. /.ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOGPA/60
10 de octubre de 2001
(01-4923)
Comité de Contratación Pública Original:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE APLICACIÓN
Liechtenstein
En el presente documento se reproducen las preguntas formuladas a la delegación de
Liechtenstein, las respuestas de ésta y las observaciones hechas durante el examen de la legislación
nacional de aplicación, realizado en las reuniones del Comité celebradas los días 3 de mayo y 2 de
octubre de 2001.1  La notificación sobre la legislación nacional de aplicación de Liechtenstein, de
conformidad con la decisión del Comité que figura en el documento GPA/1/Add.1, fue distribuida en
el documento GPA/46, de fe cha 19 de diciembre de 2000.
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
I. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
Pregunta de los Estados Unidos
En el resumen de la legislación de Liechtenstein sobre contratación pública que figura en el
documento GPA/46, se señala que la Ley de Cont ratación Pública y el Reglamento de contratación
pública no sólo dan aplicación al ACP, sino también a las directivas pertinentes del Espacio
Económico Europeo (EEE).  Liechtenstein afirma que:  "las normas del ACP coinciden en granmedida con las del EEE".
En esferas donde las normas del ACP y las del EEE coinciden, ¿considera Liechtenstein que
esas normas son las mismas?
No, pero en muchos puntos las directrices son idénticas.
Si no son las mismas, ¿la Ley y el Regl amento de contratación están diseñados de
conformidad con las normas del EEE o del ACP?
La Ley y el Reglamento de contratación de Liechtenstein están en conformidad con ambas
normas (EEE y ACP).  Si las normas son diferentes, se aplican directrices más estrictas en los
reglamentos y leyes nacionales.
Sírvanse identificar las esferas en las que Liechtenstein considera que las normas del ACP y
del EEE no coinciden.  En estas esferas, ¿cómo apl ican la Ley y el Reglam ento de contratación de
Liechtenstein las normas del ACP?
                                                     
1 Las actas de estas reuniones se han distribuido con las signaturas GPA/M/15 y M/16.GPA/60
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Las normas del ACP y del EEE no coinciden, por ejemplo, en las esferas del valor de umbral,
los plazos o las normas para avisos/información del contrato programado.  En las esferas en las que
las directrices del EEE y del ACP no son idénticas, las directrices más estrictas se han incorporado a
los reglamentos y leyes nacionales.
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Pregunta de los Estados Unidos
La respuesta a la pregunta 9 ¿hace referencia únicamente a los sectores de servicios públicos
especificados en la respuesta a la pregunta 8 (es decir, agua, energía, transporte y
telecomunicaciones)?
Sí, la respuesta a la pregunta 9 hace referencia solamente a los sectores de servicios públicos
(artículo 43 de la Ley, artículo 38 del Reglamento).
III. PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN
Pregunta de los Estados Unidos
En la respuesta de Liechtenstein a la pregunta 13, sírvanse explicar la finalidad y el efecto de
una "orden de adjudicación".
No existe ninguna posibilidad de reclamar directamente contra un aviso de adjudicación.  El
aviso de adjudicación contiene, no obstante, la indicación para la emisión de una orden deadjudicación.  El reclamante puede apelar contra esa orden de adjudicación, que constituye una
decisión.
Pregunta de los Estados Unidos
En la respuesta de Liechtenstein a la pregunta 14 iv) se señala que los proveedores con
derecho a apelar pueden "solicitar medidas adicionales que incluyan la posibilidad de pedir lasuspensión del proceso de contratación.  El pro ceso de contratación puede quedar suspendido de
resultas de una medida cautelar provisional si el interés del apelante supera al interés público en que
se ejecute la contratación sin demora".  ¿Proporcionan la Ley, el Reglamento o cualquier otra
decisión judicial o administrativa pertinente direct rices sobre la manera de evaluar el interés del
apelante y las circunstancias en las que dicho interés pueda ser superado por el interés público alconcluir una contratación sin demora?
Hasta ahora ninguna decisión judicial o administrativa pertinente proporciona directrices
sobre la manera de evaluar los intereses.  Los intereses del apelante pueden superar a los interes
públicos si la contratación permite, por ejemplo, un aplazamiento temporal.  No obstante, se daría
prioridad al interés público, si las necesidades básicas de una empresa de servicios públicos, por
ejemplo en relación con el abastecimiento del agua o de electricidad, estuvieran en peligro.
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