ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/160
14 de marzo de 2001
(01-1251)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS
Se ha recibido de la Delegación Permanente de la Comisión Europea la siguiente
comunicación, de fecha 9 de marzo de 2001, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
_______________
Introducción
En anteriores comunicaciones dirigidas al Grupo de Trabajo, la Comunidad Europea y sus
Estados miembros abordaron diversas cuestiones concretas, a medida que se planteaban, en relación
con un posible acuerdo marco de la OMC sobre la competencia, incluida la dimensión relativa al
desarrollo de la legislación y la política de competencia.1  En su comunicación a la reunión del Grupo
celebrada en octubre de 2000, la CE y sus Estados miembros expusieron sus ideas sobre posibles
elementos que se podrían incluir en dicho acuerdo marco y dieron a conocer sus opiniones sobre las
razones por las que un acuerdo sobre la política de competencia redundaría en beneficio de todos los
Miembros de la OMC.2
En la presente comunicación hemos considerado útil abordar algunas de las preguntas que
formularon otros Miembros durante reuniones anteriores del Grupo y que ahora figuran en la Nota del
Presidente de 24 de enero de 2001.3  En particular, nos hemos centrado en las preguntas relacionadas
con los elementos de un posible acuerdo marco de la OMC -propuestos por la CE y otras entidades- y
con la dimensión relativa al desarrollo en cualquier acuerdo de esa índole.  Para facilitar la
exposición, se han agrupado las preguntas en unos cuantos apartados, si bien algunas de ellas están
relacionadas con más de uno.
1. Posibles elementos de un acuerdo marco de la OMC sobre la compet encia, la idoneidad
de los vigentes Acuerdos de la OMC y la aplicación del mecanismo de solución de
diferencias de la OMC
Con respecto a la alegación de que los principios de no discriminación y transparencia son
fundamentales para la ley y/o política de competencia, ¿hay alguna prueba de que los Miembros no
estén cumpliendo estos principios en sus regímene s de ley/política de competencia?  ¿Hace falta
algún otro instrumento multilateral en vista de que ya hay obligaciones de no discriminación
                                                     
1 Véase, por ejemplo, la comunicación de la CE y sus Estados miembros, WT/WGTCP/W/140.
2 Véase el documento WT/WGTCP/W/152.
3 Lista recapitulativa actualizada de las pregunta s formuladas por los Miembros (documento sin
signatura Nº 520), 24 de enero de 2001.WT/WGTCP/W/160
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relativas al comercio de mercancías?  ¿Se aplicaría a los Estados, instituciones o entidades del
sector privado una obligación de transparencia en relación con la competencia?
¿Provoca la aplicación no discriminatoria de la política de competencia conflictos con el
desarrollo económico y/o las políticas que favorecen la promoción de grupos sociales concretos?
¿Hasta qué punto los problemas identificados podrían abordarse mediante los actuales
Acuerdos/actividades de la OMC relacionados con las cuestiones de la política de competencia?
¿En qué medida la aplicación del Entendimiento sobre Solución de Diferencias es un componente
necesario de la acción en el marco de la OMC?
Los principios de transparencia y no discriminación son las piedras angulares del sistema
multilateral de comercio.  Juntos garantizan reglas del juego equitativas para todos y la igualdad de
oportunidades de competencia para las empresas y sus productos y servicios y contribuyen a que
exista una mayor capacidad de previsión para que las empresas puedan familiarizarse con las normasy los reglamentos vigentes antes de adoptar importantes decisiones empresariales y, además, para que
los consumidores conozcan mejor sus derechos.
La transparencia figura ya firmemente en varios de los Acuerdos de la OMC, tales como el
del GATT (artículo X) y el AGCS (artículo III), pero, como principio general, la transparencia va más
allá de lo establecido en esas disposiciones.  En  la mayoría de los Acuerdos de la OMC figuran
disposiciones concretas relativas a la transparencia.  Dichas disposiciones están adaptadas
específicamente al tipo de medidas estatales a que se refiere el acuerdo.  Lo mismo cabe decir de las
disposiciones vigentes sobre la no discriminación que figuran en Acuerdos de la OMC tales como
el GATT y el AGCS.
