RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/SWE/1
26 de agosto de 1998
(98-3315)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de PropiedadIntelectual  relacionados con el ComercioOriginal:   inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA
SUECIA
1
El presente documento reproduce la declaración preliminar de la delegación de Suecia, las
preguntas que se le formularon y las respuestas dadas en el examen de la legislación sobre laobservancia efectuado en la reunión del Consejo celebrada del 17 al 21 de noviembre de 1997.
2
_______________
I. DECLARACIÓN PRELIMINAR
Tradicionalmente, el derecho sueco de la propiedad intelectual se ha basado en el concepto de
unos derechos claramente definidos con limitaciones definidas con igual claridad y luego, en cada ley
de propiedad intelectual, disposiciones sobre sanciones por las violaciones de esos derechos.  Lapolítica ha sido siempre tratar, en la medida de lo posible, los diversos derechos de propiedad
intelectual de manera paralela por lo que se refiere a sanciones y observancia.  Además de la
indemnización por daños y perjuicios, disposicione s sobre incautación y destrucción de mercancías
infractoras y apercibimientos etc., se ha hecho siempre fuerte hincapié en las sanciones penales de las
infracciones de la propiedad intelectual.  Estas sanciones penales han sido agravadas a lo largo de los
años.  Los fiscales están facultados para iniciar una acción penal no sólo a instancia de una parte
perjudicada sino también cuando así lo reclama el interés público.  Esta segunda posibilidad tienecomo fin, en particular, facilitar y hacer más eficiente la lucha contra la piratería en la esfera del
derecho de autor.  Las autoridades tienen la impresión de que los tribunales consideran cada vez más
seriamente las infracciones de la propiedad intelectual y, en los últimos años, se han producido varios
casos de penas de prisión.
II. RESPUESTAS A LA PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las decisiones sobre la suspensión del despacho para libre circulación de mercancías
mencionadas en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC las adopta la Junta Nacional de Aduanas
("Generaltullstyrelsen ") que es la autoridad administrativa aduanera central, de cuyas decisiones cabe
apelar ante los tribunales administrativos generales (los Tribunales Administrativos de Condado, el
Tribunal Administrativo Central y el Tribunal Ad ministrativo Supremo).  La cuestión de si se ha
                                                     
1 Por lo que se refiere a las leyes y los reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen notificados
por Suecia de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se remite a los documentos IP/N/1/SWE/1
(anexo III);  IP/N/1/SWE/E/1 y IP/N/6/SWE/1.
2 Las actas de esta reunión se han distribuido como documento IP/C/M/16.IP/Q4/SWE/1
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producido realmente una infracción y qué medidas hay que adoptar en caso de que esa infracción haya
realmente ocurrido, es decidida por el tribunal ordi nario competente, el cual está también facultado
para dictar una decisión interlocutoria en el sentido de que se ponga fin a la suspensión.
2. Sírvanse explicar si "el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.
Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 1, las decisiones sobre el fondo de la causa
son adoptadas por los tribunales ordinarios.
3. ¿Existe algún medio, además de la Demanda prevista en los artículos 51 y 52 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará re ferencia en adelante como "Demanda"), por el
que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan el
despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que se
sospeche que los infringen?
Como se indica en la respuesta de Suecia a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia3, hay disposiciones en las diversas leyes sobre la propiedad intelectual relativas a la
destrucción y el apartamiento, etc., del material infractor de acuerdo con las decisiones de los
tribunales en los casos de infracción.  Esas decisiones pueden entrañar la incautación, también con
carácter preliminar, de ese material infractor.
4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la Demanda",
conforme a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La legislación nacional en vigor (Ley 1994:1522 sobre Control Aduanero de las Infracciones
de Marcas de Fábrica o de Comercio, que contiene disposiciones complementarias a las del
Reglamento de la Unión Europea Nº 3295/94), no c ontiene ninguna disposición sobre el plazo dentro
del cual el solicitante ha de ser informado de si la solicitud ha sido o no aceptada.  De las
reglamentaciones de aplicación para ese Reglamento de la Unión Europea (Reglamentación
Nº 1367/95 de la Comisión) se deduce, no obstante, que esa información debe darse inmediatamente,
cosa que se aplica obviamente también en el plano nacional sueco.
5. Sírvanse explicar cuál es el pl azo de vigencia de las Demandas.
La Ley sueca mencionada en la respuesta a la pregunta 4 no contiene indicaciones acerca del
período de validez de la solicitud.  Pero en las reglamentaciones aduaneras internas, se prescribe un
período de un año a este respecto.
6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
La Ley mencionada en la respuesta a la pregunta 4 faculta al Gobierno a prescribir tasas en
relación con las solicitudes mencionadas en la pregunta.
7. Sírvanse explicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen "el
procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el artículo 55
del Acuerdo sobre los ADPIC, y resumir el contenido de esas disposiciones.
