio en el
sentido que le atribuye la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999 está prohibida en la Indiacon arreglo a lo dispuesto en la Ley de Aduanas de 1962, y, en caso de procederse a su importación,
las mercancías estarán sujetas a confiscación.  Cuando esas mercancías sean importadas en la India y,
debido a una reclamación el Comisionado de Aduanas tenga motivos para considerar que la marca de
fábrica objeto de la reclamación se utiliza como una marca de fábrica o de comercio falsa, podrá
exigir al importador de las mercancías o a su representante que presente todo documento que posea en
relación con las mercancías y que proporcione el nombre y la dirección de la personas que enviaron
las mercancías a la India, así como el nombre y la dirección del destinatario de las mercancías en esepaís.  El importador o su representante tendrán un plazo de 14 días para cumplir con esa exigencia.  El
Comisionado de Aduanas podrá facilitar al propietario o al usuario registrado de la marca de fábrica o
de comercio presuntamente utilizada como marca de fábrica o de comercio falsa, cualquier
información obtenida del importador de las mercancías o su representante.
En virtud del apartado n) del párrafo 2 del artículo 11 de la Ley de Aduanas de 1962, el
Gobierno central está facultado para prohibir totalmente o con sujeción a las condiciones que según el
caso se estipulen, la importación o exportación de mercancías con objeto de proteger las patentes, las
marcas de fábrica o de comercio y el derecho de autor, mediante la emisión de notificaciones.  En
ejercicio de esta facultad, el Gobierno ha emitido una notificación por la que se prohíbe laimportación de mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual sobre marcas de fábrica o
de comercio y dibujos y modelos industriales.  Asimismo, el Gobierno ha emitido una notificación
prohibiendo la exportación de mercancías infractoras de marcas de fábrica o de comercio.
El apartado d) del artículo 111 de la Ley de Aduanas de 1962 prevé la confiscación de las
mercancías que se importen, se trate de importar o se ingresen en aguas sometidas a la jurisdicción
aduanera de la India con el propósito de ser importadas, contraviniendo toda prohibición impuesta por
la Ley de Aduanas de 1962 o cualquier otra Ley en vigor;  asimismo, se pueden imponer sanciones a
la persona que, en relación con cualquier mercancía, cometa un acto que por acción u omisión tenga
como consecuencia que esas mercancías queden sujetas a confiscación.
De conformidad con la Ley de Aduanas de 1962, los funcionarios aduaneros poseen plenas
facultades para proceder a incautar las mercancías cuando tengan motivos para considerar que se trata
de mercancías infractoras sujetas a confiscación en virtud de lo dispuesto en la mencionada Ley;  a
estos efectos, notificarán al propietario de las mercancías.  Antes de proceder a la confiscación de las
mercancías infractoras, se deberá notificar al importador los motivos que fundamentan esa medida o
la imposición de una pena.  Además, se brindará al importador una oportunidad razonable de efectuarsu descargo por escrito o verbalmente.
31. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir a
medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los procedimientos y
recursos con que cuentan en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual, y citar lasdisposiciones pertinentes de la Ley.
[No se ha recibido respuesta.]
32. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC determina los procedimientos que se han de
seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las
autoridades competentes de la India están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo,
sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de oficio.IP/C/W/326/Add.1
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En virtud de la Ley de Aduanas de 1962 las autoridades aduaneras pueden adoptar medidas
respecto a la importación de mercancías que puedan ser causa de infracción, según se prevé en la Ley
de Marcas de Fábrica o de Comercio y en la Ley de Derechos de Autor de la India, previa petición,
como se indica en la respuesta a la pregunta 23.
K. PROCEDIMIENTOS PENALES
33. Sírvanse describir en detalle cómo las leyes de la India aplican el artículo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC que prescribe que los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales,
que comprenderán penas de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente
disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de
infracción de derechos de propiedad intelectual a escala comercial.  Sírvanse citar las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes.
En la Ley de Dibujos y Modelos de 2000 y la Ley de Patentes de 1970 no se prevén recursos
penales.  Los procedimientos y sanciones penales y otros recursos por infracción de diversos derechos
de propiedad intelectual previstos en las demás leyes pertinentes son los siguientes:
Ley de Derecho de Autor, 1957
En virtud del artículo 63 de la Ley de Derecho de Autor de 1957, toda persona que, a
sabiendas, infrinja o colabore en la infracción:
- del derecho de autor sobre una obra; o
- de cualquier otro derecho conferido en virtud de esta Ley, excepción hecha del
derecho contemplado en el artículo 53A,
será sancionada con pena de prisión de seis meses a tres años y con una multa de 50.000 a
200.000 rupias;  cuando la infracción no se hubiera cometido con fines de lucro, en el curso de
operaciones comerciales o empresariales normales, el tribunal, cuando existan motivos fundados y
concretos, que han de indicarse en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de seis
meses o una multa inferior a 50.000 rupias.
