RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOG/PSI/WP/W/18
17 de septiembre de 1998
(98-3549)
Grupo de Trabajo sobre Inspección
Previa a la ExpediciónOriginal:  inglés
OPINIONES PRESENTADAS SOBRE LAS CUESTIONES
CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO
Nota de la Secretaría
1. En su reunión del 10 de diciembre de 1997, el Consejo General adoptó el informe del Grupo
de Trabajo sobre Inspección Previa a la Expedición, contenido en el documento G/L/214.1  El informe
contenía siete recomendaciones para mejorar la aplicación del Acuerdo sobre Inspección Previa a la
Expedición (en adelante, el Acuerdo), y dos recomendaciones relativas a la actividad futura del Grupo
de Trabajo.  Estas dos últimas recomendaciones dicen:
"8. El período de actividad del Grupo de Trabajo se prorrogará por un año con objeto de
que puedan intercambiarse opiniones acerca de un Código de Conducta de las entidades de IPE;
un modelo uniforme para la inspección;  el examen  selectivo de las expediciones;  la auditoría
de las entidades de IPE;  la promoción de la co mpetencia entre entidades de IPE;  las estructuras
de los honorarios de las entidades de IPE;  y la utilidad, para los Miembros usuarios de crearbases de datos sobre precios.
9. Deberá realizarse una evaluación de las actividades de asistencia técnica, de
conformidad con el artículo 3 del Acuerdo, ba sándose en la evaluación de las actividades de
asistencia técnica actualmente objeto de examen en el Comité de Valoración en Aduana y en el
marco integrado para la asistencia técnica aprobado en la Reunión de Alto Nivel sobre los
Países Menos Adelantados de la OMC.  Las actividades de asistencia técnica, que deberánadministrarse en función de la demanda, podrían incluir esferas tales como reformas de la
administración de los aranceles y las aduanas;  simplificación y modernización de los sistemas y
procedimientos;  y desarrollo de una infraestruc tura jurídica, administrativa y física adecuada."
2. De conformidad con la recomendación 8, el Grupo de Trabajo este año celebró dos reuniones,
el 19 de marzo y el 12 de junio de 1998, para in tercambiar opiniones sobre las cuestiones contenidas
en la misma.  La presente nota recoge en forma estructurada y agrupadas por temas, las opiniones
presentadas en el Grupo de Trabajo en ocasión de las dos reuniones mencionadas sobre las cuestiones
indicadas en la recomendación 8 supra .  Además, conforme a lo previsto en la recomendación 9, el
Grupo de Trabajo procedió a intercambiar opiniones sobre la asistencia técnica, que también figuranen la presente nota.
                                                     
1 El Grupo de Trabajo sobre Inspección Previa a la Expedición fue instituido por el Consejo General en
su reunión celebrada los días 7, 8 y 13 de noviembre de 1996.  Su mandato es el siguiente:  "llevar a cabo elexamen previsto en el artículo 6 del Acuerdo sobre Inspecci ón Previa a la Expedición y presentar, en diciembre
de 1997, un informe al Consejo General por conducto del Consejo del Comercio de Mercancías".G/PSI/WP/W/18
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Cuestión Nº 1:  Código de Conducta de las entidades de IPE
3. Al intercambiar opiniones sobre esta cuestión, varias delegaciones examinaron la propuesta
formulada por la delegación suiza, contenida en  el documento G/PSI/WP/ W/16, de un proyecto de
modelo de acuerdo que se podría utilizar para la celebración de acuerdos y las modalidades del
contrato entre una empresa de IPE y un Miembro usuario.  A continuación figuran las opiniones
expresadas a su respecto:
Los Estados Unidos consideraron que la propuesta suiza podía tener el mérito de crear un
vínculo entre las obligaciones previstas en el Acuerdo y las actividades de las entidades
de IPE.  Plantearon algunas preguntas sobre la propuesta suiza, relativas al tipo de
mecanismos de vigilancia y ejecución de que se podría disponer para garantizar que las
entidades de IPE aplicasen plenamente las disposiciones de un modelo de acuerdo, y sobre la
posibilidad de que se prestase asistencia técnica en esa esfera.  Dieron por supuesto que no secrearía ningún derecho para los exportadores ni los importadores como consecuencia del
hecho de que un modelo de acuerdo formase parte de un contrato.  Si se incluyera el modelo
de acuerdo en un contrato, ¿en qué medida un Miembro usuario estaría dispuesto a utilizar sus
mecanismos judiciales para hacer observar las disposiciones específicas?
