RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/M/19
15 de noviembre de 2002
(02-6373)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de Competencia
INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS DÍAS 26
Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2002
1. La decimonovena reunión del Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y
Política de Competencia se celebró los días 26 y 27 de septiembre de 2002 bajo la presidencia del
Profesor Frédéric Jenny.
2. Conforme a lo convenido en la reunión info rmal del Grupo de Trabajo celebrada el 27 de
febrero de 2002, el orden del día de la reunión constaba de los siguientes puntos:
- elementos contenidos en el párrafo 25 de  la Declaración Ministerial de Doha.  En
particular, se centró la atención en el elemento siguiente:  principios fundamentales,
incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal;
- asistencia técnica y creación de capacidad, de conformidad con el párrafo 24 de la
Declaración Ministerial de Doha;  y
- otros asuntos, incluido el inventario de las experiencias y legislaciones nacionales.
I. ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL PÁRRAFO 25 DE LA DECLARACIÓN
MINISTERIAL DE DOHA, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ELEMENTO
SIGUIENTE:  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, INCLUIDAS LA
TRANSPARENCIA, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA EQUIDAD PROCESAL
3. Los representantes de Nueva Zelandia, Australia , Corea , Tailandia , Suiza , la India  (dos
comunicaciones), el Japón, los Estados Unidos  (dos comunicaciones) y Sudáfrica  presentaron
comunicaciones por escrito relativas a este punto del orden del día (documentos WT/WGTCP/W/210,
211, 212, 213, 214, 215 y 216, 217, 218 y 219, y 220, respectivamente).  Además, tal como había
pedido el Grupo de Trabajo en su reunión informal  de 26 de febrero de 2002, el Grupo de Trabajo
tuvo ante sí una nota de antecedentes preparada por la Secretaría (documento WT/WGTCP/W/209)
sobre la cuestión de los principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y laequidad procesal.  La nota proporcionaba una síntesis de las cuestiones planteadas y de los puntos
suscitados por los Miembros acerca de este tema en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo,
aprovechando principalmente los informes anuales del Grupo de Trabajo correspondientes a los
cuatro años últimos y las comunicaciones por escrito presentadas por Miembros.  También se facilitó
para la reunión una nota anterior de la Secretaría sobre los principios fundamentales de la OMC detrato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia (documento WT/WGTCP/W/114, de
fecha 14 de abril de 1999).  Además, la OCDE aportó un documento no oficial relativo a este punto
(distribuido ulteriormente, con permiso del Grupo de Trabajo con la signatura WT/WGTCP/W/221).
Hicieron declaraciones orales o plantearon cuestiones sobre este tema los representantes de la
Argentina; el Brasil
; el Canadá ; China ; la Comunidad Europea y sus Estados miembros ; Cuba ;
Egipto; Hong Kong, China ; Indonesia ; Kenya ; Malasia ; Marruecos ; México ; Nigeria ; Noruega ;
la República Checa; y el Taipei Chino ; así como los observadores de la Federación de Rusia  y la
UNCTAD.WT/WGTCP/M/19
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4. Por lo que se refiere a la importancia de los principios fundamentales de la OMC para el
sistema multilateral de comercio y/o la administración de la política de competencia y la conveniencia
y alcance de incluir esos principios en un marco multilateral sobre política de competencia, el
representante de Nueva Zelandia, al presen tar el documento WT/WGTCP/W/210, dijo que una
cuestión clave que se debía abordar era la del ámbito de aplicación de los principios.  Había
dos opciones fundamentales:  i) una aplicación estricta de principios ya consagrados en las normas de
la OMC en la esfera de las leyes de competencia y su observancia, lo cual podría constituir en sí
mismo un resultado relativamente útil;  o ii) una aplicación más amplia de los principios que
informaría el desarrollo de las políticas de competencia y/o leyes de los países Miembros, al tiempo
que proporcionaría un marco para el desarrollo de trabajos sobre comercio y política de competencia
dentro de la propia OMC.  Su delegación era partidaria de esta última opción, que aportaría una nueva
e importante dimensión al desarrollo de normas multilaterales no sólo por lo que respectaba a la esferade la política y/o leyes de competencia, sino también respecto de la labor conexa en esferas tales
como los servicios de inversión, los obstáculos técn icos al comercio y la facilitación del comercio.
Fuera cual fuere el enfoque adoptado, Nueva Zelandia creía que debían tenerse en cuenta tres factores.
En primer lugar, la necesidad de mantener la flexibilidad a escala nacional.  Los principios
fundamentales deberían proporcionar un molde general que los Miembros utilizarían para desarrollarsus planteamientos de la política de competencia sin especificar los enfoques que deberían adoptarse
en cada país Miembro, ni la secuencia. En el caso de algunos países en desarrollo, tal vez sería más
apropiado tratar de mejorar las condiciones de competencia, por ejemplo, permitiendo que se ampliara
la gama de importaciones, en lugar de oponerse a la aplicación de unas leyes de competencia amplias
y crear la institución para aplicarlas.  Segundo, los principios de transparencia, no discriminación yequidad procesal se derivaban en gran medida de las actuales disciplinas de la OMC.  Proporcionaban
condiciones necesarias, pero no suficientes, para una política de competencia adecuada.  En particular,
esos principios no trataban adecuadamente la cuestión de las exenciones y las excepciones.  Se
necesitaba un principio más, el de la amplitud.  Al abogar por el principio de amplitud,
Nueva Zelandia reconocía que todos los países necesitarían exenciones y excepciones en su política yleyes de competencia.  No obstante, en el marco de un principio de amplitud esas exenciones y
excepciones estarían sujetas a un reexamen de vez en cuando, en el contexto de un marco o
compromiso general sobre principios de competencia.  En tercer lugar, la OMC en el momento
presente debería centrar sus esfuerzos en el desarrollo de los principios fundamentales sugeridos y
proceder con cautela en lo relativo al desarrollo de normas.  Así lo aconsejaba no sólo la diversidad de
circunstancias de los países Miembros de la OMC, sino también el número de países que todavía
estaban enterándose de lo que era la política de competencia.  Si se adoptasen normas con excesivarapidez, se correría el riesgo de prohibir prácticas que en realidad fomentarían el bienestar social en
lugar de reducirlo.  Para el eventual desarrollo de normas, sería un enfoque flexible.  Una opción útil
podría ser la de inspirarse en el marco del AGCS, en el que los países Miembros podían adherirse y
tal vez adherirse parcialmente cuando considerasen que estaban preparados para ello.  En cualquier
caso, los compromisos de la OMC sobre competencia deberían estar respaldados por la prestación deuna mayor asistencia técnica a los países en desarrollo.
5. La representante de Australia, al presentar el documento WT/WGTCP/W/211, puso de relieve
que los principios fundamentales de transparencia,  no discriminación y equidad procesal eran las
bases indispensables de cualquier régimen de competencia.  Sin esos elementos, un régimen de
competencia adolecería de falta de credibilidad, autoridad y respeto en la comunidad, y por lo tantosería ineficaz.  En consecuencia, era de desear que esos principios se incluyeran tanto en los
regímenes de competencia nacionales como en un futuro marco multilateral que se elaborase en la
OMC.  De hecho, debido a su naturaleza fundamental, esos principios no deberían plantear tales
preocupaciones para los Miembros de la OMC.  Todo país que enfocara con seriedad la aplicación de
un régimen de competición ya debía estar comprometido a la defensa de esos principios.  La inclusiónde los principios en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia era el paso siguiente lógico
y respaldaría a los organismos nacionales de competencia en su aplicación de los principios y en hacer
frente a las presiones de origen interno, en particular de las empresas y de organismos
gubernamentales.  Ese problema era común a los países desarrollados y a los países en desarrollo.  EnWT/WGTCP/M/19
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una situación ideal, el principio de transparencia debería estar presente en todos los aspectos del
régimen de competencia de un país, con inclusión de leyes, políticas, estructuras institucionales,
procedimientos de adopción de decisiones, prioridades en materia de observancia, directrices sobre
políticas y procedimientos, criterios de selección de asuntos, criterios de exención, procesos de
apelación y pormenores de todos los resultados y decisiones adoptadas pertinentes.  Por otra parte, sibien lo mejor sería reducir al mínimo la existencia de exenciones, excepciones o normas de
competencia especiales, era indispensable que se hicieran públicas y que el proceso y los criterios
para concederlas fuesen claros y transparentes.  Australia había alcanzado un elevado nivel de
transparencia mediante varios mecanismos, tales como la utilización de comunicados de los medios
de comunicación (más de 300 al año), artículos de prensa y entrevistas, charlas (unas 150 al año),
publicaciones y directrices (240 publicaciones de la Comisión Australiana para la Competencia y el
Consumo), el mantenimiento de un sitio en la Web amplio y actualizado y programas efectivos de
enlace con todas las partes interesadas.  La activa comunicación con las partes interesadas tenía el
beneficio añadido de promover la observancia voluntaria de la legislación, ya que garantizaba un
elevado índice de conocimiento de la legislación en la comunidad económica.  Para aplicar el
principio de transparencia, era importante tener debidamente en cuenta la protección de la
información confidencial.  Las disposiciones sobre transparencia no debían obligar a los organismosencargados de la competencia a la divulgación de información confidencial reunida en el curso de
investigaciones, ya que las decisiones al respecto debían ser de la incumbencia exclusiva de la
autoridad encargada de la competencia.
6. Seguidamente, al referirse al principio de no discriminación, la oradora señaló que este
principio englobaba los principios de trato de la nación más favorecida y trato nacional.  En la esferade la política de competencia, entrañaba la aplicación de políticas y legislación de manera que no se
establecieran diferencias entre distintas entidades económicas por razones de su nacionalidad, lo cual
era importante, en cualquier caso, para la credibilidad y la eficacia de esa política.  A este respecto,
era importante señalar que una política de competencia amplia y que funcionara bien, compatible con
el principio de no discriminación, podía coexistir con otras políticas gubernamentales encaminadas apromover determinados objetivos económicos o sociales.  Por ejemplo, Australia mantenía un
enfoque no discriminatorio de la administración de su legislación en materia de competencia.  No
obstante, con ese enfoque coexistían otras políticas que habían permitido al Gobierno atender otras
prioridades y otros objetivos, por ejemplo, las restricciones a la propiedad extranjera en los medios de
comunicación australianos.  Por otra parte, y si bien el régimen de competencia australiano era no
discriminatorio, se habían adoptado disposiciones relativas a exenciones de legislación mediante
medios legislativos, a condición de que las exenciones sirvieran a un beneficio público y mediante unproceso administrativo de "autorización" realizado por la autoridad encargada de la competencia, que
también se basaba en una prueba de interés público.  Asimismo, las políticas económicas y sociales
aparte de la política de competencia ya estaban, en muchos casos, sometidas a diversos elementos de
los acuerdos de la OMC existentes;  pese a lo cual, los Miembros mantenían una considerable libertad
de acción en esa esfera.  Esas consideraciones evidenciaban que la adopción de una legislaciónnacional en materia de competencia compatible con los principios de la OMC de no discriminación y
transparencia no negaría la capacidad de los Miembros para aplicar políticas industriales nacionales
apropiadas, compatibles con las disciplinas de la OMC existentes.  En lo que se refería a la
cooperación en materia de observancia, la delegación de la oradora estimaba que una cláusula de no
discriminación en un posible marco de la OMC sobre política de competencia no debería obligar a lasautoridades encargadas de la competencia a proporcionar asistencia en materia de observancia o a
intercambiar información con todos sus interlocutores en las mismas condiciones.  Podría ser
necesaria una salvaguardia explícita para dejar bien en claro este punto.  Si bien un sistema de
cooperación voluntaria en el contexto de la OMC sería útil, los distintos organismos deberían
conservar sus facultades discrecionales con respecto a la información que deberían compartir y conquién.  En cuanto a la equidad procesal, este principio abarcaba las garantías procesales, la
transparencia, la responsabilidad, la previsibilidad y la independencia, todos los cuales eran
igualmente importantes para la credibilidad y eficacia de un organismo encargado de la política de
competencia.WT/WGTCP/M/19
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7. El representante de Corea, en su presentación del documento WT/WGTCP/W/212, dijo que
aclarar la aplicación de los tres principios fundamentales de transparencia, no discriminación y
equidad procesal en la esfera de la política de competencia era importante para facilitar el comercio y
las inversiones, así como para garantizar la eficacia de una política de competencia.  La aplicación de
los principios no sería difícil porque, en términos generales, las leyes sobre la competencia vigentesen los países Miembros respetaban ya esos principios.  No obstante, la aclaración de la aplicación de
esos principios en la esfera de la política de competencia reforzaría la adhesión a los principios por
parte de los órganos encargados de la competencia y daría garantías a comerciantes e inversores.  En
realidad, la política de competencia en lo relativo al comercio ya estaba sujeta a los principios de no
discriminación, transparencia y equidad procesal, por lo menos en términos generales, ya que los
principios de la OMC se aplicaban a las medidas internas y a las medidas en frontera que afectaban al
comercio.  Sin embargo, dadas las circunstancias singulares de la esfera de la política de competenciay sus diferencias frente a las cuestiones comerciales normales, era conveniente examinar y hacer más
explícita la aplicación de unos principios en esa esfera, de manera que tuviese en cuenta las
características especiales de la misma.  Como se señalaba en la nota preparada por la Secretaría para
la reunión (documento WT/WGTCP/W/209), los tres principios fundamentales se aplicaban de
diversas formas en los distintos acuerdos de la OMC, al haberse realizado ajustes en función de lanaturaleza individual de cada acuerdo.  Por ejemplo, las normas del GATT sobre los principios
fundamentales abarcaban en general todos los sectores de una economía, pero se aplicaban a
productos más que a personas.  En el AGCS, los principios fundamentales se aplicaban a servicios y a
los proveedores de servicios.  En cuanto al Acuerdo sobre los ADPIC, los principios fundamentales se
aplicaban a los derechos de propiedad intelectual y a los titulares de los derechos.  Por consiguiente, aldefinir la aplicación de otros principios fundamentales respecto a una esfera particular, era práctica ya
establecida incorporar ajustes adecuados a la cuestión que fuera del caso y a las tradiciones jurídicas
en dicha esfera.  Llevando adelante sus razonamientos sobre las características especiales de la
política de competencia y sus consecuencias para la aplicación de los principios fundamentales, el
orador señaló que la política de competencia, apli cada debidamente, no discriminaba entre empresas o
personas sobre la base de su nacionalidad.  No obstante, a diferencia de las normas comerciales, la
aplicación de las leyes de competencia se basaba generalmente en el criterio del carácter razonable,
dentro de un marco legal amplio.  Cada caso representaba una situación única y había diferencias
considerables en la forma en que elementos clave tales como "productos similares", "mercado
pertinente" y los efectos sobre ese mercado se definían en cada caso.  Era importante tener
debidamente en cuenta estas características especiales y las consideraciones metodológicas en
cualquier acuerdo de la OMC sobre este tema.
8. A continuación dijo que, si bien no sería difícil identificar violaciones de jure  de este
principio, identificar casos de discriminación de facto  era algo diferente, ya que asuntos que a primera
vista podrían parecer iguales desembocaban en veredictos diferentes debido a las distintas
circunstancias del caso.  Citó el ejemplo de un caso referente a un cártel internacional en el que una
empresa nacional mereció ser tratada con indulgencia y en cambio la empresa extranjera no, pese aque la normativa era la misma.  Si esa diferencia de trato pudiera explicarse por el hecho de que las
dos empresas tenían posiciones diferentes en el mercado y/o que la empresa nacional fue la primera
en dirigirse a las autoridades, la diferencia de trato se podría justificar plenamente y no constituiría
discriminación.  La aplicación rígida de una norma contra la discriminación no sería adecuada en esas
circunstancias.  Otra fuente de discriminación legítima podría entrañar diferentes criterios para laevaluación de prácticas particulares en casos relacionados con cárteles, fusiones y abuso de una
posición dominante en el mercado.  En cualquier caso, las deliberaciones en el Grupo de Trabajo no
habían avanzado suficientemente para abordar casos de discriminación de facto .  Por estas razones,
Corea creía que un posible marco multilateral sobre la política de competencia debía centrarse en la
discriminación de jure , es decir, la discriminación inscrita en una ley y basada exclusivamente en la
nacionalidad, y que no se debía tratar de abordar la discriminación de facto .
9. Seguidamente, el orador dijo que, como principio fundamental del sistema multilateral de
comercio, por transparencia se entendía:  i) la obl igación de publicar, o al menos poner a disposiciónWT/WGTCP/M/19
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del público, todas las disposiciones, reglamentos y decisiones pertinentes;  y ii) las disposiciones
relativas a la notificación de distintos tipos de actos de los gobiernos a la OMC y a los demás
Miembros.  La mayoría de los países publicaba las leyes antes de su entrada en vigor.  Sin embargo,
sería aconsejable definir con más exactitud en el marco multilateral sobre la política de competencia
qué información estaba sometida a las obligaciones de publicación y notificación.  Corea opinaba que,además de las leyes relacionadas con la competencia, debían también ponerse a disposición del
público y notificarse a la OMC las investigaciones, procedimientos judiciales, el procedimiento de
solicitud de una medida correctiva y las apelaciones frente a las decisiones de las autoridades
encargadas de la competencia.  Tenían especial importancia las normas relativas a la concesión a
ciertos cárteles de exenciones de la reglamentación.  En la mayoría de los países, los gobiernos
estimaban que por lo menos algunos cárteles servían para mejorar deficiencias o para contribuir de
alguna otra manera al bienestar público, por lo que se les concedía exenciones.  Sin embargo, teniendoen cuenta los daños que los cárteles causan de ordinario, debía notificarse a la OMC todas las normas
referentes a exenciones de la reglamentación pertinente para garantizar la transparencia y facilitar su
examen por los Miembros.  Señaló el orador que, en la esfera de la política de competencia, tenían
particular importancia las decisiones sobre casos individuales debido a que la aplicación de las leyes
de competencia generalmente se basaba en el criterio del carácter razonable.  Corea estaba abierta a laidea de examinar las políticas de competencia de los Miembros a través de un mecanismo de un tipo
parecido al del examen de las políticas comerciales, de forma tal que no generase una carga
administrativa indebida.  De esa manera podría mejorar la transparencia y crear un clima favorable al
debate de cuestiones sustantivas, contribuyendo así a la convergencia de opiniones a largo plazo.
Teniendo en cuenta las diversas dificultades con que se encontraban los países en desarrollo, debíaofrecerse una asistencia técnica eficiente para mejorar su capacidad de cumplir las obligaciones
relacionadas con la transparencia y los compromisos deberían incluir una flexibilidad adecuada.
10. En cuanto al principio de la equidad procesal, se trataba de algo de gran importancia tanto
para la política comercial como para la aplicación de la legislación sobre competencia.  Las partes en
las investigaciones y procedimientos debían tener la seguridad de que los procedimientos pertinentesprotegían adecuadamente sus derechos e intereses en los asuntos correspondientes.  Por tanto, debía
incluirse en el posible marco multilateral de la competencia una serie específica de disposiciones que
garantizasen la equidad procesal.  Para proporcionar los contrapesos y controles adecuados era
indispensable que se diese aviso de las reclamaciones, que los procedimientos administrativos fuesen
justos y equitativos y que existiera un procedimiento de apelación.  Esas prescripciones eran
importantes para dar seguridades a comerciantes e inversores y facilitar la aplicación de una política
comercial y de competencia basada en normas.  El Acuerdo sobre los ADPIC constituía una buenareferencia a ese respecto.  El orador señaló diversos aspectos del Acuerdo sobre los ADPIC que
también eran pertinentes a la política de competencia:  i) todos los procedimientos relacionados con el
cumplimiento de la legislación de competencia habían de ser iguales para las personas (naturales y
jurídicas) extranjeras y nacionales, de forma equitativa y transparente;  ii) todas las partes tendrían
derecho de apelación contra una decisión desfavorable de una autoridad o un tribunal conresponsabilidades en esfera de la competencia;  iii) tanto las personas o empresas nacionales como las
extranjeras debían tener garantizado el derecho de apelación ante las autoridades o tribunales con
responsabilidades en la esfera de la competencia contra prácticas anticompetitivas, y solicitar medidas
correctivas;  iv) los procedimientos debían despacharse con la debida prontitud para garantizar
medidas rápidas encaminadas a proteger los derechos y evitar la incertidumbre o el aumento de loscostos a causa de retrasos indebidos.  Las normas de la OMC debían reconocer también las
responsabilidades de las entidades privadas que intervinieran en un caso de competencia.  En ese
sentido, se podrían considerar como posibles modelos algunos acuerdos de la OMC, como el Acuerdo
Antidumping y el Acuerdo sobre la Aplicación de Me didas Sanitarias y Fitosanitarias, que contenían
algunas disposiciones sobre divulgación.
11. En cuanto a las exenciones necesarias de los principios fundamentales, debido a la naturaleza
general de éstos, los principios como el de trato nacional debían aplicarse a todas las esferas
sustantivas incluidas en el ámbito de las leyes relacionadas con la competencia vigentes en los paísesWT/WGTCP/M/19
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Miembros.  No obstante, deberían existir exenciones similares a las establecidas en los artículos XX y
XXI del GATT.  Además, el Grupo de Trabajo debía examinar la posibilidad de aplicar exenciones al
principio de NMF en favor de acuerdos de cooperación bilaterales o regionales, en lo que respecta a la
aplicación de la legislación sobre competencia y al intercambio de información.  Se trataba de una
cuestión importante, ya que el nivel y las modalidades de la cooperación internacional, la asistenciavoluntaria y el intercambio de información tendían a variar de acuerdo con los regímenes jurídicos de
los países Miembros, el sistema de aplicación de  la legislación sobre competencia y el grado de
experiencia en materia de legislación sobre competencia.  Como en los demás acuerdos de la OMC, la
principal excepción que había de considerarse en la esfera de la transparencia remitía a la cuestión de
la información confidencial.  La protección de la  información confidencial era muy importante en el
contexto de la competencia porque estaban implicados actos de empresas privadas y porque a veces
intervenían también investigaciones penales.  Debía permitirse a cada Miembro determinar el nivel yel carácter de la protección de la información confidencial.  Las excepciones apropiadas en materia de
NMF eran importantes a este respecto, ya que los Miembros dudarían en compartir información si se
les exigiera facilitar la información a todos los países que la solicitasen.
