ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/CUB/1
20 de noviembre de 2001
(01-5891)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Cuba
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
En el caso de que la infracción esté dirigida a derechos de marcas y otros signos distintivos,
en virtud de lo establecido en el Decreto Le y 203, del 24 de diciembre de 1999, en su Título X,
Acciones y Medidas por Infracción de Derechos, Capítulo I, Acción Judicial, artículo 125, se podrá
entablar demanda ante el Tribunal Provincial Popular que corresponda, conforme a las reglas de
competencia y en los términos establecidos para el proceso ordinario en la Ley No. 7, del 19 de agosto
de 1977, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL), contra cualquier persona
que infrinja ese derecho.
La acción por infracción de un derecho conf erido por ese Decreto Ley 203, prescribe a los
cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción, en virtud de lo establecido en
el artículo 129.
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
Como se señaló en el apartado anterior en el caso de que la infracción esté dirigida a derechos
de marcas y otros signos distintivos, el titular de ese derecho, así como el licenciatario, de acuerdo
con las condiciones que se hayan pactado en la licencia,  en virtud de lo establecido en el Decreto
Ley 203, del 24 de diciembre de 1999, en su Título X, Acciones y Medidas por Infracción de
Derechos, Capítulo I, Acción Judicial, artículo  125, podrá  entablar demanda ante el Tribunal
Provincial Popular que corresponda, conforme a las reglas de competencia y en los términos
establecidos para el proceso ordinario en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral,
contra cualquier persona que infrinja ese derecho.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción
sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo pacto en contrario.
                                                     
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Por otra parte, el propio Decreto Ley prevé en su artículo 87, que el titular de una licencia
exclusiva también podrá ejercer acciones referidas a la defensa de una marca, en el caso de que el
titular de la marca  haya sido requerido y no haya ejercitado la acción  por sí mismo, en el plazo
establecido en el artículo 128 del Decreto Ley.
La acción también podrá ser entablada por una asociación, federación, sindicato u otra entidad
representativa de los interesados siempre que estuviese legitimada para esos efectos.
El fiscal podrá ejercitar la acción cuando se afecte el interés social o estatal.¿Cómo pueden estar representadas esas personas?
Las personas podrán estar representadas por sí o a través de un abogado.  Cuando lo hagan
por sí mismas, habrán de ser dirigidas por un abogado.  Estos extremos están recogidos en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.
Por las personas jurídicas actuarán quienes las representen conforme a las disposiciones
legales, reglamentarias o estatutarias por las cuales se rijan, en virtud de lo establecido en el
artículo 64 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.
¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del
derecho ante el tribunal?
El artículo 42 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, prevé que el
Tribunal puede hacer comparecer a las partes en cualquier estado del proceso para interrogarlas sobre
los hechos del litigio, u ordenar la inspección de las cosas que fueron objeto del mismo y de los libros
y documentos que tengan relación con el pleito, siempre que sea indispensable para el conocimientode los hechos.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
El artículo 248 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, establece que en
cualquiera de las instancias el tribunal acordará de oficio  o a solicitud de parte , antes de dictar
sentencia y para mejor proveer, las diligencias de prueba que considere indispensables para llegar al
cabal conocimiento de la verdad en relación con las cuestiones planteadas.
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
Aunque en la legislación vigente, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, no
existe una mención expresa de tal extremo, se prevé que en el proyecto del Decreto Ley de Protección
contra la Competencia Desleal se realice una inclusión en tal sentido.IP/N/6/CUB/1
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5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos
utilizados para su producción;
- otras medidas.
Mandamientos judiciales
Las autoridades judiciales están facultadas para dictar distintos tipos de resoluciones
judiciales, que adoptarán la forma de sentencias, providencias o autos, de acuerdo a lo establecido en
el Capítulo VI de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.
Las providencias son las resoluciones destinadas al impulso procesal o que no requieran
dictarse en forma razonada.
