ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/234
26 de junio de 2003
(03-3412)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A continuación se reproduce el texto definitivo  de la comunicación remitida por la Misión
Permanente de la Comisión Europea, cuya versión preliminar se distribuyó para la reunión del Grupo
de Trabajo, celebrada los días 26 y 27 de mayo de 2003.
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Flexibilidad y progresividad
INTRODUCCIÓN
Desde que comenzó a trabajar en 1997, los debates celebrados en el Grupo de Trabajo sobre
la Interacción entre Comercio y Política de Competencia se han referido a menudo a la dimensión de
desarrollo de la política de competencia y se han comunicado al resto del Grupo varios ejemplos
ilustrativos de leyes sobre competencia adaptadas específicamente a las particularidades de los países
en desarrollo.1  Además, el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha indica específicamente
que "se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantadosparticipantes y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas".
Un régimen de competencia efectivo es un elem ento fundamental para la buena gestión, pues
ayuda a los gobiernos a hacer más eficientes sus economías y les permite beneficiarse más de un
incremento de las corrientes comerciales y de inversiones.  En sí mismo, un régimen de competenciaefectivo es un elemento importante de una estrategia de desarrollo que integre el comercio y la
inversión como fuente principal del crecimiento económico y de los recursos necesarios para el
desarrollo.  En cuanto a un eventual acuerdo de la OMC sobre competencia, su finalidad sería
propiciar la aparición de una "cultura de la competencia" y su arraigo en el tejido económico de todos
los Miembros de la OMC.  Asimismo, la dimensión cada día más internacional de las prácticascontrarias a la competencia exige una respuesta internacional coordinada, y es ésta otra esfera clave
en la que un acuerdo de la OMC sobre compet encia puede desempeñar una función importante,
también en interés de los países en desarrollo, pues creará un modelo de cooperación internacional y
ayudará a todos los Miembros de la OMC a convertirse en asociados activos de esa cooperación,
teniendo en cuenta que la aplicación de las medidas sobre competencia tiene que realizarse en primer
                                                     
1 La CE y sus Estados miembros han presentado dos comunicaciones por escrito en las que se abordan
específicamente varios aspectos de la competencia y el desarrollo.  Véanse los documentos WT/WGTCP/W/140
y 175.WT/WGTCP/W/234
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lugar y ante todo en el plano nacional.2  A tal efecto, constituiría un núcleo de principios y
disposiciones que podrían orientar a los Miembros de la OMC a establecer las líneas fundamentales
de su régimen de competencia, reafirmando así los regímenes de competencia existentes y
fomentando y facilitando la creación de otros nuevos.  En consonancia con estas metas, un acuerdo de
la OMC sobre competencia no debería proponerse la armonización de las leyes sobre competencia detodos sus Miembros, pues resultaría contraproducente para la consecución de sus propios objetivos.
Por último, de los debates en este Grupo de Trabajo parece desprenderse la sensación de que
un Acuerdo de la OMC sobre competencia, del tipo propuesto por la CE y otros, debe ofrecer ventajas
reales a todos  los Miembros de la OMC y, por consiguiente, todos los Miembros de la OMC tendrán
interés en dicho Acuerdo, y en sus disposiciones sobre cooperación internacional, y debería
permitírseles beneficiarse de él, desde la fase más temprana posible.  Dicho de otro modo, esoconllevaría la creación de los incentivos necesarios para que todos los Miembros de la OMC
suscribieran el Acuerdo, evitando al propio tiempo que las obligaciones de ese Acuerdo llegaran a ser
tan gravosas que pesaran más que las ventajas.
En el marco de estas consideraciones generales sobre la función que corresponde a la
competencia y a un Acuerdo de la OMC en las estrategias de desarrollo, los aspectos "de desarrollo"
de los debates celebrados en este Grupo de Trabajo se han centrado en los tres objetivos principales
siguientes:
a) identificar los principios y disposiciones más básicos que podrían aplicar todos los
Miembros de la OMC, incluidos los países Miembros en desarrollo y menos
adelantados, sin imponer un modelo determinado de régimen de competencia
inspirado en la experiencia de sólo una parte de los Miembros
3 (en otras palabras, sin
"armonización" de los regímenes de competencia);
b) abordar las limitaciones de capacidad que podrían dificultar o incluso imposibilitar la
aplicación por los países Miembros en desarrollo y menos adelantados de un acuerdo
de la OMC sobre competencia y, sobre todo, de un régimen nacional de competencia,
por conveniente que fuera;
c) identificar maneras de adaptar el alcance y la aplicabilidad de un régimen nacional de
competencia basado en la OMC a las necesidades de cada Miembro de ésta y, enparticular, de los países Miembros en desarrollo y menos adelantados.
