RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/M/20
17 de febrero de 2003
(03-0977)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de Competencia
INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2002
Nota de la Secretaría
1. La vigésima reunión del Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de
Competencia se celebró el 20 de noviembre de 2002, bajo la presidencia del Profesor Frédéric Jenny.
El objetivo principal de la reunión era el examen y la aprobación del proyecto de informe del
Grupo (2002) al Consejo General.
I. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL INFORM E (2002) DEL GRUPO DE TRABAJO AL
CONSEJO GENERAL
2. El Grupo dispuso de un proyecto de su Informe (2002) al Consejo General (documento
JOB(02)/180, de 19 de noviembre de 2002), elaborado por la Secretaría, de conformidad con lo
solicitado en la reunión anterior del Grupo (documento WT/WGTCP/M/19, párrafo 104).El Presidente recordó la naturaleza del informe y las orientaciones dadas a la Secretaría para su
redacción.  Debía tener el mismo estilo que los informes elaborados a finales de 1998, 1999, 2000y 2001 (documentos WT/WGTCP/2, WT/WGTCP/3, WT/WGTCP/4 y WT/WGTCP/5,
respectivamente), lo que significaba que sería un informe sustantivo y fáctico, descriptivo, equilibrado
y objetivo, no contendría ninguna recomendación y estaría basado en las actas de las reuniones
celebradas por el Grupo a lo largo del año.
3. El Grupo de Trabajo aprobó su informe (2002) al Consejo General, con las correcciones y
adiciones de orden menor acordadas por el Grupo.1
II. OTROS ASUNTOS
4. El representante de la Comunidad Europea y sus Estados miembros presentó el documento
WT/WGTCP/W/222 y dijo que uno de los resultados del debate celebrado durante la última reunión
del Grupo de Trabajo había sido la expresión de la necesidad de establecer los diferentes principiosfundamentales de una manera clara, concisa y sin ambigüedades, pero al mismo tiempo con cierta
cautela en la descripción detallada del modo en que esos principios funcionarían en las leyes
nacionales de competencia, debido principalmente al hecho de que los Miembros tenían tradiciones
jurídicas y sistemas administrativos diferentes.  En la comunicación de su delegación se trataba de
equilibrar estas consideraciones.  En segundo lugar, aunque los principios fundamentales de la OMCno eran nuevos y él no tenía constancia de que hubiera ninguna ley de competencia en vigor que no
los respetara, su inclusión en un acuerdo de la OMC garantizaría su plena aplicación en las leyes
nacionales de competencia, incluidas las futuras leyes en este ámbito, y daría certidumbre a los
comerciantes e inversores al respecto.  Como cuestión preliminar, puso de relieve la importancia que
su delegación atribuiría a la flexibilidad y la progresividad en la elaboración de un marco multilateral
                                                     
1 Este informe se distribuyó ulteriormente en el documento WT/WGTCP/6, de 9 de diciembre de 2002.WT/WGTCP/M/20
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sobre políticas de competencia.  Se habían planteado varias preguntas legítimas sobre el modo en que
la legislación sobre competencia encajaba en el conjunto de las políticas nacionales y sobre cómo
respetarían los países sus compromisos en un acuerdo de la OMC en esta esfera.  La flexibilidad y la
progresividad serían la clave para disipar estas inquietudes.  Recordó a los Miembros que la única
esfera sustantiva de la ley de competencia en la cual su delegación abogaba por un compromiso porparte de los Miembros, dentro de un marco multilateral sobre política de competencia, era la de los
cárteles intrínsecamente nocivos.  En muchos casos, los Miembros probablemente rebasarían este
ámbito e incorporarían disposiciones sobre prácticas como la monopolización o el abuso de la
posición dominante, pero, con arreglo a la propuesta de su delegación, no estarán obligados a hacerlo.