La persona ya condenada por un delito previsto en el artículo 63 que sea objeto de una nueva
condena por un delito similar será sancionada, por el segundo delito y por cada delito posterior, con
pena de prisión de uno a tres años y con una multa de 100.000 a 200.000 rupias;  cuando la infracción
no se hubiera cometido con fines de lucro, en el curso de actividades comerciales o empresariales, el
tribunal, cuando existan motivos fundados y concretos, que han de mencionarse en la sentencia, podrá
imponer una pena de prisión de menos de un año o una multa inferior a 100.000 rupias.
Toda persona que, a sabiendas, utilice en un ordenador una copia infractora de un programa
de ordenador será sancionada con pena de prisión de siete días a tres años y con una multa de 50.000 a
200.000 rupias.  Sin embargo, cuando el programa no sea utilizado con fines de lucro o en el curso de
actividades comerciales o empresariales, el tribunal podrá no imponer una pena de prisión y fijar unamulta de hasta 50.000 rupias.
Toda persona que, a sabiendas, fabrique o tenga en su posesión una plancha destinada a la
elaboración de copias infractoras de una obra protegida por un derecho de autor será sancionada con
pena de prisión de hasta dos años y, asimismo, podrá ser condenada al pago de una multa.
Toda persona que publique una grabación sonora o una película de vídeo en violación de las
disposiciones del artículo 52A de la Ley de Derecho de Autor de 1957 podrá ser sancionada con pena
de prisión de hasta tres años y, asimismo, podrá ser condenada al pago de una multa.IP/C/W/326/Add.1
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Todo funcionario de policía con una categoría no inferior a la de subinspector tiene facultades
de inspeccionar y confiscar los materiales utilizados para cometer la infracción de un derecho de
autor.  Esos materiales deben presentarse ante el juez.  El propietario puede tomar posesión de las
mercancías.  De no ser así, el tribunal, al finalizar el juicio dispondrá de los bienes según elprocedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal de 1973.
Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de los Obtentores de 2001
El párrafo 1 del artículo 68 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos
de los Obtentores de 2001 establece que sólo el obtentor de una variedad registrada con arreglo a esta
Ley o el licenciatario registrado o un representante registrado en virtud de esa disposición podráutilizar la denominación de esa variedad en la manera que pueda establecerse.
El párrafo 1 del artículo 69 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos
de los Obtentores de 2001 establece que se considerará que una persona aplica falsamente la
denominación de una obtención registrada en virtud de esta Ley cuando, sin el consentimiento delobtentor de esa variedad, aplique esa denominación o una denominación similar que induzca a error o
un embalaje que ostente una denominación idéntica o engañosamente similar a la denominación de
esa variedad registrada en virtud de esta Ley, a los efectos de su envasado, llenado o empaquetado con
una obtención distinta de la variedad registrada en virtud de esta Ley.
El párrafo 2 del artículo 69 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos
de los Obtentores de 2001 establece que toda denominación de una obtención registrada en virtud de
esa Ley aplicada falsamente, como se indica en el párrafo 1, se considera en esta Ley una
denominación falsa.
En virtud del artículo 70 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y Derechos de
los Obtentores de 2001, toda persona que aplique una denominación falsa a una obtención o indique
falsamente el nombre de un país o lugar o el nombre y la dirección falsos del obtentor de una variedad
registrada en virtud de esta Ley en una transacción sobre esa obtención será sancionada, salvo que
demuestre que procedió sin intención de defraudar, con pena de prisión de tres meses a dos años o a
una multa de 50.000 a 500.000 rupias, o con ambas penas a la vez.
