ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/TUR/1
17 de mayo de 2000
(00-2023)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Turquía
Declaraciones preliminares
A. La siguiente legislación garantiza directamente la protección específica de los derechos de
propiedad intelectual:
a) Propiedad Industrial
- Decreto de Patentes (Nº 551)
- Decreto de Dibujos y Modelos Industriales (Nº 554)
- Decreto de Indicaciones Geográficas (Nº 555)
- Decreto de Marcas de Fábrica o de Comercio (Nº 556)
- Ley de Reforma de los Decretos de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales,
Indicaciones Geográficas y Marcas de Fábrica o de Comercio (Nº 4128)
- (Los proyectos de ley de protección de los obtentores de variedades vegetales
y las topografías de los circuitos integrados)
b) Derecho de autor y derechos conexos
- Ley de Obras Literarias y Artísticas (Nº 5846)
- Ley de Obras de Cine o Vídeo y Obras Musicales (Nº 3257)
c) Reglamentos
Hay varios reglamentos tendientes a velar por la aplicación de la legislación sobre la
propiedad intelectual sobre la base de los dos grupos precitados de legislación.
B. La siguiente legislación también es pertinente para la aplicación general del derecho de la
propiedad intelectual:
a) Constitución de Turquía (1982)
en lo relativo a las disposiciones que rigen la judicatura.
b) Cuestiones de procedimiento
- Ley de Procedimiento Civil (Nº 1086)
- Ley de Procedimiento Penal (Nº 1412)
                                                     
1 Documento IP/C/5.IP/N/6/TUR/1
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c) Cuestiones sobre la observancia
-L e y  de Cumplimiento de las Sentencias Penales (Nº 647)
- Ley de Cumplimiento de las Sentencias Civiles (Nº 2004)
d) Cuestiones administrativas
- Código de Aduanas (Nº 4458) que entró en vigor el 4 de febrero de 2000
- Reglamento de aplicación del Código de Aduanas (Reforma publicada en el
Diario Oficial de Turquía de 29 de diciembre de 1995)
Ambos Códigos se relacionan con la observancia de las medidas en frontera descritas
en los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC.
e) Competencia desleal
- Código de Comercio (Nº 6762)
f) Convenios Internacionales
- Convenio de París (para la protección de la propiedad industrial)
- Convenio de Berna (de derecho de autor)
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (relativo a marcas)
- Convenios que establecen clasificaciones (Locarno, Niza, Viena y
Estrasburgo)
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes
- Tratado de Budapest
- Convenio de La Haya sobre procedimiento civil
- Acuerdo sobre los ADPIC
De conformidad con el Artículo 90 de la Constitución de Turquía, todos los
convenios internacionales, una vez ratificados, se equiparan en sus efectos a las leyes
nacionales.  La importancia esencial de esta disposición radica en que tiene fuerza
obligatoria para exigir que se apliquen, de inmediato, las disposiciones del convenio a
la causa sometida al conocimiento del tribunal.
g) Legislación sustantiva general
- Código Civil (Nº 743)
- Ley de las Obligaciones (Nº 818)
- Ley de Reforma del Código Penal (Nº 3506)
h) Legislación Orgánica de Tribunales
- Ley de Organización de los Tribunales (Nº 469)
- Ley sobre el Tribunal de Apelaciones (Nº 2797)
Como introducción preliminar, cabe señalar que en Turquía hay un sistema judicial de doble
instancia:  los tribunales de primera instancia y el Tribunal de Apelaciones , que actúa como tribunal
supremo.
Los tribunales de primera instancia pueden agruparse en dos tipos:  los tribunales
especializados y los tribunales generales de primera instancia.IP/N/6/TUR/1
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Los tribunales generales de primera instancia son tribunales penales o civiles.  Si bien los
tribunales penales se dividen en tres tipos, que abarcan los juzgados de paz, los tribunales penales
generales y los tribunales de mayor cuantía en lo crim inal;  los tribunales civiles sólo son de dos tipos:
los juzgados de paz en lo civil y los tribunales civiles generales.
En virtud de la referida Ley de Organización de los Tribunales, los asuntos mercantiles se
tramitan en los Tribunales de Comercio (de los tribunales civiles generales), en tanto que todas las
demás materias civiles quedan sujetas a la competencia de los tribunales civiles generales de carácter
ordinario (tribunales civiles generales típicos).
ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES
Tribunal de Apelaciones
Tribunales de primera instancia
Tribunales Especializados Tribunales Generales de Primera Instancia
Tribunales Especializados en PI Tribunales Penales Tribunales Civiles
1.- Juzgados de paz
     (Tribunales de lo correccional)1.- Juzgados de paz
     civiles
2.- Tribunales penales
      generales2.- Tribunales civiles
     generales
3.- Tribunales de Mayor
     Cuantía en lo Criminal3.- Tribunales de
     ComercioIP/N/6/TUR/1
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Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
En el ámbito de la Legislación sobre la propiedad industrial:
La legislación sobre la propiedad industrial ha propuesto establecer tribunales especializados
que sean competentes para conocer de los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial
(véanse el artículo 146 del Decreto de Patentes, el artículo 58 del Decreto de Dibujos y Modelos
Industriales, el artículo 30 del Decreto de Indica ciones Geográficas y el artículo 71 del Decreto de
Marcas de Fábrica o de Comercio).
Como la creación de tribunales especializados en propiedad industrial requerirá tiempo en lo
que concierne a la financiación de la infraestructura de los tribunales y la capacitación de losmagistrados, el Consejo Supremo de la Magistratura ha asignado la competencia en materia de
derechos de propiedad industrial a los Tribunales de Comercio en relación con la competencia ratione
materiae, sin considerar si la demanda es o no comercial.