Los autos son las resoluciones que decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una
manera directa la personería o la comparecencia, rechacen de plano o decidan la procedencia o
improcedencia de la recusación, rechacen el recibimiento a prueba o la admisión de alguna diligencia
de ésta, resuelvan los recursos contra las providencias o autos, y las demás que según las leyes o de
acuerdo con su naturaleza deban decidirse en forma razonada.
Las sentencias son las resoluciones que ponen fin al proceso en la instancia o en el recurso de
casación o apelación, según proceda, o decidan cuestiones o excepciones que impidan entrar en el
fondo del asunto.
Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
En el proceso de conocimiento de una acción por infracción, en virtud de lo establecido en el
Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos Distintivos, artículo 126, puede disponerse por el tribunal,
a instancia del demandante, una o más de las siguientes medidas:
- La reparación de los daños materiales.- La indemnización de los perjuicios.  Está última se calcula en función de los
siguientes criterios:
             - el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la
infracción,
             - el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los
actos de infracción,
             - el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia
contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las
licencias contractuales que ya se hubieren concedido.IP/N/6/CUB/1
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Por su parte, la Ley No. 59, del 16 de julio de 1987, Código Civil, establece en los artículos
comprendidos entre el 82 y 88, todo lo relacionado con la responsabilidad civil por actos ilícitos,
incluyendo la reparación del daño material, la indemnización del perjuicio y la reparación del daño
moral.
En cuanto a los honorarios de los abogados existen regulaciones en tal sentido, establecidas
por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
El propio Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos Distintivos, en el artículo 126, prevé las
medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, disponiendo la
destrucción de los productos, materiales o medios que sirvieran para cometer la infracción, incluyendo
los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la
infracción.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre
sus circuitos de distribución?
El Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos  Distintivos, en el artículo 126.4, establece que
el Tribunal en cualquier momento del proceso, puede ordenar al demandado que proporcione las
informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o
comercialización de los productos o servicios materia de la infracción.
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que
se haya impuesto indebidamente una obligación
El Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos  Distintivos, en el artículo 132.3, establece que
el solicitante de medidas provisionales responde por los daños y perjuicios resultantes de su ejecuciónsi las medidas caducaran, quedaran sin efecto o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante,
o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción a un derecho de
propiedad industrial.
¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué
"medidas correctivas" les son aplicables?
La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, establece en cuanto a la
responsabilidad de autoridades y funcionarios públicos, en el Capítulo X del Título I, la
responsabilidad civil de los jueces, de los fiscales y de los secretarios.IP/N/6/CUB/1
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8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.
En cuanto a la a duración de los procedimientos, nos remitimos a las disposiciones que la Ley
de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral establece en las etapas del proceso y para cadaprocedimiento, lo que depende del proceso en cuestión.
En cuanto al costo, el Capítulo XII de la referida Ley de Procedimiento Civil, Administrativo
y Laboral, regula lo relativo a las costas procesales, que son los gastos necesarios que las partes deben
incurrir durante el proceso, directa e inmediatamente dirigidos a hacer posible la sustanciación del
mismo de acuerdo con los trámites que la ley en cada caso autoriza.
Todo lo relativo a las costas procesales está regulado en los artículos 198 al 212 de la Ley de
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
En materia de propiedad industrial las autoridades administrativas no están autorizadas para
conocer de procesos de infracción de derechos;  está facultad se reserva al tribunal.  No obstante en el
proceso de oposición contra el que cabe Recurso de Alzada, y en los de nulidad, cancelación ocaducidad de los registros, que se conocen en primera instancia por la autoridad administrativa en la
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, puede establecerse reclamación contra esta decisión ante la
Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial del Poder Popular de la Ciudad de
La Habana;  tal regulación está recogida en el Título IX, Acciones contra las Resoluciones de la
Oficina, artículo 124 del Decreto Ley 203.
