RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/NOR/1
26 de febrero de 1999
(99-0755)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACION SOBRE LA OBSERVANCIA
NORUEGA1
El presente documento reproduce la declaración in troductoria de la delegación de Noruega, las
preguntas que se le formularon y las respuestas dadas en el examen de la legislación sobre la
observancia efectuado en la reunión del Consejo celebrada del 17 al 21 de noviembre de 1997.2
_______________
1. DECLARACION INTRODUCTORIA
Los procedimientos para hacer respetar los derec hos de propiedad intelectual son en general los
mismos que para hacer valer otros tipos de derechos y reclamaciones.  Así, los procesos de derecho civil
relativos a derechos de propiedad intelectual se de sarrollan conforme a la Ley de Procedimiento Civil,
de 13 de agosto de 1915, Nº 6.  El cumplimiento de las sentencias, así como las medidas provisionales
se rigen por la Ley de Reclamaciones, de 26 de juni o de 1992, Nº 86.  Sólo para las medidas en frontera
previstas en la Sección 4, Parte III, del Acuerdo sobre los ADPIC existen procedimientos particulares
para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
El procesamiento penal se rige por la Ley de  Procedimiento Penal, de 22 de mayo de 1981,
Nº 25.  Las disposiciones de las diversas leyes sobre la propiedad intelectual relacionadas con la
responsabilidad penal se complementan con las disposiciones generales de la Parte I del Código Penal,
de 22 de mayo de 1902, Nº 10, es decir las disposiciones sobre aplicabilidad territorial y decomiso de
ganancias y objetos.
La organización de los tribunales es la establecida  por la Ley de la Judicatura, de 13 de agosto
de 1915, Nº 5.  La Ley de la Judicatura contiene adem ás diversas disposiciones de carácter más procesal
como las relativas al idioma de las actuaciones y el  procedimiento para la notificación de documentos.
                                                     
1 Por lo que se refiere a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera que se examina notificados por
Noruega de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se remite a los documentos IP/N/1/NOR/1
(Anexo II) e IP/N/6/NOR/1.
2 El acta de esta reunión se ha distribuido como documento IP/C/M/16.IP/Q4/NOR/1
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II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
1. En virtud del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros podrán "cuando así
proceda" facultar a las autoridades judiciales  para que concedan reparación por concepto de
beneficios y/o resarcimiento por perjuicios recono cidos previamente, aun cuando el infractor, no
sabiéndolo o no teniendo motivos razonables  para saberlo, haya desarrollado una actividad
infractora.
La Ley de Derecho de Autor, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, la Ley de
Dibujos y Modelos Industriales, la Ley de Patentes  y la Ley de Derechos de los Fitogenetistas dan
al titular del derecho los derechos enunciados, mientras que la Ley de Comercialización y la Ley
de Esquemas de Trazado no le reconocen tales derechos .  ¿Significa esto que en el último caso se
supone que nunca procede así? ¿Podría explicar  el Gobierno de Noruega la razón de esta
diferencia entre las leyes citadas?
Según los trabajos preparatorios de la Ley de Esquemas de Trazado, de 15 de junio de 1990,
Nº 21, la disposición sobre daños y perjuicios del artí culo 6 se redactó teniendo presente la legislación
de los Estados Unidos en el momento y la Dir ectiva sobre esquemas de trazado (87/54/EEC) de la
Unión Europea.  La cuestión no se examinó al ex aminar la puesta en práctica del Acuerdo sobre
los ADPIC.
La información no divulgada está protegida por la Ley de Comercialización, de 16 de junio
de 1972, Nº 47.  No obstante, esta protección apenas ha  sido considerada tradicionalmente en el derecho
noruego como un derecho de propiedad intelectual en sentido estricto y la obligación del infractor
doloso o culposo de pagar daños y perjuicios no está prevista en la Ley de Comercialización.
Esa obligación se basa, en cambio, en la legislaci ón general sobre responsabilidad extracontractual.
2. ¿Podría aclarar el Gobierno de Noruega cómo  aplica el artículo 46 del Acuerdo sobre
los ADPIC en los casos de mercancías que utilicen indicaciones geográficas ilegales para vinos y
bebidas espirituosas?
Toda parte interesada puede presentar una demanda civil o solicitar una medida provisional
contra el uso ilícito de indicaciones geográficas.  Si  la acción está justificada, el tribunal ordenará al
demandado que se abstenga de la explotación comerc ial de las mercancías infractoras.  El demandado
no tiene derecho a indemnización por tener que obedecer esa orden de respetar la legislación sobreindicaciones geográficas.
3. En virtud del artículo 50, párrafo 1 b), de l Acuerdo sobre los ADPIC, las autoridades
judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provi sionales para preservar
las pruebas pertinentes relacionadas con la pres unta infracción.  ¿Podría aclarar el Gobierno de
Noruega si la sección 15-2 de la Ley de Recl amaciones concede esa facultad a los tribunales?
Sírvanse aclarar.
El Capítulo 20 de la Ley de Procedimiento Civil establece la posibilidad de diligenciar pruebas
antes del juicio.  Cuando haya motivos para temer que las pruebas puedan en otro caso perderse o sean
particularmente difíciles de producir, puede dejarse constancia de las pruebas aunque no se haya pedido
la citación.  En el derecho noruego, el diligenciamiento de pruebas antes del juicio no se considera como
una medida provisional, por lo que no se aplica la Ley de Reclamaciones.
4. ¿Podría explicar el Gobierno de Noruega cómo aplica el párrafo 6 del artículo 50 del
Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone que las medidas provisionales podrán revocarse o quedar
sin efecto a petición del demandado si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondono se inicia en un plazo razonable establecido por determinación del tribunal o, a falta de esadeterminación, no superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor?IP/Q4/NOR/1
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De acuerdo con el artículo 15-8 de la Ley de R eclamaciones, el tribunal puede, en la decisión
por la que concede una medida provisional, fijar un plazo dentro del cual el solicitante ha de iniciar los
procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto.  Si el tribunal no ha fijado ese
plazo, el demandado puede solicitarle que lo haga en una  decisión aparte.  Si el solicitante no toma las
medidas adecuadas dentro del plazo, la medida provisional caduca automáticamente.
5. En virtud del artículo 53, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, las autoridades
competentes estarán facultadas para exigir al  demandante que aporte una fianza o garantía
equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e
impedir abusos.  A tenor de la ley noruega, los tribunales estarán facultados para exigir al
demandante que aporte una fianza o garantía equivalente para proteger al demandado.  Sírvanse
explicar las razones por las que la ley noruega no faculta para exigir al demandante que aporteuna fianza o garantía equivalente con objeto de  proteger también a las autoridades competentes.
Las autoridades aduaneras tienen la garantía de las mercancías mismas respecto del alquiler del
almacén mientras esté suspendido su despacho.  El solicitante es también personalmente responsable por
el almacenaje, junto con el demandado.  En nuestra  opinión, esto es suficiente.  Las autoridades
aduaneras no estarán obligadas a pagar daños y perjui cios al demandado o al pr opietario real de las
mercancías a raíz de una suspensión errónea a menos  que hayan actuado con negligencia.  Si también el
solicitante ha actuado negligentemente, las autoridades aduaneras pueden reclamar parcialmente al
solicitante.  Pero parece innecesario exigir previamente una fianza para cubrir esa posibilidad.