Para las Comunidades Europeas el modelo de contrato debería ofrecer un valor añadido.  Por
ejemplo, en el Acuerdo no se hacía ninguna referencia a los importadores.  Se podrían
precisar algunos puntos que, si se incluyeran en el modelo de acuerdo, proporcionarían ese
valor añadido.  Por otra parte, sería importante garantizar que el modelo de acuerdo no
presentase ninguna incompatibilidad con el Acuerdo.  De otro modo, se podrían plantear
serios problemas de interpretación y de ejecución.  Debía reflexionarse a fondo sobre la formade hacer cumplir ese modelo de acuerdo;  era difícil imaginar de qué manera podría ser
vinculante.
Filipinas manifestó preocupación porque si, como Miembro usuario, quedara vinculado por
ese modelo de acuerdo, se limitaría su libertad de concertar un tipo de contrato adecuado a sus
propósitos.  Como instrumento no vinculante, resultaba más atractivo ya que podría respondera las preocupaciones planteadas por los exportadores.  Tampoco debería aplicarse
retroactivamente.  El Gobierno de Filipinas acababa de renovar su contrato con una entidad
de IPE, por lo que este posible acuerdo no se aplicaría a dicho contrato.  Dado que muchas de
las disposiciones del acuerdo modelo ya figuraban en el Acuerdo, cabía preguntarse cuál sería
su valor añadido.
Hong Kong, China observó que en el modelo de acuerdo se habían tomado en consideración
muchas de las recomendaciones contenidas en el documento G/L/214.  Al repetir muchas de
las disposiciones del Acuerdo, el modelo de acuerdo hacía efectivamente extensivas, de forma
contractualmente vinculante, las obligaciones previstas en el Acuerdo IPE para las entidades
de IPE para las cuales, de no ser así, esas obligaciones no serían vinculantes.  La relación
contractual se establecería entre el gobierno usuario y la entidad de IPE de que se tratase.  De
tal forma, la ejecución del modelo de acuerdo sería un asunto que incumbiría a esas dospartes, y nunca a los exportadores ni a sus gobiernos.  El proyecto de modelo de contrato
contenía disposiciones separadas, es decir, los artículos 9.4 y 9.5, para las reclamaciones y los
recursos ante las entidades de IPE.  Esa estructura doble, si bien no era necesariamente
incompatible, no parecía haber sido prevista en el párrafo 21 del artículo 2 del Acuerdo.  El
debate y la posible adopción de ese instrumento no debería afectar a los derechos yobligaciones de los Miembros de la OMC en lo que respecta al Acuerdo.
Suiza dijo que su propuesta (G/PSI/WP/W/16) se basaba en su comunicación del año anterior
(G/PSI/WP/W/9).  Tal modelo podría contribuir a aumentar la eficacia de las actividades de
inspección previa a la expedición y responder a algunas preocupaciones formuladas por losG/PSI/WP/W/18
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Miembros.  El modelo había sido preparado en estrecha consulta con todos los grupos
interesados del sector privado de Suiza y, de conformidad con las recomendaciones del Grupo
de Trabajo contenidas en el documento G/L/214.  El modelo procuraba garantizar el respeto
de la libertad contractual.  Suiza había expresado la opinión de que dicho acuerdo no debía ser
vinculante y de que podría ser modificado en función de las circunstancias específicas de losMiembros usuarios.  Podría aportar un valor añadido al incluir disposiciones que actualmente
estaban en el Acuerdo y que sólo se aplicaban efectivamente a los Miembros usuarios.  La
vigilancia y la ejecución incumbían a los Miembros usuarios, por lo cual no era necesario un
mecanismo específico.  Reconoció que la estructura doble no estaba prevista en el Acuerdo y
que el modelo de contrato debía estar en conformidad con el Acuerdo.  Siempre
correspondería a las entidades de IPE y a los Miembros usuarios determinar sus disposiciones
específicas.