En cuanto al procedimiento administrativo se encuentra regulado en el Libro Segundo, "Del
Procedimiento Administrativo", Títulos del I al V, de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y
Laboral.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
El artículo 131 del Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos Distintivos, establece que
puede disponerse por el tribunal las siguientes medidas provisionales:
a) el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción;
b) el embargo o la retención de los productos, embalajes, etiquetas medios que sirvieran
principalmente para cometer la infracción;
c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o
medios  referidos en el inciso b).IP/N/6/CUB/1
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11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
El demandante pude solicitar, ante el tribunal que conoce de la demanda, que se ordenen
medidas provisionales inmediatas con el objetivo de impedir la continuación de la infracción, evitar
sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción.  Esto lo podráhacer antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella, o con posterioridad a su inicio, en virtud de lo
establecido en el artículo 130 del Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos Distintivos.
Por su parte el artículo 133 del referido Decreto Ley, establece que cuando fuera necesario
para que la medida cumpla su propósito, ella se  podrá ejecutar sin haber oído previamente a la otra
parte.  En tal caso excepcional, la medida se notificará a la parte afectada a más tardar inmediatamente
después de la ejecución.
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
Tal y como se refirió en el apartado anterior el demandante puede solicitar, ante el tribunal
que conoce de la demanda, que se ordenen medidas provisionales inmediatas con el objetivo de
impedir la continuación de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o
asegurar la efectividad de la acción.  Esto lo podrá hacer antes de iniciar la acción, conjuntamente con
ella, o con posterioridad a su inicio.
Una medida provisional sólo se dispone cuando el demandante acredite su legitimación para
actuar y la existencia del derecho infringido, y presente pruebas que permitan presumir
fehacientemente la comisión de la infracción o su inminencia, y que la demora en aplicar la medida
causara un perjuicio irreparable o mayor.  La medida no se dispondrá si quien la pide no diera garantíasuficiente a criterio del tribunal.
Toda medida provisional ejecutada antes de iniciar la acción civil sobre el fondo del asunto
quedará sin efecto transcurridos veinte días hábiles contados desde la imposición de la medida  si no
se iniciara la acción dentro de ese término.  Todo ello aparece regulado en el Título X, Acciones y
Medidas por Infracción de Derechos, Capítulo II, Medidas Provisionales.
Por su parte la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en el Título VII
establece todo lo relativo al embargo de bienes.
En cuanto a las medidas de salvaguardia, la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y
Laboral en los artículos 463, 465, 466, 467 y 468, establece que:
"Podrán ser objeto de embargo, medida cautelar o asegurativa, toda clase de bienes y
derechos, con excepción de los que a continuación se expresan:
a) los bienes de propiedad socialista estatal,
b) el inmueble que constituya la vivienda permanente del deudor,
c) los bienes de propiedad personal destinados al uso imprescindible del deudor,
d) los instrumentos o medios de trabajo de uso necesario para el ejercicio de la
profesión, arte u oficio,
e) los vehículos que constituyan instrumentos o medio de trabajo personal,f) las pensiones alimenticias,IP/N/6/CUB/1
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g) las tierras integrantes del mínimo vital y el área de autoconsumo  del pequeño
agricultor y los demás bienes inherentes a ella, incluyendo los aperos de labranza, los
animales y crías de éstos.
Serán inembargables también los dos tercios de los sueldos, salarios y prestaciones de
seguridad social.
Si se tratara de dinero, alhajas o piedras preciosas, se depositarán en la oficina bancaria
correspondiente o se participará el embargo a dicha oficina si estuviesen ya depositados en
ella, con la prevención, en ambos casos, de que no podrán ser extraídos sin autorización
previa del tribunal que conociera del proceso.
Respecto a las obras de arte y demás objetos valiosos, el Tribunal adoptará las medidas
necesarias para su depósito en lugar seguro.
Los demás bienes muebles y semovientes se dejarán, previa reseña, en poder del deudor o del
tercero en cuya tenencia se hallen, a las resultas del proceso, con la obligación deconservarlos en el estado en que se encuentren y la expresa prohibición de disponer de ellos,
sujetos en todo caso a las responsabilidades en que pueden incurrir en el orden penal.
