ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTGP/2
17 de noviembre de 1998
(98-4525)
INFORME (1998) AL CONSEJO GENERAL
1. El Grupo de Trabajo sobre la Transparencia de la Contratación Pública se estableció mediante
una decisión adoptada en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en diciembre de 1996, con
el cometido de "realizar un estudio sobre la transparencia de las prácticas de contratación pública, quetenga en cuenta las políticas nacionales, y, sobre la base de ese estudio, elaborar elementos para su
inclusión en un acuerdo apropiado".
2. Este informe abarca el período comprendido entre noviembre de 1997 y octubre de 1998.  La
labor realizada por el Grupo de Trabajo hasta noviembre de 1997 se describe en el Informe del Grupo
de Trabajo (1997) al Consejo General (WT/WGTG P/W/1).  El Grupo de Trabajo celebró reuniones
formales los días 19 y 20 de febrero de 1998, 22 de junio de 1998 y 8 y 9 de octubre de 1998  Los
informes de estas reuniones se han distribuido en los documentos WT/WGTGP/M/4-6.
3. En su reunión del 19 y 20 de febrero de 1998, el Grupo de Trabajo debatió en detalle las
disposiciones relacionadas con la transparencia contenidas en los instrumentos internacionales
existentes relativos a la contratación pública y los procedimientos y prácticas nacionales, basándoseen una nota informal de la Presidencia en la que se exponían las cuestiones que se habían planteado y
las observaciones formuladas sobre esas cuestiones en la reunión del Grupo celebrada en noviembre
de 1997 ("Lista de cuestiones planteadas y observaciones formuladas" - documento sin
signatura Nº 73).  El Grupo de Trabajo examinó sucesivamente los temas de esa nota cuyos epígrafes
corresponden a los de la nota anterior de la Secretaría titulada "Síntesis de la información de que se
dispone sobre las disposiciones relacionadas con la transparencia contenidas en los instrumentos
internacionales existentes relativos a los procedimientos y las prácticas nacionales en materia decontratación pública" (WT/WGTGP/W/6), con la adición de epígrafes sobre cooperación técnica y
trato especial y diferenciado.  La labor sustantiva del Grupo de Trabajo se estructuró sobre la base de
la lista de epígrafes de la nota de la Presidencia, cuya versión más reciente figura adjunta a la presente
comunicación.  Presentaron contribuciones por escrito Hong Kong, China; la República Checa;
Uruguay y Australia con información fáctica sobre sus procedimientos y prácticas nacionales(WT/WGTGP/W/10, 12, 13 y 14 respectivamente).  También presentaron contribuciones escritas
Australia -relativa a los principios de la contratación pública (documento sin signatura Nº 136)- y los
Estados Unidos acerca de los mecanismos de revisión y la transparencia de los métodos de
contratación pública (WT/WGTGP/W/15 y 16).  El Grupo también recibió una comunicación de la
Presidencia del Grupo de Expertos en Cont ratación Pública del APEC (WT/WGTGP/W/11).
4. En su reunión del 22 de junio de 1998, el Grupo de Trabajo volvió a examinar las
disposiciones relacionadas con la transparencia contenidas en los instrumentos internacionales
existentes relativos a la contratación pública y los procedimientos y prácticas nacionales, sobre la base
de la nota informal titulada "Lista de cuestiones planteadas y observaciones formuladas" (documento
sin signatura Nº 1860), que se había revisado a la luz del debate de la reunión celebrada en febrerode 1998.  Marruecos y Eslovenia presentaron comunicaciones por escrito con información fáctica
sobre sus procedimientos y prácticas nacionales (WT/WGTGP/W/19 y documento sin
signatura Nº 3387 respectivamente).  Asimismo, pr esentaron contribuciones escritas la Comunidad
Europea y Noruega, relativas a cómo asegurar el logro de la transparencia en las políticas y prácticasWT/WGTGP/2
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de contratación pública (WT/WGTGP/W/17 y documento sin signatura Nº 3245);  Suiza, sobre los
requisitos mínimos para la publicación de la información pertinente en los anuncios de licitación
(documento sin signatura Nº 3436);  Venezuela, sobre las características particulares de la
contratación pública, las privatizaciones y el otorgamiento de concesiones (documento sin
signatura Nº 3295), y la Comunidad Europea, en relación con la asistencia técnica(WT/WGTGP/W/18).
5. En su reunión del 8 y 9 de octubre de 1998, el Grupo de Trabajo volvió a examinar las
cuestiones que tenía ante sí sobre la base de la nota informal de la Presidencia titulada "Lista de
cuestiones planteadas y observaciones formuladas" (documento sin signatura Nº 4281).  También
dispuso de una nota informal fáctica preparada por la Secretaría en respuesta a una solicitud
formulada en la reunión del mes de junio del Grupo, la cual recoge las propuestas escritas y orales
hechas en el marco de los puntos III a VII de los temas presentados al Grupo de Trabajo (documentosin signatura Nº 4695).  Turquía presentó una contribución por escrito con información fáctica sobre
sus procedimientos y prácticas nacionales (WT/WGTGP/W/21).  En respuesta a una solicitud
formulada por el Grupo a la Secretaría para que suministrara información sobre la disponibilidad de
programas de cooperación técnica en la esfera de la contratación pública, se recibieron
comunicaciones de la CNUDMI, la OCDE, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de
Desarrollo, el FMI, el Grupo de Expertos en Contratación Pública del APEC, el Banco Europeo de
Reconstrucción y Fomento, el CCI y el PNUD, que se distribuyeron en los documentos
WT/WGTGP/W/20 y Addenda 1 a 7.
6. En su próxima reunión el Grupo de Trabajo volverá a examinar las cuestiones que figuran en
la versión revisada, adjunta a la presente comunicación, de la nota informal del Presidente titulada"Lista de cuestiones planteadas y observaciones formuladas", utilizando esta nota como base de sus
debates.  Los delegados que lo deseen podrán también consultar un documento auxiliar no oficial para
uso de los Miembros, con una versión revisada de la nota informal de la Secretaría que refleja en
forma sucinta las propuestas hechas en el marco de los puntos III a VII, identificar las fuentes de las
diversas propuestas y resume las observaciones hechas en la reunión celebrada en el mes de octubresobre esas propuestas.
7. El FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas representadas por la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la UNCTAD gozan de la
condición de observador en el Grupo de Trabajo.  En el período que abarca este informe el Grupo de
Trabajo examinó las solicitudes de la condición de observador presentadas por la OCDE, el SELA y
la OCI (Organización de la Conferencia Islámica) y acordó que volvería a examinar estas solicitudes a
la luz de las consultas que está celebrando al respecto el Presidente del Consejo General.
8. El Grupo de Trabajo celebrará tres reuniones en 1999;  las dos primeras se celebrarán los
días 24 y 25 de febrero y 28 y 29 de junio de 1999.WT/WGTGP/2
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ANEXO
LISTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS Y DE
LAS OBSERVACIONES FORMULADAS
Nota informal de la Presidencia
Tercera revisión
1. La intención de la presente nota es poner las cuestiones planteadas, junto con las
observaciones formuladas sobre estas cuestiones, en relación con cada uno de los temas que fueron
examinados por el Grupo de Trabajo en sus reuniones de los días 3 y 4 de noviembre de 1997,19 y 20 de febrero, 22 de junio y 8 y 9 de octubre de 1998  El presente documento no oficial no
prejuzga la posición de ninguna delegación y, ni si quiera, si el Grupo de Trabajo decidirá incluir o
excluir cualquier aspecto particular de los que aquí se abordan de entre los elementos que desarrollará
para incluirlos en el acuerdo pertinente.
I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
2. Se recordó que el mandato del Grupo se limita a cuestiones de transparencia en las prácticas
de contratación pública.  Se expresó la opinión de que, en lo que respecta a las prácticas nacionales
que limitan el acceso a los mercados, debe abordarse su transparencia pero no su esencia;  las normas
que rigen la transparencia en la contratación pública deberían aplicarse únicamente con carácter no
discriminatorio y las obligaciones en materia de transparencia deberían ser aplicables únicamente enla medida en que se permitiera el acceso a los mercados a los suministros y a los proveedores
extranjeros.  Por ejemplo, habría que distinguir las adquisiciones efectuadas en los mercados locales,
pagaderas en moneda local, de las compras hechas en mercados internacionales, para las que se
dispone de divisas.  Se preguntó si la transparencia de los procesos de contratación revestiría algún
interés para los proveedores extranjeros en el caso de que el acceso estuviera reservadoexclusivamente a los proveedores nacionales.
3. Otro punto de vista expuesto a este respecto fue que las disciplinas en materia de
transparencia se deberían aplicar lo más ampliamente posible a las prácticas de contratación pública.
Uno de los objetivos de formular normas sobre transparencia era crear sistemas nacionales de
contratación que fueran no sólo transparentes, sino que se percibiera que lo eran;  si el alcance de los
requisitos en materia de transparencia se limitara a los mercados de contratación libre, los sistemas de
contratación no se verían como transparentes.  Redundaba en interés de todos, de los proveedores yentidades tanto nacionales como extranjeros, que se pudiera obtener con facilidad la información
relativa a cuáles eran las transacciones de contratación que estaban abiertas a la competencia
internacional y cuáles no lo estaban.  Otra opinión fue que la distinción que se había sugerido daría
lugar a un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones por cuanto las obligaciones en materia
de transparencia se aplicarían en mayor medida en los Miembros cuyos mercados de contrataciónestuvieran más abiertos a la competencia internacional y que reduciría el alcance del acuerdo sobre
transparencia.  Por otra parte, se señaló asimismo que, dada la variedad de formas en que las prácticas
nacionales limitaban el acceso a los mercados, por ejemplo en forma de la exclusión absoluta de
proveedores y suministros extranjeros, las preferencias de precios o la concesión de contratos a
proveedores extranjeros únicamente en el caso de que la licitación de los proveedores nacionales nofuera competitiva, sería técnicamente difícil determinar cuáles eran las prácticas oficiales que
deberían ser exoneradas de las obligaciones en materia de transparencia.  Se señaló también que, si la
razón subyacente de sugerir un límite a la aplicación de las disciplinas de transparencia a losWT/WGTGP/2
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mercados de contratación abierta era la preocupación por las cargas excesivas, esa cuestión debería
abordarse lógicamente en el curso de los trabajos del Grupo.
4. En lo que respecta a la cuestión de la definición y alcance de la contratación pública, se ha
hecho una distinción entre la definición y el alcance que el Grupo de Trabajo debería utilizar en el
desempeño de su labor y los que se podría utilizar para determinar el alcance de la aplicación de loselementos a desarrollar para su inclusión en un acuerdo apropiado.  En lo que respecta al primero de
estos aspectos, se observó que debería utilizarse un amplio enfoque, sin limitaciones preconcebidas y
suficientemente extenso para abarcar los diferentes conceptos y niveles de detalle que encierra la
expresión "contratación pública" en la legislación nacional y en las prácticas de los diferentes
Miembros y que además sea compatible con los innovadores procedimientos de contratación y los
nuevos tipos de estructuras estatales.  El Grupo podía estudiar así la serie completa de cuestiones
relativas a un posible acuerdo sobre transparencia en la contratación pública y, en lo que hace alsegundo aspecto antes mencionado, formular una definición más exacta a efectos del alcance de un
posible acuerdo sobre transparencia.  Otra opinión fue que había una interrelación entre el alcance de
un acuerdo de transparencia y el nivel de detalle que contendrían sus elementos.  Un acuerdo de
transparencia que incluyera principios fundamentales simples y directos podría tener un alcance muy
amplio.  También se dijo que la labor del Grupo sobre esta cuestión debería reflejar las realidades delas prácticas de contratación de los distintos países, a fin de garantizar la eficaz aplicación de un
acuerdo eventual.  A este respecto, se ha determinado ya una gama de cuestiones que habría que tener
en cuenta y que se resumen a continuación.
5. Se ha estimado también que una forma útil de abordar esas materias sería establecer una
distinción entre las cuestiones siguientes:
- ¿Quién está haciendo la contratación?
- ¿Qué se está contratando?
- ¿Qué tipos de transacciones se incluyen?
A. ¿Q
UIÉN ESTÁ HACIENDO LA CONTRATACIÓN ?
6. Acerca de la primera de estas preguntas, quién está haciendo la contratación, se han expuesto
los siguientes puntos de vista:
- en un acuerdo sobre transparencia se podrían incluir entidades de todos los niveles de
gobierno, como niveles subcentrales de gobierno y empresas de propiedad del Estado
o bajo la influencia de éste;
- las normas de un acuerdo sobre transparencia se aplicarían a las contrataciones
efectuadas por entidades pertenecientes a los niveles central y subcentral del
gobierno;
- el grado de inclusión de las entidades subfederales debería tener en cuenta las
diferencias de estructuras de gobierno;
- las normas de un acuerdo sobre transparencia se aplicarían únicamente a la
contratación por entidades a nivel de gobierno central o federal.  Sería difícil formular
normas internacionales que garantizaran la transparencia a nivel subcentral en paísescon complejas estructuras de gobierno.  En los países que se rigen por un sistema de
administración federativo, la Constitución podría restringir la autoridad de los
gobiernos federales para aceptar obligaciones en materia de transparencia respecto deWT/WGTGP/2
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las entidades provinciales o locales equivalentes a las del gobierno central.  Según
otro punto de vista, el hecho de circunscribir las obligaciones dimanantes de un
acuerdo de transparencia sólo al nivel del gobierno central provocaría un conflicto de
equidad entre países con diferentes estructuras de gobierno.  También se señaló que
varias disposiciones contenidas en diversos acuerdos de la OMC, como el párrafo 3a), i) del artículo I del AGCS, se ocupaban de la cuestión de las obligaciones
asumidas respecto de los niveles subcentrales de gobierno;
- la inclusión de empresas estatales debería depender de la forma en que fueran
gestionadas.  Se expuso el punto de vista de que las empresas obligadas a funcionar
con sujeción a las mismas consideraciones económicas que las empresas privadas no
deberían estar sometidas a las prescripciones en materia de transparencia, al menos
cuando no entraran en el ámbito del artículo XVII del GATT.  También se afirmó quehabría que establecer una distinción entre empresas estatales que funcionaban en un
régimen de competencia y las demás, aun cuando las segundas fueran gestionadas
atendiendo a consideraciones comerciales;
- podría examinarse, a la luz de la experiencia, la posibilidad de ampliar más aún el
ámbito de aplicación.