12. La representante de Tailandia, en su presentación del documento WT/WGTCP/W/213, dijo
que la administración y aplicación de la legislación en materia de competencia debía estar sujeta a los
principios de transparencia, no discriminación y equidad procesal para garantizar el cumplimiento
efectivo y un trato equitativo a todas las partes interesadas, así como para mejorar la credibilidad de
esa política y proporcionar seguridad a comerciantes e inversores.  La falta de transparencia, la
ausencia de equidad procesal y la existencia de discriminaciones en la administración y aplicación de
la ley podrían dificultar gravemente el logro de la competencia justa en el mercado.  Sin embargo, encumplimiento del espíritu de la Declaración de Doha, era necesario tener en cuenta las diversas
necesidades y dificultades de los países en desarrollo.  A tal fin, se debería adoptar el principio del
trato especial y diferenciado como cuarto principio fundamental aplicable en el marco de un acuerdo
de la OMC sobre política de competencia.  La oradora estimó, además, que el planteamiento adoptado
para definir esos principios fundamentales había incurrido hasta el momento en el error fundamentalde haber centrado la atención en el comercio interno más que en el comercio transfronterizo.  Por
ejemplo, la no discriminación se había utilizado como si fuera intercambiable con "trato nacional",
por lo que se entendía un trato igual a las empresas extranjeras y nacionales que operaban en el
mercado interno.  Se trataba sin duda de una opinión que servía a los intereses de quienes tenían
inversiones importantes en el extranjero, que querían asegurarse el acceso a los mercados de los
países receptores.  Sin embargo, la mayoría de los países en desarrollo son importadores y
exportadores, y no tanto inversores.  Así pues la prioridad en lo que respectaba a la aplicación de losprincipios fundamentales debía centrarse en primer lugar en el comercio transfronterizo.  La
legislación en materia de competencia no debía discriminar entre empresas exportadoras y no
exportadoras.  Es decir, si la legislación nacional de competencia prohibía la manipulación de las
licitaciones y los acuerdos de fijación de precios o cantidades, los cárteles de exportación debían estar
sometidos a las mismas disposiciones.  La utilización de los cárteles de exportación como políticacomercial estratégica para extraer "rentas" de los países extranjeros era inaceptable.  Un gran número
de investigaciones había demostrado que la mayoría de esos cárteles eran grandes empresas y que
había poca, o ninguna, justificación para sus prácticas abusivas por razones de eficacia.  Los cárteles
de exportación, tanto nacionales como internacionales, representaban prácticas comerciales desleales
que eran potencialmente perjudiciales para las economías de los países en desarrollo, pues dañaban surelación de intercambio.  Si la Declaración Ministerial de Doha era realmente un programa de
desarrollo, debería darse prioridad al comercio transfronterizo desleal, y no al comercio desleal
interno.  La Ley de Competencia Comercial B.E. 2542 (1999) de Tailandia y su aplicación no
discriminaban a unas empresas frente a otras por su origen o nacionalidad ni a las empresas
exportadoras frente a las no exportadoras.  En cuanto a la transparencia, la oradora se mostró deacuerdo en que debía darse publicidad a las leyes y reglamentos, exenciones, directrices y decisiones
de las autoridades encargadas de la competencia o deliberaciones de los tribunales.  Los Miembros
debían garantizar la transparencia en la administración y aplicación de las leyes de competencia en la
medida de lo posible dentro del entorno legal, institucional y social interno.  La Ley de InformaciónWT/WGTCP/M/19
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Pública de Tailandia de 1997 garantizaba el acceso a la información pública y la Ley Administrativa
de 1996 garantizaba unos procedimientos administrativos transparentes y equitativos.  Cada país debía
conservar la libertad de aprobar exenciones sectoriales que fueran compatibles con su propia política
industrial nacional.  Sin embargo, Tailandia creía que los cárteles internacionales no tenían una
justificación basada en el desarrollo y en consecuencia no debían ser objeto de exenciones.  Muchosestudios, entre ellos uno reciente de la OCDE (Política de competencia en las líneas de transporte
marítimo:  Informe final, 2002) habían confirmado que la existencia de conferencias marítimas no
había contribuido a aportar una mayor eficiencia al mercado mundial de transportes marítimos.  La
Ley de Competencia Comercial de Tailandia establecía exenciones en bloque en favor de la
administración central, regional y local, las empresas propiedades del Estado, las cooperativas
agrícolas y los demás sectores o industrias que se designaban mediante disposición ministerial.  En
cuanto a la equidad procesal, eran fundamentales los derechos de apelación y la protección de lainformación confidencial.  Sin embargo, cada país debía establecer su propio proceso de apelación y
unos mecanismos de protección de la información confidencial que fueran compatibles con el entorno
jurídico, político e institucional local.  En el caso de Tailandia, la reglamentación de la Oficina del
Primer Ministro referente a la protección de la información confidencial constituía una directriz para
la clasificación y utilización de la información confidencial.  La Ley de Competencia Comercialde 1999 establecía un procedimiento administrativo de apelación, con limitaciones bien definidas
respecto a los plazos.  Si el reclamante no estaba satisfecho con la decisión del Comité de Apelación,
podía someter el caso al Tribunal Administrativo.  Al  examinar el contenido del cuarto principio
fundamental propuesto, es decir, el trato especial y diferenciado, la oradora dijo que se debía permitir
a los países en desarrollo eximir a los cárteles de importación nacionales e internacionales, ya que lamayoría de los exportadores o importadores de los países en desarrollo tenían un tamaño pequeño y
podían necesitar unirse para contrarrestar el poder negociador de los grandes compradores o
vendedores de países industrializados.  Además, se debería conceder a los países en desarrollo un
plazo para que introdujeran transparencia y equidad administrativa en la administración y aplicación
de la legislación sobre competencia, tal como ya estaba haciendo Tailandia.
13. El representante de Suiza, al presentar el documento WT/WGTCP/W/214, dijo que el
principio de transparencia era importante porque ayudaba a incrementar la previsibilidad en una esfera
que tenía un margen bastante grande de capacidad discrecional debido en gran parte a utilizar un
planteamiento basado en el criterio del carácter razonable;  además, la transparencia ayudaba a que el
público comprendiera los conceptos utilizados por la autoridad encargada de la competencia, lo cual a
su vez era importante para crear una "cultura de la competencia".  Por consiguiente parecería útil, por
una parte, divulgar públicamente y, por otra, notificar a la OMC las leyes y la información pertinentesnecesarias para comprender el funcionamiento del marco de competencia.  Naturalmente se incluirían
las excepciones y exenciones, así como los derechos y obligaciones en materia de procedimiento, pero
también los procedimientos de investigación y las decisiones alcanzadas en casos importantes.
Además, tras reforzar las relaciones profesionales entre autoridades encargadas de la competencia,
también merecería la pena considerar si debía incluirse en la obligación de notificación la informaciónsobre acuerdos bilaterales en materia de competencia, así como determinada información no
confidencial pero que no estuviera a disposición del público que podría tener interés para algunos
Miembros de la OMC, como era el caso, por ejemplo, de la información sobre la iniciación de una
investigación.  En cuanto a la cuestión concreta del trato de nación más favorecida, podría ser útil
diferenciar entre el marco general de la política de competencia en su totalidad y el marco másestrecho de la aplicación de una legislación en materia de competencia.  En lo relativo al primero, un
compromiso general de cooperar garantizaría que el trato de NMF se respetara como principio
ordenador general.  No obstante, la aplicabilidad del trato de NMF en este contexto debería estar
limitado porque la cooperación no se puede imponer sino que ha de ser voluntaria.  Para que la
cooperación funcionara, se debía crear gradualmente la confianza, aparte de que las opiniones sobrepolítica de competencia tendrían que ser convergentes.  Para dejar en claro que los acuerdos
bilaterales estaban exentos del NMF podría ser adecuado incluir en el previsto marco multilateral una
excepción explícita relativa al trato de nación más favorecida.  Sin embargo, Suiza podría imaginar la
adopción de ciertas medidas de procedimiento para establecer incentivos positivos que mejorasen losWT/WGTCP/M/19
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contactos, con el objeto de no excluir a ciertos países a priori de la esfera de la cooperación y así
trabajar de acuerdo con el espíritu del trato de NMF.  Podría lograrse esto, por ejemplo, mediante un
compromiso de responder a las autoridades extranjeras que pidieran cooperación en un caso concreto
y explicar los motivos si no se tuviera en cuenta la petición.  En el estricto marco de la aplicación de
la legislación nacional sobre competencia, el trato NMF no plantearía un gran problema;  difícilmentepodría concebirse que una autoridad aceptara ciertas prácticas anticompetitivas de empresas
originarias de un país, al tiempo que prohibía las de otros países.
14. Seguidamente, el orador dijo que el principio del trato nacional planteaba cuestiones más
difíciles.  Al igual que en el caso del trato NMF, podría ser útil establecer una diferencia entre el
contexto más amplio y el más estrecho, que es el de la aplicación de una legislación en materia de
competencia.  En ese último contexto, se aplicaría el trato nacional y los actores económicos que se
dirigieran a la autoridad encargada de la competencia serían tratados de la misma manera, haciendoabstracción de su origen.  Ahora bien, en el contexto más amplio de la política en materia de
competencia la situación era diferente y un Estado soberano tenía que mantener un margen de
maniobra para diferenciar, por lo que el trato nacional podría no aplicarse forzosamente.  Mencionó
que ya existía un ejemplo de esa exención en una esfera relativa a la competencia en los acuerdos
existentes de la OMC, en particular la exención de trato nacional en materia de subvenciones, quefiguraba en el párrafo 8 del artículo III del GATT, en el que explícitamente se permitía el pago de
subvenciones exclusivamente a los productores nacionales.  En cuanto al tercer principio, es decir el
de la equidad procesal, sugirió que parecería adecua do en el contexto de la competencia ponerse de
acuerdo sobre ciertos procedimientos que garantizarían un acceso equitativo a las autoridades de
investigación en todas las etapas de un procedimiento de investigación, así como en materia dederechos de apelación.  Existían buenos precedentes de ello en los vigentes acuerdos de la OMC, por
ejemplo el Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  Para evitar lo obvio, se podría solicitar en el momento oportuno
que la Secretaría proporcionase un panorama general y una síntesis de los elementos de la equidad
procesal en los acuerdos existentes.  Había estrechas vinculaciones entre la equidad procesal y losdemás principios que se habían examinado.  Por ejemplo, en lo que se refería a la transparencia, se
debería informar a las partes interesadas de la iniciación de una investigación.  De la misma manera,
en lo que se refería al trato nacional, era indispensable que las empresas nacionales y las extranjeras
tuvieran los mismos derechos en los procedimientos administrativos y en los de apelación.  Esto ponía
de manifiesto que los tres principios estaban estrechamente vinculados entre sí y que se reforzaban
mutuamente.  Prescindir de cualquiera de ellos debilitaría a los principios restantes y el
funcionamiento de la política en materia de competencia en general.  Por último, el orador señaló queen varias ocasiones había mencionado los términos "legislación nacional en materia de competencia"
y "autoridades nacionales encargadas de la competencia".  Ahora bien, con ello no se negaba la
necesidad de un enfoque flexible y gradual que tuviese en cuenta que no todos los países se
encontraban en la misma etapa de desarrollo económico e institucional en esa esfera.  Pese a todo,
creía que todos los países saldrían beneficiados de abordar de alguna manera las cuestiones relativas ala competencia y que el enfoque que él había esbozado era lo suficientemente flexible para que
tuvieran cabida las necesidades de los países en desarrollo y de los menos adelantados.
15. El representante del Japón presentó el documento WT/WGTCP/W/217 y dijo que en general
la legislación en materia de competencia estipulaba solamente requisitos generales y que cualesquiera
medidas adoptadas por entidades económicas que estuvieran de acuerdo con esos requisitos sejuzgaban caso por caso.  En consecuencia, era necesario hacer hincapié en la claridad y la
transparencia mediante procedimientos equitativos que se pusieran claramente en conocimiento de las
entidades comerciales y de los consumidores.  También era vital que las leyes se aplicaran de manera
equitativa e imparcial a todas las entidades comerciales independientemente de su nacionalidad.  Los
principios fundamentales relativos a transparenci a, no discriminación y entidad procesal deberían
incorporarse como norma en el marco multilateral sobre la política de competencia.  No obstante,
como existía una enorme diversidad en las leyes y políticas sobre competencia, era necesaria la
flexibilidad en la aplicación de esos principios fundamentales.  A este respecto, era importanteWT/WGTCP/M/19
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preguntarse si sería necesario aplicar criterios detallados o normas mínimas en el seno del posible
marco multilateral sobre po lítica de competencia, además de las disposiciones generales.  Podían
tenerse en cuenta dos posibilidades.  Una, establecer una norma mínima respecto a los principios
fundamentales.  Al hacerlo así, se podría lograr un cierto grado de transparencia, común a todos los
países.  La otra posibilidad sería la de establecer una directriz no vinculante que ofrecieraexplicaciones detalladas y ejemplos concretos, o un "menú de opciones", dejando solamente
disposiciones de carácter general en el marco multilateral.  Otra cuestión se refería a la medida en que
los principios fundamentales se podían garantizar en el marco.  ¿En qué medida debería cada país
tener obligaciones?  ¿Qué ocurriría con el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo?
Teniendo en cuenta la diversidad de situaciones nacionales, podría no ser práctico imponer
obligaciones uniformes, ni exigir una revisión in mediata en la legislación nacional en materia de
competencia así como de los reglamentos para su aplicación.  Respecto del trato especial ydiferenciado, su aplicación no debería limitarse forzosamente a los países en desarrollo.  Más bien, se
podría extender la flexibilidad a todos los países que no tuvieran legislación en materia de
competencia, independientemente de su etapa de desarrollo económico.  Asimismo, la prestación
apropiada de asistencia técnica y creación de capacidad debía ser una parte indispensable para crear el
marco multilateral en materia de competencia.  Una cuarta cuestión se refería al trato de otrasprácticas anticompetitivas, como el abuso de una posición dominante y las fusiones o
concentraciones.  Aunque los debates en el Grupo de Trabajo se habían centrado, en gran medida, en
los cárteles intrínsecamente nocivos, era conveniente que también en estas cuestiones se aplicara la
cooperación voluntaria.  Era asimismo importante examinar si la cooperación en el marco de acuerdos
bilaterales o regionales era contraria al principio de no discriminación y, en caso afirmativo, quédisposiciones cabría adoptar para darles cabida.  En cualquier caso, en aras de la transparencia, era
conveniente notificar a la OMI los acuerdos bilaterales o regionales.
16. A propósito de preguntas, preocupaciones y/o reservas respecto a la incorporación de los
principios fundamentales en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia, el representante de
la India, al presentar los documentos WT/WGTCP/W/215 y WT/WGTCP/W/216, dijo que la India
seguía evaluando esas cuestiones, pero no estaba convencida de la necesidad de un marco multilateral
de la OMC sobre comercio y política de competencia.  La transparencia y la equidad procesal eran
cualidades deseables que cualquier procedimiento administrativo judicial debía garantizar.  Sin
embargo, en el contexto de la política de competencia, si se interpretaban en el sentido de que las
normas debían ser formuladas con precisión a fin de que sólo se admitiera una interpretación, la
experiencia internacional demostraba que eso no era posible.  Los teóricos en derecho no se habían
puesto de acuerdo sobre muchas cuestiones relativas a la competencia e incluso el principio decompetencia había sido interpretado jurídicamente de diversas formas en diferentes jurisdicciones y
de manera distinta también en momentos diferentes dentro de una misma jurisdicción.  Por ejemplo,
había una escuela que estimaba que la fijación de precios predatorios era ilógica y, por lo tanto, no
merecía la consideración de las autoridades encargadas de la competencia, mientras que otra escuela
consideraba que la "predación lógica" era una posibilidad clara en determinadas circunstancias.  Porrazones prácticas, se utilizaba mucho como prueba de fijación de precios predatorios la comparación
de precios con los costos medios, pero muchos economistas opinaban que un precio inferior a los
costos nacionales no era ni necesario ni suficiente para comprobar su carácter predatorio.
Análogamente, también había falta de consenso en cuanto a propiedades de eficiencia de las
limitaciones verticales y de las fusiones, y en los países desarrollados las normas y lasinterpretaciones habían cambiado considerablemente, incluso sin haber modificado en nada la
legislación pertinente.  Como los países en desarrollo tenían mucho menos experiencia en materia de
política de competencia, se produciría un proceso de aprendizaje basado en la práctica durante el cual
era inevitable que surgiera cierta incoherencia y evolución.  Era ahí donde la prestación de asistencia
para la creación de capacidad podía desempeñar un papel vital desarrollando instruccionesadministrativas que se ajustaran a los objetivos de política, disponibilidad de datos y marco
institucional de los países en desarrollo.  Como esos objetivos habían de variar entre los países, no
sería posible limitarse a aplicar a otros el plan utilizado por países que se encontraran en niveles muy
diferentes de desarrollo económico e institucional.  Esas directrices, facilitadas a los organismos yWT/WGTCP/M/19
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empresas encargadas de la competencia, constituirían un paso muy importante para reducir la
incertidumbre y los costos de procesos intricados.
17. Seguidamente, y acerca del principio de no discriminación, el orador señaló que el trato
nacional constituía un elemento importante de este principio en el contexto de la política comercial
por tres razones que se interrelacionaban entre sí, pero que no eran todas aplicables automáticamentea la política de competencia.  Primera, el trato nacional garantizaba que las concesiones otorgadas por
los Miembros respecto de los obstáculos comerciales en frontera no se anularan por discriminaciones
dentro de la frontera entre productos importados y de fabricación nacional.  Las fusiones y otras
muchas restricciones verticales tenían con frecuencia efectos anticompetitivos que afectarían tanto a
los productores nacionales como a los extranjeros, y deberían evaluarse en relación con las eficiencias
que pudieran generar.  No obstante, era difícil ver cómo obstaculizaban injustamente el acceso de las
importaciones al mercado, aspecto éste que concernía al  principio del trato nacional.  Segunda, el trato
nacional tenía por objeto fomentar la liberali zación del comercio, cuestión deseable, porque se
pensaba que en general beneficiaba a los países participantes, dado que el grueso del comercio
mundial, considerado en conjunto, estaba compuesto por productos fabricados en condiciones
competitivas.  Sin embargo, la política de competencia por definición se ocupaba de la competencia
imperfecta, donde la presunción a favor del libre comercio resultaba mucho menos clara.  Hoy en díase reconocía ampliamente que, si bien existían razones teóricas para que las intervenciones
comerciales fueran óptimas, los requisitos en materia de información relacionados con esa "política
estratégica de comercio" eran prohibitivos.  Sin embargo, esa misma advertencia no se aplicaba a la
política de competencia respecto de fusiones y cárteles, cuyos efectos sobre el bienestar de los
diversos países evidentemente variaban mucho dependiendo del lugar donde se encontraran ubicadoslos productores y los consumidores.  Los países en desarrollo contaban con muy pocos productos de
exportación en condiciones de competencia imperfecta, pero tenían que hacer frente a estructuras
oligopólicas de mercado respecto de importaciones e inversiones extranjeras directas.  Por tanto era
muy probable que esos países terminaran casi todos en el lado perdedor de las fusiones y de las
prácticas comerciales restrictivas, con efectos transfronterizos, y que tuvieran muy poco que ganarcon la aplicación del principio del trato nacional de la legislación en materia de competencia de los
países desarrollados.  Al mismo tiempo, como resultado en parte de las concesiones hechas en las
negociaciones comerciales multilaterales, los países en desarrollo estaban en un proceso de
transformación estructural en el que muchas industrias estaban siendo expuestas por primera vez a la
competencia internacional.  Aunque la reducción e incluso la eliminación de las industrias no
competitivas pudieran ser ventajosas, se justificaba también una reestructuración ordenada, que
incluyera fusiones e incluso cárteles de racionalización, como la que ya habían llevado a cabo muchospaíses desarrollados.  La necesidad de tales medidas era, en cualquier caso, mayor de los países en
desarrollo.  Habida cuenta de los imperfectos mercados de los países en desarrollo en lo que se refería
a la tierra, la mano de obra y el capital, tales recursos no podían transferirse fácilmente a nuevas
actividades.  Con un trato relativamente liberal de fusiones y cárteles que involucrase a empresas
nacionales se evitaría el desperdicio y la utilización insuficiente de escasos recursos, por lo menoshasta que se adoptaran disposiciones para redistribuir dichos recursos a otras actividades.  La tercera
justificación con relación al principio del trato na cional de los acuerdos nacionales era que incluso en
los casos en que un país pudiera sacar provecho unilateralmente apartándose del libre comercio, las
ganancias se convertirían en pérdidas si los demás países actuasen de la misma manera.  Sin embargo,
no había quedado demostrado que el hecho de apartarse de una norma internacional de política decompetencia pudiera ser también mutuamente destructivo.  La teoría era bastante ambivalente acerca
de si la armonización de los principios de política de competencia era deseable.  Esas distinciones
entre el principio de trato nacional conforme se aplicaba al comercio de mercancías y su posible
aplicabilidad a la política de competencia requería cautela en cuanto a la conveniencia de aplicarlo a
esta última.  Tal vez el trato nacional no se había aplicado con uniformidad en el AGCS debido a quealgunas de estas distinciones resultaban pertinentes, incluso en relación con el suministro
transfronterizo de servicios;  antes bien, se había permitido a los Miembros especificar en los
compromisos las exoneraciones del trato nacional.  La aplicabilidad del trato nacional a la política de
competencia en general era incluso menos evidente.  Buena parte de los debates mantenidos hastaWT/WGTCP/M/19
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ahora en el Grupo de Trabajo se habían centrado en la idea de impulsar la eficiencia de la asignación
de los recursos sin mayor cambio como único objetivo de los acuerdos multilaterales.  En una
comunicación anterior (documento WT/WGTCP/W/149), la India había señalado los objetivos
dinámicos de fomentar la inversión y el crecimiento de la productividad total de los factores, que eran
más importantes para los países en desarrollo.  En lo que se refería a las inversiones de tecnología, sepermitían importantes desviaciones de la idea de los mercados libres en la estructura misma de la
OMC, por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC.  En los países en desarrollo, donde tanto los
recursos privados como los públicos para investigación y desarrollo eran limitados, el fomento de la
inversión podía requerir un grado estable de concentración económica.  Una mayor exposición al
comercio internacional con las repercusiones que éste tenía en la liberalización del comercio podría
servir para frenar la posición dominante en el mercado y limitar la dilapidación constante de recursos.
Era importante señalar que una política de competencia que se aplicara claramente por igual a todoslos Miembros era muy probable que en la práctica terminara discriminando contra las empresas de los
países en desarrollo.  Puesto que a los países con escasos recursos les sería sumamente difícil enjuiciar
prácticas comerciales restrictivas aplicadas por empresas domiciliadas en el extranjero, en la práctica
los productores nacionales terminarían siendo los más castigados con una ley de competencia que
consagrara el principio de trato nacional y permitiera al mismo tiempo que los productores extranjeroscometieran infracciones similares con total impunidad.  Además, muchos de los Miembros en
desarrollo habían señalado reiteradamente en el Grupo de Trabajo que tenían poca experiencia o
conocimientos especializados en la esfera de la política de competencia.  Esto significaba que los
principios de la legislación en materia de competencia que procedían de países con mucha más
experiencia, aparte de la posibilidad de que fueran intrínsecamente inadecuados para los países endesarrollo, elevarían en gran medida los costos derivados del cumplimiento de los requisitos.  Esos
costos recaerían sobre los gobiernos, que habrían de establecer las instituciones necesarias, y sobre
sus empresas, que tendrían que invertir en recursos jurídicos.  Con esos costos, que en forma alguna
podían relacionarse con la ventaja comparativa o la eficiencia en la producción, se discriminaba
injustamente contra los productores de los países en desarrollo, a los que se colocaba en situación dedesventaja competitiva frente a sus rivales de los países desarrollados.  Los países en desarrollo no
contaban aún con el tipo de redes de seguridad social bien desarrolladas cuando las existentes en los
países industriales para apoyar a los desplazados por la competencia de las importaciones.  Así pues,
había mayor necesidad de amortiguar ese impacto mediante medidas adecuadas de reestructuración
industrial, que permitirían a los países en desarrollo embarcarse en una mayor liberalización del
comercio.  En ese sentido, una política de competencia discriminatoria y una política comercial no
discriminatoria podían ser concomitantes.  Hasta hace muy poco, muchos países desarrolladospracticaban esta clase de medidas, particularmente en períodos durante los cuales se estaban ajustando
al tipo de integración internacional que ahora estaban aplicando muchos países en desarrollo.  En el
contexto de prestar atención a las necesidades de los países en desarrollo, era más adecuado adoptar el
concepto de la no discriminación, en vista de la necesidad de tratar a diversos países con diferentes
capacidades de manera diferencial, y la necesidad y responsabilidad de proporcionar asistencia,medidas positivas y acción afirmativa a las empresas e instituciones locales de los países en desarrollo
para garantizar su viabilidad y evolución de manera que pudieran volverse cada vez más eficientes y
competitivas.
