ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS315/1 
G/L/694 27 de septiembre de 2004 
 
(04-4046) 
 Original:   inglés 
  
 
COMUNIDADES EUROPEAS - DETERMINADAS CUESTIONES ADUANERAS  
 
Solicitud de celebración de consult as presentada por los Estados Unidos
 
  
 La siguiente comunicación, de fecha 21 de septie mbre de 2004, dirigida por la delegación de 
los Estados Unidos a la delegación de las Com unidades Europeas y a la Presidenta del Órgano de 
Solución de Diferencias, se distribuye de conf ormidad con el párrafo 4 del artículo 4 del ESD. 
 
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  Las autoridades de mi país me han encomenda do que solicite la celebración de consultas con 
las Comunidades Europeas de confor midad con los artículos 1 y 4 del Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias  ("ESD") y el párrafo 1 del 
artículo XXII del Acuerdo General sobre Arancel es Aduaneros y Comercio de 1994  ("GATT 
de 1994") con respecto a  
  a) la aplicación no uniforme por las Comunidades Europeas de leyes, reglamentos, 
decisiones judiciales y disposiciones admini strativas del tipo descrito en el párrafo 1 
del artículo X del GATT de 1994 que se re fieren a la clasificación y valoración en 
aduana de productos y a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de 
importación, y 
  b) el hecho de que las Comunidades Europeas no hayan instituido tribunales o 
procedimientos judiciales, arbitrales o admi nistrativos destinados, entre otras cosas, a 
la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las 
cuestiones aduaneras. 
  Entendemos que las principales leyes y reglamentos de las Comunidades Europeas que se refieren a  los temas mencionados son los siguientes:  
• Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se 
aprueba el Código aduanero comunitario, incluidos todos sus anexos, modificado (el "Código"); 
 
• Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión,  de 2 de julio de 1993, por el que se 
fijan determinadas disposiciones de apli cación del Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del 
Consejo, de  12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero 
Comunitario, incluidos todos sus ane xos, modificado (el "Reglamento de la 
Comisión"); 
 
• Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la 
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, incluidos todos 
sus anexos, modificado (el "Reglamento del arancel"); WT/DS315/1 
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 • el arancel integrado de las Comunidades Europeas establecido en virtud del artículo 2 
del Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Con sejo de 23 de julio de 1987 relativo a la 
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, incluidos todos 
sus anexos, modificado (el "TARIC");  y 
 
• todas las modificaciones, medidas de aplicación y demás medidas conexas respecto 
de cada una de las leyes y reglamentos mencionados supra .  
 
 Por "aplicación" se entiende la aplicación por todos los medios, incluidos, pero no 
exclusivamente, las leyes, reglamentos, guías, ma nuales y prácticas administrativas de las autoridades 
aduaneras de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. 
  Aunque el Código, el Reglamento de la Comisi ón, el Reglamento del arancel, el TARIC y las 
medidas conexas establecen determinadas normas para la clasificación y la valoración en aduana de 
las mercancías, parecen  dejar a la discreción de l as autoridades aduaneras nacionales  las decisiones 
en varias esferas clave de la administración de a duanas.  Ello ha tenido como consecuencia la 
aplicación desigual de esas medidas aduaneras en va rios aspectos, incluidos, pero no exclusivamente, 
los siguientes:  
• diferencias en la clasificación y valoración de mercancías; 
 
• diferencias en los procedimientos para la clasificación y valoración de mercancías, 
incluida la facilitación a los importador es de información vinculante sobre 
clasificación y valoración;  
 
• diferencias en los procedimientos para la  entrada y despacho de mercancías, incluido 
el recurso a la automatización en algunos Estados miembros pero no en otros, diferentes prescripciones en materia de certificados de origen, diferentes criterios entre los Estados miembros respecto de la inspección física de mercancías, diferentes 
prescripciones en materia de licencias para la importación de productos alimenticios y 
diferentes procedimientos para  tramitar envíos urgentes;  
 
• diferencias en los procedimientos para c ontrolar las declaraciones de entrada una vez 
que se ha permitido la incorporación de las mercancías al  circuito comercial de las 
Comunidades Europeas; 
 
• diferencias en las sanciones y en los procedimientos de imposición de sanciones por 
infracción de las normas aduaneras;  y 
 
• diferencias en las prescripciones para mantenimiento de registros. 
  Además, los artículos 243 a 246 del C ódigo disponen expresamente que los Estados 
miembros de las CE son responsables de la implantación del procedimiento de recurso.  
En consecuencia, el procedimiento de recurso varí a de un Estado miembro a otro y la posibilidad de 
lograr que un tribunal de las Comunidades Europeas revise una decisión aduanera no parece 
presentarse hasta después de que un importador u otra  parte interesada haya tratado de conseguir esa 
revisión en tribunales nacionales administrativos y/o judiciales.    WT/DS315/1 
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  Los Estados Unidos consideran que esta manera de aplicar el Código, el Reglamento de la 
Comisión, el Reglamento del arancel, el TARIC y las medidas conexas es incompatible con la obligación que corresponde a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del 
GATT de 1994 de aplicar "de manera uniforme, impa rcial y razonable" las leyes, reglamentos, 
decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general a que se refiere el párrafo 1 
del artículo X del GATT de 1994.  Además, este ré gimen parece ser incompatible con la obligación 
que corresponde a las Comunidades Europeas en vi rtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT 
de 1994.  
 Esperamos con interés su respuesta a la presente solicitud y la fijación de una fecha 
mutuamente aceptable para las consultas.   
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