Los decretos sobre la propiedad industrial han determinado especialmente la competencia
local del siguiente modo:
- En los casos en que el demandante es titular de derechos:
Es competente el tribunal del domicilio del demandante o del lugar en que se cometió
la infracción o del lugar en que la infracción produjo efecto.  Si el demandante no está
domiciliado en Turquía, el tribunal competente es el tribunal que corresponde al
domicilio comercial del mandatario inscrito en el registro que esté facultado pararepresentar al demandante o a falta de dichas atribuciones el juicio se celebrará ante
los tribunales de Ankara.
- En los casos en que se entabla un pleito contra un titular de derechos:
El juicio se celebrará en el tribunal correspondiente al domicilio del demandado.
Si el titular de derechos no está domiciliado en Turquía se aplicará la precitadanorma.
(Véase el artículo 137 del Decreto de Patentes, el artículo 49 del Decreto de Dibujos y
Modelos Industriales, el artículo 25 del Decreto de Indicaciones Geográficas y el artículo 63
del Decreto de Marcas de Fábrica o de Comercio.)
En el ámbito de la legislación sobre el derecho de autor y derechos conexos:
Como la Ley de Obras Literarias y Artísticas no prevé una disposición análoga que faculte a
los tribunales especializados para conocer de la competencia material, todas las controversias civiles
quedarán comprendidas en el marco de la competencia de los tribunales civiles generales según lo
dispone el artículo 76 de la referida Ley.
La Ley de Procedimiento Civil (artículos 9, 10, 21 y 23) determina la competencia local.
En la mayoría de los casos, el tribunal competente es el que corresponde al domicilio del demandado.IP/N/6/TUR/1
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Las medidas cautelares que se pidan para asegurar la acción principal sobre el fondo de la
cuestión,  podrán solicitarse al tribunal que dictará la sentencia para que se adopten en forma menos
onerosa y más expeditiva (véase la segunda oración del artículo 104 de la Ley de Procedimiento
Civil).  Esta disposición se aplica a las medidas cautelares solicitadas, tanto en el marco de la
legislación sobre la propiedad industrial como en el de la relativa al derecho de autor y derechosconexos.
El Tribunal de Apelaciones es la última instancia judicial para revocar todo fallo dictado por
los tribunales de comercio y los tribunales civiles generales.
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
Legitimación para hacer valer derechos de propiedad intelectual
El titular del derecho así como sus derechohabientes pueden entablar acciones civiles.
De conformidad con las disposiciones de la legislación sobre la propiedad industrial, un
licenciatario exclusivo puede deducir una acción contra el infractor salvo disposición en contrario
estipulada en el contrato.  Un licenciatario no exclusivo sólo puede entablar una acción si el titular del
derecho no ejercita una acción después de que se le notifique que le corresponde litigar.  (Véanse elartículo 148 del Decreto de Patentes, el artículo 60 del Decreto de Dibujos y Modelos Industriales y el
artículo 73 del Decreto de Marcas de fábrica o comercio.)  Sin embargo, un licenciatario no exclusivo
tiene derecho a solicitar medidas provisionales en virtud de todos esos decretos.
Representación
Las partes pueden estar representadas por un abogado que actúe como su asesor jurídico,
aunque no están obligadas a hacerlo (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Civil).
Las personas jurídicas deben estar representadas por sus órganos competentes (artículo 48 del
Código Civil, artículo 138 del Código de Comercio y artículo 39 de la Ley de Procedimiento Civil).
Si el órgano desea designar un asesor jurídico, éste ha de ser un abogado.
Los menores deben ser representados por un representante legal (de preferencia sus padres) y
una persona privada de su capacidad para celebrar actos jurídicos debe tener un tutor o curador
(artículos 268 y 391).
La comparecencia personal
No hay exigencias especiales obligatorias en cuanto a la comparecencia personal ante el
tribunal, ya que se aplica un procedimiento escrito.  No obstante, en cada etapa de una acción, el
magistrado puede ordenar a las partes mediante notificación por escrito que comparezcan
personalmente (para oírlas) en relación con los hechos de la causa.  La inasistencia a la audiencia sinmotivo fundado impide al ausente rechazar las actuaciones iniciadas durante la audiencia (artículo 213
de la Ley de Procedimiento Civil).
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
Ante todo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación sobre la
propiedad industrial (artículo 136/f del Decreto de Patentes, artículo 48/d del Decreto de Dibujos yIP/N/6/TUR/1
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Modelos Industriales, artículo 24/f del Decreto de Indicaciones Geográficas y artículo 61/f del
Decreto de Marcas de Fábrica o de Comercio), el demandado está obligado a explicar cómo y dónde
ha obtenido el producto infractor encontrado en su posesión.
La falta de respuesta a la obligación descrita en las disposiciones precitadas constituye una
infracción y requiere una acción penal si hay intención dolosa ( mens rea ).  (Véase la Ley de
Reforma 4128 y el artículo 73/A del Decreto de Pate ntes, el artículo 48/A del Decreto de Dibujos y
Modelos Industriales, el artículo 24/A del Decret o de Indicaciones Geográfi cas y el artículo 61/A del
Decreto de Marcas de Fábrica o de Comercio.)
Fuera de esas disposiciones no hay ninguna norma general en la Ley de Procedimiento Civil,
salvo algunas disposiciones especiales para ordenar que se aporten pruebas que estén bajo control de
la parte contraria.  Una de esas disposiciones se refiere a los documentos como medios de prueba.
El magistrado tiene facultades para ordenar la entrega de los documentos que faciliten la prueba delcaso (artículo 330 de la mencionada Ley).
Con respecto a los demás medios probatorios, con exclusión de los documentos, la parte
puede requerir que el tribunal competente sobre el fondo del caso determine los medios de prueba, o
interponer una acción ante los juzgados civiles de paz para que determinen los medios de prueba
(artículos 368 a 374 de la Ley de Procedimiento Civil).  Además, durante el transcurso delrequerimiento o de la acción, el juez puede resolver  ex officio  que se exhiban las pruebas
(artículos 363 al 366 de la referida Ley) y que se designe un perito (artículos 275 al 286 de dicha
Ley).