En cuanto a los inmuebles, se limitará el em bargo a librar comunicación al responsable de la
oficina y organismo donde conste la inscripción de la propiedad del inmueble para que seextienda la correspondiente anotación."
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?  Sírvanse facilitar
los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
En cuanto a la duración depende de los plazos que se establecen en la Ley de Procedimiento
Civil, Administrativo y Laboral.  En relación con el costo del procedimiento nos remitimos a lo
regulado en los artículos del 198 al 212, antes citado, referido a las costas procesales.  A esto se suma
el impuesto sobre documentos en el caso que proceda.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
En relación con las medidas provisionales administrativas las leyes de propiedad industrial no
regulan esta facultad, se reserva al tribunal esta facultad en la vía judicial.IP/N/6/CUB/1
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Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable
el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país
por el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
La Resolución No. 25 del 24 de septiembre de 2001, del Jefe de la Aduana General de la
República, modifica lo establecido en la Resolución 21  del 14 de julio de 1997, dictada por esa
propia autoridad y pone en vigor las "Normas para la Retención de Mercancías por Infracción de
Derechos de Propiedad Intelectual", que establece en su artículo 1, "que las presentes normas regulanel Procedimiento para la protección en frontera de los Derechos de Propiedad Intelectual y los
trámites de las demandas de retención de mercancías   que infrinjan dichos derechos".
El artículo 2 establece que, "la Aduana suspenderá el despacho de mercancías piratas u otras
que infrinjan Derechos de Propiedad Intelectual, importadas o exportadas bajo cualquier régimenaduanero".
El artículo 3 establece que, "para asegurar la observancia en frontera de los Derechos de
Propiedad Intelectual, la Aduana actuará a instancia de parte , a instancia de la autoridad competente y
de oficio , siempre que sea posible su detección por la autoridad aduanera actuante".
En el artículo 24 se establece que "no se aplicará lo dispuesto en la presente Norma, cuando
las mercancías que presuntamente infrinjan los Derechos de Propiedad Intelectual:
a) Constituyan mercancías en tránsito internacional;b) Constituyan envíos  sin carácter comercial;c) Formen parte de los efectos personales de los viajeros."Por su parte, el Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos Distintivos, establece en el
Artículo  141, con carácter especial para esas modalidades, que serán excluidas  de las disposicionesespeciales relacionadas con las medidas en fronteras, las pequeñas cantidades de mercancías  que no
tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en
pequeñas cantidades.IP/N/6/CUB/1
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16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
El Decreto Ley 203, Título X, Capítulo III, Medidas Especiales en fronteras, establece que el
titular de un derecho protegido por esta norma, que tenga motivos fundados para suponer que se
prepara la importación o la exportación de mercancías que infringen ese derecho, puede solicitar al
Tribunal Provincial Popular que corresponda, que ordene a la Aduana la retención de la mercancíaobjeto de la importación o exportación al momento de su despacho.  Son aplicables a esa solicitud y a
la orden que se dicte las condiciones y garantías aplicables a las medidas provisionales.
Al disponer una medida en frontera, el Tribunal debe exigir a quien la solicite la prestación de
fianza bastante para responder a lo que resulte del proceso.
Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, el tribunal ordenará o denegará la retención
y lo comunicará al demandante.
Quien solicite la retención debe dar al tribunal, previa identificación oportuna, las
informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para
que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad por la Aduana.  El Tribunal, una vez que
disponga la retención, debe exigir a quien la solicite la prestación de fianza para responder a lo que
resulte del proceso.
Ejecutada la retención, la Aduana lo notifica inmediatamente al importador o exportador de
las mercancías, al solicitante de la medida y al tribunal que corresponda.
Si transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de comunicación de la retención al
demandante , la Aduana no ha sido informada de que se ha iniciado la acción judicial sobre el fondo
del asunto o de que el tribunal ha dictado medidas provisionales para prolongar la retención, ésta será
levantada y se despacharán las mercancías retenidas.  En casos debidamente justificados ese plazopodrá ser prorrogado por diez días hábiles.