La CE y sus Estados miembros han tratado de la manera más exhaustiva posible las
cuestiones relacionadas con el objetivo a) anterior en muchas comunicaciones remitidas al Grupo de
Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia
4, que se mencionarán sólo
incidentalmente en la presente comunicación.
Las cuestiones correspondientes a los apartados b) y c) han sido tratadas por muchos
participantes, entre ellos la CE y sus Estados miembros, en numerosas comunicaciones por escrito y
                                                     
2 En este contexto, debe entenderse por "nacional " en el interior de una jurisdicción, ya sea nacional o
regional.
3 A pesar de que la mayoría de los Miembros de la OMC, compuesta por países tanto desarrollados
como en desarrollo, ya ha adoptado un régimen de competencia.
4 Tan sólo desde la Conferencia Ministerial de Doha se han presentado las siguientes:
WT/WGTCP/W/184, 193, 222 y 229.WT/WGTCP/W/234
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declaraciones orales, bajo los epígrafes de "flexibilidad y progresividad" y/o "trato especial y
diferenciado".  No obstante, en esta fase del debate en el Grupo de Trabajo, parece útil presentar de
una manera más coherente las ideas que han surgido a este respecto.  Algunas de estas cuestiones se
refieren sobre todo a los países en desarrollo y los países menos adelantados, por lo que podrían
tratarse bajo el epígrafe de "trato especial y diferenciado".  Otras cuestiones afectan a todos losMiembros y, aunque tienen una repercusión más intensa sobre los países Miembros en desarrollo y
menos adelantados que sobre los países Miembros desarrollados, resultaría difícil justificar su
tratamiento bajo el epígrafe del trato especial y diferenciado.  Sin embargo, todas estas cuestiones
están entrelazadas y sólo analizándolas en conjunto se puede comenzar a recomponer el panorama de
los problemas y soluciones en esta esfera.
Por estas razones, la CE y sus Estados miembros han optado por tratar conjuntamente, bajo el
epígrafe de "flexibilidad y progresividad", todas las cuestiones relacionadas tanto con las limitaciones
de capacidad como con el alcance y la aplicabilidad.  Sin embargo, debe entenderse claramente que
estas cuestiones afectan exclusiva o desproporcionadamente a los países Miembros en desarrollo y
menos adelantados y que, en su conjunto, las ideas sugeridas para su tratamiento representan un trato
especial y diferenciado, aunque algunas de las disposiciones pertinentes podrían aplicarse a todos losMiembros de la OMC, independientemente de su nivel de desarrollo.
A. F
LEXIBILIDAD
1. Alcance de un Acuerdo de la OMC y "diseño" de las leyes nacionales de competencia:
ausencia de armonización
La estructura y el contenido de fondo de un Acuerdo de la OMC sobre competencia, tal como
lo propone la CE, prevé un elevado grado de flexibilidad, necesario para respetar los diferentes
niveles de desarrollo, necesidades y prioridades de la política general de todos los Miembros de
la OMC.
Para empezar, la propuesta de la CE no aboga por una definición multilateral completa del
alcance real de un régimen nacional de competencia.  La única disposición de fondo que prevemos
sería la obligación de que los Miembros de la OMC promulgaran en sus leyes nacionales de
competencia una prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos.  Esperamos que un gran número
de Miembros de la OMC (como ocurre entre los que ya disponen de una ley de competencia) incluyan
en sus leyes nacionales de competencia otras disposiciones sustantivas que traten cuestiones tales
como una mayor diversidad de cárteles, los abusos de posición dominante, los monopolios y el controlde las fusiones, además de la prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos.  No obstante, un
Acuerdo de la OMC no debe entrañar la obligaci ón de que en las leyes nacionales de competencia se
incluyan otras disposiciones de fondo de este tipo.  Eso debería ser una opción de política general de
cada Miembro de la OMC.