Los principios fundamentales propuestos en materia de transparencia, no discriminación y equidad
procesal se aplicarían en cambio a la totalidad de la ley de competencia que decidiera adoptar un país,
independientemente de su alcance.  En lo referente a las limitaciones de capacidad de los países endesarrollo, en particular los países menos adelantados y las pequeñas economías, no era
absolutamente necesario que todos y cada uno de los países tuvieran un régimen legislativo nacional
en materia de competencia.  Los países podrían cumplir las prescripciones de un marco multilateral a
través de instrumentos apropiados de carácter regional, como había hecho la propia Comunidad
Europea en un primer momento.  Otro elemento de flexibilidad se refería a la estructura institucionalde los regímenes de competencia.  Esencialment e, todo lo que su delegación proponía era que los
Miembros mantuvieran la capacidad de hacer cumplir la legislación sobre competencia de manera
suficientemente eficaz para detectar y disuadir los comportamientos anticompetitivos.  La decisión de
hacerlo a través de una estructura administrativa o judicial, de tribunales especiales o de un organismo
ordinario del gobierno estaría sujeta a normas flexibles.  Un elemento final de flexibilidad se refería alalcance de los regímenes de competencia.  En particular, los Miembros deberían seguir teniendo
discrecionalidad a la hora de determinar el alcance y las modalidades de las exclusiones y exenciones
de la legislación sobre competencia, siempre que lo hicieran de una manera transparente y predecible.
5. Pasando al contenido y la aplicación de los tres principios fundamentales propuestos, era
importante delimitar el principio propuesto de no discriminación, que incluiría tanto el trato nacionalcomo el trato de nación más favorecida, de una manera apropiada.  En particular, el concepto de
discriminación de facto , pese a ser una noción perfectamente aceptable en el sistema de la OMC,
resultaría difícil de aplicar en el contexto de un acuerdo sobre competencia.  Por lo tanto, su
delegación proponía limitar la aplicación de este principio en el marco multilateral propuesto sobre
política de competencia para ocuparse únicamente de los casos de discriminación de jure .  En otras
palabras, el principio de no discriminación se aplicaría a la discriminación contenida en la legislación,
pero no al modo en que la legislación se aplicaba en cada caso concreto.  Esto era importante para nolimitar la discrecionalidad de la acción fiscal, que tenía una importante función en este ámbito.
Respecto de las sugerencias que se habían formulado de que hubiera una exención explícita del
principio NMF para los acuerdos bilaterales de cooperación, en su opinión dicha exención no era
necesaria porque, dado que la cooperación no sería vinculante, no se plantearía la aplicación de la
solución de diferencias en este ámbito.  Algunos Miembros habían propuesto efectivamente que sehiciera de la cooperación un compromiso vinculante, al menos en determinadas circunstancias, pero
ésa no era la postura de su delegación.  La cooperación debía basarse en una confianza mutua entre las
autoridades pertinentes, que había de crearse con el paso del tiempo, por lo cual resultaría
contraproducente hacer vinculante la cooperación y, cuando se hubiera instaurado la confianza, las
obligaciones vinculantes ya no serían necesarias.  También era importante apreciar que el marcomultilateral propuesto sobre política de competencia no tendría consecuencias directas sobre el acceso
a los mercados.  Había una consecuencia indirecta, en la medida en que la legislación sobre
competencia hacía más eficientes los mercados.  Independientemente de cuál fuera el acceso a los
mercados que se hubiera dado a los agentes económicos, éstos podrían beneficiarse más plenamente
de ese acceso si no resultaba entorpecido por un comportamiento anticompetitivo.  Pero un marcomultilateral no obligaría ni empujaría a los Miembros a hacer concesiones adicionales en materia de
acceso a los mercados.  Éstas se concedían en otros foros y respondían a una lógica distinta.
La transparencia era el principio fundamental predominante y el que debía ser objeto del menorWT/WGTCP/M/20
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número de exenciones.  En particular, cuanto más limitada estuviera la aplicación de los demás
principios, más importante resultaría la transparencia.  Una cuestión importante que requeriría nuevas
deliberaciones era la de las modalidades de transparencia y notificación.  Además, algunos aspectos
de la transparencia podían entrañar costos administrativos y, tendrían por lo tanto implicaciones
para la creación de capacidad.