                                                     
3 Documento IP/N/6/SWE/1.IP/Q4/SWE/1
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Las disposiciones legislativas a que se refiere la pregunta son de dos tipos.  Uno consiste en
las disposiciones contenidas en las diversas leyes sobre la propiedad intelectual que determinan la
responsabilidad penal y civil por las infracciones y que evidentemente aplican los tribunales a efectos
de decidir sobre el fondo de la causa.  El otro tipo consiste en disposiciones del Código de
Procedimiento Judicial que describen las diversas etapas de los procedimientos penal o civil,respectivamente.  Hablando en términos generales, ese procedimiento se inicia mediante una solicitud
de citación al demandado para que comparezca ante el tribunal.  Refiriéndonos aquí sólo a causas
civiles y dejando de lado los detalles, las disposiciones prescriben básicamente lo siguiente.  Todo
aquel que desee que se expida una citación debe presentar una solicitud escrita a este respecto al
tribunal competente.  La solicitud debe estar firmada por el reclamante o su abogado y contener
indicaciones sobre las circunstancias en que se fund a la acción, la Demanda de reparación, las pruebas
documentales ofrecidas y las circunstancias que hacen competente al tribunal.  Cuando la solicitud decitación no cumple los requisitos pertinentes o es de otro modo incompleta, el tribunal debe indicar al
reclamante que corrija el defecto.  Si no se atiende a esas indicaciones, el resultado es generalmente
que la solicitud puede ser desestimada.  Cuando no lo es, el tribunal debe expedir una citación
pidiendo al demandado que conteste la reclamación.  La citación junto con la solicitud de citación y
los documentos anexos (por ejemplo, pruebas) deben notificarse al demandado.  Acto seguido el
tribunal examina la causa, en casos civiles por lo común en una o más vistas preliminares seguidas de
la vista principal.  Luego el tribunal dicta su sentencia que puede normalmente ser recurrida ante el
Tribunal de Apelaciones y, en casos de particular importancia, ante el Tribunal Supremo.
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las m ercancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos previstos en el  artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Como antes se dijo, las decisiones sobre el fondo de la causa las adoptan los tribunales
ordinarios, cuyas decisiones deben ser aplicadas por la autoridad aduanera.  La Ley antes mencionadaestablece expresamente que la autoridad aduanera que custodia las mercancías de que se trate debe
aplicar la decisión del tribunal acerca de su despacho, modificación o destrucción.  En consecuencia,
cuando el tribunal falla que no hay infracción, ordenará el despacho de las mercancías y, como antes
se expresó, esas decisiones pueden también adoptarse con carácter preliminar.
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho
para la libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en
relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las preguntas 9 a 11 se refieren a la responsabilidad de las autoridades competentes frente a
los titulares de un derecho o los importadores, en caso de que no suspendan el despacho de las
mercancías infractoras o suspendan el despacho de mercancías no infractoras, respectivamente.
Como antes se dijo, las decisiones sobre la suspensión del despacho de las mercancías
infractoras las adopta la Junta Nacional de Aduanas y, posteriormente, la autoridad aduanera localrespectiva debe aplicar esas decisiones.  Al adoptarlas, las autoridades deben, naturalmente, aplicar la
ley y dictar su sentencia sobre el fondo de la causa por lo que se refiere a la cuestión de la suspensión.
La omisión de adoptar o ejecutar esas decisiones puede, según las circunstancias, tener como
consecuencia la responsabilidad penal de los funcionarios de que se trate, una obligación de pagar
daños y perjuicios al solicitante, etc., como en otros casos en que las autoridades dejan de actuar, deuna manera u otra, de acuerdo con lo que la ley prescribe.
Debe subrayarse que la decisión sobre la cuestión de si se ha producido realmente una
infracción y qué medidas hay que adoptar con las mercancías es asunto que compete a los tribunales y
no a las autoridades administrativas, y la decisión de los tribunales (acerca del despacho, laIP/Q4/SWE/1
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modificación o la destrucción de las mercancías) tiene que ser luego ejecutada por las autoridades
aduaneras.
La Ley antes citada dispone que el almacenamiento de mercancías cuya suspensión hayan
decidido las autoridades aduaneras debe llevarse a cabo a costa del solicitante.  Cuando se adopte unadecisión definitiva en el sentido de que las mercancías deben ser destruidas o que es preciso adoptar
otras medidas a su respecto, el solicitante tiene derecho a indemnización de la persona o las personas
contra las que la decisión tenga efecto.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para librecirculación, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio
prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Sírvanse ver la respuesta a la pregunta 9.
11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de de rechos cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
Sírvanse ver la respuesta a la pregunta 9.
12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y
consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" las mercancías que infringenderechos de propiedad intelectual, o de las que se  sospecha que los infringen, así como en el caso
en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores
según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
La Ley antes mencionada no contiene ninguna disposición acerca de la información sobre las
identidades a que se hace referencia en la pregunta.  También en este aspecto se aplican las
disposiciones del Reglamento del Consejo de la Unión Europea.  En principio, la autoridad aduaneradebe, a solicitud del titular de un derecho, informarle de la persona que ha presentado la declaración
de aduanas y sobre el receptor, si es conocido.  Asimismo, la autoridad debe dar al titular del derecho
y demás personas afectadas por alguna de las medidas adoptadas una posibilidad de inspeccionar las
mercancías.