De conformidad con el artículo 71 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y
Derechos de los Obtentores de 2001, toda persona que venda o exponga para la venta o tenga en su
posesión para la venta o cualquier otra finalidad comercial o de producción, una obtención a la que se
haya aplicado una denominación falsa o sobre la que se hubiera aplicado fraudulentamente una
indicación relativa al país o lugar en que esa va riedad se haya obtenido o producido o al nombre y
dirección del obtentor de esa variedad registrada de conformidad con esta Ley, a menos que
demuestre que:
- habiendo adoptado todas las precauciones razonables para evitar la comisión de un
delito previsto en este artículo, no tuvo, en el momento de cometerse el supuestodelito, ningún motivo para sospechar de la autenticidad de la denominación de la
obtención vegetal o de que se hubiera cometido algún delito respecto de la indicación
relativa al país o lugar en que esa obtención registrada de conformidad con esta Ley
fue obtenida o producida o respecto del nombre y/o la dirección del obtentor de esa
variedad;
- a requerimiento del fiscal o su representante, haya suministrado toda la información
de que disponía sobre la persona de quien ha obtenido esa variedad;  o
- por lo demás, ha obrado de buena fe,IP/C/W/326/Add.1
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será sancionada con pena de prisión de seis meses a dos años;  o con una multa de 50.000 a
500.000 rupias, o con ambas penas a la vez.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y
Derechos de los Obtentores de 2001, cuando la persona que haya sido condenada por un delito en
virtud de esta Ley, sea condenada nuevamente por la comisión de ese delito, será sancionada por el
segundo delito y por cada delito posterior con pena de prisión de uno a tres años;  o con una multa
de 200.000 a 2 millones de rupias, o con ambas penas a la vez.
Ley de Marcas de Fabrica y de Comercio, 1999
En virtud del artículo 103 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, toda
persona que:
- falsifique una marca de fábrica o de comercio;  o
- aplique fraudulentamente una marca de fábrica o de comercio a mercancías o
servicios;  o
- fabrique, transfiera o tenga en su poder un troquel, una matriz, una máquina, una
plancha u otro instrumento con el propósito de falsificar una marca de fábrica o decomercio o de utilizarlos para su falsificación;  o
- aplique una descripción comercial falsa a mercancías o servicios;  o- aplique a las mercancías respecto de las cuales, en virtud del artículo 139, se exige
que lleven una indicación del país o del lugar de fabricación o producción o el
nombre y la dirección del fabricante o de la persona para la que se fabrican las
mercancías, una indicación falsa relativa al país, el lugar, el nombre o la dirección;  o
- altere, modifique o borre una indicación de origen que se haya aplicado a las
mercancías de conformidad con lo exigido en el artículo 139;  o
- realice alguno de los actos mencionados en este artículo,
será sancionada, a menos que demuestre que actuó sin intención fraudulenta, con pena de prisión de
seis meses a tres años y con una multa de 50.000 rupias a 200.000 rupias; cuando existan motivos
fundados y concretos, que han de mencionarse en la sentencia, el tribunal podrá imponer una pena demenos de seis meses o una multa inferior a 50.000 rupias.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104, la persona que venda o arriende, ofrezca o
exponga para la venta o arrendamiento o tenga en su poder para la venta, mercancías u objetos, o
suministre o arriende servicios, a los que se ha aplicado una marca de fábrica o de comercio o unadescripción comercial falsa o que, respecto de los cuales, en virtud del artículo 139, se exige la
aplicación de una indicación relativa al país o al lugar de fabricación o producción o el nombre y
dirección del fabricante o de la persona para la que se fabrican las mercancías o se prestan los
servicios, según el caso, y no consten en ellos las indicaciones exigidas, a menos que pruebe que:
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión de un delito previsto en este artículo, no tuvo, en el momento de cometerse
el supuesto delito, motivo alguno para sospechar de la autenticidad de la marca o
descripción comercial o de que se hubiere cometido algún delito respecto de las
mercancías o servicios;  oIP/C/W/326/Add.1
Página 46
- a requerimiento del fiscal o de su representante, haya proporcionado toda la
información que poseía sobre las personas que le han entregado las mercancías u
objetos o prestado los servicios;  o
- por lo demás, ha obrado de buena fe,
será sancionada con pena de prisión de seis meses a tres años y con una multa de 50.000 a
200.000 rupias;  cuando existan motivos fundados y concretos, que han de mencionarse en la
sentencia, el tribunal podrá imponer una pena de prisión de menos de seis años o una multa inferior
a 50.000 rupias.
En virtud del artículo 105 de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de 1999, cuando
una persona que ya haya sido condenada por un delito en virtud del artículo 103 o del artículo 104 sea
condenada nuevamente por uno de esos delitos, será sancionada, por el segundo delito y por cada
delito subsiguiente, con pena de prisión de uno a tres años y con una multa de 100.000 a
200.000 rupias;  el tribunal, cuando existan motivos fundados y concretos, que han de mencionarse en
la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de un año o una multa inferiora 100.000 rupias.