7. Se sugirió también que, al definir el alcance de un acuerdo sobre transparencia, el Grupo
tendría que definir los criterios aplicables para determinar si una entidad lleva a cabo actividades de
contratación pública a los efectos de un acuerdo sobre transparencia.  Así, por ejemplo, se propuso la
exclusión de las entidades en cuyo capital la participación del Estado fuera inferior al 50 por ciento.
También se sugirió que se debería asimismo tener en cuenta la legislación nacional que otorgabalegalmente a las entidades el derecho a llevar a cabo actividades de contratación pública o al gobierno
el poder para ejercer un control sobre las decisiones que adoptasen las entidades y las empresas en
materia de contratación.
8. Otra sugerencia fue que se determinase en una disposición el ámbito de aplicación de las
prescripciones específicas del acuerdo sobre transparencia.  Por ejemplo, las prescripciones en materiade promulgación de leyes y procedimientos podrían aplicarse de forma general a las entidades de
todos los niveles de gobierno.
B. ¿Q
UÉ SE ESTÁ CONTRATANDO ?
9. En cuanto a la pregunta, qué se contrata, se estimó que el alcance de un acuerdo sobre
transparencia podría abarcar todos los bienes y servicios, así como cualquier combinación de bienes
y servicios.
10. Con respecto a la utilización de valores de umbral en la determinación de la cobertura de un
acuerdo sobre transparencia, se opinó que, en pr incipio, el campo de aplicación de un acuerdo sobre
transparencia no debería limitarse a contratos de cuantía superior a un determinado umbral, si bien
ciertas disposiciones se podrían aplicar con mayor flexibilidad a contratos de valor reducido.
Tampoco sería apropiado eximir los contratos de valor reducido de la obligación de proporcionar
información sobre legislación nacional o los procedimientos para la calificación de los proveedoressobre la base de los valores de umbral.  Por otro lado, las prescripciones relativas a la publicación de
avisos de licitación, sobre todo en un idioma extranjero, podían ser relativamente menos estrictos para
los contratos de valor reducido.  Se sugirió asimismo que las obligaciones en materia de transparencia
se aplicaran únicamente a la contratación que superara determinados niveles de umbral, con el fin de
evitar procedimientos gravosos y los costos relativos a la publicación de todas las oportunidades decontratación, y que en sus trabajos el Grupo tuviera en cuenta las prácticas nacionales a este respecto.
Los valores mínimos podrían variar según el nivel de gobierno y utilizarse para definir el ámbito deWT/WGTGP/2
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aplicación de las normas a las entidades de los niveles subcentrales de gobierno.  También se indicó
que los valores de umbral podrían ser distintos según el nivel de desarrollo de los Miembros.
C. ¿QUÉ TIPOS DE TRANSACCIONES SE INCLUYEN ?
11. En lo que respecta a qué tipos de transacciones se deberían abarcar, se sugirió que se
incluyera la adquisición por cualquier instrumento co ntractual, incluido por ejemplo, el arrendamiento
financiero o no financiero.  También se preguntó si habría que incluir y, en la afirmativa en qué
medida, las concesiones y los contratos de construcción, explotación y retrocesión. Se señaló también
que en ese ámbito no debería incluirse la privatización.
12. En cuanto a las concesiones -en el sentido del otorgamiento de determinados derechos
exclusivos por un gobierno a un particular por un plazo fijo con el fin de proporcionar un producto u
ofrecer un servicio al público por cuenta del primero (por ejemplo para construir y explotar autopistas
o aeropuertos)- una opinión se manifestó dicie ndo que, aun cuando en sí no se consideraran
transacciones de contratación pública, las concesiones deberían abordarse en el ámbito de un acuerdo
sobre transparencia, puesto que eran los principios de transparencia los que deberían regir los
procedimientos utilizados para otorgar las concesiones.
13. Se planteó la cuestión de si las concesiones se tratarían más adecuadamente como una
inversión o una prestación de servicios por cuenta del Estado, en cuyo caso deberían entrar a formarparte de otros acuerdos o iniciativas pertinentes.  Las concesiones que quedaban abarcadas en la
definición del modo tres, suministro de servicios, del AGCS podrían estar sujetas a las disciplinas
del artículo III de este Acuerdo.  Se ha dicho que el artículo III del AGCS no se aplicaría a las
concesiones que no estuvieran abarcadas por el artículo I del AGCS.
14. Se expresó la opinión de que las concesiones no deberían incluirse en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre transparencia.  Las normas que rigen las concesiones y la contratación pública eran
distintas en la práctica nacional.  La legislación nacional en materia de contratación pública no se
aplicaba a la contratación llevada a cabo por empresas privadas que explotaban concesiones otorgadas
por un gobierno.  A este respecto, se hicieron las siguientes comparaciones entre la contratación
pública, por una parte, y el otorgamiento de concesiones y las privatizaciones, por otra:
- respecto a las definiciones, la contratación pública era un procedimiento destinado a
regular la selección de contratistas para el suministro de bienes, la ejecución de obras
y la prestación de servicios.  El otorgamiento de una concesión adoptaba la forma de
una decisión unilateral del Estado que cedía a un particular el derecho a administrar
las obras públicas o a ofrecer un servicio público que es competencia exclusiva de
un gobierno, como por ejemplo la minería o la explotación del gas natural.
La privatización implicaba la venta de una empresa estatal o de sus activos.  Sesolicitó mayor aclaración de esta distinción;
- en cuanto a la forma, la contratación pública se hacía efectiva mediante una decisión
administrativa de la entidad contratante.  Las concesiones y las privatizaciones se
hacían efectivas mediante un decreto del poder ejecutivo a nivel del jefe de gobierno
o del Estado, con sujeción, en algunos casos, a la autorización del poder legislativo;
- respecto al objeto de las tres modalidades, la contratación pública afectaba a las
mercancías, las obras públicas y los servicios;  las concesiones, a las obras públicas o
los servicios;  y la privatización, a las empresas, la propiedad y los activos de Estado;
- en lo que respecta a los métodos, en la contratación pública se utilizaban métodos de
licitación abiertos, restrictivos o limitados.  El otorgamiento de concesiones seWT/WGTGP/2
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realizaba mediante licitaciones abiertas, restrictivas o limitadas o subastas.  Los
métodos utilizados en la privatización eran la venta o subasta públicas y la
liquidación de la deuda a cambio de participaciones en la empresa;
- en cuanto a la aplicación del Acuerdo sobre Contratación Pública, éste abarcaba las
contrataciones efectuadas por los concesionarios enumerados en el Apéndice I, perono el otorgamiento de una concesión.  La privatización no entraba en su ámbito de
competencia y podían verse excluidas del mismo las empresas a las que se había
retirado el control o la influencia estatal a través de la privatización;
- además, se dijo que las transacciones de contratación pública quedaban reflejadas en
el gasto público.  Los gobiernos no concluían forzosamente contratos con particulares
en el otorgamiento de concesiones.
15. Se propuso que los Miembros facilitasen información sobre la legislación y práctica
nacionales respecto a las concesiones.  Asimismo, se dijo que la cuestión de las concesiones planteaba
complejos interrogantes difíciles de responder en este momento.  Se indicó que algunas concesiones
podrían no estar comprendidas en el ámbito de la contratación pública.  No obstante, el Grupo debería
mantener en esta fase unos criterios amplios respecto a la inclusión de las concesiones dado que la
cuestión continúa siendo objeto de examen.  En este punto se hizo referencia a las actividades derecopilación de información realizadas por el Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS.
D. O
TRAS CUESTIONES RELATIVAS A LA DEFINICIÓN Y AL ALCANCE
16. Se suscitó la cuestión de las excepciones que cabría permitir en la cobertura básica de un
acuerdo sobre transparencia.  Una de las sugerencias fue que podría haber motivos para permitir la
exclusión de las esferas objeto de excepciones generales en el GATT de 1994, como las excepcionespor motivos de seguridad nacional.  Se dijo asimismo que podrían preverse excepciones por razones
de desarrollo.  También se expuso el punto de vista de que sería preferible dejar las cuestiones de las
exenciones permisibles para debatirlas en una fase en que se tuviera una idea más clara de la
definición general que pudiera emplearse.
17. En lo tocante a los aspectos de desarrollo, además de los puntos antes expuestos, se suscitó la
cuestión de carácter general de que en la definición de contratación pública a emplear en un acuerdo
sobre transparencia se debería tener en cuenta la función de las legislaciones nacionales en la atención
de las necesidades sociales y el desarrollo.
II. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN
18. Se señaló que, desde la perspectiva de la transparencia, el método de contratación empleado
es menos importante que asegurarse de que ese método se ajusta a los principios básicos en materia de
transparencia y eleva al máximo el nivel factible de la competencia en determinadas circunstancias.También se observó que el método de contratación pública utilizado no debía ser contrario a los
principios y objetivos de un acuerdo de transpar encia encaminado a fomentar sistemas abiertos y
competitivos.  Un posible acuerdo sobre transparencia debería orientarse a lograr la transparencia en
relación con los métodos empleados en los distintos países, en lugar de tratar de limitar o modificar
esos métodos.  Según estas opiniones, las circunstancias peculiares que se daban en una contratacióndada imponían la elección de un método determinado entre los distintos disponibles, y las autoridades
de contratación deberían mantener la flexibilidad de recurrir al mejor método en interés de la eficacia,
la competencia y la transparencia.  Toda disposición del acuerdo sobre transparencia debería ser lo
bastante flexible para abarcar la diversidad de los métodos de contratación pública utilizados en las
prácticas nacionales y permitir que se utilicen métodos que no estén basados en la licitación.  Si bienlos métodos usados por los Miembros de la OMC -por lo menos en el caso de los contratos de mayorWT/WGTGP/2
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valor- parecían basarse en su mayoría en el principio de licitación (abierta, selectiva, restringida) no
estaban necesariamente limitados a este principio (por ejemplo, tarjetas de compra,
catálogos electrónicos).
19. Se expresó la opinión de que el Grupo debería examinar la cuestión de los métodos de
contratación pública desde el punto de vista de la transparencia.  El estudio que efectuaría el Gruposobre esta cuestión podría centrarse en tres tipos de categorías:  cuando la información sobre la
oportunidad de la contratación pública y los criterios de selección se ponía públicamente a disposición
de todos los proveedores interesados;  cuando se llevaba a cabo una selección previa de proveedores
calificados y se transmitía la información solamente a esos proveedores;  y cuando la información no
se divulgaba públicamente sino que la entidad contratante llevaba a cabo una negociación en forma
separada con un determinado proveedor.  La utilización de estas categorías, centradas en los aspectos
de transparencia, ahorraría entrar en los detalles de los métodos de contratación.
20. En cuanto a los principales métodos de contratación utilizados, una de las opiniones expuestas
fue que el método más transparente era el de la licitación abierta o internacional en la que no existe
límite al número de licitantes potenciales;  los procedimientos selectivos eran justificables cuando no
era factible ni eficaz considerar y evaluar un amplio número de ofertas potenciales, a condición de que
a todos los proveedores potenciales interesados se les diera idéntica oportunidad de intentar acceder ala información relativa a una contratación y de tratar de ser invitados a una licitación.  También se
expuso la opinión de que la licitación abierta y la selectiva debían considerarse transparentes por
igual, siempre que la licitación selectiva se llevara a cabo de conformidad con los principios
pertinentes.  Se dijo asimismo que, si bien la licitación abierta era el método más transparente, no
resultaba necesariamente el más rentable, sobre todo en el caso de contrataciones complejas).Respecto del tercer método, la licitación restringida (individual, de fuente exclusiva, de fuente única
o directa), se sugirió que, dado que los medios de obtener la información pertinente y los criterios de
selección no se dieron a conocer públicamente, este método sólo se utilizara y justificara en
circunstancias excepcionales.  Tanto los instrumentos internacionales como la práctica nacional
aceptaban por lo general una serie de circunstancias y condiciones en las que se justificaba lautilización de la licitación restringida.