18. La representante de los Estados Unidos, al presentar la comunicación escrita de su delegación
relativa a la equidad procesal (documento WT/WGTCP/W/219), señaló que estaba dividida en
dos partes.  En la primera se resumían los procedimientos existentes en los organismos
antimonopolísticos para garantizar que sus decisiones se adoptaran de manera justa e imparcial, en
tanto que en la segunda parte se planteaba una serie de preguntas y cuestiones para que el Grupo de
Trabajo las examinara en el curso de su labor de aclarar el concepto de equidad procesal.  Por lo que
respecta a las cuestiones y preguntas, sugirió la oradora que el mayor reto que enfrentaba el Grupo deTrabajo era el de definir qué se entendía realmente por equidad procesal en un contexto de legislación
en materia de competencia y cómo podría definirse a los efectos de un posible acuerdo de la OMC
sobre política de competencia.  En la actualidad no existía consenso amplio sobre el significado de
equidad procesal en un contexto antimonopolístico.  Esto se debía en parte a que los conceptos deWT/WGTCP/M/19
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equidad fundamental variaban de unos regímenes jurídicos a otros, aparte de que también estaban
influenciados por las culturas políticas y jurídicas en las que funcionaban los organismos pertinentes.
No obstante, había una serie de conceptos amplios que un organismo podría acoger y que
probablemente fomentarían la equidad, a saber:  i) el derecho de acceso y derecho de petición ante
una autoridad en materia de competencia;  ii) el derecho de una empresa sujeta a investigación aconocer las bases de una objeción de la autoridad antimonopolística antes de que esa autoridad
adoptase medidas, y el derecho de dicha empresa a re sponder;  iii) el derecho de apelación contra una
decisión de un organismo;  y iv) oportunidad.
19. En cuanto a la cuestión de acceso al organismo de competencia y el derecho a petición ante el
organismo, la oradora señaló que para que un régimen de competencia fuese justo, el organismo no
debería tratar arbitrariamente las quejas de algunos de manera más favorable que las quejas de otros.
Para aclarar qué se entendía por equidad procesal y considerando el acceso como elemento que habríade incluirse en un posible acuerdo de la OMC sobre política de competencia, el Grupo de Trabajo
tenía que examinar una serie de cuestiones.  En primer lugar, respecto a lo que se entendía por acceso
apropiado, algunos organismos de competencia, entre ellos los de los Estados Unidos y la mayoría de
países con régimen de common law , trataban las quejas en gran medida con carácter informal.  No
existían normas que exigieran al organismo una respuesta formal en modo alguno, y los organismosestaban facultados para determinar si era del caso o no abrir una investigación y, una vez abierta ésta,
si llevar adelante una acción de cumplimiento.  Otras jurisdicciones trataban las quejas de manera más
formal, por ejemplo, respondiendo a cada queja por escrito o emitiendo una opinión que justificaba la
decisión del organismo de no adoptar medida alguna respecto de una queja, o de llevar ésta adelante.
Se preguntaba la oradora si ambos tipos de sistemas se considerarían equitativos en el contexto de laOMC y, en caso afirmativo, cómo podrían demostrar los organismos que aplicaban procedimientos
más informales y disponían de facultades discrecionales que eran justos sus procedimientos y sus
decisiones de llevar adelante algunas quejas y otras no.  Otra cuestión que el Grupo de Trabajo tendría
que examinar para elaborar una posible disposición sobre equidad procesal era la relativa al acceso, en
particular, la cuestión de quién debía tener derechos de acceso.  ¿Debería tener todo el mundo igualderecho de acceso, o podrían concebirse derechos más amplios a ciertas clases de partes, por ejemplo,
los clientes de las empresas sometidas a investigación?  Preguntó además la oradora si la autoridad en
materia de competencia tendría que otorgar derechos procesales a terceros que, por ejemplo, pudieran
resultar perjudicados por una operación de fusión, pero no en sentido tradicional antimonopolístico.
Por otra parte, ¿se exigiría a los organismos de Miembros cuyos sistemas jurídicos permiten amplios
derechos de acciones privadas en casos de reclam aciones en materia de competencia por medio de los
tribunales, que proporcionaran el mismo acceso form al al organismo que aquellos que no lo hacían
así?  ¿Se exigiría a todos los Miembros que reconocieran los derechos de partes privadas a entablar
acciones?
20. En cuanto al derecho de respuesta, señaló que el hecho de informar a las personas objeto de
investigación de los fundamentos de la objeción de la autoridad en materia de competencia antes de
que ésta adoptase medidas, y permitir que la persona sujeta a investigación respondiese, tambiénpromovía la equidad.  Al abordar esta cuestión como posible elemento que hubiera de incluirse en un
acuerdo de la OMC sobre política de competencia, habría que tener en cuenta muchas de las mismas
cuestiones que la oradora había señalado anteriormente a propósito del acceso.  Por ejemplo, ¿qué
forma debería adoptar esa práctica?  ¿Sería necesario notificar formalmente y por escrito las
objeciones, o podría hacerse de manera más informal?  Por otra parte, ¿en qué medida y momentodebería la autoridad divulgar los detalles del caso?  ¿Se debería ampliar este concepto para que
terceros tuviesen acceso a una explicación de las bases de las objeciones de autoridad o de las
decisiones de no adoptar medidas?  Respecto de los derechos de apelación y la función de la
judicatura, dijo que era indudable que un examen independiente de las decisiones en materia de
legislación de competencia imponían disciplinas a la adopción de decisiones por el organismo, lo cualdaría lugar a unos resultados más exactos y equitativos.  La oradora alentó al Grupo de Trabajo a que,
al abordar la cuestión de los derechos de apelación para su posible inclusión en un acuerdo de la OMC
sobre política de competencia, examinara qué tipos de decisiones deberían estar sujetas a examen.WT/WGTCP/M/19
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21. A propósito de la oportunidad, en el caso de que una autoridad en materia de competencia
dispusiera de amplios mecanismos para garantizar la equidad procesal, si no podía resolver sus
investigaciones, casos y apelaciones oportunamente, esas protecciones no tendrían un gran valor.
Acerca de la posibilidad de incluir el concepto de oportunidad en un eventual acuerdo de la OMC
sobre política de competencia, la oradora alentó al Grupo de Trabajo a que examinara qué es lo que sepodría considerar oportuno.  ¿Sería suficientemente flexible ese concepto para tener en cuenta la
realidad de que algunas cuestiones eran más complejas que otras?  ¿Cómo se evaluaría la oportunidad
en el caso del considerable número de regímenes en materia de competencia que no imponían plazos
para la adopción de medidas o que confiaban en el sistema judicial como árbitro definitivo?  ¿Quién
determinaría lo que habría de considerarse oportuno en un contexto de la OMC?  En conclusión, la
oradora dijo que el reto principal que se presentaba a los Miembros sería lograr un consenso sobre
conceptos de equidad procesal que fueran suficientemente flexibles para respetar las diferenciasexistentes en los regímenes y culturas jurídicos y políticos.  No obstante, los Miembros tendrían que
actuar con cuidado y evitar términos que fuesen demasiado genéricos y abstractos.  Por ejemplo,
declaraciones como la de que "los procedimientos de todos los organismos deberán reconocer los
derechos de todas las partes a la equidad procesal" eran ambiguas porque términos como "equidad
procesal" tenían significados diferentes para diferentes personas.
22. Otra representante de la misma delegación, al presentar la comunicación por escrito relativa a
la transparencia y no discriminación (documento WT/WGTCP/W/218), señaló que en julio de 1999
su delegación había presentado una comunicación titulada "pertinencia de los principios
fundamentales de la OMC con respecto a la po lítica de competencia" (WT/WGTCP/W/131), que
proporcionaba antecedentes sobre cada uno de los principios fundamentales de referencia.  Se refirióen primer lugar al principio de no discriminación y señaló que éste abarcaba tanto el trato nacional
como el trato NMF y que en el contexto de la OMC podría aplicarse tanto a la legislación
discriminatoria evidente ("discriminación de jure ") como a la discriminación en virtud de legislación
aparentemente neutral ("discriminación de facto ").  Teniendo en cuanta la opinión de su delegación de
que la observancia de la legislación en materia de competencia debía estar encaminada hacia laprotección de la competencia y no de los competidores considerados individualmente, creía que la
discriminación basada en la nacionalidad para favorecer a un competidor individual o a un grupo de
competidores era incompatible con la finalidad de las normas antimonopolio.  No obstante, la
aplicación de los principios de la OMC en el contexto de la legislación en materia de competencia
planteaba cuestiones complejas.  En primer lugar, ¿qué se entendía por discriminación en ese
contexto?  Los principios de no discriminación de la OMC se aplicaban por lo general a productos y
servicios "similares";  sin embargo, el análisis y la observancia de la competencia se referían a casos yhechos específicos y nunca dos situaciones eran o podrían ser totalmente similares o comparables.
Así pues, en la práctica resultaba sumamente difícil determinar si existía discriminación de facto  con
respecto a medidas y aplicación de la legislación antimonopolio, debido a que giraban alrededor de
situaciones individuales.  La oradora hizo referencia, a ese respecto, a un ejemplo que se examinaba
en la comunicación de su delegación, y que se refería a que un Miembro que aplicase susdisposiciones relativas a la competencia con la intención de proteger a la pequeña y mediana empresa
podía afectar de manera diferente a las empresas extranjeras, que no solían pertenecer al sector de la
pequeña y mediana empresa.  ¿Se debería esto considerar discriminatorio en el marco de un acuerdo
sobre competencia de la OMC?  Por otra parte, incluso en el caso de que la aplicación de los
principios de trato nacional y trato NMF de la OMC se limitara a la discriminación de jure,  seguían
planteándose problemas.  Por ejemplo, ¿de qué modo se debían tratar las exenciones sectoriales de las
normas antomonopolio?  La mayor parte de los países, si no todos, eximía a determinados sectores de
la aplicación de las normas antimonopolio o las regulaba mediante una legislación sectorial que
sustituyera o complementara las normas antimonopolio ordinarias.  Las excepciones previstas en el
artículo XX del GATT, por ejemplo las relativas a la protección de la moral pública, la observancia delas leyes y la salud de las personas podrían ser utilizadas por aquellas exenciones nacionales.
¿Existían elementos concretos a evaluar en el contexto de un caso de competencia, por ejemplo, la
situación de la liberalización del mercado, que podrían tener una especial importancia en el análisis de
una excepción prevista en el artículo XX en la esfera de la competencia, y que se debería abordar enWT/WGTCP/M/19
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un posible acuerdo sobre competencia?  Reiterando un punto señalado en la comunicación escrita de
su delegación sobre modalidades de cooperación voluntaria, en julio de 2002 (WT/WGTCP/W/204),
preguntó si el principio NMF de la OMC podría utilizarse en contra de acuerdos de cooperación
bilaterales y/o multilaterales.  Su delegación creía que no debería ser así, habida cuenta, por ejemplo,
de que las situaciones de cooperación no deberían considerarse "similares".  De la misma manera,preguntó si la asistencia puntual sin un acuerdo de cooperación podría impugnarse en virtud de un
argumento del tipo NMF.  ¿Necesitarían esas situaciones una excepción concreta o una exención del
principio de NMF, y en caso afirmativo, cómo deberían formular los Miembros esas excepciones?
23. Seguidamente, a propósito del principio de transparencia, señaló que la comunicación de su
delegación se centraba en tres cuestiones particulares, a saber:  i) los tipos de decisiones sometidas a
la obligación de publicación;  ii) la transparencia y la protección de la información confidencial;  y
iii) la transparencia y la asignación de recursos.  En el contexto de la OMC, la transparencia por logeneral abarcaba dos componentes distintos:  la obligación de publicar y la obligación de notificar.
Además, las obligaciones de la OMC en materia de transparencia se referían por lo general a las leyes,
reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administrativas de aplicación general.  En el asunto
Japón-Películas
1 el Grupo Especial constató que las decisiones administrativas dictadas en casos
individuales se debían considerar como decisiones de aplicación general cuando esas decisionesindividuales establecían o revisaban principios o criterios susceptibles de aplicación en casos futuros.
Por consiguiente, de conformidad con una disposición de la OMC sobre transparencia, esas
constataciones en casos individuales debían estar sujetas a publicación y notificación.  Además, las
evaluaciones administrativas que no dieran lugar a decisiones formales como la determinación de no
llevar adelante una reclamación planteada por un tercero, podrían también estar sujetas a lasprescripciones de publicación y notificación según ese razonamiento.  ¿Qué función, de existir,
tendría una persona privada en la aplicación de las obligaciones y disposiciones sobre transparencia
de la OMC?  Si se reconociera una función de esa naturaleza a personas privadas, por ejemplo, en
tribunales nacionales, ¿qué limitaciones cabría emplear para evitar el abuso y los litigios estratégicos?
Un punto conexo importante se refería al equilibrio entre transparencia y la protección de informaciónconfidencial en el plano nacional, y de qué manera se podría mantener ese equilibrio.  En la
actualidad, los principios de transparencia de la OMC incluían una importante excepción en el caso de
la información confidencial, en virtud de la cual cada Miembro interpretaba esa excepción de modo
diferente, con arreglo a su cultura jurídica y sus tradiciones.  Las prácticas de los Estados Unidos a ese
respecto se encuadraban claramente dentro de esa excepción.  No obstante, las prácticas de los
Estados Unidos relativas a la confidencialidad podían impedir que sus autoridades en materia de
competencia publicaran información básica, incluidos los informes de aprobación o el hecho de que senotificaran transacciones individuales.  Teniendo en cuenta los diferentes enfoques de la
confidencialidad de la información existentes entre los Miembros de la OMC, ¿cuál sería el ámbito
apropiado de un posible principio de la OMC sobre transparencia?  Además, ¿debería un posible
acuerdo sobre competencia abordar los recursos de que podría disponer un Miembro notificante
cuando un Miembro receptor no hubiese protegido adecuadamente la confidencialidad de esainformación?  Si bien la delegación de la oradora creía que todos los países con legislación en materia
de competencia publicaban las leyes y los reglamentos que las desarrollaban, muchos países, entre
ellos los Estados Unidos, no publicaban y/o notificaban todas las evaluaciones de casos individuales.
¿Cabría interpretar una prescripción sobre transparencia en el sentido de que los organismos estarían
obligados a publicar y notificar decisiones, pese a que en la actualidad no lo hacían?  En ese caso, ellopodría significar un importante gasto de recursos tanto para el Miembro notificante como para los
Miembros notificados.  A este respecto, la orador a instó al Grupo de Trabajo que examinara tanto los
costos como los beneficios que supondría la aplicación del principio de transparencia en el contexto
de la aplicación de una legislación en materia de competencia.  Si no se formulara adecuadamente, ese
principio podría entrañar importantes gastos de recursos, que se imputarían a los recursos dedicados a
                                                     
1 Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de consumo  (documento
WT/DS44/R, de 31 de marzo de 1998).WT/WGTCP/M/19
Página 15
la observancia.  Para terminar, la oradora expresó la esperanza de su delegación de que las preguntas
planteadas ayudasen al Grupo de Trabajo en su labor de clarificación.
24. El representante de Malasia dijo que su delegación no tenía objeción que hacer a las normas y
reglamentos sobre transparencia estipulados en el vigente artículo X del GATT de 1994 y en el
artículo III del AGCS, que exigían la publicación de  todos los materiales oficiales, a saber, leyes,
reglamentos, medidas gubernamentales, periódicos y revistas.  Reconocía la necesidad de esas
prescripciones a fin de que los Miembros tuviesen noticia de las políticas y medidas adoptadas por
otros Miembros.  En la esfera de la política de competencia, la transparencia era importante en
tres campos.  Transparencia en las disposiciones generales de la ley;  transparencia en la aplicación de
la ley en materia de competencia;  y derechos de las empresas en procedimientos relativos a
competencia.  Pese a ello, Malasia estimaba que las normas sobre transparencia debían aplicarse de
manera sensible en los países en desarrollo para tener en cuenta la necesidad de llevar adelante suprograma de desarrollo de las industrias nacionales.  Una accesibilidad plena y equitativa a la
información sobre las normas garantizaría un terreno de juego igual para las empresas nacionales y las
extranjeras.  Por otro lado, en cambio, la prescripción sobre transparencia no debería dar lugar a poner
en duda el proceso de adopción de decisiones ni la s decisiones adoptadas.  Los países en desarrollo
como Malasia carecían de capacidad para observar la prescripción de notificación y publicación;  enconsecuencia, cualesquiera obligaciones a ese respecto no deberían ser onerosas ni complicadas.
25. A continuación, respecto del principio de no discriminación, se declaró que la posición de
Malasia coincidía con la de la India.  El principio de no discriminación en el contexto de la OMC
significaba adhesión a los principios de nación más favorecida y trato nacional.  El trato nacional se
refería a un trato equitativo aplicado a las empresas extranjeras y nacionales en el mercado interno.La mayor parte de las industrias nacionales de Malasia y otros países en desarrollo eran de tamaño
pequeño o mediano.  La adopción del principio de trato nacional permitiría que las empresas
extranjeras, con sus amplias relaciones en los mer cados internacionales, experiencia, conocimientos y
tecnologías, compitieran libremente en igualdad de condiciones con las empresas locales que no
disponían de los mismos conocimientos ni experiencia.  Por consiguiente, Malasia creía que no eraadecuado adoptar el principio del trato nacional respecto de la política de competencia.  Debido a la
globalización, las empresas locales ya enfrentaban una intensa competencia extranjera.  Se debería
conceder a las industrias de los países en desarrollo tiempo suficiente para crear capacidad con la que
hacer frente a la competencia internacional.  El marco multilateral debería centrarse en cuestiones
transfronterizas que afectaran a la competencia y no a cuestiones nacionales.  En cualquier caso, era
importante tener en cuenta el hecho de que no se podía aplicar ninguna norma única para juzgar una
particular actividad económica en la que participaran una entidad extranjera y otra nacional odos entidades nacionales.  Teniendo presente las limitaciones de desarrollo y socioeconómicas propias
de los países en desarrollo, no podría ser posible garantizar el trato nacional en todos los casos.
Además, lo que se podría interpretar como "actividad anticompetitiva" desde un punto de vista de una
autoridad encargada de la competencia en un país desarrollado podría ser algo necesario para el logro
de los objetivos de desarrollo de países como Malasia.  Las empresas nacionales deberían beneficiarsede diversos tipos de asistencia para garantizar su viabilidad, ser eficientes y competir en mejores
condiciones.  Se partía de la base de que los gobiernos soberanos debían garantizar que las industrias
nacionales fueran suficientemente competentes antes de que empresas extranjeras pudieran competir
libremente en la economía interna.  Los países desarrollados podían prestar asistencia a este respecto
facilitando un mejor acceso de los productos de países en desarrollo a sus mercados.
26. Otro representante de la misma delegación, a propósito de la equidad procesal, dijo que
cualquier marco multilateral que se estableciera en materia de política de competencia no debería ser
vinculante.  Así pues, no se plantearía la cuestión de las obligaciones relativas a equidad procesal.
Respecto de la aplicación de la legislación nacional sobre competencia, Malasia se encontraba todavía
en el proceso de dar forma a una ley de comercio leal;  si entrara en vigor, se establecería una oficinade comercio y una comisión sobre comercio leal.  Cualquier persona podría recurrir a esos organismos
para presentar sus quejas.  Al igual que otros muchos países en desarrollo, Malasia no comprendía quéWT/WGTCP/M/19
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quería decir la delegación de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros en lo relativo a
aplicar el principio de trato nacional en la esfera de la competencia.  A juicio de su delegación, a
veces era necesario, por razones de desarrollo, aceptar ciertas prácticas anticompetitivas (tales como
discriminación contra una empresa extranjera), o fusiones de empresas, para lograr beneficios a largo
plazo.  Con estas razones, los países en desarrollo deberían quedar exentos de la aplicación delprincipio de trato nacional en cualquier acuerdo multilateral sobre política de competencia.
27. El representante de Hong Kong, China dijo que los debates en el Grupo de Trabajo deberían
guiarse por las dos condiciones establecidas en la Declaración Ministerial de Doha.  En primer lugar,
como se indicaba en el párrafo 23 de la Declaración, la pertinencia de los principios debía
considerarse en el contexto de mejorar "la contribución de la política de competencia al comercio
internacional y al desarrollo".  En segundo lugar, como se señalaba en el párrafo 25, "se tendrán
plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados participantes yse preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas".  Teniendo presentes esas condiciones, el orador
señaló, en primer lugar, que en el Grupo de Trabajo se había mantenido un debate bastante limitado
sobre las consecuencias prácticas de las posibles disposiciones relativas a transparencia, no
discriminación y equidad procesal para las opciones de política industrial y económica internas de los
Miembros en desarrollo.  Ciertas obligaciones emanantes de aplicar los principios fundamentales enun marco multilateral en materia de competencia podrían resultar onerosas para algunos Miembros en
desarrollo.  Por ejemplo, la propuesta sobre equidad procesal presentada en la comunicación de Corea
(WT/WGTCP/W/212), exigiría que un Miembro estableciera y mantuviera un marco judicial para
entender de apelaciones.  De la misma manera, las prescripciones para una amplia notificación de
leyes sobre competencia e información conexa tanto al público como a la OMC podría exigir un granvolumen de recursos.  Era necesario proceder a más estudios y debates para que los países en
desarrollo dispusieran de una evaluación más realista de los costos y beneficios de aquellas
disposiciones antes de que los Ministros decidieran respecto de las modalidades de negociación.  En
segundo lugar, el orador se mostró de acuerdo en que se considerara el "trato especial y diferenciado"
como otro principio fundamental que habría de recogerse en un posible marco multilateral sobrepolítica de competencia.  A este respecto, al comentar la función del trato especial y diferenciado en el
comercio, la competencia y el desarrollo, en la reunión que el Grupo de Trabajo había celebrado en
abril, el observador de la OCDE había señalado a la atención del Grupo de Trabajo varios tipos
posibles de trato especial y diferenciado, como eran el enfoque, las excepciones, exenciones y
exclusiones al estilo del AGCS, el enfoque plurilateral, los períodos de transición y la asistencia
técnica, etc. (véase WT/WGTCP/M/17, párrafo 41).  Era necesario llevar a cabo deliberaciones más
centradas en la eficacia y consecuencias de los diversos medios de hacer frente a las necesidades ypreocupaciones de los Miembros en desarrollo.  Tercero, gran parte de los debates celebrados hasta
entonces en el Grupo de Trabajo se habían centrado en propuestas basadas en la premisa de que los
Miembros disponían de legislación en materia de competencia.  Sin embargo, como se señalaba en la
nota de antecedentes preparada por la Secretaría para la reunión, "cuando no existe esa legislación o
no se aplica con eficacia, o cuando las normas relativas a la competencia se aplican por medio de unalegislación específica para los diversos sectores, la pertinencia de los principios fundamentales de la
OMC con respecto a las normas de competencia no está clara" (WT/WGTCP/W/209, párrafo 25).  En
este contexto, el Grupo de Trabajo no había abordado las preocupaciones de Miembros que no
cuentan con legislación amplia en materia de competencia ni con una autoridad que se encargue de
ello.  Más de una cuarta parte de los Miembros de la OMC se encontraban en esa categoría.  Comohabía señalado Nueva Zelandia, era importante que al elaborar los principios fundamentales se
mantuviera la flexibilidad para los Miembros en desarrollo y que no se ejerciera presión sobre los
países en desarrollo para lograr determinados resultados en materia de política de competencia, lo cual
podría resultar inadecuado y/o prematuro.  Teniendo esto presente, sería útil que se pidiera a la
Secretaría la realización de un nuevo estudio acerca de cómo podrían aplicarse los principiosfundamentales en las economías en que no existiera legislación general en materia de competencia.