En lo que se refiere a la transparencia en la esfera de la competencia, cualquier compromiso
será aplicable, evidentemente, a las leyes, los reglamentos y otras medidas estatales adoptadas para la
aplicación de la legislación nacional sobre la competencia.  La obligación de transparencia sería
aplicable no sólo a las publicaciones de las leyes y los reglamentos pertinentes, sino también -lo que
tal vez fuera más importante- a las directrices, si procede, para su futura aplicación e interpretación y
a las posibles exclusiones y exenciones que sean aplicables.
4
La aplicación del principio de no discriminación, es decir, el régimen NMF y el trato
nacional, en el marco de la legislación y la política de competencia supondría la obligación de no
discriminar oficialmente contra las empresas en función de su nacionalidad corporativa.
Aunque el objetivo global de la no discriminación será generalmente el mismo con arreglo a
los diversos Acuerdos de la OMC, a saber, garantizar unas reglas de juego iguales para las empresas
nacionales y extranjeras (y sus bienes y servicios) y para todas las empresas extranjeras, la
manifestación del trato discriminatorio adopta gran diversidad de formas, tales como la utilizacióndiscriminatoria de la fiscalidad interna y otras medidas con arreglo al GATT, compárese el artículo III
del GATT.  En consecuencia, creemos que es necesar io incluir el principio de no discriminación en un
acuerdo marco de la OMC sobre la competencia mediante una disposición específica, por separado,
que tenga en cuenta las particularidades de la legislación y la política de competencia.  Análogamente,
pese a la existencia de disposiciones relativas a la competencia en varios de los vigentes Acuerdos dela OMC, como el de los ADPIC y el AGCS (i ncluido el documento de referencia sobre
telecomunicaciones básicas), todas ellas versan sobre un sector y/o una cuestión específicos.
                                                     
4 El Grupo Especial sobre el Caso Kodak-Fuji interpretó el artículo X del GATT en el sentido de que
era aplicable también a las resoluciones administrativas sobre casos particulares, si establecían o revisabanprincipios o criterios aplicables en casos futuros.WT/WGTCP/W/160
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La mundialización de nuestra economía requiere un marco horizontal, de aplicación general.  Es
evidente que, en el caso de las telecomunicaciones, los principios sobre la interconexión, por sí solos,
serían de poca ayuda para enfrentarse a los cárteles internacionales.
En nuestra opinión, la mayoría de las legislaci ones nacionales vigentes sobre la competencia
-si no todas- no prescriben la discriminación contra las empresas en función de su nacionalidadcorporativa.  Aunque se encuentran importantes diferencias sustantivas entre las legislaciones
nacionales sobre la competencia, tanto la transparencia como la no discriminación son importantes
elementos comunes de similitud.
Sin embargo, la importancia fundamental de la transparencia y la no discriminación no
depende del grado en que las legislaciones actuales estén o no en contradicción con esos principios.
La afirmación de dichos principios como compromisos de la OMC fortalecería su valor en el
ordenamiento jurídico nacional y establecería una base más sólida para la confianza y la cooperaciónmutuas entre los organismos encargados de la política de competencia.  Además, en el caso de los
Miembros de la OMC que aún no hayan adoptado leye s nacionales sobre la competencia, un acuerdo
de la OMC aportaría principios importantes para incluirlos en la formulación de la ley nacional sobre
la competencia.  Por último, un acuerdo de la OMC contribuiría a que los Miembros se atuvieran a los
principios de transparencia y no discriminación, infundiría transparencia y previsibilidad a susregímenes jurídicos y limitaría la posibilidad de recurrir ulteriormente al trato discriminatorio formal.
A priori , no hay razón para considerar que la aplicación no discriminatoria de la política de
competencia pueda entrar en conflicto con las políticas industriales o sociales.  Los instrumentos
utilizados normalmente para promover esos fine s -sobre todo ciertas formas de subvenciones y
protección temporal en frontera- figuran ya en otras disciplinas de la OMC y no resultarían afectadospor un acuerdo de la OMC sobre la competencia.  En algunos casos, puede haber una interrelación
entre las consideraciones relativas a la política industrial y las excepciones a la aplicación de la
legislación sobre la competencia.  La CE considera que un acuerdo de la OMC debe mantener un
criterio flexible acerca de las excepciones a la aplicación de la legislación nacional sobre la
competencia.  Ésa es la razón por la que indicamos que, en materia de excepciones y exenciones, lasdisciplinas podrían centrarse en la transparencia.  En general, para que un acuerdo sobre la
transparencia tenga en cuenta plenamente los intereses en materia de desarrollo, incluidos los relativos
al fomento de ciertas industrias, debe basarse firmemente en la flexibilidad y la progresividad.