21. Se sugirieron los siguientes enfoques para abordar una licitación en un acuerdo sobre
transparencia:
- como quiera que la utilización del método permitía a las autoridades de contratación
prescindir de gran parte de las garantías de procedimiento propias de la transparencia,
en el acuerdo sobre transparencia se debería incluir una lista ilustrativa de las
circunstancias y condiciones específicas que justificaban la utilización de ese método;
- las disposiciones de un acuerdo de transparencia no deberían menoscabar el derecho
de las entidades contratantes a utilizar este método.  La exposición de las
circunstancias y condiciones exactas que justificaban el recurso a este tipo de método
podría ir más allá del alcance de un acuerdo sobre transparencia.  Convenía tener en
cuenta que los gobiernos perseguían otros objetivos en su política además de latransparencia;
- aun sin limitar las circunstancias en las que cabría permitir una licitación restringida,
el Grupo debería establecer disciplinas que se incluirían en un acuerdo sobre
transparencia para garantizar que, cuando se utilizaran, los procedimientos de
licitación restringida se emplearan de modo que ofrecieran la máxima transparenciaen cada fase del proceso de contratación;WT/WGTGP/2
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- cabría establecer una distinción entre una situación en que la finalidad de utilizar este
método fuera precisamente la de evitar la transparencia, v.gr.:  razones de seguridad
nacional, y casos en que el recurso a la licitación restringida tuviera por objeto hacer
frente a las necesidades que pudieran surgir debido a las circunstancias especiales de
la contratación;
- un acuerdo de transparencia no debería abarcar la contratación no abierta a la
licitación.
22. Se ha señalado ya una serie de circunstancias que podrían figurar en una lista ilustrativa o
determinar los casos generales en que se justificaría el recurso a la licitación restringida.  Entre éstas
se cuentan:
- en situaciones de extrema urgencia provocadas por circunstancias que la autoridad
adjudicataria no haya podido prever (por ejemplo, en caso de desastres naturales)y que no tengan su origen en la propia entidad contratante como resultado, por
ejemplo, de su negligencia;
- a falta de ofertas convenientes, en el marco de procedimientos de licitación que no
restrinjan la competencia;
- cuando las ofertas recibidas resulten de una colusión;- cuando desde el principio de una licitación esté claro que únicamente un proveedor o
un grupo limitado de proveedores tiene el derecho real de las mercancías o servicios
ofrecidos, como, por ejemplo, las contrataciones que implican la protección de
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, o cuando intervienen otras
consideraciones técnicas o artísticas;
- en mercados de productos en que no haya proveedores particulares, porque el
mercado sea el proveedor;
- en la llamada "guerra de precios" donde la autoridad contratante puede lograr
economías excepcionales en una ocasión excepcional (por ejemplo, ventas
de liquidación);
- cuando un proveedor suministra un producto o un servicio con una posición
monopolista en el mercado;
- cuando un producto o un servicio sólo se pueden obtener en un determinado lugar
geográfico o de producción;
- cuando la contratación tiene fines de investigación o de experimentación y
no comerciales;
- por motivos de seguridad nacional.
23. Se han hecho referencias asimismo a las circunstancias que justifican la utilización del
método de la licitación restringida que figura en los apartados a) - j) del párrafo 1 del artículo XV del
Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública.WT/WGTGP/2
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24. En lo que respecta a garantizar que la licitación restringida, caso de emplearse, se utilice con
la máxima transparencia, se hicieron las sugerencias siguientes:
- la entidad contratante debería tratar por lo general de obtener más de una oferta si las
circunstancias lo permiten;
- la entidad contratante debería documentar las circunstancias específicas que hacen
necesaria esa licitación restringida;
- las notificaciones públicas de adjudicación de contratos deberían revelar las
circunstancias y motivos específicos por los que se seleccionó a un determinado
proveedor.
III. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LOS
PROCEDIMIENTOS NACIONALES
25. Se señaló que la transparencia significaba garantizar que la información relativa a las normas,
prácticas y oportunidades de contratación pública se encontrasen en una forma utilizable al alcance de
todas las partes interesadas (en particular los proveedores potenciales), así como asegurar el derecho
de acceso a dicha información.  Un componente esencial de la transparencia era la publicación de
información sobre el entorno general en que tuvo lugar la contratación pública y en que se esperaba
que las partes interesadas llevasen a cabo la transacción.  La publicación de la legislación nacional nosólo facilitaba a los proveedores potenciales unas directrices claras, sino que también constituía un
medio para controlar las prácticas arbitrarias del régimen de contratación.  La exactitud de los
procedimientos que se derivaba de ello reducía también los costos de la contratación.
26. También se señaló que a este respecto se planteaban dos cuestiones:  el alcance de la
información que debería darse a conocer y la forma en que debería se publicar.
27. En cuanto al primer punto se dijo que aparentemente había dos criterios para establecer el
alcance de la información que se debería publicar.  Con arreglo a un criterio formal deberían
publicarse, por ejemplo, todas las leyes, órdenes ministeriales, directrices administrativas o normas y
procedimientos internos;  el otro criterio consistiría en determinar el contenido sustancial de la
información que se debería publicar, independientemente de su forma legal.  Este segundo enfoquepuede ser más conveniente dado que lo importante es el contenido sustancial de la información que se
publique.  Esa información esencial es la relativa a las normas de alcance general que rigen la
participación en la licitación y la adjudicación de contratos, y que determinan asimismo qué
elementos quedan a discreción de la entidad contratante.  El segundo criterio presentaría ventajas dado
que el objetivo de la transparencia no se lograría si las publicaciones en las que figuraran las leyes y
reglamentos pertinentes no abarcaran los aspectos importantes de las prácticas y procedimientos
nacionales en materia de contratación pública.
28. Según otra sugerencia, todas las leyes, reglamentos, decisiones judiciales, directrices
administrativas y otros procedimientos de contratación pública deberían publicarse cuanto antes en
una forma que fuera pronta y fácilmente accesible para las partes interesadas, como los proveedores y
otros Miembros.  También debería publicarse cualquier cambio de esas leyes y reglamentos.
Respecto a la publicación de directrices administrativas, se dijo que quizá no conviniese publicarinformación sobre los procedimientos internos de los organismos oficiales porque podría perjudicar al
organismo contratante en, por ejemplo, sus negociaciones con los proveedores;  sólo debería ser
obligatoria la publicación de guías administrativas de los sistemas de contratación.  También se señaló
que la publicación de los reglamentos de cada una de las entidades contratantes representaría un
procedimiento administrativo oneroso.WT/WGTGP/2
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29. En lo que respecta a la segunda cuestión, es decir, cómo debe darse a conocer la información,
se hicieron las observaciones siguientes:
- la importancia residía en que la información se pusiera a disposición del público, y no
en la forma en que se publicara;
- debería hacerse una distinción entre la publicación de la información y el acceso a la
misma.  Se sugirió que deberían publicarse las leyes, reglamentos y otras medidas que
tuvieran fuerza y efecto de ley.  Respecto de las decisiones judiciales, se señaló que
las prescripciones en cuanto a su publicación que figuraran en un acuerdo deberían
tener en cuenta la diversidad de los mecanismos de elaboración de las leyes y
procedimientos nacionales.  Así, por ejemplo, en los sistemas judiciales en los que las
leyes se elaboraban a partir de la jurisprudencia, las decisiones judiciales podrían
tener gran importancia en el establecimiento de la legislación y los procedimientosnacionales;
- la publicación de información relativa a las decisiones judiciales, orientaciones
políticas y directrices administrativas podría ser gravosa.  No obstante, en cada país
debería facilitarse el acceso a las decisiones judiciales que tuvieran relación con las
prácticas de contratación y que no se publicaran en forma habitual;
- puede darse cumplimiento a las prescripciones de publicación utilizando medios
impresos o electrónicos.  La decisión debería quedar a discreción de los Miembros.
No debería prescribirse el uso obligatorio de medios electrónicos.  También se dijo
que las dos formas de publicación no deberían excluirse mutuamente.
30. Se señaló que las obligaciones en materia de publicación, incluso en el terreno de la
contratación pública, ya existían en la esfera de las mercancías en virtud del artículo X del GATT
de 1994 y en la esfera de los servicios en virtud del artículo III del AGCS.  Se observó que las
disposiciones de esos dos Acuerdos que eximían la contratación pública de ciertas obligaciones
derivadas del GATT y del AGCS (artículos III.8 a) y XVII.2 del GATT y el artículo XIII del AGCS)
no eran de aplicación a esas disposiciones de transparencia.
31. También se sugirió que la información sobre legislación y procedimientos nacionales se
facilitase al precio de costo de su publicación.  Se señaló que la cuestión de las tasas que se cobran por
la información se salían del ámbito de un estudio sobre la transparencia.  Las entidades estatales
deberían tener la posibilidad discrecional de cobrar tasas por encima del precio de costo.  No obstante,
las tasas por el suministro de información sobre la legislación y los procedimientos nacionales, no
deberían tener carácter discriminatorio.
32. Se señaló que la obligación de publicar leyes y reglamentos debería limitarse al idioma
nacional y no debería acarrear onerosas obligaciones de traducción.  Se afirmó que organismos
públicos de algunos países facilitaban información sobre legislación en un idioma extranjero o un
resumen de una legislación en concreto en un idioma de la OMC.
33. Se observó que las partes interesadas deberían saber, bien dónde localizar esa información,
bien a quién dirigirse. Un acuerdo sobre transparencia podría estipular la obligación de que losMiembros notificasen su fuente de información y/o estableciesen y comunicasen la existencia de
servicios de información (por ejemplo, un espacio en Internet), en los que otros Miembros o quizás
proveedores interesados pudieran obtener explicaciones acerca de la legislación y los procedimientos
nacionales, incluso información sobre las medidas prácticas que entraña una licitación, sobre
cualquier trato preferencial para los proveedores nacionales así como sobre los mecanismosnacionales de examen.  A este respecto, se hizo referencia a la disposición del párrafo 4 delWT/WGTGP/2
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artículo III del AGCS y también a la del párrafo 2 del artículo IV del mismo Acuerdo que disponen
que los Miembros que sean países desarrollados, y en la medida posible los demás Miembros,
establecerán puntos de contacto para facilitar a los proveedores de servicios de los países en desarrollo
Miembros la obtención de información.  Se afirmó que debería estudiarse cuidadosamente la
posibilidad de proporcionar servicios de información en relación con los sistemas de contratacióndescentralizada, sobre todo en los Estados federales.  Todas las obligaciones deberían establecerse sin
perjuicio de los sistemas de contratación descentralizada.  A este respecto, se sugirió que en los
sistemas de contratación nacional descentralizada se designara una oficina central para llevar una lista
de los lugares de contacto a nivel subcentral.  En este sentido se expresó la opinión de que podría
resultar oneroso establecer servicios de información en los niveles subcentrales.
34. Al debatir este tema, se recordó la pertinencia de la cobertura global de un acuerdo sobre
transparencia.  A este respecto, se sugirió que la obligación en materia de publicación debería referirseúnicamente a situaciones en que el acceso estuviera abierto a los productos y los proveedores
extranjeros.  También se expresó la opinión contraria, con el argumento de que sería indispensable
disponer de información sobre cualquier política, incluso de preferencias en favor de los proveedores
nacionales, con el fin de determinar si los mercados de contratación estaban abiertos a los proveedores
extranjeros.  Con respecto a la expresión "proveedores extranjeros", se observó que con arreglo aalgunas prácticas nacionales se utilizaba la contratación pública como instrumento de promoción de
los productos y proveedores nacionales y que en es os casos no se otorgaría el trato nacional a los
proveedores que no tuvieran una presencia comercial en el país de la entidad contratante.
35. Se señaló el vínculo entre ese tema y el de la sección X, relativo a las disposiciones en
materia de notificación de la información a otros gobiernos en virtud de un acuerdo sobretransparencia adecuado.
36. Se hicieron varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos III
a VII de la Lista Recapitulativa".  Esas observaciones se incluirán en la versión revisada de esta nota,
actualmente en preparación.
IV. INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE CONTRATACIÓN,
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CALIFICACIÓN
37. Se señaló que el suministro de información previa sobre las oportunidades de contratación
pública favorecía la participación de licitantes potenciales en el proceso de contratación.  Una amplia
participación de licitantes en el proceso de contratación contribuía a mejorar la eficacia de la
contratación pública.  A fin de lograr tal participación, deberá facilitarse información sobre las
oportunidades de contratación en los avisos de licitación y en los pliegos de condiciones.
38. Se indicó asimismo que la información sobre oportunidades de contratación en los avisos de
invitación a licitar debería ser suficientemente completa para permitir a los proveedores potenciales
evaluar su interés en participar en la contratación propuesta y tratar de obtener pliegos de condiciones,
y la información de los pliegos de condiciones lo bastante específica para que los proveedores
pudieran preparar ofertas en consecuencia.  Se reconoció que las prácticas nacionales relativas a lacantidad de detalles incluidos, respectivamente, en los avisos de licitación iniciales y en los
subsiguientes pliegos de condiciones diferían considerablemente y que podría no ser necesario
establecer unos requisitos mínimos precisos sobre su contenido específico o tratar de armonizar ese
punto.  Bastaría que en el acuerdo sobre transparencia se desarrollara una serie de elementos en forma
de principios generales.WT/WGTGP/2
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39. A este respecto, se formularon observaciones en las que se sugería que el grado de detalle de
la información que debía facilitarse podría asimismo variar en las diferentes fases de la licitación y
según los métodos de contratación utilizados.  Mientras que en los procedimientos de contratación
abierta debería proporcionarse información detallada en el marco de un procedimiento selectivo, las
prescripciones en materia de publicación de info rmación sobre licitación en un medio de amplia
difusión deberían ser flexibles para posibilitar el envío directo de pliegos de condiciones a
proveedores registrados.  La información que se suministrase a los proveedores precalificados podría
ser más detallada que la difundida en los avisos públicos que se hallasen al alcance de todos los
proveedores.
40. En cuanto a los pliegos de condiciones, se dijo que habrían de facilitar toda la información
necesaria para presentar una oferta válida que no se hubiese suministrado en los avisos de licitación.