6. En cuanto al principio propuesto de la equidad procesal, otro representante de la misma
delegación dijo que también debería adaptarse a las prescripciones de los diferentes sistemas jurídicos
nacionales.  Dado que la aplicación de las leyes sobre competencia podía perjudicar a los agentes del
mercado, en virtud, por ejemplo, de los mandamientos de cese de determinadas prácticas, la
imposición de multas u otras sanciones, era importante que se dieran garantías de la equidad de los
procedimientos.  Las garantías pertinentes debían definirse con suficiente precisión para que fueran
útiles, pero al mismo tiempo con suficiente flexibilidad para dar cabida a las diferencias entre losdistintos sistemas nacionales de cumplimiento.  Una garantía clave de este tipo era el derecho a recibir
una decisión definitiva razonada, con una justificación pormenorizada de la decisión.  Antes de
imponer una multa u otras sanciones a una empresa, ésta debía conocer al menos las razones que
motivaban dicha decisión.  Igualmente, el derecho de las partes a expresar sus puntos de vista podía
otorgarse de diversos modos, por ejemplo median te audiencias o comunicaciones por escrito.  La
protección de la información confidencial era impor tante desde el punto de vista de la cooperación,
pero también de la equidad procesal.  Un acuerdo de la OMC debería establecer ciertas normas
básicas para la protección de dicha información, pues de otro modo mermarían la eficacia y
credibilidad de los regímenes de competencia.
7. Los representantes de Filipinas;  los Estados Unidos
;  Hong Kong, China ;  Tailandia ;  Corea ;
el Canadá;  el Japón ;  Zimbabwe ;  Australia  y Nueva Zelandia  se reservaron el derecho a hacer
nuevos comentarios sobre la comunicación de la Comunidad Europea y sus Estados miembros
(documento WT/WGTCP/W/222) en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.
8. El representante de Filipinas dijo que el Grupo de Trabajo tenía ahora ante sí posibles
elementos que se considerarían cuando se formularan las propuestas de un acuerdo marco sobre
comercio y política de competencia.  No obstan te, de momento el Grupo de Trabajo sólo estaba
tratando de determinar algunos de los problemas que planteaba la interacción entre el comercio y la
política de competencia.  La última oración del párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha
dejaba claro que había que tener plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
En su comunicación (documento WT/WGTCP/W/222), la Comunidad Europea y sus Estados
miembros llegaban a la conclusión de que, en lo referente a los países menos adelantados y a ciertas
economías pequeñas, la ausencia de un régimen legislativo en materia de competencia se debía amenudo a las limitaciones en materia de capacidad.  Esto no describía correctamente las necesidades
de los países en desarrollo, ya que no reconocía la posibilidad de que la política de competencia no
fuera de hecho una prioridad importante para esos países.
9. El representante de Hong Kong, China convino en que la existencia de prioridades en
competencia podría ser una razón de que muchos países Miembros, quizás 50 o más, no tuvieran aún
leyes sobre competencia.  Las limitaciones de capacidad podían también ser un factor.  En el caso de
Hong Kong, China, se consideraba que la combinación de políticas de apertura de los mercados y
medidas específicas para cada sector bastaba todavía para fomentar la competencia.  Las preguntas e
inquietudes de las economías que no tenían leyes o autoridades en materia de competencia eran por
eso más amplias de lo que se reflejaba en la comunicación de la Comunidad Europea y sus Estadosmiembros (documento WT/WGTCP/W/222).  Tampoco era correcto sugerir, como se hacía en el
párrafo 6 de dicha comunicación, que un acuerdo de la OMC serviría simplemente de orientación para
la redacción de las leyes nacionales sobre competencia, porque los principios fundamentales
propuestos eran de carácter vinculante, lo que implicaba la aplicación del mecanismo de solución deWT/WGTCP/M/20
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diferencias de la OMC.  Por último, no veía cómo una equidad procesal que incluyera los derechos de
terceros podía encajar en un acuerdo vinculante.