Australia manifestó interés en llevar adelante las ideas contenidas en el modelo de contrato.
Podría considerarse este tipo de modelo un instrumento para contribuir a establecer el
vínculo, que no figuraba en el Acuerdo, entre quien realizara efectivamente las actividades
de IPE y el responsable en virtud del Acuerdo.  El hecho de que el proyecto del modelo de
acuerdo incluyese numerosos puntos ya contenidos en el Acuerdo era intencional y tenía elpropósito de constituir un instrumento destinado a hacer cumplir las obligaciones dimanantes
del Acuerdo.  La ejecución del contrato se dejaba a cargo de los Miembros usuarios.  Con
respecto a los recursos y procedimiento de examen independiente previstos en el párrafo 9 del
modelo, si bien las disposiciones del Acuerdo diferían ligeramente, la propuesta suiza era un
medio útil para formalizar las obligaciones existentes de las entidades de IPE, de considerarlas reclamaciones y recursos de los comerciantes en el marco de sus actuales estructuras.
Las Comunidades Europeas sugirieron que se introdujesen dos cambios de redacción
específicos en el texto suizo a fin de disipar algunas de las preocupaciones expresadas.  El
primer cambio consistía en añadir la frase "en caso de conflicto entre las disposiciones delmodelo de acuerdo y del Acuerdo IPE, prevalecerán siempre las disposiciones del
Acuerdo IPE".  La segunda sugerencia consistía en añadir la frase "las disposiciones del
modelo de acuerdo no afectan en modo alguno a la soberanía de los Estados Miembros ni a la
libertad de contratación".
Cuestión Nº 2:  Modelo uniforme para la inspección
4. Se expresaron las siguientes opiniones sobre esta cuestión:
A juicio de las Comunidades Europeas tales modelos no se podían uniformar completamente.
Por lo general, las inspecciones guardaban relación con los productos, y por lo tanto, cabía
preguntarse hasta qué punto sería viable un modelo para la inspección completamente
uniforme.
Australia manifestó la necesidad de disponer de tiempo adicional para reflexionar sobre lo
que sería viable y útil para los Miembros.  Tenía un criterio abierto respecto de la
participación de la FIOI y del CCI en la elaboración de este concepto, y prefería que todo
modelo uniforme para la inspección fuese contractual en lugar de las otras opciones
enumeradas en la comunicación de los Estados Unidos.
Colombia consideró que sería útil contar con un modelo uniforme para la inspección y
examinaría sus particularidades.Los Estados Unidos sostuvieron que los modelos uniformes para la inspección podrían ser
una idea útil, en la medida en que distintas entidades de IPE utilizaban modelos diferentes
creando confusión en los exportadores.G/PSI/WP/W/18
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Cuestión Nº 3:  Examen selectivo de las expediciones
5. Se expresaron las siguientes opiniones sobre esta cuestión:
Las Comunidades Europeas dijeron que un examen selectivo de las expediciones podía
acelerar el proceso de exportación y contribuir a evitar las demoras excesivas y las cargas
burocráticas.  Debían examinarse a fondo los criterios que se utilizarían, a fin de evitar todadiscriminación y fomentar la plena transparencia.
Suiza observó que la FIOI había expresado su apoyo al concepto de las inspecciones físicas
selectivas de manera controlada, siempre que se ajustaran al Acuerdo en el sentido de que las
actividades de IPE se realizaran de manera transparente y se aplicaran sobre una base de
igualdad a todos los exportadores.  El examen selectivo ya era una realidad y el Acuerdo no lo
prohibía.  Dependía de los Miembros usuarios introducir este concepto en sus contratos con
las entidades de IPE.  Sería interesante que los Miembros usuarios comunicaran los criteriosque habían utilizado, y cuáles habían sido los resultados y los problemas.  Al parecer, en los
criterios utilizados, especialmente en la objetividad, residía el factor fundamental para hacer
frente al carácter discriminatorio de la inspección selectiva de las expediciones.