Los pliegos deberían establecer las pautas de evaluación de las ofertas y la adjudicación del contrato,en particular las prescripciones respecto de las especificaciones técnicas, además de cualquier
preferencia de que disfruten los suministros y los proveedores nacionales y cualquier otro criterio de
evaluación basado en consideraciones socioeconómicas.  También se dijo que la información
facilitada en los pliegos de condiciones debería ser lo suficientemente general para que la
presentación de ofertas permitiera a las entidades contratantes la comparación y la asignación eficazde recursos.
41. Se observó que las normas relativas a la información sobre oportunidades de licitación que se
establecieran en el acuerdo sobre transparencia deberían aplicarse con carácter no discriminatorio y
únicamente en los casos en que los mercados nacionales estuvieran abiertos a los proveedores
extranjeros;  en  caso contrario, se aplicarían los procedimientos nacionales.
42. También se dijo que para la transparencia de la contratación era indispensable proporcionar
información sobre oportunidades de contratación, independientemente del derecho de los proveedores
extranjeros a participar, y que esa información previa era beneficiosa tanto para los proveedores
nacionales como para los extranjeros.  A este respecto se hicieron las siguientes observaciones:
- las obligaciones de un acuerdo sobre transparencia deberían aplicarse a todos los
tipos de contratación pública incluidos en su alcance, independientemente de que los
proveedores tuvieran o no acceso a las oportunidades de contratación.  Debería
observarse el principio de acceso no discriminatorio a la información
independientemente de cualquier medida que excluyera a los proveedores extranjeros
de acceder a las oportunidades de contratación o de la existencia de trato preferencial
para los proveedores nacionales.  Era esencial crear condiciones de competencia y
transparencia en los mercados nacionales para lograr la transparencia en el planointernacional;
- el acceso a la información sobre las políticas existentes, incluidas las preferencias a
favor de los proveedores nacionales, permitiría a los proveedores saber si,
efectivamente, los mercados de contratación están abiertos a los proveedores
extranjeros.  Desde el punto de vista estatal, la transparencia respecto del grado deapertura de los mercados evitaría nuevas solicitudes de información de los
proveedores extranjeros sobre el acceso al mercado.  Ese tipo de información también
beneficiaría a los proveedores, quienes podrían decidir con antelación la utilidad o
inutilidad de preparar ofertas;
- si las obligaciones en materia de transparencia se aplicaran solamente en la medida en
que los licitantes extranjeros tuvieran acceso a los mercados de contratación, surgiría
una falta de equidad entre los Miembros del acuerdo de transparencia.  El resultado
sería un acuerdo que impondría muchas más obligaciones en materia de transparenciaWT/WGTGP/2
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a los países cuyos mercados estuvieran plenamente abiertos a los proveedores
extranjeros y que no aplicaran medidas de preferencia nacional.  En cambio, los
países con mercados relativamente cerrados y que excluyeran a los proveedores
extranjeros en un gran número de sectores se verían sometidos a menos obligaciones;
- habida cuenta de que un acuerdo de transparencia no impediría limitar la contratación
pública a los proveedores nacionales, un Miembro no vulneraría los derechos de otros
Miembros si limitara sus obligaciones en materia de transparencia a la contratación
pública abierta a la competencia internacional, ya que los proveedores extranjeros no
se interesarían en obtener información sobre una contratación a la que no tuvieran
acceso;
- una prescripción en materia de transparencia en la contratación pública, que no
tuviera en cuenta el grado de apertura de los mercados, resultaría en la transposiciónde las obligaciones sobre el acceso a los mercados a un acuerdo sobre transparencia.
Los argumentos a favor de la transparencia en todas las contrataciones públicas
implicarían la exigencia de que todos los Miembros otorgaran asimismo el acceso a
sus mercados dado que, al mantenerlos cerrados, asumirían menos obligaciones en
materia de transparencia.  Todos los países eran libres de asumir mayoresobligaciones en materia de transparencia abriendo sus mercados si así lo desearan;
- la decisión de un país de abrir sus mercados era independiente de las prescripciones
de un acuerdo en materia de transparencia.  En un acuerdo de esta naturaleza el
equilibrio debe buscarse en las obligaciones en materia de transparencia y no en las
obligaciones en materia de acceso a los mercados.  Al aceptar las obligaciones enmateria de transparencia, los países debían tener en cuenta sus prácticas nacionales
individuales;
- sería más adecuado tratar de esta cuestión en el contexto del alcance global de un
acuerdo (véase la sección I);
- se debía alentar a los participantes del Grupo de Trabajo a que informaran sobre sus
prácticas nacionales en materia de suministro de la información relativa a las
contrataciones que no estaban abiertas a la competencia internacional.
43. Se planteó la cuestión de si la apertura dependería solamente de los criterios generales que
estableciera la ley o si podría depender de una decisión caso por caso de la autoridad encargada de la
contratación.  A este respecto, se expresaron los siguientes puntos de vista:
- en la medida en que los contratos se decidieran caso por caso, sería prerrogativa de la
autoridad estatal no abrir una determinada oportunidad de contratación a losproveedores extranjeros;
- el objetivo de un acuerdo sobre transparencia se frustraría si la participación de
proveedores extranjeros en una determinada contratación se decidiera según los
méritos de cada caso individual;
- en los países en los que las decisiones de abrir la competencia a proveedores
extranjeros se adoptaran caso por caso las decisiones se podrían adoptar bien al
comienzo del procedimiento de licitación o en el momento de la adjudicación del
contrato.  Con esta última opción habría una falta evidente de transparencia si la
autoridad estatal decidiera adjudicar los contratos sólo a proveedores nacionales.WT/WGTGP/2
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Deberían elaborarse disciplinas para dar la mayor transparencia posible a las
situaciones en las que las decisiones se adoptaran caso por caso.
A. PUBLICACIÓN
44. En cuanto al suministro previo de información sobre las oportunidades de licitación, se
mencionaron dos cuestiones fundamentales:  dónde encontrar la información (publicación) y elcontenido de esa información.  Respecto a dónde pueden encontrar los proveedores potenciales la
información (publicación), se formularon  las siguientes observaciones:
- deberían darse a conocer a las partes interesadas, las oportunidades de contratación y
los requisitos de procedimiento conexos, poniéndolos a su alcance a través de una
fuente accesible;
- la decisión sobre la fuente utilizada para poner a disposición de todos los interesados
la información acerca de las oportunidades de contratación debería dejarse en manosde los Miembros de la OMC, pero su grado de disponibilidad debería ser
proporcional al del interés que se estime suscitará la contratación.  Es decir, cuando
fuese probable que una oportunidad de contratación fuera a atraer el interés
internacional, debería publicarse a través de una fuente a la que tuvieran acceso los
proveedores y los prestatarios de servicios extranjeros potenciales en lugar de, porejemplo, poner un aviso en un ayuntamiento.  También se señaló que no parecía
necesario establecer el requisito de que los avisos de licitación aparecieran en una
publicación internacional;  más bien, debería esperarse que los proveedores
interesados se mantuviesen informados de lo publicado en el país;
- las oportunidades de licitación deberían publicarse en medios impresos y/o
electrónicos.  En el primer caso, los medios podrían ser el boletín oficial o un
periódico nacional de amplia difusión;
- la publicación electrónica debería utilizarse cuando fuera posible, teniendo en cuenta
el nivel de desarrollo de los distintos Miembros de la OMC.  Podría facilitarse la
dirección Internet de las publicaciones electrónicas.  También se dijo que lapublicación electrónica ofrecía importantes ventajas en cuanto al tiempo y los costos
y, habida cuenta de la tendencia actual, su utilización iría en aumento en los
próximos años (véase también la sección IX B);
- la decisión sobre el medio utilizado para la publicación debería dejarse a la discreción
de cada uno de los Miembros de la OMC y la publicación electrónica debería
constituir una opción y no una obligación.  Esto permitiría que se tuvieran en cuenta
las diferencias en la capacidad de utilización de los medios electrónicos depublicación entre los Miembros de la OMC, entre las regiones de un Miembro de la
OMC y, entre los proveedores;
- se deberían tener debidamente en cuenta los sistemas en los que la información era
facilitada por proveedores de servicios del sector privado que actuaban en nombre de
las entidades de contratación pública;
- en los procedimientos de licitación restringida en que la entidad contratante se pone
en contacto directamente con los proveedores precalificados, no parecía necesaria la
publicación previa de avisos de licitación;WT/WGTGP/2
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- en el marco de procedimientos selectivos también se publicaban algunos avisos de los
Miembros de invitación a licitar y de precalificación;
- las prescripciones en materia de publicación de avisos de licitación podrían ser menos
estrictas para las contrataciones de escasa cuantía con el objeto de evitar cargas
administrativas onerosas;
- la publicación de las oportunidades de licitación no debería circunscribirse a los
contratos de cuantía superior a un determinado nivel (véase también la sección I).
45. Se formuló la observación de que la exención a la obligación de publicar las oportunidades de
contratación (por ejemplo, para tener en  cuenta el sistema de licitación restringida de algunas
prácticas nacionales) sólo debería permitirse en casos excepcionales y justificados.  Estas
circunstancias deberían ser las mismas que las establecidas para la utilización de métodos de
contratación que restringen gravemente la competencia.  Se emitieron algunas sugerencias sobresituaciones en que no se debería exigir la publicación.  Podría ser el caso, por ejemplo, de las compras
por una cuantía inferior a los niveles del umbral y de las adquisiciones que no se efectuaran mediante
procedimientos de licitación abierta sino, por ejemplo, de licitación restringida.  Se señaló que, en el
segundo caso, sería importante que se facilitase información adecuada sobre las condiciones
requeridas para participar en los procedimientos de licitación selectiva y que se publicasen avisos conposterioridad a la adjudicación de los contratos.  Otra opinión fue que, por motivos de transparencia,
la publicación de las oportunidades de contratación no deberían circunscribirse en principio a los
contratos de cuantía superior a un determinado nivel de umbral.
B. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN
46. En relación con los requisitos mínimos sobre la información que debe publicarse acerca de las
oportunidades de contratación, se señaló que, aunque las prácticas nacionales difieran en cuanto a la
cantidad de información que ha de facilitarse, en los avisos de invitación a licitar y en los pliegos de
condiciones ésta deberá ser suficientemente amplia para permitir a los proveedores potenciales
evaluar su interés en participar en la contratación propuesta o en el sistema de selección y preparar
ofertas o propuestas para la selección en consecuencia.  Los Miembros deberían poder decidir si estainformación debería facilitarse sólo a través de los avisos de licitación o si el grueso de la información
debería suministrarse en los pliegos de condiciones o por otros medios.
47. Se sugirió la posibilidad de elaborar una lista ilustrativa del tipo de información que debieran
contener estos documentos.  Al menos, debería facilitarse la siguiente información:
en relación con la entidad contratante:
- nombre y dirección completos de la entidad contratante (el departamento o servicio
de compras, la ubicación de la oficina responsable y la división o sección deldepartamento o servicio);
- dirección completa del centro de documentación o del servicio al que se puede
solicitar información adicional, en particular sobre las prescripciones técnicas y
comerciales, y cualquier otra información o documentos pertinentes, el plazo límite
para hacer la solicitud y, en su caso, el costo de la información;  y el número dereferencia que identifica la solicitud en el registro del departamento o el servicio,WT/WGTGP/2
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en relación con los proveedores:
- cualquier requisito en relación con el proveedor o prestatario de servicios, por
ejemplo, los requisitos económicos y de selección,
en relación con la contratación:
- una descripción identificable (naturaleza) de los bienes y/o servicios suministrados,
indicando su cantidad o la duración de la prestación;
- el lugar de entrega de los productos o de prestación del servicio y, en su caso, el plazo
de entrega y de finalización o de duración del contrato,
en relación con la evaluación de las licitaciones:
- el procedimiento de contratación que se prevé utilizar (abierto, selectivo, con
negociaciones, etc.);
- los criterios de adjudicación del contrato, incluidos factores distintos del precio, que
se consideran en la evaluación de las licitaciones (oferta económicamente más
ventajosa);
- información sobre la existencia de condiciones favorables a los proveedores
nacionales en la adjudicación de los contratos, tales como preferencias en materia de
precios, prescripciones en materia de contenido local o cualquier otra políticadiscriminatoria.  A este respecto, se dijo asimismo que si en el boletín oficial ya se
hubiese publicado información detallada sobre las preferencias nacionales o de las
políticas discriminatorias no sería necesario facilitar dicha información;
- cualquier especificación técnica requerida;
- cuando proceda, el lugar, la fecha y la hora de cualquier reunión informativa pública
sobre los requisitos que se celebre,
en relación con la presentación, recepción y apertura de las licitaciones:
- el plazo límite para la presentación/recepción de las licitaciones o de las solicitudes
de invitación a participar en un sistema de selección;
- la dirección a la que deben enviarse las ofertas o las solicitudes de invitación a
participar en un sistema de calificación;
- los detalles sobre los requisitos respecto al idioma o a los idiomas en que deben
presentarse las licitaciones;
- la fecha y el lugar de apertura de las licitaciones.
48. Se expresó la opinión de que una lista de esa naturaleza sería excesivamente gravosa, sobre
todo en los países en los cuales las entidades estatales convocaban un gran número de licitaciones.WT/WGTGP/2
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49. Asimismo, se sugirió que las entidades publicaran voluntaria y periódicamente un resumen de
la información sobre las contrataciones que tienen previsto realizar.  Se propuso que sólo las entidades
que pudiesen planificar con suficiente antelación sus actividades de contratación tuviesen acceso a
estos procedimientos.