28. A continuación comentó algunos elementos espe cíficos de los principios fundamentales de
referencia.  Evidentemente, el principio de transparencia era importante en el contexto de la políticaWT/WGTCP/M/19
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de competencia.  Desde la perspectiva de las existentes prescripciones de la OMC, la transparencia
presentaba dos aspectos.  En primer lugar, leyes, políticas y decisiones que tuvieran relación con una
obligación de la OMC debían publicarse o de alguna otra manera darse a la publicidad.  En
segundo lugar, las acciones gubernamentales pertinentes que tuvieran relación con una obligación de
la OMC tenían que notificarse.  Esos dos aspectos entrañaban diferentes consecuencias para losMiembros en lo que respectaba a los recursos.  Además, se planteaba la cuestión de si las leyes,
políticas y decisiones que no se consideraran explícitamente "leyes de competencia", pero que no
obstante tuvieran relación con la competencia, habrían de estar sujetas a la misma prescripción de
transparencia.  En caso afirmativo, se planteaba la cuestión de si sería claramente oneroso para los
países en desarrollo Miembros cumplir esa prescripción.  No obstante, una evaluación realista de las
consecuencias de una prescripción sobre transparencia no sería posible hasta que el Grupo de Trabajo
no tuviera una buena idea de las obligaciones sustantivas específicas que podrían establecerse en elmarco de un posible acuerdo de la OMC sobre política de competencia.  Habida cuenta de la
diversidad de niveles de desarrollo social y económico de los Miembros, sería necesario incorporar un
grado suficiente de flexibilidad en cualquier marco posible para que fuese viable para todos los
Miembros.  La existencia de excepciones y exenciones proporcionaría un grado importante de
flexibilidad para que los Miembros de la OMC pudieran alcanzar otros objetivos nacionales, porejemplo de desarrollo industrial económico, el apoyo para las empresas medianas y pequeñas, el
empleo y el medio ambiente, y para tener en cuenta las diferencias en el alcance e importancia de su
política de competencia y sus instrumentos para aplicarla.  Como habían señalado diversos Miembros,
la aplicación de la legislación sobre competencia entrañaba frecuentemente aplicar el criterio del
carácter razonable o abordar caso por caso, lo cual implicaba una considerable amplitud de maniobrapor parte de los encargados de adopción de decisiones.  Eso hacía que fuera difícil y complicada la
aplicación de un principio de no discriminación de facto .  Por consiguiente, no era apropiada la
aplicación del principio de no discriminación a la observancia de la legislación sobre competencia, en
particular en casos de discriminación de hecho.  En cuando a la equidad procesal, se tenía que tener en
cuenta las consecuencias que en la esfera de los recursos pudiera tener cualquier prescripción sobreequidad procesal incluida en un posible marco multilateral.  Los procedimientos de apelación y
revisión podrían resultar costosos para los países en desarrollo Miembros, sobre todo para las
pequeñas economías.  En el Grupo de Trabajo se había dicho relativamente poco acerca del contenido
y alcance del principio.  A este respecto, Hong Kong, China instaba a que se siguiera deliberando para
aclarar el significado de "equidad procesal" dentro de un posible marco multilateral, y las
obligaciones que eso entrañaría, a fin de que los Miembros pudieran disponer de una evaluación más
realista de sus consecuencias para sus regímenes internos.
29. El representante de Kenya hizo hincapié en que la aplicación de los principios fundamentales
de la OMC en relación a la política de competencia debía apoyar los objetivos de la OMC enunciados
en el preámbulo del Acuerdo de Marrakech.  Entre es os objetivos estaban el de elevar los niveles de
vida, lograr el pleno empleo y lograr que los países en desarrollo, y especialmente los medios
adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional.  En el párrafo 25 de laDeclaración Ministerial de Doha, que constituía la base de las deliberaciones del Grupo de Trabajo, se
decía en parte que "se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y
menos adelantados participantes y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas".  De ello se
desprendía que, al examinar los principios fundamentales para un marco internacional sobre comercio
y política de competencia, se debería otorgar la máxima prioridad al desarrollo de las necesidades eintereses de los países en desarrollo.  Por tratarse de un país en desarrollo, Kenya necesitaba el
máximo de flexibilidad para instituir políticas que promovieran el desarrollo.  En otras palabras, la
competencia desde una perspectiva del desarrollo significaría la creación de condiciones y políticas en
las que las empresas y unidades de producción locales fueran capaces de seguir siendo viables en el
mercado.  Se desarrollarían a lo largo del tiempo, proporcionando así pleno empleo, ingresosadecuados y mejores niveles de vida.  La transparencia debería limitarse a la disponibilidad de
normas, procedimientos y decisiones pertinentes.  No debería ser onerosa para los países en desarrollo
y no debería invadir la esfera del proceso de adopci ón de decisiones sustantivas a nivel nacional.  La
asistencia técnica sería importante para que los países en desarrollo pudieran hacer frente a susWT/WGTCP/M/19
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obligaciones en materia de transparencia.  El pr incipio de no discriminación debería aplicarse de
manera flexible porque las economías de la mayor parte de los países en desarrollo, entre ellos Kenya,
estaban dominadas por empresas pequeñas y medianas cuyo impacto en el mercado era insignificante.
De lo que se trataba ahora era de cómo las pequeñas empresas de los países en desarrollo podrían
seguir siendo competitivamente viables a fin de no quedar eliminadas por las actuales tendencias defusiones y adquisiciones por parte de las multinacionales que tendían a crear monopolios y prácticas
anticompetitivas, al aplicar el principio de la no discriminación.  Kenya coincidía con Sudáfrica en
que el principio de no discriminación presentaba la posibilidad de ser objeto de abusos si no se trataba
adecuadamente.  En consecuencia, el principio de no discriminación en un posible marco multilateral
futuro sobre política de competencia debería aplicarse caso por caso, con objeto de que no se aplicara
a aquellos casos en que chocase con los objetivos de desarrollo de los países.  Kenya también estaba
de acuerdo en que el principio de trato especial y diferenciado debería estar plenamente recogido encualquier marco multilateral futuro sobre competencia.
30. Como ilustración y fuente de experiencia de la aplicación efectiva de los principios de
transparencia, no discriminación y equidad procesal en materia de legislación de competencia, el
representante de Sudáfrica, en su presentación del documento WT/WGTCP/W/220, señaló que la
comunicación trataba casi enteramente de la aplicación de los principios de transparencia, no
discriminación y equidad procesal en la legislación y la jurisprudencia sudafricanas en materia de
competencia, con la esperanza de que pudiera servir de orientación para los debates del Grupo de
Trabajo.  La Constitución de la República de Sudáfrica establecía normas muy elevadas para la
aplicación de esos principios.  Todas las acciones administrativas, incluidas las adoptadas por las
autoridades en materia de competencia, tenían que adherirse a esas normas.  Por ejemplo, existía unaclara separación institucional entre las funcione s de investigación y de adjudicación, y normas
estrictas respecto a la provisión y publicación de las razones de cualesquiera decisiones adoptadas,
incluidas las decisiones que eran favorables a las partes en una fusión.  Aunque el órgano encargado
de la adopción de decisiones en asuntos de competen cia en Sudáfrica, el Tribunal de Competencia, era
un tribunal administrativo constituido por personas que no eran magistrados, tenía de hecho lacategoría de Tribunal Superior y tenía que adherirse a todos los principios y procedimientos que de
ordinario se aplicaban a las instituciones de aquella naturaleza.  En los tres años de aplicación de la
Ley de Competencia en Sudáfrica, el Tribunal de la Competencia había sido impugnado por razones
constitucionales en varias ocasiones.  Aunque siempre había salido incólume, ello ponía de manifiesto
la necesidad de adherirse a aquellas normas de alto nivel.  El orador, en un análisis del principio de no
discriminación, dijo que era el principio que, pese a su tono de alta moralidad, proporcionaba el
mayor potencial de abuso en un mundo no equitativo.  La Constitución de la República de Sudáfricaconsagraba el derecho de igualdad y el derecho de no sufrir discriminación.  En ese contexto había
que señalar dos aspectos.  En primer lugar, la ley de competencia sudafricana se aplicaba a todas las
actividades económicas realizadas dentro de Sudáfrica o que tuviesen consecuencias para el país.  Esa
cláusula, considerada conjuntamente con la cláusula de no discriminación de la Constitución, había
permitido a las autoridades de competencia adoptar medidas contra cárteles creados fuera deSudáfrica -inclusive cárteles que eran legales en sus países respectivos- cuando las actividades del
cártel tenían consecuencias dentro de Sudáfrica.  En otras palabras, no existía discriminación en la
aplicación de la legislación sudafricana sobre competencia en lo que se refería a empresas extranjeras
o nacionales que operasen en los confines del mercado sudafricano.
31. En segundo lugar, el orador dijo que la Ley de Competencia sudafricana contenía
disposiciones encaminadas a fomentar y promover los intereses de las empresas pequeñas y medianas
y las empresas propiedad de ciudadanos negros, para, según se decía en la Ley de Competencia,
"ampliar y promover el control por parte de quienes históricamente estuvieron en situación
desventajosa".  Así pues, la Ley de Competencia no impedía que el Gobierno llevase adelante
políticas industriales y sociales incluso en el caso de que la aplicación de esas políticas exigiera lapromoción selectiva de determinados grupos de intereses.  En otras palabras, la corta experiencia de
Sudáfrica parecía confirmar que la existencia de una legislación y una política de competencia y la
adhesión a principios fundamentales adecuadamente decididos, como la nueva discriminación y laWT/WGTCP/M/19
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transparencia en la administración de aquella política, no tenían porqué limitar indebidamente el
ámbito de políticas industriales y sociales encaminadas a lograr objetivos particulares, a condición de
que los instrumentos jurídicos pertinentes reconocieran esos objetivos.  A ese respecto, señaló que la
experiencia de Sudáfrica ya se reflejaba en el texto de la Declaración Ministerial de Doha, la cual
estipulaba que se tuvieran plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menosdesarrollados participantes, y que se previera una flexibilidad adecuada para tenerlos en cuenta.
32. Seguidamente, y con referencia a la intervención de Tailandia, el orador convino en que se
incluyera el trato especial y diferenciado como cuarto principio de un acuerdo multilateral sobre
política de competencia.  Por otra parte, se mostró de acuerdo con la advertencia de los
Estados Unidos de no dar por sentado el significado de términos tales como "equidad procesal".  Si se
diera contenido al cuarto principio tal vez ello fa cilitase llegar a un acuerdo sobre el significado y
alcance apropiados de la equidad procesal y de los otros principios fundamentales propuestos.
33. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, al reflexionar sobre
algunas de las observaciones que se habían hecho y como presentación de su propia perspectiva de las
cuestiones planteadas, dijo que en cualquier caso un acuerdo marco sobre política de competencia en
la OMC no exigiría que se armonizasen las leye s nacionales sobre competencia, ya que no sería
prudente hacerlo.  Y era así, pese al hecho de que ya existía un creciente grado de coincidencia entrelos diversos enfoques nacionales.  Daba por supuesto que, si existiera un acuerdo sobre política de
competencia de la OMC, a la larga todos los Miembros de la OMC estarían sujetos a un régimen de
competencia de algún tipo.  No obstante, eso no si gnificaba que cada Miembro de la OMC tuviera que
adoptar una legislación nacional sobre competencia, ni que esto fuera a ocurrir de la noche a la
mañana y ni siquiera al final de las negociaciones.  Evidentemente, la progresividad y la flexibilidadde la aplicación de leyes y políticas de competencia eran importantes para países que todavía no lo
habían hecho.  Reconocía la necesidad de períodos de transición y la prestación de asistencia técnica,
así como tener en cuenta la etapa en que un país deseara proceder a la aplicación de un régimen
nacional en materia de competencia.  Acerca de la asistencia técnica, el orador reconoció que se
debería tener en cuenta la velocidad con que un país podría crear capacidad.  En cualquier caso, laexperiencia de la Comunidad Europea demostraba que los países podían vivir sin leyes de
competencia nacionales durante decenios, acogiéndose a un sistema regional.  En vista de ello, era
indudable que las instituciones regionales constituían por lo menos parte de la solución al problema de
la capacidad y flexibilidad de los países en desarrollo.
34. Seguidamente, recordó al Grupo de Trabajo que, respecto a la legislación sustantiva sobre
competencia, la propuesta de su delegación exigiría tan sólo una prohibición de los cárteles
intrínsecamente nocivos.  Sin embargo, esperaba que la mayor parte de los países fuesevoluntariamente más allá, y de hecho la mayoría de los países que ya contaban con legislación sobre
competencia trataban de abordar no sólo la cuestión de los cárteles, sino también otras prácticas
anticompetitivas como el abuso de posición dominante.  En cuanto a los principios fundamentales que
deberían incluirse en el propuesto acuerdo, su delegación se había fijado solamente en los
tres principios mencionados en la Declaración Ministerial de Doha, a saber, la transparencia, la nodiscriminación y la equidad procesal, ya que no había encontrado otros principios que presentaran un
grado suficiente de puntos comunes entre los Miembros de la OMC.  Pese a todo, su delegación
estaba abierta a examinar los principios que pudieran proponer otros Miembros.  En particular, su
delegación estudiaría la sugerencia hecha por Tailandia y Sudáfrica de que se adoptase como
principio fundamental de cualquier acuerdo en esa es fera la cuestión del trato especial y diferenciado.
A título de observación preliminar, señaló que el trato especial y diferenciado se había considerado
generalmente como un principio fundamental de la totalidad del sistema de la OMC, más que como
parte de acuerdos específicos en determinadas esferas.  Además, se debería examinar cómo relacionar
el trato especial y diferenciado con los conceptos que antes había mencionado, es decir, la
progresividad, la flexibilidad, la creación de capacidad y las instituciones regionales.WT/WGTCP/M/19
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35. Los tres principios fundamentales mencionados en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial
de Doha habían estado presentes en la OMC durante mucho tiempo en diversas formas y en diversas
esferas.  Una nota permanente de las intervenciones de los delegados había sido la de que esos
principios eran complicados y que había que tratarlos con sumo cuidado.  Ahora bien, esa cuestión
podía ser objeto de exageración.  El significado de la no discriminación y la transparencia no era tanoscuro como a veces se hacía ver.  Sin embargo, estaba de acuerdo en que la adaptación de los
principios a las necesidades y características de determinadas esferas normativas era difícil.  Con
todo, durante más de 40 años el GATT/OMC lo había hecho en diversos campos complejos.
36. A propósito de la no discriminación, que abarcaba tanto el trato nacional como el trato de
nación más favorecida (NMF), era difícil imaginar una situación en la que un régimen legislativo en
materia de competencia tuviera necesidad de establecer una distinción según la nacionalidad de las
empresas;  el orador no tenía noticia de ningún régimen de competencia que lo hiciera así.Ciertamente, los regímenes de competencia trataban frecuentemente con diferentes tipos de agentes
económicos o prácticas de manera diferente, pero eso no entrañaba discriminación por motivos de
nacionalidad.  Subrayó también que, a juicio de su delegación, los Miembros deberían poner cuidado
en garantizar que una disposición de la OMC relativa a la no discriminación en leyes o políticas de
competencia no transcendiera a otras esferas normativas, tanto si estuvieran como si no abarcadas en
las existentes disciplinas de la OMC.  Una formulación típica del principio de no discriminación en la
OMC era que los operadores extranjeros deberían recibir un trato no menos favorable que el que se
daba a los nacionales.  A este respecto, su delegación no veía dificultada en formular una disposición
sobre no discriminación basada en la igualdad de trato, en ambas direcciones (entre operadores
nacionales y extranjeros).  Otra cuestión importante era la distinción entre discriminación de jure  y
discriminación de facto .  De acuerdo con la posición de su delegación, una disposición sobre no
discriminación debería aplicarse exclusivamente a la discriminación de jure , a la discriminación
creada por leyes, reglamentos y directrices de aplicación general, y no a casos de discriminación
de facto .  Por más que esta última nota carecía de importancia, como muchos habían señalado, en el
momento actual era difícil distinguir la discriminación de facto  de la aplicación del criterio del
carácter razonable en determinadas circunstancias del mercado, y de los ejercicios razonables de
discreción de los jueces basada en factores objetivos.
37. Respecto a las preocupaciones que se habían planteado acerca de las consecuencias del trato
de NMF para las prácticas actuales relativas a la cooperación, en primer lugar, el principio de NMF
sólo tendría sentido en la medida en que se tratara de obligaciones vinculantes.  A este respecto, la
propuesta de su delegación era que el propuesto acuerdo de la OMC sobre política de competencia
tuviese obligaciones vinculantes solamente en lo relativo a los cárteles intrínsecamente nocivos y lostres principios fundamentales, pero no en lo que se refería a la cooperación.  Como la cooperación en
última instancia tenía que basarse en la relación existente entre las diversas autoridades nacionales en
materia de competencia, era difícil prever una norma vinculante de aplicación general en esa esfera.
Más bien, los Miembros deberían crear mecanismos en la OMC que facilitaran y fomentaran la
cooperación en el mayor grado posible.  Como no debería haber normas vinculantes en materia decooperación, a juicio del orador no era necesario prever una extensión del trato NMF respecto de las
prácticas actuales.
38. Respecto a las preocupaciones en el sentido de que la opción de un compromiso general
contra la discriminación en materia de legislación y política de competencia interferiría con las
políticas nacionales industriales o de otra índole, la existencia de un régimen de competencia tenía unefecto general en cuanto al acceso al mercado en el sentido de que hacía más eficaces los
compromisos existentes de acceso al mercado.  Cuando existieran compromisos de acceso al mercado,
las empresas se sentirían más seguras al entrar en un mercado extranjero a sabiendas de que existía
allí un régimen de competencia eficiente.  Indudablemente, eso facilitaría el comercio y la inversión
internacional en sentido general.  No obstante, por sí misma la legislación en materia de competenciano afectaba ni debía afectar la existencia o no existencia de acceso al mercado.  En cuando a la
cuestión conexa de las exclusiones o exenciones sectoriales, su delegación adoptaba la posición deWT/WGTCP/M/19
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que un acuerdo sobre competencia debería permitir explícitamente a los Miembros excluir sectores de
la aplicación de sus leyes de competencia.  Evidentemente, en algunos casos ello sería necesario para
dar cabida a otros objetivos que el de mantenimiento de la competencia.  Pese a todo, la transparencia
era importante a ese respecto.
39. Otro representante de la misma delegación dijo que era útil recordar las razones del interés
que tenían algunas delegaciones en incluir la cuestión de la transparencia en un acuerdo de la OMC
sobre política de competencia.  Ello era necesario en primer lugar y sobre todo porque la transparencia
era un principio fundamental del sistema multilateral de comercio, para proporcionar seguridades a
comerciantes e inversores y porque era vital para la credibilidad de las autoridades de competencia y
para los esfuerzos de establecer una "cultura de competencia".  Esto se había tratado con cierto
detenimiento en el Grupo de Trabajo.  La transparencia también era importante para los
consumidores.  El principio de transparencia estaba bien establecido en los acuerdos de la OMC,como era el caso del GATT (artículo X relativo a la publicación y aplicación de reglamentos
comerciales), el AGCS (artículo III relativo a la transparencia) y el Acuerdo sobre los ADPIC
(artículo 63, relativo a la transparencia).  Era, tal vez, de particular importancia en relación con las
medidas "aplicadas dentro de fronteras" como la legislación y política en materia de competencia, ya
que se trataba de un medio de garantizar que esas medidas no se utilizaran como medida restrictiva decomercio.  Al mismo tiempo, la utilización de mecanismos de transparencia podría contribuir a
garantizar que el alcance y el ámbito de las disciplinas sustantivas de un acuerdo no fueran
innecesariamente invasivas, con lo que se lograría establecer un equilibrio apropiado.  Ciertos
aspectos de la transparencia, en particular la publicación de leyes, reglamentos y directrices de
aplicación general, podría entrañar costos administrativos, por lo que podría tener consecuencias parala creación de capacidad.  No obstante, representantes de autoridades de competencia bien
establecidas que habían participado en el Grupo de Trabajo habían señalado con frecuencia el hecho
de que la creación de procedimientos transparentes y contar con un marco legislativo transparente era
un requisito clave para promocionar la observancia de la ley y el establecimiento de una institución de
observancia dotada de credibilidad.  A este respecto, los objetivos del sistema multilateral decomercio y de una aplicación creíble y eficiente de la legislación en materia de competencia saldrían
beneficiados con una disposición sobre transparencia adecuadamente formulada e incluida en un
acuerdo multilateral sobre política de competencia.  Pese a todo, el orador reconoció que ciertos
aspectos de una disposición de esa naturaleza tal vez tendrían que ir aplicándose de manera paulatina,
y quizá sería necesario identificar esferas prioritarias para actividades de asistencia técnica y creación
de capacidad.
40. A continuación, estimó que en materia de política de competencia un compromiso de
transparencia se aplicaría a las leyes, reglamentos y directrices de aplicación general.  Existiría una
obligación por parte de los Miembros de la OMC de garantizar la publicación de esas leyes,
reglamentos y directrices de manera amplia y oportuna.  Esto podría hacerse ya fuera publicándolas
en un diario o gaceta oficial o posiblemente en un sitio de Internet accesible al público.  Esta
obligación de transparencia "externa" se aplicaría no sólo a las leyes, reglamentos y directrices, sinotambién a cualesquiera exclusiones y exenciones sectoriales.  Esas exclusiones y exenciones podrían
ser importantes factores determinantes para la adopción de decisiones por parte de los operadores
económicos.  En particular, la transparencia en cuestiones tales como las exclusiones y excepciones
sectoriales, así como la aplicación y contenido de la legislación en materia de competencia, podría ser
uno de los diversos factores que a la larga se dividirían para lograr un incremento de las corrientes deinversiones extranjeras directas.  Otro aspecto de la transparencia sería la obligación de los Miembros
de la OMC de notificar sus leyes, reglamentos y directrices, así como las exclusiones y exenciones
sectoriales a la OMC.  Tal vez lo más útil sería que esas notificaciones se hicieran al Comité de
Política de Competencia de la OMC que sería necesario establecer para administrar el propuesto
acuerdo y podría desempeñar un posible papel en procesos de examen de órganos parejos, en elexamen de leyes, reglamentos, directrices y exclusiones y exenciones notificadas y para facilitar la
formulación de asistencia técnica multianual y programas de creación de capacidad.WT/WGTCP/M/19
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41. Un tercer representante de la misma delegación dijo que la equidad procesal era una cuestión
que se encontraba en el centro de los regímenes de competencia efectivos.  Esos regímenes adoptaban
una serie de formas organizativas, por ejemplo regímenes basados en un sistema judicial, regímenes
administrativos, regímenes que aplicaban normas  de competencia por conducto de un órgano del
Gobierno central y regímenes basados en agencias independientes o tribunales.  No obstante, unacaracterística común a todos los regímenes efectivos era la de que incluían garantías de que se
reconocían y respetaban los derechos de las partes que enfrentaban decisiones y sanciones adversas.
Esas garantías podrían variar de contenido y de forma, porque esencialmente estaban elaboradas con
los instrumentos del sistema jurídico y las tradiciones que hubiera generado el régimen de
competencia.  En un acuerdo de la OMC sobre política de competencia no sería necesario prescribir al
mínimo detalle los derechos y garantías procesales individuales.  Más bien, cabría establecer
cuatro categorías de garantías.  En primer lugar, debería haber garantías relativas al acceso al sistema.Por ejemplo, esto podría hacer referencia al derecho de las empresas que son objeto de una
investigación sorpresa en sus locales de recibir a la  iniciación de la investigación información relativa
al objeto y fines de la investigación.  Podría también entrañar el derecho de las empresas a que se les
notificase que estaban pendientes de ser objeto de una investigación formal por parte de la autoridad
de competencia y cuáles eran las objeciones que dicha autoridad hacía a su actuación.Ordinariamente, esas notificaciones deberían contener descripciones fácticas de las prácticas
objetadas, la evaluación jurídica provisional de los hechos por parte de la autoridad y las intenciones
de ésta de imponer sanciones o de dictar un mandamiento de cese de determinadas prácticas.  Una
segunda garantía básica se refería a la defensa de las empresas involucradas.  Las empresas deberían
tener oportunidad y el tiempo suficiente para dar a conocer sus opiniones a la autoridad por escrito oparticipando en audiencias, presentando pruebas documentales o teniendo la oportunidad de presentar
declaraciones de testigos que pudieran corroborar sus opiniones respecto de los hechos.