10. El representante de Tailandia se mostró de acuerdo con Filipinas en que debían tenerse
plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y los países menos adelantados y
dárseles la flexibilidad apropiada para que las satisficieran, como se establecía en la última oracióndel párrafo 25 de la Declaración de Doha.  Como ya había propuesto Tailandia, una posibilidad que
cabía contemplar en este sentido era la aplicación del principio del trato especial y diferenciado en
calidad de cuarto principio fundamental de cualquier marco multilateral.  Su delegación opinaba
también que las modalidades de cooperación vinculantes podían ser beneficiosas para los países en
desarrollo.
11. El representante de Corea coincidió con el representante de la Comunidad Europea y sus
Estados miembros en que la política de competencia era un factor importante para permitir a los
países beneficiarse de los compromisos en materia de acceso a los mercados, al garantizar el
funcionamiento eficiente y transparente de los mercados.  También convino en que era importante que
los principios fundamentales propuestos fueran vinculantes, al menos en determinados aspectos.
12. El representante del Japón dijo que coincidía con el representante de la Comunidad Europea y
sus Estados miembros en que la aplicación del principio de no discriminación debía limitarse a los
casos de discriminación de jure  y no de facto ;  ese era un aspecto importante.  El principio propuesto
de la equidad procesal requería más examen.
13. El representante de Zimbabwe dijo que los Miembros no estaban avanzando al mismo ritmo
con respecto a las cuestiones que se habían planteado al Grupo de Trabajo.  Algunos grupos iban más
rápidamente que otros, y era importante velar por que los países en desarrollo, en especial los quehabían expresado reservas sobre las cuestiones objeto de debate, recibieran una asistencia que les
permitiera seguir avanzando al mismo ritmo.
14. El representante de Australia dijo que no estaba seguro de cómo podían definirse sin
ambigüedad los principios fundamentales si no se procuraba describir detalladamente cómo
funcionarían.  Al igual que el representante de H ong Kong, China, opinaba que la presunción aparente
de que todos los Miembros de la OMC acabarían aprobando leyes sobre competencia y organismos de
observancia podía resultar prematura.  En el caso de muchos países en desarrollo, una de las razones
para vacilar en adoptar sin demora regímenes de política de competencia parecía ser su percepción de
que dichos regímenes introducirían limitaciones externas en las decisiones nacionales sobre políticas,
que quizás se sobrepusieran a sus necesidades específicas.  La propuesta de adoptar regímenes de
competencia regionales en lugar de nacionales no disiparía por sí sola esta inquietud.  Observó
también que la comunicación de la Comunida d Europea y sus Estados miembros (documento
WT/WGTCP/W/222) no parecía apoyar la inclusión del principio del alcance integral en un marco
multilateral.  Por último, en relación con el principio propuesto de transparencia, aún había que
aclarar algunas cuestiones relativas a sus modalidades específicas de incorporación en un marco
multilateral.
15. El representante de Nueva Zelandia dijo que todavía quedaban por resolver algunas
cuestiones básicas sobre el alcance apropiado de la futura labor de la OMC en materia de política de
competencia.  Se preguntaba si un futuro acuerdo de la OMC sobre política de competencia no
debería ir más allá de la lista sucinta de principios en que la Comunidad Europea y sus Estados
miembros habían centrado su comunicación (documento WT/WGTCP/W/222), que eran en esencia
los principios tradicionales de la OMC.  En particular, le parecía interesante estudiar la posibilidad deincorporar en un futuro acuerdo un conjunto más amplio de principios sobre política de competencia,
como por ejemplo una presunción a favor de los mercados competitivos o el fomento de medidas
internas y externas de apertura de los mercados.  Sin embargo, su delegación no había descartado laWT/WGTCP/M/20
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adopción del conjunto más sucinto de principios fundamentales por los que abogaban la Comunidad
Europea y sus Estados miembros.