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
50. En lo que respecta a la especificación de los criterios para la evaluación de las ofertas y la
adjudicación de los contratos en los avisos públicos y/o los pliegos de condiciones, se recordó que la
cuestión de si las preferencias nacionales u otras políticas que sirven de base a las prácticas de
carácter discriminatorio deberían formar parte de esos criterios no incumbía a la labor del Grupo.  Sin
embargo, se insistió en la importancia de dar a conocer por anticipado la información sobre esas
preferencias nacionales y otras medidas a favor de los productos y de los proveedores nacionales en
los pliegos de condiciones y/o los anuncios de licitación pública.  Se indicó que la transparencia en loque hace a la existencia de preferencias u otras prescripciones discriminatorias permitiría a los
licitadores extranjeros potenciales determinar si tenían interés en participar en un determinado
proceso de contratación a pesar de las políticas discriminatorias nacionales.  Los proveedores
interesados sólo podrían distinguir entre oportunidades de compra reservadas para los proveedores
nacionales y las que estaban abiertas a la competencia internacional si se les proporcionara poranticipado información relativa a cualesquiera políticas discriminatorias.  La comunicación de
información fidedigna sobre preferencias en materia de precios o prescripciones para la calificación
que favorecen a los proveedores nacionales permitiría a los proveedores calcular su interés y evaluar
la oportunidad real de conseguir un contrato.  Además, esa información permitiría a los proveedores
interesados adoptar decisiones con conocimiento de causa al preparar ofertas que respondieran a lascondiciones fijadas a este respecto en el pliego de condiciones.  Al evitar la participación en procesos
de contratación en que sus ofertas acabarían por ser desechadas, los proveedores no sólo
economizarían sus recursos sino también los de las entidades de contratación.  Además, una clara
especificación de los requisitos basados en consideraciones socioeconómicas contenidos en los
pliegos de condiciones facilitaría la aplicación de esas políticas al proporcionar transparencia en loque respecta al carácter de las necesidades socioeconómicas aplicables a contrataciones específicas.
Según una opinión, la información relativa a las preferencias para los productos y los proveedores
nacionales sólo debería incluirse en los avisos de licitación y/o pliegos de condiciones cuando no
pudiera obtenerse adecuadamente de las leyes o reglamentos de aplicación general, bien exponiendo
la información pertinente bien mediante una referencia explícita a la legislación aplicable.  Según otra
opinión, era evidente que en los avisos de licitación y/o los pliegos de condiciones deberían figurar
siempre referencias claras a cualesquiera políticas nacionales, así como a las preferencias aplicadas.A este respecto se señaló que el establecimiento de vínculos entre los pliegos de condiciones
publicados por medios electrónicos y las leyes y reglamentos pertinentes permitiría a los proveedores
buscar fácilmente complementos de información sobre cualesquiera políticas discriminatorias
aplicables.  En lo que respecta a las transacciones de compensación, se opinó que, en caso de que se
utilizaran, deberían formar parte de los criterios de calificación más que de los criterios de evaluaciónde las ofertas.
51. Se señaló que las especificaciones técnicas eran un elemento importante de los criterios de
evaluación y su papel en la realización del proceso de contratación se haría todavía más significativo
en el futuro con procedimientos de contratación cada vez más complejos.  También se señaló que las
especificaciones técnicas no deberían elaborarse de manera que exigiesen el empleo de tecnología quesólo estuviera al alcance de un limitado número de proveedores.  Se expusieron también puntos de
vista en el sentido de que el acuerdo sobre transparencia debería fomentar la utilización de
especificaciones basadas en el cumplimiento con preferencia a especificaciones basadas en diseños y
que, siempre que fuera posible, las especificaciones técnicas se deberían basar en normas convenidas
internacionalmente o en otras pertinentes.  Asimismo, se dijo que cualquier modificación que seWT/WGTGP/2
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introdujera en las especificaciones técnicas debería darse a conocer a todos los proveedores
interesados.
D. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
52. En lo que respecta a las aclaraciones relativas a los pliegos de condiciones que proporcionan
las entidades adjudicadoras a los proveedores potenciales, se dijo que la entidad adjudicadora debíacontestar de buena fe a cualquier pregunta de los proveedores interesados.  Toda información
proporcionada en respuesta a la solicitud de aclaración de un proveedor debía ser transmitida
simultáneamente a los demás proveedores que participaran en el proceso de contratación.
53. Asimismo, se dijo que se debería informar a todos los proveedores potenciales de cualquier
cambio que se introdujera en la información contenida en los avisos de licitación y en los pliegos de
condiciones.  A este respecto se dijo también que un acuerdo sobre transparencia debería especificar
claramente que los proveedores que hubieran solicitado en un primer momento los pliegos decondiciones o hubieran mostrado interés en la oportunidad de contratación pública deberían recibir
cualquier información adicional por los mismos medios utilizados para transmitirles la primera
información.
E. IDIOMA
54. Se sugirió que sólo fuese obligatorio publicar los avisos de invitación a licitar en un idioma
nacional oficial.  La traducción de toda la publicación a un idioma de la OMC podría resultar
demasiado onerosa.  También se sugirió que, cuando fuera posible, los avisos de licitación se
publicasen en un idioma de la OMC.  Otra sugerencia fue dejar a la discreción de las autoridades
contratantes la decisión de si la traducción de los avisos de licitación debería circunscribirse a las
oportunidades de licitación que pudiesen interesar a proveedores internacionales.
55. Se propuso que, además de publicar la totalidad de la información en el idioma nacional
oficial del Miembro de la OMC interesado, se considerase la posibilidad de publicar, también en uno
de los idiomas oficiales de la Organización un resumen de los principales elementos de la información
contenida en las invitaciones a licitar.  Este resumen podría abarcar los siguientes elementos:
- nombre y dirección de la entidad contratante;- naturaleza (objeto) del contrato;
- plazos para la presentación de licitaciones o de solicitudes para recibir invitación a
participar en la licitación;
- dirección donde puede obtenerse mayor información.
56. Se sugirió asimismo la posibilidad de prever una limitación a la obligación de facilitar un
resumen de los avisos de licitación en uno de los idiomas oficiales de la OMC, en el caso, por
ejemplo, de los avisos de licitación de contrataciones de escaso valor que revistiesen poco interés paralos proveedores internacionales.  Se señaló que facilitar un resumen de todos los avisos de licitación
podría generar costos administrativos ex cesivos (véase tambié n la secci ón IX C).
57. Se formularon varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos III a
VII de la Lista Recapitulativa".  Esas observaciones se incluirán en la versión revisada de esta nota,actualmente en preparación.WT/WGTGP/2
Página 20
V. PLAZOS
58. En lo que respecta a los plazos mínimos establecidos para que los proveedores potenciales
cumplan los requisitos de las diferentes fases del proceso de contratación, se señaló que los plazos
variaban considerablemente en los instrumentos internacionales y en la práctica nacional vigentes.  Se
sugirió que, en lugar de establecer plazos mínimos específicos en el acuerdo sobre transparencia, elGrupo se pusiera de acuerdo sobre un principio general, como el de la Ley Modelo de la CNUDMI o
el párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo sobre Contratación Pública.
1  El acuerdo sobre transparencia
no debería ser excesivamente preceptivo a este respecto.  Cualquier disposición sobre plazos debería
establecerse sólo como recomendación.  Los plazos habrían de ser suficientemente amplios para dar a
los proveedores, tanto extranjeros como nacionales, una oportunidad significativa de aprovechar la
información pertinente y de presentar ofertas satisfactorias.  También se dijo que en la elaboración de
prescripciones en materia de plazos debería encontrarse un equilibrio;  con plazos más amplios, lasentidades contratantes podrían recurrir con mayor frecuencia a los procedimientos de licitación
restringida. También se señaló a este respecto que no se debería exigir a los Miembros que fijaran
plazos que fueran de la conveniencia de los proveedores extranjeros, quienes debían recibir el trato
nacional y de NMF.
59. Debería preverse un tiempo suficiente para la preparación, presentación y recepción de ofertas
que respondan a las diferentes oportunidades de contratación.  Los plazos establecidos no deberían
redundar en perjuicio de los principios y objetivos del acuerdo sobre trasparencia.  Deberían
determinarse teniendo debidamente en cuenta las particulares circunstancias de la contratación
(incluido el grado de interés probable), así como su complejidad.  Cualquier cambio que se introduzca
en los plazos debería darse a conocer a todos los proveedores.
60. Se formularon varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos III a
VII de la Lista Recapitulativa".  Esas observaciones se incluirán en la versión revisada de esta nota,
actualmente en preparación.
VI. TRANSPARENCIA DE LAS DECISIONES EN MATERIA DE CALIFICACIÓN
61. Se señaló que los sistemas de registro y de calificación desempeñaban una útil función en la
licitación siempre que se aplicaran de manera por entero transparente.  A este respecto, el principio
clave de la transparencia es que las decisiones en materia de registro y calificación de los proveedores
se adopten basándose sólo en criterios determinados al comienzo del proceso y previamente
divulgados a los proveedores.  Se deberá comunicar a todos los proveedores interesados cualquier
modificación de los requisitos de calificación.  También se ha señalado que los sistemas de
precalificación no deberían ser exclusivos:  a los nuevos proveedores debería dárseles la mismaoportunidad (o, según una opinión, por lo menos una oportunidad razonable) de figurar en una lista de
calificación que se dio a los ya calificados. Se hizo una distinción entre sistemas de calificación que
podrían abarcar potencialmente una serie de contratos distintos y la calificación sobre una base
contrato por contrato.  Se señaló igualmente que la cuestión de la calificación de los proveedores
podría desempeñar un mayor papel en la contratación de servicios que en la contratación de bienes.
                                                     
1 El apartado a) del párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo sobre Contratación Pública dice lo siguiente:
"Los plazos establecidos serán suficientes para que tanto los proveedores de las demás Partes como losnacionales puedan preparar y presentar sus ofertas antes del cierre de la licitación.  Al determinar esos plazos,
las entidades tendrán en cuenta, de acuerdo con sus pr opias necesidades razonables, factores tales como la
complejidad del contrato previsto, el grado previsto de subcontratación y el tiempo que normalmente se requiera
para transmitir las ofertas por correo desde el extranjero o dentro del territorio nacional."WT/WGTGP/2
Página 21
62. También se señaló que, una vez fijados los criterios de calificación en las invitaciones a
precalificar o a presentar pliegos de condiciones, habría que aplicarlos en forma no discriminatoria
respecto a la transparencia.  Los criterios de precalificación deberían darse a conocer a todos los
proveedores de manera no discriminatoria.  Esto no evitaría la inclusión de elementos preferenciales
en favor de la oferta interna ni que se incluyera a los proveedores nacionales en los criterios mismos.Se señaló asimismo que la transparencia en materia de calificaciones abarcaba cuestiones relativas a
un proceso con las debidas garantías.  Los proveedores deberían tener el derecho de impugnar las
decisiones en materia de calificaciones si no se hubieran respetado las normas del sistema.  Por otra
parte, se expresó también la opinión de que la aplicación de los principios de objetividad y no
discriminación a los criterios de precalificación iba más allá del concepto de transparencia.  No
debería haber discriminación respecto de la transparencia a pesar de la discriminación a favor de los
proveedores nacionales en el marco de preferencias u otros requisitos de compra de fuentesnacionales. También se dijo que con arreglo a determinados métodos de licitación no era posible
revertir las decisiones en materia de calificación aún en el caso de que pudiera considerarse a otros
proveedores como calificados en virtud de los criterios publicados.  Otra cuestión a la que se prestó
atención en relación con la transparencia era la situación en la que el proveedor que había presentado
la solicitud en virtud de criterios de calificación divulgados previamente no hubiera recibido decisiónalguna respecto de su solicitud.
63. Se formularon varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos III a
VII de la Lista Recapitulativa".  Esas observaciones se incluirán en la versión revisada de esta nota,
actualmente en preparación.
VII. TRANSPARENCIA DE LAS DECISIONES SOBRE ADJUDICACIÓN DE
CONTRATOS
64. Se señaló también que una parte esencial de la transparencia en la adopción de decisiones
sobre la atribución de contratos públicos es que esas decisiones se adopten estrictamente sobre la base
de criterios de evaluación (inclusive en relación con las especificaciones técnicas) expuestos poranticipado en los pliegos de condiciones y de conformidad con la información proporcionada acerca
de cómo se aplicarán esos criterios.  Además, a fin de garantizar la evidencia de que las decisiones se
adoptan de ese modo, habría que establecer criterios que permitiesen garantizar una aplicación lo más
objetiva posible.  Se observó asimismo que, como norma, el acuerdo sobre transparencia no
determinaría cuáles deberían ser esos criterios.  Se señaló que habría que tener en cuenta los casos en
que, por motivos de fuerza mayor, por ejemplo en el caso de la supresión o imposición de un
embargo, no fuera posible cumplir estrictamente los criterios establecidos en el pliego de condiciones.
65. En cuanto a la recepción y apertura de las licitaciones, se expresó la opinión de que, si bien
puede no ser necesario exigir la apertura pública de las ofertas para garantizar la transparencia, las
entidades adjudicadoras deberían disponer de procedimientos para garantizar la regularidad e
imparcialidad de la licitación y que no existió la posibilidad de manipular los elementos específicos de
las ofertas ni de proporcionar a un determinado ofertante información sobre otros licitantes.  A esterespecto se expuso el punto de vista de que los detalles relativos a los procedimientos acerca de la
forma en que las entidades adjudicadoras deberían tratar las ofertas recibidas no eran de la
incumbencia del Grupo de Trabajo.  Según otro punto de vista, habría que determinar si sería
suficiente incluir esos conceptos en principios generales o si habría que prever requisitos más
específicos.