Normalmente, estos tipos de garantías incluirían ciertos derechos de acceso a los expedientes de la
autoridad.  Otra garantía que muchas delegaciones habían mencionado era el derecho de las empresas
implicadas en procedimientos de competencia de que las decisiones que las afectaran fueran revisadaspor un órgano judicial independiente.  Por último, también se debería garantizar la protección de la
información confidencial, en particular los secretos comerciales.  No sería necesario armonizar en los
regímenes estas garantías básicas, pero deberían describirse en un futuro acuerdo con cierta claridad.
42. El representante de la República Checa dijo que si no se respetaban los principios básicos de
la OMC de transparencia, no discriminación y equidad procesal, se socavaría materialmente la
eficacia de la política de competencia en la creación de condiciones justas para todos los participantes
en el mercado.  Sería difícil o imposible lograr una economía de mercado sana si diferentesparticipantes tuvieran información diferente sobre el mercado, resultante de fuentes diferentes, o si el
regulador aplicase condiciones diferentes a diferentes participantes en el mercado o si las empresas
implicadas no tuviesen posibilidad de defender sus derechos ante autoridades independientes en una
acción justa y transparente.  Una parte considerable de las actividades de la Oficina para la Protección
de la Competencia de la República Checa estaba encaminada a reforzar la aplicación de los principiosde transparencia, no discriminación y equidad procesal en la legislación y en la adopción de
decisiones de la Oficina.  Una contribución important e a la aplicación de esos principios había sido la
adopción en 2001 de una nueva Ley sobre Protección de  la Competencia.  Las disposiciones de esta
Ley eran más precisas que las del instrumento anterior.  También era menos selectiva y por lo tanto
menos susceptible de aplicación discriminatoria.  Por ejemplo, se aplicaba tanto a las personas físicascomo a las jurídicas, a las asociaciones de personas, a empresas nacionales y extranjeras e incluso a
servicios públicos.  El criterio de "interés público", más bien oscuro, que se había utilizado
anteriormente como base para conceder excepciones individuales, se había eliminado a favor de
criterios más objetivos.  Por otra parte, la obligación de la Oficina de mantener un registro de cárteles,
es decir, una lista de todos los cárteles, tanto si estaban eximidos como condenados, tenía por objetocontribuir a una mayor transparencia.  Todas las decisiones de la Oficina podrían consultarse en su
sitio de Internet ( www.compet.cz ) y mediante un informe anual se proporcionaba información acerca
de los casos más importantes y de las novedades jurídicas.  También era fundamental la equidad
procesal.  Las empresas tenían facultades para presentar apelaciones contra las decisiones de laWT/WGTCP/M/19
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Oficina, la cual evaluaría si las decisiones adoptadas en primera instancia eran compatibles con la Ley
sobre Protección de la Competencia, con leyes conexas de la República Checa e incluso con la
legislación de la Comunidad Europea.  Las empresas también podrían solicitar la opinión de la
Oficina acerca de la aplicabilidad de la Ley a una práctica determinada.  Las empresas cuyos derechos
pudieron resultar afectados por prácticas anticompetitivas tenían posibilidad de presentar una queja ala Oficina.  Además, las empresas que eran partes de un procedimiento incoado ante la Oficina tenían
posibilidad de defender sus derechos en todas las etapas del procedimiento.
43. La representante del Canadá dijo que el compromiso con todos los principios identificados en
el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, a saber, transparencia, no discriminación y
equidad procesal era fundamental para un acuerdo de la OMC sobre política de competencia.  Como
se señalaba en la nota de la Secretaría para la reunión (WT/WGTCP/W/209), las leyes de competencia
de la mayor parte de las jurisdicciones ya eran compatibles en términos generales con los principiosfundamentales de la OMC.  No obstante, a juicio del Canadá, un acuerdo de la OMC sobre política de
competencia fortalecería el proceso de liberalización del comercio así como la aplicación adecuada de
leyes y políticas de competencia.  Era cada vez más importante aclarar la aplicación de esos
principios, dado que aumentaba el número de Miembros que adoptaban regímenes nacionales de
competencia.  Con la globalización, las leyes nacionales de competencia se aplicarían cada vez más aempresas nacionales y extranjeras.  Además, crecían las pruebas de que las prácticas competitivas
socavaban los beneficios del comercio y la prosperidad de los países Miembros.  Así se había puesto
de manifiesto, por ejemplo, en el debate del Grupo de Trabajo sobre cárteles intrínsecamente nocivos
en su reunión de julio de 2002.  La delegación de la oradora coincidía con la necesidad general de
adaptar los principios de la OMC al contexto de la  política de competencia, así como tener en cuenta
diversas situaciones nacionales mediante exenciones y excepciones cuando fueran el caso.  También
se podría abordar de esta manera la interacción entre la política de competencia y la política industrial.
44. A continuación, la oradora dijo que, a juicio del Canadá, la no discriminación debería ser un
principio fundamental de cualquier legislación en materia de competencia.  No obstante, la aplicación
del principio podría plantear cuestiones complejas.  Como ya señalaron varias delegaciones, unexamen de los acuerdos de la OMC existentes demostraba que este principio ya se había adaptado
para ajustarse a las características de diversas esferas normativas.  Se necesitaba un enfoque semejante
en lo que se refería a la aplicación de las leyes sobre competencia.  En materia de no discriminación,
la política de competencia no debería dar cabida a fuerzas proteccionistas y distinciones basadas en la
nacionalidad de las empresas;  a este respecto, la oradora apoyaba la incorporación del principio de no
discriminación en un marco multilateral sobre política de competencia.  No obstante, la aplicación del
principio no debería obstaculizar el ejercicio nece sario y legítimo de la discreción judicial en ese
terreno.  Al reconocerlo así, las decisiones individuales de las autoridades nacionales de aplicación no
deberían ser objeto de examen por parte de la OMC.  A este respecto, su delegación era partidaria de
un examen del criterio de jure  aplicado a la no discriminación, como había sugerido Corea, los
Estados Unidos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros.  Tal como habían señalado otros,
muchos casos antimonopolísticos exigían un detallado análisis basado en el criterio del carácterrazonable.  El resultado del análisis dependía de la evaluación de las razones y las consecuencias en
materia de competencia de la conducta que se examinaba.  Por ejemplo, aun cuando las acciones de
una empresa extranjera se hubieran juzgado de manera diferente de las de una empresa nacional, cabía
la posibilidad de que no fuese resultado de discriminación basada en la nacionalidad, sino que más
bien podía reflejar las circunstancias particulares del caso.  Por estas razones, la cuestión de lo quepudiera constituir discriminación en una legislación o régimen de competencia y la aplicación de la no
discriminación en el contexto de un acuerdo sobr e competencia tenía que examinarse cuidadosamente
para evitar consecuencias inesperadas.  Tal como habían señalado otras delegaciones, también había
que abordar la interacción entre las disposiciones de NMF y la cooperación bilateral.  El Canadá
deseaba tener la seguridad de que el principio de NMF no se aplicase a acuerdos de cooperaciónbilaterales o regionales, ni a acuerdos comerciales bilaterales regionales con disposiciones sobre
cooperación.  A este respecto, el Canadá seguía siendo partidario de que la cooperación fuese un
elemento de carácter voluntario en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia.  Desde esteWT/WGTCP/M/19
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punto de vista, las disposiciones sobre cooperación no serían vinculantes y, por lo tanto, no estarían
sujetas a la obligación de NMF.
45. En materia de transparencia, el Canadá estaba de acuerdo con la necesidad de compromisos
amplios de publicación y notificación de la información pertinente dentro del marco multilateral
propuesto.  Como habían dicho muchas delegaciones, la apertura y la transparencia eranfundamentales para que los regímenes de competencia fuesen eficaces y creíbles.  La transparencia
era también importante respecto de las excepciones y exclusiones de la legislación sobre competencia.
Un acuerdo de la OMC sobre política de competencia debería incluir elementos específicos relativos a
la publicación de las leyes nacionales sobre competencia, las políticas y procedimientos de su
aplicación, las decisiones judiciales y los proced imientos de apelación.  Sin embargo, no debería
abarcar las decisiones de las autoridades de competencia de no dar recibo a un caso.  Las
justificaciones públicas de las razones por las que un organismo hubiera decidido entender o norecibir una acción determinada de aplicación podrían ser contraproducentes para la administración de
justicia.  Además, como ya habían mencionado otros oradores, la obligación en materia de
transparencia dentro de la OMC no debería exigir la publicación de información confidencial ni de
secretos comerciales.  La oradora reconoció también que las obligaciones sobre transparencia
entrañarían costos para los países en desarrollo, por ejemplo, en lo relativo a la publicación dedirectrices o el mantenimiento de un sitio en Internet para difundir la información.  Con objeto de
tratar de reducir la carga de esas obligaciones, se podrían negociar medidas de carácter transitorio.
Por ejemplo, la oradora era partidaria de un enfoque paulatino, en virtud del cual los países se irían
comprometiendo gradualmente a obligaciones en materia de transparencia.  Como ya había sido
propuesto por Tailandia, la asistencia técnica también podría ser un elemento apropiado para ayudar alos países a establecer un régimen transparente.
46. Por último, en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia se deberían enumerar
ciertas disposiciones sobre equidad procesal.  Esas disposiciones eran necesarias para proporcionar a
las partes afectadas por investigaciones en materia de competencia la seguridad de que seguirían
procedimientos adecuados para proteger sus derechos e intereses.  Se mostró de acuerdo con otrasdelegaciones en que una notificación de cargas, procedimientos administrativos equitativos y justos y
un procedimiento de apelación proporcionarían los controles esenciales a las partes interesadas.
Ahora bien, esas garantías procesales tendrían que ser flexibles para tener en cuenta las diferentes
tradiciones jurídicas y sistemas de competencia de los Miembros de la OMC.  Por consiguiente, si
bien era partidaria de incorporar elementos básicos de equidad procesal en un acuerdo de la OMC
sobre política de competencia, se necesitaría seguir trabajando para determinar cómo podrían
especificarse esos elementos.  A este respecto, eran pertinentes las preguntas que había planteado ladelegación de los Estados Unidos.
47. El representante de Noruega dijo que el princi pio de no discriminación -que abarcaba tanto el
trato NMF como el trato nacional- sería una clave importante en un marco multilateral en materia de
competencia.  En la aplicación de la legislación nacional sobre competencia, el principio de no
discriminación se cumplía primordialmente mediante el trato nacional, lo cual significaba que las
leyes nacionales en materia de competencia tenían que aplicarse de manera uniforme respecto de las
empresas de cualquier nacionalidad.  Era evidente a juzgar por los anteriores debates en el Grupo de
Trabajo que la mayoría, si no todos, de los regímenes nacionales reconocía la pertinencia de la no
discriminación para una aplicación adecuada y eficaz de la legislación nacional en materia de
competencia.  Al mismo tiempo, en un marco multilateral, todos los Miembros deberían podersalvaguardar sus intereses de política industrial o económica nacionales.  Por lo tanto, un marco
multilateral en materia de competencia tenía que proporcionar la posibilidad de exenciones o
exclusiones adecuadas.  A este respecto, había que distinguir dos tipos de situación.  En primer lugar,
muchos Miembros -sobre todo los países menos adelantados y otros países en desarrollo, pero
también algunos industrializados- deseaban proporcionar mayor flexibilidad a las empresas medianasy pequeñas que a otras empresas en el marco de sus leyes de competencia.  Un marco multilateral
debería permitir ese tipo de flexibilidad.  Tal como había propuesto Malasia, un medio de tener enWT/WGTCP/M/19
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cuenta esta consideración sería excluir del ámbito del marco multilateral a las PYME.  Tal vez un
método mejor, pero en principio destinado a lograr el mismo objetivo, sería permitir que los
Miembros hicieran ciertas exenciones de las prescripciones sustantivas de un marco multilateral
basadas en criterios objetivos.  Esos criterios, por ejemplo, podrían expresarse en forma de
participación combinada en el marcado de las em presas involucradas, u otros tipos de limitaciones
mínimas pertinentes a las PYME.  En segundo lugar,  los intereses nacionales podrían salvaguardarse
simplemente previendo la exclusión de sectores económicos sensibles, junto con las disposiciones
sustantivas de un marco multilateral, o de algunos otros principios fundamentales.  La exclusión de
sectores económicos importantes debería, en todo caso, estar limitada y ser transparente, e incluso
estar sometidas a prescripciones apropiadas de notificación a la OMC.  En cualquier circunstancia,
sería importante que, cuando un Miembro definiera y delimitara qué tipo de actividades económicas
estarían excluidas, otros pudieran ver claramente lo que había dentro y fuera del sector excluido.Además, de acuerdo con el principio de equidad proces al, podría garantizarse el recurso a una revisión
judicial o administrativa nacional para comprobar si la legislación nacional o la aplicación de la
legislación por las autoridades nacionales de competencia respetaban la delimitación de los sectores
económicos excluidos según se notificaran a la OMC.
48. Seguidamente, dijo que, en la medida en que un Miembro decidiera promulgar leyes
nacionales relativas a otros tipos de acciones anticompetitivas más allá de lo que se prescribía en el
marco multilateral previsto, habría que respetar el principio de no discriminación, así como los demás
principios fundamentales, a menos que tales acciones se encuadraran en los sectores excluidos.
Además, el principio general de no discriminación no impediría que los Miembros aplicaran
diferentes normas en todas las cuestiones que estuvieran fueran del alcance del marco multilateral ode otros acuerdos de la OMC, a condición de que esas acciones fueran compatibles con el derecho
internacional público.  Por último, a propósito del principio de transparencia, al igual que habían
dicho otros muchos delegados, las leyes y reglamentos deberían publicarse y notificarse a la OMC.
Debería existir además una prescripción en virtud de la cual las decisiones en casos de competencia se
hicieran públicas y que las partes interesadas tuvieran derecho a ser escuchadas.  Se debía respetar laconfidencialidad de los secretos comerciales.
49. El representante de Marruecos, con referencia a los elementos clave de los párrafos 23 a 25 de
la Declaración Ministerial de Doha, comentó que las diversas intervenciones en el curso de la presente
reunión habían aclarado sustancialmente las consecuencias de los principios fundamentales
propuestos, en particular la transparencia, la no disc riminación y la equidad procesal, así como el trato
especial y diferenciado para los países en desarrollo.  Su delegación creía que era adecuado
emprender el ambicioso proyecto de construir un régimen internacional en materia de competenciasobre la base de normas multilaterales, en paralelo con la labor encaminada a establecer regímenes de
competencia eficaces en el plano nacional y/o en el regional.  Así era como interpretaba su delegación
el texto y los objetivos subyacentes de la Declaración Ministerial de Doha.  Los principios de
transparencia, no discriminación y equidad procesal eran principios fundamentales de comercio sobre
los que se había construido el sistema multilateral de comercio.  Esos principios eran compatibles conel espíritu y los principios de competencia, y constituían el fundamento mismo de cualquier política
de competencia adecuada.  De hecho, todas las legi slaciones en materia de competencia consagraban
esos principios.  Con los debates celebrados en el Grupo de Trabajo, los Miembros estaban en
situación de empezar a preparar los elementos de un marco multilateral basado en normas
compartidas.  La aplicación progresiva, flexible y diferencial de esas normas en el curso de un períodode transición adecuado no podrían sino ser beneficiosas para la reglamentación del comercio
internacional, especialmente al luchar contra los cárteles intrínsecamente nocivos, de manera que
garantizasen la eficiencia económica, es decir, lograr precios menores, mayor calidad y una más
amplia variedad de productos, así como los intereses y bienestar de los consumidores.  Esto se
aplicaba a los países desarrollados, que disponían de mecanismos de vigilancia y observancia paratratar el caso de aquellos cárteles, y todavía más a los países en desarrollo, cuyos mercados estaban
cada día más expuestos a distorsiones resultantes de las prácticas anticompetitivas de los cárteles.
Otro beneficio del marco multilateral en materia de competencia era el de alentar a los países que noWT/WGTCP/M/19
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tenían legislación en materia de competencia a dotarse de la misma.  El principio de trato especial y
diferenciado satisfaría las preocupaciones de los países en desarrollo a ese respecto.  Consideraba el
orador que ningún país tendría interés en permanecer fuera de la construcción paulatina de ese marco
de competencia.  Tampoco iba en interés de ninguna economía o empresa evitar el proceso
competitivo, porque afectaba a su rendimiento, desarrollo, viabilidad y tal vez incluso a susupervivencia.
50. Seguidamente, dijo que se podrían examinar y adoptar exenciones sectoriales o de otro tipo
para dar cabida a objetivos de desarrollo, a condición de que esas exenciones fueran objetivas y
transparentes.  No creía que los Miembros debieran abordar divergencias teóricas de interpretación;
más bien, deberían guiarse por ciertos principios universales y tener fe en la empresa de la
cooperación internacional.  Naturalmente, la cooperación sólo podría tener lugar con carácter
voluntario, respetando los derechos e intereses de las Partes.  Esa cooperación podría adoptar la formade cortesía "negativa" que entrañara la notificación de leyes, pero también podría adoptar la forma de
una cooperación basada en un cierto grado de cortesía "positiva" o de deferencia, que entrañara el
trato común de las prácticas anticompetitivas en lo relativo a investigación, análisis, consulta, etc.
Naturalmente, se debía respetar la confidencialidad de los secretos comerciales.  Por último, en lo que
se refería al ámbito del acuerdo multilateral, los Miembros habían tenido conocimiento del dañocausado por abusos del dominio de los mercados, las prácticas anticompetitivas verticales y la
concentración económica, además de los cárteles.  El orador propuso que la labor sobre el marco
multilateral se iniciase con las prácticas anticompetitivas más dañinas, en particular los cárteles de
precios y de reparto de mercado, y proceder luego a abordar otras prácticas perjudiciales.  Respeto de
las fusiones y adquisiciones, se debería proporcionar trato especial y diferenciado a los países endesarrollo, a fin de que sus economías y sus empresas pudieran alcanzar una masa crítica que les
permitiera competir en términos de igualdad con empresas del mismo tamaño en mercados
internacionales.  A ese respecto, su delegación apoyaba las propuestas formuladas por Tailandia
respecto a la concesión de trato especial y diferenciado a los países en desarrollo.
51. El representante de la Argentina dijo que su país ya estaba comprometido con los principios
de no discriminación, transparencia y equidad procesal en el ámbito de su política de competencia.
Por el momento, no quería prejuzgar la forma en que esos principios deberían reflejarse en un acuerdo
multilateral.  La Argentina se encontraba ana lizando sus implicaciones y deseaba transmitir su
experiencia en relación a la aplicación de los mismos.  En términos generales, se podría decir que la
aplicación de los principios de trato nacional y de trato de la nación más favorecida a la política de
competencia significaba que las disposiciones de la ley de competencia se aplicaban y cumplían de
manera no discriminatoria a todas las empresas, productos y servicios domésticos y extranjeros.  Estoera compatible con los principios fundamentales de la política de competencia, en virtud de la cual esa
política debía reflejar la naturaleza competitiva del mercado en su conjunto y no meramente a los
competidores individuales.  La ley de defensa de la competencia de la Argentina garantizaba tanto el
trato nacional como el trato NMF.  En efecto, las personas y empresas argentinas y las extranjeras (en
la medida en que los actos, actividades o acuerdos pudieran producir efectos en el mercado nacional)eran tratadas en pie de igual con arreglo a la ley y estaban sujetas a los mismos procedimientos.  La
legislación argentina estipulaba también que las empresas de propiedad estatal debían estar vinculadas
a la legislación sobre competencia.  Todos los sectores de la economía, regulados y no regulados, de
producción primaria, industrial o de servicios,  se encontraban sometidos a la legislación de
competencia.  Por esta razón, la autoridad de competencia mantenía un estrecho contacto conentidades gubernamentales que reglamentaban sectores económicos específicos.  El tamaño, la
nacionalidad o la propiedad (pública o privada) de las empresas no justificaba excepciones.  Como se
indicaba en la nota de antecedentes preparada por la Secretaría (WT/WGTCP/W/209), el principio de
transparencia entrañaba la publicación de normas sustantivas y procesales (transparencia ex ante ) y las
decisiones, con sus correspondientes fundamentos, de la autoridad de competencia (transparenciaex post ).  La Argentina garantizaba ambas formas de transparencia.  Se definían las conductas que
constituían prácticas restrictivas de la competencia y las prescripciones que deberían observarse en las
investigaciones.  La autoridad de competencia también publicaba directrices para aclarar losWT/WGTCP/M/19
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procedimientos en beneficio de quienes comparecieran ante un tribunal de competencia.  Respecto de
la transparencia ex post , dijo que el artículo 44 de la Ley Nº 25.256 contenía la obligación de notificar
a los interesados las resoluciones estableciendo sanciones del tribunal y posteriormente, cuando
estuvieran firmes, de publicarlas en el Boletín Oficial.  Así pues, el principio de transparencia tenía
una amplia aplicación en el marco de las leyes de competencia de la Argentina, lo cual facilitaba a lasorganizaciones de consumidores y a los competidores participar tanto en un procedimiento particular
como en la vigilancia ex post  de un determinado sector económico.  Un registro público inscribía
todas las operaciones de concentración económica y las resoluciones definitivas dictadas por la
autoridad de aplicación.  No obstante, la protección de la información confidencial se encontraba
garantizada.  Por ejemplo, se garantizaba el carácter confidencial de las notificaciones de los
proyectos de concentración económica y operaciones de control de empresas.
52. El representante del Brasil dijo que, si bien la legislación brasileña no establecía excepciones,
éstas deberían incluirse en las deliberaciones sobre los principios propuestos.  Como era bien sabido,
existían excepciones en otros acuerdos de la OMC, como el GATT, el Acuerdo sobre los ADPIC y el
AGCS.  Además, existían excepciones en otros instrumentos internacionales, por ejemplo los relativos
a sectores como el petróleo y el gas natural, o ciertos beneficiarios como las empresas comerciales
propiedad del Estado, monopolios estatales y empresas pequeñas y medianas o incluso los relativos allogro de ciertos objetivos de política pública.  Respecto de la relación entre competencia y otros
acuerdos, era necesario proceder a un examen cuidadoso, especialmente a la luz de las
consideraciones de acceso a los mercados.  La legislación en materia de competencia debería
circunscribirse a tratar violaciones del orden económico por parte de actores económicos autorizados
a operar en el mercado de conformidad con la legislación nacional y los compromisos internacionales.No debería resultar afectado el derecho soberano de un gobierno de ofrecer un grado mayor o menor
de apertura del mercado nacional a bienes y servicios de empresas extranjeras.  En otras palabras, la
posible aplicación de los principios fundamentales a la competencia en un marco multilateral no
debería alterar ni prejuzgar el compromiso del Estado, en lo relativo al acceso al mercado dentro de la
OMC.  Respecto de la cuestión del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, eraevidente la necesidad de incluir ese principio en un futuro marco.  A ese respecto, era necesario
examinar medidas e iniciativas que facilitaran o estimularan la adopción progresiva de una legislación
nacional;  al respecto, el trato especial y diferenciado y la creación de capacidad eran elementos
indispensables que podían adoptar diversas formas, por ejemplo, excepciones específicas o períodos
de transición.  Por último, en un marco multilateral la transparencia debería considerarse desde tres
puntos de vista.  En primer lugar, el principio entrañaría la publicación y notificación de leyes y
reglamentos de cada país de manera que los agentes económicos conocieran los parámetros exactoscon arreglo a los cuales deberían operar.  Un segundo aspecto debería ser la provisión de información
y procedimientos en las acciones judiciales, concediendo la debida importancia a la protección de la
confidencialidad de la información, de acuerdo con la legislación de cada país.  Por último, se debería
proporcionar información sobre medidas administrativas y judiciales.