El artículo 111 establece que cuando una persona sea condenada en virtud de lo dispuesto en
los artículos 103, 104 ó 105 o sea absuelta, el tribunal que haya pronunciado la condena o el
sobreseimiento podrá ordenar el decomiso por el Gobierno de todas las mercancías y objetosutilizados para cometer el delito o en relación con éste.  El tribunal puede ordenar que los productos
decomisados sean destruidos o que se disponga de ellos de otro modo. según estime pertinente.
Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y Protección), 1999
En virtud del artículo 39 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, la persona que:
- falsifique una indicación geográfica;  o- aplique fraudulentamente a las mercancías una indicación geográfica;  o
- fabrique, transfiera, o tenga en su posesión un troquel, una matriz, una plancha, una
máquina u otro instrumento con el propósito de falsificar una indicación geográfica o
de utilizarlos para su falsificación;  o
- aplique a las mercancías respecto de las cuales, en virtud del artículo 71, se exige la
aplicación de una indicación del país o del lugar de fabricación o de producción o el
nombre y la dirección del fabricante o de la persona para la que se fabrican las
mercancías, una indicación falsa relativa al país, el lugar, el nombre o la dirección;  o
- altere, modifique o borre una indicación de origen que se haya aplicado a las
mercancías de conformidad con lo exigido en el artículo 71;  o
- realice alguno de los actos anteriormente mencionados en este artículo,
será condenada, a menos que pruebe que procedió sin intención fraudulenta, a una pena de prisión de
seis meses a tres años y a una multa de 50.000 a 200.000 rupias;  el tribunal, cuando existan motivos
fundados y concretos, que han de mencionarse en la sentencia, podrá imponer una condena de prisión
de menos de seis meses o una multa inferior a 50.000 rupias.IP/C/W/326/Add.1
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En virtud del artículo 40 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías (Registro y
Protección) de 1999, la persona que venda o alquile, o exponga para la venta o el alquiler o tenga en
su posesión para la venta, mercancías u objetos a los que se aplique una indicación geográfica falsa o
respecto de las cuales, en virtud del artículo 71, se exige la aplicación de una indicación relativa al
país o al lugar de fabricación o al nombre y la dirección del fabricante, o a la persona para la que sefabrican las mercancías o no consten en ellas las indicaciones exigidas, a menos que pruebe que:
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión de un delito en relación con esta disposición, no tuvo, en el momento de
cometerse el supuesto delito, razones para sospechar de la autenticidad de la
indicación geográfica o que se hubiese cometido algún delito respecto de las
mercancías;  o
- a requerimiento del fiscal o de su representante, haya proporcionado toda la
información que poseía sobre las personas que le entregaron las mercancías o cosas,
o
- por lo demás, ha obrado de buena fe,
será condenada a una pena de prisión de seis meses a tres años y con una multa de 50.000 a
200.000 rupias;  el tribunal, cuando existan motivos fundados y concretos, que han de mencionarse en
la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de seis meses o una multa inferiora 50.000 rupias.
De conformidad con el artículo 41 de la Ley de Indicaciones Geográficas de las Mercancías
(Registro y Protección) de 1999 cuando una persona que ya ha sido condenada por un delito previsto
en el artículo 39 o en el artículo 40 sea condenada nuevamente por esos delitos, será sancionada por elsegundo delito y por cada delito posterior con pena de prisión de uno a tres años y con una multa de
100.000 a 200.000 rupias;  el tribunal, cuando existan motivos fundados y concretos, que han de
mencionarse en la sentencia, podrá imponer una pena de prisión de menos de un año o una multa
inferior a 100.000 rupias.
Cuando una persona sea condenada por un delito previsto en los artículos 39, 40 ó 41 o sea
absuelta de la acusación de haber cometido un delito previsto en el artículo 39 o en el artículo 40,habiéndose probado que procedió sin intención de defraudar o, en virtud del artículo 40, por haber
probado los hechos previstos en los apartados a), b) o c) de ese artículo, el tribunal que la condene o
absuelva podrá ordenar el decomiso por el Gobierno de todas las mercancías y objetos mediante los
cuales se haya cometido el delito o relacionados con el mismo o que de no ser por las pruebas
mencionadas, se estimaría que se ha cometido el delito.
Cuando en una sentencia condenatoria se ordene un decomiso, el tribunal que haya
pronunciado la sentencia podrá ordenar que los artículos decomisados sean destruidos o de otro modo
se disponga de ellos en la forma que estime apropiada.