Por último, por lo que se refiere a la aplicación del ESD, creemos que se debe limitar a la
obligación de los Miembros de la OMC de contar con una legislación nacional sobre la competencia
basada en los principios básicos.  En otras palabras, quedaría excluida la aplicación del ESD a las
decisiones particulares de los organismos encargados de la competencia.  La aplicación del ESDdesempeñaría un importante papel sistémico para garantizar la credibilidad de los compromisos
suscritos por los Miembros de la OMC.  Naturalmente, las modalidades particulares de solución de
diferencias estarían sujetas a conversaciones y negociaciones entre los Miembros de la OMC.
2. Un acuerdo marco de la OMC y la cooperación internacional
¿De qué modo se aplicaría un acuerdo sobre cooperación internacional a los países en
diferentes fases de desarrollo y con distintos grados de experiencia y recursos en el ámbito de la
legislación y la política de competencia y qué beneficios produciría?
¿Cómo se conciliaría la independencia de las autoridades nacionales encargadas de la
competencia con un acuerdo multilateral?WT/WGTCP/W/160
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¿Cómo funcionarían en realidad las disposiciones de cooperación en un marco
multilateral, por ejemplo en lo que respecta al intercambio de información y a la asistencia para
hacer cumplir las diferentes disposiciones?
Si la cooperación debe ser esencialmente de carácter voluntario, ¿por qué tiene que haber
un marco multilateral?  ¿Bastarían las herramientas de cooperación de carácter voluntario parahacer frente a los problemas y preocupaciones de los países en desarrollo en la esfera de las
prácticas anticompetitivas, especialmente a la luz de las disparidades existentes respecto del poder
de negociación y los recursos?
En la medida en que la acción relativa a las nuevas modalidades para la cooperación esté
justificada, ¿de qué manera debería tener en cuenta la diversidad y las asimetrías de las situaciones
económicas nacionales, los regímenes y recursos de competencia y las culturas legales y
constitucionales de los Miembros?
Seguimos convencidos de que en una economía cada vez más globalizada la cooperación
internacional sobre asuntos relativos a la competencia redundaría en beneficio de todos los Miembros
de la OMC, desarrollados y en desarrollo.  Es un hecho ampliamente documentado que las empresas
de hoy son de carácter esencialmente global y, además, realizan sus actividades en el plano mundial.
Cuando, además de cuanto decimos, las empresas utilizan prácticas anticompetitivas internacionales,tales como los cárteles injustificables, dichas prácticas afectan negativamente a multitud de
departamentos, lo que acaba planteando complicadas cuestiones jurisdiccionales en materia de
aplicación de las legislaciones nacionales sobre la competencia, en los casos en que afrontan dichas
prácticas anticompetitivas internacionales, y además surgen diversos problemas prácticos, muy en
particular impedimentos para la reunión de pruebas.
La cuestión de la reunión de documentación probatoria que se encuentre fuera de la
jurisdicción del organismo competente es un buen ejemplo de que la cooperación internacional sería
una vía de dos direcciones que podría beneficiar  a todos los Miembros de la OMC.  En el caso
Comités de armadores de Francia y de África Occidental , la Comisión Europea estaba investigando
un cártel que explotaba rutas de transporte de carga entre los puertos de 12 países del ÁfricaOccidental y la CE.  El cártel suponía la imposición de tarifas de transporte más elevadas, cuyas
consecuencias padecían los exportadores africanos.  La Comisión encontró dificultades para recoger
la documentación probatoria necesaria a fin de adoptar medidas eficaces contra el cártel, pues gran
parte de ella se encontraba en dichos países del África Occidental y no existían acuerdos de
cooperación al respecto.  Es evidente que, en ese caso, el acceso a la cooperación internacional habría
beneficiado a todos los países afectados por las actividades del cártel.
5  Varios otros casos han
ilustrado también la importancia de la cooperación para la eficaz aplicación de las leyes sobre lacompetencia por los países en desarrollo, en particular los que presentaban una dimensión
internacional, incluidos los relativos a las actividades de las empresas multinacionales.