66. Con respecto a la información a posteriori  sobre las adjudicaciones de contratos, se dijo que
los procedimientos de contratación podrían prever cierta forma de aviso público de las adjudicaciones
de contratos y dar al mismo tiempo a los licitadores oportunidad de recibir información, por ejemplo,
a petición escrita de un licitador no adjudicatario.  El anuncio público de los contratos adjudicadosWT/WGTGP/2
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también interesaba a la industria en general (como futuros licitadores potenciales) y a otros gobiernos
que desearan ver funcionar en la práctica el acuerdo sobre transparencia.  El Grupo necesitaría
considerar si fijar principios generales sería suficiente a este respecto o si habría que establecer los
tipos mínimos de información que se deberían proporcionar acerca de las adjudicaciones de
contratos.2 Se dijo asimismo que las decisiones en materia de adjudicación de contratos no
necesitaban incluir la información que ya había figurado en las pertinentes llamadas a licitación,
siempre que la información a posteriori  hiciera la correspondiente referencia a la información previa.
67. En cuanto a la finalidad y gestión de la información a posteriori , se sugirieron asimismo los
puntos siguientes:
- este tipo de información proporcionaba a los licitadores no adjudicatarios la
oportunidad de asegurarse de que habían sido tratados equitativamente según los
requisitos específicos, y de evaluar los criterios fijados en el pliego de condiciones,así como de cerciorarse de que las normas y prácticas aplicables se habían seguido
fielmente en la licitación;
- la decisión sobre los medios utilizados para transmitir dicha información debería
corresponder a los diferentes Miembros, pero las partes interesadas deberían
conocerla.  Al respecto se expresó la opinión de que sería un proceso largo y costosoinformar a cada uno de los licitantes en forma individual del resultado de su oferta.
Otro punto de vista expuesto fue que los licitantes no adjudicatarios deberían recibir
la información, pero que sería gravoso dar a conocer esa información públicamente;
- debería informarse a los licitantes no adjudicatarios del resultado de sus ofertas y,
cuando lo soliciten, de los motivos por los que se rechazaron sus propuestas y/o seseleccionó la oferta ganadora.  Esto constituía una garantía de transparencia, en
particular en circunstancias en que se facilitaba escasa información sobre el contrato
adjudicado;
- habría que proporcionar información a posteriori  sobre la adjudicación de contratos
independientemente del método de adjudicación utilizado.
- En las licitaciones limitadas, la información explicaría las razones por las que se
había recurrido a ese método.  Al respecto se observó que facilitar este tipo de
información se saldría del ámbito de un acuerdo sobre transparencia.  Se indicó
asimismo que el suministro de información a posteriori  revestía gran importancia en
los casos en que una determinada información no se había suministrado previamente.
                                                     
2 Se han sugerido los siguientes elementos específicos para los avisos de adjudicación de contratos:  el
departamento u organismo adjudicador, el lugar de la oficina de tramitación o la división o rama del
departamento u organismo;  una descripción de los suministros, así como el departamento u organismo que losnecesita, si es distinto del mencionado supra , suficientemente detallada para determinar su carácter, cantidad y
plazos aplicables;  el número de referencia que id entifique la compra o acuerdo en los registros del
departamento u organismo y la fecha de la compra o acuerdo;  el valor total del contrato y la fecha de la
celebración de éste.  Cuando no sea posible predecir con pr ecisión el valor total debido a la base del contrato,
por ejemplo el aumento progresivo de los precios, de la mano de obra y de los materiales, o de las tarifas, deberápublicarse el valor total estimado;  en nombre de los proveedores, su ubicación y código postal.  Cuando se haya
concertado un contrato colectivo deberán notificarse los detalles a todos los proveedores.  Sin embargo, si eseprocedimiento no resultara práctico, deberá publicar se una dirección del organismo con la que entrar en
contacto, destinada a las personas que deseen un complemento de información, así como el código pertinente
del producto y del servicio.WT/WGTGP/2
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Se incluiría en la información adicional una explicación de los motivos por los cuales
no se habían facilitado esos datos al comienzo del proceso de licitación;
- las prácticas nacionales determinarían si la información a posteriori  acerca de las
adjudicaciones de los contratos se debería proporcionar mediante la publicación de
avisos de adjudicación de contratos o bien, directamente, escribiendo a los distintoslicitadores;
- la información a posteriori  debería facilitarse dentro de un determinado plazo.  Se
observó que este requisito no excluía que los plazos fueran diferentes en los distintos
países.
68. En el proceso de información a los proveedores no adjudicatarios, las autoridades
compradoras deberían seguir los criterios de evaluación e indicar para cada una de las ofertas los
aspectos que habían resultado deficientes y por qué no habían sido seleccionadas.  Por otra parte, sedijo que comunicar a cada licitador no adjudicatario las razones por las que no consiguió la
adjudicación llevará demasiado tiempo.
69. Se observó que una serie de Acuerdos de la OMC, por ejemplo el Acuerdo sobre Valoración
en Aduana y el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, contienen requisitos relativos a la
comunicación de información a posteriori  a los agentes económicos. Se mencionó el vínculo entre la
comunicación de información a posteriori  y el tema VII acerca del examen y el apartado a) del
tema VIII acer ca del mantenimiento de expedientes de licitación.
70. Respecto de la información a posteriori , se ha estimado que convendría incluir una
disposición que salvaguardara la confidencialidad de la información en las adjudicaciones de los
contratos con el fin de proteger los legítimos intereses comerciales de las partes interesadas (ya seanentidades públicas o privadas), o por motivos de interés público.  A este respecto, un punto de partida
para el examen de esta cuestión podrían ser las disposiciones de otros Acuerdos de la OMC en materia
de información confidencial.  No debería obligarse a las entidades contratantes a suministrar
información confidencial que perjudicase los legítimos intereses comerciales de las empresas (ya sean
públicas o privadas).
71. Se formularon varias observaciones relativas a las propuestas concretas que presentaron los
Miembros según consta en la nota de la Secretaría titulada "Lista de Propuestas sobre los Puntos III a
VII de la Lista Recapitulativa".  Esas observaciones se incluirán en la versión revisada de esta nota,
actualmente en preparación.
VIII.  PROCEDIMIENTOS NACIONALES DE RECURSO
72. Se dijo que, para lograr la transparencia en las prácticas de contratación pública, no bastaba
con establecer normas;  debía haber también un mecanismo nacional de recurso para introducir unelemento de responsabilidad en el proceso y conseguir el respeto de las normas por todos los
participantes en el proceso de contratación.  La disponibilidad de una vía de recurso para los procesos
de contratación era un elemento clave de la transparencia.  El mecanismo de examen de las
reclamaciones de los proveedores o un sistema de impugnación de ofertas garantizaban la legitimidad
del procedimiento y la responsabilidad pública durante todo el proceso de contratación y permitía queéste fuera visto como transparente.  La existencia de un mecanismo de recurso podría hacer que las
autoridades de contratación pública fueran más conscientes de la necesidad de garantizar la
coherencia de los procedimientos utilizados en una determinada licitación con las leyes y los
reglamentos aplicables.WT/WGTGP/2
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73. Se estimó que podían encontrarse precedentes de mecanismos de recurso o apelación en una
serie de Acuerdos de la OMC, por ejemplo los Acuerdos Antidumping, sobre Valoración en Aduana,
sobre Inspección Previa a la Expedición y sobre los ADPIC.  Además, el artículo X del GATT
de 1994 relativo a la publicación y administración de los reglamentos comerciales contiene una
disposición general que exige la revisión independiente de las medidas administrativas relativas a lascuestiones de aduanas.  También en los principios no vinculantes del APEC sobre la contratación
pública
3 se hizo referencia al aspecto de proceso con todas las garantías.
74. Se afirmó que toda obligación de prever procedimientos de recurso en un acuerdo sobre
transparencia debería referirse exclusivamente a acciones en el ámbito de ese acuerdo, y no al fondo
de las medidas preferenciales relativas al acceso a los mercados en la contratación pública.  Aunque
suele ser difícil disociar los aspectos de la transparencia en la contratación pública de otros aspectos,
el Grupo debe guiarse en su trabajo por su mandato, en esta cuestión como en las demás.
75. Asimismo, se señaló que el mecanismo nacional de recurso podía lograrse a través de
diferentes medios.  Se observó que los procedimientos de recurso administrativo o judicial en interés
de lograr un proceso con todas las garantías y la rendición de cuentas públicamente eran comunes en
la mayor parte de los regímenes nacionales, por lo que ya contenían las principales características que
podrían ser aplicables a los procedimientos nacionales de recurso en un acuerdo sobre transparencia.Se expuso el punto de vista de que toda obligación de prever procedimientos nacionales de recurso en
un acuerdo sobre transparencia debería tener en cuenta esas prácticas y procedimientos nacionales;
no se debería intentar crear mecanismos especiales de recurso cuando ya existieran procedimientos
administrativos o judiciales internos apropiados.  Se indicó asimismo que el acuerdo de transparencia
no debería contener disposiciones en virtud de las cuales los Miembros tuviesen que adaptar sussistemas nacionales a determinados criterios establecidos y que habrían de respetarse plenamente los
sistemas nacionales vigentes.  El Grupo debería evitar formular abiertamente disposiciones
preceptivas acerca de las características específicas a las que deberían conformarse los sistemas
nacionales.  Las disposiciones deberían ser bastante flexibles para que los Miembros pudieran
designar sus mecanismos internos de recurso de conformidad con sus respectivas leyes nacionales yconfiar en los mecanismos de recurso administrativo o judicial que fueran compatibles con sus
ordenamientos jurídicos nacionales.  Esas disposiciones podrían adoptar la forma de una invitación a
que los Miembros de un acuerdo sobre transparencia previeran mecanismos nacionales de recurso.  La
elección del procedimiento de recurso debería dejarse en manos de los distintos Miembros, siempre
que el mecanismo elegido fuera transparente y ofreciese una garantía de independencia.  A este
respecto, se sugirió que, como primera medida, los Miembros comunicasen si sus sistemas nacionales
administrativos y judiciales de recurso abordaban cuestiones relacionadas con la contratación públicay, de ser así, en qué condiciones.
76. También se expuso el punto de vista de que la cuestión del recurso iba más allá de la
transparencia y, por consiguiente, del mandato de l Grupo de Trabajo, y que era prematuro abordarla.
Se dijo que los mecanismos internos de recurso administrativo o judicial figuraban ya en los
ordenamientos nacionales con el fin de rendir cuentas públicamente a nivel nacional, cuestión que noera de la incumbencia de un acuerdo sobre transparencia.  Se manifestaron preocupaciones de que
algunas partes privadas discrepantes pudieran utilizar las disposiciones de un acuerdo sobre
transparencia relativas al recurso para crear complicaciones en la escena política interna;  y, de que el
aumento de los procedimientos de recurso incrementara el número de problemas y causara gastos
inútiles.  Como el objetivo de los procedimientos internos de muchos países es examinar si lalicitación se ha llevado a cabo de conformidad con la legislación y los procedimientos internos,
aspecto que va más allá de las obligaciones que pudieran convenirse en un acuerdo sobre
transparencia, quizás no sea factible limitar la aplicación de los procedimientos de recurso a
                                                     
3 Distribuidos en el documento WT/WGTGP/W/11.WT/WGTGP/2
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obligaciones específicas de transparencia en un acuerdo de la OMC sobre transparencia.  Se estimó
que convendría que las prescripciones de transparencia respecto de los procedimientos de recurso se
limitaran a la transmisión de información acerca de las posibilidades existentes en virtud de los
procedimientos de recurso nacionales.
77. Se dijo que todos los proveedores potenciales, incluidos los procedentes de otros Miembros
de la OMC, deberían tener a su alcance un mecanismo de recurso.  A este respecto, se planteó la
pregunta de si las partes interesadas extranjeras podrían presentar demandas contra las autoridades
estatales nacionales en virtud de los mecanismos administrativos o judiciales internos existentes, o si
sería necesario prever procedimientos especiales en virtud de un acuerdo sobre transparencia con el
fin de garantizar la recepción de las demandas de proveedores extranjeros.
78. En tanto que algunas delegaciones indicaron que no habían concretado sus puntos de
vista sobre los aspectos específicos de un mecanismo de recurso, se llamó la atención sobre lassiguientes características de los mecanismos nacionales de recurso que podrían ser estudiadas por el
Grupo de Trabajo:
- alentar a los proveedores, en primer lugar, para que aborden la cuestión directamente
con la entidad adjudicadora para llegar a una pronta solución.  Los organismos
podrían disponer de procedimientos para atender directamente las reclamaciones;
- en algunos casos, cabría buscar la mediación o buenos oficios de una autoridad
independiente;
- si la cuestión no se resuelve a mutua satisfacción, disposiciones que permitan a los
proveedores incoar una acción contra la entidad adjudicadora ante una autoridad
judicial u otro órgano independiente;  se señaló que las disposiciones de recursodeberían proporcionar a los gobiernos Miembros flexibilidad para elegir entre
designar órganos judiciales o administrativos, o ambos;
- las disposiciones de recurso deberían exigir que los órganos de recurso fueran
imparciales e independientes del propio proceso de licitación.  Se señaló que el
apartado b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 proporcionaba ciertaorientación a este respecto;
- habría que tener en cuenta principios tales como la legalidad objetiva, las medidas de
oficio y la delegación material en los procedimientos de recurso;
- además de los procedimientos basados en demandas formales, habría que prever la
incoación de procedimientos de revisión, de oficio, por autoridades públicas
competentes o mecanismos nacionales para vigilar los procedimientos de licitación;
- el procedimiento de recurso deberá dar lugar a la publicación de una conclusión
argumentada.