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
El ordenamiento jurídico de Turquía no ha previsto ninguna disposición especial relativa a la
información confidencial aportada en procedimientos judiciales en materia de derechos de propiedad
intelectual.
No obstante, de conformidad con la Constitución de Turquía (artículo 141) y la Ley de
Procedimiento Civil (artículo 149), las resoluciones judiciales se dictan en audiencias públicas.  En lascausas que afecten a la moral y la seguridad públicas, las audiencias se celebran a puerta cerrada.
En virtud del artículo 377 de la Ley de Procedimiento Penal (que también se aplica en causas
civiles), el magistrado puede prohibir la publicación y transmisión del juicio si existe, en particular,
un temor de que se infrinjan los derechos de las personas (que comprenden los derechos de propiedad
intelectual).  En el caso en que se infrinja el artículo precitado, el tribunal impondrá una multa.
En relación con los testigos, la Ley de Procedimiento Civil reconoce el derecho del testigo a
negarse a declarar sobre los secretos de un tercero que conoció durante el desempeño de unaocupación o trabajo (artículo 245/4).  Además, la misma Ley también faculta al testigo para negarse a
declarar sobre la información confidencial dimanada de su empresa o trabajo (artículo 246/3).
La única disposición de este tipo en la legislación sobre la propiedad intelectual se ha
insertado en el artículo 83/3 del Decreto de Patentes.  La disposición obliga a la autoridad (incluidos
los tribunales) que pide la información a adoptar las medidas necesarias para evitar la utilizaciónilegítima de la información confidencial presentada para productos farmacéuticos veterinarios y
químicos.
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:IP/N/6/TUR/1
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- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos
utilizados para su producción;
- otras medidas.
Los principios generales que rigen los mandamientos judiciales figuran en los artículos 101
a 113 de la Ley de Procedimiento Civil.
Además de hacer una referencia a la Ley de Procedimiento Civil, la legislación sobre la
propiedad industrial contiene disposiciones especiales en la materia (artículos 151 y 152 del Decretode Patentes;  artículos 63 y 64 del Decreto de Dibujos y Modelos Industriales;  artículos 34 y 35 del
Decreto de Indicaciones Geográficas y artículos 76 y 77 del Decreto de Marcas de Fábrica o de
Comercio).
Los mandamientos judiciales pueden solicitarse antes de procedimientos sobre el fondo del
caso o durante ellos o después del caso.
La finalidad de los mandamientos judiciales es:
- el cese y la prevención de los actos que constituyen infracción;
- la incautación provisional de los productos infractores.
La legislación sobre el derecho de autor y derechos conexos ha reiterado también las mismas
normas en una disposición especial (artículo 77 de la Ley de Propiedad Intelectual y Artística) queprevé:
- la incautación provisional de los productos infractores y los dispositivos utilizados
para producir los productos pirata;
- el mandamiento judicial que ordena a la persona realizar ciertos actos o abstenerse de
hacerlos.
Con la excepción de esta disposición especial del artículo 81/3, la Ley reconoce el derecho de
las Asociaciones de Propiedad Intelectual a solicitar mandamientos judiciales con respecto a los
productos y dispositivos infractores.
La solicitud se ha de presentar al fiscal y la decisión será adoptada por el tribunal.
Ahora bien, en situaciones urgentes, en que la tardanza causaría un daño irreparable, el fiscal
adoptará la decisión sobre el embargo provisional.  En tal situación, la decisión del fiscal debe
someterse a la aprobación del tribunal dentro de tres días (artículo 81/4 de la Ley de Obras Literariasy Artísticas).
Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
Las acciones de resarcimiento de daños y perjuicios requieren que la parte infractora haya
actuado deliberada o negligentemente (artículo 41 de la Ley de Obligaciones).IP/N/6/TUR/1
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La legislación sobre la propiedad industrial describe en los Decretos las órdenes de
resarcimiento de daños y perjuicios y la forma de calcular la reparación por concepto de beneficios
(artículos 138 a 140 del Decreto de Patentes;  artíc ulos 50, 52 y 53 del Decreto de Dibujos y Modelos
Industriales;  artículos 64, 66 y 67 del Decreto de Marcas de Fábrica o de Comercio).
El Decreto de Indicaciones Geográficas sólo comprende las órdenes de resarcimiento de
daños y perjuicios (artículo 26).
La Ley de Propiedad Intelectual y Artística prevé el resarcimiento de daños y perjuicios tanto
en el caso de la infracción de los derechos morales como de los económicos (artículo 70).
De conformidad con los artículos 413 a 426 de la Ley de Procedimiento Civil, la parte
vencida debe pagar los gastos judiciales (artículo 417), que comprenden los honorarios de los
abogados (artículo 423/5), salvo que el magistrado resuelva lo contrario.
No obstante, el alcance de la Ley es más amplio e impone una multa administrativa
(artículo 422) al demandado si comete la infracción de mala fe.  Esta disposición también se aplica al
demandante que interpone una acción de mala fe.
En consonancia con el artículo 32 de la Ley de Derecho Internacional Privado y de la Ley de
Derecho Procesal, los extranjeros que entablen una acción en Turquía deben depositar una garantía en
el tribunal, en calidad de cautio judicatum solvi , para asegurar los gastos del demandado.  Consiste en
una caución en favor de los gastos del demandado que gana el litigio y que, por el contrario, queda a
disposición del demandante cuando triunfe en la causa.  Sin embargo, como Turquía es parte2 en el
Convenio de La Haya sobre Procedimiento Civil, adoptado en 1954, los tribunales turcos no han
exigido el pago de la referida caución a los demandantes extranjeros que sean residentes en Turquía nia los nacionales de uno de los Estados partes en el Convenio.