Un acuerdo de la OMC podría establecer modalidades flexibles de cooperación en virtud de
las cuales todos los Miembros de la OMC -independientemente de su nivel de experiencia en materia
de investigación de los asuntos relativos a la competencia- podrían participar en dicha cooperación ybeneficiarse de ella.  Huelga decir que la experiencia de algunos organismos encargados de la
competencia sería mayor que la de un país que acabara de aprobar una legislación sobre la
competencia y de crear un organismo encargado de la competencia, pero eso no quiere decir que
países con menor experiencia fueran a quedar excluidos de los beneficios de la cooperación.
                                                     
5 Véase un resumen más detallado de este caso en el anexo adjunto a la comunicación
WT/WGTCP/W/140 de la Comunidad Europea y sus Estados miembros.WT/WGTCP/W/160
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Al contrario, probablemente fueran los que más se beneficiaran del acceso a la cooperación
internacional.
En nuestras comunicaciones anteriores (WT/WGTCP/W/140 y 152), explicábamos cómo
concebimos la cooperación con arreglo a un acuerdo marco de la OMC, a saber, una cooperación que
comprendería desde los intercambios de experiencias y los debates sobre sectores de interés comúnhasta la cooperación en materia de casos concretos.  Creemos que un acuerdo marco de la OMC es
necesario para mantener dicha cooperación, pues no existe nada semejante y la mayoría de los países
en desarrollo no son parte en los vigentes acuerdos bilaterales de cooperación.  Nuestra propuesta
satisfaría también las frecuentes y justificadas peticiones de acceso a la cooperación internacional
formuladas por los países en desarrollo, como, por ejemplo, durante la reciente Cuarta Conferencia de
la UNCTAD encargada de examinar el Conjunto de Principios y Normas.
6
El intercambio de información con arreglo a un acuerdo marco de la OMC abarcaría la
información factual y jurídica que no se considerara confidencial, así como la confidencial en los
casos en que se hubiera concedido una exención para su transmisión a otros organismos encargados
de la competencia.  Evidentemente, tanto en uno como en otro tipo de información no se trata de una
clase que esté fácilmente disponible.  Por lo que se refiere a la cooperación en casos concretos en la
que resulten afectados intereses importantes de un Miembro de la OMC, ésta se haría extensiva a trestipos de prácticas anticompetitivas de dimensión inte rnacional, a saber, las prácticas que afectan a los
mercados internacionales (incluidos los cárteles internacionales);  las prácticas que afectan al acceso a
los mercados (incluidos el abuso excluyente de un a posición dominante y los cárteles de importación)
y las prácticas que tienen consecuencias para un mercado diferente de aquel en que se originan
(incluidos los cárteles de exportación y el abuso de posición dominante por una empresa extranjera).
En términos más concretos, los Miembros de la OMC deben estar dispuestos a celebrar
consultas para abordar las prácticas anticompetitivas de dimensión internacional.  Para facilitar esas
consultas, un Miembro de la OMC puede informar a otros Miembros cuyos intereses importantes
puedan resultar afectados por una investigación y procedimiento en curso en virtud de sus leyes sobre
la competencia.  Asimismo, un Miembro de la OMC podría señalar a la atención de otro Miembro la
existencia de prácticas anticompetitivas que afecten negativamente a su comercio o inversión y
solicitar información sobre cualquier posible investigación en materia de competencia relativa a esas
prácticas.  Así se podría haber hecho en el caso Comités de armadores de Francia y de África
Occidental , en el que la Comisión Europea podría haber señalado las prácticas anticompetitivas a la
atención de los organismos encargados de la competencia de los 12 países del África Occidental, al
igual que esos organismos podrían haber solicitado información sobre la investigación en curso
emprendida por la Comisión Europea.  Como se ha  indicado, los exportadores africanos sufrieron las
consecuencias directas de las prácticas anticompetitivas en forma de tarifas de fletes más elevadas.
Además, la Comisión podría haber solicitado asistencia a los organismos encargados de la
competencia de esos países del África Occidental para obtener la documentación material probatoria
                                                     
6 Véanse los párrafos 5 y 6 del documento TD/RBP/CONF.5/L.2:
"5.  Pide a los Estados que intensifiquen la cooperación a todos los niveles entre sus autoridades
encargadas de la competencia y los gobiernos con el fin de reforzar la efectiva acción en materia de control de
fusiones y contra los cárteles, de acuerdo con el Conjunto, especialmente cuando tengan lugar a nivel
internacional;
6.  Observa que, si bien los esfuerzos bilaterales de cooperación en materia de competencia son
esenciales, es preciso fomentar iniciativas de competencia regionales y multilaterales, sobre todo para las
economías más pequeñas y en desarrollo, y pide a la secretaría de la UNCTAD que examine la posibilidad deformular un acuerdo de cooperación tipo sobre derecho y política de competencia, basado en el Conjunto de
Principios y Normas sobre Competencia, de las Naciones Unidas;".WT/WGTCP/W/160
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relativa a las prácticas anticompetitivas, que correspondía a las jurisdicciones de dichos países.