6. En virtud del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, las autoridades no permitirán, en
cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, que tales mercancías se
reexporten en el mismo estado, salvo en ci rcunstancias excepcionales.  Las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros entienden que esta norma no se aplica en las nuevas
disposiciones de las leyes noruegas de aduana s y de reclamaciones sobre medidas en frontera.
Sírvanse explicar.
Las autoridades aduaneras suspenderán el despacho de las mercancías por el tiempo que el
tribunal decida.  No están autorizadas a permitir la  reexportación de las mercancías.  Por lo que se
refiere a las marcas de fábrica o de comercio fa lsificadas, los tribunales, de conformidad con el
artículo 40 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, de 3 de marzo de 1961, Nº 4, decidirán qué
destino se les habrá de dar en definitiva.
7. En virtud del artículo 61 del Acuerdo so bre los ADPIC, los Miembros establecerán
sanciones "suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas
por delitos de gravedad correspondiente".  Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros
entienden que, en virtud de la ley noruega, las pe nas por infracción de los derechos de propiedad
intelectual, excepto en casos de grave infracción  de los derechos de autor (prisión de hasta tres
años), son multas o prisión de hasta tres meses.  En vista de ello, ¿pod ría aclarar el Gobierno de
Noruega los siguientes extremos?
a) por qué las penas por infracciones (graves) en materia de marcas de fábrica o de
comercio, dibujos y modelos industriales, patent es y derechos de los fitogenetistas son
notablemente más leves que las penas po r infracciones graves de los derechos de
autor;
b) si esta diferencia en el tratamiento está  en consonancia, y de qué manera, con las
obligaciones de Noruega en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, y
c) si Noruega tiene intención de hacer más se veras las penas por infracción (grave) en
materia de marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales, patentes
y derechos de los fitogenetistas.  En caso afirmativo, ¿en qué plazo?IP/Q4/NOR/1
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a) La razón de estas diferencias es histórica.   Cuando, por la Ley de 23 de diciembre de 1988,
Nº 101, como modificación de la Ley de Der echo de Autor, de 12 de mayo de 1961, Nº 2,
se aprobó la disposición sobre tres años de  prisión en ciertos casos, no se tuvieron en
cuenta las disposiciones sobre responsabilidad penal en la Ley de Marcas de Fábrica o de
Comercio, de 3 de marzo de 1961, Nº 4, la Le y de Patentes, de 15 de diciembre de 1967,
Nº 9, la Ley de Dibujos y Modelos Industriale s, de 29 de mayo de 1970, Nº 33, ni la Ley de
Comercialización, de 16 de junio de 1972, Nº 47.  La disposición sobre responsabilidad
penal en la Ley de Derechos de los Fitogenetistas, de 12 de marzo de 1993, Nº 32, se
redactó teniendo presente la Ley de Patentes , y la Ley de Dibujos y Modelos Industriales,
de 15 de junio de 1990, Nº 27, teniendo presente la Ley de Derecho de Autor.  La Ley de
Esquemas de Trazado prevé la misma pena máxima por infracciones particularmente
graves de la Ley de Derecho de Autor.
b) Aunque pueda objetarse el nivel relativamente  bajo de las penas máximas por infracción de
marcas de fábrica o de comercio, patentes, di bujos y modelos industriales y derechos de los
fitogenetistas, la mera existencia de diferencias no puede, en nuestra opinión, constituir una
violación del Acuerdo sobre los ADPIC.
c) El Comité del Código Penal ha de examinar , como parte de su labor sobre un nuevo código
penal, las diferentes penas previstas en distintas partes de la legislación noruega.
La notable diferencia que ha señalado la Comisión Europea será seguramente examinada
por el Comité.  El proyecto no tiene un calendari o establecido, pero se prevé para dentro de
un par de años una propuesta de un nuevo c ódigo penal y modificaciones de otras leyes.
8. En virtud del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, los recursos disponibles en casos
de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio incluirán también, entre otros, la
confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y
accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.  ¿Podría aclarar el Gobierno
de Noruega si prevé tal posibilidad la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio? En caso negativo,
¿cómo cumple Noruega el artículo  61 del Acuerdo sobre los ADPIC?
La incautación, etc., como parte del procesamiento penal es objeto de los artículos 34 y 35 del
Código Penal.  Estos artículos dicen lo siguiente:
Artículo 34
"Toda ganancia obtenida mediante un acto delictivo podrá ser en todo o en parte decomisada a
la persona que haya obtenido directamente la ganancia derivada del acto, incluso cuando se
trate de una persona distinta del delincuente.  Si no se puede averiguar la cuantía de la ganancia,
el tribunal la determinará a su discreción."
Artículo 35
"Los objetos que han sido producidos mediante un acto delictivo o han sido objeto de él podrán
ser decomisados si se considera necesario a los efectos de la disposición que prescribe la pena
aplicable al acto.  Se considerarán igualmente como objetos los derechos y créditos.
Lo mismo se aplicará a los objetos que se han utilizado o previsto para emplearlos en un acto
delictivo.
En lugar del objeto, podrá decomisarse una cantidad equivalente a su valor o parte de él.
La sentencia podrá estipular que el objeto sirva como garantía de la cantidad decomisada.IP/Q4/NOR/1
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En vez de decomisar el objeto, el tribunal podrá imponer medidas para impedir que el objeto se
utilice para la comisión de nuevos delitos."
9. Respecto a los casos de infracción de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno de
Noruega a facilitar datos sobre el número de:
- procedimientos incoados, con sus resul tados respectivos y duración media del
procedimiento desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia final;
- mandamientos judiciales dictados (tal como  los define el artículo 44 del Acuerdo
sobre los ADPIC), con explicación de cómo se ejecutan tales mandamientos;
- medidas provisionales (como las define el  artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)
que se han concedido y plazo medio para la obtención de las mismas (desde la
solicitud);
- suspensiones en la frontera de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o piratas, o en relación co n mercancías que infrinjan otros derecho de
propiedad intelectual;
- casos penales, con las sentencias aplicadas;  indicación de si han sido ejecutadas;
sírvanse explicar también qué tipo de infracciones de un derecho de propiedad
intelectual se considerarían delitos;
- decomisos y/o destrucción de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.
Por desgracia, las estadísticas noruegas sobre cau sas judiciales e informes sobre delitos, etc., no
son lo suficientemente detalladas para suministra r datos sobre el número y el resultado de las causas
relativas a la propiedad intelectual.
No obstante, quisiéramos añadir que la duraci ón media de todos los juicios civiles ordinarios
desde el momento en que un tribunal de distrito recibió un escrito de citación hasta que se dictó
sentencia o se sobreseyó la causa fue, en 1996, de 6,1 meses.
Los llamados "mandamientos judiciales" definidos en el artículo 44 del Acuerdo sobre
los ADPIC se dictan en Noruega en forma de senten cias de un tribunal en un juicio civil ordinario en
que se concluya que el demandado debe desistir de la  infracción.  El tribunal puede, si así se solicita,
emitir ese mandamiento durante juicio, en forma de medi da provisional como se define en el artículo 50
del Acuerdo sobre los ADPIC.
La sede central de las autoridades aduaneras de Noruega tiene noticia de una sola medida en
frontera adoptada desde que el 1º de enero de 1997 entró en vigor este sistema.  Otras medidas en
frontera pueden haber sido adopt adas en el plano local.