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el artículo 57 del Ac uerdo sobre los ADPIC;  y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
El principio general conforme al derecho sueco es que los documentos de información en
poder de los tribunales y autoridades públicas - por ejemplo, las aduaneras - están a disposición del
público a menos que la Ley sobre la Confidencialidad (Ley 1980:100) prescriba que, en casos
especificados y bastante estrechamente definidos, los documentos/información deban mantenerse en
secreto.  El capítulo 9 de esa Ley contiene varias disposiciones sobre "la confidencialidad con
respecto a las relaciones personales y económicas entre personas privadas".  Así, por ejemplo, elartículo 2 de ese capítulo establece que la confidencialidad se aplica a las actividades relativas a
inspecciones aduaneras en lo que se refiere a las relaciones personales y económicas de las personas
privadas.IP/Q4/SWE/1
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14. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competentes sobre la ba se de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Los procedimientos de que se hace mención en la pregunta se explican en la respuesta de
Suecia a la pregunta 16 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.4 Implican en sustancia lo
siguiente.  Un titular de derechos puede solicitar por escrito a la autoridad aduanera que adopte
medidas contra la importación de mercancías falsificadas o pirateadas.  Esta solicitud debe contener
una descripción suficientemente detallada de las mercancías y pruebas de que el solicitante es
verdaderamente el titular del derecho en relación con las mercancías.  Tras un examen de la solicitud,
la autoridad aduanera puede suspender el despacho de las mercancías o retenerlas.  Cuando en un
plazo de 10 días a partir de la solicitud la autoridad aduanera de que se trate no ha sido informada delhecho de que el asunto haya sido remitido a la autoridad competente, hay que despachar las
mercancías;  este plazo puede, no obstante, en caso necesario prorrogarse pero no durante más de
10 días.  La autoridad aduanera puede requerir del solicitante que aporte una caución con el fin de
garantizar sus obligaciones hacia las personas afectadas por la acción y el pago de los costos de
mantener las mercancías en poder de la autoridad aduanera.  El propietario, importador oconsignatario de las mercancías puede solicitar su despacho, contra constitución de una garantía con
objeto de proteger los intereses del titular del derecho.
15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Como antes se mencionó, las decisiones que adopte la autoridad aduanera en asuntos relativos
a la suspensión de las mercancías infractoras pueden ser apeladas ante los tribunales administrativos.
En la Ley de Procedimientos Administrativos (Ley 1971:291) figuran disposiciones detalladas a este
respecto.  En principio las actuaciones se desarrollan por escrito.  Cabe apelar de las decisiones de unTribunal Administrativo de Condado ante el Tribunal Administrativo Central a efectos de que el
asunto sea examinado por ese Tribunal, sólo en condiciones especiales, por ejemplo, que sea
importante para la práctica judicial que el asunto vuelva a ser examinado o cuando hay razón especial
para modificar la decisión del Tribunal Administrativo de Condado.  Se puede apelar de las decisiones
del Tribunal Administrativo Central al Tribunal Administrativo Supremo, el cual, por otra parte, sólo
examinará el asunto cuando haya razones muy especiales para rever la decisión del tribunal inferior.
16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equivalente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al
demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
Como ya se indicó, la fianza que ha de proporcionar el solicitante es objeto de una decisión de
la autoridad aduanera;  su finalidad es garantizar las obligaciones del solicitante frente a las personas
afectadas por la acción y el pago de los costos de mantenimiento de las mercancías en manos de las
autoridades aduaneras.  No se sabe si ya se ha establecido algún principio para el cálculo de esos
costos.
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
Como antes se dijo, el solicitante cargará, en primera instancia, con los costos de
retención/almacenamiento de las mercancías.  Si la decisión definitiva entraña que es precisomodificarlas, los costos de esa modificación debe soportarlos la persona que tiene el derecho sobre
esas mercancías.  Si la decisión definitiva entraña que las mercancías deben ser destruidas o
                                                     
4 Documento IP/N/6/SWE/1.IP/Q4/SWE/1
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modificadas, el solicitante tiene derecho a indemnización por lo que haya pagado para el
mantenimiento de las mercancías fuera del alcance de la persona o las personas contra las que se
aplica la decisión.
18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales"
en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca
de fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
La legislación no contiene ninguna disposición sobre las "circunstancias excepcionales"
mencionadas en el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.
19. Sírvanse explicar si los procedimientos penales de Suecia están en conformidad con el
artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la imposición de sanciones suficientemente
disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad
correspondiente.5
En un proyecto de ley (proyecto de Ley 1993/94:122, páginas 55 y 56) que contiene
propuestas para fortalecer las medidas contra las infracciones de la propiedad intelectual, el Gobierno
declaraba, entre otras cosas, que "los actos que implican infracciones de los derechos de propiedad
intelectual deben tomarse en serio y es necesario que existan posibilidades de imponer severas penas
de prisión en los casos graves".  El Gobierno propuso luego -y el Parlamento lo aceptó- que la penamáxima se incrementara de seis meses a dos años para las infracciones de la propiedad industrial
(antes, la escala de encarcelamiento había existido sólo por lo que se refiere a las infracciones del
derecho de autor).  Este aumento de la pena máxima tuvo además el efecto de extender el marco
temporal para instituir una acción respecto de la violación de un derecho de propiedad intelectual y de
hacer posibles las disposiciones sobre detención de personas sospechosas.
Parece que los tribunales tienden cada vez más a imponer penas de prisión, por lo menos en
los casos más flagrantes de infracción del derecho de autor.  Por ejemplo, cabe mencionar que el
Tribunal de Apelaciones de Estocolmo en una sentencia del 26 de septiembre de 1996, invocó, entre
otras cosas, el hecho de que las actividades de piratería de un demandado se referían a varios
centenares de ejemplares de películas infantiles, comercialmente interesantes durante un período
relativamente largo en un mercado importante y que, por consiguiente, se había causado un granperjuicio a los titulares del derecho.  Además, parte de las actividades se habían desarrollado en
diferentes tiendas, hecho que haría posible una amplia distribución, que era por lo tanto especialmente
peligrosa, además, porque la distribución se produciría sin que el público sospechase que las copias
eran pirateadas.  Por estas razones, el Tribunal decidió que la pena fuera la de prisión.