Cuando una persona acusada de un delito previsto en el artículo 39 demuestre que:
- en el curso normal de sus actividades está empleada por otras personas para aplicar
indicaciones geográficas o, según el caso, fabricar troqueles, matrices, máquinas,
planchas u otros instrumentos destinados a elaborar indicaciones geográficas o comoparte de dicho proceso;
- en el caso materia de la acusación, fue empleada para realizar las actividades
mencionadas, y no tuvo interés en las utilidades o comisiones derivadas de la venta de
dichas mercancías;IP/C/W/326/Add.1
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- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la
comisión del delito imputado no tuvo, en el momento de cometerse el presunto delito,
motivos para sospechar de la autenticidad de la indicación geográfica;  y
- a requerimiento del fiscal o de su representante, haya proporcionado toda la
información que poseía sobre las personas en cuyo nombre fue aplicada la indicación
geográfica, será absuelta en la causa.
Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de Semiconductores, 2000
De conformidad con el artículo 18 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos
Integrados de Semiconductores de 2000, se infringe el derecho sobre un esquema de trazado
registrado cuando una persona que no sea propietaria o usuaria registrada del esquema de trazado:
- efectúa cualquier acto de reproducción, por la incorporación a un circuito integrado
de semiconductores u otro medio, la totalidad o una parte del esquema de trazadoregistrado, excepción hecha de la reproducción de una parte del mismo que no sea
original;
- efectúa cualquier acto de importación o venta o de otro modo distribuya con fines
comerciales un esquema de trazado registrado o un circuito integrado desemiconductores que incorpore ese esquema de trazado o un artículo que incorpore
un circuito integrado de semiconductores que contenga el esquema de trazado
registrado, para cuya utilización la persona referida no estuviera autorizada en virtud
de la presente Ley.
El artículo 56 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de
Semiconductores de 2000 establece que la persona que infrinja a sabiendas o intencionalmente
cualquiera de las disposiciones del artículo 18 indicadas supra , será sancionada con pena de prisión de
hasta tres años, o con una multa de 50.000 a 1 millón de rupias, o con ambas penas a la vez.
Cuando una persona sea condenada por un delito previsto en el artículo 56, el tribunal que
haya pronunciado la condena podrá disponer el deco miso por el Gobierno de todas las mercancías y
objetos mediante los cuales o en relación con los cuales se hubiese cometido el delito.
34. El artículo 61 estipula que, cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también
la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y
accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.  Sírvanse describir lasdisposiciones de la legislación de la India que prevén tales recursos y señalar las circunstancias en
que éstos se aplicarían, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
[No se ha recibido respuesta.]
35. Asimismo, el artículo 61 indica que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de otras formas de la
propiedad intelectual.  Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de la India que
establezcan esos procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.
Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta Nº 33.IP/C/W/326/Add.1
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L. I NFORMACIÓN ESTADÍSTICA
36. Sírvanse proporcionar información estadística referente a derechos civiles de autor, marcas
de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes,
esquemas de trazado o de circuitos integrados y la observancia de secretos comerciales compiladosdurante el año 2000, incluyendo el número de casos presentados;  los mandamientos expedidos;  las
mercancías infractoras confiscadas;  los equipos infractores confiscados;  los casos resueltos
(incluidos los arreglos);  y el importe de los perjuicios indemnizados.
[No se ha recibido respuesta.]
37. Sírvanse proporcionar información estadística referente a la observancia penal en la esfera
de la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica o de comercio
compilada durante el año 2000, incluyendo el número de operativos, procesos, condenas, el importe
de las multas y/o penas de prisión (con inclusión de las multas pagadas y de las penas de prisión
realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra  información que establezca que el sistema penal
funciona eficazmente para disuadir la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcasde fábrica o de comercio.
[No se ha recibido respuesta.]
M. N
OTIFICACIONES
38. Sírvanse informar si la India ha notificado sus leyes sobre patentes, esquemas de trazado de
circuitos integrados y secretos comerciales conforme lo requiere el párrafo 2 del artículo 63 del
Acuerdo sobre los ADPIC.  Si algunas leyes no se han notificado, sírvanse explicar las circunstancias
del caso e indicar cuándo se notificarán.  Por último, sírvanse informar cuándo responderá la India ala Lista de cuestiones sobre la observancia.
La India notificó a la OMC la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de
Semiconductores de 2000.  El proyecto de Ley de Patentes (Segunda Modificación), de 1999, cuyo
objetivo es establecer un régimen de patentes que dé pleno cumplimiento al Acuerdo sobre los
ADPIC, en la actualidad es objeto de examen por el Comité Mixto del Parlamento que, según se
espera, ultimará su informe durante el presente período de sesiones de invierno del Parlamento.  LaIndia ha presentado a la OMC la Lista de cuestiones sobre la observancia.
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2 Documento IP/N/6/IND/1.