Se ruega además al Gobierno de Noruega que explique y dé ejemplos prácticos de:
- cómo se calcula la compensación del daño por infracción de los derechos de
propiedad intelectual (artículo 45, pá rrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);
- cuáles serían los "gastos del titular de l derecho" que deberían pagarse según el
párrafo 2 del artículo 45, primera parte de la primera frase, del Acuerdo sobre
los ADPIC, y cómo se calcularían;IP/Q4/NOR/1
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- si son reembolsables los honorarios de lo s abogados y cómo se calcularían tales
honorarios;
- si se ha aplicado en Noruega la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían tales "perjuicios".
La indemnización por la infracción de derechos de propiedad intelectual debe ser suficiente para
resarcir al titular de los derechos por la pérdida causada por la infracción.  Esta pérdida se ha de evaluar
en gran medida de manera discrecional.
Las diferentes leyes sobre propiedad intelectual difi eren en cuanto a si el infractor está obligado
a pagar algún tipo de indemnización o derecho de li cencia además de los daños y perjuicios por la
pérdida causada al titular o por encima de ellos.  La interpretación de algunas de las disposiciones es
además algo incierta, ya que los tribunales probablem ente se inclinarán por interpretar algunas de las
disposiciones más antiguas a la luz de las más modernas, especialmente a la vista del artículo 38 de laLey de Marcas de Fábrica o de Comercio, que, tr as su modificación por la Ley de 22 de diciembre
de 1995, Nº 82, dice lo siguiente:
"Todo aquel que con dolo o culpa haya usado un signo en violación de la presente Ley estará
obligado a pagar unos derechos de licencia equita tivos por el uso, además de daños y perjuicios
por ulteriores pérdidas que el uso pueda haber causado.  Podrá reducirse la indemnización ydisminuir los daños y perjuicios cuando haya poco que reprochar a la parte infractora.
Cuando el uso se haya efectuado de buena fe, el  tribunal podrá ordenar al usuario que pague la
indemnización de acuerdo con lo dispuesto en el  primer párrafo si lo estima razonable."
No estamos seguros de si el término "gastos" en  el párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre
los ADPIC se refiere a los gastos que, conforme al derecho noruego, se considerarían como parte de la
pérdida, es decir, los efectuados por el titular de lo s derechos para rectificar la situación, por ejemplo,
gastos para advertir a los socios comerciales de las actividades infractoras o los relacionados con los
procedimientos de observancia, que se considerarán como parte de los costos de las actuaciones.
En este último caso, la norma básica es que la parte que resulte completamente vencida en un juicio,
debe reembolsar los gastos de la parte victoriosa, se gún el artículo 172 de la Ley de Procedimiento Civil.
Los honorarios de los abogados pueden reembol sarse como parte de los costos de las
actuaciones.  Como en Noruega los abogados muy raramente se hacen cargo de asuntos sobre la base de
no cobrar si no se gana el pleito, no se distingue en  general entre el cálculo de los honorarios respecto
del infractor y respecto del titular de los derechos.
El artículo 55 de la Ley de Derecho de Autor,  de 12 de mayo de 1961, Nº 2, prevé el cobro por
el titular de los derechos de los beneficios obtenidos .  Aparte de esa disposición, no se prevé el cobro de
los beneficios en provecho del titular de los der echos ni los daños y perjuicios predeterminados.
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPON
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las solicitudes de medidas en frontera deben presentarse al Tribunal de Reclamaciones.
En general, éste es el Tribunal de Distrito que act úa con otro nombre.  Sin embargo, en cuatro ciudades
hay Tribunales de Reclamaciones por separado.IP/Q4/NOR/1
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2. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acu erdo sobre los ADPIC, es j udicial o administrativo.
El procedimiento conducente a una decisión s obre el fondo de la cuestión mencionado en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC es un procedim iento judicial.  En esos casos son de aplicación
las normas generales del procedimiento civil.
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del Acuerdo
sobre los ADPIC (a la que se hará referencia en adelante como "demanda"), por el que un titular
de derechos pueda solicitar a las autoridade s competentes que suspendan el despacho de
mercancías que infrinjan derechos de propiedad in telectual, o de las que se sospeche que los
infringen?
Una solicitud de medida en frontera dirigida  al Tribunal de Reclamaciones es el único
procedimiento para obtener la suspensión del despacho de las mercancías infractoras por las autoridades
aduaneras.
4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda", conforme
a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En los casos sencillos en que la solicitud está bien preparada y en que el tribunal adopta su
decisión sin oír a la otra parte, diríamos  que uno o dos días es un plazo razonable.
5. Sírvanse explicar cuál es el plazo de vigencia de las demandas.
Si el tribunal acepta la solicitud, fijará en su decisión el plazo durante el cual la medida en
frontera ha de permanecer en vigencia en el sentido de que las autoridades aduaneras deben buscar
mercancías que se ajusten a la descripción del obje to de la medida dictada por el tribunal.  Si se
identifican esas mercancías y se suspende su de spacho, la duración de la suspensión se rige por las
normas generales relativas a medidas provisionales.
6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
Las solicitudes de medidas en frontera se presentan en forma de petición de una medida
provisional.  Esto entraña el pago de una tasa, actualmente de 1.262 coronas noruegas.
7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una deci sión sobre el fondo del asunto", estipulado en el artículo 55
del Acuerdo sobre los ADPIC;  y resumir el contenido de esas disposiciones.
El procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, mencionado en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC se desarrolla como un juicio civil ordinario.  En cuanto a la
legislación aplicable a esos juicios, nos remitimos a nuestra declaración introductoria.
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las me rcancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El tribunal deberá dar en su decisión una descri pción lo más precisa posible de las mercancías
que las autoridades aduaneras han de retener.  No hay procedimientos especiales para la situación que sepresenta cuando las autoridades dudan de si un enví o determinado está o no afectado por la medida.
Las autoridades aduaneras tendrán que decidir al respecto y actuar en consecuencia.IP/Q4/NOR/1
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9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de d erechos cuando omiten susp ender el despacho para
libre circulación de mercancías que infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
En general, las autoridades públicas están obligadas a indemnizar los daños y perjuicios cuando
infligen con dolo o culpa una pérdida a un particular.  El que un acto se considere culposo dependerá de
una consideración amplia de todas las circunstancias  del caso concreto.  No obstante, por lo que se
refiere a la responsabilidad del Estado por las pérdidas causadas por decisiones ilícitas de un tribunal, se
entiende por culpa algo no muy alejado de la teme ridad.  Además, una demanda de daños y perjuicios
basada en la ilicitud de la decisión de un tribunal  será desestimada a menos que la decisión haya sido
revocada por vía de apelación, conforme al artí culo 436 de la Ley de Procedimiento Civil.
La responsabilidad de los tribunales y de las autoridades aduaneras se decidirá de conformidad
con estos principios en las tres situaciones  esbozadas en las preguntas 9, 10 y 11 del Japón.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de d erechos cuando examinan mercancías que infringen
derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre circulación, en
relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en elartículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Sírvanse ver la respuesta a la pregunta 9 supra .
11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de d erechos cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 delAcuerdo sobre los ADPIC.
Sírvanse ver la respuesta a la pregunta 9 supra .