16. En respuesta a las observaciones formuladas por el representante de Filipinas, el representante
de la Comunidad Europea y sus Estados miembros dijo que el mandato que los Ministros habían
confiado en Doha al Grupo de Trabajo era tratar de aclarar los posibles elementos que habrían de
incluirse en un marco multilateral.  En lo referente a los países en desarrollo, el mandato de Doha
incluía la flexibilidad, la creación de capacidad y la asistencia técnica para todos los países en
desarrollo.  Los países en desarrollo tenían algunos problemas comunes, pero era obvio que en el caso
de los países menos adelantados esos problemas eran más agudos.  En cuanto a la flexibilidad, la
progresividad y las necesidades de las economías que carecían de legislación sobre competencia, la
experiencia de la construcción del mercado europeo durante los últimos 50 años y la experiencia de
todos los Estados miembros indicaba sistemáticamente la necesidad de cierta capacidad para hacercumplir las normas de competencia para lograr el desarrollo.  La Comunidad Europea había
comenzado ciertamente con un régimen que permitía una flexibilidad considerable, y reconocía que
otras jurisdicciones podrían desear empezar de una manera similar.  En relación con las observaciones
formuladas por Australia, su delegación creía firmemente que todos los países se beneficiarían de la
adopción eventual de una ley de competencia y el establecimiento de una autoridad de competencia,pero no creía que hubiera un modelo ideal para hacerlo.  Había una gran variedad de modelos posibles
y las razones para elegir un modelo eran a veces meramente culturales.  En cuanto a la pertinencia de
las autoridades regionales, además de la Comunidad Europea había en todo el mundo varias
experiencias de integración regional.  Ya había habido intentos de integración regional en la esfera de
la competencia, y surgirían más.  La competencia figuraba ya en el programa de trabajo de lasnegociaciones entabladas recientemente entre la Comunidad Europea y los países ACP.  Había otras
experiencias en África y América Latina.  También había algunos modelos interesantes, totalmente
distintos, de integración regional en Asia, algunos de los cuales incluían la competencia en sus
programas de trabajo.  Los países que habían iniciado esos procesos podrían perfectamente utilizarlos
para encarar la cuestión de la competencia, aunque no estaban obligados a ello.  En cuanto a lacuestión de la solución de diferencias, la propuesta de su delegación partía del punto de vista de que
un acuerdo que contuviera disposiciones vinculantes estaría supeditado a un mecanismo de solución
de diferencias, en la medida en que dichas disposiciones contenían obligaciones que los países
deberían cumplir.  Los Acuerdos de la OMC normalmente contenían un núcleo imperativo de
obligaciones y elementos adicionales, que podían calificarse de "legislación flexible".  La OMC y el
Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) contaban con los medios necesarios para
distinguir entre lo que debía ser objeto de solución de diferencias y lo que no debía serlo.  Por esarazón era necesario determinar cuidadosamente el alcance de los principios fundamentales propuestos,
ya que ello permitiría distinguir entre lo que estaba sujeto a la solución de diferencias y lo que no lo
estaba.  Tomando el ejemplo de la no discriminación, su delegación había propuesto la obligación de
introducir el concepto de la discriminación de jure , y no de facto .  En la práctica, esto supondría que
si una ley nacional contenía una cláusula de carácter claramente discriminatorio, dicha ley violaría elprincipio de no discriminación y estaría sujeta a la solución de diferencias.  Una reclamación basada
en que una ley cuyos términos no eran discriminatorios se estaba aplicando de manera discriminatoria
no estaría sujeta a la solución de diferencias.  En respuesta a la pregunta planteada por Australia sobre
el modo de conciliar una definición no ambigua con la falta de detalles, dijo que era posible definir los
principios y no su aplicación concreta.  Este enfoque había sido adoptado en muchos Acuerdos de laOMC y en otros tratados internacionales y constituciones nacionales.  Por ejemplo, en el caso de las
revisiones judiciales, no proponía que un acuerdo de la OMC contuviera una prescripción detallada
del tipo de revisión judicial que sería necesaria ni de la naturaleza de los órganos que realizarían dicha
revisión.  En el momento en que una ley nacional estableciera la revisión judicial de las decisiones
administrativas, cumpliría ya con este aspecto del principio de la equidad procesal.  No obstante, sudelegación desearía que se indicara con claridad el modo de aplicación de los principios, aunque no
deseaba imponer las modalidades de aplicación.  En cuanto a los comentarios de Nueva Zelandia, dijo
que los principios fundamentales cuya inclusión en un acuerdo sobre política de competenciaWT/WGTCP/M/20
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proponía su delegación no eran meramente principios de la OMC;  eran también principios de la ley
de competencia.  Su delegación era partidaria del principio del alcance integral, al menos en cierta
medida.  Ese principio formaba parte del régimen de competencia de la Comunidad Europea.  Sin
embargo, consideraba que sería prematuro incluir en este momento el principio del alcance integral en
un acuerdo de la OMC sobre política de competencia.