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
En función de los artículos 137, 49, 25 y 62 de los decretos de Patentes, de Dibujos y
Modelos Industriales, de Indicaciones Geográficas y de Marcas de Fábrica o de Comercio,
respectivamente, el titular de los derechos de propiedad intelectual puede solicitar:
- la propiedad de los productos infractores (en este caso se deducirá el valor de los
productos de los daños y perjuicios fijados en la sentencia);
- la destrucción de los productos y materiales infractores;
- el decomiso de los productos infractores.  El artículo 79 de la Ley de Obras Literarias
y Artísticas ha previsto la misma opción para los titulares de derechos en lo
concerniente a los productos y materiales piratas utilizados para la elaboración de los
productos infractores.
Otras medidas
Con arreglo a los artículos indicados en el párrafo anterior, los titulares de derechos pueden
pedir que se publique el fallo en los órganos de información.  En esos casos, la parte infractora deberá
sufragar los respectivos gastos.
                                                     
2 Desde 1972.IP/N/6/TUR/1
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6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre
sus circuitos de distribución?
Véase la respuesta a la pregunta 3 supra relativa a la legislación sobre propiedad industrial.
Sin embargo, en la Ley de Obras Literarias y Artísticas no existe ninguna disposición equivalente.
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" le son
aplicables?
Con respecto a las solicitudes de mandamientos judiciales, el demandante debe dar una
caución que ha de satisfacer el posible daño que pueda afectar al demandado (artículo 110 de la Ley
de Procedimiento Civil).
En la legislación sobre la propiedad industrial se reitera el mismo principio (artículo 152/c del
Decreto de Patentes, artículo 64/c del Decreto de Dibujos y Modelos Industriales, artículo 35/c del
Decreto de Indicaciones Geográficas y artículo 77/c del Decreto de Marcas de Fábrica o deComercio).
El tribunal podrá imponer una multa administrativa al demandante que entable una acción de
mala fe (artículo 422 de la Ley de Procedimiento Civil).
Además, en la Constitución de Turquía (artículo 125) se establece el principio general de que
el Estado y las autoridades públicas son responsables de cualquier perjuicio causado por elfuncionamiento defectuoso de sus servicios.
Sólo serán responsables los magistrados que en forma deliberada quebranten sus funciones
públicas (artículos 573 a 576 de la Ley de Procedimiento Civil).
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de losprocedimientos y su costo.
(Véase infra  la respuesta a la pregunta 25.)
No hay ninguna disposición especial que regule la duración mínima y máxima de los
procedimientos y su costo.
En virtud de la última oración del artículo 141 de la Constitución de Turquía, las causas deben
ser juzgadas al costo más bajo posible y en forma expedita.
Recientes datos estadísticos compilados en 1998 han mostrado que la duración media de los
procedimientos civiles juzgados en los Tribunales de Comercio es de 201 días, y de 234 días en los
Tribunales Civiles Generales.
La duración media de la apelación en el Tribuna l de Apelaciones se ha calculado en 116 días
(Sala Civil del Tribunal Supremo) en 1998.
En lo que respecta a las medidas provisionales, de ordinario sólo demoraron entre uno y dos
días.IP/N/6/TUR/1
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b) Procedimientos y recursos administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en la s respuestas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
Las autoridades administrativas no son competentes para conocer de los procedimientos
relativos a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cuyo conocimiento corresponde a
los tribunales.  La única excepción se refiere a la observancia en frontera de procedimientos que
facultan a las autoridades aduaneras para embargar provisionalmente mercancías pirata y falsificadas.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Véase la respuesta a la pregunta 5 sobre mandamientos judiciales.
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
De conformidad con el artículo 105 de la Ley de Procedimiento Civil, en los casos en que se
presente una situación inminente que requiera proteger de inmediato los intereses del demandante, el
tribunal puede adoptar una decisión sin convocar a una audiencia oral y sin oír a la parte contraria.
No obstante, esta situación sólo se aplica a las peticiones de medidas provisionales.  Las decisiones
adoptadas sin vista a la otra parte pueden ser impugnadas .  Sin embargo, la  impugnación no impedirá
la ejecución de la medida a menos que el tribunal decida lo contrario (artículo 107).
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
Véase la respuesta a la pregunta 5 sobre mandamientos judiciales.
Además, en el caso en que la medida provisional se solicite conjuntamente con la acción
sobre el fondo de una causa, el juez competente podrá remitir la petición a otro tribunal local si estima
que éste adoptará la decisión en forma más rápida y menos onerosa (artículo 104/3 de la Ley de
Procedimiento Civil).
Cuando se adopte la decisión sobre la medida provisional antes de que se entable la acción
sobre el fondo de un caso, el solicitante de la medida provisional ha de interponer la acción sobre el
fondo en un plazo de 10 días contado desde la fecha de dicha decisión.  De lo contrario, la decisión
carecerá inmediatamente de efecto sin que sea necesario solicitar ninguna resolución al respecto(artículo 109 de la Ley de Procedimiento Civil).
Para evitar que se abuse de las medidas provisionales, el magistrado estará facultado para
ordenar que el demandante aporte una fianza adecuada con el fin de indemnizar el daño que  podría
afectar al demandado o a un tercero (artículo 110 de la Ley de Procedimiento Civil).  Pero si el
demandado aporta una fianza después de que se adopte una medida provisional, el magistrado podrámodificar la medida o aun derogarla (artíc ulo 111 de la Ley de Procedimiento Civil).IP/N/6/TUR/1
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La persona que impida el cumplimiento de la resolución que impone la medida provisional
será condenada por el tribunal penal a una pena de prisión de uno a seis meses (artículo 113/2 de la
Ley de Procedimiento Civil).
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de losprocedimientos y su costo.
Véase la respuesta a la pregunta 8 supra .
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas .
Salvo la excepción de las medidas en frontera adoptadas por las Aduanas de Turquía de
suspender el despacho de determinadas mercancías, no se pueden interponer procedimientosadministrativos ante los tribunales.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañeninfracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable
el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país
por el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
En virtud de lo dispuesto en el artículo 57 del Código de Aduanas Nº 4458
3, las autoridades
aduaneras aplicarán la observancia en frontera en dos situaciones, mediante dos métodos.  En primer
lugar, el titular de un derecho que emana de la legislación sobre el derecho de autor y derechos
conexos, y sobre la propiedad industrial, podrá presentar a las autoridades de aduanas una solicitud
para que suspendan el despacho de las mercancías infractoras.  Como se prevé en el referido
artículo 57, esta forma de suspensión abarca todos los tipos de mercancías infractoras del derecho de
autor y de la propiedad industrial (patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos
industriales, indicaciones geográficas y mercancías amparadas por el derecho de autor), y requiere lapresentación de una solicitud del titular de un derecho.  La segunda forma es la suspensión de oficio
por las autoridades de aduanas y comprende sólo las mercancías de marca de fábrica o de comerciofalsificadas (con exclusión de patentes, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas) y
mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.  La suspensión de oficio se aplica si existe la
presunción de que las mercancías infringen un derecho de propiedad intelectual.  Por ende, ellegislador ha facultado a las autoridades competentes para que adopten medidas no sólo respecto de
                                                     
3 N.B.:  Con antelación al Código de Aduanas Nº 4458, desde el 1º de enero de 1996 han entrado en
vigor el artículo 21 modificado de la Ley Nº 1615 y la Sección 7 insert a del reglamento sobre sus disposiciones
de aplicación, que prescribe disposiciones paralelas s obre acuerdos suspensivos salvo la acción de oficio.IP/N/6/TUR/1
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las mercancías falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, sino también para
proteger todos los derechos cautelados por la legislación conexa.
En cuanto a las mercancías en tránsito, no se puede emplear el procedimiento de suspensión
en esta esfera de los servicios aduaneros, ya que la disposición contenida en la nota a pie de página 13
(mencionada en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC) prevé que no habrá obligación de aplicar
estos procedimientos a las mercancías en tránsito.
Sin embargo, el procedimiento de suspensión no se aplica a las mercancías:
- ingresadas, sin el consentimiento del titular del derecho, en el territorio aduanero de
Turquía y despachadas para libre circulación o reexportadas o importadas con una
exención condicional;
- exportadas sin el consentimiento del titular del derecho, aun cuando su producción en
Turquía esté autorizada, o que sean producidas o que ostenten una marca de fábrica ode comercio en condiciones diferentes a las permitidas por el titular del derecho, y
- cuando se trate de personales, a los regalos ingresados por pasajeros y a los envíos
postales que no sean de carácter comercial.
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección einformación)?
Las autoridades competentes para aplicar los procedimientos de suspensión son las
administraciones de aduanas.
El titular de un derecho que alegue que las mercancías infringen sus derechos de propiedad
intelectual o industrial puede presentar una demanda por escrito a las autoridades aduanerascompetentes.  Para iniciar y tramitar el procedimiento, basta con adjuntar dos documentos a la
solicitud, es decir, una descripción detallada de las mercancías y la prueba de que el demandante es el
titular del derecho.  En algunos casos, el titular del derecho también puede aportar ayuda a las
autoridades indicando otros pormenores;  por ejemplo, el lugar donde se encuentran los bienes, su
destino, los detalles que identifican la remesa o los envases o embalajes, la fecha de llegada o partida
de las mercancías, los medios de transporte, el importador, el exportador o su representante.
La carencia de esta información secundaria no perjudicará la validez de la solicitud.
Las autoridades aduaneras, cuando lo estimen apropiado al caso (artículo 53), pueden exigir al
demandante que aporte una fianza correspondiente al valor CIF de las mercancías, para garantizar los
derechos del importador o del público.
El titular del derecho o su representante, previa solicitud, podrán examinar las
correspondientes mercancías o tomar muestras de las mismas después de la notificación de la decisiónsuspensiva.  Asimismo, podrán obtener información, tal como el nombre, o la marca comercial y la
dirección del propietario y del consignatario;  excepto antecedentes confidenciales o secretos
comerciales, o información que entrañe cualquier infracción de los derechos relativos a dibujos y
modelos comerciales o industriales (artículo 57).IP/N/6/TUR/1
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17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las
autoridades competentes por las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?
El titular del derecho debe indicar en forma expresa el plazo en que las autoridades aduaneras
podrán adoptar medidas en el caso de las mercancías no presentadas, hasta ese momento, a las
aduanas.  Este plazo no excederá de 30 días.  Sin embargo, si se ha dictado una resolución judicial que
ordene una medida cautelar dentro del plazo de 10 días, la duración del caso dependerá de los
procedimientos judiciales.
En cuanto al costo, el titular del derecho o su representante depositará en la administración de
aduanas el importe correspondiente al costo administrativo de la solicitud.
18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
Con arreglo al artículo 57 de la Ley de Aduanas Nº 4458, las autoridades aduaneras aplicarán
la observancia en frontera de modo que se efectúe la suspensión de oficio y que sólo abarquemercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas (con exclusión de patentes, dibujos y
modelos e indicaciones geográficas) y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.
La suspensión de oficio se aplica si hay presunción de infracción.  Para mayor información, sírvanse
ver la respuesta a la pregunta 15.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Si el tribunal resuelve que hay infracción y no ordena ninguna medida expresa, las
autoridades aduaneras dispondrán que se destruyan las mercancías o que se las prive de valor
comercial.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
En lo que respecta a la competencia ratione materiae,  los tribunales penales generales son
competentes para conocer de los casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.
Las mismas disposiciones generales se aplican en lo referente a la competencia local.
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sancionespenales?