12. ¿Se informa al titular de d erechos sobre la identidad de lo s importadores y consignadores
cuando las autoridades competentes "suspende n" las mercancías que infringen derechos de
propiedad intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, así como en el caso en que se
informa al titular de derechos so bre la identidad de los import adores y consignadores según lo
estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
Al suspender el despacho de las mercancías, las autoridades aduaneras deben notificar
inmediatamente al tribunal, al titular de derechos y al propietario de las mercancías.  En ese momento se
informará al titular de derechos de la identidad de l propietario de las mercancías o su representante.
Es el propietario contra quien el titular tendrá que iniciar un procedimiento conducente a una decisión
sobre el fondo del asunto.  Todavía no está decidi do si el titular de derechos tendrá acceso a más
información sobre las identidades de las personas que intervienen en el proceso de importación.
Las disposiciones sobre medidas en frontera son muy nuevas y varias cuestiones de menor entidad
tendrán que ser resueltas en el futuro por la práctica administrativa.
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el ar tículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
No se han adoptado disposiciones especiales pa ra proteger la información confidencial acerca
del envío retenido por las autoridades aduaneras en el curso de la inspección de las mercancías por el
titular de derechos o el propietario.IP/Q4/NOR/1
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14. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competen tes sobre la base de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Los tribunales conceden las medidas en frontera como un tipo especial de medida provisional.
Por lo tanto, son de aplicación las normas generales s obre estas últimas.  Si el tribunal comprueba que se
han satisfecho las condiciones para una medida en frontera, ordenará a las autoridades aduaneras que
suspendan el despacho de las mercancías.  La descri pción de éstas puede circunscribirse, por ejemplo, a
un envío determinado que ya se halla en posesión de las autoridades aduaneras o ser tan amplia que
abarque todas las mercancías con determinadas caracter ísticas.  El tribunal decide también cuál será la
duración de la medida, es decir, el plazo en que las autoridades aduaneras deben tratar de descubrir
mercancías que coincidan con la descripción.
15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los ar tículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La decisión del tribunal de reclamaciones rela tiva a una solicitud de medida en frontera puede
ser recurrida por todas las partes inte resadas ante el tribunal de apelación.
16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equi valente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir aldemandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
El límite superior de la cuantía de la garantía  mencionada en el artículo 53 del Acuerdo sobre
los ADPIC en beneficio del demandado es la máxima pérdida posible que éste pueda experimentar
causada por la medida en frontera, incluidos lo s gastos del demandado al defenderse de la medida
errónea.  Dentro de este límite, el tribunal decide a su discreción el monto de la fianza.  No hay ningún
límite inferior.  En general, cuanto mejor sustan ciada parezca estar la solicitud, tanto menor será el
monto de la fianza.
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
Las partes responden de todo alquiler de almacén que se devengue mientras las mercancías
permanezcan retenidas por las autoridades adua neras en virtud de una medida en frontera.
El propietario de las mercancías responderá de c onformidad con las normas generales de procedimiento
aduanero.  El solicitante responderá de resultas de la medida en frontera adoptada a su favor.  Desde el
punto de vista de las autoridades aduaneras, el alquiler de almacén está garantizado por un derecho a la
venta forzosa de las mercancías.  La decisión de finitiva sobre el fondo del asunto consistirá en la
sentencia de un tribunal.  Si esa se ntencia ordena que se destruyan las mercancías, el titular de derechos
puede, en un procedimiento por separado, solicitar a las autoridades de ejecución de reclamaciones queden cumplimiento a la sentencia.  Esto entrañ a una tasa normalizada, actualmente de 1.515 coronas
noruegas, pagadera por todas las solicitudes de  ejecución de sentencias sobre reclamaciones no
dinerarias.  El Estado corre con los gastos  de destrucción que excedan de la tasa.
18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales" en
que las autoridades competentes pueden autoriza r la reexportación de mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo  estipulado en el artículo 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Por lo que se refiere a una marca de fábrica o de comercio falsificada, los tribunales deben
decidir, en una decisión sobre el fondo del asunto, qué destino se dará finalmente a las mercancías, de
conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas  de Fábrica o de Comercio, de 3 de marzo de 1961,
Nº 4.  Esta disposición otorga al tribunal un margen bastante amplio de discrecionalidad y, al ejercer esaIP/Q4/NOR/1
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facultad, el tribunal deberá tener en cuenta el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Las medidas en
frontera son un mecanismo bastante nuevo, por cuya  razón no sabemos de ninguna decisión judicial
relativa al concepto de "circunstancias excepcionales" del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.
19. Sírvanse designar las leyes y ordenanzas, i ndicando sus disposiciones, en que se prescribe
la suspensión del despacho de las mercancías que  infringen derechos de propiedad intelectual, o
de las que se sospecha que los infringen, como lo estipula el artículo 51 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Las disposiciones sobre medidas en frontera fu eron aprobadas por la Ley de 20 de diciembre
de 1996, Nº 104, como modificaciones de la Ley de Recl amaciones y la Ley de Aduanas, de 10 de junio
de 1966, Nº 5;  véanse el nuevo artículo 15-13 de la  Ley de Reclamaciones y el nuevo artículo 41 de la
Ley de Aduanas.
20. Sírvanse indicar qué derechos de propiedad intelectual se protegen sobre la base de la
Demanda presentada por un titular de derechos.
Puede recurrirse a medidas en frontera respecto de  todos los derechos de propiedad intelectual
de tipo tradicional, a saber, derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio,
patentes, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado y derechos de los fitogenetistas.
21. Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar el
solicitante al presentar una demanda.
La solicitud de una medida en frontera debe ir acompañada normalmente de los documentos
que estén en manos del solicitante y a los que se refiera la solicitud.  El solicitante ha de dar pruebas
suficientes de su derecho para que el juez pueda estimar como más probable la existencia que la
inexistencia del derecho.  El solicitante o su aboga do tendrá que decidir por sí mismo qué cree suficiente
para obtener una medida en frontera en un caso particular.
22. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe der echos de propiedad intelectual en  favor del titular de los derechos
constituye una reparación adecuada del daño sufrid o por éste, y qué criterios y método de cálculo
determinan la cuantía de la indemnización.3
Respecto de todos los derechos de propiedad in telectual, la persona que dolosa o culposamente
infrinja el derecho está obligada a pagar daños y pe rjuicios al titular del derecho.  La indemnización
debe ser suficiente para resarcir al titular de la pé rdida infringida por la infracción.  La pérdida tendrá
que ser evaluada en gran medida a discreción del tribunal.
Por diferentes razones, en parte mera casualidad histórica, las diferentes Leyes sobre derechos
de propiedad intelectual difieren en cuanto a si la infracción de buena fe acarrea una obligación de
indemnizar y si un infractor está obligado a paga r algún tipo de indemnización o derecho de licencia
además de los daños y perjuicios causados por la pérdida ocasionada al titular del derecho o por encima
de ellos.  La interpretación de algunas de las dispos iciones es además algo incierta, ya que los tribunales
probablemente se inclinarán por interpretar algunas de  las disposiciones más antiguas a la luz de las más
modernas, especialmente a la vista del artículo 38 de  la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, que,
tras su modificación por la Ley de 22 de diciembre de 1995, Nº 82, dice lo siguiente:
                                                     
3 Se remite a la respuesta de Noruega a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia
(documento IP/N/6/NOR/1).IP/Q4/NOR/1
Página 11
"Todo aquel que con dolo o culpa haya usado un signo en violación de la presente Ley estará
obligado a pagar unos derechos de licencia equita tivos por el uso, además de daños y perjuicios
por ulteriores pérdidas que el uso pueda haber causado.  Podrá reducirse la indemnización y
disminuirse los daños y perjuicios cuando ha ya poco que reprochar a la parte infractora.