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
1. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos
de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo.  En el documento IP/N/6/SWE/1, se
describe la jurisdicción competente en relación  con las diferencias en relación con el derecho de
autor, las patentes, las marcas de fábrica o de comercio y los dibujos y modelos industriales.
Sírvanse indicar si se aplica la misma jurisdicción  en el caso de las indicaciones geográficas, los
esquemas de trazado de circuitos integrados y los derechos sobre la información no divulgada y,
                                                     
5 Se hace referencia a las respuestas de Suecia a la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento
IP/N/6/SWE/1).IP/Q4/SWE/1
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si no lo es, describir y precisar los tribunales que se encargan de las acciones por infracción en
relación con esos derechos.
Por lo que se refiere a la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados y a los
derechos sobre la información no divulgada, se aplica la misma jurisdicción que en el caso delderecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual.  No obstante, se aplica un régimen
especial por lo que se refiere a las indicaciones geográficas.  Estas gozan de protección conforme a la
Ley de Comercialización (Ley 1995 Nº 450).  Existe un sistema especial de sanciones para las
violaciones de esa Ley.  Así, a toda persona qu e intencionadamente o por negligencia contravenga lo
dispuesto en la Ley puede ordenársele que pague al Estado una "tasa por perturbación del mercado"
de entre 5.000 y 5 millones  de coronas suecas y, además, someterla a mandamientos de prohibición e
información y se le puede ordenar que pague una indemnización por daños y perjuicios, etc.
Los procedimientos para la imposición de una multa por perturbación del mercado pueden ser
iniciados en el Tribunal de Distrito de Estocolmo por el Defensor del Consumidor (funcionario que
debe ser un letrado y es designado por el Gobierno conforme a la Ley de Comercialización para
ocuparse de asuntos relativos a las prácticas de comercialización, etc.).  Si el Defensor delConsumidor en un caso concreto decide no presentar una solicitud de multa por perturbación del
mercado, cualquier empresario afectado por la comercialización y cualquier asociación de esos
empresarios puede instaurar esa actuación.  Además, las acciones relativas a los mandamientos
prohibitivos (contra la continuación de actos de comercialización que violarían la Ley) pueden ser
iniciadas ante el Tribunal de la Ciudad de Estocolmo por el Defensor del Consumidor, por cualquierempresario afectado por las actividades de comercialización y por cualquier asociación de
consumidores, empresarios o asalariados.  El Tribunal  puede dictar decisiones interlocutorias mientras
prosiguen las actuaciones.  Finalmente, las acciones relativas al pago de daños y perjuicios pueden
incoarse ante el Tribunal de la Ciudad de Estocolmo o en cualquier Tribunal de Distrito que sea
competente conforme al Código de Procedimient o Judicial.  El Defensor del Consumidor está
facultado para expedir él mismo ciertos mandamientos, principalmente los que se refieren a las
obligaciones de un empresario de suministrar información acerca de los productos y actos en que se
pueda producir una violación de la Ley de Comercialización.  Estas decisiones del Defensor pueden
ser recurridas ante el Tribunal de la Ciudad de Estocolmo.
Toda sentencia del Tribunal de la Ciudad de Estocolmo o de otro Tribunal de Distrito puede
ser apelada ante el llamado Tribunal del Mercado.  Este Tribunal es un tribunal especializadocompetente en asuntos relativos a la Ley de Comercialización y asuntos relativos a la competencia
desleal o referentes, por ejemplo, a la responsabilidad por los productos y a las condiciones
contractuales en las relaciones con los consumidores.  El Tribunal del Mercado está formado por un
Presidente y un Vicepresidente, que deben ser jueces con experiencia, y cinco miembros especiales
que deben ser expertos económicos.  El Tribunal del Mercado es la instancia final en diversasmaterias, entre ellas las relativas a la aplicación de la Ley de Comercialización.
2. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia en los tribunales
Los procedimientos para iniciar actuaciones de observancia son las mismas para las partes
extranjeras que para los nacionales suecos (véase, sin embargo, la respuesta a la pregunta 3).
3. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales que no se exija de un nacional de Suecia, o de unresidente en ella, y citar las disposiciones le gales en que se prevén dichas diferencias.
La Ley (1980 Nº 307) sobre el deber de los reclamantes extranjeros de dar caución por las
costas judiciales contiene disposiciones sobre lo que los reclamantes extranjeros deben cumplir a este
respecto.  Básicamente, cuando un nacional extranjero que no reside en Suecia o una persona jurídicaIP/Q4/SWE/1
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extranjera desea iniciar una acción ante un tribunal sueco contra un nacional sueco o una persona
jurídica sueca, debe, si así lo solicita el demandado, dar una caución por las costas judiciales que
pueda ordenársele pagar en la decisión definitiva de la causa.  Hay luego varias disposiciones
detalladas sobre la dispensa de esa obligación (por ejemplo, en relación con personas del Espacio
Económico Europeo), sobre la naturaleza de la caución, etc., que son, empero, demasiado detalladaspara exponerlas aquí.