En cuanto a las disposiciones sobre los fundamentos básicos de una ley nacional sobre
competencia -independientemente de cuál sea su ámbito y alcance-, la propuesta de la CE se basa en
los tres principios fundamentales de la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal.  La
utilización de la palabra "principios" no es casual.  Aunque la formulación exacta y el grado de
precisión de las disposiciones multilaterales sobre estas tres cuestiones será obviamente objeto denegociación, hemos tratado de dejar claro que deben ser de índole general y no imponer cómo han de
aplicarse en un marco nacional sobre competencia.  Por ejemplo:
a) en la esfera de la transparencia, la obligación multilateral de poner a disposición del
público las leyes, reglamentos y directrices de aplicación general no debe entrañar laimposición de los medios para cumplirla (por ejemplo, la publicación frente a la
difusión por medios electrónicos);WT/WGTCP/W/234
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b) en la esfera de la no discriminación, nuestra comunicación sobre los principios
fundamentales5 permite la máxima flexibilidad a los Miembros de la OMC al
proponer una limitación de la prohibición de discriminación en el texto de las leyes,
reglamentos o directrices de aplicación general, con objeto de eliminar la más mínima
interferencia con el modo en que se adopten las distintas decisiones;
c) en la esfera de la equidad procesal, hemos sugerido que la obligación de prever la
revisión judicial de las decisiones administrativas debe redactarse de forma que no
prejuzgue i) si la ley de competencia ha de aplicarse o no mediante decisiones
administrativas (en algunos sistemas jurídicos, sólo puede hacerse mediante
decisiones judiciales) y ii) qué tipo de órgano judicial debe hacer la revisión (los
tribunales ordinarios, los tribunales administrativos en caso de que existan, untribunal especializado en competencia, etc.).
Obviamente, éstos no son más que algunos ejemplos, pero esperamos que den una idea más
clara del tipo de disposiciones sobre principios fundamentales que prevemos en un Acuerdo de
la OMC sobre competencia.
En conclusión, la CE propone un conjunto mínimo de disposiciones multilaterales que
influyan y guíen a los Miembros de la OMC para establecer un régimen nacional de competencia y
sus mecanismos de "autocorrección" (una disposición característica en este sentido sería la
obligatoriedad de algún tipo de revisión judicial), al tiempo que se evita cualquier tendencia a laarmonización de esos regímenes entre los Miembros de la OMC.
2. Exclusiones y exenciones
En nuestra comunicación anterior, sobre los "principios fundamentales"
6, insistimos en que la
cuestión de las exclusiones y exenciones sectoriales del alcance y aplicación de la legislación sobre lacompetencia tiene mucha importancia desde la perspectiva de la competencia y el comercio.  Creemos
que los Miembros de la OMC deben conservar el margen normativo que requieren para mantener y
aplicar importantes políticas nacionales que respondan a sus objetivos sociales, económicos y de
desarrollo.
También reconocimos que es una cuestión muy delicada y compleja, tanto para los países en
desarrollo como para los miembros de la OCDE, incluida la CE y sus Estados miembros, aunquepueda revestir una importancia particular para los países en desarrollo que todavía no tienen una
legislación nacional de competencia o cuya legislación todavía es relativamente reciente y no se ha
sometido a prueba.
Al analizar la evolución reciente, se advierte la tendencia clara a eliminar esas exclusiones o
definirlas en términos cada vez más restrictivos.
7  Por lo tanto, hemos sugerido que un planteamiento
flexible sería centrarse por el momento en la cuestión esencial de la transparencia, en su aplicación a
las exclusiones y exenciones sectoriales y en su revisión posterior.  Por ejemplo, sería útil que el
                                                     
5 Documento WT/WGTCP/W/222.
6 Documento WT/WGTCP/W/222.
7 La propia CE prácticamente no tiene en su Tratado exclusiones o exenciones de las normas de
competencia, de este tipo.  Por ejemplo, los cártele s agrícolas se incluyen plenamente, como demuestra la
imposición reciente de una multa a un cártel relacionado con la carne de bovino.  Los reglamentos de la CE
conocidos como "excepciones por categorías" son, pese a su nombre, un medio de aplicar la ley de competencia
de la CE autorizando ciertos tipos de acuerdos.WT/WGTCP/W/234
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Grupo de Trabajo (y después el Comité de Política de Competencia propuesto) examinara la
experiencia de los Miembros de la OMC que han eliminado gradualmente las exenciones y
exclusiones (y las razones y el calendario de esta eliminación), así como los procesos nacionales
empleados para promulgar dichas exenciones y exclusiones.  Además, en el marco jurídico nacional
deberían poder definirse libremente el alcance y las modalidades de las exclusiones y exenciones,siempre que se hiciera de una manera transparente y predecible.