Cuando el uso se haya efectuado de buena fe, el  tribunal podrá ordenar al usuario que pague la
indemnización de acuerdo con lo dispuesto en el  primer párrafo si lo estima razonable."
23. Rigen sanciones de multa o penas de prisión de hasta tres meses para quienes son
declarados culpables de infracci ón del derecho de otra persona con arreglo a la Ley de Marcas de
Fábrica o de Comercio, la Ley de Patentes, la Ley de Dibujos y Modelos, la Ley de Esquemas de
Trazado, la Ley de Derecho de Autor y la Ley de D erechos de los Fitogenetistas.  Sírvanse explicar
si estos recursos penales están en conformidad con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC,
que exige la imposición de sanciones suficienteme nte disuasorias que sean coherentes con el nivel
de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.4
En general, la pena máxima prescrita por la infracción de derechos de propiedad intelectual es
de multa y tres meses de prisión.  Estas disposiciones son compatibles con el nivel de las penas previstas
por las transgresiones contra los derechos de propiedad en el capítulo 40 del Código Penal.
Sin embargo, en circunstancias particularmente agra vantes, la pena máxima por la infracción del
derecho de autor y de los esquemas de trazado es de tr es años de prisión.  Esto es coherente con el nivel
de penas descritas para delitos como el hurto y el desfalco en el capítulo 24 del Código Penal.
Las demás Leyes sobre propiedad intelectual car ecen de una disposición semejante sobre una pena
máxima superior en ciertos casos.  No obstante, el Comité del Código Penal deberá examinar, como
parte de su labor sobre un nuevo código penal, las dife rentes penas establecidas en diferentes partes de la
legislación noruega.  La notable diferencia antes mencionada será seguramente examinada por
el Comité.
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
1. En el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que deberán
establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual
a que se refiere el Acuerdo.  En el documento IP/N/6/NOR/1, Noruega indica que en caso de
infracción de los derechos de propiedad intel ectual tienen competenci a todos los tribunales
excepto la Junta de Conciliación.  Sírvanse describir la estructura de los procedimientos judiciales
de Noruega en que las partes pueden hacer valer su  derecho de propiedad intelectual a nivel local,
provincial y nacional, indicando la competencia de cada tipo de tribunal y explicar las relaciones,
si las hubiere, entre los diversos tipos de tribunales.
La organización de los tribunales de  Noruega presenta cuatro niveles:
a) Las juntas de conciliación, de las que por regla general hay una en cada una de las
435 municipalidades, constituyen el primer nivel.  Las juntas no se ocupan de causas
penales.  Tampoco tratan las demandas de ejecución en los casos en que ya existe un
título ejecutivo, ni las medidas provisionales.  También quedan fuera de su competencialas causas civiles relativas a patentes, esquemas de trazado, derechos de los fitogenetistas
y marcas de fábrica o de comercio.  Fuera de estos casos, todo juicio civil debe por regla
general iniciarse en la junta de conciliación.  La junta puede, si así se solicita, dictar
                                                     
4 Se remite a la respuesta de Noruega a la pregunta 24 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia
(documento IP/N/6/NOR/1).IP/Q4/NOR/1
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sentencias en rebeldía a favor del demandante cuando el demandado no comparece o, a
solicitud de una de las partes, dictar sent encia sobre el fondo del asunto.  Sin embargo,
como los tres miembros de la junta suelen ser legos en derecho, la junta puede "remitir la
causa al tribunal", en lugar de dictar senten cia, si considera que el caso es demasiado
difícil o no queda suficientemente claro.  Como excepción a la regla general, eldemandante puede llevar un caso directamente an te el Tribunal de Distrito si tanto él
como el demandado han recurrido al asesoramie nto letrado y el demandante y su abogado
estiman inútil llevar el caso ante la junta de conciliación.  Esta excepción es de
considerable importancia práctica para el resto de las causas civiles sobre propiedad
intelectual.
b) El segundo nivel lo forman los Tribunales de  Distrito, de los que hay 87.  Los Tribunales
de Distrito tienen competencia general en causas penales y civiles.  No obstante, encuatro ciudades la ejecución de reclamacione s y las solicitudes de medidas provisionales
corresponden a Tribunales de Reclamaciones especiales.  En las 83 jurisdicciones
restantes, los Tribunales de Distrito se ocupan de estos asuntos con el nombre de Tribunal
de Reclamaciones.
c) El tercer nivel consiste en los seis Tribunales de Apelación.d) El cuarto y más alto nive l es el Tribunal Supremo.
Las sentencias dictadas por un tribunal en uno de los niveles pueden, por regla general, ser
recurridas ante el tribunal pertinente en el ni vel inmediato superior.  Existen, empero, algunas
restricciones a las apelaciones de los Tribunales de Di strito al Tribunal de Apelación y restricciones más
severas a las apelaciones de los Tribuna les de Apelaciones al Tribunal Supremo.
2. Sírvanse describir brevemente el procedimie nto que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia y citar las disposiciones legales por las que se han
establecido esos procedimientos.
La parte extranjera debe, o bien interponer una reclamación ante la junta de conciliación o
presentar un escrito de citación al Tribunal de Di strito, véase nuestra respuesta a la pregunta 1 supra .
La reclamación o el escrito de ci tación deben presentarse en noruego  o acompañados de una traducción
certificada a ese idioma.  El tribunal puede aceptar una  reclamación o un escrito en idioma extranjero si
las partes y el tribunal lo entienden, conforme al ar tículo 136 de la Ley de la Judicatura.  Sobre los
requisitos en cuanto al contenido de la reclam ación o el escrito de citación, nos remitimos a los
artículos 277 y 300 respectivamente de la Ley de Procedimiento Civil.
La solicitud de una medida provisional debe  presentarse al Tribunal de Reclamaciones.
Sobre los requisitos en cuanto al contenido de la solicitud nos remitimos al artículo 15-4 de la Ley deReclamaciones.
3. Sírvanse determinar todo requisito que de ba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales mencionados en la respuesta a la pregunta 1 que no se
exija de un nacional de Noruega, o de un residente en ese país, y citar las disposiciones legales en
que se prevén dichas diferencias.
Un demandante que no resida en Noruega debe, si así lo solicita el demandado, aportar una
garantía de que eventualmente responderá de los gastos del demandado, según el artículo 182 de la Ley
de Procedimiento Civil.  Muchas excepciones a lo dispuesto en este artículo se derivan de tratados
internacionales que Noruega ha ratificado o a los que  ha accedido.  El más importante es la Convención
de La Haya relativa al procedimiento civil de 1º de marzo de 1954.IP/Q4/NOR/1
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4. Sírvanse explicar cualesquiera disposicione s del sistema de observancia de Noruega que
garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sír vanse explicar qué disposiciones existen a fin de
evitar las demoras deliberadas en que incurran las partes de un procedimiento e indicar las
circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
Por lo general, los procedimientos judiciales son rápidos en Noruega.  En 1996, el tiempo medio
requerido desde que el Tribunal de Dist rito recibió el escrito de citaci ón hasta que se dictó sentencia o se
sobreseyó la causa, fue de 6,1 meses.  Para las causas penales, el tiempo medio desde el momento en
que el Tribunal de Distrito recibió la acusación y el momento en que se dictó sentencia o se sobreseyó la
causa, fue de 2,6 meses.  No se dispone de datos concretos sobre las causas acerca de propiedadintelectual.