Los Estados Unidos señalaron que el examen selectivo de las expediciones constituía una
prioridad para su delegación, y que debería ser abordada por el Grupo de Trabajo.  La
tendencia de las autoridades aduaneras consistía en hacer una evaluación de riesgos y
examinar únicamente los envíos considerados de alto riesgo.  No obstante, el representante de
la FIOI había señalado sus inquietudes con respecto a la no discriminación.  No era un
problema porque resultaba claro que las autoridades aduaneras, cuyas obligaciones se ejercían
aún con mayor rigor que las entidades de IPE en esta esfera, ya estaban utilizándolo.  No seplanteaba la cuestión de saber si sus actividades eran transparentes y no discriminatorias.  Por
consiguiente, no había obstáculo para que las entidades de IPE utilizaran la misma técnica.
Sería interesante que informaran acerca de sus experiencias los Miembros usuarios cuyos
contratos con entidades de IPE preveían un examen selectivo.
Cuestión Nº 4:  Auditoría de las entidades de IPE
6. Se expresaron las siguientes opiniones sobre esta cuestión:
Las Comunidades Europeas dijeron que sería necesario dar respuesta a algunas preguntas
básicas, tales como la independencia de los auditores, el alcance de las auditorías que se
habrían de realizar y la protección de la confidencialidad, que no debería verse perjudicada
por la auditoría.
Filipinas indicó tener grandes reservas sobre la cuestión de las auditorías.  Cada vez que se
procedía a renovar un contrato la entidad de IPE era sometida a intensas averiguaciones.
Algunos sectores del Gobierno de Filipinas eran favorables a abandonar la IPE y otros
preferían mantenerla.  El Gobierno de Filipinas era contrario a la exigencia de una auditoríaindependiente.  El propio poder legislativo del Gobierno realizaba la auditoría de la entidad
de IPE, y sin duda la tarea no era fácil.
Hong Kong, China señaló que el Grupo de Trabajo debía examinar las repercusiones en los
costos de la contratación de un auditor y el nivel de actividades de IPE a las que debía
aplicarse la auditoría.  Sobre esta última cuestión, podría preocupar a los exportadores el
hecho de que se los sometiera a inspecciones repetidas cuando la entidad de IPE fuese objeto
de una auditoría.G/PSI/WP/W/18
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Suiza señaló que el Acuerdo no impedía que los Miembros usuarios recurriesen a auditores
independientes.  Sería útil contar con información de los Miembros usuarios.  La
responsabilidad por la plena aplicación del Acuerdo incumbía a los Miembros usuarios
encargados de vigilar a las entidades de IPE, y la presencia de auditores externos no debía
modificar esa realidad jurídica.  Las actividades de auditoría ordenadas por autoridadesoficiales extranjeras serían consideradas ilegales en Suiza, por no estar específicamente
previstas en el Acuerdo.  Era asimismo esencial que se preservase la confidencialidad de la
información, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo.  Por no ser claras las
consecuencias jurídicas de la auditoría, no debía llevarse adelante esa idea.
Los Estados Unidos manifestaron interés en examinar si sería útil para los Miembros usuarios
la contratación de servicios de auditores.  La cuestión merecía un examen más a fondo.
Cuestión Nº 5:  Promoción de la competencia entre entidades de IPE
7. Se expresaron las siguientes opiniones sobre esta cuestión:
Las Comunidades Europeas estimaron que la competencia entre entidades de IPE debía ser
acogida con satisfacción por los Miembros us uarios y que el Grupo de Trabajo debía
reflexionar sobre los medios prácticos de fomentar la competencia.  Una forma de lograrlo
consistiría en mejorar la información sobre las entidades de IPE a la disposición de los
Miembros usuarios, a fin de que éstos adoptase n sus decisiones con conocimiento de causa.
Filipinas observó que un Miembro usuario esta ba tratando de promover la competencia
mediante la firma de contratos múltiples.  Se preguntó si los exportadores eran favorables a
ello, y si la concertación de contratos múltiples era más eficiente.  Podría crear mayor
confusión.  En Filipinas, si bien no había competencia, existía una base sobre la que se estabaestableciendo la estructura de los honorarios.  Los exportadores deberían reflexionar sobre ese
punto, y el Grupo de Trabajo debería examinar la cuestión de la experiencia de los Miembros
exportadores en situaciones en que un Miembro usuario importador hubiese firmado contratos
múltiples para la prestación de servicios de IPE.