Legislación sobre la propiedad industrial
El Decreto de Patentes tipifica las siguientes infracciones:
- la imitación del producto objeto de la invención mediante su fabricación parcial o
total sin el consentimiento del titular de la patente;IP/N/6/TUR/1
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- la fabricación, la oferta de venta, la colocación en el mercado o la utilización del
producto que es objeto de la patente, o la importación o posesión de productos
manufacturados mediante la infracción parcial o total de la invención patentada;
- la utilización de un procedimiento que es materia de una patente o de un producto
obtenido mediante dicho procedimiento, la  oferta, comercialización o importación de
dicha utilización sin el consentimiento del titular de la patente;
- la ampliación de los derechos conferidos por la licencia contractual u obligatoria y la
transferencia de esos derechos a terceros;
- el aporte, la promoción o facilitación en cualquier forma de alguno de los actos
mencionados en los párrafos anteriores;
- la acción de abstenerse de dar información acerca del origen del producto que fue
manufacturado o comercializado mediante la infracción.
Los siguientes son los casos de infracción que figuran en el Decreto de Dibujos y Modelos
Industriales:
- hacer, producir, colocar en el mercado, ofrecer, vender, utilizar, importar o mantener
en existencias para los efectos anteriores, sin el consentimiento del titular del
derecho, un dibujo o modelo idéntico o muy similar;
- transferir a terceros o ampliar los derechos adquiridos mediante un contrato de
licencia;
- participar o contribuir de cualquier modo en los actos mencionados en los dos
párrafos anteriores, o estimular o facilitar la realización de los mismos;
- abstenerse de explicar dónde y cómo se ha obtenido un producto ilegalmente
producido y comercializado cuando se encuentre en su posesión;
- apoderarse de los títulos.
Infracciones que figuran en el Decreto de Marcas de Fábrica o de Comercio:
- las violaciones del artículo 9;- la utilización de la misma marca de fábrica o de comercio o de una similar que
induzca a confusión, sin el consentimiento del titular de la marca de fábrica o de
comercio;
- la venta, la distribución, la comercialización, la importación o la posesión de
mercancías que ostenten la marca de fábrica o de comercio infractora sabiendo o
debiendo saber que la marca ha sido plagiada;
- la transferencia a terceros o la ampliación de los derechos adquiridos mediante un
contrato de licencia;
- la participación o la colaboración, o el estímulo o las facilidades que se presten en
cualquier forma a los actos mencionados en los párrafos anteriores;IP/N/6/TUR/1
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- la falta de explicación acerca de cómo y dónde se ha obtenido el producto infractor
que ostente la marca de fábrica o de comercio registrada o de una similar que induzca
a confusión.
Legislación sobre el derecho de autor y derechos conexos
Los actos que quebranten la referida legislación se describen como infracciones de derechos
morales previstos en los artículos l4, l5 y 16 (derecho a publicar por primera vez, derecho de
paternidad literaria, el derecho a objetar el trato despectivo), e infracciones de derechos económicos
contemplados en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 (derecho de adaptación, derecho de reproducción,
derecho de distribución, derecho de representación o ejecución, derecho de radiodifusión) de la Ley
de Obras Literarias y Artísticas.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
Legislación sobre la Propiedad Industrial
Como principio general, el derecho a reclamar pertenece al titular del derecho.  Después de la
reclamación, el caso pasa a adquirir carácter público y los fiscales deberán continuar y completar el
procedimiento legal.
Además del titular del derecho, con arreglo al Decreto de Propiedad Industrial, el Instituto
Turco de Patentes, las Asociaciones de Consumidores y las Asociaciones de Comercio e Industria
están legitimados para entablar una acción en los casos en que se cometan los dos tipos de
infracciones tipificados en la respuesta a la pregunta 24 infra .
Las reclamaciones se tramitarán como cuestiones urgentes conforme a la Ley de
Procedimiento Penal (artículo 423).
Legislación sobre el derecho de autor y derechos conexos
De conformidad con el artículo 75 de la Ley de Obras Literarias y Artísticas la reclamación
del titular del derecho es el requisito para incoar el procedimiento penal.  Procede poner de relieve
que, en consonancia con el artículo 344/1 a 8 de la Ley de Procedimiento Penal, el particular (titular
del derecho) está legitimado para iniciar el procedimiento penal.
Con posterioridad, el Fiscal, una vez que haya recibido la reclamación, podrá iniciar el
procedimiento penal sólo si estimare que el caso reviste un claro interés público (artículos 346 y 347
de la Ley de Procedimiento Penal).
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
Véanse las respuestas a la pregunta 22 supra .
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.IP/N/6/TUR/1
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Legislación sobre la propiedad industrial
El artículo 73/A4 del Decreto de Patentes tipifica tres tipos de infracciones y medidas
correctivas:
a) Infracciones que se sancionan con una pena de prisión de entre uno y dos años y una
multa de 300 millones a 600 millones de libras turcas:
- La infracción del artículo 44.
(Falsa indicación de la identidad del inventor al solicitar la patente.)
- La eliminación, sin contar con las facultades para ello, del signo distintivo de
una patente legítimamente colocado en un producto patentado o en su envase
o embalaje.
- La suplantación de la identidad del titular de una solicitud de patente o de un
derecho de patente.
b) Infracciones que se sancionan con una pena de prisión de entre dos y tres años y una
multa de 600 millones a 1.000 millones de libras turcas:
- Transferir, dar en prenda o efectuar cualquier otra operación sin tener
ninguna atribución respecto del derecho de solicitar patentes o del derecho de
patentes.
- Sin ser el legítimo titular del derecho de patente o después de la expiración
del plazo de protección o después de la anulación de la patente:
poner signos en:
- un producto, o
- su envase o embalaje, o- documentos mercantiles, o
- material publicitario,
de tal modo que se dé la impresión de que existe una relación con un derecho
de patente protegido.
c) Infracciones que se sancionan con una pena de prisión de entre dos y cuatro años, una
multa de 600 millones a 1.000 millones de libras turcas, la clausura del
establecimiento comercial y el impedimento de realizar actividades comerciales  al
menos por un año:
- ejecutar los actos tipificados en el artículo 136.