La parte que trate de retrasar indebida mente una causa civil mediante alegaciones
evidentemente falsas o sin sentido u otros tipos de conducta deshonesta, puede ser multada por el
tribunal, conforme al artículo 202 de la Ley de la Judicatura.  También puede ser obligado a pagar losgastos ocasionados a la otra parte con esa conducta,  según el artículo 177 de la Ley de Procedimiento
Civil.  Pero, desde un punto de vista práctic o, estas medidas son de escasa importancia.
La medida más práctica y poderosa de que dis pone el tribunal contra una parte que trate de
retrasar una causa es convocar a las partes a la  vista sobre el fondo.  Si el demandado no comparece de
manera injustificada, el tribunal dictará, por lo gene ral, una sentencia en rebeldía sobre la base de las
alegaciones del demandante en la medida en que  esas alegaciones del demandante ya hayan sido
comunicadas al demandado, conforme al Capítulo 24 de la Ley de Procedimiento Civil.  Si es el
demandante quien no comparece, se absuelve al demandado.
Cuando el demandante inicia el procedimient o conducente a una decisión sobre el fondo del
asunto dentro del plazo previsto en una medida provisional, pero luego retrasa indebidamente el
procedimiento, el tribunal podrá, a solicitud del de mandado, revocar la medida provisional, según el
artículo 15-11 de la Ley de Reclamaciones.
5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entr e otras cosas, al costo de los procedimientos
judiciales y administra tivos de observancia.  Sírvanse in formar acerca de cualesquiera tasas
cobradas por las autoridades judiciales y admini strativas para iniciar las acciones legales en
materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar las
disposiciones legales en las que se establecen dich as tasas y suministrar copias de los documentos
utilizados para informar al público acerca de ellas.
Las tasas percibidas por las acciones legales figuran en la Ley de Tasas Judiciales, de 17 de
diciembre de 1982, Nº 86.  Las tasas se calculan como múltiplos de una tasa básica.  La tasa básica se
ajusta en general como parte de la aprobación del presupuesto por el Parlamento.  En 1997, la tasa
básica era de 505 coronas noruegas.
Una reclamación ante la junta de conciliación cuesta  una tasa básica.  La tasa por una causa civil
ante el Tribunal de Distrito, incluidas las apelacione s de la junta de conciliación, es seis veces la tasa
básica, es  decir, 3.030 coronas noruegas.  Una apelación an te el Tribunal de Apelación o el Tribunal
Supremo cuesta 25 veces la tasa básica, es decir, 12.625 coronas noruegas.
Una solicitud de medida provisional cuesta 2,5 veces la tasa básica, es decir, 1.262 coronas
noruegas.  La tasa incluye además la aplicación de la medida.
Por las apelaciones interlocutorias -véase la respuesta de Noruega a la pregunta 8 infra -  la tasa
es dos veces la tasa básica por una apelación ante el Tribunal de Distrito y seis veces la tasa básica por
las apelaciones ante el Tribunal de  Apelación y el Tribunal Supremo.
Las tasas están claramente expuestas en la Le y de Tasas Judiciales por lo que no ha habido
necesidad de folletos, etc., para explicarlas al público.IP/Q4/NOR/1
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Además de la tasa, las partes, en la mayoría de los casos, inicialmente el demandante, deben
pagar cosas como peritajes y traducción de documentos, etc., según sea necesario.
6. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerd o sobre los ADPIC se requiere que las decisiones
sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar mejor elrazonamiento en que se basa la decisión.  Sír vanse informar si los jueces deben presentar sus
decisiones por escrito y citar las disposiciones le gales en que se requieren esas opiniones escritas.
La respuesta es afirmativa, conforme al artíc ulo 144 de la Ley de Procedimiento Civil y el
artículo 39 de la Ley de Procedimiento Penal.
7. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de un
caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad
de ser oídas.  Sírvanse determinar los factores que pueden ser considerados por un juez al adoptar
una decisión.
En la evaluación de los hechos a los que el juez ha de aplicar la ley, debe en general tomar sólo
en cuenta las probanzas presentadas por las partes.  Con todo, se le permite tener en cuentaconocimientos comunes e indiscutibles.  Por lo que se refiere a los aspectos jurídicos de la causa, el juez
tiene que aplicar la ley por iniciativa propia.  De este modo, se permite al juez, y en verdad algunas
veces se le obliga a hacerlo, estudiar por su cuenta las fuentes de derecho.
8. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán obligados
a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judici ales y administrativas
en los procedimientos de observancia de los derechos  de propiedad intelectual.  Sírvanse describir
qué limitaciones jurídicas, si las hubiere, se impo nen a la capacidad de una de las partes en un
procedimiento de observancia de los derechos de  propiedad intelectual para lograr que otra
autoridad judicial proceda a la revisión tanto de las decisiones en materia de procedimiento comode las decisiones finales, y citar las disposicio nes legales en que se es tipulan dichas revisiones.
En el derecho procesal noruego, hay dos clases de apelación: la  apelación propia, a la que una
parte puede recurrir contra las sentencias y un ti po de apelación menor, la apelación interlocutoria, que
la parte puede utilizar contra otras decisiones del tribunal como las decisiones sobre procedimiento.
La sentencia de una junta de co nciliación puede ser apelada ante el Tribunal de Distrito sin
limitaciones, según los artículos 296 y 297 de la Le y de Procedimiento Civil.  La apelación de un
Tribunal de Distrito a un Tribunal de Apelación requier e la venia de este último cuando la apelación se
refiere a una reclamación de dinero o de otro s derechos de propiedad por un valor de menos
de 20.000 coronas noruegas, conforme al artícul o 356.  Una apelación del Tribunal de Apelación al
Tribunal Supremo precisa de venia cuando la can tidad controvertida es inferior a 100.000 coronas
noruegas, en virtud del artículo 357.  No obstante, el  Tribunal Supremo tiene facultades bastante amplias
para denegar la apelación  por diferentes razones, por ejemplo, porque la causa carece de interés general,
según el artículo 373.
Para todas las demás decisiones que no sean sentencias, se puede recurrir a la apelación
interlocutoria, a menos que pueda utilizarse como fundamento para una apelaci ón propiamente dicha, o
si por su naturaleza o por una disposición legislativ a especial es inmodificable, conforme al artículo 396
de la Ley de Procedimiento Civil.  Pero las apel aciones interlocutorias relativas a las decisiones de la
junta de conciliación sólo son posibles respecto de decisiones con un valor independiente, como las
concernientes al costo del procedimiento, y las que im piden a las partes llevar la causa a conocimiento
del Tribunal de Distrito, por ejempl o, una decisión de sobreseimiento de la causa, según el artículo 298.