Suiza dijo que la promoción de la competencia era beneficiosa y útil, pero que no debía
imponerse a los Miembros usuarios ni a las entidades de IPE.  Era difícil aceptar la opinión de
que la falta de competencia llevaba al trato no transparente, arbitrario y discriminatorio de los
exportadores y los importadores.  Sería útil que los Miembros usuarios que utilizaban esos
sistemas comunicaran los beneficios que se ha bían obtenido.  ¿Había aumentado o disminuido
el número de reclamaciones como consecuencia de la multiplicación de entidades de IPE?
¿Por qué razones esos Miembros usuarios habían decidido introducir tales sistemas?
Los Estados Unidos dijeron que en un mercado oligopólico como el del sector de la IPE, la
verdadera competencia resultaba dudosa.  No había una proliferación de entidades de IPE, y
la capacidad del Grupo de Trabajo de promover la competencia sería más bien limitada.  No
obstante, al menos un Miembro usuario había concertado contratos múltiples, y seríainteresante conocer su experiencia.  Aunque pudiera resultar confuso, quizás se obtendrían
beneficios más importantes si los exportadores tuvieran la posibilidad de escoger entre
distintas entidades de IPE.  Los Miembros usuarios eran al mismo tiempo Miembros
exportadores y también tenían interés en estas cuestiones.
La Argentina declaró que su experiencia era muy reciente, de tan solo seis meses.  Sin
embargo, comunicaría las deliberaciones del Grupo de Trabajo a su capital, a fin de obtener
información sobre los resultados que se hubiesen obtenido de la experiencia, lo antes posible.
La razón en que se basaba ese programa especial argentino de IPE era fundamentalmente la
de promover la competencia.  En el programa , el exportador tenía la posibilidad de elegirG/PSI/WP/W/18
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entre seis entidades de IPE que hubiesen sido autorizadas mediante un procedimiento de
competencia pública.  De ese modo, se estimaba que el exportador tendría la posibilidad de
elegir la empresa con la que se sintiese más cómodo y que a su juicio fuese la mejor.  El
Gobierno consideró que la promoción de la competencia era positiva y no le vio ningún
inconveniente.  En la experiencia inicial se desconocía que se hubiese producido algunaconfusión.  Las empresas no estaban divididas por sectores de productos determinados, sino
que todas ofrecían servicios para todos los productos.  Se podía vigilar y controlar mejor a las
empresas de ser éstas numerosas.
El Perú tenía un programa de IPE que utilizaba varias entidades de IPE y su experiencia era
positiva.  Los usuarios del programa eran los importadores, quienes también pagaban los
honorarios correspondientes a la inspección;  éstos consistían en un porcentaje ad valorem .
El hecho de que hubiese más de una entidad de IPE en situación de competencia evitaba que
los honorarios fuesen demasiado elevados y los mantenía más cercanos a la realidad.  Si
fueran demasiado altos los honorarios de una entidad, un importador podría recurrir a otra
entidad cuyos honorarios fuesen inferiores.
Corea recordó que su delegación había propuesto inicialmente al Grupo de Trabajo la
cuestión de la promoción de la competencia el año anterior, lo que había tenido su origen en
las opiniones de los exportadores coreanos.  Cuando una empresa exportadora tenía un
problema, por ejemplo si se le solicitaba que proporcionase información o si existiesen
demoras, la posibilidad de escoger otra entidad de IPE permitiría resolver el problema.  Deese modo, el cambiar de entidad de IPE podía ser una solución.  Si bien no había información
disponible sobre la experiencia en particular, podía tratar de recabarse más información de la
capital.
Cuestión Nº 6:  Estructuras de los honorarios de las entidades de IPE
8. Se expresaron las siguientes opiniones sobre esta cuestión:
Las Comunidades Europeas reiteraron su firme reserva respecto de las prácticas basadas en
honorarios fijos.  Los honorarios que se aplicaran deberían guardar proporción con los
servicios prestados, lo que ayudaría a evitar conflictos de intereses.