Cuando la retención fuese ordenada como medida provisional, será aplicable el plazo previsto
para tales medidas.
Iniciada la acción judicial sobre el fondo del asunto, la parte afectada por la retención  podrá
recurrir ante el tribunal para que reconsidere de la retención ordenada, y se le dará respuesta a estos
efectos.  Dicha medida podrá ser modificada, revocada o confirmada.
El solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su
ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si
posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de
propiedad industrial.
Regulación en igual sentido establece la Resolución No. 25 del 24 de septiembre de 2001, del
Jefe de la Aduana General de la República, Normas para la Retención de Mercancías por Infracción
de Derechos de Propiedad Intelectual, en relación con el resto de las modalidades de la propiedad
intelectual, en el Capítulo III.IP/N/6/CUB/1
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17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías paralibre circulación?
Los datos relativos a la duración de los procedimientos se encuentran regulados en el
Título X, Acciones y Medidas por Infracción de Derechos, Capítulo III, Medidas Especiales en
Frontera, del Decreto Ley 203, proceso descrito en la respuesta del apartado anterior y en la
Resolución No. 25 del 20 de septiembre de 2001, del Jefe de la Aduana General de la República.
En cuanto al período de validez de las decisiones de las autoridades competentes el
artículo 137.1 del Decreto ley 203 establece que "si transcurridos diez días hábiles contados desde la
fecha de comunicación de la retención al demandante , la Aduana no ha sido informada de que se ha
iniciado la acción judicial sobre el fondo del asunto o de que el tribunal ha dictado medidas
provisionales para prolongar la retención, ésta será levantada y se despacharán las mercancías
retenidas. En casos debidamente justificados ese plazo podrá ser prorrogado por diez días hábiles".Similar regulación recoge la Resolución 25 en el artículo 17.
En cuanto al costo, el Decreto Ley 203, antes referido, en su artículo 138 establece que "el
solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si
las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormentese determina que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de propiedad
industrial".  Similar regulación la establece la Resolución No. 25 del 20 de septiembre de 2001, del
Jefe de la Aduana General de la República, en el artículo 18.
18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
La Resolución No. 25 del 20 de septiembre de 2001, del Jefe de la Aduana General de la
República, establece en el artículo 3, que "para asegurar la observancia en frontera de los Derechos de
Propiedad Intelectual, la Aduana actuará a instancia de parte , a instancia de la autoridad competente
administrativa o judicial y de oficio , siempre que sea posible su detección por la autoridad aduanera
actuante".
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Las medidas que pueden ser ejecutadas por las autoridades competentes están comprendidas
en el artículo 131 del Decreto Ley 203, y consisten en:
a) el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción;b) el embargo o la retención de los productos, embalajes, etiquetas medios que sirvieran
principalmente para cometer la infracción;
c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o
medios  referidos en el inciso b).
Por su parte, la Resolución No. 25 del 20 de septiembre de 2001, del Jefe de la Aduana
General de la República, establece en el artículo 22, "que en los casos en que en virtud de losIP/N/6/CUB/1
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procedimientos judiciales o administrativos se determine que las mercancías objeto de litigio, son
mercancías infractoras, la Aduana tendrá facultad para adoptar las siguientes medidas, a menos que
sea instruido de otra manera por la autoridad administrativa o judicial competente:
a) la destrucción de las mercancías, ob) destinarlas a un fin socialmente útil que tenga como objeto evitar la obtención de
beneficios económicos ilícitos y siempre que las mercancías circulen fuera de los
canales normales de comercio y sin detrimento del titular".
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
La Ley No. 5, del 13 de agosto de 1977, Ley de Procedimiento Penal (LPP), establece en el
artículo 4, "que corresponde a los Tribunales Populares de lo penal el conocimiento de los procesos
que se originen en virtud de la comisión de hechos punibles comunes y contra la Seguridad del
Estado, así como la declaración de los estados peligrosos".