53. El representante de Indonesia, sin por ello prejuzgar la futura posición de su país, dijo que
apoyaba la incorporación del principio de trato especial y diferenciado como cuarto elemento
importante de los principios fundamentales que se consagrarían en un posible marco multilateral sobre
política de competencia.  Entre las cuestiones pertinentes a ese respecto estaban el incremento de las
oportunidades comerciales para los países en desarrollo, la salvaguardia de sus intereses en materia de
desarrollo, la flexibilidad en cualesquiera compromisos de los países en desarrollo y menosadelantados, y la existencia de períodos de transición.  Se deberían adoptar disposiciones en materia
de desarrollo que tuviesen relación con las dimensiones comerciales, de forma que estuviesen
estrechamente relacionadas con la labor de la OMC.  A este respecto, el orador secundó la sugerencia
de Tailandia respecto de la exención de los cárteles de exportación nacionales e internacionales de
países en desarrollo.  En cuando a la discrimin ación, Indonesia, como Miembro de la OMC, reconocía
plenamente el principio de no discriminación en el sistema multilateral de comercio, y había aplicado
ese principio en su política comercial internacional.  No obstante, en lo que se refería a la política de
competencia en el ámbito interno, sólo veía la necesidad de aplicarla en la medida en que estuviese deWT/WGTCP/M/19
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acuerdo con la política económica nacional.  La legislación de Indonesia sobre competencia no
discriminaba entre agentes económicos por su origen o nacionalidad.  Contenía excepciones para las
PYME, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, de acuerdos de propiedad intelectual, y en la
cooperación en materia de investigaciones para mejorar los niveles de vida nacionales.  Pese a ello, la
aplicación de la no discriminación exigía un cuidadoso análisis de sus posibles consecuencias para eldesarrollo económico, por lo que se trataba de algo más polémico que el trato NMF.  Teniendo en
cuenta el diferente nivel de desarrollo entre las empresas de los países desarrollados y en desarrollo,
los países en desarrollo deberían gozar de una mayor flexibilidad para otorgar trato más favorable a
empresas en ciertos sectores de interés particular.  Esto sería necesario para que los países pudieran
construir sus industrias en sectores en los que gozaban de una cierta ventaja comparativa.  Había una
clara referencia a esto en el artículo XVIII del GATT, que perm itía a los países en desarrollos
desviarse de sus obligaciones para la creación de sus propias ramas de producción.  Como parteintegrante de la no discriminación, el Grupo de Tr abajo tenía que examinar qué tipo de excepciones a
ese principio serían necesarias.  Por ejemplo, la OMC incluía excepciones generales y de seguridad
así como acuerdos comerciales nacionales como excepciones a la no discriminación.  En la esfera del
comercio y de la política de competencia, los Miembros deberían examinar si necesitaban
excepciones más específicas, en particular excepciones sectoriales o por países.  Por último, el oradorseñaló que compartía muchas de las preocupaciones que había destacado la India respecto a la
aplicación del trato nacional en la esfera de la política de competencia tal como se aplicaba en la
OMC.
54. Seguidamente, dijo que Indonesia reconocía la importancia de la transparencia en todas las
esferas económicas al mejorar la previsibilidad para los agentes económicos extranjeros y nacionales.Independientemente de que existiera o no una disciplina sobre política de competencia en la OMC,
Indonesia tenía intención de promover la transparencia en esa esfera, a fin de que todas las empresas
extranjeras y nacionales dispusieran del mismo acceso a la información.  Ahora bien, la transparencia
en la OMC incluía obligaciones que podrían ser onerosas para países en desarrollo.  A este respecto
tenía que tenerse en cuenta la falta de capacidad de muchos países.  Se mostró de acuerdo en que eranecesario un equilibrio entre transparencia y protección de la información confidencial.  En cuanto a
la equidad procesal, señaló que, en principio, Indonesia veía la conveniencia de examinar el tema.  No
obstante, se necesitaba flexibilidad para dar cabida a los diferentes sistemas judiciales y otros factores
de los países en desarrollo.  Eran necesarios más debates en profundidad acerca de ese punto.  Entre
otras cuestiones, sería útil aclarar si el artículo X del GATT era una referencia adecuada para
examinar este tema en el Grupo de Trabajo, o si habría que elaborar un concepto más específico de
equidad procesal en el caso de la política de competencia.
55. El representante de Cuba acogió con satisfacción la propuesta de incluir un cuarto principio, a
saber, el trato especial y diferenciado, según lo propuesto por la delegación de Tailandia y el principio
de amplitud propuesto por Nueva Zelandia.  La necesidad de trato especial y diferencial en esta esfera
iba más allá del simple elemento de progresividad a que había hecho referencia la Comunidad
Europea y sus Estados miembros.  Evidentemente, la lista de principios mencionados en el párrafo 25no debía considerarse exhaustiva.  El objetivo central de la labor relativa a los principios
fundamentales debería ser el de promover las necesidades del desarrollo y los intereses de todos los
países, y en particular de los países en desarrollo.  El principio de no discriminación podría
interpretarse de diferentes maneras, en función del contexto y de los objetivos que se persiguieran.  En
el contexto del GATT, por ejemplo, este principio se interpretaba normalmente en el sentido de queincluía tanto el trato NMF como el trato naciona l.  Sin embargo, incluso en el propio GATT, el
principio de trato nacional no era absoluto;  en consecuencia, no podía asumirse que el trato nacional
fuese un principio fundamental aplicado a la generalidad de la OMC.  En relación con el área de la
competencia y las posibles reglas en esta materia, sería inapropiado adoptar el principio de no
discriminación ya que, hacerlo así, significaría que las empresas extranjeras y sus productos tendríanla libertad plena de competir en pie de igualdad con las empresas nacionales en su mercado nacional.
Para un país en desarrollo como Cuba dicha igualdad significaría en realidad un desequilibrio en su
contra, teniendo en cuenta que las empresas nacionales eran más pequeñas y débiles y no podíanWT/WGTCP/M/19
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competir.  Es por ello que en el contexto de las necesidades de los países en desarrollo era más
adecuado adoptar un concepto de no discriminación en términos de tratar diferenciadamente a los
países con diferentes capacidades.  También era importante proporcionar asistencia y adoptar medidas
positivas que ayudaran a las empresas locales y a las instituciones para asegurar su viabilidad y
desarrollo.  No se debería incluir en un posible marco en materia de competencia el principio detransparencia.  No obstante, si fuera a aplicarse este principio a futuras normas, debería abarcar tanto
el sector privado como el público, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, eran empresas
privadas las que participaban en fusiones y en cárt eles internacionales.  Respecto de la equidad
procesal, que no se había examinado suficientemente en el Grupo de Trabajo, la delegación de Cuba
apoyaba las preocupaciones señaladas en la comunicación de la India (WT/WGTCP/W/215).
56. El representante de Egipto dijo que, como observación preliminar, estaba de acuerdo en que
la no discriminación era un principio fundamental del sistema multilateral de comercio.  No obstante,
era importante no perder de vista la flexibilidad y las excepciones generales, además de las
exenciones específicas, y las excepciones de seguridad o emergencia consagradas en el propio
sistema, tal como figuraban en el GATT, el AGCS y el Acuerdo sobre los ADPIC, así como en el
artículo XIII del Acuerdo sobre la OMC.  Por último, dijo que Egipto se sumaba a las observaciones
sobre trato especial y diferenciado formuladas por Malasia; Tailandia; Hong Kong, China; Indonesia;Cuba; y la India.
57. El observador de la Federación de Rusia desc ribió la aplicación de los principios de no
discriminación y transparencia existentes en la legislación rusa antimonopolio.  La ley se aplicaba
tanto a las entidades nacionales como a las internacionales y a las personas físicas cuyas actividades
tuviesen consecuencias negativas en el mercado ruso, independientemente de su nacionalidad oincluso si las actividades en cuestión se desarrollaban fuera de los confines de la Federación de Rusia.
Se aplicaban plenamente los principios de trato nacional y de nación más favorecida.  Desde el punto
de vista del acceso de empresas extranjeras al mercado ruso de bienes, eran especialmente importantes
las disposiciones sobre fusiones y adquisiciones.  Se exigía una notificación preliminar para
concentraciones importantes que respetaran los criterios contenidos en la ley.  Se podían bloquear lasconcentraciones si éstas dieran como resultado la creación o el fortalecimiento de una posición
dominante o la aplicación de una restricción a la competencia en el mercado pertinente.  En la
práctica, la proporción de decisiones negativas era pequeña.  No existían disposiciones especiales
respecto a las empresas extranjeras, a diferencia de las naciones, que participasen en una fusión y el
ministro responsable nunca había recibido una queja de una empresa extranjera por motivos de
discriminación.  A pesar de la crisis financiera de 1992, en años recientes habían aumentado las
actividades de inversores extranjeros en el país del orador.  En el sector del combustible y la energía,en el que se estaba desarrollando rápidamente el proceso de concentración, aumentaba con rapidez el
número de transacciones con intervención de capital extranjero.
58. El observador de la OCDE, al presentar un documento no oficial de su organización
(ulteriormente distribuido con las siglas WT/WGTCP/W/221), explicó que en él se examinaban los
principios de transparencia, no discriminación y equidad procesal en cada uno de los contextos de lapolítica comercial y de la política de competencia;  en cambio, no procedía a abordar la tarea más
difícil de exponer la aplicación de esos conceptos en un posible marco multilateral sobre política de
competencia.  Esta última tarea sería objeto de nuevos trabajos a cargo del Grupo Conjunto de la
OCDE sobre Comercio y Competencia en los próximos meses.  El concepto de transparencia en los
acuerdos de la OMC que contenían obligaciones tanto de publicación como de notificación, tenía unamplio ámbito de aplicación y proporcionaban información vital para los participantes en el mercado
así como ayuda para la observancia de una ley de la OMC.  Una excepción clave permitía que los
Miembros se abstuvieran de divulgar información confidencial.  Respecto del principio de no
discriminación, una característica importante del marco de la OMC era el de que sus dos elementos
constitutivos, es decir, el trato nacional y el trato de nación más favorecida, se había puesto enpráctica de manera diferente en unos acuerdos de la OMC que en otros.   Esto era consecuencia de los
diferentes contextos en los que se aplicaban los principios.  Esta especie de flexibilidad podríaWT/WGTCP/M/19
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también ser importante en el caso de que se negociaran dentro de la OMC disciplinas multilaterales
relativas a la legislación sobre competencia.  Aunque la equidad procesal se había desarrollado más
explícitamente tal vez en la esfera de la política de competencia que en la de la política comercial, se
podían señalar varias disposiciones de la OMC que estaban estrechamente relacionadas con ese
principio.  A saber:  i) prescripciones relativas a procedimientos justos y equitativos en accionesadministrativas y judiciales;  y ii) la capacidad para someter a examen decisiones administrativas y
judiciales, como se ilustraba por ejemplo en el párrafo 3 del artículo X del GATT.  Por otra parte, el
Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública implicaban una forma
limitada de participación de una parte privada en el contexto de las disposiciones procesales relativas
a la equidad a nivel nacional.  En la esfera de la legislación y la política sobre competencia, la
transparencia era importante para varios grupos, en particular el sector comercial, las víctimas y
demandantes de conductas anticompetitivas y para el público en general.  La labor realizadarecientemente por el Grupo Conjunto de la OCDE había establecido posibles normas de transparencia
en diversas etapas de una acción sobre observancia.  Respecto a la no discriminación, el documento
indicaba que los casos de discriminación de facto , a diferencia de la discriminación de jure , serían los
más difíciles de identificar y de abordar en un contexto multilateral.  Ambos tipos de discriminación
podían existir en leyes que previeran exenciones sectoriales o normas para "beneficio público" o"política industrial" en el contexto de la competencia, pero era relativamente poco lo que se sabía
acerca de la frecuencia de casos de este tipo de discriminación.  No era forzosamente necesario que
las leyes que consagraran esas normas fuesen discriminatorias y, en cualquier caso, cabía llegar a la
conclusión de que la discriminación de ese tipo no se debería abordar en un marco multilateral sobre
materias de competencia.  La comunicación de la OCDE señalaba que la equidad procesal seconsideraba algo importante en la comunidad relacion ada con la competencia, porque su contexto era
el de la aplicación de la ley, en el que todas las partes tenían ciertos derechos fundamentales sobre
equidad procesal.  En cuanto a la transparencia, el documento esbozaba las prescripciones de equidad
procesal en la aplicación de legislación sobre competencia a diferentes tipos de partes interesadas.  En
particular, describía la reciente labor del Grupo Conjunto de la OCDE que estableció normas mínimasrelativas a los derechos de las partes privadas a reclamar indemnización por daños causados por
conductas anticompetitivas, lo cual también podía ser pertinente para los debates en el Grupo de
Trabajo.
2
59. El observador de la UNCTAD dijo que, como  parte de la labor posterior a Doha, su
organización estaba preparando un informe prelimin ar sobre principios fundamentales que habrían de
incluirse en un posible marco multilateral sobre política de competencia.  Respecto de la
transparencia, el informe planteaba tres cuestiones.  En primer lugar, los acuerdos de la OMC hasta lafecha prescribían la transparencia solamente para decisiones y resoluciones de aplicación general, en
tanto que la labor realizada en el Grupo de Trabajo parecía llegar a la conclusión de que era tanto
adecuado como factible llegar a una norma más amplia en un contexto de observancia en materia de
competencia.  Por lo tanto, la pregunta era si sería posible y factible incluir una norma de esa
naturaleza en un marco multilateral.  En segundo lugar, ¿una norma de esa naturaleza crearíaproblemas o entrañaría modificaciones fundamentales respecto de criterios nacionales en política de
competencia?  Tercero, ¿serían diferentes las normas si el acuerdo multilateral tratara solamente de
los cárteles intrínsecamente nocivos?  Respecto a la cuestión de la equidad procesal, el informe
abordaba la cuestión de saber si era posible articular un conjunto mínimo de normas sobre esta
materia en un marco multilateral sobre política de competencia.  Como ya se había mencionado en elcurso de la reunión, no era necesaria la convergencia a ese respecto.  Una tercera cuestión se refería a
las complicaciones que podrían derivarse del hecho de que, en algunos países, los cárteles
intrínsecamente nocivos podían ser objeto de acciones penales, en tanto que no ocurría así en otros.
Respecto de la no discriminación, cabía plantearse las siguientes preguntas:  i) ¿debería aplicarse el
                                                     
2 OCDE (2000), " Remedies Available to Private Parties Under Competition Laws ", Grupo Conjunto de
la OCDE sobre Comercio y Competencia, COM/DAFFE /CLP/TD(2000)24/FINAL.  Puede consultarse en los
sitios de la OCDE en Internet:  http://www.oecd.org/ech  y http://www.oecd.org/competition .WT/WGTCP/M/19
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principio del trato nacional y el de NMF a la cooperación entre autoridades nacionales encargadas de
la competencia?  ii)  a la luz de la primera pregunta, ¿sería apropiado prever el tipo de exenciones del
NMF que se permitían en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la asistencia judicial en
la aplicación de la ley? por último, respecto del trato especial y diferenciado, ¿cuál sería la forma
apropiada que se podría dar a ese principio en un marco multilateral?
60. En el curso del debate celebrado seguidamente, los representantes de Australia, China , la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, el Japón , Marruecos , México , Nueva Zelandia , Suiza ,
el Taipei Chino y Tailandia  afirmaron la pertinencia de los principios fundamentales de la OMC, en
particular, aunque no exclusivamente, la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal a la
esfera de la política de competencia y/o la conveniencia de incorporar estos principios en un acuerdo
de la OMC sobre política de competencia, en el supuesto de que pudieran abordarse las diversas
preocupaciones y condiciones relativas a la flexibilidad y otras materias.  Seguidamente, elrepresentante del Japón dijo que un marco multilateral contribuiría a fomentar la liberalización del
comercio de bienes y servicios y de ese modo fomentaría el crecimiento económico mundial conresultados positivos para todos los países tanto desarrollados como en desarrollo.  Además, realzaría
la credibilidad y eficacia de la política de competencia.  La liberalización debería ir acompañada de
medidas apropiadas para proteger la competencia entre los actores económicos;  sin esto, losbeneficios buscados resultarían socavados por prácticas anticompetitivas como los cárteles.  Los
Gobiernos tenían la responsabilidad de proporcionar salvaguardias en beneficio de la competencia, no
sólo en el contexto interno tradicional, sino también en el contexto de las transacciones
internacionales transfronterizas de bienes y servicios.  La liberalización del comercio y la política de
competencia no eran sino dos caras de la misma moneda.
61. El representante de China dijo que en las futuras normas multilaterales sobre competencia
debían incluirse los principios de transparencia, no discriminación y equidad procesal, con sujeción a
ulteriores observaciones oficiales sobre los documentos que se habían presentado y a condición de
que los Miembros pudieran llegar a un consenso explícito sobre modalidades antes de la Conferencia
Ministerial de Cancún para las negociaciones sobre dicho marco.  En éste se debería reflejar tambiénel principio del trato especial y diferenciado.  Las disposiciones de China que regían la legislación y
los procedimientos administrativos conexos se ajustaban al principio de transparencia.  Prescribía la
publicación de las leyes y reglamentos aplicables así como de las decisiones administrativas.  No
obstante, el orador estaba de acuerdo con el comentario de Tailandia en el sentido de que se debería
conceder a los países en desarrollo tiempo suficiente para crear transparencia (y garantías procesales)
en la administración y aplicación de la legislación en materia de competencia.  Respecto del principio
de no discriminación, la vigente Ley de China sobre Competencia Desleal trataba por igual a lasempresas nacionales y extranjeras, lo cual quería decir que no existía discriminación por motivos de
nacionalidad.  No obstante, compartía la preocupación relativa a los posibles conflictos entre política
de competencia y política industrial o de desarrollo.  Se necesitaba una flexibilidad adecuada para los
países en desarrollo a ese respecto.  También se debería incorporar a cualquier norma multilateral
futura sobre competencia disposiciones sobre equidad procesal.  China contaba con una Ley deRevisión Administrativa, una Ley de lo Contencios o Administrativo y una Ley Administrativa Penal
para salvaguardar la equidad procesal en la Administración del Estado, en particular la administración
de la política de competencia.  En cambio, habida cuenta de las diferencias entre las etapas de
desarrollo de los Miembros, cada uno de éstos debería poder designar su propio sistema procesal.
62. Con referencia al alcance de un compromiso de la OMC relativo a la transparencia en la
esfera de la política de competencia, el representante de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros aclaró que su delegación no proponía que se aplicara la obligación de notificar a todas las
decisiones individuales, lo cual resultaría excesivamente engorroso.  No obstante, cuando esas
decisiones tuvieran un valor jurídicamente vinculante, constituían normas generales y no casos
individuales.  En tales circunstancias, deberían notificarse.  En respuesta, el representante de losEstados Unidos dijo que, por lo menos en las jurisdicciones de common law , se trataba de una clase de
decisiones sumamente amplia porque todas las decisi ones de tribunales y organismos -por lo menos,WT/WGTCP/M/19
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las publicadas- podían sentar precedente.  Así, de conformidad con esa norma, cualquier decisión de
los tribunales de los Estados Unidos, no sólo en casos relacionados con la administración, sino en
cientos y miles de casos privados antimonopolio que se juzgaban anualmente, podían sentar
precedentes, y por lo tanto quedar incursas en prescripciones de notificación.  Era importante tener
bien clara esta cuestión ya que, si se trataba de eso, podría realmente ser muy engorroso.  Losrepresentantes de la India y Hong Kong, China
 indicaron que compartían esa preocupación.  Era
indispensable evaluar los costos en materia de recursos que podrían tener las propuestasprescripciones sobre transparencia.  No obstante, no sería posible realizar una evaluación realista
hasta tener una buena idea de los términos específicos de las obligaciones que se incluirían en un
acuerdo de la OMC sobre política de competencia.
63. En respuesta a esas preocupaciones, el representante de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros dijo que en la medida en que un Miembr o publicase sus decisiones individuales, se podría
encontrar alguna forma de notificación que no resultara onerosa.  Siempre que existiera indicación de
que los Miembros asumirían compromisos positivos, sería posible definir un conjunto práctico de
obligaciones en materia de transparencia que fuese útil y no indebidamente oneroso, como ya se había
hecho en otros campos de la OMC.  El orador había mencionado el concepto de decisiones que
creaban precedente como ejemplo, pero no creía que se tratara de la única solución.  Incluso en lospaíses de common law , la medida en que las decisiones judiciales eran vinculantes variaban según los
países y los ámbitos de la ley.  En cualquier caso, se trataba de una cuestión que la OMC no debía
abordar.  El orador subrayó que, una vez establecido el marco general, la manera en que se pusiera en
práctica debería tener en cuenta las realidades y diversidad de los diversos ordenamientos jurídicos
nacionales.  Por último, destacó que, al hablar de transparencia, su delegación sugería sólo que laexistencia de ciertos procedimientos básicos estarían sometidos a solución de diferencias en la OMC,
y no la cuestión de si los procedimientos se habían aplicado debidamente en un caso particular.
También en este contexto se aplicaba la distinción entre violaciones de jure  y violaciones de facto .
64. El representante del Taipei Chino sugirió que otro posible enfoque era el de establecer una
base de datos sobre legislación y política de competencia que podría proporcionar un único punto de
consulta para todos los Miembros.  A este respecto hizo referencia al ejemplo de la base de datos
sobre política y legislación en materia de competencia del APEC, elaborado por el Taipei Chino, que
contenía declaraciones normativas, leyes de competencia, reglamentos, directrices, procedimientos
judiciales y decisiones de todos los Miembros  del APEC.  El orador tendría mucho gusto en
proporcionar más información acerca de la base de datos, la cual podría servir de alternativa a los
Miembros de la OMC en el período transitorio antes de que se exigiera la plena publicación y
notificación.
65. Respecto de la no discriminación, los representantes de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros y Hong Kong, China  afirmaron que el principio de no discriminación  no se debería ampliar
a situaciones de discriminación de facto , ya que, como ya habían señalado varios Miembros, la
observancia de leyes de competencia se basaba a veces en la aplicación del criterio del carácter
razonable y/o el ejercicio de discreción judicial basada en una serie de factores legítimos, quedificultarían y complicarían la evaluación de reclamaciones por discriminación de facto .
66. Seguidamente, el representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, en
respuesta a las preocupaciones planteadas por los representantes de la India, Malasia y otras
delegaciones, dijo que si bien su delegación no creía en una política de competencia discriminatoria,
no todas las formas de trato diferente o diferencial eran por sí mismas discriminatorias;  de hecho,podía haber múltiples razones por las que un gobierno pudiera desear tratar de manera diferente a
diferentes actores económicos.  Lo único que decía su delegación era que, como cuestión de principio,
la razón del trato diferencial no podía y no debía ser la nacionalidad.  Creía que la mayoría de los
Miembros compartía esta opinión que por lo demás era corolario de los principios en que se fundaba
la OMC.  Podría ocurrir también que algunos de los actores económicos que un gobierno tratase dedeterminada manera fueran todos extranjeros.  Por ejemplo, como habían señalado delegados deWT/WGTCP/M/19
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países en desarrollo, la estructura económica de un país podría no estar suficientemente diversificada
o suficientemente desarrollada, y en ciertas esferas los actores económicos con ciertas características
podrían todos ser extranjeros.  El orador no consid eraría eso en sí mismo como discriminación;  no
obstante, las razones fundamentales para dispensar trato diferente tendrían que basarse en factores de
política objetivos.  En otras palabras, que el mantenimiento de un espacio normativo en el que losGobiernos persiguieran otros objetivos aparte de la competencia, no contradecía por sí mismo el
principio de la no discriminación.  Seguidamente, dijo que respecto del argumento de Malasia de que
los Miembros podían garantizar la no discriminación de facto , pero no la discriminación de jure , el
orador entendía que con ello se quería decir que los Miembros no sabían de antemano cuándo
necesitaban aplicar el trato diferencial.  En otras palabras, los Miembros podrían tener una política de
no discriminación que se aplicase al 99 por ciento de los casos, pero que tal vez no deseasen estar
obligados por esa política al único caso en que pudieran tener un problema de no discriminación.  Noobstante, las exclusiones y exenciones a priori no eran los únicos instrumentos que permitían esa
situación.  Había también cláusulas de interés púb lico y otros diversos instrumentos normativos que
los Miembros dotados de una autoridad en materia de competencia podrían adoptar.  El orador no
tenía objeción que hacer a esto siempre y cuando los Miembros y los actores económicos conocieran
la existencia de esos instrumentos, es decir, que éstos se administraban de manera transparente.