4.  Sírvanse explicar cualesquiera disposic iones del sistema de observancia de Suecia que
garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sí rvanse explicar qué disposiciones existen a fin
de evitar las demoras deliberadas en que incurran las partes de un procedimiento e indicar las
circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
El Código de Procedimiento Judicial sueco contiene diversas disposiciones dirigidas a que se
pueda disponer de remedios expeditivos.  Por ejemplo, el artículo 6 del capítulo 18 del Código hace
posible adoptar ciertas medidas contra toda parte que, mediante su incomparecencia o su
desobediencia a un mandamiento judicial, o la presentación de una Demanda o contestación que sabía
o debía haber sabido carecía de fundamento, o la negligencia o descuido en otros aspectos ha causadoel alargamiento de las actuaciones o ha ocasionado de otra manera gastos a la parte adversaria.  Esa
parte debe reembolsar a la adversaria esos gastos prescindiendo de la manera como hayan de
distribuirse los costos en la causa en general.  Asimismo, el artículo 7 del capítulo contiene una
disposición sobre la responsabilidad de un abogado en caso de que haya ocasionado gastos por haber
iniciado una acción sin provocación de su adversario o haya de otra manera causado de maneradeliberada o por negligencia una litigación innecesaria.  En ese caso, el tribunal puede imponer la
responsabilidad conjunta por los costos a la parte y a su representante.
Además, el artículo 15 del capítulo 42 del Código faculta al tribunal para ordenar a una de las
partes que precise definitivamente sus pretensiones y declare las pruebas que desee invocar, cuandoesto sea necesario teniendo en cuenta de qué manera se ha comportado anteriormente la parte en las
actuaciones.  Tras la expiración del plazo dentro del cual se ha de cumplir ese mandamiento, la parte
en cuestión no debe invocar ninguna otra circunstancia ni hacer valer ninguna otra prueba si no puede
hacer plausible que existía una excusa válida por no haber actuado a este respecto.  El Código
contiene además disposiciones sobre la llamada "sentencia por defecto" que cabe pronunciar en casos
susceptibles de un acuerdo extrajudicial.  Se puede proceder a esa sentencia cuando se ha indicado a
una de las partes que comparezca ante el tribunal bajo apercibimiento de que si no lo hace podrádictarse una sentencia por defecto contra ella y, no obstante, no se presenta y, además, la parte que sí
comparece solicita esa sentencia.
5. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las
decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinarmejor el razonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse indicar si los jueces deben presentar
sus decisiones por escrito y citar las disposicio nes legales en que se requieren esas opiniones
escritas.
Obviamente, todas las sentencias o decisiones de los jueces deben dictarse por escrito, entre
otras cosas, para hacer posibles las apelaciones.  Así, el artículo 7 del capítulo 17 prescribe que "todas
las sentencias deberán ser por escrito y contener...".
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
6. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los procedimientos seguidos para notificar a las partes
demandadas los procedimientos que se han iniciado contra ellas, indicar la informaciónIP/Q4/SWE/1
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comunicada acerca del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen
esos procedimientos.
Las disposiciones generales sobre solicitudes de citación y sobre la intimación al demandado
para que responda a las pretensiones contenidas en esas solicitudes figuran en los artículos 1 a 6 delcapítulo 42 del Código de Procedimiento Judicial (por lo que se refiere a las causas civiles) y en los
artículos 1 a 9 del capítulo 45 del mismo Código (en relación con los procedimientos penales).  Estas
disposiciones se aplican en las causas sobre la propiedad intelectual al igual que en los demás casos.
Refiriéndonos aquí únicamente a las causas civiles y dejando de lado los detalles, esas disposiciones
prevén básicamente lo siguiente.  Todo aquel que desee que se expida una citación debe presentar una
solicitud escrita a este respecto al tribunal competente.  La solicitud debe estar firmada por el
reclamante o su abogado y contener indicaciones sobre las circunstancias en que se funda la acción, laDemanda de reparación, las pruebas documentales ofrecidas y las circunstancias que hacen
competente al tribunal.  Cuando la solicitud de citación no cumple los requisitos pertinentes o es de
otro modo incompleta, el tribunal debe indicar al reclamante que corrija el defecto.  Si no se atiende a
esas indicaciones, el resultado es generalmente que la solicitud puede ser desestimada.  Cuando no lo
es, el tribunal debe expedir una citación pidiendo al demandado que conteste la reclamación.  Lacitación junto con la solicitud de citación y los documentos anexos (por ejemplo, pruebas) deben
notificarse al demandado.  No hay, en las causas civiles, plazos expresos dentro de los cuales el
tribunal deba notificar la citación.  Tampoco existen, hablando en general, esos plazos en las causas
penales.  Sin embargo, cuando el demandado se halla bajo arresto o detención, hay plazos dentro de
los cuales el fiscal debe presentar una solicitud de citación en la causa.  Esos plazos difieren algosegún la situación y la gravedad del caso.  Sería demasiado complicado entrar en detalles aquí sobre
estas cuestiones, tanto más cuanto que estas situaciones no ocurren con frecuencia en las causas sobre
la propiedad intelectual.
7. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que alguna de las partes
deniegue el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales, esas
autoridades estarán facultadas para formular determinaciones preliminares y definitivas
contrarias a dicha parte.  En el documento IP/N/6/SWE/1 se declara que se puede imponer
multas en caso de que una persona no presente un documento cuando así lo haya ordenado el
tribunal.  ¿Pueden los jueces ordenar a las partes que suministren información que no figura en
un documento y están facultados para hacer determinaciones adversas a la parte que rehuse
facilitar información o documentos?