El Título II de la propia Ley de Procedimiento Penal establece lo relativo a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales Populares de lo penal.
21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones
penales?
El Código Penal vigente, Ley 62 del 27 de diciembre de 1987, modificado por el Decreto
Ley 140, del 13 de agosto de 1993, por el Decreto Ley 150, del 6 de junio de 1994, por el Decreto Ley
No. 175, del 17 de junio de 1997, y por la Ley 87, del 26 de febrero de 1999, incluye una figura
delictiva  relativa a infracción de derechos en materia de propiedad industrial, se trata del artículo 226,
que establece que:
"Incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a
quinientas cuotas o ambas:
a) el inventor que, sin autorización del ór gano o funcionario competente, registre,
facilite la divulgación o autorice a otro a usar en el extranjero un invento realizado
por él en Cuba,
b) cualquier otra persona que registre, divulgue o use en el extranjero, sin la debida
autorización, un invento realizado en Cuba, independientemente de la razón por laque tenga conocimiento del mismo."
Así  mismo, la Ley 87, del 26 de febrero de 1999, modificativa del Código Penal, establece en
su Capítulo III, sobre la Transmisión, Tenencia Ilegal de Bienes del Patrimonio Cultural y
Falsificación de Obras de Arte, el artículo 246, que dispone lo siguiente:
"Se sanciona con privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas o
ambas el que, en perjuicio de su creador o del patrimonio cultural falsifique una obra de arte o
la trafique" y continúa, si como consecuencia de los hechos previstos en le apartado anterior
se causa un grave perjuicio, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años."IP/N/6/CUB/1
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No obstante, debe destacarse que en estos momentos se encuentran en fase de  estudio un
proyecto de Decreto Ley sobre los Delitos en Materia de Propiedad Industrial, así como el proyecto de
Decreto Ley de Derecho de Autor, en los que se incluyen las conductas que complementan nuestra
obligación en esta materia.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
El artículo 127 de la Constitución de la República establece que la Fiscalía General de la
República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la
preservación de la legalidad sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la
Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades
económicas y sociales, y por los ciudadanos, y la prom oción y el ejercicio de la acción penal pública
en representación del Estado.
El artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal dispone que "el que presencie la
perpetración de un delito perseguible de oficio   o en cualquier otra forma tenga la certeza de que se ha
cometido, está obligado a ponerlo en conocimiento  de un Tribunal, Fiscal, Instructor, unidad de
policía, o en defecto de ésta, de la unidad militar más próxima del lugar en que se halle".
El artículo 118 establece que de la misma forma están obligados a hacerlo, los que por razón
de sus cargos, profesiones, u oficios, tuvieren noticias de la comisión de un delito perseguible
de oficio .
El Libro Tercero De la Acción Penal y de la Calificación del Delito, Título I, De la Acción
Penal, de la Ley de Procedimiento Penal, establece en el artículo 272, que "la acción penal se ejercita
ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de la acusación contra el presunto culpable por
los hechos delictivos que se le imputen".
Por su parte, el artículo 273 de la propia Ley establece que la acción penal respecto a los
delitos perseguibles de oficio  se ejercita por el Fiscal.
En cuanto a la acción iniciada por iniciativa propia y a raíz de reclamaciones, el artículo 273
establece que la acción penal respecto a los delitos perseguibles de oficio  se ejercita por el fiscal, y por
excepción, puede ejercitarse por el perjudicado por el delito en los casos que el fiscal pida elsobreseimiento libre, total o parcial.  Por su parte el artículo 274 de la propia Ley de Procedimiento
Penal, establece que la acción penal correspondiente a los delitos privados se ejercita exclusivamente
mediante querella del perjudicado.  Esto está previsto para el caso de los delitos contra el honor, en
particular para los delitos de injuria y calumnia, y que son perseguibles en virtud de querella de la
parte ofendida.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
Ya en el numeral anterior enunciamos, que el que presencie la perpetración de un delito
perseguible de oficio  o en cualquier otra forma tenga la certeza de que se ha cometido, está obligado a
ponerlo en conocimiento de un Tribunal, Fiscal, Instructor, unidad de policía, o en defecto de ésta, de
la unidad militar más próxima del lugar en que se halle.  De la misma forma están obligados a hacerlo
los que por razón de sus cargos, profesiones, u oficios, tuvieren noticias de la comisión de un delito
perseguible de oficio .