67. A propósito de la distinción que había establecido el representante de Tailandia entre
comercio transfronterizo y comercio interno, el representante de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros opinó que en la práctica no se podía sostener semejante cosa.  Todo comportamiento
anticompetitivo que entrañara comercio transfronterizo o inversiones transfronterizas implicaría
forzosamente a actores económicos internos;  los únicos casos en que no sería así eran situaciones enlas que no se realizara importación, exportación o inversión extranjera directa alguna respecto a una
zona o productos determinados, y que el comercio fuera puramente interno.  Si un país decidía no
aplicar la ley sobre competencia a esa situación particular, probablemente la OMC no tendría nada
que decir acerca de ello porque se trataba de una decisión meramente nacional.  No obstante, la
mayoría de las situaciones entrañarían una dimensión transfronteriza de algún tipo.  En respuesta, elrepresentante de Tailandia dijo que las deliberaciones mantenidas hasta ahora en el Grupo de Trabajo
parecían concentrarse principalmente en situaciones de prácticas anticompetitivas que entrañaraninversiones, lo cual significaba presencia comercial.  Esto exigía atender a la nacionalidad de las
empresas que ya estaban actuando en el país de origen o en el país anfitrión.  De ahí que la delegación
tailandesa estimara que sería de desear que se prestara mayor atención a los movimientos
transfronterizos de mercancías.  Existían muchas prácticas desleales relacionadas con el movimiento
transfronterizo de mercancías en lo que respectaba a las exportaciones e importaciones, de maneraparticular en los cárteles.
68. En cuanto a la equidad procesal, los representantes de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros; los Estados Unidos ; y Hong Kong, China  dijeron que era importante abordar la cuestión
por lo menos de manera que se tuviera en cuenta la diversidad de las culturas jurídicas de los
Miembros y las prácticas establecidas de los sistemas judiciales y las autoridades de competencianacionales, cuando estas últimas existieran.  Más adelante, el representante de la Comunidad Europea
y sus Estados miembros dijo que, aunque aceptaba que se trataba de un tema complejo, también era
posible exagerar la complejidad que entrañaba.  Todo sistema de competencia -por diferente que
fuese- tenía que respetar ciertos criterios básicos de equidad.  Además, la experiencia en otras esferas
de la OMC había demostrado que la equidad procesal se podía entender de manera que fuera simple ypráctica pese a lo cual tuviese en cuenta la evidente diversidad de las culturas y ordenamiento
jurídicos de los Miembros.  Tomando como ejem plo la revisión judicial, había una serie de
disposiciones en los acuerdos de la OMC que prescribían la revisión judicial sin interferencia alguna
en la manera en que las revisiones judiciales se organizaran en un determinado país, ni el alcance de
esas revisiones judiciales.  En la práctica, esas disposiciones habían creado problemas del tipo a quese había aludido y habían resultado útiles para dar seguridades a comerciantes e inversores de que los
sistemas nacionales de los países con los que tuvieran, en el mejor de los casos, una cierta
familiaridad, respetaban ciertas normas básicas.  Otro ejemplo se refería al trato de la informaciónWT/WGTCP/M/19
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confidencial, que no estaba definido en ningún acue rdo de la OMC;  pese a lo cual, había varias
referencias en los acuerdos a la protección de la información confidencial prescrita en las leyes
nacionales.  Los grupos especiales invariablemente habían hecho referencia a leyes nacionales que en
sí mismas eran compatibles y proporcionaban ese tipo de protección.
69. En respuesta, el representante de los Estados Unidos opinó que, incluso lo que el
representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros había calificado en su primera
intervención como algunas de las normas más fundamentales de equidad procesal que se podrían
prever en un acuerdo multilateral, podía presentar problemas.  Por ejemplo, una de las normas básicas
implicaría el derecho de recibir notificación de una investigación.  Eso no tendría problemas si la
notificación prescrita se dirigiera a la parte objeto de la investigación, pero -al menos, en los
Estados Unidos- la situación era diferente si hubiera que dar una notificación amplia, por ejemplo, a la
OMC y/o a sus Miembros.  La práctica de los Estados Unidos consistían en no divulgar públicamentela existencia de una investigación cuando no se hubiese determinado que el objeto de la investigación
había hecho algo ilícito, por respeto a los derechos de la persona investigada.  En respuesta a este
punto, el representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que aceptaba la
necesidad de una distinción clara entre notificación de investigaciones a las partes y notificación a laOMC.  La posición de su delegación era simplement e que uno de los elementos esenciales de equidad
procesal era el de que se notificara a la persona objeto de investigación.  Para demostrar la
observancia de una obligación de equidad procesal en la OMC, los Miembros deberían estar
simplemente en situación de demostrar que habían adoptado disposiciones para que las partes objeto
de una investigación recibieran notificación de la manera apropiada.  Éste era un ejemplo de cómo
podían aclararse mediante un debate apropiado las cuestiones y preocupaciones que habían planteadoalgunos Miembros respecto de las propuestas de la delegación del orador.  Los representantes de
Hong Kong, China y la India
 dijeron que, pese a todo, los procedimientos de apelación podrían
resultar onerosos para países en desarrollo y, en particular, para las economías pequeñas.  Eranecesario seguir las deliberaciones para aclarar qué obligaciones entrañaría ese principio, a fin de que
los Miembros pudieran evaluar de manera realista sus consecuencias para sus respectivosordenamientos internos.
70. El representante de Hong Kong, China pidió aclaración de un punto planteado en la
comunicación de Corea (documento WT/WGTCP/W/212) en el sentido de que las normas que
definieran la divulgación de responsabilidades de entidades privadas en casos de competencia
deberían formar parte de las disposiciones sobre equidad procesal en el marco multilateral.  En
respuesta, el representante de Corea dijo que si era importante atender a los derechos de las empresas
objeto de investigación, también era importante destacar la trascendencia de que las autoridades decompetencia dispusieran de facultades investigadoras eficientes.
71. A propósito de principios fundamentales adicionales que cabría incorporar a un marco
multilateral sobre política de competencia, los representantes de China; Hong Kong, China
; la India ;
el Japón; Nigeria ; y Tailandia  señalaron la pertinencia del principio de trato especial y diferenciado a
ese respecto.  El representante de Hong Kong, China en referencia a una observación que había hecho
el representante del Japón, dijo que su delegación creía que este principio debería aplicarse
principalmente a las necesidades y preocupaciones de los países en desarrollo Miembros.  El
representante de la India dijo que el trato especial y diferenciado significaba que se diera tiempo a los
países en desarrollo para aplicar un régimen de competencia y cualesquiera compromisos conexos, yque la cantidad de tiempo debería depender del nivel de desarrollo del país.  Señaló también que si lasexenciones y exclusiones se convirtieran en parte integrante del marco general del acuerdo, sería
menor la necesidad de un trato especial y diferenciado en ese terreno.
72. El representante de Hong Kong, China, en referencia a la sugerencia que hacía
Nueva Zelandia en su comunicación (WT/WGTCP/W/ 210) de que se incluyera el principio de
amplitud como principio adicional en un marco multilateral, dijo que se trataba de uno de losprincipios utilizados en el APEC para fomentar las reformas en materia de competencia yWT/WGTCP/M/19
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reglamentación, pero que no estaba claro qué es lo que significaba en la OMC.  En respuesta, el
representante de Nueva Zelandia dijo que la amplitud no era un principio fundamental de la OMC
sino un principio fundamental de la política de comp etencia.  Su preocupación clave era cómo dotar a
un acuerdo multilateral de cierta fuerza y evitar una situación en la que las exenciones socavaran el
valor del acuerdo.  Por esta razón, se deberían examinar de vez en cuando las exenciones yexcepciones en el contexto del marco de competencia en su totalidad.  El representante de Australia
dijo que el objetivo general de tratar de aplicar la competencia en el mayor número posible de áreasde la economía iba en interés público y había sido fundamental para la aplicación con éxito de la
política de competencia en Australia.  Con ello se ponía de relieve la propuesta de Nueva Zelandia
relativa al principio de amplitud.
73. El representante de Nigeria dijo que la transparencia, la no discriminación y la equidad
procesal eran instrumentos para lograr los objetivos de la OMC, en particular "elevar los niveles de
vida, lograr el pleno empleo y un volumen considerable en constante aumento de los ingresos reales y
demanda efectiva y acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios".  Los objetivos
también reconocían que "[era] necesario realizar esfuerzos positivos para que los países en desarrollo,
y especialmente los menos adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional
que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico".  A juicio de su delegación, la maneraen que tenía intención de aplicar los principios fundamentales en el propuesto marco sobre comercio y
política de competencia irían en contra de esos objetivos de la OMC.  Por consiguiente, el orador no
estaba convencido de la necesidad de un acuerdo multilateral sobre comercio y política de
competencia en la OMC.  En lugar de medidas positivas para contribuir al desarrollo de empresas
locales en los países en desarrollo con miras a asegurar su viabilidad, las propuestas actuales relativasa principios fundamentales lograrían el resultado opuesto.  Además, se habían formulado cuestiones
importantes acerca de cómo se aplicarían los principios fundamentales.  Como la lista de principios
fundamentales que figuraba en el párrafo 25 de la  Declaración Ministerial de Doha no era exhaustiva,
el orador sugirió que se tuvieran en cuenta los siguientes principios adicionales:  i) las obligaciones de
empresas extranjeras para con el país anfitrión;  ii) la obligación de los gobiernos de origen degarantizar que las empresas extranjeras cumplieran sus obligaciones;  iii) medidas que habrían de
adoptar las empresas extranjeras y el Gobierno en un posible marco multilateral;  iv) permitir que las
empresas locales, especialmente las pequeñas, siguieran siendo competitivas y pudieran crecer;
v) impedimentos a la competencia debidos a acci ones del Gobierno, por ejemplo mediante medidas
antidumping;  vi) impedimentos a la competencia a ca usa de la protección  de derechos de propiedad
intelectual, monopolios globales y oligopolios;  y sus efectos en las empresas locales de sus países;  y
vii) grandes fusiones y adquisiciones por parte de empresas transnacionales, y sus consecuencias paralos países en desarrollo.  El examen de estas cuestiones permitiría al Grupo de Trabajo identificar las
medidas adecuadas de asistencia técnica y de trato especial y diferenciado que podrían servir de ayuda
a los países en desarrollo.  Por otra parte, cosa más importante, ayudaría a identificar la mejor manera
de abordar el tema del comercio y la competencia, que era una cuestión altamente técnica, respecto de
la cual los Miembros no habían hecho más que arañar la superficie.
74. En respuesta a la intervención de Nigeria, el representante de la Comunidad Europea y sus
Estados miembros dijo que le había extrañado porque en la primera parte de la intervención el
representante de Nigeria había sugerido la existencia de una oposición entre principios fundamentales
de legislación en materia de competencia y las necesidades en desarrollo, en tanto que en la segunda
parte había señalado a la atención las necesidades de los países en desarrollo en esa esfera.  Reconocióel orador que los países en desarrollo no disponían necesariamente de los recursos, la capacidad y tal
vez ni siquiera el tamaño de mercado que diera prioridad al establecimiento de autoridades de
competencia nacionales.  Como solución, reiter ó la propuesta de su delegación de establecer
autoridades de competencia regionales.  Además, ofreció seguridades de que se prestaría asistencia
técnica y de creación de capacidad a Nigeria y a otros Miembros pertinentes en el contexto de lasnegociaciones de un acuerdo de asociación eco nómica con esos países.  El orador no veía
contradicción alguna entre los objetivos de política que Nigeria había enumerado y la utilización de
legislación sobre competencia.WT/WGTCP/M/19
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75. En cuanto al tema de las posibles consecuencias de los principios fundamentales en un
acuerdo de la OMC sobre política de competencia para las políticas nacionales industriales y otras
políticas económicas y sociales, el representante de la India dijo que buena parte del debate giraba en
torno a eso.  La India y otros países en desarrollo necesitaban flexibilidad para recurrir a una serie deinstrumentos de desarrollo, en particular los que se encuadraban en el capítulo de "política industrial".En cualquier caso, la resolución de conflictos entre políticas de competencia y políticas de desarrollo
debería dejarse a cada Miembro, con sujeción a consideraciones de transparencia.  Lo que se debía
evitar era un enfoque excesivamente prescriptito o intrusivo.
76. En respuesta, los representantes de Australia, la Comunidad Europea y sus Estados miembros
,
el Japón y Marruecos  sugirieron, que al menos en cierta medida, la opinión de que la política de
competencia estaba fundamentalmente encontrada con los objetivos de desarrollo era errónea.  Esto
no menoscababa en modo alguno la importancia de los objetivos de desarrollo -sin duda eracomprensible que el desarrollo fuera la política económica de máxima prioridad en los países en
desarrollo-, sino que sugería simplemente que la aplicación amplia de los principios de política de
competencia a las economías nacionales podría ser compatible con aquellos objetivos o incluso servir
para fomentarlos.  La experiencia había demostrado que la competencia en los mercados fomentaba
una mayor eficiencia económica, contribuyendo así al desarrollo sostenible a largo plazo ygarantizando los intereses de todos los actores en el mercado, en particular las empresas pequeñas y
medianas, así como los consumidores.  Por estas razones, un enfoque basado en una exclusión total de
sectores enteros de la economía nacional del ámbito de los principios de competencia podría muy bien
dañar los objetivos que tenía intención de promover.
77. Pese a lo anterior, los representantes de Australia, la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, el Japón  y Marruecos  afirmaron su creencia en que el propuesto marco multilateral podría
y debería preservar un adecuado "espacio normativo" para que los países en desarrollo llevasen
adelante las políticas económicas y sociales que consideraran necesarias para su propio desarrollo.
Era perfectamente legítimo que un gobierno decidiera que había objetivos de política que eran más
importantes que la necesidad de proteger la competencia.  Entre otros posibles instrumentos, lapreservación de un espacio apropiado normativo podría abordarse de la manera siguiente:  i) una clara
delineación del ámbito de los propuestos principios fundamentales respecto de la política de
competencia, con el objetivo de garantizar que no se extendieran a esferas normativas conexas;  ii) la
existencia de exenciones o excepciones apropiadas de la legislación nacional en materia de
competencia y/o el propuesto marco multilateral;  y/o iii) el principio de trato especial y diferenciado.
78. Con respecto a la pertinencia de las excepciones y/o exenciones de la legislación nacional en
materia de competencia y/o de un marco multilateral como instrumento para gestionar cualesquieraconflictos con las políticas industriales nacionales, los representantes de la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, Hong Kong, China ; la India ; el Japón ; Suiza  y Tailandia  examinaron el papel y la
importancia de aquéllas.  Seguidamente, el representante de Hong Kong, China dijo que, habida
cuenta de la diversidad de etapas y modelos de desarrollo económico existentes entre los Miembros,se debía incluir en cualquier marco posible una flexibilidad suficiente que lo hiciera viable para todoslos Miembros de la OMC.  Las disposiciones relativas a exenciones y excepciones proporcionaría
mayor flexibilidad para que los Miembros de la OMC lograran otros objetivos nacionales, como los
del desarrollo industrial y económico.  Si se adoptara un marco multilateral en materia de política de
competencia, sería difícil justificar que se concedieran exenciones a cárteles de exportación, al menos
en el caso de la mayoría de los países.  No obstante, de acuerdo con el principio del trato especial ydiferenciado, se podrían otorgar a los países en desarrollo algunas exenciones de esa naturaleza.  El
representante de la India sugirió que no se fuera a eliminar paulatinamente la capacidad de aplicar
exenciones.  Los representantes de la Com unidad Europea y sus Estados miembros, el Japón , Suiza  y
Marruecos dijeron que, en cualquier caso, las excepciones y exenciones debían estar sujetas a
procedimientos de transparencia adecuados, a fin de que los actores que comerciaran con un Miembro
o invirtieran en la economía de un Miembro supieran qué terreno pisaban.  Más adelante, el
representante de Suiza dijo que, por una parte, era importante que cada Estado tuviera la posibilidadWT/WGTCP/M/19
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de definir sus propias exenciones y excepciones.  Por otra, no sería sensato en un marco multilateral
sobre política de competencia otorgar a los Miembros posibilidades ilimitadas para socavar los puntos
principales de un acuerdo de esa naturaleza.  Era necesario establecer el debido equilibrio.
79. Respecto al argumento de que un acuerdo con pretensiones modestas sería mejor que la falta
de acuerdo, el representante de los Estados Unidos dijo que su delegación veía con preocupación el
peligro de disposiciones sobre equidad procesal y otras materias que eran excesivamente vagas.  A
veces, cuando las cuestiones eran difíciles, los Miembros tendían a refugiarse en una terminología
ambigua, diciendo por ejemplo, que un procedimiento "debería ser justo" o que "se debería conceder
las debidas garantías procesales a las partes".  A juicio de su delegación, esto sería un error porque
esas expresiones tenían diferentes significados para diferentes Miembros, por lo que sería un tema de
constantes malas interpretaciones e impugnaciones.
80. El representante del Japón dijo que el documento de su delegación (WT/WGTCP/W/217)
ofrecía una posible salida para la cuestión de los principios fundamentales:  proponía que un acuerdo
de la OMC sobre política de competencia consagrara solamente disposiciones generales respecto de
los principios fundamentales, al tiempo que ofreciese interpretaciones más detalladas o posibles
enfoques para la aplicación de los principios fundamentales en forma de directrices no vinculantes o
una variedad de opciones.  Esto fomentaría la comprensión común de los principios fundamentalesentre los Miembros, al tiempo que tendría en cuenta los enfoques diversificados de la observancia de
la legislación en materia de competencia adoptados por cada uno de los Miembros.  El representante
de Hong Kong, China acogió con satisfacción esta propuesta.  Pese a ello, todos los aspectos de la
propuesta de disposiciones sobre principios fundamentales deberían ser objeto de una evaluación decostos y beneficios.  El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que los
aspectos de la propuesta del Japón relativos a disposiciones no vinculantes podían efectivamente ser
parte de una posible solución.  No obstante, puso en duda que fuese adecuado un marco puramente no
vinculante.
81. El representante de Tailandia dijo que, al igual que había sugerido el representante de los
Estados Unidos, el establecimiento de normas internacionales sobre esos elementos podría resultar
complicado en la práctica y tal vez no fuera factible teniendo en cuenta los diferentes ámbitos
jurídicos, políticos e institucionales de cada país Miembro.  Por consiguiente, parecía preferible
centrarse en cambio en los aspectos sustantivos de la política de competencia, en particular las
exenciones y las exclusiones.  En ese campo parecía existir un consenso en el sentido de que estaban
justificadas las exenciones sectoriales por el hecho de que eran aceptables las políticas industriales
nacionales.  No obstante, el Grupo de Trabajo parecí a haber pasado por alto el papel de los cárteles de
exportación e internacionales que no tenían una justificación en términos de desarrollo.  Una buenalegislación nacional en materia de competencia no debería prever exenciones para cárteles de
exportación, excepto en el caso en que los exportadores fueran empresas pequeñas y medianas que
necesitaban unirse para hacer frente a la fuerza negociadora de grandes compradores multinacionales.
82. El representante de México dijo que, en lugar de aclarar los principios fundamentales como
pedía la Declaración Ministerial de Doha, algunas delegaciones habían puesto en duda su pertinencia.
Esos principios constituían el fundamento del sistema multilateral de comercio y eran conocidos por
todos los países.  Aplicarlos a la legislación en materia de competencia no sería difícil si los
Miembros participaran positivamente en esa tarea.  No había ninguna legislación en materia de
competencia opuesta a esos principios, por el contrario, la política de competencia y los principios de
la OMC se apoyaban mutuamente.  Además, todo el mundo sabía que la transparencia prestaba máscredibilidad a los organismos de competencia.  En consecuencia, las delegaciones deberían adoptar
una aptitud más positiva en esta esfera, partiendo de un análisis de cómo se reflejaban esos principios
en su propia legislación.  De esa manera se podrían determinar fácilmente enfoques y posiciones
comunes.WT/WGTCP/M/19
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83. La representante de Marruecos dijo que los abusos de una posición dominante y los acuerdos
anticompetitivos podían tener consecuencias económicas negativas en los mercados nacionales o
internacionales;  no obstante, solamente se prohibían las acciones o acuerdos que pudieran
distorsionar la competencia.  Ciertamente, no ha bía necesidad de prohibir acuerdos cuyos efectos
negativos en materia de competencia quedasen mitigados por los beneficios del desarrollo económico.Los acuerdos entre empresas pequeñas y medianas serían probablemente ventajosos porque permitían
que tales empresas compitiesen con las grandes.  Esto justificaba la existencia de exenciones
apropiadas para las PYME.  En cualquier caso, la observancia del respeto de las reglas fundamentales
de competencia era indispensable para el desarrollo de la economía.  La oradora instó a que se
establecieran normas internacionales en paralelo con la adopción de normas nacionales, las cuales
deberían ser no discriminatorias, estar basadas en la experiencia y estar adaptadas a las circunstancias
nacionales e internacionales.  Flexibilidad y adaptabilidad deberían ser la tónica del eventual acuerdo.
84. La representante de Tailandia dijo que su delegación deseaba comentar algunas
preocupaciones que se habían planteado en la reunión en curso y en la última reunión del Grupo de
Trabajo.  Primeramente, respecto de los cárteles intrínsecamente nocivos y la cooperación, si la OMC
conseguía establecer un acuerdo con un compromiso vinculante respecto a los cárteles
intrínsecamente nocivos y un compromiso voluntario en materia de cooperación, significaría que cadaMiembro estaría obligado a promulgar legislación nacional en materia de competencia que prohibiera
los cárteles intrínsecamente nocivos, pero la aplicación de esa ley dependería de la cooperación con
autoridades extranjeras en materia de competencia, extremo que sería solamente voluntario.  Sin una
garantía de asistencia, era dudoso que la autoridad de competencia de un país en desarrollo, con
recursos limitados pudiera enfrentase por su propia cuenta a estos cárteles.  Existía una posiblealternativa para luchar más eficientemente contra los cárteles intrínsecamente nocivos.  Si todo el
mundo estuviese de acuerdo en que esos cárteles no tenían ningún aspecto positivo, sería del caso una
ley internacional que los prohibiera.  En respuesta, la representante de Marruecos señaló que los
estudios a los que se había hecho referencia en el Grupo de Trabajo, en particular el estudio realizadopor Levestein y Suslow para el Banco Mundial
3, habían constatado que los efectos de los cárteles en
los países en desarrollo representaban anualmente muchos miles de millones de dólares.  Así pues, el
objetivo no era simplemente prohibir los cárteles sino someterlos a disciplina.