El artículo 48/A5 del Decreto de Dibujos y Modelos Industriales tipifica tres tipos de
infracciones y recursos penales:a) Infracciones que se sancionan con una pena  de prisión de entre uno y dos años y una
multa de 300 millones a 600 millones de libras turcas:
                                                     
4 Introducido por la Ley de Reforma Nº 4128, de fecha 7 de noviembre de 1995.
5 Introducido por la Ley de Reforma Nº 4128, de fecha 7 de noviembre de 1995.IP/N/6/TUR/1
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- La falsa indicación de la identidad del creador en la solicitud del dibujo o
modelo.
- La eliminación, sin contar con las facultades para ello, del signo distintivo de
un derecho respecto de un dibujo o un modelo legítimamente colocado en un
producto o en su envase o embalaje.
- La suplantación de la identidad del titular de una solicitud de dibujo o modelo
o de un derecho respecto de un dibujo o un modelo registrado.
b) Infracciones que se sancionan con una pena de prisión de entre dos y tres años y una
multa de 600 millones a 1.000 millones de libras turcas:
- Transferir, dar en prenda o efectuar cualquier otra operación sin tener
ninguna atribución respecto del derecho de solicitar dibujos y modelos o del
derecho de dibujos y modelos.
- Sin ser el legítimo titular del derecho de dibujos y modelos o después de la
expiración del plazo de protección o después de la anulación del dibujo y
modelo:
poner signos en:
- un producto, o- su envase o embalaje, o
- documentos mercantiles, o
- material publicitario,
de tal modo que se dé la impresión de que existe una relación con un derecho
de dibujo y modelo protegido.
c) Infracciones que se sancionan con una pena de prisión de entre dos y cuatro años, una
multa de 600 millones a 1.000 millones de libras turcas, la clausura del
establecimiento comercial y el impedimento de realizar actividades comerciales al
menos por un año:- ejecutar los actos previstos en el artículo 48.
El artículo 61/A
6 del Decreto de Marcas de Fábrica o de Comercio tipifica tres tipos de
infracciones y recursos penales que son paralelos a los previstos en el Decreto de Dibujos y
Modelos Industriales y en el Decreto de Patentes:
a) Infracciones que se sancionan con una pena de prisión que fluctúa de entre uno y dos
años y una multa de 300 millones a 600 millones de libras turcas :
- La falsa indicación de la identidad del titular en los trámites de una solicitud
de marcas de fábrica de comercio.
- La eliminación, sin contar con las facultades para ello, del signo distintivo de
una marca de fábrica o de comercio legítimamente colocado en un producto o
en su envase o embalaje.
                                                     
6 Introducido en la Ley de Reforma Nº 4128, de fecha 7 de noviembre de 1995.IP/N/6/TUR/1
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- La suplantación de la identidad del titular de una solicitud de marca de fábrica
o de comercio o de una marca de fábrica o de comercio registrada.
b) Infracciones que se sancionan con una pena de prisión de entre dos y tres años y una
multa de 600 millones a 1.000 millones de libras turcas:
- Transferir, dar en prenda o efectuar cualquier otra transacción sin tener
ninguna atribución respecto del derecho a una marca de fábrica o de
comercio.
- Sin ser el legítimo titular del derecho de la marca de fábrica o de comercio o
después de la anulación de la marca de fábrica o de comercio:
poner signos en:
- un producto, o
- su envase o embalaje, o- documentos mercantiles, o
- material publicitario,
de tal modo que se dé una falsa impresión acerca de la existencia de una
marca de fábrica o de comercio registrada.
c) Infracciones que se sancionan con una pena de prisión de entre dos y cuatro años, una
multa de 600 millones a 1.000 millones de libras turcas, la clausura del
establecimiento comercial y el impedimento de realizar actividades comerciales al
menos por un año:
- ejecutar los actos tipificados en el artículo 61.
Legislación sobre el derecho de autor y derechos conexos
En caso de infracción de los derechos morales:
El artículo 71 de la Ley de Obras Literarias y Artísticas impone una pena de prisión de entre
tres meses y un año y una multa de 300 millones a 600 millones  de libras turcas por la
infracción de los derechos morales.
En caso de infracción de los derechos económicos:a) Las infracciones que se sancionan con una pena de prisión de entre tres meses y un
año y una multa de 300 millones a 600 millones  de libras turcas son:
- Los casos en que sin autorización por escrito del titular del derecho
(artículo 72):
- se adapta en cualquier forma una obra;- se reproduce en cualquier forma una obra;
- se venden u ofrecen en venta, o se ponen en circulación ejemplares
infractores;
- se representa o ejecuta, se exhibe o expone en establecimientos
públicos, o se difunde por radio u otros medios similares una obra;
- se arrienda una obra,
- se importa una obra.IP/N/6/TUR/1
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- Infracción de derechos conexos (prevista en el artículo 80).
b) Las otras infracciones que se sancionan mediante la imposición de una pena de
prisión de entre tres meses y tres años y una multa de 300 millones a 600 millones  de
libras turcas (tipificadas en el artículo 73) son:
- La puesta a la venta de ejemplares de una obra que los infractores saben o
deberían saber que se han reproducido quebrantando disposiciones de la
presente ley, o la explotación de dicha obra mediante representación o
ejecución en locales públicos, su radiodifusión o cualquier forma que les
produzca ganancias.
- La venta a terceros de ejemplares de una obra que los infractores saben o
deberían saber que se han puesto a la venta quebrantando las disposiciones de
la presente ley, o la explotación de dicha obra mediante su representación oejecución en lugares públicos, su radiodifusión o cualquier otra forma que les
produzca ganancias.
- La cesión, la donación o la pignoración a un tercero, o el hacer objeto de
cualquier transferencia, un derecho económico o una licencia que los
infractores saben o deberían saber que no existe o respecto de los cuales notienen ningún derecho a transferirlos.