Por su parte, el artículo 274 de la propia Ley de Procedimiento Penal, establece que la acción
penal correspondiente a los delitos privados se ejercita exclusivamente mediante querella delIP/N/6/CUB/1
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perjudicado. Esto está previsto para el caso de los delitos contra el honor, en particular para los delitos
de injuria y calumnia, y que son perseguibles en virtud de querella de la parte ofendida.
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
De acuerdo a la respuesta brindada a la pregunt a 21, se observa que el Código Penal vigente,
Ley 62, establece la sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a
quinientas cuotas o ambas:
- el inventor que, sin autorización del ór gano o funcionario competente, registre,
facilite la divulgación o autorice a otro a usar en el extranjero un invento realizadopor él en Cuba,
- cualquier otra persona que registre, divulgue o use en el extranjero, sin la debida
autorización, un invento realizado en Cuba, independientemente de la razón por la
que tenga conocimiento del mismo.
Así  mismo, la Ley 87, del 26 de febrero de 1999, modificativa del Código Penal, establece en
el Capítulo III, sobre la Transmisión, Tenencia Ilegal de Bienes del Patrimonio Cultural y
Falsificación de Obras de Arte, el artículo 246, que dispone lo siguiente:
"Se sanciona con privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas o
ambas el que, en perjuicio de su creador o del patrimonio cultural falsifique una obra de arte o
la trafique" y continúa "si como consecuencia de los hechos previstos en el apartado anterior
se causa un grave perjuicio, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años."
El Decreto Ley No. 175, del 17 de junio de 1997, Modificativo del Código Penal, establece en
el artículo 4, modificativo del Artículo 28.1 de la Ley 62, en cuanto a las sanciones, que pueden serprincipales y accesorias.  Las sanciones principales que podrían ser aplicables a las personas
naturales, están previstas en el artículo 28.2 b) privación de libertad;  c) trabajo correccional con
internamiento;  ch) trabajo correccional sin internamiento;  d) limitación de libertad;  y e) multa.
Las sanciones accesorias para personas naturales previstas en el artículo 28.3, que podrían ser
aplicables son las siguientes:  a) privación de derechos, en los casos que se imponga como sanción
principal la de privación de libertad;  c) prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio;
f) comiso de los efectos o instrumentos del delito;  g) confiscación de bienes.
El propio Decreto Ley 175 establece en su artículo 28.4, que "las sanciones principales
aplicables a las personas jurídicas son las siguientes:  a) disolución, que consiste en la extinción de la
persona jurídica;  b) clausura temporal;  c) prohibición temporal o permanente de la licencia para
determinadas actividades y negocios;  ch) multa y en el artículo 28.6, como sanciones accesorias:
a) el comiso;  b) confiscación de bienes.IP/N/6/CUB/1
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25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
En cuanto a la duración del proceso, los artículos 107, 122, 123, 261 y 262 de la Ley de
Procedimiento  Penal, establecen términos en cuanto a las distintas etapas del proceso penal, desde lafase de instrucción, fase preparatoria hasta el juicio oral.
En relación con el costo del procedimiento, la Ley de Procedimiento Penal no regula lo
relativo a las costas procesales, pero en virtud de las regulaciones existentes en cuanto a los servicios
que prestan los abogados de bufetes colectivos se establece la forma y el costo de los honorarios que
deberán pagarse en tal sentido.  También se prevé que todo acusado tiene derecho a la defensa y que
de no tener solvencia o no nombrar abogado para su defensa, se le destinará uno de oficio, sin costoalguno.
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