Australia preferiría que los honorarios se aplicaran sobre la base de los servicios prestados y
no como tasas ad valorem .  Por ejemplo, esto podría significar un derecho negociado y
convenido entre el Miembro usuario y la entidad de IPE en el momento de la firma del
contrato, que reflejaría una estimación del valor de los recursos y del tiempo.  Sería necesario
incluir una dosis de flexibilidad, ya que se trataría de una estimación.  El Grupo de Trabajo
podría examinar ulteriormente el funcionamiento del mecanismo.
Hong Kong, China reconoció que sería útil que los Miembros usuarios ofrecieran información
a fin de comprender mejor la cuestión, especialmente los Miembros usuarios que estuviesen
adoptando estructuras con un vínculo entre los honorarios y el valor verificado de las
mercancías.  Se les debería dar la oportunidad de que explicasen de qué manera abordaban lacuestión del conflicto de intereses en el marco de esas disposiciones.
Los Estados Unidos hicieron suyas las preocupaciones expresadas por las Comunidades
Europeas en el sentido de que los honorarios debían guardar una estrecha relación con los
servicios prestados y que la cuestión podría tener consecuencias con respecto a lo dispuestoen el Artículo VIII del GATT de 1994.G/PSI/WP/W/18
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Cuestión Nº 7:  Utilidad para los Miembros usuarios de crear bases de datos sobre precios
9. Se expresaron las siguientes opiniones sobre esta cuestión:
Colombia consideró que la utilización de bases de datos sobre precios para realizar
comparaciones con los precios declarados por los importadores y justificar las dudas que las
autoridades aduaneras pudiesen tener con respecto al precio declarado por un importador,
sería un instrumento muy útil para cuantificar el valor que autorizaría el despacho de la
mercancía al importador.  Las bases de datos sobre precios también podrían ser sumamente
útiles para determinar el valor en aduana de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo sobre
Valoración en Aduana, o sea cuando el valor en aduana no podía determinarse con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 1 a 6 del Acuerdo.  El artículo 7 establecía que dicho valor sedeterminaría según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones
generales del Acuerdo y el Artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos
disponibles en el país de importación.  Como había señalado el representante de la FIOI en la
reunión informal, las bases de datos de precios también podrían ser útiles como referencia
para la valoración, con arreglo al artículo 2 del Acuerdo, del valor de transacción demercancías idénticas o, de conformidad con el artículo 3, del valor de transacción de
mercancías similares.  Para las autoridades aduaneras de Colombia, una base de datos sobre
precios incluiría precios de referencia y no precios mínimos.  De ese modo, entendiéndose
que las bases de datos sobre precios constituían precios de referencia y no precios mínimos, el
Grupo podría disipar la preocupación de que esa base de datos sobre precios podíadistorsionar la valoración en aduana y, por tanto, era contraria a los principios del Acuerdo
sobre Valoración en Aduana.  Para Colombia una base de datos sobre precios con precios de
mercado, y no precios mínimos, era una fuente de información para agilizar la labor de
valoración en aduana.  No obstante, el importador siempre conservaba el derecho de
demostrar que el precio declarado había sido el precio verdaderamente pagado.
Las Comunidades Europeas manifestaron reservas respecto del establecimiento de bases de
datos sobre precios, cuestión que merecía un estudio muy detenido.  Entrañaba el peligro de
dar lugar a la creación de precios ficticios, lo que socavaría la estructura del mercado y
complicaría las prácticas de exportación en lugar de simplificarlas.  De conformidad con el
artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, entre los medios autorizados para
determinar el precio a efectos aduaneros figuraban las bases de datos disponibles en el país de
importación.  No obstante, las CE consideraron que toda medida que pudiera utilizarse parapermitir la determinación del precio debía ser estrictamente compatible con los principios y
disposiciones generales del GATT de 1994 y los acuerdos pertinentes.  Eso también figuraba
en el artículo 7 del Acuerdo.  A ese respecto, un principio básico que había de respetarse era
el de hacer todo lo posible para evitar los precios arbitrarios o ficticios.  Esto se estipulaba
explícitamente en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, en el Acuerdo sobre InspecciónPrevia a la Expedición, así como en el Artículo VII del GATT de 1994.  En la medida en que
esas bases de datos sobre precios podían dar lugar a precios ficticios, las CE estimaron que no
debían ser aceptadas.  Por supuesto, nada impediría que el país importador utilizara precios de
referencia si lo deseaba, siempre que respetase el principio de evitar los precios ficticios.