Además de las disposiciones sobre pruebas documentales contenidas en el capítulo 38 del
Código de Procedimiento Judicial, ese Código contie ne también disposiciones sobre el examen de los
testigos (capítulo 36), de las partes bajo juramento (capítulo 37) o de expertos (capítulo 40) y sobre la
inspección de objetos (capítulo 39).  Asimismo, una disposición especial del Código se ocupa delvalor probatorio que cabe atribuir a la conducta de una parte durante las actuaciones.  A este respecto,
el artículo 4 del capítulo 35 establece que, cuando una de las partes no responde a un mandamiento de
un tribunal de que comparezca ante él o que realice cualquier otro acto procesal, o rehusa responder a
una pregunta pertinente para la investigación, el tribunal determinará, atendidas todas las
circunstancias pertinentes, el significado del comportamiento de la parte en relación con la prueba.
En términos generales, el tribunal debe determinar, de acuerdo con los dictados de su
conciencia, qué se ha probado en la causa, tras evaluar todo lo que haya ocurrido en las actuaciones
(artículo 1 del capítulo 35 del Código de Procedimiento Judicial).  Este es el llamado "principio de
libre valoración de la prueba" en el que se basan los procedimientos judiciales suecos y elordenamiento jurídico en general.
8. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1
con referencia a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno,
limitándose el recurso contra la infracción  al pago de una compensación adecuada deIP/Q4/SWE/1
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conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las
limitaciones a los recursos de esta clase que existen en las leyes de Suecia y citar las
disposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.
No existen esas limitaciones a los recursos mencionados en la pregunta.
Medidas provisionales
9. En el párrafo 1 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales estarán
autorizadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a
preservar las pruebas pertinentes relacionadas co n la presunta infracción.  En el documento
IP/N/6/SWE/1 se describen las facultades para impedir una ulterior infracción o para preservar
activos que pudieran ser necesarios para cumplir una sentencia.  Sírvanse determinar las
medidas provisionales de que se dispone para preservar las pruebas pertinentes relacionadas
con la presunta infracción y citar la disposición legal pertinente.
En diversas disposiciones del Código de Procedimiento Judicial, figuran disposiciones sobre
mandamientos para la conservación de las pruebas.  Así, el artículo 1 del capítulo 27 de ese Código
dispone, respecto de las actuaciones penales:  "pueden embargarse los objetos de los que quepa
razonablemente suponer que son importantes para la investigación de un delito o que han sido
quitadas a una persona por un delito o que estén sujetos a decomiso en razón de la comisión de un
delito" (" tagna i beslag ");  de acuerdo con el artículo 5 del mismo capítulo, los tribunales pueden, si
hay riesgo en la demora, expedir inmediatamente esos mandamientos de embargo que conservarán su
eficacia hasta que otra cosa se ordene.
Además de estas disposiciones, también el capítulo 15 del mismo Código contiene
disposiciones sobre las medidas provisionales generales en las causas civiles.  Estas disposiciones sehan expuesto con cierto detalle en las respuestas de Suecia a la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia
6 presentadas por el Ministerio de Justicia en abril de 1996.  Esas medidas pueden servir
además, en la práctica, para poner las pruebas a buen recaudo.
Además, el artículo 2 del capítulo 38 del Código (disposición de aplicación general en todos
los tipos de causas) prescribe que "todo aquel que posea un documento del que quepa suponer que es
importante como prueba está obligado a presentarlo" y el artículo 4 del mismo capítulo prevé que"cuando alguno esté sometido a una obligación de presentar un documento como prueba, el tribunal
podrá indicarle que lo haga".  En sustancia, las mismas disposiciones se aplican respecto de la
inspección de objetos etc., prevista en el capítulo 39 del Código.
De todas estas disposiciones se deduce que se dispone de medidas provisionales para la
preservación de las pruebas conforme al derecho procesal sueco.
Además de lo que se ha dicho ahora, la aplicación de algunas disposiciones de las leyes sobre
la propiedad intelectual pueden también tener como consecuencia proteger las pruebas en un caso
particular.  De este modo, por ejemplo, el artículo 41 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio yel artículo 55 de la Ley de Derecho de Autor contienen disposiciones sobre el embargo, aun con
carácter provisional, de mercancías u objetos respecto de los cuales pueda haberse producido una
infracción.  Esas mercancías o esos objetos embargados pueden ciertamente ser también importantes a
los fines probatorios.
                                                     
6 Documento IP/N/6/SWE/1.IP/Q4/SWE/1
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[Pregunta complementaria formulada por los Estados Unidos]
La respuesta de Suecia a la pregunta 9 de los Estados Unidos describe las medidas
provisionales que existen conforme al derecho sueco para preservar las pruebas pertinentes.
Sírvanse aclarar si alguna de estas medidas puede adoptarse sin dar aviso a la otra parte.
Esos mandamientos para la conservación de las pruebas mencionados en la respuesta a la
pregunta 9 de los Estados Unidos pueden, si hay riesgo en la demora, expedirse inmediatamente, sin
aviso a la otra parte y conservan su eficacia hasta que otra cosa se ordene.