La cooperación también podría resultar particularmente útil en situaciones en las que un país en
desarrollo solicite asistencia al país originario de  una empresa multinacional extranjera en relación
con una investigación en curso sobre la competencia o solicite información que podría ser valiosa para
las actividades encaminadas a imponer el cumplimiento de la ley en relación con los cártelesinternacionales o de exportación.  Las consultas brindarían también una oportunidad para intercambiar
opiniones sobre el análisis de los mercados o posibles medidas correctivas.  En los casos en que las
prácticas anticompetitivas afecten a varios mercados y sean objeto de investigaciones paralelas por
organismos encargados de la competencia, los Miembros de la OMC deberían esforzarse por
coordinar sus medidas.
Las modalidades mencionadas de cooperación en casos concretos serían "voluntarias", en el
sentido de que los países no estarían obligados a prestar asistencia en materia de observancia.Sin embargo, los Miembros de la OMC se comprometerían a celebrar consultas y a examinar con
amplitud de miras esas solicitudes.  En el acuerdo marco se establecerían las circunstancias en las que
se podría considerar la celebración de consultas.  Sería de esperar que se crearan así incentivos
particulares para desarrollar esa cooperación, incluso cuando los que formularan las solicitudes fueran
organismos encargados de la competencia de países en desarrollo.  La participación en el acuerdomarco contribuiría además a corregir las asimetrías en materia de información y a la creación de una
red de contactos entre organismos encargados de la competencia en diferentes niveles de desarrollo.
Aun cuando la cooperación se puede establecer también con carácter especial, no es probable que se
mantenga sin un marco institucional sólido.
Conviene observar que, conforme a las propuestas modalidades flexibles de cooperación, la
independencia de los organismos nacionales encargados de la competencia permanecería intacta.
De hecho, las autoridades nacionales encargadas de la competencia serán, junto con las leyes
nacionales sobre la competencia, la columna vertebral del funcionamiento y la aplicación eficaces de
un acuerdo marco de la OMC, tal como lo concebimos.  Como se ha señalado, los compromisos
vinculantes se referirían a la legislación nacional de un Miembro de la OMC y no a las decisionesparticulares adoptadas por los organismos nacionales encargados de la competencia con vistas a su
aplicación.  La participación en una organización in ternacional, como la OMC, fortalecería sin duda el
prestigio en sus respectivos países de los organismos nacionales encargados de la competencia.
3. ¿Es la OMC la organización internacional más indicada para establecer un acuerdo
marco?
¿Es la OMC un foro idóneo para llevar a cabo actividades sobre política de competencia a
nivel multilateral?  ¿Cuáles podrían ser las ventajas o desventajas de la acción unilateral o lacooperación en contextos bilaterales y/o regionales  o en otros foros multilaterales, en comparación
con la acción en la OMC, para combatir los evidentes efectos perjudiciales de las prácticas
anticompetitivas en el comercio internacional y/o en el desarrollo?
Dada la clara e indiscutible vinculación entre el comercio y la competencia, seguimos
convencidos de que la OMC, con su composición casi mundial -más de 140 Miembros-, es el foro
idóneo y más apropiado para la adopción de decisiones multilaterales relativas a la formulación de
normas sobre la política de competencia.
La actuación unilateral, frente a prácticas anticompetitivas internacionales, es de limitada
eficacia y puede crear conflictos jurisdiccionales.  Los acuerdos bilaterales de cooperación han
funcionado bien en el pasado y han brindado benefi cios sustanciales a todas las partes interesadas.
Sin embargo, adolecen de diversas deficiencias, muy en particular la de que sólo se conciertan
(predominantemente) entre países desarrollados.  En una economía globalizada, las prácticas
anticompetitivas internacionales afectan a diversas jurisdicciones y con frecuencia van dirigidas aWT/WGTCP/W/160
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países en desarrollo que tienen capacidades de investigación limitadas y, por tanto, menos
posibilidades de descubrirlas.  A la luz del número cada vez mayor de jurisdicciones con un régimen
jurídico nacional sobre la competencia, la administración de una red de acuerdos bilaterales resultaría,
además, extraordinariamente costosa.