Los Estados Unidos valoraron las opiniones manifestadas por Colombia y tomaron nota de su
referencia al Artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana.  No obstante, compartieron
las preocupaciones expresadas por las Comunidades Europeas.  En virtud del artículo 1 del
Acuerdo sobre Valoración en Aduana, no sería al parecer legítimo rechazar el valor de
transacción fundándose en bases de datos sobre precios, o al menos con este único
fundamento.
El Japón hizo saber que tenía un gran interés en la relación entre las bases de datos sobre
precios y el Acuerdo sobre Valoración en Aduana.G/PSI/WP/W/18
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Cuestión Nº 8:  Asistencia técnica
10. Se expresaron las siguientes opiniones sobre esta cuestión:
Los Estados Unidos dijeron que la asistencia técnica en esa esfera no debía estar encaminada
a alentar a los Miembros a contratar los servicios de entidades de IPE, sino a prestarles
asistencia para que dejasen progresivamente de lado a estas entidades y asumiesen
directamente esas responsabilidades.  Ello significaba una reforma efectiva de las aduanas.
Había una relación con las deliberaciones sobre la asistencia técnica en el Acuerdo sobre
Valoración en Aduana.  Seguramente se debería prestar una asistencia técnica más focalizada
para permitir a los Miembros usuarios reformar y modernizar sus administraciones de
aduanas.
Las Comunidades Europeas se mostraron dispuestas a examinar esta cuestión de manera más
estructurada, bajo ciertas condiciones.  Sería necesario que el Grupo de Trabajo dispusiera de
una evaluación integrada y global de los problemas que planteaba la asistencia técnica en
curso y no debería intervenir en la cuestión sin contar con un panorama claro de lo que se
estaba haciendo, tanto a nivel bilateral como multilateral.  Además, se refirieron a lanecesidad de que se solicitara la asistencia concretamente, según estaba previsto en el
artículo 3 del Acuerdo.  También, serían necesarios programas específicos encaminados a la
consecución de los objetivos del Acuerdo y eventualmente a la reforma de las aduanas.  Era
asimismo necesario coordinar las actividades con otras organizaciones y con los Miembros, a
fin de evitar la duplicación de la asistencia, y de que las actividades fuesen más centradas ytuviesen metas precisas.  En esas condiciones, y teniendo en cuenta las prioridades y
posibilidades de la UE, Las CE se mostraron dispuestas a examinar la cuestión.
Filipinas declaró que recibía asistencia técnica, bilateral y plurilateral, e incluso
multilateralmente.  Esa asistencia estaba orientada a la reforma de las prácticas aduaneras y ya
se registraban resultados tangibles.  Entre ellos figuraba el programa SIDUNEA de laUNCTAD, que había contribuido a la consecución de grandes progresos en lo relativo al
tiempo empleado para el despacho de mercancías en la aduana.  La pregunta de si esa
asistencia permitiría que Filipinas eliminase gradualmente el programa de IPE, no podía
responderse por el momento.  No obstante, como para el año 2000 muchos países en
desarrollo estarían obligados a aplicar el valor de transacción del Acuerdo sobre Valoración
en Aduana, podría ser ese el momento en que debiesen eliminarse gradualmente las
actividades de IPE.
Suiza también consideró útil comenzar esa labor con un estudio de la situación concreta de los
Miembros usuarios, los exportadores y las entidades de IPE, a fin de conocer mejor la
asistencia técnica que ya se estaba prestando y que se había solicitado.  Había una clara
relación entre este tema y la actividad llevada a cabo en el Comité de Valoración en Aduana,
en cuanto se refería a la creación de infraestructuras y capacidad aduanera.  La duración delGrupo de Trabajo estaba limitada en el tiempo, por lo cual tal vez no fuese posible iniciar en
ese momento un proceso que fuese más que un estudio de la situación concreta.  Ese proceso
podría suponer además una duplicación de tareas.  Los Miembros debían esforzarse por teneren cuenta la dimensión de IPE en la labor del Comité de Valoración en Aduana.
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