- La reproducción, directamente o mediante un cargo, de un número de
ejemplares que exceda de la cantidad autorizada por un acuerdo o por la ley.
- La posesión, con fines comerciales, de ejemplares de una obra que los
infractores saben o deberían saber que se ha reproducido violando lasdisposiciones de la presente ley.
- La posesión o distribución, con fines comerciales, de cualquier dispositivo
técnico que sirva para eludir o eliminar, sin estar facultado para ello, un
instrumento técnico que sólo se aplica para proteger un programa de
ordenador.
En lo que concierne a las sanciones pecuniarias, una Ley de Reforma del Código Penal
(Nº 4421) adoptó un nuevo sistema para aumentar las multas (no sólo con respecto a la legislación de
derecho de autor y propiedad industrial, sino también a toda legislación que imponga multas).  En
virtud de este sistema, el aumento de las multas se vincula a un coeficiente de reajuste que el
Ministerio de Finanzas calcula y publica en relación con el alza anual de los precios promedio delproducto interno bruto.
El coeficiente de reajuste es de 52,1 por ciento para el año 1999.La Ley de Cumplimiento de las Sentencias Penales prevé el problema de la conmutación de la
pena.  De conformidad con los artículos 3 y 4 de la referida Ley, podrá aplicarse la conmutación si la
duración de la pena de prisión es inferior a un año.  En este marco, los artículos pertinentes de los
Decretos y de la Ley de Obras Literarias y Artísticas, que imponen penas de un año o de menos de un
año, confieren al magistrado competente la facultad discrecional de conmutar la pena de prisión por la
de multa.  Sin embargo, cabe mencionar que no constituye una norma obligatoria para el tribunal laconmutación de la pena en las condenas de prisión inferiores a un año (como las que se prescriben de
ordinario en los artículos 71 y 72 de la Ley de Obras Literarias y Artísticas).IP/N/6/TUR/1
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Con arreglo al Artículo 141/3 de la Constitución de Turquía todas las sentencias judiciales
deben ser motivadas.  Por consiguiente, el magist rado debe indicar qué lo induce a conmutar o no la
pena.  Si se presenta un recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones revisará el fallo y sus
fundamentos.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
Como se ha indicado en materia de procedimiento civil (véase la respuesta a la pregunta 8
supra ), no hay ninguna disposición especial que regule  la duración máxima y mínima y el costo del
procedimiento penal.  En consecuencia, en todos los tribunales predomina el mismo principio básico
contemplado en la Constitución de Turquía:  las causas deben ser juzgadas al costo más bajo posible y
en forma expedita (véase la respuesta a la pregunta 8 supra ).  En cuanto al costo del procedimiento en
los tribunales civiles, el Ministerio de Hacienda publica anualmente circulares generales sobre costas.
La correspondiente al año 20007 estipula las siguientes costas:
- Las costas de las demandas y recursos son de:
- 2.080.000 libras turcas por las demandas presentadas a los tribunales civiles
generales (incluidos los tribunales de comercio).
- 3.160.000 libras turcas por un procedimiento de apelación.
- El costo de la vista de la causa (en el caso en que se solicite la suspensión de la
audiencia) es de:- Un 1,5 por ciento del importe de lo disputado.
Este costo corresponde pagarlo a la parte que ha pedido la suspensión de laaudiencia.
- El costo de la sentencia es de:
- Un 4,5 por ciento del importe de lo disputado cuando el tribunal falla sobre el
fondo de la causa.
- 3.390.000 libras turcas cuando el tribunal adopta medidas preliminares.
La Ley de Procedimiento Penal prevé en los artículos 406 a 415 los principios relativos al
reparto de las costas.
El Estado sufraga las costas necesarias durante la tramitación del procedimiento penal, pero la
persona condenada es la que debe pagar los gastos al final del proceso.  Sin embargo, si el procesado
fallece antes de que se dicte sentencia, sus herederos no están obligados a pagar las costas
(artículo 407).
La duración media de los procedimientos judiciales8 figura a continuación según las acciones
civiles y penales entabladas ante tribunales civiles (tribunales de comercio y tribunales civiles
generales) y tribunales penales:
                                                     
7 Circular general, número de serie 36, D. O., 16 de diciembre de 1999, Nº 23908, páginas 21 y 22.
8 Todos los datos proceden de la Dirección general de  registros y estadísticas judiciales del Ministerio
de Justicia.  Véase http://www.adli-sicil.gov.tr.IP/N/6/TUR/1
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Acciones civiles
1995 1996 1997 1998
Tribunales de Comercio} 289 días 342 días 301 días 201 días
Tribunales Civiles Generales} 320 días 331 días 250 días 234 días
- Los tribunales han resuelto en uno o dos días la adopción de medidas provisionales
(solicitudes de mandamientos judiciales).
- En 1997 la duración del recurso de apelación fue de 37 días en la sala competente
(11ª Sala Civil) del Tribunal de Apelaciones, y en 1998 fue de 116 días.
Acciones penales
1995 1996 1997 1998
Tribunales Penales Generales} 320 días 331 días 312 días 337 días
En 1997 y 1998 la duración del recurso de apelación fue de 19 y 27 días, respectivamente, en
la 4ª Sala Penal del Tribunal de Apelaciones.
Número de acciones penales9 deducidas en 1997 y 1998:
1997 1998
Patentes 49 31
Dibujos y modelos 3 80
Indicaciones geográficas 0 0Marcas de fábrica o de comercio 889 1550
Obras cinematográficas 144 151
Obras literarias y artísticas 65 234
__________
                                                     
9 Después de 1999 se proporcionarán datos estadís ticos sobre las acciones civiles.  (El método
actualmente empleado para recopilar datos sobre las acciones civiles no es adecuado para clasificar en
categorías las causas deducidas en el marco de la legislación sobre la propiedad intelectual.)