10. En el párrafo 3 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales estarán
facultadas para exigir al demandante que presen te pruebas con el fin de establecer con un grado
suficiente de certidumbre que el demandante es titular del derecho y que su derecho es objeto o
va a ser objeto inminentemente de infracción.  Con respecto a cada derecho de propiedad
intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse
describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer su carácter de titular del
derecho.
No hay ninguna disposición formal sobre las pruebas necesarias para que el titular de un
derecho de propiedad intelectual demuestre su condición de tal.  Esto se deduce naturalmente, por
ejemplo, de lo dispuesto sobre el contenido de una solicitud de citación (en que el solicitante debe
indicar, entre otras cosas, las circunstancias en que se basa su pretensión);  estas circunstancias,adecuadamente presentadas, constituirían razón suficiente para que el tribunal presuma que la
condición del solicitante a este respecto es la que él mismo aduce.  No obstante, por lo que respecta a
la titularidad de los derechos sobre una obra literaria o artística el párrafo primero del artículo 7 de la
Ley de Derecho de Autor (1960 Nº 729) contiene una  disposición en el sentido de que "una persona
cuyo nombre o seudónimo por el que generalmente se la conoce o cuya firma aparezca de la manerahabitual en los ejemplares de la obra o cuando ésta se presenta al público, se tendrá, a falta de prueba
en contrario, por su autor".  Con ello se establece, pues, una presunción de autoría y, por consiguiente,
también el derecho de presentar una acción para que se dicte una medida provisional.
11. En el párrafo 4 del artículo 50 se estipula que se notificará a las partes cuando se hayan
adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte.  Sírvanse describir brevemente
los procedimientos seguidos por cada autoridad que pueda adoptar dichas medidas a fin denotificar a las partes afectadas y señalar el plazo en que debe efectuarse la notificación.
Como se indica en las respuestas de Suecia a la Lista de Cuestiones sobre la Observancia
7,
existen en derecho sueco medidas provisionales dictadas inaudita altera parte  en forma de
apercibimientos interlocutorios (conforme a disposiciones especiales en cada una de las leyes sobre lapropiedad intelectual), en forma de medidas provisionales generales en las causas civiles (artículo 3
del capítulo 15 del Código de Procedimiento Judicial) y en forma de medidas provisionales y medidas
de seguridad (detención o arresto, embargo provisional, etc.) en causas penales.  De los principios
generales del derecho procesal de Suecia se desprende que cuando se presenta una solicitud de medida
provisional y el tribunal considera necesario conceder sin noticia de la otra parte la medida solicitada,la solicitud y la decisión sobre la concesión de esa medida se notifican al demandado al mismo
tiempo;  el demandado tendrá entonces la posibilidad de solicitar que se reexamine la medida
adoptada.  De los principios generales se deduce también que las causas relativas a medidas
provisionales deben tratarlas los tribunales sin demora.  En la práctica asentada esto se producirá al
cabo de pocos días.  En los casos en que se trata de documentos u objetos no hay, sin embargo, ningúnplazo determinado a este respecto.
                                                     
7 Documento IP/N/6/SWE/1.IP/Q4/SWE/1
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Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
12. En el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que el titular de un derecho
que desee suspender la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor presentará pruebas a lasautoridades competentes de que existe presunción de infracción de su derecho a una marca de
fábrica o de comercio o de su derecho de au tor.  Sírvanse explicar qué pruebas pueden
demostrar la presunción de infracción en Suecia.
Como se dice en las respuestas de Suecia a la Lista de Cuestiones sobre la Observancia
8,
Suecia aplica el Reglamento Nº 3295/94 del Consejo de la Unión Europea, de 22 de diciembre
de 1994, ulteriormente aplicado mediante la Ley sobre el Control Aduanero de las Infracciones deMarcas de Fábrica o de Comercio de 15 de diciembre de 1994.  Como se explicó en relación con la
pregunta 7, el ordenamiento jurídico sueco se basa en una libre valoración de los hechos en el caso de
que se trate y no en requisitos formales sobre el valor de ciertos hechos a ese respecto.  De esta
manera, no hay disposiciones expresas sobre qué constituiría la prueba de una presunción.  En el caso
de las medidas en frontera, se deduciría un efecto correspondiente del hecho de que la solicitud de unamedida en frontera debe contener una descripción suficientemente detallada de las mercancías
infractoras y pruebas de que el solicitante es realmente el legítimo titular de la relación con las
mercancías (véase también la respuesta a la pregunta 10 supra ).
13. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para
dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar
sus reclamaciones, las mercancías retenidas.  Sír vanse explicar cómo se da al titular del derecho
oportunidades para que haga inspeccionar las me rcancías sospechosas que han sido retenidas
por las autoridades aduaneras.
El antes mencionado Reglamento aplicado por Suecia dispone que la autoridad aduanera de
que se trate debe dar al titular del derecho y a las demás personas afectadas por alguna de las medidas
adoptadas, la posibilidad de inspeccionar las mercancías.  También en este caso, el derecho sueco no
contiene ningún criterio concreto sobre la manera en que se ha de dar a los titulares de derechos una
oportunidad de inspeccionar las mercancías sospechosas que han sido retenidas por las autoridades
aduaneras.
14. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las
disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no
tengan carácter comercial y formen parte del equi paje personal de los viajeros o se envíen en
pequeñas partidas.  Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a las leyes de Suecia una
importación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.