3. Planteamientos regionales
En los casos en que se ha establecido o va a establecerse en el plano regional  y no nacional un
régimen jurídico sobre competencia (y, junto c on él, quizá también un organismo de aplicación),
puede resultar innecesario que las partes en esos acuerdos regionales -y en particular los pequeños
países/economías- elaboren un régimen nacional de competencia aislado (o algunas de sus partes,
como el examen de las fusiones) y pueden decidir que el régimen regional de competencia basta para
aplicar eficazmente la ley de competencia en toda la región.  Naturalmente, ello no impedirá ni debe
impedir al país de que se trate adoptar también, después o al mismo tiempo, una ley nacional de
competencia que pueda coexistir con el régimen de competencia regional.  El Mercado Común del
Caribe (CARICOM) y el Mercado Común del África  Oriental y Meridional  (COMESA) son ejemplos
de agrupaciones regionales entre cuyas atribuciones figura la competencia.
8
Por otra parte, no habría que olvidar la función que desempeñan los regímenes de
competencia en la promoción de la integración económica regional, consolidando los mercados
regionales y haciéndolos más atractivos para las inversiones nacionales y extranjeras directas.
4. Consecuencias, administrativas y en términos de recursos, de la aplicación de las leyes
sobre competencia
Aunque diversas jurisdicciones en los países desarrollados y en los países en desarrollo han
optado por establecer una autoridad de competencia, encargada exclusivamente de la aplicación y laobservancia de la ley sobre competencia (para mayor brevedad, la llamaremos "ejecución
administrativa"), ésta no debe considerarse en modo alguno la única forma de garantizar dicha
aplicación y observancia.  En primer lugar, algunos países pueden optar por recurrir a la ejecución
judicial de la ley de competencia, de manera exclusiva o en combinación con la ejecución
administrativa.  Además, la propia aplicación judicial puede revestir diversas formas (por ejemplo,
actuaciones privadas por parte de los competidores afectados y/o actuaciones por parte de un fiscal
público).
En los países que prefieren la ejecución administrativa, el modelo más frecuente es el de un
organismo o autoridad de competencia "exclusivo" (es decir, dedicado exclusivamente a la tarea de
hacer cumplir la ley de competencia) y un número considerablemente elevado de países han optado
por establecer ese tipo de autoridad de competencia independiente.  Sin embargo, varias razones,como la estructura y la tradición administrativa o las limitaciones presupuestarias, pueden impulsar a
un país a establecer o nombrar una autoridad encargada de otras tareas que se ocupe también de la
aplicación y observancia de su ley de competencia.   Puede tratarse de un organismo de protección de
los consumidores o de otras cuestiones reglamentarias, o de un ministerio gubernamental.  Por
ejemplo, muchos organismos de ejecución relacionados con la competencia, tanto en los países
                                                     
8 En 2002, la CE aprobó la asignación de 745.000 euros en concepto de asistencia técnica al COMESA
para la creación de capacidad en materia de  competencia y, el 3 de marzo de 2003, a nunció un programa
financiado por la CE por un importe de 1,5 millones de euros para una ley sobre competencia y su aplicación en
el Grupo Andino.WT/WGTCP/W/234
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desarrollados como en los países en desarrollo, se ocupan a la vez de la competencia y la protección
de los consumidores.9
Es evidente que para lograr un efecto disuasivo los organismos encargados de la aplicación de
la legislación sobre competencia deben asentar su credibilidad llevando a cabo investigacioneseficaces, lo que no pueden hacer sin el personal y los recursos adecuados.  Además, también deberían
ser asociados reales en la cooperación internacional.  Sin embargo, no puede haber normas de
"idoneidad" establecidas, puesto que ésta depende de determinados factores como la dimensión del
mercado de que se trate, el nivel de actividad económica de dicho mercado, la naturaleza y el
refinamiento de sus agentes económicos, otras leyes y reglamentos que influyen en la conducta
competitiva de las empresas, y factores más "subjetivos" como el grado de arraigo de la "cultura de la
competencia" entre las empresas que operan en ese mercado.  Así pues, nos parece obvio que unAcuerdo de la OMC sobre competencia no deberí a tener la finalidad de establecer normas
internacionales sobre el nivel de los recursos que un país decida (o más bien, en la mayoría de los
casos, pueda permitirse) asignar a la aplicación de la legislación sobre competencia.  Todo lo que
puede decirse por el momento es que los recursos que necesita un pequeño país en desarrollo son, en
términos absolutos, mucho menores que los que se precisan para la aplicación de disposicionesidénticas o similares en una gran economía desarrollada como la UE o los Estados Unidos, al tiempo
que hay que reconocer que, en términos relativos, esto puede representar pese a todo un gasto
considerable de recursos para los países en desarrollo que tienen numerosas prioridades simultáneas.