Con nuestra propuesta de un acuerdo marco de la OMC sobre la competencia no queremos
decir que esta Organización deba ser el único foro competente para abordar esas cuestiones.  En lugar
de una disyuntiva, se trata, a nuestro juicio, de una cuestión de cooperación entre todas las
organizaciones competentes con vistas a la consecución de una meta común, a saber, la aprobación y
aplicación de legislaciones y políticas sólidas en materia de competencia que contribuyan a un
crecimiento y un desarrollo equitativos.  Otras organizaciones, incluidas, entre otras, la UNCTAD y el
Banco Mundial, deben seguir llevando a cabo su valiosa labor en ese sector, pero la OMC sería el foro
para formular normas internacionales relativas a ese sector y constituir un marco global con miras afomentar la cooperación internacional en relación con las prácticas anticompetitivas de dimensión
internacional y apoyar las medidas encaminadas a aumentar la creación de capacidad.
Tampoco proponemos que la cooperación internacional sustituya la cooperación regional.
Es de esperar que ese tipo de acuerdos resulten también beneficiosos para los países en desarrollo y
las economías pequeñas.  Los países de la región del Caribe (CARICOM) y los del África Oriental yMeridional (COMESA) van a abordar ahora las prácticas anticompetitivas mediante un acuerdo
regional que les permitirá luchar juntos contra las prácticas que afectan a varias jurisdicciones.
En realidad, la Unión Europea apoya firmemente las medidas adoptadas por los países en desarrollo
para fortalecer la cooperación regional en materia de política de competencia.  Sin embargo, es
evidente que -en vista del carácter mundial de las prácticas anticompetitivas- las partes en losacuerdos de cooperación internacional se beneficiarían también de la cooperación con países distintos
de los de la región, desarrollados y en desarrollo.
En conclusión, la aprobación de un acuerdo marco de la OMC sobre la competencia en modo
alguno sustituiría las organizaciones existentes ni la labor que llevan a cabo en la esfera de la
competencia.  Los acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales de cooperación se refuerzanmutuamente y seguirían haciéndolo.
4. La perspectiva del desarrollo y la asistencia técnica
¿Cuál es la forma más adecuada para introducir  progresivamente las leyes sobre política de
competencia desde la perspectiva del desarrollo, teni endo en cuenta las limitaciones de recursos en
cada caso?  Más concretamente, ¿deben las economías en desarrollo intentar ocuparse de las
fusiones anticompetitivas al inicio del proceso de aplicación de la política de competencia, o dejar
la aplicación de la medida hasta una fecha ulterior?
¿Se pondrían en práctica con mayor rapidez y eficacia los elementos propuestos de un
marco multilateral para la asistencia técnica fuera del contexto de la OMC? 
7
Así como la CE ha subrayado continuamente que un acuerdo marco de la OMC sobre la
competencia no entrañaría una armonización de la legislación sobre la competencia, conviene
subrayar que las leyes nacionales sobre la competen cia no se basan en un modelo único.  Al contrario,
                                                     
7 Esta pregunta subsume la siguiente pregunta que figura en la anterior lista recapitulativa de preguntas
(documento sin signatura Nº 5696, 21 de septiembre de 2000):  "¿Cuáles podrían ser las ventajas o desventajasde una acción en la OMC con respecto a los diversos elementos indicados supra , comparadas con las de una
acción unilateral, bilateral o regional, o emprendida en ot ros foros multilaterales, en particular cuando se trate de
abordar los problemas de las prácticas anticompetitivas que más importancia tienen para el comercio y/o eldesarrollo?"WT/WGTCP/W/160
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esas leyes y políticas se deben formular y adaptar cuidadosamente para que reflejen adecuadamente el
estado de desarrollo económico de un país determinado y sus prioridades normativas globales.
Respecto de la cuestión de la introducción progresiva más apropiada, ésta dependería también
enteramente de la situación particular del país de que se trate, incluidos sus recursos disponibles en
materia de observancia de la legislación sobre la competencia y las prácticas anticompetitivas-nacionales o internacionales- que dicho país afronte.  La evidencia empírica abona claramente la tesis
de que lo ideal es que la aplicación de las leyes y las políticas sobre la competencia vaya a la par con
la liberalización del comercio y otras reformas en materia de reglamentación para evitar que
proliferen los obstáculos privados al comercio en los casos en que se hayan suprimido los obstáculos
estatales y los monopolios estatales sean sustituidos por monopolios privados.  Naturalmente, se debe
considerar todo ello a la luz del estado de desarrollo del país de que se trate.