85. El Presidente señaló a la atención, entre otros, los siguientes puntos, pero hizo hincapié en
que de ninguna manera eran exhaustivos y que se trataba simplemente de impresiones personales sin
validez oficial:
- Se había desarrollado un debate rico y penetrante en torno a las cuestiones relativas a los
principios fundamentales de la OMC a que se hacía referencia en el párrafo 25 de laDeclaración Ministerial de Doha, en particular la transparencia, la no discriminación y la
equidad procesal, y el significado de esos principios para la política de competencia y para el
sistema multilateral de comercio.  También se había dedicado atención a las particularidades
de la legislación y la política en materia de competencia y a la manera en que sería necesario
tenerlas en cuenta en cualquier acuerdo de la OMC sobre política de competencia.
- Por lo menos a nivel general, se había reconocido ampliamente la pertinencia de los
principios fundamentales en relación con la legislación y/o la política en materia de
competencia.  En particular, se había destacado que la adhesión a los principios podría
representar importantes beneficios tanto en términos de seguridades a comerciantes einversores como para garantizar la credibilidad y eficacia de la política y las instituciones en
materia de competencia.  El debate también había señalado a la atención las
                                                     
3 Margaret Levenstein y Valirie Suslow, Private International Cartel s and Their Effect on Developing
Countries (documento de antecedentes para el informe sobre desarrollo 2001 del Banco Mundial, 9 de enero
de 2001) (puede consultarse en Internet en http://www-unix.oit.umass.edu/~maggiel/WDR2001.pdf) .WT/WGTCP/M/19
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complementariedades que parecían existir entre los diversos principios;  por ejemplo, se había
puesto de relieve la relación entre la equidad procesal y la transparencia.
- También se había señalado que, en el caso de  que se elaborara un acuerdo de la OMC sobre
política en materia de competencia, los principios fundamentales de referencia tendríanprobablemente que adaptarse a las características y modalidades especiales de la esfera de la
política de competencia.  Se hizo la sugerencia de que podía encontrarse precedentes para ese
criterio en los diversos acuerdos de la OMC existentes en los que se habían adaptado los
principios fundamentales a las particularidades de temas tales como el comercio de servicios,
la propiedad intelectual y las medidas sanitarias y fitosanitarias.
- Se habían planteado una serie de cuestiones acerca de la viabilidad técnica, las modalidades y
la conveniencia de incorporar los diversos principios fundamentales en un acuerdo de la OMC
sobre política de competencia.  Algunas de las cuestiones no reflejaban forzosamente la
opinión de que los principios carecían de importancia o no fueran pertinentes a la esfera de la
política de competencia.  Más bien, se referían a poner de manifiesto los problemas que
podría entrañar la incorporación de los principios a un acuerdo de la OMC explícito acerca deese tema, en particular, sus posibles consecuencias para los procesos nacionales de
observancia.  Se reconoció que la gravedad de esos problemas dependería en parte de
cuestiones tales como la formulación precisa de los principios pertinentes y el grado en que
éstos estuvieran sujetos a un mecanismo de solución de diferencias.
- Una preocupación particular que se había manifestado en los debates se refería a las
consecuencias del principio del trato de nación más favorecida (NMF) para acuerdos de
cooperación existentes en los planos bilateral y regional.  La mayoría de los países que habían
intervenido sobre este tema parecían opinar que no deseaban que se pusieran en duda los
acuerdos existentes en el marco del principio de NMF.  A ese fin, algunos habían sugeridoque se considerase la posibilidad de una exención explícita aplicable a esos acuerdos.  En
cambio, otros habían sugerido que, en la medida en que la cooperación se trataba como algo
voluntario y en consecuencia no sometida a compromisos vinculantes en un acuerdo de la
OMC sobre política de competencia, tal vez no fuera necesaria una exención explícita.
- Por otra parte, algunos representantes de países en desarrollo habían puesto en duda
explícitamente la conveniencia de incorporar los diversos principios fundamentales en unmarco de la OMC sobre política de competencia.  Una preocupación particular se refería a las
posibles consecuencias de los principios fundamentales para las políticas nacionales
industriales y otras políticas económicas y/o sociales.  Además, se había planteado la cuestión
de si la actuación de la OMC en esa esfera no daría como resultado un desequilibrio de
beneficios a favor de los países desarrollados.  Para los países que planteaban esas cuestiones,la preocupación mayor parecía ser la relativa al principio del trato nacional.  No obstante, esto
no significaba forzosamente que los demás principios no plantearan dificultades.  En
particular, se había señalado que los beneficios de cualesquiera compromisos en materia de
transparencia se deberían considerar contra los costos de recursos que representarían tales
compromisos.
- Se había dedicado mucha atención al tema de las exenciones, como un aspecto de flexibilidad
y posible instrumento para gestionar cualquier conflicto entre políticas de competencia y
políticas de desarrollo.
- Como un aspecto más del debate sobre el princi pio de la no discriminación, se había sugerido,
incluso por parte de algunos partidarios de un acuerdo multilateral sobre política de
competencia, que un acuerdo de esa naturaleza debería tratar solamente de los casos de
discriminación de jure , y no de los casos de discriminación de facto .  Esto no significaba que
se considerara que la discriminación de facto  careciera de importancia, sino más bien que seWT/WGTCP/M/19
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consideraba que los debates en el Grupo de Trabajo no habían progresado suficientemente
para abordar casos de discriminación de facto .  Además, se había señalado que la
identificación de casos de discriminación de facto  en la esfera de la legislación y la política de
competencia podría resultar particularmente difícil, dada la prevalecía de los criterios basados
en el "criterio del carácter razonable" en virtud del cual el trato de las diversas empresaspodría depender de diversos factores contextuales.  A este respecto también se había citado la
importancia de preservar sin alterarla la capacidad para ejercer discreción judicial, al menos
en sistemas de política de competencia basados en el common law .
- Otro grupo de cuestiones se había referido a las consecuencias de incorporar los principios
fundamentales de la OMC a un marco multilateral sobre política de competencia para países
que carecían de leyes amplias sobre competencia.  Se había sugerido que, en una etapaapropiada, ese tema debería ser objeto de más debates en el Grupo de Trabajo.
- Por último, algunos Miembros habían sugerido que, además de los tres principios
mencionados específicamente en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, a saber,
la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal, se debería considerar laposibilidad de incorporar a un marco multilateral uno de los siguientes principios adicionales,
o ambos:  i) el trato especial y diferenciado;  y/o ii) la amplitud.  Respecto del primero, se
había señalado también que se debería aclarar la relación entre este principio y el elemento de
flexibilidad que se destacaba en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha.
86. Tras un debate, el Grupo de Trabajo acordó que se pidiera a la Secretaría la preparación de un
documento de antecedentes sobre disposiciones relativas a equidad procesal en acuerdos existentes de
la OMC.
87. En respuesta a una sugerencia del representante de Hong Kong, China de que se pidiera a la
Secretaría la preparación de un estudio sobre los costos de cumplir los diversos principiosfundamentales, con particular referencia a la situación de los países que carecían de una legislación
amplia en materia de competencia, el Presidente señaló que el estudio cuya preparación había
encargado el Grupo de Trabajo a la Secretaría con asistencia de un consultor, el Dr. Simon Evenett,examinaría temas conexos.  Teniendo esto en cuenta, el Grupo de Trabajo acordó aplazar todo
examen de un nuevo estudio en espera del examen de los resultados iniciales del estudio en curso.
II. ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD, DE CONFORMIDAD
CON EL PÁRRAFO 24 DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA
88. El representante de Australia presentó una comunicación por escrito acerca de este punto.  Por
otra parte, los representantes de la Argentina, Corea , China , Guatemala , el Japón , Marruecos ,
Tailandia y el Uruguay , además del observador de la Federación de Rusia , hicieron declaraciones
orales.  El representante de la Secretaría así como los observadores de la UNCTAD  y la OCDE
proporcionaron una actualización de las actividades pertinentes de sus organizaciones.
89. El representante de Australia, al presentar la comunicación por escrito de su país (documento
WT/WGTCP/W/211), dijo que constituía una actualización acerca de las recientes actividades de
asistencia técnica y creación de capacidad de la Comisión Australiana para la Competencia y el
Consumo en la esfera de la legislación y política en materia de competencia.  Alentó a otros
Miembros a que estudiaran la experiencia de Australia y se pusieran en contacto con su país en casode que estuvieran interesados en beneficiarse de dicha experiencia.
90. Recordando los puntos que había señalado en reuniones anteriores acerca de las limitaciones
de personal, el representante de la Secretaría dijo que, en julio de 2002, la Secretaría había contratado
a un funcionario más para mejorar su capacidad de proporcionar cooperación técnica y creación decapacidad.  Con posterioridad a la reunión de los días 1º y 2 de julio del Grupo de Trabajo, laWT/WGTCP/M/19
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Secretaría había organizado un taller nacional sobre comercio y política de competencia para China,
en cooperación con el Gobierno de China, y un taller regional para países de América Central,
organizado en cooperación con el Banco Interameri cano de Desarrollo y el Gobierno de Guatemala.
A esta última actividad habían acudido representant es de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Do minicana.  Ambos acontecimientos se habían
beneficiado de la participación de la UNCTAD.  Además, la Secretaría había contribuido a sesiones
sobre comercio y política de competencia en un seminario nacional celebrado en Nigeria así como a
las sesiones especiales del curso de política comercial de la OMC que se habían celebrado
recientemente para funcionarios de países africanos francófonos y anglófonos, en Casablanca y
Nairobi, respectivamente, además de una sesión del curso de política comercial ordinario de la OMC
en Ginebra.  En cuando al programa de asistencia técnica para 2003, dijo que estaba en curso de
preparación y se presentaría al Comité de Comerc io y Desarrollo en su reunión de 8 de octubre
de 2002.  Al igual que había ocurrido en 2002, las actividades de asistencia técnica de la Secretaría
en 2003 harían considerable hincapié en la cooperación con otras organizaciones
intergubernamentales, y en particular con la UNCTAD.  A este respecto, señaló que la UNCTAD
había organizado, con participación de la OMC, en el primer semestre de 2002 una primera serie de
talleres regionales.  La OMC estaba organizando una segunda serie con la participación de laUNCTAD, que continuaría en el primer semestre de 2003.  Después de esto se tenía intención de
organizar, a cargo conjuntamente de la OMC y la UNCTAD, una tercera ronda de talleres regionales
en todas las principales regiones del mundo en desarrollo.  Además, como parte del plan de 2003, la
Secretaría organizaría otro simposio en Ginebra, principalmente en beneficio de los delegados con
base en Ginebra y los participantes en el Grupo de Trabajo.  El número de acontecimientos nacionalesque la Secretaría podría organizar sería limitado, aunque la Secretaría estaba consciente de que tenía
ciertos compromisos con una serie de países que tal vez podría o no cumplir en 2002.  En la medida
de lo posible, esos compromisos se trasladarían al 2003.  Además, siempre que fuera posible y de
utilidad, se suministrarían oradores de la Secretaría de la OMC para actividades de cooperación
técnica de otras organizaciones intergubernamentales cuando tratara, como era el casofrecuentemente, del mandato de Doha y la labor en curso sobre comercio y política de competencia en
la OMC.  Apeló a otras organizaciones intergubernamentales para que a la mayor brevedad posible
proporcionaran a la Secretaría de la OMC detalles de las actividades de cooperación técnica en las que
les gustaría que la OMC participase en 2003, a fin de que la Secretaría pudiera incluir esos
acontecimientos en el Plan de Cooperación Técnica de la Secretaría para 2003;  si no se incluyeran en
el Plan, resultaría difícil obtener los recursos financieros necesarios.  La Secretaría también estaba
examinando con el Banco Mundial la posibilidad de organizar dos cursos intensivos de capacitaciónsobre comercio y política de competencia para funcionarios de África y Asia en el segundo semestre
de 2003.  Por último, se tenía previsto que en 2003 se celebrara una serie de talleres o actividades de
capacitación que abarcarían las cuatro denominadas "cuestiones de Singapur".
91. Se refirió seguidamente al estudio cuya preparación se había pedido a la Secretaría en la
reunión de julio del Grupo de Trabajo (WT/WGTCP/M/ 18, párrafos 95 a 98), y el representante de la
Secretaría dijo que se trataba de algo que superaba los recursos internos de que disponía la Secretaría
para realizarlo.  En consecuencia, la Secretaría había contratado los servicios de un consultor, el
Dr. Simon Evernett, que era director de investig aciones económicas en el Instituto de Comercio
Mundial de Berna y autor de una serie de documentos en la esfera del comercio y la competencia.  Se
habían iniciado los trabajos y se esperaba disponer del estudio en la reunión que celebraría el Grupode Trabajo en noviembre, por lo menos en su forma preliminar.
92. El representante del Uruguay hizo referencia a una actividad de cooperación técnica que había
tenido lugar en Montevideo a principios de septiembre y que había sido organizada por la UNCTAD
en cooperación con el Gobierno del Uruguay, de conformidad con el mandato del párrafo 24 de la
Declaración Ministerial de Doha.  El seminario había sido de gran utilidad.  El Uruguay había
promulgado legislación sobre competencia en 1999, en respuesta a la necesidad de poner freno a
ciertas prácticas desleales y a indicios de abusos de posición dominante.  En el plano regional, el
Uruguay había adoptado el protocolo de defensa de la competencia de Mercosur, aunque todavía noWT/WGTCP/M/19
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se había ratificado.  Al igual que en el caso de otros países en desarrollo, era esencial para el Uruguay
poder obtener apoyo de las organizaciones internacionales y de otros organismos de competencia.
Esa experiencia permitiría una mejor evaluación de las consecuencias de la cooperación multilateral.
93. El representante del Japón proporcionó información sobre las actividades en curso con las que
su país contribuía en el marco del APEC.  Los días 6 a 8 de agosto de 2002 se había celebrado en
Bangkok la primera sesión del "Programa de capacitación del APEC sobre política de competencia".
Este programa, que formaba parte de un proyecto conjunto del Japón y algunos de sus asociados del
APEC, fue el primer seminario de tres días de una serie de cinco programas previstos para un período
de tres años.  El segundo seminario de formación correspondiente a este programa debería celebrarse
en Viet Nam en marzo de 2003.
94. El representante de Corea dijo que la necesidad de los países en desarrollo y menos
adelantados de un mayor apoyo para actividades de asistencia técnica y creación de capacidad en
política de competencia, mencionado en la Declaración Ministerial de Doha, era una cuestión
transversal cuya importancia no se podía subestimar en las deliberaciones sobre un marco multilateral
de política en materia de competencia.  A ese respecto, anunció que la Comisión de Comercio Leal de
Corea, en cooperación con la OCDE y la UNCTAD, celebraría un importante foro y taller
internacional los días 6 a 8 de noviembre de 2002.  Esos acontecimientos se centrarían en el mandatode Doha sobre comercio y política de competencia y proporcionarían un foro en el que promover la
comprensión de las cuestiones planteadas entre todos los países participantes.
95. La representante de Tailandia informó al Grupo de Trabajo acerca de las actividades de
asistencia técnica que habían tenido lugar en Tailandia en el curso de los últimos años.  Tailandia
había recurrido ampliamente a la asistencia técnica, en particular del Canadá, incluso antes de lapromulgación de la legislación nacional en materia de competencia en 1999.  Ulteriormente, se había
recibido un amplio apoyo por parte del Japón y de otros donantes, en particular el Banco Mundial y la
UNCTAD.
96. El representante de Guatemala dio las gracias a la Secretaría por haber organizado el reciente
taller regional sobre comercio y política de competencia para países de América Central.
97. El representante de China agradeció a la Secretaría la organización del reciente taller nacional
sobre comercio y política de competencia en Beijing, en cooperación con las autoridades chinas.  El
taller había sido bien recibido por representantes de las autoridades chinas en materia de competencia
y otros participantes, que habían agradecido la oportunidad de compartir sus experiencias e
intercambiar opiniones.  La política de competencia era fundamental para el establecimiento del
sistema económico socialista de mercado en China.  A este respecto, se esperaba que la nueva ley
china sobre competencia entrase en vigor en un futuro próximo.  Los debates en curso en el Grupo deTrabajo eran de gran importancia para China y la asistencia técnica proporcionada contribuiría sin
duda a la efectiva participación de China en las deliberaciones del Grupo de Trabajo.  Antes de la
Quinta Conferencia Ministerial, las actividades de asistencia técnica y creación de capacidad deberían
centrarse en ayudar a los Miembros en desarrollo a aclarar conceptos y principios básicos de política
de competencia, analizando la experiencia nacional con la legislación y la aplicación de la misma,proporcionando capacitación básica para los funci onarios encargados de la aplicación, promoviendo
una "cultura de competencia", analizando las relaciones entre política de competencia y desarrollo
económico del mercado y fortaleciendo el intercambio de información y experiencia entre los
Miembros de la OMC.  A este respecto, China acogía con satisfacción unas actividades de asistencia
técnica más centradas y concretas por parte de la OMC, la UNCTAD y otras organizaciones en lasdos esferas siguientes:  i) la cooperación entre los Miembros de la OMC en la esfera de la legislación
y política de competencia;  y ii) los efectos de las futuras normas de competencia multilaterales en su
comercio y desarrollo.  Esas cuestiones se podrían abordar en talleres regionales y/o nacionales o en
otros contextos.  El orador también expresó agradecimiento por la asistencia recibida de los Gobiernos
del Japón, Corea y Francia.  China esperaba con interés participar activamente y compartir susWT/WGTCP/M/19
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experiencias en el curso de los debates del Grupo de Trabajo y en las actividades de asistencia técnica
que se desarrollarán en los planos regional y multilateral.
98. El representante de la Argentina informó al Grupo de Trabajo acerca de una conferencia que
recientemente se había organizado en su país, en cooperación con la UNCTAD, que era pertinente al
mandato contenido en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha.  La conferencia habíapermitido a las autoridades nacionales señalar a la atención de funcionarios de ciertos sectores, como
el transporte, y a organizaciones de consumidores locales, la importancia de la política de
competencia y de un marco multilateral sobre competencia.  La Argentina también había sido visitada
por expertos de la Comisión Federal de Comercio de  los Estados Unidos, el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos y la Comisión Europea, los cuales habían contribuido a la capacitación y el
entendimiento mutuo entre las diferentes autoridades encargadas de la competencia.  Todas esas
actividades eran de agradecer y ayudaban a los países a evaluar mejor la necesidad de un acuerdomultilateral en materia de política de competencia.
99. La representante de Marruecos dijo que la Declaración Ministerial de Doha había sido bien
concreta en lo relativo a la necesidad de mejores niveles de asistencia técnica y creación de capacidad
para ayudar a que los países puedan evaluar mejor esa compleja esfera.  La capacitación de personal
directivo de organismos nacionales de competencia contribuiría evidentemente a la creación decapacidad.  Se necesitaban también estudios sobre competitividad y sobre el comportamiento
competitivo de los actores económicos.  Además, era necesario iniciar una campaña para establecer
una cultura de competencia entre consumidores y actores económicos.  Se necesitaba más
información sobre prácticas comerciales restrictivas, las formas en que podían manifestarse, así como
los efectos nocivos que podían tener, particularmente para las economías de países en desarrollo.También era necesario estudiar el papel de la competencia en el proceso de desarrollo y sus
condiciones básicas previstas.  La Declaración de Casablanca, basada en la labor del seminario
euro-mediterráneo sobre legislación y política de competencia, había destacado en particular la
necesidad de fortalecer la cooperación voluntaria entre las autoridades de competencia dentro de las
regiones y entre éstas.  La asistencia debería orientarse primordialmente a ayudar a los países carentesde legislación de competencia y a los que trataban de aplicar esa legislación.  Teniendo en cuenta la
experiencia de la UNCTAD, la cooperación entr e esa organización y la OMC era de la máxima
importancia.  Su país participaría activamente en el próximo taller regional organizado por la
Secretaría de la OMC en Libreville, y Marruecos tendría mucho gusto en actuar de anfitrión de
acontecimientos similares en el futuro.
100. Los observadores de la UNCTAD y la OCDE
 facilitaron información sobre las actividades de
sus organizaciones relacionadas con el párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Doha e indicaron
que esa información se podría consultar en sus respectivos sitios de Internet.4  Afirmaron su
permanente disposición a cooperar estrechamente con la OMC en las actividades posteriores a Doha.
Seguidamente, el observador de la OCDE hizo referencia al Foro Global sobre Comercio que se había
celebrado los días 19 y 20 de junio en Hong Kong, Ch ina, para promover el diálogo entre miembros y
no miembros de la OCDE sobre las "cuestiones de Singapur".
101. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que la Comunidad
proporcionaba asistencia principalmente mediante la financiación de la labor de organizaciones
internacionales relacionadas con esa esfera.  Uno de los problemas que en breve adquiriría
proporciones críticas era la escasez de recursos humanos para participar en seminarios.  En
consecuencia, estaban preparando una lista de expertos europeos en materia de competencia, quetenían intención de compartir con la OMC, la  UNCTAD, la OCDE y con cualesquiera otras
organizaciones que necesitaran recurrir a expertos para la celebración de seminarios.  Acogió con
satisfacción el hecho de que el Grupo de Trabajo se centrara en la asistencia técnica porque ello
                                                     
4 http://www.unctad.org/competition  y http://oecd.org/competition .WT/WGTCP/M/19
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proporcionaba la oportunidad de disponer de un panorama más completo de lo que se estaba haciendo
en esa esfera y de orientar las actividades a los puntos que eran más necesarios.
102. A continuación, señaló que, en ese mismo día, se inauguraba oficialmente en Bruselas la
negociación sobre los acuerdos de asociación ec onómica en el marco del Acuerdo de Cotonou.  Un
componente importante de esos acuerdos era la creación de capacidad y la dimensión regional.Manifestó la intención de su delegación de hacer seguimiento de la cuestión de la política de
competencia en ese contexto.  El 18 de septiemb re, la Comisión había adoptado una Comunicación al
Consejo y al Parlamento Europeos sobre Comercio y Desarrollo, buena parte de la cual estaba
dedicada a la asistencia técnica y la creación de capacidad y a los métodos encaminados a hacer más
eficaz la asistencia europea.  La Comunicación se examinaría en el Consejo en octubre, y prometió
informar al Grupo de Trabajo acerca de las conclusiones que adoptara el Consejo a ese respecto.
III. OTROS ASUNTOS, INCLUIDO EL INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS Y
LEGISLACIONES NACIONALES
A. S
OLICITUDES DE LA CONDICIÓN DE OBSERV ADOR FORMULADAS POR ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES INTERNACIONALES
103. El Grupo de Trabajo acordó volver a ocuparse de las solicitudes formuladas por el SELA, la
Organización de la Conferencia Islámica, el South Centre y la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe  (CEPAL) en su próxima reunión, teniendo presente
las consultas en curso sobre asuntos conexos en el marco del Consejo General.
B. PREPARACIÓN DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO AL CONSEJO GENERAL
CORRESPONDIENTE A 2002
104. Con respecto a la naturaleza y el proceso de la preparación del informe del Grupo de Trabajo
dirigido al Consejo General sobre sus actividades en 2002, el Grupo de Trabajo acordó que se pidiese
a la Secretaría que preparara un proyecto de informe similar a los redactados a finales de 1998
(WT/WGTCP/2), 1999 (WT/WGTCP/3), 2000 (WT/WGTCP/4) y 2001 (WT/WGTCP/5).  El
proyecto de informe se facilitaría con tiempo suficiente para que el Grupo de Trabajo lo examinara en
su próxima reunión, que habría de celebrase el 20 de noviembre de 2002, y cuyo objetivo primordialsería el examen y la aprobación del informe.
105. Respecto de otras cuestiones que se podrían examinar en la reunión, el Presidente, tras las
deliberaciones mantenidas, señaló que, si bien no había nada que impidiera que los Miembros
presentaran documentos con antelación a la reunión, los Miembros no podían esperar con seguridad
que se estuviera en situación de examinar esos documentos o que pudiesen recogerse en el informe
del Grupo de Trabajo correspondiente al año en curso.
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