Hay restricciones a los motivos por los que se puede r ecurrir ante el Tribunal  Supremo de una apelación
interlocutoria del Tribunal de Ap elación, conforme al artículo 404.IP/Q4/NOR/1
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Las normas sobre la apelación propiamente di cha y el procedimiento penal son más bien
complejas, por lo que se omiten aquí.  Las referentes a apelaciones interlocutorias son muy parecidas a
las del procedimiento civil, conforme al Ca pítulo 26 de la Ley de Procedimiento Penal.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
9. En el artículo 42 se estipula que se notificará a los demandados de los procedimientos
judiciales y administrati vos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los proced imientos seguidos para notificar a las partes
demandadas los procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la informacióncomunicada acerca del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen
estos procedimientos.
En las causas civiles, la reclamación ante la junta de conciliación o el escrito de citación ante el
Tribunal de Distrito son notificados al demandado por  el tribunal o por orden de éste, con arreglo al
artículo 277 y los artículos 303 y 313, respectivamente, de la Ley de Procedimiento Civil.  Además de la
reclamación o el escrito, el demandado será informa do de las medidas que debe adoptar para evitar que
se dicte una sentencia en rebeldía.
10. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue el
acceso a la información que han ordenado las au toridades judiciales, esas autoridades estarán
facultadas para formular determinaciones prelim inares y definitivas contrarias a dicha parte.
Sírvanse describir qué sanciones pueden impon erse a una parte que se ha negado a aportar la
información como se había ordenado y en qué condiciones se imponen las sanciones mencionadas,
citando la disposición legal en que se prescriben dichas sanciones.
Por lo general, no existen sanciones para la observancia de un mandamiento judicial contra una
parte que rehuse el acceso a las pruebas o se ni egue a suministrarlas.  Con todo, la negativa puede
interpretarse en contra de la parte renuente y el artículo 258 de la Ley de Procedimiento Civil declara
expresamente que el tribunal, a la luz del conjunto de  las circunstancias, decidirá qué conclusiones cabe
extraer de la negativa.
11. En el párrafo 1 del artículo 44 se estipula que  las autoridades judiciales estarán facultadas
para ordenar a una parte que desista de una infracción o para conseguir este resultado de otra
manera, entre otras cosas impidiendo que los productos infractores entren en los circuitos
comerciales.  En el documento IP/N/6/NOR/1 se  explica que el hecho de que se determine
judicialmente que un de mandado no tiene derecho a realizar actividades que comporten
infracción, junto con la posibilidad de iniciar una acción penal, tienen efectos equivalentes a los de
un mandamiento judicial.  En la descripción de las medidas penales disponibles no se indica cuáles
son aplicables a las violaciones relativas a los d erechos de la información confidencial.  Sírvanse
describir qué recursos existen contra las activida des que infringen estos derechos de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 44.
Debido a un simple descuido por nuestra parte, las respuestas de Noruega a la Lista de
Cuestiones sobre la Observancia
5 no se referían al artículo 17 de la Ley de Comercialización, de 16 de
junio de 1972, Nº 47, que convierte en delito la infracción de la información no divulgada.
12. Los otros recursos contra las violaciones de  los derechos de la propiedad intelectual
prescritos por el Acuerdo sobre los ADPIC que fi guran en el documento IP/N/6/NOR/1 tampoco
incluyen referencias a las violaciones de los d erechos de la información no divulgada.  Sírvanse
describir de qué manera se prevén en la legislación de Noruega esos recursos.
                                                     
5 Documento IP/N/6/NOR/1.IP/Q4/NOR/1
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La persona que dolosa o culposamente viole lo  dispuesto sobre la información no divulgada en
la Ley de Comercialización, de 16 de junio de 1972, Nº 47, está obligada a indemnizar.
Esta responsabilidad se funda en el derecho general sobre responsabilidad extracontractual y no estáregulada en la Ley de Comercialización.
13. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1 con
referencia a la utilización por el gobierno, o po r terceros autorizados por el gobierno, limitándose
el recurso contra la infracción al pago de una  compensación adecuada de conformidad con lo
dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las limitaciones o recursos de esta
clase que existen en las leyes de Noruega y citar las disposiciones legales en que se establecen esas
limitaciones.
La medida en que la autoridad o cualquier ter cero facultado por ésta puede utilizar bienes que
son objeto de propiedad intelectual, ha sido objeto de anteriores exámenes.  En los casos en que esa
utilización se permite, no constituye infracción y no se prevé ninguna otra reparación que laindemnización.  No obstante, si la autoridad o un tercero facultado por ésta utiliza ilícitamente ese tipode bienes, queda abierta la vía a todas las reparaciones de tipo general.
14. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto a las
autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas
correctoras adecuadas sólo en el caso de actuac iones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe
para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.  Sírvanse explicar toda exención de las
autoridades y funcionarios públicos de las respon sabilidades por abusos en los procedimientos de
observancia, describir las circunstancias en que no  se aplicarían dichas limitaciones, y citar las
disposiciones legales con arreglo a las cuales se conceden esas exenciones.
En general, tanto las autoridades públicas como los funcionarios públicos están obligados a
indemnizar las pérdidas causadas con dolo o culpa a los particulares.  El que un acto se considere
"culposo" a este respecto, dependerá de un amplio examen de todas las circunstancias del caso concreto.
No obstante, quisiéramos subrayar un aspecto de este principio general, a saber, que la responsabilidad
de las autoridades públicas no deriva de la  que pese sobre un funcionario determinado.
Por consiguiente, la autoridad será responsable tanto por la "culpa concurrente" como por la "culpa
anónima".
Medidas provisionales
15. En el párrafo 3 del artículo 50 se estipula que  las autoridades judiciales estarán facultadas
para exigir al demandante que presente las pruebas con el fin de establecer con un grado
suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derech o y que su derecho es objeto o
va ser objeto inminentemente de infracción .  Con respecto a cada derecho de propiedad
intelectual abarcado por la Part e II del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir las pruebas
que debe presentar el titular a fin de es tablecer su carácter de titular del derecho.
De acuerdo con el artículo 15-4 de la Ley de Reclamaciones, la solicitud debe ir acompañada
normalmente de los documentos que estén en manos del solicitante y a los que se refiera la solicitud.
El solicitante ha de dar, conforme al artículo 15-6, pruebas suficientes de su derecho para que el juez
pueda estimar como más probable la existencia que la inexistencia del derecho.  La manera como se han
de considerar los diferentes tipos de prueba documental o alegaciones en la solicitud, conforme a las
diferentes circunstancias respecto de los distintos der echos de propiedad intelectual, es de competencia
del juez y su experiencia y sentido común, y no puede ser respondida con autoridad por la
administración.IP/Q4/NOR/1
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Prescripciones especiales relaciona das con las medidas en frontera
16. En el Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los países adoptarán procedimientos para
que el titular de un derecho pueda presentar una demanda para que suspenda la importación de
mercancías de marca de fábrica o de comercio fa lsificadas o mercancías pirata que lesionan el
derecho de autor.  En el documento IP/N/6 /NOR/1, de septiembre de 1996, se informa que
Noruega está revisando su legislación relativa a las medidas en frontera para garantizar su
conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.  Sí rvanse indicar el estado de esta revisión y
describir cómo cumple la legislación de Norue ga las obligaciones contenidas en los artículos 51
a 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las disposiciones sobre medidas en frontera fu eron aprobadas por la Ley de 20 de diciembre
de 1996, Nº 104, como modificaciones a la Ley de Recl amaciones y la Ley de Aduanas, de 10 de junio
de 1966, Nº 5.  Las disposiciones entrar on en vigor el 1º de enero de 1997.