Así como en los últimos decenios se ha seguido desarrollando y perfeccionando la legislación
de la CE sobre la competencia a la luz de las transformaciones de las circunstancias y los métodos
comerciales, así cabe esperar también que ocurra en el caso de los países en desarrollo.  Podríamos
imaginar fácilmente una situación en la que un país en las primeras fases de aplicación de la
legislación y la política sobre la competencia optara por centrarse en ciertos sectores básicos y
sustantivos, como los cárteles y el abuso de una posición dominante.  Tras la introducción con éxito yla posterior imposición de la aplicación de disciplinas sobre esas prácticas y el logro de experiencia
institucional, el país podría optar después por abordar ciertas restricciones verticales y fusiones de
empresas y otras formas de concentración.  Conviene señalar en este marco que la propuesta de la CE
sobre las cuestiones sustantivas que se deben incluir en un acuerdo marco sólo sugiere que se centre la
atención en los cárteles injustificables (es decir, fijación de precios, manipulación de licitaciones,reserva de mercados y restricción de productos), que son las violaciones más graves y universalmente
reconocidas de las leyes sobre la competencia.
En cuanto al control de las fusiones de empresas, es evidente que incumbirá a cada uno de los
países la evaluación del grado en que les afecte la actividad relativa a las fusiones de empresas y si
desean o no aprobar normas para su control.  Los debates en el Grupo de Trabajo han reveladoopiniones diferentes a ese respecto y algunos Miembros -en particular, economías pequeñas- han
expresado dudas sobre la conveniencia para ellos de un control de las fusiones de empresas.
Partiendo de nuestra experiencia en la CE, hemos de reiterar que hasta 1990 no se aprobó el
Reglamento relativo al control de las fusiones de empresas, que sólo se aplica cuando las
concentraciones superan determinado límite máximo.  En el caso de las concentraciones que no lo
superan, los organismos encargados de la competencia de cada uno de los Estados miembros de la CE
tienen libertad para actuar.
Por lo que se refiere a la asistencia técnica en la esfera de la competencia, actualmente la
prestan varias organizaciones internacionales tales como la UNCTAD y el Banco Mundial, como
también están prestando asistencia la CE y varios donantes bilaterales.  Sin embargo, no hay una
estructura o un marco en el que se puedan examinar y coordinar esas actividades con vistas a lograr
resultados óptimos para los beneficiarios.  En consecuencia, existe el peligro real de que se dé unainnecesaria duplicación de la labor.
Un acuerdo marco de la OMC sobre la política de competencia podría desempeñar un
importante papel catalítico y facilitar la formulación de programas de asistencia técnica multianuales
y más coherentes que podrían comprender una diversidad de cuestiones desde el análisis económico
inicial y la redacción de leyes sobre la competencia hasta la formación y el intercambio de personalcon vistas a aumentar los conocimientos técnicos y las capacidades en materia de observancia de
todos los Miembros de la OMC y sus organismos enca rgados de la competencia.  La asistencia, que se
deberá prestar a solicitud de los interesados, deberá ayudar a los países en desarrollo a tomar parteWT/WGTCP/W/160
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activa en el acuerdo de la OMC y obtener los beneficios resultantes del acceso a la cooperación
internacional desde la fase más temprana posible en función de la situación particular de un país.
Sin embargo, no proponemos que la adopción de  las medidas encaminadas a formular un
planteamiento perfeccionado y más coherente de la asistencia técnica deban esperar hasta que se haya
concertado un acuerdo de la OMC.  Ahora ya la CE está procurando integrar la política decompetencia en sus programas bilaterales de cooperación y somos partidarios del aumento de la
cooperación y la coordinación con otros donantes en el marco global de las estrategias nacionales de
desarrollo.  Dichas medidas deben continuar e intensificarse paralelamente a la negociación de un
acuerdo de la OMC.  De hecho, lo que esperamos es que se establezca un planteamiento integrado de
la asistencia técnica en la esfera de la competencia, al concertarse dicho acuerdo de la OMC sobre la
competencia, a más tardar, y, a ser posible, antes.
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