No hay ninguna disposición expresa sobre importaciones insignificantes en el derecho sueco
(excepto las que se refieren a la importación sin impuestos de mercancías exentas de derechos que
apenas presentan ningún interés en este contexto).
Procedimientos penales
15. En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros
establecerán sanciones penales suficientemente disuasorias, al menos para los casos de
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho deautor.  Sírvanse describir como cumplen con esta  obligación las disposiciones legales de Suecia.
                                                     
8 Documento IP/N/6/SWE/1.IP/Q4/SWE/1
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En un proyecto de ley (proyecto de Ley 1993/94:122, páginas 55 y 56) que contiene
propuestas para fortalecer las medidas contra las infracciones de la propiedad intelectual, el Gobierno
declaraba, entre otras cosas, que "los actos que implican infracciones de los derechos de propiedad
intelectual deben tomarse en serio y es necesario que existan posibilidades de imponer severas penas
de prisión en los casos graves".  El Gobierno propuso luego -y el Parlamento lo aceptó- que la penamáxima se incrementara de seis meses a dos años para las infracciones de la propiedad industrial
(antes, la escala de encarcelamiento había existido sólo por lo que se refiere a las infracciones del
derecho de autor).  Este aumento de la pena máxima tuvo además el efecto de extender el marco
temporal para instituir una acción respecto de la violación de un derecho de propiedad intelectual y de
hacer posibles las disposiciones sobre detención de personas sospechosas.
Parece que los tribunales tienden cada vez más a imponer penas de prisión, por lo menos en
los casos más flagrantes de infracción del derecho de autor.  Por ejemplo, cabe mencionar que el
Tribunal de Apelaciones de Estocolmo en una sentencia del 26 de septiembre de 1996, invocó, entre
otras cosas, el hecho de que las actividades de piratería de un demandado se referían a varios
centenares de ejemplares de películas infantiles, comercialmente interesantes durante un período
relativamente largo en un mercado importante y que, por consiguiente, se había causado un granperjuicio a los titulares del derecho.  Además, parte de las actividades se había desarrollado en
diferentes tiendas;  de este modo era posible una amplia distribución, especialmente peligrosa además
porque se produciría sin que el público sospechase que las copias eran pirateadas.  Por estas razones,
el Tribunal decidió que la pena fuera la de prisión.
[Preguntas complementarias formuladas por los Estados Unidos]
1. Sírvanse suministrar información estadística relacionada con la observancia de los
derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos
industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos comerciales paracada uno de los años 1996 y 1997, inclusive el número de casos archivados;  interdictos
expedidos;  productos infractores incautados;  equipo infractor incautado;  casos resueltos
(inclusive mediante transacción);  y la cu antía de los daños y perjuicios adjudicados.
Ha resultado extremadamente difícil obtener ninguna información exacta y fidedigna acerca
del número de causas sobre la propiedad intelectual en los tribunales y del todo imposible conseguir
esa información detallada por tipos de derechos y tipos de causas, en razón de que no existe esedesglose en la información estadística disponible en nuestra administración judicial central.  La
siguiente información se basa, en consecuencia, en consultas personales en algunos tribunales de
especial importancia a este respecto.  La información se refiere únicamente a causas civiles;  no existe
información específica sobre el número de causas penales, dado que no se individualizan en las
estadísticas las relacionadas con la propiedad intelectual y, además, las violaciones de la propiedadintelectual están frecuentemente vinculadas con otros tipos de infracciones/delitos, por lo que
desaparecen en las estadísticas.
En términos generales, las autoridades tienen la impresión de que el número de causas tanto
civiles como penales ha aumentado en forma sostenida durante los últimos 10 años.
Por lo que se refiere a las actuaciones en los tribunales ordinarios, la litigación civil en las
causas sobre patentes está concentrada en el Tribunal de la Ciudad de Estocolmo y, en la práctica, por
lo tanto, la mayor parte de la litigación civil se produce en ese tribunal.  De acuerdo con la
información proporcionada por el Tribunal, se han presentado 31 casos en el curso de 1996 y 20 casosentre el 1º de enero de 1997 y el 30 de noviembre de ese mismo año.
En cuanto a las actuaciones administrativas, que presentan quizá menos interés desde el punto
de vista de la observancia, el curso normal es que los rechazos de solicitudes de derechos de
propiedad industrial pueden apelarse ante el Tribun al de Patentes (que es de segunda instancia) y deIP/Q4/SWE/1
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ahí ante el Tribunal Administrativo Supremo.  Todos los años, van al Tribunal de Patentes alrededor
de 100 causas sobre patentes y aproximadamente 700 relativas a otros derechos de la propiedad
industrial, principalmente derechos de marca.  El Tribunal Administrativo Supremo admitió
95 apelaciones del Tribunal de Patentes en 1996 y 61 causas durante los primeros 11 meses de 1997.
2. Sírvanse suministrar información estadística relativa a la observancia por vía penal en
la esfera de la piratería contra el derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica o de
comercio para cada uno de los años 1996 y 1997, inclusive el número de redadas, inculpaciones
y condenas, y la cuantía de las multas y/o la duración de las penas de prisión (inclusive si las
multas se pagaron y si las condenas a prisión se cumplieron realmente o fueron objeto de
suspensión) y toda otra información que demuestre que su sistema penal funciona eficazmente
para disuadir la piratería contra el derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o decomercio.
Sírvanse ver la respuesta a la pregunta complementaria 1.
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