17. En relación con la observación de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, el
representante de los Estados Unidos preguntó si sería suficiente que la ley concediera el derecho de
revisión a un órgano judicial, y en ese caso dejaría de aplicarse la solución de diferencias.  Eso parecíacontradecir la propuesta de que la distinción entre de jure  y de facto  se refiriera únicamente a la
discriminación y no a la equidad procesal.  El re presentante de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros contestó que la respuesta dependía de la definición de la equidad procesal en un posible
acuerdo.  Si se redactaba en términos sencillos, es decir, prescribiendo simplemente que un país
tuviera un sistema de revisión judicial de las decisiones administrativas, no tendrían cabida las
reclamaciones por un incumplimiento de facto .  Las leyes nacionales podían tener las disposiciones
necesarias o no tenerlas.  Si el acuerdo establecía que los países debían contar con un derecho efectivo
de reclamación, podría plantearse la cuestión de facto .  Quizás lo que tenía en mente el representante
de la Comunidad Europea era el caso de que la ley estableciera la posibilidad de una revisión judicial,pero que dicha posibilidad se denegara en un caso concreto.  Al menos a primera vista, le parecía que
ese caso no estaría cubierto por la solución de diferencias, pero sí constituiría una violación de la
legislación nacional.
18. El representante de Australia dijo que su delegación no consideraba el alcance integral un
instrumento general obligatorio.  Australia no apoyaría dicho enfoque.  Opinaba y consideraba en
cambio que los comentarios de Nueva Zelandia im plicaban la presunción de que la competencia
constituía el punto de partida correcto, pero debía estar sujeta una evaluación correcta de cuándo era
viable o no.  Por ejemplo, en el marco general de la competencia en Australia, las restricciones a la
competencia podían justificarse en bien del interés público siempre que fuera oportuno.
19. Se trataron los siguientes asuntos administrativos:
- el Presidente informó al Grupo de que se habían reservado salas para dos reuniones
sustantivas del Grupo de Trabajo en 2003, para las fechas siguientes:  20 y 21 de
febrero y 26 y 27 de mayo;
- tras un debate, el Grupo de Trabajo acordó celebrar una reunión informal a principios
de 2003 para planificar la labor del Grupo durante 2003.  Quedaba entendido que la
mayoría de las delegaciones estarían representadas en dicha reunión por funcionarios
residentes en Ginebra.
20. La Secretaría informó al Grupo de Trabajo de que el estudio que éste había encargado
(documento WT/WGTCP/M/18, párrafos 96 a 98) y que se estaba elaborando con la ayuda del
Dr. Simon Evenett estaría listo para su examen en la reunión del Grupo de Trabajo de febrero
de 2003, al menos en forma de informe provisional.
21. El representante de Corea informó al Grupo acerca del Foro de Seúl sobre la Competencia,
de 2002, que había sido organizado por la Comisión de Comercio Leal de Corea, en colaboración con
la OCDE y la UNCTAD, en Seúl (Corea) en novie mbre de 2002 y en el que había participado un
representante de la Secretaría de la OMC.  El tema del Foro había sido "La competencia trae consigo
la prosperidad".  Asistieron numerosos presidentes de autoridades nacionales de competencia y otros
funcionarios superiores.  Se había destacado la importancia de la política de competencia para elcrecimiento económico y el desarrollo y de la cooperación internacional en esta esfera.WT/WGTCP/M/20
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22. El observador de la UNCTAD dijo que ag radecía la oportunidad que había tenido de
participar en los talleres regionales que había organizado recientemente la OMC en Libreville
(Gabón), para los países africanos de habla francesa, y en Port Louis (Mauricio), para los países
africanos de habla inglesa.  Ambos habían contado con una numerosa asistencia y habían
resultado útiles.
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