79. Se expresó la opinión que las decisiones en materia de licitación diferían de otras muchas
decisiones administrativas en que los mecanismos de recurso tenían que funcionar con frecuencia
después de adjudicado el contrato.  Una disposici ón de recurso debería garantizar que las demandas
de los proveedores interesados se pudieran oír y decidir al respecto de manera que no perjudicara susintereses en las adjudicaciones en cuestión.  Esas garantías se podrían conseguir mediante decisiones
rápidas acerca de las demandas o mediante la suspensión de la licitación mientras las demandas
estuvieran pendientes de decisión.  A este respecto se señaló que la suspensión de una licitación ante
la impugnación de un proveedor podría detener todo el proceso de contratación hasta que se llegara aWT/WGTGP/2
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una decisión relativa a la impugnación.  Como esta situación podría ir en detrimento del interés
público y crear dificultades en el caso de una contratación de carácter urgente, la mayor parte de los
procedimientos nacionales de examen y las disposiciones del Acuerdo sobre Contratación Pública
prevén excepciones que permiten, en determinadas circunstancias, que el interés público prime sobre
cualquier otro interés en el momento de suspender un proceso de contratación.  En el caso de que sepudiera suspender ese proceso, podrían existir disposiciones en un acuerdo sobre transparencia para
continuar, aun así, la adjudicación de la licitación por motivos de interés público.
80. En relación con los recursos que podrían existir en virtud de las disposiciones de revisión, se
expusieron los puntos de vista siguientes:
- la mayor parte de los sistemas nacionales de revisión prevén ya recursos para los
proveedores a los que se les han denegado sus derechos en virtud de las leyes y
reglamentos aplicables;
- las disposiciones de revisión deberían prever recursos adecuados para proteger los
intereses de los proveedores y hacer desistir a las entidades adjudicadoras de incoar
futuras acciones incompatibles con las disposiciones de un posible acuerdo sobre
transparencia;
- entre los recursos debería figurar la posibilidad de efectuar correcciones como
modificar la licitación, volver a convocar la licitación con fines de contratación o la
compensación por daños en las demandas legítimas;
- un mecanismo de revisión independiente debería examinar las reclamaciones
relacionadas con los procedimientos de licitación a fin de determinar los posibles
daños o la responsabilidad administrativa;
- habría que tener en cuenta que los sistemas de revisión podrían prever recursos como
la compensación sólo después de que los procedimientos administrativos o judiciales
hubieran determinado que se había seguido un daño o una pérdida económica debido
a la incompatibilidad de la licitación con la legislación aplicable.
81. Otro punto de vista expuesto en relación con los recursos fue que un acuerdo sobre
transparencia no los debería especificar por las razones siguientes:
- las disposiciones que exigieran la existencia de recursos adecuados quedarían fuera
del ámbito de los trabajos en materia de transparencia.  Bastaría contar con
disposiciones que exigieran el establecimiento de un procedimiento de revisión sin
especificar los recursos que estarían disponibles;
- las obligaciones relativas a los recursos podrían tener repercusiones
contraproducentes sobre las prácticas de licitación de las autoridades estatales;  en lamedida en que esas autoridades tuvieran que responder a los recursos, podrían tender
a restringir el acceso de los proveedores extranjeros con el fin de reducir al máximo
esa clase de riesgos.
82. También se estimó que un acuerdo sobre transparencia debería exigir a las entidades
adjudicadoras que llevaran registros de las licitaciones con objeto de garantizar que los órganosexaminadores tuvieran una base adecuada basada en hechos para proceder al examen (véase la
sección IX A).  También se mencionó como otra posible forma de mecanismo de revisión el
suministro por las autoridades contratantes de información a posteriori  y de aclaraciones sobre los
resultados a los proveedores no adjudicatarios (véase también la sección VII).WT/WGTGP/2
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IX. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TRANSPARENCIA
A. MANTENIMIENTO DE UN EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
83. Se expresó la opinión de que las autoridades adjudicadoras deberían mantener un expediente
de las decisiones y medidas adoptadas durante la licitación así como de las razones de esas decisiones
y medidas.  El mantenimiento de un expediente del proceso de contratación y el hecho de que laspartes interesadas tuvieran a su disposición la información no confidencial que en él figuraría era uno
de los principales mecanismos para garantizar la adhesión a las normas acordadas, de especial
importancia para el funcionamiento de un proceso de examen administrativo o judicial.  Ese
expediente sería una pista de verificación y serviría de justificante de cualquier evaluación en la
licitación.
4 e introducirá así un elemento de responsabilidad en el proceso.  En cuanto al período
durante el cual se llevarían los expedientes del proceso de contratación, se dijo que las prescripciones
a este respecto podrían tener relación con el plazo que se diera a los proveedores nacionales en elmarco de la legislación nacional para impugnar una adjudicación y solicitar una revisión del proceso
de licitación.  Probablemente no fuera necesario mantener expedientes del proceso de contratación
más allá de ese período.  Se sugirió asimismo que se facilitase información sobre las prácticas
nacionales de los Miembros que exigiesen a las entidades contratantes mantener expedientes de los
procesos de contratación.
84. Se preguntó si el mantenimiento del expediente debería considerarse como un elemento
separado que proporcionaría una garantía adicional de transparencia o si esa cuestión se abordaría con
la amplitud suficiente en el marco de otros elementos.
85. A título de observaciones generales relativas a esta sección, se dijo que la prescripción de
normas estrictas en materia de transparencia y recurso podría tener un efecto adverso en lo queconcierne el acceso a los mercados.  Al no tener obligaciones respecto del acceso a los mercados en la
esfera de la contratación pública, los gobiernos nacionales se sentirían inclinados a cerrar sus
mercados de contratación pública a los proveedores extranjeros para no correr el riesgo de transgredir
estas normas en materia de transparencia.
B. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
86. Se sugirió que la labor del Grupo en la preparación de un acuerdo sobre transparencia tuviera
plenamente en cuenta las innovadoras prácticas de contratación pública.  La tecnología de la
información está siendo ya rápidamente adoptada por las comunidades de contratación y proporciona
oportunidades enormes de ofrecer igualdad de condiciones, puesto que aumenta la información a que
pueden acceder a bajo costo todos los proveedores.  El acuerdo sobre transparencia debería prever la
posibilidad de utilizar los medios de la tecnología de la información para difundir información sobre
las oportunidades de contratación y los contratos adjudicados como alternativa a métodos decomunicación más tradicionales (véase también la sección IV supra ).  También se dijo que, por el
momento, las entidades contratantes deberían poder seguir utilizando el medio impreso para los
procedimientos de licitación.
                                                     
4 Se han sugerido los detalles siguientes de los asuntos que deberían ser documentados:  aprobación
para proceder a la licitación;  criterios  de selección que sirvan de base para  la evaluación y la selección de las
decisiones;  discusiones con los licitadores potenciales an tes del cierre de las ofertas;  detalles de aclaración de
las ofertas durante las evaluaciones;  motivos para introducir variaciones en una licitación;  medidas paraproporcionar a todos los licitantes igualdad de oportunidades de revisar sus ofertas;  logro de acuerdos durantelas negociaciones;  autorización y firma del contrato;  detalles de las sesiones de información;  motivos para
modificar un contrato;  expediente del contratista.WT/WGTGP/2
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87. Por otra parte, se ha estimado que cualquier restricción relativa al uso de la tecnología de la
información en la contratación pública debería tener carácter opcional, debido a la falta de
uniformidad entre las fases de desarrollo de los distintos países en esta esfera.  La utilización de los
adelantos que ofrece la tecnología de la información no debería atentar contra el principio básico de
transparencia consistente en garantizar a todos el acceso a la información, incluidos los pequeños ymedianos proveedores y los proveedores de los países menos avanzados en la utilización de la
tecnología de la información.  Habría que encontrar un equilibrio de modo que el acuerdo sobre
transparencia no constituyera un obstáculo innecesario al progreso en la esfera de la tecnología de la
información y que, además, se adaptara al uso cada vez mayor de esa tecnología en los procesos de
contratación pública de los Miembros,  asegurando al mismo tiempo que la utilización de esa
tecnología no acabara siendo una discriminación contra países que carecen de un margen de
competitividad en esta esfera.  La licitación electrónica mediante sistemas basados en Internetfacilitaba el acceso a proveedores de todo el mundo con un equipo y unos conocimientos técnicos
mínimos y constituía el medio más eficaz para garantizar un acceso no discriminatorio a la
información sobre licitaciones.
88. Se dijo que uno de los aspectos que habría que abordar en relación con la licitación
electrónica sería el de los procedimientos para abrir las ofertas presentadas electrónicamente.  Seseñaló que sobre este punto convendría lograr la cooperación internacional en la esfera de la
tecnología de la información, por ejemplo para la creación de bases electrónicas de datos o el
mantenimiento de listas de proveedores calificados.
5  Se señaló asimismo que debería permitirse a las
entidades contratantes cobrar una cantidad por el acceso electrónico a la información, los pliegos de
condiciones y demás documentación de licitación, en particular si quien facilita la información es unsuministrador de servicios privado.  Se dijo también que el Grupo necesitará estudiar en una fase
ulterior la conveniencia de abordar cuestiones específicas como la tecnología de la información en un
acuerdo sobre transparencia.  A este respecto, se dijo que la tecnología de la información era un
ámbito en el que había margen para la cooperación técnica (véase la sección XII).
C. IDIOMA
89. Se dijo que de la información sobre las prácticas nacionales se desprendía que los documentos
y otra información relativa a los procesos de contratación se proporcionaban generalmente en el
idioma o idiomas oficiales del país de la entidad contratante.  Como norma, debería permitirse que los
documentos y otra información relativa a los procedimientos de contratación y a contrataciones
concretas se facilitasen a los proveedores y suministradores de servicios potenciales en una lengua
oficial de la entidad contratante.  En general, los proveedores potenciales que desearan realizar
actividades comerciales en otro país dispondrían de los medios lingüísticos necesarios;  no deberíaimponerse una obligación específica de suministrar dicha información en un idioma de la OMC.  No
obstante, se podría instar a las entidades contratantes a facilitar información, en un idioma de
la Organización, siempre que fuera posible, cuando hubiese posibilidades de que una determinada
oportunidad de contratación fuese a atraer el interés internacional (véase también la sección IV).
X. INFORMACIÓN QUE HA DE FACILITARSE A OTROS GOBIERNOS
(NOTIFICACIÓN)
90. Se estimó que era algo prematuro discutir a fondo este aspecto, que se podría abordar en
mejores condiciones una vez que se tuviera una idea más clara del acuerdo sobre transparencia que se
había conseguido.  Sin embargo, se plantearon una serie de preguntas relativas a los posibles acuerdos
                                                     
5 A este respecto se dijo que el Grupo de Expertos en contratación pública del APEC ha creado una
página de presentación que tiene interfaces con bases de datos ya existentes relativas a contratación pública en
economías de países Miembros (www.apecsec.org.sg/govtproc/gphome.html).WT/WGTGP/2
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de notificación en el marco de un acuerdo sobre transparencia y otros mecanismos por los que es
posible intercambiar información entre gobiernos Miembros.
91. Algunos de los puntos de vista expuestos insistían en la importancia de notificar la adecuada
información sobre las leyes nacionales pertinentes y sus enmiendas a otros Miembros en un acuerdo
sobre transparencia, pero otras voces señalaron las dificultades con que se tropezaría de entrar en eseterreno.  Se estimó que la notificación de todas las leyes, reglamentos y directrices administrativas,
incluso a nivel de gobierno subcentral y otros planos de gobierno abarcados, podría resultar
excesivamente onerosa.  Ése sería el caso si todas esas leyes y reglamentos hubieran de ser notificados
en un idioma de la OMC.  Por otra parte, era dudoso que los Miembros estuvieran dispuestos a
compartir información confidencial.  Se proponían diferentes formas posibles de superar esas
dificultades:
- se podría esperar que los Miembros notificaran su ley básica en materia de
contratación pública, pero no todas y cada una de las leyes y reglamentos;
- se podría utilizar una lista de puntos, o cuestionario, para seleccionar información
básica acerca de la forma en que respondían las leyes y reglamentos nacionales de
cada miembro a los requisitos de un acuerdo sobre transparencia;
- se podría disponer que los Miembros atendieran las solicitudes de otros Miembros
relativas a información específica acerca de sus leyes, reglamentos, procedimientos y
prácticas relativas a la transparencia en la contratación pública.  Todos los Miembros
podrían establecer servicios de información con ese fin.  A este respecto, se mencionó
el debate de este punto que figura en la sección III de la presente nota;
- se podría hacer un mayor uso de las bases de datos electrónicas para difundir
información sobre procedimientos de contratación pública a niveles subcentrales;
- se podría autorizar al gobierno de un licitante no adjudicatario a recabar información
al gobierno adjudicador sobre el resultado del contrato en cuestión.  De ese modo se
podrían evitar controversias.  Se opinó asimismo que la información recabada debería
referirse a la forma en que se habían respetado los compromisos en materia detransparencia en el proceso de adjudicación de contratos.  Según otra opinión, la
comunicación de esa información después de la adjudicación del contrato podría no
ser necesaria en un acuerdo sobre transparencia, puesto que no abarcaría las
cuestiones de acceso a los mercados;
- se podría hacer un mayor uso de los actuales dispositivos de transparencia de la OMC
como el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales;
- se planteó la pregunta de si las disposiciones contenidas en el artículo X del GATT
de 1994 y en el artículo III del AGCS eran suficientes a efectos de un acuerdo sobre
transparencia sobre contratación pública o si había que prever normas
complementarias.  ¿Debería existir, por ejemplo, la obligación de especificar dónde se
publicaban las leyes pertinentes?  A este respecto, se manifestó la opinión de que las
mencionadas disposiciones del GATT de 1994 y del AGCS no serían suficientes aefectos de notificación en un posible acuerdo sobre transparencia.