Con todo, este hecho debe verse también a la luz de estudios recientes como el presentado
inicialmente ante este Grupo de Trabajo en febrero de 2003
10, el informe del Banco Mundial titulado
Perspectivas Económicas Mundiales para 2003 y otros estudios, que han señalado los beneficios netos
que puede reportar a los países en desarrollo, a medio o largo plazo, la existencia de una política sobre
competencia y su aplicación efectiva, en particular en lo referente a la prohibición de los cárteles
intrínsecamente nocivos.
B. PROGRESIVIDAD
5. Plazos y planes de aplicación
El concepto de la progresividad se aplicaría principalmente a los Miembros de la OMC que
no hubieran adoptado todavía una ley sobre competencia y/o establecido un organismo de
competencia u otra autoridad pertinente de ejecución.  Puede ser que para este grupo de países, la
obligación de disponer de una ley nacional y tener una autoridad de ejecución desde el momento de la
entrada en vigor de un Acuerdo de la OMC sobre competencia conlleve una carga excesivamenteonerosa.
Para evitarlo, debería concederse a esos países -según sus circunstancias particulares, como el
nivel de desarrollo y la "infraestructura" administrativa y judicial- unos plazos razonables y más
individualizados para que puedan adoptar una ley nacional (o regional) de competencia y estableceruna autoridad encargada de su ejecución.  Esos plazos podrían modularse en función del nivel de
desarrollo y de los deseos y necesidades de cada país.
Para evitar la "concentración de facto de la aplicación al final de los plazos", estos plazos
podrían ir acompañados de planes de aplicación indicativos, que podrían ayudar a esos países a
                                                     
9 Como ejemplos, cabe citar la Oficina de Defensa de la Competencia del Reino Unido, la Comisión de
Competencia y Protección de los Consumidores de Aust ralia, la Oficina de Competencia y Protección de los
Consumidores de Polonia y la Comisión del Comercio Leal de Jamaica.
10 Documento WT/WGTCP/W/228.WT/WGTCP/W/234
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planificar las medidas necesarias para establecer un régimen nacional de competencia compatible con
la OMC y fijar el tiempo necesario para cada medida.
Huelga precisar que la prestación de una adecuada asistencia técnica y para la creación de
capacidades tendrá una importancia fundamental a este respecto.  Los países desarrollados debenasumir sus responsabilidades de impulsar la aplicación mediante la asistencia técnica y la
cooperación.  Asimismo, a través de las actividades de un Comité de Política de Competencia, de
la OMC, los países que aplicaran medidas de competencia podrían beneficiarse de la experiencia de
otros Miembros de la OMC.
6. Elaboración progresiva de un régimen nacional de competencia
Es ésta una cuestión relacionada con la observación hecha anteriormente bajo el epígrafe de
"flexibilidad", en relación con el ámbito y alcance de un régimen nacional de competencia.  Como es
sabido, nuestra propuesta prevé sólo un mínimo de disposiciones de fondo:  las relativas a la
prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos.  Es evidente que los países que decidan ir más
allá de esta medida podrán hacerlo progresivamente.  En realidad, mientras las disposiciones
generales de lucha contra los cárteles y cierta forma de disposiciones antimonopolio o contra el abusode posición dominante son muy comunes en las primeras etapas, las relativas al control de las fusiones
tienden aparecer en los regímenes nacionales de competencia solamente en las fases posteriores.  Es
obvio que el tipo de Acuerdo de la OMC sobre competencia que prevemos daría plena libertad a los
Miembros de la OMC para ampliar el alcance sustantivo de su legislación sobre competencia más allá
de los cárteles intrínsecamente nocivos (cuando así lo desearan), a su propio ritmo y de acuerdo consus propias prioridades.
A este respecto, el establecimiento de un Comité de Política de Competencia, de la OMC, y
de un mecanismo apropiado para que los Miembros de la OMC intercambiaran opiniones y
experiencias sería una importante ayuda a los Miembros para que hicieran evolucionar sus regímenesde competencia y permanecieran adaptados a su situación y a sus necesidades económicas.
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