Pueden aplicarse medidas en frontera respecto de  todos los derechos de propiedad intelectual de
tipo tradicional, a saber, derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio,
patentes, dibujos o modelos industriales, esquemas de trazado y derechos de los fitogenetistas.  Si una
importación de mercancías constituye una infracción a ese derecho, el titular de éste puede solicitar al
tribunal de ejecución de reclamaciones una medida  en frontera como tipo especial de medida
provisional.  Por lo tanto, son de aplicación las norma s generales sobre estas últimas.  Si el tribunal
comprueba que se han satisfecho las condiciones para una  medida en frontera, ordenará a las autoridades
aduaneras que suspendan el despacho de las mercancías .  La descripción de éstas puede circunscribirse,
por ejemplo, a un envío determinado que ya se halla en posesión de las autoridades aduaneras o ser tan
amplia que abarque todas las mercancías con determin adas características.  El tribunal decide también
cuál será la duración de la medida, es decir, el plazo en que las autoridades aduaneras deben tratar de
descubrir mercancías que co incidan con la descripción.
Si las autoridades aduaneras descubren mercan cías que coinciden con la descripción, deben
suspender su despacho y notificar inmediatamente al tribunal, al solicitante y al propietario de las
mercancías.  Si no se ha fijado un plazo para inicia r el procedimiento conducente a una decisión sobre el
fondo del asunto, el tribunal debe hacerlo tan pront o como reciba esa notificación.  El tribunal puede
autorizar a las partes a inspeccionar las mercancías mientras se hallen en manos de las autoridades
aduaneras.
Procedimientos penales
17. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de
comercio o de piratería lesiva del derecho de autor.  Sírvanse explicar en qué forma las sanciones
previstas en las leyes de Noru ega cumplen con esta obligación.
En general, la pena máxima prescrita por la infracción de derechos de propiedad intelectual es
de multa y tres meses de prisión.  En circunstancia s particularmente agravantes, la pena máxima por la
infracción del derecho de autor y de los esquemas de trazado es de tres años de prisión.  Las demás leyes
sobre propiedad intelectual carecen de una disposici ón semejante.  No obstante, el Comité del Código
Penal deberá examinar, como parte de su labor s obre un nuevo código penal, las diferentes penas
establecidas en diferentes partes de la legislación noruega.  La notable diferencia antes mencionada será
seguramente examinada por el Comité.
[Pregunta complementaria a la pregunta 17 de los Estados Unidos]IP/Q4/NOR/1
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En su respuesta a la pregunta 17 de los Esta dos Unidos, Noruega indica que se propone
revisar su Código Penal con respecto a las sancio nes penales por la infracción de derechos de
propiedad intelectual (distintos del derecho de au tor).  Sírvanse describir el calendario previsto
por el Gobierno para la aprobación de esas revisiones.
Como se subraya en nuestra respuesta a la pr egunta 17 de los Estados Unidos, el Comité del
Código Penal de Noruega ha de examinar, como pa rte de su labor sobre un nuevo código penal, las
diferentes penas previstas en diferentes partes de la legislación noruega, inclusive las penas por
infracción de derechos de propiedad intelectual.  Este proyecto no tiene un calendario establecido, pero
se prevé para dentro de un par de años una pr opuesta de un nuevo código penal y modificaciones de
otras leyes.
[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]
1. Sírvanse suministrar información estadística relacionada con la observancia por vía civil
de los derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones  geográficas, dibujos y
modelos industriales, patentes, esquemas de trazad o de circuitos integrados y secretos comerciales
para cada uno de los años 1996 y 1997, inclusive el número de casos incoados;  mandamientos
judiciales expedidos;  productos infractores incautados;  equipo infractor incautado;  casos
resueltos (inclusive mediante transacción);  y la  cuantía de los daños y perjuicios adjudicados.
Sírvanse ver a continuación dos cuadros que contie nen las estadísticas de que se dispone sobre
la observancia por vía civil y penal de los derechos  de propiedad intelectual.  Debe observarse, sin
embargo, que los tribunales noruegos no suelen llevar esta dísticas sobre la observancia de esos derechos.
De ahí que los cuadros no pretendan ser un registro completo de todos los actos pertinentes en materia
de observancia en esta esfera en los años 1996 y 1997 y se basarán, en cierta medida, en estimaciones.Además, no se hace distinción entre causas sobre derecho de autor y causas sobre derechos de propiedad
industrial.
Cuadro 1: Observancia por vía civil de derech os de propiedad intelectual* en Noruega
en 1996-1997
NÚMERO DE CAUSAS O CUANTÍA POR AÑO**
Tipo de actuación 1996 1997
causas incoadas 25 a 30 30 a 35
mandamientos judiciales solicitados 25 30 a 35
mandamientos judiciales emitidos 15 a 20 20
productos infractores incautados no se sabe, pero véase el cuadro 2 no se sabe, pero véase el cuadro 2
equipo infractor incautado no se sabe no se sabe
causas resueltas mediante
transacción40% 40%
sentencias dictadas 40% 45%
causas resueltas de otro modo 20% 15%
cuantía de las indemnizaciones
adjudicadas***normalmente, de 50.000 a 500.000 coronas noruegas, muy raramente
más
* Las estadísticas disponibles no distinguen entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial.
** Las cifras se basan en cierta medida en estimaciones, ya que las estadísticas sobre observancia de derechos
de propiedad intelectual son incompletas.
*** No se sabe si las indemnizaciones adjudicadas fueron realmente pagadas .IP/Q4/NOR/1
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2. Sírvanse suministrar información estadística relativa a la observancia por vía penal en la
esfera de la piratería contra el derecho de au tor y la infracción de marcas de fábrica o de
comercio para cada uno de los años 1996 y 1997, in clusive el número de redadas, inculpaciones y
condenas, y la cuantía de las multas y/o la duració n de las penas de prisión (inclusive si las multas
se pagaron y si las condenas a prisión se cumpli eron realmente o fueron objeto de suspensión) y
toda otra información que demuestre que su sistema penal funciona eficazmente para disuadir la
piratería contra el derecho de autor y la fals ificación de marcas de fábrica o de comercio.
Sírvanse ver la respuesta a la pregunta complementaria 1 de los Estados Unidos.
Cuadro 2: Observancia por vía penal de los d erechos de propiedad intelectual* en Noruega
en 1996-1997
NÚMERO DE CAUSAS O CUANTÍAS POR AÑO**
Tipo de actuación 1996 1997
causas incoadas 50 a 60 50 a 60
redadas 50 a 55 50 a 55
productos infractores incautados 50 a 55 50 a 55
equipo infractor incautado no se sabe no se sabe
inculpaciones 30 a 35 30 a 35
condenas 30 30
cuantía de las multas impuestas*** normalmente, de 5.000 a 120.000 coronas noruegas,
raramente más
duración de las condenas a prisión*** condenas a prisión suspendidas hasta 90 días
* Las estadísticas disponibles no distinguen entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial.** Las cifras se basan en cierta medida en estimaciones, ya que las estadísticas sobre observancia de
derechos de propiedad intelectual son incompletas.
*** No se sabe si las multas impuestas fueron realmente pagadas ni si se cumplieron realmente las condenas a
prisión suspendidas (por ejemplo, debido a posteriores delitos cometidos durante el período de
suspensión).
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