92. También se sugirió que los Miembros proporcionasen información en la que constaran los
departamentos, organismos y empresas del gobierno sujetos a las normas de un acuerdo sobre
transparencia.  Se señaló que ese objetivo se podría lograr mediante la notificación de una lista
afirmativa de esas entidades o mediante la comunicación de una lista negativa de las entidades noWT/WGTGP/2
Página 30
sujetas al acuerdo.  Se estimó además, que este último enfoque tendría la ventaja de evitar el problema
de los frecuentes cambios de listas resultante de los cambios de naturaleza formal, como el cambio de
título o la reestructuración de los departamentos. La cuestión de la técnica más adecuada para
presentar las entidades incluidas dependería del resultado de los debates y del alcance del acuerdo,
sobre todo en lo que respecta a qué tipo de entidades quedarían incluidas.  Se dijo asimismo que eraprematuro examinar la forma en que deberían presentarse las entidades incluidas.
93. Acerca de la presentación de informes estadísticos se hicieron las observaciones siguientes:
- esas disposiciones no deberían incluirse en un acuerdo sobre transparencia;
- aunque sin carácter obligatorio, se podía invitar a los gobiernos a presentar la
información de que dispusieran, por ejemplo, sobre el volumen de su mercado de
contratación;
- la cuestión se podría dejar en suspenso de momento.
94. Se expresó la opinión de que cualquier prescripción relativa a la comunicación de
información a otros Miembros y a la explicación de las normas y procedimientos de contratación
nacionales deberían ser de aplicación únicamente en la medida en que esas normas y procedimientos
entraran en el ámbito de un acuerdo sobre transparencia.  Sin embargo, las prescripciones sobre la
comunicación de información y explicaciones deberían limitarse a las cuestiones de transparencia yno relacionarse de otro modo con las de acceso a los mercados.
XI. PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DE LA OMC
95. En lo que respecta a la solución de diferencias entre los gobiernos, la opinión generalizada fue
que sería prematuro examinar la aplicabilidad de las disposiciones relativas a la solución de
diferencias antes de que se hayan determinado más claramente los elementos de un acuerdo sobretransparencia.  Sin embargo, también se expresó la opinión de que todo compromiso en materia de
transparencia debería estar sujeto al ESD del mismo modo que las cláusulas existentes en relación con
la transparencia en otro Acuerdo de la OMC.  Otra opinión fue que sería discutible que el sistema de
solución de diferencias se aplicara a obligaciones en materia de transparencia a falta de compromisos
relativos al acceso a los mercados.  Por ejemplo, se preguntó si una decisión cualquiera resultante deuna diferencia relativa a la inclusión de la transparencia en un proceso de contratación pública se
podría aplicar retroactivamente.  Se dijo asimismo que el mandato del Grupo era examinar los
elementos de un acuerdo sobre transparencia adecuado, que podría adoptar la forma de directrices o
de un código;  únicamente se deberían someter a los procedimientos de solución de diferencias de
la OMC los acuerdos que contuvieran obligaciones vinculantes.
96. Respecto de la relación entre los procedimientos de examen nacionales y el mecanismo de
solución de diferencias de la OMC, se dijo que habría que distinguir entre mecanismos nacionales deexamen que entrañaban atender las demandas de los proveedores contra las autoridades adjudicadoras
en virtud de la ley de un país y los procedimientos de solución de diferencias entre gobiernos en
virtud de la legislación y los procedimientos de la OMC.  Los criterios jurídicos que regían los
exámenes nacionales y la solución de diferencias de la OMC eran distintos.  En el caso de los
procedimientos nacionales, el examen se refería a la compatibilidad del proceso de adjudicación conlas leyes y reglamentos nacionales, en tanto que en el caso de solución de diferencias de la OMC, los
motivos del litigio eran una presunta infracción de un Acuerdo de la OMC.  Se expuso el punto de
vista de que la posibilidad de que los proveedores extranjeros recurrieran a procedimientos de examen
nacionales efectivos e independientes, como primera medida para resolver demandas, reduciría al
mínimo la posibilidad de que esas demandas pudieran degenerar en una diferencia de gobierno agobierno.WT/WGTGP/2
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97. En cuanto a la forma en que los procedimientos de examen nacionales y los procedimientos
de solución de diferencias de la OMC podrían influirse recíprocamente, se sugirió que el Grupo
examinara el enfoque adoptado a este respecto en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI
del GATT de 1994.  Otro punto de vista fue que no debería existir una relación particular entre un
proceso de examen nacional y la solución de dife rencias de gobierno a gobierno.  Los procedimientos
de solución de diferencias de la OMC deberían regir en cuestiones relativas a la compatibilidad de las
leyes de aplicación general, y no se debería recurrir a estos procedimientos con respecto a las
decisiones resultantes de los procedimientos de examen nacionales relativos a una determinada
licitación.  A este respecto, también se expresó la opinión de que las prácticas nacionales no
permitirían al proceso de solución de diferencias de la OMC invalidar una decisión adoptada por un
órgano judicial nacional.  El procedimiento de solución de diferencias de la OMC se aplicaría
solamente respecto de las obligaciones de los gobiernos en su capacidad normativa.  Las decisiones enmateria de contratación pública que ellos adoptaran en su capacidad de entidades compradoras no
deberían estar sometidas a los procedimientos de solución de diferencias.  También se dijo que las
disposiciones deberían tener en cuenta el principio de que debían agotarse los mecanismos nacionales
de recurso judicial antes de recurrir a los procedimientos de solución de diferencias de la OMC.  Más
aún, se observó que el recurso a los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, alconstituir una prerrogativa de los gobiernos, no podría iniciarse por proveedores que pudieran
impugnar los procedimientos de contratación de las entidades estatales.
XII. COOPERACIÓN TÉCNICA Y TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO PARA LOS
PAÍSES EN DESARROLLO
98. Se observó que la cooperación técnica era importante para lograr la aplicación satisfactoria de
un futuro acuerdo sobre transparencia.  También podría resultar de gran ayuda para los Miembros en
la creación de regímenes nacionales de contrataci ón y la adopción de medidas prácticas para aumentar
la transparencia de las políticas y las prácticas de contratación.  Se estimó que, al discutir un marco
para la cooperación técnica, cabría inspirarse en el artículo 67 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Según
ese artículo, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, en términos y condicionesmutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos
adelantados Miembros.  Ese artículo enumera también las esferas específicas en que debería
proporcionarse esa cooperación, como la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos y la
ayuda relativa al establecimiento de oficinas  y  entidades nacionales, y a la formación de personal.
Se podrían elaborar programas de cooperación técnica en los cuales se identificaran las necesidades
de determinados países, adelantados o menos adelantados, en relación con el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud de un acuerdo sobre transparencia, y se fijaran los objetivos concretos de lasactividades de cooperación técnica como, por ejemplo, el establecimiento de servicios de información.
Se señaló que las disposiciones sobre cooperación técnica deberían ser compatibles con los requisitos
específicos del acuerdo sobre transparencia;  el cumplimiento de las normas de este acuerdo podría
requerir cambios en la legislación y los procedimientos nacionales y la creación de nuevas
instituciones en los distintos países.  Se estimó que la cooperación técnica podría resultar beneficiosaen los siguientes ámbitos:
en relación con la elaboración de legislación y procedimientos nacionales:
- asesoramiento y asistencia jurídica en la elaboración de la legislación nacional;
- análisis y orientación en relación con las opciones administrativas y políticas;
- elaboración de procedimientos sobre publicación;- establecimiento y aplicación de sistemas de información de ofertas;WT/WGTGP/2
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- adopción de medidas prácticas para simplificar los trámites del proceso de
contratación, elaborando formularios estándar para los avisos de licitación y
formularios de ofertas preimpresos, y estableciendo un vocabulario de contratación
común.
en relación con la formación:
- formación de las personas encargadas de aplicar, utilizar o hacer cumplir la nueva
legislación y los nuevos procedimientos y/o prácticas, formación del personal del
poder judicial y formación de capacitadores locales que proseguirían llevando a cabo
los programas de formación en, por ejemplo, escuelas o facultades de comercio de la
administración pública del país beneficiario;
- intercambio de funcionarios;
- formación de compradores y proveedores;
en relación con la creación de instituciones:
- cooperación administrativa para potenciar la creación de instituciones y el
intercambio de información;
en cuanto al acceso a la información por los proveedores:
- talleres, seminarios y elaboración de guías del usuario, incluida la creación de
espacios en Internet, dispositivos de búsqueda y bases de datos, para facilitar
información acerca de las oportunidades de realizar operaciones comerciales con los
gobiernos nacionales y extranjeros, y facilitar el acceso a dicha información;  en
particular, esta asistencia podría beneficiar a la pequeña y mediana empresa,
aumentando su eficacia y confianza en sus posibilidades de introducirse con éxito enlos mercados de cooperación nacionales y extranjeros;
respecto a la utilización de la tecnología de la información:
- el desarrollo de instrumentos de tecnología de la información que puedan servir para
divulgar información sobre oportunidades y prácticas de contratación y/o establecer
licitaciones totalmente electrónicas, así como facilitar el acopio de datos yestadísticas económicos pertinentes;
- suministro de equipo ofimático, de tecnología de la información y/o de otro tipo
necesario para la aplicación y el cumplimiento de la legislación, los procedimientos
y/o las prácticas.
99. Se señaló que las prácticas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC también podrían ser
útiles para evaluar y controlar la asistencia de manera continua, evitando al mismo tiempo la creación
de nuevas estructuras burocráticas y simplificando las formalidades administrativas.  También seadujo que la cuestión de la cooperación técnica se debería discutir no sólo en términos de garantizar el
cumplimiento por los países en desarrollo de las prescripciones de un futuro acuerdo, sino también en
términos de las medidas prácticas que se pudieran adoptar para aumentar la transparencia en los países
desarrollados así como en los países en desarrollo.WT/WGTGP/2
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100. Se sugirió también que las prescripciones similares a las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC se incluyan en un acuerdo sobre transparencia.  Se podría
pedir a los países Miembros desarrollados que proporcionaran incentivos a las empresas e
instituciones de sus territorios con el fin de promover y alentar la transferencia de tecnología a los
proveedores de los países en desarrollo con objeto de permitirles participar en las licitaciones para laobtención de contratos públicos en los países desarrollados.  En comparación con el artículo 67 de
ese Acuerdo, según el cual la cooperación técnica depende de su prestación, previa petición, y en
términos y en condiciones mutuamente acordados entre países desarrollados y países en desarrollo
Miembros, según el párrafo 2 del artículo 66, la cooperación técnica es proporcionada unilateralmente
y por iniciativa de los países desarrollados.  La cooperación técnica sería útil para conseguir el
objetivo de mejorar el rendimiento económico en la contratación pública.  Por ejemplo, a este respecto
sería útil proporcionar información a los países en desarrollo acerca de qué es lo que suelen contratarlos gobiernos así como datos sobre las fuentes mundiales de contratación.
101. Se señaló que las actividades de cooperación técnica de las organizaciones
intergubernamentales, internacionales y otras entidades, como las instituciones financieras
internacionales y los bancos regionales de desarrollo, dedicadas a la contratación pública supondrían
una importante contribución para elaborar la transparencia y la aplicación de un acuerdo sobretransparencia.  Se estimó conveniente establecer un marco bajo un acuerdo sobre transparencia para
racionalizar las diversas actividades en esta esfera a los niveles bilateral, regional y multilateral.
A este respecto, se propuso que la Secretaría preparase un documento de información sobre los
programas de cooperación técnica de las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales en relación con la contratación pública, a fin de ofrecer al Grupo una imagen lo máscompleta posible de la cooperación técnica que se mantiene en este ámbito.
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102. Se sugirió que se alentara a los posibles países beneficiarios y a los países donantes a
compartir sus puntos de vista acerca de determinadas necesidades y formas disponibles de
cooperación técnica en la esfera de la contratación pública.  Se recomendó además que se prestara
especial atención a los problemas que plantea la creación de instituciones, sobre todo en los paísesmenos adelantados.  La Presidencia invitó a los Miembros a proporcionar información por escrito al
Grupo de Trabajo acerca de sus necesidades así como acerca de la cooperación técnica ya disponible.
103. En lo que respecta al trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, se expuso el
punto de vista de que esta cuestión se podría abordar una vez que estuvieran definidos con mayor
claridad los elementos de un eventual acuerdo.  A este respecto, se estimó que deberían preverse
períodos de transición para los países en desarrollo.
__________
                                                     
6 La información presentada por la CNUDMI, la OCDE, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco
Africano de Desarrollo, el FMI, el Grupo de Expertos en Contratación Pública del APEC, el Banco Europeo deReconstrucción y Fomento, el CCI y el PNUD acerca de sus respectivas actividades de cooperación técnica en
la esfera de la contratación pública se ha distribuido en los documentos WT/WGTGP/W/20 y Addenda 1 a 7.